Legislatura LV - Año II - Período Ordinario - Fecha 19930629 - Número de Diario 24
(L55A2P1oN024F19930629.xml)Núm. Diario: 24ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Correspondiente al Segundo Período del Segundo Año de Ejercicio
PRESIDENTE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
Diputado Juan Ramiro Robledo Ruíz
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO II México, D. F., martes 29 de junio de 1993 No. 24
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO
SUMARIO
SESIÓN SOLEMNE CONMEMORATIVA DEL L ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL COLEGIO DE MÉXICO
ASISTENCIA
APERTURA
Invitados especiales a esta sesión
El diputado Josafat Arquímides García Castro, da lectura al dictamen de la Comisión de Régimen, y Prácticas Parlamentarias, que dio origen a esta sesión
Para referirse al motivo de la sesión solemne, hacen uso de la palabra los diputados:
Gabriela Guerrero Oliveros
Alvaro Salazar Lozano
Se levanta la sesión solemne.
SESIÓN ORDINARIA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
DECESO DEL DIPUTADO LORENZO DUARTE GARCÍA
Para referirse a su fallecimiento, hacen uso de la palabra los diputados:
Juan Moisés Calleja García
Emilio Becerra González
Rigoberto Arriaga Ruíz
GRAN COMISIÓN
Proposición que reforma las comisiones y comités legislativos. Se aprueba.
ESTADO DE GUANAJUATO
Comunicación por la que su Congreso informa de actividades legislativas. De enterado
ESTADO DE PUEBLA
Comunicación por la que su Congreso informa de actividades legislativas. De enterado.
LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
Iniciativa con proyecto de decreto presentada por el diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez y diputados representantes de todos los grupos parlamentarios de la LV Legislatura. Se turna a la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.
Hacen uso de la palabra los diputados:
Carlos González Durán
Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, para rectificar hechos.
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
Oficio por el que informa que la ciudadana Estela Díaz de Salas Poyo, dejó de prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y a la de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
Se dispensa la primera lectura al dictamen de las comisiones unidas de Reforma Agraria y de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes orgánicas de los Tribunales Agrarios y Agraria.
LETRAS DE ORO
El diputado Eduardo Cue Morán da lectura a un documento relativo a la iniciativa para que se inscriba con letras de oro, en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el nombre de Vicente Lombardo Toledano.
PROBLEMÁTICA AGROPECUARIA
Para referirse a la cartera vencida en ese sector, hacen uso de la palabra los diputados:
Patricia Terrazas Allen, quien presenta punto de acuerdo.
Enrique Rico Arzate
Rigoberto Arriaga Ruíz
Emilio Becerra González
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, los diputados: Israel González Arreguín
Francisco Portela Santana
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón
Enrique Rico Arzate
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón
Emilio Becerra González
El punto de acuerdo se turna a la Comisión de Agricultura.
JUBILADOS Y PENSIONADOS
Presenta un punto de acuerdo el diputado Rafael Gilberto Bernal Chávez.
Sobre el mismo tema habla el diputado Tomás Correa Ayala.
El punto de acuerdo se turna a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social
ESTADO DE MÉXICO
Para referirse al proceso electoral en esa entidad, hacen uso de la palabra los diputados:
Julio César García Hernández
Laura Pavón Jaramillo
Julio César García Hernández, para rectificar hechos
REPÚBLICA DE IRAK
Se refiere a los conflictos bélicos en esa nación, el diputado Francisco Hernández Juárez.
CONFLICTOS OBRERO - PATRONALES
Expresan su opinión sobre diversos hechos, los diputados:
Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara
Luis Beauregard Rivas
Carlos González Durán
Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
Presidencia del diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz
SESIÓN SOLEMNE CONMEMORATIVA DEL L ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE EL COLEGIO NACIONAL
ASISTENCIA
El Presidente:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados.
El secretario Luis Moreno Bustamante:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 365 diputados, por lo tanto, hay quórum.
APERTURA
El Presidente:
(A las 11.47 horas): Se abre la sesión.
Señores diputados; señores invitados:
En cumplimiento al acuerdo aprobado por esta Cámara de Diputados el 15 de junio de 1993, se iniciará esta sesión solemne para conmemorar el L aniversario de la creación de El Colegio Nacional.
Asisten a esta sesión distinguidos invitados, entre los que se encuentran: doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, secretario de Educación Pública; doctor Jesús Kumate Rodríguez, secretario de salud; contador público Oscar Joffre Velázquez, director general del Instituto Politécnico Nacional; doctor José Sarukhan Kermez, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México; doctor Gustavo Chapela, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana; doctor Fausto Alzati Araiza, director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; licenciado Rafael Tovar y de Teresa, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y maestro José Emilio Pacheco, presidente de El Colegio Nacional.
Tiene la palabra el diputado Arquímides García, para dar lectura al dictamen que dio origen a esta sesión solemne.
El diputado Josafat Arquímides García Castro:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados; honorable Asamblea:
El día 15 de junio del año en curso, en votación económica se aprueba el siguiente dictamen que tendré el honor de leer a ustedes:
«Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias.
Dictamen del Punto de Acuerdo relativo a realizar una sesión solemne para conmemorar el L aniversario de la creación de El Colegio Nacional.
Honorable Asamblea: Un grupo de ciudadanos diputados, miembros de diversos partidos políticos e integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara, presentaron una proposición en los términos del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que este Órgano Legislativo conmemore, en una sesión solemne, el L aniversario de la creación de El Colegio Nacional".
En efecto, el 13 de mayo de 1943 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual el Presidente de la República, general Manuel Ávila Camacho, creaba: "una comunidad de cultura al servicio de la sociedad, dotada de personalidad jurídica, en cuyo seno estarán representadas sin limitaciones las corrientes de pensamiento y las tendencias filosóficas, científicas y artísticas, pero con estricta exclusión de todo interés ligado a política militante". La nueva institución adoptó como lema el de "Libertad por el saber" conjuntando, así la meta y el camino en los que había de perseverar el organismo social que se creaba.
El Colegio Nacional fue concebido a la manera de otras instituciones que en diversos países reúnen a los más destacados representantes de la cultura nacional, con el propósito de que se vinculen activamente con la sociedad a través de cursos y conferencias libres abiertas al interés de todos. De tal manera que si la pertenencia al claustro de El Colegio Nacional es indudablemente una de las mayores distinciones que se otorgan en la República, dicha membresía implica también el compromiso de entregarse a la difusión de las más altas manifestaciones del saber en el medio social. Así lo ha hecho El Colegio Nacional en estos 50 años de su existencia, a través de innumerables y provechosos cursos
y series de conferencias impartidos no sólo en la sede que ocupa en el centro histórico de la ciudad de México, sino en numerosas instituciones educativas de los estados de la federación.
Detrás de estos empeños perseverantes subyace la noble intención de extender los beneficios del saber y la cultura entre las más amplias capas de la población y precisamente a cargo de sus mejores exponentes; bajo la consideración de que el desarrollo cultural es una de las dimensiones más importantes para el progreso integral del país. Un desarrollo que, además de los adelantos en materia económica y social, comprenda el perfeccionamiento cívico, moral y cultural de la nación mexicana.
Es indudable que la aportación que han hecho a la cultura patria cada uno de los miembros de El Colegio Nacional es notable, como lo acredita la mera lectura de quienes fueron sus fundadores y quienes luego se han incorporado a él. Y desde luego, la institución misma, como tal, ha acreditado durante este su primer medio siglo las buenas razones que movieron al Gobierno de la República para crearla.
A este respecto, la Comisión que dictamina y seguramente la propia representación nacional, verían con la mayor satisfacción que El Colegio Nacional profundizara el ejercicio de sus atribuciones en toda la amplitud de la sociedad, a través de los medios que él mismo considerará más eficaces, entre ellos, una amplia utilización de los medios electrónicos de comunicación.
En razón de las anteriores consideraciones y en mérito de la proposición que se examina, con fundamento en los artículos 58 de la Ley Orgánica del Congreso General y 27, 60 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. La Cámara de Diputados de la LV Legislatura del Congreso de la Unión acuerda la celebración de una sesión solemne el próximo 29 de junio, en el recinto del pleno, para conmemorar el L aniversario del establecimiento de El Colegio Nacional.
México, D.F., a 15 de junio de 1993. - Diputados: Miguel González Avelar, presidente; Alejandro Ontiveros Gómez, secretario; Raymundo Cárdenas Hernández, secretario; Juan Gualberto Campos Vega, secretario; César Jáuregui Robles, secretario; José Alarcón Hernández, Raúl Burtón Trejo, Alberto Carrillo Armenta, Hiram Luis de León Rodríguez, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Carlos González Durán, Armando Sergio González Santacruz, Julieta Guevara Bautista, Francisco F. Laris Iturbide, J. Armando Lazcano Montoya, Armando Leal Ríos, Ricardo López Gómez, Mariano López Mercado, Gloria Mendiola Ochoa, Jesús Madrazo Martínez de Escobar, José Antonio Olvera Acevedo, Héctor Israel Ortiz Ortiz, Tomás Osorio Avilés, Salomón Pérez Carrillo, Héctor Pérez Plazola, Alfonso Rivera Domínguez, Armando Romero Rosales, Alvaro Salazar Lozano, Jaime Serrano Cedillo, Abraham Talavera López, Roderico Tapia Ruiz, Manuel Terrazas Guerrero, Salvador Valencia Carmona y José Socorro Velázquez Hernández.»
El Presidente:
Han solicitado hacer uso de la palabra en este acto solemne los diputados Gabriela Guerrero Oliveros y Alvaro Salazar Lozano.
Tiene la palabra la diputada Gabriela Guerrero Oliveros.
La diputada Gabriela Guerrero Oliveros:
Señor Presidente; señoras y señores diputados; distinguidos invitados; distinguidos miembros de El Colegio Nacional que nos acompañan:
Casi al terminar el cuarto período ordinario de sesiones de la LV Legislatura del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, en medio de un intenso trabajo legislativo caracterizado por enérgicos debates alrededor de proyectos de Ley que sin duda alguna influirán de manera decisiva en la vida de nuestro país, ha abierto un paréntesis en su tarea legislativa para efectuar una sesión solemne dedicada al L aniversario de la creación de El Colegio Nacional, porque para la máxima representación popular no puede pasar desapercibido un acontecimiento de significación para las instituciones nacionales y para los intereses del pueblo y de la nación.
La sesión solemne es el mejor marco que esta soberanía puede crear para hacer un juicio valorativo sobre este acontecimiento, en función de las preocupaciones y retos principales en relación con el futuro de México.
Por esta razón, aunque no corresponda a un acto legislativo, sí se ubica el L aniversario de El Colegio Nacional en el marco de las preocupaciones
que impregnan los trabajos de este período de sesiones de la Cámara de Diputados.
El Colegio Nacional, creado por decreto del presidente Manuel Ávila Camacho, del 8 de abril de 1943, se funda en un momento de gran peligro para el mundo y de incertidumbre y amenazas para nuestra nación. Abre sus puertas El Colegio Nacional el 15 de mayo de 1943 en los momentos decisivos y más intensos de la guerra contra el nazifascismo, guerra que arrastró a casi todos los países y amenazaba cortar el camino de la humanidad hacia el progreso social. Eran momentos en que era esencial la tarea de fortalecer el frente antifascista de los pueblos del mundo y de los gobiernos partidarios de la paz y la democracia, o lo que es lo mismo, eran momentos en que en el seno de cada uno de los países aliados resultaba indispensable la unidad nacional para impedir fisuras que permitiesen la presencia y el fortalecimiento de los partidarios del nazifascismo.
En el plano nacional nuestro país también vivía momentos de intensa lucha de las mejores fuerzas del pueblo, de trabajo esforzado del Gobierno y de búsqueda afanosa de camino e instrumentos para fortalecer la obra de las mejores fuerzas del pueblo, de trabajo esforzado del Gobierno y de búsqueda afanosa de caminos e instrumentos para fortalecer la obra de la Revolución y de consolidar las armas de la nación a fin de garantizar la continuidad de la obra creativa en la etapa de la posguerra.
Eran entonces momentos en que el Gobierno de la República trazaba nuevos rumbos en la educación con instituciones de nuevo tipo, como el Instituto Politécnico Nacional; se ponían las primeras piedras para que en nuestro país se elevara a tarea de Estado el fomento de la ciencia y la tecnología con la creación de la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica y permeada la vida nacional la preocupación de dar aliento al desarrollo de la cultura; es decir, careciendo el país de cuadros superiores de la ciencia y la cultura en general, en el número y calidad que los objetivos nacionales exigían y careciendo también de un número suficiente de instituciones de excelencia donde se pudieran forma esos cuadros superiores de la inteligencia, los gobiernos revolucionarios echaban mano a la obra constructiva con gran visión, con audacia, sin perder de vista nunca los problemas de su tiempo, las responsabilidades de la nación y los propósitos del movimiento revolucionario.
Es en este marco, señoras y señores diputados, de grandes apremios y retos, que se funda El Colegio Nacional. Esas son las razones que explican los objetivos de esta respetable institución.
El Co legio Nacional se integra inicialmente y ellos son sus fundadores, con las 15 personalidades más representativas de la cultura de nuestro pueblo en los campos que en aquellos años se cultivaban: doctor Mariano Azuela, doctor Alfonso Caso, doctor Antonio Caso, maestro Carlos Chávez, doctor Ezequiel A. Chávez, doctor Ignacio Chávez, doctor Enrique González Martínez, doctor Isaac Ochoperena, ingeniero Ezequiel Ordóñez, José Clemente Orozco, doctor Alfonso Reyes, Diego Rivera, doctor Manuel Sandoval Vallarta, doctor Manuel Uribe Troncoso y licenciado José Vasconcelos.
A estas personalidades las reúne el Colegio formando una comunidad de cultura para la tarea de impartir enseñanzas representaran la sabiduría de la época, a fin de enriquecer y ampliar la cultura del pueblo.
¿Por qué esta tarea? Porque el Gobierno revolucionario tenía la firme convicción de que la cultura, nuestra cultura, es uno de los procedimientos más eficaces para afirmar la unidad nacional tan necesaria en esos momentos de la vida del mundo. De ahí que la enseñanza que habría de impartir El Colegio Nacional no estaría ayuna de propósitos. Su fin esencial, como lo afirma el decreto que lo crea, sería el de que se esforzara para que concurriera fundamentalmente a fortalecer la conciencia de la nación, que era la tarea de mayor trascendencia en esos días.
Esta elevada tarea sólo la podrían cumplir los hombres mejores del pueblo en esa etapa, esos 15 fundadores y los cinco que se incorporarían posteriormente para alcanzar la cifra de 20 que el decreto establecía como número máximo de miembros del Colegio. Es decir, El Colegio Nacional es una auténtica institución que se puso al servicio de la nación, su estructura fue resultado de la experiencia ajena, pero con objetivos y características propias de acuerdo a las condiciones del México de los años cuarenta.
De los 15 miembros fundadores del Colegio casi es ocioso hablar de sus méritos, porque todos ellos fueron grandes personalidades del México de este siglo. No sólo eran hombres singulares dentro de su especialidad, sino que su pasión por México los condujo a proyectar su creatividad a otros ámbitos de la vida social de nuestra patria, tales son los casos entre los cinco fundadores que cultivaron las disciplinas científicas de Ignacio Chávez e Isaac Ochoperena, quienes eminencias en la Cardiología y en la Biología,
respectivamente, hicieron suya con firme decisión la idea de fundar junto con el maestro Vicente Lombardo Toledano, una institución de nuevo tipo en el campo de las disciplinas científicas, la Universidad "Gabino Barreda", institución que diera origen a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, uno de los centros educativos de mayor jerarquía hoy día en América Latina en el campo de la Biología, pasión que nunca decayó, pues por ejemplo el doctor Chávez más tarde fue fundador de otras instituciones que por su calidad constituyen legítimo orgullo para nuestro país.
Tal es el caso también de Manuel Sandoval Vallarta, uno de nuestros más importantes sabios en el campo de la Física, reconocido en el extranjero y solicitado en cátedras de instituciones de prestigio internacional, quien además de ser pilar para el desarrollo de la Ciencia en México, aceptó la responsabilidad de dirigir al IPN de 1943 a 1947, consciente de la necesidad de que el politécnico tuviera éxito en sus objetivos mostrando con su práctica que una institución se hace grande cuando al frente de ella se encuentra una personalidad que sabe cómo cultivar las más altas disciplinas científicas y cómo se pueden forjar hombres de ciencia de alto nivel.
Lo es también el de Ezequiel Ordóñez, notable ingeniero que está íntimamente ligado al conocimiento y desarrollo de la industria más importante de México, la industria petrolera.
Como se puede ver, los fundadores del Colegio fueron revolucionarios en su especialidad, pero también en otros campos, donde México estaba urgido de acciones innovadoras. Ninguna duda puede caber de que El Colegio Nacional cumplió con honor la excepcional tarea que se le encomendó en los años de su creación y que en una decisión acertada amplió el número de sus miembros hasta 40, mediante decreto del presidente Luis Echeverría Alvarez, de noviembre de 1971.
Al cumplir 50 años de su existencia y trabajo fecundo, cabe preguntarnos si El Colegio Nacional puede y debe tener en el futuro tanta importancia para el país como cuando se creó y si sus tareas pueden tener la misma trascendencia de aquellas de los años cuarenta. A esta pregunta cabría hacerse otra, ¿acaso en la perspectiva de nuestro país se alzan amenazas contra las aspiraciones justas de su pueblo o se enfrentan retos que requieran del aporte esforzado de los cuadros mayores de la inteligencia nacional de hoy, como los que debieron enfrentar los primeros integrantes de El Colegio Nacional?
En el mundo de hoy día al alejarse la amenaza de guerra nuclear por la firme decisión de los pueblos y la convicción de muchos gobiernos de avanzar por el camino del desarme, por cierto que el Gobierno de nuestro país entre ellos, por voz de uno de los más distinguidos miembros del Colegio, el licenciado Alfonso García Robles, se ha iniciado una etapa nueva que ha puesto de manifiesto otros problemas y otras preocupaciones en relación con el futuro de la humanidad.
Liberados del temor a la guerra nuclear, ante nuestros ojos vemos cómo se despliega una poderosa fuerza transformadora que todo lo arrastra y todo lo influye de manera tan profunda y tan rápida, que asombra que en pocos años hayamos presenciado cambios en la vida política, social y cultural del mundo, que no tienen paralelo en la historia de la humanidad.
Esta es la fuerza transformadora de la ciencia y de la técnica, ámbitos de la actividad social cuyos cambios revolucionarios han coincidido en el tiempo, influyéndose y retroalimentándose mutuamente y penetrando en otros ámbitos como la producción industrial, los servicios, las telecomunicaciones y los transportes.
Las fuerzas productivas parecen haber entrado a una etapa de incesantes saltos de calidad, de tal manera que el mundo adquiere una portentosa capacidad productiva, se amplía el comercio a grado tal que el mundo parece tender a un solo mercado, mundo que parece hacerse más pequeño por la facilidad con que se conectan y se comunican los cinco continentes.
En este marco, se generan y se agudizan una serie de contradicciones que están influyendo en la vida de nuestro país y que si no sabemos hacerles frente con firme decisión y sabiduría, podríamos en un futuro cercano ver anuladas muchas de las aspiraciones legítimas de nuestro pueblo.
Por un lado, señoras y señores diputados, vemos cómo la creciente productividad de las empresas industriales requiere de mercados más amplios y un comercio liberado de entradas de todo tipo, en tanto que por otro, se forman mercados regionales y se aplican discriminadamente políticas proteccionistas para asegurar mercados y utilidades para los monopolios de uno o de un conjunto de países.
Vemos cómo frente a la universalidad creciente de la ciencia a causa de la formidable facilidad de comunicación y del intercambio sin barreras,
se han forjado las comunidades científicas del mundo, poniendo al alcance de cualquier país que tenga una sólida estructura científica, todos los frutos de la investigación científica en tanto que la tecnología se concentra en su generación en los laboratorios de los grandes monopolios de los países desarrollados.
Se transforma en una mercancía de muy elevado valor, inaccesible para los países en vías de desarrollo, ensanchándose la brecha entre países desarrollados y subdesarrollados y ensombreciendo la perspectiva de progreso de estos últimos. También vemos cómo los países desarrollados que han concentrado el mayor capital del mundo, dedican inmensos y crecientes recursos al fomento de la ciencia y de la técnica y reorganizan sus instituciones para hacerlas más creativas e innovadoras con menores recursos.
En tanto que por otro lado los países que poseen las mayores reservas de recursos naturales del mundo, carecen de capital o no han valorado suficientemente la necesidad de hacer el más grande esfuerzo en organización y en inversión para que su capacidad científica les permita incorporarse al desarrollo actual del mundo.
Finalmente, vemos cómo la explotación intensa de los recursos naturales por los países que los poseen todavía en cantidades bastantes, no constituye ya un medio seguro por la depreciación del valor de la materia prima tradicional para obtener los recursos que necesitan para financiar su modernización y por el contrario se está llegando al punto en que la depredación de los recursos atenta contra las posibilidades futuras de progreso de estos países y contra el equilibrio del medio ambiente global de la tierra.
Frente a esta realidad compleja, señoras y señores legisladores, México, como todos los países que tienen los mismos problemas que el nuestro, debe tratar de lograr sus objetivos en un mundo con una gran carga de inestabilidad generada por los cambios bruscos y las acciones de los grandes monopolios y gobiernos que nos representan en su pretensión de orientar el rumbo de las transformaciones para su exclusivo beneficio, o propiciada por las instituciones internacionales que se estructuraron para objetivos de una etapa que se está superando y que se muestran incapaces de responder a los intereses de la mayoría de los estados, cediendo en no pocas ocasiones a la política de presión de unos cuantos países.
A nuestro juicio, entonces, México se encuentra en una situación tan difícil o más que en los años cuarenta, porque se plantea ante nosotros el problema de si hemos de supeditarnos a los objetivos de los monopolios, de transformar el carácter y dimensión de los mercados, en función de sus intereses de modificar nuestras leyes e instituciones, para adaptarnos a propósitos que no son los nuestros, de permitir que se deforme nuestra cultura y tradiciones, en aras de una globalización que apenas se empieza a manifestar en algunos aspectos de la vida del mundo y que se esgrime en el terreno económico, sólo cuando, así conviene a los intereses de los países desarrollados.
En otras palabras, compañeros legisladores, México está ante el peligro de ver canceladas sus perspectivas de desarrollarse, en función de sus propios objetivos y de conservar su personalidad, si no actúa con celeridad y sabiduría para crear las condiciones internas que le permitan sumarse a las transformaciones del mundo de nuestro tiempo.
Por fortuna el país no está carente de los recursos necesarios para este desafío. De los años cuarenta a la fecha, gracias a la división del movimiento revolucionario, México ha cambiado mucho en forma positiva. El número de sus hombres de preparación superior se ha incrementado y la calidad de la obra de algunos de ellos, se ha reconocido que tiene nivel internacional, mediante los máximos honores académicos, tal como la del Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz, o la de la música del maestro Carlos Chávez.
Se han creado y desarrollado buen número de centros formadores de científicos, cuyos trabajos de investigación les han dado prestigio que traspasa nuestras fronteras, instituciones que no sólo se ubican en la capital de la República, sino también en algunas otras ciudades del interior del país.
Se ha creado un sistema que tiende a estimular y crear condiciones favorables para el trabajo de los hombres de ciencia y tecnólogos más capaces del país.
El Estado ha creado centros de investigación, con objetivos y propósitos nuevos fuera de las instituciones educativas, para apuntalar el desarrollo de la industria y los servicios y está por dársele forma a un Sistema Nacional de Creadores. Sin embargo, con ser muy valioso lo realizado hasta ahora, resulta ser insuficiente frente a las metas actuales de la nación y frente a los ritmos de los cambios y la naturaleza de las contradicciones de nuestro tiempo.
Ahora que se acepta y reconoce a la ciencia y a la técnica como elementos estratégicos para la modernización de la vida social, México está urgido de cuadros en estos campos, en una cantidad muy superior a la que disponemos hoy día y en calidad semejante a la de los mejores del mundo.
Necesitamos saber cómo lograr que nuestras actuales instituciones, se transformen para elevar la calidad de su trabajo y acrecentar su capacidad de formar recursos humanos.
Necesitamos saber qué nuevo tipo de instituciones o centros de investigación se han de crear y, sobre todo, requerimos precisar qué mecanismos sociales y qué leyes específicas operan para que se dé esa interacción tan creativa y productiva entre la industria, sus laboratorios industriales, los centros de investigación, las instituciones de educación superior, los mecanismos de financiamiento y el mercado; interacción que ha hecho posible ese ritmo de crecimiento de las fuerzas productivas, en los países que van adelante en los cambios económicos del mundo.
En suma, de lo que se trata es de encontrar el camino para que la ciencia y el desarrollo tecnológico sean parte fundamental de la política nacional, desde el punto de vista económico y social y también cultural. Si lográsemos este objetivo en los plazos que nos impone la realidad, estaríamos estableciendo las bases para el desarrollo material. La ciencia es la base de la cultura, pero no lo es todo. Necesitamos también saber para qué progresamos, para qué queremos desarrollarnos con independencia, para qué queremos una soberanía fortalecida.
Para dar respuesta a estas interrogantes necesitamos la cultura en sus diversas expresiones, para conservar la unidad nacional, darle orientación a nuestro progreso, fortalecer nuestra personalidad y hacer llegar al pueblo los frutos de nuestra necesaria modernización.
Por estas razones, compañeros legisladores, la nación necesita de El Colegio Nacional, tal vez con mayor urgencia que en el pasado. ¿Quién ha de darle las orientaciones generales sobre cómo hacer ciencia y tecnología de la mayor calidad, de cómo crear instituciones de nuevo tipo y de qué manera se han de formar los nuevos cuadros superiores que necesita nuestra patria? ¿Quién ha de opinar acerca de cómo la nación puede distribuir sus fuerzas y sus recursos para las grandes transformaciones de las que estamos tan necesitados? ¿Quién o quiénes han de orientar al poder público y a nuestras instituciones, para abrir amplio cauce a los nuevos creadores de la cultura que rescaten y enriquezcan nuestras tradiciones y por ese medio fortalezcan la unidad nacional? ¿Quiénes han de ser, señoras y señores legisladores, si no nuestros mejores hombres en todos los campos del saber y la cultura?
Pero ¿cómo pueden llevar a cabo sus tareas de hoy y cuáles deben ser éstas?
Veamos por ejemplo la situación de los hombres de ciencia que forman parte de los actuales 40 miembros de El Colegio Nacional; son científicos en plenitud de funciones, con elevada productividad, que tienen a su alrededor un número importante de discípulos que seguramente serán parte de nuestros futuros hombres de ciencia, que cuentan con todo el apoyo de las instituciones donde laboran diariamente, que imparten conferencias ante auditorios especializados, como parte de su actividad normal, que disponen del financiamiento oportuno de el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y que forman parte del sistema nacional de investigadores, lo cual les permite estar a salvo de las presiones de los bajos salarios.
De esta manera, vemos que la naturaleza de las nuevas tareas que debe plantearse el Colegio, no son fáciles de precisar; deben ser analizadas con todo rigor, principalmente por parte de los miembros mismos del Colegio.
De nuestra parte, tenemos la firme convicción de que la enseñanza debe de seguir siendo una de sus funciones, pero tal vez enfocándola a dos niveles, uno para los centros de investigación y de educación superior de la capital y del interior del país y otro para lograr que el mayor número posible de mexicanos con el mismo propósito original concurra a fortalecer la conciencia de la nación.
Para este fin, El Colegio Nacional debe disponer de los recursos y medios más avanzados, de los sistemas de comunicación para que sus conferencias lleguen a todos los centros de investigación del país en el primer caso y en el segundo, que tenga acceso a la televisión y otros medios masivos, para que la sabiduría de la época pueda realmente ser accesible a millones de mexicanos y formar parte de su cultura.
Para ampliar el ámbito de su acción creativa, aparte del empleo de técnicas modernas, podría pensarse en sedes regionales que lo convertirían en auténtica institución de carácter nacional.
Otra posible tarea para El Colegio Nacional, tal vez la más trascendental, sería la de convertirse
en el mayor órgano de asesoría del Gobierno de la República, para la planificación y orientación general de la política nacional en materia de ciencia, tecnología y cultura, todo ello bajo la libertad absoluta que ha caracterizado sus trabajos hasta hoy, en estricta correspondencia con su lema "Libertad por el saber", que en los tiempos que corren y sobre todo en el futuro, tiene y tendrá mayor significado y vigencia que en los tiempos de su fundación.
Estamos seguros que con el aporte creador de los integrantes del mismo Colegio Nacional, que debería incrementar su número por haber madurado las condiciones para que ello se dé, sin demérito de su excelencia, precisadas sus nuevas tareas y con facultades adicionales, si estas últimas así lo exigen y contando con los recursos suficientes que estamos seguros el Gobierno de la República estará dispuesto a asignarle, El Colegio Nacional sabrá hacer honor a nuestra época, contribuyendo como órgano colectivo y estado mayor de la inteligencia nacional, a la construcción del México del Siglo XXI.
Señoras y señores diputados: El Colegio Nacional representa lo mejor de nuestro pueblo y, siendo la Cámara de Diputados la máxima representación popular, se honra a sí misma al honrar al Colegio Nacional en su L aniversario. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Alvaro Salazar Lozano.
El diputado Alvaro Salazar Lozano:
Licenciada María de los Ángeles Moreno, Presidente de la Gran Comisión de la honorable Cámara de Diputados; señor Presidente de esta honorable Cámara; ciudadanos, señoras y señores diputados, ciudadanos miembros de El Colegio Nacional, distinguidos invitados:
Este recinto, el más libre y vasto de la patria y desde la más alta tribuna de la República, rendimos justo homenaje al Colegio Nacional, selecta casa del saber y la libertad.
Expresamos nuestro pleno reconocimiento a los miembros de esta valiosa institución, quien a lo largo de 50 años de fructífera vida, han dado ejemplo de talento y creatividad.
El Colegio Nacional ha contribuido en forma vigorosa a la transformación de la sociedad mexicana, a su desarrollo cultural e integral y ha expresado plenamente la enorme riqueza espiritual que posee el pueblo de México.
El Colegio Nacional tuvo como precedente El Colegio de Francia, que reunió a lo más selecto de la inteligencia francesa, desde ahí hacía llegar sus luces intelectuales a todo el mundo.
Para orgullo nuestro, El Colegio Nacional no se ha ido a la zaga ni ha desmerecido en sus hombres ni en sus propósitos, por el contrario, ha dado gloria y prestigio a México.
El Colegio Nacional se crea el 8 de abril de 1943, por el caballero presidente Manuel Ávila Camacho; más tarde lo reorganiza en noviembre de 1971 el presidente Luis Echeverría Alvarez, para aumentar el número de sus miembros y darle un radio de acción más amplio, haciéndolo llegar a la provincia.
Los 15 fundadores del Colegio fueron miembros de una generación brillantísima, exponentes de las más diversas disciplinas del saber humano y de las artes, los que ya de tiempo atrás habían sido reconocidos por sus méritos.
El promotor e impulsor de esta gloriosa institución fue don Antonio Caso, ilustre pensador, vigoroso moralista, destacado filósofo y conciencia de México, como alguien lo llamara, convocó a esa pléyade de ilustres mexicanos con propósitos muy definidos: Encauzar al espíritu patrio; darle libertad plena para su desarrollo; transmitirlo para educar al pueblo; dar a conocer su riqueza plural y despertar la sana ambición de adquirir nuevas expresiones culturales.
El decreto que crea El Colegio Nacional considera como ineludible deber del Gobierno fomentar, dentro de sus más vastas posibilidades, el desarrollo de la cultura científica, filosófica y literaria.
Señalaba como inaplazable la necesidad de establecer un Colegio encargado de la divulgación libre de las limitaciones, requisitos y modalidades que los planes, programas y métodos imponen a las instituciones universitarias.
Implícitamente otorgaba autonomía a esta institución, evitando nexos o ligaduras con personas u organismos, cualquiera que fuera su rango o jerarquía.
El decreto vislumbraba, muy anticipadamente, la oportunidad no sólo de ampliar la cultura, sino difundirla en toda su extensión y fomentarla,
para así encontrar a través de ella, el lazo más firme para la unidad nacional, mística que ha significado la más segura y confiable defensa a favor de los intereses patrios y soberanía nacional.
La unidad y lealtad a la patria, por encima de cualquier ideología, son el timón que ha dado a lo largo de su historia: sentido, rumbo y fortaleza a sus instituciones.
El Colegio Nacional ve la luz en momentos de suprema angustia mundial. Nace en una época en que la demencia fascista causaba terror, persecuciones y crímenes; etapa preñada de odio, de mitos, delirios xenofóbicos y dentro de esa vorágine dramática, el pueblo mexicano da respuesta vigorosa y gallarda a las expresiones de barbarie, mostrando a todos los pueblos del orbe su vocación pacifista, al crear El Colegio Nacional, receptáculo abierto de todas las corrientes ideológicas, bajo marcos de libertad y respeto.
El pueblo de México a lo largo de su historia ha sido amante de las libertades. Y habiendo tenido que sufrir durante mucho tiempo presiones funestas, cuando lograr liberarse de ellas consagra de inmediato en su Constitución "el respeto a los derechos y garantías individuales y sociales".
Desde su inicio El Colegio Nacional albergó a personajes que representaban diversas corrientes de pensamiento. No impuso cortapisas; insistió tan sólo en un compromiso: La fidelidad de su conciencia y la superación de México.
Hoy manifestamos admiración y respeto por todos los miembros de El Colegio Nacional: Los de ayer y los de hoy; los ausentes y los presentes, todos a través de su talento han dado prestigio a la patria.
De los primeros fundadores, quien no recuerda los estrujantes relatos de Mariano Azuela; los sorprendentes descubrimientos de Alfonso Caso; la fuerza epopéyica en las pinturas de Orozco; del controvertido Rivera, que deja plasmada la historia patria en los murales del Palacio Nacional, para darnos cátedra y revelarnos su amor por lo prehispánico y el drama original del mexicano.
De Carlos Chávez, gracias a su energía da un formidable impulso al movimiento musical de México; Ignacio Chávez crea el Instituto de Cardiología, único en su género en el mundo; Ochotorena es un citólogo de reconocimiento universal; Vasconcelos se recuerda por su sobresaliente obra pedagógica, crea el hombre cósmico e insiste en el pensamiento Bolivariano y Juarista.
Sandoval Vallarta, es un físico excepcional; González Martín, un encumbrado poeta; Alfonso Reyes, un literato cuya fama es de talla universal; Ordóñez es pionero de la industria petrolera; Ezequiel Chávez, un destacado maestro y el eminente médico Uribe y Troncoso.
Todos encabezados por el excelso Antonio Caso.
A ellos han seguido otro grupo selectísimo de mexicanos prominentes, los que han mantenido vigente el enorme prestigio que tiene El Colegio Nacional.
El lema que adoptó desde el principio fue el de "Libertad por el saber". Crea este apotegma, para insistir en dos principios fundamentales, rectores en el devenir histórico de la patria: libertad y cultura, porque cuando el pueblo se cultiva se logra libertad plena.
No se concibe al artista, al sabio, al genio, sin libertad. Miles de hombres ejemplares como Tácito, Séneca, Pasternak, Galileo, Servet, Fernández Lizardi vivieron en condiciones opresivas, perseguidos, atacados, vilipendiados, sin libertad exterior muchos de ellos, pero todos sin excepción provistos del temple anímico que da la libertad interna, la que estimula su soledad creativa y sin que importe su destino, al final, dejan en libertad a sus ideas.
Torres Bodet, miembro de este Colegio, dijo en alguna ocasión: todos los hombres de buena fe conocen el valor de la libertad y han aprendido que la libertad es compromiso, servicio, riesgo y responsabilidad.
Esta libertad debe dar equilibrio entre arte y técnica, es el desideratum de la época actual, porque si ese equilibrio se interrumpiera, representaría grave peligro para la cultura y amenaza inminente para la libertad.
En la epopeya fascinante de Don Quijote, éste señala a Sancho Panza: "El hombre que pierde la libertad pierde lo más preciado."
Servando Teresa de Mier recientemente honrado por esta Cámara, hablaba acerca de la libertad depositada en el corazón de todos los americanos.
Tácito insistía en ella cuando decía: "Más quiero a la peligrosa libertad que la servidumbre tranquila".
En un discurso en Querétaro un miembro de esta Cámara, recordaba como en las Actas del Congreso Constituyente aparecía esta frase: "Nosotros no queremos la independencia por la independencia, sino la independencia por la libertad".
Mill dice: "No hay libertad por renuncia a la libertad".
Octavio Paz al ingresar al Colegio Nacional se refirió al tema del mismo, comprometiéndose a cumplir ese ideal, añadiendo lo siguiente: "Creo que no hay libertad sin saber y sólo el verdadero sabio es verdaderamente libre. El saber conduce a la libertad".
El autor del Laberinto de la Soledad, prioriza la crítica para hacer de ella la expresión más comprometida de la libertad y concluye afirmando que: "La libertad del saber se llama a sí misma crítica".
El espíritu crítico de la gran conquista de la edad moderna, nuestra civilización se ha fundado sobre la adopción de crítica. Nada es sagrado e intocable para el pensamiento, excepto la libertad de pensar.
La libertad, entonces, es sin duda, el don más apreciado al que aspira el hombre y sólo en ella se sublima el espíritu para lograr sus verbales expresiones.
La libertad es lucha e ideal, irremplazable para los mexicanos, enraizada en su entraña misma, en su conducta, en su mismo ser. El mexicano aspira a tener mayores conocimientos cada día, pero en libertad. Este es el motivo y justificación del lema del Colegio: "Libertad por el saber."
El emblema de este Colegio es el águila a punto de emprender el vuelo. Es el saber mismo en busca de mayores espacios de libertad.
El Colegio Nacional por todo ello, debe continuar como lo ha hecho durante su fecunda existencia, siendo promotor incansable del saber en libertad.
Este espíritu de libertad debe acometer nuevas empresas. Vencer los nuevos retos de los tiempos modernos que imponen cambios a ritmo vertiginoso. Fundir lo arcaico con lo moderno; ser matraz del arte y de la ciencia; ecuménico sin desdeño de lo nuestro; Quijote que lleva en su lanza el saber y el arte para desfacer entuertos e imponer justicia.
Merece por ello El Colegio Nacional los apoyos solidarios para así ampliar su promisorio horizonte, sin duda, sus éxitos serán triunfos de México.
Larga y fecunda vida auguramos a El Colegio Nacional. Seguirá existiendo su gallarda trayectoria. Seguirá siendo presencia ejemplar para las futuras generaciones. Así lo deseamos para bien de México.
El Presidente:
Esta Presidencia, a nombre de los integrantes de la honorable Cámara de Diputados, agradece la presencia de nuestros distinguidos invitados a esta sesión solemne.
Se levanta la sesión solemne. Se ruega a los diputados permanecer en sus lugares para iniciar la sesión de Cámara de Diputados.
(A las 12.40 horas): Se abre la sesión. Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria Alicia Montaño Villalobos:
«Segundo Período de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LV Legislatura.
Orden del día
29 de junio de 1993.
Sesión solemne.
Lectura al acta de la sesión anterior.
Proposición de la Gran Comisión.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Guanajuato y Puebla.
Iniciativa de diputados
De Reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Por el que se comunica que la ciudadana Estela Díaz de Salas Poyo, han dejado de prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Dictamen de primera lectura
De las comisiones unidas de Reforma Agraria y de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes orgánicas de los Tribunales Agrarios y Agraria.
Lectura de un documento relativo a la iniciativa para que se inscriba con letras de oro el nombre de "Vicente Lombardo Toledano" en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Comentarios del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre la situación de la Industria Eléctrica.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de acuerdo en torno de la cartera vencida en el ámbito agropecuario.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a la situación de los jubilados.
Intervención del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hacer comentarios sobre cuestiones electorales en el Estado de México.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre reflexiones en torno a las garantías individuales que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Comentarios el grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, en torno a hechos bélicos acaecidos en Irak.
Intervención del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a la situación de los trabajadores del Inmecafé.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente:
En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la Asamblea, si se le dispensa la lectura.
La secretaria Alicia Montaño Villalobos:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.
«Acta de la Sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y tres, correspondiente al Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado Romeo Flores Leal
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con cincuenta y seis minutos del día veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y tres, con una asistencia de trescientos cincuenta y tres diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da cuenta con el orden del día y la Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, misma que, sin discusión se aprueba en sus términos.
Una invitación del Departamento del Distrito Federal al acto cívico conmemorativo del centésimo septuagésimo nono aniversario luctuoso del general Hermenegildo Galeana. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados.
Se concede el uso de la palabra al diputado Emilio Badillo Balseca, del Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativa de reformas al artículo ciento cuarenta de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Sube a la tribuna el diputado Hiram de León Rodríguez, del mismo partido, quien presenta iniciativa de reformas al artículo ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Hace uso de la palabra el diputado Miguel Gómez Guerrero, del mismo Partido, quien presenta iniciativa de reformas al artículo ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la misma Comisión que la anterior.
En virtud de que el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto
de decreto que reforma el artículo segundo de la Ley que establece las bases para la ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento, fue impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la lectura y se pone a discusión de inmediato.
Para expresar sus opiniones en pro del dictamen, hacen uso de la palabra los diputados Sergio González Santa Cruz, del Partido Revolucionario Institucional y Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y la Secretaría recoge la votación nominal, misma que resulta aprobatoria por trescientos noventa y dos votos. Pasa al Senado de la República para los efectos constitucionales.
Por las mismas razones que el anterior, se dispensa la lectura y se somete a discusión de inmediato, el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se autoriza al Ejecutivo Federal para aceptar las enmiendas que se indican, al Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional.
Suben a la tribuna para apoyar el dictamen y fundamentar su voto, los diputados José Azanza Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional y Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática.
La Asamblea considera el dictamen suficientemente discutido y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos veintiún votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
También se dispensa la segunda lectura, por las mismas razones que los anteriores, al dictamen de las comisiones de Comercio y de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio y del Código Federal de Procedimientos Civiles y se pone a discusión de inmediato.
Para fundamentar los votos de sus respectivos grupos parlamentarios, hacen uso de la palabra los diputados: Alfonso Rivera Domínguez, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Lucas del Arenal Pérez, del Partido Acción Nacional, en pro; Ricardo Valero Recio Becerra, del Partido de la Revolución Democrática, para informar que su partido se abstendrá; Jesús Berrospe Díaz, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en pro y Servando Hernández Camacho, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en pro.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos cuarenta y cinco votos. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Por las mismas razones que los anteriores, se dispensa la lectura al dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con opinión de la de Justicia, con proyecto de Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Fundamentan su voto en pro, en la discusión en lo general de este dictamen, los diputados Juan Cárdenas García, del Partido Revolucionario Institucional; Samuel Moreno Santillán, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Manuel Terrazas Guerrero, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Guillermo Flores Velasco, del Partido de la Revolución Democrática; Javier Centeno Ávila; Francisco Dorantes Gutiérrez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para rectificar hechos; Gilberto Rincón Gallardo, del Partido de la Revolución Democrática; Salvador Abascal Carranza, del Partido Acción Nacional, quien propone una modificación al artículo diecisiete y José Ruiz de la Herrán y Villagómez, del Partido Revolucionario Institucional.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general y se reserva para la votación nominal en un solo acto.
Solicitan y se concede el uso de la palabra, para la discusión en lo particular y para hacer diversas proposiciones de reforma, a los diputados: Samuel Moreno Santillán, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, a los artículos cuarto y veintidós; Manuel Terrazas Guerrero, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, a los artículos quinto, nono, dieciséis, diecisiete, veintiséis, treinta, cuarenta, cincuenta y dos, cincuenta y cuatro, sesenta y nueve, y un nuevo artículo sesenta y tres; Victoria Reyes Reyes, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos; Aníbal Pacheco López, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos; Manuel Terrazas Guerrero, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para rectificar hechos, en dos ocasiones; José Ruiz de la Herrán y Villagómez, del Partido Revolucionario Institucional, para
rectificar hechos; Evangelina Corona Cadena, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos nono y cuarenta; Domingo Alapizco Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos; Patricia Ruiz Anchondo, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos diecisiete y cuarenta.
El Presidente informa que en virtud de que el diputado Salvador Abascal Carranza, ya ha presentado sus proposiciones de reforma al artículo diecisiete, se reserva para su votación al término de la discusión en lo particular.
Continúa el debate y suben a la tribuna, para hacer diversas proposiciones, los diputados Francisco Saucedo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos sesenta y siete, sesenta y ocho, sesenta y nueve, segundo, diecinueve, veintinueve, sesenta y tres y sesenta y cuatro; Paloma Villaseñor Vargas, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos; Guillermo Flores Velasco, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; Salvador Abascal Carranza, del Partido Acción Nacional, para contestar alusiones personales y Gilberto Rincón Gallardo, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos.
Se someten a consideración de la Asamblea las proposiciones hechas durante el debate y la Asamblea acepta las presentadas por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, a los artículos diecisiete, treinta y cincuenta y dos; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana a los artículos cuarto y veintidós y por el Partido de la Revolución Democrática, a los artículos segundo, diecisiete, diecinueve, cuarenta y setenta.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos noventa votos.
El Presidente hace un reconocimiento al trabajo realizado en el dictamen y discusión de esta iniciativa y se turna al Senado de la República para los efectos constitucionales.
Se da segunda lectura y sin discusión se aprueba en votación económica, un dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Cassio Luesilli Fernández pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Corea. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Para referirse a lo que se calificó como violación a los reglamentos de reclusorios, suben a la tribuna los diputados Luisa Alvarez Cervantes, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en dos ocasiones y Guillermo González Díaz, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las veinte horas con cincuenta y cinco minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo martes veintinueve de junio de mil novecientos noventa y tres a las diez horas con treinta minutos.»
El Presidente:
Ruego a la Secretaría poner a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior y si algún diputado desea hacer alguna observación a la misma, sírvanse manifestarlo.
La secretaria Alicia Montaño Villalobos:
Está a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior.
¿Hay algún diputado que desee hacer observaciones a la misma?..
Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta.
DECESO DEL DIPUTADO LORENZO DUARTE GARCÍA
El Presidente:
Esta Presidencia tiene la pena de participar a la Asamblea que el día 25 de junio falleció nuestro compañero el diputado Lorenzo Duarte García, electo en la IV circunscripción.
El diputado Juan Moisés Calleja García (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra.
El Presidente:
Tiene la palabra el compañero Moisés Calleja García.
El diputado Juan Moisés Calleja García:
Señor Presidente; compañeras y compañeros:
Casi ayer subió a esta tribuna el diputado Lorenzo Duarte, quien con la pasión de su gran vocación social solicitó y obtuvo la comprensión de esta honorable Cámara, para que la Ley de Puertos tuviera una adición a fin de que su texto no diera lugar en el futuro a que una rama de trabajadores de los puertos que desde siempre tenían y tienen ese carácter, lo perdieran, pues se proponía su conversión en sociedades mercantiles que los iba a sustraer del ámbito de la Ley Federal del Trabajo.
Llegó a esta tribuna y explicó la preocupación; propuso la adición al artículo respectivo de la Ley citada y al aceptarse dentro de su mayor satisfacción y con su amplia sonrisa, la que siempre tuvo, de hombre bien nacido por así decirlo, correspondió a miles de trabajadores del alijo, de la estiba y desestiba en los puertos nacionales la ratificación de sus derechos individuales y colectivos, los de la seguridad social, del Infonavit, que continuaban incólumes, afirmando que su patrimonio acaso todavía limitado y aún faltante de plena justicia social, seguiría con paso firme dentro de una legislación permanentemente formada para encontrar con autenticidad el equilibrio entre los factores de la producción.
Su primera vivencia fue en Coahuila, tierra donde el horizonte se torna amplio y donde sus hombres bravíos y generosos, se rebelaron contra la ignominia histórica dado el deshonor de los claudicantes ansiosos de poder y al servicio de una burguesía que todavía tiende a hacer más pobres a los que se encuentran en tal condición. Ellos levantaron su coraje y con el Varón de Cuatro Ciénegas, forjaron el Plan de Guadalupe, se lanzaron a la Revolución Constitucionalista que lleva a las clases trabajadoras derechos fundamentales en la Constitución Política de 1917, origen de una normativa esplendorosa que entrega la legislación laboral a la clase obrera.
Quien en una sesión de esta Cámara, realizada la semana pasada al expresar en la tribuna su defensa de su clase, pues se había nutrido en los ideales de la propia Revolución, en los sinsabores de la pobreza, con una educación en las escuelas del pueblo y que desde temprana edad tuvo que impulsarse en el trabajo para cooperar al sostenimiento del hogar paterno y encontrar acomodo en algo que siempre le atrajo con los niños de su época: el ferrocarril. Saltó a la palestra en la vida, alentado por el ideal y dispuesto al sacrificio por el proletariado del cual formaba parte. Fue autodidacta sobresaliente, vivió en las postrimerías de la lucha armada, concursó y manejó en los monstruos que le avasallaron, o sea el ferrocarril y entró en las filas del sindicato que tanto impacto tendría en su destino.
Incansable frente a la arbitrariedad, con la imposición que hiere la dignidad de quien trabaja; empezó su tarea en las asambleas; se destaca, lo quieren y lo admiran sus compañeros y así, en el caminar de su existencia, llegó al puesto más elevado de su gremio: fue secretario general de uno de los sindicatos más importantes de México: el ferrocarrilero.
Jamás alguien lo tildó de mal dirigente, de inmoral o corrupto; siempre fue respetado y gozó del estímulo, estimación de sus compañeros.
Cuando de buena fe algunos de ellos y dados sus antecedentes le sugirieron aceptar la reelección en el mandato, tomó determinación distinta. No podía ser de otra manera de quien se forjó con el ideal político de la Revolución: la no reelección. Fue alérgico a la proposición, fortaleció el proceso democrático y entregó la dirección nacional sin figurar en el proceso electoral, a quien tuvo mayor simpatía de los trabajadores.
En el orden nacional, fuera de su gremio, también sobresalió y es electo como Presidente del Congreso del Trabajo. También en él deja huella de su capacidad y de su calidad humana, tiene autoridad y condición en la dirección.
Asimismo, en el ámbito de esta organización de la mayoría nacional de trabajadores, obtiene y recoge distinción y cariño de los trabajadores de México.
Llega a la diputación federal, es compañero de nosotros, legislador de la LV Legislatura Federal y al igual que cualquiera de nosotros, no se quedó sólo en el arduo trabajo de la Cámara, en el de las comisiones, en las sesiones.
Cada fin de semana enfilaba su automóvil hacia Coahuila; hacía actos de presencia en Ramos Arizpe, para conocer y buscar soluciones a la compleja problemática de sus electores; tocando puertas, satisfaciendo necesidades fueron las tareas también durante su mandato.
Hace unos cuantos días en el cumplimiento de sus responsabilidades, en la obra impuesta a su conciencia de luchador infatigable, en el desempeño de su propio ministerio, fue el que va a soportar el brutal impacto de un trailero que sin ninguna precaución, invadió el carril contrario estrellándose su automóvil.
Así murió nuestro querido amigo y compañero, el diputado: Lorenzo Duarte. Hoy, falta entre nosotros, su espíritu y el recuerdo de una excelente vida entre los integrantes del sector obrero de esta honorable Cámara de Diputados y de los tantos compañeros y amigos que hizo en este lugar.
Venimos a la tribuna a recordarle y, apoyado en la fraternidad que confirma y distingue a la LV Legislatura, agradeceré al Presidente de esta honorable Cámara, proponga un minuto de silencio para el ido, para un integrante de nuestra Legislatura, para un dirigente social, para un gran compañero. Muchas gracias.
El Presidente:
Se ruega a los diputados ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en su memoria.
Muchas gracias.
El diputado Emilio Becerra González (desde su curul):
Pido la palabra.
El Presidente:
¿Con qué objeto, compañero Becerra?
El diputado Emilio Becerra González (desde su curul):
Para referirme a la muerte del compañero Lorenzo Duarte.
El Presidente:
Tiene la palabra el compañero Becerra.
El diputado Emilio Becerra González:
Con su venia, señor Presidente;
Compañeras y compañeros diputados:
Ante el impacto social y personal que en mí causó el fallecimiento del diputado Lorenzo Duarte y por la amistad que me unía con él, considero un compromiso y una obligación referirme, aunque sea someramente, a su actividad en los trabajos de esta Legislatura.
Conocí personalmente al diputado a través de nuestra relación como miembros de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, de la que él fue secretario. Y tuve la oportunidad de estrechar esa amistad con él, en el viaje que organizó la Comisión a conocer el desarrollo y el funcionamiento del ferrocarril Chihuahua - Pacífico, así como las instalaciones portuarias en Los Mochis y Topolobampo.
Recuerdo su preocupación por la legalidad, por la institucionalidad y por los más altos intereses de la patria. Y también recuerdo que con motivo de esa amistad y por sugerencia de él, se me hizo el encargo de, a nombre de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, dar las gracias a las autoridades que nos acompañaron en la comida final en Los Mochis.
Igualmente recuerdo la encomienda que me hizo al respecto en el reciente viaje que hicimos al Puerto de Tampico y al Puerto de Altamira para analizar la conveniencia de la Ley de Puertos, que recientemente se aprobó en esta Cámara.
Recuerdo que en esos viajes y en algunas pláticas que tuvimos, él estaba muy preocupado por la situación del ferrocarril y de los trabajadores ferrocarrileros.
Todos sabemos que en el actual período de Gobierno se ha despedido, a través de un programa que se llama Programa de Retiro Voluntario, a una gran parte de la planta ferrocarrilera.
El diputado Duarte, ex líder nacional de ese gremio, estaba muy preocupado por esa situación y solamente su apego institucional era el que lo hacía que de alguna manera aceptara este tipo de medidas, pero sin dejar de reconocer que estaban afectando de manera importante a la clase trabajadora y en especial al gremio ferrocarrilero.
Ante las encomiendas constantes y la confianza que él me tuvo al confiarme las despedidas a nombre de la Comisión, estoy seguro que a él le hubiera gustado que de alguna manera yo también hiciera una despedida de él en esta Cámara.
Por lo tanto, aceptando esa encomienda Lencho, te digo que a nombre de la Cámara y al mío propio siempre te recordaremos como un hombre leal al sistema y a las instituciones, ¡pero sobre todo un hombre leal a los trabajadores, a la amistad verdadera y a los más altos fines de la patria! ¡Salud!
El Presidente:
Ha solicitado hacer uso de la palabra, para rectificar hechos, el diputado Rigoberto Arriaga.
Tiene la palabra el compañero Arriaga.
El diputado Rigoberto Arriaga Ruiz:
Con su permiso, señor Presidente:
Hace escasos dos ó tres minutos, a petición del diputado Calleja, de la C T M, los integrantes de esta Legislatura nos pusimos de pie para guardar un minuto de silencio por la irreparable pérdida de nuestro compañero diputado Lorenzo Duarte.
La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, partido integrado por obreros y campesinos, por obreros manuales e intelectuales, viene a dar sus más sentidas condolencias a los diputados obreros aquí presentes y a todos ustedes en lo general.
Queremos expresar que un mexicano que dedicó los mejores años de su vida a servir a su clase social y que por sus méritos, por su dedicación, formó parte de esta Legislatura, indiscutiblemente merece nuestro respeto, nuestro reconocimiento de los diputados del Partido Popular Socialista.
Reciban pues, compañeros diputados de la C T M, todos los diputados obreros, nuestras más sentidas condolencias. Gracias señor Presidente.
El Presidente:
Continúe la Secretaría con los demás asuntos en cartera.
GRAN COMISIÓN
El secretario Luis Moreno Bustamante:
Proposición de la Gran Comisión.
«Acuerdo para incorporar a los diputados a diversas comisiones.
Honorable Asamblea: La Gran Comisión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 47, fracción IV, 50, 51 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y
CONSIDERANDO
1. Que es necesario ajustar la integración de comisiones y comités, en virtud de que algunos ciudadanos diputados han solicitado licencia para separarse de sus funciones, misma que les fue concedida en términos del artículo 62 constitucional, incorporándose los respectivos suplentes al trabajo legislativo;
2. Que es necesario incorporar a comisiones a los diputados que han tomado protesta recientemente;
3. Que se requiere integrar al trabajo en comisiones a diversos diputados que ha expresado su interés sobre el particular y,
4. Que es facultad del Pleno de la Cámara de Diputados sancionar las propuestas de la Gran Comisión, en lo que se refiere a la integración de comisiones y comités; somete a la consideración de esta Asamblea el siguiente
ACUERDO
Primero. Se incorporan a comisiones los siguientes ciudadanos diputados:
Rogelio Audiffred Narváez: Comunicaciones y Transportes; Distrito Federal; Educación; Gobernación y Puntos Constitucionales; Patrimonio y Fomento Industrial y Relaciones Exteriores.
Mario del Valle Fernández: Relaciones Exteriores.
Alfredo Gómez Gómez; Agricultura.
José Mendoza Padilla; Agricultura; Ganadería; Reforma Agraria y Turismo.
Alicia Montaño Villalobos: Marina.
Luis Salgado Beltrán; Justicia.
Leodegario López Ramírez, David Palacios García, José Francisco Moreno Barragán, Anacleto Mendoza Maldonado, Hugo Francisco Miranda Mora, Hugo Arce Norato: Bosques y Selvas.
Segundo. Se retira de la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial el diputado Luis Salgado Beltrán.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a los 29 días del mes de junio de 1993.- Diputada María de los Ángeles Moreno Uriegas presidenta de la Gran Comisión; diputado Roberto Madrazo Pintado, secretario de la Gran Comisión y el diputado Rodolfo Becerril Straffon, secretario de la Gran Comisión.»
El Secretario Luis Moreno Bustamante:
En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo..
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada la proposición.
ESTADO DE GUANAJUATO
El secretario Luis Moreno Bustamante:
Se va a dar lectura a dos comunicaciones.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
El honorable Quincuagésimo Quinto Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, comunica que en sesión celebrada el día de hoy, inauguro su Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de su ejercicio legal; procediendo a la elección de la mesa directiva que fungirá durante su primer mes, la cual quedó integrada de la siguiente manera:
Presidente, diputado Francisco Javier Alcaraz de la Rosa; vicepresidente, diputada Delia Ponce López; primer secretario; diputada Celeste Gómez Fragoso; segundo secretario, Eusebio Moreno Muñoz; prosecretario, diputado Pascual Ramírez Córdova.
Sin otro particular me es grato reiterarles las seguridades de mi consideración distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección
Guanajuato, Guanajuato, 15 de junio de 1993.- Diputados secretarios: licenciado Celeste Gómez Fragoso y licenciado Eusebio Moreno Muñoz.»
De enterado.
ESTADO DE PUEBLA
El secretario Luis Moreno Bustamante:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Honorable Congreso del Estado de Puebla.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 52 y 55 de la Ley Orgánica y Reglamentaria del Poder Legislativo, nos permitimos informar a usted que el día 1o. de junio del año en curso se iniciará el Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio legal de ésta Quincuagésima Segunda Legislatura.
Asimismo, hacemos saber la integración de la mesa directiva que fungirá del 1o. de junio al 31 de julio del presente año, por los ciudadanos diputados siguientes:
Presidente, José Luis Ayala Corona; vicepresidente, Jorge Barrón Levet; secretario, Fernando Ortiz Aldana; secretaria, América Soto López; prosecretario, Raúl Godos Langle; prosecretario Felipe Vázquez Sánchez.
Lo que comunicamos a usted, para los efectos correspondientes, reiterándole las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Honorable Puebla de Zaragoza, a 27 de mayo de 1993.- Diputados secretarios: Fernando Ortiz Aldana y América Soto López.»
De enterado.
LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Alejandro Encinas, para presentar una iniciativa de Ley General de Asentamientos Humanos.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros:
Voy a permitirme dar lectura a la Exposición de Motivos de una nueva Ley General de Asentamientos Humanos que abroga a la vigente de 1976 y que suscribimos 42 diputados de todas las fracciones parlamentarias, quienes hemos hecho un trabajo colectivo, plural y de consenso y que queremos someter a la consideración de este pleno para su probable aprobación.
El texto de la exposición de motivos, dice así:
"Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Los suscritos diputados federales, miembros de las diversas fracciones parlamentarias de esta LV Legislatura, por el digno conducto de ustedes nos permitimos poner a consideración de esta honorable Asamblea, la presente iniciativa de Ley General de Asentamientos Humanos.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Uno de los fenómenos que más ha impactado a las sociedades del presente siglo es el acelerado proceso de urbanización. Todos los países han experimentado transformaciones radicales en la forma y distribución de sus asentamientos humanos. La sociedad rural que al iniciarse esta centuria era mayoritaria a nivel mundial, hoy se ve constante y continuamente reducida, de tal manera que actualmente son las ciudades las que concentran a casi la mitad de la población.
México no ha quedado al margen de este proceso, por el contrario, en las últimas décadas ha sufrido profundos cambios en la relación campo - ciudad, debido fundamentalmente al intenso proceso de urbanización que se llevó a cabo como consecuencia del desarrollo industrial del país. Actualmente, en nuestro territorio la población urbana alcanza el 70% del total nacional.
En el año de 1976, mediante las reformas y adiciones a los artículos 27, 73 y 115 de la Constitución Federal, se establecieron por primera vez en la historia de nuestro país, las bases constitucionales para ordenar los asentamientos humanos, así como para planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población.
El 26 de mayo de ese mismo año, fue publicada la Ley General de Asentamientos Humanos, ordenamiento jurídico de vanguardia en aquella época, cuyas disposiciones tienen por objeto establecer la concurrencia de los tres órdenes de Gobierno para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio del país, fijar las normas básicas para planear la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población y definir los principios conforme a los cuales el Estado ejercerá sus atribuciones para determinar las correspondientes provisiones, usos, reservas y destinos de áreas y predios.
La Ley General de Asentamientos Humanos fue modificada en 1981 y 1984, a fin de incorporar regulaciones respecto de la tierra para el desarrollo urbano y la vivienda, así como para adecuarla al artículo 115 de la Constitución Federal.
Por su parte, la mayoría de las entidades federativas expidieron entre 1976 y 1982 sus respectivas leyes, reglamentos, planes o programas y otras disposiciones jurídicas aplicables a la regulación y ordenación del desarrollo urbano.
Con la Conferencia sobre Asentamientos Humanos realizada por la Organización de las Naciones Unidas en Vancouver, Canadá y con los precedentes jurídicos y administrativos de referencia, se inicia en nuestro país la conformación del Derecho Urbanístico.
Asimismo, se establecieron instancias federales, estatales y municipales dedicadas a la planeación y administración urbana; se inició la formación en todo el país de cuadros profesionales capacitados en materia de asentamientos humanos y, en general, la Nación reafirmó su conciencia de la importancia de la regulación de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población.
Paralelamente se modifica la distribución de la población del territorio nacional, ya que mientras en 1970 existía 178 localidades urbanas de más de 15 mil habitantes, para 1990 existían 416; en tanto que en 1970 había 34 localidades con más de 100 mil habitantes que concentraban el 23% de la población nacional, en 1990 eran 98 ciudades en las que se ubicaba el 44% de la población total del país. En el mismo período, la población de las grandes ciudades como México, Guadalajara, Monterrey y Puebla tendió a estabilizarse, en tanto que las ciudades medias de 100 mil a 1 millón de habitantes y pequeñas de 15 mil a 100 mil habitantes absorbieron la mayor parte del crecimiento de la población urbana.
El crecimiento desordenado de los centros de población del país, ha generado impactos negativos en la calidad de vida de la población, como son: la insuficiencia de equipamiento e infraestructura urbanas, el alto costo de prestación de
los servicios públicos, la insatisfecha demanda de suelo para el desarrollo urbano y la vivienda, la irregularidad en la tenencia de la tierra; la falta de calidad de transporte, la subutilización de recursos humanos y materiales, así como el deterioro del ambiente y de los recursos naturales.
Por otro lado, los esfuerzos realizados apenas han mitigado el fenómeno de la dispersión rural, que impide en la mayor parte de los casos, la eficiente dotación del equipamiento y los servicios de agua potable, drenaje, electrificación, vialidades y transporte.
Debemos reconocer además, que día con día seguimos deteriorando nuestros recursos naturales, que las manchas urbanas invaden las zonas productivas y de preservación ecológica y que el agua, el aire y suelos continúan contaminándose, con la consiguiente afectación de los ecosistemas y, desde luego, de la calidad de vida de nuestras familias.
Hoy por hoy, nuestra Nación enfrenta el reto de la creciente urbanización, producto de la constante migración campo - ciudad y de la dinámica demográfica que aun cuando ha sido atemperada, continúa presionando nuestro desarrollo.
El gran reto estriba en lograr un equilibrado y sustentable desarrollo de las diversas regiones del país, sin menoscabo del respeto a las garantías consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, especialmente en lo que se refiere a la libertad de tránsito y asentamiento en el territorio nacional.
La propiedad, como derecho a usar, disfrutar y disponer de un bien, no sólo está limitada por el orden jurídico, sino que es una creación del mismo; la propiedad es fuente de obligaciones y su uso debe servir para el bien de la comunidad.
En esta vinculación social de la propiedad, radica la negación de su concepto individualista y absoluto.
Esta concepción del derecho de propiedad fue la que inspiró al Constituyente de Querétaro en 1917, quien a partir de la función social que le dio a la propiedad privada, determinó que la nación está facultada para imponer las modalidades y limitaciones que dicte el interés público y para regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado de país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.
Dicho postulado fue recogido en 1928 por el Código Civil de Distrito Federal en su artículo 830, que a la letra dice, "el propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijen las leyes".
Resulta necesario reforzar la política del Estado Mexicano para reducir los desequilibrios regionales, garantizando la elevación de la calidad de vida de la población rural y urbana, la conservación del ambiente y el aprovechamiento de los recursos naturales.
Hoy más que nunca, resulta indispensable el adecuado ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el equilibrado desarrollo urbano de los centros de población, para lograr el desarrollo sustentable al que todos aspiramos.
Se requiere impulsar una mayor participación social en la planeación, administración y supervisión del desarrollo urbano y en la dotación y administración de equipamiento, infraestructura y servicios urbanos. Por eso, es necesario que sociedad y Gobierno incrementen sus esfuerzos en todos los ámbitos del que hacer social, especialmente en materia de desarrollo urbano.
A casi dos décadas de haber entrado en vigor, la legislación sobre asentamientos humanos debe ser actualizada en sus aspectos fundamentales, para ajustarla a la actual realidad económica y social del país.
Se hace necesaria una nueva Ley General de Asentamientos Humanos que a partir de la experiencia en la aplicación de la vigente, así como de la realidad social, económica y urbana del país y de sus proyecciones a futuro, permita reforzar la política en la materia, con la finalidad de que las ciudades medianas y pequeñas se constituyan en centros de impulso para un equilibrado y armónico desarrollo regional, en cuyos beneficios participen todos los estados y municipios del país.
Por lo anterior, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión por conducto de la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, conjuntamente con el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, convocaron una amplia consulta en toda la República para la actualización de la legislación en materia de asentamientos humanos; lo cual constituye una respetuosa forma de colaboración entre los poderes Legislativo y
Ejecutivo, auspiciando no sólo una comprensión más profunda de la problemática del desarrollo urbano, sino también una mayor comunicación entre las partes vinculadas al proceso legislativo.
La consulta pública se realizó a través de seis foros regionales en torno a 10 temas fundamentales que comprenden la problemática de los asentamientos humanos del país, los cuales permitieron definir la estructura básica de esta iniciativa.
En dicha consulta participaron académicos, investigadores, profesionistas, técnicos, representantes populares y de organismos no gubernamentales, así como servidores públicos que tienen a su cargo en los tres órdenes de Gobierno la aplicación de la legislación en la materia. En todos los casos se contó con el apoyo y estrecha colaboración de los gobiernos estatales y municipales.
La iniciativa de Ley General de Asentamientos Humanos que nos permitimos someter a su consideración, es resultado de un esfuerzo de trabajo colectivo, donde participaron miembros de todas las fuerzas políticas representadas en esta honorable Cámara de Diputados y que da por resultado el consenso legislativo.
De la misma forma esta iniciativa recoge los principales planteamientos y propuestas expresados en la consulta efectuada y además, es congruente con la legislación en materia agraria, aprovechamiento de los recursos naturales, protección al ambiente, vivienda, así como, con las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de mayo de 1992, mediante las cuales fue creada la Secretaría de Desarrollo Social.
Se recogen diversos contenidos de la Ley que se pretende abrogar y con ello, la experiencia obtenida en su aplicación a lo largo de aproximadamente 17 años y se vincula estrechamente a los grandes objetivos y estrategias del Sistema Nacional de Planeación Democrática del Desarrollo.
El capítulo primero relativo a Disposiciones Generales, que resulta imprescindible en todo ordenamiento jurídico, determina el objeto de la Ley, define los conceptos básicos que se utilizan en su contexto; establece las políticas y lineamientos que orientarán al ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población; señala como de interés público y de beneficio social la determinación de provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios de los centros de población, contenida en los planes y programas de desarrollo urbano y determina las causas de utilidad pública que servirán de base a los procedimientos expropiatorios que, en su caso, se promuevan en la materia.
Cabe destacar que atendiendo a una de las propuestas centrales presentadas en la consulta, se incorporó como objetivo del ordenamiento jurídico que se propone, el establecimiento de las bases para la participación social en materia de asentamientos humanos, lo cual se refleja en su estructura y contenido.
Se incorporan definiciones que precisan los conceptos utilizados, para facilitar la comprensión, manejo e interpretación de la norma, tales como las referentes a desarrollo regional y urbano, ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, servicios urbanos y zonificación y reservas, entre otras.
En este capítulo destaca una nueva orientación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población, que tiene como premisa el mejoramiento de la calidad de vida de la población, vinculando el desarrollo urbano con el regional, con énfasis en la conservación y mejoramiento del ambiente y el desarrollo sustentable del país.
La política de asentamientos humanos incluye una mención expresa a la necesidad de atender los intereses de las comunidades rurales e indígenas. Asimismo se contempla la prevención, control y atención de riesgos y emergencias ambientales y urbanas.
En el capítulo segundo se recoge el principio planteado en los artículos 73 fracción XXIX - C y 115 de la Carta Magna, estableciendo la concurrencia de la Federación, las entidades federativas y los municipios, a efecto de lograr la congruencia de las acciones de planeación y regulación de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población.
La iniciativa previene un nuevo enfoque de las atribuciones federales en el tratamiento del fenómeno urbano, fortaleciendo asimismo, las atribuciones de las entidades federativas y de los municipios en esta materia.
Además de las funciones de elaboración, ejecución y evaluación del programa nacional de desarrollo urbano, en el contexto de concurrencia de los tres órdenes de Gobierno, la iniciativa otorga a la Federación atribuciones para coordinarse con las entidades federativas y con los
municipios, con participación de los sectores social y privado, en la realización de acciones e inversiones para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, así como coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos locales para el desarrollo sustentable de las regiones del país.
Se otorgan atribuciones a la Federación para prever a nivel nacional las necesidades de reservas territoriales para el desarrollo urbano, con la intervención en su caso, de la Secretaría de la Reforma Agraria, considerando la disponibilidad de agua determinada por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, regular en coordinación con los gobiernos estatales y municipales los mecanismos para satisfacer dichas necesidades, así como para elaborar, apoyar y ejecutar programas para satisfacer las necesidades de suelo urbano y el establecimiento de provisiones y reservas territoriales.
También deben destacarse las atribuciones que tendría la Secretaría de Desarrollo Social para verificar en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que las acciones e inversiones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se ajusten, en su caso, a la legislación, planes o programas de desarrollo urbano; así como para vigilar que las acciones y obras relacionadas con el desarrollo regional y urbano que realicen de manera directa dichas dependencias y entidades o en coordinación o concertación con las entidades federativas, los municipios y con los sectores social y privado.
Se le otorga a la Secretaría de Desarrollo Social la facultad de formular recomendaciones para el cumplimiento de la política nacional de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de los convenios y acuerdos que suscriba el Ejecutivo Federal con los sectores público, social y privado en materia de desarrollo urbano y determinar en su caso, las medidas correctivas procedentes, ya que de esta manera se garantiza que los recursos federales sean utilizados conforme a la política regional y urbana, la legislación aplicable, los planes o programas de desarrollo urbano y las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios; respetándose en el contenido de la iniciativa las competencias de las entidades federativas y municipios, así como su autonomía jurídica para controlar a nivel local el desarrollo urbano.
Para tales efectos, es necesario que el Ejecutivo Federal adquiera el compromiso de adecuar la estructura orgánica de la Secretaría de Desarrollo Social, con la finalidad de que ejerza las atribuciones que la iniciativa le otorga.
Además de las atribuciones señaladas, la iniciativa otorga a la Federación las de promover y apoyar financieramente el desarrollo regional y urbano; promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento urbano para los mismos efectos; asesorar a las entidades federativas y a los municipios que lo soliciten, en la elaboración y ejecución de sus planes o programas de desarrollo urbano y en la capacitación técnica de su personal; proponer la fundación de centros de población; participar en la ordenación y regulación de zonas conurbadas interestatales, así como promover, apoyar y realizar investigaciones científicas y tecnológicas en materia de desarrollo regional y urbano.
A partir del postulado contenido en la fracción II del artículo 121 constitucional, en el que se prevé que los bienes inmuebles se rigen por la Ley del lugar de su ubicación, resulta indiscutible que una gran proporción de la regulación en materia urbana corresponde a las legislaciones locales. Dentro de esta tesitura, en términos del artículo 115 de la propia Carta Magna, la aplicación de dichas regulaciones es compartida entre estados y municipios.
Es así como la iniciativa regula, además de las atribuciones que le confería la Ley que se pretende abrogar, las de legislar en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población; convenir la planeación y regulación de las conurbaciones; coordinarse con la Federación, con otras entidades federativas y con sus municipios y convenir con los sectores social y privado en esta materia; participar conforme a la legislación federal y local en la protección del patrimonio cultural y del equilibrio ecológico de los centros de población; acordar con los municipios la administración conjunta de los servicios públicos y apoyar a los municipios que lo soliciten en la administración del desarrollo urbano.
Ha sido propósito reiterado de los poderes de la Unión promover los principios básicos del federalismo y fortalecer la autoridad municipal, que es la más cercana a las necesidades de la población y a la articulación de los intereses sociales. Por eso, la iniciativa de Ley recoge la decisión política plasmada en el artículo 115 constitucional, que dota al municipio de atribuciones para formular, aprobar y administrar los planes o programas municipales de desarrollo
urbano, de centros de población y los que de éstos se deriven, así como evaluar y vigilar su cumplimiento de conformidad con la legislación local; regular, controlar y vigilar las reservas, usos y destinos de áreas y predios; administrar la zonificación; celebrar con la Federación, la entidad federativa respectiva, con otros municipios o con los particulares convenios y acuerdos de coordinación y concertación para apoyar los objetivos y prioridades de su planeación del desarrollo urbano; prestar los servicios públicos municipales y coordinarse y asociarse para su prestación; expedir las autorizaciones, licencias y permisos de uso de suelo, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y condominios; intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana y participar en la constitución y administración de reservas territoriales, entre otras que fortalecen las atribuciones municipales en la materia. Cabe señalar que dichas atribuciones serán ejercidas por los municipios a través de los cabildos de los ayuntamientos o con el control y evaluación de éstos.
En el capítulo tercero a la presente iniciativa se determina que la planeación y regulación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, forman parte del Sistema Nacional de Planeación Democrática, como una política sectorial que coadyuva al logro de los objetivos de los planes nacional, estatales y municipales de desarrollo.
Se establece, además, el sistema de planeación y regulación de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, integrado por el programa nacional, los programas estatales, los programas de ordenación de zonas conurbadas, los planes o programas municipales de desarrollo urbano, los programas de desarrollo urbano de centros de población y los derivados de éstos, Cabe señalar los dos últimos niveles de planeación representan la expresión más concreta de la regulación urbana, por lo que la zonificación en ellos prevista constituye el instrumento rector de las reservas, usos y destinos de áreas y predios de los centros de población.
En los casos en que exista una interrelación funcional de asentamientos humanos ubicados en dos o más entidades federativas, la Federación y dichas entidades podrán convenir mecanismos de planeación regional para coordinar acciones e inversiones que propicien el ordenamiento territorial de los mencionados centros de población.
Se contemplan los contenidos del programa nacional de desarrollo urbano, en los que se incorporan políticas, estrategias, lineamientos y orientaciones relativas a la vinculación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos con el desarrollo sustentable de las diversas regiones del país, la protección del equilibrio ecológico, la inversión pública y privada y los esquemas financieros aplicables. Señala asimismo, el procedimiento para su aprobación, control, evaluación y modificación, determinando que la Secretaría de Desarrollo Social promoverá la participación social en la elaboración, actualización y ejecución del programa nacional de desarrollo urbano, atendiendo a lo dispuesto en la Ley de Planeación.
Una de las propuestas más generalizadas de la sociedad, consiste en lograr una mayor transparencia en el proceso de planeación del desarrollo urbano, a efecto de contar con planes o programas que incorporen los planteamientos y demandas de quienes a diario viven y enfrentan la problemática urbana. Por eso, la iniciativa de Ley prevé procedimientos básicos a que deberá contener la legislación estatal en la materia, para que los sectores social y privado participen en la formulación, modificación, evaluación y vigilancia de los planes o programas de desarrollo urbano.
Se señala que la autoridad estatal o municipal dará aviso público del inicio del proceso de planeación y formulará el proyecto de plan o programa, estableciendo un calendario de audiencias públicas con el objeto de que los interesados presenten por escrito a las autoridades competentes, sus planteamientos al respecto. Se dará respuesta a los planteamientos improcedentes y modificaciones de manera fundamentada. Cumplidas las formalidades que la propia legislación establezca para su aprobación, dichos planes o programas serán publicados en el órgano de difusión oficial del gobierno del Estado y en los periódicos de mayor circulación de la entidad federativa o el municipio y en su caso, en los bandos municipales.
En vinculación estrecha con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se prevé que los planes o programas de desarrollo urbano deberán considerar los criterios generales de regulación ecológica y las normas oficiales mexicanas en la materia. En todos los casos, las autorizaciones de impacto ambiental que otorguen la Federación, los estados y los municipios, deberán observar la legislación y los planes o programas de desarrollo urbano.
El Capítulo Cuarto recoge el principio de conurbación contenido en el artículo 115 fracción VI constitucional, que señala que cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad física y demográfica, la Federación, las entidades federativas y los municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a lo dispuesto en la propia Ley que se propone.
La iniciativa simplifica sustancialmente el tratamiento de las conurbaciones interestatales, sustituyendo la declaratoria presidencial por un convenio que sería celebrado entre la Federación, las entidades federativas y los municipios respectivos, en el cual se acuerde la delimitación de dicha zona, así como el estudio y resolución conjunta de los problemas comunes que atañen a los centros de población conurbados.
Se integrarán comisiones de conurbación que no tendrán funciones ejecutivas, sino que serán mecanismos de coordinación institucional y de concertación de acciones e inversiones con los sectores social y privado. Así se evita la duplicidad funcional que tuvo lugar cuando las comisiones de referencia, en ocasiones, pretendieron sustituir a la autoridad urbana estatal y municipal.
A partir de la aprobación de los programas de ordenación de zonas conurbadas, los municipios respectivos determinarán, en el ámbito de sus jurisdicciones, en los planes o programas de desarrollo urbano correspondientes, las reservas, usos y destinos de áreas y predios.
Los fenómenos de conurbación que ocurran al interior de una misma entidad federativa, se regirán de acuerdo a la legislación local, sujetándose a las regulaciones en materia de zonificación.
Cabe destacar el reconocimiento de los centros de población fronterizos con necesidades urbanas comunes en relación con localidades de otros países, mismas que se sujetarán a los tratados, acuerdos y convenios internacionales en la materia, en los que se promoverá la participación de las entidades federativas y los municipios respectivos.
El Capítulo Quinto denominado "De las regulaciones a la propiedad en los centros de población", conforme a lo previsto en el párrafo tercero del artículo 27 constitucional establece los principios básicos para la determinación de provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios, a efecto de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población. Es en este capítulo en donde se establecen las bases para que el Estado a través de los municipios, conforme lo prevé el artículos 115 constitucional, establezcan limitaciones a la propiedad, cualquiera que sea su régimen jurídico.
De acuerdo a la iniciativa la fundación de los centros de población deberá realizarse en tierras susceptibles para el aprovechamiento urbano, evaluando su impacto ambiental y preservando primordialmente las áreas naturales protegidas, los valores, los usos y costumbres de las comunidades rurales e indígenas.
Los programas de desarrollo urbano de centros de población señalarán las acciones específicas para su conservación, mejoramiento y crecimiento y establecerán la zonificación correspondiente.
Los planes o programas municipales de desarrollo urbano únicamente determinarán dichas acciones y zonificación, hasta en tanto el ayuntamiento respectivo expida el programa de desarrollo urbano del centro de población correspondiente.
La Ley General que se propone determina que la legislación estatal de desarrollo urbano señalará los requisitos y alcances de las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población y establecerá las disposiciones para la asignación de usos y destinos compatibles, entre otros aspectos en los que la misma iniciativa establece la competencia local.
La experiencia ha demostrado que en la mayor parte de los centros de población, las declaratorias de suelo urbano no han sido expedidas o no se han aplicado, por lo que la iniciativa determina que la zonificación prevista en los planes o programas de desarrollo urbano constituye el instrumento rector de la utilización del suelo urbano.
Asimismo, se establece que en la legislación local se determinarán los casos en los que no serán requeridas o se simplificarán, las autorizaciones, permisos o licencias para el uso del suelo urbano, construcciones, subdivisiones de terrenos y demás trámites administrativos conexos a los señalados, tomando en cuenta lo previsto en los planes o programas de desarrollo urbano y en las normas, criterios y zonificación que de éstos se deriven.
Especial mención merecen las disposiciones contenidas en la iniciativa, que sujetan el aprovechamiento de áreas y predios ejidales o comunales comprendidos dentro de los límites de los centros de población o que formen parte de las zonas de urbanización ejidal y de las tierras del asentamiento humano de los ejidos o comunidades, a lo dispuesto en la Ley Agraria, en la legislación estatal de desarrollo urbano y en los planes y programas de desarrollo urbano aplicables. La constitución, ampliación y delimitación de la zona de urbanización ejidal y su reserva de crecimiento, así como la regularización de predios en asentamientos humanos irregulares al interior de los ejidos y comunidades, debe ajustarse a las disposiciones jurídicas locales de desarrollo urbano y a la zonificación contenida en los planes y programas aplicables en la materia, requiriéndose la autorización del municipio en el que se encuentre ubicado el ejido o comunidad.
El Capítulo Sexto denominado "De las reservas territoriales" señala que la Federación, las entidades federativas y los municipios llevarán a cabo acciones coordinadas y concertadas con los sectores social y privado, para establecer una política integral en la materia, mediante la programación de las adquisiciones y la oferta de tierra para el desarrollo urbano y la vivienda; evitar la especulación en el mercado de inmuebles; reducir y abatir los procesos de ocupación irregular de áreas y predios mediante la oferta de tierra que atienda preferentemente las necesidades de los grupos de bajos ingresos y asegurar la disponibilidad de suelo para los diferentes usos y destinos que determinen los programas de desarrollo urbano.
Los convenios o acuerdos que se suscriban, serán la base para promover la transferencia, enajenación o destino de terrenos de propiedad federal, la asociación o cualquier otra forma de participación que determinen los núcleos agrarios, para el aprovechamiento de terrenos ejidales y comunales, así como la adquisición o expropiación de terrenos ejidales o comunales en su caso.
A diferencia de la Ley que se pretende abrogar, la iniciativa prevé que la adquisición y transferencia de reservas territoriales se realizará con base en acuerdos de coordinación y no conforme a programas de requerimientos inmobiliarios que formulen estados y municipios; mecanismo que permite la agilización de estos procedimientos, en beneficio de los adquirentes finales de dichos inmuebles.
Respecto de las reservas territoriales que tengan por objeto el desarrollo de acciones habitacionales de interés social y popular, la iniciativa remite a la legislación aplicable en materia de vivienda y señala las normas a las que se sujetará la regularización de la tenencia de la tierra para su incorporación al desarrollo urbano.
En el capítulo de referencia se recoge del contenido de la Ley vigente, el derecho de preferencia que tienen los municipios y las entidades federativas para adquirir los predios comprendidos en las reservas, cuando éstos vayan a ser objeto de enajenación a título oneroso. Este derecho de preferencia se puede ejercer también sobre terrenos ejidales o comunales, como lo señala la Ley Agraria.
Nuestra compleja sociedad requiere vincular las aportaciones de todos los mexicanos al desarrollo nacional, para que la participación organizada imprima un verdadero sentido democrático a nuestras instituciones y formas de convivencia; por eso, además de que la participación social se refleja en el contenido íntegro de la iniciativa, la misma incluye el capítulo séptimo denominado "De la participación social".
La Federación, las entidades federativas y los municipios promoverán acciones concertadas entre los sectores público, social y privado, que propicien la participación social en la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, promoviendo la constitución de agrupaciones comunitarias que participen en el desarrollo urbano de los centros de población bajo cualquier forma jurídica de organización.
Atendiendo a las propuestas expresadas en la consulta, se incorpora un capítulo denominado "Del Fomento al Desarrollo Urbano", referente a la coordinación y concertación de acciones e inversiones entre los sectores público, social y privado, en los que se contemplan instrumentos y mecanismos administrativos y financieros que permiten inducir el desarrollo urbano y regional, destacando en lo particular, la satisfacción de las necesidades complementarias en infraestructura, equipamiento y servicios urbanos generados por las inversiones y obras federales, así como la simplificación de trámites administrativos y la modernización de los sistemas catastrales y regístrales de la propiedad inmobiliaria.
Por otro lado, se determina que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, tomará las medidas necesarias para que las instituciones
y sociedades nacionales de crédito, no autoricen operaciones contrarias a la legislación y a los planes o programas de desarrollo urbano. Asimismo, las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Desarrollo Social se coordinarán a efecto de que las acciones e inversiones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cumplan en su caso, con lo dispuesto en la propia iniciativa.
El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población deben ser garantizados en su cumplimiento, por lo que se incorpora un Capítulo Noveno relativo al control del desarrollo urbano.
En este contexto, se establece que los actos, convenios y contratos relativos a la propiedad o cualquier otro derecho relacionado con el aprovechamiento de áreas o predios que se realicen en contravención a las disposiciones jurídicas vigentes en materia de desarrollo urbano, no surtirán efectos.
Otro elemento de control del desarrollo urbano consiste en que los notarios y demás fedatarios públicos, sólo podrán autorizar escrituras de actos, convenios o contratos, previa comprobación de la existencia de las constancias, autorizaciones, permisos o licencias que las autoridades competentes expidan en relación a la utilización o disposición de las áreas o predios.
De igual manera, las autoridades que expidan los planes o programas de desarrollo urbano y no gestionen su inscripción, así como los servidores públicos de las oficinas de registro que se nieguen a llevarla a cabo o la realicen con deficiencia, serán sancionados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
Se determina en este capítulo la posibilidad que tienen los residentes de un área para exigir la aplicación de medidas de seguridad y sanciones en términos de las disposiciones jurídicas locales, cuando se estén llevando a cabo construcciones, fraccionamientos, condominios, cambios de uso del suelo y otros aprovechamientos de inmuebles que contravengan las leyes, reglamentos, planes o programas de desarrollo urbano aplicables.
Para el caso de incumplimiento de las recomendaciones que emita la Secretaría de Desarrollo Social en materia de asentamientos humanos, la iniciativa otorga a dicha Dependencia del Ejecutivo Federal, atribuciones para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la suspensión provisional o definitiva de las ministraciones de recursos financieros federales y revertir la propiedad o revocar los destinos de terrenos federales, según corresponda, conforme a lo dispuesto por la legislación aplicable.
Finalmente se establece que las autoridades federales, estatales y municipales impondrán o gestionarán la determinación de las responsabilidades penales, civiles y administrativas que correspondan, a las personas que propicien la ocupación irregular de áreas y predios de los centros de población.
En los transitorios la iniciativa prevé que la legislación en materia de desarrollo urbano de las entidades federativas, deberá adecuarse a lo dispuesto en la misma, en un plazo no mayor de un año a partir de su entrada en vigor de la Ley que se propone, para que los ordenamientos jurídicos locales en la materia, tengan la congruencia necesaria con el nuevo enfoque de la política de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano de los centros de población y, en general, con las disposiciones contenidas en la propia iniciativa de Ley.
En los propios transitorios se señala que las declaratorias de conurbación expedidas por el Ejecutivo Federal hasta la entrada en vigor de la Ley que se propone, deberán adecuarse a sus disposiciones en lo conducente.
Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de la facultad que a los diputados al Congreso de la Unión confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a su consideración del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de
LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS
HUMANOS
CAPÍTULO I
Disposiciones generales.
Artículo 1o. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por objeto:
I. Establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional;
II. Fijar las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la fundación, conservación, mejoramiento
y crecimiento de los centros de población;
III. Definir los principios para determinar las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios que regulen la propiedad en los centros de población, y
IV. Establecer las bases para la participación social en materia de asentamientos humanos.
Artículo 2o. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I. Administración Pública Federal: las dependencias y entidades a que se refiere el artículo 1o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;
II. Asentamiento humano: el establecimiento de un conglomerado demográfico, con el conjunto de sus sistemas de convivencia, en una área físicamente localizada, considerando dentro de la misma los elementos naturales y las obras materiales que lo integran;
III. Centros de población: las áreas constituidas por las zonas urbanizadas, las que se reserven a su expansión y las que se consideren no urbanizables por causas de preservación ecológica, prevención de riesgos y mantenimiento de actividades productivas dentro de los límites de dichos centros; así como las que por resolución de la autoridad competente se provean para la fundación de los mismos;
IV. Conurbación: la continuidad física y demográfica que formen o tiendan a formar dos o más centros de población;
V. Conservación: la acción tendente a mantener el equilibrio ecológico y preservar el buen estado de la infraestructura, equipamiento, vivienda y servicios urbanos de los centros de población, incluyendo sus valores históricos y culturales;
VI. Crecimiento: la acción tendente a ordenar y regular la expansión física de los centros de población;
VII. Desarrollo regional: el proceso de desenvolvimiento sustentable de las regiones del país;
VIII. Desarrollo urbano: el proceso de planeación y regulación de la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;
IX. Destinos: los fines públicos a que se prevea dedicar determinadas zonas o predios de un centro de población;
X. Equipamiento urbano: el conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la población los servicios urbanos y desarrollar las actividades económicas;
XI. Fundación: la acción de establecer un asentamiento humano;
XII. Infraestructura urbana: los sistemas y redes de organización y distribución
XIII. Mejoramiento: la acción tendente a reordenar o renovar las zonas de un centro de población de incipiente desarrollo o deterioradas física o funcionalmente;
XIV. Ordenamiento territorial de los asentamientos humanos: el proceso de distribución equilibrada y sustentable de la población y de las actividades económicas en el territorio nacional;
XV. Provisiones: las áreas que serán utilizadas para la fundación de un centro de población;
XVI. Reservas: las áreas de un centro de población que serán utilizadas para su crecimiento;
XVII. Secretaría: la Secretaría de Desarrollo Social;
XVIII. Servicios urbanos: las actividades operativas públicas prestadas directamente por la autoridad competente o concesionadas para satisfacer necesidades colectivas en los centros de población;
XIX. Usos: los fines particulares a que podrán dedicarse determinadas zonas o predios de un centro de población, y
XX. Zonificación: la determinación de las áreas que integran y delimitan un centro de población; sus aprovechamientos predominantes y las reservas, usos y destinos, así como la delimitación de las áreas de conservación, mejoramiento y crecimiento del mismo.
Artículo 3o. El ordenamiento territorial de los asentamiento humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, tenderá a mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural, mediante:
I. La vinculación del desarrollo regional y urbano con el bienestar social de la población;
II. El desarrollo socioeconómico sustentable del país, armonizando la interrelación de las
ciudades y el campo y distribuyendo equitativamente los beneficios y cargas del proceso de urbanización;
III. La distribución equilibrada y sustentable de los centros de población y las actividades económicas en el territorio nacional;
IV. La adecuada interrelación socioeconómica de los centros de población;
V. El desarrollo sustentable de las regiones del país;
VI. El fomento de centros de población de dimensiones medias;
VII. La descongestión de las zonas metropolitanas;
VIII. La protección del patrón de asentamiento humano rural y de las comunidades indígenas;
IX. La eficiente interacción entre los sistemas de convivencia y de servicios en los centros de población;
X. La creación y mejoramiento de condiciones favorables para la relación adecuada entre zonas de trabajo, vivienda y recreación;
XI. La estructuración interna de los centros de población y la dotación suficiente y oportuna de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos;
XII. La prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientales y urbanos en los centros de población;
XIII. La conservación y mejoramiento del ambiente en los asentamientos humanos;
XIV. La preservación del patrimonio cultural de los centros de población;
XV. El ordenado aprovechamiento de la propiedad inmobiliaria en los centros de población;
XVI. La regulación del mercado de los terrenos y el de la vivienda de interés social y popular;
XVII. La coordinación y concertación de la inversión pública y privada con la planeación del desarrollo regional y urbano, y
XVIII. La participación social en la solución de los problemas que genera la convivencia en los asentamientos humanos.
Artículo 4o. En términos de lo dispuesto en el artículo 27 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera de interés público y de beneficio social la determinación de provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios de los centros de población, contenida en los planes o programas de desarrollo urbano.
Artículo 5o. Se considera de utilidad pública:
I. La fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;
II. La ejecución de planes o programas de desarrollo urbano;
III. La constitución de reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda;
IV. La regularización de la tenencia de la tierra en los centros de población;
V. La edificación o mejoramiento de vivienda de interés social y popular;
VI. La ejecución de obras de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos;
VII. La protección del patrimonio cultural de los centros de población, y
VIII. La preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente de los centros de población.
CAPÍTULO II
De la concurrencia y coordinación de autoridades.
Artículo 6o. Las atribuciones que en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de población tiene el Estado, serán ejercidas de manera concurrente por la Federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de la competencia que les determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 7o. Corresponden a la Federación, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, las siguientes atribuciones:
I. Proyectar y coordinar la planeación del desarrollo regional, con la participación que corresponda a los gobiernos estatales y municipales;
II. Coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos locales para el desarrollo sustentable de las regiones del país;
III. Prever a nivel nacional las necesidades de reservas territoriales para el desarrollo urbano con la intervención, en su caso, de la Secretaría de la Reforma Agraria, considerando la disponibilidad de agua determinada por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y regular en coordinación con los gobiernos estatales y municipales los mecanismos para satisfacer dichas necesidades;
IV. Elaborar, apoyar y ejecutar programas para el establecimiento de provisiones y reservas territoriales para el adecuado desarrollo de los centros de población, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y los gobiernos estatales y municipales, y con la participación de los sectores social y privado;
V. Promover y apoyar mecanismos de financiamiento para el desarrollo regional y urbano, con la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes, de los gobiernos estatales y municipales, de las instituciones de crédito y de los diversos grupos sociales;
VI. Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional y urbano, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales y con la participación de los sectores social y privado;
VII. Formular y ejecutar el programa nacional de desarrollo urbano, así como promover, controlar y evaluar su cumplimiento;
VIII. Coordinarse con las entidades federativas y los municipios, con la participación de los sectores social y privado, en la realización de acciones e inversiones para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, mediante la celebración de convenios y acuerdos;
IX. Asesorar a los gobiernos estatales y municipales que lo soliciten, en la elaboración y ejecución de sus planes o programas de desarrollo urbano y en la capacitación técnica de su personal;
X. Proponer a las autoridades de las entidades federativas la fundación de centros de población;
XI. Verificar en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que las acciones e inversiones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se ajusten, en su caso, a la legislación y planes o programas en materia de desarrollo urbano;
XII. Vigilar las acciones y obras relacionadas con el desarrollo regional y urbano que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal ejecuten directamente o en coordinación o concertación con las entidades federativas y los municipios, así como con los sectores social y privado;
XIII. Formular recomendaciones para el cumplimiento de la política nacional de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de los convenios y acuerdos que suscriba el Ejecutivo Federal con los sectores público, social y privado en materia de desarrollo regional y urbano, así como determinar en su caso, las medidas correctivas procedentes;
XIV. Participar en la ordenación y regulación de zonas conurbadas de centros de población ubicados en el territorio de dos o más entidades federativas;
XV. Promover, apoyar y realizar investigaciones científicas y tecnológicas en materia de desarrollo regional y urbano, y
XVI. Las demás que le señale esta Ley y otras disposiciones jurídicas.
Artículo 8o. Corresponden a las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, las siguientes atribuciones:
I. Legislar en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de población, atendiendo a las facultades concurrentes previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
II. Formular, aprobar y administrar el programa estatal de desarrollo urbano, así como evaluar y vigilar su cumplimiento;
III. Promover la participación social conforme a lo dispuesto en esta Ley;
IV. Autorizar la fundación de centros de población;
V. Participar en la planeación y regulación de las conurbaciones, en los términos de esta Ley y de la legislación estatal de desarrollo urbano;
VI. Coordinarse con la Federación, con otras entidades federativas y con sus municipios, para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población;
VII. Convenir con los sectores social y privado la realización de acciones e inversiones concertadas para el desarrollo regional y urbano;
VIII. Participar, conforme a la legislación federal y local, en la constitución y administración de reservas territoriales, la regularización de la tenencia de la tierra urbana, la dotación de infraestructura,
equipamiento y servicios urbanos, así como en la protección del patrimonio cultural y del equilibrio ecológico en los centros de población;
IX. Convenir con los respectivos municipios, la administración conjunta de servicios públicos municipales, en los términos de las leyes locales;
X. Apoyar a las autoridades municipales que lo soliciten, en la administración de la planeación del desarrollo urbano;
XI. Imponer medidas de seguridad y sanciones administrativas a los infractores de las disposiciones jurídicas y de los programas estatales de desarrollo urbano, conforme lo prevea la legislación local;
XII. Coadyuvar con la Federación en el cumplimiento del programa nacional de desarrollo urbano, y
XIII. Las demás que les señalen esta Ley y otras disposiciones jurídicas federales y locales.
Artículo 9o. Corresponden a los municipios, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, las siguientes atribuciones:
I. Formular, aprobar y administrar los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de éstos deriven, así como evaluar y vigilar su cumplimiento, de conformidad con la legislación local;
II. Regular, controlar y vigilar las reservas, usos y destinos de áreas y predios en los centros de población;
III. Administrar la zonificación prevista en los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de éstos deriven;
IV. Promover y realizar acciones e inversiones para la conservación,
mejoramiento y crecimiento de los centros de población;
V. Proponer la fundación de centros de población;
VI. Participar en la planeación y regulación de las conurbaciones, en los términos de esta Ley y de la legislación local;
VII. Celebrar con la Federación, la entidad federativa respectiva, con otros municipios o con los particulares, convenios y acuerdos de coordinación y concertación que apoyen los objetivos y prioridades previstos en los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de éstos deriven;
VIII. Prestar los servicios públicos municipales, atendiendo a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislación local;
IX. Coordinarse y asociarse con la respectiva entidad federativa y con otros municipios o con los particulares, para la prestación de servicios públicos municipales, de acuerdo con lo previsto en la legislación local;
X. Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de uso de suelo, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y condominios, de conformidad con las disposiciones jurídicas locales, planes o programas de desarrollo urbano y reservas, usos y destinos de áreas y predios;
XI. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los planes o programas de desarrollo urbano y las reservas, usos y destinos de áreas y predios;
XII. Participar en la creación y administración de reservas territoriales para el desarrollo urbano, la vivienda y la preservación ecológica, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;
XIII. Imponer medidas de seguridad y sanciones administrativas a los infractores de las disposiciones jurídicas, planes o programas de desarrollo urbano y reservas, usos y destinos de áreas y predios en los términos de la legislación local;
XIV. Informar y difundir permanentemente sobre la aplicación de los planes o programas de desarrollo urbano, y
XV. Las demás que les señale esta Ley y otras disposiciones jurídicas federales y locales.
Los municipios ejercerán sus atribuciones en materia de desarrollo urbano a través de los cabildos de los ayuntamientos o con el control y evaluación de éstos.
Artículo 10. La Secretaría con la participación en su caso, de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, promoverá la celebración de convenios y acuerdos de coordinación y concertación entre la Federación y las entidades federativas, con la intervención de los municipios respectivos y en su caso, de los sectores social y privado.
CAPÍTULO III
De la planeación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población.
Artículo 11. La planeación y regulación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población forman parte del Sistema Nacional de Planeación Democrática, como una política sectorial que coadyuva al logro de los objetivos de los planes nacional, estatales y municipales de desarrollo.
La planeación a que se refiere el párrafo anterior, estará a cargo de manera concurrente de la Federación, las entidades federativas y los municipios, de acuerdo a la competencia que les determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 12. La planeación y regulación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población, se llevarán a cabo a través de:
I. El programa nacional de desarrollo urbano;
II. Los programas estatales de desarrollo urbano;
III. Los programas de ordenación de zonas conurbadas;
IV. Los planes o programas municipales de desarrollo urbano;
V. Los programas de desarrollo urbano de centros de población, y
VI. Los programas de desarrollo urbano derivados de los señalados en las fracciones anteriores y que determinen esta Ley y la legislación estatal de desarrollo urbano.
Los planes o programas a que se refiere este artículo, se regirán por las disposiciones de esta Ley y en su caso, por la legislación estatal de desarrollo urbano y por los reglamentos y normas administrativas estatales y municipales aplicables.
La Federación y las entidades federativas podrán convenir mecanismos de planeación regional para coordinar acciones e inversiones que propicien el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos ubicados en dos o más entidades, con la participación que corresponda a los municipios de acuerdo con la legislación local.
Artículo 13. El programa nacional de desarrollo urbano, en su carácter sectorial, se sujetará a las previsiones del Plan Nacional de Desarrollo y, contendrá:
I. El diagnóstico de la situación de los asentamientos humanos en el territorio nacional, sus causas y consecuencias;
II. El patrón de distribución de la población y de las actividades económicas en el territorio nacional;
III. La estructura de sistemas urbanos y rurales en el país;
IV. La estrategia general aplicable al ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y al desarrollo urbano de los centros de población;
V. Las orientaciones para el desarrollo sustentable de las regiones del país, en función de sus recursos naturales, de sus actividades productivas y del equilibrio entre los asentamientos humanos y sus condiciones ambientales;
VI. Las necesidades que en materia de desarrollo urbano planteen el volumen, estructura, dinámica y distribución de la población;
VII. Las estrategias generales para prevenir los impactos negativos en el ambiente urbano y regional originados por la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;
VIII. Las políticas generales para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población;
IX. Los lineamientos y estrategias que orienten la inversión pública y privada a proyectos prioritarios para el desarrollo urbano del país;
X. Las metas generales en cuanto a la calidad de vida en los centros de población urbanos y rurales del país, así como en las comunidades indígenas;
XI. Los requerimientos globales de reservas territoriales para el desarrollo urbano, así como los mecanismos para satisfacer dichas necesidades y,
XII. Los mecanismos e instrumentos financieros para el desarrollo urbano.
Artículo 14. El programa nacional de desarrollo urbano será aprobado por el Presidente de la República mediante decreto y estará sometido a un proceso permanente de control y evaluación. Sus modificaciones se realizarán con las mismas formalidades previstas para su aprobación.
La Secretaría promoverá la participación social en la elaboración, actualización y ejecución del programa nacional de desarrollo urbano, atendiendo a lo dispuesto en la Ley de Planeación.
Artículo 15. Los planes o programas estatales y municipales de desarrollo urbano, de centros de población y sus derivados, serán aprobados, ejecutados, controlados, evaluados y modificados por las autoridades locales, con las formalidades previstas en la legislación estatal de desarrollo urbano y estarán a consulta del público en las dependencias que los apliquen.
Artículo 16. La legislación estatal de desarrollo urbano determinará la forma y procedimientos para que los sectores social y privado participen en la formulación, modificación, evaluación y vigilancia de los planes o programas de desarrollo urbano.
En la aprobación y modificación de los planes o programas se deberá contemplar el siguiente procedimiento:
I. La autoridad estatal o municipal competente dará aviso público del inicio del proceso de planeación y formulará el proyecto de plan o programa de desarrollo urbano o sus modificaciones, difundiéndolo ampliamente;
II. Se establecerá un plazo y un calendario de audiencias públicas para que los interesados presenten por escrito a las autoridades competentes, los planteamientos que consideren respecto del proyecto del plan o programa de desarrollo urbano o de sus modificaciones;
III. Las respuestas a los planteamientos improcedentes y las modificaciones del proyecto deberán fundamentarse y estarán a consulta de los interesados en las oficinas de la autoridad estatal o municipal correspondiente, durante el plazo que establezca la legislación estatal, previamente a la aprobación del plan o programa de desarrollo urbano o de sus modificaciones, y
IV. Cumplidas las formalidades para su aprobación, el plan o programa respectivo o sus modificaciones serán publicados en el órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado y en los periódicos de mayor circulación de la entidad federativa o municipio correspondiente y, en su caso, en los bandos municipales.
Artículo 17. Los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población y sus derivados, deberán ser inscritos en el Registro Público de la Propiedad, en los plazos previstos por la legislación local.
Artículo 18. Las autoridades de la Federación, las entidades federativas y los municipios en la esfera de sus respectivas competencias, harán cumplir los planes o programas de desarrollo urbano y la observancia de esta Ley y de la legislación estatal de desarrollo urbano.
Artículo 19. Los planes o programas de desarrollo urbano deberán considerar los criterios generales de regulación ecológica de los asentamientos humanos establecidos en los artículos 23 a 27 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en las normas oficiales mexicanas en materia ecológica.
Las autorizaciones de manifestación de impacto ambiental que otorguen la Secretaría o las entidades federativas y los municipios conforme a las disposiciones jurídicas ambientales, deberán considerar la observancia de la legislación y los planes o programas en materia de desarrollo urbano.
CAPÍTULO IV
De las conurbaciones.
Artículo 20. Cuando dos o más centros de población situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad física y demográfica, la Federación, las entidades federativas y los municipios respectivos, en el ámbito de sus
competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el fenómeno de conurbación de referencia, con apego a lo dispuesto en esta Ley.
Artículo 21. La Federación, las entidades federativas y los municipios respectivos, deberán convenir la delimitación de una zona conurbada, cuando:
I. Sea procedente el estudio y resolución conjunta del desarrollo urbano de dos o más centros de población, situados en el territorio de entidades federativas vecinas, que por sus características geográficas y su tendencia económica y urbana, deban considerarse como una zona conurbada;
II. Se proyecte o funde un centro de población y se prevea su expansión física o influencia funcional en territorio de entidades federativas vecinas, y
III. Solamente uno de los centros de población crezca sobre la zona conurbada.
Artículo 22. El convenio que se celebre con base en lo previsto en el artículo anterior, se publicará en el Diario Oficial de la Federación, en los órganos de difusión oficial de las entidades federativas respectivas y en un periódico de circulación en la zona conurbada y contendrá:
I. La localización, extensión y delimitación de la zona conurbada;
II. Los compromisos de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios respectivos, para planear y regular conjunta y coordinadamente los centros de población conurbados, con base en un programa de ordenación de la zona conurbada;
III. La determinación de acciones e inversiones para la atención de requerimientos comunes en materia de reservas territoriales, preservación y equilibrio ecológico, infraestructura, equipamiento y servicios urbanos en la zona conurbada;
IV. La integración y organización de la comisión de conurbación respectiva, y
V. Las demás acciones que para tal efecto convengan la Federación, las entidades federativas y los municipios respectivos.
Artículo 23. La comisión de conurbación prevista en el convenio a que se refiere el artículo anterior, tendrá carácter permanente y en ella participarán la Federación, las entidades federativas y los municipios respectivos. Dicha comisión será presidida por un representante de la Secretaría de Desarrollo Social y funcionará como mecanismo de coordinación institucional y de concertación de acciones e inversiones con los sectores social y privado.
Dicha comisión formulará y aprobará el programa de ordenación de la zona conurbada, así como gestionará y evaluará su cumplimiento.
Artículo 24. Los programas de ordenación de zonas conurbadas contendrán:
I. La congruencia del programa de ordenación de zona conurbada con el programa nacional de desarrollo urbano, los mecanismos de planeación regional a que se refiere el artículo 12 de esta Ley, así como con los programas de desarrollo urbano de las entidades federativas y de los municipios respectivos;
II. La circunscripción territorial de la conurbación;
III. Las bases para la elaboración y ejecución de los proyectos que se vayan a realizar en la zona conurbada;
IV. La determinación básica de espacios dedicados a la conservación, mejoramiento y crecimiento, así como de la preservación y equilibrio ecológico de los centros de población de la zona conurbada, y
V. Las acciones e inversiones para la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos que sean comunes a los centros de población de la zona conurbada.
Artículo 25. Una vez aprobados los programas de ordenación de zonas conurbadas por las comisiones de conurbación, los municipios respectivos en el ámbito de sus jurisdicciones, determinarán en los planes o programas de desarrollo urbano correspondientes, las reservas, usos y destinos de áreas y predios.
Artículo 26. Los fenómenos de conurbación ubicados dentro de los límites de una misma entidad federativa, se regirán por lo que disponga la legislación local, sujetándose en materia de zonificación a lo previsto en el artículo 35 de esta Ley.
La atención y resolución de problemas y necesidades urbanas comunes a centros de población fronterizos con relación a localidades de otros
países, se sujetarán a los tratados, acuerdos y convenios internacionales en la materia, en los que se promoverá la participación de las entidades federativas y los municipios respectivos.
CAPÍTULO V
De las regulaciones a la propiedad en los centros de población.
Artículo 27. Para cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 constitucional en materia de fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, el ejercicio del derecho de propiedad, de posesión o cualquier otro derivado de la tenencia de bienes inmuebles ubicados en dichos centros, se sujetará a las provisiones, reservas, usos y destinos que determinen las autoridades competentes, en los planes o programas de desarrollo urbano aplicables.
Artículo 28. Las áreas y predios de un centro de población, cualquiera que sea su régimen jurídico, están sujetos a las disposiciones que en materia de ordenación urbana dicten las autoridades conforme a esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Las tierras agrícolas y forestales, así como las destinadas a la preservación ecológica, deberán utilizarse preferentemente en dichas actividades o fines.
Artículo 29. La fundación de centros de población requerirá decreto expedido por la legislatura de la entidad federativa correspondiente. El decreto a que se refiere el párrafo anterior, contendrá las determinaciones sobre provisión de tierras; ordenará la formulación del plan o programa de desarrollo urbano respectivo y asignará la categoría político administrativa al centro de población.
Artículo 30. La fundación de centros de población deberá realizarse en tierras susceptibles para el aprovechamiento urbano, evaluando su impacto ambiental y respetando primordialmente las áreas naturales protegidas, el patrón de asentamiento humano rural y las comunidades indígenas.
Artículo 31. Los planes o programas municipales de desarrollo urbano señalarán las acciones específicas para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población y establecerán la zonificación correspondiente. En caso de que el ayuntamiento expida el programa de desarrollo urbano del centro de población respectivo, dichas acciones específicas y la zonificación aplicable se contendrán en este programa.
Artículo 32. La legislación estatal de desarrollo urbano señalará los requisitos y alcances de las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población y establecerá las disposiciones para:
I. La asignación de usos y destinos compatibles;
II. La formulación, aprobación y ejecución de los planes o programas de desarrollo urbano;
III. La celebración de convenios y acuerdos de coordinación con las dependencias y entidades públicas y de concertación de acciones con los sectores social y privado;
IV. La adquisición, asignación o destino de inmuebles por parte del sector público;
V. La construcción de vivienda, infraestructura y equipamiento de los centros de población;
VI. La regularización de la tenencia de la tierra urbana y de las construcciones, y
VII. Las demás que se consideren necesarias para el mejor efecto de las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento.
Artículo 33. Para la ejecución de acciones de conservación y mejoramiento de los centros de población, además de las previsiones señaladas en el artículo anterior, la legislación estatal de desarrollo urbano establecerá las disposiciones para:
I. La protección ecológica de los centros de población;
II. La proporción que debe existir entre las áreas verdes y las edificaciones destinadas a la habitación, los servicios urbanos y las actividades productivas;
III. La preservación del patrimonio cultural y de la imagen urbana de los centros de población;
IV. El reordenamiento, renovación o densificación de áreas urbanas deterioradas, aprovechando adecuadamente sus componentes sociales y materiales;
V. La dotación de servicios, equipamiento o infraestructura urbana, en áreas carentes de ellas;
VI. La prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientales y urbanos en los centros de población;
VII. La acción integrada del sector público que articule la regularización de la tenencia de tierra urbana con la dotación de servicios y satisfactores básicos que tiendan a integrar a la comunidad;
VIII. La celebración de convenios entre autoridades y propietarios o la expropiación de sus predios por causa de utilidad pública, y
IX. Las demás que se consideren necesarias para el mejor efecto de las acciones de conservación y mejoramiento.
Artículo 34. Además de lo dispuesto en el artículo 32 de esta Ley, la legislación estatal de desarrollo urbano señalará para las acciones de crecimiento de los centros de población, las disposiciones para la determinación de:
I. Las áreas de reserva para la expansión de dichos centros, que se preverán en los planes o programas de desarrollo urbano;
II. La participación de los municipios en la incorporación de porciones de la reserva a la expansión urbana y su regulación de crecimiento, y
III. Los mecanismos para la adquisición o aportación por parte de los sectores público, social y privado de predios ubicados en las áreas a que se refieren las fracciones anteriores, a efecto de satisfacer oportunamente las necesidades de tierra para el crecimiento de los centros de población.
Artículo 35. A los municipios corresponderá formular, aprobar y administrar la zonificación de los centros de población ubicados en su territorio.
La zonificación deberá establecerse en los planes o programas de desarrollo urbano respectivos, en la que se determinarán:
I. Las áreas que integran y delimitan los centros de población;
II. Los aprovechamientos predominantes en las distintas zonas de los centros de población;
III. Los usos y destinos permitidos, prohibidos o condicionados;
IV. Las disposiciones aplicables, a los usos y destinos condicionados;
V. La compatibilidad entre los usos y destinos permitidos;
VI. Las densidades de población y de construcción;
VII. Las medidas para la protección de los derechos de vía y zonas de restricción de inmuebles de propiedad pública;
VIII. Las zonas de desarrollo controlado y de salvaguarda, especialmente en áreas e instalaciones en las que se realizan actividades riesgosas y se manejan materiales y residuos peligrosos;
IX. Las zonas de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;
X. Las reservas para la expansión de los centros de población, y
XI. Las demás disposiciones que de acuerdo con la legislación aplicable sean procedentes.
Artículo 36. En las disposiciones jurídicas locales se preverán los casos en los que no se requerirán o se simplificarán las autorizaciones, permisos y licencias para el uso del suelo urbano, construcciones, subdivisiones de terrenos y demás trámites administrativos conexos a los antes señalados, tomando en cuenta lo dispuesto en los planes o programas de desarrollo urbano y en las normas, criterios y zonificación que de éstos se deriven.
Artículo 37. Los propietarios y poseedores de inmuebles comprendidos en las zonas determinadas como reservas y destinos en los planes o programas de desarrollo urbano aplicables, sólo utilizarán los predios en forma que no presenten obstáculo al aprovechamiento previsto.
En el caso de que las zonas o predios no sean utilizados conforme al destino previsto en los términos de la fracción IX del artículo 2o. de esta Ley, en un plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor del plan o programa de desarrollo urbano respectivo, dicho destino quedará sin efectos y el inmueble podrá ser utilizado en usos compatibles con los asignados para la zona de que se trate, de acuerdo a la modificación que en su caso, se haga al plan o programa.
Artículo 38. El aprovechamiento de áreas y predios ejidales o comunales comprendidos dentro de los límites de los centros de población o que formen parte de las zonas de urbanización ejidal y de las tierras del asentamiento humano en ejidos y comunidades, se sujetará a lo dispuesto
en esta Ley, en la Ley Agraria, en la legislación estatal de desarrollo urbano, en los planes o programas de desarrollo urbano aplicables, así como en las reservas, usos y destinos de áreas y predios.
Artículo 39. Para constituir, ampliar y delimitar la zona de urbanización ejidal y su reserva de crecimiento; así como para regularizar la tenencia de predios en los que se hayan constituido asentamientos humanos irregulares, la Asamblea ejidal o de comuneros respectiva deberá ajustarse a las disposiciones jurídicas locales de desarrollo urbano y a la zonificación contenida en los planes o programas aplicables en la materia. En estos casos, se requiere la autorización del municipio en que se encuentre ubicado el ejido o comunidad.
CAPÍTULO VI
De las reservas territoriales.
Artículo 40. La Federación, las entidades federativas y los municipios llevarán a cabo acciones coordinadas en materia de reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda, con objeto de:
I. Establecer una política integral de suelo urbano y reservas territoriales, mediante la programación de las adquisiciones y la oferta de tierra para el desarrollo urbano y la vivienda;
II. Evitar la especulación de inmuebles aptos para el desarrollo urbano y la vivienda;
III. Reducir y abatir los procesos de ocupación irregular de áreas y predios, mediante la oferta de tierra que atienda preferentemente, las necesidades de los grupos de bajos ingresos;
IV. Asegurar la disponibilidad de suelo para los diferentes usos y destinos que determinen los planes o programas de desarrollo urbano y
V. Garantizar el cumplimiento de los planes o programas de desarrollo urbano.
Artículo 41. Para los efectos del artículo anterior, la Federación por conducto de la Secretaría, suscribirá acuerdos de coordinación con las entidades de la Administración Pública Federal, las entidades federativas y los municipios y, en su caso, convenios de concertación con los sectores social y privado, en los que se especificarán:
I. Los requerimientos de suelo y reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda, conforme a lo previsto en los planes o programas en la materia;
II. Los inventarios y disponibilidad de inmuebles para el desarrollo urbano y la vivienda;
III. Las acciones e inversiones a que se comprometan la Federación, la entidad federativa, los municipios y en su caso, los sectores social y privado;
IV. Los criterios para la adquisición, aprovechamiento y transmisión del suelo y reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda;
V. Los mecanismos para articular la utilización de suelo y reservas territoriales o, en su caso, la regularización de la tenencia de la tierra urbana, con la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos;
VI. Las medidas que propicien el aprovechamiento de áreas y predios baldíos que cuenten con infraestructura, equipamiento y servicios urbanos;
VII. Los compromisos para la modernización de procedimientos y trámites administrativos en materia de desarrollo urbano, catastro y registro público de la propiedad, así como para la producción y titulación de vivienda, y
VIII. Los mecanismos e instrumentos financieros para la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, así como la edificación o mejoramiento de vivienda.
Artículo 42. Con base en los convenios o acuerdos que señala el artículo anterior, la Secretaría promoverá:
I. La transferencia, enajenación o destino de terrenos de propiedad federal para el desarrollo urbano y la vivienda, a favor de las entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas, de los municipios y de los promotores privados, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;
II. La asociación o cualquier otra forma de participación que determinen los núcleos agrarios, a efecto de aprovechar terrenos ejidales y comunales para el desarrollo urbano y la vivienda y evitar su ocupación irregular, sujetándose a lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de esta Ley y,
III. La adquisición o expropiación de terrenos ejidales o comunales, en coordinación con las
autoridades agrarias que correspondan, de acuerdo a lo previsto en la Ley Agraria y en esta Ley, a favor de la Federación, de las entidades de la Administración Pública Federal, de los estados y de los municipios.
Artículo 43. La incorporación de terrenos ejidales, comunales y de propiedad federal al desarrollo urbano y la vivienda, deberá cumplir con los siguientes requisitos:
I. Ser necesaria para la ejecución de un plan o programa de desarrollo urbano;
II. Las áreas o predios que se incorporen comprenderán preferentemente terrenos que no estén dedicados a actividades productivas;
III. El planteamiento de esquemas financieros para su aprovechamiento y para la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, así como para la construcción de vivienda y,
IV. Los demás que determine la Secretaría conforme a las disposiciones jurídicas aplicables y que se deriven de los convenios o acuerdos a que se refiere el artículo 41 de esta Ley.
Artículo 44. En los casos de suelo y reservas territoriales que tengan por objeto el desarrollo de acciones habitacionales de interés social y popular, provenientes del dominio federal, la enajenación de predios que realicen la Federación, las entidades de la Administración Pública Federal, los estados y los municipios, o sus entidades paraestatales, estará sujeta a la legislación aplicable en materia de vivienda.
Artículo 45. La regularización de la tenencia de la tierra para su incorporación al desarrollo urbano, se sujetará a las siguientes disposiciones:
I. Deberá derivarse como una acción de mejoramiento urbano, conforme al plan o programa de desarrollo urbano aplicable;
II. Sólo podrán ser beneficiarios de la regularización quienes ocupen un predio y no sean propietarios de otro inmueble en el centro de población respectivo. Tendrán preferencia los poseedores de buena fe, de acuerdo a la antigüedad de la posesión, y
III. Ninguna persona podrá resultar beneficiada por la regularización con más de un lote o predio, cuya superficie no podrá exceder de la extensión determinada por la legislación, planes o programas de desarrollo urbano aplicables.
Artículo 46. La Federación, los estados y los municipios instrumentarán coordinadamente programas de desarrollo social, para que los titulares de derechos ejidales o comunales cuyas tierras sean incorporadas al desarrollo urbano y la vivienda, se integren a las actividades económicas y sociales urbanas, promoviendo su capacitación para la producción y comercialización de bienes y servicios y apoyando la constitución y operación de empresas en las que participen los ejidatarios y comuneros.
Artículo 47. Las entidades federativas y los municipios tendrán en los términos de las leyes federales y locales correspondientes, el derecho de preferencia en igualdad de condiciones, para adquirir los predios comprendidos en las zonas de reserva señaladas en los planes o programas de desarrollo urbano aplicables, cuando éstos vayan a ser objeto de enajenación a título oneroso.
Para tal efecto, los propietarios de los predios o en su caso, los notarios, los jueces y las autoridades administrativas respectivas, deberán notificarlo a la entidad federativa y al municipio correspondiente, dando a conocer el monto de la operación, a fin de que en un plazo no mayor de 30 días naturales, ejerzan el derecho de preferencia si lo consideran conveniente, garantizando el pago respectivo.
CAPÍTULO VII
De la participación social.
Artículo 48. La Federación, las entidades federativas y los municipios promoverán acciones concertadas entre los sectores público, social y privado, que propicien la participación social en la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población.
Artículo 49. La participación social en materia de asentamientos humanos comprenderá:
I La formulación, modificación, evaluación y vigilancia del cumplimiento de los planes o programas de desarrollo urbano, en los términos de los artículos 16 y 57 de esta Ley.
II. La determinación y control de la zonificación, usos y destinos de áreas y predios de los centros de población;
III. El financiamiento y operación de proyectos estratégicos urbanos, y habitacionales, industriales, comerciales, recreativos y turísticos;
IV. El financiamiento, construcción y operación de proyectos de infraestructura, equipamiento y prestación de servicios públicos urbanos;
V. La protección del patrimonio cultural de los centros de población;
VI. La ejecución de acciones y obras urbanas para el mejoramiento y conservación de zonas populares de los centros de población y de las comunidades rurales e indígenas;
VII. La construcción y mejoramiento de vivienda de interés social y popular;
VIII. La preservación del ambiente en los centros de población, y
IX. La prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientales y urbanos en los centros de población.
Artículo 50. La Federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias conforme a la legislación aplicable, promoverán la constitución de agrupaciones comunitarias que participen en el desarrollo urbano de los centros de población, bajo cualquier forma jurídica de organización.
CAPÍTULO VIII
Del fomento al desarrollo urbano
Artículo 51. La Federación, las entidades federativas y los municipios fomentarán la coordinación y la concertación de acciones e inversiones entre los sectores públicos, social y privado para:
I. La aplicación de los planes o programas de desarrollo urbano;
II. El establecimiento de mecanismos e instrumentos financieros para el desarrollo regional y urbano y la vivienda;
III. El otorgamiento de incentivos fiscales, tarifarios y crediticios para inducir el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de centros de población;
IV. La canalización de inversiones en reservas territoriales, infraestructura, equipamiento y servicios urbanos;
V. La satisfacción de las necesidades complementarias en infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, generadas por las inversiones y obras federales;
IV. La protección del patrimonio cultural de los centros de población;
VII. La simplificación de los trámites administrativos que se requieren para la ejecución de acciones e inversiones de desarrollo urbano;
VIII. El fortalecimiento de las administraciones públicas estatales y municipales para el desarrollo urbano;
IX. La modernización de los sistemas catastrales y registrales de la propiedad inmobiliaria en los centros de población;
X. La adecuación y actualización de las disposiciones jurídicas locales en materia de desarrollo urbano;
XI. El impulso a la educación, la investigación y la capacitación en materia de desarrollo urbano, y
XII. La aplicación de tecnologías que protejan al ambiente, reduzcan los costos y mejoren la calidad de la urbanización.
Artículo 52. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con la Secretaría, tomará las medidas necesarias para que las instituciones de crédito no autoricen operaciones contrarias a la legislación y a los planes o programas de desarrollo urbano.
Asimismo, las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Desarrollo Social se coordinarán a efecto de que las acciones e inversiones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cumplan en su caso, con lo dispuesto en esta Ley.
CAPÍTULO IX
Del control del desarrollo urbano
Artículo 53. No surtirán efectos los actos, convenios y contratos relativos a la propiedad o cualquier otro derecho relacionado con el aprovechamiento de áreas y predios que contravengan esta Ley, la legislación en la materia y los planes o programas de desarrollo urbano.
Artículo 54. Los notarios y demás fedatarios público sólo podrán autorizar escrituras de actos, convenios y contratos a que se refiere el artículo anterior, previa comprobación de la existencia
de las constancias, autorizaciones, permisos o licencias que las autoridades competentes expidan en relación a la utilización o disposición de áreas o predios, de conformidad con lo previsto en esta Ley, la legislación estatal de desarrollo urbano y otras disposiciones jurídicas aplicables; misma que deberán ser señaladas o insertadas en los instrumentos públicos respectivos.
Artículo 55. No surtirán efectos los permisos, autorizaciones o licencias que contravengan lo establecido en los planes o programas de desarrollo urbano.
No podrá inscribirse ningún acto, convenio, contrato o afectación en los registros públicos de la propiedad o en los catastros, que no se ajuste a lo dispuesto en la legislación de desarrollo urbano y en los planes o programas aplicables en la materia.
Artículo 56. Las autoridades que expidan los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población y los derivados de éstos, que no gestionen su inscripción; así como los jefes de las oficinas de registro que se abstengan de llevarla a cabo o la realicen con deficiencia, serán sancionados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 57. Cuando se estén llevando a cabo construcciones, fraccionamientos, condominios, cambios de uso o destino del suelo u otros aprovechamientos de inmuebles que contravengan las disposiciones jurídicas de desarrollo urbano, así como lo planes o programas en la materia, los residentes del área que resulten directamente afectados tendrán derecho a exigir que se apliquen las medidas de seguridad y sanciones procedentes.
Dicho derecho se ejercerá ante las autoridades competentes, quienes oirán previamente a los interesados y en su caso a los afectados y deberán resolver lo conducente en un término no mayor de 30 días naturales, contados a partir de la fecha de recepción del escrito correspondiente.
Artículo 58. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal sujetarán la ejecución de sus programas de inversión y de obra a las políticas de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y a los planes o programas de desarrollo urbano.
Artículo 59. En caso de que no se atiendan las recomendaciones que con base es esta Ley expida la Secretaría, ésta estará facultada para:
I. Solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la suspensión provisional o definitiva de las ministraciones de recursos financieros federales destinados a la actividad u obra de que se trate, y
II. Revertir a la Federación los terrenos de propiedad federal que se les hayan enajenado o, en su caso, revocar los destinos de terrenos federales, en términos de lo dispuesto por las disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 60. Las autoridades federales, estatales y municipales impondrán o gestionarán la determinación de las responsabilidades penales, civiles y administrativas que correspondan, a las personas que propicien la ocupación irregular de áreas y predios en los centros de población.
TRANSITORIOS
Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se abroga la Ley General de Asentamientos Humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1976.
Tercero. Se deberá adecuar la legislación en materia de desarrollo urbano de las entidades federativas a lo dispuesto en esta Ley, en un plazo no mayor de un año contado a partir de la entrada en vigor de la misma.
Cuarto. Las declaratorias de conurbación expedidas por el Ejecutivo Federal hasta la entrada en vigor de esta Ley, deberán adecuarse a lo previsto en este ordenamiento.
Diputados: Alejandro Encinas Rodríguez, Gonzalo Cedillo Valdez, Gustavo Nabor Ojeda Delgado, Jorge L. Lepe García, Juan Bañuelos Guardado, Juan José Castillo Mota, Juan Hernández Mercado, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, Jaime Muñoz Rodríguez, Eduardo Trejo González, Alfredo Villegas Arreola, Pedro Medina, Anacleto Mendoza Maldonado, José de Jesús González Reyes, Edmundo Sosa López, Hugo Francisco Miranda Mora, Eloy Vázquez López, Evangelina Corona Cadena, Juan Antonio Nemi Dib, Manuel Jiménez Guzmán, Hugo Andrés Araujo de la Torre, Gregorio Flores Alonso, Gilberto Zapata Frayre, María Elisa Meza Rochín, Noemí Zoila Guzmán Lagunes, Juan José Rodríguez Prats, Alfredo Gómez Gómez, Miguel Angel León Corrales, Francisco Javier Saucedo Pérez, Oscar René Nieto Burciaga, Victoria Reyes Reyes, Alberto Nava Salgado, Alberto Celis Velasco, Rafael Maldonado
Villafuerte, Demetrio Hernández Pérez, Virgilio Pineda Arellano, Fidel González Ramírez, Bertha O. González Rubio, Bernardo Gutiérrez Ochoa, José Mendoza Padilla, Edmundo Chacón Rodríguez y Raúl Juárez Valencia.»
Creo que esta iniciativa es el resultado no solamente de más de un año de trabajo en la Comisión de Asentamientos Humanos, sino también es resultado de un esfuerzo de trabajo y de reconocimiento a la pluralidad y a las posibilidades de desarrollar el trabajo colectivo al seno de la Comisión de Asentamientos Humanos.
Yo quiero agradecer a todos los compañeros miembros de la Comisión de Asentamientos Humanos por su esfuerzo y su trabajo, creo que hemos hecho un ejercicio novedoso al seno de trabajo de la Comisión, pero no solamente hemos encontrado el respeto a la pluralidad, sino hemos encontrado la posibilidad del consenso y vale la pena reconocer también el trabajo de coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, quien a partir del respeto a la división de poderes, la coordinación y el trabajo conjunto, traemos este esfuerzo de los diputados de esta Legislatura que someteremos posteriormente en su dictamen al debate de empleo. Muchas gracias y muy buenas tardes.
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. Ha solicitado el uso de la palabra el diputado Carlos González Durán, del Partido de la Revolución Democrática, para el mismo tema.
Tiene la palabra.
El diputado Carlos González Durán:
Con su venia, señor Presidente; honorable Asamblea:
Primeramente debo felicitar a los autores de este proyecto, porque los que ellos han propuesto lo encuentro totalmente correcto. Si he pedido el uso de la palabra es para que al turnarse este proyecto a la Comisión que va a dictaminar su contenido, se haga cargo de tres cosas.
Se haga cargo del proyecto porque es incompleto y le faltan dos capítulos. Un capítulo debe referirse a la operatividad de los organismos, de los instrumentos, de los técnicos a cuyo cuidado debe quedar la atención y la protección del medio ambiente y el segundo capítulo que le falta a este proyecto, es el relativo a las sanciones, porque no se trata de hacer una lista de recomendaciones morales, sino que se trata de establecer verdaderas normas jurídicas.
La estructura de las normas jurídicas es ésta: dado el supuesto de una determinada convivencia, debe ser la prestación de alguien obligado ante alguien pretensor o, dada la no prestación, debe ser la sanción a cargo de un funcionario público que actuará por la pretensión de la comunidad.
Si recordamos los antecedentes legislativos sobre la Ley de Asentamientos Humanos y las leyes de Protección al Ambiente, la legislación que hizo López Portillo, fue una Ley puramente demagógica, porque sólo contuvo un conjunto de definiciones y de objetivos pero reservó la aplicación de las sanciones sólo y exclusivamente a la Secretaría de la Sedue, en aquel entonces vigente.
El único funcionario en todo el territorio nacional para aplicar sanciones por riesgo ecológico, era el señor Secretario del ramo, quien podía delegar sus funciones.
Ya en la legislación de Miguel de la Madrid, se crearon las tres instancias correctas, la federal, la estatal y la municipal y se dio injerencia a esos tres niveles que establecieron sus leyes ecológicas tanto en cada entidad federativa como en cada municipio, pero para que estas leyes sean funcionales y operativas y tengan verdadera observancia, se requiere que no sean leyes imperfectas.
Las leyes imperfectas son las que no tienen sanción, las leyes perfectas son las que sí establecen una sanción, sea multa, sea prisión o algún otro tipo de sanción. Si las leyes son más que perfectas, entonces además de las sanciones establecen una reparación del dañó. Quiere decir que estos aspectos me parece que son omisos.
Por último y rápidamente me voy a referir al transfondo del problema. El transfondo del problema no es solamente ambiental, es un problema de convivencia y aquí habría también que reflexionar algo para el efecto de que si lo creen pertinente puedan tomaren cuenta algunas sugerencias, pues voy a hacer el siguiente discurso rápido sobre el problema de la convivencia urbana.
Estoy pensando en la zona metropolitana.
Existe una contradicción entre la ciudad y el campo, una separación y un predominio de la ciudad sobre el campo. La ciudad destruye su región y se destruye a sí misma.
El tiempo aldeano, que era un tiempo con espacio para todo, se hizo un tiempo sin tiempo, que el tiempo de la fábrica se hizo la fábrica del tiempo.
La convivencia cara a cara entre vecinos que se guardaban atenciones y respectos, se hace la convivencia entre los anónimos, en la aglomeración se tratan a empellones.
El transporte colectivo es para viajar apachurrado, achicado y encimado, con incomodidades y riesgos. El trato entre las personas se hace a través de las cosas, pero no tomadas como objetos de uso sino como mercancías y se reduce o se extingue el espacio para la holgura y la estancia de la dignidad humana.
El consumismo se impone, se compran masivamente artículos para necesidades artificiales y los productos resultan efímeros para forzar una cadena de adquisiciones.
El lugar de la habitación es muy distante al lugar del trabajo y se instaura el tiempo perdido.
En las formas artesanales el hombre gobernaba a los instrumentos, ahora las máquinas gobiernan al obrero en un trabajo desgastante y monótono.
El maltratado al hombre y a la mujer en la convivencia, trasciende al maltrato de la naturaleza, al deterioro ecológico. La ciudad se ahoga en sus basuras y en su smog; la contaminación del suelo, de la atmósfera, de las aguas, de los ríos y el maltrato en la convivencia, forman el infierno urbano.
Antes se trabajaba para vivir y disfrutar la vida ganada con el trabajo; ahora los que tienen trabajo estable y remunerado son muy pocos, la mayoría van de un trabajo a otro y los desempleados son desempleados permanentes que ya no encuentran trabajo ni encontrarán trabajo. La sociedad empleadora empresarial o burocrática, ha fracasado. La economía ya no es productiva de bienestar social, es simplemente especulativa, que a unos pocos da enormes ganancias y es intermediaria para provecho de los que se asocian al lucro foráneo.
En la ciudad las cosas tenían imagen propia y eran testimonio de las etapas de un pasado histórico, la ciudad era una obra de arte con propia fisonomía y peculiaridades; hoy lo urbano es un producto funcional que se pierde en la simultaneidad y la confluencia. La ciudad tenía origen y originalidad, cada cosa estaba en su lugar, ahora sólo hay lugar para los automóviles. Y en los embotellamientos de las vías rápidas y con el tránsito pesado y parado, la velocidad queda suspendida para los vehículos.
La cirugía urbana y el imperio del automóvil, terminar con la convivencia entre transeúntes, hoy aún en las zonas históricas todo caminante es solitario, nadie lo acompaña ni se preocupa por él. Las ciudades fueron unidades orgánicas integradas por barrios, hoy son fraccionamientos, lo mismo los residenciales que los irregulares, todos se apartan de todos, cada uno detrás de su puerta o con bardas, murallas o en barrancas y cerros.
El deterioro de los equipamientos y servicios es enorme. La mayoría de las habitaciones carecen de higiene, de sol, de aire, de agua potable, drenaje y alcantarillado, de alumbrado público, de banquetas, de nomenclatura y los que viven en una ciudad de desecho, se dañan y deterioran en su conducta con el vicio, la delincuencia, la prostitución, el abandono de las personas y de los niños. Los sitios degradantes producen seres degradados.
Para la mayoría la ciudad no es habitable. Una ciudad se hace habitable si da habitación, trabajo, transporte y si propicia encuentros de convivencia en que se respete la dignidad humana.
Cuando la ciudad es vivible, las habitaciones son hogares y las parejas se convierten en familias gratificadas por sus funciones biológicas, económica, afectiva, de sosiego, distracción, de apoyo recíproco.
Los privilegios y las ventajas del lucro privativo, han polarizado las desigualdades. Los opulentos consideran que el mundo es suyo y sólo suyo y a los desposeídos les dicen: rásquense con sus uñas. Si la familia no es productiva, perece en un horizonte de frustraciones; si la ciudad no es humana y reconoce que el mundo es de todos y de cada uno de sus ocupantes, la libertad de unos es la esclavitud de otros.
Cuando los edificios multifamiliares no se encuentran separados con espacios verdes, que les permitan disfrutar el aire, la luz y el espacio y los departamentos son idénticos y la aglomeración, el ruido, los vecinos indeseables son una constante agresión, nadie se siente bien en su
casa, mejor está fuera de su casa y cuando regresa en la noche se puede equivocar de domicilio y a la mañana siguiente puede descubrir que su mujer que no sabía hacer costura, ahora es una perfecta costurera.
La centralidad urbana se instaló como una unidad geográfica, topográfica y administrativa, cuando respetó su región que le daba sustento y equilibrio. Hoy la ciudad capital y su zona metropolitana se acabaron su región, todo es pura ciudad, lo mismo en los cerros, los ríos, las barrancas. La centralidad ha estallado, el centro histórico es invadido por los comerciantes ambulantes y las periferias sin salud biológica, síquica y espiritual. No sólo se daña a los obreros empleados y desempleados, se daña a toda la población con la pérdida de la paz pública y de la salud.
Es pues la ciudad la segunda matriz del hombre y debe ser sana para que produzca convivencia sana. El problema no es solamente físico, del ambiente físico, el problema es del decoro y el respeto de la dignidad humana en la convivencia urbana. El maquinismo incontrolable y el interés de lucro excesivo, ha originado una triple irracionalidad: la irracionalidad ecológica, las ciudades sepultan al campo y agoniza ella misma. La segunda irracionalidad es el maltrato humano, el abandono de los intereses públicos y colectivos y el exclusivismo del destino privatizado y la tercera irracionalidad consiste en la enajenación política de una ciudad impedida de elegir plenamente a los funcionarios de la vida republicana y municipal. En este desorden, lo que nos era los más cercano se hizo lo más distante y riesgoso; las calles al borde de nuestra casa.
Hasta que el hombre del campo no encuentre su bienestar, no lo encontrará el hombre urbano. Se trata entonces de que, como dije en un principio, lo que se ha hecho por los compañeros está muy bien hecho en lo que ellos han tratado, pero esta Ley tiene dos o más bien tres omisiones que la Comisión debe estudiar. Primeramente ¿cuáles van a ser los organismos operativos, los recursos, los instrumentos y los técnicos, para que cuiden toda la problemática ambiental? Y segundo, ¿cuáles van a ser las faltas, cuáles van a ser las sanciones que se van a aplicar cuando no se respeten las prevenciones protectoras del ambiente?
Por último hacerse cargo, que para poner orden a este infierno urbano, lo que se necesita es transitar en la conurbación, es integrar una instancia unitaria que atienda por igual y de la misma manera el conjunto de problemas ambientales de seguridad pública, de paz, de salud síquica y espiritual que hoy afecta, la desintegración de esta enorme metrópoli, que tiene 8 millones en el Distrito Federal, 12 millones en la zona conurbada y forma una tercera parte de la población nacional.
Tenemos una enorme cabeza en descomposición y unos brazos y piernas flacos, donde no hay recursos para que la salud del país transite con bienestar, con decoro y dignidad humana. Es mi intervención, sólo con el propósito de hacer ver esta problemática, que creo que deba estar contenida en el proyecto que elaboran los compañeros. Es todo.
El Presidente:
Tiene la palabra el compañero diputado Alejandro Encinas, para rectificar hechos.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez:
Con su permiso, señor Presidente:
Yo quiero agradecer los comentarios de mi compañero, don Carlos González Durán, los cuales creo que son totalmente atendibles, aunque sí considero que ya en la propia iniciativa hay algunas cuestiones consideradas sobre los organismos operativos que se refieren particularmente a los planes, a los programas, a los convenios, a los mecanismos de coordinación regional.
Y en el caso de las sanciones tenemos un capítulo referido al control del desarrollo urbano que le da prioridad a la fase preventiva sobre el de las sanciones, aunque también se establecen sanciones en ella.
Yo quisiera invitarlo, toda vez de que estamos iniciando este debate y se acaba de turnar a la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas la iniciativa, yo lo invito, en mi carácter de Presidente de esa Comisión, a que se incorpore al debate, mismo que empezaremos hoy a las 16.00 horas de la tarde, porque queremos apresurar el dictamen y tenerlo a la brevedad posible. Entonces está cordialmente invitado y son totalmente atendibles esas proposiciones. Muchas gracias.
El Presidente:
Se ruega a la Secretaría continúe con los demás puntos en cartera.
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
La secretaria Alicia Montaño Villalobos:
"Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 27 de mayo último, enviándoles además con el presente el anexo que en el mismo se cita:
"Hago de su conocimiento para los efectos a que haya lugar, que la persona que se menciona a continuación se dirigió a esta Secretaría para informar que ha dejado de prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México. Anexo encontrará la carta de la interesada.
Nombre, puesto, lugar de trabajo: Estela Díaz de Salas Poyo, supervisor de análisis financiero, Embajada de los Estados Unidos de América.
La persona mencionada solicita la cancelación del permiso concedido en su oportunidad por el honorable Congreso de la Unión, para prestar sus servicios a ese Gobierno."
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 7 de junio de 1993.- El secretario, José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y de Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Senadores, para su conocimiento.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
LEYES ORGÁNICAS DE LOS
TRIBUNALES AGRARIOS Y AGRARIA
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes orgánicas de los tribunales Agrarios y Agraria.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La secretaria Alicia Montaño Villalobos:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Se dispensa la lectura al dictamen.
«Comisiones de Reforma Agraria y de Justicia.
Honorable Asamblea: a las comisiones de Reforma Agraria y de Justicia fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes orgánicas de los tribunales Agrarios y Agraria, que el titular del Poder Ejecutivo de la Unión con base en la fracción I del artículo 71 constitucional y para los efectos del artículo 72 de la propia Carta Magna, envío con fecha 27 de abril del año en curso a los secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión para su estudio y dictamen.
La Cámara de Senadores dio entrada a la iniciativa y turnó a las comisiones unidades del sector social agrario, de Fomento Agropecuario, de Recursos Hidráulicos y Forestales y de Justicia para su discusión.
El 15 de junio de 1993, la Cámara de Senadores aprobó el dictamen presentado al pleno y turnó la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes orgánica de la tribunales agrarios y agraria el 17 de junio de este mismo año a los secretarios de la Cámara de Diputados, dándose a conocer al pleno de este envío, acordándose turnar a las comisiones unidas de Reforma Agraria y Justicia para su estudio y revisión.
Esta comisiones de acuerdo con el estudio llevado a cabo de la Minuta del Sanado en cuestión y con fundamento en los artículos 54 y 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:
DICTAMEN
En noviembre de 1991, esta soberanía conoció y aprobó las reformas al artículo 27 constitucional.
En la fracción XIX del artículo 27 constitucional se señala que "el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal, de la pequeña propiedad y apoyará la asesoría legal de los campesinos".
Con base en las referidas reformas al texto del artículo 27 de Ley Fundamental en materia agraria, el Congreso de la Unión aprobó las leyes agraria y orgánica de los tribunales agrarios, publicados en el Diario Oficial del 26 de febrero de 1992.
En el primero de dichos ordenamientos se establecen las disposiciones inherentes a la personalidad jurídica de los ejidos y la propiedad de las tierra ejidales al aprovechamiento de las tierras de uso común; a las tierras para los asentamientos humanos; a los derechos del ejidatario sobre su parcela y los límites de la tenencia de la tierra por ejidatarios; a los órganos del ejido; a las comunidades; a las sociedades rurales; a la pequeña propiedad de tierras agrícolas, ganaderas y forestales; a las sociedades propietarias de tierras agrícolas, ganaderas o forestales; a la Procuraduría Agraria; al Registro Nacional Agrario y a los terrenos baldíos y nacionales. Adicionalmente, en su Título X que comprenden los artículos 166 al 199, se incluyen las disposiciones inherentes a la justicia agraria, previéndose los preceptos de índole procesal o adjetiva en esta materia.
En el segundo de los ordenamientos señalados, se establece la integración de los órganos encargados de conocer y resolver las controversias que se deriven de la aplicación de las disposiciones de la referida Ley Agraria, así como de sus atribuciones y competencias.
En suma se trata de dos instrumentos estrechamente vinculados, particularmente tratándose de la impartición de justicia en la materia, toda vez que las disposiciones que orientan los criterios y la actuación de los tribunales agrarios se hallan, tanto en materia sustantiva como adjetiva, en la Ley Agraria.
La exposición de dichos ordenamientos y su entrada en vigor data de poco más de 15 meses y cabe señalar que el período de actuación del Tribunal Superior Agrario y de los tribunales unitarios agrarios se acerca apenas a un año, las reformas que ahora se proponen a dichos ordenamientos, son producto de la experiencia adquirida durante sus lapsos de vigencia y aplicación en los términos de decreto de reformas que en materia agraria aprobó el Constituyente Permanente al texto del propio artículo 27 constitucional, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación de 6 de enero de 1992, en el segundo párrafo de esta fracción se dispone que son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualesquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la Ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, así como "la Ley establecerá un órgano para la procuración de justicia agraria".
Reconociéndose en consecuencia y consagrándose de manera explícita, la propiedad ejidal y comunal; dando a los campesinos la libertad para decidir el destino y uso de la que es, inequívocamente, su tierra; protegiendo sus núcleos de población y la vida en comunidad, alentando la asociación productiva y permitiendo libertad en sus decisiones, haciendo de la seguridad y el respeto de la tenencia de la tierra, el punto de partido de la acción modernizadora del campo.
Mediante la creación de la Procuraduría Agraria y los tribunales agrarios se ha avanzado en el otorgamiento de una pronta y transparente seguridad jurídica a las tres formas de tenencia de la tierra.
A poco más de un año de haberse expedido la Ley Agraria y la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, estos ordenamiento son aplicados de manera cotidiana y sistemática por los tribunales agrarios y se han instituido 34 distritos agrarios, distribuidos en el territorio nacional, correspondiendo a igual número de tribunales unitarios, asimismo en materia de procuración agraria se han constituido 33 delegaciones estatales y 88 residencias, para atención de los campesinos y propietarios.
En el debate del año próximo pasado sobre el proyecto de Ley Agraria, se indicó que en ningún momento se podía dejar de reconocer la complejidad de la cuestión agraria, así como el dinamismo propio de toda manifestación social.
Es por ello que las diversas reformas que se proponen en la minuta en revisión son producto
de la reflexión y la evaluación actual de los problemas del agro y toca al legislador valor ampliamente la realidad que debe regir, a fin de que exista una continua retroalimentación entre lo ordenado por el derecho y la evolución social.
Las normas deben ser objeto de una permanente observación en la práctica a fin de evaluar sus resultados.
La práctica cotidiana en los tribunales y las residencias de la Procuraduría Agraria recomienda la adecuación de algunas de las disposiciones procesales contenidas en los ordenamientos, referidos con el propósito de agilizar aún más la substanciación y resolución de los conflictos planteados ante estos órganos jurisdiccionales y de procuración agraria, éste es el objetivo fundamental de la presente iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes orgánicas de los tribunales agrarios y agraria que en síntesis busca introducir modificaciones en materia del procedimiento y de los órganos encargados de la impartición de justicia agraria, que involucran tanto a la Ley Agraria como a la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, dentro del marco genérico de garantías para la impartición de la justicia agraria.
La iniciativa en estudio propone bajo los siguientes rubros dar:
Garantía de integración adecuada y oportuna del órgano jurisdiccional y sus auxiliares.
Garantía de imparcialidad y objetividad del órgano jurisdiccional.
Garantías de competencia de los tribunales agrarios para actuar en asuntos de su materia.
Garantías de seguridad jurídica.
Garantías de conocimiento para efectos de audiencia y defensa.
Garantías de justicia expedita.
Garantías de satisfacción de interés jurídico por medio de la sentencia.
La iniciativa en estudio propone dar garantías de integración adecuada y oportuna del órgano jurisdiccional y de sus auxilios.
CONSIDERACIONES
Las reformas a la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios propone: Resolver circunstancias de carácter orgánico como renuncias y sustituciones temporal de los magistrados.
Incluir un procedimiento para establecer, interrumpir, y modificar la jurisprudencia que dicte el Tribunal Superior Agrario. Determinando expresamente su obligatoriedad para los tribunales agrarios, a partir de su publicación en el boletín judicial agrario, asimismo como interrumpir la jurisprudencia en caso de tesis contradictorias y resolver qué tesis debe observarse, la que también constituiría jurisprudencia.
Señalar además, que en todo los asuntos que conozca el Tribunal Superior Agrario, el magistrado ponente debe instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución definitiva para someterlo al propio tribunal, mecanismo hoy solo previsto para los recursos de revisión.
Ampliar la jurisdicción de los tribunales unitarios, para que éstos conozcan de conflictos por límites entre un núcleo de población y sociedades o asociaciones, de esta forma se comprendería a todas las formas societarias, sean mercantiles o civiles. En congruencia con lo anterior, se precisa la competencia del Tribunal Superior Agrario para conocer del recurso de revisión de las sentencias dictadas por los tribunales unitarios en dicha materia.
Precisa la jurisdicción de los tribunales unitarios para resolver sobre la restitución de tierras no únicamente a los núcleos de población, sino también a sus integrantes, ante situaciones violatorias de derecho o fuera de juicio.
Resolver controversias que se susciten con motivo del incumplimiento de los contratos de asociación o aprovechamiento celebrado por el núcleo de población o sus integrantes, a fin de ofrecer a éstos una justicia pronta y expedita a cargo de tribunales especializados.
Propone a los tribunales unitarios conozcan de la revisión de los bienes expropiados a los núcleos de población ejidal o comunal, cuando dichos bienes se destinen a un fin distinto del señalado en el decreto respectivo. O si transcurrido un plazo de cinco años no se ha cumplido con la causa de utilidad pública señalada.
Precisa qué son los laudos arbitrales, provenientes de resoluciones extrajudiciales y con motivo de la intervención de árbitros designados por las partes; así como amplía la atribución de competencia de los tribunales unitarios para ejecutar los laudos y los convenios judiciales que se
desprenden de lo preceptuado por la consideración relativa al valor de sentencia y de cosa juzgada que se otorga a ellos y, que da por terminada una controversia agraria mediante la avenencia de las partes.
Se precisan las relaciones laborales que comprenden expresamente las diferentes categorías de trabajadores que se consideran de confianza, se prevé quienes deberán ser designados mediante concurso; dejándose al Tribunal Superior la posibilidad de someter a concurso otras plazas.
Las reformas que se proponen introducir a la Ley Agraria son de carácter esencialmente procesal; facultando a los tribunales para acordar la suspensión del acto de autoridad en materia agraria que pudiera afectar a los interesados, en tanto se resuelve en definitiva, proponiendo que dicha suspensión se regule por lo que previene la Ley de Amparo.
En relación a la demanda por comparecencia, se prevé la posibilidad de solicitar a la Procuraduría Agraria coadyuve en la formulación de éste por escrito de manera concisa y que por razones de objetividad e imparcialidad, debe relevar al tribunal unitario de la función que actualmente tiene de formular dicho escrito.
Se faculta al tribunal para que excepcionalmente acuerde la suspensión de un audiencia y provea lo necesario para que las pruebas que falten sean desahogadas en un plazo de 15 días.
Se propone diversos supuestos para proceder a la notificación o el emplazamiento por edictos.
Se concurrió en que se trata de un caso cuyas características deberían enfatizar el agotamiento previo de los medios ordinarios para notificar o emplazar, así como la ausencia de domicilio fijo o la ignorancia de dónde se encuentre la persona. Se suprimió de la propuesta la hipótesis de que se tratara de una persona "desaparecida", estimado que la consideración del ámbito regional donde esté ubicado el inmueble, podría ser una consideración útil para la publicación de dichos edictos, dejándose además a salvo la connotación de la entidad federativa.
La iniciativa precisa las notificaciones de carácter simultáneo que deberán hacerse a la publicación de edictos, así como el uso posible de otros medios de comunicación masiva.
Por otra parte se enmarca el caso en que el demandado confiese expresamente la demanda en todas sus partes y, como el magistrado explicaría sus efectos jurídicos y valoraría si la confesión es verosímil, y si se encuentra apoyada en otros elementos de prueba y está apegada a derecho, para que pronuncie sentencia de inmediato.
Se reconoce la obligación del tribunal de exhortar a las partes a una composición amigables y aprobada está por el tribunal, tendrá fuerza de cosa juzgada y de sentencia.
Asimismo se valora la posibilidad de que una sentencia se encontrará con imposibilidad material o jurídica, así como que hacer en caso de inconformidad, presentando al acuario los alegatos la parte afectada, el tribunal dictaría una resolución definitiva sobre la ejecución de la sentencia y aprobaría el plano definitivo.
Se valora que las audiencias sean con presencia del magistrado y no deriven esa trascendental responsabilidad en sus subalternos, ya que, todo el sistema procesal establecido por este ordenamiento, se dirige a establecer la participación personal y dinámica del magistrado, cuya ausencia podría afectar la buena marcha de la justicia agraria, particularmente por considerar los principios de oralidad e inmediación que norman sus disposiciones. Por ello, la iniciativa estima que es propósito encontrar un reforzamiento en el texto de sus preceptos y precisar en el artículo correspondiente la ausencia de efectos jurídicos de lo actuado en la audiencia que no haya sido presidida por el magistrado del tribunal de que se trate.
Por último se busca proveer el establecimiento, en el transitorio segundo de la iniciativa, de una Sala Auxiliar del Tribunal Superior Agrario para conocer de los asuntos relativos a ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas y creación de nuevos centros de población, a que se refiere el artículo tercero transitorio del decreto que reformó el artículo 27 en materia agraria, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 6 de enero de 1992. En atención al encargo que tendría esta hipotética sala auxiliar y cuyo surgimiento quedaría a la consideración del Tribunal Superior Agrario, su funcionamiento quedaría circunscrito al tiempo necesario para la resolución de los asuntos que le sean turnados por el Presidente del propio Tribunal Superior Agrario y se regularía por lo previsto en el Reglamento interior de los tribunales agrarios y se integrará de la misma manera que lo hace el tribunal, con la finalidad de aumentar la capacidad de desahogo de los turnado.
En virtud de lo anterior, las comisiones de Reforma Agraria y de Justicia que suscriben, consideran
apropiadas las propuestas planteadas en la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes Orgánicas de los Tribunales Agrarios y Agraria y por todas las consideraciones antes mencionadas, los diputados integrantes de las comisiones de referencia, sometemos a la aprobación de esta Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LAS LEYES
ORGÁNICAS DE LOS TRIBUNALES
AGRARIOS Y AGRARIA
Artículo primero. Se reforman los artículos 8o. fracciones III y IV; 9o. fracciones I, II y V y último párrafo; 18, fracciones I, II y XI; y 26, segundo párrafo y se adicionan las fracciones XII a XIV al artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, para quedar como sigue:
"Artículo 8o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Resolver sobre las renuncias de los magistrados y concederles licencias hasta por un mes con goce de sueldo, siempre que exista causa justificada y no se perjudique el funcionamiento del tribunal, y hasta por tres meses sin goce de sueldo. En caso excepcionales, el Tribunal Superior podrá otorgar licencias sin goce de sueldo por plazos mayores;
IV. Determinar cuando el supernumerario del Tribunal Superior deba suplir la ausencia de algún magistrado y, por lo que toca a los tribunales unitarios, cuál de los supernumerarios suplirá al magistrado ausente; en los casos en que la ausencia no exceda de 15 días, el Tribunal Superior podrá autorizar para que lo supla el Secretario de acuerdos adscrito al tribunal unitario de que se trate;
V a XI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 9o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Del recurso de revisión en contra de sentencias dictadas por los tribunales unitarios, en juicio que se refieren a conflictos de límites de tierras suscitados entre dos o más núcleos de población ejidales o comunales, o concernientes a límites de las tierras de uno o varios núcleos de población con uno o varios pequeños propietarios, sociedades o asociaciones;
II. Del recurso de revisión de sentencias de los tribunales unitarios relativas a restitución de tierras de núcleos de población ejidal o comunal;
III y IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. Del establecimiento de jurisprudencia, para lo cual se requerirá de cinco sentencias en un mismo sentido no interrumpidas por otra en contrario, aprobadas por lo menos por cuatro magistrados.
Para interrumpir la jurisprudencia se requerirá el voto favorable de cuatro magistrados y expresar las razones en que se apoye la interrupción.
Asimismo, el Tribunal Superior resolverá qué tesis debe observarse, cuando diversos tribunales unitarios sustentan tesis contradictorias en sus sentencias, la que también constituirá jurisprudencia, sin que la resolución que se dicte afecte las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción.
La jurisprudencia que establezca el Tribunal Superior Agrario será obligatorio para los tribunales unitarios a partir de su publicación en el boletín judicial agrario;
VI a VIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corresponderá al magistrado ponente instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución definitiva para someterla a la aprobación del Tribunal Superior.
Artículo 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. De las controversias por límites de terrenos entre dos o más núcleos de población ejidal o comunal y de éstos con pequeños propietarios, sociedades o asociaciones;
II. De la restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población o a sus integrantes, contra actos de autoridades administrativas o jurisdiccionales, fuera de juicio, o contra actos de particulares;
III a X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XI. De las controversias relativas a los contratos de asociación o aprovechamiento de tierras ejidales, a que se refiere el artículo 45 de la Ley Agraria;
XII. De la reversión a que se refiere el artículo 97 de la Ley Agraria;
XIII. De la ejecución de los convenios a que se refiere la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria, así como de la ejecución de laudos arbitrales en materia agraria, previa determinación de que se encuentren apegados a las disposiciones legales y aplicables y
XIV. De los demás asuntos que determinen las leyes.
Artículo 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Son trabajadores de confianza: el Secretario General de Acuerdos y los de estudio y cuenta del Tribunal Superior Agrario; los secretarios de acuerdos y de estudios y cuenta de los tribunales unitarios; los actuarios, peritos, jefes de las unidades de apoyo a la función jurisdiccional y demás servidores públicos que desempeñen las funciones a que se refiere la fracción II del artículo 5o., de la Ley citada en el párrafo anterior. Los secretarios de acuerdos, de estudio y cuenta, actuarios y peritos de los tribunales unitarios, y demás categorías de servidores públicos que determine el Tribunal Superior Agrario, serán designados mediante concurso."
Artículo segundo. Se reforman los artículos 166; 170, primer y segundo párrafos; 178; 185, fracción VI y 198, fracción I; y se adicionan los artículos 166, con un párrafo segundo; 173, con los párrafos segundo a séptimo; 180, con un párrafo segundo; 185, con un párrafo último y 191, con los párrafos segundo a cuarto a la Ley Agraria, para quedar como sigue:
"Artículo 166. Los tribunales agrarios proveerán las diligencias precautorias necesarias para proteger a los interesados. Asimismo, podrán acordar la suspensión del acto de autoridad en materia agraria que pudiere afectarlos en tanto se resuelve en definitiva. La suspensión se regulará aplicando en lo conducente lo dispuesto en el Libro Primero, Título Segundo, Capítulo III de la Ley de Amparo.
En la aplicación de las disposiciones de ese ordenamiento para efectos de la suspensión del acto de autoridad en materia agraria, los tribunales agrarios considerarán las condiciones socioeconómicas de los interesados para el establecimiento de la garantía inherente a la reparación del daño e indemnización que pudiere causarse con la suspensión, si la sentencia no fuere favorable para el quejoso.
Artículo 170. El acto puede presentar se demanda por escrito o por simple comparecencia; en este caso, se solicitará a la Procuraduría Agraria coadyuve en su formulación por escrito de manera concisa. En su actuación, dicho organismo se apegará a los principios de objetividad e imparcialidad debidas.
Recibida la demanda, se emplazará al demandado para que comparezca a contestarla a más tardar durante la audiencia. En el emplazamiento se expresará, por lo menos, el nombre del actor, lo que demanda, la causa de la demanda y la fecha y hora que se señale para la audiencia, la que deberá tener lugar dentro de un plazo no menor a cinco ni mayor a 10 días, contado a partir de la fecha en que se practique el emplazamiento y la advertencia de que en dicha audiencia se desahogarán las pruebas, salvo las que no puedan ser inmediatamente desahogadas, en cuyo caso se suspenderá la audiencia y el tribunal proveerá lo necesario para que sean desahogadas, en un plazo de 15 días.
Artículo 173. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Previa certificación de que no puede hacerse la notificación personal y habiéndose comprobado fehacientemente que alguna persona no tenga domicilio fijo o se ignore donde se encuentre y hubiere que emplazarla a juicio o practicar por primera vez en autos una notificación personal, el tribunal acordará que el emplazamiento o la notificación se hagan por edictos que contendrán la resolución que se notifique, en su caso una breve síntesis de la demanda y del emplazamiento y se publicarán por dos veces dentro de un plazo de 10 días, en uno de los diarios de mayor circulación en la región en que éste ubicado el inmueble relacionado con el procedimiento agrario y en el periódico oficial del Estado en que se encuentre localizado dicho inmueble, así como en la oficina de la presidencia municipal que corresponda y en los estrados del tribunal.
Las notificaciones practicadas en la forma antes prevista surtirán efectos una vez transcurridos 15 días, a partir de la fecha de la última publicación por lo que, cuando se trate de emplazamiento, se deberá tomar en cuenta este plazo al señalar el día para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 185.
Si el interesado no se presenta dentro de un plazo antes mencionado, o no comparece a la audiencia de Ley, las subsecuentes notificaciones se le harán en los estrados del tribunal.
Sin perjuicio de realizar las notificaciones en la reforma antes señalada, el tribunal podrá, además, hacer uso de otros medios de comunicación
masiva, para hacerlos del conocimiento de los interesados.
Quienes comparezcan ante los tribunales agrarios, en la primera diligencia judicial en que intervengan, o en el primer escrito, deben señalar domicilio ubicado en la población en que tenga su sede el tribunal respectivo, o las oficinas de la autoridad municipal del lugar en que vivan, para que en ese lugar se practiquen las notificaciones que deban ser personales, las que, en caso de que no esté presente el interesado o su representante, se harán por instructivo. En este caso, las notificaciones personales, así practicadas surtirán efectos legales plenos.
Cuando se señale domicilio para recibir notificación personales, éstas se harán en los estrados del tribunal.
Artículo 178. La copia de la demanda se entregará al demandado o a la persona con quien se practique el emplazamiento respectivo. El demandado contestará la demanda a más tardar en la audiencia, pudiendo hacerlo por escrito o mediante su comparecencia. En este último caso, el tribunal solicitará a la Procuraduría Agraria que coadyuve en su formulación por escrito en forma concisa, En su actuación, dicho organismo se apegará a los principios de objetividad e imparcialidad debidas ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 180. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Confesada expresamente la demanda en todas sus partes y explicados sus efectos jurídicos por el magistrado y cuando la confesión sea verosímil, se encuentre apoyada en otro elemento de prueba y esté apegada a derecho, el tribunal pronunciará sentencia de inmediato; en caso contrario, continuará con el desahogo de la audiencia.
Artículo 185. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. En cualquier estado de la audiencia y en todo caso antes de pronunciar el fallo, el tribunal exhortará a las partes a una composición amigable. Si se lograra la avenencia, se dará por terminado el juicio y se suscribirá el convenio respectivo, el que una vez calificado y, en su caso, aprobado por el tribunal, tendrá el carácter de sentencia. En caso contrario, el tribunal oirá los alegatos de las partes, para lo cual concederá el tiempo necesario a cada una y en seguida pronunciará su fallo en presencia de ellas de una manera clara y sencilla.
En caso de que la audiencia no estuviere presidida por el magistrado, lo actuado en ella no producirá efecto jurídico alguno.
Artículo 191. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Si existiera alguna imposibilidad material o jurídica para ejecutar una sentencia relativa a tierras de un núcleo de población, la parte que obtuvo sentencia favorable podrá aceptar la superficie efectivamente deslindada, en cuyo caso la sentencia se tendrá por ejecutada, dejándose constancia de tal circunstancia en el acta que levante el actuario.
En caso de inconformidad con la ejecución de la parte que obtuvo sentencia favorable, se presentarán al actuario los alegatos correspondientes, los que asentará junto con las razones que impidan la ejecución, en el acta circunstanciada que levante.
Dentro de los 15 días siguientes al levantamiento del acta de ejecución, el tribunal del conocimiento dictará resolución definitiva sobre la ejecución de la sentencia y aprobará el plano definitivo."
Artículo 198. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Cuestiones relacionadas con los límites de tierras suscitadas entre dos o más núcleos de población ejidales o comunales, o concernientes a límites de las tierras de uno o varios núcleos de población con uno o varios pequeños propietarios, sociedades o asociaciones;
II y III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Para la resolución de asuntos relativos a ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas y creación de nuevos centros de población, a que se refiere el artículo tercero transitorio del decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992, el Tribunal Superior Agrario podrá contar con una sala auxiliar, integrada por el mismo número de
magistrados y procedimientos para su nombramiento que los que actualmente constituyen el referido tribunal. El funcionamiento de la sala auxiliar se regulará por lo previsto en el Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios y su vigencia no podrá exceder del tiempo necesario para la resolución de los asuntos que le sean turnados por el Presidente del Tribunal Superior.
Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados.- México, Distrito Federal a 24 de junio de 1993."
LETRAS DE ORO
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Eduardo Cué Morán, del Partido Revolucionario Institucional, para dar lectura a un documento relativo a la iniciativa para que se inscriba con letras de oro el nombre de Vicente Lombardo Toledano, en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
El diputado Jorge Eduardo Cué Morán:
Con su venia, señor Presidente; honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión:
Los que suscribimos, diputados de diversos grupos parlamentarios de esta LV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, manifestamos nuestro apoyo a la iniciativa presentada ante esta soberanía por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, a través del diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, el día 20 de abril del presente año, a fin de que sea inscrito en letras de oro en el recinto de esta representación popular, el nombre del maestro Vicente Lombardo Toledano.
Consideramos que tan destacada personalidad de la historia de México, merece el reconocimiento de los representantes del pueblo, por haber contribuido con su acción y pensamiento a darle a nuestro país su perfil de nación soberana e independiente en lo económico y en lo político y al pueblo mexicano una perspectiva clara para mejorar sus condiciones culturales, materiales y para ampliar su régimen democrático.
Como se dice en la iniciativa, la obra de Vicente Lombardo Toledano pertenece al patrimonio del pueblo mexicano y no a un partido político en lo particular. Su lucha al lado del proletariado, trascendió las fronteras de México; en las trincheras de la clase obrera, nacional e internacional, defendió siempre la independencia de los pueblos, sometidos al colonialismo y al neocolonialismo.
En el terreno de la educación y la cultura, sus aportaciones no fueron menores. Adquirió lo más altos grados académicos, por su entrega al estudio y a la investigación.
Su cátedra en la Universidad Nacional Autónoma de México, dejó huellas imborrables en la conciencia de varias generaciones, en las que sembró el amor por la cultura nacional y la pasión por la defensa de la personalidad de México.
Fue maestro por antonomasia; su enseñanza siempre enseñoreaba las aulas de la cultura y de las reuniones sindicales y políticas, siempre con tesis doctrinarias.
Dejó el pueblo y la juventud alrededor de 100 volúmenes, en los que están plasmados sus conocimientos sobre distintas disciplinas.
Trazó programas para el desarrollo independiente de la nación, así como líneas estratégicas y tácticas para el progreso del pueblo.
Demandó siempre la alianza de todas las fuerzas democráticas y patrióticas, diferentes en su conformación clasista e ideológica, pero impulsadas por el ideal de hacer de México un país dueño de su destino.
Su visión de México tiene que ser estudiada, para justipreciar las líneas nodales de su pensamiento y calibrar, con objetividad, su validez en el presente y en el futuro.
El debate que se sigue dando sobre la personalidad de Vicente Lombardo Toledano, refleja la grandeza del hombre; significa que su vida no puede pasa inadvertida en el devenir de la patria.
Su nombre se ha escrito ya en la historia de México. Inscribámoslo hoy en este recinto, para que figure al lado de los grandes constructores de la nación.
Sala de sesiones del Palacio Legislativo, a 29 de junio de 1993.- Por la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, diputada Rosa Albina Garavito Elías y 17 diputados más.
Por la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, diputado Israel González Arreguín y nueve diputados más.
Por la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, diputado Roberto Madrazo Pintado y 83 diputados más.
Y el diputado José María Téllez Rincón.
Quiero dejar constancia que este documento ha sido suscrito por todos los diputados miembros del sector obrero del PRI, así como también por la diputación de Pueblo, del Partido Revolucionario Institucional, en su conjunto y de igual manera de otros varios estados de la República.
Dejo a la Secretaría este documento, para sus efectos correspondientes. Muchas gracias.
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias.
PROBLEMÁTICA AGROPECUARIA
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Patricia Terrazas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de acuerdo en torno a de la cartera vencida en el ámbito agropecuario.
La diputada Patricia Terrazas Allen:
Con su venia, señor Presidente; estimados compañeros legisladoras y legisladores:
Como siempre, el Partido Acción Nacional hace uso de esta tribuna para dejar huella en la preocupación tan profunda que tenemos de los problemas que hunden a los productores del campo.
En los últimos días ha sido recurrente el tema del campo mexicano y desde los diversos foros que se ha tratado hay coincidencia: la situación es alarmante. En este día quiero hacer, si ustedes me lo permiten, especial referencia de mi Estado, Chihuahua, por ser, considero, un ejemplo inmejorable de la realidad que viven los productores del campo.
Han sido según la prensa, ya 11 las alcaldías del Estado que han sido tomadas en los últimos días, por los productores chihuahuenses; Gómez Farías, Cuauhtémoc, Namiquipa, Guerrero, Matachic, Cuzihuiriaqui, Temosachi, Bocoina, General Farías, Chihuahua, Bachaniva y Camargo, siendo éstas dos últimas poblaciones Bachiniva y Camargo, las que aún el día de ayer estaban tomadas en esta situación.
Además, se ha reportado que en Amiquipa, en Abraham González y Gómez Farías, se han presentado saqueos de semilla de frijol a las bodegas de Conasupo, con el clamor de los campesinos, que lo que tienen es hambre.
Y esto no es únicamente en el Estado de Chihuahua; hemos estado en Oaxaca, en Veracruz, en Yucatán y el reclamo de todos los productores, tanto henequeneros, cafetaleros, algodoneros, es uno solo: tenemos hambre.
Además, se planean, por parte de los diferentes grupos y uniones, tomas de bancos y tomas de carreteras.
Todo lo anterior, aunado, en mi Estado, señores, a una terrible sequía que golpea tremendamente a los productores, pues ha sido una de las más severas en los últimos años. Esta, señores diputados, es la relación de muchos de los productores que ya tiene sus carteras vencidas con la banca privada y oficial, frente al inminente remate judicial de sus únicos bienes.
Los números son fríos; los 787 deudores de la banca privada, que están en el grave peligro de perder todos sus bienes que han sido patrimonio familiar durante décadas, han sido clasificados por el Gobierno estatal a través de la dirección de desarrollo rural en tres categorías de acuerdo a las expectativas de su tratamiento:
1o. Existen 452 productores agropecuarios que con un monto de 78 millones 9 mil 100 pesos, de nuevos pesos, se encuentran sujetos a un programa de saneamiento financiero.
Por otro lado, 155 productores con una cartera vencida de 41 millones 329 mil 800 nuevos pesos, cuyo problema se define de solución viable, toda vez que presentan una serie de antecedentes y conducta crediticia favorables.
Por último, son 180 los que con un adeudo vencido de 130 millones 701 mil 300 nuevos pesos son considerados no viables, por causas tan diversas como siniestro, sequía, problemas fitosanitarios y sobre todo la ausencia de rentabilidad en la tierra.
En resumen, la cartera vencida con la banca privada en nuestro Estado, asciende a 250 millones 40 mil 200 nuevos pesos, con un número, repetimos, de 787 productores agropecuarios.
Las acciones del Gobierno estatal en este sentido y con respecto a la banca oficial han sido relativamente benéficas para los productores. El Gobierno del Estado en convenio con el Banco de Crédito Rural, han logrado la realización de un programa de reestructuración de pagos, dirigida a aquellos deudores que no excedan la cantidad de 20 mil nuevos pesos dentro de su deuda personal, logrando el beneficio de hacer a un lado el pago previo que es exigencia constante de parte de la banca en el caso de la reestructuración de deuda, con la salvedad de las últimas noticias de un agregado del Banco Rural, que hizo el Banco ha dispuesto que los productores que estén en esta hipótesis no se les otorgará nuevos créditos.
De esta manera ya han sido 951 productores con un monto de 2 millones 344 mil nuevos pesos los que se han librado momentáneamente del fantasma, del remate y del embargo.
En forma global, podemos afirmar, que siendo 75% los productores que están dentro de esta hipótesis, resta un 25% de la cartera vencida con el Banco de Crédito Rural la que quede sin una solución inmediata. Estos datos, si bien positivos, son meros paliativos, frente a la relativa realidad de un problema que rebasa las posibilidades de gestión y ayuda del Gobierno estatal.
El campo mexicano y, en particular, en este caso, por ser yo ciudadana chihuahuense, de cara a un Tratado de Libre Comercio, se ha desnudado y ha mostrado sus miserias. Un atraso de tecnología de varias décadas, el pobre apoyado crediticio, altas tasas de interés que golpearon en los años 1988 y 1989, sequías, plagas, interminables obstáculos en la comercialización, cuello de botella de las políticas de subsidio que se aplican a los productos norteamericanos y de la Comunidad Europea, la poca rentabilidad o más bien la ausencia de ella, o como en el caso de la manzana con lo compañeros fruticultores de la región de Cuauhtémoc que por causa del inconsiderable contrabando y de la liberalidad de la importación de dicha fruta, han dado al traste con un producto que por tradición ha sido el sostén de muchas familias y de muchos estados del país.
El mismo Presidente de la República, en estos días, ha manifestado la necesidad de abatir la falta de competitividad en el campo, admitiendo, señores, que es ahí donde se encuentran los pobres de los pobres.
Luis Téllez, subsecretario de Planeación de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos concluyó: que la tendencia a la baja de productos del campo se mantendrá por cinco años, por lo que urge rediseñar los programas de apoyo a los productores.
Guillermo Ortiz, subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue más lejos al tocar la llaga del problema que nos ocupa, al afirmar que el negocio de los bancos no es embargar predios, sino prestar y recuperar créditos, por lo que urge un trabajo conjunto para la solución de los problemas de las carteras vencidas.
Señores diputados: el reto es actuar con congruencia, con firmeza y con audacia. Chihuahua necesita de su apoyo; estos tiempos decisivos exigen respuestas contundentes. Pedimos entonces la intervención pronta y directa del Poder Ejecutivo, por conducto de su Secretaría de Hacienda y Crédito Público, toda vez que ésta la que a través de la banca de desarrollo, aporte el 80% de los créditos refaccionarios y de rehabilitación de avío, otorgados a los productores vía banca comercial. Dicha intervención será con el propósito de que facilite posibles convenios entre la banca privada y los productores deudores, tanto dentro de los procedimientos jurisdiccionales como de los mismo pagos a la ya multicitada cartera vencida; mientras tanto, den tiempo a reestructurar la deuda mediante un programa de pagos accesible y efectivo.
Pedimos, señores diputados, su respeto y su comprensión al sector más castigado de los tiempos presentes; pedimos que la banca no se transforme en un voraz acumulador de predios rústicos, que provoque la desaparición de los mismos, sino que cumpla con su función social que le corresponde, en el marco de un país con aspiraciones de desarrollo e inserto en el inminente Tratado de Libre Comercio.
Por lo anteriormente manifestado y con fundamento en lo estableció por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados integrantes de la LV Legislatura del Congreso de la Unión, nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente
"PUNTO DE ACUERDO
La política del actual gobierno ha sido la de apoyar y estimular la actividad productiva del campo, la crisis económica no privativa de nuestra
nación y que ha afectado en particular al agro mexicano, aunado con fenómenos naturales que se reflejan en dicha actividad, ha imposibilitado no solamente las expectativas de un desarrollo acorde y necesario para enfrentar un futuro bloque comercial con las naciones del norte de América, sino algo más grave, la subsistencia misma de tan vital actividad, para cualquier nación en desarrollo
En tal virtud, nos pronunciamos por lo siguiente:
Primero. La intervención pronta y directa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante los acreedores del campo mexicano, particularmente los del Estado de Chihuahua, dentro de los márgenes que la Ley permita, a efecto de lograr que en los procedimientos de ejecución de su cartera vencida, se llegue a convenios que permitan prórrogas en beneficio de la economía del Estado y de los agricultores y del país.
Segundo. Las misma Secretaría con las partes interesadas analicen y acuerden los mecanismos o procedimientos encaminados a resolver en definitiva la cartera vencida y aún más importante, la situación crítica del campo chihuahuense.
Salón de sesiones, Palacio Legislativo a los 29 días del mes de junio de 1993.- Por el Partido Acción Nacional firman el diputado Rubén Raymundo Gómez Ramírez; por el Partido Acción Nacional, el diputado César Jáuregui Robles; por el Partido Acción Nacional, el diputado Andrés Barba Barba y por el Partido Acción Nacional, la diputada Patricia Terrazas Allen; por el grupo del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Jaime Rodríguez Calderón; por el grupo parlamentario de la Revolución Democrática, el diputado Enrique Rico Arzate; por el grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el diputado Adolfo Kunz Bolaños.»
Turno a la Secretaría este punto de acuerdo y me permito suplicarle a la Presidencia que ya agotados los procedimientos del artículo 58, se sirva turnar a las comisiones unidas de Agricultura y Recursos Hidráulicos, así como a la Comisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias por su atención.
El Presidente:
Para el mismo tema ha solicitado el uso de la palabra el diputado Enrique Rico Arzate, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Enrique Rico Arzate:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
En virtud de la situación tan crítica por la que atraviesa el campo, me permito hacer esta intervención en lo que se refiere a carteras vencidas. No solamente es Chihuahua, es todo el país. Se encuentra en una situación realmente crítica y el campo mexicano ha tocado fondo.
Las políticas hasta ahora implementadas por el Gobierno salinista no han dado respuesta a esta grave situación.
En la crisis en la que se encuentra el campo mexicano continúan siendo uno de los problemas fundamentales y es la falta de créditos a los productores.
El Programa Nacional de Modernización del Campo, planteado al inicio de este sexenio, se ha comprobado que no ha funcionado en lo que pudiera haber servido al sector agrario, porque de entrada el programa en cuanto a financiamiento, realiza una división que es por lo demás absurda, para el otorgamiento de créditos, dando más al que más tiene y cerrando las posibilidades de mayor desarrollo a los que menos tiene. Por ello la división en productores de zonas marginadas, productores con potencial productivo y productores que actúan dentro de la agricultura comercial.
El abandono de créditos al productor coloca la campo en una peor situación de la que ya se encontraba, bajo el supuesto de que ello permitiría la inversión privada.
Dadas las condiciones en las que se encuentra el campo, no les interesó, aunque es preciso señalar que los pocos particulares asociados con productores rurales por un lado, han tenido un rotundo fracaso, como lo demuestra ya el multicitado caso del proyecto de Vaquerías, en el Estado de Nuevo León. O bien por el otro y según un estudio realizado por investigadores especializados de la Universidad Autónoma de Chapingo, en los proyectos ya completados de este tipo, se concentran los mayores beneficios en los grandes empresarios, limita las posibilidades organizativas y de capitalización de los pequeños productores.
Las políticas de financiamiento que aplican las instituciones de crédito en sus programas de integración, resultan fundamentales en esto. Aunque la mayor parte de los créditos a los proyectos existentes han sido destinados a los productores rurales, más del 50% son de avío; es decir,
tienen objetivo de sufragar el capital de trabajo y sus plazos de amortización son cortos, no exceden de dos años.
Y mientras tanto, los créditos destinados a los empresarios son en su mayoría refaccionarios; o sea, de mediano y largo plazos y que pueden ser hasta de 15 años, lo cual permite la realización de inversiones fijas.
Así, de acuerdo con los mismos investigadores de la Universidad Autónoma de Chapingo, el agente que realmente se está capitalizando es el empresario; mientras que el productor sólo le están canalizando créditos para, con lo que ya tiene, produzca los productos que son de interés para el empresario.
Otro aspecto que igualmente actúa en contra de la capitalización de los productores rurales, además de impedir que organicen empresas que sean sólo propiedad de ellos, lo constituyen las políticas que aplica la banca comercial y de fomento; en la autorización de créditos para la rehabilitación de la infraestructura, las instituciones plantean la condición de que participen empresarios que aporten tecnología, mercado, capital, gestión administrativa y el aval para el otorgamiento de créditos.
Es evidente que a la banca le interesa asegurar la recuperación de sus créditos y sabe muy bien que dadas las condiciones de recesión del campo el capital, experiencia y tecnología de las grandes empresas, son los elementos que garantizan el éxito de las agroasociaciones.
Así, en tanto no exista una política congruente a mediano y largo plazos que incluya programas de fomento a través de precios de garantía, subsidios directos al productor y disponibilidad de créditos bajos, a bajos costos, la conformación de asociaciones en participación entre ejidatarios e inversionistas privados, no podrá reproducirse a gran escala.
En el campo se vive un gran problema de rentabilidad que no sólo bloquea los demás proyectos de inversión, sino que está asfixiando a los otros sectores del agro, como es el caso del sector agropecuario, específicamente a los productores de leche, quienes en una actitud desesperada tiraron miles y miles de litros del lácteo ante las puertas de la Comisión Federal de Electricidad y de la delegación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en Celaya, en el Estado de Guanajuato.
La primera, como protesta por los altos costos de la tarifa de energía y, la otra, por permitir la importación de leche en polvo, factor que les ha reducido las cuotas de empresas transnacionales que demandan el producto.
Paralelamente a las carteras vencidas de los productores, cada día se complican más y ponen en grave riesgo a la economía campesina, además del crecimiento de los adeudos de los medianos y grandes empresarios agropecuarios que logran renegociar sus préstamos y nunca llegan al nivel de cartera vencida.
Así, mientras los créditos no sean similares a los que se ofrecen en los Estados Unidos de América y en la Comunidad Europea, la agricultura mexicana no podrá competir con ventajas.
En materia de créditos no es posible que a los productores mexicanos se les cobre tasas de hasta casi el 40%, cuando a los agricultores de los Estados Unidos de América sólo pagan créditos cercanos al 7%.
No solamente en Chihuahua o en Guanajuato se vive esta situación critica en el campo. También los campesinos de la comarca lagunera ven cómo el Banco de Crédito Rural del Norte, los despoja de parte de sus activos, entre ellos, arados y tractores, maquinaria de trabajo rural, para garantizar algo de los adeudos incumplidos con la institución crediticia.
Aunque se ha dado a conocer a nivel nacional que las cuentas de los habilitados cayeron en carteras vencidas, no fueron reestructuradas.
El Banrural está procediendo de cualquier manera a los embargos, con el fin de tener algo de recuperación.
De igual manera nos encontramos con los productores, cercano a los 250, éstos de frijol, en Zacatecas, tomaron las oficinas del Banrural y amenazaron con no entregarlas hasta que se reestructuren favorablemente sus adeudos, que según la institución alcanzan 16 millones de nuevos pesos, exigiendo la suspensión de los embargos a los equipos de trabajo.
El Banrural pretende embargar 268 tractores que sirven para sembrar poco más o menos de 15 mil hectáreas de frijol en esta región del norte del Estado y que linda con la zona de La Laguna.
Asimismo, existen otros casos en el Estado de Guanajuato, aberrantes, en donde los campesinos han sido despojados por el Banco del Centro, del equipo de bombeo y de sus tractores. Argumentando que debían cerca de 300 millones de viejos pesos.
Se han llevado a cabo juicios, en donde se ha demostrado que los campesinos han pagado parte de esta deuda y que no han sido considerados por parte de la banca.
De igual manera en el Estado de Puebla, en los municipios de San Miguel Canoa, en La Resurrección, en Acajete, en Tepatlaxco, productores de básicos en gran cantidad se encuentran en cartera vencida sobre créditos refaccionarios y de avíos. Están dispuestos a pagar para poder obtener créditos de apoyo a los ciclos futuros de producción. Se han encontrado con mecanismos complicados para salvar las carteras vencidas, a través del llamado Programa Nacional de Solidaridad. Piden que sea cubierto con trabajo, lo cual es muy difícil de cumplir.
También piden apoyo para la asesoría técnica, la que ayudaría a obtener una mejor productividad en los cultivos.
Todo esto y muchas otras cosas más han complicado al campo mexicano, que se encuentra en bancarrota y "ha tocado fondo" en el momento. No hay salida planteada por parte de las autoridades, que han dado, más bien han estado "tocando fondo" en cuanto a planteamiento de políticas al campo mexicano.
En lo que se refiere, por ejemplo, a la Subsecretaría de Planeación, ¡más bien sería la Subsecretaría del Desastre del Campo Mexicano, dirigida por el actual subsecretario Luis Téllez Cruces!
¡Es por eso, compañeros diputados, que debemos de poner atención a las medidas del campo mexicano que requieren una verdadera reestructuración! Muchas gracias por su atención.
El Presidente:
Para el mismo tema, ha solicitado el uso de la palabra el diputado Rigoberto Arriaga Ruiz, del Partido Popular Socialista.
El diputado Rigoberto Arriaga Ruiz:
Con su permiso, señor Presidente:
Llego a esta tribuna para ser consecuente con un dictado de mi conciencia. Cuando la compañera diputada del Partido Acción Nacional vino a esta tribuna a exponer el problema de las carteras vencidas, consideré que independientemente de nuestras discrepancias ideológicas con el Partido Acción Nacional, la compañera diputada estaba exponiendo una situación que nos angustia a todos los que vivimos en el campo, seamos ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios.
Nos sumamos, compañera, a su llamamiento de respaldo a su petición, no tanto nos sumamos al punto de acuerdo que usted propone. Sus palabras han encontrado eco en los diputados de mi partido, el Partido Popular Socialista, repitiendo, independientemente de nuestra enorme discrepancia que tenemos, los diputados del Partido Popular Socialista, con su partido.
El hambre no reconoce cuestiones de partido ni cuestiones de ideología. Efectivamente, el campo mexicano ha tocado fondo. Los pequeños propietarios, los ejidatarios y los comuneros estamos perdiendo lo que durante muchos años con nuestro esfuerzo y sacrificio habíamos logrado: nuestros implementos agrícolas.
Este problema de carteras vencidas no es de Chihuahua, no es de mi Estado, Sinaloa, no es de Durango; éste es un problema de carácter nacional que requiere una intervención urgente de las autoridades. ¡Hemos dicho en esta tribuna en muchas ocasiones que esto se debe a la política agropecuaria implementada desde el anterior Gobierno de Miguel de la Madrid, política agropecuaria que se sigue en este Gobierno de Carlos Salinas de Gortari!
Desaparecieron los precios de garantía, se permite la entrada de productos agropecuarios de otros países. ¡No podemos nosotros, los productores mexicanos, competir con los productores de otros países! ¡Qué bien que ya el clamor y la desesperación es de todos los diputados de todos los partidos políticos!
Yo he escuchado los lamentos y las quejas también de muchos compañeros diputados del Partido Revolucionario Institucional, que no viene aquí a expresar por muchas razones, pero hay clamor en todos los diputados. Se presenta por primera ocasión el clamor y la exigencia en esta tribuna de los diputados del Partido Acción Nacional. Se ha presentado también aquí la oposición de los diputados de otros partidos.
Desde un principio nosotros hemos señalado con índice de fuego al anterior Gobierno y a éste, porque nos han llevado, a los hombres del campo, a los ejidatarios y a los pequeños productores, a una desesperación tal que si no le ponemos
un hasta aquí, al rato vamos a sentir las consecuencias.
Se comienza a ver ya la violencia en el campo. Vayamos a las carreteras vecinales y veremos cómo los campesinos estamos sacando a las orillas de los caminos nuestros implementos agrícolas para venderlos. Veremos cómo también el Banco de Crédito Rural nos está interviniendo nuestros tractores. ¡Vamos a volver los productores del campo atrás, hacia 20 años atrás a andar mendigando a los dueños de la maquinaria para que nos preparen nuestras tierras! ¡Esta es la política agropecuaria equivocada de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas de Gortari!
¡Nos sumamos, compañera diputada a su reclamo y aquí estamos! Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente:
Para el mismo tema. ha solicitado el uso de la palabra el diputado Emilio Becerra, del Partió de la Revolución Democrática.
El diputado Emilio Becerra González:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El tema que ha originado estas intervenciones y estas tomas de conciencia, fue la cartera vencida de los agricultores de Chihuahua, pero como acertadamente lo dijo el orador que me antecedió en el uso de la palabra, ése no es un problema limitado o exclusivo o que se haya agravado en Chihuahua, es un problema en todo el país y necesariamente ante el reclamo de multitud de ciudadanos con los que convivimos y a los que se nos acercan tanto en la vida diaria como con motivo de las distintas campañas políticas que se llevan a cabo en el campo, es justo reconocer que la situación de la agricultura mexicana es de crisis exacerbada.
Para mí es una sorpresa que hasta el día de hoy se le haya dado a este tema la relevancia y la importancia que verdaderamente tiene; yo considero que de alguna manera los diputados no estamos haciendo honor a nuestros compromisos con toda la sociedad mexicana. Recuerdo que hace aproximadamente un mes, una noche el diputado Israel González Arreguín, del Partido del Frente Cardenista, se subió a esta tribuna e hizo una exposición acabada, detallada y documentada de los grandes problemas de la agricultura nacional. Ese llamado y ese apuntamiento de la crisis, en un salón repleto de diputados, pasó desapercibido, no podemos ser indiferentes a los reclamos del campo, vengan estos por intermedio de los diputados que fueren; a mí me causó honda preocupación ver una intervención tan acertada como la del diputado González Arreguín y a la que muy poca gente le prestó interés y mucho menos, ni siquiera hubo mayores comentarios ni puntos de acuerdo. Afortunadamente en esta ocasión nos vemos en la necesidad de poner el dedo en la llaga y de buscar que ahora sí se haga algo ante esta situación tan desesperante del campo mexicano.
En nuestra función como representantes populares, tenemos la obligación no solamente de hace las leyes y de fiscalizar a los demás órganos del poder, esto es a los poderes Ejecutivo y Judicial, fiscalización que unas veces las hacemos a través de las leyes de Ingresos y Egresos y otras a través de los juicios políticos que de una manera inexplicable, a pesar de que lleguen aquí al pleno, nunca sabemos esos juicios políticos, en qué concluyen ya que deberían de concluir con un dictamen y un debate.
De alguna manera con estas intervenciones se está haciendo un juicio político sobre el fracaso de la política del actual régimen en materia agrícola; si cuando nosotros vamos a nuestras ciudades de origen o cuando vamos a esas giras políticas a las que ya antes me he referido, tenemos que escuchar y hacer posible por solucionar los problemas de tanta gente que vive en el campo y que vive además de una actividad que es fundamental para el desarrollo del país.
Las distintas doctrinas y escuelas económicas, cuando hablan de cuáles son las actividades fundamentales del hombre, en sus orígenes estas doctrinas económicas apuntaban como una de las actividades básicas y fundamentales: la actividad de la agricultura, ya que sin la producción de alimentos pues es una perogrullada que no se puede sobrevivir, ni se puede continuar en la vida social, ni en la vida fisiológica.
Sin embargo, por motivos del avance tecnológico, la industria, los servicios y otras actividades, han desplazado a la agricultura de esa prioridad que tuvo durante la mayor parte de la existencia de la humanidad; sin embargo, por más que progrese la industria, por más que progresen los servicios, por más que progrese la tecnología, la vida del hombre no será posible si no hay suficiente producción agrícola y esta producción agrícola no se puede llevar a cabo si no se le da la protección que se debe.
Yo en este momento recuerdo que hace aproximadamente tres años, el doctor Henry Kissinger escribió un artículo en que decía que el arma estratégica fundamental de Estados Unidos, su país, en ese momento ya no eran las armas atómicas, por que con la posibilidad del holocausto nuclear, esa arma estratégica no se podía utilizar, pero que el arma estratégica fundamental del siglo XXI va a ser el arma alimentaria.
Y decía el doctor Kissinger, que los principales productores de alimentos en el mundo son Estados Unidos y Canadá, así como Australia y él quería aprovechar esa arma estratégica para vencer a las ideologías que se oponían a la ideología que él defendía; sin embargo tenemos que tener en cuenta que si ya el doctor Kissinger proponía el uso de esa arma alimentaria estratégica para que otras naciones abandonaran su ideología y abandonar sus programas de Gobierno, evidentemente esa arma alimentaria está presente en el diseño de los Estados Unidos para imponer sus políticas a todas aquellas naciones que requieran de los alimentos.
Y por lo tanto, como una parte fundamental de la soberanía nacional está la autosuficiencia alimentaria y otros legisladores que han pasado por aquí y en especial quienes legislaron al triunfo de la Revolución Mexicana, plasmaron esas obligaciones en nuestra Constitución Política y para los que no recuerdan me permito leerles un párrafo fundamental de nuestra Constitución que parece que la administración actual lo ha olvidado y es la fracción XX del artículo 27 constitucional que dice así:
"El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral con el propósito de generar empleos y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo etcétera."
Y en el propio artículo 27, fracción VII, dice: "La Ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores.
Estas obligaciones constitucionales que no son simplemente de si se quiere o no se quiere, están olvidadas por el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo no puede desatenderse de esas obligaciones, el fomento de la agricultura, la elevación del nivel de vida de sus pobladores, está no sólo en grave riesgo, sino en una crisis lacerante que no podemos permitir.
Yo recuerdo hace poco, vinieron a verme unos señores de Tlaxcala, para ver qué se podía hacer con unos embargos de la banca privada, que les iban a quitar sus tierras. Yo revisando todo el procesos judicial, les dije que desgraciadamente no se podía hacer nada y que además ya habían pasado como dos o tres años que se había dictado sentencia ejecutoria, que por la vía legal era imposible, cuando menos hasta donde yo conozco, hacer algo, pero ellos me dijeron: pues sí, diputado, ya nosotros vinimos nada más porque ya hemos recorrido todos los partidos, hemos tenido reuniones y en todos los lados nos dicen los mismo, pero una cosa sí le advertimos, que de ahí no nos sacan, así tengamos que matarnos con las autoridades o con quien nos vaya a quitar nuestras tierras, porque ése es el producto de toda nuestra vida y es lo que nos dejaron nuestros antepasados.
Señores diputados, eso que me dijeron esos campesinos de Tlaxcala, es vox populi de un número importante de campesinos en el campo mexicano. No están dispuestos a dejar sus parcelas, sus predios o sus pequeñas propiedades, ellos están dispuestos a defender eso hasta las últimas consecuencias.
Nuestra obligación es que esos callejones sin salida no se den, tenemos que buscar acciones, estamos a tiempo para que la convivencia entre los mexicanos no se destruya. Recordemos que en el concepto de patria que todos tenemos, que es cierto que la patria la constituyen muchos factores, el territorio, la población, las leyes, el Gobierno, etcétera, pero para el común de los mexicanos, para el sentido común de la gente, la patria es el territorio y la patria se forma no como un territorio único, sino que el territorio mexicano está formado en esencia por las casas en donde vivimos, por las parcelas ejidales, por los bosques, por los predios, por las pequeñas propiedades y si queremos defender la patria y estamos obligados a defenderla, tenemos que defender cada parcela, cada predio, cada pequeña propiedad que en su conjunto constituyen toda la patria mexicana.
No podemos dejar esos mexicanos abandonados a su suerte. Es indispensable que el Poder Legislativo haga algo y yo agregaría, además de los puntos de acuerdo que propuso la diputada Terrazas, que busquemos la manera de que a través
de las próximas leyes de Ingresos y Egresos y de ser posible en una legislación extraordinaria, que se legislen subsidios para los productores mexicanos, que se legisle también una tasa impositiva que pueda hacer posible que la agricultura sea una actividad rentable y también que se legisle el cierre de fronteras a granos que vienen del exterior, cuando aquí haya producción suficiente.
No puede ser que los productores mexicanos tengan maíz, tengan trigo, sorgo, tengan manzanas, en fin, tengan una serie de productos y vengan los productores del extranjero que como los venden más baratos, nadie compra la producción nacional. Aquí ya no se trata de una actividad de ganancia. Yo no conozco una actividad o un renglón de la agricultura que esté ganando, se trata de una actividad de supervivencia. Sabemos y nos consta que en la mayor parte de las naciones europeas se subsidia a todos los agricultores y estos agricultores que tiene dos, tres, cinco y 10 hectáreas máximo, porque precisamente se entiende que de esa manera se mantiene la patria en manos nacionales y si nosotros queremos que la patria mexicana esté en manos de mexicanos, debemos de ayudar a los productores y a los agricultores mexicanos. Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, ha solicitado la palabra el diputado Israel González Arreguín, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Israel González Arreguín:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
En breve habremos de analizar aquí la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes orgánicas de los tribunales agrarios y agraria, que el titular del Ejecutivo de la Unión, con base en la fracción I del artículo 71 envió a esta soberanía.
El análisis de esta reforma se debe a que se han encontrado una serie de trabas en la práctica, a través de los tribunales agrarios, para el desarrollo de la situación jurídica y el mandato constitucional que el artículo 27 les establece y, sin embargo, a pesar de que han existido infinidad de manifestaciones y reclamos por parte de los hombres del campo, a través de formas diferentes, en las que han manifestado que no es posible participar competitivamente en estos momentos con otras potencias del primer mundo, con las que estamos llevando a cabo la apertura del comercio y que aún no se da inicio formal cuando ya está causando graves estragos en el campo mexicano y, sin embargo, ante estas circunstancias no nos preocupamos los legisladores por establecer una norma, por tomar medidas que puedan responder a los intereses de los compañeros campesinos.
Yo pienso que es necesario analizar fríamente lo que está sucediendo con nuestros hermanos campesinos. Aquí, compañeros, no es problema de confrontaciones estériles, ni tampoco de oportunismos políticos; más bien es urgente el establecimiento de planes de emergencia para resolver problemas que están provocando verdadero caos en el campo mexicano.
Se quiere planes que revisen la actitud y la actuación de la banca; se requieren planes con mecanismos serios para que podamos estar a la altura de las necesidades, a la altura de los reclamos. No de los que ayer decíamos, algunos son ejidatarios flojos y son los responsables de que no haya producción. Porque ahora que la lumbre está llegando a los aparejos nos estamos emparejando y ahora estamos dándonos cuenta de las enormes bondades de lo que significaba el Banco de Crédito Rural o el Banco Ejidal.
Y a similitud, comentábamos nosotros la semana pasada, la Comisión de Pesca, a todos los compañeros de las cooperativas pesqueras se les tildó de que no avanzaban por su desorganización y por su corrupción; sin embargo, el día de ayer la propia Cámara Nacional de la Industria Pesquera, a través de uno de sus voceros, aceptaba que el problema de la pesca es muy serio y usaba un lenguaje diferente al que vinieron utilizando en contra de las sociedades que protegían la propiedad social.
Entonces, compañeros, en este momento, vuelvo a repetir, podemos ubicarnos en el significado tan grave que puede tener para nuestro país el no tomar a tiempo las medidas que nos puedan permitir resolver un problema que la producción rural tiene.
Si somos capaces de aceptar que no son los subsidios los que han perjudicado al campo, que no son los subsidios los que han provocado el que se haya empobrecido la nación, sino que hay una serie de circunstancias que se entrelazan en esta sociedad nacional y mundial, que ha provocado un conflicto verdadero y que todos nosotros, obrando con gran y profunda responsabilidad,
podremos encontrar no alternativas a un problema de carteras vencidas simple y llanamente, sino urge encontrar respuestas serias con planes no para una cosecha, con planes no para un año, con planes no para tres años, sino que requerimos planes de emergencia que nos ayuden a valorar verdaderamente lo que está sucediendo en el campo.
Yo no sé qué podrán transformar en las grandes ciudades, en las grandes empresas, en las grandes fábricas, si deja de existir la producción de origen en el campo.
¿Nos vamos a convertir en importadores de granos, en importadores de semillas?
Compañeros, debemos entender cuál es el fenómeno de quienes desde el acaparamiento de la producción mundial han desarrollado a lo largo y ancho de la historia; los grandes monopolios son capaces de regalar el producto para tronar a los que realizan la producción a pequeña escala, porque al fin y al cabo regalan un año o dos y posteriormente establecen su normatividad y entonces los productos los vamos a comprar al mismo precio que estamos pagando ahorita, todo lo que ha llegado a manos de una iniciativa privada voraz.
Y frente a este tipo de circunstancias que traerán graves consecuencias, vuelvo a proponer la necesidad de unificarnos con planes de emergencia, para resolver tanto los problemas de carteras vencidas, los problemas de créditos, los problemas de la producción verdaderamente organizada.
Compañeros, todos los diputados, yo no creo que haya uno solo que tenga relación con el campo, que no reciba a diario los señalamientos por parte de los compañeros campesinos, sean ejidatarios o sean pequeños propietarios; estamos a tiempo de hacerlo.
Esa es un propuesta que dejamos aquí, para todos ustedes y para todos nosotros, que la reflexionemos. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado González Arreguín.
Tiene el uso de la palabra, para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, el diputado Francisco Portela Santana, del Partido Acción Nacional.
El diputado Francisco Portela Santana:
Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
Mi compañera, la diputada Terrazas, se refirió a la gran crisis que el agro mexicano está sufriendo en todo el país.
Desde luego, como lo apuntaba nuestro compañero, el diputado Arreguín, esto no exclusivo únicamente de Chihuahua o de Tlaxcala. Baja California Sur, compañeros diputados, concretamente el Valle de Santo Domingo, en el municipio de Comondú, está agonizando también.
Las viudas de los pioneros, algunos ya han muerto y algunos de estos mismos pioneros no están dispuestos a desalojar sus tierras ni a dejárselas quitar y han declarado en repetidas ocasiones, aun ante el Presidente de la República, que defenderán esas tierras aun a costa de sus vidas.
Tres de estos pioneros de Baja California Sur, en concreto del Valle de Santo Domingo, están aquí, con nosotros, que se han venido de raites, en camiones de carga, para poder pedir la ayuda a los diputados, que hagan algo por ellos, que busquen salvar sus tierras.
Estos compañeros pioneros del Valle de Santo Domingo, que están aquí pidiendo el apoyo de todos nosotros para continuar sembrando sus tierras, estos hombres de campo que aman a la tierra, a su patria y que quieren producir alimentos, no nada más para su familia, sino para toda la nación, para todo México.
Compañeros diputados, yo considero que no debemos echar en saco roto este clamor de los agricultores de todo el país.
Sinceramente, les pido a ustedes que hagamos todo el esfuerzo de que somos posibles, para poder solucionar el problema del campo. En nosotros está esforzarnos y forzar a quienes corresponde, para que den soluciones.
Se gastan muchísimos millones en otros casos y en otros actos, que no tiene beneficio para la nación y el campo, señores, nos da alimento a todos y debemos salvarlos. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracia, diputado Portela. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Jaime Rodríguez Calderón, del Partido Revolucionario Institucional para rectificar hechos, en el mismo tema.
El diputado Jaime Rodríguez Calderón:
Con su permiso, señor Presidente:
Compañeros, vengo a nombre del Partido Revolucionario Institucional a comentar lo que los compañeros diputados que me han antecedido en la palabra, han hecho muy bien. Yo fui quien junto con la compañera Patricia Terrazas, cuando me vio me preguntó y yo la busqué y la verdad es que el punto de acuerdo es un punto de acuerdo que ya todo mundo hemos expresado, todos estamos de acuerdo en ello y mi partido, el Revolucionario Institucional, también está de acuerdo con ello.
Sin embargo, creo importante hacer algunos considerandos y comentar los siguiente. Cierto que la agricultura y el campo de México está en una situación difícil, pero no es exclusivo de México, es una situación mundial y que para ello más que lamentos y quejas y yo estoy de acuerdo con el compañero Arreguín, más que lamentos y quejas debemos buscar soluciones. Y que los compañeros que comentaba ahorita el compañero del PAN que viene desde allá, de Baja California Sur, en venir, hasta acá pudieran tener una respuesta ya.
Y que la verdad todo tiene una solución si se busca en forma conjunta, pero cuando el campo mexicano nos lo estemos repartiendo políticamente y estemos tomando decisiones de tipo político y no productiva, el campo mexicano va a seguir quizá en la crisis en la que estamos.
Debemos buscar soluciones productivas y esto lo sabemos todos los que vivimos en el campo, porque a veces puede ser que alguien venga aquí a hablar porque es un científico, un catedrático, un estudioso de la agricultura, cuando la verdad a veces ni los zapatos ensucia para ir a una parcela y ésos son los que a veces comenta.
Por eso los que tienen un editorial en el periódico o los que tienen una posibilidad se dará una revista a una solución. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Qué deben? ¿Y por qué deben? Esas cosas las sabemos los que producimos, los que hemos sembrado, los que producimos; los que no, oyen el radio, escuchan la televisión, leen los periódicos y la verdad siempre el que habla bien, el que habla bonito, el que escribe bien y dice las cosas de esa manera, pues tiene en la opinión pública el mejor halago y el aplauso. Pero quien produce la tortilla, el frijol, la manzana, lo que consume la gente en la ciudad, no sabe de la realidad que en el campo está pasando.
Pero, bueno, creo importante considerar lo siguiente, la cartera vencida que fue el punto de acuerdo, que es la complicación quizá más difícil en el campo mexicano, el deber y el no tener con qué sembrar el próximo ciclo. Y la verdad tienes de garantía pues tu casa, tu terreno y de repente andas con la preocupación de qué va a pasar mañana, si llueve, si graniza, si nieva, la verdad es que el clima y la opinión es lo que más conflictos causa el campo mexicano.
El Estado hace un año y medio aproximadamente implementó el Programa de Carteras Vencidas para los ejidatarios que tenían este problema y condona el Estado a través de Banrural más de cinco billones de viejos pesos, aquellos que estaban en cartera vencida y que demostraron en cartera vencida por las situaciones que fuera. Y no hubo investigación real y se beneficiaron miles de campesinos en el país, es una acción del Estado.
Desgraciadamente algunos productores, porque no debemos de hablar de todos los productores del país, algunos productores del país no entraron en este programa, quizá porque eran productores de "altos ingresos", de altos ingresos y así fueron considerados. Ahora es importante ver por qué esos compañeros cayeron en cartera vencida, cuál fue su situación real y entonces buscar las alternativas de solución como lo proponía la compañera Patricia Terrazas, que sea la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que pueda atender este problema y que los acreedores que en su mayoría son, no el Banco de Crédito Rural, sino la banca privada y que yo también expreso lo siguiente: o han sido solidarios con los productores mexicanos los que son dueños de los bancos y tienen el dinero de México, quizá ahí para prestarlo y hacer negocio, no han querido, a lo mejor, ser solidarios con la acción del Presidente Salinas en sus programas de cartera vencida o en sus programas de reactivación del campo mexicano.
Más que un planteamiento, nosotros tenemos que buscar soluciones y para comentar nosotros los diputados para quien comentó aquí y dijo que no nos interesaba nada las situaciones del campo mexicano, en las comisiones de Agricultura, de Ganadería, de Reforma Agraria, se formó ahora una Comisión Plural de diputados, que hemos estado entrevistándonos con funcionarios del Ejecutivo, buscando soluciones para el campo mexicano y estas soluciones creo que las podemos tener a la vuelta de las reuniones si somos propositivos en la productividad y no propositivos en el clientelismo político, eso en el campo no se da, es más, esa cosecha yo creo está muy
lejos de dar un resultado; debe de ser la proposición a la productividad para que en la ciudad coman tortillas a precios baratos.
Decían que los subsidios no existen, el maíz se paga en México al 200% de lo que cuesta en Estados Unidos y bueno, quién lo subsidia, el Estado, hay un subsidio ahí directo al productor. En Estados Unidos ale 100 dólares la tonelada, cuando aquí a lo mejor nos están pagando a 750 pesos el kilo más un programa de apoyo a la comercialización ejidal, a quienes son ejidatarios.
¿Quiénes son los que se pudieran beneficiar con los subsidios de esta manera?, los grandes productores y no son los ejidatarios, no son los más en el país, son los menos en el país los que se pudieran beneficiar si se implementa este tipo de acciones. Y para eso, mi partido el Revolucionario Institucional, a través de sus organizaciones, ha estado realizando reuniones en el país. El día de hoy terminamos, hoy en la mañana, en la Confederación Nacional Campesina nuestro Consejo Rural Nacional y en esas reuniones nosotros hemos establecido programas para orientar al propio productor a que pase a la segunda escala, la escalera de la producción es primero la tierra, la tierra ya es de los ejidatarios.
Segundo, la posibilidad de organizarse para la producción, como están, es imposible que pueda haber una producción. Aquel que venga aquí y diga: sí se puede producir rentablemente en una hectárea, está equivocado, porque no es negocio; necesitamos buscar esquemas de asociación, de organización y no de asociación solamente con la iniciativa privada, sino asociación entre productores para que pueda ser más rentable la tierra.
Y este tipo de esquemas pueden ayudar a que el campo mexicano salga adelante y por consecuencia los que vivimos en el campo mexicano podamos tener un mejor nivel de vida. Pero creo que aquí en el llamamiento que hace mi partido, también como lo hicieron los demás compañeros que suben a la tribuna, de que juntos, todos, busquemos una solución para este grave problema de todos los mexicanos, no es exclusivo de los que viven en el campo. Si los del campo dejamos de producir, no hay tortillas, no hay frijoles y no hay nada y los de la ciudad aunque quieran tenerlo, no lo van a tener.
Entonces este problema tiene que ser de todos. Yo me sumo, se suma mi partido al punto de acuerdo que propuso la compañera Patricia Terrazas y que avalaron todos los demás partidos y les propongo que a partir del día de mañana en nuestras reuniones de trabajo de las comisiones, podamos inmediatamente buscar a los funcionarios que tengan que dar una respuesta para que en la proposición que nosotros hagamos, pueda haber una respuesta también del Ejecutivo y que a la brevedad podamos ayudar a México a salir adelante en lo referente al alimento de los mexicanos. Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Enrique Rico Arzate.
El diputado Enrique Rico Arzate:
Con el permiso de la Presidencia:
En vista de que éste es un tema tan interesante para todos nosotros, el compañero que me antecedió en la palabra, tal parece que vive en otro campo mexicano, me imagino que ha de venir del Valle de California, por allá de los Estados Unidos, porque el campo mexicano está en una verdadera crisis, crisis real, que la estamos viviendo, producto de las políticas impuestas en este país, ya lo cementaba el compañero del Partido Popular Socialista, se agravaron con el régimen de Miguel de la Madrid y continúan peor aún con el régimen de Salinas de Gortari.
Yo quisiera decirle al compañero, que no buscamos clientelismo político, los que lo buscan son los de la CNC, que han organizado por muchos años en este país al campesino para arrancarle el voto para el PRI, para eso sí lo han organizado compañero y aquí, la CNC en este país no ha propuesto absolutamente ningún proyecto que saque de la crisis al campo mexicano.
Y también quisiera decirle al compañero que tal parece que no lee la prensa en este país. El día 26 de agosto de 1992, el flamante secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, profesor Hank González, declaró en el Seminario de Información sobre el capítulo agropecuario en el TLC, que el sector atravesaba por el mejor momento de la historia.
Hace escasos 10 meses de esta lúcida declaración, el campo mexicano, compañeros diputados, se encuentra en el peor momento de su historia, los que vivimos y que estamos cerca del campo, estamos palpando en cada momento que se encuentra tocando fondo y en el peor momento de la historia y no como lo dice el compañero.
También quisiera comentarles que el compañero dice que no es rentable producir en pequeñas extensiones del territorio. Pues yo quisiera decirle que en la prensa mexicana también salió publicado el caso de Vaquerías con miles y miles de hectáreas de extensión y está fracasando. Ahí está el fracaso; que incluso el Gobierno mexicano no aportó más de 10 mil millones de viejos pesos, para que ese proyecto resultara avante en lo que se refiere a la cuestión agropecuaria en este país. El fracaso es rotundo; los culpables de la política agropecuaria del campo son los regímenes priístas que nos han impuesto a chaleco estas políticas para devastar el campo y llevarlo a situaciones críticas como se encuentra ahora. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado Rico.
El diputado Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón (desde su curul):
Pido la palabra.
El Presidente:
¿Con que objeto, diputado?
El diputado Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón (desde su curul):
Para alusiones personales.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, tiene el uso de la palabra el diputado Jaime Rodríguez Calderón, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón:
Con su permiso, señor Presidente; compañeros:
Uso la tribuna para aclarar lo que el compañero comentaba. No soy de California; soy de Galeana, Nuevo León, un ejido que se llama Paulín. Ahí tiene su casa.
Y la verdad es que reconociendo el esfuerzo de mi padre, de mi padre ejidatario, afortunadamente yo tuve la oportunidad de ir a la universidad y lo reconozco, por ese sacrificio de mi padre ejidatario. Así hay muchos en el país, muchos ejidatarios que mandan a sus hijos a la Universidad, pero para hablar con la verdad y no andar buscando ningún espacio que no sea el tratar de buscar una productividad.
El problema del campo y hay de aquel que no lo quiera reconocer, el problema del campo, el problema de la productividad es un problema mundial, mundial. Pregúntenle ustedes a los australianos, a los americanos, a los canadienses, y ¿por qué no?, a los sudamericanos, a los peruanos, a todo el mundo. Todo mundo tenemos el problema de la productividad, de la rentabilidad en el campo, porque bueno, ¿ustedes creen que en la ciudad nos van a pagar el kilo de maíz a 1 mil 500 pesos? ¿A dónde llevaríamos a México?, o si vendemos el kilo de frijol a 2 mil ó 3 mil pesos. ¿Creen que ésa sea una solución para el campo mexicano elevar los precios de garantía? ¿Creen que ésa sea una posibilidad? Pues no.
La posibilidad es esto y yo quisiera que lo viéramos de esta manera, con conciencia. Bueno, si aquí estamos reconociendo y si el compañero dice que la CNC es una organización que ha organizado a los campesinos mucho tiempo y así los tiene, bueno. Quizá el compañero no conozca la CNC.
Bueno, no voy a entrar a una polémica personal. Vine aquí a decir que, bueno, el problema del campo mexicano es de todos y todos tenemos que sumar esfuerzos, más que estarnos aclarando y discutiendo una situación en este momento; están los compañeros de Chihuahua, los de Guanajuato, los de Baja California Sur, los de Nuevo León, los de Tamaulipas, los de Zacatecas, que están sufriendo un problema: la cartera vencida y la falta de "lana" para sembrar.
A eso tenemos que buscarle solución los diputados, a través de lo que propuso la compañera Patricia Terrazas, en las comisiones de trabajo; ahí, buscar alternativas, discutirlas e ir con el Ejecutivo a buscar la solución de manera conjunta para que quien tenga la "lana" la preste para que el que no la tiene la utilice y la haga ser más, produzca y que en lugar de producir dos toneladas de maíz por hectárea, pueda producir tres, cuatro, cinco y que el precio del maíz no suba para que el consumidor lo tenga barato. Creo que ésa puede ser una solución.
Pero si en lugar de abonar la tierra con fertilizantes o abonos orgánicos la fertilizamos con política, pues está difícil, no puede ser posible. Y aclarando también lo de la rentabilidad de la tierra; yo soy ingeniero agrónomo, he trabajado toda mi vida en el campo, compañero, sé lo que
puede producir en una tierra estéril y en otra que es de riego, sé y he sentido siempre que una superficie mínima, no va a ser posible que pueda el que es dueño de ella, sostener a su familia.
Referente a Vaquerías, lo invito, compañero, a que vaya a Vaquerías. Ayer estuve precisamente en una reunión con los compañeros de Vaquerías y si usted va y se da cuenta de todo lo que aquí se dijo, a lo mejor se comentó, por quienes fueron allá y no fueron a Vaquerías, les quiero decir; ni siquiera los reporteros que escribieron las notas. No fueron a Vaquerías, fueron a las oficinas donde se hicieron las reuniones y donde se comentaron las cosas.
Ir a Vaquerías, creo que puedan ir ustedes y lo digo porque yo he estado colaborando con el proyecto de manera muy directa y la situación ahí no es, no es de que si la asociación funciona o no funciona; la situación ahí es lo mismo que pasa en todo el campo del mundo, la rentabilidad del costo, del precio, del trigo, del frijol, de la soya. ¿Quién nos lo va a pagar más caro?
Podemos ser productivos; se levantan ahí tres toneladas y media de trigo por hectárea. Pero, compañero, si usted va a esa tierra, en esa tierra no se levantaban ni lagartijas antes de este proyecto; tres toneladas y media de trigo en esas condiciones, con ese tipo de tierra, con ese tipo de clima, con ese tipo de condiciones, no es extraordinario, es cierto, pero sí es para la gente que vive una solución.
Ahí se derraman 3 mil 500 millones de viejos pesos cada seis meses que ahí se quedan y con eso la gente pudiera elevar su nivel de vida: Ya hay primaria, hay secundaria, ya hay clínica.
Todas las casas de los compañeros han tenido mejoras. Sin embargo eso nadie lo ve.
Hay una atención también por parte de la misma gente porque ya están yendo a estudiar los compañeros y están regresando. Al principio del proyecto, no había un conocimiento administrativo; a tres años del proyecto, los compañeros ya reclaman y que bueno que reclaman, qué bueno que ya se pusieron abusados y están reclamando una situación de este tipo.
Vaquerías ha dado ejemplos para muchas otras partes. Un ejemplo y si tiene errores, los errores son mejorables; no tienen por qué quedarse tal cual, hay que mejorar y con eso estoy de acuerdo con el compañero. Hay que buscar la perfección.
Pero más que lamentos y quejas, tenemos que buscar soluciones. Yo creo que ningún campesino del país quisiera estar escuchando en esta tribuna la oración de decir: "Estamos amolados, compañeros, estamos muy amolados, pero ahí nos vamos a quedar".
Cuando la realidad en lugar de abanderar la desgracia, deberíamos de estar abanderando aquí las soluciones, las alternativas que le puedan dar a esta gente una posibilidad que el día de mañana puedan tener ellos hijos que se atrevan y puedan venir aquí a esta tribuna a decir lo que hay y lo que está pasando en México.
Creo que es perfectible todo tipo de proyecto. Vaquerías ha dado ejemplo a muchos otros en el país y qué bueno que se dio allá en mi tierra, Nuevo León; qué bueno que se dio allá en mi tierra, en un ejido en donde los ejidatarios ahorita y, si ustedes lo quieren ver, los invito para que escuchen sus opiniones y escuchen sus comentarios y vean que ahorita están haciendo esfuerzos, esfuerzos por sostener lo que ellos saben les pueda dar un resultado. Ya se diversificó la productividad. El trigo no es negocio y ya nos dimos cuenta, ¿si?
Pero gracias a ello, compañero, tiene usted pan ahorita en el comedor, ahí. Gracias a ello existe trigo y alimento de los mexicanos.
¿Qué pasa? Vaquerías es ejemplo de otras asociaciones. Quizá no conozcan el campo mexicano y solamente vean y digan como lo dijo hace rato el compañero , con mucha razón a lo mejor: "No leo la prensa, mejor voy a donde están las cosas". Y es cierto, no la leo. No es necesario leer, compañero, lo que ya se sabe que está pasando.
Hay oportunidades en la vida y creo que la oportunidad en la vida de todos los que aquí estamos y en eso yo quisiera hacer una reflexión, es participar todos juntos en el problema del campo y aquel que no quiera deje que los demás lo hagan; se haga para un lado. "La basura, como en el agua, sólita se hace para la orilla".
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Becerra. Cinco minutos, se le advierte, compañero.
El diputado Emilio Becerra González:
Con su venia, compañero Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El diputado que me antecedió en el uso de la palabra, efectivamente se ha venido a pintar de cuerpo entero como el prototipo de los líderes, entre comillas, "campesinos" del partido oficial. Su discurso y sus conceptos son una prueba clara de por qué el campo mexicano se encuentra en crisis, así como la organización campesina del propio partido oficial.
El se confiesa a sí mismo hijo de ejidatarios, vuelto estudiante universitario. Por ello es tan importante cuando se debate la Ley de Educación, la educación que se les da a los mexicanos. No es posible que quien tiene una cuna como la que él tuvo, a través del estudio se le haya olvidado la emoción social y venga únicamente a hablarnos de productividad.
Que yo sepa en los ejidos y en las cunas ejidales eso no se enseña; ahí se enseña trabajo, se enseña producción, se enseña patriotismo, se enseña amor a la patria. Y, efectivamente, no hay que desdeñar la productividad, pero eso viene en segundo término.
Y obviamente quien tiene esa percepción de la realidad, pues tiene que ver y que sentir que se está tratando de clientelismo político y de que en el mundo lo que pasa en México, los problemas de México, son problemas del mundo. Pero ése es el discurso manido del partido oficial.
Cada vez que hay un problema incontestable, evidente, objetivo, no se dice que es un problema de los mexicanos, que tenemos que resolver los mexicanos y que probablemente tuvo su origen en una actuación de los mexicanos. ¡Siempre conforme al partido oficial los problemas de México son problemas del mundo! Y sin embargo cuando hay algunos pequeños o reducidos éxitos del Gobierno o del sistema, ésos siempre son únicamente éxitos del señor Presidente.
Eso no lo podemos seguir aceptando ya de ninguna manera. Ni mucho menos, esos conceptos de que en el mundo no hay subsidios, cuando todos sabemos que la agricultura se subsidia en todo el mundo. Inclusive en los Estados Unidos y en Canadá que son los principales productores del mundo; ahí no solamente les pagan por producir, sino les pagan hasta por no producir.
Y en las naciones que tienen su campo muy fraccionado, como son las naciones europeas, ahí evidentemente se subsidia. Pero además no necesariamente acepto que las pequeñas superficies no sean productivas. Tenemos el caso de Israel que ha hecho producir el desierto, con alta tecnología y que inclusive ahí tienen lotes que son menos de una hectárea y experimentos en el desierto de Arizona, en Nuevo México, en donde a través de locales más chicos aquí que la Cámara de Diputados, están haciendo producir la propia agricultura.
Entonces todo eso es posible. Pero esa tecnología que va hacia el futuro, será posible y se dará aquí en México siempre y cuando logremos mantener vivos a nuestros productores y vivo el campo mexicano, además en manos de los propios mexicanos.
Además fíjense que exposiciones tan contradictorias del diputado del partido oficial. Dice que ahí en Vaquerías llegaron ya a la conclusión de que el trigo no es negocio. Bueno, cuando él habla de productividad y si no es negocio, ¿entonces de dónde va a venir el pan?, ¿de dónde va a salir el pan y los demás productos derivados del trigo?
Evidentemente, o una de dos, o la humanidad o el mexicano va a dejar de comer pan o va a tener que importarlo de otros países y si vamos a importar todo definitivamente, estamos aceptando tácitamente el abandono del campo mexicano y eso de ninguna manera se puede aceptar.
Yo aquí recuerdo las últimas entrevistas y declaraciones periodísticas de Hugo Andrés Araujo, en donde dice que el campo mexicano está en crisis y que si el Gobierno no soluciona esto, el voto de los campesinos y el voto de la CNC no lo espere en 1994. Pero aquí, en la más alta tribuna nacional, en donde los compromisos son reales y pasan a la historia, aquí quisiera yo ahora las opiniones de Zúñiga, de Hugo Andrés Araujo, para saber si efectivamente se trata de una crisis mundial o de una crisis de México.
Por lo tanto, yo insisto, no solamente se requieren los subsidios, sino una política adecuada. El Gobierno mexicano al abrir las fronteras, impide que el campo mexicano sea viable. Si nosotros hacemos cuenta, alguien que no quiera hacer negocio y que tenga 50 ó 100 hectáreas y que siembre trigo o que siembre cebada o que siembre alguna otra cosa, que siembre sorgo, de acuerdo con el crédito que tiene que pagar, de acuerdo con el costo de amortización o de renta de los aparatos de labranza, de acuerdo con el costo de la semilla mejorada, de acuerdo con la amortización de lo que debe de producir
la tierra y el agua, al precio internacional se verá que ese producto final, sin que haya raterías de por medio, no resulta costeable. Y luego, cuando el mexicano cosecha, el Gobierno mexicano lo primero que hace es abrir las fronteras al sorgo, al trigo, a los demás productos, que vienen productos de desecho y se venden a un precio con el cual el producto mexicano no puede competir.
Necesitamos poner un alto...
El Presidente:
Compañero Becerra, se le ha agotado el tiempo, por favor dé fin a su intervención.
El diputado Emilio Becerra González:
Sí necesitamos poner un alto a la mala política alimentaria y agrícola del Gobierno actual y enjuiciarlo políticamente, como lo estamos haciendo ahora y no dejar las soluciones para nunca. El campo mexicano requiere soluciones ahora y requiere soluciones reales, no de escritorio ni de utopías. Gracias.
El Presidente:
Se turna a la Comisión de Agricultura el punto propuesto por la diputada Patricia Terrazas.
JUBILADOS Y PENSIONADOS.
El Presidente:
Para referirse a la situación de los jubilados, ha solicitado hacer uso de la palabra el diputado Rafael Bernal Chávez, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Rafael Gilberto Bernal Chávez:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Haga uso de esta tribuna a nombre de mi partido, el Revolucionario Institucional, para tratar un tema que sigue acaparando el interés y lo seguirá acaparando, porque es muy sensible y se refiere a nuestros compañeros jubilados.
Por ese motivo, me permito pronunciarme en este documento y considerando que la clase trabajadora vive una sensible pérdida del poder adquisitivo y que además ha cubierto fundamentalmente el costo de la recuperación económica del país; que a los trabajadores jubilados, en general, les resulta extremadamente difícil satisfacer sus necesidades cotidianas; que este problema al tener implicaciones de justicia social nos obliga moralmente a realizar un análisis realista de los mecanismos de financiamiento que permitan aumentar los niveles de las pensiones que reciben los trabajadores jubilados y sus beneficiarios.
En tal razón, los diputados miembros de las seis fracciones parlamentarias representadas en la LV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, preocupados por esta difícil situación y por las demandas de los trabajadores jubilados, formulamos el siguiente pronunciamiento:
"Las seis fracciones parlamentarias representadas en la LV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, preocupadas por la situación y por las demandas de los trabajadores jubilados, nos pronunciamos porque en estricto apego a la legalidad y justicia, las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social de esta Cámara se aboquen a coadyuvar mediante entrevistas con las autoridades competentes a la solución de este problema y nos mantengan informados a esta soberanía de los avances logrados. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días del mes de junio de 1993. Firman por el PRI, diputado Rafael Bernal Chávez; por el PAN, diputado Marco Antonio García Toro; por el PRD diputado Juan Hernández Mercado; por el PFCRN, el diputado Tomás Correa Ayala; por el PARM el diputado Samuel Moreno Santillán; por el PPS el diputado Jorge Tovar Montañez."
Dejo en manos de la Secretaría este documento para que se le dé el trámite correspondiente señor Presidente. Muchas gracias.
El Presidente:
Ha solicitado el uso de la palabra el diputado Tomás Correa, para rectificar hechos.
El diputado Tomás Correa Ayala:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
He pedido hacer uso de la palabra para dejar sentada la posición de la fracción del PFCRN en relación a este punto de los compañeros
jubilados. Nuestro partido ha insistido frecuentemente en la necesidad de que los jubilados y pensionados sean tratados de una manera más humana mediante la retribución de pensiones que les permitan tener una vida digna.
Constantemente se ha chocado con una posición burocrática que no ha permitido beneficiar a este tipo de personas, incluso se les ha tomado con desprecio y como seres inútiles. Los jubilados y pensionados no son un desecho de la sociedad, además de contar con una dignidad elevada, son personas que con su trabajo forjaron el país que hoy legislamos. Es más, lejos de atender sus demandas se ha tratado de sumirlos aun más con decisiones que los afectan directamente, tal es el caso de las modificaciones al artículo 59 de la Ley del ISSSTE, efectuadas en el mes de diciembre, en la cual se atentó contra la conquista de los jubilados y pensionados, quitándoles el derecho que sus salarios fueran incrementados cada vez que el salario base de los trabajadores al servicio del Estado fueran incrementados y se les enmarcó a que sus pensiones fueran incrementadas al igual que se incrementara el salario mínimo. Se les quitó de un plumazo la posibilidad de tener aumentos fuera de los incrementos al salario mínimo y en mayor cuantía a éste.
Hay que apreciar que la lucha de los jubilados es una acción constante y permanente pero que además da propuestas y alternativas al Ejecutivo Federal para la atención a sus demandas. Pese a esto, se han encontrado con un muro infranqueable que ha parado a toda costa las pretensiones muy legítimas de los jubilados y pensionados de nuestro país. Hoy, la lucha de los jubilados y pensionados ha avanzado quizá al último peldaño y a una acción a la cual no se quisiera que llegaran ni los trabajadores activos ni los jubilados y es la huelga de hambre que efectúan en el Zócalo de la ciudad de México.
La intolerancia ha llevado a estos mexicanos a manifestarse de una manera, aun y con el riesgo de que esta acción implica por lo avanzado de sus edades.
Nuestro partido, nuevamente se solidariza con la lucha de los jubilados y pensionados y demanda que esta Cámara de Diputados intervenga ante el Ejecutivo Federal para que se revisen sus peticiones a estos trabajadores que dieron su vida para forjar al México moderno y que se le de una respuesta favorable a su solicitud.
No podemos soslayar las actitudes burocráticas que mantienen en un alto riesgo de muerte a los jubilados y pensionados que hoy se manifiestan a través de la huelga de hambre.
No basta que las autoridades responsables estén solo al tanto de cómo se desarrollan los hechos. Es momento de actuar y de hacerlo en beneficio de estas personas. Es por eso que la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional ha apoyado el punto de acuerdo que anteriormente fue leído en esta tribuna. Muchas gracias.
El Presidente:
Túrnese a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
ESTADO DE MÉXICO.
EL Presidente:
Se han inscrito los diputados Julio César García Hernández y la diputada Laura Pavón Jaramillo, el primero del Partido de la Revolución Democrática y la segunda del Partido Revolucionario Institucional, para comentarios sobre cuestiones electorales en el Estado de México.
Tiene el uso de la palabra el diputado Julio César García Hernández.
El diputado Julio César García Hernández:
Buenas tardes a todos.
Recientemente en el Estado de México, visitó la entidad el Presidente de la República, miembro del Poder Ejecutivo y planteó ahí, inaugurando algunas obras, un respaldo de esta instancia del poder en México, abierto a unos cuantos días de las elecciones en la entidad.
También varios funcionarios miembros también de este Poder, entre los que destacan el secretario de Comercio, Serra Puche y otros más, han actuado abiertamente en campaña electoral en apoyo a un miembro de un partido político del Gobierno.
Esta actitud no es nueva en México, pero sorprende que en este proceso, en donde se habla de respeto y deslindar las actividades políticas de los partidos, de las acciones del Estado y del Gobierno, se sigan practicando y ahora en forma más descarada que antes.
En este caso me voy a referir a la Comisión de Regularización de la Tenencia de la Tierra, que en el Estado de México ha asumido posiciones francamente electorales y que han provocado el descontento en especial de una comunidad.
En este caso, la comunidad de Lomas de San Miguel, municipio de Atizapán, a principios de abril recibió la notificación de que el proceso de regularización de la tenencia de la tierra había concluido y se les asignaban valores para la venta o la contratación de sus terrenos con un valor de 7 mil 600 viejos pesos.
Como este costo que se les asignaba era el triple o cuatro veces y hasta cinco veces lo que se les había cobrado a comunidades aledañas, esta gente realizó una movilización a mediados de abril y llegan a un acuerdo con la Corett, de que se iba a cobrar a 4 mil 100 pesos, 4 mil 200 si se pagaba a cuatro meses, 400 mil 300 si lo hacían después de seis meses.
Lo novedoso no es esto de que se asigne un valor muy por arriba de los que se cobraba en las comunidades cercanas, con el argumento de que CAVIN, la Comisión de Valoración, decía que en virtud de las reformas al artículo 27, los valores de la tierra se habían incrementado, que había una indemnización distinta a los ejidatarios, pero que la Corett iba a sacrificar sus propios gastos y era sensible a esta demanda.
Sin embargo, a pesar de este planteamiento de enorme sacrificio de los gastos de la Corett, esta comunidad denuncia lo siguiente:
El 29 de abril de este año, el PRI y el Consejo de Participación Ciudadana, así como el ayuntamiento, convocaron a una movilización llevando aproximadamente 40 vehículos de transporte de 35 comunidades a la dirección de la Corett.
Tales personas fueron engañadas y amenazadas de quitarles el agua si no asistían a esta movilización.
Fue lamentable la forma como el PRI y el Gobierno inventaron este movimiento. Esta movilización fue convocada para exigir mayor consideración al costo ya acordado, según señalan los vecinos.
El 1o. de mayo apareció un volante que los vecinos muestran, en donde se firma por el Comité Municipal del PRI, el Consejo de Participación Ciudadana y las secciones del PRI de la comunidad, donde informan a los vecinos que ya no se iba a cobrar el mínimo de 4 mil 100 pesos, sino en este caso iba a ser de 3 mil 500 y que la escrituración promedio por un lote de 250 iba a ser de 160 nuevos pesos.
Aproximadamente, señalan ellos, el 15 de mayo sin mediar notificación alguna, la Corett comenzó a contratar a 3.50 nuevos pesos, acudiendo en estas tres semanas cerca de 1 mil vecinos.
Después de esta contratación, la Corett llama a los representantes de la asociación de los vecinos y les dice que ya no se va a seguir pagando a 3 mil 500 viejos pesos, sino se va a regresar al convenio que se había tenido con las primeras movilizaciones, es decir, a 4 mil 100 pesos.
Hoy esta comunidad señala lo siguiente: están amenazados de que se va a realizar una cancelación de los contratos ya efectuados, de los cerca de 1 mil contratos y uno se pregunta lo siguiente:
¿por qué en este caso ante una solicitud del PRI, la Corett reduce sus costos? y, por qué ahora aduce que estos costos ya no cubren sus gastos.
Pero además, el día de ayer se realiza un voceo por toda la comunidad, en donde son amenazados de que si no se vota por Emilio Chuayffet, no se reconocerán los contratos y los siguientes se cobrarán a 4 mil 100 pesos metro cuadrado.
Esta actitud política plantea responsabilidades al delegado y al director de Corett. ¿Con qué facultades estos señores realizaron estos descuentos, si CAVIN en este caso no replanteó una valoración distinta al costo por metro cuadrado? De dónde tomaron ellos estas decisiones y a virtud de qué hoy amenazan con negar la existencia o el valor que tengan los contratos anteriores? ¿Con qué argumento se atreven ellos a echar abajo esos documentos? Creo que es evidente que no es el único caso en donde una institución de carácter público se presta para la campaña electoral oficial.
Tampoco es un hecho aislado. La Corett se ha prestado en cada campaña a entregar escrituras con el respaldo de las autoridades y con la presencia de dirigentes priístas destacados en cada hecho y se ha utilizado la entrega de escrituras y la necesidad de la gente en la seguridad de tenencia de la tierra, con un fin político de manera obvio y claro.
Por estas razones solicito a ustedes que esta denuncia pase a la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, para su estudio y atención. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Laura Pavón Jaramillo, del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Laura Pavón Jaramillo:
Señor Presidente; compañeros diputados:
En atención a la hora voy a ser muy puntual y procuraré hacerlo a la mayor brevedad, para tranquilidad de todos ustedes.
Por lo que hace señor diputado García, a las visitas del señor presidente Salinas, que no es miembro, sino el titular del Ejecutivo Federal a nuestra entidad, el Estado de México, están inmersas en la multitud de giras que hacia el interior de la República realiza, por lo menos dos días de cada semana, esto es dos de cada siete.
El ciudadano Serra, en atención a que vive en Maninalco, está en su derecho de asistir como militante a cualquier evento de su preferencia.
Para conseguir la feliz escrituración de un predio irregular, es menester cumplimentar un procedimiento que ciertamente lleva tiempo, esfuerzo y costo, pero estamos comprometidos en que esto se lleve a cabo, que se realice al margen de cualquier credo político o preferencia electoral, buscando un costo asequible para todos.
Si existe irregularidad al respecto, debe corregirse, de lo contrario es mi opinión personal, deben llenarse los requisitos de Ley.
Por lo que hace al asunto aquí planteado, apoyamos que se debe respaldar el convenio firmado entre la Corett, ayuntamiento y vecinos y continuar con ello el proceso de regularización de la tenencia del suelo, ajustándonos estrictamente a los términos del convenio señalado expreso.
Muchas gracias por su atención.
El Presidente:
Gracias diputada Laura Pavón.
Tiene el uso de la palabra para rectificar hechos, el diputado Julio César García Hernández.
El Diputado Julio César García Hernández:
Me sorprende la casualidad con que funcionarios de alto nivel participan en la inauguración de obras y en el apoyo abierto, que no se presentó Serra Puche como vecino de Maninalco, sino como secretario y miembro del Poder Ejecutivo.
Creo que además aquí lo que yo cuestiono no es un convenio. Si hubo esto antes, hubo un convenio, hoy no se trata de esto y esto no está a discusión. Lo que Corett realizó son contratos, contratos a un precio, con cerca de mil vecinos, y lo que la gente hoy reclama es que ahora cumplan.
Si ellos buscaban utilizar este instrumento y la necesidad de la gente con fines electorales, la gente hoy no discute esto, la gente lo que quiere entonces es que ahora cumplan. Si ellos iban a usarlo con un fin electoral, pues ahora se amuelan. La gente lo que exige hoy es respeto a la Ley; si hay un contrato, a todos se les cobra igual y los que ya fueron contratados se les respeta.
Muchas gracias.
Presidencia del diputado.
Eberto Croda Rodríguez.
REPÚBLICA DE IRAK.
El Presidente:
Gracias diputado Julio César García. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Hernández Juárez, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para intervenir en torno a los hechos bélicos acaecidos en Irak El diputado Francisco Hernández Juárez:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
He solicitado hacer uso de la palabra en esta alta tribuna de la nación para comentar los sucesos bélicos contra Irak.
El día 27 del mes en curso, el Gobierno de los Estados Unidos de América efectuó una agresión más en contra de la República de Irak; los navíos de guerra norteamericanos que se encuentran en el Mar Rojo y en el Golfo Arábigo, dispararon 23 misiles tipo "Tomahawk" a la sede del cuerpo de inteligencia de Irak y a las zonas civiles cercanas en el centro de la ciudad de Bagdad, causando graves daños materiales y víctimas civiles, entre ellos mujeres y niños.
Según el presidente de los Estados Unidos de América, William Clinton, el bombardeo fue en represalia por la implicación de Bagdad en los planes de asesinato del ex presidente George Bush en abril al visitar Kuwait.
El propio Clinton, en conferencia de prensa, dijo en este bombardeo fue escrupulosamente
preparado y que constituye una advertencia a todo país que, a su juicio, encubra o facilite actividades terroristas y agregó: "No se metan con nosotros; no nos provoquen". Estas expresiones arrogantes y prepotentes deben ser condenadas enérgicamente por todas las fuerzas democráticas, progresistas y revolucionarias de todo el mundo.
Los datos que conformaron el juicio del Gobierno norteamericano, se basa en el informe que el Gobierno kuwaití proporcionó al FBI y a la CIA, en el sentido de que descubrió un presunto complot con un coche bomba para asesinar al ex presidente George Bush en su visita de Kuwait.
Este hecho, compañeros, no constituye ningún fundamento serio, se trata de a todas luces un invento, un ardid para justificar una agresión.
Compañeros diputados, ¿cuál es el verdadero sentido de esta nueva agresión a una nación y a un pueblo que está bloqueado económica y militarmente, que sufre grandes carencias de medicinas y alimentos y que está empeñado en reconstruir los fundamentales servicios para satisfacer las más ingentes necesidades del pueblo iraquí? La respuesta es muy clara: Estados Unidos, después de la Guerra Fría y de la distensión de los últimos años, el imperialismo norteamericano se ha propuesto convertirse en gendarme universal, e interviene contra todos los pueblos y naciones que luchan por su cabal independencia, por el ejercicio pleno de su soberanía y que luchan por mejorar sus condiciones de vida.
Sus actos bélicos e intervencionistas, tienen como propósito crear focos de guerra en todos los continentes del mundo, no sólo para mantener su industria militar, sino también para producir temor a otros países que tratan de competir con la potencia económica de los Estados Unidos, en todos sus aspectos, desde el financiero, económico, industrial, comercial y hasta el político.
Estos actos de agresión unilateral, desafortunadamente, la ONU y su Consejo de Seguridad los han avalado en una forma sumisa y vergonzosa.
El propio secretario general de esa organización, se ha convertido en un activo agente del imperialismo, que anda recorriendo las regiones en conflicto, tratando de convencer a otros países, para apoyar esa política prepotente y belicosa de los Estados Unidos.
Este hecho nos debe hacer reflexionar seriamente, para que el Gobierno mexicano y otros gobiernos que son miembros de la ONU, busquen lo más pronto posible una reestructuración seria de este organismo internacional, para que cumpla con sus verdaderos fines, para lo cual fue creado, que es el arreglo pacífico, a través del diálogo, de todos los conflictos, entre naciones o de conflictos locales.
Es decir, esa Organización debe ser un verdadero agente de la paz, del desarme, del impulso, del respeto a las soberanías e independencia de otros países que están en vías de recobrar su independencia y velar, desde luego, porque se respeten y se apliquen, en el mejor sentido, los principios del derecho internacional que sustenta esa misma Organización.
Ha llegado el momento que los congresos de todos los países, como México, levanten su voz para que esa Organización universal recobre su prestigio y realice sus funciones que le dieron origen.
Pensamos que los países no alineados tienen un papel muy importante qué desempeñar en el ámbito internacional, desde el seno de esta Organización de las Naciones Unidas.
Cabe reconocer, que ya lo hicimos en otras oportunidades, que el canciller Fernando Solana ha levantado su voz en defensa de estos principios históricos de la política internacional en la ONU y se ha opuesto a actitudes de prepotencia y de tendencias, para que esa Organización se convierta en un aparato intervencionista y al servicio de un país prepotente, como es el de los Estados Unidos de América.
Considero que ha llegado el momento que el Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, del cual formamos parte, debe levantar su voz para que otros parlamentos del mundo luchen por la paz, por el desarme total, por el arreglo pacífico de todos los conflictos, a través del diálogo y que las Naciones Unidas recobre su verdadero papel que le dio origen.
Son estas medidas, compatriotas diputados, serían en beneficio de los niños, de las mujeres, de los países que luchan por mejorar sus condiciones de vida. Mientras haya gastos enormes que se dediquen a la guerra, a la destrucción y a la muerte, los pueblos nunca progresarán.
Por eso es este llamado a los diputados mexicanos patriotas. Muchas gracias.
EL Presidente:
Gracias, diputado Hernández Juárez.
CONFLICTOS OBRERO - PATRONAL
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a la situación de los trabajadores del Instituto Mexicano del Café.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras diputadas, compañeros diputados:
Seguramente varios de ustedes han estado preguntándose por qué en el orden del día de esta Cámara, este punto se ha mantenido permanentemente alrededor, no sé, de un mes, varias sesiones, ocho sesiones me informan aquí en la Secretaría y nosotros apenas al día de hoy por un compromiso que hemos hecho con los propios trabajadores del Inmecafé, hemos podido apenas hoy explicar ante este pleno, cual es la situación que guardan estos trabajadores, la situación que aquí se ha debatido y se ha conocido permanentemente, inclusive ante tal situación, la propia Cámara ha intervenido.
Con esta denuncia que queremos hacer sobre esta situación, pretendemos generar un debate para poder demostrar en esta tribuna como en nuestro país, en México, existe un régimen de partido de Estado que está imposibilitando la transición de la democracia, que es el objetivo central que tiene nuestro partido y entendemos el conjunto de las fuerzas democráticas, que entendemos que en este país se requiere en efecto, una modernización política, se requiere acabar con este régimen de partido de Estado, para poder de ahí saltar e intentar dar una respuesta alternativa a la crisis económica y social que vive nuestro país.
Es pues en este contexto general del país que vamos a hablar y como observamos que la crisis y la aplicación de las políticas neoliberales y fondomonetaristas han tenido efectos especialmente agudos en el Estado de Veracruz, que han significado un retroceso a las actividades económicas prioritarias y por tanto efectos sociales y políticos negativos en una entidad, que hay que decir que el sistema oficial consideraba como su retaguardia productiva y electoral.
Yo no voy a ahondar aquí, aquí se ha debatido fuerte la crisis de la cafeticultura, afecta profundamente a nuestro Estado, hoy es público el conflicto de los trabajadores del azúcar que inclusive han llegado hasta el Senado también a exigir respuesta a sus problemas.
En general y en el campo aquí este día se ha debatido en el contexto que atraviesa el país y particularmente en Veracruz la producción citrícola, de arroz, de frijol, de maíz está en crisis, el conjunto de la ganadería, la pesca y últimamente la industria textil, la petroquímica, hoy siguen marchando por esta ciudad petroleros, muchos de ellos del Estado de Veracruz que en esta política económica han sido despedidos, la crisis de la industria del azufre que aquí también lo hemos debatido, hoy en el Zócalo se encuentra un grupo importante de compañeros exigiendo una liquidación justa, etcétera.
El conjunto de la crisis económica y social que se lleva en Veracruz, nos hace ver a los veracruzanos incluidos los propios militantes del Partido Revolucionario Institucional con los que hemos podido platicar en Veracruz, que cuando se dan visitas de nuestro Secretario de Hacienda y Crédito Público al Estado, pues definitivamente ya nadie cree ni los resultados ni los informes que se presentan sobre esta problemática económica del país y mucho menos llegan a creer en que se esté generando alguna alternativa para resolver este conflicto.
En el reciente proceso político electoral para elegir gobernador en Veracruz, la ciudadanía cobró pues la factura a esta política económica y social, elevándose su índice de abstención y reduciendo significativamente sus preferencias por el partido social, mismo que se obligó a refinar los mecanismos de instrumento del desaseo comicial para enseñar un marco mínimo de consensos que se dieron seriamente dificultados por la imposición, inclusive a las mismas bases priístas que se hizo desde el centro del país, desde Los Pinos, para que el Partido Revolucionario Institucional llevara como candidato a la gubernatura al señor Patricio Chirinos Calero, al tiempo que la oposición y en particular el Partido de la Revolución Democrática consolidaba su presencia política en el Estado a pesar de la manipulación electoral que se dio en dicho proceso.
En Veracruz, la clase política estatal, cuentan allá los veracruzanos, que en las elecciones para elegir gobernador, el partido oficial en un horario de 8.00 a 18.00 horas, tuvo 400 mil votos, ya como uno los quiera contabilizar con fraude, o sin fraude y a partir de las 18.00 horas se completaron 600 mil votos para darle el millón de
votos que, se dice, obtuvo el que hoy gobierna en el Estado de Veracruz. Y bastaría hacer un análisis de unos meses antes, como inclusive el Partido Revolucionario Institucional había obtenido con la candidatura del senador Miguel Alemán, un millón y medio de votos y cómo se reducen éstos en el Estado de Veracruz.
Es la manera en que nosotros entendemos, el resultado de esta crisis económica, esta crisis social y lo que hemos estado diciendo hasta este momento. Como es natural, pues, ante la imposibilidad objetiva de resolver de raíz la problemática económica y social, sobre todo si consideramos que vivimos tiempos de recesión y de desaceleración económica y ante la incapacidad de articular los diversos intereses políticos, aun de las propias fuerzas del bloque de poder, hoy como nunca, el gobierno veracruzano que encabeza Chirinos Calero, se ve obligado a conducir la problemática de la entidad, recurriendo a un autoritarismo sin precedente que esmeradamente aplica el secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, Miguel Angel Yunes Linares.
Aquí por fortuna, pues muchos de nosotros ya tuvimos conocimiento de este espíritu más que aguerrido, del Secretario de Gobierno de Veracruz actualmente, diputado de esta LV Legislatura y bueno, particularmente el Partido de la Revolución Democrática sintió los embates de este personaje aquí en este recinto. A tal nivel que en el Partido de la Revolución Democrática está caracterizado este señor como uno de los que creen que al PRD hay que desaparecerlo y es la mejor manera de resolver los problemas del país, desapareciendo al Partido de la Revolución Democrática.
Y es pues en este contexto que no tan solo lo ha vivido el PRD, se ha dado en el Estado de Veracruz desde antes, inclusive desde antes que se tomara posesión por parte del actual gobernador, cómo es detenido César del Angel, dirigente de los 400 pueblos, distinguido militante del PRI que hasta hace unos meses lo iban a recibir los dirigentes priístas en el famoso "abrazo de Totalco" y a los días posteriores es encarcelado y hoy sentenciado a no sé cuantos años de prisión; es en este contexto que desde el primer día de gobierno en el Estado, pues de manera particular, inclusive dirigiendo las acciones al frente de la policía judicial, el Secretario de Gobierno actual empieza a reprimir al conjunto del movimiento.
Sean los casos de la amenaza de muerte del compañero dirigente de la Unión General Obrera Campesina y Popular en el Estado de Veracruz, Ramón Chavira Chavira, y que, bueno, en días pasados también fue una noticia nacional, culmina esta confrontación con esta organización y con este dirigente social en el Estado de Veracruz, con una acusación de posesión, tráfico de mariguana, de drogas y demás, misteriosamente aún con denuncia y todo, a las pocas horas alguien va y deposita una fianza y sale.
En este sentido, el conjunto de movimientos de todas las tendencias, de todos los partidos, la propia Unión Nacional Lombardia, la UNAL, fue reprimida, distintos movimientos urbanos, como el de la (Ucided), del Mopi, de la propia Ugorcep, distintas organizaciones campesinas, sindicales. Aquí hemos discutido evidentemente el asunto del Inmecafé, de otros conflictos. Movilizaciones de indígenas que se han dado en el Estado de Veracruz, permanentemente se han visto hostigadas, reprimidas por el señor Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz.
Inclusive la más reciente, hace menos de unas horas, a las 24.00 horas todavía del día de ayer, mujeres de los 400 pueblos que solicitaban una audiencia con el Gobernador, la respuesta que encuentran es la represión, es decir, a unas horas de que ya es una práctica permanente en el Estado de Veracruz, que se está dando esta situación.
Evidentemente este tipo de agresiones han ido a las propias bases del Partido Revolucionario Institucional, que entendemos no estuvieron de acuerdo con esta imposición y distintas presiones de distintos tipos se han generado en el Estado de Veracruz.
De tal manera que en el Estado de Veracruz, se dice, que hoy el Estado de Veracruz, un estado muy grande, es gobernado por una persona muy pequeña y que le queda grande el Estado de Veracruz.
En este sentido es como nosotros queremos explicarnos lo que ocurre con los compañeros del Inmecafé. En principio quisiéramos pedirle a la Presidencia que autorizara e instruyera a la Secretaría a darle lectura al siguiente documento que apareció hace unos días, también publicado en diarios de la ciudad de Jalapa y del Estado de Veracruz.
El Presidente:
Proceda la Secretaría.
El secretario Marco Antonio Haddad Yunes:
"A la opinión pública. Los suscritos ex trabajadores del Instituto Mexicano del Café, que hemos venido participando del movimiento para plantear diversas demandas relacionadas con la extinción y liquidación de este organismo y con nuestra situación en que en este proceso deseamos abierta y claramente manifestar los siguiente:
A lo largo del tiempo que ha durado el movimiento en que hemos participado, fuimos guiados por el propósito de expresar peticiones que consideramos justas y de buscar por la vía del diálogo y con apego a derecho, la solución más conveniente a los problemas que hemos venido enfrentando.
No obstante lo anterior y con el propósito de beneficiarse de nuestro movimiento y de servir a sus propios objetivos personales y partidistas, los señores Gerardo Abad Ramírez, Manuel Huerta Ladrón de Guevara y Víctor Molina Dorantes, estos dos últimos diputados del PRD, por medio de falsas promesas y engaños, atrajeron la atención de algunos de nuestros compañeros y lograron controlar y dirigir las acciones que realizamos.
Tenemos la convicción de que en lugar de interesarse por resolver los problemas de los ex trabajadores del Inmecafé, su actitud por siempre es aún la de complicar problemas, evitando que se superaran para capitalizarlos en función de sus propios intereses.
Un claro ejemplo de la conducta engañosa y corrupta de estas personas, es que cuando hace unos días estuvimos en la ciudad de México en la Cámara de Diputados, fueron entregados 5 millones de viejos pesos para sufragar los gastos de transportación, hechos por los propios trabajadores para desplazarse a la capital del país, mismos que no fueron aplicados a este propósito, sino que fueron retenidos para pagar supuestos gastos del PRD en la UCIVS, Veracruz.
Otro caso que se debe mencionar es que aunque integrantes de nuestro movimiento sugerimos que con fondos recaudados por nosotros se ayudará a las familias de nuestra compañera Maricela Vera Alarcón, a cubrir adeudos pendientes por gastos funerarios, no se atendió nuestra petición.
Obviamente por la influencia de estas personas en el manejo de los recursos de nuestro movimiento.
Cuatro: manifestamos a la opinión pública que no mantenemos ninguna relación con Gerardo Abad y Juan Meza, quienes utilizando indebidamente nuestro nombre, pretenden continuar realizando acciones de presión que son totalmente ajenas a nosotros y que solamente responden al interés de lograr su beneficio personal, ya que han encontrado una forma de vivir en los apoyos que se les ha brindado con diversos fines, las organizaciones sociales a cuyo respaldo han venido recurriendo.
Cinco: denunciamos a Gerardo Abad, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, Víctor Molina Dorantes, porque creemos necesario deslindarlos completamente de ellos y de su partido el PRD, que sólo han trabajado por afectar y dificultar nuestra situación.
Sabemos que en varias ocasiones las autoridades mantuvieron con algunos de nuestros compañeros, el diálogo que solicitábamos y que ofrecieron soluciones que hubieran resultado satisfactorias para la gran mayoría de nosotros. Pero por sugerencia e influencia de estas personas, no se nos informó de ello, para provocar así que siguiéramos un movimiento cuyos objetivos hubieran podido lograrse hace tiempo.
Expresamos lo anterior para solicitar la compresión de la ciudadanía, buscando que nadie vuelva a ser sorprendido por personas como Gerardo Abad, Manuel Huerta Ladrón de Guevara y Víctor Molina Dorantes, que tanto daño nos han hecho a nosotros y a nuestro movimiento."
Xalapa, Veracruz, 19 de junio de 1993.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:
Muchas gracias. Bueno, evidentemente que aquí no se trata que vayamos a aclarar nosotros punto por punto. Nosotros sentimos que en esta Cámara fue muy claro el debate, la posición de nuestro partido, entendemos de los propios trabajadores, inclusive no tan solo de nuestro partido, de la mayoría de los partidos de esta Cámara, excepto el partido de las mayorías aquí y nosotros lo que pretendemos es traer la voz de los propios ex trabajadores que el día de hoy en la ciudad de Xalapa aparece ya pública su versión de los hechos. Y traemos, pues, un documento que hoy sale publicado en el Diario de Xalapa, de la ciudad de Xalapa, Veracruz.
Para nosotros ésta es una prueba importante, porque habría que decir que este diario no es, digamos, uno de los que más acepten y quieran al Partido de la Revolución Democrática, en
Veracruz. Más bien sentimos que es uno de sus más fuertes críticos.
Y el día de hoy tenemos que decir en esta tribuna, consideramos que hay una nota muy objetiva en este periódico, de lo que fue la voz de los propios trabajadores y en la cual ellos mismos están fijando su posición al respecto.
Por lo tanto le pediríamos a la Presidencia instruyera a la Secretaría de que se diera lectura a esta cuartilla.
El Presidente:
Por favor, la Secretaría que dé lectura al documento que se ha mencionado.
El secretario Marco Antonio Haddad Yunes:
"Ex trabajadores del Inmecafé interpondrán nueva demanda.
Ex trabajadores del desaparecido Instituto Mexicano del Café manifestaron ayer su intención de interponer una nueva demanda legal, ahora ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado, si no se les liquidan totalmente los adeudos que aún tiene el Instituto con ellos.
En conferencia de prensa realizada ayer, cinco ex trabajadores que según dijeron ya habían aceptado la liquidación ofrecida por el Instituto y el Gobierno del Estado, afirmaron que el Inmecafé no les reconoce las deudas anteriores y se niega a liquidárselas.
Juan Emilio González, representante de los ex trabajadores explicó que aunque quedan 10 compañeros en plantón en la ciudad de México, que se han negado a aceptar la liquidación ofrecida por las autoridades, entre ellos, dijo, se encuentra Gerardo Abad y Juan Meza.
Señaló que de los 62 ex trabajadores que aceptaron la liquidación todavía quedan varios a los que no se les ha pagado, debido a que se han negado a firmar el finiquito, porque en él, especifica, que se renuncia automáticamente a solicitar los adeudos que se entregan con el Instituto. Juan Emilio González enfatizó que de no arreglarse el conflicto de esos trabajadores, se podrán tomar medidas tales como: luchas políticas; de ser necesario, volveríamos a realizar un plantón en la Plaza Lerdo.
Por otra parte, los ex trabajadores negaron la veracidad de una publicación aparecida en la prensa, en la que se acusa a los dos diputados perredistas a estar involucrados con el conflicto que mantuvieron durante varios meses con el desaparecido Inmecafé. Reclamaron la publicación, en efecto, estaba firmada por algunos de nosotros; pero se nos amenazó con pagarnos la mencionada liquidación, por lo que tuvimos que acceder a firmar el documento.
Asimismo dijeron que se buscó poner en mal a los compañeros que aún mantienen el plantón en la ciudad de México, pero nosotros, dijeron, respetamos su decisión de mantener su lucha hasta el final.
Por último, manifestaron que a pesar de que en todo momento las autoridades trataron de no involucrar su movimiento en el PRD, ellos no pertenecen a ese partido y sólo se aceptó el apoyo que se les ofreció por parte de varios de sus integrantes."
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:
Muchas gracias. Nosotros sentimos que con esto y evidentemente con la propia lectura del desplegado original, queda clara la maniobra que se fraguó desde la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz, en torno a este conflicto y esto es lo que a nosotros nos preocupa, este contexto que se está dando en el Estado de Veracruz y que yo ya decía.
Y hemos subido a esta tribuna a hacer un llamado al partido de la mayoría, a que recapacite junto con nosotros en esta tribuna, si es necesario y revisen la forma de gobierno que se está ejerciendo en Veracruz. Que nos expliquen si se está ejerciendo en el marco de la Constitución y de las leyes. En el conflicto del Inmecafé quedó claro a nuestro juicio la voluntad política de los trabajadores por resolver este conflicto, inclusive rebajando sus demandas y consta en esta Cámara de Diputados.
En la reciente Ley de Asentamientos Humanos, hemos estado discutiendo y a la Comisión le hemos pedido que interceda ante un conflicto que se está dando en la ciudad de Cosoleacaque, donde por instrucciones del alcalde y entendemos en acuerdo con el Secretario de Gobierno, se mantiene ocupada desde hace más de 20 días una colonia invadida, como dicen por ahí, por gente, auspiciada por el alcalde de este municipio y acompañados por la policía del Estado, que entendemos depende de la Secretaría de Gobierno.
Y al día de hoy, aunque los compañeros quieren ejercer su denuncia penal, pues no hay ninguna autoridad que recoja esa denuncia. Y por más denuncias que se hacen ante las autoridades para que ejerciten la acción correspondiente y se tranquilice la situación en esa colonia, las autoridades no actúan.
Y entonces es cuando nosotros nos preguntamos: ¿si ésta es la modernización política que pretende el régimen? ¿Si esto es lo que nos espera dentro de unos días cuando discutamos la reforma electoral? Algo que la oposición mayoritaria de este país hemos caracterizado como minirreforma y que entendemos como un proceso de endurecimiento del régimen y si es de esta manera, con este tipo de Gobierno como pretenden triunfar en 1994. Si es de esta manera como pretenden abortar la discusión política que hemos intentado dar aquí sobre los acuerdos paralelos y el Tratado de Libre Comercio. Sus beneficios. Sus no beneficios.
En síntesis, si éstos son los procesos de modernización política que se pretende en este país. Y nos preocupa porque entendemos que el actual Gobernador de Veracruz pues es el ideólogo del liberalismo social. Nace en la tierra prócer del liberalismo social. Uno de los dos principales asesores del señor Salinas. Y nos preocupa que en Veracruz esté experimentando formas de control político rumbo a 1994.
Y del cual para nosotros el Secretario de Gobierno es un real ejemplo de lo que se está preparando en este escenario de transición que estamos buscando algunos.
Y hemos subido, pues, aparte de buscar un debate en este tono, en este sentido, pues también a exigirle a esta Cámara su intervención para la solución de los conflictos sociales en Veracruz. En concreto, para darle una salida final y justa, legal, constitucional, al conflicto de los trabajadores del Inmecafé, a los trabajadores que están en el Zócalo de la ciudad, de la Compañía Exploradora del Istmo, a que se le dé cumplimiento total a la Resolución 99/91 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el conflicto de Ana Bertha, que se pare la represión que ejerce el Gobierno estatal en Veracruz contra los movimientos sociales, contra las fuerzas de oposición y contra el conjunto de la ciudadanía.
Y por último, también nos ha recomendado la dirección de nuestro partido a nivel estatal, a dar conocimiento a esta Cámara de lo que implica la posición política del PRD de Veracruz. Suplicaríamos, por último, que se instruyera a la Secretaría darle lectura al siguiente desplegado.
El Presidente:
Por favor dé lectura al documento.
El secretario Marco Antonio Haddad Yunes:
Con mucho gusto, señor Presidente.
"Partido de la Revolución Democrática.
A la Opinión Pública:
El Partido de la Revolución Democrática desde su nacimiento ha practicado como condición fundamental para la democratización de nuestra patria, el apoyo a las luchas sociales que exijan el cumplimiento de sus derechos constitucionales y humanos.
En ese sentido el respaldo dado a los trabajadores despedidos del Inmecafé, ha sido con la firme convicción de la justeza de su lucha, ya que desde el Ejecutivo Federal se violaron sus derechos laborales al desaparecer de facto esa fuente de trabajo sin que mediara una resolución de las cámaras de Diputados y Senadores.
Por lo anterior, el PRD en Veracruz se manifiesta abiertamente:
Uno. En contra de la sucia y obvia maniobra que desde la Secretaría de Gobierno dirigida por Miguel Angel Yunes Linares, se hizo para obligar a los trabajadores despedidos a firmar un desplegado pagado y redactado por la propia Secretaría en contra de nuestros compañeros: diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara y el diputado Víctor Molina Dorantes, así como contra nuestro partido y los propios trabajadores, a fin de que estos últimos pudieran realizar el cobro de su liquidación salarial.
Dos. Por el apoyo pleno a las actividades de nuestros compañeros diputados que se han caracterizado por estar al lado de las luchas populares ocasionadas por las políticas neoliberales del régimen salinista, por su visión patrimonialista de los bienes de la nación y por su autoritarismo.
El intento de desprestigio hacia nuestro partido por el Gobernador de Veracruz, busca a toda costa ante el descontento social creciente, alejar
la posibilidad de que el PRD siga dando su apoyo a las causas populares, sin embargo éste es el motivo fundamental de la existencia de nuestro partido y reiteramos que seguiremos al lado de las causa de los ciudadanos que luchen por el respeto a sus derechos y por la democratización de la vida nacional.
Democracia ya. Patria para todos. Jalapa, Veracruz, 25 de junio de 1993. Partido de la Revolución Democrática."
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:
Muchas gracias.
Pues con esto compañeros diputados, para nosotros queda aclarado, una explicación que se merecía esta Cámara, ¿cuál es la situación de los trabajadores del Inmecafé? y el contexto que se da en el Estado de Veracruz. Y hacemos un llamado a que en este debate resolvamos lo mejor posible, que se escuchen nuestras voces hasta por Veracruz y que de veras se pudiera provocar un cambio de política, de ejercicio o de dirección política en Veracruz, para no lesionar los intereses de los ciudadanos. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Luis Beauregard Rivas.
El diputado Luis Alberto Beauregard Rivas:
Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
Quisiera desmontar con todo cuidado y escrupulosamente ese amasijo de argumentos, adjetivos, calificativos, que vino a hacer, como es su costumbre, el compañero que me antecedió en la palabra.
Realmente no es una lluvia de ideas, ojalá fuera una lluvia de ideas, es dislexia mental, porque sube el compañero para hablar de un asunto del Inmecafé y dice: Bueno, el asunto del Inmecafé no es realmente lo que me trae a la tribuna, pues porque el asunto del Inmecafé de alguna manera ya está solucionado, cosa que así creemos aquí mismo; ya hubo un decreto aprobado por esta Cámara, donde se extingue ese organismo que durante algunos años se dedicó a los aspectos de la cafeticultura en México.
Aquí oímos voces autorizadas de todos los partidos políticos, he dicho ¡voces autorizadas de todos los partidos políticos!, que explicaron el desarrollo, las complicaciones y la necesidad de extinguir administrativamente un organismo como el Inmecafé.
También sabemos que en la materia laboral los trabajadores de este organismo ya extinguido han sido atendidos en sus demandas laborales. La mayoría de ellos, muchos de ellos, han aceptado esa liquidación laboral y han recibido todas las prestaciones y más de las que previene la Ley en la materia.
De 2 mil y cacho trabajadores, si mal no recuerdo, quedan todavía algunos 60 que parecen inconformes y por lo que aquí oímos de las lecturas de esos documentos que bien se explican uno y otro, que en la lectura de los documentos está mucho en lo que está sucediendo en Veracruz con el Inmecafé, quedan cinco, dijeron aquí, que tienen todavía algunas demandas pendientes y que yo estoy seguro que deben de estar ventilando en las instancias laborales correspondientes; pero no fue solamente lo del Inmecafé, sino que a partir y como pretexto en el Inmecafé oímos entonces una retahíla de cosas que van desde una visión absolutamente parcial, personal, particular y completamente ideologizada y yo creo que más bien desquiciada, de lo que pasa en Veracruz.
Se metió a decirnos a los priístas, hace un diagnóstico de los priístas veracruzanos, yo no hago diagnósticos de otro partido; se mete a hacer "análisis político" de lo que sucedió con los priístas veracruzanos a raíz de la candidatura del hoy Gobernador del Estado y para terminar con un problema que yo creo que la conciencia le remuerde, porque si pusimos atención, es un problema que se reduce, que le afecta realmente al diputado que me antecedió en la palabra.
Yo creo que no es así, compañero Manuel Huerta, yo creo que en Veracruz hay un Gobernador que ganó limpia y lealmente en las urnas, que los priístas veracruzanos resolvemos al interior de nuestro partido los problemas que tengamos y que ganó con el esfuerzo de todos los priístas y con el voto mayoritario de todos los veracruzanos. Que si sacó más o menos votos, que ayer o que antier, o que entre las elecciones anteriores, o las del mes pasado, o las del año pasado, pues son cuestiones que habría que darles otra lectura y su interpretación me parece que aquí no es válida.
Después hace una serie de juicios temerarios sobre la actuación del Gobierno veracruzano. Yo le diría a esta Cámara que en Veracruz se está trabajando, hay proyectos de Gobierno, hay un plan de gobierno, un programa de Gobierno que se va a ir desarrollando conforme pase el tiempo para el cual fue electo este régimen que fue de seis años.
Recién tomó posesión el pasado mes de diciembre, hay un diagnóstico muy claro que está contenido en el programa de Gobierno y hay medidas que se van a ir aplicando a medida que pase el tiempo. Para todas las áreas y todos los órdenes de la vida veracruzana, lo mismo la industria que el campo; lo mismo el desarrollo urbano que el desarrollo rural; así pues yo creo que se confunde cuando afirma que hay autoritarismo; yo creo que en Veracruz hay un estado de derecho y hay un mandato explícito, confirmado en las urnas, para que ese estado de derecho prevalezca por encima de los intereses particulares.
Yo creo que hay respeto a las demandas laborales, a las demandas de todos los sectores sociales del Estado de Veracruz y se atienden en las instancias correspondientes. Quiero decirles que el Gobernador de Veracruz viaja a lo largo y ancho del Estado, está en contacto con la población, está gestionando allá y acá ante las instancias federales la solución de los problemas que nos aquejan a los veracruzanos.
Yo sí pediría al señor diputado que le tomo la palabra cuando dice, recapacite, con ese tono apocalíptico que ya todos conocemos; yo también le diría, recapacite, compañero diputado, en que en Veracruz se está gobernando con la Ley, que en Veracruz hay un gobierno legítimo, aprobado por la mayoría del pueblo, que está cerca de las demandas del pueblo.
Respecto de los dos documentos, eso me parece que tanto el Gobernador como su Secretario de Gobierno y todos sus colaboradores, están muy por encima de estas pequeñas escaramuzas partidarias; ahora resulta que oímos aquí y nos endilgan de manera inopinada una parte de la plataforma política, respetable, pero que no viene al caso, respecto de lo que éste o aquel partido opina sobre un asunto que sí le pusimos atención a los dos documentos que se leyeron, pues uno se queda realmente sorprendido y pierde uno el hilo de la argumentación porque cae en dimes, diretes, chismes, intrigas, yo dije, tú me dijiste y todo eso que yo estoy seguro que no son dignas de esta Cámara y no son dignas tampoco de un Gobernador como el del Estado de Veracruz; es un Gobernador dedicado por entero a la tarea de gobernar el Estado, de administrar sus recursos, de encauzar la grandeza de Veracruz.
Así pues, yo reconvendría, de manera amistosa y amable, al compañero diputado Huerta, para que también recapacite, para que no confunda autoritarismo con vigencia del estado de derecho; para que encause sus demandas válidas tal vez desde su punto de vista y que además de un Estado democrático como el que vivimos aquí en México, se atienden y se captan por los conductos políticos del caso.
Yo creo, señor diputado Huerta, que su apreciación es respetable, porque es la apreciación muy personal, muy particular de un miembro de esta Cámara y está usted en la correcta libertad de expresarlo aquí, pero yo le aseguro que la gran mayoría de los veracruzanos estamos totalmente opuestos a su visión absolutamente personal de lo que sucede en Veracruz.
En Veracruz trabajamos, nos preocupamos, vamos a los problemas, privilegiamos el estado de derecho y buscamos que el Estado de Veracruz, un Estado grande, generoso, cumpla con su destino, que es ser un Estado pródigo para sus hijos. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Carlos González Durán, para rectificar hechos, dispone de cinco minutos.
El diputado Carlos González Durán:
Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea:
La Ley de la Administración Pública prescribe que los organismos descentralizados solamente desaparecen mediante una Ley, así como son instituidos, así mediante una Ley; pueden ser modificados o extinguidos, pero es el caso de que actuándose arbitrariamente el sector económico del gabinete, por sí y ante sí, ignorando la soberanía de esta honorable Cámara de Diputados, tomó el acuerdo de suprimir esta industria del Inmecafé y de despedir a todos sus trabajadores y empleados.
Y estos trabajadores y empleados decidieron reclamar su derecho y que se respetaran las leyes y gracias a la inconformidad y a la justa protesta que hicieron los trabajadores, se debió a que el Gobierno rectificara y entonces el Gobierno siguió el proceso legislativo y mandó la iniciativa para la extinción de esta institución.
Nosotros desde un principio no criticamos si por razones económicas justificadas tuviera que extinguirse esta industria o esta institución y sustituirse por otra. Lo que estábamos impugnando desde un principio fueron dos cosas. Una, que se hiciera de acuerdo con los procedimientos legales; no podemos aquí venir a hablar de un estado de derecho cuando no respetamos los procedimientos legales.
El acuerdo para la extinción del Inmecafé no era legítimo que lo tomara simplemente el gabinete económico, no, no era correcto. Así como fue instituido mediante una Ley esta industria, así debería ser extinguido mediante otra Ley y ya se acordó eso.
Pero luego hay otro atropello que es un atropello generalizado, no es solamente de los trabajadores de esa industria, sino que es un atropello generalizado contra toda la clase trabajadora del país.
Hemos visto aquí en esta reunión el caso de los jubilados; hemos visto las condiciones de atraso, de abandono, de rezago en la pensiones. Las pensiones según la Suprema Corte de Justicia de la Nación son substitutivas del salario y el salario tiene que ser familiar, tiene que alcanzar a las necesidades materiales, culturales y sociales de una familia, debe ser remunerador del trabajo, debe ser suficiente, debe ser justo.
Digan ustedes si los trabajadores en México, en el campo, en la ciudad, tienen un salario que se ajuste a las valoraciones normativas. Entonces este abandono de las valoraciones sociales, del derecho social del trabajo que se han suspendido, que se han abandonado, las valoraciones jurídicas que fundamentaron el derecho social mexicano en el campo y en el trabajo, se han abandonado.
Hay motivos justos y legales para que el Partido de la Revolución Democrática, reiteradamente y en forma repetitiva, esté del lado de la clase trabajadora y venga aquí a protestar y mientras exista un solo trabajador al que se le atropellen sus justas indemnizaciones, ahí debemos estar los del Partido de la Revolución Democrática. Es todo.
El Presidente:
Para rectificar hechos, ha solicitado la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido de la Revolución Democrática. Dispone de cinco minutos.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras diputadas, compañeros diputados:
Yo he dicho varias veces que en esta Cámara es muy difícil a veces poder tener diálogos; comúnmente se dan monólogos alternados y hoy no vengo a contestarle al que me antecedió en el uso de la palabra, porque yo entiendo que él representa una posición política en esta Cámara, la del Partido Revolucionario Institucional. Yo he dicho hasta hoy, nosotros sentimos que no han escuchado, habría que contabilizar los adjetivos en ambos discursos y creo que perdimos, muchos adjetivos en su discurso.
Hay uno que me interesa ahorita analizar, él habló de dislexia, más que adjetivo una situación en un ser humano y yo no sé que ocurre aquí, si es dislexia u olvido a propósito.
En ningún momento dije que el conflicto del Inmecafé está totalmente solucionado, tan es así que hoy está un plantón en el Zócalo, todavía con poquitos compañeros, pero ahí están, otro está frente a la Embajada norteamericana y hay un grupo de cinco compañeros que en el Estado de Veracruz siguen reclamando porque se les siguen dando liquidaciones que no corresponden a lo que marca la ley.
En nuestro discurso también quedó muy claro que no es una posición personal, cuando menos se le dio lectura a la posición oficial del Partido de la Revolución Democrática en Veracruz, un partido que en el reciente proceso electoral obtuvo más de 200 mil votos, con el 50% de casillas que pudimos cubrir tan sólo en el conjunto del Estado y un partido que siendo la segunda fuerza en el Estado de Veracruz, a tantos meses de diciembre para acá que tenemos nuevo gobernador, nosotros sostenemos que tampoco ha podido entrar al diálogo en el Estado de Veracruz con el Gobierno actual y no ha sido por falta de voluntad, sino ha sido por este tipo de condicionamientos políticos que se le ejercen a la gente del partido y que está alrededor del partido, a través de reprimirlos, como en el caso del que estamos hablando el día de hoy.
Y por último sabemos que el que me antecedió en la palabra es diputado por el Distrito de Jaltipán, sabemos que él conoce lo que está ocurriendo en la ciudad de Cosoleacaque, sabemos lo que ocurre con la industria del azufre en su región.
A lo mejor, si no ha tenido oportunidad de estar en estos últimos meses por allá, nosotros ya no le diríamos que fuera hasta Jaltipán a ver qué ocurre en el Estado de Veracruz; hay que ir al Zócalo de la ciudad, hay que caminar por las calles de esta ciudad, para encontrar, insisto, a los petroleros despedidos, a los zufreros despedidos, a los cafeticultores despedidos, que se encuentran ya no en Veracruz, veracruzanos que están en esta ciudad exigiendo solución a sus conflictos.
Hacemos uso de esta tribuna para rectificar estos hechos y esperamos que si damos paso a un debate, de verdad existieran más ideas y menos adjetivos. Muchas gracias.
El Presidente:
Se ruega a la Secretaría continúe con los demás asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Luis Moreno Bustamante:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Segundo Período de Sesiones Ordinarias. - Segundo Año.- LV Legislatura.
Orden del día.
30 de junio de 1993.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Dictamen de primera lectura.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.
Dictamen a discusión.
De las comisiones unidas de Reforma Agraria y de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes Orgánica de los Tribunales Agrarios y Agraria.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
El Presidente:
(A las 17.10 horas): Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar mañana miércoles 30 de junio, a las 10.00 horas.
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:
Banrural Banco Nacional de Crédito Rural
CAVIN (Sin aclaración)
CIA Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos de América (EUA)
CNC Confederación Nacional Campesina
Conasupo Compañía Nacional de Subsistencias Populares
Corett Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
CTM Confederación de Trabajadores de México
FBI Oficina Federal de Investigaciones de los EUA
Infonavit Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Inmecafé Instituto Mexicano del Café
IPN Instituto Politécnico Nacional
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Mopi (Sin aclaración)
ONU Organización de las Naciones Unidas
PAN Partido Acción Nacional
PARM Partido Auténtico de la Revolución Mexicana
PFCRN Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional
PPS Partido Popular Socialista
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI Partido Revolucionario Institucional
Sedue Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
TLC Tratado de Libre Comercio
Ucided (Sin aclaración)
Ucivs (Sin aclaración)
Ugorcep Unión General Obrera, Campesina y Popular
Unal Unión Nacional Lombardista
Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Director: Héctor de Antuñano y Lora; subdirectora: Luz Ma. Pineda R.- Corrección: de Estilo, Carlota E. Valencia G. y Nelson A. Ceballos L.; electrónica, Maricela A. Vega Z., Socorro Nieto Dávila, Hilda R. Martínez M., Martha Zaldívar Nieto y Raúl Luna Hinojosa; tipográfica, Blanca E. Alvarado C., Francisca Alegría Ramírez y Carlos Martínez Vázquez.- Auxiliares: Micaela Domínguez Carrión, Kattya Zambrana Vega, Irma Sánchez Camargo, Silvia Hernández Cruz e Ildefonso Zapata Sánchez.- Formación: electrónica, José Olalde Montes de Oca, Oscar Orozco López y Manuel Rodríguez Francos; en cristal, Ramón J. M. Martínez N.- Jefe de Compilación Histórica: Norberto Reyes Ayala.- Jefe de Crónica Parlamentaria: Sergio Becerril Herrera. -Jefa del Departamento de Taquigrafía Parlamentaria: María de los Angeles Neuman.- Impreso en los Talleres Gráficos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Director: Antonio Rodríguez Zarco.- Oficinas de la Dirección del Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión: Palacio Legislativo: Avenida Congreso de la Unión s/n, C. P. 15969. Teléfonos: 542 - 22 - 20 y 795 - 40 - 58. - Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921.