PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO de los DEBATES

Correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Extraordinarias del Primer Año de Ejercicio
DIRECTOR GENERAL DE
CRONICA PARLAMENTARIA
Héctor de Antuñano y Lora
PRESIDENTE

Diputado Netzahualcóyotl de la Vega García
DIRECTOR DEL
DIARIO DE LOS DEBATES
Norberto Reyes Ayala
Año I
México, DF, jueves 9 de marzo de 1995
No. 5

SUMARIO


LEY PARA EL DIALOGO, LA CONCILIACION Y LA PAZ DIGNA EN CHIAPAS

Minuta de la Cámara de Sendaores. Se turna a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, para que presenten el dictamen correspondiente en la misma sesión.

LEY PARA EL DIALOGO, LA CONCILIACION Y LA PAZ DIGNA EN CHIAPAS (II)>

Primera lectrura del dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia con proyecto de dciho ordenamiento. Se dispersa la segunda lectura.

Para fundamentar rl dictamn a nombre de las comisiones, hace uso de la palabra el diputado Jorge Efraín Moreno Collado.

Fijan la posisción de sus respectivos grupos parlamemtarios, los diputados:

Marcos Carlos Cruz Martínez

Juan Nicasio Guerra Ochoa

Rodolfo Elizondo Torres

Marco Antonio Michel Díaz

Para la discusión en lo general, debaten los dlputados:

Luis Sánchez Aguilar

Francisco José Peniche y Bolio

María del Rosario Ybarra de la Garza

Germán Jiménez Gómez

Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, se concede el uso de la palabra a los diputados:

Rosa María Cabrera Lotfe

Oscar González Yáñez

Luis Garfias Magaña

Oscar González Yáñez

Continúan debatiendo:

Manuel Marcué y Pardiñas

José Rafael Castelazo y de los Angeles

Carlota Angela Rosa Botey y Estape

Gaspar Eugenio Ortiz Walls

Hacen uso de la palabra para rectificar hechos o contestar alusiones personales, los diputados:

Carlota Angela Rosa Botey y Estape

Mara Nadiezhda Robles Villaserñor

María del Rosario Ybarra de la Garza

César Humberto González Magallón

Jesús Esquinca Gurusquieta

Raúl Armando Quintero Martínez

Edgard Sánchez Ramírez

Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo

Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova

Edgard Sánchez Ramírez

César Antonio Chávez Castillo

A discusión en lo particular, presenta diversas proposiciones el diputadoMartín Gerardo Longoria Hernández.

Fernando Pérez Noriega

Aprobado. Se turna al Poder Ejecutivo Federal, para los efectos constitucionales.

Se desechan las propuestas presentadas por el diputado Longoria Hernández.

ESTADO DE CHIAPAS

Se concede el uso de la palabra al diputadoHildiberto Ochoa Samayoa, quien propone una recomendación para el Poder Ejecutivo Federal, respecto a ese Estado. Se aprueba.

LEY DE AMNISTIA

Propone iniciativa el diputadoSalvador Pablo Martínez Della Rocca. Se turna a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia.

Expresan sus opiniones, los diputados:

Jaime Cleofas Martínez Veloz

Oscar González Yáñez

COMUNIDADES INDIGENAS

Propone la creación de un fideicomiso para la solución de los problemas de las comunidades indígenas de todo el país, el diputado Carlos Nuñez Hurtado. Se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.

Para rectificar hechos se concede el uso de la palabra a los diputados:

Rodolfo Elizondo Torres

Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova

Presidencia del diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar



ASISTENCIA

El Presidente:

Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.

El secretario Marcelino Miranda Añorve:

Se va a proceder a pasar lista de asistencia.

La secretaria María Teresa Cortez Cervantes:

Diputado Presidente, hay una asistencia de 292 diputados. Por lo tanto hay quorum.

El Presidente (a las 10:00 horas):

Se abre la sesión.



ORDEN DEL DIA

La secretaria María Teresa Cortez Cervantes:

Se va a dar lectura al orden del día.

«Segundo Periodo de Sesiones Extraordinarias.- Primer Receso.- Primer Año.- LVI Legislatura.

Orden del día

9 de marzo de 1995.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Minuta

Con proyecto de ley para el diálogo, la conciliación y la paz digna en Chiapas.»



ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El secretario Miguel Angel García García:

Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes siete de marzo de mil novecientos noventa y cinco, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Extraordinarias del Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.

Presidencia del diputado Víctor Hugo Islas Hernández

En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con quince minutos del martes siete de marzo de mil novecientos noventa y cinco, con una asistencia de trescientos cuarenta y ocho diputados, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que se aprueba en sus términos en votación económica.

Un oficio de la Cámara de Senadores, con el que comunica la elección de la mesa directiva para el segundo periodo de sesiones extraordinarias del primer receso del primer año de ejercicio de su quincuagésima sexta legislatura. De enterado.

En virtud de que el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que autoriza al Ejecutivo Federal a la contratación de créditos o emisión de valores en el exterior utilizando las garantías a que se refieren los acuerdos suscritos por el Gobierno de nuestro país y el Gobierno de los Estados Unidos de América, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la segunda lectura.

Para fundamentar el dictamen, se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Adolfo Cejudo Díaz y, durante su intervención el diputado Pérez Duarte interrumpe para proponer una moción de orden, de la que toma nota la Presidencia.

Para rectificar hechos al respecto, hacen uso de la palabra los diputados Luis Sánchez Aguilar, motu proprio y Crisoforo Lauro Salido Almada, del Partido de la Revolución Democrática.

Pasa a la tribuna para presentar el voto particular en contra del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Alfonso Escobar Toledo.

A fin de fundamentar las posiciones de sus respectivos partidos políticos, el Presidente concede el uso de la palabra a los diputados: César Humberto González Magallón, del Partido del Trabajo; Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, del Partido de la Revolución Democrática; Ricardo Francisco García Cervantes, del Partido Acción Nacional; René Juárez Cisneros, del Partido Revolucionario Institucional y Eric Eber Villanueva Mukul, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos.

A discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto, pasan a la tribuna los diputados Luis Sánchez Aguilar, motu proprio, en contra; Jaime Mariano del Río Navarro, del Partido Revolucionario Institucional, en pro y contesta interpelaciones de los diputados Martínez Hernández, Quintero Martínez y González Luna.

Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, hacen uso de la palabra los diputados: Mara Nadiezhda Robles Villaseñor, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones; Francisco Suárez y Dávila, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones y solicita que se retire del Diario de los Debates, sus alusiones al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, contesta interpelaciones de los diputados Aguilar Zinser, quien solicita que se retire de su intervención, cualquier alusión a la figura presidencial que resultara ofensiva y Sandoval Ramírez; Manuel Marcué y Pardiñas, del Partido de la Revolución Democrática; Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, del Partido de la Revolución Democrática, a quien el Presidente le hace aclaraciones; Joaquín Humberto Vela González, del Partido del Trabajo; José Mauro del Sagrado Corazón González Luna, del Partido de la Revolución Democrática; Adolfo Miguel Aguilar Zinser, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones; Roberto Rafael Campa Cifrián, del Partido Revolucionario Institucional, quien es interrumpido por el diputado Escobar Toledo y el Presidente hace aclaraciones; Eric Eber Villanueva Mukul, del Partido de la Revolución Democrática; y Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del mismo Partido.

Continúa el debate y el Presidente concede el uso de la palabra a los diputados: Everardo Martínez Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Gabino Fernández Serna, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Francisco Javier Curi Pérez Fernández, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; José Rosas Aispuro Torres, del Partido Revolucionario Institucional, en pro y contesta a una interpelación del diputado Cruz Malpica; Ifigenia Martínez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Oscar Guillermo Levín Coppel, del Partido Revolucionario Institucional, quien contesta a una interpelación del diputado Escobar Toledo; Raúl Livas Vera, del Partido de la Revolución Democrática, en contra y es interrumpido por el diputado Roque Villanueva, quien solicita a la Presidencia la aplicación del artículo ciento cinco del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por injurias; Luis Antonio Godina Herrera, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Carlos Núñez Hurtado, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; Francisco Antonio Tenorio Adame, del Partido de la Revolución Democrática, en contra y presenta una proposición; Jesús Rodríguez y Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.

Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, pasan a la tribuna los diputados Saúl Escobar Toledo, Francisco Antonio Tenorio Adame, quien solicita el turno a su proposición y Manuel Marcué y Pardiñas, los tres del Partido de la Revolución Democrática.

Durante la intervención del diputado Marcué y Pardiñas, el Presidente le indica, insistentemente, que el tiempo al que tiene derecho para expresarse en la tribuna ha terminado, pero el orador se niega a abandonarla, hasta terminar de leer una nota periodística.

El mismo Presidente, turna la proposición del diputado Tenorio Adame, a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política y la Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen, por lo que la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por doscientos ochenta y nueve votos en pro y ciento cincuenta y nueve en contra. Se turna al Senado de la República, para los efectos constitucionales.

Agotados los asuntos del orden del día, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las diecinueve horas con veintiocho minutos, citando para la que tendrá lugar el jueves nueve de marzo de mil novecientos noventa y cinco, a las nueve horas.»

Está a discusión el acta...

El diputado Roberto Robles Garnica(desde su curul):

Señor Presidente, pido la palabra.

El Presidente:

¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado Roberto Robles Garnica (desde su curul):

En contra del acta.

El Presidente:

Estamos haciendo aclaraciones al acta, si gusta hacerlo. ¿Está en contra de la redacción?

El diputado Roberto Robles Garnica (desde su curul):

¡Sí señor!

El Presidente:

Tiene usted el uso de la tribuna, señor diputado.

¿Desde ahí? Adelante.

El diputado Roberto Robles Garnica (desde su curul):

Es improcedente, señor Presidente, que en el texto del acta se haga una referencia a la intervención del diputado Manuel Marcué y Pardiñas y en cambio no se haga ninguna referencia a las intervenciones de otros diputados. Por consecuencia, no procede y debe borrarse las referencias que se hacen a Marcué y Pardiñas.

El Presidente:

Esta Presidencia toma nota de su aclaración y puntualmente hará los ajustes necesarios al acta.

Continúe, señor Secretario.

El secretario Miguel Angel García García:

Con la aclaración del diputado Robles Garnica, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.

El Presidente:

Continúe la Secretaría.



LEY PARA EL DIALOGO, LA CONCILIACION Y LA PAZ DIGNA EN CHIAPAS

El secretario José Luis Fernando González Achem:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D.F.

Secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de ley para el diálogo, la conciliación y la paz digna en Chiapas.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 8 de marzo de 1995.- Senadores secretarios: Jorge Rodríguez León y Carmen Bolado del Real.»

«MINUTA PROYECTO DE DECRETO LEY PARA EL DIALOGO, LA CONCILIACION Y LA PAZ DIGNA EN CHIAPAS

Artículo 1o. Esta ley tiene por objeto establecer las bases jurídicas que propicien el diálogo y la conciliación para alcanzar, a través de un acuerdo de concordia y pacificación, la solución justa, digna y duradera al conflicto armado iniciado el 1o. de enero de 1994 en el Estado de Chiapas.

Para los efectos de la presente ley, se entenderá como EZLN el grupo de personas que se identifica como una organización de ciudadanos mexicanos, mayoritariamente indígenas, que se inconformó por diversas causas y se involucró en el conflicto a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 2o. Será objeto del acuerdo de concordia y pacificación a que se refiere el artículo anterior, entre otros, pactar las bases que permitan:

I. Asegurar la paz justa, digna y duradera en el Estado de Chiapas, dentro del pleno respeto al Estado de Derecho;

II. Atender las causas que originaron el conflicto y promover soluciones consensadas a diversas demandas de carácter político, social, cultural y económico, dentro del Estado de Derecho y a través de las vías institucionales;

III. Propiciar que los integrantes del EZLN participen en el ejercicio de la política dentro de los cauces pacíficos que ofrece el estado de derecho, con respeto absoluto a su dignidad y garantías de ciudadanos mexicanos;

IV. Conciliar las demandas e intereses legítimos de los diversos sectores de la sociedad chiapaneca;

V. Promover el bienestar social y el desarrollo económico sustentable en Chiapas, y

VI. Proponer los lineamientos para la amnistía que, como consecuencia del proceso de diálogo y conciliación, concederá en su caso el Congreso de la Unión, por los hechos relacionados con el conflicto en el Estado de Chiapas, iniciado a partir del 1o. de enero de 1994.

Artículo 3o. En el acuerdo de concordia y pacificación previsto en esta ley, intervendrán los representantes del Gobierno Federal y del EZLN, con la participación que corresponda a la Comisión de Concordia y Pacificación.

Del diálogo y la negociación

Artículo 4o. Con objeto de propiciar condiciones para el diálogo y la conciliación, a partir de la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial de la Federación y durante los 30 días naturales inmediatos siguientes, las autoridades judiciales competentes mantendrán suspendidos los procedimientos iniciados en contra de los integrantes del EZLN, que se encuentren sustraídos de la acción de la justicia, y ordenarán que se aplace por dicho término el cumplimiento de las órdenes de aprehensión dictadas dentro de dichos procedimientos. De igual manera, la Procuraduría General de la República suspenderá, por el mismo plazo, las investigaciones relativas a los hechos a que se refiere el artículo 1o. de esta ley.

Si ha iniciado el diálogo dentro de dicho plazo, se mantendrán las suspensiones mencionadas en el párrafo anterior, siempre que continúen las negociaciones para la suscripción del acuerdo de concordia y pacificación a que se refiere esta ley.

Artículo 5o. El Gobierno Federal pactará con el EZLN los calendarios, agenda y, en general, las bases para el diálogo y la negociación del acuerdo de concordia y pacificación previsto en este ordenamiento, con la participación que, en su caso, corresponda a la Comisión de Concordia y Pacificación señalada en el artículo 8o. Dicha comisión propondrá, por consenso, los espacios específicos para la realización de las negociaciones que deberán ser convenidos por las partes.

Artículo 6o. En tanto se desarrolla el diálogo y la negociación, el Gobierno Federal adoptará las medidas necesarias para garantizar el libre tránsito de los dirigentes y negociadores del EZLN y asegurar que no serán molestados, en sus personas o posesiones, por autoridad federal alguna.

Las autoridades competentes del Gobierno Federal, se coordinarán con las del Estado de Chiapas y de los municipios respectivos, para que el libre tránsito y la integridad de los dirigentes y negociadores del EZLN, en sus personas y posesiones, quede garantizada, en términos del párrafo anterior, con la intervención que, en su caso, corresponda a la Comisión de Concordia y Pacificación.

En los espacios de negociación, determinados de común acuerdo, no se permitirá la portación de ningún tipo de arma. El Gobierno Federal en coordinación con el del Estado de Chiapas, con la intervención que corresponda a la Comisión de Concordia y Pacificación, generará medidas de distensión y demás condiciones físicas y políticas para el diálogo.

Artículo 7. El Gobierno Federal en coordinación con el Gobierno del Estado de Chiapas y los ayuntamientos respectivos, otorgará garantías y facilidades a los indígenas y campesinos de la zona del conflicto, para su reintegración y asentamiento en sus comunidades de origen. Esta disposición es válida para todos los indígenas y campesinos, independientemente de su participación en el grupo involucrado en el conflicto del Estado de Chiapas.

De la Comisión de Concordia y Pacificación

Artículo 8o. Se crea la Comisión de Concordia y Pacificación, integrada por los miembros de la comisión legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas, así como por un representante del Poder Ejecutivo y otro del Poder Legislativo del Estado de Chiapas, que serán invitados con tal objeto.

Esta comisión coordinará sus acciones con la instancia de mediación reconocida por los negociadores.

La presidencia de la Comisión de Concordia y Pacificación estará a cargo, de manera rotativa y periódica, de los representantes del Poder Legislativo Federal. El secretariado técnico estará a cargo de integrantes de la propia comisión designados de manera conjunta por los miembros de la misma.

La comisión podrá designar delegados que se acreditarán ante el Gobierno Federal y el EZLN.

Artículo 9o. La Comisión para la Concordia y la Pacificación se encargará de:

I. Coadyuvar a fijar las bases para el diálogo y la negociación del acuerdo de concordia y pacificación a que se refiere esta ley, las que contendrán, entre otros aspectos, los lugares y condiciones específicos de las negociaciones y la agenda de las mismas;

II. Facilitar el diálogo y la negociación y apoyar la suscripción del acuerdo de concordia y pacificación a que se refiere esta ley;

III. Promover ante las autoridades competentes condiciones para realizar el diálogo en los lugares específicos que hayan sido pactados para las negociaciones, y

IV. Gestionar ante la Secretaría de Gobernación la adopción de las medidas necesarias para la adecuada difusión de esta ley.

De la Comisión de Seguimiento y Verificación

Artículo 10. Una vez que se suscriba el acuerdo de concordia y pacificación a que se refiere esta Ley, o cuando los negociadores lo consideren procedente, se creará una Comisión de Seguimiento y Verificación, integrada de manera paritaria, en los términos que lo acuerden los propios negociadores y a la que se invitará a sendos representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Chiapas.

Igualmente, la comisión podrá invitar a personas o instituciones que considere conveniente para el mejor cumplimiento de su cometido.

Artículo 11. La Comisión de Seguimiento y Verificación se encargará de:

I. Dar seguimiento a los compromisos pactados dentro del proceso de concordia y pacificación, con el propósito de promover el cabal cumplimiento de los mismos;

II. Proponer reformas jurídicas que se deriven del acuerdo de concordia y pacificación previsto en esta Ley, y

III. Publicar de manera periódica las acciones emprendidas y los resultados alcanzados, derivados del acuerdo para la concordia y pacificación, tendientes a resolver los problemas que dieron lugar al conflicto a que se refiere la presente ley.

Disposiciones Finales

Artículo 12. El Gobierno Federal promoverá la coordinación de acciones con el Gobierno del Estado de Chiapas y de sus ayuntamientos, a fin de que las acciones e inversiones federales, estatales y municipales previstas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas estatal y municipales, apoyen prioritariamente el desarrollo social y económico de las comunidades indígenas y de los campesinos en esa entidad federativa.

En igual forma se promoverá la concertación de acciones con los sectores social y privado, a fin de que contribuyan a establecer y fortalecer el diálogo y cooperación permanentes entre los diversos grupos de la sociedad chiapaneca. Asimismo, se fomentará la creación de fondos mixtos con recursos federales, estatales, municipales y privados para financiar programas específicos destinados a rescatar de la marginación a las citadas comunidades indígenas y de campesinos en el Estado de Chiapas.

Artículo 13. Las autoridades federales, en el ámbito de sus respectivas competencias, mantendrán la soberanía, seguridad y orden público internos, guardando la debida coordinación con las autoridades estatales para tales efectos. Las disposiciones de esta ley no impiden el ejercicio de las facultades otorgadas a las autoridades competentes y fuerzas de seguridad para que cumplan su responsabilidad de garantizar la seguridad interior y la procuración de justicia.

TRANSITORIOS

Primero. Esta ley entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Esta ley será difundida en los medios de comunicación en el Estado de Chiapas y deberá fijarse en bandos en las diversas poblaciones que se encuentran en la zona de conflicto, en las lenguas que se hablen en dichas localidades.

Tercero. La Comisión de Concordia y Pacificación a que se refiere esta ley, se instalará a los tres días hábiles de la entrada en vigor de este ordenamiento.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, D.F., a 8 de marzo de 1995.- Senador Sami David David, presidente; senadores secretarios: Jorge Rodríguez León y Carmen Bolado del Real.»

El Presidente:

Recibo y túrnese a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, para que se proceda a la formulación del dictamen correspondiente, a fin de que se dé a conocer a la Asamblea en esta misma sesión.

El diputado César Raúl Ojeda Zubieta (desde su curul):

Señor Presidente.

El Presidente:

Permítame un momento, señor Secretario.

Dígame, señor diputado.

El diputado César Raúl Ojeda Zubieta (desde su curul):

Señor Presidente, si fueran tan amables de entregarnos el documento, ninguno de nosotros lo tenemos, al menos en esta zona.

El Presidente:

Le informo que precisamente para que se entere la Asamblea, el señor Secretario está dando cuenta de la minuta. Oportunamente le pediré a la Oficialía Mayor que la distribuya entre los señores diputados.

Adelante, señor Secretario.



RECESO

El Presidente (a las 10:45 horas):

Se declara un receso de 90 minutos, en espera del dictamen que emitan las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia con el Proyecto de Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas.

Y segundo, esta Presidencia también, a solicitud expresa de los presidentes de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, convoca a sus integrantes a que se reúnan en el salón de protocolo, a efecto de elaborar el dictamen correspondiente.

Receso.

(A las 13:00 horas): Se reanuda la sesión.



LEY PARA EL DIALOGO, LA CONCILIACION Y LA PAZ DIGNA EN CHIAPAS (II)

El Presidente:

Señor Secretario, por favor dé lectura al dictamen relativo al Proyecto de Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas.

El secretario Marcelino Miranda Añorve:

«Comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia.

Honorable Asamblea: a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, fue turnada para su estudio y dictamen la minuta con Proyecto de Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, aprobada por la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, el 8 de marzo pasado.

Estas comisiones, de conformidad con las facultades que le confieren los artículos 42, 43 fracción ll, 48, 56 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 65, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a la consideración de los integrantes del pleno de esta cámara, el presente dictamen, de acuerdo a los siguientes

ANTECEDENTES

En atención al conflicto armado, suscitado a partir del 1o. de enero de 1994 en el Estado de Chiapas, los poderes de la Unión promovieron y ejecutaron diversas acciones tendientes a procurar su solución pacífica, la atención de las necesidades de la población y la reparación de los daños sufridos por la misma en ese marco, se expidió una Ley de Amnistía que no pudo alcanzar los beneficios que perseguía y se llevaron a efecto múltiples esfuerzos por diversas instancias, que en medida importante lograron atenuar las consecuencias desfavorables de los hechos acaecidos.

A resultas de la creación, a finales de 1994, de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y Conciliación para el Estado de Chiapas, se dieron nuevos y decisivos pasos para procurar un diálogo efectivo entre las partes del conflicto, reconociéndose la función de la Comisión Nacional de Intermediación y responzabilizándose la Secretaría de Gobernación de actuar, como representante del Ejecutivo Federal, en el proceso de pacificación.

Fue positiva también la contribución a estas tareas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y particularmente del Ejército Mexicano, a cuya actitud de prudencia y conciliación correspondió una acción similar por parte del grupo de personas que se identifica como EZLN, lo que permitió superar los aspectos más álgidos del problema.

Los diversos participantes de este gran esfuerzo nacional, convinieron en que era necesario propiciar el pleno retorno al orden constitucional, con protección absoluta a los derechos humanos y amplia promoción de acciones y programas, tanto políticos como sociales, proyectados a fijar las bases de una nueva actitud de conciliación plena, que favoreciera la solución satisfactoria del conflicto.

Con ese fin y por solicitud conjunta del Ejecutivo Federal y de los cuatro partidos políticos que integran la LVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la Comisión Permanente convocó a un periodo de sesiones extraordinarias, con el objeto de conocer, discutir y en su caso aprobar la iniciativa con Proyecto de Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas la que, con fundamento en el artículo 71 fracciones I y II de la Constitución General de la República, fue suscrita por el titular del Poder Ejecutivo y por los legisladores federales integrantes de la Comisión Legislativa de Diálogo y Conciliación para el Estado de Chiapas.

De conformidad con lo anterior, la Comisión Permanente convocó al presente periodo de sesiones extraordinarias, por decreto del 2 de marzo de 1995.

Con anterioridad al inicio de este periodo y en el curso del mismo, se realizaron diversos eventos y foros, a promoción de ambas cámaras del Congreso de la Unión, en los que se analizó y estudió el tema, planteándose las diversas alternativas de solución al conflicto.

Cumplimentando el acuerdo de la Comisión Permanente del pasado día 15 de febrero, estas comisiones unidas invitaron a reuniones de información y audiencia, en los términos de los artículos 42 y 54 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes enteraron de las actividades realizadas por las dependencias a su cargo, en el Estado de Chiapas, a través de sesiones de trabajo celebradas en el recinto camaral los días 3 y 8 del presente mes.

Asimismo, se celebro un intenso intercambio de opiniones entre los senadores y diputados, para cuyo fin se convocó a reunión en conferencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La Cámara de Senadores, en sesión celebrada el día 8 del presente mes, aprobó el texto de la iniciativa propuesta, con diversas modificaciones a su articulado, remitiéndose de inmediato al pleno de esta cámara, la minuta con proyecto de ley materia del presente dictamen. En términos reglamentarios, el presidente de la mesa directiva acordó el turno respectivo a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, para su estudio y la emisión del correspondiente dictamen.

Las comisiones unidas que dictaminan, se reunieron en sesión conjunta el día de hoy, procediéndose a la lectura formal de la iniciativa y del dictamen de las comisiones de Gobernación, 2a. sección, de Justicia y de Estudios Legislativos, 2a. sección, de la instancia colegisladora. Los señores diputados integrantes de ambas comisiones, procedieron a intercambiar opiniones en torno a los citados textos, recapitulando lo expresado en las reuniones previas, celebradas con los señores senadores y, con base en ello convinieron, de conformidad con las atribuciones que les competen, elaborar y someter al pleno este dictamen, que se fundamenta y apoya en las siguientes

CONSIDERACIONES

Es muy claro el propósito que alienta la iniciativa de ley en comento, que fundamentalmente consiste en la expedición de bases jurídicas, capaces de propiciar el diálogo y la conciliación, que harán factible lograr una solución digna y permanente para el conflicto armado que ha venido afectando al Estado de Chiapas.

En ese orden de ideas, es menester procurar un verdadero acuerdo de concordia y pacificación, que no sólo permita asegurar una paz justa, sino también atender las causas que originaron el surgimiento del problema; reconocer la justificación de las demandas planteadas; promover su respuesta institucional y hacer factible que los integrantes del EZLN participen en lo futuro en la vida política del país.

La aspiración esencial que este esfuerzo debe perseguir, es elevar la calidad de vida y rescatar de la marginación a un importante sector de la población chiapaneca, procurándose que el propio acuerdo de concordia y pacificación traiga consigo, en su oportunidad, la expedición de una Ley de Amnistía, que asegure la dignidad y la justicia a los participantes de este conflicto.

La ley debe prever, a través de la adopción de medidas y procedimientos adecuados, que el diálogo y la conciliación puedan darse dentro de calendarios, agendas y otras bases de operación específicas para los trabajos por realizar; que se garantice el libre tránsito de los dirigentes y negociadores del EZLN; que se generen condiciones propicias en los espacios de negociación determinados de común acuerdo; que se disponga la suspensión de los procedimientos penales y otras acciones legales actualmente en ejercicio en contra de los integrantes del EZLN, y que se fijen los plazos y las prórrogas que se requieran para la eficacia de esa suspensión, incluyendo el otorgamiento de las autorizaciones conducentes al Gobierno Federal para diferir su obligación de ejecutar las órdenes de aprehensión dictadas y de proseguir las averiguaciones penales correspondientes.

Es evidente la utilidad de que esas acciones jurídicas se instrumenten mediante la intervención de una Comisión de Concordia y Pacificación, integrada por los miembros de la Comisión Legislativa y por representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Chiapas; correspondiéndole a dicha comisión coadyuvar a fijar las bases para el diálogo y la negociación; facilitar los mismos y promover ante las autoridades competentes las condiciones que se requieran para que los trabajos se realicen en los lugares específicamente pactados para la negociación, así como gestionar ante la Secretaría de Gobernación, la adecuada difusión de la ley.

Debe reconocerse también, expresamente, la intervención de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), aceptada por ambas partes.

En los mecanismos planteados como necesarios para el cumplimiento del acuerdo político, que es objetivo de esta ley, se consideró conveniente incluir diversos instrumentos de tipo programático, así como inversiones de recursos públicos, que en la medida de la oportunidad y acierto con que se apliquen, contribuirán a la supresión de las condiciones de injusticia social en la zona del conflicto.

La iniciativa de ley, propone dar seguimiento y verificación al acuerdo de concordia y pacificación que se logre, mediante la creación de una comisión específicamente avocada a esta tarea, la que se integrará en los términos que acuerden los negociadores; pudiéndose invitar a formar parte también de la misma a representantes de los poderes locales de la entidad chiapaneca, así como a las personas o instituciones que la propia comisión considere pudiesen contribuir al mejor cumplimiento de su cometido.

La iniciativa de ley prevé atribuirle a esa comisión el seguimiento de los compromisos pactados; proponer las reformas jurídicas que se deriven del acuerdo de concordia y pacificación y difundir periódicamente acciones y resultados, al efecto de que la sociedad en su conjunto esté informada de los avances correspondientes.

Finalmente, la iniciativa de ley dispone un amplio marco de coordinación de acciones entre todas las autoridades involucradas, así como la concertación de las mismas con los sectores social y privado, disponiéndose expresamente que las autoridades federales, dentro del ámbito de su competencia y coordinados con las autoridades estatales, mantendrán la soberanía, seguridad y orden público internos en las zonas del conflicto.

Con motivo de los trabajos realizados con los señores senadores, los miembros de estas comisiones unidas pudimos participar en un análisis muy amplio, tanto de la situación actual de los problemas referidos, como de los textos propuestos en la iniciativa conjunta que se presentó a la consideración del honorable Congreso de la Unión.

Como resultado de las diversas reuniones que los señores senadores tuvieron en el seno de las comisiones de dictamen correspondientes, de las conferencias que celebraron con nosotros y de los diálogos que se efectuaron con diversos grupos, se acordó introducir al proyecto de iniciativa de ley algunas modificaciones, que estimamos plausibles y que por tanto consideramos deben ratificarse en su inclusión al texto de la ley por esta Cámara de Diputados.

Dentro de ellas, destaca el reconocimiento de la denominación propia del EZLN y su definición como una organización de ciudadanos mexicanos, mayoritariamente indígenas, que se inconformó por diversas causas y se involucró en el conflicto.

Asimismo, el establecimiento de una regla más sencilla que la propuesta inicialmente, que permita la prórroga de las suspensiones legales a que anteriormente se ha hecho referencia, pero bajo la condición de que continúen realizándose las negociaciones para la suscripción del Acuerdo de Concordia y Pacificación a que se refiere la ley.

Se dispuso asimismo, consignar expresamente que los espacios específicos para la realización de las negociaciones, deberán ser convenidos y no simplemente aceptados por las partes.

Se acordó enfatizar la voluntad política que sustenta el objetivo de esta iniciativa, mediante la expresión de que los gobiernos federales y locales, con la intervención de la Comisión de Concordia y Pacificación, generarán medidas de distensión y las condiciones físicas y políticas para el diálogo. Este contenido, evita dudas sobre el interés superior del Estado mexicano, de considerar, en todo tiempo, como territorio nacional a cualquier espacio geográfico de la patria.

Ante la solicitud expresa de los representantes de la Conai, de que el reconocimiento a su mediación se hiciere explícito, como coadyuvante, pero independiente de la entidad propiciadora de la concordia y pacificación creada por la ley, se aceptó que en un párrafo especial se le mencionara, bajo la fórmula de "instancia de mediación reconocida por los negociadores".

La aceptación de modificaciones en el articulado por lo que hace a las prórrogas, llevó también a la necesidad de suprimir algún texto como la fracción V del artículo 9o. de la iniciativa.

Asimismo, se estimó conveniente modificar lo dispuesto en materia de la integración de la Comisión de Seguimiento y Verificación, a fin de eliminar disparidades iniquitativas y posibilitar su integración de manera paritaria, en los términos que lo acuerden los propios negociadores. En el propio artículo 10 al que corresponde esta materia, se estimó conveniente sustituir la redacción original, por otra que permitiese que el momento de creación de la comisión, no fuese única y necesariamente a la conclusión del acuerdo político, sino aun antes de la suscripción de ese pacto, cuando los negociadores lo considerasen procedente.

Se determinó también modificar el artículo 11, a fin de precisar que los compromisos pactados en el proceso de concordia y pacificación, involucrarían no sólo a las partes inicialmente en conflicto, sino a los propios poderes Ejecutivo y Legislativo de Chiapas y a los representantes del Poder Legislativo Federal.

Por considerar innecesario el contenido del último apartado del original, segundo párrafo del artículo 13, se determinó su supresión, considerándose conveniente unir el texto restante de ese párrafo, al párrafo primero del mencionado artículo 13 de la iniciativa.

Esa supresión obedeció al reconocimiento de que los conceptos contenidos en el texto citado, resultaban innecesarios y podrían conducir a interpretaciones erróneas sobre el propósito de este precepto, que no es otro que enfatizar la vigencia plena del estado de derecho en nuestro marco jurídico constitucional y legal.

Finalmente, se determinó suprimir el artículo cuarto Transitorio de la iniciativa de ley, dado que la prórroga a que se refería, operará de manera automática bajo los nuevos procedimientos dispuestos en el texto de la ley.

Estas comisiones dictaminadoras consideran muy importante destacar, que en este caso se está en presencia, no sólo de una iniciativa de ley propuesta de manera conjunta por el Poder Ejecutivo Federal y por miembros del honorable Congreso de la Unión, lo que constituye un precedente altamente significativo para la vida política del país, sino de una propuesta de texto de ley que ha sido consensado a través de múltiples instancias de diálogo y consulta entre los partidos políticos y las diversas organizaciones sociales, que han manifestado su preocupación y su legítimo interés por la solución del conflicto suscitado en el Estado de Chiapas. Los acuerdos que se plasman en el articulado correspondiente, representan por ello un singular esfuerzo de concertación, que seguramente contribuirá al objetivo de una paz digna y justa.

En consecuencia, las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia de esta Cámara de Diputados, se pronuncian por el apoyo al proyecto de ley contenido en la minuta del Senado y que corresponde a la aprobación otorgada por esa colegisladora en su sesión del pasado día 8.

Por las consideraciones antes señaladas, las comisiones unidas que suscriben, se permiten someter a la aprobación del pleno de esta Cámara de Diputados, el siguiente

PROYECTO DE LEY PARA EL DIALOGO, LA CONCILIACION Y LA PAZ DIGNA EN CHIAPAS

Artículo 1o. Esta ley tiene por objeto establecer las bases jurídicas que propicien el diálogo y la conciliación para alcanzar, a través de un acuerdo de concordia y pacificación, la solución justa, digna y duradera al conflicto armado, iniciado el 1o. de enero de 1994, en el Estado de Chiapas.

Para los efectos de la presente ley, se entenderá como el EZLN, al grupo de personas que se identifica como una organización de ciudadanos mexicanos, mayoritariamente indígenas, que se inconformó por diversas causas y se involucró en el conflicto a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 2o. Será objeto del acuerdo de concordia y pacificación a que se refiere el artículo anterior, entre otros, pactar las bases que permitan:

I. Asegurar la paz justa, digna y duradera en el Estado de Chiapas, dentro del pleno respeto al estado de derecho;

II. Atender las causas que originaron el conflicto y promover soluciones consensadas a diversas demandas de carácter político, social, cultural y económico, dentro del estado de derecho y a través de las vías institucionales;

III. Propiciar que los integrantes del EZLN participen en el ejercicio de la política dentro de los cauces pacíficos que ofrece el estado de derecho, con respeto absoluto a su dignidad y garantías de ciudadanos mexicanos;

IV. Conciliar las demandas e intereses legítimos de los diversos sectores de la sociedad chiapaneca;

V. Promover el bienestar social y el desarrollo económico sustentable en Chiapas y

VI. Proponer los lineamientos para la amnistía que, como consecuencia del proceso de diálogo y conciliación, concederá en su caso el Congreso de la Unión por los hechos relacionados con el conflicto en el Estado de Chiapas, iniciado a partir del 1o. de enero de 1994.

Artículo 3o. En el acuerdo de concordia y pacificación previsto en esta ley, intervendrán los representantes del Gobierno Federal y del EZLN, con la participación que corresponda a la Comisión de Concordia y Pacificación.

Del Diálogo y la Negociación

Artículo 4o. Con objeto de propiciar condiciones para el diálogo y la conciliación, a partir de la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial de la Federación y durante los 30 días naturales inmediatos siguientes, las autoridades judiciales competentes mantendrán suspendidos los procedimientos iniciados en contra de los integrantes del EZLN, que se encuentren sustraídos de la acción de la justicia y ordenarán que se aplace por dicho término el cumplimiento de las órdenes de aprehensión dictadas dentro de dichos procedimientos. De igual manera, la Procuraduría General de la República suspenderá, por el mismo plazo, las investigaciones relativas a los hechos a que se refiere el artículo 1o. de esta ley.

Si ha iniciado el diálogo dentro de dicho plazo, se mantendrán las suspensiones mencionadas en el párrafo anterior, siempre que continúen las negociaciones para la suscripción del acuerdo de concordia y pacificación a que se refiere esta ley.

Artículo 5o. El Gobierno Federal pactará con el EZLN los calendarios, agenda y, en general, las bases para el diálogo y la negociación del acuerdo de concordia y pacificación previsto en este ordenamiento, con la participación que, en su caso, corresponda a la Comisión de Concordia y Pacificación señalada en el artículo 8o. Dicha comisión propondrá, por consenso, los espacios específicos para la realización de las negociaciones que deberán ser convenidos por las partes.

Artículo 6o. En tanto se desarrolla el diálogo y la negociación, el Gobierno Federal adoptará las medidas necesarias para garantizar el libre tránsito de los dirigentes y negociadores del EZLN y asegurar que no serán molestados, en sus personas o posesiones, por autoridad federal alguna.

Las autoridades competentes del Gobierno Federal, se coordinarán con las del Estado de Chiapas y de los municipios respectivos, para que el libre tránsito y la integridad de los dirigentes y negociadores del EZLN, en sus personas y posesiones, quede garantizada, en términos del párrafo anterior, con la intervención que, en su caso, corresponda a la Comisión de Concordia y Pacificación.

En los espacios de negociación, determinados de común acuerdo, no se permitirá la portación de ningún tipo de arma. El Gobierno Federal en coordinación con el del Estado de Chiapas, con la intervención que corresponda a la Comisión de Concordia y Pacificación, generará medidas de distensión y demás condiciones físicas y políticas para el diálogo.

Artículo 7o. El Gobierno Federal, en coordinación con el gobierno del Estado de Chiapas y los ayuntamientos respectivos, otorgará garantías y facilidades a los indígenas y campesinos de la zona del conflicto para su reintegración y asentamiento en sus comunidades de origen. Esta disposición es válida para todos los indígenas y campesinos, independientemente de su participación en el grupo involucrado en el conflicto del Estado de Chiapas.

De la Comisión de Concordia y Pacificación

Artículo 8o. Se crea la Comisión de Concordia y Pacificación, integrada por los miembros de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas, así como por un representante del Poder Ejecutivo y otro del Poder Legislativo del Estado de Chiapas, que serán invitados con tal objeto.

Esta comisión coordinará sus acciones con la instancia de mediación reconocida por los negociadores.

La presidencia de la Comisión de Concordia y Pacificación estará a cargo, de manera rotativa y periódica, de los representantes del Poder Legislativo Federal. El secretariado técnico estará a cargo de integrantes de la propia comisión, designados de manera conjunta por los miembros de la misma.

La comisión podrá designar delegados que se acreditarán ante el Gobierno Federal y el EZLN.

Artículo 9o. La Comisión para la Concordia y la Pacificación se encargará de:

I. Coadyuvar a fijar las bases para el diálogo y la negociación del acuerdo de concordia y pacificación a que se refiere esta ley, las que contendrán, entre otros aspectos, los lugares y condiciones específicos de las negociaciones y la agenda de las mismas;

II. Facilitar el diálogo y la negociación y apoyar la suscripción del acuerdo de concordia y pacificación a que se refiere esta ley;

III. Promover ante las autoridades competentes condiciones para realizar el diálogo en los lugares específicos que hayan sido pactados para las negociaciones y

IV. Gestionar ante la Secretaría de Gobernación la adopción de las medidas necesarias para la adecuada difusión de esta ley.

De la Comisión de Seguimiento y Verificación

Artículo 10.. Una vez que se suscriba el acuerdo de concordia y pacificación a que se refiere esta ley, o cuando los negociadores lo consideren procedente, se creará una Comisión de Seguimiento y Verificación, integrada de manera paritaria, en los términos que lo acuerden los propios negociadores y a la que se invitara a sendos representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Chiapas.

Igualmente, la comisión podrá invitar a personas o instituciones que considere conveniente para el mejor cumplimiento de su cometido.

Artículo 11. La Comisión de Seguimiento y Verificación se encargará de:

I. Dar seguimiento a los compromisos pactados dentro del proceso de concordia y pacificación, con el propósito de promover el cabal cumplimiento de los mismos;

II. Proponer reformas jurídicas que se deriven del acuerdo de concordia y pacificación previsto en esta ley y

III. Publicar de manera periódica las acciones emprendidas y los resultados alcanzados, derivados del acuerdo para la concordia y pacificación, tendientes a resolver los problemas que dieron lugar al conflicto a que se refiere la presente ley.

Disposiciones finales

Artículo 12. El Gobierno Federal promoverá la coordinación de acciones con el gobierno del Estado de Chiapas y de sus ayuntamientos, a fin de que las acciones e inversiones federales, estatales y municipales previstas en el plan nacional de desarrollo y en los programas estatal y municipales, apoyen prioritariamente el desarrollo social y económico de las comunidades indígenas y de los campesinos en esa entidad federativa.

En igual forma se promoverá la concertación de acciones con los sectores social y privado, a fin de que contribuyan a establecer y fortalecer el diálogo y cooperación permanentes entre los diversos grupos de la sociedad chiapaneca. Asimismo, se fomentará la creación de fondos mixtos con recursos federales, estatales, municipales y privados, para financiar programas específicos destinados a rescatar de la marginación a las citadas comunidades indígenas y de campesinos en el Estado de Chiapas.

Artículo 13. Las autoridades federales, en el ámbito de sus respectivas competencias, mantendrán la soberanía, seguridad y orden público internos, guardando la debida coordinación con las autoridades estatales para tales efectos. Las disposiciones de esta ley no impiden el ejercicio de las facultades otorgadas a las autoridades competentes y fuerzas de seguridad para que cumplan su responsabilidad de garantizar la seguridad interior y la procuración de justicia.

TRANSITORIOS

Primero. Esta ley entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Esta ley será difundida en los medios de comunicación en el Estado de Chiapas y deberá fijarse en bandos en las diversas poblaciones que se encuentran en la zona de conflicto, en las lenguas que se hablen en dichas localidades.

Tercero. La Comisión de Concordia y Pacificación a que se refiere esta ley, se instalará a los tres días hábiles de la entrada en vigor de este ordenamiento.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados.- México. D.F., a 9 de marzo de 1995.- Por las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia.- Diputados: Dionisio E. Pérez Jácome, Fernando Pérez Noriega, Fructuoso López Cárdenas, Guillermo Zúñiga Martínez, Gerardo Arellano Aguilar, Leonel Godoy Rangel, Jesús Zambrano Grijalva, Carmen Segura Rangel, Eduardo Escobedo Miramontes, Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Augusto Gómez Villanueva, Saúl González Herrera, Mauro González Luna Mendoza, Ignacio González Rebolledo, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, Jorge Moreno Collado, Isidro Muñoz Rivera, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, José Ramírez Gamero, Píndaro Urióstegui Miranda, Oscar Villalobos Chávez, Claudia Esqueda Llanez, Manlio F. Gómez Uranga, María de la Luz Lima Malvido, Humberto Meza Galván, Marcelino Miranda Añorve, Ramiro J. Calvillo Ramos, José Francisco Lozada Chávez, Guadalupe Morales Ledezma, Juan Manuel Cruz Acevedo, Francisco Peralta Burelo, Felipe Amadeo Flores Espinosa, Eustaquio de León Contreras, Yrene Ramos Dávila, Mario de la Torre Hernández, Patricia Garduño Morales, Alejandro González Alcocer, Alejandro Zapata Perogordo, Ramón Sosamontes Herreramoro, y Ezequiel Flores Rodríguez.»

El Presidente:

Esta Presidencia instruye a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.

El secretario Marcelino Miranda Añorve:

Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se somete a discusión y votación de inmediato.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la segunda lectura.

El Presidente:

Gracias, señor Secretario.

Tiene la palabra el diputado Jorge Moreno Collado, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Jorge Efraín Moreno Collado:

Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:

El dictamen que acaban de escuchar, es suficientemente explícito respecto de antecedentes y considerandos que explican contenido, alcances y procedimientos comprendidos en el texto de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas.

Ese dictamen que se presenta a la consideración de esta Asamblea, ratifica las condiciones que movieron a los autores de la iniciativa original, confirma los propósitos que alentaron a las fuerzas políticas de México a desprenderse de posturas privativas y dejos de facción o dogmatismo y reitera el espíritu conciliador de legisladores, libres políticos y de opinión, académicos diversos, miembros de agrupaciones con vocación conciliadora y ciudadanos comunes de las más diversas ideologías, quienes consideran que el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas es un objetivo superior de la nación, que exige el esfuerzo conjunto y la actitud tolerante de todos los mexicanos.

El proyecto de ley que se propone a esta soberanía ya ha merecido expresiones variadas y elocuentes de consenso, es una propuesta que sorteó el reto de múltiples consultas y análisis, es el resultado de una visión inteligente de quienes decidieron optar por el camino del diálogo y la razón, haciendo a un lado el fácil expediente de usar la violencia para intentar la liquidación del adversario.

La Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, es un mecanismo jurídico de solución civilizada que enaltece en las fórmulas racionales que deben privar en la sociedad política y que elimina el riesgo del enfrentamiento entre quien puede detentar el uso de la violencia física legitimada y quienes pretenden ostentar una fuerza de hecho asentada en reclamos de justicia.

Es una ley que todo México aguarda con el justificado interés de que la nación recupere las expectativas de plena unidad entre todos sus componentes, con la convicción de que iniciadas las pláticas y negociaciones se avizore la recuperación de la certidumbre que provee el estado de derecho y con la fundada esperanza de que la aplicación y eficacia de esta norma anuncie un marco de redención a favor de los pueblos pobres de Chiapas y la eliminación de la penuria atávica de las comunidades indígenas del país.

Esta ley encierra un principio de solución al conflicto que priva en aquella entidad sureña, es parte de un proceso, no su desenlace, proceso que todos anhelamos culmine a la mayor brevedad, por lo que confiamos en la eficacia operativa de los mecanismos de diálogo y conciliación que sus conceptos contienen .

Pensada para la negociación, ella misma es una ley negociada y propuesta en medio de un escenario público observado a plenitud por el pueblo de México y por la opinión internacional.

No ha sido difícil en consecuencia, que las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, que presentan el dictamen a discusión, hayan logrado con prontitud identificar los elementos de coincidencia que les permiten solicitar el voto favorable de esta soberanía a la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas.

La ley considera que la negociación y diálogo que promueve tiene como unos de los interlocutores, a los mexicanos que fueron empujados por la desesperación y falta de expectativa a la rebelión violenta y fragorosa en el Estado de Chiapas, los que para facilitar su identificación se denominan en la ley con las siglas EZLN, lo cual implica sólo una forma de denominación de una parte...

El Presidente:

Permítame, señor diputado... Diputado Moreno Collado, permítame un momento. Esta Presidencia nuevamente exhorta a todos los presentes a que guarden compostura, ocupen sus asientos y escuchen al orador, y que por favor las personas que están en los pasillos, los desalojen. Continué, señor diputado.

El diputado Jorge Efraín Moreno Collado:

Gracias, señor Presidente:

Repito: para facilitar su identificación se denominan en la ley con las siglas EZLN, lo cual implica sólo una forma de denominación de una de las partes negociadoras y de ninguna manera un reconocimiento de calidad o status jurídico .

En esta materia, es muy importante recalcar que el autodenominado EZLN no debe confundirse con una institución de las características y naturaleza constitucional que sólo corresponde al Ejército mexicano, que al tenor de lo dispuesto por el artículo 73 fracción XIV, y el 89 fracciones IV, V y VI de la Constitución General de la República es, junto con la Armada y la Fuerza Aérea, la legítima expresión de las fuerzas armadas de la Unión, sin que exista en nuestro país otra corporación que pueda asimilársele.

Desde su presentación como iniciativa, el proyecto de ley ha sido cuidadoso de la fundamentación constitucional que la sostiene; es una ley preparatoria de la paz en Chiapas, de las condiciones para favorecer diálogo y negociación que terminen con el conflicto iniciado el 1o. de enero de 1994 y por lo mismo es una ley de alcances políticos. Esto significa que necesariamente desembocará en la mediación para legislar la amnistía, lo que permitirá al EZLN desintegrarse como grupo rebelde y constituirse en agrupación política, para luchar institucionalmente en favor de sus creencias y objetivos lícitos.

Por lo tanto, la ley que se consulta forma parte de las atribuciones de este Congreso, de aquellas facultades que están contenidas en la fracción XXX en correlación con la fracción XXII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que permite a este órgano representativo conceder amnistías, así como expedir las normas necesarias para hacer efectivas las facultades del propio Congreso de la Unión, campo de atribuciones constitucionales; en él cabe la ley cuyo dictamen sometemos al juicioso discernimiento de esta cámara.

La ley que ahora conoce esta honorable Asamblea, se enmarca en hechos sin precedente en la historia política y legislativa de nuestro país. La iniciativa fue producto de la acción concurrente del Ejecutivo Federal y de diputados y senadores integrantes de la Comisión Legislativa de Diálogo y Conciliación para el Estado de Chiapas, lo cual constituye una fórmula novedosa de ejercer el derecho de iniciar leyes en los términos del artículo 71 constitucional.

Un conflicto político como el de Chiapas nos enseña, a partir de esta iniciativa ya convertida en proyecto, que no basta con la mera legalidad para arribar a las soluciones proyectadas, sino que es necesario también adoptar otros acuerdos o pactos complementarios que sumen la buena fe y la voluntad sincera de conciliar y de obtener por la razón, lo que quedaría en demanda frustrada si se usa la vía de la violencia.

Por eso es tan trascendente la iniciativa conjunta del presidente Ernesto Zedillo y legisladores no sólo de ambas cámaras del Congreso, sino integrantes asimismo de la pluralidad de fuerzas y partidos políticos nacionales en él representados; iniciativa de consenso para una ley de conciliación, acuerdos en lo fundamental que la Constitución permite, que la nación reclama y que la sociedad anhela.

En medio de la adversidad social que subyace en el problema de Chiapas, el país se enriquece con la adopción de fórmulas constitucionales que quedarán para ejemplo de tiempos futuros.

Tal como lo expresa en sus considerandos el dictamen de la honorable colegisladora, la iniciativa pretende bases jurídicas que propicien diálogo y conciliación, con el propósito ampliamente compartido por los mexicanos de alcanzar la pacificación real en Chiapas, la solución definitiva y justa del conflicto, para lo cual dicho ordenamiento regula la manera de propiciar un acuerdo político, acuerdo de concordia y pacificación entre el EZLN y el Gobierno Federal.

En este marco, la ley propone conciliar el alcance de la justicia social y el respeto al estado de derecho, ir a la búsqueda de las causas originarias del conflicto, estimular que los miembros del EZLN se integren a los procesos democráticos en los que la lucha política implique competencia para servir y no relación ominosa de amigo-enemigo, a fin de promover el bienestar social y el desarrollo económico sustentable en Chiapas.

El propio acuerdo de concordia y pacificación, será el ámbito donde se perfilen los lineamientos para la amnistía que este Congreso podrá, en su caso, conceder a manera de culminación de las negociaciones y tal vez como el primero de los grandes compromisos con el EZLN que cumpla el Gobierno de la República.

En unos cuantos preceptos, 13 artículos y tres transitorios, la ley incluye la identificación de su objetivo, la medida y procedimientos jurídicos preparatorios del diálogo y la negociación, donde se prevé la adopción por consenso de calendario, agenda base para llegar a las conversaciones, a las que se agregan las garantías de libre tránsito de dirigentes y negociadores del EZLN, la generación de condiciones materiales y políticas en espacios de negociación, así como la suspensión de procedimientos penales, de indagatorias y de todas las acciones legales existentes en contra de los miembros de aquella agrupación, lo cual opera como una especie de preámbulo de la amnistía prevista para el final de la negociación.

Huelga decir que todos estos procedimientos se fundamentan en un irrebatible contexto jurídico y que la suspensión de los actos jurídicos antes mencionados y su posible prórroga, está sostenida en el artículo 468 del Código Federal de Procedimientos Penales.

En el articulado de la ley se incluyen también los instrumentos legales para propiciar el diálogo, reconociendo la capacidad de intermediación y coadyuvancia de la Comisión para la Concordia y la Pacificación, integrada por la comisión legislativa ad hoc de este Congreso y miembros de los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Chiapas.

Se reconoce en la ley, lo que significa que es una decisión soberana de este Congreso si la honorable Asamblea así lo aprueba, la calidad mediadora de la Comisión Nacional de Intermediación, a la que se suma, como ya se expresó, la participación consecuente de los poderes constitucionales Ejecutivo y Legislativo del Estado de Chiapas, y por supuesto la participación e intervención en todo el proceso de los representantes del denominado EZLN.

El dictamen en consulta contempla la justificación de mecanismos para el cumplimiento del acuerdo de concordia y pacificación al que eventualmente lleguen las partes. Se trata de un instrumento de verificación y evaluación de los actos de ejecución de los compromisos signados por los negociadores, lo cual constituye la sustancia fundamental de la propia negociación.

Este seguimiento va más allá de la constatación de las acciones de cumplimiento del acuerdo; se trata de una fórmula de retroalimentación de los mecanismos de ejecución de los programas de desarrollo y bienestar que de por sí deben promover los gobiernos Federal, estatal y municipal en favor de los chiapanecos. Aquí el compromiso será la calificación prioritaria de los programas, el incremento sustancial de las inversiones, la participación activa de grupos y comunidades, el cambio cualitativo de rumbo y velocidad de las transformaciones requeridas con urgencia por los grupos rezagados de Chiapas.

Tal como lo reconoce el dictamen del Senado de la República, los autores de la iniciativa recogieron inquietudes y sugerencias de otros legisladores y de los propios integrantes del EZLN, los cuales fueron incorporados a su texto en reformas conocidas por la opinión pública, como una prueba de que la ley no es un fin en sí misma, sino un instrumento en el que la soberanía de la nación deposita su fundada esperanza de recuperar para México la paz y la concordia en Chiapas.

La ley es nítida, sencilla, clara, fácilmente aplicable, constitucionalmente procedente y muestra a la faz del mundo que en México no están canceladas las vías de solución racional de nuestras contradicciones y discrepancias y que en nuestro país sigue imperando el estado de derecho por encima de la ley de la selva.

El texto que se pone a la consideración de esta soberana Asamblea, no esconde subterfugios de engaño, no tiende celadas, no es un truco emboscado para pepenar disidentes, no es una estratagema para hacer caer en ninguna trampa a nadie; su claridad es meridiana, pretende abrir el surco de la negociación, construir el edificio del diálogo, ajustar a la ley la decisión de pactar para pacificar y promover el bienestar comunitario, alcanzar en un breve lapso la negociación que dé certidumbre a los mexicanos de que vivimos en un estado de derecho, dentro del cual es posible conciliar legalidad y justicia.

Por este motivo, la ley cuyo dictamen hoy discutimos, salvaguarda en favor de México, el orden legal en todo el territorio, aún en el que ocupen los espacios de negociación, que es el propósito del artículo 13, del proyecto que ahora analizamos.

Soberanía y orden público internos se complementan con la necesaria garantía que las autoridades deben a la población en materia de seguridad interior y procuración de justicia. Esta fórmula de la ley previene en favor de todos, incluidos los miembros del EZLN, que los espacios de negociación no se conviertan en tierra de nadie o en espacios de impunidad de conductas delictivas comunes. No atenta el precepto comentado, por lo dicho, contra la finalidad primordial de provocar el diálogo, llegar a la concordia y alcanzar soluciones permanentes y dignas para la paz en Chiapas y México.

Señoras y señores diputados, esta ley se formuló pensando en México, pensando en las generaciones futuras, que tienen derecho a una sociedad más justa y más tolerante y democrática. Se proyectó pensando en Chiapas, tomando en cuenta la necesidad de reivindicar de una vez por todas a nuestros hermanos indígenas, cuya inalterable dignidad y la fuerza de su perseverancia nos mueven a una acción congruente que los coloque en planos de igualdad sin los distintivos del mundo civilizado, que corresponden a todos los seres humanos. Se formuló, y así lo reconoce el dictamen, con la coincidencia de muchas voces y muchos diálogos en los que sobresalen los acuerdos y concurrencias entre el Ejecutivo Federal y el Legislativo, es obra de la demanda de sectores y fuerzas políticas del país, pero ante todo de la comprensión y acuerdo entre mayoría y minoría parlamentarias, del tesonero empuje de los legisladores representativos de los partidos actuantes, de la perseverancia mediadora de muchos mexicanos excepcionales, del testimonio objetivo y reconfortante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la propuesta conciliadora del Presidente de la República, de la comprensión institucional del Ejército Mexicano, instituto paradigma de legalidad y disciplina, y desde luego, de la actitud negociadora de la mayoría parlamentaria del Congreso, que coloca por encima de cualquier interés partidario el bien supremo de la República, la paz y la grandeza de México.

Por lo anterior, las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia reiteran su propuesta de que esta ley, anuncio de una mejor etapa histórica para México, reciba el voto favorable de esta soberanía. Muchas gracias.

El Presidente:

En consecuencia, está a discusión en lo general.

Han solicitado el uso de la palabra para fijar posiciones, los siguientes diputados:

Por el Partido del Trabajo, Marcos Cruz Martínez; por el Partido de la Revolución Democrática, Juan Guerra Ochoa; por el Partido Acción Nacional, Rodolfo Elizondo Torres; por el Partido Revolucionario Institucional, Marco Antonio Michel Díaz. En tal virtud, tiene la palabra el diputado Marcos Cruz Martínez, del Partido del Trabajo.

El diputado Marcos Carlos Cruz Martínez:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Es justo reconocer que el movimiento chiapaneco nos hizo dirigir nuestra atención hacia uno de los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad, los indígenas y junto con ellos a los millones de mexicanos marginados de los mínimos beneficios del desarrollo.

Los indígenas chiapanecos nos despertaron de los sueños primermundistas y mostraron el rostro que tratábamos de esconder, ignorando la miseria de esos millones de mexicanos.

Por ello, tenemos que aprovechar esta oportunidad para iniciar una reflexión seria y sin demagogia, para dar soluciones a los terribles desequilibrios, económicos y sociales que sufre nuestra sociedad.

Quiero manifestar que como ciudadano mexicano, como diputado y como miembro de mi partido, estoy convencido de que nos disponemos a sancionar una ley de gran importancia, un instrumento legal que ante todo busca allanar el camino para avanzar en la concreción de las aspiraciones de paz, de justicia, libertad y legalidad para el pueblo chiapaneco, y de resultar exitoso este esfuerzo para todos los mexicanos. Lo anterior, en condiciones extremadamente difíciles del país y cuando las posibilidades de la guerra no han sido disipadas.

En este contexto, por mi conducto, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, fija su posición respecto de la Iniciativa de Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, presentada conjuntamente por el Ejecutivo Federal y la comisión legislativa designada por ambas cámaras del Congreso de la Unión.

La iniciativa de ley por la que hoy votaremos, es resultado de un gran esfuerzo por contribuir a dar una salida pacífica al conflicto chiapaneco. Esta tarea requirió de buscar y lograr los máximos consensos para hacer posible el restablecimiento del diálogo en Chiapas y la creación de un entorno legal que favorezca las negociaciones, brinde seguridad y respeto a las fuerzas insurrectas en Chiapas y sea congruente con los requerimientos de la nación de contar con un verdadero estado de derecho.

Es un instrumento que requirió de una larga y ardua tarea de consultas y cuidadosas discusiones con los legisladores de todos los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, con la mayor parte de los actores locales, con el Poder Ejecutivo Federal, con las direcciones de los partidos políticos. El proceso requirió, y lo tuvo, de la aplicación de una visión amplia y tolerante del problema y de concesiones de las partes que intervinieron en su formulación.

En ese sentido, la ley no debe considerarse como un instrumento del Gobierno Federal para imponer sus condiciones al EZLN, sino como una contribución para sentar las bases de un diálogo justo para solucionar el conflicto en Chiapas.

No obstante lo anterior, el Partido del Trabajo reconoce que existen justificadas razones para que haya desconfianza en las iniciativas oficiales por parte de las organizaciones sociales y civiles democráticas del país y en particular de los indígenas chiapanecos y del movimiento encabezado por el EZLN.

Pero la desconfianza no puede constituir por sí misma la base de una política y menos, ser el elemento que dé paso a la guerra.

Cuando los revolucionarios salvadoreños del Frente Farabundo Martí, se sentaron a la mesa a discutir las condiciones de paz con un gobierno reaccionario, nunca dejaron de desconfiar justificadamente en él; sin embargo, los farabundistas supieron apoyarse en el clamor popular de paz, que forzaba al Gobierno a negociar en la elaboración de propuestas aceptables de instrumentación de las negociaciones y solución del conflicto.

No pretendemos ser inocentes ni establecer paralelismos, pero sí queremos asumir, sin ninguna posibilidad, para dar una salida pacífica al conflicto y evitar la muerte y sufrimientos de muchos mexicanos, debe de ser desechada.

Reiteramos, la iniciativa de ley que hoy se discute, al contrario de lo que algunos presuponen, es un esfuerzo colectivo de las fuerzas políticas del país, para cerrar el paso a los sectores intolerantes y atrasados, partidarios del aplastamiento violento de la insurrección chiapaneca, posición que estaba ganando aceleradamente posiciones dentro de las altas esferas del poder y la riqueza.

Y un esfuerzo que recoge y se apoya en el amplio clamor popular en favor de la paz y la reforma democrática, pero que simultáneamente trata de atender a la correlación política existente y los espacios que ésta deja, para buscar una solución aceptable, tanto para la insurrección chiapaneca, como para el Estado mexicano, las fuerzas armadas y el orden jurídico del país.

Pero, quizá lo más importante es que la iniciativa implica un cambio fundamental de perspectivas, en relación a la ofensiva policial y militar, lanzada por el Ejecutivo, por medio de la Procuraduría de Justicia y el Ejército mexicano, el día 9 de febrero del año en curso.

El documento que hoy recibimos ha sido mejorado por la Cámara de Senadores, tomando en cuenta la mayor parte de las críticas públicas recibidas y la postura del propio EZLN y la Conai. Reconoce que el conflicto obedece a causas políticas y sociales que deben resolverse.

Llama por su nombre a las organizaciones, establece instancias de negociación con participación del EZLN, entidades de seguimiento y verificación con presencia paritaria del EZLN. Establece espacios de intención sin presencia de fuerzas armadas, suspende órdenes de detención contra dirigentes del EZLN por el tiempo que sea necesario. Garantiza la amnistía final para los insurrectos y presos políticos, y deja en manos del Gobierno y del EZLN, el establecimiento de la agenda, las sedes y los ritmos de la negociación.

El Partido del Trabajo considera que podrían haberse mejorado los términos de la ley de haberse introducido en ella, cuestiones como la libertad previa de los presos políticos, o una más precisa determinación de los espacios de intención que implicara el repliegue del Ejército de las comunidades.

Por eso, pugnó en su inclusión dentro de la comisión legislativa junto con otros legisladores de otros partidos. No obstante, consideramos que el texto aprobado contempla las condiciones y garantías para llevar adelante las pláticas y acuerdos que requiere la paz.

Por esa razón, fraternalmente invitamos al EZLN y a la Convención Nacional Democrática, a dar su apoyo a la iniciativa de paz como un inicio de un proceso de negociación en el que ellos son los actores principales.

Junto con su apoyo a la iniciativa, el Partido del Trabajo considera igualmente que la aprobación de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, no constituye, por sí misma, un instrumento que asegure la paz; para que pueda hacerlo se requieren tres condiciones adicionales: la primera de ellas, es que el gobierno del presidente Zedillo esté dispuesto a realizar tanto las reformas agrarias institucionales y políticas, como las inversiones necesarias que requiere la solución del conflicto, dentro de un marco de respeto al EZLN y seriedad de sus propuestas.

La segunda condición, es la participación activa del EZLN en el proceso de paz y su implementación. Pero existe una tercera condición que es tan o más importante que las dos anteriores, me estoy refiriendo a la canalización de la aspiración de paz del pueblo mexicano, traducido en una participación vigilante en las discusiones y negociaciones; dicha participación debe ser el factor fundamental que imponga a los participantes directos la necesidad de hacer los máximos esfuerzos para llegar a resultados factibles y aceptables; que aliente avanzar por un buen camino; que imponga un costo político muy alto a las actitudes irresponsables y obligue a los duros, de ambas partes, a aceptar las concesiones mutuas que impone toda negociación exitosa.

Sin este esfuerzo de participación y vigilancia popular, la ley será un cascarón vacío con independencia de la voluntad política que pueda tener personalmente el presidente Zedillo, el subcomandante Marcos o cualquier otra personalidad importante involucrada en el conflicto.

En México, han comenzado a desatarse fuerzas ciegas que amenazan en el futuro, la paz y la democracia y ellas pueden abortar el esfuerzo de paz, si no son adecuadamente neutralizadas por la presión de la opinión pública y la movilización popular.

El Partido del Trabajo se suma desde ya a este esfuerzo y convoca a todas las fuerzas políticas y sociales a participar en él. La iniciativa de ley debe ser sólo el comienzo del esfuerzo nacional para alcanzar la paz.

Quisiera antes de concluir, hacer un reconocimiento a mis compañeros legisladores del PRI, del PAN, del PRD, que haciendo a un lado posiciones partidarias, mezquindades, siempre se condujeron poniendo en primer término los intereses supremos de la nación.

Quisiera hacer un reconocimiento desde esta tribuna también a dos personalidades, a dos patriotas, a dos ciudadanos que contribuyeron a darle a esta comisión una mayor estatura política y moral, me refiero al senador Heberto Castillo y al senador Luis H. Alvarez. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:

Muchas gracias, señor Presidente; diputadas y diputados:

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, comparte plenamente el propósito y los fines de este proyecto de Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas. No obstante, mantiene reservas en el contenido de algunos artículos; esto a pesar de los cambios que fueron hechos al texto original en el Senado de la República, pues, en su cuerpo normativo aún encontramos disposiciones que podrían restar eficacia a la ley como instrumento para lograr la pacificación digna, fin último que se persigue con su expedición.

Antes de entrar propiamente en las reservas que mantiene el PRD, es importante destacar la trascendencia que tiene esta iniciativa y que me parece, sólo es comparable en un sentido totalmente inverso a lo que ocurrió el 9 de febrero.

El 9 de febrero no sólo se inició una guerra encubierta de persecución policiaca; el 9 de febrero prácticamente se enfilaba al país a una situación de totalitarismo y paralizó la reforma del Estado de la que hemos hablado todos y paralizó la mesa de concertación de los partidos.

¿Cómo hablar de reforma del Estado? ¿Cómo hablar en este país, de resolver mediante el diálogo los graves problemas que tenemos? ¿Cómo reconstruir un nuevo pacto político y social en este país, si estaba una guerra de por medio? Evidentemente la dirección que infortunadamente se apuntó el 9 de febrero, era funesta para el país; y más grave aún, hay que decirlo, es el hecho de que hubo sectores que se colgaron a partir de esa fecha, de esta intención que se abrió en el Gobierno para apostarle a la guerra y apostarle a que nuestro país no cambie.

Todavía no deja de sorprendernos el comportamiento tan extraño, por citar algunos casos, que tiene la bolsa. Fue muy claro que cuando se hablaba de paz, la bolsa caía; se hablaba de guerra y la bolsa se recuperaba. Pero hay otros sectores, hay que decirlos también, que creen ligados al Gobierno, que el país no son cambios, ni diálogo, ni paz lo que necesita, sino "mano de hierro". Por ejemplo, para no ir más lejos, la frase de orden que ha puesto en boga, como en la época del porfirismo, ahora el regente, donde prácticamente la solución que da a todos los problemas de la sociedad, es reprimir, es sin duda alguna parte también de esas inercias que le apostarían no a reestructurar sobre la base del consenso y de los acuerdos entre las fuerzas, un nuevo país, una nueva estabilidad, sino a querer imponerla bajo la palabra orden, a cualquier circunstancia.

Hay sectores también y entendemos con todo el respeto que le tenemos a nuestro Ejército Nacional Mexicano, que hay sectores también ahí, que presionan en este sentido. No es cierto, por desgracia compañeros, que todos en este país tenemos un comportamiento que apunte hacia la paz. Y estos sectores crecieron a partir del 9 de febrero.

En la medida en que en el Gobierno empezó a corregir esta situación, se empezó a hacer conciencia de que por ahí no vamos a ningún lado más que a desangrar más nuestro país, a pasarnos 10 ó 15 años de inestabilidad, porque sin duda alguna el poderío militar del Ejército Nacional es muy superior, pero la eficacia de mantener por parte del EZLN también guerra de guerrillas, es incuestionable, nos iba a meter en una situación de años, donde íbamos a terminar más desangrados, más atrasados, para volver a hablar de cómo hacer la paz tal y como ha ocurrido en otros países.

Ese era el futuro a que nos llevaban a partir de ese día funesto, el 9 de febrero, en que se tomó una decisión más espectacular que otra cosa, y que sin duda alguna era sumamente nociva para el país.

Las rectificaciones empezaron afortunadamente, hay que decirlo, en el propio Gobierno. La idea de ir apuntando hacia una solución política fue tomando fuerza; es importante, hay que destacarlo, el papel que jugaron los coordinadores de todos los grupos parlamentarios, no solamente de aquí de la cámara, sino incluso del Senado, cuando en un esfuerzo conjunto con la comisión legislativa fuimos dándole cada vez más fuerza a una idea de paz, a una idea de una solución política al conflicto.

Y hoy tenemos esta ley, compañeros: la ley es una nueva oportunidad para el Gobierno y es una nueva oportunidad para el país. No es más, como lo señalaba el diputado Marcos Cruz, que un intento para buscar restablecer el diálogo; pero por ése solo hecho, puede abrir una nueva etapa, puede ser la base en la medida en que el diálogo sea el que se imponga, la base para volver a retomar temas como la reforma del estado, la base para retomar temas o asuntos que se estaban tratando en la mesa entre los partidos; puede ser también la pauta de una nueva era para empezar a ir realmente formando un Gobierno de salvación nacional en este país, que nos comprometa a todos y que todos busquemos mediante la paz, el diálogo y la fortaleza de nuestras instituciones, las soluciones que son realmente las únicas duraderas. Es por eso esta iniciativa; darle una oportunidad a la paz; darle una oportunidad al diálogo. ¿Cómo podría la bancada del PRD no entender esta situación? Por supuesto que estamos por eso de acuerdo en lo general con la iniciativa.

Nosotros sabemos que para parar la guerra, ha sido fundamental también la participación ciudadana, pero entre esa guerra que existe allá, que puede ser mucho más incruenta, que puede ser muchísimo más, ha estado la movilización, el apoyo de muchísimas fuerzas y está también, esta iniciativa que condensa ese interés que tenemos; es decir, de alguna forma representa también mediante la iniciativa, la unidad de las fuerzas que queremos que este país opere cambios y profundas transformaciones, pero en paz.

Yo quiero decir, compañeras y compañeros, quizá para que nunca más vuelva a retomarse esto por parte del Gobierno, que si algo impactó a la Comisión de Diálogo y Conciliación para Chiapas, fue cuando fuimos precisamente al Estado de Chiapas y estaba ya la presencia de nuestras fuerzas armadas, del Ejército, en los poblados.

¿Qué sentirían ustedes cuando agentes, no alguien parcial, sino los agentes de Gobernación Federal que nos acompañaban también, nos dicen que en los cerros lloran los niños en la noche, que se oye llorar a los niños en la noche? Así está viviendo hoy en día la gente en Chiapas, ésta en una situación en donde no tardan en brotar las epidemias, no tardan en padecer este tipo de pestes. Hay una situación de condición realmente inhumana la que se está viviendo por miles y miles de desplazados; por varios miles.

¿Cómo en condiciones así la comisión no iba a comprometer su esfuerzo y a ir logrando apoyos para tratar realmente de poner un alto a esa situación? Yo creo que también es menester, porque sé que el sentimiento del Ejército nacional, de la mayoría de su tropa, de muchos de sus altos mandos, es el de la paz, que también hay que plantear que tiene que haber condiciones y que tienen que ir aflojándose los cercos que están ahí.

No puede ser solución esta situación tan inhumana en que vive la gente; no es posible que haya niños que lloren, no es posible que se estén muriendo niños en los brazos de algunas mujeres; no es posible que se esté padeciendo esta situación. Necesitamos, junto con esta iniciativa, retomar todo el esfuerzo, toda la disposición a encontrar, sobre todo, las soluciones políticas; necesitamos, claro está, y a eso le estamos apostando con eso, a que el diálogo se reinstale en el caso de Chiapas, a que sea la única vía para dirimir los problemas que ahí se tienen. Esta es la apuesta que hemos tenido, ésta es la convicción que nos ha animado.

En el PRD queremos ser ante todo, una fuerza de paz, una fuerza de cambio, una fuerza de estabilidad, una fuerza también de justicia. Esta es la situación.

Decimos también que no nos convencen todas las cosas. Particularmente tenemos un artículo 13 que es totalmente innecesario. Si ya tenemos una Constitución vigente, si tenemos claramente cómo se resguarda la seguridad y el orden público en los municipios, definido constitucionalmente ¿por qué tendríamos que poner ese párrafo? Ese párrafo es una concesión a "los duros" todavía que hay en el Gobierno. No tiene otra razón de ser, no le agrega absolutamente nada a la iniciativa; le mete ruido, incluso, y la afecta en el sentido de que se levantan suspicacias sobre la confiabilidad de la misma; no le agrega nada. Hay que decirlo tal como es, es la concesión que se les está dando todavía a "los duros" del Gobierno.

No podemos por eso nosotros aceptar el artículo 13, porque no le agrega nada a la iniciativa; sí la daña, y porque con este tipo de concesiones evidentemente el país no va a caminar.

Nos parece también, en el caso del artículo 5o., que debería incluso ser más expreso para que no se preste a ninguna duda. Yo sé que lo contiene, por eso también lo estamos aprobando, el asunto ése de lo que se ha llamado "zonas grises".

Hay que decirlo en esta tribuna. Si la Comisión Legislativa llegó a proponer que si aquí en este país no había condiciones para el diálogo se hiciese en otra parte, fue también alarmado por una situación donde veíamos que no hay condiciones físicas.

¡Esta iniciativa va a tener que crear condiciones físicas! ¡Esta iniciativa apunta a constituir también esa zona necesaria que debe haber entre el Ejército nacional y el EZLN necesariamente, porque no pueden seguir ahorita espalda con espalda, en una situación de penetración donde las distancias que tienen realmente es mínima!

Ha sido hasta ahora, afortunadamente, una situación de madurez, de algo que no sabría como llamarle, que ha impedido que se den las confrontaciones más incruentas. Pero no podemos seguir jugando con esta situación. ¡Si le estamos apostando al diálogo, y el Gobierno tiene que sentirse emplazado en ese sentido, el presidente Zedillo, porque es el comandante supremo del Ejército y de las fuerzas, si le apostamos al diálogo tiene que haber muestras a partir de esta ley!

¡Qué razón puede tener ahora ya el Ejército, si con esta ley, de entrada, se suspenden por 30 días los procedimientos y las órdenes de aprehensión!

¡Se había hablado de la participación del Ejército como coadyuvancia del Ministerio Público, pero al entrar en suspenso, ¿qué razón legal puede tener que continúe esa situación?! ¡Ninguna! ¡Ninguna, más que el interés de los sectores "duros" que quisieran desgraciar este país, que quieren la guerra! ¡Ninguna justificación legal! ¡Ninguna justificación política! Estamos obligados, sí, a dar todos los elementos.

Yo creo que a partir de esta iniciativa, también tenemos que entender el peso que representa el Congreso. Esta iniciativa al ser votada unánimemente con dos abstenciones en el Senado y como se vote aquí, está diciendo que este Congreso quiere la paz, que este Congreso quiere los cambios por la vía política, que este Congreso no quiere guerra.

¡Eso es como se puede traducir, realmente, el apoyo que da este Congreso a la iniciativa hoy en discusión!

Y en esto no hay que vacilar. Si alguien vacila, pensando que con esto se está legitimando una acción punitiva del Gobierno, que no se engañe. El Ejecutivo el día 9 no necesitó al Congreso para desatar estas cosas; las justificó bajo persecución policiaca y si fuera ésa la intención, así se diría igual.

¡El Congreso, que nadie se engañe, no está dando un aval para ninguna guerra ni ninguna guerra legalizada; el Congreso está planteando con esto su disposición completa al diálogo! ¡Ciertamente, como lo señalaba Marcos Cruz, a veces en el consenso no es posible obtener todo! Mi partido tiene una posición, la va a seguir defendiendo, pero entendemos también que la discusión se va a tener que ceder, y se cede mutuamente para poder lograr consensos y para poder lograr apoyos.

Pero eso sí, y lo queremos decir para que quede muy claro, le estamos apostando con esto ni más ni menos que aquí empiecen los diálogos de paz, a que se reinstale la negociación. Y en ese sentido no tenemos ninguna duda. Y como Congreso, todos, nos sumamos a una idea: ¡el Congreso en este país, a contrapelo de fuerzas oscuras, está por la paz y lo demuestra con esta iniciativa! ¡Está por la reforma del Estado y éste es tan sólo el primer punto que puede abrir esa nueva época que se había visto cancelada el 9 de febrero!

¡Esta es la situación! ¡En esta magnitud la aquilatamos y por eso decimos qué bueno que hubo esta iniciativa!, ¡qué bueno que en la Comisión Legislativa trabajamos!, ¡qué bueno que contamos con el apoyo de los coordinadores!, ¡qué bueno que hay muchos mexicanos que sabemos que nuestro país vive un momento muy difícil que requiere fundar instituciones, establecer estabilidad, pero que no hablamos de orden como el porfiriato, sino que estamos hablando de paz, de diálogo de conciliación y de salir hacia adelante! Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra el diputado Rodolfo Elizondo Torres, del Partido Acción Nacional.

El diputado Rodolfo Elizondo Torres:

Señor Presidente; señores diputados:

Desde el surgimiento del conflicto chiapaneco sin duda nuestras conciencias se han sacudido para reflexionar sobre el sistema político mexicano. Chiapas nos ha obligado a replantear nuestro pasado y nuestro futuro.

Después del conflicto, desde mi punto de vista los mexicanos ya no somos los mismos. En este contexto me gustaría recordar las palabras sabias del fundador de mi partido, Manuel Gómez Morín, cuando expresó el 20 de febrero de 1940 que: "La causa primera de los males del país es la confusión mental y moral". No consiste en que México quiera el mal, ni estriba en que falte la decisión necesaria para procurar el bien, sino que esta confusión hace difícil saber dónde está el mal y quienes lo gestionan. Por ello, ninguna tarea es más urgente ni más útil que esta de precisar, sin odio para nadie, pero en lucha incesante contra el mal, la situación en que se encuentra la nación por una parte y el grupo de poder por la otra.

De Chiapas sale la voz del México profundo para recordarle al México moderno, al de la apertura y al de la globalización, las viejas deudas que hoy la realidad nos cobran en forma descarnada. Nada es gratuito y lo que ha surgido en Chiapas es consecuencia de malas políticas, de malos Gobiernos y malas costumbres. Se creyó que con repartir la tierra se satisfacía un viejo reclamo de justicia, pero la tierra es fértil cuando se habita, en este caso con la dignidad de las etnias, respetando su cultura, formas de organización política y social y su autonomía dentro del marco de la ley y de nuestra organización fundamental.

Con el ánimo de concentrar el poder para conformar las grandes instituciones nacionales, se limitó la vida municipal y de los estados. Hoy la voz de la provincia demanda servicios elementales y exige los recursos que la Federación aglutina.

México no puede seguir como hasta ahora, la agenda nacional es impostergable. Ya no es posible continuar con reformas parciales, con simulaciones que no profundizan en las bases estructurales del sistema político mexicano. La reforma política y el diálogo nacional es la única alternativa para evitar el derramamiento de sangre en nuestro país, es la vía que trastoca de fondo todos los aspectos obsoletos de nuestro sistema, para realmente lograr cambios profundos.

Muchas lecciones nos ha dado Chiapas, la guerra hirió a todos, creó conciencia de nuestra realidad y por ello es un privilegio formar parte de la comisión legislativa que ha asumido con plenitud su compromiso para tender puentes de diálogo y de concordia. Y yo quisiera sumarme al reconocimiento que ha hecho mi compañero Marcos Cruz, para hacer un reconocimiento a los miembros de la comisión legislativa, que dejando a un lado intereses personales y de partido, se sumaron al esfuerzo nacional de lograr la paz en este país. Muchas gracias.

Confío en que esta iniciativa de ley realmente fructifique para fortalecer el estado de derecho, que el Gobierno cumpla con la normatividad jurídica y que se establezca formalmente el compromiso para llevarla hasta sus últimas consecuencias. En la presente iniciativa se han incorporado la mayoría de las peticiones de las partes en conflicto y de la parte mediadora, así como los planteamientos del pueblo chiapaneco, que de esta forma se logró el consenso de las principales fuerzas políticas nacionales.

Es por ello, esperamos que esta solución que hoy se discute en este recinto, cumpla con las expectativas de paz que todos los mexicanos deseamos para nuestro país. Prolongadas negociaciones, recorridos específicos, análisis de la problemática y la consulta con los directamente afectados, han enriquecido sustancialmente el proyecto. La iniciativa que hoy se discute es el producto de una auténtica concertación y de una práctica conjunta del Ejecutivo y el Legislativo, inédita y sin precedentes en la vida política nacional.

Cabe señalar que esta iniciativa, si bien no se inserta dentro del rigor de la técnica jurídica pura, cumple con su función de instrumento en el tránsito para lograr la paz social, la justicia y la libertad.

El Congreso de la Unión tiene que emitir las grandes directrices que conduzcan al Gobierno y al Estado en su conjunto. Hoy, compañeros legisladores, la Cámara de Diputados ha cumplido; si todos, conscientes de nuestro papel de legisladores, emitimos nuestro voto razonado a favor de esta ley, estaremos dando vigor a la división de poderes y cumpliendo con el mandato de la Constitución.

Yo quisiera para concluir, amigos diputados, sé que hay muchas cosas que se han dejado en el camino, sé que a muchos de ustedes tal vez todavía estas reformas a la propia iniciativa no les satisfaga; yo quisiera decir que también en muchos momentos de los trabajos de la comisión legislativa tuvimos que dejar propuestas personales, porque considerábamos que debían de ser tomadas en cuenta.

Yo quisiera referirme a mis compañeros, a mis amigos del PRD y pedirles por México que de una vez por todas dejemos los intereses de partido, dejemos los intereses personales y saquemos esta iniciativa de ley con todo vigor para lograr la paz en nuestro país. Gracias.

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra el diputado Marco Antonio Michel Díaz, del PRI.

El diputado Marco Antonio Michel Díaz:

Compañeras diputadas; compañeros diputados:

Si bien me corresponde fijar la posición del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional respecto a la presente iniciativa de Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, debe quedar claro que ésta representa el esfuerzo consensado de las distintas fuerzas políticas que a la luz del conflicto que inició el 1o. de enero de 1994, tuvieron a bien reconocer por encima de sus intereses partidistas y particulares, que la paz en Chiapas es una aspiración compartida por todos los mexicanos.

En el arribo a dicho consenso, fue necesario trabajar arduamente, no sólo a nivel de los miembros que integran la comisión legislativa que conjuntamente con el Ejecutivo Federal auspiciaron la presente iniciativa de ley, sino al interior de todas y cada una de las fracciones parlamentarias que conforman esta Cámara de Diputados.

La tarea no ha sido fácil. Desde un principio supimos que la forma de visualizar este conflicto y sus posibles soluciones podrían habernos llevado a profundizar nuestras diferencias. Sin embargo, hoy debemos reconocer y lo hago particularmente por los miembros de mi partido, que ante los difíciles momentos que se ciernen sobre la vida nacional, nuestras coincidencias han imperado por encima de las diferencias o dudas que hayan tenido lugar.

La unidad y el deseo por una paz digna y duradera, se privilegian como nunca antes con intereses supremos de la nación. En este propósito, los priístas estamos hoy más unidos que nunca en torno al Presidente de la República.

La presente iniciativa refleja el cumplimiento de la tarea encomendada por el Congreso de la Unión a la comisión legislativa para el diálogo y la conciliación en el Estado de Chiapas, la cual a través de la madurez de sus integrantes ha reiterado en repetidas ocasiones la firme voluntad por avanzar en el restablecimiento del estado de derecho como requisito necesario para ofrecer soluciones de fondo a las graves injusticias que privan en esa zona entrañable de nuestro México.

En este sentido, el interés principal de los representantes de los distintos partidos políticos que dieron origen a la presente iniciativa, es la reanudación del diálogo y la búsqueda de una solución negociada al grave conflicto de Chiapas, materializando la voluntad indeclinable de que la política y la sociedad mexicana sean realidades incluyentes de nuestra convivencia cotidiana.

Se busca una paz que trascienda la solución de este conflicto, para avanzar en el establecimiento de las condiciones que permitan la efectiva igualdad de oportunidades no sólo entre los chiapanecos, sino entre todos los mexicanos; se trata de abandonar el camino de la discordia y el enfrentamiento social como método para construir una nación en la que las oportunidades de participación y una mayor equidad en la distribución de los bienes sociales, sean un compromiso, una regla y un hecho permanentemente tangible.

La presente iniciativa pretende avanzar más allá de una amnistía que signifique un simple olvido judicial. Esta será el producto de las negociaciones y el acuerdo de concordia y pacificación a que se arribe; para ello, la iniciativa prevé de manera destacada el otorgamiento de garantías y facilidades a los dirigentes del EZLN para que puedan involucrarse de lleno en la búsqueda de soluciones para las demandas por las que se inconformaron, así como la construcción de una paz digna y duradera.

Asimismo, la iniciativa prevé el establecimiento de las condiciones necesarias para que los indígenas y campesinos de la zona, independientemente de si participaron o no en el EZLN, puedan reintegrarse a sus lugares de origen. Es evidente que estos compatriotas representan el grupo social más desprotegido en el conflicto, mismo que por causas diversas, se ha visto inducido a emigrar en condiciones altamente desfavorables, razón por la cual es deber del Gobierno Federal, en coordinación con el gobierno del Estado, proporcionar los medios para que puedan retornar a sus actividades sociales y productivas, en condiciones de seguridad de paz.

Por otra parte, no debe soslayarse que los problemas que dieron origen al conflicto aún permanecen, y la justicia y la democracia en México obligan a solucionarlos en forma expedita y con pleno apego a la ley. Por ello, la presente iniciativa prevé, de manera integral, la adopción de compromisos que confluyan en un acuerdo de concordia y pacificación, en el que se sienten las bases que permitan, dentro del estado de derecho y las vías institucionales, asegurar la paz, atender las causas que originaron la inconformidad, propiciar la incorporación del grupo a los cauces pacíficos y legales, conciliar las demandas e intereses legítimos de los diversos sectores de la sociedad chiapaneca, promover el bienestar social y el desarrollo económico, que permitan desterrar para siempre las causas de la inconformidad expresada.

Los diputados del Partido Revolucionario Institucional, estamos convencidos de que es aquí y ahora, el momento propicio para alcanzar acuerdos válidos y definitivos, adoptar acciones concretas de bienestar y construir nuevas formas de relación política más justas y democráticas para la población de la zona en conflicto, para todo el Estado de Chiapas y en general para nuestro país.

A aquellos que optaron por la vía violenta a partir del 1o. de enero de 1994, como medio para expresar sus demandas sociales y políticas, particularmente las relacionadas con las comunidades campesinas y pueblos indígenas, ahora, a la luz de la presente iniciativa de ley, les decimos que es posible alcanzar alternativas de solución dentro del estado de derecho, que coincidimos en que sus demandas y rezagos históricos merecen ser atendidos, a pesar de que nunca estaremos de acuerdo en que la violencia conduce a la justicia.

Desde la más alta tribuna de la nación, los convocamos a sumarse a este esfuerzo de los legisladores, todos, que representamos a la República, para que retornen de inmediato a la senda de la negociación política y de la concordia, que aseguren la paz y hagan posible la solución a los problemas en la raíz del conflicto.

Los diputados de la fracción mayoritaria en esta cámara, saludamos con optimismo la presente iniciativa, refrendando nuestro apoyo al trabajo realizado por todos y cada uno de los miembros legisladores de los partidos políticos presentes, a través de las comisiones legislativas que contribuyeron en la elaboración y en el dictamen de esta iniciativa.

El trabajo consensado de las distintas fuerzas políticas y la firme voluntad por la paz del titular del Poder Ejecutivo, expresado en la iniciativa de ley que hoy se debate, demanda la aprobación de todos nosotros, bajo el criterio de que con ello seguiremos impulsando la construcción de un México más justo, más democrático y más próspero. Muchas gracias.

El Presidente:

Esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general, los siguientes oradores: en contra, los diputados: Luis Sánchez Aguilar, Rosario Ybarra de la Garza, Manuel Marcué y Pardiñas, Carlota Botey y Estape; a favor, los diputados: Francisco José Peniche y Bolio, Germán Jiménez Gómez, José Castelazo y de los Angeles, Eugenio Ortiz Walls, Antonio Hernández Cruz y Marco Rascón Córdova, y para razonar su voto los diputados: Adriana Luna Parra, Edgard Sánchez Ramírez y Luis Garfias Magaña.

En consecuencia, tiene la palabra para hablar en contra hasta por 15 minutos, el diputado Luis Sánchez Aguilar.

El diputado Luis Sánchez Aguilar:

Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados:

Haremos una breve consideración sobre la forma y luego sobre el fondo de este debate. No puedo dejar pasar la oportunidad para señalar respecto de la forma que hoy aquí se consolida un nuevo mecanismo legislativo, novedoso. Parece que el futuro nos alcanza. La antigua legislación al vapor ha quedado superada. Hoy, en anticipo de procedimientos futuristas, la legislación es rápida, al microondas. El fast track del Capitolio nada tiene que hacer aquí.

Hoy, sin tener conocimiento previo la víspera, sin haber dispuesto de textos con oportunidad para su análisis y reflexión, quizá en no más de cinco horas hábiles, habremos de votar sobre una cuestión vital para la seguridad de la nación. Esto no lo habrían logrado ni magos como Houdini o Copperfield en tan poco tiempo. Quizá la historia diga de esta LVI Legislatura que hoy aquí, cual supermanes, fuimos capaces de cualquier hazaña.

Respecto del fondo haremos, desde el punto de vista de esta fracción Social Demócrata, consideraciones en lo general y luego en lo particular.

Salta a la vista que el régimen zedillista se negó a reconocer el carácter de fuerza beligerante al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es curioso como antes, un Gobierno priísta, hace aproximadamente tres lustros, produjo junto con el gobierno francés, aquella célebre declaración franco-mexicana para reconocer el carácter beligerante al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que fue paso previo para los acuerdos de La Paz. Hoy ese estatuto se le niega al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y no es cuestión de analogías o de retórica. Es un asunto clave, puesto que ese reconocimiento sería el paso necesario para garantizar y reconocer derechos a prisioneros de guerra o a víctimas de conflictos armados no internacionales, según lo estatuyen los Convenios de Ginebra, de los años 1949 y 1977.

Salta también a la vista una deliberada omisión sistemática, diríamos nosotros, en el texto del articulado que ha sido aquí leído de la ley, al Ejército. No obstante, que se pretende la solución a un conflicto armado, ni una sola vez, en ni una sola ocasión la ley menciona al Ejército nacional o al Ejército Mexicano.

Desde luego habrá quien diga que es parte del Gobierno. Sin embargo, es usual que en todo convenio, en todo acuerdo y éste es un proyecto de acuerdo se defina a las partes. Así se definió al EZLN. Nos preocupa, porque luego el Ejército quizá un día podría decir no estar obligado a nada, porque ahí expresamente no aparece mención alguna.

Y no nos engañemos sobre esta posibilidad. El 8 de febrero del presente año el encargado del Poder Ejecutivo, el señor Zedillo Ponce de León, anunció que había instruido al instituto armado para ser sólo coadyuvante para el cumplimiento de unas órdenes de aprehensión, ¡oh sorpresa!, tiempo después, el instituto armado rindió un parte triunfal con la novedad de que había recuperado la soberanía en Chiapas. Ese no había sido el objetivo para el cual el señor Zedillo Ponce de León había instruido a las fuerzas armadas.

En el ámbito particular, no es aceptable que la ley en su artículo 2o. dé por sentado, dé por hecho, dé por supuesta la existencia de un estado de derecho. Porque es el caso de que en Chiapas está roto dicho estado, ahí no impera el orden constitucional y tampoco está vigente el estado de derecho. Por tanto, ese artículo, con objetividad debió decir que las partes se comprometen a construir el estado de derecho, a hacerlo vigente.

En el artículo 4o., se establece un ultimatum de 30 días. Si agotado el plazo no se avienen los zapatistas habría el Gobierno de ejercer su facultad represiva, para aquellos "sustraídos, dice, de la acción de la justicia". Y no entendemos semejante contradicción cuando en el artículo 1o. se habla de "inconformes", no de transgresores de la ley.

Lo que un Gobierno democrático debió hacer como condición previa, sine qua non fue haberse desistido de dichas órdenes de aprehensión, por conducto del Ministerio Público Federal, facultad que por cierto tiene, y para lo cual no había necesidad alguna de convocar a este periodo de sesiones extraordinarias.

En el artículo 6o. generosamente el Gobierno dice que va a garantizar el libre tránsito. Contradice, el artículo 2o., que habla de un estado de derecho. ¡Ah!, ¿entonces no está garantizado ese precepto? Desde luego que no. Los que hemos estado en Chiapas recientemente hemos sufrido, con fuero o sin él, el impedimento para transitar libremente por parte de elementos de las fuerzas de seguridad.

Ese artículo debió establecer, para demostrar el interés genuino del Gobierno por una paz digna y por una solución al conflicto chiapaneco, el repliegue de las tropas a sus posiciones anteriores al 9 de febrero, cuando se fraguó una celada para emboscar al subcomandante Marcos y a su estado mayor, so pretexto de una reunión "cuasiamistosa" para negociar.

Se habla en el artículo 5o., de espacios para negociación, lo cual refleja la negativa del Gobierno, quizá el subconsciente aquí los traiciona, de no aceptar la existencia de zonas francas, término internacionalmente aceptado, para señalar aquellos ámbitos en donde no pueden intervenir las fuerzas de la seguridad pública.

En el artículo 7o. se habla con una aparente generosidad de aquellas facilidades que el Gobierno va a otorgar, imagínense ustedes, a los indígenas y campesinos para que puedan vivir en sus comunidades. Como si no fueran ésos sus propios asentamientos humanos.

Sólo que aquí ya está fraguada una trampa previa. Hoy, en estos momentos, en esas zonas que fueron recuperadas por el instituto armado, que se denominan ya inscritas en la soberanía nacional, ya están siendo instaladas las famosas "aldeas modelo" que en otra época inventó el general Westmorland en Vietnam. Esto es, comunidades dirigidas por el régimen en donde se instrumenta un supuesto equipo de protección y de autoprotección ciudadana, dedicado al espionaje, al fichaje y desde luego, a la represión de los campesinos, si de ingenuos regresan o se les ocurre volver a su propio asentamiento.

Este mecanismo también fue usado en Guatemala por los kaibiles. Es conocido como el coronel Byrón Mejía, autor de la adaptación criolla o aborigen de este mecanismo, ha estado operando durante los últimos cinco años en el vecino del sur.

Estos son ya los mecanismos previsibles de la contrainsurgencia. El Gobierno ya preparó ese esquema y ya están en México los asesores militares con que empieza siempre este siniestro periodo o esta fase lamentable de la guerra sucia.

Así empezaron en Uruguay con los asesores que encabezó Dan Mitrione.

La jornada de enero de 1994 ya hablaba de una visita aparentemente secreta de Vladimiro Montesinos, agente de la CIA y director de la DINCOTE, la Dirección Nacional Contra el Terrorismo del Perú. Ya el periódico El Clarín, de Buenos Aires, en noviembre del año pasado, alertaba también sobre asesores de aquel país. Y recientemente el 25 de enero de este año, el periódico Punto Final, de Chile, dice "que en México fue acreditado el teniente coronel Oscar Carter Cuadra, yerno del ex jefe de la temida Dirección de Inteligencia Nacional, general Manuel Contreras, como agregado militar en la sede diplomática en México".

Y dice también que el señor Carter presta, asesoría al Ejército Mexicano o villas para aniquilar a la guerrilla de Chiapas.

Y concluye: "... si los argentinos pueden ofrecer aviones para la lucha contrainsurgente, tanques y blindados para sellar áreas de entrada y salida al Ejército Zapatista, los militares chilenos ofrecen asesoría en inteligencia, entrenamiento de infantería, municiones, explosivos y apoyo computacional".

"Los contactos entre los ejércitos mexicano y Chileno -añade Punto Final-, se iniciaron cuando el general mexicano Fausto Manuel Zamora asistió al Simposio de Directores de Academias de Guerra, que se efectuó en aquella capital en octubre pasado, en compañía de los generales Dávalos Tejadilla y coronel López, agregados militares de México en la República de Chile."

El artículo 13, establece en su parte final: las disposiciones de esta ley "no impiden el ejercicio de las facultades otorgadas a las autoridades competentes y fuerzas de seguridad para que cumplan con su responsabilidad." Esto, compañeros diputados, es la carta blanca que requiere el Gobierno para tomar acción y decisión unilaterales, por encima de los términos pactados por la propia ley.

Es la clásica maniobra en régimenes fascistoides. Redactar un artículo que otorgar todo y mediante otra norma conculcarlo todo. Se dice hoy por hoy, en el parlamento italiano, heredero del foro romano y elevado esto a verdad axiomática: hecha la ley, hecha la trampa... Hecha la ley, hecha la tranza.

Compañeros diputados, esta fracción Social Democrática considera en lo general y en lo particular que este proyecto de ley debe ser rechazado. Desde luego confiamos en que el subcomandante Marcos por sus luces no caerá en la trampa que se le tiende mediante la ley Zedillo; y esperamos que los compañeros legisladores no se hagan corresponsables de un cheque en blanco, a un Gobierno que como en la novela de Orwell en 1984 dice: "preparar la paz, cuando se empeña en empujarnos a la guerra".

Digamos no a la ley Zedillo y conjuremos los vientos de guerra que hoy se ciernen sobre la patria, con una negativa rotunda para evitar la conflagración que viene. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra, para hablar a favor del dictamen, el diputado Francisco José Peniche y Bolio, del Partido Acción Nacional.

El diputado Francisco José Peniche y Bolio:

Séame permitido por usted, señor Presidente y por ustedes legisladores, apartarme de mi tradicional costumbre de no tener que leer para venir a esta tribuna, pero quiero hacer la cita de lo que escribió recientemente Carlos Castillo Peraza, en La Nación, correspondiente al día 17 de febrero de este año y para no incurrir en alguna errata que la memoria pudiera ocasionarme, leeré ese párrafo en su artículo Tareas de Reconstrucción: cuando en enero de 1994, un grupo armado declaró en Chiapas la guerra al Estado y al Ejército Nacional, las autoridades quedaron ante una disyuntiva, o aceptaban y tomaban en serio la declaración de guerra que fue de inmediato seguida por la toma de cuarteles y municipios, o declaraban delincuentes a los alzados y los perseguían judicialmente.

Acomplejadas e inhibidas por su responsabilidad en la generación de las causas de la violencia, acorraladas por un montaje noticioso internacional impresionante, acosadas por grupos sociales y atemorizadas por encontrarse el país en campaña electoral federal, las autoridades no pudieron, no quisieron, no supieron optar por ninguno de los dos caminos.

"En la ambigüedad y en la indefinición, el Estado mexicano resultó incapaz de operar y por el contrario, los armados y clandestinos gozaron de todas las ventajas derivadas de aquellas."

Hoy, estamos revisando la minuta de un proyecto de ley que pretende satisfacer la ansiedad de paz y de concordia que se alteró en México desde el 1o. de enero del año pasado. Esa es la teología de la denominada Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz en Chiapas, que yo denomino, en mi particular y personal punto de vista como la ley de la tregua legislativa, porque es una tregua legislativa la que se le está presentando a la nación a través de este ordenamiento legal en el que tiene un papel importantísimo, un prelado que pudo conseguir reunir en el santuario de la fe, de la Catedral de San Cristóbal de las Casas, a las partes contendientes convirtiendo en parlamento aquel templo católico. ¡Cuán distante de lo que en 1914 ocurriera en Mérida y en tantas partes de la República, cuando las catedrales eran convertidas no ya en cuarteles, sino en viles corrales como sucedió en mi tierra en esa época!

Quiérase que no e independientemente de las doctrinas, de los pensamientos, de las teorías, de los dogmas que profese el obispo Samuel Ruiz, tenemos que reconocer que dicho prelado pudo reunir en la Catedral de San Cristóbal de las Casas, a las partes contendientes convirtiendo en parlamento lo que era el santuario de la fe.

Samuel Ruiz, como tantos otros que existen en el mundo y en todas las épocas, ha seguido las huellas de Fray Bartolomé de las Casas, en Chiapas, las huellas de Vasco de Quiroga, en Michoacán, las huellas de Fray Diego de Landa y Cogoyudo, en Yucatán, de Motolinía y Benavente, del Padre Quino y de cientos y cientos de misioneros franciscanos que hollaron con sus plantas el vientre virginal de América para llevar, desde la Patagonia hasta Alaska la misión de paz y de amor que es el mensaje que dejó Jesucristo al venir a la tierra.

Esa es la hispanidad que yo profeso, no es la hispanidad de un Presidente de la República, que tuvo la osadía de ir a Caparroso en pos de una gota de sangre española para justificar su linaje y su estirpe española. ¡Esa no es hispanidad!

En 1936 y hoy en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales un diputado priísta me hizo recordar la aventura de la Guerra Civil Española. Aquél diputado mencionó que al ejército franquista no se le denominaba como tal y me hizo recordar el enfrentamiento que hubo entre Millán Dorsé, que capitaneaba las tropas franquistas y penetró con sus soldados al campus de la Real y Pontificia Universidad de Salamanca y se enfrentó con don Miguel de Unamuno y le dijo éste: "general, nos habéis vencido, pero jamás nos habéis convencido". Esta expresión del vencimiento por la mayoría y no del convencimiento, es la que generalmente hemos empleado en esta cámara en más de una ocasión contra el mayoriteo del partido oficial.

Escenas de 1936, que vienen a mi memoria y a mi recuerdo, la de don Miguel de Unamuno no ha pasado, sigue perpetuándose; la del general Moscardó del otro bando de batalla de España, cuando advirtió a su hijo que rezara un padre nuestro, que gritara ¡Viva España!, y que muriera como un patriota, si bien conmovió en aquel tiempo hasta el tuétano de los huesos a todo el mundo de habla española, ha imperado por encima de esa aventura, de esa epopeya la expresión de don Miguel de Unamuno: "convencer y no vencer". Esa es la intención de esta ley; ése es el mensaje que trae esta ley y por eso estamos nosotros a favor de la misma, porque se pretende el convencimiento y no solamente el vencimiento.

Queremos que Chiapas vuelva a ser a los ojos de la República entera, la región más rica y hermosa de la República, la que con su geografía prodigiosa tiene a su selva lacandona no como refugio de facinerosos, sino como fuente de trabajo y de riqueza en su industria silvícola, en sus cascadas de Montebello, en sus ruinas de Bonampak y de Palenque, en las rimas de sus versos de Sabines y de Rosario Castellanos, en la trova de sus hermanos Domínguez, pero por encima de todo señoras y señores diputados, queremos recordar siempre a Chiapas en la figura inolvidable de su senador don Belisario Domínguez, que no tuvo que ponerse un calcetín en la cabeza para decirle a Victoriano Huerta, los asesinatos cometidos en las personas de Madero y Pino Suárez.

Esa es la Chiapas que estamos esperando y a la que conduce esta iniciativa, la Chiapas de la concordia y de la paz; la Chiapas que ha de quitarle al subcomandante Marcos, la capucha para dejar paso al ciudadano Guillén y sea éste ya como ciudadano, quien pueda militar en el partido que mejor le parezca y ejercitar sus derechos civiles. A eso conduce por tanto esta iniciativa y por eso mi partido por mi voz habrá de votar a su favor. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra para hablar en contra del dictamen, la diputada Rosario Ybarra de la Garza, del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada María del Rosario Ybarra de la Garza:

Con su permiso, señor Presidente; señores diputados:

La crisis económica, política, social, cultural y moral en la que se encuentra nuestro país, corre el riesgo de agudizarse de una manera que puede resultar irreversible. El proyecto de ley que nos presentan el Ejecutivo y una comisión del Congreso, para solucionar el problema que atraviesan nuestros hermanos chiapanecos, puede ser el factor que nos arrastre a esa situación.

En una lógica gradualista, algunos compañeros se pueden sentir satisfechos, porque en el nuevo proyecto se menciona al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por su nombre; porque ahora en la introducción se habla de la Conai, aunque en el articulado solamente se señala la necesidad de una comisión de intermediación, sin nombre y sin componentes y sin embargo, siguen existiendo una serie de problemas fundamentales que si no son solucionados, será imposible, desde mi punto de vista, lograr la paz en ese estado.

Todo parte, aparentemente, de un prurito definitorio; el régimen político mexicano y aquí me refiero a algo más amplio que el Gobierno, no quiere o no puede aceptar que existe otro ejército, que aquí se ha expresado ya.

La forma en que se logró que se mencionara al EZLN, fue de antología. Primero, utilizando simplemente las siglas, sin decir que significan "Ejército Zapatista de Liberación Nacional" y en segundo, formulando una definición civilina que busca ocultar lo fundamental. El EZLN no es simplemente una organización de ciudadanos mexicanos, mayoritariamente indígenas que se inconformaron contra el Gobierno. Lo anterior, si bien es verdad, sí es verdad, pero si ahí lo dejamos, resulta una de dos; o que todos los inconformes estamos en el EZLN, cosa que no es cierta, o que solamente los miembros del EZLN están inconformes con la situación del país, cosa que tampoco es cierta.

Lo específico del problema es que el EZLN se levantó el armas el 1o. de enero de 1994, y que desde entonces no tan sólo no las ha dejado, sino que ha logrado una presencia nacional significativa. Este es el punto clave y es precisamente al que no responde la iniciativa de ley.

El Ejecutivo y el Congreso pueden cometer un error histórico al no entender con qué clase de gente quieren establecer un marco de acuerdos para llegar a la paz; no saben, no entienden o no quieren entender de qué madera está hecho el neozapatismo; no van a discutir con la izquierda pronasolera que tanto daño le hizo a nuestro México. Van a discutir, si acaso se hace, con una organización cuyos miembros están dispuestos a morir por lo que creen: democracia, justicia, dignidad y paz.

¿Qué problema habría si a la definición civilina le damos claridad, diciendo lo que realmente es el EZLN, una organización que se levantó en armas el 1o de enero de 1994? Insisto, éste sería el primer paso si realmente se quisiera buscar una solución de fondo a la crisis actual.

En tanto al segundo paso y para eso existen un sinnúmero de ejemplos históricos, es buscar las formas jurídicas y políticas que logren separar a los contendientes armados como única garantía para la paz. Esta es la exigencia que en las calles, en todas las ciudades de México se ha escuchado.

El Ejército de la federación debe de regresar, mínimamente, a donde estaba antes del 8 de febrero. No se puede estar de acuerdo con una propuesta de ley que no establece, como queda dicho, el regreso del Ejército a los lugares que ocupaba, argumentando para no establecer esto, que este tema es materia solamente de la Secretaría de Gobernación y el EZLN, cuando en realidad no se propone porque al parecer no se quiere enfrentar la decisión del doctor Zedillo de mantener al Ejército en la zona, lo que constituye una trampa más y así lo ha dicho el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

El Congreso no sólo tiene la capacidad, sino la obligación de exigir el retiro de las tropas del Gobierno, en cumplimiento a la Constitución. No, hacerlo, significa una grave responsabilidad en caso de darse una confrontación entre ambos ejércitos.

Si no se quiere hablar de zonas francas, pues que no se haga, pero que se garantice la separación de las dos partes que tienen armas. Para esto se puede recurrir a la Cruz Roja Internacional o a una comisión de la sociedad civil consensada por ambas partes o la propuesta que sea, pero que garantice que existe esa separación.

La ley no contempla esto. Al reducir los espacios donde no habrá armas, a la zona de negociaciones. ¿Esto qué quiere decir? Alguien puede imaginar a los zapatistas sentados en, digamos, Aguascalientes, construcción hecha con la sabiduría de los indígenas chiapanecos, recientemente destruida por órdenes del jefe máximo de las fuerzas armadas. ¿Se puede imaginar, repito, a los zapatistas discutiendo con los enviados del Gobierno, con la presencia de un grupo de diputados y senadores y con una instancia de mediación indefinida; mientras en toda la selva lacandona, el Ejército de la federación sigue avanzando, sigue haciendo "labor social", mientras las comunidades se siguen muriendo de hambre y sus hombres y mujeres están cercados por los cañones de la guerra? ¿Esa es la paz con dignidad que se busca?

¡No tengo la menor duda, no existe posibilidad alguna para establecer una tregua permanente, un diálogo que conduzca a una negociación y la firma de un acuerdo de paz, si el Gobierno mantiene al Ejército en todos los caminos, las poblaciones y las rancherías de la selva lacandona, como lo acabo de constatar y como parece ser la intención del Gobierno, del doctor Zedillo!

!El otro problema, el otro problema que no contempla la iniciativa, es la liberación de los presos políticos! ¡No es posible que en el conjunto de la ley no se diga nada sobre estos compañeros! Si se propone una suspensión temporal de las órdenes de aprehensión, si incluso se habla de que finalmente se buscará una amnistía definitiva, ¿por qué no hace ninguna propuesta sobre los que fueron detenidos, acusados de ser elementos del EZLN?

Para mi, otra indicación suplementaria de que realmente se quiere hacer algo de fondo, sería su libertad.

Y no hay que olvidar que si estamos en esta situación se debe únicamente a la irresponsabilidad del Gobierno del PRI y del PAN. El cual, violando todas las normas de lo que significa estar en una negociación con una organización armada, se decidió por un ataque a traición.

¡El resultado ha sido patético! ¡ No tan sólo no lograron su objetivo, matar al subcomandante Marcos, sino que hicieron algo que parecía imposible: transformar al Ejército en un instrumento en manos de lo peor de la sociedad, como son los finqueros y "auténticos coletos", verdadero germen del fascismo mexicano!

Y una última reflexión. ¿Si el doctor Ernesto Zedillo, violando la Constitución, señaló que el Ejército Mexicano actuaría como coadyuvante de la PGR, para lograr hacer efectivas las órdenes de aprehensión, por qué tendría que permanecer ahí si esas órdenes son suspendidas?

¡Por el bien de Chiapas, por el bien del país, por el bien de la sociedad mexicana votemos por una ley, que no es ésta; por una ley que garantice de verdad para lograr una paz con justicia y dignidad! ¡El objetivo de esa ley que no está hecha, debe ser evitar que haya más muertos y no salvar el honor de tal o cual partido, de tal o cual institución, de tal o cual persona!

¡Se engañan quienes piensan que esta ley, como por arte de magia, ayudará a resolver la terrible situación que vive el pueblo de Chiapas! ¡Los zapatistas dicen muy claramente: la ley de amnistía o como quiera llamársele y las comisiones de concordia y pacificación y otras que broten por ahí, deberían de ser conclusión de un proceso de diálogo! ¡Se engañan los que piensan que a los zapatistas no les queda más que aceptar esta ley!

¡Ya lo dije antes, quiero repetirlo: a los zapatistas les queda el recurso de morir con dignidad! ¡Cosa que no deseamos, cosa que no queremos la mayoría del pueblo de México! ¡También les queda el recurso de salir a pelear, de salir a pelear, de no quedarse en la selva encerrados a que los maten! ¡También morirán de hambre, morirán de enfermedades curables, morirán de inanición, morirán de todo lo imaginable en aquellos rincones de la selva, que parece que muchos de los compañeros y de los amigos diputados no parecen conocer!

Quisiera estar equivocada, se los digo con el corazón en la mano, quisiera estar equivocada, quisiera darles la razón a los que votan por esta ley, quisiera amanecer un día viendo que el Gobierno no nos engaña. Pero tengo 20 años de engaños, he ido guardando, sin rencor, quiero decirlo, 20 años de engaños del Gobierno y este Gobierno no ha sido la excepción.

¡El doctor Zedillo ha engañado, el doctor Zedillo hablaba de paz y mandaba la traición, el doctor Zedillo quería hacer lo mismo que hicieron con Zapata, quería llegar a la selva como a Chinameca, quería llegar allá a matar a Marcos como mataron a Zapata!

Y que me perdone el diputado del PAN, lo que tienen en la cabeza los zapatistas no es un calcetín, es un trapo negro, es una máscara negra para que no los conozcan, porque si los conocen irán en su persecución, irán en persecución de sus familias y esto aquí ya lo hemos dicho.

Repito, quisiera estar equivocada. ¡Y me comprometo, me comprometo ante todos ustedes, señores diputados, a ofrecer disculpas al doctor Zedillo si estoy equivocada, lo haré debajo de la bandera, en el zócalo, si estoy equivocada! ¡Que me pruebe una sola vez el Gobierno que va a actuar con voluntad, que va a actuar derechamente, que va a actuar con justicia, que va a actuar con dignidad; me comprometo y lo repito aquí ante ustedes y ante el pueblo de México!

Y por último, ¡aunque no lo dijeran los zapatistas, es mi convicción única, interna, personal, el votar contra esta ley en los términos que está, porque la considero una trampa! ¡Y si los zapatistas la aceptan me uniré a lo que ellos hagan!

Yo quiero decirles a ustedes, por último, que la última palabra la dirán los sin rostro, la dirán los sin voz e indefectiblemente será escuchada y desde aquí, desde esta tribuna, rindo homenaje al EZLN! ¡Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional!

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra, hasta por 15 minutos, el diputado Germán Jiménez Gómez, para hablar a favor del dictamen.

El diputado Germán Jiménez Gómez:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Como diputado del sector campesino del Estado de Chiapas, expreso ante todos los compañeros legisladores mi reconocimiento al trabajo y al esfuerzo que la comisión plural hiciera para recabar las diferentes opiniones de los diferentes sectores que conforman la sociedad chiapaneca. Reconocemos los legisladores federales chiapanecos el esfuerzo que el Ejecutivo Federal realiza para dar oportunidad a que los actores que han transgredido la ley reencuentren el camino y se vuelva a la normalidad.

Hoy es un día importante en el devenir histórico de Chiapas y de México. Esta iniciativa de Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas que hoy está a discusión y sujeta a aprobación, es una muestra clara del interés nacional por encontrar la reconciliación y la paz digna en Chiapas. Esperamos que el diálogo que se ofrece al EZLN consiga los resultados que todos los mexicanos queremos.

En Chiapas han hablado los diferentes medios de comunicación, no los chiapanecos, sino los politólogos que buscan protagonismos con intereses personales Chiapas ha sido en estos 13 meses el foco de atención de pensadores que se han aprovechado de los problemas ancestrales de nuestros pueblos, como lo son la miseria, la marginación, la pobreza, la insalubridad etcétera, para dictarnos soluciones alejadas a la realidad y al no poder encontrar respuestas a sus demandas originales han desviado el objetivo común que es el reencuentro por la paz.

Los chiapanecos hemos sido víctimas de la guerra de papel y se ha desacreditado a la sociedad civil que con razón defiende su patrimonio y sus derechos. Se ha mal informado y desorientado a la opinión pública nacional y social, ya que en foros internacionales se ha pretendido desacreditar a nuestro país queriendo demostrar que en Chiapas estamos como en Chechenia o Logronia; los emisarios del desastre quieren que vinieran a resolver el problema de Chiapas otros organismos internacionales, cuando este problema lo debemos resolver los mexicanos.

Al parecer hay grupos y sectores que se organizan para desprestigiar a las fuerzas armadas de nuestro país, haciendo difamaciones sin sustento teniendo como objetivo presionar al Ejecutivo para que las fuerzas armadas se retiren de sus posiciones actuales. Se ha manifestado que existen genocidios, denunciando ante el mundo bombardeos a comunidades, violaciones a mujeres, violaciones a derechos humanos; los diputados chiapanecos recorrimos el área en conflicto, desde aquí hacemos nuestro reconocimiento al Ejército Mexicano porque ni encontramos bombardeos ni violaciones a mujeres, ni a derechos humanos, sino al contrario, encontrarnos a un Ejército Mexicano al lado de los desplazados...

El Presidente:

Permítame, señor diputado; permítanme un minuto señores diputados.

Si usted quiere hacer alguna pregunta o cualquier diputado, si me lo pide a mí que soy el Presidente, con todo gusto se lo pregunto al orador. Continúe con el uso de la palabra, por favor.

El diputado Germán Jiménez Gómez:

Los diputados chiapanecos recorrimos el área en conflicto y desde aquí hacemos nuestro reconocimiento al Ejército Mexicano, porque ni encontramos pueblos bombardeados, ni violaciones a mujeres, ni a derechos humanos, sino al contrario, encontrarnos al Ejército Mexicano al lado de los desplazados ubicándolos en sus lugares de origen y haciendo tareas de trabajo social.

Reconocemos también los esfuerzos del Ejecutivo Federal por encontrar pronto la paz digna que todos anhelamos, al permitir que se tomara en cuenta a la Conai y al EZLN, pero estas partes deben de entender que dialogar no es imponer condiciones; deben de alejarse de la intransigencia.

Señores legisladores, la voluntad política está expresa en el documento, no hay que darle tanta vuelta cuando el piso es tan parejo. Si nuestra vocación es como se ha dicho en repetidas ocasiones, todos los partidos políticos, de pacífistas, debemos de votar unánimemente en favor de esta iniciativa de ley.

Si queremos desterrar el analfabetismo, permitamos que los 700 maestros regresen a sus aulas a impartir cultura a los hijos de los campesinos e indígenas y que se abran las 350 escuelas que se han mantenido cerradas; permitamos que se apliquen las medicinas que el sector salud dio a las comunidades ejidales y que por causas por todos conocidas, no pueden trasladarse a donde deben de aplicarse, para combatir así la insalubridad de los campesinos.

Debemos de considerar que se reintegre a los legítimos poseedores de la tierra sus parcelas. Actualmente existen más de mil invasiones a propiedades de las cuales más del 50% están entre 20 y 50 hectáreas, dando así certidumbre a los productores e inversionistas que están interesados en invertir en Chiapas, conjuntamente con el Gobierno Federal, para que se combata el hambre y la pobreza.

Permitamos que se abran las vías de comunicación terrestre, para que la producción que ahí se genere se convierta en riqueza y se propicie la generación de fuentes de trabajo.

Los chiapanecos reconocemos que esta ley no es todo, se necesita la voluntad seria y real de la otra parte, por ello exhortamos a los involucrados a que juntos hagamos un esfuerzo para dialogar y que los frutos de acciones que se emprendan coadyuven a encontrar la paz digna que todos anhelamos.

La fracción parlamentaria chiapaneca, votará a favor porque encontramos en la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, una muestra clara de la voluntad política para resolver el problema que estamos viviendo los chiapanecos. Gracias.

El Presidente:

Dígame, señorita diputada ¿Quiere hablar para hechos?.. Tiene el uso de la palabra la diputada Cabrera, hasta por cinco minutos, para rectificar hechos.

La diputada Rosa María Cabrera Lotfe:

Con su venia, señor Presidente.

Nuestro grupo parlamentario ha fijado ya su postura en torno a la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas. Al respecto, consideramos importante resaltar que al interior de nuestra fracción, como ya se ha dado muestra en esta tribuna, se ha dado una discusión responsable y reflexiva sobre las implicaciones y alcances derivados de la probable aprobación de esta iniciativa.

Durante el análisis realizado, resaltaron diferencias alimentadas sobre todo por los acontecimientos suscitados en el pasado mes de febrero, cuando se violentaron las pláticas que se sostenían entre el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

¿Por qué a pesar de todo esto que ha sucedido nosotros nos hemos pronunciado en votar a favor de esta iniciativa? Primero, porque entendemos que la salida al conflicto sólo puede ser política, porque en la mayor medida han incorporado las demandas centrales de la Conai y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional; porque se prevé la suspensión de los procedimientos iniciados para el ejercicio de la acción penal; porque distingue el riesgo de guerra y quita argumentos a quienes proponen salidas militares, y porque finalmente es el camino que aunque angosto, hoy nos corresponde a todos ensanchar.

Sin embargo, ya está dicho aquí, la desconfianza que prevalece al respecto puede derivarse de que no hemos percibido mayores voluntades políticas para salir adelante. Sin embargo, queremos señalar un hecho en función de mi intervención anterior.

Nosotros no tenemos nada en contra del Ejército Mexicano ni en contra de sus miembros, porque reconocemos en esa institución a una institución conformada por mexicanos que supuestamente persiguen la paz interior y rechazamos, eso sí, en consecuencia, la utilización que se le pueda hacer para hacerlo aparecer mal ante la sociedad a la que se debe; sin embargo, los derechos humanos son un principio preservado.

Lo planteado hoy por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, debe de ser investigado. Simple y sencillamente quisiera concluir anticipando que de nuestra parte existe el ánimo para sacar una ley que facilite el diálogo, la paz y la concordia.

Nuestro voto es por la paz, no queremos ser traicionados por acciones similares a las sucedidas el pasado mes de febrero; el incumplimiento de esta ley por parte de cualquiera de las partes y fundamentalmente del Gobierno, acentuaría el ensanchamiento entre éste y sus gobernados.

Reiteramos asimismo que nuestra fracción parlamentaria vigilará de cerca el cumplimiento de la ley, en la búsqueda permanente de la paz digna, con justicia, libertad y democracia.

El Presidente:

Dígame, señor diputado, ¿va a rectificar hechos de la diputada Cabrera?, entiendo. Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos.

El diputado Oscar González Yáñez:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados:

El diputado que antecedió a la compañera del PRD, motiva la intervención de un servidor; no tenía intenciones de hacerlo.

No podemos dar una felicitación al Ejército Mexicano, yo también quisiera dársela sinceramente, pero no podemos hacerlo. El día de ayer en este lugar estuvo el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el licenciado Jorge Madrazo Cuéllar, donde se reconoce la violación de derechos humanos en el Estado de Chiapas.

No quiero venir a acusar de manera irresponsable, porque todavía no se tienen las pruebas suficientes para deslindar las responsabilidades, pero algo es cierto y eso sí es una responsabilidad del Ejército Mexicano, y es por ello que no considero que deba ser una felicitación, y por eso no coincido con el diputado del Estado de Chiapas, hasta donde entiendo era de Chiapas.

¿Por qué? ¿Por qué podemos hacer esta aseveración en este momento? Existen en Chiapas poblaciones que fueron flagrantemente violadas todas sus viviendas, destruidas, y repito, no quiero hacer una aseveración irresponsable, no estoy diciendo que fue el Ejército Mexicano, eso ojalá lo podamos decir en días subsecuentes y ojalá no sea el Ejército Mexicano, porque sería una pena que el Ejército Mexicano, quien supuestamente tiene que conservar el estado de derecho en Chiapas, el cual desde antes no existía, no lo preserve, por lo siguiente:

En Chiapas existe una cantidad importante de guardias blancas, y el Ejército Mexicano, más que conservar el estado de derecho en Chiapas, ha permitido que estas guardias blancas actúen.

No quiero pensar que fue el Ejército Mexicano, repito, pero el Ejército Mexicano sí ha permitido que guardias blancas hayan actuado sobre diferentes poblaciones.

La violación a derechos humanos en zonas donde el Ejército Zapatista no existe, es flagrante, y eso solamente o pueden ser estas guardias blancas que permitió Ejército que actuaran, o el Ejército Mexicano. Por ello, señor diputado, no creo que debamos hacer un reconocimiento al Ejército Mexicano. Ojalá se lo pudiéramos hacer en su momento, sinceramente un servidor también lo hará si el Ejército Mexicano merece que le hagamos un reconocimiento, pero por el momento no puede ser, el Ejército Mexicano ha permitido que de manera irregular estas guardias blancas actúen sobre las personas que no están involucradas en el conflicto. Eso no lo podemos permitir, señores. Gracias.

El Presidente:

Dígame, señor diputado Garfias, ¿quiere hacer uso de la palabra para rectificar hechos? Tiene usted el uso de la tribuna por cinco minutos.

El diputado Luis Garfias Magaña:

Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:

He pedido la palabra primero y voy a adelantarme al turno que me corresponda para hacer algunas precisiones a lo que aquí se ha dicho.

En primer lugar quiero decir que los diputados que pertenecemos a las fuerzas armadas de nuestro país, integrantes de la LVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, queremos hacer el siguiente pronunciamiento: ni hemos aceptado la designación en la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna de Chiapas del autollamado EZLN, sino como un grupo inconforme de ciudadanos mexicanos en el estado de Chiapas, porque ésta es la designación que aceptaremos, ya que el único ejército que existe en el país, fue el nacido el 19 de febrero de 1913.

Asimismo, manifestamos que nuestro voto será a favor de dicha ley, en aras de la concordia, la paz y la unión de todos los mexicanos.

Queremos aprovechar esta oportunidad para manifestar nuestro agradecimiento a los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias, que con gran criterio, patriotismo y absoluta objetividad, han reconocido el esfuerzo realizado por el Ejército, Armada y Fuerza Aérea, en el conflicto de Chiapas.

Creemos que gracias al patriotismo, profesionalismo, disciplina del Ejército, el conflicto se ha mantenido dentro de los causes pacíficos. Creemos que es muy justo que la opinión pública de todo el país conozca esos conceptos y los ponga en su justo lugar y ponga en su justo lugar a las fuerzas armadas, que por razones obvias a veces no pueden defenderse ante y en los medios de comunicación del país.

Estamos conscientes de las enormes e injustas condiciones en que vive un gran número de chiapanecos y deseamos fervientemente que pronto sean resueltas.

En lo relacionado a lo que acaba de decir el diputado que me antecedió respecto a la violación a derechos humanos, quiero decir lo que ayer dijo Jorge Madrazo Cuéllar, violaciones a los derechos humanos cometidas por distintos cuerpos policiacos, insisto, por distintos cuerpos policiacos, durante las detenciones de los supuestos dirigentes zapatistas; aquí no se habla del Ejército.

En relación con las guardias blancas que el Ejército dicen que ha permitido su actuación, sería necesario que lo probaran fehacientemente. Eso está muy lejos de la verdad, mucho muy lejos de la verdad. El Ejército nunca apoya ni, guardias blancas ni, guardias rojas ni, de ningún color.

Otra apreciación es en lo que también otro diputado ha dicho sobre el agregado militar de Chile. Ese señor nunca ha estado presente en México, es actualmente el agregado militar de Chile en la República de Israel. La actuación o el posible asesoramiento del Ejército chileno a las fuerzas armadas mexicanas fue negado oficialmente por las autoridades correspondientes de Chile.

Finalmente quisiera yo también hacer una aclaración al señor diputado Peniche y Bolio, porque yo fui el diputado que mencionó el aspecto de España el año de 1936, fue el general José Millán Astraid, mutilado, le faltaba un ojo, un brazo, casi una pierna. En ese momento al que se refiere el diputado, era el jefe de los mutilados en el Ejército español, y en una conferencia que pronunciara el ilustre español don Miguel de Unamuno que con su vibrante palabra hablaba al respecto de las dos españas divididas, en el paraninfo de la Universidad de Salamanca, en ese momento Miguel Astraid, en una expresión totalmente fuera de lugar y descalificada por militares o civiles o por quien fuera, se paró atrás y contestó: "muera la inteligencia".

Gracias a la oportuna intervención de Carmen Polo, de Franco que acompañaba a don Miguel de Unamuno, el asunto ahí se detuvo.

En relación al otro comentario, era el coronel José Moscardó Ituarte el defensor del Alcázar de Toledo, levantado en armas y aun cuando un grupo de extremistas de la República capturó a su hijo Luis y le dijo que si no se rendía Moscardó, fusilarían a su hijo, Moscardó, y esto lo tenemos que reconocer con gran entereza, dijo a su hijo que gritara arriba España, y el hijo de Moscardó, de José Moscardó, fue fusilado.

Este diálogo se encuentra en los muros del hoy restaurado Alcázar de Toledo, en España.

Finalmente, señoras y señores, queremos pues decir que los militares como los civiles estamos profundamente de acuerdo en encontrar una solución a un conflicto que nos divide y que no conduce a nada. Estamos conscientes de los enormes atrasos, de las grandes injusticias en que han vivido los chiapanecos, y no nada más los chiapanecos, muchas otras personas.

Yo viví en Chiapas en mi juventud y en mi primera adolescencia y después volví muchas veces como militar a recorrer ese Estado, y lo conozco bien y conozco las dificultades, las enormes miserias de un Estado tan rico y tan bello, por eso creo que todos los mexicanos, sin distinción de credos o de orígenes, tenemos que luchar por una paz justa, una paz digna que una a todos los mexicanos. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra el diputado González Yáñez, para contestar alusiones personales.

El diputado Oscar González Yáñez:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados.

No mencionó mi nombre el diputado que me antecedió, mencionó al diputado que lo antecedió, y un servidor es el diputado que lo antecedió.

Yo decía, señor diputado, que era prematuro dar un reconocimiento al Ejército Mexicano. Yo no estoy acusando, y lo dije, porque sería irresponsable de mi parte acusar al Ejército Mexicano. Lo que yo estoy mencionando es que en las zonas donde está fuera la gente del Ejército Zapatista, donde son zonas de control donde el Ejército Mexicano ha restablecido supuestamente el estado de derecho, se siguen violando flagrantemente los derechos humanos, que es en las zonas donde está el Ejército Mexicano.

Lo de las guardias blancas, o del color que a usted le agraden, yo sé que las guardias blancas tienen, una aclaración, sólo una, es que estas guardias blancas, y es algo que también hay que comprobar, yo no estoy calificando también, porque sería irresponsable de parte mia, yo lo que estoy mencionando es que estas guardias incluso tienen armamento exclusivo para el uso de los militares, reservado para el uso del ejército. Habría que comprobar si el ejército está consciente de ello o no, y si lo está es una falla importante por parte del ejército.

Y les vuelvo a repetir, señor diputado, la aclaración pertinente que yo considero hacerle, es cierto, no solamente es el Ejército Mexicano, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que el día de ayer estuvo con nosotros, declaró: las diferentes corporaciones. Ahí coincido con usted, señor diputado, no solamente el Ejército. Podría ser la Policía Judicial del Estado, la Procuraduría General de la República, o el Ejército Mexicano, las diferentes corporaciones de seguridad y policiacas que están participando en esto; lo que es un hecho es que hay una violación a los derechos humanos y debe de estar en alguna de esas corporaciones. En su momento lo diremos, cuando haya todas las pruebas suficientes mencionaremos quien, no dude que en esta tribuna lo vamos a venir a decir, cualquiera de estas corporaciones, no es directamente el Ejército Mexicano.

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Marcué y Pardiñas, para hablar en contra.

Hago notar que el diputado Marcué informó a esta mesa que va a hablar en términos del artículo 103, hasta por media hora.

El diputado Manuel Marcué y Pardiñas:

A mi bancada, el PRD, le digo que no dudo de su buena fe y de su deseo y esfuerzo que ha venido haciendo para que haya paz en México; yo creo que también Acción Nacional ha hecho esfuerzos. Al resto, yo creo que también al PT. Pero al resto le digo que venceréis con un voto lleno de cinismo e irreflexión, pero no convenceréis.

Desgraciadamente para mí, la presencia en esta tribuna del señor de Acción Nacional y de mi compañera de partido, la señora Rosario, prácticamente me han dejado desarmado.

Con brillantes el señor de Acción Nacional ha recordado la lucha de muchos representantes de la Iglesia en México y en el mundo, la lucha de ellos por los pobres.

Aquí me da pena ver las tribunas del PRI vacías. Un problema tan importante que lacera y duele al país, les importa pura... Está vacía la mayoría. Y eso, señores, eso, señores, es la conducta de esos señores, siempre que se tratan cosas tan importantes como es ésta, como es la paz de México, que nos ha afectado a millones y millones de mexicanos.

También los hombres lloran del desprecio que ustedes sienten por este pueblo.

Señores, para qué recordarles lo que ya les dijo el señor de Acción Nacional, y para qué volver a hablar sobre lo que dijo con brillantes, con emoción, con convicción y además con conocimiento, una mujer que es ejemplo en la época moderna, como es la señora Rosario, de lo que ha hecho desgraciadamente el Ejército de la República en Chiapas; raspar las tierras de Chiapas, destruir las cosas de los que por temor se fueron a la selva, mataron a sus animales, obligándolos a ir a buscar alimentos donde están los que los están defendiendo. Eso, señores, y lo digo con respeto para el Ejército de la República, me duele muchísimo y nos debe doler a todos; eso no se hace.

Siempre he hablado aquí, y seguiré hablando del respeto que todos los mexicanos debemos tener por nuestro Ejército. El Ejército que defiende las acciones del Presidente de la República, el Ejército que tiene la obligación de defender el suelo de nuestra patria. No se vale, señores del Ejército, que procedan así. Perdónenme, señores del Ejército, su conducta debe ser otra.

Señores, cómo no recordar de vuelta a fray Bartolomé de las Casas. Ese cura que toda su vida luchó desde muy joven, defendiendo a los indígenas de Chiapas. Cómo no recordar a toda esa grey que se vio asesinada, perseguida, como ahora los ricos, los ladrones de las tierras de los campesinos, están persiguiendo y asesinando a los indígenas en esa parte del territorio.

Cómo va a ser posible señores, que esa grey, perdónenme, el esfuerzo de la gente que con buena fe la han elaborado, es traicionado por los señores del PRI y desgraciadamente por el Gobierno de la República.

Y ¿por qué digo esto, señores? Lo digo y lo voy a repetir, aunque ya lo dijeron, porque el Gobierno de la República, del señor presidente Zedillo, a quien desde esta tribuna he tratado con el mayor de los respetos, cuando mucha gente decía en las primera semanas de su Gobierno que debía renunciar, que era un inepto, que no había Gobierno, que había un colapso en el Gobierno, vine a esta tribuna y lo defendí, y a ustedes les consta.

Ahora, con un gran respeto, le digo que se ha equivocado. ¿Por qué se ha equivocado? Cómo es posible, señores que el Presidente de la República, le dé personalidad oficial a la Conai, al arzobispo de Chiapas; el gobierno del presidente Salinas, haya nombrado representante a Camacho, y después de salir Camacho nombrar a otros dos representantes, uno de ellos ya estando el presidente Zedillo.

¿Cómo es posible, señores, que hayan aceptado esa representación y que haya nombrado el señor presidente Zedillo su representante a ese joven, a ese joven inteligente que es el Secretario de Gobernación, que lo haya nombrado su representante y cuando estaban en pláticas, haya mandado al Ejército y al Procurador General de la República a aprehender, cuando oficialmente estaban reconocidas las partes?

Desde aquí le quiero decir al señor Zedillo, Presidente de mi país, que no se vale, que no se vale; ¿qué confianza, señores, van a tener los legisladores que han hecho un gran esfuerzo para buscar los caminos de la paz por toda nuestra patria? ¿Qué, también va a ordenar, y lo digo con pena para los compañeros de Acción Nacional y para el mismo representante de la Procuraduría, que el Ejército y el ejército de agentes de la Procuraduría, los rodee y trate de aprehenderlos? ¿No nos da vergüenza, eso, señores? Que venga alguno del PRI a decirme si tengo o no razón. Eso, ¿saben ustedes cómo se llama? ¿Saben ustedes cómo se llama?

Me da pena decirlo desde esta tribuna, que le llaman la tribuna de la patria, se llama traición.

El diputado J. Jesús Ortega Martínez (desde su curul):

Señor Presidente: Le rogaría que llamara la atención, por favor, a los señores diputados.

El Presidente:

Es acertada la aseveración que pide el diputado Jesús Ortega. Permítame, señor diputado Marcué. Esta Presidencia solicita a todos los diputados presentes que guarden orden y compostura y escuchen al orador, pero también le solicito al diputado Marcué y Pardiñas que evite entablar diálogos con los presentes.

El diputado Manuel Marcué y Pardiñas:

Señores: las palabras tienen un significado, cada palabra que cualquier mexicano lanza tiene un significado y un significado importante. Por eso me acerqué a pedirle al señor Roque, en primer lugar se lo pedí al señor Presidente en turno y al señor Presidente de la Gran Comisión y al señor diputado Osorio, con todo respeto, que les pidiera a los compañeros del PRI que respetaran a los oradores y en particular a mí.

Señores: no voy a alargarme. Lo dicho por el señor de Acción Nacional y lo dicho por Rosario es la verdad, es la verdad. Si el señor Presidente quiere que haya paz, y yo lo recomendé aquí, le pedí con todo respeto, porque así se debe tratar al Presidente, con todo respeto, por la investidura que tiene, le pedí que fuera personalmente con un grupo de legisladores y del Poder Judicial a resolver personalmente el problema que está lacerando, que tiene en tensión a todos los mexicanos y que tiene también en tensión a representantes de todo el mundo, porque esto se sabe en todo el mundo y todo mundo está opinando.

Señores: no quiero como mexicano, y estoy seguro que todos ustedes no lo quieren, que el Gobierno de la República, que los dinosaurios del PRI obliguen, obliguen al señor presidente Zedillo a cometer el error grave de lanzar al Ejército, ese Ejército que debemos respetar porque es respetable, en contra de los indígenas de Chiapas, porque no sería un error, señores; sería, ¿saben lo que sería? una estupidez; lloraríamos lágrimas de sangre en un futuro.

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra para hablar a favor del dictamen, el diputado José Castelazo y de los Angeles, hasta por 15 minutos.

El diputado José Rafael Castelazo y de los Angeles:

Con su venia, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:

A los miembros de mi partido les interesa muchísimo, el tema de Chiapas. No es el tema el que aleja momentáneamente a los miembros de mi bancada, diputado Marcué, con todo respeto; es el orador que ha abusado consuetudinariamente de la tribuna, el que provoca el vacío, con todo respeto.

La Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, constituye el inicio de una salida eminentemente política para el conflicto que explotó el primer día de 1994. ¿Por qué?, para empezar porque reconoce las causas justas en las cuales descansa y que son producto de la marginación, abusos sistemáticos y explotación de comunidades indígenas y de campesinos en ese Estado de la República.

Independientemente de lo reprobable de acudir a la violencia para reivindicar causas sociales, en el contexto en que se generó el conflicto, resulta por lo menos entendible.

Por ello, todos estamos obligados a reconocer nuestros errores y buscar incesantemente una salida política en bien de la estabilidad del país. No hay duda, Chiapas compete a todos, nos duele a todos y nos obliga a todos.

En este contexto se establecieron medios idóneos de naturaleza política para comenzar a resolver las cosas tal y como debe ser. Después de dos conspicuos intentos fallidos, en diciembre pasado se estableció la comisión legislativa plural y paritaria del Congreso de la Unión, con el fin de aportar ideas y procedimientos consensados, conducentes a una paz duradera en la entidad. Esto implicó un fino trabajo político, no esconde ninguna trampa.

El Ejecutivo Federal reconoce en los hechos la validez de esta comisión y después de varias reuniones, encuentros y desencuentros con los involucrados en el conflicto, conjuntamente decide construir y enviar la iniciativa que hoy nos ocupa, creando un precedente singular en la materia de colaboración entre poderes. Esto fue resultado de un consistente trabajo político. No veo dónde está la trampa.

La comisión legislativa referida, asimismo, solicitó el auxilio de compañeros diputados y senadores, con el fin de dar sustento jurídico a una serie de planteamientos a que habían arribado, como consecuencia de una intensa actividad desarrollada, con y entre la sociedad chiapaneca y la Comisión Nacional de Intermediación.

En principio se intentaba proponer una ley de amnistía. Así, diversos legisladores nos abocamos a dar forma jurídica, política, a una posible propuesta. Imaginamos diferenciar el proceso de la amnistía para abordarla en tres pasos:

Primero. Crear las condiciones para la negociación. Es decir, lograr que las partes se sentasen a deliberar.

Segundo. Lograr convenir un acuerdo de concordia y pacificación que garantice a las partes, pero sobre todo a la población, una paz digna y duradera, y

Tercero. Propiciar un ambiente de seguridad y libertad para que las partes concurriesen confiadas a los encuentros de negociación en los lugares previamente pactados.

Lo anterior, sin duda constituyó una intensa reflexión política y un ejercicio imaginativo jurídico. Sigo sin advertir dónde pudiera estar la trampa.

Por otra parte, se hacía necesario garantizar eficacia sobre el cumplimiento de los acuerdos mediante la integración de una comisión de seguimiento y verificación, otorgando prioridad a Chiapas en el Plan Nacional de Desarrollo, generando inversiones, programas y presupuestos específicos para las comunidades indígenas y de campesinos, reflejados en incrementos mensurables a la salud, educación, vivienda, nutrición y trabajo para los desposeídos. Esto se identifica como trabajo político. Me sigo preguntando: ¿dónde está la trampa?

En este marco, la amnistía sería, en todo caso, producto de la negociación entre las partes, y más que un olvido sobre los agravios derivados del conflicto, sean éstos seculares o coyunturales, la amnistía representa, a mi juicio, una recuperación de nuestra memoria histórica colectiva: que los mexicanos no volvamos a dejar que el "fenómeno Chiapas" se repita en cualquier lugar de la República, pues no solamente representa un abandono por atender necesidades y derechos humanos elementales, sino significa un lastre objetivo para el desarrollo de México.

Esta concepción de la amnistía refleja una actitud política inteligente. Definitivamente, no veo dónde esté la trampa.

Del análisis de contenido del texto de la ley, las palabras referidas a la concordia, pacificación, diálogo, negociación, convivencia, consensos, pactos, concertación, en fin, las que reflejan claramente la voluntad política de las partes, representan 115 términos; en contraposición, las palabras: conflicto o inconformidad, sólo son ocho.

En síntesis, esta ley es evidencia de un largo proceso de trabajo político. En ella han participado no solamente el Congreso de la Unión, la Conai, ¡el Ejército, el único Ejército, el heroico Ejército, el prudente Ejército, el patriota Ejército Mexicano!

Han participado también los medios de comunicación, el EZLN, las organizaciones no gubernamentales, la Procuraduría General de la República, la del Estado, las comunidades indígenas, los campesinos, el Gobierno Federal, el gobierno Estatal y los ayuntamientos.

El conflicto, por otro lado, no deja de ser objeto de una gran atención por parte de la comunidad internacional.

Respecto a los derechos humanos, diputado González Yáñez, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que estuvo aquí el día de ayer, nos habló del absurdo de que hay cuatro problemas internacionales en materia de derechos humanos: los de Ruanda, Bosnia, Chechenia y Chiapas.

Aceptó que era una mentira, una verdadera mentira, comparar a Chiapas con estos tres estados. Sobre todo porque la violación a los derechos humanos que ha habido en Chiapas no ha sido parte de una política prepositiva represiva del Estado mexicano, en todo caso ha sido producto de actos personales de fuerzas del orden del Estado; pero no producto de una política represiva del Estado.

En derechos humanos estamos muy por encima de muchos países en todo el mundo. Y las violaciones que han sucedido en Chiapas, han sido violaciones realizadas por personas, pero no por corporaciones.

Por lo expuesto, no puede haber trampa en ningún sentido. No hay intenciones malévolas escondidas en la ley. La ley ha sido vista por todos, oída por todos, consensada por todos. La ley da cuenta de una voluntad de diálogo. Si las cosas funcionan bien, el movimiento identificado y mencionado como EZLN pudiera decidirse, por fin, integrarse a la vida institucional como fuerza política.

La ley busca en el fondo reconstruir la unidad nacional, a base de identificarnos todos los mexicanos en el gran mosaico nacional: indígenas, campesinos, trabajadores, clases medias, propietarios, empresarios.

La ley es producto de una gran toma de conciencia y responsabiliza a la sociedad y al Gobierno a obligarnos para con todas las etnias de la República y con todos los grandes núcleos paupérrimos de la población.

Partidos políticos y sociedad organizada hemos cobrado una gran conciencia. Vivimos ya un México renovado. La solución de Chiapas es un parteaguas histórico. Si la resolvemos bien, como todo indica que lo estamos haciendo, la reforma del Estado, que encabeza el Presidente de México y empujamos todos, será una realidad.

Mantengamos al bienestar social como el objetivo común. Para ello requerimos seguir luchando por instaurar un sistema de partidos equitativo y competitivo. ¡Demandamos fortalecer nuestra democracia electoral, fortalecer intensamente el federalismo, propiciar el equilibrio y colaboración entre poderes!

¡Construir un México moderno, sí, pero en nuestros términos históricos y culturales, en el cual quepamos todos y nos respetemos todos!

Hace algunos años había un lema en Chiapas, que decía: "Todo Chiapas es México". Hoy podemos decir que en mucho dependemos de una solución inteligente, consensada, abierta, sincera, comprometida, en Chiapas.

Por las anteriores consideraciones, los invito a votar íntegramente por esta ley, en la que no hay trampa posible, más que la imaginada por algunos diputados; esta trampa existe sólo en su imaginación. Seguramente por traumáticas experiencias que respetamos o por la natural inconsistencia estructural de algún otro diputado que habla por una fracción independientemente de las todas aquí representadas.

Pero hoy, compañeros, las cosas están cambiando. ¡Vamos por Chiapas, vamos por México!

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra para hablar en contra, la diputada Carlota Botey y Estape, hasta por 15 minutos.

La diputada Carlota Angela Rosa Botey y Estape:

Compañeras y compañeros legisladores:

Por fortuna todavía se encuentra en nuestra Constitución Política eso, a pesar de los parches, reformas y contrarreformas, el espíritu social del Constituyente de Querétaro, ese espíritu de manera categórica dice en su artículo 39 lo siguiente: "La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficiar a éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su Gobierno". No otra cosa, más que acogerse a este derecho, fue lo que hicieron los indios chiapanecos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al rebelarse el 1o. de enero de 1994 contra un Gobierno y un sistema económico que centenariamente los ha excluido, condenándolos a la pobreza, a la marginación y a las enfermedades; en pocas palabras: a la muerte.

Como diputada convencionista que soy, vengo a este recinto a defender los derechos de los pobres, a que tengan un lugar en la patria de todos, porque la patria del dinero no es la nuestra, hace mucho que ellos están excluidos. Sí, vengo a defender a los indios y al Ejército Zapatista, porque de acuerdo al espíritu constituyente de 1917, ellos no son delincuentes, como publicitaria y tramposamente se les ha querido presentar y como se les sigue considerando, no obstante las modificaciones que ha tenido el dictamen como proyecto de ley en la Cámara de Senadores.

El Gobierno zedillista ordenó el 9 de febrero, rompiendo una tregua mentirosamente anunciada e iniciando, y lo digo yo aquí, una guerra de baja intensidad, porque lo que existe en Chiapas es una guerra de baja intensidad dirigida no contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sino contra la población civil, como se hizo en Vietnam y como se hizo en El Salvador.

¿Qué credibilidad me merece un Gobierno que hace esto? ¿Quieren conocer las consecuencias de tan bondadosa acción de justificación? El éxodo masivo de más de 25 y 30 mil indios pobres. Pero también se ha dado en contra de la población que supuestamente se iba a proteger, la intimidación, la tortura, la amenaza y la muerte, una población civil tenemos en Chiapas pisada por el Ejército federal. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional es y ha sido no sólo para el pueblo de México, sino para los pueblos del mundo, un ejemplo de dignidad y valor y a la fecha es innegable que representa los anhelos de libertad, de democracia y de justicia para todos los mexicanos.

Por eso debe darse la categoría y reconocimiento de fuerza política, asimismo debe ser reconocido como fuerza beligerante excepto de que, en caso necesario, sus miembros sean favorecidos con las prerrogativas que conceden los convenios internacionales correspondientes.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional no se levantó en armas para un diálogo, aunque nunca se ha negado a ello; ha sido el Gobierno el que se ha negado, en los hechos más allá de las palabras, por eso a la propuesta de perdón del Gobierno salinista, Marcos respondió con un hermoso texto: ¿De qué nos van a perdonar? Por eso quiero recordarles que el Ejército Zapatista se levantó en armas por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y pan. ¿Acaso todo esto puede resolverse en el marco actual del proyecto neoliberal?

Por ello yo les pregunto ¿por qué no suspenden el hambre?, ¿por qué no suspenden la miseria?, ¿por qué no suspenden la muerte de diarreas, de pulmonías, de sarampión, de tosferina, de cólera?, ¿por qué no suspenden las guardias blancas?, ¿por qué no suspenden la corrupción y la antidemocracia?, ¿por qué no suspenden la ancestral injusticia y las humillaciones a que han sido sometidos más de 500 años los indios chiapanecos y de otras partes del país?

El día que se suspenda todo lo anterior, y no solamente las órdenes de aprehensión contra Marcos y los dirigentes del Comité Clandestino Revolucionario Indígena CCRI, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se habrá avanzado mucho. Ese día, compañeros, no serían necesarios dictámenes de proyectos de ley como el que hoy se discute.

Quiero dejarles una pregunta que siento va al fondo del conflicto chiapaneco y de la actual situación política del país, ¿De veras creen que encarcelando a los dirigentes del Ejército Zapatista y a los luchadores sociales o suspendiendo las órdenes de aprehensión que pesan sobre ellos, para abrir un diálogo que se niegan a ir a fondo a las cosas, se va a resolver el problema crucial de este país?, porque el problema crucial es el de liquidar a un partido de Estado que se niega a la democracia, a la libertad y a la justicia como única guía posible para que el país acceda por fin a un desarrollo que no excluya a la mayoría. Si de verás lo creen, entonces están más ciegos que Edipo cuando se sacó los ojos, porque no pudo ver que él era el causante del crimen abominable, tan abominable como el crimen del cardenal Posadas, de Colosio y de Ruiz Massieu; tan abominable como matar hoy a nuestros hermanos indios.

Por todo lo anterior y como diputada convencionista que soy, planteo como pasos previos, como pasos previos a cualquier diálogo serio y responsable, la salida inmediata del Ejército federal en Chiapas; el reconocimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional como fuerza política y beligerante; el desistimiento de la acción penal contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional; dirigencia, tropa y base social; la libertad de los presos políticos recluidos en Chiapas y otras cárceles del país, presuntamente vinculados al Ejército Zapatista; el reconocimiento legítimo del Gobierno llamado Avendaño; el apoyo al obispo Samuel Ruiz y el desarme de las guardias del Ejército Zapatista...

El Presidente:

Permítame, señora diputada.

Nuevamente exhorto a todos los presentes a que guarden orden y respeto y escuchemos a la oradora. Adelante diputada.

La diputada Carlota Angela Rosa Botey y Estape:

Gracias. Aprecio igualmente de quienes laboraron en la redacción y en la aprobación de las modificaciones que se han introducido a la iniciativa original; sin embargo, por las razones que más adelante expongo, considero insuficiente el dictamen para cubrir los objetivos que se traza, y por esa razón vengo a esta tribuna a razonar mi voto en contra del proyecto de dictamen y a proponer que se elabore, discuta y apruebe una ley alternativa que tenga como eje fundamental la solución del conflicto armado, cuya existencia se reconoce en el artículo 1o. del dictamen del proyecto de ley que analizamos; la mediación y el arbitraje internacional del conflicto en un diálogo que se debería realizar en un país neutro.

Parto del reconocimiento que no basta con legislar, por sabias y exhaustivas que se hagan para modificar la realidad, es necesario que las leyes se acompañen de voluntad política y de hechos que erradiquen las causas que generan los problemas y los conflictos.

Al respecto, para terminar, me gustaría citar brevemente lo que en 1716, afirmaba Francisco Vázquez, en una crónica de Guatemala, que entonces era territorio de Chiapas: no hacía el rey y sus consejos sino enviar leyes y ordenanzas, santísimas provisiones, pero con besarlas y ponerlas sobre la cabeza cumplen con ellas, echándolas en una caja y así estaban las cajas y las cajas llenas de leyes y la tierra vacía de justicia.

Por esta razón, con el propósito más que de llenar cajas con leyes, con el contribuir a llevar la justicia y la paz a las tierras de Chiapas, me he permitido plantear la necesidad de elaborar esta propuesta alternativa.

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra para hablar a favor del dictamen, hasta por 15 minutos, el diputado Eugenio Ortiz Walls.

El diputado Gaspar Eugenio Ortiz Walls:

Diputado Presidente; diputadas, diputados:

Se dice frecuentemente desde esta tribuna, que estamos frente a un hecho histórico. Todo lo que sucede aquí, grande o pequeño, trascendente o nimio, está dentro de la historia, porque el ser humano no es solamente el protagonista de la historia, él es la historia, la historia se da en él, por él y con él.

Filósofos de la historia concuerdan en que los hechos, su registro, su interpretación, sus análisis y proyección, hacen la historia de la humanidad; circunstancia, antecedentes y consecuentes, ruta y tiempo, en una dinámica cuyo ritmo a veces se acelera o marcha despacio, pero que es movimiento siempre, como lo es la vida misma de la humanidad, eso es la historia.

Lo que ocurre en Chiapas hoy debe ser visto en este contexto, porque Chiapas es parte del alma y del corazón de México, del alma y del corazón de la patria. El problema de Chiapas, es un problema nacional y atañe a todos los mexicanos.

Belisario Domínguez sería un buen ejemplo, porque supo hablar a tiempo, en un momento decisivo de la historia de México, y le costó no solamente la vida, sino algo anterior: el habla, poder seguir hablando en favor de la libertad y contra el oprobio y contra el crimen.

Chiapas es el único Estado que se adhirió a México después de un plebiscito en que manifestó su voluntad de ser mexicana. Eso honra a Chiapas y nos honra a todos los mexicanos, porque pudo haber sido guatemalteca.

Con la firma de los compromisos para un acuerdo político nacional, el Partido Acción Nacional reiteró su disposición para participar, sin mengua de sus principios y posiciones programáticas, en todas aquellas actividades encaminadas a la convivencia pacífica del pueblo mexicano, porque sin convivencia pacífica y civilizada, no es posible el desarrollo político ni socioeconómico de ninguna comunidad humana.

No es posible el estado de derecho sin normas legales que obliguen a gobernantes y gobernados y sólo es posible el estado de derecho cuando la justicia y la libertad son principios rectores de la convivencia humana y sustentan las normas legales en una comunidad humana determinada.

Yo no sé como se puede amar la paz desde la guerra; yo no sé como se puede votar por la paz con el fusil. Para que haya pleito se necesitan dos cuando menos; para que haya guerra, que es un pleito de mayor trascendencia, se requieren beligerantes.

En nombre de mi partido, vengo en nombre de la paz y no de beligerante, vengo por el diálogo pacífico y civilizado, no vengo a pedir rendiciones de ejércitos algunos, no vengo a pedir que den marcha atrás, que renuncien a sus convicciones sino algo más: que seamos capaces de poner el interés de México por encima de nuestras contradicciones.

No es problema de un momento de emoción, no es problema de que nosotros en este momento carguemos con todo lo que significa el dolor y carencia y la sangre chiapaneca. Aquí todos somos responsables, desde el Presidente de la República, hasta el último mexicano que quiera ser mexicano bien nacido. Es un problema de todos, no de partidos y menos de beligerantes. No es un problema del Ejército Mexicano, no es un problema del Gobierno, no es un problema del autollamado Ejército Zapatista, no es un problema de la Conai ni del PRD, ni del PAN, ni del PRI, es un problema de todos y tenemos que sentarnos a dialogar y eso es precisamente lo que esta ley pretende, que nos sentemos a dialogar.

Si no somos capaces de dialogar entre nosotros los mexicanos, ¿para qué demonios queremos sentarnos en otro país a dialogar con extranjeros? Si entre la familia no nos ponemos de acuerdo, ¿para qué queremos a los parientes lejanos que vengan a decirnos cómo nos vamos a portar? Aquí en México tenemos que resolver este problema con madurez, con seriedad y por encima del clientelismo electoral o político, por encima de nuestros intereses por legítimos que sean de los partidos. El único interés que debe prevalecer, es precisamente México, y si México no está representado por un Belisario Domínguez, que es capaz de dar su vida por decir la verdad, seamos capaces nosotros, no de irle a la muerte, no apostarle a la muerte, no apostarle a la guerra, sino apostarle a la paz para que viva México y vivamos todos nosotros en paz.

La diputada Botey, a quien respeto y admiro, nos decía que por qué no se suspenden las carencias y las enfermedades del pueblo de Chiapas. Ese es el gran problema diputada, yo estoy de acuerdo con usted, pero es el gran problema de México, en México queremos que todo se resuelva por decreto, y no, para que no haya enfermedades y para que no haya carencias, se necesita primero la buena voluntad del trabajo y del esfuerzo de todos y cada uno de nosotros los mexicanos.

Para que no haya pobreza y haya justicia, necesitamos luchar para que haya jueces muy honestos y bien pagados, porque aquí en México sucede que queremos que la honestidad se vista de mártir, y no nos alquilamos para mártires, aquí venimos a trabajar por México, cada quien desde nuestra trinchera, por eso me lastima cuando oigo en esta tribuna que alguno, por exceso de emoción habla de traición. Aquí no estamos entre traidores.

Yo puedo estar en desacuerdo con la mitad de ustedes, más uno, para que vean que no me asustan las mayorías, puedo estar en desacuerdo, pero no sería capaz de decirles traidores, porque ahí sí no sería yo pacífico, ahí sí yo fusilaría, como fusiló Juárez a la intervención en el Cerro de las Campanas de Querétaro, pero no estamos en guerra, en México no hay un conflicto armado, ha y desavenencias, ahora, si hay guerra, yo voy. Y ahí precisamente la explicación y el reconocimiento, aquí venimos a la paz, pero viva el Ejército Zapatista, venimos a proponer la paz, pero vivan estas personas, y que renuncie y que rinda el Ejército Mexicano, por amor de Dios, seamos congruentes, seamos por favor congruentes.

Yo no quiero que se rinda el Ejército Zapatista, pero tampoco y mucho menos que se rinda el Ejército Mexicano. Yo no vine a tener ninguna rendición, y lo dije antes, lo que necesitamos los políticos es no actuar como militares, porque ése es el gran problema de muchos de mis compañeros diputados, que también se quieren poner una capucha a veces, que puede ser legítima y con esa capucha venir a la beligerancia verbal, que generalmente es el antecedente de la beligerancia en las trompadas.

No, yo creo que tenemos que ser congruentes, si queremos paz, vamos a luchar por la paz, vamos a ser pacíficos, a sembrar en nuestro corazón, como dijo mi compañero Peniche y Bolio hace un momento al referirse a Chiapas, Chiapas, dijo, de la concordia. Concordia viene de corazón, concordia dice que hay que estar de acuerdo con el core, dirían los italianos.

Busquemos en nuestro corazón, limpiemos las rencillas en nuestro corazón. El pacífico tiene que empezar a ser pacífico consigo mismo, porque lo peor es que se vuelva uno beligerante y entonces empiece uno a echar pleito con uno mismo. Eso es problema de enfermedad, de medicina, de siquiatría, no es problema político.

Finalmente, quiero recordar algo que dijo precisamente también el diputado Elizondo, que fijó la posición de mi partido. Muchas lecciones nos ha dado Chiapas, dijo, la guerra nos hirió a todos, pero creó conciencia de nuestra realidad.

México no puede seguir como hasta ahora, en eso todos estamos de acuerdo. La agenda nacional es impostergable, ya no es posible continuar con reformas parciales, con simulaciones que no profundizan en las bases estructurales del sistema político, yo estoy de acuerdo, por eso creo que debo aconsejar, o pedir, o solicitar que votemos en favor de la iniciativa, porque en esta forma optaremos por la paz, por el diálogo y por la convivencia pacífica de los mexicanos. Muchas gracias.

El Presidente:

Para contestar alusiones personales, tiene la palabra la diputada Carlota Botey, y sigue en turno la diputada Mara Robles.

La diputada Carlota Angela Rosa Botey y Estape:

Cómo llegaremos a una conciliación si no se reconoce la realidad del país. Decir que hoy en este país no hay guerra, aunque sea una guerra de baja intensidad en el Estado de Chiapas está más de una tercera parte del Ejército federal. Hay 60 mil miembros de este Ejército, y en la zona considerada zapatista, yo les puedo asegurar que por cada habitante hay un militar.

No dije que se rindiera el Ejército federal, lo único que le hemos dicho, y dice todo el pueblo, y se señala de plaza en plaza en este país: "fuera el Ejército de Chiapas". ¿Qué hace un Ejército si no hay guerra, como nos dice el compañero, eminente, queridísimo, siempre brillante, panista? Claro que hay guerra, claro que hay guerra. En las casas, en los parques, en las escuelas, está el Ejército en posición militar, está destacada, todos lo hemos visto, lástima que no les podamos traer videos, fotos, para demostrar, como lo sabe la verdadera voz y la voz del pueblo, que el Ejército está en Chiapas. Eso tampoco nos hace a nosotros, señor, beligerantes.

Yo no vengo con un estilo beligerante, yo vengo con un espíritu de justicia social. Y yo digo que la ley, en su artículo 13, puede convertirse en una ley de masacre en este país. Y por eso vengo a decir que tampoco hoy señalo que sea un país extranjero el que opine, sino como lo hizo el Ejército guatemalteco o como se hizo con la guerrilla de El Salvador o como se hace entre palestinos e israelíes, se siente una mesa de negociación en un país neutro, porque aquí señores existe guerra, y existe una guerra de baja intensidad, y los invito a Chiapas.

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, para rectificar hechos, la diputada Mara Robles.

La diputada Mara Nadiezhda Robles Villaseñor:

Miren, compañeros. Es muy poco el tiempo para una intervención que considero que es muy difícil en esta discusión, pero no quiero dejar de hacerlo, primero, porque uno tiene que ser efectivamente muy cuidadoso de que cualquier posición que uno fije, sin dejar de decir efectivamente todo lo que piensa y con base en argumentos, y no lo que peyorativamente se llama interés de partido, que por otro lado todos los que estamos aquí en sentido amplio, hemos tomado partido, porque si no ninguna razón tendría estar aquí y, sobre todo porque representamos a una opinión tomamos partido, no tendría sentido.

En este sentido yo también quiero hablar por la paz y tener mucho cuidado en no decir algo que despierte, no las contradicciones, que ésas es evidente que las tenemos, sino las sinrazones que devienen de intereses minoritarios, como, por ejemplo, si son intereses minoritarios los de los finqueros en Chiapas.

Pero también, compañeros, porque aquí hay algunos diputados que a partir del conflicto en Chiapas, han dedicado de manera honesta la gran mayoría de su tiempo a atender, no solamente la olvidada situación de los indígenas de Chiapas, sino también a buscar la paz y ayudar a la justicia en este país.

Pero vengo a hacerlo porque los diputados del PRI y del PAN en muchas ocasiones, pretenden hacer sentir, como si éste fuera un debate moral, o como si fuera un debate de afectividades y yo quiero decirles que no. Este es un problema evidentemente político, que tiene su origen en las injusticias que son reconocidas por todos nosotros.

Yo estoy, señoras diputadas y diputados, en la situación contraria que doña Rosario, yo nunca he perdido, nunca se me ha desaparecido un hijo. En mi caso sólo he visto un presidente, con el cual ya tengo demandas pendientes. Sólo he hecho una especie de ayuno de 24 horas en esta cámara y doña Rosario hasta me dice que si voto a favor, no importa, porque quizá si esta ley no resulte, finalmente puede ser un pecado de juventud.

Y yo le digo a doña Rosario y a todos ustedes, que de ninguna manera pienso que esto pueda ser un pecado de juventud. Esta ley pienso que debe aprobarse y que debe tenderse un puente para la paz, porque contiene elementos mínimos que detengan la acción equivocada, profundamente equivocada de Zedillo, al cambiar la vía política por un supuesto desenmascaramiento de los dirigentes del EZLN.

Porque pienso que éste puede ser el puente para que efectivamente toda la población que está muriendo de hambre en la selva, porque no tiene acceso a alimentos, pueda bajar a conseguirlos.

Porque pienso que éste puede ser un puente para que el Ejército Mexicano se ponga también a defender, que en ningún lugar de este país se cometan violaciones a los derechos humanos y para que sean los primeros en venir a sumarse a las demandas, porque también los soldados tienen derechos humanos.

Porque yo creo que esta ley no ha dejado claro el problema de las zonas francas, y esto es muy grave; y es muy grave, porque sin espacio desmilitarizado, hay posibilidades de fricción en cualquier momento, independientemente de que haya diálogo, porque no permiten que efectivamente esta gente sea atendida.

Creo también que el punto número cuatro acerca de las órdenes de aprehensión, es más un ultimatum que la posibilidad de una amplísima concertación para buscar la vía política. Creo que también el punto 13 debe salir de esa ley.

Pero, compañeros, vengo a insistir sobre todo, en que este debate político debe centrarse en esos puntos. Y que nosotros vamos a votar por un contenido diferente de una supuesta moralidad.

Si vamos a votar, es porque pensamos que hay un problema real de injusticia, que debe solucionarse. Es porque pensamos que debe darse una salida política. Es porque queremos frenar a los que piensan que la solución es aniquilar con las armas a un grupo inconforme de mexicanos e indígenas, que decidieron esa vía con la que nosotros no estamos de acuerdo.

Entonces yo les pido, compañeros, que pongamos atención en estos puntos por los que el PRD va a pedir que se reforme la ley, y que lo reflexionen, y que si es necesario incluirlos y que regrese la minuta al senado y que rehagamos una vez más la ley, lo hagamos así; porque de otra manera la discusión siempre se encajonará hasta un punto en el que no hay soluciones; y si esta ley, compañeros diputados, por cualquiera de los dos extremos: por el extremo de decir que está completa y se aprueba tal como está y no resuelve el problema de la guerra, habrá fracasado; y si se votara en contra y no resolviera el problema de la guerra, habría fracasado. Yo los invito a que la siguiente parte del debate sea en términos de cómo lograr una ley que sea efectivamente para una paz con justicia y dignidad en Chiapas.

La diputada María del Rosario Ybarra de la Garza (desde su curul):

Señor Presidente; pido la palabra.

El Presidente:

Diputada doña Rosario Ybarra, ¿quiere hacer uso de la palabra, con qué objeto?

La diputada María del Rosario Ybarra de la Garza (desde su curul):

Para alusiones personales.

El Presidente:

En virtud de que está pidiendo el uso de la palabra para contestar alusiones personales, yo le pediría al diputado González Magallón, que esperara a que hablara doña Rosario. Tiene la palabra la diputada Rosario Ybarra de la Garza.

La diputada María del Rosario Ybarra de la Garza:

Hace rato otro señor diputado habló de sucesos traumáticos, me sentí aludida y cuando pasó por mi curul me saludó y yo le dije que ojalá y nunca tenga un suceso traumático como el mio: que le quiten un hijo. No se lo deseo a nadie, ni siquiera a los torturadores de mi hijo, y a ningún miembro del Ejército Mexicano, ni al presidente Zedillo.

Por otro lado, la compañera Mara, es cierto que le dije eso, es muy joven, la quiero, la estimo, he convivido con ella, es cierto que se lo dije, y quizá pudiera ser, porque se me decía que yo puedo estar equivocada y que, qué haré yo si el Ejército Zapatista acepta la ley. Qué bueno que la acepte y si lleva la paz, ya lo dije y qué bueno que hagan todo lo bueno que se quiere hacer, y ya me comprometí a ir al Zócalo a pedir disculpas, ya lo escucharon todos ustedes.

Pero, la compañera Mara dijo que era un problema político, desde el principio dijo que era un problema político. Y yo quiero decirles a ustedes que así lo considero, un problema político y no se necesita perder un hijo, no se necesita que nos arrebaten un hijo, que sepamos que lo han torturado, que lo llevaron al campo militar número 1 un Ejército que yo quisiera que fuera ejemplo, como lo fueron en el pasado las tropas mexicanas, un Ejército que mantiene cárceles clandestinas en su interior, un Ejército que debería de ser para defender a los mexicanos y no para permitir en sus entrañas la tortura y la muerte de algunos detenidos. Eso es sabido, hasta los últimos detenidos han sido llevados al campo militar número 1. Quiero decir y repito, que ojalá y no sea necesario en este país que a cada uno de los señores diputados le arrebaten un hijo para que venga aquí a decir lo que piense y lo que siente...

El diputado Jesús Esquinca Gurusquieta(desde su curul):

Señor Presidente...

El Presidente:

Permítame, señora diputada, doña Rosario, está levantando la mano un diputado hasta allá atrás. Yo quisiera preguntarle al señor diputado si usted quiere preguntar o es para otro objeto.

El diputado Jesús Esquinca Gurusquieta (desde su curul):

¿Acepta la diputada una pregunta?

El Presidente:

¿Acepta usted una pregunta del señor diputado?

La diputada María del Rosario Ybarra de la Garza:

Sí, señor.

El Presidente:

Adelante, señor diputado.

El diputado Jesús Esquinca Gurusquieta (desde su curul):

Diputada Rosario Ybarra: respeto su dolor como madre y le pregunto a usted, porque usted hizo referencia a que este Ejército fuera como el anterior. ¿Tiene usted una alusión personal para las fuerzas armadas actuales?

La diputada María del Rosario Ybarra de la Garza:

Sí, señor, sí tengo. Desde la época del presidente Echeverría, cuando era el jefe de las fuerzas armadas, es más, me voy un poco más atrás, desde la época cuando menos del señor Díaz Ordaz, el Ejército Mexicano se manchó por medio del batallón "olimpia", en seguida el Ejército Mexicano se manchó por las órdenes de Luis Echeverría deteniendo a cientos de campesinos y a cientos de habitantes de México y llevándolos al campo militar número 1. Tengo nombres de generales, tengo nombres de sargentos, tengo nombres de personas que han sido documentadas en esta Cámara de Diputados en la LIII Legislatura, está todo documentado, señor diputado; hablamos con el secretario de la Defensa, Arévalo Gardoqui, hablamos con el Procurador de Justicia Militar en aquel tiempo; y estoy en la Comisión de la Defensa Nacional y espero el momento de llevar ahí todo lo que ha pasado; están los nombres de los soldados que violaron a las indias tzeltales; están los nombres de todas las cosas que han hecho.

En este momento el Ejército, un Ejército señor, al que yo quisiera respetar ¡se lo juro!, ¡se lo juro por mi hijo desaparecido!, quisiera respetar ese Ejército que tiene mucho pueblo, que tiene muchos jóvenes que los he visto en la selva lacandona y a los que no quisiera ver enfrentados con sus hermanos de raza y de sangre. Yo quisiera que ese Ejército fuera el honor de la patria mexicana señor general o si es usted de otra categoría o de otro rango, pero usted ha hablado con el Ejército, ese Ejército que reafirmo, quisiera respetar. ¡Ojalá, ojalá, lo vuelvo a decir aquí, ojalá, lo vuelvo a repetir, que hiciera algo el Ejército para que yo fuera debajo de la bandera!, porque yo quiero que sepa, que hasta nací el Día de la Bandera, venía señalada por la bandera y tengo una bandera en custodia, que me entregó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional; y aparte de eso, ¡juro por la bandera que pediré perdón al Ejército, cuando el Ejército se comporte como debe de hacerlo! ¡Sí, señor! Gracias.

El diputado Jesús Esquinca Gurusquieta (desde su curul):

Señor Presidente, deseo pasar para hechos

El Presidente:

Señor diputado, ¿quiere usted hacer..?

Perdón, diputado, no alcancé a escuchar, ¿quiere hacer uso de la palabra para hechos?, nada más le informo que antes de usted está el diputado... permítanme por favor. El señor diputado pide la palabra para hechos; así lo escuché y así le voy a dar el trámite.

Tiene el uso de la palabra, en primer término el diputado César González Magallón.

El diputado Jesús Esquinca Gurusquieta (desde la curul):

Señor Presidente, fuera tan amable para alusiones personales.

El Presidente:

Señor diputado, acepto que usted está pidiendo en este momento para contestar alusiones personales, pero ya le dí el turno al diputado González Magallón.

Haga uso de la tribuna, señor diputado González Magallón.

El diputado César Humberto González Magallón:

Con su permiso, señor Presidente:

Efectivamente compañeras y compañeros diputados, la discusión no puede estar al margen de las ideologías políticas, de las posiciones concretas que cada quien tiene como político y como legislador.

Seguramente todos estamos de acuerdo en que haya un estado de derecho. Pero algunos no estamos de acuerdo en que este estado sea un estado de derecha y no estamos de acuerdo, porque en el fondo del análisis de esta ley, debe tomarse en cuenta el grado de fortaleza que tiene la soberanía nacional y los más de 50 millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la extrema miseria.

Pero lo que no debe quedar en duda, es que el pueblo mexicano se ha definido por la paz, porque fue el pueblo mexicano el año pasado, quien le amarró las manos a Carlos Salinas de Gortari, cuando decidió la vía militar para resolver el problema de Chiapas; y hoy, cuando el presidente Zedillo inicia la ofensiva contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, es el pueblo, son los partidos políticos, son las organizaciones sociales, las que reclaman su derecho a opinar y deciden que el pueblo de México debe transitar la vía del diálogo y la concertación.

Y el diálogo por la paz compañeras y compañeros, tiene que ver con la reconstrucción democrática de este país. Y aquí, compañeros, no podemos hacerle caso a los guerrilleros de banqueta, en algunos casos a los violentos, a los que están sirviendo a la derecha desde posiciones izquierdosas; pero también, compañeras y compañeros, no es con llamados evangélicos como se va a concretar la seriedad de este diálogo.

Yo creo que hay errores políticos que han obligado a que esta solución se dé en estos términos y no vamos a juzgar a compañeros que militan en las filas de la izquierda, muy respetables, pero que sí tenemos que analizar con mucha seriedad los planteamientos tácticos y estratégicos, porque ahora los únicos beneficiados de un rompimiento de la legalidad constitucional, sería la derecha reaccionaria y sería el imperialismo norteamericano, compañeras y compañeros.

Y estamos aquí para apoyar a la comisión legislativa, que hizo un extraordinario trabajo y nos presenta esta propuesta. Yo creo que hay que apoyar esta propuesta independientemente de que no esté como uno la quiere, de la "a" a la "z".

Yo, compañeras y compañeros, me sumo al trabajo de los compañeros legisladores, porque están viendo también por la paz social. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Jesús Esquinca, para contestar alusiones personales.

El diputado Jesús Esquinca Gurusquieta:

Con su permiso, señor Presidente; damas, caballeros legisladores; diputada Rosario Ybarra:

Cuando le hice a usted la pregunta, no me referí a otras administraciones. Mi referencia iba al problema que estamos viviendo en este momento; estamos buscando un diálogo, un trato consciente, razonable para encontrar una solución al problema que está viviendo Chiapas.

Lamento que para llegar usted a la opinión del pueblo, exprese usted su dolor, que como le dije hace rato, también yo lo siento. Pero no es éste un campo para buscar una confrontación, que como dama, yo le respeto. Por eso quiero hacer referencia a que este problema que estamos viviendo en Chiapas, como fue expresado por el diputado militar que me antecedió, es con el deseo de buscar una solución para que esta cultura chiapaneca que ha sido llevada, no a una guerra, sino a un problema de seguridad interna, porque no podemos hablar de una confrontación de carácter internacional; podemos hablar de un problema de mexicanos, deseo informarle que cualquier militar que viola los derechos humanos, se encuentra actualmente en prisión militar.

Para nosotros es muy doloroso haber intervenido en una confrontación armada contra mexicanos. Pero no es doloroso haber intervenido contra aquellos hombres que no dieron la cara a la verdad, que se enmascararon para una lucha, que lo único que ha hecho es minar los intereses de la soberanía nacional.

Deseo expresarle que la actual administración tiene especial atención en encontrar a todos aquellos violadores de los derechos humanos. No existe actualmente algún militar que haya cometido algún error, que no haya sido castigado.

¡No deseo que las fuerzas armadas se acojan a la Ley de Amnistía, porque en las fuerzas armadas no hay delincuentes! ¡Porque en las fuerzas armadas al que comete un delito se le castiga!

Lamento, y así lo expresé en diálogo con los diputados perredistas Navarrete, Tonatiuh, Cuauhtémoc, con los cuales establecimos un diálogo, de decirles a ustedes que el empleo de las fuerzas armadas es un error político.

Pero este actual Presidente de la República, este Congreso de la nación, no son culpables de esos errores. Si nosotros entablamos un diálogo razonado entre todos los legisladores de los partidos, vamos a buscar una solución para beneficio de Chiapas, para beneficio de México. Gracias.

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra, el diputado Armando Quintero Martínez.

El diputado Raúl Armando Quintero Martínez:

Compañeras diputadas, compañeros diputados:

Hoy, nuestras fuerzas armadas del Ejército federal no debieran estar en cuestión en esta tribuna. La sección III, de las facultades del Congreso de la Unión, en su artículo 73, fracción XII, establece que es potestad de este Congreso: "Para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo".

Es obvio, es evidente a los ojos de la nación, que se incumplió y se violó este artículo, en esta fracción, de nuestra hoy vigente Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

Nadie quiere que el Ejército federal se mantenga en una situación de utilización por los civiles, argumentando que es para coadyuvar a la PGR en la persecución de los líderes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Hoy, para que haya paz en Chiapas; es decir, para que haya paz en México, porque creo que aunque sea sólo en esa región y hoy ni siquiera en esa región entera, sino en la parte de la selva lacandona, a donde se ha obligado a refugiarse no al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sino a más de 40 mil indígenas chiapanecos, entre mujeres, niños y ancianos, existe una guerra; podemos decir que existe guerra en todo el país.

Dice un intelectual connotado ligado al Gobierno, ligado al partido oficial, el señor Enrique Flores Cano: "Los zapatistas miran al futuro no para volver atrás".

Señores, este prestigiado historiador de nuestro país, insisto, vinculado al Gobierno y al partido oficial, dice la verdad. El Ejército Zapatista no ha ganado un prestigio y una presencia nacional por su peso militar, ha ganado un prestigio social, porque ha encontrado condiciones que han hecho que emerja una pobreza insoportable en una región de nuestro pueblo que legitima, como se legitimó Hidalgo, como se legitimó Zapata, como se legitimó Madero con la utilización de las armas, para poder hacer oír la voz de los que no tenían voz, para hacer oír a los que no nos oían, los gobernantes en distintos momentos de la historia nacional.

No es, compañeros del PAN, hoy criticable el hecho de la capucha, igual pudo usar la capucha Hidalgo, igual pudo usar la capucha Madero; fueron las mismas causas: el oprobio, la pobreza, la marginación, la antidemocracia, las que hicieron que se levantaran esos héroes nacionales.

Hoy,... ¡compañeros del PRI, parecen ustedes jilgueros, les pido que se comporten!

El Presidente:

Señor diputado, permítame un momento.

Les reitero y les pido de favor que guardemos compostura todos los presentes.

¡Permítanme por favor! Que nos abstengamos de hacer cualquier tipo de manifestación a lo que habla el orador.

Y a usted, señor diputado orador, le solicito que no entable ningún diálogo con otros diputados. Adelante.

El diputado Raúl Armando Quintero Martínez:

Compañeras y compañeros:

Nosotros estamos demandando una paz para Chiapas, pero no una paz para que Chiapas siga dominada por los finqueros, no una paz para que siga dominando.

El Presidente:

Señor diputado, tiene todavía usted un minuto, según la cuenta que llevo yo. Continúe por favor.

El diputado Raúl Armando Quintero Martínez:

Gracias, señor Presidente:

Queremos una paz no dominada por los caciques, queremos una paz en donde el PRI no saque el 100% de los votos, queremos una paz en Chiapas en donde los indios dejen para siempre atrás el atraso, la ignorancia, las enfermedades curables, en donde los indios de Chiapas dejen atrás la ignorancia y el oprobio al que han sido sometidos no por todos los mexicanos, no por todos los partidos políticos, no por todos los políticos, a la que han sido sometidos por un régimen opresivo, dominado en Chiapas hasta ahora 100% por el partido oficial, que tiene cuyas siglas: Partido Revolucionario Institucional.

Queremos una paz en Chiapas nueva, una paz con indios libres, una paz con indios que puedan ir a la escuela, una paz con indios que no se enfermen de enfermedades curables, una paz...

El Presidente:

Diputado concluya usted su intervención, por favor.

El diputado Raúl Armando Quintero Martínez:

¡Una paz en la que haya garantía de justicia social, una paz en donde los gobernadores no sean los principales represores y los responsables del atraso económico y del atraso en la justicia social!

El Presidente:

¡Concluya su intervención diputado, se le ha agotado su tiempo!

El diputado Raúl Armando Quintero Martínez:

Quiero concluir diciendo que por esta paz nosotros hemos trabajado, por esta paz estamos convencidos, pero precisamente por el comportamiento irracional de los militantes del PRI, no confiamos y en lo personal por ello me voy a abstener en esta votación.

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra para rectificar hechos, el diputado Edgard Sánchez Ramírez.

El diputado Edgard Sánchez Ramírez:

He pedido la palabra para rectificar hechos, aunque estoy en la lista de oradores en relación a la última intervención del diputado Esquinca, porque me parece que hay una actitud que tiende a desvalorizar, deslegitimar denuncias sobre violaciones a los derechos humanos con el argumento fácil que ya hemos escuchado en otras ocasiones, de que esas denuncias estarían provocadas por sentimientos, que de todas manera son legítimos, sentimientos de dolor, sentimientos sobre los cuales debería haber conmiseración por experiencias traumáticas personales.

Una conducta consecuente de respeto a los derechos humanos debe ser una conducta independientemente de la experiencia personal de cada quien, cualquier violación a los derechos humanos tiene que ser denunciada, enjuiciada en su caso y deben de buscarse las vías para impedirse tales violaciones, independientemente de las experiencias personales de cada uno de nosotros y todas las denuncias deben ser escuchadas sobre la base de los hechos objetivos y no de los supuestos argumentos en motivos, con los cuales se quisiera desautorizar tales denuncias.

Pero al hacer este intento de desautorización de las denuncias de violaciones de derechos humanos se ha entrado en un terreno pantanoso que aparentemente para la mayoría de los diputados no era el interés de entrar, pero que es necesario precisar, las denuncias sobre violaciones a derechos humanos por parte del Ejército federal, no son lamentablemente hechos del pasado, de un pasado que por cierto tampoco es muy lejano, sino que quiere hacerse referencia a la experiencia de la compañera Rosario Ybarra, pero son denuncias que tienen que ver con experiencias de violaciones de derechos humanos por parte del Ejército federal en relación al caso del que estamos hablando.

Si tuviéramos que hablar sobre otros casos de sexenios pasados, tendríamos que pedir tiempo especial para poderlo documentar, pero estamos hablando sobre el asunto de Chiapas, estamos hablando a partir del 1o. de enero de 1994 y en efecto, lamentablemente para quienes dicen que no hay tales denuncias, porque habría que proceder entonces legalmente, las hay y simplemente quiero dar una referencia, señoras y señores diputados, una referencia que ayer mismo en la Procuraduría General de la República, ayer Día Internacional de la Mujer, fue abordado por un conjunto de mujeres compañeras de diversas organizaciones de mujeres, algunas diputadas y que tienen que ver con los hechos de Chiapas, tiene que ver con la denuncia de la violación multitudinaria de la que están acusados 20 elementos del Ejército federal contra tres mujeres tzeltales cometidas según nuestra denuncia, en el retén de Altamirano, Chiapas; o sea que estas violaciones a los derechos humanos no son violaciones que pueden ser desechadas simplemente por emotividad o por cosas que hubieran ocurrido en un pasado muy lejano, sino que tiene que ver con las condiciones actuales y tiene que ver, por lo tanto, por la insistencia que estamos haciendo del repliegue del Ejército federal, porque ésas son acciones hechas en donde los acusados son directamente elementos del Ejército.

Incluso un diputado del PRI hace un momento, si mal no recuerdo el diputado Castelazo reconoció en tribuna que podía haber y que en todo caso no era determinación de los jefes y que era una determinación o una acción que debería atribuirse a responsabilidades individuales, pero el hecho público y notorio es que las hay y por eso incluso en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el día de ayer aquí en la Cámara de Diputados se reconoció que solamente del 2 de enero a la fecha, ha habido 379 casos de denuncias de violaciones a los derechos humanos ocurridos en Chiapas y ya que a algunos les gusta hacer referencia a la experiencia de " Belisario Domínguez", también quiero agregar otra experiencia en este sentido, de compañeros que a la mejor tuvieron un poquito más de suerte que Belisario Domínguez, pero que muestran que esas prácticas dictatoriales se siguen aplicando, incluso como decía el diputado Ortiz Walls, para acallar la palabra.

El 5 de febrero, el 5 de febrero compañeros de la Unión General Obrera, Campesina y Popular, la UGOCP, en Salto del Agua, Chiapas, fueron desalojados de predios a los cuales ellos tenían derecho. De ese desalojo, 42 personas desaparecieron, hicimos la denuncia aquí incluso ante la propia Comisión de Derechos Humanos de la Cámara; varios días después 39 de estos compañeros aparecieron, fueron presentados y los 39 tenían quemaduras en la lengua...

El Presidente:

Señor diputado...

El diputado Edgard Sánchez Ramírez:

Quemaduras en la lengua y con esto termino, señor Presidente, expresando precisamente que esa práctica que se hizo con la experiencia de Belisario Domínguez no ha sido descartada por estos violadores de los derechos humanos en el Estado de Chiapas, que existen y que está documentado y que no se trata de ninguna emotividad, sino de desgraciadas realidades que tenemos que poner un alto y que tenemos que combatir. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra para razonar su voto, hasta por 15 minutos, la diputada Adriana Luna Parra.

La diputada Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo:

Con su venia, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:

En estos momentos, es nuestra responsabilidad votar por una ley cuya esencia debe de representar la dignidad, la patria y la verdad. Quiero con la razón, la conciencia, el corazón y el amor a la patria, reflexionar con ustedes. Para eso quiero pedirles, compañeras diputadas, compañeros diputados, que me escuchen desde el fondo de su conciencia y de su corazón.

Amaneció 1994, con un grito que surge de la profundidad de la selva lacandona, que hace latir los corazones de millones de mexicanos ante un ¡ya basta! sangrante de razón.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, levanta la voz del dolor y la rabia de hombres, mujeres, ancianos y niños olvidados y condenados al silencio. Del corazón indígena que nada posee, nos dan todo. Nos llenan de esperanza, de dignidad, de amor a nuestros hermanos, nos llenan de verdad, de la verdad del hambre, la pobreza y la injusticia en que viven nuestros hermanos y nuestras hermanas indígenas.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional no nos ha mentido nunca, no ha hablado nunca con dos palabras, no tiene dos corazones; su palabra ha sido siempre de verdad. Dejaron las armas de fuego cuando así lo dijeron, pero nunca se han desarmado de la razón, de la dignidad y de la patria.

Este ejército rebelde, al que en la primera iniciativa de ley ni siquiera le reconocían el nombre y ahora no se atreven todavía a decirlo completo, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ése sí tiene palabra; ése sí mantiene invariable su postura en las declaraciones y en los hechos, no así un Gobierno que habla de diálogo y lanza órdenes de aprehensión; que escribe "conciliación" y agrede con tanques, con sobrevuelos y con amenazas a la población civil; que firma "paz digna" y manda a sus soldados a invadir las moradas de los indígenas, a comerse sus tortillas, a destruir los trastes y los pocos utensilios que tienen y a estrangular de miedo y de hambre a mujeres, a niños y ancianos, a exiliar en su propia tierra a los indígenas chiapanecos, cortándoles el suministro de agua y de luz y torturando a la población civil, porque sí es cierto, señores, el Ejército Mexicano ha violado brutalmente los derechos humanos, ha robado lo poco que tienen a los que nada tenían, ha invadido las casas y las moradas y nosotros lo hemos visto, nadie nos lo ha contado.

Hemos visto a las mujeres y a los niños llorar y pedirnos que se vaya el Ejército, que se salga el Ejército de sus comunidades, para que puedan lavar su ropa, para que puedan cargar su leña, para que puedan ir los niños a caminar por sus comunidades; hemos visto a los tanques del Ejército estacionados y metidos en los patios de nuestra gente y al Ejército acostadote en las hamacas y con la ropa tendida adentro de las casas de nuestros indígenas. Eso se llama robo, eso se llama mezquindad, eso se llama genocidio y eso se llama brutalidad.

En estos casos, señores, quiero decirles que el impacto de la violencia en las acciones de guerra, cae brutalmente sobre las mujeres y sobre los niños.

Nos decían que no había violaciones. Señores, el 4 de junio tres indígenas tzeltales fueron atacadas y violadas en el retén del municipio de Altamirano, fueron atacadas y violadas por miembros del Ejército Mexicano. Esto fue denunciado ante el Ministerio Público, esto ha sido turnado ante la procuraduría militar y no hay respuesta. Señores, ¿quién va a castigar todas estas violaciones?

Se mete a la cárcel a los que roban los bancos, se mete a la cárcel a los que roban los coches, pero eso es mucho menos grave que robarle las tortillas a un indígena que lleva 502 años de morirse de hambre.

Ha desaparecido gente, han torturado, traemos y tenemos constancia de hechos, eso ha sido reportado en todas las redes de derechos humanos y en la misma prensa, en La Jornada, en otros periódicos existe constancia de ello.

Una mujer embarazada, como muchas de las que hay en esas comunidades de la selva, nos comenta llorando: dice que quiere paz. Cómo vamos a creer si cuando llegaron se metieron en nuestras casas, sacaron nuestras cosas. Teníamos un poquito de agua hervida, de tortillas y de fruta. Todo se lo echaron. Las cosas que nos sirven también se las llevaron. Nos vienen a amenazar. Yo tengo viejito en casa, que se vayan los ejércitos, que dejen de volar encima de nosotros, no podemos salir a trabajar.

Compañeras diputadas, compañeros diputados: las mujeres indígenas que están dando de mamar a sus bebés ya no tienen leche en sus senos, porque se les han secado de miedo, de terror, de angustia, están estrangulando a nuestra población indígena. A eso se llama guerra, eso se llama una guerra cobarde, una guerra miserable, una guerra traicionera, mientras Ernesto Zedillo, el que firma y el que promueve esta ley, dice que no avanzan los ejércitos. Yo los he visto, yo los he visto entrar en las poblaciones, yo los he visto invadir la selva lacandona, no me tienen que decir, no me tienen que pedir que confíe en un hombre que ha traicionado su palabra.

Yo les pregunto: ¿qué no es una conciencia esquizofrénica creer en una iniciativa de ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, cuando el que la firma, Ernesto Zedillo, es el que está consumando un genocidio, una cobarde guerra de exterminio en donde comunidades enteras de los que han cargado la muerte por más de 500 años tienen que dejar su lugar donde duermen, ya sin nada, para caminar más lejos, donde menos tienen y morirse ahí de hambre, de frío, de sed, de enfermedad, donde los niños mueren de desnutrición y de miedo, donde cortan el agua y la luz a las comunidades?

¿De qué paz estamos hablando? ¿De qué paz estamos hablando, de que los indígenas se queden callados en su oprobio, esa paz es de la que estamos hablando? ¿De qué dignidad estamos hablando? La dignidad, señores, está en la selva lacandona, la dignidad está en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la dignidad está en el corazón indígena, la dignidad está en las miradas de las mujeres y de los niños, que lloran de miedo al escuchar 39 veces al día los sobrevuelos amenazantes.

La indignidad señores está en los que no tienen el valor ni siquiera de reconocer la existencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional como lo es en realidad, un ejército rebelde, una fuerza beligerante, una fuerza política nacional representante de la pobreza de este país, reconocida por millones y millones de mexicanos que hemos hecho muchas caravanas, que hemos llenado muchos zócalos y que nos reconocemos en su lucha.

La indignidad está en quien desconoce la voluntad popular y tampoco reconoce la fuerza de un gobierno de transición de Amado Avendaño; la indignidad está en quienes mandan al Ejército a destruir a la población civil, en quienes instigan a las guardias blancas, en quienes oprimen y no reconocen que los indios de México llevan 502 años sin conocer el estado de derecho que muchos de ustedes han defendido aquí.

Yo quisiera preguntarles: ¿qué estado de derecho creen ustedes que conocen los niños, las mujeres, los ancianos y los hombres indígenas que no tienen que comer, que se están muriendo de viruela, de cólera, de diarrea y de hambre? ¿Es ése el estado de derecho que nosotros tenemos que defender?

Yo quisiera preguntarles: ¿creen ustedes que alguien puede dialogar dignamente, con tranquilidad y con dignidad, cuando tienen como rehén a su familia, cuando tienen como rehén a sus comunidades, a sus mujeres, a sus hijos y a sus ancianos, rodeados de tanques y con tanques metidos en sus casas?

Señores, esos trabajos de solidaridad social que dicen que hace el Ejército los hace con tanques, con armas y con cañones, porque yo aquí los vi, yo no los vi con curitas, con merthiolate, ni con palas para arreglar los caminos. Eran 15 ó 20 tanques y tanquetas adentro de una comunidad, cada una de ellas con 10 ó 20 soldados.

Compañeros, ustedes y en la televisión dicen que las comunidades tienen el apoyo del Ejército. Yo quisiera leerles lo que dicen las mujeres que no tienen voz y que están lejos:

"Las mujeres no pueden salir a lavar ropa o cuidar animales porque tienen miedo. Los ejércitos mexicanos están presionando a las mujeres de hacer rápido las tortillas que consumen, porque no contamos con máquinas y son muchos los ejércitos. Los ejércitos llevan nuestros hombres, tenemos miedo. Apoyamos a don Samuel. Señor Presidente de la República: queremos que hagas el orden de retirar los ejércitos mexicanos y en los otros lugares, porque no estamos acostumbrados a vivir con los ejércitos."

¿A quiénes se acusa? Se acusa a los que el 22 de febrero desplegaron esa bandera y nos hablaron de la patria, del hambre, de la esperanza y de la pobreza. Por esa bandera ellos caminaron delante de nosotros en Aguascalientes, que ése sí es un espacio de diálogo y de concordia, con el símbolo de paz en cada uno de los civiles. Por esa bandera ellos han pedido paz, por esa bandera ellos han pedido paz con dignidad, por esa bandera que nos obliga a cumplir con una patria de justicia y no por una patria de personas oprimidas y con hambre.

Señores, si castigan y si es delito anhelar, como el EZLN, que Ramona, Laura, Ana María, Elisa y tantas y tantas mujeres no tengan nunca más que agarrar un arma y que puedan ser doctoras, licenciadas e ingenieras, si es delito reconocer la justeza de levantar un arma para ser escuchados después de 502 años de abandono, si es delito querer terminar con un régimen de gobierno genocida y opresor, si es delito amar nuestra bandera y nuestra patria como símbolo de justicia y de esperanza para todos los mexicanos, entonces señores diputados y diputadas, yo me declaro culpable y pido también que giren orden de aprehensión en la memoria de Morelos, de Melchor Ocampo, de Juárez y de los Constituyentes de 1917 y de tantos y tantos patriotas mexicanos que han anhelado lo mismo que nosotros: que todos los mexicanos tengan paz, tierra, trabajo, casa, salud, independencia y democracia.

Señores, ¿cómo podemos confiar en quien tantas veces ha mentido?, ¿qué ha sucedido con el caso de las tres jóvenes violadas el 4 de junio, ¿quién castiga el robo asesino de los soldados de las cosas y de las viviendas de los indígenas?, ¿cómo se restituye ese grave daño? La única manera en que este diálogo pudiera ser digno es con un repliegue militar.

Yo reconozco el esfuerzo de esta ley, reconozco el esfuerzo y creo que es un avance, creo que es un camino, un avance, una esperanza, pero no confío en quien la firma, no confío en Ernesto Zedillo, no confío en la palabra del señor que dice que firmemos esta ley. Yo por eso quiero razonar que ante esta ley me abstengo, para esperar la respuesta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra el diputado Marco Rascón Córdova, hasta por 15 minutos, para hablar a favor del dictamen.

EL diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova:

Gracias, señor Presidente; compañeras diputadas, diputados:

Las causas del conflicto en Chiapas se generan desde que este Estado no vivió los cambios pos-revolucionarios del país desde la convención de Aguascalientes en 1914. Salvo en Chiapas, todas las entidades que constituyeron el Pacto Federal, tuvieron que adecuarse internamente a las nuevas condiciones políticas y aceptar las decisiones del Estado surgido en la Revolución.

El conflicto en Chiapas no nació el 1o. de enero de 1994, se hizo explícito en esa fecha, pero ya era un conflicto. Las mismas consideraciones de la ley, dicen: "dentro de ellas destaca el reconocimiento a la denominación propia del EZLN y su definición como una organización de ciudadanos mexicanos, mayoritariamente indígenas, que se inconformó por diversas causas y se involucró en el conflicto; el conflicto ya existía y existía de hacía muchos años".

Esta paz, la paz que existía, la diferencia era que beneficiaba a algunos cuantos.

En estas consideraciones de la ley se hace este reconocimiento explícito al hecho de que el conflicto ya existía anteriormente.

Yo quisiera, en razón de que aquí se han mencionado los problemas psiquiátricos, plantear que en el caso de un huelguista de hambre, en el barrio de San Bernabé, allá en Monterrey, Nuevo León, el mismo Carlos Salinas de Gortari, al hacer ayuno, reconoció claramente, explícitamente, que la justicia y la ley no sirven en nuestro país.

En el marco político general, no se puede avanzar en la solución al conflicto si no hay un reconocimiento específico y explícito de que Chiapas no vivió los cambios pos-revolucionarios que modificaron las estructuras bases del estado porfiriano en el país.

La estructura porfiriana quedó en Chiapas intacta. La reivindicación hoy del argumento de la soberanía local, sin cambios, esconde la preservación de privilegios y exclusiones y significa continuar dándole a los grupos más conservadores y atrasados la posibilidad de preservar sus intereses al margen de la pluralidad social, étnica y política existente.

La Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna, debe llenar este vacío histórico y debe tomar partido: o con el futuro o con el pasado de los chiapanecos.

El Estado mexicano y con él este Congreso, debe dejar de apoyarse en estos grupos que hoy no son ni la estabilidad, ni la paz ni, el buen gobierno, sino simplemente la intolerancia y la guerra.

Por eso Ernesto Zedillo se equivocó al querer con la ley a secas resolver un problema de índole histórico y estructural; su falta de flexibilidad como actuación política de Gobierno, se convierte en hierro cuando trata de solucionar formalmente una situación altamente compleja como la de Chiapas. En este sentido, el doctor Zedillo, al optar por el cerco militar, se cercó él políticamente ante el hecho de cancelar otras salidas y dejar sólo la de represión y la de la aplicación de la ley.

Hoy es necesario buscar esa otra salida y corregir el entuerto al que nos metió el Presidente de la República.

La Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz, debe de establecer como punto de partida central que la guerra fue causada además por las asociaciones ganaderas, los finqueros y sus guardias blancas, los grupos conservadores de San Cristóbal, autodenominados auténticos coletos, son responsables de la guerra los sectores del PRI que hicieron prevalecer esa situación y se beneficiaron de ella.

La Ley para el Diálogo la Conciliación y la Paz, debe de reconocer como causante de la guerra la pésima intervención de los gobiernos federales, la política indigenista oficial, la insuficiente atención social y la presencia de un débil federalismo en Chiapas.

Es responsable en la actual situación quien ordenó romper la tregua el 8 de febrero; es responsable el Ejército Mexicano y su alto mando; son responsables el neoliberalismo económico y los intereses del sistema financiero internacional; son responsables los intereses hegemonistas de Estados Unidos.

Por cierto, el día de ayer el embajador de Estados Unidos en nuestro país hizo declaraciones inaceptables, pero al mismo tiempo congresistas en Estados Unidos han definido a nuestro país como su Vietnam financiero. ¿Está incluido Chiapas aquí?

La paradoja en la situación actual, es que todos convocamos al diálogo, pero no avanzamos porque el diálogo solamente es insuficiente. El diálogo se ha vuelto un fin en sí mismo, cuando que el Gobierno Federal, particularmente, no desea arriesgar ni conceder nada en relación a las estructuras de poder en Chiapas. Chiapas debería ser por obvias razones, no sólo la referencia de una nueva política social, sino el laboratorio de la reforma del Estado. Chiapas podría ser hoy el Estado mas progresista, si se apostara a desarrollar en forma de gobierno y en políticas, las demandas de los chiapanecos.

Los intereses que el Gobierno Federal defiende en Chiapas lo impide, porque es su propia fuerza.

Los actos del duro Ejército Mexicano en la zona de conflicto con la población civil y las violaciones que se han sucedido en decenas de comunidades, necesita una solución de fondo.

Los actos de destrucción y violación de derechos contra la población indígena, revelan que el Ejército Mexicano se ha involucrado en el encono y que por tanto es parte del conflicto y no de la solución del conflicto. El Ejército Mexicano y el Gobierno se decidió por la ofensiva sobre la información de que el EZLN, el Ejército Zapatista, era solamente imagen y alardes publicitarios.

La ofensiva militar iniciada el 9 de febrero es ya un impedimento para el diálogo y por tanto, que se diga como se diga, el Ejército debe regresar a posiciones anteriores al 8 de febrero, a fin de que el proceso de diálogo no constituya una nueva tentación para desarrollar la acción violenta.

Si el Gobierno no da garantías, no sólo a los negociadores, sino a la población civil y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el diálogo se continuará postergando.

Si el Gobierno tiene seguridad en su propuesta de fondo al Ejército Zapatista y si tiene verdadera voluntad para la solución, entonces deberá considerar retirarse de la selva.

La presencia del Ejército Zapatista a partir del 1o. de enero, vino a establecer una posición, no sólo para Chiapas sino para todo el país. El Ejército Zapatista, puso la posición de México frente al Tratado de Libre Comercio, fijando los límites de la integración económica forzada, los costos sociales y los límites del neoliberalismo.

El Ejército Zapatista no fue el causante de la crisis económica, como pretendió acusarlos Jaime Serra, sino fue el presagio y la gran llamada de atención del debacle que estamos viviendo y la demostración de que nuestra inserción en el Tratado de Libre Comercio, era para la mayoría del pueblo ficticia y sin beneficios de corto y largo plazo.

La presencia del Ejército Zapatista en Chiapas, no es un problema de soberanía, porque sus integrantes son mexicanos y al final están acogidos al artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La vía armada la impusieron las condiciones de un conflicto histórico en Chiapas. La presencia del Ejército Zapatista es peligrosa para el régimen, porque constituyó no solamente un núcleo de fuerza militar, sino la generación de un polo de resistencia social al proyecto neoliberal que beneficia a unos pocos.

Por eso hoy la alternativa militar no sólo es la guerra con un puñado en la selva, sino la posibilidad de abrir la resistencia social de millones de proletarios, que viven sin esperanza en las ciudades y otras regiones del país, amplios sectores progresistas de la ciencia, la cultura y la cátedra, que se han sentido todos representados en su dignidad por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

El fondo social del zapatismo, representado hoy por el Ejército Zapatista, está en millones. Es parte de nuestra tradición histórica, es vitalidad de la sociedad mexicana y sus demandas son legítimas. Tratar de acabar con el Ejército Zapatista y sus demandas, es atentar contra la misma fuerza social que le dio fuerza al Estado mexicano. Pareciera que el fantasma del Caudillo del Sur, se levantó en Chiapas para concluir su tarea histórica, justo en el momento que el resto del país entró también en una profunda crisis. El Gobierno se equivoca cuando toma decisiones por miedo ante Chiapas y el resto del país.

Quiero decir a los compañeros diputados de origen en las fuerzas armadas, que Carranza nunca reconoció a la División del Norte como ejército. Que no les falte la elegancia y el honor para saber que detrás del Ejército Zapatista está el espíritu y la gallardía del general Emiliano Zapata, del general Francisco Villa y de Morelos, honor militar que reconozcan a la altura de quienes combaten en la selva. Ahí están también los representantes del sitio de Cuautla. Ahí está la valentía de los orígenes del Ejército Mexicano.

Parte del origen del Ejército Mexicano también es Calígula y Jesús Guajardo. No queremos que hoy en esta ley y ante esta actitud el fantasma de Guajardo y de Calígula estén presentes en el proceso de diálogo. Indigno para el Ejército Mexicano es que lo manden a realizar acciones de policías y gendarmes a nombre supuestamente de la Procuraduría General de la República.

Todos queremos avanzar y este asunto objetivamente nos divide, porque para todos es un asunto cercano y es difícil, por tanto, tomar distancia de él. Todo en México es Chiapas.

La Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna debe reconocer estas causas, por ello partamos de que en esta Cámara de Diputados no hay neutrales sino que convive la parcialidad. Es intención nuestra que frente a esta parcialidad exista de parte de todos nosotros el ánimo para el diálogo, la conciliación y la paz, pero a costa de no pretender anular ni aniquilar al contrario; la ley debe garantizar esto y al mismo tiempo trazar las líneas hacia donde estamos de acuerdo que evolucione Chiapas.

Preservar las actuales estructuras es trabajar por la guerra; buscar el orden y la ley, en una tierra donde el orden actual es la violencia y la ley no se cumple, es apostarle a la guerra; la guerra también es una forma de diálogo y los sectores que antes le daban estabilidad ahora lo empujan a la guerra.

Para muchos de ustedes y grupos en el Gobierno, la solución que proponen, y es claro en muchas de las expresiones que se han dado, es mandarnos al EZLN y a todos los que estamos aquí de la oposición al paredón... si es que pueden. Para los grupos económicos y políticos, chiapanecos que provocaron la guerra durante décadas, la única solución es que el Ejército Mexicano les permita armarse y vaya su retaguardia para escarmentar a los indios revoltosos.

¿Puede ponerse la solución del conflicto en manos de ellos? Aquí algunos pensarán que sí, pero eso es el diálogo de la guerra; el gobierno del Estado de Chiapas y el Congreso local no pueden ser parte de la mediación en el conflicto, son parte del conflicto, son parte de la guerra.

¿Quién ganaría en una pelea entre un tigre y un tiburón?, dependiendo donde luchen. Creemos que el Gobierno tiene un esquema global donde esta ley puede formar parte de un plan de guerra para la rendición incondicional, ya que como precedente a la ley no existe un solo compromiso en torno a las demandas y propuestas del Ejército Zapatista.

Por otra parte, la propuesta de ley tiene como única virtud mover el estado de tensión actual y pone una prueba para medir el grado de voluntad del mismo Gobierno, a fin de recomponer la intención violenta y rupturista del pasado 9 de febrero. La situación se agravó a partir de la decisión de pretender capturar a la dirección del Ejército Zapatista.

Compañeras y compañeros diputados: más allá del diálogo entre las partes en conflicto es necesario percibir, desde ahora, las posibilidades de solución. Solamente un Congreso Constituyente y la creación de una nueva Constitución en el Estado de Chiapas sería la base política y jurídica suficiente para que en Chiapas los problemas fueran detrás de la iniciativa política y se procesaran positivamente.

Encaremos la situación con claridad, somos aquí adversarios políticos en un momento de rupturas y búsqueda, asumamos que frente a las diferencias de visión del país y la controversia es posible aún lograr un nuevo marco constitucional en Chiapas. Pero esto se logra reconociendo plenamente y sin falsedades la fuerza y los intereses del contrario.

El Gobierno Federal ha tomado malamente posición en favor del pasado y la reacción y eso obstaculiza el diálogo y la solución. Para los indígenas de Chiapas, el Gobierno Federal tiene cara de finquero, de enfermedad, de injusticia, de ganadero, de coleto y ladino. Esas son las máscaras que se deberán despejar para que haya entendimiento de fondo; ésas son las capuchas que se deben de ir, las de la falsa moral, las de los que gritan paz y diálogo y en el fondo quieren la guerra.

Esta Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz, no puede ser un cerco político agregado al militar, el Ejército Zapatista tiene derecho político a objetar los términos de esta ley si no se logra generar las condiciones del retiro del Ejército Mexicano.

A partir de que esta ley entre en vigencia, es responsabilidad única del Gobierno Federal y el Ejército, cualesquier enfrentamiento entre el Ejército Zapatista y las fuerzas del Gobierno.

El Presidente:

Señor diputado, le pido que concluya, ya le di más de un minuto.

El diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova:

Voy a terminar.

Este Congreso, en solidaridad con los patriotas de Chiapas, debe mantenerse abierto a seguir legislando las bases políticas y jurídicas de la paz. Esto es lo mínimo cuando hoy en Chiapas se pierde la vida, la seguridad, los bienes y los derechos, es lo mínimo frente a la situación de la guerra. Aunque dan ganas de votar en contra, pero hay que pensar que no es la vida de nosotros la que está en discusión, sino la de los compañeros que están allá en Chiapas.

Por todas estas consideraciones manifiesto mi voto a favor de la ley aun cuando el fantasma de Jesús Guajardo no ha sido conjurado ni históricamente ni ahora.

Manifiesto también mi desacuerdo en los artículos 4o., 5o. y 13 de la ley en sus actuales términos, y proponemos que para avanzar fueran reformados y pido sean reservados para su discusión en lo particular.

Nada más al diputado Peniche y Bolio, ...

El Presidente:

Diputado Rascón, he sido tolerante en exceso con el tiempo, con usted. Yo le suplico por favor, que concluya su intervención.

El diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova:

Señor diputado Peniche y Bolio, no tienen un calcetín; usted es el que no sabe dónde está la cabeza.

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra el diputado Edgard Sánchez Ramírez, para razonar su voto, hasta por 15 minutos.

El diputado Edgard Sánchez Ramírez:

Gracias, señor Presidente; señoras y señores diputados:

Además de las nefastas consecuencias para la paz, los derechos humanos y la vida, que ha tenido la decisión del Gobierno de Ernesto Zedillo, del 9 de febrero pasado, ha generado ahora una dificultad adicional para definir los términos de una ley como la que hoy nos ocupa.

Resulta que una ley para el diálogo y la conciliación entre las partes en conflicto, no puede tomar en cuenta en forma directa la opinión de una de ellas. Concretamente la del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por las condiciones político-militares que generó en Chiapas la decisión del 9 de febrero. Si esto no se ha complicado aún más, de esta situación de cerco militar, ha sido gracias no a otra fuerza militar, sino al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y su comandancia general, que no ha aceptado generalizar la guerra yendo a la confrontación.

De esta forma, los términos de esta ley corren el riesgo de dificultar el diálogo que declara buscar, ante la imposibilidad de contar con la opinión de una de las partes y ante el hecho de que nadie puede aquí representar directamente la opinión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hoy cercado por el Ejército federal.

Ciertamente, de lo que fue la iniciativa original de Ernesto Zedillo, en términos de lo que él llamó una ley de amnistía al proyecto que ahora discutimos, hay algunos cambios que el propio Ejército Zapatista de Liberación Nacional señaló en días pasados; el más significativo sin duda es que no se discute ahora una amnistía en términos de rendición de fuerzas del EZLN, como originalmente estaba presentado. Lograr estos cambios ha sido producto no solamente de la voluntad de los legisladores implicados en la comisión respectiva, sino fundamentalmente de la expresión y la presión de amplios sectores de la sociedad, que reclaman condiciones auténticas para reiniciar el diálogo y que todos y cada uno de los diputados deberemos tomar en cuenta.

Existe sin embargo una ausencia en la iniciativa de ley, que desde nuestro punto de vista puede ser determinante. La iniciativa no incluye el compromiso del repliegue de las tropas del Ejército federal, por lo menos a sus posiciones del 8 de febrero pasado. Suspender temporalmente la ejecución de órdenes de aprehensión, reconocer al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, aunque de última hora algunos quisieran menoscabar ese reconocimiento, y reconocer el papel de intermediación de la Conai; incluir y reconocer la necesidad de espacios específicos para el diálogo, pueden ser condiciones insuficientes para el reinicio del diálogo.

Tal y como se ha hecho público por medio del testimonio de varios observadores, incluso internacionales, las operaciones militares del Ejército Federal, desde el 9 de febrero, obligaron a un repliegue hacia la profundidad de la selva, no solamente a los efectivos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sino a muchas comunidades y pueblos enteros, temerosos de sufrir agresiones por parte del Ejército federal, agresiones que por cierto sí han ocurrido.

Esa gente, como todos sabemos ya, está en dramáticas condiciones en medio del hambre, la enfermedad y el aislamiento. Por eso se requiere crear condiciones no solamente para que los delegados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional puedan salir al diálogo, sino para que la gente pueda regresar a sus comunidades originales.

En el comunicado del Ejército Zapatista que se publicó el lunes pasado, firmado entre otros por Ana María, de la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ellos dicen precisamente que hay una confusión entre lo que es una zona franca o zona gris, y lo que es el espacio físico para el diálogo y la negociación. En ese sentido, insistimos en que no basta acordar espacios para el diálogo de los representantes de las partes, sino zonas geográficas desmilitarizadas; es decir, zonas francas que eviten eventuales choques armados entre las partes, y permitan el regreso de la gente a sus comunidades.

El artículo 7o. de la iniciativa, habla de otorgar garantías y facilidades a los indígenas y campesinos de la zona, para su reintegración y asentamiento en sus comunidades originales. Pero en las condiciones actuales, eso no es posible sin el repliegue del Ejército federal.

Toda la iniciativa del diálogo puede frustrarse si no se da esta condición. Por el contrario, aprobar la iniciativa de ley, tal y como está ahora, puede convertirse en una pieza más del cerco y de la presión que el Gobierno Federal quiere hacer sobre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Por esta razón consideramos que no es posible dar nuestro voto a favor de una ley que planteándose como un instrumento para el diálogo, puede convertirse, en efecto, en una nueva trampa que dificulte el diálogo o quiere colocar al EZLN en condición humillante en ese diálogo.

Es falso que en definiciones históricas como ésta, lo recomendable sea actuar, como ahora dice la moda, sin partido. No es cierto. Al definirse sobre esto, todos tomamos partido; por eso, señoras y señores diputados, he hecho uso de la palabra para decir que no me comprometo por las razones antes expuestas, con esta ley, a pesar de que apoyé las propuestas en contra del artículo 13, que compañeros del PRD han planteado, y además de exigir la liberación de los presos políticos, producto de la aventura militarista del 9 de febrero pasado, decretado por Ernesto Zedillo, aventura que conoció rápidamente un fracaso que obligó a abrir esta discusión en la Cámara de Diputados que hoy puede abrir nuevamente una trampa. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra, para hablar en favor del dictamen, hasta por 15 minutos, el diputado César Chávez Castillo, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado César Antonio Chávez Castillo:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

La Comisión Legislativa para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas y el Poder Ejecutivo han presentado al Congreso de la Unión la llamada iniciativa de ley para el diálogo, la conciliación y la paz digna en Chiapas. Esto representa, al menos en términos formales, un hecho sin precedentes, en la medida que se somete a la consideración del Poder Legislativo una iniciativa conjunta y plural.

Ahora bien, como integrante del grupo parlamentario del PRD y de la Comisión Legislativa para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas, quiero plantear lo siguiente:

En primer lugar, es indispensable reconocer que el contenido, alcances, méritos, dificultades e insuficiencias de la iniciativa de ley, ha provocado nuevas opiniones surgidas desde la propia sociedad y ha permitido la introducción de reformas en el propio Senado de la República.

Para que esta ley tenga éxito, se han incorporado las propuestas que ha realizado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y ante todo, buscar que este esfuerzo legislativo se inscriba en uno más general en favor de la democracia.

Quiero decir aquí que nuestro compromiso es inequívoco en favor de la legalidad y la acción pacifica. Las convicciones y los compromisos sociales del Partido de la Revolución Democrática se han expresado en alternativas políticas y programáticas, muchas de las cuales coinciden con los planteamientos del Ejército Zapatista.

Si bien compartimos una serie de propósitos y reivindicaciones, nuestra disposición en favor de la legalidad y la civilidad es una cuestión de principios.

Hoy, cuando estamos en esta posibilidad de abrir las puertas a favor de la legalidad plena para el Estado de Chiapas, inexistente durante largo tiempo en aquella región, nos comprometemos a realizar todos los esfuerzos que están a su alcance, para que nuestra participación en este periodo extraordinario se ajuste a la preocupación por ampliar la legalidad y que ésta se inscriba dentro del cambio democrático por el que pugnamos.

Estamos entonces, ante una necesidad nacional, la de definir y ampliar los aportes legislativos para que la paz digna sea la que impere en el sureste mexicano. No sólo se trata de establecer formas de interlocución con el EZLN, sino que se deben de dar respuestas a la aspiración democrática y por la paz que recorre a todo el país y que va más allá del agudo conflicto chiapaneco.

Si la iniciativa se convierte en ley por medio del consenso y abre las puertas para el diálogo, el propio Congreso de la Unión tiene la obligación de renovar la propuesta de diálogo nacional para la reforma del Estado. La agenda es muy amplia y las deudas políticas que se tienen que saldar son enormes.

No podemos dejar de señalar que el propio Gobierno Federal tiene que asumir su responsabilidad en esos asuntos. Del Titular del Ejecutivo surgió el cambio en el trato hacia el conflicto chiapaneco. Por las decisiones del 9 de febrero la nación volvió a vivir nuevas horas de incertidumbre y de angustia.

Quiero decir que el Presidente de la República tiene con esta ley la oportunidad de iniciar una rectificación profunda. Su compromiso, el cual exigimos se cumpla cabalmente, es el reencauzar a su Gobierno por el camino de la distensión y el diálogo, encauzando al conjunto de las instituciones republicanas, en particular al Ejército federal, en este esfuerzo incluyente por la paz.

Un signo de buena voluntad y de recuperación de la credibilidad sería el de la libertad de los detenidos a raíz de las decisiones gubernamentales del pasado 9 de febrero.

La iniciativa a discusión establece las bases jurídicas para el diálogo, propone la integración de una comisión de concordia y pacificación; establece los criterios para la suspensión de los procesos de investigación y de las órdenes de aprehensión. Quiere establecer también garantías y facilidades para la reintegración de los indígenas y campesinos a sus lugares de origen, y se plantea atender la promoción del desarrollo de las comunidades indígenas y campesinas.

Ya el Senado de la República se ha encargado de introducir modificaciones que apuntan a fortalecer y esclarecer la iniciativa. Se reconoce plenamente al EZLN como una de las partes del conflicto, se reivindica y fortalece el papel de la Conai como un órgano de intermediación, se deja en claro que el desistimiento de las órdenes de aprehensión es para favorecer el diálogo y no para plantear un ultimatum. Si esto último es así, resulta innecesario el plazo inicial de 30 días que establece el artículo 4o.

Con las modificaciones se da respuesta al reclamo que compartimos plenamente, de que si se trata de una ley para el diálogo y la conciliación, esta aspiración debe de verse reflejada en el propio texto legal, reconociendo plenamente al EZLN como interlocutor.

En segundo lugar, se ha hecho más clara la integración de la llamada Comisión de Concordia y Pacificación, con lo cual también se ha precisado el papel que la Comisión Nacional de Intermediación va a jugar entre las partes en conflicto.

Hay todavía un camino largo que recorrer. Si se consigue una respuesta positiva por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, entonces los esfuerzos tendrán que ser mayores, para que en realidad se celebre el diálogo y se ofrezcan salidas dignas que ataquen las causas que han generado la rebelión indígena y campesina. Es en ese ámbito que las partes acordarán bilateralmente una ley de amnistía y en forma paritaria nombrarán una comisión de seguimiento.

Nadie puede desentenderse de la gran comprensión y simpatía social que se ha ganado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ello ha sido porque las graves desigualdades y los niveles de miseria no han podido ser resueltos desde hace mucho tiempo.

No hay duda que se necesita multiplicar los esfuerzos sociales y políticos para que en México se ofrezcan políticas de Gobierno sinceras, que pongan en el centro la cuestión social, que partan de un proyecto económico diferente al actual y que reivindiquen un pacto social fundado en la democracia.

El EZLN se ha ganado un lugar en esta lucha, su esfuerzo debe de inscribirse en la lucha legal y pacífica en favor de la democracia y la justicia para las mexicanas y los mexicanos. A nadie ayuda la actual situación de persecución y acorralamiento de los zapatistas.

Es verdaderamente dramático lo que sucede estos días en la selva lacandona. Nadie tiene derecho, de mantener una situación que sólo agudiza la miseria que provocó la insurrección armada. Es indispensable detener esta situación, es necesario crear condiciones dignas para que se celebre el diálogo, ampliar las áreas de distensión y los espacios de negociación. Es conveniente que el Ejército Mexicano abandone los poblados y las rancherías.

Detengamos la tentación autoritaria a aquellos que quieran obligar a negociar de rodillas o humillados a los indígenas zapatistas, pero también abramos espacios para nuevos proyectos de vida, evitemos que el EZLN prefiera la confrontación armada, que se incline por esa decisión en condiciones desfavorables.

Es el momento de incorporar a las instituciones las demandas justas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y del pueblo chiapaneco, que se hagan realidad las autonomías indígenas, sus demandas de proyectos productivos, de propiedad de la tierra, de justicia para todos. Eso y más sólo es posible en el marco de una nueva legalidad, porque vistas las cosas con detenimiento, el EZLN ha reclamado el imperio de la legalidad. En ese esfuerzo vale la pena realizarlo. Ahí es donde se encuentra ubicada la disputa política nacional.

En el lado de la democracia, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tiene un lugar; por eso, porque vemos en el EZLN a una organización política con presencia nacional, el grupo parlamentario del PRD confía en que los zapatistas sabrán dar un paso más en favor de la lucha democrática.

El grupo parlamentario del PRD reitera su compromiso por una solución política en Chiapas y una paz digna con justicia, libertad y democracia.

El Presidente:

Esta Presidencia informa a la Asamblea que han hecho uso de la palabra 27 diputados para fijar su posición partidista, hablar a favor o en contra del dictamen, así como para razonar su voto.

En tal virtud, le pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La secretaria Emma Muñoz Covarrubias:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.

El Presidente:

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

Esta Presidencia ha tenido conocimiento de que el diputado Martín Longoria Hernández, del PRD, reserva para su discusión, los artículos 4o., 6o. y 13 del dictamen.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si autoriza se reserve para su votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto, al finalizar la discusión de los artículos reservados.

La secretaria Emma Muñoz Covarrubias:

Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se autoriza se reserve para su votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, al finalizar la discusión de los artículos reservados.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado se autoriza se reserve para su votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto, al finalizar la discusión de los artículos reservados.

El Presidente:

Esta Presidencia informa a la Asamblea que se han reservado para su discusión en lo particular, los siguientes artículos: 5o. y 13 del dictamen, por el señor diputado Martín Longoria Hernández, en tal virtud, él tiene el uso de la palabra.

El diputado Martín Gerardo Longoria Hernández:

Gracias, señor Presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados:

Durante las horas en que este debate se ha dado, se han manifestado debates de fondo de gran importancia frente a la nación. Uno de ellos que no queremos dejar de mencionar; la posición que el grupo parlamentario del PRD ha venido manifestando, es el de que las razones por las que diferentes fracciones parlamentarias el día de hoy votarán muy seguramente a favor del dictamen presentado, son diferentes.

Nosotros, el grupo parlamentario del PRD, estamos de acuerdo con la aprobación de la ley, porque estamos poniendo toda nuestra voluntad, una voluntad que ha sido cuestionada desde los círculos del poder en su actuación para que se inicie un diálogo, no porque creamos que el EZLN es un grupo de facinerosos refugiados en la selva, como aquí alguien infortunadamente lo dijo, ni porque estemos confiando ingenuamente en el Gobierno Federal.

Creemos que la justicia tendrá que triunfar, que del diálogo tendrá que generarse una oportunidad para una paz justa, para una paz digna. Aun si esta oportunidad tuviera dificultades, tendremos que volver a insistir en la necesidad de un diálogo, de una negociación para la paz con justicia.

El segundo problema y discusión de fondo ha sido dado entre diferentes compañeros de la propia fracción parlamentaria del PRD, porque razones para la desconfianza de que esta ley pueda tener eficacia, hay muchas y fundamentadas, pero por otro lado se impone la necesidad de manifestar nuestra voluntad para que haya una oportunidad para la paz, para que haya una posibilidad de que deje de haber la situación de violencia, la situación de encono y la situación de profundización de los agravios y de las violaciones a derechos humanos.

Señor Presidente. Con base en las disposiciones de los artículos 124 y 125 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, formulo las siguientes propuestas de adición y modificación:

Artículo 5o. Se modifica y adiciona su parte final para quedar como sigue: "Dicha comisión propondrá por consenso los espacios físicos para la reanudación de las negociaciones que deberán ser convenidos por las partes. Estas también convendrán y precisarán la distancia entre las dos partes con el fin de evitar enfrentamientos bélicos entre las mismas".

Artículo 13. Se suprime.

De manera que la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática votará a favor en lo general y por las adiciones y reformas propuestas en el artículo 5o., y anulación del artículo 13. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra para hablar a nombre de la Comisión de Justicia, dictaminadora en el presente asunto, el diputado Fernando Pérez Noriega.

El diputado Fernando Pérez Noriega:

Con su permiso, señor Presidente:

Solamente para referirme a los comentarios del diputado que me antecedió en el uso de la palabra y a las propuestas que está manejando de reformas a los artículos 5o. y 13 de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, que estamos comentando.

En primer término, debo mencionar que no escuché un argumento técnico-jurídico por el cual tengamos que hacer una modificación y tengamos que cambiar el dictamen o la votación que se hizo en las comisiones unidas.

En segundo lugar, es necesario comentar que el artículo 5o. establece en forma clara que los espacios de negociación tendrán que ser determinados por las partes. ¿Y por qué esto? Porque no es posible que en la ley se establezca cuáles son los espacios, no es posible que en una ley como ésta, en donde se establece en forma general los elementos mínimos para el diálogo, se precise con todo detalle cada uno de los elementos de cómo vamos a llevar a cabo el diálogo, ni tampoco en dónde ni en qué condiciones. Eso tendrá que ser parte de las negociaciones y de los acuerdos, será una consecuencia del Acuerdo de Paz y de Concordia.

Por lo que se refiere al artículo 13, que se ha insistido y ha sido reservado por algunos diputados, se menciona que el mismo es reiterativo, se establece que el mismo solamente vuelve a decir lo que ya se establece en la ley, que es el cumplimiento de la ley y de la Constitución, y a mí me gustaría recordarles que la idea de esta ley es establecer un marco para que dentro del estado de derecho, dentro de la legalidad, se cumpla con un diálogo; es decir, que platiquemos para llegar a una paz digna y justa en el Estado de Chiapas.

En virtud de lo anterior, tampoco consideramos en las comisiones unidas que fuera necesario el que se modificara o, en su momento, se quitara este artículo 13 en comentario.

En virtud de lo anterior, a nombre de la comisión, sostengo que los artículos 5o. y 13 que han sido objetados, cumplen con los requisitos de legalidad y constitucionalidad y, por lo tanto, deben votarse en ese sentido. Muchas gracias.

El Presidente:

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentran suficientemente discutidos los artículos reservados.

El secretario Arnulfo Cueva Aguirre:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentran suficientemente discutidos los artículos reservados...

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutidos los artículos reservados, señor Presidente.

El Presidente:

Gracias.

Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.

El secretario Arnulfo Cueva Aguirre:

Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(Votación.)

Se emitieron 424 votos en pro, tanto en lo general como en lo particular y 7 votos en contra, por las modificaciones al artículo 5o., 38 votos, por las modificaciones al artículo 4o., 8 votos, por la supresión del artículo 13, 43 votos, por la modificación del párrafo 2o. del artículo 13, un voto.

El Presidente:

Aprobado en lo general y en lo particular la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas.

El secretario Arnulfo Cueva Aguirre:

Pasa al Ejecutivo, para los efectos constitucionales.

El Presidente:

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se admiten o se desechan las modificaciones propuestas por el diputado Martín Longoria a los artículos 5o. y 13.

La secretaria Marta Alvarado Castañón:

Por órdenes de la Presidencia en votación económica se pregunta si se admite o se desecha las modificaciones propuestas a los artículos 4o., 5o. y 13.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén porque se desechen, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.



ESTADO DE CHIAPAS

El Presidente:

Para un punto de acuerdo, tiene el uso de la palabra el diputado Hildiberto Ochoa.

Les suplico a todos los señores diputados y a los señores senadores, que tomen asiento por favor y escuchen la propuesta.

El diputado Hildiberto Ochoa Samayoa:

Compañeras y compañeros diputados:

El análisis del proyecto de ley que hoy hemos aprobado, nace del convencimiento de que el origen del conflicto en el Estado de Chiapas es de carácter eminentemente social.

Hablar de Chiapas significa hacerlo de las raíces profundas de la mexicanidad, de lo que somos, una mezcla de culturas, de etnias y de concepciones de vida. El pueblo soberano de Chiapas, desde el 14 de septiembre de 1824 manifestó su deseo de pasar a formar parte integrante como Estado libre y soberano de los Estados Unidos Mexicanos. A pesar de tal decisión voluntaria de nuestros antepasados, el Estado de Chiapas ha sido objeto de iniquidad en relación al pacto federal, sin importarle al Gobierno central que las aportaciones de ese Estado a la nación han sido en extrema variedad y de gran valor, como son:

1. La tala y aprovechamiento de árboles maderables;

2. Sus recursos petroleros, y

3. El aprovechamiento de sus aguas para las presas hidroeléctricas, con la cual se abastece aproximadamente el 45% de la electricidad total con que cuenta el país. Esto por citar algunos ejemplos.

Con tal iniquidad que ha tratado el Gobierno Federal a la entidad chiapaneca, ha propiciado que éste se mantenga al margen del desarrollo económico, político y social, pero más acentuadamente en los municipios mayoritariamente integrados por indígenas y/o campesinos, razón por la cual el inolvidable 1o. de enero de 1994, hizo su aparición pública el movimiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, integrada en su gran mayoría por indígenas y campesinos mexicanos exigiendo trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz.

Si bien es cierto que un movimiento armado no debería ser el medio por el cual la ciudadanía manifieste sus necesidades, la acción emprendida por el EZLN se justificó y se justifica ante la cerrazón asumida por los gobiernos federales y estatales ante los reclamos justos que los ciudadanos y organizaciones sociales venían realizando por las vías legales.

Sobre la situación que se vive hoy en las zonas marginadas del país, pero sobre todo en el Estado de Chiapas, nosotros como legisladores tenemos la gran oportunidad de demostrar al país en su conjunto que actuamos con absoluto respeto a las leyes mexicanas...

El Presidente:

Permítame señor diputado. Esta Presidencia les suplica a todos los diputados y a los invitados que se encuentran, que guarden orden y compostura, que escuchen al orador, así más rápido desahogaremos los puntos que faltan. Todavía no concluimos la sesión de este día. Continúe, señor orador.

El diputado Hildiberto Ochoa Samayoa:

Así también hemos demostrado actuar con independencia mental y política en busca de leyes que garanticen la verdadera unidad e igualdad de todos los mexicanos, ya que con esta Ley para el Diálogo y la Conciliación para la Paz Digna en Chiapas, que hoy hemos analizado y aprobado, lograremos que el EZLN y el Gobierno Federal se sienten a dialogar para que el segundo dé respuesta y cumplimiento a las demandas presentadas por el primero, desde el día de su aparición pública y con ello lograr una paz con justicia, libertad y democracia anhelado por todos los mexicanos.

Compañeras y compañeros diputados, con esta ley estaremos contribuyendo para sentar las bases para la paz digna en Chiapas, pero más se contribuirá y los chiapanecos les agradeceremos el que se envíen los recursos económicos necesarios para hacer frente a las demandas urgentes de las comunidades del área del conflicto.

Por estas consideraciones, compañeras y compañeros diputados, nos permitimos proponer a esta soberanía, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

" Unico. Recomendar al titular del Poder Ejecutivo Nacional que se sirva realizar urgentemente los trámites necesarios para destinar recursos económicos suficientes a las comunidades afectadas por el conflicto en Chiapas. El propósito será el de coadyuvar a la reconstrucción social y material de los mismos."

Compañeros, ésta es una propuesta, éste es un punto de acuerdo al cual los chiapanecos les agradeceremos su aprobación.

El Presidente:

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

La secretaria Emma Muñoz Covarrubias:

En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha el punto de acuerdo aquí expuesto por el diputado Hildiberto Ochoa.

Los diputados que están porque se acepte, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptado, señor Presidente.



LEY DE AMNISTIA

El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca (desde su curul):

Señor Presidente, pido la palabra para presentar una propuesta.

El Presidente:

Para una propuesta. Tiene el uso de la palabra.

El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca:

Esto, claro, al igual que todos ustedes, que ha sido una larga jornada de discusión. Intentaré exponer una propuesta a todos ustedes a la brevedad posible. Le pediría a todos los compañeros parlamentarios que pusieran un poco de atención a la propuesta que voy a hacer.

En esta sesión hemos reconocido un gran agravio, y yo le pediría a los compañeros amablemente cinco minutos nada más...

Miren compañeros, en esta sesión, compañeros diputados y compañeros senadores aquí presentes, en esta larga sesión, cansada para todos, hemos reconocido un gran agravio que se ha cometido a los indígenas de Chiapas.

Esta ley que hoy hemos aprobado, está en el camino correcto, aunque sea insuficiente. Señalo que la ley es insuficiente al menos por tres razones:

1. Si ya no existe nadie a quien perseguir, el Ejército debe retirarse de los pueblos para permitir a sus habitantes volver a sus pueblos a iniciar o reiniciar una vida digna, con trabajo, con salud, alimentación y vivienda, como lo establece claramente el artículo 4o. de la ley que acabamos de aprobar.

El artículo 4o. de la ley que acabamos de aprobar, dice: "Con el objeto de propiciar condiciones para el diálogo y la conciliación, las autoridades judiciales competentes mantendrán suspendidos los procedimientos iniciados en contra de los integrantes del EZLN, que se encuentren sustraídos de la acción y justicia y ordenará que se aplace por dicho término el cumplimiento de las órdenes de aprehensión dictadas dentro de dichos procedimientos. De igual manera, la Procuraduría General de la República suspenderá por el mismo plazo las investigaciones relativas a los hechos a que se refiere el artículo 1o. de la ley".

2. Enviar, es insuficiente, porque no se establece la necesidad en ninguno de sus artículos de enviar urgentemente recursos para reiniciar una vida digna a la que todo mexicano tiene derecho. Hay 20 mil familias en la selva sin alimentos, sin salud, sin medicinas, pero aquí ya se acaba de aprobar una propuesta.

3. Que es el punto que quiero señalar, porque no establece la libertad inmediata de los presos políticos como se debería inferir del artículo 1o. y del artículo 4o. de la ley que acabamos de aprobar.

El artículo 4o. lo acabo de leer, el artículo 1o., dice: "Esta ley tiene por objeto establecer las bases jurídicas que propicien el diálogo y la conciliación para alcanzar a través de un acuerdo de concordia y pacificación la solución justa, digna y duradera del conflicto armado iniciado el día 1o.".

Compañeros diputados, con esto concluyo, todos ustedes saben, compañeros senadores, que hay un número muy importante de compañeros presos detenidos.

Hay una larga lista que la tengo aquí y que la presenté en una de las reuniones de la Comisión Permanente, por lo siguiente, compañeros diputados, por todo lo aquí expuesto, deseo expresar que dado que un grupo de diputados ya propuso el retiro del Ejército de las comunidades, para que los habitantes puedan bajar a reiniciar su vida cotidiana y para que las caravanas de ayuda puedan llegar para llevar alimentos y medicinas, y dado que otro grupo de diputados ya ha propuesto medidas de apoyo financiero, de alimentos y medicinas, en cuanto a los presos políticos actuales deseo proponer a nombre de la fracción del PRD, la siguiente propuesta de Ley de Amnistía anticipada para los presos relacionados con el conflicto chiapaneco. Leo la propuesta, compañeros diputados, es breve:

«Artículo 1o. Se decreta amnistía en favor de todas las personas en contra de quienes se haya ejercido acción penal ante los tribunales de la federación hasta la fecha de entrada en vigor de la presente ley, por los delitos de conspiración, sedición, rebelión, terrorismo y otros, o porque haya invitado a la rebelión formando parte de los grupos que, por motivaciones políticas y sociales prepararon, organizaron y llevaron a cabo las acciones del 1o. de enero de 1994, en varios municipios del Estado de Chiapas, así como de otras acciones realizadas antes y con posterioridad, pero relacionadas directamente con aquéllas en cualquier parte del territorio nacional, incluyendo los tipos penales que se refieren a la ayuda, colaboración o auxilio, a quienes hayan cometido los ilícitos mencionados, así como a quienes hayan tenido conocimiento de que tales ilícitos se iban a cometer sin notificarlo a la autoridad.

Artículo 2o. La amnistía extingue las acciones penales y las sanciones impuestas respecto a los delitos que comprende, dejando subsistente la responsabilidad civil y a salvo los derechos de quienes puedan exigirla.

Artículo 3o. En caso de que se hubiere interpuesto juicio de amparo por parte de las personas a quienes beneficie la presente ley, las autoridades que conozcan del asunto, dictarán auto de sobreseimiento y se procederá conforme al artículo anterior.

Artículo 4o. A las personas a quienes beneficie la presente ley, no se les podrá detener y procesar por los mismos hechos. El Procurador General de la República solicitará de oficio la aplicación de esta ley y vigilará la aplicación de sus beneficios.

TRANSITORIOS

Unico. Esta ley surtirá sus efectos el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, México, D.F., marzo 9 de 1995.»

Apreciados compañeros diputados; compañeros senadores aquí presentes. Si requerimos y si necesitamos restaurar la paz, restaurar la tranquilidad y trabajar por una nación justa y democrática y si queremos iniciar la ley que aquí acabamos de aprobar, propongo que se amnistié a los presos y recibiríamos con mucho agrado el apoyo de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, el apoyo de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, el apoyo de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo.

Sé que la nación lo juzgará positivamente. Sé que con eso podríamos empezar a crear las condiciones de credibilidad a la ley que aquí acabamos de aprobar. Muchísimas gracias, compañeros.

El Presidente:

Túrnese la propuesta presentada por el diputado a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia.

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra, el diputado Jaime Martínez Veloz.

El diputado Jaime Cleofas Martínez Veloz:

Con su permiso, señor Presidente, seré breve; compañeras y compañeros diputados:

Un país no puede vivir en la zozobra, pero tampoco con sus hijos en las cárceles, sobre todo aquellos que luchan por ideas políticas. Podemos no estar de acuerdo con los métodos de lucha de diferentes organizaciones políticas, pero jamás estaremos de acuerdo en encarcelar a los que luchan por ideas y principios.

La libertad es una herencia insurgente. Una conquista irrenunciable del pueblo mexicano y de la inmensa mayoría de los militantes priístas. Muchos diputados priístas de esta honorable legislatura, sufrimos la angustia y la persecución política por haber apoyado o simpatizado con el movimiento estudiantil de 1968.

Las ideas son la libertad y el alma de México. Las ideas son uno de los patrimonios más poderosos del pueblo mexicano. Por eso, a nombre de la fracción priísta quiero dejar constancia de nuestra simpatía a la iniciativa de amnistía parcial para los dirigentes y luchadores sociales que actualmente se encuentran en prisión, por lo que solicitamos se le dé a dicha iniciativa el trámite de ley en las comisiones correspondientes.

Esta actitud de los priístas nace de sus propias convicciones, del profundo respeto que tenemos a nuestros principios y a los de los demás. Esta posición expresa la sensibilidad de millones de priístas que luchan al igual que miembros de otros partidos por ensanchar los caminos de la libertad y de la dignidad en Chiapas y en el país. Busquemos pues, compañeros, las posibilidades para que México encuentre la salida a sus problemas por el camino de la transformación democrática. Hagamos de Chiapas el lugar de encuentro, busquemos por el sendero de la convergencia democrática lo que no hemos encontrado por el camino de la confrontación política. Muchas gracias.

El Presidente:

Esta Presidencia ratifica el trámite que ya ha dictado.

El Presidente:

Tiene la palabra, el diputado Oscar González Yánez.

El diputado Oscar González Yáñez:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

A nombre de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, también vemos con agrado el hecho de dar un espacio de buena voluntad por parte del Gobierno de México para que los cauces de la paz y el diálogo en Chiapas se puedan realizar en los mejores términos; que la propuesta que hizo el diputado Della Rocca, sea llevada de la manera más seria a las comisiones que se turnó, pensando siempre y no para descuidar este asunto, de que todos estamos buscando el diálogo y la paz en Chiapas. Es difícil que la confianza se pueda dar en un estado como el mexicano, de la manera que lo manifestaron aquí algunos diputados, que es difícil tener la confianza, en un Gobierno como el nuestro cuando no ha dado muestra de ello.

El hecho de que puedan ser liberados, a partir de esta amnistía parcial que mencionaba el diputado Della Rocca, puede ser el inicio de una expresión de buena voluntad por parte del Gobierno. La fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, se manifiesta a favor de que esta buena voluntad se lleve a cabo y que la gente que está involucrada en estos procesos, puedan ser puestos en libertad.

Evidentemente nosotros tampoco estaremos de acuerdo nunca que sea perseguida la gente por diferencias políticas, tenemos que tener un estado de respeto para las diferencias, no podemos actuar que la gente que difiere pueda ser tratada de esa manera y más cuando acabamos de aprobar una iniciativa que dé pie al diálogo en el Estado de Chiapas, que es lo que todo mundo deseamos. Ojalá y sea recibida esta iniciativa que hizo el diputado Della Rocca con el mejor beneplácito para que puedan salir liberadas estas presuntas personas del EZLN. Gracias.



COMUNIDADES INDIGENAS

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra, el diputado Carlos Núñez, para presentar una propuesta.

El diputado Carlos Núñez Hurtado:

Señor Presidente; con su permiso, compañeras y compañeros diputados:

En orden a la hora, a la larga jornada, voy a prescindir de la sustentación, breve también que había hecho, lo voy a dejar en la Secretaría para que conste en el Diario de los Debates, porque voy a hacer una propuesta que yo les pido de verdad que la escuchemos con atención y respeto, nace de verdad de una postura muy honesta y tiene que ver con que el día de hoy, que hemos dado un paso no sencillo, difícil, lleno de asperezas, pero cargado de esperanza, simbolicemos no sólo como legisladores que ya lo hicimos al hacer nuestra propia votación, sino como seres humanos, como personas que estamos aquí presentes, simbolicemos nuestro respaldo a la restauración de tanto olvido, de tanto daño, de tantos 500 años de olvido.

La propuesta es de carácter estrictamente político, no tiene, sabemos que no tiene las razones jurídicas para ser punto de acuerdo y se refiere a lo siguiente, compañeros:

Por más que nosotros suframos las condiciones; es decir, sintamos el sufrimiento de las condiciones de nuestros hermanos indígenas de Chiapas y de todo el país, nunca estamos en las condiciones de ellos. Hemos visto un video cuando se decretó el receso, la mayoría salió, pero se presentó un video muy dramático sobre la tristeza y cómo nuestros hermanos indígenas verdaderamente angustiados lloraban desesperados.

Lo que yo voy a proponer no es la solución, pero es un gesto de buena voluntad si ustedes lo aceptan y concretamente se refiere a lo siguiente y ésta es la propuesta: que los miembros de los grupos parlamentarios que integran la Cámara de Diputados de esta LVI Legislatura del Congreso de la Unión, nos comprometamos personal y libremente, a constituir un fideicomiso cuyo objeto será utilizar los recursos con que se constituya, para promover el bienestar social y el desarrollo económico y cultural de las comunidades indígenas del país, de acuerdo con los lineamientos que se establezcan en el contrato respectivo y las políticas que defina el comité técnico del fideicomiso, órgano que se integrará en forma paritaria por los representantes designados por los fideicomitentes.

Para constituir el fideicomiso, los fideicomitentes harán una aportación inicial mayor a la aportación mensual y en el contrato de fideicomiso se comprometerán a aportar mensualmente la cantidad mínima de 500.00 nuevos pesos, que serán descontados de su dieta desde la fecha de la firma, hasta el término de la función legislativa o antes, si de acuerdo con las estimaciones financieras del comité técnico, se determina que las aportaciones son suficientes para hacer autofinanciable el fideicomiso.

Esta es la propuesta; no es tampoco significativa; algún diputado me decía: para las necesidades del país es sólo una cafiaspirina. Bien, también las cafiaspirinas a veces alivian los dolores.

Solamente les voy a dar un dato: si nos comprometiéramos los 500 diputados a aportar 500 pesos que son realmente el valor de una comida por ahí, a una tasa anual de 29% que está ahorita las instituciones bancarias, tendríamos en seis meses la cantidad de 1 millón 631 mil 162 nuevos pesos, cantidad nada despreciable Si ahorramos a una tasa más grande, como es la que está ahorita vigente, subiría a 2 millones 172 mil 13 pesos.

Simbólicamente es quizá poco para las grandes necesidades. Pero desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del reclamo ético, que yo he subido varias veces a esta tribuna a presentar, hoy lo presento como una propuesta que pido a ustedes y qué bueno que están los senadores, porque quizá se puedan sumar, a que hagamos un símbolo; es un símbolo, un pequeño gesto, pero es un gesto de solidaridad, el día de hoy, que hemos dado un paso insisto, cargado de esperanza hacia la paz.

Dejo en la Secretaría, señor Presidente, para que sea turnada, si le parece, a la Comisión de Régimen Interno y Concertación, la propuesta junto con la fundamentación que omití por razones del tiempo. Muchísimas gracias.

«Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Chiapas, además de un conflicto bélico y político, es, desde hace más de 500 años, un profundo drama humano.

Quizá era insuficiente la conciencia que sobre ello teníamos: quizá sólo era un conocimiento científico de carácter sociológico o antropológico, el que nos hacía pensar o hablar de Chiapas.

Quizá era una posición política la que movía nuestro interés hacia ese apartado y olvidado rincón de México; quizá, una mera curiosidad folklórica.

Muy pocos, me atrevo a pensar, tenían conciencia plena del drama chiapaneco: el histórico, el sociológico, el económico, el político... es decir, el drama humano.

El 1o. de enero de 1994, nos sacudió con un tremendo remesón a nuestras instaladas conciencias. Chiapas nos ayudó a abrir los ojos al drama de los indígenas de todo el país... los de la Tarahumara, los de la Sierra Huichola, del Valle del Mezquital...

México entero despertó de un sueño cómodo; el de la inconsciencia culpable o manipulada, para descubrir "el otro México", que sin embargo, siempre había estado ahí, en Chiapas y en tantas otras regiones, pueblos o barrios del México real, que no queríamos ver.

Todos, o casi todos, aceptaron de golpe la justeza de las causas, aunque la gran mayoría, no coincidían con sus métodos.

Sólo así se explica, por la aceptación de la justeza de sus demandas ancestrales, la enorme voluntad de la sociedad por parar la guerra y por apoyar una salida que evitara más sufrimiento, dolor y muerte, a los que de pronto descubríamos sufriendo, doliéndose y muriendo literalmente desde siglos atrás, a espaldas del México soberbio... y de nuestra propia conciencia.

Pero además, de pronto, los indios tuvieron rostro y voz... y nombres propios. A pesar de la inmoral manipulación televisiva, los vimos; los seguimos viendo y oyendo. Los hemos visto pobres, sufridos, luchando, muertos, encarcelados, huyendo, refugiándose, olvidados, llorando, denunciando tanta crueldad... pero siempre... dignos... pero siempre pobres, humillados y marginados.

El rompimiento de la tregua del 9 de febrero, los hizo de nuevo huir, internarse en la selva y llevar al límite su sufrimiento por el inhumano e injusto trato a que los ha llevado la inexplicable acción de fuerza desatada y hemos vuelto a saber de los indios: los hemos vuelto a ver y oír en la televisión y en los periódicos o revistas, o a través de los testimonios impresionantes de testigos comprometidos de primera mano (incluso compañeros de esta misma Asamblea legislativa...) y los hemos visto más pobres, más humillados, más limitados, más desesperados, más confundidos.

¿Qué se les puede contestar, cuando preguntan, por qué nos hacen esto, si no hemos matado ni robado?

¿Por qué nos destruyen nuestras casas? ¿O las queman? ¿Por qué tiraron nuestro alimento, mataron nuestros animales o tuvieron que morir nuestros hijos de diarrea, en la selva?

Y los hemos visto llorar..., pero siempre dignos.

Y con ellos, muchos de nosotros hemos compartido todos esos sentimientos, porque no somos insensibles; porque hemos pensado si eso quisiéramos para nosotros, o para nuestros hijos, padres o hermanos. Y de pronto, hemos visto los rostros de los nuestros, los propios, los más cercanos, en los rostros de ellos... los más humildes... los olvidados de siempre.

El compartir sus causas, sus reclamos y sus anhelos, no nos hace, sin embargo, sentir en carne propia, sus sufrimientos.

Por ello, pienso que el drama de Chiapas nos interpela a nivel político; como legisladores, hoy hemos actuado apoyando la paz. Pero también nos interpela en lo personal, con un fuerte reclamo ético, para solidarizarnos con nuestros hermanos indígenas de todo el país.

Creo, compañeras y compañeros diputados, que además de nuestro esfuerzo político y legislativo, ha llegado el momento de comprometernos efectivamente en apoyar la superación del drama humano que se vive en todo el país; y muy significativamente en Chiapas; hoy es un día propicio.

Como un gesto de buena voluntad; como una señal de compromiso con lo más importante: la vida de nuestros hermanos indígenas; como un símbolo de reparación ante tanto daño causado, es que les propongo, que al margen de posiciones políticas e ideológicas, los integrantes de esta LVI Legislatura nos comprometamos libremente a apoyar económicamente a las comunidades indígenas más pobres de todo el país.

Esta propuesta la hago con el respaldo explícito de mi fracción (que así lo acordó en reunión celebrada el día de ayer) y de muchas diputadas y diputados de todos los partidos de esta legislatura.

El reclamo de los más pobres de México, debe dejarse oír, como dicen ellos, en nuestros corazones. Espero que esta propuesta sea acogida voluntariamente, por todos nosotros, los integrantes de la LVI Legislatura. Muchas gracias.

Diputado Carlos Núñez Hurtado.»

«Algunas estimaciones de los montos que se destinarán para crear un fideicomiso para el desarrollo económico y cultural para Chiapas.

Con una aportación mensual de cada uno de los diputados de N$500.00 a una tasa anual de 29%, que es la que ofrece una institución bancaria en pagaré con vencimiento a 28 días, se tendrán N$1'631162.70, en seis meses cantidad ligeramente inferior a lo ejercido en 1994 en creatividad artística y difusión de las artes, que es de 1.91 millones de nuevos pesos.

Por otro lado, con la misma aportación mensual de N$500.00 por cada uno de los diputados a una tasa anual de 58% en inversión a 28 días se tendrán N$2 '170,l 013.21 en seis meses.

Elaborado por Rosa María Cruz.- Area Jurídica.- 9 de marzo de 1995.»

«Ciudadanas y ciudadanos diputados:

Uno de los compromisos que tenemos los legisladores de la LVI Legislatura es el de atender las causas que originaron el conflicto armado iniciado el 1o. de enero de 1994 en el Estado de Chiapas, y promover soluciones a las justas demandas de las comunidades indígenas de aquella entidad. Pero Chiapas nos ayudó a abrir los ojos a la dramática realidad de nuestros hermanos indígenas de todo el país.

Nuestro compromiso como representantes populares para actuar en el sentido antes apuntado, se extiende incluso hasta el ámbito particular y nos obliga a promover soluciones en las que comprometamos parte de los ingresos que presupuestariamente se nos asigna por el desempeño de nuestra función pública.

Sabemos que la propuesta que vamos a someter a su consideración, por razones jurídicas no alcanzaría el carácter de punto de acuerdo, pero puede dársele el carácter de acuerdo político, signado por los miembros de todos los grupos parlamentarios.

La propuesta es la siguiente:

"Los miembros de los grupos parlamentarios que integran la Cámara de Diputados de la LVI Legislatura del Congreso de la Unión, nos comprometemos personal y libremente a constituir un fideicomiso cuyo objeto será utilizar los recursos con que se constituya para promover el bienestar social y el desarrollo económico y cultural de las comunidades indígenas del país, de acuerdo con los lineamientos que se establezcan en el contrato respectivo y las políticas que defina el comité técnico del fideicomiso, órgano que se integrará en forma paritaria por los representantes designados por los fideicomitentes.

Para constituir el fideicomiso, los fideicomitentes harán una aportación inicial mayor a la aportación mensual, y en el contrato de fideicomiso se comprometerán a aportar mensualmente la cantidad de N$500.00 que serán descontados de su dieta, desde la fecha de la firma, hasta el término de su función legislativa, o antes, si de acuerdo con las estimaciones financieras del comité técnico se determina que las aportaciones son suficientes para hacer autofinanciable el fideicomiso.

Para iniciar los actos constitutivos del fideicomiso se anexa a la presente propuesta una carta compromiso que sería firmada y depositada en una urna que se colocaría a la entrada de este salón de sesiones.

Si el número de los suscribientes lo amerita, y esperando que seamos todos los miembros de esta cámara, en un año, con las solas aportaciones mensuales se tendría un patrimonio de N$2'976."

Palacio Legislativo, a 9 de marzo de 1995.-Firman la propuesta. Rúbricas.»

«CARTA COMPROMISO

El que suscribe, diputado federal a la LVI Legislatura del Congreso de la Unión, manifiesto mi voluntad y compromiso de participar en la constitución de un fideicomiso cuyo objeto será utilizar los recursos con que se constituya para promover el bienestar social y el desarrollo económico y cultural de las comunidades indígenas del país, de acuerdo con los lineamientos que se establezcan en el contrato respectivo y las políticas que defina el comité técnico del fideicomiso, órgano que se integrará en forma paritaria por los representantes designados por los fideicomitentes.

Para tal fin me comprometo a realizar una aportación inicial consistente en la cantidad de N$...... y en los términos del contrato de fideicomiso que se firme me obligo a autorizar que mensualmente me sea descontada de mi dieta de legislador la cantidad de N$500.00 (quinientos nuevos pesos), desde la fecha de la firma del contrato constitutivo del fideicomiso, hasta la fecha en que cese en mis funciones de diputado federal, o antes si así lo determina el comité técnico.

Palacio Legislativo, a 9 de marzo de 1995.»

El Presidente:

Túrnese la propuesta presentada a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.

El Presidente:

Dígame, señor diputado Rodolfo Elizondo.

El diputado Rodolfo Elizondo Torres (desde su curul):

Para hechos.

El Presidente:

Para rectificar hechos tiene cinco minutos el diputado Rodolfo Elizondo, del Partido Acción Nacional.

El diputado Rodolfo Elizondo Torres:

Señor Presidente; compañeros diputados:

Como siempre, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, quiere manifestar que seguiremos cumpliendo cabalmente con nuestra obligación como legisladores, en nuestro trabajo en las comisiones y apoyaremos seriamente y estudiaremos seriamente en estas mismas comisiones, toda iniciativa de ley que busque y vaya encaminada precisamente a buscar la paz en Chiapas. Así que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, quiere dejar claro en esta cámara, que haremos lo posible por apoyar las iniciativas encaminadas en este sentido. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Rascón.

El diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova:

Gracias, señor Presidente; brevemente.

Hemos recibido por nuestro conducto un documento de integrantes de la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma Metropolitana, que suscriben 564 miembros de esta comunidad, en favor de Demetrio Hernández Rojas y de Félix Hernández Estrada, sujetos a proceso, actualmente en el Reclusorio Norte, por hechos que están vinculados con los acontecimientos a partir del 1o. de enero de 1994 y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Por estas razones y en razón de la propuesta que se ha hecho por parte del diputado Martínez Della Rocca y respaldado por los otros partidos, hago entrega, señor Presidente, de este documento a la Secretaría para ser integrado a la comisión. Gracias.

El Presidente:

Túrnese la propuesta del diputado Rascón, a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.



AGRADECIMIENTO DE LA PRESIDENCIA

El Presidente:

Esta Presidencia, antes de pasar a la sesión de clausura, reconoce y aprecia el esfuerzo de concordia, generosidad y diálogo que demostraron durante la sesión todos los grupos parlamentarios.

Por su atención y su respeto, les agradezco personalmente a todos ustedes.

El secretario Marcelino Miranda Añorve:

Se ruega a todos los presentes ponerse de pie.



DECLARATORIA DE CLAUSURA

El Presidente (a las 19:52 horas):

Hoy, 9 de marzo de 1995, la Cámara de Diputados de la LVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, declara formalmente terminados sus trabajos correspondientes al segundo periodo de sesiones extraordinarias del primer receso del primer año de ejercicio.

Se cita a los diputados a la sesión previa, de conformidad con el artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que tendrá lugar el próximo martes 14 de marzo a las 10:00 horas, para elegir la mesa directiva que funcionará del 15 de marzo al 14 de abril, durante el segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LVI Legislatura.



ACTA DE LA PRESENTE SESION

El Presidente:

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el acta de esta sesión se dé por leída y copias de la misma se distribuyan a los grupos parlamentarios para su revisión y aprobación.

El secretario Miguel Angel García García:

Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se autoriza que el acta de clausura se dé por leída y copia de la misma se distribuyan a los grupos parlamentarios para su revisión y aprobación.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se da por leída, señor Presidente.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves nueve de marzo de mil novecientos noventa y cinco, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Extraordinarias del Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.

Presidencia del diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar

En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las diez horas con dieciocho minutos del jueves nueve de marzo de mil novecientos noventa y cinco, con una asistencia de doscientos noventa y dos diputados, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que con una aclaración del diputado Robles Garnica, se aprueba en votación económica.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a la Minuta de la Cámara de Senadores, con proyecto de ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas.

Se turna a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, a fin de que presenten el dictamen correspondiente en esta misma sesión.

Desde su curul, el diputado Ojeda Zubieta solicita que se distribuya el documento y el Presidente hace las aclaraciones pertinentes, para después ordenar a las once horas con cuarenta y cuatro minutos, un

RECESO

A las doce horas con cincuenta y ocho minutos, se reanuda la sesión y se da primera lectura al dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, con proyecto de ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas.

La Asamblea dispensa la segunda lectura y se somete a discusión de inmediato.

Para fundamentar el dictamen, hace uso de la palabra el diputado Jorge Efraín Moreno Collado, del Partido Revolucionario Institucional y después, para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios, pasan a la tribuna los diputados: Marcos Carlos Cruz Martínez, del Partido del Trabajo; Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática; Rodolfo Elizondo Torres, del Partido Acción Nacional y Marco Antonio Michel Díaz, del Partido Revolucionario Institucional.

A discusión en lo general, debaten los diputados: Luis Sánchez Aguilar, motu proprio, en contra; Francisco José Peniche y Bolio, del Partido Acción Nacional, en pro; María del Rosario Ybarra de la Garza, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Germán Jiménez Gómez, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.

Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, se concede el uso de la palabra a los diputados Rosa María Cabrera Lotfe, del Partido de la Revolución Democrática; Oscar González Yáñez, del Partido del Trabajo, en dos ocasiones y Luis Garfias Magaña, del Partido Revolucionario Institucional.

La Presidencia concede el uso de la palabra a los diputados Manuel Marcué y Pardiñas, del Partido de la Revolución Democrática, en contra y José Rafael Castelazo y de los Angeles, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Carlota Angela Botey y Estape, del Partido de la Revolución Democrática, en contra y Gaspar Eugenio Ortiz Walls, del Partido Acción Nacional, en pro.

Desde su curul, durante la intervención del diputado Marcué y Pardiñas, el diputado Jesús Ortega Martínez, propone una moción de orden, que el Presidente hace suya y solicita a la Asamblea que guarde silencio y ponga respetuosa atención a los oradores.

Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, hacen uso de la palabra los diputados Carlota Angela Rosa Botey y Estape, Mara Nadiezhda Robles Villaseñor y María del Rosario Ybarra de la Garza, del Partido de la Revolución Democrática, quien contesta a una interpelación del diputado Esquinca Gurusquieta; César Humberto González Magallón, del Partido del Trabajo; Jesús Esquinca Gurusquieta, del Partido Revolucionario Institucional; Raúl Armando Quintero Martínez y Edgard Sánchez Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática.

Para razonar sus respectivos votos, el Presidente concede el uso de la palabra a los diputados: Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo, Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova, en pro; Edgard Sánchez Ramírez y César Antonio Chávez Castillo, en pro; todos del Partido de la Revolución Democrática.

La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general y autoriza a que se reserve la votación para hacerlo en conjunto con la que corresponde a la discusión en lo particular.

Para presentar diversas proposiciones respecto a los artículos quinto y trece, hace uso de la palabra el diputado Martín Longoria Hernández, del Partido de la Revolución Democrática y, a nombre de las comisiones dictaminadoras, el diputado Fernando Pérez Noriega, del Partido Revolucionario Institucional.

La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por cuatrocientos veinticuatro votos en pro y siete en contra. Se turna al Poder Ejecutivo Federal, para los efectos constitucionales.

En votación económica, se desechan las reformas propuestas por diputados miembros del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Hildiberto Ochoa Samayoa, del Partido de la Revolución Democrática, quien propone una recomendación para el Poder Ejecutivo Federal respecto al Estado de Chiapas. En votación económica se acepta.

Pasa a la tribuna el diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca, del Partido de la Revolución Democrática, quien propone una amnistía. Se turna a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia.

Se concede el uso de la palabra al diputado Jaime Cleofas Martínez Veloz, del Partido Revolucionario Institucional, quien expresa su apoyo a la proposición presentada por el diputado Martínez Della Rocca.

El Presidente reitera el trámite y concede el uso de la palabra al diputado Oscar González Yáñez, del Partido del Trabajo, quien también apoya la propuesta.

Hace uso de la palabra el diputado Carlos Núñez Hurtado, del Partido de la Revolución Democrática, quien propone la creación de un fideicomiso para coadyuvar en la solución de los problemas que aquejan a las comunidades indígenas de todo el país. Se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.

Para rectificar hechos, hacen uso de la palabra los diputados Rodolfo Elizondo Torres, del Partido Acción Nacional y Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova, del Partido de la Revolución Democrática.

El Presidente agradece a la Asamblea su colaboración para la realización ordenada de la sesión.

Presidencia del diputado Netzahualcóyotl de la Vega García

Puestos todos de pie, el Presidente declara: "Hoy, nueve de marzo de mil novecientos noventa y cinco, de la Quincuagésima Sexta Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, declara formalmente terminados los trabajos del segundo periodo de sesiones extraordinarias del primer receso, del primer año de ejercicio".

El mismo Presidente, cita a los señores diputados a la sesión previa que, de conformidad con el artículo veintitrés de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se realizará el martes catorce de marzo a las diez horas, para elegir a la mesa directiva, que presidirá los trabajos del quince de marzo al catorce de abril de mil novecientos noventa y cinco, durante el segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.

La Asamblea autoriza a que el acta de la presente sesión se dé por leída y copias de la misma se distribuyan entre los grupos parlamentarios para su revisión y aprobación.

A las diecinueve horas con cincuenta y ocho minutos, se levanta la sesión y se cita a la de Congreso General, que se llevará a cabo de inmediato.»



CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente (a las 19:57 horas):

Se levanta la sesión de Cámara de Diputados y se ruega a los diputados permanecer en sus lugares para abrir inmediatamente la sesión de Congreso General.



FE DE ERRATAS

En el diario No. 9 de fecha 27 de enero de 1995 del primer periodo Extraordinario, en el Sumario página 2, renglón 22 dice:

Alfonso Primitivo Ríos Vázquez.

debe decir:

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José de Jesús Zambrano Grijalba.

En el mismo diario, página 381, segunda columna en el párrafo 8 dice:

El diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez.

debe decir:

El diputado José de Jesús Zambrano Grijalba.