Legislatura LV - Año III - Período Comisión Permanente - Fecha 19940117 - Número de Diario 5
(L55A3PcpN005F19940117.xml)Núm. Diario: 5ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Diputada María de los Ángeles Moreno Uriegas
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO III México, D. F., lunes 17 de enero de 1994 No. 5
SUMARIO
ASISTENCIA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
PERÍODO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que envía la solicitud de convocatoria. Se turna a la Primera Comisión.
LEY DE AMNISTÍA
Iniciativa del Poder Ejecutivo Federal. Se turna a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados.
RECESO
PERÍODO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS (II)
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de convocatoria.
Debaten los legisladores:
Rodolfo Echeverría Ruiz
Porfirio Muñoz Ledo, para rectificar hechos.
Rodolfo Echeverría Ruiz, para contestar alusiones personales.
Laura Alicia Garza Galindo, para rectificar hechos.
José de Jesús Martín del Campo Castañeda, para rectificar hechos.
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
Alberto Marcos Carrillo Armenta
Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez
Adolfo Alfonso Kunz Bolaños
Ernesto Luque Feregrino
José de Jesús Martín del Campo Castañeda
Héctor Terán Terán
Silvia Hernández
Aprobado. Se turna al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
Presidencia de la diputada María de los Ángeles Moreno Uriegas
ASISTENCIA
La Presidenta:
Procedía la Secretaría a pasar lista de asistencia.
El secretario diputado Francisco José Paoli Bolio:
Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los miembros de la Comisión Permanente.
Hay una asistencia de 30 legisladores. Hay quórum, señora Presidenta.
APERTURA
La Presidenta (a las 19.25 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El secretario diputado Francisco José Paoli Bolio:
«Comisión Permanente. Primer Receso. Tercer Año. LV Legislatura.
Orden del día
17 de enero de 1994.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Con el que se remiten: La solicitud para que se convoque a un período extraordinario de sesiones y la Iniciativa de Ley de Amnistía.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El secretario senador José Ramón González León:
Se va a dar lectura al acta de la Sesión anterior.
«Acta de la Sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el día doce de enero de mil novecientos noventa y cuatro, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso de la Unión.
Presidencia de la diputada María de los Ángeles Moreno Uriegas.
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con cuarenta y seis minutos del día doce de enero de mil novecientos noventa y cuatro, con una asistencia de treinta legisladores, la Presidenta declara abierta la sesión.
La Secretaría día lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.
Dos comunicaciones de los congresos de los estados de Puebla y Tamaulipas, con los que informan de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.
Se día lectura a un oficio de la Secretaría de Gobernación con el que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Félix Jaime Pérez y Elías, Gregorio Núñez Ehuan, Gandhi Zilli Viveros, Agustín Ortega Martín del Campo, Lázaro Mendoza Sánchez, Mariano Francisco Saynez Mendoza, Raúl Arévalo Gallegos, Luis Fernando Zapata Espinoza, Alfredo Alexandres Santín, Luis Jorge Fuentes Chávez, Miguel Lizárraga Bolio, Moisés Gómez Cabrera y César Camilo Vallejo González, para los efectos de la fracción séptima del artículo setenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Segunda Comisión.
Otro oficio de la misma Secretaría, con el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Vicente Luis Coca Alvarez, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de Filipinas. Se turna a la Primera Comisión.
Para continuar con el orden del día, se día primera lectura a los siguientes dictámenes:
De la Primera Comisión con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Ana María Portillo Espinosa, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República portuguesa.
De la Primera Comisión con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Miguel Arturo
Necoechea y Gracia, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República Francesa.
de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Norberto Cozar García, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Rey de Suecia.
de la misma Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Alvarado Enrique Guzmán Milla, pueda prestar sus servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Para referirse a los lamentables hechos ocurridos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el veintidós de abril de mil novecientos noventa y dos, hacen uso de la palabra los legisladores Gabriel Jiménez Remus, del Partido Acción Nacional; Emilio Becerra González, del Partido de la Revolución Democrática y Ricardo Monreal Ávila, del Partido Revolucionario Institucional, quien contesta a una interpelación del diputado Gabriel Jiménez Remus.
Comentan el desarrollo de los acontecimientos en el Estado de Chiapas, los legisladores Porfirio Muñoz Ledo, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones; Carlos Jiménez Macas, del Partido Revolucionario Institucional; Israel González Arreguín, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Emilio Becerra González, del Partido de la Revolución Democrática, en tres ocasiones; Gustavo Carbajal Moreno, del Partido Revolucionario Institucional; Miguel González Avelar, del Partido Revolucionario Institucional; Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional: Juan José Rodríguez Prats, del Partido Revolucionario Institucional y Rodolfo Echeverría Ruiz, también del Partido Revolucionario Institucional.
La Presidenta informa que en el curso de la sesión se presentó la solicitud de licencia del diputado Fidel Herrera Beltrán y la Secretaría le día lectura de la misma forma que lo hace con el punto de acuerdo respectivo, mismo que sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría día lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidenta clausura la de hoy a las dieciséis horas con diecisiete minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo miércoles diecinueve de enero de mil novecientos noventa y cuatro, a las once horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señora Presidenta.
PERÍDO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS
El secretario senador José Ramón González León:
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Con el presente remito a ustedes la solicitud que con fundamento en el artículo 89, fracción XI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos formula el ciudadano Presidente de la República a esa Comisión Permanente para que acuerde convocar al honorable Congreso de la Unión a un período extraordinario de sesiones, que se celebre a la brevedad posible, con el único objeto de conocer y aprobar, en su caso, la iniciativa de Ley de Amnistía a que se refiere esta solicitud.
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los efectos de la fracción IV del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 17 de enero de 1994. El secretario, doctor Jorge Carpizo.»
«Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
El día de hoy, a través de un mensaje dirigido a la Nación, anuncié la decisión del Ejecutivo Federal a mi cargo de solicitar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión
que convoque de inmediato a un período de sesiones extraordinarias, con objeto de que sea discutida y, en su caso, aprobada una iniciativa de Ley de Amnistía, que será concedida de manera general y en favor de los participantes en los hechos de violencia que afectaron varios municipios del Estado de Chiapas, desde el día primero de enero de mil novecientos noventa y cuatro hasta las once horas del día dieciséis del mismo mes y año.
También expresé que frente a los acontecimientos señalados, la Nación sigue plenamente comprometida en favor de la paz. Las organizaciones sociales, las asociaciones religiosas, los medios de comunicación, las fuerzas políticas del país y los ciudadanos están decididamente en contra de la violencia; existe un sentimiento definido y claro en favor de una solución que evite la pérdida de vidas y asegure la preservación de la justicia y del orden público; por ello el Gobierno ha tomado el camino de la conciliación y la unidad entre los mexicanos para que esta grave situación no vuelva a presentarse.
El Ejecutivo a mi cargo, a través de esta iniciativa, reitera su decisión de buscar la paz y la tranquilidad social, y que quienes hayan entrado en confrontación con las instituciones constitucionales del Estado Mexicano no tienen ya pretexto alguno para no reintegrarse pacíficamente a sus comunidades e incorporarse a las tareas de superar solidariamente necesidades y rezagos. Con esta iniciativa de Ley de Amnistía, que representa un esfuerzo adicional por la justicia y la reconciliación, se fortalecerá la armonía de la República y la unidad de la Nación.
Por lo anterior y con fundamento en los artículos 67, 79 fracción IV y 89 fracción XI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esa Comisión Permanente se sirva acordar, la convocatoria a un período extraordinario de sesiones del honorable Congreso de la Unión, que se celebre a la brevedad posible, con el único objeto de conocer y aprobar, en su caso, la iniciativa de Ley de Amnistía a que se refiere esta solicitud.
Reitero a ustedes, ciudadanos secretarios, las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.
Palacio Nacional, a 16 de enero de 1994.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari.»
La Presidenta:
Se turna a la Primera Comisión, con la súplica de que en el transcurso de la sesión se presente el dictamen correspondiente.
LEY DE AMNISTÍA
El secretario diputado Francisco José Paoli Bolio:
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
El día primero de enero de 1994, miembros de grupos armados violentos ocuparon las presidencias municipales de San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano, en el Estado de Chiapas, perdiendo la vida diversos miembros de Seguridad Pública del Estado y tomando rehenes en cada una de estas localidades. Al día siguiente, miembros de los mismos grupos armados atacaron el cuartel de la XXXI zona militar, localizada al norte de San Cristóbal de las Casas.
Desde el primer momento de la agresión, el Gobierno de la República rechazó la violencia, ofreció el diálogo y dedicó todas sus energías a garantizar la seguridad de la población y el pleno respeto a los derechos humanos en la región afectada.
Para alcanzar este propósito, se tomaron distintas medidas:
a) El Ejército rechazó los ataques y reforzó el número de efectivos con el fin de garantizar la seguridad en los poblados agredidos.
b) Solicité respetuosamente al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se trasladara a la zona del conflicto y velara por el pleno respeto a los derechos humanos en la misma.
c) A fin de avanzar en los propósitos de paz y de revertir la grave y delicada dinámica en la zona afectada de Chiapas, realicé cambios en mi gabinete, alenté la integración de una Comisión Plural que buscara soluciones de fondo mediante el diálogo, designé a un comisionado para la paz y reconciliación en Chiapas y d instrucciones al Secretario de Desarrollo Social para concertar, junto con las más de 100 organizaciones
sociales del Estado, una propuesta para enfrentar las demandas y atender los problemas de la población afectada por la violencia.
Una vez que el Ejército Nacional alcanzó el objetivo fundamental de proteger a la población civil y restaurar las condiciones de seguridad en el Estado de Chiapas, tomé la decisión de suspender toda iniciativa de fuego en la zona del conflicto y envié un mensaje claro de conciliación, de paz y de respeto a los derechos humanos: el Ejército mexicano sólo responderá si fuera atacado o si se atacara a la población civil, reiterando que aquellos que hubieran participado en este conflicto por presión o desesperación y que aceptaran la paz y la legalidad, encontraran el perdón.
Una vez que el grupo armado ha salido de las cabeceras municipales, se realizan con mayor tranquilidad las acciones de procuración de justicia, de administración pública por las autoridades municipales y de investigación de denuncias respecto a posibles violaciones a los derechos humanos.
Como consecuencia de la disposición del Gobierno de la República al diálogo, manifestada desde el inicio del conflicto; en congruencia con el ofrecimiento de perdón para quienes, habiendo participado en los hechos por presión o desesperación, aceptaran regresar a la legalidad; y dadas las nuevas condiciones de una mayor tranquilidad en la región garantizada por el Ejército mexicano, he decidido enviar esta iniciativa de Ley de Amnistía para la zona en los términos que en la misma se establecen.
Esta amnistía se propone en favor de todas aquellas personas en contra de quienes se haya ejercitado o pudiera ejercitarse acción penal por la comisión de delitos vinculados a los hechos violentos suscitados en varios municipios del Estado de Chiapas, a partir del día 1o. de enero de 1994 y hasta las once horas del día 16 del mismo mes y año.
Con plena conciencia de los graves rezagos y legitimas demandas de justicia que se expresan desde hace años en diversas regiones del Estado de Chiapas, el Ejecutivo Federal a mi cargo pondrá en marcha en los próximos días un importante Programa Integral de Justicia para los Altos y la Selva de Chiapas. Asimismo, promoveré una invitación al Estado para impulsar las acciones que resuelvan los agravios en materia de procuración y administración de Justicia.
Debe reiterarse que, ante la agresión al orden constitucional, el Gobierno de la República ha cumplido su responsabilidad de acuerdo con la Ley, protegiendo la vida de la población civil y restableciendo la normalidad en esa región. Como afirmé a raíz de estos hechos, la violencia no genera más libertad ni más democracia, sino odio y cerrazón política.
Con estas orientaciones y decisiones políticas se conducirá el Gobierno de la República para fortalecer la Ley, el respeto a los derechos humanos y abrir cauces de conciliación, sin dejar en ningún momento de garantizar la seguridad de los habitantes de Chiapas.
Como afirmé el 3 de enero del presente año ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión: "Que no quepa duda, en ninguna región de México existe diferencia superior a nuestra capacidad de diálogo, ni distancia capaz de afectar nuestra unidad fundamental. Las acciones violentas retrasan la verdadera solución de las necesidades sociales y oscurecen la solución de diferencias. En México buscaremos siempre el imperio de la Ley, el diálogo pacifico, y muy particularmente la defensa de los derechos humanos en todas las acciones de la comunidad".
Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión, por el digno conducto de ustedes, ciudadanos Secretarios, la siguiente
INICIATIVA DE LEY DE AMNISTÍA
Articulo 1o. Se decreta amnistía en favor de todas las personas en contra de quienes se haya ejercitado o pudiere ejercitarse acción penal ante los tribunales del orden federal, por los delitos cometidos con motivo de los hechos de violencia que se suscitaron en varios municipios del Estado de Chiapas, a partir del día primero de enero de mil novecientos noventa y cuatro y hasta las once horas del día dieciséis del mismo mes y año.
Articulo 2o. Los individuos que se encuentren actualmente sustraídos a la acción de la justicia, dentro o fuera del país, por los delitos a que se refiere el artículo 1o. podrán beneficiarse de la amnistía, condicionada a la entrega de todo tipo de armas, explosivos, instrumentos u otros objetos empleados en la comisión de los mismos, dentro del plazo de treinta días a partir de la vigencia de esta Ley y en los lugares que oportunamente se señalarán.
Articulo 3o. La amnistía extingue las acciones penales y las sanciones impuestas respecto de los delitos que comprende, dejando subsistente la responsabilidad civil y a salvo los derechos de quienes puedan exigirla.
El Procurador General de la República cuidará de la aplicación de esta Ley y, en cumplimiento de lo dispuesto por la misma, las autoridades judiciales y administrativas competentes, cancelarán las órdenes de aprehensión y pondrán en libertad a los procesados.
Articulo 4o. En el caso de que se hubiere interpuesto demanda de amparo por las personas a quienes beneficie esta Ley, la autoridad que conozca del respectivo juicio dictará auto de sobreseimiento, declarando extinguida la acción penal.
Articulo 5o. Las personas a quienes aproveche esta Ley, no podrán ser en el futuro detenidas, aprehendidas, ni procesadas por los hechos que comprende esta amnistía.
TRANSITORIO
Único. Esta Ley entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Reitero a ustedes, ciudadanos secretarios, las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.
Palacio Nacional, a 16 de enero de 1994.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari.»
La Presidenta:
Recibo y túrnese a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia de la honorable Cámara de Diputados.
RECESO
La Presidenta (a las 19.40 horas):
Se declara un receso de quince minutos en espera del dictamen de la Primera Comisión.
PERÍODO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS (II)
La Presidenta (a las 20.05 horas):
Se reanuda la sesión.
La Primera Comisión entregó a esta Presidencia el dictamen relativo a la convocatoria a un período extraordinario de sesiones. Se ruega la Secretaría dar cuenta con él.
El secretario senador José Ramón González León:
«Primera comisión.
Honorable Asamblea: A la Comisión de trabajo que suscribe se turnó para su estudio y dictamen la propuesta que formula el titular del Poder Ejecutivo Federal para que esta Comisión Permanente convoque a un período de sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, con objeto de considerar un asunto de su competencia.
Al respecto, con base en las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables y de conformidad con la solicitud de la Presidencia nos permitimos presentar a la consideración de ustedes el siguiente
DICTAMEN
1. Cuestiones constitucionales
Como es del conocimiento de este Cuerpo Colegiado, el artículo 67 de la Carta Magna dispone que en los recesos legislativos, el Congreso de la Unión o una sola de las Cámaras podrán reunirse en periodos de sesiones extraordinarias, cuando para ello los convoque la Comisión Permanente. Se precisa que en esa hipótesis, el Congreso General o la Cámara convocada, sólo se ocupará "del asunto o asuntos que la propia Comisión sometiese a su conocimiento, los cuales se expresarán en la convocatoria respectiva".
Por su parte, la fracción IV del artículo 79 de la Carta Magna confiere a la Comisión Permanente la atribución de "acordar por s o a propuesta del Ejecutivo la convocatoria del Congreso, o de una sola Cámara, a sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes. La convocatoria señalará el objeto u objetos de las sesiones extraordinarias".
A su vez, la fracción XI del artículo 89 de la Ley Suprema establece como facultad del Presidente de la República, la de "convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, cuando lo acuerde la Comisión Permanente".
De conformidad con lo expuesto, es competencia de este Cuerpo Colegiado convocar a sesiones
extraordinarias del Congreso de la Unión y, como en este caso, al titular del Poder Ejecutivo Federal proponer la expedición de la convocatoria correspondiente.
En ese sentido, es menester que al convocar a sesiones extraordinarias, esta Comisión Permanente establezca la fecha en que se deberá abrir el período correspondiente y los asuntos de los que conocerá el Congreso General. Adicionalmente, deberán señalarse las previsiones relativas a las sesiones de instalación de ambas Cámaras.
II. Objetos de la Convocatoria
En la propuesta del Presidente de la República comprende exclusivamente el siguiente asunto:
Iniciativa de Ley de Amnistía
En el contexto de la propuesta formulada por el Presidente de la República para que esta Comisión Permanente convoque a un período de sesiones extraordinarias, estimamos prudente que al tenor de los trabajos que les compete realizar a las comisiones dictaminadoras de ambas Cámaras, la expresión del objeto de la convocatoria al período de sesiones extraordinarias que se propone, la cual se realiza en los siguientes términos:
El objeto de la convocatoria para que el Congreso de la Unión celebre un período de sesiones extraordinarias, es que con motivo de los sucesos de violencia que han afectado a varios municipios del Estado de Chiapas, sea discutida una iniciativa de Ley de Amnistía, que, de aprobarse la presente Convocatoria, y en su momento oportuno la citada Ley, será aplicada de manera general en favor de todos aquellos participantes involucrados a partir del día primero de enero de mil novecientos noventa y cuatro, hasta las once horas del día 16 de enero del mismo año.
En este tenor, queda claro para los miembros de la Comisión que suscribe, tal como lo manifiesta el Ejecutivo Federal, la voluntad de que la Nación sigue plenamente comprometida en favor de la paz. Asimismo, las organizaciones sociales, las asociaciones religiosas, los medios de comunicación, las fuerzas políticas del país y los ciudadanos, apoyan una clara postura cuanto a manifestarse en contra de la violencia.
Con base en lo expuesto y solicitando se de el trámite dispuesto por el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de ustedes, la aprobación del siguiente
PROYECTO DE CONVOCATORIA A UN PERÍODO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN
Con fundamento en los artículos 67, 79 fracción IV, 89 fracción XI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o., 5o., 31 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 27, 28 y 35 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión
DECRETA
Artículo único.
1o. Se convoca al Congreso de la Unión a un período de sesiones extraordinarias, cuya apertura será el diecinueve de enero de mil novecientos noventa y cuatro a las catorce horas.
2o. En este período de sesiones extraordinarias, el Congreso de la Unión sólo se ocupará del siguiente asunto:
Iniciativa de Ley de Amnistía.
3o. Las Cámaras del Congreso de la Unión celebrarán sus sesiones de instalación el día diecinueve de enero de mil novecientos noventa y cuatro a las doce horas y elegirán a sus mesas directivas en los términos de los artículos 31 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
4o. Las sesiones de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores serán convocadas por sus respectivos presidentes en las fechas que sean oportunas para dar cumplimiento al objeto previsto en el Apartado 2o. del presente decreto.
ARTÍCULO TRANSITORIO
Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal, a 17 de enero de 1994. Primera Comisión: diputados Gustavo Carvajal Moreno, Presidente; Jesús Martín del Campo,
secretario; Juan de Dios Castro Lozano, Adolfo Kunz Bolaños, Juan Ramiro Robledo Ruiz; senadores: Ernesto Luque Feregrino, Carlos Jiménez Macías, Silvia Hernández Enriquez, Oscar Ramírez Mijares y Roberto Anzar Martínez.»
Queda de primera lectura.
La Presidenta:
Como lo solicita la Comisión en el cuerpo del dictamen, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
El secretario senador José Ramón González León:
Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.... Se dispensa la segunda lectura, señora Presidenta.
La Presidenta:
En consecuencia, está a discusión el dictamen en lo general y en lo particular.
Para este efecto, tiene el uso de la palabra el diputado Rodolfo Echeverría Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Rodolfo Echeverría Ruiz:
Señora Presidenta de la Comisión Permanente; señores senadores y diputados:
Estamos ante los prolegómenos de lo que sin duda llegará a ser una negociación política de la compleja situación chiapaneca.
No se trata, bien entendido, de negociar por negociar o a como dé lugar, sino de llegar de un modo sistemático, de una manera metódica, que no necesariamente significa parsimonia o lentitud, al cogollo mismo del problema, para lo cual se requieren ojos fríos, actitud serena, sosiego político y apego a la legalidad.
Ya se han dado, ya ha dado el Gobierno de la República dos notorios e importantísimos pasos en la esperanzadora dirección correcta: el primero, el cese al fuego que ordenó el comandante supremo de nuestras fuerzas armadas, en los términos en que conoció la opinión pública; y el segundo paso, igualmente importante y trascendente para crear las condiciones propiciadoras de un clima de fraternidad y de legalidad, es el que hoy nos ocupa: la excitativa del Ejecutivo a la Comisión Permanente, para que este órgano constitucional convoque a un período extraordinario de sesiones del Congreso, a fin de discutir y aprobar, en su caso, un decreto de amnistía, que sin duda introducirá un elemento más de racionalidad y de fraternidad en este conflicto, que no debemos permitir que se haga aún más difícil y que se enrede aún más.
Se trata de ver este asunto y así, a juicio de los diputados y de los senadores miembros del Partido Revolucionario Institucional, se evidencia, de ver este asunto con una óptica de Estado, con una óptica general, no con la óptica del partido, por legitima que ésta sea, pero muy secundaria en estos momentos de la vida chiapaneca, que está seguida de un modo tan expectante y tan tenso por la opinión nacional.
Ha quedado clara la impronta que ha querido dejar el Gobierno de la República en este conflicto para dar testimonio nacional e internacional de su templanza, de su sensibilidad, yo diría de su sensibilidad autocrítica, de su vocación de legalidad y de su apelación a la fuerza sólo como última gracia.
Hablo de una templanza que ha requerido presencia de ánimo. Hablo de una templanza dotada de frialdad y de capacidad de análisis para ofrecer una respuesta de concordia basada en la prudencia y en la inteligencia, subyace en esta propuesta del Ejecutivo, yo diría que de una manera reiterativa y machacona su vocación por la legalidad y su vocación por la eficacia.
Se trata de que este clima político que está generándose, de que esta nueva atmósfera proclive a la negociación y al entendimiento, quede enmarcada bajo el designio de la eficacia. La política y la eficacia no son términos antinómicos sino complementarios. El diálogo, la negociación y la eficacia, son también términos complementarios no contradictorios. Hablo de eficacia, eficacia política, eficacia democrática, eficacia en la negociación, enmarcadas todas ellas dentro de la legalidad y con una sensibilidad autocrítica que le ha permitido al Gobierno de la República ver el verdadero rostro del conflicto.
El conflicto, no considerado el alzamiento mismo, sino las causas profundas de ese alzamiento, que son el verdadero conflicto: miseria, atraso, marginación, subdesarrollo, primitivismo político y brutal estratificación social.
Todas estas condiciones, todas estas circunstancias han generado el clima de una negociación, diríamos, atípica. De una serie de aproximaciones inéditas y heterodoxas, que tienen como finalidad la búsqueda de temas, de asuntos, as parezcan inicialmente enunciativos, que pudieran ir considerándose en el curso de una negociación, digo, heterodoxa y novedosa, los puntos sobre los cuales se apoye la racionalidad para encontrar soluciones reales, soluciones imaginativas y sobre todo rápidas y eficaces enmarcadas dentro de la legalidad.
Enmarcarse dentro de la legalidad como ha sido una de las mas notorias posiciones del Gobierno de la República, le ha dado autoridad moral y ha traslucido en el cuerpo social, ha traslucido en los partidos, en las organizaciones sociales y en la Prensa, as escrita como electrónica, confianza y certidumbre, en que el camino de la legalidad y el de la negociación son los únicos transitables en éste y en los otros conflictos mexicanos.
Todo estado de derecho supone, en primera instancia que sea el Gobierno el primero en autosometerse a la legalidad. Ese es el estado de derecho, no solamente que todos nos sujetemos a la legalidad, sino que el primero en hacerlo sea el Gobierno, en hacerlo, proponerlo y enmarcar sus propuestas de solución dentro de la legalidad. Por eso hemos dicho que la fuerza es la última razón, será la última razón, porque como comentábamos durante nuestra más reciente sesión de la Comisión Permanente, la semana pasada, el primado del derecho es lo que día racionalidad y posibilidades de arreglo en la libertad a este muy complejo asunto.
Antes de volver a disparar el primer tiro hay que agotar hasta la última palabra, todos los argumentos y todas las razones de la razón. Debemos por ende, señores diputados y senadores, centrarnos y concentrarnos de una manera cuidadosa como hombres del Estado mexicano en la excitativa presidencial a fin de que en el próximo período de sesiones extraordinarias el Congreso discuta y apruebe con rapidez y con eficacia política esta Ley de Amnistía, lo anterior no quiere decir que las circunstancias, el camino que va tomando esta inédita y heterodoxa negociación, las anfractuosidades que van presentándose en toda discusión política, en toda compleja negociación como ésta, no plantearán un poco más adelante la posibilidad de que habiendo escuchado nosotros, como lo haremos esta misma semana, el informe de la Comisión plural que esta Comisión Permanente nombró para que fuera al lugar de los hechos y nos hiciera recomendaciones y planteos muy concretos, eso nos ayudara para que en el curso de las semanas, en el curso de los días, pudiéramos considerar la posibilidad, según las circunstancias, de tener algún período extraordinario de sesiones distinto a éste que estamos a punto de convocar.
Por lo tanto, al escuchar el informe de la Comisión plural que esta Comisión Permanente ha nombrado, debemos estar atentos a la evolución de los acontecimientos, seguirlos día con día, continuar dialogando con las instancias del Ejecutivo con las que hemos estado haciéndolo, con nuestros compañeros miembros de la Comisión plural, estar atentos a cualquier hecho superveniente y, tomando en consideración todos estos ingredientes, pensar cuáles son los caminos legislativos que tenemos por delante.
Yo pienso que no hay razón para quemar etapas, que es un momento de austeridad verbal, que es el momento de actuar con cautela y con prudencia a fin de que la negociación en sí misma tan difícil, tan prendida de alfileres como están todas las negociaciones políticas del mundo, se lleve a cabo sin la presión de la incontinencia verbal o de la legitima prisa que cualquiera de nosotros quisiera imprimirle a este proceso de negociaciones.
Me parece que el dictamen que ha puesto a nuestra consideración la Comisión correspondiente es atendible, está bien fundado y merece, por tanto, compañeros legisladores, la votación aprobatoria de esta Comisión Permanente. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra, en términos del artículo 102, el senador Porfirio Muñoz Ledo.
El senador Porfirio Muñoz Ledo:
Con su venia, señora Presidenta.
No podría dejar pasar sin comentario la exposición inesperada en su tono e intención del diputado Rodolfo Echeverría Ruiz. El nos invita a una austeridad verbal y a no caer en las anfractuosidades del lenguaje, de las que él nos ha dado ejemplo.
No hay en este caso incontinencia verbal, hay un cambio radical de los hechos y de la situación general de la República que no justifican y que hacen incluso inexplicable un lenguaje anacrónico, pomposo, errático y falso.
Partir para un análisis de la situación de la infabilidad del Poder Ejecutivo, nos parece una desmesura y una confesión del carácter de partido de Estado, con el cual algunos parlamentarios llegan a este Congreso.
Decir que ha habido templanza, cuando ha habido exceso, torpeza, rectificación e inconsecuencia, parece simplemente una lambisconería indigna de este recinto.
La verdad es otra. No podríamos, de entrada, aceptar el documento que se nos presenta siquiera como una aproximación fantasiosa a la realidad.
¡Decir que desde el primer momento de la agresión el Gobierno de la República rechazó la violencia, es una mentira! ¡No hay un solo testimonio en la conciencia pública y en la opinión nacional e internacional en ese sentido!
¡Decir que dedicó todas sus energías a garantizar la seguridad de la población, es una falacia histórica!
¡Y afirmar que su preocupación fue la garantía de los derechos humanos, simplemente no tiene medida!
¡Decir que el Ejército, que se supone en esta versión, actuó conforme un mandato constitucional, lo que es absolutamente inexacto; solo actuó a fin de garantizar la seguridad de los poblados agredidos! ¡Es contrario a todos los testimonios de los observadores, de los reporteros y de las versiones que nos han llegado por todas las fuentes creíbles de información!
Una cosa es rectificar y otra cosa es tratar de engañar. Este prólogo es un prólogo sospechoso de este debate. Nosotros hubiéramos esperado no un mea culpa, sino una actitud en verdad racional. Reconocer que estamos frente a una nueva situación y que se requieren nuevas decisiones. Y que el eje de la conciliación y de la paz no es solo el espíritu palaciego ni la obediencia ciega a las órdenes e indicaciones que nos vienen del Ejecutivo.
Nosotros, como lo expresarán nuestros parlamentarios en el transcurso de esta sesión, estaremos de acuerdo en la convocatoria a un período extraordinario del Congreso, para analizar obviamente una Ley de Amnistía.
Hemos insistido en todos los foros parlamentarios, sin excepción, para que estas cuestiones se resuelvan no mediante el procedimiento discrecional del indulto, que es parecido al perdón pero que en realidad deriva de la facultad histórica de los poderes ejecutivos respecto de la gracia, sino que se desprendía de una Ley general adoptada por la soberana del Congreso de la Unión.
Esta Ley no podría ser excluyente ni en el tiempo ni en el espacio. No conocemos ningún caso de Ley de Amnistía en conflictos semejantes en el cual no se extienda sino hasta el término del conflicto. De otra manera sólo sería una nueva oferta tramposa y propagandística para fines de la Prensa nacional e internacional.
Es evidente que un conflicto no concluye hasta que se terminan las negociaciones y se establece la paz; sólo después de ella puede terminarse el período de la amnistía. Vamos además, a hacer valer el compromiso que hemos establecido con las diferentes fracciones parlamentarias para que la próxima sesión extraordinaria del Congreso no sea sino aquella que contribuya a destrabar el conflicto y esto no podría ocurrir si de nuevo se envía el mensaje propio de la anterior administración de la política interior del país en el sentido de que primero es el desarme y luego la negociación.
Además, exigiremos la presencia del comisionado del Gobierno ante las instancias parlamentarias responsables. Cómo podríamos definir el alcance y términos de la agenda de las reuniones extraordinarias del Congreso si no conociéramos de viva voz o por documentos y versiones fehacientes, cuáles son las demandas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional; es indispensable que comencemos de inmediato el diálogo para establecer la agenda del próximo período extraordinario de sesiones.
El espacio verdadero de la negociación y de la conciliación nacional es el Congreso de la Unión. No renunciemos ni abdiquemos de nuestro mandato y de nuestras responsabilidades. Estemos abiertos a las demandas de quienes protestan en armas y a las exigencias todas de la sociedad nacional. Entendíamos que aquí se ha terminado un régimen político, que sin un cambio democrático a fondo no hay solución del conflicto. Chiapas es el muro de Berlín, después vendrá la democratización nacional; pensar en otros términos solo revela anacronismo, inconsistencia e insensibilidad política. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra, para contestar alusiones personales, el diputado Rodolfo Echeverría.
El diputado Rodolfo Echeverría Ruiz
En nada contribuyen, señores diputados y señores senadores, las palabras de Muñoz Ledo para que juntos podíamos estudiar y analizar sin agresiones personales como en las que él ha venido especializándose los últimos años de su vida, este tremendamente complejo problema.
Sólo quiero decir que en nada contribuyen las palabras de un hombre y ahora sí lo aludo personalmente, no lo haba hecho por respeto a este recinto, él no es de ahora, que está afectado de esa enfermedad incurable que se llama resentimiento. Muchas gracias.
La Presidenta:
Solicitó la palabra en términos del artículo 102, la diputada Laura Alicia Garza.
La diputada Laura Alicia Garza Galindo:
Con su permiso, señora Presidenta; honorable Asamblea:
A m me parece muy suave la postura de mi compañero Echeverría, porque no pareció que al senador Muñoz Ledo le interesara dialogar. Si as hubiera sido, hubiera permitido que los compañeros diputados pasaran a hacer el análisis que correspondía a esta propuesta de Ley enviada por el Ejecutivo.
Nosotros bajo ninguna circunstancia admitimos que la Ley de Amnistía propuesta por el Ejecutivo en un afán de avanzar en este conflicto, sea una instancia tramposa, no lo podemos admitir, creemos que pesa más el protagonismo.
Referirse en la manera como se ha referido el señor senador Muñoz Ledo al presidente Salinas, es una provocación que bajo ninguna circunstancia admitimos. Por un lado se manifiesta en el esquema, como siempre, del doble discurso, que sólo dentro del orden jurídico, en el marco del derecho y en la democracia, será posible que el país avance; luego plantea la destrucción de las instituciones y de la democracia con tantos esfuerzos construidos. Esa es la esencia del doble discurso.
Es brutal la contradicción, brutal y poco serio ese triste ánimo destructivo. No lo admitimos, bajo ninguna circunstancia admitimos el discurso buscador de ganancias políticas del senador Muñoz Ledo; no admitimos su discurso que busca desestabilizar, extrapolando tramposamente situaciones del área central de Chiapas al resto del país; no admitimos ese discurso que busca extrapolar situaciones, porque sabemos con certeza, sabemos que esa no es ni la búsqueda ni la voluntad de más de 80 millones de mexicanos.
Yo quisiera sugerirle al senador Muñoz Ledo que en lugar de expresarse as de las instituciones nacionales, formara filas, y ojo, no le pido que cierre filas porque nunca ni siquiera se ha formado. Le pedimos que forme filas, porque en esta postura que se ha colocado qué es lo que se quiere, ¿buscar cenizas?, ¿recoger cenizas? Y qué encontraran, cenizas nada más.
Construir el Estado mexicano nos llevó casi un siglo de debate, con las armas y también con las palabras. No nos fue obsequiada nuestra identidad de nación y menos aún lo que fue labrar los consensos en las reglas y en los principios básicos del convivir social, que permitieron convertir la guerra en política y transitar de la intransigencia al pluralismo. Pareciera que el planteamiento en lugar de abocarnos a buscar estos avances que se plantean a través de una Ley de Amnistía, que es una fase de un proceso, lo sabemos, parece que lo que plantean es el retroceso.
A mí me asombra mucho porque eso es lo que se desprende del discurso del senador Muñoz Ledo, que conciba al Estado como antagonista de la sociedad civil. Su visión es totalmente falsa. El Estado es la organización política de la propia sociedad. Continuar por la vía de la democratización del país, esa no pasa, no puede pasar por el camino de debilitar al Estado y a sus instituciones. Su visión es falta, es equivocada, necesitamos que se continúe en la construcción de una sociedad más fuerte, más unida, mejor organizada, que salgamos adelante de este delicado trance que pone en riesgo la paz nacional.
No es provocando, no es buscando el caos, distorsionando, desinformando como lo vamos a lograr. Un Estado débil, al atacar a las instituciones nacionales básicas que es lo que propone el compañero senador, no es prerequisito de mayor democracia, sino preludio de anarquía y de permisibilidad, de posibilidad de intromisiones externas. Así se debilita también la sociedad.
Buscar el debilitamiento del Estado de derecho y de las instituciones republicanas no es ayudar al pueblo de México. Sin embargo, podemos estar tranquilos no obstante ese llamado del senador Muñoz Ledo. Las mayorías de México saben bien que sólo en la legalidad, en la fortaleza del Estado, en los consensos sociales, en su permanente construcción y reconstrucción en un momento como estos, la renovación democrática es posible y habrá de ser perdurable.
Nuestra lucha definitivamente difiere de la lucha del senador Muñoz Ledo. Nuestra lucha es por la construcción de una patria soberana y la libertad, y el bienestar de nuestros compatriotas, sobre todo de aquellos que han perdido ese bienestar y esa libertad.
Queda claro, nuestra lucha no es la lucha del senador Muñoz Ledo. Nosotros no abdicamos. Súmese usted senador, súmese usted senador; esta lucha apenas comienza. No se vale llevar agua al molino porque esa agua está ensangrentada con la vida de nuestros compatriotas. Gracias.
La Presidenta:
Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Jesús Martín del Campo, hasta por cinco minutos en términos del artículo 102.
El diputado José de Jesús Martín del Campo: Castañeda
No podemos dejar pasar también un discurso agresivo que intenta eludir responsabilidades y lo peor que podría suceder en un debate sobre un problema de trascendencia nacional y ya también internacional, es que el partido en el Gobierno, representado aquí mayoritariamente, se ponga a la defensiva porque también es una manera de eludir responsabilidades.
Yendo al grano, yo creo que es inconveniente que aquí en el recinto de la Comisión Permanente, diputados y senadores del partido mayoritario se hagan eco de voces del pasado como las del señor Fidel Velázquez, que hoy resuenan aquí, en un eco distante, provocador, queriendo responsabilizar al Partido de la Revolución Democrática de una severa crisis de la que todos somos conscientes y que ha estallado evidentemente como una erupción en el Estado de Chiapas.
Si bien hoy se coloca el epicentro ahí, en realidad las causas profundas del temblor que hoy sacude Chiapas son también causas que están en el conjunto de la sociedad mexicana y son demostración, creo que hemos podido confirmarlo, de la insuficiencia de las políticas seguidas por el régimen actual.
¿Cuál es el otro elemento que induce a una respuesta defensiva ante la intervención de un parlamentario del Partido de la Revolución Democrática? El elemento de una subordinación que hemos venido planteando permanentemente y sin cortapisas del Poder Legislativo respecto al Ejecutivo. Aquí se quiere un discurso monocorde, se malinterpreta la convergencia y la unidad de acción para buscar la paz con subordinación y con un tono único que no admite una nota discordante eso es totalmente inadecuado. Tenemos todo el derecho de criticar al Ejecutivo; es totalmente inadecuado incluso que se diga que todo ha sido bien hecho y no se explique entonces por qué hay un estallido.
Es incongruente el discurso que plantea que todo lo que ha hecho el Ejecutivo ha sido en bien de la paz y estamos ante un estallido y el reconocimiento de que hay una guerra que ahora sólo tiene a un llamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional, como la punta de un iceberg que puede emerger y que ese es el peligro y que es de lo que debemos estar conscientes.
Nosotros no queremos recoger cenizas, queremos no que no haya muertos ni cenizas; no nos solazamos para estar en un baño de sangre, y hemos venido diciendo que es totalmente inadecuado que el Ejecutivo Estatal en Chiapas y que el Ejecutivo Federal se hayan "brincado las trancas" del Congreso, para decidir una participación apresurada del Ejército, que después es más difícil hacer que retroceda, que después es más difícil hacer que 12 mil soldados en el Estado de Chiapas no ejerciten acción militar.
Ahí hay apresuramiento, y por eso no compartimos la introducción auto complaciente del Ejecutivo para plantear la amnistía.
Compartimos la idea de una amnistía, pero no desde el punto de que se está perdonando a quienes hoy protestan con las armas, si se ha reconocido que hay insuficiencias.
El jefe del Ejecutivo, en un mensaje televisado, cuando anunció cambios en el gabinete, incluso dijo: " Hay que reconocer lo que está mal hecho". Y por eso sentimos que hay incongruencia en lo que se ha planteado aquí.
No tiene caso centralizar, entonces, el asunto en discurso contra discurso, sino ir al fondo del
problema. En el fondo del problema es que debemos tener plena libertad para señalar incongruencias, para señalar insuficiencias y, sin embargo, decir que estamos totalmente de acuerdo en que haya una Ley de Amnistía.
Y también, como ya se anticipó por el senador Muñoz Ledo y lo haremos en otras intervenciones, rápidamente digo que creemos que sería insuficiente el tratar una Ley de Amnistía, antes de que se resuelvan problemas que se ha reconocido, existen. Debe haber un tratamiento simultáneo a la problemática que ha obligado a que un puñado de mexicanos se levanten en armas hoy y hagan que todos nos preocupemos por la situación del país.
De manera que, les digo a los diputados Echeverría y a la diputada Laura Alicia Garza, que no conviene señalarlos como partidarios de excesos y de recoger cenizas; quienes han estado dejando muertos y han estado dejando cenizas de humanos en el Estado de Chiapas, son los caciques, auspiciados por el gobierno priísta en la entidad y por el gobierno priísta en todo el país. Muchas gracias.
La Presidenta
Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo:
Con su autorización, compañera diputada.
Es, a juicio del Partido Popular Socialista, ocasión adecuada ésta para recapitular los grandes trazos, las cuestiones de esencia de lo que está detrás de los sucesos de Chiapas y de los sucesos mismos, a efecto de enmarcar nuestra posición en torno al dictamen, en torno al período extraordinario y a la materia del mismo.
Es ocasión, por tanto, para reiterar, desde esta tribuna, nuestra permanente, reiterada condena a la estrategia del liberalismo social, que así se le ha llamado aquí, en términos vernáculos, a la técnica y políticamente denominada "Estrategia del Neoliberalismo Dependiente", que en donde quiera que se ha aplicado ha traído pérdida de soberanía e independencia, y ha traído también empobrecimiento creciente de las masas populares, como contrapartida de una creciente concentración de la riqueza en manos de los ya de suyo acaudalados.
En numerosas ocasiones la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista ha expresado desde esta misma tribuna su preocupación porque esta misma política ha causado eso: estallidos sociales, en múltiples países de América Latina. Al aflorar el conflicto en Chiapas externamos en esta tribuna, por voz de mi compañero diputado Jorge Tovar, nuestra convicción, sin embargo, en el sentido de que no es por la vía de la violencia que puedan resolverse de manera constructiva problemas tan agudos como los que afectan a las etnias chiapanecas, que son resultado de siglos de rezago y que se han complicado mucho más, al imbrincarse con ese rezago acumulado una política que agudiza las contradicciones en perjuicio de las capas populares de la población.
Planteamos de igual manera, que no es por la va de la violencia, como puedan resolverse en estas condiciones concretas de nuestro país, los diferendos de carácter político.
Al ahondar en el conocimiento del problema supimos, como es del dominio público, que lo ocurrido en Chiapas no es sin embargo un estallido social de carácter espontáneo, no es el estallido que provoca la desesperación acumulada, sino lo ocurrido en concreto en Chiapas, es el fruto de la acción calculada de la estrategia formulada por un grupo político que trabajó durante 10 años en los preparativos de esa estrategia y en lo que ha aflorado recientemente.
No es tampoco a raíz del examen de lo que informan los voceros del propio grupo denominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional, no es en su esencia lo que tenemos frente a nosotros una rebelión indígena en búsqueda de soluciones a los problemas que tienen los indígenas, no es eso. Se trata pues de un grupo político, con planteamientos políticos.
Las fuerzas políticas, todos lo sabemos, compañeros legisladores, sirven a intereses concretos. El Partido Popular Socialista, por ejemplo, sirve a intereses concretos y lo ha planteado permanentemente, los de la clase obrera, los de otras capas trabajadoras; en general, los de las capas populares de la población, ¿a qué intereses?, nos preguntamos y hacemos el planteamiento también de manera pública, a qué intereses sirve el grupo político que ha aparecido de manera pública con el nombre de Ejército Zapatista de Liberación Nacional, no está claro hasta hoy.
No hay claridad en cuanto a los intereses a los que está vinculado, a la representatividad que ostenta, no aparece con claridad esto del examen
de sus documentos ni tampoco de las declaraciones públicas de sus voceros. A nuestro juicio ésta es una parte del problema, una parte del conflicto que requiere ser esclarecida.
Aquí hay seis fuerzas políticas en este Congreso de la Unión. Ha aparecido recientemente un séptimo grupo que hasta ahora no da la cara con suficiente franqueza, no sabemos con quién hablamos, ni qué intereses representan.
En este marco hemos de fijar nuestra posición con respecto al dictamen y al período extraordinario de sesiones para tratar específicamente con relación a una Ley de Amnistía. Pensamos que la amnistía que se otorgue en términos justos constituirá un valioso paso para resolver el problema agudo de la violencia; el problema de la violencia es el que urge desactivar, es la tarea urgente e inmediata; la violencia amenaza a los intereses más valiosos de la nación y del pueblo; la violencia amenaza la vida democrática, con todas las deficiencias y vicios que a nuestro juicio tiene.
Si la violencia continuara, si se acrecentara, habrían razones o pretextos para cancelar los procesos electorales de agosto próximo. La violencia, de continuar y acrecentarse, abriría la posibilidad, daría argumentos y pretextos para el desembarco de fuerzas rápidas de acción, de ésas que se crearon en los Estados Unidos, por cierto en lo cronológico, de manera coincidente con el momento en que precisamente en Chiapas empezó a conocerse la abundancia de riqueza en el subsuelo de yacimientos petrolíferos.
Lo que urge desactivar es la violencia y una Ley de Amnistía ayuda de manera sustancial a desactivar ese fenómeno terriblemente amenazador y adverso a los intereses de la nación y del pueblo. Una amnistía que se dé en términos justos. ¿Lo es la iniciativa que nos manda el Ejecutivo Federal? No es, a nuestro juicio, éste el momento para abordar el examen de esa iniciativa. El tema amnistía es válido y debemos ir a un período extraordinario para examinarlo; intervendremos en el debate en comisiones para la formulación del dictamen, para la modificación de todas aquellas cosas que en la iniciativa nos parezcan inapropiadas y para que lo que surja, como resultado del trabajo de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, sea precisamente una amnistía en términos justos y en términos políticos adecuados para este momento y para ese problema.
A juicio nuestro, sin embargo, se requiere también que el Poder Legislativo, en ejercicio de las elevadas responsabilidades que la Constitución le asigna, aborde otros problemas, aborde también los problemas de la agenda económica, política y social que forma el trasfondo de este asunto.
No compartimos, es cierto, la tesis de que pueda existir relación de causa - efecto en este conflicto en particular entre los problemas socioeconómicos de Chiapas y los actos de violencia o la afloración de este grupo político: El Ejército Zapatista de Liberación Nacional y su estrategia; no vemos conexión de causa- efecto; no hay en los planteamientos de este grupo político demandas para que se resuelvan los problemas de las diversas etnias de la región, no hay ni un solo planteamiento hasta hoy de ese carácter.
No hay demandas para que se resuelva una reforma agraria rezagada en la ya de por sí rezagada reforma agraria nacional; no hay planteamientos concretos de carácter económico, político ni social; no hay relación de causa efecto. No es con ellos el diálogo para ver qué es lo que debe corregirse o modificarse, puesto que ese grupo, hasta ahora, con representatividad no aclarada, tampoco ha hecho planteamientos de ese carácter.
Pero el debate es válido, en cambio, entre las fuerzas políticas, que sí damos la cara y que sí aparecemos en Chiapas y en todo el país y que tenemos planteamientos y que hace mucho los hemos venido señalando.
Entre nosotros debemos examinar la agenda urgente en materia política, económica y social; debemos coincidir en los temas esenciales a juicio nuestro, no a juicio del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que quizá haga planteamientos válidos en algún momento; pero que quizá nunca llegue a formularlos.
Debemos coincidir en el análisis entre nosotros. Cuales son aquéllas medidas que urge poner en práctica para rescatar y defender los derechos de ese sector de la población que constituyen las etnias no sólo de Chiapas, sino de todo nuestro país. El problema del indio, el problema de los indígenas, el problema de estos compatriotas nuestros. Explotados entre los explotados y rezagados entre los rezagados.
Urge examinar ese problema; urge examinar el problema de la reforma agraria y sus soluciones justas; porque no es verdad que podamos darla por resuelta ni por agotada.
¡Y si bien, ahí no se trata de un estallido social de desesperados, sí podemos tener estallidos social
de desesperados en muchas otras partes del país si no tenemos la sensibilidad para abordar estos problemas y resolverlos de una manera justa!
Debemos examinar de nueva cuenta el problema de la reforma política. Tenemos reclamaciones, muchas. La vez anterior en que se acordó instalar una Comisión Plural para examinar el tema y se hizo el buen propósito público de tratar de llegar a propuestas de consenso, ya lo hemos señalado, de los planteamientos del Partido Popular Socialista, de los planteamientos de fondo o de esencia no se tomó uno solo; al revés, en todas las cuestiones de esencia se legisló en un sentido inverso a nuestras propuestas.
Debe retomarse ese tema; porque si tenemos una vida democrático - electoral consensada entre las fuerzas políticas, que ofrezca posibilidades claras y viables por esa vía, no habrá razones o pretextos para que otros grupos políticos traten de invalidar la vía pacífica y argumenten que la única válida es la de la violencia.
Urge entrar también de nueva cuenta al problema de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, particularmente éste último.
Es cierto que hay muchas medidas que no son de carácter legislativo sino del ámbito del Ejecutivo y que tienen qué ver con la infraestructura del Estado de Chiapas, que hay que desarrollar para que se propicie el desarrollo de las fuerzas productivas en aquella región: él Estado más atrasado del país, según múltiples indicadores.
Es cierto que hay que atacar problemas de salud, de vivienda, de educación, de carácter social que dependen del Ejecutivo. Pero hacen falta partidas suficientes para todo ello.
Por eso, a juicio nuestro, es indispensable tocar la agenda económica, política y social y no esperarnos al siguiente período ordinario de sesiones porque falta mucho.
No en la lógica del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que a juicio nuestro no alcanza el nivel de respetabilidad que alcanza cualquiera de los partidos políticos aquí representados. ¡Es un grupo político más; pero a diferencia de todos los que están aquí, aquél no da la cara!
No por la urgencia de aquéllos, por la urgencia de las contradicciones sociales extremadamente agudizadas en los últimos 10 años, cuando eran agudas ya de por sí desde hace tiempo, más allá de este último decenio, porque merecen respeto nuestros indios, porque merecen respeto nuestros obreros, nuestros campesinos, nuestras mujeres, nuestros jóvenes y nuestros niños, por eso urge retomar la agenda de estos temas y por eso es de saludarse la buena disposición que mostró en esta tribuna el diputado Rodolfo Echeverría Ruiz en nombre de la fracción parlamentaria del PRI, para que se busque la posibilidad de consensar una agenda en plazo perentorio que pudiera dar pie a un nuevo período extraordinario de sesiones también en plazo perentorio para abordar estas otras demandas.
Esto por lo que hace a Chiapas nos permitiría resolver el problema, no del conflicto que plantea el Ejército Zapatista de Liberación Nacional que está en otro contexto, según lo he comentado ya, pero sí el problema del caldo de cultivo, ese grupo político partidario de una estrategia de violencia, no podría haber tenido éxito con esa estrategia, no podría haberse implantado y trabajar durante 10 años y aflorar ahora, con resultados un tanto espectaculares si no hubiera un caldo de cultivo que es producto de los problemas económicos, sociales, y políticos y que básicamente tiene dos alimentadores, dos brazos, dos factores que se imbrican: el rezago histórico estructural y la estrategia de liberalismo social o del neoliberalismo si le hemos de llamar por su nombre técnico, que ha venido a agudizar esos problemas.
Es menester a juicio nuestro, atacar esa situación de fondo, por eso el Partido Popular Socialista se ha pronunciado y reitera hoy, para terminar mi intervención en esta tribuna por llamar a todas las fuerzas políticas que consideren estar del lado de los intereses de la patria y del pueblo, por llamarlas a hacer un esfuerzo común, de carácter programático, político y legislativo para resolver los problemas de fondo, los problemas que subyacen hoy en lo de Chiapas, pero que nos preocupan más, no tanto por lo de Chiapas, sino al margen de lo de Chiapas, porque afectan agudamente a nuestro pueblo y amenazan el porvenir de la nación. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Alberto Carrillo Armenta, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Alberto Marcos Carrillo Armenta:
Señora Presidenta, compañeros legisladores:
Definitivamente se ha modificado la posición inicial del Gobierno con respecto del conflicto de Chiapas, esperamos que ahora se adopte una línea decidida por la solución política del conflicto y se evite la línea ambigua, en primer lugar la línea militar, pero también que se evite la línea ambigua o la línea zigzagueante y en ese sentido quisiéramos nosotros fijar nuestra posición en torno a esta propuesta de Ley de Amnistía valorándola todavía como una propuesta inicial que todavía no determina de manera clara qué línea el Gobierno finalmente adoptará con respecto al conflicto de Chiapas, si se abrirá paso la línea política o se seguirá coqueteando o se seguirá estimulando aunque sea veladamente la salida militar del conflicto.
Son importantes para llegar a la paz en el Estado de Chiapas, definitivamente algunas de las acciones que ha adoptado el Ejecutivo Federal en los últimos días y que establecen, como ya lo dije anteriormente, una rectificación con respecto a la salida militar que se orientó en los primeros días del conflicto.
En primer lugar, vale destacar el cese al fuego que fue una posición que nosotros mantuvimos en esta Comisión Permanente, y en segundo lugar la convocatoria que ahora se hace para que en un período extraordinario de sesiones se apruebe una iniciativa de Ley de Amnistía que según el comunicado presidencial, será para todos los participantes en los hechos de violencia que afectaron varios municipios del Estado de Chiapas.
Sin duda alguna la actitud del Gobierno Federal se ha modificado sustancialmente y ya no es la misma expresada por el Ejecutivo Federal el 5 de enero. La apreciación del conflicto se ha matizado, se ha politizado y esto puede contribuir a obtener la paz; de definir al Ejército Zapatista de Liberación Nacional como profesionales de la violencia, hoy se les reconoce como participantes de un conflicto, de hechos de violencia, aunque todavía no se cede para reconocerlos como una fuerza beligerante.
También se modificó la actitud del Ejecutivo que pasó de un ofrecimiento de un posible perdón indefinido, a reconocer la necesidad ahora de una verdadera Ley emitida por el Congreso en favor de la amnistía. El primer término implica la remisión de una pena o deuda, en cambio la segunda es un olvido de los delitos políticos por quien tiene la potestad de hacer las leyes, lo cual conlleva también a un reconocimiento de que la única salida del conflicto es política.
Sin embargo, no obstante esta última decisión que encierra una gran voluntad del Gobierno para que las partes del conflicto dialoguen sin que exista una acción represiva en contra de los miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, tiene una serie de limitantes que pueden contradecir sus propósitos iniciales; algunas limitaciones, pero particularmente una que nos parece que puede llegar a ser grave, que es la de las limitantes en el tiempo y en la vigencia de esta iniciativa de Ley de Amnistía.
En primer lugar vale la pena recordar que según los informes o proclamas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional empezó a organizarse hace más de una década, durante la cual, no solamente se entrenó, se organizó, acopió armas, se ejercitó, creó bases, campos de entrenamiento, sino que también tuvo enfrentamientos con el Ejército mexicano. Sus acciones no empezaron el 1o. de enero y es de toda obviedad que no terminaron el día 16 de enero a las 11.00 de la mañana.
El Ejército Zapatista no ha sido reconocido como fuerza beligerante, por lo que sus miembros son ahora catalogados, como lo hace el Ejecutivo, como participantes en hechos de violencia. El tratamiento jurídico es totalmente distinto en una forma o en otra. Pensamos que el tratamiento todavía de participantes en hechos de violencia, permite evadir una responsabilidad internacional establecida en la Convención de Ginebra, primordialmente en lo que se trata a acciones y normas que rigen la guerra, como es el tratamiento de prisioneros, heridos, la acción de la Cruz Roja y el bombardeo a zonas pobladas.
También existen graves acusaciones contra ambas partes en el conflicto de violar los derechos humanos y realizar crímenes de guerra; y esas acciones además que merecen una investigación a fondo que deslinde sus responsables, requiere establecer mecanismos para evitarlos en lo futuro, que deben de acompañar a esa iniciativa de Ley de Amnistía.
El día 6 de enero, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional emitió un comunicado donde hace su propuesta concreta de diálogo, que se centra básicamente en cuatro puntos:
1o. Que se reconozca a ese autodenominado Ejército como fuerza beligerante.
2o. Que cese el fuego de ambas partes en todo el territorio de beligerancia.
3o. Que se retiren las tropas federales de las comunidades, con pleno respeto a los derechos humanos de la población rural y que regresen
a sus respectivos cuarteles en los distintos puntos del país.
4o. El cese del bombardeo indiscriminado en poblaciones rurales.
Y una vez resueltas las anteriores demandas, el establecimiento de una Comisión de Intermediación.
En este caso atendiendo a las propuestas o condiciones que establece el Ejército Zapatista, hasta ahora se han satisfecho solamente dos: el cese del fuego y el cese de bombardeos, en una declaración del Ejecutivo Federal, sin embargo, este cese al fuego según algunas fuentes, no es total, hay informaciones emitidas en el sentido de que el Ejército mexicano ha realizado incursiones de ataque a la selva y regiones montañosas del norte del Estado.
Por lo tanto, se debe de proponer también adicional un mecanismo para el seguimiento y la garantía de que efectivamente cese el fuego, o en caso de que se viole, se establece con toda claridad si este cese al fuego es violado por el Ejército mexicano, por el autodenominado Ejército Zapatista o por alguna tercera fuerza que quisiera establecer mecanismos de provocación para involucrar a ambas partes en el conflicto.
Por otro lado, la Procuraduría General de la República emitió un boletín en donde conmina a la población para que en forma anónima denuncie a los presuntos miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, lo cual ha traído consigo la detención de pobladores de algunos municipios afectados, acciones que a veces obedecen a disputas, revanchas, intereses en conflicto de otra índole y que se entremezclan en este conflicto de manera ligera.
Es obvio que hay mecanismos de persecución y represión implementados o aprovechados por los cacicazgos regionales de las comunidades para afectar a los que han estado en desacuerdo con ellos. Esto debe de cesar; estos mecanismos deben de ser acompañados con un tratamiento especial que también debe de incorporarse a la propuesta que ahora se hace de amnistía.
Por otro lado, no se establecen en el cuerpo de la iniciativa, mecanismos para salvaguardar la vida de los amnistiados, que desde nuestro punto de vista debe de dárseles una garantía para la incorporación plena a sus actividades productivas, las de su familia, etcétera, y que según nosotros debe ser acompañada por el desarme de fuerzas irregulares que actúan en la región al servicio de cacicazgos como pueden ser guardias blancas o de otro tipo.
Los puntos mencionados anteriormente no han sido del todo clarificados, por lo que sería, desde nuestro punto de vista, riesgoso que se emitiera una Ley de Amnistía en los términos propuestos que fija limitaciones, y que aparece o aparenta ser más un ultimátum a los zapatistas que un beneficio que pueda otorgar para favorecer de manera clara un proceso de paz.
No decimos no a la propuesta de amnistía, primero porque fue una de las demandas iniciales que hizo mi partido, ratificada por nuestra presencia allá en campaña el día 11 de enero en San Cristóbal de las Casas, y en segundo lugar, porque sí consideramos que es una de las condiciones o precondiciones para iniciar un diálogo por la paz, pero insistimos, esta iniciativa o amnistía no debe tener limitaciones de su tiempo y en su contenido debe ser acompañado por otras medidas que acompañen y que sean parte de un plan de paz, en donde se consideren algunas de las demandas que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha hecho, y de un programa de desarrollo de justicia de las regiones indígenas de Chiapas en todo el país, un plan de paz y este plan evidentemente estas acciones del Ejecutivo Federal, evidentemente quizá ameriten el establecimiento de un período extraordinario de sesiones para examinar la creación de mecanismos legales que permitan promover la lucha por la paz y por la atención de las demandas sociales.
Yo quisiera de pasada decir que discrepo totalmente de la apreciación del diputado Cuauhtémoc Amezcua que me antecedió en la palabra. Nosotros consideramos que la existencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional es indudable; cuestiona, cimbra las instituciones y los mecanismos de representación, rebasa y cuestiona al Estado, al régimen, a los gobiernos estatal, municipal, a los propios partidos políticos, a las iglesias, a las organizaciones sociales y que definitivamente es el interlocutor con el que hay que tratar, puesto que tiene un número considerable de hombres en armas que podríamos diferir en la apreciación de cuántos son, pero en lo que no podemos diferir es que tienen a 16 mil efectivos del Ejército detrás de ellos, en una región del Estado de Chiapas, y si se quiere paz, se tiene que negociar con ellos indiscutiblemente, y no entre nosotros, porque entre nosotros podemos discutir todo lo que queramos sin garantizar en absoluto un ápice a la paz de la región chiapaneca.
Nosotros valoramos altamente la iniciativa que ahora se presenta, valoramos altamente el cese unilateral del fuego y esta amnistía general. Creemos que son precondiciones para un diálogo, para la construcción de una voluntad de negociación y para la búsqueda de la paz.
Saludamos la decisión presidencial de suspender las hostilidades bélicas e insistimos que es necesario crear o nombrar una comisión para el seguimiento del cese al fuego o de esta tregua virtual entre el Ejército Federal y el autodenominado Ejército Zapatista.
La segunda precondición necesaria para iniciar negociaciones, es la seguridad política y personal de los integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La amnistía general es una parte, lo hemos propuesto todos los interesados como condición para una paz justa y digna.
Ayer que el presidente Salinas de Gortari anunció la convocatoria a un período extraordinario de sesiones, con este hecho parece cumplirse otra condición para iniciar conversaciones de paz. Sin embargo, insisto, por las características de la iniciativa, podrían generarse interpretaciones no tan favorables.
La Ley de Amnistía como viene a este Congreso, que habrá que examinarla y posiblemente rectificarla, está planteada más como un ultimátum que como una condición para alcanzar la paz.
No puede admitirse una iniciativa de Ley de Amnistía con fechas predeterminadas, antes del inicio de unas conversaciones formales; no existe una voluntad de diálogo y negociación de paz, si la amnistía se convierte en una amenaza velada y en los términos en que está planteada no es otra cosa.
Pareciera decir: o se acogen a esta iniciativa, sin observadores de la tregua, sin vigilantes del cese de hostilidades, o se atienen a las consecuencias, que no pueden ser otras, sino la persecución, el exterminio legal, militar y político.
La Ley de Amnistía propuesta por el Presidente es, por decirlo menos, ambigua. Se necesita una Ley de Amnistía, eso es indiscutible, pero la amnistía debe ser general y sin condiciones, debe de ser garantía para la paz y no excusa para la guerra.
Los términos de la Ley de Amnistía anunciada por el presidente Salinas son preocupantes, ratificamos esta preocupación, pues pueden aparecer, insisto, como una amenaza velada..
Conceder amnistía hasta las 11.00 de la mañana del domingo 16 de enero, a 16 días de iniciado el conflicto y a cinco de un cuestionado cese unilateral del fuego, pareciera que la opción militar no ha sido todavía descartada, que todavía hay quienes abogan por el exterminio, por los baños de sangre. Por eso, limitarla es convertirla en amenaza, en ultimátum.
No se debe, de ninguna manera, confundir la entrega de las armas con la deposición de las armas. Vale la propuesta de amnistía para abrir negociaciones, pero debe de extenderse el plazo de ésta, porque sería ingenuo pensar que sin negociación el Ejército Zapatista de Liberación Nacional entregue armas, lo que en la práctica equivaldría a una rendición.
Es muy poco probablemente que a esta amnistía acuda el núcleo fundamental del Ejército Zapatista que ha reivindicado la lucha armada. Podrán acudir sectores inestables que están en la guerrilla de una manera forzada o poco convencidos, pero el núcleo fundamental del Ejército Zapatista es obvio que se mantendrá durante un tiempo, para posibilitar negociaciones.
Es posible que con estas iniciativas se contribuya a abrir un camino político de solución al conflicto que permita, en consecuencia, lograr que el Ejército Zapatista en un plazo deponga sus armas, en la medida en que el proceso de negociación sea exitoso.
Por lo tanto, hay que tener calma, los pasos hacia la paz deben ser consistentes y leales. El ultimátum no acelera la negociación, la retarda; la amnistía, insistimos, debe ser general y sin condiciones; el cese del fuego debe ser fielmente observado; la disposición al diálogo consecuente y real, sin intereses personales o de grupo.
Insistimos, hay que tener calma ante un conflicto de esta envergadura y de tal complejidad. Gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez:
Con su permiso, señora, Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:
Como ya lo han anticipado mis compañeros Martín del Campo y Porfirio Muñoz Ledo, nosotros estamos de acuerdo en la convocatoria a un período extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Sin embargo, consideramos que la agenda para este período extraordinario no debería circunscribirse a la discusión de una Ley de Amnistía en relación con el conflicto chiapaneco, lo cual, si bien es un avance, es a todas luces insuficiente para dar respuesta a los aspectos de fondo que motivaron el conflicto.
Es inconveniente a nuestro juicio que se convoque a un período extraordinario de sesiones sin considerar en su agenda las propuestas que pudieran surgir del informe que debe presentar el grupo plural que formó esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, precisamente con el objeto de recabar información y formular propuestas para coadyuvar desde el ámbito de la competencia del Poder Legislativo en la resolución del conflicto.
Estamos de acuerdo en que se otorgue amnistía para todos aquellos que tomaron el camino de las armas en aquella entidad, ésta es una de las principales demandas que nos formularon la mayor parte de los sectores de la sociedad chiapaneca e importantes sectores de la opinión pública nacional.
Mas la propuesta de amnistía que ha presentado el Ejecutivo Federal, contiene cuando menos dos problemas: por un lado, abarca un período de tiempo limitado que se antoja arbitrario y carente de fundamentación lógica y jurídica, y que en los hechos reitera veladamente la idea promovida por el anterior Secretario de Gobernación de una rendición incondicional por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional; y por otro lado, se pretende presentar esta medida como la solución del conflicto, cuando en todo caso se debe contemplar como un paso, muy importante sin duda, pero sólo un paso que pueda allanar el inicio de un diálogo que permita atender los problemas de fondo que propiciaron el conflicto y que deriven la paz.
Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, la amnistía debe abarcar todo el período que va del inicio de las negociaciones a la culminación de las mismas. La entrega de las armas y la vuelta a la concordia, debemos tenerlo claro, son el final de un proceso de acuerdo político no el comienzo. Esta amnistía que se propone se parece más a un emplazamiento a la rendición, que a una oferta de diálogo. Es por ello que decimos que más que Atípica ésta parece una propuesta tramposa e inconsecuente en su planteamiento.
La amnistía por su propia naturaleza es una medida de carácter jurídico y político que tiene como objeto evitar la aplicación de medidas punitivas en contra de quienes participan de las luchas sociales y políticas. No atiende las causas que propiciaron estas luchas, crea condiciones más adecuadas para la reconciliación y el diálogo, pero no resuelve las causas de su origen. En esa justa dimensión se debe valorar y comprender este instrumento que desde la Constitución de 1857 es facultad del Congreso de la Unión.
Es evidente entonces que la amnistía sólo debe ser contemplada como un punto de una agenda más amplia que permita arriba a consensos entre las fuerzas sociales y políticas, tanto al interior de la sociedad chiapaneca como en la nación en su conjunto, que permita iniciar un proceso para erradicar las causas que ahora se manifestaron de manera violenta en Chiapas, pero que está latente a lo largo y a lo ancho del país, por lo que se requiere impulsar reformas relacionadas con los ámbitos estatal y nacional.
El Congreso de la Unión debe ser, desde nuestro punto de vista, el espacio privilegiado para propiciar la reconciliación nacional, ya que como nos han planteado diversos sectores de la sociedad chiapaneca, la paz no es sólo la ausencia de guerra, sino la posibilidad de convivencia, basada en normas e instituciones aceptadas por todos, que permitan la resolución pacífica de las diferencias con pleno respeto a la pluralidad cultural y política donde priven la democracia, la justicia social y el respeto a los derechos humanos.
Por ello creemos que en el período extraordinario que ha de convocar esta Comisión Permanente, se debe discutir una agenda para la reconciliación nacional que incorpore la revisión de normas, la elaboración de reformas al marco jurídico en diversas materias, así como la emisión de decretos y recomendaciones a efecto de propiciar las bases de una paz duradera con justicia, desarrollo y democracia.
Por ello, consideramos también que el comisionado del gobierno, el señor Manuel Camacho Solís, debe rendir a la Comisión Permanente, a través del grupo plural, que esta misma Comisión integró, un informe pormenorizado del estado que guardan las gestiones hasta ahora realizadas por él, a fin de que sean consideradas en la agenda del debate legislativo.
La agenda que surja de la discusión y el aporte de las diferentes fuerzas políticas y sociales, implicará señalar prioridades, tiempos, lineamientos
y realizar las consultas públicas necesarias que deben traducirse en compromisos precisos de cara a la nación. La materia y los tiempos se pueden discutir, no postergar. El propio Partido de la Revolución Democrática ha presentado, y lo reiterará en esta sesión, los ordenamientos que desde nuestro punto de vista deben ser revisados y reformados.
Lo que es prioritario es que el Congreso de la Unión en este próximo período extraordinario de sesiones lleve a cabo una discusión de manera integral de las reformas a las normas y las instituciones que se requieren para permitir un avance sustancial en las bases para una convivencia armónica entre los mexicanos.
Por otra parte, se requiere incluir en la agenda del período extraordinario de sesiones las propuestas que surjan del grupo plural de la Comisión Permanente en relación con el conflicto de Chiapas, formado precisamente para formular recomendaciones y propuestas, cursos de solución, como lo señala el acuerdo suscrito para la solución política del conflicto.
Asimismo, es de fundamental importancia incorporar dentro de esta agenda, la discusión del informe que debe rendir el Ejecutivo Federal a través de los titulares de las diversas dependencias que han intervenido en el manejo del conflicto, a las Cámaras del Congreso de la Unión, incorporando en este informe su visión y propuestas sobre las medidas para hacer frente a las causas de fondo de este conflicto.
Apoyamos la amnistía, pero no apoyamos ni avalamos la rendición unilateral, exigimos tratamiento equitativo del conflicto, estableciendo responsabilidades a los agentes del Gobierno que rebasaron el marco de sus atribuciones y rebasaron el marco constitucional. Lo hacemos con la condición expresa de una convocatoria a un período extraordinario de sesiones que aborde las cuestiones de fondo que subyacen en el conflicto.
Sólo así, sin retórica, el Congreso de la Unión cumplirá con el deber fundamental: el de sentar las bases no solamente de la reconciliación en el Estado de Chiapas, sino la reconciliación que se ha presentado como una tarea inherente a las del Congreso de la Unión para todo el país. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Adolfo Kunz Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Adolfo Alfonso Kunz Bolaños:
Con su venia, señora Presidenta:
Para nosotros la paz es un valor muy importante y lo es también el estado de derecho que garantiza esa paz.
Sin embargo, no podemos venir a esta tribuna a condenar a las personas que tomaron las armas en Chiapas, porque no podemos venir aquí a condenar a los hombres que están al limite de la desesperación.
La situación de los indígenas en el Estado de Chiapas no es una novedad para todos nosotros. Existieron desde hace 500 años las denuncias de fray Bartolomé de las Casas y en este siglo tenemos las denuncias claras de la obra de Bruno Traven.
Los indígenas han sido sujetos a una cultura del desprecio y a una cultura del despojo. Se rigen por instituciones ajenas a su mentalidad y a sus tradiciones y al ignorar o al no comprender las reglas del juego han sido víctimas de toda clase de abusos, como son el despojo de sus tierras, la violación a sus hijas y a sus mujeres y el desprecio y la discriminación por parte de mestizos y de blancos.
Condenar aquí a quienes han recurrido a medidas extremas, como consecuencia de la impotencia y de la desesperación, sería como condenar en 1910 a los que tomaron las armas para buscar la justicia social.
En este caso las causas del conflicto son múltiples. No vamos a negar que pueda haber influencia de las diferentes iglesias que son, al decir de uno de los obispos entrevistados, uno de los dos sectores que han tomado en serio a los indígenas.
Podemos aceptar la existencia del otro sector, el que los ha organizado política y militarmente para reclamar sus derechos.
Existen, pues, muchos casos y no son de ayer, ni se van a resolver mañana. No son solo causas que se puedan resolver mediante leyes, sino mediante la voluntad de aplicar esas leyes.
Se requiere seguridad jurídica. Se requiere justicia. Se requiere respeto a las minoras en su organización social, política y económica.
Habrá que reformar muchas leyes. Pero habrá que reformar más mentalidades para evitar que el indio siga siendo visto como un problema más de la naturaleza y para lograr que el indígena sea visto como un mexicano más, con una cultura diferente.
Pensamos que la acción militar del día 1o. de enero no fue, a fin de cuentas, un objetivo de carácter militar; por sus características, pensamos que fue un aviso, un llamado de atención, una señal para que se tomen en cuenta todas las medidas que requiere esta zona donde a diferencia del resto del país no se mezclaron en una forma definitiva los blancos con los indios y donde a diferencia de todo el país, estamos hablando de un Estado que se incorporó voluntariamente a la Federación y que ha dado, le ha dado más a la Federación de lo que ha recibido, de un Estado que en general ha hecho grandes sacrificios sin recibir nada que compense esos sacrificios, pero además de las medidas de carácter económico, se requieren medidas de carácter social, de respeto, de seguridad, de justicia.
Para nosotros la amnistía es un paso importante pero no definitivo, ya lo señaló aquí Alberto Carrillo, la amnistía va a permitir que muchas personas que fueron llevadas por las circunstancias, que muchas personas que se unieron al movimiento o que muchas personas que no tienen la suficiente vinculación, puedan volver a sus hogares, pero coincido con Alberto cuando dice que el grueso de la estructura político - militar, que el grueso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que ahí está y que sí existe, y que me sorprende que no se le reconozca como tal. Yo recuerdo que hace unos cuantos años nuestro Gobierno le andaba reconociendo al Frente Farabundo Martí el carácter de parte beligerante y que no estaba en su territorio, que era un asunto ajeno y ahora ante la evidencia de los hechos, no se le quiere reconocer a este grupo, lo cual creo que haría más fácil la negociación y la terminación del conflicto.
Nosotros estamos de acuerdo con la amnistía, aunque no estamos de acuerdo con los términos de la iniciativa, ya tendremos oportunidad de discutir este tema que no es ahora el momento, pero vamos a votar a favor de que se convoque a un período extraordinario de sesiones con este objeto, pero queremos dejar aquí bien claro, al igual que lo han hecho otros partidos, que se requiere otro período adicional extraordinario de sesiones para implementar las medidas legislativas que de forma indudable se van a requerir para la resolución de este problema.
Por un lado, la negociación que está llevando a cabo el Gobierno, aunque en sus inicios con el Ejército Zapatista tendrá como consecuencia compromisos y algunos de éstos tendrán que ser de carácter legislativo; por otra parte, aunque no hubiera ninguna negociación, nosotros como representantes populares no podemos quedarnos ajenos a esta violenta llamada, a esta señal desesperada y tendríamos la obligación en todo caso de tratar de aminorar los graves problemas que han motivado esta acción por parte de los indígenas de Chiapas.
Votaremos a favor de la iniciativa para convocar el período extraordinario y en él manifestaremos nuestros puntos de vista en relación a lo que realmente debe de contener la Ley de Amnistía. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el senador Ernesto Luque Feregrino, del Partido Revolucionario Institucional.
El senador Ernesto Luque Feregrino:
Con su venia, señora Presidenta:
Estamos ciertos de que esta determinación del Ejecutivo, en base a lo dispuesto en el artículo 89 fracción XI de nuestra Constitución, para convocar al Congreso a sesiones extraordinarias y en la que el motivo fundamental es la presentación de una iniciativa de Ley de Amnistía, es un paso para resolver el problema que de manera regional se presenta en el Estado de Chiapas.
Esta propuesta muestra una vez más que sí hay sensibilidad en el Ejecutivo frente al conflicto chiapaneco y permite establecer puentes directos y necesarios para una solución exitosa.
Han sido claras las expresiones de voluntad para resolver el conflicto, la designación de un Comisionado para la Paz y la Reconciliación en Chiapas; la presencia del Secretario de Desarrollo Social para establecer una mesa de concertaciones; la suspensión de fuego en la zona de conflicto; la presencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el mensaje de paz y conciliación que el propio Ejecutivo difundió a nuestro país.
Esta amnistía, como lo hemos escuchado de manera reiterada, será concedida de la manera general en favor de todos aquellos que han participado
en los hechos de violencia que se llevaron a cabo a partir del 1o. de enero en algunos municipios del Estado de Chiapas y que habrán de concretarse hasta el 16 de enero a las 11.00 horas, en las que se dio como plazo para que hubiera buena voluntad de ambas partes.
Quiero destacar que en nuestra nación históricamente la amnistía se ha presentado en diversas etapas de nuestra historia. Así la encontramos en que el presidente Juárez adoptó esta medida en una difícil época en la que estuvo en peligro nuestra legítima vida institucional. Más tarde, Cárdenas y Avila Camacho, cuando México en su lucha por obtener su afirmación institucional, experimentó las consecuencias últimas de la intranquilidad armada y después los resabios de una conflagración mundial. Recientemente tenemos el antecedente en el entonces presidente López Portillo, que envió una Ley de Amnistía en 1978.
Por otra parte, es necesario señalar que la amnistía sólo puede ser otorgada por el Congreso de la Unión, de acuerdo a lo que establece la fracción XXII del artículo 73 constitucional y consignada en una Ley. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia ha sido amplia al expresar que la amnistía es Ley de olvido, derivada de un acto del poder social que trae como consecuencia que olvidadas ciertas infracciones se den por terminados los procesos, y si ya fueron fallados queden sin efecto las condenas impuestas con motivo de esas infracciones.
Esto significa que produce sus efectos antes o después de la condena, pero en los dos casos borra los actos que han pasado antes de ella. De esto se puede derivar que el beneficio de la amnistía también se amplía a los que se encuentran en la fase de la averiguación previa iniciada por el ministerio público federal o en su caso del fuero común, con lo que prácticamente desaparece cualquier posibilidad de continuar con la fase procesal a nivel judicial, consiguiéndose con ello una mejor expedites en la aplicación de las medidas, más tranquilidad y seguridad jurídica para un mayor número de personas.
Por otra parte, la amnistía es un claro ejemplo de llamado a la concordia y armonía para todos aquellos que fuera o dentro del país se encuentren sustraídos a la acción de la justicia y que resultan favorecidos con la única y lógica demostración de entregar los instrumentos y objetos de los delitos de que se trata, esto es explosivos, armas etcétera, dentro del plazo que establezca la Ley de Amnistía a partir de su vigencia.
Por otra parte, la amnistía extingue las acciones penales y las sanciones impuestas respecto de los delitos que comprende, dejando subsistente la responsabilidad civil y a salvo los derechos, de quienes puedan exigirla. Esto tiene total congruencia sobre todo en lo relativo en delitos comunes con fines políticos, pues los sujetos pasivos o sus familiares tienen el justo derecho de exigir le sean reparados, así sea materialmente, los daños causados por la Comisión de hechos antisociales.
Así, podemos apreciar que es de efecto lógico el sobreseimiento por cualquier autoridad que conozca de los juicios de amparo interpuestos por quienes resulten favorecidos por la aplicación de la Ley cualquiera que sea el estado procesal de su causa. Asimismo al señalarse que todos aquellos beneficiados por la Ley no podrán ser detenidos ni procesados en el futuro por los mismos hechos, solamente estamos confirmando la garantía jurídica que nuestra Carta Magna establece de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene.
Compañeras diputadas, compañeros diputados, compañeros senadores, hemos escuchado diversos puntos de vista muy respetables. Somos respetuosos de lo que aquí se ha sugerido, sin embargo desde el inicio de la primera intervención de parte del diputado Rodolfo Echeverría, se aceptó que quedaran abiertas las puertas para otros periodos extraordinarios de sesiones, para que pudieran resolverse, tratarse o analizarse algunos otros asuntos que ustedes consideran de importancia en su discusión.
Pensamos, y esto lo afirmamos, de que debemos de dar paso primero a esta propuesta del Ejecutivo para amnistiar a quienes están involucrados en el conflicto chiapaneco. Hay buena voluntad, hay deseos de que se supere, y solamente a través del diálogo, a través de la concertación es como podemos llegar a una solución, en mi opinión exitosa en el Estado de Chiapas, en esta parte de los municipios que se han visto afectados.
Por otro lado, quiero expresar que con esta Ley de Amnistía, el Estado mexicano deja en claro que busca la paz, y que quienes han entrado en confrontación con él no tienen pretexto o motivo alguno ahora para no reintegrarse pacíficamente a sus comunidades e incorporarse a las tareas de superar solidariamente necesidades y rezagos.
Por otro lado, esperemos y de ahí derivaremos, el informe oficial que la propia Comisión Permanente,
al designar a la Comisión Plural para que asistiera al Estado de Chiapas, nos dé el informe que todos los mexicanos y los legisladores estamos en espera. Muchísimas gracias.
La Presienta:
Tiene la palabra el diputado Jesús Martín del Campo, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda:
Como una de las conclusiones que los miembros del Partido de la Revolución Democrática tenemos, del sentir de la población toda de nuestro país y en especial de la de Chiapas, es que en aquella entidad ya no hay nadie que desee quedarse callado frente a los problemas que han derivado en un conflicto armado y podemos decir que hoy en Chiapas y quizá en todo el país se ha roto el silencio que se había impuesto por gobiernos autoritarios en aquella entidad.
E incluso, lo hemos expresado ya, lo reitero aquí, creemos que como una señal más de la búsqueda de la reconciliación en el Estado de Chiapas, convendría la renuncia del gobernador Elmar Seltzer, que ha sido rebasado, porque virtualmente no hay funciones de Gobierno para esta situación conflictiva en aquella entidad.
Por otra parte, tenemos una serie de consideraciones para adelantar, en vista de que se ha presentado ya un acuerdo verbal entre los coordinadores de las fracciones parlamentarias, antes del inicio de esta sesión, para tratar en otro período extraordinario, después de que se discuta la Ley de Amnistía, una agenda que está fundamentada, desde nuestro punto de vista, en los siguientes considerandos:
1o. La situación que vive el Estado del Chiapas desde el inicio del presente año exige un Acuerdo Nacional para la Paz, la Democracia y la Justicia, que se vea concretado por la adopción de indispensable reformas constitucionales y de otros ordenamientos legales.
2o. Que las demandas de los pueblos indios exigen la solución de diversas conflictivas sociales, que no sólo afectan a estos pueblos, sino también a grandes sectores de la población mexicana, y se requiere una redefinición de la relación del Estado mexicano con los grupos étnicos de este país.
3o. Que para lograr la paz verdadera y permanente, hay que atacar las causas de la violencia estructural, dictando las leyes y proveyendo en la esfera administrativa todo lo indispensable para atender los reclamos de justicia.
Por eso proponemos al conjunto de los partidos, que tengamos en cuenta para ese otro período extraordinario, para el que hay compromiso establecido entre los coordinadores de las fracciones parlamentarias, los siguientes temas:
Uno, reformas al artículo 27 constitucional y decreto expropiatorio de tierras en las regiones de los altos y la selva del Estado de Chiapas.
Dos, reformas a los artículos 4o., 53, 73 y 115 constitucionales; dictamen de las iniciativas presentadas por el diputado Margarito Ruiz, el 10 de diciembre de 1990, en la LIV Legislatura, relativa a las reformas de los artículos 53, 73 y 115 constitucionales, así como la presentada por el diputado Salomón Jara, el 7 de julio de 1992, en la actual Legislatura, relativa a la Ley Reglamentaria del artículo 4o. constitucional.
Tres. Reformas a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos de la Federación en las partidas relativas a la inversión social.
Cuatro. Reforma constitucional en materia de coordinación fiscal para aumentar la transferencia a las entidades federativas.
Cinco. Reforma constitucional en materia política y al Código Federal de las Instituciones y Procedimientos Electorales a fin de:
a) Garantizar la autonomía e imparcialidad de los organismos electorales;
b) Garantizar la equidad entre los contendientes en los procesos electorales, impidiendo el desvío de recursos públicos y el dispendio en las campañas electorales, así como el uso y acceso en los medios electrónicos de comunicación;
c) Establecimiento de un sistema nacional de información que garantice transparencia y oportunidad en la publicación de los resultados electorales.
Seis. Reforma constitucional en materia de justicia y a los siguientes ordenamientos: Código Penal, Código Federal de Procedimientos Penales, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Amparo, con el propósito de:
a) Garantizar la autonomía del Poder Judicial mediante la modificación de los mecanismos para
la nominación y definición de requisitos que deberán cubrir los integrantes del Poder Judicial Federal y locales;
b) Garantizar la autonomía de la institución del ministerio público mediante la modificación de los mecanismos para la nominación del Procurador General de Justicia y los procuradores de los estados;
c) Restituir las garantías individuales que en los procesos penales relativos a la detención y otras prácticas judiciales resultan vulneradas con las recientes reformas a los artículos 16, 19, 20 y 119 y la derogación del 107 de la Constitución General;
d) Restablecer los ámbitos de competencia del Poder Judicial y del ministerio público ya que las reformas recientes limitan la judicatura y transfieren facultades en el ejecutivo, y
e) Restituir el derecho de amparo en los procesos penales cancelado con las recientes reformas a la Ley de Amparo.
Consideramos que estos elementos pueden constituir la posibilidad de una visión integral y de una discusión integral de la problemática que ahora se presenta en el Estado de Chiapas, por lo que insisto creemos en una discusión entre los distintos partidos aquí representados podemos llegar a establecer una agenda común, ya que es interés de todos nosotros explicitado el sacar adelante el problema de Chiapas con una paz duradera, con justicia y democracia. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el senador Héctor Terán Terán, del Partido Acción Nacional.
El senador Héctor Terán Terán:
Señora Presidenta; honorable Asamblea:
Hoy nos encontramos en estos momentos la Comisión Permanente para aprobar una convocatoria a un período extraordinario del Congreso de la Unión para tratar un instrumento más que nos pueda servir a todos los mexicanos para conseguir la paz, no sólo de Chiapas, sino de todos los que vivimos en esta tierra nuestra.
Me da la impresión de que como que únicamente se habla de una racionalización de la negociación para conseguir la paz. Se habla de eficiencia política para poder alcanzar la paz en Chiapas. Se racionaliza e interioriza el problema, pero en el fondo, el sentimiento mismo, las causas que originan este drama del Estado de Chiapas, a veces, como que no se consideran en toda la trascendencia nacional.
Estamos viviendo momentos de reflexión nacional donde todos los ojos del mundo están puestos en México, y este México que tantas veces ha estado de intermediador en problemas similares al de Chiapas, tiene que demostrar que es capaz de resolver lo que en otros países ayudó a resolver. Tenemos que tener la capacidad los mexicanos de poder diferenciar en esta negociación lo que es conveniencia y lo que es convicción; lo que es elemento para unir a los mexicanos y no un elemento para crear discordias y abundar más en los problemas nacionales.
Es éste el momento en que podemos unirnos todos, independientemente de los partidos a que pertenezcamos, para poner nuestra mayor disposición en conseguir un conjunto de elementos que puedan resolver este conflicto de Chiapas.
¿Por qué apoyamos esta iniciativa?, porque es un medio para poner a las partes en el diálogo, un diálogo con autenticidad, no un diálogo que busque resolver un problema que yo considero que es un problema que vamos a poder remontarlo. Es lo que sucede en Chiapas un detonante para la reflexión nacional.
Es, lo que sucede en Chiapas, un detonante para la reflexión nacional y eso nos debe llevar a analizar todo el contexto nacional, las causas y las consecuencias, porque ésa es una parte de México que vive el drama de la marginación, como hay muchas otras partes de México.
Apoyamos esta iniciativa, porque siempre hemos dicho en nuestra doctrina política que la violencia, tanto la que destruye el cuerpo como la que destruye el alma del hombre, la violencia moral, son igualmente perniciosas, porque ninguna de las dos ayuda, precisamente, a que este hombre se pueda realizar en la libertad, en la justicia.
Porque, precisamente, la violencia no lleva más que a engendrar violencia y en este sentido nuestra doctrina siempre ha sido clara, de que buscamos que los mexicanos, en la concordia, en la paz, en el respeto de los derechos humanos, encuentren la convivencia para poder construir su propio destino colectivo.
Sí es cierto que apoyamos esta iniciativa. Pero también pedimos apertura a la mayoría, para que podamos con nuestras opiniones y nuestras propuestas enriquecer esta iniciativa de Ley.
Es aquí, precisamente, en el Congreso de la Unión, donde se van a dar más nítidamente las intenciones de cada una de las partes que constituyen esta Asamblea legislativa.
Aquí, precisamente, se va a dar la buena voluntad para conseguir medios, no solo para resolver el problema de Chiapas, sino para tener que revisar toda la agenda nacional, para poder conseguir medios donde auténticamente exista en México un federalismo, que es la asociación de las partes, ciertamente, con una autoridad federal, pero sin destruir a las partes ni debilitarlas, sino respetarles los medios económicos, políticos y sociales para que esas partes integrantes de la Federación puedan conseguir en sus regiones el progreso con libertad y con democracia.
Una agenda, ciertamente vamos a discutirla en otro período extraordinario. Lógicamente tendremos que llegar a una agenda de consenso para poder tocar todas y cada una de las partes y de los temas que consideramos que en estos momentos de reflexión nacional debemos analizar en un nuevo período extraordinario.
Son muchos los temas que en su oportunidad tocaremos para poder conseguir esta agenda nacional.
Queremos dejar constancia de que ésta es nuestra voluntad, de que ésta es nuestra posición política, de que las comisiones que analicen esta iniciativa lo hagan con una disposición plural para escuchar nuestros puntos de vista y poder conseguir una mejor Ley de Amnistía.
Y también dejar constancia de que tenemos una disposición al diálogo con todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, que nos anima el interés superior de México y que debemos todos y cada uno de quienes integramos esas fuerzas políticas, poner lo mejor de nuestra parte para conseguir la paz en esa región de México. La paz que constituya verdaderamente un camino para que todos los mexicanos podamos convivir en la democracia, en la libertad, en la justicia, en el respeto de los derechos humanos.
La Presidenta:
Tiene la palabra, la senadora Silvia Hernández, del Partido Revolucionario Institucional.
La senadora Silvia Hernández:
Señora Presidenta; muy distinguidos compañeros legisladores:
A estas horas de la noche, hemos tenido tiempo suficiente para escuchar y lo hemos hecho con la mayor atención, las diversas interpretaciones que sobre el conflicto chiapaneco tenemos en los partidos políticos de la nación. Es muy difícil estar de acuerdo en todo, sin embargo, quisiera rescatar algunos puntos de vista que me parece que son los que han generado una coincidencia en la mayor parte de los compañeros que han venido a esta tribuna.
Hemos estado de acuerdo en que el problema chiapaneco tiene, atrás de él, problemas de fondo; creo que plantearnos la necesidad de soluciones estructurales en lo económico, en lo político, en lo social, de la revisión de acciones y del planteamiento de nuevas fórmulas de solución a estos problemas es un punto de coincidencia.
Si no he percibido mal este debate diría que también hemos coincidido en que la violencia no es el camino para solucionar estos problemas y el planteamiento de que quienes estamos preocupados hemos decidido dejar de ser solamente ciudadanos preocupados para ser, en el caso de los legisladores, políticos ocupados en la solución del conflicto.
No tener una actitud pasiva, de tener una actitud propositiva, positiva y que coadyuve y contribuya de alguna manera, en la medida de nuestras capacidades y atribuciones a las soluciones de esta situación que le duele a la nación. El día de ayer conocimos del Ejecutivo de la Unión una propuesta que se ha convertido en iniciativa para una Ley de Amnistía que recibe esta Comisión Permanente y a la que hoy hemos todos intentado analizar para poder llevar como consecuencia al Congreso a la realización de un período extraordinario de sesiones. El senador Terán y algunos más de los compañeros que han venido a la tribuna antes que yo, han hablado y yo quisiera coincidir con ellos, en la necesidad de ver con claridad la creación de una nueva agenda en relación con Chiapas.
No será, no me cabe duda, solamente una agenda local. El país reflexiona y tendrá la mira puesta en la necesidad de atender los problemas que han surgido a la recesión nacional a partir de este conflicto.
La iniciativa de Carlos Salinas de que el Congreso se reúna en sesión extraordinaria, en período extraordinario para una Ley de Amnistía para el caso local, habría que verlo, diría yo como un elemento más, positivo, coadyuvante, contribuyente, de un proceso de reconciliación nacional; busca propiciar el diálogo, intenta generarlo en el marco de la Ley, y así restablecer la convivencia que es necesaria para construir esta agenda nueva a la que aquí se ha aludido de manera reiterada.
Son muchas las organizaciones de la sociedad, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de todo tipo, partidos políticos, los medios de comunicación, muy distinguidos ciudadanos, y si se me permite decirlo, grandes grupos de la sociedad, quienes plantearon, en un momento dado, el cese unilateral al fuego y unos días después también la necesidad de la amnistía. El Ejecutivo está recogiendo así, de manera muy clara, lo que es una demanda de la sociedad.
Los demás temas que no vamos a oscurecer, que no queremos opacar, que no queremos negar al convocar al período extraordinario, vendrán indudablemente después y serán planteados, estoy segura, en la madurez de la recepción hacia adentro de los partidos, con la mayor sensatez, con prudencia y en su oportunidad.
Yo quisiera, no intento de ninguna manera ser la última oradora de la sesión, pero si se me aceptara una invitación amable a que recogiéramos ahora una síntesis de lo dicho en el curso de esta sesión y pudiéramos pasar a la votación del dictamen que ha presentado la Primera Comisión de esta Comisión Permanente, lo haría solamente con el ánimo de considerar que el Ejecutivo de la Unión convocó a la dirección política expresada aquí en el Congreso ahora en Comisión Permanente, para que podamos, en esta misma semana, darle una respuesta a la sociedad con absoluta responsabilidad, sabiendo que damos un paso más en esta búsqueda de la reconciliación.
La amnistía no es el fin del proceso, quizá habría más que destacarla como uno de los puntos de arranque del proceso. Intenta poner terreno fértil, intenta generar el marco noble y adecuado para la conversación, intenta abrirse a la posibilidad real que en México sabemos que es posible, la de convivir en paz y en ella poder manifestar los problemas que nos aquejan, pero buscar la soluciones con el más alto sentido de responsabilidad y del cumplimiento de lo que debe ser nuestra tarea.
Yo les quisiera pedir, compañeros, que emitiéramos un voto favorable a la realización del período extraordinario. Ese ha sido el motivo que hoy nos convocó. Pienso que al hacerlo estaremos cumpliendo con lo que la gente espera de sus representantes. Muchas gracias.
La Presidenta:
En virtud de que se ha agotado la lista de oradores inscritos para este tema, consulte la Secretaría si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular.
El secretario senador José Ramón González León:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si está suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular.
Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Suficientemente discutido, señora Presidenta.
La Presidenta:
Se pasara a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, en un solo acto.
El secretario senador José Ramón González León:
Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
Señora Presidenta, por unanimidad en pro, 29 votos a favor.
La Presidenta:
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto para que se convoque a un período de sesiones extraordinarias al honorable Congreso de la Unión.
El secretario senador José Ramón González León:
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
ORDEN DEL DÍA
El secretario senador José Ramón González León:
Señora Presidenta, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Comisión Permanente. Primer Receso. Tercer Año. LV Legislatura.
Orden del día
19 de enero de 1994.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Hidalgo y Michoacán.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Cinco con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Tito Valencia Ortiz, Antonio Clemente Fernández Peniche, Federico Juárez Santos, Rolando Eugenio Hidalgo Eddy y Genaro Ambia Martínez, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictamen de primera lectura
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso del ciudadano Vicente Luis Coca Alvarez, para que pueda aceptar y usar la Condecoración Caballero Comandante de Rizal, en Tercer Grado, que le confiere el Gobierno de la República de Filipinas.
Informe del grupo plural designado en relación con los acontecimientos en el Estado de Chiapas».
La Presidenta (a las 22.30 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 19 de enero a las 10.00 horas.