Legislatura LV - Año II - Período Ordinario - Fecha 19930712 - Número de Diario 34
(L55A2P1oN034F19930712.xml)Núm. Diario: 34ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO de los DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Correspondiente al Segundo Período del Segundo Año de Ejercicio
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO II México, D. F., lunes 12 de julio de 1993 No. 34
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO
SUMARIO
ASISTENCIA
APERTURA
ORDEN DEL DÍA
Objeta este documento la diputada Liliana Flores Benavides
Para rectificar hechos, los diputados:
Juan Antonio Nemi Dib
Liliana Flores Benavides
Juan Antonio Nemi Dib
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
SOLICITUD DE LICENCIA
Del diputado Roberto Madrazo Pintado. Se aprueban los puntos de acuerdo.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Daniel Leyva y Santiago, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de Bélgica.
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA
Informe sobre las licitaciones públicas realizadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respecto a la compra de equipo para el control del tránsito aéreo en el espacio nacional. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Para objetar el procedimiento, hace uso de la palabra la diputada Liliana Flores Benavides
Para rectificar hechos, los diputados:
Luisa Alvarez Cervantes
Enrique Sada Fernández
SOLICITUD DE JUICIO POLÍTICO
En contra del ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Andrés Caso Lombardo, presentada por el diputado Emilio Becerra González.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, suben a la tribuna los diputados:
Martín Tavira Urióstegui
Fidel Herrera Beltrán
Emilio Becerra González
Romeo Flores Leal
Se turna a la Oficialía Mayor.
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL; CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
La Asamblea dispensa la segunda lectura y la diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo, propone moción suspensiva.
Demetrio Santiago Torres, para rectificar hechos.
Se admite a discusión la moción suspensiva.
Debaten al respecto, los diputados:
Francisco Javier Saucedo Pérez, en pro.
Manuel Díaz Infante, en contra.
Juan Jacinto Cárdenas García, para rectificar hechos
José de Jesús Martín del Campo Castañeda, quien solicita que se abran las galerías a un grupo de manifestantes.
Jorge Alfonso Calderón Salazar, para rectificar los hechos.
Autorización del Presidente.
Emilio Becerra González, en contra de la determinación del Presidente.
Miguel González Avelar, para apoyarla.
Para rectificar hechos, suben a la tribuna los diputados:
Martha Patricia Ruiz Anchondo
Hildebrando Gaytán Márquez
Alfredo Villegas Arreola
Martha Patricia Patricia Ruiz Anchondo
Se hacen diversas aclaraciones sobre la votación que debe recoger la Secretaría y la proposición del diputado Emilio Becerra González, en contra del trámite de la Presidencia, se desecha en votación nominal.
DENUNCIA
De la presencia de lo que llamó gente extraña en el recinto legislativo, presentada por el diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar.
Para rectificar hechos, los diputados:
Rafael Fernández Tomás
José de Jesús Martín del Campo Castañeda
RECESO
Que ordena el Presidente. Para continuar la sesión de inmediato en el salón Legisladores de la República, a consecuencia de la toma de la tribuna que hacen los diputados representantes del Partido de la Revolución Democrática.
SALÓN LEGISLADORES DE LA REPÚBLICA DEL RECINTO LEGISLATIVO
Se reanuda la sesión y, para rectificar hechos, hacen uso de la palabra los diputados:
Luis Alberto Beauregard Rivas
Juan Luis Calderón Hinojosa
MOCIÓN SUSPENSIVA
Continúa el debate sobre la que presentó la diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo y se refieren a ella los diputados:
José Miguel Castro Carrillo, en contra.
Demetrio Santiago Torres, en pro.
Mario Vargas Aguilar, en contra.
Manuel Terrazas Guerrero, para rectificar hechos.
Se desecha la moción suspensiva
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL; CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL; LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR (II)
A discusión el dictamen de la Comisión de Vivienda, con opinión de la del Distrito Federal, debaten los diputados:
Manuel Jiménez Guzmán, para fundamentar el dictamen.
Adolfo Alfonso Kunz Bolaños, en pro.
Demetrio Santiago Torres, en contra.
Francisco Dorantes Gutiérrez, para rectificar hechos.
Fauzi Hamdan Amad, para fundamentar la abstención de su grupo parlamentario.
Raúl Prado Villafaña, en pro.
Juan de Dios Castro Lozano, para apoyar la fundamentación de su grupo parlamentario.
Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna, en pro.
Se ponen a consideración de la Asamblea las proposiciones.
Se turna al Senado para los efectos constitucionales.
DÍA MUNDIAL DE LA POBLACIÓN
La diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa, declina su participación y pide que el texto de la misma se incluya en el Diario de los Debates.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
Presidencia del diputado Eberto Croda Rodríguez
ASISTENCIA
El Presidente:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados.
El secretario Diego Velázquez Duarte:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 364 diputados, por lo tanto hay quórum, señor Presidente.
APERTURA
El Presidente:
(A las 12.48 horas): Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Diego Velázquez Duarte:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Segundo Período de Sesiones Ordinarias. - Segundo Año - LV Legislatura.
Orden del día
12 de julio de 1993.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación de diputados.
Informe de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Dictamen de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Daniel Leyva y Santiago, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Leopoldo II en grado de Comandante, que le confiere el Gobierno de Bélgica.
Dictamen a discusión
De la Comisión de Vivienda, con opinión de la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y, para toda la República en Materia Federal; Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y Ley Federal de Protección al Consumidor.
Comentarios del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en torno a la negociación del Tratado de Libre Comercio.
Comentarios del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, en torno a la situación económica nacional, con propuesta de punto de acuerdo sobre la situación salarial.
Intervención de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, en torno a la situación de trabajadores petroleros.
Intervención de la diputada Silvia Pinal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en torno a la Convención de Ginebra en Materia de Leyes de intérpretes.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una denuncia sobre gaseras en Tijuana.
Intervención de la ciudadana diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Población.
Comentarios del ciudadano diputado Emilio Becerra González, sobre la gestión de Andrés Caso Lombardo, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Intervención del ciudadano diputado Gonzalo Cedillo Valdez, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para presentar una denuncia, en relación al desbordamiento del Río de los Remedios.»
La diputada Liliana Flores Benavides (desde su curul):
Señor Presidente, yo estoy en contra de ese orden del día; objeto el punto Informe de la Contaduría Mayor de Hacienda y objeto eso porque la Contaduría Mayor de Hacienda no puede hacer ningún informe al pleno si no ha pasado previamente por la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. En ese sentido, objeto ese informe.
El Presidente:
Esta Presidencia informa que después de darle lectura se procederá a darle turno a la propia Comisión. Por lo tanto...
El diputado Juan Antonio Nemi Dib (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra para rectificar hechos.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Nemi Dib.
El diputado Juan Antonio Nemi Dib:
Con su permiso, señor Presidente:
En relación con el orden del día, cuya propuesta se hace a la consideración de esta Asamblea, quisiera precisar que como el asunto de referencia que ha impugnado la diputada Liliana Flores fue objeto de un mandato de este pleno, en este momento será la Comisión de Vigilancia la que, si esta Asamblea lo aprueba, someterá a la consideración del pleno dicho documento.
De ninguna manera se trata de discutir aquí lo que no se ha procesado por la propia Comisión. Y quiero insistir en que es a través de la Comisión que la Contaduría Mayor hizo llegar el documento de referencia a esta soberanía. Muchas gracias.
La diputada Liliana Flores Benavides (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra para rectificar hechos.
El Presidente:
Adelante diputada, para rectificar hechos, por cinco minutos.
La diputada Liliana Flores Benavides:
Efectivamente, esta plenaria mandato unas auditorías para que fueran realizadas por la Contaduría Mayor de Hacienda, pero eso de ninguna manera invalida lo que por Reglamento está establecido.
Todo dictamen y toda información tiene que ser procesada por la Comisión correspondiente. La Comisión correspondiente es la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda que, como su nombre lo dice, es la responsable de vigilar que la actuación y los procedimientos que la Contaduría Mayor de Hacienda utilizó para realizar las auditorías sean correctos o no. Por lo tanto, el informe tendría que haber sido llevado a la Comisión de Vigilancia y ahí todos los partidos haber dado nuestra opinión y posteriormente haber sido traído a este pleno.
¿Qué sentido tiene traer al pleno una iniciativa que ni siquiera los mismos miembros de la Comisión de Vigilancia conocemos?
Si esta situación se concreta lo único que estaremos viendo es un procedimiento más incorrecto de los tantos que se llevan en esta Cámara. ¡Se quiere violentar el Reglamento! ¡Yo por eso objeto el orden del día!
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos, diputado Nemi Dib, por cinco minutos.
El diputado Juan Antonio Nemi Dib:
Con su permiso, señor Presidente:
Reiterando lo que ya expresé en mi anterior intervención y toda vez que se trata de dar curso por conducto de esta Presidencia de la Cámara a un negocio que es competencia de la Comisión de Vigilancia, quiero rogarle señor Presidente, en los términos de la fracción XI del artículo 21, se sirva instruir el turno correspondiente para este negocio. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado Nemi Dib.
Esta Presidencia informa que el informe de la Contaduría Mayor será presentado al pleno, el cual resolverá sobre su destino, de lo cual esta Presidencia dará el turno correspondiente en su momento en que entremos al punto a discusión.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente:
En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
El secretario Diego Velázquez Duarte:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Dispensada la lectura, señor Presidente.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día diez de julio de mil novecientos noventa y tres, correspondiente al segundo período de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia de la diputada Liliana Flores Benavides
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las doce horas con veintiséis minutos del día diez de julio de mil novecientos noventa y tres, con una asistencia de trescientos sesenta y un diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.
La Secretaría da cuenta con el orden del día y la Asamblea dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, misma que, sin discusión, se aprueba en sus términos en votación económica.
Se da cuenta con diversas comunicaciones de los congresos de los estados de Guanajuato, Puebla y Querétaro, por las que informan de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.
Hace uso de la palabra la diputada Patricia Ruiz Anchondo, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa de reformas y adiciones a los artículos dieciséis y diecisiete de la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Seguridad Social.
Una minuta del Senado de la República, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Daniel Leyva y Santiago, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de Bélgica. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Se da segunda lectura, se someten a discusión y sin ella se aprueban en votación económica, dos dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Francisco Escofet Villalvazo, María Luisa de la Concepción Ramírez Rojas, Rina Lorena Tamayo Hernández y Carlos Bernardo Escudero Albarrán, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Se turna al Senado de la República para los efectos constitucionales.
En virtud de que el dictamen de las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley que Incorpora al Régimen del Seguro Social Obligatorio a los Productores de Caña de Azúcar y a sus Trabajadores, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la segunda lectura y se somete a discusión de inmediato.
Para la discusión en lo general y en lo particular, hacen uso de la palabra los diputados Francisco Hernández Juárez, del Partido Popular Socialista, en pro; Tomás Correa Ayala, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en contra; Salvador Juárez García, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Rafaela Morgan Alvarez, del Partido Acción Nacional, quien informa que su grupo parlamentario no votará este dictamen; Jesús González Gortázar, del Partido Revolucionario Institucional, en pro y contesta interpelaciones de los diputados León Corrales, Correa Ayala y Alvarez Garín.
Para rectificar hechos hacen uso de la palabra los diputados Francisco Salazar Sáenz, del Partido de la Revolución Democrática y Manuel Medellín Milán, del Partido Revolucionario Institucional, quien propone reformas a la fracción tercera del artículo tercero y su último párrafo, así como a la fracción primera del artículo dieciocho.
En sendas votaciones económicas se aceptan ambas proposiciones y la Asamblea considera el dictamen suficientemente discutido, por lo que la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por doscientos ochenta votos. Para al Senado para los efectos constitucionales.
Para referirse entre otras cosas, al problema ecológico del Puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán, por el siniestro de un barco extranjero, hace uso de la palabra el diputado Enrique Rico Arzate, del Partido de la Revolución Democrática y, para expresar sus opiniones al respecto, el diputado José Moreno Barragán, del Partido Revolucionario Institucional.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, se concede el uso de la palabra a los legisladores Miguel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática; Antonio Nemi Dib, del Partido Revolucionario Institucional, Emilio Becerra González, del Partido de la Revolución Democrática, quien contesta una interpelación del diputado Nemi Dib; Rubén Pabello Rojas, del Partido Revolucionario Institucional, quien contesta una interpelación del diputado Becerra González.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a diversas comunicaciones en relación con la supuesta violación al fuero constitucional del diputado Rico Arzate y para rectificar hechos al respecto o aclarar detalles de procedimiento, se concede el uso de la palabra a los diputados; Enrique Rico Arzate, del Partido de la Revolución Democrática; Antonio Nemi Dib, del Partido Revolucionario Institucional; Emilio Becerra González, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones; Martín Tavira Urióstegui, del Partido Popular Socialista y Manuel Díaz Infante, del Partido Revolucionario Institucional.
La Presidenta informa que en el transcurso de la sesión, la Comisión de Vivienda entregó el dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal; Código de Procedimientos para el Distrito Federal y Ley Federal de Protección al Consumidor, con opinión de la Comisión del Distrito Federal y, en virtud de que se ha impreso y se distribuye entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la primera lectura.
Por las mismas razones se dispensa la primera lectura al dictamen de la Comisión de Comercio con proyecto de Ley de Comercio Exterior.
Antes de realizarse la votación económica sobre esta dispensa de trámite, hacen uso de la palabra los diputados Patricia Ruiz Anchondo, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones para pedir que el dictamen se regrese a comisiones y Manuel Díaz Infante, del Partido Revolucionario Institucional, para explicar el procedimiento de una moción suspensiva.
Se concede el uso de la palabra al diputado Arturo Torres del Valle, del Partido Acción Nacional, quien denuncia hechos que considera irregulares en relación con el fisco, en Silao, Guanajuato.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidenta clausura la de hoy a las diecisiete horas con seis minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo lunes doce de julio de mil novecientos noventa y tres a las diez horas.»
El Presidente:
Gracias, señor Secretario.
Ruego a la Secretaría poner a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior y si algún diputado desea hacer alguna observación a la misma, que se sirva manifestarlo.
El secretario Diego Velázquez Duarte:
Está a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior.
¿Hay algún diputado que desee hacer observaciones a la misma?
Se consulta a la Asamblea, en votación económica si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta, señor Presidente.
El Presidente:
Gracias, señor secretario. Continúe con los asuntos.
SOLICITUD DE LICENCIA
La secretaria Alicia Montaño Villalobos:
«Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Roberto Madrazo Pintado, diputado a la LV Legislatura del Congreso de la Unión, por mi derecho propio, comparezco respetuosamente para solicitar al pleno de esta Cámara, por su conducto.
Que me sea concedida licencia para separarme de las funciones de diputado, por tiempo indefinido y en los términos del artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Al aprobarse mi solicitud, deberá llamarse a mi suplente para que asuma las funciones de la representatividad popular correspondiente.
Atentamente.
México, Distrito Federal, a 12 de julio de 1993. diputado Roberto Madrazo Pintado.»
El Presidente:
En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
La secretaria Alicia Montaño Villalobos:
Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Roberto Madrazo Pintado, para separarse de sus funciones como diputado federal electo por el primer distrito del Estado de Tabasco, a partir de esta fecha.
Segundo. Llámese al suplente.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta a los señores diputados si lo aprueban.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobados los dos puntos de acuerdo, señor Presidente.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
CONDECORACIÓN
El Presidente:
Continúe la Secretaría.
La secretaria Alicia Montaño Villalobos:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto, que concede permiso constitucional necesario para que el ciudadano Daniel Leyva y Santiago, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Leopoldo II, en grado de Comandante, que le confiere el Gobierno de Bélgica.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano licenciado Daniel Leyva y Santiago, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Leopoldo II, en grado de Comandante, que le confiere el Gobierno de Bélgica.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 10 de julio de 1993. - Diputados: Gustavo Carvajal Moreno, presidente; Cuauhtémoc López Sánchez, Juan de Dios Castro Lozano, secretarios; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Juan Alonso Romero, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Cristóbal Arias Solís, Benjamín Ávila Guzmán, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Juan Moisés Calleja García, Carlos E. Cantú Rosas, Alberto M. Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, Estela Cásares Esquivel, Javier Centeno Ávila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Enrique Chavero Ocampo, Pedro de León Sánchez, Jesús Martín del Valle Fernández, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albino Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, José Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, José Antonio González Fernández, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Marlene Catalina Herrera Díaz, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, Fernando Lerdo de Tejada, Ricardo López Gómez, José Benigno López Mateos, Roberto Madrazo Pintado, Jesús Martín del Campo Castañeda, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, María de los Ángeles Moreno Uriegas, Jaime Muñoz y Domínguez, Miguel Ángel Murillo Aispuro, José Ramón Navarro Quintero, Juan Antonio Nemi Dib, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos
Cuéllar, J. Marco Antonio Olvera Acevedo, José Domingo Olvera Cervantes, Alejandro Ontiveros Gómez, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Juan José Rodríguez Prats, María Esther Scherman Leaño, Jaime Serrano Cedillo, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Cecilia Guadalupe Soto González, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Salvador Valencia Carmona, Oscar Ricardo Valero Recio, Mario Vargas Aguilar, Diego Zavala Pérez, Jorge Zermeño Infante, Ildefonso Zorrilla Cuevas Nahum, Efraín Zúñiga Galeana, Rogelio Audiffred Narváez.»
Es de primera lectura.
El Presidente:
Continúe la Secretaría.
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA
El secretario Marco Antonio Haddad Yunes:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos.- Contaduría Mayor de Hacienda.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados.- Presentes.
En cumplimiento al acuerdo del pleno de la honorable Cámara de Diputados del día 13 de mayo del año en curso, que fue comunicado a esta Contaduría Mayor de Hacienda, por conducto de la Comisión de Vigilancia a su digno cargo, instruyendo para practicar auditoría a los procedimientos relativos a las licitaciones públicas internacionales SGRM - 01/92 Y SGRM - 04/92 convocadas por el órgano desconcentrado Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) y que tuvieron por objeto la adjudicación de los contratos para el suministro e instalación de diversos equipos de radar y centros de control y de aproximación, me permito remitir a usted el informe - dictamen correspondiente, acompañado de un tomo complementario con su respectivo anexo, que fue elaborado por este órgano técnico en cabal cumplimiento del mandato aludido.
Consecuentemente a lo anterior, manifestó a usted la mejor disposición, como de los servidores públicos de la Contaduría Mayor que participaron en la elaboración del mismo, para realizar cualquier aclaración respecto del contenido del informe - dictamen que ahora se rinde.
Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi más alta consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal a 9 de julio de 1993. - El contador mayor de Hacienda, licenciado Javier Castillo Ayala.»
«informe - dictamen sobre los Procedimientos relativos a las licitaciones SGRM - 01/92 Y SGRM - 04 - 92.
I. Presentación
La Cámara de Diputados al Congreso de la Unión se ha caracterizado por constituirse en el foro de resonancia de los grandes problemas nacionales y de los retos inherentes a los profundos cambios en los ordenes de la vida nacional; por ello, diversos reclamos de los sectores de la sociedad, se han encauzado y reflejado en los debates de las plenarias. De esta forma la LV Legislatura admitió para discusión, entre otros asuntos, la revisión de los procesos relativos a las licitaciones públicas internacionales para la adquisición e instalación de radares y de centros de control y de procesamiento para el control del tráfico aéreo comercial de México.
En la sesión del 13 de mayo pasado, el pleno de la honorable Cámara de Diputados adoptó un punto de acuerdo por unanimidad para que a través de la Comisión de Vigilancia, se instruyese a la Contaduría Mayor de Hacienda a efecto de que "...practique auditoría a los procedimientos relativos a la licitación pública internacional No. SGRM - 04..."y"...para que audite los procedimientos de la licitación SGRM - 01...". En atención a lo anterior, la Presidencia de la Comisión de Vigilancia turnó el 18 de mayo del presente año el mandato correspondiente a este órgano técnico y se citó para una sesión de trabajo para el 26 de mayo, a fin de abordar el esquema de trabajo para la realización de esta fiscalización.
En dicha sesión, la Contaduría Mayor de Hacienda presentó el Esquema General de Auditorías y Estudios Especiales, señalando las materias a revisar para cumplir el mandato del pleno; asimismo, se comprometió a que los resultados estarían concluidos y puestos a disposición de
los ciudadanos diputados federales antes del término del actual período de sesiones ordinarias. Para este proceso de revisión, la Contaduría Mayor de Hacienda determinó la realización de ocho Auditorías y Estudios Especiales, cuya etapa de planeación y recopilación de información inició el día 14 de mayo con la información inicial que le fue turnada por la Presidencia de la Comisión de Vigilancia. En dicha reunión algunos miembros de ese órgano colegiado efectuaron recomendaciones para incorporarse al programa de trabajo.
En ese contexto, el Órgano Técnico de la Cámara de Diputados procedió a a atender escrupulosamente el mandato, de acuerdo a los compromisos adquiridos. Con estricto apego a lo establecido en la legislación, envió sendos comunicados de apertura de auditoría a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano e Instituto Mexicano de Comunicaciones. Posteriormente, durante el transcurso de junio en dos ocasiones solicitó información complementaria y adicional a través de la Secretaría de Gobernación a las dependencias mencionadas.
Durante este proceso de revisión, efectuado por la Unidad de Programación, Normatividad y Control de Gestión y la Dirección General Jurídica de este Órgano Técnico se efectuaron diversas reuniones con representantes de alto nivel de las dependencias involucradas abordando en forma exhaustiva los aspectos relacionados con las materias de auditoría y se procedió a la constatación, verificación, análisis y evaluación de la información y de los distintos hechos administrativos relacionados con las licitaciones y la atención a las inconformidades presentadas por empresas. Una vez preparados los informes finales la Contaduría Mayor procedió a la necesaria confronta con servidores públicos de las dependencias auditadas a principios de julio.
A partir de los resultados obtenidos, se procedió a elaborar el Informe - Dictamen de la Contaduría Mayor de Hacienda que ahora se eleva a la consideración de los ciudadanos diputados de la LV Legislatura al Congreso de la Unión, dando así cumplimiento cabal al mandato que le fue otorgado por el pleno de la Cámara el día 13 de mayo.
El Informe que se presenta está configurado por el Tomo Ejecutivo que contiene el Esquema General y el programa de trabajo detallando los alcances específicos de las revisiones y, el Informe - Dictamen sobre los procedimientos del proceso de las licitaciones de referencia, de acuerdo a las materias objeto del estudio, que derivó de los resultados obtenidos en las revisiones específicas. Asimismo y para la consulta exhaustiva, se preparó un tomo complementario que contiene cada una de las ocho auditorías y estudios especiales efectuado con sus correspondientes anexos.
II. Programa de Auditorías y Estudios Especiales
Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Licenciado Javier Castillo Ayala, contador mayor de Hacienda. Presente.
Como es de su conocimiento, durante la sesión plenaria de la honorable Cámara de Diputados del 13 de mayo de 1993, el ciudadano diputado Edmundo Sosa López, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y diputado Juan Luis Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron las propuestas de punto de acuerdo que a continuación se citan textualmente:
"Instrúyase, por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, a este órgano técnico para que practique auditoría de los procedimientos relativos a la licitación pública internacional No. SGRM - 04/92, que tuvo por objeto la adjudicación de los contratos para la adquisición e instalación de los equipos de radar para complementar los ya existentes en los aeropuertos de México, D. F.; Toluca, Estado de México y San Felipe, B. C. y el otro contrato para la adquisición e instalación de centros de control, que reemplazarán los existentes en el mismo aeropuerto de la Cuidad de México y en los de Mazatlán, Sin., Monterrey, N.L., y de centros de aproximación, que también sustituirán los existentes en Acapulco, Gro., Guadalajara, Jal., Puerto Vallarta, Jal., y Tijuana, B.C."
"Se instruya a la Contaduría Mayor de Hacienda para que audite los procedimientos de las licitaciones SGRM - 01/92 y SGRM - 04/92 convocadas por Seneam."
Dichas propuestas de puntos de acuerdo fueron recibidas por la Presidencia de la honorable Cámara de Diputados, votada su ejecución favorablemente por el pleno y turnada a esta
Comisión de Vigilancia para instruir a esa Contaduría Mayor de Hacienda el que proceda a practicar la auditoría solicitada, lo que se notifica a usted para su atención, debiendo informar a esta Presidencia a la brevedad, el esquema de trabajo a desarrollar, así como su incorporación a los programas de auditoría en ejecución.
Sin otro particular, le reitero mi consideración más distinguida.
Atentamente.
México. D.F., a 18 de mayo de 1993. - Diputada federal, Laura Alicia Garza Galindo. Presidenta de la Comisión.
II. 1. Esquema general autorizado
Materias de Auditoría y Estudio
I. Licitación Pública Internacional SGRM - 01/92
II. Licitación Pública Internacional SGRM - 04/92
III. Actuación de los Consultores Externos en los Procesos de Licitación.
IV. Solvencia de las Empresas Ganadoras de la Licitación.
V. Calidad del Control Desarrollado sobre los Procesos de Licitación.
VI. Procesos de Inconformidades y Resoluciones Administrativas.
II. 2. Auditorías, objetivos y alcances
I. a. Auditoría de sistemas a la licitación SGRM - 01/92
Objetivo: Comprobar que el proceso de licitación se haya apegado en todas sus fases a la normatividad aplicable y se encuentre suficientemente soportado administrativamente.
Alcances: Para alcanzar el objetivo de la auditoría, se revisaron todas las instancias del proceso de licitación, incluyendo los aspectos presupuestales y programáticos, la elaboración de las bases y la conformación técnica de la propia licitación, su publicación y difusión; así como los actos consecuentes tales como reuniones de aclaraciones sobre las bases, acto de apertura de ofertas, observaciones de los participantes en el mismo acto, reuniones de aclaración de ofertas recibidas, evaluación y homologación de ofertas recibidas, dictamen y fallo correspondiente y comunicación de fallo a los participantes dentro de los plazos establecidos en la normatividad. Asimismo, se revisaron todos aquellos aspectos de orden administrativo que guardan relación con la normatividad interna vigente.
I. b. Auditoría de legalidad a la licitación SGRM - 01/92
Objetivo: Constatar el apego a la normatividad de los aspectos jurídicos del proceso de licitación y la resolución que lo declara desierta.
Alcances: Se analizó la intervención del subcomité de compras del SENEAM, en el procedimiento de licitación SGRM - 01/92. Se reviso el apego al marco legal aplicable del proceso de licitación pública internacional (contenido y publicación de convocatorias; requisitos de las bases de licitación; registro de asistentes al acto de apertura de ofertas y recepción de documentos; acto de apertura de ofertas y levantamiento de actas circunstanciadas; análisis de proposiciones de los participantes; resolución por la que se declara desierto el concurso; notificación de los resultados, etcétera), no abarcó consideraciones sobre aspectos técnicos, sólo se constriñó a cuestiones jurídico - normativas aplicables al proceso.
II. a. Auditoría de sistemas a la licitación SGRM - 04/92
Objetivo: Comprobar que el proceso de licitación se haya apegado en todas sus fases a la normatividad aplicable y se encuentre sificientemente soportado administrativamente.
Alcances: Para alcanzar el objetivo de la auditoría, se revisaron todas las instancias del proceso de licitación, incluyendo los aspectos presupuestales y programáticos, la elaboración de las bases y la conformación técnica de la propia licitación, la publicación de su convocatoria y su difusión, así como los actos consecuentes tales como reuniones de aclaraciones sobre las bases, acto de apertura de ofertas, observaciones de los participantes en el mismo acto, evaluación y homologación de ofertas recibidas, dictamen y fallo correspondiente y comunicación de fallo a los participantes dentro de los plazos establecidos en la normatividad, asimismo se revisaron los contratos celebrados con los proveedores seleccionados para verificar su apego a la
normatividad y, su contenido y alcance de acuerdo a las bases de licitación y ofertas presentadas; la revisión incluyó de la misma manera, todos aquellos aspectos de orden administrativo que guardan relación con normatividad interna vigente.
II. b. Auditoría de legalidad a la licitación SGRM - 04/92
Objetivo: Constatar el apego a las disposiciones legales del proceso de licitación y fallo.
Alcances: Se verificó la intervención del subcomité de Adquisiciones del SENEAM en el proceso de licitación SGRM- 04/92. Se revisó la observancia del marco legal aplicable al proceso de licitación pública internacional (contenido y publicación de convocatorias; requisitos de las bases de licitación; registro de asistentes al acto de apertura de ofertas y recepción de documentos; acto de apertura de ofertas y levantamiento de actas circunstanciadas; análisis de proposiciones de los participantes; dictamen; fallo; notificación de los resultados; etcétera). Esta revisión se constriñó a las cuestiones jurídico, normativas aplicables al proceso de la licitación SGRM - 04/92.
III. a. Estudio especial sobre la actuación de los consultores externos en los procesos de licitación
Objetivo: Verificar que la selección del consultor externo haya sido idónea y que la actuación de los consultores en las licitaciones hayan permitido garantizar el soporte técnico de las decisiones adoptadas.
Alcances: Para alcanzar el objetivo de estudio se revisaron tanto el perfil del consultor internacional como del nacional, así como los términos y condiciones del contrato celebrado con el consultor externo y la participación de ambos en cada una de las instancias técnicas de los procesos de licitación . IV. a. Estudio especial sobre la solvencia de las empresas ganadoras de la licitación
Objetivo: Verificar que el perfil económico, financiero y tecnológico de las empresas ganadoras de la licitación tenga suficiencia respecto a las necesidades de equipo y tecnología que dieron origen a la licitación para garantizar razonablemente el cumplimiento de los propósitos buscados por SENEAM - SCT.
Alcances: Para alcanzar el objetivo de estudio se analizaron las características generales descriptivas de los principales aspectos del perfil de las empresas, a partir de la satisfacción de una cédula que incluye razón social, datos generales, ventas del último ejercicio anterior al de la licitación, tamaño de la empresa, número de empleados, empresas filiales, principales productos y servicios, experiencia en suministro, antecedentes de proveeduría en el mercado mundial, participación en el mercado mundial de radares y sistemas de control de tráfico aéreo, y otros pertinentes; adicionalmente a lo anterior se revisaron las condiciones y términos de las garantías otorgadas y fianzas de acuerdo a los contratos de suministro firmados con SENEAM.
V. a. Estudio especial sobre la calidad de control desarrollo sobre los procesos de licitación
Objetivo: Comprobar que la actuación de la SECOGEF y del órgano de control interno de SENEAM en los procesos de licitación se haya realizado conforme a la normatividad aplicable y a la oportunidad necesaria.
Alcances: Para alcanzar el objetivo del estudio, se revisó la participación del órgano de control interno de SENEAM; esto es, la Unidad de Auditoría Interna, así como la participación de la SECOGEF a través de sus órganos, en los procesos correspondientes a las Licitaciones Públicas Internacionales SGRM - OI - 92 Y SGRM - 04/92 así como en todos los actos consecuentes a las mismas.
VI. a. Estudio especial sobre los procesos de inconformidades y resoluciones administrativas, con relación a las licitaciones públicas internacionales SGRM - 01/92 Y SGRM - 04/92
Objetivo: Verificar que, en la atención de las inconformidades presentadas en relación con las Licitaciones Públicas Internacionales SGRM - 01/92 .y SGRM - 04/92, la SECOGEF haya actuado de conformidad con la normatividad aplicable y con la oportunidad necesaria.
Alcance: Para alcanzar el objetivo de estudio, se revisaron todas las instancias del proceso de inconformidades y resoluciones administrativas; esto es, la recepción de las inconformidades, su trámite administrativo, la evaluación técnica que tuvo lugar y la comunicación de las resoluciones, incluyendo de manera especial el soporte técnico en que se fundamenta la resolución.
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III. Informe - Dictamen de la Contaduría Mayor de Hacienda
III. Informe - Dictamen sobre los procedimientos relativos a las licitaciones SGRM - 01/92 y SGRM - 04/92.
La Contaduría Mayor de Hacienda de la honorable Cámara de Diputados al Congreso de la Unión, para el cumplimiento del mandato del 13 de mayo de 1993 y tomando en consideración las recomendaciones de la Comisión de Vigilancia en su sesión del 26 de mayo pasado, procedió a realizar las auditorías y estudios especiales sobre los procedimientos relativos a la licitación SGRM - 01/92 y SGRM - 04/92, comprendiendo también los aspectos relacionados con la calidad del control desarrollado sobre los procesos de licitación y la atención de las inconformidades presentadas, así como lo correspondiente a la actuación de los consultores externos en dichos procesos y la solvencia de las empresas ganadoras.
El proceso de planeación de las revisiones se inició el 14 de mayo al tenerse conocimiento de la aprobación del punto de acuerdo de la plenaria y disponer de la información inicial que fue remitida por la Presidencia de la Comisión de Vigilancia. De esta forma y dado el reclamo de los ciudadanos diputados federales de contar con los resultados de estas revisiones a la brevedad, este órgano técnico presentó a consideración de la Comisión de Vigilancia su esquema general, señalando que las materias objeto de estudio serían las siguientes.
I. Licitación Pública Internacional SGRM - 01/92 (2 auditorías: de Sistemas y de Legalidad)
II. Licitación Pública Internacional SGRM - 04/92 (2 auditorías: de Sistemas y de Legalidad.)
III. Actuación de los Consultores Externos en los Procesos de Licitación (Estudio Especial.)
IV. Solvencia de las Empresas Ganadoras de la Licitación (Estudio Especial.)
V. Calidad del Control Desarrollado sobre los Procesos de Licitación (Estudio Especial.)
VI. Procesos de Inconformidades y Resoluciones Administrativas (Estudio Especial)
En esa ocasión, se presentaron los objetivos de cada una de las auditorías y estudios especiales a realizar, comprometiéndose la Contaduría Mayor a que los resultados de las revisiones y los informes correspondientes culminarían antes del término del actual período de las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados.
A petición expresa de los miembros de la Comisión, se adicionó a las revisiones lo relativo a las diferencias entre las dos convocatorias de licitación que emitió el SENEAM (SGRM - 01/92 y SGRM - 04/92), también se particularizó la verificación de la solvencia, la serenidad y la reputación de las empresas ganadoras.
En ese contexto, la Contaduría Mayor inició un proceso de revisiones intensas a partir de la información inicial que turnó la Presidencia de la Comisión de Vigilancia el 14 de mayo, planeando las auditorías en sus objetivos y sus alcances específicos para cubrir todos los aspectos pertinentes. Con base en la comunicación del mandato se giraron los oficios correspondientes el 20 de mayo a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano y al Instituto Mexicano de las Comunicaciones, informando de la apertura de las auditorías y solicitando la designación de Coordinadores - Representantes por parte de esas dependencias y entidades para facilitar la realización de los trabajos de revisión.
Asimismo, se requirió, el 2 de junio la información adicional, a la SECOGEF, SCT y SENEAM, misma que fue proporcionada el 12 y el 18 de junio, respectivamente. Posteriormente, fue requerida información complementaria el 22 de junio, a la SECOGEF y a la SCT, misma que fue recibida el 28 y el 30 de junio respectivamente, concluyendo así el proceso de compilación de información pertinente por parte de este órgano técnico.
Adicionalmente, se solicitó a la SECOGEF constancias certificadas de interposición de recurso legal de las empresas notificadas sobre la resolución de sus inconformidades, habiendo informado la Dirección General Jurídica de SECOGEF que la resoluciones se notificaron el 19 de febrero y, hasta el 22 de junio de 1993 no se había recibido ningún recurso de revocación relacionado con las resoluciones de las inconformidades y que a esa fecha había transcurrido con exceso el plazo legal para que ello pudiera ser procedente, ni se había notificado demanda de amparo alguna, en los mismos casos, la cual se debió haber presentado dentro del mismo lapso que el recurso citado.
Por otra parte, se procedió a solicitar a la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social constancia sobre el supuesto "Comité Técnico Operativo de las Operaciones de Calidad y Seguridad del Control de Transporte en el Espacio Aéreo Mexicano"; dicha dependencia contestó señalando que no aparecía registrado el Comité de referencia y por lo tanto, no podía otorgar constancia de registro alguno de esa supuesta asociación.
Paralelamente al intenso proceso de análisis de documentos y de verificación de hechos, se realizaron diversas reuniones técnicas y de aclaración con servidores públicos de las dependencias involucradas, también se acudió a sus bancos de información y archivos para constatar toda la documentación inherente al proceso de licitaciones y de atención de las inconformidades. Por último y una vez elaborados los Informes y Estudios Especiales, el 6 y el 7 de julio se procedió a realizar la necesaria confronta de los resultados con los servidores públicos de las dependencias mencionadas.
De esta forma, la Contaduría Mayor de Hacienda, tomando como base la información generada y los resultados de las ocho auditorías y Estudios Especiales practicados sobre los procedimientos de las licitaciones de referencia procede a determinar el siguiente
INFORME - DICTAMEN
Sobre los procedimientos relativos a las licitaciones SGRM - 01/92 y SGRM - 04/92.
A. Sobre la Licitación SGRM - 01/92
El 27 de agosto de 1992 la SCT y SENEAM, publicaron la convocatoria a la Licitación Pública Internacional SGRM - 01/92 con el objeto de adquirir los bienes necesarios para la ampliación y modernización de los sistemas de radar para control de tránsito aéreo. Una vez analizadas las propuestas, el 23 de noviembre de 1992, el SENEAM emitió su dictamen en donde se remite al dictamen de evaluación técnica del grupo de revisión de propuestas conformado por el Instituto Mexicano de las Comunicaciones, por SENEAM y por el consultor externo Martín Marietta Canadá LTD, que contiene el detalle de porqué se considera que los proveedores no cumplieron con los requerimientos y especificaciones técnicas estipuladas en las bases de la licitación SGRM - 01/92. El fallo respectivo fue emitido por SENEAM quien comunicó mediante oficios a todas las empresas participantes el 25 de noviembre de 1992, que después del análisis técnico efectuado a las ofertas presentadas, esa Licitación se declaraba desierta.
Debido a la descalificación de que fue objeto en el acto de apertura de ofertas, la empresa Nissho Iwai Corporation presentó formal inconformidad ante la SECOGEF el 8 de octubre de 1992, de la cual se informa en el estudio especial sobre la atención de inconformidades del Tomo Complementario.
De la comprobación para que el proceso de Licitación se hubiese apegado en todas sus faces a la normatividad aplicable y se encontrara suficientemente soportado administrativamente, la Contaduría Mayor derivó:
1. Que las Adquisiciones motivo de la licitación Pública Internacional SGRM - 01/92 se encuentran incluidas y autorizadas tanto en el Presupuesto de Egresos de la Federación, como en el Presupuesto del Órgano Desconcentrado, y que las autorizaciones pertinentes y complementarias fueron otorgadas de acuerdo a la normatividad.
2. Que la Publicación de la Convocatoria de Licitación, Inscripción de Participantes y Recepción de Ofertas, Acto de Aclaración de Bases y el Acto de Apertura de las Ofertas de la Licitación Pública Internacional se realizaron con estricto apego a la normatividad aplicable en la materia.
3. Que los actos de complementación de información de las ofertas, la evaluación técnica de las mismas, la elaboración del dictamen y la emisión del fallo sobre la licitación se encontraron apegados a la normatividad aplicable. Que en lo particular, el fallo declarado desierta la licitación se apega estrictamente a lo previsto por el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, así como 21 y 23 de su Reglamento y que se sustenta materialmente en el dictamen técnico.
De la constatación en el cumplimiento de los aspectos jurídicos del proceso de licitación y la resolución que lo declara desierta se observó:
1. Que en los términos de la normatividad aplicable, el subcomité de compras de SENEAM actuó en consecuencia por cuanto hace a la autorización de las bases de la licitación SGRM - 01/92, contando al afecto con las observaciones que sobre el particular emitió la Comisión Revisora de Bases del SENEAM.
2. Que la adquisición de los bienes motivo de la licitación SGRM - 01/92, contaba con la
autorización presupuestal respectiva y se encontraba contemplada en los Programas Anuales de Adquisiciones de 1992-1993 de SCT - SENEAM.
3. Que por cuanto hace al procedimiento de la licitación pública internacional SGRM - 01/92, se constató que se observó la normatividad aplicable; que la convocatoria cumplió con los requisitos que conforme a la Ley de la Materia y su Reglamento debe de cubrir; tanto en su contenido como en su publicación y difusión; que las bases de licitación reunieron los requisitos mínimos que conforme a las disposiciones legales aplicables debe de contener; que el acto de apertura de ofertas se realizó en los tiempos y formas que establece la normatividad y conforme a lo especificado en las bases de la licitación.
4. Que en los términos del artículo 34 de la Ley de Adquisiciones y 21 de su Reglamento, el SENEAM elaboró los análisis de propuestas y cuadros comparativos, que sirvieron de base para la emisión del dictamen correspondiente, el cual a su vez se encuentra soportado por la evaluación técnica emitida por el grupo integrado por SENEAM y por consultores externos (Instituto Mexicano de las Comunicaciones y Empresa Martín Marietta Canadá LTD), siendo este dictamen la base para el fallo correspondiente.
5. Que en general, se observó que se cumplieron con las formalidades de carácter jurídico - normativo que deben de observarse en los procedimientos de licitaciones públicas internacionales.
B. Sobre la Licitación SGRM - 04/92
El 3 de diciembre de 1992 la SCT y SENEAM, publicaron la Convocatoria a la Licitación Pública Internacional SGRM - 04/92 con el objeto de adquirir radares y sistemas para el control del tránsito aéreo en la Cd. de México, Toluca, San Felipe, B.C.N., Mazatlán, Monterrey, Puerto Vallarta, Guadalajara, Acapulco y Tijuana; el acto de apertura de ofertas de la Licitación Pública Internacional se realizó el día 16 de diciembre de 1992 y asistieron las siete empresas inscritas. Una vez analizadas las ofertas presentadas y emitido el dictamen correspondiente, SENEAM comunicó mediante sendos oficios del 28 de diciembre los resultados del fallo a las empresas participantes, indicando para el caso de Alenia Aeritalia and Selenia SPA y de Thomson C.S.F. que habían resultado seleccionadas para las adquisiciones de equipo de radar y de sistemas de procesamiento, respectivamente; para el caso de las restantes, que su oferta no había arrojado las mejores condiciones para el Estado. Como consecuencia de dicho fallo, presentaron inconformidad ante la SECOGEF las empresas que no resultaron ganadoras; Raytheon, Calmaquip, IBM, Nissho y Siemens; el 30 de diciembre de 1992, fueron firmados los contratos de suministro, instalación y puesta en operación entre SENEAM y las empresas Alenia y Thomson.
De la comprobación de la Contaduría Mayor de que el proceso de licitación se hubiera apegado en todas sus fases a la normatividad aplicable y se encontrara suficientemente soportado administrativamente se determinó:
1. Que las adquisiciones motivo de la Licitación Pública Internacional SGRM - 04/92 se encuentran incluidas y autorizadas dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, tanto como dentro del Presupuesto del Órgano Desconcentrado y que las autorizaciones pertinentes y complementarias fueron otorgadas de acuerdo a la normatividad. Asimismo, se constato que las autorizaciones presupuestarias para 1993 y 1994 para complemento y finiquito de la adquisición de los bienes aludidos fueron otorgadas de acuerdo a la normatividad establecida por la SHCP.
2. Que en virtud de los resultados del proceso de la licitación SGRM - 01/92 el grupo revisor de las ofertas técnicas, recomendó que las especificaciones técnicas deberían mejorarse y aclararse aspectos de formato y contenido, por lo que en las bases de la licitación SGRM - 04/92 consideradas con respecto a los de la SGRM 01/92, se eliminaron todas las opciones que se daban y se opta por el cambio total de los sistemas de procesamiento y plan de vuelo existentes en todos los centros y aproximaciones, eliminándose diversas adquisiciones.
3. Que los actos subsecuentes de Licitación Pública, Publicación de la Convocatoria, Inscripción de los Participantes, Acto de Aclaración de Bases, Recepción y Acto de Apertura de Ofertas, se realizaron con apego estricto a la normatividad aplicable en la materia.
4. Que se constató que los procedimientos relativos a la evaluación técnica y económica de las ofertas presentadas fueron llevados a cabo con la participación y bajo la coordinación de un grupo de revisión integrado por personal de SENEAM y SCT, el Instituto Mexicano de las Comunicaciones y el consultor externo Martín Marietta Canadá, LTD.
5. Que los dictámenes sobre los apartados mencionados fueron rendidos el 18 y 19 de diciembre
de 1992, respectivamente y que reúnen la totalidad de los requisitos necesarios; que en la primera parte del dictamen se consignó en el apartado de equipos de radar, que las propuestas que cumplieron técnicamente las especificaciones de las bases de la licitación fueron las de Alenia, Raytheon y Thomson y que por su parte, en el apartado de sistemas de procesamiento radar, plan de vuelo y visualización para centro de control y aproximación radar se consignó que la única propuesta que cumplió totalmente las especificaciones de las bases de la licitación fue la de Thomson. Y que dicho fallo fue comunicado con fecha 28 de diciembre de 1992, mediante oficios del Director General de SENEAM a las empresas participantes.
6. Que los actos de evaluación técnica y económica de las ofertas, dictamen, fallo sobre la licitación y comunicación del mismo se encontraron apegados a la normatividad aplicable y, que como consecuencia del fallo dictado, las empresas Alenia Aeritalia and Selenia SPA y Thomson SCF, firmaron con SENEAM sendos contratos el 30 de diciembre de 1992.
7. Que del análisis de los contratos firmados, la Contaduría Mayor de Hacienda determinó que reúnen los requisitos legales y administrativos correspondientes; que fueron debidamente revisados y aprobados por el área jurídica de la SCT y que incluyen en los anexos específicos, con detalle suficiente, las características de los bienes y las funciones esperadas de los mismos.
8. Que los contratos celebrados con los proveedores como resultado de la licitación SGRM - 04/92, así como todos los aspectos administrativos y técnicos que les fueron correspondientes, se encuentran apegados a la normatividad aplicable y debidamente soportados administrativamente.
De la constatación al apego a las disposiciones legales del proceso de licitación y fallo se concluye:
1. Que en los términos de la normatividad vigente, el subcomité de Compras de SENEAM actuó en consecuencia por cuanto hace a la autorización de la convocatoria y las bases de la licitación SGRM - 04/92, contando al efecto con las observaciones que sobre el particular emitió la Comisión Revisora de Bases del SENEAM.
2. Que por cuanto hace al procedimiento de la Licitación Pública Internacional SGRM - 04/92 se constató que en general se observó la normatividad aplicable y, que efectivamente la convocatoria cumplió con los requisitos que conforme a la Ley de la Materia y su Reglamento debe de cubrir, tanto en su contenido como en su forma, por otra parte, que las bases de licitación reunieron los requisitos que conforme a las disposiciones legales aplicables debe de contener; y que por lo que respecta al acto de apertura de ofertas, se observó que éste se realizó en los tiempos y formas que establece la normatividad y conforme a lo especificado en las bases de la licitación.
3. Que en los términos del artículo 34 de la Ley de Adquisiciones y 21 de su Reglamento, SENEAM elaboró los análisis de propuestas y cuadros comparativos, que sirvieron de base para la emisión del dictamen correspondiente, el cual a su vez se encuentra soportado por la evaluación técnica emitida por el grupo líder integrado por servidores públicos de SENEAM y por consultores externos (Instituto Mexicano de las Comunicaciones y Martín Marietta), siendo este dictamen la base para el fallo correspondiente.
4. Que para la adquisición de bienes de procedencia extranjera, objeto de la licitación SGRM - 04/92, SENEAM contó con la autorización de la SECOFI a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Adquisiciones.
5. Que por cuanto hace al contenido de los contratos CSIPO - 45/92 y 46/92 derivados de la licitación pública internacional SGRM - 04/92, se observó que en general se ajustan a las disposiciones legales aplicables a este tipo de actos.
6. Que se cumplieron con las formalidades de carácter jurídico normativo que deben de observarse en los procedimientos de licitaciones públicas internacionales y en la celebración de los contratos respectivos.
C. Sobre la Actuación de los Consultores Externos en los Procesos de Licitaciones
La participación del consultor externo en los procesos correspondientes a las licitaciones SGRM - 01/92 y SGRM - 04/92 se inició de manera previa a la autorización de las bases y convocatoria de la primera licitación, continuó esta participación durante el período de evaluación técnica de las ofertas formando parte de un grupo de revisión en conjunto con el Instituto Mexicano de las Comunicaciones y funcionarios técnicos del SENEAM . El consultor externo participó asimismo en la revisión de los ajustes en las especificaciones técnicas de las bases para la licitación SGRM - 04/92. Durante la evaluación técnica de las ofertas de la misma licitación, el consultor
externo intervino formando parte del grupo de revisión, cuyas conclusiones configuraron el dictamen técnico que sirvió de base para la emisión del fallo respectivo.
La Contaduría Mayor verificó que la selección del consultor internacional haya sido idónea y que la actuación de los consultores tanto el nacional como el internacional en las licitaciones hubieron permitido garantizar el soporte técnico de las decisiones adoptadas determinándose:
1. Que la empresa Martín Marietta cuenta con amplia experiencia como supervisor de las compañías encargadas de suministrar ingeniería de sistemas, integración de sistemas y apoyo en la administración de programas para actualizar la navegación del espacio aéreo de Canadá y el sistema de control de tráfico aéreo. Las áreas de especialidad de esta empresa son fundamentalmente ingeniería de sistemas, integración de sistemas, administración de programas para espacio aéreo, defensa y electrónica, sistemas de guía y navegación para aeronaves, entre otras.
2. Que adicionalmente a la investigación realizada por la Contaduría Mayor sobre los antecedentes y trabajos de la empresa Martín Marietta Canadá, LTD., se consultó tanto a funcionarios de SCT, como a los técnicos de SENEAM, del IMC y de la Secogef sobre la calidad del trabajo desarrollado por el consultor, recabándose una opinión altamente favorable, sobre el particular.
3. Que de la investigación y análisis del curriculum y trabajos desarrollados por la empresa se desprende que ésta posee la competencia técnica y administrativa suficiente, para otorgar la asistencia requerida por la SCT en la revisión y ajuste de Bases Técnicas de las Licitaciones y en la evaluación de las propuestas técnicas de los participantes en las licitaciones para la adquisición de radares y sistemas para el control de tránsito aéreo.
4. Que la actuación del consultor Martín Marietta Canadá LTD se apegó en todo momento a los términos pactados en su contratación y a la expectativa de asesoramiento y asistencia buscados con su contratación.
5. Que la participación del Instituto Mexicano de las Comunicaciones en tareas de asesoramiento a SENEAM, fue acorde con los objetos de su creación y que dicha asesoría la ofreció con la oportunidad y en las condiciones que le fueron requeridas.
D. Sobre la Solvencia de las Empresas Ganadoras de la Licitación
De la evaluación efectuada se desprende que el perfil de características técnicas, tecnológicas, económicas y financieras de las empresas seleccionadas para suministrar los equipos y servicios objeto de la licitación SGRM - 04/92, garantizan el logro de los objetivos nacionales perseguidos con la licitación.
E. Sobre la Calidad de Control Desarrollado sobre los Procesos de Licitación
De la revisión practicada por la Contaduría Mayor sobre la actuación de la Secogef y del Órgano de Control Interno de SENEAM en los Procesos de licitación conforme a la normatividad aplicable y a la oportunidad debida, se desprende:
1. Que el Órgano de Control Interno de SENEAM tuvo debidamente autorizado su programa anual de control y auditoría por la Secogef para el año 1992; que el auditor externo (Despacho de Contadores Públicos del Valle y Asociados) de SENEAM practicó revisión al Órgano Interno del mismo por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 1992, habiendo emitido como opinión al respecto "El Órgano Interno de Control de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano desarrolló en forma adecuada sus funciones durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 1992".
2. Se constató que el Órgano Interno de Control recibió copias de la documentación pertinente durante los procesos de licitación y que su actuación en los procesos correspondientes a las Licitaciones Públicas Internacionales SGRM - 01/92 y SGRM - 04/92, se dio con apego a la normatividad establecida.
3. Que en el caso específico de las licitaciones SGRM - 01/92 y SGRM - 04/92, la Secogef participó en todo momento en dichos procesos por si misma y a través del Órgano Interno de Control.
4. Que la Secogef atendió con apego a la normatividad y oportunidad la inconformidad presentada por la empresa Nissho por haber sido descalificada en el acto de apertura de ofertas de la licitación SGRM - 01/92, resolviendo lo conducente y, que la dependencia atendió también con apego a la normatividad y oportunidad las inconformidades presentadas por el fallo de la licitación SGRM - 04/92, de las empresas Nissho, Calmaquip, IBM, Siemens y Raytheon, resolviendo en cada caso lo conducente.
5. Que firmados los contratos de suministro respectivos entre SENEAM y las empresas ganadoras de la licitación SGRM - 04/92, la Secogef recibió copias de los contratos CSIPO - 45/92 y CSIPO - 46/92. Quedando que la intervención de la Secogef en los contratos mencionados se establece por la vigésima cláusula de los mismos, con objeto de comprobar que la calidad, la cantidad, el precio y demás circunstancias relevantes de la operación sean los adecuados para el interés del Estado mexicano y que los bienes serán fabricados en el extranjero, la Secogef emitió la orden de inspección número 932018 de fecha 9 de febrero de 1993 designando a la empresa Societe Generale de Suveillance, S.A. para inspeccionar el equipo fabricado por la empresa Alenia y, que posteriormente, el 2 de junio de 1993 emitió la orden de inspección número 932074 y designando a la empresa Societe Generale de Suveillance, S.A. para inspeccionar el equipo fabricado por la empresa francesa Thomson, ejercitando así los atributos que tiene conferidos.
6. Que la participación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación en los procesos de licitación, su actuación en la atención a las inconformidades presentadas y la revisión de las adquisiciones, se dio en cumplimiento a su marco atributivo y con estricto apego a la normatividad aplicable, alcanzando la totalidad de las fases e instancias de dichos procesos.
F. Sobre los Procesos de Inconformidades y Resoluciones Administrativas, con Relación a las Licitaciones Públicas Internacionales SGRM - 01/92 Y SGRM - 04/92
La Contaduría Mayor al verificar la atención otorgada por la Secogef a las inconformidades presentadas en relación con las Licitaciones Públicas Internacionales SGRM - 01/92 y SGRM - 04/92, determinó:
1. Que las cinco empresas no ganadoras (Nissho, Calmaquip, Raytheon, Siemens e IBM) de la Licitación Pública Internacional SGRM - 04/92 presentaron inconformidad ante la Secretaría de la Contraloría General de la Federación en contra del fallo emitido por SENEAM, por lo que la Dirección General de Responsabilidad y Situación Patrimonial de la Secogef , dio curso a las inconformidades y emitió la resolución administrativa correspondiente en cada caso, ratificando que las ofertas de dichas empresas, ya fuera por razones técnicas o económicas, no eran susceptibles de resultar ganadoras en la licitación, fundamentando en cada caso los argumentos para la emisión de dichas resoluciones; que la Secogef realizó el acopio pertinente de información técnica y utilizó los servicios del consultor externo Martín Marietta Canadá LTD.
2. Que la actuación de la Secogef, en la atención de las inconformidades presentadas por las distintas empresas, al respecto del fallo de la licitación SGRM - 04/92, se dio con estricto apego a los procedimientos establecidos; con la competencia técnica requerida y en la forma y plazos previstos en la normatividad aplicable.
3. Que la actuación de la Secogef en la selección del Consultor Externo para la evaluación técnica de las inconformidades, se considera adecuada para los propósitos perseguidos, dados los antecedentes de amplio conocimiento sobre el asunto en cuestión y probado nivel de competencia técnica del consultor contratado. 4. Que el contrato firmado con las Empresas Consultora Martín Marietta Canadá, LTD, reúne todos los requisitos de orden técnico , administrativo y legal necesarios para garantizar las mejores condiciones para el Estado y el logro de los propósitos de asesoramiento perseguidos y que el cumplimiento del contrato, por ambas partes se dio con estricto apego a la normatividad aplicable, así como a lo pactado en las cláusulas del mismo.
CONCLUSIONES GENERALES
Del Informe - Dictamen de la Contaduría Mayor de Hacienda, en cumplimiento del mandato conferido por el pleno de la honorable Cámara de Diputados en su sesión del 13 de mayo de 1993 y conforme a su Ley Orgánica, informa que una vez practicadas las auditorías y estudios correspondientes a los procedimientos relativos a la Licitación Pública Internacional SGRM - 04/92, así como a los procedimientos de la licitación SGRM - 01/92 convocada por SENEAM, pueden establecerse las conclusiones generales de que:
a) No existió irregularidad técnica, administrativa ni jurídica al respecto del proceso de la Licitación Pública Internacional SGRM - 01/92 y su fallo.
b) No existió irregularidad técnica, administrativa ni jurídica al respecto del proceso de la Licitación Pública Internacional SGRM - 04/92 y su fallo.
c) La actuación de los Consultores Externos, Instituto Mexicano de las Comunicaciones y Martín Marietta Canadá LTD en los procesos de licitación SGRM - 01/92 y SGRM - 04/92, se dio en
todo momento de conformidad: en el caso del Instituto Mexicano de las Comunicaciones, con su estamento - jurídico - orgánico - normativo y, en el caso de Martín Marietta Canadá LTD, a los términos contractuales. En ambos casos de acuerdo a los propósitos buscados con tal asesoramiento.
d) El control desarrollo, tanto por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, como por el Órgano Interno de Control de SENEAM, ocurrió en todo momento de acuerdo a la normatividad aplicable y con la suficiencia que al caso correspondía.
e) La atención a los procesos de inconformidades relativos a las licitaciones SGRM - 01/92 y SGRM - 04/92, fue otorgada por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación en estricto apego a sus atribuciones, con la suficiencia técnica que al caso fue competente y, con estricto apego a las leyes.
f) El perfil de características técnicas, tecnológicas, económicas y financieras de las empresas seleccionadas para suministrar los equipos y servicios objeto de la licitación SGRM - 04/92, garantizan razonablemente el logro de los objetivos nacionales perseguidos con la licitación .
IV. Índice del Tomo Complementario sobre las Auditorías y Estudios Especiales Específicos
IV. Tomo Complementario sobre las Auditorías y Estudios Especiales sobre los Procedimientos relativos a las licitaciones SGRM - 01/92 Y SGRM - 04/92
Índice
I. a Auditoría de Sistemas a la Licitación SGRM - 01/92
I. b Auditoría de Legalidad a la Licitación SGRM - 01/92
II. a Auditoría de Sistemas a la Licitación SGRM - 04/92
II. b Auditorías de Legalidad a la Licitación SGRM - 04/92
III. a Estudio Especial sobre la actuación de los Consultores Externos en los procesos de Licitación
IV. a Estudio Especial sobre la solvencia de las empresas ganadoras de la licitación
V. a Estudio Especial sobre la Calidad de Control desarrollado sobre los procesos de licitación
VI. a Estudio Especial sobre los procesos de inconformidades y resoluciones administrativas, con relación a las Licitaciones Públicas Internacionales SGRM - 01/92 y SGRM - 04/92
El Presidente:
Este informe con sus anexos, se turna a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
La diputada Liliana Flores Benavides (desde su curul):
Pido la palabra, señor Presidente, para hechos por favor.
El Presidente:
Para rectificar hechos, acerca del mismo tema, la diputada Liliana Flores Benavides, tiene las palabra.
La diputada Liliana Flores Benavides:
¿Desde cuándo a acá, hay tanto interés por presentar al pleno un dictamen de un mandato que el mismo pleno le dio a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y a la Contaduría Mayor de Hacienda?
¿Cuál es el interés?, porque si se trata de que se cumplan los mandatos, ¿por qué razón no se presentó aquí el dictamen de las auditorías al sector eléctrico?, que fue un mandato que la anterior Legislatura le dio a la Contaduría Mayor de Hacienda.
Que se discutieron durante más de un año y se volvieron a reeditar las discusiones durante ocho, nueve meses.
¿Cuál es el interés hoy, de venir a esta tribuna, venir a leer un dictamen de la Contaduría Mayor de Hacienda, cuando esta información no pasó por el Comité de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda? Objeto el procedimiento.
Hubo una suspensión de las reuniones de la Contaduría Mayor de Hacienda, pero además la oposición representada en esta Cámara, no tuvimos acceso a la información.
Vienen a presentar un dictamen que quién sabe quién revisó y tienen el interés de presentarlo, principalmente por cuestiones políticas, por eso.
Este dictamen, que ahora dicen que pasa a la Comisión de Vigilancia para su discusión, lo único que hace es exonerar de culpas a personas que participaron en un proceso no transparente y es una burla más para el Poder Legislativo, porque este tipo de procedimientos lo único que vienen a hacer es a limitar la facultad de fiscalización que el Poder Legislativo tiene sobre el Poder Ejecutivo.
Es como si nos hubieran escupido un ojo, compañeros. Así. Pero además de que objeto el procedimiento, lo que aquí acaban de hacer es una perla; es una perla, porque lo que se vino a leer aquí es la justificación de la corrupción existente en este país.
Vinieron a ratificar la impunidad. En la pasada sesión, cuando les planteamos la necesidad de tener acceso a la información y que aquí se votó que no, procedimos a buscar información y tenemos toda la información necesaria para comprobar que sí hubo situaciones irregulares en esas licitaciones.
¿Qué va a pasar cuando traigamos esa información a esta tribuna y la contrastemos con este dictamen elaborado por la Contaduría Mayor de Hacienda, qué va a pasar?
Se los dijimos, institucionalmente lo planteamos, exigimos el derecho que tenemos a ser informados y no se aceptó, pero conseguimos toda la información y se ha venido estudiando y aquí la vamos a traer en el momento oportuno, pero no solamente esa información, conseguimos otras informaciones donde hemos encontrado graves problemas en la misma Contaduría Mayor de Hacienda. Estos errores se les van a revertir, esta forma de hacer las cosas aquí se les va a revertir.
Por eso nosotros queríamos prevenir todavía y de forma institucional que las cosas se llevaran a donde deben de ser discutidas, pero ustedes siempre queriendo violentar, esto solamente se les va a revertir.
Mientras en este país siga habiendo un Gobierno y su partido en el poder, la corrupción seguirá siendo un modo de vida.
No me chifle, compañero, si usted quiere venir aquí a plantear algo, tenga la valentía de venirlo a plantear aquí. No utilice esas formas cobardes para tratar de que yo baje de la tribuna. Voy a concluir.
El pueblo ya no quiere esto y ésta era una oportunidad que ustedes tenían para haber transparentado las cosas; desgraciadamente no han sabido aprovecharla.
Solicito una copia a la Secretaría en este mismo momento, del dictamen que el compañero aquí vino a leer. Gracias.
El Presidente:
Gracias, compañera diputada Liliana Flores.
La compañera Luisa Alvarez, del Partido del Frente Cardenista, para el mismo tema.
La diputada Luisa Alvarez Cervantes:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados:
Este informe a mí me puso sumamente nerviosa en mi asiento, porque quiero informarles que soy secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y que no se me tomó en cuenta.
Quisiera señalar y coincidir en que hay un problema de procedimiento, en el sentido de que este informe debería primeramente de haberse presentado ante la Comisión de Vigilancia, como se han presentado otros informes y como los acuerdos de esta plenaria se turnan a las comisiones. Yo no he sabido de un problema que se turne a una Secretaría de Estado, yo quisiera ver algún problema que se turne a la Comisión de la Reforma Agraria y que el Secretario de la Reforma Agraria, nos presentara aquí, un informe de un mandato de esta soberanía, que para desahogar el procedimiento de la misma, tanto en el Reglamento Interno como en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por eso tiene comisiones y comités.
Hay un gran problema de procedimiento. Queremos nosotros decir y no queremos pensar que este problema de procedimiento tenga un fondo obscuro, un fondo político. No es conveniente para la salud de la nación y para la salud de la Cámara y para la salud de los procedimientos de la misma Cámara, que los informes se den de una manera unilateral.
Tenemos que partir que somos una Cámara pluripartidista. En todas y en cada una de las comisiones de esta honorable Legislatura, estamos integrados diputados de las diferentes fracciones parlamentarias. Es una falta de respeto a
los diputados integrantes de cada una de las comisiones que se den procedimientos que violentan el Reglamento y la Ley Orgánica, solamente por cubrir un fondo político. Esperamos, compañeros, que este informe que ya fue turnado a la Comisión de Vigilancia se dé una apertura.
No es válido convalidar la unilateralidad del Partido Revolucionario Institucional; no es válido para la salud de la nación pretender exonerar a Caso Lombardo. La Comisión de Vigilancia y la Contaduría Mayor de Hacienda tiene altos técnicos, tiene un equipo que ya lo quisieran algunas secretarías de Estado en términos de asesores y en términos de profesionalismo. En el informe aquí presentado, tal pareciera que el profesionalismo está dedicado a tapar hoyos que no tuvo posibilidad de tapar Caso Lombardo.
Es evidente que por salud de la República, las cosas deben de ser extremadamente claras, sobre todo en este tipo de problemas.
No queremos compañeros, al menos la fracción parlamentaria del Frente Cardenista, ni la Secretaría de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, que nos entrampen o empatrañen en cosas que no estamos de acuerdo. Queremos claridad y queremos la oportunidad y se lo solicitamos a la Presidenta de la Gran Comisión de esta Cámara, de que se abra y que se dé apertura en la Comisión de Vigilancia, para ver a fondo el informe de la Contaduría Mayor de Hacienda y que se vaya al fondo de este asunto y no pretendamos desde antes, tapar las irregularidades que cometió y que ha cometido, porque no solamente es en el terreno de las licitaciones donde está involucrado Caso Lombardo, hay otra serie de cosas donde también está involucrado y donde sería importante para la salud de la República que se vieran estas cosas a fondo y con claridad, para la salud de esta Cámara, para el procedimiento y para todos nosotros. Muchas gracias señor Presidente.
El Presidente:
Gracias, diputada Luisa Cervantes.
Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, tiene el uso de la palabra el diputado Enrique Sada, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Enrique Sada Fernández:
Con su permiso, señor Presidente:
El pasado 18 de mayo de 1993, se dictó un acuerdo en el pleno de esta Cámara que me voy a permitir leer. Dice lo siguiente:
"Instrúyase por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda a este órgano técnico, que practique auditoría de los procedimientos relativos a la licitación pública internacional número SGRM- 04/92, que tuvo por objeto la adjudicación de los contratos para la adquisición e instalaciones de los equipos de radar, para complementar los ya existentes en los aeropuertos de México, D.F.; Toluca, Estado de México y San Felipe, Baja California.
Y el otro contrato para la adquisición e instalación de centros de control que reemplazarán los existentes en el mismo aeropuerto de la ciudad de México y en los existentes en el mismo aeropuerto de Mazatlán, Monterrey y los centros de aproximación, que también sustituirán los existentes en Acapulco, Guerrero; Guadalajara, Jalisco; Puerto Vallarta, Jalisco y Tijuana, Baja California.
Se instruye a la Contaduría Mayor de Hacienda para que audite los procedimientos de las licitaciones SGRM - 01/92 y SGRM - 04/92, convocadas por SENEAM."
Lo que acaba de suceder, compañeros diputados, está relacionado con el oficio, turnado por el licenciado Javier Castillo Ayala, contador mayor de Hacienda, el día 9 de julio y recibido en esta Cámara el día 12 de julio, que dice lo siguiente:
"En cumplimiento al acuerdo del pleno de la Cámara de Diputados, del día 13 de mayo del año en curso, que fue comunicado a esta Contaduría Mayor de Hacienda, por conducto de la Comisión de Vigilancia a su digno cargo, instruyendo para practicar auditoría a los procedimientos relativos a las licitaciones públicas internacionales SGRM - 01/92 y SGRM - 04/92, convocadas por el órgano desconcentrado Servicios de la Navegación del Espacio Aéreo Mexicano y que tuvieron por objeto la adjudicación de los contratos para el suministro e instalación de diversos equipos de radar y centros de control y de aproximación, me permito remitir a usted el Informe - Dictamen correspondiente, acompañando de un tomo complementario con su respectivo anexo que fue elaborado por este órgano técnico en cabal cumplimiento del mandato aludido.
Consecuente a lo anterior, manifiesto a usted la mejor disposición."
Es decir, se presenta y se lee en este momento el dictamen que está mandando la Contaduría Mayor de Hacienda, en este momento se están distribuyendo los juegos a las diversas fracciones parlamentarias. Tengo aquí las copias de los oficios de que hoy se están enviando; tanto el resultado de la auditoría, como los tomos que van acompañando a esta auditoría, están ahorita distribuidos en todas las fracciones parlamentarias y lo que nosotros estamos solicitando es que una vez leído el dictamen, se pase a la Comisión de Vigilancia, para que en la Comisión de Vigilancia sea discutido este dictamen de la Contaduría, para lo cual estamos proponiendo que sea el próximo miércoles, a las 8.30 de la mañana, cuando se tenga la primera reunión con la Contaduría, a efecto de determinar y de aportar, en caso de estar en pro o en contra, todas las pruebas que se tengan, para esclarecer todo el asunto que nos ocupa. Es todo lo que quisiera agregar. Muchas gracias.
SOLICITUD DE JUICIO POLÍTICO
El Presidente:
Gracias, señor diputado.
Para hablar sobre el mismo tema, tiene el uso de la palabra el diputado Emilio Becerra, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Emilio Becerra González:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Ustedes saben que en el orden del día estaba programado que yo me refiriera a la actuación de don Andrés Caso Lombardo y este tema pues ha adelantado esa discusión.
Previamente quiero decir que, independientemente de lo que más adelante voy a expresar, en este informe que yo denominaría "Cortina de humo", porque tiene como 40 ó 50 páginas y repito lo mismo y lo mismo y no dice nada, tiene algunas cosas que son verdaderamente una confesión de que en México se está actuando en contra de la Ley y en contra de los mejores principios del país.
Hace rato traté de leer y de localizar lo que a mí me había parecido muy grave, pero encontré únicamente una cosa y voy a referirme a la otra; es decir, a ambas. La que encontré es ésta: que entre las páginas 26 y 27 del informe, dice que el 28 de diciembre se resolvió la licitación en favor de alguien. Fíjense qué fecha tan significativa, el día de los inocentes.
Y también se dice que varias empresas impugnaron el fallo. Pero el 30 de diciembre, la Secretaría de Comunicación firma contrato con la ganadora objetada; es decir, a los dos días de que se les adjudicó la licitación y cuando la Contraloría todavía ni siquiera le daba entrada a las protestas, mucho menos a resolverlas, ya de antemano se estaba adjudicando y firmando contratos.
Yo pido al señor Presidente, que instruya a la Secretaría, para confirmar lo que estoy diciendo, que lea nuevamente el párrafo final de la página 26 y el párrafo primero de la 27.
El Presidente:
Proceda la Secretaría como lo solicita el orador.
El secretario Marco Antonio Haddad Yunes:
Con mucho gusto, señor Presidente.
"Una vez analizadas las ofertas presentadas y emitido el dictamen correspondiente, la Secogef comunicó, mediante sendos oficios del 28 de diciembre, los resultados del fallo a las empresas participantes, indicando para el caso a Alenia Aeritalia anda Selenia SPA y de Thomson CSF, que habían resultado seleccionadas para adquisición del equipo de radar y de sistemas de procesamiento, respectivamente.
Para el caso de las restantes, esa oferta no había arrojado las mejores condiciones para el Estado. Como consecuencia de dicho fallo, presentaron inconformidad ante la Secogef las empresas que no resultaron ganadoras: Leyton, Kalmakuit, IBM, Nicho y Seamex.
El 30 de diciembre de 1992 fueron firmados los contratos de suministro".
El diputado Emilio Becerra González:
Es evidente, se tiene conocimiento de que hay inconformidad, hay cinco inconformidades; es decir, el 90% de los concursantes se inconformó y antes de que se inicie el procedimiento de inconformidad ya se está firmando el contrato con el supuesto ganador.
Pero no sólo eso, además en alguna parte de quienes pudieron ponerle alguna atención a esta
cortina de humo, se habla de que como consecuencia de la adjudicación de esta segunda licitación y para de alguna manera contrarrestar los argumentos de Moussavi de que los ganadores tienen sistemas incompatibles con los sistemas que se estaban empleando en los distintos aeropuertos del país, aquí se dice que entonces se decidió modificar todo el sistema.
Imagínense qué cosa tan grave: Se hace una licitación para conseguir lo que falta. Como lo que falta no es adecuado con lo que está, entonces ahora hay que modificar todo el sistema.
Señores, bueno yo creo que con un poco de tiempo, pues, irán saliendo muchas más perlas de las que mencionaba nuestra compañera Liliana.
Ahora bien, ¿qué quiere decir todo esto? Que de alguna manera ya nos encontramos en los prolegómenos de lo que va a ser uno de los temas fundamentales de la campaña presidencial de 1994: la corrupción y la falta de equilibrio de los poderes, porque precisamente no es nada más el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sino que se habla constantemente de que hay corrupción, pero cuando se habla de la corrupción de manera conceptual y reiterada, como que ya la gente se acostumbró a eso y ya a nadie espanta la corrupción.
Por lo tanto, para que se vea que se tienen señalamientos precisos, que hay casos concretos y que se tiene el interés de modificar esto, estoy en este momento iniciando juicio político en contra del señor licenciado Andrés Caso Lombardo y al efecto me voy a permitir leer el documento correspondiente que dice así:
"Señor Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Presente. Emilio Becerra González, por mi propio derecho, representante de la nación en mi carácter de diputado federal de la LV Legislatura del Congreso de la Unión, me permito manifestar lo siguiente:
Que con fundamento en lo establecido por los artículos 109, 110, 111, 114 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o., 5o., 6o, 7o., 8o., 9o., siguientes y demás relativos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, vengo a presentar denuncia formal de juicio político en contra del licenciado Andrés Caso Lombardo, ex secretario de Comunicaciones y Transportes del Ejecutivo Federal, por infracciones a la Constitución y a las leyes federales, causando perjuicios graves a la federación durante el ejercicio y con motivo de sus funciones, fundando mi denuncia en los siguientes hechos:
1. Durante los meses recientes y con motivo de las licitaciones relativas a los concursos para dotar de radar y sistemas complementarios al Aeropuerto de la Ciudad de México, se hizo del dominio público el conocimiento de diversas irregularidades en la adjudicación de los contratos a los licitantes por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Al solicitar dinero en efectivo, un millón de dólares, al inversionista internacional de apellido Moussavi para otorgarle la titularidad del contrato correspondiente, son del dominio público y se encuentran ampliamente documentadas y expuestas en el semanario Proceso las declaraciones y los documentos del señor Moussavi, con respecto al proceder irregular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes durante el tiempo que fue titular y encargado de la misma el licenciado Andrés Caso Lombardo.
2. Es también del dominio público el hecho de que el Presidente de la República invitó al licenciado Andrés Caso Lombardo a participar en el servicio exterior mexicano como embajador en el Reino Unido de la Gran Bretaña.
Sin embargo, como consecuencia de las revelaciones públicas y de las acciones procesales del señor Moussavi, la Cancillería británica negó el beneplácito al licenciado Caso Lombardo y el mismo en conferencia de prensa celebrada en la Secretaría de Gobernación, por motivos y circunstancias no aclarados el porqué se lleva una conferencia de prensa de un ciudadano en la Secretaría de Gobernación, expuso ante la opinión pública nacional que renunciaba al ofrecimiento del licenciado Salinas de Gortari, para como particular estar en aptitud de ejercitar todo tipo de acciones legales en contra del señor Moussavi, a quien denominó coyote de cuarta.
3. A la fecha y a pesar del tiempo transcurrido desde la conferencia de prensa que se menciona en el apartado anterior, el licenciado Caso Lombardo no ha ejercitado acción alguna en contra del señor Moussavi, coyote de cuarta, según su propia expresión, lo cual quiere decir que esa renuncia no tenía la finalidad que se pretendió o que en todo caso el señor Andrés Caso además de corrupto es un mentiroso.
4. Con anterioridad a sus funciones como Secretario de Comunicaciones y Transportes el licenciado Andrés Caso Lombardo fue Director General de los Ferrocarriles Nacionales de México
y también es del dominio público que con motivo de un fallo de la justicia federal que obligó a la empresa a pagar una cantidad importante en favor de los trabajadores, la cantidad en cuestión nunca fue totalmente distribuida entre ellos y en su tiempo se afirmó por los trabajadores, especialmente por los jubilados y a la fecha se sigue afirmando por muchos de ellos, que una parte importante de la cantidad que les correspondía conforme al fallo en cuestión, fue indebidamente apropiada por el licenciado Andrés Caso Lombardo.
5. Es vox populi entre los solicitantes de concesiones para estaciones de radio, que para obtener la titularidad de cualquier nueva concesión, se tiene que entregar una gratificación de 500 mil nuevos pesos, es decir, 500 millones de viejos pesos, de los que se afirma, la mayor parte se entregaban al titular de la Secretaría.
6. Desconozco el monto de las gratificaciones para obtener concesiones de estaciones de televisión, sin embargo, es del dominio público la cena celebrada en la casa del licenciado Antonio Ortiz Mena, para aportar fondos para el Partido Revolucionario Institucional y sabemos que los concurrentes, en especial el señor Emilio Azcárraga, dueño de Televisa, se comprometió a entregar 25 millones de dólares y que inclusive dijo que si era necesario aportaría más. También sabemos, por haberlo publicado la prensa nacional, en especial el semanario Proceso, que el licenciado Andrés Caso Lombardo autorizó más de 50 concesiones de estaciones de televisión a sociedades mercantiles en las que es socio mayoritario el señor Emilio Azcárraga.
7. A la fecha se sigue investigando la legitimidad del proceso de desincorporación de Teléfonos de México, proceso en el que intervino de manera destacada el licenciado Andrés Caso Lombardo y aún en la prensa internacional se ha cuestionado la transparencia del correspondiente concurso, por lo que el Comité de Administración de la Cámara se encuentra supuestamente haciendo una investigación; investigación que según muchos diputados, entre ellos el suscrito, no es más que una cortina de humo que tiene como finalidad darle largas al asunto y que se olvide, pues no piensan tener un dictamen antes de las próximas elecciones federales."
Al respecto me permito recordar que hace como mes y medio, se programaron varias sesiones para que distintos funcionarios vinieran a dar explicaciones de la desincorporación de Teléfonos de México. Sorprendentemente vino Jack Rogozinsky, que era jefe de desincorporación, pero que ya no lo es y ahí yo me pregunto, ¿cómo se justifica que un funcionario sin pertenecer ya a su área venga a dar informaciones al respecto? Equivaldría a que cuando se quiera investigación de la Procuraduría, en vez de citar a Carpizo, citemos a Morales Lechuga o a Alvarez del Castillo o a Sergio García Ramírez.
Yo creo que el hecho de que haya venido este señor y de que además a la fecha se encuentre en el limbo esta serie de investigaciones y que se programaron una serie de reuniones, visitas, etcétera y no ha pasado nada, es con la idea de que no pase nada, porque también ya sabemos que se dice quién es el nuevo dueño de Teléfonos de México.
8. Es igualmente del dominio público que en el presente sexenio y bajo la responsabilidad del licenciado Andrés Caso Lombardo, se ha otorgado un número importante de concesiones a la iniciativa privada para construir y operar carreteras de cuota o de peaje y que las adjudicaciones, contratos y concesiones se han llevado de manera poco transparente y en algunos casos, la mayoría en contravención a las disposiciones legales aplicables, concretamente en el caso relativo a la concesión de la carretera México - Morelia - Guadalajara, en el tramo Maravatío - Zapotlanejo. En mi calidad de integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara y ante los reiterados comentarios de corrupción en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, expresados en privado por contratistas y empleados de la propia Secretaría, decidí observar por mi mismo el concurso correspondiente a la carretera mencionada, exponiendo mi interés, por escrito, al titular de la Secretaría y recibí una copia de la convocatoria y la contestación oficial de parte del ingeniero Horacio Zambrano Ramos, director general de carreteras federales, quien me informó que el procedimiento de presentación de cartas - compromiso y la apertura y lectura de las proposiciones correspondientes, se llevarían a cabo en las oficinas de la subsecretaría de infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones, en la Ciudad de México, lugar en donde se celebró el primer acto, no así el segundo. Esto es el de apertura y lectura de las proposiciones correspondientes, el cual se llevó a cabo en la Ciudad de Guadalajara, sin aviso a las partes, a la opinión pública o al suscrito y sobre todo, sin causa justificada, por lo que en la fecha señalada para la apertura y lectura de proposiciones, el único que acudió a la subsecretaría de infraestructura fui yo y ahí se me informó que el acto correspondiente se estaba celebrando en Guadalajara y que desconocían los motivos.
El contrato respectivo y la concesión se otorgaron a favor de ICA y evidentemente ante el cambio de lugar para evitar mi presencia y posiblemente la de algunos concursantes, no puede justificarse de otra manera, a menos que hubiera habido un interés ilegítimo del propio secretario de Comunicaciones y Transportes, licenciado Andrés Caso Lombardo.
Si las concesiones para una estación de radio se valúan en 200 mil dólares, un concurso menor, como lo fue el del radar del aeropuerto de la Ciudad de México, en un millón de dólares, es posible imaginar el valor de la concesión de la carretera México - Morelia - Guadalajara y el de la concesión de Teléfonos de México.
Al respecto quiero decirles que cuando yo llegué a esa primera reunión, se estaba celebrando en un cubículo en el que únicamente cabían los concursantes y cuando yo pedí acceso, presentándome como diputado federal, independientemente de ello, las licitaciones son públicas, el subsecretario de infraestructura me contestó con maldiciones que no pronuncio, por respeto a esta tribuna, diciéndome que a él no le importaba se tratara de diputados o de quien fuera. Finalmente alguien lo hizo recapacitar y me permitió el acceso a la licitación. Y ahí se encontraba un periodista no sé de qué medio, al que lo sacó cuando le dijo que si él era concursante de algo y él le dijo: señor, pues esto es público. Pero usted aquí no cabe porque ya está esto muy lleno y va para afuera. Así es como se celebran o se celebraban los concursos públicos en la Secretaría de Comunicaciones, dirigida por Andrés Caso Lombardo. Y ojalá y me equivoque pero presumiblemente se siguen celebrando a la fecha.
Al respecto cómo se explica uno que todos esos actos que se tienen que celebrar en la Ciudad de México y que salen publicados en toda la prensa nacional, de repente sin avisarle a nadie, se celebra la apertura de ofertas y la adjudicación en Guadalajara. Evidentemente que ahí hay un principio que hace presuponer que hay situaciones no del todo claras. Además el destino y la casualidad hicieron que llegaran a mi poder algunos documentos originales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que yo tenía por ahí guardados porque pensaba que algún día podrían servir y cuando sale en la acusación de Moussavi, que en la Secretaría de Relaciones Exteriores había algo, así como seis oficios distintos para contestarle, pues me doy cuenta yo que ésa es la práctica de la actual administración pública, porque ante una petición que hice yo a Caso Lombardo, en vez de contestarme como era procedente, lo que él considerara conveniente, me entregaron parte del archivo de la Secretaría, que yo voy a pedir al Presidente que ordene al secretario dé fe y haga constar que se me había contestado inicialmente de una manera que es, estos documentos, ésta era la contestación y como ustedes ven, está tachada y luego manuscrita. Y ya después ya se me contestó nada más de esta manera escueta. Obviamente, esto lo voy a dejar aquí como prueba, pero para que haga fe pública, pido yo al Presidente que ordene al secretario, explique cómo se encuentran estos documentos y de ser necesario, les dé lectura.
El Presidente:
Proceda la Secretaría, si están a la mano los documentos, a dar lectura, como lo solicita el orador.
El secretario Luis Moreno Bustamante:
Tenemos dos documentos, señor Presidente. Un documento que está escrito a mano, con tinta; y una segundo documento que parece ser pasado en limpio, firmado por el ingeniero Antonio Prado Valencia. Ambos son papeles membretados de la Secretaría y el primero cuenta con una antefirma.
El Presidente:
Gracias, señor secretario. Adelante, diputado.
El diputado Emilio Becerra González:
9. Como también es del dominio público que el licenciado Andrés Caso Lombardo posee ranchos en el Estado de Tamaulipas, cuyo valor excede con mucho su salario acumulado durante el tiempo de servicios a la Federación y ante las graves presunciones que se derivan de los hechos narrados y para acreditar plenamente la procedencia del juicio político, como la conducta reprobable del licenciado Andrés Caso Lombardo, desde el día 20 de mayo de este año, solicité a la licenciada María Elena Vázquez Nava, secretaria de la Contraloría, las declaraciones patrimoniales del licenciado Andrés Caso Lombardo, a partir del año de 1985 a 1993, incluyendo la última que debió haber presentado dentro de los 30 días siguientes a la terminación de su encargo como Secretario de Comunicaciones y Transportes.
Y a la fecha no he recibido ni contestación alguna ni la documentación correspondiente, por lo que
solicito tanto a la Presidencia de la Cámara, como al presidente de la subcomisión de examen previo, pidan a la Secretaría de la Contraloría, la remisión de los documentos que solicité, para que obren como prueba en el expediente correspondiente.
10. En virtud de que tampoco el actual Secretario de Comunicaciones ha contestado a mis escritos, solicitando la documentación que en ellos se menciona ni ha entregado la documentación, reitero al respecto la solicitud que se menciona en la parte final del apartado anterior. Aquí quiero señalar algo muy grave: Conforme al artículo 8o. de la Constitución de la República, todo funcionario público tiene la obligación de contestar por escrito, en breve término, al peticionario, cualquier solicitud respetuosa que se haga por escrito y hago la aclaración: no necesariamente tiene que ser en el sentido favorable; pero sí tiene que ser una contestación idónea y en breve término, a cualquier ciudadano.
Aquí en el caso concreto, yo hice las solicitudes en mi carácter de representante de la nación y en mi papel membretado, hace ya casi dos meses, 50 días para se exactos y ni siquiera el acuse de recibo se me ha enviado, ya no digamos contestación o entrega de la documentación.
Es de elemental conocimiento de derecho procesal que el que afirma debe probar. Si yo afirmo que procede el juicio político contra Caso Lombardo, estoy obligado a probarlo. Para probarlo requiero indispensablemente, de los documentos que he solicitado a esas dos secretarías de la Administración Pública Federal requiero indispensablemente de los documentos que he solicitado a esas dos secretarías de la Administración Pública Federal. Y si ellos no me las entregan o no las envían a la Cámara, eso ya no depende de mí, pero están obligados a enviarlos.
Al respecto aquí tengo y voy a dejar como prueba de mi parte, las solicitudes originales que voy a permitir solicitarle al señor Presidente ordene al secretario, dé lectura íntegra a los documentos, así como que mencione la fecha de recibido de los mismos.
El Presidente:
Adelante, señor secretario.
El secretario Marco Antonio Haddad Yunes:
"Emilio Becerra González, diputado federal. Asunto: Se solicita copia fotostática certificada de las declaraciones del licenciado Andrés Caso Lombardo.
Ciudadana licenciada María Elena Vázquez Nava, secretaria de la Contraloría de la Federación. Presente.
Emilio Becerra González, representante de la nación, en mi carácter de diputado de la LV Legislatura del Congreso de la Unión, con domicilio para oír notificaciones en el cubículo 73 del cuarto piso del edificio "B" de la Cámara de Diputados o en la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la propia Cámara, indistintamente, me permito manifestar lo siguiente:
Con el fin de contar con los elementos exigidos por la Constitución de la República y con el propósito de estar en aptitud de determinar la procedencia del juicio político en contra del anterior titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el señor licenciado Andrés Caso Lombardo y con fundamento en lo establecido en el artículos 8o., 109, 110 y 134 de la Constitución de la República y en virtud de la posibilidad de que la persona mencionada haya incurrido en hechos sancionados por la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos, solicito a usted me expida copia fotostática certificada de las declaraciones patrimoniales formuladas por el licenciado Andrés Caso Lombardo ante la Secretaría de la Contraloría durante los años 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 y 1993, incluyendo su última declaración patrimonial, al separarse del cargo de Secretario de Comunicaciones y Transportes, así como los anexos que se hayan acompañado a las distintas declaraciones.
Y en el supuesto de que a la fecha no exista declaración patrimonial posterior a su separación del cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, expedirme la certificación correspondiente en ese sentido."
Está recibido en mayo 20 de 1993, por la Oficialía de Partes, Insurgentes Sur 1935.
Igualmente solicito se me expida copia de las inconformidades presentadas ante esa Secretaría o ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por los licitantes que participaron en los concursos SGRM - 01/92 y SGRM - 04/92 relacionados con la instalación de radares en el aeropuerto de la Ciudad de México y el concurso número SCTCF920401 relativo a la construcción del tramo Maravatío - Zapotlanejo, en la carretera México - Morelia - Guadalajara, así como las resoluciones que se hayan dictado respecto a las inconformidades presentadas.
En atención a lo expuesto y con fundamento en el derecho invocado, en especial el último párrafo del artículo 109 de la Constitución de la República en relación con el artículo 51 del propio ordenamiento y tomando en consideración el plazo perentorio establecido en la Ley para la presentación del juicio político, así como la gravedad del asunto, atentamente solicito:
Unico. Ordenar que a la brevedad posible se me otorgue la copia fotostática certificada de la documentación que menciono.
Atentamente México, D.F., 19 de mayo de 1993. Diputado federal Emilio Becerra González."
"Señor licenciado Emilio Gamboa Patrón, secretario de Comunicaciones y Transportes. Presente.
Emilio Becerra González, representante de la nación, en mi carácter de diputado a la LV Legislatura del Congreso de la Unión, con domicilio para oír notificaciones en el cubículo 73 del cuarto piso del edificio "B" de la Cámara de Diputados o en la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la propia Cámara, indistintamente, me permito manifestar lo siguiente:
Que con el fin de contestar con los elementos exigidos por la Constitución de la República, con el propósito de estar en aptitud de determinar la procedencia de juicio político en contra del anterior titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al señor licenciado Andrés Caso Lombardo y con fundamento en lo establecido en los artículos 8o., 109, 110 y 134 de la Constitución de la República, así como los artículos 1o., 11, 36 fracciones XXII y XXIV y demás relativos a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 6o., 28, 30, 31, 32 y siguientes 36, 58 - bis y demás relativos de la Ley de Obras Públicas, me permito solicitar a usted se me expida copia fotostática certificada de los documentos que obran en el archivo de la Secretaría a su cargo, que son los siguientes:
a) Los expedientes formados con motivo de las licitaciones SGRM - 01/92 y SGRM - 04/92 relacionados con los concursos para dotar de radar y sistemas complementarios al aeropuerto de la Ciudad de México y otras dependencias de los servicios de la navegación en el espacio aéreo mexicano. Igualmente solicito copia de las inconformidades que se hubieren presentado en contra del fallo dictado por la Secretaría a su cargo.
b) Del expediente formado con motivo del concurso número SCTCF920401, relativo a la construcción del tramo Maravatío - Zapotlanejo en la carretera México - Morelia - Guadalajara. Igualmente solicito copia de las inconformidades presentadas en contra del fallo correspondiente, así como del acuerdo final que haya recaído a tales inconformidades.
En atención a lo expuesto y con fundamento en el derecho invocado, en especial el último párrafo del artículo 109 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 51 del propio ordenamiento y tomando en consideración el plazo perentorio establecido por la Ley para la presentación del juicio político, así como la gravedad del asunto, atentamente solicito:
Unico. Ordenar que a la brevedad posible se me entregue la copia fotostática certificada de la documentación que menciono.
Atentamente, diputado Emilio Becerra González."
Están sellados de recibido.
"Licenciado Emilio Gamboa Patrón, secretario de Comunicaciones y Transportes. Presente.
Emilio Becerra González, representante de la nación, en mi carácter de diputado a la LV Legislatura del Congreso de la Unión, con domicilio para oír notificaciones en el cubículo 73 del cuarto piso del edificio "B" de la Cámara de Diputados o en la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la propia Cámara, indistintamente, me permito manifestar lo siguiente:
Que para satisfacer los extremos de los artículos 109, 110, 111, 114 y 134 de la Constitución de la República, de acreditar plenamente la procedencia de juicio político que en el transcurso de la semana voy a iniciar ante la Cámara de Diputados contra el licenciado Andrés Caso Lombardo, ex secretario de Comunicaciones y Transportes, vengo a solicitar que con la urgencia del caso, se me expida copia fotostática certificada de los siguientes documentos:
a) De todos los expedientes relacionados con la adjudicación de obras relativas a la construcción de carretera de cuota, pago o peaje, así como las concesiones correspondientes para la operación de tales carreteras.
b) De todos los expedientes relativos a las concesiones y renovación de concesiones de radio.
c) De todos los expedientes relativos a concesiones y renovación de concesiones de estaciones de televisión.
d)De todos los expedientes relativos a concurso de licitación para la adquisición de equipo y materiales para Ferrocarriles Nacionales de México.
e)De todos los expedientes relativos a los concursos de licitación para la adquisición y operación de los satélites de comunicación Morelos y Solidaridad.
f)Del expediente relativo al concurso y licitación mediante el cual se desincorporó Teléfonos de México y se adjudicó a sus actuales propietarios.
En la inteligencia de que los expedientes solicitados en los incisos de la a) a la f) corresponden al período comprendido del 1 de diciembre de 1988 a la fecha, de 1993, en que dejó de prestar sus servicios como titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el licenciado Andrés Caso Lombardo.
En atención a lo expuesto y con fundamento en el derecho invocado, así como en los artículos 8o. y 51 de la Constitución de la República, a usted señor Secretario de Comunicaciones y Transportes, atentamente pido:
Unico. Ordenar la expedición y la entrega de la copia certificada que solicito."
El Presidente:
Muchas gracias, señor secretario.
Adelante compañero diputado. Nada más con la petición de que concluya con su intervención.
El diputado Emilio Becerra González:
Estoy por concluir señor Presidente:
En virtud de los hechos relatados en atención a los documentos que se adjuntan y a los que han sido solicitados tanto a la Secretaría de la Contraloría de la Federación como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en consideración a las presunciones que se derivan de los hechos y documentos mencionados, resulta incuestionable que el licenciado Andrés Caso Lombardo, infringió gravemente en perjuicio de la Federación, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley de Obras Públicas y su Reglamento, la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles y su Reglamento, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y su Reglamento, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que me permito solicitar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión:
Primero. Tener por formulada mi denuncia de juicio político en contra del licenciado Andrés Caso Lombardo.
Segundo. Turnar mi denuncia a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia.
Tercero. Que la subcomisión de examen previo solicite a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de la Contraloría de la Federación, la documentación a que me refiero en mis escritos de fechas 19 de mayo y 5 de julio de 1993.
Cuarto. En su oportunidad y previos los trámites correspondientes, se apliquen al licenciado Andrés Caso Lombardo las sanciones previstas en los artículos 110 y 111 de la Constitución de la República.
Democracia ya, para todos; en este momento procedo a firmar la denuncia y a entregarla a la Secretaría para que obre en poder formal y oficial de esta Cámara de Diputados. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra, para rectificar hechos, el compañero Martín Tavira, del Partido Popular Socialista.
El diputado Martín Tavira Urióstegui:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
¿De dónde han surgido todas estas acusaciones en contra de Andrés Caso Lombardo, ex secretario de Comunicaciones y Transportes? Del señor Moussavi, de un personaje de vida aventurera cuya moralidad está absolutamente en entre dicho.
La fracción parlamentaria del PPS tiene la convicción de que lo prioritario en este caso, es defender la soberanía nacional frente a las
acusaciones de un extranjero negociante que está involucrado entre las transnacionales que se hacen el pleito para diputarse los contratos en diversos países del mundo.
Ya lo dijimos aquí en la tribuna, el artículo 16 de la Carta Política sólo acepta las denuncias de personas dignas de fe y nos parece que el señor Moussavi no es digano de fe; el simple hecho de demandar a tribunales extranjeros a mexicanos, implica una ofensa a la dignidad de nuestro país sin prejuzgar, sobre la responsabilidad o no del señor Caso Lombardo y, de plano a nosotros nos parece inconveniente e incorrecto desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la moralidad política, que a partir de la acusación del señor Moussavi, se haya desatado el escándalo y tomemos parte en este escándalo queriendo ahora apresurar un juicio político.
Pero, bueno todos los señores diputados de acuerdo con sus convicciones y sus principios, tienen el derecho de presentar juicios políticos, no prejuzgamos; hay una subcomisión de examen previo que tendrá que abocarse al análisis de los documentos y rendir un dictamen a su debido tiempo.
Pero recalco una vez más, compañeros diputados, creo que a la representación popular le debe herir profundamente las intromisiones de un extranjero que ha hecho acusaciones sin base y que a partir de entonces nosotros, como si fuéramos voceros de ese personaje extranjero, tomáramos en nuestras manos la acusación y tratamos de incoar juicio político.
Nos parece que no es correcta esa posición. Con todo el respeto que nos merece el diputado Becerra.
No es correcto que a partir de una acusación de un extranjero de poca calidad o de nula calidad moral, que lanza acusaciones a diestra y siniestra ante tribunales extranjeros, queriendo lesionar la soberanía de nuestra patria, a partir de entonces, nosotros como si fuéramos sus voceros o representantes, moviéramos el asunto y tratáramos de incoar político.
Creo que tenemos las facultades y el campo abierto para hacer los estudios e investigaciones que nosotros los mexicanos, representantes del pueblo, consideremos que debe hacerse, pero no a partir de las denuncias de un extranjero involucrado en negocios sucios. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Fidel Herrera Beltrán, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos.
El diputado Fidel Herrera Beltrán:
Señor Presidente; honorable Asamblea:
De entrada, tenemos que aceptar que fuera del orden del día y del asunto que estaba siendo debatido, se toma la tribuna y se anuncia que se iniciará el procedimiento que la Ley de Responsabilidades que nosotros reformamos recientemente, establece en su artículo 12, para la iniciación de un juicio político contra un servidor público.
Aparece así verdaderamente más como un acto de propaganda política, que como una determinación realmente ligada a intereses sociales o a la posible denuncia o señalamiento de acciones ilícitas que pudieran haber sido cometidas.
Por eso mismo, nosotros, los miembros de la mayoría parlamentaria, declaramos enfáticamente que sin demérito de resérvanos los argumentos de fondo para en el sitio adecuado y en el momento adecuado, esto es suponiendo que el diputado Becerra inicie el juicio político que han anunciado en términos de la Ley de Responsabilidades en su artículo 12, que haga la presentación de las documentaciones que aquí ha mencionado algunas copias y algunos de sus cursos dirigidos a diversas instancias de la Secretaría de Comunicaciones en diversos momentos, y que entonces ahí nosotros con toda claridad si es que, reitero, estos se iniciara en la subcomisión de análisis previo haremos, de ser necesario, el más encendido y el más convencido de los argumentos de defensa en torno de este hecho que ha pretendido ser presentado aquí como algo ilícito, porque de lo que aquí se ha dicho y lo precisó magistralmente Tavira, se desprende que en torno de estas acusaciones se ha escuchado más a lo de afuera y a los abogados que defienden intereses distintos de los que nosotros defendemos, y que ahora, en el nuevo caso que nos presenta el diputado Becerra, relativo a estas licitaciones de un tramo carretero entre Maravatío - Zapotlanejo, nos indica que con una documentación que nos pensamos se sostiene por sí misma, como aval de los argumentos que él aquí ha derivado como hipótesis de preguntas comisiones de actos ilícitos, se quiera sumar a otros aviesos motivos, uno nuevo.
Nosotros pensamos que en términos de lo que el mismo diputado Becerra ha explicado aquí quedan entre otras muchas interrogantes de sus testimonios, de haber concurrido a la celebración de apertura de ofertas de concursos, de reuniones para emitir fallos en torno de concesiones del Gobierno Federal, lo primero que tendríamos que aclarar era el carácter conforme al cual un diputado miembro de esta soberanía, concurre a concursos de esta naturaleza, si en carácter de representante de intereses populares, cuáles son estos mandatarios, o si en carácter de representante de otros intereses que aspiran quizá a tener un contrato público para obras concesionadas.
Entonces nosotros no queremos en esta alegata que hemos solicitado para hechos, entrar a sustanciar los argumentos de una posible defensa si es que, reitero, se inicia este anuncio de juicio político.
Sólo queremos dejar muy claro, muy puntualmente explicado, que en torno de este asunto, como en torno de otros debates que enfrentan visiones distintas y compromisos distintos frente al país, frente al presente y al futuro, debemos siempre hacer un esfuerzo para deslindar lo que es un interés personal, de los supremos intereses de toda la nación mexicana.
Por eso respetuosamente solicito a la Presidencia retomemos el orden del día aprobado por esta soberanía y vayamos a la discusión que habrá sido concertada para esta fecha y dejemos pendiente, si es que en efecto hay el cumplimiento de los requisitos procedimentales establecidos por la legislación respectiva, de la presentación de este anunciado juicio político, para entonces sí ahí, en su lugar, en su momento, exponer lo que nosotros creemos es la verdadera razón de todo este trabajo político que en torno del trabajo responsable de un servidor público, ha mantenido ocupada a la opinión pública recientemente. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado Herrera Beltrán.
Tiene el uso de la palabra el diputado Becerra, para contestar alusiones personales, por cinco minutos.
El diputado Emilio Becerra González:
Con se venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Vengo aquí a hacer dos precisiones y una reflexión. La primera precisión: yo no anuncié juicio político, yo presenté formalmente el juicio político y además lo firmé aquí, en la más alta tribuna de la nación, para comprometerme con mi firma a que no era un anuncio, sino una presentación formal.
Es cierto que la Ley de Responsabilidades, modificada por esta Legislatura, dice que cuando haya una denuncia de juicio político, se presentará en la Oficialía de Partes, pero eso se debe a que existe el derecho constitucional de que haya acción popular para presentar juicio político y en este caso se supone que lo más de 80 millones de mexicanos pueden presentar juicio político y ellos no pueden hacer uso de esta tribuna.
Yo, en mi carácter de diputado y con las facultades reglamentarias, presento el juicio político como una proposición que como diputado estoy facultado a presentar y por eso entregué ya la documentación a la Secretaría y estoy pidiendo en mis puntos petitorios que se envíe a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia. Ese es mi planteamiento. Si la Presidencia decide otro planteamiento, eso ya no es culpa mía y además no está más allá de mi intención.
Segundo, si se lee la documentación que presento, queda muy claro que como dice el diputado Fidel Herrera, puede haber muchas razones para asistir a esas licitaciones públicas. La primera y fundamental razón, es que el propio legislador, para salvaguardar la transparencia, pide y autoriza que sean públicas; esto es, que puede ir quien sea para darse cuenta de que ahí no hay nada chueco.
Pero además, yo precisé muy claro por qué acudí a eso; porque con motivo de los viajes que he efectuado en la Comisión de Comunicaciones y Transportes, es una queja constante y permanente de contratistas e inclusive de funcionarios menores, de que hay manejo poco transparente en las adjudicaciones y eso está expresamente ligado ahí. Espero que ahora que lo lea con cuidado mi amigo Fidel Herrera, quede muy claro por qué acudí ahí. No fui a conseguir ningún contrato, no tengo ni carretilla, menos con qué pueda yo hacer toda la carretera esa.
Por último la reflexión que es lo que más me preocupa de la intervención. Al principio, él hablaba de que en la hipótesis de que se diera la presentación y ya una vez en la subcomisión, ellos harían o presentarían los más encendidos
argumentos de defensas y eso es lo que a mí me preocupa porque ya quien es juez está diciendo que está con una de las partes y de esa manera, cuando se es juez y se es parte, se está afectando al pueblo de México y nunca se va a remediar eso mientras los mismos sean juez y sean parte. Por eso queremos que en 1994 haya un cambio político, para que el juez sea distinto de las partes. Muchas gracias.
El diputado Fidel Herrera Beltrán (desde su curul):
Ruego a la Presidencia pida a la Secretaría que lea el artículo 12 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para ya poder cerrar este debate.
El Presidente:
Procesa la Secretaría como lo pide el compañero diputado Fidel Herrera Beltrán.
El secretario Marco Antonio Haddad Yunes:
La determinación del juicio político se sujeta al siguiente procedimiento:
a)El escrito de denuncia se deberá presentar ante la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados y rectificarse ante ella dentro de los tres días naturales siguientes a su presentación.
b)Una vez ratificado el escrito, la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados lo turnará a la subcomisión de Examen Previo de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia para la tramitación correspondiente.
La Oficialía Mayor deberá dar cuenta de dicho turno a cada una de las coordinaciones de los grupos partidistas en la Cámara de Diputados.
c)La subcomisión de Examen Previo, procederá en un plazo no mayor de 30 días hábiles a determinar si el denunciado se encuentra entre los servidores públicos a que se refiere el artículo segundo de esta Ley, así como si la denuncia contiene los elementos de prueba que justifiquen que la conducta atribuida corresponde a las enumeradas en el artículo 7o. de la propia Ley y si los propios elementos de prueba permiten presumir la existencia de infracción y la probable responsabilidad del denunciado y por tanto amerita la incoación del procedimiento. En caso contrario la Subcomisión desechará de plano la denuncia presentada.
En caso de la presentación de pruebas supervivientes, la Subcomisión de Examen Previo podrá volver a analizar la denuncia, que ya hubiese desechado por insuficiencia de pruebas.
d)La resolución que dicte la Subcomisión de Examen Previo desechando una denuncia, podrá revisarse por el pleno de las comisiones unidas, a petición de cualquiera de los presidentes de las comisiones o a solicitud de cuando menos el 10% de los diputados integrantes de ambas comisiones.
e)La resolución que dicte la Subcomisión de Examen Previo declarando procedente la denuncia, será remitida al pleno de comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, para efecto de formular la resolución correspondiente y ordenarse se turne a la Sección Instructora de la Cámara.
El Presidente:
Gracias, señor Secretario. Servido, diputado Fidel Herrera Beltrán.
Para rectificar hechos, tiene el uso de la palabra el diputado Romeo Flores Leal, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, hasta por cinco minutos.
El diputado Romeo Flores Leal:
Gracias, señor Presidente:
Acudo a esta tribuna como tamaulipeco, que conocemos personalmente a Andrés Caso Lombardo. Aquí se le ha dado una licenciatura. A él conocemos en lo particular y quiero ilustrar al señor Becerra que son fantasías algunas propiedades que se le asignan. Lo conocemos personalmente, conozco muy de cerca su única propiedad que tiene en el municipio de Soto la Marina, Tamaulipas, como también conozco a sus hijos, la forma en que conducen y la forma en que trabajan.
También quiero solidarizarme con la denuncia del diputado Tavira de que un extranjero es el que está haciendo esta denuncia y eso es lo que nos indigna de que haya gente desde el exterior interesada con algunas intenciones que no conocemos.
También quiero decirle, diputado Becerra, que hemos sido testigos en licitaciones de radio y de caminos y, nos consta, la imparcialidad del señor Caso Lombardo, así también como dentro de su encargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, jamás, jamás trató de imponer criterios sobre amigos, sobre allegados.
Por eso me siento obligado a subirme a esta tribuna a avalar la conducta de Andrés Caso Lombardo. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado Flores Leal.
Esta Presidencia turna a la Oficialía Mayor la denuncia presentada por el diputado Emilio Becerra, quien procederá en consecuencia conforme al artículo 12 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día, es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y Ley Federal de Protección al Consumidor.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Marco Antonio Haddad Yunes:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...
El Presidente:
Señor secretario, un momentito por favor.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo (desde su curul):
Señor Presidente. Le solicito la palabra porque quiero hacer una intervención para solicitar moción suspensiva de acuerdo con el 109 y 110 del Reglamento, antes, antes de la votación. Lo dije a tiempo.
El Presidente:
Diputada. Con mucho gusto le concedo la palabra, pero después de continuar con el trámite. Continúe, señor secretario.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo (desde su curul):
Señor Presidente, con todo respeto, procede según con los artículos 109 y 110. Voy a proponer una moción suspensiva antes de la votación. ¿Esta mal el procedimiento?
El Presidente:
Le suplico, señor secretario, continúe con el orden del día.
El secretario Marco Antonio Haddad Yunes:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen, señor Presidente.
«Comisión de Vivienda.
Honorable Asamblea: A la Comisión de Vivienda de esta honorable Cámara de Diputados, fue turnado para su estudio y dictamen con la opinión de la Comisión del Distrito Federal, la iniciativa de Decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en materia Común y para toda la República en materia Federal; Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de arrendamiento.
Conforme a lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión es competente para conocer de dicha iniciativa, por lo que en cumplimiento al mismo precepto y a lo dispuesto por el artículo 64 de la referida Ley y por los artículos 65, 87 y 88 del Reglamento Interior de Congreso, nos permitimos someter al pleno de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente dictamen.
ANTECEDENTES
La vivienda se ha convertido en una de las demandas más reiteradas y más importantes en la sociedad mexicana. La respuesta a esa necesidad exige de esquemas que respondan a nuestra realidad socioeconómica y nos permitan sostener y ampliar los esfuerzos que se han venido aplicando durante los últimos años para obtener más vivienda.
El problema de la vivienda es altamente difícil y complejo, implica la constante superación de nuestros mecanismos de financiamiento, para acceder a una vivienda propia; a regularizar un importante inventario de vivienda en la que a pesar de los años, aun no se resuelve su titularidad; a obtener reservas territoriales aptas para la construcción de viviendas; crear reglas para una mejor convivencia humana y una mejor conservación y mantenimiento de nuestras unidades habitacionales y, desde luego, en construir mas viviendas destinadas al arrendamiento.
El problema, en consecuencia, no puede ni debe contemplarse de manera fragmentada. Su solución debe visualizarse dentro de un marco general de desarrollo y conforme a los resultados de las experiencias que se han vivido para aplicar las alternativas que más se ajusten a nuestra realidad socioeconómica. No hacerlo así, significa el inmovilismo que conduce, necesariamente, al deterioro de las condiciones sociales. Precisamente esas experiencias condujeron a que apenas hace poco, se regularizara la condición de viviendas que durante medio siglo permaneció estática, trayendo como consecuencia, serios y graves conflictos, tanto humanos como jurídicos y materiales y más recientemente aún, se diera lugar a una normatividad que propicie la mejor convivencia humana y la mejor conservación y mantenimiento de la vivienda constituida bajo el régimen de propiedad en condominio.
Dentro del problema general ha adquirido especial importancia el aspecto relativo a la vivienda en arrendamiento, la cual durante los últimos años, ha perdido alarmantemente su papel como alternativa para acceder a una vivienda como consecuencia de diferentes causas.
Una de esas causas, que a la vez se ha convertido en efecto, se refiere a la contracción de la construcción de vivienda para arrendamiento en tal magnitud, que durante los últimos dos años los recursos financieros por FOVI para ese rubro, no fueron aplicados por ningún promotor de vivienda. Para 1980 ese tipo de vivienda representaba el 41.7% del total y en 1990 sólo el 25.6%, lo cual muestra una drástica disminución en su oferta, provocando una alza inequitativa del monto de las rentas, que en ocasiones resulta intolerable. Además se ha dado lugar a que quienes necesitan de ese tipo de vivienda, se vean sometidos a prácticas desleales y de abusos que en ocasiones adquieren el perfil de delitos.
A lo anterior, debe agregarse que del inventario que se venía destinando al arrendamiento, existe una tendencia de transformación de vivienda en arrendamiento a condominio o a oficinas. Es decir, no sólo se construye, sino que la existente se ha venido reduciendo cada vez más.
Por otro lado, este tipo de vivienda cuenta con una normatividad que data, en algunos casos, de aproximadamente medio siglo, por lo que ha quedado rezagada y sus reglas se han convertido en ineficaces y en ocasiones hasta lesivas. En algunos otros casos, se rige por disposiciones que se crearon en 1985 con un espíritu tutelar respecto a impactos económicos y sociales que prevalecieron en esa época. Sin embargo, a casi ocho años de distancia se ha observado que esa normatividad, paradójicamente, además de tener efecto inhibitorio en las inversiones de vivienda para arrendamiento, deteriorando aún
más el ya por sí grave rezago habitacional, lejos de proteger al sector inquilinario, lo han llevado a un estado de inseguridad jurídica y a una menor posibilidad de acceder a una vivienda digna y decorosa, por los precios elevados de renta, consecuencia de la falta de oferta. Baste en este sentido señalar, que en la actualidad, existen familias que pagan hasta 500 nuevos pesos por un cuarto de azotea.
En todo caso, el resultado no ha beneficiado ni a arrendadores ni a arrendatarios. Por el contrario no sólo ha perjudicado a ambos, sino también a un importante número de ciudadanos a los que cada vez, es más difícil conseguir una vivienda por la escasez de la oferta que se ajuste a sus posibilidades o por los requisitos, en ocasiones, difíciles o imposibles de cubrir, que imponen algunos arrendadores, so pretexto de una mayor seguridad; requisitos que en ocasiones se apartan de la moral y de la Ley.
Lo anterior ha propiciado un grado de incertidumbre que ni alienta la creación de más vivienda en arrendamiento ni protege los intereses ni derechos de las partes. Además, ha generado una actitud de desconfianza, recelo y prejuicio, tanto del arrendador como del arrendatario, quienes en lugar de percibirse como elementos necesarios para un propósito, prefieren buscar formas de ventaja, que termina por enfrentarlos agravando más el problema.
Reglas, formas, prácticas y costumbres han acabado por crear una cultura de antagonismo entre arrendador y arrendatario, que se acentúa más en el terreno judicial, en el que por cierto, existen ya "tratados" de como viciar, entorpecer y deteriorar los procedimientos, motivando además, la participación de mucho malos administradores de justicia, que usufructan esas contiendas.
Ante esa realidad, la iniciativa propone la adecuación de las normas sustantivas y adjetivas que rigen al arrendamiento, para favorecer una auténtica relación de equidad jurídica entre arrendadores y arrendatarios, en donde el cumplimiento de la voluntad de las partes propicie el incremento de la construcción de viviendas en arrendamiento y con ello, el funcionamiento de un mercado más congruente.
La Comisión, con base en los antecedentes expresados y como resultado del análisis aplicado, tanto de la exposición de motivos como del contenido mismo del proyecto, ha concluido que el marco normativo propuesto, cumple con los propósitos ya referidos, al tenor de las siguientes
CONSIDERACIONES
Esta Comisión Legisladora procedió al estudio pormenorizado de la iniciativa, haciendo un escrupuloso examen de cada propuesta y analizando sus objetivos. Bajo este contexto, la Comisión que suscribe considera conveniente expresar los factores que la llevaron a sus conclusiones en relación a cada uno de los ordenamientos de que se compone la iniciativa.
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN, Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL
Esta Comisión considera acertada la modificación propuesta al artículo 2398 del Código Civil, en virtud de que se amplía el período para el arrendamiento de inmuebles destinados al comercio de 15 a 20 años, lo que permitirá que los arrendatarios que tengan un negocio que requieran un período prolongado para el óptimo desarrollo de su actividad la puedan realizar sin necesidad de utilizar figuras jurídicas distintas y que tengan la posibilidad de contar con un lugar de negocios por un tiempo prolongado, lo que indudablemente traerá beneficios y seguridad jurídica a la actividad comercial, por lo que esta dictaminadora sugiere la aprobación del precepto en estudio.
El Ejecutivo Federal propone en la Iniciativa de referencia que se reforme el artículo 2399 con el objeto de que se precise que la renta o el precio de arrendamiento, además de poder consistir en una suma de dinero o cualquier otra cosa equivalente, esta última sea cierta, determinada o determinable o cuantificable en moneda nacional, lo que a juicio de esta dictaminadora no es procedente, ya que con lo mismo se podría dar lugar a operaciones que se apartarían de la naturaleza del acto jurídico del arrendamiento y podría generar incertidumbre para los arrendatarios, en consecuencia concluyó con que debe desecharse el texto propuesto para el artículo 2399 en comento, para que dicho precepto no sufra modificación alguna.
Por otra parte, se considera conveniente la propuesta del Ejecutivo Federal de que los contratos de arrendamiento se otorguen por escrito en todos los casos y que la falta de esta formalidad
sea atribuible al arrendador, ya que es de suma importancia para darle mayor seguridad jurídica a las partes; además, en la actualidad no existen contratos de arrendamiento por una cantidad inferior a 10 centavos de nuevos pesos, que es la cantidad que actualmente establece el Código en comento, por lo que esta Comisión sugiere su aprobación. Igualmente, esta Comisión considera que es procedente la derogación del requisito de que los contratos de arrendamiento de fincas rústicas consten en escritura pública, ya que dicho requisito incremento el costo de este tipo de contratos de arrendamiento sin que el arrendatario obtenga ventaja alguna al respecto.
La reforma que propone el Ejecutivo Federal tiene como propósito fundamental el otorgar una mayor protección al arrendatario. Esto se logra en modificaciones como la que se proponen al artículo 2412 del Código Civil en comento para que se incluya la obligación del arrendador de entregar el inmueble le arrendado en condiciones de higiene y seguridad, lo que indudablemente dará mayor protección al inquilino y el acceso a una vivienda digna y decorosa, por lo que esta Comisión propone la aprobación de dicha propuesta.
La Iniciativa en estudio propone se elimine el derecho del tanto, y en su lugar se establezca el derecho de preferencia para el caso de arrendamiento de casa habitación e inmuebles comerciales e industriales. La anterior modificación responde a que, como lo señala la exposición de motivos de la Iniciativa en dictamen, el derecho del tanto va aparejado a derechos reales y no a derechos personales, por lo que este derecho tiene una correcta aplicación en los casos de copropiedad, no así en el caso del arrendamiento, ya que en este supuesto se desvirtúa la relación jurídica entre el arrendador y el arrendatario, además de que constituye un importante factor para desalentar el arrendamiento. El derecho de preferencia que se propone por el Ejecutivo Federal para que se incorpore en el Código Civil, permitirá que el arrendatario, que esté al corriente en el pago de sus rentas, sea preferido, en igualdad de condiciones, en la venta del inmuebles que está arrendando.
De la misma forma se considera acertada la innovación que en esta materia se propone en la Iniciativa en el sentido de establecer que en caso de que se viole el derecho de preferencia a que se refiere el párrafo anterior se podrán demandar los daños y perjuicios que ello ocasione y que la indemnización por dicho concepto no podrá ser menor del 50% de las rentas pagadas por el arrendatario en los últimos 12 meses, garantizando con ello que en todo caso se respetará el derecho del arrendatario de ser preferido en caso de venta del inmueble. En virtud de lo anterior, la Comisión que suscribe sugiere se apruebe la propuesta de reforma a los artículos 2447 y 2448 - J y la derogación del artículo 2448 - I del Código Civil contenidas en la Iniciativa en análisis.
El artículo 2448 de la iniciativa en comento, propone dar el carácter de orden público e irrenunciables a los derechos contenidos en los artículos 2248 - A, 2448 - B, 2448 - G y 2448 - H del Código Civil, que se refieren a condiciones de higiene, obras que debe hacer el arrendador por haber sido ordenadas por la autoridad sanitaria, el registro del contrato de arrendamiento ante la autoridad competente del Departamento del Distrito Federal y a la terminación del contrato de arrendamiento por los motivos señalados en la Ley, permitiendo que estos derechos y obligaciones no puedan ser objeto de convenio entre las partes y siempre deban estar presentes en la relación contractual. Estos derechos fundamentales del arrendatario no podrá ser objeto de convenio en contrario entre las partes y el arrendador se obliga por el sólo hecho de arrendar un inmueble a cumplir con dichas obligaciones en beneficio del inquilino, por lo que a juicio de la Comisión de Vivienda que suscribe son acertadas y se propone su aprobación.
En los últimos años se han observado diversas controversias entre el arrendador y el arrendatario debido a la existencia de la prórroga por disposición legal del contrato de arrendamiento por parte del arrendatario, lo que ha sido en perjuicio de las partes, ya que un contrato de arrendamiento por un año puede durar hasta tres años, lo cual inhibe a los propietarios de inmuebles desocupados a otorgarlos en arrendamiento. Asimismo, en el supuesto de que el arrendatario quiera arrendar un inmueble por un período inferior a un año, como es el caso de estudiantes, profesionistas, o extranjeros que requieren estar por algún tiempo en esta Cuidad, no se encuentran en posibilidad jurídica de hacerlo, debido a la obligación que establece el Código Civil de que los contratos de arrendamiento para casa habitación duren como mínimo dicho plazo. En virtud de lo anterior esta Comisión está de acuerdo en la propuesta del Ejecutivo Federal para que las partes puedan convenir libremente la duración del contrato de arrendamiento de acuerdo a sus circunstancias y su propia conveniencia, por lo que esta Comisión considera que debe aprobarse la
eliminación de la prórroga que establece el texto vigente y la reforma al artículo 2448 - C.
La Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal propone se derogue el artículo 2448 - D, en el que se señala que los incrementos en la renta se harán conforme al salario mínimo, propuesta con la que esta Comisión está de acuerdo ya que considera necesario que las partes convengan libremente los términos del contrato de arrendamiento, ya que al no permitirlo se está limitando la libertad de contratar de las partes. La excesiva regulación en materia de arrendamiento de vivienda que se equilibrará con la aprobación de la Iniciativa que nos ocupa ha afectado negativamente la oferta de vivienda digna, decorosa y a precios accesibles para los mexicanos. El límite al incremento del monto de las rentas que se propone suprimir ha sido causa directa de la escasez tan aguda de vivienda para arrendamiento que vive la Ciudad de México. Esté límite, al pretender proteger al arrendatario, realmente lo ha desprotegido al haber generado una escasez de vivienda, además de que las rentas se han incrementado muy por encima de ese margen en su costo, motivos por los cuales esta Comisión está de acuerdo con que se apruebe dicha propuesta. Una mayor número de vivienda para arrendamiento es la mejor garantía que pueda tener el arrendatario para gozar de una cosa decorosa a precios accesibles.
El artículo 2448 - J establece las reglas a seguir para uso del derecho de preferencia por el tanto que se propone en la Iniciativa. En el precepto se contemplan diversas adecuaciones para poder hacer uso de este derecho, como es el que el aviso de enajenación sea hecho por escrito, que la aceptación se haga exhibiendo la cantidad que se pide por la venta y las consecuencias que se originan por el incumplimiento de dicho derecho de preferencia. Lo anterior da la seguridad al arrendatario de que será preferido en el caso de que se venda el inmueble en el que habita, por lo que se sugiere la aprobación del texto en comento.
En relación al mismo derecho de preferencia, esta Comisión Dictaminadora considera acertada la propuesta contenida en la Iniciativa, toda vez que se establece el supuesto de que existan varios arrendatarios que hagan uso de este derecho se dé la oportunidad al arrendatario que tenga mayor tiempo arrendando parte del inmueble y cuando existan dos arrendatarios en esta situación, tendrá preferencia el primero que exhiba la cantidad exigible en los términos del Código Civil.
Esta Comisión de Vivienda juzga apropiada la propuesta del Ejecutivo Federal, de derogar el artículo 2448 - L, toda vez que se considera innecesario que en el contrato se transcriban íntegramente las disposiciones del capítulo de arrendamiento de fincas urbanas destinadas a la habitación al garantizar que los artículos fundamentales para la protección del arrendatario son de carácter público e interés social, por lo que son irrenunciables.
Por otra parte, en la Iniciativa en comento se propone dentro de las disposiciones especiales para los arrendamientos por tiempo indeterminado, que el plazo para el aviso para dar por terminado el contrato de arrendamiento, se disminuya de dos meses a quince días, lo que se considera conveniente por la que suscribe, toda vez que facilita a las partes dar por terminado el contrato sin esperar un período en el que puedan sufrir perjuicios.
Por otra parte, el Ejecutivo Federal propone se deroguen los artículos 2485 y 2486 del mencionado Código, el primero relativo a la prórroga del contrato de arrendamiento cuando éste haya vencido pero el inquilino haya estado al corriente en el pago de las rentas y el segundo, al supuesto de que terminado el contrato de arrendamiento y el arrendatario continúe sin oposición en el goce y uso del predio rústico, dicho contrato será renovado por otro año, lo que esta dictaminadora considera acertado, toda vez que se ha comprobado que el obligar a los arrendadores a la prórroga de los contratos inhibe la inversión en la vivienda para arrendamiento, lo que ha provocado el alza tan importante en el precio del arrendamiento para casa habitación. Adicionalmente, la Iniciativa en comento propone que después de terminado el plazo por el que se celebró el arrendamiento y el arrendatario continúe sin oposición en el uso y goce del bien arrendado, el contrato de arrendamiento continuará por tiempo indeterminado, pudiendo cualquiera de las partes solicitar la terminación del mismo en los términos establecidos en el Código Civil, lo que esta Comisión considera conveniente, por lo que propone su aprobación.
El Ejecutivo Federal propone, nuevos supuestos para exigir la rescisión de los contratos de arrendamiento, especialmente para el arrendatario, como son el de otorgar con vicios ocultos el inmueble arrendado y hacer modificaciones o causar daños a dicho inmueble. Esta protección adicional al arrendatario es justa y equitativa, por lo que la Comisión que suscribe sugiere su aprobación.
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL
Esta Comisión Dictaminadora considera que las modificaciones propuestas al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal son dignas de aprobación toda vez que establecen un procedimiento que garantizará la impartición de justicia de manera pronta y expedita para el caso en que las partes se vean afectadas en sus intereses.
Por lo que se refiere a la propuesta de reforma al artículo 42 del Código de Procedimientos Civiles para precisar que en los juicios de arrendamiento inmobiliario sólo son admisibles las excepciones de litispendencia, conexidad y cosa juzgada, cuando se acompañen las pruebas correspondientes, esta Comisión considera adecuada dicha modificación, ya que evitará que se utilicen dichas excepciones como medidas dilatorias para alargar indefinidamente la tramitación de los juicios en esta materia.
La Comisión que suscribe estima debe aprobarse la propuesta de reforma a la fracción VI, del artículo 114 así como la derogación del último párrafo del artículo 525 del citado Código, relativa a la supresión de la notificación personal de la resolución que decreta la ejecución de la sentencia, en virtud de que esta reforma evitará duplicidades innecesarias en el proceso y permitirá hacerlo más ágil y breve, además de que no se lesionan los derechos de las partes, ya que la notificación de la sentencias se deberá en todo caso efectuar en forma personal.
Asimismo, resulta acertada la propuesta del Ejecutivo Federal en el sentido de eliminar la negativa ficta en cuestiones de arrendamiento de fincas urbanas para habitación cuando el demandado sea el arrendatario, en virtud de que dicha reforma vuelve a establecer el equilibrio natural de las partes en el procedimiento, reinando el principio de que cada parte debe acreditar los hechos de su pretensión, motivos por los cuales esta Comisión Legisladora considera debe aprobarse dicha reforma.
Destaca por su importancia la propuesta contenida en la iniciativa en análisis en la que se establece la obligación de los jueces de conceder un plazo de cuatro meses para la desocupación del inmueble, en casos de arrendamiento en los que el arrendatario confiese o se allane a la demanda de desocupación, plazo que esta Comisión estima conveniente para la desocupación de fincas urbanas, ya que garantiza al arrendatario el tiempo suficiente para buscar otra opción, sin que esto le cause ningún otro perjuicio. Sin embargo, esta Comisión estima conveniente hacer una precisión al texto del artículo 517 en comento, con el objeto de precisar en forma indubitable que el arrendatario tiene el absoluto derecho de allanarse a la demanda, al dar contestación a la misma y aún así gozar de un plazo de cuatro meses para desocupar el inmueble arrendado.
La Comisión encontró en relación al artículo expresado, que la redacción propuesta, podría prestarse a interpretaciones que conllevarían a un conflicto procesal, por lo que procedió a complementar su redacción.
En lo referente a la derogación de los artículos 489 a 499 del Código de Procedimientos Civiles, relativos al juicio especial de desahucio, esta Comisión considera acertada la propuesta, ya que el propio Ejecutivo Federal propone en la Iniciativa en estudio diversos cambios al procedimiento de los juicios de arrendamiento, a efecto de hacer más expedito su trámite, por lo cual deja de tener sentido la existencia de un juicio especial para el cobro de adeudos derivados de contratos de arrendamiento, motivo por lo que esta Comisión propone al honorable pleno de la Cámara de Diputados se apruebe dicha propuesta.
Por otra parte, resulta acertada la propuesta para incluir a los jueces del arrendamiento inmobiliario y a los de lo concursal, dentro de la relación de funcionarios judiciales contra los que se puede promover recurso de responsabilidad ante las salas del Tribunal Superior, por haber incurrido dichos funcionarios en negligencia o ignorancia inexcusables en el desempeño de sus funciones. Esta modificación resuelve una omisión que tiene el Código actualmente derivada de la reciente creación de dichos tribunales.
Por lo que se refiere a las propuestas de modificación al Título Décimo Sexto - bis del Código de Procedimientos Civiles, relativo a las controversias en materia de arrendamiento inmobiliario, dichas modificaciones resultan acertadas ya que, por una parte, se establece un procedimiento único en las demandas de esta materia, tanto para el arrendador y el arrendatario como para el fiador o terceros relacionados y, por otra parte, se hace más expedito el procedimiento suprimiendo facetas procesales innecesarias que
únicamente retardaban el procedimiento y al establecer reglas mucho más claras en las cuales las partes adquieren mayor responsabilidad respecto de los elementos probatorios que deben aportar en juicio. Asimismo, se considera acertado que las apelaciones sólo se admitan en el efecto devolutivo y que se establezca que se tramitarán y resolverán conjuntamente con la sentencia definitiva en caso de que ésta sea apelada, motivos por los cuales esta Comisión estima conveniente las reformas propuestas al citado título, sugiriendo al Pleno de esta honorable Cámara de Diputados su Aprobación.
Debido a que dentro de la propuesta, no se precisó la Ley a que se refiere el artículo 957 propuesto, esta Comisión procedió a incorporar al texto la remisión correspondiente, de tal suerte que no existan dudas o confusiones al respecto.
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Esta Comisión Legisladora estima acertada la supresión de competencia de la Procuraduría Federal del Consumidor en materia de arrendamiento inmobiliario de casas habitación ya que dicha función debe ser competencia exclusiva del Poder Judicial del Distrito Federal, con objeto de evitar duplicidad de instancias y reducir trámites para una pronta resolución de los conflictos en materia de arrendamiento. El juez que estudiará el caso tendrá como principal obligación el exhortar a las partes a concluir el litigio mediante una amigable composición, según se establece en el artículo 961 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal contenido en la Iniciativa que nos ocupa, por lo que se considera que ya no es necesario contar con otra instancia fuera del Poder Judicial que tenga ese mismo propósito. La Comisión que suscribe considera debe aprobarse esta reforma.
Conforme a lo ordenado por la mesa directiva del pleno de esta honorable Cámara de Diputados y para los efectos de rendir su opinión respecto a la Iniciativa analizada, la Comisión del Distrito Federal, mediante sesión formal de sus integrantes, procedió a su estudio, habiendo opinado, por mayoría, que debe ser sometida a consideración de la honorable Asamblea Legislativa para su aprobación correspondiente.
Por lo anterior, esta Comisión se permite someter a la consideración de ésta honorable Asamblea Legislativa, la aprobación del siguiente:
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN, Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL; CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Artículo Primero. Se reforman los artículos 2398, segundo párrafo; 2406; 2412, fracción I; 2447; 2448; 2448 - B; 2448 - C; 2448 - J; 2448 - K; 2478; 2484; 2487; 2489, fracción I y 2490; se adiciona el artículo 2489 con las fracciones IV y V; y se derogan los artículos 2407; 2448 - D; 2448 - I; 2448 - L; 2453; 2485; 2486; 2488; 2491; 2494 y 3042, último párrafo del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, para quedar como sigue:
Artículo 2398.
El arrendamiento no puede exceder de 10 años para las fincas destinadas a habitación y de 20 años para las fincas destinadas al comercio o a la industria.
Artículo 2406. El contrato de arrendamiento debe otorgarse por escrito. La falta de esta formalidad se imputará al arrendador.
Artículo 2407. (Se deroga).
Artículo 2412.
I. A entregar al arrendatario la finca arrendada, con todas sus pertenencias y en estado de servir para el uso convenido; y si no hubo convenio expreso, para aquél a que por su misma naturaleza estuviere destinada; así como en condiciones que ofrezcan al arrendatario la higiene y seguridad del inmueble;
II a V.
Artículo 2447. En los arrendamientos que han durado más de cinco años y cuando el arrendatario ha hecho mejoras de importancia en la finca arrendada, tiene éste derecho si está al corriente en el pago de la renta, a que, en igualdad de condiciones, en caso de venta sea preferido
en los términos del artículo 2448 - J de este Código.
Artículo 2448. Las disposiciones contenidas en los artículos 2448 - A, 2448 - B, 2448 - G y 2448 - H son de orden público e interés social, por tanto son irrenunciables y en consecuencia cualquier estipulación en contrario se tendrá por no puesta.
Artículo 2448 - B. El arrendador que no haga las obras que ordene la autoridad correspondiente como necesarias para que una localidad sea habitable, higiénica y segura es responsable de los daños y perjuicios que los inquilinos sufran por esa causa.
Artículo 2448 - C. La duración mínima de todo contrato de arrendamiento de fincas urbanas destinadas a la habitación será de un año forzoso para arrendador y arrendatario, salvo convenio en contrario.
Artículo 2448 - D. (Se deroga).
Artículo 2448 - I. (Se deroga).
Artículo 2448 - J. En el caso de que el propietario del inmueble arrendado decida enajenarlo, el o los arrendatarios tendrán derecho a ser preferidos a cualquier tercero en los siguientes términos:
I. En todos los casos el propietario deberá dar aviso por escrito al arrendatario de su deseo de vender el inmueble, precisando el precio, términos, condiciones y modalidades de la compra - venta;
II. El o los arrendatarios dispondrán de quince días para dar aviso por escrito al arrendador de su voluntad de ejercitar el derecho de preferencia que se consigna en este artículo en los términos y condiciones de la oferta, exhibiendo para ello las cantidades exigibles al momento de la aceptación de la oferta, conforme a las condiciones señaladas en ésta;
III. En caso de que el arrendador cambie cualquiera de los términos de la oferta inicial estará obligado a dar un nuevo aviso por escrito al arrendatario, quien a partir de ese momento dispondrá de un nuevo plazo de 15 días. Si el cambio se refiere al precio, el arrendador solo estará obligado a dar este nuevo aviso cuando el incremento o decremento del mismo sea de más de un 10%;
IV. Tratándose de bienes sujetos al régimen de propiedad en condominio, se aplicarán las disposiciones de la Ley de la materia y;
V. La compra - venta realizada en contravención de lo dispuesto en este artículo otorgará al arrendatario el derecho de demandar daños y perjuicios, sin que la indemnización por dichos conceptos pueda ser menor a un 50% de las rentas pagadas por el arrendatario en los últimos 12 meses. La acción antes mencionada prescribirá 60 días después de que tenga conocimiento el arrendatario de la realización de la compra - venta respectiva.
En caso de que el arrendatario no cumpla con las condiciones establecidas en las fracciones II o III de este artículo, precluirá su derecho.
Artículo 2448 - K. Si varios arrendatarios hicieren uso del derecho de preferencia a que se refiere el artículo anterior, será preferido el que tenga mayor antigüedad arrendando parte del inmueble, y en caso de ser igual, el que primero exhiba la cantidad exigible en los términos de la fracción II del artículo anterior, salvo convenio en contrario.
Artículo 2448 - L. (Se deroga).
Artículo 2453. (Se deroga).
Artículo 2478. Todos los arrendamientos que no se hayan celebrado por tiempo expresamente determinado, concluirán a voluntad de cualquiera de las partes contratantes, previo aviso por escrito dado a la otra parte con 15 días de anticipación, si el predio es urbano y con un año si es rústico.
Artículo 2484. Si el arrendamiento se ha hecho por tiempo determinado, concluye en el día prefijado. Si no se ha señalado tiempo, se observará lo que disponen los artículos 2478 y 2479.
Artículo 2485. (Se deroga).
Artículo 2486. (Se deroga).
Artículo 2487. Si después de terminado el plazo por el que se celebró el arrendamiento, el arrendatario continúa sin oposición en el uso y goce del bien arrendado, continuará el arrendamiento por tiempo indeterminado, estando obligado el arrendatario a pagar la renta que corresponda
por el tiempo que exceda conforme a lo convenido en el contrato; pudiendo cualquiera de las partes solicitar la terminación del contrato en los términos del artículo 2478. Las obligaciones contraídas por un tercero con objeto de garantizar el cumplimiento del arrendamiento, cesan al término del plazo determinado, salvo convenio en contrario.
Artículo 2488. (Se deroga)
Artículo 2489.
I. Por falta de pago de la renta en los términos previstos en la fracción I del artículo 2425;
II y III.
IV. Por daños graves a la cosa arrendada imputables al arrendatario y;
V. Por variar la forma de la cosa arrendada sin contar con el consentimiento expreso del arrendador, en los términos del artículo 2441.
Artículo 2490. El arrendatario puede exigir la rescisión del contrato:
I. Por contravenir el arrendador la obligación a que se refiere la fracción
II del artículo 2412 de este ordenamiento;
II. Por la pérdida total o parcial de la cosa arrendada en los términos de los artículos 2431, 2434 y 2445 y;
III. Por la existencia de defectos o vicios ocultos de la cosa, anteriores al arrendamiento y desconocidos por el arrendatario.
Artículo 2491. (Se deroga)
Artículo 2494. (Se deroga)
Artículo 3042.
I a IV.
(Se deroga)
Artículo segundo. Se reforman los artículos 42; 114, fracción VI; 271, cuarto párrafo; 684; 731; 957 a 966; y la denominación del Título Décimo Sexto - bis; se adicionan los artículos 285 con un último párrafo; y 517 con un último párrafo; y se derogan los artículos 489 y 499 y 525, último párrafo del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, para quedar como sigue:
Artículo 42. En las excepciones de litispendencia, conexidad y cosa juzgada, la inspección de los autos será también prueba bastante para su procedencia, salvo las relativas a los juicios de arrendamiento inmobiliario, en los que solamente serán admisibles como prueba de las mismas, las copias selladas de la demanda, de la contestación de la demanda o de las cédulas de emplazamiento del juicio primeramente promovido, tratándose de las dos primeras excepciones, y en el caso de la última, se deberá acompañar como prueba, copia certificada de la sentencia y copia del auto que la declaró ejecutoriada.
Artículo 114.
I a V.
VI. La sentencia que condene al arrendatario de casa habitación a desocuparla: y
VII.
Artículo 271.
Se presumirán confesados los hechos de la demanda que se deje de contestar. Sin embargo, se tendrá por contestada en sentido negativo cuando se trate de asuntos que afecten las relaciones familiares, el estado civil de las personas y en los casos en que el emplazamiento se hubiere hecho por edictos.
Artículo 285.
Tratándose de juicios de arrendamiento inmobiliario, la prueba pericial sobre cuantificación de daños, reparaciones o mejoras sólo será admisible en el período de ejecución de sentencia, en la que se haya declarado la procedencia de dicha prestación. Asimismo, tratándose de informes que deban rendirse en dichos juicios, los mismos deberán ser recabados por la parte interesada.
Artículo 489 a 499. (Se derogan)
Artículo 517.
I a III.
En el caso en que el arrendatario, en la contestación a la demanda, confiesen o se allane a la misma, el juez concederá un plazo de cuatro meses para la desocupación del inmueble.
Artículo 525.
...(Se deroga).
Artículo 684. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. No es procedente la revocación en contra de los autos y decretos dictados por el juez en materia de arrendamiento inmobiliario.
Artículo 731. Las salas del Tribunal Superior conocerán, en única instancia, de las demandas de responsabilidad civil presentadas contra los jueces de lo Civil, de lo Familiar, del Arrendamiento Inmobiliario y de lo Concursal. Contra las sentencias que aquéllas dicten no se dará recurso alguno.
TITULO DECIMOSEXTO - BIS
De las controversias en materia de arrendamiento inmobiliario
Artículo 957. A las controversias que versen sobre el arrendamiento inmobiliario les serán aplicables las disposiciones de este título. El juez tendrá las más amplias facultades para decidir en forma pronta y expedita lo que en derecho convenga.
A las acciones que se intenten contra el fiador que haya otorgado fianza de carácter civil o terceros por controversias derivadas del arrendamiento, se aplicarán las reglas de este título, en lo conducente. Igualmente, la acción que intente el arrendatario para exigir la arrendador el pago de daños y perjuicios a que se refieren los artículos 2447 y 2448 - J del Código Civil para el Distrito Federal, y para toda la República en Materia Federal, se sujetará a lo dispuesto en este título.
Artículo 958. Para el ejercicio de cualesquiera de las acciones previstas en este título, el actor deberá exhibir con su demanda el contrato de arrendamiento correspondiente, en el caso de haberse celebrado por escrito.
En la demanda, contestación, reconvención y contestación a la reconvención, las partes deberán ofrecer las pruebas que pretendan rendir durante el juicio, exhibiendo las documentales que tengan en su poder o el escrito sellado mediante el cual hayan solicitado los documentos que no tuvieran en su poder en los términos de los artículos 96 y 97 de este Código.
Artículo 959. Una vez admitida la demanda con los documentos y copias requeridas, se correrá traslado de ella a la parte demandada, señalando el juez en el auto de admisión, fecha para la celebración de la audiencia de Ley, que deberá fijarse entre los 25 y 35 días posteriores a la fecha del auto de admisión de la demanda.
El demandado deberá dar contestación y formular en su caso reconvención dentro de los cinco días siguientes a la fecha del emplazamiento. Si hubiera reconvención se correrá traslado de ésta a la parte actora para que la conteste dentro de los cinco días siguientes a la fecha de notificación del auto que la admita.
Una vez contestada la demanda y, en su caso la reconvención, o transcurridos los plazos para ello, el juez admitirá las pruebas ofrecidas conforme a derecho y rechazará las que no lo sean, fijando la forma de preparación de las mismas, a efecto de que se desahoguen a más tardar en la audiencia de Ley.
Artículo 960. Desde la admisión de las pruebas y hasta la celebración de la audiencia se preparará el desahogo de las pruebas que hayan sido admitidas de acuerdo a lo siguiente:
I. La preparación de las pruebas quedará a cargo de las partes, por lo que deberán presentar a los testigos, peritos y demás pruebas que les hayan sido admitidas y solo en caso de que demuestren la imposibilidad de preparar directamente el desahogo de algunas de las pruebas que les fueron admitidas, el juez en auxilio del oferente deberá expedir los oficios o citaciones y realizar el nombramiento de peritos, incluso perito tercero en discordia, poniendo a disposición de la parte oferente los oficios y citaciones respectivas, a efecto de que las partes preparen las pruebas y éstas se desahoguen a más tardar en la audiencia de Ley;
II. Si llamado un testigo, perito o solicitado un documento que hayan sido admitidos como prueba, no se desahogan éstas a más tardar en la audiencia, se declarará desierta la prueba ofrecida por causa imputable al oferente.
Artículo 961. La audiencia de Ley a que se refieren los artículos anteriores se desarrollará conforme a las siguientes reglas:
I. El juez deberá estar presente durante toda la audiencia y exhortará a las partes a concluir el litigio mediante una amigable composición;
II. De no lograrse la amigable composición se pasará al desahogo de pruebas admitidas y que se encuentren preparadas, dejando de recibir las que no se encuentren preparadas, las que se declararán desiertas por causa imputable al oferente, por lo que la audiencia no se suspenderá ni diferirá en ningún caso por falta de preparación o desahogo de las pruebas admitidas;
III. Desahogadas las pruebas, las partes alegarán lo que a su derecho convenga y el juez dictará de inmediato la resolución correspondiente.
Artículo 962. En caso de que dentro del juicio a que se refiere este título, se demande el pago de rentas atrasadas por dos o más meses, la parte actora podrá solicitar al juez que la demandada acredite con los recibos de renta correspondientes o escritos de consignación debidamente sellados, que se encuentra al corriente en el pago de las rentas pactadas y no haciéndolo se embargarán bienes de su propiedad suficientes para cubrir las rentas adecuadas.
Artículo 963. Para los efectos de este título siempre se tendrá como domicilio legal del ejecutado el inmueble motivo del arrendamiento.
Artículo 964. Los incidentes no suspenderán el procedimiento. Se tramitarán en los términos del artículo 88 de este Código, pero la resolución se pronunciará en la audiencia del juicio conjuntamente con la sentencia definitiva.
Artículo 965. Para la tramitación de apelaciones respecto del juicio a que se refiere este capítulo, se estará a lo siguiente:
I. Las resoluciones y autos que se dicten durante el procedimiento y que sean apelables, una vez interpuesta la apelación , el juez la admitirá si procede y reservará su tramitación para que se realice en su caso, conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Si no se presentara apelación por la misma parte en contra de la sentencia definitiva, se entenderán consentidas las resoluciones y autos que hubieran sido apelados durante dicho procedimiento y;
II. En los procedimientos en materia de arrendamiento no procederá la apelación extraordinaria.
Artículo 966. En los procedimientos de arrendamiento las apelaciones sólo serán admitidas en el efecto devolutivo.
Artículo 3o. Se reforma el artículo 73 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:
Artículo 73. Los actos relacionados con inmuebles sólo estarán sujetos a esta Ley cuando los proveedores sean fraccionadores o constructores de viviendas destinadas a casa habitación para venta al público o cuando otorguen al consumidor el derecho a usar inmuebles mediante el sistema de tiempo compartido, en los términos de los artículos 64 y 65 de la presente Ley.
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 90 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las disposiciones contenidas en el presente decreto, no serán aplicables a los contratos de arrendamiento celebrados con anterioridad a la entrada en vigor del mismo.
Tercero. Los juicios y procedimientos judiciales o administrativos actualmente en trámite, se seguirán rigiendo por las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, D. F., a 9 de julio de 1993.»
Es de segunda lectura.
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Patricia Ruiz Anchondo, del Partido de la Revolución Democrática para proponer una moción suspensiva. La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo:
Muchas gracias, señor Presidente; ciudadanas y ciudadanos legisladores:
Es nuestro deber, como representantes de la nación, garantizar y buscar el bienestar de la ciudadanía mexicana.
Para que esto sea un hecho, es necesario que se nos den tiempo y espacios suficientes para legislar.
Las implicaciones económicas y sociales que tendrá la iniciativa que se presenta hoy a segunda lectura, afectará a casi el 40% de los habitantes de la ciudad de México y, por ser las leyes que vamos a modificar formatos, forma y ejemplo para las modificaciones en las legislaturas de los estados de la República, creemos que estas implicaciones, este porcentaje se va a ampliar a toda la población del país.
La premura del tiempo que se nos está dando por parte de presiones del Poder Ejecutivo, nos hizo dictaminar una iniciativa que se conoció en el pleno; el jueves 8 entró la iniciativa, a la 1.00 de la tarde; a las 3.00 de la tarde la conoció la Comisión de Vivienda y el viernes 9, a las 6.00 de la tarde, ya la estábamos dictaminando. Dos horas únicamente nos dimos para debatirla.
Compañeras y compañeros legisladores: es un tiempo récord, no podemos permitir una situación de esta naturaleza, son implicaciones muy serias, muy graves, que van a afectar a muchos mexicanos y, por lo tanto, por las funciones que nos ha conferido el pueblo de México para que desempeñemos como legisladores, tenemos que buscar que sean en condiciones de seriedad, de una exhaustiva revisión de estas implicaciones, porque todos y cada uno de los artículos que se van aprobar con esta iniciativa de Ley, van a lesionar derechos y conquistas del pueblo mexicano, además de que se puede contravenir con un artículo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, el artículo 4o. constitucional, que garantiza el derecho a la vivienda a todos los mexicanos.
Con fundamento en los artículos 109 y 110, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración de esa soberanía la presente moción suspensiva del despacho sobre la iniciativa de Decreto del Código Civil, Título Sexto del Arrendamiento; Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y la Ley Federal de Protección al Consumidor, que reforma, adiciona y deroga.
Por las razones arriba expresadas, legisladores, solicitamos que esta iniciativa sea regresada a comisiones para su discusión amplia y modificarla a favor de los intereses de los mexicanos.
Compañeras y compañeros legisladores, no podemos dejar pasar por alto los argumentos de carácter formal y de contenido de esta iniciativa. Por dignidad del Poder Legislativo yo apelo a esta soberanía a nombre de los siguientes diputados, que proceda la siguiente moción suspensiva y que esta iniciativa se regrese a comisiones para que sea discutida como la Ley nos lo ordena.
Por el Partido de la Revolución Democrática, diputados: Gilberto Rincón Gallardo, Jesús Martín del Campo, Francisco Javier Saucedo Pérez, Guillermo Flores Velasco, Juan Hernández Mercado y Jorge Calderón Salazar.
Por el Partido Popular Socialista: diputado Jorge Tovar Montañez.
Y su servidora, diputada Patricia Ruiz, por el Partido de la Revolución Democrática.
Dejo a consideración de esta Asamblea la presente moción suspensiva. Gracias.
El Presidente:
Gracias diputada Patricia Ruiz.
¿Con qué objeto diputado?
El diputado Demetrio Santiago, para rectificar hechos hasta por cinco minutos, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Demetrio Santiago Torres:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Como miembro de la Comisión de Vivienda y a nombre de la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, consideramos que esta iniciativa es
muy importante que se discuta a fondo, porque desde nuestro punto de vista el tiempo que se nos ha dado para aportar nuevos elementos, consideramos que no ha sido suficiente.
Consideramos también que es necesario que se revise a fondo porque coincidimos en que esta iniciativa perjudica totalmente a los inquilinos y de ninguna manera podemos avalar esta iniciativa, por lo tanto, apoyamos la propuesta de que se considere la moción suspensiva. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado Demetrio Santiago.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se toma en consideración inmediatamente para su discusión la moción suspensiva propuesta por la diputada Patricia Ruiz Anchondo.
El secretario Marco Antonio Haddad Yunes:
En votación económica se pregunta si se admite para su discusión la moción suspensiva.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se admite para su discusión esta votación.
El Presidente:
Se abre el registro de oradores. Esta Presidencia informa que previamente se han inscrito para hablar en pro los siguientes diputados: Francisco Saucedo, Jorge Tovar Montañez y Guillermo Flores y en contra, los diputados: Manuel Díaz Infante, José Miguel Castro Carrillo y Mario Vargas.
En consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Saucedo.
El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez:
Con su permiso, señor Presidente:
Queremos mencionar en esta tribuna por qué apoyamos la moción suspensiva que hace un momento fue presentada por la compañera Patricia Ruiz. Y queremos decir que no es solamente una cuestión de tiempo, el problema es que los cambios que se están promoviendo en esta iniciativa de Ley son profundamente antiinquilinarios, no hay un sólo precepto que se modifique que esté pretendiendo favorecer a las familias inquilinarias del Distrito Federal.
Y con esto queremos decir que el poco espacio de tiempo que de una manera seria esta Legislatura debería tomar en cuenta para una iniciativa de esta naturaleza, nos parece francamente irresponsable que a estas alturas se quiera imponer una serie de modificaciones al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles y a la Ley Federal de Protección al Consumidor, cuando no nos hemos dado la oportunidad de realmente debatir el contenido de estas iniciativas.
Son muchas las cosas que podemos mencionar en este momento. Una de ellas es, primero, manifestar nuestro desconcierto porque reconocemos que hoy hay diputados federales del Partido Revolucionario Institucional que han tenido mucho que ver con las políticas de vivienda y evidentemente, relacionadas a la problemática del arrendamiento.
Desde el mismo senador Manuel Aguilera Gómez, que fue el responsable del Programa de Renovación Habitacional Popular, la diputada Laura Garza Galindo, que fue la responsable operativa y organizativa de este programa y que finalmente se fincaba en el problema de los inquilinos en el Distrito Federal, claro, después de un terremoto, de un sismo en 1985, que dio a conocer a todo mundo, el problema tan difícil que se maneja en la zona central de la ciudad a nivel inquilinario.
Otros diputados como el diputado Fidel Herrera, fue director del Fondo Nacional de Habitaciones Populares el FONHAPO, lo mismo el senador Manuel Aguilera Gómez. Y ellos conocen a profundidad este tipo de problemas de arrendamiento en la ciudad de México. No es un problema evidentemente de la zona central de la ciudad, es de toda la ciudad de México.
Pero, además, en 1992, en marzo, se llevaron a cabo en la Cámara de diputados por esta Legislatura, una serie de audiencias públicas sobre el problema de la vivienda, en este caso era la Comisión de Vivienda de esta Cámara de Diputados, presidida por el diputado Manuel Jiménez Guzmán y la Comisión del Distrito Federal, presidida por el diputado Fernando Lerdo de Tejada y todos los demás miembros de estas comisiones de todos los partidos, que promovimos con mucha fuerza, con muchas ganas estas audiencias del año pasado.
Existe una memoria que yo quiero hacer referencia en este momento en donde muchos de ellos,
desde el mismo diputado Fernando Ortiz Arana, como Presidente de la Gran Comisión, el diputado Fernando Lerdo de Tejada y el diputado Manuel Jiménez Guzmán, en las consideraciones de la problemática de vivienda y en particular el tema de vivienda en renta, nos manifiestan que hay francamente una contradicción, una falta de coherencia en lo que estamos queriendo aprobar con la imposición del Ejecutivo Federal de esta nueva Ley inquilinaria. Bueno y habría que quitarle ese nombre. Jamás, jamás ha existido en el Distrito Federal una Ley inquilinaria como tal.
Esta ha sido una de las demandas populares más arraigadas en la ciudad desde los años veinte que se generó un gran movimiento inquilinario y no solamente en el Distrito Federal, sino en todo el país. Pero que aquí culminó con una serie de reformas al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles que en materia de arrendamiento están señalando algunas cosas.
En la década de los setenta, la especulación de la vivienda en el centro de la ciudad y en algunas zonas ya consolidadas en cuanto a la infraestructura y los servicios urbanos de la ciudad de México, empezaron a promover un sinnúmero de demandas de carácter inquilinario en contra de las familias. Muchas de ellas, familias con escasos recursos.
A mediados de esta década de los setenta, se generan movimientos inquilinarios muy importantes de resistencia y de defensa contra esta legalidad que legaliza los desalojos inhumanos.
En la década de los ochenta y es en los sismos cuando esto se da a conocer con mayor profundidad no solamente en la ciudad, sino en el país, emergen muchos movimientos de características inquilinarias, que se presentan en este recinto de la Cámara de Diputados en otras legislaturas, a promover una serie de propuestas y de modificaciones al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles.
Todo esto se ha llevado a cabo con una gran movilización popular detrás de estas propuestas.
Y tenemos que reconocer que uno de los acuerdos sobre vivienda en el Distrito Federal, fue la de profundizar la problemática de la vivienda desde un concepto integral y global .
Cuando se discutió la Ley de Condominios, nos opusimos a ello precisamente por esa falta, por esa desintegración de una concepción mucho más global e integral del problema de la vivienda. Que estos legisladores que ya he enunciado aquí en tribuna lo tienen por escrito en esas memorias. y hoy, ya no se acuerdan. Hoy pretenden imponernos una Ley a todas luces que tenemos que cobrarle los partidos y la ciudadanía al Partido Revolucionario Institucional. Ha habido incapacidad de diálogo en esta Legislatura, el tono de la intolerancia se está manifestando ya desde hace rato en varias sesiones previas a ésta. Y lo estamos viviendo. No hay capacidad para dialogar y para poder prever los efectos de estas iniciativas como la que hoy se quiere imponer a todos los habitantes de la ciudad de México, a un alto porcentaje de las viviendas realmente construidas, que existen en esta ciudad, de cerca de treinta y tantos por ciento 35, 33%. Este es un problema grave, nadie puede subir a tribuna a decir que haya un sólo artículo de los que se señalan que se modifican del Código Civil, del Código de Procedimientos Civiles y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que venga en beneficio de los inquilinos. No se puede. Y aquí lo que está en juego es la coherencia de esta Legislatura, cuando hizo públicas esas audiencias y quisimos arribar, pero no ha habido esa voluntad, a una problemática de carácter general.
Es evidente que el modelo de ciudad que se pretende imponer en el Distrito Federal, es la ciudad para el mejor funcionamiento del Tratado de Libre Comercio. Es la ciudad que le llama Manuel Camacho Solís del "Siglo XXI" cuando fue acompañado por Azcárraga y representantes del World Trade Center, que visitaron varias zonas de la ciudad y decía que esta ciudad se iba a transformar porque todas las inversiones en el proyecto Santa Fé, Xochimilco, zona Alameda, etcétera, estas inversiones extranjeras estaban promoviendo el empleo productivo de los habitantes de la ciudad de México.
También tenemos que señalar, sin que nos conste, pero nos atrevemos a decirlo aquí en esta Tribuna, por información de empleados del Departamento del Distrito Federal, que esta es una iniciativa que viene de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y así hay que decirlo; y sino no, que venga el del PRI a decir lo contrario y a defender estas contrarreformas inquilinarias, que vengan a decirnos cómo se van a defender estas miles de familias que viven en el inquilinato, cuando se proceda contra ellos, cuando ya no haya obligación de un año forzoso de contratos, cuando no se dé derecho a tanto, etcétera.
Es una visión de la ciudad, sobre todo para sus habitantes, que viene con todo un contenido
económico, pero que no tiene ningún tipo de característica social y humana. Se trata de una política excluyente, se trata de abrir más la especulación del suelo urbano y que eso sea lo que mande aquí, quienes son los beneficiarios de la ciudad y quiénes pueden vivir en ella.
Y estas no son cosas que estamos queriendo decir como un recurso de oratoria, sino que son datos que todos conocemos; y que en la memoria de esas audiencias están claramente señaladas. Seamos más coherentes. Es esta misma Legislatura que violenta sus acuerdos, que fueron hechos de manera pública y abierta en esas audiencias, que íbamos a meternos a una discusión sobre el problema de la vivienda, de manera integral y global y la estamos haciendo pedazos. Por pedacitos estamos discutiendo esta problemática, una problemática que no tiene una adición de conjunto, o si la tiene, la tiene para muy pocos inversionistas en la ciudad que van a capitalizar altamente sus inversiones, pero que finalmente es una política que excluye a grandes masas de la población del Distrito Federal.
No quisiera alargarme más, sino solicitarles a ustedes, sobre todo a la mayoría del PRI, que nos pongamos a discutir esta Ley en una situación mucho más correcta, en términos de procedimientos. Pero además, que realmente sea este reclamo popular, desde la década de los setenta y los ochenta, cuando los inquilinos se movilizaban y llegaban a la Cámara de Diputados a exigir una serie de modificaciones a las leyes correspondientes; que no les volvamos a cerrar la boca con una iniciativa de esta naturaleza, que en nada, absolutamente en nada tiene que ver para beneficiar a los inquilinos. Y esto me parece que lo van a cobrar muy caro amplios sectores de la ciudad que se van a ver totalmente indefensos si esta Ley se impone. Gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado Francisco Saucedo. Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Díaz Infante, del Partido Revolucionario institucional.
El diputado Manuel Díaz Infante:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Se ha venido a plantear aquí, por segunda ocasión, una moción suspensiva. El sábado pasado no procedió, porque no era el momento oportuno para hacerla, de conformidad en nuestro Reglamento. El día de hoy no quisimos argumentar que ya había sido planteada ésta y que no procedía en consecuencia, porque nosotros deseamos entrar al debate de la misma y demostrar que la iniciativa a estudio ha cumplido con todos los requisitos y puede ser perfectamente discutida en estos momentos por la Asamblea.
Mi exposición la dividiré en dos partes. Primera, lo que es estrictamente de orden reglamentario y, la segunda parte para rebatir los argumentos que aquí se han expresado.
Quiero decirles que de conformidad con el Reglamento se cumplieron con todas y cada una de las instancias. Se recibió la iniciativa. Se envió a la comisión respectiva, como la ordenó el Presidente de esta Asamblea. Se envió asimismo a la Comisión del Distrito Federal, para que emitiera su opinión.
La Comisión de Vivienda se reunió en diversas ocasiones hasta emitir su dictamen, mismo que está firmado por mayoría y así consta en el expediente correspondiente y la Comisión del Distrito Federal también emitió su opinión y así consta también firmado por mayoría en el expediente correspondiente.
De ahí, pues, que se ha dado estricto cumplimiento al artículo 87 de nuestro Reglamento en el sentido de que ningún dictamen, ningún dictamen podrá ser dictaminado cinco días después de que haya ingresado a esta Cámara.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo (desde su curul):
Pregunte por favor al orador si acepta una interpelación.
El Presidente:
Señor diputado, ¿acepta usted una interpelación de parte de la diputada Patricia Ruiz Anchondo?
El diputado Manuel Díaz Infante:
Con mucho gusto, señor Presidente.
El Presidente:
Adelante, diputada.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo
Señor diputado, yo quisiera preguntarle ¿si usted considera que dos horas de discusión, una durante la comida donde se dio lectura al dictamen, apenas se alcanzó a leer el dictamen y ya estaban llamando a que viniéramos a votar a la sesión y se tenía que suspender esa discusión y un desayuno, con otra hora, para que expusiéramos nuestras opiniones, es suficiente para que se pueda llegar al conocimiento y la dictaminación de una iniciativa?
El diputado Manuel Díaz Infante:
Yo le contestaría de la siguiente manera:
En primer lugar, los diputados de la nación estamos enterados del problema de la vivienda.
En segundo lugar, le contestaría que esta misma Legislatura, la LV Legislatura, llevó a cabo unas asambleas públicas el año pasado en el mes de mayo, en las cuales se ventilaron todos los problemas relativos a vivienda. Quiero recordarle a usted que específicamente se hizo una mesa para arrendamiento en ese foro, que hubo unas conclusiones y que muchas de esas conclusiones están hoy reflejadas en este dictamen.
Quiero decirle también que efectivamente la Comisión se reunió a partir del día 8 de julio. Ahí se estableció una mecánica. Ahí se dio a conocer la iniciativa. Se pidió que al día siguiente, viernes 9, se dieran a conocer los puntos de vista y eso fue a las 9.00 de la mañana y, por la tarde se reunió la Comisión nuevamente para presentar un proyecto de dictamen en donde se trataría de incorporar los puntos de vista de los diputados.
Si en este caso el dictamen no refleja el punto de vista del Partido de la Revolución Democrática, por eso es que no lo han firmado, pero sí lo ha firmado la mayoría de los aquí presentes.
Quisiera entonces yo continuar con mi argumentación.
Se cumplió.
El diputado Julio César García Hernández (desde su curul):
Deseo hacer una interpelación al orador.
El Presidente:
Diputado orador: ¿acepta una interpelación del diputado?
El diputado Manuel Díaz Infante:
Sí
El Presidente:
Adelante, diputado.
El diputado Julio César García Hernández (desde su curul):
Señor diputado: usted mencionó que los diputados de este Congreso conocemos ampliamente el problema de la vivienda.
Quisiera preguntarle ¿cuál es el porcentaje de familias en el Distrito Federal que son arrendatarias?, ¿cuál es la inflación del costo de arrendamiento en el último año?, ¿cuál es el crecimiento de arrendatarios en el Distrito Federal? y ¿cuál es el porcentaje de viviendas que se construyen en el Distrito Federal?
El diputado Manuel Díaz Infante:
Con mucho gusto, compañero, trataré de hacerlo; aunque no es el premio de los 64 mil pesos.
Mire usted, tenemos un problema muy serio de vivienda en el Distrito Federal, pero extraordinariamente serio. Yo le quiero decir que de más de 400 mil viviendas para renta que existían en el año de 1980, hoy no llegamos ni siquiera a 175 mil viviendas.
Segundo. Quiero decirle que mientras el incremento a los salarios mínimos ha sido en el orden del 105%, el incremento en las rentas anda ya en el orden de 700%. Quiero decirle que en el último año no ha existido un sólo crédito para vivienda en renta, porque no ha interesado a los particulares y quiero decirle también que no somos ajenos al problema de la vivienda; al contrario, queremos incentivar a la actividad económica en esta materia.
Creemos nosotros que en la medida en que haya más oferta de vivienda haya mejores condiciones para la misma y los costos bajen. Entonces, creo que razonablemente le he contestado a sus preguntas y sí estamos enterados de la problemática.
Concluyo con lo del artículo 87. El artículo 87 dice que no podrá presentarse un dictamen después de cinco días de que haya sido sometido a la consideración de la comisión respectiva. Nosotros hemos dado cumplimiento cabalmente al artículo 87 de nuestro reglamento y hemos presentado en tiempo y forma el proyecto que hoy se está discutiendo. En tal virtud, los aspectos formales del reglamento sí se han cumplido.
Usted me dio oportunidad a que entráramos a debatir algunos otros argumentos. Aquí se ha venido a decir que las modificaciones propuestas son profundamente antiinquilinarias; se dijo también que en las audiencias públicas sobre el problema de vivienda se había manifestado, yo así lo hice, así lo hice notar y quiero decirles también que esos mismos documentos fueron enviados a la Secretaría de Desarrollo Social, fueron enviados al Departamento del Distrito Federal y a todas y cada una de las organizaciones de vivienda, mismos documentos que fueron tomados en cuenta por el Ejecutivo para ser remitidos a esta soberanía.
Dicen también que hay una falta de coherencia y que se están legalizando una serie de cuestiones inhumanas, aquí se comentó, en torno a los arrendatarios. Yo quiero comentarles que no es así, que el problema de la vivienda debe de contemplarse de manera integral, que existe un problema muy serio, como aquí lo han mencionado ya, de escasez de vivienda en renta, es una necesidad insoslayable y eso todos lo sabemos; todos queremos también, como diputados de la nación, que se cumpla el contenido del artículo 4o. constitucional, eso no tiene ni remedio; toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Por eso, tenemos que buscar una serie de mecanismos.
Se dice que estas reformas son aisladas, que no son coherentes. Yo le diría que no, que están inscritas dentro de un programa nacional de vivienda, un programa nacional de vivienda que igualmente contempla vivienda en condominio que algunos incentivos para que los particulares puedan invertir en viviendas para arrendamiento.
La oferta, ya lo dijimos aquí, es sumamente importante la que están requiriendo los ciudadanos en general y no hay suficiente cantidad de vivienda en la ciudad.
Los inversionistas, ¿qué ha pasado con ellos? Los inversionistas en el fondo no quieren arriesgar su capital y no quieren arriesgar su capital porque estamos ante la presencia de una materia extraordinariamente sobre regulada. ¿Qué es lo que busca la iniciativa?, no deja de tutelar los derechos del arrendatario, de ninguna manera, pero también busca tutelar los derechos de los arrendadores.
Yo le diría algunos aspectos fundamentales que tienen el arrendamiento:
Primero. Todos los contratos tendrán que ser por escrito; situación absoluta.
Segundo. Los inmuebles los tienen que recibir en condiciones de higiene y de seguridad; llevamos dos.
Tercero. Aquí dijeron que se suprimía el año forzoso. Yo le pediría al compañero Saucedo que lea por favor el artículo 2448, inciso c, en donde se establece que es forzoso el año de renta. Sin embargo, punto y seguido, se deja a consideración...si gusta subir, compañero, con mucho gusto...se deja a consideración de las partes el que se pueda contratar por mayor o por menor tiempo.
Yo quiero decirles a ustedes que en los contratos lo que debe de prevalecer es la voluntad de las partes, porque si no, pues definitivamente estaríamos en presencia de cualquier otra cosa, menos de un contrato.
Cuarto. Las garantías que se tienen que dar por ese arrendamiento cesan en el momento en que concluye el arrendamiento. Esto es, el señor que se ha prestado como fiador no tiene ningún riesgo posteriormente.
Definitivamente no hay un desahucio inmediato, de ninguna manera, se sigue todo un espectro procedimental a saber. Se presenta la demanda correspondiente; se da un tiempo que va de 25 a 35 días para llevar a cabo la audiencia, después del auto de admisión de la misma, en la misma obviamente se presentaron las pruebas, se dan cinco días para contestar la demanda, cinco días en caso de reconvención, se cita a una audiencia respectiva, se permite por supuesto la apelación en actos intermedios de la autoridad y por supuesto también la apelación para la sentencia que dicte el juez y entonces lo que sucede es que tiene que notificar.
Si se notifica al arrendatario, se le notifica en dos instancias, se le notifica al iniciar el proceso
y se le notifica cuando se da la resolución del juez, ¿qué significa esto?, no hay estado de indefensión; lo que sucede es que antes procedimentalmente hablando, estaban solicitando otra notificación para efectos de desahucio como tal, cuando efectivamente ya la sentencia había causado ejecutoria.
Yo en síntesis quiero comentarles esto a ustedes, no tiene sentido entrar mayormente al fondo del asunto, porque ahí lo discutiremos cuando se debata esta iniciativa en lo general y en lo particular. Yo diría simplemente que se ha cumplido estrictamente con los ordenamientos de la Cámara , que se ha tomado en cuenta a la propia Cámara en las consideraciones expresadas en el foro llevado a cabo, que no se está legislando de ninguna manera imprudentemente ni tampoco de manera incoherente y que tenemos que buscar un equilibrio entre arrendatarios y arrendadores, para que esta ciudad tenga mejores espacios para que puedan vivir en ella sus moradores. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene usted la palabra para rectificar hechos, señor diputado Cárdenas, del PPS.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García:
Con su permiso señor Presidente:
He pedido el uso de la palabra, señoras y señores diputados, para comentar en
torno de la afirmación de que se cumplieron todas las formalidades que se requieren en este caso para el análisis en comisiones de una iniciativa.
Cierto es que no se envió pera comisiones unidas, sino se envió a la Comisión de vivienda con la posibilidad de que la Comisión del Distrito Federal emitiera su opinión, pero es un asunto demasiado importante, de gran trascendencia y se requiere de un análisis serio, amplio, que requiere de tiempo para que todos los partidos, todos los grupos parlamentarios opinen y sucede que la Comisión del Distrito Federal, a la cual pertenezco, no fue convocada con el tiempo suficiente para un análisis cuidadoso; se convocó a una reunión por el procedimiento del fast track el sábado a las dos de la tarde creo, pero al mismo tiempo la Comisión del Distrito Federal estaba reunida en el salón "Leona Vicario" para tratar el problema de la Reforma Política del Distrito Federal. Yo no sé, ahí estuvo presente el Presidente de la Comisión del Distrito Federal, yo no sé a qué horas se reunió y si hubo la reunión de la Comisión del Distrito Federal para tratar el problema de elaborar la opinión de la Comisión, en torno de la iniciativa que reforma la Ley de Vivienda.
En consecuencia, yo expreso que la opinión que luego me pasaron horas más tarde, la cual firmé en contra, precisamente porque no había podido opinar y no sé si se aprobó sin presencia del Presidente de la comisión.
El hecho es, señoras y señores diputados, que no es cierto que se hayan cumplido las formalidades correspondientes, por eso estamos de acuerdo, como seguramente argumentará mi compañero diputado Jorge Tovar, en que se acepte la moción suspensiva para entrar a una discusión y un análisis a fondo de esta cuestión tan importante y, digo que es de trascendencia porque las reformas, el espíritu de las reformas que se hacen, que se proponen en la iniciativa, vuelven a una situación que la legislación había superado.
El espíritu es la de considerar a las partes como iguales. ¿Cómo es posible que se vuelva a esa situación en que se considere que el poder del capital, el poder que da el ser el dueño del inmueble, sea igual a la posibilidad que tiene el arrendatario que es el que tiene la necesidad de la vivienda?
De un lado está el poder del capital forzado y del otro lado está el necesitado de una vivienda. No hay igualdad, no puede haber igualdad de partes y por eso es un problema de fondo, de importancia, el ver que no se produzcan esos cambios en contra de los inquilinos. ¿Cómo van a luchar en igualdad de condiciones?
Debe verse la posibilidad de proteger los intereses de los inquilinos que son la parte débil del contrato. Y, nosotros, insistimos en que incluso debe darse la posibilidad de crear una procuraduría del inquilino. Pero pues cómo vamos a proponer esto si no hay trabajo en comisión, si hay una rapidez extraordinaria, no sé quienes aprobaron la opinión de la Comisión del Distrito Federal.
En consecuencia, yo quiero afirmar aquí de manera categórica que no se cumplieron las formalidades para una discusión y para elaborar una opinión colectiva de la Comisión del Distrito Federal; y como es un asunto de gran importancia, debe aceptarse la moción suspensiva. Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el compañero diputado Martín del Campo, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda:
He pedido la palabra para rectificar hechos, en vista de que hemos recibido información hace unos minutos, diputados del Partido de la Revolución Democrática, en el sentido de que hay personas en las afueras del Palacio Legislativo, que desean presenciar en esta sesión pública de la LV Legislatura, los debates sobre el tema y que siendo ésta una sesión pública, apoyado en el artículo 28 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, mi partido solicita, plantea que debe ser abierta la galería, o las galerías, para que puedan acceder las personas que lo solicitan, en vista de que no hay ninguna razón para impedirlo y entonces planteo a la Presidencia que dé las instrucciones necesarias para que las galerías sean abiertas y acceda el público, apoyado en el artículo 28 del Reglamento que nos rige. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente:
Las sesiones son públicas, nada más que existe un acuerdo parlamentario en el sentido de que no se puede dar entrada a todo mundo si no hay cierta seguridad para todos los diputados; por lo tanto, se podría aceptar una comisión para que venga a presenciar estos debates.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo (desde su curul):
Señor Presidente, con todo respeto yo quisiera solicitarle el acuerdo, ¿qué acuerdo?, si nos lo puede leer, por favor, donde nosotros hemos suscrito que no se puede dar el acceso a cualquier ciudadano. Si nos pudiera por favor leer ese acuerdo y quién lo suscribió, porque el Partido de la Revolución Democrática lo desconoce.
El Presidente:
Bueno, en este caso es un acuerdo no de esta LV Legislatura, sino que es por norma que se presenten este tipo de acuerdos entre los grupos parlamentarios. Por lo tanto, esta Presidencia acepta la participación de una comisión de los representantes de los inquilinos que están en la parte posterior a este recinto.
Proceda una comisión para que acompañe a la comisión de inquilinos a que se instale en la parte posterior de este recinto.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul):
Para hechos, señor Presidente.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene usted la palabra, diputado Calderón.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:
Con su venia, señor Presidente.
Solicité la palabra para hechos, porque el artículo 28 del Reglamento para el Gobierno Interior, establece de manera clara la facultad de estas sesiones para ser precisamente tales, sesiones públicas y es inaceptable una práctica que se ha venido realizando desde hace ya bastante tiempo, de hacer prácticamente secretas y sin ningún acceso de la ciudadanía y del pueblo de México a las discusiones que tenemos en esta LV Legislatura.
Los legisladores del Partido de la Revolución Democrática no aceptamos convertirnos en rehenes cuasi secuestrados, sin capacidad de hablar de frente a la nación y ante aquellos ciudadanos que tienen el derecho a intervenir.
Si discrepan con mi tono de voz, suban y defiendan sus puntos de vista.
No existe en la Constitución General de la República ninguna disposición que prohiba a ciudadanos mexicanos, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y con voluntad de hacer y respetar las leyes, ninguna objeción para que puedan asistir a estas sesiones que son precisamente sesiones públicas. Es el miedo, el miedo que tienen numerosos legisladores al conocimiento público de las decisiones que aquí se están tomando, que son decisiones contrarias al interés nacional, lo que hace que se cierren las galerías al acceso popular.
La posición del PRD es muy clara, exigimos que se cumpla la Constitución, exigimos que se cumpla el Reglamento, y si hay un grupo de ciudadanos que en ejercicio de sus libertades, en ejercicio de sus derechos y en defensa de la Constitución quieren precisamente asistir a esta sesión y quieren hacerlo de manera pacífica y respetando las leyes, no vemos ninguna razón, ningún obstáculo o ningún motivo para que se impida el acceso de estos ciudadanos.
Exigimos pues el respeto a las normas, el respeto al Reglamento y que no se obstaculice su acceso.
Otra cosa sería si una vez que esos ciudadanos estuvieran dentro del recinto, incurrieran en alguna de las causales que pudieran hacer necesario que se les pida mantengan orden, pero el caso es y lo reiteramos, que es fundamental que se mantenga el principio de libre acceso ciudadano a estas sesiones que por ser públicas, no debiera existir ningún obstáculo.
Por ello termino diciendo que es insuficiente decir que una comisión salga y se entreviste con ellos. Pedimos el acceso ciudadano a estos debates y, si no tiene miedo de hablar de cara a la nación, si los diputados de la mayoría consideran que cercenar los derechos ciudadanos es algo que puede ser discutido públicamente, que acepten que el pueblo de México entre a este recinto y puedan ellos darse cuenta del curso de estos debates. Muchas gracias.
El diputado Emilio Becerra González: (desde su curul):
Pido la palabra para interponer el recurso de reclamación.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Emilio Becerra.
El diputado Emilio Becerra González:
Con su venia señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Con fundamento en los artículos 18, 19, 28, 205 y siguientes del Reglamento, mi partido, en el orden de ideas expuesto por el diputado Calderón, interpone el recurso de reclamación contra el acuerdo del Presidente de que entre solamente una comisión.
El artículo 18 es muy claro, dice: "El Presidente en sus resoluciones estará subordinado al voto de sus respectivas cámaras..." Pero evidentemente también estará subordinado a lo que determine el Reglamento. Si el Reglamento en los artículos 27 y 28 habla de que las sesiones serán ordinarias, extraordinarias, públicas, secretas, etcétera y esta sesión tiene el carácter de ordinaria y pública, ya que no está incluida en el orden del día como secreta; inclusive si recordamos hay algunas sesiones que están anotadas como secretas y sin embargo se da acceso al público.
No es posible; de algo deben de haber servido los viajes que se hacen en comisiones al exterior. Cuando se viaja a otros parlamentos del mundo, lo único que hay es que en esos parlamentos hay una entrada para diputados y una entrada diferente para el público, que hay un lugar para las curules de los diputados y otro lugar para que asista el público, pero mientras hay lugar, se permite sin mayor problema mas que la identificación a veces y a veces ni siquiera eso, que la gente acceda a los debates.
Esta es la más alta tribuna de la nación y no puede ser que el pueblo de México, no se entere de lo que aquí se resuelve. Por lo tanto, a menos que esta gente venga armada, que es evidente que no vienen armados sino vienen armados de indignación ante el atraco a los intereses populares que se pretende llevar aquí, reclamamos el acuerdo del Presidente y pedimos y exigimos que se someta a la votación de la Cámara y que se respete el Reglamento y que la sesión sea pública. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias diputado Becerra.
Tiene la palabra para rectificar hechos el diputado González Avelar.
El diputado Miguel González Avelar:
Desde luego, con una gran preocupación, señor Presidente, compañeros legisladores, acudo a esta tribuna sin más propósito que el apoyar, en lo personal y a nombre de mi fracción parlamentaria, el trámite que el Presidente acaba de acordar, en el sentido de que una comisión de las personas que en este momento hacen su presencia afuera de este recinto y quieren penetrar a él, con el propósito de que de una manera ordenada y adecuada, se conozca por lo que a ellos respecta, lo que aquí se debate con relación al tema de la vivienda que nos ocupa.
Quiero también, de una manera enfática, categórica, refutar la afirmación de nuestro compañero Jorge Calderón, en el sentido de que hemos estado aquí de espaldas a la nación durante muchos años, o durante muchos días o muchas sesiones y él acaba de darse cuenta en este momento y ha subido lleno de santa indignación a decir que ahora sí vamos a abrir las tribunas para que el pueblo de México se entere de lo que estamos haciendo.
Todo el tiempo, todo el tiempo ha habido la presencia de los medios de comunicación que han estado informados perfectamente, puntualmente a todos los mexicanos, lo que se hace en esta Cámara.
El Presidente:
Diputado González Avelar, ¿acepta una interpelación, del diputado Jorge Calderón?
No en este momento. Cuando termine, con mucho gusto.
Entonces eso sí es inaceptable y me preocupa porque compromete la condición de diputados de todos nosotros. Yo creo que debemos ser mesurados, cuidadosos. Y si tenemos en nuestro propio partido, en este momento o en algún momento un problema de prevalencia, un problema para imponer una corriente o un cierto grupo de personas, no involucremos a esta Cámara de Diputados en esas disputas internas de los partidos.
¿Y por qué quiero apoyar la petición del señor Presidente? Porque es cierto que estas sesiones son públicas, naturalmente que lo son, no podría ser de otra manera, sería absurdo que no lo fuera, pero también, como lo mencionó nuestro compañero Calderón, nosotros no queremos ser rehenes de un grupo de personas que lo que quieren es que esta representación nacional se subordine a sus criterios y a sus intereses.
Es muy claro el artículo 207: "Los concurrentes a las galerías se presentarán sin armas, guardarán respeto, silencio y compostura y no tomarán parte en los debates con ninguna clase de demostración".
Todavía no están aquí. De acuerdo. Pero tenemos un antecedente, acaban de tirar dos rejas de la puerta. Eso indica perfectamente con qué actitud es con la que vienen a este recinto.
El Presidente de esta Cámara tiene perfecto derecho, porque está dentro de sus obligaciones, incluso, cuidar que los que perturban de cualquier modo el orden, sean despedidos en las galerías en el mismo acto, y si ellos han cometido, no en el recinto, sino en sus inmediaciones, en las cercanías, y con el propósito de penetrar aquí, actos que son claramente demostrativos de una actitud beligerante y negativa para las discusiones que aquí tenemos, yo creo que está en todo derecho el Presidente, porque además es su deber, de precaver la limpieza, la libertad y el fuero de todos los legisladores.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra para hechos.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra la diputada Patricia Ruiz Anchondo.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo:
Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea:
Es una lástima y realmente lo siento, que personas de la talla del diputado que me antecedió en el uso de la palabra vengan a argumentar de esta manera, de esta manera y dejando en una situación de indignidad al Poder Legislativo.
¿Para qué, señores legisladores, se construyeron las galerías? ¿Para el informe presidencial, únicamente? Porque este recinto está hecho de acuerdo para satisfacer todas y cada una las necesidades del Ejecutivo. Estamos absolutamente subordinados al Poder Ejecutivo.
Esto compañeros legisladores, nos ratifica que los argumentos que hemos esgrimido desde esta tribuna, los de la oposición, de que aquí se legisla de espaldas al pueblo, es absolutamente cierto. No se permite la entrada a los mexicanos a este recinto. ¿por qué? Porque no se está seguro de que estamos defendiendo sus derechos.
Y con esta Ley, como ya señalamos anteriormente en la presentación de la moción suspensiva, se está lesionando los derechos de casi el 40% de los habitantes de esta ciudad.
Señor Presidente: Yo creo que a usted le corresponde cumplir, dar cumplimiento al Reglamento. De acuerdo con el artículo 18, solicito, a nombre de mi partido, que se haga la votación y que se vea y se manifieste quiénes son los que se oponen a que entre el pueblo en este recinto. Muchas gracias.
El Presidente:
Para ratificar hechos, tiene el uso de la palabra el diputado Hildebrando Gaytán, del Partido Popular Socialista.
El diputado Hildebrando Gaytán Márquez:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Se han suscitado estos sucesos en torno a estas modificaciones del Código sobre la Vivienda, porque estamos en un problema serio, un problema social muy grave.
Y no fue suficiente que se diera mucha publicidad de este tema que se iba a discutir, que se ha apresurado mucho, para que levantar inquietud en numerosos ciudadanos, como los que están afuera de este recinto.
Estando a discusión este caso, sobre los ciudadanos que están fuera del recinto y la posibilidad de que entren a presenciar esta sesión, el Partido Popular Socialista expresa que se les debe dar el acceso inmediato a todos ellos, cumpliendo con los aspectos del Reglamento, para que pasen a ocupar las tribunas.
Están sucediendo cosas muy raras. Se mencionaba hace rato que por acuerdo de grupos parlamentarios de anteriores legislaturas se procedía a que se cerraran las galerías. ¿Desde cuándo una Legislatura a otra hereda acuerdos de esta naturaleza? Esto es una cosa absurda.
El Reglamento es preciso: "Que debe tener acceso el pueblo a escuchar las discusiones de la Cámara".
Más todavía, sobre este caso el Partido Popular Socialista tiene una demanda de hace muchos años, de que las sesiones de la Cámara sean dadas a conocer al pueblo vía la radio y la televisión, cómo se suceden exactamente, en el momento en que está la discusión, para que pueda el pueblo conocer exactamente las posiciones que aquí se asumen, para defender o no los intereses del pueblo y la nación.
Todavía más. En varias de las iniciativas de Ley que aquí se han discutido ya cuando vienen como dictamen, han dicho, ante las objeciones que hemos hecho que estas iniciativas ya se discutieron, a veces con los empresarios, cuando éstos están involucrados, con los sectores de las finanzas, con los grandes monopolizadores del comercio, o que con los sectores que están involucrados.
¿Pero por qué solamente consultan cuando se trata la consulta dirigida a los grandes plutócratas? Y cuando son iniciativas que van a afectar al pueblo se trata de meter rápidamente, con toda celeridad, como se ha visto con esta que está discutiendo, que entró apenas hace unos cuantos días y hoy viene un dictamen, sin haberse analizado a fondo en las comisiones.
Por eso, hay la razón de que en esta iniciativa debe operar la moción suspensiva, pero que de inmediato entraran los ciudadanos que están fuera del recinto para que conozcan las posiciones, simplemente que entren por el hecho de que han venido preocupados por el porvenir en cuanto a sus viviendas. ¿Cómo es posible que haya ocurrido esta mentalidad de poner una cerca metálica, dizque para proteger el recinto? Esto no es más que una mentalidad de querer alejar a la Cámara de Diputados de los sectores del pueblo.
Cuando se está legislando contra el pueblo, entran estas cabezas de poner cercos como el que existe y que afea por completo a la Cámara, pero más que afearla está mostrando este aislamiento, este divorcio que se está dando con el pueblo de México.
Esa es la posición del Partido Popular Socialista, que se de acceso de inmediato a todos los que están fuera del recinto. Y que en lo que es la discusión en este momento reflexione la mayoría para que opere la moción suspensiva. Muchas gracias diputado.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra señor diputado por cinco minutos. Diputado Alfredo Villegas Arreola.
El diputado Alfredo Villegas Arreola:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Los que integramos la Comisión de Gestoría y Quejas de esta Cámara y en relación con el asunto que aquí se esta planteado en la tribuna, hemos dialogado con la gente que está en la puerta y queremos expresar que de la reflexión que hemos hecho los que integramos esta Comisión y también representantes de la Comisión de Vivienda y de la Comisión de Gestoría y Quejas y de la Comisión del Distrito Federal, queremos plantear esta alternativa:
No es una actitud muy razonable la que ha presentado la gente, hay violencia en las palabras y en las propias actitudes por ingresar al recinto. Sin embargo, nosotros pensamos y queremos los miembros de la fracción de mi partido, del Revolucionario Institucional, plantearles una alternativa a efecto de que quienes vienen a este recinto a conocer el desarrollo del debate sobre esta iniciativa, se enteren a través de una comisión, como en múltiples ocasiones aquí en la Cámara hemos atendido, cuando se trata de grupos numerosos como es el caso que hoy se está presentando.
Proponemos que la comisión ellos la elijan de manera democrática y se le permita el acceso al recinto a escuchar el desarrollo del debate que se de esta iniciativa, siempre y cuando los compañeros, el resto del grupo que es numeroso permanezca en las afueras del recinto, para que esta comisión una vez que considere pertinente acuda a informarles y que las comisiones de Gestoría y Quejas, de Vivienda y del Distrito Federal, acompañe a dicha comisión a dar el informe respectivo.
De esta manera podemos guardar el orden. Podemos permanecer aquí, en la Cámara, estos grupos aquí afuera y nosotros en el desarrollo que debe llevar este debate.
Por eso esta alternativa la proponemos a nombre de la fracción de mi partido para que sea el pleno el que decida si se aprueba o si se desecha. Muchas gracias.
El Presidente: Gracias, diputado.
Para rectificar hechos tiene usted la palabra Patricia Ruiz Anchondo por cinco minutos.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo:
Gracias, señor Presidente; honorable Asamblea:
Pues hay ciertamente temor, temor al pueblo, temor a que la gente se entere de lo que sucede, lo que se aprueba en las cuatro paredes de este recinto. Es una ofensa a la República lo que está sucediendo en este momento y qué lástima que cada vez que vengan los mexicanos, que vienen y acudan los mexicanos ante esta soberanía, los tengamos que tratar de esta manera.
El legislador que me antecedió en el uso de la palabra menciona una actitud agresiva por parte de la gente que se encuentra afuera; la actitud responde a que el recinto se encuentra cerrado, a eso responde, si este recinto estuviera abierto, hubiera libertad de acceso, no habría esta indignación de los ciudadanos por no acceder a un recinto que corresponde a todos los mexicanos, su verificación de su trabajo.
El representante Javier Hidalgo se encuentra entre nosotros, el es representante ante la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, le aplastaron su dedo con la puerta cuando iba a entrar aquí. Pues si esto le hubiera ocurrido a cualquiera de ustedes, quién sabe qué estaría pasando en este momento, a cualquiera de la mayoría.
Hay una situación que nosotros no podemos tolerar, creemos que no es por esta vez, sino por siempre. Este tipo de acuerdos entre las fracciones parlamentarias que como bien dijo nuestro compañero del Partido Popular Socialista no pueden ser heredados de otras legislaturas a esta propia legislatura. Si hubo un acuerdo de la LIV eso correspondió mientras tuvo vigencia en la LIV. Ahora no tiene vigencia este acuerdo. La Presidencia ha emitido una resolución, mi partido ha solicitado que se cumpla el Reglamento que está por encima de la propia Presidencia, porque es la normatividad que tenemos para darnos aquí internamente, que se cumpla con el artículo 18 y que se revoque, se vote, si se acepta o no se acepta esta resolución de la Presidencia.
Y con fundamento en el 148 del propio Reglamento. yo solicito también, a nombre de mi partido, que esta votación sea nominal. Gracias.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se aprueba el trámite dictado por esta Presidencia.
La secretaria Alicia Montaño Villalobos:
En votación económica, se pregunta...
El Presidente:
Proceda la Secretaría como lo pide la diputada Ruiz Anchondo.
La secretaria Alicia Montaño Villalobos:
Se va a proceder a tomar la votación nominal. La votación afirmativa, la diputada Alicia Montaño y la negativa por el diputado Diego Velázquez.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul):
Señor Presidente.
El Presidente:
Diga usted, señor diputado.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:
Quiero que precise qué es lo que vamos a proceder a votar.
La secretaria Alicia Montaño Villalobos:
Se va a proceder a votar el trámite dictado por la Presidencia.
El Presidente:
Adelante, la Secretaría.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
Señor Presidente, ¿quisiera la Secretaría reproducir el acuerdo del Presidente, por favor?
El Presidente:
Señor diputado, ¿en qué sentido quiere usted que se reproduzca?
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
Que diga qué es lo que estamos votando, que lo reproduzca la señorita secretaria, por favor.
El Presidente:
Perfecto.
Esta Presidencia ha dictado la instrucción de que se integre una Comisión para que haga llegar a este Recinto Parlamentario, a un grupo de los manifestantes que están afuera de este Recinto.
Asimismo, damos el derecho al público, para que presencie esta Asamblea de diputados y bueno, ya lo dije antes, por razones de seguridad para todos, estamos pidiendo que se instruya que la Presidenta de la Gran Comisión instruya a los diputados que corresponda, para que vayan por una Comisión. Pero esta Presidencia está poniendo a consideración de todos ustedes si se aprueba o no, el trámite dictado por esta Presidencia.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo (desde su curul):
Debemos entender que el sentido de la votación es o bien apoyar el trámite que usted dictó o en su defecto que se abra la galería a todo el público? ¿Así es el sentido?
El Presidente:
Esta Presidencia le informa a usted que no hemos pedido en ese sentido. Estamos sometiendo a votación si se aprueba o no, la introducción de una Comisión del grupo que está manifestándose en la parte posterior.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Señor Presidente, quisiera hacer una respetuosa moción a la Presidencia. La Presidencia ya tomó un acuerdo, pero ese acuerdo conforme a Reglamento ha sido objetado por el diputado Becerra y se han adherido dos de sus compañeros para la revocación.
Con el respeto, yo siento que lo que debe ponerse a votación es la propuesta del diputado Becerra, de si se revoca o no su determinación. Creo que eso es lo que debe ponerse a votación. Si hay mayoría de votos en favor de la propuesta del diputado Becerra, entonces se revocará su determinación. Si hay mayoría de votos en contra de la propuesta del diputado Becerra, entonces su determinación quedaría firme.
Con todo respeto, creo que lo que se va a poner a votación es el pedimento del diputado Becerra, para que su acuerdo, que ya fue dictado, sea apoyado o no por el pleno.
El Presidente:
De acuerdo señor diputado.
Continúe la Secretaría a recoger la votación nominal.
Para precisar, esta Presidencia repite lo dicho anteriormente.
Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación nominal, si se aprueba el trámite dictado por esta Presidencia o bien la propuesta del señor diputado Emilio Becerra.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul):
Señor Presidente, el diputado Juan de Dios Castro, hizo una precisión que no admite duda, en el sentido de que el diputado Emilio Becerra, con fundamento en el artículo 18, objetó el trámite de la Presidencia. En consecuencia, procede, por el artículo 19, la votación sobre si procede la objeción presentada por el diputado Becerra y si aprueba esta Asamblea la objeción presentada por el diputado Becerra a su determinación o no procede. Tiene que votarse entonces si procede la objeción del diputado Becerra al trámite que usted dio y hemos pedido que sea nominal.
El Presidente:
Esta Presidencia no tiene ninguna objeción en que se proceda en lo contrario, por lo tanto, consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba la objeción solicitada por el diputado Emilio Becerra, en votación nominal.
La secretaria Alicia Montaño Villalobos:
Se va a proceder a recoger la votación nominal, de la propuesta del diputado Becerra.
(Votación.)
Señor Presidente: Le informo que se obtuvieron 75 votos en pro y 298 votos en contra de la propuesta presentada por el diputado Becerra.
El Presidente:
En consecuencia, no procede la propuesta del diputado Becerra.
DENUNCIA
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene usted la palabra, señor diputado Jorge Alfonso Calderón.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:
Con su venia, señor Presidente; señores legisladores:
Lo que voy a exponer a continuación es con absoluta responsabilidad y en ejercicio de mis derechos ciudadanos y derechos como Legislador.
Se acaba de hacer una votación, pero en ningún momento puede ser votada la cancelación del fuero constitucional y de los derechos de los legisladores.
Dentro de este recinto hay un grupo numeroso de personas que no son legisladores y que no cumplen ninguna función específica en cuanto a asesoría o tareas de apoyo.
Al salir de este recinto fui obstaculizado por jóvenes de casquete tipo militar que están...
Vayan a las puertas; tiene una camiseta de color blanco, una chamarra verde y trae un distintivo de color rojo y está parado junto a la puerta lateral derecha de un servidor de ustedes...
No es empleado, puedo dar testimonio que ese individuo no es empleado de la Cámara de Diputados, no es asesor de ningún diputado y está cumpliendo funciones represivas, contrarias a la Constitución.
Tampoco hay ninguna justificación de la existencia de un numeroso grupo de personas, todos ellos en camiseta, todos ellos también con una peculiar forma de corte de cabello que están impidiendo el libre acceso a este recinto.
Hace apenas unos minutos el diputado González Avelar, quien merece todo mi respeto, ironizaba sobre mi santa indignación ante el hecho de que nos sentíamos secuestrados y aislados del pueblo. ¿Cómo explican ustedes que hace apenas unos segundos, cuando varios diputados, entre ellos uno del PAN, intentaba entrar a este recinto por la puerta principal, fue obstaculizado, bloqueado y con gran dificultad pudo acceder aquí? ¿Cómo explican que las puertas de acceso estén bloqueadas con trabas de madera que impiden
el libre movimiento de quienes estamos en este recinto? ¿Cómo explican que tuve que insistir varias veces y a voces para que se abriera el acceso al recinto de quien es su titular, es decir, un servidor de ustedes junto con otros 500 diputados federales?
¡Es inaceptable! ¡ No voy a continuar! ¡ Es inaceptable que su pretexto de presunciones no probadas, de que tales o cuales ciudadanos están incurriendo en tales o cuales actitudes, se nos intente convertir a los legisladores de oposición, en pleno recinto de la Cámara de Diputados, en rehenes de nuestro propio recinto, se nos obstaculice el acceso al recinto, se introduzca personal que evidentemente cumple funciones de represión y de coacción y no podemos por ningún motivo aceptar este tipo de hechos! ¡Convalidarlos, aceptarlos o simplemente guardar silencio ante una votación de garantías y del fuero constitucional de esta magnitud, significa aceptar que se instaure un régimen policiaco represivo y autoritario en el recinto mismo de la Cámara de Diputados, que debiera ser expresión de la libertad y de la democracia!
¡Podrán imponer la mayoría!, ¡lo han hecho! ¡pero no podrán quitarnos la palabra, no podrán quitarnos los derechos ciudadanos que tenemos!, y, ¡no podrán anular nuestra capacidad de indignación ante las injusticias y atropellos que se cometen!, ¡esos derechos históricos son irrenunciables!
En consecuencia, ¡exigimos el desalojo de esos individuos del interior del recinto y de fuera de este recinto!, ¡exigimos el cese de la coacción física, moral y sicológica contra los diputados de oposición!, ¡que se abran las puertas de este recinto!, ¡que se restablezca la libre circulación de diputados y de personal de apoyo a los diputados en este recinto y que se ejecute precisamente lo que establece la Constitución, la Ley Orgánica y el Reglamento, en el sentido de las garantías que debe haber en el desarrollo de las sesiones, para que nuestros derechos sean respetados! Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado Jorge Calderón.
Tiene el uso de la palabra el diputado Rafael Fernández Tomás, para rectificar hechos hasta por cinco minutos.
El diputado Rafael Fernández Tomás:
Compañeras y compañeros diputados:
Llevamos un buen tiempo de la sesión discutiendo sobre el problema de un grupo de trabajadores que están en la puerta de este Palacio Legislativo, Se ha leído por parte del Presidente, el Reglamento Interior del Congreso y ante la discrepancia con esa decisión, se ha escuchado con el debido respeto una propuesta hecha por un diputado y ha sido sometida con la atención y consideración de todos a votación nominal. Y el resultado de la votación nominal es de que en este momento no procede en la Cámara que entren todos los integrantes y escúchenme bien, que entren todas las personas que están afuera, porque la Presidencia ha planteado que puede entrar una Comisión y yo me pregunto, para que no que de el mal sabor de boca de que en esta Cámara se está impidiendo la entrada al pueblo. Yo respeto al compañero que me antecedió en la palabra, yo he estado con otros diputados, vengo del comedor, estamos circulando por todas partes, estaba allá afuera y nadie me ha obstaculizado mi labor, lo lamento si alguien lo hizo con él, él tiene mi respeto en ese sentido.
Pero no voy a eso, no voy a eso, soy del PRI compañeros y a mucha satisfacción, y yo lo que nunca será pues sería traicionar a mis antepasados sería panista pero compañeros, me quedan tres minutos...
El Presidente:
Compañero diputado...
El diputado Rafael Fernández Tomás:
Perdón señor Presidente, ordene usted a la Asamblea orden y silencio para escuchar con atención al orador.
Miren compañeros, yo quiero decir que me digan ¿en qué parlamento del mundo pueden llegar 400 o 500 gentes de inmediato a entrar a las galerías?, que me digan en qué lugar.
El Presidente:
No se permiten, diálogos ni gritos.
El diputado Rafael Fernández Tomás:
Yo planteo aquí simplemente que estoy en contra de la idea de que la mayoría priísta de la Cámara , estamos planteando aquí que se le
niegue la entrada al pueblo, aquí han venido en el curso del tiempo que yo llevo de diputado, muchísimas comisiones y han ocupado las galerías mucha gente, ahora hay una diferencia entre las otras delegaciones de petroleros, de transitores, de gente del Inmecafé, siempre que han venido; a un grupo que viene encabezado de entrada, por un señor que no tiene la cara visible, con un señor que no sabemos ni quién es, con una persona que hace muchos días o un mes que entró a la Asamblea de Representantes con la reprobación del propio PRD y con mariachis celebró su cumpleaños en las tribunas, esto no es un circo, esta es la Asamblea, esta es la casa del pueblo y somos los representantes populares quiérase o no.
Por lo tanto, pedí subir a la tribuna por una razón, aquí están los compañeros de los medios de comunicación, aquí no se está impidiendo que nadie entre a la Cámara, el Presidente propuso que entre una Comisión y la estaban apoyando como lo hemos hecho con todos los grupos que han venido, en base a un grupo que ya sabemos lo que escenificó en Donceles, a un grupo encabezado por un señor que no sabemos ni quién es porque trae máscara, le vamos a permitir hacer el circo aquí en la Cámara de Diputados, estoy en contra, pero no estamos en contra de que entre el pueblo aquí, porque al pueblo lo hemos visto muchas veces en las tribunas y eso lo sabemos compañeros.
El Presidente:
Gracias Diputado Rafael Fernández Tomás.
Tiene el uso de la Palabra el diputado Martín del Campo, del PRD para rectificar hechos. Por cinco minutos.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda:
No queremos los miembros del PRD que se desvíe el tema, simplemente quiero recordar que el artículo 28 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos dice, en el 34, perdón, "que el Presidente de la mesa directiva hará respetar el fuero constitucional de los miembros de la Cámara y velará por la inviolabilidad del recinto parlamentario".
Hay un diputado que plantea que no hay posibilidades, por lo menos para algunos en lo particular, el lo dijo, el diputado Jorge Calderón miembro de mi partido, que no hay condiciones de tránsito libre, no sólo para ciudadanos que quieren entrar, sino también para diputados. Ciertamente incluso es evidente que están cerradas algunas puertas fuera del uso que hemos tenido y custodiadas por miembros de seguridad, sin que haya mediado la petición a la que lo autoriza la fracción G del artículo 34 de la misma Ley Orgánica que dice. "que el Presidente puede solicitar el auxilio de la fuerza pública en los términos que establece el artículo 12 de esta Ley, términos que no se cumplen, el Presidente no ha solicitado, entendemos formalmente, el auxilio de la fuerza pública.
Por otra parte, con base en el artículo 28 del Reglamento, ésta es una sesión ordinaria pública, pueden acceder personas del público, ciudadanos que cumplan lo previsto aquí, no se ha ejecutado, se está tardando demasiado en protesta porque se está deliberadamente retrasando la posibilidad de acceso de la ciudadanía, los diputados del Partido de la Revolución Democrática, subimos a esta Tribuna en protesta hasta que se dé cumplimiento dentro del Reglamento y la Ley Orgánica al acceso al público conforme lo prevé y que se abran las puertas conforme está establecido reglamentariamente y queremos que se dé cumplimiento a eso y en protesta hasta que se dé cumplimiento a lo previsto por el Reglamento y la Ley Orgánica, que el Presidente gire las instrucciones necesarias, mientras tanto, permaneceremos aquí hasta que se dé cumplimiento a esto que prevé la Ley.
RECESO
El Presidente:
(A las 16.35 horas) Esta Presidencia informa, que en virtud de que las condiciones que han creado algunos diputados impidiendo a los demás el ejercicio de sus funciones en este Recinto, esta Presidencia, en uso de las facultades que le confiere el artículo 34 de la Ley Orgánica y las fracciones II, III, VI Y VIII del artículo 21 y 210 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ordena un receso para continuar la sesión de inmediato, en el salón de legisladores de este mismo Recinto.
SALÓN LEGISLADORES DE LA REPÚBLICA DEL RECINTO LEGISLATIVO
El Presidente:
(A las 16:53 horas) Se reanuda la sesión. Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Tovar
Montañez, del Partido Popular Socialista, para continuar con el punto de la moción suspensiva.
El diputado Luis Beauregard Rivas (desde su curul):
Pido la palabra para rectificar hechos, señor Presidente.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos, el compañero diputado Luis Beauregard.
El diputado Luis Alberto Beauregard Rivas:
Compañeros diputados, legisladores de la Nación.
Discúlpenme ustedes si mis palabras son atropelladas, si esta molestia tan grande, esta irritación que siento, me atropella en el uso de la palabra, pero he pedido el uso de ella para que juntos hagamos una reflexión sobre lo que acaba de suceder hace unos minutos en el salón de plenos de esta digna Cámara, de representantes de la Nación, que somos nosotros, los diputados mexicanos.
De repente me pareció ver la LIV Legislatura. Escenas bochornosas para quienes queremos que este país camine y transite por los caminos de la civilidad, del entendimiento democrático y político. En los momentos en que hay propuestas diversas para avanzar en el orden político electoral, nos toman como rehenes, nos hacen sentir ilegítimos y proceden de una manera que tiene un nombre que es fascismo corriente.
No es posible señores diputados de la Nación, que aceptemos estas prácticas que son absolutamente antiparlamentarias, son contra el Reglamento y conculcan los derechos de nosotros y juntos con nosotros, de cientos de miles de ciudadanos mexicanos que nos eligieron libre, democrática y legítimamente.
Yo estoy muy molesto, compañeros. Yo celebro que estén aquí los panistas, celebro que estén aquí los representantes del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, celebro que estén aquí los representantes del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y espero que los compañeros del Partido Popular Socialista también vengan aquí, a demostrar en los hechos, su apego a la democracia porque no es posible validar esas actitudes fundamentalmente antidemocráticas.
Yo quiero que me diga alguien de ese grupo que se ha quedado allá abajo, dónde está la razón moral, la razón política, la razón, parlamentaria para interrumpir un procedimiento legislativo como el que estábamos llevando a cabo.
¿Hay alguna?, ¿de qué orden?, que lo expongan. Esa es la fuerza de los enemigos de un proceso legislativo; no podemos estar en contra o a favor de ese proceso legislativo que se cumplió puntualmente de acuerdo a nuestro Reglamento; que estábase discutiendo una moción suspensiva como lo prevé el Reglamento; que argumentan mentes calenturientas, el ataque al fuero de un diputado; que a alguna de esas personas sólo le falta un gorro frigio para encarnar a la democracia cautiva.
No es posible, señores diputados, que aceptemos eso. Vamos a seguir construyendo la democracia mexicana en el disenso y en el consenso. Esa es la democracia. ¿Qué es lo que dicen que la democracia es? Es el debate cotidiano; es la Nación siempre puesta en la discusión.
Vamos a hacerlo con lo que dan nuestras leyes. Si las leyes no nos gustan, decía Zarco, si las leyes no son las adecuadas, vamos a buscar cambiarlas, pero manteniendo la estabilidad y la paz social. No buscando esas provocaciones deliberadas, que a todos nos irritan y nos hacen sentir que estamos retrocediendo en lugar de estar avanzando.
Yo les pido, les dejo esa reflexión, les pido a todos y cada uno de ustedes, que mantengamos la serenidad, que sepamos que tenemos la razón y que contra la fuerza, la fuerza nunca prosperará en este país. Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Calderón Hinojosa, del partido Acción Nacional, Hasta por cinco minutos.
El diputado Juan Luis Calderón Hinojosa:
Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados hacinados en este recinto:
Yo quiero nada más rectificar al diputado Beauregard que no celebre que estemos aquí no nos
venimos con ustedes, el Presidente ordenó continuar la sesión en este salón y si en algo ha sido respetuoso Acción Nacional, entre todo lo que respeta, ha sido del orden.
No estamos de acuerdo en que con actitudes intransigentes auspiciadas en el apego reglamentario, en el respecto reglamentario, se de ese que usted dijo democracia en la concertación, en la discusión cotidiana. Los señores que están allá abajo y en todo el recinto, parados en las escaleras con escobas y trapeadores, no son precisamente trabajadores de intendencia de esta Cámara, no saben agarrar la escoba; tampoco el señor que estaba parado junto al elevador allá abajo, con un tubo de fierro galvanizado recargado junto a la puerta del elevador.
A eso es a lo que hablamos de respeto, de tolerancia, de democracia, de apego a la justicia.
Estamos aquí precisamente en representación, sí, del mandato de los ciudadanos que han votado, estoy cierto que por el PAN completamente convencidos; estoy muy en duda de la mayoría de los votos que votaron por su partido. Pero aquí estamos dispuestos a discutir y a llegar a acuerdos que de veras colaboren al desarrollo del país.
Si hemos de despachar aquí hacinados, lo vamos a hacer, no nos preocupa, la comodidad no es una norma que nos exija poder trabajar, pero tampoco salgamos con que estamos en contra de actitudes de mentes calenturientas que se quedaron allá abajo.
Si ese es el respeto, diputado, que usted le tiene a los que se quedaron allá abajo y ese es el respeto que la mayoría tiene por lo que disienten con ella no avanzaremos a ningún lado.
MOCIÓN SUSPENSIVA
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado José Miguel Castro Carrillo, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en contra de la moción.
El diputado José Miguel Castro Carrillo:
Con su venia, señor Presidente.
Subo a esta tribuna para reencauzar el tema, toda vez que lo que nos ocupa es una moción suspensiva y, considerando que se determinó turnar todo lo correspondiente al pleno de esta soberanía y con los cual se cubre el requisito formal que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General.
Por otra parte, los integrantes de las comisiones mencionadas, la mayoría hemos firmado el consentimiento del dictamen que sometemos a su consideración y con ello también cubrimos el aspecto del artículo 88 del Reglamento.
Consideramos que no se puede aducir cabal desconocimiento de la iniciativa de que se trata, ya que como lo explicó ampliamente mi compañero Díaz Infante, se realizaron foros en el Distrito Federal.
Podemos abundar sobre este tema tan discutido y tan conocido en el Distrito Federal, a sabiendas de que hace muy poco, como lo reitero, hubo foros de consulta por el cual no es motivo de desconocimiento ni mucho menos un paso drástico de una filosofía a otra, que dejan desprotegidos o desamparados a las clases más débiles, quienes siguen significado para nosotros y para el Gobierno de la República la mayor preocupación.
En nuestra calidad de responsables de la legislación federal, debemos estar conscientes de que no por supuestos infundados en que se pretende apoyar la moción suspensiva, vamos a detenernos en nuestra función de legislar, de dictar las normas que la sociedad mexicana requiere.
Compañeros diputados, considero que éste es un momento de gran trascendencia y sobre todo para hacer una reflexión de reactivar la economía, no solamente en el Distrito Federal, sino a nivel nacional; por esas razones y conforme al Reglamento, solicito de esta honorable Asamblea, que se deseche la infundada moción suspensiva. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado Castro Carrillo. Tiene el uso de la palabra el diputado Demetrio Santiago Torres, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; para hablar en pro.
El diputado Demetrio Santiago Torres:
Con el permiso de la Presidencia.
Hago uso de esta tribuna porque consideramos que es necesario profundizar la discusión sobre
el proyecto de decreto de que se trata. Sabemos que no es posible sacar adelante una iniciativa en un corto plazo y lo digo porque consideramos que a muchas propuestas que debemos discutir en comisiones, debería abrirse un espacio suficiente y de esta manera pudiéramos contemplar algunas propuestas que tenemos, como fracción del Partido del Frente Cardenista, porque la Ley así como está, nos daría una serie de problemas que quisiera dar a conocer a ustedes.
Si tomamos en cuenta que existe un grave problema de vivienda que no ha podido ser solucionado y que existe un gran número de desalojos, 27.1 en promedio diarios. Ahora se promueve desde nuestro punto de vista y es de aprobarse esta iniciativa, un desalojo masivo, que estoy seguro supera las cantidades que hasta hoy se vienen realizando y, si no se da oportunidad, no solamente a la fracción del Partido del Frente Cardenista, sino a todos los representantes de los trabajadores, que son los que viven como arrendadores de inmuebles, definitivamente considero que en un corto plazo estaríamos discutiendo una reforma a lo que se pudiera aprobar en este proyecto de decreto.
No es posible que no se dé oportunidad, aunque se argumente lo contrario, de que se defiendan los intereses de los inquilinos y no es posible también que en menos de 30 horas se pueda aprobar un dictamen. Entonces, consideramos que se debe reflexionar para decidir acerca de la moción suspensiva. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias diputado Santiago Torres.
Tiene el uso de la palabra el diputado Guillermo Flores, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro...
No encontrándose, vamos a darle turno al siguiente orador. Tiene el uso de la palabra Mario Vargas, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en contra de la moción suspensiva.
El diputado Mario Vargas Aguiar:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Los mexicanos hemos discutido desde hace mucho tiempo el problema de la vivienda, lo realizamos con distintos métodos, en diferentes foros y en diversas instancias.
Se han sacado de este debate distintas conclusiones, pero todas ellas coinciden en que es necesario resolver el problema de la vivienda en México de una manera urgente.
Para eso es imperioso legislar respecto de esta materia, ya que una de las demandas de mayor sustento es la de poder tener una vivienda digna y decorosa.
La Constitución prevé como un derecho fundamental de todos los mexicanos el tema que hoy nos ocupa, sin embargo, conjuntamente con los esfuerzos que el Gobierno Federal realiza en materia de vivienda, se debe motivar e impulsar la participación de la sociedad para poder desterrar todos aquellos vicios y diques que frenen el acceso a la vivienda y poder aumentar las posibilidades de los grupos más necesitados de ella.
Los diputados que formamos parte de la Comisión de Vivienda, podemos constatar los resultados positivos del enorme beneficio de las acciones del Gobierno en esta materia, pero del mismo modo podemos estar de acuerdo en que resulta de primera importancia redoblar esfuerzos para la solución cabal del problema, ya que estamos en esta Comisión por un interés sobre el tema y por eso somos partícipe de él.
Debemos decir que el problema no es sólo crear las condiciones necesarias y suficientes para ampliar el acceso a la vivienda propia, sino también la creación de vivienda en arrendamiento con el propósito de salvar la demanda cada vez más creciente de esta modalidad en todo el país y en especial en las grandes concentraciones humanas y con mayor acentuación en el Distrito Federal, donde se observa una considerable disminución en la oferta de esta necesidad.
Las razones de este decremento las podemos encontrar desde la escasez de tierra para vivienda hasta la inoperatividad de las reformas al código de la materia, realizadas en 1985 para tutelar los intereses de grupos sociales desprotegidos y que hoy, lejos de cumplir sus objetivos, han jugado un papel contrario al que se esperaba.
Dicho decremento también ha provocado, a pesar de las limitaciones legales existentes, que las rentas observaran un incremento real al no existir correspondencia entre la demanda y la oferta. Todo ello ha propiciado un grado importante de incertidumbre que no alienta la construcción de vivienda en arrendamiento, ni protege los intereses de las partes involucradas, además este incremento de las rentas, afecta
directamente al índice nacional de precios al consumidor.
Las leyes, compañeras y compañeros diputados, para cumplir los cometidos para lo que fueron creadas, que en este caso fue para proteger a determinados grupos, deben sustentarse en la realidad, para no quedar rezagadas y por consecuencia tener un efecto contrario para el que fueron creadas.
En materia de arrendamiento, tenemos procedimientos para dirimir conflictos entre arrendatarios y arrendadores totalmente anacrónicos.
Adicionalmente, todos estos problemas provocan que los propietarios pongan poco interés en remodelar o dar un mantenimiento constante a los inmuebles, afectando la seguridad de quienes los habitan.
En cuanto a los arrendatarios, cuando se trata de exigir las reparaciones requeridas a los inmuebles, no encuentran los medios por los cuales hacer cumplir a los arrendadores con el mantenimiento adecuado a las viviendas.
La iniciativa por la que hoy se pide moción suspensiva, tiene antecedentes en la presente legislatura, de tal manera que no es algo nuevo para nosotros. Por ejemplo, hemos conocido reformas al artículo 27 constitucional, a la legislación en materia de condominios, emitimos decreto sobre rentas congeladas y se han organizado foros, con amplios debates, sobre la vivienda en el Distrito Federal.
De no legislar a tiempo y no adecuar la normatividad vigente al respecto, tanto en su carácter sustantivo como adjetivo, propiciaría consecuencias negativas en materia de vivienda en arrendamiento; limitaría las oportunidades para la creciente demanda; inhibiría las inversiones para arrendamiento, limitando la oferta disponible, ya que la inversión se orientará hacia la construcción de sustitutos, como condominios, la conversión de las viviendas al régimen condominial y ciertamente se ocasionaría incrementos en las rentas.
Por todas estas razones, compañeras y compañeros diputados, creemos que sería un grave error dejar de abordar este problema tan complicado y exigente de una pronta resolución de esta soberanía.
A partir de que recibimos la iniciativa, se han organizado reuniones en el seno de la Comisión para tratar el tema y el dictamen se presenta en los términos del artículo 87 de nuestro Reglamento Interior, por lo que rechazamos la moción suspensiva que se propone, en el sentido de posponer esta importantísima discusión. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente:
Gracias diputado Vargas.
Para rectificar hechos tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Terrazas Guerrero, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, por cinco minutos, compañero diputado.
El diputado Manuel Terrazas Guerrero:
Bueno, está descompuesto el reloj vamos a calcular el tiempo, no hay otra. Estimados compañeros: Nosotros hemos pedido la palabra para hechos, para tratar de hacer una reflexión e invitar e invitarnos todos a esa reflexión.
Antes quisiera decir que hemos presenciado un episodio, un episodio más, álgido, difícil, complicado, lleno de incidentes inadmisibles, lamentables, hace un momento.
Pensamos que todos estamos en la obligación de hacer nuestro propio balance de lo que ha ocurrido. Nosotros lo vamos a hacer.
Actuamos frente a ese episodio con plena conciencia, convencidos de nuestra actitud y que era en interés del papel de los diputados y de la Cámara sostener y apoyar la decisión del Presidente de la misma, apegada a derecho legislativo, apegada a la Ley Orgánica, apegada al Reglamento.
Estamos convencidos de que aquí, en efecto, no se trataba de impedir la entrada, ni temor, ni miedo a debatir abiertamente nuestro puntos de vista sobre un proyecto de Ley, sino que se trataba de asegurar las condiciones para que la Cámara pudiera discutir, de eso se trataba.
Hay puntos del Reglamento, hay puntos de la Ley Orgánica, inclusive lo tan debatido, que fue lo relativo a las galerías, respecto a lo cual es muy claro lo que dice el artículo 205. El Presidente tenía la obligación de cuidar precisamente el que la Cámara pudiera funcionar como debiera ser para debatir y decidir un proyecto de Ley y sobre todo una moción suspensiva y también en lo que se refiere a las atribuciones
del Presidente, muy explicable la falta de experiencia.
Nosotros no justificamos ninguna falla en la conducción, pero nos lo explicamos y lo fundamental es si el Presidente actuó con el punto esencial, decisivo que permitiera precisamente el que se cumpliera el Reglamento y la Ley Orgánica. De eso estamos convencidos plena y totalmente.
No obstante estamos en contra del proyecto y convencidos de que este es un proyecto negativo para los intereses populares. Convencidos además de que la moción suspensiva es justa y a eso queremos referirnos.
Si vamos al fondo del asunto votaríamos por la moción suspensiva, en aras no de presiones, en aras de la importancia de la Ley. Yo quiero decir que este proyecto de Ley puede ser comparado a otros por su significación y su importancia, que han llevado a esta Cámara de Diputados a discutir ampliamente.
Yo creo que hay que hacer a un lado aquello de que hay urgencia para legislar en un problema tan importante como es el de la vivienda; hay que dejar a un lado aquello de qué cómo vamos a admitir que se detenga una acción de la Cámara, si es necesario por el contenido, por la esencia del proyecto reflexionar más, pensarlo más, discutirlo, hay que hacerlo.
Nosotros decimos, esta Ley tiene gravísimas contradicciones. Hay que pensar de que no se trata de poner en el mismo plano la equidad que no ha existido nunca por otra parte entre arrendatarios y arrendadores. El espíritu de la Ley, compañeras y compañeros, está en este sentido, de que es necesario considerar de los arrendadores, nada menos que los inquilinos que sufren todo lo que es una legislación que favorece al arrendatario, tiene gravísimos problemas.
¿Qué acaso no es éste un motivo importante para reflexionar? ¿Qué acaso no debemos de reflexionar que el proyecto de Ley no ataca precisamente lo que debe atacarse, como impulsar que se invierta en viviendas de arrendamiento cuando no existe una Ley inquilinaria, cuando la Ley inquilinaria es injusta, es obsoleta?
Hace muchísimos años, desde los tiempos de la huelga inquilinaria en 1923, se motivó un movimiento muy poderoso. Es que hay que considerar realmente si de esto se trata y de la Ley y el proyecto de Ley no ataca, no va a permitir inversiones para construir viviendas de arrendamiento porque hay que buscarles. ¿Qué acaso la única medida es acortar los plazos? ¿La única medida es restar derecho a los inquilinos? ¿La única medida es que el inversor, que el propietario, que el casateniente que quiere invertir en viviendas de arrendamientos es ésta? ¿No acaso hay otras medidas para estimular, para impulsar la inversión en viviendas de arrendamiento?
Este es un problema que nos debe llevar a reflexionar para votar la moción suspensiva. Nosotros proponemos que se vote la moción suspensiva.
Y por otra parte, ¿cómo es posible, de aquí nuestro llamamiento, cómo es posible poner al arrendador como víctima? ¿Cómo es posible que el sentido de la Ley, que aprobemos una Ley en donde aparece el arrendador como la víctima de una legislación injusta? ¿Cómo es posible, conociendo toda la historia del inquilinato en nuestro país?
Por eso nosotros decimos, ese es el fondo de la cuestión. Ese es el problema. Si la Ley tiene mucha importancia social, tiene un profundo significado social, la cuestión vamos dándole más tiempo a la discusión y vamos a buscar consensos, vamos a darle su derecho al arrendador y vamos a defender los derechos del arrendatario frente a un problema que es uno de los grandes problemas sociales; vamos a enfrentarlo con una Ley que no ha sido suficientemente discutida, este es el problema principal y a eso llamamos. Estamos pues por estas razones, porque aprobemos la moción suspensiva, para incluso buscando la manera correcta, adecuada, para que en uno o dos días examinemos, confrontemos puntos de vista. Yo quiero decir que esta opinión no es desde ahora, yo voté en contra del dictamen en cuanto a la Comisión del Distrito Federal y estoy profundamente convencido y yo de ninguna manera estoy dispuesto a comprometer el voto de la Cámara de Diputados y el voto de mi fracción parlamentaria y el voto personal, por una Ley que es injusta, que es incorrecta y que va a traer más graves problemas, incluso que los que trajeron las modificaciones al Código Civil anteriormente, cuando se buscó esa salida, para evitar el de aprobar una Ley Inquilinaria.
Sé que los tiempos ya no están para un Ley inquilinaria, hay que estar conscientes de eso, porque la Cámara no estaría de acuerdo en una Ley inquilinaria en donde tendría de acuerdo en una Ley inquilinaria en donde tendría que defender frente al casateniente, los intereses de los inquilinos y éste sí es un problema real. Muchas gracias por su benevolencia para escuchar estos puntos de vista.
El Presidente:
Gracias, diputado Manuel Terrazas.
En virtud de que se ha agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, si se admite o se desecha la moción suspensiva.
El secretario Luis Moreno Bustamante:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se acepta o se desecha la moción suspensiva, presentada por la diputada Patricia Ruiz Anchando.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIAL FEDERAL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR (II)
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Manuel Jiménez Guzmán, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Manuel Jiménez Guzmán:
Con su venia, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Tengo la responsabilidad de presentar ante ustedes un documento serio, sustentado en el debate interno de la Comisión de Vivienda que nos sirvió para fundamentar el dictamen a favor de la iniciativa que fue turnada por la Secretaría en materia de arrendamiento en el Distrito Federal, en el Código Civil de Procedimientos Civiles y Ley Federal de Protección al Consumidor, que el señor Presidente de la República, licenciado Carlos Salinas de Gortari hiciera llegar a esta honorable representación .
La Comisión, con opinión de la del Distrito Federal, discutió la iniciativa, sesionamos de manera permanente, realizamos tres reuniones de trabajo; se expusieron puntos de vista, algunos siempre respetables y otros coincidentes; algunos, divergentes y con razones, expusieron los miembros de otros partidos políticos que no aprobaron la iniciativa, sus razones que el dictamen entiende y transcribe de manera textual.
Al fundamentar el dictamen y antes que nada, desea esta Presidencia de la Comisión de Vivienda hacer un reconocimiento a los miembros de la Comisión de Vivienda de los seis partidos políticos por su innegable responsabilidad, por su esfuerzo sin procedente, por su trabajo realizado.
Los aspectos generales de la iniciativa se centran en la demanda social de la población en torno a la necesidad de contar con una vivienda digna y decorosa, como lo consagra el artículo 4o. constitucional.
Es indudable que en los últimos años ha existido un esfuerzo importante en esta materia. El Infonavit, Fonhapo, Fividesu, Ficarpo, Fovissste, han realizado en el país y en la capital de la República, tareas importantes de carácter habitacional. Se han sumado los gobiernos de las entidades federativas, la banca comercial y las instituciones de Banca de Desarrollo. Entre 1989 y 1992, se construyeron más de 700 mil viviendas. El compromiso hoy es construir 320 mil viviendas nuevas durante el presente año y 32 mil viviendas es decir 10% en el Distrito Federal, reportándose en avance del 70% en estos programas de enormes dimensiones del país.
La instrumentación de lo anterior, se fundamentó en la desregulación de los costos indirectos de vivienda, en el mejoramiento de los servicios financieros, en el incremento de la oferta del suelo para vivienda, en el mejoramiento de la producción y distribución de insumos para vivienda y en la ampliación de ofertas de vivienda en arrendamiento.
El 19 de octubre de 1992 se anuncia el Programa Especial de Fomento y Desregulación de Fomento de la Vivienda en la República Mexicana; se regulariza y dota de títulos de propiedad, a más de 1 millón de habitantes en la República Mexicana. Sin embargo, es incuestionable que hay que generar nuevos instrumentos, no sólo para un mayor acceso a vivienda propia, sino también para impulsar vivienda en arrendamiento, en lo particular en las grandes ciudades y en el Distrito Federal.
Nos enfrentamos, debemos reconocerlo, en condiciones de escasez de tierra, anacronismo de criterios normativos, trámites engorrosos, cargas que imponen regulaciones contempladas en circunstancias que no son las de nuestra actualidad.
La insuficiente oferta de vivienda en arrendamiento, ha ocasionado no solo la escasez de este bien, sino también la presión hacia el alza de los precios de alquiler. Baste señalar como ejemplo señoras y señores, que hay cuartos de azotea en donde el inquilino paga hasta 500 nuevos pesos.
A lo anterior se suma la incertidumbre - jurídica, lo que ha desalentado la vivienda en arrendamiento y desprotegido los derechos de los arrendatarios. Hay un efecto inhibitorio en las inversiones en arrendamiento en la ciudad de México, adicionalmente hay reglas actuales en donde es muy difícil para un arrendatario exigir y hacer cumplir las reparaciones de los inmuebles que corresponden al arrendador.
La participación del Estado en la producción de vivienda en arrendamiento, ha consistido en mantener el otorgamiento de financiamiento suficiente y oportuno para la producción de vivienda en esta modalidad. Sin embargo, los promotores privados y sociales no muestran ningún interés en esta materia. Hay que señalar por ejemplo, en los últimos 15 meses, no se ha solicitado crédito alguno en esta materia en el Distrito Federal, es hasta la información censal.
En resúmen podemos dar algunas cifras que convencen de manera definitiva: la oferta de vivienda en arrendamiento ha disminuido de manera reciente en términos absolutos en un 37% en 1980 y cayó en 1990 a 459 mil unidades.
En términos relativos la vivienda en arrendamiento también ha disminuido, de un 41.7% para 1980, pasó a un 25.6% en 1990. La vivienda en propiedad en el Distrito Federal, ha presentado en contra un crecimiento tanto en términos absolutos como en términos relativos, porque lo anterior se atribuye entre otros muchos factores, a la inseguridad que representa para los inversionistas de vivienda en renta, este tipo de modalidad.
En un estudio comparado puede concluirse que a diferencia de lo anterior, la participación de la vivienda en arrendamiento dentro del total del inventario en países como España, Alemania, República Dominicana, Japón y Nigeria, entre otros, es inclusive superior al 60%.
Sabemos que el incremento del alquiler de vivienda, de 1987 a la fecha, ha sido 2.7 veces mayor que el de los precios al consumidor en la Ciudad de México. La evolución de los precios de renta ha estado por arriba del incremento a los salarios mínimos del Distrito Federal. Esto es, el incremento de alquiler en vivienda, de 1987 a la fecha, ha sido 4.9 veces mayor que el de los salarios mínimos y 6.1 veces mayor que el 85% del crecimiento del salario mínimo mensual. Es decir, en cuanto al crecimiento de los precios de los alquileres, se puede afirmar que estos sólo podrán ser acordes a los demás bienes de la economía en el ámbito de una oferta suficiente de vivienda para arrendamiento.
De lo anterior se desprenden, en síntesis, 15 puntos básicos:
Primero. Se espera que una parte de los inversionistas que actualmente están construyendo vivienda terminada en propiedad, opten por construir en arrendamiento.
Segundo. Se prevé que los promotores de vivienda inicien la construcción de casas - habitación para este mercado en un plazo de seis a 12 meses.
Tercer. Los inversionistas que desean instrumentar esquemas de renta con opción a compra, sobre todo para sus trabajadores, ahora podrán hacerlo con mayor confianza, dado que en caso de controversias, podrán encontrar un proceso judicial que determine lo que conforme a derecho corresponda en un marco de justicia expedita.
Cuarto. La mejor protección para el arrendatario, además de sus derechos en la materia, es incrementar la oferta y así disminuir la carga que representa el costo del arrendamiento para el salario.
Quinto. La protección de los derechos del arrendatario, es necesaria e irrenunciable como derecho social; igualmente importante la certidumbre y la promoción de inversiones que incrementa la oferta. Es decir, el balance, el equilibrio entre ambos factores, es factor indispensable. La mejor protección para el inquilino, es incrementar la oferta y disminuir los costos y por lo tanto, la renta de alquileres.
Sexto. Se salvaguardan los derechos e intereses del inquilino: Seguridad, higiene y salud de las viviendas, derecho a sucesores, derechos sociales del arrendatario; no se trastocan las garantías del individuo.
Séptimo. Se impiden prácticas en perjuicio de los arrendatarios como la suscripción de títulos de créditos en blanco, que son aceptados por el arrendatario y avalados por el mismo fiador.
Ocho. Una oferta abundante representa una mayor diversificación en las opciones abiertas al arrendatario y en el mediano y largo plazo, el abatimiento de los costos reales para beneficiar a los habitantes de la ciudad capital.
Nueve. La reforma que discutimos, no es una reforma aislada, forma parte de una estrategia de política económica y social; representa un paso más en el proceso que se ha iniciado en materia de descongelamiento de rentas, Ley de Condominios, Ley de Asentamientos Humanos, que merecieron la representación y el consenso de esta Cámara de Diputados.
Diez. La disponibilidad de vivienda en renta, higiénica, habitable y segura, a costo razonable y en condiciones jurídicas justas y equilibradas, es una necesidad insoslayable de la población, particularmente de la de más bajos ingresos, además de constituir una fuente legítima de ingresos para quienes deciden invertir en ella, producto de su esfuerzo y de su ahorro.
Once. Ahora el arrendatario tendrá la seguridad de contar con un contrato de arrendamiento por escrito, obligación a cargo del arrendador.
Doce. Habrá libertad de definir contratos de arrendamiento por períodos menores de un año, protegiendo al inquilino contra la obligación de contraer compromisos no menores a un año oneroso contra su voluntad, lo que beneficiará a trabajadores migratorios temporales y ciudadanos que se ven obligados a permanecer temporadas cortas en el Distrito Federal...
El diputado Manuel Terrazas Guerrero (desde su curul):
Señor Presidente, pregunte al orador si acepta una interpelación, por favor.
El Presidente:
Diputado Manuel Jiménez: ¿Acepta usted una interpelación?
El diputado Manuel Jiménez Guzmán:
Con todo gusto, estimado compañero Manuel Terrazas. Será con mucho gusto el que yo se la acepté compañero.
El diputado Manuel Terrazas Guerrero (desde su curul):
Usted ha hablado, no compañero, del proyecto como parte de una estrategia económica y social. Yo le preguntaría a usted: ¿No formaría parte de una estrategia política, económica y social la aprobación de una Ley nacional inquilinaria que se ha venido posponiendo?
Segunda pregunta: ¿De ser negativa su respuesta, yo le pediría que sucintamente nos dijera por qué ahora no conviene, no es indispensable, una Ley Nacional Inquilinaria y una Ley por supuesto para el Distrito Federal?
Gracias, por su respuesta.
El diputado Manuel Jiménez Guzmán:
Tema a debate y discusión durante muchos años en la República Mexicana, en lo que nos hemos interesado en el problema de la vivienda nacional y en el Distrito Federal, ha sido el que plantea mi estimado compañero y amigo Manuel Terrazas.
Quiero señalarle que el PRI no está cerrado a su discusión. Que el Partido, si a eso usted argumentaba como propuesta de mi partido y no como Presidente de la Comisión de vivienda, no está cerrada a sus discusión, como tampoco la Comisión de Vivienda, como Presidente y de manera imparcial puedo señalar que no estamos cerrados a su discusión.
Pero sí es importante hacer énfasis, estimados compañeros, en que México cambia y el derecho, las Leyes, tienen que cambiar con él. El país, en vertiginosa transformación y el mundo que vivimos, tiene que adecuar sus leyes a circunstancias nuevas y a retos y desafíos diferentes.
Yo observo, estimado compañero Manuel Terrazas, que la discusión está abierta y no está concluida. Pero afirmé y sostenemos en el dictamen, que forma parte de una estrategia global, porque así la concebimos. No tan sólo durante los últimos años. Desde 1927 y 1917 ya los constituyentes discutían y los trabajadores al servicio del Estado, la inscripción en la Constitución
General de la República del derecho de los trabajadores a una vivienda digna y decorosa.
De 1917 a nuestra fecha, fideicomisos, fondos, organismos, instituciones, se han dedicado al fomento y regulación y desregulación de la vivienda nacional. Hay una síntesis en la historia de la vivienda en nuestro país que arroja enorme riqueza desde que los constituyentes de 1917, como Jara, planteara el derecho de los trabajadores al acceso de la vivienda digna y decorosa.
La sensibilidad del constituyente permanente aprueba, de manera unánime, la inscripción en el 4o. constitucional de este derecho fundamental. Y debo decirle, compañero Manuel Terrazas, que México es de los 40 países en el mundo que tiene inscrito este derecho fundamental en su carta constitucional.
Por eso no es un tema nuevo. Por eso se inscribe en un proceso histórico: el proceso histórico de los mexicanos. Y por eso también afirmamos: se establece en una estrategia global de carácter social y económica del actual régimen constitucional.
Espero haber satisfecho su amable interpelación.
El diputado Manuel Terrazas Guerrero (desde su curul):
Muchas gracias.
El diputado Manuel Jiménez Guzmán:
Catorce. Con las reformas no se trata de favorecer a un sector de la sociedad, se trata de unir esfuerzos y recursos para orientar el ahorro de todos hacia la edificación de más viviendas, en beneficio de demandantes y oferentes.
El arrendatario tendrá el derecho a rescindir el contrato en el caso de que el arrendador incumpla la obligación de mantener el inmueble en condiciones de habitabilidad, higiene y seguridad o por defectos y vicios ocultos en la construcción. De esta manera el arrendatario puede dar por terminado el contrato, sin que se tenga que pagar la renta por el tiempo total del contrato original o bien el arrendatario podrá exigir a cualquier autoridad competente que instruya al arrendador a efectuar las mejoras que requiera en términos de higiene, seguridad y habitabilidad.
Finalmente, queda claro que las reformas no afectan a los inquilinos que hoy en día viven en casas en renta, en sus derechos ya adquiridos. Los artículos transitorios ordenan que las nuevas disposiciones sólo serán aplicables a los contratos que se hagan con posterioridad al entrar en vigor de las reformas y este procedimiento no es aplicable a los juicios que se encuentren en trámite. Las reformas propuestas no tienen carácter retroactivo.
Señoras y señores diputados: la Comisión de Vivienda admitió en su discusión tres reformas y adiciones a la iniciativa del Ejecutivo: en el artículo 2399 del Código Civil; en el artículo 517 del Código de Procedimientos Civiles y en el mismo Código de Procedimientos Civiles al artículo 957.
Compañeras y compañeros: es indudable que para todos los partidos políticos, la vivienda es un tema central y prioritario en nuestro país. Es indudable el interés que tienen todos los partidos políticos en dotar de vivienda digna y decorosa a todos los mexicanos. De ahí que este dictamen se sustente en los razonamientos de todas las ideas, respetables siempre, aunque no siempre coincidentes.
Pensamos finalmente, que trabajar por la vivienda es trabajar por la democracia en un marco de la libertad y la justicia social, democracia como la entiende el artículo 3o. constitucional y libertad y justicia como binomio indivisible, porque libertad sin justicia representa miseria; justicia sin libertad se traduce en tiranía y en opresión.
Compañeras y compañeros: estamos convencidos de que estamos dando un paso verdaderamente importante en materia de vivienda, por eso suscribimos este dictamen y por eso lo Comisión lo sujeta a su aprobación a esta honorable representación nacional. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias diputado Jiménez Guzmán.
En consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular el dictamen.
Previamente se ha inscrito la siguiente lista de oradores:
Los diputados: Jorge Tovar Montañez, del PPS, en contra; Adolfo Kunz Bolaños, del PARM, a favor; Demetrio Santiago Torres, del PFCRN, en contra; Patricia Ruiz Anchando, del PRD, en contra; Fauzi Hamdan Amado, del PAN, para
fijar posición; Raúl Pardo Villafaña, del PRI, a favor; Javier Centeno Ávila, en contra; Guillermo Flores Velasco, del PRD, en contra; Fernando Lerdo de Tejada, del PRI, a favor; Patricia Terrazas Allen, de PAN, para fijar posición y, Juan de Dios Castro Lozano, del PAN, para fijar posición.
En consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Tovar Montañez, del Partido Popular Socialista.
Al no encontrarse pasamos al siguiente orador.
Tiene el uso de la palabra el diputado Adolfo Kunz Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para hablar a favor.
El diputado Adolfo Alfonso Kunz Bolaños:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Resulta difícil tratar una Ley de estas características, porque se refiere a un problema complejo; algunos podrán pensar que me he inscrito a favor por mi actividad profesional y es cierto, me ha permitido conocer el problema durante más de 30 años y también lo conozco por mi actividad gremial, por mi actividad académica y la materia en posgrado en arquitectura de la UNAM y por haber sido inquilino, toda la vida.
Este es un problema complejo y obviamente se requiere valor para presentar una iniciativa de estas características, ya que a simple vista, cuando no se conoce el funcionamiento del mecanismo, aparentemente puede dañar intereses de los inquilinos y esto lo hemos visto con las declaraciones que surgieron al día siguiente de que se distribuyó el dictamen o la iniciativa más bien. Mientras que aquí en la Cámara se pretendía un mayor plazo para analizar la iniciativa, fuera de la Cámara ya se hacía una serie de observaciones catastrofistas, que esto iba a ser desastroso. En este sentido, se habla de que se iba a dañar a 3 millones de habitantes del D. F. desgraciadamente no llega a tal número de inquilinos y posteriormente señalaré con cifras que el margen de conflicto no pasa del 10% de las unidades destinadas al arrendamiento.
Se habló de que se habían perdido las ventajas de 50 años de avances cuando básicamente esta propuesta pretende modificar en lo esencial lo más importante, lo que se reformó en 1985, en una época de crisis donde no importaba la renta, lo que se trataba era evitar un conflicto social a cualquier costo.
Yo recuerdo el debate para descongelar las rentas, cuando se hablaba de descongelar las rentas en los años cincuenta hasta los dueños de cantinas y cabarés lo consideraban una agresión y por ahí tuve oportunidad de leer documentos en ese sentido.
A medida que fue pasando el tiempo y que la relación de causa - efecto se hizo evidente, ya no hubo problema para descongelar las rentas y sólo hubo un voto en contra cuando se aprobó aquí en la Cámara.
Yo los invito a que pensemos más o menos que si esto ya está causando daños y si en este momento no es evidente la relación, aunque sí los daños, tenemos las cifras estadísticas, debemos evitar este proceso de deterioro, porque ya llegó a niveles insostenibles.
En relación al dictamen que ahora discutimos, yo señalaría que de lo único que lo podemos acusar es de su retraso; en el capítulo de Ejecución de Acciones del Plan Nacional de Vivienda 1990 - 1994 y en el inciso 5.1 Acciones de Inducción, ya se hablaba de la adecuación de los códigos civiles y de procedimientos civiles y esto no es presentado hasta 1993, cuando prácticamente queda un año para la terminación del plan.
En este momento yo quisiera transmitirles mi convicción de por qué apoyamos esta iniciativa, que se puede prestar a malas interpretaciones, pero que va al fondo del problema y si menciono, no pretendo convencer a abogados litigantes que defienden a inquilinos o a propietarios, indistintamente y, que han hecho de la corrupción en los tribunales, corrupción que la Ley facilita con una serie de las llamadas "chicanas", un verdadero desprestigio para la profesión de abogados.
Tampoco quiero convencer a los negociantes afines que se han generado con el mercado negro. Cuando una legislación es demasiado rigurosa y esto ya está perfectamente demostrado, mucha gente no participa, simple y sencillamente, de la legislación; actúan al margen de ella.
Y esto es lo que ha generado los grandes conflictos en el arrendamiento: propietarios abusivos, inquilinos vividores que entran a un departamento, no pagan, chicanean, los corren, se meten a otro y así van viviendo gratuitamente, aprovechándose normalmente de arrendadores de buena fe.
Vendedores de información, no sé si alguno de ustedes que vino a vivir a México cayó en la trampa de ir a comprar una lista de departamentos disponibles, que es un verdadero fraude; fiadores pagados, fiadores insolventes que venden la firma sin ningún control, etcétera.
O sea, aquí se ha generado un verdadero mercado negro que es el que realmente da los problemas, pero que no se va a corregir con medidas legales, porque precisamente su característica es que actúa al margen de la legalidad.
Yo estoy tratando de convencer a inquilinos de buena fe, que diría yo son el 90%; a propietarios de buena fe, que son el otro 90; a constructores y trabajadores de la industria, a toda la industria conexa de la construcción y a los prestadores de servicios y ¿por qué no decirlo?, a las autoridades urbanas y fiscales, porque uno de los problemas que estamos viviendo por la falta de construcción, es en el sentido de que al no haber inversión en vivienda de renta, no tiene una organización compleja como la vivienda en propiedad.
¿Ustedes se imaginan la vivienda en propiedad?, es mucho más difícil, que si no hay un promotor, los condóminos se pongan de acuerdo para construir un edificio. En cambio, a través de la vivienda en renta, resulta relativamente sencillo construir edificios.
¿Qué es lo que pasa cuando una ciudad como la de México se conserva en niveles de dos pisos, que al no haber oferta de vivienda la población tiene que resolver su problema en forma individual y esto sólo lo logra hacer en la periferia?
Esto genera varios problemas paralelos: por un lado, aumento del transporte, aumento de la contaminación, grandes costos para la gente que dedica horas a transportarse y dinero a pagarlo. En cambio, zonas urbanas perfectamente equipadas con grandes servicios, se encuentran totalmente desaprovechadas y sin ningún rendimiento de carácter fiscal.
Por eso es importante el arrendamiento en cualquier ciudad, porque facilita una utilización mayor y mejor de las zonas centrales.
¿Cuál es el problema realmente que trata de abordar esta Ley? Estamos hablando un déficit de vivienda. Todos los datos que facilito aquí son de carácter oficial. Estamos hablando que en 1940, antes de los decretos de congelación, el 86% de la población del Distrito Federal eran inquilinos. Para 1990 únicamente lo era el 25.6% de la población.
Las viviendas en renta en el Distrito Federal en 1980, eran 729 mil, contra 761 mil de 1970, pero para 1990 había bajado a 458 mil. ¿Por qué? ¿Se han destruido? Sí, algunas con el temblor de 1985, pero principalmente no se rentan. Desde principios de 1970 no se ha construido un solo edificio de departamentos en renta en la ciudad de México.
Y la otra fuente de oferta es, la persona que tiene una casa o un departamento y que tiene que radicar en otra parte del país y que necesariamente lo desocupa, antiguamente lo rentaba; hoy no lo hace por una sencilla razón: las reformas de 1985 lo obligan a tres años de contrato y las fallas que existen en los procedimientos lo llevan a otros seis años prácticamente sin cobrar renta o cobrando la misma renta y gastando en abogados. ¿Quién en su sano juicio va a rentar un departamento o una casa?, muchas veces están vacíos.
También es muy común el cambio de departamentos en renta a departamentos en condominio.
Todo esto en buena medida se debe a las reformas aprobadas en 1985.
En este momento existe otro factor que seguramente aun los que no están familiarizados con este tema, han observado en las calles. Hay una gran cantidad de departamentos vacíos que se ofrecen en renta y ya no les digo la cantidad de oficinas que también hay, pero esto vamos a dejarlo.
En el caso de los departamentos, que no es porque no haya demanda suficiente, sino porque ahora hay un problema de ingreso, nos presenta la oportunidad del cambio en este momento; difícilmente en otra oportunidad habrá la disponibilidad de absorber movimientos inquilinarios si se llegan a dar y aquí también tengo comentarios porque tengo dudas al respecto.
Ahora bien, las rentas en vivienda, otro factor que hace oportuno el cambio, se encuentran estancadas y se encuentran estancadas gracias también a la disminución del impuesto predial, que permitió absorber el 10% de los incrementos, o sea que sin necesidad de aumentar las rentas, se mejoró la productividad de los inmuebles.
Esta es una situación también que se da por este año, el año siguiente seguirá el impuesto bajo pero nos vamos a encontrar con que las rentas pueden reactivarse.
Si viene una reactivación económica en el país y concretamente en la ciudad de México y no viene ésta antecedida por una construcción de viviendas en renta, nos vamos a encontrar frente a un cuello de botella que puede provocar entonces sí graves problemas sociales por el incremento de los precios.
¿Cuáles son las causas del problema? A nuestro juicio ha habido una política equivocada en material de vivienda, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Ha habido correcciones recientemente con la descongelación y las ha habido también con la modificación del predial que ya señalé. Pero ¿cuál es la trayectoria de nuestra legislación?
Esto es muy importante por lo que se ha dicho aquí en la tribuna y se ha dicho en la calle. Nosotros teníamos vigente el Código Civil del 31 de marzo de 1884. Este código al que el legislador de 1928 acusaba de excesivo individualismo fue modificado el 12 de abril de 1928 por el código vigente que entró en vigor hasta el primero de octubre de 1932. Pero este código 1928 - 1932 no es un código individualista. Les recuerdo que fue expedido en 1928 cuando era Presidente Plutarco Elías Calles, que nadie se atrevería a negar su actitud revolucionaria y que recogía los grandes movimientos inquilinarios de 1922.
Estos movimientos, en aquella época como ahora, trataron de ser captados políticamente, pero los movimientos inquilinarios nunca han funcionado en intereses de los partidos. Se hicieron para defender los intereses de los habitantes que en esa época sí estaban muy desprotegidos, precisamente por la acelerada urbanización de las ciudades, posterior a la Revolución.
En ese código que el legislador se atrevió a llamar "código privado social", hay este párrafo que me gustaría leerles; es muy corto: "El contrato de arrendamiento, es en la exposición de motivos, el contrato de arrendamiento se modificó profundamente haciendo desaparecer todos aquellos irritantes privilegios establecidos en favor del propietario que tan dura hace la situación del arrendamiento", o sea que nuestro código ya recogía las demandas de los inquilinos y suplía la desigualdad de las partes.
Sin embargo en dos oportunidades se dieron necesidades de intervención por parte del Gobierno. De 1942 a 1948 ó 1949, con la congelación de rentas, que si se justificaba en el momento de la Guerra Mundial, se convirtió en una verdadera tragedia a través de los años, causando grandes daños a la vida urbana y esto terminó hasta 1992 y en 1985, con las reformas al Capítulo IV del Título Sexto de la segunda parte del Libro Cuarto del Código Civil, del 7 de febrero, estas reformas que crearon un capítulo especial para el arrendamiento de fincas urbanas, se dieron en medio de un problema inflacionario muy grave. Aquí no se trataba de lograr la equidad, no se trataba de promover la construcción; se trataba de evitar un desalojo masivo ya que las rentas trataban de subir con la inflación y los salarios nunca estuvieron cerca de la inflación.
Esta reforma que ahora se está derogando, es la que causó el problema y aquí sí quiero aprovechar que estamos en un salón pequeño, para mostrar, aunque no todos van a verlo, este ejemplo tomado con porcentajes que se aplicaría a cualquier contrato. Si nosotros teníamos un contrato de febrero de 1985 en este cubo negro, éste era el aumento autorizado para el año siguiente, el gris es el comportamiento de los salarios mínimos y la línea curva es de la inflación.
Al llegar al vencimiento del contrato, había que subir el 200% para alcanzar el mismo valor real que tenían los salarios, no la inflación. Ustedes se imaginan que con una ley de esta naturaleza, que es la que hoy estamos modificando, lo único que se podía generar eran conflictos, porque por mucho que le pudiera explicar el propietario al inquilino que la renta equivalía exactamente en valor adquisitivo a la nueva renta, el otro señor no tenía la posibilidad de triplicar el monto de su renta y ésta es la Ley que está vigente, la Ley que claro, ha bajado la inflación, pero se han conservado bajo los salarios y ha seguido generando problemas.
También debemos hablar de la política fiscal. En 1974, bueno, en 1956, el Presidente Ruiz Cortines promulgó una ley para estimular la vivienda popular. Esta ley generó un proceso de construcción que primero atacó la vivienda popular y posteriormente fue desarrollando otras áreas.
Yo les invito a ver mentalmente la ciudad de México y díganme si todos los edificios de Polanco, de la colonia Del Valle y de otras zonas de la ciudad habitacionales no se construyeron entre 1960 y 1970. Todos. ¿Por que? Porque había condiciones de seguridad jurídica y económica.
La otra etapa de auge de la construcción de vivienda en México, fue de 1930 a 1942. Los que vivieron, digamos en la Colonia Roma, pueden ver cantidad de edificios iguales construidos en esa época o incluso la primera etapa de Polanco.
Bien, pero en 1974 se consideró que la inversión en inmuebles era altamente inflacionaria y se
aplicaron una serie de impuestos que generaron un freno total de la industria de la construcción, lo cual se corrigió parcialmente a través del tiempo; sin embargo, en 1990 hubo un nuevo error gravísimo de subir desproporcionadamente el impuesto predial, todos los que tienen oficinas o locales comerciales lo saben y esto frenó otra vez una recuperación que se había dado en materia de oficinas y que en este momento, una vez saturado ese mercado, se podría encauzar a las empresas constructoras para que se dedicaran a la vivienda.
Vayamos, he dicho que hay una serie de soluciones propuestas aquí y ya lo señalaba el ponente, se refieren al Código Civil, al de Procedimientos y la Ley de Protección al Consumidor.
Los aspectos más importantes son, en la propuesta que ahora discutimos, en cuanto al Código Civil, hay una serie de adecuaciones y precisiones. Alguien decía que no había nada en favor de los inquilinos. El primer artículo, para entrar, le concede a los inquilinos comerciales la posibilidad de hacer un contrato a 20 años y hace responsable al arrendador de que el contrato sea por escrito, van dos. Suprime una serie de artículos innecesarios y ése es un punto positivo.
Un segundo punto positivo, termina con los mecanismos de prórroga y control de aumentos. Ya lo señalé. Se necesita realmente ser inconsciente o no conocer el problema para rentar un departamento con una legislación de estas características. Por eso es que nadie ha rentado y ha cambiado a condominio y por eso y por otras razones más es que nadie ha construido. O sea, estamos ante las frías cifras. No hay apreciaciones emocionales; estamos viendo puros datos estadísticos oficiales.
El punto tres, cambia el derecho de tanto por preferencia. El derecho de tanto, como estaba concebido, aparte de que estaba jurídicamente mal planteado, porque está relacionado a aspectos patrimoniales y aquí era en relación no a un derecho real sino a un derecho personal, nunca se cumplía, porque no tenía una mecánica práctica y únicamente servía para chantajes posteriores o para entorpecer a la actividad de compra - venta de propiedades.
Con el derecho de preferencia, el inquilino, que difícilmente podría hacer valer el derecho de tanto, ahora tiene derecho a indemnizaciones. Otra más.
Aumentan las causas de recesión, de una que era obvia pero que no estaba prevista, en favor del arrendador: eran los daños que se le causara al bien o el cambio de uso del bien. Pero también aumenta dos causas de recesión para el inquilino, que le permiten defender mejor sus derechos.
Hay una serie de adiciones también en favor de los inquilinos: precisa autoridades o generaliza; en un artículo habla de las exigencias de la autoridad sanitaria; la propuesta habla de todas las autoridades en materia de seguridad etcétera.
Y, por último, habla de suprimir la obligación de usar moneda nacional y en sentido nosotros no estamos de acuerdo con la iniciativa, porque consideramos no sólo innecesario, sino totalmente peligroso que se deje en libertad de contratar en moneda extranjera la vivienda en el Distrito Federal; se dolarizaría, si no es que se empezarían a usar marcos, yenes o equis y aunque está el artículo 8o. de la Ley Monetaria, que permite cambiar a la moneda nacional, creo que sería desastroso permitir una medida de esta naturaleza.
Yo creo que, incluso en el artículo 99, el 23 - 99 me parece que es, no debió haber sido suprimido por la Comisión, porque incluye los criterios de la Suprema Corte de Justicia, en cuanto a la fijación de las obligaciones del inquilino.
Pero en este caso tengo entendido que voy a coincidir con otro partido, pero nosotros proponemos que en el artículo 24 - 28 - B, para los efectos de este capítulo, "la renta deberá estipularse en moneda nacional", se conserve ese párrafo y se suprima el segundo y esto lo voy a dejar en poder de la Secretaría.
En cuanto a procedimientos, señores, se simplifican los procesos inmobiliarios, ya que sólo queda un procedimiento. Simplifica el trámite al suprimir plazos, audiencias, obliga a dictar las sentencias después de la audiencia y evita las dos "chicanas" muy comunes, la de los testigos y la de los peritos.
La de los testigos, señores, les digo que hoy en la mañana me comentaban de un juicio que está estancado, porque ofrecieron testigos en Tokio, en Houston y en París.
Yo le pregunté alguna vez a un juez, hace muchos años, pero actualizo el ejemplo: "Y si yo le ofrezco de testigo a Clinton, ¿cuándo vamos a desahogar esa prueba:" Esto es realmente absurdo, porque además nunca en mi vida, 30 y tantos en esta actividad, he visto un testigo que declare algo definitivo; normalmente se desiste.
El caso de los peritos es peor todavía, porque se gasta un dineral para cuestiones que no está en la litis. Como quedó ahora es muy ingenioso; bueno, si hay daños se sentencia a pagar los daños y en ese momento los peritos dicen cuál es el monto de los daños, pero no suspenden el procedimiento.
En este sentido, quiero darles unas cifras tomadas de los libros de Gobierno, que son todos iguales, porque van repartiendo los suyos según entran. En los primeros cinco meses, de enero a mayo de 1990, entraron 660 juicios por juzgado; al año siguiente 583; en 1992, 536; en 1993, 477.
Estamos hablando del 22% de deducción en tres años. Es muy importante la tendencia que hay en cuanto a la conflictividad.
Ahora, si de estos juicios sacamos el total anual, no andamos arriba de los 22, 23 mil; si consideramos que muchos son jurisdicciones voluntarias, que siempre van seguidas de una terminación y que normalmente en un 50% se acaban ahí y que muchos son desahucios, que en su mayor parte se terminan por pago del inquilino, estamos viendo que la conflictividad que hay en materia inquilinaria actualmente es del 5%, un máximo del 10%. Se ha hecho un verdadero mito de los problemas inquilinarios.
Necesitamos crear condiciones que permitan la seguridad jurídica y también la seguridad económica. Ya se avanzó mucho en materia de impuesto predial, pero consideramos que en materia de impuesto sobre la renta se debe establecer una deducción ciega para los departamentos de rentas menores de mil pesos de un 70%, por ejemplo, para estimular definitivamente.
Ahorita existe la infraestructura, están las empresas constructoras que estaban haciendo oficinas y que ya saturaron el mercado, ahí están, en cualquier momento pueden atacar este mercado del arrendamiento que puede ser muy interesante, porque con todo y la problemática, insisto, que en un 90% las relaciones de inquilinos y arrendadores son buenas y que lo que genera los problemas son los abusos, los abusos del mercado negro, principalmente utilizados por propietarios inescrupulosos o los abusos de los inquilinos que aprovechan una legislación que está totalmente desfasada, que no corresponde al momento en que fue adaptada y que en buena medida se está reponiendo esa legislación de 1928.
Quiero aprovechar la oportunidad porque al hacer la investigación nos encontramos...
El Presidente:
Diputado Kunz, se le ha agotado el tiempo.
El diputado Adolfo Kunz Bolaños:
Termino con esto.
Si, es en lo general y en lo particular...
El Presidente:
Se le ha agotado el tiempo.
El diputado Adolfo Kunz Bolaños:
...Empiezan a contar 30 minutos. Termino con esta propuesta.
La voy a leer porque se explica por sí sola:
"Considerando que al publicarse en el Diario Oficial del 7 de febrero de 1985 las reformas al Capítulo IX del Título Sexto de la segunda parte del Libro Cuarto del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, se omitió derogar los artículos 2449, 2450, 2451 y 2452 y que los mismos se encontraban incluidos en su contenido dentro de los aprobados, toda vez que el 2449 equivale al 2448 - B, el 2450 al 2448 - K, el 2452 al 2448 - E y el 2451 resulta innecesario por ser el 2448 - B de orden público e interés social y por lo tanto irrenunciable, se propone:
Artículo 2449, se deroga.
Artículo 2450, se deroga.
Artículo 2451, se deroga.
Artículo 2452, se deroga.
Esto es con objeto de que las ediciones legales ya no incluyan estos artículos que por una omisión, no sé si técnica o de imprenta, no apareció en el Diario Oficial del 7 de febrero de 1985.
Agradezco su atención y dejo las propuestas en poder de la Secretaría. Muchas gracias.
El Presidente:
Muchas gracias, diputado Kunz Bolaños.
Tiene el uso de la palabra el diputado Demetrio Santiago Torres, del Partido del Frente
Cardenista de Reconstrucción Nacional, para intervenir en contra,
El diputado Demetrio Santiago Torres:
Con el permiso de la Presidencia; señoras y señores diputados:
Para todos es conocido que el problema de la vivienda en México es de carácter prioritario y fundamental. Las grandes necesidades del país y principalmente en la ciudad capital, tienen que enfrentar un grave problema de desarrollo de la vivienda. El crecimiento de la población y la emigración que se realiza de las zonas rurales, donde las posibilidades de desarrollo son escasas hacia la ciudad, ocasionan a las grandes metrópolis, un problema de rezago en la vivienda de grandes dimensiones.
Como lo establece el artículo 4o. constitucional, es derecho de todos los mexicanos contar con una vivienda digna y el Estado debe realizar todas las acciones posibles y necesarias para otorgar a sus ciudadanos una vivienda decorosa.
La iniciativa, en comento, considera un problema respecto de la dinámica del mercado inmobiliario para arrendamiento habitacional. Señala un índice reducido en las inversiones dirigidas a las viviendas para arrendamiento, en particular, para el Distrito Federal. Es decir, existe un decremento en la oferta de viviendas para arrendamiento.
Respecto al problema del bajo índice de las inversiones dirigidas a la construcción de viviendas en arrendamiento, la presente iniciativa prevé un problema dentro del marco jurídico en materia civil, tanto sustantiva como adjetiva. Considera que la legislación actual no responde ya a las nuevas realidades en materia de vivienda, ocasionando incertidumbre en las inversiones destinadas a la vivienda para arrendamiento habitacional, agravando así el rezago habitacional.
La iniciativa propone modificaciones que permitan la equidad jurídica entre arrendador y arrendatario, propone procedimientos más ágiles y expeditos para así incrementar la oferta de vivienda en arrendamiento dentro de un mercado más atractivo y eficaz.
En lo particular consideramos conveniente que se establezca dentro del artículo 2412, la obligación del arrendador de entregar el inmueble en condiciones de higiene y seguridad, así como también la obligación que se establece en el artículo 2448 - B de realizar por parte del arrendador las obras que ordene cualquier autoridad y no sólo la autoridad sanitaria.
No obstante, consideramos que aun cuando en lo fundamental la presente iniciativa propone medidas para agilizar los procedimientos litigiosos en materia de arrendamiento, esta agilización definitivamente atenta contra los derechos de los inquilinos y los coloca en un estado de indefensión jurídica en beneficio del arrendador.
México vive un grave problema de escasez de vivienda, por lo que de aplicarse los dispuesto dentro de esta iniciativa, sólo ocasionaría el agravamiento de dicho problema, así como también fomentaría el establecimiento de los asentamientos irregulares.
En el presente año han sido desalojadas más de 7 mil familias de inmuebles en arrendamiento. En la actualidad existe un elevado número de lanzamientos de inquilinos. Se establecen 27.5 desalojos diarios, en promedio, lo que permite considerar que la aprobación de la presente iniciativa agravará la situación y creará mayores problemas de vivienda.
El artículo 2448 establece que las disposiciones relativas al arrendamiento de fincas urbanas destinadas a la habitación son de orden público e interés social, por lo que consideramos que las medidas pretendidas dentro de la presente iniciativa van en contra de lo dispuesto en dicho artículo. En aras de agilizar el proceso litigioso, se establecen medidas que sólo benefician al arrendador, dentro de una relación donde el arrendatario se encuentra en un estado de necesidad frente al arrendador.
Dentro del Código Civil, consideramos que al eliminar la disposición de formalización de ciertos contratos en aras del encarecimiento que esto implica produce inseguridad jurídica para ambas partes, al reducir el valor probatorio de los contratos de arrendamiento.
Respecto al derecho del tanto, diferente al de preferencia, la iniciativa propone la reforma de los artículos 2447, 2448 - I y 2448 - J, eliminando dicho derecho de tanto, en virtud de considerar que tal derecho desvirtúa la relación jurídica que se guarda respecto al inmueble.
Al establecer una categoría de copropietario, al arrendatario junto con el arrendador, consideramos que ni jurídicamente, ni en la práctica se establece la situación, pues el artículo 2303 del Código Civil vigente, establece que dentro
de un contrato podrá establecerse dicho derecho del tanto; es decir no se estipula como una obligación, sino un derecho del que podrá gozar el arrendatario siendo que en la actualidad la práctica o el ejercicio de este derecho es escaso.
En relación a los plazos, la iniciativa propone un considerable reducción respecto al plazo con el que contará una vez notificado el arrendatario para desalojar el inmueble.
El artículo 2478 de la Ley vigente, establece que en los contratos que no se hayan celebrado por tiempo determinado, concluirán a voluntad de cualquiera de las partes, previo aviso a la otra parte con dos meses de anticipación si el predio es urbano y con un año si es rústico.
Con la iniciativa propuesta se pretende establecer que el plazo señalado para el caso de predios urbanos sea de 15 días de anticipación, es decir, se pretende reducir de dos meses a 15 días, el plazo para dar aviso, de dar por terminado el arrendamiento. Consideramos que el aviso de la voluntad de dar por terminado un arrendamiento con sólo 15 días de anticipación es absurdo y sobre todo en un estado de incertidumbre total a los arrendatarios, lo que en consecuencia provocaría, sin duda, un grave problema habitacional en el Distrito Federal o en las grandes metrópolis si se llegara a aplicar el supuesto pretendido en la iniciativa propuesta.
Así también se derogan los artículos 2485 y 2486 y se reforma el artículo 2487, en los que se entiende por renovar automáticamente por un año el contrato de arrendamiento, en los casos de que éste se siguiera dando en forma tácita. Lo cual constituye una de las protecciones jurídicas que otorga la Ley vigente para no dejar al inquilino en un estado de incertidumbre jurídica, frente al arrendador.
La aplicación de la norma propuesta crearía una situación contraria a la pretendida en el texto vigente. Indudablemente las reformas pretendidas van encaminadas a agilizar el proceso de desahucio de vivienda con el fin de crear mayor oferta de la vivienda para arrendamiento de la misma. Pero dejando totalmente a los arrendatarios en un estado de indefensión jurídica frente a los arrendadores. No hay que olvidar que el problema de la vivienda es de carácter social y de interés público.
La muestra más clara de lo señalado en el párrafo anterior, respecto a las violaciones de los derechos de los arrendatarios, la encontramos en la reforma que se propone realizar a la Ley Federal de Protección al Consumidor en su artículo 73.
Según la iniciativa presentada, respecto de suprimir la competencia de la Procuraduría Federal del Consumidor en materia de arrendamiento inmobiliario de casas - habitación en el Distrito Federal, lo cual indudablemente atenta contra los derechos de protección que otorga la Ley vigente al arrendatario, colocándola en una situación de incertidumbre que no puede permitirse.
En la Ley adjetiva se establecen las bases para permitir que dentro del procedimiento se realicen los objetivos propuestos dentro del Código Civil. Se establece un procedimiento ágil y breve en su trámite para evitar el excesivo costo procesal a cargo del Estado.
Actualmente la Ley adjetiva vigente establece: primero, la notificación de la resolución de la sentencia en un juicio de arrendamiento inmobiliario y otra modificación de ejecución de la sentencia. Lo que da al arrendatario una mayor seguridad jurídica y mayor tiempo para enfrentar un eventual desalojo del inmueble que habita.
La iniciativa propuesta pretende dentro de la reforma al artículo 114, fracción VI del Código de Procedimientos Civiles, que sólo se realice una sola notificación, así como también se establece que procederá el lanzamiento 30 días después de notificada la sentencia. Lo cual consideramos atenta gravemente contra los derechos inquilinarios.
Se pretende suprimir la consideración del artículo 261 por la que se entiende por contestada en sentido negativo, una demanda por arrendamiento. Se propone que los autos y resoluciones apelables en materia de arrendamiento, se resuelvan conjuntamente con la apelación a la sentencia, lo que reduce de manera considerable la seguridad jurídica del arrendatario.
Consideramos dentro de las reformas propuestas al Código Civil, como al Código de Procedimientos Civiles y Ley Federal de Protección al Consumidor, se preven modificaciones que sin duda, dan pauta para que se realicen mayor número de lanzamientos, lo que agudizará el problema mientras observamos que no se plantea actualmente una solución al problema de la vivienda.
Por los anteriores argumentos, nuestra fracción parlamentaria emitirá su voto en contra del dictamen. Muchas gracias.
El Presidente:
Muchas gracias diputado Demetrio Santiago Torres.
Diputado Dorantes del PARM, para rectificar hechos, tiene usted la palabra hasta por cinco minutos.
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El 24 de septiembre de 1913, dijo don Venustiano Carranza, dirigido a los habitantes de Hermosillo, Sonora.
"Tendremos que removerlo todo; crear una nueva Constitución, cuya acción benéfica sobre las masas, nada ni nadie podrá evitar."
Más adelante dice: "Después surgirá o resurgirá esplendorosa la lucha de clases".
Yo sé, compañeros diputados, que se ha logrado mucho, que se ha avanzado mucho en todos los órdenes de la vida nacional: en salud, en seguridad. Pero en este renglón, de la habitación, no obstante que ese derecho está inscrito en el artículo 4o. y en el 123 de la Constitución, demuestra con esto, que nos hemos alejado de los principios y postulados de la Revolución Mexicana.
Yo estoy de acuerdo con ustedes en que se cree una ley o se dé una ley que regule y norme las relaciones contractuales entre los arrendatarios y los arrendadores. Pero lo que no se ha previsto de manera real, es la vivienda popular.
Y quiero decirles, con plena seguridad, que lo que se está haciendo y se ha hecho, son leyes de ricos para ricos. ¿Cuántos de nosotros hemos pagado renta? Pues muy pocos. ¿Cuántos hemos batallado porque hemos vivido en alguna vecindad? Dudo que alguien, a menos que sean como nosotros que venimos desde abajo para arriba y que no hemos llegado hasta arriba porque no es posible.
Compañeros diputados: la planificación integral manda que los terrenos adyacentes a los grandes centros urbanos, se planifiquen con su fábrica, con su teléfono, con su iglesia y con su escuela, para evitar el desplazamiento, por ejemplo de Ciudad Netzahualcóyotl, de los trabajadores que van a trabajar, hasta Tlanepantla. Esto no es un sueño ni soñar.
La colonia de Constitución de 1917, antes Tepalcates, fue hecha así, con este principio; se llamó a un programa de esfuerzo propio, de ayuda mutua, en que el Departamento Central le daba a los compradores de ese terreno, material a bajo costo y el terreno también a bajo costo; evitando así la especulación de los propietarios de inmuebles y de vecindades en contra del proletario, del trabajador.
También la Unidad Aragón fue hecha con este principio y se dieron baratas y en abonos. Entonces esto no es ficción. Lo que nosotros necesitamos, compañeros diputados, es hacer leyes también para pobres, para normar la relación entre el Estado y la gente de pocos recursos. No solamente hacer leyes para normar que el juicio, que la función, la función del órgano jurisdiccional del lanzamiento. Esas son cosas que están ya previstas desde mucho tiempo atrás. Pero lo que necesitamos es realmente, que nos demos cuenta, compañeros diputados, de que somos representantes populares de todos los sectores sociales, no solamente hacer leyes para ricos, en beneficio de los ricos.
Recordemos también a la gente del proletariado, a la gente que vive solamente de su trabajo. Por eso es necesario que el Gobierno expropie todos los terrenos adyacentes a los grandes centros urbanos y que allí planifique...
El Presidente:
Compañero diputado Dorantes: finalice su exposición, por favor.
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez:
Ya voy a terminar, compañero Presidente. Y que el Gobierno sea el único que venda terrenos y departamentos para habitación popular. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado Dorantes.
Tiene el uso de la palabra la diputada Patricia Ruiz Anchondo, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra.
Al no encontrarse presente la diputada Ruiz Anchondo, tiene la palabra el diputado Fauzi Hamdan Amad, del Partido de Acción Nacional, para fijar posición.
El diputado Fauzi Hamdan Amad:
Con su venia señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Yo quisiera, antes de exponer mis puntos de vista sobre estas reformas al Código Civil y al de Procedimientos y la derogación de la Ley Federal de Protección al Consumidor, sí hacer una clara denuncia como la han hecho algunos otros compañeros de diferentes partidos. Lo precipitado con que entró la iniciativa, se turnó a la respectiva Comisión de Vivienda y el cortísimo plazo para digerirla, analizarla, desmenuzarla y en todo caso hacer proposiciones de adecuaciones para un mejor equilibrio de las partes de la relación.
Segundo, yo quisiera hacer una seria advertencia para dejar mi conciencia inmaculada. Y es que todos los que me han precedido en la palabra han mezclado dos aspectos que tienen un contenido, un alcance y régimen totalmente diferente. Una cosa es la justicia social y la distributiva y otra la llamada justicia conmutativa. La parte de la justicia social y la distributiva está elevada a rango constitucional en el artículo 4o. al otorgar, precisamente a todos los administrados, el derecho a una vivienda digna y decorosa.
El Estado, a través de su política fiscal de ingresos, debe dar esos estímulos, esos apoyos, esos incentivos, de carácter fiscal o crediticio, para lograr esa vivienda digna y decorosa y, normalmente, aunque no lo califica la Constitución, como propietarios de esos inmuebles.
La otra parte, que no debe mezclarse con la justicia social y distributiva de la que han hablado muchos de los que me han precedido, es la parte de la relación conmutativa, la relación contractual entre dos sujetos: uno llamado arrendador y otro llamado arrendatario, como sucede en múltiples relaciones jurídicas de derecho, llamado privado.
Y aquí se han abordado sobre bases que no corresponden a la realidad esas relaciones o premisas, que no corresponden a una petición de principio sobre la verdad de esa relación.
Actualmente las relaciones son perversas y perniciosas, tanto para los arrendadores como para los propios arrendatarios. Unos y otros han abusado del esquema normativo que actualmente tenemos y ¿en qué modifica el esquema las modificaciones al Código Civil? Procuran, salvo algunos aspectos que voy a mencionar, un equilibrio de la relación en un esquema en que el Estado, vuelvo a repetir, que ha sido parte congruente con es política, se repliega y deja que las partes fijen sus derechos y obligaciones contractualmente.
Tratar a los iguales de manera igual y tratar a los desiguales de manera desigual es un principio elemental de justicia y el arrendador y el arrendatario evidentemente no están en igualdad de condiciones y en igualdad de capacidad y en igualdad de circunstancias. Pues uno tiene el inmueble y el otro tiene la necesidad de la ocupación.
Si a esto agregamos la restricción de circulación de los bienes por el temor, muchísimas veces fundado, de que se anquilosen, permanezcan y pretendan inclusive, por eso decía que la relación es perniciosa, obtener beneficios de lucro indebido del arrendador para salirse, pues se está llegando al extremo que ha conducido el régimen actual de las disposiciones que regulan estas relaciones.
Pero también dejar al otro extremo que libremente las partes fijen las relaciones jurídicas entre ellas, evidentemente el arrendador tiene el sartén por el mango y fija esas condiciones y le impone, adhiriéndose el arrendatario a esas condiciones: plazo, precio, renuncia, para que no haya ninguna posibilidad de que el arrendatario pueda defenderse.
Para lograr ese equilibrio de trato desigual entre desiguales, surgieron las normas protectoras de ciertos derechos irrenunciables e inclusive para darle cierta permanencia al arrendatario, el derecho de prórroga, ya no la tácita reconducción, el derecho de prórroga de dos años adicionales después de vencido el primer año de vigencia, con lo cual se iba el contrato a tres años.
Y si continuaba en el arrendamiento, aunque no hubiera contrato, entonces si el arrendador demandaba la terminación de contrato ante los juzgados del arrendamiento inmobiliario, hoy en día un juicio dura en sus tres instancias, promedio, de cuatro años a cinco años y ya se fue a ocho años.
¿Esto no es pernicioso?, ¿no es perversa esta relación? y, consecuentemente ante esa expectativa de temor, los arrendadores procuran instrumentar acuerdos paralelos para compensar o amortiguar el efecto de cualquier circunstancia que pretendan los arrendatarios aprovecharse de las normas protectoras, de manera que las normas protectoras para ellos se conviertan en instrumentos en que abusan de su derecho en perjuicio del arrendador.
Y el arrendador también, en consideración de esos temores, también se aprovecha de las necesidades del arrendatario para meter candados, meter esos acuerdos paralelos, pagarés que suscriben paralelamente de la renta, convenios judiciales que inclusive simulan, señores y los que somos aquí litigantes lo sabemos, simulan litigio o controversia para mandarlo a convenio judicial a los juzgados de arrendamiento inmobiliario, apenas a los tres días de haberse firmado el contrato de arrendamiento, para que tenga efecto de sentencia y cosa juzgada, Bueno, más perversa la situación no ha podido ser.
La intención del legislador de 1985 evidentemente fue con el ánimo, de muy buena fe, de conducir a un equilibrio en la relación, pero ha estado muy lejos de lograrse ese equilibrio. Ese orden, esa justicia conmutativa se ha desfasado; unos aprovechándose y otros siendo víctimas o al revés. Ni el arrendador es el portentoso que tiene el poder, ni el arrendatario, es la víctima, el miserable o el que está en condiciones deplorables o infrahumanas, para recibir un beneficio; ¡los dos han aprovechado esta circunstancia!, ¡nefasta desde 1985 esa reforma!
Inclusive en el Diario de los Debates de 1985, cuando se discutieron estas reformas al Código Civil, hubo diputados de todas las fracciones parlamentarias que señalaban que el proyecto, el proyecto de reformas de 1985, no parecía equilibrado, ya que atiende a los inquilinos, pero deja sin abatir la posibilidad de invertir en vivienda. Esta circunstancia resultó ya intolerable hasta ciertos lapsos y desde luego es osada y valiente la reforma.
Pero, señores, esto no significa que la reforma venga a compensar el equilibrio de justicia conmutativa a la que he hecho alusión y aquí voy a aterrizar en concreto, para que veamos el equilibrio de esa balanza, de esa justicia ciega.
En primer lugar, las partes actualmente pueden fijar de común acuerdo el precio de la renta, actualmente y el proyecto de reforma sigue manteniendo esa libertad contractual, pacta sunt servanda, autonomía de la voluntad. Lo pernicioso era, como está ahora, que vencido el contrato y convirtiéndose por tiempo indefinido vinculado, de táctica reconducción, el incremento sólo pueda tener lugar hasta el equivalente al 85% del porcentaje correspondiente al salario mínimo anual.
¿Por qué el tope? Esta primera medida automática produjo dos efectos: primero, desalentó la inversión inmobiliaria para arrendamiento, porque es preferible no tener sólida la inversión, mejor líquida en el sistema del mercado de valores o en los mercados de dinero. Segundo, no aceptando el arrendador esta premisa y con las maniobras, los ardides de los abogados encargados de disfrazar, ocultar, simular una operación, los hacían firmar documentos, títulos de crédito, pagarés, por la diferencia a plazo de vencimiento de seis, un año, dos o tres según el vencimiento del contrato de arrendamiento.
Tercero, esos pagarés, eran avalados normalmente por el mismo que fungía como fiador en los contratos de arrendamiento, con un grave riesgo que en cualquier momento en la vía ejecutiva mercantil hacían efectivos esos pagarés. Cuarto, los pagarés son autónomos, no podían oponerse excepciones en la relación causal derivada de los contratos de arrendamiento y se le embargaban bienes al arrendatario.
El arrendatario al ver el acoso del arrendador ¿qué hace? y, estaba hablando y estaba hablando en pretérito imperfecto, pero todavía es vigente, ¿qué hace? Les sustraía en prenda ciertos bienes que hasta llegaban al extremo de garantizar antes de proceder a la acción judicial y el arrendatario ante ese acoso los sustraía se sentaba en su macho, iba a la defensoría de oficio en materia civil y el juicio al que aludía de seis, siete años y luego a transigir, a convenir: ¿quieres que me salga?, apoquina, dame lana. Más perversa esa relación no puede ser.
Segundo, el plazo de vigencia de los contratos, y estoy hablando en la parte inmobiliaria para casas - habitación, actualmente es de un año forzoso, bueno es que no todos desean permanecer un año como arrendatarios, queda a voluntad de las partes de seis, cuatro u ocho meses, es más, hay casos que el dueño de un inmueble, único inmueble, se tiene que salir para remodelación y alquila y en el ínterin, bueno pues arrienda por tres, cuatro, cinco meses, por un año y el arrendador ante esta circunstancia, dice: "Bueno es que la Ley te está protegiendo, pedíste un año, mano". "Es que yo nada más lo quiero por seis meses"; "bueno, te hago un descuento entre 30 y 40% de las rentas por las cuales tú te sales".
La nueva propuesta, un año, sí, salvo convenio entre las partes, legítimo; legítimo, según las necesidades de cada una de las partes.
Tercero, llegado el vencimiento del contrato o antes, perdón, antes de que venza el actual régimen es que el arrendatario tiene el derecho
de prórroga por dos años adicionales del contrato. Actualmente se elimina el derecho de prórroga incluyendo la llamada tácita reconducción; ¿qué significa esto? Que actualmente el arrendatario le dice: ejerce su derecho de prórroga automática de dos años y aunque no tenga necesidad del inmueble le dice: "Bueno, ¿quieres que me salga?, apoquina, incluyendo los gastos de transporte de menaje de casa".
Ejerce su derecho, pues nada más el arrendador puede incrementar, ya lo mencionaba, el 85% del porcentaje de incremento al salario mínimo anual; no está en las condiciones de mercado, se han venido abajo los inmuebles: mantenimiento, impuestos; bueno, en la tribuna, no de ésta, del recinto principal, en diciembre propusimos, entre otras medidas, y ahí está la versión estenográfica, ¿quieren alentar inversiones, entre ellas las inmobiliarias?, deroguen el impuesto al activo, porque entre impuesto predial o reales, en impuestos directos, rentas, aunque siempre hay el beneficio del 50% de deducción ciega más el activo, más los derechos de agua etcétera, se le incrementa al costo, no hay posibilidad de incrementarlo, abandonan el inmueble.
Que la Ley y el contrato señalan que debe darle mantenimiento para darle seguridad e higiene, esto no es novedad en la nueva propuesta, pues dice: "Bueno, no tengo, nadie está obligado a lo imposible, con qué recursos, ¿con qué capacidad?, bueno, nadie busca la filantropía como tal.
Seamos claros, despojémonos de las máscaras, seamos contundentes, no hagamos de esto un escenario de desgarramiento a las vestiduras, esa es la realidad. No el arrendador busca la filantropía, para eso está la función del Estado, como función pública, en razón de lo que nosotros le pagamos en la justicia social; ni el arrendador está para ayudar, está para hacer un negocio, perdónenme, tan simple como eso y el arrendatario, para usar un bien, para habitación y pagar la contraprestación correspondiente a ese equilibrio de la relación.
Ni uno busca ser el filántropo y aquí casi se le está pidiendo al arrendador que se despoje de todo, ni al arrendatario se le debe proteger tanto que convierta eso como un instrumento de ganancia ilícita e indebida, como está sucediendo actualmente.
Y no se diga el cuarto elemento: tiene actualmente el arrendatario, un derecho absurdo, que se llama el derecho del "tanto", o el derecho al "tanto", como algunos tratadistas se confunden y lo mencionan, pero eso nada más ocurre entre copropietarios, entre coherederos, entre ciertos derechos que tengan derechos reales pero no un derecho personal entre arrendador y arrendatario.
Por fortuna, el decreto lo modifica y tiene nada más un derecho de preferencia por el tanto, que es muy distinto en los efectos jurídicos en uno y otro caso. En el primer caso es la nulidad del acto, si no se tiene el derecho del "tanto"; en el otro, quizá daños y perjuicios en igualdad de condiciones para vender el inmueble el dueño.
Pero en la práctica ¿qué ha sucedido? y, si hay notarios aquí presentes, no me van a dejar mentir. Las notificaciones a las arrendatarias cuando el arrendador quiere vender, tiene que cumplir ciertas formalidades y algunos arrendatarios como negocio, apoquinan y depositan el dinero con préstamos, con lo cual ya no atan al arrendador con la libertad contractual y luego negocian, "dame el 10% y retiro la oferta". No
O al revés, el arrendador buscando esquemas de mayores precios para eliminar a los arrendatarios, se pone de acuerdo con alguien simulando la operación de promesa de compra - venta a precios altísimos y llegan todavía a concertar la operación cuando hay una resistencia enorme de los arrendatarios, a esos precios, aun cuando le pague, siempre y cuando no le pegue en renta, no importa ni el ISAI, que ya va para abajo. A ese extremo y estoy hablando de unidades de bienes inmuebles importantes.
Aquí mismo, el año pasado, levantamos la congelación de rentas, con un paso progresivo y gradual en los transitorios; aquí se está levantando una relación mucho más grave: la relación de abuso y exceso. La balanza de equilibrio de las relaciones entre las partes, no es justa, no está en un punto intermedio. Para uno o para otro lado.
Por ello, no vale y vuelvo a reiterar mi posición, de confundir la justicia distributiva con la justicia conmutativa, típica de las relaciones de derecho privado, sin perjuicio de normas imperativas, con las cuales son irrenunciables, que continúan.
Y lo más importante, señores, un procedimiento ágil, sencillo. Para cumplir con el 17 constitucional, que la justicia sea expedita, rápida y efectiva, porque actualmente con los procedimientos se enriquecen unos cuantos abogados que se dedican, gracias al patrocinio de estas leyes, a explotar a los propios arrendatarios y le sacan la gran tajada, se convierte en pastel de abogados gracias a este patrocinio.
O bien, líderes o seudolíderes que disque para proteger a esos inquilinos, se aprovechan de ellos y les sacan tajada o se llevan en componendas laterales con los arrendadores o grupos de arrendadores o asociaciones de arrendadores, para que desocupen esos inmuebles.
O bien, lo que mucho acontece en nuestros juzgados, la corrupción, la lana, según el tamaño del sapo así es la pedrada y hasta igualas y, eso es muy grave, eso es gravísimo. Que se está pretendiendo corregir, sí, nada más que esta reforma fue al otro extremo.
Quizá sea lo que ha dicho el gran filósofo Schopenhauer, cuando a una acción viene, debe corresponder a una contrarreacción de la misma fuerza; se fue de un extremo al otro extremo y aquí sí ya cayó la reforma en algo de algunos aspectos que verdaderamente se antojan excesivos en perjuicio, aquí sí, de los arrendatarios.
Para lograr la inversión inmobiliaria y activar la economía o reactivarla y todo el proceso económico que está alrededor o conexo o derivado de él, llegan al extremo de que un aviso de terminación del contrato de arrendamiento, con 15 días de anticipación, por favor, 15 días de anticipación. Entonces cualquiera dice: "Bueno, me notifican la terminación y me siento en mis reales. Que me demande, porque ni modo que me va a sacar de la oreja, es hacerse justicia de propia mano y es delito y nos vamos a juicio". Ya sería perversa la relación, ya empezó a pervertirse con este extremo de la propuesta. Lo lógico y razonable es que se deje como está, por lo menos con dos meses de anticipación el aviso de terminación.
¿Qué no saben la angustia de la gente los arrendatarios, que al verse notificados se presenta una angustia familiar? A buscar afanosamente para salirse de su entorno, de su medio, habitat, escuela, trabajo etcétera. ¿Nada más por la voluntad de 15 días, pelas? Eso no se vale. Dejar por lo menos dos meses, como está actualmente, el aviso de terminación.
Otra circunstancia. Para evitar también esa relación perversa en el otro extremo, si un contrato de arrendamiento se celebra a un plazo razonable no mayor de dos, tres años, bueno, darle el derecho al arrendatario, por única, única vez, el derecho de prórroga, de tácita reconducción, por lo menos por seis meses, caramba. Pues si ya lleva tres años ahí metido, con inversiones en el inmueble o mejoras o adaptaciones o reparaciones, caramba, que le den chance, una prórroga, una tácita reconducción por lo menos de seis meses. No, naranjas, pelas también. El decreto de reforma.
Esto ¿por qué lo hace la iniciativa?, porque quiere llegar al otro extremo, pero está llegando a desequilibrar la relación en la norma y en la práctica lo vamos a ver, por lo menos un equilibrio que llegue el péndulo a la mitad y vaya al otro extremo.
Los incrementos se dejan total y absolutamente a la libertad contractual. Pero les voy a poner un ejemplo muy simple y muy sencillo:
Ya me imagino a un cliente llegando a un despacho de un abogado. "Oye, cómo hacemos el contrato, de qué plazo. Bueno, la economía ya está estable, ya es de un dígito; esperemos que siga así, pero entre que son peras y son manzanas, haz por un año el contrato de arrendamiento". Fija el contrato de arrendamiento en equis cantidad mensual y luego la pregunta inmediata del arrendador, a todos nos consta: "¿Y si no se sale?" "¿Ay, no!, pues ahora tiene un procedimiento increíble mano, terminado está prefijado: no hay prórroga, va pa'' fuera, lo demandas en cinco o seis meses el juicio y luego todavía tienes una apelación que va a ser ahorita motivo de un comentario y luego al amparo." "¿Y eso cuánto me lleva?"" Máximo un año ocho meses." "¿Contra cuatro o seis?" "No hombre, ya es ganancia".
¿Oye: y yo ¿cómo protejo mi inversión, que no está previsto?" "Pongo pena convencional. No te sales, pues duplico la renta mensual que estabas pagando". Claro, hay una limitante en el Código Civil, siempre y cuando la suma de la pena convencional nunca exceda la suma total de la suerte principal, porque si no, sería nula la cláusula; es un dispositivo expreso en materia de daños y perjuicios. A eso va a conducir esto.
Pero, ¿qué tal si en lugar de hablar de 85% de incremento como está ahora, se deja un tabulador indicativo del INEGI? Ya cuando discutíamos del Banco de México, que ya no será el Banco de México el que dé la información de los índices de crecimiento; será el INEGI y que sea dentro de un tope razonable, porque no se pretende que el arrendador se enriquezca en detrimento del arrendatario, ¿o sí? Yo creo que no, nadie quiere que se enriquezca en detrimento del arrendatario. Sería injusto, eso sería sí pernicioso.
Pero se puede establecer un margen razonable, independientemente repito, reitero para que no se me malinterprete, de que la voluntad de las partes puedan fijar contractualmente el precio y, si va a ser a cinco años, cada año pueda
incrementarse en un 30% o a ciertos índices, que además se va a mandar, porque a nadie se le va ocurrir mandar un índice de incremento de renta vencido el año, sobre los CETES. Pues no la chiflen, que es cantada. De verdad ahí tendría que aprender la tonada, porque finalmente, sí de verdad, ¿cómo se pretende una inversión en dinero, en valores, que produzca igual que el rendimiento de un inmueble, que de todas maneras tiene plusvalía?, ¡plusvalía!
Consecuentemente, tampoco al otro extremo de la norma que se llega aquí.
Pero si esto no basta, resulta que para el candado, o sea tronarle las manoplas al pobre arrendatario y aquí sí se llegó de verdad a un extremo, contra la sentencia se puede apelar. Sí, pero en el efecto devolutivo, no en ambos efectos y déjenme explicarles brevemente, a reserva que algún compañero, el diputado Juan de Dios Castro, amplíe.
En ambos efectos se apela y se suspende el procedimiento hasta que el juez de alzada resuelva y se dejan las cosas en el estado en que se encuentran. Así como se está proponiendo, es que no se suspende la sentencia y si el arrendatario es el condenado, puede ejecutar el arrendador, salvo que él, el arrendatario, dé fianza, el arrendatario. El arrendatario normalmente carece de recursos; el arrendador no tiene boleto, ése es hasta propietario del inmueble. ¿Le va a costar todavía la fianza? Y al pobre arrendatario la afianzadora le va pedir una contrafianza y, !pelas! también y van cuatro.
Consecuentemente, lo ideal para una condición de justicia es que la apelación tenga para ambos efectos, porque además, independientemente de los datos y estadísticas que acaban de mencionar, en la apelación en el Tribunal Superior de Justicia, el promedio de una apelación se resuelve, promedio, razonablemente y me consta como abogado, tres a cuatro meses cuando más. ¡Ah!, pero si fuera insuficiente, una sala especializada para conocer de las apelaciones en los juicios de arrendamiento inmobiliario. ¡Cómo que no! Pues son las medidas paralelas que deben tomarse, aparte de los apoyos de crédito, de política fiscal que debe adecuarse, que no voy a hacer mención de ellas y hay un catálogo que constituye un decálogo, son 10, para tomar estas medidas, que ahorita no voy a mencionarlas. Esto sería una medida acertada, pero no así como están.
Y hay incorrecciones técnico - procesales muy graves que pueden ser en perjuicio del propio arrendatario o del arrendador, aquí están los dos, porque en el procedimiento ambos están en las mismas circunstancias, en igualdad de partes, que creo que se van a enmendar y corregir, muy graves, además.
Consecuentemente, señores, no es mala como tal la propuesta de reformas, pero habría que hacerle ajustes, adecuaciones importantes para lograr esa justicia conmutativa a la que he hecho alusión.
Sin llegar al otro extremo, pero mantener las cosas como están, la propiedad inmobiliaria no se va a reactivar. Si se le quita esto se va a despejar y la misma inercia va a provocar la inversión, ya lo decía el diputado don Manuel Jiménez Guzmán; es más, se calcula en un promedio muy corto para que se reactive, porque entonces sí va a ser atractivo y si hay mucha oferta, de acuerdo con la tesis liberal de mercado, de libre mercado, pues al haber más oferta, obviamente se equilibran los precios; es tan simple como eso.
¿Cuándo va a suceder? Quién sabe, no tenemos la bola de cristal, pero creo que sí se va a activar, va a ser un motor importante de reactivación. Pero corrijamos esos defectos, esas deficiencias que tiene esta iniciativa y creo que saldría un documento más serio, más equilibrado y más justo. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado Fauzi Hamdan.
Tiene el uso de la palabra el diputado Raúl Pardo Villafaña, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en favor de esta iniciativa.
El diputado Raúl Pardo Villafaña:
Con su permiso, señor Presidente. Señores diputados.
La vivienda se ha convertido en la demanda prioritaria de la sociedad mexicana y la solución a este problema exige de esquemas operativos, racionales, altamente eficaces que respondan a la realidad socioeconómica del país y que permitan al mismo tiempo sostener y ampliar los esfuerzos convergentes para obtener más viviendas y mejorar las existentes.
Todos estamos conscientes que uno de los retos más difíciles y complejos que encaramos en la actualidad, implica rediseñar los mecanismos de financiamiento para que nuestra población
acceda a una vivienda digna, propia, cómoda, higiénica, yo le agregaría, amplia y que respete las regulaciones ecológicas en sus inventarios.
Dicho mecanismo de financiamiento tendrá que hacerse extensivo para obtener reservas territoriales aptas para la construcción de vivienda, dentro de un plano racional urbano, capaz de crear condiciones óptimas y de convivencia pacífica urbana y de sociabilidad y cortesía en las comunidades o asentamientos humanos.
Ello supone también implementar programas de construcción de vivienda destinada al arrendamiento con opción a compra.
No ignoramos que por la naturaleza misma del problema, este esfuerzo de construcción debe contemplarse desde la óptica de la integración social y económica de nuestro pueblo y de que sus resultados deben de romper con inamovilismo y las inercias que detonarán los niveles de vida de los mexicanos.
La experiencia histórica en este asunto, nos presenta el rezago que por más de medio siglo hizo que nuestro régimen de vivienda tenga un déficit en el estacionamiento en el tiempo, conflictos y trabas jurídico - financieras y adicionalmente se produjo una desaceleración con la consiguiente pérdida de empleos y de generación de obra.
Tampoco podemos desconocer los sobrehumanos esfuerzos que se han hecho a través de las instituciones con el INFONAVIT, el FOVISSSTE, el ISFAM, el FONHAPO, el FIVIDESU y algunos sociedades de crédito que no exentas de errores y contradicciones, han podido realizar viviendas que por su número de beneficiarios colocan a México en un lugar honorable dentro del concierto de las naciones de igual desarrollo intermedio.
Este dictamen que hoy se somete a la discusión y aprobación de esta Cámara, siendo perfectible, como toda la obra humana, viene a ampliar las posibilidades de incrementar la oferta de vivienda, partiendo de la equidad irrenunciable que debe de regir, para fijar el monto de las rentas, evitar prácticas desleales, evitar abusos que en ocasiones adquieren magnitudes intolerables, deteriorando las relaciones entre arrendadores y arrendatarios.
Esto también habrá de generar una tendencia de transformación en los métodos de adquisión o renta de condominios para la vivienda y giros comerciales o empresariales.
Dicho sea de paso, vivimos en un fenómeno que no sólo no se construye más, sino que la obra existente se ha venido reduciendo dramáticamente, al grado de que su mantenimiento y conservación es insignificante.
Por otro lado, como la normatividad vigente es antigua y obsoleta, se ha convertido en ineficaz y hasta lesiva en términos de desarrollo urbano. Su carácter tutelar generó impactos económicos y sociales que no se pueden seguir repitiendo, porque su forma, objeto inhibitorio, repercute directamente en la forma negativa en las inversiones que pueden ser aplicadas a la construcción de vivienda.
Los indicadores del sector, reflejo de una realidad misma, ponen en la superficie la injusticia manifiesta, ya que el grave rezago habitacional, lejos de proteger al sector inquilinario, lo han conducido a un estado de inseguridad jurídica y a la cancelación de oportunidades de acceder al autofinanciamiento de viviendas dignas y decorosas, tanto por los precios elevados de renta como por las garantías que exigen las sociedades de crédito, para el otorgamiento de préstamos en estos rubros.
La falta de oferta de vivienda, los vicios ancestrales y seculares del sector inquilinario, los abusos de los arrendadores y la usura bancaria, han dejado como producto el que no se dinamice esta importante actividad y que se observen cuadros de marginación social, inadmisible en un régimen de derecho y así se da el caso de la aglomeración de familias enteras en tugurios, vecindades malolientes e insalubres y en cuartos de azotea, así como en pequeñas casas de cartón y lámina, en las ciudades marginadas de las grandes metrópolis.
Es imperdonable, desde cualquier punto de vista, este fenómeno y, para nosotros, representantes de la soberanía popular, es una obligación nacida de la convicción que no podemos permitir o fomentar ni la factibilización ni sus efectos.
Esta iniciativa del Presidente de la República, debe ser sostenida y apoyada por todos los mexicanos, independientemente de su signo ideológico o de cualquier interés egoísta de personas o grupos.
En términos generales, el balance y estadísticas de vivienda indican que no se ha beneficiado ni a arrendadores ni a inquilinos, aunque pueden haberse dado casos aislados de beneficios inmorales para algunas de las partes o para ambos, pero que en la realidad, creyendo ganar, salieron
perdiendo y, ahí está la prueba con que un número incuantificable de ciudadanos que viven en la angustia diaria de no poder conseguir una vivienda por la escasez de oferta y por lo limitado de sus ingresos.
Esta iniciativa tiene la clara intención de reconciliar la moral y la Ley en materia de vivienda. Es pertinente señalar que cuando se pierde el sentido de solidaridad entre los seres humanos, la desconfianza, el recelo y el prejuicio, aparecen como elementos disolventes que agravan más el problema social.
En asunto de tamaña importancia como el que hoy nos ocupa, debemos de buscar olvidar las divergencias y buscar el consenso, para romper eso que se ha dado en llamar el antagonismo entre la cultura del antagonismo entre los arrendadores y los arrendatarios y que se acentúa en el terreno judicial, que es a todas luces un recurso de procedimientos legales, viciados y propiciados por la corrupción de algunos malos administradores de la justicia, en complicidad con inescrupulosos defensores que engañan y explotan a sus desesperados clientes.
Esta iniciativa, si alguna virtud habremos de reconocerle, es precisamente la propuesta de adecuación de las normas sustantivas y adjetivas que rigen el arrendamiento, para favorecer una genuina relación de equidad jurídica y económica entre arrendadores y arrendatarios, a efecto de que las mismas partes involucradas en la oferta y la demanda de la construcción de vivienda en arrendamiento se transformen en agentes dinámicos del mercado respectivo.
Señores diputados, ustedes saben perfectamente que esta Comisión Legisladora pormenorizó el estudio de una iniciativa, haciendo un examen exhaustivo de cada una de las propuestas y ponderando sus objetivos.
Bajo esta responsabilidad, los integrantes de la Comisión de Vivienda, hemos venido considerando pertinente defender sus conclusiones, convencidos de la seriedad y trascendencia de la iniciativa presidencial que reforma y adiciona diversas disposiciones.
En este pleno de la Cámara, adicionalmente apuntamos los beneficios que representan su aprobación al sector inquilinario. En lo general, se posibilita la apertura para el acceso a la vivienda digna, la industria de la construcción encontrará opciones más sólidas para orientar sus actividades a la solución de un problema nacional que tiene una tendencia de crecimiento alarmante.
El sector bancario, al igual que otros intermediarios financieros, tendrán que humanizar sus políticas de crédito, haciendo las concesiones con una clara reafirmación en su vocación social.
Se obligará a los diversos sectores a encontrar acciones, unidades convergentes, para dignificar el desarrollo urbano. La opción de que los arrendatarios tengan aparejada la alternativa de compra, propiciará una mejor relación equitativa entre arrendadores y arrendatarios.
Se profesionalizará el sector de la construcción, porque sólo quedarán invalidados aquellos grupos o personas que no acrediten solvencia social, técnica, profesional y económica, en la construcción de vivienda de arrendamiento con opción a compra.
Las autoridades del sector público y el sector judicial podrán apalancar sus prestigios dentro de la administración pública y frente a la ciudadanía que reclame sus servicios, simplificándose de este modo los trámites burocráticos correspondientes.
El coyotaje que lamentablemente existe y que medra con las necesidades de vivienda de las familias mexicanas, se verá drásticamente reducido con posibilidades de extinción.
La iniciativa de ley concebida y animada con una gran visión incentivadora para movilizar a nivel nacional al sector financiero y muy especialmente al sector bancario y bursátil, para diversificar sus fondos de capital y para eficientar sus colocaciones en el mercado de vivienda, abre igualmente un horizonte de posibilidades a inversionistas individuales, para colocar sus ahorros de manera generalizada y profesional al orientar dichos recursos a un mercado seguro y de creciente expansión, como lo es el de la vivienda, en arrendamiento con opción a compra.
Compañeros diputados: inútil es divagar en los problemas sociales que todos conocemos y que hemos analizado en sus causas y efectos. Todos los aquí presentes sufrimos las consecuencias del exceso de confianza que tuvimos frente a la evolución de nuestro desarrollo.
Nosotros, al igual que nuestros representados de nuestros distritos, tenemos la obligación ineludible de velar por sus intereses legítimos y en conjunto buscar las coincidencias en la relación de práctica de trabajos que conduzcan a la corrección de las injusticias sociales que prevalecen en la sociedad mexicana.
Podemos disentir en muchos aspectos de carácter partidista, pero no en asuntos que reclaman soluciones inmediatas; una de ellas es la dramática magnitud del déficit de vivienda.
Estoy seguro que podremos contribuir al enriquecimiento operativo y práctico de esta iniciativa presidencial, pero que ese afán de eficacia no substituya la urgencia.
Los millones de familias mexicanas que están atentas y que hacen el seguimiento de nuestro debate confían en que sus legisladores defenderán sus causas; que el producto final de estas demandas satisfechas contribuirán para lograr los dos objetivos básicos de nuestro desarrollo: la equidad socioeconómica en el seno de la sociedad mexicana y la racionalidad, eficiencia y trascendencia del desarrollo urbano, sean las consecuencias de los propósitos de integración económica de México y un testimonio fehaciente de la capacidad instalada de los recursos humanos y materiales. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, señor diputado Raúl Pardo.
Tiene el uso de la palabra el diputado Javier Centeno Ávila, en contra, no dice de qué partido...
No encontrándose presente en esta sala, le vamos a dar el uso de la palabra al diputado Guillermo Flores Velasco, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra...
No encontrándose en esta sala el diputado, le cedemos el uso de la palabra al diputado Cuauhtémoc López Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional para hablar en favor...
No encontrándose presente, le cedemos el uso de la palabra al diputado Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional, para fijar posición.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Señores Presidente; señoras y señores diputados:
Los primeros temas tocados en el período revolucionario, se hablaba de que los mexicanos de entonces y yo digo los mexicanos de hoy, los mexicanos de 1909 y los mexicanos de 1993. Los escasísimos 18 millones de mexicanos de entonces y los más de 85 millones de mexicanos de hoy, pidieron entonces, como piden ahora, respuesta de parte del Estado, de parte de la sociedad en que viven, porque participamos en sociedad precisamente para subsanar las debilidades que en lo individual tenemos. Lo que no podemos satisfacer por sí solos: casa, vestido, vivienda y educación.
Es fácil. Sería muy fácil para mí, diputado de la nación, conmover las fibras sentimentales de los diputados y del pueblo de México, hablando, hablando, señoras y señores diputados, exclusivamente de lo que al pueblo le agrada oír, sin desconocer problemas graves, serios, en materia de vivienda y en materia de habitación.
Los diputados del Distrito Federal que están aquí, están vinculados estrechamente con esta Ley. Los diputados que no somos del Distrito Federal, que somos de provincia, también nos interesa esta Ley, no porque no estemos vinculados a la capital del país y al pueblo que habita en la capital del país, porque somos diputados de la nación, sino porque sabemos, sabemos señoras y señores diputados, que estas leyes que aprueba el Congreso para el Distrito Federal, a veces, muchas veces, sirven de modelo ante situaciones similares para el resto de las entidades de la República.
Una época, una época que era tesis aceptada por los maestros de derecho en las escuelas de derecho de las universidades, sobre la conveniencia de igualar la legislación del resto de todas las entidades de la Federación.
Yo voy a tocar, voy a tocar algunos temas, algunos puntos de esta iniciativa de Ley que no me gusta y; no me gusta no por razones estéticas; no me gusta porque tocan la entraña y la fibra de un sector muy importante, desprotegido económicamente, del país; porque en mi ciudad, en mi Estado, también hay escasez de vivienda, como en el Distrito Federal, porque en Coahuila y en Durango también hay escasez de vivienda, porque es un sufrimiento de muchas familias del país cuando no se tiene una casa en qué vivir.
Y esta iniciativa que por una parte pretende resolver un problema de la falta de inversión en materia de casas - habitación para arrendamiento, esta iniciativa se va al otro extremo en algunos de sus artículos. El Estado no debe intervenir en la libre contratación; el dejar hacer y el dejar pasar; el liberalismo económico en materia de arrendamiento; el dejar como en la época más terrible del liberalismo, que el pez grande se coma al chico; el dejar que la capacidad económica domine y predomine sobre la incapacidad
económica y no digo la pobreza, sobre la miseria de muchos.
¡No! No voy a tocar el ciento por ciento de los artículos de la iniciativa; solamente tocaré algunos.
Miren ustedes: a mí me ha preocupado esta iniciativa desde hace días y créanme que he valorado mucho los argumentos del pro y del contra, en favor y en contra de ella.
Yo soy abogado, he litigado, he litigado y como todos los abogados que litigamos hemos manejado, sobre todo en el área civil, la materia de arrendamiento. Y créanme que acepto los terribles excesos que en materia de procedimiento se dan, respecto de los arrendatarios; cuando para poder lograr que el arrendatario que incumple desocupe una finca, los juicios duran cuatro, cinco, seis, ocho o más años. Ustedes lo saben y yo lo sé.
Estoy en contra de que se agilice el procedimiento, lejos de mí. Yo no estoy en contra de que se agilice el procedimiento. ¡No! Repito: no estoy en contra de que se agilice el procedimiento. Pero, señores diputados, sí estoy en contra de que se reduzcan con el propósito de hacer los juicios expeditos, las posibilidades de defensa de cualquiera de las partes en el procedimiento. Y tengo dos tipos de objeciones, no son muchos; yo diría que cuatro o cinco artículos de fondo en derecho sustantivo en materia civil y podría dejarlos a dos, a dos y, no son muchos en materia de procedimiento; podría decir que en el análisis del Código de Procedimientos Civiles, analicé seis o siete artículos del Código de Procedimientos Civiles, de las reformas, porque esto no es un código completo y, créanme que podría reducirlos a dos.
¡No! No soy intransigente; podría reducirlos a dos. Miren, voy a dividir mi intervención en dos partes, abusando de la paciencia de ustedes, señoras y señores diputados: Código Civil, la parte sustantiva, primero y; luego, Código de Procedimientos Civiles, la parte adjetiva.
Hay algunos artículos que están estrechamente vinculados. Voy a hablar del principal, en materia sustantiva: el no tope en el valor de los arrendamientos, primero.
Segundo, la no prórroga de los contratos de arrendamiento una vez que éstos han vencido y hablo de los contratos de arrendamiento por tiempo determinado.
Voy a olvidarme por un momento de que ya no hay preferencia, no hay derecho de preferencia de acuerdo con esta iniciativa para los arrendatarios. Voy a olvidarme también por un momento, por un momento, señoras y señoras, de que de acuerdo con esta iniciativa, cuando existe un contrato de arrendamiento por tiempo indeterminado, que actualmente puede vencer a voluntad de cualquiera de las partes, dando aviso a la contraparte con dos meses o 60 días de anticipación. Ya esta iniciativa dice: 15 días. ¡15 días!
"Te rento por tiempo indeterminado. Te aviso que es mi voluntad dar por terminado el contrato y vence en 15 días." Pero pongámoslo todavía en esto como una cuestión secundaria.
Señores: el artículo 2485 vigente, para que se den ustedes una idea, dice así: "Vencido un contrato de arrendamiento, tendrá derecho el inquilino siempre que esté al corriente en el pago de las rentas". Hablo de un inquilino cumplido. ¡No hablo de un inquilino que adeude pensiones rentísticas!, ¡no hablo del inquilino moroso; hablo del inquilino cumplido! Se le prorrogará hasta un año ese contrato. Podrá el arrendador aumentar hasta un 10% la renta anterior, siempre que demuestre que los alquileres en la zona de que se trate han sufrido un alza después de que se celebró el contrato de arrendamiento". Un año, concede el derecho de prórroga de un año.
Señores y ¿que dice la iniciativa? Se deroga.
Yo sé lo que es vivir en departamentos en México. La primera vez que fui diputado mis familiares vivían en el Distrito Federal y aquí vivía y sé qué terriblemente difícil es conseguir departamentos en México. Por eso me dirán: "Es buena esta iniciativa, para que haya inversiones en materia inmobiliaria".
Señores ustedes tienen un contrato por cuatro o cinco años en casa - habitación y vence el día último. Y pagan 3 millones y medio de alquiler. Lo pongo muy sencillo, como un ejemplo. Y el casero, el propietario, que puede ser modesto, de clase media o de grandes recursos, que de todo hay, le dice: "Señor, su contrato vence el día último". "Oiga, tengo cinco años".
Actualmente la Ley dice: "Se prorroga hasta un año". La iniciativa dice que no, que el día último que se vence se sale.
¡Pero más todavía, más todavía! ¡No hay límite para el monto de la renta! El Estado no interviene Laissez faser, laissez passer, decían los
franceses, los ingleses, los alemanes: "Dejad hacer, dejad pasar". ¡La libertad ilimitada en materia de contratación! "Señor, ¿me paga 3 millones?", ¿saben qué significa eso, señoras y señores diputados?, que entra, como el argumento, a la ley de la oferta y la demanda.
El Presidente:
Señor diputado Castro Lozano, desean hacerle una interpelación, ¿la acepta usted?
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Sí, cómo no.
El Presidente:
Adelante, señor diputado Kunz Bolaños.
El diputado Adolfo Alfonso Kunz Bolaños (desde su curul):
Señor diputado: está usted hablando del artículo 2485 del Código Civil, nada más una observación, aunque en el fondo su argumento es el mismo, pero hablando de vivienda, se debe usted referir al 2448 - C, que es el que tiene lo mismo...
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Es igual, sí, es el mismo texto.
El diputado Adolfo Alfonso Kunz Bolaños (desde su curul):
Sí, porque el otro se aplica más..., ¡no!, no es el mismo texto. En el primero, en el que usted menciona, habla del 10% si se demuestra un aumento de alquiler; cosa bastante difícil. Y el otro habla del 85% y se aplica a vivienda; éste se aplica a todos los demás inmuebles.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Le agradezco la observación señor diputado, porque yo me iba a referir primero a la prórroga y actualmente es el 85% sobre el salario mínimo, que se determina en el Distrito Federal e iba a señalar los antecedentes; primero 10 y luego 85, ¿así es?
El diputado Adolfo Alfonso Kunz Bolaños (desde su curul):
Bueno, en el artículo que usted citó, que se aplica a todos los inmuebles que no son de vivienda, es el 10% sí se comprueba el aumento de alquiler...
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Y en vivienda el 85%.
El diputado Adolfo Alfonso Kunz Bolaños (desde su curul):
Y en vivienda, ...pero es el 2448 - C. Gracias.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Así es. Le agradezco la observación, pero iba para allá.
Señores, ¡no, no hay problema!, el análisis es el mismo, sea el 10 o sea el 85% la iniciativa no tiene límite. En tratándose de vivienda, si me establecen un incremento del 85% del salario mínimo en el Distrito Federal, no hay absolutamente ningún problema con la argumentación, porque la iniciativa lo deroga; no sé si el diputado Kunz esté de acuerdo con esto.
Y mi argumento era la libre contratación. ¿Qué quiere decir?, yo planteaba: "La renta que usted paga, señor inquilino, es de 3 millones de pesos y ahora si quiere usted vivir le aumenta 10%". Que me conteste algún diputado del PRI si eso se puede o no se puede con la nueva ley. Y quiero decir: "Me paga tres y con la nueva Ley le aumento a 15", "me paga tres, con la nueva Ley le aumento a 20"; ¿saben qué es eso, señoras y señores?, ¡ley de la oferta y la demanda!, ¡libre contratación!, ¡dejar las fuerzas libres en el mercado!, ¡dejar que el pez grande se coma al chico! y, señores, y como dice el diputado Kunz, ya tenemos el 85% del salario mínimo de incremento... yo no tendría inconveniente, diputado Kunz y lo mismo les digo a los demás, que lo aumentaran al 100 o al 120 o al 140, no me gustaría ya, porque sería excesivo, pero ¡caray!, sería un límite.
El Presidente:
Diputado Castro Lozano, le desean hacer una interpelación; ¿la acepta usted?
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Con todo gusto.
El Presidente:
Adelante, diputado.
El diputado Marco Antonio Haddad Yunes (desde su curul):
Yo quiero preguntarle, diputado: ¿qué es lo que sucede hoy cuando hay un tope del 85% y por qué en las estadísticas resulta que la renta ha subido un 700% en los últimos cinco años?
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Con la última parte que usted me acaba de señalar, diputado, me está dando la razón y no solamente eso, ¡qué bueno que usted mencionó la cifra! Yo no conocía la estadística del Distrito Federal, cuando señala el 700%, pero fíjese bien lo que acaba de decir, diputado.
Aceptando su argumento de que las rentas aumentan al 700%, quiere decir que vencido el contrato, diputado, al arrendador no le convendrá seguir arrendando al mismo inquilino, porque en el mercado las rentas han aumentado el 700%, como usted dice, o al dos o al tres o al 400%; como la iniciativa no marca topes por eso yo decía, estaría de acuerdo no en el 85% para darle incentivos a los arrendadores; pónganles 100, 150, 200, 250%, mientras, no me gusta, pero la iniciativa no pone ningún tope, diputado y entonces cuando usted dice, las estadísticas señalan el 700%, quiere decir que los arrendatarios van a entrar al mercado ley de la oferta y la demanda, hay pocas casas, muchos que quieren alquilar y ¿qué pasa, señor diputado, cuando hay pocas casas y muchos inquilinos, muchos arrendatarios que quieren alquilar? Se disparan las rentas, ¿verdad señor diputado? Y, si se disparan las rentas, si se disparan las rentas sin límite, entonces la hipótesis que yo menciono de que de 3 millones puedo subir a cinco, a siete, a ocho, a 10 si hay quien lo pague, se da perfectamente con los datos que usted acaba de mencionar.
Señores, en derecho sustantivo respecto de la prórroga de los contratos. Vamos ahora al Código de Procedimientos Civiles. El Código de Procedimientos Civiles establece, me preocupan varios artículos: el 42, el 271, el 684, el 960, el 961, el 966 pero, bueno, yo entiendo que el propósito de la iniciativa, señoras y señores, es hacer un procedimiento ágil. Voy a mencionar algunas cosas por ejemplo.
Dice el artículo 42 de la iniciativa de Ley, que para las excepciones de litis pendencia, de litis pendiente, de conexidad y de cosa juzgada, esas tres hipótesis, hay un Tratadista de Derecho Procesal, Calamandrei, que para los que no están enterados, pone muy bonitos ejemplos, sus instituciones de Derecho Procesal; dice que los elementos de la acción son los sujetos, el objeto y la causa. Yo te demando, yo te demando inquilino porque ya terminó el contrato; el dueño, el inquilino y yo que soy el dueño, somos los sujetos, lo que yo le pido al juzgador es que declare que ha terminado el contrato, es el objeto y la causa de pedir, es que ya terminó el contrato. Que ya venció el término de vigencia, son los tres elementos de la acción. Te demando en el Juzgado Primero y la misma demanda la planteo en el Juzgado Segundo y ¿qué me vas a contestar, inquilino?, "Oyeme, no, ya hay una litis pendiente en el Juzgado Primero" eso se llama Litis Pendencia; cuando en lugar de coincidir los tres elementos coinciden dos o uno, hay conexidad y, cuando ya se dictó sentencia, es cosa juzgada.
¿Qué hacía y qué se establecía en los códigos? Hombre, el Juez ordena la inspección de los autos y ve que es la misma causa. Ahora ya no, se requiere que el demandado está enfocada, dirigida al inquilino, aporte pruebas documentales y lo puedo aceptar, señoras y señores, porque ¿saben?, la justicia es a veces muy lenta y se lleva tiempo, hay que esperar años, dice la diputada, sí hay que dar a veces gratificaciones a los actuarios, a las mecanógrafas, para que hagan los exhortos o saquen las fotocopias y manden el exhorto o el oficio al juez y si es otro distrito, un exhorto y se lleva tiempo la inspección judicial.
Entonces, señores, para abreviar el procedimiento en perjuicio por supuesto de la parte más débil, vamos a evitarnos el procedimiento de la inspección judicial y vamos, señoras y señores diputados, a exigir pruebas documentales: "Te
puedo probar con la inspección, porque no tengo la cédula de emplazamiento, porque no me la dejó el actuario, por lo que tú quieras".
No, no se admite la prueba de inspección. Tienen que ser las documentales que marca el Código de Procedimientos Civiles. Pero eso puede pasar, para una mayor agilidad del procedimiento. ¿Qué otra cosa podía pasar?, bueno, pues cuando había un Gobierno preocupado por las causas desvalidas, en el Distrito Federal se estableció en el Código de Procedimientos, un procedimiento favorable para los arrendatarios.
Y se dijo: "Bueno, pues hay arrendatarios que no pagan abogado, no tienen con qué pagar abogado. Si no contestan la demanda, vamos a favorecerlos". Y ¿Que se estableció? Que se presuma contestada en sentido negativo.
Ahora, damos marcha atrás, ya no somos defensores de esas clases desvalidas, vamos a darle agilidad al procedimiento, vamos a que el inquilino sea lanzado, que se produzca el desahucio, entonces vamos a establecer que se presumen confesados, como pasa en casi todos los juicios, excepto en cuestiones familiares, que se presuman confesados los hechos de la demanda. Ese es otro cambio.
Y el 684, que me dicen que parece ser que la Comisión escuchó alguno de nuestro pedimentos, absurdo, irracional; irracional y no exagero, señoras y señores diputados. La Ley cuando un juez resuelve mal, señoras y señores diputados, qué cuenta la parte que se ve agraviada por un juez. Un juez listo, pero que se equivocó; un juez listo que no se equivocó pero que se vendió; un juez que no puede ser listo, que dictó una resolución mal.
¿Saben qué elementos da la Ley para combatir eso?, recursos, señores diputados. La revocación ante el mismo juez, o en otro tribunal la apelación y aquí dice, existe el recurso de revocación; pero en arrendamiento no. No, no hay, señores diputados.
Qué bueno que la Comisión reflexione sobre ese tema, ojalá que se plantee el cambio del 684. Yo dije, dije señoras y señores diputados, que eran uno o dos artículos, son varios a los que tengo objeciones, pero de trascendencia, uno o dos. Y el que sigue es uno de ellos.
Es el primero de los dos. El 960 y el 961. Una audiencia de pruebas que fue muy socorrida por muchos arrendatarios y muchos abogados para alargar el procedimiento. Te ofrezco tres testigos, juez. No puedo hacerlos comparecer, cítalos. Los cita el juez, a la primera audiencia comparecen dos y uno no. La pruebas es indivisible y se difiere. A la segunda audiencia, al mes o al mes y medio, comparecen dos, el que no asistió a la primera y otro más y uno de los que asistió a la primera no asiste y se difiere.
Y claro, habría que establecer un límite y la nueva iniciativa indica, ojalá que haya cambio en eso por parte de la Comisión, yo entiendo cuando es por causa imputable al oferente. Cuando es por causa imputable al oferente, caray, que se declare desierta la prueba; pero cuando no es causa imputable al oferente o los testigos son hostiles y además el Código establece la obligación de probarlo, entonces la nueva iniciativa dice que si hay alguna prueba que no se pueda desahogar el día de al audiencia, no importa que no sea causa imputable al oferente, la audiencia en ningún caso se difiere. Que el actuario no citó, que no se entregó el oficio, lo que ustedes quieran.
Yo estoy de acuerdo con limitar el vicio. En el Código de Coahuila hay un articulito que permite a los jueces evitar este problema. Diferida la audiencia, señalada de nueva cuenta, si lo pide una de las partes se prevenga la contraria, que se dará por concluida la prueba. Se dará por concluida, pero no decir, señoras y señores, que una sola audiencia, aunque la parte no sea responsable de la falta de preparación de la prueba y aquí hablo de la pericial, de la testimonial, de la inspección etcétera, en ningún caso dice se difiere.
Y si no hay prórroga y si tengo cinco años viviendo, enlácenlo con el aspecto sustantivo, señoras y señores diputados, no desliguen lo uno con lo otro, si no hay prórroga del contrato, si llevo cinco años y me dices hasta ahora que el día último se me vence y que ya no me vas a poder rentar y soy cumplido y tengo que buscar apartamento y me planteas este procedimiento, no sumario, sumarísimo, ustedes decidan, ustedes decidan en su fuero interno.
Y el otro, dije éste es uno de los dos. Paso la litis pendencia, la apruebo, paso la conexidad, la cosa juzgada, lo apruebo, que conserve su cédula de emplazamiento, que saque copias certificadas y las acompañe y olvídese de la inspección que retrasa, lo apruebo, pero esto no lo apruebo.
El Presidente:
Diputado Castro Lozano, le recuerdo que el tiempo ha concluido.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Obedezco, señor Presidente. Gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado Juan de Dios Castro Lozano.
Tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Lerdo de Tejada, del Partido Revolucionario Institucional, en favor del dictamen.
El diputado Fernando Lerdo de Tejada:
Señor Presidente; compañeros diputados:
Se ha dicho de esta iniciativa que analizamos hoy aquí en la tribuna, muchas cosas, muchos adjetivos, que si la Ley es inequitativa y que si pretendemos proteger a los caseros a costa de los inquilinos, que si va a producir miles de desahucios en el corto plazo, que su efecto será el de elevar las rentas y por lo tanto atizar la inflación; que hay indefinición en muchos de los derechos y de las obligaciones y por supuesto lo relativo a la indefensión del individuo.
Yo no creo que esto sea exacto, yo no creo que esto sea así y en los próximos minutos me propongo rebatir alguno de esos argumentos y realmente demostrar que la modificación que se plantea es una modificación adecuada para nuestra ciudad y para sus habitantes.
La verdad, compañeros, es que las reformas que hoy derogamos, en su gran mayoría fueron introducidas al Código Civil en 1985, una reforma especial, cuyo propósito era el de defender y el de proteger al inquilino, pero que en la realidad, desafortunadamente no tuvo ese efecto. Yo no creo que hoy, a ocho años de distancia, hoy no creo que los inquilinos estén mejor que ayer y, sin embargo sí considero que puede haber muchos en una peor situación.
Lo que pasa es que esta norma no ha podido dar protección. La vivienda ha disminuido en estos ocho años; tenemos menores opciones, se ha vuelto más cara, la que existe se deteriora con mayor rapidez y es que las condiciones de la Ciudad de México cambiaron y de ser una ciudad que mantenía básicamente un equilibrio relativo entre quienes solicitaban viviendas y la ofrecían, hemos pasado a una situación de escasez, donde la vivienda actual, es cara y de muy cuestionable calidad.
El desestímulo ha sido tal, que el número absoluto de viviendas resultan hoy menos que las de hace 10 años. Increíble. Pero hoy tenemos menos vivienda en renta de la que hace 10 años existía en esta misma ciudad y no ha bajado poco, se ha disminuido casi en un 40%, de tal manera que el problema real, el problema efectivo es ¿cómo podemos ampliar las opciones de vivienda, que nos permitan satisfacer las necesidades de la población? ¿Cómo podemos abatir que cuartos de azotea se renten por un valor muchísimo más alto del que en realidad tienen? ¿Cómo vamos a lograr una vivienda digna, suficiente y decorosa, como lo plantea nuestra Constitución?
Yo creo que una cosa debe estar a estas alturas ya muy clara para todos nosotros, que con esta legislación, con la que actualmente tenemos, definitivamente no lograremos estas metas; que con el sistema que hemos estado siguiendo, lo único que alcanzaremos es ahondar estos problemas.
Nos hablaba Juan de Dios Castro sobre el problema del incremento del 85% sobre el índice de precios a que estaba autorizado el tope en el aumento de las rentas y, no obstante que sus señalamientos, como generalmente lo son, resultan interesantes, yo creo que aquí tenemos que enfocar el problema desde otra perspectiva. Todos hemos conocido que ha habido un incremento desproporcionado en las rentas, eso no es ninguna novedad. Este supuesto tope del 85% del salario mínimo, no ha sido más que una ilusión, desafortunadamente.
Señalaba mi compañero Marcos Haddad, en una interpelación, algunas cifras, pero déjenme ponerlas en contexto. Entre 1987 y 1993, el índice de precios se elevó en un 250%. Si nosotros tomáramos esto, tendríamos que la vivienda debería de haberse incrementado en este lapso un 110% y sin embargo la realidad es que se incrementó en un 700%.
Y aquí no cabe duda que los más afectados son aquellos que menos tienen, que las zonas populares de nuestros distritos urbanos han resentido topes que van o han resentido incrementos de aumentos que van mucho más allá del tope legal.
¿Cuántas veces ha llegado gente a vernos a nosotros, a sus representantes populares: "Diputado, me quieren incrementar la renta al doble". Bueno y a los que van trata uno de ayudarles o les apoya. Pero ¿cuántos no van que están precisamente en esa misma situación? Y déjenme decirles que el problema de las zonas populares resulta peor que el de las zonas residenciales, porque desafortunadamente en las primeras, en las populares, la asistencia legal resulta ser más escasa y de menor calidad.
¿Cuántos abogados que desacreditan nuestra profesión? ¿No hemos escuchado que perjudican a ambas partes? Que van y que primero les piden tres o cinco millones de pesos para llevarles su caso y que no hacen más que terminar vendiéndose muchas veces a la contraparte.
Esto, compañeros, es una industria muy desafortunada, pero que se ha convertido en una muy redituable, porque desafortunadamente los juicios que en materia de arrendamiento se han prestado a todo tipo de transas y chicanas. Todas las imaginables.
Y aquí vemos que ésa es la realidad que viven miles de personas de carne y hueso. Las rentas son altas y la vivienda es de mala calidad y, un sistema que nosotros establecimos en teoría para proteger y defender a los que más lo necesitaban, en la práctica en muchas ocasiones se ha revertido.
El legislador, claro que quiso proteger, pero la realidad de la ciudad es mucho más amplia. Nos ha desbordado y por supuesto se ha revertido contra precisamente aquellos que queríamos defender.
Y déjenme decirles, señores diputados, que en una ciudad como la nuestra, en donde la pirámide poblacional nos indica que más del 50% de los que aquí vivimos tiene menos de 24 años, significa, implica que en los próximos 15 años, vamos tener una amplísima demanda de vivienda en esta ciudad que vamos a tener que cubrir. Y yo creo que es nuestra obligación, precisamente como legisladores, como representantes populares, el buscar opciones que nos permitan darle realmente opciones reales a nuestra gente.
Yo creo, compañeros, que ya no es válido que una joven pareja que se casa y que no quiere vivir con sus padres, tenga que pagar por un simple cuarto una cantidad que muchas veces serviría para dar las mensualidades de una casa de interés social. ¿Y por qué? ¿Por qué en una ciudad tan grande nos encontramos con una oferta tan escasa? ¿Por qué resulta tan estrecha precisamente esa posibilidad que se abre a quienes tienen esa necesidad?
El día de ayer, mientras estudiaba, tuve la curiosidad y el interés de ver algunos de los periódicos, el Aviso de Ocasión y lo mismo hice hoy con el Segunda Mano que, como ustedes saben, como no cobra, resulta ser uno de los lugares más populares, para que los particulares se anuncien.
Y fue interesante el descubrir que mientras había 28 páginas para vivienda en venta, solamente existían dos páginas para vivienda que se rentaba; y en el Aviso Oportuno, mientras existían cinco páginas para vivienda en venta, únicamente había una y media para vivienda en renta.
¿Por qué, no obstante que existen edificios enteros vacíos, éstos no entran al mercado de arrendamiento? ¿Por qué, no obstante que hay casas y viviendas que llevan meses que no se venden no se han rentado en el ínterin?
Yo creo que la respuesta la tenemos que buscar en que parece ser muy problemático rentar, que parecer ser que hay tantas trabas que impiden trabajar con agilidad y que, desde luego, el arrendamiento en esos términos se ha convertido en un riesgo.
Y nosotros creemos, compañeros, nosotros consideramos que eliminando la incertidumbre podremos ampliar el número de arrendadores; más vivienda que entre al mercado, que permita satisfacer esa demanda y, desde luego, que baje rentas.
Por supuesto, alguien me dirá: "Hombre, pero eso sucede en las colonias de clases medias o medias altas, donde hay posibilidades precisamente de que se dé esa vivienda y de que entre al mercado". Sí, nada más que en el momento que entre esa vivienda al mercado, va a quitar presión, no nada más sobre ese segmento, sino sobre todo el mercado en su conjunto.
Y esto es precisamente lo que hará en última instancia, que quienes ahora pagan altas rentas por viviendas que no lo valen, realmente puedan tener mejores opciones.
Déjenme decirles, compañeros diputados, que éste es un sistema que hemos visto que ha dado resultados, que se está probando y se está probando no en Japón o en Corea, sino que se está probando aquí mismo, aquí en nuestra realidad, en nuestras ciudades.
Aquellos estados que tienen legislaciones más flexibles en materia de arrendamiento, son aquellos estados que presentan una mayor oferta de vivienda en renta y, Nuevo León y Aguascalientes, son precisamente dos buenos ejemplos de ello.
Para concluir, compañeros, yo quisiera señalarles nada más, que yo creo que éste es un paso más que hemos dado, en una tendencia que precisamente esta Cámara ha realizado.
Las rentas congeladas, en donde todos los partidos políticos por unanimidad consideramos que era conveniente quitarlas, es el ejemplo más patente de lo que una defensa o una protección extrema puede lograr. Y en ese momento todos los reconocimos, tan lo reconocimos que en forma unánime votamos porque ya no se dieran más.
Este es un paso más que nos muestra que esquemas sin equilibrio nos traen efectos indeseados y contraproducentes.
Y creo, compañeros, que la propuesta que se somete a su consideración, es una propuesta realista a un problema apremiante, que no debe verse aislada, que debe de verse en forma integral, que no es... termino, señor Presidente...
El Presidente:
Diputado Lerdo.
El diputado Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna:
Termino señor Presidente.
El Presidente:
Desean hacerle una interpelación.
El diputado Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna:
Con mucho gusto, estoy a punto de terminar. Que no es un planteamiento para proteger a los menos y desproteger a los más, que esto sería socialmente inaceptable y políticamente inadmisible. Que es una alternativa viable, adecuada, para nuestra ciudad y para quienes aquí vivimos. Diputado Terrazas, estoy a sus órdenes.
El Presidente:
Adelante, diputado Manuel Terrazas, con su interpelación.
El diputado Manuel Terrazas Guerrero:
Mis preguntas son las siguientes: la primera, con objeto de aclarar las cosas bien, que no queden confusiones, yo creo que podemos tener hacia algunas, ¿cree usted, compañero diputado Lerdo de Tejada, que el descomunal aumento en las rentas se debe a la existencia de una Ley extremadamente proteccionista, porque creo que las cosas así, o a qué se deben?
La segunda pregunta: ¿qué va a pasar con las 10 mil, 12 mil o 15 mil, yo no sé qué números, yo creo que usted sabrá muy bien el número, porque han manejado antes en la Asamblea y ahora aquí, este problema de las vecindades, ¿qué va a pasar cuando esta Ley, equitativa y justa, que equilibra a ambos "factores", se ponga en vigor? ¿Qué va a ocurrir con esas vecindades, cuando requerirá una enorme inversión el remodelarlas y cuando esa enorme inversión el casero no la va a poner ni la va a conseguir a crédito, sino que la va a tratar de obtener aumentando descomunalmente las rentas que no tendrán ya ningún tope?
Es importante también esa cuestión, porque se refiere a uno de los agudos problemas que en ese aspecto existen en la ciudad de México: las vecindades. Que no se han resuelto desde los sismos de 1985 con el decreto expropiatorio y que se han negado y seguramente a las calendas habrá que esperar que pudiera venir un decreto expropiatorio para ese tipo de viviendas. Muchas gracias.
El diputado Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna:
Con mucho gusto, señor diputado don Manuel Terrazas. Yo le contestaría que efectivamente creo que en esta ciudad las rentas se han elevado excesivamente y sobre todo en contra de quienes menos posibilidades tienen para obtener una vivienda, precisamente porque no ha habido construcción de vivienda en renta. Y esa construcción de vivienda en renta no es más que el reflejo, o esa carencia, no es más que el reflejo de una serie de trabas que se han puesto en el mercado.
Y no hablo aquí, compañeros, quiero ser muy claro, no hablo aquí de la mano invisible o de
que queremos dejar un mercado libre y absoluto, no, no, no. Creo que definitivamente las leyes deben de seguir tendencias económicas, deben de dirigirlas, deben precisamente de encauzarlas, pero no pueden oponérseles, porque entonces el legislador realmente se encuentra con que su norma no tiene una aplicación real.
Y respecto de las vecindades, yo creo que ha sido un rumor injusto el señalar que se van a proceder a miles de cientos de desahucios; esto no es así.
Yo quisiera, para empezar a señalar, que esta Ley, de acuerdo, no sólo me refiero a los desahucios, yo quisiera empezar a señalar, que esta Ley se empezará, tendremos la aplicación real y efectiva de esta Ley, creemos en aproximadamente unos dos años, ¿por qué? Porque todos los contratos que se encuentran firmados se seguirán rigiendo precisamente por las normas actuales.
De tal manera que si un contrato que yo tengo en arrendamiento termina mañana o termina dentro de 90 días, que es la vacation legis que esta Ley establece, ese contrato seguirá teniendo la tácita reconducción y ese inquilino seguirá gozando de los dos años en esa vivienda.
Pero además, en caso de que esta persona no quisiera abandonarla por las diferentes causas que aquí se han tratado, los juicios correspondientes se llevarían conforme a la normatividad actual, de tal manera que no hay afectación alguna a los actuales inquilinos. Y creo que esto debe de quedar muy claro, porque es un temor que se ha propalado. No lo hay. Esta Ley empezará a regir para los nuevos contratos, pero todos aquellos contratos que hoy se establezcan se regirán por las normas actuales.
Y para terminar, señor Presidente, quisiera yo simplemente dejar una propuesta a la cual había hecho mención el señor diputado Juan de Dios Castro y que precisamente los priístas habíamos acordado en la misma y que es la relativa al artículo 684, en la cual proponemos que se señale que los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el juez que los dicta o que los sustituya en el conocimiento del negocio. Esto precisamente para tratar de evitar el problema jurídico en materia de revocación a que se había referido el diputado Castro. Por su atención muchas gracias. Dejo esto en la Secretaría.
El Presidente:
Muchas gracias, diputado Lerdo de Tejada.
Registre la Secretaría para su votación, la propuesta hecha por el diputado Lerdo.
Habiéndose agotado la lista de oradores y no habiendo quien haga uso de la palabra, se instruye a la Secretaría proceda a someter a la consideración de la Asamblea, las propuestas presentadas por los diputados.
El secretario Luis Moreno Bustamente:
Propuesta del diputado Adolfo Kunz Bolaños, de la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Dice: "Considerando que resulta innecesario e inconveniente suprimir la obligación de pagar la renta de inmuebles destinados a habitación en el Distrito Federal en moneda nacional, se propone derogar únicamente el segundo párrafo del artículo 2448 - D del Código Civil.
Artículo 2448 - D. Para los efectos de este Capítulo, la renta deberá estipularse en moneda nacional."
Se propone derogar únicamente el segundo párrafo.
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...Se acepta la propuesta.
Del mismo diputado Adolfo Kunz Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, una consideración antes.
Dice: "Considerando que el publicarse en el Diario Oficial del 7 de febrero de 1985 las reformas al Capítulo IV del Título Sexto de la segunda parte del Libro Cuarto del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, se omitió derogar los artículos 2449, 2450, 2451 y 2452 y, que los mismos se encontraban incluidos en su contenido dentro de los aprobados, toda vez que el 2449 equivale al 2448 - B, el 2450 al 2448 - K, el 2452 al 2448 - E y el 2451 resulta innecesario, por ser el 2448 - B de orden público e interés social y, por lo tanto irrenunciable".
Se propone: "Artículo 2449, se deroga; artículo 2450, se deroga; artículo 2451, se deroga y artículo 2452.
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Se acepta la propuesta.
Propuesta del diputado Lerdo de Tejada, del Partido Revolucionario Institucional, para modificar el artículo 684 del dictamen y quedar en la forma siguiente:
"Los autos que no fueran apelables y los decretos, puedan ser revocados por el juez que los dicta o por el que lo sustituya en el conocimiento del negocio."
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...Se acepta la propuesta, señor Presidente.
El Presidente:
Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El secretario Luis Moreno Bustamante:
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente:
Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
El secretario Luis Moreno Bustamante:
Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
El Presidente:
Un momento, señor Secretario.
Compañeras y compañeros diputados:
Esta Presidencia observa mucho, demasiado desorden y demasiado ruido. Se va a llevar a cabo la votación, por lo tanto solicitamos atentamente a los señores que no sean diputados, cedan el lugar a los que sí lo son y solicitamos también a los propios diputados, se ordenen, para que la votación se haga sin ningún problema. Gracias por la atención.
Proceda la Secretaría.
El secretario Luis Moreno Bustamante:
Vamos a proceder por la sección que está aquí en la derecha, después la hilera donde están ubicados los compañeros diputados, para llevar orden.
El Presidente:
Señores diputados: reiteramos la petición de orden y silencio, para poder escuchar con exactitud el resultado de la votación. ¡Adelante, señor Secretario!
(Votación.)
El secretario Luis Moreno Bustamante:
Señor Presidente: se emitieron 293 votos en pro y ocho en contra.
El Presidente:
Aprobado en lo general y en lo particular por 293 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y, para toda la República en Materia Federal; Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y Ley Federal de Protección al Consumidor.
El secretario Luis Moreno Bustamante:
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Servido, señor Presidente.
DÍA MUNDIAL DE LA POBLACIÓN
El Presidente:
Solicito su atención, señores diputados:
En el punto relativo a comentarios sobre el Día Mundial del Medio Ambiente, la diputada Blanca Ruth Esponda, nos ha hecho llegar su intervención, para que se inserte en el Diario de los Debates. Por lo que esta Presidencia instruye a la Secretaría para que se proceda en consecuencia.
«Intervención de la diputada Blanca R. Esponda Espinosa, presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo con motivo del "Día Mundial de la Población". Palacio Legislativo, 10 de julio de 1993.
Honorable Asamblea: el mundo se ha transformado de manera radical en las últimas dos décadas. Con ello, hemos replanteado muchas de las instituciones y formas de conducción del desarrollo nacional, así como de nuestra participación en las grandes corrientes del cambio mundial. Ello nos compromete con los temas críticos que nos conduzcan a la recuperación económica, el rescate ecológico, la disminución de la desigualdad social y el mantenimiento de la estabilidad social y política. Es nuestro compromiso la búsqueda de alternativas que tiendan a lograr que, en la relación entre el hombre y su entorno, natural, social, económico y político, prevalezca la racionalidad y el respeto.
En la sociedad mundial la prioridad de hoy no es, ni deberá serlo la amenaza de la confrontación armada o el antagonismo ideológico y político. La humanidad en cualquier parte, exige respuestas urgentes para elevar el bienestar y asegurar a las nuevas generaciones un mudo autosostenible, que ofrezca las condiciones mínimas necesarias para la sobrevivencia y la dignidad de la vida humana.
En el centro de la agenda de los líderes mundiales esta población y desarrollo. Las naciones unidas realizarán en 1994 en el Cairo, Egipto, la Conferencia Mundial de Población. Ahí se recogerán los puntos de vista de la Conferencia Latinoamericana de Población realizada en México este año. En ella se confirmó la prioridad política de estas materias de ahí que hoy conmemoremos el día 11 de julio el "Día Mundial de la Población". Es incuestionable el papel de los diputados para promover la toma de conciencia de los gobiernos y de las sociedades, para dar prioridad a las políticas de población, en el contexto de los planes de desarrollo. Tengo la convicción de que sólo así se podía dar viabilidad a un planeta que se enfrentará a un escenario alarmantemente crítico en el futuro. Baste citar que para el año 2200 podríamos tener una población de 11 mil millones de habitantes. El doble de la actual, no es difícil imaginar las grandes presiones alimenticias, de servicios, de empleo y políticas, entre otras, que habrán de enfrentarse.
Para entender la dimensión del fenómeno poblacional debemos partir de un criterio esencialmente humanista. La Comisión Brundtland sobre el medio ambiente y el desarrollo en 1987, señaló, lo que resume una perspectiva común de las sociedades, "que las personas son un recurso creativo, y esta creatividad es una ventaja que las sociedades deben aprovechar".
La población debe ser vista como autora, sujeto y objeto del desarrollo. La legitimidad de las políticas que encauzan el desarrollo depende de su correspondencia con los valores y aspiraciones de la sociedad, en la cual buscan su aplicación. Nada explica mejor la correspondencia y la relación dialéctica entre el papel del Estado y la corresponsabilidad de la sociedad: que la dimensión humana y participativa de la población.
Señoras y señores diputados:
Dentro de siete años, la población mundial habrá de pasar de 5 mil 500 a 6 mil 200 millones de personas. De ellas, 3 mil millones vivirán en ciudades. La población mundial crece a razón de tres personas por segundo y son más de 250 mil por día. A principios del decenio, 93 millones de seres humanos más al año; a fines de este decenio, ese aumento será de casi 100 millones anualmente.
El 95% del crecimiento de la población se da en los países en desarrollo, por ende, la calidad de vida y el desarrollo económico de la región se ven condicionadas por un crecimiento demográfico más rápido que el desarrollo económico.
Las expectativas de viabilidad del desarrollo para fin del siglo y el próximo están comprometidas con el equilibrio y la estabilización de la población de manera determinante. El tiempo es corto. El mundo no dispone de una segunda oportunidad. Pasar de una población de 1 mil a 2 mil millones de personas requirió un siglo, llegar a los 3 mil millones solo 30 años. Avanzar a 4 mil consumió 15 años. En 13 años de paso de 4 mil a 5 mil millones. Los próximos 1 mil
millones de personas sólo necesitarán 10 años para agregarse a la población mundial.
El continuo y rápido crecimiento de la población ha escapado a los intentos de planificación en la mayoría de los países y se ha presentado de manera desordenada e imprevista. El resultado de este crecimiento, sobre todo en los países en vías de desarrollo, ha entrado en confrontación con los recursos necesarios, para mantener estandares mínimos de vida digna y amenaza seriamente las reservas ambientales del mundo. Los recursos naturales: de tierra, aire y agua son cada día más disputados para sostener la creciente cantidad de personas, tanto en el orden nacional como a nivel mundial.
El reforzamiento de las políticas y programas de población es una necesidad impostergable en todo país en desarrollo. A los recursos financieros y materiales debe sumarse un creciente esfuerzo por integrar más decisivamente a las personas en la educación para la planeación del crecimiento familiar.
La planificación de la familia, con el respeto irrestricto al derecho de los individuos y las parejas a decir libre y responsablemente el número y espaciamento de sus hijos, sigue siendo uno de los retos más importantes para incorporar, sobre todo a los núcleos rurales y a los crecientes grupos urbanos marginales.
Ningún esfuerzo informativo y educativo es suficiente por sí mismo. La planificación de la familia con su correspondiente educación sexual y paternidad responsable debe desarrollarse como un concepto amplio e integral, que abarca distintos factores: como la educación, la salud, la descentralización de los recursos y los medios. No se trata solamente de suministrar servicios anticonceptivos. Esta directamente relacionada a la creación de oportunidades y opciones para las personas. Ese proceso se inicia desde el nacimiento. Son determinantes las condiciones en las que padres y madres reciben el nacimiento de sus hijos. La igualdad de oportunidades para niñas y varones, la falta de acceso a los servicios de salud y educación condiciona muchas veces la decisión de las parejas de planificar su familia.
La generación de opciones para el desarrollo individual y familiar es determinante. Los países en desarrollo consideramos en la conferencia latinoamericana celebrada en México, que las políticas de población son inherentes a la estrategia de disminuir el acelerado crecimiento de la población, de enfrentar las dificultades económicas y de evitar el progresivo deterioro de los recursos y el medio ambiente, de ahí que deben reflejar las circunstancias económicas, sociales y culturales de cada país y, muchas veces, de las diferentes regiones y grupos sociales que los integran.
El tamaño de la población y las tasas de crecimiento son aspectos prioritarios del rescate ambiental, en cualquier grado de desarrollo, al aumentar la población se tiende, de manera lógica, a utilizar más la energía, los recursos y a acrecentar los riesgos ambientales. Prueba de ello es el énfasis puesto en la cumbre mundial de la tierra en los aspectos demográficos para asegurar políticas y programas apropiados de conservación y rehabilitación de los recursos naturales.
La pobreza y el acelerado crecimiento demográfico ejercen presiones cada vez mayores sobre los recursos disponibles. Las soluciones en el abasto de alimentos, de combustibles y dotación de vivienda, en muchas comunidades lleva al incendio y tala de bosques, uso inadecuado del tierras de cultivo, así como contaminación y agotamiento de los recursos hidráulicos.
Hay plena conciencia para evitar que ocurra una crisis ecológica, al relacionarla con el fortalecimiento de las políticas de población, no sólo para disminuir su crecimiento, sino para lograr una distribución equilibrada entre las zonas rurales y las zonas urbanas y buscar un uso equilibrado de los recursos. De ahí que políticas de población y desarrollo sostenible sean aspectos de objetivo común de garantizar la sobrevivencia y la justicia.
La emergencia poblacional se ejemplifica con claridad ante el crecimiento de las corrientes migratorias. Los mercados laborales de los países expulsores no han podido absorber al creciente número de jóvenes con aptitud para el trabajo.
Lo anterior conlleva a que se produzcan tensiones de carácter económico y social, así como malestar político. Debemos hacer notar que a nivel internacional esta situación se estimula para el proteccionismo comercial y por la falta de esquemas suficientes de cooperación para el desarrollo. La creciente desigualdad entre países ricos y pobres estimula inevitablemente la migración hacia otros países en busca de mejores condiciones de vida.
Las migraciones representan el dilema entre opción y necesidad. Lejos de que para muchas personas la migración sea una opción más para su desarrollo personal y familiar, la mayoría de las veces es una necesidad, producto de la carencia de oportunidades.
Para equilibrar el desarrollo con el crecimiento poblacional, el mundo necesita plantearse la necesidad de abordar el problema de la equidad con determinación y realismo. Para ello es necesario contrarrestar los orígenes estructurales de desigualdad entre países y dentro de las sociedades. Entre 1950 y la actualidad, en los países ricos el ingreso per capita se ha triplicado, mientras tanto, en los países en desarrollo, ha sido escasa la mejora y en la mayor parte de los países ha habido deterioro.
El interés de los países en desarrollo por aprovechar la ampliación del comercio mundial se ha visto frenado por la persistencia de barreras arancelarias y otras aduaneras, aunada, en muchos casos, a la persistencia del problema de la deuda externa. Esta situación ha tenido, con diversas magnitudes, impacto negativo en sectores prioritarios del bienestar social.
La solución a la pobreza y a la iniquidad exige un enfoque auténticamente mundial. Los problemas no pueden enfrentarse con dádivas ni visiones inmediatas. El desarrollo sostenible a escala mundial sólo es posible mediante un compromiso que proporcione en el largo plazo mayor igualdad en el acceso de los recursos y los bienes de producción.
No hay atajos posibles. Es necesario establecer políticas y mecanismos que aseguren que las personas vivan dignamente en sus propios países. Solo así tendrán solución una gran parte de las migraciones internacionales. Por otra parte, la aportación de los migrantes a las economías receptoras es muy importante e imprescindible. De tal manera que las remesas producto del trabajo de los migrantes son apenas superadas por los ingresos del comercio internacional del petróleo. De ahí que exista la debida justificación para que se definan claramente los derechos y las responsabilidades, tanto de los países receptores como de los países de origen con respecto a las personas migrantes.
La incertidumbre del desarrollo económico mundial y en gran medida de su evolución política, acarrea falta de confianza a la población en su propio futuro. Solo si es posible asegurar recursos, ingresos y servicios en forma equitativa el recurso humano y poblacional podrá desarrollar su potencial creativo y productivo.
La participación social es necesaria para coordinar con el sector público las estrategias que tiendan a superar la injusticia, a utilizar más racionalmente los recursos y a controlar la expansión y distribución poblacional.
Se requiere hacer de cada individuo un participante comprometido con las necesidades sociales. Que vaya entrelazado a la política del Estado de encontrar nuevas vías para el desarrollo socio - económico. Solo así produciremos una sociedad equilibrada, en donde las políticas fundamentales de la nación sean emprendidas por ciudadanos que no estén sujetos en su voluntad y capacidad a carencias excesivas.
El reto poblacional tiene que ver con la voluntad política de los gobiernos y los pueblos, la cuestión de población y desarrollo tiene que ver con el tema; o de la población, el crecimiento económico y la distribución mediante el empleo, así como el acceso a los servicios necesarios para satisfacer las necesidades de cada persona humana. La pobreza, el desempleo y las miserables condiciones de vida de millones, necesariamente conduce a las familias a crecer, así lo revela el que 95% del crecimiento poblacional se dé en el mundo subdesarrollado.
Estas cuestiones son prioritarias en la agenda del desarrollo de la nación y del mundo. Las creemos vitales para la justicia, pero también para la democracia, porque en condiciones de injusticia social, de pobreza extrema y de carencia de oportunidades de vida digna, las instituciones políticas y las pautas de convivencia civilizada se encuentran en riesgo. El desarrollo humanista y sostenible es propósito superior de la sociedad y del Estado con vocación social.»
El Presidente:
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Luis Moreno Bustamante:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Segundo Período de Sesiones Ordinarias. - Segundo Año. - LV Legislatura.
Orden del día
13 de julio de 1993.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del XIV aniversario luctuoso del licenciado Gustavo Díaz Ordaz,
expresidente de la República, tendrá lugar el 15 de julio en la tumba que guarda sus restos en el Panteón Jardín, ubicado por camino al Desierto de los Leones, delegación política Alvaro Obregón, a las 11.00 horas.
Proposición de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Oficio de la honorable Cámara de Senadores
En que invita a la sesión solemne, en la que impondrá la "Medalla Belisario Domínguez".
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Daniel Leyva y Santiago, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Leopoldo II en Grado de Comandante, que le confiere el Gobierno de Bélgica.
De la Comisión de Comercio, con proyecto de Ley de Comercio Exterior.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Mercado de Valores.
Elección de los miembros de la Comisión Permanente.
Comentarios del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en torno a la negociación del Tratado de Libre Comercio.
Comentarios del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, en torno a la situación económica nacional, con propuesta de punto de acuerdo sobre la situación salarial.
Intervención de la diputada Silvia Pinal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en torno a la Convención de Ginebra, en Materia de Leyes de Intérpretes.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una denuncia sobre gaseras en Tijuana.
Intervención del diputado Gonzalo Cedillo Valdez, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para presentar una denuncia en relación al desbordamiento del Río de los Remedios.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
El Presidente:
(A las 20.50 horas): Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar mañana martes, 13 de julio, a las 10.00 horas.
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:
BCN Baja California Norte
Cetes Certificados de Tesorería
CSF (Sin aclaración)
D.F. Distrito Federal
Ficapo Fideicomiso de Casa Propia
Fividesu Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano
Fonhapo Fondo Nacional de Habitación Popular
Fovissste Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadoresdel Estado
IBM International Business Machine
ICA (Sin aclaración)
IMC Instituto Mexicano de las Comunicaciones
INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
Infonavit Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
ISAI (Sin aclaración)
Isfam (Sin aclaración)
Gro. Guerrero
Jal. Jalisco
LTD Limited
NC (Sin aclaración)
PAN Partido Acción Nacional
PARM Partido Auténtico de la Revolución Mexicana
PFCRN Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional
PPS Partido Popular Socialista
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI Partido Revolucionario Institucional
S.A. Sociedad Anónima
SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Secogef Secreataría de la Contraloría General de la Federación
Seneam Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SIN (Sin aclaración)
SPA (Sin aclaración)
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México