Presidencia del diputado
Florentino Castro López

ASISTENCIA

El Presidente:

Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia

El secretario José Antonio Hernández Fraguas:

Se va a proceder a pasar lista de asistencia.

Señor Presidente; hay una asistencia de 310 diputados, por lo tanto, hay quorum.

El Presidente (a las 11:55 horas):

Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El secretario Fernando Jesús Flores Gómez González:

Se va a proceder a dar lectura al orden del día.

«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.- Primer Año.- LVI Legislatura.

27 de abril de 1995.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicación del Congreso del Estado de Oaxaca.

Proyecto de Ley Federal de Telecomunicaciones.

De la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de ley reglamentaria del servicio ferroviario.

De la Comisión de Energéticos, con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, en el ramo del petróleo.

Solicitud para la integración de la subcomisión de las condiciones, en que laboran los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, a cargo del diputado Juan Manuel Pérez Corona, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Intervención del diputado Francisco Patiño Cardona, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hacer una excitativa al Procurador General de la República, para que de trámite a la demanda penal en contra de Carlos Salinas de Gortari.

Proposición a cargo del diputado Ramón Sosamontes Herreramoro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el sistema penitenciario mexicano.

Pronunciamiento de solidaridad con la República de Cuba, presentado por diputados de los diferentes grupos parlamentarios que integran la LVI Legislatura.

Comentarios acerca del tema de conservación del patrimonio cultural, en Teotihuacan, a cargo de la diputada Adriana Luna Parra, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El secretario José Antonio Hernández Fraguas:

Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles veintiséis de abril de mil novecientos noventa y cinco, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.

Presidencia de la diputada
Sofía Valencia Abundis

En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las diecisiete horas con veinticuatro minutos del miércoles veintiséis de abril de mil novecientos noventa y cinco, con una asistencia de trescientos treinta y siete diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, que se aprueba en sus términos en votación económica.

Diversas comunicaciones del Congreso del Estado de Aguascalientes, con las que informan de actividades propias de su legislatura. De enterado.

Hace uso de la palabra el diputado Luis Ruan Ruis, del Partido Acción Nacional quien solicita la comparecencia del Secretario del Trabajo, ante la comisión correspondiente, a fin de que explique el programa a corto plazo que se implementará para abatir el desempleo provocado por la crisis económica. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Pasa a la tribuna el diputado José Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta iniciativa de ley que establece el derecho de las personas físicas a que sean modificados sus adeudos de carácter mercantil. Se turna a las comisiones de Comercio y de Hacienda y Crédito Público.

También hace uso de la palabra el diputado Pedro René Etienne Llano, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta iniciativa de reformas al artículo ciento cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Se da cuenta con una minuta del Senado de la República, con proyecto de ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se turna a la Comisión de Justicia.

La Secretaría da primera lectura a un dictamen de la Comisión de Energéticos, con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del artículo veintisiete constitucional en el ramo del petróleo.

Para fijar la posición de su grupo parlamentario, en relación con la probable convocatoria a un periodo de sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, hacen uso de la palabra los diputados: Jesús Ortega Martínez, del Partido de la Revolución Democrática; Cecilia Romero Castillo, del Partido Acción Nacional y para rectificar hechos sobre el mismo tema, los diputados Pedro René Etienne Llano, del Partido de la Revolución Democrática y Consuelo Botello Treviño, del Partido Acción Nacional, quien contesta a una interpelación del diputado Ortega Martínez y solicita a la Presidenta, se actúe en relación con la probable violación del fuero constitucional de algunos diputados del Partido de la Revolución Democrática.

La Presidenta informa que, en ese sentido, velará por el respeto al fuero constitucional de todos los miembros de la cámara y ordenará la investigación conducente para obrar en consecuencia.

Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, hacen uso de la palabra los diputados Francisco Javier Curi Pérez Fernández, del Partido de la Revolución Democrática y Gaspar Eugenio Ortiz Walls, del Partido Acción Nacional y, en sus respectivos turnos, los diputados Serafín Núñez Ramos, del Partido del Trabajo y Augusto Gómez Villanueva, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta una interpelación del diputado Sandoval Ramírez.

Desde su curul, el diputado López Cárdenas hace uso de la palabra para aclaraciones respecto del programa legislativo.

Hace uso de la palabra el diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos.

Se produce desorden en la sala y el diputado López Cárdenas, desde su curul, solicita una moción de orden y que el diputado Rascón Córdova retire las palabras calificadas de injurias en contra del Presidente de la Gran Comisión.

Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, se concede el uso de la palabra a los diputados: Fructuoso López Cárdenas y Gerardo Ordóñez Moreno ambos del Partido Revolucionario Institucional; Jesús Ortega Martínez, del Partido de la Revolución Democrática; Carlos Humberto Aceves del Olmo, del Partido Revolucionario Institucional; Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática; Ricardo Francisco García Cervantes, del Partido Acción Nacional y Píndaro Urióstegui Miranda, del Partido Revolucionario Institucional.

Desde su curul, el diputado Rascón Córdova, hace precisiones.

Se someten a discusión cuatro dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto, que conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:

Juan Guillermo Beistegui Landa y Bernard-Marie Joseph Luquet Pommel, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el Gobierno de la República Francesa. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

José Alberto Cisneros Luna, Margarita Campuzano Godínez y Yolanda Valderrama Cerón, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

Juan José Leaño Espinosa, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario del Uruguay en Guadalajara, Jalisco. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto:

Oses Clement Cole e Isunza, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Guatemala en Mazatlán, Sinaloa.

No habiendo quien haga uso de la palabra, la Secretaría recoge la votación nominal de este dictamen y los anteriormente reservados, misma que arroja una votación favorable para el primero, el segundo y el cuarto dictámenes, de trescientos setenta votos y desfavorable para el que se refiere al ciudadano Juan José Leaño Espinosa, por ciento cuarenta y cuatro votos en pro y doscientos veinticinco en contra.

Los dictámenes aprobados pasan al Poder Ejecutivo Federal y al Senado de la República, para los efectos constitucionales y el desaprobado, se rechaza y regresa a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Antonio Piza Soberanis, del Partido Revolucionario Institucional, quien se refiere y hace una propuesta respecto del Impuesto al Valor Agregado en los puertos de Acapulco y Zihuatanejo.

Para rectificar hechos y expresar sus opiniones al respecto, pasan a la tribuna los diputados René Juárez Cisneros, del Partido Revolucionario Institucional; Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, del Partido de la Revolución Democrática; Claudio Manuel Coello Herrera, del Partido Acción Nacional; Rodolfo González Macías, del Partido Revolucionario Institucional; Víctor Manuel Quintana Silveyra, del Partido de la Revolución Democrática y Marta Alvarado Castañón, del mismo partido.

Se turna la propuesta del diputado Piza Soberanis, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Para referirse a la huelga parcial de veinticuatro horas en la Universidad Nacional Autónoma de México, hace uso de la palabra el diputado Raúl Armando Quintero Martínez, del Partido de la Revolución Democrática.

Pasa a la tribuna el diputado Abel Trejo González, del Partido Revolucionario Institucional, quien recuerda el trigésimo aniversario del fallecimiento del general Heleodoro Chávez Castro y la Asamblea guarda un respetuoso minuto de silencio.

Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidenta clausura la de hoy a las veintidós horas con cincuenta y dos minutos, citando para la que tendrá lugar mañana, jueves veintisiete de abril de mil novecientos noventa y cinco, a las diez horas.»

Está a discusión al acta... No habiendo quien haga uso de la palabra...

El diputado Francisco Curi Pérez Fernández (desde su curul):

Que se corrija mi nombre. Es Francisco Curi Pérez.

El diputado Gerardo Ordaz Moreno (desde su curul):

Mi apellido está mal escrito. Soy Gerardo Ordaz Moreno

El secretario José Antonio Hernández Fraguas:

Se toma nota.

Con las aclaraciones de los diputados, en votación económica, se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta, señor Presidente.

ESTADO DE OAXACA

El secretario César Humberto González Magallón:

Se va a dar lectura a una comunicación.

«Escudo.- Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca.- Poder Legislativo.

Secretarios de la Cámara de Diputados.- México, D.F.

Para dar cumplimiento a los preceptos legales, comunicamos a ustedes que con esta fecha dio inicio el segundo periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al tercer año de ejercicio legal, así como la elección de presidente y vicepresidente para el mes de abril, habiendo resultado electos por mayoría de votos los diputados: Gonzalo Ruiz Cerón, presidente; Emilia García Guzmán, vicepresidente.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz.- Oaxaca, de Juárez, a 1o. de abril de 1995.- Diputados: José María Ramos Castillo y Renato Rafael Luis Esperanza, secretarios.»

De enterado.

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

El secretario Horacio Pereznegrón Pereznegrón:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D.F.

Secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.

Nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto, de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.

México, D.F., a 26 de abril de 1995.- Senadores: Juan Fernando Palomino Topete y J. Benigno Aladro Fernández, secretarios.»

«MINUTA PROYECTO DE LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1o. La presente ley es de orden público y tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, de las redes de telecomunicaciones y de la comunicación vía satélite.

Artículo 2o. Corresponde al Estado, la rectoría en materia de telecomunicaciones, cuyo efecto protegerá la seguridad y la soberanía de la nación.

En todo momento el Estado mantendrá el dominio sobre el espectro radioeléctrico y las posiciones orbitales asignadas al país.

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. Banda de frecuencias: porción del espectro radioeléctrico que contiene un conjunto de frecuencias determinadas:

II. Espectro radioeléctrico: el espacio que permite la propagación sin guía artificial de ondas electromagnéticas cuyas bandas de frecuencias se fijan convencionalmente por debajo de los 3 mil gigahertz:

III. Estación terrena: la antena y el equipo asociado a ésta que se utiliza para transmitir o recibir señales de comunicación vía satélite:

IV. Frecuencia: número de ciclos que por segundo efectúa una onda del espectro radioeléctrico:

V. Homologación: acto por el cual la Secretaría reconoce oficialmente que las especificaciones de un producto destinado a telecomunicaciones satisfacen las normas y requisitos establecidos. Por lo que puede ser conectado a una red pública de telecomunicaciones, o hacer uso del espectro radioeléctrico:

VI. órbita satelital: trayectoria que recorre un satélite al girar alrededor de la tierra:

VII. Posiciones orbitales geoestacionarias: ubicaciones en una órbita circular sobre el Ecuador que permiten que un satélite gire a la misma velocidad de rotación de la tierra, permitiendo que el satélite mantenga en forma permanente la misma latitud y longitud:

VIII. Red de telecomunicaciones: sistema integrado por medios de transmisión, tales como canales o circuitos que utilicen bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, enlaces satelitales, cableados, redes de transmisión eléctrica o cualquier otro medio de transmisión, así como, en su caso, centrales, dispositivos de conmutación o cualquier equipo necesario:

IX. Red privada de telecomunicaciones: la red de telecomunicaciones destinada a satisfacer necesidades específicas de servicios de telecomunicaciones de determinadas personas que no impliquen explotación comercial de servicios o capacidad de dicha red:

X. Red pública de telecomunicaciones: la red de telecomunicaciones a través de la cual se explotan comercialmente servicios de telecomunicaciones. La red no comprende los equipos terminales de telecomunicaciones de los usuarios ni las redes de telecomunicaciones que se encuentren más allá del punto de conexión terminal:

XI. Secretaría: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes:

XII. Servicios de valor agregado: los que emplean una red pública de telecomunicaciones y que tienen efecto en el formato, contenido, código, protocolo, almacenaje o aspectos similares de la información transmitida por algún usuario y que comercializan a los usuarios información adicional, diferente o reestructurada, o que implican interacción del usuario con información almacenada:

XIII. Sistema de comunicación vía satélite: el que permite el envío de señales de microondas a través de una estación transmisora a un satélite que las recibe, amplifica y envía de regreso a la tierra para ser captadas por estación receptora,:

XIV. Telecomunicaciones: toda emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectúa a través de hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos, u otros sistemas electromagnéticos.

Artículo 4o. Para los efectos de esta ley, son vías generales de comunicación el espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones y los sistemas de comunicación vía satélite.

Artículo 5o. Las vías generales de comunicación materia de esta ley y los servicios que en ellas se presten son de jurisdicción federal.

Para los efectos de esta ley se considera de interés público la instalación, operación y mantenimiento de cableado subterráneo y aéreo y equipo destinado al servicio de las redes públicas de telecomunicaciones, debiéndose cumplir las disposiciones estatales y municipales en materia de desarrollo urbano y protección ecológica aplicables.

Artículo 6o. Corresponderá a los tribunales federales conocer de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta ley, sin perjuicio de que las partes puedan someterse al procedimiento arbitral en los términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 7o. La presente ley tiene como objetivos promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones; ejercer la rectoría del Estado en la materia, para garantizar la soberanía nacional; fomentar una sana competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones a fin de que éstos se presten con mejores precios, diversidad y calidad en beneficio de los usuarios y promover una adecuada cobertura social.

Para el logro de estos objetivos, corresponde a la Secretaría, sin perjuicio de las que se confieran a otras dependencias del Ejecutivo Federal, el ejercicio de las atribuciones siguientes:

I. Planear, formular y conducir las políticas y programas, así como regular el desarrollo de las telecomunicaciones, con base en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales correspondientes:

II. Promover y vigilar la eficiente interconexión de los diferentes equipos y redes de telecomunicación:

III. Expedir las normas oficiales mexicanas en materia de telecomunicaciones y otras disposiciones administrativas:

IV. Acreditar peritos en materia de telecomunicaciones:

V. Establecer procedimientos para homologación de equipos:

VI. Elaborar y mantener actualizado el cuadro nacional de atribución de frecuencias:

VII. Gestionar la obtención de las posiciones orbitales geoestacionarias con sus respectivas bandas de frecuencias, así como las órbitas satelitales para satélites mexicanos y coordinar su uso y operación con organismos y entidades internacionales y con otros países:

VIII. Participar en la negociación de tratados y convenios internacionales en materia de telecomunicaciones, considerando, entre otros factores las diferencias existentes del sector con respecto al de los países con que se negocie y vigilar su observancia:

IX. Adquirir, establecer y operar, en su caso, por sí o a través de terceros, redes de telecomunicaciones:

X. Promover el fortalecimiento de los valores culturales y de la identidad nacional:

XI. Promover la investigación y el desarrollo tecnológico en materia de telecomunicaciones, la capacitación y el empleo de mexicanos cuyas relaciones laborales se sujetarán a la legislación de la materia:

XII. Interpretar esta ley para efectos administrativos,:

XIII. Las demás que esta ley y otros ordenamientos legales le confieran en la materia.

Artículo 8o. A falta de disposición expresa en esta ley y en sus reglamentos o en los tratados internacionales, se aplicarán:

I. La Ley de Vías Generales de Comunicación:

II. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo:

III. El Código de Comercio:

IV. El Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal:

V. El Código Federal de Procedimientos Civiles:

VI. La Ley General de Bienes Nacionales,:

VII. La Ley Federal de Radio y Televisión.

Artículo 9o. La prestación de los servicios públicos de telégrafos y radiotelegrafía, queda reservada exclusivamente al Estado.

CAPITULO II

Del espectro radioeléctrico

Artículo 10. El uso de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, se clasificará de acuerdo con lo siguiente:

I. Espectro de uso libre: son aquellas bandas de frecuencias que pueden ser utilizadas por el público en general sin necesidad de concesión, permiso o registro:

II. Espectro para usos determinados: son aquellas bandas de frecuencias otorgadas mediante concesión y que pueden ser utilizadas para los servicios que autorice la secretaría en el título correspondiente:

III. Espectro para uso oficial: son aquellas bandas de frecuencias destinadas para el uso exclusivo de la administración pública federal, gobiernos estatales y municipales, otorgadas mediante asignación directa:

IV. Espectro para usos experimentales: son aquellas bandas de frecuencias que podrá otorgar la Secretaría, mediante concesión directa e intransferible, para comprobar la viabilidad técnica y económica de tecnologías en desarrollo tanto en el país como en el extranjero, para fines científicos o para pruebas temporales de equipo,:

V. Espectro reservado: son aquellas bandas de frecuencias no asignadas ni concesionadas por la Secretaría.

CAPITULO III

De las concesiones y permisos

SECCION PRIMERA

De las concesiones en general

Artículo 11. Se requiere concesión de la Secretaría para:

I. Usar, aprovechar o explotar una banda de frecuencia en el territorio nacional, salvo el espectro de uso libre y el de uso oficial:

II. Instalar, operar o explotar redes públicas de telecomunicaciones:

III. Ocupar posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas al país, y explotar sus respectivas bandas de frecuencias,:

IV. Explotar los derechos de emisión y recepción de señales de bandas de frecuencias asociadas a sistemas satelitales extranjeros que cubran y puedan prestar servicios en el territorio nacional.

Artículo 12. Las concesiones a que se refiere esta ley sólo se otorgarán a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

La participación de la inversión extranjera, en ningún caso podrá exceder del 49%, excepto en tratándose del servicio de telefonía celular. En este caso, se requerirá resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, para que la inversión extranjera participe en un porcentaje mayor.

Artículo 13. Las concesiones o permisos para el uso, aprovechamiento o explotación de bandas de frecuencias atribuidas a los servicios de radiodifusión, de radio y televisión abierta y su programación, estarán sujetas a lo dispuesto en la Ley Federal de Radio y Televisión.

SECCION SEGUNDA

De las concesiones sobre el espectro radioeléctrico

Artículo 14. Las concesiones sobre bandas de frecuencias del espectro para usos determinados se otorgarán mediante licitación pública. El Gobierno Federal, tendrá derecho a recibir una contraprestación económica por el otorgamiento de la concesión correspondiente.

Artículo 15. La Secretaría establecerá y publicará periódicamente, un programa sobre las bandas de frecuencias del espectro para usos determinados, con sus correspondientes modalidades de uso y coberturas geográficas, que serán materia de licitación pública.

Los interesados podrán solicitar que se liciten bandas de frecuencias, modalidades de uso y coberturas geográficas distintas de las contempladas en el programa mencionado en el párrafo anterior. En estos casos, la Secretaría resolverá lo conducente en un plazo que no excederá de 60 días naturales.

Artículo 16. Para llevar a cabo el procedimiento de licitación pública a que se refiere el artículo 14 de esta ley, la Secretaría publicará en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de la entidad o entidades federativas cuya zona geográfica sea cubierta por las bandas de frecuencia objeto de concesión, convocatoria para que, cualquier interesado obtenga las bases correspondientes.

Las bases de licitación pública incluirán como mínimo:

I. Los requisitos que deberán cumplir los interesados para participar en la licitación, entre los que se incluirán:

a) Los programas y compromisos de inversión, de cobertura y calidad de los servicios que se pretenden prestar:

b) El plan de negocios;

c) Las especificaciones técnicas de los proyectos,:

d) Opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia:

II. Las bandas de frecuencias objeto de concesión, sus modalidades de uso y zonas geográficas en que pueden ser utilizadas:

III. El periodo de vigencia de la concesión,:

IV. Los criterios para seleccionar al ganador.

Artículo 17. Cuando las proposiciones presentadas en la licitación pública no aseguren las mejores condiciones para la prestación de los servicios, las contraprestaciones ofrecidas no sean satisfactorias a juicio de la Secretaría o no cumplan con los requisitos establecidos en las bases de la licitación, se declarará desierta la licitación y podrá expedirse una nueva convocatoria.

Artículo 18. El título de concesión contendrá como mínimo lo siguiente:

I. El nombre y domicilio del concesionario:

II. Las bandas de frecuencias objeto de concesión, sus modalidades de uso y zona geográfica en que pueden ser utilizadas:

III. Los programas de inversión respectivos:

IV. Los servicios que podrá prestar el concesionario:

V. Las especificaciones técnicas del proyecto:

VI. El periodo de vigencia:

VII. Las contraprestaciones que, en su caso, deberán cubrirse por el otorgamiento de la concesión,:

VIII. Los demás derechos y obligaciones de los concesionarios.

Una vez otorgada la concesión, un extracto del título respectivo se publicará en el Diario Oficial de la Federación a costa del interesado.

Cuando la explotación de los servicios objeto de la concesión sobre el espectro radioeléctrico, requiera de una concesión de red pública de telecomunicaciones, esta última se otorgará en el mismo acto administrativo.

Artículo 19. Las concesiones sobre bandas de frecuencias, se otorgarán por un plazo hasta de 20 años y podrán ser prorrogadas hasta por plazos iguales a los originalmente establecidos, a juicio de la Secretaría.

Para el otorgamiento de las prórrogas será necesario que el concesionario hubiere cumplido con las condiciones previstas en la concesión que se pretenda prorrogar; lo solicite antes de que inicie la última quinta parte del plazo de la concesión y acepte las nuevas condiciones que establezca la propia Secretaría, de acuerdo a la presente ley y demás disposiciones aplicables. La Secretaría, resolverá lo conducente en un plazo no mayor a 180 días naturales.

Artículo 20. Para obtener concesión sobre bandas de frecuencias para usos experimentales se deberán reunir, en lo conducente, los requisitos a que se refiere el artículo 24 de esta ley.

Artículo 21. Las concesiones para el uso, aprovechamiento o explotación de bandas de frecuencia para uso experimental, se otorgarán por un plazo hasta de dos años y deberán sujetarse, invariablemente, a las disposiciones reglamentarias respectivas.

Artículo 22. Las asignaciones para el uso, aprovechamiento o explotación de bandas de frecuencia para uso oficial, serán intransferibles y estarán sujetas a las disposiciones que en materia de concesiones prevé esta ley, con excepción de las referentes al procedimiento de licitación pública.

Artículo 23. La Secretaría podrá cambiar o rescatar una frecuencia o una banda de frecuencias concesionadas, en los siguientes casos:

I. Cuando lo exija el interés público:

II. Por razones de seguridad nacional:

III. Para la introducción de nuevas tecnologías:

IV. Para solucionar problemas de interferencia perjudicial,:

V. Para dar cumplimiento a los tratados internacionales suscritos por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.

Para estos efectos, la Secretaría podrá otorgar directamente al concesionario nuevas bandas de frecuencias mediante las cuales se puedan ofrecer los servicios originalmente prestados.

SECCION TERCERA

De las concesiones sobre redes públicasde telecomunicaciones.

Artículo 24. Los interesados en obtener una concesión para instalar, operar o explotar redes públicas de telecomunicaciones, deberán presentar, a satisfacción de la Secretaría, solicitud que contenga como mínimo:

I. Nombre y domicilio del solicitante:

II. Los servicios que desea prestar:

III. Las especificaciones técnicas del proyecto:

IV. Los programas y compromisos de inversión, de cobertura y calidad de los servicios que se pretenden prestar:

V. El plan de negocios,:

VI. La documentación que acredite su capacidad financiera, técnica, jurídica y administrativa.

Lo anterior, sin perjuicio de obtener, en su caso, concesión para explotar bandas de frecuencias en los términos del artículo 14.

Artículo 25. La Secretaría analizará y evaluará la documentación correspondiente a la solicitud a que se refiere el artículo anterior en un plazo no mayor de 120 días naturales, dentro del cual podrá requerir a los interesados información adicional.

Una vez cumplidos, a satisfacción, los requisitos a que se refiere el artículo anterior, la Secretaría otorgará la concesión.

Artículo 26. El título de concesión contendrá como mínimo lo siguiente:

I. El nombre y domicilio del concesionario:

II. El objeto de la concesión:

III. Los diferentes servicios que pueda prestar el concesionario:

IV. Los derechos y obligaciones de los concesionarios:

V. El periodo de vigencia:

VI. Las características y el monto de la garantía que, en su caso, deberá otorgar el concesionario,:

VII. Los compromisos de cobertura geográfica de la red pública.

Una vez otorgada la concesión, un extracto del titulo respectivo se publicará en el Diario Oficial de la Federación, a costa del interesado.

Artículo 27. Las concesiones sobre redes públicas de telecomunicaciones se otorgarán por un plazo hasta de 3 años y podrán ser prorrogadas hasta por plazos iguales a los originalmente establecidos.

Para el otorgamiento de las prórrogas será necesario que el concesionario hubiere cumplido con las condiciones previstas en la concesión que se pretenda prorrogar, lo solicite antes de que inicie la última quinta parte del plazo de la concesión y acepte las nuevas condiciones que establezca la propia Secretaría de acuerdo a la presente ley y demás disposiciones aplicables. La Secretaría resolverá lo conducente en un plazo no mayor a 180 días naturales.

Artículo 28. Las redes privadas de telecomunicaciones no requerirán de concesión, permiso o registro para operar, salvo que utilicen bandas de frecuencias del espectro, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 14.

Para que los operadores de redes privadas puedan explotar comercialmente servicios, deberán obtener concesión en los términos de esta ley, en cuyo caso adoptarán el carácter de red pública de telecomunicaciones.

SECCION CUARTA

De las concesiones para comunicación vía satélite

Artículo 29. Las concesiones para ocupar y explotar posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas al país, con sus respectivas bandas de frecuencias y derechos de emisión y recepción de señales, se otorgarán mediante el procedimiento de licitación pública a que se refiere la sección II del presente capítulo, a cuyo efecto el Gobierno Federal podrá requerir una contraprestación económica por el otorgamiento de dichas concesiones.

Tratándose de dependencias y entidades de la administración pública federal, la Secretaría otorgará mediante asignación directa dichas posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales.

Artículo 30. La Secretaría podrá otorgar concesiones sobre los derechos de emisión y recepción de señales y bandas de frecuencias asociadas a sistemas satelitales extranjeros que cubran y puedan prestar servicios en el territorio nacional, siempre y cuando se tengan firmados tratados en la materia con el país de origen de la señal y dichos tratados contemplen reciprocidad para los satélites mexicanos. Estas concesiones sólo se otorgarán a personas morales constituidas conforme a las leyes mexicanas.

Asimismo, podrán operar en territorio mexicano los satélites internacionales establecidos al amparo de tratados internacionales multilaterales de los que el país sea parte.

SECCION QUINTA

De los permisos

Artículo 31. Se requiere permiso de la Secretaría para:

I. Establecer y operar o explotar una comercializadora de servicios de telecomunicaciones sin tener el carácter de red pública,:

II. Instalar, operar o explotar estaciones terrenas transmisoras.

Artículo 32. Los interesados en obtener permiso deberán presentar solicitud a la Secretaría, la cual contendrá, en lo conducente, lo establecido en el artículo 24.

La Secretaría analizará y evaluará la documentación correspondiente a la solicitud a que se refiere el párrafo anterior en un plazo no mayor de 90 días naturales, dentro del cual podrá requerir a los interesados información adicional.

Una vez cumplidos, a satisfacción, los requisitos a que se refiere el artículo anterior, la Secretaría otorgará el permiso correspondiente.

Artículo 33. Para la prestación de servicios de valor agregado bastará su registro ante la Secretaría.

Artículo 34. No se requerirá permiso de la Secretaría para la instalación y operación de estaciones terrenas receptoras.

La Secretaria podrá exentar de los requerimientos de permiso a aquellas estaciones terrenas transmisoras que, por cumplir con las normas establecidas, no ocasionen interferencia perjudicial en otros sistemas de telecomunicaciones.

SECCION SEXTA

De la cesión de derechos

Artículo 35. La Secretaría autorizará, dentro de un plazo de 90 días naturales, contado a partir de la presentación de la solicitud, la cesión parcial o total de los derechos y obligaciones establecidos en las concesiones o permisos, siempre que el cesionario se comprometa a realizar las obligaciones que se encuentren pendientes y asuma las condiciones que al efecto establezca la Secretaría.

En los casos en que la cesión tenga por objeto transferir los derechos para operar y explotar una red pública de telecomunicaciones o una banda de frecuencias a otro concesionario o permisionario que preste servicios similares en la misma zona geográfica, la Secretaría autorizara la respectiva cesión, siempre y cuando exista opinión favorable por parte de la comisión federal de competencia.

La cesión a que se refiere este artículo, podrá solicitarse siempre y cuando haya transcurrido un plazo de tres años a partir del otorgamiento de la concesión o permiso respectivo.

Artículo 36. En ningún caso se podrá ceder, gravar, dar en prenda, hipotecar o enajenar la concesión o el permiso, los derechos en ellos conferidos y los bienes afectos a los mismos, a ningún gobierno o estado extranjero.

SECCION SEPTIMA

De la terminación y revocación de las concesiones y permisos

Artículo 37. Las concesiones y permisos terminan por:

I. Vencimiento del plazo establecido en el título o, en su caso, en el permiso respectivo:

II. Renuncia del concesionario o permisionario:

III. Revocación:

IV. Rescate,:

V. Liquidación o quiebra del concesionario o permisionario.

La terminación de la concesión o del permiso no extingue las obligaciones contraídas por el titular durante su vigencia.

Artículo 38. Las concesiones y permisos se podrán revocar por cualquiera de las causas siguientes:

I. No ejercer los derechos conferidos en las concesiones o permisos durante un plazo mayor de 180 días naturales, contados a partir de la fecha de su otorgamiento, salvo autorización de la Secretaría por causa justificada:

II. Interrupciones a la operación de la vía general de comunicación o la prestación del servicio total o parcialmente, sin causa justificada o sin autorización de la Secretaría:

III. Ejecutar actos que impidan la actuación de otros concesionarios o permisionarios con derecho a ello:

IV. No cumplir con las obligaciones o condiciones establecidas en los títulos de concesión y en los permisos:

V. Negarse a interconectar a otros concesionarios o permisionarios de servicios de telecomunicaciones, sin causa justificada:

VI. Cambio de nacionalidad:

VII. Ceder, gravar o transferir las concesiones o permisos, los derechos en ellos conferidos o los bienes afectos a los mismos en contravención a lo dispuesto en esta Ley:

VIII. No cubrir al Gobierno Federal las contraprestaciones que se hubieren establecido,:

La Secretaría procederá de inmediato a la revocación de las concesiones y permisos en los supuestos de las fracciones I, V, VI y VII anteriores.

En los casos de las fracciones II, III, IV y VIII la Secretaría sólo podrá revocar la concesión o el permiso cuando previamente hubiese sancionado al respectivo concesionario o permisionario, por lo menos en tres ocasiones por las causas previstas en dichas fracciones.

Artículo 39. El titular de una concesión o permiso que hubiere sido revocado estará imposibilitado para obtener nuevas concesiones o permisos de los previstos en esta ley, por un plazo de cinco años, contados a partir de que hubiere quedado firme la resolución respectiva.

Artículo 40. Al término de la concesión o de las prórrogas que se hubieren otorgado, revertirán a la nación las bandas de frecuencias y las posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales que hubieren sido afectas a los servicios previstos en la concesión.

El Gobierno Federal tendrá derecho preferente para adquirir las instalaciones, equipos y demás bienes utilizados directamente en la explotación de las bandas de frecuencias, posiciones orbitales u órbitas satelitales, objeto de la concesión.

CAPITULO IV

De la operación de servicios de telecomunicaciones

SECCION PRIMERA

De la operación e interconexión de redes públicas de telecomunicaciones

Artículo 41. Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán adoptar diseños de arquitectura abierta de red para permitir la interconexión e interoperabilidad de sus redes. A tal efecto, la Secretaría elaborara y administrara los planes técnicos fundamentales de numeración, conmutación, señalización, transmisión, tarifación y sincronización, entre otros, a los que deberán sujetarse los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones. Dichos planes deberán considerar los intereses de los usuarios y de los concesionarios y tendrán los siguientes objetivos:

I. Permitir un amplio desarrollo de nuevos concesionarios y servicios de telecomunicaciones:

II. Dar un trato no discriminatorio a los concesionarios,:

III. Fomentar una sana competencia entre concesionarios.

Artículo 42. Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán interconectar sus redes y a tal efecto suscribirán un convenio en un plazo no mayor de 60 días naturales, contados a partir de que alguno de ellos lo solicite. Transcurrido dicho plazo sin que las partes hayan celebrado el convenio, o antes si así lo solicitan ambas partes, la Secretaría, dentro de los 60 días naturales siguientes, resolverá sobre las condiciones que no hayan podido convenirse.

Artículo 43. En los convenios de interconexión a que se refiere el artículo anterior, las partes deberán:

I. Identificar los puntos de conexión terminal de su red:

II. Permitir el acceso de manera desagregada a servicios, capacidad y funciones de sus redes sobre bases de tarifas no discriminatorias:

III. Abstenerse de otorgar descuentos por volumen en las tarifas de interconexión:

IV. Actuar sobre bases de reciprocidad en la interconexión entre concesionarios que se provean servicios, capacidades o funciones similares entre sí, en tarifas y condiciones:

V. Llevar a cabo la interconexión en cualquier punto de conmutación u otros en que sea técnicamente factible:

VI. Prever que los equipos necesarios para la interconexión puedan ser proporcionados por cualquiera de los concesionarios y ubicarse en las instalaciones de cualquiera de ellos:

VII. Establecer mecanismos para garantizar que exista adecuada capacidad y calidad para cursar el tráfico demandado entre ambas redes:

VIII. Entregar la comunicación al operador seleccionado por el suscriptor en el punto más próximo en que sea técnicamente eficiente:

IX. Entregar la comunicación a su destino final o a un concesionario o combinación de concesionarios que puedan hacerlo:

X. Proporcionar toda la información necesaria que les permita identificar los números de origen y destino, así como a los usuarios que deben pagar por la llamada, la hora y si hubo asistencia de operadora,:

XI. Llevar a cabo, si así se solicita, las tareas de medir y tasar los servicios prestados a sus propios usuarios por parte de otros concesionarios, así como proporcionar la información necesaria y precisa para la facturación y cobro respectivos.

Artículo 44. Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán:

I. Permitir a concesionarios y permisionarios que comercialicen los servicios y capacidad que hayan adquirido de sus redes públicas de telecomunicaciones:

II. Abstenerse de interrumpir el tráfico de señales de telecomunicaciones entre concesionarios interconectados, sin la previa autorización de la Secretaría:

III. Abstenerse de realizar modificaciones a su red que afecten el funcionamiento de los equipos de los usuarios o de las redes con las que esté interconectada, sin contar con la anuencia de las partes afectadas y sin la aprobación previa de la Secretaría:

IV. Llevar contabilidad separada por servicios y atribuirse a sí mismo y a sus subsidiarias y filiales, tarifas de agregadas y no discriminatorias por los diferentes servicios de interconexión:

V. Permitir la portabilidad de números cuando, a juicio de la Secretaría, esto sea técnica y económicamente factible:

VI. Proporcionar de acuerdo a lo que establezcan los títulos de concesión respectivos, los servicios al público de manera no discriminatoria:

VII. Prestar los servicios sobre las bases tarifarías y de calidad contratadas con los usuarios:

VIII. Permitir la conexión de equipos terminales, cableados internos y redes privadas de los usuarios, que cumplan con las normas establecidas:

IX. Abstenerse de establecer barreras contractuales técnicas o de cualquier naturaleza a la conexión de cableados ubicados dentro del domicilio de un usuario con otros concesionarios de redes públicas, y

X. Actuar sobre bases no discriminatorias al proporcionar información de carácter comercial, respecto de sus suscriptores, a filiales, subsidiarias o terceros.

Artículo 45. Cuando las condiciones técnicas, de seguridad y operación lo permitan, los derechos de vía de las vías generales de comunicación; las torres de transmisión eléctrica y de radiocomunicación; las posterías en que estén instalados cableados de distribución eléctrica; los terrenos adyacentes a los ductos de petróleo y demás carburos de hidrógeno; así como los postes y ductos en que estén instalados cableados de redes públicas de telecomunicaciones, que se hagan disponibles a algún concesionario de redes públicas deberán hacerse disponibles, de igual forma, a otros concesionarios sobre bases no discriminatorias.

En consecuencia, ningún concesionario de redes públicas de telecomunicaciones podrá contratar el uso o aprovechamiento de dichos bienes con derechos de exclusividad.

Artículo 46. La Secretaría promoverá acuerdos con las autoridades extranjeras, con el propósito de que exista reciprocidad en las condiciones de acceso de los concesionarios nacionales interesados en ofrecer servicios en el exterior y mayor competencia en larga distancia internacional.

Artículo 47. Sólo podrán instalar equipos de telecomunicaciones y medios de transmisión que crucen las fronteras del país, los concesionarios de redes públicas o las personas que expresamente autorice la Secretaría, sin perjuicio de las demás disposiciones aplicables.

La interconexión de redes públicas de telecomunicaciones con redes extranjeras se llevará a cabo mediante convenios que negocien las partes interesadas.

Los concesionarios deberán presentar a la Secretaría, previamente a su formalización, los convenios de interconexión que se pretenden celebrar. Cuando se estime que dichos convenios perjudican los intereses del país en general, de los usuarios o de otros concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, la Secretaría podrá establecer las modalidades a que deberán sujetarse los convenios, a fin de incorporar condiciones de proporcionalidad y reciprocidad respecto de los servicios objeto de la interconexión.

Cuando fuere necesario celebrar convenios con algún Gobierno extranjero para interconectar las redes concesionadas con redes extranjeras, los concesionarios solicitarán a la Secretaría su intervención para celebrar los convenios respectivos.

Artículo 48. La Secretaría establecerá las medidas conducentes para que los usuarios de todas las redes públicas de telecomunicaciones puedan obtener acceso bajo condiciones equitativas, a servicios de información, de directorio, de emergencia, de cobro revertido y vía operadora, entre otros.

Artículo 49. La información que se transmita a través de las redes y servicios de telecomunicaciones será confidencial, salvo aquella que, por su propia naturaleza, sea pública, o cuando medie orden de autoridad competente.

SECCION SEGUNDA

De la cobertura social de las redes públicas

Artículo 50. La Secretaría procurará la adecuada provisión de servicios de telecomunicaciones en todo el territorio nacional, con el propósito de que exista acceso a las redes públicas de telecomunicaciones para la atención de servicios públicos y sociales, de las unidades de producción y de la población en general.

Tomando en cuenta las propuestas de los gobiernos de las entidades federativas, de los concesionarios de redes públicas de telecomunicación y otras partes interesadas, la Secretaría elaborará los programas de cobertura social y rural correspondientes, los cuales podrán ser ejecutados por cualquier concesionario.

La Secretaría asegurará la disponibilidad de bandas de frecuencias en los casos en que un proyecto de cobertura social así lo requiera, a cuyo efecto podrá negociar con los concesionarios la utilización de los bandas de frecuencias que no estén aprovechando, o bien otorgar nuevas bandas de frecuencias.

Artículo 51. En el caso de que no exista en una localidad determinada otro concesionario o permisionario que proporcione servicios similares, el concesionario de redes públicas de telecomunicaciones que dé servicio en dicha localidad, de conformidad con las condiciones que establezca su respectiva concesión, no podrá interrumpir la prestación de dicho servicio, salvo causa de fuerza mayor o que cuente con autorización expresa de la Secretaría.

SECCION TERCERA

De la operación de las comercializadoras de servicios

Artículo 52. Para los efectos de esta ley, se entiende por comercializadora de servicios de telecomunicaciones toda persona que, sin ser propietaria o poseedora de medios de transmisión, proporciona a terceros servicios de telecomunicaciones mediante el uso de capacidad de un concesionario de redes públicas de telecomunicaciones.

Artículo 53. Salvo aprobación expresa de la Secretaría, los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones no podrán participar, directa o indirectamente, en el capital de una empresa comercializadora de servicios de telecomunicaciones.

Artículo 54. El establecimiento y operación de las empresas comercializadoras de servicios de telecomunicaciones deberá sujetarse, invariablemente, a las disposiciones reglamentarias respectivas.

SECCION CUARTA

De la comunicación vía satélite

Artículo 55. La Secretaría asegurará, en coordinación con las dependencias involucradas, la disponibilidad de capacidad satelital suficiente y adecuada para redes de seguridad nacional y para prestar servicios de carácter social.

Artículo 56. Salvo lo previsto en sus respectivas concesiones, los concesionarios de posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas al país tendrán la obligación de poner un satélite en órbita, a más tardar cinco años después de haber obtenido la concesión.

Artículo 57. Los concesionarios que ocupen posiciones orbitales geoestacionarias asignadas al país, deberán establecer los centros de control y operación de los satélites respectivos en territorio nacional. Los centros de control de satélites serán operados preferentemente por mexicanos.

Artículo 58. Los concesionarios de posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas al país podrán explotar servicios de comunicación vía satélite en otros países, de acuerdo a la legislación que rija en ellos y a los tratados suscritos por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 59. Los concesionarios que distribuyan señales en el país deberán respetar los derechos de propiedad intelectual de los programas cuya señal trasmitan.

Los concesionarios de derechos de emisión y recepción de señales de satélites extranjeros deberán asegurarse de que las señales que se distribuyan por medio de dichos satélites respeten los ordenamientos legales de propiedad intelectual e industrial.

CAPITULO V

De las tarifas

Artículo 60. Los concesionarios y permisionarios fijarán libremente las tarifas de los servicios de telecomunicaciones en términos que permitan la prestación de dichos servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia.

Artículo 61. Las tarifas deberán registrarse ante la Secretaría previamente a su puesta en vigor. Los operadores no podrán adoptar prácticas discriminatorias en la aplicación de las tarifas autorizadas.

Artículo 62. Los concesionarios no podrán otorgar subsidios cruzados a los servicios que proporcionan en competencia, por sí o a través de sus empresas subsidiarias o filiales.

Artículo 63. La Secretaría estará facultada para establecer al concesionario de redes públicas de telecomunicaciones, que tenga poder sustancial en el mercado relevante de acuerdo a la Ley Federal de Competencia Económica, obligaciones específicas relacionadas con tarifas, calidad de servicio e información.

La regulación tarifaria que se aplique buscará que las tarifas de cada servicio, capacidad o función, incluyendo las de interconexión, permitan recuperar, al menos, el costo incremental promedio de largo plazo.

CAPITULO VI

Del registro de telecomunicaciones

Artículo 64. La Secretaría llevará el registro de telecomunicaciones, en el que se inscribirán:

I. Los títulos de concesión, los permisos y las asignaciones otorgadas y, en su caso, las modificaciones autorizadas a los mismos:

II. Los servicios de valor agregado:

III. Los gravámenes impuestos a las concesiones y permisos:

IV. La cesión de derechos y obligaciones a que se refiere esta ley:

V. La bandas de frecuencias otorgadas en las distintas zonas del país:

VI. Los convenios de interconexión con otras redes:

VII. Las tarifas al público de los servicios de telecomunicaciones,:

VIII. Cualquier otro documento relativo a las operaciones de los concesionarios o permisionarios, cuando los reglamentos de esta ley exijan dicha formalidad.

Artículo 65. La información contenida en el registro a que se refiere el artículo anterior podrá ser consultada por el público en general, salvo aquella que, por sus propias características, se considere legalmente de carácter confidencial.

CAPITULO VII

De la requisa

Artículo 66. En caso de desastre natural, de guerra, de grave alteración del orden público o cuando se prevea algún peligro inminente para la seguridad nacional, la paz interior del país o para la economía nacional, el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría podrá hacer la requisa de las vías generales de comunicación a que se refiere esta ley y de los bienes muebles e inmuebles necesarios para operar dichas vías y disponer de todo ello como lo juzgue conveniente. El Gobierno Federal podrá igualmente utilizar el personal que estuviere al servicio de la vía requisada cuando lo considere necesario. La requisa se mantendrá mientras subsistan las condiciones que la motivaron.

El Gobierno Federal, salvo en el caso de guerra, indemnizará a los interesados, pagando los daños y perjuicios a su valor real. Si no hubiere acuerdo sobre el monto de la indemnización, los daños se fijarán por peritos nombrados por ambas partes y en el caso de los perjuicios, se tomará como base el promedio del ingreso neto en el año anterior a la requisa. Cada una de las partes cubrirá la mitad de los gastos que se originen por el peritaje. Los derechos de los trabajadores se respetarán conforme a la ley de la materia.

CAPITULO VIII

De la verificación e información

Artículo 67. La Secretaría verificará el cumplimiento de esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables. Para tal efecto, los concesionarios y permisionarios estarán obligados a permitir a los verificadores de la Secretaría el acceso a sus instalaciones, así como a otorgarles todas las facilidades para que realicen la verificación en términos de la presente ley.

Los concesionarios y permisionarios que sean sujetos de verificación cubrirán las cuotas que por este concepto se originen.

Artículo 68. Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán proporcionar información contable por servicio, región, función y componentes de sus redes, de acuerdo a la metodología y periodicidad que para tal efecto establezca la Secretaría, así como aquella que permita conocer la operación y explotación de los servicios de telecomunicaciones.

La Secretaría vigilará que los concesionarios y permisionarios proporcionen al público información completa y veraz sobre los servicios de telecomunicaciones que presten.

Artículo 69. Las certificaciones de las unidades de verificación establecidas por terceros tendrán validez cuando dichas unidades hayan sido previamente autorizadas por la Secretaría, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización.

Artículo 70. La Secretaría establecerá los mecanismos necesarios para llevar a cabo la comprobación de las emisiones radioeléctricas, la identificación de interferencias perjudiciales y demás perturbaciones a los sistemas y servicios de telecomunicaciones, con el objeto de asegurar el mejor funcionamiento de los servicios y la utilización eficiente del espectro.

CAPITULO IX

Infracciones y sanciones

Artículo 71. Las infracciones a lo dispuesto en esta ley, se sancionarán por la Secretaría de conformidad con lo siguiente:

A. Con multa de 10 mil a 100 mil salarios mínimos por:

I. Prestar servicios de telecomunicaciones sin contar con concesión por parte de la Secretaría:

II. No cumplir con las obligaciones en materia de operación e interconexión de redes públicas de telecomunicaciones:

III. Ejecutar actos que impidan la actuación de otros concesionarios o permisionarios con derecho a ello:

IV. No llevar contabilidad separada por servicios de acuerdo a las disposiciones de esta ley o sus reglamentos:

V. Interceptar información que se transmita por las redes públicas de telecomunicaciones,:

B. Con multa de 4 mil a 40 mil salarios mínimos por:

I. Operar o explotar comercializadoras de servicios de telecomunicaciones en contravención a lo dispuesto en esta ley y sus reglamentos:

II. Interrumpir, sin causa justificada o sin autorización de la Secretaría, la prestación total de servicios en poblaciones en que el concesionario sea el único prestador de ellos:

III. Cometer errores en la información de base de datos de usuarios, de directorios y en el cobro de los servicios de concesionarios de redes públicas, no obstante el apercibimiento de la Secretaría:

IV. No cumplir con las obligaciones o condiciones establecidas en los títulos de concesión o permiso,:

C. Con multa de 2 mil a 20 mil salarios mínimos por:

I. Contravenir las disposiciones tarifarias:

II. Contravenir las disposiciones sobre la conexión de equipos y cableados:

III. Operar sin permiso estaciones terrenas transmisoras:

IV. Incurrir en violaciones a las disposiciones de información y registro contempladas en la presente ley,:

V. Otras violaciones a disposiciones de esta ley y las disposiciones reglamentarias y administrativas que de ella emanen.

En caso de reincidencia, la Secretaría podrá imponer una multa equivalente hasta el doble de las cuantías señaladas.

Para los efectos del presente capítulo, se entiende por salario mínimo, el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción.

Artículo 72. Las personas que presten servicios de telecomunicaciones, sin contar con la concesión o el permiso a que se refieren los artículos 11 y 31 de esta ley, o que por cualquier otro medio invadan u obstruyan las vías generales de comunicación respectivas, perderán en beneficio de la nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dichas infracciones.

Artículo 73. Las sanciones que se señalan en este capítulo se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que resulte o de que, cuando proceda, la Secretaría revoque la concesión o permiso respectivos.

Artículo 74. Para declarar la revocación de las concesiones y permisos; la imposición de las sanciones previstas en esta ley, así como para la interposición del recurso administrativo de revisión, se estará a lo previsto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

TRANSITORIOS

Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, excepto por lo que hace a las fracciones III del apartado B y IV del apartado C, del artículo 71, las cuales entrarán en vigor 180 días naturales después del inicio de vigencia de esta ley.

Segundo. Se derogan:

I. Las fracciones lX y X del artículo 1o.; la fracción IV del artículo 9o.; los párrafos segundo y tercero del artículo 11; 106; y los artículos 374 a 377; 390; 392 a 402 y 579; de la Ley de Vías Generales de Comunicación:

II. La fracción VI del artículo 5o. de la Ley de Inversión Extranjera,:

III. Todas aquellas disposiciones que se opongan a la presente ley.

Tercero. Las disposiciones reglamentarias y administrativas en vigor se continuarán aplicando, hasta en tanto se expidan nuevos ordenamientos que las sustituyan, salvo en lo que se opongan a la presente ley.

Cuarto. Telecomunicaciones de México, continuará operando los servicios de comunicación vía satélite y las redes públicas que están a su cargo, en el entendido de que en la prestación de los servicios de elecomunicación deberá ajustarse a lo dispuesto por esta ley.

La Secretaría, de conformidad con lo previsto en la presente ley, podrá otorgar concesiones y permisos a terceras personas respecto de las redes y servicios actualmente a cargo de telecomunicaciones de México, excepto por lo que se refiere a los servicios de telégrafos y radiotelegrafía.

Quinto. Las concesiones y permisos otorgados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, se respetarán en los términos y condiciones consignadas en los respectivos títulos, hasta su término.

Las solicitudes de concesión en trámite, se ajustarán a lo previsto en la presente ley, excepto cuando, de conformidad con la Ley de Vías Generales de Comunicación, el resultado de los estudios técnicos les hubiere sido favorable y se hubiere publicado la solicitud en el Diario Oficial de la Federación, siempre que no se hubieren formulado objeciones o éstas se hubieren desechado. En ese caso, por lo que hace exclusivamente al trámite, se estará a lo previsto en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley.

Las solicitudes a que se refiere el párrafo anterior serán resueltas por la Secretaría, en un plazo no mayor de 120 días naturales contados a partir de que entre en vigor el presente ordenamiento.

La solicitudes de permiso en trámite se ajustarán a lo previsto en la presente ley.

Sexto. Los titulares de bandas de frecuencias que le hayan sido asignadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, que deseen prestar a través de dichas bandas de frecuencias, servicios no contemplados en su concesión o permiso, deberán solicitarlo a la Secretaría, quien a su juicio resolverá lo conducente, con base en lo establecido en esta ley.

Para tal efecto la Secretaría podrá requerir el pago de una contraprestación, cuyo monto se determinará tomando en cuenta la amplitud de la banda del espectro radioeléctrico y la cobertura geográfica que utilizará el concesionario para proveer el nuevo servicio y el pago que hayan realizado otros concesionarios en la obtención de bandas de frecuencias para usos similares en los términos de esta ley.

Séptimo. Las concesiones que se otorguen para redes públicas de telecomunicaciones sólo podrán iniciar la prestación de los servicios públicos de telefonía básica de larga distancia, después del 10 de agosto de 1996, excepto cuando los concesionarios actuales no hayan cumplido con las condiciones de expansión y eficiencia de los servicios contenidos en su título de concesión.

Octavo. Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones en operación, deberán registrar y aplicar tarifas de interconexión entre sus propios servicios a partir del 1o. de septiembre de 1995. Estas obligaciones serán aplicables asimismo a la interconexión existente entre el concesionario y sus filiales y subsidiarias.

De igual forma deberán llevar contabilidad separada por servicios aplicando tarifas desagregadas, a partir del 1o. de enero de 1996.

Noveno. Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones en operación podrán iniciar negociaciones para interconexión de sus respectivas redes públicas de acuerdo a los términos de la presente ley a partir del 1o. de septiembre de 1995.

Décimo. Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que tengan celebrados convenios de interconexión en los términos de esta ley con concesionarios de redes públicas que pretendan prestar el servicio público de telefonía básica de larga distancia nacional e internacional, podrán iniciar la operación de la interconexión respectiva a partir del 1o. de enero de 1997. Para ese efecto deberán observarse los lineamientos establecidos por la Secretaría en la "resolución sobre el plan de interconexión con redes públicas de larga distancia", que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 1o. de julio de 1994.

Decimoprimero. A más tardar el 10 de agosto de 1996, el Ejecutivo Federal constituirá un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con autonomía técnica y operativa, el cual tendrá la organización y facultades necesarias para regular y promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones en el país, de acuerdo a lo que establezca su decreto de creación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, D.F. a 26 de abril de 1995.- Senadores: Martha Lara Alatorre, presidenta; Juan Fernando Palomino Topete y J. Benigno Aladro Fernández, secretarios.

Se remite para los efectos constitucionales a la Cámara de Diputados.- México, D.F., a 26 de abril de 1995.- El oficial mayor, Mario Alberto Navarro Manrique.»

El Presidente:

Recibo y túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO

El Presidente:

El siguiente punto del orden del día, es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto de la ley reglamentaria del servicio ferroviario.

Consulte la Secretaría si se dispensa la lectura del dictamen, en virtud de que éste ha sido entregado a los diputados

El secretario Horacio Pereznegrón Pereznegrón:

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Dispensada, señor Presidente.

«Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Dictamen con proyecto de decreto de la ley reglamentaria del servicio ferroviario.

Honorable Asamblea: a esta Comisión de Comunicaciones y Transportes, le fue turnada para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de decreto de ley reglamentaria del servicio ferroviario, aprobada por la Cámara de Senadores, el 24 de abril de este año.

Esta comisión, de acuerdo con las facultades que le confieren los artículos 42, 43, fracción II, 48, 56 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta soberanía el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes antecedentes:

I. Antecedentes

1o. Conforme a lo dispuesto en los artículos 73, fracciones XVII, XXIX-E, XXIX-F, 25, 27, 28 y 123, apartado A, fracción XXXI, inciso 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Legislativo tiene facultades para legislar en materia de vías generales de comunicación e inversión extranjera, estando contemplados los criterios para tal efecto en las diversas disposiciones citadas, sobre las siguientes materias: soberanía nacional, rectoría del Estado y otorgamiento de concesiones para el uso y aprovechamiento de bienes del dominio público y la prestación de servicios públicos.

2o. En este marco, con fecha 9 de enero de 1995, el Presidente de la República, en uso de las facultades que le confiere el artículo 89, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitió a la Comisión Permanente, la solicitud para convocar a un periodo de sesiones extraordinarias del honorable Congreso de la Unión para conocer, entre otros asuntos, de la "iniciativa de reformas al párrafo cuarto del artículo 28 constitucional en materia de ferrocarriles y comunicaciones vía satélite". la Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 79 fracción IV, 89 fracción XI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o., 5o., 24, 69 de la Ley Orgánica y 27, 28 y 35 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos ordenamientos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, aprobó el decreto por el que se convocó a un periodo de sesiones extraordinarias y que estableció como fecha de apertura el 17 de enero de 1995.

3o. La colegisladora en sesión celebrada el día 26 de enero de este año, aprobó la reforma al cuarto párrafo del artículo 28 constitucional, mismo que incluyó modificaciones propuestas en sesión conferencia, por los señores senadores y diputados.

4o. En la minuta del Senado, se establece que en el dictamen respectivo se destacó que "el otorgamiento de concesiones o permisos no implica en manera alguna una enajenación de las vías generales de comunicación, ya que éstas son en todo momento patrimonio nacional. Tal es el caso de las vías férreas, las frecuencias y las posiciones orbitales, siendo la concesión un régimen jurídico de servicio público que permite su plena explotación por un periodo determinado, sin afectar la integridad de los derechos soberanos y la rectoría del Estado".

5o. Las comisiones dictaminadoras de ambas cámaras estimaron necesario incluir en el artículo 28 constitucional una referencia expresa a que el dominio de las vías de comunicación ferroviarias corresponde a la nación y la vigencia del régimen de concesión en relación con las vías de comunicación, en tanto que servicios conexos o de apoyo pueden ser objeto de permisos. Pero la principal preocupación de las comisiones fue garantizar explícitamente que la reforma constitucional no pudiera interpretarse en el sentido de permitir la transmisión de la propiedad de vías de comunicación a los particulares, ya que éstos sólo podrán operar por medio de concesión cuando se trate de la explotación directa de las mismas.

6o. De esa manera se aseguró que las vías férreas existentes se mantendrán dentro del dominio de la Federación y las que se establezcan o construyan por parte de los concesionarios se incorporarán de inmediato al patrimonio inmobiliario federal, independientemente de los plazos y condiciones de las concesiones del servicio público ferroviario.

7o. Otro compromiso adquirido mediante la aprobación del dictamen sobre la reforma al artículo 28 constitucional, según lo establece la minuta de la colegisladora, fue que el Estado y en su caso, los concesionarios, garantizarían que los servicios públicos de comunicación ferroviaria apoyen a los centros de población que por su dispersión y características, requieran de manera indispensable de este servicio, independientemente de la rentabilidad del mismo.

8o. Resaltó también el texto del dictamen y así lo consigna la minuta del Senado, la necesidad de proceder cuanto antes a la elaboración de un marco normativo que rija el servicio ferroviario, mismo que deberá regularse en la ley reglamentaria que se expida con fundamento en la modificación propuesta en esa fecha al párrafo cuarto del artículo 28 constitucional.

9o. Con base en los ordenamientos ya mencionados, el pasado 20 de abril el Ejecutivo remitió a la Cámara de Senadores, como cámara de origen, la iniciativa de ley reglamentaria del servicio ferroviario.

10. La colegisladora en sesión celebrada el 24 de abril aprobó dicha iniciativa realizando diversos cambios de fondo a la propuesta del Ejecutivo.

11. Los secretarios de esta Cámara de Diputados dieron cuenta, al pleno, de la minuta con proyecto de decreto aprobado por la Cámara de Senadores en sesión celebrada el pasado 24 de abril del presente año; hecho lo cual, el Presidente de la mesa directiva acordó turnar la minuta en cuestión a esta Comisión de Comunicaciones y Transportes, la que sesionó el 25 y 27 de los corrientes, a efecto de conocer, discutir y dictaminar sobre la minuta en estudio.

12. Resulta de particular importancia señalar, que esta comisión a partir de la aprobación al párrafo cuarto del artículo 28 constitucional, ha mantenido un trabajo permanente participando en la discusión y análisis de los anteproyectos de la iniciativa de ley reglamentaria del servicio ferroviario.

13. Se llevaron a cabo tres reuniones plenarias y un importante número de consultas informales, con el sector ferroviario, a lo largo de los meses de febrero a abril y en ellas se realizaron sugerencias y recomendaciones que se detallan en el apartado respectivo del presente dictamen. En dichas reuniones se contó con una asistencia promedio de más de 20 diputados de las distintas fracciones parlamentarias.

14. Asimismo, el pasado 21 de abril se llevó a cabo una reunión conferencia entre las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes y Estudios Legislativos, Tercera Sección de la Cámara de Senadores y la omisión de Comunicaciones y Transportes de esta cámara, de la que se desprendieron propuestas concretas que fueron incluidas por la colegisladora en la iniciativa que se dictamina.

De acuerdo con los antecedentes expresados, esta Comisión de Comunicaciones y Transportes, se permite presentar las siguientes:

II. Consideraciones

La reforma estructural en el sector comunicaciones y transportes responde a una estrategia que parte del reconocimiento de que la inversión en infraestructura básica, su fortalecimiento y ampliación, son elementos determinantes en la velocidad del cambio estructural que se debe seguir promoviendo en todos las órdenes de la actividad económica y social.

La calidad de la infraestructura es un indicador crítico para medir la vitalidad de una nación: mejor transporte y mejores comunicaciones son elementos básicos de una economía productiva. Su ausencia o fallas significan obstáculos para el crecimiento y la competitividad.

Así, por ejemplo, mejor infraestructura en comunicaciones y transportes significa mayor comercio, más capacidad de insertarse en la globalización y mejores oportunidades de incrementar la calidad y eficiencia.

Se busca alentar una estrategia de inversión en infraestructura básica, que promueva la complementación de los recursos de inversión pública con la participación privada en renglones económicos prioritarios, tales como infraestructura carretera, puertos, aeropuertos y ferrocarriles, mismos que inciden particularmente en el crecimiento de la actividad económica. El contar con la infraestructura necesaria, permite incrementar la tasa de retorno de la economía en su conjunto.

La infraestructura así edificada constituye un activo valioso al que se puede revalorizar aún más. Al concesionarla o darla en explotación, dentro del marco previsto por nuestro régimen jurídico, el Gobierno Federal obtiene en el presente los recursos que, de otra manera, recibiría en el transcurso del tiempo, pudiendo destinar desde ahora esos flujos hacia la ampliación de infraestructura o bien le permite liberar recursos para apuntalar el desarrollo social.

En este marco, los criterios fundamentales que deben orientar la acción de la autoridad en materia de la política de inversiones con la participación de recursos públicos y privados son: no afectar los presupuestos de las dependencias o entidades gubernamentales; no incrementar la deuda pública y considerar la viabilidad y rentabilidad de los proyectos, para que funcionen también como unidades económicas generadoras de recursos que permitan recuperar la inversión.

No obstante, el principal reto no es la carencia de capacidad ingenieril o de ejecución de proyectos concretos, sino en resolver de fondo el problema del financiamiento. En efecto, la competencia por recursos con otros sectores en los mercados financieros nacionales e internacionales, obliga a plantear esquemas imaginativos, viables y rentables, para financiar el desarrollo de la infraestructura.

Los retos inmediatos en el sector comunicaciones y transportes, van en el sentido de fortalecer su función de autoridad y sus tareas normativas y de regulación y al mismo tiempo, su papel promotor para impulsar la concurrencia de crecientes inversiones privadas.

Así por ejemplo, culminar y consolidar una política de puertos donde la participación privada vaya en aumento, aunado al diseño e instrumentación de una política integral de ferrocarriles y transporte multimodal, son asignaturas que merecen la mayor atención en lo inmediato.

Un marco regulatorio más acorde a los retos que enfrenta la consolidación y ampliación de la infraestructura del país, para que ésta permita mayores niveles de competitividad y de diversificación de la planta productiva. Se precisa seguir avanzando para, por un lado, fortalecer lo ya hecho, pero por el otro, establecer reglas de juego más claras en aquellos rubros que aún no muestran avances satisfactorios.

En materia de ferrocarriles, se tiene que reconocer que la competencia por recursos, en virtud del costo, la ha ganado el autotransporte. En los últimos años, México ha construido un importante número de carreteras y caminos alimentadores, que han desplazado al ferrocarril en el transporte tanto de carga, como de pasajeros. Se precisa si no revertir la tendencia, sí que el ferrocarril tome el lugar que le corresponde a través de la participación de la iniciativa privada y social, a este sector.

En este contexto, la importancia del ferrocarril se deriva de que:

Actualmente es el transporte más eficiente para cargas masivas y en distancias largas.

Es un transporte seguro y no contaminante.

Se constituye como un eslabón fundamental en la cadena del transporte multimodal.

Es un detonante del desarrollo regional y social.

A nivel internacional la actividad ferroviaria toma un nuevo auge.

Cabe señalar que el transporte ferroviario en México enfrenta actualmente una baja competitividad y productividad, que ha provocado una reducción importante en la demanda y consecuentemente en los ingresos de la actividad.

Esto se ha traducido en el deterioro de la situación financiera de Ferrocarriles Nacionales de México y en restricciones presupuestales para inversiones en infraestructura y equipo, así como en un rezago importante en el mantenimiento de vías y señalización insuficiente.

El diagnóstico que sintetiza la problemática de la actividad ferroviaria en México, tiene las características que a continuación se señalan:

El 50% de las vías se encuentra en condiciones para una operación adecuada y el resto en condiciones que no son las óptimas para aprovechar el gran potencial de este modo de transporte.

Sólo una porción limitada de la vía cuenta con señalización moderna y eficiente.

Puentes y alcantarillas con baja disponibilidad de carga.

No se cuenta con una disponibilidad de locomotoras y carros.

Existe astringencia de recursos públicos para impulsar el desarrollo del sector, lo que aunado a los altos costos de la operación ha ocasionado rezagos en inversiones, mantenimiento y en la operación.

La velocidad promedio del equipo ferroviario es de 25 kilómetros por hora.

Sólo se transporta por este medio la quinta parte del total de la carga transportada en el país y ésta permanece el 75% del tiempo en patios.

La falta de una adecuada programación de trenes obstaculiza la velocidad de operación del sistema.

Falta una orientación comercial adecuada que atienda a criterios de competencia con base en tarifas que reflejen la situación del mercado, que le permitan competir con otros modos de transporte.

Todo lo antes expuesto se refleja en un hecho concreto: el sistema ferroviario del país presenta un rezago importante que se manifiesta en que no existen los elementos que permitan considerarlo como un servicio confiable. Para avanzar en la solución de esta problemática, la iniciativa que se dictamina es un paso sustancial que permite contar con un marco legal acorde para ordenar de inmediato las actividades del sector, y al mismo tiempo, sentar las bases para un sólido desarrollo en el mediano y largo plazos.

III. Contenido de la iniciativa

La iniciativa de ley se caracteriza por utilizar un esquema general, en el que los aspectos técnicos y procedimentales se regularán a través de disposiciones reglamentarias y administrativas. Los contenidos fundamentales son los siguientes:

Capítulo I. Disposiciones generales:

El objeto de la ley será regular la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de las vías férreas, los servicios públicos de transporte ferroviario y los servicios auxiliares.

El Estado mantendrá en todo momento el dominio sobre las vías generales de comunicación ferroviaria, actuales y futuras.

El Estado será el rector del desarrollo del servicio ferroviario, protegiendo la soberanía y seguridad de la nación y promoviendo la libre competencia entre los distintos modos de transporte.

Capítulo II. De las concesiones y permisos:

Los particulares podrán participar en la prestación del servicio ferroviario mediante concesión del derecho de vía, las vías, los centros de control de tráfico, los patios y las señales para operación y la prestación del servicio público de transporte; o permisos de construcción de accesos, terminales, cruzamientos y puentes, según sea el caso. El Gobierno Federal podrá recibir una contraprestación por el otorgamiento de concesiones y permisos.

Las concesiones se otorgarán mediante licitación pública y su plazo puede ser hasta de 50 años y se podrán otorgar prórrogas hasta por otros 50 años.

Las concesiones podrán otorgarse a personas morales mexicanas, en las que se permitirá la participación de la inversión extranjera, la cual no podrá exceder del 49%, salvo autorización expresa de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. Tratándose de permisos, éstos podrán asignarse a personas físicas y morales.

Se podrán asignar directamente las concesiones a estados y municipios, así como a entidades paraestatales.

El servicio público de transporte ferroviario y los servicios auxiliares se prestarán a todos los usuarios o solicitantes de manera permanente y en condiciones de igualdad.

Los concesionarios celebrarán convenios entre sí para permitir en los puntos de interconexión, la circulación de sus equipos, así como derechos de paso y derechos de arrastre; en caso de controversia, la Secretaría resolverá lo conducente.

Los concesionarios, previa autorización de la Secretaría, podrán constituir gravámenes sobre los derechos derivados de la concesión.

Al vencimiento de la concesión, los objetos de la misma, revertirán a la nación en buen estado operativo, sin costo alguno y libres de todo gravamen.

Capítulo III. De la construcción, conservación, mantenimiento y operación de las vías férreas:

Es de utilidad pública la construcción, conservación y mantenimiento de las vías férreas y para tal fin la Secretaría por sí, o a petición y por cuenta de los interesados, efectuará la compra-venta o promoverá la expropiación de terrenos, construcciones y bancos de material necesarios. Los terrenos y aguas nacionales podrán ser utilizados para igual fin.

Los centros de control de tráfico, deberán establecerse dentro del territorio nacional.

Se requiere autorización para la instalación de obras en las vías de comunicación ferroviaria, (fibra óptica, ductos etcétera); para lo cual la Secretaría podrá obtener una contraprestación, diferente a la concesión de la vía férrea.

Si el concesionario no mantiene las vías de comunicación en buen estado operativo, el Gobierno Federal podrá nombrar un verificador especial, por el tiempo que resulte necesario para corregir las irregularidades de que se trate.

Capítulo IV. Del servicio público de transporte ferroviario:

El servicio público de transporte ferroviario podrá ser de pasajeros y de carga.

Los concesionarios que presten el servicio público de transporte ferroviario deberán contar con el equipo y personal adecuados para garantizar la seguridad, eficiencia, rapidez y funcionalidad del servicio.

Se regulará especialmente el transporte de materiales y residuos peligrosos.

Capítulo V. De los servicios auxiliares:

Se requiere de permiso para la prestación de los servicios auxiliares al servicio ferroviario, tales como terminales, talleres de mantenimiento, transbordo y transvases de líquidos y centros de abasto para la operación de los equipos.

Los permisionarios deberán contar con la infraestructura y equipo que se requiera para prestar los servicios con seguridad y eficiencia.

Asimismo, deberán capacitar y adiestrar a la tripulación del servicio de transporte ferroviario.

Capítulo VI. De las tarifas:

Las tarifas podrán fijarlas libremente los concesionarios y permisionarios. Sin embargo, cuando se den prácticas que disminuyan, dañen o impidan la competencia, la Secretaría, con la opinión de la comisión federal de competencia, podrá establecer bases de regulación tarifaria.

Capítulo VII. Del transporte ferroviario internacional:

Los equipos ferroviarios extranjeros que se internen en el territorio nacional deberán cumplir con los requisitos de seguridad establecidos en esta ley.

Capítulo VIII. De las responsabilidades:

Es obligación de los concesionarios de transporte ferroviario de personas o de carga, responder por los daños y pérdidas que se puedan ocasionar a los pasajeros y su equipaje, a los bienes y productos que transporten, daños a terceros en su persona y sus bienes y a las vías generales de comunicación.

Capítulo IX. De la requisa:

En caso de desastre natural, de guerra, grave alteración del orden público, o bien cuando se tema algún peligro inminente para la seguridad nacional, el Gobierno Federal podrá, de manera temporal, hacer la requisa de las vías generales de comunicación ferroviaria, de sus servicios auxiliares, accesorios y en general, de todo lo que juzgue conveniente, para salvaguardar la seguridad nacional. En este supuesto, el Estado indemnizará a los afectados pagando los daños y perjuicios a su valor real.

Capítulo X. De la verificación:.

La Secretaría tendrá a su cargo la verificación para garantizar el pleno cumplimiento de esta ley y demás disposiciones aplicables. Dicha verificación deberá llevarse a cabo en términos de la ley y en lo no previsto, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Capítulo XI. De las sanciones y recursos:

Se conceden facultades a la Secretaría para imponer sanciones en caso de incumplimiento de la ley y demás disposiciones aplicables.

Se establecen sanciones por la invasión o uso indebido del derecho de vía, pudiendo la Secretaría solicitar a la autoridad competente el desalojo de los invasores.

Artículos Transitorios:

Ferrocarriles Nacionales de México, continuará operando la totalidad de las vías férreas que hoy maneja, al amparo de su Ley Orgánica, hasta que la Secretaría, en términos de la propia ley cuya iniciativa se comenta, proceda al otorgamiento de concesiones y permisos a particulares, en el entendido de que en la operación y en la prestación de los servicios, le será aplicable lo dispuesto en esta ley.

Los derechos de los trabajadores activos, jubilados y pensionados de Ferrocarriles Nacionales de México, no serán afectados con motivo de la presente ley, los que serán respetados conforme a las disposiciones legales aplicables.

IV. Adiciones y modificaciones sugeridas a la iniciativa a lo largo del proceso de discusion y analisis

Como se ha señalado, la elaboración de la iniciativa que se dictamina, contó con amplio periodo de discusión y análisis de los anteproyectos respectivos. Esta dictaminadora ha considerado necesario hacer del conocimiento del pleno las distintas recomendaciones que se realizaron por parte de sus integrantes a lo largo de los trabajos en torno a esta iniciativa.

Las distintas fracciones parlamentarias coincidieron en que el mecanismo establecido para la discusión y análisis de esta iniciativa, ha sido el adecuado y permite fortalecer las relaciones entre los poderes de la Unión.

A continuación se reseñan las aportaciones que los senadores y diputados realizaron a los distintos documentos de trabajo que fueron estudiados:

1o. Se modificó el plazo establecido por el artículo 11, para la duración de las concesiones, habiendo sido originalmente en el anteproyecto de 70 años y por petición de los miembros de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, fue disminuido a 50 años, criterio establecido por el artículo 20 de la Ley General de Bienes Nacionales.

2o. Se eliminó de una serie de disposiciones de los anteproyectos la mención a plazos indefinidos para la determinación de una situación jurídica concreta, con lo que se suprimió una posible fuente de conflictos jurisdiccionales y se redujo la esfera discrecional de la autoridad, delimitando los periodos temporales de manera específica.

3o. Se revisaron las multas fijadas sobre las infracciones, ajustándose al perjuicio ocasionado por el incumplimiento o falla que generó su imposición.

4o. Se reiteró la necesidad de incluir en la ley un artículo transitorio que, a fin de no dejar lugar a confusiones, asegurara el respeto a los derechos adquiridos por los trabajadores, pensionados y jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México.

5o. Asimismo se reiteró la necesidad de que la ley contemplara explícitamente la garantía de la libre competencia, a fin de que no se constituyeran monopolios o se permitieran en el sistema de transporte prácticas monopólicas.

6o. Se incluyó la exigencia de no dejar sin servicio ferroviario a las comunidades a las que sólo se puede acceder por medio de esta prestación.

7. Se revisaron y ajustaron los procesos de licitación pública, para afirmar las funciones de la autoridad y los derechos de los particulares.

8o. Se revisaron y fueron ajustadas las condiciones para la prestación del servicio público ferroviario, privilegiando la satisfacción y seguridad del usuario.

9o. Se revisaron las características que deberá tomar en cuenta la autoridad para el otorgamiento de la prórroga de concesiones y permisos, habiéndose recomendado la verificación sistemática de los indicadores de eficiencia y seguridad de los servicios y la verificación del cumplimiento de la normatividad aplicable, lo que incluye a las normas oficiales mexicanas (NOM), que habrá de expedirse en materia ferroviaria en términos de la Ley Federal de Metrología y Normalización.

10. Se estableció la necesidad de que el marco normativo recogiera la necesaria coordinación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con la autoridad municipal correspondiente, respecto de la necesidad de que los predios colindantes a las vías férreas se cerquen o delimiten, así como en toda obra de infraestructura ferroviaria se respete la legislación en materia de desarrollo urbano y protección ambiental.

11. Se enunció el requerimiento de que se promueva la atención preferente y adecuada en el servicio ferroviario para las personas con discapacidad, de edad avanzada, pensionados y jubilados.

12. Se planteó la necesidad de que en la contratación, conservación y mantenimiento de las vías férreas, como condicionante del contrato de concesión, debe ser obligación del concesionario la ejecución de las obras enunciadas, atento a los planes y programas de desarrollo de los estados y municipios de que se trate.

13. Se propuso que en lo que hace a los servicios auxiliares, a pesar de la obligación que tengan los concesionarios o permisionarios de contar con los elementos técnicos necesarios para que por sí, realicen la verificación físicomecánica de su equipo ferroviario, la Secretaría debe continuar con la verificación del estado del equipo ferroviario, con cargo al concesionario o permisionario, que garantice la prestación óptima del servicio, como parte de la administración y operación del sistema ferroviario mexicano.

14. Se dijo que sería sano tomar en cuenta de inicio, la opinión de la comisión federal de competencia, para que con base en la experiencia del sector, se establezcan las mínimas y máximas tarifarias.

15. Se propuso que la contratación con terceros por parte de las concesiones, sea bajo vigilancia y condiciones que establezca la Secretaría, la que debe ser notificada en forma preliminar de aquellas actividades cuya ejecución pretendan contratar con terceros.

16. Se recomendó que la operación sólo podría ser llevada a cabo por los concesionarios.

17. Se incluyó la recomendación de que los concesionarios deberán proporcionar un seguro que ampare los daños que pudieren ocasionarse a la carga o bienes transportados.

18. Se propuso establecer que la Secretaría cumpliría con las funciones que tiene asignadas en esta ley con base al Plan Nacional de Desarrollo y a los planes sectoriales respectivos.

19. Se solicitó que se precisara de manera más clara la facultad reguladora de la Secretaría.

20. Se propuso un cambio en el orden de los ordenamientos supletorios a la ley o tratados internacionales, a fin de que en tercer término se aplique la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

21. Se propuso que se precisará el plazo para expedir la convocatoria para el otorgamiento de concesiones.

22. Se sugirió que se tomara en cuenta la capacidad jurídica entre los requisitos para el otorgamiento de concesiones.

23. Se propuso que la prestación del servicio público se apegue a los principios de regularidad, permanencia, uniformidad, obligatoriedad y generalidad.

24. Se sugirió que la licencia estuviera siempre vigente para el servicio de transporte, así como la obligatoriedad de realizar los exámenes médicos correspondientes.

En síntesis, la ley que se dictamina parte de un intenso proceso de discusión, análisis y concertación, precisa las funciones de la autoridad y promueve de manera fundamental la inversión en los servicios ferroviarios. Asimismo, atiende la seguridad de los usuarios y protege de manera decidida los derechos de los trabajadores. En suma, es una ley sin duda perfectible, pero que llena un espacio importante en este sector. Este nuevo marco regulatorio permite contar con reglas claras para todos los actores involucrados en esta actividad. Por ello, la comisión que dictamina, estima que las condiciones actuales del país y la necesidad de contar con una infraestructura sólida y moderna en materia de comunicaciones y transportes, justifica la aprobación de este nuevo marco legal.

No obstante, y con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos estipulados en la misma ley, esta comisión dictaminadora considera indispensable fórmula las siguientes:

RECOMENDACIONES

Primera. La Cámara de Diputados a través de la Contaduría Mayor de Hacienda, en términos de los artículos 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción III de la Ley Orgánica de dicha contaduría y demás disposiciones aplicables, deberá revisar las concesiones y permisos que otorgue y asigne la autoridad ferroviaria.

Segunda. Los proyectos estratégicos, entendidos como aquellos que comprometen en el largo plazo el desarrollo de los servicios ferroviarios, como pudieran ser, en su caso, los servicios que se llegasen a prestar en el Istmo de Tehuantepec o en la Península de Baja California, deberán de ser evaluados no sólo en cuanto a su factibilidad técnica o económica, sino también atendiendo a criterios que garanticen la rectoría del Estado y la soberanía de la nación sobre esta actividad prioritaria. En el caso de la inversión extranjera, se deberá revisar los términos de su participación a la luz de lo establecido en los ordenamientos en la materia.

Tercera. Reafirmado lo que dispone el transitorio quinto de la ley, esta Cámara de Diputados, a través de sus comisiones correspondiente, deberá estar atenta al cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia laboral.

Cuarta. El sector social, de conformidad con los ordenamientos vigentes, podrá participar en las licitaciones de los servicios ferroviarios en los términos contenidos en esta ley.

Con base en lo anterior:

CONSIDERANDO

Primero. Que los servicios ferroviarios son componentes estratégicos para el desarrollo eficiente y competitivo de la infraestructura de comunicaciones y transportes de México.

Segundo. Que la ley que se dictamina es resultado de un intenso proceso de discusión y análisis entre los involucrados en el sector.

Tercero. Que la economía nacional precisa de una infraestructura adecuada que se adelante a la demanda y sea el detonante de un crecimiento sano y sustentable.

Cuarto. Que el nuevo marco regulatorio permitirá liberar recursos públicos para atender otras prioridades del desarrollo nacional.

Quinto. Que el Estado mantiene y garantiza su rectoría en la materia y cuenta a través de este ordenamiento, con los instrumentos adecuados para planear y regular esta actividad.

Por todo lo antes expuesto y con base en la minuta enviada por el Senado y en el análisis que esta comisión ha realizado de la iniciativa remitida por el Ejecutivo Federal, nos permitimos someter a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

PROYECTO DE LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1o. La presente ley es de orden público y de observancia en todo el territorio nacional y tiene por objeto regular la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de las vías férreas cuando sean vías generales de comunicación, así como el servicio público de transporte ferroviario que en ellas opera y los servicios auxiliares.

El servicio ferroviario es una actividad económica prioritaria y corresponde al Estado ser rector de su desarrollo. Al ejercer sus funciones de rectoría, el Estado protegerá en todo momento la seguridad y la soberanía de la nación y promoverá el desarrollo del servicio ferroviario en condiciones que garanticen la libre competencia entre los diferentes modos de transporte.

Artículo 2o. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I. Derecho de vía: la franja de terreno que se requiere para la construcción, conservación, ampliación, protección y en general para el uso adecuado de una vía general de comunicación ferroviaria, cuyas dimensiones y características fije la Secretaría de Comunicaciones y Transportes:

II. Equipo ferroviario: los vehículos atractivos, de arrastre o de trabajo que circulan en las vías férreas;

III. Secretaría: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes:

IV. Sistema ferroviario: las vías generales de comunicación ferroviaria, el servicio público de transporte ferroviario y los servicios auxiliares:

V. Servicio público de transporte ferroviario de carga: el que se presta en vías férreas destinado al porte de bienes, incluyendo el servicio de arrastre de vehículos de terceros:

VI. Servicio público de transporte ferroviario de pasajeros: el que se presta en vías férreas destinado al traslado de personas:

VII. Terminal: tratándose del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros, las instalaciones en donde se efectúa la salida y llegada de trenes para el ascenso y descenso de pasajeros y, tratándose del servicio público de transporte ferroviario de carga, en las que se realiza la recepción, almacenamiento, clasificación, consolidación y despacho de bienes,:

VIII. Vías férreas: los caminos con guías sobre los cuales transitan trenes, inclusive los que se encuentren en los patios que, a su vez, sean indispensables para la operación:

Artículo 3o. Las vías férreas son vías generales de comunicación cuando:

I. Comuniquen entre sí a dos o más entidades federativas:

II. En todo o parte del trayecto, estén dentro de la zona fronteriza de 100 kilómetros o en la faja de 50 kilómetros a lo largo de las costas, con excepción de las líneas urbanas que no crucen la línea divisoria con otro país y que no operen fuera de los límites de las poblaciones,:

III. Entronquen o conecten con alguna otra vía férrea de las enumeradas en este artículo, siempre que presten servicio al público. Se exceptúan las líneas urbanas que no crucen la línea divisoria con otro país.

Son parte integrante de la vía general de comunicación ferroviaria el derecho de vía, los centros de control de tráfico y las señales para la operación ferroviaria.

Artículo 4o. Son de jurisdicción federal, las vías generales de comunicación ferroviaria, el servicio público de transporte ferroviario que en ellas opera y sus servicios auxiliares.

Corresponderá a los tribunales federales conocer de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta ley.

En todo caso, las autoridades que conozcan de las controversias proveerán lo necesario para que no se interrumpa la prestación del servicio público de transporte ferroviario.

Artículo 5o. A falta de disposición expresa en esta ley o en los tratados internacionales aplicables, se aplicarán:

I. La Ley de Vías Generales de Comunicación:

II. La Ley General de Bienes Nacionales:

III. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo,:

IV. Los códigos de Comercio; Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal y Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 6o. Corresponde a la Secretaría, en materia de servicio ferroviario, el ejercicio de las atribuciones siguientes:

I. Planear, formular y conducir las políticas y programas, así como regular el desarrollo del sistema ferroviario, con base al Plan Nacional de Desarrollo y a los planes sectoriales respectivos.

II. Otorgar las concesiones y permisos a que se refiere esta ley, verificar su cumplimiento y resolver sobre su modificación o terminación:

III. Determinar las características y especificaciones técnicas de las vías férreas, del servicio público de transporte ferroviario y de sus servicios auxiliares, mediante la expedición de normas oficiales mexicanas:

IV. Verificar que las vías férreas, los servicios públicos de transporte ferroviario y sus servicios auxiliares cumplan con las disposiciones aplicables:

V. Establecer, en su caso, bases de regulación tarifaria;

VI. Aplicar las sanciones establecidas en esta ley:

VII. Integrar el registro de las concesiones y permisos que se otorguen conforme a lo dispuesto en la presente ley:

VIII. Interpretar esta ley para efectos administrativos,:

IX. Las demás que señalen ésta y otras disposiciones legales aplicables.

CAPITULO II

De las concesiones y permisos

SECCION PRIMERA

De las concesiones

Artículo 7o. Se requiere de concesión para:

I. Construir, operar y explotar vías férreas, que sean vía general de comunicación.

Los concesionarios podrán contratar con terceros, la construcción, la conservación y el mantenimiento de las vías férreas, pero, en todo momento, el concesionario será el único responsable ante el Gobierno Federal por las obligaciones establecidas a su cargo en la respectiva concesión,:

II. Prestar el servicio público de transporte ferroviario.

Las concesiones de que trata el presente artículo podrán comprender los permisos para prestar servicios auxiliares, caso en el cual no será necesario obtener el permiso a que se refiere el artículo 15 de la presente ley.

Artículo 8o. Las vías generales de comunicación ferroviaria se mantendrán en todo momento dentro del dominio público de la Federación. Las vías férreas que se construyan al amparo de un título de concesión, pasarán a formar parte del dominio público inmediatamente, con independencia de las condiciones y plazo de la concesión.

Artículo 9o. Las concesiones a que se refiere este capítulo se otorgarán mediante licitación pública, conforme a lo siguiente:

I. La Secretaría, por sí o a petición del interesado, expedirá convocatoria pública para que se presenten proposiciones en presencia de los participantes.

Cuando exista petición del interesado, la Secretaría, en un plazo de 180 días naturales, expedirá la convocatoria; o señalará al propio interesado las razones de la improcedencia de su petición, en un plazo no mayor de 60 días naturales:

II. La convocatoria se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de la entidad o entidades federativas en donde se encuentren o se hayan de construir las vías férreas:

III. Las bases de la licitación incluirán, como mínimo:

a) Las características, especificaciones y límites de la concesión:

b) En su caso, las características técnicas de la vía férrea o el proyecto técnico, así como los requisitos de calidad de la construcción y operación:

c) En su caso, las especificaciones y características del servicio público de transporte ferroviario objeto de la concesión:

d) El plazo de la concesión,:

e) Los criterios para el otorgamiento de la concesión, entre los cuales se considerarán, según sea el caso, las contraprestaciones ofrecidas al Estado por el otorgamiento de la concesión; la calidad del servicio que se propone; el programa y calendario de inversiones; los volúmenes de operación; las bases para determinar los precios y las tarifas para el usuario y las demás condiciones que se consideren convenientes:

IV. Los interesados deberán demostrar su capacidad jurídica, técnica, administrativa y financiera, debiendo señalar en forma preliminar, aquellas actividades cuya ejecución pretendan contratar con terceros y cumplir con los demás requisitos que se establezcan.

Entre tales requisitos, los interesados deberán contar con opinión de la comisión federal de competencia, respecto de su participación en la licitación de que se trate;

V. La Secretaría emitirá el fallo con base en el análisis comparativo de las proposiciones recibidas, el cual será dado a conocer a todos los participantes. La evaluación de las proposiciones se hará con base en los criterios contenidos, en las bases a que se refiere el inciso e, de la fracción III anterior:

VI. La Secretaría, en su caso, otorgará la concesión dentro del plazo señalado en las bases correspondientes y el titulo respectivo se publicará en el Diario Oficial de la Federación a costa del concesionario,:

VII. No se otorgará la concesión cuando las proposiciones presentadas no aseguren las mejores condiciones de eficiencia para la prestación del servicio ferroviario; o la proposición económica no sea satisfactoria a juicio de la Secretaría; o no cumplan con los requisitos de las bases de la licitación. En estos casos, se declarará desierta la licitación y podrá expedirse una nueva convocatoria.

Artículo 10. La Secretaría podrá otorgar asignaciones a los estados, municipios y entidades paraestatales de la administración pública federal, sin sujetarse al procedimiento de licitación a que se refiere esta ley.

Artículo 11. Las concesiones se otorgarán hasta por un plazo de 50 años y podrán ser prorrogadas, en una o varias ocasiones, hasta por un plazo que en total no exceda de 50 años, siempre que el concesionario:

I. Hubiera cumplido con las condiciones previstas en la concesión que se pretenda prorrogar:

II. Lo solicite antes de que inicie la última décima parte del plazo de la concesión:

III. Acepte las nuevas condiciones que establezca la Secretaría,:

IV. Hubiera realizado el mejoramiento de las instalaciones y la calidad de los servicios prestados durante la vigencia de la concesión, de acuerdo con las verificaciones sistemáticas practicadas conforme a los indicadores de eficiencia y seguridad que se determinen en los reglamentos respectivos y demás disposiciones aplicables.

Artículo 12. El título de concesión deberá contener, como mínimo, lo siguiente:

I. Nombre y domicilio del concesionario:

II. Objeto:

a) La vía troncal, ruta o ramal a cubrir por la concesión:

b) La descripción de los bienes, obras e instalaciones que, en su caso, se concesionan, así como los compromisos de conservación y mantenimiento de los mismos,:

c) Las características y especificaciones del servicio público de transporte ferroviario que, en su caso, se concesiona:

III. Los servicios auxiliares que, en su caso, podrán prestarse:

IV. Los programas de inversión, construcción, explotación, conservación y modernización de la infraestructura:

V. Los derechos y obligaciones de los concesionarios:

VI. Los indicadores de eficiencia y seguridad para la evaluación correspondiente:

VII. El periodo de vigencia:

VIII. Las características y el monto de la garantía que, en su caso, deberá otorgar el concesionario,:

IX. En su caso, forma de pago de las contraprestaciones.

Artículo 13. Los bienes muebles concesionados en los términos de esta ley, podrán enajenarse cuando en razón de su uso o características hayan sido sustituidos, tales como rieles, durmientes y señales.

Los concesionarios, previa autorización de la Secretaría, podrán constituir gravámenes sobre los derechos derivados de la concesión. En las escrituras públicas correspondientes se hará constar que bajo ninguna circunstancia se podrán gravar los bienes del dominio público objeto de la concesión y que al terminar la concesión, por cualquiera de las causas señaladas en el artículo 20 de esta ley, los bienes de dominio público se reintegrarán a la nación.

Artículo 14. Las vías férreas, el derecho de vía, los centros de control de tráfico, las señales de operación ferroviaria y los demás bienes que se hubieren concesionado, al terminar la concesión, revertirán a la nación en buen estado operativo, sin costo alguno.

El Gobierno Federal tendrá derecho de preferencia para adquirir el equipo ferroviario y demás bienes que considere necesarios para continuar con la prestación del servicio.

SECCION SEGUNDA

De los permisos

Artículo 15. Se requiere permiso para:

I. Prestar los servicios auxiliares a que se refiere el artículo 44 de esta ley:

II. Construir accesos, cruzamientos e instalaciones marginales, en el derecho de vía de las vías férreas; excluyendo la construcción e instalación de escuelas, mismas que se podrán construir sin necesidad de concesión o permiso:

III. Instalar anuncios y señales publicitarias en el derecho de vía,:

IV. Construir y operar puentes sobre vías férreas.

En caso de que haya dos o más interesados en construir y operar una terminal, la Secretaría otorgará el permiso respectivo conforme al procedimiento a que se refiere el artículo 9o. de esta ley.

Artículo 16. Los permisos a que se refiere el artículo anterior se otorgarán previo cumplimiento de los requisitos exigidos; por los plazos y con las condiciones que establezcan los reglamentos de la presente ley y en atención a la naturaleza del servicio.

En todo caso, la resolución correspondiente deberá emitirse en un plazo que no exceda de 90 días naturales, contados a partir de aquél en que se hubiere presentado la solicitud debidamente integrada.

SECCION TERCERA

Disposiciones comunes

Artículo 17. Las concesiones sólo se otorgarán a personas morales mexicanas.

La inversión extranjera podrá participar hasta el 49% en el capital social de las empresas concesionarias a que se refiere esta ley.

Se requerirá resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, para que la inversión a que se refiere el párrafo anterior participe en un porcentaje mayor. Dicha comisión deberá considerar al resolver, que se propicie el desarrollo regional y tecnológico y se salvaguarde la integridad soberana de la nación.

Los concesionarios deberán dar aviso a la Secretaría de las modificaciones que realicen a sus estatutos, relativas a la disolución anticipada, cambio de objeto, fusión, transformación o escisión. Asimismo, deberán informar el cambio de participación, directa o indirecta, en el capital social de que se trate, cuando dicha participación sea igual o superior al 5%.

Los permisos sólo se otorgarán a personas físicas o morales mexicanas.

Artículo 18. La Secretaría autorizará, dentro de un plazo de 90 días naturales, contados a partir de la presentación de la solicitud, la cesión total o parcial de los derechos y obligaciones establecidos en las concesiones o permisos, siempre que el cesionario se comprometa a realizar las obligaciones que se encuentren pendientes y asuma las condiciones que, al efecto, establezca la Secretaría.

Las partes interesadas, previamente a la presentación de la solicitud a que se refiere el párrafo anterior, deberán dar aviso a la comisión federal de competencia.

Artículo 19. Los concesionarios o permisionarios en ningún caso podrán ceder, ni en forma alguna gravar, transferir o enajenar la concesión o el permiso, los derechos en ellos conferidos, así como los bienes afectos a la concesión, a ningún gobierno o estado extranjero.

Artículo 20. Las concesiones y permisos, según sea el caso terminan por:

I. Vencimiento del plazo establecido en la concesión o el permiso o las prórrogas que se hubieren otorgado:

II. Renuncia del titular;

III. Revocación:

IV. Rescate:

V. Desaparición del objeto de la concesión o permiso,:

VI. Liquidación o quiebra de la concesionaria o permisionaria.

La terminación de la concesión o el permiso no extingue las obligaciones contraídas por el titular durante su vigencia.

Artículo 21. Las concesiones y permisos se podrán revocar por cualquiera de las causas siguientes:

I. No ejercer los derechos conferidos en las concesiones o los permisos durante un periodo mayor de 180 días naturales, contados a partir de la fecha de su otorgamiento:

II. Interrumpir el concesionario la operación de la vía férrea o la prestación del servicio público de transporte ferroviario, total o parcialmente, sin causa justificada ante la Secretaría:

III. Ejecutar u omitir actos que impidan o tiendan a impedir la actuación de otros concesionarios o permisionarios que tengan derecho a ello:

IV. Incumplir con el pago de las indemnizaciones por daños que se originen en la prestación de los servicios:

V. Aplicar tarifas superiores a las registradas o, en su caso, a las autorizadas:

VI. Si el concesionario o permisionario cambian de nacionalidad:

VII. Ceder, gravar o transferir las concesiones o permisos, los derechos en ellos conferidos o los bienes afectos a los mismos, en contravención a lo dispuesto en esta ley:

VIII. En su caso, no otorgar o no mantener en vigor la garantía de cumplimiento de las concesiones o permisos, o las pólizas de seguros sobre daños a los pasajeros y a terceros en sus personas o bienes, a la carga y los que pudieran sufrir las construcciones, instalaciones, así como el equipo tractivo y de arrastre,:

IX. En general, inclumplir cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas en esta ley, sus reglamentos y en el título de concesión o permisos respectivos.

La Secretaría procederá de inmediato a la revocación de las concesiones y permisos en los supuestos de las fracciones I, VI y VII anteriores.

En los casos de las fracciones II y V, la Secretaría sólo podrá revocar la concesión o el permiso cuando previamente hubiese sancionado al respectivo concesionario o permisionario, por lo menos en tres ocasiones por las causas previstas en la misma fracción.

Para los supuestos de las fracciones III, IV, VIII y IX, se requerirá que la sanción se haya impuesto por lo menos en cinco ocasiones por las causas previstas en la misma fracción.

Artículo 22. El titular de una concesión o permiso que hubiere sido revocado, estará imposibilitado para obtener, directa o indirectamente, otra concesión o permiso de los contemplados en la presente ley, dentro de un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que hubiere quedado firme la resolución respectiva.

Artículo 23. Para atender necesidades derivadas de caso fortuito o de fuerza mayor, la Secretaría estará facultada para imponer modalidades en la operación y explotación de las vías férreas y en la prestación del servicio público de transporte ferroviario, sólo por el tiempo y proporción que resulte estrictamente necesario. En su caso, el afectado percibirá la indemnización que corresponda por la afectación habida en virtud de la modalidad impuesta.

Artículo 24. Los servicios ferroviarios se prestarán a todos los usuarios solicitantes de manera permanente, uniforme y en condiciones equitativas en cuanto a oportunidad, calidad y precio.

CAPITULO III

De la construcción, conservación, mantenimiento y operación de las vías férreas.

Artículo 25. Es de utilidad pública la construcción, conservación y mantenimiento de las vías férreas.

La Secretaría por sí, o a petición y por cuenta de los interesados o concesionarios, efectuará la compra-venta o, en su defecto, promoverá la expropiación de los terrenos, construcciones y bancos de material, necesarios para la construcción, conservación y mantenimiento de vías férreas, incluyendo los derechos de vía.

Los terrenos federales y aguas nacionales, así como los materiales existentes en éstos, podrán ser utilizados para la construcción, conservación y mantenimiento de las vías férreas, y derechos de vía correspondientes, conforme a las disposiciones legales aplicables.

Artículo 26. Los concesionarios de vías férreas contarán con centros de control de tráfico, los que se deberán establecer dentro del territorio nacional.

Artículo 27. Para realizar trabajos de construcción o reconstrucción en las vías férreas concesionadas, se requerirá la aprobación previa de la Secretaría del proyecto ejecutivo y demás documentos relacionados con las obras que pretendan ejecutarse.

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior, los trabajos de urgencia, de mantenimiento y los trabajos menores de construcción que los concesionarios realicen para la conservación y buen funcionamiento de las vías férreas concesionadas, en el entendido de que informarán a la Secretaría en los términos que establezcan los reglamentos respectivos.

En los casos en que se pretenda que las vías férreas crucen centros de población y otras vías de comunicación, los proyectos respectivos deberán contener las previsiones necesarias para garantizar la seguridad de los habitantes y el funcionamiento adecuado de las vías de comunicación.

Artículo 28. Los concesionarios realizarán la conservación y el mantenimiento de la vía general de comunicación ferroviaria con la periodicidad y las especificaciones técnicas que al efecto establezcan los reglamentos y demás disposiciones aplicables.

Artículo 29. Si el concesionario no opera, mantiene o conserva las vías férreas en buen estado, en términos de la presente ley, la Secretaría podrá nombrar un verificador especial por el tiempo que resulte necesario para corregir las irregularidades de que se trate. Los gas- tos que se originen por tal verificación serán por cuenta del concesionario.

Artículo 30. Toda obra que se requiera para la prestación del servicio ferroviario dentro de los límites de un centro de población, deberá cumplir con lo dispuesto en la legislación, programas y zonificación en materia de desarrollo urbano y protección ambiental.

La Secretaría, tomando en cuenta las circunstancias de cada caso, promoverá con los estados, municipios, concesionarios o particulares la conservación reconstrucción y ampliación de tramos federales y la construcción de libramientos que eviten el paso por las poblaciones.

Artículo 31. Las obras de construcción de los cruzamientos de vías férreas, se harán por cuenta del operador de la vía u obra que cruce a la ya establecida, previo cumplimiento de los requisitos aplicables.

Artículo 32. En los terrenos adyacentes a las vías generales de comunicación materia de esta ley, hasta en una distancia de 100 metros del límite del derecho de vía, no podrán establecerse obras o industrias que requieran el empleo de explosivos, salvo previa autorización expresa de la Secretaría.

Artículo 33. La Secretaría en coordinación con la autoridad municipal correspondiente, de acuerdo a lo previsto en la legislación aplicable, podrá requerir que los predios colindantes a las vías férreas, se cerquen o delimiten, según se requiera, respecto del derecho de vía, por razones de seguridad.

Artículo 34. Se requiere autorización de la Secretaría para la instalación de líneas de transmisión eléctrica, fibra óptica, postes, cercas, ductos de petróleo o sus derivados, o cualquiera otra obra subterránea, superficial o aérea, en las vías generales de comunicación ferroviaria, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones aplicables.

En estos casos, el Estado podrá obtener una contraprestación por el aprovechamiento de la vía general de comunicación, sin perjuicio de la contraprestación que pudiere corresponder al concesionario de la vía férrea.

Las dependencias del Gobierno Federal, en coordinación con la Secretaría, podrán realizar cualesquiera de las obras señaladas en el primer párrafo de este artículo, dentro del derecho de vía de las vías férreas, sin pagar contraprestación alguna.

Las obras o instalaciones a que se refiere este artículo no deberán perjudicar las prestación del servicio público de transporte ferroviario o las instalaciones de las vías férreas.

Artículo 35. Los concesionarios, a cambio de una contraprestación previamente convenida, deberán prestar a otros concesionarios, los servicios de interconexión y de terminal requeridos para la prestación del servicio público de transporte ferroviario.

En caso de que los concesionarios no llegaren a un acuerdo dentro de los 90 días naturales siguientes a la fecha en que hubieren iniciado las negociaciones, la Secretaría, previa audiencia de las partes, establecerá las condiciones y contraprestaciones conforme a las cuales deberán prestarse dichos servicios.

Artículo 36. Los concesionarios podrán acordar entre ellos derechos de arrastre y derechos de paso, por virtud de los cuales puedan compartir una vía férrea determinada. El concesionario de la vía férrea será el responsable del despacho de los equipos ferroviarios y de la conservación y mantenimiento de la vía.

La Secretaría podrá establecer, en las bases de licitación y en los títulos de concesión respectivos, que para tramos determinados se otorguen derechos de arrastre y derechos de paso. Cuando los concesionarios no lleguen a un acuerdo dentro de los 90 días naturales siguientes a la fecha en que hubieren iniciado las negociaciones, la Secretaría, previa audiencia de las partes, fijará las condiciones y contraprestaciones conforme a las cuales se otorgarán dichos derechos.

Los concesionarios deberán remitir a la Secretaría copia de los convenios que celebren en términos del presente artículo.

CAPITULO IV

Del servicio público de transporte ferroviario

Artículo 37. El servicio público de transporte ferroviario podrá ser:

I. De pasajeros:

II. De carga.

Artículo 38. Los concesionarios que presten el servicio público de transporte ferroviario deberán contar con el equipo adecuado para el tipo de servicio que presten y el personal capacitado para manejarlo y proporcionarlo en condiciones de seguridad, eficiencia, rapidez y funcionalidad, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.

Artículo 39. El equipo ferroviario deberá cumplir las condiciones de peso, dimensiones, capacidad y otras especificaciones; con la verificación técnica de sus condiciones físicas y mecánicas y obtener la constancia de aprobación correspondiente.

El equipo tractivo deberá contar con dispositivos de control gráfico o electrónico de velocidad máxima.

Artículo 40. El personal que opere o auxilie en la operación del equipo ferroviario deberá obtener licencia federal ferroviaria que expida la Secretaría y someterse a exámenes médicos.

Los concesionarios estarán obligados a vigilar y constatar que su personal cumpla con lo dispuesto en el párrafo anterior.

Artículo 41. Los concesionarios del servicio público de transporte ferroviario tendrán la obligación, de conformidad con la ley de la materia, de proporcionar al personal a que se refiere el artículo anterior, la capacitación y el adiestramiento que se requiera para que la prestación de los servicios sea eficiente y segura.

La Secretaría, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con otras autoridades federales competentes, determinará los lineamientos generales aplicables para la definición de aquellos conocimientos, habilidades y destrezas que requieran de certificación, según sea necesario para garantizar la seguridad en la prestación de los servicios. Dicha certificación se sujetará al régimen que las autoridades señaladas establezcan.

En la determinación de los lineamientos generales antes citados, las autoridades competentes establecerán procedimientos que permitan considerar las propuestas y operaciones de los concesionarios del servicio público del transporte ferroviario.

Artículo 42. La concesión para la prestación del servicio público de transporte ferroviario de carga, autoriza a sus titulares para realizar el transporte de cualquier tipo de bienes.

La Secretaría regulará el transporte de materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos que circulen en las vías férreas, sin perjuicio de las atribuciones que la ley otorga a otras dependencias del Ejecutivo Federal.

Artículo 43. El Gobierno Federal promoverá la prestación del servicio público de transporte ferroviario en las comunidades aisladas que no cuenten con otro medio de transporte al público.

Los concesionarios estarán obligados a proporcionar servicio a dichas comunidades en los términos y condiciones que establezca la Secretaría, lo que deberá establecerse en el título de concesión respectivo. En estos casos, el Gobierno Federal podrá otorgar un subsidio directamente al concesionario.

Los concesionarios deberán adoptar las medidas necesarias que permitan atender de manera adecuada a los discapacitados y a las personas de edad avanzada.

CAPITULO V

De los servicios auxiliares

Artículo 44. Los permisos que en los términos de esta ley otorgue la Secretaría para la prestación de servicios auxiliares, serán los siguientes:

I. Terminales de pasajeros:

II. Terminales de carga:

III. Transbordo y transvases de líquidos:

IV. Talleres de mantenimiento de equipo ferroviario,:

V. Centros de abasto para la operación de los equipos.

Artículo 45. Los permisionarios, en lo conducente, estarán obligados a contar con las instalaciones que se requieran para garantizar que los servicios se presten con seguridad, eficiencia, higiene, rapidez y funcionalidad.

En el caso de las terminales de carga y de los servicios de transbordo y transvases de líquidos, adicionalmente los permisionarios deberán disponer del personal, equipo e infraestructura adecuados para el tamaño, volumen y características de la carga que se maniobre.

CAPITULO VI

De las tarifas

Artículo 46. Los concesionarios y permisionarios fijarán libremente las tarifas, en términos que permitan la prestación de los servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia.

Las tarifas deberán registrarse ante la Secretaría para su puesta en vigor y colocarse en lugar visible en las terminales en que presten servicios los concesionarios y permisionarios.

Artículo 47. Cuando la Secretaría, por sí o a petición de parte afectada, considere que no existe competencia efectiva, solicitará la opinión de la comisión federal de competencia para que, en su caso, la Secretaría establezca bases tarifarias. Dicha regulación se mantendrá sólo mientras subsistan las condiciones que la motivaron.

Los concesionarios sujetos a tal regulación podrán solicitar a la comisión federal de competencia que emita opinión sobre la subsistencia de tales condiciones.

Se considera que existe competencia efectiva cuando haya por lo menos dos prestadores de servicio ferroviario o dos modos de transporte en la misma ruta o por rutas alternativas, siempre y cuando puedan ser considerados como alternativa viable.

CAPITULO VII

Del transporte ferroviario internacional

Artículo 48. El transporte ferroviario internacional es el que se opera de otro país al territorio nacional, o viceversa y se ajustará a los términos y condiciones previstos en los tratados internacionales aplicables o, en su defecto, a los convenios celebrados entre las empresas ferroviarias participantes.

Artículo 49. Los equipos ferroviarios extranjeros que se internen en el territorio nacional deberán cumplir con los requisitos de seguridad establecidos por esta ley.

CAPITULO VII

De las responsabilidades

Artículo 50. Las medidas que adopten los concesionarios del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros, deberán ser suficientes para garantizar la seguridad e integridad de los pasajeros durante el trayecto, desde que aborden hasta que desciendan del vehículo.

Los concesionarios responderán a los usuarios por los daños que sufran en su persona o en su equipaje en la prestación del servicio.

En todo caso, los concesionarios deberán proporcionar un seguro que ampare los daños que pudieren ocasionarse a su persona y a su equipaje.

Artículo 51. Los concesionarios del servicio público de transporte ferroviario de carga son responsables de las pérdidas y daños que sufran los bienes o productos que transporten, desde el momento en que reciban la carga hasta que la entreguen a su destinatario, excepto en los siguientes casos:

I. Por vicios propios de los bienes o productos, o por embalajes inadecuados:

II. Cuando la carga, por su propia naturaleza, sufra deterioro o daño, total o parcial, siempre que hayan cumplido en el tiempo de entrega establecido:

III. Cuando los bienes se transporten a petición escrita del remitente en vehículos no idóneos, siempre que por la naturaleza de aquéllos debieran transportarse en vehículos con otras características,:

IV. Cuando sean falsas las declaraciones o instrucciones del cargador, del consignatario o destinatario de los bienes, o del titular de la carta de porte, respecto del manejo de la carga.

Artículo 52. En los casos en que el usuario del servicio pretenda que el concesionario responda ante la pérdida o daño que puedan sufrir sus bienes por el precio total de los mismos, inclusive los derivados de caso fortuito o fuerza mayor, deberá declarar el valor correspondiente y, en su caso, cubrir un cargo adicional equivalente al costo de la garantía respectiva que pacte con el concesionario.

Cuando el usuario del servicio no declare el valor de la mercancía, la responsabilidad quedará limitada a la cantidad equivalente a 15 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal por tonelada, o la parte proporcional que corresponda tratándose de embarque de menor peso.

Artículo 53. Es obligación de los concesionarios del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros o de carga garantizar, en los términos que autorice la Secretaría, los daños que puedan ocasionarse a terceros en su persona y sus bienes, vías generales de comunicación y cualquier otro daño que pudiera generase por el equipo o por la carga.

Tratándose de materiales, sustancias, residuos, remanentes y desechos tóxicos o peligrosos, deberá contratarse un seguro en los términos que establezca el reglamento respectivo, el que será por cuenta del usuario, salvo pacto en contrario.

Artículo 54. El derecho a percibir las indemnizaciones establecidas en este capítulo y la fijación del monto se sujetará a las disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal. Para la prelación en el pago de las mismas, se estará a lo dispuesto en el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 55. Las indemnizaciones a que se refiere el presente capítulo, deberán cubrirse en un plazo máximo de 90 días naturales, contando a partir de que se presente la reclamación correspondiente.

CAPITULO IX

De la requisa

Artículo 56. En caso de desastre natural, de guerra, de grave alteración del orden público o cuando se prevea algún peligro inminente para la seguridad nacional, la paz interior del país o para la economía nacional, el Gobierno Federal podrá hacer la requisa de las vías generales de comunicación ferroviaria, los equipos ferroviarios, los servicios auxiliares y demás bienes muebles e inmuebles y de disponer de todo ello como lo juzgue conveniente. El Gobierno Federal podrá igualmente utilizar el personal que estuviere al servicio de la vía requisada cuando lo considere necesario. La requisa se mantendrá mientras subsistan las condiciones que la motivaron.

El Gobierno Federal, salvo en el caso de guerra internacional, indemnizará a los interesados, pagando los daños y perjuicios, a su valor real. Si no hubiere acuerdo sobre el monto de la indemnización, los daños se fijarán por peritos nombrados por ambas partes, y en el caso de los perjuicios, se tomará como base el promedio del ingreso neto en el año anterior a la requisa. Cada una de las partes cubrirá la mitad de los gastos que se originen por el peritaje.

CAPITULO X

De la verificación

Artículo 57. La Secretaría verificará el cumplimiento de esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables. Para tal efecto, los concesionarios y permisionarios estarán obligados a permitir el acceso a los verificadores de la Secretaría a sus instalaciones; a transportarlos en sus equipos para que realicen la verificación en términos de la presente ley, y en general, a otorgarles todas las facilidades para estos fines.

La Secretaría, por sí o a través de los verificadores, podrá requerir a los concesionarios y permisionarios, informes con los datos que permitan a la Secretaría conocer la operación y explotación del servicio ferroviario.

Artículo 58. Las certificaciones de las unidades de verificación establecidas por terceros tendrán validez cuando dichas unidades hayan sido previamente autorizadas por la Secretaría en términos de lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

La Secretaría podrá autorizar directamente a las empresas concesionarias o permisionarias de servicios ferroviarios que puedan contar con los elementos técnicos necesarios y el personal capacitado, para que realicen por sí la verificación físico-mecánica de su equipo ferroviario.

CAPITULO XI

De las sanciones

Artículo 59. Las infracciones a lo dispuesto en la presente ley, serán sancionadas por la Secretaría de acuerdo con lo siguiente:

I. Prestar servicio público de transporte ferroviario sin la concesión respectiva, con multa de 10 mil a 25 mil salarios mínimos:

II. Prestar servicio público de transporte ferroviario con equipo cuyas condiciones no cumplan con los reglamentos correspondientes y demás disposiciones aplicables, con multa de 1 mil a 20 mil salarios mínimos:

III. No mantener las vías férreas en buen estado operativo, con multa de 1 mil a 20 mil salarios mínimos:

IV. Aplicar tarifas superiores a las que, en su caso, se autoricen, con multa de 1 mil a 5 mil salarios mínimos:

V. Tripular en estado de ebriedad o bajo los efectos de enervantes, con multa de 200 a 1 mil salarios mínimos y suspensión de la licencia por un año; por la segunda infracción, cancelación de la licencia.

En el supuesto anterior, al concesionario del servicio de transporte se le impondrá una multa de 500 a 2 mil salarios mínimos:

VI. Rebasar los máximos de velocidad establecidos o no respetar las señales, con multa al o los responsables de 200 a 1 mil salarios mínimos; suspensión de la licencia por seis meses por la segunda infracción, y cancelación de la misma por la tercera infracción.

En el supuesto anterior, al concesionario del servicio de transporte se le impondrá una multa de 500 a 2 mil salarios mínimos:

VII. Conducir vehículos de transporte ferroviario sin la licencia que exige la ley, con multa de 200 a 1 mil salarios mínimos.

En el supuesto anterior, al concesionario del servicio de transporte se le impondrá una multa de 500 a 2 mil salarios mínimos:

VIII. Destruir, inutilizar, desactivar, remover o cambiar una señal establecida para la seguridad de las vías férreas o del equipo ferroviario, con multa de 100 a 3 mil salarios mínimos.

IX. Ejecutar obras que invadan o perjudiquen una vía general de comunicación ferroviaria, con multa de 100 a 3 mil salarios mínimos, además de que será aplicable lo señalado en el artículo siguiente,:

X. Cualquier otra información a lo previsto en esta ley, con multa de 100 a 5 mil salarios mínimos.

En caso de reincidencia, la Secretaría podrá imponer una multa equivalente hasta el doble de las cuantías señaladas.

Para los efectos del presente capítulo, se entiende por salario mínimo, el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción.

Artículo 60. Las personas que sin contar con la concesión o el permiso respectivo realicen las obras o instalaciones a que se refieren los artículo 7o., fracción I, o 34 de la presente ley o que por cualquier otro medio invadan u obstruyan una vía general de comunicación ferroviaria, perderán en beneficio de la nación, las obras ejecutadas y las instalaciones establecidas.

La Secretaría podrá solicitar a las autoridades competentes el desalojo de los infractores y, en su caso, que se realice la demolición de las obras en la parte de la vía invadida y del derecho de vía, y que se reparen los daños causados.

Una vez que al Secretaría tenga conocimiento de ello, y en tanto se dicta resolución definitiva, procederá al aseguramiento de las obras ejecutadas y las instalaciones establecidas, y las pondrá bajo la guarda de un interventor, previo inventario que al respecto se formule.

Artículo 61. Las sanciones que se señalan en este capítulo se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que resulte, ni de la revocación que proceda de la concesión o permiso.

Artículo 62. Para declarar la revocación de las concesiones y permisos; suspensión de servicios; la imposición de las sanciones previstas en esta ley; así como para la interposición del recurso administrativo de revisión, se estará a lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

TRANSITORIOS

Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría dará trámite a las solicitudes a que se refieren los artículos 9o., fracción I y 16, segundo párrafo, de la presente ley, 180 días después de que la misma entre en vigor.

Tercero. Se derogan:

I. Los artículo 1o., fracción V; 9o., fracción I y del 129 al 145 de la Ley de Vías Generales de Comunicación:

II. Los artículos 5o., fracción X, y 7o., fracción IV, inciso s, de la Ley de Inversión Extranjera,:

III. Todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Cuarto. Ferrocarriles Nacionales de México, organismo público descentralizado, continuará administrando y operando los ferrocarriles mexicanos al amparo de su ley orgánica, hasta en tanto la Secretaría, de conformidad con lo previsto en la presente ley, otorgue concesiones y permisos a terceras personas respecto de las vías férreas, el servicio público de transporte ferroviario y los servicios auxiliares que actualmente opera dicho organismo.

Lo anterior, en el entendido de que Ferrocarriles Nacionales de México deberá ajustarse a lo dispuesto en esta ley en lo relativo a la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de vías férreas, la prestación del servicio público de transporte ferroviario y los servicios auxiliares.

Quinto. Las concesiones y permisos que se otorguen con motivo de la presente ley, no afectarán los derechos de los trabajadores activos, jubilados y pensionados del organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, los que serán respetados conforme a lo establecido en el artículo 123 constitucional, y a la Ley Federal del Trabajo.

Sexto. Los titulares del los contratos celebrados con Ferrocarriles Nacionales de México para la prestación del servicio de talleres de mantenimiento de equipo ferroviario y de terminales de carga, podrán continuar desempeñando sus actividades en los términos y condiciones pactados.

Séptimo. En tanto se expiden las disposiciones reglamentarias y administrativas a que se refiere la presente ley, se continuarán aplicando las expedidas en la materia con anterioridad a la vigencia de la misma, en lo que no se opongan.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 26 de abril de 1995.- Diputados: Oscar Gustavo Cárdenas Monroy, presidente; José Alberto Castañeda Pérez, Eric Luis Rubio Barthell, Desiderio Camacho Garibo, Alfonso Molina Ruibal, secretarios; Carlos H. Aceves del Olmo, Jorge Castillo Cabrera, Víctor H. Islas Hernández, Gabriel Escalante Castillo, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, Gerardo Ordaz Moreno, Cecilio Lepe Bautista, Jaime Jesús Arceo Castro, Ricardo F. Pacheco Rodríguez, Roberto M. Flores González, Israel Reyes Ledezma Magaña, Carlota Vargas Garza, R. Luis Antonio Godina Herrera, Daniel Covarrubias Ramos, Tuffy Gaber Arjona, Miguel Rodríguez Ramírez, Apolonio Méndez Meneses, Eusebio Moreno Muñoz, Jorge Humberto Gómez García, Jesús Durán Ruiz, Martín Hernández Balderas, Alfonso Solórzano Fraga, Carlos Navarrete Ruiz, Ramón Sosamontes Herreramoro y Alejandro Moreno Berry.»

Es de primera lectura.

LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL

El Presidente:

El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, en el ramo del petróleo.

En atención a que este dictamen ha sido impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura del dictamen

El secretario Fernando Jesús Flores Gómez González:

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.

«Comisión de Energéticos.

Honorable Asamblea: a esta Comisión de Energéticos fue remitida, para su estudio y dictamen, la iniciativa de proyecto de decreto para reformar y adicionar los artículos 3o, 4o., 5o., 7o., 9o., 10, 12, 13, 14 y 15 de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo de petróleo.

Para emitir el dictamen la comisión, en varias reuniones de trabajo con sus integrantes recogió opiniones y puntos de vista significativos de los que surgieron propuestas de modificaciones a la iniciativa del Ejecutivo, que se propone incorporar, con el propósito de impulsar el desarrollo nacional con responsabilidad social y en beneficio del interés general de los mexicanos.

En la actualidad, nuestro país se encuentra en un proceso de cambio estructural con el fin de hacer más competitiva a nuestra planta productiva, crear empleos permanentes y mejor remunerados, elevar la calidad de vida de los mexicanos, preservar el medio ambiente y fortalecer el federalismo.

Los energéticos son una pieza fundamental para la modernización y el cambio estructural del sector industrial, al ser un insumo básico de todo proceso productivo. La tarea del Estado es sentar las bases para una más eficiente industria energética. Para ello, es necesario replantear una nueva estructura del sector, con fundamentos jurídicos y bases económicas, que permitan el aprovechamiento de los recursos naturales, que son y seguirán siendo propiedad de la nación.

Atendiendo a la necesidad de generar empleos permanentes y mejor remunerados, esta iniciativa propone permitir la participación de los sectores social y privado en las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, fortaleciendo a su vez la capacidad rectora del Estado para impulsar y regular estas áreas del desarrollo nacional.

Con estricto respeto a las disposiciones constitucionales vigentes, la iniciativa contiene la propuesta para reformar y adicionar la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo de petróleo, delimitando así las actividades propias del Estado y aquéllas en que podrán intervenir los sectores social y privado, todo ello bajo el principio fundamental de la rectoría del Estado.

Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes que rigen la industria petrolera se desarrollaron durante las décadas de los años cuarenta y cincuenta. En ellas, el Estado mexicano ha normado las actividades que por su importancia requieren de su intervención directa, dentro de lo establecido por la Constitución.

En materia de hidrocarburos destacan las leyes expedidas después de la expropiación de la industria petrolera: la ley reglamentaria del artículo 27 en materia de petróleo, del 30 de diciembre de 1939; la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo de petróleo, del 2 de mayo de 1941; la ley del mismo nombre, del 27 de noviembre de 1958 y las reformas a ésta, del 29 de diciembre de 1977.

Todos estos ordenamientos mantienen el precepto constitucional referente al dominio directo de la nación sobre los hidrocarburos que se encuentran en mantos o yacimientos en su territorio. No obstante, a lo largo del tiempo se han establecido diversas formas y modalidades por medio de las cuales pueden llevarse a cabo las actividades tales como la exploración, la explotación, la refinación, el transporte, el almacenamiento y la distribución.

La ley de 1939 estableció que la exploración y explotación podrían llevarse a cabo mediante contratos del Gobierno Federal con particulares de nacionalidad mexicana o con sociedades constituidas íntegramente por mexicanos, en tanto que la construcción de refinerías, así como de oleoductos, podrían realizarse mediante concesiones, no transferibles y hasta por 50 años, a aquellas personas con las que se hubieran celebrado dichos contratos. Respecto al transporte por oleoducto y la distribución de gas, se estipuló que la autoridad competente fijaría periódicamente las tarifas correspondientes.

La ley de 1941 mantuvo esencialmente las disposiciones relativas a la exploración y explotación y amplió el régimen de concesiones para el transporte, el almacenamiento, la distribución, la refinación y el aprovechamiento del gas, sin limitar el transporte y la distribución a la modalidad de ductos. Se estableció además que el transporte, el almacenamiento, la distribución y la refinación de petróleos, así como la elaboración y la distribución del gas, tendrían el carácter de "uso público" y las tarifas aplicables a los distintos servicios prestados al público por los concesionarios se fijarían por la autoridad competente, de acuerdo con las bases establecidas en el reglamento de la propia ley.

En contraste con lo dispuesto por estas leyes, la ley de 1958 modificó notablemente, 20 años después de la expropiación petrolera, las actividades que debía realizar exclusivamente el Gobierno por conducto de Petróleos Mexicanos. Las áreas reservadas al Estado incluyen la exploración, explotación, elaboración, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y ventas de primera mano de los hidrocarburos y de los productos que se deriven de éstos.

Sin embargo, la ley dispuso que para realizar tales actividades, Petróleos Mexicanos podría celebrar, con cualquier persona física o moral, contratos de obra o de prestación de servicios, siempre y cuando las remuneraciones pactadas fuesen en efectivo y no como porcentaje de los productos que se obtuvieran. De esta manera, se limitó la participación de los sectores social y privado en este sector a contratistas de Petróleos Mexicanos.

Las reformas de 1983 a los artículos 25 y 28 constitucionales introdujeron el concepto de áreas estratégicas para identificar las actividades que el sector público tiene a su cargo de manera exclusiva.

En suma, la historia de la industria petrolera en México se ha desarrollado bajo un régimen jurídico que se ha adaptado en diferentes épocas, por lo que toca a la participación de los particulares en determinadas actividades, como el transporte, el almacenamiento y la distribución. Las modificaciones que ahora se proponen a la ley en la materia no violentan el marco constitucional, ni la historia, ni las tradiciones jurídicas de nuestro país. Se trata, más bien, de proseguir el desarrollo de la industria petrolera nacional, con pleno apego al texto de nuestra Constitución.

Los retos que actualmente enfrenta la nación requieren que el sector energético dé respuesta a las necesidades que el país demanda. Para ello es indispensable instrumentar acciones en el sector que promuevan su modernización, mejoren su desempeño, actualicen su tecnología y la calidad de su gestión y, particularmente, lo orienten a las necesidades de un mercado más complejo y más relacionado con el exterior.

Esta coyuntura sitúa una vez más a los mexicanos ante la posibilidad de seguir transformándose para promover la inversión productiva, crear empleos permanentes y hacer más competitiva la industria nacional.

La iniciativa propuesta no modifica en forma alguna el régimen jurídico vigente para las actividades relacionadas con el petróleo y los productos petrolíferos, así como la petroquímica básica. Estas actividades son, y seguirán siendo, áreas estratégicas y por lo tanto reservadas exclusivamente al Estado.

Con estricto apego a lo dispuesto por nuestra Constitución, en materia de gas es conveniente que la ley vigente en materia de petróleo, expedida hace 37 años, se reforme en seis puntos fundamentales:

Primero. Concentrar la tarea del Estado en las actividades estratégicas de exploración, explotación y elaboración de gas. Asimismo, se debe reservar para Petróleos Mexicanos y sus empresas subsidiarias las actividades de transporte y almacenamiento indispensables para asegurar que se lleven a cabo las actividades estratégicas mencionadas.

Segundo. Permitir la concurrencia de los sectores social y privado en los servicios conexos de transporte, almacenamiento y distribución del gas, sin excluir la participación de las propias subsidiarias de Petróleos Mexicanos. De esta forma, los particulares podrán participar en las inversiones incrementales de infraestructura necesaria para mejorar las actividades de carácter logístico y comercial de este combustible.

Tercero. Brindar seguridad jurídica y un marco de regulación adecuado para fomentar la participación de los sectores social y privado en las actividades no estratégicas. Además, los aspectos relacionados con la seguridad y la ecología se regularían mediante normas oficiales mexicanas. Se busca así, una libre concurrencia en estas actividades en un entorno de competencia y bajo la rectoría del Estado.

Cuarto. Diseñar e instrumentar un marco de regulación en temas como acceso no discriminatorio a los servicios de transporte, almacenamiento o distribución de gas; determinación de precios y tarifas; condiciones contractuales flexibles para el suministro y prestación de servicios, y normas oficiales mexicanas, entre otros.

Quinto. Utilizar combustibles limpios en la generación de electricidad y en los procesos industriales, para cumplir con las normas oficiales mexicanas de protección ambiental que entrarán en vigor a partir de 1998.

Sexto. Fortalecer el federalismo eliminando la excepción a la industria petrolera de las contribuciones de carácter estatal y municipal que, en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, puedan gravarlas. De acuerdo con el artículo 73 constitucional, el Congreso de la Unión tiene facultad para establecer contribuciones en las materias que expresamente previene la fracción XXIX, por lo que, conforme al artículo 124 de la propia Constitución, las facultades que no están expresamente concedidas a los órganos de la Federación, se entienden reservadas a los estados.

Además, se recomienda al Ejecutivo Federal, de existir gravámenes federales sobre la materia, su rendimiento se incorpore a un fondo participable en favor de los estados y municipios donde las actividades que los generen se realicen.

La composición del capital extranjero se regirá por la Ley de Inversión Extranjera, en vigor desde diciembre de 1993. Este ordenamiento establece límites porcentuales y condiciones para la inversión que, asociados a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica, constituyen instrumentos jurídicos eficaces para que la autoridad evite el surgimiento de monopolios en el sector privado. Estos mecanismos de regulación propiciarán la participación de diversos inversionistas, nacionales y extranjeros que, bajo la estricta conducción rectora del Estado, impulsen la industria del gas.

Esta iniciativa permitirá concentrar los recursos humanos y financieros con que cuentan Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias, en las actividades estratégicas y más rentables de la industria petrolera, a la vez que se promoverá la inyección de recursos adicionales de los particulares para el desarrollo de las otras actividades no estratégicas, de carácter logístico y comercial. Así, el país contará con bases más adecuadas para que el abasto de gas sea suficiente, seguro y a bajo costo en los años por venir. Ello alentará, además, la inversión y la producción en numerosas ramas económicas, a la vez que favorecerá la concentración de los recursos del sector público en las actividades estratégicas, donde esfuerzos son no sólo relativamente más valiosos para la sociedad, sino insustituibles, como lo ordena la Constitución.

En suma, las modificaciones legales propuestas no significan eliminar responsabilidades del Estado. Lo que se busca es abrir oportunidades al esfuerzo de los particulares en la actividades de transporte, almacenamiento y distribución del gas para atraer capitales, tecnologías y sistemas administrativos, que se sumen a los de Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias, con el fin de contar con servicios más modernos, eficientes y de bajo costo en las actividades de carácter logístico y comercial relacionadas con este combustible. Al mismo tiempo, las modificaciones a la ley tienen el propósito de fortalecer la intervención reguladora del Estado, de manera tal que se asegure el interés público, se eviten prácticas anticompetitivas y se cuiden la seguridad y la ecología.

La iniciativa respeta la composición de la ley, incorporando las reformas y adiciones indispensables para dar sustento legal a una normatividad exhaustiva, necesariamente técnica y detallada, que por su naturaleza es propia de disposiciones reglamentarias.

Al consignar expresamente las materias que deberán ser desarrolladas en las disposiciones reglamentarias se delimita el alcance que podrán tener las mismas, que no puede ser otro que el de proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de la ley.

El segundo párrafo del artículo 4o. establece que los sectores social y privado podrán llevar a cabo las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas que no forman parte de la industria petrolera. La realización de dichas actividades, así como la construcción, operación y propiedad de ductos, instalaciones y equipos para llevarlas a cabo, se sujetarán a los términos que establezcan las disposiciones reglamentarias, técnicas y de regulación.

Las disposiciones reglamentarias determinarán los requisitos para la obtención de los permisos y el trámite para su otorgamiento. Asimismo, establecerán las excepciones técnicas y de seguridad a la obligación de prestar a terceros el servicio de transporte y distribución de gas por medio de ductos, establecida en el segundo párrafo del artículo 10.

Los instrumentos de regulación previstos en el artículo 13 de la ley serán desarrollados en las disposiciones reglamentarias de modo que la autoridad administrativa cuente con el marco de atribuciones necesario para establecer y aplicar los criterios de regulación que aseguren el suministro económicamente eficiente de gas. Por último, las normas oficiales mexicanas establecerán las características y especificaciones técnicas para la construcción y operación de los ductos, instalaciones y equipos.

El Presidente de la República en su iniciativa, manifiesta su intención de que Petróleos Mexicanos conserve la propiedad de los ductos que actualmente le pertenecen, sujetando a los que se utilicen para el transporte posterior a la venta de primera mano, a la regulación de carácter general para esta actividad.

La Comisión de Energéticos considera que no basta la declaración del Ejecutivo Federal de que la red de ductos de Petróleos Mexicanos no será puesta a la venta, sino que es necesario para preservar el patrimonio del organismo público, establecerlo con precisión en la propia ley que se busca reformar y adicionar. Por lo tanto, se propone la inclusión de un nuevo artículo transitorio que establezca que los ductos para el transporte de gas propiedad de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios continuarán formando parte de su patrimonio y estarán sujetos a la regulación aplicable.

Para dar mayor claridad al alcance del transporte y el almacenamiento de gas que corresponde a la industria petrolera, se adiciona el término "necesarios " a la fracción II del artículo 3o.

La petroquímica básica es un área estratégica de acuerdo con el cuarto párrafo del artículo 28 constitucional. Con objeto de reafirmar este principio, la Comisión de Energéticos propone agregar aquellos derivados del gas que formen parte de la industria petroquímica básica en la fracción III del artículo 3o.

Un atributo de los órganos reguladores en el derecho comparado es que constituyen instancias eficaces para la solución administrativa de controversias. La negativa de un proveedor o del prestador de un servicio a celebrar los contratos relativos sin causa justificada no puede ser impugnada ante ninguna otra instancia, por lo que sólo deja abierta la vía jurisdiccional ordinaria. Por lo anterior, se requiere de un procedimiento que se ajuste a los usos y prácticas comerciales y a criterios de regulación en cuya definición participan los interesados. Estos procedimientos comprenden también la conciliación y, en su caso, el arbitraje.

Por lo tanto, la Comisión de Energéticos considera necesario adicionar una fracción al artículo 13, que comprenda los procedimientos para dirimir las controversias que puedan suscitarse en el cumplimiento de los contratos de la prestación del servicio o la negativa a celebrarlos.

La Comisión de Energéticos considera conveniente proponer una adición al artículo cuarto transitorio para que la regulación que se expida en los términos de la ley considere específicamente las características de los distintos gases, para preservar cabalmente lo establecido con relación a la petroquímica básica que es parte de la industria petrolera.

El artículo 7o. de la iniciativa establece un término que no excederá de un año para que la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, practique el peritaje por daños y perjuicios que pudieran causarse cuando se afecten terrenos a particulares, ejidos o comunidades, en favor de Petróleos Mexicanos. Para proteger de mejor manera los intereses de los afectados, esta comisión parlamentaria estima necesario reducir el plazo máximo a seis meses, para que se elabore el peritaje correspondiente. Además, se establece la obligación del organismo público de pagar el resto de la indemnización una vez concluido el peritaje.

El monto de las sanciones que se establecen en el artículo 14 de la iniciativa son de 1 mil a 10 mil salarios mínimos. En la opinión de la Comisión de Energéticos, este rango de sanciones no inhibe las conductas ilícitas que pueden producir daños y perjuicios económicos de considerable magnitud, por lo que se recomienda aumentar el monto de las sanciones a un rango de 1 mil a 100 mil salarios mínimos.

Por lo anterior, la Comisión de Energéticos se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se reforman y adicionan los artículos 3o., 4o., 5o., 7o., 9o., 10, 12, 13, 14 y 15 de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, para quedar como sigue:

" Artículo 3o. La industria petrolera abarca:

I. La exploración, la explotación, la refinación, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano del petróleo y los productos que se obtengan de su refinación.

II. La exploración, la explotación, la elaboración y las ventas de rimera mano del gas, así como el transporte y el almacenamiento indispensables y necesarios para interconectar su explotación y elaboración.

III. La elaboración, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano de aquellos derivados del petróleo que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas y los del gas que constituyan petroquímicos básicos.

Artículo 4o. La nación llevará a cabo la exploración y la explotación del petróleo y las demás actividades a que se refiere el artículo 3o., que se consideran estratégicas en los términos del artículo 28, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios.

Salvo lo dispuesto en el artículo 3o., el transporte, el almacenamiento y la distribución de gas podrán ser llevados a cabo, previo permiso, por los sectores social y privado, los que podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos, en los términos de las disposiciones reglamentarias, técnicas y de regulación que se expidan.

Artículo 5o. La Secretaría de Energía asignará a Petróleos Mexicanos los terrenos que esta institución le solicite o que el Ejecutivo Federal considere conveniente asignarle para fines de exploración y explotación petroleras.

El Reglamento de esta ley establecerá los casos en que la Secretaría de Energía podrá rehusar o cancelar las asignaciones.

Artículo 7o. El reconocimiento y la exploración superficial de los terrenos para investigar sus posibilidades petrolíferas, requerirán únicamente permiso de la Secretaría de Energía. Si hubiere oposición del propietario o poseedor cuando los terrenos sean particulares, o de los representantes legales de los ejidos o comunidades, cuando los terrenos estén afectos al régimen ejidal o comunal, la Secretaría de Energía, oyendo a las partes, concederá el permiso mediante reconocimiento que haga Petróleos Mexicanos de la obligación de indemnizar a los afectados por los daños y perjuicios que pudieren causarle de acuerdo con el peritaje que la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales practique dentro de un plazo que no excederá de seis meses, pudiendo entregar Petróleos Mexicanos un anticipo, en consulta con la propia comisión. El resto del pago será finiquitado una vez concluido el peritaje.

Artículo 9o. La industria petrolera y las actividades a que se refiere el artículo 4o., segundo párrafo, son de la exclusiva jurisdicción federal. En consecuencia, únicamente el Gobierno Federal puede dictar las disposiciones técnicas, reglamentarias y de regulación que las rijan.

Artículo 10. La industria petrolera es de utilidad pública, preferente sobre cualquier aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos, incluso sobre la tenencia de los ejidos o comunidades y procederá la ocupación provisional, la definitiva o la expropiación de los mismos, mediante la indemnización legal, en todos los casos en que lo requieran la nación o su industria petrolera.

Son de utilidad pública las actividades de construcción de ductos. Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y las empresas de los sectores social y privado estarán obligados a prestar a terceros el servicio de transporte y distribución de gas promedio de ductos, con las excepciones técnicas y de seguridad y en los términos y condiciones que establezcan las disposiciones reglamentarias.

Artículo 12. En lo no previsto por esta ley, se consideran mercantiles los actos de la industria petrolera y las actividades a las que se refiere el artículo 4o., segundo párrafo, que se regirán por el Código de Comercio y, de modo supletorio, por las disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal.

Artículo 13. La regulación de las actividades a que se refiere el artículo 4o., segundo párrafo, y de las ventas de primera mano de gas tendrá por objeto asegurar su suministro eficiente y comprenderá:

I. Los términos y condiciones para:

a) El otorgamiento, la transferencia y la revocación por incumplimiento de los permisos;

b) Las ventas de primera mano;

c) La prestación de servicios de transporte, almacenamiento y distribución:

d) El acceso no discriminatorio y en condiciones competitivas a los servicios de transporte, almacenamiento y distribución por medio de ductos, y

e) La prestación de información suficiente y adecuada para fines de regulación.

II. La determinación de los precios y tarifas aplicables, cuando no existan condiciones de competencia efectiva, a juicio de la Comisión Federal de Competencia. Los sectores social y privado podrán solicitar a la mencionada comisión que se declare la existencia de condiciones competitivas.

III. El procedimiento de consulta pública para la definición de criterios de regulación, en su caso.

IV. La inspección y vigilancia del cumplimiento de las condiciones establecidas en los permisos y de las normas oficiales mexicanas aplicables.

V. Los procedimientos de conciliación y arbitraje para resolver las controversias sobre la interpretación y el cumplimiento de contratos y el procedimiento para impugnar la negativa a celebrarlos.

VI. Los demás instrumentos de regulación que establezcan las disposiciones aplicables.

Artículo 14. Las infracciones a esta ley y a sus disposiciones reglamentarias podrán ser sancionadas con multas de 1 mil a 100 mil veces el importe del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en la fecha en que se incurra en la falta, a juicio de la autoridad competente, tomando en cuenta la importancia de la falta.

Artículo 15. La aplicación de esta ley corresponde a la Secretaría de Energía, con la participación que esté a cargo de la Comisión Reguladora de Energía, en los términos de las disposiciones reglamentarias."

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en este decreto.

Tercero. Petróleos Mexicanos conservará en propiedad y mantendrá en condiciones de operación a los ductos y sus equipos e instalaciones, accesorios para el transporte de gas a que se refiere el artículo 4o., segundo párrafo, que actualmente forman parte de su patrimonio, sujetando su operación a esta ley y a las disposiciones reglamentarias, técnicas y de regulación que se expidan. Igualmente continuará realizando las actividades de transporte de gas con otros equipos que formen parte de su patrimonio, sujetándolas a las disposiciones aplicables.

Cuarto. Las disposiciones reglamentarias serán expedidas dentro de los 180 días siguientes a la fecha de entrada en vigor de este decreto. Las regulaciones deberán establecerse para cada tipo de gas o combinación de ellos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 1995.- Comisión de Energéticos: diputados: Fernando Pacheco Martínez, Servando Andrés Díaz Suárez, Pablo Pedro Aceves Hernández, Jaime Jesús Arceo Castro, Oscar Cantón Zetina, Jorge Cortés Vences, Carlos Mario de la Fuente Lazo, Gabriel Escalante Castillo, Heriberto Galindo Quiñónes, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, Aurelio Marín Huazo, José Noé Mario Moreno Carbajal, César Raúl Ojeda Zubieta, Jesús Olvera Méndez, Manuel Jesús Pacheco Arjona, Carlos Pérez Rico, Luis Priego Ortiz, Calixto Javier Rivera Díaz, Tito Rubín Cruz, Sergio Vázquez Olivas, Jorge Wade González, Carlos Nuño Luna, Fernando Garza Martínez, Luis Rico y Samaniego, Francisco Curi Pérez Fernández, Raúl Castellanos Hernández, Amado Cruz Malpica, Javier González Garza, Ifigenia Martínez Hernández y Joaquín Vela González.»

Es de segunda lectura.

El Presidente:

Para presentar una moción suspensiva ha solicitado la palabra, el diputado Amado Cruz Malpica, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Amado Jesús Cruz Malpica:

Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores legisladores:

Por mandato del artículo 26 de la Constitución General de la República debe realizarse un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima, entre otros fines, crecimiento a la economía para la independencia y la democratización. Bajo esta premisa se realizan los foros de consulta para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, al cual han convocado diversas dependencias del Poder Ejecutivo Federal y desde luego no ha sido la excepción la Secretaría de Energía y la Paraestatal Petróleos Mexicanos

En dichos foros se omitió cualquier discusión en materia de la política a seguirse en la distribución del gas por ductos y la posibilidad de que el capital privado participara en los servicios de almacenamiento, transporte y distribución de gas y de esa manera iniciar el desmantelamiento y vulnerar el monopolio que en este renglón ha tenido la empresa Petróleos Mexicanos.

La iniciativa de ley ha sido en consecuencia súbita, al margen no solamente de una discusión profunda en el recinto legislativo, sino aun de los canales de consulta democrática que la propia Constitución dispone. Se anticipa a los resultados del Plan Nacional de Desarrollo. No se inserta en un programa público o al menos conocido más allá del primer círculo del poder de la industria nacional.

Indudablemente las repercusiones que tendrá la aprobación de esta ley en el desarrollo industrial del país, en la economía y en la naturaleza, carácter y función de nuestra principal empresa nacional Petróleos Mexicanos, exigen reflexión y prudencia a los señores legisladores.

El dictamen de la ley que ahora nos ocupa tiende a convertir a Petróleos Mexicanos, al Petróleos Mexicanos de todos los habitantes de este país, en una empresa productora y vendedora de petróleo crudo, separándola de actividades petroquímicas y conexas altamente rentables y estratégicas para la economía y las cadenas productivas del país.

La iniciativa de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, en el ramo del petróleo, responde en este marco a necesidades de caja y a la presión de la crisis y no a la planeación industrial; es una decisión tomada en sigilo y que se pretende ejecutar inopinada e irresponsablemente.

Por señalar solamente una cuestión adicional de máximo interés, recuérdese que la propia Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos previene la existencia del organismo denominado Pemex-gas y petroquímica básica, a cuyo encargo se encuentra precisamente el almacenamiento, transporte, distribución y comercialización del gas natural y artificial. ¿Qué será de esta filial de Pemex? ¿Qué será de sus trabajadores?. ¿Qué será de México, señores diputados, ante legisladores que aceptan sumisos, decisiones que preocuparon a nuestros padres y afectarán a nuestros hijos.

Si el Gobierno de la República necesita dinero con urgencia por la capacidad de sus gobiernos, si el dinero está antes que los intereses nacionales, se propone que el Gobierno diga cuánto cuestan las instalaciones de Petróleos Mexicanos e invitemos al pueblo de México para que otra vez le compre ahora su Gobierno las instalaciones de Petróleos Mexicanos, para que el dominio del pueblo sobre la empresa Petróleos Mexicanos, que en 1938 se hizo frente a los extranjeros, qué pena que ahora deba repetirse frente a su propio Gobierno.

Por todo lo anterior y en virtud de lo que ya se ha venido comentando en los últimos días, con fundamento en lo previsto por el artículo 110 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hago valer moción suspensiva de la presente discusión de dictamen para otro periodo y solicito la votación nominal de conformidad con el artículo 148, para lo cual firman en apoyo de la presente los diputados Víctor Quintana, Francisco Curi Pérez Fernández, Carlos Núñez, Saúl Escobar Toledo, Cuauhtémoc Sandoval, Hildilberto Ochoa Samayoa y Luis Sánchez Aguilar. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente:

Gracias, diputado.

Para hablar en contra de la moción y en cumplimiento del artículo 110 en el que se fundamentó la moción, tiene la palabra el diputado Dionisio Pérez Jácome, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Dionisio Eduardo Pérez Jácome:

Con la venia del señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

En efecto, siempre es grato debatir con un veracruzano informado, con un veracruzano combativo, con un veracruzano que expresa y he tenido ya prueba de ello en las reuniones de comisión en que hemos compartido conocimiento de esa materia.

Decía un legislador de la LIV Legislatura: "Primero paisano que Dios", así es que muchas gracias por darme esta oportunidad, aunque debo advertir que la materia que planteó el diputado Cruz Malpica no es realmente materia de una moción suspensiva.

El concepto y el sentido jurídico de la moción suspensiva, conforme al texto del Reglamento Interior del Congreso, de los artículos 109 y 110, y conforme a la práctica inveterada de todos los parlamentos del mundo en esta materia, no es sino el tratar de desentrañar si existe una razón fundamentada para diferir el conocimiento de un asunto, el trámite de la moción suspensiva, por ello es prácticamente el análisis de una cuestión procedimental en el proceso legislativo que antecede a la presentación de un dictamen a la consideración del pleno.

El uso más amplio que se le ha dado a la moción suspensiva en la práctica parlamentaria de nuestro país y sobre todo en los últimos años, yo la entiendo como parte de una estrategia, de una estrategia política, pero no puedo aceptarla cuando plantean, como se ha hecho ahora y con algunos fundamentos que es menester examinar y debatir ampliamente, cuestiones de fondo que espero seguramente se ventilen en el debate que nos ocupará.

Lo que vale la pena examinar muy brevemente es si se han cumplido las exigencias formales del proyecto; ha habido una iniciativa que inclusive comentó el propio titular del ramo, ha habido discusión del tema en varias reuniones de la comisión respectiva, con reconocimiento expreso a que esta comisión de integración plural y dirigida por un muy respetable compañero de la oposición, consideró con toda seriedad y debatió en torno a la propuesta que podía no serle simpática o con la que no tenía una identidad en cuanto a planteamientos y a resoluciones.

Hubo también la formulación de un dictamen, se discutió, se aprobó, se firmó y se le dio primera lectura. Se ha respetado pues, en términos del reglamento que en esta materia se dispone.

El día de ayer, un muy respetable compañero de la fracción parlamentaria de la Revolución Democrática, del PRD, afirmaba y comparto muchos de los conceptos que expresó, que es necesario revisar la Ley Orgánica y al Reglamento. Quizá tengamos necesidad de examinar, lo reconozco así, la conveniencia de dar términos más amplios al análisis, al estudio, a la discusión, eventualmente contar con mayores apoyos, con foros externos para conocer la opinión, la impresión, el criterio de la sociedad a la que nosotros representamos, pero por el momento y en términos del Reglamento que inclusive nos constriñe y nos obliga a algunos presidentes de otras comisiones a tratar de encontrar elementos de tiempo y de circunstancia para cumplir con esos términos que nos constriñen en ese sentido de vigencia de una norma, el dictamen ha cumplido también lo que el artículo 87 y el artículo 88 del reglamento, disponen.

Creo que además hay una participación muy importante de la comisión, en la modificación de la iniciativa presidencial. Se han hecho inclusiones de artículos transitorios, algunos han incluido otras disposiciones en los preceptos ordinarios de la ley, a fin de garantizar plenamente en el texto del ordenamiento que Pemex conservará, por ejemplo, la propiedad de los ductos de gas que actualmente maneja. para impedir también que derivados del gas que forman parte de la Industria Petroquímica Básica se incluyan en las disposiciones de la norma.

Una adición muy importante de una fracción al artículo 13 en materia de procedimiento, para dirimir controversias, una adición al artículo cuarto transitorio, para que la regulación considere específicamente las características de los distintos gases para preservar lo establecido en relación a la petroquímica básica. Otras modificaciones en materia de protección y eventual indemnización por los daños y perjuicios que afecten a terrenos de particulares, ejidos, en fin, se ha hecho un esfuerzo muy importante por adicionar lo que el dictamen pudiese requerir para convertirse en un elemento válido para la discusión plural que esperamos.

Inclusive se ha dado hasta un, llamémosle predebate, en ciertos medios muy respetables de comunicación social sobre esta materia. Estamos preparados para discutir ahora y además resulta conveniente hacerlo, cuando contamos con elementos de fundamentación tan amplios como en este debate se conviene.

Sé que hay materias, aparte de las que el preopinante presentó, que van a constituir temas de reflexión y discusión dentro de unos minutos, así es y así debe ser. Por tanto creo que esta Asamblea debe autorizar la prosecución del trámite reglamentario, autorizar la discusión y rechazar por tanto muy respetuosamente la moción suspensiva que se ha interpuesto. Muchísimas gracias.

El Presidente:

Solicito a la Secretaría que en atención a la petición hecha por el diputado Malpica, firmada por más de cinco diputados, someta a votación de manera nominal, la moción presentada por el diputado Malpica.

El secretario José Antonio Hernández Fraguas:

Por instrucciones del Presidente y en votación nominal se va a preguntar a la Asamblea si se aprueba o se desecha la moción suspensiva presentada.

(Votación.)

Señor Presidente. Se emitieron 45 votos en pro, 314 en contra. Se desecha la propuesta, señor Presidente.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Servando Díaz, para fundamentar el dictamen de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 del Reglamento, para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Servando Andrés Díaz Suárez:

Con su venia, señor Presidente.

Antes de proceder a dar lectura a la fundamentación y justificación del dictamen, quiero reconocer el trabajo serio, responsable, de todos mis compañeros diputados que integran la Comisión de Energéticos.

Fundamentación y justificación del dictamen de la Comisión de Energéticos en torno a la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3o., 4o., 5o., 7o., 9o., 10, 12, 13, 14 y 15 de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo de petróleo, que entró el día de ayer a esta soberanía.

Los energéticos son una pieza fundamental para la modernización y el cambio estructural del sector industrial, al ser un insumo básico de todo proceso productivo. La tarea del Estado es sentar las bases para una eficiente industria energética. Para ello, es necesario replantear una nueva estructura del sector, con fundamentos jurídicos y bases económicas que permitan el aprovechamiento de los recursos naturales que son y seguirán siendo propiedad de la nación.

Atendiendo a la necesidad de generar empleos permanentes y mejor remunerados, esta iniciativa propone permitir la participación de los sectores social y privado en las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, fortaleciendo a su vez la capacidad rectora del Estado para impulsar y regular estas áreas del desarrollo nacional.

El sexto párrafo del artículo 27 constitucional, establece que la nación llevará a cabo la explotación del petróleo y de los demás hidrocarburos que se encuentran en el territorio nacional, en mantos y yacimientos en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva.

Con estricto respeto a las disposiciones constitucionales vigentes, la iniciativa contiene la propuesta para reformar y adicionar la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo de petróleo, delimitando así las actividades propias del Estado y a aquellas que podrán intervenir los sectores social y privado, todo ello bajo el principio fundamental de la rectoría de Estado.

Desde la expropiación petrolera, en 1938, las disposiciones legales reglamentarias que han regido la industria petrolera, han normado las actividades que, por su importancia, requieren de la intervención directa del Estado.

Dentro de lo establecido por la Constitución, a lo largo del tiempo se han establecido diversas formas o modalidades, por medio de las cuales pueden llevarse a cabo las actividades tales como la exploración, la explotación, la refinación, el transporte, el almacenamiento y la distribución.

La historia de la industria petrolera en México se ha desarrollado bajo un régimen jurídico, que se ha adaptado en diferentes épocas, por lo que toca a la participación de los particulares en determinadas actividades, como el transporte, el almacenamiento y la distribución.

Las modificaciones que ahora se proponen a la ley en la materia, no violentan el marco constitucional, ni la historia, ni las tradiciones jurídicas de nuestro país; se trata más bien de proseguir el desarrollo de la industria petrolera nacional, con pleno apego al texto de nuestra Constitución.

Los retos que actualmente enfrenta la nación, requieren que el sector energético dé respuesta a las necesidades que el país demanda. Para ello, es indispensable instrumentar acciones en el sector que promuevan su modernización, a través de una industria energética más eficiente y más competitiva. Nos enfrentamos a la necesidad de promover la inversión productiva y crear empleos permanentes.

La iniciativa no modifica en forma alguna el régimen jurídico vigente para las actividades relacionadas con el petróleo y los productos petrolíferos, así como la petroquímica básica; estas actividades son y seguirán siendo áreas estratégicas y, por lo tanto, reservadas exclusivamente al Estado.

Con estricto apego a lo dispuesto por nuestra Constitución en materia de gas, es conveniente que la ley vigente en materia de petróleo, expedida hace 37 años, se reforme en seis puntos fundamentales:

1o. Concentrar la tarea del Estado en las áreas estratégicas de exploración, explotación y elaboración de gas, así como las actividades de transporte y almacenamiento indispensables para asegurar que se lleven a cabo las actividades estratégicas.

2o. Permitir la concurrencia de los sectores social y privado en los servicios conexos de transporte, almacenamiento y distribución del gas, sin excluir la participación de las propias subsidiarias de Petróleos Mexicanos.

3o. Brindar seguridad jurídica y un marco de regulación adecuado, para fomentar la participación de los sectores social y privado, en las actividades no estratégicas, en un entorno de competencia y bajo la rectoría del Estado.

4o. Diseñar e instrumentar un marco jurídico de relación.

5o. Utilizar combustibles limpios para cumplir con las normas oficiales mexicanas de protección ambiental, que entrará en vigor a partir de 1998.

6o. Fortalecer el federalismo, permitiendo que la industria petrolera se someta a las contribuciones de carácter estatal y municipal, así como participando en el rendimiento de los gravámenes federales.

Esta iniciativa alentará la inversión y la producción en numerosas ramas económicas, a la vez que favorecerá la concentración de los recursos del sector público en las actividades estratégicas, como lo ordena la Constitución.

Por ello, las modificaciones legales propuestas, no significan eliminar responsabilidades del Estado; lo que se busca es abrir oportunidades al esfuerzo de los particulares en las actividades de transporte, almacenamiento y distribución del gas, para atraer capitales y tecnologías que se sumen a los de Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias.

Las modificaciones a la ley tienen el propósito de fortalecer la intervención reguladora del Estado, de manera tal que se asegure el interés público, se eviten prácticas anticompetitivas y se cuiden la seguridad y la ecología.

Después de un profundo análisis, la Comisión de Energéticos introdujo 10 reformas fundamentales al texto original de la iniciativa, entre las que destacan las siguientes:

El Presidente de la República en su iniciativa manifiesta su intención de que Petróleos Mexicanos conserve la propiedad de los ductos que actualmente les pertenecen, sujetando a las que se utilicen para el transporte posterior a la venta de primera mano, a la regulación de carácter general para esta actividad.

La Comisión de Energéticos considera que no basta la declaración del Ejecutivo Federal de que la red de ductos de Petróleos Mexicanos no será puesta a la venta, sino que es necesario, para preservar el patrimonio del organismo público, establecerlo con precisión en la propia ley que se busca reformar y adicionar. Por lo tanto se propone la inclusión de un nuevo artículo transitorio, que establezca que los ductos para el transporte de gas, propiedad de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, continuarán formando parte de su patrimonio y estarán sujetos a la regulación aplicable.

Para dar mayor claridad al alcance del transporte y el almacenamiento de gas que corresponde a la industria petrolera, se adiciona el término "necesarios" a la fracción II del artículo 3o.

La petroquímica básica es un área estratégica que de acuerdo con el cuarto párrafo del artículo 28 constitucional, con objeto de reafirmar este principio, la Comisión de Energéticos propone agregar aquellos derivados de gas que formen parte de la industria petroquímica básica en la fracción III del artículo 3o.

Un atributo de los órganos reguladores en el derecho comparado, es que constituyen instancias eficaces para la solución administrativa de controversias. La negativa de un proveedor o del prestador de un servicio a celebrar los contratos relativos sin causa justificada, no puede ser impugnada ante ninguna otra instancia, por lo que sólo deja abierta la jurisdiccional ordinaria.

Por lo anterior se requiere de un procedimiento que se ajuste a los usos y prácticas comerciales y a criterios de regulación, en cuya definición participan los interesados. Esos procedimientos comprenden también la conciliación y en su caso el arbitraje, por lo tanto la Comisión de Energéticos considera necesario adicionar una fracción al artículo 13 que comprenda los procedimientos para dirimir las controversias que puedan suscitarse en el cumplimiento de los contratos de la prestación del servicio o la negativa a celebrarlos.

La Comisión de Energéticos considera conveniente proponer una adición al artículo 4o. transitorio, para que la regulación que se expida en los términos de la ley, considere específicamente las características de los distintos gases, para preservar cabalmente lo establecido con relación a la petroquímica básica, que es parte de la industria petrolera.

El artículo 7o. de la iniciativa, establece un término que no excederá de un año, para que la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales practique el peritaje por daños y perjuicios que pudieran causarse cuando se afecten terrenos a particulares, ejidos o comunidades en favor de Petróleos Mexicanos.

Para proteger de mejor manera los intereses de los afectados, esta comisión parlamentaria estima necesario reducir el plazo máximo a seis meses para que se elabore el peritaje correspondiente. Además se establece la obligación del organismo público de pagar el resto de la indemnización una vez concluido el peritaje.

El monto de las sanciones que se establecen en el artículo 14 de la iniciativa son de 1 mil a 10 mil salarios mínimos. En la opinión de la Comisión de Energéticos este rango de sanciones no inhibe las conductas ilícitas, pueden producir daños y prejuicios económicos de considerable magnitud, por lo que se recomienda aumentar el monto de las sanciones a un rango de 1 mil a 100 mil salarios mínimos. Por su atención, compañeros diputados, muchas gracias.

El Presidente:

Para hacer algunas precisiones sobre la fundamentación de éste, ha solicitado el uso de la palabra el señor presidente de la Comisión de Energéticos, diputado Francisco Curi Pérez.

El diputado Francisco Curi Pérez Fernández:

Diputadas; diputados; señor Presidente:

Vengo en mi calidad de presidente de la Comisión de Energéticos a hacer algunos comentarios relativos a esta iniciativa y dictamen que hoy estamos discutiendo en esta cámara.

En primer lugar decirles que es algo inédito que esté yo aquí, veíamos en el reglamento con algunos compañeros diputados que la fundamentación del dictamen es algo que está precisado muy bien y que en todo caso cuando hay un presidente de oposición, presidente de comisión, de oposición al dictamen, no hay la posibilidad de hacer una fundamentación del dictamen por parte de los que no están de acuerdo con este dictamen.

Es decir, fundamentar la parte en la que nosotros no estamos de acuerdo. Esto quizá sea motivo de alguna modificación posterior evidentemente, y una revisión posterior a este hecho, porque estamos en un régimen actualmente donde los partidos de oposición tenemos ahora la posibilidad de presidir diversas comisiones.

Este carácter de presidente de la Comisión y miembro también de un partido de oposición, lo coloca a uno en una situación complicada, quiero comentarlo con toda franqueza, porque la demanda de la oposición ha sido insistentemente que los funcionarios o los responsables de algún órgano de autoridad o de revisión, independientemente del partido político al que correspondan, tengan una actitud meridiana y objetiva sobre las propuestas o sobre cualquier asunto que tenga que ver con su competencia.

Por esa razón nosotros en la Comisión de Energéticos hemos llevado un trato lo más apegado, en cuanto se refiere a esta directiva, a las normas más elementales de objetividad y de sensibilidad política para dar cabida a cualquier opinión, independientemente del que lo propone.

Para mí es importante, y le agradecería mucho a la Presidencia que nos diera la oportunidad de ser lo suficientemente explícitos en esto, contar con el tiempo suficiente para hacer algunas reflexiones generales, y en principio habría que plantearse, habría que plantear que difícilmente un diputado federal de la oposición o de la mayoría puede hacer un comentario aquí en tribuna que pudiera ser matizable. Pareciera que la vida la vemos en blanco y negro los que estamos en una posición, los que estamos en otra posición.

Señor Presidente, yo le agradecería si usted fuera tan amable de solicitar orden en la sala.

El Presidente:

Con mucho gusto, señor diputado.

Se ruega a los señores diputados ocupar sus lugares y a las personas que están en los pasillos favor de desalojarlos. Continúe, señor diputado.

El diputado Francisco Curi Pérez Fernández:

Si usted gusta, señor Presidente, nos damos el tiempo suficiente porque creo que también los niños están visitando aquí la Cámara de Diputados y quieren saber qué es lo que está pasando.

Pareciera pues que la cámara vive una vida en blanco y negro. Los oradores que tienen un origen de oposición si matizan un comentario puede ser que la prensa tome ese comentario, lo descontextualice, y pareciera que uno está a favor de algo en lo que no está de acuerdo o precisa algo positivo de algo que en su conjunto pudiera estar equivocado.

Con este riesgo que pudiera darse y transitando por un camino inédito, que es el que camina un presidente de comisión de oposición, haciendo comentarios de un dictamen que la comisión en su conjunto elaboró, me atrevo a hacer algunos comentarios.

Necesario es también que yo me ubique en principio y ubique este debate en un marco general en el que quisiera yo dejar muy claro cuáles son las diferencias notables que tenemos y por qué razón esto influye en el dictamen que está en este momento en la cámara.

En primer lugar, ustedes saben muy bien que aquí hay una fracción parlamentaria que está opuesta totalmente al modelo que se ha aplicado en este país, por considerarlo altamente injusto, ineficiente, y en función de que propicia una alta dependencia del país con una economía tan fuerte como es la de los Estados Unidos de América, por ser un modelo que no ha permitido el desarrollo nacional, por ser un modelo que ha metido en una grave crisis a este país, y que supone también este modelo que recurrentemente vamos a tener problemas y que no se ve o no se vislumbra un debate que vaya a modificar el rumbo por ese lado.

Características de este modelo son varias, pero en términos generales y conceptuales diría que la privatización, el control férreo de la inflación como una medida por encima de muchas otras, la apertura comercial y otras más, han sido las bases fundamentales que se han establecido para este modelo, y este modelo ha propiciado un desarrollo muy relativo en relación a otros sexenios, un incremento en las tensiones sociales.

Yo creo que el estallido social que tenemos en México, en el sureste, y que las inconformidades cada vez más crecientes son producto de una situación profundamente injusta y no se ve que este modelo se piense cambiar.

Privatizar por privatizar, no ha demostrado precisamente eficiencia. No nos ha dado recursos para que en este país se desarrolle una industria o se desarrolle la agricultura en México de manera que pueda sostener las condiciones de vida del pueblo de México.

Privatizar por privatizar, lo que ha hecho también es allegar recursos al Gobierno, que no sabemos en este momento en dónde están. Con precisión no lo sabemos, pero si sabemos que México ha sido un país que ha transferido una gran cantidad de recursos al extranjero y que esos recursos están en manos de otras personas, pero que no forman parte del ahorro nacional.

En esta idea de las privatizaciones hay voces muy importantes, que están insistiendo en la privatización de los activos más importantes del país. Uno de estos activos importantes es Petróleos Mexicanos, por supuesto.

Sabemos bien que Petróleos Mexicanos es una industria que le ha dado al país la posibilidad de desarrollarse durante muchos años, que incluso ahora es garante de una deuda, de la que no nos sentimos responsables muchos.

Y esta reflexión sobre la insistencia en la privatización de Pemex, que si ciertamente no está en los círculos oficiales inmediatos, sabemos y advertimos, que es una insistencia externa y es una insistencia que comparten algunos funcionarios, unos altos funcionarios, ojalá que no haya ningún diputado que esté en esta tesitura.

Sirva esta reflexión para plantear nuestra resistencia máxima, nuestra actitud más comprometida para evitar hoy y mañana que Pemex se privatice, para dejar en manos un activo nacional tan importante de personas que no van a pensar en el desarrollo nacional, que no van a cuidar nuestra soberanía y que evidentemente, lo único que podríamos esperar de ellas, es la obtención de recursos económicos sin ningún sentido social.

La iniciativa que nos ocupa aborda algunos temas, en los que no se establece ciertamente la privatización; sin embargo, las implicaciones de la iniciativa en el marco general en que se inserta son extremadamente preocupantes, permítanme decirles porqué.

Pemex ha seguido un proceso de seccionamiento en los últimos años, un proceso en que se han desincorporado algunas áreas y lo único que se ha logrado, si bien con un criterio gerencial, se ha buscado que esta separación o seccionamiento dé la posibilidad de que cada área funcione de manera más o menos autónoma y tenga la posibilidad de rendir números negros, lo cierto también es que se ha provocado ineficiencia. A veces para componer una tubería en Salamanca, si no está el taller ahí, tienen que mandar traer a un técnico de Coatzacoalcos, por ejemplo, y se ha provocado una planta adicional de trabajadores de confianza que han excedido muchísimo a los recortes que ha tenido el Sindicato de Trabajadores Petroleros.

Esta situación por una parte nos indica que hay una idea de eficientar, de establecer un sistema gerencial en Pemex, pero también nos indica que hay una idea de ir seccionando esto, para establecer la posibilidad de la venta de algunas de estas secciones, para ponerse en posibilidad de desmembrar Pemex.

Esa es una de las cuestiones que también están embozadas en este proyecto; proyecto en el que por cierto el señor director actual de Pemex, Adrián Lajous, es el autor intelectual cuando estaba en el área de planeación de Pemex. Por esa razón nos preocupa mucho que esta pieza del rompecabezas se vaya a votar a favor en esta cámara, una pieza del rompecabezas que tiene que ver con una idea general de privatización porque nada menos que Pemex está en manos de quien más ha insistido en privatizar.

La iniciativa puede ser evidentemente esta pieza y subrayo, el puede ser, ahí viene lo de mi carácter de presidente de comisión, porque podría decirles que es, no digo que es, porque mi insistencia aquí el día de ayer fue en el sentido de que diéramos el tiempo suficiente, no voy a insistir ya en ello, porque es algo rebasado, pero dije que deberíamos de tener el tiempo suficiente para que este "puede ser", se diluyera, nos queda la duda de que este rompecabezas, que no tenemos exactamente el conjunto, pudiera ser ésta, una pieza que fuera a apuntalar el capital privado para posteriormente vender áreas estratégicas y fundamentales de Pemex.

Antes de que termine mi tiempo y que haya algún compañero que quisiera que concluyera, pido a la Presidencia que me dé la oportunidad de explicarme con amplitud sobre este tema. Si quiere usted preguntar a la Asamblea, señor Presidente.

El Presidente:

Adelante, señor diputado.

El diputado Francisco Curi Pérez Fernández:

Muy amable, señor Presidente. En esta pieza de la que estamos hablando, hay algunas cuestiones laterales que en lo personal quisiera señalar que son grandes preocupaciones y que creo que deberían de tomarse en consideración. Primero, en ese carácter de presidente de la comisión, hablaría del marco y de las características en las que creo que se inserta esta iniciativa, poquito antes de entrarle a las preocupaciones.

Segundo. Para que quede claro y el contexto del debate sea preciso, la iniciativa se refiere únicamente al gas, no al petróleo ni a petrolíferos, y mantiene el dominio inalienable e imprescriptible de la nación sobre los carburos de hidrógeno gaseosos, razón por la cual la exploración, la explotación y, en su caso, la elaboración del gas se mantiene como una actividad estratégica reservada a la nación. Este es un hecho que vale la pena destacar con precisión.

Tercero. Se propone en esta iniciativa la participación de capital privado en actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, que no son parte integral de la exploración, la explotación y la elaboración del gas. Aquí, yo quisiera precisar que efectivamente México ante una carencia de recursos requiere de una industria del gas con una gran capacidad de respuesta a la demanda que se espera se incremente en un alto porcentaje en los próximos años, con la puesta en marcha de termoeléctricas y con la transformación de termoeléctricas que actualmente, vienen operando con combustóleo.

Esta ley permitiría también, de ser aprobada, la inversión incremental o nueva de particulares en gasoductos y tanques de almacenamiento de gas y redes de distribución de baja presión para zonas urbanas. Este hecho se ha dado ya en algunas áreas del país, Monterrey podría ser un caso, en donde ya compañías privadas están brindando el servicio de gas por medio de ductos.

Y, finalmente, podría decir que esta iniciativa permite un acceso no discriminatorio mediante tarifas que se señalen a los actuales gasoductos de Pemex que continuarán siendo propiedad de este organismo público.

La preocupación o las preocupaciones que quisiera ofrecer como reflexiones interesantes son las siguientes: México es deficitario ahorita en gas, estamos importando una cantidad menor ciertamente, pero estamos importando algo así como un 5% más o menos.

Esta importación de gas de los Estados Unidos, está gradualmente siendo incrementada, porque en México no estamos siendo suficientemente capaces de tener el gas necesario para el desarrollo de la industria nacional.

Este es un problema o es el problema que trata a la mejor de manera equivocada, de solucionar esta iniciativa o por lo menos incompleta y riesgosa. La iniciativa toca un aspecto que no tiene que ver con la explotación del gas, sino con su distribución, su almacenamiento, su conducción.

Según las fuentes de las que nosotros disponemos, curiosamente la capacidad instalada actual de ductos, no está al tope; es decir, está abajo de la capacidad y, por lo tanto, estamos conduciendo por ahí una cantidad de gas mucho menor de lo que significaría estar al 100%.

Entonces, ¿por qué una iniciativa que hable de que los ductos que se van a abrir la posibilidad para que haya nuevos ductos?, bueno, porque se trata de ubicar ductos en otras partes, ésa sería la respuesta. La pregunta que seguiría es ¿en dónde y para qué?; ¿en dónde?, ahí es una grave preocupación que yo quisiera externarles. Si se trata de incrementar la posibilidad de que tengamos gas, ¿cómo lo vamos a obtener en México?, hay dos alternativas por supuesto: una, que nosotros traigamos el gas del norte y no lo podamos extraer aquí. Esa es una posibilidad, que nosotros creemos una red muy amplia en manos de la iniciativa privada extranjera y ésta nos venda el gas y nosotros quedemos muy abajo de la posibilidad de explotar nuestros yacimientos. Esa sería una de las cuestiones que más preocuparían.

Yo les diría que esto ya está apuntado, en la planta de Samalayuca II, en Ciudad Juárez, Chihuahua, que se va a construir una termoeléctrica ahí, los contratos establecen que una compañía gasera de Texas pase a través de ductos a esta termoeléctrica. Entonces ahí estamos viendo cómo hay el interés efectivamente de utilizar gasoductos que vengan del norte del país.

Por otra parte, si hablamos claro, estos contratos que fueron firmados en febrero, están validando algo que apenas vamos a legislar en este momento. Esto es algo que debe de preocuparnos, porque se está actuando primero con la seguridad de que aquí en el Legislativo más tarde vamos a remendar la plana. Pero el punto más grave no es éste que puede ser por lo menos una actitud descarada de darle la vuelta al Legislativo, el problema sería que la estrategia fuera traer el gas de Norteamérica y no tener la posibilidad de tener una infraestructura para explotación del gas mexicano.

La otra alternativa es que el gas mexicano lo explotemos y aquí hay dos posibilidades si ustedes me permiten, una, que es que lo explotemos, que vayamos a explorar la zona norte del país, concretamente los límites entre Tamaulipas y Nuevo León, la Cuenca de Burgos y lo que es el Golfo de Sabinas. Ahí se corresponde esta bolsa de gas que hay en México, con una bolsa de gas que viene del norte de los Estados Unidos que están explotando ya los Estados Unidos.

Este fue uno de los aspectos que más insistentemente su servidor manejó con algunos diputados, para buscar que quedara claro que esta explotación de estas bolsas de gas fueran el destino fundamental de esta iniciativa. De ahí tendríamos el gas para transportarlo en todos los ductos que se vayan a buscar que la iniciativa privada participe.

Dicen algunas voces: "técnicamente es muy complejo porque no es costeable". Habría que pensar si es más costeable traerlo de los Estados Unidos y depender de ellos y técnicamente también, que los Estados Unidos esta bolsa de gas la estén explotando por su lado y nosotros no por el nuestro. Aunque también aquí algunas voces nos dicen que todavía no hay la técnica para que ellos tengan la posibilidad de jalar nuestro gas. Hay algunas voces también de que los Estados Unidos ya lo están haciendo, o de que están desarrollando la técnica suficiente para que esto suceda; es decir, nosotros tendríamos la vaca y ellos estarían ordenándola.

La otra posibilidad, que es la que también asusta, es la de que desarrollemos esa capacidad de gas para conducir por esos nuevos ductos, con un incremento en la plataforma petrolera, compañeros. Vamos a tener los ductos y no vamos a tener gas. Entonces obviamente la persona que invierta en esos ductos, un empresario norteamericano, va a decir que va a invertir siempre y cuando haya gas que transportar. ¡Por dónde va a ser este gas o de dónde lo vamos a sacar? Del sur del país, fundamentalmente del área que ha dado más cantidad de petróleo, que es la sonda de Campeche, en donde por cierto hay unos yacimientos de un petróleo de altísima calidad, de un aceite de altísima calidad que está considerado dentro de las normas más altas del mundo.

Vamos a tener, en el sur del país, una sobreexplotación del petróleo. Nos va a ocurrir lo que le ocurre a muchos agricultores, compañeros. Allá en mi pueblo, cuando se siembra jitomate un año y les va bien, al rato siembran jitomate todos y sucede que el precio se desploma. Lo que va a ocurrir es que si nosotros vamos a meterle dinero a la explotación de petróleo para que salga el gas asociado, en el sur del país, cuando terminemos de explotar todo esto, cuando tengamos la infraestructura para incrementar al doble la producción petrolera y para que de ahí salga el gas que va a ponerse en los ductos de las compañías extranjeras que van a invertir, nosotros vamos a tener lo doble de la plataforma petrolera; pero quién sabe si podamos tener el mismo precio del petróleo actual.

A la mejor vamos a vender lo doble de petróleo y vamos a obtener los 6 mil y pico de millones de dólares que está captando Pemex en este momento, por concepto de ventas al exterior y nos vamos a quedar sacando mucho petróleo, que además es un problema serio, es un asunto técnico, pero me parece de la mayor importancia señalárselos.

El efecto de los pozos petroleros, de una sobreexplotación de los pozos petroleros, es el mismo efecto que tiene un tanquecito de desodorante. Si no se mueve, queda mucho desodorante abajo. Lo que pasa en el caso de un pozo que se sobreexplota, es que se queda abajo mucho petróleo que ya después no es fácil extraerlo, porque no tiene la posibilidad de tenerse el gas con el cual pueda salir.

Entonces, vamos abajo o alrededor de esta iniciativa; está la necesidad de que haya gas, vuelvo a señalar y ese gas, redondeo, o lo traemos de los Estados Unidos y nos vamos a hacer más dependientes, primera hipótesis; ¡grave:

Segunda hipótesis, o incrementamos nuestra plataforma petrolera para que haya más gas asociado y lo podamos conducir por esos ductos de los inversionistas privados.

O tres, o explotamos nuestras bolsas de gas que están en el norte del país.

Una de las exigencias que planteamos nosotros fue que quedara expreso en esta ley el aprovechamiento del gas en Cuenca de Burgos y Sabinas; es decir, descartar que la plataforma se incrementara y descartar la posibilidad de que tuviéramos que recurrir al gas norteamericano.

Y ese elemento no se quiso poner aquí en la ley, quiero comentárselo a ustedes. Este es uno de los motivos también por los cuales queda uno con la idea de que este rompecabezas es para cualquiera de estas dos posibilidades.

Ya se anunció que se va a incrementar en un porcentaje determinado la plataforma petrolera. Nuestra idea entonces, es seguir vendiendo petroquímica, aumentando la plataforma petrolera, para que México siga siendo un país que exporte barriles crudos juntos, barriles y el petróleo crudo y no se le dé valor agregado.

Y ésa es la intención. Lo único que va a ocurrir es que no vamos a desarrollar una industria nacional que esté fundamentada en una columna vertebral que sería Petróleos Mexicanos, primero, tendríamos además una dependencia cada vez mayor del extranjero. Nos convertiríamos nuevamente en un país en donde el petróleo fuera algo esencial y casi exclusivo como exportación.

Yo creo que estas reflexiones, como ésta que ofrezco, es una reflexión que nos permite ver que sí hay el interés de incrementar la plataforma petrolera a un nivel muy alto y que nuestra responsabilidad con las generaciones futuras de algo que nosotros no producimos, sino que simplemente lo estamos sacando, quedaría en deuda.

A mí me parece que éste es un elemento que no es menor ni despreciable para considerar el uso racional de los recursos petroleros. La iniciativa de ley en términos generales debía haberse discutido con una mayor amplitud. Debían haberse considerado estos hechos como los que menciono y otros más que podría señalar y no voy a hacer más puntualizaciones al respecto, pero creo que hubiera sido muy correcto que nosotros tuviéramos el tiempo suficiente para plantear nuestras dudas y nuestras preocupaciones.

Podemos legislar sobre una materia y hacer válido algo que más tarde represente un eslabón más en la sujeción que tiene este país al extranjero. Y hay voces como las nuestras que van a seguir oponiéndose a esta idea. Seguramente se va a votar esta iniciativa y seguramente va a aplicarse. Ojalá que haya la actitud en los momentos subsecuentes para impedir que estas premoniciones en las que estoy metiéndome, que algunos considerarían que sería muy imaginativo lo que estoy planteando, se vayan a cumplir.

Pero acuérdense que algunas voces como la mía han señalado muchas cosas que desgraciadamente han ocurrido en este país. Ojalá que no vaya yo a tener razón en los riesgos que le veo a esta iniciativa.

Vamos a estar atentos, por último, a que la reglamentación que se haga de esta ley incorpore lo más que se pueda de candados. A que ya, como dice uno "de lo perdido, lo que aparezca", tengamos la posibilidad de verificar que no haya una entrega absoluta de este país y de este recurso al extranjero, por la vía de subsecuentes piezas de este rompecabezas de la que hoy tenemos una aquí presente y la vamos a votar a favor.

Ojalá pudiéramos reflexionar en esto. Nos pudiéramos haber dado el tiempo suficiente para despejar estas dudas y para tener la seguridad de que esta iniciativa no vaya a comprometer nuestro patrimonio y no vaya a comprometer la soberanía nacional. Muchas gracias.

El Presidente:

Para presentar su voto particular, tiene la palabra el diputado Raúl Castellanos Hernández, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca (desde su curul):

Señor Presidente, si me permite.

El Presidente:

¿Con qué propósito diputado.

El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca (desde su curul):

Para hacer una proposición, brevemente.

El Presidente:

Adelante, diputado.

El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca (desde su curul):

Deseo pedir un millón de disculpas a esta Asamblea, a este Congreso, a ustedes.

Hay un grupo de niños de la Escuela Primaria "Josefina María Valencia", que elaboró un proyecto de reformas a la Constitución y que han venido aquí, después de haberlo discutido durante mucho tiempo, lo engargolaron y se lo vienen entregar a los presidentes, a los coordinadores de las fracciones parlamentarias, es una propuesta de reformas de los derechos de los niños, de la educación y ya se lo entregaron al compañero Roque Villanueva, ya le entregaron el proyecto de reformas al compañero García Cervantes y para no interrumpir yo quisiera pedir una pequeña pausa de cinco minutos para que los niños terminen de entregar su proyecto de reforma a la Constitución en sus derechos, a los coordinadores que hacen falta.

Es una petición de cinco minutos nada más, para no alterar el orden.

El Presidente:

Adelante, señor diputado.

Para presentar su voto en particular, tiene el uso de la palabra el diputado Raúl Castellanos Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Raúl Gonzalo Castellanos Hernández:

Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

En primer lugar quisiera precisar que no se trata de un voto particular personal, es el voto particular de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.

Es evidente que en el tema que hoy nos ocupa se violentaron las más elementales formas de aseo parlamentario. Nuevamente el albazo y la prisa que ponen en entredicho la independencia del Poder Legislativo y que echan por tierra el discurso de Ernesto Zedillo, respecto a su supuesta vocación democrática y republicana, sentó sus reales en esta cámara.

Hoy, como ya se ha hecho costumbre, la necia realidad del proyecto neoliberal y los intereses transnacionales y norteamericanos fundamentalmente, obligan al Presidente de la República a atropellar la soberanía, la independencia y el futuro del país. La historia por sus actos los juzgará.

La privatización de un área estratégica, como lo es la distribución de gas por ductos, no fue planteada en los foros de consulta popular encaminados a formular el Plan Nacional de Desarrollo. Es más, fue un secreto para el país e incluso para funcionarios y, por supuesto, para nosotros los diputados, hasta el pasado viernes que entró la iniciativa que ahora discutimos.

Sin embargo, como ya lo ha comentado aquí el diputado Curi, esa privatización tiene un antecedente a nivel de los hechos consumados...

Señor Presidente, le pediría si llama al orden, por favor.

El Presidente:

Señores diputados, les rogamos ocupar sus curules y a nuestros visitantes por favor desalojar los pasillos, para poder escuchar con atención la intervención del señor diputado.

El diputado Raúl Gonzalo Castellanos Hernández:

Hace poco más de un mes se anunció la firma del contrato para la construcción de la planta eléctrica Samalayuca II, en la zona de Ciudad Juárez, Chihuahua, esa planta usará gas natural como combustible, ese gas será llevado al sitio de la planta desde los Estados Unidos por la compañía El Paso Natural Gas, que tenderá para ello un gasoducto de 20 pulgadas de diámetro que entregará a territorio nacional y que no es de Pemex. En la práctica y sin esperar a la eventual aprobación de las reformas legales por el Congreso de la Unión, ya se tiene este antecedente; es así como el Gobierno Federal respeta a esta legislatura.

La primera y principal definición jurídica sobre el petroleo mexicano está en el artículo 27 de la Constitución. Como éste no se refiere sólo al petroleo, sino que se apoya en razonamientos y principios más generales, vale la pena recordarlo aquí también en ese plan más global. Cito: "la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. En consecuencia corresponde a la nación el dominio directo del petróleo y todos los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos y gaseosos. En estos casos el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible. La explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal." Concluye la cita.

Hasta aquí se da al petróleo un trato común con las demás riquezas naturales del subsuelo. Estas concesiones de que habla el párrafo que acabamos de transcribir, era la forma como las compañías petroleras extranjeras operaban el petróleo mexicano antes de la expropiación de 1938. De ahí que poco después de la misma se agregara que, cito: "tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos, no se otorgarán concesiones, ni subsistirán las que en su caso se hubieran otorgado". Concluye la cita.

Si la única forma permitida de participación de particulares era la concesión y ésta se prohibía para la industria, ya eso implicaba que no podría haber tal participación en general, pero durante el alemanismo se firmaron los contratos-riesgo con compañías extranjeras para perforar pozos petroleros. Esos contratos establecían el pago a compañías estadounidenses que perforaran zonas petroleras probadas de México con un 15% del crudo que extrajera así en especie.

Aunque la reacción oficial fue de rechazo a los cargos, el efecto fue tal que al hacerse públicos esos hechos se frenó la firma de los contratos, luego éstos se dieron por terminados anticipadamente, por cierto cuando Reyes Heroles era director de Pemex, y además, se prohibieron expresamente los contratos en el mismo artículo, que quedaría entonces diciendo, cito: "No se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los ya establecidos". Termina la cita.

La prohibición no abarca sólo a empresas extranjeras, sino a todas las privadas, pero al entrar a la dirección de Pemex, Jorge Díaz Serrano, se restableció ilegalmente el contratismo; en esa ocasión con empresas mexicanas, detrás de las cuales había también empresas extranjeras.

En 1991 nuevamente se asignan contratos ya directamente a empresas extranjeras, siendo el primer caso el de la empresa tejana Triton Ener. Además del artículo 27, a principios del sexenio de Miguel de la Madrid, se modificó junto con otros el 28, para incluir junto con otras ramas, a la industria petrolera con el carácter de estratégica. La parte relativa dice: cito: "no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas a las que se refiere este precepto: acuñación de moneda, petróleo y los demás hidrocarburos, petroquímica básica y las demás actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión". Concluye la cita.

Estas modificaciones se dieron en un momento de privatización que encontraban resistencias en varios sectores, incluso oficiales y semioficiales.

Se ha considerado que una de las funciones de estas reformas era la de establecer un compromiso político en el sentido de que la privatización no alcanzaría a las áreas ahí enumeradas.

Estos son los postulados que debe reglamentar y no contradecir la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo.

Luego de reproducir partes del artículo 27 de la Constitución, el artículo 2o. del Reglamento, los relaciona en su ámbito de aplicación con la industria petrolera en los términos del artículo siguiente, o sea el 3o. La enumeración de actividades de ése artículo 3o. de la ley en cuestión, indica entonces el alcance preciso de los postulados constitucionales que acabamos de citar, centralmente la exclusividad de la nación en cuanto a propiedad y desarrollo de la industria.

Ese artículo 3o., dice, cito: "La industria petrolera abarca:

1o. La exploración, la explotación, la refinación, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano del petróleo, el gas y los productos que se obtengan de la refinación de éstos.

2o. La elaboración, el almacenamiento, el transporte, la distribución y las ventas de primera mano del gas artificial,:

3o. La elaboración, el almacenamiento, el transporte, la distribución y las ventas de primera mano de aquellos derivados del petróleo que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas". Concluye la cita.

El tercer párrafo, se refiere a lo que se ha llamado petroquímica básica. Como vemos, todos los derivados del petróleo que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas, son parte de la industria petrolera y por tanto exclusivos de la nación, no están legalmente sujetos a reclasificación o privatización, pues nada ha ocurrido que haga que dejen de servir como tales materias primas.

Esas reclasificaciones han sido pasos anteriores en la cadena privatizadora de la que ahora se nos presenta otro eslabón.

Otro paso anterior, es el expresamente prohibido contratismo en la industria petrolera. Para poner sólo un par de ejemplos, las perforaciones de pozos petroleros entregadas a contratistas contradicen el artículo 27, en exploración y explotación de petróleo. O sea, las dos primeras actividades de la fracción I de este artículo 3o. de la ley y al contratar pipas, buques tanques, etcétera, de particulares, pero aun si los compraron con ayudas de Pemex, también se infringen estos postulados.

Como en los casos anteriores, hoy se nos ofrece que ésta será la última parte de la industria petrolera que será entregada a particulares y en especial al capital extranjero.

Hace pocas semanas se nos ofreció que no se venderían Pemex, ni la Comisión Federal de Electricidad, ni parte de ellos, pero recientemente el director de Asuntos Hacendarios Internacionales de la Secretaría de Hacienda, dijo en los Estados Unidos que en este sexenio se venderá todo menos Pemex, colocando incluso a la Comisión Federal de Electricidad en la vitrina de las ventas de los bienes de la naión. En síntesis, no podemos creerles.

La propuesta de reformas legales sobre el gas, faculta a particulares, no sólo a recibir en concesión, como en algún momento se dijo, y que de todos modos está prohibido por la Constitución, sino dice que estos particulares podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos, para el transporte, el almacenamiento y la distribución de gas. Artículo 4o. en la propuesta de cambios a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, en el ramo del petróleo.

Si la Constitución da el mismo trato global a los hidrocarburos líquidos como al petróleo crudo, y gaseosos como obviamente es el gas, no hay ninguna base jurídica para cambiar, en el artículo 3o. de la ley reglamentaria, la definición del alcance de esta industria, dejando dentro de ella la distribución del petróleo, pero excluyendo la del gas. Se nos dice que el que la distribución del gas pueda ir pasando a manos de particulares, no afecta la actividad estratégica fundamental. El examen del articulado propuesto, muestra claramente que no es así.

En efecto, el único productor de gas dentro de México es Pemex, y no se plantea por el momento cambiar esa situación, pero hay productores y distribuidores de gas en los Estados Unidos, aunque parte de ese producto lo obtengan en Canadá, que en numerosas ocasiones esas compañías y el mismo gobierno estadounidense, durante y después de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, expresaron y siguen expresando su interés por el mercado mexicano de gas.

En el artículo 13 de la ley reglamentaria que se propone, quedaría, de ser aprobado el cambio, que se regularán los términos y condiciones para el acceso no discriminatorio y en condiciones no competitivas, a los servicios de transporte, almacenamiento y distribución, por medio de ductos de gas.

Esto significa que las gaseras de los Estados Unidos, tendrán libre acceso a los gasoductos que se ubiquen en territorio nacional o los que pueda haber. Es más, en partes importantes del país que incluyen los sitios para plantas eléctricas, en las zonas de Tijuana y Ciudad Juárez, por ejemplo, los únicos gasoductos vendrían de los Estados Unidos. Seguramente también traerían pronto a sus guardias blancas para que cuidaran de estos gasoductos.

Hay grandes proyectos de plantas eléctricas, por mencionar sólo el caso más importante, que deberán consumir gas. Si se llevara a cabo el programa planteado por el documento de prospectiva del sector léctrico, publicado en los últimos días del sexenio pasado por la entonces SEMIP, implicaría esto un consumo adicional de gas, igual al doble del volumen nacional actual de las ventas de Pemex.

Tan sólo la mencionada planta Samalayuca ll, de la que hablamos anteriormente, requerirá de un volumen de gas natural equivalente al 8% de las actuales ventas nacionales de Pemex. Al mismo tiempo, no se ha hecho, ni parece haber intención de hacerlo, la inversión encaminada a un aumento sustancial en la producción de gas natural en México. La enorme cantidad de gas que consumen estas plantas, Samalayuca no es el único proyecto de esta naturaleza, hay por lo menos otros dos en el corto plazo, en última instancia se traduciría en una mayor dependencia de las importaciones. También aumentaría la presión para sobreexplotar nuestros yacimientos petroleros, con objeto de obtener más gas asociado al petróleo.

Ya hoy tenemos el problema de crecientes importaciones de productos refinados y gas. En 1989 el valor de las importaciones de gas y productos refinados, gasolina sobre todo, era el 5% del valor de nuestras exportaciones petroleras. En 1994 esas importaciones eran el 20% de estas exportaciones. Eso seguirá creciendo en cuanto pase la crisis, porque no hay inversiones suficientes en gas ni en refinación de petróleo crudo y la demanda de gas y refinados aumentará no sólo en el caso importante de las plantas eléctricas, sino en general al sustituirse combustibles líquidos por gas, como ha estado sucediendo.

La solución no está en la simple privatización por etapas de las áreas estratégicas de nuestra economía; la solución está en restablecer las condiciones de desarrollo de la sociedad y en este caso del sector energético, conforme a las bases asentadas en nuestra Constitución, en especial para hacer frente a la creciente dependencia frente a las importaciones de gas y refinados.

El precisó un programa de inversión de Pemex para desarrollar la producción masiva de gas y su conducción hasta los centros de demanda y después en una refinería que ha estado programada desde hace 12 años sin que se haya siquiera empezado.

Los recursos deben venir de los propios ingresos de Pemex. Pemex no ha podido invertir lo necesario, en primer lugar porque la Secretaría de Hacienda le recoge por impuestos y derechos alrededor de las dos terceras partes del valor de sus ventas totales. En este año, sin embargo, no debe ser así. La estricta aplicación de la Ley de Ingresos que aquí aprobamos en diciembre, sin que se recorte o se retenga a Pemex el dinero por vía administrativa como suele hacerlo Hacienda, es suficiente. La razón: la devaluación del peso aumentó el valor en pesos de las ventas externas de Pemex, sin que el régimen fiscal se haya ajustado en este Congreso.

Los fuertes aumentos a la gasolina y otros productos petroleros, también se tradujeron en un mayor ingreso de Pemex, sin que hayamos decidido aumentar los impuestos.

En los casos de pagos fiscales en porcentaje, lo que le queda a Pemex es más, porque por ejemplo el 35% de ventas, casi duplicadas en pesos, es mucho más dinero que el 35% de las anteriores ventas. En los pagos fiscales que están establecidos como cantidad fija diaria, con mayor razón le queda a Pemex mucho más que antes.

En otros momentos se ha usado como pretexto para querer justificar el estrangulamiento presupuestal de Pemex y otros organismos públicos, la afirmación de que ese gasto causaría inflación y aumento de precios. Si alguien quiere revivir ese pretexto, habrá elegido el peor momento. Con el gasto público reducido al mínimo en la última quincena, y conforme al índice oficial los precios aumentaron, insistimos, en sólo 15 días, 5%, o sea más que el aumento planteado en los criterios generales de política económica enviados a esta cámara por el Ejecutivo, en diciembre para todo el año de 1995, que era de 4%.

En síntesis, nuestra alternativa entonces, es un programa de inversión de Pemex, que además de reducir nuestra dependencia frente a las importaciones de gas y productos refinados, vaya a contribuir a reactivar la economía, a crear empleos y con todo esto de todas formas Hacienda recibirá ingresos fiscales mayores que con la recesiva situación actual.

Por todo ello, porque no compartimos, mucho menos avalamos, la política energética que Ernesto Zedillo y su grupo de iniciados, como lo llamó la senadora Sansores, está implementando, porque esta reforma a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional abre las puertas de atrás a la privatización de la petroquímica, porque se trata de una reforma no consensada socialmente, ni siquiera contemplada y discutida en los foros del Plan Nacional de Desarrollo; porque sólo pretende vender por vender para satisfacer los insaciables apetitos económicos extranjeros; porque ya basta de seguir comprometiendo la soberanía nacional, los diputados del Partido de la Revolución Democrática votaremos en contra. Gracias, señor Presidente.

El Presidente:

Esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general, los siguientes diputados: en contra, César González Magallón; Javier González Garza; Luis Sánchez Aguilar; Everardo Martínez Sánchez; José Narro Céspedes y la diputada Ifigenia Martínez Hernández.

En pro se registraron los diputados Heriberto Galindo Quiñónes; Carlos Nuño Luna; Oscar Cantón Zetina; José Durán Ruiz; Jaime Arceo Castro y Luis Priego Ortiz.

Tiene la palabra en contra, el diputado César González Magallón, del Partido del Trabajo.

El diputado César Humberto González Magallón:

Compañeras y compañeros diputados:

La iniciativa para reformar la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional que hoy se presenta a esta soberanía y que tiene como objetivo crear una industria privada para el manejo de gas natural, es un ejemplo del tipo de decisiones que debemos erradicar en nuestro país.

En efecto, una vez más sin mediar la discusión del proyecto económico en que se enmarca, y por supuesto sin llegar a fondo en sus consecuencias futuras, hoy seguramente se aprobará esta iniciativa del Ejecutivo. El problema no se encuentra en el acto de privatizar el sí mismo, sino en la forma que se están privatizando los activos estratégicos de la nación y el proyecto en el cual este tipo de acciones se inscriben ya que es desconocido para la gran mayoría de los mexicanos.

Algunos voceros del Gobierno declaran en el extranjero, donde prefieren hacer las declaraciones verdaderamente relevantes, que se inicia la segunda ola de privatizaciones, de la cual por este sexenio y si no surge otra crisis monumental, sólo quedará excluida la extracción del petróleo.

Pues bien, si esta segunda o la privatizadora tiene como modelo o precedente la reforma de los dos sexenios pasados, hemos empezado muy mal y el futuro le depara a nuestra nación fuertes quebrantos.

Para el Partido del Trabajo, la primera ola de privatización afecto negativamente a los trabajadores y trajo beneficios limitados a los usuarios.

Por eso debemos hacer un alto en esta soberanía y realizar un balance serio de las privatizaciones realizadas y futuras para buscar verdaderos beneficios para los trabajadores usuarios y la nación.

Considerarnos que en este contexto llevar adelante un modelo efectivo de regulación estatal que permita alcanzar los objetivos de desarrollo nacional en condiciones de equidad y justicia social.

Esta iniciativa, compañeros diputados, aunque contiene esfuerzos por dar respuesta a algunos de los múltiples problemas que plantea la privatización de los servicios públicos, lamentablemente deja muchos problemas sin resolver, lo que se acusa más claramente en los artículos 7o. y 10 y la fracción II del 13, lo cual obliga a llevar adelante una consulta amplia hacia la sociedad y evaluar profundamente las bases y proyecto económico en las que se apoya la formulación de los nuevos ordenamientos.

Parece ser que la prisa por legislar en esta materia se deriva de que el gobierno se ha impuesto un estricto calendario para cumplir compromisos con los inversionistas extranjeros, sino ¿cuál es la premura en aprobar hoy la reglamentación.

Es ampliamente conocido que la licitación del proyecto termoeléctrico Mérida-3 se ha retrasado por más de un año debido a que carece de un sistema de aprovisionamiento de gas natural.

En las actuales condiciones de restricciones crediticias y fiscales, los inversionistas extranjeros serán los únicos que podrán financiar este millonario proyecto. Aparentemente se trata de complacerlos, amarrando la privatización de las plantas generadoras de energía eléctrica con las del gas, de tal manera que una cosa presupone la otra, en una lógica que nos lleva a una privatización totalizadora que concluirá por abarcarlo todo.

Como señalamos al principio, el problema de fondo no está en la privatización en sí, sino en los objetivos, criterios y mecanismos que se emplean para realizarla, lo que puede ser la diferencia entre una privatización salvaje, una privatización controlada, capaz de combinarse con objetivos políticos, sociales, ecológicos y laborales.

Si la prioridad consiste en abrir nuevos campos de rentabilidad para el sector privado nacional y extranjero, lo único que conseguiremos a la larga es que la mayoría de mexicanos carguemos sobre nuestras espaldas, ahora ya no monopolios públicos, sino también monopolios privados.

Una reflexión, por somera que sea, sobre la experiencia privatizadora de Inglaterra, Francia e Italia y el desmembramiento del monopolio telefónico en Estados Unidos, esto último hace unos 10 años, demuestra que la cuestión crucial, es cómo asegurar que exista competencia que quedan dominados por grandes empresas. La única respuesta que se encontró, fue la de crear complejos diseñados regulatorios, que en la mayoría de los casos, implicaron la creación de agencias fiscalizadoras, largos reglamentos y ejércitos de funcionarios con nuevas atribuciones.

Queremos explicar brevemente cual fue la principal razón por la que se dio este paso que en apariencia contradice el espíritu del libre mercado que anima las privatizaciones.

Por razones de lógica económica y de poder, el vacío dejado por el Estado en los servicios básicos como telefonía, gas, electricidad, etcétera, fue llenando si no por monopolios y dupolios, si por un puñado de grandes empresas que manejan innovaciones que revolucionan estas industrias.

Muy pronto quedó claro que bajo tales condiciones las grandes empresas convertirían en ganancia de monopolio las rentas tecnológicas, en perjuicio tanto de los usuarios, como del poder público.

Creemos, compañeros diputados, que en México esta situación, ya se dio con la privatización de Telmex, que al actuar como monopolio e inducir grandes innovaciones, al digitalizar las líneas e introducir masivamente la fibra óptica, se apoderó de una enorme renta tecnológica, que se distribuyó entre inversionistas nacionales y extranjeros, basta recordar los ADRS de Telmex, triplicaron su precio en sólo tres años, llegando a costar 75 dólares por acción poco antes de la devaluación.

En tanto sucedía todo esto, los usuarios, principalmente las pequeñas empresas y los hogares, siguieron padeciendo un servicio caro y deficiente.

Por lo menos crea incertidumbre que esta historia se repita en gran escala, a partir del nuevo proceso que está por comenzar con la privatización del manejo industrial de gas natural. Como prueba de ello obsérvese que la iniciativa de ley sólo dedica propiamente dos incisos al problema de la regulación, o sea unas siete líneas en un texto que de por sí es sumario.

Los criterios de regulación que se proponen, son más elementales e incompletos que se proponen para los ferrocarriles.

Al menos en el caso de los ferrocarriles, se hablaba de competencia efectiva y se hacía un esfuerzo, fallido lamentablemente por definirla. Ahora ni siquiera se intenta dar una definición de lo que se entiende por competencia en esta rama, limitando el asunto a hablar vagamente en condiciones competitivas.

En este caso, aun cuando la comisión federal de competencia estuviera seriamente interesada en apoyar a los usuarios, evitar abusos de los proveedores y conferirle un status competitivo a la industria, tendría que empezar a crear una nueva estructura reglamentaria, trabajando a contracorriente, porque la nueva industria, al estar funcionando tendría derechos adquiridos de facto.

Insistimos, no se trata de crear un problema donde no existe, por el contrario, reiteramos que es pertinente que el Ejecutivo Federal y la mayoría priísta y de Acción Nacional asuman que existen propuestas alternativas para buscar soluciones a los mismos problemas y que éstas y las del Ejecutivo, deben tener un espacio propicio para ser evaluadas y resolver la mejor solución.

La industria para el manejo de gas que se creará, consideramos, es el principio de una nueva privatización que afectará profundamente el funcionamiento de nuestro sistema económico, los derechos de muchos trabajadores y a la sociedad en su conjunto, a medida que vaya siendo realidad en los próximos meses y años como lo vaticinó el representante del Gobierno Alejandro Valenzuela, en San Diego.

El segundo ejemplo que manifiesta que este decreto está elaborado con ligereza o con una visión que nos es desconocida, está plasmado en los artículos 7o. y 10. Entendemos que el transporte, distribución y almacenamiento de gas dejan de ser, de aprobarse esta propuesta, actividades prioritarias; es decir, del dominio exclusivo del Estado.

Por más que se maneje la idea y de que tal cosa suceda, porque el Estado cede temporalmente este atributo, lo cierto es que el ingreso del sector privado cambia el status y ya no se puede hablar de una industria de utilidad pública en este ramo específico; en tal caso, los consorcios privados que efectúan tendidos de gasoductos no pueden gozar, como goza Pemex, de derecho preferente sobre el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos, incluidos los ejidales y comunales.

En todo caso, si fuera posible, merced de algún procedimiento que escapa a nuestra comprensión, transferir al sector privado los privilegios del sector público y pocos de los deberes, estamos ante una cuestión altamente controvertible que debe ser llevada a los más altos tribunales de justicia y no simplemente pasarse de contrabando en un proyecto de ley aún inconcluso y que carece de suficientes candados, para evitar que se creen situaciones de iniquidad en provecho de unos cuantos.

La conclusión, compañeras y compañeros diputados, del Partido del Partido del Trabajo y de los integrantes de su fracción parlamentaria, es que este proyecto de ley tiene tanta importancia que no puede aprobarse a la ligera; en tal sentido, reiterando que independientemente de que la propuesta hecha hace unos momentos por el PRD haya sido rechazada, consideramos que debe invitarse tanto al Poder Ejecutivo, como a los partidos que apoyan esta iniciativa, a optar por otro procedimiento, lo que implica el regreso de la misma a comisión es para una discusión verdaderamente reflexiva, sistemática y que tome en cuenta los intereses de los trabajadores y usuarios.

Que ya no tome en cuenta solamente los intereses de los grandes propietarios del capital financiero especulativo, sino fundamentalmente los intereses supremos de la nación mexicana. Muchas gracias, compañeros.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Heriberto Galindo, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, a favor del dictamen.

El diputado Heriberto Manuel Galindo Quiñónes:

Gracias, señor Presidente.

Rindo homenaje a don Jesús Reyes Heroles, político y mexicano ejemplar, quien en su tiempo como director general de Pemex, como nosotros lo hacemos hoy, supo defender la soberanía de la nación sobre nuestros recursos petroleros y al mismo tiempo, supo impulsar la modernización, como también lo hacemos hoy nosotros.

Compañeros diputados: al estar inmersos en la discusión de la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, la fracción de legisladores del Partido Revolucionario Institucional, desea expresar las razones que tuvimos para estudiar en tiempo dicha iniciativa y también las razones que tenemos para exponer ante ustedes la necesidad de esta reforma y la utilidad que tiene para nuestro país el hecho de que los miembros de esta cámara aprobemos la posibilidad de que los sectores social y privado puedan acceder a invertir en las áreas de transporte, almacenamiento y distribución de gas.

En momentos en que se requiere más y más inversión que garantice el abastecimiento y la transportación en forma más ágil y eficiente, a fin de poder suministrar de mejor manera a la industria nacional de hoy, y asegurar el desarrollo nacional para las próximas generaciones de mexicanos.

Hoy, nuestro país importa gas y la planta industrial consume gas y combustóleo; para 1998 quedará proscrito el uso del combustóleo y se usará únicamente el gas.

Por tal motivo, Petróleos Mexicanos tendrá que aumentar sus inversiones en las áreas más rentables de la industria de los hidrocarburos, para producir, entre otras cosas, más gas para el abastecimiento requerido por la industria en una economía que deseamos colocar en expansión y crecimiento lo más pronto posible.

Por ello mismo, una de las bondades de esta iniciativa, es que salvaguardando el interés nacional de la propiedad sobre los bienes y protegiendo la industria petroquímica básica, Petróleos Mexicanos conservará los ductos que actualmente son de su propiedad e incrementará sus inversiones en cuanto a exploración, perforación y producción, al tiempo que los particulares podrán invertir en la construcción de nuevos ductos y otros medios de transporte y almacenamiento, como también Pemex podrá seguir invirtiendo en estas áreas sin que ponga a la venta los ductos que son propiedad de la nación.

De ser aprobada esta iniciativa por esta soberanía, como lo propone la diputación priísta, estaremos ante la posibilidad de que haya nuevas inversiones que garanticen los avances deseables y necesarios en las áreas de transporte, almacenamiento y distribución de gas, poniendo siempre a salvo la soberanía nacional y la propiedad de la nación sobre sus bienes.

Esta iniciativa presidencial fue recibida oportunamente y fue objeto de estudio, análisis y revisión que motivaron discusiones, propuestas y enmiendas por parte de compañeros legisladores de distintas fracciones, pero especialmente, de compañeros diputados del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional; incluso compañeros integrantes de otras fracciones, con seriedad y responsabilidad, han expuesto sus puntos de vista, cuestionamientos y propuestas, sabedores de la necesidad que tiene nuestro país de modernizarse en estos campos para impulsar su propio desarrollo independiente.

La Comisión de Energéticos supo escuchar y atender propuestas y consideraciones que enriquecieron esta iniciativa. La diputación priísta saluda este ejercicio legislativo, plural, responsable y serio.

Compañeros diputados: la iniciativa que nos ocupa, merece nuestra aprobación, pues alentará la inversión, generará más empleos y nos ayudará a salir de la crisis económica en un plazo más corto.

El presidente de la República, doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, hace sus mejores esfuerzos en este sentido y merece el respaldo de esta legislatura, como un testimonio de que la representación popular se une al titular del Poder Ejecutivo, en el empeño de sacar al país de la dura crisis que afrontamos.

La aprobación que pedimos, será también un aliento a la inversión y una garantía de confianza para el capital nacional e internacional, en momentos en que las medidas económicas del plan de emergencia, aplicado por el Gobierno de la República, están arrojando los primeros resultados positivos, que serán, sin duda alguna, la base en la que descansará la nueva era de crecimiento, con una mejor distribución del ingreso y de la riqueza por la que propugna mi partido.

Con esta iniciativa que estamos proponiendo, quedan garantizados los intereses nacionales por sobre todas las cosas.

En la iniciativa que defendemos y que queremos sea aprobada, quedan a salvo también los derechos de los trabajadores y de los campesinos, en cualesquier situación. Lo mismo que la ecología y el medio ambiente.

Esta iniciativa fortalecerá también la situación económica de estados y municipios, pues éstos quedarán en facultad de aplicar los impuestos de índole local que se consideren pertinentes y viables.

Al agradecer a los compañeros diputados de la Comisión de Energéticos y en general de las distintas representaciones las aportaciones que hicieron para enriquecer y mejorar esta iniciativa tan importante y fundamental para nuestro país, deseo reiterar mi solicitud para que sea aprobada esta iniciativa presentada originalmente por el Presidente de la República, y que incorpora ahora los puntos de vista de los legisladores que participamos en un plano de seriedad, mesura, patriotismo y responsabilidad.

El texto que está a discusión y debate, es perfectamente constitucional; está perfectamente sustentado en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y será, sin duda, un instrumento fundamental para detonar la economía nacional y para generar empleos permanentes y mejor remunerados.

Seguros y convencidos de que por encima de cualquier interés particular y de partido, está el interés de la nación. Muchas gracias, compañeros.

El Presidente:

Gracias, diputado.

Tiene la palabra el diputado Javier González Garza, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, en contra del dictamen.

El diputado Javier González Garza:

Gracias, señor Presidente:

En la Comisión de Energéticos de esta Cámara de Diputados se ha trabajado normalmente y en un buen clima político. De eso somos testigos los miembros de la comisión.

Hemos aprobado el plan de trabajo y nos hemos dado a la tarea de realizarlo. Un evento que en la comisión consideramos fundamental, es la realización del Primer Foro Nacional de la Industria Petrolera en México, los días 19, 20 y 21 de mayo. Lo denominamos primer foro nacional y nos restringimos sólo a la industria petrolera porque consideramos fundamental esta discusión y si contemplábamos los energéticos en su conjunto no podríamos profundizar, como deseamos, en el conocimiento de esta industria fundamental para todos los mexicanos.

Eso quiere decir que una de las primeras tareas que se dio la Comisión de Energéticos, fue la organización de este foro. Aquí está el poster de invitación y tuvimos una discusión, porque en el primer diseño teníamos un problema de ética y no de estética. Esta mano que sostiene a la industria estaba un poco más arriba y se veía como si la estuviéramos ofreciendo a los Estados Unidos.

Entonces decidimos bajarla. Creo que no sirvió de nada, puesto que la situación es mucho más grave de lo que parece.

Estamos en estos momentos terminando la fase de consulta sobre el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. Hemos dicho que el Sistema Nacional de Planeación Democrática, no existe. Que la organización de encuentros y foros, donde se exponen y se han expuesto en otros años ideas, ponencias, pretensiones y propuestas de solución a diferentes problemas, finalmente no sirven de nada porque lo que ahí se vierte, jamás es tomado en cuenta.

Hemos propuesto reformas al artículo 26 de la Constitución para hacer posible la intervención del Congreso de la Unión en materia de consulta, debate y aprobación democrática del plan.

Propusimos la integración de una comisión legislativa que para esta ocasión funcionara con las comisiones del Ejecutivo, en una labor de integración de las propuestas vertidas en esta amplia difusión.

No se aceptó esta propuesta. ¿Por qué? ¿Qué implicaciones tenía esa comisión? ¿Acaso sería que no querían que nos enterásemos que el plan ya estaba hecho.

Hemos solicitado que la discusión de esta ley se dé después de la realización del foro nacional organizado por la Comisión de Energéticos y cuando conozcamos el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Eso es mucho pedir.

Estamos invitando a investigadores, trabajadores de distintos sectores de la industria petrolera, al sindicato, a las autoridades de Pemex, a representantes de la Secretaría de Energía, a dar una discusión abierta, propositiva, que permita establecer las necesidades de la industria, su presente, su futuro desarrollo. ¿Parece entonces descabellado pedir un poco de tiempo? ¿No consideran necesario conocer la propuesta de política económica en el plan nacional de desarrollo, antes de fijar la política petrolera? ¿Para qué es el foro.

Ahora parece una burla. Sólo aquellos que conocen ahora el plan nacional de desarrollo pueden exigir que esto se apruebe ahora, sólo aquellos que saben que ya está definido dicho plan que tan concretamente apareció como titular de un diario de circulación nacional. El día de ayer El Financiero, su encabezado decía: "Todo a la iniciativa privada, menos Pemex". Pretenden que hoy se apruebe esta iniciativa.

El día de ayer en la intervención del diputado Píndaro Urióstegui, escuchamos una excitativa: "que el país está en crisis y que deberíamos de discutir los grandes problemas nacionales y dejar discusiones pequeñas". Efectivamente, eso queremos hacer hoy, queremos discutir la crisis, sus causas, sus efectos y las medidas que podemos tomar para salir de ella, queremos hacer un balance de la política económica, de esta política neoliberal de privatizaciones que nos ha conducido al empobrecimiento de la inmensa mayoría de la población y que cada día, cada recaída es peor.

Desde la época en que la deuda externa de este país era de aproximadamente 80 mil millones de dólares, a la fecha se han hecho pagos por concepto de la deuda, del orden de 200 mil millones de dólares y hoy tenemos una deuda externa global de más de 240 mil millones de dólares.

La política de privatizaciones no ha dejado dinero al Estado ni al pueblo de México, se supone que por las ventas de Telmex, bancos, compañías de aviación etcétera, del sexenio pasado, recibimos alrededor de 23 mil millones de dólares. Ahora resulta que la deuda en dólares de los bancos privados es de esa misma magnitud. Queremos para esto, hacer un balance, queremos saber qué ha pasado con esas privatizaciones.

En el proceso de privatización siempre se nos ha dicho, como ahora mismo, que son sectores que requieren modernizarse y que el Estado no cuenta con recursos propios para ello. Así se privatizaron los ingenios azucareros y ¿dónde está la modernización, dónde la inyección de capital, la modernización de la banca, de las líneas aéreas? ¿Qué fue de las reservas internacionales del país que pasaron de 34 mil millones de dólares en marzo de 1994 a menos de 5 mil en enero de 1995? ¿Qué beneficio ha obtenido el país y sus habitantes con este proceso.

Otro mito genial. Cuando llamamos la atención sobre el incremento de la deuda externa, Aspe nos contestaba que era deuda privada. ¿Y no es cierto que ahora, después que las empresas nacionales se compraron con crédito externo en dólares, que se consiguió a través de la banca privada, es el pueblo de México quien tiene que pagar? ¿No es cierto acaso que ahora esa es una deuda de la nación.

Ustedes quieren acelerar el proceso de privatizaciones y les decimos que eso no resuelve el problema, que cada día estaremos más lejos de su solución.

Los antecedentes de la situación actual de la empresa petrolera se encuentran en la mala administración y en las decisiones políticas que han descapitalizado a la industria. Reconozco la importancia que se presenta en esta iniciativa con el añadido de que no se pueden enajenar los ductos con los que cuenta la nación; sin embargo, todos sabemos, y con mayor precisión los trabajadores de Pemex, lo que significará la competencia entre una industria descapitalizada e insegura con empresas que pueden invertir en la construcción y administración de ductos; a mediano plazo serán los ductos y los almacenes privados los únicos que funcionen en el país.

¿Están dispuestos a entregar los sectores más rentables de la industria petrolera a la iniciativa privada, como son: la petroquímica, comercialización y refinación? Esto es sólo el primer paso, quieren dejar a Pemex con las labores de explotación y exploración y producción de materias primas, para allá vamos; se está dispuesto a eso y más, no creen ustedes que el hecho de que extranjeros en México puedan construir ductos de almacenes de gas en territorio nacional vulnera la soberanía nacional? Piensen en la seguridad nacional, en cuerpos de guardias blancas cuidando los ductos y los almacenes en el territorio nacional, los bienes y los servicios que están en poder de la nación se han logrado crear, ordenar y explotar por la decisión patriótica de grandes mexicanos y con el esfuerzo de los trabajadores, se han financiado con impuestos y otros ingresos públicos y por tanto conforman la riqueza pública, es del pueblo de México, no de sus gobernantes.

Una decisión de esta magnitud y envergadura debería ser sometida a referendum, sólo el pueblo mexicano puede tomar tal decisión, preguntémosle qué opina de esta concesión y venta, que el Congreso reinstale la soberanía popular; es por eso que cuando nos enteramos de las declaraciones de altos funcionarios de Hacienda, de la Secretaría de Hacienda, cito: "Nos vamos a deshacer de todo menos de Pemex, por supuesto va a ser concesionado". Estas declaraciones, no desmentidas por cierto, nos llenan de indignación y les decimos,"si no pueden asumir la responsabilidad de vigilar y acrecentar los bienes nacionales, si no pueden o no quieren defender la soberanía nacional, entonces que renuncien y que se vayan, que dejen a otros más patriotas conducir los destinos nacionales". Gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Carlos Nuño Luna, del PAN.

El diputado Carlos Alfonso Nuño Luna:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

La postura del PAN respecto a la participación de la sociedad en materia de energéticos, surge de los principios de doctrina y de la plataforma política 1994-2000.

Acción Nacional, con la participación de diversos especialistas en cada una de las materias analizó la necesidad de llevar una mejor colaboración con el sector privado para llevar a cabo una política económica más sana y acorde a las necesidades del país. Es por ello, que no nos oponemos a la participación de la sociedad en materia de transportes, almacenaje y distribución de gas.

México tiene recursos energéticos suficientes para abastecer sus necesidades en esta materia y secundariamente generar excedentes para el mercado externo; en particular dentro del sector energético se examinó globalmente la política seguida hasta esos momentos encontrando una obsoleta estructura burocrática económica, llegando a la conclusión de que sólo a través de la creación de empresas se pueden generar empleos donde se apliquen verdaderos criterios de eficiencia para la optimización de sus funciones, reclasificando las actividades estatales y desplegando una efectiva participación de los particulares en la economía nacional.

Apoyando la privatización y la competitividad, es por ello que en el consenso realizado dentro de la comunidad panista, se plasmó en su plataforma política delineando los perfiles a seguir sin que se encuentren detrás de este trabajo una proyección que delimite los márgenes de participación específicos de cada sector.

Aclaramos, sin embargo; que en modo alguno planteamos que el Estado, como rector que es de la economía, debe permanecer al margen de estas actividades, todo lo contrario; pensamos que debe tener y hacer valer su autoridad en esta materia en procuración del bien común.

El Estado se ha reservado el monopolio de los principales energéticos en ocasiones su aprovechamiento lo capitalizado como un elemento de control político y de explotación económica. Este monopolio en buena medida genera el déficit de algunos productos energéticos, insuficiencia que se agudiza con el crecimiento del país.

Hoy en día Acción Nacional propone una reforma de fondo, buscando una política en la que se aplique un esquema de Gobierno en la cual la participación del Estado sea para establecer relaciones de justicia en la economía nacional en todas sus áreas. No obstante, Acción Nacional afirma, no niega, la existencia de áreas estratégicas que deben ser propiedad de la nación y de su actividad exclusiva, sino que deben abrir la posibilidad para que los particulares puedan participar subsidiaria y coordinadamente en el desarrollo nacional.

En su plataforma política 1994-2000, Acción Nacional propone una sana política de energéticos y pide reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución y las leyes reglamentarias en materia de energéticos, a efecto de redefinir los conceptos de propiedad nacional y actividades estratégicas reservadas en exclusiva al Estado, así como la participación del y los particulares en la explotación, distribución y comercialización de energéticos.

Asimismo, nuestra oferta política a los electores propuso en 1994 propiciar la libre competencia en la producción, generación, distribución y comercialización de energéticos, excepto hidrocarburos en estado natural, con una adecuada legislación que impulse su desarrollo.

En este sentido, para el sector energético, la propuesta de reforma de los artículos 27 y 28 constitucionales, son fundamentales, pues ahí se encuentra plasmado el concepto de propiedad nacional, el cual prohibe la participación de particulares en áreas primordiales de la economía.

El Partido Acción Nacional propone clarificar y definir la rectoría del Estado como gestor del bien común en cumplimiento de su misión subsidiaria y supletoria, donde se estaría redefiniendo el concepto de propiedad nacional.

Es conveniente entonces, revisar las estructuras de los organismos estatales del sector energético para hacer eficiente su operación; eliminar la corrupción imperante en ello y despolitizar su gestión; fomentar la investigación y aprovechamiento de fuentes alternas de energía como la solar, hidráulica, geotérmica, a fin de optimizar la explotación de los recursos no renovables y proteger el equilibrio ecológico.

Hemos estudiado las repercusiones que tendrán estas reformas en la economía, como un detonante en las inversiones y generación de empleos, por lo que en cumplimiento de su misión subsidiaria y supletoria, el Estado debe fomentar el aprovechamiento racional de los recursos naturales, estimular y coordinar todas las actividades adecuadas para la estabilidad y prosperidad de la economía.

La iniciativa privada es la más viva fuente de mejoramiento social. El Estado debe promover su mejor y más ordenado desenvolvimiento y garantizarlo. El Estado tiene el deber de velar, porque los frutos de la iniciativa privada tengan carácter social y hacer que esa iniciativa concurra siempre en el interés nacional y esté constantemente subordinada al bien común.

Por último, es importante señalar que consideramos indispensable fortalecer el federalismo, sujetando a la industria petrolera a los gravámenes de carácter estatal y municipal, en los términos de la legislación respectiva.

El hecho de haber participado responsablemente en la comisión con nuestras aportaciones, algunas de las cuales fueron incorporadas al dictamen, demuestra nuestro gran interés en el ramo petrolero.

En consecuencia, porque va de acuerdo a nuestra doctrina partidaria, porque coincide con nuestra línea programática, por la seriedad con que hemos participado en esta comisión y por la responsabilidad que debemos asumir con nuestro país, votaremos en lo general, a favor.

El Presidente:

Gracias, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar, en contra del dictamen.

El diputado Luis Sánchez Aguilar:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados:

La fracción priísta nos ha venido a decir aquí, por boca del diputado Heriberto Galindo y de Servando Andrés Díaz Suárez, éste a nombre de la comisión, que este dictamen se estudió en tiempo, que se han salvaguardado los intereses de la nación, que se procura la inversión productiva, que se crearán empleos, que esto no significa eliminar la responsabilidad del Estado y que se actúa con estricto respeto a las normas constitucionales.

Se necesita mucha audacia para venir a decir aquí en esta altísima tribuna, semejantes consideraciones, y que nos vengan a decir que se rinde homenaje a directores de la empresa, cuando están conmemorando y celebrando a Pemex, no con la democratización ni la salvaguarda de los intereses de la nación, sino con la entrega de esta empresa estratégica.

En algo sí han sido puntuales, dicen que hay que atraer capitales, que carecemos de recursos, sólo que no atinan, como en el caso del IVA, a encontrar una solución. Desde luego, toda industria requiere de recursos, requiere de inversiones.

Nosotros vamos a demostrar aquí, al igual que en el caso del IVA, genéricamente hablando que sí hay de otra, que sí hay manera de alentar ese proceso de desarrollo de la industria petrolera con recursos propios y que no se vale venir a decir aquí, porque es una falacia, es un acto de cinismo inaceptable ante la soberanía de la nación, que hay que entregar eso al capital transnacional porque se acabaron las opciones y las alternativas.

Primero, trataremos de aclarar de qué se ha tratado durante esta semana el debate sobre la oportunidad para la discusión de este tema. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué tal premura? ¿Por qué han vuelto de nueva cuenta a legislar a la velocidad no del sonido, de la luz, al rayo lasser.

Vienen a hacerlo porque están obligados a cumplimentar las cláusulas secretas que impuso el crédito Clinton-Rubbin. Por un puñado de dólares, como diría Sergio Leone, aceptaron la privatización de los ferrocarriles, de las telecomunicaciones y también la entrega del patrimonio de la nación, que es Petróleos Mexicanos. Es un acto traicionero, es un acto de obsecuencia inadmisible, porque la premura compañeros diputados, para esta fracción Social Demócrata no hay secretos, es que el señor Adrián Lajous, principal vendepatrias hoy por hoy, tenía que celebrar en Tejas un acuerdo con el nuevo jefe de la transnacional Shell Oil Co. ¡Imaginen ustedes con quién fue a firmar:

Esa empresa es hoy dueña de la antigua petrolera transnacional El Aguila, que el prócer Lázaro Cárdenas expropió en beneficio de la nación, y en efecto, este lunes anterior, el día 24, hace unas escasas horas en el tiempo, el señor Lajous fue a inaugurar, aquí se aplicó una práctica priísta, fueron a inaugurar la Refinería de Deer Pack. Digo práctica priísta, porque esa refinería ya existía desde tiempo atrás y claro, los priístas pueden inaugurar presas, túneles, canales, una y otra vez según convenga. Pues, a eso fue con el dinero de los contribuyentes el señor Lajous, con su apellido extranjero al extranjero a rendir pleitesía, a recibir instrucciones del nuevo jefe de Pemex.

Debemos recordar que ésta no es una historia reciente. Hace dos años, en marzo, el 14 de marzo de 1993, el anterior director de la paraestatal Francisco Rojas, fue a traficar con el anterior presidente de la Shell, señor Frank Richardson, la inversión y la creación de empleos que Pemex haría por 1 millones de dólares. Sí, compañeros, pero a crear empleos en beneficio de los Estados Unidos, porque esa inversión en lugar de haberse aplicado en México para procesar y refinar en territorio nacional, fue a verificarse en el exterior para estimular la economía, mas no la nuestra, la norteamericana, mientras aquí Pemex implementaba una política genocida para lanzar al desempleo en los últimos cuatro años, a más de 60 mil trabajadores, no tuvo empacho en procurar la creación de empleos para los norteamericanos.

Ahora se tiene que en una proposición legislativa se nos quiere engañar diciendo que no se privatiza nada, que no se corren riesgos, que no se venderán los ductos propiedad de la nación.

Insisto, cínicos como son bastará no construir por parte del Estado nuevos ductos, para que todos los que se construyan sean privados y extranjeros y bastará con que no se le dé mantenimiento a los que hoy son propiedad de la nación para que toda esa estructura quede también en propiedad de transnacionales.

Se nos quiere decir que no hay riesgos para la soberanía, y yo quiero recordarles, compañeras y compañeros diputados, que el riesgo ni siquiera es que vengan las guardias blancas a proteger los ductos, es más grave que ello. En tiempos de Carter, en tiempos de Spiegel Presinsky, el susesor del doctor Kissinger como asesor de Seguridad Nacional del Gobierno de los Estados Unidos, se aprobaron dos directivas de seguridad nacional: la 1224 y 1226 de aquel país, que establecen, la primera: toda línea de abastecimiento para la reserva petrolera estratégica de los Estados Unidos de Norteamérica forma parte de su seguridad nacional, la de ellos y la segunda: no tiene desperdicio, que el Ejército de los Estados Unidos esté facultado para preservar aquellas líneas, y que en caso de riesgo deben ser protegidas, defendidas nada menos que por los heroicos marines, los soldados de Estados Unidos.

Y si ese país ya demostró, por acuerdo nada menos que de su Suprema Corte de Justicia, que son capaces de enviar mercenarios a arrestar y a aprehender por doquier en el planeta a quienes violenten sus normas, qué no harán cuando alguien ose dinamitar un ducto, oleoducto, gasoducto. Estarán aquí invadiendo el territorio mexicano, porque los propietarios particulares, compañeros, de esos ductos, les aseguro que no van a llamar a la policía preventiva del Distrito Federal.

Los granaderos están para reprimir choferes de Ruta-100, cuando se trate de asaltar las líneas que conducen el vital líquido para la maquinaria de guerra y del complejo militar industrial de los Estados Unidos, los soldados de aquel Ejército, no lo duden compañeros diputados, vendrán acá.

Cuando decimos nosotros que no se puede engañar al pueblo con que por necesidad de recursos hay que entregar la patria al imperialismo norteamericano, cuando desfachatados individuos como ese señor Valenzuela, de la Secretaría de Hacienda, vocero del señor Ortiz Martínez, dice que todo estará en venta, salvo Pemex, y que aquí empiezan a venderla, cuando dicen que se requieren recursos, hablan de 14 mil millones de dólares por estas ventas de garaje, a precio de cuates para los compinches, los compadres, como en el sexenio ominoso de Salinas también están mintiendo, porque sí es posible recaudar esa cantidad con recursos nacionales.

Vamos a hacer aquí una propuesta social democrática. Bastaría con que el Gobierno venda sus intereses en empresas extranjeras, como en la Red Sol de España y en la citada de Stir Pack. Ahí tendríamos inmediatamente un fondo de 5 mil millones de dólares para los ductos de los mexicanos, para la petroquímica en beneficio de los mexicanos, sin venderla.

Pero también podríamos tener en un plan, hoy están de moda en 1995-2000, un presupuesto integrado de aproximadamente 70 mil millones de dólares, que se recaudarían de la siguiente forma: habría que desincorporar, sí, Pemex, pero no de la propiedad del Estado ni de la nación, sino del Secretario de Hacienda que la exacciona, que le chupa la sangre cual vampiro moderno, que la descapitaliza para mantener un aparato burocrático para financiar campañas onerosas, para defraudar electoralmente al pueblo, sexenal, trienalmente, en todo tipo de elecciones, compañeros, federales, estatales y municipales.

Habría que darle a Pemex el tratamiento que merece toda empresa productiva y en lugar de aplicar ese espíritu y práctica, valga la redundancia, de codicia financiera, simplemente cobrarle el 35%, de impuestos, como corresponde a cualquier otra empresa de este país, sobre su utilidad bruta y haciendo un cálculo sobre 100 mil millones de dólares de utilidad bruta prevista, tendríamos 65 mil millones para la reinversión.

Si a eso sumamos los ingresos o aportaciones que se podrían hacer por parte de la Comisión Federal de Electricidad, por una nueva Comisión Federal de Telecomunicaciones, por una nueva Comisión Federal de Minas, que podría integrar lo que aquí podríamos denominar una Comisión Nacional del Patrimonio del Estado, este Gobierno o un Gobierno patriótico, podría disponer de 70 mil millones de dólares, cinco veces lo que pretende Ortiz Martínez con su venta de garage.

Esa cantidad es suficiente para poder garantizar y detonar el desarrollo en los ámbitos, no sólo del gas, sino también en los de la industria petroquímica, porque no nos vengan a decir que no la van a desincorporar.

El señor Lajous ya fue a hablar a Tejas con el nuevo de la Shell, para decir que ahí tiene en catálogo nada menos que 62 plantas a su disposición, esas plantas son las que hoy el Gobierno irresponsable está ofreciendo en su menú, en su catálogo, para los inversionistas petroleros internacionales.

El señor Caroll ya recibió la oferta, y además debo decir ya recibió la buena nueva, el evangelio, el mesías Lajous fue a decirle el domingo que todo está en marcha y como prueba, como prenda, dijo, que esta cámara había recibido en sabadazo legislativo, otro albazo, el fin de semana pasado, la propuesta para la privatización. El señor Caroll ya agradeció y desde luego ya ofreció venir aquí para propalar sus nuevas inversiones.

Compañeras y compañeros diputados: hoy, los mexicanos patriotas debemos enfrentar a esos traidores que gritan de dentro de esta cámara y fuera de ella, votemos en contra de éstos que pretenden enajenar la soberanía y la seguridad de la nación.

No tomemos en cuenta ni demos crédito a expresiones como las del diputado Heriberto Galindo, que dice aquí que se garantiza que el país sale de la crisis.

Nosotros consideramos que no corresponde a la realidad esa frase de la diputación priísta. No van a sacar al país de la crisis, nos van a hundir más en ella.

Por eso pido, señores legisladores con sentido patriótico, que antes que la fracción priísta se acabe al país, urge que los saquemos a ellos, al PRI, del Palacio Nacional.

El Presidente:

Gracias, diputado.

Tomando en consideración que han transcurrido las cuatro horas reglamentarias de la sesión, esta Presidencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 28 del Reglamento para el Gobierno Interior, a fin de concluir los asuntos pendientes en cartera, acuerda prorrogar la presente sesión hasta cumplir con el orden del día.

Tiene el uso de la palabra el diputado Oscar Cantón Zetina, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, a favor del dictamen.

El diputado Oscar Cantón Zetina:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras diputadas y compañeros diputados:

En mi calidad de integrante de la Comisión de Energéticos de esta Cámara de Diputados, he decidido pasar a esta tribuna, para manifestar a ustedes, algunas de las razones por las cuales votaré a favor del dictamen sobre la iniciativa de reformas y adiciones a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, mediante la cual será posible que el sector social y el sector privado participen junto con el sector público, en las actividades conexas de transporte, almacenamiento y distribución de gas.

Al respecto encuentro diversas razones, muchas ventajas que son muy importantes en materia de política petrolera y hasta de seguridad nacional y que también sientan las bases para encontrarle salidas al estancamiento en que se encuentra la industria del gas y su uso en diversos procesos productivos.

Por supuesto, tengo la plena convicción, de que esta iniciativa, una vez convertida en ley, reforzará la rectoría del Estado en la materia y el dominio de la nación en lo concerniente a los recursos petrolíferos y a los procesos para su industrialización y comercialización.

Es un acto de soberanía nacional, de seguridad nacional, que seguramente garantizará que no teníamos importaciones de este vital energético, para el desarrollo nacional. No se privatiza nada, no está en subasta Petróleos Mexicanos, no está en regalo ningún bien de la nación, que lo único que se pretende es fomentar la industria del gas, para que haya un mayor bienestar para los mexicanos, para que se proteja el ambiente, para que haya mayor número de empleos, para que haya una mayor equidad en el desarrollo de la industria nacional.

Hay una razón muy simple, muy fácil de entender, ¿por que tenemos que producir gas? Es una razón de calidad de vida, es una razón de que en 1998 entrarán en vigor normas mexicanas ecológicas, que obligan la sustitución del combustóleo que se utiliza en las plantas de energía eléctrica, en las termoeléctricas, en las zonas más críticas en términos ambientales.

Esto también como pronóstico de aumento del consumo de gas de nuestra industria, prácticamente duplicaría en seis años, el consumo actual de gas y si ahorita estamos importando un poco menos del 5%, ¿qué pasa si dejamos que la industria siga estancada?, ¿qué pasa si no logramos que haya un repunte en la producción? Esto, entonces, es una medida que llevará bienestar a todos los mexicanos y no importa entonces, si son de un partido o de un sueño político, cualquiera que sea la bandera. ¡No importa!, somos todos los mexicanos.

Otra ventaja, otra enorme, yo diría aportación de esta iniciativa, es un federalismo más fortalecido. Ya hicieron referencia de esto los compañeros del Partido Acción Nacional. En el seno de los trabajos de la comisión coincidimos en que tenemos que fortalecer golpe a golpe, tenemos que fortalecer a los estados y a los municipios.

Con esta reforma, así de simple, acabamos con la aberración que siempre Petróleos Mexicanos esgrimía para no pagar impuestos estatales y municipales, para vulnerar los intereses locales y, claro, había una justificación, con esto, se está pretendiendo que tengan posibilidad los municipios sobre todo, los estados también, de ingresos, de ingresos fiscales. Por ejemplo, se han puesto ustedes a pensar ¿cuánto significa en dinero que la empresa pague el impuesto predial de todas sus instalaciones, de todos los ductos, de todo lo que posee?, ¿saben que ahora no se paga.

No es justo, entonces, que el daño, que el daño que ocasiona la industria petrolera no se revierta en un beneficio precisamente para reparar ese daño. Yo creo que es una gran aportación que se contempla muy bien en el artículo 9o. al eliminar esa excepción que tenía el Poder Federal.

También, otra de las ventajas, una más, que va a tener esta iniciativa, estas medidas que se contemplan en esta iniciativa presidencial es ayudar a un desarrollo regional más equilibrado. Vamos a combatir el mapa de la injusticia y del empleo, que me permití que les repartieran ahorita, espero que los tengan ya en sus manos. Ustedes verán, en forma muy gráfica, ¿qué es lo que pasa?, que los gasoductos llegan a menos de la mitad de los estados del país y en algunos casos los gasoductos están como simples tuberías para sacar el gas, como es el caso concreto del Estado de Campeche o del Estado de Tabasco. ¿Esto qué va a permitir?, que un energético que es barato, que es limpio, que es más seguro en su manejo a través de gasoductos, va a llegar, va a poder llegar a todos los rincones del país, siempre y cuando pueda haber recursos para que se haga la infraestructura correspondiente. Esto, el que participen los sectores social y privado en la transportación, en el almacenamiento y la distribución del gas, va a ayudar a que demos ese jalón definitivo para que sea un desarrollo más equilibrado.

Por cierto, hablando de hace ratito que dijeron que se iba a construir una planta de luz allá por Ciudad Juárez, allá, es un proyecto que tengo entendido es Samalayuca II y que está cerca de Ciudad Juárez. Ese proyecto estuvo en estudio, me informan, cerca de tres años, se aprobó hace un mes. Pero hay que recordar que ya el gasoducto llega a Ciudad Juárez. Lo único que se va a construir de gasoducto es de Ciudad Juárez a Samalayuca. Y esto, también hay que decirlo, la planta va a ser operada por Comisión Federal de Electricidad y el gasoducto que se va a construir el entronque, también será operado por una paraestatal que se llama Petróleos Mexicanos. No llevaba etiqueta ni va documentada, como pudiera haberse creído por alguna información que tal vez no era la adecuada.

Así entonces, con esta nueva distribución, vamos a poder lograr que en el país se den, se quiten, mejor dicho, esas desigualdades regionales. Solamente así vamos a poder tener un país cada día más fuerte y más vigoroso.

También en el dictamen que está a consideración de ustedes diputadas y diputados, hay algo que para los que vivimos en zonas petroleras es fundamental, conocemos el suplicio de la gente del campo, de cuánto tarda en cobrar a Petróleos Mexicanos por las indemnizaciones, cuando son afectadas sus tierras a consecuencia de la actividad petrolera.

Ahora, se está haciendo una reducción considerable del plazo en que Pemex tiene que pagar por ese daño causado y además, se está dejando, que el finiquito, de acuerdo con el avalúo y el peritaje de la Comisión Nacional de Avalúos, sea realmente el tiempo que lo marque. Se baja en síntesis el tiempo de un año a máximo seis meses. Claro, hay que recordar que los dictámenes técnicos llevan algún tiempo y por eso se está dejando ese tiempo como máximo. Pero esto, esto es muy importante para la gente del campo, para los campesinos que como decía el diputado Luis Priego Ortiz, no tienen resistencia económica para aguantar la burocracia, para aguantar los trámites, para aguantar la burla, para aguantar las vueltas que luego se les hace dar. Entonces, yo creo que es una bondad de esta iniciativa que está a su consideración.

Hemos escuchado a diputados que en todo su derecho demandan más tiempo supuestamente para discutir las iniciativas y los dictámenes sometidos a la consideración de esta soberanía. La verdad es que yo no entiendo para qué se hace esta demanda, pues con poco o mucho tiempo, ellos siempre van a decir que se legisla al vapor; nosotros diríamos que se rechaza también al vapor. Pero bueno, yo creo y lo digo con total seguridad, de que se ha hecho todo lo contrario en eso de legislar al vapor; al contrario, yo creo que el ambiente que privó en la Comisión de Energéticos fue y se ha reconocido y también quiero sumarme a ese espíritu respetuoso, profundo, serio y agregaría una palabra que a muchos les cuesta trabajo decirla: patriótico.

Por mayoría de razón, no por razón de mayoría, se ha buscado lo que consideramos es lo que conviene al interés nacional.

Compañeras y compañeros legisladores: el quehacer parlamentario es serio y trascendental. No descalifiquemos nosotros mismos nuestro propio trabajo, al decir que se legisla sobre las rodillas. No se trata de discutir indefinidamente una iniciativa, se trata de ir directamente al fondo de los asuntos, sin rodeos y filigranas. Y ésa es cuestión, no necesariamente de tiempo, sino de compromiso parlamentario, patriotismo e inteligencia.

Y como aquí en esta tribuna se ha hecho mención a un espléndido mexicano universal, a un gran director de Petróleos Mexicanos, a un inmejorable legislador, a don Jesús Reyes Heroles, yo quisiera terminar mi intervención en apoyo al dictamen que ha presentado la comisión, con unas palabras de don Jesús Reyes Heroles, porque creo que la luz reyesheroliana ilumina a todo México. Dice: "Coincidimos con Francisco Zarco, cuando dice: (respetamos todas las opiniones; estimamos a muchos de nuestros adversarios políticos, porque vemos en ellos convicciones y conciencia): pero también, a fuerza de ser sinceros y amparándonos en Zarco, queremos decir que nos repugnan los tránsfugas y los refractarios, aquellos que el gran duranguense calificaba como humildes servidores de las circunstancias y a los que nosotros llamamos, siervos del oportunismo, siempre renuentes a cumplir sus compromisos y a desempeñar sus obligaciones, ávidos sólo de gajes y prebendas." Hasta aquí la cita de don Jesús Reyes Heroles. Muchas gracias, diputados.

El Presidente:

Señor diputado Cantón, el diputado Pérez Duarte le quiere hacer una pregunta.

El diputado Alejandro Díaz y Pérez Duarte (desde su curul):

Tengo tres preguntas, en realidad.

La primera de ellas, es que de alguna manera usted insiste en hablar del bienestar y del bienestar, cuando ya tuvimos una compañía completa sobre el bienestar para la familia, que ha resultado en casi exactamente lo contrario. Yo quisiera que nos explicara un poco ¿a qué se refiere por el bienestar a las familias mexicanas, no al país en general, sino a cada una de las familias mexicanas, cuando se habla de que se va a lograr? Esa es la primera pregunta.

La segunda es: ¿por qué no se puso explícitamente en el articulado la obligatoriedad del pago de impuestos estatales y municipales y nada más se deja abierta la posibilidad en la exposición de motivos, pero no en el articulado.

Y por último, cuando usted habla del gas, de que hay importaciones de gas que van a ser sustituidas, hay dos tipos de gas: uno que se importa porque no hay producción suficiente en México y uno que sobra porque a la hora de extraer el petróleo sale y es el que se puede aprovechar con los ductos. Yo quisiera que nos explicara un poco más al respecto, porque creo que hay alguna confusión. Y si fuera así, yo volvería a hacer uso de la palabra. Muchas gracias.

El diputado Oscar Cantón Zetina:

Con mucho gusto, diputado Pérez Duarte. Mire usted, ¿qué es lo que llamo yo bienestar, que va a propiciar bienestar para los mexicanos si desarrollamos con mayor profundidad, con mayor vigor la industria del gas.

En primer lugar, que hay la posibilidad que llegue a las casas mexicanas, el gas, sin el riesgo del manejo que significa estar agarrando tanques de 20, 30 y 40 litros, con el riesgo que lleva trasladarlos desde poblaciones muy lejanas por todas las carreteras, como acaba de pasar un accidente en Morelos, en donde estalló una pipa, sin esos riesgos que significa manejar un elemento peligroso, por un lado.

Por otro lado, indiscutiblemente que es más barato el energético y vamos a poder entonces conservar, por otro lado, los recursos naturales. Vamos a utilizar menos leña, menos carbón y por lo tanto vamos a aumentar la calidad de vida de todos los mexicanos.

Ese es el nivel de bienestar al que yo me refiero, que puedo ampliarlo en otros sentidos, pero creo que con eso podría contestar su primera pregunta.

Segundo. Dice usted que ¿por qué no se puso explícitamente en el artículo 9o., de que tenían que pagarse impuestos estatales y municipales? Pues precisamente porque lo que estamos intentando combatir es que no haya un centralismo, que no haya una imposición. Eso dejémoslo a la soberanía de los congresos de los estados, porque si bien lo decimos ahí, en el espíritu, en la exposición de motivos está muy claro que dependerá de las legislaciones locales.

Ahí lo que se hizo fue quitar, quitar lo que consideraba como excepción para el Poder Ejecutivo Federal y donde entonces se decía que la industria petrolera en ningún momento podía ser gravada por un impuesto federal o estatal. Esto era lo que entendía.

Entonces yo creo que realmente queda muy claro en esta forma. No podemos nosotros ocultar y yo no soy abogado, pero "tengo tres dedos de frente" y entonces lo que no está prohibido, está ahí realmente delimitado para los estados y municipios.

Y me preocupa la mirada de mi compañero Peniche y Bolio, porque lo estimo y lo respeto mucho y quiero decirle que realmente soy un convencido de que esto va a ayudar a los estados y a los municipios.

Y tres. Parece ser que... yo si mal no entendí la pregunta es en términos de lo de ¿por qué vamos a importar gas? ¿Verdad, diputado? Si me permite nada más clarificar. La tercera pregunta era en cuanto a la importación del gas.

El diputado Alejandro Díaz y Pérez Duarte (desde su curul):

Hay dos tipos de gas, el gas natural y el gas licuado. El que importamos es el licuado propano, que es el que se trae de Estados Unidos, porque no hay producción suficiente en México. Habría que sacrificar producción de petróleo para no hacer gasolinas para ese tipo de gas. Y el gas natural que se extrae con la explotación de los mantos petrolíferos.

Usted dice que vamos a ahorrar un gas por el otro. Pero el problema es que tienen dos modos muy distintos de conducción, de transportación, de ocupación, hasta inclusive de quemado.

Entonces, yo quiero que me precise usted si esto lo tenía contemplado o simplemente habla de cifras totales en función de gas, sin especificar qué tipo.

El diputado Oscar Cantón Zetina:

No, yo me refería en términos genéricos al gas natural, por supuesto, que es lo que ahorita es la mayoría que se consume. Que si estamos de acuerdo de que se incrementará la demanda por la entrada en vigor de las normas ecológicas y por un crecimiento esperado de la planta productiva, entonces automáticamente va a aumentar la demanda de ese gas. Y que al no haber capacidad de producirlo en México, necesariamente tendríamos que importarlo.

A eso me refería yo, diputado. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra la diputada Ifigenia Martínez Hernández, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, en contra del dictamen.

La diputada Ifigenia Martha Martínez Hernández:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

En estos momentos de crisis nuestro país vive una amarga y dramática paradoja: entre más fuerte es la evidencia del fracaso del modelo neoliberal, entre más golpea la recesión al pueblo, más insiste el Gobierno en continuar y caer en los mismos errores, por medio de sus políticas de ajuste y cambio estructural.

En esa perspectiva se ubica la iniciativa que hoy tenemos que discutir y enfrentar, pues pretende compartir uno de los sectores estratégicos de la economía, consagrada como tal en nuestra Carta Magna, mediante el avance de la privatización, sin elementos que aseguren el dominio permanente de la nación sobre la industria del gas y con su entrega a los intereses del capital transnacional.

El sector energético confronta ciertamente limitaciones y rezagos, pero éstos se deben a la equivocada estrategia que se ha seguido en la materia durante los últimos 12 años y que se pretende hoy profundizar a pesar de las evidencias de su fracaso y de sus enormes costos para la nación.

Antes de abordar el tema, conviene tener presentes tres aspectos elementales de la economía energética. Primero, la disponibilidad de recursos energéticos que no tienen todos los países y el nuestro sí, su utilización racional y la diversificación de sus fuentes. Nosotros tenemos sobre todo hidrocarburos, petróleo y gas.

La industria energética es una industria, no es nada más el petróleo, no es el petróleo crudo, que es lo más rentable de acuerdo con un criterio de empresario mercantil y no de empresario de una industria nacional. Sus grados de integración, su organización productiva y contemplar el tránsito a fuentes alternativas sustentables.

Y en tercer lugar y no menos importante, el escenario internacional, debido a la importancia estratégica del petróleo y al control oligopólico del mercado.

Hace unos días apareció en el periódico la denuncia de cómo bajaron el precio del petróleo las transnacionales en combinación con Washington y el Pentágono, para contribuir a arruinar a la Unión Soviética y de paso también nos llevaron a nosotros.

El petróleo es un producto doblemente estratégico para el funcionamiento de una economía industrial, por su carácter de energético y por ser proveedor de materias primas para elaborar una serie de derivados, de los cuales los petroquímicos son clave para otras industrias, la militar entre ellas. Por estas razones los yacimientos del petróleo y gas forman parte del concepto de seguridad nacional y no deben ser tratados como simples mercancías, sino como recursos estratégicos fundamentales para la seguridad económica y la soberanía del país.

Además, por su carácter de recursos no renovables y altamente contaminantes, cuando se les utiliza como combustible es necesario encontrar fuentes alternas de uso masivo. Para el futuro inmediato, sin embargo, los hidrocarburos aumentarán su importancia, en vista del rechazo a la continua expansión de plantas nucleares, pues la fusión no se podrá utilizar comercialmente sino hasta la primera mitad del Siglo XXI.

Parece mentira que tengamos que referirnos a estos elementos, si no fuera porque después de haber leído los informes de Petróleos Mexicanos y las líneas de política de esta empresa, no parece que tengan en cuenta estos fundamentos, sino que sólo están preocupados por aumentar el valor económico de lo que están vendiendo, sin tener para nada en cuenta la seguridad de la nación.

Para el caso concreto de la reforma en la ley reglamentaria del artículo 27, conviene hacer una rápida revisión de los problemas que confronta la industria energética nacional en el momento actual.

En primer lugar, cabe destacar el manejo antinacional y depredador con que se ha manejado Pemex de 1982 a la fecha, víctima de una grave exfoliación fiscal, el despilfarro, por no decir la malversación de la renta petrolera de la que se ha hecho en estos últimos 12 años.

La renta como se sabe es el excedente de vender a precios del mercado un recurso no renovable menos el costo de exploración, extracción, conducción y mercadeo, es decir, por éso es tan codiciado, el costo del petróleo que se saca, no se repone, lo único que cuesta es esto, es sacarlo. La pesada carga tributaria a la que se le ha sometido, ha venido acompañada de grandes restricciones a la inversión y gastos de amortización y mantenimiento de la industria con el resultado de rezagos en el desarrollo de su planta productiva y de graves desatenciones en los gastos de mantenimiento que ya han producido lamentables y costosos accidentes que todos conocemos.

La capitalización ha disminuido como porcentaje del producto interno bruto, los impuestos, la carga fiscal, han pasado de representar el 25% del PIB del petróleo en 1970 al 50% en 1980 y al 200% en 1990; es decir, los impuestos que paga Pemex son mayores que el valor del producto interno de la industria petrolera. Esto es así, porque los impuestos son sobre el valor bruto de la producción y como ustedes saben, el producto interno bruto es el valor neto, entonces la carga, ninguna empresa privada, ninguna, hubiera podido soportar esta exfoliación que han hecho el Gobierno y la Secretaría de Hacienda.

En segundo lugar, tenemos el problema de la pignoración de los ingresos presentes y futuros de las exportaciones petroleras para el efecto de los desafortunados acuerdos que acompañaron al paquete financiero negociado con los Estados Unidos.

Los programas de inversión de Pemex, sufren ahora de incertidumbre, pues deben condicionarse a la disponibilidad futura de divisas en el contexto de las garantías otorgadas a los créditos norteamericanos.

En tercer lugar, tenemos la desindustrialización de Pemex y el énfasis en la exportación de crudos, eso no es sino otro paso más en hacer de Pemex un exportador de petróleo crudo, en aumentar los gastos sin exploración en las reservas, porque no les importa a sus actuales titulares, el petróleo y la industria como parte de un vínculo, de una cadena que desarrolle la industria nacional y que ahora sí, a través de un combustible barato, mejore la calidad de la vida de los mexicanos que habitan en las regiones tropicales o en las regiones frías, que faciliten la labor de las amas de casa, eso para nada lo tienen presente.

Entonces la desindustrialización de Pemex y el énfasis en la exportación de petróleo crudo, también la reducción por decisión del Ejecutivo en los años aciagos del neoliberalismo de los productos incluidos en el cuadro de la petroquímica básica de 66, que los han ido reduciendo paulatinamente, ya nada más quedan ocho y hoy enfrenta incluso la amenaza de venta de algunos de los complejos petroquímicos más importantes que posee y que han sido elaborados con recursos que pertenecen a la nación.

En cuarto lugar, está el peligro de la internacionalización de la industria, el Gobierno está desplegando una incorrecta e ilegal política de apertura de la inversión privada en la generación de energía eléctrica, con la consecuencia de que este sector va a irse estructurando cada vez más conforme a las prioridades de las em presas eléctricas transnacionales y no en la perspectiva del desarrollo nacional.

La apertura de la inversión privada y extranjera en el gas, que se pretende con la actual iniciativa, completa un cuadro en que el Estado mexicano continúa perdiendo el control del desarrollo energético de la nación. Cabe señalar que el continuado dinamismo de este sector ha sido uno de los pilares que en el pasado permitió la articulación de un proyecto de desarrollo económico y social. Esto fue lo que permitió, señores, llevar la electrificación a casi todo el país, a casi toda la República.

Frente al evidente hecho del quebrantamiento del control y dirección del sector energético, el Ejecutivo presenta un conjunto de argumentos insustanciales para justificar su equivocada y sumisa estrategia.

El meollo de las reformas a la ley reglamentaria consiste en trasladar la convicción, almacenamiento y distribución del hidrocarburo gaseoso de actividad estratégica, reservada exclusivamente al Estado, al concepto de actividad prioritaria que admite la participación de los sectores privado y social y no se nos diga que con esto no se lesiona el artículo 27.

Se señala que la apertura del capital privado de la industria gasera, permitirá que Pemex se concentre en la que nos señala como la actividad más redituable de la industria, la explotación del crudo, pero resulta que las grandes empresas transnacionales tienden no a ser productoras de crudo nada más, sino a la diversificación industrial pero en su propio territorio. Este era un contraste entre la mayoría de los países de la OPEP, que eran simples exportadores de petróleo crudo y México, que es un país que no sólo es exportador de petróleo crudo, sino que tenía todo en la industria integrada, una industria nacional integrada.

Es evidente que la industria del gas tiene un promisorio futuro ante la perspectiva de una acrecentada demanda que muy probablemente elevará los precios, es también conocido el hecho de que la rentabilidad de la industria gasera aumentará si al entregarse al sector privado se permite la asociación de precios con ganancias y se eliminan los subsidios que hoy otorga Pemex y que han beneficiado a productores y consumidores nacionales.

Pemex, no tiene por qué concentrarse en una sola fase de la industria. Lo sabio, lo que hacen otras transnacionales petroleras, es diversificarse y diversificarse en las fases que incorporan mayor valor agregado y mayor complejidad tecnológica; es una oportunidad de desarrollo que no debe dejarse por ningún motivo, salvo que se quiera pagar un gran costo de oportunidad en el futuro.

Se ha pretendido argumentar asimismo, que la apertura se justifica por los requerimientos de recursos frescos que no se tiene, pero Pemex precisamente cuenta con cuantiosos recursos, más bien dicho: produce cuantiosos recursos. La alternativa consiste... ésta es la verdadera alternativa... en liberar a esta industria de la pesada carga fiscal que la asfixia, en permitir que mejore su eficiencia y reduzca desperdicios que no negamos que los hay y muchos, con estas administraciones, pero también existen alternativas consistentes en la posibilidad de captar ahorro nacional en el interior y el extranjero por la vía de emisión de títulos que podrían denominarse gaseobonos, donde quieren al haber rendimientos seguros y atractivos, pero también otros financiamientos externos no condicionados y a costos razonables para expandir la industria.

Alternativas existen, pero el argumento de fortalecer o bien podría también facilitarse, la participación del capital privado en forma minoritaria, en fácil almacenamiento y distribución del gas, pero no de su transporte en empresas mixtas, filiales de Pemex.

Como ustedes ven entonces, no se ha hecho un estudio a fondo ni con voluntad política de las alternativas de financiamiento de la industria más rentable del país y en comparaciones internacionales que han publicado las mismas autoridades de Pemex, es una de las industrias más rentables del mundo.

No en comparaciones absurdas de cuantos empleados hay por producción de pozo petrolero, sino en pesos y centavos. ¿Cuánto rinde Pemex en relación con sus activos, en relación con sus costos de producción?, y es de las más rentables del mundo. Si es así, entonces ¿por qué traspasar una actividad que puede seguir dando recursos a empresas privadas que desde luego van a ser nacionales y extranjeras.

Aquí hay gato encerrado, aquí las cosas no se están hablando por lo claro, aquí hay compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional y con el Gobierno de Estados Unidos, compromisos en el sentido de que se continuará con las privatizaciones y la privatización más rentable y que dejará pingües ganancias, son las que estarán asociadas con las industrias del gas, con la industria gasera.

Señores, no permitamos esta traición a un recurso que es de la nación, la nación no es el Gobierno Federal, como aquí claramente ya se dijo, se es del Gobierno Federal y todos los gobiernos locales y municipales; la nación no es la Secretaría de Hacienda, la nación no es el Secretario de Hacienda ni tampoco el Presidente de la República.

Por todas estas razones, por la precipitación, por tratarse de un asunto de gran y de enorme interés, por ser la primera empresa del país y una de las primeras y más grandes del mundo, es por lo que pedimos que no se apruebe esta iniciativa, hasta que no sea estudiada en todos sus aspectos. Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, diputada.

Tiene la palabra el diputado Jesús Durán Ruiz, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, en pro del dictamen.

El diputado José Jesús Durán Ruiz:

Con su venia, señor Presidente; señoras y señores diputados:

El gran potencial que tiene la nación en energéticos, no ha sido utilizado de una manera apropiada, de tal forma que éstos aporten al país las divisas necesarias para lograr el desarrollo que tanto necesitamos.

El país tiene grandes recursos energéticos suficientes para lograr el crecimiento sostenido y tratar de salir de la crisis donde se encuentra ahora, por falta de visión y en parte por corrupción.

El Estado se ha reservado el monopolio de los grandes y principales energéticos. Su aprovechamiento lo ha capitalizado como un elemento adicional de control político. Este monopolio genera grandes déficits de algunos productos energéticos, insuficiencia que se agudiza con el crecimiento en estos días.

Ahora estamos exportando grandes cantidades de crudo, pero a la vez, estamos importando grandes volúmenes de gasolinas. Lo que necesitamos es modernizarnos. Para no depender del extranjero, ahora sólo le estamos vendiendo materia prima y lo que se necesita es tener valor agregado.

Debido a la utilización que se le da ahora a los ductos, que se encuentran a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana, no compensan los grandes daños que ha provocado la industria petrolera, a los lugares donde se realizan los trabajos de explotación, exploración y conducción. Es necesario promover también la participación de la iniciativa privada, en áreas donde Pemex no ha podido avanzar, para que los ductos que ahora transportan pequeñas cantidades de gas natural, y algunos que ni siquiera eso, ahora puedan ser rentables transportando las cantidades para las que fueron construidos, evitando la quema del gas, como sucede en algunas partes del sureste del país y buscando su aprovechamiento como un energético que pueda promover el desarrollo deseado.

En el artículo 7o. de la ley reglamentaria del artículo 27, en el ramo petrolero se están incluyendo grandes cambios en la indemnización a los propietarios de los terrenos afectados por donde pasan los ductos. Anteriormente la indemnización por esos terrenos tardaban años en ser pagadas y a la fecha algunos no han sido pagados. Ahora se fija un término de máximo seis meses para el avalúo y el pago de dicha indemnización.

La participación de la iniciativa privada dará un impulso a esta actividad, el cual debe de generar empleos y divisas para el país al vender los excedentes al extranjero.

Los permisos también deberán generar competitividad y lograr optimizar la industria petrolera. Con los cambios a la ley reglamentaria, pensamos que se deben de dar las condiciones para mejorar, tomando en cuenta que Pemex no ha invertido para lograr el aprovechamiento de gas natural.

En la frontera norte del país está el Golfo de Sabinas, que está siendo explotado solamente del otro lado de la frontera por los Estados Uni dos. México está sin explotar ese manto de gas natural que es riqueza de todos los mexicanos.

La mejor manera de aprovechar nuestras riquezas es explotándolas racionalmente en beneficio de los mexicanos.

El gas natural entubado se puede transportar a las grandes ciudades y a precios más accesibles que el gas licuado. Al permitir la participación de la iniciativa en el almacenamiento, transportación y distribución de gas natural, evitamos que Pemex distraiga sus recursos, sus actividades prioritarias y estratégicas, logrando su eficiencia y que pueda ser más competitiva.

En consecuencia, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional considera que los cambios logrados son positivos. El sentido del voto será a favor. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Saúl Escobar, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Saúl Alfonso Escobar Toledo:

Gracias, señor Presidente; compañeros legisladores:

Mi presencia en esta tribuna obedece a que se habla mucho y el diputado que me antecedió lo hizo, se habla mucho de que hay que modernizarnos y se habla también de que con esta medida que hoy estamos discutiendo vamos a avanzar en esta modernización.

Pero lo que no se ha dicho, y por eso me parece que el razonamiento es incongruente, es que para transportar el gas, para conducir el gas por los ductos, primero hay que producirlo diputado y éste es el problema. ¿De dónde va a venir el gas que va a ser conducido por los ductos? Y entonces el problema que nos estamos planteando aquí es que no puede haber modernización si no hay producción de gas que después pueda ser conducido y, esto es, lo que ni los legisladores del PAN, ni los legisladores del PRI nos han aclarado. Pareciera que el gas va a surgir divinamente, por obra y gracia del Espíritu Santo y que gracias a que ahora la conducción de gas va a ser materia de particulares, éste va a fluir naturalmente.

¿Y dónde está la producción, de dónde va a venir la producción? Y aquí nos enfrentamos a un problema muy serio, señores legisladores, y el problema serio es que para que una distribución del gas y transporte del gas sea productiva tenemos que tomar en cuenta los costos de producción y pensar que estos costos de producción sean lo suficientemente bajos para obtener una rentabilidad adecuada, porque si efectivamente vamos a privatizar la conducción y el transporte tiene que ser una empresa rentable.

Por lo tanto es preocupante que el capital privado extranjero, o nacional, para obtener una rentabilidad suficiente; es decir, para recuperar su inversión, obtenga el gas a un costo muy bajo que no cubra y ése es el problema, los correspondientes costos de explotación y exploración realizados por Pemex; es decir, en todo caso nos veríamos obligados a regalar nuestro gas para hacer de esa industria privada ahora una industria rentable, pero esto obviamente gravitaría no solamente en las finanzas de Pemex, sino en el conjunto de la economía nacional, obsequiando el valor de esta renta propiedad de todos los mexicanos a unos cuantos inversionistas que obtendrían beneficios que deberían ser aprovechados por el Estado para el beneficio de los mexicanos.

Entonces nosotros estamos preguntando, ¿cómo hacer, en qué basan sus supuestos para decir que la modernización va a venir automáticamente con la privatización del transporte y la conducción del gas, si no está resuelto el problema de la producción.

Nosotros en cambio pensamos que esta propuesta que hoy nos ocupa obedece a una razón distinta y a un planteamiento del país completamente distinta a la que se está diciendo aquí y para ello quiero citar un libro, una revista que se llama The N. L. Journal de 1994, que en una edición especial dedicada precisamente a los problemas del petróleo señala en uno de sus párrafos: "aunque muchos mercados regionales están aislados unos de otros, hay una tendencia para extender la infraestructura de los ductos y habla del gas, en muchos de los mercados más grandes, haciendo posible vincular campos más pequeños y aislados a la línea del ducto y tener una visión regional más amplia de lo que constituye un mercado".

Por ejemplo, Norteamérica es vista cada vez más como una región integrada en el Nafta, en el Tratado de Libre Comercio, en donde la oferta de Canadá y los mercados mexicanos están vinculados cada vez más cerca a los Estados Unidos.

Es decir, el proyecto que hoy estamos discutiendo no tiene realmente la intención ni de modernizar, ni de procurar un mayor desarrollo económico industrial del país. Esta propuesta está directamente vinculada a la idea de una integración comercial y productiva cada vez mayor con Estados Unidos y Canadá dentro del proyecto del Tratado de Libre Comercio.

Y esto por sí no es lo malo, lo malo es que hasta ahora los resultados de esta integración productiva no han sido beneficiosos para el país ni han traído la modernización que se proclama. Lo que ha traído esta integración subordinada es, por el contrario, una desindustrialización del país, un mayor estancamiento productivo y una pérdida de soberanía nacional.

Compañeros legisladores, no nos hagamos patos, no queramos inventar tesis de modernidad que no están sustentadas, no caigamos en la tentación de creer que siendo una estrella más en la bandera de los Estados Unidos, por lo menos desde el punto de vista productivo, vamos a mejorar las condiciones productivas del país.

Busquemos un desarrollo soberano basado en nuestros recursos y en nuestra soberanía. Por ese camino está efectivamente la modernización pero una modernización para y con los mexicanos. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra el diputado José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo, en contra. Tiene el uso de la palabra el diputado Jaime Arceo Castro, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

El diputado Jaime Jesús Arceo Castro:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados:

Yo quisiera que me permitieran, en el inicio de mi intervención, unirme también al reconocimiento de aquellos que han forjado, que han sabido construir la industria petrolera, que es orgullo de México y patrimonio de todos los mexicanos, me refiero a un reconocimiento a todos los ingenieros, a los técnicos y, por supuesto, a los trabajadores de Petróleos Mexicanos.

A mí me parece que en este debate han surgido puntos muy interesantes, que no obstante parecieran estar fuera del tema, creo que si no es en este propio debate, habremos de retomarlos en las próximas sesiones que esta Cámara de Diputados tendrá a lo largo del año y me refiero concretamente a los aspectos de política energética que varios legisladores han tratado y particularmente la diputada Ifigenia Martínez.

A mí me parece que haciendo una abstracción de parte de lo que va a ser la política industrial y concretamente la política energética, debemos de reconocer como casi lo han hecho todos los compañeros diputados que han pasado a esta tribuna, la gran importancia creciente que tendrá el uso de este energético llamado gas en el futuro del desarrollo industrial del país.

Me parece que esto será al efectuarse el cambio de las estructuras institucionales y de mercado, no sólo del sector energético, sino de los propios esquemas de procesos productivos que habrá de tener nuestro país en un posible despegue industrial.

Yo aquí coincido con aquellos que afirman que del desarrollo industrial, en esa locomotora del desarrollo del país, la parte energética es primordial. Por eso el Estado no puede renunciar a la conducción de la política energética del país.

Permítanme hacer algunas referencias a lo que el diputado Curi, al inicio de esta sesión, hiciera en torno al tema que nos ocupa.

Debo reconocer que en el seno de la comisión muchas de esas cuestiones las hemos debatido ampliamente y también reconocer que muchas de las preocupaciones que el diputado Curi y algunos otros legisladores han externado en las diferentes reuniones tenidas en la comisión las compartimos ampliamente, otras no, pero creo que es necesario hacer un análisis de ellas.

Entre las preocupaciones que expresara el diputado Curi señalaba, entre una de tantas, que México es deficitario en cuanto al abastecimiento de gas, ciertamente en la actualidad tenemos que recurrir más o menos al 5% del consumo, para poder abastecer a nuestros clientes, en este caso a los clientes de nuestra industria paraestatal.

Y hacía una pregunta, cuando se refería a la actual capacidad de transportación de los ductos con los que cuenta Petróleos Mexicanos y que están subutilizados, ciertamente hay ductos de Petróleos Mexicanos que están subutilizados. Pero no podemos generalizar, hay algunos ramales que definitivamente tienen esa característica y concretamente podíamos ubicarlos en aquel aparentemente sueño exportador que tuvimos, al construir un oleoducto o poliducto de Cactus a Reynosa y que al no darse la pretendida exportación de gas, ahora lo tenemos subutilizado. Y es como yo le dije, en alguna ocasión, uno de los tantos cementerios que tenemos enterrados en infraestructura, quizá por fallas en la planeación.

Y decía que si tenemos una red de ductos sobrada, ¿Para qué más ductos?, y él mismo daba algunas opciones de respuesta, y naturalmente algunas de las opciones de respuesta son justamente para completar aquellos ramales donde sean necesarios, o sea los ubicaría en nuevos ductos.

Y efectivamente al dar algunos de los ejemplos de las necesidades imperiosas que tenemos de contar con más gas, se ubicaba concretamente a Tamalayuca, como una posibilidad para poder ampliar esta red de ductos.

Y bueno, vendría la siguiente pregunta, una vez que se defina que es para construir nuevos ductos, ¿para qué los vamos a usar? ¿De dón de va a proceder el gas? ¿Vamos a explotar nuevas fuentes de recursos energéticos o vamos a importar?, y realmente esto hay que verlo más que como una preocupación, como una alternativa.

Yo pienso que si hemos coincidido en que es necesario contar con mayor producción de gas para el desarrollo industrial, qué si es necesario contar con mayor producción de gas para el cumplimiento de normas ecológicas que pronto entrarán en operación en un corto tiempo en 1998, entonces deberemos contar con gas y las opciones efectivamente pueden ser importación, o pueden ser a través de la producción, explotando nuevas fuentes de recursos energéticos particularmente del gas.

Y aquí de nuevo surgen las dos posibilidades o una más de las preocupaciones que externaran nuestros compañeros y decía que a lo mejor, y esto es una suposición, porque no tenemos esa seguridad, los nuevos recursos de gas pueden provenir de una sobreexplotación de los recursos petroleros, principalmente del sureste, del golfo y nuevamente yo no lo vería absolutamente como una preocupación.

Si nos vamos al exceso o a las cifras que el diputado manejaba para hacer un incremento hasta llevarlo al doble de la explotación, seguramente todos compartiríamos esa honda preocupación. Pero si hay un incremento en la plataforma de explotación moderado, con lo cual tendremos mucho mayor gas del cual disponer; si hay un mejor aprovechamiento de aquel recurso de gas que actualmente por incapacidad de transportación y de almacenamiento lo estamos desperdiciando, pues seguramente podía haber una justificación.

Y si a esto aunamos que con la posibilidad de liberar recursos que no utilizaríamos para gastarlos en el transporte y los utilizamos en la exploración, explotación de posibles fuentes de abastecimiento de gas, tendríamos pues, dos alternativas y esta preocupación podría convertirse en una posibilidad de satisfacción y la podríamos borrar, quizá, durante mucho tiempo.

Tal vez para ilustrar un poco más el ¿por qué no lo llevamos al grado de preocupación?, yo diría lo siguiente. Si analizamos cuál es la situación energética que tienen los países de norteamérica, con los cuales tenemos una relación comercial y la vamos a seguir teniendo intensa y más ahora a través del TLC, podríamos también ubicar en su justa dimensión.

¿Qué es lo que pasa en este caso, por ejemplo, con el Canadá? Canadá tiene un consumo de gas de 6.7 miles de millones de pies cúbicos diarios, los Estados Unidos, de 56.3, México sólo 3.7 miles de millones de pies cúbicos diarios, lo que quiere decir es que Estados Unidos, claro, por su asimetría, tiene un consumo de más de 15 veces lo que tiene México y el Canadá casi del doble.

Si esto de alguna forma lo llevamos y lo ligamos con las reservas de gas que tiene cada uno de esos países, vemos que efectivamente el Canadá tiene 94.8 billones de pies cúbicos, los Estados Unidos 165 y México sólo 69.7.

Esto lo menciono, aunque sean cifras muy gruesas, porque seguramente nos podemos dar cuenta que México tiene recursos de gas suficientes si es que aceleramos la exploración y la explotación para poder satisfacer su mercado interno. Pero también tiene recursos, si así lo quisiera, para poder exportar. Yo creo que esto dependerá de la política energética en el marco de un programa de desarrollo industrial y por supuesto del Plan Nacional de Desarrollo.

Algunos compañeros de manera reiterada han hecho múltiples referencias a que...

El diputado Saúl Alfonso Escobar Toledo (desde su curul):

¿Permite una interpelación?

El diputado Jaime Jesús Arceo Castro:

Permítame terminar y con gusto al terminar acepto su pregunta.

Han hecho la advertencia de que a través de las modificaciones propuestas habrá una entrega de la riqueza petrolera y yo creo que no hay que hacer una generalización. Creo que la iniciativa, bien lo han señalado muchos, habla solamente de la transportación y parcial, del gas.

Creo que a lo mejor estoy hablando sin autorización, pero creo que ninguno de los diputados de esta LVI Legislatura, aceptaríamos legislar para entregar la riqueza petrolera. Ahí creo que habría una coincidencia de un no rotundo a la entrega de la riqueza petrolera.

Y yo quisiera mencionar, para finalizar mi exposición, que no obstante que algunos compartimos que el tiempo que marca el reglamento a vece es corto para un análisis profundo de iniciativas importantes, en este caso es un tema que en el seno de la comisión hemos debatido mucho. No encontramos, quizá los consensos generales, pero es algo que hemos debatido.

Y yo quisiera señalar que en el caso de mi partido, como lo han señalado algunos otros miembros de otros partidos, nosotros estamos a favor de esta propuesta, porque efectivamente coincide con los planteamientos que tenemos en nuestra plataforma y la cual estamos comprometidos a llevar adelante de ser posible con un cumplimiento estricto en el más alto grado posible.

Y que no sería ni siquiera democrático que como mayoría no pudiéramos llevar adelante modificaciones legislativas que estén de acuerdo con los principios de esa plataforma que nuestro partido comprometió ante los ciudadanos. Muchas gracias.

El diputado Saúl Alfonso Escobar Toledo (desde su curul):

Señor diputado, ¿me permite hacerle una pregunta.

La pregunta va en el siguiente sentido, usted acaba de afirmar que no sabe y creo que nadie en esta sala lo sabemos, ése es el problema, si México va a decidirse por una política de producción o de importación; si vamos a exportar o no vamos a exportar gas. Esto quiere decir que no existe un plan de desarrollo de la industria del gas ni que tampoco existe una política energética de largo plazo o por lo menos que ni usted ni yo ni nadie lo sabemos.

¿No le parece muy peligroso por lo tanto, aprobar una medida como la que estamos discutiendo, si desconocemos, o no existe una política energética de largo plazo.

El diputado Jaime Jesús Arceo Castro:

Compañero diputado, con todo gusto daré respuesta a su pregunta.

Yo no afirmé que no sé; yo lo que afirmé es que yo veía dos alternativas, eso es lo que dije. No quiere decir que no haya una política energética de largo plazo. Lo que sí le puedo decir es que de acuerdo con los documentos que obran incluso en el seno de la Comisión de Energéticos de esta cámara, tenemos varios de ellos, que nos permiten asegurar que sí existe una política energética y un programa de desarrollo energético y que podemos justamente hacer un análisis en el seno de la comisión para evaluar cuáles han sido los alcances.

Y aprovecho su pregunta para decirle que lo que sí no se podría, en una modificación a una ley o en una iniciativa de modificación a una ley, señalar cuáles pueden ser, de varias opciones, las que debe seguir el Gobierno para poder contar con el gas que se necesita. No creo que fuera necesario que en este documento figurara y pudiéramos amarrar al Gobierno a que hiciera la explotación en tal o cual manto posible. Yo creo que ése no sería el objetivo de la ley. Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, diputado.

Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Francisco Curi Pérez, de la fracción del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Francisco Curi Pérez Fernández:

Señoras diputadas; señores diputados; señor Presidente:

Vengo a la tribuna para plantear algunas precisiones respecto a las consideraciones que el señor diputado Jaime Arceo hiciera hace un momento, que me parece que es importante señalar, no sin antes destacar que el diputado Jaime Arceo, como una gente de las más enteradas sobre este problema, hemos coincidido con mucha frecuencia en nuestras apreciaciones y nuestras preocupaciones sobre estos temas.

En primer lugar, decir que en efecto, el sector energético, particularmente, más que otros, es un sector que requiere de una planeación con una gran precisión, porque sobre él descansa la planta productiva nacional y si no se toman plazos suficientemente largos para esta planeación, podemos incurrir en un déficit de energéticos, en lo general, que pudiera colapsar la industria y la demanda nacional pudiera rebasar esta posibilidad de ofrecer los energéticos correspondientes y evidentemente esto podría ocasionar un problema sumamente grave en el país y en cualquier país del mundo.

En estas condiciones, la previsión que se tiene del incremento en la demanda de gas, es algo totalmente previsible; aquí algunos de los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, han señalado con mucha precisión, que es probable que en estos próximos seis años se duplique la demanda de gas. Me parece que fue el diputado Cantón Zetina, si no mal recuerdo, el que señaló esta situación. Comparto yo esta opinión, como lo comparten algunas personas que están enteradas en la materia.

Como ustedes saben, lo señalaba también el diputado Jaime Arceo, nosotros tenemos un déficit de un 5% de gas natural. El asunto está en que casi todo el gas natural que nosotros estamos manejando en la República, es producto del gas asociado; es decir, es el gas que viene asociado con la explotación petrolera. Una fracción muy limitada es la que se refiere a gas seco; es decir, el que no viene necesariamente asociado con la producción petrolera, se da de manera única; ciertamente, con algún nivel de humedad, pero hasta ahí.

Si nosotros no prevemos que el gas seco del país, que lo tenemos en el norte del país, se explote, haciendo caso a los técnicos que en este momento hablan de que la explotación de este recurso representaría un problema de incosteabilidad, y nos vamos a lo que es relativamente sacar, que es el petróleo, para sacar de ahí el gas húmedo, el gas que necesitamos, yo utilizaría esta cifra para ver por qué razón estaba planteando una seria preocupación.

Primer hecho. En seis años se duplican las necesidades de gas en este país.

Segundo hecho. No vamos a explotar las reservas del norte de gas seco.

Tercer hecho. Nosotros tenemos ahorita una producción de 2.6 millones de barriles diarios. Con lo cual tenemos todavía un déficit de 5%.

Cuarto hecho. Si no explotamos el gas seco, tendríamos que incrementar la plataforma petrolera para poder abastecer a este país de gas en seis años. Si con 2.6 millones de barriles diarios no tenemos ni siquiera el 100% de la demanda cubierta y no explotamos el gas seco, ¿de dónde vamos a sacar el otro tanto que se requiere en este país en seis años?, o lo importamos o lo sacamos asociado al petróleo. ¿Cuánto representaría esto en incremento en la plataforma petrolera? Si es 2.6 millones para lograr ese otro 100% en seis años, estaríamos hablando de incrementarla cuando menos al doble.

El Presidente:

Señor diputado. Se le ha agotado su tiempo.

El diputado Francisco Curi Pérez Fernández:

Termino, señor Presidente. Nada más este hecho, al cual me refiero, es el que hace necesario que se especifique que el gas lo vamos a obtener de la parte norte del país, y quiero nada más puntualizar rápidamente con esto:

Yo no me opongo y creo que sería una torpeza, el pensar que en algunas áreas del norte del país no se tenga la necesidad de importar gas de los Estados Unidos, ejemplo, Mexicali o Tijuana. Sería más redituable tener el gas ahí, comprado a los Estados Unidos, que llevarlo hasta allá.

Pero todo esto que sea en determinados momentos debe ser perfectamente planeado y la demanda central, toral, de gas debe considerarse en función de: gas seco que explotemos en el norte del país y no del incremento en la plataforma petrolera, que en seis años tendríamos lo doble de esta plataforma y tendríamos también, ya, un mercado en el que varios de los principales productores de petróleo ya habrían entrado.

Ejemplo, el caso de Irak, que en este caso está con una absoluta imposibilidad de importación y que en los próximos años es muy probable que inunde el mercado también y ésto va a acarrear como consecuencia una baja o una posible baja en el precio del petróleo, cuando nosotros estuviéramos produciendo una cantidad mucho mayor. Resultado: tendríamos mucho petróleo y un precio internacional bajo. Entonces hay que tener cuidado. Muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Ocejo, del Partido Acción Nacional.

El diputado Jorge Andrés Ocejo Moreno:

Con su venia, señor Presidente; señoras y señores diputados:

Creo que vale la pena aquí hacer algunas precisiones sobre términos que se han vertido en algunas participaciones anteriores y en la propia que ha hecho el diputado Curi, en este momento y la que hizo al inicio de la sesión.

Nosotros hemos expresado, la bancada del Partido Acción Nacional, que se requiere apoyar la modernización del país. Esto está fuera de toda discusión. Creo que tenemos que hacerlo y buscar las alternativas y las formas como tenemos que hacerlo, y esto lo tenemos que hacer a través de mejores tecnologías y sistemas para manejar nuestros energéticos. Mejores tecnologías y nuevos sistemas para manejar nuestros energéticos.

Y en estas nuevas tecnologías o sistemas está incluido lo que hoy es la ley que se comenta, precisamente, la búsqueda del transporte, el almacenamiento y la distribución del gas, ya sea a alta presión en ductos grandes o a baja presión en las ciudades.

Requerimos el gas para nuestro desarrollo. Eso también es una premisa que nadie va a poder negar. Requerimos el gas para nuestro desarrollo y sobre todo que hoy no lo estamos usando en la medida que lo deberíamos de usar y por eso se prevé un crecimiento del doble. Porque hoy no lo usamos en la medida que se debería de usar, porque no hay ni siquiera los sistemas, porque estamos desperdiciando mucho en el gas asociado que sale de los pozos petroleros, porque no lo estamos aprovechando porque en nuestra planta industrial ni siquiera ha estado con esa posibilidad de tener ductos suficientes o bien operados que le permitan la llegada de ese gas.

Consecuentemente entonces no sólo es que... cuando se habla aquí por parte del diputado Curi en el sentido de que el problema del abastecimiento nos estamos desviando del problema de la conducción y de la utilización del gas. El problema del abastecimiento nos lo plantea en tres niveles: o lo importamos, o lo tomamos del gas asociado que sale con el petróleo o extraemos de los mantos nuevos de gas, de gas seco.

Consecuentemente ésas son las tres fuentes que tenemos y en esas tres fuentes nos tenemos que basar para poder plantear el desarrollo de México y el desarrollo de nuestra industria.

Bueno, en el segundo punto, en el asunto de la extracción del gas asociado, hoy lo estamos quemando, no quiere decir que no haya suficiente gas, no lo estamos aprovechando. En consecuencia, podríamos estar aprovechando volúmenes importantes de ese gas que hoy no se aprovecha y entonces estamos teniendo ahí un flujo de posibilidades de gas que no se nos está agotando, porque de por sí estamos sacando los 2.6 millones de barriles diarios de productos petrolíferos que traen gas asociado en mayor o en menor cantidad.

Entonces, como necesitamos el gas hay que sacarlo de cualquiera de las fuentes posibles, porque no vamos a paralizar nuestro país, sino al contrario, lo vamos a movilizar, y si no lo tenemos nosotros, como lo tendrían otros países, afortunadamente nosotros lo tenemos, pues lo tendríamos que importar en su caso y lo importaríamos en las mejores condiciones que pudiéramos conseguir como país. Pero después de ya haberlo importado pues lo tenemos que conducir y llevar hasta los puntos de consumo, y ahí es de lo que esta ley precisamente comenta, cómo conducirlo y llevarlo a esos puntos donde se va a consumir el gas.

Y entonces, nos preocupa mucho de por qué se le ofrece a los inversionistas privados en este momento una inversión de hacer ductos si no hay gas, no hay ningún tonto que vaya a venir a hacer inversión si no se asegura de que antes haya el gas. Consecuentemente, primero va a estar pensando: de dónde voy a tener mis fuentes de abastecimientos, para después tender el ducto y decir que voy a operar ese ducto y que lo voy a operar con un producto que verdaderamente voy a necesitar.

Entonces, nos estamos preocupando de la extracción y estamos preocupándonos de pobres muchachos los que van a venir a invertir en nuestro país, puesto que no les vamos a poder ni dar el gas; pues seguro que no van a invertir si no les vamos a poder dar el gas, ellos van a ver de dónde lo sacan, ya sea de la fuente llamada Petróleos Mexicanos o ya sea de una fuente importada, pero que nos traigan el gas, lo que necesitamos nosotros es el gas. Eso, tendríamos que resumir en esos términos esta parte.

Y quisiera referirme, por otro lado, a las expresiones que tuvo aquí también la diputada Ifigenia Martínez. Su preocupación, y yo la comparto, es que el desarrollo de Pemex no ha podido ser armónico y adecuado, nos dijo que es la empresa más rentable y sí es cierto, se le quitan más de 30 mil millones de nuevos pesos en este ejercicio de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación y la ley de ingresos, se le quitan 30 y tantos mil millones de nuevos pesos por derechos de extracción de hidrocarburos más las adicionales y más las otras adicionales; consecuentemente sí es la empresa más rentable del mundo.

Pero yo nada más le preguntaría a la maestra Ifigenia: ¿no se ha estado siempre de acuerdo con aprovechar esos recursos de esa gran empresa del pueblo de México para el desarrollo de México a través de los impuestos o a través del gasto público, a donde han ido a dar esos ingresos? Porque esos ingresos han ido a dar a las cuentas que después han ocupado en lo que se llama el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Entonces, siempre se ha estado de acuerdo, porque era nuestra gran empresa, productora de petróleo, pero además productora de enormes recursos para poder soportar algunos gastos del propio presupuesto federal, y se estuvo muy de acuerdo. Yo le preguntaría entonces: ¿de dónde, digamos, vamos a dejar que Pemex se quede con todos sus recursos siendo la empresa más rentable del mundo y que Pemex monte todos los ductos y todo eso?, ¿y los 30 y tantos mil millones de pesos qué será, a través de que nos vuelvan a aumentar el IVA o a cualquiera otra de esas cosas o cómo le vamos a hacer? Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, diputado Ocejo.

Tiene la palabra el diputado Everardo Martínez Sánchez, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, en contra del dictamen.

El diputado Everardo Martínez Sánchez:

Señoras y señores diputados:

Estamos discutiendo esta iniciativa que envió el viernes el Ejecutivo en una coyuntura de crisis profunda no solamente económica, sino también de credibilidad, porque estamos ante un régimen gubernamental integrado, diría yo, por puros mentirosos. Ernesto Zedillo prometió bienestar para la familia y le trajo desgracia a las familias. Serra Puche vino aquí a ofrecer 800 mil empleos y lo que ha traído es desempleo y cierre de pequeñas, medianas y grandes industrias. Ignacio Pichardo vino ante la Comisión de Energéticos a ofrecer que no se estaba comprometiendo la soberanía, a negar que con los acuerdos suscritos para contratar los créditos no se le iba a proporcionar información confidencial y calificada al Gobierno de los Estados Unidos.

También es un mentiroso, que lo puede ser por ignorancia o por necesidad, yo creo que no leyó los documentos que se nos hicieron llegar aquí del acuerdo marco y los acuerdos de ingresos petroleros.

En esta coyuntura se nos envía esta iniciativa, la cual, desde la exposición de motivos está carente de un sustento y de una verdadera información a los legisladores para que tomemos una decisión con criterio y con valor. Se dice que hay necesidad de recursos, que hay necesidad de redes de gasoductos, pero se cuidan de decirnos cuáles son en concreto, en estimación, esas necesidades de recursos, no nos dicen dónde se van a tender esas multicitadas redes de gasoductos, no se hace una estimación de cuál va a ser el volumen de exportación de gas, no se nos informa con precisión cuál es el volumen de gas que actualmente importamos y exportamos a los Estados Unidos.

En fin, que es una iniciativa con exposición de motivos muy limitada, pero además, algunos diputados del PRI hicieron aquí en esta tribuna un reconocimiento al licenciado Reyes Heroles, el cual consideramos que lo merece, por supuesto.

Pero no aluden en la exposición de motivos, el espíritu patriótico de Lázaro Cárdenas del Río, cuando hizo la expropiación del petróleo y que en esta iniciativa y en la contratación de los créditos se está revirtiendo para beneficio del pueblo de México, esa gesta heroica que encabezó Lázaro Cárdenas y que por complejo de culpa aquí se niegan a reconocer y siquiera a mencionar.

Esta iniciativa, yo invito a todos los legisladores, fundamentalmente del Partido Revolucionario Institucional, que aprobó en la LIV y LV legislaturas, todas las iniciativas que envió Carlos Salinas de Gortari, y también invito a los compañeros del PAN que también aprobaron en su gran mayoría las iniciativas que envió Carlos Salinas de Gortari, a través de las cuales instrumentó su programa de política económica y que como en alguna ocasión me dijo un miembro de la bancada del PAN que efectivamente se les había robado su proyecto económico, lo que había pasado es que lo habían aplicado mal.

Yo les digo que no se vuelvan a equivocar, porque las acciones que está llevando a cabo Ernesto Zedillo, son básicamente las mismas que desarrolló Carlos Salinas de Gortari y que por lo tanto no tienen ninguna garantía que ahora sí se diga que se vayan a aplicar bien los programas y los proyectos económicos de este régimen neoliberal.

Esta iniciativa violenta el orden constitucional y también violenta la historia del pueblo de México.

Es grave que el día de ayer los diputados del honorable sector obrero, hayan venido aquí a reclamar supuesta falta de respeto para el diputado Roque Villanueva y a expresar un "ya basta". Sería loable que vinieran aquí a esta tribuna a expresar un "ya basta" a esta política económica que ha puesto topes salariales, que ha otorgado a los trabajadores salarios de hambre y de miseria. Eso es lo que los dignificaría y no andar defendiendo al diputado Roque Villanueva, que yo creo que se puede defender solo.

Esta iniciativa, en el punto cuatro, referente al alcance de la reforma, se hace en consideraciones que atentan en contra del contrato colectivo de los trabajadores y del sindicato de Petróleos por eso, es ahí donde deben rebelarse los representantes populares que dicen representar a los obreros, y también el diputado Zetina hizo alusión al beneficio que supuestamente se pretende se vaya a llevar a los municipios, a los estados y a las comunidades, pero no dice cómo, porque si eso fuera, debería de hacerse la consideración de cambiar el régimen fiscal de Pemex y no sólo de lo que se va a privatizar; de lo contrario, es pura ficción la que pretende y expresó aquí el diputado Cantón Zetina.

Por estas consideraciones, consideramos que el PRD se opone terminantemente a esta iniciativa de ley, porque significa avanzar en el desmembramiento de Petróleos Mexicanos, cediendo las funciones de almacenamiento, transporte y distribución comercial, al capital privado, o sea, la comercialización de productos transformados que son propiamente los rentables.

Y se dice que requerimos industrializarnos, modernizarnos, y todos coincidimos que sí es necesario, pero cómo, si no se está diseñando una política de investigación, una política que sea creíble, que nos dé ilusiones de que vamos a la modernización. Lo que se está haciendo en esta iniciativa, lo que se está proponiendo, es que seamos productores de materia prima y los extranjeros sean los industrializadores; de lo contrario, esta iniciativa no tendríamos por qué aprobarla, deberíamos de regresarla a comisiones. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Luis Priego Ortiz, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, a favor del dictamen.

El diputado Luis Priego Ortiz:

Señor Presidente; señoras y señores diputados:

Hoy hemos realizado este debate sobre las reformas y adiciones a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, en el ramo del petróleo, teniendo como testigos estos muros que la nación, a través de sus legisladores, ha dedicado a sus grandes, entre esos grandes, se encuentra Lázaro Cárdenas del Río.

No queremos de ninguna manera soslayar las criticas más importantes y la pregunta esencial que en esta tribuna se han formulado el día de hoy, la presentación en días recientes por parte del Ejecutivo Federal de la iniciativa de reformas y adiciones a la ley reglamentaria del 27 constitucional en la rama del petróleo, y la necesidad de presentar un dictamen sobre dicha iniciativa por la Comisión de Energéticos, en términos verdaderamente apremiantes, dada la proximidad de la clausura del segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LVI Legislatura de la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión, han dado lugar a serios, muy serios cuestionamientos, tanto por parte de diputados integrantes de las fracciones parlamentarias, como de la sociedad y de los medios de comunicación, en el sentido de que estamos legislando con prisa, con premura.

Aunado a lo anterior, se agrega que tal conducta incrementa la falta de credibilidad en el Ejecutivo Federal, porque se comprometió en reiteradas ocasiones al estricto respeto a la autonomía del Poder Legislativo, y en la fracción parlamentaria del PRI, mi partido, porque se muestra obsecuente con las pretensiones de dicho Ejecutivo Federal.

En el presente caso existe una explicación frente a tales cuestionamientos. En estricta buena fe, la necesaria bona fide que decían y exigían los romanos, debemos responder también que es la situación emergente, precisamente esta situación emergente, la que nos está presentando desafíos a todos, a priístas, a panistas, a perredistas, a petistas, a todos, que no admiten acciones o actitudes dilatorias. Esto es dicho desafío, el que por otra parte nos obliga a responder con prontitud, porque México, señoras y señores diputados, México no espera, México necesita acciones ya y desde luego.

Hay algo más, otra razón: siendo los priístas, nosotros, la mayoría, no podemos soslayar el compromiso que tal responsabilidad conlleva y en consecuencia aceptarlo a plenitud, independientemente de los riesgos que se corran; por ello, señoras y señores diputados, siendo acciones que se deben de tomar ya, asumimos la responsabilidad y desde luego el juicio de la historia.

La iniciativa de reformas y adiciones que debatimos, también ha originado suspicacias, particularmente una: se trata de que por la puerta trasera, a manera de caballo de Troya, entreguemos Petróleos Mexicanos a la iniciativa privada y particularmente a la de los Estados Unidos de América. Así lo ha dicho aquí el diputado Francisco Curi Pérez Hernández.

Frente a este cuestionamiento, la fracción de diputados priístas reitera su compromiso esencial con la nación. Ni la soberanía ni Petróleos Mexicanos están en venta al mejor postor.

En este punto, conviene hacer un llamamiento a los partidos políticos, a las fracciones parlamentarias, al Ejecutivo Federal.

Es hora de analizar nuestras relaciones para conducirlas con altura, como aquí se ha repetido, se ha dicho repetidamente, sin recriminaciones y acusaciones mutuas, sin resentimientos, sin llamarnos mentirosos, traidores unos a otros, porque en el ejercicio de nuestro derecho a votar, lo hagamos de acuerdo con nuestra particular conciencia.

Es hora de destrabar nuestras relaciones, de hacer un ejercicio democrático, un esfuerzo de entendimiento, presidido por un principio que llamaremos superior, que lo queremos macro. Nada sobre la nación, nada sobre los intereses superiores de México.

Debemos, por otra parte, dejar claramente sentado que la iniciativa de reformas y adiciones, que está sujeta a debate, no es, ya se ha dicho, una reforma constitucional; reafirma el dominio de la nación sobre la industria petrolera y alude única y exclusivamente al gas natural en su transporte, almacenamiento y distribución, con un objetivo, en vista de los grandes requerimientos que tendremos de gas, el de fomentar el desarrollo de una industria gasera a la altura de las exigencias del México de fin de siglo, tanto para el interior como para el exterior.

¿A quién beneficia las reformas y adiciones? Alguna de las ventajas que de aprobarse por esta soberanía nos depara la iniciativa de reformas y adiciones, son entre otras las siguientes:

Primero. Mantiene el dominio inalienable e imprescriptible de la nación sobre los carburos de hidrógeno gaseoso, razón por la cual la exploración, la explotación y, en su caso, la elaboración del gas, se mantiene como una actividad estratégica reservada a la nación por conducto de los organismos públicos, Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias.

Segundo. Una vigorosa industria del gas natural permitirá el desarrollo regional en el sur y sureste, en el norte y noreste y otras regiones del país de nuevas industrias que se volverán competitivas a escala internacional cuando dispongan con un combustible con las características del gas.

Tercero. La Comisión Federal de Electricidad, podrá directamente o con recursos mayores del sector privado continuar con todo vigor su proceso de modernización, cambiando las plantas termoeléctricas que usan combustóleos por unidades de ciclo combinado, turbinas de gas y turbinas de vapor, menos costosas, más eficientes y más limpias.

Cuarto. Sin el desarrollo de la industria del gas natural, el sector industrial y el sector eléctrico mexicanos no podrían cumplir con la norma 14/98 que establece un límite mínimo para el contenido de azufre y otros contaminantes en el combustible que se utilice para los procesos productivos.

Como es sabido, sólo mediante el uso de gas se logra cumplir con estos estándares.

Quinto. Hasta el año pasado el gas asociado representó más de cuatro quintas partes de la producción total de gas en el país, ha sido necesario importar volúmenes crecientes para ponerlos a disposición de la planta industrial, sobre todo en el norte del país.

Sexto. El desarrollo de una vigorosa industria de gas con la participación del sector privado en las áreas prioritarias, pero no estratégicas, tales como el transporte, el almacenamiento y la distribución, dará origen a un crecimiento económico importante, a fuertes volúmenes de inversión privada nacional y extranjera y, sobre todo, a la creación de numerosos empleos permanentes y, sin duda, elevado número de empleos temporales asociados a la construcción de las instalaciones en esas tres actividades.

Séptimo. La oferta nacional de gas en los próximos años debe permitir al país evitar que continúen aumentando las importaciones, que ahora representan alrededor del 10% del consumo nacional.

Octavo. Es necesario que el país está en posibilidad de dar respuesta a un rápido crecimiento de la demanda interna de gas, sobre todo a partir de 1998, cuando entren en vigor las normas de protección ambiental, que obligarán a sustituir por gas el combustóleo utilizado en la generación de energía eléctrica en las zonas ambientalmente críticas.

Noveno. La industria nacional, sujeta a una intensa competencia interna y externa, requiere del suministro oportuno y la disponibilidad suficiente de gas, como materia prima para procesos industriales. Es indispensable que la demanda industrial de gas en los próximos años, se satisfaga mediante producción nacional y no con importaciones crecientes y costosas.

Décimo. La participación del sector privado en actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, deberá permitir la incorporación de avanzadas tecnologías industriales en campos muy diversos, que se requieren para almacenar, medir, clasificar, transportar y distribuir el gas.

Onceavo. Las grandes inversiones que requiere la infraestructura de transporte, almacenamiento y distribución de gas a zonas industriales y urbanas, que llevarán a cabo los particulares, permitirán liberar recursos de inversión a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, para concentrarse en las actividades de mayor rentabilidad.

Doceavo. La participación del sector privado en la distribución de gas para usos domésticos, mediante redes de ductos de baja presión, permitirá sustituir gradualmente los esquemas de distribución de superficie, mediante carrostanque y recipientes obsoletos que implican riesgos, resultan ineficaces y tienen efectos secundarios en el tránsito de vehículos y en la contaminación ambiental.

Señor Presidente, el tiempo se me agota y quiero acogerme a los beneficios del artículo 103 del reglamento.

El Presidente:

Adelante señor.

El diputado Luis Priego Ortiz:

Ahora, con el enunciado de algunas de las ventajas que aportará la aprobación, si esta soberanía así lo resuelve, de la iniciativa de reformas y adiciones que estamos discutiendo, ahora repito, podemos responder a la pregunta, ¿quién es el beneficiario de dichas reformas y adiciones? Es obvio, el beneficiario es la nación, aquí no hay gato encerrado.

Se ha expresado muchas veces en esta tribuna preocupación...

El Presidente:

Señor diputado. Rogamos a los diputados ocupar sus asientos, atender al orador y a las personas que están en los pasillos favor de desalojarlos.

El diputado Luis Priego Ortiz:

La cuestión de la producción de gas tan reiteradamente planteada en la tribuna y que deberá incrementarse con la construcción de nuevos ductos que atenderán una mayor demanda, puede satisfacerse si se toma en cuenta que recientemente Petróleos Mexicanos anunció que desde hace dos años se han realizado estudios exploratorios en la zona marina de Tabasco que permiten afirmar que por lo menos en el corto plazo y con un bajo costo de inversión es posible duplicar la producción actual de gas.

Por otra parte, adicionalmente con la perforación de nuevos pozos en la cuenca de Burgos, en Tamaulipas, se espera una producción al finalizar el año de 3 millones de pies cúbicos.

En conclusión, con el transporte, el almacenamiento y la distribución del gas, aseguramos que ni se está violentando la soberanía nacional, ni entregando Petróleos Mexicanos a la iniciativa privada, llámese nacional o particularmente estadounidense, debido a que ninguna de las partes de la iniciativa de adiciones y reformas otorga la explotación del subsuelo a los particulares; éste continúa en las manos de la nación.

Por ello, con fundamento a lo dicho a ustedes, respetuosamente solicito su voto afirmativo en favor del dictamen que debatimos.

Finalmente, señoras y señores diputados, quiero recordar algo que vi en mi pueblo, en mi tierra, a la entrada de Villahermosa una estatua que el pueblo dedicó al Presidente de América, como lo llamara Pablo Neruda, al expropiador del petróleo, como lo conocemos todos, al presidente Lázaro Cárdenas.

Hoy este monumento está a las puertas de Macuspana y frente a él los priístas pasamos lista de presente para decirle: "general de hombres libres: La industria petrolera del México que tanto amaste y serviste pertenece a la nación, que quiere decir, al pueblo mexicano". Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra para rectificar hechos, la diputada Carlota Botey, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

La diputada Carlota Angela Rosa Botey y Estape:

Con su venia, señor Presidente:

Vengo otra vez a esta tribuna a defender el artículo 27 constitucional y el espíritu social del Constituyente de Querétaro. Con la iniciativa que hoy se discute, de nuevo se vuelve a poner en cuestión la soberanía nacional, al llevarse a su extremo la política desnacionalizadora del proyecto neoliberal.

Porque tal y como está, a pesar de lo que diga la letra, el capital nacional y principalmente internacional, recorrerá las entrañas del subsuelo mexicano; al privatizar, sin importar las argucias legaloides que se utilicen, va a ser necesario construir redes, instalaciones, construir ductos, ya sea de alta o baja presión, de donde se genere el gas a las plantas de almacenamiento. Todo esto bajo el criterio estricto de costo-beneficio de distribución comercial, con la consecuente afectación de terrenos ejidales, comunales e incluso privados.

Con el argumento de que el derecho de vía es de utilidad pública, el sector social del campo ante cualquier problema aparentemente se enfrentará al Estado, cuando en realidad se va a estar enfrentando al capital internacional, volviendo así el país a los tiempos del porfiriato en los que por encima de la nación estaban los grandes intereses de las concesiones a las compañías extranjeras.

Todo lo anterior va a tener los siguiente efectos: compras artificiales de tierras, litigios prolongados, simulación de empresas y propietarios y el mantenimiento, como ya se ha dicho aquí, de esas redes e instalaciones, implicaría establecer vigilancia y guardias privadas en el medio rural.

Yo me pregunto: ¿se ha consultado a los poseedores de la tierra de este país, ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, si desean que el gas de su subsuelo originariamente de la nación, pase al usufructo de la iniciativa privada? ¿Han preguntado por ejemplo, a las comunidades de Chiapas en tanto poseedoras de ricos yacimientos petrolíferos? ¿Han preguntado a los campesinos de este país, si están dispuestos a ceder sus tierras de labor y comunales para que en ellas se instalen plantas y distribuidoras de gas? ¿Se ha preguntado cuyas ganancias seguramente serán remitidas a los bancos extranjeros? ¿Se ha preguntado a este país si realmente se quiere esta privatización?

El Presidente:

Para rectificar hechos, tiene la palabra la diputada Marta Alvarado.

La diputada Marta Alvarado Castañón:

Compañeras, compañeros:

Tengo en mis manos un libro que se llama "Misivas sin Respuesta" es de un querido amigo priísta, llamado Rafael de Celis. El ha sido entre otras cosas consejero de Nacional Financiera y Petróleos Mexicanos.

Quisiera leer algunos párrafos de lo que él opina, aunque este libro y estas cartas son de 1992.

Dice: "en 1992 se modificó la ley petroquímica, eliminando la fabricación de 44 productos, sólo quedaron siete incluido el aceite para fabricar el negro de humo, lo que carece de sentido. En cambio en la lista de productos no se encuentra el gas natural, se les debió haber olvidado".

Mediante dicha modificación se va a vender la industria petroquímica que tiene mayor valor agregado. En el estudio de la desincorporación que lo realizó el grupo financiero estadounidense J. P. Morgan, supervisado por Pemex, con la asesoría de la Secretaría de Hacienda y de Comercio. Dicho grupo está ofreciendo en todo el mundo menos en México, las plantas de Pemex.

De acuerdo con la información publicada en el periódico El Financiero, existe un profundo desprecio de la Secretaría de Hacienda, porque los posibles compradores de Pemex sean mexicanos. Al respecto cito un fragmento publicado en dicho periódico, el lunes 8 de febrero de 1993, en la página 6-A: "Algunos funcionarios de Pemex están a favor de que sea una primera venta a empresarios privados, nacionales y otros funcionarios de Hacienda, Comercio y unos más de Pemex, consideran que se debe convocar la licitación internacional para sacar un mayor provecho de la venta, sin importar lo que ocurra con la industria nacional".

El proyecto de la desincorporación la hace un grupo financiero estadounidense, gana dinero, que también tiene la tarea de ofrecer las plantas por todo el mundo, ganará comisiones, tal vez en ambos lados. La venta resulta sencilla, puesto que las plantas serán vendidas sin trabajadores; es decir, Pemex liquidará a los empleados de las plantas que venda. Sin duda los trabajadores ya lo saben y como no hay desempleo, a parte de recibir su liquidación correcta y sin chanchuyos, se emplearán inmediatamente en otra parte.

Sobre el asunto petrolero y su futuro, convendría aclarar que los energéticos derivados de petróleos a partir del año 2000, irán a la baja en consumo y a la alza en precios. Se usará preferentemente gas natural, del cual la empresa AMOCO ya saben cuánto vamos a consumir y piensa cómo proveernos. En México, no sabemos nada de esto.

"El futuro de Pemex, como productor de energéticos, está cancelado.

En otra parte nos dice:

Se despoja a los mexicanos de un recurso cuyo desarrollo ha sido frenado desde hace 10 años. La desincorporación de la petroquímica se hace con la misma naturalidad que la desincorporación de la Operadora de Teatros, en la cual se incluirán las dulcerías. Con el mismo criterio simplista, en la petroquímica se puede incluir una planta no instalada y las refacciones del almacen.

La verdad es que Pemex se prepara para ampliar su plataforma de exploración con el único objeto de incrementar la capacidad de exportación del crudo y alimentar a la futura floreciente planta petroquímica, que de acuerdo a la información, será sólo de consorcios extranjeros.

El esquema planteado para el futuro de la nación mexicana, es el siguiente:

El precio del petróleo crudo mexicano, es controlado desde el exterior y sufre deterioros a valores constantes, es decir, cada día es más barato. El costo de explotación en México, dadas las características de los yacimientos es más caro que el costo que tiene Kuwait o Arabia Saudita, cuyas reservas son de las mayores del mundo. Además estos países fijan los precios internacionales del petróleo, de común acuerdo con Estados Unidos. El costo de explotación individual, nada tiene que ver con el precio de venta internacional.

Aunado a lo anterior, el petróleo mexicano, sobre todo, el maya, tiene un precio muy bajo por su mala calidad...

El Presidente:

Señora diputada: su tiempo se le ha agotado.

La diputada Marta Alvarado Castañón:

Termino, señor Presidente. Voy a terminar con esto, compañeros:

El director de Pemex, ha anunciado con alegría y entusiasmo financiero, es decir, sin mitos, que Pemex comprará con crudo, el 50% de las acciones de una planta que Shell construirá en Texas, para que los amables vecinos nos maquilen nuestro petróleo pesado; nos mandarán 45 mil barriles diarios de gasolina Magna Sin, a 26 dólares el barril. Diariamente mandaremos 110 mil barriles o un poco más de petróleo crudo, según palabras del director de Pemex.

Hoy importamos 150 mil barriles por día de gasolina y productos para gasolina. ... y generamos mano de obra, valor agregado e impuestos en Texas, es decir, importamos anualmente 1 mil 500 millones de dólares por no construir otra refinería cuyo costo es de 2 mil millones de dólares."

El Presidente:

Señora diputada: Le recuerdo que su tiempo se le ha agotado. Por favor concluya su intervención.

La diputada Marta Alvarado Castañón:

Concluyo, señor Presidente.

Compañeros: yo creo que esto realmente es importante, que de veras tengamos la voluntad de analizarlo un poco más y de esperar ese foro que va a haber sobre energéticos; no sabemos mucho, pero los que sí saben, no están de acuerdo. Yo hago un llamado al PAN, porque estoy segura de que pueden cambiar su voto. Gracias.

El Presidente:

Gracias, diputada.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general

El secretario José Antonio Hernández Fraguas:

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente duscutido en lo general.

Los diputados que estén por la afirmative, sirvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sirvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.

El Presidente:

Esta Presidencia informa que en términos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se han reservado para su discusión en lo particular los siguientes artículos: 3o., 4o., 9o., 10 y 13.

Consulte la Secretaria a la Asamblea se autoriza se reserve para su votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto, al finalizar la discusión de los artículos reservados.

El secretario José Antonio Hernández Fraguas:

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si autoriza se reserve para su votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, al finalizar la discusión de los artículos reservados.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se autoriza se reserve para su votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, al finalizar la discusión de los artículos reservados.

El Presidente:

Tiene la palabra para la discusión en lo particular, el diputado Everardo Martínez Sánchez, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Everardo Martínez Sánchez:

Miren, señoras y señores diputados, ya que lo más probable es que van a aprobar este dictamen, hago una propuesta de redacción para el artículo 4o. en sus dos párrafos, para quedar como sigue:

Artículo 4o., primer párrafo: "La nación llevará a cabo la exploración, la explotación, la refinación, el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización del petróleo crudo, gas y los productos petrolíferos que se obtengan de su transformación industrial".

Segundo párrafo: "Las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas de Pemex, podrán ser llevados a cabo en alianzas estratégicas no subordinadas y de suma positiva, con capital privado, siempre que éste sea minoritario". Muchas gracias.

El Presidente:

Sobre el mismo tema, los mismos artículos, tiene el uso de la palabra el diputado Mauro González Luna, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado José Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza:

Señor Presidente; diputadas y diputados:

Quiero ceñirme exclusivamente al aspecto constitucional. Comenzaré por recordar lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución General: "No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas a las que se refiere este precepto: correos, telégrafos, radio-telegrafía y la comunicación vía satélite, petróleo y los demás hidrocarburos". La Constitución es clarísima al respecto, no hace distinción alguna cuando se refiere a la materia de petróleo e hidrocarburos.

Por otro lado, el artículo 25 de la Constitución, en su párrafo cuarto, también con claridad meridiana establece que el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas a que se refiere el artículo 28 párrafo cuarto de la Constitución. Es claro que el artículo 28, como se acaba de señalar, incluye como área estratégica al petróleo y a los demás hidrocarburos.

Por otro lado, el artículo 27, en su párrafo sexto, como todos saben, establece que tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones, ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos. Tampoco hay distingo alguno, la actividad de los hidrocarburos no es distinguida en cuanto a su explotación, exploración, transportación, distribución; la Constitución es clara, incluye todas estas actividades. Y consecuentemente con el sexto párrafo del artículo 27 y con la reforma de 1983 al artículo 28 en cuanto a materias estratégicas, el artículo 3o. de la ley reglamentaria del 6o. del 27 constitucional, establece todavía que dentro de la actividad petrolera se encuentran todas las actividades, insisto, incluyendo exploración, explotación, transporte, distribución.

Ahora, a través de una maniobra legaloide, reformando el artículo 3o. y el 4o. de la ley reglamentaria, se pretende desvirtuar un categórico mandato de la Constitución, en cuanto a que esta actividad que comprende todos estos rubros, como he señalado, pueda ser objeto de operación por parte de los particulares.

Si la Constitución no distingue, no es legítimo compañeras y compañeros diputados, que la ley reglamentaria lo haga para en un claro caso de fraude a la Constitución se evada el mandato de la misma. Es muy sencillo el argumento: la ley reglamentaria no puede distinguir cuando la Constitución no distingue. Por ello, exhorto a todos los diputados de buena voluntad a que hagan un esfuerzo para defender este mandato constitucional.

Quiero finalmente recordar una historia reseñada por el primer candidato a la presidencia del PAN en 1952 en Yucatán, es el siguiente: "cuando un grupo de asaltantes empieza a robar el hogar de una familia honorable, hay tres maneras, al menos, de reaccionar ante el asalto: la primera, es con valentía defenderse de los asaltantes; otra, es meterse debajo de la mesa en una actitud pusilánime y cobarde para eludir el asalto, como lo hace el avestruz ante el ataque; y hay otra que es aún más grave y más dolorosa y que quisiera que escucharan todos los legisladores: ésa es la de hacerse cómplice de los asaltantes para sumarse al botín".

Ojalá que en este caso evidente de asalto al patrimonio nacional por parte de los extranjeros, no se sumen ni Acción Nacional ni el PRI. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Rico Samaniego de la fracción parlamentaria del PAN.

El diputado Luis Alberto Rico y Samaniego:

Señor Presidente; señoras y señores diputados:

Acción Nacional, ve que el espíritu del decreto que pretende reformar y adicionar la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, es acorde con las viejas exigencias del partido de adelgazar las atribuciones del Gobierno y sus agencias para que la sociedad las ejerza.

Es también acorde a los principios de Acción Nacional, que los mexicanos puedan ser propietarios de gasoductos y otras instalaciones necesarias para conducir y vender gas, pero advierte el peligro de que existan prácticas monopólicas que afecten a terceros en beneficio de los propietarios de los ductos, ya que la ley en cuestión en su artículo 13 fracción II, que es el artículo que más directamente está enfocado a impedir ese tipo de prácticas, no establece con la suficiente claridad la regulación de las actividades a que se refiere el artículo 4o. y de las ventas de primera mano de gas tenderá a asegurar el suministro eficiente y comprenderá, según el artículo 13 en la fracción II, la determinación de los precios y tarifas aplicables cuando no existan las condiciones de competencia efectivas, a juicio de la comisión federal de competencia.

Esto significa que la regulación incluye la determinación de precios y tarifas que hará la Comisión federal de competencia, cuando a su juicio no existan condiciones de competencia efectivas, dejando por tanto al criterio de la misma comisión, juzgar por sí, si existen o no condiciones de equidad, dejando así al margen al usuario, que puede considerar que se le afectan sus intereses cuando se le vende gas a precios indebidos, por lo que propongo se modifique la fracción II del propio artículo 13, que a la letra dice:

Fracción II. La determinación de precios y tarifas aplicables cuando no existan condiciones de competencia efectiva a juicio de la comisión federal de competencia, los sectores social y privado podrán solicitar a la mencionada comisión que declare la existencia de condiciones competitivas.

Se propone la modificación siguiente: artículo 13. fracción II. La determinación de precios y tarifas aplicables, las cuales siempre tenderán a mejorar o a igualar al menos, los precios internacionales comparables siendo la comisión federal de competencia la que determine lo conducente; los sectores social y privado podrán solicitar a la mencionada comisión que se declare la existencia de condiciones competitivas. Lo cual no cambia.

Esta redacción, más clara que la del dictamen, pretende que los usuarios podrán tener la seguridad de que las condiciones en las que pactan el servicio, entre ellas y principalmente el precio del mismo, será igual o mejor a los precios internacionalmente comparables, con los consiguientes beneficios al usuario y a la competitividad industrial de la economía de México entero.

Dejo en poder de la Secretaría de esta honorable Cámara, la redacción del artículo 13 fracción II que acabo de leer y que propongo a la Asamblea, a la que le pido su voto favorable. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Juan Antonio García Villa, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.

El diputado Juan Antonio García Villa:

Señor Presidente, pido su venia para en una sola intervención hacer referencia a los artículos 5o., 10, y 13, del dictamen, que reservé, aunque en este caso con el objetivo, señor Presidente, de proponer un nuevo artículo que sería el 13 y en su caso se recorrerían todos los demás, de forma tal que el artículo 13 del dictamen, de ser aprobado el nuevo artículo 13 que se propone, pasaría a ser artículo 14 y así sucesivamente.

El Presidente:

Adelante, señor diputado.

El diputado Juan Antonio García Villa:

Señor Presidente, creo que debemos felicitarnos por lo que ve a la línea del federalismo, que tanto en la exposición de motivos contenida en la iniciativa enviada por el Ejecutivo, como en el dictamen elaborado por la comisión, se haga referencia explícita en el sentido de que con la redacción del nuevo artículo 9o., los estados de la República estarán en condiciones de establecer tributos, entiendo yo, en materia de ventas de primera mano de gas, o bien sobre el transporte de gas, el almacenaje de gas y la distribución de gas.

En su parte conducente la exposición dice sobre el particular que eliminar de este dispositivo, se refiere al artículo 9o., la referencia a la exclusividad del Gobierno Federal, para establecer los impuestos que graven cualquiera de sus aspectos, en virtud de que en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, pueden estar sujetas estas actividades a ciertos gravámenes de carácter estatal y municipal, en los términos de la legislación local respectiva. Eso dice la iniciativa.

Y el dictamen, en los seis puntos fundamentales del mismo a que hace referencia, en el sexto señala que se anima para fortalecer el federalismo, eliminando la excepción a la industria petrolera, de las contribuciones de carácter estatal y municipal que, en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, pueden gravarlas. Y en otro pasaje dice: se recomienda al Ejecutivo Federal, de existir gravámenes federales sobre la materia, su rendimiento se incorpore a un fondo participable en favor de los estados y municipios, donde las actividades que los generen se realicen.

En consecuencia queda claro, y tuve plática con algunos miembros de la comisión, para conocer el sentido y el alcance de lo que aquí se ha leído y que no contraviene lo expresamente establecido por el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso c y categóricamente se ha contestado que en estas materias sobre las que hoy legislamos, los estados de la República pueden ejercer su potestad tributaria.

He querido hacer esta mención expresa, para que si en el futuro es necesario por parte de algún investigador o de alguna legislatura estatal, acudir a la intepretación auténtica de esta modificación, quede perfectamente claro que estas fuentes tributarias, sobre ellas pueden legislar los gobiernos de los estados, en beneficio de las propias entidades y de los municipios.

Adicionalmente, señor Presidente, me permito proponer un cambio mínimo al segundo párrafo del artículo 10 del dictamen, que diría lo siguiente:

Son de utilidad pública las actividades de construcción de ductos. Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y las empresas de los sectores social y privado, estarán obligados a prestar a terceros el servicio de transporte y distribución de gas, por medio de ductos y aquí se suprimiría: con las excepciones técnicas y de seguridad y el texto se reiniciaría: en los términos y condiciones que establezcan las disposiciones reglamentarias.

Se trata, señores diputados, de suprimir de este párrafo la frase que dice: con las excepciones técnicas y de seguridad.

Entrego la proposición por escrito a la Secretaría.

Y finalmente señores diputados, creemos necesario, creemos conveniente que los particulares interesados en intervenir en estas actividades relacionadas con el transporte, el almacenaje o almacenamiento y distribución de gas, sepan a qué atenerse, primero cuando tramitan los permisos para dedicarse a estas actividades y segundo, que tengan certeza acerca de las causas que eventualmente les pueden producir la revocación del permiso concedido ya previamente por la autoridad.

El texto del nuevo artículo 13, y los demás se recorren a partir de este numeral, que diría lo siguiente:

"Los interesados en obtener los permisos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 4o. de esta ley, deberán presentar solicitud a la Secretaría de Energía, la cual contendrá el nombre y domicilio del solicitante, los servicios que desea prestar, las especificaciones técnicas del proyecto, los programas y compromisos de inversión y en su caso la documentación que acredite su capacidad financiera.

La cesión de los permisos podrá realizarse previa autorización de la autoridad y siempre que el cesionario reúna los requisitos por ser titular y se comprometa a cumplir en sus términos las obligaciones previstas en dichos permisos. En ningún caso se podrá ceder, gravar o enajenar el permiso, los derechos en él conferidos o los bienes afectos a los mismos a gobierno o estado extranjero.

Los permisos podrán revocarse por cualquiera de las causas siguientes:

Primera. No ejercer los derechos conferidos durante el plazo establecido en el permiso.

Segunda. Interrumpir sin causa justificada y autorización de la Secretaría los servicios objeto del permiso.

Tercera. Realizar prácticas discriminatorias en perjuicio de los usuarios y violar los precios y tarifas que en su caso llegare a fijar la autoridad competente.

Cuarta. Ceder, gravar o transferir los permisos en contravención a lo dispuesto en esta ley, y

Quinta. No cumplir con las normas oficiales mexicanas, así como con las condiciones establecidas en el permiso.

Y un último párrafo que diría lo siguiente: Los permisionarios están obligados a permitir el acceso a sus instalaciones a los verificadores de la Secretaría de Energía, así como a proporcionar a ésta toda la información que le sea requerida para comprobar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo."

Dejo también señor Presidente, la proposición por escrito. Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Servando Díaz Suárez, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Servando Andrés Díaz Suárez:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

La mayoría de la Comisión de Energéticos considera pertinente incorporar las propuestas de reformas a los artículos 13 y 10 del dictamen en discusión, hechas por el diputado Juan Antonio García Villa.

Proponemos que sean votadas junto con la votación en lo general y en lo particular. Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias señor diputado.

Tiene la palabra para rectificar hechos el diputado Carmen Soto, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado José Carmen Soto Correa:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados de la República:

Los diputados que suscribimos este documento, integrantes todos de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, creemos necesario expresar ante esta soberanía algunas consideraciones en el marco de la discusión del dictamen que se propone modificar diversos artículos de la ley reglamentaria del artículo 27 en el ramo del petróleo.

Dada la urgencia de proceder a esos cambios como necesidad de la economía nacional, nuestro voto será en favor del dictamen de la iniciativa presentada por el Ejecutivo. No obstante, tenemos que reconocer que nuestro país vive momentos de coyuntura y definiciones, donde las necesidades y sus soluciones deben estar fundamentadas en la más amplia convergencia democrática.

Es necesario reconocer que este tipo de adecuaciones legales son altamente sensibles para el pueblo mexicano, por lo que demandamos que el Poder Legislativo garantice que los reglamentos derivados de esta ley respeten escrupulosamente la facultad rectora del Estado en esta materia y establezcan los apartados para que los nuevos documentos se correspondan con un desarrollo industrial independiente y soberano del país.

Demandamos realizar un esfuerzo para luchar por las grandes transformaciones nacionales que reclama el país, en donde esta cámara proyecte nuevas acciones a través de la concertación y el consenso mas amplio entre los diferentes partidos que la conforman.

Por ello, abogamos porque se cumplan los compromisos adoptados por nuestro partido de fortalecer la independencia de poderes y el papel del cuerpo legislativo en el tratamiento de las iniciativas legales, lo que implica asumir al Congreso como el espacio natural para la generación de los consensos políticos de su competencia.

Ha sido presentada ya ante las instancias correspondientes de esta legislatura, una iniciativa para la reforma democrática del Estado mexicano, lo que debe de tener como marco de discusión, análisis, reflexión y acuerdo, precisamente al Poder Legislativo.

En ese sentido, los diputados priístas abajo firmantes insistimos en la necesidad de incluir como materia a tratar en el próximo periodo de sesiones extraordinarias, la iniciativa para esa reforma para que, en una amplia consulta que tenga este periodo como punto de partida, cumplamos con el compromiso adoptado ante la ciudadanía por el Partido Revolucionario Institucional y por cada uno de los militantes partidarios que fuimos candidatos en el último proceso electoral federal.

En apego a su esencia constitucional, debe ser el Congreso de la Unión el espacio para el desarrollo de los análisis, intercambios y negociaciones políticas que lleven a concretar la reforma democrática del Estado mexicano, la cual deberá constituirse en la más profunda iniciativa de respuesta a la demanda popular de cambios de fondo en nuestra vida nacional y nos deberá llevar a perfeccionar nuestra vida institucional dentro de un marco de amplia convergencia democrática y convivencia política.

Los diputados priístas: José Carmen Soto Correa, Jaime Martínez Veloz, César Raúl Ojeda, Lidia Zarrazaga, Antonio Martínez Torres, Humberto López, Humberto Meza, Ricardo Padilla, Manuel Jiménez, Yolanda González, Francisco Peralta, Miguel Angel Islas, Jorge Castillo, Walter León y el compañero Cisneros. Muchas gracias.

Nuestra petición de que sea incorporado en el próximo periodo lo de la reforma democrática del Estado, dejo el escrito para su trámite correspondiente.

El Presidente:

Gracias, señor diputado:

Se turna para conocimiento de la Comisión de Régimen Interno.

Tiene el uso de la palabra la diputada Leticia Calzada, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada María Leticia Calzada Gómez:

Gracias, señor Presidente:

El cuidado del medio ambiente debe estar presente en todas las acciones y en todos los sectores. Por esa razón, y para cumplir con las normas oficiales mexicanas de protección ambiental, que entrarán en vigor a partir de 1998, vengo a esta tribuna a proponer una modificación al segundo párrafo del artículo 10, para que quede en los términos siguientes:

"Son de utilidad pública las actividades de construcción de ductos. Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y las empresas de los sectores social y privado, estarán obligados a prestar a terceros el servicio de transporte y distribución de gas por medio de ductos, con las excepciones técnicas de seguridad y subrayo, aquí estaría la modificación y de preservación y limpieza del ambiente en los términos y condiciones que establezcan las disposiciones reglamentarias." Dejo la propuesta a la Secretaría. Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, diputada.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentran suficientemente discutidos los artículos reservados

El secretario José Antonio Hernández Fraguas:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentran suficientemente discutidos los artículos reservados.

Los diputados que estén por la afirmativa, sirvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sirvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.

El Presidente:

Esta soberania autorizó la votación en un solo acto en lo general, en lo particular de este dictamen. Por economía procesal se propone se incluyan en la votación las proposiciones derivadas de los artículos reservados.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si autoriza que la votación en un solo acto sea en lo general, en lo particular y de las proposiciones.

El secretario José Antonio Hernández Fraguas:

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se autoriza que las tres votaciones sean en un solo acto.

Los diputados que estén por la afirmativa, sirvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sirvanse manifestarlo... Se autoriza que las tres votaciones sean en un solo acto.

El Presidente:

Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general, en lo particular y de las proposiciones en un solo acto.

El secretario José Antonio Hernández Fraguas:

Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general, en lo particular y de las proposiciones en un solo acto.

Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(Votación.)

Señor Presidente, se emitieron en lo general y en lo particular 360 votos en pro y 66 en contra.

Por las propuestas aceptadas por la comisión, 360 votos en pro y 66 en contra.

Por la propuesta del diputado Rico Samaniego 92 votos en pro y 330 votos en contra.

Por las propuestas del Partido de la Revolución Democrática, 56 votos en pro, 366 votos en contra y un voto en contra del artículo 4o.

El diputado César Raúl Ojeda Zubieta (desde su curul):

Una moción. En el sentido de mi voto no es el artículo 4o. exclusivamente en lo que concierne a la propiedad de los gasoductos y la participación del sector privado extranjero. No todo el 4o., por favor.

El Presidente:

Enterado, se considera su voto en ese sentido.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo

El secretario José Antonio Hernández Fraguas:

Pasa al Senado, para los efectos constitucionales.

ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL

El Presidente:

Para presentar un punto de acuerdo de la Comisión de Energéticos sobre el artículo 27 constitucional, tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Jesús Pacheco Arjona, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Manuel Jesús Pacheco Arjona:

Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Vengo en nombre de los integrantes de la Comisión de Energéticos y de las fracciones parlamentarias en las que militamos, a poner a la consideración del pleno un punto de acuerdo, un punto de acuerdo que consideramos reafirma la posición nacionalista de quienes conformamos esta, LVI Legislatura

«PUNTO DE ACUERDO

Se considera prioritario el impulso a los proyectos de Pemex y sus entidades subsidiarias para impulsar el desarrollo y la explotación de gas no asociado en la región norte del país, con el objeto de garantizar en beneficio de la nación los recursos inexplotados en esa zona y evitar el incremento irracional a la plataforma de explotación petrolera.

Firman este punto de acuerdo: Francisco Curi Pérez Fernández, del Partido de la Revolución Democrática; Heriberto Galindo Quiñónes, del Partido Revolucionario Institucional; Carlos Nuño Luna, del Partido Acción Nacional; Jaime Arceo Castro, del Partido Revolucionario Institucional; Oscar Cantón Zetina, del Partido Revolucionario Institucional; Manuel Pacheco Arjona, del Partido Revolucionario Institucional; Joaquín Humberto Vela González, del Partido del Trabajo; Javier González Garza, del Partido de la Revolución Democrática.»

Pido a la Secretaría, someta a la consideración del pleno, la presente propuesta del punto de acuerdo. Muchas gracias.

El Presidente:

Se instruye a la Secretaría para que consulte a la Asamblea el punto de acuerdo, en votación económica.

El secretario Manuel de Jesús Espino Barrientos:

En votación económica, se consulta a la Asamblea si están de acuerdo en la propuesta que se acaba de formular.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.

LEY DE AMNISTIA ANTICIPADA

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Salvador Martínez Della Rocca, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición sobre amnistía anticipada.

El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca:

Señor Presidente; compañeros diputados:

Faltan muy pocos días para que concluya este periodo de sesiones de la cámara y quisiera, de la manera más atenta, dirigirme a todos ustedes en los siguientes términos.

El día de ayer el coordinador de la fracción del Partido Acción Nacional, el diputado García Cervantes señaló: "No nos preocupa tanto la falta de estética como pueda preocuparnos la falta de ética".

Con respecto a este problema de ética, quisiera señalar y hacer un llamamiento a todos los compañeros diputados, que el día 9 de marzo de 1995, recién votada la Ley General para el Diálogo, la Paz y la Concertación en Chiapas, presenté un proyecto de ley de amnistía anticipada para los detenidos por conflictos, problemas o delitos relacionados con los zapatistas.

Quisiera recordarle al compañero García Cervantes, atentamente, que la idea de este proyecto de ley de amnistía anticipada fue una propuesta de él que a mí me pareció muy correcta y que después de que el diputado García Cervantes hizo la propuesta, preocupado, al igual que yo y al igual que muchos diputados, la discutimos con el procurador General de la República, licenciado Lozano Gracia.

En la discusión con el procurador, estuvo presente el diputado Elizondo y un servidor. El planteamiento, y quiero recordarle a todos los compañeros diputados, nació pues, como iniciativa y como propuesta del coordinador de la fracción de Acción Nacional. Fue discutido con el procurador, el procurador dijo que la propuesta era correcta y que sí era un mecanismo viable, un mecanismo jurídicamente correcto para poder liberar a los presos.

Hice la propuesta y en esta tribuna fue apoyado por el Partido Revolucionario Institucional con unas emotivas palabras del diputado Jaime Martínez Veloz, fue apoyado también por el diputado Oscar González, del Partido del Trabajo, fue no negado bajo concepto alguno por el diputado Elizondo.

El día 10 de abril firmaron un punto único todos los partidos, que lo voy a leer de nuevo:

"Se exhorta a las comisiones unidas de Gobernación y de Justicia a dictaminar a la brevedad posible el proyecto de ley de amnistía anticipada para la liberación de los presos políticos acusados de acciones relacionadas con el EZLN, misma que fue presentada y apoyada por todas las fracciones parlamentarias el pasado 9 de marzo de 1995". La firma Dionisio Pérez Jácome, por el Partido Revolucionario Institucional; Fernando Pérez Noriega, por el Partido Acción Nacional; la firma un servidor por el Partido de la Revolución Democrática; la firma Jaime Martínez Veloz, también; la firman otros diputados como punto de consenso.

En este punto se dice que nosotros queremos pavimentar el camino para el diálogo en Chiapas.

En el periódico El Día, el día 18 de abril de 1995, sale una entrevista con el diputado Pérez Jácome, que la tengo aquí presente, que dice: "Se aprobaría Ley de Amnistía en esta semana". Aquí está la entrevista que se le hizo al compañero Pérez Jácome.

Sin embargo, a punto de concluir este periodo, parece ser que los discursos que aquí se han planteado, que las firmas que se han plasmado en documentos; que declaraciones que se han hecho a la prensa; parece ser que no hay voluntad política para liberar a los presos en este periodo. Tan es así, que ayer me quedé muy sorprendido, compañero diputado García Cervantes, a quien yo respeto, que en la entrevista que tuvieron con el Presidente de la República, se dice: "García Cervantes indicó que podrían quedar pendientes para su discusión y aprobación, las iniciativas relativas a las leyes orgánicas del Poder Judicial, Telecomunicaciones, Amnistía Anticipada y la reglamentaria al artículo 27 constitucional".

Yo la mera verdad compañeros diputados, estoy sumamente preocupado, porque mientras se hacen estas declaraciones, hay un conjunto de compañeros que siguen presos y que fue una propuesta que emanó de esta cámara, que emanó de diputados de esta cámara, que emanó de coordinadores de esta cámara y al mismo tiempo leo en el periódico Excelsior, del lunes 24: "Aún no hay elementos para aprobar la ley de amnistía", en una entrevista que se le hace a la Secretaría de la Comisión de Justicia, la diputada Segura y donde finalmente de alguna manera la diputada en esta entrevista en Excelsior dice que los presos saldrán sólo cuando concluya el diálogo en Chiapas.

No creo que tenga por qué haber malos entendidos entre nosotros. No es argumento decir hoy que la propuesta de ley de amnistía anticipada, que fue apoyada por todas las fracciones parlamentarias, se diga hoy que contraviene a la ley general que votamos aquí.

La intención era, es y seguirá siendo, otra. Yo quisiera por ética, por responsabilidad, por no sentar un precedente en donde incluso y cuando firmamos un punto de acuerdo, ¿ni aunque sea eso se va a respetar? Me parece que serían precedentes sumamente delicados y negativos para la vida parlamentaria, para la convivencia de esta Cámara de Diputados y para la posibilidad política de sacar acuerdos que emanen de aquí y que respetemos los acuerdos que tenemos.

En varias ocasiones he pasado a esta tribuna a plantear el problema y no quiero que concluya este periodo de sesiones ordinarias, sin que los compañeros diputados que tienen alta responsabilidad en esta cámara, no respeten su palabra y no respeten los compromisos que establecimos.

Creo, y con esto concluyo compañeros, que tenemos todavía el tiempo para poder aprobar esta ley de amnistía anticipada y que este Congreso, saque adelante una propuesta que emanó de él y que el próximo día 12 de mayo, cuando se vuelva a reunir la comisión del diálogo, la comisión de diputados que nombramos aquí, lleguen con la frente en alto, diciendo: "Los presos están liberados, y bajo concepto alguno los vamos a tener como rehenes para un diálogo que debe ser de concordia y de paz digna".

Yo se los solicito, compañeros, profundamente y agradecería muchísimo que esto lo pudiéramos sacar adelante.

Antes que nada quiero agradecerles, y muchas gracias.

El Presidente:

Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Ricardo García Cervantes, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.

El diputado Ricardo Francisco García Cervantes:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

Diputado Martínez Della Rocca: entiendo que las referencias y alusiones a mi persona y a la representatividad de mi grupo parlamentario, al que pertenezco, van en el sentido de saber si sostenemos y si estamos dispuestos en los hechos a demostrar lo que hemos dicho. Lo sostenemos y estamos porque seguimos dispuestos en los hechos, a hacer todas las aportaciones que estén en nuestras posibilidades, para crear las condiciones conclusivas del conflicto de Chiapas, en términos justos, dignos y duraderos.

Usted mismo señaló que acompañado a la expresión verbal de voluntad, de construir estas condiciones, en algo pude participar para establecer los contactos, para establecer las condiciones de la propuesta de amnistía anticipada, una vez que habíamos establecido también en esta Cámara de Diputados, como cámara de origen, la propuesta de crear, primero una comisión de diálogo y, luego generar, en conjunto con el Ejecutivo, a partir de la participación de esta comisión de diálogo, una iniciativa conjunta para la paz justa en Chiapas.

El destino de su iniciativa y también de nuestras expresiones de solidaridad con la misma, tienen que seguir un trámite que no depende ni de su servidor, ni del grupo parlamentario del PAN, como tampoco del PRD, en exclusiva; en este caso ni siquiera del propio PRI o del PT, como grupos aislados o individualmente considerados.

¿Por qué? Porque en la ley que todos nosotros votamos a favor, para la paz digna en Chiapas, tenemos una intervención en estas mesas de diálogo que buscan la conciliación y la solución de este conflicto.

Y según tengo entendido, no se ha rechazado la posibilidad de que en consulta con los legisladores de todos los grupos parlamentarios que están participando en el diálogo en Chiapas, se establezcan cuanto antes las bases para una ley de amnistía, en los términos de la ley para la paz digna en Chiapas.

Usted señala que en el acuerdo, cosa que es falsa, porque no lo hubo, pero en entrevista con el presidente Zedillo, su servidor estableció que sería en el periodo extraordinario cuando se viera esto como ya una determinación de mi parte, de que no se viera en este periodo. No fue en esa entrevista; está en el boletín de prensa que usted leyó, porque en ese boletín de prensa se incluyeron también las respuestas a las preguntas de los periodistas que nos hicieron el favor de cubrirla.

Fue a pregunta expresa de un reportero, si alcanzaría entonces, desde el planteamiento que yo hacía de que los tiempos legislativos estaban para este periodo agotado, si sería también destino de la iniciativa de amnistía anticipada el periodo extraordinario. A lo cual, como manifestación otra vez de voluntad de que existan todas las condiciones que faciliten la solución definitiva en Chiapas, de que exista también una ley de amnistía, en los términos de la ley que aprobamos todos.

Que sean nuestros compañeros legisladores que están integrados en la comisión de concordia, los que aporten los datos fundamentales para crear el articulado y las condiciones de una ley de amnistía.

Yo quiero reiterar nuestra disposición por facilitar las condiciones de una solución definitiva, justa y digna, en Chiapas. Incluida la intervención de nuestros compañeros en la comisión de concordia y a través de su participación, la fijación de las condiciones, cuanto antes, lo más pronto posible mejor, de una ley de amnistía que sea parte de la solución definitiva del conflicto de Chiapas.

Sinceramente le preguntaría, ¿para qué si no ha quedado satisfecha la insistencia de aludir a su servidor? Yo entiendo que era buscando, precisamente, el que diera yo la cara frente a la Asamblea, para decir si estoy dispuesto a ratificar lo que en privado he comentado con usted y lo que en público; es decir, ante la Asamblea, hemos firmado.

Lo que en privado y lo que ante la Asamblea hemos afirmado, lo sostengo y estamos dispuestos a hacer, en los hechos, la demostración de nuestra voluntad. Gracias.

El Presidente:

Sobre el mismo tema, tiene el uso de la palabra el diputado Dionisio Pérez Jácome, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Dionisio Eduardo Pérez Jácome:

Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

Este es evidentemente uno de los asuntos en los que es menester hacer un esfuerzo intenso, un esfuerzo claro, pero profundo también, para explicar por qué no ha podido salir primero un dictamen y posteriormente una ley en la que hay coincidencia plena en su espíritu entre todas las fracciones parlamentarias.

Desde que el compañero Martínez Della Rocca presentó su propuesta, con la que lo reitero una vez más, ampliamente simpatizamos, nos acercamos a él para explicarle cual era la limitación reglamentaria, la limitación legal, inclusive que teníamos las comisiones a las que se nos turnó el conocimiento y el dictamen del asunto: la comisión que para mucho honor propio me toca dirigir, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y la Comisión de Justicia.

Le explicamos al diputado Martínez Della Rocca, en todos los términos que pudimos ser capaces de articular, que nos encontrábamos, como decía nuestro compañero García Cervantes hace un momento ante una limitación formal y legal, emanada del propio Poder Legislativo, emanada de nosotros hace algunas semanas: lo dispuesto, con la mejor intención del mundo también, por el artículo 2o. de esa ley, de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, que en su artículo 2o., repito, fracción VI, señala que será objeto del Acuerdo de Concordia y Pacificación, no un acuerdo final, puede ser cualquier acuerdo interlocutorio dentro de esa secuela, proponer los lineamientos para la amnistía, que como consecuencia del proceso de diálogo y conciliación concederá, en su caso, el Congreso de la Unión por los hechos relacionados con el conflicto del Estado de Chiapas, iniciado a partir de enero de 1994.

No sólo intentamos transmitir esa preocupación común, lo expresamos y están todas las versiones estenográficas de las diversas sesiones de comisiones unidas, de ambas comisiones, en las que nos hemos ocupado y preocupado por este tema.

Llegamos Fernando Pérez Noriega y su servidor a suscribir, junto con el compañero Martínez Della Rocca, una exhortación a nosotros mismos, a las comisiones unidas de Gobernación y de Justicia, para que se nos permitiera en esa forma intentar, por así decirlo, presionar a las partes negociantes y a la Comisión de Concordia y Pacificación, a efecto de obtener los lineamientos elementales, básicos, fundamentales, para poder dictar, primero para poder establecer en el dictamen y posteriormente proponer la ley de amnistía.

Temimos, cuando se retrasaba el inicio del diálogo, que este evento pudiera frustrarse, afortunadamente se dio y a partir de ese momento, inclusive con una sugerencia muy atinada de nuestros compañeros de bancada del Partido Acción Nacional, se intentó hasta constituir a la manera de un grupo de trabajo una subcomisión que se encargara de presionar la obtención de esos lineamientos con que pudiésemos dictaminar.

Nos encontrábamos ante una trampa reglamentaria o legal de las que con acierto señalaba el señor coordinador del Partido de la Revolución Democrática el día de ayer, nos impone una legislación interna obsoleta en el Congreso de la Unión. Teníamos que dictaminar en cinco días y obviamente en cinco días no se nos daban los lineamientos. Nos reuníamos, establecíamos pausas de trabajo, inclusive se nos ocurrió proponer al pleno formalmente se nos autorizara a prorrogar, a suspender, a diferir la emisión de un dictamen, porque no teníamos otra alternativa, mientras no contásemos con los lineamientos, que dictaminar en forma negativa, que dictaminar desechando una propuesta que reitero una vez más, en espíritu compartimos, compartimos primero, porque en la ley ese mismo espíritu se contiene, en la ley que aprobamos todos; segundo, porque advertimos que puede ser, que debe ser una medida e distensión y en tercer y definitivo lugar, porque encierra un principio de justicia evidente, válido plenamente para quienes pueden estar por motivaciones sociales, morales, de otra naturaleza, detenidos en tanto la sociedad en su conjunto intenta llegar a una fórmula definitiva de conciliación.

No hemos logrado los lineamientos. Tenemos un límite, un límite prudente, en espera de no tener que soportar nuevas y legítimas excitativas a dictaminar, un límite que sería la próxima reunión del 12 de mayo. Ojalá y con la misma presión moral de todas las fracciones parlamentarias, ojalá con ese espíritu que intentamos transmitir, lo hemos hecho ya con los señores miembros de la Comisión de Concordia y Pacificación y lo hacemos desde esta tribuna a las partes negociantes, ojalá podamos contar con los elementos básicos, con los conceptos elementales, pero en sí fundamentales para nosotros, para poder dictaminar en sentido favorable un proyecto de amnistía que pueda resolver la situación tan vehementemente, pero indudablemente con tanta justicia, ha planteado en repetidas ocasiones el compañero Martínez Della Rocca.

Esa es nuestra posición. He tenido ya ahora la necesidad de exponerla no sólo en el ámbito de las comisiones, sino ante todo el pleno de la cámara, porque definitivamente no queremos, no merecemos ser reos de una culpa en la que definitivamente nosotros no podemos asumir responsabilidad.

Espero la comprensión de Martínez Della Rocca, pero más importante, espero el respaldo de todos ustedes, para poder obtener esos lineamientos que nos permitan cumplir con lo que en definitiva es nuestra responsabilidad como miembros de las comisiones: dictaminar y dictaminar favorablemente un proyecto de ley que permita la libertad de estos sujetos. Muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificar hechos, tiene el uso de la palabra el diputado Martínez Veloz, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Jaime Cleofas Martínez Veloz:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

La paz en Chiapas es un asunto que le compete no sólo a las partes en conflicto, sino también a la nación, a la sociedad y al Congreso de la Unión. La paz, es un anhelo nacional y una condición básica e indispensable para el desarrollo del país.

Construir las condiciones para establecer la paz en México, es un asunto que clama el concurso de las más audaces iniciativas y acciones responsables de los diferentes actores e instituciones que conforman la realidad nacional.

Ante los últimos acontecimientos suscitados alrededor del conflicto chiapaneco, se abre la posibilidad para que esta honorable Cámara de Diputados, tome la iniciativa política y proponga alternativas que permitan generar un clima de mayor entendimiento político entre las partes y por lo tanto ponga en juego todo su potencial político y legislativo.

Mis compañeros, diputados priístas, han demostrado en la práctica su disposición y apoyo total para que el conflicto en Chiapas tenga una solución por la vía del diálogo y la conciliación. Por ello, ante una situación donde debido a diferentes factores y diversas circunstancias, la relación entre las partes en conflicto ha llegado a determinados niveles de tensión, creo pertinente plantear que esta Cámara de Diputados con el concurso, la imaginación y la voluntad política para el diálogo que la ha caracterizado, puede ofrecer alternativas que impulsen las soluciones necesarias para alcanzar la anhelada paz en Chiapas y en el país.

Desde nuestra opinión, el diálogo se ha detenido entre otros factores debido a que los primeros asuntos a discutir han sido los de carácter militar; reconociendo la importancia de éstos, es necesario también entender lo sensible que resulta para las partes y por lo tanto las dificultades para llegar a acuerdos de primera instancia en un asunto de alta dificultad.

Por lo tanto, creo que sería necesario plantear dos iniciativas básicas que pudieran ayudar a destrabar la actual situación. La primera de ellas tiene que ser con la necesidad de reorientar el método y el contenido del debate en la mesa de las negociaciones. Creo que habría mayores posibilidades de acuerdo si en lugar de discutir en primera instancia los asuntos de carácter militar, se empieza a discutir de entrada los asuntos y las causas que le dieron origen al conflicto. De esta manera tendrían prioridad los asuntos relacionados por el problema agrario, la cuestión indígena, el rezago social, la nueva ley electoral y todos los demás que las propias partes acuerden dialogar y negociar.

El segundo aspecto, tiene que ver con el cumplimiento de los principios acordados por las partes el 9 de abril en el poblado de San Miguel de Ocosingo, en donde se plantea la necesidad de impulsar medidas de distensión por cada una de las partes. Si nos queda claro que la distensión en el terreno militar es en estos momentos un asunto de extrema complejidad, creo que es necesario reconocer al mismo tiempo que existen otras posibilidades para impulsar acciones que ayuden de entrada a la distensión acordada en el encuentro de San Miguel por las partes.

Una de estas medidas está al alcance de esta Cámara de Diputados y ésta tiene que ver con el apoyo a la iniciativa para que mediante una amnistía anticipada o la acción jurídica correspondiente que fuera necesaria para liberar a las personas que se apresaron en relación a la situación prevaleciente en el Estado de Chiapas. Así como este Congreso fue capaz de aprobar la Iniciativa de la Ley para el Diálogo y la Conciliación conformada por el trabajo del Ejecutivo y el Legislativo en forma conjunta, creo que una iniciativa de esta naturaleza en relación con las personas apresadas, diseñada con el mismo método, sería de enorme trascendencia para la nación y en especial para la distensión y para la solución del conflicto chiapaneco.

Por esto planteo, que por un lado se conmine a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Justicia, para que emitan el dictamen correspondiente en relación con esta iniciativa, de ser necesario, que estas comisiones pudieran plantear otras alternativas jurídicas que permitieran concretar la iniciativa de que pudiera ser posible que las personas apresadas salieran en libertad. Junto a esto, sería conveniente también, y aquí hago alusión a lo que dijo el compañero Ricardo García Cervantes, que la Comisión de Concordia y Pacificación revisara las alternativas más viables y planteará sus conclusiones a esta Cámara de Diputados y se llegará así al próximo encuentro de San Andrés Larráinzar en un clima de mayor distensión.

La paz, compañeras y compañeros diputados, es un asunto que nos compete a todos, que la construcción de la paz sea el lugar de encuentro de todos los mexicanos y en especial la posibilidad real de establecer los mecanismos de convergencia democrática que distingan a esta, la LVI Legislatura. Muchas gracias.

El Presidente:

Muchas gracias, señor diputado.

Tiene para rectificar hechos, la palabra el diputado Juan Guerra, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática... ¿Sí, señor.

Con todo gusto, diputado Cervantes. Son el diputado Juan Guerra, el diputado Fernando Pérez Noriega y el diputado Marcué.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:

Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros:

Yo creo que este pleno tiene derecho a conocer que lo que plantea el diputado Dionisio Pérez Jácome, es un asunto que tiene qué ver con la amnistía de quienes no solamente están negociando con el Gobierno Federal, sino además de quienes siendo del EZLN están hoy sustraídos a la acción de la justicia, mediante la ley; ellos tienen la garantía que al continuar las negociaciones, el diálogo, hasta buscar un acuerdo de paz, ellos no pueden ser detenidos.

Pero esto es la situación jurídica de los compañeros del EZLN. Otra es la situación jurídica de quienes hoy están detenidos y aun cuando hay diálogo, para ellos no está suspendido nada. Estamos ante el hecho por eso, de que hablamos de una amnistía que habrá de negociarse con el EZLN para quienes hoy bajo el beneficio de la ley que aprobamos aquí, podrán a la conclusión del Acuerdo de Paz y Concordia, discutir también esto de la amnistía.

Pero lo que ha planteado el compañero Pino insistentemente y otros compañeros, no es eso y no tenemos por qué meter confusiones. Es como dijo el diputado Jaime, la amnistía anticipada para quienes hoy están detenidos.

Esta confusión no la tenía el diputado Pérez Jácome todavía el 18 de abril, porque al leer una página del periódico El Día, el declaraba que se aprobaría la ley de amnistía esta semana y la tengo aquí en mis manos.

Lo que estamos discutiendo era... entonces no es la amnistía para los del EZLN que viene en la ley, eso las partes lo habrán de convenir. Estamos discutiendo la amnistía anticipada para que quienes fueron detenidos con motivo de los hechos suscitados a partir del día 9 de febrero.

Y yo le pediría también al diputado Ricardo García Cervantes, que aceptara que de alguna forma es una verdad a medias decir que no está en sus manos el que se dictamine al respecto. En primer lugar, el argumento que se nos dio para dictaminar lo del 27, es que habría que dictaminar dentro de los cinco días; en segundo lugar, nadie desconoce que el diputado Fernando Pérez Noriega es miembro de su bancada.

Por otra parte yo quiero establecer que cuando esto se nos planteó no hace una semana, sino como unas tres o cuatro semanas en la comisión de concordia, nosotros sugerimos que las comisiones unidas formasen una comisión redactora e hiciese las consultas; entonces, estamos ante un hecho donde por una u otra razón esto no camina y yo creo que hay algo a lo que no tenemos derecho aquí en este Congreso, podemos diferir en muchas opiniones: pero no tenemos derecho a tomarnos el pelo.

Cuando yo hablo de respeto cuando menos a la estética, doy por hecho que aunque a veces la ética nos falle, cuando menos cuidemos las formas y la respetabilidad que nosotros mismos nos merecemos. A veces no hay que pedir ya ética, cuando menos un poquito de estética, de cuidar las formas a que estamos comprometidos.

Y tiene razón el compañero Pino cuando aducimos a un hecho, hay un compromiso aquí de los grupos parlamentarios y si nosotros podemos diferir y llegar a acuerdos, esto tiene como condición que respetemos los compromisos que asumimos, porque si no somos capaces de respetar los compromisos que asumimos, ¿qué credibilidad podemos tener incluso entre nosotros mismos.

Hay aquí una opinión también del compañero Jaime, yo espero que las opiniones siguientes sean en el mismo sentido y hagamos lo que nos corresponde y seamos coherentes con el compromiso que ya asumimos aquí y que en efecto aquí mismo no pongamos pretextos, el compañero Dionisio Pérez Jácome, que también estaba muy claro de lo que se trataba una amnistía anticipada y el compañero Fernando Pérez Noriega, citen desde aquí, no creo que sea problema, mañana mismo a las comisiones, para dictaminar sobre la amnistía anticipada.

Cuando se quiere incumplir la palabra, no digamos no puedo, digan mejor que no quieren. Muchas gracias.

El Presidente:

Para contestar alusiones personales, el diputado Dionisio Pérez Jácome.

El diputado Dionisio Eduardo Pérez Jácome:

Con la venia del señor Presidente; seré en extremo breve.

Las versiones estenográficas y la palabra en la que confío, de todos los integrantes de las comisiones unidas que nos han acompañado en estas reuniones, podrán dar fe de la veracidad de mis palabras.

Siempre hemos considerado que a las dificultades que existen para la expedición de esta ley, deberíamos poner nuestro mejor esfuerzo para superarlas. Lo hemos intentado. En ningún momento, lamento que me haya interpretado así un muy respetable medio de comunicación, si es que lo hizo, revisaré esta nota, en ningún momento podría prometer o anticipar lo que en la comisión expresamente he dicho tantas veces, lo que está grabado y lo que sigo sosteniendo en esta tribuna.

Comparto plenamente esa preocupación, la respaldo también con toda mi energía, pero necesito, necesitamos ese elemento básico para poder cumplir nuestro deber.

Ojalá lo tengamos pronto y ojalá podamos contar con la ley que todos estimamos, contribuirá en mucho a la tranquilidad y a la paz de Chiapas y de México.

El Presidente:

Gracias, diputado.

Para rectificar hechos tiene, hasta por cinco minutos, la palabra el diputado Fernando Pérez Noriega, del Partido Acción Nacional.

El diputado Fernando Pérez Noriega:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Se ha estado comentando aquí sobre un proyecto o una iniciativa de ley de amnistía anticipada y a mí me gustaría recordarles, a todos ustedes, cuál es el objeto de la Ley Para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas. Esa ley tiene como objeto principal el dotar los elementos y los mecanismos necesarios, para obtener una paz digna en Chiapas.

Es utilizando los mecanismos que se establecen en esta ley, es utilizando a la Comisión de Concordia y Pacificación, que fue aprobada por esta legislatura, la que debe definir y ayudar hacia la obtención de la paz. Es esa comisión la que debe trabajar en forma prudente, en forma cuidadosa, para no poner obstáculos en esta búsqueda de la paz.

El día de hoy el diputado del Partido Acción Nacional, Rodolfo Elizondo, quien es el presidente en turno de dicha Comisión de Concordia y Pacificación, tiene la obligación, como ha sido la de todos los presidentes en turno, de cuidar que el trabajo de esa comisión que es plural se lleve en forma adecuada, en forma prudente.

El de la voz, el diputado Fernando Pérez Noriega, en este momento como vocero oficial de la Comisión de Concordia y Pacificación en turno, lo único que puede platicar con ustedes es de los temas que por consenso se han definido dentro de dicha comisión. No puedo hablar como miembro de la comisión de opiniones personales, sino de las que han sido consensadas y dentro de dicha comisión ha sido consensado el ser prudentes, el ser cuidadosos en la forma de trabajar y en la forma de platicar con los interlocutores del problema del Estado de Chiapas.

Nuestra obligación como legisladores es coadyuvar al diálogo, es hacer efectivo el mandato que le dimos a la Comisión de Concordia y Pacificación. Insisto, necesitamos ser prudentes.

Algunos diputados que me han antecedido han hablado de ética, se han referido al presidente de la Comisión de Justicia, como si él fuera el que decidiera todo lo que sucede en la Comisión de Justicia y más aún, lo que decidirían las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia. No señores, el presidente de una comisión no toma decisiones; lo único que hace es llevar a cabo los trabajos de la comisión, es dar los elementos para que se trabaje en forma adecuada; no manejamos nosotros las decisiones.

En lo personal, yo solicité para poder utilizar una iniciativa que parece bondadosa, la creación de una subcomisión plural dentro de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia. ¿Y cuál sería el objeto de esa comisión plural? Su objeto sería ponerse en contacto con las partes involucradas en el Estado de Chiapas y principalmente con la Comisión de Concordia y Pacificación, para ver y determinar cuándo es el momento oportuno para dictaminar y expedir dicha ley.

Debemos ser cuidadosos todos, legisladores, debemos ser prudentes y por lo tanto les pido que actuemos con prudencia. Muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Marcué.

El diputado Manuel Marcué y Pardiñas:

Un problema que está lacerando todavía a todos los mexicanos es el problema de Chiapas.

Antes de seguir adelante, yo le suplicaría a empleados menores de la cámara, al grupito que está ahí, que no le quite el tono al micrófono venga a esta tribuna quien venga, como lo hicieron en el momento en que yo intervine.

Decía yo que es un problema que lacera el corazón de todos los mexicanos y que es preocupante por lo que puede suceder. Está afectando la vida política de este país, está afectando gravemente la vida económica para que este país siga adelante.

Yo voy a ser concreto. Cuando un Gobierno de la República y lo digo con respeto para el jefe del Estado, comete un error, ese error hay que pagarlo.

Ustedes saben, señores legisladores, de qué hablo cuando digo que el Presidente de la República y el Gobierno cometió un error cuando estaban los representantes del Gobierno y del EZLN en pláticas. No quiero repetirlo.

Yo desde esta tribuna le pido al Presidente de la República y a sus consejeros que hagan una reflexión profunda de lo que significaría tomar el acuerdo de retirar al Ejército para la buena solución del problema de Chiapas.

Yo como chiapaneco, en recuerdo a seres queridos, le pido al Presidente que lo haga, porque eso solucionará gran parte y será positivo en la conciencia de toda la gente que forma el Ejército Zapatista, porque vendrá a tratar la paz con confianza y no con reservas o desconfianza.

Yo le pido al señor presidente Ernesto Zedillo, porque como jefe nato del Ejército lo puede hacer, que retire a las posiciones anteriores al Ejército nacional, que lo retire a los lugares que ocupaba antes de que quisieran aprehender a miembros representantes de los zapatistas.

Es lo único que vengo a pedir a esta tribuna.

El Presidente:

Gracias, diputado Marcué.

Para rectificar hechos, tiene el uso de la palabra el diputado Javier González, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

El diputado Javier González Garza:

Gracias, señor Presidente; compañeros:

Estamos, parece, en un asunto de confusión; por una parte todas las intervenciones coinciden en que es fundamental el que podamos llegar a un acuerdo para colaborar con el proceso de conciliación y de paz justa, duradera y digna en Chiapas.

Por otra parte, se nos dice que tenemos que esperar las propuestas de las partes, en otras palabras, de la Secretaría de Gobernación y del EZLN, para poder hacer un dictamen acerca de la amnistía.

Nos parece que aquí es donde está la confusión. Son dos cosas distintas. Una cosa es el diálogo en Chiapas y que seguramente todos esperamos conducirá a una serie de acuerdos en donde seguramente el último de esos acuerdos puede hacer una ley de amnistía para los integrantes del Ejército Zapatista. Pero otro es el problema de los compañeros que están presos.

El problema fundamental, por eso habíamos discutido este asunto como una amnistía anticipada, que son todos estos presos que consideramos presos políticos, que se ha discutido mucho sobre ellos y que curiosamente todos estamos de acuerdo y la petición que hacemos es que se puedan hacer, se puedan tomar las medidas políticas y legislativas necesarias para que este asunto se resuelva antes de la siguiente cita de ese diálogo.

En otras palabras, queremos colaborar a la distensión de tal forma que ese diálogo se pueda dar de otra manera.

Nosotros proponemos que se cite para el día de mañana a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como a la Comisión de Justicia, y que los integrantes de esta Cámara de Diputados de la Comisión de Conciliación, asistan a esta reunión para que puedan dar trámite y puedan elaborar un proyecto que resuelva este problema.

Es evidente que podemos pedirle a la comisión en su conjunto que se manifieste sobre este proyecto, a la comisión de legisladores, a la Comisión de Conciliación, pero insisto, todas las intervenciones están en el sentido de que debemos de tomar una decisión legislativa que permita solucionar el problema político que tenemos enfrente.

Entonces me parece, compañeros, que lo podemos hacer todavía en este periodo si el día de mañana se cita a las dos comisiones y se cita a los compañeros participantes en la Comisión de Conciliación.

El Presidente:

Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

ESTADO DE JALISCO

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Juan Manuel Pérez Corona, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una solicitud para la integración de una subcomisión investigadora de las condiciones en que laboran los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El diputado Juan Manuel Pérez Corona:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

¿Cuánto vale nuestra existencia? Todo. Hemos contestado con altivez radiante sueños de la felicidad y del propio destino. Nada hemos dicho en horas de desaliento con los brazos desfallecidos o puestos en cruz. En verdad, la vida lo exige todo en trueque o vale muy poco. La cedía a Satán por un beso el impenitente de la Dolora y la trocó por una salvación el mártir de Galilea. Pero la divina paradoja a diferencia de los tesoros, es que vale más la vida mientras menos se le estima.

En una noche, cuando comienza a sumergirse el Titanic, los hombres que ostentaban con orgullo en sus frentes la marca de la civilización dignificadora, arrojaron los botes al mar y colocan en ellos a las mujeres y a los niños.

Sólo queda un asiento y un hombre joven lo ocupa, es Astor el multimillonario. La vida le sonríe y el asiento conquistado es la vida. Astor oprime la mano de su esposa y le dice, me he salvado por tí, más otra mujer, que también quiere salvarse, se acerca a Astor, porque ella también quiere vivir. Astor se levanta y le dice, dígnese señora ocupar mi lugar. Luego tranquilo, sereno, lleno de virilidad, tal vez piensa que la muerte también es bella, cuando se sabe afrontar con decoro.

Pero qué miserable, qué ruin y despreciable sujeto, que disfrazado con ropa de mujer, usurpó un lugar en la embarcación. Las faldas debieron pesarle, más que las losas de piedra a los condenados dantescos. También él debió preguntarse con la imagen de la cobardía disfrazada en su rostro, ¿cuánto vale la vida?, y su conciencia debió de responderle, ni un devaluado peso.

En Guadalajara el 22 de abril de 1992, hubo muchas perdidas humanas, éstas, para el que ha sido y es señalado como el principal responsable, el precio fue de 100 millones de nuevos pesos.

En esta misma ciudad, en el quirófano No. 2 del Hospital de Pediatría del Centro Médico de Occidente, perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social, cinco niños fueron sometidos a procedimientos quirúrgico-anestésicos, entre el 3 y el 6 de abril. Cuatro de ellos murieron entre el día 7 y el día 14, entre ellos Amanda Camacho de 13 años que sólo recibió anestesia por 45 minutos. La única niña que logró salvarse, Denise Adriana Castellanos de tres años de edad, fue dada de alta el día 20 de abril. ¿Cuál fue el valor de la vida de estos niños?, la vida no tiene precio, sobre todo cuando estos pequeños empezaban a vivir; sin embargo, a sus padres, las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, les dieron 10 mil nuevos pesos por cada vida.

Estas dos tragedias tienen coincidencias. En ninguna se ha querido establecer la causa, en ambas se ha buscado la protección de las instituciones. En el caso del 22 de abril, la fuga de gasolina en un poliducto propiedad de Pemex provocó la tragedia que ocasionó la pérdida de 180 vidas humanas, causó lesiones a 1 mil 400 personas y daños materiales a los bienes de 4 mil 343.

En el caso del Hospital de Pediatría, las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social han señalado como responsable a una bacteria acnetobacter calcuaceticus.

También en ambos casos se dijo que se haría una investigación a fondo, que se llegaría hasta sus últimas consecuencias cayera quien cayera.

El 22 de abril, se encarcelaron a funcionarios municipales, estatales y a técnicos de la planta de Pemex. En el problema del Hospital de Pediatría se ha señalado a la bacteria antes mencionada, aunque dicha bacteria no cumple todos los requisitos de culpabilidad, ya que sólo atacó a dos de los cinco niños afectados, no atacó a los niños que fueron operados en el turno vespertino; bacteria que su horario de trabajo es matutino.

En ambos casos: Pemex y el IMSS han indemnizado a los afectados, pero no aceptan la responsabilidad, ya que Pemex declaró que los 100 millones de nuevos pesos que había dado eran en préstamo y las autoridades del IMSS señalaron que el dinero otorgado lo habían dado para los gastos del sepelio.

Hoy, los que llegamos aquí por voluntad del pueblo, los que queremos ser sus dignos representantes, no podemos aceptar los informes que han rendido las autoridades de la Subdirección General Médica y las autoridades estatales del IMSS; tampoco es creíble el informe de la Comisión Interinstitucional integrada por el presidente de la Comisión de Salud del Congreso del Estado.

El Colegio de Anestesiólogos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Procuraduría de Justicia del Gobierno del Estado, donde recomiendan que no se utiliza el propofol, que es un medicamento anestésico endovenoso; en tanto no se esclarezcan las causas y continúan investigando.

Esto no es creíble porque el medicamento señalado, a pesar de que tiene mucho tiempo en el mercado no se conocen otros casos similares y sólo se señala como el causante en estos niños.

El día 18 de abril se presento un punto de acuerdo para que las comisiones de Salud y Seguridad Social de esta Cámara de Diputados formaran una subcomisión para la investigación del problema específico presentado en el Hospital de Pediatría y es lamentable que aún no se haya integrado. Es urgente de la integración de esta subcomisión, no sólo para que se conozcan las causas que originaron esta tragedia, sino para que se conozcan las condiciones en que están laborando los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Si queremos dar una solución, tenemos que hacer una investigación transparente, imparcial, apegada totalmente a la verdad.

Señoras y señores diputados: el pueblo de Jalisco está esperando que asumamos nuestra responsabilidad y que actuemos en forma urgente y la integración de esta subcomisión lo es. El pueblo no espera que nos escondamos tras la curul como si fuera una trinchera, no podemos guardar silencio ante esta tragedia, porque el silencio es la peor forma de la mentira.

Si bien es cierto que este Poder Legislativo en los últimos meses, por decisiones indignantes, como la aprobación del IVA, ha perdido credibilidad, porque el pueblo no se siente representado.

Nosotros, nosotros debemos de ser la voz del que no la tiene, la esperanza, la esperanza del que la ha perdido. Ya no queremos que a esta tribuna vengan diputados ciegos, diputados sordos que no quieren oír ni ver al pueblo a quien dicen representar. Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias diputado. Para rectificar hechos, tiene el uso de la palabra el diputado Tonatiuh Bravo.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla:

Con su permiso, señor Presidente:

Para referirme de manera muy breve en dos comunicados que entregaré aquí a la Secretaría al tema que acaba de aludir el diputado Pérez Corona.

"Diputado Presidente de la Cámara de Diputados:

Hace algunos días diputados pertenecientes a los cuatro grupos parlamentarios, hicimos una propuesta de punto de acuerdo que fue aprobada en el pleno, en el sentido de que las comisiones unidas de Salud y Seguridad Social, realizaran una investigación sobre las causas que provocaron la muerte de cuatro niños en el Centro Médico de Occidente, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Sin embargo, a pesar de que la petición fue hecha el día 18 de abril, hasta hoy no tenemos información de que se haya procedido conforme a lo acordado en el mencionado punto de acuerdo."

Por tal motivo deseo hacer una respetuosa excitativa a los presidentes de las comisiones aludidas a fin de que se proceda de inmediato a cumplimentar la investigación y se informe a esta cámara, acerca de los resultados."

Esta es la primera misiva que deseo entregar a la Secretaría.

La segunda dice lo siguiente. referida al mismo tema:

"Diputado Presidente de la Cámara de Diputados; señores secretarios:

Por este conducto solicito la inmediata intervención de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de esta Cámara de Diputados, a fin de que investigue cuáles fueron las razones, partidas presupuestales y fundamentos legales en que se basó el Instituto Mexicano del Seguro Social, para entregar la cantidad de 100 mil nuevos pesos a cada una de las familias de los niños muertos recientemente en el Hospital de Pediatría del Centro Médico de Occidente.

Lo anterior, no sólo porque el dinero fue entregado al día siguiente de que el asunto fue tratado en esta tribuna, sino además, porque el dictamen elaborado por las autoridades del mencionado Instituto de manera parcial, no atribuye las causas de las muertes a negligencia o irresponsabilidad de la institución, tal y como buena parte de la ciudadanía y la comunidad médica considera y entonces, queda claro que desde el punto de vista del IMSS, no se trata de indemnizaciones.

Hasta donde conocemos, el Seguro Social no cuenta con ninguna autorización para entregar 100 mil nuevos pesos a los familiares de cada paciente que muera por infección en cualquiera de sus hospitales y ello ha llevado a la opinión pública a pensar que esta acción se llevó a cabo como forma de corrupción para que las familias afectadas ya no continúen con las protestas, y sobre todo tratar de persuadirles para retirar las demandas penales presentadas." Por tal motivo, solicito a usted señor Presidente, turne esta petición a la comisión aludida, a fin de que proceda a realizar la investigación del caso. Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, señor diputado.

Se turna a la comisión solicitada.

Tiene el uso de la palabra para rectificar hechos, el diputado Alejandro Audry, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Alejandro Iván Audry Sánchez:

Honorable Cámara de Diputados:

Lamento mucho los hechos ocurridos en el Hospital de Pediatría de Guadalajara en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

La bacteria que fue aislada, se llama acnetobacter calcuaceticus. Fue un grupo de científicos de aquí del Centro Médico Siglo XXI, a estudiar los casos.

Las infecciones llamadas nosocomiales, porque se producen en hospitales, representan un riesgo calculado de la hospitalización. Aún en los mejores hospitales primermundistas, el 5% de los pacientes adquieren una infección nosocomial, particularmente aquellos que tienen alterados sus mecanismos de resistencia y los que se someten a procedimientos invasores.

Los microorganismos que suelen producir las infecciones nosocomiales, son diferentes de los que se producen en infecciones epidémicas comunitarias; es decir, extrahospitalarias. Estos gérmenes son mucho más virulentos; crean resistencia a los antibióticos, tiene comportamiento biológico más agresivo que el de la misma especie fuera del hospital.

Los brotes epidémicos de infección nosocomial, no son excepcionales y a veces la identificación de la fuente y el mecanismo de la infección, requieren mucho tiempo y el empleo de tecnología muy compleja.

Muchos de los microorganismos causantes, forman parte de la flora normal y adquieren capacidad patógena en un medio como el hospitalario. Al encontrar un paciente debilitado, al asociarse con otros microorganismos, los más comunes son: escherichia coli, clepsiella neumonie, pseudomona aureaginosa, estafilococo y estreptococo, que son muy comunes. Al asociarse esta bacteria con estos gérmenes que acabo de mencionar, se vuelve extremadamente virulento.

Esta bacteria acnetobacter calcuaceticus, ha producido brotes epidémicos, por ejemplo, en Chile en 1989 y 1990, con nueve casos; en Tel Aviv, con 12 casos, en 1990 y en Estados Unidos, Nueva York, en 1993, con 11 casos y casos aislados de infección grave. Se calcula que entre 0.03% y 0.5% de las septicemias que ocurren en una unidad de cuidados intensivos, son producidas por este microorganismo.

Ahora bien, esta respuesta la tuvimos desde hace algunos días, después de que se presentó aquí la denuncia, cuatro o cinco días después ya tenían las comisiones la respuesta, tanto la Comisión de Salud, como de Seguridad Social. Cada uno de los integrantes de estas comisiones, tenían esta respuesta.

Hay una respuesta mucho más amplia, sobre este punto. El hecho fue que se aisló la bacteria, se puso en ratas, se inoculó en ratas y tuvieron la misma sintomatología que los pacientes que fallecieron de esto, por más que se pusieron antibióticos, no dio resultado y no siempre en la medicina forzosamente se triunfa. Hay casos, hay fracasos.

La situación actual es que desde el punto de vista de infección, ya está controlada. No se esperan nuevas complicaciones en la paciente sobreviviente y que se harán investigaciones ulteriores, que se continúan; esto se lleva tiempo, porque hay siembras que toman determinado tiempo; tanto a nivel de la propia unidad, como responsabilidad intrínseca del Comité de Infecciones, como las que se realicen por las instancias legales correspondientes. Se está siguiendo un proceso legal para ver si hay responsables en esto, las que definirán las conclusiones definitivas.

Yo pienso que como comisión, hasta el momento es lo que se puede hacer. Son personas altamente calificadas las que llegaron y pudieron aislar casi de inmediato la bacteria. Se había pensado en el diagnóstico. Cuando se piensa en el diagnóstico, es más fácil llegar a él. Eso es cuanto les puedo decir.

El diputado Jorge Urdapilleta Núñez (desde su curul):

¿Acepta una pregunta.

El Presidente:

Diputado, ¿acepta una pregunta.

El diputado Alejandro Iván Audry Sánchez:

Sí, con todo gusto.

El diputado Jorge Urdapilleta Núñez (desde su curul):

Señor diputado: si bien usted hace mención de que posterior a que se hizo la solicitud de que se formara una comisión para la investigación y que se recibió la notificación, tanto en la Comisión de Salud, como en la de Seguridad Social, por qué no se nos dio a conocer a los integrantes de las mismas comisiones.

Asimismo, si esto, el que no se dé a conocer los resultados tendrá algo qué ver el por qué no se quiere una investigación a fondo de lo que está sucediendo en el Seguro Social. Porque si bien ahora murieron cuatro niños, no sabemos en el futuro qué puede suceder.

El diputado Alejandro Iván Audry Sánchez:

Se dio a conocer de inmediato. El caso que es aislado es el suyo, que no estaba usted. Pero todos nosotros, integrantes de Salud y de Seguridad Social, se les entregó de inmediato esto es decir, cuatro o cinco días después, porque se lleva tiempo el haberlo solicitado; es decir, se solicitó a la dirección, qué investigación se tenía sobre el caso, y en cuanto la recibimos, esto tiene fecha del 18 de abril, 18 de abril y de inmediato lo dimos a conocer, es decir en cuanto lo recibimos. Muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Tonatiuh Bravo.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla:

Verdaderamente me ha sorprendido la intervención del diputado Audry, presidente de la Comisión de Seguridad Social, en lo que respecta a dos o tres puntos que me parece no solamente no quedan claros, sino en su calidad de presidente tiene una confusión.

En primer lugar, el diputado Audry dice que la comisión, las dos comisiones recibieron una respuesta. Cuando en realidad lo que aquí se pidió, a través del punto de acuerdo que aprobó el pleno, es que esas dos comisiones hagan una investigación; no que le pidan al Instituto Mexicano del Seguro Social cuales son los resultados de investigarse a sí mismo. Porque ésa no es una investigación imparcial.

Una investigación hecha por el Seguro Social al mismo Seguro Social evidentemente encubre o puede verse en el riesgo de encubrir res ponsabilidades o negligencias de carácter administrativo.

Por tal motivo, yo le suplicaría al diputado que leyera de nuevo el punto de acuerdo, y el punto de acuerdo lo que pide, en su segundo y tercer párrafos, es la integración y la consulta a una comisión multiinstitucional, precisamente para evitar el problema de hacer una investigación parcial que a todas luces va a encubrir a la institución o a las negligencias o corruptelas de la misma, ¿sí.

En segundo lugar, me parece que no está informado de la polémica que se ha suscitado entre especialistas, precisamente en Guadalajara. Hay los especialistas que no pertenecen al Seguro Social, miembros del Sistema Nacional de Investigadores, por cierto, no solamente son infectólogos, sino también anestesiólogos, que sostienen la tesis de que fue la administración de la anestesia o probablemente la mala calidad de la anestesia que está comprando el Seguro Social o el uso de anestesia caducada, lo que pudo haber propiciado este problema.

Si esa hipótesis es correcta, diputado, entonces tiene que investigarse la negligencia administrativa de estar checando los vaporizadores que hacen la mezcla de la anestesia o, en su defecto, checar la política de compras de parte del Instituto Mexicano del Seguro Social y si ahí hay responsabilidad o negligencia hay que investigar al respecto, ¿sí.

También existe la hipótesis de que fue una bacteria, tal y como aquí lo ha sostenido. Deseo informarle a usted que en diarios locales e incluso en diarios nacionales varios investigadores del Sistema Nacional de Investigadores han sostenido y han mostrado estudios en donde la bacteria que usted vino a mencionar aquí, que es la que informa este informe que hizo el Seguro Social, no genera dos aspectos que han sido mencionados en los informes médicos y que a decir de los médicos tienen que ver con una complicación hepática y una complicación renal; hay una discusión, un debate en torno a estos aspectos médicos.

Yo no creo que deba descartarse una hipótesis o la otra, lo que creemos que debe hacerse es una investigación imparcial que se asegure, obtenga precisamente los puntos de vista de ambas partes, para que pueda llegar a una resolución. No afirmamos categóricamente que hubo negligencia, como tampoco aceptamos que categóricamente las comisiones acepten lo que el Seguro Social investiga de sí mismo, por obvias razones.

Me parece entonces que lo que aquí procede, es hacer proceder a lo que el punto de acuerdo solicitó a ambas comisiones y ese punto de acuerdo es muy claro, una investigación imparcial, una investigación que consulte a especialistas de varias instituciones y a especialistas que no laboren en el Seguro Social, con el propósito de asegurar una investigación imparcial.

Y por último, señor diputado presidente de la comisión, respetuosamente yo le pediría que cumpliéramos con nuestra misión de ser representantes de los derechohabientes, representantes de la población que se va a atender al Seguro Social y no representantes de los intereses particulares de los administradores de una institución. Muchas gracias.

El Presidente:

Para contestar alusiones, personales, tiene la palabra el diputado Alejandro Audry.

El diputado Alejandro Iván Audry Sánchez:

Intentaré dar una respuesta en orden.

Primero, en relación a la comisión investigadora. ¿Qué diputado integrante de la comisión y lo digo con sinceridad, hay con suficiente calidad científica para poder competir con los investigadores del Centro Médico Nacional? Si lo hay que se presente y lo llevamos a que forme parte de esa comisión.

Hablé con el doctor Robles Garnica, presidente de la Comisión de Salud y él confesó, igual que yo, que no íbamos a hacer nada en relación junto a estos investigadores. No solamente son infectólogos, patólogos, virólogos etcétera, es un equipo altamente calificado en México, posiblemente de lo mejor que hay en México en relación a este punto, por eso la aislaron tan rápidamente, por eso llegaron tan rápidamente al diagnóstico.

Ahora bien, una noticia de hoy en diarios locales posiblemente, habla de la administración de la anestesia; se pensó también en eso, que podía ser la administración de la anestesia, se pensaron en muchas hipótesis, son hipótesis, y claro que se está dispuesto a que se investigue más, se siga investigando este asunto, no se ha agotado la investigación.

He dicho a las conclusiones que se ha llegado, pero tal parece que existe más un afán de encontrar culpable que saber la verdad del caso. Desde el punto de vista científico están estudiando esto para ver cuál es realmente toda la verdad sobre esto. ¡No!, yo no represento a las autoridades del instituto, algunos me acusan de representar a los trabajadores del instituto o a los representantes de derechohabientes, no, soy un representante popular como ustedes, pópulo=pueblo, representante del pueblo y cuando voto volteo a ver el lema que tenemos acá atrás que dice: "La patria es primero", en eso me baso para votar y tomar actitudes y conductas. Gracias.

El Presidente:

Le quiere hacer una pregunta el diputado Tonatiuh Bravo. ¿La acepta usted.

El diputado Alejandro Iván Audry Sánchez:

Sí.

El Presidente:

Adelante.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde su curul):

Señor diputado: mire usted, en la propuesta de punto de acuerdo que se hizo y que se aprobó en el pleno, precisamente con base en el mismo razonamiento coincidiendo con el planteamiento que usted hace, se planteó que las comisiones unidas precisamente consultaran o conformaran una comisión multiinstitucional de especialistas que pudieran llegar a un diagnóstico de ello. ¿Está usted dispuesto a que esas comisiones convoquen a infectólogos, anestesiólogos y especialistas, que no formen parte del Seguro Social con el propósito de asegurar opiniones transparentes y neutrales al respecto.

El diputado Alejandro Iván Audry Sánchez:

Sí, mire, yo sí estaría dispuesto. Yo creo que lo que procede es tener una reunión las dos comisiones y de ahí que surja qué decisión se va a tomar y en qué condiciones va a trabajar esa comisión.

El Presidente:

Muchas gracias, diputado Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Juan Manuel Pérez Corona.

El diputado Juan Manuel Pérez Corona:

Con su permiso, señor Presidente:

A mí me hubiera gustado más que el señor diputado hubiera venido a decir aquí cuándo se formaba la subcomisión, yo creo que un representante del pueblo se debe de componer la camiseta de diputado y no la camiseta del Seguro Social o de defensor de un sindicato del Seguro Social.

Usted mencionó aquí que eran niños debilitados y yo le dije en mi exposición, no sé si la escuchó, de que una niña ni siquiera había sido operada, solamente se le dio anestesia por 45 minutos y esa cirugía fue suspendida porque hasta tres días después se dieron cuenta de que algo andaba mal ahí.

A otro niño, un niño de 10 años, Lázaro, le fue extirpado un juanete, un jalos balbus es una cirugía insignificante, el niño no estaba debilitado y ese niño también murió. Nosotros le dijimos aquí a usted que queremos una investigación seria; el que nada debe nada teme. Si nada deben ¿por qué temen.

Yo le dije también aquí que sólo en dos niños se aisló la bacteria, no se aisló en todos y que los niños que habían sido operados en el turno vespertino, en el mismo quirófano, no se infectaron ¿Cómo explicaría usted eso? Yo ya le dije que esa bacteria checa a las 7:30 de la mañana y sale a las 14:00 horas y cuando hace pase de salida a la mejor se sale antes, entonces los niños se salvan.

El Presidente:

Para contestar alusiones, el diputado Alejandro Iván Audry.

El diputado Alejandro Iván Audry Sánchez:

No tengo la seguridad de que de cinco niños nada más se haya aislado en dos, pero si se aisló en dos sería una prueba contundente de que fue la bacteria, puesto que los otros presentaron la misma sintomatología de estos dos, ¿verdad?

Eso sería una lógica casi absoluta; ahora esta bacteria se puede encontrar en el medio ambiente, en el aire, entra por inhalación generalmente, es una de las vías de entrada, no necesita forzosamente ser endovenosa.

En cuanto a las alusiones que hace del Seguro Social, pues no es el tema.

El Presidente:

¿Si, doctor?

El diputado Juan Manuel Pérez Corona (desde su curul):

Señor Presidente, si me permite hacerle una pregunta al orador.

El diputado Alejandro Iván Audry Sánchez:

Sí, sí.

El diputado Juan Manuel Pérez Corona (desde su curul):

¿Sabe usted cuál es el periodo de incubación de la bacteria.

El diputado Alejandro Iván Audry Sánchez:

Lo ignoro.

El diputado Juan Manuel Pérez Corona (desde su curul):

¿Sabe usted de alguna bacteria que tenga un periodo de incubación de seis horas? ¿Dígame cuál.

El diputado Alejandro Iván Audry Sánchez:

Acnectobacter calcuaceticus.

El diputado Juan Manuel Pérez Corona (desde su curul):

Le voy a recomendar que lea la literatura y le voy a recomendar que forme esta subcomisión y vamos; y venimos a informar aquí a esta Asamblea los resultados.

El diputado Alejandro Iván Audry Sánchez:

Esta bacteria antes de 1970 no era patógena, es una mutante. Gracias.

El Presidente:

Para rectificar hechos, tiene el uso de la palabra el diputado Everardo Martínez, de la fracción del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Everardo Martínez Sánchez:

Gracias, señor Presidente:

Quise brevemente hacer uso de la tribuna, porque el caso que se ha planteado y el motivo por el cual se formó, se aprobó el punto de acuerdo para solicitar la conformación de una subcomisión, yo creo que es de la máxima importancia.

Yo creo que el diputado Alejandro Audry no ha interpretado correctamente el reglamento, porque él vino a decir que consultó al presidente de la Comisión de Salud y decidieron, es una franca aberración decidir en esas condiciones, estaba obligado tanto el diputado Audry como presidente de la Comisión de Seguridad Social y el presidente de la Comisión de Salud, convocar a ambos integrantes de las comisiones para que el pleno decidiera la conformación de la comisión y se le encargara las recomendaciones correspondientes y pertinentes.

Entonces el diputado Audry se está tomando atribuciones que no le corresponden por ser el presidente de la comisión; entonces yo le pediría que atendiera la recomendación y que para lo único que se tendría que poner de acuerdo con el presidente de la Comisión de Salud, era en la fecha, lugar y hora de la convocatoria para que todos los integrantes pudiéramos ahí en esa instancia debatir, decidir y conformar la subcomisión.

El Presidente:

Para rectificar hechos, tiene la palabra la diputada Rosa Márquez, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada María Rosa Márquez Cabrera:

Gracias, señor Presidente:

Yo quiero entender que es de buena fe la actuación del presidente de la comisión, el diputado Audry.

Yo creo que también no es casual que haya una preocupación por la gran campaña en contra, desde distintos aspectos, desde distintos sectores, hay en contra de la seguridad social, en contra del Seguro Social y que este tema pudiera servir para insistir en esa campaña.

Yo creo que lo que más va a contribuir a ir al fondo del problema, es precisamente la transparencia y la ubicación perfectamente de dónde están los problemas que aquejan al Seguro Social, los problemas de fondo, los problemas que aquejan también a la seguridad social y esto tiene que ver con la transparencia en la administración, en el manejo de recursos, en la investigación de este tipo de casos, que no son los únicos, que no es aislado, sino que se dan muy frecuentemente en todo el país, de distintas características.

A mí me parece por eso que ha sido muy acertada la propuesta, la iniciativa, que además se acordó aquí, de formar esta comisión. Es en esa medida en que nosotros vamos a cumplir realmente con el reclamo que hay de millones de usuarios, de trabajadores, de patrones, en fin, de atender a fondo los problemas de la seguridad social y en particular del Seguro Social.

Y en este caso, a mí me parece que contribuiremos de mejor manera a ubicar el problema, sin tomar partido. Cuando es evidente que hay un sinnúmero de opiniones contradictorias con relación a esta investigación que se ha presentado, lo mejor es que se conforme esa comisión de inmediato, que de manera totalmente neutral nosotros vigilemos que esa investigación se lleve a cabo, en donde participen, como ya se ha mencionado aquí, no exclusivamente trabajadores, investigadores del Seguro Social, que no sea una sola versión, sino la versión también de otros especialistas en el área, en la materia.

A mí me parece que así, con esa transparencia, es como vamos a contribuir de mejor manera a la defensa del Seguro Social y a modificar también de fondo lo que es evidente, que hay graves errores, graves deficiencias. Yo creo que tenemos que entrarle así, atendiendo a nuestra responsabilidad de representantes populares, sin temores.

Efectivamente, nos llegó el informe a los integrantes de la Comisión de Seguridad Social, pero también quiero decir que así nos han lle gado otros informes, pero no hay una actuación activa de esta comisión, no solamente en este caso, tenemos ya un dictamen sobre la interpretación del Seguro Social y no se trata de que recibamos informes solamente, sino se trata de que los analicemos y de que actuemos responsablemente. Muchas gracias.

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Francisco Patiño, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hacer una excitativa al Procurador General de la República, para que dé trámite a la demanda penal en contra de Carlos Salinas de Gortari.

El diputado Francisco Patiño Cardona:

¡Qué barbaridad! Hacía tiempo que en tan pocos segundos haya escuchado tantos absurdos e imprecisiones por parte del diputado Alejandro Audry para justificar con todo, la responsabilidad de un hospital.

El Presidente:

Señor diputado: al tema para el cual solicitó la palabra.

El diputado Francisco Patiño Cardona:

Muy bien. Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Antes de abordar el tema que me trajo aquí a esta tribuna, debo señalar que ciudadanos de diversos distritos electorales de la ciudad de México, me han pedido que dé lectura y haga llegar este documento a los diputados priístas que integran a esta LVI Legislatura. Son aproximadamente 7 mil firmas de ciudadanos del Distrito Federal.

Esa separata constituida por numerosos fajos de folios, con más de 7 mil firmas y cada volumen está dirigido a distintos diputados de la fracción parlamentaria del PRI, así que sacaré un folio al azar. El documento dice lo siguiente:

«Ciudadano Horacio Pereznegrón.- Diputado federal de la LVI Legislatura por el XXXVII Distrito Electoral del D.F.- Presente.

Nos dirigimos a usted para solicitarle corrija el error que cometió al haber aprobado, junto con otros legisladores del PRI, el aumento en un 50% al valor agregado, IVA...

El Presidente:

Señor diputado, permítame usted; usted solicitó la palabra para hacerle un llamamiento al señor procurador sobre que se le diera trámite a la demanda que se presentó contra Carlos Salinas de Gortari y está usted tratando un tema distinto.

El diputado Francisco Patiño Cardona:

De acuerdo, señor Presidente, sin embargo...

El Presidente:

El diputado Juan Guerra, para una moción.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde su curul):

Señor Presidente, yo le ruego que su responsabilidad es poner orden en la sala. El orador tiene derecho a argumentar de la forma que considere y tiene un derecho reglamentario de la forma que considere el tema para el que se inscribió. El va al punto, pero lo está argumentando de esa forma y el orador es inviolable en tanto esté interviniendo, entonces le pido por favor que a quien debe llamar al orden es a la sala.

El Presidente:

Conozco las responsabilidades de la Presidencia, diputado.

El diputado Francisco Patiño Cardona:

Yo no sé por qué tanta preocupación trae si se trata de un documento sencillo, que dice que dicho aumento en esta época de crisis económica que todos padecemos, pasa por encima de la Constitución, porque viola el espíritu de equidad y proporcionalidad señalado como requisito para los impuestos en nuestra Carta Magna.

Además es un incremento incorrecto, porque no resuelve los problemas que dice atacar e injusto porque los más agredidos con el IVA son los más pobres; es decir, la mayoría de los mexicanos.

Por eso le pedimos exija la derogación de dicho aumento utilizando lo señalado por el nuevo artículo 105 constitucional.

Atentamente.

Familias contra el IVA del XXXVII distrito electoral.»

Señor Presidente, entrego al señor Secretario estas firmas para que se turnen a la comisión correspondiente.

Bien, solicité hacer uso de esta tribuna para cumplir con un mandato que recibí de miles de ciudadanos del Estado de Hidalgo, que mediante documentos, mediante largas listas de firmas, miles de firmas, me pidieron ser conducto para solicitar a esta Cámara de Diputados discuta y apruebe en su caso, a la brevedad posible, la iniciativa que faculta al Congreso para poder iniciar juicio político en contra del servidor público encargado del Poder Ejecutivo.

Esos ciudadanos del Estado de Hidalgo, al igual que yo, consideramos que el país no puede seguir su marcha hacia la tan buscada modernización, si el Presidente de la República sigue siendo políticamente irresponsable.

Nos preguntamos, ¿cuántos años de desarrollo económico y social pierde México cada vez que cae en una crisis como la que ahora nos agobia? Nos preguntamos también ¿qué lugar ocuparía México en la comunidad internacional de las naciones si no tuviera más de 20 años hundido en crisis económicas? Pero también sabemos que las crisis no se producen por generación espontánea, sino que son el producto generalmente de los malos manejos de la economía que han hecho los presidentes de la República.

La crisis actual remonta sus orígenes al sexenio de José López Portillo y se profundiza en el Gobierno de Miguel de la Madrid, pero fue en el de Carlos Salinas de Gortari cuando alcanzó su mayor profundidad. Sin embargo, no entendemos por qué no existen mecanismos que hagan pagar a los malos gobernantes por sus actos en contra de la nación.

Para nadie de los que estamos aquí es un secreto la desmedida ambición de poder de Carlos Salinas de Gortari, ni su compulsivo afán por alcanzar la presidencia de la Organización Mundial de Comercio. Esas actitudes lo llevaron, como comienzan a reconocer ahora algunos funcionarios de su Gobierno, a no devaluar a tiempo y gradualmente el peso frente al dólar, a no asumir su responsabilidad en tiempo de su Gobierno y heredar al siguiente una situación incontrolable como la que ahora vivimos.

Ahí están los hechos y seguramente algunos constituirían delitos, pero no hay forma de que el culpable pague por ellos, porque por norma constitucional fue declarado inocente de toda culpa al mismo tiempo que tomaba posesión de su cargo como Presidente de México, pero a Carlos Salinas no puede acusársele sólo de manejar interesadamente la economía y de llevarla al caos y a la bancarrota.

La corrupción infectó de tal manera su gobierno que es posible descubrir en servidores públicos, como Mario Ruiz Massieu, fortunas de más de 9 millones de dólares, depositados en bancos extranjeros.

Nos preguntarnos: ¿qué se encontraría si se investigan las fortunas de Carlos Salinas, de su familia y de sus más cercanos colaboradores.

El PRD ha presentado demandas de juicio político en contra de esos personajes y también demandas de orden penal, pero ni esta cámara, ni la Procuraduría General de la República han dado el primer paso para desahogarlas.

Carlos Salinas se ha ido del país, aparentemente de manera definitiva y todo indica que no habrá proceso en su contra.

Sin embargo, nunca, nunca se le debió permitir su salida, sino hasta aclarar su responsabilidad en la crisis económica, esperar hasta aclarar su responsabilidad en las investigaciones de los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu y aclarar si su fortuna personal es congruente con los ingresos que percibió durante sus años como servidor público.

Por todo lo aquí expuesto, independientemente de las pasiones partidistas y en nombre de los ciudadanos del Estado de Hidalgo, que solicitaron mi intervención para presentar este asunto, me permito hacer una excitativa a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de esta cámara, para que dictamine a la brevedad posible la iniciativa presentada por el diputado Héctor Bautista, en el sentido de que los presidentes de la República puedan ser sujetos de juicio político y responder ante la nación por sus actos y omisiones.

Asimismo, me permito proponer a este pleno un punto de acuerdo que entregaré a la Secretaría para los efectos a que haya lugar, por el cual la Cámara de Diputados haga una excitativa al Procurador General de la República, Antonio Lozano Gracia, para que se dé curso de manera inmediata a la demanda penal interpuesta por los diputados del Partido de la Revolución Democrática, en contra de Carlos Salinas de Gortari y quienes resulten responsables.

En los términos del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos el siguiente

«PUNTO DE ACUERDO

Unico. Esta cámara hace una excitativa al Procurador General de la República, licenciado Antonio Lozano Gracia, para que dé trámite a la brevedad posible a la demanda penal interpuesta por los diputados del PRD en contra de Carlos Salinas de Gortari.

Atentamente.

Firman los diputados: Francisco Patiño, Carlota Botey, Hildiberto Ochoa, Taide Aburto, Cuauhtémoc Sandoval, Froylán Velázquez, Francisco Bolaños, Gloria Sánchez, Graciela Rojas y Raúl Castellanos.»

Señor Presidente, entrego al compañero Secretario el documento punto de acuerdo; sustentado por miles de firmas de hidalguenses. Gracias.

El Presidente:

Se turna para su análisis a la Comisión de Justicia de esta Cámara de Diputados.

REPUBLICA DE CUBA

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra la diputada Claudia Esqueda para presentar un pronunciamiento de solidaridad con la República de Cuba.

La diputada María Claudia Esqueda Llanes:

Gracias señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados:

«Pronunciamiento de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos.

CONSIDERANDO

Primero. Que esta Asamblea ha conocido la iniciativa de ley promovida por los legisladores norteamericanos James y Burton con relación a la República de Cuba, que entre otras cosas pretende profundizar e internacionalizar el bloqueo económico, comercial y financiero, que por más de 30 años, los Estados Unidos de América, ha impuesto a esta nación latinoamericana.

Segundo. Que dicho proyecto de ley pretende interferir el ingreso de Cuba a organismos financieros, así como establece el propósito de retener las contribuciones de parte de Estados Unidos a aquellas agencias internacionales que cooperen institucionalmente con Cuba. Y que también considera el propósito de presionar a gobiernos extranjeros, para restringir sus relaciones comerciales y crediticias con Cuba, significando ello, un hecho sin precedentes en las prácticas regulares del derecho internacional y en la práctica de sana convivencia entre los estados.

Tercero. Que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha resuelto, en tres oportunidades, con el voto favorable de México, exhortar a todos los estados para que se abstengan de promulgar y aplicar leyes y medidas extraterritoriales, que afecten la soberanía de otros países, así como ha instada persistentemente a los estados donde existan este tipo de leyes, a que tomen las medidas necesarias para derogarlas.

Cuarto. Que los principios de no intervención y autodeterminación de los estados, han sido la inspiración en las relaciones internacionales de México; se acuerda, con la participación de las cuatro fracciones parlamentarias que integran esta LVI Legislatura, el siguiente

PRONUNCIAMIENTO

Exhortamos al Congreso de los Estados Unidos de América a desechar el proyecto de ley auspiciado por los legisladores antes mencionados, a la luz del respeto irrestricto a los principios de soberanía, independencia y no intervención.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 27 de abril de 1995.- Firman por las fracciones parlamentarias: los diputados: Humberto Roque Villanueva, Ricardo García Cervantes, Jesús Ortega Martínez, Joaquín Humberto Vela.»

Me permito dejar este pronunciamiento en manos de la Secretaría señor Presidente. Gracias.

El Presidente:

Gracias diputada.

Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Cristian Castaño.

El diputado Cristian Castaño Contreras:

Con su venia, señor Presidente; señoras diputadas, señores diputados:

Debemos de entender que en principio este acuerdo es en beneficio del pueblo cubano y no necesariamente de su Gobierno. El acuerdo va en concordancia con la Doctrina Estrada, que ha requerido ya durante muchos lustros las relaciones internacionales de nuestro país y aún más, va en concordancia con la doctrina de Acción Nacional, así nos manifestamos con el acuerdo y la iniciativa de la Ley Torricelli, hoy nos manifestamos también en ese mismo sentido. Siempre hemos estado de acuerdo y lo hemos expresado en esta tribuna que no puede ser un bloqueo económico, que va en contra de la dignidad humana de un pueblo entero; medida, instrumento o medio para alcanzar otros fines. El fin, jamás justificará los medios.

La política intervencionista de los Estados Unidos de América no es justificable desde ningún punto de vista; pero a la luz de la justicia y en razón de la equidad, debemos reconocer, esperando que exista el mismo espíritu parlamentario y entusiasmo por sacar acuerdos, lo siguiente:

Primero. Reconocer que son los propios cubanos quienes deben de resolver sus problemas; que debe de reconocerse a las fuerzas políticas opositoras en este país; que debe de darse ya la liberación de presos políticos, muchos de ellos, más de 230, reconocidos como presos de conciencia, por anmistía internacional, entre otras muchas organizaciones defensoras de los derechos del ser humano.

Debe de darse, añadiendo el respeto irrestricto de los derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y demás convenciones internacionales que atañen al sufrimiento del pueblo cubano, ante todo, elecciones libres, democráticas y periódicas. Sólo así, acordando y equilibrando nuestra posición como grupo parlamentario es que nos hemos fijado también contribuir al concierto de las naciones, con justicia y con equidad.

El Presidente:

Gracias, señor diputado.

ESTADO DE MEXICO

El Presidente:

Tiene la palabra la diputada Adriana Luna Parra, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hacer comentarios acerca de la conservación del patrimonio cultural en Teotihuacan.

La diputada Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo:

Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Los que quedan que no son muchos, pero me dirijo con todo respeto a ustedes. Vengo aquí, a esta tribuna, con la esperanza de encontrar eco entre todos ustedes, representantes del pueblo de México, ante lo que el maestro emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia, José Luis Lorenzo calificó como un crimen de lesa arqueología en uno de los sitios en que el pueblo de México, a través de los años, ha encontrado un vaso comunicante con nuestra historia: Teotihuacan.

Se dice: "Refirieron los viejos a fray Bernardino de Sahagún, que cuando aún era de noche, cuando no había luz, cuando aún no amanecía, dicen que se juntaron, se llamaron unos a otros los dioses allá en Teotihuacan. Se dijeron entre sí: venid ¡oh dioses!, quién tomará sobre sí, quién llevará a cuestas, quién alumbrará, quién hará amanecer". Código Matritense.

La verdad y la reflexión no siempre encuentran eco y respuesta en quienes debieran darla. Mientras ponemos en oro las letras de sor Juan Inés de la Cruz, el espíritu de sor Filotea campea tratando de acallar y a echar tierra a la verdad.

Manuel Gamio, desde los albores de este siglo, describe una actitud que continúa vigente cuando dice: "Frecuentemente se critica el cacicazgo de los gobernantes, de los terratenientes, de los capitalistas, pero nunca se menciona ni se flagela el cacicazgo intelectual; sin embargo, esa plaga nacional es bien conocida. Basta que un individuo alcance legítima o fraudulentamente la patente intelectual y sucede que el consagrado toma como providencia la de contener, sofocar y aniquilar, si es posible a todos aquellos que se atreven a entrar en su campo. Es así que los espíritus de sor Filotea se unen para acallar y devaluar las voces del pueblo que se atreven a denunciarlos".

El 29 de noviembre de 1994, fue planteada ante esta tribuna por el diputado Joaquín Vela, del Partido del Trabajo; por el diputado Jesús Sánchez, del PAN y por la de la voz, del PRD, una denuncia acerca de la destrucción de que es objeto la zona arqueológica de Teotihuacan, patrimonio cultural de la humanidad y centro ceremonial, donde millones y millones de mexicanos acudimos a recrearnos en nuestro pasado.

Con la construcción de tres horribles centros comerciales se afecta la zona arqueológica.

Esta Cámara de Diputados acordó turnar el asunto a las comisión de Cultura y a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas. Ante el pleno de esta cámara reitero mi responsabilidad como la secretaria de la Comisión de Cultura, ante un asunto de trascendental impor tancia para la nación, que debiera resolverse dentro de la misma, pero en la cual, a pesar de haber reiterado la trascendencia del caso y la importancia de escuchar diversas valoraciones y de acercar a la comisión opiniones reconocidas, no he encontrado respuesta y el interés que corresponde a nuestro alto cargo de representantes populares.

Sin embargo, el debate se abrió en la opinión pública y traigo a esta tribuna una infinidad de artículos de prensa que al respecto ilustran y que he enseñado en la Comisión de Cultura.

Callar ante un asunto de esta gravedad, es, en el mejor de los casos, una actitud pasiva e irresponsable que hace el juego de encubrimiento y de publicidad con las acciones del Ejecutivo, aduciendo con intenciones de descalificar, que mi interés es porque quiero partidizar el problema. Esta situación se parece mucho a la que acaban de mencionar, del Seguro Social. No es cierto eso, señores, el patrimonio cultural no es asunto de partidos, es de compromiso con el pasado, el de compromiso con nuestra historia, y por eso he insistido en enriquecer el debate dentro de la comisión. Si lo abordo hoy, es porque allí eso no ha sido posible.

Señores legisladores: esto no es simplemente un asunto de trámite o de reglamento. Teotihuacan es testimonio de creación, de historia, de cultura y de nuestra misma identidad, es, al igual que otras ciudades como: Monte Albán, Uxmal, Palenque, Bonanpak; el parteaguas de una cronología de los muy variados grupos étnicos que desde hace 20 mil años o más, forman el río de nuestra historia y los especialistas los clasifican como clásicos.

Se construían desde la perspectiva de un entorno cosmogónico, que muchos no logramos comprender a cabalidad, en la actualidad; debemos de respetarlas y de guardarlas como tesoros, no sólo de nosotros, sino de las generaciones venideras, para seguir en la búsqueda del entendimiento y en la investigación de lo que fueron aquellas sociedades pretéritas que pudieron y supieron construir nuestra historia.

Esos vestigios, que como decía el maestro Bernal, ciudad sagrada que se conserva magnífica e imponente en la austeridad de sus espacios vacíos, sabiamente combinados con la majestuosidad de sus pirámides. Ahí todo se hizo para elevar el alma del espectador; no se trata de agradar, sino de exaltar.

Esta realidad que todos hemos podido constar en nuestras visitas cuando éramos niños y hemos recreado con la imaginación, con la lectura, buscando comunicarnos con nuestros antepasados, han sido modificados por la construcción de tres horribles plazas comerciales, pasos a desnivel, y lo que es peor, y suena como una caricatura, un trenecito que te lleva a pasear alrededor de las pirámides, digno más bien, de recorrer Reino Aventura o de comunicarte con Micky Mouse.

Aquí están las fotografías de la plaza El Corso, a menos de 200 metros de la Pirámide de La Luna. Las dejo aquí y las pasaremos para que las conozcan todos.

Me pregunto incesante, junto con otros muchos mexicanos leales y amorosos de nuestra identidad: ¿hemos perdido para siempre la dignidad en estos espacios místicos? ¿Nos quieren hacer perder nuestros lazos con el pasado, además del petróleo, etcétera?

El valor de la volumetría y el valor cosmogónico y monumental están reflejados en la Carta de Venecia de 1964, que nuestro país signó junto con muchos otros. Y que en sus artículos 6 y 7 establecen "que el monumento es inseparable de la historia de la cual fue testigo, no se podrán alterar las relaciones de sus volúmenes".

El Instituto Nacional de Antropología e Historia, institución respetable, es responsable por ley de ser el rector de las materias de investigación, docencia, conservación, custodia, difusión, incremento y protección del patrimonio. Hay un artículo 13 del decreto que declara zona de monumentos arqueológicos al área conocida como Teotihuacan, que dice:

"En la zona de monumentos definida por este decreto no se autorizarán construcciones cuya función, diseño o ubicación alteren o distorsionen los valores monumentales o el uso educativo o de investigación a que la misma está destinada".

Señoras diputadas; señores diputados: lo grave del caso es que la directora del INAH, María Teresa Franco González Salas; el arqueólogo Eduardo Matus Moctezuma, director de la zona arqueológica de Teotihuacan; Eduardo Villacamil, coordinador administrativo de la misma, han violado las leyes, mismas que debieran de ser garantes por ley y las recomendaciones internacionales, anteponiendo el sueño de la modernización y comercialización, queriendo convertir en un proyecto puramente turístico y comercial el centro ceremonial de Teotihuacan.

Me niego, como nos negamos muchos mexicanos, a que los megaproyecto neoliberales nos impidan reencontrarnos con nuestros antepasados y sentarnos en la pirámide de la Luna a buscar el mensaje de los dioses y ser interrumpidos por expresiones de un cursi modernismo. ¿No es ésta una violación al mensaje que nos dejaron nuestros antepasados?

¿Se pueden imaginar ustedes el daño que sufren nuestros vestigios con esos pasos a desnivel, con columnas fuertemente construidas, como las que aquí se pueden apreciar, la constante vibración de un trenecito? ¿Quién gana económicamente con este cursi proyecto, que nos impide caminar por la tierra de nuestros antepasados y cuyos boletos, que aquí están dicen Tour Bus de Teotihuacan, en inglés? Y cuestan seis nuevos pesos para subirse. Los boletos para entrar a Teotihuacan cues tan ahora 16 nuevos pesos, casi un salario mínimo. Este boleto de entrada cuesta un salario mínimo.

¿Puede ir el pueblo de México, puede ir nuestro pueblo, nuestros indígenas a reencontrarse con su pasado cuando les cuesta un salario mínimo entrar.

Esta grave denuncia ante la tribuna fue antecedida por una denuncia penal. Fueron promovidas por ciudadanos avecindados de los municipios, preocupados por la destrucción de su patrimonio, que estaban siendo testigos.

¡Pero qué grave atrevimiento, que gente del pueblo, la dueña, la simplemente dueña de una fonda, se atreva a abrir la boca para defender el patrimonio de todos, en contra de los grandes socios y de los dueños del poder:

Es importante señalar que antes de que estos ilustres desconocidos mexicanos llamaran la atención sobre el caso, los profesores investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia lo habían denunciado públicamente en febrero, abril y junio de 1994.

El Comité Mexicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, el Colegio Mexicano de Antropología, los participantes en el 15o. Simposium Internacional de Conservación del Patrimonio Monumental, con el tema, Ciudad en Peligro, realizado en octubre en la ciudad de Campeche, también habían recomendado cancelar los proyectos turísticos y comerciales de Teotihuacan.

La Dirección General de Obras Públicas del Estado de México había ordenado la demolición de la plaza Jaguares, y el presidente municipal de San Martín de las Pirámides había hecho lo mismo. Todas las voces fueron desoídas e intimidadas. Los sabios en acción no se podían detener en su afán modernizador avalado por el consejo de arqueología que tampoco se preocupó por escuchar esas voces; ¿Saben ustedes quién lo presidía entonces? Maricarmen Serra Puche; y no del curso que haya tomado en la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.

Pero en la Comisión de Cultura, de la cual soy secretaria, todos asistimos en distintos momentos y en compañías distintas a la zona; unos acudieron con los denunciantes. Cuando se fue con el arqueólogo Eduardo Matus hubo una importante asistencia. Cuando se invitó a asistir a todos los diputados con los denunciantes y con los académicos del INAH nada más fue una diputada que fue después denunciada por la coordinación jurídica del INAH, esa diputada fui yo, ningún otro más fue.

Estos denunciantes habían sido vituperados por su atrevimiento por los grandes sabios, que con una actitud similar a la que provocó la Revolución Francesa decían: "El Estado soy yo; el arquéologo soy yo". Se convocó después a una reunión con los demandantes y los demandados y con la comisión de defensa del patrimonio del Sindicato Nacional de Profesores e Investigadores del INAH, fue copiosa la asistencia, fue difícil la reunión; durante más de seis horas estuvimos escuchando argumentos prepotentes, posturas inflexibles y devaluantes, cualquier opinión que no fuera la del poder era devaluada e intimidada; las minutas están en la Comisión de Cultura, donde está la versión estenográfica; eso pudiera servir muy bien a una buena pluma para inspirar y ver cómo el pueblo protege su patrimonio y los modernistas se empeñan en arruinarlo.

Quedó muy claro la diferencia de los criterios académicos y la diferencia también de percibir nuestra responsabilidad como representantes populares. Nosotros solicitábamos foros abiertos, que se discutiera y se debatiera esto en público y con la prensa enfrente, ahí se cerró la puerta...

Me acojo al 103 para poder seguir con mi intervención.

No hubo acuerdos para dictaminar. Se sugirió que se suspendieran las obras y que se invitara a un foro abierto. Con profundo asombro mi voz tampoco era escuchada, ya se había recibido la cátedra del arqueólogo Matus y de Teresa Franco, un largo impasse se abrió desde entonces en la Comisión de Cultura y mientras se seguía construyendo la plaza de Corzo con una actitud que considero burlona al Poder Legislativo. Leía nuestro pasado, sangró a pesar de todo en la voz de los especialistas. Arqueólogos como los maestros eméritos del INAH, José Luis Lorenzo, Román Piñiachán, Gastón García Cantú, Jorge Angulo, Jaime Lisbas, Enrique Soruco, Eduardo Contreras entre otros muchos, han sido publicadas por El Financiero, por La Jornada y por otros periódicos que ya están a disposición de la comisión.

Queda claro que al construir las tres plazas los funcionarios del INAH y el Consejo de Arqueología incurrieron en responsabilidades que están tipificadas en la Constitución Política en el artículo 108 al 114, ya que ellos, como servidores públicos no cumplieron con la función que les está determinada por ley. En el ejercicio de sus funciones con sus faltas y omisiones han afectado los bienes patrimoniales.

Dice Manuel Gamio también, que el consagrado no estudiará más y que solamente pontificará escondiendo la cabeza bajo el ala del aves truz. Yo quisiera pedirles señores diputados, que no nos escondamos bajo el ala del avestruz, este caso debe ser tomado como ejemplo de lo que nunca más debe suceder. Se debe de hacer armónico el turismo con el patrimonio, con una concepción diferente. El turismo debe ser responsable y debe acudir a nuestros centros ceremoniales con el espíritu para el que fueron hechos y no nuestros centros ceremoniales se deben de convertir y de poner al servicio de los intereses turísticos.

El pueblo de México debe poder acudir a su pasado y debe ser vigilante en su mismo patrimonio.

Entrego también a la Presidencia un folleto de lo que los sueños modernistas querían hacer en plaza Jaguares, en donde querían vender fast-food, hacer un comercial moll, y vender a San Craft, está en inglés aquí está y aquí está la fotografía de Salinas de Gortari con Teresa Franco y Eduardo Mata. Esto se ha suspendido por la fuerza de la voluntad popular, ojalá y logremos que esos otros se destruyan.

Las propuestas en las que hay coincidencias con Piña Chan y con los otros intelectuales son: "el cumplimiento del resolutivo de la demolición de Jaguares expedido por la Secretaría de Obras Públicas del Estado de México, el 23 de agosto de 1994, el gobernador del Estado, Emilio Chauyfett ha demostrado el interés en la cultura cuando solicitó las propuestas hechas alrededor de sor Juana. Confiamos en su intervención inmediata para que éste se cumpla.

La suspensión definitiva y demolición de los proyectos del corso Manuel Gamio y Jaguares y la suspensión inmediata del trenecito, el rescate arqueológico total del área de la Avecilla, su integración al área "A" de máxima restricción para lo cual tendrá que ser adquirido o estropeado por el INAH. La puesta en marcha de un proyecto integral de investigación, preservación, conservación y desarrollo de la zona arqueológica de Teotihuacan respetando las expresiones culturales y las necesidades sociales. Que no se repita nunca más la destrucción del patrimonio nacional con el pretexto del turismo o el comercio.

Que las autoridades del INAH respeten los objetivos para lo que fue creado tan excelsa institución y que la Secretaría de Educación Pública asuma su responsabilidad. Que se respete y estimule el deber y el derecho de todos los mexicanos por velar nuestro patrimonio cultural.

Conocemos que fueron suspendidos arqueólogos y restauradores que estaban trabajando en el rescate de investigación de la zona, por su compromiso con el proyecto. Solicitamos que regresen a sus puestos de trabajo.

Que el precio de entrada a los centros arqueológicos sea accesible al pueblo mexicano. Que se pidan los dictámenes a la Procuraduría General de la República que ya ha solicitado y aprovecho para comunicar que pronto pondremos aquí afuera una exposición con las fotografías y los documentos para que todos los que no puedan ir a Teotihuacan puedan estar enterados.

Yo quisiera, señor Presidente, pedirle una excitativa y le pido por favor que le pida a los diputados respeto.

Teotihuacan se ha creado durante muchos años y muchos siglos y lo quieren destruir de un plumazo; yo les pido a ustedes que me escuchen los minutos que me faltan.

Le pido al Presidente de esta Cámara de Diputados que con base a lo que se refiere el artícu lo 87 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sin que haya habido el dictamen al que se refiere el artículo 61, se haga una petición de excitativa para que la Comisión de Cultura profundice y dé el dictamen correspondiente.

Y asimismo solicito se turne el expediente del caso a la Comisión de Educación, en virtud de las atribuciones asignadas a la Secretaría de Educación Pública, en el artículo 38 de la Ley Orgánica que lo hace responsable del cuidado, preservación del patrimonio histórico y que entre los dos con el mayor esfuerzo saquemos adelante este caso de trascendencia nacional Muchas gracias.

El Presidente:

Sobre el mismo tema, tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Sánchez Ochoa, de la fracción parlamentaria del PAN.

El diputado José de Jesús Sánchez Ochoa:

Señor Presidente; señoras y señores diputados:

En primer lugar, vengo a nombre de la comisión, no a nombre de mi grupo parlamentario nada más.

Es triste escuchar en una exposición tantas medias verdades, tantas mentiras tan cínicamente presentadas. Sí, señores diputados. Voy, con la lectura nada más de lo que hemos realizado en la comisión, brevemente a demostrar con argumentos de hechos, que miente la señora diputada, y miente porque no nos... digamos, no ha logrado como no lo puede lograr, que todos los diputados tengamos su mismo criterio, su misma visión y su misma interpretación de los hechos, pareciera que para ella la verdad objetiva no existe, sólo el subjetivismo.

Pero eso ya es a nombre personal. A nombre de la comisión, quiero leer lo que hemos realizado.

El día 29 de noviembre de 1994, el diputado Joaquín Humberto Vela González, del Partido del Trabajo, planteó ante el pleno de la Cámara de Diputados, la denuncia de los señores Rogelio Pérez Martínez, Emma Ortega Moreno y Antonio Cervantes Sixtos, por una presunta destrucción de los vestigios de la zona arqueológica de Teotihuacan.

Los denunciantes se presentaron ante la cámara como representantes de los habitantes del Valle de Teotihuacan, de las comunidades de San Martín de las Pirámides, Barrio de Purificación, San Sebastián Xolapa, Santa María Coatla y San Francisco, Mazapán.

Ese fue el primer hecho, el segundo hecho fue que la Cámara de Diputados acordó turnar el asunto a las comisiones de Cultura, de Información, Gestoría y Quejas. Al término de la reunión, es el tercer hecho, de la instalación de la Comisión de Cultura, celebrada el 6 de diciembre de 1994, la diputada Dulce María Sauri invitó a los miembros de la comisión a visitar la zona arqueológica de Teotihuacan a fin de observar in situ los trabajos realizados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, actualmente en debate.

El 8 de diciembre de 1994, es el cuarto hecho, en cumplimiento a la comisión que ustedes nos habían encomendado, nos reunimos en la oficina de la Comisión de Cultura los diputados Liberato Montenegro Villa, Alejandro Rojas Díaz Durán y el que habla, con el arqueólogo Eduardo Matos y el licenciado Martínez, asesor de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para escuchar los puntos de vista del Instituto Nacional de Antropología e Historia, como principal responsable del proyecto que se realiza en la zona arqueológica de Teotihuacan.

En quinto lugar, el 14 de diciembre, nos reunimos los miembros de la Comisión de Cultura para escuchar a la parte denunciante por supuestos daños a la zona arqueológica de Teotihuacan. La reunión fue presidida por su servidor y asistieron a ella parte de los miembros de la Comisión de Cultura.

Por parte de los miembros de la Comisión de Cultura estuvieron las diputadas Adriana Luna Parra, Olga Bernal, la diputada Ofelia Casillas, presidenta de la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, y algunos otros diputados. Por parte de la asociación de pueblos unidos del valle de Teotihuacan, Rogelio Pérez Martínez, Ema Ortega y Jorge Luis Martínez Moreno. Por parte de la Comisión de Defensa del patrimonio cultural del Sindicato del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Luz María Flores, Carlos Miramontes y Edmundo Santiago.

En esta reunión, el señor Rogelio Pérez señaló que se había iniciado una demanda en contra de la constructora encargada de las obras y en contra de los dueños de la zona en donde se están construyendo los nuevos edificios. El señor Pérez, hizo una amplia exposición sobre la presunta destrucción y el deterioro que, según él, ha sufrido la zona arqueológica de Teotihuacan, a causa de las modernas construcciones destinadas a ser centros comerciales y construidas por o con el permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

En esa reunión se acordaron las siguientes acciones: reunir los elementos necesarios de investigación para analizar, aplicar medidas jurídicas, para proteger la zona arqueológica de Teotihuacan; realizar una visita a esa zona, el 21 de diciembre, con objeto de observar el impacto ambiental que ocasionen dichas obras; investigar las supuestas anomalías que se han dado entre el gobierno local, los dueños de la propiedad y quienes han autorizado la construcción.

La Comisión de Cultura organizó, el 21 de diciembre, una visita a Teotihuacan, a la que asistieron dos de sus secretarios, el que habla, diputado Jesús Sánchez Ochoa, y el diputado Liberato Montenegro Villa, así como los diputados Luis Alberto Contreras, Josué Valdés Mondragón, Olga Bernal Arenas y algunos diputados invitados que no son de la comisión pero quisieron acompañarnos, como Anselmo García Cruz, Régulo Pastor Fernández y Leonel Domínguez Rivero.

En séptimo lugar, o ya en el avance, en el proceso mismo, tuvimos una reunión con el secretario de Educación Pública, Fausto Alzati, el 10 de enero de 1995, donde la diputada Adriana Luna Parra, reiteró que debería ponerse el mayor interés en el asunto de Teotihuacan, y pidió que se suspendieran los trabajos hasta que no hubiera un dictamen que velara por la protección del lugar.

En esa misma reunión, su servidor comentó que habíamos realizado una visita a la zona, que estábamos estudiando con toda seriedad la situación actual y todo el proceso de la construcción de las obras.

Destacamos en esa misma reunión cómo se habían encontrado importantes vestigios, ante lo cual fue necesario suspender y de hecho se suspendieron las obras en lo que se llamó la plaza Jaguares.

El día 17 de enero de 1995, asistimos a una reunión en el Conacult, con el licenciado Rafael Tovar y de Teresa, donde la diputada Dulce María Sauri informó que se llevaría a cabo en próximas fechas una reunión en forma simultánea con la licenciada Teresa Franco, directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y la parte denunciante, para escuchar por segunda ocasión a ambas partes y las distintas posiciones en relación a los supuestos daños a la zona arqueológica de Teotihuacan.

En esa misma ocasión la diputada Adriana Luna Parra pidió a los miembros de la Comisión de Cultura reunirse con la parte inconforme por los trabajos realizados en Teotihuacan.

El 23 de enero, el señor Rogelio Pérez y la señora Ema Ortega, presentaron una queja a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados, por la forma en que se organizó la visita de los diputados miembros de la Comisión de Cultura a la zona arqueológica de Teotihuacan.

En la denuncia se afirma que no se visitó la zona de destrucción y que sólo se hizo un tour turístico y piden a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, intervenga y visite el lugar, lo cual los diputados que asistimos a la reunión de investigación decimos: es una mentira, porque nosotros fuimos a todos y cada uno de los lugares donde supuestamente se daña el patrimonio cultural o la zona arqueológica de Teotihuacan.

No es cierto que fue sólo un tour turístico, fuimos visitando y observando con detenimiento, investigando y escuchamos tanto las exposiciones serias, científicamente bien presentadas de quienes tienen autoridad para ello, como las denuncias de las personas que por parte del pueblo insisten, como es su derecho en ser escuchadas, pero así se suele deformar los hechos.

El mismo día 23 de enero, la diputada Adriana Luna Parra informó que realizaría una visita a Teotihuacan, con el fin de escuchar a los denunciantes e invitó a participar a los miembros de la Comisión de Cultura, que previamente habíamos acudido sin contar la presencia de ella el 21 de diciembre, y por eso la mayoría de los miembros de esa comisión consideramos que no era necesario porque estábamos estudiando precisamente todos los datos que recogimos en la primera visita a la que no asistió la diputada Luna Parra y que insistía en que la volviéramos a acompañar, pues seguro esperando que siempre que ella no pueda asistir a las reuniones de comisión nosotros repitamos las reuniones de comisión para satisfacer sus exigencias.

El 25 de enero de 1995, encabezada por la diputada Adriana Luna Parra se realizó una visita a Teotihuacan a la que asistieron también la licenciada Hilda Trujillo, secretaria técnica de la Comisión de Cultura; el señor Bernardo Méndez, representante del diputado Luis Alberto Contreras, miembros de la Comisión de Defensa del Patrimonio Cultural; la delegación D Segunda, Primera A-1 del Sindicato de Académicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia; arqueólogos José Antonio Contreras, Felipe Echenique, Víctor Hugo García Chávez, Leopoldo Rodríguez, Laura Castañeda y Francisco Rivas Castro y los señores Rogelio Pérez, Ema Ortega, María Luisa Cortés y Genaro Ortega, este último presidente de la organización Templo de Quetzalcóatl, Unión de Campesinos y Artesanos Templo de la República.

El 26 de enero, decimasegunda acción en este proceso, la diputada Dulce María Sauri convocó a una reunión el 31 de enero a las 18:00 horas, para escuchar las distintas posiciones en relación a presuntos daños a la zona arqueológica de Teotihuacan. Se invitó a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a miembros de la Comisión de Defensa del Patrimonio, Sección D, segunda, primera A-1 del Sindicato del Instituto Nacional de Antropología e Historia y a los representantes de la Asociación de Pueblos Unidos del valle de Teotihuacan.

El 31 de enero se reunió la Comisión de Cultura en el salón "C" del recinto de la Cámara de Diputados a las 18:00 horas, con el fin de escuchar a las partes involucradas en el presunto daño a la zona arqueológica de Teotihuacan.

En esa reunión las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia, miembros de la Comisión de Defensa del Patrimonio Cultural de la sección D segunda, primera A-1, del Sindicato del Instituto Nacional de Antropología e Historia y representantes de la Asociación de Pueblos Unidos del Valle de Teotihuacan, expusieron sus distintos argumentos y posiciones destacando las siguientes consideraciones:

Primero. Se trata de un problema de la propia institución; es decir, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que tiene sus propios canales y formas para dirimir este tipo de cuestiones entre sus autoridades, el propio Sindicato, el Consejo de Arqueología y los investigadores.

Se expresó en repetidas ocasiones en el transcurso de la reunión la intención de ambas partes de que funcionaran estas instancias con el fin de encontrar canales de diálogo que permitieran dirimir cualquier situación que afectaría la buena marcha de la protección del patrimonio de Teotihuacan.

Segundo. Se habló de los problemas relacionados con los intereses económicos, los intereses de los comerciantes de la zona que podían sentirse amenazados por la construcción de zonas comerciales.

En este punto insistió el diputado Florentino Castro quien aclaró que había que apegarse estrictamente a las facultades de la Comisión de Cultura, por lo tanto este asunto tendría que ver con la actividad a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la propia cámara.

Tercero. Se habló de una demanda penal que tiene por supuesto sus propios mecanismos para desahogarse en las instancias correspondientes.

Finalmente se señaló que la Comisión de Cultura tendría que responder a una pregunta: ¿existe o no existe afectación del patrimonio cultural en Teotihuacan? Teniendo en cuenta los elementos proporcionados por las partes, determinamos analizarlos según las facultades y atribuciones que tanto la Constitución como la Ley Orgánica nos otorgan al Poder Legislativo para llegar a una decisión sobre el problema planteado.

Se acordó entonces entregar a los miembros de la comisión la minuta de la reunión correspondiente, lo cual se hizo el 26 de febrero.

El 10 de febrero se solicitaron al Instituto Nacional de Antropología e Historia, de conformidad con las facultades que nos da nuestra Ley Orgánica, los siguientes documentos y que fueron entregados a esta comisión el día 16 del mismo mes: oficios de autorización del Consejo de Arqueología para realizar obras en la zona arqueológica de Teotihuacan; Reglamento del Consejo de Arqueología; proyecto Teotihuacan 1992-1994; informe de la visita de inspección realizada por el Consejo de Arqueología a la zona arqueológica de Teotihuacan del 10 de febrero de 1995; solicitud del Instituto Nacional de Antropología e Historia a la UNESCO para que envíe una misión de evaluación a Teotihuacan; la Carta de Venecia; el decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos el área conocida como Teotihuacan, del 30 de agosto de 1988; la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas; la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia; el Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas; el oficio de aclaraciones de la diputada Adriana Luna Parra a la reunión celebrada el 31 de enero de 1995; el documento sobre la posición del Comité de Defensa del Patrimonio Cultural del Sector D segundo, primera A-1, del Sector B, segundo, primero A-1 del Sindicato del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en torno a los trabajos realizados en la zona arqueológica de Teotihuacan.

A invitación del Instituto Nacional de Antropología, se realizó una nueva visita a Teotihuacan el 21 de febrero, a la cual asistieron nueve miembros de la Comisión de Cultura, además de la presidenta, diputada Dulce María Sauri Riancho y el secretario diputado Jesús Sánchez Ochoa.

En la visita se volvió a recorrer la zona arqueológica y se volvió a visitar los terrenos denominados plaza Jaguares, el Corzo y Gamio.

El 29 de marzo en el desayuno de trabajo de la comisión, la presidenta solicitó al secretario Jesús Sánchez Ochoa, preparar una propuesta de punto de acuerdo de la comisión, que se prepara y se analiza por lo complejo del problema, por las distintas áreas y dificultades que tiene, pero fundamentalmente porque la Comisión de Cultura, ha cumplido plenamente con la encomienda que este pleno le hizo al facilitar el encuentro entre las partes, para que aclaren sus puntos de vista, y de alguna manera esto posibilitó que tanto la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia como el gobierno del estado y algunos de los gobiernos municipales, pues estén en diálogo con las personas que han presentado esta denuncia y viven este problema que es fundamentalmente de tipo económico.

Queremos además dejar claro que el proyecto plaza Jaguares ya está suspendido, sólo que ahí hay un litigio entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el dueño del terreno que era particular, porque hasta ahora ese terreno está comprendido en la zona B, porque es un terreno de propiedad particular. Entonces el susodicho dueño de ese terreno, solicitó ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ante las autoridades correspondientes, pues el permiso, los permisos para construir lo que se ha denominado plaza Jaguares.

Afortunadamente al hacerse las excavaciones para hacer los rescates arqueológicos, se han encontrado vestigios muy importantes, que hizo que cambiara, diríamos así, la ubicación jurídica del terreno y entonces el mismo Instituto Nacional de Antropología e Historia, demandó y estableció la suspensión de las obras en la plaza Jaguares. Y está en este momento en un litigio, porque el particular se siente afectado por el cambio de decisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Según nos informaba la directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pretende el instituto adquirir en compra este terreno que es particular, porque evidentemente por la importancia de los vestigios arqueológicos que ahí se encuentran, cambia de naturaleza su ubicación. En lugar de estar, diríamos así, poderle cambiar de ubicación, en lugar de pertenecer a la zona A, de estricta zona federal, donde sólo puede actuar el Instituto Nacional de Antropología e Historia, este terreno que se llama La Ventanilla también debe cambiar.

Pero todos los diputados que vayan, observarán como ese campo fue rellenado, fue aplanado ha muchos años y, por supuesto, los particulares se sentían con todo derecho a construir, porque no había aparentemente ningún vestigio, lo cual se ha comprobado que no es cierto.

Y el Instituto Nacional de Antropología e Historia no sólo ha suspendido las obras, sino que está trabajando, para que esas obras sean demolidas, o preparando sobre todo la conservación de lo encontrado...

El diputado Everardo Martínez Sánchez (desde su curul):

Señor Presidente: ¿quisiera preguntar al orador si acepta una pregunta.

El Presidente:

El diputado le pregunta si acepta usted una pregunta.

El diputado José de Jesús Sánchez Ochoa:

No, por lo pronto no, porque es muy largo todavía lo que tengo que exponer.

Gracias por los silbidos, yo he escuchado, sobre todo, tantas cosas que dicen ustedes a veces, sin razón, merezco ser escuchado, nunca les he silbado, creo que nunca me han escuchado un silbido, señores diputados del PRD. Ustedes medran donde hay conflictos, no son capaces de proponer...

El diputado Saúl Alfonso Escobar Toledo (desde su curul):

Diga nombres.

El diputado José de Jesús Sánchez Ochoa:

¡Toda la fracción:

Muy bien, lo consigo...

El Presidente:

Señor diputado: no están permitidos los diálogos, por favor.

El diputado José de Jesús Sánchez Ochoa:

Gracias, señor Presidente, porque me recuerda mis obligaciones, gracias.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia ha hecho una propuesta de adquisición del terreno al propietario, sin embargo, todavía no hay un acuerdo. Las plazas Gamio y el Corzo se encuentran detenidas como resultado de una solicitud de amparo que realizaron los comerciantes de la zona. Actualmente existe pues, un litigio sobre el particular.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia hizo un ofrecimiento público a los comerciantes para revisar conjuntamente el proyecto de reordenamiento del comercio en Teotihuacan. Se formó en el mes de marzo una comisión llamada Comisión de Evaluación del Proyecto Especial de Teotihuacan constituido por más de 10 instituciones, entre ellas el ICOMOS que depende de la UNESCO, la UNAM, el Gobierno del Estado de México y miembros de los dos sindicatos del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Esta comisión está encargada para estudiar y asesorar al INAH en relación a los trabajos realizados hasta ahora en la zona arqueológica de Teotihuacan. Hemos solicitado las conclusiones que obtenga el ICOMOS, para también en ellos fundar nuestra posición y nuestro acuerdo; hasta ahora no nos ha sido enviado este acuerdo.

El consejo de arqueología, órgano formado por diversas instituciones, entre ellas, la Universidad Nacional Autónoma, la Universidad Veracruzana y el propio Instituto Nacional de Antropología e Historia, informó el mes de marzo que no existía daño al patrimonio arqueológico de la zona. Además, el Instituto Nacional de Antropología e Historia solicitó a la UNESCO que un grupo de expertos visitara la zona arqueológica, este organismo ha aceptado y se esperan informes de quienes visitarán el lugar.

Se solicitó al ICOMOS, lo pidió la diputada Luna Parra, el resultado del dictamen que hicieran respecto al supuesto daño a la zona arqueológica de Teotihuacan, hasta la fecha no se ha recibido respuesta.

Hasta hoy no existe oficialmente, pues, un dictamen técnico oficial que sustente que hubo daño al patrimonio arqueológico de la zona. Con la lectura rápida de esos documentos o de esta breve reseña, mas aquí tenemos todos los documentos...

El diputado Amado Jesús Cruz Malpica (desde su curul):

Señor Presidente: ¿podría preguntar al señor diputado si acepta un cuestionamiento.

El Presidente:

Permítame, señor diputado, ¿acepta usted una pregunta.

El diputado José de Jesús Sánchez Ochoa:

Ya dije que no, porque es largo lo que tengo, todavía que hablar.

El Presidente:

No la acepta, señor diputado.

El diputado José de Jesús Sánchez Ochoa:

Entonces, ciertamente en la Comisión de Cultura le hemos dedicado tiempo, voluntad, esfuerzo. Y es muy extraño que venga a decirse aquí que no estamos haciendo o no estamos cumpliendo con nuestro deber y con el encargo que este pleno nos hizo; por el contrario, hemos dedicado muchas horas al trabajo, a la lectura de estos documentos, a escuchar las partes quejosas.

Los diputados en lo particular, muchos hemos asistido, sin ir en grupo, para escuchar a muchas de estas personas. Me reservo, para cuando logremos presentar este acuerdo, que espero sea en un mes, tal vez, no sé, poder debatir en un momento dado, si la diputada no está de acuerdo, porque es obvio que no está de acuerdo en las conclusiones a las que lleguemos.

Sin embargo, sí quiero dejar muy claro ante el pleno de la cámara que la comisión ha cumplido con su deber como le pidió este pleno, que está enterada del asunto, que está trabajando sobre el asunto y que no hemos llegado a un acuerdo final, porque precisamente queremos escuchar estas posiciones, por ejemplo del ICOMOS, como lo dijimos con toda claridad, de algunos otros organismos que tienen interés en el asunto.

Ojalá y este informe, señores diputados, les baste, les sea suficiente para darse una idea sobre este asunto que hizo la diputada Luna Parra.

En cuanto a los diputados del PRD, a título personal, a aquellos que se hayan sentido ofendidos, les pido una disculpa. Gracias.

El Presidente:

Para contestar alusiones personales, tiene la palabra la diputada Adriana Luna Parra.

La diputada Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo:

Señoras y señores diputados:

Quisiera antes que nada decir que yo siempre había considerado y sigo considerando que los diputados y el Partido Acción Nacional en general, son gente que tiene una profunda cultura y que les gusta leer y conocer opiniones diversas, en diferentes circunstancias, sobre todo en una tan importante como ésta.

Yo quisiera nada más decir que si por mentirosa me dicen el haber leído la prensa y el haber acopiado todos estos artículos de opinión, sí soy mentirosa; si por mentirosa se refieren a que me duele mucho lo que le pase a nuestro patrimonio nacional y a nuestra cultura, sí soy mentirosa.

Me da mucho gusto que el diputado que me antecedió en la palabra, se haya puesto a hacer la tarea que seguramente le han de haber pedido y ojalá y lo hubiera hecho anteriormente.

Yo nada más quisiera preguntarle si leyó el artículo de Jaime Litvak, pronunciado en El Financiero, si hoy nada más leyó otro artículo, también publicado en ese mismo periódico, si ha leído a Gastón García Cantú, a José Luis Lorenzo, y por que yo fraternalmente quisiera reiterarle a la Comisión de Cultura y ahora a la Comisión de Averiguación, que juntos llamemos a un debate público. Aquí hay gente que tiene opinión; aquí hay gente que sabe de lo que habla, son maestros eméritos, son ex directores del INAH, son gente reconocida por todos nosotros.

Eso es lo que yo muy fraternalmente quisiera pedirles y con mucho gusto, como se lo ofrecí la vez pasada, le entrego al maestro, secretario también de la Comisión de Cultura, esto, para que lo lea y después platicamos, platicamos en conciencia, platicamos a profundidad, no para que lea un trabajo que seguramente cuando vieron que estaba en el orden del día, se lo pusieron a hacer, sino para que con responsabilidad y fraternalmente, asumamos nuestras responsabilidades.

Un saludo a la fracción de Acción Nacional; y estoy segura que dentro de ustedes hay interés en la cultura. Muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificar hechos, el diputado Saúl Escobar.

El diputado Saúl Alfonso Escobar Toledo:

Gracias, señor Presidente:

Vengo a esta tribuna por dos razones: la primera, es que soy trabajador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, profesor investigador de la dirección de Estudios Históricos, con permiso, sin salario, como lo marca el estatuto.

Antes de ser diputado, yo tengo una profesión y tengo un trabajo, a la mejor los otros viven del presupuesto sin hacer nada.

Pero además de tener una carrera académica y de por ello trabajar en el INAH. La segunda razón que me llevó a venir a esta tribuna es el terrible impacto que uno sufre cuando llega a Teotihuacan; es decir, no hace falta ni ser antropólogo, ni ser arqueólogo, ni trabajar en el instituto, para sentirse realmente conmovido por ese espectáculo que uno observa cuando llega a Teotihuacan.

Quieren convertir ese hermosísimo lugar arqueológico en una cosa completamente distinta. Esas construcciones que ve cuando uno llega, le rebotan a uno en la mirada, le hacen perder completamente el escenario que uno acostumbraba a ver desde hace mucho tiempo en esa zona arqueológica y uno de verdad no sabe si sentir pena o rabia por lo que están haciendo ahí.

Las fotos pueden decirles mucho de lo que se ve, pero lo que nos preocupa es lo que está detrás de esa concepción. La idea de convertir a toda costa una zona arqueológica en un sitio turístico en donde prevalezca el interés mercantil sobre el interés cultural, arqueológico y de conservación del patrimonio.

Convertir una zona arqueológica, manteniendo en lo fundamental el trazo, el panorama arqueológico, el sentido arquitectónico e histórico del lugar, hacerlo perder; para darle al turismo atracciones mayores para que se sienta supuestamente más cómodo en ese sitio.

Imagínense ustedes, entonces, las razones por las que estamos denunciando el hecho. No son razones ni partidistas, ni personales, ni siquiera profesionales. Son la idea de realmente conservar un sitio en el que todos alguna vez nos hemos sentido identificados y preservarlo en su espíritu original.

De lo que se trata entonces, señor diputado, no es en convertir esto en un pleito de lavadero, donde dije, me dijiste, yo fui, tu regresaste etcétera.

No estamos discutiendo pleitos personales ni pleitos partidistas, estamos discutiendo si conservamos el patrimonio nacional, el patrimonio histórico de la nación, o si nos dejamos arrasar por criterios mercantilistas para "agringar" Teotihuacan y supuestamente tener más divisas para el país. Eso es lo que estamos discutiendo.

Y en ese sentido yo le quiero decir, señor diputado, que el problema no es un problema interno de la institución, ni es un problema sólo de si se compró un terreno o no se compró. No es un problema comercial ni jurídico. No, no es tampoco un problema interno al interior de la institución. Es un problema que en primer lugar ha dividido profundamente a la comunidad científica y académica del país. Ya la diputada Luna Parra mencionó muchos nombres de afamados arqueólogos, antropólogos e historiadores que han intervenido en esta polémica.

Entonces lo que está aquí discutiéndose es más allá de un simple pleito personal y lo que se está discutiendo es si efectivamente nosotros podemos restituir a Teotihuacan ese trazo, esa composición del lugar que antes tenía y en ese sentido lo que estamos pidiendo, y esto es lo más importante, es que se aceleren los trabajos de la comisión, para tener todo el peso de la Cámara de Diputados y poder no solo detener los trabajos, sino quitar, desmantelar esas horribles construcciones que se han levantado.

Yo le pido un momento de reflexión a los diputados para que imaginen lo que es tener una construcción supuestamente modernista junto a la pirámide Del Sol y otra casi junto a la pirámide de La Luna; es decir, ahí hay una cuestión no sólo que detener, sino que echar para atrás, porque de veras, no se puede concebir que hayan lastimado tan terriblemente un lugar como el que estamos comentando.

Yo termino diciendo, señor Presidente, y con esto concluyo, que entonces la excitativa de la diputada, con la cual nos solidarizamos, es que se aceleren los trabajos de la comisión, que se hagan todos los foros que sean necesarios, que se llame a la Comisión de Educación para que coadyuve y lo más rápido posible tengamos un dictamen y podamos recuperar Teotihuacan.

Y yo finalmente acepto las disculpas del señor diputado, siento que efectivamente los calificativos que hizo sobre el conjunto de la fracción parlamentaria del PRD no sólo son injustos, sino además no son compartidos por el conjunto de la fracción parlamentaria del PAN y sólo le pido que no los repita, que no vuelva a suceder y que en adelante mida sus palabras. Gracias.

El Presidente:

Para contestar alusiones personales, tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Sánchez Ochoa.

El diputado José de Jesús Sánchez Ochoa:

Señor Presidente; señoras y señores diputados:

Parece ser que la amenaza que lanzó desde allá de que había sacado boleto pues, la está cumpliendo, ya me vino a llamar lavandero o algo semejante.

Señor diputado, no vengo yo aquí a establecer ninguna, digamos comparación con su sabiduría y supuesta preparación en el campo de la arqueología.

Soy maestro, he estudiado historia con entusiasmo, tal vez no con tanta capacidad como la suya y quiero decirle que a nivel personal Teotihuacan me interesa tanto o más que a usted, que no vine aquí a tratar de refutarle a la diputada Luna Parra, porque yo consideraba que esto se limitaba a nivel de lavadero, eso lo interpretó usted dada tal vez, su amplia cultura.

Yo vine aquí precisamente, porque considero que la Comisión de Cultura, de la que participo honrosamente, está trabajando con ahínco, está trabajando con dedicación para tratar de que este problema, que ciertamente es un problema muy complejo se resuelva.

Y precisamente, porque lo vemos en visión histórica, en amplitud en el contexto social, económico y cultural del país, nos interesa su solución, no nos interesa a los diputados de Acción Nacional, de los que formo parte y hasta lo que consta a los diputados del Partido Revolucionario Institucional, no nos interesa en este momento cosechar lauros o cosechar alabanzas, nos interesa.

Yo lo he dialogado, así lo hemos dialogado, nos interesa la solución de este problema que es un problema complejo, que no sólo afecta desgraciadamente a Teotihuacan, que afecta a muchas otras zonas arqueológicas del país y que ciertamente en una solución a fondo tiene que repercutir para que también se resuelvan los problemas que de ese tipo surgen en las demás zonas arqueológicas.

Voy mucho más allá, mucho más allá del lavadero, con el respeto de las lavanderas que tan afanosamente trabajan y en ocasiones se divierten comentando lo que para ellas es su mundo.

No le puedo agradecer ciertamente y no le aceptaría disculpas, yo sí se las ofrecí, pero no le aceptaría disculpas por sus términos, porque supuestamente usted es una persona muy culta y viene aquí a rebajar al contrario.

Yo, porque me estaban chiflando, porque estaban empezando a vociferar algunos. Y, bueno, también usted sabe que hay pasión y, de vez en cuando pues, puedo ir más allá.

Ciertamente mis compañeros diputados del PAN no comparten en ocasiones mi animosidad frente a algunas posiciones de algunos de ustedes.

El Presidente:

Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Everardo Martínez.

El diputado Everardo Martínez Sánchez:

Gracias, señor Presidente:

No tenía la intención de venir aquí a la tribuna, por eso había solicitado hacerle una pregunta desde mi curul al diputado Jesús Sánchez Ochoa.

Ciertamente, yo como del Estado de México he conocido, no a través de la diputada ni de ningún miembro de la Comisión de Cultura, el problema que se ha suscitado en la zona arqueológica, la grave preocupación que ha sembrado en los propios habitantes de los municipios vecinos de la misma, y yo creo que también va a despertar el interés de todos los diputados que han tenido oportunidad de escuchar o de leer lo que se está generando en esa zona.

Me llamó la atención primeramente, efectivamente, la animosidad, la enjundia del diputado para descalificar a nuestra compañera diputada Adriana Luna Parra, y yo creí que él traía una información más concreta en relación a la solución del problema, pero vi que no, pero lo que me llamó la atención es que desde que vino hacia acá a hacer uso de esta tribuna, él dijo que venía a nombre de la comisión, no a su nombre.

Entonces mi pregunta era nada más, cuándo se reunió la comisión y lo comisionó y le encargó hacer esa defensa, porque tengo entendido porque la comisión no pudo haberlo comisionado para que viniera a responder aquí a cualquier diputado que viniera a hacer alusión al problema de Teotihuacan.

Yo creo que a la mejor su enjundia y su entusiasmo ni siquiera como presidente de la Comisión habría tenido el derecho de venir a traer la opinión de la comisión si ésta no lo ha acordado expresamente, a menos que en esa reunión de la comisión no haya asistido también nuestra compañera Adriana Luna Parra, que forma parte de la misma y si no lo comisionó la comisión, pues entonces, nuestros compañeros integrantes de la misma le van a tener que hacer un reclamo formal para que no tampoco se ande atribuyendo la representación del pleno de la comisión. Gracias.

El Presidente:

Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.

ORDEN DEL DIA

El secretario José Antonio Hernández Fraguas:

Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.

Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.- Primer Año.- LVI Legislatura.

28 de Abril de 1995.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicación del Congreso del Estado de Quintana Roo.

Dictamen a discusión

De la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de ley reglamentaria del servicio ferroviario.

Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente (a las 11:00 horas):

Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar mañana viernes 28 de abril, a las 10:00 horas.