Legislatura LV - Año II - Período Ordinario - Fecha 19930608 - Número de Diario 17
(L55A2P1oN017F19930608.xml)Núm. Diario: 17ENCABEZADO
LV LEGISLATURA.
PODER LEGISLATIVO FEDERAL.
DIARIO DE LOS DEBATES.
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Correspondiente al Segundo Período del Segundo Año de Ejercicio.
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Diputado Jaime Ignacio Muñoz y Domínguez
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora.
AÑO II México, D.F., martes 8 de junio de 1993 No. 17.
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO.
SUMARIO
ASISTENCIA.
APERTURA.
ORDEN DEL DÍA.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
COMUNICACIÓN
Del Congreso del Estado de Hidalgo, por la que informa de diversas actividades propias de su legislatura. De enterado.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
CUENTAS PÚBLICAS
Con el que se remiten las cuentas públicas de la Hacienda Pública Federal y la del Departamento del Distrito Federal, correspondientes al ejercicio fiscal de 1992. Se turnan, la primera a la Comisión de Programación y Presupuesto y Cuenta Pública; la segunda, a la Comisión del Distrito Federal y ambas a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda
Por lo que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Francisco Rojas García y Francisco Becerril Torres, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Dos por los que se comunica que las ciudadanas Lydia Aréizaga González y Lourdes Alonso Chávez, dejaron de prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Se turnan a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y a la de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso constitucional necesario para que el ciudadano Pedro Juan María Tardán y Guily, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Francia.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
De las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 28, 73 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ENERGÍA ELÉCTRICA
Para expresar sus opiniones respecto a la liquidación de The Mexican Light and Power Company Limited y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, toman la palabra los diputados:
José María Téllez Rincón.
Pablo Casas Jaime.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, intervienen:
Juan Jacinto Cárdenas García.
José María Téllez Rincón.
Pablo Casas Jaime.
Concepción Trinidad Rosas de la Luz.
Juan Jacinto Cárdenas García.
José María Téllez Rincón.
Pablo Casas Jaime.
Concepción Trinidad Rosas de la Luz.
DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
Intervienen los diputados:
Gabriela Guerrero Oliveros, quien hace diversas proposiciones.
Miguel Angel León Corrales.
Rafael Sánchez Leyva.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, los diputados:
Enrique Rico Arzate.
Luis Alberto Beauregard Rivas.
Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara.
Rafael Sánchez Leyva.
Miguel Angel León Corrales.
Isaías Alvaro Rodríguez Vivas.
Enrique Rico Arzate.
Se turnan las proposiciones de la diputada Gabriela Guerrero Oliveros, a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.
INFORME DE LABORES
Presentado por el diputado, José Paoli Bolio, en su calidad de presidente del Comité de Bibliotecas.
DENUNCIA
Presentada por la diputada, Patricia Ruiz Anchondo, sobre el asesinato del ciudadano Silverio Ponce, miembro de la Asamblea de Barrios y hace una proposición.
En pro toma la palabra la diputada Victoria Reyes Reyes.
Se turna a las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia.
IGLESIA CATÓLICA
Hace uso de la palabra el diputado Fernando Estrada Sámano, para referirse a declaraciones de ministros de la Iglesia católica y presenta un punto de acuerdo.
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Se concede el uso de la palabra al diputado José de Jesús González Reyes, quien denuncia problemas obrero - patronales entre una empresa privada y una periodista, en Tijuana, Baja California.
Se turna a las comisiones de Derechos Humanos y de Información, Gestoría y Quejas.
ESTADO DE TAMAULIPAS
Para referirse hechos ocurridos en el Estado, hacen uso de la palabra los diputados:
Luisa Alvarez Cervantes.
Elpidio Tovar de la Cruz, para rectificar hechos.
Laura Alicia Garza Galindo, presenta solicitud.
Salvador Juárez García, para rectificar hechos.
Se turna la solicitud de la diputada Luisa Alvarez Cervantes, a la Comisión de Derechos Humanos.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
Presidencia del diputado Jaime Muñoz Domínguez.
ASISTENCIA
El Presidente:
Ruego a la secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados.
La secretaria Luisa Urrecha Beltrán:
Se informa a la Presidencia que existen registros previamente 402 diputados, por lo tanto hay quórum.
El Presidente:
(A las 12:30 horas) Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria Luisa Urrecha Beltrán:
Se dará lectura al orden del día.
«Segundo Período de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LV Legislatura.
Orden del día.
8 de junio de 1993.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del Estado de Hidalgo.
Oficios de la Secretaría de Gobernación.
Con el que se remiten la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1992 y Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, correspondiente al Ejercicio Fiscal de 1992.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Francisco Rojas García y Felipe Becerril Torres, puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México. Dos, por los que se comunica que las ciudadanas Lydia Aréizaga González y María de Lourdes Alonso Chávez, dejaron de prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Dictámenes de primera lectura.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Pedro Juan María Tardan y Saint Guily, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.
De las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 28, 73 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Intervención del diputado José María Téllez Rincón, para presentar una proposición sobre la Liquidación de la The Mexican Ligth And Power Company Limited y Cía. de Luz y Fuerza del Centro, S.A., (En liquidación).
Comentarios de los diferentes grupos parlamentarios que integran la LV Legislatura, sobre el día mundial del medio ambiente.
Intervención de diputado Francisco José Paoli Bolio, presidente del Comité de Bibliotecas, para presentar un informe.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para hacer comentarios sobre la situación de la Escuela Superior de Agricultura "Hermanos Escobar".
Intervención del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una denuncia sobre el asesinato de Silverio Ponce, dirigente de la Asamblea de Barrios.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una denuncia sobre hechos ocurridos a un periodista. Comentarios del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la situación preelectoral en el Estado de México.
Comentarios del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, sobre la situación Política en el Estado de Tamaulipas.
Sesión secreta.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente:
En virtud de que entregaron copias del acta de la sesión anterior a los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
La secretaria Luisa Urrecha Beltrán:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo ...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día tres de junio de mil novecientos noventa y tres, correspondiente al Segundo Período del Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado Jaime Muñoz Domínguez.
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con cincuenta y seis minutos, del día tres de junio de mil novecientos noventa y tres, con una asistencia de trescientos setenta y nueve diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
Se da cuenta con el orden del día y la Asamblea dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, misma que, sin discusión, se aprueba en sus términos en votación económica.
Una invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del centésimo décimo quinto aniversario del natalicio del general Francisco Villa. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados.
La Secretaría da lectura a dos comunicaciones del Congreso del Estado de Chiapas, por las que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, un oficio de la Secretaría de Gobernación por el que se solicita permiso constitucional necesario para que el ciudadano Pedro Juan María Tardán y Guily, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Francia.
Se someten a discusión y sin ella se aprueban en sendas votaciones económicas, dos dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Laura Estela López Morales, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Francia y Alejandro Morales Islas pueda prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Se turna al Poder Ejecutivo Federal, para sus efectos constitucionales.
Para rendir homenaje al general Francisco Villa, en el aniversario de su natalicio, hacen uso de la palabra los diputados Gabino Rutiaga Fierro, del Partido Revolucionario Institucional; Hildebrando Gaytán Márquez, del Partido Popular Socialista; Atalo Sandoval García, del Partido de la Revolución Democrática y Felix Bautista Macías, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Para referirse a los sucesos que tuvieron como marco el aeropuerto de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, hacen uso de la palabra los diputados Jorge Tovar Montañez, del Partido Popular Socialista; José Camilo Valenzuela, del Partido de la Revolución Democrática, quien pone a consideración de la Asamblea un punto de acuerdo; Juan José Castillo Mota, del Partido Revolucionario Institucional, en contra del punto de acuerdo y José Camilo Valenzuela, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos.
En votación económica se desecha el punto de acuerdo del diputado Camilo Valenzuela.
Solicita y se concede el uso de la palabra a la diputada Patricia Ruiz Anchondo, del Partido de la Revolución Democrática, quien denuncia lo que calificó como violación a su fuero constitucional, por autoridades del Municipio de Tlalnepantla, México, en relación con el desalojo de personas que vivían en un lugar llamado Parcela Trece. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
Para rectificar hechos respecto del mismo asunto, hacen uso de la palabra los diputados Pablo Casas Jaime, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta interpelaciones de los
diputados Ruiz Archondo y Gárate Chapa; Patricia Ruiz Anchondo y Julio García Hernández, ambos del partido de la Revolución Democrática.
La Presidencia otorga el uso de la palabra a los Diputados Alejandro Gutiérrez de Velasco, del Partido Acción Nacional, quien presenta un punto de acuerdo; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática y José Treviño Salinas, del Partido Revolucionario Institucional, quienes se refieren a la problemática a que deben enfrentarse la micro, pequeña y mediana industria. Se turna a la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial.
Sube a la tribuna el diputado Manuel León Corrales, quien presenta un punto de acuerdo en relación con los hechos de la Ciudad de Guadalajara, apoyado con firmas de diputados de cinco de los seis partidos políticos que integran la Quincuagésima Quinta Legislatura de la Cámara de Diputados.
En votación económica se admite.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las quince horas con tres minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo martes ocho de junio de mil novecientos noventa y tres, a las diez horas.»
El Presidente:
Ruego a la Secretaría poner a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior y si algún diputado desea hacer alguna observación a la misma, sírvase manifestarlo.
La secretaria Luisa Urrecha Beltrán:
Está a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior. ¿Hay algún diputado que desee hacer alguna observación a la misma?... Se consulte a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta.
COMUNICACIÓN
La secretaria Luisa Urrecha Beltrán:
«Escudo.- Congreso del Estado de Hidalgo.- Poder Legislativo.- Hidalgo. Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF.
Con toda atención, nos permitimos el honor de comunicar a usted (es), que la Quincuagésima Quinta Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en Sesión Ordinaria celebrada el día de hoy, dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, eligiendo al presidente y vicepresidente de la mesa directiva de este propio honorable Congreso, que fungirá durante el mes de junio del año en curso, habiendo resultado electos los diputados: presidente Abel Rojo Muñoz; vicepresidente, Víctor Rosalino Zerón Amador.
Al hacer de su conocimiento lo anterior, nos es grato reiterarle (s) las seguridades de nuestra atenta consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Pachuca, Hgo., 27 de mayo de 1993.- Secretarios diputados, Fernando
Quetzalcoatl Moctezuma Pereda y Jaime Costeira Cruz.» De enterado.
OFICIO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
CUENTAS PÚBLICAS
La secretaria Graciela Larios Rivas:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación. Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Por instrucciones del ciudadano Presidente de la República y en cumplimiento a los dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el presente les envío los siguientes documentos:
Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1992.
Cuenta pública del Departamento del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1992.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF, 7 de junio de 1993.- El secretario.
José Patrocinio González Blanco Garrido.»
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 43 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, por su apreciable conducto me permito hacer llegar a esa honorable Representación Nacional, dentro del plazo previsto en el citado precepto constitucional, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio de 1992.
Lo anterior, con el propósito de que los ciudadanos diputados estén en posibilidad de iniciar la revisión del documento.
Reitero a ustedes las seguridades de mi invariable respeto y especial consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF, a 7 de junio de 1993.- El presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Carlos Salinas de Gortari.»
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 43 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, por su apreciable conducto me permito hacer llegar a esa honorable Representación Nacional, dentro del plazo previsto en el citado precepto constitucional, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio de 1992.
Lo anterior, con el propósito de que los ciudadanos diputados estén en posibilidad de iniciar la revisión del documento.
Reitero a ustedes las seguridades de mi invariable respeto y especial consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF., a 7 de junio de 1993.- El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari.»
Recibo y túrnese la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Recibo y túrnese a la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, a la Comisión del Distrito Federal.
Remítanse las Cuentas de la Hacienda Pública Federal y Pública del Departamento del Distrito Federal, a la Comisión de Vigencia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
La secretaria Graciela Larios Rivas:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación. Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha 20 de mayo último, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Mucho agradeceré a usted tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se mencionan a continuación puedan prestar sus servicios dentro del territorio nacional, al Gobierno de los Estados Unidos de América. Para tal efecto, se anexan los originales de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y los escritos en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes. Nombre, puesto, lugar de trabajo; Francisco Rojas García, gerente general de administración de micro - computación,
Embajada de los Estados Unidos de América en esta ciudad: Felipe Becerril Torres, biblioteca; Embajada de los Estados Unidos de América, en esta ciudad."
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles además con el presente los anexos que en el mismo se mencionan. Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF., 1o. de junio de 1993.- El secretario.
José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y Túrnese a al Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
CESE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
La secretaria Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación. Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 21 de mayo último, enviándoles además con el presente el anexo que en el mismo se cita:
"Hago de su conocimiento para los efectos a que haya lugar, que la persona que se menciona a continuación se dirigió a esta Secretaría para informar que ha dejado de prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en la ciudad de México. Anexo encontrará la carta de la interesada.
Nombre, puesto, lugar de trabajo; Lydia Aréizaga González, programador de computadoras, Embajada de los Estados Unidos de América."
La persona mencionada solicita la cancelación del permiso concedido en su oportunidad por el honorable Congreso de la Unión, para prestar sus servicios a ese Gobierno.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF., 1o. de junio de 1993.- El secretario.
José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Diputados y Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Senadores.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación. Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha 20 de mayo último, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Hago de su conocimiento para los efectos a que haya lugar, que la persona que se menciona a continuación se dirigió a esta Secretaría para informar que ha dejado de prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en la ciudad de México. Anexo encontrará la carta de la interesada. Nombre, puesto, lugar de trabajo; María de Lourdes Alonso Chávez, analista - programador, Embajada de los Estados Unidos de América.
La persona mencionada solicita la cancelación del permiso concedido en su oportunidad por el honorable Congreso de la Unión, para prestar sus servicios a ese Gobierno."
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF., 1o. de junio de 1993.- El secretario.
José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Diputados y Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Senadores.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA. CONDECORACIÓN.
El secretario Jesús Molina Lozano:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
«Honorable Asamblea: A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de
Gobernación, por lo que se solicita el permiso Constitucional necesario para que el ciudadano Pedro Juan María Tardan y Saint Guily, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Pedro Juan María Tardan y Saint Guily, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, que le confiere el Gobierno de la República Francesa. Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 4 de junio de 1993.- Gustavo Carvajal Moreno, Presidente; Cuauhtémoc López Sánchez, secretario; Juan de Dios Castro Lozano, secretario; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Benjamín Avila Guzmán, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Carlos E. Cantú Rosas, Alberto Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, Estela Cásares Esquivel, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Pedro de León Sánchez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo I. González Díaz, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Marlene Catalina Herrera Díaz, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, José Benigno López Mateos, Jesús Martín del Campo, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Jaime Muñoz y Domínguez, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, Marco Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Tomás Osorio Alvilés, Guillermo Pacheco Pulido, Rubén Pabello Rojas, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Juan José Rodríguez Prats, María Esther Scherman Leaño, Jaime Serrano Cedillo, Manuel Solares Mendiola, Cecilia Guadalupe Soto González, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Salvador Valencia Carmona, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, Mario Vargas Aguiar, Jorge Zermeño Infante, Ildefonso Zorilla Cuevas Nahum, Efraín Zúñiga Galeana, José Domingo Olvera Cervantes y Juan Alonso Romero.»
Primera Lectura.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.
El Secretario Jesús Molina Lozano:
«Comisión: Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales de Hacienda y Crédito Público.
Honorable Asamblea: A las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público, fue turnada para su estudio y análisis la iniciativa con proyecto de decreto que forma los artículos 28, 73 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada por el titular del Poder Ejecutivo Federal, licenciado Carlos Salinas de Gortari. Estas Comisiones con la facultad que les otorgan los artículos 56, 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se avocaron al estudio del presente, bajo los siguientes
ANTECEDENTES
La iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 28, 73 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue remitida a la Cámara de Diputados por el ciudadano Presidente de la República, en uso de las facultades que le otorga el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente de la mesa directiva, conforme a Reglamento, ordenó el siguiente turno: "Túrnese a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos
Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público".
En reunión de trabajo celebrada por la Comisión el día 20 de mayo de 1993, se dio cuenta al pleno de las comisiones unidas de la iniciativa, aprobándose los siguientes acuerdos.
Convocar al ciudadano Secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Pedro Aspe Armella, para que comparezca ante el pleno de las comisiones unidas, dicha comparecencia se llevo a cabo el 24 de mayo del año en curso.
Integrar un grupo plural para que se encargue de estudiar, analizar y elaborar el proyecto de decreto de dictamen de la iniciativa en estudio.
Celebrar reuniones de conferencias entre la Subcomisión Plural, con la comisión respectiva de la Cámara de Senadores, con el propósito de avanzar conjuntamente en el análisis de la iniciativa intercambiar opiniones. Al efecto tuvo lugar una reunión el día 26 de mayo de 1993.
De la misma manera, los integrantes de las comisiones se reunieron en varias ocasiones para continuar discutiendo las propuestas de modificación y los puntos de coincidencia respecto de la iniciativa.
Las comisiones que suscriben una vez analizado los alcances de la iniciativa a estudio, se permiten señalar a continuación los puntos en los cuales hubo consenso entre la mayoría de sus miembros, de conformidad con los siguientes:
CONSIDERANDOS
Estas comisiones unidas concuerdan con la iniciativa y con los propósitos manifestados desde la fundación del Banco de México, en el sentido de que nuestras instituciones jurídicas deben estar encaminadas a procurar que el crédito del banco central sea manejado de la manera que mejor provea el interés general. Nuestra experiencia y la de otros países, nos han demostrado que el abuso del crédito primario para financiar las acciones encaminadas a alcanzar los muy diversos y legítimos objetivos de la política económica o las aspiraciones de los particulares, a la larga, siempre tiene consecuencias negativas.
Es convicción de la mayoría de los integrantes de estas comisiones, que la propuesta de reforma constitucional para dotar de autonomía al banco central y establecer como objetivo prioritario de la institución la procuración de la estabilidad de precios, es de gran utilidad para dar permanencia al prudente manejo de la política monetaria. En este sentido, la aprobación de dicha reforma permitirá consolidar los avances obtenidos en los últimos años en el control de la inflación.
En opinión de estas comisiones, para el estudio de la referida Iniciativa es muy conveniente tener presente la evolución de nuestro banco central.
Al respecto, es de señalar que desde su concepción la determinación de la naturaleza jurídica de la institución y de su relación con el Gobierno Federal han sido objeto de polémica.
Conviene recordar que, a pesar del mandato constitucional que consagraba el control gubernamental del Banco Único de Emisión, desde 1925 se procuró otorgarle un apreciable grado de autonomía. Ello con la finalidad de evitar que se convirtiera en una entidad que respondiese predominantemente a intereses políticos en detrimento de los intereses en todos los mexicanos.
Sin embargo, esta autonomía nunca se alcanzó plenamente.
La Ley que creó el Banco de México en 1925, sus modificaciones efectuadas en 1928, así como la Ley Orgánica de 1936 que abrogó la primeramente citada, tendieron a dotar al banco central de cierta autonomía, estableciendo requisitos muy estrictos en torno a la emisión de billetes y al otorgamiento de crédito por parte del Banco al Gobierno, llegando incluso a establecer como principio general la prohibición de estos último.
Posteriormente, en nuestra historia legislativa podemos observar un cambio de orientación, pues en las reformas llevadas a cabo en 1938 y en la Ley Orgánica del Banco de México de 1941, se atemperaron de manera significativa los requisitos mencionados.
La actual Ley Orgánica de Banco de México, en vigor desde 1985, retomó la dirección marcada en las primeras disposiciones, pero sin poner un límite efectivo al crédito que el Gobierno Federal puede llegar a obtener del banco central y sin establecer órganos de Gobierno autónomos.
No obstante, en este ordenamiento se dio un paso muy importante: se estableció que en enero de cada año la Junta de Gobierno del Banco de México fijaría el saldo máximo del financiamiento interno a concederse por la institución en el ejercicio respectivo. Así mismo, se estableció que dicho saldo debería ser comunicado al Congreso de la Unión, previendo que también deberían rendirse informes sobre la evolución diaria de tal financiamiento. Por otra parte, aún conforme al citado ordenamiento es posible que se exceda el límite normal
que la propia ley establece al financiamiento que el banco central puede otorgar al Gobierno Federal, a través de los giros que este último haga a cargo de la cuenta de la Tesorería de la Federación; el banco debe informar trimestralmente al Congreso de la Unión o, en su caso, a la Comisión Permanente, el movimiento diario que haya tenido dicha cuenta. Esta prevención permite al Congreso de la Unión pedir explicaciones al Gobierno Federal de los sobregiros que en su caso se produzcan sobre el mencionado límite normal.
Como ya se mencionó, las comisiones unidas estiman que la falta de un acotamiento suficiente al crédito primario se puede traducir en el surgimiento de periodos inflacionarios, con las consecuencias que este fenómeno acarrea consigo y que fundamentalmente se manifiestan en:
a. Creación de un ambiente de incertidumbre que reduce el ahorro y desalienta la inversión;
b. Falta de crecimiento económico sostenido, y
c. Inequitativa distribución del ingreso y la riqueza.
Por ello, se considera que resulta de especial importancia la reforma propuesta, toda vez que su aprobación permitiría elevar a rango constitucional el compromiso del Estado de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, estableciendo al efecto su consecución como objetivo prioritario del banco central.
Para el logro de tan encomiable propósito, se pondera vital separar la función de crear dinero de otras tareas a cargo del Gobierno Federal, ya que este último cotidianamente está sujeto a presiones para incrementar el gasto público o disminuir los impuestos.
Es claro que la Reforma del Estado requiere fortalecer políticas de estabilización económica como factor indispensable para impulsar un desarrollo económico sostenible y conseguir una mayor justicia entre los diversos agentes sociales. Igualmente, se considera imperativo que la recuperación económica se refleje en una mejoría real en los niveles de la vida de los mexicanos. Al respecto, cabe destacar que los efectos positivos de los avances logrados en materia de estabilización de los precios han comenzado a manifestarse, pues como señala la exposición de motivos de la referida iniciativa, la caída de los salarios reales observada en el período de aguda inflación de los años ochenta, ha comenzado a revertirse.
Al dotar de autonomía al Banco de México, el Estado estará en mejores condiciones para ejercer la rectoría del desarrollo nacional. En efecto, la consolidación de un ambiente económico de estabilidad adquiere su verdadero sentido y justificación en virtud de que permite al Estado mexicano conducir de manera más eficaz el desarrollo nacional, armonizando y articulando los intereses de todos los sectores concurrentes, en aras de fomentar el crecimiento económico y el empleo, así como procurar una más justa distribución del ingreso y la riqueza. Es así que un banco central autónomo coadyuva al mejor desempeño de la rectoría económica del Estado, pues establecen bases que permiten alcanzar de manera permanente los objetivos plasmados en el artículo 25 de nuestra Constitución. En cualquier caso, se estima que la acción del banco habrá de perseguir de manera directa los fines de la política económica gubernamental, siempre y cuando ello no afecte la consecución de su objetivo prioritario.
En este sentido, resulta indispensable el establecimiento de mecanismos de coordinación entre los órganos que tienen a su cargo el diseño y la aplicación de las políticas monetaria y créditicia del banco central y la función rectora que en materia económica general corresponde al Gobierno Federal.
Estos mecanismos, serán materia de la Ley del banco central reglamentaria del artículo 28 constitucional, tendrán su fundamento en la disposición que se adiciona al referido precepto, conforme a la cual el banco central, con la intervención que corresponda a otras autoridades competentes, regulará los cambios, el crédito y demás operaciones de las instituciones del sistema financiero.
En dicha legislación deberá darse particular importancia a las facultades que habrá de tener el Gobierno Federal en materia cambiaría.
Un aspecto que debe enfatizarse es que el otorgamiento de autonomía al banco no debe eximirlo de la obligación de rendir cuentas a la nación. En esta materia, los integrantes de las comisiones unidas juzgan necesario que la legislación secundaria establezca que el banco deberá presentar ante esta soberanía, con la periodicidad que la ley reglamentaria determine, informe sobre sus políticas y acciones. Con ello, además, se profundiza la tendencia iniciada en la ley de 1985 de mantener al tanto a la Cámara de Diputados del comportamiento de la política monetaria, pilar fundamental de la actividad económica del Estado.
La autonomía del banco central deberá quedar en la Constitución tan solo como postulado. Es necesario establecer disposiciones que la hagan efectiva. Sobre el particular, en opinión de estas comisiones, reviste especial importancia la propuesta de que el banco central tenga plena autonomía para determinar el monto y manejo del crédito primario.
Ante esta situación, es necesario precisar, por una parte, que para que se garantice cabalmente la posibilidad de que el banco central cumpla con la función que se le asigna, éste no forma parte de la Administración Pública Federal, por lo que no queda comprendido en lo dispuesto por el artículo 90 constitucional, sino que será un organismo, del Estado mexicano, con facultades autónomas en lo relativo al ejercicio de sus funciones y su administración. Asimismo el banco central estará vigilado por el Poder Legislativo Federal en los términos que establezca la ley reglamentaria. Por la otra, debemos recordar que el constituyente, tiene facultades para producir las normas jurídicas adecuadas para crear y regular los organismos públicos, que el Estado requiera para asegurar el bienestar de todos los mexicanos.
También es adecuada la propuesta por lo que toca a la designación, desempeño y remoción de los individuos que habrán de conducir dicho banco central. Al efecto, resulta conveniente establecer en la Constitución los principios que garanticen la independencia de criterio de tales personas, y precisar en la legislación secundaria la estructura de los órganos de Gobierno, así como la duración y escalonamiento de los periodos durante los cuales habrán de desempeñar sus cargos las personas a las que se encomiende esta tarea. Importa destacar que el escalonamiento de los periodos de gestión, es decir su vencimiento sucesivo, es una medida de gran utilidad, pues impide que la totalidad o la mayoría de las personas a quienes se encomienda la conducción del banco sean remplazadas en forma simultánea y en un plazo breve. Asimismo, es de gran trascendencia la determinación de los requisitos de calificación técnica y moral que deberán reunir las personas a que se hace referencia, los cuales habrán de consignarse en la citada legislación.
Por lo que toca a los casos en que las personas encargadas de la conducción del banco podrán ser removidas de sus puestos, los integrantes de las comisiones estiman procedente sustituir la expresión "falta grave" mencionada en el texto del párrafo séptimo del artículo 28 constitucional que se adiciona, por la de "causas graves". Ello en razón de que pueden presentarse situaciones en que dichas personas sin haber cometido falta alguna se encuentren impedidas para continuar desempeñado su encargo.
A fin de que esta disposición no pueda prestarse a abusos, es necesario que la ley del banco central establezca con toda precisión las causas que se consideran graves para estos efectos. En virtud de la modificación propuesta la prevención correspondiente al párrafo séptimo que se adiciona al artículo 28 constitucional quedaría en los términos siguientes:
"... sólo podrán ser removidos por causas graves y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia."
Sobre este particular, las comisiones unidas consideran que la ley del banco central, deberá establecer un régimen de responsabilidades y sanciones aplicable a las personas encargadas de su Gobierno, por lo que se deberá adecuar en su oportunidad lo previsto por el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La iniciativa menciona como materias en las que el banco central tendría, facultades concurrentes de regulación con otras autoridades, al crédito, los cambios y la prestación de servicios financieros. En atención a que el término de servicios es utilizado en nuestra legislación como sinónimo de las operaciones distintas a la intermediación del crédito que los bancos llevan a cabo, se señala que las citadas facultades de regulación se refieren también a la intermediación financiera en general. Asimismo, dado que en lo tocante al crédito las facultades de regulación se limitan al de los intermediarios financieros, se suprime la palabra "crédito", pues este concepto queda comprendido dentro de la intermediación financiera. Por tal motivo se modifica la parte relativa del séptimo párrafo del artículo 28 constitucional conforme se indica a continuación:
"... El banco central, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar acabo dicha regulación y proveer a su observancia..."
Es fundamental, en opinión de estas comisiones que con base al precepto referido, la legislación secundaria establezca los mecanismos que aseguren una adecuada coordinación entre la política monetaria y crediticia del banco central y la política general del Gobierno.
En dicha legislación deberá darse particular importancia a las facultades que correspondan al Gobierno Federal en materia cambiaría.
Por otra parte, estimamos correcto que dada la naturaleza jurídica que tendrá el banco central autónomo, se precise en la iniciativa que el banco contará con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo la regulación que se le encomienda y proveer a su observancia.
De manera congruente con la modificación que estas comisiones plantean al texto que se adiciona al artículo 28 constitucional, se estima que en la reforma propuesta a la fracción X del artículo 73 de nuestra Carta Magna es más conveniente señalar la facultad del Congreso para legislar sobre "intermediación y servicios financieros".
En tal virtud, el texto de la referida fracción quedaría en los términos que se indican a continuación:
"X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123."
En atención a las modificaciones que estas comisiones unidas realizan al séptimo párrafo del artículo 28 constitucional, a continuación se señalan los términos en los que quedaría redactado:
"No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a través del banco central, en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El banco central, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar acabo dicha regulación y proveer a su observancia. La conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación será hecha por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso; desempeñarán su encargo por periodos cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus funciones; solo podrán ser removidas por causas graves y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en representación del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia."
Por último se consideran procedentes las reformas que se proponen en los artículos 73 y 123 por las razones que se aducen en la exposición de motivos de la propia iniciativa.
Por lo expuesto, con fundamento en las disposiciones anteriormente señaladas, las comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público se permiten someter a la consideración de este Pleno el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS
28, 73 Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.
Artículo primero. Se reforma el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se recorren en su orden los actuales párrafos sexto a décimo para pasar a ser octavo a décimo segundo y se adicionan los párrafos sexto y séptimo del propio artículo, para quedar como sigue:
Artículo 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas a las que se refiere este precepto: correos; telégrafos; radiotelegrafía y la comunicación vía satélite; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad, ferrocarriles; y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión.
El Estado contará . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento.
No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a través del
Banco Central, en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El Banco Central, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer su observancia. La conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación será hecha por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso; desempeñaran su encargo por periodos cuya duración y escalonamiento provean el ejercicio autónomo de sus funciones; sólo podrán ser removidas por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en representación del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo segundo. Se reforma la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juego con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123;
XI a XXX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo tercero. Se reforma la fracción XIII - bis del apartado B, del artículo de 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a XIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XIII - bis. El Banco Central y las entidades de la Administración Pública Federal que formen parte del sistema bancario mexicano regirán sus relaciones laborales con sus trabajadores por lo dispuesto en el siguiente apartado.
XIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto estará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. En tanto se expide la Ley del Banco Central, reglamentaria del artículo 28 de esta Constitución, continuará en vigor la Ley Orgánica del Banco de México.
Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados México, D.F., a 8 de junio de 1993.»
Es de primera lectura.
ENERGÍA ELÉCTRICA
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado José María Téllez Rincón, para presentar una proposición sobre la liquidación de la The Mexican Ligth and Power Company Limited y Compañías de Luz y Fuerza del Centro, SA. (En liquidación)
El diputado José María Téllez Rincón:
Con su permiso, compañero Presidente; compañeras y compañeros diputados: En octubre de 1960, finalmente se elevó a rango constitucional la exclusividad de la nación en materia de prestación del servicio público de energía eléctrica durante las décadas. Me atrevo a decir que desde 1913 en que llegó la empresa eléctrica canadiense, se aposentó en nuestro país, gozó de concesiones definidas jurídicamente.
La lucha de nuestro sindicato fue conjugar los intereses nacionales por recuperar este bien estratégico y el interés de nuestra clase.
Como obrero que soy, no fue casual que nuestro sindicato, durante muchos años y me voy a referir a la etapa del general Lázaro Cárdenas como Presidente, planteaba la necesidad de nacionalizar esta industria estratégica y básica para el desarrollo de nuestro país y por lo tanto, no fue sorprendente que nuestro sindicato, reconociendo su propio esfuerzo en el acto nacionalizador del presidente Adolfo López Mateos, iniciado a mediados de 1960 y coronado finalmente con la propuesta para modificar y adicionar el
párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Año y medio atrás, reconocimos que esa vieja empresa eléctrica canadiense denominada The Mexican Light and Power Limited, fundada en 1902 bajo la ley canadiense y desde 1903 presentada en nuestro país. La sorpresa fue mayúscula cuando detecté que las llamadas empresas Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que nace por decreto presidencial el 14 de diciembre de 1963, sin embargo esta empresa era propiedad 100% de la Mexican Light and Power Limited.
A partir de 1960, no hubo tal nacionalización; lo que se dio fue la compra de acciones preferentes y comunes en el caso de la Mexican Light; el Gobierno Federal solamente pudo comprar, y me refiero a septiembre de 1960, un 91% de las acciones comunes y un 73% de las acciones preferentes. El resto de las acciones continuaron en manos de particulares y en grandes corporaciones extranjeras, que al filo de la nacionalización participaron directamente en el Consejo de Administración, en un análisis de la Mexican Light, precisamente en los meses en que compraba el Gobierno Federal.
Muestra de una mezcla muy interesante, tanto de personalidades del mundo financiero, personalidades del mundo de la política internacional, como personalidades militares; no es casual que el último presidente de la Mexican Light fuera un general de cinco estrellas norteamericano; tampoco es casual que en el Consejo Administrativo de la Mexican Light, en 1960, participaran ex secretarios de los Estados Unidos de América, los primeros ex primero ministros europeos, representantes de un consorcio corporativo financiero internacional, como lo fue y lo es Sabina, de Bélgica y podría yo agotar una lista muy larga de personalidades de este tipo que tomaron la cesión voluntariamente de vender sus acciones porque consideraron que ya no era negocio.
La venta de la energía eléctrica ya no era negocio, pero se reservaron un paquete sustancial de acciones comunes y preferentes para continuar manteniendo su influencia y su peso político y económico en el rumbo de ese sector eléctrico, a medias nacionalizado en 1960, en que aparece publicado en el Diario Oficial de la Federación la modificación y adición al párrafo sexto del artículo 27 constitucional. Lo que hemos visto a lo largo de estos 33 años, es un proceso contradictorio, porque, por un lado, la industria eléctrica es la prestación al servicio público de energía y no fue elevado al rango constitucional, pero por el otro lado la historia corporativa, la historia de este puñado de acciones en manos de más de 500 accionistas, principalmente extranjeros, contradijeron en los hechos y en la ley lo estipulado en el artículo 27.
Por lo mismo, no fue casual que en 1963 el Presidente de la República, Adolfo López Mateos, enviase un nuevo decreto tendiente a consumar la nacionalización de la industria eléctrica nacional; sin embargo, intereses de dentro y de fuera del propio Gobierno, estorbaron este esfuerzo por consumar la nacionalización.
No se consuma la nacionalización, sino se mexicaniza la Mexican Light and Power Company Limited y el decreto presidencial habla de consumarse la nacionalización, los documentos mercantiles, las escrituras públicas de compra - venta hablaron de mexicanizar. Lo cierto es que se incumplió un mandato presidencial y nuevamente se contradijo el artículo 27 constitucional.
La Mexican Light traspasa todos sus bienes a nombre de la Compañía del Sureste de México, que era subsidiaria de la Mexican Light y asimismo esta compañía, por decisión de la Mexican Light, cambia su nombre y se denomina a partir de entonces Compañía de Luz y Fuerza del Centro, Sociedad Anónima y Subsidiarias.
Esta misma compañía nace con un capital social de 3 millones 241 viejos, pesos y por decisión del propio Consejo de Administración de esta naciente compañía, se decide aumentar a mil millones de pesos.
El Gobierno Federal había pagado aproximadamente 1 mil 824 millones de pesos por la compra de activos de la Mexican Light. Este dinero le fue entregado a los accionistas extranjeros, la mitad en efectivo y la otra parte a través de un pagaré con interés del 7 y el 8%, que eran superiores al interés que se estaba pagando en ese momento y en aquel entonces.
Las propias acciones de la Mexican Light y aquí es en este punto precisamente donde se distorsiona el mandato del presidente Adolfo López Mateos. El ordenó consumar la nacionalización y los funcionarios menores mexicanizan y el aumento de capital de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, se hace con la propia aportación del dinero de los accionistas extranjeros que habían recibido a cambio de la venta de sus bienes de la Mexican Light.
Esto es, que para algunos resulta sorprendente cuando al principio comencé hablando de que la Mexican Light and Power Company Limited
era la propietaria del 100% del capital social de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S. A.
Naturalmente, esta maquillada que se le dio a la contratación respecto al artículo 27 constitucional, ayudó, porque ya no se podrá mostrar de una manera directa la presencia de esta empresa eléctrica extranjera en territorio nacional.
Pero la influencia, el peso del corporativo, el papel que jugaban a lo largo de estos años las grandes corporaciones nacionales, manejándose en porcentajes muy significativos de la Mexican Light, permitió continuar influyendo en los destinos de la administración de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.
A. y por ende en los destinos del sector eléctrico de nivel nacional.
No es casual, por ejemplo, que para 1981 los principales acreedores de la Comisión Federal de Electricidad, aparecieran también como principales accionistas de la Mexican Light and Power Limited y me voy a referir concretamente al importante banco canadiense conocido como Uniroyal Bank of Canada, el que en aquel entonces llegó a poseer 12 mil acciones preferentes, a la par que era el principal acreedor en préstamos, tanto a lo largo plazo como a corto plazos.
En 1974 nos topamos con otro intento por consumar la nacionalización de esta industria estratégica y básica para los destinos del país.
El presidente Luis Echeverría, a través de un decreto, plantea la necesidad de liquidar la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S. A. Se cita a asamblea a los accionistas de la Mexican Light y el Gobierno, como accionista mayoritario, acuerda disolver la subsidiaria conocida como Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
Los mismos intereses que en 1960 y 1963 se opusieron a la consumación de la nacionalización, lo hacen a lo largo de este año; se toman las decisiones en asambleas extraordinarias, tanto en Compañía de Luz y Fuerza del Centro, como en la matriz de la Mexican Light and Power Company Limited y el peso político y económico y un reducido grupo de accionistas extranjeros frenan nuevamente este proceso de consumar la nacionalización de la industria eléctrica en nuestro país.
De tal manera que, al Gobierno del presidente Luis Echeverría Alvarez no le queda otra más que avanzar en el terreno jurídico, a través del artículo cuarto transitorio, que a partir de aquella época en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica estableció que "quedaban sin efecto las concesiones otorgadas a los particulares, para la prestación del servicio público de energía y estableció que a partir de esa fecha "estaba en proceso la disolución y liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S. A., y Subsidiarias, a raíz del convenio firmado entre el Sindicato Mexicano de Electricistas, Compañía de Luz y Fuerza del Centro y Comisión Federal de Electricidad, para la modernización de esta empresa y para elevar la productividad a índices equivalentes a los del resto del sector eléctrico mexicano".
Este convenio, es firmado el 14 de marzo de 1989. Dos semanas después el Gobierno Federal instruye a todos los funcionarios mexicanos de la Mexican Light, encabezados en aquel entonces por el ingeniero Fernando Hiriart Valderrama, para que en su carácter de presidente del Consejo de Administración de la Mexican Light solicitase ante la Suprema Corte de Justicia de Ontario, Canadá, la liquidación de la Mexican Light and Power Company Limited, esta resolución fue tomada el día 30 de marzo de 1989. Y el 6 de junio el licenciado de la Comisión Federal de Electricidad, Gabino Puga Navarrete, presentó de manera formal esta solicitud de liquidación ante la Suprema Corte de Ontario, Canadá.
¿Cual fue la razón fundamental en que se apoyó el Gobierno mexicano para que a través de los funcionarios mexicanos encabezados por el Secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal, solicitasen la liquidación de la Mexican Light? Dos fueron los argumentos centrales, el primero, la violación al artículo 27 constitucional por la sola existencia continuada desde 1960 de la Mexican Light and Power Company Limited, en virtud de haberse elevado ese año a rango constitucional la prestación del servicio público de energía eléctrica, y la segunda razón, fue la insolvencia de la Mexican Light o lo que es lo mismo la insolvencia de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que para el año en que se solicitó su liquidación ante la Suprema Corte de Ontario, Canadá, tenía una deuda superior a los 11 billones en tanto que sus activos no ascendían a más de 8 billones de viejos pesos.
El 13 de diciembre de 1989 una vez realizados los estudios financieros y económicos sobre la situación de la Compañía de Luz y Fuerza de Centro, la Suprema Corte de Ontario, Canadá, el 13 de diciembre de 1989 ordena que sea liquidada la Mexican Light y mandata al despacho canadiense Hoyt and Toch Incorporate para que cumpla como liquidador de los bienes de la Mexican Light y lo que es lo mismo de la Compañía de Luz y Fuerza.
Ese mismo día tres accionistas desidentes los hermanos Varma J. Asoc y Varma George Stanley se amparan ante este mandato de la Suprema Corte de Ontario, Canadá, no para oponerse a la liquidación de la Mexican Light. El proceso parecía que marchaba bien y parecía que iba a caminar finalmente en ese largo anhelo de la nación mexicana para regresar a su patrimonio este bien estratégico que es la prestación del servicio público de energía.
Sin embargo, se inician las pláticas del Tratado de Libre Comercio y hay rumores de que se discuten los temas de la electricidad, del petróleo, de la petroquímica y en particular los de la electricidad.
El Gobierno Federal niega que esto se esté discutiendo, pero reconoce que es un asunto de carácter nacional y constitucional, sin embargo, a las pocas semanas una vez que esta información es filtrada por los diarios de los Estados Unidos de América, conocemos que efectivamente se integró un subgrupo que se encargará de comenzar a discutir el problema del petróleo, de la petroquímica y de la electricidad.
Y es precisamente el inicio de las discusiones del Tratado de Libre Comercio, en particular del ramo eléctrico cuando se detiene el proceso de liquidación de la Mexican Light, una vez que este proceso fue puesto en la negociación tal como lo conocemos en el texto definitivo del Tratado de Libre Comercio, cuya consecuencia más nefasta fue final la aprobación a la modificación del servicio público de energía eléctrica, en la anticonstitucionalmente se le faculta a la iniciativa privada nacional y extranjera para invertir en la construcción y para generar la energía eléctrica.
En la prestación del servicio público una vez más se da este golpe, se atora el proceso de liquidación. El 30 de mayo de 1991 se firma una carta - convenio entre la Mexican Light y la Comisión Federal de Electricidad, que era el acreedor principal de la Mexican Light en los puntos, en el clausurado en que esta carta convenio se establece entre las partes, fundamentalmente que la Mexican Light acuerda transferir y traspasar toda su propiedad, todo sus bienes, todos sus derechos, todos sus títulos donde quiera que éstos estén situados, incluyendo la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, a cambio de que la Comisión Federal de Electricidad dote del respaldo financiero a la Mexican Light para que pueda contar con cantidad de dinero suficiente que le permita comprar las acciones comunes y preferentes; estas acciones estaban en manos de mexicanos y extranjeros.
El 30 de julio de 1991 la Suprema Corte de Ontario, Canadá, autoriza y legitima este convenio y el 12 de septiembre autoriza al liquidador el Despacho Contable Canadiense, para que comience a citar el referido convenio. De tal manera que a partir del 12 de septiembre, como primer requisito para aplicarse, el acreedor principal de la Mexican Light era la Comisión Federal de Electricidad; recibe a cambio de esa deuda, incluya a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, el pago a la propiedad total de la Mexican Light; en ese momento también la Comisión Federal de Electricidad hizo un depósito inicial por 25 mil dólares que más adelante amplía hasta 248 mil dólares, para pagar todo el proceso liquidatorio y hacer el pago correspondiente a los accionistas minoritarios, particulares y extranjeros, de la Mexican Light. La Suprema Corte de Justicia de Ontario, Canadá, fija un plazo de un año que comienza a partir del 23 de septiembre de 1991 y el 23 de septiembre de 1992 este proceso de liquidación voluntaria, a través de la compra - venta de las acciones en manos de particulares finaliza el 3 de noviembre de 1992. El liquidador de la Mexican Light informa a través de un documento público que aparece en Toronto, Canadá, que ha concluido el proceso de liquidación de la Mexican Light, que se han pagado, en primer lugar, los costos de la propiedad, se han liquidado todos los pagos empezando por el propio liquidador, a todos los abogados que han participado por esta parte, a los accionistas disidentes; este proceso de liquidación ha pagado también a tres accionistas que se les tuvo que localizar.
Todos los bienes de la Mexican Light, incluida la Compañía de Luz y Fuerza del Centro a la Comisión Federal, a cambio de la deuda billonaria que no hay activos que repartir de parte de la Mexican Light; que ya no existe deuda de la Mexican Light y, que por tanto, a medida que se ha concluido y finiquitado de una manera absoluta y completa el proceso de liquidación, el liquidador recomienda a la Suprema Corte de Ontario, Canadá, que se disuelvan la Mexican Light el 5 de noviembre de 1992.
La Suprema Corte de Ontario, Canadá, ordena que en virtud de la documentación presentada por el liquidador y que en virtud de que no hay activos y que no existe deuda por pagar, queda disuelto en este acto la Mexican Light and Power Company Limited.
De tal manera que a partir del 6 de noviembre de 1992, nuestro país estaba en facultad para
la creación de un nuevo organismo descentralizado y hoy con mucha preocupación y tristeza observamos dos situaciones.
En primer lugar, la falta de respeto al Congreso de la Unión, al no haberse informado como parte y participante en este proceso de liquidación de la Mexican Light.
Aquí no puede alegarse que ese problema no nos atañe, porque es un problema y es un asunto nacional, porque fue celebrado bajo la Ley canadiense; quien lo solicitó fue precisamente el Gobierno mexicano a través de los funcionarios encabezados por el ingeniero Fernando Hiriart, en aquel entonces Secretario de la SEMIP y quien manda para que este proceso de liquidación avance, fue precisamente el Congreso de la Unión, a través del artículo cuarto transitorio que a la letra señala: "Que se faculta al Ejecutivo Federal para dar celeridad al proceso de liquidación de las compañías...". De tal manera que ha sido una falta de respeto tanto a los diputados como a los senadores, no habérsenos comunicado.
Todos esos datos y documentos que he expresado a ustedes, tuvieron que ser el resultado de una investigación de un obrero, con sus propios recursos, de mi sindicato, el Sindicato Mexicano de Electricistas, el compañero José Antonio Almazán González.
En segundo lugar, es inexplicable que este retraso y me pregunto el porqué. ¿Hay algún otro obstáculo de carácter jurídico o constitucional mercantil que impida que desde el 5 de noviembre se pueda haber decretado la creación de un nuevo organismo público descentralizado que pudo haber concluido bajo la Ley mexicana esta disolución, para dar nacimiento a un nuevo organismo descentralizado? ¿Hay algún elemento? Esa es la pregunta que tenemos que hacer aquí, alguna justificación, algún hecho sustancial que explique este retraso.
Como si alguien pudiese llegar a pensar que el artículo 27 constitucional está sujeto al logro y al alcance de metas productivas, como se quiere hacer suponer que estamos condicionados los trabajadores o como pueblo, a lograr metas de productividad para que entonces se pueda aplicar el artículo 27 y el cuarto transitorio. Esta es la preocupación que tenemos.
Y más allá de esta preocupación por todo lo que hemos señalado de este transitorio, en diciembre del año pasado el temor de ese retraso injustificado de seis meses, pero pactado para dos años y medio en los convenios de productividad y de la asunción del pasivo de Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
En realidad solamente se está abriendo brecha para una posible reprivatización de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro; todo esto es que de manera breve, tratando de resumir ante la presencia honrosa de ustedes, es la preocupación de miles de trabajadores electricistas que tenemos en este momento, frente a esta eventualidad que se nos está presentando y naturalmente la presencia de nosotros no es exclusivamente por presentar una denuncia y que esto quede archivado y que el día de mañana sólo haya sido recorte de periódico de circulación nacional.
La presencia de nosotros también obedece al derecho que nos asiste como trabajadores y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas, de hacer preguntas a los compañeros diputados en relación a esta problemática que les tocó legislar en 1989. Preguntarles, hacerles un cuestionario si es posible aceptar que la explicación del artículo 27 sea productivizado, que ahora los principales ordenamientos que se nos hacen como nación mexicana; al logro de las metas de productividad se nos digan del por qué de este retraso de seis meses. ¿Qué sucede? ¿Qué hay algo oculto? ¿Hay algo que se está negociando a partir del Tratado de Libre Comercio que no aparece en el texto definitivo y que es lo que obliga a condicionar a dos años y medio la creación del nuevo organismo descentralizado, por lo que mediantemente fuimos, los que medianamente fuimos educados en las escuelas oficiales y conocemos que es el proyecto de nación plasmado en el artículo 27 constitucional, recordamos perfectamente lo que éste señala: "Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares...".
Nos alegra el hecho de que el 5 de noviembre de 1992 haya concluido con la presencia minoritaria, pero presencia al fin y al cabo, del capital extranjero en este sector.
Que ha quedado por los extranjeros y es exclusiva para las nacionales. Pero nos preocupa que a esta fecha, en este momento no se haya informado de este problema, ni se hayan dado pasos conducentes para aplicar el artículo 27 constitucional y aplicar el cuarto transitorio para la formación del nuevo organismo descentralizado y transformar la Compañía de Luz y Fuerza del Centro...
El Presidente:
Permítame, compañero diputado.
Esta Presidencia le hace un atento recordatorio que el tiempo reglamentario ya se agotó. Por lo cual le pide, con toda atención, tenga a bien concluir su exposición a la brevedad.
El diputado José María Téllez Rincón:
Señor Presidente: Si usted me permitiera dos minutos, se lo agradecería.
El Presidente:
Adelante, señor diputado.
El diputado José María Téllez Rincón:
Gracias, señor Presidente.
Al finalizar la discusión y liquidación de la Mexican Light se hizo realidad lo que se señala en el párrafo sexto del artículo 27 constitucional.
Sin embargo no se tuvo la debida atención a nosotros como diputados y a los senadores por parte de funcionarios, como fue el secretario de Trabajo y Previsión Social.
Y hay en este momento que pedir a todos los partidos para que nos ayuden en próxima ocasión a presentar un juicio político en contra de ellos y de funcionarios de los sindicatos, como los establece el artículo 108 y 128 de la Constitución mexicana, por no cumplir con la obligación de funcionarios y como buenos mexicanos. Muchas gracias.
El Presidente:
Para hablar sobre el mismo tema, tiene el uso de la palabra el diputado Pablo Casas Jaime, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Pablo Casas Jaime:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Nos ha dado aquí el compañero diputado una historia sobre el proceso de nacionalización, de liquidación y de ahora reforzamiento de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Una compañía que atiende el centro del país y que hace el esfuerzo por dar el servicio a 5 millones de usuarios en la zona más densamente poblada del mundo.
Ha hecho algunas observaciones que creo que no tienen fundamento jurídico y que sí dan la pauta a que se piense que el proceso de nacionalización de 1960, el proceso de liquidación de 1975 y ahora el proceso de revitalización de la Compañía de Luz en 1992-1993 no sea el que adecuadamente se está llevando a cabo.
Sin duda, las observaciones que él hace, en el sentido de que no se han seguido los términos jurídicos, yo creo que se han establecido y de acuerdo con la organización sindical se han establecido los mecanismos para llegar a un acuerdo y que se dé la posibilidad de incrementar la productividad y no como una mera necesidad de explotación, sino como una necesidad de llevar mayor servicio al pueblo de México.
Quisiera nada más circunscribirme a los aspectos que maneja sobre la disolución de la Mexican Light and Power Company, en la que es un proceso que se inicia, efectivamente, desde 1960, pasa por 1963 y llega a 1975 con la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, en donde se establece en un cuarto transitorio que solamente la Comisión Federal, o sea que corresponde a la nación generar, distribuir, etcétera, pero queda el 3% de acciones en manos de particulares, sean nacionales, sean extranjeros y ese 3% de acciones las condicionan en el artículo cuarto transitorio de la Ley, a que se inicie su proceso de liquidación y mientras se establece y se da fin al proceso de liquidación, en el proceso de 1975 hacia adelante, se dará la posibilidad a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro a que siga suministrando el servicio, en lo que es liquidada.
Y aquí viene un tema de carácter sindical, ¿Qué hubiera pasado si en 1975 ó 1976 o años posteriores, se hubiera liquidado la totalidad de las acciones de la Mexican Light and Power? El patrón sustituto, con el 97% de acciones, sería la Comisión Federal de Electricidad y ahí habría un problema de carácter intersindical, cosa que en 1987, que se inicia un proceso en la Compañía de Luz de Revitalización entre la empresa y el sindicato para aclarar y para establecer el por qué llevábamos ya casi 15 años en un proceso de liquidación que prohibía generar, que prohibía invertir y que estaba ocasionando una descapitalización espantosa de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
Se empieza un proceso, un proceso político vamos a llamarle, de carácter, de una lucha sindical, para que se dé la posibilidad de levantar el estado de liquidación o se proceda de acuerdo al cuarto transitorio de la Ley. Y el sindicato, con algún compañero diputado que estuvo en la anterior Legislatura, propone que se reforme el cuarto transitorio de la Ley.
Tenemos la posibilidad, el Ejecutivo manda el decreto, la posibilidad de que todos los partidos apoyen y se modifique el cuarto transitorio de la Ley, en el que se establece que la Compañía de Luz y asociadas y subsidiarias, tendrán la posibilidad de que al liquidarse totalmente la empresa el Ejecutivo Federal, en 1989, el Ejecutivo Federal dispondrá, al concluir esta liquidación, la creación de una nueva empresa con patrimonio propio, capacidad jurídica, etcétera.
Y fue un proceso, un proceso que se llevó muy rápido, hay que liquidar las acciones, efectivamente; se convocó a la Mexican Light and Power para que se autorizara que vinieran a la Asamblea y como Comisión Federal, como accionista mayoritario, convocara a la compra o a la adquisición de las acciones del 3%, que andaban por ahí en todo el mundo.
Toda vez que en el cuarto transitorio, se faculta al Ejecutivo a crear una empresa que sustituya a la Mexican Light and Power con sustento jurídico y patrimonio propio, pero con rentabilidad, con productividad, que permita llevar este servicio tan importante a la población más conglomerada de nuestro país.
En el convenio que hace alusión el diputado Téllez Rincón, del 14 de mayo de 1989, donde el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Compañía de Luz asumen un compromiso para poder llevar a cabo la disolución y la creación del nuevo organismo que se creará en sustitución de la Mexican Light o de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro en liquidación, se llega a un acuerdo en el que se establece que el Sindicato y la empresa se comprometen a elevar los índices de productividad, de acuerdo a los del resto del sector eléctrico nacional.
Pero hay algo muy interesante. Se comprometen a llevarlo en seis meses, a llevar esos índices de productividad en seis meses. Esto da la pauta que la Comisión Federal o el sector eléctrico nacional solicite a la Suprema Corte de Canadá que en vista de que se tiene el decreto de 1989, de crear un nuevo organismo, que se empiece a liquidar las acciones que están por todas partes del mundo y se establece un año, la Suprema Corte de Canadá manda una circular, una notificación en que se da un año para que todos los accionistas acudan a recoger la liquidación de sus acciones, un dólar las comunes, cinco dólares las preferentes y se da hasta el año de 1992 efectivamente en septiembre de 1992 en que se dice: esta es la fecha límite, los accionistas acuden a recoger su liquidación, algunos no lo hacen, acciones extraviadas, acciones perdidas, gente que haya fallecido, entonces la Corte de Canadá determina el 7 de noviembre de 1992 que está disuelta la Mexican Light & Co. En ese lapso se da una negociación entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Compañía de Luz para crear el nuevo organismo y aquí hablando de temas de carácter meramente sindical, se establece por parte de una Comisión mixta que crea el Sindicato para crear esta empresa, para hacer los estudios y los análisis correspondientes, para que la empresa nazca sana, rentable, productiva, para que pueda consolidarse la propia empresa para dar el servicio tan importante.
La propia Comisión establece que, primero, llegaremos a los acuerdos necesarios o se llegará a los acuerdos necesarios siempre y cuando no se afecte la plantilla del personal. Dos, se respete el contrato colectivo. Tres, se respete a los jubilados.
Cuatro, se absorba la deuda que tiene con la Comisión Federal la Compañía de Luz, que tiene con la Comisión Federal, la absorba el Gobierno Federal con una condicionante, que es la elevación de la productividad.
Y se establece un período y los convenios que se firmaron, fue de un período de dos años y medio, dos años y medio que en comparación con los seis meses que se proponían en 1989, creo que es el tiempo adecuado para que se dé la posibilidad de revitalizar la Compañía de Luz.
Yo pienso que la preocupación que tiene el compañero Téllez Rincón de la reprivatización, yo siento que no hay posibilidad, ya que la propia Constitución así lo establece, lo que sí establece y lo que se requiere, es la elevación de la productividad para que tengamos la posibilidad de dar un servicio eficiente, continuo, rentable y que por un lado dé la posibilidad a la empresa de consolidarse desde el punto de vista económico; por el otro lado le dé la posibilidad al Sindicato, de tener su fuente de trabajo y por otro lado, se dé la posibilidad de llevar el servicio público a todos los mexicanos que lo necesitan.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos el diputado Juan Cárdenas del PPS.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García:
Con su permiso señor Presidente; señoras y señores diputados:
Sólo para puntualizar algunas cuestiones que interesan al PPS, debo comenzar por llamar la atención sobre lo último que ha afirmado el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, de que las disposiciones y los convenios no permiten plantear duda acerca de que debe permanecer en manos del Estado esta Compañía y efectivamente si se procediera con apego a los convenios, no tendríamos ninguna duda de que seguiría en manos del Estado, pero hay una política y una política que se consolida cuando se aprobó por la mayoría la nueva Ley de Energía Eléctrica, en donde se dan todas la posibilidades para que empresas extranjeras produzcan, generen, conduzcan, comercialicen energía eléctrica.
Es un riesgo latente y por lo tanto es importante que un diputado de la mayoría sostenga y queremos pensar que en su momento seguirán sosteniendo este planteamiento de que el nuevo organismo descentralizado, con patrimonio propio, deba ser necesariamente una empresa paraestatal.
Sin embargo hay cuestiones también sobre las que hay que alertar. En este nuevo proceso el Sindicato Mexicano de Electricistas ha firmado un convenio de productividad bastante lesivo a los intereses de los trabajadores de esta compañía.
Veamos.
Se dice que es necesario que la nueva empresa opere con índices de productividad y de rentabilidad.
Esto quiere decir que se abandonará el enfoque con que se ha manejado la empresa en otros tiempos, porque también aquí se ha hablado de que se descapitalizó la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, etcétera, pero no se dice que por qué razón operaba con números rojos, ¿por qué se descapitalizaba? No se dice que la industria eléctrica en su conjunto y en particular la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, vivió para apoyar la industrialización del país, con tarifas excesivamente bajas y que significó un subsidio para la industria nacional, privada y estatal.
Esto es lo que no se quiere reconocer y que habla de descapitalización para apoyar la idea de que ahora se maneje con rentabilidad y productividad. Pero ¿en qué sentido se está hablando de elevar productividad?, según el convenio, si se analiza con seriedad, los índices de productividad se elevarán en la medida en que se despida a trabajadores, porque no es posible pensar que en un lapso de dos años pueda elevarse en un 100% la productividad de una compañía cuando se requeriría en este caso que aumentaran los consumidores y no es posible pensar que en dos años aumente el 100% el número de consumidores para que cada trabajador pudiera atender a un mayor número de usuarios, que en esos consistiría elevar la productividad. Por lo tanto es previsible que para cumplir con el convenio de elevar productividad, es decir elevar el número de usuarios que atienda cada trabajador, sólo se puede dar por la vía del despido masivo, por eso es justa la preocupación de muchos núcleos de trabajadores electricistas en el sentido de que es previsible que en esos dos años haya un despido de más de 10 mil compañeros trabajadores electricistas.
Y esto es a lo que llama la atención el Partido Popular Socialista, no se puede aceptar un convenio de esa naturaleza en que se pone de antemano el riesgo, el trabajo de un grupo numeroso de trabajadores electricistas, por lo demás insisto en que debemos tomar al 100% la afirmación y nosotros estamos exigiendo que sea así, de que en la nueva compañía descentralizada, con patrimonio propio, etcétera, siga siendo una propiedad del Estado, de otra manera se comprometería el desarrollo industrial de nuestro país en perjuicio de las condiciones de vida material e intelectual de las grandes mayorías.
En consecuencia, mi intervención era para advertir y denunciar los términos negativos para la clase trabajadora, para los trabajadores electricistas del convenio que se suscribió, a pretexto de elevar productividad. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos el diputado José María Téllez Rincón. También para rectificar hechos el diputado Pablo Casas, después. El diputado José María Téllez Rincón:
Con su permiso, compañero Presidente; compañeras, compañeros diputados: Las preguntas son muy claras: ¿se liquidó el 5 de noviembre de 1992 la Mexican Light and Power Company Limited y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, sí o no? Y esto yo traigo el documento, el facsímil, donde se nos dio por parte de las autoridades canadienses que esto está liquidado plenamente.
Otra pregunta clara: ¿se deben pasivos y activos de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro? No, porque ha sido plenamente liquidada, como consta en documentos.
De tal manera que el convenio de productividad que nos hacen firmar a los trabajadores electricistas, es una trampa, una trampa que no debe ser aceptada por los diputados, porque nosotros no podemos elevar esa productividad por ningún motivo; tendríamos que crear otro Distrito Federal para poder dar esta productividad que se nos está pidiendo, cuando aquí se dijo por parte de la Comisión de Energéticos que en el país es el 5% lo que falta para que todos los mexicanos gocen de este fluido.
Qué va a pasar en septiembre, cuando nosotros no podamos demostrar la elevación de consumidores por trabajador. Es la primer separación que va a haber de trabajadores y eso no puede aceptarse porque es una violación constitucional. Si está liquidada la Compañía de Luz, si está liquidada la Mexican Light and Power Limited, debe de aplicarse el artículo 27 y el cuarto transitorio de la Ley de la Industria Eléctrica.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos conforme lo establece el artículo 102 del Reglamento, tiene el uso de la palabra el diputado Pablo Casas Jaime.
El diputado Pablo Casas Jaime:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros:
Qué va a pasar en septiembre. El convenio firmado entre la Compañía de Luz y el Sindicato Mexicano de Electricistas, establece que se llegarán a unos índices a dos años y medio, para lo cual la compañía proporcionará los elementos necesarios para incrementar la productividad. La productividad no se incrementa por decreto, la productividad se incrementa por materiales, por recursos, por vehículos, por capacitación en el trabajo, para lo cual incluso la Contaduría Mayor de Hacienda tendrá la posibilidad de verificar, de acuerdo al convenio, porqué se cumplen o no se cumplen los índices de productividad, supervisados por una empresa de prestigio internacional, así lo dice el convenio.
Yo siento que no pasará absolutamente nada, se revisarán y se creará la posibilidad de ir mejorando la calidad, continuidad del servicio que es lo más importante.
Yo quiero hacer estas observaciones, porque desde mi particular punto de vista creo que el convenio es un convenio bien realizado, bien concertado, porque lo que les comentaba al principio de la posibilidad que la Comisión Mixta le propuso y a través de una asamblea le propuso al Comité Central llevar a firmar pues cinco puntos fundamentales y que dan respuesta, el convenio de respuesta a cada uno de los puntos que se establece. Yo no creo que sea lesivo un convenio donde dice que se respeta la plantilla del personal, yo no creo que sea lesivo un convenio donde dice que se respeta el contrato colectivo de trabajo, yo no creo que sea lesivo un convenio en donde diga que se respetan las condiciones íntegras de los compañeros jubilados y además, para que la empresa nazca sana, rentable y eficiente, el Gobierno asuma los pasivos que tiene la Compañía de Luz con la Comisión Federal, pero además lo que yo creo es algo muy acertado, es que se dé la continuidad en la Compañía de Luz y se dé la posibilidad de que se eleve la productividad para llevar el mejor servicio de energía eléctrica a todos los habitantes del país.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos el señor diputado C. Trinidad Rosas.
El diputado Concepción Trinidad Rosas de la Luz:
Con su venia señor Presidente.
Yo quisiera, señores diputados, aclarar algunas cuestiones que aquí se están escondiendo en la intervención que ha tenido aquí el diputado Casas en cuanto a la situación real, como yo la veo, desde luego de mi personal punto de vista, de lo que está pasando en Compañía de Luz y Fuerza del Centro con respecto a la nacionalización.
En primer lugar quiero decirles a ustedes que los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas estábamos mejor con la empresa anterior, que con la nacionalización que en forma tan errónea el Gobierno llevó a efecto, porque aquí se encubrieron muchos problemas atrás de todo esto y aquí muchos secretarios generales siempre se agarraron a los trabajadores con el "petate del muerto", diciendo: si no me apoyas, la empresa te va a correr, te va a separar y empezó con una reestructuración en el tiempo de Díaz Ordaz, cuando en ese tiempo se reestructuró la compañía dizque para ser productiva y sin embargo, sólo la productividad quedaba en los documentos, dado que la empresa no proporcionaba los fondos suficientes que costaba esa reestructuración y ese aumento de productividad que desde ese tiempo se manejaba.
Yo creo que toda esta situación, tanto los líderes que han desfilado por el Sindicato Mexicano de Electricistas, como muchos funcionarios de Gobierno, de ahí se ha agarrado perfectamente para lograr fines obscuros hasta la fecha y hoy todo este problema compañeros, viene precisamente por el proceso electoral que se viene realizando en el Sindicato Mexicano de Electricistas, en donde un candidato ahora de oposición, quiere derrocar al otro líder que se quiere afianzar ya por tercera ocasión en la reelección, que es Jorge Sánchez y están unos y otros sacándose los "trapitos al sol", en perjuicio de la industria eléctrica y en perjuicio también del Sindicato Mexicano de Electricistas compañeros.
Yo creo que aquí se debiera de aclarar esto precisamente por el diputado Casas y por el señor Téllez Rincón, que también fue Secretario General de este sindicato y que saben más de fondo de esta situación.
Yo pienso señores, que todo esto ha venido precisamente por ese proceso electoral que se desarrolla, un señor Jorge Sánchez, que cuando él era candidato decía que ningún líder debiera de buscar una tercera reelección, porque ya estaba demasiado comprometido, y un señor Pedro Castillo, que en este momento busca la Secretaría General, cuando ya en la pasada elección hubo mucho "trapos al sol" que se estuvieron sacando, precisamente con el grupo que dirige el Sindicato Mexicano de Electricistas.
Compañeros: Yo creo que aquí se debiera de investigar por esta Cámara qué esta pasando realmente con esta situación de la nacionalización de Compañía de Luz y Fuerza del Centro y con este convenio que estoy de acuerdo con Téllez Rincón, que ha firmado, ha firmado precisamente Sánchez García, en perjuicio de los trabajadores y para buscar una nueva reelección, puesto que Sánchez García está buscando y le prometió al Sindicato Mexicano de Electricistas, cuando el señor Salinas de Gortari era candidato, que le pagaría con creces el acarreo que le hizo a Nueva Necaxa, Puebla, de los trabajadores electricistas.
Cuando Sánchez García empezó a traicionar al sindicato, obligando a muchos a adherirse al partido oficial, señores diputados.
Yo creo que esto debe quedar más claro aquí y no venir a hacer remembranzas, puesto que, repito, desde la nacionalización, desde la nacionalización de Compañía de Luz y Fuerza, se ha convertido en un botín de varios líderes, aquí dentro de este sindicato, que fue el ejemplo del sindicalismo en México.
Yo les pido una investigación más a fondo de esta situación, porque ahí se están jugando muchos intereses creados. Gracias.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García
(Desde su curul):
Pido la palabra, señor Presidente, para rectificar hechos.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Juan Cárdenas García, del Partido Popular Socialista.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados: Hemos hablado de que el convenio de productividad, suscritos por el sindicato, es nocivo para los intereses de los trabajadores electricistas, porque es previsible desde ahora que para alcanzar los índices de productividad y elevar la rentabilidad de la nueva empresa, necesariamente se tendrá que recurrir al despido de trabajadores, porque por otra vía, por el aumento del número de consumidores, por el aumento de la infraestructura, no se alcanzarán esos índices de productividad.
Pero sí hemos advertido de esto, también debo rechazar tajantemente la afirmación escuchada o expresada por el diputado que me acaba de anteceder en el uso de la palabra, de que hay que revisar el proceso de nacionalización.
Cierto. Una vez nacionalizada la compañía, desde su inicio en el proceso de 1958 con el presidente Adolfo López Mateos, hubo errores, hubo cuestiones criticables, pero de ahí a afirmar que estuvo mejor la situación cuando era una compañía de capital extranjero, hay demasiado trecho. Es falso. Solamente nacionalizada la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza del Centro, pudo llevar hasta donde se requería el servicio de energía eléctrica.
Hay que revisar los contratos colectivos de los trabajadores, a los niveles que alcanzaron cuando estuvo nacionalizada.
Por lo demás, seguimos insistiendo en que el problema no es de que esté en manos del Estado, debe estar en manos del Estado para garantizar el apoyo necesario al desarrollo industrial de México. Eso no debe estar a discusión. Lo que sí es que hay que corregir cuestiones de esta naturaleza, como el convenio, que obedecen a toda una política económica y social, orientada a rebajar la plantilla de trabajadores.
Creo que la experiencia que tenemos en vista a otras empresas que se han privatizado o que se han modernizado, nos da la razón en el sentido de advertir desde ahora el posible despido de muchos trabajadores. Esa es la advertencia que queremos insistir, en plantearles. Muchas gracias.
El diputado José María Téllez Rincón (Desde su curul):
Pido la palabra para rectificar hechos, señor Presidente.
El Presidente:
Para rectificar hechos tiene el uso de la palabra el diputado Téllez Rincón.
El diputado José María Téllez Rincón:
Agradezco, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Lo único que me trae aquí es pedir a vuestra soberanía que nazca del seno de la Cámara el decreto que obligue a todos los funcionarios de este país, a que se cumpla el artículo 27 y el cuarto transitorio.
Las situaciones sindicales las vamos a arreglar en nuestro sindicato. Nosotros tuvimos que obtener esta información en Ontario, Canadá, porque jamás pudimos obtenerla en nuestro país y esto se debe a que traigamos esto.
A mí me tienen sin cuidado las elecciones del sindicato, porque no puedo participar en ellas como jubilado que soy. De tal manera que, esto no se quiera aquí confundirse, que traemos un problema sindical; este es un problema que compete a la soberanía de la Cámara y que de ustedes debe de nacer que se promulgue la Ley, en que se aplique el artículo 27 y el cuarto transitorio del Reglamento de Energía Eléctrica, para no permitir más violaciones a la Constitución. Muchas gracias.
El diputado Pablo Casas Jaime (Desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra para rectificar hechos.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene el uso de la palabra el señor diputado Pablo Casas Jaime.
El diputado Pablo Casas Jaime:
Con su permiso, señor Presidente. Yo nada más para aclarar, muy breve, la aseveración que hace el compañero del PAN, el diputado del PAN que además es compañero jubilado de la Compañía de Luz, compañero del Sindicato Mexicano de Electricistas y decirle que de acuerdo al estatuto no hay acarreos ni nada, como usted lo ha manifestado, sino que hay una libertad absoluta de pertenecer al partido que así se quiera, tal que aquí hay de uno, de otro y había uno del PPS.
Y, por otro, bueno, no es que se quiera apoltronar; entonces, tiene la posibilidad el compañero que está jugando y aquí no tienen que ver nada las elecciones, es un proceso que se dirime internamente en la contienda electoral y que, bueno, si pierde, pierde. Ahí hay una posibilidad, como usted lo sabe, donde los votos se cuentan rigurosamente.
Y yo quiero dejar claro: Para nosotros, para los miembros de mi partido, el convenio es aceptable y creemos que en la medida en que los trabajadores eleven la productividad, tendremos la posibilidad de consolidar la empresa y consolidar el sindicato. Muchas gracias.
El diputado Concepción Trinidad Rosas de la Luz (Desde su curul):
Pido la palabra para alusiones personales, señor Presidente.
El Presidente:
Adelante, diputado Rosas.
El diputado Concepción Trinidad Rosas de la Luz.
Señor Presidente; señores diputados:
Creo que se malinterpreta. Yo dije precisamente que toda esta situación salía, precisamente, por el proceso electoral que se desarrolla ahorita en el Sindicato Mexicano de Electricistas, en donde dos grupos se disputan el poder.
Desde luego que sé perfectamente, señor diputado Casas, que aquí no se vienen a dirimir los asuntos que pertenecen al interior del Sindicato.
Lo que sí le digo a usted, es que todo este problema nace precisamente por ese proceso electoral que se está desarrollando ahí, y que pudieran salir muchas cosas, que pudieran salir muchas cosas si esta Cámara de Diputados nombrara una comisión que se encargara de revisar perfectamente a fondo la situación de las finanzas tanto de Compañía de Luz y Fuerza del Centro como de Comisión Federal de Electricidad. Ahí saldrían precisamente las razones de esta situación, de este problema que estamos viviendo en este momento. Gracias.
DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra la diputada Gabriela Guerrero Oliveros del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista para referirse al Día Mundial del Medio Ambiente.
La diputada Gabriela Guerrero Oliveros:
Señor Presidente; señoras y señores legisladores.
En los últimos años en el escenario del mundo ha habido trascendentales cambios casi en todos los ámbitos de la vida social en la ciencia y en la técnica, en el comercio, en el mapa geopolítico y en las relaciones de poder a nivel internacional.
Los acontecimientos que han conmovido con más fuerza a la opinión pública son los de carácter político, porque son los que han influido de una manera directa en las relaciones entre los estados incluido el aspecto militar, por lo cual han tenido impacto decisivo en la lucha por evitar la guerra nuclear y alejar definitivamente el peligro del empleo de las armas de exterminación masivas.
Sin embargo, ha habido otros acontecimientos de trascendencia semejante, pero por no tener efecto inmediato en la vida de los pueblos no han merecido la atención que les corresponde o sus proyecciones en el desarrollo de la humanidad.
A mediados de los setenta y gracias al empleo de los satélites artificiales para el estudio científico de las características y de los recursos naturales de la tierra, se empieza a conocer de un grave problema que está desarrollándose en la atmósfera de nuestro planeta. Antes se denominó agujero de ozono de la tierra y que estudios posteriores hicieron ver que su presencia en los polos obedecía al efecto dañino de algunos productos de la actividad industrial de los seres humanos sobre una capa de las atmósfera, la ozonófera, misma que hace posible la existencia de la vida vegetal y animal en la tierra, al constituirse en capa protectora contra las intensas emisiones ultravioleta de nuestro sol, que por ser altamente energéticas causan daños irreversibles a los organismos vivos.
Los principales gases que generan reacciones químicas depredadores de la capa de ozono son los llamados compuestos cloro, fluoruro, carbonato y también algunos productos de la combustión de materias fósiles como el butano y el profano además del amoníaco, todos ellos vinculados a la generación de energéticos o a la fabricación de productos para el bienestar de los seres humanos.
Es importante, señoras y señores diputados, dejar asentado que el mayor porcentaje de los gases destructores de la capa de ozono son emitidos en los países altamente desarrollados.
En esos mismos años setenta, al ampliarse la preocupación sobre los efectos en la atmósfera de la actividad humana, comienzan a obtenerse indicios de que muchas otras de las emisiones de gases por la industria y los transportes pueden estar creando condiciones que propicien la generación de cambios en el clima terrestre que
podrían ser de inimaginables consecuencias en el futuro cercano.
Los gases llamados de efecto invernadero, aparte del vapor de agua, son el gas carbónico, el monóxido de carbono, el metano, los cloro - fluourocarburos y los óxido de nitrógeno, así como el ozono mismo.
La combustión de carburantes fósiles para la industria, las calefacciones humanas y el transporte, lo mismo que la destrucción de los bosques y los cambios en las prácticas agrícolas, liberan cantidades importantes de estos gases llamados o conocidos como de efecto invernadero. Estos gases existen en la atmósfera o se generan debido a procesos naturales.
Lo que la actividad humana ha hecho es trastornar los ciclos de los principales de estos gases, de tal manera que por ejemplo el gas carbónico, el metano y los óxidos de nitrógeno aumentan incesantemente cada año aproximadamente en un 0.5% , modificando de manera muy sensible el equilibrio energético del sistema tierra - atmósfera, lo cual ocasiona un reforzamiento del efecto invernadero natural.
Un aspecto importante de la toma de conciencia acerca de este grave problema, es que ahora ya tenemos clara noción de que este problema tiene dos aspectos.
El primero, es el de que los residuos y las emisiones no controladas de la actividad económica del hombre, están generando ya graves perturbaciones en el equilibrio del medio ambiente natural y, el segundo, es que la depredación de los recursos naturales, particularmente los bosques y la biodiversidad, está restando a niveles ya muy preocupantes capacidad a la tierra para restaurar los equilibrios de sus procesos naturales, para la existencia y desarrollo de la vida.
Estos datos, señoras y señores legisladores, que la tecnología moderna ha hecho posible que se obtengan y se les canalice sistemáticamente, han contribuido a crear una creciente conciencia en amplios sectores de la mayoría de los pueblos del mundo acerca de la necesidad de transformar muchos de los mecanismos, procesos y concepciones sobre el desarrollo y sobre la relación de la actividad humana con el medio ambiente natural, en particular sobre el proceso de industrialización sobre la explotación de los recursos naturales, sobre los métodos para aumentar la productividad de la Tierra y sobre el tratamiento de los desechos o residuos de la actividad industrial.
Esta creciente conciencia de vincular desarrollo y preservación del equilibrio del medio del ambiente natural, permitió a los sectores más conscientes que actúan en el seno de la Organización de las Naciones Unidas proponer la idea y presionar para la realización de la Cumbre de la Tierra, que como todos sabemos, fue celebrada del 3 al 14 de junio de 1992 en Río de Janeiro, misma que reunió a más de 140 jefes de Estado y de Gobierno del mundo con el propósito de sentar las bases jurídicas y los mecanismos e instrumentos de acción para que los países conjuntamente pasen de las declaraciones a la adopción de medidas concretas para la construcción de un mundo en el que el desarrollo y el equilibrio del medio ambiente natural, sean aspectos no contradictorios del desarrollo humano.
En la Cumbre de Río, a pesar de las resistencias del Gobierno norteamericano, se firmaron cuatro documentos trascendentales: La Declaración del Río, que podría considerarse como los principios; La Convención sobre Biodiversidad; La Convención sobre Cambios Climáticos y El Programa de Acción conocido como Agenda XXI.
Como ustedes conocerán, señoras y señores diputados, Estados Unidos, el único país que se negó a firmar la Convención sobre Biodiversidad, rectificó hace pocas semanas cuando el Presidente Clinton decidió estampar su firma en este trascendental documento.
Con los resultados de la Cumbre de Río se dio un paso de indudable valor político y jurídico.
Sin embargo, a pesar de los evidentes peligros para todos los países ricos y pobres, capitalistas o socialistas, mucho queda por hacer para que el espíritu de río derive en programas de acciones de Gobierno y sobre todo, en colaboración económica y transferencia de tecnologías de los países ricos a los países en vías de desarrollo.
El problema esencial que obstaculizó la aprobación de medidas concretas de responsabilidades directas y de aportes económicos específicos para dar inicio a medidas prácticas que proyecten en los hechos los valiosos principios generales aprobados en esos documentos, persiste todavía por parte de los países desarrollados. Pero, señoras y señores legisladores, no queda más que insistir y luchar perseverantemente por la cristalización de los Acuerdos de Río, pues la conservación de la biodiversidad y del equilibrio del medio ambiente natural, requiere necesariamente, de la acción conjunta,
de la colaboración consciente y sistemática, de todos los países.
El problema es inmensamente difícil, pero la solución es posible, a condición de que todos actuemos. En la solución de problemas, debemos de estar conscientes, de que un ambiente adecuado para todos los pueblos del mundo, es imposible lograrlo mediante los actos unilaterales de un solo país. Consideremos hoy, señoras y señores legisladores, uno solo de los principales problemas ambientales que el mundo enfrenta; éste es, el de la conservación de las selvas tropicales y de su extraordinaria biodiversidad. Las selvas tropicales abarcan sólo el 7% de la superficie de toda la Tierra y sin embargo, albergan tal vez el 80 % de todas las especies que existen en el mundo.
Además, constituyen al mismo tiempo, las principales fuentes de oxígeno de la Tierra, así como los principales sumideros de monóxido y bióxido de carbono, gases que son venenosos para el hombre y demás animales del planeta y que además son dos de los principales componentes de los gases del efecto invernadero.
De ese 7% de superficie de selvas tropicales, ubicadas en los países llamados:
"del Tercer Mundo", cerca de la mitad, el 46.4% se encuentra precisamente en América; en la Amazonia, compartida por Brasil y otros países sudamericanos y en la región centroamericana, incluida la que se ubica en Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo, en nuestro país.
Esta área tan valiosa y preciada para la vida de los seres humanos y tan rica por la variedad de seres que la habitan, que protege los suelos de la erosión, contribuye a moderar el clima y las inundaciones y provee una oferta de madera, leña y alimento, es disminuida su extensión en 20 millones de hectáreas cada año, habiéndose perdido, por ejemplo, sólo en 1989, 142 kilómetros cuadrados de ellas.
A esa devastación, señoras y señores diputados, que es constante, no escapa ni la Amazona ni la selva tropical centroamericana, ya sea por tala, la recogida de leña o la depredación constante por los agricultores en busca de tierras para el cultivo.
Proteger estas áreas que son de interés vital para toda la humanidad, no implica sólo elaborar leyes preventivas o restrictivas; es mucho más complejo de eso, pues tiene que ver con el problema de pobreza, con las costumbres, la falta de técnica, la carencia de comunicaciones y la especulación por parte de los grandes empresarios, nacionales o extranjeros y aun con problemas de orden jurídico respecto de la situación legal de las tierras.
En el caso de la selva tropical, que por fortuna tenemos en nuestro país, estamos obligados a conservarla, tomando en cuenta que ,México ha suscrito los documentos de Río de Janeiro.
La urgencia de dar nuevos pasos concretos para proteger y desarrollar nuestra selva tropical, donde la región principal la constituye la selva de Los Chimalapas, se podrá percibir claramente si recordamos que en septiembre de 1988 se perdieron más de 100 mil hectáreas en Quintana Roo, por un incendio devastador derivado de los efectos del huracán "Gilberto".
Y si recordamos que otro incendio producido en este año, destruyó más de 2 mil hectáreas de esta misma selva tropical, todo esto aunado a la disminución de su extensión, por los otros factores que ya hemos señalado.
Sin embargo, para garantizar la conservación de la selva tropical del sureste mexicano, no sólo habrá que ampliar y modernizar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, sino que deberemos adoptar medidas técnicas y económicas para incluso con nuevas formas de producción , vinculadas a la propia selva tropical, dar empleo productivo a los mexicanos que habitan esa zona y también para ampliar, fortalecer y hacer que alcance el nivel de excelencia el Centro de Investigación y Conservación
de Especies Amenazadas, recientemente creado por el Gobierno de la República, así como otros centros de investigación del sureste, cuyos trabajos pueden contribuir a que nuestra selva tropical no sólo sea reservorio de vida y oxígeno y sumidero de bióxido de carbono, sino recurso estratégico para el crecimiento económico de nuestro país.
Pero este objetivo, compañeras y compañeros diputados, evidentemente no lo podrá hacer solo México, con la rapidez y la efectividad que el problema exige. Necesitamos y tenemos derecho a demandar la ayuda y colaboración de los países avanzados. Si los países desarrollados quieren vivir bien y por un tiempo muy largo en el futuro, tienen que entender que los países como México deben cuidar de la riqueza común, pero sin cancelar el derecho a elevar el nivel de vida de su pueblo.
La ayuda y la colaboración entre los diversos países para el mantenimiento del equilibrio del
medio ambiente natural y para el desarrollo, es una necesidad común y de beneficio colectivo, por lo cual tendrá que abrirse paso para asegurar el futuro de la humanidad, tal y como se comprometieron todos los países que han firmado los documentos de Río de Janeiro.
«Señoras y señores legisladores: Con base a las consideraciones anteriores y con fundamento en la fracción III del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, propone los siguientes
PUNTOS DE ACUERDO
Primero. La Cámara de Diputados recomienda al Poder Ejecutivo que declare como área natural protegida la selva tropical mexicana, conforme al artículo 57 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Segundo. La Cámara de Diputados recomienda al Ejecutivo la creación de un fondo especial para la protección, conservación y desarrollo de la selva tropical ubicada en nuestro país, incluyendo aspectos tales como la superación de problemas legales subsistentes, el desarrollo de actividades para la explotación racional de sus riquezas y la investigación científica para el inventario, estudio y desarrollo de su muy rica biodiversidad.
Tercero. La Cámara de Diputados recomienda al Ejecutivo, de acuerdo a la letra y al espíritu de los documentos de Río de Janeiro, hacer las gestiones pertinentes para que los organismos y agencias especializados de la Organización de las Naciones Unidas y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, contribuyan a este fondo especial y a la transferencia tecnológica necesaria para el fin que se persigue.
Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, diputada Gabriela Guerrero Oliveros.»
Dejó a la Secretaría la propuesta del Partido Popular Socialista para el trámite correspondiente.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para hablar sobre el mismo tema. tiene el uso de la palabra el diputado Miguel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Miguel Angel León Corrales:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores: En este balance que estamos haciendo, producto de un aniversario más del Día Mundial del Medio Ambiente, definitivamente es tema obligado hacer alguna referencia a la Cumbre de la Tierra que se realizó hace un año en Río de Janeiro, en donde la cuestión ambiental, sin duda, fue el centro de atención del planeta y generó muchas expectativas para enfrentar una problemática ambiental mundial, francamente muy poco alentadora.
Estamos hablando de que en el mundo anualmente se destruyen un promedio de 20 millones de hectáreas de bosques; los desiertos del planeta están aumentando, afectando la vida de 850 millones de personas; alrededor de 70 mil kilómetros cuadrados de tierra de cultivo son abandonadas anualmente porque el suelo está degradado; cinco mil especies de animales están en peligro de extinción; se está destruyendo la capa de ozono que impide a los rayos ultravioleta llegar directamente a la tierra; existe la amenaza de un calentamiento global con un aumento en la temperatura que puede tornarse grave a partir del próximo siglo; la lluvia ha sido afecta a climas locales, organismos y suelos; la contaminación atmosférica del agua, suelos y por ruido provoca fuertes daños en la salud de la humanidad.
Pero me parece a mí que aparte de presentar un balance muy problemático de la situación ambiental del planeta, si nosotros realmente queremos partir de una concepción integral del ambiente y por lo tanto tomar en cuenta la relación entre la sociedad y la naturaleza, entonces tendríamos que hacer también un balance general de algunas de las situaciones económico - sociales y políticas de la humanidad es este momento y no quedarnos solamente en un balance de la cuestión ambiental.
Y a este respecto habría que decir lo siguiente:
El número de personas en el mundo que viven en una pobreza extrema se cifran ahora en 1 mil millones y esta cifra continúa creciendo. Se trata de una pobreza arraigada principalmente en las economías dependientes del sur, agobiadas además por el peso de la deuda externa y sumidas en el deterioro por las injustas relaciones de intercambio.
En estos países el ingreso real per capita ha disminuido en un 25% en los últimos 20 años y
y los empleados y subempleados exceden a los 500 millones.
En el mundo se mueren anualmente alrededor de 13 millones de niños menores de cinco años y se calcula que en aproximadamente un 40% de los hogares en América Latina y el Caribe no se consume el mínimo de calorías necesarias.
A esta problemática, tanto la ambiental como la social, pretendía dar respuestas claras y precisas hace un año la Cumbre de la Tierra. Esta Cumbre de la Tierra es sin duda el momento más importante de un proceso iniciado 20 años atrás de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano realizada en el año de 1972 en Estocolmo. Fue ahí, cuando por primera vez se ubicó formalmente al medio ambiente como un problema que tenía que ser parte de la agenda internacional y fue también allí donde por primera vez de manera oficial, la Organización de las Naciones Unidas reconoció públicamente que existía una relación entre el desarrollo económico y el impacto al medio ambiente; 10 años después, en 1982 se conmemoró la Conferencia de Estocolmo en Nairobi y se hacía ahí un balance hasta cierto punto negativo del avance de lo que 10 años antes se había decidido en Estocolmo.
¿Qué expectativas tenía la humanidad en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro? Quiero citar aquí las palabras del director de la Cumbre, Maurice Strong, él dice lo siguiente: "Se esperaba establecer los cimientos de una participación global entre los países en desarrollo y los industrializados basados en las necesidades mutuas y en los intereses comunes para asegurar el futuro del planeta encontrando un balance viable, equitativo entre el medio ambiente y el desarrollo".
Como se puede ver, las expectativas que se tenían de La Cubre eran demasiado grandes, se pretendía lograr un cierto acuerdo entre el norte y el sur, entre el mundo desarrollado y el subdesarrollado para avanzar en un proyecto de
desarrollo sustentable que diera respuesta a la problemática ambiental y a la problemática económica social claramente ligado a esto, eso es lo que se desprende de la cita del señor Strong que yo acabo de leer.
Sin dejar de reconocer en ningún momento la enorme trascendencia de los resultados de Río que se plasmó en una serie de documentos que aquí la compañera diputada que me antecedió en la palabra mencionó y además explico, podemos afirmar que sus logros no resultaron todo lo deseable que se esperaba, varias cuestiones importantes fueron dejadas de lado e incluso ignoradas como la falta de medidas para los países que no imponen ninguna norma ambiental a las empresas transnacionales; el problema de la corrupción tanto en el norte como en el sur; la eliminación del gasto en armamentos y pruebas nucleares; la disminución de la presión para la implementación de programas de ajustes estructurales que obligan a la sobre - explotación de los recursos naturales; la adopción de medidas para evitar la tendencia al lucro y al consumo de las sociedades industriales, pero sobre todo se dejó de lado el problema de la necesidad de un nuevo orden económico mundial y además habría que precisar que el principal fracaso de La Cumbre, fue el problema del financiamiento.
Nadie puede negar la existencia de un vínculo indisoluble, claro, entre la crisis económica y la deuda externa de los países del sur, en conjunto los deudores de África, Asia y América Latina realizan transferencias netas de recursos al norte por 250 mil millones de dólares anuales, hasta hoy esta cuestión ha sido tratada como un problema estrictamente financiero y tampoco nadie puede negar el vínculo indisoluble entre esta deuda externa y la crisis ambiental. Los países acreedores imponen a nuestros países ajustes a los programas de desarrollo económico para que tengamos capacidad de pago y estos ajustes generalmente afectan los programas de desarrollo social.
Los programas de desarrollo sustentable aprobados por La Cumbre, requerirán para los países del sur, inversiones por 475 mil millones de dólares tan solo para iniciar la aplicación de La Agenda 21, salvo algunos pocos millones de dólares, no hubo ningún otro compromiso en Río para instruir los fondos necesarios para la puesta en práctica de esta Agenda 21.
Ahora bien, el Gobierno mexicano tuvo una participación muy activa en La Cumbre de la tierra.
Firmó todos los acuerdos de ahí emanados, se comprometió con los principios, derechos y obligaciones resultantes de La Cumbre de la Tierra, y hoy, a un año, en el discurso oficial se sostiene la idea de avanzar hacia una plena integración de las cuestiones ambientales y el desarrollo para alcanzar, dice el Gobierno mexicano, un modelo de desarrollo sustentable.
Lo que habría que discutir aquí es si esta propuesta ha pasado más allá de un marco decorativo; es saber si esta propuesta va más alla de las palabras y se traduce en hechos. El Presidente de este país dice que sí
Dice este sábado pasado de manera textual, "el compromiso de México con el medio ambiente es completo, decidido, pero además estamos mostrando que nuestro compromiso con el medio ambiente lo reflejamos en los hechos. México muestra que sí se puede avanzar en un mejor medio ambiente y vamos a seguir avanzando en esta dirección".
Lo primero que habría que tomar en cuenta de nuestra parte, para contradecir esta posición de Salinas de Gortari, es un balance general, breve incluso, diría yo, de cuál es la situación que en este momento tenemos en lo que se refiere a los recursos naturales en nuestro país.
Las actividades agrícolas, pecuarias y forestales, han transformado los hábitats y paisajes naturales, incidiendo en la pérdida de flora y de fauna.
Anualmente se pierden más de 500 mil hectáreas de bosques, entre 60 y 80 millones de hectáreas existen en este momento en nuestro país afectadas por la erosión, y estaríamos hablando del 40% del territorio nacional; alrededor de un 10% del total de la superficie irrigada a nivel nacional, está salinizada; la contaminación por el uso de productos químicos, fertilizantes y pesticidas y por residuos de las agroindustrias, principalmente la azucarera, de bebidas alcohólicas y la de papel, han afectado a 12 de las 34 cuencas con que cuenta nuestro país.
Existe un promedio de 350 especies de fauna amenazadas de extinción, 170 de las cuales son originarias de México.
Los recursos de la flora y fauna marina, se enfrentan a la sobreexplotación y a los cambios estructurales de su medio acuático debido a la acción de las aguas residuales, obras portuarias y centros turísticos.
Sólo un 3% del territorio nacional está considerado como área natural protegida, pero estos lugares enfrentan diversos problemas, no cuentan con recursos suficientes, no tienen una reglamentación específica para su operación. Hay conflictos de tenencia de la tierra, indemnizaciones pendientes, incendios y plagas, pero sobre todo las áreas naturales protegidas no han logrado involucrar a la población local en los programas de manejo. Con toda esta problemática, ¿cómo avanzar en México hacia un desarrollo sustentable?. La actitud del Gobierno en varias cuestiones pone en entredicho sus declaraciones ambientalistas.
La actitud del Gobierno en varios puntos que son fundamentales, frente a la posibilidad o no de avanzar hacia un desarrollo sustentable, pone en entredicho las declaraciones oficiales de este sábado pasado.
¿Cuáles serían estas cuestiones? En primer lugar el proyecto económico y político implementado en nuestro país, que se ha impulsado sobre líneas muy claras: consolidar al capital privado en todos los sectores claves de la estructura económica; desembarazar al Estado de sus empresas públicas, incluso las de prioridad social y dejar a todos los sectores de la economía, al libre juego de la oferta y la demanda.
Este estilo de desarrollo ha propiciado el crecimiento urbano industrial a costa del sector rural y a costa de sobreexplotar la naturaleza, degradando seres humanos, capacidades sociales y recursos naturales.
En segundo lugar, las recientes reformas a algunas de las leyes que tienen que ver con las cuestiones ambientales, ponen en duda una supuesta vocación ambientalista del Gobierno mexicano y la posibilidad de avanzar hacia un desarrollo sustentable. Tal es el caso de las reformas al artículo 27 y las nuevas leyes Agrarias, de Aguas y Forestal.
Se pretende en el discurso como objetivo, preservar y conservar el medio ambiente con la participación activa de los grupos locales, de un ecosistema o de una zona particular.
Me pregunto yo: ¿cómo se va a lograr esto si las reformas al artículo 27 y la nueva Ley Agraria, están encaminadas a privatizar la tierra y desmantelar el ejido y la comunidad; si la nueva Ley de Aguas tiene por objeto hacer atractiva la inversión privada, la concesión del uso y aprovechamiento de los recursos hidráulicos y convertir el agua en un gran negocio, instrumento mercantil sujeto a los vaivenes de la oferta y la demanda; y si la Ley Forestal opta por un modelo basado en la privatización y en las plantaciones comerciales, poniendo en peligro el futuro de millones de personas que viven en los bosques de nuestro país.
En tercer lugar, sostenemos la idea de que el Estado mexicano hoy en día tiene un esquema fragmentario de los recursos naturales.
Aun cuando exista una Ley que defina una política ecológica general es imposible abordar globalmente la problemática ambiental cuando por ejemplo cada Secretaría de Estado planifica
y resuelve como si lo ambiental fuese un asunto de algunas direcciones y subdirecciones de la Sedesol.
En cuarto lugar, no existe una planificación desde una óptica realmente democrática. En lo que se refiere a la cuestión ambiental, se plantea la participación social a través de las organizaciones no gubernamentales ambientalistas de este país. Incluso se afirma que desde la Cumbre de la Tierra, se estableció un puente entre la Sedesol y las organizaciones no gubernamentales.
Lo primero por aclarar es que este puente no se estableció con todas las organizaciones no gubernamentales, sino sólo con algunas que comparten ciertos puntos de vista con la Sedesol.
Evidentemente una relación de este tipo entre ciertas Organizaciones gubernamentales y la Sedesol, no garantiza una participación social democrática.
Quinto. ¿Y qué pasa con el problema de la lucha contra la pobreza? Creo que podemos ver a la pobreza como una causa y efecto de la degradación ambiental.
En un documento oficial, se presenta el diagnóstico de 41 millones de pobres, de los cuales 17 millones viven en la extrema pobreza. Se afirma en ese documento que el Programa Nacional de Solidaridad es el instrumento para solucionar la pobreza extrema, y se dice ahí que su política de desarrollo social, la del Programa Nacional de Solidaridad, es democrática, es integral, es descentralizada y es sustentable.
Hoy pues se presenta al Programa Nacional de Solidaridad como un paradigma de sustentabilidad.
Hablar de lucha contra la pobreza, desde nuestro punto de vista resulta demagógico, tomando en cuenta los actuales niveles salariales, la crisis de la economía campesina, ejidal y comunal con los índices de distribución del ingreso en México.
Sexto. Como llegar a la sustentabilidad sin resolver el grave problema de la deuda externa, lo cual significa a nuestro país la pérdida de grandes recursos vía transferencia, principalmente a los Estados Unidos por este concepto. Esto sin duda ha tenido como una de sus principales consecuencias, un ajuste a los programas de desarrollo social y es evidente que este problema afectará también a los programas de desarrollo sustentable.
Bien, hemos planteado aquí seis puntos, de los cuales damos nuestra posición, que según el Partido de la Revolución Democrática ponen en entredicho esta supuesta vocación ambientalista del Gobierno mexicano, y en lo que se refiere a la Cumbre de la Tierra, he planteado que los resultados de ella no fueron del todo, los deseables.
Al final de la Cumbre de la Tierra, se le hizo una entrevista a Maurice Strong, el director de la Cumbre, y en ella, haciendo un balance de ese evento, afirmó lo siguiente: "Hace 20 años, el se refiere sin duda a la Reunión de Estocolmo de 1972, repito, hace 20 años escuché mucha gente decir lo mismo que fue dicho aquí, y no hemos podido poner en práctica las propuestas de Estocolmo. El problema es que no tenemos 20 años más para desperdiciar".
Me parece que estas palabras del señor Strong, no solamente definen qué fue lo que pasó en la Cumbre de la Tierra, sino también sirven para definir qué es lo que está pasando en nuestro país, porque hasta hoy el problema de querer avanzar hacia un modelo de desarrollo sustentable, no ha pasado de ser un mera declaración de parte del Gobierno de esta República. Es todo. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Salvador Sánchez Leyva, del Partido Revolucionario Institucional para hablar sobre el mismo tema.
El diputado Rafael Sánchez Leyva:
Con su autorización señor Presidente; señores diputados integrantes de la mesa directiva:
señoras y señores:
El pasado 5 de junio, por recomendación de la Organización de las Naciones Unidas, se efectuaron diversas actividades para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente. Se escucharon las voces de los ecologistas y de todos aquellos interesados en conservar el ambiente que nos rodea. La sociedad mundial se encuentra ante una situación decisiva para la conservación de la especie humana.
Nuestro país, cuya biodiversidad es admiración de propios y extraños, tiene un insoslayable compromiso de protegerla y rescatarla, en aquellos casos de peligro de extinción, pero ¿qué podemos celebrar? Acabamos de escuchar a nuestro
compañero León Corrales, ¿son satisfactorios los logros hasta el momento? ¿Debemos desgarrarnos las vestiduras, como alguien lo propone? Permítame hacer algunos comentarios a nombre de mi partido, el Revolucionario Institucional.
Ninguna máquina puede realizar tantas funciones distintas como un organismo vivo; a diferencia de las máquinas, los vegetales y los animales, pueden alimentarse y repararse a sí mismos, adaptarse a nueva influencias externas y reproducirse.
Estas facultades dependen de las relaciones recíprocas entre las distintas partes del organismo, aquello que afecta a una parte del organismo, afecta a su totalidad.
Sin embargo, inclusive con todos sus mecanismos de vida incorporados, los seres vivos no pueden existir como entidades aisladas, sino que dependen de sus ambiente, incluidos otros organismos con los que se relacionan.
El hombre como ente social es parte del ecosistema en donde realiza sus actividades, al ocupar espacios naturales, al explotar en forma intensiva los recursos; ha llevado a la transformación progresiva a su medio ambiente. Puede decirse que el hombre comenzó a modificar el ambiente al volverse sedentario, cambiando en su beneficio el espacio que lo circundaba.
Es pues, desde esta época cuando se inició la modificación de las condiciones ambientales. Sin embargo, hasta la Revolución industrial, los recursos naturales empiezan a ser utilizados de una manera excesiva e irracional. De esta manera surgió la denominada sociedad de consumo, que demanda más satisfactores y en mayor cantidad.
Desde entonces el modelo de desarrollo ha repercutido evidentemente en forma negativa en la naturaleza; las operaciones de extracción de minerales, la tala de bosques destrozan el paisaje; la manufactura produce aire, tierra y agua sucios; las ciudades vierten aguas negras brutas o parcialmente tratadas en las corrientes de agua.
Las sociedades en el mundo actual, enfrentadas a la tarea masiva de limpiar y de prevenir la destrucción ulterior, se han dado cuenta de que la tecnología sola no ha salvado al ambiente, antes bien han debido modificar sus valores, en particular la celebración del progreso, si se propone obtener resultados favorables para el equilibrio con el medio ambiente.
Es obligación con esta generación , entregara los descendientes los recursos naturales al menos como los recibieron y de ser posible incrementados y mejorados.
En nuestro país, en los últimos 50 años se incrementó la producción industrial en 50 veces y la población en más de 400%. Pero estamos conscientes que elevar la producción no puede ser ya más a costa de la degradación de los suelos, agotamiento de acuíferos y destrucción de ecosistemas. Hacerlo así significaría poner en riesgo de desarrollo las perspectivas de bienestar de las generaciones futuras.
Por lo anterior, mi partido apoyó en su momento la creación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y del Instituto Nacional de Ecología. Asimismo los legisladores priístas participaron activamente hace ya 21 años en la promulgación de la Ley Federal de la Prevención y Control de la Contaminación, años después apoyaron la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, que constituye la norma central en torno a la cual se desarrollan las acciones de lucha contra la contaminación y de restauración y conservación de la naturaleza.
Tomando en cuente lo expresado en estos párrafos y conscientes de la seria responsabilidad que los mexicanos hemos adquirido al atender al llamado de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, cuando convocó a la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, los militantes del Partido Revolucionario Institucional nos comprometemos con la sociedad mexicana a incorporar en el sistema educativo nacional los elementos básicos para formar conciencia de la necesidad de restaurar y conservar y preservar el medio ambiente.
Hace un momento, compañeros, que escuchaba al compañero León Corrales, estando de acuerdo con prácticamente toda la crítica que hacía al avance que hemos logrado para conservar el equilibrio ecológico, yo le diría, que los mexicanos, la actividad más importante que hemos logrado es el cambio de actitud de cada uno de los mexicanos, lo cual no es fácil, ni podemos achacarla a ninguna entidad federativa ni al Gobierno federal en su integridad.
Es un cambio educativo que se va a lograr de generación a generación.
No se puede achacar a una Ley o a una serie de normas el que se cuide nuestro medio ambiente, esto se logrará cuando todos y cada uno
de los que vivimos en ese ecosistema tengamos los conocimientos para resolver los problemas de ese ecosistema.
Por eso, también proponemos fomentar las campañas con el apoyo de cuadros técnicos, científicos y académicos, que planteen soluciones a los problemas ambientales, en el corto y mediano plazos.
Difundir, respetar y luchar permanentemente por la aplicación irrestricta de la normatividad ecológica y denunciar la negligencia de servidores públicos e infractores de la legislación en la materia.
Promover la mayor participación de la sociedad civil en las labores de conservación, protección ecológica, así como proponer esquemas que incentiven dichas labores.
Estoy convencido que si no logramos esta participación social ninguna norma se podrá cumplir.
Muchos de los que aquí subimos a hablar en bien de la protección ambiental, los he visto en sus actividades diarias y son algunos de los que fuman, son algunos de los que tiran basura, son algunos de los que no se preocupan dónde tiran sus aguas negras.
No es correcto, no se puede aceptar que vengamos aquí a criticar con incongruencia y nosotros mismos somos los que menos respetamos el ambiente que nos rodea. Pongamos el ejemplo con nuestra actitud individual y con nuestra actitud de grupo.
Pugnan por acciones preventivas tendientes a evitar y a atenuar los impactos ambientales negativos, que pudieran resultar de la aplicación de proyectos en desarrollo, de las actividades productivas y del aprovechamiento de recursos naturales, buscando que las decisiones de quienes los van a explotar, tomen en cuenta el valor social que representan dichos recursos.
Proponemos la adopción y mantenimiento de medidas efectivas y eficientes para abatir los índices de contaminación atmosférica en las áreas urbanas, sobre todo de las zonas metropolitanas y frenar la degradación del suelo. Reforcemos las acciones que permitan el uso racional del agua, el tratamiento de aguas residuales, así como el control de las descargas o sustancias degradantes al drenaje, al subsuelo, a los ríos, lagunas o demás cuerpos de agua.
Demandemos la aplicación de refuerzos extraordinarios para preservar los ecosistemas, cuya fragilidad e importancia los convierten en objetos de reserva y conservación. A mayor vulnerabilidad, mayor precaución.
En este punto, yo en lo personal creo que mis compañeros priístas apoyamos la postura de nuestra compañera Guerrero, del PPS. En su momento y en sus comisiones correspondientes, votaremos.
Pugnar por el aprovechamiento sustentable de bosques y selvas tropicales, impidiendo la deforestación y tomando medidas para iniciar un proceso permanente de reforestación, tanto con fines de protección ecológica como comerciales, que permitan desarrollar el potencial forestal con que cuenta el país.
Pugnar porque las autoridades, en todos los niveles de Gobierno, los poderes Legislativo, federal y estatales, establezcan o actualicen los reglamentos que prohiben el uso de elementos químicos, productos sintéticos que dañen o deterioren temporal o definitivamente la capa de ozono, los recursos acuíferos, la fauna y la flora de la nación que perjudican a la salud humana. Establecer la reglamentación que regule el transporte interno y transfronterizo de sustancias y desechos peligrosos, así como su manejo y tratamiento adecuado.
Debemos abanderar los reclamos sociales en materia ecológica, proponiendo las soluciones que se requieren en cada caso, para lo cual es conveniente abrir un canal directo y permanente de comunicación con las instituciones académicas, científicas y técnicas, así como con los colegios de profesionistas, asociaciones de expertos y grupos ecologistas.
Yo quisiera insistir en este punto, como en el primero que toqué. He tenido la fortuna que en la Comisión de Ecología hemos escuchado a técnicos, a especialistas de las distintas áreas del conocimiento humano, que nos han hablado de su preocupación y nos han planteado las soluciones que ellos como expertos proponen.
Me consta que a un nivel pluripartidista hemos participado para que ésto se vea reflejado en las normas que nos rigen. Ojalá que éste avance, que es un cambio de actitud muy importante de los más difíciles de lograr, dé resultados pronto a nivel de comunidades.
Requerir a los países desarrollados, para que asuman sus responsabilidad ambiental frente a los que están en desarrollo.
Coincidimos también en que debemos participar en la generación de un clima de auténtica cooperación internacional, respetuosos de la soberanía de cada nación, en la definición de sus políticas de aprovechamiento de sus propios recursos naturales.
Y también queremos que se apliquen puntualmente y en sus términos, los compromisos signados en la Conferencia de Río de Janeiro, en materia de biodiversidad y cambio climático.
Señoras y señores, éste es un resumen de los compromisos y de la posición que guarda mi partido ante el reto que implica la preservación de la biodiversidad y del medio ambiente.
Estamos en tiempo para actuar, con un alto costo y con grandes retos científicos y tecnológicos, pero estoy seguro que con la participación de todos lo lograremos.
Consideramos impostergable la unificación de criterios, dejando de lado las posiciones partidistas, solamente con un fin: elevar el nivel de vida de los mexicanos y esto, compañeros, solo lo lograremos mediante el esfuerzo organizado de la comunidad. Muchas gracias por su atención.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Enrique Rico Arzate, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Enrique Rico Arzate:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
Con la intervención del diputado Sánchez Leyva me parece que escuchamos la lectura de buenos deseos en este país; o no se conoce la realidad de lo que está ocurriendo como desastre ecológico en nuestro país o más bien es un punto demagógico de parte del Revolucionario Institucional, que viene a darnos muestras de que en realidad todo lo que se dice no lo hacen y para ello quisiera dar algunas argumentaciones al respecto.
El día 5 de junio, Día Internacional del Medio Ambiente, hubo eventos y hubo premios incluso a nivel internacional "para celebrar por vigésima primera vez" tal fecha.
Resulta loable y significativo que el medio ambiente en un ámbito internacional remote su importancia, sin embargo, el que solamente por un día ello suceda y por eso se realicen actos para que éste no pase inadvertido, es realmente lamentable.
En el caso específico de México, compañeros diputados y en el marco de esta controvertida celebración, se llevó a cabo la presentación de los avances del rescate ecológico de Xochimilco.
En tal acto el licenciado Salinas de Gortari señalo que el compromiso de México con el medio ambiente es complejo y decidido, pero además se refleja en los hechos.
Consideramos que el parque ecológico de Xochimilco merece un reconocimiento especial, pero el que sea utilizado como una muestra para argumentar que en México el compromiso con la ecología es decidido, resulta totalmente lejos de la realidad. Así, sólo a través de ese acto se intenta sobresaltar de una manera demagógica la política en materia ambiental lo que para nosotros es un incipiente y contradictoria a la vez, porque si bien México cuenta con leyes ambientales que pudieran de algún modo reglamentar el cuidado, preservación y mejoramiento de la ecología, violación estatal a los reglamentos es ya algo común.
A lo largo de estos años se han presentando una infinidad de denuncias por parte de varias organizaciones sociales, denuncias que también hemos hecho en esta tribuna por parte de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.
Ante el no avance y más aún, retroceso en materia ambiental que vive nuestro país, considerando que ha habido una total incongruencia entre el discurso expresado en torno al medio ambiente, los acuerdos que se formaron y las acciones que se realizan.
Actualmente sabemos que la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en coordinación con la Sedesol son las encargadas del cuidado de las selvas, bosques y animales, pero ante la demanda de varias organizaciones y comunidades campesinas e indígenas se ha comprobado que persiste la tala de los árboles, la cacería y captura de animales en peligro de extinción, así como la destrucción de las selvas tropicales, alterando irreversiblemente los ecosistemas de nuestro país. Con el permiso de la SARH se continúa explotando maderas tropicales que deberían de ser totalmente vedadas. En Durango, por ejemplo, se cortan 40 mil árboles adultos al día y no se reforesta prácticamente nada.
Tenemos el caso de la sierra de Alaquines, en el municipio del mismo nombre en San Luis Potosí, una tala de 1 mil 500 árboles diarios, y no se reforesta absolutamente nada.
Por lo que respecta a la flora y la fauna marinas, éstas se enfrentan con la sobreexplotación de los cambios estructurales de sus medio acuático, debido a la acción de las aguas residuales, obras portuarias y centros turísticos equivocadamente concebidos; compañeros diputados, es el caso del megaproyecto que se está realizando en Acapulco, Guerrero y que recibe el nombre de Punta Diamante, en donde dicha obra ha alterado el hábitat natural y el modo de sobrevivencia de las personas que se desarrollan en el mismo.
Y hay otro ejemplo, compañero diputado Sánchez Leyva, si usted no tiene conocimiento, los pescadores y campesinos de Tabasco cumplen hoy 47 días de plantón en la Plaza de la Constitución, cuya demanda es el pago de indemnización a tierras devastadas por la industria petrolera, pese a que existen tres recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
También la contaminación por otras empresas, si no lo conocen, es el caso de las empresas que contaminan el delta del Río Balsas, en Michoacán; el caso de la empresa Comisión Federal de Electricidad, que contamina la bahía de Petacalco, altamente contaminada. En el caso de Fertimex, que contamina no solamente la bahía y el delta del Balsas, sino otras regiones del país.
Estas y muchas empresas han alterado el equilibrio ecológico, consecuentemente afectando las actividades de pescadores, de campesinos de todos estos lugares.
La contaminación y el deterioro de nuestro medio ambiente también se extiende a nuestra frontera norte y no lo conocen y es el caso multicitado en esta Cámara de Diputados y en esta tribuna, las industrias maquiladoras que han contaminado y es la causa de una gran cantidad de problemas ambientales a lo largo de la frontera norte de nuestro país.
Podríamos seguir mencionando muchos casos que desde nuestro punto de vista, es la política que ha implementado el Gobierno mexicano. Y baste recordar al compañero Sánchez Leyva, que aquí en esta Cámara de Diputados usted votó porque desapareciera la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y se creara, a su vez, la Secretaría de Desarrollo Social. ¡Qué políticas tan equivocadas ha implantado el Gobierno mexicano a lo largo de esta legislatura!
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Luis Alberto Beauregard Rivas.
El diputado Luis Alberto Beauregard Rivas:
Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
Estamos recordando aquí el Día Mundial de Protección al Medio Ambiente, celebrado el pasado 5 de junio y hemos oído con atención los argumentos de los dos últimos diputados que nos antecedieron en la palabra.
Y hemos oído una exposición tremendista, una exposición efectista del problema ecológico en México. Palabras, palabras, diría un ilustrísimo poeta del Siglo XVIII. Hemos oído que hay problemas ecológicos, que los están magnificando y hemos oído un panorama desastroso de la situación ecológica y medio ambiental en el país y no hemos oído una sola palabra de las acciones que el Gobierno de la República ha emprendido a través de sus instancias correspondientes.
Hay un informe a disposición de todo el que lo quiera consultar, acerca de las acciones y actividades en materia ambiental, durante 1992. En este informe están detalladas todas las acciones que en el área ecológica, es sus diferentes y múltiples instancias, se han venido desarrollando a lo largo de estos últimos años.
Pero el problema ecológico, que en efecto tiene el país, hubo aquí una exposición angustiosa sobre el problema mundial, hubo un diagnóstico tomado prácticamente de algunas instituciones mundiales y qué bueno, yo creo que a todos nos preocupa; no creo que haya nadie en el país, en el mundo, regularmente informado, sensatamente sensible, que no tenga inquietud sobre el problema ecológico y ambiental. Cada vez más hay una conciencia sobre los efectos que ha generado, por una parte el desarrollo tecnológico, los efectos ecológicos de depredación que sufren las sociedades posindustriales y; en efecto, también, la situación que genera el degradamiento ambiental en materia ecológica en las sociedades que padecen y esto es, creo, un problema universal, los efectos de la pobreza y la marginación.
Sin embargo no hemos oído que hay aquí una política ecológica seria, que hay un combate efectivo basado en políticas, no en improvisaciones, no en el uso tremendista de los acontecimientos que son producto de donde hay vida humana, que son producto muchas veces de la misma actividad económica de las comunidades; hay contradicciones, es cierto, en aquellas regiones de las selvas tropicales del país, donde hay etnias que han vivido durante muchísimos años de la explotación de la selva, que es una de sus formas de sostenimiento y donde hay presencia de las instituciones gubernamentales para efectuar acciones de ecología productiva y sustentable.
En el mismo Michoacán, hace algunos meses, se inició, aquí mismo se discutió, algunos diputados de todas las fracciones estuvieron pendientes a ese asunto, se ha emprendido un importante programa de ecología sustentable en la región de Michoacán.
Así pues, sería larguísimo enumerar y repasar el informe, el informe que está en la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, que está a su disposición en la Secretaría de Desarrollo Social.
Y yo creo que hay una equivocada percepción de por qué, decía el compañero que me antecedió en el uso de la palabra, que se desapareció la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano, simplemente porque es una cuestión de conceptualización.
La ecología es una parte del desarrollo social; esto está absolutamente sostenido y aceptado por un sinnúmero de agencias ecológicas y ambientalistas de todo el mundo.
Así pues, creo que no ha sido correcta la apreciación que aquí se ha hecho con respecto al panorama ecológico del país; hay claridad en las metas, hay una conciencia de que tenemos que trabajar todos, no solamente autoridades.
Está reconocido o no, que es un problema que involucra a instituciones, a grupos, a partidos políticos, a hombres, a mujeres, es una cuestión de educación, es una cuestión que está ligada también al desarrollo social; es una cuestión que está también ligada a las políticas gubernamentales que como aquí en México, hay una voluntad decidida en los hechos y avalada por la mayoría de la población del país, de comprometerse a fondo en la lucha contra la contaminación y en la protección del medio ambiente.
Hay avances significativos en la regeneración de las cuencas hidrológicas. Hay avances significativos en la lucha por mantener las selvas tropicales tal cuales están en su hábitat. Hay una lucha por mantener el equilibrio con las etnias y las comunidades que viven culturalmente e históricamente insertas en esa selva.
Así pues, mi partido reconoce y demanda más recursos a la lucha contra la contaminación. Sabe perfectamente donde están los graves problemas ecológicos y de medio ambiente, pero también está empeñado en una gran cruzada nacional, ahora y para el futuro, para tener siempre un país ecológicamente sano, basado en un desarrollo sustentable. Muchas gracias.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (Desde su curul):
¡Para hechos!
El Presidente:
Adelante, señor diputado.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Con el permiso de la Presidencia.
Bueno, realmente a nosotros nos apena cómo la diputación priísta viene modificando sus adjetivos. Primero en los debates en materia de ecología acusaban de terrorismo ecológico. Hoy reiteran, con estos argumentos: tremendismo, magnificar el deterioro ecológico etcétera. Hemos dicho que éste es un discurso muy atrasado al querer responsabilizar a actores políticos de oposición de la problemática ecológica y no reconocerla.
Sin embargo, en otra ocasión la diputación priísta nos argumenta que ante el problema ecológico que se reconoce hay que ir poco a poco, despacio, que no nos apresuremos, que no comamos ansia.
Un poco la idea desgarrarnos las vestiduras, un poco la idea habrá algo que celebrar o no, todavía.
Sin embargo hoy y muy al calor de los últimos acontecimientos del día sábado, nos vienen ya "con que hay que tener un cambio de actitud", "que esto ya se logró" y "que es necesario que todos participen", "es necesario que la sociedad participe". Esta es la innovación del día sábado para acá. ¡Cuando justamente la sociedad ha estado reclamando su participación y el Estado Mexicano no da respuesta y no permite esta participación de la sociedad!
No tan sólo está un proceso que sigue desde 1972 y que concluye en Río de Janeiro en 1992, que ya muchos compañeros han argumentado y cómo se fue cerrando la participación a organizaciones no gubernamentales, a sectores de la sociedad, que no correspondían con los criterios del Secretario de Desarrollo Social actual, sino sobre todo por la actitud del régimen de entregar nuestro país a través de un Tratado de Libre Comercio donde las variables ecológicas desaparecen y no se contemplan. Donde arrojan al libre juego de las fuerzas del mercado a los individuos y ahí sí que cada quien se salve como pueda y que enfrente esta dinámica de concentración de acumulación de capital, de centralización de capital, del individuo sólo contra el conjunto de la sociedad.
No es una actitud individual, aunque pudiéramos estar de acuerdo en el "No fumar para no molestar", sino lo que está haciendo este Estado mexicano, el representante de nuestro Gobierno, en esta lógica del Tratado de Libre Comercio.
El día de hoy en Washington se están discutiendo los famosos acuerdos paralelos, que tuvo que ser con un cambio de política en Estados Unidos como el Gobierno mexicano está instrumentando esta discusión. Esperemos que esta defensa de la soberanía, que hasta hace poco han venido a decirnos aquí diputados de la mayoría priísta, que se está haciendo en al firma de estos acuerdos paralelos ya no perder la supranacionalidad o más bien en no caer en pérdida soberanía a través de órganos supranacionales, se siga manteniendo y ojalá y hubiese sido voluntad del Gobierno defender la soberanía del país, apoyándose en el pueblo, en la consulta, en la opinión de la ciudadanía desde un principio y que en esta misma Cámara de Diputados vinieran y dieran oportunidad a que aquí se discutieran problemas trascendentales y, como hemos venido argumentando la diputación del PRD, permanentemente.
Y lo decimos, porque hoy los voceros del Gobierno de Estados Unidos dicen que ya nuestro país y Canadá han mostrado mayor flexibilidad en algunos temas difíciles y ya sabemos que esto siempre es ir a entregar permanentemente soberanía en este tipo de negociaciones que se están teniendo.
Y evidentemente la participación social ahí está, está en el Zócalo, están los pescadores afectados, hay una recomendación, la 10092 y ojalá se les permita participar en la solución de su problema y no los tengan como hoy, 47 días,, arrumbados y eso por señalar los últimos.
Ojalá y exista esta participación social en el conflicto de Anaversa, donde los afectados están demandando atención, están pidiendo que los industriales que fueron responsables de ese desastre ecológico en la zona de Córdoba, se les permita también participar. Ojalá se escuche a los veracruzanos que estamos en contra de Laguna Verde, que hemos gritado una y mil veces más: ¡No a Laguna Verde! y ojalá también se escuche esa participación social.
Y, por último, para decirle al diputado que me antecedió en la palabra, que conocemos los informes de las autoridades ambientales; le recomendamos a él echarle una revisadita al conjunto del Diario de los Debates, para que escuche todas las denuncias que hemos hecho aquí; él, sabemos que es de la zona de Jaltipan, una de las zonas catalogadas como zonas de desastre ecológico nacional y ojalá contemple lo que está ocurriendo y ojalá de veras actúen en consecuencia.
Muchas gracias.
El diputado Rafael Sánchez Leyva (Desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra para alusiones personales.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, tiene el uso de la palabra el diputado Rafael Sánchez Leyva.
El diputado Rafael Sánchez Leyva:
Gracias por su autorización, señor Presidente; Compañeros diputados: No quiero distraerlos mucho, pero no pude dejar pasar algunos de los comentarios que los señores diputados que me antecedieron hicieron.
En primer lugar, el diputado Enrique Rico Arzate mencionó lo de la demagogia y lo de la posición oficialista y también se habló aquí del engaño que hacemos quienes participamos en nuestro partido, al defender supuestamente posiciones injustas, desde el punto de vista social de nuestro partido y de nuestro Gobierno.
Yo sólo quiero dar algunas cifras. En primer lugar, si alguien no reconoce que en los últimos 50 años cómo ha crecido el número de comunidades con unidad de esa agua potable, lo defiendo porque hace 20 años, señor diputado,
estuve trabajando en ese programa y tengo los datos, que por no aburrirlos no se los doy, de cuántas comunidades rurales para preservar el ambiente, para que nuestras mujeres no fueran al arroyo a lavar, el agua, sino que lavar en el lavadero, se hacían las unidades de agua potable de la Comisión Constructora de Ingeniería Sanitaria y después se apoyó ese programa también con la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente y ahí está el número de comunidad, el número de kilómetros de tubería para drenaje que se han instalado.
Va a subir probablemente alguno, a decir: ¡sí, pero todos los que faltan! En mi participación señalé que estábamos muy conscientes del diagnóstico negativo de lo que nos falta por hacer.
Pero no es con declaraciones como lo vamos a resolver. Es poniéndonos a trabajar y ahí sí espero que no sea demagogia, que mis 21 años de profesional y de epidemiólogo en las comunidades rurales me digan que no he hecho nada.
La otra, el fumar. Yo no mencioné aquí que el fumar fuera una molestia. Tengo las tasas de mortalidad por edad de los grupos mexicanos que mueren por cáncer del pulmón, de vejiga, causados por el tabaquismo, señores diputados; es un problema grave de salud y de contaminación ambiental y me voy a atrever a darle una cifra que a nivel mundial estamos manejando:
"Mata más gente un fumador que 10 vehículos funcionando en la ciudad de México".
Esto no puede ser demagogia, esto es un programa serio y que debe ser individual. No es culpa de ningún Gobierno del mundo, es culpa de la sociedad y de su educación, que fue a la que me referí yo en mí ponencia. Finalmente quiero decirles, compañeros, que si falta mucho por hacer y estamos conscientes, también debemos defender que lo que se ha logrado al modificar el número de habitantes con agua potable, el número de habitantes con drenaje, está la tasa de mortalidad con diarrea y precisamente los grupos más afectados, yo los invito a que en una forma seria revisemos esto y por eso porque es mi trabajo, acepto la responsabilidad que tengamos, ojalá que todos actuemos en esa misma manera seria y responsable para cambiar lo que todavía nos falta por cambiar. Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene el uso de la palabra el diputado Miguel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Miguel Angel León Corrales:
En esta discusión en torno al 5 de junio y todo lo que tiene que ver con la cuestión ambiental me parece a mí muy válida; en primer lugar es un tema que está en la agenda de estos tiempos que estamos viviendo, pero en segundo lugar yo sostengo que es un tema que el Gobierno lo ha abordado mucho de manera declarativa y lo ha utilizado constantemente en términos de su imagen, sobre è todo a nivel internacional.
Nosotros no hemos venido aquí a plantear palabras, hemos planteado cifras con toda claridad y lo importante recalcar aquí es que estas cifras son precisamente las que salen de documentos oficiales; en lo que se refiere a la cuestión nacional son cifras que están dadas por diferentes instituciones que forma parte del Gobierno y en efecto, se trata de un desastre y en efecto la situación del medio ambiente es una situación sumamente angustiosa y si no se toman medidas en el corto plazo para solucionar este problema, estamos hablando de cuestiones que son irreversibles, pero de esta discusión surge una pregunta: ¿hay una política ecológica general del régimen de Salinas? ¿Hay una política que realmente esté encaminada a generar en México un proyecto de desarrollo sustentable? ¿Hay proyectos claros que pretendan aterrizar en este país en lo concreto en lo que se ha venido definiendo a nivel internacional y a nivel nacional como desarrollo sustentable?
Es muy fácil utilizar el 5 de junio como un espacio para promover una imagen, fundamentalmente la del Presidente de la República y en un discurso alusivo al tema no presentar la más mínima autocrítica de parte del Gobierno. Hablar ahí de que con hechos se avanza, pero en ningún momento evaluar ninguna autocrítica sobre la seria problemática que este país atraviesa en lo que se refiere a la cuestión ambiental.
Por eso yo le plantearía a los señores diputados de la fracción mayoritaria dos cuestiones; una, si hay una política de desarrollo sustentable global, que vengan aquí a plantearla y que nos digan en qué lugares de este país se está implementando y, segundo, si las cifras que nosotros hemos dado, que no son palabras solamente, son cifras que salen de documentos oficiales, no son las correctas, entonces hay que subirse a esta tribuna a contraponer otras cifras y demostrar que en efecto éstas sí son las correctas; de otra manera este planteamiento nuestro en el sentido de que lo ambiental, lo ecológico, el desarrollo
sustentable, estas cuestiones que hoy están tan de moda y que forman parte de todos los discursos tanto a nivel nacional como a nivel internacional que los políticos hacen, aquí la cuestión es venir a demostrar que esto no solamente es un asunto declarativo del Gobierno, sino en efecto forma parte de una política clara, hay caminos perfectamente trazados por el Estado, están claras las cuestiones del financiamiento, se sabe cómo va a participar la sociedad civil en este proyecto y si no están de acuerdo con nuestro diagnóstico nacional, porque parece que con el internacional si se está de acuerdo, pues entonces hay que venir a plantear cuáles son las cifras correctas.
Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Isaías Rodríguez Vivas, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Isaías Alvaro Rodríguez Vivas:
Con su permiso; señor Presidente:
Realmente considero que han sido bien importante las intervenciones que se han dado en este día, en relación con el medio ambiente. He escuchado con mucha atención las intervenciones de mis compañeros diputados León Corrales, Gabriela Guerrero, Manuel Huerta, compañeros nuestros, que sumadas a la intervención de Rafael Sánchez Leyva, nuestro compañero de partido, han hecho una exposición interesante de lo que se está reflejando en este momento en el país.
Desde luego es importante señalar que todas estas intervenciones han sido manejadas dentro de la mejor, buena fe y de acuerdo con los criterios ideológicos de cada uno de los partidos.
Yo entiendo mucho la preocupación de los compañeros del PRD; la entiendo, pero desde luego no la justifico en su totalidad, porque si bien es cierto que hay algunas o muchas circunstancias sin resolver, también debemos señalar que hay avances importantes en el trabajo del Gobierno de la República.
En esta materia del medio ambiente, el Presidente de la República tiene mucha prisa en la solución de ella y aquí se han mencionado algunos ejemplos importantes que sumados a algunas propuestas, como por ejemplo la de la diputada Gabriela Guerrero, a quien debemos felicitar por su posición, a mi compañero Rafael Sánchez Leyva, que ha sido muy claro en su exposición y ha manejado en forma muy concreta los logros e importancia de la política nacional en esta materia.
Sería muy largo desde luego enumerar los avances que existen en la materia.
Sería muy largo porque son cifras importantes las que tenemos, son logros que convertidos en hechos reflejan situaciones de mejoramiento ambiental no en algunas partes del país, sino prácticamente en todo el territorio nacional.
Los rellenos sanitarios en múltiples ciudades de la República, las plantas de tratamiento, no solamente a empresas sino a ciudades de la gran mayoría del país, las auditorías ambientales que son un reflejo de la preocupación del Gobierno de la República y de los gobiernos estatales por constatar los avances que en normatividad se van teniendo en el país, son solamente algunos de los reflejos importantes que se están logrando.
Por eso creo que es importante considerar en este momento que debemos hacer una invitación muy precisa y muy clara a nuestros compañeros diputados, de que debemos sumar esfuerzos, que debemos valorar realmente los logros y sí celebrarlos, porque son muchos los logros que se han tenido a nivel nacional y desde luego haciendo un examen muy riguroso y autocrítico de la situación que vivimos y debemos reconocer que existen circunstancias que tenemos que atacar, que tiene el Gobierno de la República y de los estados y aun de los municipios que enfrentar, pero que obviamente no son el reflejo de una actividad que no se lleve a cabo, sino son el reflejo de circunstancias en las cuales inciden también los procesos demográficos, el aumento de la población que es importante, la gran carga demográfica que tienen las ciudades y que obviamente van superando muchas veces los esfuerzos y los logros que se realizan.
Así pues que creo que es importante señalar aquí que hay informes muy completos de parte de las labores de la Secretaría de Desarrollo Social de parte de los estados, de la Procuraduría del Medio Ambiente y creo que lo importante es que podamos consultarlos y en un análisis serio, en un análisis muy riguroso pero serio, hacer una evaluación de lo que hemos logrado.
Yo creo que el país ha logrado avances muy trascedentales, avances muy importantes, normas que reflejan que se está teniendo una acuciosa revisión de todas estas cuestiones ambientales y creo que es importante que lo reflexionemos, que critiquemos, pero también que lo reconozcamos.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene el uso de la palabra el diputado Enrique Rico Arzate, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Enrique Rico Arzate:
Con el permiso de la Presidencia:
En un principio, compañeras diputadas, compañeros diputados, creemos que el diputado Isaías Rodríguez vendría a contestar las preguntas que aquí se plantearon.
Nosotros no consideramos que el problema o lo que ustedes han expuesto aquí en la tribuna, sea la parte medular de la problemática que hemos planteado. Compañeros diputados, si no lo sabían, es un problema de modelo de desarrollo.
Y este problema de modelo de desarrollo, que se va a agudizar más, se va a agudizar más ahora con el Tratado de Libre Comercio. Un problema de modelo de desarrollo que ha implementado la actual administración y lo demuestran las reformas constitucionales que aquí se han hecho a diferentes cuestiones relacionadas con el medio ambiente. Se reformó el 27 constitucional, se reformó la Ley Federal de Aguas, se reformó la de Bosques etcétera, y todo va en detrimento del medio ambiente.
Y nosotros consideramos que por ello debemos de realizar pláticas, debemos de entablar proposiciones para que este modelo de desarrollo al que nos ha llevado el Gobierno salinista, empiece a cambiar, empiece a cambiar en favor de las mayorías y empiece a cambiar en favor del medio ambiente.
Por eso consideramos que los acuerdos paralelos en materia ambiental dentro del TLC, deben de ser justos en lo que se refiere a la cuestión ambiental; que atienda a los intereses de la mayoría y no solamente a las necesidades del capital extranjero, que es el problema al que nos vamos a enfrentar, compañeros diputados. No es si tenemos más líneas de tubería de agua potable o si los drenajes van a dar al río o no, son problemas que van dentro de un modelo de desarrollo planteado por la actual administración y a la cual nos ha conllevado el desastre ecológico y económico de este país. Muchas gracias.
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, los puntos de acuerdo propuestos por la diputada Gabriela Guerrero Oliveros.
INFORME DE LABORES
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco José Paoli Bolio, presidente del Comisión de Bibliotecas, para presentar un informe.
El diputado Francisco José Paoli Bolio:
Con su venia, señor Presidente; señores diputado de la nación:
A principios del año pasado, se aprobó el plan de trabajo del Comité de Biblioteca e Informática de nuestra Cámara. El plan está dividido en tres grandes programas, el primero se refiere a la biblioteca del Congreso de la Unión; el segundo al Sistema Integral de Información y Documentación (SIID), aprobado por esta soberanía el 21 de diciembre de 1991 y, el tercero plantea distintas acciones tendientes a establecer relaciones de diverso tipo, nacionales e internacionales.
La presente intervención tiene el propósito de informarles que de las 20 acciones que incluyen esos programas, 13 están completamente concluidas, 5 se encuentran a la mitad de su realización, y tres se han iniciado y tienen alrededor de un 25% de avance; sólo una, que es el desarrollo de la sociedad de amigos de la biblioteca, tiene que llevarse a cabo en el futuro inmediato, para lo cual requerimos de la adhesión y el apoyo de todos los diputados integrantes de esta LV Legislatura.
Puede decirse que alrededor del 80% de las actividades previstas en el plan de trabajo, han sido concluidas y que se han adicionado algunas nuevas que no estaban estipuladas.
Hemos contado en el Comité para este trabajo intenso, con el equipo de personas calificadas y entusiastas. La parte directiva de este equipo, se integró durante la presente Legislatura, pero una gran mayoría de los trabajadores viene de la planta de trabajadores que prestaba sus servicios en la Cámara de Diputados anteriormente.
En términos generales, ellos mostraron una gran disposición para obtener el entrenamiento y realizar las nuevas acciones que exigía el cambio de los servicios.
En realidad, el propósito de esta intervención, en invitarlos, señores diputados a hacer uso de los servicios que hemos reorganizado o establecido
para ustedes. Las posibilidades para consultar información se han incrementado. Ahora mismo estamos concluyendo el establecimiento de una red mediante cableado, que une a las dependencias del Comité y a los distintos grupos parlamentarios. A través de esa red podrán ustedes consultar a las distintas bases de datos, documentos, bibliografía y hemerografía de que disponemos.
El trabajo legislativo, si se realiza en forma independiente y responsable, requiere de un sistema de información ágil y adecuado. El trabajo del Comité de Biblioteca e Informática, como le llama la iniciativa de Ley Orgánica del Congreso que ustedes aprobaron, tiene una inspiración democrática en su raíz. La democracia no se reduce al ejercicio del sufragio, a la vida de los partidos y a la operación de la división de poderes; requiere el desarrollo de la información necesaria para cada uno de ellos. Sólo un poder bien informado puede tomar sus decisiones con independencia, racionalidad y responsabilidad.
Lo anterior no excluye la colaboración de poderes, pero sí representa la necesidad de que cada uno disponga de un conjunto de informaciones oportunas y adecuadas para desarrollar su trabajo.
El ejercicio democrático requiere conocimiento y éste debe ser adecuado es decir, especializado, llegar a tiempo para ilustrar las decisiones, estar adaptado a las necesidades propias de nuestro país y estar sistematizado y ágilmente presentado para su utilización puntual en las tareas políticas y legislativas, propias de cada poder.
Por lo que se refiere a la Biblioteca del Congreso de la Unión, ha concluido el proceso de automatización de la biblioteca, lo cual permite una consulta mucho más rápida y la elaboración de bibliografías e informes que pudieran solicitar los señores diputados y sus grupos de apoyo.
Esto requiere que el personal que ya obtuvo entrenamiento, con el apoyo invaluable de la Universidad de Colima, se mantenga actualizado y continúe realizando el registro de libros y materiales informativos.
El cumplimiento del depósito legal, se ha incrementado notablemente, en virtud de nuestra constante gestión para que los editores cumplan con esa disposición, cuya última modificación se produjo el 23 de julio de 1991. Por ella, todos los editores nacionales deben entregar a la Biblioteca del Congreso dos ejemplares de sus publicaciones, así como una copia de todo tipo de materiales informativos electrónicos.
Un buen número de editores eran remisos a cumplir esta obligación, pero hemos estado conversando con ellos y exhortándolos a cumplir, lo cual nos ha dado resultados.
Aprovecho la ocasión para solicitar a las comisiones y grupos parlamentarios, que cumplan con esta tarea. Frecuentemente encontramos que las publicaciones de la Cámara no llegan a nuestra biblioteca y eso resulta penoso, porque no podemos dar cuenta adecuada a los usuarios de la información, de los estudios que producen los propios diputados.
El depósito legal, es nuestra principal fuente de adquisición. Esa vía de enriquecimiento de nuestro acervo, se ha visto incrementada por las adquisiciones de libros, sobre todo extranjeros.
También se adquirió el año pasado la colección jurídica de don Alfonso Francisco Ramírez, que contiene un rico material para apoyar el trabajo legislativo y se encuentra a disposición de la biblioteca especializada aquí en la Cámara que se ubica en el tercer nivel del edificio "B".
También hemos contado con un pequeño presupuesto para adquirir obras y revistas extranjeras que están a su disposición, sobre todo especializadas en el proceso legislativo.
La Biblioteca del Congreso, sita en la calle de Tacuba en el Centro Histórico de la Ciudad de México, tiene las siguientes bases referenciales que se pueden consultar también en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el acervo con unos 31 mil 968 registros hasta el mes de abril de 1993, el Directorio de Editoriales Mexicanas actualizado, el Directorio de instituciones gubernamentales que incluye las del Gobierno Federal, representaciones de los gobiernos de los estados y organismos descentralizados, partidos políticos e instancias de comunicación y el Catálogo de Autoridad en Materia. Por lo que se refiere al Sistema Integral de Información y Documentación (SIID), que ésta soberanía acordó se constituyera integrando información bibliográfica y hemerográfica con aquella que se capta por medios electromagnéticos, a fin de ofrecer un servicio más ágil a los señores legisladores, debo informar lo siguiente:
Primero. Se renovó el equipo de cómputo a través de diversos procedimientos; se adquirió nuevo equipo; se obtuvo un donativo de la IBM de México y se mejoraron algunos de los equipos existentes mediante aumento de memoria y otros
aditamentos y programas que permiten su utilización más ágil.
Con esto se completó una fase de nuestro programa de automatización, que quedará concluida con la red interna de que les hablaba al principio y a través de la cual los señores diputados podrán consultar desde sus grupos parlamentarios, desde sus oficinas, los bancos de datos a los que hemos estado gestionando el acceso.
Segundo. Se han actualizado e incrementado las bases de datos que están a disposición de los señores legisladores.
Menciono las principales: Prolec, que contiene el seguimiento del proceso legislativo de todas las iniciativas de Ley que se han presentado en esta LV Legislatura. A través de ella podemos proporcionar información inmediata sobre todas las iniciativas aprobadas o pendientes de dictamen por Comisión,
partido, fecha o autor de la iniciativa. La base de datos de biblioteca que contiene alrededor de 32 mil registros de fichas catalográficas, que representa un acervo incorporado hasta ahora de los nuevos sistemas.
Tenemos pendiente de realizar la clasificación y catalogación de elementos en bodega, entre los cuales hay materiales históricos de gran valor que esperamos tener concluido al terminarse este año la Biblioteca del Congreso de la Unión, que se construirá en este mismo recinto de San Lázaro y que deberá concluir el día 31 de diciembre del presente año.
Esta biblioteca está prevista para contener medio millón de ejemplares y las conexiones más modernas con bancos de datos nacionales e internacionales. Legisla es otra base de datos que conforma poco más de 9 mil registros catalográficos de la colección Alfonso Francisco Ramírez, que ya decía, fue recientemente adquirida. Esta colección representa más de 14 mil 500 volúmenes.
Prolec II, que contiene cuadros sinópticos del proceso legislativo que ha seguido cada una de las leyes vigentes desde su proceso de formación. Este historial incluye sus reformas subsecuentes, autor de la iniciativa, comisiones dictaminadoras y fechas de publicación en el Diario Oficial. La base de datos Legis, es nuestra base de datos fundamental, que ha sido introducida al primer disco compacto producido por la Cámara en colaboración con la Universidad de Colima. Esta es una de las realizaciones mayores del comité.
El disco compacto contiene toda la legislación federal vigente, acompañada de estudios históricos sobre procesos constitucionales del México Independiente, información sobre los diputados propietarios y suplentes de esta LV Legislatura, así como descripción y explicación de todo el proceso legislativo. El disco permite una consulta muy ágil de nuestras normas en el ámbito federal.
Contamos con otras bases de datos nacionales que nos han sido donadas por algunas instituciones o hemos obtenido por intercambio, tales como la del Tribunal Federal Electoral, que contiene 2 mil 114 registros catalográficos, correspondientes al Centro de Documentación de este tribunal y permite el intercambio con esta institución.
Tenemos la legislación estatal completa de dos entidades, Baja California y Aguascalientes, y el Tratado de Libre Comercio.
Hemos logrado acceso en línea a bases de datos remotas, entre las que pueden mencionarse la de UNAM - YURE, a la que accedimos mediante convenio con la UNAM y que tiene referencias y análisis de tipo doctrinario - jurídico que sustentan o pueden sustentar nuestra argumentación y nuestros trabajos legislativos.
Esta base de datos se concentra con registros de tipo referencia, con resumen de legislación estatal y federal, así como reglamentos, acuerdos y otras categorías jurídicas.
Recientemente contratamos el acceso al Sistema Dayalop, que cuenta con 450 bases de datos internacionales sobre distintas disciplinas, entre los cuales se encuentra el Federal Registrer, de los Estados Unidos, a texto completo.
El SIID se encuentra trabajando, junto con otros países, en una base de datos legislativa internacional de 35 temas jurídicos nacionales de habla hispana y portuguesa.
En este momento sólo dos países latinoamericanos, México y Brasil, junto con la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, trabajan en un plan piloto sobre esta base llamada Red Internacional de Información Legal.
Esta Red se montará primero a nivel referencial y luego con texto completo de todas las leyes esos 35 países, de tal manera que los
señores legisladores podrán obtener en línea, inmediatamente un análisis comparativo de muy diversas instituciones de esos 35 países, que por sus idiomas y por sus culturas se encuentran mucho más cerca de nosotros en el proceso legislativo también.
Contamos con una pequeña colección de discos compactos, que contienen materiales jurídicos y bibliográficos, obtenidos a través del depósito legal. Cada uno de ellos es base de datos que puede consultarse en las oficinas del SIID o en la biblioteca, aquí mismo, en San Lázaro.
El SIID prepara constantemente cuadernos de apoyo, para contribuir a las diversas tareas legislativas en curso. Esos cuadernos se generan por iniciativa de los legisladores, de las comisiones o del equipo del SIID, por necesidades en curso.
El SIID resuelve constantemente consultas y obsequia peticiones de los señores legisladores o de su personal de apoyo, a través de informe, fotocopia y consultas verbales. Lo anterior es posible gracias a la sistematización y desarrollo de las bases de datos escritas; varias de ellas son posibles gracias al sistema documental, que se ha instituido y desenvuelto en el SIID.
Este sistema documental tradicional, es un instrumento fundamental y único en su tipo. Se encuentra en carpetas que registran la historia detallada de la legislación, tanto de la vigente como de la abrogada; se encuentra toda la historia legislativa del país en esas carpetas.
Y se creó este sistema documental en anteriores legislaturas. En la presente ese sistema documental se ha renovado, dotándolo de equipo de cómputo y entrenamiento a su personal, de tal manera que pueda vincularse mejor con la instancia de cómputo y captura.
También se ha desarrollado una colección de todos los reglamentos federales vigentes, única en México, somos la única fuente que tiene todos los reglamentos federales vigentes, para ser consultados por ustedes y esperamos pronto verlos en otro disco compacto. Este se ha empezado ya a capturar, para disponer de ellos, pues, con medios electrónicos.
En cuanto a convenios e intercambios, se han celebrado convenios e intercambios con distintas instituciones, entre ellos pueden destacarse los ya mencionados con la UNAM y la Universidad de Colima.
También se celebró uno por la donación de equipo con la IBM, que ya mencionaba. Está por celebrarse un convenio con el IFE y el Tribunal Federal Electoral, para contar con toda la información oficial en materia electoral, directamente en la Cámara de Diputados.
A nivel de intercambio, tenemos frecuentemente con diversas universidades, bibliotecas, entre las que destaca la Benjamín Franklin de la ciudad de México; con embajadas, congresos estatales, secretarías y centros de investigación, para poder cumplir con las consultas que nos formulan los señores diputados o las comisiones.
Celebramos ya, el año pasado, el Segundo Congreso Nacional de Bibliotecas Legislativas, en colaboración con la Legislatura del Estado de México, en junio del año pasado, para ser exactos, a fin de establecer contactos y programas de colaboración con los congresos locales y llegado el caso una Red Legislativa de todo el país.
Hemos desarrollado la organización del Primer Encuentro Iberoamericano de Bibliotecas Parlamentarias, al que acudirán representantes de diversos países de América Latina, España y Portugal. Este encuentro, primero en su género, se celebrará del 20 al 23 de octubre del presente año.
Este encuentro busca reforzar las relaciones con los países culturalmente más cercanos, así como proponer intercambios de apoyos mutuos para el trabajo legislativo.
Algunos datos comparativos, ya para concluir, a fin de que los señores legisladores tengan información sobre los avances del sistema bibliotecario e informático de nuestra Cámara les doy algunos datos comparativos.
Hemos montado aquí en el vestíbulo del recinto una pequeña exposición a partir del día 8 de junio para que ustedes y sus equipos de apoyo la tengan más puntual, más directa y más detallada.
Por lo que se refiere a biblioteca, las labores de capacitación y automatización han permitido elevar y la productividad del trabajo. El envío de materiales a servicio se elevó en un poco más del 100%, pasó de un promedio de 247 volúmenes mensuales a 531. La producción de tarjetas para catálogo se elevó en un poco más de 170%, de un promedio mensual de 614 pasó a 1 mil 663.
Se inició el control y registro de revistas nacionales, el promedio mensual fue de 112 en 1992 y en 1993 ha sido de 541 revistas mensuales, lo que representa un 380% de incremento. Se
envían constantemente a la Biblioteca de San Lázaro reportes sobre adquisiciones recientes que pueden apoyar el trabajo legislativo. El promedio de volúmenes mensuales reportados fue de 630 en 1992 y de 216 en 1993.
El acervo de la Biblioteca del Congreso ubicada en Tacuba creció de enero de 1992 que se encontraba en 62 mil 534 volúmenes, a 70 mil 134 en abril de 1993 y ya completamente computarizados.
En la exposición del vestíbulo les presentamos cifras más detalladas sobre consultas por grupos parlamentarios, por comisiones o por distintos usuarios en nuestra biblioteca. El año pasado tuvimos más de 70 mil consultas.
En los cuatro primeros, meses de este año, de enero a abril, se tienen más de 28 mil consultas.
El crecimiento de las consultas es muy acelerado en los últimos meses de este año.
Se hicieron, para que tengan una idea rápida, 5 mil 211 consultas en enero; 6 mil 413 en febrero; 7 mil 725 en marzo y 9 mil 3 en abril. Estamos creciendo mes con mes y el público usuario está recibiendo un servicio cada vez más amplio y ágil de la Biblioteca del Congreso de la Unión.
Ha venido no sólo creciendo la cantidad, sino la calidad de los consultantes. Ahora tenemos un número creciente de investigadores nacionales y extranjeros, estudiantes y profesores universitarios, profesionistas y otros consultantes, periodistas etcétera que contrastan con los consultantes de tiempos anteriores que eran en gran proporción estudiantes de secundaria y de preparatoria.
Por concepto del depósito legal recibimos entre agosto de 1991 y julio de 1992, en 12 meses, 29 mil 606 volúmenes y esto se ha incrementado: entre agosto de 1992 y abril de 1993 en sólo nueve meses recibimos otros 22 mil 433 volúmenes.
Estos volúmenes no sólo representan libros, sino diskettes, cassettes, video y discos compactos.
En cuanto a las consultas hechas en la Biblioteca de San Lázaro, tuvimos en el año de 1991, 1 mil 011; para 1992 se incrementaron a 2 mil 843.
Si estas cifras las vemos por grupos y usuarios notaremos el incremento de las consultas y su dirección mucho más para apoyar el trabajo legislativo.
En 1991 hubo sólo 68 consultas de los grupos parlamentarios; en 1992 crecieron hasta 331 consultas de los grupos parlamentarios. En 1991 hubo 225 consultas de comisiones, en 1992 subieron 530 consultas de comisiones y además se registraron otras 479 de diputados individuales.
En 1991 consultaron 109 investigadores y en 1992 se incrementaron a 165 investigadores. En 1991 hicieron consultas 496 estudiantes y en 1992, 1 mil 338, casi se triplicaron en un año las consultas.
Nuestro disco compacto con la legislación federal vigente se ha entregado a todas las comisiones de la Cámara, a las secretarías de Estado, a las procuradurías y al Departamento del Distrito Federal, a los grupos parlamentarios, a los partidos políticos y a los congresos estatales; también han servido para obtener materiales informáticos en intercambios y se han donado a los congresos extranjeros.
Finalmente, se han vendido ejemplares, a través de la Universidad de Colima, Institución con la que tenemos un convenio que previene obtener recursos de recuperación. Me informó ayer el Rector de la Universidad de Colima que la Suprema Corte de Justicia compró 200 discos compactos, lo cual traerá recursos de recuperación para esta Legislatura y para producir nuevos materiales.
Estas son, a grandes rasgos, señores diputados, las tareas y servicios que el Comité de Biblioteca Informática de nuestra Cámara ha realizado en la primera mitad de nuestro tiempo como Legislatura.
Quiero concluir exhortándolos nuevamente a incrementar el uso de nuestras instalaciones y servicios.
A fin de este año deberá estar concluida la obra de la Biblioteca en San Lázaro, planteada, como les decía, para tener un número de volúmenes importantes, pero sobre todo servicios muy ágiles conectados planetariamente y que quedará a disposición de ustedes un acervo no sólo bibliográfico, hemerográfico y documental, sino de bancos de datos legislativos y de otras materias en el ámbito nacional y en el ámbito internacional.
Cumplo con informarles y les exhorto a que estos servicios que se han montado con el propósito de apoyar y de ilustrar el trabajo de los señores diputados, de las comisiones y nuestra responsabilidad para elaborar normas que exige el bien general del país, sean crecientemente consultados por ustedes.
En la medida en que ustedes hagan consultas nos van a ir orillando de la mejor manera a mejorar
los servicios, a perfeccionarlos, a matizarlos, a especializarlos en función de sus demandas. Por tanto, ésta es una exhortación para que ustedes los utilicen crecientemente y nos planteen las consultas que para su trabajo político y legislativo sean pertinentes y nos obliguen de esta manera a mejorar cada día los servicios.
Muchas gracias.
DENUNCIA
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Patricia Ruiz Anchondo, del Partido de la Revolución Democrática, para hacer una denuncia sobre el asesinato de Silverio Ponce, dirigente de la Asamblea de Barrios.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo:
Gracias señor Presidente: compañeras diputadas; compañeros diputados: Acudo, en esta ocasión, a esta tribuna para hacer una denuncia sobre un acontecimiento que ha llenado de indignación a los miembros de mi organización que es la Asamblea de Barrios de la ciudad de México y a varios miles de habitantes de esta ciudad.
El pasado 3 de junio se nos comunicó la trágica noticia de que el ingeniero Silverio Ponce Ramos, responsable y supervisor de obras del Instituto de Vivienda de la Asamblea de Barrios, había sido encontrado acribillado de siete balazos, tres en la cabeza y cuatro en el costado izquierdo, asesinado en su propio carro y sin que le hubieran faltado cuestiones de valor personal de sus pertenencias, salvo su reloj y su agenda telefónica.
Según los datos con los que contamos, el crimen de Silverio se ejecutó de tal manera para que a nosotros no nos quedara duda de que este es un crimen político; el carro de nuestro compañero muestra un golpe en la parte delantera derecha, como señal de que se le cerraron al paso y lo interceptaron. El cadáver se encontró en el asiento delantero derecho; todos los impactos: dos en la cabeza, uno en el cuello y cuatro en el costado, son todos del lado izquierdo. Lo abordaron en su automóvil, se le subieron al carro y lo mataron a quemarropa en su automóvil.
El miércoles 2 de junio, la noche anterior nuestro compañero estuvo en una reunión de la Asamblea de Barrios. Estas reuniones se realizan periódicamente desde hace seis años por mi organización.
A las once de la noche fue la última vez que lo vieron nuestros compañeros.
El se comunicó a su casa con su esposa para avisarle que estaba en camino. El cadáver fue encontrado en la madrugada del 3 de junio. A tres cuadras de su casa. Su cuerpo dentro del automóvil fue reconocido por su esposa. No nos cabe la menor duda que este es un crimen político. Una semana antes yo recibí este anónimo y llego a mi oficina, aquí en el Edificio "B" del cuarto piso.
Señor Presidente: Pido por favor que instruya a la Secretaría para que detalle el contenido de esta misiva, por favor.
El Presidente:
Proceda la Secretaría dar lectura al documento que solicita la diputada.
La secretaria Graciela Larios Rivas:
Es una copia de una nota del periódico Ocho Columnas, de Guadalajara y el encabezado dice:
"Cuahutémoc Cárdenas, conózcalo y cuídese de él". Y está escrito a máquina, dice: "Soy de Xiquilpan, Michoacán, en donde no nació Cuauhtécmoc ¡Es chilango! Yo no tengo partido".
En la segunda hoja está una caricatura y dice:
"Esto lo sabrá Mr. Bush. Michoacán". En la caricatura está una fotografía de Cuauhtémoc Cárdenas.
Está otra caricatura donde está Cuauhtémoc Cárdenas con unas maletas y dice: "Todo se lo debo a mi mami". Y escrito a máquina:
"Estamos hartos lo michoacanos del cacicazgo cardenista desde 1922 a la fecha, todavía que un rescoldo el corrupto Cuauhtémoc. Usted que es la heroica representante del PRD yo soy apolítico, no tengo partido. Le voy a mandar un poster de su "íntimo" para que lo luzca en la Cámara en el próximo informe". Y se abren unos signos de interrogación: "¿Le parece uno igual a esa caricatura?".
Está otra caricatura dice: "En Michoacán PRD
y Guerrero. Si Cuauhtémoc no supo ordenar su partido, el PRD, menos va a poder manejar a 80 millones de habitantes. Este rescoldo del cardenismo nunca llegará a la grande".
Es todo, señor Presidente.
El Presidente:
Continúe.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo:
Muchas gracias.
Este anónimo que recibí la semana pasada, como lo detalla la Secretaría, no le di mucha importancia. Es una cosa de muy mal gusto, sobre todo la tercera, donde está el recado más grande y donde se me señala como "íntima" de Cuauhtémoc y como "heroica" representante de mí partido. Señala también el acontecimiento del informe de Gobierno.
Dice que es de Michoacán y trae una nota del periódico de Guadalajara. Sin embargo el sobre está sellado únicamente por la ciudad de México. Fue un sello de aquí de la ciudad de México.
¿Qué no quiere decir con esto? Es un hecho que nos llena de indignación. Es una cuestión que no es digna de que suceda en México a estas alturas. ¿Cuál es el mensaje que se nos quiere enviar? ¿Por qué este crimen contra mi compañero?
Como ya lo dije, el ingeniero Silverio Ponce era responsable de los proyectos de vivienda de la Asamblea de Barrios. Responsable y supervisor técnico. El trabajo que él realizaba en mí organización era técnico. Era una persona que estaba a cargo de todos los proyectos de mí organización. Ustedes saben, nosotros luchamos por la vivienda y por la democracia en la ciudad.
Sobre él no recaían políticas que mí organización ha tomado y que son conocidas de ustedes. ¿Por qué contra esta persona?
Yo no hubiera dado importancia a este anónimo y a unas llamadas telefónicas que habíamos recibido con anterioridad, si no es que ahora estamos ante el hecho trágico de asesinato. Una persona inocente que fue asesinada, acribillada de siete tiros.
Que dejó una esposa y tres niños: todos menores de cinco años.
Compañeras diputadas; compañeros diputados:
Mi organización y el mismo trabajo que realizo yo, se encuentra dentro de la Ley.
Nuestra lucha está amparada por nuestras leyes, es una lucha legal; la lucha por la vivienda se ampara en el artículo 4o. constitucional y la lucha por la democracia está dentro de todo el marco de derecho en nuestro país. Ciertamente mi organización es la expresión más importante de la sociedad organizada en la ciudad de México. Pero yo no quisiera entender, no quisiera entender que este mensaje que se nos envía es para anunciarnos como va a ser de ahora en adelante el trato con el Gobierno Federal.
Mientras no se esclarezca este crimen, todas nuestras sospechas recaen sobre el propio Gobierno Federal. Esta es una decisión que se ha tomado desde muy arriba. Por las características del crimen no nos queda ninguna duda que es una situación de una decisión muy lamentable.
Pero yo quiero decir a estas personas que nos han mandado este mensaje, ya que está en el ambiente público y en el debate político la idea y la preocupación de que 1994 no va a ser lo mismo que 1988, se nos ha dicho en reiteradas ocasiones.
¿Cuál va a ser la diferencia? Que 1994 si va a ser violento. Que 1994 se va a caracterizar por el derramamiento de sangre de los compañeros. Esto de ninguna manera lo podemos permitir.
Acontecimientos como éste nos dañan a todos, dañan a México, dañan al proceso de transición que estamos viviendo.
Nuestro partido, como ya lo hemos señalado anteriormente, ya cuenta con 200 personas que han sido asesinadas y que los contamos como asesinatos políticos y todos éstos se han realizado en el campo; la violencia en el campo empezó desde 1988. Hoy con este acontecimiento lamentable que les he relatado, es un indicio de que la violencia también empezado en las ciudades.
No queremos entender esto como un hecho irreversible.
Sin embargo, aquellos que nos han mandado este mensaje, todos saben la dirección política de la Asamblea de Barrios, es pública, todos la conocen, la organización es bastante conocida, bastante amplia en la ciudad y hemos tenido oportunidad de tratar con varios de ustedes que en su momento, cuando fueron funcionarios públicos, tuvieron a bien atender las demandas de mi organización.
Creo que este mensaje de la muerte que nos quieren mandar, ha sido para sembrar el terror
dentro de mi organización. Pero yo quiero responder algo. Este mensaje de la muerte nosotros lo vamos a responder con vida y vamos a seguir luchando. Nada nos va a impedir que sigamos luchando por el derecho de la vivienda, por los derechos de los mexicanos a tener vida digna y por instaurar la democracia en México. Nada va a impedir que la Asamblea de Barrios apoye la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas a la Presidencia por el período electoral que se avecina, nada lo va a impedir, así sean este tipo de mensajes que nos envíen. No nos atemorizan, nos indigna este tipo de situación y yo apelo a la seriedad de esta Asamblea para que se ayude a esclarecer este crimen.
Propongo ala Presidencia y a esta honorable Asamblea que se acepte el siguente
PUNTO DE ACUERDO
Que la Presidencia turne este caso a las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia de esta honorable Cámara de Diputados, para que intercedan ante las autoridades correspondientes con el fin de que se esclarezca el asesinato del ingeniero Silverio Ponce miembro de la Asamblea de Barrios de la ciudad de México, acaecido el 3 de junio de 1993. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos, la diputada Victoria Reyes Reyes, del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Victoria Reyes Reyes:
Señor Presidente; compañeros diputados: He pedido el uso de la palabra para manifestar que también nosotros lamentamos la muerte del señor que aquí se ha mencionado. Es bien cierto que toda agresión señalada por todos nosotros; ya del hecho se ha encargado la diputada detalladamente de informarnos. Lo que sí lamento diputada y me preocupa, es que se señale a priori que la autoridad o que la superioridad tenga directamente una responsabilidad; en ello sí no estoy de acuerdo.
Y quiero que quede perfectamente esclarecido aquí que hay autoridades que se encargan de llevar acabo las investigaciones y que es a ellos a quienes les exigiremos en un futuro, como se están haciendo en otros casos, el que se aclare esta situación. Seremos los primeros en estar al pendiente de los resultados de esta situación.
Estamos totalmente de acuerdo en lo que usted vino a proponer aquí, un punto de acuerdo, que se turne a las comisiones, pero vuelvo a reiterar, que no se señale antes de una investigación, a cualquier autoridad como usted lo ha señalado.
Muchas gracias.
El Presidente:
Túrnese a las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia de esta honorable Cámara de Diputados, para que intercedan ante las autoridades correspondientes el caso del asesinato del ingeniero Silverio Ponce, miembro de la Asamblea de Barrios en la ciudad de México acaecido el 3 de junio de 1993.
IGLESIA CATÓLICA
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Estrada Sámano, del grupo parlamentario del PAN, para prestar una proposición.
El Diputado Fernando Estrada Sámano:
Por declaraciones aparecidas en prensa en días recientes señor Presidente y atribuidas al señor Jerónimo Prigione, Nuncio Apostólico y embajador del Vaticano en México, parecería que una vez más con esas declaraciones atribuidas a la persona mencionada, se provoca desconcierto y polémica en nuestra vida social. He de acentuar no sólo señoras y señores diputados que esta intervención y proposición que presento a ustedes todos, es a título personal y bajo mi propia responsabilidad como legislador y que lo hago insistiendo en que no dispongo de evidencia que permitiera comprobar que las declaraciones atribuidas al señor Prigione, fueron vertidas por él, en el sentido en que se ha publicado y a la vez que no conozco tampoco rectificación alguna de su parte que haya sido publicada.
Con estas declaraciones que en seguida referiré, tengo la obligación señoras y señores diputados, de tomar excepción, dada que parecen un pronunciamiento inconsulto y de consecuencias potencialmente negativas, uso para este efecto señor Presidente, la versión del periódico La Jornada del día sábado pasado 5 de junio en la página 16 y dice así: La pregunta que se propone al embajador por el reportero es la siguiente:
Luego de la muerte del Cardenal Posadas han
circulado muchas hipótesis sobre las causas ¿Considera usted que las fuerzas opositoras al Gobierno tratan de capitalizar lo ocurrido? El señor Prigione contesta: Cito: "Existe el gran peligro de que cada uno trate de llevar agua a su molino, mucho cuidado, busquemos la verdad por encima de las oposiciones y de las ideologías.
Es inmortal que partidos políticos traten de capitalizar la muerte del Cardenal. No deben andar buscando muerte, no actúen como buitres...", fin de la cita.
Esta declaración aquí reproducida y repito, atribuida al señor embajador, es consistente con notas publicadas en otros medios y al mismo tiempo quizá llamaría la atención de los señores diputados, de los analistas o de observadores diversos, que ese mismo día y el día siguiente, se publicaron asimismo, versiones y pronunciamientos con enfoque diferente por otros dignatarios mexicanos de la Iglesia católica.
Ante pronunciamientos de este tipo, podría uno preguntarse señor Presidente, ¿qué piensan muchos mexicanos creyentes o no creyentes?, qué pensarían, por ejemplo, el director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustin Pro, el sacerdote jesuita Jesús Maldonado, que hace unos días estuvo aquí en esta tribuna platicando, entre otros, con la señora diputada Garavito, del PRD y con otros diputados.
¿Qué pensaría un universitario y religioso asimismo , el padre dominico Miguel Concha, que con frecuencia se manifiesta y escribe sobre temas que aquí tratamos?, ¿qué piensan religiosas, religiosos mexicanos de la fe católica?, ¿que piensan creyentes de otras religiones?
Como el intercambio muy reciente y espero fructífero, que tuve oportunidad de llevar acabo con el señor diputado González Avelar, en esa ocasión señale que hay sacos que al Partido Acción Nacional no le vienen, señaló señoras y señores diputados que esté es uno de esos sacos en caso de que las declaraciones sean verdad y a la vez manifiesto que por supuesto, supongo y de las intervenciones de ese día, derivo que otros partidos políticos representados en esta Cámara, tampoco merecen ese tipo de calificativos y mucho menos señor Presidente, esta Cámara de Diputados del Poder Legislativo de la Unión.
De la intervención, señoras y señores diputados, del diputado Gabriel Jiménez Remus, del Partido Acción Nacional, nada, absolutamente nada permitiría en rigor, hacer concluir o interpretar que hay intento ilegítimo de aprovechamiento político y peor a un partidario de una tragedia de tamaña magnitud, ni mucho menos podría aplicarse la comparación desafortunada avícola o zoológica.
Sé perfectamente, que don Gabriel Jiménez Remus, mucho menos de mí, necesita defensa alguna, pero sí señalaría a la vez que sería necesaria una muy aguda miopía política y de otro tipo para confundir la digna y aquí sí diplomática figura del diputado Jiménez Remus, con el perfil desagradable de los buitres.
No, no somos ave de rapiña. No, en Acción Nacional no optamos ni somos defensores y muchísimo menos servidores de una pretendida cultura de la muerte. Para el señor Nuncio y para cualesquiera de las instancias a quienes pudiera dirigirse esto con utilidad, en Acción Nacional hacemos opción clara en favor de la vida, de la vida, la realización y la plenitud de las personas, de toda la persona y de todas las personas en sociedad, de la vida de la sociedad mexicana.
Somos partido político democrático responsable , y como tal en nuestros pronunciamientos como el de Jiménez Remus y de otros dirigentes de Acción Nacional, partimos del conocimiento y del respeto a la realidad y del análisis riguroso y racional de los hechos y de los datos de esa realidad.
Preguntaría atreviéndome, no a hablar a nombre de otros, sino de participar y de compartir una posible ofensa, preguntaría, señor Presidente, si por el hecho de que por ejemplo el señor ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, haya estado en la catedral de Guadalajara, pudiera alguien atreverse a calificarlo por ese hecho de ave de rapiña.
Y qué decir de funcionarios públicos de diverso nivel y diversa creencia y de pertenecía partidaria de otra orientación.
A este propósito, adelanto que muy probablemente en breve, el señor diputado Juan de Dios Castro y un servidor, entre otros diputados, habremos de presentar una iniciativa de Ley, para adecuar las disposiciones legales vigentes que sufren quebrantamiento en esta materia de culto público y de manifestación de las convicciones de conciencia de cada quien, por no sólo el hecho a la posibilidad de que algunas de ellas violenten derechos humanos, incluidos los de los funcionarios públicos, sino también porque el quebrantamiento consuetudinario de la Ley, arrastra a una sociedad a despreciar la Ley y erosiona las posibilidades de construcción de un estado de
derecho en el cual, como elemento central quienes gobernamos, quienes somos funcionarios públicos, somos en primerísimo lugar los obligados a atenernos y a someternos a las disposiciones de la Ley, cuando éstas son justas.
Por cuanto toca a Acción Nacional, si me he atrevido a mencionar ejemplos de dirigentes de otros partidos, estuvieron en la propia catedral de Guadalajara, los dirigentes Luis H. Alvarez, Felipe Calderón Hinojosa, entre otros, de nuestros dirigentes en el Estado de Jalisco aquí presentes y he de expresar el más categórico rechazo de los calificativos antes mencionados en la declaración atribuida, para estos líderes nacionales de mi partido.
No es aceptable tampoco una generalización injusta, con falta de evidencias y de conocimiento de los hechos, de la realidad, Ante ello, en la hipótesis de que la declaración atribuida sea justamente así, parecería imponerse la necesidad de rectificar, de clarificar, de probar el dicho o quizá de presentar una disculpa.
Quiero señalar, señor Presidente, algunas razones de fondo de porqué, esto tiene relevancia y resulta ofensivo en caso de ser cierto.
Me he atrevido a distraer la atención de ustedes señoras y señores diputados, para reafirmar, en primer lugar, el carácter laico, el carácter aconfesional y particularmente el carácter autónomico, la autonomía democrática respecto de quien sea del Partido Acción Nacional y sostenemos y exigimos esa misma autonomía, ese mismo grado de independencia responsable, para las muy diversas y afortunadamente crecientes instancias de la sociedad civil mexicana.
Somos autónomos respecto de cualesquiera instancia de poder público o privado en este país o fuera de él y desde luego, se incluye las dirigencias de las iglesias, de las comunidades de fe que operan en el país.
En segundo lugar, esa autonomía se manifestaba en la raíces mismas de este partido al que me honro en pertenecer, desde la rectoría, hace 60 años el rector Gómez Morín, desde la Universidad Nacional, señalaba con toda claridad que a nadie tenía él que dar cuenta de sus convicciones. Hoy, a 60 años de distancia en Acción Nacional, decimos lo mismo.
He señalado en ocasión anterior señor Presidente, a propósito de nuestro debate en torno a las reformas constitucionales al 130 y otros artículos de ese documento básico, que otro fundador de Acción Nacional, Estrada Iturbide, hace 50 años, en 1943, pronunció unas conferencias en la ciudad de México, precisamente sobre la necesidad de adecuar la disposición legal en respeto y en fomento de la libertad de conciencia de los mexicanos, conferencias que la prensa títuló: "O Blanco o Rojo, pero no Rosa", precisamente para señalar la necesidad de superar la simulación de que hablaban las iniciativas presidenciales que discutimos en torno al 130 y otros artículos y que causó cierto revuelo. Por una parte un intento de investigación más bien patéticamente cómico por parte de la Procuraduría General de la República, en contra de Estrada Iturbide, pero por otra y quizá más relevante para el caso, la manifestación del arzobispo Primado de México, de su preocupación respecto al pronunciamiento de ese dirigente político.
Estrada Iturbide contestó que sí en materia de dogma o de fe, en las cuales reconocía autoridad del arzobispo, había fallado, que así se le señalara. Cuando se le aclaró que no era así en manera alguna, entonces dijo: Pues digan al arzobispo de México que en política yo decido. A 60 y a 50 años de distancia señor Presidente, señoras y señores diputados, en caso de ser ciertas estas declaraciones, hoy, desde esta tribuna, con respecto al excelentísimo señor embajador o a cualesquiera otras instancias, como diputado afirmo que en materia política yo decido.
Acción Nacional, como partido democrático, decide, como demócrata, en y con Acción Nacional, decido con ese partido democrático y como legislador, señoras y señores diputados, aquí en esta casa nuestra, yo decido con otros legisladores y así juntos constituimos el Poder Legislativo autónomo mexicano y no nos atenemos por tanto a los dictados o a las indicaciones más o menos críticas, más o menos de buen gusto, de ninguna otras instancias y particularmente de ningún embajador del extranjero, sea éste del país que sea.
Y el lugar de encuentros, señoras y señores diputados, es que todos desde nuestra perspectiva luchamos por un México mexicano, no un México con dictados desde el exterior.
Y para que no extrañe la posición de un diputado del Partido Acción Nacional a creyentes o a no creyentes, con respeto profundo para ambos, afirmo que hablo con documentos, por ejemplo, la Declaración de Libertad Religiosa del Concilio Vaticano II, en la mano y que hablo asimismo con el fundamento de quienes inspiraron y estructuraron ése y otros documentos de ese acontecimiento de hace casi 30 años y
hablo por tanto con Folner Broni, con Monsel con Merrey, con Congar, con Danielub, con Dielibac, con Alfaro, con Metz, con tantos otros y si no hago estas afirmaciones y por eso hablé de que me atrevo a presentarme ante ustedes a título personal, no sé entonces cómo habría o podría entenderse el concepto de la autonomía temporal y eso es lo que afirmo y defiendo hoy aquí.
No se trata, por si alguien así se sintiera inclinado, a interpretar esta afirmación respetuosa de autonomía en el pensamiento y en el hacer de lo temporal no se trata de estar de manera simplona más o menos cerca de corrientes de la teología de la liberación, por ejemplo, o que esto sea un pronunciamiento contra la Iglesia Católica o contra cualquier comunidad de creyentes o contra el papado. No se trata de eso. Se trata sí de la serena afirmación y el pedimento de que respeten la autonomía de lo temporal, de que juntos construyamos las condiciones de ejercicio de la libertad de conciencia de todos y de cada uno de los mexicanos, como una de las bases fundamentales de los derechos humanos de todos.
Sí, se trata de que no se haga más difícil en México, en el mundo, la contestación a dificilísimas y dramáticas preguntas de fondo que, para hablar con otro autor que algunas gentes a las que me refiero, entenderían bien, Tomás de Aquino. Dice en una tremenda frase: "La opción libre de la inteligencia para creer o no creer en la trascendencia del mundo y de la historia".
Y eso es un derecho del cual somos titulares las personas humanas por el solo hecho de serlo, pero que no nos dificulten el plantear las preguntas, el discutirlas entre nosotros para desembocar en la libérrima opción de la inteligencia para creer o no creer en la trascendencia del mundo, de la vida humana y de la historia.
Y que no se nos dificulte y obstaculice el encuentro en el que para recordar una vez más a Gómez Morín, podamos, más allá de estas cuestiones, darnos la mano sin reserva, en el encuentro común del interés que nos une, que es la construcción de un México mexicano.
No se trata de ataque a nadie, se trata de una afirmación en pro de los partidos políticos y de su necesidad insustituible en las sociedades modernas, en pro de las posibilidades de un sistema competitivo y democrático de partidos; en pro y en defensa, siempre que se ofrezca, del decoro y de la autonomía, señoras y señores, del Poder Legislativo mexicano.
En este sentido, señor Presidente y para terminar, con base en el artículo 58 del Reglamento Interior del Gobierno del Congreso y de los demás relativos aplicables, presento a consideración de ustedes, señoras y señores diputados, la siguiente resolución:
"Esta Cámara, por cuando en este caso, al parecer por la información disponible, todos los partidos políticos aquí representados se ven involucrados.
Resuelve: Por el conducto y autoridad de su Presidencia, hacer llegar al excelentísimo señor embajador del Estado Vaticano en México, la versión taquigráfica completa, de las intervenciones en tribuna de los señores diputados de todos los grupos parlamentarios, que en la sesión del martes 25 de mayo del presente, fijaron sus posiciones respecto de los hechos ocurridos en Guadalajara, el día anterior, al de la fecha citada.
La propia Presidencia tendrá a bien informar al pleno, la semana próxima, sobre el cumplimiento de esta expresión, del sentir de la Cámara de Diputados del Congreso mexicano.
Salón de sesiones, junio 8 de 1993 y firma, señor Presidente, un servidor de ustedes.
Y porque me parece, señor Presidente, de simple y también de muy obvia y urgente resolución, de acuerdo con nuestras disposiciones reglamentarias, me permitiría pedir a usted se dé ese trámite, de obvia y urgente resolución a esta propuesta, para que la Cámara decida y si así pareciera a ustedes, se proceda en consecuencia.
Por sus deferencias, señor Presidente, por su paciente atención, señoras y señores diputados, la manifestación de mi agradecimiento, A ustedes, todos, señoras y señores, muchas gracias.
El Presidente:
De conformidad con lo solicitado por el diputado Estrada Sámano, esta Presidencia instruye a la Secretaría para que envíe la versión taquigráfica a la Secretaria de Relaciones Exteriores, a fin de que dicha dependencia le dé el tramite conducente.
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado José de Jesús González Reyes, del grupo parlamentario Acción
Nacional, para presentar una denuncia sobre hechos ocurridos a una periodista.
El diputado José de Jesús González Reyes:
Señor Presidente; honorable Asamblea:
Coincidiendo con la celebración el Día de la Libertad de Expresión, el día de ayer, me he permitido venir a esta tribuna hoy a exponer un caso verdaderamente lamentable de cerrazón y de agresión, precisamente a la libertad de expresión.
Es el caso de la ciudadana Luz Elena Picos, locutora tijuanense, quien después de más de dos años de trabajo como comentarista de una estación radiofónica en Tijuana y conduciendo una revista radiofónica en la misma ciudad, fue privada de su empleo mediante un oficio de corte totalitario, enviado por el líder local del STIRT, en la ciudad de Tijuana.
Este oficio, enviado a la difusora donde laboraba para que se le privara de su trabajo aduciendo en el citado oficio y como justificación, el emitir comentarios políticos contrarios a la ideología del sindicato.
Esto, compañeros diputados, consta en el oficio de fecha 7 de agosto de 1989 con membrete del sindicato y firmado por miembros del mismo, entre los que se encuentran: el señor Enrique Arteaga Aguiluz, secretario del Trabajo; Arcadio Solís Vargas, secretario de Organización; Felix Rivera Urbina, secretario de Finanzas y Arnoldo Sánchez Fontes, secretario de Educación Sindical. Este oficio está en nuestras manos.
Y esto, compañeros diputados, ha evidenciado la triste realidad de la situación que guarda la libertad de expresión en muchos puntos de la República Mexicana. El sistema político mexicano contra lo que pregona se apoya en sindicatos como el de la radio y en líderes como Netzahualcóyotl de la Vega a nivel nacional y Antonio Mena Munguía nivel local en la ciudad de Tijuana. Estos a su vez se apoyan en cláusulas contrarias a los derechos humanos en un infame contrato - ley que ejerce controles ilegítimos en la radio para acallar la voces disidentes.
Todavía ayer escuchábamos con motivo de la celebración del Día de la Libertad de Expresión, los comentarios oficiales, señalando que no hay ni ley ni autoridad que puedan impedir que se violen derechos al trabajo y a los derechos políticos de los ciudadanos.
Este hecho que hoy denuncio, con pruebas fehacientes, que en muchos casos sólo son expresiones vanas, sin ningún sustento, puro fuego artificial para celebrar lo que no existe.
La periodista Luz Elena Pico, a raíz de la suspensión de su trabajo, inició una lucha cívica y laboral para su restitución, que es la expresión libre de sus ideas como parte de su trabajo. Mena Munguía, cacique cetemista, respondió como él sabe, con el envió de otros oficio para vetar nacionalmente y para siempre a la periodista y locutora, o sea, parta que jamás vuelva a laborar como periodista. También se encuentra en nuestro poder dicho oficio.
Así, compañeros diputados, por medio de listas negras se perjudica a una trabajadora independiente, en franco desprecio a las garantías consagradas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Posteriormente a su expulsión la periodista presentó una demanda laboral por su injusto despido. Solicitó, sin éxito, la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entonces presidida por Jorge Carpizo.
Después de dos años, el 4 de diciembre de 1991 la Junta Especial No. 5 de Conciliación y Arbitraje, con sede en la ciudad de México dictó un laudo ordenado la reinstalación de la periodista, así como la liquidación de sus salarios caídos.
Ante esto, empresa y sindicato, solicitaron amparo, el cualles fue concedido para efectos por los magistrados Refugio Gallegos, María del Rosario Mota y Carolina Pichardo, del VI Tribunal Colegiado en el Distrito Federal.
En seguimiento al trámite legal, el expediente regresó nuevamente a la Junta Especial No. 5, la misma que meses antes le había dado la razón a la periodista y con fecha 31 de agosto de 1992, siguiendo las instrucciones de los magistrados Gallegos, Mota y Pichardo, concede al STIRT al amparo definitivo, con el argumento de que el sindicato no reconocía la existencia del oficio que ordenaba impedir el trabajo de la periodista.
Compañeros diputados: los oficios aquí están y siempre estuvieron, que en todo caso el sindicato solamente solicitó no pasar la voz la periodista, pero el hecho es que la acción arbitraria subsiste y la periodista Luz Elena Picos cree que los periodistas independientemente tampoco pueden dejar en los criterios de gente como Netzahualcóyotl de la Vega o Antonio Mena Munguía,
la censura de sus análisis críticos y la proyección de las acciones ciudadanas.
Con esto; compañeros diputados, coincidimos los diputados miembros de la fracción del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y nosotros, como la periodista Luz Elena Picos, esperamos y deseamos de esta soberanía, el mismo interés que se ha puesto en otros casos, considerando que los agravios y agresiones a los periodistas ya no deben permitiré.
Señores legisladores: este hecho vergonzoso subsiste en contra de los derechos humanos, de la libertad de expresión y del trabajo de una ciudadana mexicana. Solicitó, por tanto, se dé curso a esta denuncia y se turne a la comisiónes de Derechos Humanos y a la de Información,, Gestoría y Quejas, anexando también el oficio enviado por el sindicato a la periodista, así como el que la veta nacionalmente.
Por su atención, compañeros diputados, muchas gracias.
El Presidente:
Instruyo a la Secretaría para que le dé curso a estas solicitudes que ha formulado el señor diputado José de Jesús González Reyes, a la Comisión de Derechos Humanos y a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
ESTADO DE TAMAULIPAS
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra la diputada Luisa Alvarez Cervantes, del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, sobre la situación política en el Estado de Tamaulipas.
La diputada Luisa Alvarez Cervantes:
Con su permiso, señor Presidente; Compañeras diputadas; compañeros diputados:
Hemos venido a esta tribuna en virtud de que en el Estado de Tamaulipas consideramos se ha iniciado por parte del Procurador del Estado serias y graves violaciones a los derechos humanos. En Particular, tocaremos la situación de la justicia.
Hasta esta tribuna abordaré dos asuntos: uno de ellos se refiere a la detención del licenciado Pedro Silva, anterior Director de Gobierno en el período de Gobierno del ingeniero Américo Villareal Guerra; actualmente el licenciado Silva se encuentra preso en el penal de ciudad Victoria.
Pero también me referiré a otro asunto que es el relacionado con los integrantes del nuevo centro de población ejidal "Lázaro Cárdenas del Río" del municipio de Hidalgo del Estado de Tamaulipas. Abordo estos dos asuntos porque quisiera que esta honorable representación popular pudiera tener dos ejemplo de lo que está sucediendo en Tamaulipas.
En algunos casos, como es el primero, pareciera que los encargados de impartir la justicia trajearán atrás un cohete que tiene que hacerlas rápida y expeditas. Y en el caso del segundo ejemplo, tal pareciera que los encargados de la impartición de la justicia tuvieran atrás un imán que les detuviera el avance de este.
Para nosotros el concepto de justicia, se basa fundamentalmente en la idea del equilibrio, el utilizar una balanza en la simbología de la expresión, nos ilustra la importancia de que exista un justo medio en la concepción artistotélica que distinga la justicia del simple ejercicio del poder; el atropello, la consigna, los intereses personales en las instituciones de justicia, no deben tener cabida; nada más ajeno al fin que se persigue, que utilizar el aparato estatal como una locomotora que arrasa todo derecho civil de los ciudadanos.
El Partido de Frente Cardenista del Reconstrucción Nacional, estima que no puede haber modernidad sin un estricto respeto a los derechos humanos, sin un equilibrio en los derechos de los particulares, con las actividades de los órganos de procuración de justicia, basado en el respeto a la Ley en la independencia del Poder Judicial respecto de los representantes de la sociedad en los procesos penales.
En estos momentos, tal pareciera que no existe Procurador General de Justicia, Hay un titular de una dependencia que ha llenado le casa de intereses particulares, de venganzas, de pirotecnia leguleya, de falta de respeto a los jueces locales, cuya actividad no tiene nada que ver con la justicia.
En particular presuponemos, tal pareciera hay una cacería de brujas e incluso éstas han permitido algunas alianzas con policías extranjeros.
En el caso concreto del exdirector de Gobierno del Estado de Tamaulipas, Pedro Silva
Rodríguez y aquí quiero hacer un paréntesis, tocamos este caso y no porque nosotros defendamos o no al licenciado Pedro Silva y quisiéramos decir que posiblemente en el período que a él le tocó ser director del Gobierno del Estado, a una de las organizaciones por las que más sufrimos, fue en ese tiempo el Partido del Frente Cardenista, con la Central Campesina Cardenista. Fuimos de las organizaciones que más luchamos, pero de las organizaciones que también fuimos desalojadas en muchas de las demandas que nosotros planteamos.
Es decir, a esta Tribuna no traigo el defender un funcionario público para que si alguien puede tener en mente esto, se lo pueda borrar. Nos vamos a ver exclusivamente a la aplicación de la Ley a la defensa de los derechos humanos.
En el caso concreto del exdirector de Gobierno del Estado de Tamaulipas, Pedro Silva Rodríguez, a nuestro juicio ha sido sujeto de violaciones de las garantías individuales. Se ha exhibido una consigna y una falta de independencia de los jueces penales e inicia un maridaje entre la policía estatal y la policía de migración norteamericana.
El Procurador del Estado, en la detención de Silva Rodríguez, violó los tratados de extradición existentes entre Estados Unidos de Norteamérica y de México.
El 30 de mayo, Silva fue detenido por agentes del FBI y del Servicio de Inmigración, alegando que estaba ilegalmente en los Estados Unidos. Trasladado por la fuerza al puente fronterizo de la ciudad de Reynosa y entregado a la policía judicial del Estado.
Silva había estado en la ciudad de Monterrey los días 27 y 28 de mayo gestionando un amparo en contra de la orden de aprehensión girada en su contra por el juez primero penal, por el delito de cohecho. Obteniendo amparo de la justicia federal a efecto de presentarse ante el juez penal a más tardar el día 31 de mayo del presente año.
El 29 ingresó al vecino país del norte por medio de su tarjeta de residente SM, que permite la estancia legal de poseedor de la misma, en los términos de tres días dentro del territorio de la Unión Americana.
Por lo cual su detención dentro por la policía americana, orquestada por la judicial del Estado, es un acto totalmente ilegal y violatorio de las garantías individuales y los tratados internacionales en materia de protección ciudadana.
Cuando se le detuvo el procurador del Estado dijo que no habían violado las autoridades de Tamaulipas el amparo, porque a él lo había detenido migración y el FBI y porque el amparo que exhibía el ex director de Gobierno no se encontraba en el amparo lo referido a estas policías.
Se mencionó anteriormente, Silva Rodríguez gozaba de la protección de la justicia federal en el momento de su detención, al habérsele otorgado una suspensión provisional de la orden de aprehensión del juez primero penal de ciudad Victoria, a través del amparo 468/93, otorgado por el juez tercero del distrito de Nuevo León.
La estancia legal, fehacientemente demostrada, no fue argumento que detuviera la ilícita conducta de los policías norteamericanos en la extradición ilegal del ex director de Gobierno de Tamaulipas. Ni tampoco el amparo fue suficiente en darle una racionalidad a la conducta de lo que debiera ser la procuración de justicia en Tamaulipas. Imperó el abuso. Esperemos que no impere también la impunidad.
En el presente caso, desgraciadamente existe algo mucho más grave que la lesión de las garantías individuales: es el agravio contra las instituciones de justicia del Estado.
La prensa local dio a conocer que los jefes policiacos Daniel Ulloa González, Amarante Miranda Morato y Adolfo Velasco Ramírez, implementaron un operativo llamado "Centella", para la detención de Silva Rodríguez, desde antes de existir la orden de aprehensión del juez, presupuso el procurador de Tamaulipas que el juez primero era su empleado, que era suficiente la consignación para que el juez penal estimara la probable responsabilidad y la existencia del cuerpo del delito, el término legal de los 15 días hábiles para el análisis de la averiguación previa y la independencia del juez se vio en los hechos nulificada puesto que empezó el operativo desde antes de salir la orden de aprehensión, viendo la actividad jurisdiccional como mero trámite y no como una expresión de nuestra democracia en garantías procesales.
Actualmente el exdirector está en el penal y posiblemente sea trasladado al penal de Tampico. Esto fue, la policía fue aquí y el Procurador, extraordinariamente rápido para la aplicación de la justicia.
Pero tenemos otro caso, que es el caso del nuevo centro de población Lázaro Cárdenas del Río y donde este grupo en diciembre del 1992 fue
agredido por individuos que portaban armas de grueso calibre amedrentando a todas las familias y desalojándolas.
Nuestros compañeros instauraron una averiguación previa penal, a 002/993. El 24 de marzo de 1993 nuestros compañeros encontraron cerca del área donde tomaron posesión un plantío de mariguana y hay veces que cuando se encuentran ante estas situaciones en lugar de dar aviso a quien corresponde, dieron aviso al Ejército y la quemaron, Posteriormente al dar aviso se inició averiguación en la Procuraduría.
El 24 de marzo de 1993, fueron encañonados tres integrantes del grupo por dos individuos y estos fueron sorprendidos con armas de grueso calibre, fueron desalojados, se quemaron las casas, se quemaron animales, se hizo la denuncia; los daños fueron los siguientes: Llegaron al lugar un nutrido grupo de encapuchados, haciéndose pasar por agentes de la Policía Judicial Federal, torturaron a las familias amarrándolos, etcétera, denuncia de estos hechos fue presentada el día 1o. de mayo en una averiguación previa penal, la 36/993 en ciudad Victoria, y hasta ahorita no hay nada.
De los que fueron a quemarles las casas se les mandó una orden de comparecencia, pero curiosamente la Policía Judicial del Estado no ha cumplido con esta orden de comparecencia.
Yo quiero citar otro caso donde está implicada una madrina de la Policía Judicial del Estado y cuando después de todo el trámite se le toca la citatoria ya, porque jamás se presentó a través del juez, el juez también ordena la comparecencia y a la hora de la cita llega un representante de la Judicial y delante del Juez dice que se le perdió la orden de comparecencia.
Ante esta situación, nosotros consideramos que si bien, no sistemáticamente, si es muy importante que en Tamaulipas las cosas se hagan de acuerdo a la ley, que no es posible que para unos la justicia sea extremadamente rápida violando garantías individuales y para los otros la justicia sea extremadamente lenta, también, violando garantías individuales y derechos humanos.
Sentimos que es una necesidad de que las cosas marchen correctamente, no estamos solicitando si es culpable o inocente, eso no nos toca a nosotros, le toca al juez determinar; lo que sí queremos reafirmar, es nuestra preocupación, nuestro interés para que en el Estado de Tamaulipas sean respetadas las garantías individuales y sean respetados los derechos humanos de los ciudadanos. Por esa razón nuestra fracción propone un punto de acuerdo y dice lo siguiente:
"Con base en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en relación a la situación sobre la impartición de justicia en el Estado de Tamaulipas y en los casos expuestos como el de la presunta violación de los derechos humanos, del licenciado Pedro Silva y del nuevo centro de población ejidal "Lázaro Cárdenas" del municipio de Hidalgo, solicito que este asunto sea turnado a la Comisión de Derechos Humanos de esta representación popular para que se investigue lo conducente." Muchas gracias, dejo la propuesta a la Secretaría.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra para rectificar hechos el diputado Elpidio Tovar.
El diputado Elpidio Tovar de la Cruz:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados:
En los últimos años las administraciones de Gobierno del Estado de Tamaulipas han sido además de grises e intranscendentes, fuente de escándalo, derivadas principalmente de la corrupción del autoritarismo y de la violación a la Ley.
Nos hemos enterado de las enormes corruptelas prohijadas en el Gobierno de Martínez Manatou, que han sido publicadas nacional e internacionalmente, de los grandes problemas de la violencia en la administración pasada, que se reflejaban en los Centros de Readaptación Social y en las principales ciudades del Estado y ahora, en la administración actual encabezada por el gobernador del Estado, Manuel Cavazos Lerma, hemos observado también el escándalo por las decisiones autoritarias asumidas a escasos cuatro meses de su Gobierno, un Gobierno que se derivó de un proceso electoral el más conflictivo y cuestionado de los últimos años en Tamaulipas,
En el cual se expresó la represión, el encarcelamiento, la violencia y la persecución política en contra de los partidos de oposición y sus candidatos.
Un proceso electoral que dejó heridas abiertas, que dejó situaciones de intranquilidad en el Estado, que no han sido totalmente canceladas.
Ahora hemos podido observar que se aplica y se sigue aplicando para continuar esa tradición, una política que trae como consecuencia el escándalo público a nivel nacional.
Hace pocos meses se pretendió imponer como parte del programa educativo en ese Estado, el método de meditación trascendental, un método esotérico, patentado por la Universidad Maharishi, en todas las escuelas primarias y secundarias de la entidad.
Debido a la oposición, debido a que se alzaron voces en toda la entidad rechazando esta pretensión, esto fue detenido temporalmente; sin embargo, pudimos darnos cuenta cómo a través de un convenio firmado con esta Universidad, se desviaron recursos para establecer este método de meditación trascendental en los centros de readaptación pública de Tamaulipas, Fue un escándalo nacional que fue debidamente documentado por la prensa.
Nos encontramos ahora también ante esta persecución que se realiza contra funcionarios de la administración pasada y en este caso contra el director de Gobierno, en el cual para su detención se violan algunas disposiciones legales, pero ése no es el problema fundamental de mi intervención, el problema central es en el caso de ese último hecho, que en las declaraciones de ex funcionarios de la administración pasada, se reveló que muchas de esas acciones de las que se le acusaban habían sido ordenadas no sólo por la administración de la que él formaba parte, sino por la propia administración actual, por el actual gobernador del Estado.
Y hablaba de acciones electorales contrarias a la legalidad, que arrebataron triunfos a los partidos de la oposición, como consta en las actas que rindió ante el Ministerio Público, en sus declaraciones.
Esto es una acusación verdaderamente grave, que no ha sido respondida por las actuales autoridades y que ha sido en todo caso, respondida con la intención de echarle tierra al asunto, de guardar silencio frente a esta acusación que demuestra que las denuncias que hicimos en esta misma tribuna en el proceso electoral fueron ciertas. De guardar silencio, un silencio que en este caso resulta demasiado elocuente. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra la diputada Laura Alicia Garza Galindo, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar sobre el mismo tema.
La diputada Laura Alicia Garza Galindo:
Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea.
Mi presencia en esta tribuna obedece a una premisa fundamental nos pronunciamos no sólo en Tamaulipas sino en el país todo, por no proteger a quien violente las leyes, a ningún particular, a ninguna autoridad, cualquiera que sea su nivel o categoría.
Nuestra postura, convicción y compromiso, es defender, hasta sus últimas consecuencias, la vigencia del estado de derecho. Por ello nos sumamos a las preocupaciones expresadas aquí por nuestra compañera, diputada Luisa Alvarez.
En relación a la denuncia presentada por los dirigentes estatales en Tamaulipas, del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, que es el caso de mi compañera Luisa Alvarez, nos sumamos a la petición, a su petición, para que dentro del campo de la ley, su denuncia siga los cursos legales que correspondan. A esto también nos sumamos, compañera diputada y estaremos pendientes con usted de que se haga justicia.
Respecto a su preocupación, diputada, relativa al injusto encarcelamiento, porque así lo calificó usted, del exdirector general de Gobierno en nuestro Estado, considero que lo más sensato es que usted presentara denuncia ante las autoridades correspondientes, porque la presunción por usted aquí presentada, es de que existe en la entidad parcialidad en la impartición de justicia y de que existe abuso de autoridad. Por ello considero que debe usted denunciarlo ante las autoridades. Existen para ello varias instancias; una de ellas es la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Por ello. señor Presidente, de acuerdo a sus atribuciones, le solicito tenga a bien certificar una copia de la versión estenográfica de la denuncia aquí presentada por la diputada Luisa Alvarez y se turne a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Tamaulipas, para que se inicie la investigación conforme a derecho; además del turno, que también vemos conveniente, a la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara.
Por lo que hace a la denuncia que la señora diputada también presenta en esta tribuna,
relativa a recientes hallazgos de plantíos de droga en el poblado Lázaro Cárdenas, solicito a usted, señor Presidente, el mismo trámite, el mismo procedimiento: que tenga usted a bien certificar copia de la versión estenográfica de la denuncia presentada en esta tribuna por mi compañera diputada Luisa Alvarez, para que se turne, considero no a la Procuraduría del Estado de Tamaulipas, sino a la delegación de la Procuraduría General de la República, porque es un problema de tipo federal para que se inicie también la investigación conforme a derecho.
Compañera diputada: nos sumamos en lo personal para que si hay hechos delictuosos, éstos sean denunciados. Lo mismo le digo a mi compañero diputado Elpidio Tovar de la Cruz, para que toda denuncia que se haga, sea investigada y para que todo ilícito sea castigado. Por ello, compañero, nosotros los conminamos a que procedan. Cuentan ustedes con nuestro apoyo. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificación de hechos, el diputado Salvador Juárez.
El Diputado Salvador Juárez García:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados.
He escuchado con atención la intervención de la diputada María Luisa Alvarez Cervantes, del Partido de Reconstrucción Nacional, e interesado en el primer caso que plantea, acerca de la detención de quien fue ex director de Gobierno, señor Pedro Silva Rodríguez y a eso podemos nosotros agregar de que la represión que ha existido en estos últimos gobiernos en Tamaulipas, ya no ha sido tan sólo con los partidos de oposición, sino que ha traspasado las fronteras y ahora, las propias autoridades del partido de las mayorías, ejercen esta acción represiva contra quienes fueron sus compañeros o representativos del Gobierno.
Con esto queremos decir que cuando la elección anterior en que venimos aquí a plantearles a todos ustedes, diputadas y diputados, la problemática de Tamaulipas, del fraude que se había cometido en aquella entidad federativa y que en ningún momento se hizo caso, como nunca se hará caso mientras el partido del Gobierno así lo disponga, no obstante que haya los elementos y las pruebas que se presenten, nada más con un simple levantón de manos, los acuerdos que se desean, que se establezcan para encontrar la democracia en México, no sucede.
¿Por qué hago esta referencia? En la detención que hacen de Pedro Silva Rodríguez, él mismo dice: "Si quieren adjudicarme delitos por esta detención que hacen de mí, yo mismo les daré los elementos para que lo hagan y si quieren señalarme delitos mayores, no hay necesidad de que lo hagan; yo mismo lo diré, porque si se trata de delitos electorales que se le cometieron a los partidos de oposición, en el momento en que ustedes lo deseen, yo hago esas declaraciones y sí quisiera que estuviera presente tanto el señor gobernador anterior, Américo Villareal Guerra, como el actual gobernador Manuel Cavazos Lerma".
Estas declaraciones son hechas por el propio ex director de Gobierno, Pero ¿qué sucede? Interesadas algunas personas por querer saber de la profundidad en todo caso de estas declaraciones, han acudido gente a Victoria, alguna de prensa, otra particular, otra conocida del propio Silva y ya han impedido la vista para este señor ex director.
Dudamos mucho que en su traslado a Tampico también tenga esa libertad para hacer sus declaraciones como quiere hacerlas, pero sí creemos que si esto se permitiera, a lo mejor podemos sacar a relucir toda esa pudredumbre que existe en la cuestión electoral no sólo de Tamaulipas, sino del país entero.
Yo recuerdo que existe un refrán que todo mundo conoce y que dice: "Enojándose las comadres salen las verdades". Aquí no serán las comadres, tal vez sean los compadres, pero pueden salir muchas verdades que pueden quedar al descubierto y nosotros...
El Presidente:
Señor diputado, esta Presidencia le ruega atentamente concluya su exposición, su término reglamentario se agotó.
El diputado Salvador Juárez García:
Solamente pido un minuto más, señor Presidente. Para decir que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de esta Cámara intervenga para que cuando menos concedan la libertad al ciudadano
que quiera visitar a esta persona, a efecto de pregunta a ver si tiene ese valor que ha señalado en un principio, de decir las declaraciones, por lo que nos interesa a nosotros en este caso el fraude que se cometió en las elecciones que triunfaron ahí los partidos de oposición. Muchas gracias, compañeros.
El Presidente:
Esta Presidencia instruye a la Secretaría para que el punto de acuerdo presentado por la diputada Luisa Alvarez Cervantes, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, se turne a la Comisión de Derechos Humanos de esta soberanía, así como se le dé trámite a las diversas solicitudes formuladas por la diputada Laura Alicia Garza Galindo. Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
El Secretario Jesús Molina Lozano:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Segundo Período de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LV Legislatura.
Orden del día
10 de junio de 1993
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del Estado de Aguascalientes.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que se comunica que la ciudadana Estela Díaz de Salas Poyo, ha dejado de prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Dos, por que se solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Celinda de la Luz Pintos Hernández y María del Rosario Ramírez Gómez, puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en esta ciudad.
Dictámenes a discusión
De las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 28, 73, y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Pedro Juan María Tardán y Saint Guily, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, que se le confiere el Gobierno de la República Francesa.
Elección de la mesa directiva.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
El Presidente:
(A las 17.50 horas) Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 10 de junio a las 10.00 horas.
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:
Anaversa Agricultura Nacional de Veracruz, Sociedad Anónima
Fertimex Fertilizantes Mexicanos
IBM International Business Machine
IFE Instituto Federal Electoral
PAN Partido Acción Nacional
PPS Partido Popular Socialista
PRD Partido de la Revolución Democrática
SA Sociedad Anónima
SARH Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos
Sedesol Secretaría de Desarrollo Social
SEMIP Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal
SIID Sistema Integral de Información y documentación
STIRT Sindicato de Trabajadores de la Industria de Radio y Televisión
TLC Tratado de Libre Comercio
UNAM-YURE Universidad Nacional Autónoma de México -(sin aclaración)