Legislatura LV - Año III - Período Ordinario - Fecha 19931104 - Número de Diario 3
(L55A3P1oN003F19931104.xml)Núm. Diario: 3ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Correspondiente al Primer Período del Tercer Año de Ejercicio
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Diputado Hugo Andrés Araujo de la Torre
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO III México, D.F., jueves 4 de noviembre de 1993 No. 3
SUMARIO
ASISTENCIA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Debaten sobre ella los diputados:
Emilio Becerra González
Manuel Díaz Infante
Emilio Becerra González, para contestar alusiones personales.
Aprobación.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, los diputados:
Jorge Alfonso Calderón Salazar
Adolfo Alfonso Kunz Bolaños
Raymundo Cárdenas Hernández
Martha Patricia Ruiz Anchondo
Manuel Díaz Infante
Cristóbal Arias Solís
Martha Patricia Ruiz Anchondo
MINUTO DE SILENCIO
Por el sensible deceso del diputado Rafael Sergio Vera Cervantes.
ACUERDOS PARLAMENTARIOS
Que establece los lineamientos de trabajo, para las sesiones de la Cámara de Diputados en el Primer Período Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la LV Legislatura. Aprobado.
Para regular las sesiones en las que se analizará el Quinto Informe de Gobierno. Aprobado.
COMISIÓN PERMANENTE
Oficio por el que se comunica el punto de acuerdo, que concede licencia por tiempo indefinido al diputado Luis Cuauhtémoc Riojas Guajardo.
Oficio por el que se comunica el punto de acuerdo, que concede licencia por tiempo indefinido al diputado Felipe Medina Santos.
Oficio por el que se comunica el punto de acuerdo, que concede licencia por tiempo indefinido al diputado Alfredo Torres Martínez.
Oficio por el que se comunica que el diputado Abundio Ramírez Vázquez, da por terminada la licencia que se le concedió.
Oficio por el que se comunica que el diputado Héctor Morquecho Rivera, da por terminada la licencia que se le concedió.
Oficio por el que se comunica el decreto que aprueba la elección de magistrados, para la Sala de segunda Instancia del Tribunal Federal Electoral y sus suplentes.
Oficio al que se adjunta el informe de labores de la Comisión Permanente, dado a conocer en la sesión de clausura de ese cuerpo colegiado.
Oficio de la honorable Cámara de Senadores, por el que se comunica la designación de la mesa directiva, para el mes de noviembre. De enterado.
GRAN COMISIÓN
Oficio por el que se comunica la elección del diputado Miguel González Avelar, como secretario de su mesa directiva.
Oficio por el que se proponen ajustes a las comisiones de la Cámara de Diputados. Aprobado.
Oficio por el que se propone al ciudadano Ramón García González, como coordinador general de Comunicación Social. Aprobado.
PROTESTA PROTOCOLARIA
Rinden protesta como diputados federales, los ciudadanos Armando Dorantes Montes, Guadalupe Mino Luna y Mario Guadalupe Mendoza Chávez, electos como suplentes en los distritos VI y XXXII del Estado de México y VI del Estado de Oaxaca.
ESTADO DE AGUASCALIENTES
Comunicación por la que el Congreso de ese Estado, informa de actividades legislativas. De enterado.
ESTADO DE HIDALGO
Comunicaciones por las que el Congreso de ese Estado, informa de actividades legislativas. De enterado.
QUINTO INFORME DE GOBIERNO, POLÍTICA INTERIOR
Expresan sus opiniones los diputados:
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
Leonides Samuel Moreno Santillán
Eberto Croda Rodríguez
Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez
Jorge Zermeño Infante
Cuauhtémoc López Sánchez Coello
Jorge Tovar Montañez
Gonzalo Cedillo Valdez
Israel González Arreguín
Guillermo Flores Velasco
Gonzalo Altamirano Dimas
Pedro Ojeda Paullada
ESTADO DE GUERRERO
El diputado Odilón Cantú Domínguez, denuncia hechos respecto del proceso electoral
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
Presidencia del diputado Hugo Andrés Araujo de la Torre
ASISTENCIA
El Presidente:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quórum reglamentario.
La secretaria Martha Maldonado Zepeda:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 331 diputados; por lo tanto hay quórum.
APERTURA
El Presidente (a las 11.30 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria Martha Maldonado Zepeda:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Primer Período de Sesiones Ordinarias. Tercer Año. LV Legislatura.
Orden del día
4 de noviembre de 1993.
Lectura al acta de la sesión anterior.
Acuerdo parlamentario para regir los trabajos del Primer Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la LV Legislatura.
Acuerdo parlamentario para el análisis del Quinto Informe de Gobierno. Oficios de la Comisión Permanente.
Protesta de diputados.
Comunicación de la Gran Comisión.
Oficio de la honorable Cámara de Senadores, por el que se comunica la mesa directiva para el mes de noviembre.
Proposiciones de la Gran Comisión.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Aguascalientes e Hidalgo.
Análisis del Capítulo de Política Interior del Quinto Informe Presidencial.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente:
En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los coordinadores de los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la Asamblea, si se le dispensa la lectura.
La secretaria Martha Maldonado Zepeda:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de instalación de la Cámara de Diputados correspondiente al Primer Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio, de la Quincuagésima Quinta Legislatura, celebrada el día veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y tres.
Presidencia del diputado César Jáuregui Robles
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las doce horas con dieciséis minutos del día veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y tres, con una asistencia de trescientos veintinueve diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y se procede a la elección de la mesa directiva para el mes de noviembre del Primer Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Realizado el escrutinio y cómputo correspondientes, resultan electos, por trescientos cuarenta y dos votos, los diputados:
Hugo Andrés Araujo de la Torre, presidente; Miguel Osorio Marbán, Hiram Luis de León Rodríguez, Alejandro Luévano Pérez, Israel González Arreguín, Javier Colorado Pulido y Martín Tavira Urióstegui, vicepresidentes; Rogelio Villarreal Garza, María Cristina Hermosillo Ramírez, Noemí Guzmán Lagunes y Martha Maldonado Zepeda, secretarios; Bernardo Gutiérrez Ochoa, Octaviano Alaniz Alaniz, Manuel Laborde Cruz y Jorge Tovar Montañez, prosecretarios, quienes, después de hecha la declaratoria correspondiente, toman posesión de sus cargos.
Presidencia del diputado Hugo Andrés Araujo de la Torre
Puestos todos de pie, el Presidente declara:
"La Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se declara legalmente instalada para el primer período de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura."
El mismo Presidente designa las comisiones de cortesía para informar de la instalación de este cuerpo colegiado al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De la misma manera da a conocer las comisiones de cortesía para la sesión de Congreso General del próximo día primero de noviembre, para acompañar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, de su residencia al recinto del Congreso; para recibir al Primer Magistrado de la nación en el acto de apertura de sesiones del Congreso y para acompañarlo de regreso a su residencia.
A las trece horas con veinte minutos, se levanta la sesión previa y se cita para el primero de noviembre de mil novecientos noventa y tres a sesión de Congreso General, a las ocho horas y a sesión de la Cámara de Diputados el jueves cuatro de noviembre a las diez horas.»
El Presidente:
Ruego a la Secretaría poner a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior y si algún diputado desea hacerle alguna observación a la misma, sírvase manifestarlo.
La secretaria Martha Maldonado Zepeda:
Está a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior.
¿Hay algún diputado que desee hacer observaciones a la misma?...
El Presidente:
Si, diputado Emilio Becerra.
El diputado Emilio Becerra González:
Con su venia, señor Presidente.
Efectivamente, es cierto que la sesión pasada, que fue la sesión de Congreso General, el acta correspondiente será sometida a consideración cuando se clausuren las sesiones del Congreso y desde ahora anuncio que en esa reunión voy a pedir la palabra para referirme a ciertas situaciones que no son del todo aceptables y algunas de ellas que son ilegales; sin embargo, como en el orden del día de hoy se encuentra el análisis del informe, previo al fondo del análisis, es necesario hacer algunas consideraciones, esto es, a la forma en que se desarrolló el informe, porque si bien es cierto que el informe se lleva a cabo en Sesión de Congreso General...
El Presidente:
Señor diputado, estamos discutiendo, poniendo a consideración el acta de la sesión anterior...
El diputado Emilio Becerra González:
Así es, señor Presidente.
El Presidente:
No estamos poniendo a consideración el acta de Congreso General.
El diputado Emilio Becerra González:
Pero para argumentar yo mis objeciones yo tengo mi propio estilo, tengo mis propios razonamientos, mis propias bases y le ruego que no me coarte el fuero constitucional que tengo como diputado, de expresarme en la más alta tribuna de la manera que yo considere que es la manera indicada.
El Presidente:
Señor diputado, le recuerdo que hay un acuerdo parlamentario entre todas las fracciones y ese
acuerdo debido a que hay dos rondas de oradores por cada una de las fracciones parlamentarias, usted pertenece a una de ellas, nuestra invitación sería a que integrase su argumentación en su fracción.
El diputado Emilio Becerra González:
En primer lugar, los acuerdos parlamentarios no pueden estar por encima de la Constitución y la Constitución establece que los diputados somos inviolables en la manifestación de nuestras opiniones, en primer lugar; en segundo lugar, si la Presidencia puso a consideración el acta y se preguntó si había objeciones al respecto, yo pedí la palabra para hacer valer mis objeciones y se me está coartando el derecho de hacer mis objeciones que necesariamente inicia por un razonamiento previo, esto es, unas consideraciones que fundamentan mis objeciones y a continuación de mis consideraciones precisaré esas objeciones. Entonces, señor Presidente, le solicito que respete mi fuero constitucional y me permita continuar en el uso de la palabra.
En primer lugar decía yo, que el día primero de este mes...
El Presidente:
Esta Presidencia le pregunta cuál va a ser el tema de su intervención, dado que estamos discutiendo y poniendo a consideración si hay acuerdo sobre el acta de la sesión anterior...
El diputado Emilio Becerra González:
A ese acuerdo precisamente me voy a referir, pero evidentemente voy... yo tengo mi propia manera de argumentar, el reglamento me concede un tiempo para argumentar y ya si esa argumentación resulta procedente o improcedente, eso ya lo deberá resolver la Asamblea en pleno; lo que no se puede es coartar mi derecho a expresarme ni mucho menos cuando existe una petición y una pregunta por instrucciones de la Presidencia si hay observaciones; como yo tengo varias observaciones las quiero hacer, las quiero exponer.
Si son válidas o no, eso se determinará hasta que termine yo de exponer mis observaciones y es para mí sorprendente que el Presidente de la Cámara, que constitucionalmente tiene la obligación de hacer que todas las autoridades respeten el fuero constitucional de los diputados, sea quien ahora esté pretendiendo coartar mi derecho constitucional a expresarme.
El Presidente:
Adelante, señor diputado. Haga sus observaciones.
El diputado Emilio Becerra González:
Muchas gracias, señor Presidente.
Decía yo que nuestra Constitución establece en uno de sus artículos la separación y la igualdad de los poderes de la Unión, sin embargo, el día primero de este mes en primer lugar vivimos una afrenta para el Poder Legislativo, cuando el Estado Mayor Presidencial copó estas instalaciones y con gente armada estuvo tanto dentro como fuera del Recinto, creando todo tipo de problemas al acceso a los diputados.
El Reglamento de la Cámara y la propia Ley Orgánica, establecen como obligación de los diputados asistir al informe presidencial y lo único que dicen al respecto es que deberán venir vestidos en una forma que ahí en la propia ley se especifica.
Con sorpresa, resulta que los diputados recibimos una invitación para asistir a la reunión del informe, a la Reunión de Congreso y que esa invitación había pasado por el tamiz del Estado Mayor Presidencial y los propios diputados en el lugar, en la sede del Poder Legislativo, nos veíamos impedidos de acceder porque el Estado Mayor Presidencial exigía la presentación de las invitaciones correspondientes que son estas que traigo yo aquí.
Me permito solicitar al Presidente que instruya a la Secretaría que lea lo que dice este documento.
El Presidente:
Adelante, señor Secretario.
El secretario Rogelio Villarreal Garza:
Sesión de Congreso General. Quinto Informe de Gobierno. Carlos Salinas de Gortari. Congreso. Entrada Personal. Un sello en la parte superior que dice: Honorable Congreso de la Unión, LV Legislatura, Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Emilio Becerra González:
Y este... esta entrada personal, requisito indispensable para que los propios diputados viniéramos a cumplir con nuestro trabajo, venía acompañada por una nota de la Comisión Organizadora, que también me permito pedir al señor Presidente instruya al Secretario dé lectura a esta nota.
El Presidente:
Adelante, señor Secretario.
El secretario Rogelio Villarreal Garza:
Quinto Informe de Gobierno. Atenta nota. La sesión de Congreso General dará inicio a las 8.00 horas, con las intervenciones que hará cada uno de los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados. Si usted desea presenciarlas, se le suplica arribar a la hora antes indicada. En caso contrario, las puertas de acceso al Recinto serán reabiertas a los señores invitados aproximadamente a las 10.00 horas, en que será decretado un receso para reanudar la sesión de Congreso General a las 10.55 horas. La Comisión Organizadora. Un sello en la parte superior izquierda que dice: Honorable Congreso de la Unión, LV Legislatura, Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Emilio Becerra González:
Es bastante preocupante y casi diría yo que un día de luto para el Congreso de la Unión, que a nosotros, titulares de una diputación nacional, se nos haga una invitación y además advertencia de que solamente a determinadas horas se puede entrar y se puede salir porque, aunque eso no se dice, pero es evidente que son las instrucciones del Estado Mayor Presidencial.
Aquí hay una situación muy preocupante. Recordaba yo y desafortunadamente no lo traigo a la mano, que la Constitución de las Cortes de Cádiz, cuando México todavía era colonia española, en uno de sus artículos establece que el rey asistirá a la sesión inaugural de las Cortes, y establece expresamente que el rey asistirá sin guardia armada, y no puede ser que ahora estemos volviendo a la presidencia imperial, cuando la monarquía absoluta, un rey de hace dos siglos, tenía la obligación expresa de asistir sin guardia armada, el día primero de este mes el Congreso se vio copado por la guardia armada del Estado Mayor Presidencial.
Y todavía la afrenta no concluye ahí. Todos los periodistas, y ellos no me dejarán mentir si tienen por ahí a la mano sus gafetes de acreditación, todos los gafetes de acreditación de la prensa nacional e internacional, estaban firmados por el Estado Mayor Presidencial para ese día. No es posible que en la sede del Poder Legislativo, en una sesión de tal trascendencia, cuando el titular del Ejecutivo viene a reconocer la majestad del Poder Legislativo, a rendirle un informe, que quien haga las acreditaciones sea el Estado Mayor Presidencial.
Y luego nos encontramos con otras cosas que son también más graves, ya en cuanto al fondo. El artículo 69 de la Constitución, que es la base del informe correspondiente, dice textualmente: "A la apertura de sesiones ordinarias del primer período del Congreso, asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país". Y el artículo 90, para aquellos que no lo han leído muy bien, dice así: " La administración pública federal será centralizada y paraestatal, conforme a la Ley orgánica que expida el Congreso". Esto es, que el informe presidencial tiene que referirse tanto a la administración pública centralizada, como a la administración pública paraestatal.
Y al respecto empieza la primera violación al texto constitucional, cuando el señor Presidente llega y presenta un documento que no es el informe. En ese propio documento dice que el informe ya lo entregó por escrito y procede a dar lectura a un documento que no es el informe y para el que no está autorizado, ni por la Constitución ni por el propio Presidente de la Cámara.
Al respecto, pido yo al Presidente de la Cámara que instruya al Oficial Mayor traiga un documento de los que se leyó aquí el día primero, que se dice informe, pero que no es el informe, para que podamos constatar esta situación. Como hoy se va a analizar el informe, yo lo menos que esperaba era que tuvieran aquí, a la mano en la Secretaría, el informe; desafortunadamente como no está, pido al señor Presidente de la Cámara que ordene a la Oficialía Mayor que nos ponga a disposición un informe.
El diputado Guillermo Pacheco Pulido (desde su curul):
Señor Presidente, en los términos del artículo 105 del Reglamento, deseo reclamar el orden, y en principio quisiera que se le leyera al diputado Becerra el artículo 105 y el 30 del Reglamento. Se trata de la discusión del acta de sesión y no de ningún otro tema. Luego entonces, si el artículo 30 establece que se deben discutir los puntos del acta, el diputado Becerra está tratando otro tema.
En consecuencia, en términos del 105 y el 30, debe llamarse la atención al diputado Becerra, para que entre al tema para el que solicitó la palabra y se está discutiendo.
El Presidente:
Diputado Becerra, el objetivo es consideraciones sobre el acta de la sesión anterior.
El diputado Emilio Becerra González:
Así es, señor Presidente. Ya expresé que antes de precisar mis observaciones las voy a razonar y todavía no termino mis consideraciones. Una vez que termine mis consideraciones pasaré a los puntos resolutivos para que se sometan a votación.
Por lo tanto decía yo, y aquí está el documento en cuyo primer párrafo dice así:
"Honorable Congreso de la Unión; mexicanos:
Cumplo con la norma constitucional que señala al Presidente de la República el deber de informar al Poder Legislativo sobre el estado que guarda la Administración Pública Federal. Hago entrega ahora del documento escrito que satisface la exigencia del artículo 69 de la Constitución." Quiere decir que ya hizo entrega del documento escrito, ya con eso cumplió con la obligación constitucional, y ya después empieza a leer un documento...
El Presidente:
Diputado Becerra, permítame un segundo.
El diputado Guillermo Pacheco Pulido (desde su curul):
Se trata de leer el artículo 30 que se refiere a la lectura del acta que se está sometiendo a discusión; en relación al 105, donde estoy reclamando el orden para que el diputado Becerra se ajuste a las discusiones del acta de la sesión anterior de Cámara, no de Congreso, luego el diputado Becerra está tratando hechos, no la materia que está sujeta a discusión. Debe llamarse la atención al diputado Becerra, que señale los hechos en que se basa, los puntos del acta a discusión y no de la sesión de Congreso. Pido que se lea el artículo 30 correspondiente a esta objeción.
El Presidente:
Proceda, señor Secretario.
El secretario Rogelio Villarreal Garza:
Artículo 30. En las sesiones se dará cuenta con los negocios en el orden siguiente:
1. Acta de la sesión anterior, para su aprobación.
Si ocurriese discusión sobre alguno de los puntos del acta, deberá informar la Secretaría y podrán hacer uso de la palabra dos individuos en pro y dos en contra, después de lo cual se consultará la aprobación de la Cámara.
2. Comunicaciones de la otra Cámara del Ejecutivo de la Unión, de la Suprema Corte de Justicia, de las legislaturas y de los gobernadores.
3. Iniciativas del Ejecutivo, de las legislaturas y de los individuos de las cámaras.
4. Dictámenes que consulten proyectos de Ley o decreto y que deben sufrir una lectura antes del día señalado para su discusión.
5. Memoriales de los particulares.
6. Dictámenes señalados para discutirse, y
7. Minutas de Ley.
Artículo 105. No se podrá reclamar el orden sino por medio del Presidente, en los siguientes casos: Para ilustrar la discusión con la lectura de un documento, cuando se infrinjan artículos de este Reglamento, en cuyo caso deberá ser citado el artículo respectivo; cuando se viertan injurias contra una persona o corporación o cuando el orador se aparte del asunto a discusión.
Servido, señor Presidente.
El Presidente:
Diputado Becerra, esta Presidencia le señala que estamos en la discusión del acta de la sesión
anterior, no del acta de Congreso. Por lo cual le rogamos centre su intervención alrededor del punto de la sesión anterior, sobre ese orden de discusión.
El diputado Emilio Becerra González:
Así es, señor Presidente. Como se leyó el artículo 30, dice que si ocurriese discusión sobre los puntos del acta, habrá dos oradores a favor y dos en contra. Como usted, violando este artículo, no preguntó si había oradores a favor, sino simplemente ordenó que se preguntara si había oradores en contra, yo solicité la palabra para hablar en contra, usted me concedió la palabra para hablar en contra, estoy hablando en contra y, como decía mi abuelo, cada quien tiene su manera de matar pulgas. Entonces yo estoy haciendo mis propios razonamientos, y cuando concluyan mis razonamientos, el pleno dirá si mis razonamientos fueron válidos o no fueron válidos, si se aprueba el acta o no se aprueba el acta.
El Presidente:
Diputado Becerra, le recuerdo que usted pidió la palabra y no expresó, hasta que estuvo en uso de ella, para qué iba a ser su argumentación. Primero.
Segundo. Esta Presidencia, reiteradamente le ha solicitado que ya que inició su argumentación, se centre en el tema análisis, que es la discusión del acta de la sesión anterior.
Por lo tanto, esta Presidencia lo vuelve a invitar a que sea ésta la materia a discusión.
El diputado Emilio Becerra González:
Así es, a eso precisamente me voy a referir, nada más que todavía no concluyó mis consideraciones.
Entonces, respecto a las observaciones del acta de la sesión anterior, decía yo que en el primer párrafo del Quinto Informe, se dice: "Hago entrega ahora del documento escrito, que satisface la exigencia del artículo 69...
El Presidente:
Señor diputado, ésa no es el acta que se está discutiendo, es el acta de la sesión anterior, no el acta de Congreso General.
El diputado Emilio Becerra González:
Así es, señor Presidente. Precisamente hacia allá voy encaminado, pero si usted me coarta el uso de la palabra, nunca voy a poder terminar con mi argumentación.
El Presidente:
Adelante.
El diputado Emilio Becerra González:
Bueno. Decía yo que aquí dice que entrega el documento escrito, y si ya entregó el documento escrito, que es un documento que ya a todos se nos repartió de algo así como de 600 páginas, este documento, luego entonces no es el informe, y si éste no es el informe, yo me pregunto: ¿Entonces el señor Presidente de la República, qué estaba leyendo aquí en la reunión de Congreso General?
Y cuando, por una de las partes, se violan las leyes, ahí es donde entran todo este tipo de problemas, porque si el Presidente, que está facultado a venir a rendir el informe, y a rendirlo por escrito, viene, entrega el informe, y luego se dirige sobre un asunto extraño, en ese momento es cuando entran en función las reglas de la Cámara, y cualquier individuo que viene y hace uso de la tribuna, está sujeto a interpelaciones, a pedir la palabra para rectificar hechos, para contestar alusiones personales, en fin, para todo ese tipo de cosas.
Y por ello es que varios diputados de mi partido pidieron el derecho de interpelar al Presiden te, y de una manera contraria al Reglamento, el Presidente del Congreso, sin preguntarle al Presidente de la República, que era el orador, si aceptaba o no aceptaba la interpelación, el Presidente, así como ahora pretende violar la Ley y el Reglamento en contra de mi derecho de exponerme, en esa reunión de Congreso General, reiteradamente violó el Reglamento al no preguntarle al orador, que no estaba cumpliendo con su obligación constitucional, si aceptaba o no aceptaba las interpelaciones. Porque además, por ahí ha salido en la prensa, que no eran interpelaciones, que eran interrupciones. Pues claro, el propio Reglamento así dice. Dice que "no se podrá interrumpir al orador más que para interpelarlo etcétera", si me permiten, porque hay mucha gente que, acostumbrada a la
presidencia imperial, pues, no conoce las reglas de la Cámara.
Pero aquí está el artículo 104, que dice muy claro: "Ningún diputado podrá ser interrumpido mientras tenga la palabra, a menos que se trate de moción de orden, en el caso del artículo 105, o de alguna explicación pertinente. Pero en este caso sólo será permitida la interrupción con permiso del Presidente y del orador".
Y la explicación pertinente es lo que en el lenguaje parlamentario se llama la interpelación. Así es de que, cuando se dice por ahí que el PRD no estaba interpelando, sino estaba interrumpiendo, pues, lo que se dice es sencillamente que hay una gran ignorancia en cuanto a la práctica y a la ley parlamentaria de este país.
Y lo más grave es lo siguiente: que en la parte final del documento que nos leyó el señor Presidente de la República, dice así: "Por México no dejaré de poner, día con día, hora tras hora, en todo momento, todo mi empeño. Cumpliré con el mandato que asumí de guardar y hacer guardar la Constitución".
Y yo preguntaría: Cuando viene, lee un documento que no es el informe, y no cumple con el artículo 69 de la Constitución, ¿está guardando y haciendo guardar la Constitución?
Eso es todo, muchas gracias, y ésas son mis objeciones y mis observaciones. El diputado Manuel Díaz Infante (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra para hablar a favor, en términos del artículo 30.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Manuel Díaz Infante.
El diputado Manuel Díaz Infante:
Con su venia, señor Presidente.
Estábamos en la fase previa a la sesión, donde se consulta a la Asamblea si es de aprobarse o no el acta que ha sido distribuida con antelación.
El compañero Becerra pidió la palabra para hacer algunas observaciones en torno a la misma. Aquí hubo un grave error, aquí no estábamos analizando el acta del Congreso, el acta del día primero. Era un acta de Congreso General, la cual no se encuentra a debate en estos momentos; estamos analizando y poniendo a discusión, en los términos del 30, efectivamente en su fracción I, la última acta que se levantó en una sesión ordinaria de Cámara. De ahí el primer error del compañero Becerra.
Sin embargo, aprovecha esta argucia del Reglamento para aplicarlo mal y venir aquí a hacer una serie de observaciones, con las cuales definitivamente no estamos de acuerdo.
Dice el compañero Becerra que el informe se desarrolló de una manera contraria. Yo quisiera saber cuáles son las maneras a las cuales él se refiere, que serían positivas y no contrarias.
Dice que aquí se violó la separación y la igualdad de los poderes, sin embargo tampoco da una argumentación convincente.
Yo quiero hacer con ustedes algunas reflexiones, porque atañen a la Comisión Organizadora del Quinto Informe de Gobierno.
Con fecha 8 del mes de septiembre, se reunió la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política y se acordó ahí, por los seis coordinadores de las fracciones partidistas que intervienen en esta Cámara de Diputados, así como por los demás miembros de esa Comisión, la constitución de una Comisión Organizadora del Quinto Informe de Gobierno, la cual tuve el privilegio de coordinar.
En segundo lugar, en sesión del día 15 de septiembre, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se presentó una solicitud firmada por diversos legisladores para que el Estado Mayor Presidencial pudiera colaborar con los órganos de administración de la Cámara en las tareas previas de logística y seguridad para y durante la Ceremonia de Congreso General del día 1o. de noviembre de 1993 y aquí está firmada la comunicación por los señores secretarios y el señor Presidente de la Comisión Permanente, con lo cual no se ha violado ninguna disposición legal.
El hecho que argumente aquí el compañero Becerra de que los compañeros diputados, a todos nosotros se nos entregó una invitación, tampoco está violando absolutamente ninguna disposición ni legal de la propia Cámara, ni constitu -
cional, ¿por qué?, porque ese día también de conformidad con el Reglamento, los señores miembros del gabinete ocupan las primeras filas de este Congreso, de esta Cámara de Diputados. Así también, por una cortesía parlamentaria, que data ya de muchos años, los señores senadores ocupan también las dos filas que siguen a las primeras.
Así la situación, todos nosotros nos corremos dos filas dentro de este recinto, para evitar que haya un conflicto en la ubicación de los lugares, se nos entrega una invitación personificada. Una invitación que por cierto suscribe el honorable Congreso de la Unión, en ninguna parte se habla del Poder Legislativo ni de ningún otro poder.
En segundo lugar, la contraseña que enseñó aquí el compañero Becerra, por su propia naturaleza, aquí la vimos, estaba completa, lo cual quiere decir que ni siquiera le fue cortada una parte de atrás, la parte de abajo, que es el talón o supuestamente el talón de acceso, con lo cual obviamente el señor no tuvo ningún problema para sentarse aquí, en este Congreso, ni para entrar tampoco al mismo.
Quiero comentar también que la posición que ocuparon los partidos políticos en esta sesión del día primero, fue la misma que ocupamos tradicionalmente, con la sola situación de un par de filas hacia atrás, con lo cual tampoco se violentó absolutamente nada.
Así pues yo creo que la Comisión Permanente cumplió su objetivo al tener el acuerdo correspondiente. La autoridad administrativa cumplió también con lo suyo. Yo no vi ningún personal armado dentro de la Cámara de Diputados de ninguna manera, salvo la escolta del Colegio Militar, la cual hizo los honores de ordenanza y no tiene ningún problema para nosotros.
Quiero comentarle también que con fundamento en el artículo 12 del Reglamento, la sesión del día primero es para el solo efecto de apertura del Congreso, no es una sesión ordinaria de ninguna manera, es una sesión de Congreso General, en donde no hay debate, no lo existe. Cuando hay sesión de Congreso General y debe de haber debate, lo especifica perfectamente la Constitución General de la República y es en las faltas de Presidente de la República.
En segundo lugar, yo quisiera comentarles también que el Presidente de la República cumplió estrictamente con lo que dispone el artículo 69 de nuestra Constitución. El se presentó a la sesión de Congreso General y entregó un Informe del estado que guarda la administración pública en el último año de su ejercicio.
También es una tradición ya republicana que el señor Presidente de la República lee, lee el documento del informe. Y por si no estaba atento el compañero Becerra yo le quiero decir que en esos tres primeros renglones del informe, dice: "En estos momentos hago entrega del documento", y todos los que estábamos aquí presentes vimos que una persona pasó aquí al presidium y dejó el documento así como sus anexos. Esa persona que pasó era el Secretario Particular del mismo y fue entregado a la compañera que estaba fungiendo como Secretaria en esos momentos, que era la compañera Noemí, ahí estaba sentada y todos lo vimos. Entonces tampoco es cierto que no haya cumplido con su obligación.
Por último, yo le quiero decir que obviamente no procedían lo que ustedes llaman interpelaciones que efectivamente eran interrupciones. ¿Y por qué eran interrupciones?, porque como aquí mismo dijo el compañero Becerra, las interpelaciones son entre los propios diputados y aquí se leyó el propio artículo que usted pidió que se leyera, el 104 del propio Reglamento, es entre diputados. Se interrumpe al diputado para preguntarle si acepta o no una interpelación; no al titular de otro poder.
Entonces, insisto, el señor Presidente de la República cumplió estrictamente con lo que dispone el artículo 69 constitucional. La Cámara de Diputados de ninguna manera vio violada, violentada su soberanía, toda vez que existía un acuerdo parlamentario y un acuerdo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión...
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: (desde su curul):
Señor Presidente: ¿me permitiría el señor diputado una interpelación?
El Presidente:
Señor diputado, esta Presidencia pregunta a usted si acepta una interpelación.
El diputado Manuel Díaz Infante:
De conformidad con el 104, con mucho gusto.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda (desde su curul):
Compañero diputado Manuel Díaz Infante, ¿podría decirnos en qué parte del artículo constitucional que usted citó dice que el señor Presidente de la República debe leer un documento o un discurso ante la primera sesión General de Congreso?
El diputado Manuel Díaz Infante:
Yo le quiero decir que el artículo 69 de la Constitución dice que deberá de presentar un documento, pero los documentos se presentan por escrito o verbalmente... discúlpeme, lea el artículo 69 constitucional, es potestativo del Presidente de la República el leer o no leer aquí un documento. Y de conformidad con la práctica parlamentaria y republicana, los últimos años, de 40 años para acá, aquí se han leído los informes presidenciales.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda (desde su curul):
Señor Presidente: ¿aceptaría el señor diputado otra interpelación?
El Presidente:
Señor diputado, ¿aceptaría usted otra interpelación?
El diputado Manuel Díaz Infante:
Con mucho gusto.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda (desde su curul):
Creo que no contestó a la pregunta. Textualmente dice el artículo de la Constitución que presentará por escrito, no dice que es potestativo del Jefe del Ejecutivo leerlo, distinta sería la argumentación, que creí que era la respuesta, una costumbre etcétera, pero no está en el texto; no respondió a mi pregunta, yo he leído el texto y no dice que es potestativo del Jefe del Ejecutivo; no sé si coincide conmigo el diputado Manuel Díaz Infante.
El diputado Manuel Díaz Infante:
Le acabo de dar respuesta a usted, compañero. En el artículo 69 constitucional se establece que el Presidente de la República presentará ante el Congreso el informe que guarda la administración pública.
Y aquí también lo sabemos todos, ha sido una práctica republicana que el Presidente de la República dé lectura al informe. Por lo tanto, el señor Presidente hizo uso de su potestad, y absolutamente nadie, nadie estuvo en desacuerdo con ella.
Entonces yo quisiera concluir mi intervención, diciendo lo siguiente: Yo creo que la intervención del diputado Becerra es simplemente una argucia más que presenta él, no sé si a título personal o a nombre de su partido. En segundo lugar, no proceden de ninguna manera las observaciones que hace al acta, porque no está a discusión el acta de la sesión anterior, que es la de Congreso General y, en tercer lugar, la Cámara de Diputados no fue violentada, ni por supuesto su soberanía, ni la autoridad del Presidente, porque se cumplió expresamente con un acuerdo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Muchas gracias.
El diputado Emilio Becerra González (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra.
El Presidente:
¿Con qué objeto?
El diputado Emilio Becerra González (desde su curul):
Para contestar alusiones personales.
El Presidente:
Adelante, señor diputado.
El diputado Emilio Becerra González:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Dos precisiones muy breves. Primero, es evidente que el diputado Díaz Infante, con y todo y ser
un reconocido jurista, aquí vino en invocar costumbres, antecedentes etcétera y cuando uno no se funda en derecho, quiere decir que no hay Ley aplicable y entonces tiene que hacer otro tipo de argumentos retóricos, que lo único que demuestran es una confirmación de que en la ceremonia a la que aquí nos hemos referido, se violó la Ley.
Por otro lado, la Ley se aplica tanto de manera literal como también hay interpretaciones analógicas o por mayoría de razón. Es cierto que el artículo 104, cuando habla de las interpelaciones expresamente dice: "diputado"; pero también todo el reglamento dice que los únicos que tienen derecho a hacer uso de la palabra en la Cámara o en el Congreso son los legisladores y cuando el Presidente, sin facultades expresas para hacer uso de la palabra, hace uso de la palabra, en ese momento se está equiparando con un diputado y por lo tanto el artículo 104 tiene aplicación analógica.
Finalmente y como todos los documentos que yo conozco carecen, cuando menos los que yo he visto, en donde se habla del informe, de la firma del señor Presidente de la República y que es un requisito de formalidad y de solemnidad indispensable para que sea válido, ya que recordemos simplemente, todas las iniciativas de Ley que manda el Presidente a la Cámara, vienen con su firma, entonces yo pediría al Presidente que instruya a la Oficialía Mayor, que traiga a la vista el documento que presentó el señor Presidente y que recibió la diputada Noemí y que aquí teniéndolo a la vista, se informe al pleno si contiene la firma del señor Presidente o no, para saber si es el auténtico informe.
El Presidente:
Esta Presidencia hace un llamado a todos para que nos centremos en el tema a discusión. El tema a discusión es el acta de la sesión anterior de la Cámara de Diputados, para que sea ésta la materia que discutamos con precisión.
El diputado Emilio Becerra González:
Así es, señor Presidente, pero como yo pedí para contestar alusiones personales y previamente se refirió a mí el diputado Díaz Infante, que yo no puse atención en que el secretario particular entregó el informe por escrito a la diputada Noemí y como yo tengo mis dudas fundadas, pido que se traiga a la vista ese informe, para ver si contiene la firma del señor Presidente y entonces sería un informe válido; si no contiene la firma del señor Presidente, estaríamos ante otra violación al artículo 69 de la Constitución.
El Presidente:
Compañero, usted pidió la palabra para contestar alusiones personales.
El diputado Emilio Becerra González:
Así es y por eso pido que se instruya a la Oficialía Mayor, de acuerdo con el artículo correspondiente del Reglamento, que habla, cuando se tenga que invocar o que tener a la vista para la argumentación algún documento de los que obren en poder de la Cámara y yo creo que ese documento obra en poder de la Cámara, lo más grave sería que ya la Cámara no lo tuviera.
Entonces, por eso pido que ese documento se traiga a la vista, para que la Secretaría certifique si contiene o no, la firma del señor Presidente, para continuar yo con las demás alusiones personales que se me hicieron.
El Presidente:
Esta Presidencia, con base en el artículo 113, le señala que el documento que usted está requiriendo, no está en relación al debate del acta de la sesión anterior, que es la materia de discusión. Por eso, estamos pidiendo que su argumentación para contestar alusiones personales, se centre en el debate que hoy estamos dando.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul):
Pido la palabra.
El Presidente:
¿Con qué objeto?
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul):
Señor Presidente, una moción de orden.
Señor Presidente, hace apenas unos minutos el diputado Díaz Infante, en ejercicio de sus derechos constitucionales, expresó aquí una argumentación política en torno al Informe Pre-
sidencial, al formato del Informe Presidencial, a la presencia que él consideró legítima, del Estado Mayor Presidencial y sobre otros puntos, y en ningún momento, señor diputado Hugo Andrés Araujo, usted hizo observación crítica o petición de circunscribirse al acta de la sesión de instalación de la Cámara de Diputados; usted correctamente respetó el derecho de expresión y el fuero constitucional del diputado Díaz Infante. Yo le ruego a usted que con esa misma actitud de respeto al fuero constitucional y a la libertad de expresión, respete la libertad de expresión en los tiempos marcados por el Reglamento, del diputado del Partido de la Revolución Democrática que en este momento ocupa la tribuna y de aquellos otros diputados que crean pertinente referirse a temas de trascendental importancia. Gracias.
El Presidente:
Diputado Cuauhtémoc...
El diputado Guillermo Pacheco Pulido (desde su curul):
Señor Presidente: en principio estuve de acuerdo con lo señalado por el diputado Calderón, pero no deben olvidar el diputado Calderón ni el diputado Becerra, que el fuero de ellos termina donde principia el fuero de los demás diputados.
El fuero de los demás diputados está sustentado en que se respete el Reglamento y el diputado Becerra no está respetando el Reglamento, porque no se está circunscribiendo a los hechos a discusión que son: el acta de la sesión anterior de la Cámara de Diputados. El diputado Becerra está tratando otro tema, por lo tanto ruego que la Presidencia, una vez que concluya el diputado Becerra, someta a votación el acta cuya lectura se dio, dado que no se ha presentado en ningún momento, un hecho contradictorio al acta que se puso a discusión, y en esa forma se respeta también el fuero de los demás diputados, respetando la ley.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo (desde su curul):
¡Señor Presidente!
El Presidente:
¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo (desde su curul):
Para una moción. ¿Sobre la base de qué artículo se nos va a quitar el derecho a hacer uso de la palabra?
El Presidente:
Estamos escuchando al diputado Becerra y está para rectificar hechos el diputado Kunz. Entonces vamos a terminar de escuchar al diputado Becerra y continuaremos esta discusión.
El diputado Emilio Becerra González:
Yo me permito recordar a la Presidencia, que yo no me estoy refiriendo a ningún tema. Yo estoy contestando alusiones personales. Y precisamente esas alusiones personales que se me hicieron, yo tengo que contestarlas puntualmente; para poder argumentar puntualmente esa situación, es por lo que pido, con base en el Reglamento, que se traiga a la vista ese documento que yo sostengo que no es un documento auténtico. Si es un documento apócrifo, puedo argumentar de una manera; si es un documento auténtico, puedo argumentar de otra manera. Por lo tanto requiero que ese documento, y es por lo que de la manera más atenta, le solicité a usted hace ya bastante tiempo, que instruya a la Oficialía Mayor o a la Secretaría, que tengan a la vista ese documento, para conocer los términos reales del mismo y así poder yo concluir mi argumentación.
El Presidente:
Señor diputado: sobre el documento que no es materia del debate para aprobar o modificar el acta de la sesión anterior, esta Presidencia considera que tendremos todo este día para hacer las consideraciones sobre nuestra posición respecto al informe. Que lo que hoy procede en este momento, terminado su tiempo, es pasar a votación, si se aprueba o no el acta de la sesión anterior.
El diputado Emilio Becerra González:
Bueno, en vista de la confesión tácita de que el documento no está firmado, entonces eso deja mi buen nombre salvado y por lo tanto, la
argumentación del diputado Díaz Infante resultó improcedente. Muchas gracias.
El diputado Fidel Herrera Beltrán (desde su curul):
¡Señor Presidente! ¡Señor Presidente! Le ruego preguntar al orador si acepta una interpelación. ¡Espéreme! ¡Señor diputado: espere un segundo!
El Presidente:
Permítame.
El diputado Fidel Herrera Beltrán (desde su curul):
Ruego preguntarle al orador si me permite una interpelación en términos del 104.
El diputado Emilio Becerra González:
¡Al diputado Fidel Herrera, con mucho gusto!
El diputado Fidel Herrera Beltrán (desde su curul):
Señor diputado: en términos del artículo 93, hay ciertos establecimientos constitucionales de ciertos procedimientos de carácter parlamentario que se explican por sí solos. Pero ahora estamos hablando del artículo 69 y la obligación del Ejecutivo de presentarse a la apertura de sesiones del Congreso y rendir por escrito un informe. Sabe usted también que las facultades de la Secretaría de la Cámara y también, por lo tanto las facultades de la Secretaría del Congreso de la Unión, tienen la posibilidad de dar fe pública en un órgano constituido, de la presentación de un documento del carácter y la legitimidad de quien lo presenta, y del cumplimiento de una obligación constitucional.
Usted concurrió al informe, dio testimonio de esa presentación a la Secretaría del Congreso de la Unión. ¿No constituye eso una prueba irrefutable de la legitimidad de la presentación de un documento que cumple con lo establecido en el artículo 69 constitucional?
El diputado Emilio Becerra González:
Señor diputado Fidel Herrera: me parece magnífica su interpelación, es usted un hombre de una gran capacidad jurídica y estará de acuerdo conmigo que conforme a los principios generales del derecho y sobre todo de los principios procesales, el autor de un documento se prueba con la firma del autor en ese documento.
Si yo presento un documento, aunque yo diga que es mío pero si no lleva mi firma, puede que sea mío o puede que no.
Entonces ése es el meollo de la discusión. Aquí no sabemos si ese documento tiene la firma del Presidente o no.
Ya de manera tácita el señor Presidente de la Cámara reconoció que no tiene la firma y algunos secretarios off the record me han dicho que venía sin firma. Eso me satisface y eso salva, de nuevo, mi buen nombre. Muchas gracias.
El Presidente:
En base al artículo 30 del Reglamento, esta Presidencia ruega a la Secretaría someter a votación el acta de la sesión anterior.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo (desde su curul):
Señor Presidente:
Con todo respeto, señor Presidente, le había solicitado el uso de la palabra para referirme al mismo tema.
El Presidente:
Vamos a someter a votación y entramos a la discusión ya.
El secretario Rogelio Villarreal Garza:
Está a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul):
¡No tiene derecho la Presidencia a coartar la libertad de expresión!
El Presidente:
¡No estamos coartando; estamos sacando adelante la discusión y habrá oportunidad de hacer el análisis de esta parte!
El secretario Rogelio Villarreal Garza:
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta, señor Presidente.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul):
¡Para hechos!
El Presidente:
Para rectificar hechos, hasta por cinco minutos, diputado Calderón.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:
Señor Presidente:
Cuando iniciamos nuestro desempeño como diputados federales, como legisladores de la nación, prometimos respetar la ley y la Constitución. Y ésta es una obligación que tenemos cada uno de los legisladores en lo individual, como de manera relevante, destacada, quienes forman parte de la mesa directiva y específicamente el Presidente en funciones.
En otra ocasión hice ya una observación en esta tribuna de actitudes o prácticas de quien ocupa la Presidencia, que consideramos violatoria de la Ley. A lo largo de dos años de ejercicio de esta LV Legislatura del Congreso de la Unión, cuando existe una lista de oradores, sea para discusión del tema específico o sea una lista de oradores para rectificar hechos o contestar alusiones personales, es práctica parlamentaria, respetuosa de la libertad de expresión y del fuero constitucional, trátese del punto de que se trate, de que el Presidente en funciones se abstiene de coartar la libertad de expresión, respete escrupulosamente la Constitución y la normatividad vigente, y sólo hasta que se agota la lista de oradores, sean oradores inscritos para abordar el tema o sean intervenciones para hechos, es cuando se procede a la votación respectiva.
La Presidencia hizo una interpretación incorrecta e inadecuada de facultades en torno a discusión del acta de la sesión anterior. Hubo oradores, como el diputado Díaz Infante, que independientemente de que el debate era más amplio que el específico del acta de la sesión anterior, se refirió a distintos puntos relativos al formato del Informe. Y hubo oradores, como nuestro compañero diputado del Partido de la Revolución Democrática que se refirió también a diversos puntos.
Varios diputados habían pedido hacer uso de la palabra con el mismo derecho que el diputado Díaz Infante y que los diputados del PRD, y considero censurable, criticable, que en una práctica inusual en esta LV Legislatura, de manera precipitada y sin agotar la lista de oradores que para rectificar hechos se había establecido, repito, precipitadamente se procedió a la votación del acta de la sesión anterior, cuando aún existían argumentos, opiniones o distintos puntos de vista que podían ser expresados.
Con serenidad, pero con energía, quiero expresar a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, nuestra crítica, sustentada en el análisis de la Ley a este procedimiento que viola normas y prácticas parlamentarias y crea un precedente que desearíamos no se repitiera. La lista de oradores debe ser agotada. El Presidente en funciones debe abstenerse de toda acción o interpretación de la Ley que coarte la libertad de expresión y debe por tanto existir una normatividad que permita el libre y abierto debate de las ideas en bien de la nación.
Finalmente, exhortamos a la Presidencia, con todo respeto, pero también con base en las leyes, a que respete la normatividad, respete la libertad de expresión y por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia ponga en forma precipitada a votación puntos o resoluciones sin haber agotado previamente la lista de oradores establecida conforme a derecho. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Kunz.
El diputado Adolfo Alfonso Kunz Bolaños:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Siempre hemos manifestado aquí, no el que habla, sino todos los presentes, nuestra preocupación porque exista una verdadera división de poderes y ésa sólo se va a dar desde adentro
del propio Congreso, no va a ser por decreto presidencial...
El Presidente:
Esta Presidencia ruega a la Oficialía Mayor que verifique la causa de la alarma.
Continúe, señor diputado.
El diputado Adolfo Alfonso Kunz Bolaños:
...Bueno, pasado el susto. Yo creo que todos los que vivimos en la ciudad de México debemos estar acostumbrados. Ya no hubo temblor.
Bien, decía yo que la verdadera presencia del Poder Legislativo tiene que darse desde adentro del mismo y no por un decreto presidencial. Y para esto debemos tener muy en claro lo que representa el Poder Legislativo, lo que representa ser diputado federal y las cualidades que tiene un diputado federal.
A mí me dejó tremendamente preocupado no el hecho de que se someta a discusión un acta y se discuta otra, sino que esto se haga alegando el fuero constitucional. Y así se planteó al principio de esta sesión, que se hacía uso de la tribuna en función de la libertad de palabra que implica el fuero constitucional.
Quisiera reflexionar sobre dos aspectos: ¿en qué consiste dicho fuero y cuál es su origen?; el Poder Legislativo surge, como lo saben muy bien todos ustedes, como una respuesta de la población para establecerle, en la época moderna me refiero desde luego, para establecerle topes a la acción impositiva del Estado, eso es en Inglaterra; sin embargo, a través del tiempo todas las facultades legislativas formales corresponden a este Poder, pero difícilmente se podría ejercer la libertad de opinión si el Titular del Ejecutivo tuviese facultades de tomar represalias en forma directa impidiéndolas o en forma indirecta inventando cualquier otro tipo de juicio: "fulano habló en contra mía de este tema, yo le invento que se robó o que evadió impuestos y le llevo un proceso para tomar venganza de eso".
Entonces quisiera precisar el concepto:
Artículo 61 constitucional. "Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas", o sea, a esto se refiere el fuero específicamente, no quiere decir que eso le autorice a uno a brincarse la Ley o el Reglamento.
Segunda parte del artículo 61: "El Presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar".
Y luego el artículo 11 complementa este derecho que tenemos los legisladores, el artículo 11 de la Ley Orgánica, diciendo; "Los diputados y senadores gozan del fuero que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos o enjuiciados por ellas". Hasta aquí es una protección directa a lo que propiamente es el fuero constitucional.
Y después sigue una protección indirecta evitando que sean enjuiciados sin una previa autorización del Congreso, pero no los exime de responsabilidad cuando se cometan faltas. Dice: "Son responsables por los delitos que cometan".
Bien, el fuero constitucional actualmente en un estado de derecho, y éste es el caso que se debate principalmente en España, se considera que sale sobrando, toda vez que no existe en un estado de derecho la posibilidad teórica de que se violente la libertad de los legisladores.
Y aquí concluyo diciendo que debemos reflexionar si queremos que esta Cámara sea seria y utilizar el concepto de fuero constitucional en su exacta dimensión y no como un punto de partida a la anarquía; aquí se dijo, lo dijo el diputado Calderón con toda certeza, protestamos cumplir con la Constitución y con las leyes que de ella emanan, la Ley Orgánica y el Reglamento. En tal virtud, es cierto que nadie puede reconvenirnos por nuestras opiniones, pero también es cierto que debemos hacer honor a nuestra palabra y no utilizar chicanas procesales para violentar un debate que no corresponde. Muchas gracias.
El Presidente:
Diputado Cárdenas.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández:
Gracias, señor Presidente:
Pedí la palabra para rectificar hechos y a eso me voy a concretar. La Constitución en su artículo
69, efectivamente obliga al Presidente a presentar por escrito su informe. Lo que reconoce el Presidente en el primer párrafo de este documento que ahora muestro. El dice "cumplo con la norma constitucional que señala al Presidente de la República el deber de informar al Poder Legislativo sobre el estado que guarda la administración pública federal. Hago entrega ahora del documento escrito que satisface la exigencia del artículo 69 de la Constitución".
El diputado Díaz Infante nos recordó que en ese momento entregaron por escrito el Informe. Entiendo que se trata de estos dos documentos. Uno es el anexo, éste, y el otro se supone que es el texto propiamente informativo.
Si es así, entonces el acto debió de terminar en el momento en que el Presidente leía el párrafo que yo he recordado en este momento, porque hasta ahí cumplió con la Constitución, entregando por escrito su Informe con sus anexos.
Lo que nosotros señalamos es que no hay base legal ninguna para que el Presidente de la Cámara de Diputados le dé la palabra al Presidente de la República para leer todo el documento. Eso es lo que no tiene base legal ninguna.
Se ha señalado y lo dijo también el diputado Díaz Infante, que es un asunto de costumbre. Nosotros creemos que la relación entre poderes no se puede dar con base en costumbres, porque si a ésas vamos, vamos a determinar que la costumbre de que el Presidente designe a su sucesor se convierta en ley. No se pueden hacer las costumbres leyes positivas que nos obliguen a todo. Por esa razón nosotros decimos que lo que ya está en crisis es esa costumbre de que el Presidente venga, lo escuchemos los legisladores y el Presidente nunca nos escuche.
Se ha dicho que eso violenta la división de poderes, nosotros sostenemos que eso es falso; ninguna de las facultades del Presidente de la República se ve disminuida con el hecho de que él acepte una discusión con los legisladores. Por esa razón creemos que ya es importante que nos pongamos de acuerdo en un nuevo formato para los informes del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, no solamente el formato del Informe Presidencial, sino también tenemos que decidir qué hacer con los informes de las distintas dependencias del Poder Ejecutivo que lleguen a esta Cámara y no tienen ningún curso definido.
Insistimos pues en que, se ha hecho costumbre ya, cuando menos durante seis años, que los diputados interpelen al Presidente. Creemos que esa costumbre podría hacerse ley también. No estamos nosotros en contra de que el Presidente hable ante los legisladores hemos dicho y hemos propuesto formalmente que el Presidente venga, entregue su documento por escrito y cinco días después podamos discutir, como representantes de poderes distintos, con todo respeto pero en beneficio de la nación, que estaría mejor informada sobre los asuntos públicos.
Reiteramos pues nuestra posición de que las interpelaciones tienen el mismo origen que la intervención del Presidente de la República en forma verbal. Es todo.
El Presidente:
Diputada Patricia Ruiz, y le recordamos a los compañeros diputados que tenemos un orden del día que vamos a continuar desahogando.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo:
Con su permiso, señor Presidente, aunque veo que no es muy de su agrado que tomemos la palabra.
Acudo a esta tribuna motivada por este debate surgido a raíz de la intervención de mi compañero el diputado Becerra, que independientemente de que hubiese tenido razón o no de intervenir, era su derecho hacer uso de esta tribuna y tal como él lo señalaba, el pleno decidiría si estaba en lo correcto o no.
Lo que no procedía era que se generara todo un ambiente de intimidación en torno al propio diputado Becerra, dado que las argumentaciones que estaba utilizando era para abordar un punto que no está resuelto en este país; el problema de la figura presidencial en México y lo que es la ceremonia, una ceremonia monárquica de la lectura del Informe de Gobierno.
Acudo también para comentar algunas observaciones y por eso pedí inicialmente la palabra, algunas observaciones del diputado Díaz Infante. El decía que un grupo de diputados había solicitado al Estado Mayor Presidencial que se hiciera cargo de la seguridad y que auxiliara en las labores para la organización del Informe de Gobierno. Yo quisiera preguntarle quién fue ese grupo de diputados, quién, sobre la base de qué, a quién le consultaron que iban a hacer esta petición. Eso violenta la soberanía de este poder, lo violenta. Si lo hicieron a confesión de parte, yo nada más quiero saber quién fue este grupo de diputados y en qué se fundamentaron para hacer esta petición.
Por otro lado, me parece conveniente señalar que el diputado Díaz Infante se encuentra equivocado en cuanto a su interpretación del artículo 69 constitucional. Para ilustrar a esta Asamblea, yo pido a la Presidencia que solicite a la Secretaría dé lectura del artículo 69 constitucional, para que no quede duda de quién tiene razón en este debate.
El Presidente:
Proceda la Secretaría.
La secretaria Noemí Zoila Guzmán Lagunes:
"Artículo 69. A la apertura de sesiones ordinarias del primer período del Congreso, asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria."
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo:
Tal y como lo señala la Constitución, el informe se debe presentar por escrito. Que se dé lectura del texto, ya lo ha dicho el Presidente, es por cortesía a este poder.
Nosotros tenemos una discrepancia de fondo. Hay una discrepancia de fondo en el formato del informe. Nosotros nos negamos a que el Poder Legislativo sea el contexto para exacerbar la figura presidencial en México. ¿En qué país se ve este ritual anual, este ritual de un monólogo autocomplaciente, un monólogo autocomplaciente del titular del Ejecutivo, que no acepta dialogar con los representantes populares electos mediante el sufragio? ¿Por qué, a qué obedece esta tradición y esta costumbre?
La diputada Cecilia Soto González(desde su curul):
Señor Presidente, me permite hacer una aclaración a la oradora.
El Presidente:
¿Acepta la interpelación diputada?
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo:
No es interpelación parece, señor Presidente. ¿Por qué no toma la palabra señor Presidente?
La diputada Cecilia Soto González (desde su curul):
Si es una interpelación, ¿la acepta?
El Presidente:
¿La acepta diputada Ruiz?
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo:
Sí, acepto.
El Presidente:
Adelante diputada Soto.
La diputada Cecilia Soto González (desde su curul):
Diputada Patricia Ruiz, en los Estados Unidos hay un ritual parecido, se llama State of the Union Adress, es la reunión en donde el 20 de enero el Presidente de los Estados Unidos rinde el informe del Estado de la Unión ante el Congreso Norteamericano, en el mismo contexto y tampoco han sucedido interpelaciones. Muchas gracias.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo:
Esa no era una interpelación, y sin embargo retomando mi intervención, mientras no haya diálogo entre poderes, mientras no establezcamos la dignidad del Poder Legislativo como fundamento de una república democrática, todos los recursos que utilice la oposición desde luego, y los legisladores que lo consideren pertinente, para fomentar este tránsito a la construcción de una república democrática, es válido, es legítimo y se seguirán utilizando estos recursos, porque también obedecen a un reclamo mayoritario de la sociedad mexicana, porque ahorita lo más importante que se está dando en el país, es ese gran esfuerzo de la sociedad mexicana por remontar decenios de autoritarismo.
Por eso nos encontramos en este recinto.
El Presidente:
Esta Presidencia le ruega que concluya por favor.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo:
Muchas gracias.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Díaz Infante.
El diputado Manuel Díaz Infante:
Con su venia, señor Presidente:
Como a ustedes les consta he sido aludido en diversas oportunidades. Contestaré puntualmente tres de ellas.
La primera, ¿que quién solicitó a la Comisión Permanente el apoyo del Estado Mayor Presidencial para las actividades de logística y seguridad, previas y durante el informe de gobierno? Lo firmó el senador Humberto Lugo Gil, lo firmó el diputado Adolfo Kunz Bolaños, lo firmó la diputada María de los Ángeles Moreno, lo firmó el diputado Alberto Carrillo Armenta, lo firmó la diputada Luisa Urrecha Beltrán, de Acción Nacional, obviamente todos los partidos políticos, y el diputado Cuauhtémoc Amezcua. ¿Ya adivinaron quién no firmó? El PRD.
Así fue presentada a la Comisión Permanente. Aquí están las firmas. La Comisión Permanente, como se los demostré hace un momento, el día 15, en su sesión del día 15 autorizó esas labores, y aquí está la comunicación correspondiente también.
¿Que con qué fundamento se hace esto? Se hace con fundamento en el artículo 65 y 69 de la Constitución, y por supuesto en el 6o. y en el 12 de la Ley Orgánica del Congreso.
La otra alusión que yo quisiera contestar, y aclarar de una buena vez, es de que dicen que el artículo 69 constitucional solamente habla de la presentación.
Yo le quisiera comentar a nuestros queridos compañeros, el artículo 188 de nuestra Ley Orgánica, que dice: "Cuando el Presidente de la República asista a la apertura de sesiones, tomará asiento al lado izquierdo del Presidente del Congreso".
Y el artículo 189, y aquí está la clave, dice: "Al discurso que el Presidente de la República pronuncie en ese acto, el Presidente del Congreso contestará en términos generales". Lo cual quiere decir que nuestra Ley y nuestro Reglamento sí contemplan la intervención del señor Presidente de la República en ese acto que, insisto, es un acto republicano, y es una sana costumbre también republicana que dirija un mensaje a la nación en cumplimiento estricto al artículo 69 constitucional.
Yo espero, señor Presidente, que con estas aclaraciones podamos ya dar curso al orden del día y demos por concluido este tema.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Cristóbal Arias Solís.
El diputado Cristóbal Arias Solís:
Señor Presidente; honorable Asamblea:
Creo que hacer interpretaciones de la Constitución, de la Ley Orgánica, del Reglamento que rige la vida interna del Congreso, y hacer aclaraciones sobre la presentación del informe presidencial, no basta para resolver la insatisfacción que a distintos legisladores de diversas organizaciones políticas incomoda o en su caso se crea un debate sin orden, como parece ser éste, pero que conlleva a la crítica de quienes, haciendo uso de sus derechos como legisladores, se han manifestado recientemente con motivo del Quinto Informe Presidencial, pero que se ha hecho en informes anteriores.
Creo más bien que debiera llevarnos a la reflexión, al análisis profundo de que algo o mucho ha ido cambiando en la vida política de nuestro país, y que no puede sustraerse este recinto legislativo.
Invocar aspectos que están en la Ley, desde el punto de vista de la interpretación que a los intereses de cada grupo parlamentario conviene, o usos, tradiciones y costumbres que no sustituyen a la Ley ni la hacen Ley, o sentir que debe de seguir prevaleciendo esas prácticas, esos rituales, considero que no estamos a la altura
de los tiempos nuevos que vive el país y que demanda la sociedad.
Hay artículos en nuestra Constitución como en los ordenamientos reglamentarios de la vida interna para el funcionamiento de los cuerpos legislativos, que datan de hace muchos años, que han sido propuestas de diversos partidos que se revisen, que se formen y se actualicen, para hacerlos más operativos; que se modernicen, porque recogen prácticas y figuras que son ya un rezago, que son reminiscencias de otros tiempos y de épocas políticas ya superadas.
El informe presidencial, desde hace ya algunos años, ha quedado rebasado en su tradición de haberlo convertido en un ritual, y todavía hay quienes se aferran, en esta época de la modernidad política, y de quien hace varios años ofreció que haría, mucha política y más política y que haría política moderna, incongruente y contrastantemente aún siguen aferrados a la idea de imponer esas prácticas pasadas de moda y hacen que se denigre a aquellos, que los convierten en aplaudidores en estos actos, que no pueden continuar en esa forma.
Ese ritual en que se ha convertido el informe presidencial, si no fuera por las exclamaciones o los reclamos por quienes hacen uso de sus derechos como diputados, se compartan o no, rompen la monotonía de la hipocresía de ese ritual que obliga y que denigra a altos funcionarios.
El Presidente:
Diputado Arias, esta Presidencia le ruega que concluya, por el tiempo.
El diputado Cristóbal Arias Solís:
Voy a terminar, señor Presidente.
A lo mejor incomoda lo que estamos diciendo. Entonces, les ruego su comprensión a la Asamblea y al señor Presidente.
Nuestra conclusión, es que esta reflexión debe llevarnos a contemplar la modificación de disposiciones legales que rompan ya lo que ha sido en los hechos superado. No puede continuarse con esta práctica perniciosa y viciada, con ese ritual, con ese anacronismo.
Y tampoco creo, y esto lo asumo bajo mi estricta responsabilidad,
a título muy personal, que tampoco puede convertirse este recinto legislativo, cuando alguien desea hacer uso de la palabra, el que se imponga autoritariamente la presidencia y provoque una reacción ensayada de aquellos que consideran que es una falta de respeto, estamos cayendo en un círculo vicioso.
Lo importante es que podamos sacar como conclusión, el que debemos de revisar el marco legal que rige estos actos, para contemplar la posibilidad de que sea modificado y se convierta, efectivamente, la presentación del informe en un acto verdaderamente republicano y democrático, y no en actos anacrónicos.
Esa es la conclusión que nos hacemos al abordar esta tribuna. Ya nuestros compañeros harán su intervención en el análisis y en la glosa del informe quinquenal que escuchamos hace unos días.
Pero creo que lo importante es que podamos abocarnos al análisis legal, que está en el fondo rigiendo una relación que conlleva a distintos puntos de vista, y que ha derivado en un debate que considero que debe buscársele el ángulo positivo y no denostarnos entre nosotros. Muchas gracias.
El Presidente:
Continuamos con el orden del día.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo (desde su curul):
Pido la palabra para hechos, señor Presidente.
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Patricia Ruiz Anchondo, para rectificar hechos.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo
Con su permiso señor Presidente:
Seré muy breve. El diputado Díaz Infante señaló como parte de su argumentación los artículos 65 y 69 de la Constitución para fundamentar la petición de la intervención del Estado Mayor el día del informe. En ningún momento, en ningún lado de estos artículos de la Constitución, se faculta a las autoridades militares de intervenir
en estas actividades, de ninguna manera se señala esto.
Y sí le voy a leer el artículo 129 constitucional que en su primer párrafo, que a la letra señala: "En tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar". Muchas gracias.
MINUTO DE SILENCIO
El Presidente:
Esta Presidencia tiene la pena de participar a la Asamblea que el día 30 de septiembre de 1993 falleció nuestro compañero el diputado Rafael Sergio Vera Cervantes, diputado electo en el VI distrito del Estado de Oaxaca.
Se ruega a los diputados ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en su memoria.
El secretario Rogelio Villareal Garza:
Muchas gracias.
El Presidente:
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ACUERDOS PARLAMENTARIOS
El secretario Rogelio Villarreal Garza:
«Acuerdo que establece los lineamientos de trabajo para las sesiones de la Cámara de Diputados en el Primer Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LV Legislatura.
Los coordinadores de los grupos parlamentarios representados en la LV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General, a fin de ordenar el desarrollo del Primer Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, y
CONSIDERANDO
1. Que es necesario adecuar la duración, inicio y conclusión de los trabajos legislativos tomando en cuenta tanto las expectativas de volumen de trabajo, como los tiempos que se consideren oportunos y legalmente establecidos;
2. Que es necesario establecer un horario que si bien no restrinja el trabajo legislativo, sí lo regule y permita su mejor desarrollo;
3. Que resulta conveniente disponer de tiempo suficiente para que se pueda analizar con holgura el trabajo legislativo;
4. Que la actual legislatura se ha caracterizado por la suscripción de acuerdos tendientes a normar y facilitar las tareas camarales, y
5. Que con fundamento en lo anterior, los coordinadores de los grupos parlamentarios representados en la honorable Cámara de Diputados han tenido a bien suscribir, el siguiente
ACUERDO
Primero. El presente acuerdo establece el calendario y los lineamientos de trabajo que normarán durante el Primer Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la LV Legislatura.
Segundo. Las sesiones se verificarán los martes y jueves a partir del 4 de noviembre y hasta el 23 de diciembre. En caso de ser necesario, y previo acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios, se podrán realizar sesiones adicionalmente en otros días de la semana.
Tercero. Las sesiones comenzarán regularmente a las 10.00 horas y no deberán prolongarse más allá de las 22.00 horas, salvo acuerdo al respecto de los coordinadores de los grupos parlamentarios.
Cuarto. La mesa directiva de la Cámara se integrará con un Presidente y seis vicepresidentes, representantes de cada uno de los grupos parlamentarios, cuatro secretarios y cuatro prosecretarios.
Quinto. La conducción de las sesiones plenarias se rotará entre el Presidente y los vicepresidentes de la mesa directiva de la Cámara. Sexto. El registro de asistencia se realizará en los términos del acuerdo parlamentario que para tal efecto se suscribió el 7 de noviembre de 1991.
Séptimo. Los asuntos que deban ser resueltos en las sesiones plenarias, se ordenarán conforme al calendario legislativo que para tal efecto acuerden los coordinadores de los grupos parlamentarios.
Salón de sesiones del Palacio Legislativo, a los 26 días del mes de octubre de mil novecientos noventa y tres. Grupo parlamentario del PRI:
diputada: María de los Ángeles Moreno Uriegas; grupo parlamentario del PAN: diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos; grupo parlamentario del PRD: diputado Ricardo Valero; grupo parlamentario del PFCRN: diputado Alberto Carrillo Armenta; grupo parlamentario del PARM: diputado Adolfo Kunz Bolaños; grupo parlamentario del PPS: diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.»
En votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo parlamentario...
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente.
La secretaria Noemí Zoila Guzmán Lagunes:
«Acuerdo Parlamentario para Regular las Sesiones en las que se analizará el Quinto Informe de Gobierno.
Los coordinadores de los grupos parlamentarios representados en la LV Legislatura de la Cámara de Diputados
CONSIDERANDO
I. Que el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que a la apertura de sesiones del Congreso General, el ciudadano Presidente de la República presentará un informe en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país;
II. Que el artículo 8o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en su segundo párrafo, dispone que el Presidente del Congreso contestará el informe en términos concisos y generales;
III. Que dicho artículo, en su último párrafo, determina que el informe presidencial será analizado por las cámaras en sesiones subsecuentes, y
IV. Que resulta conveniente ordenar y equilibrar la participación de los grupos parlamentarios en dicho análisis, suscribimos el siguiente
ACUERDO
Primero. El Quinto Informe de Gobierno se analizará en las tres sesiones subsecuentes a la presentación del mismo. El horario a que se sujetarán éstas, será de 10.00 a 22.00 horas.
Segundo. Los temas que se abordarán de manera clasificada, respecto del análisis del informe serán: Política Interior, Política Económica y Social y Política Exterior.
Tercero. Las sesiones se verificarán en las siguientes fechas del mes de noviembre: jueves 4, Política Interior; martes 9, Política Económica y Social, y jueves 11, Política Exterior.
Cuarto. Para realizar el análisis respectivo, cada grupo parlamentario hará uso de la palabra, hasta por dos ocasiones durante cada sesión.
Quinto. Cada intervención tendrá una duración máxima de 30 minutos.
Sexto. El orden que seguirán los oradores, será el siguiente:
a) Partido Popular Socialista;
b) Partido Auténtico de la Revolución Mexicana;
c) Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional;
d) Partido de la Revolución Democrática;
e) Partido Acción Nacional, y
f) Partido Revolucionario Institucional.
Séptimo. La participación de los oradores será de manera alternada siguiendo el orden establecido, no pudiendo participar dos oradores de un mismo partido consecutivamente.
Octavo. Una vez concluidas las intervenciones, los coordinadores de las fracciones parlamentarias dispondrán lo conducente, a fin de que sea elaborada y publicada una memoria con la posición de sus partidos con respecto al informe que se analiza, misma que se editará a través del Comité de Asuntos Editoriales de la Cámara de Diputados.
Noveno. El Presidente de la mesa directiva de la Cámara, hará llegar al Ejecutivo, los documentos a que se refiere el punto anterior.
México, Distrito Federal, a 26 de octubre de 1993. Partido Revolucionario Institucional: diputada María de los Ángeles Moreno Uriegas; Partido Acción Nacional: diputado Diego Fernández de Cevallos; Partido de la Revolución
Democrática: diputado Ricardo Valero; Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional: diputado Alberto Carrillo Armenta; Partido Auténtico de la Revolución Mexicana: diputado Adolfo Kunz Bolaños; Partido Popular Socialista: diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.»
En votación económica, se pregunta si se aprueba el acuerdo parlamentario.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente.
COMISIÓN PERMANENTE
La secretaria María Cristina Hermosillo Ramírez:
«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados. Presentes.
En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con la solicitud del ciudadano diputado Luis Cuauhtémoc Riojas Guajardo y se aprobaron los puntos de acuerdo que a continuación se transcriben:
"Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Luis Cuauhtémoc Riojas Guajardo, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el VI distrito del Estado de México, a partir de esta fecha.
Segundo. En su oportunidad llámese al suplente."
La Secretaría dictó el siguiente trámite: "Aprobados. Comuníquese a la Cámara de Diputados".
Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, distrito Federal, a 15 de Septiembre de 1993. diputada María Luisa Urrecha Beltrán, secretaria; senador Antonio Melgar Aranda, secretario.»
El Presidente:
Llámese al suplente.
La secretaria María Cristina Hermosillo Ramírez:
«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados. Presentes.
En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con la solicitud del ciudadano diputado Felipe Medina Santos y se aprobaron los puntos de acuerdo que a continuación se transcriben:
"Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Felipe Medina Santos, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el XV distrito electoral del Estado de México, a partir de esta fecha.
Segundo. En su oportunidad llámese al suplente."
La Secretaría dictó el siguiente trámite: "Aprobados. Comuníquese a la honorable Cámara de Diputados".
Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 29 de septiembre de 1993. senadora Idolina Moguel Contreras, secretaria; diputado Juan Campos Vega, secretario.»
El Presidente:
Llámese al suplente.
La secretaria María Cristina Hermosillo Ramírez:
«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados. Presentes.
En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con la solicitud del ciudadano diputado Alfredo Torres Martínez, y se aprobaron los puntos de acuerdo que a continuación se transcriben:
"Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Alfredo Torres Martínez, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el XXXII distrito electoral del Estado de México, a partir de esta fecha.
Segundo. En su oportunidad llámese al suplente."
La Secretaría dictó el siguiente trámite: "Aprobados. Comuníquese a la Cámara de Diputados."
Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 29 de septiembre de 1993. senadora Idolina Moguel Contreras, secretaria; diputada María Luisa Urrecha Beltrán, secretaria.»
El Presidente:
Llámese al suplente.
La secretaria Martha Maldonado Zepeda:
«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el escrito de fecha 14 de octubre del año en curso, del diputado Abundio Ramírez Vázquez, por el que comunica que da por terminada la licencia que le concedió la Comisión Permanente y se reincorpora a sus funciones legislativas como diputado federal electo por la segunda circunscripción.
La Secretaría dictó el siguiente trámite: "De enterado y comuníquese a la honorable Cámara de Diputados".
Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal a 14 de octubre de 1993. diputada María Luisa Urrecha Beltrán, secretaria; senador Antonio Melgar Aranda, secretario.»
De enterado.
«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el escrito de fecha 27 de octubre del año en curso, del diputado Héctor Morquecho Rivera, por el que comunica que da por terminada la licencia que le concedió la Comisión Permanente y se reincorpora a sus funciones legislativas como diputado federal electo por la segunda circunscripción.
La Secretaría dictó el siguiente trámite: "De enterado. Comuníquese a la honorable Cámara de Diputados".
Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 27 de octubre de 1993. senador Antonio Melgar Aranda, secretario; senadora Idolina Moguel Contreras, secretaria.»
De enterado.
«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados. Presentes.
La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo a bien aprobar el decreto que a continuación se transcribe:
"Artículo primero. En los términos de los párrafos decimonoveno y vigésimo del artículo 41 constitucional y del párrafo seis del artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se elige a los magistrados del Poder Judicial de la Federación Margarita Luna Ramos, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Juan Silva Meza y Guillermo Velasco Félix, como magistrados propietarios a la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Federal Electoral.
Artículo segundo. En los términos de los párrafos decimonoveno y vigésimo del artículo 41 constitucional y del párrafo seis del artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se elige a los magistrados del Poder Judicial de la Federación Leonel Castillo González y Germán Tena Campero, como magistrados suplentes a la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Federal Electoral.
Artículo tercero. Los magistrados propietarios y suplentes a la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Federal Electoral rendirán protesta
constitucional ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Artículo cuarto. Comuníquense estas determinaciones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Tribunal Federal Electoral y al Instituto Federal Electoral."
Asimismo le comunicamos para su conocimiento y fines consiguientes, que los magistrados rindieron su protesta de ley, ante esta Comisión Permanente.
México, Distrito Federal, a 27 de octubre de 1993. senador Emilio M. González, presidente senadora Idolina Moguel Contreras, secretaria; senador Antonio Melgar Aranda, secretario.»
De enterado.
El secretario Rogelio Villarreal Garza:
«Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados, Palacio Legislativo. Ciudad.
Tenemos el honor de remitir a ustedes el informe de labores con el que se dio cuenta en la sesión de clausura del período de la honorable Comisión Permanente, celebrada en esta fecha.
La Secretaría dictó el siguiente trámite: "De enterado. Insértese en el Diario de los Debates, remítase a las honorables cámaras de Diputados y Senadores, imprímase y distribúyase".
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 27 de octubre de 1993. senador Antonio Melgar Aranda, secretario; senadora Idolina Moguel Contreras, secretaria.»
De enterado.
La secretaria Noemí Zoila Guzmán Lagunes:
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Senadores. México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados. Presentes.
Para conocimiento de esa honorable colegisladora, tenemos el honor de participar a ustedes, que en sesión celebrada en esta fecha, quedó legalmente constituido el honorable Senado de la República de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso de la Unión, correspondiente al primer período de sesiones ordinarias del tercer año de su ejercicio, habiendo resultado electa la siguiente mesa directiva que funcionará durante el mes de noviembre próximo.
Presidenta: senadora María Elena Chapa Hernández; vicepresidente: senador Enrique Cárdenas González; vicepresidente: senador Ángel Ventura Valle.
Secretarios, para el ejercicio de un año: senadores Oscar Ramírez Mijares, Israel Soberanis Nogueda, Antonio Melgar Aranda, Jorge Rodríguez León.
Prosecretarios, para el ejercicio de un año: sena dores José E. Godoy Hernández, Justino Delgado Caloca, Ernesto García Sarmiento, Jorge Adolfo Vega Camacho.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 21 de octubre de 1993. senador Antonio Melgar Aranda, secretario, senador Jorge Rodríguez León, secretario.»
De enterado.
GRAN COMISIÓN
El secretario Rogelio Villarreal Garza:
«Gran Comisión.
Ciudadanos secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Presentes.
Los integrantes de la Gran Comisión, con fundamento en el artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hacemos de su conocimiento que en reunión celebrada este día, acordamos elegir unánimemente como Secretario de nuestra Mesa Directiva al diputado Miguel González Avelar, en sustitución del diputado Roberto Madrazo Pintado, quien solicitó retirarse de dicho cargo.
Hacemos de su conocimiento lo anterior para los efectos a que haya lugar.
Protestamos a ustedes las seguridades de nuestra distinguida consideración.
Atentamente.
México, Distrito Federal, agosto 11, 1993. diputada María de los Ángeles Moreno Uriegas,
presidenta; diputado Rodolfo Becerril Straffon, secretario.»
De enterado.
La secretaria María Cristina Hermosillo Ramírez:
«Gran Comisión.
Acuerdo para incorporar diputados a diversas comisiones.
Honorable Asamblea: la Gran Comisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 47, fracción IV; 50, 51 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y
CONSIDERANDO
1. Que es necesario ajustar tanto la integración como las directivas de comisiones y comités, en virtud de que algunos diputados han solicitado licencia para separarse de sus funciones, misma que les fue concedida en términos del artículo 62 constitucional, incorporándose los respectivos suplentes al trabajo legislativo, y
2. Que es facultad del pleno de la Cámara de Diputados sancionar las propuestas de la Gran Comisión, en lo que se refiere a la integración de comisiones y comités; somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente
ACUERDO
Primero: Se sustituyen en las mesas directivas y en el cargo que se señala, a los siguientes diputados:
Comisión de Bosques y Selvas.
Se designa secretario al diputado Francisco Hernández Juárez, en sustitución del diputado Rigoberto Arriaga Ruiz.
Comisión de Reconstrucción del Palacio Legislativo.
Se designa secretario al diputado Héctor Morquecho Rivera en sustitución del diputado Francisco Hernández Juárez.
Comité de Administración.
Se designa presidente al diputado Héctor Ortiz Ortiz en sustitución de la diputada Laura Pavón Jaramillo.
Segundo: Se incorporan los siguientes diputados a las comisiones que se enuncian:
Diputado Alfonso Gómez Aguirre: comisiones de Comercio y Fomento Industrial; Comunicaciones y Transportes; Distrito Federal; Defensa Nacional; Turismo y Vivienda.
Diputado Miguel Ángel Terrón Mendoza: comisiones de Asentamientos Humanos y Obras Públicas; Defensa Nacional; Distrito Federal y Ecología y Medio Ambiente.
Diputado Ramiro Rojo López: Comisión de Pesca.
Diputada Irma Adame Aguayo: comisiones de Ciencia y Tecnología; Educación y Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Diputado Ezequiel López Murillo: comisiones de Agricultura; Hacienda y Crédito Público; Reforma Agraria y Seguridad Social.
Diputado Francisco Rabelo Cupido: comisiones de: Agricultura y de Ganadería.
Diputado Alberto Schettino Piña: comisiones de Derechos Humanos; Ecología y Medio Ambiente; Gobernación y Puntos Constitucionales y Relaciones Exteriores.
Diputado Demetrio Santiago Torres: Comisiones de Comunicaciones y Transportes; Educación y Hacienda y Crédito Público.
Diputados: Julieta Mendívil Blanco, Irma Piñeiro Arias, Layda Sansores San Román y Rogelio Villarreal Garza, al Instituto de Investigaciones Legislativas.
Tercero: Se toman por reintegrados a las comisiones y en los cargos aprobados por esta soberanía, a los diputados que se han reincorporado al concluir las respectivas licencias solicitadas.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a los cuatro días del mes de noviembre de 1993. diputada María de los Ángeles Moreno Uriegas, presidenta de la Gran Comisión; diputado Miguel González Avelar, secretario; diputado Rodolfo Becerril Straffon, secretario.»
En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición de la Gran Comisión.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada.
La secretaria Noemí Zoila Guzmán Lagunes:
«Gran Comisión.
Ciudadanos secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Presentes.
En los términos de lo dispuesto por el artículo 75 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se someta a resolución del pleno de la Cámara el nombramiento del ciudadano Ramón García González, como Coordinador General de Comunicación Social.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente solicitamos se dé cuenta al pleno del presente documento, a fin de que se resuelva al respecto.
Atentamente.
México, Distrito Federal, octubre 21, 1993. diputada María de los Ángeles Moreno Uriegas, presidenta; diputado Miguel González Avelar, secretario; diputado Rodolfo Becerril Straffon, secretario.»
En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
PROTESTA PROTOCOLARIA
El Presidente:
Se encuentran a las puertas de este recinto los ciudadanos: Armando Dorantes Montes, Guadalupe Mino Luna y Mario Guadalupe Mendoza Chávez, diputados suplentes electos en los siguientes distritos electorales: VI y XXXII del Estado de México y VI del Estado de Oaxaca, respectivamente.
Se designa en comisión, para que los acompañen en el acto de rendir la protesta de Ley para entrar en funciones, a los siguientes diputados: Fernando Ordorica Pérez, David Palacios García, Jorge Iturribarría Bolaños Cacho, Miguel Osorio Marbán, Leodegario López Ramírez, Benigno López Mateos, Demetrio Hernández Pérez, Tomás Correa Ayala y Juan Jacinto Cárdenas García.
La secretaria Noemí Zoila Guzmán Lagunes:
Se pide a la comisión cumplir con este encargo.
Se ruega a los presentes ponerse de pie.
El Presidente:
Ciudadanos Armando Dorantes Montes, Guadalupe Mino Luna y Mario Guadalupe Mendoza Chávez: ¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputados que el pueblo os ha conferido, mirando todo por el bien y prosperidad de la Unión?
Los ciudadanos Armando Dorantes Montes, Guadalupe Mino Luna y Mario Guadalupe Mendoza Chávez:
¡Sí, protesto!
El Presidente:
Si así no lo hiciereis, la nación os lo demande.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ESTADO DE AGUASCALIENTES
La secretaria María Cristina Hermosillo Ramírez:
«Escudo Nacional. Gobierno del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes. Poder Legislativo.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados. Avenida Congreso de la Unión s/n. México, D.F.
Nos permitimos hacer de su conocimiento que la honorable Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, con esta fecha clausuró su Tercer Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional.
Al hacer de su conocimiento lo anterior, reiteramos a usted las seguridades de nuestra consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
José Luis F. Reynoso Chequi, diputado presidente; Ricardo Ávila Martínez, diputado secretario; Felipe de Jesús Ortega Saucedo, diputado secretario.»
De enterado.
ESTADO DE HIDALGO
La secretaria Martha Maldonado Zepeda:
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Poder Legislativo del Estado de Hidalgo.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F. Con toda atención nos permitimos el honor de comunicar a usted, que la Comisión Permanente de la Quincuagésima Quinta Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en sesión celebrada el día de hoy, clausura los trabajos de dicha Comisión, lo anterior se le comunica para los efectos procedentes.
Al hacer de su conocimiento dicha clausura, nos es grato reiterarle las seguridades de nuestra más alta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Diputados: Miguel Ángel Peña Sánchez, secretario y Salvador Neri Sosa, secretario.»
De enterado.
«Escudo Nacional. Poder Legislativo del Estado de Hidalgo.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F.
Con toda atención nos permitimos el honor de comunicar a usted(es), que la Quincuagésima Quinta Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en junta preparatoria celebrada el día de hoy, dio cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para la elección de los miembros de la directiva que habrá de presidir los trabajos durante el mes de octubre del año en curso, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, quedando integrada de la siguiente forma:
Diputados: Esteban Ángeles Cerón, presidente; Abel Rojo Muñoz, vicepresidente; José Alejandro Hernández Ballina, secretario propietario; José Alejandro de Jesús Fosado M., secretario propietario; María Rosa Llaca Colchado, secretaria suplente y Roberto Alejandro Meza García, secretario suplente.
Al hacer de su conocimiento lo anterior, nos es grato reiterarle las seguridades de nuestra más alta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Diputados: Alejandro Hernández Ballina, secretario y José Alejandro de Jesús Fosado Martínez, secretario.»
De enterado.
QUINTO INFORME DE GOBIERNO, POLÍTICA INTERIOR
El Presidente:
Para dar cumplimiento al artículo 8o. párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del acuerdo parlamentario, ésta y las sesiones subsecuentes estarán destinadas al análisis del Quinto Informe de Gobierno rendido por el licenciado Carlos Salinas de Gortari, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
De conformidad con el punto tercero del acuerdo parlamentario, en esta sesión se hará el análisis del capítulo Política Interior.
Se han registrado para tal efecto, los siguientes diputados: por la fracción parlamentaria del PPS, el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo; por el grupo parlamentario del PARM, el diputado Samuel Moreno Santillán; por la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el diputado Heberto Croda Rodríguez; por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Alejandro Encinas Rodríguez; por el grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional, el diputado Jorge Zermeño Infante y por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Cuauhtémoc Coello López Sánchez.
En tal virtud, se concede el uso de la palabra al diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo:
Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Abordaré en mi intervención, en primer término, una opinión global, el juicio global que al Partido Popular Socialista le mereció el Quinto Informe de Gobierno que conocimos el día primero de este mes.
En segundo lugar, nuestra opinión en particular con relación al tema específico de hoy: "Política Interior" y dentro de él, particularmente, lo relativo a la campaña electoral de 1994, y las condiciones en que ésta se da, particularmente a la luz de las reformas jurídicas que aquí se aprobaron en el período de sesiones extraordinarias y, en tercer lugar, tocaré el tema concreto del llamado aún "convenio de civilidad", incluido en el informe presidencial.
Así, pues, empiezo con la opinión global con relación al informe y ésta es en estos términos:
El Quinto Informe de Gobierno del licenciado Carlos Salinas de Gortari, debió haber sido un documento objetivo y autocrítico, que reflejara lo que ocurre en el escenario del mundo y en nuestro país, que reconociera errores, defectos y limitaciones, así como la necesidad ineludible de cambiar el rumbo. Lamentablemente no fue así.
El Ejecutivo en su informe se empeñó en exaltar una vía que ha agotado sus posibilidades, así en lo teórico como en lo práctico; una vía que en ningún país del mundo ha rendido los resultados que se pretendieron y que es objeto de crítica en todas partes, e incluso del rechazo enérgico de los pueblos. En el informe, de manera anacrónica se sigue defendiendo, como válida, la vía neoliberal, se le sigue equiparando equivocadamente con lo moderno y asegurando que ése y no otro, es el camino del porvenir.
La estrategia neoliberal tiene como ejes centrales, aquí lo hemos comentado ya en otras ocasiones, la política de privatizaciones, la supeditación total del Estado a los intereses de los grandes capitales, el promover por todas las vías la concentración y centralización del capital en pocas manos, el convertir al mercado y a través del propio mercado al capital privado, en el motor fundamental del crecimiento económico, aunque desde luego no del desarrollo que no se da; el abatir los salarios como forma para propiciar el flujo de capitales extranjeros y con el mismo propósito tratar de destruir las organizaciones sindicales y las prestaciones ganadas por los trabajadores.
Surgida a inicios de la década de los 80 en las grandes potencias, se atribuyó a la estrategia neoliberal el mérito de reactivar al régimen capitalista y se dijo acabaría con sus recesiones cíclicas, lo convertiría, se dijo, en un sistema social eternamente dotado de vitalidad y en permanente desarrollo. A grado tal, de que se llegó a afirmar, significaría esto el fin de la historia, entendida ésta como la lucha social de los pueblos por conquistar formas superiores de vida y de organización social.
Margaret Thatcher en la Gran Bretaña y Ronald Reagan en los Estados Unidos, fueron los precursores de esta estrategia. A través del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, exportaron la estrategia neoliberal hacia los países de América Latina y en general a todos los países capitalistas dependientes del mundo.
Surgió así la vertiente que podría denominarse neoliberalismo dependiente, cuyo propósito esencial fue el de cancelar toda posibilidad de desarrollo con independencia y progreso social y garantizar la subordinación económica y política de estos países con respecto a las metrópolis imperialistas. Tras poco más de 10 años de su inicio, sin embargo, la estrategia neoliberal ha quedado a la vista como un fracaso total. No solamente reaparecieron estancamiento y crisis, en los Estados Unidos y Gran Bretaña, en Alemania, Francia y Japón, en general en todo el mundo capitalista, sino que hasta se ha dado con un rasgo de mayor profundidad y duración que en otros momentos.
La estrategia neoliberal, por otra parte, provocó el profundo malestar de los pueblos de todos los países donde se ha aplicado, a causa del empobrecimiento creciente a que ha sometido a las masas populares, en beneficio de círculos cada vez más breves del capital financiero.
Por eso es que hoy en todas partes, se buscan nuevos caminos en todas partes del mundo. Los
gobiernos que aplicaron la estrategia neoliberal han sido desplazados en los procesos electorales recientes, en algunos casos con resultados verdaderamente espectaculares y dramáticos, como en Canadá.
Por lo que a América Latina se refiere, el neoliberalismo ha resultado también, y además de todo lo anterior, sinónimo de corrupción y de atropello a los derechos políticos y normas constitucionales. Como queda demostrado en los casos de Collor de Melo, en Brasil, Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Augusto Pinochet en Chile.
En esa situación, de fracaso total de la estrategia neoliberal, lo elemental, lo lógico, era esperar que esto se reflejara ya en el Quinto Informe de Gobierno, que hubiera en él rasgos de carácter autocrítico y de invitación a la reflexión sobre la necesidad de abandonar un camino que ha sido totalmente fallido y de reflexionar sobre el que habría de seguirse en el futuro.
Es lamentable que en vez de eso, el Quinto Informe de Gobierno del licenciado Carlos Salinas de Gortari, sea un documento de carácter autoexaltante, contradictorio, que se empeña vanamente en presentar una visión idílica de la situación del país en todos los rubros.
Los problemas que padece el pueblo, a la luz de ese documento, son sólo el resultado de la herencia todavía no superada de la etapa anterior a la neoliberal.
El neoliberalismo o liberalismo social, como prefiere llamarle el Ejecutivo, es la panacea, la medicina que cura todos los males, que moderniza al país y que hace progresar al pueblo. ¡Qué lamentable que se haya quedado a ese nivel este documento!
Las reformas contrarrevolucionarias de que ha sido objeto la Constitución, según ese texto, fueron en respuesta a demandas populares. La concentración y centralización económica no ha ocurrido. Hoy hay menos pobres que antes. La nación ha ganado en soberanía y en respetabilidad en el concierto de las naciones. ¡Qué lamentable! Se trata de un documento que presenta todas las cosas de revés, que vuelve lo negro blanco y viceversa, que refleja una actitud de soberbia y de ausencia total de sensibilidad por parte del Ejecutivo.
Por todo ello y ante la grave situación que vive la nación y el pueblo de México, luego de 11 años de política neoliberal y en vísperas de un proceso electoral que ha de renovar el Ejecutivo de la Unión y de manera parcial pero sustancial el Legislativo, es necesario reflexionar sobre el fondo de estas cosas.
Por eso, en la intervención previa al informe hacíamos un llamamiento que hoy reiteramos a todas las fuerzas patrióticas y progresistas de nuestro país, y específicamente a las que están dentro del Gobierno y su partido, que las hay y son importantes, cualitativamente importantes y cuantitativamente importantes, es necesario examinar a fondo este problema, es necesario cerrar filas en busca de retomar el camino, aquel camino histórico que vino construyendo nuestro pueblo, desde las luchas por la independencia nacional, aquel camino que constantemente busca la mejor manera de avanzar hacia el desarrollo de nuestras fuerzas productivas de la mejor manera posible, en estos términos, en esta etapa concreta de la actualidad, indudablemente que con los avances más importantes de la ciencia y de la tecnología, indudablemente que con un intenso intercambio de carácter internacional, indudablemente que con una inserción y una actividad ágil e incisiva en los mercados internacionales, pero con soberanía nacional, con independencia y progreso social.
Y ese llamado lo hacemos y lo reiteramos a las fuerzas democráticas de dentro del poder público y también a las fuerzas democráticas y progresistas de fuera del poder público.
No es posible pensar en que nuestra patria pudiera estar condenada ya no a un sexenio más de política neoliberal, sino ni siquiera a un mes más, a una semana más; esta política nefasta, esta estrategia profundamente lesiva para los intereses de la nación y del pueblo, debe ser derrotada y erradicada. Ese es el juicio global del Partido Popular Socialista con relación al informe.
Con relación al tema específico de política interior, lamentamos el que una batalla política y electoral que sin duda tendrá trascendencia, que tendrá repercusiones importantes en el devenir inmediato y futuro del pueblo y de la nación, se tenga que dar en condiciones mucho más desfavorables que las que había antes de las reformas constitucionales y al Cofipe, que se hicieron en el pasado período de sesiones extraordinarias.
No es verdad que se hayan dado avances de ninguna naturaleza, desde el punto de vista de la democracia, son retrocesos y retrocesos graves. No es verdad que se haya recogido los puntos de vista de los partidos políticos y que se
haya hecho un trabajo de concertación. Es cierto que hubo el intento, que se creó una comisión pluripartidista con ese objeto y que ésta trabajó durante muchos meses, pero finalmente todo ese esfuerzo resultó fallido y fracasado.
Finalmente, de las propuestas que formuló el PPS y que reiteró y argumentó y sustentó, no solamente no se recogió ninguna de carácter sustancial, una o dos de carácter superficial, sí, pero ninguna de carácter sustancial, sino que precisamente en los temas medulares las decisiones que se tomaron fueron en el sentido opuesto de aquello que proponía el PPS.
En cuanto a modificación del régimen de financiamiento público no se tomaron medidas para combatir la tremenda iniquidad que existe y que hace que los partidos que representan intereses de la burguesía acaudalada y que por ese solo hecho cuentan con el financiamiento de ese sector poderoso económicamente de la población, todavía reciban a su vez los mayores aportes del financiamiento público, no sólo no se tomaron medidas para impedir esa situación extremadamente injusta, antidemocrática por inequitativa, sino que se tomaron medidas que acentúan esa situación.
Y peor todavía, además de que estas medidas abrieron la posibilidad de la privatización, los partidos políticos y de la vida política toda por medio del financiamiento privado ahora legalizado, se abrió el enorme boquete del financia miento privado sin cara, anónimo, por donde además se abren posibilidades incluso a la vulneración de la soberanía nacional, al ingreso de donativos provenientes de gobiernos extranjeros o de entidades extranjeras e incluso también de organizaciones religiosas, vulnerando otra prohibición expresa que se incorporó a la legislación; no solamente no se avanzó en cuanto a garantizar la difusión suficiente y oportuna de las tesis, análisis, programas y propuestas de los partidos políticos todos, en igualdad de condiciones, para garantizar así a los ciudadanos mexicanos el derecho elemental de estar suficientemente informados de las distintas opciones para que pudieran de esa manera ejercer un voto razonado y consciente sin el cual es imposible hablar de democracia electoral, sino que al establecer la posibilidad de que los medios presten el servicio a quienes puedan pagarlo, también en este otro campo se avanza hacia la privatización y eliminación de la política nacional, se avanza hacia un régimen plutocrático y no democrático.
Y podríamos seguir examinando muchos otros temas, otro muy importante sería sin duda el de las candidaturas comunes y coaliciones. La posición del Partido Popular Socialista fue clara y razonadamente expuesta.
Nosotros sostuvimos que no es legítimo que celebren ningún tipo de alianza o que sustenten una misma candidatura fuerzas discrepantes desde el punto de vista de sus principios, de los enfoques con que analizan la realidad y de las propuestas que formulan. No debe estar abierta esa posibilidad, ésa es la cuestión medular que debe impedirse, pero fuera de ésa no debe haber ninguna otra cortapisa ni impedimento de ningún carácter.
En vez de eso, igual que en los otros aspectos se caminó en sentido opuesto; se cargó de cadenas, de obstáculos y de limitaciones a las posibilidades de coalición, única figura además que quedó plasmada como posibilidad de alianza.
No se avanzó en cuanto a la desaparición de la figura de los consejeros ciudadanos, a pesar de que no hubo respuesta razonada al argumento nuestro de que esto era simplemente una simulación a través de la cual se seguían expresando las fuerzas políticas. Una deformación de la verdadera presencia de los partidos políticos.
Se modificó la composición de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y se dijo que desaparecía la llamada cláusula de gobernabilidad, aunque lo cierto es que se establecieron mecanismos de sobrerrepresentación para ciertas fuerzas políticas que de hecho constituyen simplemente una nueva forma de expresar esa misma cláusula de gobernabilidad.
Se modifica la composición del Senado, de igual manera en cuanto al contenido y la orientación esencial que se hace con la Cámara de Diputados, con la idea de sobrerrepresentar particularmente a dos fuerzas políticas: al PRI y al PAN, y toda vía con mayor mensaje de sobrerrepresentación al Partido Acción Nacional. En cambio queda extremadamente limitada la posibilidad de presencia de las demás fuerzas políticas en el Senado y sube extraordinariamente el costo en votos para los diputados también de las demás fuerzas políticas.
En fin, podríamos seguir examinando tema a tema, uno por uno y demostrar por qué razón hemos dicho que esta modificación que se aprobó en el período extraordinario, junto con la otra que se había hecho ya en este mismo sexenio, constituyen dos momentos de grave, de profundo retroceso en la vida democrática de nuestro país y lamentablemente ésas son las reglas con las
que tenemos que participar en una campaña electoral que en mucho ha de definir el porvenir inmediato y futuro de nuestro pueblo y de nuestro país.
Sin embargo, con esas leyes injustas participaremos y llamaremos al pueblo y llamaremos a las fuerzas democráticas y progresistas, políticamente organizadas, donde quiera que estén, a dar una pelea y no vemos el porvenir inmediato ni el de largo plazo con una actitud pesimista; vemos, como lo decíamos también en nuestra intervención previa al informe, que en el escenario del mundo igual que en México, el péndulo viene de regreso, que la ola derechizadora que recorrió el mundo y que golpeó muy duramente a las fuerzas progresistas en todas partes hace tiempo desapareció convertida en espuma, como ocurre siempre con las olas, por grandes y aparatosas que aparezcan en un momento dado. Desapareció convertida en espuma y que ahora estamos ya en la etapa contraria en la que las fuerzas avanzadas se reorganizan y toman la ofensiva en todas partes.
Hacemos pues los mejores pronósticos para la campaña de 1994. Estamos ciertos de que no podrá seguir imperando una corriente derechizadora y pronorteamericana en los intereses de nuestro país; que las fuerzas de carácter más avanzado impondrán su voluntad, que es la voluntad del pueblo de México.
En este sentido y con este contexto abordaría el tercer tema que enuncié, que es el del llamado específico a la formulación de un convenio de civilidad entre las fuerzas políticas de nuestro país. Sobre este tema la posición del Partido Popular Socialista es la siguiente: es indudable que a todas las fuerzas políticas de México preocupa el escenario en que se da esta batalla.
Es indudable que ninguna fuerza política sana quisiera que los marcos de lucha pacífica fueran rebasados y que se presentaran durante la campaña electoral, antes de la campaña electoral o después de ella, hechos de violencia. Compartimos esa preocupación desde luego con todas las fuerzas políticas sanas de nuestro país.
Nos parece que un esfuerzo de diálogo, de concertación, no es de desdeñarse, que debe hacerse, pero que lo fundamental es examinar el contenido de un pacto de esa naturaleza, cuál debe ser el contenido, cuáles deben ser los términos, más que el enunciado genérico de un pacto de civilidad, porque si el pacto de civilidad se quisiera reducir a fortalecer al bipartidismo, a nulificar incluso los derechos de protesta de otras fuerzas políticas, de las fuerzas de izquierda, de las fuerzas progresistas, pues hombre, esto habría que desenmascararlo y denunciarlo con toda energía.
Si lo que se quiere es establecer normas que garanticen el que el proceso electoral pueda darse en condiciones de respeto para todos, de respeto para la voluntad del pueblo, entonces habrá que empezar por subsanar en ese pacto algunas de las grandes deficiencias del proceso legislativo; ahí habrá ahora que pactar lo que no se quiso hacer en su momento a nivel legislativo. La primera garantía que debe establecerse en ese pacto es la del acceso equitativo suficiente y oportuno de todas las fuerzas políticas a los medios de difusión; que el mensaje de todos los partidos políticos pueda llegar a todos los ciudadanos, porque ésa es la mejor garantía en contra de la manipulación del proceso y en contra por lo tanto de que se tengan que enfrentar riesgos de violencia.
De esa manera se puede elevar el debate de las ideas y llevarlo a la mentalidad de todos los ciudadanos; pueden tener el cotejo a la vista cada elector, cada compatriota nuestro en todos los rincones del país, de cuál es la manera en que el Partido Revolucionario Institucional analiza la situación actual del país, cuál es el diagnóstico que hace y cuáles son sus propuestas, y así también el Partido Acción Nacional o el Partido de la Revolución Democrática y cuáles son las del Partido Popular Socialista y de los otros partidos, el Auténtico de la Revolución Mexicana, el del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y los otros tres que han obtenido el derecho a participar en la próxima contienda electoral y razonadamente decidir su voto.
Y así como esa cuestión sustancial habrá varias otras de contenido que hay que empezar a resolver desde ahora, si de verdad se piensa en un pacto serio de civilidad, que permita que transcurra el proceso electoral en las condiciones de tranquilidad, de paz social, que aleje el riesgo de estallidos de violencia, y si así fuera, nuestro partido tendría el mayor interés en participar en la formulación de su contenido, en la discusión del mismo y en la suscripción de un pacto de esa naturaleza.
Pero un pacto así concebido tiene que sustentarse además necesariamente en una posición por parte de las autoridades federales y estatales de todo el país, de respeto a las normas constitucionales y de respeto a los derechos ciudadanos,
individuales y colectivos, y preocupa mucho que precisamente en los momentos en que se está llamando a un pacto de civilidad, por otro lado se vuelva al ejercicio de prácticas de violencia contra grupos ciudadanos, al uso de la fuerza represiva con brutalidad, como ocurrió en Ecatepec, en el caso del predio Los Pilares.
No es verdad que lo ahí sucedido haya sido un desalojo con apego a la Ley y de carácter Pacífico, como se dijo en el boletín que las autoridades involucradas en este penoso y lamentable asunto enviaron a la prensa. Ahí se usó a la fuerza pública contra los colonos inermes, se actuó con toda alevosía sorprendiéndolos a las 3.00 de la madrugada y con lujo de violencia, arrasando e incendiando viviendas con todo lo que estuviera adentro.
Se arrasó con maquinaria pesada, así como ocurría o como ocurriera alguna vez en el Distrito Federal, allá en los tiempos de aquel regente al que se motejó "de hierro". Se concentraron fuerzas públicas de diversas corporaciones, las que se solazaron golpeando a los moradores de ese predio, sin reparar en que fueran ancianos, mujeres o niños; se llegó al extremo de impedir el acceso de las ambulancias para que sacaran libremente a los heridos de la zona acordonada y posteriormente, cuando vecinos de ese lugar se dirigieron a tratar de dialogar con las autoridades en defensa de la integridad física de los colonos...
El Presidente:
Cuauhtémoc Amezcua, le recordamos el tiempo respetuosamente.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo:
Agradezco su llamado y concluyo en un minuto.
Cuando éstos se dirigieron en busca de diálogo con las autoridades, fueron nuevamente recibidos por los granaderos y la policía montada, con una andanada de macanazos.
Compañeras y compañeros diputados, son hechos muy lamentables que no reflejan que en verdad haya una buena disposición por parte de las autoridades para establecer un clima de paz y tranquilidad.
El Partido Popular Socialista rechaza con energía esos hechos, y llama también a la reflexión en torno a los mismos. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Samuel Moreno Santillán, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para esta primera ronda.
El diputado Leonides Samuel Moreno Santillán:
Con su venia, señor Presidente; honorable Asamblea:
Como diputado de la nación ante esta honorable Asamblea, con el mismo carácter, ratifico mi lealtad a la representación del pueblo de México por encima de intereses partidistas refrendo de igual manera mi deber de contribuir a acrecentar la concordia, la paz y la prosperidad de todos los mexicanos a través de los actos que en tal sentido participe.
Por ello en esta ocasión, a nombre de quienes respaldan y avalan nuestra representación política nacional, expongo a la consideración de ustedes, señores legisladores, el diagnóstico de lo que a nuestro juicio es la realidad de México y que sobre los factores del poder nacional a continuación hago, como consecuencia del Quinto Informe de Gobierno del ciudadano Carlos Salinas de Gortari, Presidente Constitucional de nuestra nación.
Compañeras y compañeros diputados, amigos todos, el próximo año se pondrá en práctica la nueva legislación federal electoral en donde los cambios políticos y relevo de hombres, en las responsabilidades institucionales federales que la Ley prevé y ordena, será oportunidad para conocer qué tanta bondad y qué tanta transparencia concedieron las modificaciones en materia electoral y qué cambios habrá que demandar en el futuro inmediato para alcanzar las nuevas etapas de progreso, de superación y de unidad que el pueblo exija al poder público en general y al Ejecutivo en lo particular, a través de una práctica de auténtica democracia, reconocida como tal en lo externo, sin necesidad de pactos de civilidad política donde en última instancia la responsabilidad del Gobierno en la rectoría del Estado, es garantizar el respeto a su voluntad.
En su informe, el presidente Salinas reiteró este compromiso. Esperemos en consecuencia los nuevos tiempos políticos, con serenidad y espíritu de concordia, pero lo haremos confirmando y confiando en nuestras exigencias, producto de su realidad, dentro de un marco de consenso
entre la oposición y conciliando este interés con ustedes, el partido de la mayoría, para evitar en lo posible, por sus supuestas concesiones, que la desregulación avance lenta y desigual en su aplicación al pueblo de México.
Asumamos por tanto el compromiso de sostener con firmeza el timón de esta nave, del Poder Legislativo, de cuya suerte somos corresponsables quienes integramos esta LV Legislatura, en los derroteros trazados por los cambios legislativos efectuados y modifiquemos en consecuencia, de hoy y para siempre, la sumisión al Poder Ejecutivo, y reiteremos nuestra escrupulosa sujeción a la Constitución de la República, al Reglamento Interno actualizado de nuestra Cámara, y de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, a sus formas, a sus tiempos y a sus decisiones, demostrando consecuentemente vocación y capacidad para el diálogo y la conciliación, rechazando posturas personales y traiciones internas y externas por intereses de la misma naturaleza por quienes así lo practican.
Demostrando ser con ello verdaderas opciones en nuestra realidad política, por la convicción ideológica de nuestros seguidores y simpatizantes, esperando en su caso tener capacidad y posibilidad de recibir en el seno de nuestros partidos una membresía representativa que sea objeto de apoyo en los diferentes procesos cívico electorales.
Dentro de tal consideración, debo resaltar el esfuerzo desarrollado por todos los partidos aquí representados durante el lapso a considerar, cuyas intervenciones individuales se han caracterizado sin duda con la misma buena fe y la certidumbre que sólo da el feliz término de todas y cada una las tareas emprendidas y cuyo propósito ha sido en el sentimiento de todos los legisladores, según creo, el mismo compromiso en el destino de nuestra gran nación.
De lo anterior resulta nuestra exigencia común por el respeto a las libertades, a la garantía del cumplimiento de la Ley y al pleno ejercicio de la democracia, perfiles esenciales sobre los que debió fundamentar y orientar en su realidad toda la acción integral de Gobierno, porque sólo bajo estas condiciones también creo será posible la consecución de un auténtico desarrollo social justo y equitativo, sobre un andamiaje democrático sólido y consistente, que no requiera maquillaje político a costa de la miseria del pueblo, de su extorsión política, de su sacrificio y de su manipuleo, a través de su ignorancia y necesidad económica, mitigada mediante un concepto de solidaridad y protegido por su oficialización, que disfraza supuestas bondades del sistema y condiciona electoralmente a la inmensa mayoría que todo necesita.
En mi partido creemos que cuando se conjugan libertad, derecho y democracia, tienen trascendencia los esfuerzos de la sociedad para hacer justicia a los que menos tienen, forjándose bajo tales condiciones un progreso social justo y compartido, en el espacio vital de la sociedad.
La realidad de los rezagos de Hidalgo, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, entre otros ejemplos, nos señalan las contradicciones de lo que se festina que somos ejemplo en el concierto internacional.
Y sólo con el equilibrio de justicia, libertad y democracia, es que podrán encontrar el hombre y la sociedad, las condiciones naturales para la expresión y realización cabal de sus potencialidades y aspiraciones, porque sólo en la libertad y con la justicia es posible la solidaridad, la que es precondición indispensable para generar el consenso que nos aglutine y nos unifique, con el encuentro de la democracia, nuestro problema fundamental.
Porque es en esta democracia, contraria al presidencialismo, en la que es posible definir y resolver las contradicciones y discrepancias, las injusticias y las demandas que vive México en lo interno, y reencontrar así los valores de todos los grupos sociales que nuestra pluralidad integra como nación.
Esta mayúscula expresión fue, es y será el gran debate, porque en él se encuentra la necesaria concertación que brinde oportunidades y expectativas de convivencia y progreso material y cultural para todos los mexicanos.
En este sentido, nuestro aplauso a los partidos de la Revolución Democrática y Popular Socialista, por su tenaz esfuerzo en el ánimo de que se alcance a la brevedad posible la democracia plena, con todos sus efectos, circunstancia que los demás partidos políticos aquí representados así la recogemos.
En este sentido, haría votos porque al definirla se haga con las personas adecuadas, despojadas de protagonismo, sensacionalismo y necesidad personal hacia el futuro, entregando su esfuerzo y sacrificio en aras de ese sentimiento común.
El Ejecutivo Federal con su informe trató de convencer que su Gobierno se finca en esta trilogía, sustento de nuestro liberalismo y su partido, sin duda, así lo ratificará, después de la
confirmación hecha por el diputado Becerril Straffon.
Pero de ser así, surge la gran interrogante: si México vive en tal estado de derecho, bajo el soporte de libertad y democracia, ¿por qué todavía los individuos, las clases sociales, el pueblo y los partidos políticos, de quienes se dice que ejercemos libertades y cumplimos obligaciones, es en este momento que aún no podemos dar forma y contenido a la acción y expresión cabal de auténtica democracia, que toda la sociedad de México reclama, donde como una mar embravecida la oleada social sube y baja, al influjo de su propio impulso e inercia, como respuesta de su realidad; movilización social que rebasa a Gobierno y partido, y cuyos reclamos han sido tipificados como la industria de la reclamación, situación que no surge como disciplina de partido, sino que, por el contrario, es producto de la insatisfacción de los proyectos de Gobierno y reales, que agudizados por regímenes sin proyecto, sin rumbo, sin dirección, auténticamente democráticos, ha dado paso a toda una cultura de movilización, inconformes contra rectorías del Estado, que disfrutaron del presente y poco o nada previeron del futuro para las grandes mayorías?
En este sentido, cobra valor el esfuerzo salinista, aun con los grandes defectos y desvíos. Ejemplo de lo que he referido, nos ilustra el propio priísta Arturo Núñez Jiménez, con su diagnóstico: "¿Cómo destruir el paraíso sobre materia ecológica?", reflexionó con acierto y responsabilidad.
Es por todo ello que al conjuntarse la crisis económica que vive la mayor parte de los mexicanos, la incapacidad política de algunos gobernantes y la ausencia de auténticos líderes, es que en México se crea toda esa cultura de movilización social e industria de la reclamación. De aquí es que surge la estrategia del Pronasol, que lejos de resolver problemas torales y ancestrales, los multiplica al efectuar derrama de dinero entre los reclamantes y mitiga sus padecimientos, circunstancias que ata al Gobierno para funcionar y cumplir con su compromiso en la productividad y en la competencia.
Como consecuencia de mi afirmación, a la fecha no se han eliminado las marchas, los plantones, las huelgas de hambre, la represión, los fraudes, las liquidaciones, los despidos, la contaminación excesiva, la escasez de vivienda, la ausencia de generación de empleos, el cierre de empresas, la existencia de las carteras vencidas del campo y del sector pesquero, los embargos, la corrupción en los cargos públicos y en los partidos políticos etcétera, por ello mi reflexión en la trilogía de libertad, justicia y democracia.
Por otra parte, pretender la separación del partido en el poder y en el Gobierno, creo que es el mayor de los absurdos, pues en cualquier caso y con cualquier partido, es esta fuerza la que posibilita el cumplimiento de sus compromisos y mientras la imagen del Revolucionario Institucional sea, que sólo ellos tienen la capacidad para gobernar y la oposición se autodestruya sin posibilidad de consenso, el pueblo apoyará al partido - gobierno en turno por inercia y por ignorancia, a más de incapacidad económica.
Por tanto, es este también nuestro reto: crecer con dignidad en la oposición con decoro, capacidad, imaginación, sin revanchismos y con rectoría política capaz, honesta, transparente y con proyectos realistas a los problemas que aquejan y limitan el desarrollo integral de la República.
Por lo anterior, convoco a todos ustedes, señoras y señores legisladores, para que en este último tercio que hoy iniciamos con este último balance de Gobierno y refrendemos nuestra responsabilidad con respecto a nuestra función legislativa y al trabajo parlamentario, haciendo el mayor de nuestros esfuerzos para que, por nuestros actos, en el que hacer futuro inmediato de nuestro país, prevalezca el orden, la paz social, la concordia, la unidad y la superación armónica de los mexicanos, dando al exterior una imagen real de este esfuerzo del que sí somos capaces, sin sacrificar por más tiempo a los mexicanos desprotegidos y sin poner en riesgo la soberanía y la integridad de la nación, demasiado ya expuesta por el empeño comprometido en la vigencia del Tratado de Libre Comercio, ahora en mayor duda por los últimos acontecimientos políticos que viven nuestros futuros socios comerciales.
El Ejecutivo refrendó también nuestra función legislativa como Cámara de origen a través de nuestra actividad básica, ojalá así se haga y no se ordenen rectificaciones o enmiendas que contradigan nuestra Carta Magna y nuestro proyecto de nación, a más de la expresión del Ejecutivo, comprometiendo así nuestra responsabilidad ante la República, hoy limitada y condicionada por el poder del presidencialismo señalado.
Señora diputada María de los Ángeles Moreno Uriegas, donde se encuentre. Apreciada amiga, en sus manos están todas las herramientas y alternativas para la trascendencia positiva de nuestra legislatura. Ojalá y sus colaboradores así lo
entiendan y antepongan en su conducta el verdadero interés a la demanda de los institutos políticos aquí representados, cada uno de ellos con su responsabilidad federal y logremos todos, establecer y encauzar en el advenimiento del año 2000 las bases que materialicen el desarrollo armónico integral de México y la felicidad de nuestra nación, que como epílogo tendremos el proceso electoral de 1994 bajo un marco de valores así acreditado por el propio Ejecutivo en las concepciones de los ideales de Juárez y Zapata, cuyos ejemplos en este sagrado recinto, con letras de oro están así consagrados, como depositarios de la integridad y soberanía de nuestra nación.
Por su atención y respeto, muchas gracias.
El Presidente:
Muchas gracias, señor diputado Samuel Moreno Santillán, del Partido Auténtico.
Tiene la palabra el compañero Eberto Croda Rodríguez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Eberto Croda Rodríguez:
Señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Me toca traer a esta tribuna los puntos de vista de mi fracción parlamentaria, la del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, respecto al análisis del capítulo de política interior del Quinto Informe de Gobierno Presidencial, rendido en esta tribuna el pasado primero de noviembre.
Más que un informe anual tradicional de Gobierno presidencial, el quinto informe es un balance de una gestión de gobierno a punto de expirar. Un repaso de los avances frente a la compleja situación derivada a partir de 1988.
Un recuento de una parte de los grandes problemas nacionales pendientes hoy día y una valoración de lo que debería ser un rumbo estratégico, en particular, en lo referente a sus continuidades y posibles cambios.
La naturaleza del informe en opinión del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional deja grandes dudas y preocupaciones, sin dejar de reconocer los adelantos del ajuste estabilizador; se insiste en empujar a la nación por un rumbo que no garantiza el desarrollo productivo y mucho menos una mejor distribución de la riqueza en el país.
También nos inquieta que no se desactiven los riesgos de unas elecciones traumáticas para el año de 1994 y porque en este Quinto Informe de Gobierno se reivindica la solución bipartidista burgués de las recientemente modificadas reglas electorales, frente a las alternativas pluralistas y democráticas aquí debatidas.
Para nosotros no hay duda, hay dos caminos por delante: seguir por la modernización excluyente de las mayorías populares, como hasta ahora, o virar el rumbo de la estabilización para alcanzar finalmente el crecimiento sostenido y traducirlo en una distribución viable de la riqueza generada.
Un panorama complejo es éste y constituye también una verdadera disputa de la nación a la que aspiramos y que precisa de gran imaginación política. Son salidas que reclaman realineamientos obligados entre las fuerzas políticas y sociales de nuestro país.
Negar los adelantos del ajuste y la estabilización macroeconómica, y podríamos decir microeconómica también, en los últimos cinco años sería un error; pero sobre todo, esto se ha fincado en una política regulatoria fincada en el sacrificio de los estratos de bajos y medianos ingresos de la población. Toda fuerza política nacional, si se considera responsable, por más opositora que sea, no debe reeditar los errores de políticas públicas de éste y de anteriores gobiernos. Debe reconsiderar los avances y de acuerdo a su particular estrategia de desarrollo, emplearlos como plataforma para alcanzar sus objetivos y metas en el futuro inmediato.
Llama la atención la singular estructura expositiva del quinto informe, modalidad heterodoxa, si la confrontamos con lo que debería ser, de acuerdo al mandato constitucional, un Informe Presidencial ante el Congreso de la Unión, si lo comparamos a la sobriedad republicana de lo que debe ser un Informe del Ejecutivo, no deja lugar a dudas, éste debe sólo indicar el estado que guarda la administración pública en un año.
En el quinto informe se va más allá. Se hace primero una evaluación de los propósitos y logros de la gestión presidencial del último año, noviembre de 1992 a octubre de 1993.
Segundo, se justiprecian las acciones de Gobierno del último período, pero como parte de un
balance de cinco años de gestión pública. Finalmente, se define el esbozo de una estrategia de desarrollo que expresaría, sin dar pie a equívocos, la continuidad de una modalidad de gobernabilidad definida en esta administración pública.
En torno al ritual en el que se han convertido los informes presidenciales, hay situaciones que deben corregirse. El Congreso de la Unión y el Ejecutivo, no deben simplemente hacer omisión de los sucesos del pasado 1o. de noviembre en este honorable recinto. El mito totémico en que se ha convertido el Informe del Ejecutivo, es un asunto que debe ser radicalmente modificado; debe recobrar su original función republicana.
El Informe no debe ser nunca más oportunidad para las exaltaciones de todo tipo; es una autodenigración vernos como mexicanos, en los espejos de aquellos individuos que se presentan más como cortesanos que como verdaderos ciudadanos representantes del pueblo.
De igual modo nos inquieta que la magnánime protesta cívica se identifique con la majadería, porque México no es la abyección ni la intolerancia. La sociedad mexicana es más participativa y madura y a esta altura debemos estar todos los representantes del pueblo.
La política interior se maneja con esquemas premodernos ajenos a los patrones de las civilizaciones políticas de nuestros días. Parece una exageración, pero el sistema político mexicano no ha podido resolver todavía ciertas aristas de caudillismos y riesgo de maximato; hay temor sobre todo de la clase política dominante, de que una lucha política transparente, conduzca al país a situaciones de inestabilidad, como en los tiempos de la dictadura de Díaz. Se justifica la falta de la democracia en un sistema político paternalista y patrimonialista. No se dice pero en la realidad se considera que la clase política dominante no está preparada para la lucha transparente; el encapuchado político es la triste expresión de esta realidad.
En estas democracias se estila la lucha abierta en el seno de los partidos gobernantes, aquí esto se vería como síntoma de degeneración política.
Varias cuestiones traban la confianza ciudadana hacia el Gobierno y los otros poderes representativos de la Unión. Su actuación no parece clara, deja sospechas y esto debe cambiar. Hay situaciones que irritan a los ciudadanos. Mencionemos algunas de los más relevantes y vinculadas a la política interior, como la cuestión del Tratado de Libre Comercio y la indefinición del candidato presidencial del partido en el Gobierno.
El segundo punto que podría ser un asunto doméstico, se ha convertido desde hace décadas por las peculiaridades de nuestro sistema político y por la incertidumbre política que genera, como debiera ser un tema corriente de la alternancia política. Pero no es así. El tapadismo se ha convertido en parte inherente de la sicología social del sistema político, en parte del folclor y la picaresca nacional.
Otro asunto que impacta necesariamente a la política interior, es el modo como se ha venido manejando el acuerdo comercial con los Estados Unidos y Canadá. Respecto a tal cuestión, nunca ha habido transparencia. El acuerdo comercial se manejó primero como una panacea a los problemas nacionales, industriales, comerciales; partidos políticos y ciudadanos no fuimos suficientemente informados de las negociaciones. Se manejaron las principales negociaciones como secreto de Estado, al que sólo tuvieron acceso las plutocracias y los sectores más cercanos al Presidente de la República.
Otra falla que consideramos grave de este informe, es que nuestros negociadores se equivocaron al colocarse en la disputa electoral presidencial de los Estados Unidos y al lado de los perdedores. Era tal su triunfalismo que veían como un desatino imaginar siquiera un escenario en el que no estuviera presente un final feliz del Tratado de Libre Comercio. Pagaron, claro, su desatino. Dijeron que no iban a volver a renegociar cuestiones vinculadas al acuerdo comercial pactado con una administración demócrata, en la presidencia de los Estados Unidos, y lo tuvieron que hacer.
Sus cabildeos no han sido del todo positivos; han costado mucho, mucho dinero al erario público y han puesto en entredicho la entereza y tradición de nuestra política exterior.
En un contexto interno difícil y un contexto internacional no muy favorable, la política interior de la actual administración trata de asumir actitudes un poco distantes. Entramos a un año meramente político en donde las fuerzas políticas e importantes sectores de la población reclaman una mayor equidad en la participación ante un esquema que cierra o estrecha los caminos de la democracia.
No se determinan en el Quinto Informe de Gobierno presidencial, los riesgos, se ufanan de los
logros y de la instrumentación de una política, pero no la aquilata en sus verdaderas dimensiones. La realidad es otra.
Este año es decisivo para determinar la continuidad o descontinuidad en una política interior que vio sus límites al poco de aplicarse primordialmente en materia electoral.
Resolver los conflictos poselectorales por presiones políticas, finalmente no fue el camino más adecuado. La aparición o resurgimiento y desarrollo de graves fenómenos como el abstencionismo, el antipartidismo y el bipartidismo burgués, sin duda alguna golpearon violentamente a los procesos electorales habidos en el país recientemente en los últimos años. Esto no se ha corregido ni hay indicios que así suceda.
Los recientes procesos electorales en diversas entidades federativas, así lo demuestran. Por el contrario, no se camina hacia una reforma política integral duradera y que garantizan espacios de participación a las diversas organizaciones políticas.
Los mecanismos encontrados e impuestos, son más de retroceso que de avance; se golpea a un sistema plural de partidos políticos para crear una mayor hegemonía política, de una fuerza política y la comparsa de otra.
Claramente se observa en el quinto informe, que no existe una evaluación de tal situación, por el contrario, sin plantear un posible cambio en la ley secundaria en materia electoral, se convoca a establecer un pacto de civilidad para afrontar los comicios del año de 1994; se externa una voluntad política pero el pacto de civilidad, a nuestro parecer, debe iniciar con una modificación sustancial, de la reforma recientemente aprobada por esta legislatura en materia electoral. Pero sobre todo, un cambio de actitudes en las prácticas realizadas en tiempos electorales, por el partido oficial y por algunas autoridades electorales. Sin esos compromisos, aunque se suscriba el pacto de civilidad, sólo quedará en el papel.
Esperamos voluntad política y esperamos cambios en las actitudes cotidianas de los funcionarios, que tienen en su poder el manejo de las elecciones.
A esta diezmada Asamblea, le agradezco infinitamente su atención. Gracias.
El Presidente:
Muchas gracias, señor diputado Croda Rodríguez.
Se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez:
Querido Diario de los Debates; compañeras y compañeros diputados:
El Quinto Informe de Gobierno ha puesto nuevamente de manifiesto la necesidad de transformar de manera sustancial la relación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo de la Federación.
Al igual que cada año, nos encontramos nuevamente con un acto político que se ha vuelto ritual en la vida política mexicana y que a mi juicio pierde vigencia y se hunde en el anacronismo. El que debiera entenderse como un acto republicano en el que el Ejecutivo Federal, como bien lo establece el artículo 69 de nuestra Constitución, rinde cuenta al Congreso de la Unión sobre el estado que guarda la administración pública federal, se ha convertido en un acto protocolario, que lejos de reivindicar la autoridad de autonomía del Legislativo, se ha convertido en el día en que se ratifica su subordinación, en el "día del Presidente".
Poco o nada sirve a esta legislatura escuchar pasivamente la lectura del informe, como también el que en las primeras sesiones del período ordinario se realice la glosa del mismo, con la ausencia del Ejecutivo y que sin mayores discusiones, como es el caso, se remitan al mismo las versiones estenográficas del debate, sin que queden conclusiones o recomendaciones específicas del Congreso de la Unión.
Ello ha conducido a que la oposición se haya visto obligada a introducir prácticas parlamentarias, como es la interpelación, ante la ausencia de verdaderos espacios institucionales de relación digna y respetuosa entre los poderes de la Unión.
La forma y los mecanismos del informe presidencial deben cambiar profundamente, para con ello poder transitar a distintas formas de convivencia democrática y este cambio no se logrará forzando el diálogo por la vía de la interpelación, como tampoco por la tozudez de colocar en un nicho inalcanzable al Ejecutivo Federal.
Sería conveniente que esta legislatura, antes de finalizar su ejercicio, discutiera a fondo un nuevo formato de presentación y glosa del Informe Presidencial, que permita el diálogo directo con el Ejecutivo y el análisis minucioso y meditado de los conceptos y cifras que en el informe se contienen.
Bien valdría la pena para el caso que el Senado de la República desahogara la minuta de Nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo, que en esta Cámara aprobamos en el período pasado, en el que si bien se introducen restricciones al ejercicio de los legisladores, como la prohibición de las interpelaciones, se establece un mecanismo de glosa diferente, que sin ser suficiente nos permitiría hoy vitalizar las comisiones legislativas de esta Cámara y debatir con los titulares del ramo lo aquí informado el pasado 1o. de noviembre.
Sería sin duda conveniente que esta Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Régimen Interno y Práctica Parlamentaria, solicitara de la manera más respetuosa a la colegisladora dictamine sobre la minuta de reformas a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, que le remitimos con anterioridad, lo que permitiría avanzar en sentar mejores bases en la relación entre poderes.
Entrando en materia. El Quinto Informe de Gobierno es dualidad, es auge y decadencia de la autoridad presidencial, es triunfalismo y autocomplacencia, es poder y nostalgia; es, como bien señalaba mi compañero Ricardo Valero, el lunes pasado, "autoapología y despedida del poder".
Es también este quinto informe el inicio de un nuevo proceso, es el inicio de los debates y de la contienda, es el inicio de la disputa por la conducción del país. Por ello creo que es también momento para hacer memoria, para reflexionar y con objetividad hacer un repaso de los compromisos adquiridos, de los hechos consumados, de voltear atrás sin nostalgia, sino con la voluntad de encontrar en el pasado la experiencia concreta, siempre más terca y objetiva que los datos y los buenos propósitos.
El 1o. de diciembre de 1988 Carlos Salinas de Gortari se comprometió ante la nación a lo que llamó un acuerdo nacional para la ampliación de nuestra vida democrática. Al fundamentar su propuesta el titular del Poder Ejecutivo señaló, cito textualmente: "Mi Gobierno será de apertura en nuestra vida democrática, para ello propongo un nuevo acuerdo político que fortalezca nuestra unidad y dé cabida a nuestras diferencias. Tiene que ser un acuerdo que perfeccione los procedimientos electorales, actualice el régimen de partidos y modernice las prácticas de los actores políticos, comenzando por el propio Gobierno".
Agregaba más adelante: "Mi administración dará respuesta a la exigencia ciudadana de respeto a la pluralidad y efectiva participación. La garantía más urgente en el ámbito político es la transparencia de los procesos electorales". Señalaba: "Comparto esa inquietud ciudadana. Garanticemos a todos que su fuerza política, cabalmente medida en la libre decisión de los votantes, será contada y reconocida por todas las partes; nos urge confianza, apertura y aceptación a los otros".
Nadie más obligado que el Gobierno de Salinas de Gortari a asumir este compromiso. Gobierno que como lo muestra la calificación de la elección presidencial, surgió bajo la impugnación de todos los partidos políticos de oposición que en diferentes documentos establecieron que a su juicio las elecciones de 1988 fueron ilegales e ilegítimas.
Sin embargo, a cinco años del inicio de su gestión se puede afirmar que ese compromiso adquirido ante la nación dista mucho de haberse cumplido. En su lugar sólo ha quedado un discurso carente de contenido, que como ha señalado nuestro grupo parlamentario, se ha constituido en el mito del compromiso por la democracia del Gobierno salinista.
Es evidente, al hacer un balance del proyecto político de este Gobierno, que han faltado voluntad y decisión para avanzar en la transición democrática que requiere nuestro país. No ha existido en el grupo gobernante compromiso real con la democracia. No ha existido la convicción de arribar a un sistema donde haya equidad en la contienda electoral, donde se reconozca y se respete la voluntad de los ciudadanos, expresada a través del sufragio, donde finalmente se acepta el principio de la alternancia en el poder consustancial a cualquier régimen que se precie de democrático.
No es casual por ello que el propio concepto de reforma del Estado que había sido manejado en los informes anteriores como elemento nodal del discurso salinista, desaparezca en este informe. Cuestiones tales como la relación entre los poderes de la Unión, la relación entre los tres órdenes de Gobierno, la descentralización política y la relación del Estado con la sociedad, son tratados de manera tangencial.
En lo que se refiere a la relación entre los poderes de la Unión, no se mencionan acciones concretas tendientes a lograr el equilibrio entre los poderes, compromiso que fue adquirido por el titular del Ejecutivo al inicio de su gestión. Lo cierto es que ha sido manifiesto durante esta administración, el reforzamiento del presidencialismo; dicha tendencia se ha manifestado a través de la implementación de diversos programas gubernamentales, de manera destacada el Programa Nacional de Solidaridad, y se ha llegado a extremos que en esta Cámara se han vivido en la discusión y aprobación de diversas iniciativas enviadas por el Ejecutivo Federal.
En lo que se refiere a la relación entre los órdenes del Gobierno Federal, estatal y municipal, no se han dado muestras claras del avance del proceso de descentralización política y, por el contrario, ha sido evidente la intervención directa de la Federación en la vida interna de las entidades federativas y en los municipios.
Desde nuestro punto de vista, la esencia de la reforma al Estado y de su construcción democrática, reside en la transferencia del ejercicio real del poder a la sociedad, en sus diferentes expresiones de organización y participación. Democratizar significa dotar de autonomía real a la sociedad. Descentralizar significa acercar la toma de decisiones, la responsabilidad y la rendición de cuentas, a los ciudadanos, a los municipios, a los estados y a la sociedad civil. Democratizar y descentralizar implican redistribuir el poder y redistribuir los recursos de manera tal que los ingresos se asignen de manera equitativa y negociada entre municipios, estados y Federación.
La propia omisión del informe en el análisis de estos aspectos manifiesta la existencia de asignaturas pendientes en el tratamiento de problemas políticos fundamentales, los cuales requieren una amplia discusión que permita normar con un sentido republicano y federalista las bases del estado nacional. La reforma del Estado no puede concebirse como lo ha hecho este Gobierno, como una privatización excesiva e indiscriminada que ha desmantelado el patrimonio público.
Resulta paradógico que el núcleo del discurso salinista reiterado en el último informe, se refiere a la modernización del país, concepción que erróneamente se plantea como una cuestión generacional y que en los hechos se fomente la persistencia del atraso político apuntalando a toda costa el régimen de partido de Estado, uno de los últimos que hoy subsisten en el contexto internacional.
Se señala en el informe, que se han consolidado nuevas prácticas de concertación para establecer consensos y resolver diferencias, se afirma que a partir del diálogo y el debate se han dado nuevos pasos a la reforma y al marco legal, no sólo en lo relativo a las condiciones para la competencia política sino también en el sistema de representación y en la organización y calificación de las elecciones. Sin embargo, se omite señalar que el diálogo y la concertación que se menciona no ha incorporado a sectores sociales y políticos y a importantes núcleos de organizaciones ciudadanas y de sectores académicos que se han manifestado por la conformación de instituciones que permitan un verdadero tránsito a la democracia en el país.
La concertación se ha dado de manera selectiva con algunas corrientes políticas, cuando éstas han aceptado los límites y las reglas que el propio grupo en el poder ha establecido y el diálogo ha sido en la mayor parte de los casos elemento retórico que parte de decisiones ya tomadas o de hechos consumados.
Es curioso, que al hablar sobre la aprobación de las reformas al marco jurídico electoral, se mencionen porcentajes de diputados y senadores que emitieron su voto a favor de las mismas, como si se tratara de simples datos estadísticos que pretenden ocultar importantes sectores políticos y sociales que fueron excluidos de la posibilidad de incorporar propuestas que permitieran avanzar en una verdadera reforma política concertada y aceptada por todas las fuerzas políticas del país.
El PRD, así como diversas organizaciones ciudadanas intelectuales y sectores de la opinión pública, han planteado con precisión las limitaciones, contradicciones y lagunas de la reforma realizada recientemente a la Constitución y a la Ley Reglamentaria en materia políticoelectoral, por lo que no voy a insistir en ello en esta intervención.
Pero sí, lo que considero que es necesario resaltar, es como ha sucedido con reformas anteriores, no se propició con las reformas anteriores, no se propició con la última reforma un marco jurídico adecuado para regular transparentemente la próxima anexión federal.
Existen en esta normatividad un sinnúmero de resquicios a través de los cuales se puede posibilitar la defraudación electoral y la utilización indiscriminada de recursos a favor del partido oficial; sin embargo a pesar de estas deficiencias del marco jurídico nuestro partido ha insistido
en la posibilidad de suscribir un acuerdo para la transición a la democracia que refleje en los hechos la voluntad política del Gobierno, de su partido y de las demás fuerzas políticas, a actuar con estricto apego a la Ley y a establecer las bases que permitan el respeto al sufragio.
El día de ayer, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido envió una misiva al Presidente de la República en la cual señala que en atención al ofrecimiento que este formuló a las fuerzas políticas del país al término de su informe, nuestro partido comparte el propósito de conducir el proceso electoral con apego a la legalidad y condiciones que permitan la realización de comicios transparentes y ejemplares.
Para ello, nuestro partido considera que se deben establecer con toda precisión la naturaleza y alcance de los compromisos que los distintos actores políticos y en particular el Gobierno, deben adquirir en dicho acuerdo.
Entre los criterios que a nuestro juicio deben considerarse, están: resolver los conflictos poselectorales pendientes; sancionar acciones represivas que han tenido lugar; considerar la pertinencia de nuevas reformas legales, así como de acciones y mecanismos precisos que permitan equidad en la competencia electoral, garanticen la total imparcialidad del poder público en el proceso comicial y la confiabilidad del padrón electoral, mecanismos que proscriban el dispendio y el abuso de los recursos públicos y que alienten a la vez la participación de los electores.
De fundamental importancia, es el compromiso expreso de respetar el voto con independencia del sentido en que se exprese la voluntad popular y que garantice, si así fuera el caso, la transferencia del Poder Ejecutivo a un candidato distinto del que postula el partido en el Gobierno.
Con lo anterior, el Partido de la Revolución Democrática reitera su convicción y su voluntad de arribar a acuerdos que permitan el desarrollo democrático de nuestra nación y que vayan más allá de la simple retórica o que bajo el manto de una tergiversada civilidad impliquen sólo responsabilidad de los partidos de oposición para aceptar sin protestar, acciones fraudulentas e ilegales.
Y por eso reiteramos, como lo hicimos el pasado 1o. de noviembre, convocamos a todas las fuerzas políticas para imaginar, suscribir y practicar normas de tolerancia, racionalidad y patriotismo que en el marco de la legalidad vigente ofrezca a los ciudadanos el aliciente para participar activamente en la contienda y decidir por sí mismos su futuro.
El Ejecutivo por su parte, está obligado a acatar sin reservar, la voluntad popular que habrá de resolver la abolición del autoritarismo y el tránsito a la democracia en México.
Esta es una condición inherente al cambio. De ser cierta la vocación juarista externada por Salinas de Gortari en su informe, no debe existir obstáculo para ser válido el pensamiento que el propio Juárez nos legó.
Juárez decía: "Jamás podrá verificarse una elección, sea cual fuere, que sea igualmente agradable para todos, pero deber es, y deber sagrado, aceptarla cuando cuenta con la sanción y el voto de la mayoría, de otra manera sería una farsa entre nosotros, el principio democrático y el Gobierno republicano. Nada con la fuerza. Todo con el derecho y la razón".
A ello emplazamos al Ejecutivo de este país. Muchas gracias.
El Presidente:
Muchas gracias, compañero Alejandro Encinas Rodríguez.
Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Zermeño Infante, del Partido Acción Nacional.
El diputado Jorge Zermeño Infante:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
A nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, haremos algunos señalamientos en un primer análisis acerca de la política interior, contenida en el Quinto Informe de Gobierno presentado por el titular del Poder Ejecutivo, licenciado Salinas de Gortari.
Debemos señalar que este informe, al igual que los anteriores, mantiene una línea triunfalista y de autoelogio que en muchos casos distorsiona una realidad que es muy distinta a la que nos presenta el informe presidencial.
La grave crisis económica que padece la mayor parte del pueblo de México, el costo social que hemos tenido que pagar por la falta de una verdadera democracia, por ineficiencia y por corrupción, nos llevan a señalar que lo realizado
hasta ahora por el régimen es insuficiente para alcanzar los propósitos de cambio con justicia social que se menciona en el informe.
Es indudable que hay avances en el combate a la inflación, en el saneamiento de las finanzas públicas, especialmente en lo referente a la reestructuración del pago de la deuda pública y de las reservas internacionales. Sin embargo estos resultados a nivel macroeconómico no se reflejan en el bajo nivel de ingresos de la mayor parte de la población, que ve con incertidumbre el final de un sexenio que no ha logrado consolidar cambios estructurales en materia económica, política y social.
Se insiste en el elogio desmedido de solidaridad, como el programa panacea de este régimen. Lo que no menciona el informe son los cuantiosísimos recursos de que dispone Pronasol, que equivalen a más de la tercera parte de lo que recibe, vía participación de todas las entidades federativas juntas. Tampoco menciona el informe, los criterios clientelares y partidistas con los que se viene disponiendo de estos cuantiosísimos recursos públicos.
Acción Nacional considera necesario que existan programas de ayuda y de combate a la miseria. Lo que no se vale es manipular el hambre y los requerimientos de los más necesitados, para que éstos se sientan comprometidos con quienes se presentan como benefactores con recursos que son del pueblo. Lo que no se vale es mantener y fortalecer una estructura central en la toma de decisiones, negando recursos que debieran manejarse a niveles estatales o municipales, en un auténtico régimen federal.
En esta misma línea se anuncia un nuevo programa de ayuda a los campesinos, denominado Pronasol y que curiosamente empezará a funcionar durante el próximo proceso electoral. Perdón, Procampo.
Pensamos que Procampo es una medida insuficiente y parcial en la solución del problema tan grave que padece el agro mexicano.
Para que realmente se integre la producción agropecuaria al mejoramiento de la economía nacional, es indispensable establecer un programa integral que incentive la inversión directa de capital necesario para el desarrollo y la comercialización; el acceso de tecnología a todos los niveles de comunicación; la urbanización de las zonas rurales, para evitar la migración a las grandes ciudades o al extranjero; la compactación del minifundio, promoviendo la siembra extensiva con objeto de abaratar costos.
Por otro lado también este programa está diseñado con una duración de 15 años, razón por demás para cuestionarlo, ya que por experiencia sabemos que este tipo de programas de efímera duración seguramente terminarán con este sexenio.
Si no se cumplen las condiciones aquí expuestas, Procampo será un paliativo más que perpetuará la miseria de la mayoría de los productores del campo, además de ser una nueva forma de control político que viene a fortalecer a los nuevos líderes corruptos, presentándose además con un claro oportunismo político dentro de un proceso electoral.
Pensamos también que no puede hablarse de soluciones reales en el combate a la miseria, mientras no se ataquen los efectos y no se llegue a las causas que la provocan.
Las carencias no se acaban por decreto, ni con un paternalismo interesado y manipulador. Pensamos que debe haber sinceridad en los gobernantes, para entender su papel de servidores públicos, respetuosos de la dignidad de las personas y gestores del bien común, interesados en elevar la calidad de vida de los mexicanos, tanto en lo espiritual como en lo material.
Pensamos también que debe existir un ambiente que propicie la participación más libre y responsable en la toma de decisiones que genere un clima de confianza para la inversión y el trabajo productivo, pero sobre todo, que debe garantizarse ya la democratización real del país, propiciando prácticas de justicia y legalidad en todos los procesos electorales.
Siendo muy importantes las reformas aprobadas por esta soberanía en materia políticoelectoral, especialmente lo referente a la desaparición del Colegio Electoral como órgano de autocalificación, y la creación de una sala de segunda instancia dentro del Tribunal Federal Electoral, integrada por miembros de la judicatura, la apertura del Senado a las primeras minorías en cada una de las entidades federativas, la nueva conformación de los consejos locales y distritales, el acceso permanente de los partidos políticos a la información del padrón electoral y algunas otras que pensamos que mora nuestra legislación electoral, pero que no son suficientes si persisten las prácticas abusivas y de control que siguen garantizando el control del poder para el sistema político mexicano.
Se propone en el mensaje presidencial, asumir un pacto político de civilidad en el marco de
la ley, para que seamos los mexicanos, dice el Presidente, los vigilantes y realizadores de nuestra democracia. Pensamos que no puede haber una objeción de fondo a estos propósitos, sin embargo conviene precisar que para celebrar pactos o acuerdos de esta naturaleza, es necesario primero dar muestras claras para terminar con todo tipo de prácticas que violenten la voluntad ciudadana, la iniquidad en la competencia electoral, entre un partido oficial que se confunde con el gobierno y actúa con el poder y los recursos del mismo, frente a partidos que actúan en condiciones muy desiguales, dedicados durante los procesos electorales a combatir al ampa electoral.
Bienvenidos los acuerdos para respetar puntualmente los resultados electorales, gane quien gane, para respetar a los contendientes y actuar con apego a la legalidad. Esto compañeros legisladores, podrá tener eficacia si se establecen compromisos serios que puedan ser verificados por las partes.
¿En un régimen de estado de derecho, es razonable hablar de un pacto
de civilidad? ¿No es su proposición una manera de aceptar la posibilidad de quebranto al orden jurídico?
Compañeros diputados, el informe sobre el estado que guarda la administración pública seguirá siendo analizado por Acción Nacional con puntualidad, al revisar la cuenta pública haremos un balance sobre los logros o retrocesos del ejercicio del cual se nos informa. Más allá de las prácticas rituales y de servilismo político que han caracterizado a todos los informes presidenciales, Acción Nacional reafirma su convicción de actuar para seguir fortaleciendo nuevas prácticas en un régimen verdaderamente republicano, una más y mejor separación de poderes.
Seguiremos actuando para dignificar nuestra tarea como legisladores y para que este órgano que debe ser un órgano de control y vigilancia del Poder Ejecutivo, sea mejor si nosotros actuamos mejor y más responsables en el cumplimiento de nuestro deber. Muchas gracias.
El Presidente:
Muchas gracias compañero diputado Jorge Zermeño Infante del Partido Acción Nacional.
Tiene el uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc López Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Cuauhtémoc López Sánchez Coello:
Con su permiso, diputado Presidente; compañeros legisladores.
Quisiera en primer término pedirle, señor Presidente, instruya a la Secretaría para efecto de que la copia que hago entrega de mi intervención, sea remitida al Diario de los Debates.
El Presidente:
Se instruye a la Secretaría en ese sentido.
El diputado Cuauhtémoc López Sánchez Coello:
Con su permiso diputado; Presidente, compañeros legisladores:
Con realismo y confianza vamos a actuar en los medios de hoy, para dar sentido a los afanes previos y para que quienes nos sigan, den sentido a nuestras luchas dijo en esta tribuna el 1o. de noviembre de 1989 el Presidente de la República Carlos Salinas de Gortari al rendir a esta soberanía su Primer Informe de Gobierno y agregó en su Quinto Informe:
Tenemos una gran tarea para realizar el próximo año, y probarnos una vez más estar a la altura de los logros y sueños de nuestros antepasados y las acciones, variadas y amplias de nuestra pluralidad cuando tienen a nuestra patria como su mas alto compromiso.
Su esfuerzo por reformar al Estado mexicano conservando los principios y valores que nos identifican: la libertad, la justicia, la democracia y la soberanía fortalecen la unidad de nuestra nación y se vigorizan y actualizan en el régimen de derecho que da solidez a nuestra estructura institucional, que sin duda es parte fundamental de nuestro patrimonio político y que permite al Estado plantear y ejecutar su propia reforma atendiendo por una parte a los cambios que el pueblo de México, más abierto, complejo y plural, demanda y por la otra a los nuevos tiempos que esta viviendo el mundo.
En plena congruencia el lunes pasado preciso "es indispensable comprometerse con la soberanía, con las libertades y con la justicia, y para ello es necesario ampliar el encuentro democrático, alentar opiniones sobre la mejor manera de realizarlas en México y reconocer el contrexto del mundo de hoy".
Los diputados del Partido Revolucionario Institucional asumimos nuestra responsabilidad
histórica con convicción y congruencia plena ante las circunstancias y transformaciones que viven la República y el mundo entero, ninguno de nosotros cuestiona la necesidad impostergable de reformar al Estado mexicano, condenamos el inmovilismo y el retroceso, como tampoco aceptamos el dogmatismo.
Hemos escuchado el Quinto Informe, que en días pasados rindió a la nación el jefe del Estado mexicano, depositario del mandato popular, quien con responsabilidad, congruencia y sin triunfalismo ha presentado el resumen de un año de esfuerzo, de trabajo, de acciones y de hechos, del Gobierno y pueblo mexicanos. Con realismo y dándonos a conocer los motivos y, las razones de los hechos de este lapso de su gestión.
Con congruencia porque los hechos satisfacen los anhelos y espectativas del pueblo de México, sin triunfalismos porque reconoce los avances pero también que falta camino por recorrer.
Hoy, corresponde analizar y comentar lo correspondiente a política interior que recoge los avances alcanzados dentro de la reforma del Estado mexicano a la que se ha comprometido, el titular del Ejecutivo Federal, en la que estamos conscientemente involucrados. La reforma del Estado no constituye una propuesta aislada, sino es consecuencia de la necesidad de crear nuevas condiciones en nuestro país, acorde con los cambios del contexto internacional y de una decisión política que recoge objetivos generales de la sociedad, reconoce los problemas principales y proyecta las modificaciones que reclama su solución.
En informe anterior el Presidente de la República, expresó: "Frente a nuevas circunstancias internas y externas, la mayoría de las reformas de nuestra Constitución, ya han agotado sus efectos y no son ya la garantía del nuevo desarrollo que exige el país, debemos por ello, introducir cambios en el Estado, reorganizar la producción y crear nuevos esquemas de participación y de relación política".
En efecto los nuevos factores de una sociedad que exige renovarse, integrada mayoritariamente por mujeres y jóvenes, mejor informada, entusiasta y demandante de más y nuevos espacios de participación política, que estimula el esfuerzo de sus integrantes, inconforme frente a rezagos ancestrales, son entre otros aspectos los que dan motivo y destino a los programas cuyos avances hoy comentamos.
Los mexicanos no aspiramos a cambiar, estamos cambiando fundados en la Ley, para preservar el Estado de derecho, con dinamismo, con objetivos claros, basados en el diálogo permanente y la concertación, con respeto a la disidencia y con una dinámica social, política y económica sin precedentes en nuestra historia.
El Estado cambia fortaleciendo nuestra soberanía, vigorizando la justicia y conduciendo a la sociedad hacia sus objetivos fundamentales.
Los objetivos que el Presidente de la República persigue desde el inicio de su mandato son claros, el avance en su consecución se constata en cada uno de sus informes. Ha reorganizado la actividad política, con una concepción moderna que nos permita acceder a los estadios superiores de desarrollo que demanda una sociedad plural, obteniendo beneficios concretos para los diversos sectores que la conforman.
Nuestro nacionalismo señala el camino que hemos seguido en el diseño y ejecución de todas las acciones que el Gobierno de la República lleva a cabo, hoy se dan nuevas formas de relación del Estado con la sociedad. El diálogo y la concertación son los medios para instrumentar los cambios y consolidarlos, fortaleciendo con ellos nuestro nacionalismo, es popular porque beneficia a las mayoría, porque genera las condiciones que demanda el bienestar de todos los mexicanos.
La modernización en que estamos empeñados, es acorde con los principios revolucionarios de libertad, justicia, respeto al hombre y búsqueda del bienestar colectivo. La reforma del Estado retoma los planteamientos originales de la Revolución Mexicana garantizando la soberanía de nuestra nación y justicia para los mexicanos.
El Presidente Salinas sostiene: "los ideales de los constituyentes de 1917 guardan vigencia y perduran porque definieron propósitos y no instrumentos rígidos; porque garantizaron derechos individuales y colectivos y no dogmas para situaciones que no podían siquiera imaginar.
El Estado propusieron es la organización política de la nación para defender su soberanía, su capacidad de autogobierno; es su garantía de libertades y el promotor del interés general".
Agrega, "los constituyentes tampoco concibieron un Estado evasor de responsabilidades, ciego al interés general determinaron un Estado con fortaleza suficiente para defender soberanía y promover justicia, respetando la libertad. Nos legaron la responsabilidad irrenunciable, a cada generación, de ver en cada circunstancia los instrumentos para que sus objetivos se cumplan".
La Revolución Mexicana es un proceso al que concurren diversas corrientes con diferentes proyecto de nación, y diversas propuestas de estrategias para la solución de los problemas nacionales, unos divergentes y otros francamente opuestos, lo que se recoge y plasma en la Constitución de 1917.
Sus coincidencias han permitido el desarrollo de nuestra nación por mas de siete décadas, su importancia radica en los valores que recoge, los anhelos del pueblo mexicano que constituyen los objetivos del Estado mexicano. Las diversas corrientes han tenido su oportunidad en el devenir histórico de la República y han trascendido en la orientación y rumbo del Estado. Sin conculcar el destino de los mexicanos.
Hoy la realidad demanda reformas, de prácticas y enfoques pasados, enfrenta resistencias, que se requiere superar, abre cauces para la expresión pacífica y civilizada de las disidencias, el debate apoya el avance de la nación.
La modernización vitaliza la organización del Estado para producir riqueza y bienestar, para distribuirla equitativamente, respeta y alienta la iniciativa de la sociedad y la superación personal. Estimula la participación del ciudadano y el de las organizaciones sociales, en la formación y en la conducción del Estado, sostiene el Presidente Salinas de Gortari, y precisa, "modernización es dar dirección y profundidad al cambio, para realizar los objetivos nacionales de justicia, democracia y libertad".
En el Estado de derecho, las reformas tienen que conducirse dentro del marco jurídico que lo regula, con mayor razón si se trata de abrir mayores espacios a la participación de la ciudadanía y de fortalecer la democracia.
El Estado ha fortalecido su relación con la sociedad civil, al promover una nueva cultura política de respeto, tolerancia y civilidad, que anima a ciudadanos y a grupos sociales.
La soberanía, la justicia y la cultura democrática sólo prosperan en el Estado de derecho, con las virtudes cívicas del pueblo y con la corresponsabilidad política de los partidos ante la nación.
El liberalismo social, orienta en lo político, económico y social a la reforma del Estado, recoge y expresa los legítimos anhelos del pueblo de México y es congruente con nuestra historia e identidad. No es válido confundir el liberalismo social con el neoliberalismo.
Distintos autores de la materia han encontrado las siguientes diferencias entre neoliberalismo y liberalismo social, veamos algunas de ellas:
El neoliberalismo se propone alcanzar la eficiencia productiva y la asignación optima de recursos, premiando a los más aptos y competentes en el mercado, en tanto que el liberalismo social pugna por alcanzar un crecimiento económico permanente con equidad social.
La filosofía política del neoliberalismo se sustenta en el individualismo egoísta y utilitarista de Adam Smith, que soslaya el bienestar social.
El liberalismo social se sustenta en las libertades individuales y sus garantías, las que son esenciales con los derechos de la sociedad y con la promoción de la responsabilidad individual frente a la comunidad. Promueve la acción solidaria. El neoliberalismo es individualista. El liberalismo social es solidario. Ejemplo de lo anterior lo constituyen Pronasol y Procampo.
El Estado neoliberal, se limita a garantizar el orden jurídico y social sin intervenir en el mercado, ya que cualquier intervención altera el mecanismo de precios y por lo tanto la asignación eficiente de recursos. El Estado mínimo debe sustituir al Estado benefactor, regulador de la demanda y promotor del crecimiento.
El Estado que propone el liberalismo social, garantiza el orden jurídico, promueve la eficiencia del mercado, regula las imperfecciones del mismo y maneja la demanda agregada con política macroeconómica. Es Estado interviene en las empresas estratégicas. La participación del Estado no sustituye a la empresa privada sino la complementa. Lo anterior se ilustra con la reestructuración de Petróleos Mexicanos y del sector eléctrico.
La política económica del Estado neoliberal es pasiva, conservando el monopolio en la emisión de dinero y dejando crecer la masa monetaria a una tasa constante y desregulariza todas las actividades económicas para reducir trabas y privatizar toda la economía pública.
El liberalismo social pugna por una política estatal económica activa, para ejercer una política macroeconómica efectiva, que regule los ciclos económicos de recesión inflacionaria, el desempleo y desequilibrio externo.
La reestructuración constitucional del Banco de México, como organismo autónomo, constituye un ejemplo de lo anterior.
En materia social el neoliberalismo sostiene el darwinismo social o sea la "sobrevivencia del más apto sobre el más débil", no existe una política social del Estado, corresponde a la iniciativa privada la atención de los problemas sociales como filantropía o a través de obras de beneficencia privada.
Por su parte el liberalismo social considera que los problemas sociales como el de la pobreza extrema, no los resuelve el mercado. El Estado con equidad y la justicia social, promueve la responsabilidad de la sociedad frente a la desigualdad, a través de una política solidaria.
El Pece y Pronasol se ubican en este concepto de liberalismo social.
Con lo anterior no pretendo agotar ni analizar exhaustivamente las diferencias entre neoliberalismo y liberalismo social, sino solo evidenciar con argumentos la sin razón de quienes pretenden descalificar la orientación que el presidente Salinas ha dado al Estado mexicano.
El Programa de Gobierno que contiene las diversas acciones de cuyo avance y resultados el jefe del Ejecutivo ha informado, se sustenta cabalmente en el respeto a la dignidad de las personas y construye un nuevo cimiento social para quienes menos tienen, construye caminos de progreso decididos por la comunidad, se apoya en la participación organizada y en la unidad de diversos sectores sociales, regionales y comunitarios.
Nuestro nacionalismo, no es cerrado, destructivo, dogmático, excluyente y mucho menos fascista o racista: es un nacionalismo abierto, democrático incluyente y en constante síntesis que fortalece nuestra soberanía popular y con ella la soberanía nacional ante el mundo.
La soberanía nacional se fortalece con el perfeccionamiento de nuestro sistema democrático, con un sistema de partidos dentro de un esquema competitivo, que cancela la posibilidad de retornar a un sólo partido. Sobre estas bases se fortalece nuestra cultura política en estrecha vinculación al régimen de derecho que hemos construido los mexicanos.
Con lo anterior vitalizamos nuestra presencia en el mundo, ampliamos el ejercicio de las libertades en nuestra nación, con mayor estabilidad para la vida productiva y mejores oportunidades de justifica y bienestar para todos los mexicanos.
El concepto de soberanía que inspira la reforma del Presidente de la República, no es una soberanía autarquíca y cerrada. Es la soberanía que se sustenta en la justicia y la democracia.
Para concretarla, el que hacer estatal se orienta a promover el crecimiento económico y a perfeccionar los mecanismo de expresión, de asociación y de participación de la sociedad civil en los temas de interés nacional.
La reforma política y la reforma económica, ambas de igual importancia, trascendencia, e intensidad, están basadas en la libertad y prosperidad de todos los mexicanos.
Este programa de Gobierno, que implica un esfuerzo conjunto, dentro de un marco legal y de corresponsabilidades, acorta diferencias sociales, amplía la participación individual y colectiva, estimula el esfuerzo y creatividad potencial de los mexicanos, genera nuevos consensos sociales, supera la uniformidad de criterios y coordina esfuerzos y voluntades, cohesiona la unidad nacional con lo que se vigoriza nuestra democracia y con ello la soberanía nacional en el concierto de las naciones.
En el informe que se comenta, resalta el esfuerzo permanente logrado con la participación y concertación de todas las fuerzas políticas del país, con lo que se amplia la intervención de la sociedad, en las decisiones del Gobierno, se construye una mejor y más sólida democracia. Concertación que demanda, madurez política, civilidad, honestidad, patriotismo y realismo para la búsqueda de consensos para la solución de los problemas nacionales.
Los priístas, hemos superado los tiempos de partido único. Aprobamos con la participación y las aportaciones de las fuerzas que quisieron hacerlo, normas equitativas que regulan las contiendas electorales.
Los partidos de oposición también deben de cambiar su mentalidad y sus actitudes, reconocer avances y aportar su esfuerzo, para fortalecer la democracia en la que se sustenta su propia vigencia y el progreso nacional.
Los mexicanos entendemos por concertación el medio para encontrar consensos, entre las diversas fuerzas políticas del país.
Para concertar hay que concurrir con ánimo limpio, racional y patriótico; identificar coincidencia de objetivos y de propósitivos. Anteponer al interés personal o de grupo, el de la nación. Respetar la Ley y los compromisos pactados. La concertación no implica el quebrantamiento del
orden jurídico ni de ideología. Es una vía que complementa y perfecciona la discusión política, que requiere de racionalidad y apertura a todas las fuerzas políticas y sociales.
No se puede concertar si se asumen posturas dogmáticas, sectarias, caprichosas o irracionales, así como incongruentes entre el discurso y la acción.
Al Estado mexicano, lo sustentan su historia, sus leyes, sus héroes, su filosofía revolucionaria, a sus integrantes los debe animar y sustentar la razón, la tolerancia para plantear y escuchar, la claridad para encontrar rumbo y propósitos positivos para nuestra patria y sobre todo su profundo amor a México.
En la concertación, como en la democracia, no hay vencedores ni vencidos, lo que si hay es la convicción de sumar nuestro esfuerzo para el desarrollo y progreso de todos los mexicanos.
El reto que enfrenta México, es conformar un Estado. El que no debe ni puede ser único actor, sino el rector de una sociedad democrática, capaz de conducir la estrategia nacional del desarrollo, creador de condiciones para un crecimiento sostenido y estable, que atienda con esmero y como objetivo fundamental el bienestar popular que preserve y acreciente la paz social.
La preservación del Estado de derecho y la seguridad nacional, son condiciones primordiales para el mantenimiento de la soberanía, basada en la concertación interna y la negociación externa.
Esto requiere respetar y hacer respetar las bases jurídicas de la convivencia nacional y reafirmar nuestro nacionalismo como elemento sustantivo de nuestro desarrollo autónomo en el marco del derecho.
La voluntad que el pueblo y el Gobierno han tenido por perfeccionar la legislación electoral se constata a partir de 1911, en que se promulga la Primera Ley Electoral Revolucionaria, de esa fecha a 1990, se aprueban ocho leyes y dos códigos, que también han sido objeto de numerosas reformas, la más reciente la que aprobó este Congreso en su Período Extraordinario de Sesiones.
La Legislación Electoral Mexicana registra los avances del Sistema Electoral de nuestro país, así estableció el voto secreto, reconoció a los partidos políticos, la elección directa y secreta de diputados, senadores y el cómputo de votos através de colegios electorales, que después fueron sustituidos por juntas computadoras, definió electores y elegibles, creó los consejos de listas, las listas permanentes de electores y la credencial de elector y señaló sanciones penales. En 1946, se reglamentó la existencia organización y funcionamiento de los partidos políticos nacionales y se creó la Comisión Federal Electoral.
En 1951, se creó el Registro Nacional de Electores. En 1954, se otorgó el voto a la mujer. En 1963, se crearon los diputados de partido, lo que se amplió en 1973, aumentando de 20 a 25 su número, también se concedió el voto a mayores de 18 años y se redujo la edad de 25 años a 21 para ser diputado. En 1977, la Constitución otorgó a los partidos políticos nacionales el carácter de entidades de interés público, se mantuvo la elección de 300 diputados según el principio de mayoría relativa, introdujo la elección de 100 diputados por el principio de representación proporcional, lo que el código de 1987, aumentó a 200, y creó también el Tribunal Electoral.
El código de 1990, recogió las reformas constitucionales del mismo año, que crea el Instituto Federal Electoral como organismo público con personalidad y patrimonio propios, que lleva a cabo la organización de las elecciones, mejora la estructura del Tribunal Electoral, dotándolo de autonomía para resolver las impugnaciones al proceso electoral.
Las modificaciones a la legislación electoral recogen, primero las demandas del pueblo mexicano expresadas por conducto de los legisladores de mi partido y después se enriquece con las propuestas de la representación plural que caracteriza a las últimas legislaturas.
La Constitución en materia electoral asegura el perfeccionamiento de los procesos electorales y la ampliación de la participación política, con la apertura del Senado de la República a las primeras minorías de las entidades federativas, crea instrumentos y promueve reformas que garantizan el respeto a la voluntad popular, que corresponsabilizan al Estado y a la sociedad del desarrollo político Nacional, da mayor transparencia y rapidez en el conocimiento de los resultados, asegura y facilita el acceso de los partidos políticos a los medios de difusión: establece la calificación de las elecciones en última instancia por un tribunal de plena jurisdicción, elimina la autocalificación del Poder Legislativo.
Mejora todo el procedimiento contencioso, con la suplencia de la queja en la interposición de
recurso, se precisan criterios para la valoración de la prueba y se ajustan términos procesales. Además, regula y da claridad a las finanzas de los partidos políticos y establece topes a los gastos de campaña, y muchas otras reformas importantes.
Todos los partidos políticos aquí representados participaron en la comisión plural que esta Cámara acordó integrar, como espacio de análisis y concertación, ante ella se presentaron y discutieron propuestas diversas, más de 114 sesiones de trabajo lo atestiguan, las primeras coincidencias, se integraron a las iniciativas correspondientes, también se recogieron opuestas que finalmente enriquecieron las reformas aprobadas durante el proceso legislativo.
El Gobierno del presidente Salinas de Gortari se expresa en hechos que hacen incuestionable el cambio político de que vive el país.
En este lapso se han realizado reformas constitucionales en las materias siguientes: la autonomía del Banco de México, con el objeto de evitar que decisiones políticas puedan afectar la economía del país.
En materia agraria, que estimula esfuerzos y alienta nuevas formas de organización para la producción.
Reconocimiento a las iglesias y nuevas formas de relación Iglesia - Estado.
Descentralización educativa, que vigoriza el federalismo.
Fortalecimiento del respeto a los derechos humanos, reconocimiento constitucional y respeto a las culturas indígenas como grupos sociales.
Garantías procesales en materia penal, reformas que mejoran la justicia para todos los mexicanos.
La pluralidad del Senado de la República.
Se crea una segunda instancia en el Tribunal Electoral, con una sala integrada por funcionarios de la judicatura federal.
Normas para el manejo financiero de los partidos políticos, topes de campaña.
Acceso a medios de comunicación.
Lo anterior se complementa con la aprobación de nuevas leyes y la adecuación y reforma, de un elevado número de leyes secundarias.
Destacan las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, las que fortalecen los organismos electorales, se agilizan los procesos; se perfeccionan las disposiciones que regulan el proceso contencioso electoral, y se precisen sanciones penales en materia electoral.
La política interior, se relaciona, se nutre y evidencia con muchas otras acciones de Gobierno, como las económicas y sociales: No se pueden concebir independientes unas de otras.
Muchos son los avances en los últimos cinco años, que hacen evidente el cambio político que se esta dando en la República bajo el mandato del presidente Salinas de Gortari.
La civilidad que orienta la acción de Gobierno, el ser militante del partido en el poder y la convicción propia de que el rumbo que sigue el país es el correcto, me obliga a soslayar las actitudes de franca provocación, que en diversa forma y en instintos espacios expresan algunos representantes de otras corrientes políticas.
La convocatoria que hizo el Presidente de la República para convenir un pacto de civilidad, constituye una nueva posibilidad, para que se integren con esfuerzo, voluntad, madurez, congruencia, serenidad y patriotismo aquellos que no lo han hecho, a fin de que las elecciones federales de 1994 se den en el marco de la Ley, sean claras, transparentes, confiables y ejemplares, en un clima de paz pública, mi partido siempre ha estado abierto a ello.
Congruencia, es la característica que sintetiza el Quinto Informe que contiene las acciones llevadas a cabo por el Gobierno y el pueblo de México, no sólo el último año, sino los cinco de la presente administración.
La congruencia se constata: con los ideales e historia de nuestro país, con los anhelos de progreso y bienestar de todos los mexicanos, con la transformación que vive el mundo, con la realidad de México, con nuestro nacionalismo, con el potencial de los mexicanos, con el liberalismo social, con las garantías individuales y sociales que estableció el Constituyente de 1917, con el Estado de derecho, con los ideales de libertad, justicia, democracia y soberanía a los que aspiramos todos los mexicanos.
Congruentes con la invitación que formuló el jefe del Gobierno mexicano para el pacto de civilidad, yo convoco a las fuerzas políticas aquí representadas, a cancelar las posturas y acciones políticas incongruentes.
No es posible defender la soberanía, y llevar al extranjero asuntos internos con la pretensión que allá se opine y tomen decisiones.
Sería incongruente, con la Ley y con el concepto de soberanía, solicitar observadores extranjeros para procesos a los que compete exclusivamente a los mexicanos participar y calificar. El espacio de validez para convencer y vencer en los procesos electorales, es en las urnas y en México. Caer en esta incongruencia atenta contra el nacionalismo y espíritu democrático mexicano.
Desconocer la madurez política, la capacidad, así como las convicciones, democráticas, nacionalistas y patrióticas del pueblo mexicano sería incongruente y contra la sensibilidad elemental del político honesto.
No podemos aceptar que se reclame el respeto a la Ley, y se viole para exigir su aplicación.
No es serio anteponer intereses personales, a los de su propio partido y de la nación.
Las metas y la mira altas, con lucidez y raciocinio, dan seriedad, congruencia y profundidad a la política.
Compañeros diputados: sería incongruente centrar toda la oferta política en cultivar la espectativa de fraude electoral e infantil esperar respuesta en las urnas, si realmente se esta invitando a no participar, a no confiar.
Señores diputados: congruente y serio es concretar una propuesta, llevarla a debate, hacerla viable y que resuelva problemas nacionales.
Estamos en la coyuntura histórica de aprovechar la legislación electoral más avanzada de nuestra historia, la mayor apertura a la representación minoritaria en el Congreso. Hay voluntad política.
Si somos congruentes, nuestras metas y acciones políticas serán de gran altura y civilidad. Muchas gracias.
El Presidente:
Muchas gracias, señor diputado.
Agotada la lista de oradores de esta primera ronda.
Se han registrado para la segunda ronda, los siguientes diputados: por el Partido Popular Socialista, Jorge Tovar Montañez; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Gonzalo Cedillo Valdez; por el Partido del Frente Cardenista, Israel González Arreguín; por el Partido de la Revolución Democrática, Guillermo Flores Velasco; por el Partido Acción Nacional, Gonzalo Altamirano Dimas y por el Partido Revolucionario Institucional, Pedro Ojeda Paullada.
Se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Tovar Montañez, del Partido Popular Socialista.
El diputado Jorge Tovar Montañez:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
Nos ha llamado la atención una afirmación hecha en el informe y que hoy se ratifica, se insiste en ella y con la cual nosotros no estamos de acuerdo por los propósitos que esconde, en primer término.
Nos referimos a esa afirmación de que la Revolución mexicana en realidad corresponde a diversas concepciones de la Revolución mexicana, casi como decir que hubo varias revoluciones, distintos conceptos y proyectos de país. Para después afirmar que hoy se está aplicando otra nueva concepción de la Revolución mexicana, dentro de las ya existentes y de las ya pasadas.
Habría que revisar el texto del informe, porque aquí se acaba de repetir hace unos minutos esta misma idea. Habría que leer a Vicente Lombardo Toledano que mucho, inconmensurablemente ha aportado para interpretar la Revolución mexicana.
Obviamente que concurrieron en ella diversas fuerzas, diversas clases sociales, pero no hay que olvidar que la Revolución mexicana es un proceso único, coherente, en torno a objetivos que sí compartieron, sí compartieron las fuerzas distintas que participaron en el movimiento armado.
Acabar con la estructura semifeudal en el país, acabar con la grave penetración extranjera en la economía y en la vida nacional, elevar las condiciones de vida del pueblo, todo eso Vicente Lombardo Toledano dijo que fue una revolución antifeudal y democrático - burguesa, porque participaron distintas fuerzas sociales y políticas pero todas con un mismo propósito, por eso fue posible realizarla, culminarla, no obstante las discrepancias.
Y fuera de ese proceso, de esa original concepción de la Revolución mexicana, no creemos que sea válido venir ahora a decir que hay un nuevo proyecto de la Revolución mexicana, una nueva interpretación. La única interpretación válida es la que dio origen a la Constitución de 1917, que fueron esos tres objetivos que tanto hemos repetido; acabar con la influencia extranjera, democratizar el país y mejorar sin descanso, de continuo, los niveles de vida del pueblo. Quien no coincida con esos objetivos no puede hablar de los objetivos de la Revolución mexicana.
Se nos viene a decir aquí también que no debemos confundir neoliberalismo con liberalismo social. Bueno, nos invita a reflexionar esta afirmación y nos preguntamos, ¿si acaso de veras durante este gobierno, durante este régimen, durante estos o a partir de estos actos de gobierno, se ha dejado a un lado, se ha dejado atrás siquiera el neoliberalismo?
¿Podrían venir a esta tribuna algunos diputados a demostrar que no tiene nada que ver este gobierno y sus acciones, sus obras no tienen nada que ver con el neoliberalismo? Nosotros creemos que, aceptamos que pudiera haber una buena intención de no caer en el esquema neoliberal, pero la realidad es otra.
Todavía en el informe, y en el informe lo podemos constatar, quedó una buena parte dedicada por el señor Presidente de la República, a tratar de justificar por qué se han fortalecido unos cuantos grandes capitales que pueden ser contados casi con los dedos de las manos, y en el informe está, le dedicó un buen espacio. ¿Y qué acaso ese no es un rango neoliberal?, ¿el darle preeminencia, una fuerza decisoria en la vida nacional a los grandes capitales?, depositar la confianza en el desarrollo del país en lo que llaman la iniciativa personal, la iniciativa individual, la iniciativa privada?; ¿es esto liberalismo?
Sería muy difícil que se pudiera demostrar lo contrario, por lo menos tendría que aceptarse que hay una enorme contradicción, entre las que aceptamos que son fuerzas muy sanas del Partido Revolucionario Institucional, que pretenden sacar la vida nacional de ese esquema neoliberal, una contradicción con la realidad, que es neoliberal en muchos aspectos, porque han penetrado estas ideas en las decisiones de gobierno, en muchos niveles y en muchos estratos y en muchas esferas del gobierno, y por el momento no nos pueden confirmar, no nos pueden asegurar que ese esquema se haya abandonado, por lo menos, repito, habría que aceptar que la vida nacional, la vida pública y sobre todo las acciones gubernamentales se dan diariamente en medio de una enorme contradicción.
Y como lo ha afirmado el Partido Popular Socialista, poder coordinar, poder unir, armonizar neoliberalismo y justicia social es imposible, y ese es el error que está cometiendo el actual gobierno, querer conciliar dos extremos totalmente opuestos, contradictorios.
Se ha hablado también de bondades de la reforma política, de la así llamada reforma política; no es necesario que repitamos cuáles son sus características, los cambios constitucionales y las numerosas modificaciones a la ley reglamentaria o al Cofipe, pero tiene que aceptarse con honradez política que efectivamente esas medidas, esas reformas, sí están atentando contra el régimen de partidos, el régimen de pluralidad ideológica política, el régimen en general de partidos porque no hace falta insistir mucho, algunos partidos, muy pocos, dos, tendrán las posibilidades casi ilimitadas de recursos económicos, de propaganda a través de los medios más importantes, más influyentes medios de comunicación y por otra parte, bueno y condenando a los demás, a renunciar en la práctica a esto y también eso que ya dijo aquí el compañero Amezcua, que ya mencionó, la casi imposibilidad de realizar alianzas, acercamientos entre los partidos políticos con ideas afines, por las condiciones que establecen.
Nosotros afirmamos, que efectivamente esa es una contrarreforma política que tiende a cumplir el propósito de las fuerzas de la derecha, propósitos muchas veces reclamados de las grandes fuerzas económicas del país y de las fuerzas intervencionistas de tratar de simplificar el mosaico político mexicano y reducirlo a dos o tres partidos cuando mucho, según su concepción, el centro, la derecha, la izquierda, como mediante la eliminación en la práctica de los partidos de menor votación, al cerrarles posibilidades de igualar o por lo menos disminuir la diferencia entre sus ingresos económicos, el acceso a los medios y de formar frentes, coaliciones, etcétera. En esto, no son ajenos los propósitos de consolidar las relaciones económicas con Estados Unidos, no es ajeno, también esta reforma política forma parte de los planes económicos comerciales del actual gobierno.
Es una ley injusta y va a ser muy difícil poder garantizar condiciones electorales civilizadas, por lo tanto va a provocar muchos fenómenos indeseables; uno de los aspectos nada más quiero señalar brevemente, concretamente, todavía no
alcanzamos a combatir los elevados grados de impunidad que se dan en la práctica política y electoral; todavía no, seguirá habiendo delincuentes electorales que van a seguir actuando bajo impunidad. Las reformas al artículo 82 están en el mismo esquema de modificaciones y de concesiones políticas, concesiones verdaderamente porque no se trata de un consenso extraído de la voluntad popular sino de las fuerzas políticas influyentes, tal y como lo expresa el informe cuando habla de que la democracia consiste en el compromiso de las fuerzas políticas con la ley, sí, nada más que las fuerzas políticas que obraron en el caso de las pretendidas reformas al artículo 82, son las fuerzas políticas que no basan su poder en el número, en la mayoría de los mexicanos, basan su poder en el poder económico y tácitamente el Gobierno de la República está aceptando que ésas son las verdaderas fuerzas políticas que influyen en las decisiones nacionales y esto es muy peligroso. Esto también es un rasgo del neoliberalismo.
Habría otros aspectos que comentar sobre la vida nacional, hay muchos aspectos, solamente queremos agregar, algunos comentarios. Lo relativo al nuevo marco jurídico para las asociaciones religiosas.
Se dijo en el informe que culmina un proceso de conciliación y tolerancia y que promueve que los mexicanos ejerzan a plenitud su libertad de creencia. ¿Quién? Sin embargo, quedan secuelas y esto hay que comentarlo aquí, desde esta tribuna, esto tiene que ahondarse, hay que decirlo.
Quedan secuelas de intolerancia religiosa y voy a decirlo, no por parte del Estado, ni menos por parte de las fuerzas políticas, sino intolerancia provocada durante largos años, casi por siglos, de parte de grupos de alguna de las iglesias contra otras, y siguen causando tragedias sociales y humanas.
El combate a esa intolerancia es una tarea difícil y nos va a costar muchos años eliminarla, y por otra parte, continúan las actitudes de ignorar la nueva ley por parte de algunos ministros que insisten en intervenir en políticas y por algunos políticos que esperan la venia de algunos ministros, haciendo pasarela política ante quien no debe intervenir en política, por lo que contribuyen con ello a que se viole la Constitución.
Queremos también abordar muy brevemente el tema de Solidaridad, de Pronasol. El Partido Popular Socialista ha valorado con mucho interés la obra que se realiza a través del programa Pronasol, y tal vez coincidiendo con algunas otras fuerzas políticas, nosotros afirmamos que se aplican los fondos de Solidaridad con criterios selectivos que esconden propósitos de clientelismo político en varios rubros.
No dudamos que haya honestidad incluso en el consejo nacional o en otros niveles en los que... a través de los cuales se aplican los fondos de Solidaridad, pero acá abajo, en los niveles inferiores, a nivel de presidencias municipales, de comités de Solidaridad, no se alcanza, tal vez a propósito, a captar que esos fondos se están aplicando y entregando de una manera selectiva, y no hace falta quebrarse la cabeza simplemente para recordar que recorriendo todo el país, cualquier puesto que vemos de la Lotería Nacional, o de algún puesto ambulante, tiene el sello de un partido político, el partido oficial, seguramente porque no se le concedió ese permiso, si no se afilió o se comprometió de alguna manera con ese partido político.
No es de dudarse que en Solidaridad se haga lo mismo y lo decimos sin ningún afán de molestar a nadie, pero sí queremos que se reconozca una realidad. Mientras Pronasol siga estando bajo la óptica y la duda de un gran número de elementos del pueblo y sobre todo de diputados de todas las fracciones políticas, de la mayoría de las fracciones políticas, que vemos de cerca esos fenómenos, Solidaridad no va a tener el aval y la confianza que pudiera tener.
Finalmente y tal vez recurriendo o regresando al tema de la democracia y de la reforma política, quiero que me permitan leer unas cuantas líneas, hacer unas citas, no hace falta que lo lea el señor Secretario, la Secretaría. Por una parte quiero leer una afirmación del expresidente Miguel de la Madrid, hecha en julio de este año, en un foro que se realizó allá en Guatemala y donde dice, si es que se puede creer en la noticia periodística: "Hasta ahora la democracia no forma parte de los valores fundamentales de la comunidad iberoamericana", y no excluyó a México, y lo está diciendo un expresidente.
Y finalmente, como reclamo justo del Partido Popular Socialista a esas reformas políticas que repetidamente hemos catalogado como injustas, quiero leer uno de los criterios expresados en la reunión de la Coppal del 31 de julio de 1993, documento que obviamente está firmado por los representantes de los partidos políticos que lo integran y entre ellos el Partido Revolucionario Institucional, a través de su Presidente nacional. Dice el punto dos de los criterios: "Los partidos políticos son instituciones idóneas e indispensables para la democracia". Nos pronunciamos
por el fortalecimiento del papel de los partidos políticos en América Latina, como entidades representativas de las distintas corrientes políticas y sociales de nuestros países.
Nosotros creemos que éstas son palabras sinceras, pero que no se tradujeron en esa reforma política y de esa reforma electoral, porque seguramente contra la voluntad de muchos miembros del Partido Revolucionario Institucional y contra la voluntad de la gran mayoría de sus diputados, estas decisiones se tomaron en las elevadas cúpulas políticas del Gobierno y su partido, más bien del Gobierno, compromisos que se hicieron a espaldas de muchos miembros del PRI, muchos de sus diputados, y que se concretizaron con las fuerzas políticas que basan su poder fundamentalmente en el poder económico y su partido tradicional. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Gonzalo Cedillo Valdez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Gonzalo Cedillo Valdez:
Con su permiso, señor Presidente.
Una vez más mi partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana, hace uso de la palabra en esta alta tribuna, para abordar temas sustanciales de la política de nuestro país, que en su penúltimo informe abordó en este recinto parlamentario el presidente Carlos Salinas de Gortari.
Por lo anterior, mi partido hace las siguientes reflexiones y consideraciones:
La mitad de los 88 millones que forman la población nacional, no ha conocido otra realidad que el aumento constante de los precios y la pulverización del poder de compra de los pesos. De la otra mitad, unos apenas si recordamos los años de estabilidad económica antes de 1970 y algunos, ya muy pocos, recordarán la devaluación de 1954 y casi nadie las anteriores.
Hace seis años, la inflación alcanzó casi 200%, la posibilidad de hacer planes de cualquier tipo desapareció del horizonte mexicano; el peso perdía su valor todos los días y la sociedad aprendió que todos los otros valores seguían al peso en su caída catastrófica. La confianza fue una de las primeras víctimas, la solidaridad, virtud de forma de la trama de las relaciones entre los hombres, parecía desaparecer de nuestro medio. La ley de la jungla comenzó a ganar adeptos, la inflación no sólo es el aumento de los precios, sino que muy pronto nos dimos cuenta que ella es el resultado del derrumbe de todas las virtudes y leyes que hacen posible la vida en sociedad.
El Gobierno producía enormes cantidades de dinero y entregaba monedas cada vez menor a sus acreedores. En México, igual que en cualquier país, corroído por la inflación, los individuos más listos que aprovecharon la situación inflacionaria, realizaron creativas maniobras de ingeniería financiera para despojar de sus valores a los menos listos de sus conciudadanos. Todo ello legalmente.
Para todos se evidenció que la posición del poder político era la única garantía para poder conservar lo propio o para incrementarlo. La aportación productiva de los individuos al bienestar social, no aseguraba ya ninguna recompensa.
Así, el individualismo feroz apareció en nuestro medio, y los más débiles de nuestra sociedad, los ancianos pensionados, mujeres y los niños de la clase trabajadora, fueron las víctimas más perjudicadas de la lucha de todos contra todos.
A quien desea gobernar bien y promover la justicia y la solidaridad en la sociedad, tiene que luchar sin descanso para acabar con el cáncer la inflación. El Gobierno tiene la obligación de garantizar el valor constante del dinero que emite; sólo cuando el valor que la moneda representa se conserva constante, se puede lograr una verdadera transparencia en las transacciones de la sociedad, y recompensar con justicia a quienes aportan el bienestar de todos.
La estabilidad de los precios permite planear para resolver los verdaderos, y muchos problemas que todavía aquejan a nuestra sociedad, sin tener que desviar nuestra atención hacia problemas semánticos o financieros.
Un mundo sin inflación, es algo que algunos gobiernos piensan, es posible alcanzar en mediano plazo; un mundo sin inflación es sin duda un mundo como el que todos alguna vez hemos soñado, un mundo en el que todos podemos vivir en mayor armonía y concordia, pero la realidad nacional, cruelmente nos despierta a la realidad, sí ha bajado la inflación, pero aún existe. Mientras que los salarios no han sufrido incremento alguno desde hace ya algún largo tiempo, así se va perdiendo el poder adquisitivo, que impacta dramáticamente en la población pobre de México, que representa el 41% del total.
Tenemos que reconocerlo porque es cierto, de 1984 a 1992, la pobreza extrema descendió del 21.7% al 15.5%. Sin embargo, aún en México tenemos 14 millones de miserables entre una población de 88 millones de mexicanos. En este renglón de la pobreza, ni siquiera las dependencias oficiales se ponen de acuerdo, mientras que el INEGI afirma que hay 36 millones 86 mil de pobres, Pronasol afirma que hay más de 44 millones. De esos hay 20 millones de indígenas que son sometidos a la explotación irracional de sus recursos naturales, y no recibe ningún apoyo, ni técnico ni financiero.
También hay 6 millones de trabajadores agrícolas que perciben salarios inferiores a los que establece la Ley y no cuentan con prestaciones sociales.
A pesar de lo positivo de la puesta en marcha por Procampo, nos sigue preocupando el sector agropecuario, desde que la presencia europea alteró la vida de los aborígenes y les impuso extraños sistemas de producción agrícola, con base en el trabajo esclavizante o esclavo, encomenderos y órdenes religiosas contaban con una masa inerme a quien hacían producir.
La situación no mejoró con la Independencia, pero empeoró con el liberalismo, mientras que la Revolución mexicana fue hecha más que con buenas intensiones con pensamientos sólidos.
Zapata, Villa y Carranza tenían opiniones muy opuestas acerca de nuestro problema agrario y de cómo resolverlo. Parece que Francisco I. Madero, vino a darse cuenta realmente del problema a merced de la sublevación de Zapata.
Lázaro Cárdenas defendió de verdad a los campesinos pobres, sacrificó a los campesinos ricos en aras de aquéllos, pero los campesinos ricos eran los que sabían técnicas de comercio, de aprovechamiento de la mano de obra. Al parecer, los dos grandes ejemplos del reparto agrario cardenista, La Laguna y Michoacán, terminaron en vastos desastres para todos.
En un sexenio Lázaro Cárdenas no pudo deshacer el recio tejido de maldades y de abusos que se comenzó a tramar desde 1521.
Con las modificaciones al artículo 27 constitucional, no hay pretexto alguno de los empresarios para invertir en el campo, y sin embargo no lo han invertido, no lo han hecho. Urge revertir el retraso de 20 años que se vive en las zonas rurales, donde subsisten 20 millones de personas en condiciones de grave pobreza, en medio de un agudo desempleo que abarca más de 2.5 millones de campesinos.
Hay pobreza en México, porque al cierre del primer semestre de este año, el 14.7% de trabajadores se encontraban en condiciones críticas de ocupación, mientras que el 12.6% de la población económicamente activa, tenía ingresos inferiores a un salario mínimo, de acuerdo con datos proporcionados por INEGI.
La tasa de desempleo abierto también se ha elevado. Al cierre del primer semestre del año pasado, representaba el 2.8% de la población económicamente activa, y en diciembre de 1992 disminuyó a 2.7%, pero al finalizar el mes de junio de este año, el índice fue de 3.1%.
Esos porcentajes no obstante a nadie convencen, si consideramos que Alemania tiene una tasa de desempleo superior al 6%, Inglaterra e Italia pasan del 10%. ¿Sería posible que estos países tengan más desocupados y pobres que México?
El desempleo en México llegó a niveles del 12%, mientras que el salario ha caído un 40% en los últimos 10 años, mientras que sólo el 25% de las empresas ha capacitado a su personal para salir adelante con el Tratado de Libre Comercio.
También hay pobreza en México, porque el universo de 14 millones de analfabetas funcionales mexicanos en el campo y desocupados en ciudades mexicanas, 5 millones radican en Estados Unidos, de los que más del 50% están por debajo de la media escolar nacional de cinco años.
Hay pobreza en México, porque de la planta de maestros que ascienden a unos 800 mil a nivel nacional, 70 mil han desertado en los últimos tres años por los bajos salarios que actualmente ascienden a 3.5 salarios mínimos, mientras que el 20% de los maestros en funciones se ven obligados a realizar alguna actividad alterna de la enseñanza. Los maestros de secundaria se ven obligados a laborar hasta 12 horas diarias para poder subsistir.
En cuestión de vivienda, tan solo en la zona metropolitana de la ciudad de México, se tiene un déficit de más de 1 millón de casas habitación y la demanda ciudadana respecto a este servicio crece diariamente al ritmo que la población se multiplica.
En materia de derechos humanos, son sin duda alguna, los indígenas los que más necesitan, dado que nunca se ha considerado el sistema jurídico
de los indígenas como una alternativa para juzgarles de conformidad a sus propias leyes, a sus propias costumbres y ritos.
Se ha negado y destruido la capacidad de respuesta de este sistema y de este universo cultural, en aras de justicia y el interés de la nación, siempre ajustado al modelo de desarrollo capitalista occidental, inspirado de la tradición jurídica de occidente y de la concepción romano - germánica de justicia y de bien común.
No puede hablarse de revisión de procesos penales indígenas, cuando los mismos juzgados no entienden o desconocen el sentido legal y mental de nuestras instituciones y de nuestros recursos.
Resulta de todo incongruente hablar de agilización de los expedientes de justicia y de rapidez. Uno de los procesos legales se desahoga cuando los juzgados, totalmente ajenos a nuestra conmovisión cultural son ajenos a nuestra escala de valores y comprenden la complicada trama de justicia, que a veces nosotros mismos no la entendemos.
Si la violencia, el sojuzgamiento y las sutiles técnicas de transculturación del indígena, para hacerlo dócil a la occidentalización del proyecto de México, modernizador de los últimos 20 años, han sido el instrumento para sacarlo de su propia cultura, al confrontar su vivencia y carga tradicional de justicia con orden, con los cánones y la ingente burocracia, para administrar justicia ha resultado peor que el ideal original de integrarlo al progreso y a la modernidad.
La historia y los expedientes inconclusos, las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las denuncias de grupos proindigenistas, han registrado una cadena incesante de incongruencias y desatinos, en los que para la justicia de México mestizo y criollo, el indígena, peyorativamente marcado como "indio", viene a ser enemigo de la civilización, son una traba para convertirnos en el rostro y el proyecto que mestizos y criollos queremos hacer en México: una cultura, un Estado y un derecho blanqueado por la civilización occidental.
Si revisamos someramente la situación que prevalece en gran número de comunidades indígenas en todo el territorio, encontramos que las autoridades tradicionales han sido relegadas y el poder civil se ejerce presionadamente a través de instituciones y procedimientos ajenos a su propia cultura.
Más que aplaudir, los propósitos de acelerar procesos penales contra los indígenas de nuestro país, queremos llamar a una reflexión sobre esta sistemática y centenaria tendencia a negarles su cultura y el legítimo derecho que tienen a practicarla, pues resulta evidente que al imponérseles sentencias judiciales de corte occidental, la sentencia no sólo va a castigar físicamente a los inculpados, esas sentencias van a seguir negando la cultura indígena y van a seguir imponiendo la fuerza y la superioridad, su razón sobre la raíz indígena de nuestro país.
Lo que necesitamos es que al imponer nuestra justicia, no se convierta ésta en una segunda edición de la conquista, que afectó a nuestro ser nacional.
En este tema del indigenismo nos hemos extendido un poco, porque resultó ser que fue el sector olvidado en este Quinto Informe del señor presidente Carlos Salinas de Gortari.
Por otra parte, la violencia es el tema cotidiano de los medios informativos. En sus páginas encontramos la nota roja, pletórica de hechos de sangre que nadie atina a resolver y mucho menos a evitar.
Los secuestros se convirtieron desde hace muchos años en la manera más fácil para la delincuencia, para adquirir sumas de dinero explotando la angustia de los padres de familia, hermanos e hijos, que sufren ante la constante amenaza de los secuestradores, para dar muerte al secuestrado, y para presionar han ejecutado hasta bestiales y macabros hechos, como el de enviar a familiares un dedo o una oreja del secuestrado, para forzar el pronto pago del rescate.
La ineficiencia de las corporaciones que tienen a su cargo la seguridad nacional debe corregirse, de otra manera podría acontecer que la ciudadanía decida cuidar su propia integridad física y la preservación de sus bienes. Por lo tanto, adquiere el armamento que al efecto se requiere, o bien que decida formar una agrupación de ciudadanos, como acontece en Brasil, misma que se encargaría no sólo de patrullar las calles, sino de localizar y castigar a los delincuentes.
Hablando de la delincuencia, no debe ni puede pasarse por alto el problema de la drogadicción, que es un cáncer que lesiona a nuestra sociedad, que durante 1992 los centros de integración juvenil atendieron en sus programas de rehabilitación a 2 millones de personas adictas a alguna droga.
Según datos del servicio médico forense, durante 1990, de 1 mil 8 casos de muerte por homicidio registrados en el país, el 27% se asoció con el consumo de alcohol, inhalantes y mariguana, y 318 suicidios, el 10% se vinculó al consumo de alguna droga principalmente inhalantes.
En el renglón de Salud debemos denunciar que las bandas criminales acosan a los niños y jóvenes en los centros escolares para inducirlos a la drogadicción, esto acontece de manera impune. México ocupa el tercer lugar en incidencias, en el caso del SIDA, en el mundo, después de Estados Unidos y Brasil, se estima que el número real de infectados por este mal sin curación todavía, según lo reconoció el Presidente de la República en su informe, es de 23 mil 410, de los cuales hay 464 niños infectados.
Por cierto debe recordarse que de las 12 mil toneladas diarias de basura que generamos los capitalinos, unas 600 corresponden a desperdicios sanitarios producidos en los centros hospitalarios; el 60% se esteriliza y se quema en hornos que nos contaminan y el 40% restante es llevado a los rellenos sanitarios de las zonas metropolitanas del Valle de México.
Quise hablar en términos generales sobre el problema interno del país, mi partido ha dividido en seis rubros importantes que consideramos básicos para la vida sustancial de la problemática que vive nuestro país en su seno interno:
Reforma campesina
En este renglón del informe que nos ocupa se observa la preocupación del Ejecutivo Federal por resolver los obstáculos que se han interpuesto para lograr el desarrollo en el campo, obstáculos que provienen fundamentalmente de los vicios que por años las estructuras de Gobierno en el campo han propiciado frenar la productividad.
Por ello, apoyamos las medidas de reforma al campo para modernizar a las instituciones de financiamiento que deben estar orientadas a promover la inversión y asociación productiva, tal como se presenta en el Informe, a través del cual la Nacional Financiera, constituye el fondo de inversión y capitalización del sector rural Focir, con un capital inicial de 200 millones de nuevos pesos.
Igualmente Banrural, como resultado de su reestructuración sustantiva, amplió su ámbito de financiamiento tanto a la producción como a la comercialización. En virtud de lo anterior, sus políticas se orientarán a resolver el grave problema de las carteras vencidas, de tal manera que 5 mil 092 millones 800 mil de nuevos pesos se transfirieron y 4 mil 153 millones 800 mil al Fideicomiso de Rehabilitación de Carteras Vencidas, de las cuales se reestructuró el 86.2% y por ende a ser sujetos de crédito a 379 mil 387 ejidatarios. Los restantes, 939 millones, se transfirieron al Pronasol, en beneficio de 500 mil productores.
Eso significa que se haya reducido el número de campesinos con carteras vencidas, esto no significa que se haya reducido el número de campesinos con carteras vencidas, pero no tiene el mismo origen, la misma magnitud y que si se suscribe al de la banca privada que abarca alrededor de 5 mil productores privados.
Adicionalmente, por medio del Pronasol, se otorgó crédito a la palabra por más de 1 mil millones de nuevos pesos, mientras que el programa de descuento anual de CIA se amplió a 12 mil millones para 50 mil productores adicionales.
Otra de las medidas tendientes a capitalizar el campo se nos informó se refiere a Procampo, el cual se financiará con recursos obtenidos del superávit fiscal producto del esfuerzo para sanear la economía nacional. Y que uno de los objetivos que pretende alcanzar consiste en romper con la dependencia y tutelaje del campesino respecto de las políticas de Gobierno, al fijar un plazo de 15 años la desaparición de la política de subsidios al suprimir los precios de garantía, lo que consideramos que habrá de preparar y enfrentar al campesino a la ley de competencia, posibilitando con ello mayor apertura comercial.
Para tales efectos, se dota a los campesinos con la aplicación de políticas para motivarlos a producir y prepararlos para hacer un factor real en los sistemas de producción y comercialización.
No obstante lo anterior nos preocupa hasta dónde es posible que se sostengan dichas políticas de Gobierno de apoyo al campo, si será posible garantizar que los recursos financieros lleguen efectivamente al campesino, sorteando los vicios de la corrupción de los sistemas burocráticos, tanto en las instituciones gubernamentales como entre los propios campesinos, donde lamentablemente persiste la estructura sustentada en el cacicazgo, pongo por ejemplo el nuevo cacique que es el comisariado ejidal y que realmente impacta en la productividad.
Igualmente nos preocupa si dichos programas podrán ser instrumentados en condiciones de
fin de sexenio, toda vez que su realización estará a cargo del nuevo titular del Ejecutivo Federal y que lamentablemente carecemos de elementos para evaluar sus efectos económicos toda vez que los resultados de dichos programas se podrán medir hasta el próximo ejercicio de Gobierno.
Desarrollo Social
En este Quinto Informe se caracterizó en fijar como centro del discurso el tema de la política social que a través del Pronasol significó una lucha en contra de la pobreza extrema para mejorar los niveles de vida y la procuración de satisfactores básicos de la clase más marginada del país y tuvo como sustento la Ley General de Asentamientos Humanos, la cual tiene por objeto, entre otros, descongestionar las zonas metropolitanas, el fomento de centros de población de dimensiones medias, protección del Padrón de Asentamientos Humanos Rural y de las comunidades indígenas; buscar las condiciones adecuadas entre las zonas de trabajo y vivienda y recreación.
Conservación y mejoramiento del ambiente en los asentamientos humanos, oportuna infraestructura, equipamiento y servicios urbanos de los centros de población, regulación del mercado de los terrenos y de la vivienda de interés social y popular, y la preservación del patrimonio cultural de los centros de población.
En general, el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población vendrá a mejorar el nivel y la calidad de vida de la población urbana y rural.
El gasto del Programa de Solidaridad, en lo que se refiere a desarrollo urbano, agua potable, ecología, se nos informó por el Ejecutivo Federal, ascendió a tres mil 690 millones de nuevos pesos. Esas políticas, se nos informó, constituyeron una medida de presión de los esfuerzos de la sociedad civil y gobierno para atender los rezagos más urgentes.
En ella se invirtieron 11 mil 565 millones 300 mil nuevos pesos, el 67.7% destinados al bienestar social.
Asimismo se nos informó que en materia de desarrollo urbano y vivienda se le dio una nueva orientación e impulso con una inversión de un mil 248 millones de nuevos pesos en apoyo al reordenamiento de los asentamientos humanos en el territorio mexicano.
En lo que se refiere al Programa de las 100 ciudades, en el Quinto Informe nos señala que este programa constituye el eje central de la reforma urbana para crear ciudades medias que permitan integrar y regular un crecimiento racional y armónico. Por lo anterior, basta señalar algunos datos que nos permitan dar una visión global de este fenómeno social.
En 1970, habían 34 localidades urbanas con más de 100 mil habitantes que controlaban el 23% de la población nacional; en 1991, llegó a 98 ciudades en las que se ubicó el 44% de la población total del país, como la ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, y ciudades medias de 100 a un millón de habitantes tendieron a estabilizarse.
Localidades de 15 mil a 100 mil habitantes tuvieron un crecimiento tal que absorbieron la mayor parte del crecimiento de la población urbana en el país. Para la ejecución de dicho programa éste recibió inversiones con un monto de un mil 248 millones de nuevos pesos, el 40% aportado por la Federación, el 24% de los gobiernos estatales y municipales, el 6% de los sectores sociales y privados, y el 30% proveniente de créditos institucionales financieros internacionales, como el Banco Mundial.
Con la aplicación de este programa, se indica, se han realizado las siguientes acciones. Regularización del suelo, fortalecimiento de la administración municipal, estructura urbana, sistemas viables y de transporte, dotación de servicios básicos, renovación urbana de los centros de las ciudades, protección al ambiente.
Entre otros avances menciona la actualización técnica del 90% de los planes para el desarrollo urbano de las 100 ciudades medias, así como la vigencia jurídica en el 80% de ellos. Paralelamente se elaboraron códigos urbanos en los 31 estados del país, con el propósito de ser congruente con la nueva ley.
El Programa de Modernización Catastral en 23 estados, a fin de fortalecer las finanzas públicas municipales. Cabe mencionar que en la primera fase de este programa, se inició el proceso de modernización catastral de cinco millones 500 mil predios, que representan el 70% total nacional, sin incluir el Distrito Federal y el Estado de México.
En materia de suelo urbano y reservas territoriales, precisa que con la participación de los gobiernos locales, sector privado, ejidatarios, comuneros, banca de desarrollo y el Gobierno Federal, se generó una oferta de suelo urbanizado con los servicios requeridos. Para ello se
invirtieron 368 millones 800 mil nuevos pesos, en beneficio de 40 mil familias, 39 localidades y 19 estados, donde se ofrecieron lotes que cuentan con agua potable, alcantarillado, electrificación, calles, guarniciones, que generaron 15 mil empleos.
Podemos concluir que la correcta interpretación de esta Ley por las diferentes instancias involucradas y la adecuada aplicación de los planes y programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, se pretende resolver en buena medida la problemática nacional en este renglón.
En esta Ley General de Asentamientos Humanos, por primera vez, se promueve la consolidación del municipio a nivel de autoridad predominante del desarrollo urbano; la participación de los sectores sociales y privados en el desarrollo urbano de los centros de población; la incorporación directa de los ejidatarios y comuneros al proceso de producción y comercialización de bienes y servicios de los centros de población e instituciones crediticias, así como el respeto que se le da a los valores y costumbres de las comunidades indígenas.
Esta Ley representa una importante reforma urbana en materia de desarrollo urbano, que consideró los récords del Siglo XXI, como lo hizo a principios de este siglo la Reforma Agraria, que fue sustento de nuestra Revolución mexicana.
Al respecto, mi partido considera que esta Ley establece con bases constitucionales sólidas, para ordenar los asentamientos humanos, el desarrollo urbano y la vivienda, ya que esta nueva Ley es congruente con un ordenamiento jurídico acorde al momento y en la realidad económica y social que vive nuestro país y al impacto que ocasionaron las reformas al artículo 27 constitucional y la ley agraria.
Asimismo, dicha Ley se vincula estrechamente a los grandes objetivos y estrategias del sistema nacional de planeación democrática del desarrollo. Sin embargo, es conveniente señalar que es imprescindible el cumplimiento adecuado de otros planes y programas que están relacionados con la problemática social de los asentamientos humanos, por lo que es preocupante que con el cambio del próximo gabinete, se garantice la continuidad de dicho programa y lo fortalezca, poniendo énfasis en aquellos que resuelven en su origen el problema de los asentamientos irregulares, como son lo relativo al incrementar la productividad y la competitividad, así como procurar que la sociedad civil, ejidatarios...
El Presidente:
Diputado Cedillo, le solicitamos respetuosamente pase a las conclusiones.
El diputado Gonzalo Cedillo Valdez:
Voy a concluir. Y comuneros, se involucre en forma directa en la toma de decisiones y en la definición y aplicación de planes y programas relacionados con la demanda de uso de suelo y reservas territoriales, evitando con ello la especulación y otros vicios que forman parte del sistema de Gobierno.
Son muchos los rubros que corresponden a la política interior del país. Lo que aquí he abordado o hemos abordado a través de mi partido, son sólo unos cuantos de los que considero deben merecer la atención inmediata de las autoridades y desde luego, no todos coinciden con la óptica que se aplicó por el señor Presidente en su Quinto Informe de Gobierno. Lo traemos a esta tribuna con el afán de coadyuvar en lo posible al conocimiento de la problemática nacional y de ahí emprender soluciones más acordes con nuestra realidad y con las demandas de la ciudadanía. Muchas gracias.
El Presidente:
Muchas gracias, diputado Gonzalo Cedillo.
Tiene la palabra el diputado González Arreguín.
El diputado Israel González Arreguín:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:
El Presidente ha dicho, y en eso compartimos la afirmación que no existen unanimidades, y agregaríamos nosotros, si es que alguna vez las hubo en la participación política de los mexicanos.
La política interna es precisamente una dimensión en la cual el juicio presidencial tiene menos consenso, pésele a aquellos que aún insisten en la retórica de seudomayorías y que ahora alientan las primeras minorías.
Desde el análisis más objetivo posible, cualquiera de nosotros podemos preguntarnos: ¿la política oficial interna de la que nos habló aquí el
Ejecutivo, especialmente la reforma electoral, es acaso una transformación o reforma radical irreversible que dé verdadera estabilidad o fortaleza a la nación? ¿Con ella vamos a evitar los evidentes conflictos poselectorales? ¿Es un pase simple y llano y por tanto transitorio y fugaz? ¿Con ella ha cambiado la lógica tradicional del control estatal y de su partido? ¿Es acaso otra sesión graciosa a la posibilidad de compartir el gobierno con las élites? ¿Con la reforma electoral se ha ganado credibilidad ciudadana? ¿Creen acaso los ciudadanos que la moralidad y la ideología del partido dominante con esta propuesta de reforma, ha cambiado? ¿La reforma electoral ha obligado a cambiar hacia un juego verdaderamente democrático? ¿Tenemos acaso nuevos y verdaderos instrumentos políticos que permitan al sistema de partidos participar democráticamente en las transformaciones que la ciudadanía exige? ¿Las reformas políticas de 1993 son acaso garantes del sufragio efectivo?
Cada partido ha empezado desde esta tribuna, a dar respuestas, a su manera, a este tipo de preguntas básicas. Pero lo que creo que no se puede seguir soslayando, es que nuestro México pluriétnico, pluricultural y políticamente plural, tiene sus respuestas y éstas sobrepasan cualquier retórica que aquí se enarbole.
Como diputado de una sola cosa estoy convencido: de que lamentablemente los tercos hechos de la realidad nos demuestran, como recientemente en Guerrero, que la reforma electoral es desafortunadamente un elemento de una política interior episódica, totalmente insuficiente para la necesidad política de construir una transición estable y menos dolorosa.
En eso se encuentra la paradoja de la reforma y la política interna: la fuerza del número de votos que aquí la respaldaron, enfrenta su verdadera debilidad en el amplio espacio de la ciudadanía, que después de cada elección protesta o les reprocha con la indiferencia o el desprecio a la actividad política.
Actitudes ciudadanas que antes que fortalecer a la nación, la debilitan en su esencia política.
El día lo. de noviembre, en el reciente informe, el Ejecutivo expuso su voluntad para convocar a un pacto político de civilidad en 1994, con el fin de realizar elecciones claras, transparentes y ejemplares. Un pacto de civilidad que ha sido planteado en múltiples ocasiones.
Tal voluntad debe expresarse en acuerdos entre todas las fuerzas políticas nacionales. Una contradicción total entre una propuesta que avalamos, que aplaudimos, y una realidad a través de una posición política electoral de una reforma que aquí se aprobó y que se contrapone totalmente con un planteamiento plural que realizó el propio Ejecutivo del Estado.
"El primer punto debe implicar dice el compromiso de reformas a las normas electorales, con el fin de que tengan un carácter plural".
Nosotros sostenemos como partido político que el pecado original de la reciente reforma política bipartidista debe ser expiado.
Nosotros creemos que definitivamente este pacto de civilidad es válido, en la medida en que logremos transformar, en serio, la esencia de la reforma política que nos vivió en el período anterior.
Los órganos de representación legislativa deben integrarse, desde nuestro punto de vista, con un sentido verdaderamente plural. Deben darse garantías para validez efectiva del voto. Deben contar los sufragios de todos por igual. Debe eliminarse la sobrerrepresentación partidaria. Los órganos electorales deben integrarse de manera equilibrada por partidos, ciudadanos y Gobierno. Debe establecerse, sin cortapisas, el derecho de asociación partidaria. Deben garantizarse condiciones de financiamiento equilibradas para todos los partidos y candidatos.
En fin, deben corregirse urgentemente las reglas del juego electoral correspondientes al sistema de partido casi único y al de negociación poselectoral de trastienda.
Garantizar la paz social en 1994, debe ser propósito común de todos los partidos políticos nacionales. La tranquilidad de los ciudadanos lo exige, más allá de legítimos propósitos particulares está en primerísimo lugar la paz de los mexicanos.
Hoy el escenario político nacional es más candente y complejo. La última oportunidad de convocar a un congreso extraordinario para consolidar la democracia electoral, en opinión del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional no fue aprovechada.
El ambiente político hoy está más enrarecido por los cambios en las reglas electorales y por el modo como se están perfilando las definiciones en los partidos políticos nacionales con miras a los comicios de 1994.
En muy poco tiempo ha quedado manifiesto que la solución bipartidista no fue el mejor camino para trazar un escenario de certidumbre y con
fianza para las próximas elecciones federales. Muy pronto todos estamos pagando el desatino de quienes creyeron que se iban a apaciguar los ánimos repartiendo el pastel político entre envanecidos contendientes políticos.
Hoy ya empezamos a percibir actitudes intolerantes que pretenden crear un ambiente enrarecido en las elecciones de 1994, ambiente que se abona con las actitudes gubernamentales; se apuesta que en 1994 los mexicanos se dividirán y que se enfrentarán en la búsqueda de una posición de determinada fuerza política, actitud irresponsable que puede más que nada generar violencia.
Pocos de nuestros días solicitan la presencia de los vecinos del norte para que supuestamente, entre todas las comillas posibles, nos ayuden a resolver nuestros diferendos como nación.
Gran responsabilidad han tenido los que han apostado al continuismo en materia política. Muy pronto tendrán que reconocer su error, a ellos se han sumado los propagandistas de una pluralidad engañosa y ventajista que dice terminar en la llamada primera minoría. No escapan como corresponsables de este peligroso ambiente, los simpatizantes del democratismo formal, los que de palabra dicen buscar la democracia, pero que en la práctica estiran las contradicciones sin meditar en sus perversas derivaciones para la paz social y la estabilidad.
Quienes desde diversas posiciones han apostado encasillar a los mexicanos en dos o tres partidos, se equivocan rotundamente. La pluralidad ciudadana es desde hace tiempo, mucho tiempo, más amplia. Quienes desde la clase política encuadran de modo tan estrecho a los ciudadanos no parecen aprender, van a contrapelo de los esfuerzos del pluralismo reconocido, del pluralismo practicado por el pueblo, por sus propios antecesores desde 1979; se oponen a los adelantos de una sociedad más participativa que está en otros partidos y que por sus particulares razones no está en ninguno de los de ellos.
Muy mal nos preparamos para 1994, así ciertas corrientes declaran la guerra sin haber concitado aún el respaldo del pueblo en las urnas; otros igualmente autoritarios se consideran per se ganadores y se alistan en un peligroso ritual a repetir sus comportamientos pasados, proceden con el mismo pecado original, actitudes que rayan en la intolerancia, prepotencia y el desconocimiento de que el único sujeto principal de los cambios es el pueblo.
Una tercera fuerza espera la lucha encarnizada entre las dos primeras corrientes para mercantilizar su capital; lobos con piel de oveja que desatienden sus principios originarios de doctrina política, que tarde han reproducido estilos políticos que mucho tiempo criticaron; todos ofenden al ciudadano, se comportan con criterios feudales, ven en los ciudadanos vasallos y no a hombres libres, no aprecian en los ciudadanos hombres maduros, sino objetos manipulables.
Una democracia moderna no puede constituirse en ese escenario riesgoso para la nación. Nos preguntamos: ¿a quién le conviene una situación políticoelectoral que conduzca a la ingobernabilidad?, ¿acaso será tarde para delinear las reglas de una contienda electoral civilizada? ¿Será la modernidad que se consume en 1994 un sistema político que no reconozca el sufragio ciudadano a todos los partidos políticos por igual?
Son de todos conocidas las imperfecciones de nuestro sistema electoral, pero todos hemos declarado el propósito de su reforma pacífica constitucional; hemos aceptado que el cambio debe ser en los marcos de la paz social; por ello crece entre las fuerzas responsables del país, la preocupación sobre el destino del proceso electoral de 1994. Sabemos que puede ser muy delicado, pero si a los anteriores vicios electorales, sobre todo al de validez del sufragio, se adicionan las inconformidades a los repartos legales del poder en senadores y diputados, tendremos un sistema político más injusto y desequilibrado, un esquema más contrario a la soberanía popular.
Contra los riesgos a la soberanía nacional debemos estar sin distingo ideológico y partidario, muy vigilantes, pero insistimos, la mejor manera de defender a la nación es en la democracia; para nosotros los integrantes del PFCRN lo reiteramos una vez más, la convivencia democrática no podrá darse sin respeto al sufragio, sin civilidad entre los adversarios políticos y sin el reconocimiento por todos de que un proceso electoral no implica el apocalipsis, sino un ejercicio cotidiano de toda democracia contemporánea.
Ciertos partidos políticos omiten las tendencias modernizadoras del ciudadano mexicano de nuestros días; desde hace tiempo, compañeras y compañeros diputados, existe un ciudadano responsable no dispuesto a ser presa fácil del continuismo aberrante y de la camorra divisionista, un ciudadano digno que no avala las lacras del presente y que quiere una transformación nacional, pero sin traumas sociales, un ciudadano que, en fin, no comulga con los esquemas del apartheid partidario.
Para el PFCRN existen en los esquemas nacionales bases que nos pueden permitir una participación política de todos los hombres y mujeres libres de esta patria tan nuestra. Por ello defendemos el axioma de que sólo del pueblo y en el sufragio efectivo se prefiguran los cambios en el sistema político, de su mandato exclusivo sólo provendrá el sentido de la continuidad y de los cambios en la estrategia del desarrollo nacional.
Apenas iniciamos los preparativos de la contienda electoral de 1994, apenas discutimos las bases de nuestra táctica y estrategias, definimos el diagnóstico de los grandes problemas nacionales y apuntamos las opciones programáticas de cambio. No adelantemos vísperas, no hagamos el juego aquí a quienes nacieron en una campaña electoral y viven permanentemente en ella; aquí madrugar con demasiada antelación sólo manifiesta desmesurada ambición y no una sana intención por servir al pueblo de México.
Antes de hablar de caminos sin retorno, hay que empezar a caminar; antes de cantar victorias y preparar su defensa, hay que ir a convencer a los ciudadanos, ofrecer soluciones viables y ciertas y no espejismos que estimulen a la postre la desesperanza que es muy bien aprovechada por quienes, ante la situación de 1988, resultaron al último los beneficiarios de la gran contienda político - electoral.
No se olvide de que casi toda una generación ha crecido en medio de la crisis y de las políticas de ajuste y estabilización; no han conocido realmente una situación en la que convivan el crecimiento, la estabilidad de precios y sobre todo, la distribución progresiva de la riqueza; no han sabido de la movilidad social, han crecido en medio de la amargura económica y social, en una situación desfavorable para la conformación de hombres seguros, responsables y forjadores de cambio.
Los partidos políticos nacionales, como entidades constitucionales de interés público, tenemos una gran responsabilidad en la incipiente y contradictoria democracia representativa mexicana.
Debemos ser verdaderos representantes del pueblo y no representarnos de éste. Azuzar al ciudadano en estos momentos, es la peor opción para el cambio real de los grandes problemas que vive nuestro país, es apoyar el continuismo de añejos problemas nacionales, es favorecer a los partidarios del statu quo, y peor aún, es alimentar a los promovedores del retroceso histórico.
Hay un sector de mexicanos que vota sin estar en los partidos políticos. Otros que no concurren a las urnas porque no se sienten identificados por ninguna opción política electoral, otros más que han votado y dejan de votar y peor aún, podrían adicionarse a este contingente, ciudadanos que nos darían la espalda al no ofrecerles una oferta política madura.
Nos interesa compartir estas preocupaciones con ustedes, compañeros legisladores, para buscar salidas comunes. Nunca es tarde para encontrar una alternativa común que fortalezca la soberanía nacional y que consolide verdaderamente a la democracia. Todavía es tiempo de que reformemos con criterio plural y para desactivar riesgos de ingobernabilidad, las reglas de la democracia electoral.
Hagamos en un horizonte de pluralidad, un pacto político nacional para la estabilidad y consolidación democrática.
Reconocemos aquí que hay algo que nos unifica a todos los mexicanos, que hay algo que nos unifica con lo expresado por el Ejecutivo de la nación, que es su permanente y seria defensa a la soberanía nacional. En ello, nos unificamos como mexicanos y como responsables o corresponsables de la vida política nacional; también reconocemos el mantenimiento de las libertades públicas y los derechos que con gran esfuerzo se han mantenido.
Sabemos que se han dado reformas de Estado sustanciales que nosotros solidariamente respaldamos; que ha habido avances fundamentales, esencialmente en la consagración y la defensa de los derechos humanos.
Aquí, de frente a esta soberanía, vimos cómo seriamente se sostuvo en forma cierta, una posición de concertación y diálogo abiertos totalmente a todas las pluralidades políticas del país.
Coincidimos en que el pueblo organizado es garante de integración de la vida social y política y que le da estabilidad interna a nuestra nación. Estamos de acuerdo en que el desarrollo económico nacional, con el fortalecimiento de los sindicatos poderosos, en forma seria puede significar base fundamental para la estabilidad de nuestro país, y el hecho de que se mantenga la Ley del Trabajo, que es ejemplo para el mundo, es una constatación de este respeto a la participación de los grandes sindicatos nacionales que garantizan la estabilidad en nuestra patria. Muchas gracias.
El Presidente:
Muchas gracias, compañero Israel González Arreguín.
Tiene el uso de la palabra el compañero diputado Guillermo Flores Velasco, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Guillermo Flores Velasco:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Es obligación constitucional del Presidente de la República informar del estado que guarda la administración pública. En esta ocasión tocó al licenciado Salinas de Gortari cumplir con este mandato.
También es una obligación y un derecho del Congreso de la Unión, vigilar y controlar la acción gubernamental.
Al evaluar las acciones del Ejecutivo Federal, debemos analizar los informes trimestrales que presenta el Ejecutivo Federal a esta soberanía; el apego a los montos asignados a las dependencias y programas establecidos en el Presupuesto de Egresos aprobado por el Poder Legislativo; cuidar el cumplimiento de la Ley de Ingresos, las normas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y vigilar si se ha cumplido el marco jurídico para el Gobierno y administración para los distintos ámbitos de la vida pública y privada, para garantizar la convivencia y el bienestar social, la elevación del nivel de vida y la viabilidad de nuestra entidad.
Se trata entonces de ejercer un derecho republicano, cuestionando la actividad del Ejecutivo, pues nosotros, como representantes de la nación, por ello representantes de los genuinos derechos de los distintos sectores de la sociedad.
Esta función ennoblece al Poder Legislativo, si lo hacemos no como aduladores de un sistema presidencialista, sino como críticos objetivos y defensores de los intereses populares.
Desafortunadamente nuestro sistema político, tanto a nivel federal como en el caso del Distrito Federal, contempla todavía mecanismos poco eficaces para ejercer una soberanía plena sobre el Estado mexicano.
Lo hemos señalado en muchas ocasiones: la Contaduría Mayor de Hacienda, órgano técnico de la Cámara de Diputados, es ineficaz para ejercer un verdadero control administrativo. Es parcial la acción de la Contraloría General de la Federación, pues el Gobierno es juez y parte, y aún más, las pocas oportunidades que se pueden tener para establecer un diálogo entre los poderes de la Federación, iguales en nuestro código fundamental, son impedidos por acuerdos parlamentarios que impiden un debate libre y abierto con el primer responsable del Gobierno en nuestro país.
El licenciado Salinas de Gortari, al informar sobre el Distrito Federal en el Quinto Informe de Gobierno, se siente satisfecho de la acción de Gobierno y resume, en su breve mención sobre la ciudad de México, que ésta amplía los derechos y mejores condiciones.
Pero ¿qué piensan los ciudadanos?, ¿qué piensan los partidos políticos?, ¿qué balance podemos hacer del último año de gobierno, de los cinco años de la administración salinista?
Nuestro partido, el de la Revolución Democrática, y estamos convencidos que es el sentir de millones de capitalinos, tienen una visión bastante distinta. No estamos en contra de todo, tenemos propuestas para esta ciudad, propuestas que no coinciden con las propuestas de otras fuerzas políticas y principalmente de un grupo político que tiene hoy en sus manos el poder estatal, y que gobierna de manera antidemocrática nuestra urbe.
Se menosprecia a los asuntos ciudadanos y privilegia los intereses de unos cuantos. Veamos los hechos: Salinas afirma que se ha alcanzado la estabilidad en las finanzas públicas. Si analizamos con mayor detenimiento, veremos que la estructura del ingreso del Distrito Federal no es equitativo ni proporcional y es excluyente, que el incremento en los ingresos que han pasado en la presente administración de cinco mil 779 millones de nuevos pesos aproximadamente, a 14 mil 535 millones de nuevos pesos para 1993.
No sólo se debe a una ampliación de la base de los contribuyentes, sino sobre todo a un incremento de los impuestos, contribuciones y derechos que ha sido muy superior a la inflación acumulada en los cuatro años de la administración salinista, pervirtiendo además la teoría constitucional que nos señala que los impuestos son para satisfacer gastos públicos y de ninguna manera una relación contractual, una contraprestación, un fraccionamiento del servicio público que excluye de los beneficios a importantes sectores de la sociedad.
Con respecto al presupuesto, también al analizar la estructura podemos observar claramente que se tiene una visión centralista, que el gasto destinado a las delegaciones, que debería ser el principal, es muy inferior al gasto destinado a las dependencias de la administración central. Mientras que por un lado la primera se gasta dos mil 166 millones de nuevos pesos, contra 12 mil 371 millones de nuevos pesos en el total de la administración central, llegando a cifras insultantes, que se determinan de manera casi impersonal por el Regente y el secretario general de gobierno, que juntos administran una cantidad total de 22 mil 364 millones de nuevos pesos.
En el anexo del informe, en la página 837, en el resumen de las principales obras terminadas entre enero y octubre del presente, nos arroja que se han programado sólo 34 obras, con una inversión ejercida en el período de un mil 274 millones tres mil 900 nuevos pesos, muy lejos de un presupuesto programado de 14 mil 037 millones 887 mil 409 nuevos pesos. ¡Pobre inversión! Y aún más si lo comparamos con una inversión en gasto social programado de tres mil 638 millones de nuevos pesos.
De esto resulta que los ciudadanos del Distrito Federal tenemos un gobierno centralista, burocrático y despilfarrador de los recursos. ¿Dónde está pues la eficiencia administrativa del gobierno de la ciudad? Si analizamos otros graves problemas de la ciudad, veremos que son muchos los motivos para estar insatisfechos, por ejemplo transporte. Al inicio de la administración se reportaban seis mil 184 autobuses de Ruta 100, 812 trolebuses y dos mil 304 carros del metro. Para el presente ejercicio contamos con tres mil 860 autobuses de Ruta 100, 581 trolebuses y dos mil 424 carros del metro. Las cifras, por sí solas, expresan el desastre que en esta materia sufren los capitalinos día con día.
Ha sido pobre la inversión en el sistema de transporte colectivo, tanto en el metro como en Ruta 100, y se ha propiciado el surgimiento de un pulpo de transporte colectivo de microbuses, estando detrás de todo esto fenómenos de corrupción en las concesiones y el otorgamiento de las placas, y la lucha entre los intereses de estos monopolios.
En varias ocasiones han dejado sin servicio a millones de usuarios, propiciando miles de accidentes al año, de tránsito, y la pérdida también de millones de horas hombre usadas en la transportación.
¿Hasta cuándo los intereses de la sociedad estarán por encima de los intereses de lucro? A lo anterior hay que sumarle el caos vial, reflejo evidente del rezago en la infraestructura vial.
En el presente período sólo se informa en la página 865 del anexo del presente informe de la construcción de cuatro puentes vehiculares y la construcción de 24 kilómetros de anillo periférico del arco norte. Con esta inversión no se podrá superar en el corto plazo el caos vial que se da en toda la ciudad y a todas horas. De seguridad pública, el Presidente nos informa que se han reducido los índices delictivos y que una nueva ley sentará las bases para una nueva policía.
En primer lugar, el Ejecutivo se atribuye funciones que no le corresponden. Se entiende que la ley fue elaborada por esta soberanía y el Ejecutivo tiene que hacer cumplir esta ley.
En segundo lugar, la mención de que se han reducido los índices delictivos, no hace una valoración crítica del papel que ha jugado la sociedad para detener los abusos policiacos.
Al inicio de su gestión, tuvo que venir una fuerte intervención de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal para cerrar la Dirección de Investigaciones Previas para la Delincuencia, en Tlaxcoaque.
Las razzias entre jóvenes en los barrios populares, las razzias con las prostitutas y niños de la calle, son práctica común.
Las denuncias de la sociedad que pesan sobre García Paniagua y Tapia Aceves sobre extorsión a los elementos policiacos, han quedado todavía sin castigo, la sociedad espera una profunda reestructuración de estos cuerpos policiales.
La concepción que se tiene para garantizar la seguridad pública, es la de incrementar armamentos, patrullas y elementos policiales, y no se atacan de fondo los problemas que originan la violencia y la comisión de los delitos. Como reflejo de los grandes problemas, como el desempleo, el salario poco remunerado, las pocas oportunidades de empleo y estudio, han agudizado la pobreza, y se reflejan que en nuestra ciudad se han incrementado la prostitución, los niños en la calle y la proliferación de mercados en la vía pública en prácticamente toda la ciudad.
Salinas nos pone como un avance de la concertación para suprimir del primer cuadro a los ambulantes. Pero ¿quién puede negar la colusión
que ha habido entre el licenciado Camacho y el licenciado Manuel Aguilera con Guillermina Rico y Alejandra Barrios, líderes de estos comerciantes? ¿Cuántos ambulantes existían en el primer cuadro al inicio de la presente administración? ¿Quién concesionó las calles de nuestra ciudad?
No se puede afirmar que se ha solucionado el problema de la venta en la vía pública porque no se ha solucionado el problema de fondo del abasto de nuestra ciudad.
Este fenómeno tiene muchas causas, pero dos de las más importantes son, por un lado, la insuficiencia de una infraestructura de acopio y comercialización, y, por otro, la necesidad de una retribución mejor para cientos de miles de familias que requieren mayores ingresos.
La Central de Abastos requiere una reestructuración a fondo. Este es el principal centro de acopio del país. Grandes acaparadores han monopolizado las bodegas, esquilman a los productores y encarecen los productos de primera necesidad para todos los habitantes de nuestro país y de esta ciudad también, en particular.
La política de apertura comercial ha inundado a nuestro mercado con productos, afectando al país y también a nuestra capital.
Las libres fuerzas del mercado no garantizarán ni los precios, ni la calidad, ni el abasto en un proceso en que se está favoreciendo el monopolio en general. Es tarea de un gobierno democrático revertir esta situación.
En el Quinto Informe se festejan la conclusión de los autodenominados "Grandes Proyectos". Se menciona el rescate del Lago de Xochimilco, la protección del Ajusco, la revaloración del Centro Histórico, así como unos desconocidos desarrollos urbanos para generar servicios y empleos limpios.
Conviene reiterar, como lo hemos mencionado en otras ocasiones: El Departamento del Distrito Federal ha privilegiado el desarrollo de proyectos específicos, para zonas localizadas dentro del Distrito Federal, ligados a proyectos de inversión, por encima de la planificación del desarrollo integral del Distrito Federal y de su área metropolitana.
Se pone en práctica una visión de la ciudad, excluyente y elitista, que desprecia los derechos ciudadanos, la vida en comunidad y la convivencia democrática.
Se omite señalar que los grandes proyectos se han encontrado con fuerte oposición de los ciudadanos, afectados por propuestas ajenas a su actividad cotidiana y, en algunos casos, puestos en marcha de manera sorpresiva.
Por ejemplo, en el caso del llamado Plan de Rescate del Lago Xochimilco, la movilización social de los pobladores de esta localidad obligó a la modificación de dicho Plan en sus aspectos más dañinos. El Departamento del Distrito Federal se vio obligado a rectificar y a aceptar, aúnque sólo parcialmente, las propuestas de colonos y ejidatarios.
Aún así, se conocen hoy de nuevas protestas, como el incumplimiento de compromisos con los ejidatarios, ya sea con las indemnizaciones menores a las pactadas o con el manejo corporativo y clientelar de los espacios prometidos a los ejidatarios en el nuevo mercado de las flores.
La situación es más compleja en el caso del rescate del Centro Histórico. El Departamento del Distrito Federal ha renunciado a respetar el carácter habitacional del Centro Histórico, orientando todos sus esfuerzos a convertirlo en sede de oficinas y reunión de grupos financieros, a grado tal que se entregan desde ahora edificios que son parte del patrimonio cultural de la nación, a representantes de los nuevos consorcios bancarios del país.
El Centro Histórico de la ciudad pretende ser privatizado, en el sentido más negativo para los habitantes del Distrito Federal. Dejará de ser, si no lo impedimos, un lugar de reunión, de convivencia, de encuentro y de identificación popular y cultural, para pasar a ser centro de reconocimiento de la prosperidad y riqueza de unos cuantos.
Por otra parte, nadie puede compartir la actitud triunfalista en torno a la contaminación ambiental. En este sexenio se han presentado los casos límites, los que han colocado a la ciudad al borde de un desastre ambiental sin paralelo.
Por supuesto, si la comparación se realiza con aquellos días de incertidumbre, podemos constatar que se han reducido los momentos en que se ha tenido que recurrir al llamado Plan de Contingencia, de dudosa eficacia, por cierto.
Pero debemos constatar que sigue siendo una constante el tener un ambiente contaminado, que rebasa las normas de calidad permitidas internacionalmente.
La Comisión Metropolitana para la Prevención de la Contaminación Ambiental sigue siendo presa del burocratismo y el incumplimiento de su obligación de informar, entre otros, a este honorable Congreso. No se puede tolerar, en materia de protección civil, que primero con bombo y platillo se anuncie que se cuenta con una alarma antisísmica, para prevenir la pérdida de vidas humanas, en caso de un sismo, y que a la hora de los hechos ésta no funcione.
Y, así podemos seguir narrando una lista interminable de problemas, en donde es evidente que a diario decenas de manifestaciones se presentan en las oficinas públicas. Se nos dirá que es reflejo de un clima de libertades de que gozamos, pero es al mismo tiempo un indicador claro del despertar cívico y de que en esta administración se reciben las quejas pero no se resuelven éstas; es reflejo de la necesidad de tener un Gobierno más cerca del pueblo.
En su momento, nuestro partido se pronunció en torno al análisis de la iniciativa de reforma política para el Distrito Federal. Seguimos reivindicando la necesidad de establecer una entidad federativa dentro del Pacto Federal, con la existencia de los tres poderes a nivel local.
Participaremos en los debates que esta soberanía dará en torno al estatuto de Gobierno. Sin embargo, pensamos que el Primer Magistrado de la nación debió haber señalado un compromiso político para iniciar desde ya la transición al nuevo sistema político que regirá a partir de 1997. Vemos con preocupación que el próximo año, que servirá para renovar el Poder Legislativo y la Primera Magistratura del país, el gobierno de la ciudad, abusando de los recursos del erario público y usando leyes como la Ley de Condominio que recientemente aprobara esta soberanía, destine recursos para promover el partido oficial.
Tenemos una oportunidad para que de acuerdo a las modificaciones constitucionales en materia de reforma política y de las reformas al Cofipe, que se hace necesario ajustar el Libro VIII del Cofipe; en esta ley podremos todos los partidos políticos garantizar las condiciones de civilidad política para la contienda electoral, para elegir las fórmulas de candidatos a la Asamblea de Representantes.
Por último, quisiera aprovechar la oportunidad para invitar a esta soberanía, para que los partidos políticos nos pongamos de acuerdo y el Poder Legislativo reforme un conjunto de leyes para mejorar la capacidad del control sobre el Ejecutivo Federal. ¡Es por México! ¡Es por la democracia! Muchas gracias.
El Presidente:
Muchas gracias, diputado Guillermo Flores Velasco.
Tiene la palabra el diputado Gonzalo Altamirano Dimas por el Partido Acción Nacional.
El diputado Gonzalo Altamirano Dimas:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Ya en la intervención anterior de mi compañero, diputado Jorge Zermeño, se sentó con claridad la posición de mi partido, Acción Nacional, respecto a los principales asuntos expuestos ante esta soberanía por el titular del poder ejecutivo.
Voy a hacer mención a algunos aspectos que consideramos deben de tomarse en cuenta como parte de esta glosa del informe. En primer lugar, decir nuevamente y reiterar nuestra inquietud y de alguna manera nuestra protesta, porque a estas discusiones de glosa no se le dan la importancia debida, como se le da al Informe Presidencial.
Hay un contraste enorme entre todos los elementos que se ponen en torno al Informe del Presidente de la República y los que se dan en contrario a quienes glosan ese informe. Los medios de comunicación, la prensa, la televisión en cadena nacional, informan no solamente en el país en el mismo momento de esa presentación del informe que está haciendo el Titular del Ejecutivo ante esta soberanía, no digamos de la prensa escrita.
Tal parece que el Congreso se minimiza o no se le da la importancia, concretamente por esta Cámara de Diputados, para que se le dé el mismo peso de interés y de atención. ¿Qué acaso la población no tiene derecho también a saber lo que piensan sus representantes? ¿Por qué se privilegia la opinión del Poder Ejecutivo y se acalla o se minimiza la voz del Legislativo?
Creemos que es tiempo de replantear estas reglas absurdas que le dan un peso muy disminuido
a la opinión de esta representación nacional y que no debe seguir sucediendo. Mucho menos estas discusiones al vapor, que en tan sólo dos días hay que hacer revisión ahora en un documento mucho más reducido y que con anterioridad nos mandaban varios de los anexos; tal parece que hay simplificación administrativa hasta en la presentación del informe del Titular del Poder Ejecutivo.
Voy a hacer referencia en primer término a algunos aspectos de procuración de justicia que menciona el propio informe. Se menciona el asesinato en Guadalajara, del asesinato ominoso que redes del narcotráfico hicieron contra un alto representante de la Iglesia. Y el propio Presidente de la República reconoció que todavía las autoridades no han podido detener a los responsables de este hecho tan lamentable.
Esos responsables, que nosotros ya habíamos denunciado con anterioridad cuando se discutió el tema, que esos responsables se paseaban tranquilamente no sólo en Guadalajara, sino en los principales centros de poder del narcotráfico.
Sabemos en este aspecto, precisamente de la procuración de justicia y del combate al narcotráfico, la detención de muchos delincuentes menores, principalmente campesinos, que por la extrema necesidad hacen cultivo de la droga, y de otras cabezas medias, pero nunca hemos visto, salvo casos muy excepcionales, que el Gobierno dirija con energía el castigo a los responsables y que enfoque sus investigaciones no solamente en estas mafias que están fuera de la organización del Gobierno, sino que el Gobierno no ha planteado, hasta estos momentos, investigaciones a fondo de las redes del narcotráfico que impliquen la propia administración gubernamental.
Vimos también en este informe, la referencia que se hace a esa administración de justicia, pero no se menciona esa campaña que se hizo contra los periodistas; esa campaña que se hizo desde la Procuraduría para castigar a los llamados "narcoperiodistas" y que finalmente nunca fue presentada esa lista ni se hizo ninguna acción seria.
Todo esto demerita la administración y la procuración de justicia, de lo cual no se hizo mención en el Informe Presidencial.
Dice el Presidente de la República que la procuración de justicia es más ágil y más expedita; que se concluyeron más de 110 mil averiguaciones previas y se ejecutaron más de 68 mil órdenes. Es cierto también, porque sería injusto desconocer los esfuerzos o esfuerzos parciales o en alguna medida importantes que se hacen desde algunas dependencias del Ejecutivo.
Ya hemos dicho, y la diputación de Acción Nacional ha sentado y nunca ha cuestionado la probidad del titular de esa dependencia; pero sí ha cuestionado algunos manejos inconvenientes que hablan mal o que deterioran la imagen de lo que debe ser una verdadera procuración de justicia.
Es cierto que se están haciendo esfuerzos importantes en algunos renglones, en el terreno de las averiguaciones previas, de la ejecución de detenciones, en algunas cuestiones de persecución del narcotráfico; pero esto de ninguna manera es satisfactorio ni es suficiente para que se pueda hablar con tanta seriedad o se pondere con tanto optimismo la administración de justicia en el Informe Presidencial.
Hay que mencionar también en otro de los aspectos y en el rubro de Gobernación, cuando se habla de la política de comunicación. Se habla, y lo han expresado funcionarios del propio Gobierno, empezando por el Ejecutivo, que se respetan las garantías en México; que la libertad de expresión es una realidad, y ya lo dijo el propio titular de la Secretaría de Gobernación, que el Gobierno no da ni quita programas, en temas tan debatidos ante la opinión pública nacional.
Sin embargo, esa política de represión se ha visto en algunas esferas de la comunicación social. El Programa "Fórmula Universal", patrocinado por el periódico del mismo nombre, fue censurado y terminado por órdenes o por disposiciones directameme emanadas de la Secretaría de Gobernación. El programa de Miguel Angel Granados Chapa, "La Ciudad", diríamos, no el programa, el programa fue afectado, pero el comentarista fue obligado a renunciar, en un programa controvertido, del cual se dio cuenta la opinión pública nacional.
El programa de lo que es hoy Televisión Azteca, de María Victoria Llamas, también sufrió algún percance de esta naturaleza.
También la participación del periodista René Delgado en el programa de Pedro Ferriz de Con.
La comentarista Catalina Noriega, en XEDF y muchos otros periodistas en provincia, que han sufrido amago o represión de funcionarios o de aquí directamente de la propia Secretaría de Gobernación.
Y es cierto que estas consignas no se hacen como alguien decía, con papel membretado; no se hacen bajo la firma de ningún funcionario; siempre la presión de alguna manera, que se hace sentir sobre los propios concesionarios o sobre los propios periodistas.
El suprimir de alguna manera también, la publicidad a los medios, es una forma de represión, porque muchos de ellos viven precisamente de la publicidad y uno de los principales clientes es precisamente el Gobierno.
Los periodistas en provincia, como decía hace un momento, también han sufrido la represión, porque muchos de ellos han sido asesinados y algunos de estos asesinatos no han sido debidamente esclarecidos.
Las presiones que resienten algunos periodistas también se han llevado hasta el espionaje telefónico. No solamente dirigentes o miembros de partidos políticos o de sindicatos o propios funcionarios del mismo poder, resienten el espionaje telefónico, sino también los propios comunicadores sociales.
En síntesis, diríamos que en este año no son de ninguna manera óptimos ni estamos de acuerdo con el triunfalismo con que se manejan los datos que menciona el Titular del Ejecutivo o que mencionó ante esta representación nacional.
La política mencionada por Orwell en 1984, del big brother, del que decía qué se debía publicar, qué se debía de mencionar en los medios de comunicación y qué información debería de recibir la sociedad, de alguna manera se ve la sombra en la política de comunicación social del Gobierno y especialmente en este año que se nos informa. Por otro lado, compañeros diputados, también quisiera mencionar brevemente, es una aportación de un compañero diputado de Acción Nacional, en el rango de seguridad social, cuando se afirma en el informe que las instituciones encargadas de proporcionar seguridad social a la población trabajadora, realizaron acciones orientadas al saneamiento de sus finanzas, entre otros propósitos el de fortalecer las prestaciones económicas y se cita al IMSS, como una de las expresiones más fuertes de Solidaridad. En el informe que se comenta, se dice que entre otros factores que causaron la crisis del Instituto cuando sus ingresos decayeron hace unos años, fueron la contracción del empleo y los salarios, aúnados a un crecimiento en la demanda de servicios médicos, el aumento acelerado de las pensiones y se dice por otra parte, que en la etapa de transición que ha emprendido el IMSS, ha iniciado un programa estructural orientado a fortalecer su posición financiera. Solamente que el informe no menciona que ese saneamiento financiero de la institución no lo está logrando el Instituto a través de la optimización de los recursos existentes, sino que lo hace por la puerta fácil del aumento a las bases de cotización.
Considerando que el Informe debió ser más objetivo y destacar como en el caso del IMSS, que ha habido en la mejor de las expectativas, negligencia para manejar los dineros del Instituto y que lo han llevado al extremo de cubrir precariamente con las obligaciones contraídas, como el caso de pago de pensiones.
Se dice que el Instituto continúa mejorando las prestaciones económicas que otorga a sus asegurados, confiriendo especial importancia a aquellas dirigidas a los pensionados. En los anexos del informe se hace mención al aumento de la cuantía de las pensiones y al efecto dice: "A partir del lo. de enero de 1993, se incrementó la cuantía mínima de las pensiones en cinco puntos porcentuales, llevándola al 90% del salario mínimo del D.F. Este incrementó constituyó el segundo otorgado a los pensionados en seis meses, el anterior en junio de 1992, fue también de cinco puntos porcentuales". Solamente que este informe es omiso en comentar que para que el Instituto pudiera cumplir con esas obligaciones, fue necesario que este Congreso le autorizara hacer uso parcial de los activos financieros del Instituto.
Por otro lado, compañeros diputados, queremos mencionar, por lo que se refiere a este aspecto de política interior y al Distrito Federal, algunos de los problemas que siguen persistiendo y que no se reconocen en el informe. El problema del ambulantaje que antaño fue proliferado... perdón; fue propiciado y fue empujado por las propias autoridades precisamente con fines electorales. Todavía recordamos cómo en 1991 el PRI utilizó esa estructura de comerciantes ambulantes en la calle, precisamente para apoyar la votación en las elecciones de 1991 en esta capital. Y en otras ciudades del país que utilizó la misma estructura.
Este problema ahora le reventó al Gobierno y no se reconoce en el informe, ahora los ambulantes han tenido que pagar a muy alto precio por ese apoyo que dieron al Partido Revolucionario Institucional, que los utilizó en 1991.
De alguna manera no se precisan bien los alcances del programa de reordenación económica
y los efectos que se han resentido en la ciudad de México por este grave problema.
Otro de los asuntos también que se hablan con bastante optimismo, pero que no se reconocen algunas omisiones de la propia autoridad, es el problema de la seguridad pública, que sigue siendo un problema muy sentido y muy grave para la población del Distrito Federal. Reconocemos de alguna manera los esfuerzos parciales que se hacen desde algunas de las esferas del poder en el Distrito Federal. Sabemos de los programas que está emprendiendo la Procuraduría de Justicia y como lo menciona el informe, el reciente envío de personal para capacitarse en el extranjero para los programas de administración y procuración de justicia. Agentes del Ministerio Público, especializados, y también agentes de la policía judicial, especializados para los delitos de más alta peligrosidad en la ciudad de México.
Creemos que ése es un esfuerzo parcial, pero también importante para la ciudad y que habrá que estar atentos para ver de qué manera surtirán sus efectos toda esta gran inversión que se está haciendo en estos programas. Pero sí es de reconocer este esfuerzo parcial que de alguna manera contrasta con muchos resultados y expectativas respecto a la seguridad pública. Se hacen esfuerzos y sin embargo persisten los altos índices de criminalidad y de inseguridad en la ciudad de México, a pesar del optimismo del informe presidencial.
Contrasta con estos esfuerzos que se hacen, parciales, de la Procuraduría, la ineficacia de la Secretaría de Protección y Vialidad, que no ha podido reordenarse eficazmente a pesar del cambio de su titular, de su ex titular. Vemos cómo todavía la policía no cumple con su responsabilidad para con los ciudadanos. La policía capitalina, Protección y Vialidad, sigue siendo una carga y un lastre para los capitalinos, lejos de ser un punto de seguridad para prevenir y castigar de alguna manera los delitos que se cometen en esta ciudad.
Finalmente, en el aspecto de la reforma política del Distrito Federal, también los diputados de Acción Nacional mencionamos que los debates que se dieron aquí en esta Cámara de Diputados y las propuestas que repetimos y que hicimos públicas en diferentes foros, son válidas ahora para seguir perfeccionando la vida democrática de la capital.
Sabemos, y el informe lo considera parcialmente, que la reforma simplemente fue un avance de la reforma política. De ninguna manera fue una panacea ni recogió todo el reclamo de los capitalinos respecto a la manera de gobernarse en esta capital. Es una omisión del informe y es un reclamo que recoge Acción Nacional y que seguirá haciendo vigente.
La democratización de la ciudad de México a través de la elección directa de sus autoridades. Y en ese propósito no vamos a cejar.
Finalmente, compañeros diputados, ya de alguna manera se mencionó por parte de mi compañero diputado Jorge Zermeño, nuestra posición respecto al pacto de civilidad, que es necesario reafirmar algunos de los puntos que ya hemos expresado.
El pacto de civilidad es importante analizarlo de alguna manera, no en los términos simplistas y en los extremos de rechazar cualquier instrumento que pudiera servir para perfeccionar los procedimientos políticos y democráticos, o de alguna manera para dar estabilidad política al país.
Pero por otro lado, también el de admitir sin reserva alguna y sin análisis previo los términos de esos pactos de civilidad.
Hemos tenido amargas experiencias, en comicios anteriores, sobre la firma de esos pactos. Hay que recordar como después de las elecciones de 1988, elecciones controvertidas y cuestionadas, en muchos estados del país, y aquí mismo en el Distrito Federal, recordamos, cómo en 1991 y en la mayoría de las elecciones locales, mediante una estrategia gubernamental se firmaron pactos de civilidad en la gran mayoría o en muchas de las entidades del país donde hubo comicios electorales.
¿Y cuál fue el resultado, señores diputados? El resultado fue el incumplimiento del Gobierno por parte de sus compromisos, el resultado fue fraude electoral en muchas de las entidades, a pesar de esas firmas.
Por eso reiteramos, señores diputados, que la civilidad no es solo problema de firmas o de pactos, la civilidad es problema de congruencia, de congruencia no solamente con la Ley, sino con las actitudes y con la democracia misma. Si el Gobierno quiere un pacto de civilidad, lo más importante no es que firme, sino que sea congruente con sus compromisos y especialmente con el compromiso que el Poder Ejecutivo ha hecho en esta ocasión.
Acción Nacional está abierto, pero no va a actuar de manera simplista. Ni sonarán las campanas
para decir que con este pacto de civilidad estará resuelto el problema político del país, ni tampoco de manera simplista vamos a rechazar un instrumento que pudiera ser válido para la civilidad.
Pero analicemos con reflexión, analicemos con objetividad qué queremos pactar y qué queremos convenir. Qué compromisos queremos asumir como Gobierno y como partidos políticos para poder realmente admitir y asumir una conducta congruente con los principios democráticos.
Esa es nuestra posición y estamos abiertos, siempre y cuando estos pactos sean verificables no solamente con la intención, sino con acciones reales que demuestren la verdadera voluntad de hacer comicios transparentes, como lo expresó el Titular del Ejecutivo ante este Congreso Federal. Muchas gracias.
El Presidente:
Muchas gracias, señor diputado Gonzalo Altamirano Dimas.
Tiene la palabra el diputado Pedro Ojeda Paullada, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Pedro Ojeda Paullada:
Con su venia, señor Presidente; honorable Asamblea:
El país avanza con el esfuerzo de todos los mexicanos y es ahora más fuerte que hace cinco años. Así lo acredita el informe que el ciudadano Presidente de la República rindió a la nación por conducto de esta soberanía, el día primero del actual.
Conforme lo dispone la Ley Orgánica del Congreso General, esta Cámara de Diputados analiza el informe del ciudadano Jefe del Ejecutivo Federal. Hoy corresponde tratar el tema de Política Interior, que nos da el entorno en el cual se producen las relaciones económicas y sociales de la comunidad mexicana.
Cumple así esta soberanía una de sus altas responsabilidades, como es la de repasar los aspectos relevantes del desarrollo político, económico y social para estar en mejor aptitud de participar en la eficaz rectoría estatal del desarrollo, a fin de garantizar que éste sea integral, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo, a la vez que de una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de las personas, grupos y clases sociales cuya seguridad protege nuestra Carta Magna.
Esta función del Congreso que cada Cámara debe desarrollar sirve asimismo para precisar la forma y medida como cada uno de los miembros de la sociedad se encuentra trabajando, tanto para satisfacer sus propias necesidades, como para apoyar el desarrollo nacional. Así tomamos referencias concretas de la labor del sector público y de los sectores social y privado, conocemos las tareas que con criterios de equidad social, competitividad y productividad realizan los distintos grupos y personas que forman nuestra nación y en suma el ser y el modo de ser que nos identifica como una nación soberana, libre e independiente que aspira al desarrollo con democracia y justicia social.
Acuerdos nacionales
Para tomar una posición que nos permita una visión adecuada no podemos prescindir del hecho de que desde el primer día de su mandato el Jefe del Ejecutivo Federal convocó a tres acuerdos nacionales, a saber: para la ampliación de nuestra vida democrática; para la recuperación económica con estabilidad de precios y para el mejoramiento productivo del nivel de vida.
Con base en estos acuerdos habrían de lograrse los objetivos nacionales que son la defensa de la soberanía y la promoción de los intereses de México en el mundo, la ampliación de la vida democrática, la recuperación económica con estabilidad de precios; y el mejoramiento productivo del nivel de vida de la población.
El acuerdo para la ampliación de nuestra vida democrática persigue tres objetivos fundamentales: avanzar en el perfeccionamiento de los procedimientos electorales; fortalecer el régimen de partidos políticos y modernizar la prácticas de los actores políticos, buscando consensos y corresponsabilidades de todos para consolidar la estabilidad política y la paz social.
Desde entonces fue muy clara la estrategia asumida en el Plan Nacional de Desarrollo, para lograr los objetivos nacionales: la modernización del país.
El proceso de modernización del país ha requerido tener en todo tiempo presente nuestra
identidad nacional, nuestros valores, sustentados básicamente en el celoso ejercicio y la inquebrantable defensa de nuestra soberanía, y al mismo tiempo darnos cuenta de los enormes cambios que venían ocurriendo en el mundo, conscientes desde luego de la necesidad de realizar nuestros propios cambios.
Consolidar los cambios
El informe que hoy analizamos nos hace recordar que en el informe anterior rendido hace un año, el ciudadano Presidente de la República convocó a la nación a consolidar los cambios para asegurar la soberanía de México y para dar nuevos pasos en el camino de la justicia, la libertad y la democracia.
Los cambios a consolidar eran la diversificación de nuestras relaciones con el exterior, seguir avanzando en nuestra democracia, en la defensa de los derechos humanos; en la estabilidad de precios; en la recuperación del salario; en la regulación de la competencia; en los apoyos a la micro, pequeña y mediana empresas; y en la infraestructura. También el Ejecutivo estableció el compromiso de consolidar la reforma campesina, consolidar la nueva política social, en lo educativo, en materia de salud, así como en la defensa y protección del medio ambiente, y hacer llegar la solidaridad a todo el país para progresar en la lucha contra la pobreza.
Los cambios y los avances se han reflejado en la Ley, tanto en las reformas constitucionales como en la legislación ordinaria, lo que ha permitido consolidar la reforma del Estado, para beneficiar al pueblo y renovar los ánimos para el futuro.
La consolidación de los cambios reclama la decisión política para generar oportunidades de bienestar a la población en todas las regiones del país y esto, sin duda, implica desplazar conductas obsoletas. Todo ello, lo sabemos bien, requiere tiempo y sobre todo afianzar nuevas actitudes.
Coincidimos plenamente con la afirmación presidencial de que vivir el cambio impone retos a la creatividad y al temple de todos. Ya hemos demostrado capacidad para unir voluntades, aceptar compromisos de participación para sumar esfuerzos y por ello, se han logrado avances que permiten obtener resultados favorables aún cuando estos, como todos lo sabemos, no pueden alcanzar todavía en esta etapa de transición la amplitud necesaria para atender con justicia los reclamos sociales.
Los mexicanos entendemos que todos los cambios toman tiempo y que la producción de satisfactores crece gradualmente. También estamos conscientes de que debemos trabajar continua y permanentemente para crear mejores niveles de vida con libertad y democracia, de respeto y de esperanza.
Si no partiéramos del hecho incontrovertible de que nuestro país hace cinco años se encontraba en una difícil situación, traducida en la pérdida de niveles de vida de grandes grupos sociales, y de que en cambio en este quinquenio se han revertido las tendencias adversas y se han creado las bases para un desarrollo sostenido con justicia, la lectura de los índices actuales, sólo demostraría que nos encontramos muy lejos de llegar a los niveles a que aspiramos.
Debido, sin embargo, al conocimiento amplio y circunstanciado que esta soberanía tiene de lo que hemos realizado en estos cinco años y especialmente durante la actual legislatura del honorable Congreso de la Unión en la que hemos tenido el honor de participar, nos hace conscientes de las limitaciones que nuestro país ha enfrentado. Sabedores de que nuestro progreso depende única y exclusivamente de lo que nosotros hagamos, hemos aceptado cabalmente que el cambio de mayor trascendencia sin duda, es el de nuestra actitud para demostrar nuestro temple para perseverar en nuestro esfuerzo con el acicate de la competencia frente al mundo.
El clima mundial muestra en lo político signos contradictorios que revelan que frente a esfuerzos de colaboración existe inestabilidad en muchas naciones, inclusive más de 30 guerras civiles, mientras que en México estamos realizando los cambios en la Ley y trabajamos para consolidarlos en la realidad con nuevas acciones y normas.
Esto lo hacemos con decisión mediante el diálogo en todo el territorio nacional y con todos los grupos, con ánimo y confianza en nosotros mismos.
Derechos humanos
La defensa de los derechos humanos ha sido una de las acciones prioritarias del Gobierno de la República. Hace muy poco tiempo, aquí, en el seno del Congreso mexicano discutíamos sobre la naturaleza constitucional, funciones, estructura y responsabilidades de la que ahora es la ya sólidamente reconocida Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en breve lapso consolidó su prestigio como unidad autónoma que solo atiende a los mandatos de la Ley y que expide recomendaciones con plena autoridad
moral y estricto apoyo en el orden jurídico, México ha logrado establecer una nueva institución digna de apoyo y respeto.
En estos avances, como en todos los de trascendencia, se ha requerido de un cambio cultural para abolir prácticas y actitudes arbitrarias.
Sin embargo la sociedad, con una opinión pública cada vez más informada fortalece los empeños de esta Comisión cuyo prestigio deberá ser motivo de orgullo nacional.
Debe destacarse también que a lo largo del año pasado se crearon comisiones de Derechos Humanos en todas y cada una de las entidades federativas, cuyas labores ya comenzaron a rendir frutos positivos.
Procuración de Justicia
El respeto de los Derechos Humanos es la razón fundamental de las modificaciones constitucionales que recientemente entraron en vigor, relativas a la investigación y persecución de los delitos.
Las garantías de la persona en toda investigación y en todo proceso penal, así como el respeto a los derechos de las víctimas y de los ofendidos por algún delito, por un lado, y por otro la defensa de la sociedad ante las conductas delictivas, con especial referencia a los delitos graves y a la delincuencia organizada, fueron materia de un análisis profundo para evitar los actos arbitrarios y abusivos, y precisar mejor la forma y términos como deben conducirse los trabajos de la procuración y administración de justicia.
Fue esta Cámara de Diputados la que condujo foros de análisis en todo el ámbito nacional, que culminaron con una iniciativa de legisladores ampliamente discutida en las comisiones respectivas, que incluyó importantes sugerencias que la perfeccionaron y dieron como resultado la modificación de los artículos 16, 19, 20 y 119 y la derogación de la fracción XVIII del artículo 107 de nuestra Constitución.
En ejecución de la reforma del artículo 119 constitucional, ya se suscribieron los convenios de colaboración entre la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y las procuradurías de todos los estados, para cooperar en la investigación y persecución de los delitos.
La trascendencia de esta reforma no escapa a la opinión pública nacional. Confío en que su aplicación servirá para ampliar nuestra cultura sobre el respeto a los derechos humanos.
Cabe el honor y la responsabilidad de dichas reformas al empeño plural plasmado en la iniciativa de un grupo de diputados de esta legislatura, que fue ampliamente analizada modificada y dictaminada por el Constituyente Permanente y en la que se atendió a los más altos valores para evitar la violación de las garantías individuales durante la investigación de los delitos, garantizando al mismo tiempo los derechos de todos los ciudadanos involucrados, tanto en la investigación como en el juicio penal correspondiente. No hacemos aquí un comentario más amplio sobre estas importantes reformas por haber sido discutidas en el período extraordinario de sesiones que al efecto se convocó. Debo destacar sin embargo que esta labor legislativa demostró la gran capacidad de debate de los legisladores de todos los partidos, que tuvieron presente en todo momento la salvaguarda de los derechos de la persona y de la sociedad.
En plena concordancia con el objetivo de respeto a los derechos humanos a través de las comisiones creadas para ese propósito y en particular con la nueva legislación para asegurar el respeto a las garantías individuales en la investigación y persecución de los delitos, son dignos de reconocimiento especial los esfuerzos de la Procuraduría General de la República para el combate a la delincuencia de orden federal, entre los que destaca la lucha contra la delincuencia organizada y especialmente contra el narcotráfico.
Confiamos en que el recién creado Instituto Nacional para el Combate a las Drogas será el instrumento moderno y adecuado para lograr la debida atención a ese problema que ha alcanzado el carácter de azote a la humanidad.
Nos complace que la propuesta que México presentó hace una semana para el establecimiento de un programa mundial contra el narcotráfico. haya recibido el apoyo unánime de la Organización de las Naciones Unidas.
La acción de la Procuraduría General de la República no se agota en la persecución de los delitos de orden federal, aún cuando sean de particular importancia, sino que también se extiende, como parte que es en todos los juicios de amparo, a fungir como órgano de control de la constitucionalidad de todos los actos de autoridad, ya estos, federales, estatales o municipales, o de carácter penal, laboral, administrativo o civil. Con ello avanzamos en el respeto a la constitucionalidad y a la legalidad de todos los actos de la autoridad en apoyo del pueblo.
La procuración de justicia en el ámbito federal y en el Distrito Federal, ha sido más ágil y
expedida en el último año, apoyada también mediante convenios de cooperación con las procuradurías estatales.
Derecho de asilo
En nuestro ámbito interno, México continua siendo un país con reconocida tradición de asilo a perseguidos políticos en otras naciones y se ha significado también por su disposición para acoger emigrantes, por razones humanitarias. No debemos permitir sin embargo, que se nos utilice con fines de presión política ni como gestores o tramitadores de intereses de otros países.
Libertad religiosa
Dentro de nuestros derechos fundamentales, entre los que se encuentra la libertad de creencias, la aplicación del nuevo marco jurídico que reconoce a las asociaciones religiosas, ha sido de gran trascendencia, al señalar la separación del Estado y las iglesias, la educación pública laica y el respeto a las creencias y libertades de los demás. Resulta interesante saber que se han expedido certificados constitutivos que otorgan personalidad jurídica propia a 900 iglesias y agrupaciones religiosas.
Entorno económico social
El quehacer nacional que realizamos vincula armónicamente la acción política para un México más libre y más democrático capaz de hacer frente a los retos económicos y del futuro que son la productividad y la competitividad.
La sustitución de nuestra planta productora requiere ajustes que afectan la realidad cotidiana de muchas familias y aun cuando se ha logrado abatir la inflación excesiva y reestructurar la deuda externa, lo que nos da confianza en nuestras propias fuerzas, estamos trabajando para aumentar nuestra capacidad de generación de empleos e incrementar el bienestar, lo que implica que junto a los cambios macroeconómicos ya realizados, se profundiza ahora en una revolución microeconómica a nivel de cada empresa y en la solidaridad nacional.
En próximas sesiones analizaremos aquí los notables avances en la lucha contra la inflación, en la disciplina fiscal, en la reforma del sistema tributario, en el redimensionamiento del sector público, en reducir los niveles de gasto y elevar las erogaciones en el desarrollo social, en la disminución del costo del dinero. Se reconocerá que la creación del nuevo sistema financiero, logra avances en la estabilización y en el cambio estructural, lo que nos da base para incrementar la eficiencia en las actividades productivas, con un programa para impulsar a medio millón de empresas pequeñas y medianas en un contexto de globalización, en el que tienen parte importante los acuerdos de comercio con todas las áreas del mundo y en particular, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá que se encuentra en proceso de ratificación.
También serán analizados aquí próximamente los avances en el desarrollo sectorial, como el energético, el de comunicaciones y transportes, de turismo, de pesca y las reformas en el campo; en suma, todas y cada una de las actividades económicas que se realizan en el país, que deben orientarse hacia el desarrollo social.
El gasto social, se ha incrementado en un 85% en términos reales en los últimos cinco años. Esto demuestra claramente los objetivos que se persiguen con la acción pública.
Si la inflación fue en gran medida la concentración de la riqueza, el cambio estructural realizado y el apoyo al desarrollo social han logrado ya que la participación de las remuneraciones a los trabajadores en el producto, que había disminuido de manera sostenida desde el inicio de los 80 hasta los 90, comenzara a repuntar, registrando aumentos durante 1991 y 1992, mientras se dan ya tendencias positivas, recientes en el abatimiento de la pobreza extrema, además de impulsarse la movilidad social, que son signo inequívoco de las metas de justicia de la Revolución mexicana.
Ante los enormes rezagos habrá necesidad de perseverar en el esfuerzo para el desarrollo social. Por ello, es base importante la reforma educativa. Revalorando la función del maestro, impulsando a la ciencia y la técnica para elevar la competitividad del país, vigorizando al mismo tiempo la cultura, la educación y el deporte, incrementando los servicios de salud con nuevos apoyos a la seguridad social, manteniendo el abasto social a quienes más lo necesitan, junto con la acción de 150 mil comités de solidaridad, nuestro país transita hacia un mejor nivel de vida para la mayoría nacional.
Cuando tenemos la evidencia de los fracasos de muchos países en su propósito de construir bases sólidas para un crecimiento sostenido; cuando tenemos que repetir a cada momento que nadie vendrá a compensar nuestras deficiencias, sino que nosotros y solo nosotros seremos los que por nuestro propio esfuerzo podremos progresar, confrontamos la demostración lacerante de
que no basta querer algo para lograrlo, que no basta demandar justicia para tenerla, que no basta que haya satisfactores para recibirlos, que podemos exigir todo lo que deseamos y merecemos pero para lograrlo necesitamos trabajar permanentemente, con talento, con preparación y con capacidad.
La acción política tiene que influir por lo tanto no sólo en el catálogo de necesidades, de demandas y de propósitos, sino también debe incluir formas concretas para la solución de nuestros problemas en el ritmo y medida que sea posible no por mero voluntarismo, por utopía o lo que sería peor, por engaño, demagogia y populismo. Por eso, nuestra política interna imbuida de un gran nacionalismo tiene que estar consciente de que a nosotros y sólo a nosotros nos corresponde ejercer nuestra soberanía, definir nuestro camino pero al mismo tiempo sostenerlo con nuestras propias obras y nuestros propios hechos.
Acción política
La acción política en todos los niveles y lugares es la que nos está permitiendo vencer inercias, concertar y escuchar, explicar y alentar para lograr una transformación eficaz y duradera. Sin duda alguna quienes hemos aceptado la responsabilidad de hacer política en nuestra sociedad plural, debemos lograr concertar las voluntades mediante un amplio debate nacional con libertad y respeto para todos. Nadie puede por lo tanto, retraerse ante la imperiosa necesidad de participar ampliamente en la construcción del futuro de México. Bien lo afirma el jefe del Ejecutivo Federal en el informe: "hay un diálogo nacional abierto". Aquí hemos escuchado puntos de vista discrepantes, las diversas posiciones que cada partido presenta son clara muestra de una sociedad plural y por ello nuestro ejercicio político consiste en lograr que mediante ese diálogo continuemos unidos para seguir construyendo nuestra nación.
Hoy mi partido, el mayoritario de la Revolución mexicana, ratifica su apoyo al gobierno que el pueblo eligió y que conduce la reforma de la Revolución en esta etapa. Hemos encontrado el camino para alcanzar las metas de México por medios pacíficos y civilizados y reconocemos a los distintos actores de este proceso, y a quienes no concuerdan con nuestros puntos de vista no como enemigos sino como adversarios respetables.
Cultivamos así, en un ejercicio positivo, el respeto, la tolerancia y la razón para someternos en última instancia a la decisión del pueblo que es en donde radica nuestra soberanía.
Establecida así de principio la plataforma en que ahora se apoya la acción del pueblo y del Gobierno mexicano, gracias indudablemente a una acción política congruente que con claridad planteó desde el principio los objetivos y ha podido consolidar los cambios para alcanzarlos, pertinente es comentar ahora algunos de los actos más relevantes de la reforma política electoral realizada durante el último año, sustento a la vez, de los que en materia económica y social concurren para nuestro desarrollo integral.
Al hacerlo procede destacar que siendo hechos y acciones de Gobierno han sido simultáneamente relevantes acciones del Gobierno Federal, de los gobiernos estatal y municipal, del Poder Legislativo y muy destacadamente de distintos grupos de nuestra sociedad. Resaltar esta circunstancia no es algo banal por que debe quedar claramente de manifiesto que la tarea nacional resume lo que realizan el pueblo y el Gobierno unidos.
En la defensa de nuestra soberanía y de nuestra seguridad interior, la comunidad internacional nos reconoce como un país pacifista y nuestras fuerzas armadas garantizan la defensa del territorio nacional, así como la seguridad de la nación, y merecen el más amplio reconocimiento del pueblo, al que también le prestan servicio de apoyo en casos de necesidad.
Reforma electoral
Ante los importantes avances comentados en materia de derechos humanos, procuración de justicia, asilo y reconocimiento de las agrupaciones religiosas, todos ellos realizados durante el último año, el de mayor trascendencia para la ampliación y consolidación de nuestra vida democrática fue el que protagonizó la comunidad nacional entera y de manera muy especial el honorable Congreso de la Unión en la Reforma política electoral que concluyo con la reforma de los artículos 41, 54, 56, 60, 63, 74, 82 y 100 de nuestra Constitución y 170 artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La nueva forma de integrar el Senado de la República con senadores de representación proporcional en favor de la primera minoría; la nueva forma de representación proporcional en la Cámara de Diputados que elimina la llamada cláusula de gobernabilidad; la eliminación del pro ceso de autocalificación para sustituirlo por el Instituto Federal Electoral y la existencia de un Tribunal de plena jurisdicción y autonomía con una sala de segunda instancia, a la par de las
reformas al Código de la materia, para ampliar la participación de la sociedad en los órganos electorales, así como las mejores normas para la preparación, realización y calificación de las elecciones, constituyen un paso de extraordinaria importancia para la vida del país.
La reforma a los artículos 31, 44, 73, 74, 79, 89, 104, 105, 107, 122, así como la denominación del Título Quinto, la adición de una fracción IX al artículo 76, y un primer párrafo al artículo 119 y la derogación de la fracción XVII del artículo 89 de nuestra Constitución Política, es otra de las grandes y trascendentes reformas ocurridas durante el último año.
Esta reforma fue producto de arduos trabajos iniciados desde el principio de esta administración y especialmente en la mesa de concertación para la reforma política del Distrito Federal, en la que participaron todas las fuerzas políticas nacionales con el objeto de llegar a planteamientos básicos de consenso para la formación de las principales decisiones y contenidos de la reforma.
Con base en esos trabajos, el Ejecutivo envió la iniciativa correspondiente, que habiendo sido ampliamente discutida y con la aportación de todos los partidos, produjo una fórmula que permite una adecuada transición para dotar al Distrito Federal de un Gobierno propio, en res puesta a una vieja demanda ciudadana.
Así la ciudad de México, sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos, quedará a cargo de dichos poderes, los cuales, los ejercerá por sí y a través de los órganos de Gobierno del Distrito Federal conforme a un estatuto especial en el que el jefe del Distrito Federal asumirá la función ejecutiva, contando con una Asamblea de Representantes y el Tribunal Superior de Justicia, manteniendo competencia el Congreso de la Unión en las materias legislativas, ni reservados a la Asamblea.
La Asamblea de Representantes quedó facultada para legislar en asuntos de desarrollo urbano, uso del suelo, transporte, vialidad, vía pública, protección al ambiente y procesos electorales.
Muchas peculiaridades fueron incluidas para este nuevo, este nuevo sistema de Gobierno que implican una participación muy amplia de población, para consolidar y ampliar las prácticas políticas democráticas que se han instaurado y fortalecido a lo largo de este quinquenio para la atención directa de los requerimientos de los partidos políticos, de la opinión pública, de los movimientos ciudadanos, y en suma de todos los habitantes de la ciudad capital.
Con este avance político y democrático, se han dejado bases sólidas para el fortalecimiento de las finanzas públicas, para la dotación de servicios y para mejorar la convivencia en la urbe más grande del mundo.
Corresponde ahora a todos nosotros apoyarnos en esta nueva legislación, para llevar a cabo con estricto apego a derecho el proceso electoral federal que pronto iniciaremos.
Ciudadanos y partidos
Mi partido, el partido de la mayoría nacional así ha entendido el trabajo que desde el inicio de su mandato viene conduciendo el ciudadano Presidente de la República.
Mi partido promueve la participación ciudadana para oír al pueblo y para conducir sus propuestas.
Los que vivimos a finales del año de 1993, pero hemos estado todos los días del quinquenio profundamente comprometidos con lo que ocurre en nuestro país, sabemos que existe una gran diferencia entre la percepción que los mexicanos tenemos de lo que sucede en el mundo actual y la que teníamos hace cinco, o cuatro, o tres, o dos años, cuando construimos los distintos aspectos de la reformas del Estado mexicano que ahora están en vigor.
No resulta ocioso insistir en todos los niveles en el hecho de que los cambios han sido con el objeto de crear mejores condiciones para el desarrollo del país, y que de no haberse realizado éstos en la forma en que se dieron, las limitantes y el agotamiento de esquemas anteriores hubieran impedido retomar la vanguardia en la nueva etapa que vivimos.
La explicación al detalle de la naturaleza y alcance de cada reforma, demanda un trabajo muy amplio que sólo puede hacerse con la cercanía y el contacto permanente con todos los sectores sociales. Es ésta sin duda la labor que corresponde a los partidos políticos. Es por ello que es indispensable que los partidos políticos se encuentren a la altura de ese reto.
Compañeros diputados:
El Quinto Informe de Gobierno, relata los avances y la necesidad de la consolidación del cambio, lo que nos lleva al convencimiento de que hoy México es más fuerte, de que existe un ambiente
de libertad y de diálogo; de que goza de mayor estabilidad con menos inflación, y con finanzas públicas saneadas y de que, en suma el país es más eficiente y competitivo.
La fortaleza de México presupone también la unidad de acción para progresar y unidos proseguir con los cambios necesarios. Por ello, nuestra mentalidad debe estar dispuesta al cambio, sin destruir, sin intolerancias ni exclusivismos, aprendiendo a superar los obstáculos para demostrar que podemos competir de igual a igual en el mundo.
Coincidimos con el ciudadano Presidente de la República en que al ensanchar la justicia, reafirmar las libertades y promover la democracia, construimos un México más fuerte y más unido; en el que "somos la generación del cambio; del cambio hacia adelante, hacia nuevos horizontes, con más promisorias perspectivas, con esperanza, orgullosos de nuestro pasado y con la mirada puesta en el porvenir".
Si tenemos una visión del futuro, sabemos que hay una gran tarea para realizar el año próximo. Esta tarea, compleja en todos sus ordenes tendrá un enfoque y atención especiales hacia el proceso electoral federal que emprenderemos. En efecto, ya nos encontramos en su preparación, a partir de la elaboración del padrón y de la constitución de los organismos electorales, presentación de la plataforma electoral, selección y registro de candidatos, realización de sus campañas, elecciones y calificación de las mismas para elegir democráticamente al jefe del Poder Ejecutivo, a la nueva Cámara de Diputados, las tres cuartas partes de la de senadores y a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
En su respuesta al jefe del Ejecutivo Federal, el Presidente del Congreso afirmó que "hay voluntad de todos para solucionar constitucionalmente nuestras diferencias y concertar los intereses diversos".
Nadie puede pasar por alto la trascendencia del ofrecimiento expreso que hizo el ciudadano Presidente de la República en su mensaje a las diversas fuerzas políticas que participarán en la justa electoral, "Ofrezco... pleno respeto, apegado a lo que establece la Ley, y condiciones adecuadas para que, con total libertad, presenten sus opciones a los mexicanos. Estaremos atentos a que los servidores públicos de la administración federal se comporten con apego a la letra y el espíritu de la Constitución y las leyes que de ella emanan".
El Partido Revolucionario Institucional asume plenamente el llamado del ciudadano Presidente de la República a la comunidad nacional, "a la Federación, a los partidos políticos, a los grupos sociales, a todos los ciudadanos, a unirse en un esfuerzo comprometido para realizar elecciones claras, transparentes y ejemplares; a asumir un pacto político de civilidad en el marco de la ley. Seamos los mexicanos todos, y sólo los mexicanos, vigilantes definitivos y realizadores comprometidos de nuestra democracia", dijo el ciudadano Presidente de la República. "Mantendré a través de las instituciones del país, la certidumbre de una conducción legal, ordenada y civilizada, de la actividad política. Garantizaré la paz y la estabilidad con la Ley. Promoveré el acuerdo para animar una cultura de reconocimientos mutuos y el mayor respeto a cada ciudadano, a su voto, a su opinión", añadió.
Ante afirmaciones tan categóricas, de las cuales nadie debe dudar, aun los más escépticos tendrían que reconocer que en el marco democrático que con tanto esfuerzo hemos construido, y con el compromiso que deben asumir los demás partidos y agentes sociales, debemos lograr que la renovación democrática se realice con el pleno reconocimiento y la satisfacción del pueblo mexicano. Muchas gracias.
El Presidente:
Agotada la lista de oradores, continúe la Secretaría...
El diputado Odilón Cantú Domínguez (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra para hechos.
ESTADO DE GUERRERO
El Presidente:
El diputado tiene la palabra para rectificar hechos, hasta por cinco minutos.
El diputado Odilón Cantú Domínguez:
Con su anuencia señor Presidente, señores diputados:
Sin intentar vulnerar la legítima soberanía del Estado de Guerrero, vengo ante esta soberanía nacional a presentar una denuncia de hechos
que con motivo del último proceso electoral vivido en éste nuestro Estado estamos enfrentando.
Según el Consejo Estatal Electoral en el Estado, en el presente proceso electoral que concluyera el 3 de octubre del año en curso, la votación total emitida es de 512 mil 468 votos, de los cuales deben deducirse 20 mil 204, quedando una votación válida de 492 mil 264, producto de la suma de la votación de los 28 distritos obtenidos por cada una de los 3 partidos políticos que participamos en dicho proceso electoral.
Para los efectos de asignación de curules plurinominales se entiende como votación estatal válida la que resulte de deducir de la votación emitida los votos a favor de los partidos políticos o coaliciones que no hayan obtenido el 1% o el 1.5% según sea el caso. Es decir, que a la votación total emitida le hemos restado los votos anulados en el recuento, por lo que habría que reducirle los votos obtenidos por los partidos Revolucionario Unificador, Vanguardia Guerrerense, Verde Ecologista de México, Progresista de Guerrero, Ecologista de Guerrero, Demócrata Mexicano, cuyos partidos no obtuvieron el 1% de la votación estatal válida.
Por otro lado, en virtud de que el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana no registró las dos terceras partes de las fórmulas uninominales a diputados de los 28 distritos locales, es procedente no darle participación en la asignación de curules plurinominales, en los términos del artículo 14 fracción I del Código Electoral del Estado de Guerrero. Su vocero y representante ante el Consejo Estatal Electoral anunció que ellos no habían acudido al Consejo Estatal Electoral, pero sí habían registrado en la Secretaría de Gobernación aquí en México, órgano que no tiene ninguna personalidad legal para estos procedimientos. Asimismo por disposición del Código, el PRI participa en la asignación de diputados plurinominales por haber obtenido más del 51% de la votación total válida adjudicándosele cuatro posiciones plurinominales. El resto de partidos, el Partido Acción Nacional obtiene las diputaciones que le correspondieron, el PPS entra a este reparto, el PRD obtiene siete diputaciones plurinominales, el PRT obtiene una diputación plurinominal y el Partido del Frente Cardenista con 10 mil 54 votos recibe una sola posición plurinominal.
Sin embargo, mediante el porcentaje mínimo, los cinco partidos políticos mencionados en el punto anterior, tienen derecho a la asignación de un diputado cada uno, quedando un restante de nueve diputaciones por repartir, los cuales deben ser divididos entre el número de votos que resulte después de haber sido deducida la suma de votos de los cinco partidos por porcentaje mínimo, quedando un total de 455 mil 872, operación que nos da el resultado el cociente natural de 50 mil 652.4 votos. En la distribución por cociente natural solamente tienen derecho a asignación de curules el PRD a dos de ellas, quedándole un resto mayor de 34 mil 367.55 votos.
Hechas las asignaciones por porcentaje mínimo y cociente natural quedan por repartirse siete curules, las cuales deben de ser asignadas mediante el procedimiento del resto mayor, iniciándose por el que tiene mayor votación siempre y cuando obtenga el porcentaje mínimo, es decir, que el PPS y el PRT no tienen derecho a asignación de diputados por resto mayor, en virtud de tener una votación que no alcanza el porcentaje mínimo, ya que éste debe ser de 4 mil 798.6. El Partido del Frente Cardenista tiene más de esta votación.
Se han repartido 13 diputaciones plurinominales...
El Presidente:
Señor diputado...
El diputado Odilón Cantú Domínguez:
Voy a concluir señor, voy a concluir. Quedando pendiente una sola posición plurinominal.
Y para culminar, solamente presento esta denuncia ante esta soberanía para que mis compañeros diputados guerrerenses de todas las fracciones parlamentarias, así como se ha conminado en esta tribuna que nos manejemos en un marco de respeto, el pueblo de Guerrero se merece respeto. La política moderna no puede sustentarse en concesiones que dañen los resultados de un proceso electoral; porque se pierde el sentido de la democracia más pura. Muchas gracias.
El Presidente:
Continúe, señor Secretario.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Rogelio Villareal Garza:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera, se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Período de Sesiones Ordinarias. Tercer Año. LV Legislatura. Orden del día 9 de noviembre de 1993.
Lectura al acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Guanajuato, Morelos y Oaxaca.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que se comunica que el ciudadano Raúl Segueda Zúñiga, ha dejado de prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario, para que el ciudadano general de división diplomado de Estado Mayor Antonio Riviello Bazán, secretario de la Defensa Nacional, pueda aceptar y usar la condecoración "Gran Cruz de las Fuerzas Armadas", que le confiere el Gobierno de la República de Honduras.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario, para que los ciudadanos María Cristina García Sánchez, Isidro Ordóñez Mendoza y Antonio Anzaldúa Bonilla, puedan presta servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Análisis del capítulo de Política Económica y Social del Quinto Informe Presidencial.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
El Presidente: (a las 18.29 horas):
Señores diputados, se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 9 de noviembre a las 10.00 horas.
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:
Banrural Banco Nacional de Crédito Rural
CIA ( sin aclaración )
Cofipe Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
Copppal Confederación Permanentes de Partidos políticos de América Latina
D.F. Distrito Federal
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
PARM Partido Auténtico de la Revolución Mexicana
PFCRN Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional
PPS Partido Popular Socialista
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI Partido Revolucionario Institucional
Pronasol Programa Nacional de Solidaridad
PRT Partido Revolucionario de los Trabajadores
SIDA Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida