Legislatura LV - Año III - Período Comisión Permanente - Fecha 19940302 - Número de Diario 12
(L55A3PcpN012F19940302.xml)Núm. Diario: 12ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Diputada María de los Angeles Moreno Uriegas
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO III México, D. F., miércoles 2 de marzo de 1994 No. 12
SUMARIO
ASISTENCIA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
ESTADO DE MÉXICO
Comunicación del Congreso estatal, informando de actividades de su legislatura. De enterado.
ESTADO DE PUEBLA
Comunicación del Congreso estatal, informando de actividades de su legislatura. De enterado.
ESTADO DE QUERÉTARO
Comunicación del Congreso estatal, informando de actividades de su legislatura. De enterado.
RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite la hoja de servicios del ciudadano Alberto Trejo García, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 constitucional.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite la hoja de servicios del ciudadano Petronilo Díaz Ramírez, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 constitucional.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite la hoja de servicios del ciudadano Guillermo Raúl Valdespino Furlong, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 constitucional.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite la hoja de servicios del ciudadano Eduardo Romero López, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 constitucional.
Se turnan los cuatro a la Segunda Comisión.
REPÚBLICA DE FRANCIA
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Enrique Armando Ross Domínguez, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere ese país. Es de primera lectura.
ESTADO INDEPENDIENTE DE LITUANIA
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Dominique Verut Goudet, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de ese país en los Estados Unidos Mexicanos, excepto el Estado de Sinaloa. Es de primera lectura.
REPÚBLICA DE ITALIA
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Esperanza González Bribiesca de Greganti, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de ese país en los estados de Chiapas y Oaxaca. Es de primera lectura.
RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES (II)
Seis dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo con los que se ratifican los grados militares de los ciudadanos: Marco Antonio Ramos Martínez, Heriberto Cano Hernández, Armando Sánchez Moreno, Jorge Justiniano González Betancourt, Alfredo Montes Salgado, Carlos Eduardo Vázquez Basurto. Se aprueban en sendas votaciones económicas y se turnan al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
ISLANDIA
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto con el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Bernardo de Eduardo Rihan Azar, pueda aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de ese país en México. Se aprueba y se turna al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto con el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Bernardo de Jesús Saldaña Téllez, pueda prestar sus servicios en el Consulado de ese país en Tijuana, Baja California. Se aprueba y se turna al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Margot Caballero Brousset, pueda prestar sus servicios en esa legación. Se aprueba y se turna al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto con el que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que las ciudadanas Marigloria Claudia Casado Molina e Inés de los Angeles Hori Cicero, puedan prestar sus servicios en esa legación. Se aprueba y se turna al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
CIUDAD DE MÉXICO
Hacen consideraciones sobre asuntos políticos de esta ciudad, los legisladores:
Rodolfo Echeverría Ruiz
René Bejarano Martínez
SESIONES EXTRAORDINARIAS
Sobre la posibilidad de realizarlas, hacen uso de la palabra los legisladores:
Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
Juan de Dios Castro Lozano
Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, para contestar alusiones personales.
Juan de Dios Castro Lozano, para contestar alusiones personales.
Gustavo Carvajal Moreno
Juan Ramiro Robledo Ruiz
Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, para contestar alusiones personales.
Juan Ramiro Robledo Ruiz, para contestar alusiones personales.
Francisco José Paoli Bolio, para rectificar hechos.
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, para rectificar hechos.
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para rectificar hechos.
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, para contestar alusiones personales.
Miguel González Avelar
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para rectificar hechos.
Israel González Arreguín
Gustavo Carvajal Moreno, para rectificar hechos.
CIUDAD DE MÉXICO (II)
La Secretaría da lectura a una declaración política respecto de la supuesta detención y tortura de dos miembros de la Alianza Democrática Metropolitana.
Opina al respecto el diputado René Bejarano Martínez y se turna a la Primera Comisión.
MEDIO ORIENTE
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez da lectura a una declaración política respecto a la ola de violencia en esa zona del mundo. De enterado.
ESTADO DE CHIAPAS
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, habla sobre los recientes acontecimientos en ese Estado y denuncia lo que calificó como una campaña de difamación.
TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS
Sobre la iniciación de los foros al respecto, habla el diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez. Se turna a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
Presidencia de la diputada
María de los Angeles Moreno Uriegas
ASISTENCIA
La Presidenta:
Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
El secretario senador José Ramón González León:
Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los legisladores.
Hay una asistencia de 28 representantes. Hay quórum señora presidenta.
La Presidenta:
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza a la Presidencia para habilitar al diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, para que funja como secretario de la mesa directiva en esta sesión.
El secretario senador José Ramón González León:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta si se autoriza a la Presidencia para habilitar al diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, como secretario de la mesa directiva por esta sesión.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Autorizado, señora Presidenta.
APERTURA
La Presidenta (a las 12.00 horas):
Se abre la sesión.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
El secretario diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz:
Comisión Permanente. Primer Receso. Tercer Año. LV Legislatura.
Orden del día
2 de marzo de 1994
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los estados de México, Puebla y Querétaro. Oficios de la Secretaría de Gobernación.
Cuatro con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Alberto Trejo García, Petronilo Díaz Ramírez, Guillermo Raúl Valdespino Furlong y Eduardo Romero López, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictámenes de Primera Lectura.
De la Primera Comisión con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Enrique Armando Ross Domínguez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República francesa.
De la Primera Comisión con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Dominique Verut Goudet, para desempeñar el cargo de Cónsul honorario de Lituania, en México con circunscripción consular en toda la República mexicana, con excepción del Estado de Sinaloa.
De la Primera Comisión con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Esperanza González Bribiesca de Greganti, para desempeñar el cargo de Cónsul honorario de Italia, en la ciudad de Oaxaca, con circunscripción consular en los estados de Chiapas y Oaxaca.
Dictámenes a Discusión.
Seis de la Segunda Comisión con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados a los ciudadanos Marco Antonio Ramos Martínez, Heriberto Cano Hernández, Armando Sánchez Moreno, Jorge Justiniano González Betancourt, Alfredo Montes Salgado y Carlos Eduardo Vázquez Basurto.
De la Primera Comisión con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Eduardo Rihan Azar, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul honorario de Islandia en México, con circunscripción consular en toda la República mexicana.
De la Primera Comisión con proyecto de Decreto por el que se concede permiso al ciudadano Bernardo de Jesús Saldaña Téllez, para prestar servicios en el consulado de la República Popular de China, en Tijuana, Baja California.
De la Primera Comisión con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Margot Caballero Brousset, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
De la Primera Comisión con proyecto de decreto por el que se concede permiso a las ciudadanas Marigloria Claudia Casado Molina e Inés de los Angeles Hori Cicero, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El secretario diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz:
«Acta de la Sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el día veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia de la diputada María de los Angeles Moreno Uriegas
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con cincuenta y ocho minutos del día veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, con una asistencia de veintiocho legisladores, la Presidenta declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.
Dos invitaciones del Departamento del Distrito Federal, a los actos cívicos conmemorativos del tetracentésimo sexagésimo nono aniversario luctuoso del último Huey Tlatoani de México -Tenochtitlan, Cuauhtémoc y al centésimo sexagésimo quinto aniversario luctuoso de doña Josefa Ortiz de Domínguez. Se designan comisiones para representar a la Comisión Permanente.
La misma Secretaría da cuenta de diversas comunicaciones de los congresos de los estados de Baja California, Michoacán y Quintana Roo, con los que informan de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.
De la Secretaría de Gobernación, se reciben y se turnan los siguientes oficios:
Por el que se comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, nombró al ciudadano Enrique Víctor Manuel Solano Montaño, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno de Belice. Se turna a la Segunda Comisión.
Tres con los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Enrique Armando Ross Domínguez, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República Francesa; Dominique Verut, pueda aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Lituania en México, con excepción del Estado de Sinaloa y Esperanza González de Greganti, pueda aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Italia en los estados de Chiapas y Oaxaca. Se turnan a la Primera Comisión.
Siete, con los que remiten las hojas de servicios de un número igual de ciudadanos mexicanos, para los efectos de la fracción séptima del artículo setenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Segunda Comisión.
Se da primera lectura a dos dictámenes de la Primera Comisión, con proyectos de decreto con los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que las ciudadanas Margot Caballero Brousset, Marigloria Claudia Casado Molina e Inés de los Angeles Hori Cicero, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Se somete a discusión y sin ella se aprueba en votación económica, un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Carlos Alejandro Tello Macías, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República de Cuba. Se turna al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
La Presidenta informa que a las puertas del salón se encuentra el ciudadano Carlos Alejandro Tello Macías y designa una comisión para introducirlo y acompañarlo en el acto de rendir
su protesta de ley como embajador de México. Terminado el acto protocolario, la misma comisión acompaña al embajador, hasta las puertas del recinto.
De la misma manera se somete a discusión y sin ella se aprueba un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano José Evaristo Ramón Xílotl Ramírez, como Cónsul General de México en San Diego, California, Estados Unidos de América. Se turna al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
La Presidenta informa que el ciudadano José Evaristo Xílotl Ramírez, se encuentra a las puertas del salón y designa una comisión que lo introduzca y lo acompañe en el acto de rendir su protesta de ley.
Terminado el acto protocolario, el cónsul de México es acompañado por la misma comisión, hasta las puertas del recinto.
También se aprueba sin discusión un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento de la ciudadana Martha Irene Lara Alatorre, como Cónsul General de México en Miami, Florida, Estados Unidos de América. Se turna al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
La Presidenta informa que la ciudadana Lara Alatorre se encuentra a las puertas del salón y designa una comisión para que la acompañe en el acto de rendir su protesta de ley. Terminado el acto protocolario, la misma comisión acompaña a la Cónsul de México, hasta las puertas del recinto.
De la Segunda Comisión, se someten a discusión siete dictámenes con puntos de acuerdo relativos a la ratificación de los grados militares de los ciudadanos Antonio Clemente Fernández Peniche, Rolando Eugenio Hidalgo Eddy, Federico Juárez Santos, Benito Humberto Reyes Ama, Carlos Enrique Adame Yabur, Manuel Eliezer Castro Gómez y Egberto Parra Arias. Sin discusión se aprueban en sendas votaciones económicas y se turnan al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
Por instrucciones de la Presidenta, la Secretaría da lectura a un oficio del Partido de la Revolución Democrática, firmado por los diputados Alejandro Encinas Rodríguez y Jesús Martín del Campo Castañeda, informando de los motivos por los que retiran sus firmas del documento que se turno a la Primera Comisión la semana próxima pasada en relación con el veto a Televisa para cubrir las pláticas de paz y reconciliación en el Estado de Chiapas. Se turna a la Primera Comisión.
Para referirse a este asunto, se concede el uso de la palabra a los legisladores Laura Alicia Garza Galindo, del Partido Revolucionario Institucional; Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista; Juan Ramiro Robledo Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional; Francisco José Paoli Bolio, del Partido Acción Nacional; Laura Alicia Garza Galindo, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos; Juan José Rodríguez Prats, del Partido Revolucionario Institucional; Jesús Martín del Campo Castañeda, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; Juan José Rodríguez Prats, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos y Juan Ramiro Robledo Ruiz, del mismo Partido, en el mismo sentido.
Para comentar la reunión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, celebrada en la ciudad de México, suben a la tribuna los legisladores Jesús Martín del Campo Castañeda, del Partido de la Revolución Democrática; Raúl Carrillo Silva, del Partido Revolucionario Institucional y Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista.
Se da cuenta del oficio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el que remite el informe correspondiente a los hechos ocurridos en la selva y los altos del Estado de Chiapas. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y se corre traslado a la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente.
Para referirse a los acontecimientos en el Estado de Chiapas, hacen uso de la palabra los legisladores Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática; Manuel Díaz Cisneros, del Partido Revolucionario Institucional y Jesús Martín del Campo Castañeda, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos.
Se turna la propuesta del diputado Encinas Rodríguez, a la Comisión Plural de la Comisión Permanente, encargada de estos asuntos.
Para comentar lo que calificó como pláticas preelectorales entre representantes de algunos partidos y el Secretario de Gobernación, hacen uso de la palabra los legisladores Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista; Rodolfo Echeverría Ruiz, del Partido Revolucionario
Institucional; Alberto Carrillo Armenta, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y Jesús Martín del Campo Castañeda, del Partido de la Revolución Democrática.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidenta clausura la de hoy a las dieciséis horas con cuarenta y cuatro minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo miércoles dos de marzo de mil novecientos noventa y cuatro a las once horas.»
Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Aprobada, señora Presidenta.
ESTADO DE MÉXICO
El secretario senador José Ramón González León:
«Escudo. - Estado de México. Poder Legislativo. Honorable LII Legislatura. Secretaría.
Ciudadana Presidenta de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal.
Con toda atención nos permitimos comunicar a usted, que en Sesión Pública Ordinaria celebrada el 3 de febrero del año en curso, el honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de México, con fundamento en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, realizó la elección de la mesa directiva que fungirá durante el presente mes a partir del día 5 de febrero del año en curso, quedando integrada de la siguiente forma:
Presidente: diputado José Luis Bárcenas Trejo; vicepresidente: Magdaleno L. Miranda Reséndiz; prosecretarios diputados: Jorge Eleazar García Martínez, María Eugenia Aguiñaga Alamilla, María del Carmen Corral Romero y Benjamín Pérez Alvarez.
Al participarle lo anterior, reiteramos a usted las seguridades de nuestra distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Toluca de Lerdo, México, a 5 de febrero de 1994. Los ciudadanos diputados prosecretarios de la mesa directiva del honorable Congreso del Estado de México: Jorge Eleazar García Martínez; María Eugenia Aguiñaga Alamilla; María del Carmen Corral Romero y Benjamín Pérez Alvarez.»
De enterado.
ESTADO DE PUEBLA
El secretario senador José Ramón González León:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Honorable congreso del Estado de Puebla. Ciudadana Presidenta de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 52 y 55 de la Ley Orgánica y Reglamentaria del Poder Legislativo, nos permitimos informar que en sesión celebrada el día de hoy, el Quincuagésimo Segundo Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla tuvo a bien elegir Presidente y vicepresidente de la mesa directiva que actuará del 15 de febrero al 15 de marzo del presente año, correspondiente al segundo año de ejercicio legal, diputados: presidente; Miguel Angel Martínez Escobar y vicepresidente; Miguel Guerra Castillo.
Lo que comunicamos para los efectos correspondientes, reiterándole las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No reelección.
Heroica Puebla de Zaragoza, febrero 10 de 1994. Laura Alicia Sánchez Corro, diputada Secretaria y Felipe Minor Hernández, diputado secretario.»
De enterado.
ESTADO DE QUERÉTARO
El secretario senador José Ramón González León:
«Escudo. - Querétaro.- Honorable Congreso del Estado.
Ciudadana Presidenta de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal.
La Quincuagésima Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, hace de su conocimiento que con esta fecha inauguró y clausuró el Primer Período Extraordinario de sesiones correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Legal a la que fuera convocada por la diputación permanente. Para el sólo efecto de elegir magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, siendo electos los ciudadanos numerarios: Miguel Angel Montes Galarza, J. Enrique Hernández Gaytán y José Manuel Loyola Urueta; supernumerario: Angélica Rivas Gutiérrez.
Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Querétaro, Querétaro, 11 de febrero de 1994. Diputado secretario, Esteban Darío Martínez Luna; diputado secretario, Francisco Hernández Velasco.»
De enterado.
RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES
El secretario senador José Ramón González León:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno. Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a esta de Gobernación, con fecha 2 del actual, manifestando lo siguiente:
Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier Alberto Trejo García (4176881), que en catorce fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles al presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 9 de febrero de 1994. - Por acuerdo del secretario. - El director general de Gobierno, Jorge A. Stergios Gómez.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Con fecha 2 del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a esta de Gobernación manifestando lo siguiente:
Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier Petronilo Díaz Ramírez (2362114), que en dieciséis fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 9 de febrero de 1994. - Por acuerdo del secretario. - El director general de Gobierno, Jorge A. Stergios Gómez.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió a esta de Gobernación con fecha 2 del actual:
Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier Guillermo Raúl Valdespino Furlong (488593), que en diecisiete fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 9 de febrero de 1994. Por acuerdo del secretario. El director general de Gobierno, Jorge A. Stergios Gómez.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes. En oficio fechado el día 2 del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional, manifiesta a esta de Gobernación lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general brigadier intendente Eduardo Romero López (2958113), que en 17 fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 9 de febrero de 1994. Por acuerdo del Secretario. El director general de Gobierno, licenciado Jorge A. Stergios Gómez.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
REPÚBLICA DE FRANCIA
El secretario Juan Ramiro Robledo Ruiz:
«Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Enrique Armando Ross Domínguez, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República francesa.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Enrique Armando Ross Domínguez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República francesa.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 25 de febrero de 1994. Diputados: Gustavo Carvajal Moreno, presidente; Jesús Martín del Campo, secretario; Juan de Dios Castro Lozano, Adolfo Kunz Bolaños, Juan Ramiro Robledo Ruiz; senadores: Ernesto Luque Feregrino, Carlos Jiménez Macías, Silvia Hernández, Oscar Ramírez Mijares y Roberto Anzar Martínez»
Es de primera lectura.
ESTADO INDEPENDIENTE DE LITUANIA
El secretario Juan Ramiro Robledo Ruiz:
«Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 24 de enero de 1994, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Dominique Verut Goudet, pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Lituania en México, con circunscripción consular en toda la República mexicana, con excepción del Estado de Sinaloa.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 23 de febrero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad con la carta de naturalización mexicana número ocho expediente VII/521.244/185956.
b) Que los servicios que el propio solicitante prestará al Gobierno de la República de Lituania, serán de carácter estrictamente consular.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional. Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Dominique Verut Goudet, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Lituania en México, con circunscripción consular en toda la República mexicana, con excepción del Estado de Sinaloa.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 25 de febrero de 1994. Diputados: Gustavo Carvajal Moreno, presidente; Jesús Martín del Campo, secretario; Juan de Dios Castro Lozano, Adolfo Kunz Bolaños, Juan Ramiro Robledo Ruiz; senadores: Ernesto Luque Feregrino, Carlos Jiménez Macías, Silvia Hernández, Oscar Ramírez Mijares y Roberto Anzar Martínez.»
Es de primera lectura.
REPÚBLICA DE ITALIA
El secretario Juan Ramiro Robledo Ruiz:
«Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 31 de enero del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Esperanza González Bribiesca de Greganti, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Italia, en la ciudad de Oaxaca, con circunscripción consular en los estados de Chiapas y Oaxaca.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el día 23 de febrero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento.
b) Que los servicios que la interesada prestará en el Consulado de Italia, en la ciudad de Oaxaca, con circunscripción consular en los estados de Chiapas y Oaxaca, serán de carácter estrictamente consular;
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Esperanza González Bribiesca de Greganti, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Italia, en la ciudad de Oaxaca, con circunscripción consular en los Estados de Chiapas y Oaxaca.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 24 de febrero de 1994.- Diputados: Gustavo Carvajal Moreno, presidente; Jesús Martín del Campo, secretario; Juan de Dios Castro Lozano, Adolfo Kunz Bolaños, Juan Ramiro Robledo Ruiz; senadores: Ernesto Luque Feregrino, Carlos Jiménez Macías, Silvia Hernández, Oscar Ramírez Mijares y Roberto Anzar Martínez.»
Es de primera lectura.
RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES (II)
El secretario senador José Ramón González León:
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1993 por el Presidente de la República, en favor del capitán de navío del servicio de ingenieros, ingeniero naval, milicia permanente Marco Antonio Ramos Martínez como contralmirante del servicio de ingenieros, ingeniero naval, milicia permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte que:
a) Ingresó a la Armada de México como cadete en la Heroica Escuela Naval, el 1o. de enero de 1960 y el 1o. de septiembre de 1965 ascendió a guardiamarina del cuerpo general, milicia permanente, al término satisfactorio de sus estudios correspondientes en dicho plantel;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro de la Armada de México ha prestado servicios a la nación mexicana durante 37 años y 16 días, y
d) Se le confirió en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello la condecoración de Perseverancia de Primera Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado contralmirante del servicio de ingenieros, ingeniero naval, milicia permanente, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de contralmirante del servicio de ingenieros, ingeniero naval, milicia permanente, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Marco Antonio Ramos Martínez.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., 7 de febrero de 1994. Senador Humberto Lugo Gil, presidente; diputado Gabriel Jiménez Remus, secretario; diputados: Alberto Carrillo Armenta, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Laura Alicia Garza Galindo, Javier Garduño Pérez, Juan Moisés Calleja García; senadores: Víctor Manuel Tinoco Rubí, Porfirio Muñoz Ledo, Miguel Alemán Velasco y Alger León Moreno.»
Está a discusión el punto de acuerdo.
No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente
con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1993 por el Presidente de la República, en favor del contralmirante del cuerpo de ingenieros mecánicos navales Heriberto Cano Hernández como vicealmirante del cuerpo de ingenieros mecánicos navales, milicia permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte que:
a) Ingresó a la Armada de México como cadete en la Heroica Escuela Naval Militar, el 11 de enero de 1954 y el 1o. de enero de 1959 ascendió a guardiamarina del cuerpo de ingenieros mecánicos navales, al término satisfactorio de sus estudios respectivos en dicho plantel;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro de la Armada ha prestado servicios a la nación mexicana durante 39 años 11 meses y 5 días, y
d) Se le confirió en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello la condecoración de Perseverancia de Primera Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado vicealmirante del cuerpo de ingenieros, mecánicos navales, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de vicealmirante del cuerpo de ingenieros mecánicos navales, milicia permanente, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Heriberto Cano Hernández. Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 10 de febrero de 1994.- Senador Humberto Lugo Gil, presidente; diputado Gabriel Jiménez Remus, secretario; diputados: Alberto Carrillo Armenta, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Laura Alicia Garza Galindo, Javier Garduño Pérez, Juan Moisés Calleja García; senadores: Víctor Manuel Tinoco Rubí, Porfirio Muñoz Ledo, Miguel Alemán Velasco y Alger León Moreno.»
Está a discusión el punto de acuerdo.
No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1993 por el Presidente de la República, en favor del contralmirante del cuerpo general diplomado de Estado Mayor Armando Sánchez Moreno, como vicealmirante del cuerpo general diplomado de Estado Mayor, milicia permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte que:
a) Ingresó a la Armada de México el 2 de enero de 1959 como cadete en la Heroica Escuela Naval; y el 1o. de septiembre de 1965 ascendió a guardiamarina del cuerpo general milicia permanente, al término satisfactorio de sus estudios correspondientes en dicho plantel;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro de la Armada ha prestado servicios a la nación mexicana durante 34 años 11 meses y 13 días, y
d) Se le confirió en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requerido para ello la condecoración de Perseverancia de Segunda Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado vicealmirante del cuerpo general, diplomado de Estado Mayor,
milicia permanente, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de vicealmirante del cuerpo general, diplomado de Estado Mayor, milicia permanente, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Armando Sánchez Moreno.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 10 de febrero de 1994.- Senador Humberto Lugo Gil, presidente; diputado Gabriel Jiménez Remus, secretario; diputados: Alberto Carrillo Armenta, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Laura Alicia Garza Galindo, Javier Garduño Pérez, Juan Moisés Calleja García; sena dores: Víctor Manuel Tinoco Rubí, Porfirio Muñoz Ledo, Miguel Alemán Velasco y Alger León Moreno.»
Está a discusión el punto de acuerdo.
No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1993 por el Presidente de la República, en favor del general brigadier diplomado de Estado Mayor Jorge Justiniano González Betancourt, como general de brigada diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte que:
a) Ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, en el Heroico Colegio Militar como cadete numerario, el 1o. de enero de 1955, y el 1o. de enero de 1958 ascendió a subteniente de infantería por acuerdo del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 38 años, 11 meses y 27 días, y
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clases así como las del Mérito Docente y la Especial.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de general de brigada diplomado de Estado Mayor que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Jorge Justiniano González Betancourt.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., 2 de febrero de 1994.- Senador Humberto Lugo Gil, presidente; diputado Gabriel Jiménez Remus, secretario; diputados: Alberto Carrillo Armenta, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Laura Alicia Garza Galindo, Javier Garduño Pérez, Juan Moisés Calleja García; senadores: Víctor Manuel Tinoco Rubí, Porfirio Muñoz Ledo, Miguel Alemán Velasco y Alger León Moreno.»
Está a discusión el punto de acuerdo.
No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1993 por el Presidente de la República, en favor del coronel de infantería diplomado de Estado Mayor Alfredo Montes Salgado, como general brigadier diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte que:
a) Ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, en el Heroico Colegio Militar, el 13 de enero de 1962 y ascendió a subteniente de infantería, por acuerdo del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el 1º de enero de 1965;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 31 años, 11 meses y 18 días y
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clases, así como la del "Mérito Docente".
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO:
Único. Se ratifica el grado de general brigadier diplomado de Estado Mayor que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Alfredo Montes Salgado.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D. F., a 2 de febrero de 1994.
Senadores Humberto Lugo Gil, presidente; Víctor Manuel Tinoco Rubí; Porfirio Muñoz Ledo; Miguel Alemán Velasco y Alger León Moreno; diputados: Gabriel Jiménez Remus, secretario Alberto Carrillo Armenta; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo; Laura Alicia Garza Galindo; Javier Garduño Pérez y Juan Moisés Calleja García.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: A la comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1993 por el Presidente de la República, en favor del coronel de infantería Carlos Eduardo Vázquez Basurto, como general brigadier, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte que:
a) Ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, como cadete en el Heroico Colegio Militar, el 1º de enero de 1958 y el 1º de enero de 1961 ascendió a subteniente de infantería por acuerdo del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 36 años y
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clases, así como la "Especial".
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta
con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación. Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de general brigadier que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Carlos Eduardo Vázquez Basurto.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D. F., a 10 de febrero de 1994.
Senadores Humberto Lugo Gil; presidente: Víctor Manuel Tinoco Rubí; Porfirio Muñoz Ledo; Miguel Alemán Velasco y Alger León Moreno; diputados Gabriel Jiménez Remus; secretario Alberto Carrillo Armenta; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo; Laura Alicia Garza Galindo; Javier Garduño Pérez y Juan Moisés Calleja García.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
ISLANDIA
El secretario senador José Ramón González León.
«Primera Comisión.
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 25 de enero del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Eduardo Rihan Azar, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Islandia en México, con circunscripción consular en toda la República Mexicana.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 9 de febrero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO:
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana, con la carta de naturalización número 642, expedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores, expediente número VII/521.1 (56.9)/58395.
b) Que los servicios que el propio solicitante prestará al Gobierno de Islandia, serán de carácter estrictamente consular.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional. Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO:
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Eduardo Rihan Azar, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Islandia, en México, con circunscripción consular en toda la República Mexicana. Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. México, D. F., a 11 de febrero de 1994.
Diputados Gustavo Carvajal Moreno, Presidente; Jesús Martín del Campo, secretario; Juan de Dios Castro Lozano; Adolfo Kunz y Bolaños; Juan Ramiro Robledo Ruiz; senadores Carlos Jiménez Macías; Silvia Hernández; Oscar Ramírez Mijares y Roberto Anzar Martínez.»
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
REPÚBLICA POPULAR CHINA
El secretario senador José Ramón González León.
Honorable Asamblea: En escrito fechado el 20 de enero del año en curso, el ciudadano Bernardo
de Jesús Saldaña Téllez, solicita el permiso constitucional necesario para prestar servicios como recepcionista, en el Consulado de la República Popular de China, en Tijuana, Baja California.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el día 9 de febrero, se turnó a la comisión que suscribe para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el interesado prestará en el Consulado de la República Popular de China, en Tijuana, Baja California, serán como recepcionista;
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Bernardo de Jesús Saldaña Téllez, para prestar servicios como recepcionista, en el Consulado de la República Popular de China, en Tijuana, Baja California. Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. México, D. F., a 10 de febrero de 1994.
Diputados Gustavo Carvajal Moreno; presidente Jesús Martín del Campo; secretario Juan de Dios Castro Lozano; Adolfo Kunz y Bolaños; Juan Ramiro Robledo Ruiz; senadores Ernesto Luque Feregrino; Carlos Jiménez Macías; Silvia Hernández; Oscar Ramírez Mijares y Roberto Anzar Martínez.»
Está a discusión el proyecto de decreto...
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
El secretario senador José Ramón González León.
«Primera Comisión.
Honorable Asamblea: En oficio fechado el día 26 de enero del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Margot Caballero Brousset, pueda prestar servicios como asistente de contabilidad, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 9 de febrero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la interesada prestará en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, serán de carácter administrativo.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Margot Caballero Brousset, para prestar servicios como asistente de contabilidad, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. México, D. F., a 10 de febrero de 1994.
Diputados Gustavo Carvajal Moreno; presidente Jesús Martín del Campo; secretario Juan de Dios Castro Lozano; Adolfo Kunz Bolaños y Juan Ramiro Robledo Ruiz; Senadores Ernesto Luque Feregrino; Carlos Jiménez Macías; Silvia Hernández, Oscar Ramírez Mijares y Roberto Anzar Martínez.»
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el proyecto de decreto. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 2 de febrero del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Marigloria Claudia Casado Molina e Inés de los Angeles Hori Cicero, puedan prestar servicios como operadora de computación y asistente de contabilidad en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, respectivamente.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el día 16 de febrero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO:
a) Que las peticionarias acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de sus actas de nacimiento;
b) Que los servicios que las interesadas prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, serán de carácter administrativo.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO:
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Marigloria Claudia Casado Molina, para prestar servicios como operadora de computación, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Inés de los Angeles Hori Cicero, para prestar servicios como asistente de contabilidad en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México. Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. México, D.F., a 17 de febrero de 1994.
Diputados Gustavo Carvajal Moreno, Presidente; Jesús Martín del Campo, Secretario; Juan de Dios Castro Lozano; Adolfo Kunz y Bolaños y Juan Ramiro Robledo Ruiz; Senadores Ernesto Luque Feregrino; Carlos Jiménez Macías; Silvia Hernández; Oscar Ramírez Mijares y Roberto Anzar Martínez.
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
CIUDAD DE MÉXICO
La Presidenta:
Para pasar a la parte de agenda política, en primer término hay registrado un asunto referido a consideraciones sobre diversos asuntos políticos en la ciudad de México, a cargo del diputado Rodolfo Echeverría Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Rodolfo Echeverría Ruiz:
Señora presidenta de la Comisión Permanente; señores senadores; señores diputados miembros de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión:
Es la política lo que hace vivir a las ciudades; es la política, es la lucha social, es la actividad de los partidos, de las organizaciones de trabajadores, de las uniones de vecinos; son las tareas de los medios de comunicación social; son finalmente los conflictos; los conflictos vivos de una
ciudad, lo que finalmente hace que esta ciudad viva.
Y además si las fuerzas políticas y todos cuantos participan en el conflicto, están precedidos como seguramente lo están en nuestro país, de ánimo democrático, y de vocación por la legalidad, estos conflictos pueden y deben tener un carácter creador; me refiero a la función creadora de los conflictos.
Los conflictos no son el problema en sí mismo, sino el síntoma de que hay problemas que están generando estos conflictos. Por lo tanto, si dentro de la legalidad, si al amparo de una legalidad amplia como la nuestra, si al amparo de una legalidad ampliable como la nuestra suceden estos conflictos y pueden abordarse y regularse de una manera legal y conciliatoria, si al amparo de todo esto los conflictos pueden atenderse y entenderse, estamos las fuerzas políticas del país, dándoles una función creadora, esa es en verdad, mi convicción profunda.
Quisiera hablar a continuación acerca de uno de los fenómenos que con mayor fidedignidad denotan la vida política en la ciudad de México, en otras muchas ciudades y en algunas de las zonas metropolitanas de nuestro país.
Los partidos, los sindicatos, las organizaciones de ciudadanos de todo tipo, unos pertenecientes a una organización política o partido y otros no; suelen ejercer con plenitud, yo diría con gallardía, el derecho a manifestarse; el derecho a protestar; el derecho a marchar; el derecho a denunciar; siglos, siglos de historia militan detrás de cada manifestante, detrás de cada marchista; como siglos de tradición política democrática también militan detrás de todo aquel ciudadano que no manifiesta o que no manifiesta por lo menos en ese momento o que no manifiesta por lo menos en ese día.
De lo anterior podría desprenderse que si el derecho de manifestación es y debe ser intocable, el derecho que asiste al ciudadano no manifestante, también es y debe ser intocable. El gran derecho de manifestación, hijo de la libertad de pensamiento, hijo de la libertad de expresión, para que realmente enraice y sea eficaz en el seno de una sociedad en movimiento como la nuestra, en movimiento democrático como la nuestra, tiene sus contrapartidas, tiene los otros derechos que al mismo tiempo se articulan y se conjugan.
Quien tiene derecho a manifestar y lo hace, es un demócrata que seguramente piensa y está convencido que aquel que no manifiesta tiene derecho primero a no manifestar en ese momento o en ese día, y que también tiene derecho a transitar, que también tiene derecho a ir de una parte a otra, que tiene derecho al trabajo, que tiene derecho a la educación, que tiene derecho a la salud, que tiene muchos otros derechos derivados de esa gran matriz, parida por las revoluciones, que son los derechos públicos subjetivos.
Un derecho, un derecho público subjetivo, una garantía individual para ejercerla a plenitud, no tiene por qué excluir otras garantías, otros derechos, otras libertades.
Se trata, en suma, de conjugar y articular el intocable derecho de manifestar, con el intocable derecho de no manifestar, o con el intocable derecho de manifestar otro día.
Decimos, unos derechos y unas libertades producto todos ellos, de las conquistas históricas de los mejores congresos parlamentarios del mundo o de las revoluciones más radicales y humanistas que en el mundo han sido, han generado la nómina de los derechos públicos subjetivos.
Estos derechos, estas libertades políticas como las de expresión y las de pensamiento, pueden y deben ejercerse a plenitud en la medida en que no inhiban u obstruyan el ejercicio de las demás libertades que también dan vida y contenido a la sociedad democrática.
Nosotros creemos que es conciliable el derecho de manifestar, y el derecho de marchar por las calles de una ciudad, con la combatividad del manifestante, con la legitimidad de sus demandas y con el respeto que tenga a los derechos y a las libertades de los demás.
Un claro ejemplo de esta conjugación de combatividad manifestante y respeto a los derechos de lo no manifestante, lo tenemos en la marcha y manifestación de los maestros el pasado 21 de enero; ellos manifestaron entre las 9.00 horas de la mañana y las 2.00 horas de la tarde, eran casi 10 mil maestros; su demanda era clara, enérgica, combativa, legítima; marchaban, entre otras cosas, para crear ambiente en la ciudad y en el país, propiciador de la negociación y de la paz en Chiapas.
Los maestros, óigase bien, los maestros, los que son profesores de educación cívica de los niños de México, pudieron conciliar en ese momento, su combatividad y su derecho con el derecho de los demás habitantes de la capital y de la zona metropolitana.
Esos derechos que manifestaron, esos derechos que ejercieron los profesores ese día, ejercitables y exigibles como son, pudieron combinarse con los derechos, igualmente ejercitables e igualmente exigibles del resto de la ciudad.
Permítanme insistir, en que no solamente unos derechos no excluyen a los otros, sino que además los complementan; quien ejerce el derecho de manifestar y marchar, está al mismo tiempo complementando el derecho que otros ciudadanos tienen de transitar, de llegar a sus empleos, de llegar a los hospitales; de pasear, simplemente, por su ciudad.
Un derecho individual, un derecho público subjetivo que se ejerce a plenitud como el derecho de manifestación, tiene su contrapartida inmediata y democrática en el ejercicio igualmente pleno de los derechos de todos los que en ese momento viven o visitan la ciudad.
Ahora, que si se trata no de manifestar y de ejercer un derecho, no de protestar y plantear demandas legítimas, sino de obstruir la ciudad, de irritar y provocar a la ciudad, bloqueando calles o bloqueando carreteras y generando situaciones de hecho, situaciones de ilegalidad; si de eso se trata, ya sabemos cual es el juego y más vale que declaren que más que ejercer derechos legítimos pretenden desarticular la ya compleja y difícil vida de nuestra capital.
"Mi libertad es exigible, diría un clásico, pero está acotada por los también democráticos y exigibles derechos de los demás". Si no fuera así, no habría ni vida política ni democracia ni tampoco posibilidad legal de propiciar las reivindicaciones sociales que son, en primera y en última instancia, el motor de la democracia y en este caso específico el motor de toda manifestación pública.
Es autoritario, es autoritario y violador de las leyes prohibir una manifestación; pero es igualmente autoritario y violador de las leyes imponer un bloqueo y afectar a los millones de ciudadanos habitantes de la capital o de su zona metropolitana, que ese día están haciendo su día normal y están saliendo a la calle a luchar, están saliendo a sus empleos o en busca de ellos. ¡Es igualmente autoritario prohibir una manifestación, como convertir esa manifestación en un autoritario bloqueo!
Podríamos enunciarlo con estas preguntas: ¿Se trata de ejercer el noble derecho de manifestación? ¿O se trata, en cambio, de bloquear calles y carreteras, disfrazando un bloqueo y dándole el falso nombre de manifestación?
Toda esta argumentación, estimados diputados y senadores, podría sintetizarla de manera compendiosa en estas proposiciones: ¡manifestaciones, sí; bloqueos, no! ¡manifestaciones democráticas, sí; bloqueos autoritarios, no! ¡manifestaciones, sí; bloqueos disfrazados de manifestaciones democráticas, no, definitivamente no!
Pensemos por ejemplo, y sólo a título de ejemplos enunciativos, en el obrero que no puede llegar a su centro de trabajo y al que le marquen un retardo o le marquen una falta, o pierde el empleo o es víctima de un descuento en su salario; la mujer que va a parir o el paciente que va al hospital tras la anhelada cita médica; el niño que va a la escuela o el taxista que no puede circular; el empleado que llega tarde o no llega nunca y probablemente sea reprendido o despedido; el ciudadano que en un autobús foráneo, modesto, viene desde cualquier punto de la zona metropolitana en busca de empleo o a trabajar y no puede llegar a la ciudad o no puede salir de ella; pensemos por qué no, en el turista, nacional o no nacional, que viene a la ciudad sujeto a unos itinerarios y a unos programas fijos que ha pagado con anticipación y que no puede cumplirlos; pensemos en el pasajero del transporte urbano o foráneo, no nada más en el automovilista, no estamos en este momento, como en ningún otro, haciendo la defensa de quienes tengan automóvil y qué bueno que cada día que pase más mexicanos puedan tener automóvil, sino me refiero a la enorme mayoría de mexicanos que viajan en autobús, urbano o foráneo, y un día cualquiera, inopinadamente, ya no puede circular el autobús que lo trae a la capital. Ese es un problema real y está cercenándose y está obstruyéndose el ejercicio que ese ciudadano que viene en el autobús a visitar a su familia o a trabajar.
En fin, para qué seguir con estos ejemplos, pues podríamos seguir hablando de ellos haciendo una larga enumeración de cada uno, una enumeración casuística, denomenológica de lo que ocurre en el resto de una zona metropolitana, cuando un grupo respetabilísimo de ciudadanos ejerce, su también muy respetable derecho a manifestarse.
Nosotros creemos que el derecho de quien manifiesta y el derecho de quien no manifiesta no son excluyentes, sino complementarios; creemos también que las fuerzas políticas de la ciudad y de las otras ciudades y de las otras zonas metropolitanas de nuestro país, llegarán a acuerdos
pronto, porque la sociedad ya está cansada e irritada con los efectos no deseados, inesperados, que en su vida cotidiana le produce el ejercicio de este intocable derecho. Entiéndase bien y no vayan a malinterpretarse nuestras palabras; estamos por el respeto irrestricto de los derechos y de las libertades de manifestación de marcha, como también lo estamos por el irrestricto de los intocables derechos y garantías y derechos públicos subjetivos que tiene toda la sociedad, que tienen todos los ciudadanos.
Hay un orden jurídico, el derecho es un orden, por supuesto es un orden democrático, un orden susceptible de modificación, susceptible de ir ampliándose y autoreformándose, para eso existen los parlamentos y las asambleas deliberantes, para eso en última instancia se constituyen los partidos y las organizaciones sociales, no solamente para participar y hacerse oír, sino para participar e influir en el proceso configurador de las decisiones políticas.
Creo que los partidos, todos los partidos que tenemos expresión en la ciudad, debemos meditar serenamente este asunto y llegar a acuerdos que nos permitan, que nos garanticen el ejercicio de estas libertades, repito intocables, con el ejercicio de las otras libertades que también son intocables.
La ciudad de México, esta inmensa conurbación, este conurbado que concentra los más agudos problemas del país y los simboliza, vive porque tiene conflictos, pero también porque tiene soluciones, nosotros apelamos a todos los partidos, empezando por el nuestro, a que sus movilizaciones y sus manifestaciones se apeguen de manera escrupulosa a la legalidad y todos juntos ejerzamos formas y fórmulas que nos permitan conciliar continua y diariamente la acción de los partidos y de las organizaciones sociales con el interés de los ciudadanos, de los habitantes y de los visitantes de nuestras ciudades. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra sobre este mismo asunto, el diputado René Bejarano Martínez, del PRD.
El diputado René Juvenal Bejarano Martínez:
Señora Presidenta; señoras senadoras; señores senadores; compañeras y compañeros diputadas y diputados:
La ciudad requiere de implementar cuanto antes, como lo hemos venido exponiendo con reiteración, de un compromiso de convivencia democrática.
Este compromiso supone que la ciudad sea democrática en su funcionamiento, en su Gobierno, en la solución de los problemas, requiere que la ciudad vaya avanzando en la aspiración de la existencia de la justicia social. Requerimos de una ciudad sin contaminación o en todo caso menos contaminada, una ciudad que tenga la capacidad de prevenir sus problemas y de darle soluciones de consenso; que busque, antes que la confrontación, el análisis sereno y concienzudo de los problemas y las soluciones acordadas; es una ciudad que por su complejidad requiere de un esfuerzo nacional toda vez que múltiples de los problemas que se presentan aquí, son tan solo el reflejo de agudos problemas en otras entidades o en el país entero, o incluso en el extranjero.
Nuestra ciudad, los que nacimos y hemos vivido aquí durante muchos años, sabemos, encuentra múltiples dificultades en la incapacidad que se ha tenido para buscar, antes que los conflictos estallen, soluciones adecuadas a los mismos; uno de ellos es la necesidad de hacer compatibles el derecho a la expresión libre, a la manifestación de diversa manera, a la petición, a la audiencia, con el derecho al libre tránsito a respirar un ambiente sano que garantice la compatibilización de los derechos humanos, de los derechos particulares, del interés público y del derecho de los terceros.
Esta ciudad necesita también de un compromiso de sus autoridades para garantizar que los problemas que se presenten encuentren adecuada solución; que el monopolio de la violencia no se ejerza insensatamente por parte del Estado, sino que en todo caso sea el imperio de la Ley el que determine en qué casos concretos habrá que utilizarlo.
Sobre los casos referidos, quizás convendría hacer algunas propuestas adicionales que hicieran compatibles estos derechos y esta aspiración útil. En primer lugar necesitamos tener claro que las manifestaciones de la ciudad son de muy diversos tipos y por muy diversas causas: culturales, festivas, cívicas, religiosas, políticas, económicas y por problemáticas sociales de diverso tipo.
Estas manifestaciones en marchas, mítines, plantones, uso de banderolas, manifiestos escritos,
proclamas, etcétera, son resultado de una gran vitalidad que la ciudad tiene; también son expresión del grado de irritación o de la necesaria protesta ante actitudes incorrectas de determinada autoridad, y estas, todas estas causas tienen que ver también con la necesidad de que en la ciudad tengamos una adecuada reglamentación del derecho a la información.
Por ello, la convivencia tiene que organizarse primero en el consenso; no puede reglamentarse sin consenso porque en lugar de ayudar a resolver los problemas, pueden generarse más de los que supuestamente se quisieran prevenir; en segundo lugar, no puede restringirse la libertad de manifestarse sin exigir a las personas o a los funciona ríos responsables en el Gobierno la responsabilidad que tiene para prevenir manifestaciones y darles adecuada solución. Por ello es muy importante establecer estos criterios.
En primer lugar las manifestaciones religiosas, culturales, cívicas que la ciudad tiene, incluso los actos de Gobierno, requieren de programarse, prevenirse y organizarse adecuadamente; los conciertos, encuentros deportivos, eventos político electorales, necesitan organizarse por consenso, aún los espontáneos requieren de generar el espíritu de conciencia y una cultura democrática proclive al acuerdo y al respeto al derecho a los terceros.
Necesitamos que sea la ciudadanía quien asuma esto, y que el Gobierno contribuya a ello; para eso se requiere que los medios de información, los escritos, la radio, la televisión, actúen con responsabilidad, ni con satanizaciones de un derecho, ni generando histeria, angustia desmedida o propalando información manipulada; se requiere responsabilidad de la transmisión de la información, objetividad, una profunda actitud de mesura y respeto, porque además esto tendrá que ir acompañado del derecho de réplica para cuando en algún medio no hubiera un adecuado tratamiento o pudiera lesionarse el interés y la integridad de determinadas personas, funcionarios o grupos sociales.
La ciudad requiere que el Gobierno actúe con responsabilidad y que no tolere favoritismos a grupos políticos y sociales, que tampoco asuma complicidades en actos de corrupción, mucho menos que aplique tácticas de tortuguismo o burocratismo en la respuesta o solución de múltiples problemas, que no haya tampoco la convivencia o la colusión entre funcionarios y candidatos de diversos partidos o de algún partido en particular, para prometer en tiempos de campaña lo que después no podrá traducirse en actos de Gobierno.
El Gobierno requiere prevenir manifestaciones productos de inconformidad social, atender la demanda antes que ésta se exprese masivamente, pero también debiéramos establecer el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades a Funcionarios Públicos en los casos en que éstos apliquen tácticas que lesionen el interés de su grupo social, cuando se comprometan a dar una respuesta y no lo hagan, cuando se comprometan a otorgar una audiencia y no se presenten, cuando reiteradamente durante días, meses o años, se retrase la solución a un problema específico o a una solución justa. Podría amonestarse al funcionario que incurriera en esa actitud, podría suspendérsele, cesársele o inhabilitársele durante algún tiempo en el ejercicio de un cargo gubernamental, porque muchas de las manifestaciones obedecen al tratamiento inadecuado de determinados funcionarios públicos en la solución de problemas.
Debiera también definirse exactamente qué es lo que lesiona y en qué sentido y quiénes son los que prioritaria o preferentemente lo organicen.
Efectivamente el bloqueo, ejercido como actitud que lesiona el interés, el derecho de tránsito, que retrasa el desplazamiento, que eleva los niveles de contaminación, es una actitud que no puede ser compartida como táctica para la solución de demandas sociales o políticas. Sin embargo, tenemos que precisar qué entendemos por bloqueo, para que no al amparo de una indefinición ambigua o inexacta pudieran restringirse libertades y que esto pudiera ser la coartada para que determinado Gobierno o funcionarios del mismo no cumplieran con su propia responsabilidad de responder a esos justos reclamos.
Necesitamos también tener claro que múltiples de los problemas de tránsito o vialidad que se presentan en la ciudad, están relacionados con el crecimiento del parque vehicular, que no es solamente asociado a las manifestaciones que el tráfico de vehículos es mucho más intenso y conflictivo. Desalentar el uso de vehículos particulares y preferentemente el transporte público, sobre todo en días en que se sabe que por actividades político - electorales o por conflictividad social va a haber alguna imposibilidad de desplazarse, sería lo más conveniente.
De hecho, esto ha sucedido ya en algunas ocasiones; la ciudadanía, cuando se entera de que por algún rumbo de la ciudad va a existir este problema, entonces prefiere desplazarse o evita concurrir
a esos lugares, pero también supone la garantía de que las peticiones que se presentan sean atendidas. No podemos que al amparo de esta civilidad en la expresión, la autoridad deje a los manifestantes en una especie de muro de lamentaciones, en donde sus reclamos no son escuchados y en donde en todo caso se aplica la táctica de oídos sordos.
Requerimos también entender, que algunos de los más conflictivos problemas en la ciudad están asociados al centralismo en la solución de problemas. A esta ciudad llegan marchas, manifestaciones, mítines, de los más apartados rincones del país; y esto es resultado de que en muchos lugares la autoridad correspondiente, los poderes que debieran intervenir en ello no lo hacen y esperan hasta que éste repercute en el centro político del país para que de esta manera se resuelva.
¿Cuántas manifestaciones político - electorales han repercutido en la ciudad de México? ¿Cuántos problemas de trabajadores, de muy diversos tipo y sector, repercuten en la ciudad? ¿Y por qué desgraciadamente es hasta que llegan a la ciudad, hasta que tienen días, semanas o meses ubicados en algún punto de la ciudad, particularmente en la Plaza de la Constitución, es que se llega a una solución adecuada? ¿No sería mejor que la autoridad, la Secretaría de Gobernación y otras dependencias, los gobiernos de los estados, incluso los presidentes municipales o los poderes correspondientes, cuando un asunto rebasa su ámbito y tiende a repercutir en la ciudad, lo resuelvan allá o intervenga la autoridad, antes de que éste repercuta en la ciudad? Desde luego; sin embargo, la tendencia es a la inversa, cada vez más grupos sociales llegan a la ciudad porque no encuentran respaldo y solución a sus demandas.
Tan sólo quiero decir que en 1992, llegó a la ciudad de México, después de caminar kilómetros, una marcha de indígenas chiapanecos, la conocida marcha "chiniche", y desafortunadamente se regresó con muchas de las peticiones que planteaba sin solución. Y quizá haya sido uno de los factores que contribuyó a los acontecimientos de principios de año en aquel Estado de la República.
¿No sería mejor haber intervenido en ese caso para las denuncias de violaciones a los derechos humanos, para la solución a los problema sociales que planteaban los indígenas, antes que haberlos dejado llegar a la ciudad de México, que estuvieran días, semanas aquí, y que finalmente no les hubieran resuelto? Entonces hay que actuar con responsabilidad.
También los funcionarios, sobre todos los de más alto nivel debieran contribuir con la ciudad.
¿Es realmente necesario que cuando algún importante funcionario se desplaza por la ciudad, durante largos trayectos por el viaducto, avenida Constituyentes, Insurgentes o el periférico, se suspenda el tráfico, se aposten vigilantes por toda la avenida para dar paso a dos o tres vehículos que transportan a uno, dos o tres funcionarios?
¿No ocasiona eso problemas a la ciudad y a la ciudadanía? ¿No sería mejor que todos los ciudadanos, incluidos los más altos gobernantes, respetaran los semáforos, las vialidades, respetaran lo que todos los ciudadanos tenemos la obligación de hacer y evitar con ello el trastorno que ocasiona cuando un alto funcionario importante se desplaza por la ciudad, ¿no sería mejor? O no sería mejor evitar estacionarse en doble o en triple fila, sobre todo ante eventos políticos de diversos tipos, y que esto ocasiona nudos de la vialidad.
Creemos que todos estos esfuerzos pueden hacerse pero que desafortunadamente no siempre se hacen y que también habría que hablar de cómo alguno de los conflictos provienen de los más altos niveles del poder público. Acabamos nosotros por ejemplo de vivir un conflicto de un bloqueo por problemas en el interior de la Secretaría General de Protección y Vialidad. ¿No hubiera sido mejor prevenir eso? Yo me enteré 10 días antes que esa manifestación estaba convocada. ¿No hubiera sido deseable antes que los propios policías encargados de garantizar el libre tránsito de vehículos lo obstruyeran, prevenir la solución a ese problema? ¿Por qué dar respuesta hasta que hicieron el bloqueo de la avenida Reforma - Insurgentes? ¿Para qué esperar tanto? ¿No era mejor dar esa respuesta y esa solución?
Creemos que la ciudad tiene solución a sus problemas, tampoco es adecuado adjudicar responsabilidades a protagonistas que lo que quieren hacer es comprometerse o hacer un compromiso de convivencia democrática.
Algunas de las manifestaciones son promovidas por grupos cercanos a mi partido o del propio partido, pero otras, algunas de las mas beligerantes, de las que tienen pretensiones desmesuras o no son militantes de mi organización política
o bien pertenecen a otros partidos y señaladamente al partido oficial.
¿No sería mejor traducir las prédicas en prácticas? Que los hechos no contradigan a lo dicho y que todos hagamos este esfuerzo, sobre todo en un año de una gran conflictividad político - electoral.
Para ello también necesitamos revisar las tendencias; nosotros hemos hecho análisis estadísticos; las movilizaciones fundamentalmente obedecen a peticiones de vivienda, de regularización de la tenencia de la tierra y por seguridad pública, el 90% de las manifestaciones, marchas, mítines, bloqueos o plantones obedecen a esto.
¿No será entonces necesario un esfuerzo adicional del Gobierno para que esas cuatro causas no generen problemas adicionales? ¿No será necesario entonces buscar la simplificación de los trámites en algunos de los recursos que hay que hacer para la entrega de viviendas? Porque resulta, nosotros contamos 84 trámites que los diversos grupos sociales tienen que hacer para obtener una vivienda, eso obedece a que no hay el número de viviendas que se requieren para la ciudad y no se proyecta la construcción de las viviendas suficientes.
Pero entonces la autoridad para administrar la inconformidad, recurre a una larga hilera de trámites para desalentar la petición y que algunos se resignen a que es tan tortuosa la solicitud y la solución, que mejor siguen esperando a ver si algún día tienen una vivienda propia; eso es responsabilidad también del Gobierno; la simplificación del trámite y la inyección de recursos para que, en todo caso la demanda de un satisfactor social encuentre una adecuada respuesta.
Necesitamos además que los medios ayuden a orientar para la conducción de la civilidad, pero también necesitamos que este año se tenga transparencia electoral, que tengamos elecciones limpias, que podamos garantizar que la transmisión del poder se desarrolle adecuadamente y no tengamos conflictos poselectorales.
Desafortunadamente no es el caso del Distrito Federal, porque aquí desde 1991 no hay elecciones, pero desafortunadamente en una buena cantidad de estados de la República ha habido conflictos poselectorales y muchos de ellos han venido a repercutir al Distrito Federal.
En este año, necesitamos que el 21 de agosto todos quedemos conformes con los resultados, que haya transparencia, que al final de cuentas el que obtenga la mayoría de los votos gobierne y que estos votos hayan sido obtenidos legítimamente y que los resultados sean confiables. Esa sería una gran contribución para la convivencia democrática en la ciudad, lo cual supone, también garantizar que las dependencias del Gobierno en el Departamento del Distrito Federal contribuyan a ello; que no trasladen sus problemas las delegaciones políticas a sector central, que tengan las delegaciones facultades para resolver múltiples problemas. Que no tengan que acudir quienes demandan solución a la Coordinación General de Reordenación Urbana o a la de Reserva Territorial o a múltiples dependencias.
Que se tenga la facultad; que los delegados actúen con responsabilidad; que haya un verdadero proceso de descentralización en la toma de decisiones para que no tengan los vecinos de Milpa Alta o de Cuajimalpa que llegar al Zócalo de la ciudad, muchas veces caminando, para que les resuelvan sus problemas; todo este requiere de un esfuerzo compartido.
Nuestro partido está comprometido en ello; este año hemos convocado a múltiples manifestaciones y hemos convocado a que éstas se hagan con civilidad, con respeto, con respeto a los derechos de los terceros, transitando por una vialidad o incluso por la banqueta. Hemos orientado a los grupos para que no se hagan bloqueos, para que no generen exasperación, pero también pedimos a los demás y al Gobierno en especial, corresponsabilidad en estos asuntos.
Es un año difícil que apenas si está empezando; por nuestra parte, existe esa vocación de sin renunciar al ejercicio de derechos constitucionales hacerlos compatibles con los de terceros, e impulsar un compromiso de convivencia democrática; existe disposición para un acuerdo de civilidad en la contienda electoral, para que esto se plasme en un documento que pueda ser signado; pero, desde luego, se requiere entonces la voluntad traducida en hechos y con ello, seguramente, la ciudadanía, toda la ciudad saldrá ganando.
No se trata de alejar las inversiones de la ciudad; no se trata de generar sicosis para que el turismo no llegue; no se trata de impedir proyectos u obras de Gobierno; pero también el Gobierno tiene que hacer su esfuerzo con respeto a los derechos de quienes hoy se manifiestan, teniendo presente que tal vez muchos de los que hoy no lo hacen, mañana lo tengan que hacer por la violación de algún derecho o por una arbitrariedad, o un acto de injusticia.
En este escenario, estamos dispuestos a contribuir con la ciudad; ese es nuestro compromiso, y estamos en la mejor disposición de contribuir a ello con hechos concretos. Muchas gracias.
Presidencia del diputado Miguel González Avelar
SESIONES EXTRAORDINARIAS
El Presidente:
Oportunamente se inscribió en esta Presidencia, solicitando el uso de la palabra el señor diputado Alejandro Encinas Rodríguez, para hacer comentarios al que ha sido enlistado bajo el título de un posible período de sesiones extraordinarias. Tiene la palabra el diputado Alejandro Encinas Rodríguez.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez:
Con su permiso señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
El día de ayer, fueron dados a conocer una serie de acuerdos que en materia electoral impactarán sin duda los comicios de agosto próximo. Sin duda nos encontramos ante una situación de avance en relación con las modificaciones que en la materia aprobamos en meses pasados.
El acuerdo obliga desde nuestro punto de vista, puesto que es el espíritu que lo anima, a convocar inmediatamente a un nuevo período de sesiones que nos permita verdaderamente establecer lineamientos, bases y consensos de una elección limpia en el próximo verano en nuestro país.
Estamos en la necesidad entonces, de preparar un proceso electoral creíble y sobre todo conforme a un tejido institucional legal, que legitime fines totalmente democráticos que permita a la sociedad civil aceptar los resultados de las urnas y resolver verdaderamente los problemas que como en Chiapas, aquejan al país. No es de extrañar que cada vez que haya elecciones federales, se presenta un terreno fértil para la posibilidad de modificar el marco jurídico que las regula, ya que acordar nuevas reglas del juego para enfrentarlas, se ha convertido en estrategia de legitimación para unos o de distinción para otros.
Es de extrañarse sin embargo, que siempre resulta que dichas modificaciones poco o nada tienen que ver con los objetivos trazados inicialmente por partidos y ciudadanos.
Si en 1989 - 1990, el punto débil de las reformas fue perder de vista el reclamo ciudadano y aceptar en una negociación que abarcó todo: soluciones parciales efímeras por insuficientes, en 1993 a nadie pareció preocupar la opinión ciudadana.
El texto constitucional reformado da cuenta del problema citado; nuevas fórmulas para integrar la Cámara de Diputados y Senadores, disminución de la cláusula de gobernabilidad que nunca se puso en práctica, a cambio de una ventaja enmascarada en favor del partido mayoritario y de rebote a favor de la segunda fuerza electoral, suspensión de la autocalificación y creación de nuevas instancias para la solución de conflictos, vagas referencias a la transparencia en el financiamiento de los partidos y todavía más vagas en relación al límite de gastos de campaña, cambios en las fechas de la elección y nuevas formas de Gobierno para el Distrito Federal.
Las reformas parece que se han hecho frente al espejo dejando constancia del rompimiento entre el discurso político oficial y el interés ciudadano. México ha llegado al punto más alto de la reglamentación electoral, se ha constituido en un abigarrado sistema de candados, cada uno con la llave para violarlo y en colmo del absurdo, la mayoría ha legislado para la elección de 1997 y del año 2000; la democracia se nos presenta en cómodas mensualidades.
Como se ha podido constatar, el sistema electoral y las formas de integración de los órganos colegiados de representación popular, no resultan ajenos al devenir del sistema político, por el contrario, contribuyen a moldearlo, a configurar el sistema de partidos y a orientar la preferencia ciudadana.
Las reformas presentes, vale la pena repetirlo, han olvidado un elemento fundamental: se ha construido un nuevo sistema de reglas e instituciones que intenta dar garantías pero que en realidad obsequia beneficios; con esta reforma se puede lograr sortear en difícil entendimiento la elección de agosto de este año; pero lo que verdaderamente está en cuestión, es darle solidez a nuestra normatividad electoral.
En estas condiciones sólo queda desear, la esperanza siempre queda, que la reforma sirva para terminar de agotar el desapego partidista de las aspiraciones de los ciudadanos, el punto crucial
del asunto, el nudo gordiano que queda por desatar, es la imparcialidad de la Ley y de la autoridad; ese es el reto que hoy afrontamos.
El día de ayer tuvo lugar una reunión de la Comisión de Régimen Interno y Concertación; esta reunión que se había convocado previamente para conocer de las observaciones de los grupos parlamentarios al documento que entregó el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se llevó a cabo en un clima que buscaba el entendimiento.
En esa reunión se comentó que muchos temas habían tenido resolución de acuerdo con el compromiso suscrito en el Instituto Federal Electoral; efectivamente, nosotros lo reconocemos, sin embargo señalamos que no son de nuestra plena satisfacción. En esa discusión, como en el Instituto, pusimos como ejemplo, cómo la creación del Consejo Consultivo para la Auditoría Externa del Padrón era un avance, pero que prevalecía una estructura rígida al seno del Registro Federal de Electores que impedía garantizar la elaboración de un padrón y de listas nominales confiables.
Debemos reconocer medidas positivas en los acuerdos, como es el caso que permite flexibilizar los requisitos para los observadores nacionales, no solamente para la jornada electoral, sino para todo el proceso.
Reconocemos también avances con el establecimiento de las mamparas en las casillas, que ayudarán a guardar el secreto del voto; reconocemos avances con el establecimiento de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales, pero creemos que en éste como en otros casos, es necesario avanzar en reformas legales, porque como es el caso de la fiscalía especial, se requiere avanzar en la tipificación y penalización de los delitos electorales.
Son avances, pero sin embargo creemos que aún quedan pendientes temas centrales que surgen del acuerdo político que ya han suscrito los partidos políticos y los candidatos a la Presidencia, de éstos, y que sin minimizar el nivel de acuerdo alcanzado, deben ser atendidos de inmediato.
Coincidimos con lo señalado el día de ayer con el Secretario de Gobernación Jorge Carpizo, en el sentido en que aún faltan temas políticos que resolver, como es el caso del procedimiento de insaculación, los compromisos para no utilizar recursos públicos en favor de las campañas de ningún partido, las normas para el manejo de la información de las campañas en los medios de comunicación, aunque creo que el Secretario de Gobernación y Presidente del Instituto Federal Electoral, dejó temas políticos fundamentales de lado, como tiene que ver con los derechos políticos de los habitantes del Distrito Federal o el derecho a establecer coaliciones electorales en los partidos.
Queremos dejar constancia de nuestra preocupación, en esta tribuna, por la necesidad de avanzar en definir una agenda legislativa que aún debe de desahogar esta legislatura; los tiempos se están agotando y de poco o nada sirve convocar al consenso como pretexto para impedir el período extraordinario y no como práctica parlamentaria.
Creo que estamos en condiciones de formular una agenda legislativa para un período extraordinario y para el próximo período de sesiones ordinarias que nos permitan, por un lado, crear las condiciones para una elección transparente y limpia, y por otro lado, atender la agenda que se deriva de las discusiones en el Estado de Chiapas.
El día de hoy concluyó la primera fase de las negociaciones entre el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional; y hace apenas unas horas, yo diría unos cuantos minutos, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, se ha informado que el comisionado por la paz, Manuel Camacho Solís, ha manifestado una serie de compromisos del Gobierno Federal en torno a esta negociación, y entre estos compromisos, yo quisiera destacar tres:
El primero, es el que se convocará a un período de sesiones extraordinario durante este mes, donde se revisará la legislación electoral para propiciar imparcialidad y transparencia en la elección.
El segundo, es que se presentará una iniciativa de Ley General de comunidades indígenas, y el Tercero, es que en el Estado de Chiapas se revisará la división territorial del Estado, conformando nuevos municipios.
A esto se auna el ya anunciado acuerdo para hacer el nuevo censo agrario en ese Estado. Nosotros creemos, que la convocatoria a este período extraordinario debe de convocar del Congreso de la Unión.
Creemos que son las instituciones, que es el debate que a lo largo de dos meses hemos llevado a cabo, el que debe fructificar en esta convocatoria y en la definición de una agenda.
Esperemos que ahora que regrese nuestra compañera María de los Angeles Moreno, de Los Pinos, nos traiga ya la información aprobatoria del período extraordinario, y espero que nosotros recuperemos la autonomía y la iniciativa, porque este Congreso merece credibilidad, merece respeto y espero que sea en San Lázaro y no en San Cristóbal de las Casas donde esté convocándose al período extraordinario. Muchas gracias.
El Presidente:
Para referirse a este mismo asunto, tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo. El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo:
Gracias, señor Presidente.
El tema del marco jurídico en el que habrán de transcurrir los comicios de agosto próximo, es uno que ha estado a debate desde hace ya largo tiempo. El Partido Popular Socialista presentó en abril de 1993, va a hacer pronto un año, sus propuestas para su examen y discusión en lo que en aquél entonces se denominó La Comisión Plural sobre la Reforma Política de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Desde entonces, mi partido formuló señalamientos profundos al examinar el marco internacional y nacional imperante, anticipándose a los actuales acontecimientos que preocupan a los mexicanos.
Señalábamos en nuestro documento, entregado a todas las fracciones parlamentarias:
La agudización de las contradicciones; el fracaso generalizado de la estrategia neoliberal tras 12 años de existencia; la concentración de gigantescos volúmenes de riqueza y el empobrecimiento de numerosos sectores de la población en los países capitalistas y especialmente en los países dependientes como el nuestro. La aparente democracia de algunos regímenes y la real despolitización del pueblo al aislarlo objetivamente de las decisiones vinculadas a la vida pública, acompañado esto en muchas ocasiones de la formal apertura democratizante, solo en lo formal; las contradicciones entre la globalización de la economía y la formación de bloques regionales que entran en pugna; la contradicción entre el aperturismo y el proteccionismo; la contradicción entre el norte, conformado por países ricos y el sur, de los países pobres.
Advertíamos sobre la inminente crisis de carácter social a la que se estaba enfrentando el mundo, hechos que no han tardado en confirmarse con las movilizaciones y expresiones más o menos violentas de inconformidad en América latina, sobre todo.
Señalaba nuestro documento que el modelo neoliberal ha golpeado de tal manera a los países dependientes, que se les ha conducido a una creciente pérdida de soberanía y a los pueblos a la pobreza y a la desesperanza. Llamábamos a las fuerzas políticas nacionales a deliberar colectivamente para buscar el perfil del México del Siglo XXI.
Hacíamos notar que la Reforma Política podría aportar frutos trascendentes, si se abordaban temas de esencia, haciendo por ello un llamamiento a retomar el camino de los importantes avances democráticos logrados a partir de 1963 en nuestro país, hasta 1986, y a revertir los retrocesos producidos en la reforma de carácter reaccionario de 1989. Porque a excepción de esta última, la de 1989, las anteriores tuvieron como rasgo fundamental el de reconocer a los partidos políticos su papel de fuerzas organizadas de la sociedad civil, de fuerzas de organización política de participación política de la propia sociedad civil y el creciente papel que les corresponde a estas formas de organización en la vida política nacional.
Finalmente, en la parte introductoria de nuestro documento insistía el Partido Popular Socialista en que no cayera la Reforma Política en copias extralógicas de modelos extranjeros, sino que buscáramos respuestas concretas a nuestras particulares necesidades.
En aquel documento precisábamos los puntos de la agenda que debía discutir la Comisión Plural, que sin duda eran y siguen siendo los fundamentales si se aspira a establecer normas que garanticen la posibilidad de una vida democrática, que se refleje sobre todo en una mayor participación de las grandes masas del pueblo en las decisiones públicas, que tal sería y no otro el verdadero sentido de una reforma política realmente democrática.
Nos proponíamos y proponíamos como tema de agenda el del financiamiento público con base en un criterio de distribución que tenga como componente fundamental la igualdad de los partidos
políticos y no la proporcionalidad de los votos, la obligación del Estado de garantizar la difusión suficiente y oportuna de las tesis, programas y propuestas de los partidos políticos, única posibilidad de avanzar hacia la conversión de los procesos electorales en confrontaciones de tesis, de ideas, de propuestas programáticas y también de avanzar hacia el ejercicio del sufragio como un derecho sobre todo de raciocinio, de meditación, de reflexión, como una realización consciente de un derecho ciudadano, imposible así, si se llega a esos propósitos, imposible así de manipular o de alterar.
Proponíamos, y en éste hubo coincidencia con otras organizaciones, fijar topes máximos a los gastos de campaña, pero proponíamos y señalábamos que era consustancial a esa medida la de fijar también topes mínimos con recursos garantizados por el Estado. Señalábamos que es absurdo hablar de techos, así en lo político como en lo social, en lo económico, como también en lo arquitectónico, si no se habla al mismo tiempo de pisos.
Proponíamos la integración de los órganos electorales sólo por los partidos políticos, en forma paritaria, presidida si acaso por un representante del Ejecutivo Federal, otra vez a partir del criterio moderno de que los partidos políticos son las formas sociales de organización política, las formas en que la sociedad, sus distintas clases sociales, organiza su participación en la vida pública y no regresar a criterios superados, a criterios que imperaron hace más de siglo y medio en la etapa emergente del capitalismo, cuando se pensaba en individuos sueltos como los integrantes de lo que se dio en llamar la sociedad civil y se pensaba que esta sociedad civil, así, amorfa en la concepción por aquella época existente, era la que podría ejercer los derechos de la dirección de la vida pública y los derechos de la organización y participación política.
Por lo anterior, proponíamos la desaparición de la figura de los consejeros ciudadanos y de los magistrados ciudadanos, evitando que una manipulación reciente tratara de sustituir a los partidos políticos por ciudadanos en abstracto, sin ligas con las organizaciones de avanzada política de la propia sociedad.
Proponíamos restablecer las candidaturas comunes y eliminar los obstáculos y condicionamientos a las coaliciones, que no fueran los legítimos condicionamientos de carácter ideológico y programático. Proponíamos evitar la pulverización del escenario de la lucha política, impidiéndose la multiplicación artificial hasta el infinito de supuestos partidos políticos.
Proponíamos se eliminara la cláusula de gobernabilidad y proponíamos también eliminar la figura de la mayoría relativa en la integración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Proponíamos de igual manera, ampliar las facultades de la Cámara de Diputados, eliminando privilegios al Senado y ampliar las del Poder Legislativo frente al Ejecutivo, impulsar pasos que conduzcan a la elección de las autoridades del Distrito Federal de manera directa por voto universal y secreto de los ciudadanos; proponíamos evitar por todos los medios la intervención de fuerzas ligadas a intereses extranjeros en los procesos políticos nacionales; el establecimiento constitucional de algunas formas de consulta popular, como el referendum y el plebiscito.
Hacíamos otras propuestas en ese mismo documento, entre éstas la libre e individual afiliación a los partidos políticos, idea que está recogida ya en la Constitución, pero que debía redondearse. Que los actos del proceso electoral se realicen de la manera más sencilla, inalterable e infalsificable, que los resultados electorales se conozcan a la brevedad por toda la población, que las denuncias sobre irregularidades que presenten los partidos, tengan un tratamiento ágil y efectivo, que se establezcan verdaderas sanciones para quienes violenten la voluntad popular y se instrumenten los mecanismos para garantizar su aplicación.
Muchos de estos puntos fueron coincidentes con los planteamientos de otras fuerzas políticas; sin embargo, los avances logrados con las reformas a la legislación electoral de 1993 fueron en extremo escasos y por el contrario hubo reformas de contenido y orientación profundamente regresivas, coincidente esto con lo que había ocurrido en 1989, estamos a la vista de dos reformas de carácter antidemocrático entonces: la de 1989 y la de 1993.
Es cierto que se fijaron topes a los gastos de campaña, pero los pisos son mínimos, virtualmente inexistentes; se eliminó aparentemente la cláusula de gobernabilidad, pero en la práctica no sólo permanece, sino que se le reforzó, se dio algún paso para incrementar los derechos eleccionarios de los ciudadanos del Distrito Federal, pero en la práctica la decisión final sigue quedando en manos del Presidente de la República en cuanto a la designación del gobernador de esta entidad y los delegados seguirán siendo los hombres de confianza del regente.
El Senado observará en su integración una fórmula claramente tripartidista que tiende más a la copia extralógica de realidades imperantes en otros países que no son necesariamente modelo de vida democrática y no obedece en su integración al criterio de pluralidad que ha sido fundamental en los avances en la vida democrática de México.
La Ley, por otro lado, es ahora más complicada que en cualquier otro momento, haciendo necesaria la participación de expertos en su manejo cuando el problema político electoral es un problema que atañe a todos los ciudadanos, que no necesariamente tienen formación profesional de carácter jurídico. El financiamiento privado de los grandes capitales para los partidos que representan los intereses de esos mismos grandes capitales, será sin duda hoy el componente principal de las campañas políticas y no el financia miento público y menos aún el aporte popular.
Las garantías de que los partidos apoyados fundamentalmente por la clase obrera, por los campesinos, por las capas populares, es decir, por lo que debe entenderse real y verdaderamente por pueblo, las garantías de que esos partidos puedan difundir sus programas a través de los medios de comunicación, sus tesis, sus análisis y sus concepciones son casi nulas y así podría seguirse valorando en los demás puntos. No hubo avances en los temas esenciales, continúa vigente y se profundizó la contrarreforma, el proceso atentatorio contra la vida democrática de México.
Ahora, a unos meses de que se celebren las elecciones el 21 de agosto, se ha venido examinando la posibilidad de un período extraordinario para reabordar algunas de las cuestiones que tienen qué ver con la legislación electoral. La vez anterior, lo que desembocó en lo que a juicio del Partido Popular Socialista ha sido una reforma profundamente regresiva realizada en 1993, los partidos políticos estuvimos reunidos discutiendo durante poco más de nueve meses, en aquella Comisión Plural y lo que se produjo no fue en modo alguno satisfactorio.
Recuerdo que las votaciones se dieron en un proceso sumamente accidentado y que prácticamente en uno o en otro momento todas las fuerzas políticas coincidimos o casi todas coincidimos en señalar, que los acuerdos habían venido amarrándose sólo entre dos de las organizaciones políticas, sin tomar en cuenta los planteamientos fundamentales de las demandas.
Por eso es que mi partido reflexiona a estas alturas sobre las posibilidades reales de que pudiera haber avances democráticos en un período extraordinario o en el próximo período ordinario, que se inicia el 15 de abril; estamos a inicios de marzo, antes de que se dé el período ordinario de abril, tendríamos escasas seis semanas para llegar a acuerdos consensados respecto a en qué temas, en qué asuntos específicos, en qué artículos, de la Constitución o del Cofipe, podríamos realizar reformas.
Algunos partidos proponen que por lo que hace a los órganos electorales se incremente la presencia de los ciudadanos formalmente no vinculados a los partidos políticos con esa abstracción, con esa idea arcaica de resucitar el concepto de sociedad civil como una entidad no conformada por clases sociales, no conformada por fuerzas políticas contrastantes y en lucha permanente. Nosotros desde luego estaríamos totalmente en contra, porque nos parece que cualquier paso que se dé en ese sentido tiende a regresar en un proceso histórico no solamente nacional, sino que ha sido experiencia de todos los pueblos del mundo, a diluir las formas de organización política de las clases sociales y de la sociedad civil en su conjunto, que son los partidos políticos; a desarticularlos y esto forma parte de la corriente filosófica que tiene también una vertiente en lo económico y que hemos venido denominando neoliberalismo.
Esta idea de fortalecer a la sociedad civil en detrimento de los partidos es una idea total y absolutamente neoliberal, que nosotros combatimos en su expresión filosófica y política, como combatimos en su expresión económica, por su carácter atentatorio a los intereses de los pueblos y de las naciones, de las naciones que luchan por su independencia absoluta frente al imperialismo.
Y así en otros temas, hay propuestas que nos parecen franca y absolutamente regresivas. Nosotros hemos señalado nuestro interés porque avancemos en la construcción de consensos y que si hay los consensos no solamente en la enumeración de los temas, sino en la precisión de los contenidos, casi diríase la redacción de los artículos que deben ser incorporados o modificados, entonces debe haber un período extraordinario, pero no en otras condiciones, no simple mente con una enumeración genérica de temas, porque si esto se diera, produciría a nuestro juicio probablemente dos resultados: por una parte lo que se produjo en 1993, no se advierte hasta ahora una correlación de fuerzas diferenciada en lo sustancial de 1993; probablemente tuviéramos que enfrentarnos en debates de tesis, concepciones, propuestas y contrapropuestas y
finalmente acabarán amarrando compromisos las mismas dos fuerzas que amarraron los compromisos en 1993 y tuviéramos que lamentar nuevos y graves retrocesos en la vida democrática de México.
Nos parece que es un error el abrir la posibilidad, así sea mínima, a un escenario de ese carácter.
Por otro lado, el que tuviéramos que utilizar una tribuna pública del peso, de la importancia, de la responsabilidad, de la respetabilidad que tiene la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y su elevada tribuna, y la del Senado de la República incluso, para debatir posiciones no previamente consensadas y que finalmente pudieran llevar a un callejón sin salida, lo cual sólo traería mayor desconfianza, menos transparencia, mayor deterioro para el proceso electoral.
El Partido Popular Socialista en materia de campaña electoral, apuesta a un proceso de carácter sereno, a un proceso de carácter tranquilo, a un proceso en el que podamos los partidos políticos dirigir nuestro mensaje a la conciencia de los electores, a un proceso en el que los electores puedan razonar, puedan evaluar, puedan reflexionar en torno a las propuestas programáticas de los distintos partidos y ejercer un voto consciente; sólo así entendemos un proceso democrático.
Todo lo que tienda a lastimar el proceso, a enrarecerlo, a crear condiciones de inestabilidad o de exacerbación de contradicciones, nos parece que no ayuda a que tengamos un proceso democrático en la medida de las posibilidades, y por el contrario ayuda a quienes tratan de aislar la participación consciente de las masas populares de la dirección de la vida de nuestro país.
Por eso, pensamos que si no logra amarrar consensos en torno a las propuestas concretas y específicas, la enunciación de un período extra ordinario, el llamado a un período extraordinario, no ayuda a los intereses democráticos, no ayuda a los intereses de las capas populares de la población, no ayuda al pueblo de México. Más aún, quiero señalar con toda responsabilidad desde esta tribuna, que el Partido Popular Socialista se opondría con toda decisión y con toda energía, a que se convocara a un período extraordinario de sesiones invocando como antecedente alguna petición que en ese sentido hubiera realizado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, así autodenominado, y menos aún que fuera resultado de algún compromiso realizado por el negociador designado por el presidente Salinas, para conversar en términos de paz con ese cuerpo.
No nos parece, en modo alguno, que la autoridad del licenciado Camacho Solís pudiera llevarlo legítimamente a establecer compromisos de ese carácter que competen a este poder soberano, al Poder Legislativo o en su caso al Poder Ejecutivo. No nos parece que pudiera convocarse a un período de sesiones extraordinarias legítimamente, invocando demandas del EZLN, porque en tal caso nos estaríamos convirtiendo, como poder constitucional, en rehén de un grupo pequeño, que resolvió ejercer su protesta con las armas en la mano, y nos parece que esto sería gravemente atentatorio contra el estado de derecho vigente, y gravemente riesgoso para el porvenir de la nación.
Si es justo el pronóstico que ha hecho el compañero diputado Encinas, si es correcto el señalamiento que él ha hecho en esta tribuna, respecto a compromisos establecidos por el licenciado Camacho de ese carácter, desde ahora anuncio el enérgico y frontal rechazo por parte del Partido Popular Socialista, a acciones de ese tipo que, repito, serían profundamente lesivas.
Un período de sesiones extraordinarias, y sobre todo el contenido del período de sesiones extraordinarias, más que la formalidad de su convocatoria y realización, las reformas de carácter electoral que debieran realizarse, sólo pueden y deben ser materia del consenso entre las fuerzas políticas organizadas entre los partidos políticos, de ninguna manera compromisos compuestos ni por el Ejecutivo ni por el representante del Ejecutivo en pláticas de paz ni por quien, en un momento dado, se haya levantado en armas en algún lugar, en algún rincón de nuestra República.
Reitero, si eso fuera, nosotros rechazaríamos con toda energía la realización de tal período de sesiones extraordinarias.
El Presidente:
Gracias, señor diputado.
Para referirse al mismo asunto, tiene la palabra el diputado Juan de Dios Castro.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Señor Presidente; señoras y señores legisladores de la Comisión Permanente; señoras y señores:
Sobre este tema, me llaman la atención dos o tres alusiones de algunos compañeros legisladores en sus intervenciones anteriores, y además las vinculo con una declaración, no sé si textual, del diario El Economista, una declaración del señor Secretario de Gobernación, presidente además del consejo general del IFE, en el sentido de que las elecciones del 21 de agosto serán las elecciones más limpias y transparentes de la historia de México, y además la importancia que tiene que el señor Secretario de Gobernación, quien preside el consejo general del organismo que tiene a su cargo la elección y el proceso electoral de 1994, se refiera a algunos temas que son importantes, les llama él: "Asuntos de importancia indiscutible". Uno de ellos que ya es crónico en el sistema político mexicano.
Beneficiarios, y me perdonan, yo no quisiera ser agresivo, dos partidos políticos, el partido oficial y el Partido del Trabajo, cuando habla de la necesidad de garantizar que no se canalicen recursos públicos en favor de ningún partido político.
Una segunda alusión, la necesidad de garantizar la imparcialidad de los órganos electorales. Primero que el señor Secretario de Gobernación manifiesta que las elecciones del próximo 21 de agosto serán las más limpias en la historia de México, significa el reconocimiento de que no han sido, no han sido otras elecciones ni limpias ni transparentes como las quiere para el próximo 21 de agosto el señor Secretario de Gobernación.
Pero otra alusión, y me va a perdonar el compañero Alejandro Encinas, el compañero Alejandro Encinas en su intervención, con la cordialidad que le tenemos como compañero de diputación que siento que es recíproca, dijo el compañero Alejandro Encinas algo que dicen: a buen entendedor, pocas palabras bastan, y yo creo ser buen entendedor. Dijo el compañero Alejandro Encinas: la reforma electoral última que beneficia al Gobierno y beneficia al partido del Gobierno, y creo que fueron sus palabras, y de rebote, así fue, ¿verdad, Alejandro?, de rebote a la segunda fuerza electoral del país, pero no dijo cuál, don Alejandro.
Y, ¡caray!, se refirió a Acción Nacional, o si quiso decir Acción Nacional. ¿Por qué? Porque en este momento somos la segunda fuerza política del país. ¿Por qué? Porque tenemos el mayor número de diputados federales. Porque en la elección de 1991 tuvimos el mayor porcentaje de votación, entonces yo creo que sí entendí bien, ¿verdad?, se refería al Partido Acción Nacional.
Pero también de rebote don Alejandro Encinas, yo diría que poco optimista es usted para el proceso electoral de 1994. Si dice don Alejandro, destacado diputado del PRD, que la reforma electoral beneficia de rebote a la segunda fuerza electoral del país, yo siento que la fuerza electoral a la que él pertenece se excluye; no es optimista don Alejandro. No piensa que su partido político, el PRD, pueda ser la primera fuerza, pero ni tampoco la segunda. Quiere irse a la tercera, cuarta o quinta fuerza electoral del país, porque en última instancia beneficiaría, si beneficia de rebote a la segunda fuerza y usted la primera sale beneficiado, y si es la segunda también, entonces de rebote no es la alusión a Acción Nacional. Yo creo que los partidos políticos todos pretendemos ser la primera fuerza electoral del país, y ése es el llamado que hacemos a los electores.
El tercer tema, don Alejandro y señores legisladores, coincido totalmente con el planteamiento que hizo don Alejandro Encinas, totalmente. Don Manuel Camacho Solís, comisionado para la paz, comisionado del Ejecutivo Federal, del Presidente de la República, no es, no es funcionario público. Tengo entendido que no percibe ingresos, tampoco del erario federal, es un comisionado del Presidente.
Vaya, los acuerdos a que llegue el señor Camacho Solís, si involucran al Gobierno de la República tendrán que ser ratificados por el Gobierno de la República. Pero, señores, si se toca un tema tal como el período de sesiones extraordinarias, que yo manifiesto que estamos con agenda abierta. ¿Y desde cuándo estamos con agenda abierta? Nosotros estamos con agenda abierta desde 1939, esperando una reforma electoral que todavía no se da, que ya se dio apenas el primer paso, en la reforma de 1988: el Registro Nacional Ciudadano, contenido ya en el texto constitucional, pero que todavía no se instrumenta en la Ley secundaria.
Una reforma electoral con agenda abierta, y nosotros ratificamos el compromiso del PRD y de los ocho partidos políticos, que esperamos que sean nueve, lo dije en una intervención anterior, todas las fuerzas políticas con agenda, con consenso. ¿Por qué consenso, por qué pedimos el consenso?, por una razón obvia, para que no se dé el método Holendor, "que meto la iniciativa por parte de un grupo de oposición", y el grupo mayoritario la rechaza; el grupo mayoritario presenta iniciativa y la oposición la rechaza. Pues qué mejor, de los 20 mil temas, señores, que es necesario modificar en la legislación electoral,
aquellos temas en los que haya consenso ¿por qué no atacarlos?
Pero, señores, que sean las fuerzas políticas del país, que sean los partidos políticos, que sea el Congreso en el que tienen representación los partidos políticos. Que se hable. Que se diga. Que se plantee, y no una decisión del comisionado para la paz con el EZLN y que aquí se nos venga nada más a comunicar, a informar. Yo ahí coincido con don Alejandro Encinas.
Por lo demás, temas hay muchos. La doble insaculación ayudaría, la imparcialidad de los organismos electorales ayudaría, la objetividad de los consejeros ciudadanos en los organismos electorales ayudaría; pero yo digo que un 90% de ellos son más, son más de voluntad política, de respetar el espíritu de la Ley, que del texto de la Ley.
No necesito decirles, señores legisladores. ¿Saben ustedes que tenemos una Ley electoral muy complicada, muy complicada? Yo me atrevería a pensar que un elevado porcentaje de los legisladores de la nación no manejan la legislación electoral, porque es muy complicada, porque se requieren especialistas, un estudio, necesita cursos de especialización el pueblo de México para manejar su Ley electoral. Yo diría que la primera reforma sería sustancial, hacer la legislación accesible, accesible para los electores y para los partidos políticos.
Y temas tales como imparcialidad de órganos, insaculación, ya está la insaculación, que se respete el espíritu de la Ley.
Señores, y yo no sé, si después de eso tendremos, como dice don Jorge Carpizo McGregor, las elecciones más limpias y transparentes de la historia de México. ¿Qué, no lo fue la de 1991, la de 1988, la de 1985, la de décadas de proceso electoral? Pero dice que espera que tengamos las elecciones más limpias y transparentes de la historia de México.
Y a don Alejandro le pido que sea más optimista. Gracias, señores.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Alejandro Encinas, por cinco minutos.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez
Con su permiso, señor Presidente:
Yo creo que no es solamente un problema de optimismo; es un problema de principios; es un problema de congruencia política.
Yo no hice una alusión directa al Partido Acción Nacional. El documento, cuando hacía una evaluación de la reforma y hablaba de que desapareció la cláusula de gobernabilidad y se estableció un mecanismo distinto, pero que finalmente permitía la sobrerrepresentación, decía que esta reforma no solamente beneficiaba al partido mayoritario, sino a la segunda fuerza, genéricamente.
Nosotros estamos trabajando para ser la primera fuerza electoral de este país; estamos disputando la presidencia de la República. Pero no basta desde nuestro punto de vista, ganar las elecciones. No se trata de quítate tú, para ponerme yo. Nosotros estamos planteando un sistema electoral y un sistema político democrático que no reúne, que no se refleja en la legislación electoral vigente y queremos un sistema electoral que permita que los órganos de gobierno y en particular el Congreso de la Unión, refleje cabalmente el peso real, específico, de todas las fuerzas políticas.
No queremos ni sobrerrepresentación, ni subrepresentación, ni de los partidos grandes ni de los partidos chicos. Por lo que estamos peleando es por un sistema que nos permita una representación real, que no aumente o disminuya artificialmente la presencia de las fuerzas políticas. Por eso nuestro planteamiento en el debate de la reforma electoral fue el de ir eliminando no solamente la cláusula de gobernabilidad, sino de ir generando aun dentro del esquema mixto que tenemos de representación por mayoría y representación proporcional, la necesidad de ir disminuyendo esa gran brecha que se da en la sobre representación de algunos partidos políticos.
Por eso creemos que esta ley, la ley con la que está planteándose ir a la elección de 1994, no reúne no solamente los requisitos para darle a cada partido su presencia real, sino no reúne las garantías para ir a una elección limpia. Por eso votamos en contra de esa reforma constitucional y del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a pesar de que la mayoría la conformaron el PRI y el PAN en esa votación.
Yo creo que hay que ir más allá; no solamente el optimismo y de las aspiraciones a lograr el gobierno de este país. Hay que ir construyendo
entre todos un sistema donde cada quien tenga el peso político que represente a la sociedad mexicana. Muchas gracias.
El Presidente:
¿Percibe usted alusiones señor diputado? ¿Para alusiones personales? Tenga la bondad, señor diputado Juan de Dios Castro.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Bueno, sí hubo una alusión, señor Presidente. Cuando aclara el señor diputado que habló de la segunda fuerza política en relación con la cláusula de gobernabilidad. Fue el contexto en que se dio. La cláusula de gobernabilidad que implica sobrerrepresentación para el grupo mayoritario y que también hay sobrerrepresentación para los grupos minoritarios.
Pero yo sí quiero hacer dos observaciones, don Alejandro: el PRD no votó en contra la legislación electoral, ¿verdad? ¿Verdad que no votó en contra? Se retiraron. Digo, ésa es la primera observación, porque usted dice: "Votamos en contra la legislación electoral". Yo digo: no; no votó en contra. Ni siquiera la pelearon, ¡vaya! en el Congreso. Claro que entiendo que el retiro es una forma de rechazo, es una forma de rechazo. Pero ¡caray!, a los legisladores de oposición nos toca estar en minoría, don Alejandro y yo entiendo ese retiro. Nosotros sí votamos en contra la totalidad, ¡la totalidad de los artículos! Con un matiz: cuando regresa del Senado votamos a favor el transitorio, porque estimábamos que mejoraba las condiciones de representación de los órganos electorales, no en la forma que esperábamos.
Y quiero decir que yo sí soy optimista. ¿Optimista en qué? Optimista en que se puedan dar las condiciones democráticas que permitan a cada partido político, tener la representación real de acuerdo con el apoyo que obtengan de parte de los electores. Coincido con usted que la legislación de ahora, de hace tres, de hace seis, de hace 20,...
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo (desde su curul):
Señor Presidente, pregunte al orador si acepta una interpelación, por favor.
El Presidente:
Señor diputado, que si autoriza usted una interpelación.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Creo que imagino el contenido de la interpelación. Pero no la rehuyo, diputado. ¡Hágala!
El Presidente:
Por favor, señor diputado Amezcua.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo (desde su curul):
Muchas gracias, señor Presidente...
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Ya sé para dónde va...
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo (desde su curul):
Muchas gracias, señor diputado Juan de Dios Castro Lozano.
Es con el interés de que pudiera ilustrarnos en torno a la afirmación que hizo usted hace un momento, sobre la votación del Partido Acción Nacional en el caso de la legislación electoral. Hasta donde la memoria me ayuda, hubo dos momentos, como ocurre siempre en los procesos legislativos, se votó en lo general; me parece recordar que el voto de ustedes fue en pro en lo general, y después se votó en lo particular, y me parece recordar que votaron en contra en lo particular, de todos los artículos, que sería a lo que usted se refería hace un momento.
La pregunta sería: ¿Cómo explica usted, cómo debemos entender esa contradicción real o tal vez aparente, en dos momentos legislativos, refiriéndose al mismo contenido? Se vota todo a favor en lo general, se vota todo en contra en lo particular. Creo que sería útil su reflexión al respecto, y lo digo con todo respeto, compañero diputado Juan de Dios Castro.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Yo sé que usted es muy respetuoso, y es recíproco, señor diputado.
Ya sabía que me iba a preguntar eso, por eso le dije, cuando usted pidió la interpelación, pude no haberla aceptado ¿verdad? ¡No! Yo quiero ser franco, abierto. Se lo voy a explicar:
Mire usted. Usted sabe dentro de qué contextos se dieron los debates, no sólo de la reforma electoral, de muchas otras iniciativas de ley durante el período ordinario y el extraordinario también. ¿Dentro de qué contexto? Yo digo que se violó el reglamento. ¿Por qué razón? Porque el reglamento prevé discusión en lo general, se vota en lo general, y luego discusión en lo particular de los artículos impugnados y se debate en lo particular. ¿Coincide usted conmigo en eso?
¿En qué sentido se tuvo, por necesidades de tiempo de la legislatura, que pasar por encima del reglamento?
Yo considerado que ese reglamento debe reformarse para adecuarse a las necesidades de la legislatura, pero tenemos ese reglamento.
Los debates se dieron, y usted lo sabe bien, diputado, en lo general y en lo particular. Así fue ¿no? Quiere decir que no se abrió votación, digo, no se abrió debate en lo general para cerrarlo con votación, luego en lo particular, sino que se debatió en lo general y en lo particular en un solo acto, no sólo en ese tema, sino en muchos otros.
En muchas iniciativas de ley, se hizo la votación en un solo acto, que fue en lo general y en lo particular. ¿Por qué? Porque se había dado el debate en lo general y en lo particular.
En el caso de la reforma electoral, usted sabe, cuando aquí me preguntaron yo lo contesté, estábamos discutiendo en Acción Nacional, como todos los partidos políticos, las propuestas que habíamos presentado nosotros en materia electoral.
¿Con quiénes? Bueno, pues aquí está uno con quienes discutimos: don Gustavo Carvajal. Estaba presente María de los Angeles Moreno, en la Cámara de Diputados, para a nivel comisión tratar de que se nos aceptaran reformas.
Quiero decirle, señor diputado, que nosotros teníamos confianza en que se aceptara un buen número de propuestas de Acción Nacional: cerca de 150 propuestas .
Usted sabe como se dio el debate: ¡Debatíamos a las 3.00, 4.00, 5.00 horas de la mañana!
Usted sabe como se dieron las votaciones: ¡A altas horas de la madrugada y diríamos del alba!
¿Qué pidió el PRD antes de retirarse, Alejandro? Habiéndose debatido en lo particular y en lo general, ¡y todavía sin darse el debate en lo particular de gran parte de los artículos, que pensábamos nosotros que podían aceptarse!, ¿qué pidió el PRD y Alejandro lo sabe bien? No digo Unzueta, porque no es diputado, me duele que no sea diputado el ex diputado Unzueta. Pero Alejandro y René Bejarano lo saben bien, pidió: "¡Pedimos que se aplique el Reglamento!" ¿Se acuerdan? "¡Que se vote en lo general!".
¡No sabíamos todavía de las propuestas en lo particular, de todas las propuestas en lo particular, cuántas podían aceptarse por la mayoría!
Pero el PRD lo exigió. Y el reglamento es el reglamento. ¡Y si se pide, se cumple! ¡Y se dio la votación! Y votamos a favor.
¿Contradicción? No, contradicción no. ¿Por qué digo que contradicción no, diputado Amezcua? Porque cuando se vota a favor, usted lo sabe bien, se vota a favor de los artículos no impugnados. ¿Y cuántos separamos para debatir en lo particular? ¡Todos, separamos todos! Y votamos en contra de todos. No hay ninguna incongruencia. Yo sabía que usted me iba a hacer esa pregunta.
Hubo algún partido que ahí sí no entendí la votación: en lo general votaron en contra, cuando se apartaron todos; y en lo particular, que eran todos, votaron a favor. Reconozco que no es su partido. Gracias, señores.
Presidencia de la diputada María de los Angeles Moreno Uriegas
La presidenta:
Se concede el uso de la palabra al diputado Gustavo Carvajal Moreno, del Partido Revolucionario Institucional, para continuar con la discusión de este asunto.
El diputado Gustavo Carvajal Moreno:
Con su permiso, señora Presidenta.
Quisiéramos puntualizar algunas de las afirmaciones que en la tribuna nuestro compañero diputado del Partido de la Revolución Democrática ha señalado.
En primer lugar, la Reforma Política de 1993 fue una reforma de avance. Se lograron muchos de los puntos que aquí mismo se plantearon por ustedes y otros partidos políticos.
Si usted se acuerda, dentro de lo principal que se buscaba en esta reforma, fue terminar con la autocalificación, con la cláusula de gobernabilidad.
El partido mayoritario reduce la posibilidad de que un partido político pueda obtener, de acuerdo a su votación, hasta 350 diputados, lo reduce a 300 y 315 en caso de una votación superior al 63%.
Se plantea la apertura del Senado, que es una petición también que había salido de un consenso de los partidos que estábamos discutiendo y hablando desde la Comisión Plural.
Se logra la fotocredencialización, un padrón con vigilancia. Una cosa muy importante que se luchaba y se logra también, es tener los partidos políticos terminales de la computadora de ellos en el padrón del IFE, para estar revisando continuamente el padrón y la documentación correspondiente.
Tenemos como otros logros los observadores nacionales, la fiscalía especial para delitos electorales y muchos otros avances en este cambio del 1993.
En relación al período extraordinario, yo creo que esto ha sido una cosa reiterativa desde hace más de un mes, el acuerdo que se planteó fue buscar el período extraordinario en los puntos en donde existiera un consenso entre los partidos políticos. Además no solamente las fracciones parlamentarias han estado hablando, discutiendo y dialogando este tema aquí en la Permanente, sino también la dirigencia de estos partidos, de nuestros partidos, a nivel nacional, han tenido diálogos en la Secretaría de Gobernación. De estos diálogos, de estas reuniones que hemos tenido nosotros, de estas dos vías se lograron importantes avances en la reunión del día 28 del pasado mes en la reunión del IFE.
Mucho de lo que aquí se había planteado, y usted lo señaló mi estimado Alejandro, se estudió y se aprobó en esta reunión del IFE. Sigue por lo tanto avanzando y no se ha cerrado en ningún momento la posibilidad de seguir trabajando en este sentido. Los partidos políticos se encuentran abiertos y el día de ayer tuvimos una reunión buscando ya puntualizar en qué lugares habrá consenso, en qué puntos habrá consenso para llegar a conformar esta agenda.
También me gustaría aclarar lo que aquí nos indicó el diputado Encinas, sobre lo que se planteó el día de hoy en Chiapas. Coincidimos nosotros con lo que se ha planteado en esta tribuna, en que el licenciado Manuel Camacho es representante del Ejecutivo en estas pláticas, que ha realizado un excelente trabajo y ha llegado a un punto en donde estamos viendo la orilla de la paz, y declaró, conociendo y siguiendo una comunicación que la Presidenta de la Cámara de Diputados realizó, en donde señala que una vez que haya consenso entre las fuerzas políticas nacionales este mes podría convocarse a un período extraordinario que serviría para realizar las reformas que proporcione mayores elementos de confianza en la transparencia del proceso electoral, de lo cual se señala nuevamente que deberá haber un consenso de las fuerzas políticas y que será aquí, en el Legislativo, en donde se vaya a plantear y a convocar este período extraordinario, en caso de que exista el consenso.
Con relación a lo de la iniciativa de las Leyes de las Comunidades Indígenas, bueno pues todos estamos trabajando en ello, hay una comisión que está haciendo foros y que está haciendo estudios y también señaló el licenciado Camacho que sería en el período ordinario, lo mismo el tercer punto que usted señaló, que aquí no nos corresponde.
En esas condiciones, queremos nosotros dejar muy claro que la voluntad política de nuestro partido sigue siendo clara y abierta al llegar a convocar a un período extraordinario de existir el consenso sobre los temas que se plantean, se está trabajando en esta semana bilateralmente y en pláticas con todos los partidos, las propuestas que ustedes plantearon y estamos seguros que el martes llegaremos a una definición más exacta a este respecto, ya que ese día acordamos volvernos a reunir.
Es por ello que sí quisiera yo recordarle a nuestro compañero Encinas que no estamos nosotros
cerrados a este diálogo ni estamos cerrados a esta posibilidad, no solamente buscamos que en las próximas elecciones exista limpieza, sino también credibilidad, de ahí el apoyo a los observadores nacionales que deberán estar presentes en el proceso electoral y deberá ser, y aquí lo digo a nombre de nuestro partido, la Comisión Permanente y el Congreso quienes sean los que hagan esta convocatoria, porque no hay y no se dijo que en los acuerdos de Chiapas se hayan comprometido con estos temas.
El día de ayer, la licenciada María de los Angeles Moreno, después de haber asistido a un encuentro de legisladoras, señaló sobre la posibilidad de un período de sesiones extraordinarias que se continúa dialogando y se continúa conversando sobre los posibles temas a tratar y además señaló que una vez logrado el consenso entre las fuerzas políticas nacionales en este mes de marzo, tendría que ser convocado dicho período extraordinario, que serviría para realizar unas reformas que proporcionen mayores elementos de confianza en la transparencia del proceso electoral.
Esto mismo se planteó y se dijo en Chiapas y aquí está el comunicado en donde con una gran claridad señala: una vez logrado el consenso que es en lo que estamos trabajando y esta puerta no se ha cerrado.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra para el mismo asunto, el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz:
Con el permiso de la Presidencia; compañeros legisladores:
Reitero la posición de la fracción priísta, las palabras del diputado Carvajal Moreno. Hay pronunciamientos en el mismo sentido para nosotros, Chiapas y las resoluciones o pronunciamientos que se tomen en la mesa de negociación, del comisionado para la paz y la reconciliación y los integrantes del llamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional no tienen ni condiciones, no tienen relación, ni condicionan las resoluciones que con relación a un período extraordinario para conocer posibles reformas a la legislación electoral pueda tomar de manera soberana el Poder Legislativo de México.
Esa decisión del Congreso, sea de la Permanente o de quien tenga también la facultad para accionar el proceso legislativo, dependerá de lo que está escrito por las partes interesadas y en competencia electoral, por los partidos políticos y sus candidatos.
En el documento tantas veces referido y discutido aquí está la clave, están los puntos necesarios para poder llegar a convocar a un período extraordinario; es la consecuencia de llegar a tomar otros acuerdos necesarios, de diferente índole, antes de llegar todos convencidos a modificar la Ley en determinados puntos concretos.
Vale aclarar de cualquier manera, que las palabras del comisionado para la paz no fueron en sentido de pronunciarse o sugerir que hubiera un período extraordinario. Dice en una versión de sus declaraciones, que de los 34 puntos iniciales del pliego de peticiones, dice el licenciado Camacho Solís, los dos referentes a la democracia nacional no son parte de la negociación. No son parte de la negociación, pero han sido claramente contestados.
¿Se entiende?, a quiénes lo plantearon, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Dice el licenciado Camacho que en vez de llevar la confrontación a un punto sin salida, todos seremos parte de un proceso de cambios políticos institucionales que habrá de resolverse en las instancias de la sociedad civil, los partidos políticos, los poderes de la Unión y la opinión pública. Dice que el anuncio de que: con el consenso de los partidos, parte de que hay un anuncio, éste fue de la diputada María de los Angeles Moreno el día de ayer, reiteradamente la posición de la fracción priísta, que el anuncio de que con el consenso de los partidos habrá período extraordinario del Congreso, para reformas que garanticen la imparcialidad de los órganos electorales y la participación de los ciudadanos, es un paso importante en la dirección del cambio democrático que contribuye a la construcción de la paz en Chiapas.
No hay un pronunciamiento en la mesa de la negociación de Chiapas en ese sentido, sino que parte de un anuncio que ya existe y nace de una de las fracciones partidistas del Congreso de México y de lo que son consecuentes, nos parece y lo aseguramos, todos los demás partidos políticos.
Algunas, como bien se dijo aquí por el diputado Castro, algunas de las resoluciones de la mesa de Chiapas, serán eso, pero para que tengan el carácter de acuerdo tendrán que ser avalados, convertidos en resoluciones formales de las
diferentes instancias del Gobierno mexicano o del gobierno local de Chiapas.
Si algún acuerdo surge ahí entre el comisionado; no funcionario público, y los representantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, tendrá que hacerlos propios y comprometerse a su cumplimiento el Gobierno Federal o el Gobierno del Estado y obligarán a todos, sociedad, gobierno, y partidos políticos, y obligarán desde luego al próximo Presidente de la República, pero otras resoluciones de la mesa de Chiapas no tendrán tal carácter, serán sólo pronunciamientos o declaraciones, buenas recomendaciones a la conciencia de la nación y en la mayor o menor responsabilidad que tengamos cada quien las asumiremos como tales.
Habremos de distinguir: pronunciamientos, consideraciones, declaraciones y puntos resolutivos que se lleguen a convertir en acuerdos. Nosotros no estaríamos anuentes en que hubiera un punto resolutivo que no es materia, como se reconoce en esa declaración, que supongo recoge también el punto de vista de la otra parte dialogante, el Ejército Zapatista, en que hubiera siquiera una resolución con carácter recomendatorio que incidiera en la voluntad de los partidos políticos que tenemos nuestra propia responsabilidad para hacer cumplir, nosotros mismos, conjunta y recíprocamente, los puntos que se firmaron el 27 de enero en ese acuerdo para la paz, la democracia y la justicia.
Esa determinación, esa decisión de convocar a un período extraordinario, está dicho claramente aquí, depende de que haya una suma de voluntades, un consenso, la palabra la hemos usado mucho y a veces parece que le perdemos su verdadera connotación hasta gramatical, pero es importante en la política, es profundamente equitativa y democrática, asume la buena fe y verdaderamente la voluntad política de conciliar todos los puntos de vista. Cuando decimos que será por consenso, estamos pensando en que cada fuerza partidista que compite en este proceso tiene una voz y asume una posición, casi diría tiene un voto, no 320 como podría tener la fracción partidista en esta Cámara, ni 11 ó 12, como podría tener otra fracción partidista; ahí cada fracción partidista, cada partido y cada candidato vale una voz, una posición y una voluntad; si se suman todas, una por una hasta llegar a ocho o nueve, entendemos que habrá consenso. Eso es mucho más importante que venir a resolver aquí en términos aritméticos si se aprueba o no una reforma a la Ley.
Un período extraordinario lo será no solamente por la denominación formal, porque estemos fuera de calendario ordinario, lo sería porque verdaderamente tuviera una naturaleza excepcional, porque no podríamos llegar, si hay ahorita agenda abierta para discutir cualquier tema de reforma legal como una necesidad después de acordar otros puntos de reforma política electoral, si hay ahorita agenda abierta, el período extraordinario no podría tener una agenda abierta, nos entramparíamos todos y con esto me quiero referir particularmente al Partido de la Revolución Democrática.
Nosotros no quisiéramos seguir considerando, nos lamentamos a nosotros mismos, no seguir valorando el voto de ustedes en muchas ocasiones, porque ustedes mismos nos han quitado la condición y la posibilidad de valorar su voto. Si llegáramos a un período con agenda abierta, casi convocado con parte del índice del Código Electoral para discutir sobre imparcialidad de autoridades electorales por ejemplo, llegaríamos a condiciones en donde hemos llegado, en donde, y hace rato se refería, se propone una iniciativa de reforma en la que no está de acuerdo el partido mayoritario u otra fuerza política, simplemente se rechaza porque no hay anuencia, porque no hay consentimiento y voluntad política, y no queremos caer en la posibilidad negativa de repetir las resoluciones y el procedimiento legislativo al que autoriza la Ley y la naturaleza misma de un órgano colegiado conformado por representantes de partidos, como ha sucedido antes, de que se pueda simplemente desechar y dictaminar en contra.
No, lo que no quisiéramos es que ante una petición de reforma a determinados artículos no consensada, y ante una resolución o dictamen de rechazo por falta de fundamentación o de anuencia, simplemente abandonaran el período extraordinario o el período ordinario de sesiones siguiente, adelantando el grito de antidemocracia para el 22 de agosto. No quisiéramos que sucediera eso.
Entonces no podemos llegar con una agenda abierta a la convocatoria del período extraordinario; la agenda está abierta en la discusión previa para poder convocar sobre temas precisos a un período extraordinario, y más aún, no sólo sobre temas precisos, sobre textos precisos de reforma a la Ley, sobre redacciones consensadas por todos, hasta con puntuación, de reformas a los artículos, a los párrafos, a los incisos y a las fracciones de cada uno de los artículos de la Ley; es decir, se trataría de un período extraordinario verdaderamente extraordinario por su naturaleza de excepción política; se trataría de un período extraordinario que recibiera una iniciativa común, firmada por todos los partidos políticos.
De otra manera, no tendría caso abrir un período extraordinario, a discutir cosas que no están consensadas previamente. La discusión y el debate se haría antes, en el seno de las diferentes mesas de discusión y debate que están formadas, la que hay aquí en torno de la Gran Comisión y con la coordinación de todas las fracciones parlamentarias, y la que hay con el presidente del IFE y encargado de la política interior del país, el Secretario de Gobernación.
Así entendemos el consenso, y así entendemos las condiciones para llegar a un período extraordinario, y así sumamos y reiteramos nuestra voluntad, nuestra decisión de ir, si es necesario, por convencimiento de unos con otros, de todos mutua y recíprocamente, a un período en donde analicemos una reforma común a todos los partidos, que definitivamente quite cualquier viso o sesgo de parcialidad, de empañamiento, del proceso electoral que ya empezamos a transitar.
Yo recuerdo, y me quiero referir a lo que decía el diputado de Acción Nacional, de otra manera lo que sucedió en el período extraordinario de agosto - septiembre, a la pregunta del diputado Cuauhtémoc Amezcua. No lo recuerdo exactamente como lo refirió el diputado Castro, y como decía también el diputado Amezcua, hasta donde la memoria me ayuda, no creo, no recuerdo, estoy seguro que no fue así, que hayan votado en contra de lo particular y a favor de todo en lo general, porque las necesidades y el apremio y las horas de la discusión no permitían llevar cabalmente el trámite reglamentario.
Además de esto, no coincido en la opinión de que se haya violado el reglamento por establecer otros procedimientos de discusión y de votación. El reglamento es muy antiguo, está hecho para que discutan en la Cámara los individuos, y desconoce prácticamente la existencia de los partidos, no conoce la existencia de las fracciones parlamentarias, no reglamenta la discusión por fracciones parlamentarias, como cualquier parlamento moderno.
A la hora de reglamentar el uso de la palabra, las formas de interrogación, de cuestionamiento y de replicación, habla de individuos, por necesidad, y además con la base legal de que la Ley Orgánica, que es posterior, y que si bien tiene la misma naturaleza formal y las dos han sido expedidas por el Congreso de la Unión, tiene la jerarquía de una Ley, pero además es posterior, con esa base me parece que las fracciones parlamentarias tienen la facultad de establecer procedimientos y criterios de discusión, lo dice expresamente la Ley Orgánica, diferentes, desde luego por encima del reglamento, con la anuencia de todos los integrantes, agrupados y constituidos en fracciones de partidos de las cámaras.
Entonces los diferentes acuerdos que se van tomando, por consenso de las fracciones parlamentarias, me parece que han ido modificando el procedimiento reglamentario de discusión, y son válidos.
Extraña mucho cuando los representantes de las fracciones partidistas aprueban por ejemplo un tiempo menor para discusión, y luego algún representante de esa fracción partidista llega a la tribuna y dice: "Para mí no vale ese acuerdo, es administrativo vale el reglamento". Creo que no es así, pero no es el punto a discusión. No me parece que haya habido una violación reglamentaria que afecte sobre todo la validez de las discusiones, y desde luego las resoluciones que tomen forma de Ley de las Cámaras del Congreso de México.
En donde no encuentro muy lógica la explicación del Partido Acción Nacional, es cuando dice, en dos cosas: cuando dice que votaron a favor en lo general, y luego explica de por qué votaron en contra de todos los artículos en lo particular, diciendo que se reservaron todos los artículos como impugnados. Si se reservaron todos los artículos para impugnarse en lo particular, para discutirse en lo particular, para votarse en lo particular, ¿cuales quedaron aprobados entonces en la discusión en lo general? Entonces ¿cuál fue el voto en lo general que hubo?
La Presidenta:
Señor orador, ¿acepta usted la interpelación?
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz:
Claro que sí, con mucho gusto.
La Presidenta:
Adelante, diputado.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (desde su curul):
Señor diputado, dice usted que el PAN reservó todos los artículos; en primer lugar esto es una falsedad y en segundo lugar demuestra usted falta
de conocimiento del procedimiento parlamentario, porque precisamente no había materia de votación en lo general, fue un error de procedimiento de la mesa. Si quiere usted, ahorita vamos a entrar a la discusión nuevamente con la Ley Electoral, porque esto constituye ciertamente un error de su parte.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz:
Bien, no es así, no son palabras mías, estoy repitiendo las del diputado Castro hace unos momentos, antes de que usted llegara. El fue el que dijo que habían reservado todos los artículos en lo particular y votaron en contra de todos los artículos en lo particular, así le entendimos, si no fuera así, pues retiro lo dicho, pero así le entendimos y bien ahí está la versión estenográfica y si no fuera así, retiro lo dicho.
Pero eso no es lo importante, lo que yo quiero aclarar es que no sucedió exactamente como se relató; se votó, se discutió por una ronda de oradores por fracciones de partido, dos o tres rondas en lo general, la reforma a todo el código. Se fijaron posiciones de los partidos. También desde luego, porque es imposible limitar exactamente el contenido de las intervenciones de los oradores, se aludieron, se expusieron y se replicaron cuestiones particulares, y efectivamente, el Partido de la Revolución Democrática pidió que se aplicara el reglamento y que se votara en lo general, y se votó en lo general, de manera nominal.
Pero después se abrió la fase para discutir en lo particular, y todos los artículos o no todos los artículos pasamos a la fase de discusión en lo particular. Ahí hubo poca discusión efectivamente, pero lo que sí hubo es una serie de propuestas particulares que subieron a leer diferentes diputados de los diferentes partidos que todavía seguían en la Cámara, muchos de ellos de Acción Nacional, llevaron sus propuestas y todas las votamos a favor, porque en la mesa de las discusiones de la comisión las habíamos consensado a favor. Entonces votaron económicamente a favor de muchas propuestas que hizo un partido y otro, el PRI, y que hizo Acción Nacional, hasta llegar al último transitorio.
Habían votado económicamente, que es un sistema que nos hemos dado, más allá de lo que dice el reglamento, por disposición de la Ley Orgánica y con base en que estén de acuerdo las fracciones parlamentarias, habían votado nominalmente una serie de modificaciones a los artículos, independientemente o más allá de lo que decía el dictamen.
Llegamos al último artículo transitorio, en donde Acción Nacional consideró que no se recogía la voluntad que se hubiera pactado y que las palabras no expresaban los términos de algún acuerdo previo, y entonces si por voz de su entonces coordinador, hoy candidato a la presidencia de la República, anunciaron a las siete y pico de la mañana el día 12 de septiembre, que entonces votarían en contra de todo, ya nominalmente de todo el articulado en lo particular. Así lo recuerdo.
¿Por qué votaron en contra? Por razones que son del interés de ustedes y que no discutimos. Después la Cámara de Senadores, escuchando la voz de sus representantes partidistas, reconsideró el texto, lo regresó y consiguió el punto de vista de ustedes. Muy bien, muy bien, en eso estaríamos de acuerdo, en eso estaríamos de acuerdo, no en la explicación de por qué votaron primero a favor en lo general y luego en contra de todo en lo particular.
Pero también y concluyo, a mí me parece una expresión innecesaria de ironía la del diputado Encinas, innecesaria y contradictoria, cuando hace rato al mencionar palabras del comisionado para la paz y la reconciliación, que sacó del contexto, ironizó que la Presidenta de la Gran Comisión y la coordinadora de la fracción del PRI tendría la palabra a la hora que regresara de Los Pinos.
Hasta donde yo sé, los asuntos a los que puede ir cualquier ciudadano o cualquier dirigente partidista o de diputados a Los Pinos, son variados; y hasta donde sé, fue a una reunión de carácter gremial; pero aun cuando no fuera así, no tiene nada de indebido. Que no fue así. Pero aun cuando no fuera así, no tiene nada de indebido ni merece un comentario fuera de contexto e irónico, porque el Ejecutivo también tiene facultades constitucionales involucradas con el proceso legislativo, primero.
Y, segundo, es una contradicción flagrante con lo que dijo su candidato cuando hace unos días emplaza para un término perentorio al Presidente de la República para que convoque a un período extraordinario y ahora le extrañaría que un diputado, así sea el dirigente, particularmente el dirigente, fuera a Los Pinos a consultar un asunto como éste, pero además, le repito, irónico y fuera de contexto; no es así, es una contradicción de parte suya. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Alejandro Encinas, para contestar alusiones personales; posteriormente para rectificar hechos, el diputado Francisco José Paoli y el diputado Calderón.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Yo en primer lugar quiero agradecer la preocupación del diputado Ramiro Robledo por la táctica parlamentaria de mi grupo parlamentario. Yo creo que es muy interesante su preocupación, que se preocupe por el sentido de nuestros votos; pero yo creo que en primer lugar lo de la táctica parlamentaria es algo que nos corresponde a nosotros, y más debería preocuparse por el sentido de los votos de su partido, muchos de los cuales se hacen a pesar de los propios diputados de su grupo parlamentario.
Nos dice Ramiro Robledo que hay que ir a un período extraordinario no a discutir, dice que vayamos a ir a un período extraordinario a votar, que vayamos, nos pongamos de acuerdo, y ya si hay consenso entonces vayamos al período extraordinario y votemos ahí; no haya discusión. Un período extraordinario cerrado. Yo creo que eso demuestra la concepción que tiene el priísmo de lo que es el Congreso de la Unión y la forma en que quieren desarrollar los trabajos de un órgano legislativo.
El Congreso de la Unión es la expresión de las fuerzas políticas de este país y están representadas por gente que tenemos formas de pensar y de hacer políticas diferentes, y por muy amarrado que usted quizá pudiera tener el período extraordinario, pues creo que difícilmente iríamos a un acuerdo donde más allá del consenso implique la disciplina de los partidos. Yo creo que la disciplina cabe para el partido mayoritario, no para la pluralidad que reviste el Congreso mexicano.
Sin embargo, el tema de discusión, girando en torno al período extraordinario, tiene todavía mucho que debatirse. Aquí vino el compañero Gustavo Carvajal a hablar en torno a las declaraciones de Manuel Camacho Solís, en Chiapas, que creo que va a valer la pena que hagamos una mayor profundización sobre las declaraciones. Se nos ha presentado un documento que se supone fue leído por el comisionado por la paz en la conferencia de prensa de hoy. Sin embargo, yo quiero aquí retomar las declaraciones que los propios medios de comunicación están difundiendo respecto a las declaraciones del comisionado el día de hoy, donde se refiere a que culmina hoy el primer acuerdo entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el comisionado por la paz, y dice, con citas textuales de Camacho Solís:
"Camacho Solís dijo por su parte: que existe la disposición de convocar al Congreso mexicano a un período de sesiones extraordinarias para discutir reformas que garanticen la imparcialidad de las elecciones presidenciales en agosto próximo. Una de las exigencias de los zapatistas.
El período de sesiones extraordinarias en la apreciación de Camacho, será convocado en el mes de marzo y se discutirían y aprobarían reformas que garanticen la participación de ciudadanos independientes en la conducción del proceso electoral, de tal manera que ningún partido tenga ventajas."
Camacho señaló: "Que los acuerdos alcanzados hoy con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional impactarán en buena parte en el proceso electoral, y que esa expresión de la voluntad popular definirá los nuevos rumbos que desea la sociedad mexicana".
Y, finalmente, señala Camacho: ese proceso abrirá nuevas posibilidades, creará nuevos espacios en la política que enriquecerán la representación popular, el desarrollo de una conciencia cívica, y arraigará definitivamente la tolerancia hacia los adversarios.
Bueno, yo creo que el comisionado tendrá que hacerse cargo de esas declaraciones ante el grupo plural, y esperemos que si es el anuncio desde San Cristóbal en vez de San Lázaro, se cumpla justamente con acabar con la falta de equidad en los procesos, que vayamos a una mayor participación ciudadana, y que haya realmente imparcialidad en la elección. Creo que ése es el debate.
Yo planteé aquí que nos explicaran quién va a definir si es el comisionado que ya está dando por hecho la agenda del propio período extraordinario, será en uso de las facultades del Ejecutivo la solicitud de convocatoria o nos pondremos las pilas por fin en este Congreso, tomaremos la iniciativa y ejerceremos nuestras atribuciones para ir a un período extraordinario donde hay que debatir.
Yo creo que para las reuniones de café nos podemos echar usted y yo las que quiera. Pero creo que el Congreso se merece su lugar y respeto. Muchas gracias.
La Presidenta:
Para contestar alusiones personales, el diputado Juan Ramiro Robledo.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz:
Con su permiso señor Presidente:
Todos los partidos quisiéramos tomarle la palabra a la última expresión del diputado Encinas.
En el Congreso, en sus Cámaras y con sus componentes partidarios, debe tomarse la decisión. Pero la verdad está o mal entendida o mal explicada. Me quedo con lo último. Mal explicada la idea del consenso del período extraordinario con su agenda precisa y la iniciativa común. De no ser como planteaba yo, quise plantear hace un momento, no puedo imaginarme otro acontecimiento, otro desenlace, un período extraordinario, que no sea el ordinario aunque se llamara extraordinario. ¿Cómo haríamos de otra manera?, ustedes propondrían la iniciativa a la entrada del período extraordinario, pidiendo cinco o seis artículos reformados en tales términos, o nosotros o tres partidos más.
Y bien, vamos a discutir en el pleno de las cámaras, y resulta que no estamos de acuerdo en uno de los cinco puntos que ustedes proponen y no obstante que aceptamos cuatro, se salen ustedes del salón de sesiones y gritan ¡antidemocracia! No quisiéramos que llegara a pasar eso. Quisiéramos mejor que se firmara una iniciativa cuando menos determinando las cuestiones centrales, discutiendo las secundarias quizá en comisión o en el pleno, como dijo el líder de su fracción parlamentaria el día de ayer, aceptó que de llegarse a convocar, el diputado Valero, el diputado Valero el día de ayer aceptó que de llegarse a convocar un período extraordinario, sería en esos términos precisamente, como resultado y como consecuencia de un consenso político en donde no se le daría ventaja a ningún partido, porque todos valdrían una posición asumida y una voluntad y una voz discutiendo.
Si no lo hacemos así, diputado, en esta ocasión de excepción política, va a suceder lo que no quisiéramos que sucediera en un período de sesiones ordinarias o extraordinarias. Vale la pena de veras, vale la pena reflexionar mucho este punto. Hacer un gran esfuerzo de discusión entre los dirigentes de los partidos, cada quien permearlo a sus representantes, a sus diputados y a sus senadores, integrar una iniciativa donde firme si no la totalidad, la gran mayoría calificada en términos constitucionales, para llegar con los puntos centrales de la agenda, consensados.
Pudiéramos discutir otras cuestiones que no alcanzaran a resolverse en la discusión previa. Pero de otra manera, no podríamos llegar. Si lo que se quiere entonces es provocar llegar a un período extraordinario para consecuencias, para acontecimientos a los que estamos acostumbrados, no tiene ningún caso discutir ese punto. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra en términos del artículo 102, el diputado Francisco José Paoli Bolio, del Partido Acción Nacional.
El diputado Francisco José Paoli Bolio:
Con su venia señora Presidenta; ciudadanos legisladores:
Considero que es de interés fundamental dirimir lo relativo al voto en lo general y al voto en lo particular, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque se han introducido una serie de argumentos equívocos en torno de esta temática legislativa.
Es indispensable establecer que el voto en lo general no conlleva necesariamente una obligación de votar en lo particular, porque si no, sería inútil pasa a esta segunda etapa.
El voto en lo general tiene una fundamentación que se refiere necesariamente a los aspectos más amplios, generales, del contenido de la Ley, a la estructura de la Ley, a los principios generales que en la Ley se encuentran, e incluso a la posibilidad de discutir en lo particular, porque se considera que la Ley vale la pena de ser discutida.
Una aprobación en lo general, pues, no obliga a votar ninguno de los artículos en lo particular en el mismo sentido que se votó en lo general.
Pero también, habría que decirlo, implica un balance de orden político, político legislativo, de
que se encuentran suficientes elementos dentro de ese conjunto de disposiciones que configuran la Ley, para votar en principio en lo general, teniendo distintos tipos de reserva en relación con lo particular y en este caso, lo que señaló mi compañero, el diputado Juan de Dios Castro, es que no unos cuantos, sino todos los artículos estaban reservados. No dijo Juan de Dios Castro que los había reservado Acción Nacional, pero estaban todos reservados.
Ocurrió también, como ustedes recordarán, que había un acuerdo en principio para discutir y después votar en un solo acto, lo general y lo particular y este acuerdo que era perfectamente posible, fue impugnado por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicitando que la votación se hiciera primero en lo general, porque ellos habían tomado la decisión, habían hecho la decisión de retirarse votando en contra, tal como lo... al votar en contra, tal como lo anunciaron en su declaración de prensa posterior, y señalando que dejaban el vacío para criticar de esta manera el conjunto de la Ley.
Nosotros diferíamos también políticamente de esa táctica parlamentaria, respetando la que todos los partidos toman; pero nos parece que un partido está obligado especialmente, a discutir todos y cada uno de los artículos de una ley y que está obligado en términos de su compromiso público, a tratar de ganar terreno, a hacer propuestas y aún cuando éstas sean rechazadas, a insistir para obtener las mejores condiciones en una norma. Esta fue la decisión de Acción Nacional, que también funda con un principio ético, la votación en lo general.
La votación en lo particular no se sigue automáticamente y esto es importante de aclarar, porque ahí es donde se ha fundado la presunta contradicción entre votar en lo general a favor y votar en lo particular en contra.
Pero habría que agregar que en efecto se produjo una serie de discusiones, sobre todo alguna, la del transitorio XVII, en la cual se consideró que había un punto crucial, había un punto del mayor interés, en el que la discusión pública se había concentrado, y era el de los órganos electorales.
No era un asunto trivial, no era un asunto menor; era la conformación de los órganos y en particular de los consejos distritales. Esta fue una propuesta que llegó, a última hora, y que se consideraba que iba a ser pospuesta para el año de 1997. Esto vulneraba el conjunto de las normas que ahí se estaban aprobando, porque se les posponía, no para aplicarlas en la próxima elección presidencial en este año de 1994, sino para aplicarlas hasta 1997.
En ese momento y antes de producirse la votación en lo particular, Acción Nacional tomó la decisión de votar todos y cada uno, todos y cada uno de los artículos, en contra, porque a su juicio, este asunto de los órganos electorales que entre otras cosas se había convertido y era un asunto nodal en la discusión pública, y en lo que buscábamos todos aparentemente que era no sólo una buena Ley, sino una ley que condujera a la credibilidad y una ley que condujera a la legitimación, no se daba al posponer un artículo de esta importancia.
Quisiera aclarar que en la Cámara de Senadores el senador Terán votó en contra de esta ley. Esto se produjo después de la votación de todos y cada uno de los artículos en lo particular en contra de la diputación del PAN. El único voto que está registrado del senador Terán en la Cámara respectiva, es en contra de la ley. En la siguiente parte no estuvo presente el senador Terán.
En relación con el período extraordinario, sería importante precisar que el acuerdo que se había venido trabajando implicaba un consenso de todos los partidos en la agenda y en el contenido de las leyes que entrarían a modificarse y que si ese consenso no se produce, el período extraordinario perdería sentido. Este consenso todavía es posible lograrlo. Yo creo que es importante no desestimar la posibilidad de un consenso, pero habría que precisar también a qué se refiere el consenso. No es posible pensar que en todos y cada uno de los temas se tuviera el mismo punto de vista y mucho menos que en todos y cada uno de los temas se tuviera ya un articulado detalladamente consensado, porque entonces sería estar pidiendo lo imposible.
Estos eran los puntos de aclaración que quise hacer en rectificación de hechos. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra en términos del mismo artículo ...Declina el diputado Calderón. Muy bien.
Entonces tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Amezcua.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo:
Yo quisiera dirigirme nuevamente a los compañeros diputados del Partido Acción Nacional. Creo que sus esfuerzos por aclarar el sentido de su voto en lo general y en lo particular, no han sido coronados con el éxito o por lo menos para mí no queda claro qué hay, qué hubo, detrás de una y otra votación, después de haber escuchado con atención la explicación que nos dio el diputado Juan de Dios Castro, después la intervención breve que hizo en una figura de interpelación el diputado Felipe Calderón y después el diputado Paoli, hace unos momentos.
Nos dice el diputado Paoli, y tiene razón y comparto este criterio, que la votación en lo general se fundamenta en las cuestiones de esencia, en las cuestiones medulares de la ley en su conjunto, que está siendo objeto de discusión y de votación, yo comparto esa idea. Que no necesariamente obliga a una votación en lo particular en el mismo sentido y yo también comparto esa idea.
Sin embargo, si el primer juicio es válido, si la votación en lo general se fundamenta en las cuestiones de esencia, en las cuestiones medulares, en los rasgos característicos fundamentales que dan sustento general a la ley, me parece lógico que deben reflejarse esos aspectos de esencia, esos aspectos medulares, en alguno o en un conjunto de artículos en lo particular.
Por lo menos en alguno, hay veces que un solo artículo contiene toda la esencia de un mandato. Nosotros en muchas ocasiones lo hemos planteado en la tribuna: "Señores, modifíquese tal artículo y eso determinará nuestro voto en lo general", y finalmente se acepta y vamos en lo general en pro, reservándonos muchas cuestiones en lo particular o al revés, no se acepta y decidimos votar en general en contra porque tal cuestión, que era la medular, en un solo artículo no se aceptó la postura nuestra.
Sin embargo, en este caso el voto en lo general fue aprobatorio por parte de Acción Nacional. Quiere decir entonces que en esencia, en cuestiones de carácter general, en cuestiones fundamentales estaban de acuerdo con la reforma, y después en lo particular el voto es en contra de todos los artículos, sin excepción. ¿Cuáles eran, cuál fue el artículo, dónde estaba reflejado, en qué mandato jurídico, en qué parte del texto votado en lo general en pro estaba reflejada la cuestión de esencia, si después no mereció ser ratificada esa posición en el voto particular?
No habría habido contradicción, tiene razón el diputado Juan de Dios Castro cuando dice: "¡no hubo contradicción en nuestro voto en lo particular!", yo compartiría, ¡no la habría habido en lo formal!, porque si por Acción Nacional o por diversos partidos habrían sido reservados todos los artículos, estaban en libertad de votar en pro o en contra todos los artículos formalmente.
Pero yo voy al problema de esencia, al problema político, al problema de contenido, donde se refleja la congruencia de votar por cuestiones de esencia o de carácter general, en un sentido en lo general y en un sentido opuesto en lo particular.
El diputado Paoli nos dice en su intervención que hay un artículo en especial, transitorio me parece, que al remitir a una aplicación posterior la Ley podría ser el determinante del voto, será éste uno que tuviera tal peso político y jurídico que determinara el voto, pero nuevamente yo me pregunto: ¿si es ese el peso político y jurídico de ése artículo, lo sería sólo en lo particular? ¿no lo sería también en lo general?. ¿Ese artículo en especial no tenía redacción, no era del dominio público, no estaba antes conocido? Me parece que sería interesante dilucidar estas cosas, porque ayudan al ejercicio parlamentario en que todos estamos involucrados.
Pero además aprovecho esta intervención para hacer también alguna aclaración.
Hasta donde yo recuerdo no había compromiso, no había acuerdo entre los grupos parlamentarios, entre los coordinadores, en el sentido de que se fuera a una única votación en lo general y en lo particular en el caso que estamos discutiendo, era exactamente al revés y yo me permití hacérselo constar desde tribuna al coordinador de ustedes, al diputado Diego Fernández de Cevallos.
Lo que acordamos en reunión de coordinadores fue exactamente lo contrario, que debía en este caso específico seguirse el procedimiento reglamentario: terminada la discusión en lo general votar en lo general y entrar después al debate en lo particular. Abundaré en detalles al respecto.
No solamente fue el PRD, por voz de su coordinadora entonces, la diputada Rosa Albina Garavito, muy respetada parlamentaria, no fue solamente el PRD quien impugnó el que atropellando el acuerdo de coordinadores se pretendiera llevar a la discusión y votación en un solo acto, en lo general y en lo particular en ese caso, atropellando no solamente el reglamento, sino
el acuerdo de coordinadores, sino también lo hizo la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, por mi voz.
Quizá en el caso del PRD haya sido por razones tácticas como lo invoca el diputado Paoli, que ellos hayan anunciado en una conferencia de prensa anterior o posterior, su interés de que se realizara tal votación para en ese momento retirarse, tal vez, yo no lo discuto, es una táctica parlamentaria respetable; pero en el caso nuestro no había esa intención ni ejercimos ese derecho o esa táctica, nosotros impugnamos el procedimiento porque en reunión de coordinadores se había pactado el otro y se estaba vulnerando y nos quedamos al debate hasta el último del mismo, hasta muy avanzada la discusión del mismo.
Recuerdo que el diputado Juan de Dios en algún, perdón, no fue el diputado Juan de Dios Castro, le ruego me disculpe, el coordinador de la fracción parlamentaria de ustedes en ese momento, el diputado Diego Fernández de Cevallos, en algún desplante de los que le son muy propios, llamó mentirosa a la diputada Rosa Albina Garavito, porque ella dijo eso, el acuerdo de coordinadores fue en este otro sentido, e inmediatamente después pasé yo a la tribuna a decirle: señor diputado Diego Fernández de Cevallos, la diputada Rosa Albina Garavito ha dicho verdad, el acuerdo fue así y también en descargo a él, usted tampoco está mintiendo, usted no estuvo en la reunión, aunque, bueno, pues debiera enterarse primero antes de calificarlo afirmado por otra parlamentaria.
Bien, así se dieron aquellos hechos, un debate accidentado, un debate complicado, pero para mí sigue habiendo grandes dudas respecto a la congruencia no formal sino a la congruencia política de la votación del PAN, que ojalá ustedes quisieran disipar. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene el uso de la palabra, para contestar alusiones personales, el diputado Felipe Calderón. Adelante, diputado.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa:
Gracias, señora Presidenta; señores legisladores:
Ciertamente en un debate de trascendencia, que es el que se está dando en el país, tal vez lo que menos importe es la capacidad de comprensión del PPS, pero aquí a lo que se está llegando a través de una desafortunada intervención del diputado Robledo, es a entrar en materia, entrar al fondo acerca de la validez o la reforma o la legitimidad de la Ley Electoral vigente.
Las versiones acerca de lo ocurrido en la reforma del período extraordinario pasado, se dan obviamente desde la óptica en que se vivieron en ese momento y efectivamente nosotros y nuestro coordinador participó en el acuerdo que se ha aludido respecto del procedimiento de votación acordado; es decir, estuvo ausente en esa reunión y habíamos acordado con otras fuerzas políticas, concretamente con el PRI, en un solo acto llevar la votación en lo general y en lo particular de la reforma electoral, precisamente porque estaba en curso la discusión, una negociación, sí, una negociación política parlamentaria, válida, necesaria, de la cual dependería en última instancia el voto del PAN.
Por las razones a que se ha hecho referencia, sobre todo el acuerdo tomado por otros coordinadores, el grupo parlamentario de mi partido, de Acción Nacional, aceptó el procedimiento de votación en lo general, no obstante que estaban reservados todos los artículo, todos los artículos fueron reservados por el PRD, no por el PAN, con lo cual quedaba sin materia formal la aprobación de artículos, porque todos estaban reservados, no podría aprobarse un solo artículo en tanto que estaba pendiente siquiera su redacción, su sentido, su existencia misma. Cuando se reservan todos los artículos, ni siquiera puede asumirse la posibilidad de votarlos, porque puede en la discusión en lo particular inclusive ser suprimido un solo artículo.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo (desde su curul):
¿Quisiera preguntar al señor diputado Calderón si acepta una interpelación?
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa:
Adelante, diputado.
La Presidenta:
¿Acepta el señor diputado una interpelación? Adelante diputado.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo (desde su curul):
Gracias. En el entendido de que desde el punto de vista formal no había materia para una votación, quizá sin embargo usted convenga conmigo en que una votación en lo general, aun en esas condiciones, tiene un contenido político y el expresarse en pro, en contra, en abstención, refleja una intención política. ¿Podrá usted explicarnos cuál era la de Acción Nacional en ese momento y por qué contrastó con la otra votación?
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa:
Por supuesto, diputado, si me permite continuar con mi exposición.
Primero creo que coincidimos en que carece de contenido formal una votación cuyos artículos están pendientes todavía de ser puestos a dictamen, puestos a resolución del pleno, porque reservado un artículo no puede considerarse ni siquiera discutible, discutido en los términos en que está elaborado, porque no hay todavía una versión definitiva de su elaboración.
Sí hay una intención política y claramente la decimos. Nosotros estábamos esperanzados en lograr, a través de una reforma legislativa, el marco normativo que le permitiera a este país contar con leyes justas y equitativas que posibilitaran la existencia de una democracia real y esa posibilidad política y legislativa existía en ese momento. Existía porque había una discusión y una negociación en curso, y lo digo además de frente a la opinión pública y a ustedes, porque es lícito y necesario además, tener negociaciones políticas parlamentarias para llegar al texto de ésta o aquella redacción legislativa.
Había esa discusión en curso y la posibilidad de llevarla adelante dependía de ese debate de ese día precisamente, dependía de ese debate. El hecho de votar en contra era votar por la cancelación de la posibilidad de una reforma legislativa en curso. Sí debo decirle que hubiéramos deseado que se hubiera respetado el acuerdo que teníamos ciertamente no todos los partidos, sino dos grupos parlamentarios, los más grandes en la Cámara y que estábamos participando activamente en esa discusión para que la votación se hubiera llevado hasta el efecto, hasta el final, para que pudiera haber un balance político completo.
Lo que se votaba en la discusión en lo general, era la posibilidad de esa negociación desde la perspectiva del PAN, llevando el caso al extremo de cuál es la percepción. Si nosotros tuviéramos por ejemplo el voto mayoritario y votáramos en contra de la ley en lo general, hubiera implicado la cancelación de la posibilidad de esa reforma legislativa.
Ahora bien, señala usted que puede haber uno u otro artículo que pueda ser el que defina por completo el sentido de la votación de un partido; en efecto, debe haber casos que así es. Nosotros consideramos que las directrices generales de la ley eran adecuadas y lo son, lo hemos sostenidos además posteriormente a esos eventos por varias razones, en primer lugar porque estaban desarrollando el contenido legislativo de varias reformas constitucionales que no sólo estábamos de acuerdo con ellas, sino nosotros las habíamos impulsado.
En ese sentido la reforma electoral legislativa correspondía al desarrollo legislativo de ciertos principios constitucionales aprobados con anterioridad, ahí sí con el voto en lo general y en lo particular del Partido Acción Nacional; lo segundo porque contenía la ley reformas a las que se llegaron en ese período extraordinario, que habíamos propuesto nosotros y con las cuales estábamos claramente de acuerdo.
Por ejemplo, en materia de padrón electoral, el contenido que actualmente tiene el código es una propuesta que durante años había sostenido Acción Nacional y que en nuestro juicio coloca a la ley en condiciones de ser el marco adecuado para regular el padrón que necesita el país.
Es más, a este respecto, la reforma al artículo respectivo se hizo en el curso del debate, no venía precisamente en el dictamen en lo general, sino por la posibilidad de lograr la mejora del marco normativo, pudimos impulsar la difusión.
¿Cómo se desenvolvieron las cosas? Hubo una serie de propuestas de Acción Nacional, es falso que todas se nos hayan admitido, se puede consultar el Diario de los Debates y se verá que propusimos cerca de 90 reformas en el debate en lo particular, de los cuales la enorme mayoría se nos rechazaron y en esto seguramente el diputado Juan Ramiro Robledo se equivocó o simplemente se fue temprano a dormir ese día de la sesión, porque no es cierto que se nos hayan aprobado todas las cuestiones que estábamos determinando, y hubo algunas específicas, concretamente una, no la única, pero debo referirme el artículo 17, 18 transitorio, que ya estaba acordado
e inclusive estaba en la redacción original del proyecto, diputado Cuauhtémoc Amezcua.
Usted revise el dictamen presentado en lo general respecto del 18 transitorio, 17 ó 18, y ese artículo que era el que sosteníamos nosotros, fue modificado a las 3.00 horas de la mañana unilateralmente, no era sólo el contenido del artículo, de por sí grave porque implicaba el cambio de peso político de los vocales del IFE en las decisiones de los consejos distritales y locales, sino porque además implicaba el rompimiento de un proceso sumamente accidentado de negociación, de discusión política que considerábamos había sido vulnerado unilateralmente por el Partido Revolucionario Institucional.
Hubo cosas referidas a gastos de campaña, por ejemplo, a aprobación en las designaciones de consejeros locales y distritales, a aprobación de vocales ejecutivos que consideramos que debían ser del consejo y no de la Junta General Ejecutiva del IFE, varias cosas que se habían planteado y discutido y que fueron incumplidas.
La que podríamos sostener claramente además, porque estaba en el mismo dictamen ya preaprobado, el dictamen en lo general, era la del artículo, transitorio famoso. Esa razón, no sólo el contenido del artículo sino el cambio y el incumplimiento que observamos, como claramente dijo Diego Fernández de Cevallos esa mañana, fue lo que motivó nuestro voto en contra, que también tenía un sentido político, diputado.
Nuestro voto en contra en lo particular, precisamente quería subrayar nuestra inconformidad tanto con el procedimiento, como con el resultado final de la redacción legal.
Ahora, y pediría a la Presidencia que me permitiera concluir, extenderme un poquito más para concluir. Lo que importa aquí es: primero, ¿cuál es la posición del Partido Acción Nacional respecto de la legislación electoral vigente?, y segundo, ¿cuál es nuestra perspectiva, nuestro punto de vista respecto del período extraordinario que es la materia de discusión original?
Primero, respecto de la ley vigente no contó con nuestro voto en cada uno de los artículos ciertamente en la Cámara de Diputados, ni tampoco con nuestro voto en la Cámara de Senadores. En ambos casos, en lo particular en la Cámara de Diputados y en lo general en la Cámara de Senadores fueron en contra. No nos desentendemos ciertamente de un proyecto legislativo que contiene muchas cuestiones que fueron propuestas por Acción Nacional. Hemos dicho que es una legislación insuficiente y lo sostenemos, pero hemos dicho también que con esa ley, con ese marco legal pueden construirse elecciones democráticas si se toman los acuerdos y las decisiones políticas que hagan accesible un proceso transparente y que son las que hemos propuesto en el documento Democracia para la Paz, del 22 de enero de este año, las contenidas en el acuerdo que suscribimos con todos los partidos, excepto el PPS, y algunas que se han cumplimentado ya en los acuerdos del IFE del lunes pasado y otras que aún están pendientes y que quisimos que se tomen en cuenta.
Nosotros no nos opondremos, si hay consenso de los partidos, a que se realice el período extraordinario y que se reforme la legislación electoral; lo que vemos es que abrir en este momento el expediente de una discusión tan amplia como se ha planteado en estos términos, puede ser riesgoso para el país, porque podemos entramparnos en discusiones de las que no hemos salido en años, por ejemplo en la discusión del período extraordinario pasado accedimos el Partido Acción Nacional a consensar el que se relajaran los requisitos para conservar el registro de los partidos. Si se abre una legislación, yo diría: bueno, entonces vamos proponiendo que se aumente, para que haya un sistema verdadero de partidos, el porcentaje de votación requerido para ello, y probablemente hay muchísimos puntos de divergencia que no creemos que sea la mejor vía o la vía más corta para llegar a unas elecciones limpias.
Si logramos el consenso, y en ese sentido habría...
La Presidenta:
Un momento señor orador. ¿Para qué efecto, señor diputado?
El diputado Juan Antonio Nemi Dib:
Para hacer una interpelación al orador.
La Presidenta:
¿Acepta una interpelación, señor orador?
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa:
Sí.
La Presidenta:
Sí la acepta. Adelante.
El diputado Juan Antonio Nemi Dib:
Gracias, Presidenta, y gracias, diputado Calderón.
Ha dicho usted que es insuficiente la legislación electoral. Yo quiero conocer su posición, precisarla y consultarle si usted estaría en favor de que se perfeccionaran los términos de la legislación y en todo caso que algunos de los preceptos que establece se hicieran más rígidos para garantizar el proceso democrático. Muchas gracias.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa:
Nosotros estamos dispuestos a eso, diputado, pero no vemos que sea un procedimiento sencillo y hay cuestiones además que para perfeccionarse, seguramente habrá resistencias de muchos partidos, por ejemplo le voy a dar un sólo caso: ya el Código Electoral dispone que los partidos políticos deben tener para la toma de sus decisiones y de la elección de candidatos reglas democráticas y si se quisiera perfeccionar el Cofipe habría que llegar a la conclusión de que los candidatos presidenciales en este caso, que no hubiesen sido electos por un proceso democrático interno, están contrariando el Cofipe, y posiblemente se les tendría que negar el registro. Aquí hay que preguntarse si todos los partidos estarían dispuestos, entre comillas, a ese "perfeccionamiento". Porque ya está contenido que haya normas democráticas para elegir candidatos a la presidencia, pero en el caso de su partido por lo menos, a la luz del mundo, digamos, no hubo ese proceso democrático.
Yo le regreso la pregunta, y le preguntaría si estaría dispuesto el PRI a que se consensara lo relativo a las normas internas de los partidos, que ya tiene el Cofipe, en normas imperfectas porque carecen de sanción, y nosotros, adelante que estamos dispuestos.
Ahora, lo que yo considero es que si se va a abrir una discusión, son dos consensos distintos: una es sobre la existencia misma del período extraordinario y otra sobre si habrá o no período extraordinario, sobre si conviene o no tenerlo; y la otra es sobre los puntos concretos de la agenda electoral en lo específico.
Nosotros consideramos que más vale tener una reforma política que se dé en el plano de los hechos, que abrir un expediente que hemos recorrido todos los partidos, dos o tres ocasiones recientemente, y que ha dado resultados insatisfactorios para nosotros y para todos.
Y no creo que podamos llegar con éxito en el curso de unos cuantos días a resultados satisfactorios para todos; es más, si llegamos a consensos en materia electoral legislativa, que pudiera ser en el curso de un mes, dos, no lo sé, probablemente sea demasiado tarde para la fase en que se está desarrollando el proceso electoral.
No estamos cerrados, hemos escuchado ayer mismo las propuestas del Partido de la Revolución Democrática respecto de reformas constitucionales, algunas de ellas las hemos hecho desde hace mucho tiempo, muchas ya están en la Constitución, si se revisa con cuidado; otras podemos revisarlas. Lo que queremos saber es que haya un planteamiento de los demás partidos respecto de la existencia de ese consenso, porque de no haberlo, ciertamente, se entrará en una fase de destrucción o de descomposición del escenario político que creo es lo que menos deseamos para nuestro país en estos momentos. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra para contestar alusiones personales, el diputado Cuauhtémoc Amezcua.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo:
Tiene razón el diputado Felipe Calderón, en cuanto a que el tema inicial y medular del debate es el del período extraordinario, y tiene coincidencia su postura con la nuestra en cuanto a que el período extraordinario sólo es útil si previamente tenemos un consenso que no sólo se refiere a la enumeración de los temas, sino a la orientación y al contenido de las reformas. Estamos totalmente de acuerdo.
Ya el martes 22, en la reunión de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, con la asistencia del diputado Gabriel Jiménez Remus, por parte de Acción Nacional, del diputado Ricardo Valero, por parte del PRD, formulé yo precisamente esa propuesta de que se llegara casi a una iniciativa de reformas colectiva, común, y si a eso se llegaba tendría sentido el período extraordinario, porque de otra manera abrir la tribuna para un debate áspero y enfrentado, sin perspectiva de solución, no por la coincidencia de dos partidos o tres, sino de la mayoría o de la totalidad de las fracciones parlamentarias,
lastimaría al proceso electoral en vez de ayudarlo. En esto tenemos coincidencia Acción Nacional y el PPS, no deja de ser sorprendente. También el PRI, desde luego, ahí es menos sorprendente.
Pero también el otro asunto tiene importancia, el de las circunstancias en que se dio el debate anterior, y tiene importancia porque en mucho refuerza una u otra posición con relación al período extraordinario actual. Legislar en materia electoral es sumamente difícil, hay posiciones muy enfrentadas, excluyentes, entre unas y otras fuerzas, por eso vale la pena hacer el esfuerzo previo y no dejarlo para aquel momento.
Yo quisiera tocar brevemente dos cuestiones: una qué tiene que ver todavía con el período extraordinario y que ya de alguna manera había yo mencionado en alguna de mis anteriores intervenciones en esta tribuna el día de hoy. Si hay algún compromiso, no ha quedado claro si lo hay o no, se han dado dos versiones aquí, si hay algún compromiso entre el comisionado Camacho y el EZLN, que implique la celebración de un período extraordinario de sesiones, el PPS rechaza tal período. No habría razón, no habría facultades del comisionado para tomar esa clase de compromisos.
Más aún, nosotros hemos dicho desde un principio, que el EZLN no tiene representatividad para legítimamente demandar un período extraordinario y modificación de las leyes electorales, ni problemas de ningún carácter, ni de agenda nacional ni de agenda local.
Para nosotros cualquier ciudadano mexicano tiene derecho de petición, lo consagra así la Constitución, y tiene derecho de formular sus juicios, sus opiniones de qué debe ser nuestro país, de cómo debe legislarse, de cómo deben resolverse problemas. ¡Ah!, pero un ciudadano es una persona con rostro, con nombre, con identidad. Si más allá de un ciudadano es un compañero de clase, si es un trabajador, si es un obrero, si es un campesino, si es un indígena, pues no solamente tiene derecho sino nos sentimos automática y conscientemente, por razones de principios, obligados a ser sus voceros y a defender sus demandas y sus peticiones y a luchar porque se resuelvan favorablemente estas demandas y estas peticiones. Pero, repito, tiene un rostro, tiene un nombre, tiene una identidad.
Cuando un grupo sin rostro, sin identidad jurídica y sin identidad política cierta, aparece haciendo demandas, nos parece que debe rechazarse toda legitimidad de tales demandas por razones de ética, por razones de política, por razones de congruencia. No sabemos con quién se habla, no sabemos qué intereses representan. En declaraciones de prensa diversas el subcomandante Marcos declara que el movimiento es de mexicanos y en su mayoría de indígenas y que no hay intereses extranacionales de por medio, pero a menudo se contradice.
Ahora mismo, en la madrugada del 28 dieron a conocer los medios de difusión, en rueda de prensa, con corresponsales extranjeros, hablando en inglés el subcomandante Marcos, se dirige al presidente William Clinton indicándole qué espera que haga o deje de hacer con relación a la vida de México, y para mí, bastaría ese hecho para declarar mi total repudio al subcomandante Marcos y a todo lo que haya detrás y alrededor de él y todo lo que él represente. En este país sólo tenemos derecho de resolver, de intervenir, de participar en sus asuntos, internos los mexicanos y nadie más.
Y quiero expresar una enérgica condena una vez más por esa conducta de ese grupo misterioso, del cual mucho dudamos que represente intereses indígenas o campesinos, porque los indígenas y los campesinos mexicanos nunca han actuado a través de enmascarados que hablen a nombre de ellos. Emiliano Zapata, cuyo nombre toman, jamás se puso un pasamontañas, nunca le temblaron las piernas para hablar de cara a quien fuera, en una época en que la represión era mucho más feroz que pudiera serlo este momento. Y Pancho Villa, en vez de pedir ayuda para la "democratización" de México, fue e invadió Columbus. Esa es la actitud que nosotros identificamos con los intereses populares.
Por lo tanto si el EZLN está pidiendo período extraordinario, señores, ¿estará Clinton atrás de la petición del período extraordinario? Habrá que ver cómo se imbrican esas raras relaciones.
Y, por último, compañero diputado Felipe Calderón, creo que este pequeño debate, esta pequeña escaramuza que hemos tenido, recordando cómo se dio en algún momento el debate anterior en materia de reforma política, de ninguna manera ha sido y será esclarecedor, más allá de la capacidad y de la facultad que tenga el Partido Acción Nacional para calificar la capacidad de comprensión del PPS y de la que el PPS tenga para calificar la capacidad de explicación del PAN. Creo que han quedado muchas cosas en blanco y negro que ayudarán a entender las luchas y los procesos que se dan en nuestro país. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Miguel González Avelar, en los términos solicitados. El diputado Miguel González Avelar:
Como una antífona, como una discusión estereofónica, podríamos decir, ha discurrido esta última parte de nuestra sesión, señora Presidenta, compañeros legisladores, puesto que por una parte se alude a la conveniencia, a la oportunidad, a las características del período extraordinario de sesiones y, por la otra, se evoca, se recuerda cómo fue la discusión y la aprobación de las reformas al Cofipe que tuvieron lugar el año pasado. Chiapas, el período extraordinario, el Cofipe, el año pasado.
Dos asuntos, al parecer, diferentes, no conectados entre sí y, sin embargo, en mi opinión, que revelan un mismo asunto, una misma manera de ver el proceso de construir consensos, la lucha por hacer adelantar las instituciones y la democracia mexicanas, y por lo mismo, asuntos los dos del mayor interés.
Si no fuese porque todos los legisladores aquí presentes fuimos participantes activos todos en el proceso de aprobación de las reformas al Cofipe, podría quedar en el ambiente, en la opinión pública, a través de los medios, algunas imprecisiones, algunas inexactitudes que por ello conviene aclarar, o al menos dar la versión, la opinión, la certeza de cómo ocurrieron las cosas para cada una de las fracciones aquí representadas.
Y lo primero que debería yo decir o que digo, mejor dicho, es que el proyecto de reformas al Cofipe del año anterior, no fue un aerolito que cayera intempestivamente en el salón de sesiones, asombrando a todos los que allí estábamos. El proceso que llevó a la configuración de esa iniciativa de reformas, primero llevó un largo proceso en el que intervinieron todas las fracciones parlamentarias, como aquí se ha recordado, que se inició desde diciembre de 1992 y que desembocó con todo e iniciativa, en el momento de iniciarse su discusión, su debate, en el período extraordinario correspondiente.
Y lo más importante en segundo lugar, es que fue firmado por tres fracciones parlamentarias, no dos fracciones, sino la fracción del PARM, la fracción del PAN y la fracción del PRI. De modo que a la presentación de esta iniciativa concurrimos tres partidos políticos que previsiblemente estábamos de acuerdo en los términos en que se contenían el proyecto de reformas y era la razón de que lo hubiésemos suscrito.
Todo lo demás, lo que sigue, y aquí se ha hecho mención, como parte del proceso de aprobación de la reforma electoral del año anterior, tiene que ver más que nada, y hay que reconocerlo, con una estrategia parlamentaria, con una astucia político - parlamentaria, que ni siquiera desdeño o descalifico, pero que tiene estrictamente ese contenido. Porque el asunto ha venido a quedar en que, así lo he entendido al menos, en que la fracción del Partido Acción Nacional nos ha dicho que ellos al final de cuentas no prestaron su concurso a la aprobación de la reforma electoral del año pasado, puesto que objetaron todos y cada uno de los artículos que dichas reformas comprendían.
Y esto es a mi juicio también, en mi modesta opinión, un error; esto es una falta de apego a la verdad, puesto que no es así como las cosas ocurrieron y a nuestro entender esas reformas fueron aprobadas por el Partido Acción Nacional, por el Partido Revolucionario Institucional, en lo general por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y en lo particular en la última de las rondas de votación, por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Se dice que por haber aprobado en lo general un dictamen, proyecto de decreto, no se adquiere compromiso alguno. Hay una distancia enorme entre el proyecto aprobado en lo general y mi voluntad o mi percepción de las cosas. Y esto no puede ser; evidentemente que no puede ser, porque ¿qué quiere decir aprobar en lo general un proyecto de ley?, quiere decir por lo menos, repito, por lo menos, que se está de acuerdo en la reforma de esa norma jurídica en su conjunto.
Segundo, que es necesario, que es conveniente hacer esas reformas, puesto que de otra manera no se estaría aprobando que en lo general se está introduciendo una reforma.
También creo yo, se está reconociendo que el sentido general de la reforma, que el sentido general del dictamen, es correcto; que se está de acuerdo con él.
También se está reconociendo que no hay en ese proyecto tacha grave, ni constitucional ni legal, ni política, ni de oportunidad, ni cualesquiera otra consideración que tenga que ver con
la expedición de una Ley, porque de otra manera ¿cómo vamos o cómo voy a aprobar en lo general que se reforme en tal o cual sentido una disposición?
En otras palabras, aprobar una ley en lo general, quiere decir lisa y llanamente, que estoy de acuerdo con esa reforma. Que tengo objeciones a éste o aquellos artículos; que deseo que se alteren los plazos, los términos, la manera de expresar un asunto, las personas que figuran en una comisión etcétera, todo eso me lo reservo; lo quiero pelear a la hora de discutir en lo particular.
Pero no puedo, a guisa o so pretexto de que he reservado todos los artículos, decir que estoy absolutamente en contra de toda la reforma que acabo de decir que sí, que estoy de acuerdo en lo general.
Pero hay algo más, muy curioso, y por eso he preferido traer los pelos de la burra en la mano, perdonen que no traiga otros más, con objeto de evocar y recordar cómo fue realmente el asunto.
En la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, se acordó, como se ha dicho bien aquí, que se votaría en lo general y en lo particular, como además debe de ser; así lo dice con toda claridad, no me dejarán mentir, el artículo 117 del Reglamento.
Una vez aprobado en lo general, se vota. Así lo pide el Reglamento. Se discute.
En la medida en que como un acuerdo de la Cámara, de sus fracciones parlamentarias, se llegó al otro procedimiento, la discusión iba a tomar ese curso. Pero en cierto momento, parte de los diputados de otras fracciones parlamentarias, que no del PAN, que no del PRI, adujeron que era un procedimiento incorrecto, violentando, por cierto el acuerdo.
Aquí estamos ante una realidad con la que tenemos que contender todos los días, o llegamos a acuerdos parlamentarios a la vista de la obsolescencia de nuestro Reglamento y entonces esperamos, suponemos que las cosas ocurrirán de esa manera, o si hay un trastabilleó o alguien evoca y saca debajo de la mesa el reglamento, y pretende exhibir a las fracciones que han convenido algún acuerdo por conveniencia del debate o del acuerdo político, pone el lumbrete y en un predicamento a quien ha hecho ese acuerdo. Y eso fue lo que pasó.
Y fui yo mismo, debo recordarlo, quien volvió a hacer la propuesta en el pleno, de que se ajustara la discusión a los términos reglamentarios y se votara primero en lo general y luego en lo particular, y así lo aprobó la Cámara por 312, 300 y pico de votos, por aquí está, contra 17 ó algo así de votos. De hecho lo aprobó toda la Cámara.
De modo, pues, que cuando llegamos a discutirlo en lo particular, ahora, uno por uno los preceptos reservados, aquí se ha mencionado ese asunto que es de mucho interés, se hicieron propuestas, se discutieron los artículos etcétera. Lo que quiero decir es que no es exacto que se hayan reservado lisa y llanamente todos los artículos de cada uno de los libros. Tan no es así que el Diario de los Debates registra precisamente que tratándose... aquí está, del Libro Segundo, los artículos reservados son los siguientes: del PPS, tales, tales, tales. El Partido Acción Nacional se reserva los artículos tales y cuales y cuales. Pero no todos. Y respecto del título tercero, aquí está también el Partido Acción Nacional, permítanme continuar, se los suplico, se reserva tales y cuales artículos, pero no todos los del Título Tercero. Y así en todos los Títulos.
Es decir, se reservaron algunos, algunos artículos de cada uno de los libros, pero no en bloque.
Y hay algo más, curiosísimo: el Partido Acción Nacional estuvo haciendo, como a todos nos consta, constamente propuestas que fueron puestas a consideración del pleno, propuestas hechas por legisladores de Acción Nacional, puestas a la consideración del pleno para su aprobación, aprobadas por el pleno y luego, imagínense ustedes, votadas en contra, en bloque por Acción Nacional. Esto es por lo menos, me parece, una perversión de los hechos tal y como efectivamente ocurrieron.
¿Pero qué hay detrás de esto? La verdad de las cosas, estimables compañeros, señoras y señores, es que lo que hay aquí es un problema que tiene mucho qué ver con el período extraordinario y por eso lo he mencionado. No con un ánimo de abrir alguna herida o de molestar a nadie. No, hay una razón mucho más profunda, que es la que de veras nos interesa al partido de la mayoría y es el de mencionar aquí y ventilar aquí cual es el grado de compromiso a que están dispuestas las fuerzas políticas del país en el desarrollo de las instituciones democráticas de México, y si ese grado de compromiso incluye la concesión, la aceptación de un acuerdo, de un compromiso, cualquiera que éste sea.
Y no como suele ocurrirnos muy a menudo: la negación de que hubo tal compromiso, la negación
de que yo no fui, yo no aprobé, cosa de la mayoría. A mí conmigo no cuenten, a mí que me registren.
Yo creo que estamos ya en condiciones de pasar a una etapa en la que nuestras relaciones no sean necesariamente relaciones peligrosas. Que no sean de esas relaciones que temen decir su nombre o que evitan decir su nombre. Tienen que ser relaciones maduras, de hombres y mujeres maduros, que son capaces de un compromiso en lo que ello sea posible, que tienen el propósito igual de hacer avanzar las instituciones, de desarrollarlas, en beneficio de la democracia y en beneficio de la confianza que el pueblo de México ha puesto en sus partidos, precisamente para que no las ponga en otra parte, para que los partidos le puedan responder al pueblo de México por la vía institucional, por la vía civilizada.
Pero para esto se requiere que el pueblo de México sepa que cuando hay un compromiso, se honra y se respeta ese compromiso.
De modo, pues, que frente al período extraordinario, la posición, y la repito, de mi fracción parlamentaria es muy simple:
Primero, que debe haber acuerdo respecto de los temas que van a ser materia de ese período extraordinario.
Segundo, de que hay necesidad, por razones de tiempo, porque se crucen algunos plazos o fechas que haya necesidad de anticipar y por lo tanto porque hay alguna urgencia de hacerlo, y
Tercero, porque estamos razonablemente de acuerdo en los contenidos que vamos a ir a conocer.
No siempre, no es que postulemos la idea de un convenio previo y luego ir al salón de debates simplemente a votar. Eso haría inútil el congreso mismo. Bastaría un conjunto de cónclaves entre partidos, contra los cuales por cierto estamos, para que no hubiera necesidad siquiera de las sesiones. Pero es que estamos hablando, señores, de un período extraordinario que por su naturaleza, ya lo dice su nombre, es excepcional; tiene qué ver con una excepcionalidad de tiempo o de materia o de forma, y si estamos de acuerdo en tiempos, contenidos y formas, podemos ir pues a ese período excepcional de sesiones extraordinarias.
Y es por eso que siempre hemos dicho que tendríamos que ir a un período de sesiones que tuvieran casi un carácter ratificatorio, por así decirlo, algo que viniera a darle consistencia a lo que hubiese sido materia del consenso, de ese acuerdo maduro, abierto, de cara a la gente, sin pena, sin vergüenza, para que ese acuerdo fuera la sustancia de la legislación que ahí se va a debatir.
No al 100%, vaya. No al 100%, pero sí en una proporción predecible que no vaya a convertir aquella reunión en algo baldío, en algo finalmente innecesario.
Esta es la preocupación que queríamos manifestar por lo que se refiere a este asunto que se ha venido aquí tratando y para reiterar finalmente que en lo que ha anunciado el negociador en San Cristóbal de las Casas, el día de hoy, no dice ni podría decir que ha comprometido la celebración de un período extraordinario de sesiones.
De donde quiera que venga la iniciativa y sólo puede venir de dos partes: o del Presidente de la República o de los legisladores aquí reunidos; es decir, de la Comisión Permanente, de donde quiera que venga tendrá que ser una decisión de ahí surgida, surgida por supuesto en libertad, surgida en conciencia, surgida con responsabilidad; de modo que el negociador no podría, ni lo hace tampoco, en primer lugar porque en el comunicado que ahora todos hemos leído, se dice que del pliego de peticiones los asuntos referentes a la democracia nacional no son parte de la negociación, de modo que no pueden ser parte tampoco de un período extraordinario.
Y lo que dice es que recoge el anuncio que se ha hecho, de que con el consenso de los partidos, si lo hay, si se da, habrá período extraordinario del Congreso para reforma etcétera, pero al final de cuentas, y de eso no nos podremos escapar, la decisión será de nosotros fatalmente, la decisión tendrá que ser de nuestra voluntad política. Muchas gracias.
La Presidenta:
¿Para qué efecto, diputado?, porque tiene solicitada el uso de la palabra el diputado González Arreguín.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (desde su curul):
Para alusiones personales.
La Presidenta:
Para contestar alusiones personales tiene el uso de la palabra el diputado Felipe Calderón.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa:
Gracias señora Presidenta; señores legisladores:
Diputado González Avelar, yo le pediría que pusiera a disposición de la Secretaría los pelos de burra que trae usted, porque con esos verá que estaban todos los artículos reservados, no por el PAN, nosotros no hemos sostenido eso, pero ahí verá usted que estaban los artículos, todos, reservados en primer lugar, y en segundo, lo que procede en una votación general así es votar, como precisamente yo lo hice, un servidor, votar en favor de ningún artículo, porque no había materia de votación de artículos ahí.
Lo segundo, diputado, es que hubo un acuerdo, a los que usted hace referencia, entre el PAN y el PRI para votar en lo general y en lo particular al final las reformas al Código Electoral. Podemos discutir las cuestiones procedimentales. Desde nuestro punto de vista era procedente no sólo porque se estaban formulando propuestas que iban a incorporarse al dictamen, sino porque además y coadyuvaba en ello el asunto de la reserva de los artículos.
Se invocó ahí por parte del PRD otro acuerdo también parlamentario, de votarlo primero en lo general y después, una vez seguida la votación en lo particular, en lo particular, y nosotros nos atuvimos a ese acuerdo, en respeto también a otras fracciones parlamentarias. Pero había precisamente ese acuerdo de determinar a una votación final el sentido político - legislativo, del voto de Acción Nacional; estaba claro y estaba acordado y eso no tiene nada, absolutamente nada que ocultarse ni mucho menos.
No hay perversión de los hechos de nuestra parte, ni tampoco hay error, una falsa apreciación de la realidad en el sentido del PAN, cuando lo dijimos esa noche o esa madrugada y lo dijimos públicamente y lo volvemos a decir aquí, no es de nuestra conformidad el resultado de ese proceso legislativo, no es una ley, repito, que consideráramos suficiente; es más, revise usted su Diario de los Debates, aunque le ha llamado usted de otra manera, y verá que la expresión que un servidor utilizó en el alegato en lo general era precisamente que se trataba de una ley insuficiente, que propondríamos una serie de reformas y que de eso dependería el voto del Partido Acción Nacional.
La única alternativa que nos dejaron es ser precisamente claros y enfáticos al momento de emitir nuestro voto en lo particular, independientemente de que nuestro voto en el Senado, y aquí está el senador Terán, fue en contra en lo general. Entonces, ni siquiera ese alegato que alude usted es válido.
Y donde ciertamente creemos que es a todas luces improcedente la expresión que usted utiliza, es en hablar no sólo de perversión de hechos, sino de negaciones o rajadas, como dijo usted en aquella noche, cuando precisamente hubo muchas cuestiones, interferencias, en ese proceso que fueron entorpeciendo y viciando las negociaciones; ciertamente no cayó como un meteorito la iniciativa de reformas al Cofipe, pero casi porque el viernes, ocho días antes de que estuviéramos votando, llegó a la Cámara un proyecto de iniciativa que ni siquiera usted conocía.
Así que sí hubo ciertamente discusiones y negociaciones, pero hubo también en la última fase de esta reforma legislativa una injerencia que incluso impuso aún sobre los diputados priístas un proyecto del cual nadie teníamos conocimiento, de tal manera diputado, que hay que tener cuidado cuando se habla de meteoritos, de rajadas, de inconveniencias; nuestra advertencia respecto de las modificaciones posibles a la legislación, que finalmente la falta de cumplimiento del PRI y tan fue falta de cumplimiento del PRI, que la rectificación del transitorio así lo evidenció, que motivaron fundadamente que un partido político no diera el voto a los artículos que se estaban y que se habían discutido.
Nosotros aún así podemos sostener que puede haber elecciones sobre este marco legal insuficiente, pero como se están planteando las cosas, es pretender acusar o acotar al PAN de una responsabilidad que asumió en su momento cuando emitió el sentido de su voto, una vez que había pasado todo este proceso legislativo, que no cumplimos un compromiso, negación de que hubo tal compromiso, nuestro compromiso era precisamente y era el PRI el que se había comprometido también a que votáramos cuando terminara la discusión, a que votáramos una vez examinado lo que estaba en nuestras propuestas, valores también en sus elementos que trae usted, cuantas propuestas fueron rechazadas del PAN, que debemos suponer ahora que el haber aceptado el procedimiento propuesto de buena fe
digamos por el PRD, de votar en lo general antes y con eso ciertamente reducir un gran poder de discusión, fue un procedimiento aceptado por el PRI precisamente para echar abajo una serie de posibilidades legislativas que estaban en juego, que habíamos anunciado, que habíamos discutido, que la posibilidad legislativa del acuerdo legislativo que pudimos documentar porque estaba precisamente en el dictamen, que fue el transitorio, que no fue el único que incumplieron ustedes, que era la regla que teníamos que seguir, que es ése el derrotero que deberíamos de seguir con el grupo parlamentario priísta, de madrugar en las votaciones y luego desdecirse de todas las cosas que se podían hacer.
Ahora están en una encrucijada señores diputados y senadores de la mayoría, las propuestas por ejemplo que está haciendo el PRD de modificación de número de consejeros o de origen de las propuestas, hay muchas que las hemos hecho nosotros, que sean los partidos por ejemplo los que propongan a los consejeros magistrados ¿Que hemos llegado a consensos en otras reformas anteriores para el marco constitucional?, es cierto, eso no lo rechazamos, lo asumimos, responsablemente decimos que sí han sido posiciones nuestras que por la vía de la discusión hemos buscado el acercamiento con otras fuerzas, pero si lo que se pretende es afirmar que el PAN es un obstáculo para que se den otras reformas, si lo que se pretende es hacer una interpretación de nuestro comportamiento político distinto al que el propio PAN ha anunciado públicamente y aquí, yo les pregunto y les emplazo a que el PRI ahora mismo diga qué opina de esas reformas que está proponiendo el PRD, que en esta misma sesión decida con el poder de su voto la cuestión del período extraordinario.
Nosotros, señores, no vamos a ser obstáculo para que se perfeccione la ley, hemos advertido de los riesgos de que se entrampe una etapa tan importante en pleno proceso electoral, pero lo que no vamos a admitir es que se pretenda que lo que está ocurriendo en esta sesión, que sea el Partido Acción Nacional ahora el responsable de la falta de concesiones democráticas del país, dicho por el propio PRI.
No señores, ese problema lo van a tener que resolver ustedes. Ahora mismo resuelvan esta cuestión del período, ahora mismo que parece que se ha recibido una instrucción, porque lo que dijo el regente, o el ex regente, no es una cuestión hipotética; es una cuestión categórica, es. Está dicha en el presente de indicativo, dice: el anuncio de que con el consenso de los partidos habrá período extraordinario del Congreso, es un paso importante en la dirección del cambio democrático que contribuye a la construcción de la paz en Chiapas.
Dice, habrá período extraordinario del Congreso para reformas que garanticen la imparcialidad de los órganos electorales y la participación de los ciudadanos. El señor no sólo está determinando lo que no le compete hacer, sino que además está diciendo cuál va a ser el contenido de las reformas, órganos electorales y participación de ciudadanos.
Es para nosotros una falta de respeto que se asuma, porque no tiene atribuciones legales un posesionamiento de esta manera y que se pretenda que haya un plegamiento de fuerzas políticas y del Congreso de la Unión entero a ello, máxime que cuando esa declaración se complementa con otra gravísima, que ha hecho referencia el Partido Popular Socialista, del interlocutor de este acuerdo que invoca a la participación de fuerzas y gobiernos extranjeros a la determinación de asuntos internos.
No señores, no consideramos suficiente la Ley Electoral, así lo dijimos en nuestro alegato en la discusión en lo general, cuando todavía había un acuerdo de que se votaría en un solo acto en lo general y en lo particular. Asumimos el riesgo de continuar las posibilidades de discusión y de diálogo, porque suponíamos ciertamente buena fe de las partes o por lo menos concepción cabal del momento por el que pasaba el país.
Hubo incumplimiento, documentado ciertamente en un artículo transitorio por las pruebas que pudimos exhibir a la opinión pública, pero hubo incumplimiento en muchos puntos y ahora a lo que se dice es que nosotros incumplimos compromisos. Que quede claro, señores, si el planteamiento es un deslinde claro del Partido Acción Nacional, nuestro deslinde es ése; no estamos conformes con la Ley Electoral.
Y si lo que se pretende es responsabilizarnos de la situación antidemocrática, lo decimos, entonces que sea el PRI el que asuma en este momento la responsabilidad de esa ley y si no la quiere asumir, que hoy mismo convoque a período extraordinario.
La Presidenta:
Tiene el uso de la palabra el diputado Israel González Arreguín.
El diputado Israel González Arreguín:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:
Qué triste es saber cuando lo que se sabe, se vuelve contra uno mismo: legisladores del PAN y del PRI.
Creo que es importante, compañeros legisladores, refrescar algunos puntos que se esbozaron a través de toda la discusión que se ha dado en este debate y creo que precisamente el problema fundamental, diputado Encinas, el problema fundamental de un período extraordinario en este momento, es lo que decía en su intervención inicial el diputado Paoli; él decía: todo partido participa para obtener las mejores condiciones, y yo diría: para su beneficio.
Y en este momento ha sido claro, plásticamente se ha demostrado aquí, en el esquema del debate, cómo precisamente se podría distorsionar una pretensión a la verdad de buena fe, de reforma electoral, para que se corrijan los problemas, para que se corrija la desviación que sufrió la normatividad jurídica electoral tanto del Cofipe como constitucional, con una intervención que resultara como esa exigencia que tuvimos de la anterior reforma, que resultó una contrarreforma; ese es el peligro de que en este momento, en aras de buscar una reforma más amplia, se cierre la participación plural.
A ustedes como partido político, ahorita les acaban de dar una demostración de que en el momento que quieran los pueden utilizar, al fin y al cabo por un lado se toma un acuerdo con el PRI, por el otro con el PRD, el PRD impugna todos los artículos y lo aprovecha el Partido Acción Nacional, al fin que ustedes ya se habían ido, pero en fin, un comentario ¿no?
Convocar pues a un período extraordinario de sesiones con el consenso de todos los partidos políticos como esbozo general, como planteamiento de los diputados aquí que han hecho uso de la tribuna, está muy bien, pero en el otro sentido convocar a un proceso electoral después de que se ha adoptado o respondido a actitudes absurdas, donde se transgrede la voluntad y el derecho soberano de la Cámara, porque se pretende sacar primeramente por un acuerdo de la terceta que desde Gobernación ha venido reuniéndose, o lo que es peor, imponerlo por ese triunvirato seudo de civilidad desde San Cristóbal, pues es triplemente peligroso para la ciudadanía mexicana. Seguramente esto traiga como consecuencia el cerrar el paso más a la pluralidad política.
El hecho, la balandronada del PRI, ustedes tienen la palabra, convoquen en este momento, no es más que eso, el saber que están en condiciones de cuestionar, y por el otro lado el saber que están en la posibilidad de sacar más prebendas para su partido y consecuentemente en perjuicio de la voluntad de muchísimos mexicanos, que aunque ellos han querido manejar despectivamente, nosotros les decimos: en 1991 para senadores fuimos la tercera fuerza, en 1988 fuimos la segunda fuerza política por encima de sus pretensiones y que también hacia las elecciones de 1988 despreciaban a todo lo que ahora quiere utilizarse como máquina para desechar al candidato de Acción Nacional.
Se habla de estrategia parlamentaria o de argucia parlamentaria o de una actitud perversa. El candidato que combate la mentira, como su slogan, en su momento junto con el Secretario de Gobernación burlaron la voluntad de los guanajuatenses con un convenio: gobernador panista, secretario de gobierno priísta. Aprovechando las circunstancias de Chiapas y la torpeza del Congreso local en Guanajuato, realizan una acción como la que ahora está planteando el presidente de Acción Nacional o el secretario general de Acción Nacional: siempre no hubo acuerdo.
Y ahora, montados en un problema nacional, hacen a un lado el compromiso originario y se apropian flagrantemente de un gobierno en Guanajuato que no les dio ningún voto popular. Esa es la forma de cumplir los compromisos políticos.
Por eso nosotros decimos: ¿a qué representación real en los procesos electorales se alude?
Creo, compañeras y compañeros legisladores, que es urgente el que esta Comisión Permanente retome su responsabilidad y que, haciendo a un lado simple y llanamente los intereses que sectariamente se han venido a manejar desde esta tribuna, pongamos por encima de todo eso la responsabilidad que como legisladores tenemos.
Flaco favor le hacemos a la Cámara de Diputados o de Senadores o al Congreso mismo, con situaciones tan lamentables como las que se han venido a "encuerar" aquí, que no contribuyen al prestigio del Poder Legislativo mexicano.
Creo pues en este marco, que debemos de hacer un esfuerzo los legisladores mexicanos por recobrar el derecho soberano del Poder Legislativo. Yo estoy de acuerdo en que discutamos, en que analicemos, si un período de sesiones extraordinarias lo estamos buscando para tener mejores posibilidades de un proceso que beneficie a
México o lo único que estamos haciendo es hacer planteamiento de un período extraordinario para haber ya en el camino qué podemos sacar en beneficio, sin importar lo más importante, que es el destino de la nación.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Gustavo Carvajal, sobre el mismo asunto.
El diputado Gustavo Carvajal Moreno:
Con su permiso, señora Presidenta.
Sobre el mismo tema que estamos abordando, y yo quisiera nada más puntualizar de una forma muy breve que durante el tiempo que se llevó a cabo el debate del Cofipe, se hicieron diversas propuestas, propuestas de partidos políticos, en donde estuvieron planteando opciones y cambios a los artículos propuestos, y fueron en total 73 cambios al esquema original que se había planteado al Congreso lo que finalmente quedó plasmado en el Cofipe.
Muchas de las aspiraciones de los partidos políticos están firmadas, ahorita mandé traer de la Comisión de Gobernación el esquema, por los partidos diferentes, 20 propuestas del PAN, nueve del PRD, tres del Frente Cardenista, 11 del PARM, dos del PPS, unas de consensos etcétera y que quizá lo que al final ya no hubo posibilidad de ajustar fue el transitorio número 18, en donde planteó el coordinador de Acción Nacional su desacuerdo sobre la forma en que estaba redactada, inclusive nuestra líder, María de los Angeles Moreno, pasa a la tribuna y hace una explicación de que el concepto quizá fue una equivocación con la redacción...
La Presidenta:
¿Admite el señor orador una interpelación?
El diputado Gustavo Carvajal Moreno:
Sí
La Presidenta:
Adelante, diputado.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (desde su curul):
Dice que el coordinador del PAN manifestó su desacuerdo como estaba redactado el artículo 18 transitorio. Yo quisiera que recordara, a ver si es cierto o lo soñé ese día, que varios diputados, un diputado del PRI, no sé si sea todavía diputado del PRI, hizo precisamente una propuesta de modificación al 18 transitorio que fue lo que motivó el debate a que usted se refiere.
El diputado Gustavo Carvajal Moreno:
Sí, tiene razón. Efectivamente fue un cambio de redacción en donde no hubo ya este ajuste, pero con esto me da usted la razón, mi querido Felipe, de que veníamos muy bien y nos atoramos en el 18 transitorio. Ahí fue donde ya vino una diferencia muy clara y después esto se corrige cuando el Senado, ustedes plantean, lo escucha, lo ve y regresa a la Cámara de Diputados, el texto que se había planteado inicialmente.
Entonces no fue esta ley que estamos discutiendo un enfrentamiento, sino más bien fue una concertación, un apoyo, un acuerdo de las fuerzas políticas que están integrando y al final sí hubo una clara, diferencia en este artículo transitorio. Era todo, nada más para aclarar esto.
CIUDAD DE MÉXICO (II)
La Presidenta:
Muy bien. Agotado este asunto, podemos pasar al siguiente que es una declaración que solicito a la Secretaría de esta Comisión darle lectura sobre supuesto secuestro y tortura de miembros de la Alianza Democrática Metropolitana.
El Secretario diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz:
Declaración Política. Considerando.
Primero, que el pasado 25 de febrero fue publicada en algunos diarios la información referente a que el jueves 24 del mismo mes, dos jóvenes de nombres Jorge Bustamante y David Lascarie, habían sido detenidos sin causa justificada y torturados durante varias horas después de haber participado en un mitin.
Segundo, que esta legislatura, a través de diversas declaraciones políticas ha repudiado y condenado siempre de manera enérgica el uso de la violencia y de la tortura.
Tercero, que resulta necesario demandar el respeto y la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos por parte de las autoridades competentes cuando existe una violación a los mismos, así como una investigación de los hechos a fin de fincar las responsabilidades del caso.
Cuarto, que en tal virtud los legisladores miembros de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, formulamos la siguiente declaración política:
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita que en el caso de la denuncia, secuestro y tortura de los jóvenes Jorge Bustamante y David Lascarie, las autoridades competentes realicen las investigaciones pertinentes hasta sus últimas consecuencias, a fin de que a la brevedad sean esclarecidos los hechos y se apliquen las sanciones que de ser necesario procedan. Considera necesario que la Primera Comisión de esta Comisión Permanente esté al pendiente de las investigaciones que se realicen al respecto e informe oportunamente a esta Soberanía sobre el asunto.
Palacio Legislativo de San Lázaro. A los 2 días del mes de marzo de 1994. Firman por el PRI, el senador Humberto Lugo Gil, el diputado Rodolfo Echeverría Ruiz; por el PAN, el diputado José Gómez Urquiza; por el PRD, los diputados Alejandro Encinas y René Bejarano Martínez; por el PFCRN, el diputado Israel González Arreguín; por el PARM, el diputado Adolfo Kunz Bolaños; por el PPS, el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
La Presidenta:
Muchas gracias.
Tiene la palabra sobre este asunto, el diputado René Bejarano Martínez, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado René Juvenal Bejarano Martínez:
Muchas gracias señora Presidenta; compañeras y compañeros senadores y diputados:
La impunidad siempre ha sido el caldo de cultivo para que la inconformidad social ante la injusticia degenere en protesta irritada que eventualmente pudiera romper la paz social.
La impunidad no debe ser tolerada en ninguna sociedad democrática, y por ello, cuando se presentan violaciones a los derechos humanos es menester que la autoridad proceda con rapidez a la búsqueda de los culpables y, desde luego, en caso de proceder, sancionar a los responsables.
El pasado día 24 de febrero, un grupo de jóvenes, en el marco de una jornada de decenas de movilizaciones en la ciudad de México, se congregó enfrente de las instalaciones de bulevar Avila Camacho, de la Secretaría de la Defensa Nacional, y dibujó, con gis, en el pavimento, algunas leyendas como las siguientes: "Juventud es democracia". "Derechos humanos ¡Ya!" "Democracia, libertad y justicia".
Concluido el acto, se disolvieron, cinco de ellos se trasladaban, o intentaban hacerlo, al Zócalo de la ciudad de México; en el paradero de las rutas 1, 27 y 18 de la Estación del Metro Tacuba, fueron interceptados por cuatro individuos que con lujo de fuerza y utilizando armas de fuego obligaron a dos de ellos a David Lascari y a Jorge Agustín Bustamante de la Mora, de 27 y 25 años de edad, respectivamente, a abordar un automóvil Tsuru con placas MZG314; tres jóvenes más fueron testigos de los hechos: Gilberto Conde, Carlos Prieto y Orfe Castillo.
Como evidentemente se trataba de un agravio y de hechos que podrían constituir delitos, inmediatamente se trasladaron a la Agencia Investigadora número nueve de Miguel Hidalgo y levantaron la denuncia de hechos 9A/884/94 - 02, en contra de quienes resultaran responsables de este ilícito.
Insistimos ante las autoridades del Departamento del Distrito Federal, de la necesidad de que se indagara el hecho y se reintegrara, sin daño alguno, a los jóvenes que habían sido privados de su libertad ilegalmente. Afortunadamente en la reunión que un conjunto de representantes de la Alianza Democrática Metropolitana teníamos al filo de las 7.00 horas de la noche con el señor regente de la ciudad, el licenciado Manuel Aguilera Gómez; con el licenciado Enrique Jackson Ramírez, secretario general y con el licenciado Ricardo Castillo Peralta, director de gobierno, se nos informó ahí que en un breve lapso nos serían entregados los compañeros sin haber sido tocados, se dijo ahí.
Al terminar la ceremonia, en donde entregamos al señor regente un documento con reivindicaciones sociales y políticas, tuvimos que esperar aproximadamente dos horas para que estos
jóvenes pudieran sernos entregados; cuando llegaron los jóvenes, apenas si podían sostenerse en pie, visiblemente afectados, nos informaron lo que ya relaté, pero que adicionalmente fueron encapuchados, trasladados a un lugar en donde no pudieron ingerir alimento alguno, desnudados, golpeados, amenazados con ajusticiamiento, con armas de fuego, se les aplicaron toques de energía eléctrica en diversas partes del cuerpo incluyendo los genitales, se les hizo firmar después de diversas agresiones, una declaración en donde confesaban, según ello, entre comillas, ser integrantes de un comando urbano guerrillero, que se reconocían como perredistas, uno de ellos no lo es, como el brazo político del ejército zapatista y que reconocieran que el periódico La Jornada, era el órgano oficial del ejército zapatista.
Insistieron en su declaración los jóvenes, que quienes los agredían y los habían secuestrado, que por cierto también se embozaban, recibían instrucciones del Secretario de Gobernación. Insistentemente mencionaron al doctor Carpizo, quizá intentando convencer de que enderezáramos nuestra protesta específicamente contra el doctor y la dependencia que él dirige.
Los despojaron de sus propiedades, de sus identificaciones; al filo de la tarde, porque no sabían qué hora era, fueron obligados a subir a un vehículo y después a otro, y en ese otro vehículo fueron entregados al Secretario de Protección y Vialidad, René Monterrubio, quien les pidió que se quitaran la capucha y luego éste se los entregó al señor regente.
Desde luego, procedimos a... ya con ellos, en el sector central de la Procuraduría y por las facilidades que nos dio el señor Procurador de Justicia en el Distrito Federal, a ampliar la declaración a radicar en el sector central de la Procuraduría la denuncia, a que fueran examinados por el médico legista para calificar el tipo de lesiones y a que los testigos también ampliaran la declaración y que ellos mismos, los agraviados, lo hicieran.
Así se hizo, de tal manera que se ratificó la denuncia y se amplió con diversas declaraciones.
Se trata entonces, no de un presunto secuestro y tortura, sino de hechos, hechos debidamente comprobados que constituyen ilícitos claramente tipificados por la Ley, que merecen sanción: privación ilegal de la libertad, lesiones, amenazas, tortura, robo, entre otros, y que desde luego requieren del ejercicio de la acción penal.
En el terreno de lo político es evidente que se trata de una provocación que también requiere ser analizada adecuadamente.
Hicimos una indagación acerca del vehículo en el que fueron transportados y tenemos la documentación, misma que ya entregamos en la queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que presentamos el día de ayer, y averiguamos que el vehículo Tsuru, se trata de un Nissan modelo 1989, las placas que ya mencioné y la propiedad del vehículo está acreditada en el registro, textualmente, a nombre de la Secretaría de la Defensa Nacional, Lomas de Sotelo, México, Distrito Federal.
Desde luego esto es un indicio acerca de quiénes podrían ser responsables o cuando menos del vehículo, toda vez que además hicimos la indagación correspondiente, éste no se encuentra reportado como robado.
En este sentido, desde luego que apoyamos la declaración política que se ha hecho, pero conviene agregar aquí algunas reflexiones que valdría la pena ustedes conocieran y dejar asentada nuestra posición: en primer lugar, no puede haber en la ciudad zonas reservadas a la libertad de expresión o donde la libertad no pueda ser plena; no estamos desde luego de acuerdo en que haya provocaciones y menos en el ambiente político que ahora existe. Pero evidentemente ni se pintó ningún monumento, ni se lanzaron consignas ofensivas, ni se pretendió generar daño alguno.
En este sentido creemos que se trataba de una manifestación cívica que no entorpeció para nada la vialidad, por cierto, que ni siquiera utilizó altavoces y que solamente plasmó reivindicaciones que se consideran democráticas y justas.
En segundo lugar, en el marco de las movilizaciones que hicimos ese día, quizá se quiso generar un incidente que pudiera tener mayores repercusiones; afortunadamente la provocación no cundió.
Y aquí quiero expresar que esto fue gracias a la oportuna intervención de las autoridades del Departamento del Distrito Federal; quizá ahora no estaríamos denunciando un secuestro y tortura, sino la desaparición de algunas personas, qué bueno que estos jóvenes están libres, que pueden reintegrarse, pero qué mal que todavía no tengamos certeza de qué fue lo que realmente sucedió.
¿Quiénes tenían interés manifiesto en culpar o inculpar al Secretario de Gobernación? ¿A qué intereses obedecían? ¿Quién pudiera tener
interés en generarle un problema de este tipo al gobierno del Distrito Federal? ¿Quién quisiera, desde la oscuridad, atacar a estos jóvenes y generar un escarmiento para que las movilizaciones no pudieran desarrollarse civilizadamente, como en general se realizaron ese día? ¿Qué se pretendió? ¿Un mensaje para que en todo caso no haya expresiones referidas a una institución en específico?
Nosotros no vamos a caer en la provocación, pero tampoco vamos a quitar el interés y el seguimiento de este asunto; no podemos nosotros responsabilizar ni es nuestro papel, a ninguna institución ni a ningún instituto, mucho menos al instituto armado, de la responsabilidad de estos sucesos, pero tenemos que dejar claro por qué un vehículo de su propiedad, al menos está así declarado en el registro correspondiente, fue utilizado por alguien que podría ser o no de ese instituto; eso tendrá que indagarlo la autoridad que está facultada para ello; tendrá que haber respuesta; pero cuando menos hay un indicio de eso.
En segundo lugar, cómo se les localizó, puesto que bien no fueron dejados en libertad y encontrados por alguna patrulla en un crucero de alguna avenida, sino que fueron entregados directamente por los captores en manos del Secretario de Protección y Vialidad.
Por lo tanto, cabe la pregunta de si el Secretario conoce o no a los captores y podrá declarar cómo fue que los localizó y cómo fue que los recibió de sus manos, porque al menos así sucedió y está debidamente documentado.
Se trata entonces de que este tipo de provocaciones, este tipo de hechos no se presenten; que se actúe con responsabilidad y que quien haya cometido estos ilícitos, evidentemente sea juzgado y, desde luego, sancionado conforme la Ley lo establece.
No estamos buscando mártires; qué bueno que los jóvenes están en libertad, qué bueno que así se está entendiendo; no vamos a hacer de esto una bandera política de agitación en contra de ninguna institución ni del propio gobierno del Distrito Federal, pero es obvio que compartimos la preocupación por el respeto a los derechos humanos.
En este año hay una efervescencia político - electoral en la ciudad, ahora fueron estos jóvenes; uno de ellos hijo de un prestigiado analista de la problemática de los derechos humanos de los mexicanos en el extranjero, pero aunque no fuera hijo de ninguna personalidad, cualquier ciudadano nos merece respeto, y merece que el Gobierno actúe conforme lo establece la Ley, para sancionar y castigar a los culpables.
Desde luego que nosotros estamos interesados en que así suceda. Hemos acudido ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, porque no nos toca a nosotros saber si hay o no personal o una institución federal vinculada a este asunto. En todo caso será esta dependencia, este instituto, quien determinará la competencia o no de ellos para en todo caso turnarla ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
No la hemos presentado ante la Comisión Nacional y no la vamos a presentar, porque no queremos tampoco caer en la provocación que quisieran quienes alentados por una fuerza oscura, de un enfrentamiento y un deterioro de la imagen del Ejército mexicano. Quizá habrá quien intente eso; nosotros no estamos interesados en ello pero tampoco podemos pasar por alto esto, porque ahora fue así, más adelante si no se indaga, no se investiga y se señala a los responsables, puede que no sean de nuestro partido o que sea cualquier otro ciudadano que en cualquier circunstancia y coyuntura pueda ser afectado en sus derechos humanos.
Por ello saludamos esta declaración política, la compartimos y desde luego en la medida de nuestras posibilidades estaremos coadyuvando sin transgredir ninguna atribución legal de ninguna autoridad, a que esto se investigue, que no quede en el olvido y que en un tiempo determinado, sensato, prudente, podamos conocer la verdad acerca de estos hechos, que lamentamos y que quisiéramos en este país, no sólo en nuestra ciudad, no se presentaran nunca más. Muchas gracias.
La Presidenta:
Túrnese a la Primera Comisión, para los efectos procedentes.
MEDIO ORIENTE
La Presidenta:
Pasamos al siguiente asunto, una declaración sobre actos de violencia en el Medio Oriente; le concedemos el uso de la palabra al diputado Alejandro Encinas.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez:
Con su permiso señora Presidenta.
He solicitado hacer el uso de la palabra para hacer una serie de comentarios vinculados sobre la creciente ola de violencia del Oriente Medio y presentar una declaración política suscrita por legisladores de todas las fracciones parlamentarias.
A lo largo de más de 50 años la desconfianza y el conflicto han caracterizado las relaciones árabe - israelíes; la creación del estado de Israel y sus implicaciones geopolíticas ocasionaron un ambiente de tensión a nivel no sólo regional, sino también internacional.
Un elemento particularmente crítico en esta situación lo constituye el problema del estado nacional palestino. Es bien sabido que los territorios en los que se asientan israelitas y palestinos forman parte de una zona de contacto entre Europa, África, Asia y el mundo árabe, en el que han florecido civilizaciones milenarias, cuya riqueza se derivó tradicionalmente del comercio e intercambio entre los pueblos de los continentes antes referidos.
Adicionalmente en esta zona coexisten, no siempre de manera armoniosa, diferentes culturas, razas, modelos políticos, formas de desarrollo. En ellas se encuentran los vestigios de los orígenes de tres de las religiones más importantes del mundo contemporáneo. La importancia estratégica de la región se deriva de su gran riqueza petrolera y de ser el paso obligado al lejano Oriente, a través del Canal de Suez, así como por su cercanía a los bordes geopolíticos entre el este y el oeste.
En la actualidad destaca como un problema diplomático prioritario la búsqueda de la paz en la región en el contexto del derrumbe del orden bipolar y tras la neutralización del poderío militar iraquí.
En las negociaciones para tratar de resolver el conflicto árabe - israelí, celebradas en la ciudad de Madrid en 1991 y que continuaron al año siguiente en Washington, la gran ausente en la mesa de negociaciones fue la Organización para la Liberación de Palestina.
Desde el año de 1988, esta organización recibió el reconocimiento de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, como la representación oficial del estado nacional palestino.
En agosto de 1993, gracias al reconocimiento mutuo de la existencia jurídica de la Organización de Liberación Palestina y el Estado de Israel como estados nacionales, se iniciaron en Noruega las negociaciones tendientes a la resolución pacífica del conflicto palestino - israelí.
En ese proceso de negociación fue de vital importancia la labor de intermediación llevada a cabo por Estados Unidos, que reconoció a la OLP como legítimo representante del pueblo palestino.
La solución pacífica de la cuestión nacional palestina, es un paso significativo para iniciar una serie de negociaciones tendientes a facilitar la resolución de las complejas y conflictivas relaciones de que el Estado de Israel ha establecido con sus vecinos árabes durante casi medio siglo.
Los acuerdos de Washington, del 13 de septiembre de 1993, que establecen la autonomía relativa al pueblo palestino en los territorios ocupados de Gaza y Jericó, si bien no representan una solución definitiva al problema debido a sus limitaciones, puede entenderse como un significativo avance hacia la consolidación del estado nacional palestino.
En el momento en que la opinión pública internacional contemplaba con beneplácito el proceso de pacificación y se hacían cálculos optimistas sobre el desarrollo económico y la cooperación entre Israel con sus vecinos árabes, el mundo se cimbró al conocer la noticia de la masacre acontecida el pasado día 25 de febrero en la mezquita Gruta de los Patriarcas, en la ciudad de Hebrón, donde fallecieron 63 palestinos y resultaron heridos más de 200.
Lo anterior es una muestra de la fragilidad de los acuerdos de paz celebrados entre Isaac Rabin y Yaser Arafat; ambos dirigentes mostraron gran flexibilidad, pragmatismo político y voluntad negociadora; sin embargo, en el complejo mosaico sociocultural de sus pueblos existen sectores que se oponen violenta y radicalmente a dichos acuerdos.
Los costos humanos así como las expectativas económicas que ocasionó el proceso de paz, entraron en una nueva fase cuando los fundamentalismos nacionalistas irrumpieron en la escena generando muerte y desestabilización.
Lamentamos lo sucedido y expresamos nuestra honda preocupación en el sentido de que estos acontecimientos se repitan en uno y otro bando en los próximos días. El día de ayer, por ejemplo, los medios de información dieron cuenta del atentado en la iglesia católica de Nuestra Señora de la Salvación, localizada cerca de la ciudad de Beirut, en Líbano, con un saldo de 10 muertos y decenas de heridos; este hecho parece estar relacionado directamente con la ola de violencia en la región.
Por todo lo anterior y a nombre de los legisladores que suscribimos este documento, presentamos como propuesta la siguiente:
Declaración Política
"La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, de los Estados Unidos Mexicanos, lamenta profundamente los sangrientos acontecimientos recientemente acaecidos en el Medio Oriente. Acciones como ésta aumenta la atención al escenario internacional y ponen en peligro la solución pacífica de los conflictos mundiales.
Expresamos nuestro más hondo pesar y nuestra solidaridad con las familias de las víctimas. Apoyamos el proceso de pacificación emprendido por los representantes de los pueblos palestino e israelí y exhortamos a la comunidad y a los organismos internacionales para que brinden el apoyo necesario con el fin de garantizar el cumplimiento de los convenios de paz que se logren.
Nos pronunciamos porque las partes en conflicto retomen la ruta de la negociación pacífica y diplomática, para que con respeto al derecho internacional pueda alcanzarse una solución justa y duradera."
Suscribimos esta declaración política: el senador Humberto Lugo Gil, el diputado Adolfo Kunz Bolaños, el diputado René Bejarano, el diputado Israel González Arreguín, el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, el diputado José Antonio Gómez Urquiza y un servidor, Alejandro Encinas.
Dejo la declaración en la Secretaría.
La Presidenta:
De enterado.
Tiene el uso de la palabra sobre este mismo asunto, el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo (desde su curul):
Declino mi intervención, señora Presidenta.
La Presidenta:
Muchas gracias diputado.
ESTADO DE CHIAPAS
La Presidenta:
Pasamos al siguiente asunto: comentarios sobre la situación reciente en el Estado de Chiapas.
Tiene la palabra nuevamente el diputado Alejandro Encinas.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez:
Muchas gracias de nuevo, señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:
Los sucesos acontecidos en los últimos días en el Estado de Chiapas nuevamente expresan contrastes en relación al proceso de pacificación.
La nueva situación que se configura una vez concluida la primera fase de las negociaciones, nos plantea nuevas tareas que tienen como prioridad observar el cumplimiento de estos acuerdos y propiciar que se mantenga un clima que permita mantener la tregua, erradicando los elementos que pudieran entorpecer el proceso de pacificación y la salida política al conflicto.
En esta tribuna hemos denunciado algunos elementos que generan un clima de intolerancia y de violencia, propiciados por grupos de poder que actúan en diversos municipios chiapanecos, como son los que hemos denunciado aquí, la presión y el hostigamiento contra la caravana Ricardo Pozas y contra la religiosa del hospital San Carlos en el municipio de Altamirano.
En este municipio se continúan presentando diversos actos que alteran y pueden atentar contra el proceso de pacificación.
Como ya es del dominio público, a raíz del hallazgo de restos humanos en el ejido de Morelia en ese municipio, especialistas del Ejército Nacional
realizaron un peritaje que descartaba la posibilidad de que miembros de ese instituto armado tuviera responsabilidad en la muerte de las tres personas encontradas; en un segundo peritaje que pretendió ser realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no pudo concluir porque elementos del ejército impidieron a los peritos el traslado de los restos para analizar pruebas radiológicas y determinar la forma en que murieron las víctimas, no se pudo constatar la afirmación del peritaje del Ejército Nacional. Los mismos elementos del Ejército Nacional impidieron que el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos entregara los cadáveres a sus deudos, obligándolos a entregarlo a los miembros del Ejército Nacional quienes en ese mismo momento realizaron un tercer peritaje.
Al mismo tiempo, grupos de poder de la región azuzaron a la población de ese municipio contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos quien se vio forzada, tanto el titular como los peritos, a abandonar el lugar rodeados por las fuerzas de seguridad pública ante la intolerancia y la amenaza de ser agredidos.
Estos hechos, sin lugar a dudas demuestran la impunidad con que actúan los grupos políticos de esa región quienes en nada contribuyen a conformar un ambiente adecuado para investigar y clarificar la posible violación a los derechos humanos. Otro hecho que nubla el panorama de diálogo que a nivel estatal y nacional se ha venido conformando y que ya ha rendido algunos frutos iniciales como es la culminación de esta primera fase de la negociación, es la acusación que por diferentes medios se ha difundido en los últimos días que tratan de vincular al secretario general de nuestro partido y al PRD como asesores del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El PRD niega de manera tajante y enérgica estas calumnias y hace un llamado para que cese esta nueva ola de hostigamiento contra nuestro partido; la posición del PRD ante este conflicto ha sido pública y transparente; asimismo la acción de nuestro secretario general como parte de la Comisión enviada por nuestro partido el Estado de Chiapas como observadores a las pláticas de paz, se ha limitado estrictamente a este objetivo, por lo que cualquier versión que trate de distorsionar estos hechos, quede en evidencia una vez más como un intento de algunos sectores que tratan de distorsionar la imagen del PRD y desestabilizar el proceso de negociación.
Creo que ante los retos que se plantean actualmente el camino debiera ser roto y caminar en sentido contrario a la calumnia y a la provocación, se requiere como ya lo hemos señalado en esta tribuna, fortalecer a las instituciones republicanas hemos llamado a fortalecer el trabajo del grupo plural como representantes del Congreso de la Unión, se requiere fortalecer también el trabajo de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos que si bien ha sido cuestionada por algunos organismos no gubernamentales y debe dar respuesta cabal a estos cuestionamientos, debe contar con todas las condiciones para desarrollar ampliamente su trabajo y no les hemos obstaculizado, mucho menos por las propias instituciones del Gobierno Federal.
También creemos que ha de caminarse por el terreno de la tolerancia, no es en la cacería de brujas, en la búsqueda de culpables, como se pueden resolver los conflictos.
Como partido, hemos actuado institucionalmente en los órganos legislativos, como nos corresponde en el ámbito local y federal como institución de interés público, como partido político que hace política en el Estado de Chiapas y en el país, como tal seguiremos trabajando, independientemente de las calumnias y creemos conveniente que es mejor superar estas campañas de difamación y coadyuvar todos a que se cumplan los acuerdos ahora alcanzados y se busque la solución política al conflicto, lejos de ahondar en la calumnia, en las provocaciones y en el fortalecimiento de quienes quieren regresar al pasado y que hoy obstaculizan tareas tan nobles y elementales como son las que realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias.
TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS
La Presidenta:
Pasamos al siguiente asunto, que se refiere al inicio de los foros sobre trabajadores migratorios en los Estados Unidos.
Tiene la palabra de nuevo el diputado Alejandro Encinas.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez:
Esos son los problemas para ordenar la agenda de discusión aquí en la Comisión Permanente, pero es muy elemental, simple y sencillamente queremos recordar que el pasado 9 de febrero en esta Comisión Permanente, se aprobó un punto
de acuerdo que se turnó a las comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos Fronterizos de la Cámara de Diputados, para que se celebraran foros en los que se analizara la situación de los trabajadores mexicanos migratorios hacia los Estados Unidos.
El día de hoy, en la ciudad de Tijuana, da inicio el primer foro de estos, habrá un segundo en Mexicali, sin embargo queremos expresar nuestra consternación y nuestra más enérgica protesta porque en ningún momento se convocó a las comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos Fronterizos, a discutir sobre la organización y convocatoria de estos foros.
No solamente no se convocó a las comisiones, sino que tampoco se convocó a las mesas directivas; sabemos que cuando hay problemas de convocatoria en las comisiones, se hace un esfuerzo, una práctica parlamentaria regular en donde se invita a los miembros de las mesas directivas y en caso de que algún partido no esté representado en la mesa directiva se hace un esfuerzo para que el grupo parlamentario esté convocado y representado y sin embargo no hubo ni siquiera la atención de convocar a las mesas directivas y solamente se recibió hace apenas un par de días, una invitación a los miembros de los partidos a participar en este foro.
Yo creo que esa es una práctica que hay que erradicar de la Cámara de Diputados, yo creo que si estamos buscando la posibilidad de generar consensos lo primero que tenemos que hacer son prácticas transparentes y yo en lo personal planteo que se repare este procedimiento porque los presidentes de las comisiones no tenemos facultades por sí mismos para ejecutar los turnos en los puntos de acuerdo que el pleno de la Cámara o de la Permanente turnen a las diferentes comisiones, creo que es un error que deberá repararse a la brevedad. Muchas gracias.
La Presidenta:
Solicito que se turne la intervención del diputado Alejandro Encinas, a las comisiones correspondientes en la Cámara de Diputados para los efectos que proceda.
Continuamos con los asuntos en cartera, ruego por favor a la Secretaría avanzar en este asunto.
ORDEN DEL DÍA
El secretario, senador José Ramón González León:
Señora Presidenta, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura a el orden del día de la próxima sesión.
Comisión Permanente. Primer Receso. - Tercer Año. - LV Legislatura.
Orden del Día.
9 de marzo de 1994.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del IX aniversario luctuoso del maestro Jesús Silva Herzog, tendrá lugar el 13 de marzo a las 10.30 horas.
Comunicación del Congreso del Estado de Guerrero.
Oficios de la Secretaría de Gobernación.
Con el que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Adolfo Juan Fest Salmerón, Mario Francisco Roy Vargas, Miguel Hernández García, Antonio Vázquez del Mercado Muñoz, Sergio Javier Lara Montellano, Alberto Castro Rosas, Jorge Humberto Pastor Gómez, Fidel Woong Cordero, Cuauhtémoc Luis Nogueda, Oscar Antonio González García, José de Jesús Medrano Llamas, José Medrano Llamas, Guillermo Hiram Ochoa Ochoa, José A. Carreón Bogar, Eduardo Alfonso Lizárraga Bolio, Jorge Carlos Bravo López, Homero Torreblanca Nambo y Jorge Echanove Guemes, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictámenes a Discusión.
Siete, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados a los ciudadanos José Francisco Javier Sandoval Gutiérrez, Manuel Orozco Pimentel, Bernardo Alfredo Bidart Ramos, Mario Alberto Solís Rodríguez, Magdaleno Blas Felipe García Santos, Sergio Bejar Hernández y José Luis Durán Quirarte.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Enrique Armando Ross Domínguez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República francesa.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano
Dominique Verut Goudet, para desempeñar el cargo de Cónsul honorario de Lituania, en México, con circunscripción consular en toda la República mexicana, con excepción del Estado de Sinaloa.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Esperanza González Bribiesca de Greganti, para desempeñar el cargo de Cónsul honorario de Italia, en la ciudad de Oaxaca, con circunscripción consular en los estados de Chiapas y Oaxaca.
Sesión secreta.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.
Servida, señora Presidenta.
La Presidenta (a las 17.20 horas):
Muchas gracias. Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 9 de marzo, a las 11.00 horas.
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:
Cofipe Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
D. F. Distrito Federal
EZLN Ejército Zapatista de Liberación Nacional
IFE Instituto Federal Electoral
OLP Organización para la Liberación de Palestina
PAN Partido Acción Nacional
PARM Partido Auténtico de la Revolución Mexicana
PFCRN Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional
PPS Partido Popular Socialista
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI Partido Revolucionario Institucional