Presidencia del diputado Alejandro Moreno Berry

ASISTENCIA

El Presidente:

Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario.

El secretario Cruz Pérez Cuéllar:

Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 293 diputados. Por lo tanto, hay quorum.

El Presidente (a las 11:40 horas):

Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El secretario Cruz Pérez Cuéllar:

Se va a dar lectura al orden del día.

«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LVI Legislatura.

Orden del día

Lunes 1o. de abril de 1996.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicación del Congreso del Estado de Puebla.

Iniciativas del Ejecutivo

De decreto que adiciona el diverso por el que se establecen las características de las monedas conmemorativas del V centenario del Encuentro de Dos Culturas.

Por el que se modifica y adiciona el decreto por el que se fijan las características de las monedas de plata, previstas en el artículo 2o.-bis, de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de diciembre de 1981, así como el decreto que modifica y fija las características de las monedas que se indican, en el artículo 2o.-bis, de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de enero de 1990.

De decreto que establece las características de la tercera moneda de plata conmemorativa del V centenario del Encuentro de Dos Mundos.

Iniciativas de diputados

De reformas constitucionales y legales para el desarrollo de la democracia participativa, a cargo del diputado Ricardo García Cervantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

De reformas constitucionales en materia electoral, a cargo del diputado José Luis Torres Ortega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

De reformas constitucionales para la democratización integral del Distrito Federal, a cargo de la diputada María del Carmen Segura Rangel, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

De reformas a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, a cargo del diputado Jesús Ramón Rojo Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Oficio de la Secretaría de Gobernación

Con el que se remite el primer informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 19952000.

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Justicia, con proyecto de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la licenciada María Julia Carabias Lillo, secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Estonia de la Estrella Blanca, en grado de Primera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al contralmirante cuerpo general Diplomado de Estado Mayor José Luis Figueroa Cuevas, para aceptar y usar la condecoración Cruz de Mérito Militar de Primera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Guatemala.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José Arturo Colín Pineda, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Comentarios

Sobre el entrenamiento militar conjunto en Estados Unidos, a cargo del diputado Luis Sánchez Aguilar.

Sobre el caso Luis Donaldo Colosio Murrieta, a cargo del diputado Alejandro Rojas Díaz Durán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

La secretaria María Teresa Cortez Cervantes:

Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y seis, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.

Presidencia de la diputada Osbelia Arellano López

En la capital de los Estados Unidos Mexicanos siendo las once horas con veinticuatro minutos del jueves veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y seis, con una asistencia de doscientos sesenta y nueve diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que se aprueba en sus términos en votación económica.

La Presidenta informa del deceso del diputado Gerardo Gabriel Nava Bolaños, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y todos de pie, se guarda un respetuoso minuto de silencio en su memoria.

Para rendir homenaje póstumo al diputado Nava Bolaños, se concede el uso de la palabra a los diputados; José de Jesús Sánchez Ochoa, del Partido Acción Nacional; José Manuel García García, del Partido Revolucionario Institucional; María del Rosario Robles Berlanga, del Partido de la Revolución Democrática; Eduardo Guzmán Ortiz, del Partido del Trabajo y Crisóforo Lauro Salido Almada, motu proprio.

La Presidenta informa que a las puertas del salón se encuentra la ciudadana Rosa Margarita Guerrero Aguilar, electa como suplente en la quinta circunscripción plurinominal y designa una comisión para que la introduzca y la acompañe en el acto de rendir su protesta de ley como diputada federal.

Terminado el acto protocolario, la diputada Guerrero Aguilar toma posesión de su encargo de inmediato.

La misma Presidenta designa una comisión para que introduzca al salón de sesiones a una comisión de la Primera Legislatura de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y otorga el uso de la palabra al asambleísta Germán Aguilar Olvera, quien informa del inicio de actividades de ese cuerpo colegiado, de las actividades desarrolladas a la fecha y del programa por realizar.

La Presidenta agradece la visita protocolaria.

Una comunicación del Congreso del Estado de Baja California, con la que solicita diversas informaciones. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, para su conocimiento.

Otra del Congreso del Estado de Tabasco, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.

La Secretaría da lectura a tres oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que solicita los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:

María Julia Carabias Lillo, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Estonia:

José Luis Figueroa Cuevas, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Guatemala:

José Arturo Colín Pineda, pueda prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Se turnan a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Sube a la tribuna el diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova, del Partido de la Revolución Democrática, quien se refiere a su intervención en la sesión del martes veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y seis, en la que, según su dicho, vertió palabras ofensivas en contra de algunos diputados.

Expresan sus opiniones sobre política social y descentralización del llamado ramo veintiséis, los diputados: María del Rosario Robles Berlanga, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones. En la primera solicita la comparecencia de diversos funcionarios del Poder Ejecutivo Federal y la segunda para rectificar hechos; Jorge Enrique Dávila y Juárez, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos, en dos ocasiones; Luis Antonio Godina Herrera, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones, la segunda para rectificar hechos; Eduardo Guzmán Ortiz, del Partido del Trabajo, para rectificar hechos y Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, del Partido de la Revolución Democrática, en el mismo sentido.

Solicitan y se concede el uso de la palabra a los diputados Ricardo Padilla Martín, del Partido Revolucionario Institucional y Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, del Partido de la Revolución Democrática, quienes opinan sobre política industrial, de la cual, el primero de ellos hace una propuesta.

La Presidenta concede el uso de la palabra al diputado Aurelio Marín Huazo, del Partido Revolucionario Institucional, quien solicita que el diputado Rascón Córdova retire las calumnias vertidas contra su persona y la del diputado José Luis Flores Méndez, conforme al ordenamiento del artículo ciento siete del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La Presidenta insta al diputado Rascón Córdova a que retire sus palabras y, no encontrándose en el salón de sesiones, deja pendiente la resolución respectiva.

Para hablar sobre la situación laboral en México, se concede el uso de la palabra a los diputados: Consuelo Botello Treviño, del Partido Acción Nacional; Raúl Armando Quintero Martínez, del Partido de la Revolución Democrática y Jorge Urdapilleta Núñez, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos.

Opinan sobre la reforma político-electoral, los diputados Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, quien presenta un documento que la Presidenta ordena que se incluya en el Diario de los Debates y María Leticia Calzada Gómez, la segunda, del Partido de la Revolución Democrática.

Se turna a la Comisión Plural de Reforma Política.

Hacen uso de la palabra los diputados Víctor Manuel Quintana Silveyra del Partido de la Revolución Democrática; Marta Alvarado Castañón, motu proprio y Jorge Armando Meade Ocaranza, del Partido Revolucionario Institucional, quienes se refieren a los problemas de la cartera vencida.

Por instrucciones de la Presidenta, la Secretaría da lectura a un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite iniciativa de Reformas a las Diversas de Los Impuestos Sobre la Renta, al Activo, Especial Sobre Producción y Servicios y Federal de Derechos.

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Por las mismas razones, se da lectura a una proposición de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, adecuado a la integración de comisiones y comités, que la Asamblea aprueba en votación económica.

Hablan sobre la contaminación en la bahía de Ensenada, Baja California, los diputados Jorge Antonio Catalán Sosa, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones, la segunda para rectificar hechos; Daniel Quintero Peña, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones, la segunda para rectificar hechos y José Jesús Durán Ruiz, del Partido Acción Nacional, para denunciar hechos similares en el sur del país.

Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Luis Sánchez Aguilar, quien se refiere al caso de Juan García Abrego y solicita una excitativa a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, respecto de su solicitud de juicio político en contra del Primer Mandatario de la Nación.

La Presidenta hace la excitativa.

Sube a la tribuna la diputada Rosa María Cabrera Lotfe, del Partido de la Revolución Democrática, quien propone un punto de acuerdo en relación con la Ley Helms-Burton, en contra de la República de Cuba. Se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.

Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidenta clausura la de hoy a las dieciséis horas con cinco minutos, citando para la que tendrá lugar el lunes primero de abril de mil novecientos noventa y seis a las diez horas.»

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.

ESTADO DE PUEBLA

El secretario Jorge de Jesús Castillo Cabrera:

Se va a dar lectura a una comunicación.

«Escudo Nacional.- Honorable Congreso del Estado de Puebla.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 59 y 60 de la Constitución Política local y 53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos comunicar que el LIII Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, en sesión pública ordinaria celebrada con esta fecha, tuvo a bien clausurar su primer periodo de sesiones ordinarias correspondiente al primer año de su ejercicio legal. Así mismo se eligió a los integrantes de la Comisión Permanente, que actuará en el periodo de receso, comprendido del 16 de marzo al 31 de mayo del año en curso, quedando integrada de la forma siguiente:

Presidente, Enrique Nacer Hernández; miembros: Blanca Alcalá Ruiz, Angel Alonso Díaz Caneja, Jorge Ehlinger Coghlan, David Bravo y Cid de León, Laura Roldán Rubio, Javier Rubén Ramírez Carranza, Delfino Javier Cruz Gutiérrez y secretario Joel Cuevas Téllez.

Lo que hacemos del conocimiento por disposición de esta legislatura para los efectos correspondientes.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Heroica Puebla de Zaragoza, marzo 14 de 1996.- Diputados: José María Solana Rivero y Saúl Coronel Aguirre, secretarios.»

De enterado.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Ricardo García Cervantes, del grupo parlamentaria del PAN, para presentar una iniciativa de reformas constitucionales y legales para el desarrollo de la democracia participativa.

El diputado Ricardo Francisco García Cervantes:

Con su permiso, señor Presidente:

Para honrar el compromiso y la responsabilidad del Partido Acción Nacional a través de su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, en ésta y en la sesión de mañana habremos de presentar iniciativas que contienen los posicionamientos, proposiciones e ideas que Acción Nacional aporta a la necesaria reforma del Estado y a la transición política de nuestro país.

Agradezco a la Presidencia, la oportunidad de presentar en este momento la primera de ellas que junto con otras que enumero ahora, son la expresión de nuestra mejor intención, de nuestra buena fe, de nuestra altura de miras, para lograr una auténtica reforma del Estado y una verdadera transición hacia la democracia.

Presentaremos un paquete de iniciativas que contienen reformas a la Constitución en materia electoral, reformas constitucionales para el desarrollo de la democracia participativa, reformas constitucionales para la democratización integral del Distrito Federal.

Presentaremos iniciativa de reformas constitucionales para el equilibrio de poderes y el fortalecimiento del Poder Legislativo, iniciativa de nueva Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y su reglamento e iniciativa de reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Todo ello, como digo, no es tentándonos como poseedores de la verdad absoluta ni tampoco como poseedores de virtudes o de cualidades extraordinarias que no puedan ser compartidas por todos los miembros de esta Asamblea; por lo tanto, las iniciativas que hoy empezamos a poner a la consideración de ustedes tienen el propósito de hacer una aportación responsable y sincera para que ustedes en el trabajo propiamente legislativo puedan conocerlas, enriquecerlas y en su caso aportarlas en términos de un nuevo marco jurídico para la nación.

La intención de presentar también en forma de iniciativa de ley los planteamientos y propuestas del Partido Acción Nacional, son para honrar además del compromiso, la responsabilidad de formar parte de un cuerpo legislativo que es y debe ser reconocido como el foro natural de debate nacional.

Señor Presidente, en mérito de que en la sesión presentaremos varias iniciativas y para no hacer uso abusivo del tiempo de esta Asamblea, solicito a usted me autorice a suspender en este momento la lectura del articulado de los artículos del decreto, quedando inscritos en su totalidad en el Diario de los Debates y poniéndose a disposición de todos los miembros de la Asamblea un ejemplar íntegro de la iniciativa que he propuesto.

El Presidente:

Estando de acuerdo esta Presidencia, se recibe y se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, solicitándole a la Secretaría se entregue copias a todos los diputados y se inscriba en el Diario de los Debates.

El diputado Ricardo Francisco García Cervantes:

Muchísimas gracias, señor Presidente.

«Iniciativa por la que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso la Unión.- Presentes.

Los suscritos, diputados a la LVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55 fracción II del Reglamento Interior del Congreso General, sometemos a la consideración del Honorable Congreso de la Unión la iniciativa de decreto que reforma y adiciona los artículos 35, 71, 72, 89 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y que adiciona un Título Sexto al Libro Segundo del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y un Libro Noveno al mismo código a fin de promover el desarrollo de la democracia participativa y de una nueva cultura política en México, conforme a los postulados de nuestra ley fundamental y acorde a la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Partido Acción Nacional como un partido de ciudadanos, desde su origen y en el transcurso de toda su historia, ha pugnado por una auténtica reforma política. Consta en el Diario de Debates de la Cámara de Diputados las innumerables iniciativas que con este propósito hemos presentado. Nuestro fundador Manuel Gómez Morín, expresó en 1954: "llevamos largos años viviendo en un ambiente cerrado, de restricciones, de monopolio, de estatismo, de temor, de desconfianza, de confusión. Necesitamos renovar este ambiente, abrir las puertas a la reforma y a la libertad, suscitar y encauzar responsablemente discrepancias enriquecedoras. Necesitamos, inclusive, correr los riesgos de nuevas experiencias, siempre que sean nuestras y de lo nuestro, orientadas a afirmarnos y no a debilitarnos ni a entregarnos.

Necesitamos tener fe en que los vecinos pueden administrar un municipio y en que los electores pueden designar sus representantes en las cámaras. Necesitamos hacer que quien ejerza la autoridad sepa que corre el riesgo de perderla si no obra bien. Necesitamos, en suma, proclamar nuestra mayoría de edad y adquirir la conciencia de lo que somos, de lo que poseemos y del riesgo de dejar de serlo y de la responsabilidad de hacer frente a este riesgo. Ya no tutelas. Ni tutela extraña, fuera de México, ni tutela interna de un partido oficial, de un régimen que a sí mismo se atribuye la representación de la nación y la ignora y la desfigura y la niega y no le permite ser verdaderamente ella misma ni tener la decisión de sus destinos".

Unos años antes, en 1945, nuestro primer candidato a la presidencia de la República, Efraín González Luna, había dicho: "El problema consiste en establecer si por fin el pueblo de México es o no un sujeto de derechos políticos y si se decide o no a ejercitarlos y a hacerlos respetar.

El problema consiste en definir si es el apetito faccioso o es el bien común el objetivo del Estado y si la ciudadanía mexicana persistirá en su dispersión inerte, interrumpida de tarde en tarde por convulsiones estériles, o emprenderá la acción política orgánica que asegure a la persona humana, a la familia y a las comunidades e instituciones todas, que el bien material y espiritual del hombre necesita las condiciones sociales que cambien el signo de nuestra vida y hagan de México el amplio y seguro hogar, la patria libre, ordenada y generosa que es nuestro ideal."

He ahí pues, testimonio específico de nuestro largo bregar para que simplemente se respete al pueblo de México, en su inalienable derecho de decidir su destino.

Es asombrosa la actualidad de dichos pensamientos e ideales que hoy más que nunca, a pesar de haber sido expresados hace ya más de 40 años, toman vigencia y se reexpresan con urgencia en aras de reconstruir la esperanza, de repensar a la nación, de darle a los mexicanos una nueva esperanza nacional. "Es probable que un país llegue a la democracia enfrentándose con honestidad a sus conflictos específicos y diseñando o adoptando procedimientos efectivos para resolverlos y no mediante la copia de leyes constitucionales o prácticas parlamentarias de alguna otra democracia previa". (D.A. Rustow.)

A México le urge una nueva cultura política que lo haga capaz de enfrentar con honestidad y con valor nuestros conflictos y problemas. Nos urge a los mexicanos demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de orientar, promover y concretar los cambios requeridos. Necesitamos una auténtica cultura democrática que nos haga reconocer y dejar atrás la tan prolongada "crisis de ciudadanía" a la que se refirió Manuel Gómez Morín en la década de los setenta; una cultura ciudadana que reconozca y haga vivo el postulado de nuestra ley fundamental de que "La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo", y que "Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste"; requerimos, en suma, la fuerza ciudadana suficiente para reconfirmar la voluntad del pueblo de México de constituirse en una República representativa, democrática y federal.

La presente iniciativa tiene como propósito favorecer el desarrollo de una auténtica democracia participativa que complemente los esfuerzos de instaurar un régimen democrático en un Estado nacional y de derecho.

Ponemos a consideración de esta Asamblea y por su conducto del honorable Congreso de la Unión, la propuesta de instaurar las instituciones de: iniciativa popular; plebiscito y referendum; así como posibilitar la agrupación de ciudadanos en asociaciones políticas con objeto de complementar y vigorizar un auténtico sistema de partidos.

Al efecto proponemos la modificación de la fracción I del artículo 35, para establecer como prerrogativa de los ciudadanos mexicanos, además de la de votar en elecciones populares, la de participar en procesos plebiscitarios y de referendum. Igualmente, modificar la fracción III del mismo artículo, para confirmar con la introducción del término "individual", el carácter de prerrogativa personal del ciudadano, el derecho de asociarse libre y pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del país.

En el mismo artículo también se propone incorporar una fracción VI para establecer el derecho a participar en la iniciación de leyes ante el Congreso de la Unión, mediante iniciativa popular.

Para dar bases a la institución de iniciativa popular, se propone incorporar en el artículo 71 constitucional, una fracción IV que establece que los ciudadanos mexicanos debidamente identificados, tendrán derecho de iniciar leyes ante el Congreso de la Unión cuando su número represente cuando menos el 1% de la lista nominal de electores; que dichas iniciativas deberán ser dictaminadas a más tardar en el siguiente periodo ordinario de sesiones a aquél en que se presenten, para evitar que un proyecto de ley impulsado desde la ciudadanía pueda quedar sin la tramitación legislativa correspondiente, completa y oportuna.

Asimismo, se propone adicionar con cuatro párrafos el artículo 72, que dan las bases constitucionales necesarias para crear la institución del referendum derogatorio, total o parcial.

El referendum se podrá realizar siempre que, dentro de los 60 días naturales posteriores a la publicación de las leyes, los ciudadanos, en un número de cuando menos el 2% de los inscritos en los listados nominales electorales, lo soliciten.

También se establece que las leyes objetadas y derogadas mediante el procedimiento de referendum, no podrán ser objeto de nueva iniciativa sino hasta transcurridos dos años.

Se propone establecer en el artículo 72 la disposición expresa de que la ley (relativa a los procesos electorales) establecerá el procedimiento a que deba sujetarse la organización del referendum.

Proponemos también, la modificación de la fracción XVII del artículo 89, para dotar al Ejecutivo Federal de la facultad de solicitar al organismo público responsable de los procesos electorales, plebiscitarios y referendum, que someta a plebiscito decisiones de gobierno, que el titular del Ejecutivo considere trascendentes para la vida pública del país.

Por último, en materia de reformas constitucionales la iniciativa propone modificaciones y adiciones al artículo 135 para establecer las bases constitucionales de la institución del referendum derogatorio total o parcial al que puedan someterse las reformas o adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La presente iniciativa también propone la inclusión de un Título Sexto del Libro Segundo del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) al que se denomina. "De las asociaciones políticas nacionales", a efecto de explicitar el derecho de los ciudadanos mexicanos de agruparse en asociaciones políticas con objeto de complementar el sistema de partidos políticos mediante la libre difusión de ideas, difusión de propuestas ideológicas y programáticas, así como para desarrollar una vigorosa opinión pública mejor informada.

Las asociaciones políticas, como expresión ciudadana de la pluralidad nacional cuyas actividades son de interés público, podrán gozar de prerrogativas como la exención fiscal para la realización de sus actividades.

En este nuevo capítulo que se propone se establece que las asociaciones políticas nacionales son susceptibles de transformarse conjunta o separadamente en partidos políticos en cuanto puedan satisfacer los requisitos que la ley establece para alcanzar el registro como tales.

Igualmente se establece la posibilidad de que mediante convenios de participación conjunta con un partido político puedan participar en los procesos electorales federales conservando su personalidad jurídica proponiendo candidatos que bajo el registro del partido pueden ser dotados a través de la denominación, emblema, color o colores del mismo, debiendo incluir en la propaganda electoral mención a la asociación política.

Asimismo, se propone adicionar al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales un Libro Noveno, "de los procesos plebiscitarios y referendum", que tiene por objeto establecer los procedimientos correspondientes para que los ciudadanos mexicanos hagan valer ante las autoridades competentes las figuras de plebiscito y de referendum, que como hemos expuesto en esta misma iniciativa, se propone queden previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dentro de las disposiciones generales se establece que: Es improcedente el plebiscito, así como el referendum, tratándose de leyes, reglamentos u acuerdos de carácter general en materia fiscal o tributaria.

Se establece también que el Instituto Federal Electoral es el órgano encargado de la organización y desarrollo de los procesos plebiscitarios y referendum, facultándolo a realizar los actos jurídicos que sean necesarios en los términos de la Constitución y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para lograr la debida observancia y acatamiento de la voluntad de los electores.

El Instituto Federal Electoral, deberá aplicar en lo conducente las disposiciones relativas a los procesos electorales en la preparación y ejecución de los procesos plebiscitarios y de referendum, con las salvedades que la propia ley establezca.

En el Título Segundo del Libro Noveno propuesto, se define al plebiscito como la consulta a los ciudadanos electores para que expresen su previa aprobación o rechazo a un acto o decisión del Ejecutivo Federal, que sea considerado como trascendente para la vida pública del país, así como los actos y decisiones de gobierno de las autoridades administrativas del Distrito Federal igualmente trascendentes.

El derecho a solicitar que el Instituto Federal Electoral realice un proceso plebiscitario, deberá corresponder al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, quien por sus propias consideraciones o por las manifestaciones de opinión pública, podrá valorar la trascendencia de los actos o decisiones susceptibles de consulta. El resultado del plebiscito será vinculatorio para la autoridad.

En un proceso plebiscitario, los electores deberán votar por un "sí" o por un "no", como expresión de aceptación o rechazo del acto o decisión de gobierno sometido a su consideración.

El Título Tercero del Libro Noveno que se propone, se refiere al referendum, éste se define como el procedimiento mediante el cual, los ciudadanos de la República manifiestan su aprobación o desaprobación con respecto a leyes y a reformas o adiciones a la Constitución Federal. Se propone que el referendum pueda ser total o parcial, según sea que se objete sólo una parte de la ley o reforma constitucional aprobada y publicada, o bien la totalidad de su contenido.

En este Título Tercero, se plasman las bases generales del proceso de referendum: su procedimiento y alcances.

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos poner a la consideración del honorable Congreso de la Unión, por conducto de la Cámara de Diputados, la siguiente

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASI COMO DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

Artículo primero. Se modifican las fracciones I y III se adiciona una fracción VI al artículo 35; se adiciona la fracción IV y dos párrafos finales al artículo 71; se adicionan cuatro párrafos al artículo 72; se modifica la fracción XVII del artículo 89; se adicionan tres párrafos al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 35.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. Votar en las elecciones populares y participar en los procesos plebiscitarios y de referendum.

II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Asociarse en forma libre, individual y pacífica, para tomar parte en los asuntos políticos del país:

IV y V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI. Iniciar leyes ante el Congreso de la Unión de acuerdo a los requisitos y procedimientos establecidos en la presente Constitución:

Artículo 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I a III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. A los ciudadanos mexicanos, debidamente identificados, siempre que su número represente cuando menos el 1% de la lista nominal de electores.

Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, por las legislaturas de los estados, pasarán desde luego a comisión. Las que presenten los diputados y los senadores se sujetarán a los trámites que designe la Ley Orgánica del Congreso y su reglamento.

Las iniciativas a que se refiere la fracción IV serán dictaminadas a más tardar en el siguiente periodo ordinario de sesiones a aquél en que se presenten. Los representantes de los proponentes tendrán derecho a intervenir con voz en las comisiones dictaminadoras, en los términos que establezca la Ley Orgánica del Congreso y su reglamento.

Artículo 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) a j) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Si transcurrido el plazo que el Ejecutivo tiene para hacer observaciones a la ley o decreto que se le remita para su publicación y no lo hiciere, el presidente de la Cámara revisora ordenará la publicación.

Las leyes expedidas por el Congreso, excepto las de carácter tributario, serán sometidas a referendum derogatorio, total o parcial, siempre que dentro de los 70 días naturales posteriores a la fecha de su publicación así lo solicite, ante el organismo público a que se refiere el artículo 41, cuando menos el 2% de los ciudadanos inscritos en las listas nominales de electores, debidamente identificados.

Las leyes objetadas quedarán ratificadas si más del 50% de los ciudadanos que participen en el referendum emite voto favorable; en caso contrario serán derogadas y no podrían ser objeto de nueva iniciativa antes de dos años.

La ley establecerá el procedimiento a que se sujetará la organización de referendum.

Artículo 89. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I a XVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XVII. Solicitar al organismo público a que hace referencia al artículo 41 de esta Constitución, someta a plebiscito, en los términos que disponga la ley, las decisiones de gobierno de alcance nacional que considere trascendentes para la vida pública del país, así como decisiones de gobierno de las autoridades administrativas del D.F. que considere igualmente trascendentes.

XVIII a XX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 135. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Las reformas o adiciones aprobadas por el Congreso de la Unión serán sometidas a referendum derogatorio, total o parcial, siempre que dentro de los 60 días naturales siguientes a la fecha de su publicación así lo solicite, ante el organismo público a que se refiere el artículo 41 de esta Constitución, cuando menos el 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, debidamente identificados.

Las reformas o adiciones sujetas a referendum quedarán ratificadas si más de 50% de los ciudadanos que participen en el referendum emite opinión favorable. En caso contrario, serán derogados y no podrán ser objeto de nueva iniciativa antes de tres años.

El organismo público a que se refiere el artículo 41 organizará el referendum, efectuará el cómputo de sus resultados y ordenará su publicación en el Diario Oficial. Asimismo ordenará la publicación en éste del texto de las reformas o adiciones ratificadas y en su caso, dará cuenta al Congreso de las que no lo hubieren sido, para que se proceda a su inmediata derogación.

Artículo segundo. Se adiciona un Título Sexto al Libro Segundo y se adiciona un Libro Noveno al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para guardar como sigue:

TITULO SEXTO

Sobre las asociaciones políticas nacionales

Artículo 67-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1o. Los ciudadanos podrán agruparse en asociaciones políticas, con objeto de participar en la vida pública para discutir ideas, difundir ideologías y desarrollar una opinión política mejor informada.

2o. Las asociaciones políticas nacionales registradas tendrán personalidad jurídica y gozarán como prerrogativa de la exención fiscal para la realización de sus actividades.

3o. Las asociaciones políticas nacionales son susceptibles de transformarse conjunta o separadamente en partidos políticos, siempre que se reúnan los requisitos que para estos efectos señala la ley.

4o. Toda asociación política nacional, conservando su personalidad jurídica, sólo podrá participar en procesos electorales federales mediante convenios de incorporación con un partido político. Las candidaturas propuestas por las asociaciones políticas nacionales a los partidos políticos, serán registradas por éstos y presentadas con la denominación, emblema, color o colores del partido que las postule. En la propaganda electoral se podrá mencionar a la asociación incorporada.

Artículo 67-B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1o. Para obtener el registro como asociación política nacional, deberá acreditarse ante el instituto los siguientes requisitos:

a) Contar con un mínimo de 10 mil asociados en el país y con un órgano directivo de carácter nacional; además tener delegaciones en cuando menos 10 entidades federativas:

b) Haber efectuado actividades políticas continuas durante los dos años anteriores a la fecha de solicitud de registro y demostrar que, como sustentantes de una ideología definida, constituyen centros de difusión de la misma:

c) Disponer de documentos en donde se contengan los lineamientos ideológicos y las normas para su vida interna, así como una denominación distinta a cualquier otra asociación o partido.

LIBRO NOVENO

De los procesos plebiscitarios y de referendum

TITULO PRIMERO

Disposiciones generales.

Artículo 373. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Este libro tiene por objeto establecer los procedimientos correspondientes para que los ciudadanos mexicanos hagan valer ante las autoridades competentes las figuras de plebiscito y de referendum, previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Es improcedente el plebiscito, así como el referendum, tratándose de leyes, reglamentos o acuerdos de carácter general en materia fiscal o tributaria.

3o. No podrán promover referendum ni votar en los plebiscitos las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 38 de la Constitución Federal.

4o. El Instituto Federal Electoral será el órgano encargado de la organización y desarrollo de los procesos plebiscitarios y de referendum. El Consejo General del Instituto Federal Electoral será la autoridad competente para ordenar su organización y desarrollo, así como para efectuar el cómputo de los resultados y dictar, en su caso, los actos jurídicos que sean necesarios, en los términos de la Constitución Federal y de este código para lograr la debida observancia de la voluntad de los electores.

5o. En los procesos plebiscitarios y de referendum, el Instituto Federal Electoral y el Consejo General del mismo, aplicarán en lo conducente las disposiciones relativas a los procesos electorales ordinarios con las salvedades previstas en este libro.

TITULO SEGUNDO

Del plebiscito

Artículo 374. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Se entiende por plebiscito la consulta a los electores para que expresen su previa aprobación a un acto o decisión del Ejecutivo Federal, que sea considerado como trascendente para la vida pública del país.

Artículo 375. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Podrán someterse a plebiscito:

a). Los actos o decisiones de carácter general del Ejecutivo Federal que se considere como trascendentes en la vida pública del país:

b). Los actos o decisiones de gobierno de las autoridades administrativas del Distrito Federal, que se consideren trascendentes para su vida pública.

2o. En los supuestos de procedencia del plebiscito previstos en los incisos del párrafo anterior, la solicitud correspondiente deberá presentarla el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

3o. El resultado del plebiscito será vinculatorio para la autoridad que lo promovió o que le corresponda el acto o decisión consultada.

Artículo 376. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. La solicitud para someter un acto o decisión de gobierno a plebiscito deberá observar los siguientes requisitos:

a) Dirigirse al Consejo General del Instituto Federal Electoral:

b) El acto o decisión que se pretende someter a plebiscito:

c) La exposición de los motivos o razones por las cuales el acto o decisión se considera de importancia y trascendencia para la vida pública del país o del Distrito Federal, según sea el caso y así mismo, las razones por las cuales en concepto del solicitante el acto o decisión debe someterse a consulta de los ciudadanos.

2o. Recibida la solicitud, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en un término de 15 días naturales acordará la expedición de la convocatoria en la que se fijarán las bases para la participación de los ciudadanos en el proceso plebiscitario, misma que deberá contener:

a) La fecha del plebiscito;

b) El acto o decisión que se someterá a consulta:

c) Términos y plazos a los que se sujetará el proceso plebiscitario;

d) Los requisitos que el ciudadano debe satisfacer para estar en aptitud de participar y

e) Las normas que en complemento de lo dispuesto por la Constitución y la ley deben observarse para el buen desarrollo del plebiscito convocado. En ningún caso la convocatoria podrá contener mayores requisitos que los que la ley establece al ciudadano para participar en procesos electorales ordinarios.

Artículo 377. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1o. Para que un acto o decisión sometido a plebiscito pueda dictarse o expedirse válidamente, se requiere que sea aprobado por más del 50% de los electores de la República, Estado o estados, según sea el caso, que hayan participado en el plebiscito.

2o. Los electores se limitaran a votar por un "sí" o por un "no" el acto o decisión de Gobierno sometido a su consideración.

TITULO TERCERO

Del referendum

Artículo 378. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1o. Se entiende por referendum el procedimiento mediante el cual los ciudadanos de la República manifiestan su aprobación o desaprobación con respecto a las reformas o adiciones a la Constitución Federal.

2o. El referendum es total o parcial. Será total cuando se objete por completo el ordenamiento correspondiente. Será parcial cuando se objete sólo una parte del total del articulado del mismo.

Artículo 379. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1o. La solicitud para promover un referendum deberá presentarse dentro de los 60 días naturales posteriores a la publicación del ordenamiento objetado y cumplir además con los siguientes requisitos:

a) Dirigirse al Consejo General del Instituto Federal Electoral;

b) Indicar con precisión la reforma o adición a la Constitución Federal que se objete o en su caso, el o los artículos objetados debidamente individualizados:

c) Las razones por las cuales el ordenamiento o parte de su articulado deban someterse a la consideración del electorado:

2o. Recibida la solicitud, el Consejo General del Instituto Federal Electoral calificará el cumplimiento de sus requisitos en un término no mayor a 15 días hábiles que se contarán a partir del día siguiente de la presentación de la solicitud. Para tal efecto, el consejo general analizará de oficio lo siguiente:

a) Si la solicitud se ha promovido dentro del término que establece este código:

b) Si el número e identificación de electores promoventes alcanza el porcentaje requerido:

c) Si el ordenamiento objetado es susceptible de someterse a referendum, de acuerdo a las disposiciones relativas a la Constitución Federal y de este código.

3o. A partir del día siguiente de la calificación, el consejo general procederá a convocar al referendum, de conformidad al numeral dos del presente artículo.

4o. Si la solicitud no cumple con los requisitos a que se refiere este artículo, el consejo general, de oficio, declarará improcedente la solicitud. Si el consejo general no determina su procedencia en el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la solicitud se considerará aceptada.

5o. La admisión de la solicitud de referendum no tendrá efecto suspensivo sobre el ordenamiento objetado.

Artículo 380. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1o. Votarán por un "sí" los electores cuya voluntad sea que la ley u ordenamiento objetado quede vigente y por un "no" los que estén a favor de que el ordenamiento objetado sea derogado, total o parcialmente, según sea el caso.

Artículo 381. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1o. Una vez computados los resultados, las reformas o adiciones a la Constitución Federal o a la ley que hayan sido objetados, quedarán ratificados si más del 50% de los ciudadanos que participen en el referendum emiten su opinión favorable a ellos. En caso contrario, serán derogados y no podrán ser objeto de una nueva iniciativa antes de dos años.

2o. El Consejo General del Instituto Federal Electoral ordenará la publicación de los resultados del referendum en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo ordenará la publicación del texto del ordenamiento que haya sido ratificado y, en su caso, remitirá al Congreso de la Unión o a la Comisión Permanente el texto del que no lo haya sido, para que proceda a su derogación a más tardar dentro de los 30 días siguientes a su recepción.

Artículo 382. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1o. Si el Congreso no se encontrare en sesiones ordinarias, la Comisión Permanente convocará a un periodo de sesiones extraordinarias en un plazo no mayor de 15 días naturales contados a partir de la fecha de la notificación que le realice el Consejo General del Instituto Federal Electoral, a fin de que el Congreso de la Unión proceda a la derogación del ordenamiento que no haya sido ratificado y a su publicación.

2o. Si el Congreso de la Unión no deroga y ordena la publicación del decreto correspondiente en el término a que se refiere el numeral dos del artículo anterior, el consejo general ordenará la publicación del resultado del referendum, mismo que surtirá efecto derogatorio como si lo hubiere hecho el Congreso.

TRANSITORIO

Artículo único. Las presentes reformas y adiciones iniciarán su vigencia 30 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a los 28 días del mes de marzo de 1996.- Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Rúbricas».

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (II)

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado José Luis Torres Ortega, del grupo parlamentario de Acción Nacional para presentar una iniciativa de reformas constitucionales en materia electoral.

El diputado José Luis Torres Ortega:

Con su permiso, señor Presidente:

Señor Presidente, por su extensión, solicito a usted autorice la inserción del texto íntegro de la iniciativa en el Diario de Debates y me autorice abstenerme a dar lectura de la misma y poner a la disposición de esta Asamblea, copia de esta misma para todos los diputados.

El Presidente:

En los términos que ha solicitado el diputado José Luis Torres Ortega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se recibe y se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y se solicita a la Secretaría se les entregue copias a todos los diputados, asimismo, se incluya íntegramente en el Diario de los Debates.

«Iniciativa de reformas constitucionales para la reforma electoral.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Los suscritos diputados a la LVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 y en la fracción VI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Cámara de Diputados a efecto de que se turne de inmediato para dictamen a la comisión correspondiente, la siguiente iniciativa de ley que modifica diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de realizar una reforma electoral tomando en consideración la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

México, en consonancia con el concierto de las naciones, transita hacia un régimen democrático; no podemos negar que la patria, que hoy tenemos la posibilidad de heredar es un poco mejor que la de hace unos pocos años. En este transitar, el perfeccionamiento del marco jurídico, que es un proceso permanentemente inacabado, junto con la práctica política, que también lo es, son elementos esenciales para una sociedad con más justicia, con más orden, con más bienestar.

Toca hoy revisar la génesis de este perfeccionamiento que es por consiguiente punto central de la reforma política nos referimos al marco constitucional, que consigna las diversas disposiciones en materia electoral.

Las necesidades de nuestro país en lo que se refiere a la transición hacia un régimen democrático, demanda de los mexicanos y de las instituciones el abocarse en forma decisiva no sólo a la transformación del ordenamiento jurídico que siempre será perfectible, sino además en forma fundamental corregir la práctica política y realizar plenamente las aspiraciones del pueblo en lo referente al apego irrestricto a la ley de todos los ciudadanos, pero sobre todo de la propia autoridad.

Toca hoy el revisar uno de los puntos centrales de lo que es la agenda de la reforma política y es precisamente el marco constitucional, que consigna diversas disposiciones en materia de derechos políticos y procesos electorales.

Cuando se dio la oportunidad, esperada desde hace años, de establecer un diálogo político nacional para buscar dentro de la reforma del Estado, la reforma electoral, que nos permitiría transitar pacíficamente hacia la democracia en nuestro país, el Gobierno de Ernesto Zedillo y su partido, permitió o por lo menos no evitó que las fuerzas políticas, regionales y nacionales más autoritarias retrógradas y oscuras del país, pusieran obstáculos para que este diálogo se diera en un marco de confianza.

Los partidos, en concreto el PAN y el PRD llegaron a puntos de acuerdo, los organismos sociales, los académicos y los consejeros ciudadanos del Instituto Federal Electoral han dado a conocer sus puntos de vista concretos sobre la reforma electoral. Existen propuestas y contenidos para la misma, existieron acuerdos mínimos pero importantes en el llamado "Seminario del Castillo de Chapultepec, promovido por los consejeros ciudadanos del Instituto Federal Electoral".

Pero de parte del Gobierno nunca se manifestó voluntad política para lograr ese tránsito, ni de su partido propuestas concretas, haciendo lamentablemente infructuoso todo el trabajo realizado por los actores políticos de la sociedad.

Por otro lado México debe inscribirse de una vez por todas en el contexto de los países que aspiran a la democracia plena por lo que partiendo de la base de la democracia representativa hay que tomar aquellas figuras que permitan validar el ejercicio del poder, es más, complementar el mismo a través de las formas de participación popular como lo son el plebiscito y el referendum.

Por lo que no podríamos hablar de una verdadera reforma del Estado si no revaloramos el papel de la sociedad.

En este mismo orden de ideas se encuadran el referendum y el plebiscito dado que el objetivo de los mismos está directamente relacionado con el sistema legal que, aunque siendo una responsabilidad directa del Poder Legislativo, no cabe duda, que la participación de los ciudadanos en este proceso coadyuva al perfeccionamiento del mismo y es un elemento indispensable en la educación y en la renovación de las generaciones políticas.

Por otro lado, el ejercicio responsable de la libertad y el derecho a la asociación como fundamentos de los derechos políticos de los mexicanos, son valores a los cuales debemos dar su justa dimensión. Reafirmamos entonces nuestra convicción en la asociación libre, individual y pacífica para participar en los asuntos políticos del país. Por esto estamos proponiendo agregar en el tercer párrafo del artículo 41 constitucional, la precisión de que los partidos deberán afiliar a sus miembros en forma libre e individual.

El artículo 41 constitucional, se ha constituido en el texto que regula a los partidos políticos como entidades de interés público y que fija los principios del proceso electoral. Por ello se agrega en el párrafo ocho del citado artículo, junto con los otros principios rectores, la equidad, que debe regir toda elección federal para establecer mayor justicia y condiciones de igualdad y proporcionalidad a los contendientes en un proceso electoral.

Asimismo y en concordancia con la iniciativa de ley para desarrollar la democracia participativa, presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se agrega al mismo párrafo ya citado, la facultad al organismo público responsable de los procesos electorales, de que organice los procesos plebiscitarios y de referendum, para que así cuente el organismo con los recursos, reconocimiento y autonomía suficientes para cumplir su cometido.

De igual manera y de conformidad con la tradición jurídica de nuestro país, los procesos electorales al estar sujetos a la posibilidad de que se produzcan conductas que alteren la aplicación o interpretación de la ley, deben contar con una institución garante de la justicia electoral al que es indispensable fortalecer, como lo es el Tribunal Federal Electoral, el cual por su naturaleza jurisdiccional, debe estar inscrito en el Poder Judicial de la Federación y gozar de los elementos necesarios para el cumplimiento de sus fines.

Así se propone modificar el párrafo 13 del artículo 41 para incorporar el Tribunal Federal Electoral al Poder Judicial Federal, dándole a los poderes Legislativo y Judicial la responsabilidad de integrarlo.

Para que esto último sea posible, se modifica el párrafo 17 en la parte final del mismo, para que el Ejecutivo no sea quien proponga a los magistrados del Tribunal Federal Electoral, sino sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máxima autoridad de justicia del país, quien haga la propuesta de los magistrados a la Cámara de Diputados.

Respecto a la elección de estos magistrados se señala, para dar certidumbre, en una adición final a este párrafo, que la Cámara de Diputados la realizará a más tardar el día último del mes de septiembre del año anterior al del proceso electoral Federal ordinario correspondiente.

Asimismo se modifica el párrafo 14 del artículo 41, para hacer mención de un párrafo cuarto del artículo 60 y se agrega a ese mismo artículo 60 este párrafo, para establecer que el Tribunal Federal Electoral tenga competencia para resolver sobre causales de nulidad en los casos que la ley señale para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, esta posibilidad no existía constitucionalmente, aun cuando podían presentarse causales de nulidad como las estipuladas en la Ley Electoral para la elección de diputados y senadores; por ello es a todas luces necesario este cambio para darle legitimidad, legalidad y definitividad jurídica al proceso de elección del Ejecutivo Federal.

Se modifica el párrafo 18 para cambiar el término de consejeros ciudadanos por la denominación de consejeros electores, que da una mayor claridad acerca de las atribuciones de dirección y decisión que tienen los mismos en el organismo electoral y en virtud de que la anterior denominación de consejeros ciudadanos no corresponde a la realidad, dado que todos, cumplidos los requisitos legales correspondientes, tenemos la categoría de ciudadanos.

Se modifica el primer párrafo y la fracción II del artículo 54, para mejorar la estructura de su redacción y sobre todo para establecer que todo partido político debe alcanzar, cuando menos, el 3% del total de la votación emitida, para que se le atribuyan diputados por el principio de representación proporcional, esto último, con el propósito de que los legisladores que se asignen por ese principio, tengan una representación popular razonable acorde con un sistema de partidos de verdadera competencia.

Se modifica el primer párrafo del artículo 56 para que en cada entidad federativa y en el Distrito Federal se elijan sólo tres senadores, en lugar de cuatro; dos por el principio de mayoría relativa y uno que será asignado a la primera minoría. De esta manera, se busca reducir significativamente la sobre representación existente en esa Cámara, sin cancelar la apertura ya establecida, para permitir la pluralidad de ese cuerpo legislativo.

Proponemos que se modifique la fracción I del artículo 74, para que una vez que el Tribunal Federal Electoral emita la resolución jurídica definitiva respecto de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados sólo declare en una resolución definitiva e inatacable, en la forma en que la ley lo determine, la validez de la misma, desapareciendo la figura de Colegio Electoral, en virtud de que tanto el Instituto Federal Electoral como el Tribunal Federal Electoral tendrán atribuciones que lo hacen innecesario.

Se modifican los párrafos primero, cuarto y octavo del artículo 94, se adiciona con un segundo párrafo el artículo 97; se modifican además, los párrafos cuarto y último de este mismo artículo, asimismo se modifica el primer párrafo del artículo 101, para incluir al Tribunal Electoral, de tal manera que éste sea depositario del ejercicio del Poder Judicial Federal en el ámbito de su competencia.

Se modifican las fracciones I y II del artículo 105, suprimiendo la excepción de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conozca sobre la materia electoral. No cabe duda que en este rubro el tema del amparo y de la controversia constitucional en materia electoral, es un elemento que debe aparecer en el ámbito constitucional como un proceso necesario para un verdadero ejercicio de los derechos políticos y ajustar las leyes electorales al control constitucional logrando con ello, una mayor justicia en los procesos electorales.

La democracia, señores legisladores, es algo que se construye todos los días, como la patria, como la casa de nuestros padres que todos los días estamos edificando.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento a lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos poner a la consideración del honorable Congreso de la Unión, por conducto de la Cámara de Diputados, la siguiente

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo primero. Se reforman los artículos 41 en sus párrafos tercero, octavo, decimotercero, decimocuarto, decimoséptimo y decimooctavo; 54 en su primer párrafo y la fracción II; 56 en su primer párrafo; 74 en su fracción I; 94 en sus párrafos primero, cuarto y octavo; 97 en sus párrafos cuarto y último; 101 en su primer párrafo y las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

"Artículo 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Los partidos políticos, en su carácter de asociaciones de ciudadanos deberán afiliar a sus miembros en forma libre e individual.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración concurren los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión, con la participación de los partidos políticos nacionales y de los ciudadanos, según disponga la ley. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad y objetividad, serán principios rectores. Asimismo, el organismo público tendrá a su cargo, en los términos que la ley establezca, la organización de los procesos plebiscitarios y de referendum a que hace referencia la presente Constitución.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El Tribunal Federal Electoral dependerá del Poder Judicial Federal y será autoridad jurisdiccional electoral. Los poderes Legislativo y Judicial garantizarán su debida integración.

El Tribunal Federal Electoral tendrá competencia para resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y la ley, las impugnaciones que se presenten en materia electoral federal, las que establecen los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 60 de esta Constitución y las diferencias laborales que se presenten con las autoridades electorales establecidas por este artículo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El Tribunal Federal Electoral se organizará en los términos que señale la ley. Para el ejercicio de su competencia contará con cuerpos de magistrados y jueces instructores, los cuales serán independientes y responderán sólo al mandato de la ley. Los magistrados del tribunal deberán satisfacer los requisitos que establezca la ley, que no podrán ser menores de los que señala esta Constitución para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los magistrados deberán ser electos a más tardar el día último de septiembre del año anterior al del proceso electoral federal ordinario correspondiente.

Los consejeros electorales del órgano superior de dirección deberán satisfacer los requisitos que señale la Ley y serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, de entre los propuestos por los grupos parlamentarios en la propia Cámara. La ley señalará las reglas y el procedimiento correspondientes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a lo que disponga la Ley y a las siguientes bases:

II. Todo partido que alcance por lo menos el 3% del total de la votación...

Artículo 56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Para integrar la Cámara de Senadores, en cada estado y en el Distrito Federal se elegirán tres senadores, de los cuales dos serán electos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para cada entidad federativa, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos.

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

I. Declarar la validez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en la forma que determine la ley. Su resolución será definitiva e inatacable

Artículo 94. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en tribunales colegiados y unitarios de circuito, en juzgados de distrito, en un tribunal federal electoral y en un consejo de la judicatura federal.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en pleno y salas, la competencia de los tribunales de circuito, de los juzgados de distrito y del Tribunal Federal Electoral y las responsabilidades en que incurran los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las bases que esta Constitución establece.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los magistrados del Tribunal Federal Electoral y los consejeros de la Judicatura Federal, no podrá ser disminuida durante su encargo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 97. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La Suprema Corte de Justicia nombrará y removerá a su secretario y demás funcionarios y empleados. Los magistrados y jueces nombrarán y removerán a los respectivos funcionarios y empleados de los tribunales de circuito, de los juzgados de distrito y del Tribunal Federal Electoral, conforme a lo que establezca la ley respecto de la carrera judicial.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los magistrados del Tribunal Federal Electoral protestarán ante el Consejo de la Judicatura Federal o ante la autoridad que determine la ley.

Artículo 101. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los magistrados del Tribunal Federal Electoral y los respectivos secretarios, así como los consejeros de la Judicatura Federal, no podrán, en ningún caso, aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la Federación, de los estados, del Distrito Federal o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia.

Artículo 105. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. De las controversias constitucionales que se susciten entre:

II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

Artículo segundo. Se adiciona con un cuarto párrafo el artículo 60; se adiciona con un segundo párrafo el artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Respecto a la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se podrá impugnar la elección ante el Tribunal Federal Electoral por las causas que la ley específica señale:

Artículo 97. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La Suprema Corte de Justicia propondrá a los magistrados del Tribunal Federal Electoral a la Cámara de Diputados. Estos magistrados ejercerán sus funciones durante ocho años y podrán ser reelectos.

ARTICULO TRANSITORIO

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de marzo de 1996.- Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.- Diputados: Ricardo García Cervantes, Cecilia Romero Castillo, José Luis Torres Ortega, Luis Ruan Ruiz, Salvador Beltrán del Río, Alejandro Zapata Perogordo, Consuelo Botello Treviño, Martha Patricia Mendoza Peña, Claudio Coello Herrera, Kurt Thomsen D'Abbadie, Víctor Manuel Palacios Sosa, Juan Antonio García Villa y Rafael Ayala.»

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (III)

El Presidente:

Tiene la palabra la diputada María del Carmen Segura Rangel, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas constitucionales para la democratización integral del Distrito Federal.

La diputada María del Carmen Segura Rangel:

Señor Presidente, por los mismos argumentos que presentaron tanto el diputado García Cervantes como el diputado José Luis Torres, solicito se inserte el articulado en el Diario de los Debates y se ponga también a disposición de los legisladores un ejemplar íntegro de esta iniciativa.

El Presidente:

En los términos que ha solicitado la diputada María del Carmen Segura Rangel, se da por recibido y se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, solicitando a la Secretaría se entregue copias a los diputados y se inserte íntegramente esta iniciativa en el Diario de los Debates.

«Iniciativa de Reformas Constitucionales para la Democratización Integral del D.F.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Los suscritos, diputados de la LVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55 fracción II del Reglamento Interior del Congreso General, sometemos a la consideración del honorable Constituyente Permanente, a través de esta Cámara de Diputados, la presente iniciativa de decreto que reforma, deroga y adiciona los artículos 73, 76, 110, 111 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de lograr la democratización integral del D.F. conforme a la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

Parte fundamental de la reforma integral del Estado, es la reforma democrática de la estructura política del Distrito Federal.

Es demanda cotidiana alcanzar mayores espacios de participación democrática, para ello es necesaria una transformación profunda en el Distrito Federal, con reformas constitucionales que permitan que la autoridad emane del pueblo y se identifique con él mismo, que se interese en promover soluciones a sus problemas.

Que ordene las condiciones sociales con un amplio sentido de justicia, ya que muchos capitalinos esperan ver concretadas en la realidad las garantías sociales contenidas en la Ley Suprema de 1917.

La democracia moderna constituye la fórmula conciliatoria entre la libertad individual y el orden social, la forma de sociedad en la que, cada uno, aun uniéndose a los demás se obedezca a sí mismo y mantenga su libertad anterior, al elegir a los individuos que ejerzan el poder de mando del Estado, pero ello implica, que la voluntad representada en el orden legal del Estado, es idéntica a la voluntad del pueblo. Al haber coincidencia entre la participación de todos los ciudadanos en la formación de la voluntad del Estado y los gobernantes, se resuelve el contraste entre la libertad y el orden, porque coincide la voluntad individual con la voluntad total del Estado.

El maestro Felipe Tena Ramírez precisa que "la democracia se justifica y se practica íntegramente en cuanto proporciona oportunidad igual a todos para externar libremente su voluntad".

En el sistema jurídico-político mexicano se consagra la democracia representativa, a través de la elección directa de miembros del Congreso de la Unión y del Presidente de la República, en el ámbito federal. Por lo que se refiere a los estados, en cumplimiento al artículo 41 de la Carta Magna que determina que las constituciones de los mismos en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto Federal y establece la elección directa de gobernadores, diputados locales y autoridades municipales.

Los habitantes de 31 entidades federativas pueden ejercitar su derecho a elegir gobernantes, tanto en la esfera federal como en la local, sin embargo, más de 10 millones de mexicanos residentes en el Distrito Federal, durante muchas décadas han sido privados de manera injustificada del derecho a elegir sus autoridades locales, salvo tibias reformas que se han implementado, producto más de la presión social y de los partidos políticos de oposición, que de la voluntad de la autoridad.

Si queremos hacer frente a la problemática del Distrito Federal no por sus efectos sino por sus causas, en inevitable la democratización de su estructura política, mas no en el sentido de solamente perfeccionar el ejercicio de una autoridad delegada.

Tampoco se trata de promover una simple reforma administrativa, sino una auténtica reforma política que establezca las bases para que el pueblo sea el que decida quién debe ejercer su autoridad y no la autoridad quién debe gobernar al pueblo, como sucede sistemáticamente.

La experiencia histórica muestra que esa imposición de autoridades locales por el Ejecutivo Federal, evita que se establezcan formas de solución a los problemas, ya que se sienten vinculadas y comprometidas con quien las impone, como el caso del jefe del Departamento del Distrito Federal y la larga cadena de autoridades y funcionarios de rangos inferiores que en diversas materias derivan de este nombramiento.

Que tener un congreso local (el Federal) prestado, hace que se ocupe muy poco de legislar las materias del Distrito Federal y que sus integrantes desconozcan la problemática real, al integrarse con diputados y senadores de todas las entidades federativas.

Que no ha contado el Distrito Federal con un auténtico poder judicial local, ya que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia han sido designados por el Presidente de la República, con la ratificación del Congreso Federal, hasta 1988 en que es la Asamblea de Representantes la que los ratifica. Salvo honrosas excepciones también dichos magistrados han buscado más quedar bien con el Ejecutivo Federal que constituirse en verdaderos impartidores de justicia.

Es por tanto inaplazable la reforma constitucional y legal que sustente las bases de un gobierno propio para el Distrito Federal, entendido por el Partido Acción Nacional, como la posibilidad de que sus autoridades tengan un origen legítimo, de que los capitalinos elijan por el voto universal, secreto y directo, al jefe del gobierno, a su congreso local y autoridades administrativas delegacionales, que se vinculen y comprometan con el pueblo.

En reiteradas ocasiones Acción Nacional ha propuesto formas de democratizar el Distrito Federal, sin embargo, ha habido grandes resistencias por parte de quienes se escudan en argumentos plasmados en la historia constitucional, con el claro propósito de mantener el control del poder local.

Nuestra historia constitucional marca que desde 1824 los constituyentes crearon el Distrito Federal, para que fuera sede independiente de los poderes federales. Con facultades locales que no se ejercieron consistentes en una constitución y legislatura propias. Don Felipe Tena Ramírez refiere que el legislativo era, al crearlo la Constitución, una Legislatura constituyente del Distrito, capaz de instituir y organizar los demás poderes locales y de darse a sí mismo sus facultades, exactamente igual que la legislatura constituyente de un estado.

El Constituyente de 1857 limitó esa soberana facultad, pero contempló la existencia de autoridades políticas municipales y judiciales electas popularmente.

En 1901 se establece un régimen radicalmente opuesto. Bajo la dictadura porfirista, se otorgó expresamente al Congreso Federal la facultad de legislar para el Distrito Federal, eliminando la intervención de sus ciudadanos.

La Ley Orgánica de 1903 creó un consejo superior de gobierno de corte dictatorial al no provenir de elección popular. Se conservaron los ayuntamientos aunque con funciones limitadas.

A partir de que la Ley del Municipio Libre se incorporó a la Constitución de 1917, los habitantes del Distrito Federal siguieron bajo el gobierno de ayuntamientos elegidos popularmente y sólo quedó bajo el control del Poder Ejecutivo el gobernador del Distrito Federal.

Los sucesivos gobiernos revolucionarios, de manera contraria a su inquietud por buscar la convivencia entre autoridades federales y locales, suprimieron los ayuntamientos, únicas autoridades populares que quedaban en el Distrito Federal y en 1928 se creó el órgano del Ejecutivo llamado desde entonces Departamento del Distrito Federal y 13 delegados en las antiguas municipalidades. Simples funcionarios administrativos sin facultades decisorias, nombrados por el Presidente de la República a propuesta del jefe del Departamento del Distrito Federal.

También se establecieron consejos consultivos, uno para el Departamento, que se llamó central y otro para cada una de las 13 delegaciones.

Los consejos se integraron por el sistema corporativo con representantes de los sectores económicos y sociales. Tuvieron siempre mínimas facultades de aconsejar y de elaborar proyectos de reglamento.

En 1941 se eliminaron los consejos de las delegaciones pero se mantuvo un consejo, el Consultivo de la Ciudad de México, que funcionó como un órgano protocolario y de opinión, sin autoridad ni fuerza política en el que se recogen algunas ideas de descentralización de gobierno propuestas en 1965, otorgando crecientes facultades a los delegados.

Se insistió en un consejo consultivo sin participación real en el gobierno del Distrito Federal y se crearon las juntas de vecinos, cuyos dirigentes en ascendente proceso de manipulación integraron el ornamental consejo.

A pesar de que en ese mismo año de 1970 el Partido Acción Nacional presentó en la Cámara de Diputados la propuesta para que el consejo consultivo no tuviera facultades simbólicas, que fuera electo popularmente, con facultades de veto frente a las decisiones del jefe del Departamento del Distrito Federal y la facultad reglamentaria, subsistió la figura decorativa hasta 1995.

Es digno de mencionar que con esta propuesta del PAN que nunca se dictaminó se adelantó casi 20 años a lo que sería en 1988 la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.

En la búsqueda de caminos de solución para la democratización del Distrito Federal, en 1986 el PAN logró integrar una propuesta completa de legislación para un estado 32, a partir de un proyecto de constitución con sus partes dogmática y orgánica.

En 1988 surge la Asamblea de Representantes del Distrito Federal como resultado de una consulta pública en la que las organizaciones representativas de ciudadanos y partidos políticos reconocieron la necesidad de crear cuando menos un congreso local, como paso firme hacia la democratización de esta entidad.

Surgen una vez más resistencias del Gobierno y su partido que se reflejan en la creación de un órgano híbrido, con facultades reglamentarias y de gestoría, no ubicable en alguno de los tres poderes tradicionales.

En 1993, se abre nuevamente la expectativa de concretar reformas que permitan a los capitalinos la elección directa de sus autoridades locales. Si bien, en reforma constitucional relativa a las bases de organización del gobierno del Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1993, el gobierno local quedó estructurado en forma novedosa, con características propias, con mayor contenido competencial para los órganos locales, todavía conserva un marco limitado en cuanto a la participación ciudadana en la integración de los órganos del gobierno y reserva controles y competencias de los órganos federales sobre los locales, como es el caso de la remoción del jefe del Distrito Federal, cuya facultad quedó en manos del Senado y en sus recesos de la Comisión Permanente.

Reforma en la que además de no cubrir la expectativa, se deja pasar la oportunidad de constituir un gobierno plenamente autónomo.

A lo largo de su historia el PAN también ha dado testimonio de voluntad y apertura al sumarse en el análisis de propuestas de otros partidos políticos o del Gobierno mismo, que permitan alcanzar consensos y acerquen al objetivo de transformar la estructura política del Distrito Federal.

Por ello, en convención regional del Distrito Federal, en 1992, los panistas reiteran esa voluntad al señalar "a nosotros nos mueve que esa transformación se haga conforme a los propósitos fundamentales de nuestra doctrina y antecedentes; es decir, lograr el gobierno propio, la democratización plena, la elección de gobernantes locales, el establecimiento de un congreso local, propósitos que han estado subyacentes en las numerosas propuestas de nuestras plataformas políticas o en las iniciativas ante la Cámara de Diputados.

Estos son los propósitos a los que nos obligan los principios doctrinarios, a los que no podemos renunciar y son de hecho los mismos propósitos que buscan las reformas en proceso en las grandes ciudades del mundo.

Corresponde a nuestra sensibilidad histórica y política el escuchar otras posibilidades, alternativas, opciones que se hayan dado en otras ciudades del mundo o en otros foros de nuestro país y si en conciencia encontramos que ellos cumplen los propósitos esenciales, no debemos tener miedo de aceptarlos." Por ello, es que el Partido Acción Nacional reservó su propuesta de creación de un estado 32, para otro momento, en aras de sumar coincidencias con otras fuerzas políticas.

Participó en las reuniones de la Comisión Plural Ejecutiva y sus grupos de trabajo, así como en los diálogos y deliberaciones para el acercamiento de posiciones en torno a la reforma política del Distrito Federal, cuyos resultados se plasmaron en el acuerdo para la Reforma Política del Distrito Federal, firmado el 12 de febrero de 1996, por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y del Trabajo.

En 28 puntos, los partidos políticos mencionados comprometen el contenido de una reforma legislativa, que representa el mayor avance logrado a través de consensos en la historia política del Distrito Federal.

Ahora, conscientes del esfuerzo para conciliar posiciones en un acuerdo y de la necesidad de sumar otras fuerzas políticas que, aun cuando comparten la mayoría de los contenidos no lo suscribieron, los legisladores del Partido Acción Nacional presentan la siguiente iniciativa, que lleva el propósito de armonizar las diversas posiciones, en espera que de la pluralidad de este Congreso, puedan surgir de un análisis y debate constructivos, otras propuestas que la enriquezcan.

Por lo que se refiere al contenido de las propuestas:

Artículo 73.

Desde 1824 en que el Distrito Federal se convirtió en la sede de los poderes federales, el Congreso de la Unión ha tenido facultades de congreso local para el Distrito Federal. Sin embargo, la cantidad de materias federales de su competencia y el desconocimiento de la problemática local por parte de sus miembros, propician que se destine poco tiempo a la atención de los asuntos locales.

A partir de las facultades legislativas conferidas por la Carta Magna a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal en 1993, se establece la distribución de competencias, bajo el principio de que aquellas materias locales que no estén expresamente conferidas a la Asamblea de Representantes, se entienden reservadas al Congreso Federal, que continúa como congreso local.

La experiencia muestra la necesidad de dotar de mayores facultades a la Asamblea, para que adquiera el rango de congreso local, en consecuencia se propone que el principio arriba mencionado opere de manera inversa y que aquellas facultades que no estén expresamente conferidas al Congreso de la Unión, se entiendan reservadas a la Asamblea, la que en consecuencia adquirirá el rango de legislativa. Por ello se propone que en el artículo 73 fracción VI de la Constitución, sólo se faculte al Congreso a legislar en lo relativo al Distrito Federal en materia de deuda pública.

Artículo 76.

Congruente con el propósito de esta iniciativa es la propuesta de derogación de la fracción IX del artículo 76, para suprimir el control injustificado de la esfera federal en el ámbito local, a través de la intervención del Senado en el nombramiento y remoción del jefe del Distrito Federal.

Artículos 110 y 111.

Por la importancia que se le atribuye a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se considera conveniente que el juicio político y la declaración de procedencia contra el jefe del Distrito Federal, así como en contra de los representantes a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, procurador general de justicia del Distrito Federal, magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, sea competencia de la misma, por lo que se sugiere la modificación del primer párrafo de estos artículos, en donde se eliminaría su referencia y se incluiría en el segundo y quinto párrafo, respectivamente, dándole un tratamiento similar al de los gobernadores de los estados y funcionarios locales.

Tomando en consideración que en esta iniciativa se propone la elección directa de los jefes de delegación y subdelegados es que también se considera conveniente su inclusión en estos preceptos.

Artículo 122.

El primer párrafo del artículo 122 constitucional, establece que el gobierno del Distrito Federal está a cargo de los poderes de la Unión, los cuales lo ejercerán por sí y a través de los órganos de gobierno del Distrito Federal. Este es el fundamento que mantiene la concentración injustificada de facultades locales en manos de los órganos federales, entre ellas las de nombramiento de titulares de órganos locales, así como materias que en un estado están reservadas a los organos locales.

Por ello, se propone dotar de autonomía a los órganos de gobierno local y para tal efecto, la modificación del párrafo mencionado para que el gobierno del Distrito Federal esté a cargo de los poderes federales así como de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial locales. Reforma que será la base para la definición de un marco competencial congruente con el pacto federal y al mismo tiempo, acorde con la realidad política del Distrito Federal.

A fin de mantener la unidad en el mando de la fuerza pública en el Distrito Federal, se conserva en manos del Presidente de la República. También la de designar al servidor público que la tenga a su cargo, con el agregado de que tomará en consideración las propuestas que le presente el titular del órgano ejecutivo de gobierno, quien tendrá el carácter de superior jerárquico del designado. Se mantiene la facultad del Presidente de la República para delegar en el jefe del Distrito Federal, las funciones de dirección en materia de seguridad pública y en un plano de corresponsabilidades, el mismo Presidente acordará la remoción del funcionario que ejerza el mando directo, por decisión propia o a petición justificada del jefe del Distrito Federal. Esa destitución no exime al destituido ni a su superior jerárquico inmediato de las responsabilidades en que incurra por exceso u omisión en ejercicio de sus funciones.

Una trascendental reforma es la que se propone para que la actual Asamblea de Representantes se transforme en auténtica Asamblea Legislativa con facultades importantes como la de expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, especie de constitución local para los habitantes del Distrito Federal; con esta sola facultad se convierte en un órgano de naturaleza eminentemente legislativa.

Sin embargo, se proponen además facultades como la de expedir la Ley Electoral del Distrito Federal, en la que se establezca una estructura autónoma para la organización, desarrollo, calificación y solución de controversias, para los procesos electorales de designación de los órganos Legislativo y Ejecutivo locales.

Expedir la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal y la Ley Orgánica de los cuerpos de Policía del Distrito Federal, de tal forma que los representantes locales que viven de manera directa la compleja problemática en esta materia, se ocupen de promover mecanismos y formas adecuadas para enfrentarla.

Se propone que la Asamblea Legislativa tenga la facultad de iniciativa ante el Congreso, en materias locales que a éste expresamente le confiera la Constitución.

Que la facultad de ratificar el nombramiento de procurador general de justicia del Distrito Federal, que ahora tiene el Presidente de la República, pase a la Asamblea Legislativa.

Que la facultad de remoción de los delegados políticos a cargo del jefe del Distrito Federal, se transfiera a la Asamblea Legislativa, la que deberá remitirse a las causas y términos que señalen las leyes respectivas.

Asimismo, que para cubrir las vacantes de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el jefe del órgano ejecutivo de gobierno presente una terna, previa consulta al consejo de la judicatura y la someta a decisión de la Asamblea Legislativa.

De aprobarse este contenido competencial, se dotará a los capitalinos de un auténtico y exclusivo congreso local.

Añeja demanda de los habitantes del Distrito Federal, es el reconocimiento de su derecho a elegir al jefe de gobierno.

El sistema actual de designación por el Presidente de la República, suprime el ejercicio de un derecho ciudadano, crea un vínculo de sometimiento de la autoridad designada hacia aquél y detiene u obstaculiza la solución a los problemas por el desconocimiento o escaso interés en su solución.

Por tales motivos se propone en esta iniciativa la elección del jefe del Distrito Federal, mediante el voto directo, libre, secreto y universal de los ciudadanos del Distrito Federal, en los términos que señale la ley electoral local, en la misma fecha que señale la Ley Electoral Federal para la elección de Presidente de la República.

Se prevé una duración de seis años en el ejercicio del cargo, no pudiendo volver a ocuparlo ni aun con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho.

Entre los requisitos más importantes que se establecen, se encuentra el de la residencia efectiva en el Distrito Federal, de por lo menos cinco años anteriores al día de la elección, lo que garantiza el conocimiento de la problemática capitalina y de la forma en que sus habitantes buscan resolverla.

Se prevé también una importante participación de la Asamblea Legislativa para el caso de faltas o remoción del jefe del Distrito Federal. Las faltas temporales deberán hacerse del conocimiento de la Asamblea Legislativa y se hará cargo del despacho el secretario de gobierno.

En caso de remoción o falta absoluta durante los dos primeros años del periodo, la Asamblea Legislativa nombrará interino, por votación mayoritaria siempre y cuando concurran dos terceras partes de sus miembros y expedirá la convocatoria para elegir nuevo jefe que concluya el periodo, dentro de los 10 días siguientes, debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la elección un plazo no menor a 14 meses ni mayor a 18.

En los recesos de la Asamblea Legislativa, se propone que la comisión de gobierno nombre un jefe provisional y se convoque a sesiones extraordinarias para que la Asamblea designe un interino y expida la convocatoria a elecciones.

Cuando la falta ocurra en los cuatro últimos años del periodo, la Asamblea nombrará un jefe sustituto que lo concluya.

Se sujeta al jefe del Distrito Federal al régimen de responsabilidades de los servidores públicos, pudiendo promover la Asamblea Legislativa el juicio político o de procedencia ante el Congreso de la Unión, cuando lo amerite.

Por otra parte, se define la delegación política como la base territorial, política y administrativa del Distrito Federal, la que será administrada por un órgano colegiado electo mediante voto directo, integrado por un jefe de la delegación y los subdelegados que correspondan, de acuerdo al número de habitantes de la demarcación, proponiendo que sea uno por cada 100 mil habitantes.

La elección directa permitirá una vinculación estrecha con los gobernados y asumir un real compromiso de trabajo en favor de la comunidad. También estarían sujetos el régimen de responsabilidades de los servidores públicos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración del constituyente permanente, por conducto de la Cámara de Diputados, la siguiente

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo único. Se reforman los artículos 73 fracción VI; primero y segundo párrafos del artículo 110 y primero y quinto párrafos del artículo 111 y el artículo 122. Se deroga la fracción IX del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI. Para legislar en lo relativo al Distrito Federal en materia de deuda pública.

XXX. Derogada.

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I a VIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IX. Derogada.

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los jefes de departamento administrativo, el Procurador General de la República, los magistrados de circuito y jueces de distrito, los magistrados, los directores generales o sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

Los gobernadores de los estados, jefe del Distrito Federal, diputados locales, representantes a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, jefes de delegación y subdelegados del Distrito Federal, magistrados de los tribunales superiores de Justicia locales y del Distrito Federal, Procurador General de Justicia del Distrito Federal y en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales y del Distrito Federal, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será unicamente declarativa y se comunicará a las legislaturas locales o a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los jefes de departamento administrativo y el Procurador General de la República, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los gobernadores de los estados, jefe del Distrito Federal, diputados locales, representantes a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, jefes de delegación y subdelegados del Distrito Federal, magistrados de los tribunales superiores de Justicia de los estados y del Distrito Federal y en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales y del Distrito Federal, se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las legislaturas locales o Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.

Artículo 122. El gobierno del Distrito Federal está a cargo de los poderes federales, así como de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial locales, conforme a las facultades que para cada uno establece esta Constitución y las leyes que de ella emanen.

I. Corresponde al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos:

a) El mando de la fuerza pública en el Distrito Federal y la designación del servidor público que la tenga a su cargo, en consideración a las propuestas que le presente el titular del órgano ejecutivo de gobierno del Distrito Federal, asimismo éste tendrá el carácter de superior jerárquico del designado; el Ejecutivo Federal podrá delegar en el jefe del Distrito Federal las funciones de dirección en materia de seguridad pública:

b) Acordar la remoción del funcionario que ejerza el mando directo de la fuerza pública, ya sea por decisión propia o por petición justificada del jefe del Distrito Federal. Su destitución no lo eximirá ni tampoco a su superior jerárquico inmediato, de las responsabilidades en que hubieren podido incurrir por exceso u comisión en el ejercicio de sus funciones.

c) Enviar anualmente al Congreso de la Unión, la propuesta de los montos de endeudamiento necesarios para el financiamiento del presupuesto de egresos del Distrito Federal. Para tal efecto, el jefe del Distrito Federal someterá a la consideración del Ejecutivo Federal la propuesta correspondiente en los términos que disponga la ley;

d) Iniciar leyes y decretos ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y leyes.

e) Las demás atribuciones que le señalen esta Constitución, el estatuto; y

II. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se integrará por 40 representantes electos según el principio de votación mayoritaría relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales y 26 representantes electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una circunscripción plurinominal. Sólo podrán participar en elección los partidos políticos con registro nacional. La demarcación de los distritos se establecerá como determine la ley.

Los representantes a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal serán electos cada tres años;:

a) Un partido político, para obtener el registro de su lista de candidatos a representantes a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberá acreditar que participa con candidatos por mayoría relativa en todos los distritos uninominales del Distrito Federal:

b) Al partido político que obtenga por sí mismo el mayor número de constancias de mayoría y por lo menos el 30% de la votación en el Distrito Federal, le será otorgada la constancia de asignación por el número suficiente de representantes para alcanzar la mayoría absoluta de la Asamblea Legislativa.

En lo relativo a la organización de las elecciones, declaración de validez de las mismas, otorgamiento de constancias de mayoría, así como para el contencioso-electoral de los representantes a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se estará a lo dispuesto por los artículos 41 y 60 de esta Constitución. La Asamblea Legislativa se reunirá a partir del 17 de septiembre de cada año, para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, que podrá prolongarse hasta el 31 de diciembre del mismo año.

El segundo periodo de sesiones ordinarias se iniciará a partir del 15 de marzo de cada año y podrá prolongarse hasta el 30 de abril del mismo año. Durante sus recesos, la Asamblea Legislativa celebrará sesiones extraordinarias para atender los asuntos urgentes para los cuales sea convocada, a petición de la mayoría de los integrantes de su comisión de gobierno, del Presidente de la República o del jefe del Distrito Federal.

III. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene facultades para:

A) Expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en el que se determinarán:

a) La distribución de atribuciones de los órganos de gobierno del Distrito Federal, según lo que dispone esta Constitución:

b) Las bases para la organización y facultades de los órganos locales de gobierno del Distrito Federal, que serán:

1. La Asamblea Legislativa;

2. El jefe del Distrito Federal y

3. El Tribunal Superior de Justicia.

c) Los derechos y obligaciones de carácter público de los habitantes del Distrito Federal:

d) Las bases para la organización de la administración pública del Distrito Federal y la distribución de atribuciones entre sus órganos centrales y desconcentrados, así como la creación de entidades paraestatales.

B) Expedir su Ley Orgánica...

C) Examinar, discutir...

La Asamblea Legislativa formulará su proyecto de presupuesto y lo enviará oportunamente al jefe del Distrito Federal para que éste ordene su incorporación al proyecto de presupuesto de egresos del Distrito Federal.

D) Revisar la cuenta pública...

E) Expedir la Ley Orgánica de los tribunales...

F) Expedir la Ley Orgánica del Tribunal...

G) Presentar iniciativas de leyes o decretos ante el Congreso de la Unión, en las materias en las que esté expresamente facultado para legislar.

H) Legislar en el ámbito local en todo lo relativo al Distrito Federal, salvo en las materias expresamente conferidas al Congreso de la Unión.

I) Expedir la Ley Electoral del Distrito Federal, en la que se establezca una estructura autónoma para la organización, desarrollo, calificación y solución de controversias, para los procesos electorales de designación de los órganos Ejecutivo y Legislativo locales.

J) Expedir la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal.

K) Expedir la Ley Orgánica de los cinco cuerpos de policía del Distrito Federal L) Ratificar el nombramiento de Procurador General de Justicia del Distrito Federal, que haga el titular del órgano ejecutivo local.

M) Aprobar la solicitud de licencia del titular del órgano ejecutivo de gobierno del Distrito Federal, la cual podrá ser hasta por tres meses y no podrán aprobarse más de dos licencias consecutivas.

N) Nombrar sustituto en los casos de remoción de ausencia definitiva del titular del órgano ejecutivo de gobierno del Distrito Federal, de la terna que envíe el Ejecutivo Federal.

O) Remover a los delegados políticos por las causas y en los términos que señalen las leyes respectivas.

P) Todas las demás que no estén expresamente conferidas al Congreso de la Unión.

IV. La facultad de iniciar leyes y decretos...

V. El titular del órgano ejecutivo de gobierno del Distrito Federal, será el titular de la administración pública del Distrito Federal, ejercerá sus funciones en los términos que establezcan esta Constitución, el Estatuto de Gobierno y las demás leyes aplicables, con arreglo a las siguientes bases:

A) El jefe del Distrito Federal será electo mediante el voto directo, libre, secreto y universal de los ciudadanos del Distrito Federal en los términos que señala la ley electoral local. la fecha para la celebración de la elección será la misma que la ley electoral federal señale para la elección de Presidente de la República.

B) El jefe del Distrito Federal durará en el ejercicio de su encargo seis años. En ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar el cargo, ni aún con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho.

C) Para ser jefe del Distrito Federal se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos:

II. Tener por lo menos 30 años cumplidos el día de la elección:

III. Tener residencia efectiva en el Distrito Federal de por lo menos cinco años inmediatos anterior al día de la elección:

IV. No ser ministro de algún culto religioso:

V. No estar en servicio activo en el Ejército, ni tener mando en la policía, por lo menos seis meses antes al día de la elección:

VI. No haber ocupado el cargo de jefe del Distrito Federal, con cualquier carácter:

VII. No tener empleo, cargo o comisión en algún Estado o en la Federación, a menos que se separe del mismo seis meses antes del día de la elección:

VIII. No ser secretario de gobierno, tesorero, magistrado, diputado, senador o representante a la Asamblea, a menos que se separe del mismo por lo menos tres meses antes al día de la elección.

D) El jefe del Distrito Federal iniciará el ejercicio de su cargo el 1o. de diciembre del año de la elección, fecha en que rendirá protesta ante la Asamblea Legislativa.

E) El jefe del Distrito Federal podrá ser removido por las causas y en los términos señalados en el Título Cuarto de esta Constitución, por lo qué, en su caso, será sujeto de juicio político. Asimismo podrá ser removido por las causas que señale el Estatuto de Gobierno y este precepto.

F) Las causas de remoción que se relacionen con actos y omisiones que impliquen conflicto con los poderes federales se harán del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución.

G) Las faltas temporales del jefe del Distrito Federal deberán hacerse del conocimiento de la Asamblea Legislativa y en tal caso, se hará cargo del despacho el secretario de gobierno.

En caso de remoción del jefe del Distrito Federal o de falta absoluta ocurrida durante los dos primeros años del periodo y la Asamblea Legislativa se encuentra en sesiones, nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta un jefe interino siempre y cuando concurran cuando menos las dos terceras partes del número total de sus miembros.

La Asamblea Legislativa expedirá, dentro de los 10 días siguientes a la designación, la convocatoria para la elección de jefe que debe concluir el periodo respectivo, debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se señale para la elección en un plazo no menor de 14 meses ni mayor de 18 meses.

Si la Asamblea Legislativa no estuviere en sesiones, la Comisión de Gobierno nombrará un jefe provisional y convocará a sesiones extraordinarias a la Asamblea para que ésta, a su vez, designe al jefe interino y expida la convocatoria a elecciones en los términos del párrafo anterior.

Cuando la falta del jefe ocurriese en los cuatro últimos años del periodo respectivo, si la Asamblea Legislativa se encontrase en sesiones, designará al jefe sustituto que concluya el periodo; pero si no estuviere en sesiones, la Comisión de Gobierno nombrará un jefe provisional y convocará a la Asamblea a sesiones extraordinarias para que nombre al jefe sustituto.

Las solicitudes de licencia para separarse del encargo de jefe del Distrito Federal serán presentadas a la Asamblea Legislativa, quien podrá otorgarlas por un periodo no mayor a tres meses sin que puedan concederse más de dos licencias en forma consecutiva.

H) El jefe del Distrito Federal ejecutará las leyes o decretos que expida la Asamblea Legislativa, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. Asimismo, expedirá los reglamentos gubernativos que corresponden al Distrito Federal. También ejecutará las leyes o decretos que expida el Congreso de la Unión respecto del Distrito Federal, cuando así lo determinen éstas.

Todos los reglamentos y decretos que expida el jefe del Distrito Federal deberán ser refrendados por el servidor público que señale el Estatuto de Gobierno e

I) El jefe del Distrito Federal será responsable ante el Congreso de la Unión de acuerdo con el Título Cuarto de esta Constitución.

J) El jefe del Distrito Federal podrá ser removido de su cargo por actos que violen las leyes expedidas por la Asamblea Legislativa o mediante los cuales incurra en responsabilidad oficial derivada del examen que ésta realice a la cuenta pública y siempre que éstas sean causa de juicio político o de procedencia, caso en el que la propia Asamblea podrá promover el juicio político o de procedencia ante el Congreso de la Unión.

VI. La base de la división territorial, política y administrativa del Distrito Federal es la delegación política, la cual estará administrada por un órgano colegiado electo mediante voto directo y que durará en su cargo tres años, integrado por un jefe de la delegación y los subdelegados que correspondan de acuerdo al número de habitantes de la demarcación, debiendo ser uno por cada 100 mil habitantes.

Los jefes de delegación y los subdelegados serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el ejercicio de sus funciones y estarán sujetos a lo dispuesto por la Ley Federal de responsabilidades de los servidores públicos, por lo que podrán ser sujetos de juicio político y declaración de procedencia.

VII. La función judicial se ejercerá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Los nombramientos de los magistrados se harán por el jefe del Distrito Federal, en los términos previstos por el Estatuto de Gobierno y la Ley Orgánica respectiva.

Los nombramientos de los magistrados serán sometidos a la aprobación de la Asamblea Legislativa. Cada magistrado, al entrar a ejercer su cargo, rendirá protesta de guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, ante el pleno de la Asamblea Legislativa.

Para cubrir las vacantes de magistrados, el jefe del órgano Ejecutivo de gobierno presentará una terna, previa consulta al consejo de la judicatura y la someterá a decisión de la Asamblea Legislativa.

VIII. El Ministerio Público en el Distrito Federal estará a cargo de un Procurador General de Justicia, mismo que será designado por el jefe del Distrito Federal y ratificado por la Asamblea Legislativa.

IX. Para la eficaz coordinación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo dispuesto en el siguiente transitorio.

Segundo. El primer nombramiento para el cargo del jefe del Distrito Federal tendrá una duración de únicamente tres años por lo que su periodo constitucional respectivo concluirá el 31 de noviembre del año 2000.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de marzo de 1996.- Rúbricas.»

LEY FEDERAL DE JUEGOS Y SORTEOS

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Jesús Ramón Rojo Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

El diputado Jesús Ramón Rojo Gutiérrez:

«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.

Los que suscribimos, diputados de la LVI Legislatura del Congreso de la Unión, e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 y en la fracción III del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General venimos a presentar, ante esta soberanía, la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, con objeto de que sea turnada para dictamen a la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados, a fin de que sea dictaminada en el presente periodo de sesiones.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Como consecuencia de la reforma al artículo 49 inciso 11 subinciso c, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que entró en vigor el 25 de septiembre de 1993, que establece dentro del régimen de financiamiento de los partidos políticos la modalidad de autofinanciamiento y dentro de la cual se contemplan los ingresos obtenidos de sus actividades promocionales como son los juegos y sorteos, se hace necesarias reformas y adiciones a la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Las modificaciones a la Ley Federal de Juegos y Sorteos que en este momento se presentan a consideración de este Congreso, traerán como consecuencia una mejor regulación en esta materia para que los partidos políticos puedan en forma eficiente llevar acabo estas actividades y obtener los ingresos correspondientes y en consecuencia consolidar su organización interna.

Es necesario, por lo tanto, que dentro de la Ley Federal de Juegos y Sorteos se establezca una regulación que se aplique a los partidos políticos en forma clara y sencilla, con lo que se evitaría la discresionalidad que la actual ley otorga a la Secretaría de Gobernación para la autorización de estos eventos.

De igual forma, con objeto de que quede debidamente reglamentado el artículo 50 inciso 1, subinciso a del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se reitera en esta iniciativa de reformas a la Ley Federal de Juegos y Sorteos que los partidos políticos nacionales no son sujetos de impuestos y derechos que se deriven de estas actividades, ampliándose esta exención a los agraciados de los premios respectivos, lo cual hará que estos juegos y sorteos sean un instrumento más eficiente de autofinanciamiento para los partidos políticos.

Finalmente, se regula en forma clara que no deberán ser entregados a la Secretaría de Gobernación los premios no reclamados, ya sea por la falta de boleto, por extravío o por que él mismo no haya sido vendido, en virtud de que esta práctica resulta violatoria del Derecho Constitucional del Derecho de Propiedad.

Por lo anterior, presentamos esta iniciativa de reforma al artículo 6o. y de adición como nuevos artículos 4o.-bis, 5o.-bis, 7o.-bis, 8o.-bis, 9o.-bis, 10-bis y 11-bis de la Ley Federal de Juegos y Sorteos para quedar en los siguientes términos:

Artículo 4o.-bis. La Secretaría de Gobernación deberá otorgar a los partidos políticos nacionales el permiso que le soliciten para la realización de sorteos con venta de boletos, cuando cumplan con los requisitos que se establecen en esta ley. Los permisos no podrán sujetarse a requisitos o condiciones adicionales a los establecidos en esta ley.

Artículo 5o.-bis. Los partidos políticos no estarán sujetos a impuestos o derecho alguno relacionados con la organización u obtención de ingresos que obtengan por las rifas y sorteos con venta de boletos que celebren, con objeto de allegarse recursos para el cumplimiento de sus fines. Los agraciados también estarán exentos de cualquier tipo de impuesto y derecho relacionados con la obtención de los premios que obtengan de rifas y sorteos con venta de boletos organizados por partidos políticos nacionales.

Artículo 6o. Lo dispuesto en el artículo 5o. se aplicará también en relación con los permisos que se concedan para efectuar sorteos, con excepción de los siguientes:

I. Los que realicen autoridades, instituciones educativas y de beneficencia para dedicar íntegramente sus productos a fines de interés general:

II. Los que realicen los partidos políticos y que tengan por objeto allegarse de recursos para el cumplimiento de sus fines:

III. Los que se celebren con fines exclusivos de propaganda comercial:

IV. Los que se verifiquen como sistema de ventas y en los que los participantes reciban integramente el valor de sus aportaciones en mercancías, efectos u otros bienes.

Artículo 7o.-bis. La Secretaría de Gobernación sólo podrá autorizar sorteos con venta de boletos a las autoridades, instituciones educativas, culturales o asistenciales, así como, a los partidos políticos, quienes deberán señalar específicamente los fines a los cuales serán destinadas las utilidades obtenidas de los sorteos y reúnan los requisitos señalados en esta ley para el otorgamiento del permiso para llevar a cabo este tipo de sorteos con venta de boletos.

Artículo 8o.-bis. En términos de la presente ley, los premios que resultarán de los sorteos con venta de boletos, podrán entregarse si así se previene en las bases del sorteo correspondiente y a petición del agraciado, en especie o su equivalente en efectivo siempre y cuando consista en bienes muebles, por su naturaleza o destino.

Artículo 9o.-bis. Para efectos del artículo 7o.-bis, en la solicitud presentada para presentar el permiso de llevar a cabo sorteos con venta de boletos, será necesario indicar el o los premios a otorgar, con su descripción y valor unitario y total, debiéndose anexar cotización o cotizaciones o en su caso copia de la carta factura.

Si, de acuerdo a la opción a que se refiere al artículo 8o.-bis, el afortunado opta por recibir el premio en equivalente en efectivo, se entregará su valor, de acuerdo a las cotizaciones debidamente presentadas y aprobadas por la Secretaría de Gobernación.

Cuando los premios consistan en bienes inmuebles, será necesario presentar plano de localización con superficie, medidas y colindancias, avalúo bancario, título de propiedad y certificado de libertad de gravámenes debidamente requisitados por el Registro Público de la Propiedad que se trate.

Artículo 10-bis. Cuando los sorteos con venta de boletos, el premio no sea reclamado, ya sea por causas imputables al agraciado o porque no se vendió el boleto; el premio quedará en poder y detentación de la persona moral organizadora del evento; notificando tales circunstancias a la Secretaría de Gobernación y dando fe el interventor designado, de tales eventualidades.

Artículo 11-bis. En los permisos que conceda la Secretaría de Gobernación a fin de que se lleven a cabo sorteos con venta de boletos, señalará la fianza que deberá otorgar la persona moral organizadora del evento; fianza que deberá ser expedida por una compañía afianzadora a favor de la Secretaría de Gobernación por el monto total de los premios más un 20%. En el caso de bienes inmuebles o viajes, la fianza será por el importe del valor de los mismos más un 30%.

Se exceptúa de la obligación de otorgar fianza a las autoridades, instituciones, organismos, personas morales, públicas o privadas referidas en el artículo 6o. fracciones I y II de la presente ley.

Firman la presente iniciativa de ley los diputados pertenecientes al grupo parlamentario de Acción Nacional, a los 26 días del mes de marzo de 1996.- Ricardo García Cervantes, Salvador Beltrán del Río, Juan Antonio García Villa, Francisco Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Eugenio Ortiz Walls, Jesús Ramón Rojo Gutiérrez y Alejandro Higuera Osuna.»

El Presidente:

Se recibe y se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.

MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL 500 ANIVERSARIO DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS

El secretario Ezequiel Juan de Dios Espinosa Mejía:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Para los efectos constitucionales y por instrucciones del Presidente de la República, con el presente envío a ustedes iniciativa de decreto que adiciona al diverso por el que se establece las características de las monedas conmemorativas del 500 aniversario del Encuentro de Dos Culturas, documento que el propio primer magistrado de la nación propone por el digno conducto de ustedes.

Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., 29 de marzo de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Por decreto del honorable Congreso de la Unión, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1991, se establecieron las características de las monedas conmemorativas del 500 aniversario del Encuentro de Dos Culturas, las cuales se acuñaron en oro y plata, con motivos representativos de las culturas mexica, centro de Veracruz y maya.

La comercialización de estas monedas ha tenido gran éxito en el mercado numismático internacional, generando beneficios económicos para nuestro país. Por ello y con objeto de dar a conocer algunos aspectos de otras tres culturas prehispánicas que existieron en nuestro territorio, como son la tolteca, olmeca y teotihuacana, se ha considerado conveniente incorporar nuevas monedas a esta serie, mismas que contendrían figuras representativas de dichas culturas.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter al honorable Congreso de la Unión, por el digno conducto de ustedes, la siguiente

INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA AL DIVERSO POR EL QUE SE ESTABLECE LAS CARACTERISTICAS DE LAS MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL 500 ANIVERSARIO DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS

Artículo único. Se adiciona el decreto por el que se establece las características de las monedas conmemorativas del 500 aniversario del Encuentro de Dos Culturas, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1991, con los artículos octavo a decimocuarto, para quedar de la siguiente manera:

Artículo octavo. Se autoriza la emisión de tres monedas de plata con valor nominal de 10 pesos, conmemorativas del 500 aniversario del Encuentro de Dos Culturas, de acuerdo con el inciso c del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:

a) Diámetro: 65.0 mm (sesenta y cinco milímetros).

b) Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos) mínimo de plata pura.

c) Peso: 155.515 g (ciento cincuenta y cinco gramos, quinientos quince miligramos), equivalente a 5 (cinco) onzas troy.

d) Contenido: 5 (cinco) onzas troy de plata pura.

e) Tolerancia en ley: 0.001 (un milésimo) en más.

f) Tolerancia en peso: por unidad, 0.940 g (novecientos cuarenta miligramos); por conjunto de 100 piezas, 9.500 g (nueve gramos quinientos miligramos), ambas en más o en menos.

g) Canto: estriado.

Los cuños serán:

I. Para la primera moneda:

Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en la boca de un hombre jaguar. En el exergo, la leyenda "5 onzas de plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.

Reverso: una reproducción de la cabeza olmeca, pieza perteneciente a la cultura olmeca y que se encuentra en el Museo de Antropología de Jalapa, llevando debajo la leyenda "cabeza olmeca" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en la boca de un hombre jaguar. En el exergo, la leyenda "$10". El marco liso.

II. Para la segunda moneda:

Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en la pechera de los guerreros atlantes. En el exergo, la leyenda "5 onzas de plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.

Reverso: una reproducción de los atlantes, piezas pertenecientes a la cultura tolteca y que se encuentran en la zona arqueológica de Tula, llevando debajo la leyenda "atlantes" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en la pechera de los guerreros atlantes. En el exergo, la leyenda "$10". El marco liso.

III. Para la tercera moneda:

Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un elemento decorativo de un brasero ceremonial de Huehueteotl. En el exergo, la leyenda "5 onzas de plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.

Reverso: una reproducción de la Pirámide del Sol, perteneciente a la cultura teotihuacana y que se encuentra en la zona arqueológica de Teotihuacán, llevando debajo la leyenda "Pirámide del Sol" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un elemento decorativo de un brasero ceremonial de Huehueteotl. En el exergo, la leyenda "$10". El marco liso.

Artículo noveno. Se autoriza la emisión de 12 monedas de plata con valor nominal de cinco pesos, conmemorativas del 500 aniversario del Encuentro de Dos Culturas, de acuerdo con el inciso c del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:

a) Diámetro: 40.0 mm (cuarenta milímetros).

b) Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos) mínimo de plata pura.

c) Peso: 31.103 g (treinta y un gramos, ciento tres miligramos), equivalente a 1 (una) onza troy.

d) Contenido: 1 (una) onza troy de plata pura.

e) Tolerancia en ley: 0.001 (un milésimo) en más.

f) Tolerancia en peso: por unidad, 0.175 g (ciento setenta y cinco miligramos); por conjunto de 1 mil piezas, 1 g (un gramo), ambas en más o en menos.

g) Canto: estriado.

Los cuños serán:

1. Para la primera moneda:

Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en los elementos ornamentales de un vaso ceremonial. En el exergo, la leyenda "1 onza de plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.

Reverso: una reproducción de el luchador, pieza perteneciente a la cultura olmeca y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, llevando debajo la leyenda "el luchador" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila cuyo diseño se basa en los elementos ornamentales de un vaso ceremonial. En el exergo, la leyenda "$5". El marco liso.

II. Para la segunda moneda:

Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en unas cejas que simbolizan el fuego. En el exergo, la leyenda "1 onza de plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.

Reverso: una reproducción del señor de las limas, pieza perteneciente a la cultura olmeca y que se encuentra en el Museo de Antropología de Jalapa, llevando debajo la leyenda "señor de las limas" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en unas cejas que simbolizan el fuego. En el exergo, la leyenda "$5". El marco liso.

III. Para la tercera moneda:

Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en los elementos gráficos extraídos del tocado y pectoral de un hombre jaguar. En el exergo, la leyenda "1 onza de plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.

Reverso: una reproducción de un hombre jaguar, pieza perteneciente a la cultura olmeca y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, llevando debajo la leyenda "hombre jaguar" y a los lados el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en elementos gráficos extraídos del tocado y pectoral de un hombre jaguar. En el exergo, la leyenda "$5". El marco liso.

IV. Para la cuarta moneda:

Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en las cejas de un hombre jaguar. En el exergo, la leyenda "1 onza de plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.

Reverso: una reproducción de un hacha ceremonial, pieza perteneciente a la cultura olmeca y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, llevando debajo la leyenda "hacha ceremonial" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en las cejas de un hombre jaguar. En el exergo, la leyenda "$5". El marco liso.

V. Para la quinta moneda:

Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en el cinturón de una figura de Quetzalcóatl. En el exergo, la leyenda "1 onza de plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.

Reverso: una reproducción de un relieve que representa el nacimiento de Ce-Acatl Topiltzin Quetzalcóatl, pieza perteneciente a la cultura tolteca y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, llevando debajo la leyenda "Quetzalcóatl" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en el cinturón de una figura de Quetzalcóatl. En el exergo, la leyenda "$5". El marco liso.

VI. Para la sexta moneda:

Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un gráfico de una de las columnas del templo de Quetzalcóatl-Tlahuizcalpantecuhtli. En el exergo, la leyenda "1 onza de plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.

Reverso: una reproducción de un relieve que representa a un jaguar, pieza perteneciente a la cultura tolteca y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, llevando debajo la leyenda "jaguar" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un gráfico de una de las columnas del templo de Quetzalcóatl-Tlahuizcalpantecuhtli. En el exergo, la leyenda "$5". El marco liso.

VII. Para la séptima moneda:

Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en una estilización de la pechera de un atlante. En el exergo, la leyenda "1 onza de plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.

Reverso: una reproducción de una escultura que representa a un sacerdote, pieza perteneciente a la cultura tolteca y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, llevando debajo la leyenda "sacerdote" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en una estilización de la pechera de un atlante. En el exergo, la leyenda "$5". El marco liso.

VIII. Para la octava moneda:

Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en la pechera de una figura de Quetzalcóatl. En el exergo, la leyenda "1 onza de plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.

Reverso: una reproducción de un detalle del relieve de los muros del Coatepantli de Tula, que representa a una serpiente con un cráneo, pieza perteneciente a la cultura tolteca y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, llevando debajo la leyenda "serpiente con cráneo" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en la pechera de una figura de Quetzalcóatl. En el exergo, la leyenda "$5". El marco liso.

IX. Para la novena moneda:

Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un elemento decorativo de una vasija trípode cónica. En el exergo, la leyenda "1 onza de plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.

Reverso: una reproducción de una escultura que representa al disco de la muerte, pieza perteneciente a la cultura teotihuacana y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, llevando debajo la leyenda "disco de la muerte" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un elemento decorativo de una vasija trípode cónica. En el exergo, la leyenda "$5". El marco liso.

X. Para la décima moneda:

Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un elemento decorativo de una máscara con incrustaciones de turquesa. En el exergo, la leyenda "1 onza de plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.

Reverso: una reproducción de una máscara, pieza perteneciente a la cultura teotihuacana y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, llevando debajo la leyenda "máscara" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un elemento decorativo de una máscara con incrustaciones de turquesa. En el exergo, la leyenda "$5". El marco liso.

XI. Para la decimaprimera moneda:

Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un elemento decorativo extraído de una imagen de Chalchiuhtlicue. En el exergo, la leyenda"I onza de plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.

Reverso: una reproducción de un jugador de pelota, pieza perteneciente a la cultura teotihuacana y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, llevando debajo la leyenda "jugador de pelota" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un elemento decorativo extraído de una imagen de Chalchiuhtlicue. En el exergo, la leyenda "$5". El marco liso.

XII. Para la decimasegunda moneda:

Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un elemento decorativo extraído del tocado de una escultura teotihuacana. En el exergo, la leyenda "I onza de plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.

Reverso: una reproducción de una vasija antropomorfa, pieza perteneciente a la cultura teotihuacana y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, llevando debajo la leyenda "vasija" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un elemento decorativo extraído del tocado de una escultura teotihuacana. En el exergo, la leyenda "$5". El marco liso.

Artículo décimo. Se autoriza la emisión de tres monedas de plata con valor nominal de dos pesos, conmemorativas del 500 aniversario del Encuentro de Dos Culturas, de acuerdo con el inciso c del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:

a) Diámetro: 33.0 mm (treinta y tres milímetros).

b) Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos) mínimo de plata pura.

c) Peso: 15.552 g (quince gramos, quinientos cincuenta y dos miligramos), equivalente a 1/2 (media) onza troy.

d) Contenido: 1/2 (media) onza troy de plata pura.

e) Tolerancia en ley: 0.001 (un milésimo) en más.

f) Tolerancia en peso: por unidad, 0.183 g (ciento ochenta y tres miligramos); por conjunto de mil piezas, 3.500 g (tres gramos quinien-tos miligramos), ambas en más o en menos.

g) Canto: estriado.

Los cuños serán:

I. Para la primera moneda:

Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en unas cejas que simbolizan el fuego. En el exergo, la leyenda "1/2 onza de plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.

Reverso: una reproducción del señor de las limas, pieza perteneciente a la cultura olmeca y que se encuentra en el Museo de Antropología de Jalapa, llevando debajo la leyenda "señor de las limas" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en unas cejas que simbolizan el fuego. En el exergo, la leyenda "$2". El marco liso.

II. Para la segunda moneda:

Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un gráfico de una de las columnas del templo de Quetzalcóatl Tlahuizcalpantecuhtli. En el exergo, la leyenda "1/2 onza de plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.

Reverso: una reproducción de un relieve que representa a un jaguar, pieza perteneciente a la cultura tolteca y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, llevando debajo la leyenda "jaguar" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un gráfico de una de las columnas del templo de Quetzalcóatl-Tlahuizcalpantecuhtli. En el exergo, la leyenda "$2". El marco liso.

III. Para la tercera moneda:

Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un elemento decorativo de una vasija trípode cónica. En el exergo, la leyenda "1/2 onza de plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda El marco liso.

Reverso: una reproducción de una escultura que representa al disco de la muerte, pieza perteneciente a la cultura teotihuacana y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, llevando debajo la leyenda "disco de la muerte" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un elemento decorativo de una vasija trípode cónica. En el exergo, la leyenda "$2". El marco liso.

Artículo decimoprimero. Se autoriza la emisión de tres monedas de plata con valor nominal de un peso, conmemorativas del 500 aniversario del Encuentro de Dos Culturas, de acuerdo con el inciso c del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:

a) Diámetro: 27.0 mm (veintisiete milímetros).

b) Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos) mínimo de plata pura.

c) Peso: 7.776 g (siete gramos, setecientos setenta y seis miligramos), equivalente a 1/4 (un cuarto) de onza troy.

d) Contenido: 1/4 (un cuarto) de onza troy de plata pura.

e) Tolerancia en ley: 0.001 (un milésimo) en más.

f) Tolerancia en peso: por unidad, 0.106 g (ciento seis miligramos); por conjunto de 1 mil piezas, 2.0 g (dos gramos), ambas en más o en menos.

g) Canto: estriado.

Los cuños serán:

I. Para la primera moneda:

Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en unas cejas que simbolizan el fuego. En el exergo, la leyenda "1/4 onza de plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. el marco liso.

Reverso: una reproducción del señor de las limas, pieza perteneciente a la cultura olmeca y que se encuentra en el Museo de Antropología de Jalapa, llevando debajo la leyenda "señor de las limas" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en unas cejas que simbolizan el fuego. En el exergo, la leyenda "$1". El marco liso.

II. Para la segunda moneda:

Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un gráfico de una de las columnas del templo de Quetzalcóatl-Tlahuizcalpantecuhtli. En el exergo, la leyenda"1/4 onza de plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.

Reverso: una reproducción de un relieve que representa a un jaguar, pieza perteneciente a la cultura tolteca y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, llevando debajo la leyenda "jaguar" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un gráfico de una de las columnas del templo de Quetzalcóatl-Tlahuizcalpantecuhtli. En el exergo, la leyenda "$1". El marco liso.

III. Para la tercera moneda:

Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un elemento decorativo de una vasija trípode cónica. En el exergo, la leyenda "1/4 onza de plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.

Reverso: una reproducción de una escultura que representa al disco de la muerte, perteneciente a la cultura teotihuacana y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, llevando debajo la leyenda "disco de la muerte" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un elemento decorativo de una vasija trípode cónica. En el exergo, la leyenda "$1". El marco liso.

Artículo decimosegundo. Se autoriza la emisión de tres monedas de oro con valor nominal de 100 pesos, conmemorativas del 500 aniversario del Encuentro de Dos Culturas, de acuerdo con el inciso c del artículo 2o. de la ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:

a) Diámetro: 34.5 mm (treinta y cuatro punto cinco milímetros).

b) Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos) mínimo de oro puro.

c) Peso: 31.103 g (treinta y un gramos, ciento tres miligramos), equivalente a 1 (una) onza troy.

d) Contenido: 1 (una) onza troy de oro puro.

e) Tolerancia en ley: 0.001 (un milésimo) en más.

f) Tolerancia en peso: por unidad, 0.060 g (sesenta miligramos); por conjunto de 1 mil piezas, 1/2 g (medio gramo), ambas en más o en menos.

g) Canto: estriado.

Los cuños serán:

I. Para la primera moneda:

Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un gráfico que representa los ojos de un hombre jaguar. En el exergo, la leyenda "1 onza de oro" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.

Reverso: una reproducción de un relieve que representa a un sacerdote rodeado de una serpiente, pieza perteneciente a la cultura olmeca y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, llevando debajo la leyenda "sacerdote" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un gráfico que representa los ojos de un hombre jaguar. En el exergo, la leyenda "$100". El marco liso.

II. Para la segunda moneda:

Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en el adorno del brazo de un Chaac-Mool. En el exergo, la leyenda "1 onza de oro" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.

Reverso: una reproducción de un relieve que representa a un águila devorando un corazón, pieza perteneciente a la cultura tolteca y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, llevando debajo la leyenda "águila" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en el adorno del brazo de un Chaac-Mool. En el exergo, la leyenda "$100". El marco liso.

III. Para la tercera moneda:

Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un elemento decorativo extraído de una escultura de Chalchiuhtlicue. En el exergo, la leyenda " 1 onza de oro" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.

Reverso: una reproducción de la serpiente emplumada, pieza perteneciente a la cultura teotihuacana y que se encuentra en la zona arqueológica de Teotihuacán, llevando debajo la leyenda "serpiente emplumada" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un elemento decorativo extraído de una escultura de Chalchiuhtlicue. En el exergo, la leyenda "$100". El marco liso.

Artículo decimotercero. Se autoriza la emisión de tres monedas de oro con valor nominal de 50 pesos, conmemorativas del 500 aniversario del Encuentro de Dos Culturas, de acuerdo con el inciso c del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:

a) Diámetro: 29.0 mm (veintinueve milímetros).

b) Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos) mínimo de oro puro.

c) Peso: 15.551 g (quince gramos, quinientos cincuenta y un miligramos), equivalente a 1/2 (media) onza troy.

d) Contenido: 1/2 (media) onza troy de oro puro.

e) Tolerancia en ley: 0.001 (un milésimo) en más.

f)Tolerancia en peso: por unidad, 0.040 g (cuarenta miligramos); por conjunto de 1 mil piezas, 1/2 g (medio gramo), ambas en más o en menos.

g) Canto: estriado.

Los cuños serán:

I. Para la primera moneda:

Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un gráfico que representa los ojos de un hombre jaguar. En el exergo, la leyenda "1/2 onza de oro" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.

Reverso: una reproducción de un relieve que representa a un sacerdote rodeado de una serpiente, pieza perteneciente a la cultura olmeca y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, llevando debajo la leyenda "sacerdote" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un gráfico que representa los ojos de un hombre jaguar. En el exergo, la leyenda "$50". El marco liso.

II. Para la segunda moneda:

Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en el adorno del brazo de un Chaac-Mool. En el exergo, la leyenda "1/2 onza de oro" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.

Reverso: una reproducción de un relieve que representa a un águila devorando un corazón, pieza perteneciente a la cultura tolteca y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, llevando debajo la leyenda "aguila" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en el adorno del brazo de un Chaac-Mool. En el exergo, la leyenda "$50". El marco liso.

III Para la tercera moneda:

Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un elemento decorativo extraído de una escultura de Chalchiuhtlicue. En el exergo, la leyenda "1/2 onza de oro" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.

Reverso: una reproducción de la serpiente emplumada, pieza perteneciente a la cultura teotihuacana y que se encuentra en la zona arqueológica de Teotihuacán, llevando debajo la leyenda "serpiente emplumada" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un elemento decorativo extraído de una escultura de Chalchiuhtlicue. En el exergo, la leyenda "$50". El marco liso.

Artículo decimocuarto. Se autoriza la emisión de tres monedas de oro con valor nominal de 25 pesos, conmemorativas del 500 aniversario del Encuentro de Dos Culturas, de acuerdo con el inciso c del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:

a) Diámetro: 23.0 mm (veintitrés milímetros).

b) Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos) mínimo de oro puro.

c) Peso: 7.776 g (siete gramos, setecientos setenta y seis miligramos), equivalente a 1/4 (un cuarto) de onza troy.

d) Contenido: 1/4 (un cuarto) de onza troy de oro puro.

e) Tolerancia en ley: 0.001 (un milésimo) en más.

f) Tolerancia en peso: por unidad, 0.0225 g (veintidós y medio miligramos); por conjunto de 1 mil piezas, 1/2 g (medio gramo), ambas en más o en menos.

g) Canto: estriado.

Los cuños serán:

I. Para la primera moneda:

Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un gráfico que representa los ojos de un hombre jaguar. En el exergo, la leyenda "1/4 onza de oro" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.

Reverso: una reproducción de un relieve que representa a un sacerdote rodeado de una serpiente, pieza perteneciente a la cultura olmeca y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, llevando debajo la leyenda "sacerdote" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un gráfico que representa los ojos de un hombre jaguar. En el exergo, la leyenda "$25". El marco liso.

II. Para la segunda moneda:

Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en el adorno del brazo de un Chac Mool. En el exergo, la leyenda "1/4 onza de oro" y debajo de ésta, le ley de la moneda. El marco liso.

Reverso: una reproducción de un relieve que representa a un águila devorando un corazón, pieza perteneciente a la cultura tolteca y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, llevando debajo la leyenda "águila" y a los lados el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en el adorno del brazo de un Chac Mool. En el exergo, la leyenda "$25". El marco liso.

III. Para la tercera moneda:

Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un elemento decorativo extraído de una escultura de Chalchiuhtlicue. En el exergo, la leyenda "1/4 onza de oro" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.

Reverso: una reproducción de la serpiente emplumada, pieza perteneciente a la cultura teotihuacana y que se encuentra en la zona arqueológica de Teotihuacan, llevando debajo la leyenda "serpiente emplumada" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un elemento decorativo extraído de una escultura de Chalchiuhtlicue. En el exergo, la leyenda "$25". El marco liso.

TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Reitero a ustedes, secretarios, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Palacio Nacional, a 29 de marzo de 1996.- El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León.»

Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY MONETARIA

El secretario Jorge de Jesús Castillo Cabrera:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Para los efectos constitucionales y por instrucciones del Presidente de la República, con el presente envío a ustedes iniciativa de decreto por el que se modifica y adiciona el decreto por el que se fija las características de las monedas de plata previstas en el artículo 2o.-bis de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de diciembre de 1981, así como el decreto que modifica y fija las características de las monedas que se indican, previstas en el artículo 2o.-bis de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de enero de 1990.

Documento que el propio primer magistrado de la nación propone por el digno conducto de ustedes.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., 29 de marzo de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Las monedas mexicanas de oro y plata a que se refiere el artículo 2o.-bis de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, conocidas comúnmente en conjunto como "Serie Libertad", se han acuñado desde principios de la década de los ochenta con base en los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación de fechas 7 de enero y 28 de diciembre de 1981, así como 5 de enero de 1990 y han conservado siempre en su reverso, como motivo principal una victoria alada semejante a la del reverso de las piezas conocidas como "centenarios".

Las monedas integrantes de la "serie libertad" se comercializan en el mercado numismático internacional, generando beneficios económicos para el Gobierno Federal. Sin embargo, este mercado cada vez está más competido, en virtud de que otros países han emitido monedas con características similares a las nuestras, empleando las más avanzadas técnicas de diseño y acuñación.

Por lo tanto, se ha juzgado conveniente efectuar algunas modificaciones en las características de las monedas de nuestro país, con objeto de que compitan en el referido mercado numismático, en igualdad de circunstancias, con las monedas de otros países. Tales modificaciones darían a las monedas de oro y plata, integrantes de la "serie libertad", una mejor apariencia al aprovechar la nueva tecnología de diseño y acuñación con que actualmente cuenta la Casa de Moneda de México, sin abandonar en lo fundamental las características de las actuales.

El diseño que se ha elegido del motivo principal del reverso de las monedas de que se trata, es una composición desarrollada por la Casa de Moneda de México, de una victoria alada, desde una perspectiva distinta a la de las actuales monedas, teniendo como fondo un paisaje en donde sobresalen los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl.

Con objeto de que este nuevo diseño pueda ser mejor apreciado, se propone incrementar el diámetro de algunas de las monedas de plata integrantes de la "serie libertad". Asimismo se estima conveniente incorporar a esa serie, monedas con contenido de plata de dos y cinco onzas. En estas dos monedas, los anversos serían diferentes a los del resto de la serie, ya que el Escudo Nacional iría rodeado de diferentes escudos utilizados a través de la historia de nuestro país y del águila que aparece en el Códice Mendocino.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter al honorable Congreso de la Unión, por el digno conducto de ustedes, la siguiente

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA Y ADICIONA EL DECRETO POR EL QUE SE FIJA LAS CARACTERISTICAS DE LAS MONEDAS DE PLATA PREVISTAS EN EL ARTICULO 2o.-bis DE LA LEY MONETARIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 1981, ASI COMO EL DECRETO QUE MODIFICA Y FIJA LAS CARACTERISTICAS DE LAS MONEDAS QUE SE INDICAN, PREVISTAS EN EL ARTICULO 2o.-bis DE LA LEY MONETARIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 5 DE ENERO DE 1990

Artículo primero. Se modifica el artículo único del decreto por el que se fija las características de las monedas de plata previstas en el artículo 2o.-bis de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de diciembre de 1981, para quedar como sigue:

Artículo único. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. Monedas con contenido de una onza troy de plata pura por pieza:

a) Diámetro: 40 mm (cuarenta milímetros).

Reverso: una victoria alada teniendo como fondo un paisaje en el que se aprecian los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Siguiendo el contorno del marco superior, la leyenda "1 onza plata pura" seguida del año de acuñación y de la Ley de la Moneda. En el cuadrante superior derecho el símbolo de la Casa de Moneda de México. El marco liso.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo segundo. Se modifican los artículos 1o., 2o. y 3o. del decreto que modifica y fija las características de las monedas que se indican, previstas en el artículo 2o.-bis de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de enero de 1990, para quedar como sigue:

Artículo primero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. Monedas con contenido de una onza troy de oro puro por pieza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reverso: una victoria alada teniendo como fondo un paisaje en el que se aprecian los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Siguiendo el contorno del marco superior, la leyenda "una onza oro puro" seguida del año de acuñación y de la Ley de la Moneda. En el cuadrante superior derecho el símbolo de la Casa de Moneda de México. El marco liso.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Monedas con contenido de media onza troy de oro puro por pieza:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reverso: una victoria alada teniendo como fondo un paisaje en el que se aprecian los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Siguiendo el contorno del marco superior, la leyenda "1/2 onza oro puro" seguida del año de acuñación y de la Ley de la Moneda. En el cuadrante superior derecho el símbolo de la Casa de Moneda de México. El marco liso.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Monedas con contenido de un cuarto de onza troy de oro puro por pieza: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reverso: una victoria alada teniendo como fondo un paisaje en el que se aprecian los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Siguiendo el contorno del marco superior, la leyenda "1/4 onza oro puro" seguida del año de acuñación y de la ley de la moneda. En el cuadrante superior derecho el símbolo de la Casa de Moneda de México. El marco liso.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo segundo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Monedas con contenido de media onza troy de plata pura por pieza:

a) Diámetro: 33 mm (treinta y tres milímetros).

Reverso: una victoria alada teniendo como fondo un paisaje en el que se aprecian los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Siguiendo el contorno del marco superior, la leyenda "1/2 onza plata pura" seguida del año de acuñación y de la Ley de la Moneda. En el cuadrante superior derecho el símbolo de la Casa de Moneda de México. El marco liso.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Monedas con contenido de un cuarto de onza troy de plata pura por pieza:

a) Diámetro: 27 mm (veintisiete milímetros). Reverso: una victoria alada teniendo como fondo un paisaje en el que se aprecian los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Siguiendo el contorno del marco superior, la leyenda "1/4 onza plata pura" seguida del año de acuñación y de la Ley de la Moneda. En el cuadrante superior derecho el símbolo de la Casa de Moneda de México. El marco liso.

IV. Monedas con contenido de un décimo de onza troy de plata pura por pieza:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reverso: una victoria alada teniendo como fondo un paisaje en el que se aprecian los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Siguiendo el contorno del marco superior, la leyenda "1/10 onza plata pura" seguida del año de acuñación y de la Ley de la Moneda. En el cuadrante superior derecho el símbolo de la Casa de Moneda de México. El marco liso.

V. Monedas con contenido de un vigésimo de onza troy de plata pura por pieza:

Reverso: una victoria alada teniendo como fondo un paisaje en el que se aprecian los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Siguiendo el contorno del marco superior, la leyenda "1/20 onza plata pura" seguida del año de acuñación y de la Ley de la Moneda. En el cuadrante superior derecho el símbolo de la Casa de Moneda de México. El marco liso.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo tercero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. Monedas con contenido de un décimo de onza troy de oro puro por pieza:

Reverso: una victoria alada teniendo como fondo un paisaje en el que se aprecian los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Siguiendo el contorno del marco superior, la leyenda "1/10 onza oro puro" seguida del año de acuñación y de la Ley de la Moneda. En el cuadrante superior derecho el símbolo de La Casa de Moneda de México. El marco liso.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. Monedas con contenido de un vigésimo de onza troy de oro puro por pieza:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reverso: una victoria alada teniendo como fondo un paisaje en el que se aprecian los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Siguiendo el contorno del marco superior, la leyenda "1/20 onza oro puro" seguida del año de acuñación y de la Ley de la Moneda. En el cuadrante superior derecho el símbolo de La Casa de Moneda de México. El marco liso.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo tercero. Las características de las monedas que se acuñen en cinco y dos onzas troy de plata pura, conforme a lo dispuesto por el artículo 2o.-bis de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, serán las siguientes:

I. Monedas con contenido de cinco onzas troy de plata pura por pieza:

a) Diámetro: 65 mm (sesenta y cinco milímetros) b) Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos) mínimo de plata.

c) Contenido: 5 (cinco) onzas troy de plata pura.

d) Peso: 155.515 g (ciento cincuenta y cinco gramos, quinientos quince miligramos), equivalente a 5 (cinco) onzas troy.

e) Tolerancia en ley: 0.001 (un milésimo) en más.

f) Tolerancia en peso: por unidad, 00.940 g (novecientos cuarenta miligramos); por conjunto de mil piezas, 9.500 g (nueve gramos quinientos miligramos), ambas en más o en menos.

Cuños:

Anverso: al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico circundado con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos". Rodeando a éste y siguiendo el contorno del marco, la reproducción de diferentes escudos utilizados a través de la historia de nuestro país, así como del águila que se encuentra en la parte central de la primera página del Códice Mendocino. El marco liso.

Reverso: una victoria alada teniendo como fondo un paisaje en el que se aprecian los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Siguiendo el contorno del marco superior, la leyenda "5 onzas plata pura" seguida del año de acuñación y de la Ley de la Moneda. En el cuadrante superior derecho el símbolo de La Casa de Moneda de México. El marco liso.

Canto: estriado.

II. Monedas con contenido de dos onzas troy de plata pura por pieza:

a) Diámetro: 48 mm (cuarenta y ocho milímetros).

b) Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos) mínimo de plata.

c) Contenido: 2 (dos) onzas troy de plata pura.

d) Peso: 62.206 g (sesenta y dos gramos, doscientos seis miligramos), equivalente a 2 (dos) onzas troy.

e) Tolerancia en ley: 0.001 (un milésimo) en más.

f) Tolerancia en peso: por unidad, 0.350 g (trescientos cincuenta miligramos); por conjunto de mil piezas, 6.1 g (seis gramos cien miligramos), ambas en más o en menos.

Cuños:

Anverso: al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico circundado con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos". Rodeando a éste y siguiendo el contorno del marco, la reproducción de diferentes escudos utilizados a través de la historia de nuestro país, así como del águila que se encuentra en la parte central de la primera página del Códice Mendocino. El marco liso.

Reverso: una victoria alada teniendo como fondo un paisaje en el que se aprecian los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Siguiendo el contorno del marco superior, la leyenda "2 onzas plata pura" seguida del año de acuñación y de la Ley de la Moneda. En el cuadrante superior derecho el símbolo de la Casa de Moneda de México. El marco liso.

Canto: estriado.

TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Reitero a ustedes, ciudadanos secretarios, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Palacio Nacional, a 29 de marzo de 1996.- El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León.»

Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL V CENTENARIO DEL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS

El secretario Desiderio Camacho Garibo:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes.

Para los efectos constitucionales y por instrucciones del Presidente de la República, con el presente envío a ustedes:

Iniciativa de decreto que establece las características de la tercera moneda de plata conmemorativa del V centenario del Encuentro de Dos Mundos.

Documento que el propio primer magistrado de la nación propone por el digno conducto de ustedes.

Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., 29 de marzo de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes.

Con motivo de la celebración del V centenario del encuentro de dos continentes, el honorable Congreso de la Unión expidió los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 1991 y de 1994, los cuales establecen, respectivamente, las características de la primera y segunda monedas de plata conmemorativas del "V centenario del Encuentro de Dos Mundos". Los decretos señalados se inscribieron en el contexto de un programa de emisión de monedas conmemorativas del citado aniversario por parte de países iberoamericanos.

Actualmente los países participantes en el programa señalado han estimado conveniente emitir una tercera serie de monedas iberoamericanas conmemorativas del "V centenario del Encuentro de Dos Mundos", dedicada en esta ocasión a divulgar las danzas y trajes regionales de los países participantes.

Lo anterior, aunado a la amplia aceptación que las piezas emitidas por nuestro país han tenido en el mercado numismático mundial, conlleva a someter a consideración del honorable Congreso de la Unión la iniciativa del decreto por el que se establecen las características de una tercera moneda de plata conmemorativa del referido hecho.

Tomando en cuenta los beneficios que el Gobierno mexicano ha recibido con la comercialización de monedas conmemorativas acuñadas en metales finos debido a la tradicional calidad de acuñación de monedas mexicanas que se colocan en los mercados mundiales, así como las expectativas que brinda el mercado para la colocación de esta tercera moneda, el Ejecutivo a mi cargo considera que de aprobarse por ese honorable Congreso la presente iniciativa, además de obtenerse un beneficio económico para el Erario Federal, se reforzarán los vínculos de fraternidad con las naciones de Iberoamérica.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter al honorable Congreso de la Unión, por el digno conducto de ustedes, la siguiente

INICIATIVA DE DECRETO QUE ESTABLECE LAS CARACTERISTICAS DE LA TERCERA MONEDA DE PLATA CONMEMORATIVA DEL V CENTENARIO DEL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS

Artículo único. Se autoriza la emisión de una tercera moneda de plata conmemorativa del V centenario del Encuentro de Dos Mundos, de conformidad con lo dispuesto por el inciso c, del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:

a) Valor nominal: cinco pesos.

b) Diámetro: 40.0 mm (cuarenta milímetros).

c) Ley: 0.925 (novecientos veinticinco milésimos) de plata.

d) Metal de liga: 0.075 (setenta y cinco milésimos) de cobre.

e) Peso: 27.0 g (veintisiete gramos).

f) Contenido: 24.975 g (veinticuatro gramos novecientos setenta y cinco miligramos) de plata pura.

g) Tolerancia en ley: 0.005 (cinco milésimos) en más.

h) Tolerancia en peso: por unidad: 0.216 g (doscientos dieciséis miligramos); por un conjunto de 1 mil piezas: 6.831 g (seis gramos ochocientos treinta y un miligramos), ambas en más o en menos.

i) Canto: estriado.

Cuños:

Anverso: al centro, el Escudo Nacional en relieve escultórico con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos". Rodeando a éste y siguiendo el contorno del marco, los escudos nacionales de los otros países participantes en la tercera emisión de monedas conmemorativas del V centenario del Encuentro de Dos Mundos. El marco liso.

Reverso: una escena que muestra a una pareja bailando el jarabe tapatío. Siguiendo el contorno del marco superior la leyenda "jarabe tapatío". En el cuadrante inferior derecho el símbolo de la Casa de Moneda de México y debajo de éste el año de acuñación. En el cuadrante inferior izquierdo el signo de "$" y a continuación el número "5". En el exergo la palabra "México". El marco liso.

TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Reitero a ustedes, ciudadanos secretarios, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Palacio Nacional, a 29 de marzo de 1996.- El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León.»

Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1995-2000

El secretario Cruz Pérez Cuéllar:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Por instrucciones del Presidente de la República y en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 6o. de la Ley de Planeación, con el presente envío a ustedes el primer informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., 29 de marzo de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»

«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

Ciudadano secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6o. de la Ley de Planeación, con el presente me permito remitir a ustedes el primer informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000.

Este informe presenta las principales acciones realizadas y los resultados alcanzados durante 1995, en torno a los cinco rubros fundamentales establecidos en el plan: soberanía, por un estado de derecho y un país de leyes, desarrollo democrático, desarrollo social y el de crecimiento económico.

Reitero a ustedes las seguridades de mi invariable respeto y especial consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 29 de marzo de 1996.- El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León.»

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.

Plan Nacional de Desarrollo.- Informe de Ejecución 1995.

INDICE

Introducción

1. Soberanía

1.1 Garantizar la seguridad nacional.

1.2 México en la dinámica mundial.

1.2.1 Fortalecimiento del papel de México en los grandes centros de la dinámica mundial, América del Norte, Unión Europea y Pacífico Asiático.

1.2.2 Fortalecimiento de los vínculos bilaterales y regionales del país para apoyar los esfuerzos internos de desarrollo, América latina y el Caribe, Europa Central y del Este, Asia Central y Meridional, Africa y Medio Oriente.

1.2.3 Nueva relación de nuestro país con nacionales mexicanos en el exterior, protección consular, programa para las comunidades mexicanas en el extranjero, política migratoria.

1.2.4 Promoción de los intereses nacionales en los foros multilaterales.

2. Por un estado de derecho y un país de leyes 2.1 Seguridad pública.

2.1.1 Prevención y readaptación social, adultos delincuentes, menores infractores.

2.2 Procuración e impartición de justicia.

2.2.1 Reforma jurídica.

2.2.2 Profesionalización, especialización y actuación del Ministerio Público y de sus órganos auxiliares.

2.3 Lucha contra el crimen organizado.

2.4 Justicia agraria.

2.5 Justicia laboral.

2.6 Justicia para los pueblos indígenas.

2.7 Derechos humanos.

2.8 Asilo y refugio.

2.9 Probidad y rendición de cuentas en el servicio público.

2.9.1 Reforma de los órganos de control externo e interno de la gestión pública.

2.9.2 Prevención, control y sanción de actos de corrupción.

3. Desarrollo democrático

3.1 Sistema de partidos y procesos electorales, justicia federal electoral, perfeccionamiento de los instrumentos electorales, profesionalización en materia electoral.

3.2 Una presidencia democrática en un régimen republicano fortalecido.

3.3 Por un nuevo federalismo.

3.4 Reforma de Gobierno y modernización de la administración pública.

3.4.1 Promoción de la descentralización administrativa.

3.4.2 Profesionalización de los servidores públicos.

3.4.3 Modernización de la gestión pública.

3.4.4 Simplificación y adecuación del marco normativo.

3.4.5 Modernización de la empresa pública.

3.5 Participación social y fortalecimiento de la representación ciudadana.

3.6 Libertad de expresión, de prensa y el derecho a la información.

3.7 Relación entre el Estado y las iglesias.

4. Desarrollo social 4.1 Aspiración por la justicia social.

4.2 Educación.

4.2.1 Educación básica.

4.2.2 Educación para adultos.

4.2.3 Educación media superior y superior.

4.2.4 Financiamiento de la educación.

4.3 Ciencia y tecnología.

4.4 Cultura.

4.5 Educación física y deporte.

4.6 Salud.

4.7 Seguridad social.

4.8 Vivienda.

4.9 Armonizar el crecimiento y la distribución territorial de la población.

4.9.1 Población, familia y mujer.

4.9.2 Promover el desarrollo equilibrado de las regiones, desarrollo regional, desarrollo urbano, Reforma Agraria, desarrollo del Distrito Federal.

4.9.3 Privilegiar la atención a la población con mayor desventaja económica y social, superación de la pobreza extrema, desarrollo de los pueblos indígenas, atención a grupos vulnerables.

5. Crecimiento económico

5.1 El ahorro interno, base primordial del crecimiento.

5.1.1 Reforma fiscal para el ahorro y la inversión privada.

5.1.2 Sistema financiero para impulsar el ahorro y la inversión productiva.

5.1.3 Ahorro y seguridad social.

5.1.4 Ahorro público para el crecimiento.

5.1.5 Inversión y ahorro externo.

5.2 Disciplina fiscal, estabilidad y certidumbre económica y financiera.

5.2.1 Finanzas públicas, política de gasto público, política de ingresos públicos, política de deuda pública.

5.2.2 Política cambiaria.

5.2.3 Política monetaria.

5.2.4 Actividad productiva y precios, actividad productiva, precios.

5.3 Uso eficiente de los recursos para el crecimiento.

5.3.1 Empleo y productividad.

5.3.2 Actualización tecnológica.

5.3.3 Desregulación y fomento de competencia interna y externa, desregulación y fomento de la competencia, política industrial, Promoción de las exportaciones de bienes y servicios.

5.3.4 Infraestructura e insumos básicos comunicaciones y transportes, infraestructura carretera, transporte, comunicaciones, desarrollo y reestructuración del sector de la energía.

5.4 Política ambiental para un crecimiento sustentable.

5.4.1 Medio ambiente.

5.4.2 Uso eficiente del agua y su abastecimiento, administración y financiamiento, sistema hidrológico, sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, sistema hidroagrícola.

5.4.3 Política forestal y de manejo de suelos.

5.4.4 Pesca y acuacultura.

5.5 Políticas sectoriales pertinentes.

5.5.1 Minería.

5.5.2 Turismo.

5.5.3 Política agropecuaria y de desarrollo rural, federalización y descentralización, entorno económico sectorial, agricultura, ganadería y comercialización.

5.5.4 Comercio interior, abasto y protección al consumidor.

Siglas y abreviaturas

Introducción

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6o. de la Ley de Planeación, el Poder Ejecutivo Federal cumple con la obligación de presentar al honorable Congreso de la Unión el primer informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, para dar cuenta a la sociedad de las principales acciones realizadas y los resultados alcanzados en 1995 con la aplicación de las políticas, estrategias y programas del plan.

El documento muestra la forma en que se han enfrentado los graves desafíos económicos y las difíciles circunstancias políticas y sociales sin paralelo en la historia reciente del país. Los resultados alcanzados permiten establecer que, no obstante las inercias y restricciones que aún subsisten y limitan la recuperación económica, se tienen claros avances en función de los esfuerzos ordenados y sistemáticos del quehacer gubernamental, para restituir los equilibrios básicos y retornar a la senda del crecimiento en el menor plazo posible.

El informe de ejecución se estructuró de acuerdo a la forma de presentación del plan, el cual consta de cinco capítulos interrelacionados que contienen las directrices básicas de la acción del Gobierno y las pautas para inducir la participación corresponsable de los sectores privado y social en los objetivos del desarrollo éstos son: soberanía; por un estado de derecho y un país de leyes; desarrollo democrático; desarrollo social y crecimiento económico.

En el Capítulo I se mencionan las principales acciones emprendidas para garantizar la seguridad nacional y promover una mayor presencia y participación de México en la dinámica mundial, a fin de preservar y fortalecer la soberanía, que es el valor más importante de nuestra nacionalidad. En el ámbito internacional las acciones realizadas destacan los esfuerzos por insertar al país a la economía global. De esta forma, se diversificaron las relaciones con el exterior, se intensificó la protección de los derechos e intereses de los mexicanos en el extranjero, se incrementó la participación de México en los grandes centros del desarrollo mundial y se continuó promoviendo en los foros multilaterales la cooperación y la paz para lograr un entorno internacional favorable para el desarrollo armónico de las naciones. En lo interno, las fuerzas armadas reorganizaron y reestructuraron la división territorial militar; realizaron operaciones de vigilancia y protección del territorio nacional, recursos naturales e instalaciones vitales de la administración pública federal; promovieron modificaciones a su marco normativo para garantizar el cabal cumplimiento de sus funciones y participaron en el fortalecimiento del gabinete especializado de seguridad nacional.

En el Capítulo II se expresan las principales acciones tendientes a actualizar el sistema normativo de nuestro estado de derecho y para que la justicia se aplique a todos por igual; así, se reportan los avances de las reformas al marco jurídico en materia de procuración e impartición de justicia y seguridad pública, realizadas con los propósitos de fortalecer la independencia del Poder Judicial Federal, superar las limitaciones del sistema de prevención y persecución de los delitos y enfrentar de manera más eficaz al crimen organizado.

Asimismo, se destaca la iniciativa de reforma constitucional turnada al honorable Congreso de la Unión, para establecer un órgano superior de fiscalización independiente, pero a la vez auxiliar de la Cámara de Diputados, orientado a auditar los ingresos, fondos y recursos de los poderes de la Unión.

Adicionalmente, se evalúan las acciones en materia de justicia laboral, agraria y de los pueblos indígenas y se presentan los resultados de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en las tareas para combatir la impunidad y las irregularidades de los servidores públicos que atentaron contra los derechos fundamentales de la población.

El Capítulo III presenta las acciones iniciadas para avanzar en la consolidación de la vida democrática de la nación, a fin de lograr una convivencia política pacífica, respetuosa y de intensa participación ciudadana. En este trascendente compromiso del Gobierno de la República, se busca que prevalezca la legalidad, el diálogo y el consenso, con base en la participación constructiva de los partidos políticos, las organizaciones sociales y la propia ciudadanía.

En este sentido, son relevantes los acuerdos alcanzados para encauzar la reforma política del Distrito Federal, obteniéndose puntos de coincidencia para ampliar las facultades de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, definir la forma de elegir al jefe del gobierno del Distrito Federal y adoptar nuevas formas de participación y consulta ciudadana, como los consejos de ciudadanos; los puntos acordados serán sometidos a las instancias legislativas correspondientes, con vistas a su elevación al rango de ley. En lo relativo a la reforma electoral, se lograron acuerdos para privilegiar el financiamiento público sobre el privado a los partidos políticos; acerca de las funciones internas del Instituto Federal Electoral; así como el establecimiento de una cédula de identidad nacional y el desarrollo del registro ciudadano.

Asimismo, se reportan los avances de la reforma de Gobierno y de la modernización de la administración pública, orientadas a promover nuevas actitudes, vencer inercias y atender rezagos para alcanzar el desarrollo económico con mayor equidad social, de manera congruente con una mayor participación de la sociedad en las decisiones fundamentales, que inciden sobre el desarrollo de la vida cotidiana de las comunidades y con el impulso al desarrollo integral y autónomo de los estados y municipios. En este último aspecto, es de destacar el avance en la descentralización de funciones, atribuciones y responsabilidades del Gobierno Federal hacia esas órdenes de Gobierno, en el marco de un nuevo federalismo más equitativo y fortalecido.

En el Capítulo IV se presentan las acciones y resultados alcanzados con la política de desarrollo social aplicada por el Ejecutivo Federal. De esta forma se destacan las acciones para proveer con calidad y oportunidad el crecimiento de los servicios básicos de educación, salud, asistencia alimentaria, seguridad social, vivienda, equipamiento urbano y la seguridad jurídica agraria que demanda la población, particularmente la que se encuentra con mayor desventaja económica y social. No obstante, las limitaciones presupuestales de la administración publica, se cuidó que la proporción del gasto en desarrollo social aumentara su participación en el total del gasto programable del sector público, lo que permitió amortiguar en alguna medida los efectos de la crisis económica sobre el bienestar social.

En el Capítulo V se analiza el origen de la crisis económica que enfrentó nuestro país en 1995, sus efectos sobre las principales variables macroeconómicas y los sectores productivos y las medidas de política monetaria, fiscal, cambiaria, salarial y de empleo aplicadas para enfrentar la situación.

En este sentido se presentan las acciones emprendidas para evitar la quiebra del sistema financiero y atenuar la recesión del aparato productivo; sustituir deuda pública de corto plazo por deuda de mediano y largo plazos y recuperar el acceso a los mercados internacionales de capital; abatir de manera ordenada el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos; contener los aspectos inflacionarios de la devaluación y evitar caer en una espiral preciostipo de cambio; disminuir la volatilidad de la paridad cambiaria; aliviar la difícil situación de las empresas y los particulares endeudados; mitigar los aspectos de la crisis sobre el empleo y ajustar los niveles de gasto e ingresos públicos para contribuir a la formación de ahorro, como única vía sana y perdurable para salir de la crisis, sentar las bases para una pronta recuperación y mantener los programas sociales del gobierno.

Asimismo, se destacan las acciones de desregulación y la promoción de la actualización tecnológica para impulsar la competitividad de la planta productiva, fomentar la construcción de infraestructura de comunicaciones y transportes y consolidar la reestructuración del sector energético.

También en el documento se informa sobre las políticas de fomento sectoriales puestas en marcha para apoyar la integración de cadenas productivas y fomentar el desarrollo de la minería, el turismo, la industria, el campo y el comercio interior, a fin de cimentar el crecimiento de la productividad y las bases microeconómicas necesarias para sostener los equilibrios macroeconómicos. Adicionalmente, se evalúan las acciones de preservación del medio ambiente, de los recursos naturales y del uso eficiente del agua y su abastecimiento, orientadas a asegurar la viabilidad del crecimiento y hacerlo sustentable en el mediano plazo.

De esta forma, el primer informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 19952000 que se presenta a esta honorable representación popular, resume los resultados que se han alcanzado en 1995 y las acciones para enfrentar las circunstancias adversas, a partir de la conjunción de todos los esfuerzos nacionales para transitar a nuevos esquemas de desarrollo, orientados a asegurar la satisfacción de las demandas sociales por la vía de la participación productiva y comprometida con el progreso de México; porque sólo la suma del esfuerzo de los distintos agentes económicos y la unidad de los mexicanos es capaz de fincar la grandeza de la nación a la que todos aspiramos.

1. Soberanía

El fortalecimiento de la soberanía es el principio que rige a las políticas de seguridad nacional y exterior. Su defensa es irrenunciable para el Estado mexicano. La política exterior es un instrumento del Estado y de la sociedad mexicana para fortalecer su seguridad en el mundo, capitalizar las oportunidades que ofrece el ámbito externo y propiciar un mejor nivel de vida y de desarrollo para todos los mexicanos. Para ello, se ha desplegado una diplomacia con capacidad de anticipación, atenta a las tendencias internacionales que más nos afectan y firmemente apegada a los principios que nos confieren solvencia moral y política ante la comunidad de naciones.

Así, en el ámbito internacional se buscó diversificar las relaciones con el exterior y fortalecer el papel de México frente a los grandes centros de la dinámica mundial, se intensificó la protección de los derechos e intereses de los mexicanos en el extranjero y se continuó promoviendo en los foros multilaterales la cooperación y la paz para lograr un entorno internacional favorable para el desarrollo armónico de las naciones.

En lo interno destaca la reorganización y reestructuración de la división territorial militar, el fortalecimiento del gabinete especializado de seguridad nacional, la reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y las operaciones de vigilancia y protección del territorio nacional, recursos naturales e instalaciones vitales de la administración pública federal. Estas iniciativas tienen sustento en los principios constitucionales y están vinculadas a los compromisos con el estado de derecho, la democracia, el desarrollo social, el crecimiento económico y el fortalecimiento de nuestra cultura.

1.1 Garantizar la seguridad nacional

Con la finalidad de preservar la soberanía de la nación ante un complejo escenario mundial, se han adoptado, junto con otras naciones, diversos compromisos que contribuyen a mantener la paz y seguridad internacionales en el seno de diversos foros universales, hemisféricos y regionales. En este sentido, destacan las actividades desarrolladas en relación con la reforma integral de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde México insiste en la necesidad de que se revise la estructura, funcionamiento, métodos de trabajo y proceso de toma de decisiones colectivas. Respecto al desarme, nuestro país pugnó por la incorporación, en la declaración de principios y objetivos de la conferencia de revisión y prórroga del tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, de los siguientes compromisos: la pronta conclusión de un tratado de prohibición total de los ensayos nucleares; el inicio inmediato de negociaciones de una convención para prohibir la producción de material fisionable con fines militares; la negociación de un acuerdo sobre seguridades a los estados no poseedores de armas nucleares contra el uso o amenaza de estas armas y el aumento de la efectividad y eficiencia de las salvaguardas del Organismo Internacional de Energía Atómica. México promovió con los estados parte de los tratados de Tlatelolco y de Rarotonga un proyecto de resolución para el cese inmediato de los ensayos nucleares de Francia y China, el cual fue adoptado durante la Quincuagésima Asamblea General de las Naciones Unidas.

México ha participado en las operaciones de la ONU para el mantenimiento de la paz y contribuye a su financiamiento, aunque considera que estas misiones no deben sustituir al diálogo y la negociación para la solución de conflictos y que deben apegarse estrictamente a principios como el consentimiento previo de las partes en conflicto, la inviolabilidad de la jurisdicción interna de los estados y el carácter no combatiente de los elementos de la ONU.

En el plano regional, México reiteró en diversos foros de la Organización de Estados Americanos (OEA), su rechazo al establecimiento de un brazo armado en la organización, logrando evitar que la comisión de seguridad de la OEA realizara sus trabajos con asesoría militar de la Junta Interamericana de Defensa. También se subrayó la necesidad de que la OEA se aboque a la definición del concepto de seguridad hemisférica, para evitar la introducción de enfoques que favorezcan el uso de la fuerza. Destaca también la labor de nuestro país para promover la utilización pacífica de la energía nuclear en la región y lograr la plena adhesión regional al Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, lo cual se alcanzó después de tres décadas de labor diplomática.

En lo interno, para contribuir al fortalecimiento del ejercicio pleno de la soberanía nacional, como valor supremo de nuestra nacionalidad y como responsabilidad primera del Estado mexicano, las fuerzas armadas han cumplido sin restricción con la misión constitucional de garantizar la seguridad de la nación. Con su permanente labor cumplen cabalmente con su responsabilidad de preservar la paz, la integridad de las instalaciones vitales y recursos naturales. Además, participan decididamente en la lucha contra el narcotráfico, tráfico ilegal de armas y personas. Con su presencia en todo el territorio nacional, coadyuvan a fortalecer la vigencia del estado de derecho y a crear las condiciones necesarias para avanzar en el desarrollo nacional de acuerdo a los intereses de todos los mexicanos.

Acorde a las nuevas circunstancias y desafíos, se ha requerido actualizar permanentemente la planeación estratégica del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada mexicanos, así como su marco normativo. Además, se ha impulsado la consolidación de sus capacidades militares, operativas, de inteligencia y técnicas y de respuesta inmediata a emergencias y desastres.

En el marco del gabinete especializado de seguridad nacional se constituyó el grupo de coordinación interinstitucional para atención a instalaciones estratégicas. El nivel de dirección y consulta de este grupo se integró con representantes de las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de Gobernación, de Comunicaciones y Transportes, del Departamento del Distrito Federal, de la Procuraduría General de la República, de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad, así como de la Comisión Nacional del Agua. Su función consiste en evaluar los avances y fijar directrices sobre seguridad de instalaciones vitales. En el seno de este grupo se elaboró un programa nacional de seguridad a instalaciones estratégicas con objeto de garantizar la seguridad física y el funcionamiento de las mismas ante eventos de origen natural o intencionales.

Para enfrentar, con todo rigor y dentro de la legalidad, al crimen organizado, así como salvaguardar la integridad y derechos de las personas, preservar las libertades, el orden y la paz pública, se ha instituido la colaboración y cooperación entre las diferentes instancias de gobierno. A ello obedece la entrada en vigor de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en cuyo consejo participan los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina.

La actualización del marco normativo que fundamenta la acción y estructura de las fuerzas armadas, tiene como finalidad garantizar su organización interna y el cabal cumplimiento de sus propósitos. Al respecto, en materia de combate a las amenazas a la seguridad nacional, se concreta la participación de la Armada de México como coadyuvante con el Ministerio Público en el combate al terrorismo, tráfico ilegal de armas y personas y narcotráfico.

Las reformas realizadas a la actual Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos hace más congruente las obligaciones de los integrantes de este instituto armado para su correcto desempeño.

Con las reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se faculta a la Secretaría de Gobernación emitir opinión para otorgar licencias colectivas de portación de armas a personas morales que presten servicios privados de seguridad; ser conducto para solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional (SDN), la expedición de licencias colectivas de portación de armas para las instituciones policiales; recibir de los titulares de licencias colectivas un informe de las armas que se encuentren en su poder, coordinándose con los gobiernos de los estados para recibirla; expedir, suspender y cancelar las licencias individuales de portación de armas de los empleados federales y dar aviso de ello a la SDN; suspender y cancelar las credenciales de identificación que expidan los responsables de las instituciones policiales al amparo de una licencia colectiva oficial de portación de armas y que se asimilen a licencias individuales.

Estas reformas y las realizadas al reglamento interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, facultan a esta última a realizar actividades de fabricación, importación, exportación, enajenación de armas, municiones, explosivos y demás objetos regulados por dicha ley, así como proporcionar servicios diversos en la materia para cubrir las necesidades de las dependencias de la administración publica federal, cuerpos de seguridad pública y de clubes de tiro y a sostener relaciones con empresas e instituciones de otros países en materia de armamento y accesorios.

Como resultado de la aplicación de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos y de su respectivo reglamento, en 1995 se otorgaron 13 mil 590 permisos de compraventa, consumo, importación y exportación de explosivos y sustancias químicas y 58 mil 631 permisos de importación, exportación, transportación y compraventa de armas y municiones. En el mismo periodo se aseguraron 63 mil 764 armas y 95 mil 464 cartuchos y se registraron 56 mil 396 armas.

También se reformó la Ley Orgánica de la Armada de México con el objetivo de otorgarle nuevas atribuciones y de contar con una estructura orgánica acorde a las necesidades que demandan los retos actuales. Entre las modificaciones destacan la coadyuvancia con el Ministerio Público en las acciones de combate al narcotráfico, tráfico ilegal de armas y terrorismo; además se precisan facultades del alto mando y se especifican las atribuciones de esta institución militar en las acciones de búsqueda en el mar, protección a las instalaciones vitales del país y la vigilancia de los recursos marítimos, fluviales y lacustres nacionales; asimismo se incorporan las actividades de meteorología marítima, así como de vigilancia y conservación del medio ambiente marino, entre otras.

Para responder a las exigencias que la seguridad nacional demanda, es imprescindible la actualización permanente de la planeación estratégica de las fuerzas armadas. En este sentido, la SDN formuló y remitió a los comandantes de región militar para su observancia, el procedimiento sistemático de operar de las tropas en auxilio de la población afectada por fenómenos meteorológicos. Adicionalmente, esta dependencia y las secretarías de Marina y de Gobernación, de manera coordinada corrigieron y suscribieron el convenio de colaboración en materia de protección civil, a fin de mejorar el desempeño del personal y delimitar actividades y responsabilidades.

Por su parte, la Secretaría de Marina mantiene actualizados los planes estratégicos de vigilancia y defensa navales con especial atención en las áreas donde existen plataformas petroleras, mayor incidencia de pesca ilegal y narcotráfico. A este proceso se agregan los planes de emergencia radiológica externo, de auxilio y salvamento y de contingencia para combatir y controlar derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas en el mar.

Con el propósito de disponer de una mayor y eficiente capacidad de respuesta ante situaciones que pudiesen poner en riesgo la seguridad nacional, así como para simplificar y facilitar las actividades operativas, administrativas y logísticas de los mandos, se llevó a cabo la reestructuración de la división territorial militar y naval.

En el seno del Ejército y Fuerza Aérea se crearon la XI región militar cuyo cuartel general se ubicó en Torreón, integrada por la quinta y sexta zonas militares; la XII región militar con su cuartel general en Irapuato, conformada por la decimosexta decimoséptima y vigesimoprimera zonas militares; y en la VII región militar, con su cuartel general en Tuxtla Gutiérrez, se creó la trigésimo novena zona militar con su cuartel general en Ocosingo. Con la misma finalidad se separaron las funciones de los cuarteles generales de la II, IV, V, VI y X regiones militares y se crearon las guarniciones militares de Palomas, Chihuahua y Sonoyta, Sonora.

Por su parte, la Armada de México modificó los límites jurisdiccionales de las zonas y sectores navales del Golfo de México y mar Caribe para mejorar la coordinación de las funciones de defensa de la soberanía en el área de su jurisdicción. Adicionalmente, se crearon la segunda compañía de infantería de marina adscrita al decimotercer batallón de infantería de marina "B", con sede en La Pesca, Tamaulipas, además del primero y segundo batallón de artillería de infantería de marina adscritos a la quinta y vigesimasegunda zonas navales con sede en Frontera, Tabasco y Puerto Madero, Chiapas, respectivamente. Para el adecuado funcionamiento y organización de los batallones se crearon la primera y cuarta brigada de infantería de marina con sede en las regiones navales de Veracruz y Manzanillo.

Por otra parte, las fuerzas armadas desarrollaron operaciones de vigilancia y protección del territorio nacional, recursos naturales e instalaciones vitales de Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Comisión Nacional del Agua y colonia Penal Federal de Islas Marías, entre otras.

En apoyo al grupo de coordinación interinstitucional para atención a instalaciones estratégicas, la SDN creó la Fuerza de Tarea Golfo Sur, cuyo objetivo es, mediante la coordinación interinstitucional, elevar la eficiencia en la seguridad a instalaciones estratégicas del Estado de Tabasco, del sur de Veracruz y del este de Oaxaca. La Armada de México realizó 4 mil 453 operaciones navales en la zona económica exclusiva, mar territorial y faja costera.

Una de las mayores amenazas para la seguridad y la salud nacional la constituye el narcotráfico. Las fuerzas armadas mexicanas han fortalecido las acciones de coordinación y cooperación con las demás dependencias federales involucradas en su combate, sin escatimar recursos humanos ni materiales.

En su destacada participación en la lucha contra este fenómeno, han respetado cabalmente los derechos humanos y acatado fielmente la ley.

En este contexto, el Ejército y Fuerza Aérea destinaron un promedio diario de 8 mil 912 elementos para realizar la operación nacional I-95 y las operaciones regionales I-95 y II-95 desarrolladas en los estados de Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y Veracruz, además de otras operaciones permanentes como la Fuerza de Tarea Marte y el Plan Canador en áreas consideradas como de alta incidencia en el cultivo y tráfico de enervantes.

Como respuesta al empleo de aeronaves más modernas para transportar droga, la Fuerza Aérea participa en las tareas de intercepción de todas aquellas naves que ilegalmente vuelan sobre el territorio nacional. Por su parte, la Armada de México realizó 868 operaciones antinarcóticos en las zonas de su jurisdicción con la participación de 4 mil 659 elementos, para el fortalecimiento y ampliación de la vigilancia marítima y costera con énfasis en los estados de Baja California, Baja California Sur, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán.

Como resultado de estas operaciones, ambos institutos armados lograron localizar y destruir gran número de hectáreas de marihuana y amapola, 50.3% más que en 1994; asegurar importantes volúmenes de cocaína y marihuana que significaron un incremento anual de 9.5% y 83.9%, respectivamente; destruir pistas de aterrizaje clandestinas y decomisar vehículos terrestres, marítimos y aéreos y armas de diversos calibres, así como detener presuntos responsables de delitos contra la salud.

Durante 1995 se consolidaron las estructuras y mecanismos de operación del Sistema Nacional de Protección Civil en los tres órdenes de gobierno y se propició la mayor participación de los sectores social y privado en sus actividades para que, con el esfuerzo conjunto y corresponsable de todas sus instancias y de la población, se evite y reduzca de manera apreciable la pérdida de vidas y bienes derivados de desastres naturales y humanos. Esta activa participación se enmarca en las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, que en su artículo 27, fracción XXVII, faculta a la Secretaría de Gobernación para conducir y poner en ejecución las políticas y programas de protección civil del Ejecutivo Federal, en coordinación con los gobiernos estatales, municipales y las autoridades de las dependencias y entidades de la administración pública federal y concertar con los sectores privado y social, las acciones en la materia.

Principales acciones de protección civil, 1995

- Con las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de Educación Pública y de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, se suscribieron las bases de colaboración para prevenir desastres y mitigar sus efectos.

- Se creó la normatividad para la integración y funcionamiento de los Comités Científicos Asesores del Sistema Nacional de Protección Civil.

- En apoyo a los gobiernos de las entidades federativas, se elaboró un Proyecto Tipo de Ley Estatal de Protección Civil.

- Se participó en la elaboración de un proyecto normativo sobre protección civil a nivel municipal, para que los ayuntamientos, de acuerdo a su total autonomía, incluyan disposiciones de protección civil en los Bandos de Policia y Buen Gobierno.

- Con la finalidad de intercambiar experiencias, definir estrategias de trabajo y propiciar una mayor coordinación se realizaron tres Reuniones Nacionales de Directores de Unidades Estatales de Protección Civil.

- Para brindar conocimientos teóricos y prácticos al personal operativo, técnico y directivo del Sistema, además de impulsar su profesionalización se llevaron a cabo reuniones regionales de información sobre fenómenos hidrometeorológicos y geológicos.

- Se celebraron dos reuniones plenarias y de 30 subcomités en lo relativo al Plan de Emergencia Radiológica Externo de la central nucleoeléctrica de Laguna Verde. Además, se impartieron cursos de capacitación; se desarrollaron visitas de verificación de recursos humanos, materiales y auditoría documental; se realizaron ejercicios de gabinete, simulacros parciales de campo y un ejercicio en la zona de evacuación para responder con efectividad ante cualquier situación de emergencia.

- Se realizó la III Semana Nacional para la Cultura de la Protección Civil, con el propósito de fortalecer las percepciones y contribuciones de la sociedad en la materia.

- Con la fidalidad de apoyar la adopción de criterios en la materia, se recibieron y analizaron 70 programas internos de dependencias de los sectores central y paraestatal, así como de instituciones financieras.

Fuentc: SG.

En respuesta a devastadores fenómenos naturales o siniestros producidos por el hombre, las fuerzas armadas aplicaron los planes de auxilio y salvamento SM-AM-AS/95 y DN-III-E para casos y zonas de desastre, logrando proporcionar auxilio a poco más de 51 mil personas damnificadas por los sismos ocurridos en Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Colima y Chiapas y por meteoros como huracanes y tormentas tropicales que afectaron los estados de Baja California Sur, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, así como todos los estados del Golfo de México.

Con su participación también se sofocaron 488 incendios forestales y 43 industriales, habitacionales y comerciales. En apoyo al sector turístico, la Armada de México aplicó la Operación Salvavidas 95 y la Operación Invierno 95.

En estas acciones, se contó con la participación de unidades estatales y municipales de protección civil, de varias dependencias gubernamentales, así como de grupos voluntarios, para proporcionar a los damnificados transporte, alimentación, vigilancia, abrigo, medicamentos y material de construcción, principalmente. De igual forma se apoyó en la evacuación de casi 54 mil personas debido al incremento de la actividad volcánica del Popocatépetl. A partir de la promulgación de la Ley para el Diálogo, la Concordia y la Paz Digna en Chiapas, se supervisó el retorno a sus lugares de origen de casi 20 mil desplazados por el conflicto armado.

Los integrantes de las fuerzas armadas llevaron a cabo acciones permanentes de labor social en beneficio de la población civil de escasos recursos. En apoyo a los programas del Gobierno de la República, ambos institutos armados participaron activamente en las tres semanas nacionales de salud, en las que se suministraron dosis de biológicos, manteniéndose importantes coberturas principalmente en la aplicación de vacunas antipoliomielíticas y antisarampionosas. Adicionalmente, realizaron diversos programas de beneficio social mediante los cuales se proporcionó atención médica en general, remoción de escombros, limpieza de cauces y ríos, reforzamiento de riberas para evitar desbordamiento de aguas, apertura y reparación de caminos, principalmente en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, mejoramiento de escuelas públicas, entre otros.

Elevar la calidad de la educación militar constituye un compromiso fundamental de las fuerzas armadas. La preparación académica y profesional del personal permite asegurar y fortalecer su participación en el desarrollo nacional. Durante 1995, de los diferentes planteles de educación militar egresaron 8 mil 256 educandos, 4.7% más respecto al año anterior.

En 1995 se creó el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, para impartir cursos de especialización en materia de inteligencia, logística, administración de recursos humanos y administración militar y pública. Se estableció el bachillerato como requisito para ingresar al Heroico Colegio Militar con el fin de aumentar la eficiencia terminal de los oficiales de arma que egresan de ese plantel y se reestructuraron los planes y programas de estudio de la Escuela Militar de Aplicación de las Armas y los Servicios, con el propósito de perfeccionar las actividades académicas.

Durante 1995 se consolidó la Escuela de Oficiales del Arma y Servicio, la cual tiene por objetivo vincular la formación académica recibida en los planteles con el adiestramiento que tiene lugar en las unidades operativas, administrativas y de servicio. Para formar oficiales de Estado Mayor, de conformidad con las necesidades que demanda el Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, se reformaron y derogaron diversas disposiciones del Reglamento de la Escuela Superior de Guerra. Ello brinda la posibilidad al personal de servicio efectuar el curso de mando y estado mayor general y el de estado mayor aréreo.

Para integrar al personal naval de forma más completa al medio militar y aumentar la eficiencia terminal, se revisaron y actualizaron los planes y programas de los cursos de adiestramiento básico para cadetes de la Heroica Escuela Naval y la Escuela Médico Naval y del Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav), los de Mando Superior y Seguridad Nacional, Estado Mayor General, mando, informática y comunicaciones navales y electrónica. Como complemento de los conocimientos recibidos en las aulas, los cursantes del Cesnav efectuaron viajes de instrucción a diferentes centros de investigación, industrias, regiones y zonas navales, para actualizar, confirmar y reconocer en el terreno los conocimientos obtenidos en los estudios estratégicos realizados. Con el propósito de mantener al personal militar permanentemente apto para actuar eficazmente en distintos ámbitos y condiciones, en el seno de la Armada de México y del Ejército y Fuerza Aérea, se realizaron diversas actividades de adiestramiento en las cuales participaron casi 38 mil elementos.

Por otra parte, se fortalecieron estructural y funcionalmente los órganos castrenses encargados de la procuración e impartición de justicia. En el ámbito de la Procuraduría General de Justicia Militar, se creó la sexta agencia adscrita; se instituyeron tres agencias investigadoras del Ministerio Público Militar para sumar 11 en total; se estableció la sección técnica de la Procuraduría General de Justicia Militar; se creó la subsección de control de averiguaciones previas y la subsección de control de procesos y se estructuró la subsección de quejas. Estas modificaciones tienen la finalidad de combatir eficazmente conductas ilícitas, reforzar la capacidad de investigación e incrementar la calidad técnica de todas las actuaciones de la representación social militar.

El Supremo Tribunal de Justicia Militar difundió las reformas constitucionales en materia penal y las del Código de Justicia Militar, supervisó que se atendiera a los responsables de ilícitos con apego estricto a la ley, la agilización de los trámites para la resolución de los diversos asuntos, la eliminación de trámites innecesarios referentes a las solicitudes de libertad preparatoria, así como los aspectos técnicojurídicos de los juzgados militares y la capacitación del personal.

La infraestructura física militar de las fuerzas armadas se continuó ampliando, a fin de contar con nuevas y mejores instalaciones para el adecuado desempeño de sus funciones.

Construcción de infraestructura física militar, 1995

Secretaría de la Defensa Nacional Principales obras terminadas - Construcción de un tanque para almacenar agua con capacidad de mil M3 y su red de distribución en El Sabino, Cbiapas. - Remodelación de la sección sanitana fija del Campo Militar No. 1-H, en el Distrito Federal. - Remodelación de las instalaciones del servicio de alimentacion de la prisión de la 1a. Zona Militar en el Distrito Federal. - Remodelación de instalaciones de capacitación docente de la Dirección General de Educación Militar en el Distrito Federal.

Principales obras en proceso - 11 cuarteles generales para seis regiones militares, tres zonas militares; 2a. Brigada de Infantería Independiente y para la Fuerza de Tarea Golfo Sur. - 14 cuarteles tipo corporación para 11 batallones de infantería y de operaciones especiales, y tres para regimientos de caballería motorizados y de artillería. - Instalaciones para las bases aéreas de Chihuahua, Oaxaca y San Juan Copalar, Cbiapas. - 27 alojamientos en diversas unidades rnilitares. - Construcción de una cornandancia y un alojamiento para sección en la Guarnición de Manzanillo. - Dos dormitorios con capacidad para 200 elementos en la Escuela Militar de Tropas Especialistas de Fuerza Aerea. - 14 locales para consulta médica y odontológica en diversas zonas militares. - Cinco plantas de tratamiento de aguas residuales, colectores y red de riego en el Campo Militar No. 25-A de Puebla.

Secretaría de Marina Principales obras terminadas - Dos subestaciones eléctricas en Tampico y Mazatlán. - 11 plantas de tratamiento de aguas residuales en varias entidades federativas.

Principales obras en proceso - Base naval y dos muelles de alistamiento y de duques de alba en la misma base en Tuxpan. - Muelle de duques de alba y comandancia de flotilla en Tampico. - Reconstrucción del muelle de atraque para el Sector Naval de Puerto Cortés en La Paz, B.C.S.

Fuente: SDN y SM.

La consolidación de la capacidad operativa de las fuerzas armadas conlleva la modernización del material y equipo militar. En este sentido se adquirieron diversas unidades terrestres, aéreas y marítimas, además de implementos militares para el adecuado cumplimiento de las funciones asignadas.

La industria militar ha hecho que las importaciones sean cada vez menos indispensables. En 1995 destaca la producción de 11 mil 200 fusiles automáticos, 2 mil 100 pistolas semiautomáticas HKP7 M13S, casi 46 millones de cartuchos de diverso calibre y más de 216 mil granadas, además de vestuario y equipo diverso para satisfacer los requerimientos del Ejército y Fuerza Aérea.

1.2 México en la dinámica mundial En la diversificación de nuestros nexos internacionales, México ha procurado un entendimiento respetuoso y de provecho mutuo con América del Norte, una más estrecha vinculación con la Unión Europea y ampliar el acercamiento y los contactos con las naciones de la cuenca Principales adquisiciones de material y equipo militar, 1995 Ejército y Fuerza Aerea - 866 vehículos terrestres para transporte de personal y equipo. - 14 aviones Maule para la Escuela Militar de Aviación. - 60 equipos de correo electrónico y de control aereo. - 30 sistemas de posicionadores para aviones. - Reparación de ocho aeronaves Hércules de transporte pesado y de un avión Boeing 727-100 de transporte mediano. - 18 equipos de entrenamiento en electricidad y electrónica, electrónica práctica, y en radar analógico y digital. - 1 305 aditamentos lanzagranadas calibre 40 mm. - 82 equipos de cómputo y un computador central. - 12 células de retransmisión y 100 transceptores.

Armada de México - 349 vehículos terrestres para transporte de personal y equipo. - 168 ametralladoras. - 7 774 fusiles tipo M16A2. - Cuatro remolcadores clase Volcán. - Cuatro helicópteros M1-8. - Seis lanchas. - 110 balsas autoinflables. - 163 chalecos antibalas. - 2 100 salvavidas.

Fuente: SDN y SM.

del Pacífico. Por los estrechos lazos culturales y de amistad que existen con las naciones de América latina, se ha promovido activamente la integración económica de la región y participamos con creciente compromiso y decisión en la comunidad de naciones del Caribe. Nuestro país mantiene relaciones diplomáticas con 175 estados y forma parte de los principales foros regionales y mundiales de concertación política y económica.

Desde el inicio del presente Gobierno, el primer mandatario de la nación ha realizado nueve giras internacionales: tres de carácter bilateral a Guatemala y Estados Unidos de América; cinco regionales para participar en las reuniones cumbre del Grupo de Río, la Conferencia Iberoamericana, la Asociación de Estados del Caribe, el Foro de Cooperación Económica para AsiaPacífico y la Cumbre Hemisférica de Miami; así como una intervención ante el pleno de las Naciones Unidas en ocasión de su L aniversario.

En conjunto, el primer mandatario sostuvo 58 encuentros con jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo y se suscribieron 51 convenios y acuerdos internacionales, que abren un espacio particularmente valioso para México en los esfuerzos de diversificación y aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el ámbito internacional. A este mismo fin contribuye la reforma de los artículos 28 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de diciembre de 1995, que faculta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a coadyuvar a la promoción comercial y turística del país a través de sus embajadas y consulados y a capacitar a los miembros del servicio exterior mexicano. Ello permitirá a la cancillería cumplir con mayor eficiencia su responsabilidad de rectora en materia de política exterior.

1.2.1 Fortalecimiento del papel de México en los grandes centros de la dinámica mundial América del Norte Las naciones de América del Norte son nuestros principales socios económicos. Dada su importancia estratégica, México ha buscado construir una relación fluida y respetuosa con los países de esta región, que dé mayor certidumbre a los intercambios y permita alcanzar acuerdos mutuamente provechosos. Al respecto, durante 1995 se realizaron 20 reuniones entre México, Canadá y Estados Unidos de América (EUA), sobre diferentes temas enmarcados en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Las condiciones de vecindad con la principal potencia económica y militar del mundo constituyen un desafío fundamental para nuestra política exterior y una opción de cooperación y desarrollo que México debe capitalizar. La agenda de la relación bilateral con los EUA se caracteriza por su intensidad, complejidad y dinamismo. Por ello, se ha promovido el establecimiento de un nuevo entendimiento basado en un trato mutuamente respetuoso y voluntad política para encontrar soluciones viables a los problemas comunes. Esa fórmula busca propiciar un diálogo fluido y constructivo en la atención de la problemática bilateral. Ello deberá contribuir a dar orden y certidumbre al tratamiento de los temas prioritarios de la agenda.

Principales reuniones trilaterales con América del Norte, 1995. - I Mesa Redonda de Aborígenes de América del Norte sobre Comercio, para promover los beneficios del TLCAN a las comunidades indígenas de la región. - I Reunión Trilateral para la Conservación de la Vida Silvestre. - II Reunión del Consejo Ministerial de la Comisión Laboral y la posterior instalación del Secretariado Laboral de América del Norte. - Reunión Trilateral del Grupo de Soluciones Comerciales del TLCAN. - III Reunión Ministerial de la Comisión de Libre Comercio del TLCAN. - II Reunión del Subcomité de Normas del Transporte. - Reunión del Grupo Trilateral de Asesoría del Transporte. - Reuniones bilaterales con EUA y Canadá en materia de transporte. - II Conferencia Anual "Areonafta". - Reunión de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte. - Reunión Trilateral de Cooperación Científica y Regulación de la Salud.

Fuente: SRE.

En este sentido, en abril, el Presidente de México asistió como invitado a la LVII Convención de la Sociedad Americana de Editores de Penódicos en Dallas y en octubre realizó una visita de Estado a los EUA. En esa oportunidad, el primer mandatario mexicano sostuvo entrevistas con su homólogo estadounidense y con altos funcionarios del gobierno de Washington. Con las autoridades estadounidenses se revisaron los principales temas de interés común en la relación bilateral, en especial los asuntos financieros y comerciales, el combate al narcotráfico, la migración y los asuntos fronterizos.

En mayo se realizó la Xll Reunión de la Comisión Binacional con EUA, donde se suscribieron acuerdos en materia agropecuaria, de coo~eración cientíhco-técnica, de comunicaciones y de comercio e inversión. En el mismo mes se realizó la I Conferencia de gobernadores del Golfo de México, hrmándose un acuerdo para dar un mayor impulso al TLCAN en la región, mediante el incremento de intercambios y la identihcación de proyectos de inversión Por otra parte, se llevaron a cabo acciones para dar rápida respuesta a las demandas de las comunidades fronterizas de ambos países relativas a la violación de derechos humanos, abuso de autoridad y malos tratos a los emigrantes, cumplimiento de disposiciones ambientales, construcción de plantas binacionales de tratamiento de aguas y la ampliación o puesta en operación de nuevos puertos fronterizos.

Con Canadá, compartimos intereses estratégicos que han permitido impulsar firmemente los vínculos económicos y políticos. El Presidente de México se ha reunido en tres ocasiones con el primer ministro canadiense, a fin de reafimmar los lazos que nos unen con esta nación y analizar temas de la agenda bilateral y asuntos relativos al TLCAN. A partir de la Xl Reunión de la Comisión Ministerial y de la Comisión Mixta Educativa y Cultural se decidió fortalecer los vínculos comerciales y de inversión en energía, telecomunicaciones, carreteras, petroquímica y vías ferroviarias, así como la cooperación en materia cultural y educativa.

Principales convenios y acuerdos con los Estados Unidos de América y Canadá, 1995 Estados Unidos de América - Protocolo relativo al uso de diversas bandas para los servicios de comunicaciones personales en la frontera comun. - Memorándum de entendimiento en relación con las nuevas iniciativas del Comité Conjunto para la Inversión y el Comercio. - Convenio que establece la sede de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza en Ciudad Juárez, Chihuahua. - En el marco de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, se acordó que en caso de una sequía persistente en la zona del bajo Río Bravo, México podra disponer temporalmente de hasta 100 millones de metros cúbicos de agua proveniente del Río Conchos perteneciente a EUA, para uso doméstico y municipal de las poblaciones mexicanas de dicha zona.

Canadá - Renovación por cinco años más del Programa de Trabajadores Agrícolas. - Convenio de Seguridad Social. - Acuerdo Interinstitucional de Cooperación entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México y la respectiva de Canadá. - Memorándum de entendimiento en materia de cooperación científica y de regulación de la salud entre México, EUA y Canadá.

Fuente: SRE.

Unión Europea Los vínculos con Europa ocupan un sitio primordial en la estrategia mexicana, como factor de equilibrio y diversificación de nuestras relaciones políticas y económicas. Esa región constituye la segunda fuente de comercio e inversión para México. La consolidación y ampliación del proceso de integración europea posibilitan que las relaciones entre México y la Unión Europea adquieran una dimensión más amplia y profunda, bajo un esquema fortalecido

de cooperación. La firma de la declaración conjunta solemne entre México y la Unión Europea, realizada en mayo en París, es expresión de la voluntad política de ambas partes para construir una relación basada en el respeto mutuo, que derive en la posterior suscripción de un acuerdo de asociación económica y concertación política como eje institucional de la nueva relación.

En el ámbito bilateral, durante el periodo de evaluación se llevaron a cabo reuniones de las comisiones binacionales establecidas con España, Gran Bretaña e Italia, todas ellas celebradas en México, así como la VI Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Cultural y Educativa y la IV Reunión del Mecanismo de Consulta con Alemania. También se llevó a cabo la IV Reunión del Comité Consultivo con Italia; las rondas de negociaciones para la promoción y protección recíproca de inversiones con Países Bajos; la II Ronda de Negociaciones del Convenio para Evitar la Doble Tributación con Irlanda; una reunión de trabajo para evaluar el desarrollo de la agenda bilateral MéxicoBulgaria y la VI Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Cultural y Educativa con Austria.

Con motivo de la V Cumbre Iberoamericana, el primer mandatario se entrevistó con el Rey y el presidente del gobierno de España. Asimismo, en el marco del LX aniversario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sostuvo entrevistas con el primer ministro de Suecia, con su homólogo austriaco y con el presidente de la República Francesa. Atendiendo a su vocación universal, México estableció relaciones diplomáticas con Andorra, una vez que este país ingresó a la ONU.

Principales convenios y acuerdos con países de la Unión Europea, 1995 País

Convenios y acuerdos Unión Europea Acuerdo Marco de Cooperación Financiera con el Banco Europeo de

Inversiones.Declaración Conjunta Solemne para profundizar las relaciones política,

comercial y de cooperación económica. Austria Convenio Sobre Transporte Aereo. España Protocolo por el que se Modifica el Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en Materia

Penal. Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. Reino Unido Memorándum de entendimiento para el proyecto de manejo forestal en Quintana Roo.

Fuente: SRE.

Pacífico Asiático Por su singular dinamismo en las áreas de comercio, inversión, finanzas y transferencia de tecnología, la región asiática de la cuenca del Pacífico representa grandes oportunidades para nuestro desarrollo. Atendiendo al objetivo de fortalecer el papel de México frente a los grandes centros de la dinámica mundial y diversificar sus relaciones internacionales, durante 1995 se ampliaron y fortalecieron los contactos y los canales de diálogo político al más alto nivel con los gobiernos de la región, identificándose además, las oportunidades de comercio e inversión que ésta ofrece.

Durante la visita oficial en octubre del primer ministro de la República Popular China, el Presidente de México sostuvo dos entrevistas, en las cuales se acordó ampliar la cooperación y el intercambio comercial, teniendo en cuenta las posiciones de ambos paises en sus respectivas regiones. Además, se hrmaron tres acuerdos en materia de cooperación académica, desarrollo social y telecomunicaciones y se llevó a cabo la Vl reunión del comité de hombres de negocios México-China.

En este mismo contexto, México continúa participando activamente en las reuniones de los mecanismos multilaterales de esa región. El mandato emanado de la reciente cumbre de líderes del foro de cooperación económica para Asia y el Pacífico, realizada en Osaka, Japón, en noviembre, en la que participó el Presidente de México, fija plazos y objetivos para consolidar el espacio económico y de liberación comercial más grande del planeta.

Por ello, es preciso asegurar que, a medida que se cumplan esos plazos, la posición de México cuente con la fortaleza adecuada para capitalizar debidamente sus nexos con esa dinámica región. En el marco de esta reunión, el primer mandatario sostuvo entrevistas con los primeros ministros de Australia, Malasia y Nueva Zelanda y con los presidentes de la República Popular China, Filipinas e Indonesia.

En el ámbito del Consejo de Cooperación Económica del Pacífico, México mantuvo una significativa participación dentro los grupos de trabajo sobre perspectivas económicas de ia cuenca: transporte, telecomunicaciones y turismo y políticas comerciales y desarrollo de mercados financieros. Nuestro país fue sede en enero de la lll Reunión General del Foro Parlamentario AsiaPacíhco, en la que se abordaron temas sobre cooperación entre Asia y América latina, asuntos políticos, económicos, narcotráfico, crimen organizado y terrorismo. Asimism se llevaron a cabo la I Reunión de la Comisión Binacional con Australia en materia de comercio e inversión; la lll Reunión de la Comisión Binacional con China en materia de cooperación cientíhco-técnica; la Vl Reunión Plenaria del Comité Empresarial con este último país; la I Reunión del Comité de Seguimiento de la Comisión México-Japón Siglo XXI y la II Reunión de la Comisión Binacional con Nueva Zelanda en materia de comercio e inversión.

Principales convenios y acuerdos con los países del Pacífico Asiático, 1995 País

Convenios y acuerdos República de Corea Memorándum de Entendimiento en Materia de Servicios Aereos. República Popular China Acuerdos de cooperación en materia académica y de asuntos etnicos.

Memorándum de Entendirniento para la Cooperación en Materia de

Telecomunicaciorles y Transportes. República de Filipinas Acuerdo de Cooperación sobre Turismo.

Fuente: SRE.

1.2.2 Fortalecimiento de los vínculos bilaterales y regionales del país para apoyar los esfuerzos internos de desarrollo América latina y el Caribe América latina y el Caribe, región con la que compartimos importantes lazos históricos, culturales y lingüísticos, tiene un interés prioritario por constituir el área natural de convivencia internacional para México. Durante 1995, se estrecharon los vínculos de amistad y cooperación y se fortalecieron los procesos de integración latinoamericana. El primer mandatario sostuvo entrevistas con la mayoría de sus homólogos del Caribe y con todos los presidentes sudamericanos.

En enero de 1995 entraron en vigor los tratados de libre comercio con Costa Rica, Bolivia y con los países del Grupo de los Tres, integrado por México, Colombia y Venezuela. Se avanzó en la negociación de acuerdos similares con Nicaragua, con Ecuador y con las naciones del triángulo del norte de Centroamérica conformado por Guatemala, El Salvador y Honduras. Por la prioridad que las naciones centroamericanas representan para México, el primer mandatario realizó su primera visita de Estado a Guatemala en junio, durante la cual reiteró la plena disposición de su gobierno para continuar apoyando las negociaciones de paz entre el gobierno de Guatemala y la unidad revolucionaria nacional guatemalteca; Asimismo, se acordó un ambicioso programa bilateral para impulsar el desarrollo sostenible y el bienestar de las poblaciones fronterizas. En esta visita se suscribieron diversos acuerdos de cooperación en materia científica y tecnológica.

Con Belice se promovió la institucionalización sistemática de nuestros vínculos a partir del reconocimiento mutuo de que ambos países están llamados a jugar un papel de creciente importancia en la cuenca del Caribe. En la visita a Quintana Roo del primer ministro de esa nación, se manifestó el compromiso de México con los esfuerzos de integración subregional en el marco de la asociación de estados del Caribe, de la cual México es fundador y presidente del consejo de ministros. Durante el periodo de evaluación se llevaron a cabo reuniones de las comisiones binacionales de México con Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Jamaica.

Las relaciones con el Caribe se han fortalecido a través de los diversos mecanismos de cooperación establecidos con estos países. En junio se celebró el seminario Cancún sobre oportunidades de negocios en la gran cuenca del Caribe. Asimismo, nuestro país ha tenido una activa participación en los organismos de integración regional como el Banco de Desarrollo del Caribe, la Comunidad del Caribe y la

Asociación de Estados del Caribe. En octubre fue reabierta la embajada de México en Puerto España, Trinidad y Tobago. Por otra parte, con Suramérica se han fortalecido igualmente el diálogo político y los intercambios económicos. Al respecto, se desarrollaron la I Reunión del Mecanismo de Consulta y Concertación Política con Argentina y la III con Brasil, así como la IV Reunión de la Comisión Mixta Intergubernamental con Bolivia.

En el plano multilateral, la diplomacia mexicana ha multiplicado sus esfuerzos por revitalizar sus relaciones con América Latina y el Caribe. En este sentido, el Presidente de México estuvo presente en septiembre, en la IX Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río, en Quito, Ecuador y asistió en octubre a la V Reunión Cumbre Iberoamericana celebrada en Bariloche, Argentina. Se reforzó el trato con los países del Mercosur, del Pacto Andino y con nuestros socios estratégicos de Colombia y Venezuela. Especial atención se ha asignado a la relación con Chile y con los países del cono sur, con los que se ha ampliado el potencial de complementación y entendimiento.

Principales convenios y acuerdos con América Latina y el Caribe, 1995 Región/Pais

Convenios y acuerdos Centroamerica Belice Contrato de compraventa de enérgia eléctrica. Prórroga y modificación del Programa de

Cooperación Educativa y Técnica en Capacitación para el Desarrollo. Convenio Básico de

Cooperación Técnica y Científica. Costa Rica Convenios Básico de Cooperación Técnica y Científica, y de Cooperación Educativa y

Cultural. El Salvador Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica. Tratado para la Recuperación y

Devolución de Vehículos y Aeronaves Robados o Materia de Disposición Ilícita.

Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación entre la SRE y el Ministerio de

Relaciones Exteriores de ese país. Guatemala Convenios de Cooperación Técnica para Impulsar el Prograrna para el Desarrollo Sostenible

de las Poblaciones Fronterizas, y de Cooperación Técnica y Científica para fortalecer las

alianzas estratégicas y las coinversiones, e incrementar el intercambio comercial. Acuerdo

de Cooperación para los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear. Memorándum de

Entendimiento Relativo a las Acciones de Prevención de Desastres en la Zona del Volcán

Tacana, así como aquellos que puedan originarse por Fenómenos Hidrometeorológicos en

la Zona Fronteriza de ambos Países. Convenio Técnico Operativo para la Restitución y el

Combate del Tráfico Ilícito de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Acuerdo

de Cooperación en Materia de Transferencia de Tecnología. Honduras Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica. Convenio de Cooperación en materia

de Seguridad Social Técnica. Tercer Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Alcance

Parcial. Nicaragua Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica. Panamá Acuerdo sobre Cooperación para Combatir el Narcotráfico y la Farmacodependencia.

Caribe Antigua:

Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica. Barbuda Barbados Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica. Cuba Carta de intención para negociar un acuerdo de colaboración en materia de salud. Acuerdo

de Cooperación Cultural. Convenlo de Cooperación Académica Interinstitucional.

América del Sur Bolivia Acuerdo Interinstitucional en Materia de Cooperación Académica. Memorándum de

Entendimiento en Materia de Telecomunicaciones. Brasil Acuerdo sobre Transporte Aereo. Chile Acuerdo Complementario en Asuntos Ambientales al Convenio Básico de Cooperación

Técnica y Científica. Acuerdo de Cooperación Académica. Programa de Acción en Materia

de Cooperación. Ecuador Acuerdo de Cooperación Técnica en Materia de Energia Electrica. Protocolo Financiero para

la adquisición de maquinaria y equipo de origen mexicano.

Fuente: SRE.

Europa Central y del Este Hacia la Europa Central y del Este, México ha mantenido relaciones diplomáticas basadas en el respeto mutuo y el deseo de ampliar el diálogo político y los intercambios económicos, comerciales y científicotécnicos. Para ese propósito, se ha impulsado una política orientada a dotar de mayor contenido sus relaciones con las exrepúblicas soviéticas, con las que recientemente estableció relaciones diplomáticas y a definir un marco para encauzar las relaciones bilaterales con los países que han transformado su sistema político y económico.

Visitaron nuestro país importantes funcionarios de naciones de Europa del Este, como el presidente de la República de Estonia, con quien se llevó a cabo un diálogo político de alto nivel y se identificaron mecanismos concretos de colaboración. Con el propósito de identificar áreas específicas de intercambios económicos y comerciales, una delegación de empresarios rusos visitó México. En esa oportunidad se constituyó el Comité Empresarial MéxicoRusia. Asimismo, se llevaron a cabo reuniones de la Comisión Mixta de Cooperación Educativa y Cultural con Hungría, del Grupo de Consulta en Materia Energética con Noruega y una reunión de trabajo con Bulgaria.

Asia Central y Meridional, Africa y Medio Oriente México ha decidido profundizar sus nexos con las naciones de Asia, Africa y Medio Oriente. La dinámica del cambio y las perspectivas reales para alcanzar la paz en zonas tradicionalmente flageladas por la guerra, exigen que la diplomacia mexicana revise sus estrategias y amplíe sus contactos con estas regiones. Para reforzar nuestra presencia en Asia Central y Meridional, se establecieron dos consulados honorarios en Lahore, Paquistán y en Esmirna, Turquía, que han contribuido a profundizar nuestras relaciones comerciales, brindar protección a los nacionales que visitan los países de la zona y facilitar las gestiones de diversa índole que se atienden en esas circunscripciones. De igual forma, se suscribió un Convenio de Cooperación Educativa y Cultural con Turquía y un Acuerdo de Cooperación Económica, Comercial y Técnica con la India.

Respecto a Africa y Medio Oriente, se encuentra en proceso la reapertura de nuestra embajada en Líbano, cerrada en 1982 a raíz del conflicto bélico en ese país y se ha iniciado un acercamiento con la República de Malawi, que podría abrir el camino para el establecimiento de relaciones diplomáticas. Adicionalmente, con Marruecos se firmó un acuerdo de supresión de visas en pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio y con Kenya un acuerdo general de cooperación.

En la visita a México de funcionarios de la Comunidad para el Desarrollo de Africa Austral, realizada en octubre, se acordó la participación de nuestro país como observador en las reuniones anuales de este organismo y a invitación del Instituto AfricanoLatinoamericano, México solicitó su adhesión como miembro de pleno derecho a dicho instituto, integrado por gobiernos, organismos no gubernamentales y el sector privado de países del sur de América latina y Africa. Ello contribuirá a consolidar Principales convenios y acuerdos celebrados con los Países Europeos no Comunltarios, 1995 País

Convenios y acuerdos Noruega

Convenio para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en materia

de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio. República Checa Convenio Básico de Cooperación Científica, Técnica y Tecnológica. República de Moldova Acuerdo de Cooperación Educativa y Cultural. Hungría

Programa de Cooperación Educativa y Cultural. Suiza

Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. República de Estonia Acuerdo Básico de Cooperación Técnica.

Fuente: SRE.

nuestra presencia en Africa Austral y a fortalecer el acercamiento político y la cooperación económica con América latina.

1.2.3 Nueva relación de nuestro país con nacionales mexicanos en el exterior Protección consular La protección de los derechos e intereses de los mexicanos en el extranjero es una de las prioridades del Estado mexicano. Para cumplir más eficientemente esta tarea, se inició la sistematización de la información política, económica y social sobre cada circunscripción consular donde radican nuestros connacionales, lo cual permitirá fortalecer el contacto con las comunidades mexicanas en el exterior y atender sus necesidades con mayor eficacia.

Las 249 oficinas consulares de México en el mundo, atendieron durante 1995 más de 84 mil asuntos de protección, que derivaron en acciones en los ámbitos civil, penal, administrativo, migratorio y de derechos humanos. Por su parte, las 52 oficinas consulares de México en Estados Unidos de América, intensificaron sus tareas en materia de protección de los derechos humanos y de asistencia jurídica, ante el clima antiinmigrante que se vive en ese país.

Así, se realizaron campañas de información sobre los derechos que tienen nuestros connacionales ante las autoridades migratorias y para evitar que sean víctimas de organizaciones que ofrecen documentación falsa.

Una de las actividades más relevantes en materia consular con Canadá, es la coordinación y supervisión del programa de trabajadores agrícolas mexicanos temporales, que opera desde 1974 y que fue renovado en abril de 1995 en el marco de la XI Reunión de la Comisión Ministerial México-Canadá. Durante su primer año de operación viajaron a Canadá 203 trabajadores, en tanto que en 1995 se desplazaron a ese país 4 mil 886 personas.

De conformidad con los compromisos adquiridos por nuestro país en la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia, se colabora dentro de la Comisión de Atención a Menores en Circunstancias Especialmente Difíciles, brindando atención y apoyo al menor repatriado.

Programa para las Comunidades Mexicanas en el Extranjero Una de las labores más dignas y enriquecedoras del quehacer internacional es el acercamiento a las comunidades mexicanas o de origen mexicano que radican en el exterior, ya que las mismas son portadoras naturales de la cultura, los valores y las tradiciones de la mexicanidad. Al respecto, el Programa Nación Mexicana articula los esfuerzos del Gobierno Federal en esta importante tarea, a través del fortalecimiento de la identidad cultural y étnica de las comunidades mexicanas y mexicanoamericanas en el exterior y de sus vínculos con nuestro país; promueve los justos intereses y la organización de dichas comunidades, así como el intercambio entre empresarios y busca el beneficio y protección de los trabajadores emigrantes y sus familias. Para ello, se realizan acciones específicas en materia de salud, educación, fortalecimiento comunitario y promoción de negocios. Estas actividades se sustentan en cuatro pilares fundamentales: el Programa para las Comunidades Mexicanas en el Extranjero; el Programa Paisano; un nuevo diseño de las tareas de protección a los derechos de nuestros connacionales y la iniciativa legal sobre la "No Pérdida de la Nacionalidad Mexicana", actualmente en formulación por el Congreso de la Unión.

Esta reforma constitucional, que garantiza la nacionalidad mexicana como un atributo permanente para todos aquellos que sean mexicanos por derecho de sangre o de suelo, contribuirá a establecer una liga indisoluble con nuestros connacionales en el exterior y permitirá que estas comunidades puedan defender sus derechos frente a las autoridades del lugar donde residen.

Política migratoria Para el Gobierno de la República, la política migratoria constituye un elemento sustantivo vinculado a la seguridad nacional. Por ello, se han definido tres objetivos básicos: actualizar permanentemente una política que aliente los flujos migratorios que benefician al país; contribuir a la defensa de la soberanía en el ejercicio de las facultades de protección migratoria, con base en el respeto a la integridad de los emigrantes y mejorar la calidad del servicio que se brinda a los flujos migratorios.

México y los Estados Unidos de América han consolidado el diálogo institucional mediante el

fortalecimiento de mecanismos de cooperación bilateral y la creación de nuevos espacios de concertación para atender, tanto a nivel federal como local, las manifestaciones del fenómeno migratorio. La creación del grupo informal de enlace entre ambos gobiernos, integrado por las instancias gubernamentales que manejan el fenómeno migratorio a nivel federal, tiene por objeto promover una comunicación ágil sobre asuntos que requieren atención inmediata por parte de las autoridades de ambos países.

Durante las tres reuniones del Grupo de Trabajo de Migración y Asuntos Consulares, se establecieron compromisos y se evaluaron acciones en materia de combate a la criminalidad relacionada con el tráfico de personas, seguridad pública en la operación de puentes y cruces fronterizos, elaboración de un estudio binacional y la organización de la Conferencia Regional sobre Migración a realizarse en 1996 en la ciudad de Puebla. Adicionalmente, se acordó iniciar un programa piloto de repatriación voluntaria al interior de México.

Para promover y facilitar el ingreso temporal de extranjeros que participan en actividades económicas que benefician al país, se crearon diversas formas migratorias tanto para visitantes de 33 países y residentes legales definitivos en Canadá y los Estados Unidos de América, como para los ciudadanos de los países que forman parte de los tratados de libre comercio de América del Norte, así como de Bolivia, Costa Rica, Colombia y Venezuela.

Para proteger a los connacionales en ambas franjas fronterizas contra el abuso de traficantes, autoridades y particulares, así como combatir a las bandas organizadas que lucran con el tráfico de indocumentados, se pusieron en práctica los programas Frontera Norte y Frontera Sur. Respecto al primero, se han creado grupos de protección denominados Ébano y Alfa, que operan en Matamoros y Mexicali respectivamente y se han fortalecido los denominados Grupos Beta que actúan en Tijuana y Nogales. Cabe señalar que en estos grupos participan, de manera coordinada, los tres órdenes de gobierno, lo cual ha consolidado su estructura y operación.

En la frontera sur, dentro del ámbito del Programa de Protección a Migrantes, este año se formó un grupo de supervisión migratoria encargado de garantizar que los aseguramientos y expulsiones de indocumentados extranjeros por parte de las autoridades migratorias se realicen conforme a la ley y con pleno respeto a los derechos humanos. Al respecto, se supervisaron las delegaciones regionales del Instituto Nacional de Migración (INM) de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, para verificar las condiciones de los extranjeros ahí asegurados. Adicionalmente, se desarrolló un programa de capacitación en derechos humanos, al cual asistieron 267 servidores públicos del instituto, con la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Atención de Refugiados.

Se puso nuevamente en operación el Programa Paisano, a fin de informar debidamente a nuestros connacionales de sus derechos y obligaciones al ingresar en territorio nacional, así como de las facilidades y apoyos que se les otorgan para tener un regreso seguro. También se dio seguimiento a las sugerencias de la CNDH para dignificar las estaciones migratorias, atender las necesidades de alimentación, servicio médico y ayuda humanitaria de los asegurados. Con pleno ejercicio de nuestra soberanía y en estricto apego a los derechos humanos, se han expulsado o asegurado a 108 mil 863 extranjeros que infringieron la Ley General de Población y su reglamento. Cabe señalar que se mantiene una permanente comunicación con la CNDH sobre el aseguramiento de extranjeros, para supervisar que su proceso de expulsión se realice conforme a derecho.

Respecto a la actualización de la normatividad que sanciona el tráfico de indocumentados y los delitos conexos, se considera la elaboración de un proyecto de reformas y adiciones a la Ley General de Población, en el cual se estudian modificaciones importantes en la materia, a fin de elevar las penas a los responsables de la comisión de ese ilícito e incorporar nuevos tipos penales para sancionar a los que participen en las redes de tráfico de indocumentados. En este contexto, el Gobierno Federal ha adoptado diversas medidas para prevenir y combatir este delito, entre las que destaca, el esfuerzo interinstitucional para contrarrestar la actividad de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de indocumentados, materia del

Acuerdo de Colaboración Interinstitucional para Prevenir y Combatir el Tráfico de Personas, suscrito en marzo de 1995, entre las secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Comunicaciones y Transportes, así como la Procuraduría General de la República. Como resultado de la violación a la Ley General de Población y su reglamento, se presentaron casi 700 querellas de las cuales el 85.0% correspondieron a delitos relativos al tráfico de indocumentados.

Con el propósito de asegurar la prestación eficiente de los servicios y el adecuado control de los flujos migratorios positivos para el desarrollo del país, el INM creó delegaciones regionales en La Paz y Querétaro, así como las locales en Morelia, Tepic y León.

Adicionalmente, se implantaron diversos mecanismos que mejoran la recepción de quejas y denuncias y se afirmaron los procedimientos para la eliminación de conductas ilegales del personal que labora en este organismo, como la falsificación de documentos migratorios en las actividades relacionadas con el tráfico de indocumentados.

1.2.4 Promoción de los intereses nacionales en los foros multilaterales Ante las profundas transformaciones mundiales que han tenido lugar en los últimos años, México considera necesario renovar la estructura y funciones de los principales organismos del sistema multilateral. Estas modificaciones deberán dirigirse a fortalecer la capacidad de los órganos políticos y económicos multilaterales, para que cumplan con mayor eficacia sus tareas en favor de la paz, la seguridad y el desarrollo de la comunidad de naciones.

Apoyado en el prestigio y la solvencia moral de su diplomacia, México participa de manera importante en los asuntos y decisiones globales y regionales que inciden sobre nuestras aspiraciones de paz y desarrollo. Nuestra actividad multilateral se orienta a contribuir al diálogo y a la construcción de consensos en torno a los temas más importantes de la agenda internacional, tales como el combate a la pobreza, el desarme, la preservación del medio ambiente, la lucha contra el narcotráfico y la reestructuración de los organismos económicos.

Durante la conmemoración del L aniversario del establecimiento de la Organización de las Naciones Unidas, en la que participaron más de 140 jefes de Estado y de gobierno, el Presidente de la República refrendó el compromiso de México con la organización y subrayó la necesidad de fortalecerla como el principal foro universal para el diálogo, la paz, la seguridad y la cooperación entre los pueblos. Las actividades de México en este organismo abarcan un amplio conjunto de temas que rebasan claramente los esfuerzos emprendidos en la esfera de la paz y la seguridad internacionales.

En este contexto, el Presidente de la República suscribió la Declaración de 16 Jefes de Estado o gobierno en Apoyo a la Cooperación Global, suscrita por los mandatarios de Australia, Brasil, Canadá, Costa de Marfil, Egipto, India, Indonesia, Irlanda, Jamaica, Japón, México, Países Bajos, República Checa, República de Corea, Sudáfrica y Suecia.

En dicho documento, los signatarios se comprometieron a favorecer las soluciones multilaterales para abordar los problemas globales de nuestro tiempo y a aportar el peso político de sus naciones para fortalecer el sistema de la ONU y adaptarlo a las nuevas circunstancias mundiales. Para ello, buscarán generar un amplio apoyo internacional en favor del mejoramiento del sistema global multilateral, sustentado en una renovada voluntad política de todos sus estados miembros.

Por lo que respecta a la dimensión regional de la diplomacia multilateral mexicana, ésta se expresó en el marco de los diversos organismos y mecanismos de concertación que existen en el continente. En agosto, los presidentes de México y Venezuela, renovaron por decimaquinta ocasión consecutiva el Acuerdo de San José, a través del cual se garantiza el abastecimiento conjunto de 160 mil barriles diarios de crudo a los países beneficiarios.

La renovación se inscribe en la convicción mexicana de que la cooperación constituye uno de los mecanismos más eficaces para el fomento del desarrollo. Los esfuerzos de concertación política de nuestro país rebasan el ámbito latinoamericano. Así, en la V Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del Grupo de los Quince, nuestro país se reincorporó a las actividades de este mecanismo de concertación entre países en desarrollo.

Principales resultados de la participación de México en los foros multilaterales, 1995 Ambito Global 50a. Asamblea General de la ONU.- México destacó la necesidad de que los Estados miembros reafirmen su apoyo político a los organismos del Sistema de las Naciones Unidas, en particular a aquellos que cumplen funciones de gran utilidad para países como el nuestro, como son los vinculados con el desarrollo económico y social. Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial.- México ha promovido la consolidación del foro de concertación y formulación de políticas a favor del desarrollo industrial en el mundo, particularmente de los países en desarrollo. 28a. Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.- Se aprobó el Código de Conducta para la Pesca Responsable, la ampliación del mandato de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura con objeto de incluir los recursos zoogéneticos en sus labores. Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social.- Los delegados de 192 países, entre ellos México, reunidos en Copenhague en marzo, apoyaron un plan dirigido a erradicar la pobreza del mundo y a combatir la injusticia social. Organización Mundial de Comercio.- México manifestó que esta organización debe impulsar la liberalización comercial, actualizar y perfeccionar las disciplinas del sistema multilateral de comercio, y asegurar una apropiada interacción entre las políticas de competencia y las medidas comerciales, para combatir las prácticas desleales de comercio. Enfatizó que su pertenencia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico no debe significar que México deje de ser considerado como país en vías de desarrollo y receptor de la cooperación internacional, ni implica que deba adoptar posiciones comunes con ese grupo de países en todas las áreas del quehacer internacional. Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer.- De esta cumbre, realizada en octubre en Beijing, emanaron preceptos para promover la condición de la mujer en igualdad de oportunidades con el varón, reconociendo su importancia para el desarrollo de la familia y la comunidad, así como la igualdad jurídica del varón y la mujer. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.- En esta Primera Conferencia celebrada en Berlín, México apoyó la definición de los compromisos que habrán de asumir los países altamente industrializados para reducir sus emisiones de gases altamente contaminantes, principalmente de bióxido de carbono, que contribuyen a generar el llamado "efecto invernadero".

Ambito Regional XXV Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.- México rechazó cualquier intento que, bajo el pretexto de preservar y promover la democracia, reconozca a la OEA el derecho de intervenir en asuntos internos. Para México es inadmisible que la OEA se convierta en tribunal de última instancia en los procesos democráticos en el Continente. Se adoptó la resolución Cooperación Solidaria para el Desarrollo y la Superación de la Pobreza, propuesta por nuestro país, y se suscribió la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

Reunión Cumbre Hemisférica.- De esta reunión, celebrada en Miami en diciembre de 1994, emanó el compromiso de concluir las negociaciones de liberación comercial y económica en el continente para el año 2005. Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política, Grupo de Río.- En la V Reunión Ministerial Institucionalizada con la Unión Europea se acordó impulsar los mecanismos de cooperación internacional, poniendo especial atención al desarrollo económico y social de los países latinoamericanos y a los procesos de integración regional. Asimismo, en la XIV Reunión Ordinaria de Cancilleres se adoptaron declaraciones sobre temas como el Proyecto de Acta Constitutiva de la Comunidad Latinoamericana de Naciones y las Perspectivas de Integración Regional y Hemisférica. De igual forma, se manifestó el rechazo regional a la iniciativa de Ley para la Libertad y Solidaridad Democrática Cubana, por tratarse de un intento de aplicación extraterritorial de las leyes internas de un país.

En la IX Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de este Grupo celebrada en septiembre en Quito, se subrayó la necesidad de actualizar las instituciones financieras del sistema de Bretton Woods, para construir un sistema financiero internacional más estable y predecible; en materia de integración regional, nuestro país destacó la necesidad de contribuir a su fortalecimiento adecuando Ios organismos regionales a las nuevas necesidades de los países de la región. V Cumbre Iberoamericana.- Los Jefes de Estado y de Gobierno de 19 países latinoamericanos, así como de España y Portugal, manifestaron en San Carlos de Bariloche, Argentina en octubre, el rechazo a las medidas coercitivas unilaterales que afectan el bienestar de los pueblos iberoamericanos impiden las prácticas del libre intercambio universalmente reconocidas y violan los principios de la convivencia regional y la soberanía de los Estados. Asimismo, deploraron los ensayos nucleares por constituir un riesgo potencial para la salud, la seguridad y el ambiente, y acordaron iniciativas sobre educación, lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, así como programas de cooperación. Asociación de Estados del Caribe.- El Presidente de México asistió a la Reunión Cumbre de Jefes de Estado sobre Comercio, Turismo y Transporte, celebrada en Trinidad y Tobago, en octubre. Este mecanismo, que a diferencia de otros esquemas subregionales incorpora a Cuba, recoge el compromiso de 25 países para consolidar la integración de la zona.

Fuente: SRE.

2. Por un estado de derecho y un país de leyes La convivencia social armónica y el pleno desarrollo nacional, sólo puede alcanzarse con la prevalencia de un auténtico estado de derecho, que dé sustento a la seguridad de las personas y sus bienes, orden en el ejercicio de las libertades y que brinde certidumbre a la sociedad en la asunción de los derechos y obligaciones establecidos.

El Gobierno de la República se ha empeñado en consolidar un régimen de convivencia social regido plenamente por la ley, que haga posible superar la impunidad y la irregularidad, así como la vulnerabilidad de la vida institucional. Por ello, se emprendió una profunda transformación de los sistemas de justicia y de seguridad pública.

Bajo el reconocimiento de que el orden jurídico requiere actualizarse y adecuarse permanentemente; de que el marco normativo e institucional debe incorporar las legítimas expectativas de una sociedad que evoluciona constantemente; de que es preciso combatir atrasos, vicios y carencias en materia de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, combate a la corrupción e impunidad, el Gobierno Federal promovió una reforma constitucional sustantiva en los sistemas de justicia y seguridad pública. En el mismo sentido y de acuerdo a los objetivos de esta reforma, el Congreso de la Unión consideró procedente convertir en orden jurídico vigente las iniciativas del Ejecutivo Federal sobre la ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional y de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 y 26 de mayo de 1995, respectivamente, con el propósito de otorgar seguridad jurídica a todo individuo o grupo y, en especial, a los grupos sociales más vulnerables.

En las reformas constitucionales se destaca el fortalecimiento de la institución del Ministerio Público; se crearon las bases que dieron origen a una ley que establece el sistema nacional coordinado de seguridad pública entre los tres órdenes de gobierno, para la lucha sistemática y articulada contra el crimen organizado y la delincuencia, particularmente contra el consumo, producción, procesamiento y tráfico ilícito de estupefacientes. Con base en el equilibrio entre los poderes de la Unión, se establecieron mecanismos que fortalecen las designaciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Procurador General de la República y se apoyaron las tareas jurisdiccionales del Poder Judicial Federal,

fundamentalmente a partir de la creación del Consejo de la Judicatura Federal.

La procuración e impartición de justicia penal, agraria y laboral buscó la plena seguridad jurídica de acuerdo al marco normativo, para propiciar certidumbre e impulsar el desarrollo económico y social del país. La mayor justicia para los pueblos indígenas es también un propósito primordial de la sociedad y el Gobierno.

Con estricto apego a la legalidad y mediante un proceso de diálogo y negociación regido por el estado de derecho, desde el primer día de la presente administración, el Gobierno de la República manifestó su voluntad y compromiso de resolver pacíficamente el conflicto que se inició en enero de 1994 en el Estado de Chiapas. Ello ha permitido poner los cimientos de una nueva relación entre el Estado y las comunidades indígenas, donde el propio grupo inconforme ha anunciado su transformación en una organización política legal. No obstante, la gravedad que representó el conflicto, en poco tiempo se han establecido bases firmes para alcanzar la paz. La negociación se realiza con agenda, reglas y procedimientos establecidos de común acuerdo.

2.1 Seguridad pública Otorgar plena seguridad pública, así como combatir de manera eficaz y frontalmente la delincuencia, son dos compromisos prioritarios del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. Por ello, se reformaron los artículos 21 y 73 fracción XXIII de la Constitución General de la República, con lo cual se dio el primer paso para fortalecer al Estado en materia de seguridad pública en todo el territorio nacional. Estos ordenamientos señalan que la seguridad pública es una función a cargo del Estado para salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como a preservar las libertades, el orden y la paz públicos. De manera complementaria, el Ejecutivo Federal presentó al honorable Congreso de la Unión una iniciativa para normar dicha función que culminó con la expedición de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), la cual fue publicada en diciembre de 1995.

El SNSP se estructuró a través de la coordinación entre la Federación, los estados, los municipios y el Distrito Federal, mediante un consejo nacional, con absoluto respeto a la soberanía de los estados y la autonomía municipal, consolidándose criterios nacionales en la prestación de este tipo de servicio. En este contexto, se prevén órganos de participación ciudadana para coadyuvar con las autoridades responsables. El consejo nacional lo integran las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Comunicaciones y Transportes; los gobernadores de los estados, así como la Procuraduría General de la República y el jefe de gobierno del Distrito Federal.

La ley establece las bases para la creación y evolución de una auténtica carrera policial, bajo los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez; para ello, se establecen el Registro Nacional del Personal de seguridad pública, el Registro Nacional de Armamento y Equipo y el Sistema de Información Nacional sobre seguridad pública.

También regula la prestación de servicios de seguridad por parte de particulares, que deberán homologar procedimientos de formación de sus elementos y aportar la información que se requiera. Para tal fin, se han diseñado y operado nuevos sistemas de registro y control, dirigidos a normar su participación. Asimismo, se uniforman procedimientos para prevenir y sancionar infracciones administrativas, así como conductas tipificadas como delitos que lleguen a cometerse y la investigación y persecución de ilícitos.

Por otra parte, se realizaron acciones orientadas a solucionar problemas de seguridad pública, por medio de la reinstalación del Programa de Seguridad en Carreteras, lo cual propició reactivar 23 consejos estatales para enfrentar la delincuencia. La comunicación y coordinación entre corporaciones federales y estatales con esquemas de participación intersecretarial y del sector privado, han alcanzado resultados favorables en materia de prevención y disuasión del delito, así como para la detención de probables responsables de conductas tipificadas.

2.1.1 Prevención y readaptación social Adultos delincuentes En el contexto de la seguridad pública, la readaptación social se considera como una fase de servicio; por ello se deberán mejorar las condiciones de reclusión, incrementar los espacios y atender la sobrepoblación penitenciaria, así como redoblar esfuerzos y reexaminar

criterios en el caso de menores infractores. Actualmente, el Sistema Nacional Penitenciario se desarrolla de manera conjunta con las instituciones protectoras de menores, garantizando la readaptación social a través de la capacitación para el trabajo, la educación y la salud, así como el tratamiento integral. El sistema atiende a una población de 93 mil 574 internos entre sentenciados y procesados de ambos fueros en 435 centros de reclusión.

Con objeto de disminuir la sobrepoblación penitenciaria y proporcionar condiciones dignas de reclusión, el Gobierno Federal en coordinación con los estados implantó el Programa de Infraestructura Penitenciaria en Arrendamiento Financiero, el cual proyectó la construcción de 11 centros de readaptación social en el país, generando 13 mil 642 nuevos espacios con mejores condiciones de seguridad, atención, calidad, operatividad y de menor costo en beneficio de la población recluida.

Los recursos asignados a este programa ascienden a casi 734 millones de pesos, en beneficio de 10 entidades federativas; a fines de diciembre existía un avance físico de 84.0% Para disminuir el hacinamiento de los centros penitenciarios de diversas entidades federativas, se trasladaron voluntariamente 405 sentenciados de ambos fueros de mínima peligrosidad a la Colonia Penal Federal de Islas Marías, que tiene un papel fundamental en el proceso de readaptación social, porque en él se conjuga el trabajo con la convivencia familiar. Con el propósito de lograr su autosuficiencia, esta colonia llevó a cabo programas de producción agropecuaria y avícola, de fomento minero y artesanal, entre otros.

Adicionalmente, con el propósito de mejorar las condiciones de reclusión, se asignaron al Programa de Dignificación Penitenciaria más de 94 millones de pesos para la realización de obras en 209 centros penitenciarios de los 31 estados, con ello se fortaleció el 60.0% de la infraestructura del sistema carcelario. Además, se incrementó la capacidad instalada con 1 mil 529 nuevos espacios.

Ante el problema de sobrepoblación penitenciaria, se llevó a cabo el Programa Rezago Cero que incluye el de libertades anticipadas y el de Adecuación de Penas conforme a la Ley de Normas Mínimas para la Readaptación Social de Sentenciados y el Código Penal. De acuerdo a estos ordenamientos 5 mil 434 internos de ambos fueros que demostraron una readaptación social efectiva, obtuvieron su libertad anticipada.

El Gobierno Federal opera y administra dos centros federales de readaptación social de máxima seguridad, ubicados en Puente Grande, Jalisco y Almoloya de Juárez, Estado de México, en los que se encuentran recluidos 711 internos. En estos centros se realizan diversas actividades productivas, culturales, recreativas y deportivas, así como programas de educación, contribuyendo así a una verdadera readaptación social. Respecto al Centro Federal de Matamoros, Tamaulipas, se tiene a la fecha un avance del 73.0% y se estima concluirlo en diciembre de 1996.

El Sistema de Adaptación y Readaptación Social del país, busca fomentar los empleos productivos y bien remunerados para los reclusos, así como gestionar empleos, capacitación y servicios asistenciales que aseguren como último eslabón de la procuración e impartición de justicia, la reincorporación social de los liberados mediante la coordinación de acciones con los gobiernos federal, estatal y municipal, así como con la sociedad civil, para evitar la reincidencia delictiva.

En este contexto, se aplicaron exámenes psicométricos a los beneficia-dos, a fin de inducirlos a cursos que mejoren sus habilidades laborales y se les otorga capacitación tendiente a facilitar su empleo por particulares. Adicionalmente, se les brindan los servicios asistenciales en materia de salud y atención médica y sicológica.

Con el propósito de mejorar el nivel profesional de los servidores públicos que trabajan en los centros de readaptación social y combatir el rezago en la capacitación profesional, se impartieron más de 8 mil cursos a 30 mil servidores públicos que integran el Sistema Nacional Penitenciario. Ello ha posibilitado que la atención que se proporciona a la población recluida sea más humanitaria y respetuosa de los derechos humanos.

Menores infractores Con la finalidad de reforzar los mecanismos de prevención y procuración de justicia, así como de reincorporación social de los menores que han violado la norma penal, se estableció el Programa Nacional de Atención Integral a los

Menores Infractores, el cual se sustenta en tres políticas estratégicas: la prevención general, la especial y la procuración de justicia En la primera, se establece realizar actividades normativas y operativas que eviten que niños y jóvenes realicen infracciones a las leyes penales. Es por ello que se impartieron 13 contenidos temáticos sobre integración familiar, derechos y obligaciones y educación sexual, entre otros; así como terapias especializadas a las cuales asistieron casi 6 mil jóvenes y un poco más de 3 mil padres de familia en ocho delegaciones del Distrito Federal.

Asimismo, se impartieron pláticas de orientación a la población abierta de instituciones educativas, atendiendo a más de 2 mil menores de primaria, secundaria y preparatoria. La segunda, relativa al tratamiento integral de menores que infringieron las leyes, se orienta a evitar su reincidencia. En este contexto, durante 1995 se atendió a 2 mil 961 menores de los cuales 2 mil 230 quedaron sujetos a procedimiento y se tomó conocimiento de 2 mil 363 actas por hechos que no ameritaron la consignación, de éstos 342 quedaron sujetos a tratamiento en internación y 726 en externación.

Durante el tratamiento integral a menores que comprende por una parte estudios de personalidad y por la otra la prevención de la reincidencia, se obtuvo que de 1 mil 703 tratamientos integrales, sólo reincidieran 72 menores, cifra significativamente por debajo de la registrada en los últimos tres años.

En cumplimiento con lo dispuesto por la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores en Materia Común para el Distrito Federal y para toda la República en Materia Federal y a fin de salvaguardar los derechos humanos y garantizar los principios de legalidad y justicia, el Consejo de Menores puso a disposición de los Consejeros Unitarios, a 2 mil 669 probables menores infractores; en la etapa procedimental se determinó su situación jurídica y la autoridad instructora emitió las resoluciones iniciales, mediante las cuales 1 mil 485 y 985 menores quedaron sujetos a procedimiento en internación y externación respectivamente y 199 obtuvieron su libertad en la etapa final.

La anterior estrategia, está dirigida a proteger los intereses de las personas afectadas por infracciones cometidas por menores. En este marco, es necesario que los órganos responsables de la procuración e impartición de justicia se constituyan en auténticos vigilantes de la legalidad. Así, la Unidad de Defensa de Menores mediante casi 12 mil asistencias, intervino jurídicamente en todas las fases del procedimiento.

Por su parte, la sala superior del consejo sustanció 348 recursos de apelación, de los cuales 124 fueron en contra de resoluciones iniciales, 223 definitivas y una apelación de evaluación de medida. Con base en ello, este organismo impartió justicia y resolvió el mejor tratamiento a los menores infractores.

Se promovió la actualización profesional de los servidores públicos responsables de la instrucción, a fin de que desempeñen con mayores y mejores elementos las funciones que tienen encomendadas, mediante su capacitación en materias relativas a derechos humanos, criminología, victimología y asistencia social a menores de edad.

2.2 Procuración e impartición de justicia Es imposible aspirar a un país de leyes si no se cuenta con instituciones modernas, profesionales y dignas, que estén en capacidad de recuperar la confianza de la ciudadanía. Con las reformas constitucionales de diciembre de 1994, se crearon las bases para renovar el Poder Judicial Federal, establecer un Sistema Nacional de Seguridad Pública y fortalecer la institución del Ministerio Público como auténtico vigilante de la legalidad y eficaz persecutor de la delincuencia y del crimen organizado.

2.2.1 Reforma jurídica Al iniciar la presente administración el Poder Ejecutivo Federal envió al honorable Congreso de la Unión, una iniciativa de ley para su discusión y en su caso, aprobación, para reformar 27 artículos constitucionales relativos a la procuración e impartición de justicia y a establecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Con estas modificaciones se instituyó un Poder Judicial Federal independiente e imparcial, a través de la consolidación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal con capacidad para emitir declaraciones generales sobre la constitucionalidad de las leyes, así como para emitir resoluciones generales sobre controversias entre los distintos órdenes de gobierno.

Ahora los municipios y los estados, el Distrito Federal y la Federación pueden dirimir en la Corte sus controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad de acuerdo a las fracciones I y II de la Ley Reglamentaria. Además, se reglamentó la atribución del máximo tribunal para atraer la instancia de apelación en aquellos procesos ordinarios en que la Federación sea parte.

Asimismo, se cuenta con un procedimiento para que la sociedad, a través de una tercera parte de sus representantes en un órgano legislativo, impugne la inconstitucionalidad de una ley o tratado internacional, con el efecto de que se suspenda su aplicación. Estas reformas amplían las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo cual se fortalece el equilibrio entre los poderes del Estado. Se creó un Consejo de la Judicatura responsable de las funciones administrativas, así como de la selección de jueces y magistrados y se estableció la carrera judicial de acuerdo a los principios de excelencia, imparcialidad, profesionalismo e independencia, con lo cual se reforzó la actividad fundamental de impartir justicia.

Otros importantes avances fueron que por primera vez en nuestra historia los integrantes del supremo tribunal constitucional son electos por el Senado de la República, lo cual despeja cualquier duda acerca de la autonomía del Poder Judicial; también se delegó a esta Cámara la aprobación del nombramiento del Procurador General de la República. Además, se facultó al Procurador General de la República para plantear la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, derivada de la posible contradicción entre la norma general y la Constitución de la República, con excepción de las referidas en materia electoral.

Además, se estableció el principio constitucional que permite a los ciudadanos defenderse por la vía jurisdiccional de las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal. Esto significó un paso decisivo en el combate a la impunidad, la corrupción y la injusticia.

Asimismo, la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, se obligaron a coordinarse en los aspectos básicos para establecer un Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con este nuevo mandato, los cuerpos de policía del país son objeto de una transformación total para combatir más eficazmente la delincuencia.

2.2.2 Profesionalización, especialización y actuación del Ministerio Público y de sus órganos auxiliares La capacitación y especialización de la institución ministerial, así como de sus órganos auxiliares, requiere de una rigurosa selección, profesionalización y evaluación, para lograr que las instituciones sean eficientes y capaces, además de interrelacionarse positivamente con la ciudadanía. Como parte de este proceso se ha mejorado la capacitación del Ministerio Público, la Policía Judicial y los peritos e iniciado con todo rigor la depuración y en su caso consignación, de los integrantes de estos cuerpos que han lucrado ilícitamente y lesionado la imagen de las instituciones.

Principales acciones para elevar el nivel profesional de los servidores públicos responsables de procurar justicia, 1995 Procuraduría General de la República Instituto de Capacitación - Se impartieron 11 cursos sobre inducción, formación inicial, actualización y especialización dirigidos a agentes de la Policía Judicial en los cuales participaron 948 alumnos. - Se concluyó la investigación "Proyecto de la Carrera de Policía Judicial Federal a nivel Licenciatura", la cual será aplicada en el curso de Formación Inicial. - Para apoyar las áreas de Contraloría Interna, de Protección Civil, de Derechos Humanos y de la Unidad de Promoción Voluntaria, se efectuaron siete cursos, así como un Taller de Alta Efectividad en Gerencia Pública, con una participación de 1 054 asistentes. - Con la finalidad de proporcionar tecnología moderna para desarrollar de la mejor forma las tareas administrativas, se realizaron 41 cursos de capacitación y especialización en computación a los cuales asistieron 317 alumnos.

- Con el propósito de fortalecer la capacitación del Ministerio Público Federal, se celebraron cuatro cursos sobre inducción, actualización, especialización, y uno más orientado al examen de oposición para personal en activo con una participación de 2 082 personas. Asimismo, se llevó a cabo el Diplomado Internacional: "Crimen Organizado; Aspectos, Efectos y Proyecciones", del que concluyeron 140 educandos. - Para coadyuvar a modificar la conducta en los servidores públicos, se impartió el Seminario Valores Institucionales y Mística de Servicio a 280 personas, con igual propósito, se llevaron a cabo 11 cursos del Programa de Clarificación de Valores, a los cuales asistieron 3 518 alumnos. - En apoyo a otras procuradurías, se efectuaron cuatro cursos que comprendieron Actualización en Medicina Forense; Prevención del Delito; Privación Ilegal de la Libertad en su modalidad de secuestro; y Prevención del delito: aportes y expectativas con una asistencia total de 322 participantes. - Se apoyó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del curso Técnicas Básicas en Investigación Administrativa; al que asistieron 27 auditores fiscales.

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal Instituto de Formación Profesional - Se impartieron cursos de formación profesional, de actualización jurídica, de actualización para peritos y de capacitación, de los cuales 45 fueron para agentes del Ministerio Público, oficiales secretarios y oficiales mecanógrafos; 26 para la Policía Judicial, 13 para peritos y 20 de capacitación general, a los cuales asistieron 3 488 personas en total. Otros dos cursos fueron impartidos a personal de los estados de Guanajuato y Oaxaca sobre medicina forense y seguridad.

Fuente: PGR y PGJDF.

Como complemento al propósito de mejorar el nivel profesional, se mantuvo una permanente vigilancia de conductas de los servidores públicos adscritos a las instituciones que procuran justicia para eliminar la prepotencia, corrupción e ineficiencia. En el contexto de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en la PGR se concluyó el Sistema de Registro, Control e Información de Declaración de Situación Patrimonial, integrado con información de las delegaciones estatales y coordinaciones administrativas de las unidades centrales de la Procuraduría. Por otro lado, se implantaron sistemas de evaluación del desempeño y de responsabilidad profesional, que permite conocer el comportamiento de su personal sustantivo coadyuvando a diseñar perfiles e identificar necesidades de capacitación. También, se creó la Unidad de Responsabilidad y Evaluación. Profesional, la cual establece sistemas de seguimiento de conductas de los servidores públicos, así como programas de prevención y evaluación que tienden a erradicar prácticas contrarias a la normatividad institucional.

Por su parte, en el ámbito del fuero común, el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), realizó la selección del personal de ingreso al área de investigación y persecución del delito e intervino en labores consultivas de asesoría en materia de política criminal. En el proceso de selección ahora participan la Universidad Nacional Autónoma de México, el Colegio Nacional de Educación Técnica Profesional y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.

Como resultado de las quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía en contra de servidores públicos, la PGR aplicó 561 sanciones administrativas constituidas por 37 apercibimientos, 163 amonestaciones, 145 suspensiones, 88 destituciones, 70 inhabilitaciones y 58 destituciones e inhabilitaciones. Adicionalmente, con el propósito de garantizar el respeto a los derechos humanos, se recibieron 12 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de las cuales se aceptaron 11 y se dio cumplimiento total a 17 que incluyen años anteriores. Por otra parte y a fin de abatir el rezago de procedimientos administrativos en la materia, fueron resueltos 75 de 90 recibidos y que dieron lugar a siete inhabilitaciones y destituciones, una

inhabilitación, 12 destituciones, 53 suspensiones y 16 amonestaciones; así como, en 45 asuntos se inició averiguación previa y se giraron dos órdenes de aprehensión; seis fueron ejecutadas y quedaron pendientes 17. Del total de procedimientos resueltos, 25 sanciones correspondieron a agentes del Ministerio Público, 63 a agentes de la Policía Judicial y una al personal administrativo.

Con igual propósito, la PGJDF impuso 375 sanciones administrativas a 254 servidores públicos. Del total de sanciones, 37 fueron para agentes del Ministerio Público, 307 a elementos de la Policía Judicial, 15 a oficiales secretarios, cuatro a oficiales mecanógrafos, tres a jefes de departamento, uno para perito y ocho a otros servidores públicos. En materia de averiguaciones previas, se consignaron cuatro agentes del Ministerio Público, 81 elementos de la Policía Judicial y cuatro oficiales secretarios.

Por otro lado, la PGJDF ha fortalecido sus instrumentos dirigidos a garantizar la dignidad humana. En este sentido, la subprocuraduría de Derechos Humanos y de Servicios a la Comunidad dio seguimiento a las quejas, recomendaciones y expedientes de amigable composición emitidas por las comisiones Nacional de Derechos Humanos y de Derechos Humanos del Distrito Federal, así como a las quejas de la Cámara de Diputados y de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, combatiendo así el abuso de autoridad y la violación de estos derechos. Durante 1995 se recibieron 2 mil 521 quejas, 21 recomendaciones y 242 expedientes de amigable composición, de las cuales se resolvieron 2 mil 087,11 y 130, respectivamente.

En este contexto se ubican los acuerdos de cooperación entre las procuradurías General de la República y General de Justicia del Distrito Federal, para colaborar en la investigación de delitos a través del intercambio de información; el cumplimiento de mandamientos judiciales; profesionalización de los elementos y desarrollo de programas específicos de acción entre ambas instituciones.

También se signaron sendas bases de colaboración entre la procuraduría capitalina y el Gobierno del Estado de México y entre la PGJDF y la Secretaría de Seguridad Pública del Departamento del Distrito Federal, para que dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones, coadyuven a prevenir e investigar el delito en el Distrito Federal y en la zona metropolitana del valle de México, fortaleciendo el intercambio de información y la profesionalización de los cuerpos policiacos. De igual forma se firmaron convenios específicos con los gobiernos de los estados de México y de Morelos para prevenir y combatir el robo de vehículos y autopartes, propiciar su recuperación y devolución a sus legítimos propietarios.

Adicionalmente, durante los meses de mayo y diciembre se llevaron a cabo las V y VI conferencias nacionales de procuradores generales de Justicia de México. En ellas, se previó que el Sistema Nacional de Seguridad Pública debe sustentarse en la profesionalización ministerial, policial y pericial, así como en los sistemas de información y en los mecanismos únicos de colaboración y ejecución conjunta de acciones, sin menoscabo del respeto a los ámbitos de competencia de los órganos públicos de procuración de justicia. Dentro de los principales acuerdos adoptados, está el de impulsar programas para prevenir el delito y la incorporación a las legislaciones locales de la instancia conciliatoria ministerial para delitos derivados de la querella y el de reparación del daño en ilícitos culposos, así como para el caso de amenazas.

La actuación ministerial en ejercicio de la acción penal, en el ámbito federal ante los órganos jurisdiccionales federales, principalmente se dio en delitos vinculados al narcotráfico, fiscales, de banca, financieros y de lavado de dinero. De los 26 mil 089 procesos penales, concluidos durante el año, 5.9% más respecto a igual periodo anterior, el 78.7% correspondió a los delitos antes mencionados. Con la finalidad de garantizar un proceso penal justo 1 mil 377 sobreseimientos fueron resueltos judicialmente.

Como garante de la constitucionalidad y la legalidad, durante el año el Ministerio Público intervino en 91 mil 765 juicios de amparo, 22.4% más en relación a 1994. Este incremento refleja la garantía constitucional de la defensa de los ciudadanos frente a abusos de autoridad. Además, en su actuación como autoridad el Ministerio Público Federal despachó 70 mil 766 averiguaciones previas, superando en 19.0% respecto a las iniciadas en el año. Este resultado refleja mayor eficiencia en la procuración de justicia.

Para reforzar la actuación del Ministerio Público como representante social, el Gobierno Federal de acuerdo al Programa Nacional para el Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las Personas Discapacitadas, creó una agencia ministerial, donde se iniciaron 13 averiguaciones previas, de las cuales cinco fueron por delitos contra la salud, una por ataques a vías de comunicación y otra por portación de arma de fuego, así como seis por privación ilegal de la libertad.

Durante el año, se reestructuró el Manual de Procedimientos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, con el propósito de ajustar los procedimientos a un desarrollo ágil con pleno respeto de las garantías constitucionales. Esta fiscalía recibió 38 averiguaciones previas, que sumadas a las existentes totalizaron 588, de las cuales se resolvieron 367; 38 fueron consignadas y en 273 se dictaminó el no ejercicio de la acción penal.

Por otra parte, la Procuraduría General de la República a través de la subprocuraduría especial, con absoluta libertad e independencia y con estricto apego a la ley, continuó con las investigaciones para esclarecer totalmente el homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta.

La lucha contra el crimen organizado y delitos cometidos, ha exigido mejorar el control de bienes asegurados a fin de garantizar el estricto apego a lo dispuesto por la ley en la persecución de los delitos. En el ámbito internacional, el Ministerio Público en representación de la Federación continuó cooperando con otras naciones en la investigación de ilícitos. Mediante asistencia jurídica se atendieron 271 solicitudes de autoridades mexicanas y de otros gobiernos, para recabar pruebas y desahogar diligencias en el extranjero o para el extranjero, con la ayuda de las autoridades competentes del país requerido. Ello posibilitó que se llevaran a cabo cinco intercambios con los Estados Unidos de América en traslado de reos, que comprendieron el envío de 50 estadounidenses y se recibieron 279 sentenciados mexicanos. Además, el Gobierno de México formuló 143 pedimentos de extradición y recibió 43 de gobiernos extranjeros.

En el ámbito del fuero común, el Ministerio Público continuó representando a la población capitalina como su defensor frente al delito. Durante 1995 iniciaron 201 mil 136 averiguaciones previas, 38.6% más respecto al año previo, que constituyeron 218 mil 599 posibles hechos delictivos, que significan en promedio 599 posibles delitos diarios, 35.5% más en relación a 1994. La tendencia delictiva refleja que el delito de mayor incidencia fue el robo, 62.0% del total de las denuncias del Distrito Federal en 1995. Por otra parte, los delitos

sexuales y de fraude disminuyeron en 2.5% y 11.4%, respectivamente, en relación a 1994. Cabe señalar que el tipificado como privación ilegal de la libertad en sus diversas modalidades, se incrementó en aproximadamente 8.0% en comparación al mismo año. En el incremento de la comisión de delitos influyen los factores económicos, sociales, culturales y demográficos.

La PGJDF llevó a cabo diversas acciones orientadas a combatir el crimen organizado en gasolineras, entrada y salida de carreteras, zonas del centro histórico y oriente del Distrito Federal, así como en el Sistema de Transporte Colectivo y en las centrales de autobuses, entre otros lugares. Además, para combatir actos ilícitos se llevaron a cabo inspecciones ministeriales para detectar y recuperar mercancía robada, así como para detener delincuentes. También se realizaron cateos en materia de secuestros y vehículos robados, entre otros.

En virtud de que se encontraron las suficientes pruebas para demostrar la comisión de un ilícito, durante el año el Ministerio Público consignó ante el Poder Judicial 19 mil 801 averiguaciones previas, casi 12.0% más respecto a 1994; de ellas, el 53.2% se turnaron a juzgados penales y el 46.8% a juzgados de paz.

En su actuación en el proceso penal, el Ministerio Público adscrito a los juzgados penales y de paz, constató que el Poder Judicial haya notificado 12 mil 701 autos de término constitucional; de este total el 77.3% fueron de formal prisión. Asimismo, las autoridades jurisdiccionales notificaron 8 mil 916 sentencias, de las cuales el 81.9% fueron condenatorias.

Por otra parte, el Ministerio Público del Fuero Común apeló 1 mil 80 sentencias, se formularon más de 2 mil agravios, así como 2 mil 604 pedimentos de confirmación. Además, de que se dio resolución a casi 4 mil sentencias en salas de segunda instancia de las cuales se confirmaron el 60.0%, se revocaron 11.0% y se modificaron el 28.4%.

Durante el año, el Ministerio Público intervino en 62 mil 212 juicios civiles y familiares, otorgando asistencia legal a adultos y menores involucrados en averiguaciones previas o en juicios de esta materia hasta su conclusión. Como complemento a su actuación atendió con total respeto y humanismo a menores, 1 mil 367 víctimas y 3 mil 620 infractores. Respecto al primer grupo, el 40.6% se canalizó a custodia familiar y el resto a otras instancias, mientras que del segundo grupo el 67.9% fue remitido para su tratamiento al consejo de menores dependiente de la Secretaría de Gobernación.

Otra de las actividades sustantivas del Ministerio Público es su actuación en procesos no penales. En este contexto, con el propósito de atender eficazmente al sector más débil de la población como los menores de edad, así como las personas con discapacidad, se creó la Coordinación de Asuntos de Menores e Incapaces, que tiene como objetivo establecer las directrices de actuación que deberán seguir las cuatro agencias especializadas con las que cuenta la PGJDF para atender denuncias sobre posibles ilícitos relativos a menores infractores y víctimas, discapacitados y robo de infantes.

De acuerdo a los principios de la ley suprema, los órganos auxiliares continuaron apoyando al Ministerio Público en sus investigaciones para esclarecer posibles actos ilícitos, utilizando tecnología moderna de investigación policial y de servicios periciales. Durante 1995 en el ámbito federal, se cumplieron un poco más de 39 mil mandatos judiciales, que significan el 29.6% más respecto a 1994. Destacan los mandatos de investigación, así como de aprehensión y reaprehensión con 58.2%, 12.6% y 5.1%, respectivamente, en relación al total, mientras que el 24.1% correspondió a presentación y localización, así como comparecencia.

Por su parte, los servicios periciales proporcionaron elementos científicos para fortalecer las pruebas del delito y de esta forma mejorar la toma de decisiones de los órganos ministerial y jurisdiccionales. De un poco más de 90 mil solicitudes de intervención recibidas durante el año, se concluyó casi el 100%. La mayor emisión de resoluciones correspondió a la especialidad de medicina forense.

Por instrucción del Ministerio Público del Fuero Común la Policía Judicial del Distrito Federal recibió en el año 99 mil 889 órdenes de investigación y 106 mil 713 órdenes de presentación, de las cuales cumplió el 54.6% y 71.0% respectivamente. Adicionalmente, recuperó 21 mil 765 automóviles robados, alcanzando una eficiencia en este rubro de 38.5%. Por su parte, las autoridades jurisdiccionales libraron 37 mil 860 mandatos judiciales. De este total, la corporación cumplió 23 mil 744, destacando las de aprehensión y reaprehensión con el 22.9%. Además, puso a disposición del Ministerio Público a casi 24 mil personas para que declararan a cerca de su probable responsabilidad o para rendir testimonio.

Los servicios periciales tramitaron 200 mil 701 dictámenes, 40.5% más respecto a 1994, de los cuales el 29.4% fueron de valuación, el 18.6% de mecánica y el 13.5% de tránsito entre otros.

Por otra parte, en el contexto de atención a la comunidad, la PGJDF llevó a cabo acciones dirigidas a generar una cultura de prevención del delito, las cuales se basaron en la transmisión de mensajes en los medios electrónicos de comunicación, guías didácticas para educación básica y cursos en la materia a diversas instituciones. Cabe destacar que se editó y distribuyó el Manual sobre Prevención del Delito y se elaboraron carteles, dípticos y trípticos al respecto.

En el marco de atención a víctimas, la Procuraduría organizó la II Reunión Nacional de Agencias del Ministerio Público Especializado en la Atención de Delitos Sexuales y el Seminario de Violencia Intrafamiliar, Avances y Prospectiva. Entre sus conclusiones destacan el desarrollo de programas de prevención en favor de las víctimas de delitos sexuales y violencia familiar y los programas de capacitación y sensibilización permanente, dirigidos al Ministerio Público y a la Policía Judicial para la atención a víctimas, el reforzar la coadyuvancia con el Ministerio Público para garantizar a las víctimas de delito la reparación del daño, así como proponer reformas a la Ley en Materia de Violencia Familiar y Delitos Sexuales. La unidad encargada de la atención a víctimas del delito llevó a cabo 134 mil 217 acciones de atención a personas que solicitaron los servicios en sus diferentes centros de atención especializada. Así, en el área de el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales proporcionó atención a 26 mil 151 víctimas y a sus familiares en su rehabilitación sicológica, con total respeto a la dignidad humana y discreción debida; el Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes atendió a 9 mil 257 personas y brindó apoyo a los familiares de las personas desaparecidas para su pronta localización. Adicionalmente, el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar asistió a 50 mil 314 personas, proporcionándoles servicios médicos, sicológicos, sociales y legales dirigidos a la asistencia terapéutica y la prevención y el Centro de Atención Sociojurídica a Víctimas del Delito Violento a 24 mil 327 personas.

Para cumplir con los compromisos adquiridos con la sociedad, a través de la puesta en operación del Programa de Seguridad Pública para el Distrito Federal 19952000 y a fin de evitar los malos manejos que se llevaban a cabo en materia de devolución de automóviles robados, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, implantó el Sistema para la Devolución de Vehículos RobadosRecuperados, con lo cual se establece la normatividad y los mecanismos de control para el proceso de recuperación de vehículos, a fin de que la ciudadanía obtenga atención oportuna, eficiente y transparente y se simplifique el proceso para la recuperación de vehículos, con lo que se beneficia a la sociedad, además de contar con información estadística confiable que permite tomar decisiones oportunas al respecto.

En este sentido, se estableció una sola agencia del Ministerio Público, especializada en la

atención a robo de vehículos, adscrita al depósito de vehículos robadosrecuperados y facultada para entregarlos a sus legítimos propietarios. Se estableció de manera complementaria, el Sistema Automatizado de Consulta Telefónica (Consultel), que atiende todas las llamadas relacionadas al robo de vehículos. La contraloría interna y la visitaduría general de la Procuraduría capitalina supervisan constantemente el funcionamiento de estos sistemas.

2.3 Lucha contra el crimen organizado En el umbral del Siglo XXI, los mexicanos enfrentamos de manera decidida las amenazas modernas a la seguridad nacional: el narcotráfico, el lavado de dinero, el tráfico ilegal de armas y el terrorismo, que pretenden vulnerar nuestro estado de derecho. El Gobierno de la República fortaleció la lucha contra el crimen organizado. Con la reforma constitucional de diciembre de 1994 se avanzó en la creación de fundamentos jurídicos para aplicar en todo el país, una política integral de procuración de justicia y de seguridad pública, que de manera articulada y sistemática, fortalece el combate contra la delincuencia y el crimen organizado. Asimismo, en diciembre de 1995, se publicó la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual permite a los tres órdenes de gobierno unir sus esfuerzos para garantizar la seguridad en todo el territorio nacional.

El narcotráfico se ha convertido en la más grave amenaza a la seguridad nacional, a la salud de la sociedad y a la tranquilidad pública y es el ilícito de mayor representación dentro del crimen organizado. El Programa Nacional para el Control de las Drogas 19952000, encauza la estrategia del presente Gobierno para combatir, de manera integral, desde los ámbitos respectivos de las secretarías y entidades participantes, el consumo, producción, procesamiento y tráfico de estupefacientes. El Centro de Planeación para el Control de Drogas (Cendro), es el organismo de planeación en la lucha contra la delincuencia organizada en todas sus fases, coordinado por la Procuraduría General de la República (PGR). Las principales acciones para avanzar en esta estrategia se fundamentan en la especialización de los cuerpos de seguridad, el mejor aprovechamiento de los recursos tecnológicos en la investigación de conductas delictivas, el fomento de la cooperación internacional y la actualización de la legislación penal.

El incremento en la demanda de drogas conlleva la adicción, producción, tráfico y comercialización, lo que amplía y diversifica las actividades del tráfico ilícito de estupefacientes; por ello, su control y sensible reducción involucra la educación para la prevención del uso de estupefacientes, difusión de los riesgos que éstas causan a la salud, así como el tratamiento y rehabilitación de adictos. En tal sentido, en materia de prevención, elemento sustantivo para el control de la demanda, a través de la Secretaría de Educación Pública se desarrollaron acciones relativas a la educación preventiva contra las adicciones, que permiten al estudiante comprender los procesos y problemas que influyen en su desarrollo personal. Por su parte, la Secretaría de Salud, coordinará las acciones contra la farmacodependencia, mediante la difusión de los efectos nocivos y las alteraciones de las adicciones en el desarrollo personal, así como en el tratamiento correspondiente de adictos.

Otro aspecto importante del programa nacional es el control de la oferta. Para ello, se intensificarán las acciones para prevenir la producción de estupefacientes y erradicar plantíos ilícitos, mejorando además la eficiencia en la intercepción terrestre, marítima y aérea del tráfico ilícito de drogas. En el ámbito de sus responsabilidades, la Secretaría de Gobernación orienta sus esfuerzos para fortalecer la seguridad en el sistema penitenciario a fin de garantizar una completa rehabilitación de los reclusos, la que en ocasiones se ve obstaculizada por la proliferación del consumo de drogas.

A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con la PGR le corresponde participar en la definición de mecanismos para abatir el reciclaje del producto financiero, derivado del narcotráfico, a través de la revisión y adecuación del marco jurídico aplicable a estos delitos y de acciones encaminadas a la investigación, prevención, detección y combate al lavado de dinero, tráfico ilícito de armas y precursores químicos. Como medidas prioritarias se han propuesto reformas al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales, para sancionar, entre otros, el delito de lavado de dinero, el relativo a precursores químicos y el de inhalables y se avanzó en el diseño de un anteproyecto de Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Las organizaciones del narcotráfico han sabido aprovechar las condiciones de rezago,

marginación y pobreza de algunas regiones del país, incluyendo en sus estrategias el uso de tecnologías avanzadas que les permite el procesamiento y la distribución de sicotrópicos y estupefacientes en dichas zonas. Por ello, la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, en coordinación con las secretarías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de Desarrollo Social, fomentarán la conservación ecológica y el desarrollo integral de estas regiones, al impulsar proyectos productivos que eleven el ingreso y mejoren las condiciones sociales de la población, ahí asentada. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se ha propuesto como un objetivo más realizar la vigilancia aérea, marítima y terrestre con el propósito de combatir el tráfico de estupefacientes.

Corresponde a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) coordinar las acciones de atención a la farmacodependencia, impulsando la participación de organismos no gubernamentales y representantes de la comunidad, para llevar a cabo campañas de prevención del consumo de drogas y de rehabilitación de farmacodependientes. Adicionalmente, la PGJDF analiza las averiguaciones previas, las estadísticas de procuración de justicia y los estudios criminógenos para establecer una política que permita el ejercicio de acciones tendientes a la investigación y localización de personas que participan en grupos y bandas de la delincuencia organizada, así como para diseñar y organizar operativos en zonas de mayor índice delictivo. De esta forma se precisan zonas criminógenas, horarios de mayor incidencia delictiva y principales delitos violentos cometidos en el Distrito Federal, para combatir de manera más eficaz la delincuencia organizada.

Con el propósito de garantizar la seguridad nacional, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, mismas que también participan en el Programa Nacional Contra las Drogas, en conjunción con la PGR, intensificaron sus acciones para la búsqueda, localización y destrucción de enervantes, así como la intercepción aérea, terrestre y marítima del tráfico ilegal de drogas, precursores químicos y armas.

Los resultados que alcanzaron las dependencias directamente involucradas en la erradicación y aseguramiento de estupefacientes, fueron el aseguramiento de un poco más de 22 toneladas de cocaína, que tiene un valor aproximado en el mercado ilícito de los Estados Unidos de América de 886.5 millones de dólares, la cual de haber llegado al mercado consumidores hubiera traducido en la comercialización de 44.3 millones de dosis. Además, la erradicación de cultivos evitó que se consumieran 575 millones 288 mil 107 dosis de marihuana.

Con la finalidad de mejorar la intercepción, la PGR continuó capacitando al personal de vuelo en operaciones nocturnas y el servicio de aduanas de los Estados Unidos de América realizó un curso especializado de intercepción portuaria, en el cual participó personal adscrito a las bases marítimas y de la Policía Judicial antidrogas.

En el ámbito de la política exterior, se buscó asegurar los consensos bilaterales y multilaterales que respalden los intereses del país y promuevan la cooperación internacional dentro del principio de corresponsabilidad entre las naciones, al constituirse el tráfico ilícito de drogas como un problema común. Para ello, México ha trabajado activamente en el diseño y elaboración de mecanismos que fortalezcan la cooperación internacional en la materia, la creación de esquemas para el seguimiento y sanción del delito de lavado de dinero, la coordinación con agencias de otros países que participan en esfuerzos conjuntos con nuestra nación para la lucha contra el narcotráfico y el diseño y negociación de las posiciones mexicanas en la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), la Cumbre de las Américas y otros foros multilaterales sobre el tema.

Con la finalidad de combatir el tráfico de cocaína y sus precursores químicos se estableció un programa trilateral entre México, Estados Unidos de América y Colombia y al igual que en el área centroamericana se espera ampliar su alcance a otros países de la región andina. En el marco de la CICAD, se participó en la Reunión de Expertos Sobre el Control de Precursores y Sustancias Químicas, celebrada en Washington, DC de la cual emanó el documento: bases para un Acuerdo sobre el Control de Precursores y Sustancias Químicas entre la Comunidad Europea y los Estados Miembros de la OEA y se firmó el Acuerdo de Cooperación y Coordinación de Actividades en Materia de Información Estadística sobre Drogas, que fortalecerá el compromiso de la responsabilidad compartida para hacer frente a la proliferación del narcotráfico.

En diciembre, se asistió a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, a la Conferencia Ministerial Sobre Lavado de Dinero y Medios de Actividad Criminal, de donde fue evaluado y aprobado un documento ministerial en la materia.

En esta misma conferencia ministerial se adoptó un plan de acción que incorpora una serie de recomendaciones de tipo legal, relacionadas con la regulación bancaria y financiera, así como con la aplicación de la Ley para Prevenir y Sancionar el Delito del Lavado de Dinero, mismas que los estados participantes buscaran llevar a la práctica en el marco de su legislación interna y con pleno respeto a la soberanía de cada país.

En este contexto, cabe destacar la iniciativa presentada en diciembre de 1994, por el titular del Poder Ejecutivo Federal en la Cumbre de las Américas, para realizar una Conferencia Mundial Contra las Drogas en la que se examinarán nuevas medidas contra el abuso y el tráfico ilícito de estupefacientes, propuesta que fue respaldada por países de todas las regiones. Durante la IX Reunión Cumbre de Jefes de Estado del Grupo de Río, en septiembre, el primer mandatario mexicano propuso la participación activa de los países miembros en el debate internacional en materia de combate a las drogas ilícitas. Asimismo, se decidió establecer un grupo de trabajo especial de cancilleres para delinear la posición del grupo en los foros regionales y mundiales frente a los grandes temas relacionados con el abuso, la producción, el tráfico y la distribución ilícita de estupefacientes.

2.4 Justicia agraria A partir de los cambios en la legislación agraria desde 1992, la agricultura comercial, el desarrollo urbano, la dinámica demográfica y las nuevas condiciones productivas, están transformando la estructura agraria e imponiendo una diferente distribución del usufructo del campo. Por ello, resulta de vital importancia continuar las acciones para abatir el rezago agrario en el área de competencia del Ejecutivo Federal; concluir la certificación de derechos ejidales para dar certeza y seguridad a todos los campesinos, garantizar la seguridad en la tenencia de la tierra en todas sus formas y fortalecer la propiedad social mediante la promoción de figuras asociativas, lo que conlleva a fortalecer la justicia en el agro.

El concepto de rezago agrario se refiere exclusivamente a lo que norman los artículos transitorios, tercero del decreto que reforma al 27 constitucional y 3o. de la Ley Agraria. Al inicio de la presente administración, el rezago agrario estaba constituido por 6 mil 473 expedientes legales relativos a restitución y dotación de

tierras, bosques y aguas; ampliación de ejidos; creación de nuevos centros de población ejidal; reconocimiento y titulación de bienes comunales; conflictos por límites y segregación de presuntas propiedades particulares enclavadas en bienes comunales.

En este contexto la Secretaría de la Reforma Agraria, en el marco de sus atribuciones, se propuso como uno de sus objetivos prioritarios atender el retraso en el desahogo procedimental de los expedientes referentes a las acciones agrarias que deben ser puestos en estado de resolución y turnarse, antes de finalizar 1997, al Tribunal Superior Agrario para su resolución correspondiente. La superación del rezago agrario, mediante la conclusión de todos los expedientes en sus aspectos sustantivos y de procedimientos, es uno de los compromisos fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000.

En 1995 se avanzó en el desahogo de 66 resoluciones presidenciales, ejecutadas en una superficie de 115 mil 358 hectáreas, para beneficio de 3 mil 672 familias campesinas; el resultado obtenido, con relación a la superficie, significó un cumplimiento del 77% con relación al programa anual, en razón a divergencias en la definición de las cargas totales de trabajo de las coordinaciones agrarias, por una parte y, a la abierta oposición que presentaron algunos grupos de campesinos para que se llevara a cabo la ejecución de varias resoluciones. Mediante el Programa de Conclusión del Rezago Agrario, en 1995, la Secretaría de la Reforma Agraria puso en estado de resolución 661 expedientes de acciones dotatorias que se turnaron al Tribunal Superior Agrario, de éstos, 416 cuentan ya con resolución definitiva, lo que significó la entrega de 202 mil 738 hectáreas para beneficio de 17 mil 498 campesinos.

En cuanto al trámite de expediente de tierras, se integraron y opinaron 120 relativos a dotación, ampliación e incorporación de tierras al régimen ejidal y 310 de nuevos centros de población ejidal; se cubrieron el 100% y 83% respectivamente, con relación al programa anual. Asimismo, fueron desahogados 1 mil 612 asuntos de reconocimiento y titulación de bienes comunales y de exclusión de pequeñas propiedades, lo que significó un avance del 95%, tarea que requirió de acciones conciliatorias para dirimir conflictos y lograr la culminación de los trámites y la regulación de la situación jurídica de comuneros y pequeños propietarios. También se integraron 150 expedientes de accesión y ejecución de aguas, cubriéndose el 100% de la meta programada.

La impartición de justicia agraria por los tribunales agrarios resulta de suma importancia para establecer en el campo mexicano las condiciones de certidumbre jurídica a la propiedad de la tierra y derechos de los particulares sobre la misma. Ello propicia la conformación de nuevos esquemas de asociación y posibilita el flujo de inversión nacional y extranjera al campo para revertir el deterioro económico, productivo y ambiental sufrido en el medio rural. Así, resulta indispensable concluir, por lo que a la justicia agraria se refiere, con la resolución total de los expedientes de rezago agrario, tanto en su fase sustantiva como de procedimiento.

Con este propósito, durante 1995, los tribunales agrarios recibieron un total de 13 mil 455 asuntos, de los cuales 706 correspondieron a expedientes de ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas, nuevos centros de población, restitución y reconocimiento de bienes comunales, turnados por la Secretaría de la Reforma Agraria, el cuerpo consultivo agrario y las comisiones agrarias mixtas y 12 mil 749 a nuevas demandas presentadas por los

peticionarios. Del total de expedientes ingresados 324 fueron competencia del Tribunal Superior Agrario y 382 de los tribunales unitarios; a estos últimos se sumaron las demandas señaladas, por lo que se atendieron un total de 13 mil 131 asuntos.

Con apego a la ley, el Tribunal Superior Agrario continuó desempeñando sus atribuciones y responsabilidades en lo relativo al estudio y resolución de asuntos de competencia transitoria, correspondientes a dotación y ampliación de tierras y aguas, creación de nuevos centros de población y otros; así como de aquellos que son de competencia ordinaria, por establecerlo así la legislación agraria vigente desde 1992, entre los que destacan, los recursos de revisión, las excitativas de justicia, atracción de competencia, quejas y contradicción de tesis.

En el periodo que se informa, se recibieron y radicaron 324 expedientes, se examinaron y definieron 371 (que incluye expedientes ingresados con anterioridad), de los cuales 244 se resolvieron en sentido positivo y 127 resultaron negativos o improcedentes; es decir, el 66.0% de los expedientes examinados y definidos se resolvió favorablemente a los peticionarios. A través de las resoluciones positivas dictadas, se concedieron 232 mil 544 hectáreas de tierra y 1 mil 077 millones de metros cúbicos de dotación de agua, resoluciones que beneficiaron a 12 mil 121 mujeres y hombres del campo, sin considerar a sus familias o dependientes económicos, lo cual incrementa notablemente el total de beneficiarios.

En cuanto a la ejecución de sentencias, fueron ejecutadas o notificadas un total de 1 mil 776 resoluciones, de las cuales 819 corresponden a sentencias positivas de dotación, ampliación de tierras y aguas y nuevos centros de población y 957 a negativas e improcedentes. De los asuntos identificados como de competencia ordinaria o permanente reservada al Tribunal

Superior Agrario, se plantearon 195 recursos de revisión, habiéndose resuelto 176 y 10 tienen cumplimiento de ejecutoria.

A través de la figura de justicia itinerante, que facilita el acceso de la población a la administración de justicia, durante 1995 se desplazaron de manera temporal tribunales unitarios agrarios a 115 municipios del país, a través de los cuales se atendieron a 139 poblados, en los que se realizaron diversas diligencias tales como audiencias de ley, desahogo de pruebas, captación de demandas, inspecciones judiciales y asuntos de jurisdicción voluntaria.

El abatimiento respecto a la atención y resolución del rezago agrario de los expedientes recibidos por los tribunales agrarios, presenta un avance del 96.0%; es decir, durante el corto periodo de vigencia del organismo se han recibido en total 11 mil 095 expedientes, de los cuales ya se dictaron 10 mil 672 sentencias. Al concluir 1995 y de manera acumulada, en los tribunales de distrito de Mexicali, Baja California; Tapachula, Chiapas; Saltillo, Coahuila; Durango, Durango; México, Distrito Federal; Guanajuato, Guanajuato; Guasave, Sinaloa; Villahermosa, Tabasco; Tlaxcala, Tlaxcala y Mérida, Yucatán, se había despachado el

100.0% de los asuntos recibidos; en 17 más el 95.0%; en seis el 90.0% o más; tres distritos se encuentran con avances del 80.0% al 70.0% y sólo un distrito con un avance menor a esta última cifra.

Para el ejercicio de 1995 se recibieron 683 expedientes y se emitieron 1 mil 066 sentencias, en ellas se incluye la resolución de expedientes ingresados con anterioridad; destacan en este caso los distritos número 13 de Guadalajara, Jalisco, con 257 sentencias dictadas y el número 36 de Morelia, Michoacán, con 389 sentencias dictadas.

2.5 Justicia laboral En estricto apego a lo dispuesto en el apartado A del artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) llevó a cabo sus actividades tendientes a resolver, mediante la concertación y, en su caso, el arbitraje, las controversias surgidas entre trabajadores y patrones, con el fin de propiciar el equilibrio entre los factores de la producción, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan las relaciones obreropatronales, se atendieron 6 mil 137 asuntos asociados con la imposición de sanciones por violaciones a la ley. En el ámbito de la conciliación obreropatronal se celebraron 266 convenios, en beneficio de 334 mil 718 trabajadores; 124 correspondieron a revisiones contractuales, 104 a revisiones salariales y 38 a otros motivos. En materia de incumplimiento de contratosley, se atendieron 476 negociaciones y se celebraron 475 convenios, en beneficio de 142 mil 101 trabajadores.

En atención a uno de sus objetivos principales, de acercar la impartición de justicia a los centros de trabajo donde se originan los problemas laborales, el 12 de mayo de 1995 se instaló la junta especial 49, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y jurisdicción en esa entidad federativa.

Asimismo, la JFCA logró mayor eficiencia en materia de conciliación de conflictos laborales, a través del entendimiento entre patrones y trabajadores, de tal forma que en el año sólo estallaron 96 huelgas de 7 mil 676 emplazamientos recibidos lo que significó el 1.3%, que se compara favorablemente con el porcentaje de 1.5% registrado en 1994 De igual manera, cabe señalar que las huelgas estalladas en 1995 fueron inferiores a las de 1994 en 17.2%.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social reforzó las diversas etapas del proceso y emisión de laudos. En los casos de falta de cumplimiento voluntario a los laudos emitidos por la JFCA, se dictaron 4 mil 203 autos de ejecución y se realizaron 3 mil 530 ejecuciones. También, se dictaminaron 23 mil 059 proyectos de resolución, que incluyen los de primera resolución, cumplimiento de ejecutorías del Poder Judicial Federal e incidentes de liquidación, lo que representa un incremento de 5.1% con respecto a los 21 mil 948 dictados en 1994.

La función de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) adquirió un significado especial para la clase trabajadora durante 1995, ya que por la situación de contingencia económica y por la reestructuración de la planta productiva requirió de consultas frecuentes y mayor asesoría.

En ese contexto, se atendieron más solicitudes de asesoría, conciliación y representación, que las recibidas durante 1994.

Las relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores se han continuado desarrollando en un marco de armonía y respeto. En este sentido, se ha procurado dar especial atención a la prevención de conflictos individuales de trabajo, mediante una adecuada coordinación con las instancias competentes, así como a la difusión de criterios, lineamientos y normas que rigen estas relaciones, encaminadas a respetar los derechos y garantías que en esta materia tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las disposiciones reglamentarias aplicables.

Durante 1995 disminuyó el número de demandas y resoluciones adversas para la administración. La Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado, otorgó 17 mil 396 asesorías a solicitud de los trabajadores, 28.0% más respecto al año anterior, impulsándose la conciliación como fórmula para resolver los conflictos. Por su parte, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) también privilegió la conciliación como forma de resolver las controversias. Durante el periodo que abarca este informe desahogó 29 mil 047 audiencias de conciliación, 9.0% más en relación al año previo. Ello favoreció la impartición de justicia en forma expedita y así evitar complejos procesos arbitrales. Además, atendió 5 mil 496 conflictos laborales y dictaminó 1 mil 532 laudos, de los cuales el 82.0%, favoreció a los trabajadores. Asimismo, de acuerdo a los derechos laborales y sindicales que tienen los trabajadores, el TFCA registró 11 instrumentos que norman las relaciones laborales.

2.6 Justicia para los pueblos indígenas El Ejecutivo Federal, comprometido con la consolidación del estado de derecho, mantuvo el firme propósito de que la justicia se aplique a todos los mexicanos por igual, sin distingo de razas, credos, rasgos culturales o étnicos. Nuestra ley suprema reconoce la composición pluricultural de la nación, sustentada en los pueblos indígenas. En este contexto, con el propósito de avanzar en la redefinición de una nueva relación entre el Estado mexicano y las comunidades indígenas, se efectuaron estudios comparativos y se analizaron modificaciones a diversas leyes, con la finalidad de promover acciones jurídicas que protejan los derechos de las diversas etnias del país, buscando su participación activa y real desde sus comunidades, pasando por los municipios, los estados y la Federación. Respecto a sus comunidades de origen, se valoran sus formas de Gobierno ancestrales, el respeto a su cultura y las costumbres que existen en cada etnia.

En el marco de la procuración e impartición de justicia, el Gobierno Federal se dio a la tarea de identificar y dar seguimiento en todo el país a aquellos indígenas que se encuentren presos por causas atribuibles a su indefensión y así proveer las medidas necesarias para la protección de sus garantías. Asimismo, se buscaron mecanismos para que los pueblos indígenas reciban respuesta pronta y en su idioma, cuando ejerzan el derecho de petición. A través de la fiscalía especializada para la atención de asuntos indígenas, se realizaron estudios socioantropológicos para garantizar una auténtica procuración de justicia y se solicitó a la defensoría de oficio federal su intervención para hacer valer el juicio de garantías de 54 indígenas que incurrieron en la comisión de ilícitos federales.

A través del Programa de Asuntos Indígenas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos atiende a este tipo de comunidades que, por su marginación y pobreza, es más vulnerable a la violación de sus derechos. Con 71 brigadas de trabajo se visitaron 171 centros de reclusión del país, en los que se revisaron 6 mil 047 expedientes de indígenas internos, de los cuales 5 mil 235 corresponden al fuero común y 812 al fuero federal; asimismo, 1 mil 964 casos se refieren a indígenas procesados y 4 mil 083 a sentenciados. Ello propició que se formularan 1 mil 631 propuestas de ex carcelación, lográndose la libertad de 723 de ellos. De las 86 quejas recibidas y en trámite en 1995, se han concluido 54. Entre las causas más frecuentes de violaciones a los derechos humanos de este grupo de la población sobresalen la dilación en la procuración de justicia, abuso de autoridad, falsa acusación y detención arbitraria.

El Gobierno de la República, ha mantenido invariable su postura, tanto en declaraciones como en los hechos, en el sentido de que la negociación política en el marco de la ley es la mejor alternativa para la solución del conflicto que se inició el 1o. de enero de 1994 en el Estado de Chiapas. Para encauzar el proceso de negociación dentro de un marco legal y político, en un acto de corresponsabilidad sin precedente entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, se expidió la Ley para el Diálogo, la

Conciliación y la Paz Digna en Chiapas. Mediante esta ley se creó la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), integrada por miembros del Congreso de la Unión. Con la representación del Poder Ejecutivo, se integró la delegación gubernamental responsable de las negociaciones con el EZLN.

A partir de que la negociación entre el Gobierno y el EZLN se ha pasado de la confrontación a fases de menor desconfianza, mayor seriedad y creciente accesibilidad, para convertirse en un asunto fundamentalmente político; se ha logrado en Chiapas un clima de mayor tranquilidad y distensión, que fortalece la convivencia social en un marco de derecho, contribuye a impulsar las actividades productivas y permite el ejercicio democrático de la vida pública.

Durante 1995, se realizaron 10 reuniones entre la delegación del Gobierno Federal y la del EZLN. En ellas se establecieron los principios, la agenda, las reglas y el formato de negociación. Dentro de las reglas de procedimiento, se estableció una agenda con cuatro puntos: distensión integral; temas políticos, sociales, culturales y económicos; conciliación entre los distintos sectores de la sociedad chiapaneca y participación política y social de este grupo. Con el establecimiento de la primera mesa sobre derecho y cultura indígena, se alcanzaron ya consensos fundamentales, que constituyen una sólida base para establecer acuerdos en el ámbito local y elaborar iniciativas conjuntas para el ámbito nacional. Se trata de un proceso incluyente y plural, en el que participan otros actores sociales que viven y conocen la cultura, necesidades y circunstancias de los chiapanecos.

Para abrir espacios que permitan la participación política y social del EZLN, en pos de convertirse en una organización legal, han sido determinantes los esfuerzos de la Cocopa y la voluntad política del Gobierno de la República, dándose paso a la realización de distintas acciones externas a la mesa de negociación, que el EZLN ha considerado necesarias para su inserción en la vida política nacional. Como resultado de esto, se han establecido mecanismos para que las propuestas del EZLN sean incorporadas al diálogo para la reforma política del Estado y lleve a cabo diversos actos y encuentros con otros grupos políticos y sociales.

La presencia del Ejército mexicano en la entidad ha sido determinante para garantizar la vigencia del estado de derecho, la seguridad de las comunidades y de los ciudadanos chiapanecos, preservar la integridad territorial de la entidad y coadyuvar en las tareas de asistencia social. Su participación se ha ceñido a sus deberes constitucionales y al pleno respeto de los derechos humanos, respaldando en todo momento los mecanismos de paz, las vías del diálogo y la concordia. Las labores de este instituto armado permitieron que casi 20 mil indígenas desplazados por el conflicto regresaran a su lugar de origen y han proporcionado a las comunidades servicios médicos, despensas y materiales para construcción, entre otros.

Por conducto de la coordinación general para los altos y selva de Chiapas, la CNDH recibió 376 quejas de las cuales se concluyeron 308. Del total de quejas recibidas, 95 están relacionadas directamente con el conflicto en la entidad, concluyéndose 73 de éstas. Como resultado de la solicitud de los beneficios que contempla la Ley de Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados del Estado de Chiapas, se concedió preliberación a 13 personas.

Para favorecer el fomento entre la población de una cultura de derechos humanos, se realizaron siete cursos de capacitación, cuatro talleres, cuatro cursos-talleres, dos programas de radio y una plática, dirigidas a las comunidades indígenas del Estado, refugiados guatemaltecos y miembros del Instituto Nacional de Migración. Por su parte, la Procuraduría General de la República estableció vínculos permanentes con la coordinación general, con el propósito de que esta institución supervise la defensa de los habitantes de la zona, cuando éstos se involucren en algún posible delito federal.

2.7 Derechos humanos El estado de derecho resulta inconcebible sin el respeto irrestricto a los derechos humanos, por ello, el apego a la legalidad constituye la principal obligación del Gobierno para hacer valer los principios de igualdad e imparcialidad de todos los mexicanos ante la ley. En esta tarea, los organismos creados de conformidad al apartado B del artículo 102 de nuestra Constitución, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y las diversas comisiones estatales y la del Distrito Federal, realizaron su máximo esfuerzo para garantizar

la salvaguarda y protección de los derechos esenciales del hombre, ante las omisiones o actos de autoridad que los violen. La interacción dinámica y permanente de estos organismos refuerza y enriquece el sistema nacional no j jurisdiccional de protección de los derechos humanos, que se expresa en la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de Derechos Humanos. Durante su IV Congreso Nacional, celebrado en abril, la referida Federación se pronunció sobre los siguientes asuntos:

Pronunciamiento de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de Derechos Humanos, 1995 - La designación de los Titulares de los organismos públicos de derechos humanos sea aprobada, a partir de una terna propuesta por el Ejecutivo, por una mayoría calificada del correspondiente órgano legislativo, que en el caso de la CNDH sería la Cámara de Diputados. - El presupuesto de cada organismo público defensor de derechos humanos debe ser suficiente para garantizar su eficacia y autonomía y ser determinado por el órgano legislativo. - Realizar una reforma legislativa, en virtud de la cual los funcionarios que no aceptaron o que incumplieron por negligencia una recomendación del Ombudsman, estén obligados a comparecer ante el respectivo órgano legislativo para responder acerca de su actitud. - El Ombudsman seguirá siendo incompetente para conocer asuntos electorales, pero podrá conocer de actos laborales de índole administrativa. - Dar competencia a la CNDH para conocer quejas contra los servidores públicos pertenecientes al Poder Judicial Federal.

Fuente: CNDH.

Al respecto, en el V Congreso de dicha Federación, celebrado en diciembre, se acordó invitar al honorable Congreso de la Unión, a estudiar y debatir estas propuestas a fin de modificar el apartado B del artículo 102 constitucional.

Con la finalidad de apoyar el cumplimiento de las recomendaciones de las comisiones y verificar la situación que guardan los derechos humanos en todo el territorio nacional, de acuerdo a una de las orientaciones del Plan Nacional de Desarrollo 19952000, se ha avanzado en la integración de un Sistema Nacional de Información de Derechos Humanos, el cual por medio de la instalación de una red de cómputo, posibilitará intercambiar y dar seguimiento sobre esta materia.

Conforme a lo dispuesto en la Constitución, la comisión nacional está facultada para conocer de las inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de las comisiones locales. Al respecto, durante el periodo de diciembre de 1994 y noviembre de 1995 la CNDH recibió 481 inconformidades de los recurrentes, 96 sustanciadas mediante el recurso de queja y 385 con el recurso de impugnación, que aunadas a las 204 que se encontraban en trámite hasta el 30 de noviembre de 1994, arrojan un total de 685 inconformidades gestionadas, de las cuales 187 se encuentran en trámite y 498 se han concluido.

La Comisión Nacional continúa realizando diversos programas que analizan la situación de los derechos humanos y protegen a varios grupos de población, sobre todo los más vulnerables. Entre ellos destaca el programa general de quejas, a través del cual se reciben, califican e investigan las quejas por presuntas violaciones a derechos fundamentales e involucra las recomendaciones, documentos de no responsabilidad y soluciones conciliatorias. Al respecto, durante el periodo de diciembre de 1994 a noviembre de 1995, se recibió un total de 8 mil 154 quejas; es decir, 12.2% menos que el mismo periodo anterior, y se concluyeron 8 mil 80 considerando las quejas pendientes. Adicionalmente, la Comisión Nacional recibió 1 mil 069 quejas, cuya competencia es de las comisiones locales, mismas que les fueron remitidas sin apertura de expediente. De este total, en 97 casos se ejercitó la facultad de atracción por considerar que la trascendencia del problema planteado rebasaba el ámbito de acción local y tenía incidencia nacional.

Con la finalidad de lograr una solución inmediata de aquellas presuntas violaciones a derechos humanos, consideradas como no graves, se continuó con las reuniones de trabajo de amigable composición. Del total de expedientes que se sometieron a este procedimiento, se resolvió satisfactoriamente el 92.6% y sólo cinco asuntos no fueron aceptados por la autoridad.

En el marco de sus atribuciones, la CNDH mantiene como tarea prioritaria vigilar el cabal cumplimiento de las recomendaciones que emite y comunica a las autoridades señaladas como presuntas responsables de violar los derechos humanos. De esta forma se ha logrado enmendar afectaciones a los particulares, defender eficazmente sus derechos y sobre todo, abatir la impunidad. Desde su creación, la CNDH ha emitido 1 mil recomendaciones, de las cuales hasta noviembre de 1995, 599 fueron totalmente cumplidas. Para ello, a través de la Campaña Nacional para el Cumplimiento de Recomendaciones se logró que de las 159 emitidas durante 1995, 42 hayan sido cabalmente cumplidas, 94 parcialmente cumplidas, 26 en proceso de ser contestadas, sin pruebas de cumplimiento o de cumplimiento insatisfactorio y dos no fueron aceptadas. Cabe señalar que algunas de las recomendaciones fueron dirigidas a más de una autoridad.

Como resultado de las acciones realizadas para combatir la impunidad y defender la integridad humana, se logró sancionar a 627 servidores públicos, 23.6% más que en el mismo periodo anterior. De éstos, 238 fueron objeto de acción penal, 29 fueron destituidos, 129 suspendidos, 139 amonestados o apercibidos, 49 inhabilitados, en 34 casos se inició averiguación previa y nueve con otro tipo de sanción.

En el análisis de la evolución de las principales causas de presunta violación a derechos humanos, las quejas recibidas por tortura descendieron del decimosexto lugar que ostentaban

en 1994, al decimonoveno lugar en 1995 con sólo 87 casos, que equivalen al 1.0% respecto al total de causas de violación recibidas durante el periodo de evaluación; sin embargo, el abuso de autoridad se mantiene en el primer sitio. También disminuyó en 23.5% la incidencia de violación a los derechos de los reclusos, pasando del segundo al quinto lugar; asimismo, decreció la frecuencia de detención arbitraria, vicios en el procedimiento y negativa de prestación de servicios públicos. Los incrementos más notables se observaron en los casos de negligencia médica, con 86.3%; responsabilidad de servidores públicos, 89.4%; y negativa de servicios médicos, 19.5%.

Entre los diversos programas especiales de la comisión que inciden positivamente en ámbitos específicos de la problemática social, se encuentra el referido al sistema penitenciario, por medio del cual se han abarcado otros sitios de internamiento además de las cárceles para adultos y los consejos de menores. En este contexto, se realizaron 134 visitas de supervisión a 97 centros para adultos, de internamiento para menores infractores, sitios en que se alojan extranjeros con calidad migratoria irregular, de retención del Ministerio Público Federal y hospitales siquiátricos.

Asimismo, se efectuaron 67 visitas para atender quejas individuales en 32 centros de reclusión y 22 más a 16 centros similares para atender a enfermos mentales e inimputables en prisión. En consecuencia, se tramitaron 65 solicitudes de traslado penitenciario, así como 1 mil 041 solicitudes de beneficios de ley para internos y se emitieron 14 recomendaciones dirigidas a mejorar las condiciones penitenciarias.

La marginación y pobreza de las comunidades indígenas las convierte en el grupo social más vulnerable a la violación de sus derechos. En el marco del programa de asuntos indígenas, se realizaron brigadas de trabajo a centros de reclusión, en los que se revisaron expedientes de indígenas internos de los fueros Federal y Común. Al respecto, de 1 mil 631 propuestas de liberación de indígenas, se logró excarcelar al 44.3%. De las 58 quejas recibidas en 1995, más las 28 que se encontraban en trámite, se han concluido 54. Por otra parte, a través de la coordinación general para Los Altos y selva de Chiapas, se recibieron 376 quejas, de las cuales se concluyó el 81.9%. Además, se realizaron 15 eventos de capacitación y dos programas de radio para fomentar la cultura de derechos humanos entre la población de la entidad.

En el marco del Programa de Presuntos Desaparecidos, cuyo objetivo es localizar personas así reportadas y en donde se presume la participación de alguna autoridad en este tipo de acciones, se concluyeron 22 casos: 20 personas se encontraron vivas y dos muertas. Por la trascendencia que la labor del periodista tiene con la sociedad, se ha otorgado especial atención para lograr el respeto irrestricto a su profesión. En la primera fase del programa sobre agravios a periodistas fueron cumplidas totalmente dos de las 12 recomendaciones que se

reportaron como parcialmente cumplidas; en la segunda, se recibieron 14 quejas que, aunadas a las ocho en trámite, suman 22, de las cuales 21 se resolvieron de acuerdo a diversos procedimientos jurídico-administrativos.

Por las características sustanciales de la condición del menor, la vulnerabilidad que deriva de su dependencia frente a los adultos, la estrecha vinculación que hay entre la falta de tutela de los derechos humanos de los menores, la carencia de una familia que los proteja, así como por la problemática de los niños y de las mujeres madres, se planteó la necesidad de ampliar la cobertura del ahora denominado programa sobre asuntos de la mujer, el niño y la familia. A través de éste se recibieron 203 quejas, de las cuales 68 se encuentran en trámite y 135 fueron resueltas mediante amigable composición, recomendación u otro tipo de procedimiento. En apoyo a este programa, se diseñó el diplomado en violencia intrafamiliar a fin de ofrecer una capacitación interdisciplinaria para la prevención de este fenómeno y la asistencia a las principales víctimas: niños, ancianos, mujeres y discapacitados y se difundió el directorio de la red de apoyo a mujeres, cuyos derechos humanos son violados, mediante el cual se proporcionó ayuda a 144 mujeres para resolver problemas legales, familiares y de otra índole.

De acuerdo al Programa de Derechos Humanos de Trabajadores Migratorios, cuyo propósito es contribuir con las autoridades competentes para detectar y diagnosticar las principales violaciones de que son objeto dichos trabajadores, se elaboró el II Informe Sobre las Violaciones a los Derechos Humanos de los Trabajadores Migratorios Mexicanos en su tránsito hacia la frontera norte, al cruzarla y al internarse en la franja fronteriza sur norteamericana, mismo que revela la persistencia del abuso de poder por parte de agentes mexicanos y estadounidenses en perjuicio de los migrantes mexicanos; así como el informe sobre violaciones a los derechos humanos de los inmigrantes en la frontera sur, sustentado en las quejas recibidas y en visitas a las fronteras de Chiapas con Guatemala y de Quintana Roo con Belice. Como resultado, la Comisión Nacional hizo una serie de sugerencias a diversas dependencias federales, así como a los gobiernos y comisiones locales de Chiapas y Quintana Roo, encaminadas a poner fin a prácticas que atentan contra la dignidad humana de quienes ingresan a territorio mexicano, sin importar su condición migratoria.

En un contexto más amplio, durante su participación en la reunión intersecretarial sobre la estrategia del Gobierno de México frente a la propuesta 187, adoptada en el Estado de California, la CNDH expresó su rechazo absoluto a esta clase de decisiones discriminatorias y violatorias a derechos humanos. En coordinación con la Secretaría de Gobernación, se implantó un operativo permanente para observar y verificar el respeto a los derechos humanos de ciudadanos indocumentados en su proceso de repatriación, atendiéndose durante 1995 a más de 3 mil indocumentados que arribaron a nuestro país.

Como parte del Programa en Contra de la Pena de Muerte se dio continuidad a los esfuerzos para establecer comunicación y apoyo a los connacionales que en el extranjero enfrentan la pena capital. En marzo se sostuvo una reunión con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para establecer nuevos lineamientos y actuaciones en apoyo de los conciudadanos sometidos a tan inhumana sanción.

A fin de promover y fortalecer las relaciones con otros organismos e instituciones extranjeras interesadas en la defensa de las garantías humanas, la CNDH participó, entre otros eventos, en el Seminario Centroamericano del ombudsman; en el I Encuentro Internacional del ombudsman por la Paz; en la mesa redonda sobre la situación del Estado de Chiapas; en la Reunión del Comité de Coordinación de las Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de Derechos Humanos y en el III Encuentro de las mismas; en la misión técnica para la promoción y asesoría en la creación de la Ley de la Defensoría del Pueblo de Panamá, y se presentaron informes al grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias de la ONU.

Respecto a la cooperación con instituciones similares de otras naciones, se participó en el I Encuentro Regional de Procuradores de Derechos Humanos de América latina y en la Reunión Anual de Defensores del Pueblo, procuradores de derechos humanos y comisionados de derechos humanos de Iberoamérica, además se firmó un acuerdo de cooperación con la comisión canadiense de derechos humanos. Actualmente la CNDH mantiene relaciones con 85 ombudsman, instituciones nacionales de

promoción y protección de derechos humanos, y organismos afines, así como con 119 organismos no gubernamentales de carácter internacional.

El programa de capacitación permite promover y consolidar la cultura de los derechos humanos; por ello, se impartieron 603 cursos en beneficio de 32 mil 164 personas de instituciones educativas, del sector salud y grupos de discapacitados, con duración de 2 mil 403 horas y se impartió el Seminario en Derechos Humanos y Derecho Humanitario dirigido a 2 mil 376 servidores públicos de las fuerzas armadas, Policía Federal de Caminos, Policía Municipal Preventiva, procuradurías estatales, Procuraduría General de la República y agentes migratorios, en un total de 150 talleres desarrollados en todo el país.

En materia de difusión, se transmitieron 560 programas de radio que suman 301.5 horas y más de 16 mil mensajes breves en diversos dialectos indígenas; en televisión se realizaron 736 emisiones con duración de 388 horas y más de 2 millones de anuncios en radio y televisión. Esta cultura refuerza a la justicia, impulsa la democracia, vigoriza el estado de derecho y hace posible la convivencia y la paz.

2.8 Asilo y refugio De acuerdo con los principios y tradiciones políticas de México sobre asilo y refugio, se proporcionó protección a todo individuo que solicitó justificadamente refugio en el territorio nacional.

El Gobierno Federal expresa su hospitalidad para acoger a quienes por diversas circunstancias buscan el amparo de las leyes nacionales. En este contexto, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), continuó proporcionando protección y asistencia a poco más de 32 mil refugiados guatemaltecos asentados en los estados de Campeche, Chiapas y Quintana Roo, de acuerdo a lo que establecen la Carta Magna, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Con la finalidad de lograr el autosostenimiento de los refugiados, se impulsaron proyectos productivos y se proporcionaron servicios de salud y educación, procurando que la comunidad guatemalteca asentada en nuestro país tenga una vida digna. En materia alimentaria se fomentó la siembra y cosecha de granos y hortalizas, cría y explotación piscícola y de especies pecuarias. Adicionalmente, se promovió el trabajo asalariado tanto en actividades de reparación de caminos rurales, reforestación, como restauración y mantenimiento de ruinas arqueológicas, entre otras importantes labores.

Respecto a la recuperación de la salud, se atendieron casi 19 mil refugiados en los diferentes niveles de atención; se llevaron a cabo diversas campañas de vacunación y prevención de enfermedades, consistentes en desparasitación, letrinización, control de fauna nociva o transmisora de enfermedades, así como para mejorar el medio ambiente y clorar el agua. En el aspecto educativo, se continuó brindando instrucción formal en los grados preescolar y básica. La educación no formal incluyó los niveles de alfabetización, primaria y secundaria dirigida a niños y adultos. La introducción del sistema de telesecundaria a nivel campamento ha tenido gran aceptación entre la población refugiada.

Respetuoso del derecho que tienen los refugiados de retornar a su país de origen, el Gobierno de la República ha otorgado todas las facilidades y el apoyo necesario para que las repatriaciones voluntarias continúen realizándose en un clima de tranquilidad, seguridad y de respeto a los derechos humanos. En este sentido la Comar, en coordinación con el ACNUR y los representantes del gobierno guatemalteco, han apoyado de 1984 a 1995 el retorno voluntario de alrededor de 29 mil personas, de los cuales casi el 70.0% han regresado en los últimos tres años. Durante 1995 se logró la repatriación de más de 9 mil refugiados, cifra que representa casi el doble de las alcanzadas en los dos años anteriores.

2.9 Probidad y rendición de cuentas en el servicio público La sociedad reclama que el Estado disponga de instituciones sólidas que apliquen los recursos públicos con legalidad, transparencia, honestidad y eficiencia. Esto exige la creación de mecanismos idóneos para prevenir y detectar con oportunidad las fallas en los sistemas, en los procedimientos y en la normatividad o bien las desviaciones y acciones de corrupción, para que los infractores sean sancionados pronta y oportunamente, cualquiera que sea su

nivel jerárquico. Por ello, el Gobierno Federal ha emprendido una profunda reestructuración del sistema de fiscalización de los recursos públicos federales.

2.9.1 Reforma de los órganos de control externo e interno de la gestión pública En 1995 se envió a la honorable Cámara de Diputados una iniciativa de ley para crear un nuevo órgano superior de fiscalización que garantice la imparcialidad de su actividad, fiscalice el ingreso, gasto, manejo y aplicación de fondos y recursos de los tres poderes de la Unión, con facultades de fincar directamente responsabilidades y establecer sanciones a los servidores públicos que incurran en irregularidades.

Se propuso que este nuevo órgano, al que la iniciativa de ley denomina Auditoría Superior de la Federación, sea una institución profesional, con plena autonomía técnica y de gestión, tenga amplias facultades de auditoría financiera más allá de la revisión de la Cuenta Pública Federal y encabece un sistema integral de control y evaluación de la gestión de los poderes de la Unión, asumiendo la autoridad de normar la fiscalización y vigilar que los órganos de control interno cumplan con sus responsabilidades.

A su vez, se prevé que dicho órgano este administrado y dirigido por un cuerpo colegiado de auditores generales de reconocida honorabilidad, capacidad profesional, experiencia técnica e independencia. También se propuso que se sujete a mecanismos de control de la legalidad, previéndose los medios de defensa que podrían utilizar los servidores públicos que se consideren indebidamente afectados, por lo cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocería de los amparos que se presentaran en contra de sus resoluciones.

Paralelamente, esta reforma se complementa con una reorientación del control interno de gestión, necesario en toda la Administración Pública Federal (APF), para dar mayor énfasis a los aspectos de modernización y coadyuvar al control preventivo y correctivo, según las líneas que establezca el órgano superior de fiscalización.

A través de un enfoque moderno que permita a las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la APF, poner en práctica acciones de autocontrol, autoevaluación y desarrollo administrativo, se impulsaron tareas de modernización y desarrollo del quehacer gubernamental, con el fin de contar con mecanismos internos que coadyuven a la prevención de irregularidades en el ejercicio de los recursos presupuestales. Al respecto, se llevaron a cabo programas de auditoría a través de los Organos Internos de Control (OIC), mediante los que se vigila el cumplimiento de las disposiciones en materia de planeación, programación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores. Asimismo, se revisaron 377 Programas Anuales de Control y Auditoría (PACA), lo que se tradujo en la sustitución de 116 de ellos. Como resultado de la ejecución de estos programas, se realizó el análisis y evaluación de 1 mil 936 reportes trimestrales de información periódica, situación que permitió conocer y analizar la gestión de los OIC. Además, se realizaron 94 reuniones de trabajo con personal de las contralorías internas, con objeto de aplicar programas en forma coordinada con las áreas responsables, para la pronta y total solución de las observaciones relevantes, y cuando corresponda integrar los expedientes de responsabilidades conforme a derecho.

Por otra parte, se proporcionó asistencia y apoyo técnico a los servidores públicos de los OIC, mediante la impartición de 317 eventos en materia de control y auditoría, con la participación de 6 mil 920 auditores adscritos a dependencias y entidades, 47.0% más de lo realizado en 1994. Se intensificó la colaboración de la Secodadm con la facultad de comercio y administración de la UNAM, lo que se tradujo en la culminación de la maestría en auditoría y en la continuación de la especialidad en contraloría pública. Asimismo, se constituyó un mecanismo institucional para el intercambio internacional de publicaciones en materia de control y auditoría, que permitió impulsar la actualización de los servidores públicos en un marco de modernización de la gestión gubernamental.

2.9.2 Prevención, control y sanción de actos de corrupción Para la prevención, control y sanción de los actos de corrupción, se ha mantenido un proceso constante de revisión del marco jurídico y normativo de las responsabilidades de los servidores públicos, a fin de aplicar sus preceptos de forma más estricta, ágil y transparente, promover el rendimiento puntual de cuentas de los

servidores públicos y contribuir a dar confianza a la población sobre la actuación honesta y eficiente de su Gobierno. En este proceso ha existido un claro propósito para que el control de la gestión pública incorpore instrumentos preventivos, promotores de la eficiencia, la probidad y la ética en el servicio público. En ese contexto se llevó a cabo un análisis exhaustivo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP), que se complementó con un estudio de derecho comparado de la normatividad vigente en los países más avanzados en la materia, que contempló las responsabilidades de los servidores públicos, así como mecanismos ágiles y equitativos de enjuiciamiento y sanción a quienes incumplen los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben regir su actuación.

En el marco del Sistema de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se diseñaron e incorporaron nuevos formatos para la declaración de su situación patrimonial que, además de simplificar su llenado, permiten obtener información adicional necesaria para la detección de situaciones de conflicto de intereses y facilita su captura en medios electrónicos para su posterior análisis y seguimiento. En el mes de mayo de 1995 se recibieron 69 mil 733 declaraciones iniciales, 129 mil 692 de modificación anual y 27 mil 670 de conclusión del encargo, para un total de 227 mil 095 declaraciones patrimoniales.

Con estricto apego a la LFRSP, se revisaron los procesos de investigación, verificación y fincamiento de responsabilidades administrativas para agilizar su resolución, a través de una mayor coordinación con los OIC y la definición de criterios para mejorar la correlación entre la sanción aplicada y la gravedad de la falta, otorgando en todo momento las garantías que la ley señala.

Entre las principales causas que pueden derivar en sanciones, se tienen: el incumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial, las irregularidades detectadas en auditorías, las revisiones que realizan los OIC y los resultados arrojados del análisis de evolución patrimonial. Durante 1995, se impusieron 7 mil 764 sanciones administrativas a 7 mil 133 servidores públicos, de las cuales, 2 mil 646 fueron apercibimientos 1 mil 304 amonestaciones, 1 mil 449 suspensiones, 1 mil 005 destituciones, 736 inhabilitaciones y 624 sanciones económicas, que representaron un monto de 213.7 millones de pesos.

Con la finalidad de resarcir al erario federal los daños económicos causados por conductas irregulares de los servidores públicos, se formularon 2 mil 183 pliegos de responsabilidades por un monto de 22.8 millones de pesos, que fueron remitidos a la Tesorería de la Federación para su calificación. Adicionalmente, en coordinación con las dependencias y entidades se presentaron 808 denuncias penales en contra de servidores públicos, por un monto de 47.8 millones de pesos.

A efecto de evitar la contratación de servidores públicos inhabilitados por parte de cualquier instancia gubernamental, se continuó dando cumplimiento a los convenios de coordinación signados con los gobiernos estatales. Asimismo, se amplió y modernizó el sistema de registro y difusión de exservidores públicos inhabilitados y se promovió la recepción regular de los padrones de servidores públicos de nuevo ingreso, especialmente de las áreas de seguridad pública y procuración de justicia, emitiéndose 58 mil 454 constancias de no inhabilitación. Complementariamente, se fortaleció la operación del registro de servidores públicos policiacos, a fin de evitar que el personal que no se apegó a los lineamientos y normatividad vigente, se incorpore a otra institución policiaca.

Con el fin de promover una mayor participación ciudadana en las acciones de prevención y control de la gestión pública, la Secodadm llevó a cabo acciones tendientes a fortalecer los mecanismos de contraloría social en el desarrollo de programas de beneficio social y obra pública. Estas acciones se realizaron tanto en programas de beneficio social en estados y municipios como en programas de la APF.

En el ámbito regional, destaca la adecuación del esquema de contraloría social a las necesidades operativas y de control del Fondo de Solidaridad Municipal (FSM), instrumento del Gobierno Federal para asignar recursos a los estados y municipios para atender las necesidades de la población. En este sentido, se ampliaron los mecanismos de participación comunitaria mediante la incorporación de cuando menos un vocal de control y vigilancia en los consejos de desarrollo municipal y un vocal en cada comité comunitario. Esto favoreció el traslado de las decisiones de inversión a las

comunidades, partiendo del hecho de que ellas conocen mejor sus necesidades y llevan a cabo las acciones de control con ahorro de recursos.

Con la participación de los vocales de control y vigilancia y de otros integrantes de los comités que recibieron información y capacitación, se supervisaron de manera directa más de 65 mil obras y acciones, lo que tuvo un efecto preventivo sobre posibles irregularidades; asimismo, se definieron las estrategias e instrumentos de apoyo a la capacitación de los vocales de control y vigilancia y de los servidores públicos municipales que participan en la operación del FSM, se concertaron programas de trabajo de contraloría social con los 31 órganos estatales de control y se realizó un taller nacional de capacitación con el personal operativo de las contralorías estatales, las que a su vez, fueron responsables de reproducir la instrucción a las instancias de control social y a las autoridades municipales.

Durante 1995, en coordinación con los órganos estatales de control, se capacitó aproximadamente a 175 mil integrantes de consejos de desarrollo municipal y de comités comunitarios, de los cuales 50 mil fueron vocales de control y vigilancia. Además, se instruyó a más de 700 servidores públicos estatales y federales involucrados en la operación del Programa de Contraloría Social y del FSM.

Las acciones de fortalecimiento de la contraloría social en los programas a cargo de dependencias y entidades de la APF, consistieron en la impartición de talleres de capacitación para el personal responsable de la contraloría social de oficinas centrales, y en la revisión y mejoramiento de los materiales de apoyo a dicha capacitación. Las labores de control y evaluación se llevaron a cabo en los programas de abasto comunitario, becas de capacitación para trabajadores desempleados, IMSS-Solidaridad; fomento a la cafeticultura, al Procampo, cocinas populares y unidades de servicios integrales y el programa nacional con jornaleros agrícolas. Las dependencias y entidades responsables de la operación de los programas, continuaron con la capacitación de más de 88 mil vocales de control y vigilancia y 300 comisiones de contraloría social.

Para evaluar la operación del Programa de Contraloría Social, medir su impacto en las comunidades e identificar aquellos aspectos que deben ser fortalecidos, se realizaron 10 talleres de evaluación y alrededor de 2 mil 800 cuestionarios dirigidos a las instancias de control social, a las autoridades federales, estatales y municipales y a los beneficiarios de los programas.

El Sistema de Quejas, Denuncias y Atención a la Ciudadanía, se fortaleció para estar en posibilidad de resolver de manera más ágil, eficiente y oportuna, las consultas, sugerencias, denuncias, quejas e inconformidades que presentan los ciudadanos respecto al desempeño de la APF. Se llevó a cabo una revisión exhaustiva de los procesos de atención, recepción, investigación y resolución de solicitudes ciudadanas, que permitió modificar los programas para facilitar el registro y seguimiento de las quejas, denuncias y recomendaciones y avanzar en su instrumentación descentralizada.

Entre enero y noviembre de 1995, el Sistema Nacional de Quejas, Denuncias y Atención a la Ciudadanía, captó 366 mil 215 solicitudes ciudadanas, de las cuales 247 mil 202 fueron consultas que se atendieron de manera inmediata, proporcionando la información solicitada sobre requisitos, costos, tiempo y áreas donde se realizan trámites ante el Gobierno Federal; 89 mil 289 fueron sugerencias y reconocimientos que se remitieron a las dependencias y entidades para que se consideraran en los procesos de mejora de trámites y servicios públicos y 29 mil 724 correspondieron a quejas y denuncias de la ciudadanía, las cuales fueron atendidas de manera coordinada por la Secodadm y los OIC de las dependencias y entidades involucradas.

Con la finalidad de consolidar la operación de los módulos de orientación y quejas instalados en las fronteras y en el centro del país, se fortaleció la coordinación entre las dependencias integrantes de la Comisión Intersecretarial del Programa Paisano y las involucradas en el Programa Vecinos para supervisar que la prestación de los servicios se otorgara conforme a la normatividad vigente y en un marco de transparencia, honestidad y eficiencia. Asimismo, se organizaron seminarios de actualización sobre aspectos normativos de trámites y servicios de atención al público para los supervisores regionales de los programas, especialmente en las ciudades donde se incrementa la afluencia de turistas durante los periodos vacacionales y se intensificaron las campañas para dar a conocer a los connacionales, turistas y viajeros, sus derechos y obligaciones y los trámites de internación al país.

Principales acciones desarrolladas en los módulos de atención ciudadana, 1995 Oficinas contra Abusos de Policías - Se fomentó la participación ciudadana para que presenten denuncias sobre las presuntas irregularidades cometidas por los elementos policiacos; además, se incitó a los policías para que denuncien aquellos servidores públicos que los inducen u obligan a realizar actos fuera de la ley. - Se aplicaron operativos especiales en las áreas de servicio público para verificar que su operación se realice con legalidad y honradez. - Se agilizaron los procesos de investigación y resolución de quejas y denuncias, lo que permitió abatir las quejas rezagadas y avanzar en la aplicación de las sanciones correspondientes.

Módulos de Regulación sanitaria - Se reforzaron las medidas preventivas y correctivas en las áreas de atención al público de la Secretaria de Salud. - Se redujo el tiempo de resolución de licencias sanitarias y avisos de apertura, y en 50.0 por ciento los trámites en el área de insumos de la Secretaría de Salud.

Módulos de Verificación Vehicular - Se puso en marcha el Programa de Verificación de Vehículos de Transporte Público con Combustión de Gas.

Oficina de Quejas, Denuncias y Atención a la Ciudadanía, de la SECODAM - Se llevó a cabo la recepción de 777 quejas y denuncias presentadas directamente por los ciudadanos, y de 1 258 por correspondencia. - Se atendieron a 328 personas que solicitaron información sobre el avance de sus quejas y denuncias. - Se proporcionó asesoría y apoyo a 560 ciudadanos para realizar trámites legales, informándoles sobre instancias y domicilios a donde debían acudir.

Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía-SACTEL - Se proporcionó el servicio gratuito a la ciudadanía en todo el país, para realizar consultas y presentar sugerencias, quejas y denuncias. - Fueron atendidas 6 372 consultas sobre trámites y servicios públicos. Se recibieron 829 quejas y denuncias. - Se actualizó la base de datos sobre trámites, ubicación de las oficinas, requisitos, tiempo estimado de atención y, en su caso, monto de las tarifas, ampliando de 1 892 a 3 056 las referencias por ofrecer, además de 3 601 direcciones y números telefónicos del Gobierno Federal.

Fuente: SECODAM.

La Secodadm verificó la aplicación correcta de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas (LAOP) por parte de las dependencias y entidades de la APF, la atención oportuna de las inconformidades que se presentan y el establecimiento de acciones preventivas para reducir su frecuencia. Durante 1995 se recibieron 1 mil 503 inconformidades; de éstas, 629 correspondieron a adquisiciones, 602 a obra pública, seis a subastas y 266 a prestación de servicios. Asimismo, se emitieron 1 mil 079 resoluciones, a las cuales se les dio seguimiento hasta su total acatamiento y, en su caso, se turnaron los expedientes a las áreas competentes para la imposición de medidas correctivas. También se brindó apoyo al personal de las áreas operativas; de adquisiciones y contratación de obra de la APF, habiéndose atendido 740 consultas, lo que representó 175.0% de incremento respecto a las asesorías registradas en 1994.

A partir de mayo se aplicó la estrategia de audiencias públicas para proveedores y contratistas, dirigidas a todas aquellas personas físicas o morales que desearan expresar algún problema o inconformarse contra actos que contravengan la normatividad y afecten sus intereses en materia de adquisiciones y obras

públicas. En ese sentido, se celebraron 30 audiencias en las que se recibieron las inconformidades de los proveedores y contratistas, quienes expusieron sus puntos de vista y comentarios en materia de compras de gobierno.

La mayor cantidad de denuncias que presentaron los proveedores y contratistas de la APF ante el servicio de atención a inconformidades que presta la Secodadm, exigió reforzar las acciones preventivas encaminadas a resolver en las causas que originan la recurrencia en la presentación de ese medio de impugnación, entre las que destaca la impartición de 12 cursos taller con asistencia de 1 mil 046 servidores públicos de los gobiernos de los estados, de los OIC y de las áreas operativas de las dependencias y entidades responsables de realizar los procedimientos de adquisiciones y contratos que regula la LAOP.

Con el propósito de consolidar el Sistema Integral de Control y Seguimiento de la Gestión Gubernamental, normado y coordinado por la Secodadm, se desarrollaron actividades orientadas a fortalecer los mecanismos y procedimientos de control, fiscalización y evaluación, para que, mediante un enfoque preventivo, se asegure el manejo honesto y transparente de los recursos públicos, así como la observancia del marco normativo que regula la función pública.

Principales actividades desarrolladas por el Sistema Integral de Control y Seguimiento de la Gestión Gubernamental, 1995 - Se verificó el adecuado manejo y control de los proyectos con financiamientos del Banco Mundial, mediante la supervisión de 15 auditorías practicadas por los OIC a siete dependencias ejecutoras durante 1994, constatando la correcta aplicación de los recursos. - Se participó en las sesiones de los comités de control y auditoría, a través de 1 406 representaciones en entidades y órganos desconcentrados, lo que contribuyó a promover un ambiente de control para prevenir posibles desviaciones de cualquier índole que pudieran afectar la buena marcha de las entidades, así como dar solución a las deficiencias en sus sistemas contables y de control interno reportados en los informes de auditoría externa. - Se estableció un procedimiento sistemático que permite reportar trimestralmente, en términos cuantitativos, el importe de los montos recuperados. Es así que, durante 1995, la SECODAM ya sea directamente o a través de los OIC, logró la recuperación de 1 366.8 millones de pesos. De este total, 271.5 millones corresponden a recuperaciones realizadas por la SECODAM y los 1 095.3 millones restantes, a las acciones efectuadas por los OlC. A través de las cifras reportadas es posible conocer el costo total incurrido por las diferentes instancias de fiscalización interna de la APF, el cual ascendió a 812.8 millones de pesos, de los cuales 208.2 correspondieron a la función de la SECODAM y 604.6 a la de los OIC. - Se verificó el cumplimiento del acuerdo que establece las normas para autorizar la adquisición o arrendamiento de bienes muebles que realicen las dependencias y entidades de la APF, habiéndose detectado en cinco casos presunta inobservancia de la normatividad (SG, SRE, SEP, PGR y SEDESOL), de los cuales en dos de ellos (SEP y SEDESOL), ya se aplicaron sanciones conforme a lo establecido en la LFRSP. - A través del Sistema Integral de Información (SlI), se llevó a cabo el seguimiento y evaluación del ejercicio presupuestal de 19 dependencias, 51 órganos desconcentrados y 168 entidades paraestatales. - Se reforzó la vigilancia del correcto cumplimiento de los lineamientos para la aplicación de los recursos federales destinados a la publicidad y difusión, y a las actividades de comunicación social de las dependencias y entidades de la APF. - Se realizó el seguimiento y verificación de los convenios de déficit-superávit suscritos por el Gobierno Federal y 33 entidades paraestatales de control presupuestal directo e indirecto; detectándose, con base en cifras preliminares, que 25 de ellas tuvieron resultados superiores a los convenidos a nivel de balance primario, en tanto que las ocho restantes registraron variaciones desfavorables respecto a lo presupuestado.

- Se evaluaron los resultados obtenidos por las entidades de Cuenta Pública, lo que permitió que en la Comisión Intersecretarial de Gasto-Financiamiento (CIGF) se tomaran los acuerdos y medidas pertinentes en los casos desfavorables. - Durante agosto, septiembre y octubre de 1995 se celebraron reuniones con los titulares de 12 dependencias (SRE, SAGAR, SCT, SECOFI, SEP, SSA, SRA, SEMARNAP, PGR, SE, SEDESOL, y SECTUR) y 11 entidades de Cuenta Pública (CFE, ASA, ISSSTE, PIPSA, IMSS, CAPUFE, LFC, LOTENAL FERRONALES, PEMEX, y CONASUPO), así como con los directores generales de FONHAPO, NAFIN y BANRURAL. En dichas reuniones se analizaron asuntos de carácter administrativo y sustantivo, y se establecieron compromisos para su atención.

Fuente: SECODAM.

La estrategia adoptada para la función de auditoria gubernamental radicó en garantizar mayor cobertura de la APF, a fin de fiscalizar con mayor profundidad los principales rubros del gasto público, identificar el origen de las situaciones irregulares detectadas, efectuar recomendaciones propositivas de corrección y verificar oportunamente su grado de atención.

Asimismo, se intensificó la presencia y participación activa en el sector paraestatal mediante una coordinación más efectiva entre las instancias de fiscalización gubernamental y los OIC para garantizar la prevención de actos de corrupción y la transparente rendición de cuentas de la gestión pública.

Durante el ejercicio de 1995 se realizaron 174 auditorías directas, especiales y de seguimiento, que implicaron la verificación de 5 mil 916 conceptos, constatando el cabal cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en el despacho de los asuntos encomendados a las dependencias y entidades, la razonabilidad de su información financiera, el cumplimiento de los objetivos sociales y económicos y la administración de los recursos a ellas asignados bajo criterios de economía, eficiencia:

Principales resultados alcanzados en materia de auditoría gubernamental, 1995 - Se fiscalizaron y supervisaron directamente todas las fases que implican la realización de obras publicas, a través de 1 077 revisiones sobre el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, calidad, y avances físicos y financieros. - Se revisó y evaluó el proceso de las adquisiciones que realizan las dependencias y entidades de la APF por medio de 1 081 revisiones, con objeto de comprobar la calidad, cantidad y precios pactados. - Se verificó el correcto manejo, custodia y administración de los recursos federales, mediante 990 revisiones a los fondos y valores. Dentro de estas revisiones se contemplan en forma conjunta con la Tesorería de la Federación ocho actos coordinados de vigilancia de fondos y valores. - En el rubro de servicios personales., se realizaron 916 revisiones, a fin de constatar el adecuado manejo de los recursos presupuestales asignados para el pago de remuneraciones a los servidores públicos y la racionalidad de sus estructuras, y se promovió la eficiencia en el uso de los recursos asignados. - Se realizaron 1 852 revisiones especiales a rubros no especializados sobre actividades que permitieran en su oportunidad servir de base para la detección de irregularidades que tienen como consecuencia la aplicación de responsabilidades administrativas.

Fuente: SECODAM.

eficacia; asimismo, cuando se encontraron irregularidades imputables a servidores públicos, se promovió o llevó a cabo el procedimiento administrativo correspondiente para resarcir los daños causados y aplicar las sanciones administrativas correspondientes, conforme a la ley.

Se recibieron y analizaron todos los informes relativos a las auditorías externas financieras ordenadas al cierre del ejercicio de 1994 y se autorizó la distribución de 283 dictámenes sobre los estados financieros básicos del sector paraestatal, de los cuales el 82.0% se presentó con opinión limpia, el 16.0% con salvedades y únicamente en el 2.0% de los casos las opiniones fueron negativas o refirieron abstención de opinión. Del total de entidades auditadas, en 17 casos se reportaron situaciones irregulares que ameritaron emprender acciones correctivas inmediatas. En cuanto a las auditorías sobre la ejecución de los proyectos y programas financiados con recursos de organismos internacionales, se recibieron y analizaron 61 informes, de los cuales las opiniones de los auditores externos sobre la aplicación de los recursos se presentaron sin salvedades en el 93.0% de los casos y en el 81.0% con estricto cumplimiento de los compromisos contractuales.

Asimismo, se prosiguió con la verificación externa del adecuado destino de los recursos fiscales asignados a ciertos programas prioritarios del Gobierno Federal, como son: el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede), el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) y el Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo).

En materia de fiscalización externa de obras publicas, se llevaron a cabo 19 auditorías, 14 de ellas de seguimiento sobre la atención brindada en las dependencias y entidades paraestatales, para la solución de las observaciones reportadas en los informes de auditoría de años anteriores. Por otra parte, se efectuó un seguimiento directo a 102 casos de adquisiciones de importación y se emitieron 56 órdenes de inspección externa. Continuó el proceso de coordinación de acciones con la SHCP respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales, lo que dio como resultado un monto de 1 mil 261.5 millones de pesos, reportado por los auditores externos como omisiones e incumplimientos tributarios a cargo y por retención, así como 254 casos no cuantificados.

3. Desarrollo democrático El Plan Nacional de Desarrollo 19952000 (PND) reconoce la necesidad de avanzar hacia una democracia plenamente consolidada, fundada en la civilidad y el respeto, que dé certidumbre y confianza a todos los sectores de la sociedad y sea el sustento de una vida política pacífica y de una intensa participación ciudadana. El compromiso fundamental del Ejecutivo Federal con la democracia es contribuir con todo vigor a fomentar un desarrollo político, donde la legalidad, el diálogo, el consenso y el orden consoliden la democracia, entendida en los términos señalados por la Carta Magna. Por ello, el Gobierno de la República convocó a los partidos políticos y a toda la sociedad a avanzar en la democratización integral de la nación, a fin de asegurar y promover la independencia y el equilibrio de los poderes públicos, perfeccionar la democracia en la elección y en el ejercicio de las autoridades de Gobierno, reactivar la autonomía y la cooperación entre la Federación, los estados y municipios que integran el pacto federal y alentar la participación social en los asuntos públicos, con respeto absoluto a la libertad de expresión de los medios impresos y electrónicos de comunicación.

Los cambios que la sociedad exige para modernizar y hacer más eficientes las prácticas y los procedimientos de organización de la administración pública, demandan una auténtica reforma de gobierno, orientada a promover nuevas actitudes, vencer inercias y atender rezagos para alcanzar el desarrollo económico con mayor equidad social. En este sentido, el Gobierno de la República fomenta el desarrollo de una cultura, política que privilegia la unidad de todos los mexicanos, a la vez que alienta un perfil de ciudadano comprometido con su comunidad, con el país y consigo mismo. Los grupos de la sociedad civil aspiran a una mayor participación en la definición y evaluación de los programas gubernamentales que los afectan. Por ello, en la medida en que se logre canalizar constructivamente la acción civil en la gestión pública, México avanzará y se fortalecerá sobre bases sólidas.

Desde diciembre de 1994, el Ejecutivo Federal inició un proceso de diálogo propositivo y respetuoso con todos los partidos políticos, con el compromiso de buscar, a través del intercambio de impresiones y la negociación, acuerdos básicos para avanzar en el perfeccionamiento de nuestra democracia. Por diversos motivos, el diálogo se interrumpió, para reanudarse en octubre próximo pasado y realizarse reuniones conjuntas al mes siguiente, donde se acordaron cuatro grandes líneas estratégicas: impulsar una reforma electoral definitiva, que acredite con absoluta transparencia la representatividad popular; reformar los poderes públicos, para asegurar el efectivo equilibrio republicano y una gobernabilidad sustentada en la democracia; avanzar hacia un nuevo federalismo, en el que se redistribuyan responsabilidades, recursos y oportunidades, con base en la descentralización de funciones para fortalecer a los estados y municipios y abrir nuevos cauces constitucionales para la participación de la sociedad civil y las organizaciones ciudadanas en la vida nacional. También se convino establecer mesas de trabajo donde se aborden los siguientes temas: reforma electoral, fortalecimiento del Poder Legislativo, procuración e impartición de justicia, impulso al federalismo, reforma política del Distrito Federal, derechos indígenas, comunicación social, participación ciudadana y atención a problemas de coyuntura, en las cuales intervendrían los poderes Legislativo y Judicial federales, el gobierno del Distrito Federal, los gobernadores de los estados, los congresos locales, los municipios y las organizaciones no gubernamentales.

3.1 Sistema de partidos y procesos electorales Como apoyo al proceso de la reforma electoral, que deberá fortalecer los principios de legalidad, independencia, imparcialidad y

objetividad en los procesos electorales, así como avanzar hacia mayores elementos de equidad y civilidad en las campañas electorales, el consejo general del Instituto Federal Electoral (IFE) acordó en abril convocar a los integrantes de los poderes federales y locales interesados, partidos políticos, organismos no gubernamentales, instituciones académicas, intelectuales, medios y profesionales de la comunicación y a la ciudadanía en general, para la realización de un foro a nivel nacional para discutir la agenda de la reforma político-electoral. Las sesiones del foro se verificaron durante el mes de julio en las cinco ciudades sede de las circunscripciones plurinominales como son; Durango, Guadalajara, Toluca, Jalapa y el Distrito Federal, registrándose a nivel nacional 304 ponencias que contenían 414 propuestas sobre los temas establecidos en la convocatoria. Al término de éste, se elaboraron la memoria y la relatoría, las cuales fueron remitidas al honorable Congreso de la Unión con el propósito de poner a su disposición las aportaciones vertidas.

Hasta el presente, las mesas que se han puesto en funcionamiento son: reforma electoral y reforma política del Distrito Federal. En la primera existe consenso en privilegiar el financiamiento público sobre el privado para los partidos, el funcionamiento interno del IFE, el establecimiento de una cédula de identidad y el desarrollo del registro ciudadano.

Se buscan los puntos de acuerdo sobre una mayor equidad electoral en los aspectos del financiamiento público y los gastos de campaña; autonomía de la autoridad electoral y registro condicionado y creación de nuevos partidos políticos. Mientras que, en la segunda mesa, se ha llegado a acuerdos preliminares respecto a la elección directa del titular del gobierno del Distrito Federal; la duración del periodo de gobierno, que será de seis años, aunque de forma excepcional, el titular que resulte electo en 1997 durará en el cargo tres años; la ampliación de las facultades de la Asamblea Legislativa, a partir de aplicar la fórmula de reparto de facultades que emanan del artículo 124 constitucional y la necesidad de tener una ley electoral propia.

En 1995 se inició una nueva forma de organización y participación democrática de los habitantes de la capital de la República, resultado de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación en junio del mismo año. Este ordenamiento posibilita integrar por medio del voto directo los consejos de ciudadanos que se vinculan a la gestión, evaluación, consulta o aprobación de los programas del Distrito Federal (D.F.). Los consejos se orientan a llenar un amplio espacio de participación política de los ciudadanos y se suman a otras instancias previstas por la ley como la audiencia pública, la consulta vecinal y los órganos de representación vecinal, entre otras importantes instancias de participación.

Con base en el convenio de apoyo y colaboración, suscrito en junio de 1995 entre el Departamento del D.F. y el IFE, una vez actualizado el padrón electoral, se entregó en septiembre al comité central de la Comisión de Integración de los Consejos Ciudadanos el listado nominal preliminar, que incluyó a los ciudadanos credencializados, al 18 de agosto de 1995. En el mismo mes de septiembre dicho listado se exhibió en los comités delegacionales, las juntas distritales ejecutivas y las oficinas del Registro Federal de Electores (RFE) en los 40 distritos electorales, habiéndose presentado un poco más de 14 mil observaciones por parte del Partido de la Revolución Democrática, de las cuales ninguna procedió. Cabe hacer mención que en todas las actividades y resultados de la verificación efectuada al padrón electoral, los partidos políticos tuvieron una intervención absoluta y determinante. De acuerdo a este procedimiento, sólo 227 ciudadanos, de los 10 mil 638 encuestados, presentaron alguna inconsistencia en su registro que afectó su derecho al voto, situación que representó únicamente el 2.14% del total.

En octubre de 1995 la vocalía del Registro Federal de Electores del D.F. entregó al presidente del Comité Central de la Comisión de Integración de los Consejos Ciudadanos el listado nominal definitivo, con los ciudadanos fotocredencializados al 18 de agosto de 1995. Adicionalmente, el IFE proporcionó apoyo al comité central en la integración de las mesas receptoras de votación, habiendo seleccionado mediante el procedimiento de doble insaculación un poco más de 61 mil ciudadanos que se requerían como funcionarios en dichas mesas. De igual manera, apoyó al comité en el diseño y realización de los programas de capacitación electoral para preparar a dichos ciudadanos y asegurar el correcto desempeño de las funciones que le serían encomendadas. El 12 de noviembre votó el 16.49% de 5.4 millones de

ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, absteniéndose el 83.51%. A través de este sufragio se eligió a más de 300 ciudadanos, los cuales tomaron posesión de su nuevo encargo el 15 de diciembre de 1995.

En ejercicio de las garantías que otorga la Carta Magna, cuatro de los cinco partidos que forman parte de la Asamblea de Representantes interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la acción de inconstitucionalidad sobre diversos artículos de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. Este órgano jurisdiccional determinó la improcedencia de dicha acción.

En relación a las elecciones federales extraordinarias en los distritos electorales federales uninominales, IV de Puebla y XXII de Veracruz, llevadas a cabo el 30 de abril de 1995, como resultado de las resoluciones del Tribunal Federal Electoral (TFE), que decretaron la nulidad de las elecciones federales de 1994 para diputados por el principio de mayoría relativa celebradas en ambos distritos, la lista nominal que se utilizó en estas elecciones integró la fotografía del ciudadano y en ningún caso se presentaron observaciones por parte de los partidos políticos. En las 590 mesas directivas de casilla instaladas, los ciudadanos sufragaron de manera pacífica.

Por otra parte, para renovar la vida institucional, desde las reglas constitutivas del poder público y en todos los órganos de gobierno, 16 entidades federativas han llevado a cabo reformas a su legislación electoral, cuyo propósito común es que las elecciones locales sean indiscutibles y que a todos satisfaga su realización, indistintamente de sus resultados. Estas modificaciones significaron el fortalecimiento de la participación de los ciudadanos, la autonomía de la autoridad electoral y el profesionalismo de sus funcionarios. Además, establecieron mejores condiciones de equidad en la competencia partidaria y en algunos casos, se sumaron variables que consideran los usos y costumbres en aquellos estados donde la población indígena es numerosa.

Con fundamento en los convenios de apoyo y colaboración celebrados entre el Instituto Federal Electoral y los gobiernos de los estados de la República, el IFE llevó a cabo diversas actividades sobre actualización y depuración al padrón electoral, esta última tarea fue realizada a través de la ejecución de los programas de bajas por defunción, suspensión, pérdida de derechos políticos y detección de registros duplicados; asimismo desarrolló trabajos para la expedición y resguardo de credenciales, exhibición y entrega de listas nominales, que apoyaron la realización de procesos electorales locales en 16 entidades federativas. Cabe destacar que en los estados de Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán y Tlaxcala, se utilizaron listas nominales con fotografía.

Durante el periodo que se informa se eligió a cinco ejecutivos estatales, 488 diputados por mayoría relativa y representación proporcional, así como 1 mil 065 presidentes municipales en 16 entidades federativas.

En estas elecciones prevaleció la legalidad, la civilidad y una activa participación de los electores. La alternancia de partidos en el poder público, como reflejo de la pluralidad y de los cambios en la correlación de fuerzas entre las opciones que compiten, se incorpora de manera creciente en la cultura política de los mexicanos, fortaleciendo el carácter democrático de las instituciones.

Al término del proceso electoral federal de 1994, la junta general ejecutiva del IFE, de conformidad con las atribuciones que le confiere el código en la materia, el 12 de diciembre de 1994 declaró la pérdida de registro de los partidos políticos: Popular Socialista, Auténtico de la Revolución Mexicana y Demócrata Mexicano, en virtud de que éstos no alcanzaron el 1.0% de la votación total emitida en ninguna de las elecciones.

Definida su situación jurídica, las organizaciones o agrupaciones políticas denominadas Partido Popular Socialista, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Partido Demócrata Mexicano, Sociedad Nacionalista Mexicana y Movimiento Auténtico de la Revolución Mexicana, notificaron al IFE el propósito de constituirse como partidos políticos, trámite que se desahogará en los términos previstos por la ley.

Conforme a los derechos y prerrogativas que otorga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), durante 1995 se otorgó un poco más de 171 millones de pesos como financiamiento público a los partidos, 14.7% menos respecto a igual periodo anterior, lo cual obedeció básicamente a que 1994 fue año electoral. Además, tuvieron un poco más de 530 horas de acceso a los medios electrónicos de comunicación de radio y televisión y se intervino, cuando fue necesario, para garantizar su total cumplimiento. También disfrutaron de las franquicias postales y telegráficas y del régimen fiscal especial que la norma electoral otorga.

Por otra parte, la Comisión de Consejeros del Instituto Federal Electoral revisó los informes de campaña de las elecciones federales de agosto de 1994 y el 7 de abril de 1995 emitió el dictamen consolidado previsto por la ley ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Este órgano electoral turnó en septiembre dicho dictamen al TFE, cuya resolución no incluyó sanciones para ninguno de los partidos políticos.

En relación a los informes anuales de estos últimos, correspondientes al ejercicio 1994, la misma comisión llevó a cabo su revisión y elaboró el dictamen consolidado respectivo. Al igual que con los informes de campaña, el consejo general turnó el documento de referencia a TFE, el cual resolvió imponer diferentes sanciones económicas a los partidos, en virtud de las irregularidades determinadas en el dictamen consolidado.

Justicia federal electoral El Tribunal Federal Electoral, de acuerdo a la Constitución General de la República y en cumplimiento a la ley que de ella emana, en su carácter de órgano autónomo y máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, garantizó que los actos y resoluciones de las autoridades electorales se sujetasen invariablemente al principio de legalidad.

Durante el periodo que comprende este informe, el TFE en su actividad jurisdiccional conoció un total de 516 recursos: 485 de apelación de ciudadanos y tres de partidos políticos; dos de inconformidad; dos de reconsideración y tres procedimientos especiales sancionatorios, así como 21 laborales presentados en contra del IFE, cuyas resoluciones se apegaron totalmente a derecho.

Recursos interpuestos ante el Tribunal Federal Electoral, 1995 Apelación - Resultado de la organización y celebración de comicios estatales para renovar a los integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como para la elección de consejeros ciudadanos, este órgano jurisdiccional conoció 485 recursos interpuestos por ciudadanos, relacionados con irregularidades en su credencial para votar con fotografía y la lista nominal de electores. De este total, la mayoría fue declarado fundado. - Por su parte, en términos del COFIPE, los partidos políticos durante el tiempo que transcurra entre dos procesos electorales federales ordinarios; podrán impugnar mediante este recurso cualesquiera de los actos o resoluciones que al efecto establece el citado ordenamiento legal. En uso de este derecho, dos recursos más fueron presentados por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, que impugnó los dictámenes consolidados de la Comisión de Consejeros del Consejo General del IFE sobre los informes anuales de ingresos y egresos de los partidos políticos, correspondientes al año de 1994, así como los informes de gastos de campaña en las elecciones

extraordinarias de diputados de mayoría relativa en los Distritos IV de Puebla y XXII de Veracruz, los cuales la Sala Central los resolvió declarándolos infundados, confirmando a su vez los mencionados dictámenes. Uno más fue interpuesto por el Partido Acción Nacional, para impugnar la lista nominal definitiva para el proceso electoral del estado de Puebla, el cual la Sala Central lo resolvió declarando su desechamiento, por tratarse de una elección local.

Inconformidad - Producto del proceso federal electoral de 1994, el TFE por conducto de las salas Central y Xalapa decretó la nulidad de las elecciones de diputados por el principio de mayoría relativa celebradas en los distritos electorales IV de Puebla y XXII de Veracruz, lo cual motivo realizar elecciones extraordinarias en ambos distritos el 30 de abril de 1995. En este contexto, representantes de los partidos de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional presentaron recursos de inconformidad en contra del cómputo distrital de la elección celebrada en San Andrés Tuxtla, Veracruz, mismos que la Sala Central los resolvió declarándolos parcialmente fundados.

Reconsideración - En mayo se instaló la Sala de Segunda Instancia de este órgano jurisdiccional para conocer de los recursos de reconsideración que pudiesen interponerse con motivo de las elecciones extraordinarias. En uso de este derecho, el Partido Revolucionario Institucional inconforme con las resoluciones dictadas en los recursos de inconformidad interpuestos con motivo de aquellas elecciones, presento ante esta Sala dos recursos la cual resolvió confirmando las resoluciones de Primera Instancia como parcialmente fundados.

Procedimientos Especiales de Sanciones - Por primera vez en la historia electoral de nuestro país, los partidos se hicieron acreedores a la imposición de sanciones por conducto de una autoridad electoral por diversas irregularidades cometidas en violación a disposiciones del COFIPE. En este sentido, la Sala Central del Tribunal, conoció de tres procedimientos especiales en contra de distintos partidos políticos. - El primero de ellos, fue el relativo al dictamen de la Comisión de Consejeros del Consejo General de IFE, sobre los informes de gasto de campaña de los partidos políticos por el Proceso Electoral Federal de 1994. Esta instancia declaró que no había lugar a sancionar a los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo, del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y Verde Ecologista de México, en virtud de que la Comisión no precisó las supuestas irregularidades en que incurrieron estos. - Dos más iniciados con motivo de las irregularidades que se hicieron constar por la Comisión de Consejeros del IFE, en el dictamen consolidado de la Comisión de Consejeros tanto de los informes anuales de ingresos y egresos de los partidos políticos correspondientes a 1994, como de aquellos relativos a las campañas de los partidos políticos en las elecciones extraordinarias de diputados de mayoría relativa en los distritos IV de Puebla y XXII de Veracruz. En ambos casos, la Sala Central del TFE determinó imponer multas que comprendieron entre 150 y 1 300 veces sobre el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a los partidos de la Revolución Democrática; del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Revolucionario Institucional; Acción Nacional y Verde Ecologista de México. Todos ellos cubrieron los importes en tiempo y forma, por lo que este órgano jurisdiccional los dio por totalmente concluidos.

Procedimientos Especiales Laborales - De acuerdo a la legislación electoral vigente, el TFE conoció 21 demandas laborales interpuestas por trabajadores del IFE en contra de este, de las cuales ha resuelto 14.

Fuente: TFE.

Perfeccionamiento de los instrumentos electorales Con el objetivo de avanzar en el perfeccionamiento del padrón electoral, el Instituto Federal Electoral realizó una campaña permanente de actualización, mediante la cual se invitó a los ciudadanos a que acudieran a las 300 oficinas distritales del Registro Federal de Electores (RFE), así como a los módulos que se instalaron en el caso de entidades federativas con proceso electoral, para que efectuaran sus trámites de inscripción al padrón, solicitaran la expedición de su credencial para votar con fotografía, notificaran su cambio de domicilio y solicitaran corrección de datos o reposición de credencial por extravío o deterioro grave.

De manera complementaria, del 1o. de noviembre de 1995 y hasta el 15 de enero de 1996 se implantó la campaña de actualización intensa del padrón electoral, en la cual se pudieron realizar los mismos trámites que durante la campaña permanente en las mismas oficinas del RFE de las juntas distritales y en los 684 módulos instalados en todo el país.

Por su parte, este instrumento electoral se sometió a un proceso de depuración, a través del cual se dieron de baja de la base de datos del padrón, a más de 168 mil registros de ciudadanos que fallecieron, están suspendidos en sus derechos políticos por resolución judicial o que perdieron o renunciaron a la nacionalidad mexicana; un poco más de 19 mil registros dobles, detectados mediante trabajos de gabinete y campo en los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal, 950 registros duplicados de ciudadanos residentes en zonas colindantes entre entidades federativas, esto es, en localidades vecinas de alto flujo de población entre un lugar y otro. Por otra parte se destruyeron más de 685 mil formatos de credencial para votar con fotografía que correspondieron a igual número de solicitudes de inscripción al padrón, canceladas a los ciudadanos por no haber acudido a las oficinas del RFE a obtener su credencial antes del 30 de septiembre de 1994. Asimismo, se canceló la solicitud de inscripción al padrón de más de 716 mil ciudadanos que no fueron a obtener su credencial para votar con fotografía al 30 de septiembre de 1995; la destrucción de los respectivos formatos se efectuará en enero de 1996.

A fin de salvaguardar los derechos políticos de los ciudadanos contra actos de la autoridad electoral en materia registral, durante 1995 el instituto puso a disposición de la ciudadanía instancias administrativas para solicitar la expedición de la credencial y/o la rectificación de la lista nominal, así como el recurso de apelación para impugnar la resolución que declare improcedentes las instancias referidas o la no contestación en tiempo a las mismas, habiéndose recibido 671 solicitudes de expedición de credencial; 626 de rectificación de listas nominales y 416 recursos de apelación.

En cumplimiento del artículo 156 del Cofipe, entre febrero y marzo de 1995 se exhibieron las listas nominales en las 300 oficinas distritales del RFE, a fin de que los ciudadanos pudieran revisar su correcta inclusión o la indebida exclusión de los mismos, habiéndose presentado un poco más de 45 mil observaciones por parte de los partidos políticos, de las cuales únicamente 82 resultaron procedentes, por lo que se procedió a modificar estos registros ciudadanos en la base de datos y la lista nominal correspondiente. A continuación se presenta a nivel estatal, el padrón electoral y la lista nominal actualizados al 31 de diciembre de 1995.

Cabe mencionar que los partidos participaron amplia e intensamente en todos estos trabajos, ya sea a través de sus representantes en las comisiones nacional, locales (32) o distritales (300) de vigilancia existentes en el país y del Comité Nacional de Supervisión y Evaluación o directamente mediante la consulta de los sistemas informáticos del padrón electoral y lista nominal en las terminales instaladas en los 32 centros estatales de consulta. Asimismo, los partidos pueden consultar la base de imágenes en los 17 centros regionales de cómputo. Este mecanismo coadyuva a detectar duplicados en el padrón electoral, en virtud de que permite comparar por medio de una pantalla de computadora, la fotografía, huella digital y firma del ciudadano contra las imágenes que aparecen en el recibo de entrega de credencial. Por otra parte, cabe señalar que en las reuniones trilaterales efectuadas entre los directores de los órganos electorales de México, Canadá y Estados Unidos de América, se reconoció que esta base sienta un precedente tecnológico y político a nivel mundial.

Profesionalización en materia electoral Desde que adquirió rango constitucional el principio rector de profesionalismo electoral, el servicio profesional electoral fue concebido como un sistema de personal de carrera, integrado por 2 mil 336 funcionarios especializados en la materia cuyo ingreso, permanencia y promoción se basan en el mérito, idoneidad y desempeño. Con base en ello, se ha continuado fortaleciendo la credibilidad ciudadana en las instituciones y los procesos electorales.

Toda vez que el estatuto del servicio profesional electoral establece que el ingreso, permanencia y promoción está basado, entre otros aspectos, en evaluaciones sobre la formación académica de los aspirantes y miembros, el IFE aplicó durante 1995 las evaluaciones correspondientes a las materias de derecho constitucional, expresión escrita, Cofipe y estadística, cuyos resultados positivos dan cuenta del interés que ha despertado entre el personal de carrera elevar su grado de conocimientos, para el mejor desempeño de las funciones encomendadas.

Por otra parte, con la finalidad de que la sociedad conozca y ejerza cabalmente sus derechos político electorales y que la actuación de las autoridades responsables de organizar y calificar las elecciones en última instancia, se realice siempre con apego al vigente estado de derecho, los órganos electorales dirigieron sus

esfuerzos a fomentar y fortalecer la cultura política democrática, así como avanzar en la consolidación de la ciencia jurídica electoral. En este sentido, el Instituto Federal Electoral desarrolló una estrategia integral de educación cívica, la cual comprendió: la divulgación de la cultura democrática a la población infantil y juvenil, así como a la ciudadanía en general; orientación e información sobre los derechos y obligaciones ciudadanos en materia político-electoral y promoción del voto y servicios bibliohemerográficos sobre esta última materia.

Ello se basó en la publicación de 18 títulos y la distribución de un poco más de 9 millones de ejemplares, por medio de los cuales se divulgaron los valores democráticos y se informó sobre los derechos y obligaciones ciudadanos. Asimismo, se realizó una campaña en medios electrónicos sobre los principios y valores de la democracia. En el ámbito académico, las juntas locales y distritales del IFE realizaron diplomados y ciclos de conferencias en materia políticoelectoral y organizaron alrededor de 4 mil jornadas cívicas en las que participaron casi 600 mil niños y jóvenes de todo el país, con el apoyo de autoridades educativas y profesores.

Por su parte, el Tribunal Federal Electoral, de acuerdo al artículo 282 del Cofipe instaló en febrero el Centro de Capacitación Judicial Electoral, para fomentar la cultura cívico-política y coadyuvar a la consolidación de la ciencia jurídica electoral del país. Este centro generó 294 productos académicos de conformidad a sus funciones de docencia, difusión e investigación sobre derecho electoral, su rama procesal y disciplinas afines. Adicionalmente, llevó a cabo diversas actividades académicas sobre aspectos jurídicos electorales, en los cuales participaron estudiantes de instituciones de educación superior, funcionarios de tribunales electorales estatales, autoridades electorales administrativas, partidos políticos nacionales, así como funcionarios de tribunales electorales extranjeros.

3.2 Una presidencia democrática en un régimen republicano fortalecido El titular del Poder Ejecutivo Federal comprometido con el desarrollo democrático del país, ha puesto en práctica, en el marco de la Constitución, una nueva relación entre los poderes de la Unión, con base en el ejercicio de sus atribuciones y competencias. La división de poderes y el equilibrio que entre sus funciones establece la norma fundamental es un principio básico de nuestro estado de derecho. El Presidente de la República ha asumido el compromiso de preservarlo, teniendo como objetivo el fortalecimiento democrático de nuestro sistema de Gobierno. Las reformas constitucionales aprobadas por el Constituyente Permanente, fortalecen la independencia del Poder Judicial, avanzando así en una nueva etapa de respetuosa actuación y colaboración con ese poder. En lo que respecta al Poder Legislativo, esencialmente compete a esa soberanía normar sus prácticas internas de trabajo, de ahí que el Ejecutivo Federal colaborará en los términos que estimen pertinentes los legisladores para avanzar hacia el fortalecimiento de sus normas y procedimientos, a fin de contribuir respetuosamente a la consolidación del Congreso de la Unión como ámbito privilegiado de deliberación plural y expedición de leyes, con el fin último de apoyar nuestro estado de derecho.

De conformidad a los ordenamientos constitucionales, el Poder Ejecutivo Federal cumplió, en tiempo y forma, con los requerimientos solicitados por el Poder Legislativo en materia de control y vigilancia del quehacer de la administración pública federal. En este sentido, destacan la presentación del I Informe de Gobierno; de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a 1994; de informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública; de los criterios generales de política económica para la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1996.

A petición de los legisladores, ocho servidores públicos comparecieron ante ambas cámaras para explicar y ampliar la información relativa a sus respectivos ramos. Cabe señalar que, como un acto que fortalece la vida republicana, así como la relación y colaboración entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, se realizaron cuatro reuniones de trabajo con comisiones conjuntas de las cámaras, para analizar el I Informe de Gobierno. Además, el Ejecutivo Federal coadyuvó al cumplimiento de las resoluciones del Poder Judicial de la Federación y puso a su disposición los elementos necesarios para una expedita administración de justicia.

Durante el periodo que se informa, el Presidente de la República envió al Poder Legislativo para su análisis, discusión y en su caso aprobación, 47 iniciativas de reformas y adiciones

al marco legal. Entre estas destacan las modificaciones a 27 artículos constitucionales en materia de justicia y seguridad pública.

Con las reformas al reglamento interior de la Secretaría de Gobernación, se faculta su intervención en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, a fin de que el titular de esta dependencia represente al Presidente de la República; asimismo, se fortaleció la participación de la propia dependencia en la vigilancia del cumplimiento de los preceptos constitucionales, en los términos que señale la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; en la elaboración y análisis de las iniciativas de ley del Ejecutivo Federal, a fin de garantizar su congruencia con los preceptos constitucionales y evitar contradicciones o duplicidades con otros ordenamientos jurídicos; en el establecimiento con la participación de las instancias correspondientes de un programa de presentación de dichas iniciativas de ley y así prever los tiempos adecuados para su remisión al Congreso de la Unión y en la consideración de los trámites para la entrega y presentación al Poder Legislativo Federal de las mismas.

3.3 Por un nuevo federalismo El impulso al federalismo exige una redistribución de competencias y responsabilidades, capacidades de decisión y ejercicio de los recursos fiscales entre los tres niveles de gobierno, para llevar los beneficios del desarrollo económico y social a todos los mexicanos. En tal sentido, el Gobierno de la República ha establecido como línea estratégica el fortalecimiento de los estados y municipios, con objeto de enriquecer nuestra vida federal.

Para avanzar en dicha estrategia, el Gobierno Federal se ha propuesto llevar adelante una nueva política federalista que reclama la participación activa de los actores políticos y de la sociedad en todos los estados y municipios. Este nuevo federalismo es una forma de organización política más adecuada para fortalecer la democracia, consolidar la unidad nacional y propiciar un México más equilibrado y justo. Articula la soberanía de los estados y la libertad de los municipios con las facultades constitucionales propias del Gobierno Federal, actualizando así el pacto federal, al devolver a las comunidades de las entidades federativas distintas capacidades para plantear y resolver sus propios problemas.

El federalismo se encuentra inscrito en la agenda de la reforma política del Estado, donde su consideración y desarrollo está vinculado a los ritmos de avance de dicho proceso. Para acelerar su fortalecimiento, se ha avanzado en la creación del consejo asesor fiscal; el diseño de una nueva Ley de Coordinación Hacendaría para transferir potestades tributarias y responsabilidades de gasto a estados y municipios; el traslado a los municipios del 55.0% de los recursos autorizados a la Secretaría de Desarrollo Social para combatir la pobreza extrema, mediante los fondos de solidaridad municipal; el impulso a la federalización de la educación media superior y superior; la descentralización de funciones de las secretarías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y la de Comunicaciones y Transportes y su inicio en la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social; así como de las políticas del medio ambiente y del agua. Asimismo, se realizaron esfuerzos tendientes a la creación y funcionamiento de una Comisión Intersecretarial para el impulso del federalismo, como órgano coadyuvante del Ejecutivo Federal en los prosesos de transferencia y redistribución de funciones, autoridad, responsabilidades y recursos de la Federación hacia las entidades federativas y los municipios.

Por otra parte, en febrero de 1995, el Gobierno de la República puso a consideración de los ejecutivos de las entidades federativas un convenio de coordinación de acciones para el fortalecimiento del federalismo y apoyo a la descentralización de funciones y recursos entre los distintos órdenes de Gobierno, mismo que fue suscrito por 13 gobernadores; en corto plazo el resto de los gobiernos coordinarán sus esfuerzos con el Gobierno Federal para llevar a cabo la integración de un programa especial, que permita robustecer el material prioritario relativo al fomento de la producción, bienestar social, combate a la pobreza, prestación de servicios, sistema fiscal, procuración de justicia y seguridad pública, entre otros.

La presencia de las representaciones de la Secretaría de Gobernación en los estados ha coadyuvado a coordinar esfuerzos y estrategias para fortalecer el vínculo institucional y de comunicación con autoridades locales, mismo que ha redundado en que la ciudadanía encuentre una vía para la atención a sus problemas, sin tener que trasladarse a la Ciudad de México en busca de orientación,

consolidándose así la interlocución política y la toma de decisiones locales.

3.4 Reforma de gobierno y modernización de la administración pública El proceso de reforma del Estado incluye la modernización de la gestión pública para promover el desarrollo económico con mayor equidad social. El Plan Nacional de Desarrollo 19952000 establece la necesidad de renovar la administración pública, para fortalecer su misión de servicio, acercarse más a las necesidades e intereses de la población, facilitar el acceso de la ciudadanía a las autoridades y promover canales permanentes de participación de la sociedad civil en la orientación, seguimiento y control de las actividades del gobierno.

Los grupos de la sociedad civil, cada vez mejor organizados y articulados, demandan mayor transparencia y mejores resultados en el ejercicio de la función pública, así como mayor participación en la definición de los programas sociales y en el desarrollo y seguimiento de la acción gubernamental. Los cambios que la sociedad exige de la administración pública, requieren iniciar sin demora una transformación profunda, orientada a promover nuevas actitudes, vencer inercias y atender rezagos que se han generado en este sector y que reclaman su atención urgente. Para ello, es impostergable desarrollar métodos que permitan mejorar la cobertura, calidad y efectividad de los servicios públicos en términos de su costo para la sociedad; alentar la acción de los particulares y diseñar nuevas fórmulas que permitan otorgar flexibilidad a las unidades administrativas del sector público para responder a circunstancias cambiantes del entorno nacional, a fin de que cuenten con capacidad para atender con oportunidad las necesidades de la población. Las estrategias diseñadas se abocan a promover la profesionalización de los servidores públicos, la descentralización administrativa, simplificar y adecuar el marco normativo y mejorar los sistemas de control y rendición de cuentas.

En este sentido, las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) hacia finales de 1994, se orientaron a fortalecer y a compactar las atribuciones y funciones de las diversas dependencias del Gobierno Federal para lograr un uso más eficiente de los recursos públicos en términos de rendimiento social y económico.

Principales modificaciones a la estructura y organización de las dependencias del Gobierno Federal, derivadas de las reformas a la LOAPF en diciembre de 1994 - La Secretaría de la Contraloría General de la Federación cambio su denominación a Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM), a la que se le confirió la facultad de organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la APF, a fin de que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados con criterios de eficiencia. Asimismo, asumió la responsabilidad de establecer normas, políticas y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, desincorporación de activos, servicios y obras públicas y de conducción de la política inmobiliaria del Sector Publico. - Se creó la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca para responder con eficiencia a las normas y requerimientos nacionales e internacionales en materia de protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental y ecológico del país, agregando los recursos y esfuerzos que se encontraban distribuidos en la extinta Secretaría de Pesca, la Subsecretaria Forestal y de la Fauna Silvestre de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y la Dirección de Zona Federal de la Secretaría de Desarrollo Social. - La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos se transformó en Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, orientándose a la atención integral del ciclo económico del campo para elevar el nivel de vida de las familias que habitan en el: capacitación agrícola; desarrollo de técnicas para la explotación ganadera; y canalización productiva de los recursos públicos al sector rural. - Como resultado del retiro del Estado de los procesos de producción industrial, la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal se redimensionó para conformar la nueva Secretaría de Energía, abocada a la conducción del desarrollo y explotación de los recursos energéticos del país. - La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial absorbió las responsabilidades del Gobierno Federal en materia de minas para impulsar la explotación racional y rentable de estos recursos a través del fomento a procesos integrales de industrialización y tecnificación.

Fuente: SHCP.

El avance en la formulación del Programa de Modernización de la Administración Pública (Promap), coordinado por la Secodadm fue sometido a un intenso proceso de concertación en las distintas áreas del Ejecutivo Federal involucradas y consideró el sentir ciudadano a partir de una amplia consulta que involucró a representantes de la sociedad civil, académicos, empresarios, agrupaciones sindicales y miembros de partidos políticos.

Uno de los puntos medulares del Promap, es la promoción de la participación ciudadana para apoyar la planeación y evaluación de la gestión pública. En 1995 se avanzó en la definición del marco conceptual y funcional del Consejo Consultivo de Modernización de la Administración Pública, el cual tendrá como función primordial asesorar a la Secodadm en sus labores de control y promoción del desarrollo de la Administración Pública Federal (APF) y estará integrado por personas altamente calificadas y reconocidas de los sectores académico, empresarial, de sindicatos de trabajadores al servicio del Estado, de profesionistas involucrados en la materia y de representantes ciudadanos, elegidos mediante procesos democráticos al interior de sus instituciones o agrupaciones gremiales.

3.4.1 Promoción de la descentralización administrativa En congruencia con el fortalecimiento del federalismo propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, se decidió emprender un programa de descentralización de funciones, facultades y estructuras de las dependencias de la APF, para acercar las instancias gubernamentales y las decisiones operativas a los ámbitos geográficos en que se generan las demandas de la población, con pleno respeto de la soberanía de las entidades federativas y de la libertad de los municipios. Para ello, las dependencias del Gobierno Federal iniciaron consultas con los gobiernos estatales y municipales, a fin de identificar entre las funciones que actualmente desarrolla la Federación, aquellas que pueden ser desempeñadas de manera más eficiente y menos costosa por esas órdenes de gobierno, o bien con su participación.

En 1995, la Secodadm promovió la descentralización gradual a los Organos Estatales de Control (OEC), de las facultades de fiscalización de las obras públicas ejecutadas con recursos que la Federación transfiere a los estados, a través de los Convenios de Desarrollo Social (CDS), así como la operación y fortalecimiento del Programa de Contraloría Social. Este proceso de descentralización hizo necesario establecer compromisos de apoyo mutuo para robustecer los sistemas de control institucional y social, bajo criterios de racionalización en el uso de los recursos y actualización de los sistemas de trabajo.

En este marco, se suscribieron nuevos acuerdos de coordinación en materia de control, evaluación y desarrollo administrativo con los gobiernos de Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas. De igual forma, se promovió la firma de acuerdos similares entre los gobiernos estatales y municipales. Estos acuerdos, establecen acciones orientadas a vigilar que el ejercicio de los recursos federales se realice de manera eficiente, transparente y honesta; dignificar la imagen del servidor público; incrementar la participación organizada de la ciudadanía en la vigilancia de las acciones de gobierno; mejorar los servicios de orientación y atención de quejas y denuncias y colaborar en actividades que contribuyan a la modernización de la gestión pública.

Como parte de esta estrategia, se adecuó el manual de fiscalización, con el propósito de establecer en forma clara la participación de los órganos de control federal y estatal, así como para homologar la presentación de resultados y el proceso de solución de las observaciones. En este marco se concertaron los programas descentralizados anuales de fiscalización con las 31 contralorías estatales, en los que se acordó incrementar la participación de estas instancias de un 40.0% hasta en un 80.0% en las funciones de supervisión y vigilancia del ejercicio de los recursos de los CDS.

Con el propósito de verificar la conclusión y el adecuado funcionamiento de las obras de mayor impacto social y financiero, se llevó a cabo la fiscalización de 7 mil 905 obras, con un costo de 4 mil 485.7 millones de pesos, de las cuales se revisaron en forma conjunta con las contralorías estatales 1 mil 588 obras por 1 mil 976.7 millones de pesos, y de manera directa por éstas, 6 mil 317 obras por 2 mil 509.0 millones

de pesos. También, bajo una estrategia de operación descentralizada, se diseñó en forma conjunta con la Coordinación de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República un procedimiento para el seguimiento y control de los compromisos presidenciales de obra pública, orientado a las dependencias federales, estatales y municipales que participaron en la ejecución y seguimiento de las obras comprometidas en 24 pronunciamientos.

Durante el ejercicio presupuestal de 1995, se realizaron evaluaciones trimestrales a los CDS en las 31 entidades federativas, a fin de ejercer un control preventivo y en su caso, correctivo en la aplicación de los recursos presupuestales, evitando con ello que se incurriera en desviaciones o faltas a la normatividad y a su vez, promover su aplicación en forma más clara y eficiente.

Adicionalmente, en el marco de la XI Reunión Nacional de Contralores Estado-Federación, se adoptaron compromisos para impulsar el diseño de nuevos esquemas de rendición de cuentas de los servidores públicos, que fortalezcan el federalismo y otorguen mayor participación a la sociedad mediante el esquema de contraloría social y promover programas de calidad y excelencia orientados al usuario.

3.4.2 Profesionalización de los servidores públicos La modernización administrativa asigna un papel destacado al desarrollo de un auténtico servicio civil de carrera, que permita dar continuidad a los programas y planes de trabajo de la APF y mejorar continuamente el nivel de los servicios que presta a la sociedad, mediante el aprovechamiento de la experiencia y los conocimientos de los funcionarios públicos en los ámbitos en que se han desarrollado profesionalmente.

En 1995 inició la elaboración de un modelo de servicio civil basado en el mérito, la capacidad y la eficiencia de los servidores públicos, para garantizar seguridad en el servicio, oportunidades de promoción, capacitación y desarrollo profesional y una evaluación justa y transparente de su desempeño.

3.4.3 Modernización de la gestión pública Las primeras acciones puestas en marcha para la modernización y el desarrollo administrativo de las instituciones públicas, se orientaron a actualizar los sistemas de evaluación, para lograr que la administración gubernamental ofrezca los servicios con la eficiencia y calidad que demanda la población.

Adicionalmente, se estableció un proceso continuo de revisión de estructuras orgánicas y ocupacionales, sustentado en los siguientes criterios: revertir la tendencia de crecimiento del gasto en servicios personales observada en ejercicios fiscales anteriores; generar ahorros presupuestales inmediatos y permanentes y mejorar la calidad de los servicios que se prestan a la sociedad. Al término del año las estructuras básicas de las dependencias del Gobierno Federal que comprenden las plazas vigentes de nivel de secretario de Estado hasta director general, se incrementaron sólo en 1.0%, mediante movimientos compensados de fortalecimiento y simplificación de las distintas áreas que las conforman. Debe señalarse que Elementos operativos del servicio civil de carrera - Identificación y reclutamiento de personal que cuente con la preparación, actitud y aptitud más adecuada a los puestos de trabajo, mediante métodos objetivos e imparciales. - Desarrollo de un sistema de capacitación permanente, que permita a los funcionarios el perfeccionamiento de sus funciones y la actualización continua en la adopción y utilización de nuevas tecnologías. - Evaluación permanente de los empleados públicos, para verificar la correcta prestación de los servicios y estimular a quienes observen mejoras constantes en su desempeño. - Promoción de los funcionarios que mediante concursos de oposición, demuestren ser los más calificados para obtener ascensos en términos de responsabilidad e ingresos.

Fuente: SHCP.

el incremento de las estructuras ocupacionales en el Gobierno Federal reflejó el fortalecimiento de las plantillas del personal adscrito a las áreas prioritarias de salud, educación, desarrollo rural, procuración e impartición de justicia y seguridad nacional, para atender con oportunidad y eficiencia las responsabilidades sustantivas del Estado.

También se realizaron acciones para flexibilizar la regulación y los controles y desarrollar nuevos criterios para la medición del desempeño y los resultados de la gestión de las dependencias y entidades de la APF, con la finalidad de evaluar sistemáticamente el costo de los servicios públicos, su calidad e impacto social, así como la satisfacción de los usuarios de los mismos. En este marco, se proporcionó asesoría y se promovió la realización de diversos estudios de caso y la aplicación de encuestas y sondeos de opinión, lo que ha permitido contar con indicadores de gestión de aplicación periódica y sistemática, que servirán de base para la evaluación de la gestión pública.

Durante el año, la Secodadm aplicó 2 mil 468 cuestionarios sobre los trámites y servicios gubernamentales en los que se presenta una gran demanda y el mayor número de quejas ciudadanas. Estas encuestas se llevaron a cabo en establecimientos públicos de la Ciudad de México y su área conurbada, donde los usuarios o beneficiarios acceden a los subsidios alimentarios, servicios relacionados con las obligaciones fiscales y de salud, lo que permitió detectar carencias en el servicio, eventuales duplicidades de esfuerzos y recursos entre las instituciones que participan, así como el grado de satisfacción ciudadana recibido con los servicios existentes.

Las encuestas se aplicaron en 715 administraciones locales de recaudación, hospitales del sector salud y ventanillas de atención al público del gobierno del Distrito Federal; 1 mil 129 instituciones de educación preescolar y primaria de la SEP y 153 y 471 centros de distribución de los programas de leche y de tortilla subsidiadas por el Gobierno Federal, respectivamente.

Los resultados de la consulta se sometieron a la consideración de las instituciones involucradas para definir acciones de mejoramiento y orientar nuevos planes de trabajo; asimismo, dieron la pauta para elaborar dentro de la Secodadm, una propuesta de sistematización de encuestas y sondeos de opinión, como una tarea permanente a realizar por las dependencias y entidades, dentro del Sistema Integral de Evaluación de la Gestión para medir, evaluar y orientar su desempeño a través de la construcción de indicadores.

Se inició un esfuerzo conjunto entre las secretarías de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, Hacienda y Crédito Público y el Banco Mundial, para establecer una metodología de evaluación integral de los programas sociales financiados con recursos provenientes del propio banco. Este esfuerzo será la base para llevar a la práctica un sistema de evaluación similar para el resto de la administración pública, para lo cual se conformó un grupo de estudio para las áreas de educación, salud, trabajo y nutrición, con la participación de la SHCP, Secodadm, SEP, STPS, SSA, gobiernos estatales, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y un grupo de asesores del Banco Mundial.

3.4.4 Simplificación y adecuación del marco normativo Con el propósito de contar con un marco normativo claro, ágil y flexible, que garantice la oportunidad y calidad en las adquisiciones y servicios, así como en obras públicas y servicios relacionados con las mismas, que llevan a cabo las dependencias y entidades, la Secodadm actualizó el marco normativo correspondiente y elaboró normas de carácter general en los aspectos que requerían ser fortalecidos.

A partir de la información proporcionada por las dependencias y entidades, se detectaron los problemas que trae consigo la aplicación de la normatividad vigente en la materia, lo que permitió elaborar un anteproyecto de reformas a la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas (LAOP), orientado a promover la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a prevenir problemas contractuales derivados de efectos devaluatorios. En materia de obra pública se propusieron modificaciones tendientes a precisar algunos aspectos de la ley, tales como los medios en que deben publicarse las convocatorias y la imposibilidad de desistimiento de propuestas una vez iniciada la licitación, que se estima necesario ajustar a la realidad que vive el país.

Adicionalmente, se implantó el Programa de Seguimiento de Atraso en el pago a proveedores, mediante el cual se verificó que todas las dependencias y entidades de la APF

estuvieran al corriente en sus pagos. Al término de 1995, de un total de 589 millones de pesos con atraso en pago, sólo queda pendiente un monto de 177 millones de pesos, debido a situaciones tales como: existencia de demandas judiciales, inconformidades en trámite, reclamos no documentados, entregas incompletas, bienes entregados pero no instalados, entre otras. De igual forma, se estableció el Programa de Recuperación de Adeudos de los Contratistas a las Dependencias y Entidades, cuyo objetivo es lograr la recuperación a través de los órganos internos de control de los saldos a cargo de los contratistas, recuperándose a diciembre de 1995, 20.9 millones de pesos.

En materia de almacenes, enajenaciones, baja y destino final de bienes muebles, se emitió el procedimiento simplificado de licitación pública o interna de vehículos terrestres, con vigencia al 31 de diciembre de 1996, mismo que fue enviado a las dependencias y entidades para su observancia e implantación. Dicho procedimiento permitirá que ellas mismas elaboren los avalúos de las unidades, con apoyo en la guía EBC (revista de información a comerciantes de automóviles y camiones y aseguradores de la República Mexicana).

Con la aplicación de esta norma, se logrará evitar costos adicionales por concepto de mantenimiento de unidades en malas condiciones; racionalizar la utilización de espacios para su estacionamiento y los correspondientes gastos de arrendamiento de inmuebles y vigilancia; asimismo, se generarán ahorros por concepto de elaboración de avalúos y en el supuesto de licitación interna, se beneficiará a los servidores públicos de menores ingresos.

Por lo que corresponde a la conducción de la política inmobiliaria de la APF, se emitieron las normas siguientes: criterios sustentados en cuanto a bienes inmuebles propiedad de organismos descentralizados; no sujeción obligatoria por parte de las entidades de la APF para justipreciar sus rentas ante la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales (Cabin); para una efectiva descentralización de la función notarial; obligatoriedad de la expedición de decreto desincorporatorio de fracciones de inmuebles en desuso que no cuentan con acceso directo, propiedad de organismos descentralizados; requisitos mínimos que deberán cubrir los aspirantes a ser nombrados notarios públicos del patrimonio inmueble federal; aplicación de los avalúos emitidos durante la celebración de contratos de promesa de venta o de compraventa, cuando durante su vigencia se decrete la desincorporación del inmueble respectivo, siendo necesario en la protocolización un avalúo que sólo tendrá efectos fiscales; aplicación de la circular técnica NIF006bis, para la reexpresión de los estados financieros de entidades, y la no necesidad de que se expida un avalúo por parte de Cabin, para la formalización de aquellos inmuebles que fueron entregados como compensación en especie a propietarios afectados.

3.4.5 Modernización de la empresa pública La modernización de la empresa pública continúa siendo un elemento fundamental de la reforma del Estado para impulsar los cambios estructurales que requiere la economía nacional. Por ello, en 1995 se procedió a la revisión de sus estructuras, sectorización y funcionamiento, para su fortalecimiento orgánico y administrativo, a fin de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos que administra y el cumplimiento eficiente de las funciones que les han sido asignadas.

Asimismo, se continuó con la estrategia de desincorporación de entidades que cumplieron con los objetivos establecidos en su creación o que demandan de vastos recursos financieros y tecnológicos para fortalecer su capacidad productiva y elevar su productividad, mismos que el sector privado puede proveer con mayor eficiencia.

Durante 1995 concluyó la desincorporación de ocho entidades paraestatales, mediante procesos de liquidación o extinción; dos entidades fueron transferidas a los gobiernos estatales de Tamaulipas y Guerrero; se enajenaron las acciones de una empresa de participación estatal mayoritaria cuya permanencia en el Sector Público ya no se justificaba socialmente; y se excluyeron dos más que no cumplían con los requisitos que establece la Ley Federal de las Entidades Paraestatales para ser consideradas como tales. Asimismo, se inició la desincorporación de 14 entidades no estratégicas ni prioritarias. En este sentido, la Comisión Intersecretarial GastoFinanciamiento acordó asumir pasivos financieros a cargo de Ferrocarriles Nacionales de México por 479.8 millones de dólares, mediante un convenio que se formalizó el 13 de diciembre de 1995, el cual incorporó compromisos y metas calendarizadas para incrementar los niveles de productividad y de eficiencia operativa y financiera de la entidad.

Adicionalmente, se autorizó la creación de tres entidades para fortalecer las funciones sustantivas del Estado: el Hospital General de México, como organismo descentralizado del sector salud, a fin de proporcionarle la autonomía técnica y administrativa necesaria para brindar una mejor atención en la prestación de los servicios médicos de alta especialidad; el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.; y III Servicios, S.A. de C.V., como empresas de participación estatal mayoritaria sectorizadas en la SEP y en la SE, respectivamente.

La primera desempeña la función social de coadyuvar a la consolidación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, a través de la realización de investigaciones en áreas de metalurgia, cerámica y semiconductores; en tanto que la segunda prestará, mediante contrato, los servicios de administración y operación inmobiliaria al corporativo de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios.

Con los movimientos antes mencionados al 31 de diciembre de 1995, el padrón de entidades paraestatales vigentes asciende a 204, de las cuales 80 son organismos descentralizados, 99 son empresas de participación estatal mayoritaria y 25 son fideicomisos públicos. Asimismo, 35 entidades se encuentran en proceso de desincorporación, ubicándose entre estas últimas las tres empresas productoras de papel filiales de Productora e Importadora de Papel, S.A. (PIPSA): Fabricas de Papel Tuxtepec, S.A. de C.V.; Mexicana de Papel Periódico, S.A. de C.V.; y Productora Nacional de Papel Destintado, S.A de C.V; Exportadores Asociados, S.A. de C.V. (EASA); la Compañía de Luz y Fuerza del Centro S.A. y sus empresas asociadas; y nueve empresas de servicios portuarios.

La reestructuración del sector paraestatal implicó la revisión del esquema de sectorización de los organismos y empresas públicas, con la finalidad de definir un agrupamiento más acorde con la consecución de los objetivos y metas de las estrategias sectoriales. En este sentido, se procedió a la sectorización administrativa de 26 entidades: la Sedesol transfirió a la Secodadm la coordinación de Incobusa S.A. de C.V.; la Conasupo y Boruconsa pasaron de la Secofi a la Sagar; las entidades del subsector minero dejaron de ser coordinadas por la SE para agruparse en torno a la Secofi; Linconsa, Diconsa y 16 subsidiarias de ésta se resectorizaron de la Secofi a la Sedesol y el Fonart pasó de la SEP a la Sedesol.

La estrategia global de promoción y desarrollo de la administración paraestatal ha tenido como punto de partida el cambio estructural y la redefinición de las funciones, para la mejor atención a las demandas sociales. Para dar fluidez a sus operaciones e incrementar la eficiencia en el logro de sus objetivos, las entidades paraestatales han procedido a la racionalización de estructuras y simplificación de procesos de trabajo, fusión de áreas, descentralización de funciones, e integración de información financiera y contable, mediante el uso de sistemas computarizados y de telecomunicación; igualmente, han establecido procedimientos de atención al público a través de los cuales incrementaron su capacidad de respuesta para atender reclamos o solicitudes de servicio. Con ello han mantenido una amplia cobertura de servicios, no obstante la situación de emergencia económica enfrentada en 1995, principalmente las entidades que están relacionadas con la salud, la educación y la vivienda.

3.5 Participación social y fortalecimiento de la representación ciudadana Alentar la mayor participación comprometida de la sociedad en los asuntos de interés nacional y construir una nueva etapa de la democracia mexicana, es compromiso insoslayable de la presente administración. En este contexto, el Gobierno Federal emprendió el análisis de los valores, principios y habilidades que deben integrar el perfil del ciudadano mexicano del Siglo XXI. Al efecto, se ha promovido una cultura política que sustente la unidad de todos los mexicanos, a la vez que aliente un ciudadano comprometido con el país, con su comunidad y consigo mismo.

El Gobierno de la República reconoce que el marco legal actual no es suficiente para el despliegue de distintas iniciativas y propósitos de la sociedad civil organizada. Al respecto, analiza el establecimiento de un nuevo marco regulatorio y fiscal que reconozca, favorezca y aliente las actividades sociales, cívicas y humanitarias de las organizaciones civiles.

Por la importancia de las organizaciones civiles para el desarrollo político y social de México, el Ejecutivo Federal propuso la incorporación de los temas de comunicación social y participación ciudadana en la mesa central para la reforma política del Estado. La agenda del tema de participación ciudadana comprende: régimen jurídico de las organizaciones gremiales y sociales; régimen jurídico y promoción de la organizaciones civiles y participación ciudadana en el diseño, realización, evaluación y contraloría de las políticas públicas.

Por otra parte, el Gobierno Federal y los sectores organizados de la sociedad, participaron de manera conjunta en el diseño y ejecución de políticas y programas en un marco de plena concertación democrática, a través de diversos foros y mecanismos, con el propósito de consolidar las bases para estimular la recuperación económica e impulsar el crecimiento de la economía.

En enero de 1995 se suscribió el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica (AUSEE), orientado a disminuir en el corto plazo el déficit en cuenta corriente de la

balanza de pagos hasta un nivel congruente con la disponibilidad de financiamiento externo, limitar el impacto inflacionario de la devaluación, evitar un mayor deterioro del nivel de vida de la población y crear las condiciones para una pronta recuperación de la actividad económica y el empleo.

Con base en la aplicación de las medidas de política contenidas en el AUSEE y su posterior fortalecimiento a través del PARAUSEE, en el que destaca el apego de los sectores social y privado a los compromisos adquiridos en la concertación, fue posible corregir el déficit de la cuenta corriente, controlar el proceso inflacionario, estabilizar el mercado cambiario ante los ataques especulativos, evitar el desplome del sistema bancario, otorgar mayor seguridad a los ahorradores y apoyar a las empresas y particulares endeudados. La acción conjunta de la sociedad y Gobierno, evitó que la crisis se manifestara en un mayor desempleo y pérdida del ingreso real de las familias.

En octubre se firmó la Alianza para la Recuperación Económica (ARE), orientada a estimular la recuperación de las actividades productivas y el empleo, así como a consolidar las bases para el crecimiento sostenido de la economía. El diseño de la alianza está basado en la comunión de esfuerzos de todos los sectores sociales para la consecución de estos objetivos comunes, lo que amplía las posibilidades reales de su viabilidad.

Para fomentar la cultura de la productividad y la competitividad en todos los sectores de actividad económica, se establecieron diversas instancias para concertar acciones con los sectores privado y social en la materia, la orientación de las concertaciones se fortaleció mediante la elaboración de diagnósticos sectoriales y propuestas sobre mecanismos de negociación, que han permitido incorporar los puntos de vista de estos grupos sociales en la elaboración de programas y políticas de desarrollo sectorial.

Asimismo, se realizaron tareas de concertación y de apoyo a las políticas del Programa Nacional para el Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las Personas con Discapacidad. En este marco, diversas organizaciones sociales, como la que integran la Confederación Mexicana de Asociaciones en Favor de las Personas con Deficiencia Mental (Confe), recibirán un tratamiento fiscal favorable en los donativos de particulares.

Con la creación del Consejo Asesor Fiscal, concebido como una instancia plural de consulta y asesoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el estudio y análisis de las disposiciones fiscales y de los procedimientos que las mismas establezcan, se ha fomentado una mayor participación social en el diseño de programas orientados a mejorar la coordinación hacendaria, simplificar y otorgar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes.

En el consejo se atienden las propuestas de éstos, a través de la participación de representantes de los sectores obrero, campesino, empresarial, académico y expertos fiscalistas, quienes, junto con funcionarios de las dependencias y organismos gubernamentales, analizan la legislación fiscal, a fin de formular recomendaciones para su simplificación y la creación de estímulos a actividades prioritarias.

3.6 Libertad de expresión, de prensa y el derecho a la información En México las libertades de expresión y de prensa son elementos constitutivos de las garantías individuales. Sin ellas es inconcebible la democracia. Por eso, desde el inicio de la presente administración, el Ejecutivo Federal ha respetado irrestrictamente estos derechos y garantizado su libre y total ejercicio, cuyos límites son el respeto a la vida privada, la moral y la paz públicas.

En el ámbito de la reforma política del Estado se considera adoptar medidas para cumplir, oportuna y suficientemente, con el derecho a la información y atender las propuestas que surjan por parte de la sociedad y del Poder Legislativo, con el fin de dar seguridad y certeza jurídica a la labor de los medios en el ámbito de su responsabilidad social.

En este tema particular, la agenda contempla dos rubros que se relacionan con la estrategia de reflexiones para la elaboración de una política de comunicación social. En relación a la legislación sobre comunicación, se propuso actualizar el marco legal vigente y el régimen de concesiones y en lo que respecta a los medios de comunicación, se establecieron

señalamientos en favor de los derechos a la libertad de expresión de la sociedad, información, comunicación, réplica y aclaración. Además, se considera revisar, las funciones de los sistemas públicos de información como el INEGI, Conapo y archivos generales, el código de conducta de los comunicadores, la función social de los medios y los comunicadores y los límites a sus derechos, dada la existencia del derecho a la privacidad y la responsabilidad por daños a terceros.

Esta agenda se vio enriquecida con la incorporación de temas como la relación entre la sociedad, los medios y el Estado; la entrega de concesiones; los derechos de autor; la publicidad; los medios impresos; la Ley de Imprenta y el acceso de los partidos a los medios, los cuales fueron resultado del diálogo entre el Gobierno Federal y los legisladores de los grupos legislativos representados en la Cámara de Diputados.

En esta materia, el Ejecutivo Federal ha estado atento a los 10 foros públicos que realizó el Poder Legislativo Federal para recoger opiniones sobre el tema de la comunicación social, particularmente en materia de mayor apertura de espacios en radio y televisión a las organizaciones culturales y sociales no lucrativas y a partidos políticos; de actualización de la Ley de Radio y Televisión en lo referente al sistema de concesiones; de revisión de leyes y reglamentos en materia de imprenta y prensa; de asignación de los llamados tiempos oficiales en medios electrónicos; de incorporación de los avances científicos y tecnológicos a las disposiciones de las leyes aplicables en la materia; de reglamentación del artículo 6o. constitucional y del ejercicio responsable de los medios de información, a la luz de sus libertades y las acciones que con esa base emprenden.

Un avance sustancial en esta materia se observa en los encuentros sostenidos entre el Gobierno y representantes de los grupos legislativos que integran el Congreso de la Unión, ya que se encuentran a discusión los temas que integrarán la agenda sobre comunicación social para la reforma política del Estado y sus posibles repercusiones en el orden jurídico nacional, además, se realizó un estudio general de las normas vigentes a la luz del desarrollo de la sociedad civil y del Estado, aspecto que ha sido enmarcado ya en la mesa de trabajo para la reforma política del Estado.

3.7 Relación entre el Estado y las iglesias El marco jurídico que hoy regula las relaciones entre el Estado y las iglesias, producto de las reformas constitucionales y legales en la materia, garantizan plenamente la libertad religiosa, entendida como una expresión particular de las garantías individuales. Dada la trascendencia de los aspectos jurídicos de la nueva normatividad, el Ejecutivo Federal creó la subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Asociaciones Religiosas en la Secretaría de Gobernación, para atender, entre otras, las acciones relativas al registro constitutivo de las asociaciones religiosas como personas morales, el registro de su patrimonio inmobiliario y el control de sus ministros de culto tanto nacionales como extranjeros, así como la resolución de controversias suscitadas entre ellas y los particulares o autoridades.

Al finalizar 1994 se concluyó prácticamente la primera etapa del registro de asociaciones religiosas de la mayoría de las iglesias y las agrupaciones con representatividad significativa en nuestro país, implantándose en 1995 el registro de las entidades autónomas o divisiones y otras formas de organización interna de las mismas, ya que de acuerdo a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, gozan igualmente de personalidad jurídica y patrimonio propio.

En este contexto, se brindaron casi 3 mil asesorías con relación a la integración de las solicitudes de registro constitutivo de las asociaciones religiosas y de sus entidades o divisiones internas, a su régimen patrimonial, a la modificación de sus estatutos, a la legislación y la normatividad, a la realización de actos de culto público con carácter extraordinario y a la presentación de recursos de revisión. En ejercicio de los derechos y obligaciones que la ley otorga, durante 1995 se recibieron 1 mil 091 solicitudes de registro, habiéndose constituido 792 asociaciones religiosas.

En cuanto a su ámbito patrimonial, se han llevado a cabo dos tareas fundamentales: una, es controlar los bienes propiedad de la nación que las asociaciones religiosas tienen en posesión y otra, realizar la inscripción de todos aquellos que las mismas adquieren, ahora como parte de su patrimonio. Así, durante el periodo que abarca este informe se remitieron a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo los informes referentes a 3 mil 015 inmuebles propiedad de la nación señalados

en las solicitudes de registro. Además, de acuerdo con la ley de la materia, se emitieron 556 declaratorias generales de procedencia, con lo cual se autorizó a las asociaciones religiosas para adquirir 1 mil 180 inmuebles y se recibieron 77 avisos de apertura de otros tantos recintos destinados al culto público.

Por otro lado, con la finalidad de ofrecer todas las facilidades para que se cumpla con las disposiciones legales, durante 1995 se elaboraron cuatro documentos relativos a la normatividad, los cuales tienen por objeto establecer criterios administrativos sobre el combate a la intolerancia religiosa, así como orientar acerca de los derechos y limitaciones de los ministros en asuntos políticos y partidistas, indicándose con precisión las infracciones en que pueden incurrir.

Respecto a la posibilidad de que en forma extraordinaria, las asociaciones religiosas transmitan actos de culto religioso a través de medios electrónicos de comunicación, durante el año se recibieron 98 solicitudes, de las cuales se otorgaron 60 permisos. Asimismo, se presentaron 23 denuncias por intolerancias religiosas en contra de diversos cultos religiosos y se recibieron 12 quejas por conflictos entre asociaciones religiosas, que sumadas a las 50 que se encontraban en trámite del periodo anterior, se alcanza la cifra de 62.

De este total, mediante los procedimientos de conciliación y arbitraje se resolvieron 14. En materia de infracciones se integraron expedientes, fundamentalmente con motivo del proselitismo a favor de partidos o candidatos, la promoción o uso de la violencia para fines religiosos y la oposición a las leyes e instituciones del país.

Ante el conflicto político-religioso que se vive en el municipio de San Juan Chamula, el cual data desde hace 30 años y que ha motivado expulsiones de evangélicos por parte de los católicos tradicionalistas, así como enfrentamientos trágicos entre ambos grupos, el Gobierno Federal propició la conformación de una comisión plural con la participación de autoridades federales, estatales y organismos no gubernamentales, para buscar una solución pacifica al conflicto. Al respecto, se han efectuado dos reuniones de conciliación del pueblo Chamula, una en noviembre y otra en diciembre de 1995. En esta última se logró que los representantes, tanto de los evangélicos expulsados como de los católicos tradicionalistas, acordaran la mutua adopción de medios de tolerancia, en tanto duren las negociaciones.

4. Desarrollo social 4.1 Aspiración por la justicia social En el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 se estableció la necesidad de avanzar a un desarrollo social que propicie y extienda en todo el país, las oportunidades de superación individual y comunitaria, bajo los principios de equidad y justicia, a fin de privilegiar la atención de grupos, comunidades y zonas geográficas que padecen las más graves desventajas económicas y sociales.

El plan reconoce que la magnitud de los rezagos y carencias es enorme y que para romper el círculo de la pobreza se requiere de múltiples acciones dirigidas a los grupos sociales de menores recursos: abatir las altas tasas de fecundidad, proporcionar suficiente educación y capacitación, combatir la desnutrición, la morbilidad y mortalidad por enfermedades infecciosas y parasitarias, propiciar oportunidades de empleo productivo y mejorar las condiciones de vida con servicios de cultura, deporte y esparcimiento. Asimismo, se destaca que para atender las necesidades básicas aún insatisfechas de grupos sociales y regiones marginadas de los beneficios del desarrollo, es necesario coordinar todas las acciones públicas, tanto del sector público federal como de los estados y municipios, con pleno respeto a la autonomía de los tres niveles de gobierno, e involucrar la participación de los sectores privado y social en esta responsabilidad que atañe a toda la sociedad.

La profunda crisis económica y financiera de 1995 contrajo la generación de empleos y el poder adquisitivo de las remuneraciones al trabajo. En este adverso contexto, la política de desarrollo social aplicada por el Gobierno de la República se orientó a sostener los niveles de bienestar de la población y atenuar el impacto de la crisis en los grupos de la sociedad con menores ingresos.

La emergencia económica obligó a reducir el gasto programable del sector público, debido a la menor disponibilidad de ingresos, por lo que el gasto federal ejercido en 1995 en desarrollo social fue inferior en 11.0% en términos reales respecto al año anterior; sin embargo, su participación en el gasto programable del sector

público aumentó de 52.9% en 1994 a 55.0% en 1995, a fin de proporcionar mayores servicios de educación, salud, nutrición, abasto y capacitación para los trabajadores. Es importante destacar que para dar atención más oportuna y eficaz a las necesidades de las comunidades, se impulsó de manera gradual pero firme la descentralización de funciones y recursos a los estados y municipios.

En materia de educación, los esfuerzos se concentraron en los niveles de la enseñanza básica, mediante el reforzamiento de los programas encaminados a combatir el rezago educativo en las comunidades del país más desfavorecidas, de acuerdo con la estrategia de la federalización educativa. Así, la matrícula registrada en el sistema escolarizado en el periodo del informe aumentó aproximadamente en 594 mil 600 personas, por lo que se cuenta con 26 millones 946 mil 700 alumnos inscritos en todos los niveles. De estos últimos, el 83.8% corresponde a educación básica.

Con la descentralización de los servicios de la Secretaría de Salud a los estados se atiende la necesidad de orientar al sistema de salud hacia una operación más por funciones que por grupos sociales. Este proceso se inició a principios de 1995 y culminará en la primera mitad de esta administración, con lo cual la Secretaría se concentrará más en su función rectora y normativa de las políticas nacionales de salud.

Las modificaciones a la Ley del IMSS permitieron establecer las bases para garantizar su viabilidad financiera y ampliar y mejorar los servicios que proporciona. Por otra parte, esta institución extendió por seis meses la atención médica a los trabajadores desempleados de sus centros de trabajo, como una forma clara de apoyo a este sector social.

La estrategia para superar la pobreza ahora se sustenta en dos ejes fundamentales: la participación social y la coordinación entre Federación, estados y municipios, bajo un concepto integral que conjuga la atención a rezagos en servicios básicos, con la promoción de proyectos productivos y la creación de infraestructura de impacto regional. En 1995, el 55.0% del presupuesto de solidaridad y desarrollo regional se administró a nivel municipal, respondiendo al propósito de continuar acercando las decisiones y los recursos al nivel de gobierno más sensible a las demandas sociales y a sus alternativas de respuesta.

En materia de vivienda sobresale la ejecución de un programa especial orientado a aliviar la carga financiera, que para los contratantes de créditos hipotecarios significó el aumento de las tasas de interés; proporcionar recursos para la terminación de las viviendas en proceso y reactivar la construcción de vivienda nueva, sobre todo la de interés social.

La política de desarrollo urbano persistió en su objetivo de subsanar las deficiencias que muestra la provisión de servicios públicos, reservas territoriales y equipamiento urbano, principalmente en las ciudades medias con potencialidades productivas y de residencia que absorben crecientes flujos migratorios. Las acciones de regularización de la propiedad de la tierra, de titulación de predios y de fomento a la organización social, coadyuvaron a la integración social y productiva de los campesinos, estableciendo puntos de partida para atraer inversiones y arraigar a la población en sus lugares de origen.

Con el propósito de coordinar el esfuerzo de todas las instituciones públicas en materia de nutrición y convenir con los gobiernos estatales y municipales nuevas formas de colaboración, se crearon los programas de Alimentación y Nutrición Familiar y Acciones en Favor de la Infancia, para unificar criterios acerca de las prioridades de atención nutricional y alimentaria, orientados principalmente a la población infantil de menos de cinco años y a la que se encuentra en edad escolar, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, en los municipios que presentan los mayores niveles de desnutrición y pobreza en el país.

4.2 Educación La verdadera riqueza de los países radica en las cualidades y capacidades de las personas que los integran, por ello la política educativa de la presente administración se orienta a extender la cobertura con equidad y mejorar constantemente la calidad de los servicios, a partir de una cruzada nacional que permita asumir modos de vida superiores con el aprovechamiento de las oportunidades que abren la ciencia, la tecnología y la cultura de nuestra época; anticipar soluciones a los problemas previsibles e incidir en la gestión, modernización institucional y transformación de estructuras académicas, en el marco del federalismo educativo.

En el periodo de este informe, se logró incrementar la matrícula del Sistema Educativo Nacional en casi 659 mil alumnos; avanzar en la reforma de contenidos y materiales de estudio; reforzar y ampliar los programas preventivos y compensatorios; distribuir mejores libros de texto gratuitos; actualizar a maestros para su mejor desempeño escolar; reformular el modelo pedagógico de alfabetización e incrementar la infraestructura y equipamiento de espacios educativos.

4.2.1 Educación básica A través de la educación básica se forman valores, actitudes y hábitos, a la vez que se desarrollan conocimientos y destrezas de lectura, escritura, matemáticas e historia nacional, que propician la reflexión constructiva, fundada en valores como: honradez, respeto, confianza y solidaridad, que son base de la convivencia plural, pacífica, democrática y productiva de los mexicanos. Los alumnos de este nivel representan el 83.8% de la matrícula del sistema educativo escolarizado.

Cobertura y gestión educativa en el marco del federalismo La política de educación básica tiene como propósito fundamental, lograr con calidad académica una cobertura del 100.0% entre los niños y jóvenes que la demanden en el contexto de un auténtico federalismo, que distribuye más equilibradamente la función educativa y permite a los gobiernos estatales reforzar la operación de los planteles que administran; incorporar el talento y las iniciativas locales; abrir espacios para la participación social y propiciar una planeación más detallada en los estados, apoyada en sistemas de información para la correcta evaluación de los diferentes tópicos educativos, que al difundirse periódicamente en las regiones y niveles de estudio, auxilia en la toma de decisiones para el cumplimiento de los objetivos de cobertura y calidad.

La construcción y mantenimiento de espacios educativos son elementos clave, para extender la oferta, por lo que se impulsará su descentralización al interior de la República.

En el ciclo escolar 19951996, la cobertura atendida en educación básica ascendió a casi 22.6 millones de alumnos, esto es, alrededor de 411 mil más respecto del ciclo anterior; de ellos, el 7.8% fueron atendidos por la Federación, 85.3% por los gobiernos estatales y el 6.9% por los particulares. Los mayores incrementos en la cobertura se dieron en las zonas rurales e indígenas, lo cual es congruente con la política vigente en el sentido de otorgar prioridad a los grupos sociales y regiones con los rezagos más elevados.

A efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Educación, acerca del servicio que prestan las escuelas particulares con o sin reconocimiento de validez oficial de estudios, la Secretaría de Educación Pública (SEP) desarrolló acciones encaminadas a evaluar y verificar la calidad que ofrecen esos planteles, considerando: infraestructura física, documentación normativa y aplicación de planes y programas de estudio. En el presente ciclo escolar, las escuelas particulares atienden respectivamente al 8.2%, 6.4% y 7.5% de los alumnos registrados en educación preescolar, primaria y secundaria.

La educación preescolar que se ofrece a los niños de tres a cinco años de edad es la base de la formación de los educandos.

Este nivel registra el mayor índice de atención a la demanda en los últimos ocho ciclos escolares, al beneficiar a poco más de 3.2 millones de alumnos, es decir, 4.6% más que en el periodo anterior. Para expandir la cobertura, se realizaron estudios de microplaneación y programación detallada que permitieron identificar poblaciones rurales, indígenas y urbanomarginadas con demanda insatisfecha, ubicadas en gran medida en zonas aisladas y de difícil acceso, a las que se les atiende mediante nuevos esquemas tales como: el proyecto alternativas de atención en la educación preescolar, que beneficia a niños de comunidades rurales; jardines de niños con servicio mixto, que otorga atención a hijos de madres trabajadoras que no contaban con acceso a guardería; Programa de Preescolar Comunitario, que favorece a 61 mil 028 alumnos de 6 mil 833 localidades; proyecto de Atención Educativa a Población Infantil Agrícola Migrante, que brinda el servicio a 1 mil 504 niños de 144 campamentos y el proyecto Piloto de Servicios Educativos para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con el que se atiende en 473 comunidades a 3 mil 780 alumnos.

La educación primaria constituye una etapa fundamental en la formación de los niños, orientada a la adquisición de valores y la adopción de aptitudes y habilidades. A través de este nivel educativo, se busca que los futuros ciudadanos inicien el cabal desarrollo de sus potencialidades para trabajar con dignidad, mejorar su calidad de vida y ejercitar su capacidad de aprendizaje permanente.

En la enseñanza primaria, se inscribieron 14.6 millones de alumnos en 93 mil 236 escuelas, alrededor de 60 mil educandos más que en el ciclo anterior; a la obtención de este resultado contribuyó el fortalecimiento de mecanismos alternativos de apoyo y el esfuerzo de los gobiernos estatales por ampliar la cobertura en zonas marginadas, observándose incrementos de 3.6% y 8.6% en la atención brindada a las comunidades indígenas y rurales respectivamente.

Destacan en esta tarea, los cursos comunitarios impartidos por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), en los que mediante 13 mil 838 instructores se benefició a 128 mil 197 escolares de 12 mil 336 localidades, es decir, el 9.2% y 7.2% más que en el periodo anterior. En el ámbito de la enseñanza extraescolar, se amplió la educación primaria al fortalecer el Servicio Escolarizado Acelerado de Primaria (SEAP 914), que atiende anualmente a alrededor de 4 mil educandos de zonas urbanomarginadas, que no han concluido o iniciado la educación primaria porque se incorporan prematuramente al mercado de trabajo.

En el Distrito Federal se atendió en educación primaria a la población de seis a 14 años de edad. En la actualidad, conforme al precepto constitucional se pretende ofrecer un servicio educativo suficiente, pertinente y relevante. La matrícula alcanzada al inicio del curso 1995-1996 asciende a 839 mil 769 alumnos, de los cuales 666 mil 912 son atendidos en escuelas diurnas oficiales y 172 mil 857 en planteles de la iniciativa privada. A diferencia de otros años, la atención en escuelas oficiales se incrementó ligeramente con respecto al ciclo anterior y se registró una disminución en las escuelas particulares.

De manera complementaria a este nivel educativo y con la finalidad de promover una educación integral que comprenda los ámbitos artístico, cultural y de educación ambiental, se desarrollaron entre otros proyectos y programas especiales: las Olimpiadas del Conocimiento Infantil, el Programa Nacional de Seguridad y Emergencia Escolar, los proyectos de Seguridad Vial y Huertos Escolares y el Plan de Actividades Culturales.

Para garantizar la obligatoriedad constitucional de la secundaria a través de sus distintas opciones, se registró una matrícula de 4.7 millones de alumnos, lo que representa un

crecimiento de 4.6% con relación al ciclo 1994-1995 permitiendo con ello elevar el índice de absorción de primaria a secundaria. Así, mientras que en el año escolar recién concluido fue posible absorber al 87.7% de los alumnos egresados de sexto grado de primaria, en el presente periodo se estima en 88.9% el valor de dicho índice. La cobertura es atendida por la Federación, los estados y los particulares en proporción de 9.7%, 82.8% y 7.5% respectivamente; de ésta, el 55.8% es captada por la secundaria general, el 28.4% por la técnica y el 15.8% restante, por la telesecundaria y el servicio destinado a los trabajadores.

Con objeto de promover el crecimiento de la matrícula de secundaria, se prosiguió con campañas de difusión orientadas a informar a los alumnos egresados de la primaria sobre las particularidades de este nivel educativo. La estrategia instrumentada consistió en la elaboración de folletos informativos (trípticos), material alusivo (carteles y rotafolios), visitas a los planteles de educación primaria, pláticas y demostraciones a los alumnos de sexto grado, para dar a conocer los diferentes servicios que se ofrecen y sus procesos correspondientes de preinscripción.

De las opciones de secundaria general para trabajadores, técnica y telesecundaria, la más dinámica en el ciclo escolar 1995-1996 fue esta última, la cual se apoyó en el avance de las telecomunicaciones. En el periodo que se informa, se tuvo un crecimiento aproximado de 900 planteles y de casi 51 mil alumnos, es decir, 8.3% y 8.2% más respectivamente, en relación al ciclo 1994-1995; en 1995 se incorporó la Red Satelital de Distribución de Televisión Educativa (Edusat), que permitió a través de la instalación de 10 mil 652 antenas, captar con mayor eficiencia los programas transmitidos a jóvenes que viven en zonas alejadas y de difícil acceso. Cabe señalar que el 90.0% de las telesecundarias se ubican en el medio rural.

Asimismo, durante 1995 continuó en funcionamiento el curso de telesecundaria de verano, que regularizó a casi 106 mil alumnos; se mejoró la eficiencia terminal de la educación secundaria en 1.6 puntos porcentuales, respecto del ciclo 1994-1995, al pasar de 75.7% a 77.3% y se disminuyó la deserción a 7.9%, lo que refleja que de cada 100 alumnos que ingresan a este nivel, aproximadamente ocho no terminan a tiempo sus estudios. Estos fenómenos siguen siendo un problema que requiere especial atención, por lo que se buscan otras estrategias que involucren a la comunidad y sobre todo a las familias.

Los métodos, contenidos y recursos de la enseñanza básica La SEP ha dirigido sus esfuerzos a fortalecer los contenidos educativos, mediante la elaboración de materiales (impresos y audiovisuales) para el alumno y el maestro de educación básica, los cuales se difunden a través de cursos impartidos a maestros, directivos y equipos técnicos estatales. A lo largo de más de tres décadas, los libros de texto gratuitos han contribuido a la formación de millones de mexicanos. Libros que han sido objeto de una profunda reforma en sus contenidos, con lo cual se busca coadyuvar al mejoramiento cualitativo de la educación.

En el periodo que se informa, se concluyó la producción de materiales para la educación básica un mes antes del inicio de clases y su distribución a los almacenes quedó finiquitada con dos semanas de anticipación. Ello permitió que los niños de todas las primarias del país recibieran con oportunidad 114 millones de libros de texto gratuitos.

Como apoyo a la distribución se emprendió una campaña de difusión, dando a conocer la entrega de los libros de texto, a fin de orientar a los maestros y padres de familia y evitar deficiencias que pudieran presentarse. Para atender las zonas alejadas y marginadas, en cada entidad federativa se contó con el apoyo de instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Procuraduría General de la República, Secretaría de Salud, Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Petróleos Mexicanos, Distribuidora Conasupo S. A., Cruz Roja Internacional y Comisión Nacional de Subsistencias Populares.

En todo el trabajo desarrollado, fue decisivo el compromiso y la entusiasta participación de los gobiernos de las entidades para normar sus centros de acopio y responsabilizarse de que los materiales educativos se encontraran en los centros escolares al inicio de clases.

Cabe mencionar que se distribuyó el Nuevo Atlas de México. Por lo que toca al libro de

historia de sexto grado, éste se encuentra en proceso de elaboración, faltando únicamente para completar la serie de textos gratuitos de primaria, los libros de ciencias naturales correspondientes a tercero, cuarto, quinto y sexto grados; en tanto se dispone de éstos, se continuó empleando los libros de la generación anterior.

En el ciclo escolar 1995-1996 se revisaron y corrigieron para reimpresión los libros de historia y geografía correspondientes a 10 entidades federativas y se formularon con la participación de las autoridades educativas de los estados, los de historia y geografía de tercer grado, quedando pendientes los de los estados de Campeche, Chiapas, Durango, Michoacán, Sonora y Tlaxcala. Asimismo, se encuentran en proceso de elaboración los libros del Distrito Federal, Guanajuato y Morelos. Los libros de historia y geografía de los estados de Baja California y Jalisco están en revisión, con la participación de las entidades respectivas, para ser reelaborados totalmente.

En enero de 1995 se distribuyó un primer paquete de materiales para los maestros de educación primaria, el cual se integró de 11 libros con un tiraje de casi 2.7 millones de ejemplares. Para los profesores de secundaria, este primer paquete de materiales constó de siete textos para las asignaturas de español, matemáticas, biología, química, inglés y francés y un documento para profesores de matemáticas denominado Secuencia y Organización de Contenidos, de los cuales se editaron 311 mil ejemplares.

Cabe señalar que también en el periodo de informe, se elaboró un segundo paquete de materiales para maestros de educación básica, que empezó a distribuirse en el año de informe. Los materiales incluyen siete libros para la educación primaria y dos para la secundaria, con una producción de más de 1.6 millones de textos.

Con el propósito de cumplir el compromiso de fortalecer el aprendizaje y el ejercicio asiduo de la lectura, la escritura y la expresión oral en primaria, se estableció el Programa Nacional para el Fortalecimiento de la Lectura y la Escritura en la Educación Básica (Pronalees), a partir del enfoque metodológico de la Propuesta para el Aprendizaje de la Lengua Escrita y la Matemática (Palem).

El Pronalees tiene como finalidades: asegurar que los alumnos de educación primaria adquieran la competencia básica para leer y escribir en el curso de los dos primeros grados; garantizar que de tercer a sexto grado los niños consoliden y ejerciten las competencias de lectura y escritura en los usos comunicativos básicos: personal, informativo, práctico y recreativo literario; intensificar el ejercicio y el desarrollo de las competencias mencionadas durante los tres grados de la educación secundaria; propiciar la alfabetización de las poblaciones que la requieren, vinculando las formas de enseñanza de la lectoescritura con contenidos relacionados con las necesidades básicas de cada grupo, en los campos del bienestar familiar, los procesos productivos, la organización y el acceso a bienes y servicios para las comunidades, así como apoyar el ejercicio y consolidación de la lectura y la escritura en poblaciones alfabetas y de alfabetización precaria.

Entre las acciones desarrolladas durante 1995 con el Pronalees, destacan: la instalación de la unidad coordinadora central y la formación de los equipos técnicos estatales; la realización de un taller para los coordinadores estatales, a fin de difundir el programa y los nuevos materiales para los maestros; la elaboración de las versiones preliminares de los libros de texto de español de primero y segundo grados de primaria; y la evaluación de los programas de estudio vigentes en los seis grados de la educación primaria. Adicionalmente se distribuyeron siete ficheros de actividades didácticas que permiten a los maestros efectuar actividades diversas, a fin de enriquecer la enseñanza de las matemáticas y el español.

Con el propósito de apoyar en educación básica la organización de los programas y el uso del tiempo escolar, se distribuyeron los materiales denominados avances programáticos, los cuales aportan a los maestros de primaria elementos para organizar mejor sus cursos; adicionalmente, a fin de aprovechar óptimamente los nuevos materiales educativos, se elaboraron y entregaron guías para los talleres de maestros, merced a los cuales se favorecieron las acciones de capacitación que se llevaron a efecto para el inicio de cursos. Con estos materiales se brindó apoyo al trabajo docente en beneficio de los alumnos de educación primaria y secundaria; asimismo, fueron formuladas guías para el personal directivo de estos niveles educativos, para sustentar las acciones

de actualización, capacitación y superación profesional del magisterio.

La SEP produce y distribuye desde 1986 materiales de lectura y escritura destinados a alumnos, maestros y padres de familia de las escuelas públicas del país. Estos materiales, organizados en acervos escolares, constituyen el núcleo del Programa Rincones de Lectura, que tiene como objetivo apoyar la labor docente, fomentar el interés por la lectura y la escritura y elevar por consiguiente la calidad del aprendizaje de los niños mexicanos. A la fecha de informe se distribuyeron más de 26 millones de libros en beneficio de 75 mil escuelas primarias y de casi 5 mil 500 bibliotecas públicas.

Para propiciar que los alumnos de primarias y secundarias rurales no interrumpan sus estudios, se prosiguió con el Programa de Financiamiento Educativo Rural (Fiducar), mediante el cual se otorgaron en cada nivel 3 mil 405 y 13 mil 898 becas para apoyar el traslado o residencia de igual número de educandos a comunidades en las que pueden continuar sus estudios y se estimuló el arraigo de maestros rurales e indígenas con la entrega de compensaciones económicas. Con ello, se busca garantizar la educación obligatoria a todos los que la demanden, aun a los que habiten en comunidades sin servicio de educación básica.

Formación, actualización y superación del personal docente En la acción educativa del país, resulta fundamental el desempeño profesional del maestro, toda vez que es él quien transmite los conocimientos y fomenta la curiosidad intelectual de los niños y jóvenes; de su esforzada y protagónica labor depende, en gran medida, el nivel cualitativo que la educación alcance. De ahí, la trascendencia de los procesos de formación y actualización de los maestros, tareas en las que concurren la Federación, los estados y los particulares.

El Gobierno de la República se comprometió a unir esfuerzos con los gobiernos estatales para organizar y operar el sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de educación básica. Se trata de integrar un conjunto de instituciones y servicios que articulados de manera coherente, funcionen bajo la conducción de las autoridades de cada entidad federativa.

Corresponde al Gobierno Federal establecer las normas y criterios académicos, el diseño de planes y programas de estudio, proponer los lineamientos de organización de los servicios y desarrollar programas orientados a mejorar la calidad educacional. Por su parte, las autoridades estatales decidirán sobre las formas y términos que darán coherencia y articulación a la organización que se adopte en determinado Estado; asimismo, propondrán adaptaciones a los planes de estudio, en congruencia con las características locales; además, administrarán y operarán los servicios educativos. Es importante resaltar los trabajos de diagnóstico sobre la formación y actualización de maestros que resultan fundamentales para delinear las estrategias y líneas de acción que orientarán las tareas de la educación normal para el corto, mediano y largo plazos.

La cobertura de los servicios de educación normal ascendió en el presente ciclo a 154 mil 312 alumnos, que fueron atendidos por 13 mil 335 docentes en 523 planteles administrados por la Federación, los estados y los particulares. En el Distrito Federal, se atendió a una población de 6 mil 417 alumnos, de los cuales el 11.7% corresponde a la licenciatura de educación preescolar; 24.1% a educación primaria; 23.8% a educación secundaria; 24.1% a educación física y 16.3% a educación especial. Como apoyo indispensable al proceso de enseñanza-aprendizaje, se conformaron 500 bibliotecas, dotadas cada una de ellas con alrededor de 1 mil 100 títulos y 2 mil 500 ejemplares, lo que permitirá fortalecer la cultura general y pedagógica de los maestros.

A fin de actualizar y nivelar al magisterio de educación básica que carece de licenciatura, la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en la Unidad Ajusco, otorgó estudios superiores a 2 mil 603 alumnos en la modalidad escolarizada en las cinco licenciaturas que ofrece y brindó posgrados dirigidos a los profesores de las unidades del país como estrategia preparatoria para la creación del doctorado. En este rubro, es importante mencionar que en dicha unidad se atienden a 546 alumnos, de los cuales 253 corresponden a especializaciones y 293 a maestrías.

Con la puesta en marcha del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica,

cobraron auge los procesos de formación y actualización del magisterio en servicio. En 1995, se estableció el Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio (Pronap), como uno de los componentes del Sistema Nacional de Formación, Actualización, Capacitación y Superación Profesional del Magisterio; por ello, la SEP y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), firmaron el Convenio de Ejecución y Seguimiento del Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio, mediante el que se acordó el establecimiento de 200 centros para maestros, concebidos como espacios para la actualización y el intercambio de experiencias entre los docentes, meta que fue posible ampliar con la instalación de 150 centros adicionales.

A través de los centros de actualización del magisterio, se atendieron a poco más de 41 mil docentes, proporcionándoles elementos teóricometodológicos para interpretar y poner en práctica los contenidos curriculares de la educación básica.

El Programa de Carrera Magisterial tiene como objetivo elevar la calidad de la educación, ofrecer un sistema de promoción horizontal, otorgar reconocimientos a la profesionalización del maestro, mejorar sus percepciones y condiciones laborales y consecuentemente su nivel de vida. A tres años del inicio de este programa, se incorporaron 509 mil 290 docentes y se estima tener inscritos a 573 mil 290 maestros para el ciclo escolar 1995-1996, esto es, al 62.7% de los maestros de educación básica. Con la finalidad de evaluar la preparación profesional de los maestros se aplicaron 130 tipos de instructivos y manuales, que permitieron corroborar la preparación a nivel nacional de 561 mil 400 docentes en 767 centros de todo el país.

Con la participación colegiada de autoridades académicas de la UPN y con apego a las normas presupuestales, se realizaron acciones para consolidar la revaloración social del magisterio, al beneficiar a 525 académicos mediante la entrega de estímulos en forma de becas para alentar su desempeño y superación profesional y académica.

Asimismo, a fin de mejorar la situación económica de los docentes de educación básica, se incrementaron en dos ocasiones las percepciones magisteriales, acumulando un incremento nominal del 16.5% en el sueldo tabular y de 11.6% sobre el sueldo integrado. En este sentido, el sueldo de una plaza inicial magisterial de educación primaria en el Distrito Federal, ascendió a 3.08 veces el salario mínimo general vigente en dicha zona.

La equidad educativa En el contexto del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y con fundamento en la Ley General de Educación, el Conafe asume la responsabilidad de coordinar la ejecución de los programas compensatorios, apoyados parcialmente con crédito externo.

Los programas compensatorios tienen fines íntegramente educativos enfocados principalmente a atender, con acciones y apoyos de capacitación, incentivos a docentes, suministros de recursos didácticos, construcción y rehabilitación de aulas, aquellas regiones y zonas donde se presentan los rezagos más acusados.

El sistema educativo encontró a través de estos programas, las estrategias viables para abatir el rezago educativo en primaria general e indígena, así como para impulsar la educación inicial no escolarizada en el medio rural. Ellos son: el Programa para Abatir el Rezago Educativo (PARE), que opera en cuatro entidades federativas; el Programa para Abatir el Rezago en Educación Básica (PAREB), en 10 entidades más; el Programa Integral para Abatir el Rezago en Educación Básica (PIARE), que incorpora 20 estados sin considerar las entidades en que opera con el servicio de educación inicial y el Programa Escuelas de Solidaridad (PES), que cubre a ocho estados más; merced a estos programas se realizan acciones en todo el territorio nacional en beneficio de poco más de 3.5 millones de alumnos, 36 mil 346 escuelas y 108 mil 226 docentes.

Se ha procurado así, garantizar el acceso de los agentes educativos más desfavorecidos a los insumos escolares, dotando de recursos didácticos al alumno, al grupo escolar y a la escuela. De esta forma, se ha beneficiado el proceso de enseñanza-aprendizaje, incrementando la calidad educativa, el rendimiento escolar y la permanencia del niño en el sistema educativo.

Las características específicas que presentan los universos de atención de los programas, requieren de un cuerpo docente sensibilizado en la aplicación de herramientas pedagógicas para el manejo de grupos multigrado, rurales e indígenas. En este rubro se han incluido acciones de capacitación y actualización profesional en los programas.

Los incentivos de arraigo a los docentes han constituido apoyos decisivos a aquellos maestros que realizan un esfuerzo adicional para trasladarse a las comunidades rurales e indígenas más alejadas. Este estímulo ha logrado incrementar la asistencia docente, el cumplimiento del calendario escolar y su arraigo en la comunidad, generando actividades extraescolares que inciden en la creación de un ambiente alfabetizador.

Los apoyos económicos y materiales a las tareas de supervisión han redundado en un mejor seguimiento de la actividad de los docentes. Además, el cuerpo de supervisión coadyuva con los maestros en la integración de sus planes de trabajo escolar y comunitario.

Adicionalmente, se prosiguió con la política de brindar atención a las escuelas primarias con maestros multigrado, lo que permitió completar primarias que no ofrecían los seis grados al transformar planteles unitarios en bidocentes y

tridocentes. No obstante esta política, se abrieron escuelas unitarias en numerosas localidades pequeñas, a fin de ofrecer educación en donde se carecía del servicio; cabe precisar que en este nivel, se instalaron 1 mil 379 escuelas más con lo que suman 93 mil 236 planteles en operación.

Para enfrentar el problema que representan los alumnos que no concluyen la educación primaria en el periodo reglamentario, ya sea por reprobación o bien porque abandonan la escuela, se continua impulsando el proyecto de atención preventiva y compensatoria, el cual ofrece tres alternativas: la de prevención de la reprobación para niños de primer grado y las de nivelación, tanto la dirigida a alumnos de segundo grado, como la correspondiente a niños en situación de extraedad. En el ciclo escolar 1995-1996 se atendieron cerca de 140 mil alumnos de 28 entidades federativas, canalizando apoyos didácticos a los docentes, a fin de mejorar el aprovechamiento escolar de los niños que requieren una mayor atención.

En el Distrito Federal se brindó el servicio a los alumnos de primer grado que no fueron promovidos pero que alcanzaron un nivel de desarrollo suficiente para lograr los aprendizajes básicos y adquirieron los del siguiente, para lo cual se les procura apoyo complementario mediante el proyecto denominado segundo de nivelación. A los alumnos de los grados restantes, que se encontraban desfasados en su edad modal con relación al grado escolar que deberían cursar, el servicio les ofrece la oportunidad de cubrir los contenidos programáticos de dos grados en un mismo ciclo escolar.

Por su parte, las unidades para prevención de la reprobación escolar, brindan apoyo sicopedagógico a alumnos que presentan dificultades en su proceso de aprendizaje y/o integración grupal o social; con estas acciones se benefició en la capital del país a 5 mil 381 educandos. Cabe señalar que el mejoramiento del rendimiento escolar a nivel nacional no ha sido una tarea sencilla; sin embargo, se logró disminuir la deserción de 3.4% a 3.1%, traduciéndose en una mejoría de la eficiencia terminal que pasó de 63.7% a 66.2% en el presente ciclo escolar.

En 1995 se dio prioridad a la creación de infraestructura de educación básica, ejerciendo 774.8 millones de pesos, cantidad que representó el 46.9% de los recursos ejercidos para el programa de infraestructura y el 126.1% de la inversión original presupuestada para el mismo ramo. Con la aplicación de estos recursos, se logró la construcción y equipamiento de 13 mil 404 espacios educativos, lo que constituye un avance del 93.3% de la meta programada y el 56.5% del total de espacios construidos en los diversos niveles que se construyeron en el año. Los resultados anteriores se explican por las ampliaciones de recursos que se autorizaron en la segunda mitad del año, principalmente en los proyectos de telesecundaria y secundaria técnica y los convenios que se suscribieron con los gobiernos de los estados para fortalecer la infraestructura física escolar, así como por las medidas que se tomaron para acelerar la ejecución de las obras, como la reducción de los plazos de las licitaciones y la mejor supervisión y control de las edificaciones.

Para dar atención a la construcción de jardines de niños y centros de atención preventiva de educación preescolar, se ejercieron 285.3 millones de pesos, lo que permitió la construcción y equipamiento de 5 mil 943 espacios educativos, que representan el 71.5% de la meta programada inicialmente.

Debido a que la construcción de escuelas primarias se descentralizó, no se programaron edificaciones en este nivel en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1995; sin embargo, a causa de rezagos en la infraestructura educativa se suscribieron convenios con algunos gobiernos estatales, ejerciéndose en el año una inversión de 71.1 millones de pesos, con lo cual se construyeron y equiparon 387 aulas y 451 anexos, sumando un total de 838 espacios educativos.

En educación secundaria, la inversión ejercida en infraestructura se situó en 418.4 millones de pesos, 30.8% más en relación con la cifra original presupuestada; con ello, se logró la construcción y equipamiento de 6 mil 623 espacios educativos, superando en 9.5% la meta original. Si bien el proyecto de secundarias generales corresponde a los gobiernos estatales, debido al rezago en infraestructura de este servicio, el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (Capfce) suscribió convenios con los gobiernos de los estados, construyendo en el año alrededor de 243 espacios educativos.

El desarrollo psicológico, físico e intelectual de los niños de cero a cuatro años de edad, se

promueve mediante la educación inicio en la que participan maestros y padres de familia en las opciones: escolarizada, no escolarizada y comunitaria. En la primera se atendía a 135 mil 777 niños, 4.9% más respecto del ciclo 1994-1995. A través de la segunda modalidad se benefició a 293 mil 736 niños, 17.1% más que en el ciclo anterior, dinámica en la que incidió el Proyecto para el Desarrollo de la Educación Inicial (Prodei), que siguió funcionando por tercer año consecutivo en los estados de Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Puebla, Oaxaca, San Luis Potosí y Veracruz.

El Prodei atendió además a 174 mil 800 padres de familia por medio de 9 mil 775 promotores, supervisores y coordinadores de zona. La educación inicial comunitaria se brindó a través de los centros infantiles comunitarios, a niños que viven en los nueve estados que mantienen los mayores rezagos socioeconómicos y educativos e involucró a padres de familia en la educación de sus hijos; para lo cual se capacitó mediante 85 cursos a 2 mil 082 técnicos especializados, personal docente y de apoyo.

La educación especial atiende a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como a aquéllos con aptitudes sobresalientes. Durante 1995, se estableció el Programa Nacional para el Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, dirigido a apoyar el desarrollo e integración social de este grupo poblacional. Una de las primeras acciones de este programa fue el registro de menores con algún signo de discapacidad, llevado a cabo por la SEP, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), como parte del Sistema Nacional de Información sobre Población con Discapacidad; asimismo, se profundizó y agilizó la reorientación técnica de los servicios para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la enseñanza impartida. En este sentido, de 315 servicios ofrecidos, se reformaron 106, que sumados a las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) ascendieron a 279 servicios reorientados, lo cual representó el 88.6% de la oferta.

Las USAER son instancias técnico-operativas y administrativas que atienden necesidades educativas especiales en escuelas regulares; previenen dificultades para el aprendizaje escolar y evalúan el proceso educativo de manera permanente; a través de estas unidades, se beneficia en el ciclo escolar 1995-1996 a 339 mil 609 alumnos, 11.9% más que en el ciclo anterior. Con objeto de elevar la preparación del personal de los distintos servicios para la población con necesidades educativas especiales, se realizaron en el Distrito Federal 15 cursos de actualización y capacitación con la participación de 916 docentes.

Para atender la construcción de Centros de Integración Social, Albergues, Centros de Desarrollo Infantil y Escuelas de Educación Especial, en 1995 se ejercieron en este nivel 46.2 millones de pesos, con lo cual se logró la construcción y equipamiento de 1 mil 254 espacios educativos.

4.2.2 Educación para adultos La educación para adultos se destina a la población de 15 años y más que no ha cursado o concluido los estudios básicos. En este sentido el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), los Centros de Educación Básica para Adultos (Cebas), los Centros de Educación Extraescolar (Cedex) y otros organismos y dependencias como son: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de la Defensa Nacional (SDN), la Secretaría de Salud (SSA) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), contribuyen a la alfabetización de manera muy importante.

La oferta de servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria para adultos y capacitación laboral, ha logrado una mayor articulación en la búsqueda de la continuidad educativa.

En 1995, el INEA aplicó un nuevo enfoque para la educación básica de los adultos a fin de responder a la diversidad de grupos; rescatar las experiencias y saberes cotidianos y ampliar las posibilidades de comunicación. Asimismo, orientó sus acciones a través de los programas de Alfabetización, Educación Básica y Capacitación no Formal para el Trabajo y Educación Comunitaria. Con ellos se atendió a poco más de 3 millones de personas, cubriendo con esto el 93.8% de la meta global anual establecida e incorporó a los servicios de alfabetización a más de 888 mil personas, alfabetizando al 58.3%, debido a que la tercera parte de los incorporados iniciaron durante el segundo semestre del año, por lo que su periodo de

alfabetización concluirá durante los primeros meses de 1996.

A fin de brindar atención integral de alfabetización a grupos rurales marginados, a través del PIARE, que operó con financiamiento externo en los estados de Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán, se logró alfabetizar a 100 mil 218 adultos. Adicionalmente, se diseñaron los mecanismos y procedimientos normativos para la operación posterior del Programa de Atención a Mujeres, tendiente a coadyuvar al desarrollo de las que tienen bajos índices de escolaridad o que no saben leer y escribir.

El programa de educación básica de adultos proporciona a los usuarios conocimientos suficientes para acreditar sus estudios de primaria y secundaria, considerando a los jóvenes de 10 a 14 años de edad que no lograron inscribirse al sistema escolarizado o bien desertaron de éste. Durante 1995, el INEA aplicó en educación primaria casi 1.8 millones de evaluaciones, de las cuales se acreditaron el 65.2%, permitiendo la certificación de 83 mil 560 adultos. También, en primaria para población entre 10 y 14 años, se otorgaron 4 mil 121 certificados y en secundaria se acreditaron poco más de 2.1 millones de exámenes de 3.2 millones aplicados, lo que permitió emitir 136 mil 031 certificados.

A efecto de articular contenidos y enfoques de los programas de alfabetización, primaria y secundaria, considerando las características y necesidades nacionales y regionales de la población adulta, se inició el diseño del modelo curricular para la educación básica de los adultos. Para ello, se realizaron diagnósticos e investigaciones de campo sobre los requerimientos y procesos de aprendizaje del adulto; se elaboraron y probaron propuestas curriculares con un enfoque actualizado para la alfabetización y la educación primaria para jóvenes entre 10 y 14 años de edad y se inició la elaboración y experimentación de ensayos didácticos.

El propósito del programa de educación comunitaria y capacitación no formal para el trabajo es ofrecer a la población adulta servicios de educación no formal, que fomente la continuidad educativa, evite el analfabetismo funcional y fortalezca los niveles de organización y participación ciudadana a través del mejoramiento en la calidad de vida de las personas que se incorporan a este programa. Para el cumplimiento de estos propósitos, en 1995 operaron 4 mil 576 centros de educación comunitaria y 880 centros urbanos de educación permanente. Asimismo, funcionaron 152 campamentos de educación y recreación que beneficiaron a 138 mil 448 trabajadores migrantes.

A través del proyecto de teatro popular, se fomentó la expresión, comunicación y convivencia educativa, mediante la formación de grupos comunitarios que realizan el guión y montaje de sus propias obras, orientados por un guía teatral, registrando en 1995 a 458 grupos; con ello, se rebasó en 63.6% la meta anual programada.

Las acciones en el área de formación para el trabajo se orientaron a ampliar la oferta de mano de obra calificada mediante nuevas opciones; mejorar la pertinencia de los servicios que se brindan, así como a reconocer y certificar los conocimientos y habilidades adquiridos dentro o fuera de los recintos escolares. En este contexto, en el ciclo escolar 1995-1996 se benefició a 464 mil 910 personas, casi 9.0% más respecto del ciclo anterior, de las cuales la Federación atendió al 34.9%, los gobiernos estatales al 12.1%, los particulares al 49.0% y las instituciones autónomas al 4.0% restante.

En esta tarea participan los Centros de Capacitación Tecnológica Industrial (Cecati), los nuevos institutos Descentralizados Estatales de Formación para el Trabajo, las unidades de capacitación instaladas a partir de 1991, las direcciones Generales de Centros de Formación para el Trabajo y de Educación Tecnológica Industrial, así como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Cabe resaltar que en 1995 se creó el Instituto de Capacitación Técnica para el Trabajo de Altamira, con participación tripartita; se promovió la creación de los institutos Descentralizados Estatales de Capacitación para el Trabajo en las entidades de Guerrero, Quintana Roo y Oaxaca y se iniciaron las gestiones protocolarias para crear 10 unidades en los estados de México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

Para mejorar la calidad académica de la capacitación para el trabajo, se realizaron y actualizaron planes y programas de estudio, se autorizó la construcción de nuevos edificios para los Cecati en operación, se modernizaron las instalaciones con la adquisición de equipo para 11 talleres de mantenimiento automotriz y

cinco de servicios turísticos y se dotó de acervos bibliográficos a 198 planteles para superar en conjunto 400 mil volúmenes.

El Gobierno Federal puso en marcha el Sistema Normalizado de Certificación de Competencia Laboral (SNCCL), estableciendo las bases para promover las capacidades técnicas y las destrezas laborales. Se pretende con ello, que los procesos de capacitación sean acordes con los requerimientos de la planta productiva del país y se mejore la vinculación entre centros de capacitación y el sector productivo.

A través de las delegaciones federales del trabajo de la STPS, se impartieron 960 cursos formativos en los que participaron 22 mil 614 trabajadores representantes de 4 mil 028 empresas; se asesoró a 5 mil 269 trabajadores sobre la normatividad y los procedimientos para registro de comisiones mixtas de capacitación y se solicitaron poco más de 341 mil constancias de habilidades, lo que representó un aumento de 19.0% respecto a 1994.

La SEP, en coordinación con la STPS, contando con apoyo financiero parcial del Banco Mundial, puso en marcha el Proyecto de Modernización de la Educación Técnica y la Capacitación 1995-2000, también conocido inicialmente como proyecto Sistema Normalizado de Competencia Laboral y Modernización de la Capacitación (Sinorcom).

El objetivo del proyecto es reestructurar las distintas formas de capacitar a la fuerza laboral mexicana y buscar la pertinencia con las necesidades de la planta productiva y de los trabajadores, de tal modo que contribuya de manera más efectiva a elevar la competitividad de la economía nacional. Como parte de este proyecto, se definieron los lineamientos generales para el funcionamiento del Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral; siendo el responsable de organizar los comités de dicho organismo, los cuales propician la definición de normas, promueven y apoyan financieramente el desarrollo del nuevo sistema y coordinan el marco normativo aplicable a los órganos de evaluación y certificación.

Adicionalmente, a fin de ampliar la cobertura se desarrollaron 16 pruebas piloto de capacitación, basadas en normas de competencia laboral, realizadas en igual número de empresas; así como el otorgamiento de 1995 becas a personas desempleadas, capacitadas en 99 módulos de competencia laboral, de 48 localidades del país.

Para ampliar la infraestructura física en materia de capacitación, en el periodo de este informe la SEP ejerció una inversión de 90.7 millones de pesos, que permitieron construir y equipar 772 espacios educativos que representan el 96.3% de la meta inicial autorizada.

4.2.3 Educación media superior y superior Congruente con el objetivo de atender la creciente demanda de educación media superior y superior, se apoyó la ampliación de la capacidad instalada con nuevas alternativas educativas, buscando el equilibrio entre las expectativas de los solicitantes y las necesidades nacionales. Durante este periodo se ofertó el servicio de educación media superior y superior en el sistema educativo escolarizado a 3.9 millones de estudiantes, de ellos poco más de 2 millones cursan el bachillerato, esto es, 5.1% más con respecto al ciclo anterior; el 68.7% se atendió con los bachilleratos universitarios y el 31.3% con las opciones tecnológicas, cuya demanda adicional ha venido siendo atendido en parte, mediante nuevos planteles bivalentes y terminales de carácter descentralizado, los cuales han contando con una participación más efectiva de los gobiernos estatales. Mediante la educación profesional media fueron atendidos 408 mil 570 alumnos a fin de prepararlos como técnicos calificados; en esta tarea, resalta la participación del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) que absorbe más del 50.0% de la cobertura de este nivel.

En la educación superior la matrícula ascendió a cerca de 1.5 millones de estudiantes de licenciatura, educación normal y posgrado; de este total, 1.2 millones fueron atendidos por instituciones universitarias y del subsistema tecnológico en porcentajes de 77.0% y 23.0%, respectivamente.

Mediante el subsistema universitario, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) atiende a más de 137 mil alumnos, de los cuales, en términos porcentuales, por áreas de la ciencia, 48.2% se encuentra en sociales y administrativas, 19.9% en ingeniería y tecnología, 15.9% en los de la salud, 7.2% en educación y humanidades, 5.7% en exactas y naturales y 3.1% en agropecuarias.

En el tecnológico, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) registró a casi 61 mil alumnos, 2.9% más que en el periodo anterior y atendió a alrededor de 2 mil estudiantes en el sistema abierto. A su vez, en el sistema de universidades tecnológicas se crearon cuatro planteles, sumando 10 en funcionamiento. Los 74 institutos tecnológicos coordinados por la SEP registraron a poco más de 159 mil alumnos, 3.6% más que en el ciclo 1994-1995, de los cuales el 74.0% cursan carreras tecnológicas y el resto programas del área económica-administrativa.

Por lo que corresponde a la educación normal, la inscripción se elevó a 154 mil 312 alumnos, registrando un incremento de 12.4% en relación al periodo anterior, crecimiento que responde a la necesidad de preparar a los docentes que requiere el Sistema Educativo Nacional.

Mediante los programas de posgrado, la cobertura se amplió en 16.5%, al registrar para el presente ciclo escolar una matrícula de 76 mil 945 alumnos, de los cuales 70.1% cursan maestrías; 5.9% doctorados y 24.0% especialidades. Aunado a lo anterior, mediante el sistema abierto y semiescolarizado se atendió durante el periodo de este informe a más de 641 mil personas, representando un incremento de 25.1% respecto de 1994, lo cual pone de relieve la trascendencia de esta modalidad educativa, al ser considerada por los estudiantes como una alternativa que ofrece posibilidades reales de desarrollo académico.

A fin de extender la cobertura se integró el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Educación Abierta y a Distancia de Educación Formal y no formal; se desarrolló la estrategia para el uso de los medios de comunicación; y

se inició por parte de la SEP la transferencia de los servicios de preparatoria abierta a los gobiernos estatales, formalizando 13 convenios al respecto, encontrándose 18 en proceso de negociación y firma.

Durante 1995, se promovieron reuniones de intercambio de experiencias con las instituciones que tienen la modalidad abierta y a distancia en la educación media superior y superior, a fin de fortalecer esta modalidad y de promover el desarrollo de un proyecto nacional.

Para mejorar la calidad de la educación media superior y superior, se llevaron a cabo distintas tareas, entre las que destaca la reformulación de contenidos educativos y la actualización y superación profesional de los docentes. En este sentido, en educación media superior, el Conalep compactó a 63 las carreras y redujo de 45 a 39 las opciones impartidas en el sistema modular, a fin de orientar adecuadamente la demanda de carreras por parte de los jóvenes; paralelamente, se revisaron y actualizaron 177 planes y programas de estudio; se produjeron 54 audiovisuales y 14 programas computacionales y se coeditaron 37 textos académicos con un tiraje de 35 mil 250 ejemplares.

En la educación tecnológica se actualizaron 30 de los 54 planes de estudio y se evaluaron 225 programas vigentes.

En el bachillerato general se completaron los programas de estudio del núcleo de formación profesional correspondiente al Curriculum Básico Nacional (CBN), implicando la elaboración de 34 programas, lo cual se llevó a cabo con la participación de 23 colegios de bachilleres estatales, con la asesoría y apoyo del Colegio de Bachilleres (Colbach). Asimismo, se revisaron y autorizaron los mapas curriculares de las preparatorias federales por cooperación y de las particulares incorporadas, de acuerdo con los lineamientos del curriculum básico.

Por lo que se refiere a la superación profesional de los docentes, en los centros de bachillerato se efectuaron dos talleres de actualización, uno de orientación educativa y otro sobre evaluación del aprendizaje; además, se inició el proceso con el apoyo de la SEP para establecer el Programa Nacional de Formación Docente, el cual sistematizará las acciones desarrolladas por las instituciones de educación media superior y superior en el país.

Una de estas acciones consistió en elaborar el perfil ideal del docente formador de las instituciones de educación media superior. Durante 1995, en la opción tecnológica del bachillerato, se llevaron a cabo 281 cursos de capacitación, formación y actualización profesional. Por su parte, el Colbach elaboró el Plan para la Formación del Personal Académico 1995-2000 y realizó además, 450 talleres con 7 mil 250 participantes, otros ocho para 154 jefes de materia y 15 más para la formación de instructores con 121 participantes.

En la educación superior el mejoramiento de 108 contenidos educativos constituye una vertiente fundamental para elevar la calidad educacional, de ahí la importancia de las tareas realizadas por las instituciones del subsistema tecnológico acerca de la definición de los programas de estudio para 19 carreras; por su parte, el IPN evaluó 37 planes y actualizó 25 e inició la estructuración del nuevo perfil profesional del Siglo XXI basado en el desarrollo de competencias laborales. A su vez, los institutos tecnológicos actualizaron 510 asignaturas y otorgaron becas económicas al 10.0% de la población estudiantil que atiende.

Para asegurar la calidad y pertinencia de la oferta institucional, el IPN impartió 150 cursos de capacitación a 3 mil 482 docentes y puso en marcha el Programa de Profesionalización de la Planta Docente, mismo que integra los cursos de actualización ya existentes e incorpora otros nuevos que contemplan la promoción, capacitación y actualización del personal académico.

El subsistema universitario reestructuró el Plan para la Excelencia Académica instituido en 1989, el cual comprende programas de estímulos al desempeño y desarrollo del personal docente, de apoyo a estudiantes y de fomento a las funciones de docencia e investigación.

El Programa Nacional de Superación del Personal Académico (Supera), tiene como propósitos contribuir a elevar la calidad de la planta académica de las instituciones de educación superior afiliadas; incrementar el personal académico en formación y otorgar un mayor soporte a los programas de desarrollo institucional. Con tales objetivos, en 1995 el Supera otorgó 864 apoyos, de los cuales el 22.3% correspondió a becas de docentes, el 48.2% a apoyos diversos y el 29.5% a suplencias. Conviene

indicar que el 84.7% de los apoyos otorgados provinieron de profesores de instituciones públicas, el 10.5% de tecnológicas y el 4.8% de particulares.

Asimismo, se han establecido mecanismos de financiamiento alternativos como el Fondo para Modernizar la Educación Superior, que aprobó, durante el periodo del informe, 351 proyectos de 55 instituciones del nivel, asignándoles más de 326 millones de pesos, que se invirtieron principalmente en programas de formación y desarrollo del personal académico y en infraestructura y equipamiento.

Durante 1995 se ejecutaron acciones para automatizar el Sistema Nacional de Información para la Educación Superior, que realiza el acopio, análisis y procesamiento de los cuestionarios de estadísticas básicas, diseñados por la Comisión Nacional para la Evaluación de la Educación Superior. Con ello, se pretende apoyar la toma de decisiones en las instituciones del nivel.

La creación de infraestructura del Sistema de Educación Media Superior y Superior, permitió ampliar las opciones educativas en estos niveles. En 1995 se ejercieron en educación media superior 318.9 millones de pesos, lográndose la construcción y equipamiento de 3 mil 125 espacios escolares. Para atender la demanda de espacios necesarios para la formación de técnicos se ejercieron 57.5 millones de pesos, con los que se logró construir y equipar 565 espacios, destacando la construcción de 387 espacios edificados en los planteles del Conalep.

Por su parte, a fin de ampliar y modernizar la infraestructura física en educación superior se ejercieron 275.1 millones de pesos, mediante los cuales se logró la construcción y equipamiento de 3 mil 125 espacios escolares. En posgrado se ejerció una inversión de 31.2 millones de pesos, con lo que se logró la construcción y equipamiento de 299 nuevos espacios, que apoyaron el incremento en la cobertura y el mejoramiento académico.

4.2.4 Financiamiento de la educación El financiamiento a la educación es un compromiso irrenunciable del Gobierno de la República; en él concurren además de los tres niveles de gobierno, asociaciones civiles, fideicomisos, fundaciones y las familias, entre otros agentes. A pesar de las limitaciones presupuestarias, durante 1995 se expandió la cobertura de la mayoría de los servicios educativos impartidos; ello gracias a que se destinaron recursos crecientes a mejorar la calidad de la educación y a atender los rezagos en zonas de marginación extrema o de aislamiento geográfico; sin embargo, esto último ha impuesto el establecimiento de nuevas fórmulas de atención con un costo más elevado conforme más distantes están las comunidades.

El presupuesto nacional ejercido en educación ascendió en términos estimados durante 1995, a 86 mil 187 millones de pesos; en él la Federación mantiene una participación aproximada de 86.0%. La asignación sectorial del gasto educativo respecto al gasto programado fue de 22.6%, muy similar a la de 1994 con 22.7%. Respecto al gasto social el sector educación mostró una participación de 44.5%, casi un punto por arriba de la de 1994.

La distribución del gasto educativo federal por tipo de servicio fue, en términos porcentuales, de 60.0% aproximadamente para educación básica; 11.5% para los niveles de educación media superior; 15.7% para educación superior y posgrado; 2.1% para la educación de los adultos; 1.8% para programas de cultura, deporte y recreación; 4.5% para investigación educativa y el resto para programas de administración, programación y otros. La proporción del gasto educativo nacional respecto del producto interno bruto, se estima en 5.3%, con una participación federal de 4.5% y de 4.0% de la SEP.

4.3 Ciencia y tecnología En un marco de severas restricciones económicas, durante 1995 el Gobierno de la República mantuvo el impulso a la ciencia y tecnología, como una estrategia indispensable para que la sociedad acceda a estadios superiores de vida, dado que la acumulación y el uso del conocimiento ha llegado a ser más importante que las dotaciones de recursos naturales para obtener ventajas comparativas y la acumulación de riqueza entre las naciones. Por ello, orientó sus acciones al fortalecimiento de personal calificado para el desarrollo de investigaciones básicas y aplicadas, con el fin de apoyar la generación, difusión y aplicación de las innovaciones tecnológicas. Asimismo, se buscó la concurrencia de fondos públicos y capitales privados en la investigación científica y el

desarrollo tecnológico, de acuerdo con las demandas sociales y con los objetivos de descentralización en la materia, establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000.

Los fondos para la investigación científica y el desarrollo tecnológico ascendieron a 7 mil 266 millones de pesos en 1995, lo que representó un crecimiento de 26.0% respecto al año anterior. El componente de crédito externo y los recursos del Programa de Apoyo a la Ciencia en México y del Fondo de Investigación y Desarrollo para la Modernización Tecnológica (Fidetec), se destinaron a fortalecer las actividades científicas y tecnológicas, desarrollar proyectos multianuales y de gran alcance, estimular el trabajo de los investigadores e impulsar el proceso de descentralización científica y tecnológica, donde las universidades y centros de investigación desempeñaron un papel importante. Igualmente, se orientaron a fortalecer una cultura de la actualización tecnológica en las empresas, sobre todo entre las pequeñas y medianas, así como a impulsar un mayor vínculo con la academia.

Por sector administrativo, los recursos financieros se concentraron en las secretarías de Educación Pública, con el 62.3%; Energía, el 22.2% y Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Salud y Seguridad Social, así como Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, con el 11.6%. En el sector educativo, lo recursos se dirigieron fundamentalmente a la formación de profesionistas de alto nivel y al fortalecimiento de las instituciones que participan en el avance del conocimiento.

Con el propósito de alentar la concurrencia de fondos públicos y privados en el financiamiento de estas actividades, en 1995 diversos organismos internacionales, fundaciones y empresas privadas aportaron recursos por 134.1 millones de pesos, a los que se suman poco más de 85 millones de dólares que recibió para estos propósitos el sector relaciones exteriores.

Entre las principales fuentes de financiamiento externo destacan el Programa Mundial de Alimentación, el Fondo de las Naciones Unidas para las Actividades de Población, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud; así como las aportaciones de países como Alemania, España, Estados Unidos de América (EUA), Gran Bretaña y Japón. Adicionalmente, se iniciaron las negociaciones para contratar un crédito con el Banco Mundial por un monto de 300 millones de dólares.

Para apoyar la modernización tecnológica industrial se fomentaron diversas acciones en materia tributaria y financiera, tales como: la ampliación de la tasa de depreciación de activos intangibles del 10% al 15%; el incremento en 50% de la deducción permitida por aportaciones a fondos para la investigación y el desarrollo de tecnologías; la deducción del 25% en las inversiones en equipos de cómputo periféricos y la contratación de créditos. Entre estos últimos, destaca el de Nacional Financiera

suscrito con un banco italiano por 40 millones de dólares a tasas preferenciales y plazos de hasta ocho años, a fin de importar tecnologías para aplicarlas en las áreas agroindustrial, eléctrica, textil, cuero y calzado, entre otras.

Con el propósito de fortalecer la formación de recursos humanos para la ciencia y la tecnología, en 1995 se apoyaron 24 mil 845 becas a través de diversas dependencias que favorecieron los estudios de jóvenes mexicanos que realizan sus posgrados en el país y en el extranjero, cifra que representó un crecimiento del 30.4% respecto a 1994. En esta tarea destacan las acciones realizadas por los sectores agropecuario, educativo y de salud, que concentraron el 94.8% del total. Las instituciones que más incrementaron sus becas fueron el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Es importante señalar que de las becas apoyadas en 1995, el 83% fueron para realizar estudios de posgrado en México y el restante 17.0% para el extranjero.

Por otra parte, en el sector educación la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) amplió los posgrados que coordina al ofrecer tres doctorados adicionales con los que suman 40 programas, de los cuales 11 corresponden a maestría y 29 a doctorado. Asimismo, sobresalen los servicios educativos en niveles de posgrado ofrecidos por la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), la cual abrió la maestría en pedagogía en modalidad escolarizada y a distancia; esta última se dirigió a profesores de la UPN como estrategia preparatoria para la obtención del doctorado. En el sector comunicaciones y transportes destaca el convenio de cooperación académica entre el Instituto Mexicano de Comunicaciones y el IPN, para poner en marcha la maestría en telecomunicaciones en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Por su parte, el sector agropecuario amplió su oferta educativa al crear tres programas de maestría y dos de doctorado en la Universidad Autónoma Agraria, Antonio Narro.

Para contribuir al incremento de los ingresos de los investigadores, fomentar la excelencia docente, estimular la productividad y calidad de sus trabajos, así como propiciar la conformación de nuevos grupos de científicos y tecnólogos, en 1995 el Conacyt apoyó a 5 mil 868 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Cabe mencionar que la ligera disminución en 11 investigadores adscritos al SNI, respecto a 1994, obedeció a una caída en el número de candidatos a investigador nacional que fue compensada por un aumento en los investigadores de los otros tres niveles. A pesar de ello, el Conacyt canalizó 234.8% millones de pesos al SNI, lo que significó un 14% más que lo ejercido en 1994.

Adicionalmente, a través de la operación de los fondos de cátedras patrimoniales de excelencia y el de retener en México y repatriar a los investigadores mexicanos se estimuló el mérito y la calidad de los trabajos de investigadores y académicos del país. Con el primero, se erogaron 26.3% millones de pesos para otorgar 243 cátedras; con el segundo fondo se erogaron 15.5% millones de pesos para repatriar a 174 investigadores mexicanos que se incorporaron principalmente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad de Guadalajara, el Instituto de Investigaciones Eléctricas, la UAM y el Instituto Nacional de Astrofísica, Optica y Electrónica en áreas relacionadas con las ciencias aplicadas, naturales y exactas, principalmente.

Como parte del reconocimiento a la excelencia científica, en 1995 la Academia de la Investigación Científica otorgó seis premios a miembros de esta prestigiada institución, mismos que se concedieron a distinguidos investigadores que trabajan en áreas vinculadas a las ciencias exactas, donde hubo dos galardonados; en ciencias sociales con dos más; uno en ciencias naturales y otro más en el campo de la investigación científica.

El personal dedicado a la investigación científica y a la modernización tecnológica en los distintos sectores de la administración pública federal ascendió a 24 mil 247, cifra similar a la del año anterior, los cuales se concentraron en las áreas de educación, energía y agropecuaria. Los incrementos más significativos se observaron en el IPN, en la Semarnap y en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi), como resultado de la diversificación y ampliación de sus actividades científicas y tecnológicas, así como por la aplicación de políticas de estímulos y reconocimientos a los investigadores.

A fin de promover la investigación de calidad, en 1995 el Gobierno Federal apoyó 19 mil 400 proyectos de investigación científica y modernización tecnológica, 6.5% más que en 1994, los cuales contribuyeron a fortalecer la vinculación entre los centros de investigación y el aparato productivo nacional, al avance del conocimiento y al crecimiento de la capacidad tecnológica nacional para atender las demandas de bienestar de la población. Asimismo, las iniciativas apoyadas permitieron avanzar en el estudio del conocimiento y estimular el trabajo de destacados investigadores, así como de las empresas interesadas en aumentar su competitividad.

Principales proyectos desarrollados por sector administrativo, 1995 - Agropecuario: Investigaciones dirigidas principalmente a mejorar semillas y el aprovechamiento del suelo, agua y recursos forestales para diversificar su producción y aumentar su rentabilidad. En investigación pecuaria destaca el estudio de los rumiantes y en sanidad animal, vinculados con el diagnóstico y prevención de brucelosis, tuberculosis y leptospirosis; y se generaron modelos para sostener el peso del ganado bovino y combinar el pastoreo con suplementación estratégica. - Comunicaciones y transportes: Investigaciones relacionadas con ingeniería experimental, comunicaciones, electrónica e informática, diseño y construcción de carreteras, pavimentos marítimo-portuarios, cargas vehiculares, puentes y terminales interiores de carga, entre otras. - Comercio y fomento industrial: Diversos proyectos de desarrollo tecnológico en materia de metrología e intercomparaciones entre laboratorios nacionales e internacionales, a fin de garantizar la compatibilidad de los sistemas de medición con países desarrollados. - Educación: Proyectos promovidos por la UNAM, las entidades del Sistema SEP-CONACYT, la UAM y el IPN, referentes a cristales líquidos poluméricos y películas plásticas para uso agrícola; diseño de prototipos de instrumentos científicos electrónicos; sistema estático de pesado para el Centro Nacional de Metrología (CENAM); control dinámico de la órbita geoestacionaria del satélite Satex-I; envasado de alimentos; tratamiento integral de afluentes contaminantes de la industria del cuero y calzado; Proyecto de Ciudad Cableada para la experimentación y prueba de telecomunicaciones a nivel metropolitano; avances del Proyecto Gran Telescopio Milimétrico; así como proyectos relacionados con energía solar, ecología, neurobiología, bioingeniería e ingeniería sísmica, ahorro de energía y uso eficiente de recursos en el diseño y operación de instalaciones, medio ambiente, recursos naturales, salud, alimentos, energéticos, investigación educativa, computación e informática. - A través del CONACYT, se canalizaron recursos para apoyar 650 proyectos científicos y 16 proyectos tecnológicos, entre los que destacan los autorizados a través del Programa de Enlace Academia-Empresa, para la constitución del Centro de Competitividad de la UNAM donde participan la SECOFI y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), así como el de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes para la integración de una red de centros de apoyo a la competitividad. Igualmente, sobresale el proyecto para desarrollar tecnología verde para reciclar plastico por

extrusión, propuesto por la empresa Reciclados Industriales Ecológicos S.A. de CV., apoyado a través del FIDETEC. - Salud y seguridad social: Proyectos para mejorar la cobertura y la calidad de los servicios en las áreas de nutrición, bioquímica, neurología, epidemiología, genética y transplante de órganoe, con recursos aportados por la industria farmacéutica y el CONACYT. - Marina: Asignó un millón de pesos para realizar ocho proyectos, concluyendo siete, relacionados con investigaciones sobre ecosistemas arrecifales y explotación de los recursos marítimos; cuidado costero para proteger el sistema ecológico y monitoreo de variables meteorológicas, evaluación periódica de la calidad ambiental marina y elaboración de pronósticos sobre fenómenos oceanográficos y atmosféricos que representan un peligro potencial para la población. Asimismo, se realizaron investigaciones hidrográficas con la finalidad de elaborar un levantamiento topohidrográfico en la Laguna de Términos, en Ciudad del Carmen, Campeche. - Medio ambiente, recursos naturales y pesca: Proyectos relacionados con sanidad forestal, hidráulica rural y urbana; desarrollo tecnológico rural y urbano en materia ambiental; procesos industriales y desarrollo sustentable; acuacultura, evaluación y manejo de recursos pesqueros. - Energético: Proyectos relacionados con ingeniería y tecnología; ciencias aplicadas; estudios petrográficos y de alteración hidrotermal de muestras de ripio y nucleos de pozoa exploratorios en los campos geotérmicos, localizados en El Ceboruco, Nayarit, y en Tres Vírgenes, Baja California Sur; estudios para determinar las posibilidades de cogeneración en centrales termoeléctricas eventualmente retirables; y evaluación de la contaminación atmosférica generada por los gases emanados por Petróleos Mexicanos (PEMEX) y su efecto en la corrosión de metales. - Procuraduría General de la República: Investigación sobre un Modelo Académico Técnico Especializado para su aplicación en la formación inicial de la Policía Judicia! Federal. - Turismo: Investigaciones orientadas a identificar los mercados globales, contribuir a la creación de un sistema de investigación sobre los principales competidores de los destinos turísticos de México y crear programas que favorezcan loa centros turísticos nacionales.

Fuente: SEP, CONACYT, con base en la información reportada por los sectores de la Administración Pública Federal que partiapan en actividades científicas y tecnológicas.

En la actualidad se requieren modernos sistemas de información para difundir los avances del conocimiento y las innovaciones tecnológicas, que favorezcan el desarrollo industrial y promuevan una cultura en el manejo sistematizado de la información que agilice la toma de decisiones. Por ello, el creciente uso de sistemas de información y de las telecomunicaciones impactan en los diferentes ámbitos de los sectores productivo, social y económico.

Sistemas de informacion promovidoo por sector administrativo, 1995 p/ - En comunicaciones y transportes se contó. con el programa DATA TREK (código de barras), el servicio RED-UNAM de comunicación en línea para la transmisión e intercambio de información entre instituciónes académicas y de investigación del país. Igualmente se formalizó la operación del Centro de Información sobre Normalización en materia de comunicaciónes, a traves del cual se ofreció el servicio de consulta sobre normas oficiales mexicinas (NOM), proyectos de normas mexicanas (NMX), y las pnncipales normas de telecomunicación que elaboran organismos nacionales e internacionales. - El sector educación, a través del Fondo de Información y Documentación para la Industria (INFOTEC), atendió a 398 empresas, beneficiando particularmente el desarrollo de las áreas química, petroquímica, alimenticia, farmacéutica y metalmecánica. Asimismo, se impulsó la expansión de la Red Tecnológica Nacional (RTN), que pasó de cuatro nodos regionales a 20, lo que permitió vincularse con otras redes de información, accesar hojas y sistemas de información electrónicas, e instalar un laboratorio para el desarrollo de los servicios de la RTN; la puesta en marcha del primer Sistema de Busqueda en Lengua Hispana, disponible en Internet; la ampliación del Servicio de Consulta a Bancos de Información que apoyo la realización de 560 consultas y 86 asesorías, además de suscribir a siete usuarios con terminal instalada, y contratar a los bancos naciónales de información NECOMEX, SIDABASE, DIRLAC y BIVE. De las instituciones adscritas al Sistema SEP-CONACYT, sobresale la construcción de hojas electrónicas para Internet; la actualización del Sistema de lnformación Geográfica y Estadística; la puesta en marcha de bibliotecas computarizadas con discos compactos en red, bases bibliográficas y dos centros de información.

La UNAM realizó la transmisión de datos a institucióncs educativas y de investigación a través de la RED-UNAM; además, con el fin de incrementar la cobertura de los posgrados que coordina, puso en marcha el Programa de Educación a Distancia y Servicios en Línea UNAM-EUA, mediante el cual se enlazó a diversas instituciónes del interior de la República con centros de investigación de San Antonio Texas; coordinó diversos sistemas como son UNAM-DUREC que contiene información legislativa, los VALLARTA y JUICE-DATA, que concentran las resoluciónea de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el sistema ARIES con información de más de 23 mil proyectos de investigación; y coordinó a la Unidad de Información y Documentación del Centro para la Innovación Tecnológica. que ofrece servicios de consulta a empresas e instituciones de investigación. - En el área de salud se inició un proyecto en telemedicina que opera vía satélite, para apoyar el diagnóstico y tratamiento de padecimientos que por su complejidad requieren de especialistas; se desarrolló un sistema computarizado para registrar los proyectos de investigación y efectuar un seguimiento oportuno de los mismos; y se transmitió via satelite a 336 centros receptores del país y a 11 del extranjero, información sobre los conocimientos y aplicaciones prácticas más actualizadas en diversas especialidades de la medicina y las Campañas Médicas Nacionales de Salud. Esto último ha permitido estrechar nexos en educación médica continua con profesionales de la salud en las regiónes de América Latina y el Caribe. - El sector medio ambiente, recursos naturales y pesca suscribió un convenio con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), para apoyar la transferencia de información tecnológica y brindar asesoría técnica en relación a aspectos geográficos; coordinó el Programa Nacional de Sanidad Acuicola y el Sistema de Red de Diagnóstico y Prevención de Enfermedades de Organismos Acuáticos a Nivel Nacional; integró los Registros de Operación Pesquera y Nacional de la Pesca; puso en marcha el Comité de Información Sectorial; e instaló cinco comités para la utilización de servicios informáticos en Internet.

P/ Cifras preliminares Fuente: SEP, CONACYT, con base en la información reportada por los sectores de la Administración Pública Federal que participan en actividades científicas y tecnológicas.

Para fortalecer el proceso de descentralización científica y tecnológica, se procuró el mejor aprovechamiento del potencial de cada región y un mayor vínculo entre las universidades, empresas e instituciones de investigación. El Conacyt avanzó en la conformación de los sistemas de investigación regional, con la finalidad de apoyar proyectos multidisciplinarios e interinstitucionales en el interior de la República. En este sentido, en 1995 se publicaron diversas convocatorias a fin de cofinanciar proyectos en seis sistemas de investigación: Miguel Hidalgo (Sihgo), José María Morelos (Sirmorelos), Alfonso Reyes (Sireyes), Francisco Villa (Sivilla), Justo Sierra (Sisierra) y Benito Juárez (Sibej). Es importante señalar que el Sirmorelos difundió los resultados de 52 solicitudes aprobadas, que implicaron una erogación por 6.3 millones de pesos, mientras que el Sihgo aceptó 53 iniciativas a las que asignó 11.8% millones de pesos, que se sumaron a los 16.8% millones de pesos aportados por las instituciones involucradas en ambos sistemas, para realizar proyectos relacionados con la salud, desarrollo social y humanístico y alimentos, entre otros. A través del Sistema de Investigación del Mar de Cortés (Simac), se aportaron recursos por poco más de 6.7% millones de pesos para financiar los 53 proyectos aprobados en la convocatoria de 1994. Cabe mencionar que en el periodo de este informe, se concluyeron 15 proyectos y los restantes 38 se terminarán durante 1996.

La UPN delegó a las unidadesUPN de provincia, la facultad de elaborar planes y programas de estudios, mismos que serán revisados y evaluados por la unidad ajusco. El IPN puso en operación el primer Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Ciudad Madero, Tamaulipas, con el fin de ofrecer asesoría, asistencia técnica, actualización y especialización tecnológica; promovió mediante las unidades Mérida, Irapuato y Saltillo del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), la investigación regional sobre recursos del mar, biología vegetal e ingeniería metalúrgica. Además,

transformó el Centro de Tecnología de Semiconductores, ubicado en Guadalajara, en una unidad académica para ofrecer el posgrado en ingeniería eléctrica; en coordinación con la Universidad Autónoma de Tlaxcala inició la investigación sobre aspectos de biología de la reproducción y colaboró con la Universidad Autónoma de Querétaro para iniciar las actividades del laboratorio de materiales avanzados.

Las instituciones del sistema SEP-Conacyt ampliaron su cobertura de acción en el interior de la República al consolidar nuevas líneas y grupos de investigación; otorgar servicios integrales al sector productivo; abrir unidades y ventanillas de atención en Culiacán, Aguascalientes y en la subsede de Quintana Roo, del Centro de Investigaciones en Alimentación y Desarrollo (CIAI), del colegio de la Frontera Sur y del Centro de Investigación y Asistencia Técnica del Estado de Querétaro, AC (Ciateq), respectivamente; establecer una oficina de representación del Centro de Investigación y Asesoría Tecnológica en Cuero y Calzado, A C., en la ciudad de Guadalajara e instalar en el Ciateq un laboratorio de metalurgia en el Parque Industrial Bernardo Quintana de Querétaro.

Con el objetivo de fortalecer la gestión ambiental, el sector medio ambiente, recursos naturales y pesca intensificó las acciones del Programa Ambiental de México y del Programa Ambiental de la Frontera Norte e instaló a través del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), un laboratorio en la unidad de Jiutepec, Morelos. Ello con la finalidad de desarrollar, adaptar y transferir tecnologías; validar investigaciones, así como para realizar actividades de normalización y certificación de productos y servicios del agua. Asimismo, se operaron cinco centros de capacitación ubicados en los estados de Nuevo León, México, Morelos, Veracruz y Yucatán.

Por otra parte, el sector energético, realizó un estudio para descentralizar el 80% de los servicios técnicos en cuatro zonas: norte, con sede en Poza Rica, Veracruz; sur, en Villahermosa, Tabasco y Marina, en Ciudad del Carmen, Campeche; así como centro, con sede en la Ciudad de México. Finalmente, el sector salud organizó las unidades de investigación epidemiológica en los estados de Chihuahua, Jalisco y Nuevo León. Igualmente, se firmaron 34 convenios de colaboración con universidades estatales; así como con la UNAM y el Cinvestav para promover la formación académica de alto nivel en las áreas de nutrición, biomédica, epidemiológica, clínica y servicios de salud.

La investigación científica y la actualización tecnológica requieren permanentemente de la modernización de su infraestructura física para la investigación, ya que el desarrollo del conocimiento de excelencia y sus múltiples aplicaciones sólo pueden asegurarse con laboratorios, equipos, instrumentos e insumos que respondan a los grandes cambios internacionales. En este contexto, durante 1995 se apoyó la construcción y equipamiento de 152 espacios que favorecieron el avance científico y tecnológico nacional y brindaron los servicios de observación y mantenimiento a 426 áreas propias para estas actividades.

Principales acciones de infraestructura científica y tecnológica, 1995 p/ - El sector agropecuario fortaleció con el equipamiento de laboratorios, invernaderos, estaciones meteorológicas y sistemas de riego rodado, la investigación de los Campos Experimentales de Coahuila, Durango, Morelos, Nuevo Leóon, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas. Lo anterior permitió profundizar las investigaciones sobre oleaginosas, ganadería, plantas desérticas, frutales, cultivos básicos y parasitología, entre otras. - El sector comunicaciones y transportes fortaleció con el equipamiento los laboratorios de patrones y calibracion, equipos terminales y de pruebas, radiación y propagación acústica, asi como la infraestructura del Laboratorio de Conectividad de Redes y Teleinformática en el área de análisis de redes LAN y WAN. - El programa de equipamiento del sector comercio y fomento industrial permitió prestar servicios de normalizacion y control de calidad; consolidar patrones primarios, sistemas de transferencia de procesamiento de datos y de medición de alta exactitud, para lo cual contó con 143 laboratorios. - El sector medio ambiente, recursos naturales y pesca instaló un laboratorio y recibió el acreditamiento de 56 pruebas en diversos módulos del laboratorio de prueba hidráulica; y terminó la primera fase del proyecto de

creación del Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental, en el que contó con el apoyo de la Agencia de Cooperación Intemacional del Gobierno de Japón (JICA). - El sector salud puso en operación diseños para el control biológico del agua, plantas potabilizadoras móviles y sistemas de monitoreo de la actividad eléctrica cardiaca y del electrocardiógrafo. Además, modernizó el instrumental de los institutos nacionales de Cardiología y de Salud Pública, así como del Instituto Mexicano de Psiquiatría. - En el sector educación, el CONACYT a través del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica aprobó 44 proyectos con un costo de 157.9 millones de pesos, los cuales porcentualmente se distribuyeron por áreas de la ciencia en 64.0 para exactas, 14.0 aplicadas, 7.0 naturales, 5.0 de la salud, 4.0 sociales, 4.0 humanas y de la conducta, y 2.0 para las de la tierra. Sobresale también, la construcción del Campus UNAM, en Juriquilla, Querétaro, que permitirá consolidar grupos de excelencia académica y fortalecer la investigación multidisciplinaria. Adicionalmente, el Centro de Instrumentos y el Instituto de Ingeniería apoyaron con equipo al Museo Universum y con materiales al Microsatelite UNAM-SAT. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) recibió en donación equipo de prospección geofísica por parte del Gobierno de Japón y brindó mantenimiento a 154 zonas arqueológicas y monumentos históricos. Por su parte, el IPN destinó 40.5 millones de pesos para la construcción de 243 espacios que apoyan la formación científica y tecnológica con nivel de posgrado. La UAM canalizó 240 mil pesos para fortalecer la infraestructura del herbario y la Colección Mastozoológica de la Unidad Iztapalapa, para lo cual contó con el apoyo de Nacional Financiera, S.N.C., y de la Comisión y el Fondo Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Del Sistema SEP-CONACYT sobresale la adquisición de un difractómetro de rayos X y un microscopio electrónico de barrido; la ampliación de una planta piloto en el área de polímeros; la conclusión de una planta de tratamiento de aguas negras y jabonosas; la construcción de un laboratorio en acuicultura; las adquisiciones de equipo de cromatografía, espectrometría y microscopía electrónica; el establecimiento de un laboratorio de electroquímica; y la adquisición de equipo científico y mobiliario para laboratonos de matemáticas y fibras ópticas. - El sector energético, creó un laboratorio de pruebas de equipos y materiales para un simulador de tiempo real de máquinas superiores síncronas; continuó con el desarrollo de un interfaz electrónico; la remodelación de un laboratorio de producción de radioisótopos; la reparación de la tina del reactor Triga; la adaptación del Laboratorio de Genética Molecular; y el diseño de un prototipo de equipo de destrucción de desechos por plasma térmico. Asimismo, se adquirió equipo técnico de vanguardia para laboratorios y talleres relacionados con el petróleo, e instaló una red de fibra óptica institucional. - El sector marina adquirió equipos e instrumental de laboratorio y equipo de cómputo, y llevó a cabo la calibración de equipo meteorológico instalado a bordo de cinco buques oceanográficos. Lo anterior, favoreció las investigaciones de los Institutos de Investigación Oceanográfica del Golfo y Mar del Caribe, así como de cinco estaciones oceanográficas localizadas en distintas ciudades del litoral mexicano. Igualmente, se instaló un mareógrafo en Puerto Balleto, Nayarit; dos estaciones meteorológicas costeras fijas en Tampico, Tamaulipas, y en Chetumal, Quintana Roo, así como un Centro de Previsión Meteorológica en la Ciudad de México, que permite compilar información vía satélite para pronosticar el tiempo en las zonas costeras.

p/ Cifras preliminares.

Fuente: SEP, CONACYT, con base en la informacióo reportada por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que participan en actividades científicas y tecnológicas.

La cooperación técnica y científica internacional permite cerrar la brecha tecnológica entre México y sus principales socios comerciales del exterior e insertarse en una economía global con mayores posibilidades de desarrollo. En esta materia el país continúa siendo importante receptor, a la vez que se consolida como donante.

Esta dualidad le permite demandar de países de mayor desarrollo y de organismos internacionales, cooperación para proyectos de ejecución nacional; ofrecerla a naciones con menor desarrollo relativo y trabajar programas horizontales con países de similar desarrollo. Como receptor, México obtuvo en 1995, poco más de 85 millones de dólares para financiar 370 proyectos de cooperación técnica. En el periodo de este informe se concretaron 611 convenios en la materia, de los cuales 434 fueron bilaterales y 177 multilaterales.

El sector agropecuario mantuvo vigente diversos convenios de colaboración internacional, entre los que destaca el firmado con Midamerica International Agriculture Consortium para realizar cursos, diplomados, talleres, intercambios de profesores y transferencia de información. Asimismo, sostuvo 27 convenios internacionales, de los cuales 13 fueron suscritos con centros de investigación, ocho con organismos gubernamentales, cuatro con colegios y universidades y dos con empresas relacionadas con el ramo. Adicionalmente, destacan los convenios firmados con los centros Internacionales de Investigaciones para el Desarrollo de la Papa y para la Investigación en Agrosilvicultura y el Instituto Francés de Investigación Científica.

El sector comunicaciones y transportes mantuvo colaboración en materia de transporte con el Cray Research de México, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y el Instituto del Transporte de Texas, entre otros; trabajó con el Jet Propultion Laboratory de la NASA, el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales de Brasil y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial de España, principalmente, sobre aspectos de comunicaciones. El sector comercio y fomento industrial, participó en los acuerdos de cooperación regional en metrología, junto con los laboratorios primarios del NIST y del NRC y fungió en calidad de presidente en los acuerdos de Cooperación en Metrología de las Américas y en el Sistema Interamericano de Metrología, contando con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En educación, sobresalen los convenios establecidos por el Conacyt, dirigidos a realizar proyectos conjuntos, intercambiar información, organizar encuentros académicos y apoyar la formación de profesionistas de alto nivel. Los principales organismos con los que negoció fueron la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Mecanismo de Cooperación AsiaPacífico, la OEA, el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo y el Instituto Interamericano de Cambio Global. Adicionalmente con los gobiernos de Alemania, Canadá, Cuba, España, EUA, Francia y Japón se realizó la mayor cooperación en esta materia.

El IPN se incorporó al Programa América Latina Formación Académica, a fin de fomentar la cooperación con instituciones de educación superior de América latina y de Europa. De los convenios suscritos por la UAM sobresalen los desarrollados con las universidades de Oriente de Cuba y de Ghent de Bélgica, así como con los gobiernos de EUA, Gran Bretaña, Francia y Japón para desarrollar programas en materia de medio ambiente, procesos productivos y salud. La UNAM realizó en coordinación con la Fundación Nacional de Ciencia, la NASA y el Departamento de Energía de los EUA, un estudio sobre nuevas formas de cooperación científico y tecnológica entre EUA y América latina, el cual concluye que existen condiciones para efectuar cooperación en materia de geociencias, ingeniería, biología, física, nuevos materiales y astronomía.

El sector salud estableció convenios con Bélgica, EUA y Francia, destacando los estudios realizados sobre el efecto de la lipoproteína en el infarto al miocardio; el trabajo con el laboratorio de ginecología y obstetricia de Yale, EUA, sobre la ruptura prematura de membranas en aspecto etiopatológico y el convenio con la Universidad de Lieja, Bélgica, para estudiar los mecanismos de daño pulmonar provocados por ozono y paratión. En el marco del Programa de Entrenamiento Técnico-México-Gran Bretaña, el sector medio ambiente, recursos naturales y pesca llevó a cabo tres convenios para desarrollar proyectos sobre medio ambiental y efectuó el Taller Norteamericano de Monitoreo para la Evaluación Ecológica de los Ecosistemas Terrestres y Acuáticos, a fin de

intercambiar información sobre tecnologías para el monitoreo ecológico.

El sector marina concretó un convenio con la Universidad de Texas A&M, para la Colecta de Datos Hidrográficos en el golfo de México y mar Caribe y otro con la Nacional Oceanic and Atmospheric Administracion para el Sistema de Alerta Contra Tsunamis del Pacífico. El sector gobernación mantuvo estrecha colaboración con la JICA y firmó un acuerdo interinstitucional con el United States Geological Survey y el Centro Nacional de Prevención de Desastres, sobre ciencias de la Tierra y cartografía; asimismo, con el gobierno de Guatemala, realizó actividades de cooperación conjunta relativas a la prevención de desastres en la zona del volcán Tacaná, así como en fenómenos hidrometeorológicos de la zona fronteriza con México.

4.4 Cultura La política cultural del Gobierno de la República se basa en el respeto absoluto a la libertad de creación y de expresión de las comunidades intelectuales y artísticas del país. Sus objetivos generales son: fortalecer la cultura como base de la identidad y la soberanía nacional; contribuir al desarrollo de la vida democrática; apoyar la construcción y permanencia del nuevo federalismo y estrechar la vinculación de la cultura con la política social como factor para el logro de niveles más altos de vida y bienestar de la población. El Ejecutivo Federal ejerce esta política por conducto del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA).

Para la preservación del patrimonio cultural se requiere sumar esfuerzos de los tres niveles de gobierno y de la sociedad civil, además de promover un auténtico federalismo que considere las diferencias y necesidades de cada región y localidad. Federalismo que esté fundado en la tolerancia y el respeto a la creación y las diversas formas de expresión cultural y artística y que permita la libre confrontación de ideas, tendencias y opiniones y el diálogo que enriquezca la cultura nacional.

Bajo la custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), actualmente están abiertas al público 141 zonas arqueológicas, 105 monumentos históricos y 106 museos, que en este periodo recibieron 16.4% millones de visitantes. Para mejorar su funcionamiento y en particular, las condiciones de seguridad, se desarrollaron proyectos de mantenimiento mayor y menor, así como actividades de conservación y restauración de piezas. En los museos del INAH, se realizaron 1 mil 054 exposiciones, 95 de ellas temporales, 23 itinerantes, 74 de efemérides y tres internacionales. Los 26 museos y galerías del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), por su parte, recibieron 1.6% millones de visitantes. En este mismo lapso, se restauraron 2 mil 156 metros cuadrados de pintura mural, 690 pinturas y 291 piezas artísticas.

La Comisión Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural promovió la creación de 21 comisiones locales, con lo que ascienden a 76 las que están en operación. Dichas comisiones realizaron actividades de recuperación y restauración de 65 bienes muebles e inmuebles considerados patrimonio histórico y cultural, en los que aplicaron recursos de la iniciativa privada y de la sociedad en general. Sobresalen los trabajos de las comisiones instaladas en los estados de Baja California, Hidalgo, Guanajuato, México, Chihuahua y recientemente, de Morelos.

En materia de educación e investigación artísticas, el Centro Nacional de las Artes inició actividades como un espacio para la formación de artistas mexicanos con niveles de excelencia y desde una perspectiva interdisciplinaria. Por lo cual, además de trasladar las cuatro escuelas y cuatro centros de investigación que lo integran a un área que las concentra, emprendió un vasto y profundo programa de reordenamiento académico dirigido a renovar sus planes de estudio, elevar la formación de los maestros de educación artística, estrechar los vínculos de la docencia con la investigación y con la práctica profesional.

Durante 1995, como parte del Programa de Extensión Académica, se impartieron por 140 conferencistas de reconocido prestigio, 105 cursos, seminarios y talleres a los que se inscribieron 3 mil estudiantes y maestros. Con la operación del Centro Multimedia, sus 12 salas de cine, la Biblioteca de las artes y su Programa de Extensión Cultural, que atendió a 355 mil 175 personas, el Centro Nacional de las Artes ha tenido una favorable recepción por parte de la comunidad artística y del público mexicano.

El INBA, por su parte, sigue jugando un papel de importancia en la formación de artistas: en 1995 atendió a 17 mil 466 alumnos en

educación artística básica, media, media superior y superior, además de impartir contenidos de educación artística a otros 508 mil 500 niños del sistema educativo nacional. La creación del Centro Nacional de las Artes ha sido un detonante para impulsar la renovación y actualización en el resto de las escuelas artísticas, por lo que el INBA también presta creciente atención a la actualización de planes y programas de estudio, a la adopción de nuevas metodologías para el diseño curricular y en general al proceso de enseñanza de las disciplinas artísticas.

Asimismo, las escuelas nacionales de Antropología e Historia y de Conservación, Restauración y Museografía, que integran el sistema escolar del INAH, atendieron a 1 mil 853 alumnos en el nivel licenciatura, al tiempo que incrementaron el número efectivo de horas clase y el de prácticas de campo.

El Centro de Capacitación Cinematográfica, por su parte, consolidó su participación como fuente de los nuevos cuadros técnicos y dirigentes del cine mexicano y reafirmó su papel como impulsor de la cultura cinematográfica en el país. En 1995, se atendió a 60 alumnos, se realizaron 205 investigaciones y se presentaron nueve tesis de licenciatura en cine. Como parte del proceso de formación magisterial para estas actividades, mediante el plan de actividades culturales en apoyo a la educación primaria, se realizaron 517 cursos, con los que se capacitó a 4 mil 679 maestros.

A través de 170 subfondos para la promoción y difusión de la cultura y las artes, el CNCA apoyó a igual número de proyectos culturales y artísticos. En 1995 dichos subfondos ejercieron recursos por más de 28 millones de pesos, de los que casi 10 millones y medio se captaron como donativos, la mayor parte provenientes de la iniciativa privada.

La XIII edición del Festival Internacional Cervantino representó un significativo foro para acercarse al arte y la cultura de los 27 países que presentaron 72 grupos artísticos, 39 de ellos nacionales y 33 del exterior. En total, se presentaron 1mil 096 artistas, quienes actuaron en cuatro estados de la República y en la Ciudad de México, para ofrecer 63 espectáculos diferentes en 106 funciones: cuatro de ópera, 42 de música, 32 de teatro, cuatro de teatro musical, 21 de danza y tres de danza-teatro.

Como parte de las actividades del CNCA, por medio del Centro Cultural Helénico se llevaron a escena 53 obras de teatro, 16 de ellas para niños, a las que asistieron 47 mil 524 personas. A través del Centro de la Imagen, se realizaron 90 eventos de difusión mediante muestras fotográficas, exposiciones itinerantes, conferencias, talleres y presentaciones de video a los que asistieron 51 mil 355 personas.

Para promover la asistencia a actividades culturales de alta calidad, durante 1995 se colocaron 19 mil 768 suscripciones a las tarjetas de descuento Sépalo y Maestros a la Cultura, con las que suman 85 mil 205 tarjetas vigentes. A efecto de dar mayor difusión a las actividades artísticas y culturales realizadas en la Ciudad de México, entró en operación Notitel, un nuevo servicio que proporciona información por teléfono sobre las principales actividades de esta naturaleza a un costo de tres pesos por minuto para el usuario.

El proceso de globalización y en particular, el peso cada vez mayor de los medios de comunicación masiva en la vida cotidiana, reclaman una atención especial con respecto a la afirmación y reproducción de los valores fundamentales de nuestra nacionalidad.

En este sentido, el CNCA produjo 135 programas de televisión y 185 de radio, además de distribuir comercialmente 28 mil 899 videocasetes con películas y programas culturales. El Canal 22, por su parte, realizó un esfuerzo extraordinario para aumentar las horas de transmisión, que alcanzaron un promedio de 11 horas diarias, de las cuales un 40.0% se integraron con materiales de producción nacional y el resto con programas adquiridos de los más importantes catálogos internacionales de televisión cultural, con lo que ha logrado ubicarse en el gusto de los televidentes y tener un perfil propio.

La señal de Canal 22 se transmitió por los satélites Morelos II y Solidaridad. Canal 11 por su parte, transmitió durante 6 mil 597 horas, con programas informativos, culturales, de servicio social y entretenimiento. Radio Educación, en tanto, produjo para sus emisiones de amplitud modulada 3 mil 300 programas culturales y 2 mil 021 de corte periodístico. Al respecto, debe destacarse que el 7.6% del tiempo transmitido es dedicado a programas infantiles, sin contar los espacios musicales que adicionalmente se destinan a ese público.

El Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) coordina el impulso a la cinematografía nacional mediante la producción y difusión del cine mexicano en el país y en el extranjero. En este lapso, concluyó la producción de cinco largometrajes y 10 cortometrajes.

Entre el acervo distribuido destacan las producciones de los últimos años, varias de las cuales han recibido premios y otras nominaciones tanto en el país como en los principales foros y festivales cinematográficos del extranjero. La calidad del cine mexicano, que ha repuntado en los últimos años, ha estado representada con cintas como "El callejón de los milagros" y "Dos crímenes".

Del acervo del Imcine se efectuaron 488 rentas de películas para 59 instituciones de 23 estados de la República y el Distrito Federal. Para fortalecer la difusión del cine nacional en el exterior, se participó en 127 eventos de carácter internacional, como el Sundance en los Estados Unidos de América y los festivales cinematográficos de Berlín, Alemania; Cartagena, Colombia; Huesca y San Sebastián en España; Venecia, Italia; Toronto y Montreal en Canadá y La Habana, Cuba, entre otros. En 1995, concluyó el Programa de Modernización de Estudios Churubusco-Azteca, S.A.

El fomento del libro y de la lectura es otra de las prioridades de la política cultural. Con la participación conjunta del Ejecutivo Federal y los gobiernos estatales, la red nacional de bibliotecas públicas se integra actualmente por 5 mil 520 recintos, en los que se cuenta con casi 23 millones de volúmenes para consulta. Este servicio es un buen ejemplo de cómo se articulan en la práctica los servicios educativos y culturales, pues de los más de 80 millones de consultas bibliográficas realizadas, dos terceras partes fueron de niños y jóvenes en edad escolar.

El CNCA editó 174 títulos, 63.0% de los cuales se hicieron en coedición con empresas privadas. También organizó 29 ferias del libro, como parte del esfuerzo para crear los espacios que favorezcan la adecuada difusión de la cultura escrita. Educal, S.A. de C.V., la empresa que distribuye ese fondo editorial, participó en 164 eventos de exhibición y venta integrados por 63 ferias nacionales y nueve internacionales, atendió 70 presentaciones de libros y 22 eventos especiales y vendió más de 1.3 millones de ejemplares, lo que le permitió ser autofinanciable en un 85.2% El Fondo de Cultura Económica editó 1 mil 217 títulos, con un tiraje de casi 3 millones de ejemplares, de los cuales 120 mil fueron textos auxiliares para secundaria. En cuanto al proceso de distribución, se concretó la venta de 2.2% millones de publicaciones en el país y más de 301 mil en el exterior. Por su parte, el INAH publicó 60 títulos con una edición de 60 mil obras y continuó con la impresión de las revistas "Arqueología Mexicana", con 240 mil volúmenes producidos en el año y "México en el Tiempo", de la que realizó un tiraje de 100 mil ejemplares.

Para estimular la creatividad de la comunidad artística, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes otorgó 666 becas y apoyos diversos durante el periodo de este informe, 314 de los cuales corresponden al Sistema Nacional de Creadores de Arte y 166 son becas anuales regulares, en tanto que 143 son apoyos a proyectos y coinversiones culturales y 43 son becas especiales para estudios en el extranjero.

La participación privada en el financiamiento a la creación artística se hace patente en el Fideicomiso para la Cultura MéxicoEstados Unidos de América, a través del cual se otorgaron 60 apoyos a proyectos de interés binacional por un monto de 977 mil dólares.

La preservación y difusión de las culturas populares es tarea fundamental de un país plural, tanto étnica como culturalmente.

Para conservar y desarrollar esta riqueza, operan 17 unidades regionales distribuidas en 13 estados, que realizaron 116 eventos de cultura popular. Adicionalmente, mediante el programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias se aportaron 7.7% millones de pesos a poco más de 1 mil proyectos, bajo un enfoque de corresponsabilidad, también cuentan con aportaciones de las propias comunidades involucradas.

El Programa de Museos Comunitarios y Ecomuseos, que pretende fomentar la iniciativa cultural de las comunidades y propiciar el desarrollo de proyectos autosostenibles, cuenta actualmente con 64 museos en operación, siete de los cuales se crearon en 1995.

Como en los demás rubros de la política de desarrollo social, la descentralización es un postulado estratégico que rige las acciones culturales. Durante 1995 operaron 31 fondos estatales para la cultura y las artes, constituidos con aportaciones federales, estatales y de la iniciativa privada, siendo los intelectuales y artistas locales quienes decidieron las actividades que se financiaron.

Asimismo, se aportaron 18.6% millones de pesos para 22 fondos estatales, de los cuales el CNCA contribuyó con poco más de la mitad y los gobiernos respectivos cubrieron el resto. En 1995 se consolidó la organización y operación de los circuitos artísticos regionales, que presentaron 1 mil 016 eventos ante casi 290 mil personas.

Por lo que toca a intercambios culturales con el exterior, en 1995 México mantuvo una activa presencia para reforzar sus nexos y abrir espacios de colaboración con otras naciones, en especial con los países de América latina y el Caribe. En este sentido, se realizaron 13 exposiciones de artistas nacionales en igual número de ciudades del exterior, en tanto que en nuestro país se montaron tres muestras procedentes del extranjero.

A través del Programa de Estímulos y Actividades Culturales Infantiles, se desarrollaron diversas acciones, con un total de 90 propuestas artísticoculturales, dirigidas a niños desde la edad preescolar hasta la secundaria. En conjunto, se realizaron 3 mil 207 eventos como: talleres, visitas guiadas, exposiciones, concursos, espectáculos y conferencias para infantes, con lo que se atendió a 237 mil 304 niños.

4.5 Educación física y deporte El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, establece el aliento y desarrollo de la educación física y la práctica del deporte, como parte de la formación individual y la educación integral. De ahí que con la participación del Gobierno Federal, los gobiernos estatales y municipales y las propias comunidades, se apoyen las alternativas para la educación física, el deporte masivo y popular y el denominado de alto rendimiento, cuya práctica se orienta a la búsqueda de la excelencia. Concurren a estas tareas la Comisión Nacional del Deporte (Conade), la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme) y el Comité Olimpico Mexicano (COM).

La importancia del deporte masivo radica en que representa uno de los instrumentos más significativos de la pirámide del desarrollo y fomento deportivo, al tiempo de que constituye el espacio para que la población acceda de manera favorable a la práctica cotidiana de actividades físicas. En este sentido, a través de más de 1 mil 300 centros de desarrollo deportivo que operan en 638 municipios de 30 entidades federativas, se ofrecieron servicios de recreación, activación física e iniciación, enseñanza y entrenamiento deportivo a 1.4 millones de personas. Adicionalmente, se realizaron los XXIII Juegos Deportivos Nacionales de los Trabajadores, en los que participaron más de 800 mil personas.

Por lo que se refiere al deporte estudiantil, se amplió a nivel nacional el acceso a la práctica deportiva en los diferentes niveles educativos. Así, se celebraron los juegos deportivos nacionales estudiantiles, con la participación de más de 705 mil alumnos de educación básica, media superior y superior. De igual manera, la Conade, en coordinación con los gobiernos estatales, impulsó la formación de ligas deportivas estudiantiles para fomentar la competencia deportiva organizada y ampliar la participación de estudiantes en el ámbito extraescolar. Mediante el diseño y distribución de material de promoción, manuales, estatutos y normas de organización y concertación interinstitucional, operaron 1 mil 977 ligas en diferentes disciplinas que involucraron a 285 mil 887 alumnos de los diferentes niveles que conforman el sistema educativo nacional.

El deporte selectivo está orientado a realizar diversas actividades de apoyo para la preparación de deportistas que, por sus características de rendimiento físico, se encuentran inscritos dentro del programa de talentos deportivos, mismos que pueden representar de manera competitiva a nuestro país en eventos internacionales. Al respecto, a través de las 34 unidades estatales se atendió a más de 8 mil prospectos de 26 disciplinas deportivas, mediante clases directas, materiales deportivos e intercambios nacionales e internacionales. En distintas competencias, las selecciones nacionales participaron con 205 preseleccionados y 91 seleccionados.

En lo que corresponde a la promoción del deporte adaptado, se celebraron los XXII Juegos

Nacionales sobre sillas de ruedas, con la asistencia de 628 deportistas. Asimismo, se asistió a los Juegos Mundiales sobre Sillas de Ruedas en donde la representación nacional obtuvo el primer lugar con 104 medallas.

A fin de otorgar a los deportistas los servicios médicos que requieren para preservar la salud, elevar el rendimiento físico atlético y tratar las lesiones derivadas de la práctica deportiva, continuó en operación el Proyecto Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte, a través del cual se otorgaron más de 22 mil 900 servicios de consulta médica deportiva, atención durante eventos deportivos, traumatología y medicina física y se realizaron estudios en medicina aplicados al deportista, dirigidos a determinar el estado de salud e importancia atlética de los deportistas, que abarcaron 16 mil 231 evaluaciones de carácter morfofuncional y de seguimiento técnico, nutricional, odontología, así como exámenes biocíclicos y anti doping.

Para incrementar la cobertura de atención de este proyecto, se avanzó en la consolidación de siete centros de medicina ubicados en Chihuahua, Chiapas, Durango, Jalisco, Nuevo León, Sonora y Veracruz; de igual forma, se llevó a cabo la planeación de otros centros a fin de fortalecer el Subsistema Nacional de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte.

Por su parte, el Comité Olimpico Mexicano, a cargo de la preparación y participación de los deportistas de alto rendimiento en eventos internacionales, organizó el IX Festival Olimpico Mexicano en el que participaron 4 mil deportistas locales y extranjeros de 14 países en 20 especialidades deportivas.

Asimismo, se efectuaron en las ciudades de Mar de la Plata y Buenos Aires, Argentina, los XII Juegos Panamericanos, los cuales marcaron un importante desarrollo deportivo continental, ya que por primera vez se compitió en 26 deportes y 37 disciplinas, permitiendo consolidar el progreso alcanzado en los juegos centroamericanos realizados en Ponce, Puerto Rico, al participar con 322 deportistas en 30 disciplinas, en donde se obtuvieron un total de 80 medallas: 23 de oro, 20 de plata y 37 de bronce. Adicionalmente, se trabajó conjuntamente con la Federación Mexicana de Olimpiadas Especiales, AC, para brindar atención a 1 mil 560 deportistas de 11 disciplinas en la Olimpiada Especial Nacional.

Para fortalecer y apoyar las opciones educativas para la formación y actualización de profesionales en cultura física, se llevaron a cabo diversas acciones en los niveles de enseñanza media superior y superior. Resalta la elaboración de 240 documentos técnicos; el desarrollo de 126 cursos; la operación de 18 modelos académicos; la impartición de 204 asesorías técnico-pedagógicas y la distribución de 129 paquetes de material didáctico.

Lo anterior permitió atender en 231 instituciones educativas a más de 22 mil personas, de las cuales el 23.0% fueron instructores capacitados, 58.0% alumnos beneficiados y el resto, personas atendidas con el Programa de Enseñanza Complementaria.

Con la aplicación del Programa de Capacitación para Entrenadores Deportivos, se benefició a 15 mil 370 entrenadores y se realizaron 30 supervisiones. Cabe señalar que este programa permite reconocer oficialmente la actividad del personal empírico del deporte.

Con relación al Programa Nacional de Certificación de Estudios, en el área de cultura física y ciencias afines, se acreditó y certificó a más de 20 mil 400 participantes de los programas de formación, capacitación y actualización, registrando en el año, 4 mil 381 reconocimientos.

Para 1995, la Conade brindó servicios de conservación y mantenimiento a 30 instalaciones deportivas, distribuidas en los estados de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, así como en el Distrito Federal.

4.6 Salud Las condiciones de salud de la población y de los servicios proporcionados por las instituciones responsables del país presentan avances y retos muy diversos. En los últimos años se redujo la mortalidad general, materna e infantil y se presentó un ligero incremento en los años de vida al nacer. Sin embargo, un gran segmento de población que vive en condiciones de extrema marginación sigue sin acceder a los beneficios de los servicios de salud y continúa enfrentando serios padecimientos infecciosos,

perinatales y de nutrición. Por otro lado, las enfermedades crónicas, asociadas a los nuevos estilos de vida, muestran una presencia creciente en el perfil epidemiológico del país.

Para consolidar los avances y enfrentar los retos de fin de siglo, las instituciones del Sistema Nacional de Salud (SNS) tendrán que superar rezagos y obstáculos que tienen que ver, sobre todo, con la calidad y eficiencia de los servicios, el centralismo y la cobertura insuficiente. Con este fin, el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, estableció tres objetivos fundamentales para el sector salud: descentralizar los servicios de salud dirigidos a la población abierta; consolidar la modernización administrativa del sector y ampliar la cobertura de los servicios básicos de salud.

Así, durante 1995 se dieron los primeros pasos hacia la descentralización presupuestal de la Secretaría de Salud (SSA) y se impulsó la modernización y simplificación administrativa y se inició la desregulación de tareas de vigilancia y regulación sanitarias. También, se diseñaron estrategias para ampliar la cobertura, dentro de las que destaca el diseño de un Paquete Básico de Servicios de Salud (PBSS), que atenderá las necesidades de comunidades, en su mayoría indígenas, que no cuentan con acceso regular a los servicios básicos de salud. Adicionalmente, como parte de una estrategia dirigida a combatir los efectos más perniciosos de la crisis económica por la que atraviesa el país, las instituciones de seguridad social pusieron en marcha un plan emergente para extender por seis meses la cobertura de servicios médicos a los trabajadores que perdieron su empleo.

En congruencia con los compromisos asumidos en materia de salud y con el fin de enfrentar con mayor eficiencia los retos de las transiciones demográfica y epidemiológica, el Gobierno Federal se planteó poner en marcha una reforma del sistema de salud. El propósito central de esta reforma consiste en ampliar la cobertura y fortalecer el federalismo, a través de cinco medidas básicas:

1) Incrementar la equidad, eficiencia y calidad de los servicios de salud:

2) Superar rezagos y hacer frente a los problemas emergentes de salud:

3) Establecer las bases para la integración de un sistema de salud definido por funciones y no por grupos sociales:

4) Mejorar el aprovechamiento de los recursos destinados a la salud:

5) Garantizar un paquete mínimo de servicios, para que a través de estrategias locales y regionales toda la población tenga acceso a una atención básica.

La reorganización de los servicios, conlleva también un proceso de descentralización total de la Secretaría, que se preparó en 1995 y se pondrá en marcha en 1996. Como estrategia de un nuevo federalismo, se busca fortalecer los sistemas estatales de salud, disminuir las brechas regionales y estatales de atención y fomentar una mayor participación social en el auto cuidado de la salud. En este sentido, la estrategia para la descentralización de la SSA comprende dos líneas complementarias: la descentralización de los recursos operativos y la descentralización de las actividades sustantivas.

La descentralización de los recursos operativos se apoya en la transferencia a las entidades federativas de los recursos humanos, financieros y materiales. El propósito es que éstos lleguen a los estados y se apliquen de acuerdo con sus prioridades. Por su parte, la descentralización de las actividades sustantivas implica la transferencia de los servicios de salud, la vigilancia epidemiológica y la regulación sanitaria.

La SSA definió la mayor parte de las acciones y funciones que habrán de descentralizarse y las que seguirán bajo la responsabilidad de las áreas centrales, quedando pendiente la definición de los programas prioritarios que serán transferidos a los estados.

A fin de apoyar la reforma del sistema de salud y la descentralización de los servicios, se creó el Consejo Nacional de Salud, cuyas líneas de acción están dirigidas fundamentalmente a: ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de salud a la población abierta; fomentar la vinculación entre la jurisdicción sanitaria y los municipios y fortalecer los recursos humanos, financieros y materiales, así como la obra física.

Avances en el proceso de descentralización del sector salud, 1995 Secretaría de Salud - Se realizó el diagnóstico de los recursos existentes; la evaluación de las capacidades operativas de las áreas; la definición de nuevas funciones; la elaboración de manuales de procedimientos; y la adecuación de los marcos jurídicos respectivos para conducir este proceso. De igual forma, se realizaron múltiples seminarios y cursos de capacitación al personal de los servicios estatales para reforzar las actividades de descentralización. - En el área de epidemiología se identificaron las atribuciones y funciones a descentralizar, que abarcan aspectos operativos, de supervisión y evaluación relacionados con la vigilancia epidemiológica. Se continuó y aceleró la descentralización de las actividades de diagnóstico de laboratorio mediante el fortalecimiento de la Red de Laboratorios Estatales de Salud Pública. En materia de informática, se elaboró y entregó a las 32 entidades federativas la documentación necesaria para la creación de los Subcomités Estatales de Informática. - En el área administrativa, se elaboraron y actualizaron los 32 Planes Estatales Maestros de Infraestructura Física en Salud en coordinación con las áreas del IMSS-Solidaridad, los Servicios Estatales de Salud, y en el marco del proceso de descentralización de los servicios de infraestructura. Paralelamente, se delegó a las entidades federativas la responsabilidad de programación, y se transfirieron los recursos presupuestales para la rehabilitación y mantenimiento de unidades médicas. Además, se concluyó la primera etapa del proyecto de descentralización del registro y control del presupuesto de la SSA. Adicionalmente, se inició el proceso de descentralización de la adquisición de medicamentos y material de curación destinados al abasto normal de 1996. - Se transfirieron recursos a los programas de Conservación y Mantenimiento de la Obra Civil y Equipamiento Médico a unidades médicas de primer nivel de atención en 32 y 21 entidades federativas, respectivamente; se canalizaron a los estados recursos de los Programas de Rehabilitación y Suministro de Equipos Electromecánicos y de Conservación y Mantenimiento de unidades de primer nivel de atención; y se diseñó y expidió una nueva política de gasto con cuotas de recuperación. - Se revisaron los ordenamientos sanitarios originales con el objeto de promover las reformas y bases jurídicas que permitan dar mayor agilidad al proceso de descentralización de los servicios de salud.

Instituto Mexicano del Seguro Social - A principios de 1995 el IMSS se propuso desconcentrar 209 procesos y facultades. Al termino del año, esto se logró para 83 de ellos; 123 se encuentran en proceso y tres iniciarán su desconcentración en 1996. Con la desconcentración de los procesos se pretende alcanzar beneficios significativos de calidad y oportunidad en la prestación de los servicios institucionales; la simplificación de trámites; el desahogo de la operación en las dependencias centrales; la congruencia y homologación de procesos; el ahorro de gastos de operación, y el fortalecimiento de la capacidad resolutiva en el nivel regional y delegacional. - De los procesos operativos a desconcentrar, sobresalen la ampliación de facultades para la administración del presupuesto a las delegaciones y unidades de servicio que integran la región, de acuerdo con su población amparada y programas; la desconcentración de la adquisición de bienes de consumo a las delegaciones; la decisión de ejercer las plantillas de personal de acuerdo con la demanda real y características locales de las unidades operativas; la determinación del presupuesto de ingresos, basado en las metas de cada una de las subdelegaciones y las expectativas de desarrollo económico de la región; la participación en la sanción y adjudicación de los contratos de construcción de obras, y la operación de un sistema de información integral que abarca hasta el nivel de unidad de servicio, permitiendo contar con información suficiente y oportuna para la toma de decisiones.

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado - El ISSSTE desarrolló un sistema de desconcentración en los hospitales regionales para que operen como unidades administrativas desconcentradas y ejerzan directamente su administración. Este programa inició en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre y se extendió a los 10 hospitales regionales.

Fuente: SSA.

Como parte de la estrategia de modernización y simplificación administrativa, durante 1995 se realizaron actividades orientadas a alcanzar una mayor eficiencia de la gestión y aprovechar de manera más productiva los recursos humanos y financieros, para elevar la calidad de los servicios que otorgan las instituciones de salud. En este sentido, a fin de unificar la captación de información sobre la prestación de los servicios médicos en el sector salud, se creó el Sistema de Información en Salud a Población Abierta, que integra por vez primera los sistemas de información que operan regularmente en las instituciones de salud que proporcionan atención a la población no derechohabiente como son: la SSA, el Programa IMSS-Solidaridad y los Servicios de Salud del Departamento del Distrito Federal (DDF).

Al respecto, la SSA diseñó el Subsistema de Análisis Comparativo del Desempeño, a través del cual se monitorean de manera sistemática indicadores que dan cuenta de la calidad de los servicios. Con este subsistema se posibilita la detección de los lugares en donde se desarrollan "buenas prácticas" para que las unidades médicas que funcionan adecuadamente extiendan sus logros hacia otras unidades similares. Asimismo, se aplicó el Subsistema de Encuestas Rápidas de Calidad de la Atención para Usuarios y Prestadores de Servicios de Salud, que permite captar información sobre la percepción que el usuario y el trabajador tienen sobre los servicios que se ofrecen.

Por lo que se refiere a los servicios epidemiológicos, se construyó un módulo para el procesamiento de datos municipales del Programa de Vacunación Universal y se diseñó un sistema de cómputo para el Programa de Control de la Lepra, que permitirá llevar el registro y seguimiento nominal de casos a nivel nacional y generar información para la evaluación y toma de decisiones. En este año también se efectuaron modificaciones al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, como fueron la creación del Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que se encargará del cumplimiento de la normatividad existente y la elaboración de un convenio para la creación de un Sistema Unico de Información, que asegurará la uniformidad, calidad y oportunidad de la información.

También se trabajó en la automatización del proceso de información mediante el diseño del Sistema Unico Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica, con la finalidad de facilitar el análisis epidemiológico en todos los niveles técnico-administrativos.

En el área de fomento sanitario se realizaron acciones de coordinación intersectorial para elaborar un formato único que incluya todos los requisitos exigidos para la apertura y funcionamiento de diversos tipos de empresas, con la finalidad de simplificar los trámites, racionalizar la regulación y promover la corresponsabilidad de los particulares. En este sentido, se modernizó el sistema para la expedición de licencias sanitarias de funcionamiento de unidades de salud, reduciendo el tiempo y las condiciones de gestión.

Con el propósito de agilizar los trámites y garantizar la seguridad de la salud a la población por la importación de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas o peligrosas, la SSA estableció un sistema computarizado de ventanilla única que permitirá dinamizar el proceso de recepción y entrega de permisos de importación; proporcionará información oportuna al usuario a nivel nacional; mantendrá la vigilancia y control de las sustancias tóxicas y generará estadísticas confiables.

En apoyo a las actividades de comercio internacional, el sector salud revisó y actualizó los servicios que para tal efecto se proporcionan. En relación a las exportaciones, se emitieron documentos informativos con la finalidad de apoyar a los particulares en sus actividades de exportación, con énfasis en el conocimiento de los requisitos sanitarios que imponen los países importadores de los productos mexicanos. Derivado de ello, se diseñó e inició la operación del Servicio de Aprobación de Organismos de Certificación, Unidades de Verificación y Laboratorios de Prueba.

Para atender y fortalecer los programas sustantivos del sector, durante 1995 las instituciones de salud aplicaron en forma selectiva sus recursos presupuestales. El gasto ejercido por la SSA, fue de 7 mil 618.3 millones de pesos. A los organismos descentralizados de alta especialidad o de tercer nivel, denominados Institutos Nacionales de Salud, se les transfirieron 1 mil 023.1 millones de pesos para su operación, que involucra actividades de investigación, enseñanza y atención médica.

Para el pago a 144 mil 082 trabajadores de salud (incluyendo médicos residentes) a nivel

nacional, se destinaron 4 mil 325.4 millones de pesos. Los recursos restantes (2 mil 269.8 millones de pesos) se aplicaron en términos generales, a la adquisición de medicamentos y material de curación; a la rehabilitación, conservación y mantenimiento; a la adquisición de equipo e instrumental médico y a la realización de obras de infraestructura de salud. Adicionalmente, se reorientaron 302.2 millones de pesos para la atención de programas emergentes de las unidades centrales y estatales y para atenuar los efectos de la pérdida del poder adquisitivo del presupuesto. A esta cifra se agregaron para los mismos fines, 150.0 millones en el marco del Programa de Acción para Reforzar el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica (PARAUSEE).

El IMSS, de sus recursos ejercidos en 1995 destinó 95.8% a gastos corrientes de operación, en el que se incluyen servicios personales (46.3%), servicios generales (38.1%) y abasto de materiales y suministros (11.4%). El resto se distribuyó entre inversión física y erogaciones recuperables.

Del total de su presupuesto, el ISSSTE canalizó el 59.7% a programas de atención curativa, 7.4% a atención preventiva y el 32.9% a infraestructura para servicios de salud, capacitación y otros programas. Es importante señalar que la política de gasto también otorgó prioridad al fortalecimiento de las unidades médicas en operación mediante la dotación de los medicamentos y material de curación necesarios para el otorgamiento de los servicios. Igualmente, se impulsó el abasto de equipo y auxiliares de diagnóstico y tratamiento, así como la renovación del equipo de ambulancias y de cómputo.

Por lo que respecta a los apoyos financieros provenientes del exterior para el área de salud, destaca el convenio celebrado con el Banco Interamericano de Desarrollo en el marco del Programa de Servicios Sociales Esenciales, mediante el cual se otorgó a la SSA, 500 millones de dólares para promover un paquete básico de servicios de salud, adquirir vacunas, materiales farmacéuticos y médicos y activar campañas de prevención de salud pública en comunidades marginadas. Mediante el Programa México-Argentina (fase II), se celebró un convenio entre los gobiernos de estos países para la construcción, equipamiento y puesta en marcha del "Centro Médico de Rehabilitación", unidad de tercer nivel compuesta por 11 edificios que conjuntará los servicios de ortopedia, rehabilitación y comunicación humana.

Finalmente, en diciembre se celebró el convenio a través del cual el Banco Mundial apoyará financieramente el Programa de Apoyo a los Servicios de Salud para Población Abierta (PASSPA), en su segunda fase, con un monto de 309.9 millones de dólares y cuyo propósito es ampliar la cobertura de servicios básicos de salud para la población marginada de 11 entidades federativas y apoyar los procesos de descentralización y modernización de los servicios de salud de la SSA.

A fin de agilizar los subsidios otorgados a instituciones y a personas de escasos recursos, el área de la beneficencia pública de la SSA modernizó sus sistemas de control de apoyos económicos y en especie, mediante el diseño de indicadores que permitirán evaluar con mayor veracidad la procedencia, aceptación, negación, incremento o disminución de los apoyos.

Los servicios de atención a la población se proporcionan a través de dos regímenes: el de seguridad social y el de población abierta. Durante 1995, como consecuencia de las dificultades económicas del país, se registró un incremento en la demanda de los servicios de salud, particularmente en las instituciones que atienden a la población abierta.

Por lo anterior, a partir de junio de 1995, mediante la SSA se operó, a nivel nacional, un sistema para monitorear la demanda de atención en las principales instituciones de salud, a través de una muestra probabilística de 430 unidades que quincenalmente informan sobre el comportamiento de indicadores básicos, tanto de primero como de segundo nivel, como son la cobertura de vacunación; el porcentaje de consultas subsecuentes en relación a las de primera vez; el porcentaje de casos de deshidratación respecto a los casos atendidos de diarreas en menores de cinco años; el porcentaje de embarazadas captadas en el primer semestre de gestación; las detecciones de cáncer cérvico-uterino en relación al total de mujeres de 25 años y más; los casos de hipertensión arterial en control en relación al total de detecciones realizadas y los casos de diabetes mellitus en control en relación al total de detecciones efectuadas.

La población usuaria de la SSA durante 1995 ascendió a poco más de 16 millones de personas, 2.0% superior a la registrada en 1994. Por su parte, el IMSS-Solidaridad, tuvo un crecimiento de 6.0% al pasar de 10.3 millones de usuarios en 1994 a 10.9 millones% en 1995. Estos incrementos se deben básicamente a la incorporación de nuevas unidades médicas y al crecimiento de la población sin derecho a la seguridad social que siguió al cierre de fuentes de empleo. Como consecuencia del mismo fenómeno, el número de usuarios del IMSS permaneció prácticamente sin variaciones, con 24.0 millones al final de 1995. La población usuaria por el ISSSTE al cierre de 1995 observó un crecimiento de 3.2% debido a la incorporación de trabajadores en los gobiernos y organismos de las entidades federativas y de la SEP, la UNAM, el INEGI y a la SSA.

La reforma al Modelo de Atención a la Salud para Población Abierta y la definición del paquete básico de servicios de salud, configuran el nuevo marco de referencia para la organización y prestación de servicios integrales de salud a través de acciones de promoción, protección, curación y rehabilitación, dirigidos al individuo, la familia y la comunidad. Este nuevo marco funcionará bajo criterios de equidad, eficiencia y calidad homogénea, corresponsabilizando a la población del cuidado de su salud y propiciando su participación en las diferentes etapas de este proceso, desde la planeación de las actividades hasta la evaluación de los resultados.

Es importante mencionar que el Programa de Vacunación Universal, ha logrado extender los servicios de inmunizaciones a las áreas de difícil acceso y urbanas marginadas, mediante brigadas móviles de vacunación, las cuales realizan visitas bimestrales a las localidades, para aplicar a los niños las dosis de vacuna que les corresponde hasta completar su esquema, incorporar al censo nominal a los recién nacidos y entregar la Cartilla Nacional de Vacunación a quien no la tiene.

Con el propósito de cumplir los compromisos asumidos en la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia, México ratificó en enero de 1995 a la Comisión Nacional de Acción en Favor de la Infancia y creó en octubre del mismo año el Programa Nacional de Acción en Favor de la Infancia. El principal propósito del programa es elevar la supervivencia, la protección y el desarrollo del niño y la madre. Para dar continuidad al Programa Nacional de Acción en Favor de la Infancia, elaborado en 1991, se consideró esencial reformularlo, estableciendo metas intermedias para el año de 1997. Por lo anterior, el nuevo Programa Nacional de Acción en Favor de la Infancia 1995-2000, se elaboró bajo un enfoque integral que contempla cuatro áreas: salud y condición nutricional; educación; agua y saneamiento básico y niños en circunstancias especialmente difíciles. Algunas de las metas intermedias que se espera alcanzar en 1997 en el área de salud son:

1) Reducir en 95.0% las defunciones por sarampión y en 90.0% los casos de sarampión:

2) Reducir en 50.0% las defunciones por diarreas en niños menores de cinco años;

3) Mantener un alto nivel de cobertura de inmunizaciones, de por lo menos el 90% de los niños:

4) Atender especialmente la salud y nutrición de las mujeres embarazadas y las madres lactantes:

5) Reducir en 50.0% los niveles de desnutrición grave y moderada registrados en 1990:

6) Reducir la tasa de bajo peso al nacer al menos al 10.0%.

7) Lograr que todas las mujeres amamanten a sus hijos durante un periodo de cuatro a seis meses después del nacimiento y continúen con la lactancia y la adición de alimentos complementarios hasta el segundo año de vida.

Por otra parte, en el mes de octubre se instaló en la Ciudad de México el Consejo Consultivo UNlCEF-México, cuyo propósito será servir de instrumento de enlace entre las instancias nacionales e internacionales orientadas a la atención de la salud de los menores, así como supervisar y apoyar los programas para combatir la desnutrición infantil en el país.

El desarrollo de la infraestructura médica es el requisito indispensable para ampliar la cobertura y mejorar la calidad en la atención de la salud. Debido a las condiciones económicas negativas en 1995, los recursos presupuestales se optimizaron canalizándose principalmente a la terminación de las obras en proceso.

En este sentido, el número de unidades médicas en operación con que cuenta el Sistema Nacional de Salud se incrementó en 280 entre 1994 y 1995, al pasar de 14 mil 644 unidades a 14 mil 924 unidades. De ellas, 14 mil 127 son unidades de atención ambulatoria o consulta externa y 797 hospitalarias. El incremento fue de 258 unidades de consulta externa, de las cuales correspondieron a las instituciones que atienden a la población abierta 244 y 14 a población derechohabiente; además de 22 unidades hospitalarias del Sistema Nacional de Salud en su conjunto. Respecto a las camas censables, recurso primordial de las unidades hospitalarias, se estima que en 1995 las instituciones de salud contaron con 68 mil 341 camas, es decir, 74.6% por cada 100 mil habitantes.

Durante 1995 se terminó la construcción a través del PASSPA, de 54 centros de salud: 13 en Chiapas, 29 en Guerrero, 10 en Oaxaca y dos en el Distrito Federal. Además se ampliaron o remodelaron 108 unidades de primer nivel, así como una clínica siquiátrica. También se inició la edificación del Hospital General de Zamora,

Michoacán, con una capacidad de 30 camas. En el Distrito Federal se continuó la construcción de la Unidad Médica de Gineco-Obstetricia del Hospital General de México.

También se inauguraron los laboratorios de Fermentaciones y de Procesos Finales en el Instituto Nacional de Higiene y se inició la construcción del Laboratorio de Toxoide Diftérico. Adicionalmente, se remodelaron cuatro hospitales generales, ubicados dos en Baja California, uno en Sinaloa y uno más en Veracruz y se ampliaron cinco hospitales generales en Nayarit, Tlaxcala, Veracruz, Quintana Roo y en el Distrito Federal.

En materia de conservación y mantenimiento de equipo médico, se atendieron 99 unidades en los dos primeros niveles de atención en toda la República y en obra civil y equipo electromecánico se atendieron 40 unidades médicas en los tres niveles de atención.

En 1995 el IMSS contó, en su régimen ordinario, con un total de 1 mil 745 unidades médicas, de las cuales 1 mil 480 se ubicaban en el primer nivel de atención, 224 en el segundo y 41 en el tercer nivel de atención.

En unidades de primer nivel de atención se realizaron 13 obras entre construcciones, ampliaciones y remodelaciones. Respecto al segundo y tercer nivel de atención, se terminaron nueve obras de ampliación y remodelación. En este rubro destaca la construcción del Hospital de Especialidades No. 34 en Monterrey, Nuevo León, equipado con tecnología de punta para otorgar atención médica de alto nivel. Asimismo, se construyó e inició su operación el Hospital de Gineco-Pediatría No. 7 en Juárez-Cancún, Quintana Roo. Además, se concluyó el Hospital General de Zona No. 1 Gabriel Mancera en el Distrito Federal.

Por su parte, el IMSS-Solidaridad contaba, al cierre de 1995, con 3 mil 440 unidades médicas rurales de primer nivel de atención y 65 hospitales rurales de segundo nivel. En el primer caso las unidades se incrementaron en 0.2% respecto al año anterior, mientras que los hospitales lo hicieron en un 4.8%.

El ISSSTE fortaleció la atención médica de urgencias en el Valle de México con la puesta en operación de ambulancias dotadas de equipo de alta tecnología en materia de terapia intensiva y medicina crítica, las cuales se enlazan con sistemas de comunicación automatizados que permiten proporcionar servicios de manera más rápida y efectiva. Además, se concluyeron acciones de ampliación y rehabilitación en 59 unidades para atender la demanda del servicio médico, de las que 17 corresponden a unidades y clínicas de medicina familiar, 33 son unidades de segundo nivel y nueve corresponden al tercer nivel de atención.

En el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, se instalaron equipos médicos, redes de informática y sistemas de aire acondicionado y de seguridad, para poner en funcionamiento los servicios de más de 28 especialidades, conjuntamente con los edificios de consulta externa, residencia de médicos, biblioteca y enseñanza.

Con el propósito de mejorar la capacidad de respuesta en beneficio de los derechohabientes, se inició el Programa de Rehabilitación Integral y Reordenamiento de Servicios de los Hospitales Generales y Regionales, que permitirá brindar los servicios con la calidad, eficiencia y calidez que se demanda.

Adicionalmente, con el fin de adecuar las instalaciones a las nuevas necesidades de la sociedad, se inició la construcción de helipuertos en los hospitales de mayor especialización y concentración de la población amparada.

Para avanzar en la formación y desarrollo de los recursos humanos, la SSA contó con el apoyo de 33 mil 923 médicos y 47 mil 595 enfermeras, que representan en relación a 1994 incrementos de 3.1% y 2.5%, respectivamente. En su área de pregrado distribuyó, asignó y liberó a nivel nacional a 5 mil 505 médicos internos de pregrado, 6 mil 955 pasantes en servicio social en medicina, 2 mil 696 pasantes en odontología, 10 mil 759 en enfermería, 1 mil 656 en técnicas de atención médica y 5 mil pasantes en control sanitario.

Además, se realizaron poco más de 17 mil eventos de capacitación, donde participaron aproximadamente 417 mil 430 asistentes. El 92% correspondió al área médica, el 5% al área administrativa y 3% al área directiva.

A pesar de las restricciones presupuestales, se lograron concretar incrementos salariales a la rama médica; en enero se otorgó un incremento de 7.0% y en junio otro ponderado de 15.3%. También se creó el concepto "Ayuda para Gastos", que benefició a 88 títulos de puesto con incrementos de entre 5.3% y un 27.2%. Para los residentes se autorizó un incremento del 7.0% en el sueldobeca, otro adicional del 15.3% en agosto y un pago anual de 2 mil 800.0 pesos. Para la rama de investigación se aprobaron incrementos del 7.0% en febrero y de 8.5% en junio. Finalmente, en la rama administrativa fueron autorizados dos incrementos, uno en enero del 7.0% y otro en junio de entre 11.3% y 16.4%.

Por su parte, el IMSS disminuyó sus elevados índices de ausentismo no programado del personal al pasar del 10.3% de 1994 a 9.3% en 1995, a partir de la creación del programa para abatir el ausentismo no programado, aplicado especialmente en las unidades médicas de segundo y tercer nivel. Adicionalmente, en el mismo periodo logró incrementar su personal médico y de enfermería en 0.5% y 1.2%, respectivamente, contando con 46 mil 400 médicos y 73 mil 060 enfermeras. El ISSSTE, al término de 1995 contaba con 57 mil 638 trabajadores adscritos a los servicios médicos, mismos que presentaron un incremento en su productividad diaria en cuanto a las consultas promedio diarias por médico en contacto directo con el paciente, alcanzando la cifra de 6.2% y un incremento de 5.8% respecto a 1994. Al cierre de 1995, los recursos humanos del instituto eran de 14 mil 680 médicos en contacto directo con el paciente y 17 mil 684 enfermeras, 0.7% y 1.1% más respectivamente que en el periodo anterior.

Las instituciones del SNS contribuyen a conservar y restaurar la salud de la población con los servicios médicos de atención curativa que prestan. Para elevar la calidad y oportunidad de estos servicios, se realizaron acciones de monitoreo de la calidad del desempeño médico, capacitación y educación continua, apoyándose en una mayor infraestructura médica, así como en los recursos humanos y materiales existentes.

De esta manera, se otorgaron en 1995 un total de 142.5 millones de consultas generales y de especialidad, que rebasan en 2.4% lo registrado en 1994. Por su parte, las consultas de urgencias y odontológicas sumaron 29.3 millones Con la colaboración de personal especializado, los servicios de hospitalización como son las intervenciones quirúrgicas y los egresos, alcanzaron incrementos de 4.0% y 1.6%, respectivamente .

Ante los nuevos retos que plantean los cambios en los perfiles endémicos de la población, las líneas de estrategia en 1995 estuvieron orientadas a proporcionaratención oportuna y eficiente para la prevención y control de enfermedades y accidentes. Especial interés se dio a la prevención de casos de enfermedades prevenibles por vacunación En este sentido, se realizaron tres evaluaciones al Programa de Vacunación Universal. En todas ellas las cifras de cobertura se ubicaron por arriba de los parámetros establecidos por el Comité Nacional de Certificación (95.0% por tipo de biológico y 90.0% para los esquemas completos). El impacto de estas acciones se aprecia en las cifras de casos notificados de enfermedades prevenibles por vacunación, que hasta la semana epidemiológica 47 eran cero casos para poliomielitis y difteria; 11 de sarampión; 54 de tétanos neonatal; 16 de tosferina y 230 de tuberculosis meníngea.

A través de las tres semanas nacionales de salud, como parte del Programa de Vacunación Universal, durante 1995 se realizaron acciones intensivas para aplicar la vacuna Sabin a todos los menores de cinco años, a fin de mantener la erradicación de la poliomielitis del territorio nacional.

La última semana se dedicó a la aplicación de la segunda dosis de vacuna contra el sarampión a todos los escolares de nuevo ingreso a la instrucción primaria, para avanzar hacia la eliminación de este padecimiento. Además, se iniciaron o completaron esquemas de los otros biológicos del programa; se intensificó la aplicación del toxoide tetánico a las mujeres en edad fértil y embarazadas, que radican en los municipios de riesgo para el tétanos neonatal, y se capacitó a las madres de los niños menores de cinco años en el uso adecuado de los sobres Vida Suero Oral. En los municipios de riesgo para las enfermedades diarreicas se distribuyeron sobres de Vida Suero Oral y se ministraron dosis de albendazol a niños de dos a 14 años de edad y megadosis de vitamina A en niños de entre seis meses y cuatro años.

Actividades realizadas a través de las Semanas Nacionales de Salud, 1995 Primera Semana Nacional de Salud (del 25 de febrero al 3 de marzo) Se inmunizaron contra la poliomielitis a poco más de 11 millones de niños menores de cinco años de edad. Contra la difteria, tos ferina y tétanos se vacunó a más de un millón de niños; contra la tuberculosis a 271 mil menores y contra el sarampión a medio millón más. Para el tétanos prenatal se aplicaron poco más de 2 millones de dosis a mujeres embarazadas. Además, se administró vitamina "A" a más de 3 millones 530 mil niños de entre seis meses a cuatro años de edad, y se capacitó a más de un millón 130 mil madres de familia en el manejo de diarreas, distribuyéndose casi 11 millones de sobres Vida Suero Oral.

Se dio especial énfasis a la atención en escuelas de nivel primaria y secundaria ubicadas en los 1 240 municipios definidos como de más alto riesgo en este tipo de padecimiento.

Segunda Semana Nacional de Salud (del 24 al 30 de junio) Se aplicaron 11 millones 44 mil dosis antipoliomielíticas; un millón 115 mil contra la difteria; 471 mil antisarampión, y casi 2 millones de toxoide tetánico. Además, se administraron 12 millones de desparasitantes. Para ello, se contó con la participación de 15 mil unidades médicas y 24 mil vacunadores adicionales; se instalaron 100 mil puestos de vacunación, y se realizaron actividades en más de 60 mil escuelas del sistema educativo. De igual forma, se distribuyeron 9.3 millones de sobres de rehidratación oral y fueron capacitadas 946 mil madres. Cabe destacar que en estados como Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y San Luis Potosí, se vacunó a toda la población menor de cinco años que habita en municipios de alto riesgo.

Tercera Semana Nacional de Salud (del 23 al 27 de octubre) Las acciones se efectuaron con especial atención en zonas urbanas y rurales que carecen de servicios regulares de salud. Durante la semana se logró aplicar 3 millones 252 mil dosis de vacunas contra el sarampión, y se complementó el esquema de los menores de cinco años con la aplicación de más de 4.5 millones de dosis de vacunas contra la poliomielitis, difteria, tos ferina, y tétanos, en conjunto; en mujeres embarazadas se aplicaron poco más de 1.9 millones de dosis de toxoide tetánico para abatir la incidencia del tétanos neonatal. La ministración de vitamina A alcanzó una cifra superior a los 3.5 millones de megadosis.

Fuente: SSA

En relación con la prevención y control de enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas, se registró una tendencia descendente en los casos de mortalidad por estas causas.

Respecto a las enfermedades respiratorias, en 1995 se presentó una reducción de 17.3% en el número de muertes, en comparación con 1994; para las enfermedades diarreicas la reducción fue del 21.6%. En ambas, aproximadamente el 70.0% de las muertes ocurrió en menores de un año.

Dentro del grupo de enfermedades infecto-contagiosas, el cólera mantuvo una tendencia creciente.

Con el propósito de disminuir los daños que causa en la población mexicana esta enfermedad, durante 1995 se visitaron 818 mil 666 viviendas, en las que se censó a 8.7 millones de personas para la detección de casos.

Además, se proporcionaron poco más de 186 mil tratamientos; se obtuvieron 224 mil 872 muestras humanas con hisopo rectal y 57 mil 724 muestras ambientales para la búsqueda de la bacteria; se cloraron 88 mil 500 pozos; se distribuyeron 2 millones de sobres Vida Suero Oral y se supervisó la concentración de cloro residual en 2.8 millones de muestras domiciliarias de la red de distribución de agua potable.

Estas medidas ayudaron a reducir el control de brotes de 45 a 15 días en promedio. De manera adicional, la SSA y la Comisión Nacional del Agua, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, pusieron en marcha el Programa de Prevención y Control del Cólera que inició en 12 entidades del país.

El programa tiene como objetivos fundamentales la prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de los casos; acciones de vigilancia epidemiológica; comunicación masiva en materia de educación para la salud y acciones de capacitación continua para el personal de salud.

Los principales resultados alcanzados durante el año fueron: la atención de 48 brotes en 18 entidades federativas, el suministro de casi 187 mil tratamientos y la disminución de la letalidad de 2.8% a 0.9%, no obstante haberse incrementado el número de casos del padecimiento, lo que representa una disminución del 68.0% o en relación a la letalidad reportada en los primeros meses del año

El Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA), ocupa el decimoséptimo lugar dentro de las principales causas de mortalidad en el país. En 1995 se notificaron 4 mil 310 casos (5.6% más que en 1994). La mayor proporción de éstos se registró en el Distrito Federal (30.2%) y la menor en Colima y Campeche (10.3%). El grupo de edad más afectado fue el de 25 a 44 años de edad. Con el fin de evitar la aparición de casos nuevos, se realizaron acciones de prevención, entre las que destaca el fortalecimiento técnico-administrativo de los centros de atención.

En el Distrito Federal se atienden en promedio a 1 mil 200 personas por mes, mientras que en Guadalajara y Tijuana el promedio es de 200. Otro avance importante se refiere a la intervención educativa con mujeres dedicadas al comercio sexual en el Distrito Federal, a las que se les distribuyeron trípticos y condones. Para el público en general se diseñaron campañas televisivas y radiofónicas. En 1995 inició su funcionamiento el Telsida nacional, que ofrece atención telefónica gratuita a los estados a través del servicio lada 800. Además, comenzó a operar el Programa de Autoexclusión de Individuos con Factores de Riesgo, que ayudó a abatir las prevalencias de infección por el virus a través de transfusión sanguínea.

En atención al control y prevención de enfermedades por vector o zoonosis, a través de la SSA se creó el Programa Epi-dengue y se obtuvo un apoyo económico extraordinario para las 25 entidades federativas que se consideran prioritarias para ejecutar las acciones del plan de contingencia para enfrentar el dengue y dengue hemorrágico en México. Hasta la semana 52 se habían reportado 358 casos confirmados de dengue hemorrágico y 29 defunciones, que representa una tasa de letalidad de 8.1%.

En materia de prevención de enfermedades crónicas y degenerativas destacan: la emisión de la norma técnica para la prevención, control y tratamiento del cáncer cérvico-terino y mamario; la emisión de 40 mil folletos educativos para la detección oportuna de ambos tipos de cáncer; la reorientación del programa de detección citológica en mujeres en riesgo de entre 35 a 64 años de edad, con periodicidad del estudio cada tres años; la práctica de 2 millones de exploraciones clínicas de glándulas mamarias y la elaboración y reproducción masiva de dos programas de televisión y 20 entrevistas radiofónicas.

Para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus se editaron 5 mil folletos con la norma oficial correspondiente, 30 mil trípticos y 10 mil carteles. Con estas medidas fue posible incrementar las detecciones en población en riesgo en un 24.4% en relación con 1994. Respecto a la prevención, tratamiento y control de la hipertensión arterial, se editaron 10 mil guías de detección; se proporcionaron cursos al 50.0% de los estados de la República y se supervisaron los protocolos de detección, tratamiento y control en el 100.0% de las entidades federativas.

Los casos de hipertensión arterial en control se incrementaron en 73.3% en relación con 1994, con lo que se espera disminuir la tasa de mortalidad y el número de complicaciones más frecuentes. En 1995, la cobertura de

detecciones en población en riesgo se incrementó en 9.1% en relación con 1994.

Como parte de las líneas de acción que se señalan en el Plan Nacional de Desarrollo 19952000 para enfrentar el acelerado crecimiento demográfico en el país, en 1995 se dio especial relevancia a las acciones efectuadas en el marco de planificación familiar y salud reproductiva. Las actividades desarrolladas tuvieron como principal propósito consolidar los logros alcanzados en los últimos años e incorporar nuevas acciones en la atención a la salud de la mujer, a la salud reproductiva de los adolescentes, así como a la prevención y manejo de las enfermedades de transmisión sexual, con especial énfasis a la cobertura de las demandas no satisfechas de los grupos más vulnerables de la población.

Al finalizar 1995, el número de usuarios activos de algún método anticonceptivo proporcionado por la SSA fue de 2.7 millones, habiendo ingresado al programa cerca de 795 mil nuevos aceptantes. En materia de atención perinatal, durante el periodo enero-unio de 1995, las unidades médicas de la SSA otorgaron más de 1.8 millones de atenciones perinatales, 20.0% más respecto al mismo lapso del año anterior.

Cabe señalar que el 92.0% de las atenciones maternas se otorgaron en unidades médicas y el 8.0% en comunidades rurales. Los programas sustantivos de salud perinatal, además incluyen el rescate de la cultura y la práctica de la lactancia materna, a través de acciones desarrolladas en los 31 estados del país; el Programa Hospital Amigo del Niño y de la Madre; el Programa de Riesgo Perinatal; la prevención de defectos al nacimiento y en forma muy relevante, los comités para el estudio de la mortalidad materna y perinatal.

En el IMSS destaca el incremento de 5.0% con relación al número de usuarios activos de métodos anticonceptivos reportados en 1994, así como el mayor uso de los métodos de carácter permanente. El ISSSTE, por su parte, en el lapso que comprende este informe, realizó 572 mil consultas y logró la captación de 145 mil nuevos aceptantes, por lo que a la fecha brinda atención a 736 mil usuarios activos, 8.4% más que al cierre de 1994. Considerando a todas las instituciones del sector salud, el total de usuarios activos de algún método anticonceptivo era, al cierre de 1995, de casi 7.8 millones de personas, lo que representa un incremento de más de 416 mil usuarios (5.6%) respecto a 1994.

En cuanto a nuevos aceptantes, en diciembre de 1995 se reportó un total de 2 millones 250 mil personas, lo que indica un incremento global de 1.6% en relación con el año anterior. Las acciones realizadas en este sentido por parte de las entidades integrantes del sector salud, permitieron que la tasa global de fecundidad en el periodo 1994-1995 pasara de 2.9% a 2.8% en las mujeres en edad fértil.

En apoyo al fomento de la cultura de la salud para la prevención y disminución de los riesgos de enfermedad, la SSA puso en marcha la Campaña de Deporte para la Salud y el Programa de Ejercicios para la Salud. Con base en los acuerdos sostenidos con diferentes áreas vinculadas, se promovió la difusión de mensajes sobre vacunación antirrábica, dengue, deporte, transfusión sanguínea, tabaquismo, y del paquete básico de servicios de salud, mediante carteles, mensajes de televisión, dípticos, trípticos y campañas especiales. Además, se produjeron 16 spots de radio, dos de los cuales se tradujeron a cinco lenguas indígenas (tzotzil, tzeltal, tojolabal, maya y zoque). Estos spots pretenden informar a la población sobre la atención prenatal, el esparcimiento de los embarazos y la prevención del tétanos neonatal.

Por otra parte, se celebró en el mes de octubre el "Mes de la Salud Reproductiva", con el propósito de difundir el concepto de salud reproductiva en ámbitos académicos, institucionales y en todos los estratos de la sociedad, mediante actividades coordinadas en todo el territorio nacional. Como una importante estrategia para la disminución de casos de SIDA, la SSA organizó 11 cursos de capacitación y 70 conferencias; además, se trabajó para incorporar el tema del SIDA en las escuelas primarias.

Para impulsar la comunicación educativa en la prevención y el control del cólera, se difundieron las medidas esenciales a través de una campaña realizada en medios de comunicación masiva, medios impresos y pantallas electrónicas. Además, se agregaron a los libros de texto de primaria y secundaria temas relativos al cólera.

Se realizaron también actividades dirigidas a la actualización de los programas contra el alcoholismo, el tabaquismo y la farmacodependencia. Asimismo, se firmaron dos convenios de colaboración con la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos para la orientación y el tratamiento de los alcohólicos y sus familiares en todo el país.

Las acciones de salud ambiental y control sanitario de productos, establecimientos y servicios, se orientaron principalmente a reducir la incidencia de los daños a la salud derivados de la contaminación, así como la supervisión de la calidad de aquellos bienes y servicios que consume la población. La SSA en coordinación con otras instituciones del Sistema Nacional de Salud, continuó con el desarrollo del sistema de información sobre padecimientos respiratorios que registra la demanda de consulta externa y el rango de edad de la población afectada por posibles daños asociados con los índices de contaminantes ambientales.

Durante las tres semanas nacionales de salud se incluyeron acciones de saneamiento, consistentes principalmente en la desinfección y lavado de tinacos y cisternas, así como el monitoreo de cloro residual en 5.7 millones de sistemas de abastecimiento de todo el país. En apoyo a los programas de protección civil en la República Mexicana, la SSA realizó 436 auditorías a establecimientos que procesan gases tóxicos o peligrosos para la salud. Como producto de estas acciones se reubicaron seis plantas de almacenamiento de gas LP y están por reubicarse 43 más.

Por otra parte, se realizaron 5 mil 356 verificaciones a establecimientos y el muestreo de poco más de 4 mil 700 productos, que representan, respectivamente, incrementos de 6.4% y 12.4% con relación a 1994. Los servicios de salud pública en las entidades federativas realizaron 235 mil 555 verificaciones de productos y 210 mil 536 de salubridad local. De la misma manera, se hizo el muestreo de poco más de 88 mil 600 productos.

Adicionalmente, la SSA contó con programas de protección de alimentos que obedecen a prioridades nacionales. En ellas participaron organismos del sector salud, otros organismos del Gobierno Federal o estatales, empresas paraestatales, empresas individuales o asociados en cámaras y agrupaciones de consumidores. Entre los principales programas se encuentran la identificación de aflatoxinas en maíz, yodo y flúor en sal, agua envasada, hielo y productos pesqueros. Para el control del agua se realizaron a nivel nacional casi 7 mil 700 verificaciones sanitarias en 2 mil 330 plantas purificadoras; 2 mil 907 verificaciones en 974 fábricas de hielo; y se inspeccionaron 22 plantas de productos pesqueros, poco más de 10 mil pescaderías y casi 10 mil ostionerías y restaurantes, en los que se tomaron alrededor de 18 mil 300 muestras.

En materia de servicios al comercio exterior, se apoyó a los exportadores con 5 mil 441 constancias de libre venta para exportación, se verificaron para certificación 63 plantas potencialmente exportadoras a la Comunidad Económica Europea y se otorgaron 239 constancias sanitarias para exportación. En cuanto a importación, se emitieron 3 mil 128 autorizaciones sanitarias previas.

En atención a diversas contingencias naturales presentadas durante 1995, las instituciones del sector salud actuaron en emergencias en los estados de Chihuahua, Chiapas, Campeche, Colima, Guerrero, Jalisco, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Dichas actividades incluyeron un caso de desnutrición severa en la Sierra Tarahumara, dos sismos, inundaciones en los estados del golfo y la Península de Yucatán, una alerta de actividad volcánica, y las consecuencias de la marea roja en las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

En ellas, diversos epidemiólogos y brigadas médicoepidemiológicas brindaron consultas médicas, realizaron búsqueda de enfermedades febriles, respiratorias y diarreicas, aplicaron biológicos inmunizantes; organizaron la disposición de basura y excretas; almacenaron, distribuyeron, y supervisaron la calidad del agua para beber; otorgaron pláticas de educación para la salud; distribuyeron sobres Vida Suero Oral, supervisaron el manejo de alimentos y tomaron muestras para su análisis en laboratorio.

Con estas acciones se mantuvo una estrecha vigilancia epidemiológica de la morbilidad en las comunidades afectadas y en los casos de sismos e inundaciones se limitaron los daños a la salud por enfermedades diarreicas, respiratorias agudas y otros padecimientos derivados de las secuelas de estos siniestros naturales.

También se trabajó intensamente en la identificación de los agentes infecciosos responsables de brotes, destacando por su trascendencia el repunte de los casos de cólera y de dengue hemorrágico, el hallazgo del inicio de la circulación en México del serotipo tres del virus del dengue y la identificación de los rotavirus como los agentes más importantes de los brotes de gastroenteritis en el noreste del país.

Por su parte, las áreas centrales de la SSA, en coordinación con los servicios de salud de Campeche y Tabasco, realizaron acciones de saneamiento básico en las áreas afectadas por las inundaciones producidas por los huracanes Opal y Roxana. Estas obras apoyaron a la población afectada con pláticas de fomento para la salud y distribución de agua desinfectada o potabilizada para consumo humano.

4.7 Seguridad social De conformidad con los objetivos de la política de desarrollo social para dar acceso a la población a niveles superiores de bienestar, al asegurar a los trabajadores un conjunto de prestaciones que coadyuven a complementar sus ingresos salariales y posibiliten un desarrollo individual y familiar más pleno, las instituciones de seguridad social orientaron sus esfuerzos durante 1995 a proporcionar con mayor oportunidad, calidad y eficiencia, los servicios y prestaciones previstos por la ley.

De esta forma, se continuó fortaleciendo la atención sistemática de los servicios de salud, el acceso a servicios médicos especializados, la protección contra riesgos laborales y no laborales, un sistema de pensiones para el retiro, el funcionamiento de guarderías en apoyo a las madres trabajadoras y la ayuda a la economía de los derechohabientes mediante el abasto de productos básicos en el sistema de tiendas comerciales institucionales a precios accesibles, así como a salvaguardar los intereses particulares de la población derechohabiente.

A partir de un diagnóstico objetivo y real que mostró las fragilidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se hizo indispensable un profundo proceso de transformación en sus estructuras. Con fundamento en dicho diagnóstico se elaboró la propuesta de reforma del Seguro Social, de la cual derivó la iniciativa de la nueva Ley del Seguro Social aprobada en el mes de diciembre por el honorable Congreso de la Unión. Esta ley que entrará en vigor a partir del 1o. de enero de 1997, reafirmará la responsabilidad del Estado para brindar seguridad social; contribuirá a extender y mejorar la cobertura de los servicios; garantizará pensiones dignas al trabajador y estimulará el incremento del ahorro interno.

En relación a las finanzas de las instituciones de seguridad social, durante 1995 el IMSS registró ingresos propios por 39 mil 008.8 millones de pesos, monto inferior en 17.2% en términos reales con relación a los ingresos del año anterior, debido a la disminución del número de cotizantes, el deterioro real del salario y el menor índice de cobranza alcanzado. Del total de sus egresos, el 57.5% se destinaron a prestaciones médicas, 34.1% a prestaciones económicas y el 8.4% restante a prestaciones sociales, infraestructura y otros.

El gasto programable del IMSS fue de 42 mil 189.7 millones de pesos y representó en términos reales, 9.9% menos con relación a 1994, ya que se vio impactado por un mayor uso de los inventarios, el menor pago de las prestaciones en dinero y el decreciente ritmo de la inversión; no obstante el descenso en el gasto de inversión, concluyó 85.4% de 96 proyectos de obra pública realizados en el año, entre los que destacan 25 unidades de medicina familiar y 18 hospitales generales.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) obtuvo ingresos propios por 12 mil 265.3 millones de pesos, que significó una caída en términos reales de 7.5%, por el deterioro real del ingreso de sus cotizantes, el cual se compensó parcialmente con las utilidades del sistema de tiendas,

así como por los rendimientos generados por los fideicomisos del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) y la recuperación de adeudos de ejercicios anteriores a 1995. Conforme a las prioridades programáticas del instituto, su gasto registró un monto de 11 mil 147.9 millones de pesos, inferior en 17.6% anual real; se distribuyó en 48.3% al fondo de prestaciones económicas; 28.5% al de atención a la salud; 12.0% al de la vivienda; y el restante 11.2% al de prestaciones sociales y regulación y apoyo.

En materia de inversión, el instituto terminó la construcción de cinco unidades de primer nivel, y amplió 18 hospitales y clínicas hospital.

En 1995 el IMSS modificó su estructura orgánica e inició la etapa más trascendente de desconcentración del instituto. El proceso promovido tiene como premisa fundamental dar autonomía de gestión al ámbito regional, delegacional y a las unidades operativas, para lograr una mayor eficacia en la gestión, eliminar el burocratismo, aprovechar mejor los recursos humanos y financieros y corregir inercias y problemas de complejidad administrativa derivadas del enorme crecimiento de la institución. Por su parte, el ISSSTE orientó sus esfuerzos a optimizar la administración y planeación de los recursos humanos en las áreas centrales, regionales y estatales y la aplicación de procesos de capacitación técnica y humanitaria; también se avanzó en la consolidación de las estrategias de financiamiento para la adquisición de vivienda, a través de la búsqueda de mecanismos alternos de financiamiento y el reforzamiento de las acciones de recuperación de las carteras vigente y vencida.

En los trabajos para el fortalecimiento del Seguro Social quedó definida la modernización administrativa como el proceso permanente que conduce de manera responsable y participativa los sectores patronal, obrero y gubernamental para la transformación gradual de estructuras, procesos y actitudes para lograr la revitalización de esquemas de trabajo, simplificación de procedimientos, descentralización y autonomía de gestión. Durante 1995 se observaron avances derivados del proceso de reorganización administrativa, con la disminución de 212 órganos, que incluye direcciones normativas y regionales, unidades, coordinaciones generales, coordinaciones, divisiones y departamentos administrativos "A" y "B", entre el segundo y quinto niveles jerárquicos, 45.9% menos de los 392 que existían en diciembre de 1994. En delegaciones, la reducción alcanzó 854 dependencias, que contempla jefaturas de servicios, coordinaciones, departamentos, oficinas y secciones y en las subdelegaciones, 1 mil 449. Asimismo, se efectuó la desconcentración de funciones en siete direcciones

regionales, cada una con su propio consejo consultivo integrado por trabajadores y patrones.

Destaca la instalación de la Comisión Tripartita para el Fortalecimiento y Modernización del Seguro Social, conformada por representantes obreros, empresariales y del Gobierno Federal, en cuyo seno se elaboró la Propuesta de Alianza para el Fortalecimiento y Modernización de la Seguridad Social.

Esta propuesta fue la base para la iniciativa de la nueva ley para la reforma del Seguro Social.

La nueva ley tiene como principal objetivo ampliar la cobertura, los beneficios y el fortalecimiento del patrimonio financiero del instituto, para preservar el Sistema de Seguridad Social en el futuro, así como contar con nuevos esquemas de pensiones en los que el Gobierno aumente sus aportaciones.

Asimismo, se establecen disposiciones específicas para cada ramo de aseguramiento, las cuales regulan la obtención, aplicación y control financiero en forma independiente, para lograr su equidad y autosuficiencia financiera y se integrarán en cuentas individuales para cada asegurado los distintos fondos destinados al retiro, incluyendo al Sistema de Ahorro para el Retiro, cuya disposición de efectivo es flexible, a fin de garantizar rentas dignas y suficientes a la población trabajadora y propiciar el ahorro interno.

Principales reformas del Sistema de Seguridad Social del IMSS, 1995 Financiamiento - De la cuota del actual seguro de Invalidez, Vejez, Cesantía y Muerte que es de 8.5 por ciento del salario se destinara 2.5 por ciento al seguro de Invalidez y Vida y 1.5 por ciento a gastos médicos de pensionados. El otro 4.5 por ciento pasará a formar parte del nuevo esquema de pensiones junto con el 2.0 por ciento del SAR, el 5.6 por ciento del INFONAVIT, y una cuota social del Gobierno Federal equivalente a 5.5 por ciento de un salario mínimo del Distrito Federal, actualizable con la inflación. - Se creara un nuevo seguro denominado Seguro de Salud para la Familia, que permitirá la afiliación voluntaria de los trabajadores no asalariados y de su núcleo familiar. Este seguro se financiará con la cuota fija de 22.4 por ciento de un salario mínimo del Distrito Federal. - En el seguro de Enfermedades y Maternidad habrá una mayor aportación del Estado, la cual aumentará del 5.0 por ciento actual al 30.0 por ciento. Por su parte, las aportaciones de trabajadores y patrones tendrán una reducción del 33.0 por ciento. - La modificación al esquema de financiamiento del ramo de Enfermedades y Maternidad permitirá resolver el déficit crónico. - Se llevará una contabilidad separada de los cuatro ramos de seguro que administrará el IMSS: Enfermedades y Maternidad; Invalidez y Vida; Riesgos de Trabajo; y, Guarderías y Prestaciones Sociales.

Prestaciones Económicas - Se creará un nuevo Sistema de Pensiones en fondos individuales por trabajador, con un sentido social que genere un rendimiento atractivo para los trabajadores. Los fondos acumulados en este Sistema serán destinados a incrementar el ahorro interno. Este Sistema se estructurará en dos ramos de seguro: invalidez y vida, y el de retiro, cesantÍa en edad avanzada y vejez. - El nuevo Seguro de Invalidez y Vida seguirá incluyendo los gastos médicos de pensionados y protegerá al trabajador a lo largo de su vida laboral activa. - Se modificará el ramo de Riegos de Trabajo para disminuir el numero de accidentes en las enfermedades profesionales. Las contribuciones de cada empresa estarán vinculadas directamente a las condiciones de riesgo de su actividad, lo que incentivará a invertir en la prevención de riesgos y contribuirá a la reducción de accidentes.

Prestaciones Sociales - Se dará un nuevo impulso al ramo de guarderías, y terminará la transferencia de fondos de este ramo al de enfermedades y maternidad para mejorar la prestación del servicio y ampliar su cobertura.

Servicios Médicos - El seguro de enfermedades y maternidad tendrá la finalidad de garantizar la prestación de servicios médicos con mayor calidad, oportunidad y trato humano. - El asegurado podrá elegir libremente al medico de sU familia; con ello, se mejorará la atención y relación entre el médico y el paciente. - Se reducirán los costos de atención del servicio médico, sin afectar la calidad en los servicios. - Se diseñará un nuevo sistema de abastecimiento de medicamentos que permitá cubrir las necesidades y material de curación para los derechohabientes.

Fuente: IMSS.

Debido a la crisis económica que experimentó el país a partir de diciembre de 1994, la planta productiva y laboral se afectó seriamente durante 1995 en detrimento de la tasa de empleo formal, lo que explica la reducción en 6.1% en la población derechohabiente del IMSS. Los asegurados permanentes y eventuales disminuyeron en 629 mil 194, 5.4% respecto a diciembre de 1994; en consecuencia, los familiares de éstos observaron también un decremento del 7.9%. En lo que se refiere a los trabajadores asegurados permanentes, su baja fue de 4.1%.

Por otro lado, la población pensionada y sus familiares continuaron creciendo en 6.2% y 6.0%, respectivamente, lo que significó 89 mil 60 pensionados más y 75 mil 378 beneficiarios de éstos. La mayor caída de la derecho-habiencia se presentó en el medio urbano al registrar una variación de -7.4%, durante el periodo 1994-1995. Cabe destacar que en el marco del Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica (AUSEE), el IMSS extendió de dos a seis meses la cobertura de los servicios en el seguro de enfermedades y maternidad a los trabajadores y a su núcleo familiar que quedaron sin empleo, acordándose hacerlo retroactivo al 1o. de enero de 1995. Esta medida permitió beneficiar aproximadamente a 2.5 millones de personas, lo que puso de manifiesto el carácter eminentemente social del instituto.

Al finalizar 1995, de los 2 mil 428 municipios existentes en el país, el IMSS tenía incorporados 1 mil 550, contando 1 mil 531 con servicios, lo que representa un incremento de tres municipios en relación a los beneficiados en 1994. En los 19 municipios que aún no cuentan con la infraestructura médica, la población está recibiendo los servicios médicos a través de las unidades que son responsabilidad del Programa IMSSSolidaridad.

Adicionalmente, se impulsó el Programa de Seguro Facultativo para Trabajadores Mexicanos en el Extranjero, con él se renovaron al mes de diciembre 1 mil 262 contratos y se registraron 1 mil 397 nuevos seguros, sumando al concluir el año, 2 mil 659 contratos de seguro facultativo vigentes, lo que significó protección médica para un total de 13 mil 270 derechohabientes.

En el ISSSTE, al cierre de 1995, la población amparada alcanzó cerca de 9.2 millones de personas, de las cuales 23.5% son trabajadores, 3.1% pensionistas, 70.7% familiares de trabajadores y 2.7% familiares de pensionistas. Entre 1994 y 1995 el instituto observó un crecimiento en su población amparada de 81 mil personas, es decir 0.9%, como resultado de la incorporación de 12 mil 172 cotizantes, principalmente de la SEP, así como de la SSA, UNAM e INEGI. El número de trabajadores y sus familiares respecto a 1994 se incrementaron en 0.6%, en tanto los pensionados y sus beneficiarios aumentaron en 6.6%. Del total de servidores públicos, el 85.0% tiene derecho a todos los servicios, el 14.0% sólo a servicios médicos y el 1.0% a otras modalidades de servicios, sin considerar los médicos. En cuanto a su distribución geográfica, el 31.0% de los derechohabientes radica en el Distrito Federal y el 69.0%, en el interior de la República.

Las prestaciones económicas otorgadas por las instituciones de seguridad social a los derechohabientes se destinan a préstamos personales, indemnizaciones globales, subsidios y ayudas y pensiones; estas últimas en apoyo a los jubilados y pensionados. Cabe destacar que uno de los principales problemas enfrentados por las instituciones ha sido mejorar la situación de los jubilados y pensionados; durante 1995 se canalizaron mayores recursos para el pago de las pensiones, atendiéndose la totalidad de la demanda presentada y se avanzó en la modernización de los mecanismos para otorgar de manera ágil y eficiente su pago. Asimismo, se lograron incrementos al monto de pensiones para los jubilados y pensionados.

Los recursos erogados por la seguridad social, por concepto de prestaciones económicas

presentaron un incremento de 28.6% entre 1994 y 1995. En el IMSS, el gasto total en este rubro representó 29.0% más que el año anterior y se distribuyó el 85.9% para pensiones, 13.5% para subsidios y ayudas y el restante en indemnizaciones globales. En lo que respecta al ISSSTE, el destino de su gasto ejercido en prestaciones en dinero fue de 92.5% en pensiones, 0.5% en subsidios y ayudas y el restante 7.0% en indemnizaciones globales, préstamos personales y otros.

El otorgamiento y pago de pensiones es una conquista laboral de justicia social. Al 31 de diciembre de 1995, el IMSS protegía a 1.5 millones de pensionados, con un incremento respecto al ejercicio anterior de 6.2% en casos y de 33.3% en gastos. A su vez, a partir de enero elevó el monto mínimo de las pensiones al 100.0% del salario mínimo en el Distrito Federal y logró mantener actualizadas las pensiones al incrementarlas con el mismo porcentaje que se autoriza para el salario mínimo, indexación que dio acceso a los aumentos de 7.0% a partir de enero, 12.0% en abril y 10.0% más en diciembre. De manera adicional, a partir del mes de octubre en el valle de México y de diciembre en Jalisco y Nuevo León, se inició la operación de un nuevo sistema de pensiones con tecnología automatizada avanzada de teleproceso, que permite ampliar la cobertura técnica para satisfacer los requerimientos de los próximos 10 años. Con esta herramienta tecnológica de punta, desde el último trimestre de 1994, se atendieron las gestiones y pagaron con puntualidad y eficiencia las rentas mensuales de 600 mil pensionados.

Por su parte, el ISSSTE, en cumplimiento de las modalidades que la ley establece, cubrió el pago de 273.3 miles de pensiones y jubilaciones ordinarias, con una erogación de 4 mil 983.3 millones de pesos, que comparadas con el periodo anterior, reflejan incrementos de 5.9% en pensiones y 32.4% en los recursos presupuestales destinados para su pago.

Por concepto de pensiones por riesgo de trabajo, se cubrió el pago de poco más de 10 mil 600 casos a los que se destinó un gasto de 141.8 millones de pesos, 9.4% más respecto al número de casos en relación a lo registrado en 1994.

La modernización de las formas de pago de las pensiones en el ISSSTE se orientó a mejorar los procedimientos existentes y a buscar nuevas opciones. Para ello, se contactaron diversas instituciones bancarias que cuentan con una mayor cobertura que el instituto. Adicionalmente, se fortalecieron las estructuras y procedimientos de pago a nivel delegacional, con apoyo en un modelo regional y local, así como en la reasignación de recursos correspondientes; se aplicó un 7.0% de incremento general a las cuantías pensionarias en la nómina correspondiente al mes de febrero de 1995, pero con efecto retroactivo al 1o. de enero de ese año; y en la nómina de mayo se pagó el aumento general del 12.0% a las pensiones, retroactivo a partir del 1o. de abril de 1995, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 57 de la Ley del ISSSTE, relativo a otorgar incrementos a las pensiones en montos similares al aumento al salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Mediante acuerdo con el Departamento del Distrito Federal, a los pensionados y jubilados del ISSSTE se les otorgan subsidios por concepto del impuesto predial y por derechos del suministro del agua, con cargo al presupuesto de egresos de dicha dependencia. Además, en el mes de julio se concluyó el pago de cinco días adicionales como ajuste al calendario anual de pagos y se otorgó un aumento de 10.0% a partir del 4 de diciembre de 1995, mismo que impactó en la generalidad de las pensiones que otorga el instituto. Otros aspectos relevantes fueron la implantación del pago de efectivo a través de compañías de traslado de valores o instituciones bancarias y un plan piloto para el uso de tarjeta de débito que agiliza el trámite y reporta beneficios adicionales al pensionado, como seguro de vida y pago de intereses sobre los saldos que mantenga en su tarjeta.

Por otra parte, durante 1995 el IMSS otorgó 7.3 millones de certificados de incapacidad temporal para el trabajo; de éstos, 4.5% produjeron subsidios con un importe de 1 mil 815.0 millones de pesos. Con relación a 1994 se registró un decremento de 5.9% en el número de días con subsidio, derivado de la disminución de asegurados y de las acciones de control puestas en marcha, a fin de sujetar los periodos de incapacidad a los estrictamente indispensables para recuperar la salud de los asegurados.

Del total de la población asegurada, el 1.2% fue protegida con pago de subsidios, con promedio de 10.38 días por certificado de incapacidad y con costo unitario de 39.19 pesos por día subsidiado, que equivalen a dos veces el salario mínimo en el Distrito Federal.

Es importante destacar que la infraestructura técnica moderna y la desconcentración desarrollada por el IMSS durante 1995, ocasionó efectos positivos en el pago de las prestaciones económicas dentro de los siete días siguientes a la solicitud, lográndose índices muy satisfactorios, ya que las pensiones, los préstamos a cuenta de éstas y las ayudas, fluctuaron entre el 96% y el 100% de oportunidad. En subsidios se alcanzó un 94.4%, es decir 2.3 puntos porcentuales más que el año anterior.

En el ISSSTE, las ayudas económicas otorgadas por accidentes y enfermedades de carácter general no profesional, fueron atendidas de acuerdo a la demanda, por lo que se cubrió el pago a 873 personas por concepto de subsidios y ayudas, lo que significó una erogación de 0.9 millones de pesos, que representan variaciones de 6.2% y 21.7% respectivamente, en relación a lo registrado en 1994. Debido a que las defunciones de pensionistas requieren de una ayuda adicional destinada a reponer a los deudos el importe de las erogaciones urgentes realizadas para cubrir los gastos del sepelio, en el lapso referido se atendió el pago de casi 6 mil 900 casos de reposición de gastos de funeral con un costo de 26.8 millones de pesos. En lo que respecta a las indemnizaciones globales, se otorgaron aproximadamente a 9 mil 260 personas, para lo cual se ejercieron recursos por 54.5 millones de pesos.

El otorgamiento de los préstamos de corto y mediano plazos del ISSSTE representan un apoyo a la economía de los trabajadores activos y pensionados. Con el propósito de beneficiar a un mayor número de ellos se definieron nuevas directrices para favorecer su otorgamiento, como son: asegurar el equilibrio financiero del fondo revolvente de créditos; mayor eficiencia en la recuperación de las carteras vigente y vencida; simplificación de los requisitos documentales y reducción del tiempo de pago, lo que permitió otorgar 578 mil préstamos de corto plazo y 34 mil 397 de mediano, que significaron recursos por 1 mil 950.7 millones de pesos y 32.1% más de lo presupuestado durante 1994.

Estos créditos, aunados a los otorgados en periodos anteriores, hacen una cartera vigente de 919 mil 755 préstamos, lo que indica que de los 2.4 millones de trabajadores activos y pensionados, el 38.2% contó con un crédito.

También se continuó con el fortalecimiento de los esquemas crediticios destinados a la adquisición de vivienda, tales como los de grupo de autogestión, créditos compartidos entre Fovissste y los Fideicomisos del DDF, Banobras, Fovi, Banco de México y banca comercial. Se logró otorgar 29 mil 116 créditos hipotecarios, por un monto global de 1 mil 110.5 millones de pesos, en beneficio de 145 mil 580 personas, entre trabajadores al servicio del Estado y sus familiares, mediante estrategias que permitieron la consolidación de la suficiencia financiera en el corto y largo plazos, con base en una planeación realista de recursos y sistemas eficaces de recuperación de los créditos; el fortalecimiento en la desconcentración de los servicios y prestaciones, en función de la ubicación de los derechohabientes y sus necesidades locales y la distribución equitativa del presupuesto por membresía de agrupación sindical y entidad federativa, entre otros.

Las prestaciones sociales son parte integral de la seguridad social. Por ello, durante 1995 el IMSS y el ISSSTE avanzaron en la tarea institucional de promover la salud y contribuir al bienestar individual y colectivo de los trabajadores, pensionados y familiares en los diversos aspectos del desarrollo humano. Al respecto, se incrementó la infraestructura de guarderías y estancias de bienestar infantil, para atender a un mayor número de niños. Las tiendas para los trabajadores continuaron ofreciendo sus productos a precios menores a los del sector privado. Además, con las actividades artísticas y recreativas se logró fomentar los valores culturales, el impulso al desarrollo de actividades productivas, la preservación de la salud física y mental y el interés por la convivencia e integración familiar.

Las guarderías constituyen un espacio de educación y formación del niño, a la vez que son un instrumento indispensable de justicia para las mujeres trabajadoras de México. Por ello, adquieren un carácter estratégico en las tareas sustantivas de las dos instituciones encargadas de la seguridad social. En este sentido, el IMSS orientó sus esfuerzos hacia la desconcentración de procesos y facultades y la expansión del servicio.

Especial énfasis se dio en fortalecer la autonomía de gestión de los niveles regional, delegacional y de unidad operativa, tarea que logró desconcentrar nueve procesos y facultades, lo que permitió dar respuesta con mayor oportunidad y calidad a los requerimientos del servicio

de guarderías. A través de acciones concertadas con los sectores privado y social como fueron las realizadas con representantes de asociaciones civiles y sindicatos en Morelia, Michoacán; Chihuahua y Ciudad Juárez, Chihuahua; Culiacán, Sinaloa; Ciudad Guzmán, Jalisco; entre otras, el IMSS logró la apertura de 11 nuevas unidades del esquema participativo, lo que contribuyó a un incremento en la capacidad instalada de 1 mil 170 lugares.

El ISSSTE por su parte, proporcionó al infante cuidados en su desarrollo armónico e integral en las áreas de educación y salud, sicología, trabajo social y alimentación, lo que facilitó a la mujer incorporarse al mercado de trabajo y contribuir al ingreso familiar.

También se continuó con el desarrollo del Programa Integral Educativo, que contribuye al desarrollo integral de los niños bajo un enfoque interdisciplinario y a fortalecer el vínculo estancia-familia-comunidad. Para mejorar la operación del servicio se realizaron cursos de capacitación, actualización y asesoría, con la participación de 416 personas entre trabajadores y padres de familia. Asimismo, se efectuaron 104 visitas de verificación normativa para evaluar el trabajo desarrollado por el personal involucrado.

La operación de los sistemas de tiendas comerciales se orientó a proteger el poder adquisitivo y la economía familiar de la derechohabiencia, a través de la venta de productos básicos y medicamentos a precios más bajos que los del mercado. El IMSS logró cubrir mediante sus 148 tiendas distribuidas en 136 localidades del país, el 95.6% de la canasta básica. De acuerdo a estudios comparativos, los precios de los artículos de la canasta básica del sector privado fueron 10.2% superiores a los del sistema IMSSS-NTSS. Adicionalmente, se efectuaron acciones como la aceptación de los tienda-cheques para la adquisición de artículos y un descuento a los trabajadores de un 40.0%, sobre la base de compra de 100 pesos a la quincena.

Por su parte, el sistema comercial del ISSSTE se constituyó en la única cadena comercial del sector público con presencia a nivel nacional, con precios de los artículos básicos por debajo de los que rigen en el mercado. Para apoyar el área médica se instalaron 18 farmacias en igual

número de hospitales, las cuales ofrecen servicio las 24 horas los 365 días del año.

Atendiendo el compromiso de mejorar las condiciones de vida de su población beneficiaria en los aspectos cultural y artístico, durante 1995 el IMSS atendió a 14.1 millones de personas a través de sus teatros, auditorios, centros de seguridad social y de extensión de conocimientos, lo que significó 9.0% más respecto a 1994.

El ISSSTE, mediante sus 72 centros culturales y 60 bibliotecas atendió a casi 7 millones de personas, entre derechohabientes y público en general. Para la atención de los pensionados y jubilados, logró contar con 13 talleres más de terapia ocupacional, donde se atendió a 18 mil 568 personas que desarrollaron actividades productivas como trabajos de carpintería y reparación de aparatos electrodomésticos, entre otros.

En apoyo al turismo, el IMSS mantuvo sus tarifas 30.0% por abajo de las entidades comerciales; inició la operación de un sistema de reservaciones computarizado, la apertura del sistema Lada 800 y la reservación de servicios vía telefónica, para atender a 1.3 millones de personas.

El ISSSTE estableció y actualizó 109 convenios con hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas; parques recreativos; transportadoras de autobuses y con líneas aéreas nacionales e internacionales. Además, en las agencias del Distrito Federal, inició la reservación e información automatizada de servicios turísticos a través del Sistema de Reservaciones Sabre. Con estas acciones se brindaron servicios turísticos a 416 mil derechohabientes, con una captación de recursos por ventas de 89 millones 563 mil pesos.

El IMSS con sus 16 velatorios del régimen ordinario y dos del esquema participativo, proporcionó 26 mil 129 servicios, a un costo por paquete inferior entre dos y tres veces respecto al importe de las funerarias particulares. Asimismo, se aplicó el Programa de Previsión Funeraria para una mayor cobertura.

El ISSSTE, celebró 144 convenios con agencias funerarias públicas y privadas a fin de obtener descuentos importantes para proporcionar poco más de 15 mil servicios.

4.8 Vivienda Para hacer realidad el derecho de las familias mexicanas a una vivienda digna y decorosa y atender el rezago nacional de aproximadamente 4.6 millones de viviendas, fue necesario impulsar una mayor oferta con la participación creciente de los sectores privado y social, así como apoyar las demandas de familias de menores ingresos, mediante esquemas adecuados de financiamiento, comercialización y titulación.

A pesar de las condiciones adversas enfrentadas en los ámbitos económico y financiero, las estrategias definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 y en el Programa Especial para la Vivienda y el Empleo 1995, permitieron avanzar en la desregulación de la actividad habitacional; reducir los gravámenes y simplificar los trámites y requerimientos legales para la edificación; consolidar a las instituciones de vivienda como entidades eminentemente financieras; aumentar la disponibilidad de suelo apto para uso habitacional y reestructurar los créditos hipotecarios que se otorgaron en años previos para aliviar la carga financiera de los acreditados.

No obstante, la estrechez de recursos financieros en 1995, fue posible sostener el nivel de construcción habitacional. En el marco del Programa Nacional de Construcción de Vivienda, los organismos promotores, conjuntamente con la banca comercial y de desarrollo, financiaron 387 mil 256 créditos en beneficio de igual número de familias, con una inversión de 23 mil 419.5 millones de pesos, que permitieron la construcción de 258 mil 117 viviendas, el mejoramiento de 104 mil 599, así como proporcionar 24 mil 540 lotes con servicios y otro tipo de créditos, beneficiando a cerca de 1.3 millones de habitantes.

Estos avances resultaron de la suma de esfuerzos y compromisos de los gobiernos Federal y estatales, representantes de cámaras, empresarios, banqueros nacionales, notarios y colegios de profesionistas del ramo. A nivel local se definió y verificó el cumplimiento de los programas en el seno de los comités de Planeación del Desarrollo Estatal a través de los subcomités de desarrollo urbano y vivienda.

Del total de créditos otorgados, Infonavit, Fovissste, Fovi y Fonhapo, financiaron el 55.9%, la banca comercial 9.4%, Banobras 8.3%, Fividesu 0.9% y otros organismos diversos 25.5%.

El Fovi, dentro de su programa normal 1995, extendió al crédito puente de la banca, la garantía que otorga al crédito individual, para un total de 51 mil 664 viviendas y asignó 85 mil 983 derechos de crédito, otorgando a los acreditados condiciones de pago mejores a las ofrecidas por la banca.

Para continuar atendiendo a la población de escasos recursos, a la que se destinan sus créditos, se financiaron viviendas de hasta 130 salarios mínimos mensuales del Distrito Federal; se suspendió el apoyo para la vivienda de mayor valor y se cubrió la intermediación financiera para la vivienda de menor valor con recursos del fondo para disminuir el pago de los beneficiarios. Como consecuencia, mediante el sistema de subastas, el Fovi asignó derechos sobre créditos de largo plazo para la adquisición de viviendas, destinando el 74.0% a las ciudades del interior del país y sólo el 26.0% a las zonas metropolitanas de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, para coadyuvar al objetivo de descentralizar y desconcentrar la población y la actividad económica.

El Fonhapo atendió a las familias con ingresos de hasta 2.5 salarios mínimos y en el periodo

reportado, con una inversión de 353.6 millones de pesos, concluyó 26 mil 281 obras. Por otra parte, individualizó 4 mil 936 créditos, descentralizó sus actividades hacia los institutos estatales de vivienda, liquidó sus delegaciones regionales y redujo su plantilla de personal de 1 mil 100 a 460 plazas.

El Infonavit invirtió 8 mil 638.8 millones de pesos, para concluir 95 mil 483 créditos. El Fovissste con 1 mil 315.1 millones, otorgó 29 mil 529 créditos de los cuales el 73.9% se destinaron a la adquisición de vivienda. Banobras con 223.5 millones, proporcionó 1 mil 662 créditos para adquisiciones y 30 mil 904 para mejoramientos.

Con el fin de propiciar el fortalecimiento de los organismos promotores de vivienda como entidades predominantemente financieras, se realizaron las modificaciones necesarias para avanzar en su autosuficiencia, orientándolas a la promoción de un mayor flujo financiero de largo plazo, con costos de intermediación competitivos y diversificación de los esquemas de fondeo, situación que reviste un papel central en la modernización de las estructuras administrativas y jurídicas de los organismos habitacionales.

El Infonavit avanzó en su modernización como hipotecaria social, mediante reformas a su estatuto orgánico, para adecuarlo a sus necesidades normativas de control, evaluación y desconcentración, así como para ampliar y mejorar sus servicios financieros. Con el fin de reactivar el mercado de vivienda y posibilitar la adquisición y pago de los acreditados, amortiguó el desajuste entre los precios reales de las viviendas y los montos máximos de crédito; disminuyó el costo financiado de los créditos puente; modificó reglas de subastas de financiamiento para la construcción de conjuntos habitacionales, con el propósito de privilegiar la construcción de vivienda de menor valor para el adquirente y suscribió convenios de cofinanciamiento con 12 entidades federativas beneficiando a derechohabientes de los estados.

La subcuenta de vivienda del SAR, se constituyó en una de las principales fuentes de fondeo de este organismo. Los recursos de la subcuenta se destinaron a financiar créditos hipotecarios de diversas líneas y para apoyar la construcción de vivienda a través del sistema de subastas, garantizando el valor real del ahorro de los trabajadores.

La Sedesol promovió esquemas de ahorro previo para que las familias, principalmente de bajos ingresos, tengan acceso a créditos para la adquisición o mejoramiento de vivienda. Destacan los sistemas de ahorro previo de carácter voluntario, operados por el Infonavit a fin de proporcionar créditos a trabajadores que no han podido atenderse con el sistema de puntuaciones mínimas e inició programas de ahorro previo para trabajadores de las industrias gastronómica y maquiladora; así como los convenios de colaboración con el Fovi, el Infonavit, el Fovissste y el Fonhapo para integrar este tipo de instrumentos de ahorro en sus programas de financiamiento. Asimismo, 12 institutos estatales firmaron convenios de colaboración con Pahnal, a fin de integrar en sus programas de vivienda estos esquemas y, en algunas entidades federativas se promovieron nuevos esquemas de financiamiento y se asesoró en su diseño a promotores y constructores de Chiapas, México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo y Tamaulipas.

El Fovissste instauró un Comité Interno de Crédito, con objeto de fijar prioridades en la asignación de los créditos hipotecarios y presentó para su autorización ante las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Contraloría y Desarrollo Administrativo, su proyecto de reestructuración orgánica, consistente en descentralizar y desconcentrar funciones y atribuciones a sus oficinas regionales y para fortalecer su operación y reducir su plantilla de personal. Creó asimismo, un comité para enajenar su reserva territorial y acordar la desincorporación de los predios donados al fondo.

Las acciones de desregulación y desgravación se reflejaron en la disminución de los costos indirectos de naturaleza estatal y municipal, asociados a la producción y titulación de vivienda de interés social y popular. Con las modificaciones propuestas a la legislación fiscal, se disminuyó la proporción de los costos indirectos en el valor final de la vivienda hasta 4.9%, en tanto que durante 1994 dicho porcentaje ascendió a 6.2%; con ello, se superó la meta propuesta de 5.5% para 1995. Sobresale en este sentido, la exención del impuesto sobre adquisición de inmuebles para la vivienda de interés social en 12 estados, al reducirse la base gravable en 15 salarios mínimos.

Con la instalación de 21 oficinas únicas municipales de trámites para vivienda, se alcanzó un total de 203 oficinas establecidas en 27 estados, de las cuales 103 se localizan en municipios ubicados en el ámbito del Programa de Cien Ciudades. Con esto se hizo posible tramitar en una sola instancia municipal, los permisos y licencias de edificación; disminuir los tiempos y costos e incrementar el control y confiabilidad de la información sobre las metas estatales. Igualmente, se instalaron dos mesas ejecutivas de proyectos de vivienda en San Luis Potosí y Jalisco, para sumar un total de 26, ubicadas en 18 entidades federativas y el Distrito Federal; en estas mesas se agiliza la autorización de proyectos de vivienda.

La ampliación de la oferta de suelo para vivienda requiere de la creación de reservas territoriales aptas para tal propósito. Esta es una actividad permanente de los organismos públicos federales, estatales y municipales de vivienda, que se realiza en el marco de un desarrollo urbano ordenado y sustentable. En 1995 se cuenta con un inventario de oferta de tierra por 37 mil 789 hectáreas susceptibles al uso habitacional, de las cuales el 41.3% son de carácter ejidal, el 31.7% de institutos, el 15.0% son estatales y el 12.0% restante pertenece a la Federación, municipios, Infonavit, fideicomisos, Fovissste y particulares.

Para la incorporación de tierras ejidales y comunales a la reserva territorial, se promueve la colaboración y participación de la Secretaría de la Reforma Agraria, Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional y los gobiernos estatales y municipales, a fin de procurar mayores beneficios para los núcleos agrarios y ofrecer condiciones financieras apropiadas a los inversionistas, principalmente en proyectos para vivienda de interés social.

Prosiguió la promoción para modernizar los Registros Públicos de la Propiedad, instrumentando acciones que permitan adecuar su marco jurídico, administrativo y tecnológico, a efecto de otorgar seguridad jurídica al patrimonio inmobiliario de la población y contribuir a una adecuada política de uso del suelo. Con el programa de modernización catastral se atendieron 12 proyectos en 72 municipios de nueve estados y se evaluaron técnicamente 22 proyectos que cubrieron 207 municipios de 19 entidades federativas, observándose un avance global del 88.5% en los procesos de modernización catastral.

En el mes de junio se ejecutó el Programa Especial para la Vivienda 1995, con los propósitos de apoyar a las familias que en años recientes adquirieron vivienda por medio de algún crédito bancario y enfrentaron problemas para solventar su pago; proporcionar financiamiento a las viviendas en proceso de construcción para su terminación y venta y reactivar la construcción de vivienda nueva, en especial la de interés social.

Como resultado de las altas tasas de interés y la escasez de recursos financieros observadas a principios de año, el Gobierno Federal conjuntamente con la asociación de banqueros de México, diseñó un Programa de Apoyo a Deudores de Créditos de Vivienda, a fin de ayudarlos mediante la reestructuración de sus créditos en Unidades de Inversión (Udis), para facilitar el servicio de sus deudas, así como ampliar los plazos hasta por 30 años y establecer tasas de interés reales del 8.75% y 10.0% anual como máximo. Con un monto de 31 mil 250 millones de Udis, se planteó la reestructuración de 250 mil créditos hipotecarios, dándose preferencia a créditos menores de 100 mil pesos al corriente en sus pagos y que no optaron por un esquema de refinanciamiento de intereses.

Dada la necesidad de los acreditados por realizar la reestructuración de sus créditos hipotecarios, así como por las demandas del sector, dicho monto se incrementó a 40 mil millones de Udis.

Asimismo, se destinaron recursos por un máximo de 7 mil 600 millones de pesos para apoyar la conclusión de la construcción de alrededor de 30 mil viviendas, susceptibles de adquirir mediante créditos individuales, con plazos de 25 años y tasas de interés real del 11.0%.

Adicionalmente, el Gobierno Federal amplió el programa normal del Fovi, a fin de iniciar en este año la edificación de 48 mil viviendas del tipo más económico con base en proyectos aprobados. A los acreditados se les otorgaron factores de pago menores en aproximadamente el 25.0% de los que ofrece la banca comercial. Para esta vertiente de apoyo se destinó un monto de 3 mil millones de Udis.

En el marco del Programa Especial para Vivienda, el Gobierno Federal canalizó recursos a las instituciones de crédito y a las sociedades financieras de objeto limitado por 6 mil 692.1 millones de pesos, de los cuales 3 mil 125.6 millones se destinaron a la adquisición de 51 mil 664 viviendas, en beneficio de igual número de familias; la construcción de estas viviendas generó aproximadamente 284 mil empleos. Por otra parte, se otorgaron 3 mil 566.5 millones de pesos como refinanciamiento de cartera de créditos otorgados con anterioridad.

Con el propósito de avanzar en el establecimiento de un mercado secundario de hipotecas, que permita agilizar las operaciones hipotecarias y dar viabilidad económica al proceso de bursatilización, en varias entidades se continuó la revisión y adecuación de los códigos civiles y de procedimientos civiles, aprobándose reformas en cinco de ellas.

El impulso a la autoconstrucción y mejoramiento de la vivienda constituye uno de los aspectos estratégicos para dinamizar la construcción habitacional. Por ello, a través del Programa de Autoconstrucción con Crédito a la Palabra, financiado con aportaciones federales, estatales y de participantes y créditos bancarios, durante 1995 se realizaron 72 mil 294 mejoramientos de vivienda y 21 mil 948 pies de casa, en beneficio de 94 mil 242 familias.

Para proporcionar asistencia técnica a los autoconstructores y coadyuvar a la creación de empleo temporal, se promovieron acciones de asistencia y orientación que incorporaron a 826 albañiles en tareas de asesoría técnica acerca de 15 mil 400 autoconstructores. Adicionalmente, se promovieron 8 mil becas de capacitación a desempleados en 11 estados, en apoyo a los beneficiarios del programa de autoconstrucción. Asimismo, se elaboró el Manual único de Operación-Anexo Vivienda, que contiene aspectos técnicos y financieros que fortalecen el programa de autoconstrucción, mismo que fue difundido entre los organismos de vivienda y las entidades federativas, a fin de contribuir a la unificación de criterios normativos entre los sectores participantes en este programa.

Con las principales ramas productoras de materiales se acordaron condiciones preferenciales de comercialización con descuentos del 3.0% y del 62.0% al constructor y autoconstructor, sobre diferentes modalidades y se apoyó el abasto de cemento, acero, aluminio, cal, madera, productos de fibrocemento, cobre, muebles sanitarios y tuberías plásticas, entre otros materiales.

Actualmente se cuenta con un padrón de 1 mil 731 distribuidoras afiliadas que conforman una red de tiendas en toda la República. Asimismo, se realizó un programa de difusión sobre comercialización preferencial con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), fabricantes, distribuidores y demás agentes que impulsan la edificación de vivienda.

Con la Profeco y la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, se instrumenta un sistema nacional de precios para difundir la evolución y comportamiento de los costos de materiales para la construcción y con la operación del programa transparencia de precios quién es quién, que opera en 26 entidades federativas del país, se monitorearon 1 mil 535 materiales en 859 distribuidoras de 73 ciudades, informándose a los consumidores sobre los lugares expendedores de materiales de calidad al mejor precio.

Durante el año se realizaron cursos de capacitación sobre la utilización de materiales, productos y componentes empleados en la edificación de vivienda, impartidos de manera gratuita por las empresas afiliadas a la red de tiendas de materiales de construcción, en beneficio de organizaciones sociales, autoconstructores y personal técnico de los gobiernos municipales, institutos estatales de vivienda y delegaciones de la Sedesol.

Con el propósito de mejorar la construcción de vivienda e impulsar su normalización, verificación y certificación, se programaron cinco normas oficiales mexicanas (NOM) y en coordinación con otras dependencias se realizaron 15 proyectos de NOM de materiales y productos de la construcción. Con base en las NOM sobre inodoros y válvulas, se atendieron 25 solicitudes para 91 modelos de muebles sanitarios y 21 de válvulas. Igualmente, se promovió la transferencia de dos NOM y dos proyectos a la Comisión Nacional del Agua, así como de 12 proyectos a diversas dependencias del sector público. Finalmente, en el contexto del Sistema Nacional de Acreditamiento de Laboratorios de Pruebas, se evaluaron dos laboratorios de inodoros, cuatro de cemento y ocho de concreto.

4.9 Armonizar el crecimiento y la distribución territorial de la población 4.9.1 Población, familia y mujer La política de población planteada por el Gobierno de la República se propone consolidar los avances conseguidos en torno al control y regulación de los fenómenos demográficos, para así propiciar una participación justa y equitativa en los beneficios del desarrollo económico y social.

En este sentido, la elaboración y puesta en marcha del Programa Nacional de Población 1995-2000, es el primer paso concreto para responder a los complejos desafíos que implica romper la viciosa relación entre pobreza y crecimiento demográfico; propiciar una distribución territorial de la población que respete el equilibrio ambiental; fortalecer a la institución básica de la sociedad, que es la familia; revaluar la condición de la mujer, cuyo aporte al desarrollo es estratégico e impulsar la descentralización en el diseño, ejecución y evaluación de los programas en la materia, con pleno respeto a la autonomía estatal y municipal.

El programa rector en la materia tiene entre sus metas reducir la tasa global de fecundidad actual de 2.8 hijos por mujer a 2.4 hijos hacia el año 2000, para alcanzar una tasa natural de crecimiento de 1.75% en ese año. La consecución de este propósito implica que el uso de métodos anticonceptivos entre las mujeres en edad fértil se incremente del 65.0% en 1995, al 70.2% en el año 2000; es decir, que la presente cobertura de 10 millones de usuarias activas aumente a 12.6 millones para ese entonces.

El logro de los objetivos planteados requiere enfrentar la marcada heterogeneidad demográfica regional, lo que hace imprescindible que la política de población adecúe sus estrategias al ámbito específico de cada entidad federativa, para lo cual la descentralización de las decisiones es fundamental.

La cantidad de habitantes en nuestro país sigue incrementándose aunque a tasas menores. A fines de 1995, la población de México alcanzó los 92.4 millones de personas.

El crecimiento natural de 1.9 millones, 2.05% respecto de 1994, que resulta de la diferencia entre 2.3 millones de nacimientos y 420 mil defunciones, se vio afectado por un saldo neto migratorio internacional negativo de 300 mil personas, lo cual llevó a un incremento neto de 1.6 millones de personas, esto es una tasa total de crecimiento de 1.73%.

La esperanza de vida al nacer se ha incrementado situándose en 73 años el promedio general, en 76 años para la mujer y en 70 para el varón, el doble de la que se tenía en 1930. No obstante los avances obtenidos en el descenso general de la mortalidad infantil, persisten las desigualdades regionales; así, en el periodo que se informa las tasas de mortalidad infantil en estados con alta marginación social como Oaxaca y Chiapas, fueron cercanas a 40 muertes por cada 1 mil nacidos vivos, dos veces más al nivel observado para el Distrito Federal y Nuevo León.

Las entidades federativas con mayor atraso presentaron un rezago aproximado de 11 años para alcanzar la esperanza de vida observada en aquéllas con mejores condiciones socioeconómicas.

El perfil de distribución por grupos de edad, muestra una población marcadamente joven, sin embargo, comienza ya a observarse una disminución relativa de niños y jóvenes en la población total, cuya contraparte es el aumento de personas en edades adultas y avanzadas.

La población menor de 15 años de edad fue de poco más de 32 millones, las personas entre 15 y 64 años aumentaron a 55 millones y la población de 63 años y más llegó a 3.8 millones; es decir, entre 1990 y 1995 estos grupos se incrementaron en 1.0%, 15.0% y 21.1%, respectivamente.

La educación y comunicación en materia de población es una vertiente esencial para inducir la adopción de nuevas actitudes frente a los fenómenos demográficos y propiciar así el ejercicio pleno de los derechos y las responsabilidades de los individuos. Para promover una nueva cultura demográfica se difundieron un documental y dos promocionales por televisión, relativos a los principales aspectos de la política de población; además, se diseñaron y colocaron 2 mil 600 mensajes en la vía pública sobre temas como la mujer, la planificación familiar, el medio ambiente y la población, la familia y la migración, especialmente en las paradas de transporte público de las principales ciudades del país.

Con el propósito de promover la planificación familiar entre los grupos marginados de las zonas rural y urbana, se realizó la campaña planifica, es cuestión de querer, con ocho promocionales de televisión y 34 para radio, en la cual se informó sobre aspectos tales como la conveniencia de retrasar la edad del matrimonio y del primer embarazo, el espaciamiento entre un hijo y otro, así como en relación al derecho de decidir de manera libre, responsable e informada el número de hijos. De igual manera, se promovió la participación igualitaria de hombres y mujeres en las decisiones de planificación familiar; y se imprimieron manuales de capacitación para el magisterio sobre educación poblacional para niños y adolescentes.

A través del programa de orientación telefónica "de Joven a Joven", se recibieron más de 74 mil llamadas de adolescentes a quienes se les proporcionó información, consejería y prevención sobre problemas familiares y de relaciones afectuosas, sexualidad, adicciones, conflictos emocionales, y orientación educativa, deportiva, recreativa y laboral.

Con la participación de más de 11 mil niños y jóvenes de todo el país, se llevó a cabo un concurso de dibujo infantil y juvenil acerca de la situación de la mujer en México en aspectos de educación, empleo, toma de decisiones en la sociedad y pleno ejercicio de sus derechos. También se realizaron promocionales de televisión y radio con motivo de la participación de México en la IV Conferencia Mundial de la Mujer, realizada en Pekin, China, en septiembre de 1995.

En el ámbito de la planificación familiar el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 otorga particular importancia a la atención de los medios marginal urbano y rural. Se estima que durante 1995, alrededor del 65.0% de las parejas mexicanas utilizaron algún método anticonceptivo; sin embargo, en los estados con mayor marginación, sobre todo en las localidades con menor nivel educativo y en comunidades rurales, existe aún una importante ausencia en el uso de estos servicios.

A fin de ampliar la cobertura del servicio y satisfacer la demanda de métodos anticonceptivos en estas poblaciones, las instituciones públicas de salud impulsaron acciones de planificación familiar por medio de auxiliares de enfermería y agentes comunitarios de salud. A nivel nacional, se propició la diversificación de opciones con la promoción de métodos anticonceptivos reversibles de alta efectividad, inyectables y hormonales orales, convenientes para las parejas jóvenes y las de menor paridad.

Se levantó una encuesta nacional sobre valores en la planificación familiar, cuyos resultados coadyuvaron a la definición de contenidos para la emisión de mensajes en medios de comunicación masiva; asimismo, se realizó una encuesta nacional para evaluar los avances obtenidos, sobre todo en los estados prioritarios y áreas rurales del país. Para la formulación de metas del sector salud, se instaló un grupo interdisciplinario de salud reproductiva.

Por su relevante función en los ámbitos familiar, social y productivo, la presente administración ha puesto especial énfasis en la revaloración de la condición de la mujer. Mediante una amplia consulta nacional se realizó el diagnóstico de la situación de la mujer en México, documento base que sirvió para la participación de México en la IV Conferencia Mundial de la Mujer. Con el fin de identificar prioridades y propuestas relevantes en la definición de estrategias de acción en favor de la mujer, se realizaron, un taller nacional con los consejos estatales de población, nueve talleres regionales con personal de instituciones públicas y grupos de la sociedad vinculados a esta cuestión, así como 29 talleres estatales.

En un contexto nacional de diversidad étnica, debemos reconocer la precaria situación económica y demográfica en que se desenvuelven los grupos indígenas. Altos niveles de marginación, elevadas tasas de mortalidad y fecundidad y un mayor crecimiento demográfico, son elementos presentes en las condiciones de vida de la población indígena.

En el periodo que se reporta, se realizó el diagnóstico demográfico de la población indígena en Chiapas y Oaxaca, identificándose municipios con tasas de mortalidad infantil de 60 por 1 mil, el doble del promedio nacional y con niveles de fecundidad cercanos a seis hijos por mujer. Estos resultados refuerzan la necesidad de llevar a cabo acciones encaminadas a combatir la marginación y el rezago demográfico, respetando la visión propia de estos pueblos.

Para incrementar la comunicación y educación entre las comunidades indígenas se difundió, a través de estaciones de radio, un programa en sus propias lenguas.

Para concientizar a la población acerca de los problemas que origina el desmedido crecimiento demográfico en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, se realizó una campaña informativa a través de los medios electrónicos de comunicación y se distribuyeron carteles y trípticos. Se avanzó en el análisis de los factores que intervienen en la dinámica de la relación entre población, medio ambiente y desarrollo sustentable, para identificar problemas específicos en 44 regiones del país, relacionados con la disponibilidad de agua, deforestación, desertificación, erosión del suelo y contaminación, así como los mecanismos que agravan estos problemas y que inciden en la calidad de vida de los habitantes de esas regiones.

Históricamente, el fenómeno demográfico en México ha mostrado marcados contrastes, pues por un lado ha tendido tanto hacia la concentración de la población en grandes zonas metropolitanas, como hacia la dispersión en extensas superficies del territorio nacional. Sin embargo, entre 1980 y 1995 se advierte una tendencia convergente en las tasas de migración neta interna rural y urbana; es decir, la pérdida de población de las áreas rurales del país se redujo de 1.5% anual a 1.2%, mientras la de los núcleos urbanos disminuyó de 0.7% a 0.5% durante ese periodo, lo que apunta hacia una nueva correlación de los flujos migratorios entre el campo y la ciudad, pero aún con tendencia al crecimiento de los centros urbanos, con la consecuente demanda de infraestructura y servicios.

En cuanto a los flujos migratorios, Guerrero, Durango, Zacatecas, Oaxaca y el Distrito Federal muestran mayores pérdidas poblacionales netas relativas por migración; mientras que Quintana Roo, Baja California, Baja California Sur y el Estado de México obtuvieron mayores ganancias poblacionales netas por migración.

Entre 1990 y 1994, la población de Monterrey y Guadalajara creció a ritmos superiores a la media nacional, al 3.0% y 2.8% medio anual, respectivamente y la Ciudad de México lo hizo más lentamente, en 1.6%.

Para impulsar una política de distribución espacial de la población que revierta los efectos negativos de la alta concentración y dispersión de la población, con la participación de los tres órdenes de gobierno y los sectores privado y social, se llevaron a cabo proyectos piloto de desarrollo microregional en Querétaro y Sonora.

Asimismo, se avanzó en la actualización del sistema de ciudades y en el diagnóstico de los asentamientos humanos dispersos. Con el propósito de actualizar el conocimiento de la migración en la frontera norte y hacia los Estados Unidos de América, se realizó una encuesta a fin de contar con elementos para la formulación de estrategias y acciones de política migratoria y laboral.

La efectividad de las estrategias de población radica en gran medida en la descentralización de los programas y acciones en materia demográfica. Con este fin se apoyó y asesoró a las entidades federativas en la elaboración de sus programas de población. En coordinación con los consejos estatales, se realizó un taller de análisis de los principales retos de la política de población, a fin de favorecer la planeación demográfica y se elaboraron las proyecciones de población por edad y sexo para el periodo 19952030, a nivel nacional y estatal.

En el marco del nuevo federalismo, se impulsó la consolidación de la estructura y organización de los consejos estatales de población, mediante el desarrollo de esquemas jurídicos que sustenten y permitan el desempeño de sus actividades. En este sentido destaca la aprobación y aplicación de la Ley Estatal de Población en Baja California.

Asimismo, para la incorporación de criterios demográficos en los programas estatales de desarrollo económico y social, se diseñó una metodología que introduce consideraciones sobre el volumen poblacional y las condiciones de marginación socioeconómicas en la planeación del beneficio social y combate a la pobreza. Con el fin de efectuar la coordinación de las políticas de población estatal y nacional, se firmaron acuerdos con Tabasco, Tlaxcala, Durango y Colima.

Se fortaleció la gestión de los consejos estatales en el diseño, segumiento y evaluación de la planificación familiar, mediante un taller de

capacitación y la elaboración de un diagnóstico en el uso de métodos anticonceptivos en las entidades con mayor rezago, con el fin de adecuar las actividades con las necesidades específicas de la población. En el Distrito Federal se promovió el establecimiento de consejos delegacionales de población, que permitirán una mejor definición de las acciones y para apoyar sus tareas se analizó la dinámica demográfica y urbana de la zona metropolitana de la Ciudad de México.

4.9.2 Promover el desarrollo equilibrado de las regiones Desarrollo regional Con objeto de abatir los desequilibrios existentes en materia de educación, salud, infraestructura y grado de industrialización en las diferentes regiones del país, el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, se propone alcanzar dos objetivos básicos: propiciar el ordenamiento territorial de las actividades económicas y la distribución de la población, conforme a las potencialidades existentes en las ciudades y regiones e inducir el crecimiento de las ciudades en forma ordenada, de conformidad a las normas vigentes de desarrollo urbano y bajo los principios de equilibrio ecológico.

La estrategia para lograr estos propósitos, radica en gran medida en el fortalecimiento de las haciendas públicas estatales y municipales, el fomento a las iniciativas de los particulares en la generación de empresas y el apoyo a la construcción de la infraestructura con importancia estratégica para el desarrollo regional, en especial la de las ciudades medias que ofrecen mayores ventajas por su localización y brindan mayores oportunidades para el desarrollo de actividades comerciales, industriales y turísticas. En la ejecución de estas acciones se otorga atención prioritaria a las regiones que registran los rezagos y carencias más apremiantes. Durante 1995, las participaciones e impuestos a federales pagadas a las entidades federativas ascendieron a 49 mil 114.6 millones de pesos.

Alrededor de la tercera parte de estas participaciones (33.6%), se otorgó a ocho entidades que registran los índices de marginación económica y social más elevados: Hidalgo, México y Puebla en la zona centro-sur; Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca en la zona costera del pacífico y Veracruz en la zona costera del golfo.

Los estados fronterizos del norte (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas), que presentan un mayor dinamismo económico, recibieron poco menos de la quinta parte (18.6%) de los impuestos federales, en tanto que el Estado de Jalisco y el Distrito Federal recibieron el 21.6%.

Considerando de manera conjunta a las entidades federativas en las que se asientan las cuatro zonas metropolitanas más grandes del país, (Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Puebla), las participaciones federales recibidas ascendieron al 30.2% del total.

Aunque lo anterior muestra que se ha avanzado hacia el impulso de las entidades federativas con mayor atraso, es necesario acentuar la instrumentación de acciones y mecanismos que permitan canalizarles un mayor volumen de recursos de inversión para dinamizar su progreso económico y social.

Los diversos grados de desarrollo de la actividad productiva en el ámbito espacial exhiben los desequilibrios regionales existentes en el país. La pesca es una muestra clara de ello; en 1995 las entidades del sur con litoral (Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Veracruz) aportaron menos de la quinta parte de la producción total (17.2%), en tanto Baja California, Sonora y Tamaulipas participaron con 43.05%, por ello, el impulso de las regiones con mayor rezago es una orientación básica de la política de desarrollo regional.

Uno de los factores más importantes en la promoción del desarrollo regional, es la inversión que ejerce el Gobierno Federal a través de sus dependencias y organismos descentralizados. Por ello, durante 1995, los estados con mayor atraso en las zonas centro-sur y costera recibieron cerca de la tercera parte (27.7%) de los recursos autorizados.

En tanto que en las entidades localizadas en la zona fronteriza norte, la proporción del gasto en inversión no superó la décima parte (9.3%). En cambio en las entidades en las cuales se localizan las grandes metrópolis, los recursos de inversión autorizados, incluyendo los correspondientes al DDF, descendieron de 37.2% en 1994 a 34.2%.

A través del ramo 26 se canalizaron recursos por 10 mil 076.7 millones de pesos para combatir y superar la pobreza extrema, principalmente en aquellas zonas del país con mayores grados de marginación social. Del total de estos recursos, 4 mil 200.0 millones de pesos, es decir, el 41.7% del total, se destinaron a la realización de obras para cubrir las necesidades básicas de la población de los ocho estados con mayores índices de pobreza y marginación. Tan sólo en Chiapas, Guerrero y Oaxaca se destinaron 2 mil 156.0 millones de pesos, 21.4% del monto global.

El Fondo para la Promoción del Desarrollo Regional, que se financia con recursos del ramo 26, tiene como propósito impulsar el aprovechamiento del potencial de zonas específicas del territorio nacional, mediante la creación y consolidación de infraestructura y el impulso al desarrollo de proyectos productivos.

En este sentido, con el fin de mejorar la infraestructura hospitalaria, se apoyó la construcción, ampliación, equipamiento o rehabilitación de 83 hospitales: 71 en localidades urbanas y 12 de tipo rural. Destaca la ampliación y equipamiento de los hospitales generales de Zacatlán y de Acatlán de Osorio en Puebla; la conversión de los centros de salud a hospitales de 12 camas en Isla Mujeres y Playa del Carmen en Quintana Roo; la construcción de las clínicashospitales de San Juan Bautista Cuicatlán y Tamazulapan del Espíritu Santo en Oaxaca; así como de nueve hospitales rurales en localidades de siete entidades federativas.

lnfraestructura social para la promoción del desarrollo regional, 1995 Concepto Obras realizadas Salud 83 hospitales generales construidos, rehabilitados y equipados.

Electrificación 2 301 poblados rurales electrificados.

378 colonias populares electrificadas.

Agua potable en 43 sistemas construidos, ampliados y rehabilitados. zonas urbanas Alcantarillado en 56 sistemas construidos, ampliados y rehabilitados. zonas urbanas Vialidades 2 129 220 metros cuadrados de vialidades urbanas construidas. urbanas Carreteras 615 kilómetros de carreteras construidas. alimentadoras 115 kilómetros de carreteras modernizadas y ampliadas.

452 kilómetros de carreteras reconstruidas.

14 039 kilómetros de carreteras en conservación.

Fuente: SEDESOL.

Por otra parte, se introdujo el servicio de energía eléctrica en 2 mil 301poblados y 378 colonias, mediante el tendido de 1 mil 066 kilómetros de líneas y la colocación de 39 mil 206 postes; sobresalen los trabajos en 294 localidades rurales de Chiapas, 172 de Guanajuato, 138 de Puebla, 106 de San Luis Potosí y 901 de Veracruz y con la instalación de 4 mil 644 sistemas no convencionales de generación de electricidad se atendieron 247 localidades de Baja California Sur, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca y Puebla, entre otros. La realización de estas actividades hizo posible que cerca de 500 mil mexicanos cuenten ya con este servicio elemental.

Con el propósito de abastecer el suministro de agua potable en las zonas urbanas, se construyeron, ampliaron y rehabilitaron 43 sistemas en diversas partes de la República, destacando los del Estado de México, Nuevo León, Veracruz, Jalisco, Chiapas y Sonora.

Entre las acciones de construcción, ampliación o rehabilitación de sistemas de alcantarillado de zonas urbanas, sobresalen el Proyecto Integral del Saneamiento de Puerto Vallarta, Jalisco; la construcción del sistema de colectores para la Cuenca del Ahogado en Zapopan, Jalisco; el colector para el saneamiento del Alto Río Blanco, en Veracruz; así como de ocho colectores, un emisor, 162 pozos de visita, un drenaje sanitario con 9 mil 920 descargas domiciliarias y el colector marginal del río Hondo, en colonias de ocho municipios del Estado de México.

Además, se construyeron las plantas de tratamiento de aguas residuales de General Terán en Nuevo León, Acatlán de Osorio y Huejotzingo en Puebla, Santa Cruz Quilehtla en Tlaxcala y Tlaltenango en Zacatecas.

Para mejorar la red carretera de diversos estados, se ejecutaron 987 obras con un costo total de 563.1 millones de pesos; así, se realizó la construcción de 615 kilómetros de carretera, la reconstrucción de 452, la ampliación de 115 y la conservación de 14 mil 039 kilómetros más. Sobresalen los tramos carreteros de CalkiníIsla Arena y Conquista Campesina-Cuauhtémoc-MachetazoEl Naranjo-Paraíso Nuevo, en Campeche; Piedras Negras-Nava, en Coahuila; San Juan Chamula-Chenalhó-Pantelhó, en Chiapas; Chihuahua-Aldama, en Chihuahua; entronque carretero León-San Felipe-OcampoIbarra, en Guanajuato; Atemajac de Brizuela-Santa Clara, en Jalisco; Coalcomán-Aquila en Michoacán; entronque carretero Monterrey-Monclova-Espinazo, en Nuevo León; Cerro del Vidrio-Juquila, Tlaxiaco-Santiago Yosondúa y Sola de Vega-Ojo de Agua, en Oaxaca; Huachinantla-límite de Puebla con Guerrero; Tehuitzingo-Axutla y Cholula-Paso de Cortés, en Puebla y San Luis Río Colorado-Estación Riíto-Golfo de Santa Clara, El Coyote-Huachinera-Bacerac-Bavispe-Agua Prieta y Magdalena-Cucurpe-Sinoquipe, en Sonora.

A través de la Comisión Nacional de las Zonas Aridas (Conaza) y con recursos presupuestales por 22.9 millones de pesos provenientes del Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura (FIDA), se desarrolló el proyecto FIDAIxtleras en la región ixtlera del norte del país, que comprende parte de los estados de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

Con estos recursos se atendieron durante 1995 a 410 comunidades con asistencia técnica en beneficio de 12 mil 300 productores; se otorgó capacitación a 11 mil 780 productores en diversos tópicos técnicosproductivos, de organización y comercialización; se establecieron 40 proyectos productivos en beneficio de 793 mujeres campesinas y se realizaron 226 obras hidrotécnicas en favor de otros 24 mil 640 productores.

Por otra parte, con recursos del ramo 26 se impulsaron en 1995 proyectos de infraestructura que incluyen la construcción y rehabilitación de 24 sistemas de agua potable, 407 obras derivadoras y de adecuación de parcelas y la instalación de cinco establos y unidades pecuarias.

Desarrollo urbano La política de redistribución de las actividades económicas y sociales del país, se lleva a cabo a partir de los objetivos, estrategias y líneas de acción que establece el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. El propósito central de esta política, es propiciar el desarrollo ordenado de las ciudades y enfrentar las carencias acumuladas en la provisión de servicios públicos y equipamiento urbano de las ciudades medias y pequeñas, atenuando con ello el crecimiento desmesurado de las cuatro grandes zonas metropolitanas, a las que por otra parte, se

impulsa su función de principales metrópolis mediante la mejora de sus estructuras productivas y sociales y el crecimiento ordenado de sus regiones aledañas.

Es determinante en este proceso, la adecuada coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno, el fortalecimiento del municipio para convertirlo en la piedra angular del desarrollo equilibrado de las ciudades y el impulso a la participación comunitaria en las diferentes fases de la política urbana. Con esta orientación, se realizaron acciones de reordenamiento territorial y promoción del desarrollo urbano, fundamentalmente a través del Programa de Cien Ciudades; de modernización catastral para fortalecer los erarios municipales y de adecuación jurídica para hacer compatibles los ordenamientos locales con los de carácter federal. Banobras canalizó recursos crediticios por 115 millones de pesos para financiar 57 proyectos de modernización catastral, adquirir 229 equipos de cómputo y realizar la evaluación de proyectos de infraestructura urbana y servicios. Para propiciar el crecimiento urbano ordenado de las ciudades, con criterios sustentables, se prosiguió la incorporación y regularización del suelo apto para estos propósitos, buscando con ello privilegiar la generación de una oferta accesible a los demandantes de bajos recursos y evitar la invasión desordenada de terrenos ejidales inapropiados. Simultáneamente se desarrollaron acciones de equipamiento y se promovió la participación de los particulares en la construcción y operación de servicios públicos, siempre considerando el equilibrio ambiental como principio invariable de la estrategia. A través de Banobras se canalizaron en 1995 recursos por 9 mil 425 millones de pesos, orientados a la ejecución de obras de agua potable y alcantarillado, infraestructura urbana, vivienda y para financiar la renovación de adeudos en las entidades federativas y de los municipios.

En coordinación con los gobiernos estatales y municipales se promovió el reordenamiento territorial, mediante la actualización de seis planes estatales de desarrollo urbano en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa y Tabasco; con ellos se jerarquizan los centros de población para conformar sistemas urbanos en cada entidad federativa, se promueve un crecimiento ordenado y respetuoso del entorno natural y se atiende el deterioro de las ciudades; se encuentran en proceso los correspondientes al Distrito Federal, México y Puebla. Por otra parte, se impulsan convenios de coordinación entre el Gobierno Federal y los estados y municipios para atender las zonas conurbadas de La Laguna entre Coahuila y Durango y ManzanilloBarra de Navidad entre Colima y Jalisco; así como las desembocaduras del río Pánuco entre Tamaulipas y Veracruz; del río Balsas entre Guerrero y Michoacán y del río Ameca entre Jalisco y Nayarit.

Con el propósito de fomentar el ordenamiento del territorio nacional y al mismo tiempo fortalecer a las entidades federativas, se proporcionó asistencia técnica a los gobiernos locales para compatibilizar las legislaciones estatales de desarrollo urbano con la Ley General de Asentamientos Humanos y para apoyar la especialización económica de las ciudades, destacando las estrategias definidas para el desarrollo económico urbano de Puerto Vallarta, Ocotlán, Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán, Tepatitlán y Aguascalientes.

En apoyo al nuevo federalismo que impulsa el Gobierno Federal, se desconcentraron recursos presupuestales con base en los convenios de desarrollo social; a través del ramo 26 se transfirieron 111.9 millones de pesos a los estados: 36.9 millones se destinaron al programa temporal de obras y proyectos intensivos en mano de obra para la generación de empleos en La Paz, Manzanillo, San Cristóbal de las Casas, Guanajuato, Taxco, Puerto Vallarta, Tepic, Oaxaca, San Luis Potosí, Culiacán, Mazatlán, Nogales, Matamoros y Reynosa y los 75.0 millones restantes se ejercieron directamente por las autoridades estatales y municipales en la construcción de obras de infraestructura vial y transporte urbano en 23 ciudades más.

Se impulsó la identificación y promoción de proyectos autofinanciables, que al mismo tiempo que promueven el ordenamiento urbano, generan empleos y no requieren inversión pública por su alta rentabilidad para el inversionista privado.

En colaboración con los empresarios privados, a través de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, se celebró en la ciudad de Monterrey el segundo foro de participación de esta industria en el desarrollo urbano, efectuándose un mercado de proyectos, durante el

cual autoridades de 35 ciudades presentaron 114 proyectos urbanos autofinanciables.

Banobras otorgó recursos crediticios a 67 municipios del país por un monto de 404 millones de pesos para financiar la ejecución de 134 proyectos de infraestructura urbana en beneficio de 5.7 millones de habitantes. Entre las acciones realizadas sobresale la pavimentación de 50 mil m2 de calles y avenidas, 35 mil m2 de banquetas y guarniciones, 15 nuevos desarrollos de infraestructura urbana, la adquisición de dos reservas territoriales, la construcción de un parque industrial, la instalación de 12 mil luminarias y 21 mil metros de tuberías.

Además, con créditos por 67 millones de pesos se financió la construcción de 19 km de caminos de acceso y la realización de cuatro obras portuarias en Oaxaca y Tamaulipas.

La electrificación de las colonias populares se intensificó a través de la Comisión Federal de Electricidad, particularmente en Tijuana, Ciudad Juárez, Morelia, Puebla, Altamira, Ciudad Victoria y Tampico, beneficiando a un total de 65 mil 539 habitantes. Por su parte, Luz y Fuerza del Centro ejecutó durante este año la instalación de 2 mil 736 postes en el Estado de México y de 1 mil 566 en Hidalgo, beneficiando a 93 mil 881 habitantes.

El Programa de Cien Ciudades constituyó el eje central para lograr un crecimiento urbano equilibrado y sustentable, mejorar la calidad de vida urbana y controlar la expansión de las grandes metrópolis.

Las acciones para consolidar una red urbana de 116 ciudades medias y pequeñas de carácter estratégico para el desarrollo nacional y regional, se realizaron a través de la regulación del uso del suelo y la admninistración urbana, suelo urbano y reservas territoriales, reactivación económica y social de los centros de las ciudades, vialidad y transporte urbano y aspectos ambientales.

Para dotar de mayor autonomía a las autoridades locales, mediante el programa de regulación de uso del suelo y administración urbana, en 1995 se dio vigencia legal a 11 de los 116 planes de desarrollo urbano de los centros de población que comprende el Programa de Cien Ciudades, sumando con ello 99 el número de dichos instrumentos que actualmente se encuentran legalizados; es decir, 85.3% del total de 116 ciudades medias y pequeñas de carácter estratégico para el desarrollo nacional.

Mediante el Programa de Suelo Urbano y Reservas Territoriales, durante 1995 se constituyeron 5 mil hectáreas de reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda y se llevó a cabo la transferencia de 2 mil 600 hectáreas de reservas previamente constituidas a los gobiernos locales, en beneficio de casi 100 mil familias.

A fin de otorgar seguridad jurídica a cerca de 110 mil familias, se continuó la regularización de la tenencia de la tierra en terrenos de origen ejidal y comunal, mediante el análisis de 115 solicitudes que involucran una superficie de 4 mil 600 hectáreas.

Con recursos del ramo 26 se urbanizaron en el Estado de Aguascalientes 2 mil 533 lotes, en las ciudades de: Aguascalientes 1 mil 215, en Calvillo 382, en Jesús María 736 y en San Francisco de los Romos 200; en Cerro del Mercado I y II, en Durango 100; en el fraccionamiento Los Magueyes, en San Luis Potosí 900; en el predio Francisco Villa en los Mochis, Sinaloa 204. De igual manera, se promovió la urbanización de 543 lotes en el Estado de Tabasco en Villlahermosa, Ciudad Cárdenas y Subteniente García; 600 en Panotla, Tlaxcala; 1 mil 710 en Vergara Tarimoya, en Veracruz y 1 mil 667 en el predio El Caucel en Mérida, Yucatán.

A fin de avanzar en la reactivación económica y social de los centros de las ciudades, con recursos del ramo 26, se realizaron obras de

revitalización en 16 centros históricos con problemas de deterioro y una gran riqueza cultural, así como potencial económico y turístico, sobresalen los de Campeche, Culiacán, Piedras Negras, Torreón, Puerto Vallarta, Santa Ana Chiautempan, Toluca, Tepic, Tehuacán, Mazatlán y Tampico, entre otras. Asimismo, con recursos del ramo 20, se concluyó la segunda etapa de reactivación del centro histórico de Saltillo; el proyecto integral de remodelación del centro tradicional de Tampico. En coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se restauró la ex aduana y edificios circundantes a la Plaza de la Libertad, así como la construcción de un estacionamiento concesionado y la remodelación de la plaza y espacios públicos adyacentes a esta plaza.

En relación al programa de vialidad y transporte urbano, con recursos del ramo 20, se formularon seis proyectos ejecutivos de vialidad en León, Saltillo y Puebla; se apoyó la elaboración de cinco proyectos ejecutivos para Irapuato y un estudio específico de Cuernavaca e Irapuato; se revisaron siete proyectos ejecutivos para Puebla y tres más para Ciudad Juárez y León; se colaboró en la contratación de un estudio integral para Cuernavaca y para la formulación de dos proyectos ejecutivos en Saltillo y de otros seis en Irapuato; igualmente se promovió el programa de vialidad y transporte urbano en diversas ciudades medias. Con recursos del ramo 26 se realizaron 45 acciones de vialidad y transporte urbano en 20 ciudades. Destacan la construcción, pavimentación y rehabilitación de diversas arterias viales en Saltillo, Coahuila.

Banobras otorgó créditos por 30 millones de pesos a los gobiernos locales para la adquisición de 180 unidades de transporte público de pasajeros, en mejoramiento urbano de tres municipios y la construcción de nueve mercados y tres rastros; además de 194 millones para la compra de unidades de transporte urbano municipal de las ciudades medias y la construcción de siete puentes peatonales.

Mediante el financiamiento del Banco Mundial para el transporte urbano, se capacitó a personal técnico en áreas de desarrollo institucional, planeación y transporte público, ingeniería vial y de tránsito e impacto del transporte en el entorno urbano y se efectuó el seguimiento a obras de vialidad, transporte urbano y aspectos ambientales en los municipios de Chilpancingo, Irapuato, Morelia, León, Puebla, Saltillo y Tula. En el marco del convenio Sedesol-UNAM se capacitó a 105 técnicos de 16 ciudades de nueve estados, en áreas de administración, operación, planeación y proyectos ejecutivos de transporte urbano y vialidad. También en coordinación con las autoridades de Baja California y la Universidad Autónoma de este Estado, se realizó un simposium nacional sobre vialidad y transporte urbano en el que participaron 250 funcionarios estatales y municipales de las ciudades estratégicas del país.

En el marco del programa de aspectos ambientales, con una inversión de 78.2 millones de pesos del ramo 26, se realizaron 33 acciones de saneamiento del agua en 15 ciudades; sobresalen las realizadas en el estero de San José en Baja California Sur; el parque industrial ecológico de Curtiduría en León, Guanajuato; las presas Los Gringos y El Cedazo en Aguascalientes; el colector 20 de Noviembre y la planta de tratamiento en Durango; la rehabilitación y construcción de la presa Gavión en Acapulco y obras de protección del río Huichapa en Chilpancingo; plantas de tratamiento en La Piedad y Zamora en Michoacán y la construcción de los colectores Norte y Camachito en Linares, Nuevo León e Hidalgo del Parral en Chihuahua, entre las más importantes. Con recursos del ramo 20 se avanzó en la rectificación del cauce del río Asunción en Caborca, Sonora y se realizó el análisis de la laguna de Pueblo Viejo, Veracruz.

Para promover un correcto manejo de los residuos sólidos, se asesoró a las autoridades estatales y municipales sobre el establecimiento de sistemas adecuados de recolección, tratamiento, reciclaje y disposición final de residuos, así como en la elaboración de procedimientos administrativos, financieros y contables de los mismos.

Además, se brindó asistencia técnica con el fin de capacitar al personal de la Sedesol y de los estados y municipios en la promoción de nuevas técnicas, transferencia de tecnología y evaluación de proyectos. Se brindó asesoría sobre la integración del sistema de información, gestión ambiental y seguimiento de proyectos y en siete municipios de seis entidades federativas se proporcionó apoyo técnico para la elaboración de proyectos y concesión para el manejo de residuos sólidos.

Banobras otorgó 70 créditos por 289 millones de pesos, que permitieron la realización de

obras de agua potable y alcantarillado, tales como la construcción de una red y cinco sistemas de agua potable, cuatro sistemas de alcantarillado, 3.9 km de drenaje pluvial, dos tanques de regulación y un cárcamo de bombeo; así como la instalación de 20 mil 209 descargas y 30 mil 870 tomas domiciliarias y la perforación de 21 pozos de agua potable. Estas obras tuvieron lugar en 48 municipios en beneficio de 3.6 millones de personas.

Asimismo, con el propósito de contribuir a la protección del medio ambiente, Banobras otorgó 28 créditos por un monto de 68 millones de pesos para la adquisición de 19 unidades para servicio de limpia y 200 contenedores para la recolección de basura; la construcción de rellenos sanitarios en Michoacán, Puebla y Querétaro; y la construcción de plantas de trata-miento de aguas residuales en Hermosillo, Sonora y Puerto Vallarta, Jalisco. Estas acciones beneficiaron a 1.7 millones de habitantes de 10 municipios.

Con el propósito de avanzar en la consolidación de las grandes zonas metropolitanas, mediante un convenio de coordinación con el Distrito Federal y el Estado de México, se creó la Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos, a fin de planear y ejecutar acciones referentes a los asentamientos humanos del área metropolitana. Adicionalmente, en coordinación con la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas de la Cámara de Diputados, se realizó un foro sobre el fenómeno de metropolización y, conjuntamente con autoridades de las zonas metropolitanas de Monterrey, Guadalajara y Puebla, de manera coordinada y participativa, se apoyaron procesos de planeación urbana.

Durante este año se realizó la instalación de 1 mil 817 postes para electrificación en diversas delegaciones del Distrito Federal, beneficiando a 59 mil 034 habitantes.

La participación social en la definición, jerarquización, seguimiento y evaluación de las acciones de desarrollo urbano, se continuó impulsando a través de la creación y fortalecimiento de consejos consultivos en la materia, teniéndose a la fecha un total de 80 en 31 entidades federativas. Asimismo, se realizaron cuatro talleres regionales para promover la participación social en el desarrollo urbano, destacan 494 representantes de 250 organizaciones sociales, instituciones de educación superior, organismos privados y funcionarios de los tres órdenes de gobierno.

Se instauró además, un sistema nacional de seguimiento a la participación social en el desarrollo urbano, el cual cubre 116 ciudades y 207 municipios y permite conocer el avance de las actividades locales en la materia, así como disponer información oportuna y confiable. En 14 ciudades de cuatro entidades federativas se otorgó asistencia técnica para promover la participación social.

Reforma agraria La reforma agraria es instrumento de la política del Estado mexicano para ajustar las condiciones de la propiedad rural a las necesidades nacionales. La nueva estrategia agraria se orienta a vigilar la armonía, certidumbre y equilibrio entre las distintas formas de propiedad rural; mantiene la prohibición del acaparamiento de la tierra y contribuye al desarrollo integral de los núcleos agrarios y de sus relaciones con la sociedad y la economía en su conjunto. La cuestión agraria se relaciona prácticamente con todos los sectores y regiones del país. De manera principal con aspectos agropecuarios, ambientales, financieros y comerciales. También con asuntos de migración, sectores sociales de atención prioritaria como grupos indígenas, mujeres y jóvenes campesinos, y reservas territoriales para el crecimiento de las ciudades.

El Plan Nacional de Desarrollo 19952000 establece que un aspecto central para impulsar el desarrollo equilibrado de las regiones y el bienestar de los grupos rurales, es la consolidación de la Reforma Agraria, la cual no es únicamente sinónimo de reparto agrario; se ocupa por igual de la organización social, la modernización de la producción, los apoyos crediticios y el desarrollo sustentable con justicia y equidad.

Para instrumentar estos propósitos se elaboró el Programa Sectorial Agrario 1995-2000, el cual específica las políticas para conducir la acción institucional del sector, apoya la coordinación con los gobiernos estatales y municipales e induce a la participación de los sectores social y privado. El programa asume el mandato constitucional, que obliga al Estado a regular la propiedad territorial de acuerdo con el interés público y el beneficio social. Contribuye a la

integridad territorial, a la seguridad alimentaria del país y a la soberanía nacional. Es también factor de equilibrio entre las medidas que favorecen el crecimiento económico y la justicia social.

La política agraria de la presente administración se propone consolidar la Reforma Agraria, combatir la pobreza, contribuir al desarrollo de los núcleos agrarios y a la modernización administrativa del sector agrario. Brindar certidumbre jurídica a la propiedad rural y garantizar el libre ejercicio de los derechos sobre la tierra, es condición para incorporar a los núcleos de población agraria al desarrollo y asegurar la paz y tranquilidad social. Asimismo, se requiere fortalecer la capacidad productiva de la población rural para mejorar su nivel de vida y fortalecer sus estructuras de representación social.

Principales acciones de organización, capacitación y desarrollo agrario, 1995 - Se fomentó la constitución, regularización y reestructuración de 211 uniones de ejidos y 24 asociaciones rurales de interés colectivo, las cuales se agrupan por ramas de actividad con grandes ventajas en el proceso productivo. - Se apoyó la constitución, regularización y consolidación de 2 mil sociedades de solidaridad social, cuya importancia estriba en la generación de empleos mediante la realización de diversas actividades productivas. - Se realizaron actividades en 6 509 ejidos y comunidades para apoyar los procesos de comercialización de productos agrícolas y agroindustriales, entre las que destacan la gestión de recursos económicos, asistencia técnica y asesorías para la exportación, difusión y organización. - Para el fomento pecuario, se asesoró y evaluó la formulación de proyectos productivos en 28 núcleos agrarios y de 55 reglamentos para el aprovechamiento de recursos, así como la formulación de convenios y proyectos productivos en 14 ejidos y comunidades. - Con relación a la explotación de recursos forestales, se asesoró a 57 núcleos agrarios en la formulación de convenios, proyectos productivos y reglamentos para regular la explotación de los recursos. - En materia de recursos no renovables, se brindó asesorÍas a 115 agrupaciones para gestionar financiamiento y en la aplicación de normas operativas, contables y administrativas. También se asesoró en la formulación de 25 convenios y proyectos para la constitución de asociaciones civiles y mercantiles y en la elaboración de tres proyectos para la explotación directa del recurso. - La capacitación agraria incidió en una población campesina de 93 871 sujetos agrarios, instruyéndolos sobre aspectos de organización económica y desarrollo social, asÍ como para el aprovechamiento racional de los recursos naturales. - El Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE), organismo público descentralizado encargado de la captación. manejo y entrega de los fondos comunes ejidales y comunales, logró captar recursos provenientes de indemnizaciones por expropiación de terrenos ejidales y comunales, de convenios de ocupación previa de tierras, y aprovechamiento de recursos naturales, por un monto de 118.7 millones de pesos, que significa 116.0 por ciento del programa anual; esta variación fue resultado de acciones intensivas de cobro realizadas a las dependencias promotoras de expropiaciones decretadas. - El FIFONAFE aprobó solicitudes de retiro de fondos comunes para inversión por un monto de 221.5 millones de pesos, logrando un avance de 157.0 por ciento de lo programado. Para la aprobación de dichas solicitudes se formularon y evaluaron 1 166 estudios de perfiles de inversión para el desarrollo rural integral, obteniéndose el 97.0 por ciento de avance; en el primer caso, el incremento se originó en correspondencia a la promoción efectuada en forma directa en los núcleos cuentahabientes para aplicar inversiones en actividades productivas, reforzándose la actividad con personal de campo y brigadas de oficinas centrales. En cuanto al manejo de los recursos, se supervisó la aplicación de solicitudes de inversión autorizadas, por un monto de 47.3 millones de pesos, 12.0 por ciento más de lo esperado, ya que el nivel de autorización de fondos comunes correspondiente al ejercicio anterior fue muy elevado, originando que se ampliará el monto de las supervisiones de inversiones realizadas.

Fuente: SRA.

Las actividades de organización agraria básica realizadas durante 1995, se centraron en la promoción y asesoría de los núcleos agrarios, a fin de crear programas de fomento y desarrollo agrario que otorguen beneficio social y generen empleos productivos en el campo. En este marco se lograron formular o actualizar 3 mil 408 reglamentos internos, poner en marcha 4 mil 257 programas socioeconómicos, 347 unidades y empresas especializadas y reglamentar 1 mil 892 parcelas escolares. Asimismo, se promovió y asesoró en la constitución, regularización y consolidación de 796 sociedades rurales, la integración de 879 parcelas de la juventud y 1 mil 096 juntas de pobladores; los resultados alcanzados rebasaron lo previsto para cada una de ellas. Las figuras organizativas fueron bien aceptadas por los campesinos, en virtud de las ventajas que les reportaron desde el punto de vista productivo y por el acceso y beneficio de las obras de bienestar social.

Uno de los lineamientos estratégicos más significativos para esta administración es la desconcentración y descentralización de recursos y funciones. Fortalecer la operación territorial es compatible con los postulados del nuevo federalismo que reclama el desarrollo nacional. En esto se fundamenta la transferencia de funciones y el establecimiento de compromisos compartidos con instituciones estatales, municipales y sociales. Los principales instrumentos de esta estrategia son la participación en los consejos agrarios estatales y la creación de los Centros de Desarrollo Agrario (Cendas).

La cobertura de las responsabilidades del sector agrario tiene alcances en todo el territorio nacional. Desconcentrar recursos y funciones es un elemento fundamental para el uso racional de su patrimonio. La transformación de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) se inició con la publicación de su reglamento interior que se reestructuró con dos propósitos principales: enfatizar el papel regulador del Estado en lo relativo a la propiedad rural, con las tareas derivadas del rezago agrario y la ejecución de resoluciones presidenciales pendientes y articular de manera efectiva las líneas de politica agraria con los programas y acciones del sector.

Las entidades coordinadas y órganos desconcentrados de la Secretaría como Corett, Fifonafe y el registro agrario nacional adecuaron sus estructuras y redefinieron sus funciones. También se creó el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario para incidir en la capacitación de los sujetos agrarios, promover la organización de los núcleos agrarios, propiciar mejores niveles de desarrollo e integrar el directorio nacional de agroasociaciones.

Acorde con el nuevo Reglamento Interior de la SRA, sus representaciones en las entidades federativas se transformaron en coordinaciones agrarias, para articular las acciones de las diferentes instancias que integran el sector. La estructura administrativa de las 32 coordinaciones agrarias se definió considerando el rezago agrario, el número de núcleos agrarios, ejidatarios y comuneros, la superficie identificada como terrenos propiedad de la nación, la existencia de colonias agrícolas y ganaderas, las vías de comunicación y el impacto de las formas de tenencia de la tierra en el desarrollo rural.

Cabe señalar que el eje de la reestructuración en el ámbito territorial lo constituye la transformación de las promotorías agrarias en 122 centros de desarrollo agrario para la atención, en promedio, de 240 núcleos agrarios cada una.

Parte fundamental de la desconcentración y descentralización de la SRA, es la creación de los consejos agrarios estatales, los cuales se concibieron como espacios de diálogo, concertación y solución de la problemática agraria y representan instancias surgidas por iniciativa de los gobiernos estatales para servir en la formulación de programas y realizar acciones en beneficio de la población del campo. No sustituyen las funciones de las instituciones, sino facilitan su coordinación, ya que vinculan actividades y recursos de los tres órdenes de gobierno con los sectores social y privado.

Durante 1995, se instalaron 19 consejos con la participación de organizaciones campesinas y privadas. Definieron sus bases de operación a través de un reglamento interno, agenda de trabajo y la elaboración de un diagnóstico agrario como punto de partida para iniciar su gestión. Para los 13 consejos restantes, se realizaron las labores de promoción y concertación. Su constitución está prevista para 1996.

En la solución y prevención de controversias en materia de tenencia de la tierra, la Ley Agraria

le confiere a la Secretaría de la Reforma Agraria facultades de ordenamiento y regularización de la propiedad rural, que consiste en la realización de acciones judiciales y administrativas orientadas a que los poseedores legítimos cuenten con la documentación que los acredite como propietarios de los terrenos que detentan o a que tienen derecho.

Durante 1995 se investigaron, deslindaron y declararon 433 mil 807 hectáreas de terrenos que se incorporaron al dominio de la nación y se emitieron y entregaron 9 mil 278 títulos a poseedores de terrenos nacionales.

La regularización de las colonias agropecuarias contempló la expedición de 1 mil 420 títulos de tierras agrícolas, que amparan una superficie de 149 mil 575 hectáreas y la titulación de 4 mil 710 lotes urbanos en una superficie de 709 hectáreas. En lo relativo a la transmisión de derechos de colonos, se concluyeron 907 expedientes y se adjudicaron 2 mil 113 lotes.

Con la expropiación de terrenos ejidales y comunales se apoyó a los programas de construcción de infraestructura social y productiva; se fomentó la creación de reservas territoriales para el ordenamiento urbano y ecológico y se realizaron acciones de regularización de asentamientos humanos, a través del trámite de 445 solicitudes de diversos promotores y la ejecución de 125 decretos expropiatorios, en una superficie de 6 mil 095 hectáreas, con un monto indemnizatorio de 1.8 millones de pesos.

El catastro rural nacional representa el inventario de la propiedad rústica en sus diversas modalidades, su objetivo es lograr la identificación y correlación de los titulares, poseedores o usufructuarios, mediante el archivo y registro de la información a través de instrumentos informáticos, cartográficos y documentales. Para garantizar la seguridad jurídica de la propiedad rural, es necesario realizar un proceso de actualización catastral permanente.

Con esta finalidad se realizaron acciones en una superficie de 32 millones 954 mil 522 hectáreas, superando en 41.0% el programa anual. En estos logros destacan los estados de Chihuahua, Coahuila, Sonora y Durango, que en conjunto agrupan el 41.0% de la superficie total.

Respecto a la actividad de registro, se inscribieron y salvaguardaron 915 mil 615 certificados parcelarios y de uso común, 296 mil 857 títulos de solares urbanos y 25 mil 098 listas de sucesores. Por otro lado, se elaboraron y certificaron 2 mil 751 planos de uso común, 2 mil 763 de asentamientos humanos, 11 de explotación colectiva y 3 mil 759 planos internos.

A través del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede), se lleva a cabo la regularización de la tenencia de la tierra ejidal, con la entrega gratuita de certificados parcelarios y de uso común, así como de títulos de solares urbanos en favor de los sujetos de derecho que expresa y voluntariamente lo soliciten.

En 1995, las metas alcanzadas ascendieron a 2 mil 599 diagnósticos ejidales y 1 mil 611 entrevistas con órganos ejidales. Del total de expedientes recibidos, procedieron para su certificación y titulación los correspondientes a 3 mil 942 ejidos, con la expedición de 1 millón 212 mil 472 documentos. De ellos, el 75.5% corresponde a certificados parcelarios y de uso común y el 24.5% restante a títulos de solares urbanos, los cuales proporcionaron seguridad jurídica a casi 500 mil familias campesinas en una superficie de 9 millones 272 mil 645 hectáreas. Por sus resultados destacan los estados de México, Puebla, Zacatecas, Veracruz y San Luis Potosí, que en conjunto representan el 33.0% del total de documentos entregados.

Ante las significativas irregularidades en la tenencia de la tierra ejidal y comunal que provocaron la especulación de terrenos no aptos para el desarrollo urbano, repercutió negativamente en el desarrollo urbano del país y favoreció el crecimiento desordenado de las ciudades. Para atender esta problemática el Gobierno Federal impulsa la regulación de asentamientos humanos y la creación de reservas territoriales.

Durante 1995, la Corett realizó 458 verificaciones en igual número de asentamientos humanos irregulares ubicados principalmente en los estados de Guanajuato y Veracruz. Se dio trámite de 40 solicitudes de expropiación y se publicaron cinco decretos con la desincorporación física de 780 hectáreas del régimen ejidal y comunal. Con base en lo anterior, se escrituraron 118 mil 508 lotes en beneficio de igual

número de campesinos en una superficie de aproximadamente 80 mil hectáreas, lográndose un incremento de 13.0% respecto a lo realizado en 1994. Cabe destacar que se pusieron a disposición de los gobiernos estatales y municipales 1 mil 649 predios para servicios públicos como escuelas, centros de salud, deportivos y mercados, entre otros.

La procuraduría agraria tiene como funciones básicas: asesorar a los campesinos en sus relaciones jurídicas y orientarlos respecto a sus derechos y la forma de ejercerlos; realizar acciones de gestoría administrativa en apoyo de los sujetos agrarios y regularizar sus derechos ante autoridades administrativas y judiciales; participar en la conciliación de controversias entre sujetos agrarios o el arbitraje cuando las partes así lo acuerden; representar legalmente ante los tribunales agrarios o cualquier otro órgano jurisdiccional a quienes lo soliciten y atender denuncias por violaciones a la ley.

Durante 1995 la Procuraduría Agraria atendió 10 mil 358 asuntos en materia de quejas y denuncias, 209.0% más que la meta programada, de los cuales 7 mil 160 concluyeron en ese año. Otorgó asesoria jurídica o administrativa y representación legal en 38 mil 917 asuntos que presentaron campesinos de los diferentes regímenes de tenencia, 369.0% más de lo programado y superior en 264.0% a lo realizado en el periodo anterior.

Asimismo, mediante la conciliación o el juicio arbitral se resolvieron 32 mil 264 conflictos y controversias entre núcleos agrarios, ejidatarios, pequeños propietarios y figuras asociativas, lográndose realizar una meta superior en 34.0% a lo previsto para el año. Los mayores avances fueron resultado de la labor de campo realizada por los visitadores agrarios, quienes han acudido directamente a las comunidades agrarias en donde han captado sus diversas inquietudes, que se han traducido en la prestación del servicio; así como por la difusión en los medios masivos de comunicación de los servicios que presta este organismo.

Desarrollo del Distrito Federal Por su papel estratégico en el desarrollo económico, social y político del país, la Ciudad de México fue objeto de la aplicación de políticas ordenadas para impulsar el desarrollo social para igualar oportunidades y reducir las desigualdades de sus habitantes, avanzar hacia una mayor seguridad, fortalecer la vida democrática, mejorar el entorno urbano y acciones para proteger el medio ambiente como base de un desarrollo sustentable.

Así, a pesar de la grave crisis financiera del país, el gobierno de la Ciudad de México conservó su capacidad de proveer los servicios básicos demandados por la población. A fin de potenciar el desarrollo económico de la ciudad se buscó propiciar la inversión en apoyo de los

sectores con perspectivas de competitividad, rentabilidad y generación de empleos productivos.

Para combatir la desocupación se crearon programas emergentes de empleo; se incrementaron las becas para trabajadores desempleados y los cursos de capacitación con objeto de ampliar las oportunidades de trabajo y mejorar el ingreso familiar y se privilegiaron los proyectos que maximizan la contratación de mano de obra, por lo que se ejecutaron en cada delegación programas de mejoramiento urbano que generaron alrededor de 60 mil empleos temporales.

Las modificaciones al código financiero aprobadas por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF) permitieron una mayor recaudación de impuestos y derechos locales, para financiar las acciones para combatir el impacto de la crisis sobre el nivel de empleo; de esta forma, las finanzas públicas preservaron su viabilidad frente a la creciente demanda de bienes y servicios públicos.

Se avanzó en la reforma política del Distrito Federal con base en una amplia consulta popular y en la búsqueda del consenso de partidos políticos; obteniéndose puntos de coincidencia para ampliar las facultades de la ARDF, definir la forma de elegir al jefe del gobierno del Distrito Federal y adoptar nuevas formas de participación y consulta ciudadana, como los consejos de ciudadanos. Los puntos acordados serán sometidos al honorable Congreso de la Unión y a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal con vistas a su elevación al rango de ley. Por otra parte, se promovió una mayor coordinación de las instituciones encargadas de la prevención del delito y de la procuración de justicia.

Para reforzar las acciones de prevención y control de la contaminación ambiental, se creó la Secretaría de Medio Ambiente con el propósito de coordinar los esfuerzos institucionales y se promovió la promulgación de la Ley Ambiental del Distrito Federal.

En el ámbito de medio ambiente, se invirtió más del 8.0% del presupuesto del Departamento del Distrito Federal (DDF) para continuar la modernización de la red automática de monitoreo ambiental y mejorar la medición de los índices de contaminación, adquirir equipos con tecnología avanzada para la verificación vehicular y se modificó el Programa de Contingencias Ambientales, entre otras actividades.

Con el propósito de mejorar el entorno urbano y preservar el medio ambiente, se continuaron los proyectos en ejecución: la línea "B" del Metro, la ampliación del drenaje profundo, el acueducto perimetral y el gran canal de desagüe.

La reestructuración del transporte público por sus altos costos financieros al gobierno de la Ciudad de México, implicó la quiebra de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta100 y condujo a la elaboración del Programa Integral de Transporte y Vialidad y de la Ley de Transporte del Distrito Federal, la cual fue aprobada por unanimidad en la ARDF.

Asimismo, se firmó un acuerdo para mejorar el transporte concesionado de pasajeros; se instalaron comités delegacionales de transporte y vialidad y se realizó el reemplacamiento de unidades del servicio público concesionado.

Debido a la persistencia de contrastes y la existencia de sectores sociales que viven en condiciones de marginación, se impulsó el desarrollo social para igualar oportunidades y reducir desigualdades; se amplió la dotación de bienes y servicios a los grupos sociales de menores ingresos y se efectuaron eventos culturales y deportivos, así como la mejoría en los servicios de salud, asistenciales y de protección social. Además, se promulgó una ley para personas con discapacidad a fin de normar acciones y contribuir a su desarrollo integral.

Al inicio de la presente administración se planteó como estrategia para potenciar el desarrollo económico de la Ciudad de México, establecer medidas de desregulación y simplificación administrativa, fortalecer el ahorro, fomentar la inversión e impulsar el cambio estructural.

Para incentivar las actividades mercantiles, industriales y de servicios, se instituyeron acciones de corto plazo, con el fin de simplificar y agilizar los trámites y la obtención de autorizaciones sobre el uso del suelo en las ventanillas únicas delegacionales; se constituyeron 40 módulos de orientación fiscal a las empresas; se ampliaron los horarios de atención al público y se liberaron los trámites de impacto ambiental para determinados giros.

Además, se aplicó un programa de calidad y excelencia para empleados del DDF, a efecto de elevar la productividad, eficacia y eficiencia y se promulgó la Ley de Procedimiento Administrativo del D.F.

En apoyo a la planta productiva y a la inversión, se constituyó un Consejo de Fomento Económico a fin de coordinar las acciones de los sectores productivo, social, académico y gubernamental para propiciar el crecimiento económico; impulsar la desregulación y la simplificación administrativa; alentar políticas de desarrollo económico regional y promover mecanismos que amplíen la oferta de productos exportables de las empresas, entre otros.

En este marco, se otorgaron facilidades administrativas y subsidios fiscales a las micro, pequeña y mediana empresas; al funcionamiento de restaurantes; a la regularización en la construcción de vivienda; a las personas físicas y morales que construyen espacios comerciales y a los comerciantes de la vía pública del Centro Histórico. También se estableció una licencia provisional para la construcción de vivienda nueva y se otorgó un plazo de 100 días naturales para corregir violaciones a la normatividad, en materia de construcción y uso del suelo.

En materia de abasto y comercialización, continuaron modernizándose los mercados públicos con acciones de capacitación al personal, protección civil y publicidad; se realizó también, la modernización física de 220 ubicaciones de tianguis y se avanzó en el mejoramiento del comercio popular atendiendo las siguientes áreas: publicidad, capacitación, obras, cartera vencida y aspectos jurídicos. Además, se concretaron 45 convenios para la consolidación de plazas comerciales; y en apoyo a la economía familiar continuó el abasto de productos básicos a los sectores más desprotegidos, a través de 1 mil 892 eventos en los que se distribuyeron 185 mil 592 despensas de frijol, aceite, azúcar y jabón, principalmente.

La presente administración tiene como propósito mantener y desarrollar esquemas viables que permitan obtener recursos adicionales para financiar los programas del gobierno de la ciudad y fortalecer las finanzas públicas del Ditrito Federal mediante la consolidación de sus ingresos propios, elevación en la eficiencia en la asignación del gasto y la definición de nuevos mecanismos de financiamiento de los bienes y servicios públicos.

En 1995, el entorno macroeconómico adverso llevó a definir una estrategia de corto plazo para conservar la estabilidad financiera alcanzada en los últimos años, a través de una mejor captación de recursos propios, sin recurrir a nuevas contribuciones o mayor endeudamiento; la aplicación de medidas de austeridad presupuestal y la asignación del gasto en favor de programas de alto contenido social y protección al empleo.

En este marco, se actualizaron las cuotas y tarifas de varios servicios y el predial; además, se obtuvieron mayores recursos por participaciones en ingresos federales, derivados de las reformas fiscales y del impuesto al valor agregado y por la ampliación de la base tributaria, el mayor control de las obligaciones fiscales y la simplificación de los trámites de asistencia al contribuyente.

La integración de nuevas fuentes de financiamiento ha llevado a evaluar continuamente la contratación de empresas privadas para prestar diversos servicios públicos.

Durante 1995 se detectaron 50 mil 543 predios omisos, se incorporaron 37 mil 690 cuentas al padrón y se expidieron 1 millón 658 mil 284 documentos de control de obligaciones. Las facilidades fiscales beneficiaron a los contribuyentes que efectuaron el pago anticipado del predial con un descuento del 10.0%; además, el incremento gradual de la tarifa del impuesto excluyó a pensionados y jubilados que pagan una cuota fija bimestral.

Los ingresos del departamento, excluyendo el financiamiento, ascendieron a 18 mil 615 millones de pesos, 4.0% más de la previsión original. De éstos, más del 50.0% provinieron de las contribuciones; casi el 40.0% de participaciones en ingresos federales, que se incrementaron en 8.0% respecto a la previsión original; 10.0%, de los organismos y empresas coordinados por el DDF y menos del 1.0% de las transferencias del Gobierno Federal. Adicionalmente, se obtuvo un financiamiento neto de 709 millones para programas ecológicos y de transporte, 3.6% del ingreso neto; es decir, del ingreso total del DDF, incluyendo el financiamiento neto y 300 millones por Adefas.

La política de gasto, por su parte, operó un programa de productividad y austeridad; apoyó la descentralización de atribuciones del sector central a las delegaciones; impulsó programas emergentes de empleo; fomentó la participación ciudadana en acciones de asistencia social; respondió adecuadamente a las demandas sociales mediante programas y proyectos prioritarios y proporcionó servicios básicos a la población.

El gasto neto ascendió a 19 mil 625 millones de pesos, significando un incremento de 6.0% respecto al presupuesto original y una disminución anual en términos reales de 17.0%. El gasto programable ascendió a 18 mil 995 millones, 5.0% más respecto al original: el 78.0% correspondieron al sector central y al Legislativo y el 22.0% a organismos y empresas. Las delegaciones absorbieron el 20.0% del gasto programable del sector central y los programas prioritarios casi el 60.0% del gasto programable del DDF. Por el servicio de la deuda se erogó el 1.7% del gasto total y el 1.5% fue por concepto de Adefas.

La seguridad pública y la procuración de la justicia constituyen demandas prioritarias de los habitantes del Distrito Federal. Por ello, en el contexto del Programa para el Desarrollo del Distrito Federal 19952000, se propuso reorganizar el servicio de policía, reformar el sistema de procuración de justicia, fortalecer el respeto a los derechos humanos y mejorar el sistema de protección civil; asimismo, se aprobó el Programa de Seguridad Pública para el Distrito Federal 1995-2000. Estas acciones tienen el propósito de intensificar la vigilancia en la ciudad, combatir y prevenir la delincuencia organizada, profesionalizar los cuerpos de seguridad pública, fortalecer la coordinación entre las instituciones policiales, abatir la impunidad y la corrupción policiaca y lograr una activa participación ciudadana.

En 1995 se reestructuró la Secretaría General de Protección y Vialidad para conformar la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); además, se subdividió el Distrito Federal en 53 zonas de responsabilidad policial para incrementar la cobertura de vigilancia; se realizó una división operativa en tres regiones, a fin de especializar la prevención del delito, eliminar la centralización de funciones y recursos y vincular la policía preventiva con las autoridades delegacionales y la ciudadanía.

La SSP actualizó las tácticas y estrategias de prevención del delito, mediante la reagrupación de los planes, programas y dispositivos especiales en 15 subprogramas; además, se realizaron diversos operativos orientados a la prevención de robos a transeúntes, comercios y vehículos. En coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) se efectuaron operativos para proteger los vehículos de transporte público y privado, erradicar pandillas y contrarrestar la prostitución en la vía pública.

Por otra parte, se efectuaron 114 reuniones de evaluación de seguridad pública, mediante 16 comités de participación ciudadana, lo que permitió instalar 2 mil 228 alarmas vecinales en las delegaciones más conflictivas.

A efecto de elevar la eficacia y eficiencia de los sectores policiacos se reestructuraron los planes y programas del Instituto Técnico de Formación Policial, y se impartieron 40 cursos de formación básica, capacitación y actualización, a 2 mil 875 personas. Para mejorar los servicios de seguridad pública se adquirieron 10 microbuses, cuatro camionetas, 193 patrullas y 476 equipos de radiocomunicación tipo móvil, entre

otros. La SSP realizó más de 6 millones de servicios de vigilancia y vialidad, a fin de incrementar la presencia policial en unidades habitacionales, colonias, hospitales, centrales camioneras, centros educativos, parques y jardines, principalmente.

Por su parte, las policías bancaria e industrial y auxiliar proporcionaron más de 70 mil servicios de vigilancia especializada a empresas públicas y privadas; el Cuerpo de Bomberos y el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas realizaron 47 mil 798 servicios de auxilio en incendios y siniestros, 47 mil 394 servicios de rescate y urgencias médicas y 61 mil 689 verificaciones de aplicación de normas de seguridad e higiene en inmuebles públicos, industriales y comerciales.

Con objeto de proporcionar un sistema integral de procuración y administración de justicia profesional que proteja a la ciudadanía y su patrimonio, la PGJDF se reestructuró integralmente a partir de su nuevo reglamento de Ley Orgánica; de esta forma actualizó su estructura orgánica para contar con 45 unidades administrativas y cuatro subprocuradurías y para acercar el servicio a la comunidad se crearon cinco delegaciones regionales en Cuajimalpa, Milpa Alta, Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco.

Para la investigación y persecución del delito, la PGJDF cuenta actualmente con 70 agencias investigadoras; 66 agentes del Ministerio Público adscritos a los juzgados penales, cinco en salas penales y 36 en juzgados penales de paz. Durante el año se iniciaron 201 mil 136 averiguaciones previas, en las que se denunciaron 218 mil 599 posibles delitos; se autorizaron 34 mil 193 dictámenes de averiguaciones previas; se emitieron 200 mil 701 peritajes técnico-científicos; se realizaron 107 mil 381 asuntos de intervención y emisión de conclusiones en procesos y juicios penales, así como la ejecución de órdenes de comparecencia y aprehensión libradas por los jueces y se intervino en 62 mil 212 juicios familiares y civiles.

La PGJDF celebró convenios con la Procuraduría General de la República, la SSP y el gobierno del Estado de México para fortalecer la investigación del delito, intercambiar información, cooperar en el cumplimiento de mandatos judiciales y coadyuvar en la profesionalización del Ministerio Público, Policía Judicial y servicios periciales; además, se firmaron convenios específicos de colaboración con los estados de México y Morelos para prevenir y combatir el robo de vehículos y autopartes.

Para fortalecer los órganos judiciales, lograr una mayor eficiencia, consolidar la autonomía de su funcionamiento y mejorar las resoluciones emitidas, se actualizó el marco normativo de organización y funcionamiento del sistema de impartición de justicia con la creación del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Superior de Justicia, juzgados y demás órganos judiciales. Este consejo acordó que siete juzgados del arrendamiento imnobiliario transformaran su competencia para resolver las controversias de carácter civil y se modificó la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal para complementar y delimitar algunas atribuciones del consejo.

El Tribunal Superior de Justicia del DF atendió 297 mil 942 asuntos de primera y segunda instancias en diversos ámbitos; efectuó 139 mil 255 notificaciones dictadas por los jueces; realizó 214 mil 029 diligencias iniciales y posteriores de consignación; capacitó 4 mil 726 elementos del personal judicial y 2 mil 691 personas en materia forense y se elaboraron más de 15 mil dictámenes de carácter médico-legal.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo actualizó su vertiente jurídica con objeto de fortalecer el estado de derecho, mediante la expedición de una nueva ley, aplicable en 1996, que concede plena jurisdicción y autonomía en sus resoluciones a las salas de este tribunal.

Asimismo, se amplió la competencia de este órgano para conocer los juicios en contra de los servidores públicos del departamento y de resoluciones dictadas por las entidades paraestatales del Distrito Federal; se instauró la carrera judicial para los servidores públicos de esta institución y se determinó un periodo de dos años para las funciones del presidente del tribunal. Este organismo atendió 2 mil 058 demandas y desechó las improcedentes; celebró 1 mil 891 audiencias; dictó 1 mil 897 sentencias; efectuó 56 mil 998 notificaciones personales y por lista y proporcionó asesoría jurídica a 5 mil 868 personas de escasos recursos.

La junta local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal estableció un programa de abatimiento del rezago, a fin de impartir justicia laboral y vigilar el estricto cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo; con ello atendió 4 mil 191 emplazamientos a huelga, de los cuales 255 estallaron y 69 se resolvieron favorablemente; atendió 1 mil 675 demandas colectivas y 28 mil 201 individuales; tramitó 3 mil 129 desistimientos de procesos en trámite, 15 mil 157 juicios de amparo directo e indirecto y celebró 58 mil 428 audiencias de ley, además analizó y dictaminó 22 mil 982 contratos colectivos y reglamentos internos de trabajo.

Con objeto de fortalecer el procedimiento conciliatorio, dictaminó 110 mil 950 acuerdos sobre conflictos laborales; realizó 9 mil 781 diligencias paraprocesales, 4 mil 451 citatorios a la conciliación colectiva, 127 mil 548 notificaciones a las partes involucradas en juicios laborales y 3 mil 823 dictámenes periciales.

A fin de proporcionar una solución conciliatoria a conflictos entre el Gobierno de la ciudad y los particulares, la Procuraduría Social del Distrito Federal atendió 18 mil 898 quejas sobre servicios públicos, otorgó 46 mil 862 asesorías administrativas y 14 mil 349 asuntos condominales.

Para dar cumplimiento a la Ley de la Propiedad en Condominio se ejecutaron acciones de orientación, asesoría, capacitación, conciliación y arbitraje; se establecieron vínculos directos con los representantes administrativos, los consejos de vigilancia y la ARDF; y se realizó un foro condominal para solucionar los problemas urbanos y fortalecer la cultura condominal.

Con el propósito de establecer los sistemas y mecanismos de prevención y coordinación institucional, se estableció un plan de contingencias, que respalda acciones normativas, técnicas y de supervisión de protección civil, que enlaza a las diversas instituciones y sectores en caso de siniestro.

Para coordinar las diversas instancias, se estableció el Programa Permanente de Actualización de la Comisión Operativa de Protección Civil y se crearon los comités interinstitucionales para respaldar a los grupos multidisciplinarios de trabajo. A fin de impulsar la participación ciudadana y fomentar una cultura de protección civil, se realizaron acciones de capacitación y divulgación entre la población y se crearon y coordinaron grupos voluntarios. Con la firma de las actas constitutivas de los 16 consejos delegacionales, se promovió la participación de los sectores público, privado y social.

Por lo que se refiere al entorno urbano y medio ambiente, en el contexto del Programa General de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal, se continuaron elaborando estrategias generales a nivel regional y metropolitano sobre demografía, transporte, prevención de desastres, actividades económicas, equipamiento y servicios, vivienda, reservas territoriales y medio ambiente, principalmente.

Asimismo, se aprobó el proyecto de reformas a la Ley y de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; y con el fin de atender las necesidades de planeación urbana, se instaló un consejo asesor de desarrollo urbano para consultar y asesorar en la definición de políticas y estrategias de desarrollo urbano y administración del uso del suelo. Para lograr un equilibrio del uso del suelo se crearon los subcentros urbanos; Ferrería y Pantaco en Azcapotzalco, Ejército Constitucionalista-Cabeza de Juárez en Iztapalapa y Observatorio en Miguel Hidalgo, mediante la organización de predios que permitan la construcción de vivienda de interés social, el equipamiento urbano y servicios y el establecimiento de la pequeña y mediana industrias.

Además, se actualizaron los programas parciales delegacionales para un mejor conocimiento de los asentamientos, sus problemas y dinámica de crecimiento, de las zonas aptas para el desarrollo urbano y de aquellas que no pueden urbanizarse y se definieron 27 programas de mejoramiento parciales (antes Zedecs) en zona urbana y 25 en áreas de conservación ecológica en 11 delegaciones, para la protección de zonas ecológicas y control del crecimiento urbano.

El área urbana del Distrito Federal comprende 62 mil 162 hectáreas: 40.0% destinadas a uso habitacional, el 23.0% a vialidades, el 22.0% a equipamiento urbano y usos mixtos, el 8.0% a espacios abiertos y el 7.0% a la industria. De las 86 mil 191 hectáreas del área de conservación ecológica: 33.0% se destinan a usos agrícolas y pecuarios, el 59.0% es zona forestal y el 8.0% son asentamientos humanos. Por otra parte, para la constitución de reservas territoriales se formalizaron donaciones al Departamento por 95 mil 434 m2.

En apoyo a la construcción, autoconstrucción, adquisición y mejoramiento de vivienda

popular, el Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano (Fividesu) construyó 3 mil 344 viviendas de interés social en beneficio de 16 mil 720 personas; apoyó la construcción de 35 pies de casa y 203 planchas de cimentación; efectuó 11 mil 915 operaciones de compraventa de materiales y el mejoramiento de 35 viviendas ubicadas en unidades habitacionales. La caja de previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal construyó 36 viviendas en los conjuntos habitacionales San Antonio y Nicolás Romero en Iztapalapa; el Fideicomiso Casa Propia otorgó 1 mil 454 créditos para la adquisición, mejoramiento y reposición de vivienda, en beneficio de igual número de familias, así como 2 mil 466 créditos para la adquisición de 59 mil 184.6 m2 de suelo y predios.

El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, se orientó a coordinar los organismos de vivienda, diseñar nuevos mecanismos para evaluar y ajustar los criterios de financiamiento, fomentar el ahorro colectivo, impulsar la participación del sector privado e informar sobre las opciones que se ajusten a las características de los demandantes a través de los 13 módulos del Centro de Orientación Habitacional. El instituto y el Patronato del Ahorro Nacional establecieron un sistema de ahorro con la apertura de 4 mil 430 cuentas, a fin de impulsar el ahorro y estimular la generación y el financiamiento de programas habitacionales; además el instituto recibió una oferta de uso de suelo de propiedad privada por 7 millones 425 mil 563 m2.

Con el fin de impulsar el programa de vivienda nueva, se procedió a la autorización de los anteproyectos de vivienda nueva, presentados por las entidades del DF, así como los promotores sociales y privados legalmente constituidos; durante 1995 se autorizaron 113 proyectos para 5 mil 217 viviendas en beneficio de igual número de familias y 28 mil 700 habitantes.

Para disminuir los altos costos de adquisición de vivienda se facilitó la obtención de licencias y permisos y se decretaron subsidios fiscales y facilidades administrativas, que permitieron realizar 694 dictámenes para subsidiar los gastos de 30 mil 751 viviendas en varios conceptos, para un total de 367 proyectos promovidos por Ficapro, Fividesu, organizaciones diversas y promotores privados.

En materia de transporte, el Gobierno de la Ciudad de México emprendió su reordenamiento, a fin de desalentar el uso de modos de baja capacidad e impulsar los de transportación masiva. En el contexto del Programa Integral de Transporte y Vialidad, se construyeron 2.8 km de la línea "B" del Metro, la cual tendrá una extensión de 21.4 km y 21 estaciones entre Buenavista en el Distrito Federal y Ciudad Azteca en el Estado de México. El Metro movilizó 1 mil 474 millones de usuarios que representan un promedio diario de poco más de 4 millones de pasajeros, lo cual lo ubica en tercer lugar a nivel mundial y en quinto lugar por su extensión de 178 km y 154 estaciones de la red.

La situación financiera y operativa de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta-100 registró un creciente deterioro debido al aumento de subsidios, descapitalización y problemas en la estructura de costos y sindicales. Al declararse en quiebra a este organismo, la nueva administración de la sindicatura continuó dando el servicio para lo cual revisó la red de rutas y logró transportar 886.8 millones de usuarios, es decir 2.430 millones diarios, con la operación promedio de 2 mil 350 unidades al día y una plantilla de 9 mil 100 trabajadores.

Durante 1995 el Servicio de Transporte Eléctrico inició la operación de las rutas Metro La Villa al Metro Garibaldi y del Metro Escuadrón 201 a la Unidad CTM Culhuacán; restableció la línea Eje 5 Oriente y adquirió dos nuevos trenes ligeros para mejorar el servicio de la línea Tasqueña-Xochimilco. Este organismo transportó un promedio de 461.9 miles de personas diariamente. Los organismos de transporte coordinados por el Gobierno del Distrito Federal transportaron un total de 2 mil 529.4 millones de personas, es decir, movilizaron 6.9 millones diariamente, lo que representa el 29.0% del total de pasajeros atendidos por los servicios de transporte público.

Debido a las irregularidades en el control de la flota vehicular del transporte concesionado, se operó el programa de reemplacamiento de vehículos para actualizar el padrón de permisionarios y concesionarios, reordenar y controlar los servicios por modalidad y se actualizaron 111 mil 968 expedientes que amparan las concesiones, de los cuales 80 mil 647 unidades pasaron revista.

A efecto de implantar rutas metropolitanas que comuniquen al Distrito Federal y el Estado de México, la Comisión Metropolitana de Transportes y Vialidad realizó estudios de rutas y

empresas de transporte para emitir las autorizaciones correspondientes.

Con el fin de mejorar el tránsito vehicular e incrementar la seguridad en las calles y avenidas de la ciudad, se concluyó el puente vehicular Gran Canal-Periférico y el paso a desnivel en la carretera a Puebla-Eje 10 Sur, obras que agilizarán la circulación de 12 mil 100 vehículos por hora; se amplió en 114.8 km la carpeta asfáltica y se dio conservación y mantenimiento a 927 mil 296 m2 en vialidades primarias, a 301 mil de vialidades principales, y a 234 mil 946 de calles secundarias.

En lo relativo al servicio de agua potable, se amplió su cobertura con la construcción de 1.6 km de la red primaria y 54.4 km de red secundaria y se excavaron 819 metros del Acueducto Perimetral en su tercera etapa. A fin de mantener los caudales que se extraen de fuentes propias se concluyó la perforación de tres pozos, así como dos más de observación en Santa Catarina; se terminó la construcción de 10 tanques para incrementar la capacidad de almacenamiento en 6 mil 300 m3; y se concluyeron dos plantas de rebombeo y dos de bombeo. Además, para mantener en buenas condiciones el sistema hidráulico se dio mantenimiento a 4 mil 996 km de la red secundaria y 589 componentes electromecánicos; y se rehabilitaron cinco pozos y 33 manantiales.

La Comisión de Aguas del Distrito Federal aumentó el padrón de grandes usuarios a 20 mil 087 cuentas; se instalaron 219 mil 271 medidores de consumo domiciliario a través de cuatro empresas contratistas; además, se actualizó el padrón de usuarios por medio de la revisión de 1 millón 074 mil 198 cuentas de contribuyentes y se administró el cobro por el derecho de descargas, dirigido a controlar a los contribuyentes que extraen agua de los mantos acuíferos a través de pozos y que pagan un derecho por la descarga de aguas residuales al drenaje, contándose a la fecha con un padrón de 306 pozos, de los cuales 197 están en activo.

Durante 1995 se suministró a la Ciudad de México un volumen promedio de agua de 35.4 M3/s, 22.2 provinieron de fuentes propias y 13.2 M3 de fuentes operadas por la gerencia de Aguas del Valle de México, lo que permitió una cobertura poblacional de 98.0% a través de la red domiciliaria y el 2.0% mediante carros tanque. Para fomentar el ahorro del agua potable se sustituyeron en los domicilios 7 mil 196 muebles sanitarios de bajo consumo; se repararon 33 mil 465 fugas de agua en las redes de distribución y domicilios y se difundió el uso racional del agua a través de diversos medios de comunicación.

Con objeto de ofrecer un mejor servicio del sistema de drenaje se excavaron 2 mil 906 metros del interceptor oriente y se revistieron 1 mil 552 metros de túnel del interceptor oriente sur del drenaje profundo; se amplió 10.1 km la red primaria y 71.9 km la secundaria; se continuaron los trabajos para el entubamiento del gran canal de desagüe con la excavación de 1 mil 063 metros; y se concluyó la planta de bombeo de aguas negras San Lorenzo; asimismo, se limpiaron 1 mil km de la red principal, se dio mantenimiento a 5 mil 802.3 km de la red secundaria y se efectuó el desazolve de poco más de 506 mil M3 de presas, ríos, canales, colectores, atarjeas y pozos de visita. Se alcanzó una cobertura poblacional de 94.0%, lo que evitó el brote de los focos de infección y la contaminación de los mantos acuíferos.

Impulsar un desarrollo sustentable implica conciliar las metas del crecimiento económico y el equilibrio demográfico, con el mejoramiento de la calidad de vida y la preservación del medio ambiente. En este sentido, se promovió el uso de gas natural y electricidad en la industria y el transporte; se verificaron 3.9 millones de automóviles, 8.0% más que en 1994; se detuvieron y revisaron 21 mil 795 automotores ostensiblemente contaminantes y se inauguró un laboratorio de verificación vehicular IM-240 que servirá de base para medir los niveles máximos permisibles de emisiones contaminantes. El Programa Hoy No Circula continuó vigente y es evaluado para hacerlo más eficiente.

Para la medición de la contaminación y la calidad del aire se operaron las 32 estaciones y la unidad móvil de la red automática de monitoreo atmosférico, de donde se obtuvieron más de 8 mil reportes que apoyaron, entre otras medidas, las del Programa de Contingencias Atmosféricas. En el control de los precursores del ozono se ha avanzado en la normatividad de la emisión de los compuestos orgánicos volátiles y del monóxido de carbono, y se avanzará en el control de las emisiones del óxido de nitrógeno, factores que aunados a las condiciones desfavorables de dispersión, ocasionan que los límites de concentración permisible de ozono en la atmósfera sean rebasados.

El Programa de Contingencias Ambientales se modificó, ahora contempla dos fases y dos etapas de operación dependiendo de la severidad de la contingencia. La primera fase se activa cuando se llega a los 250 puntos Imeca y considera, entre otras medidas, la aplicación del doble Hoy No Circula; la reducción entre el 30.0% y el 40.0% de la actividad industrial; el cierre selectivo de gasolineras y la suspensión de actividades al aire libre en todas las escuelas.

La segunda fase entra en operación en caso de alcanzarse los 350 puntos e implica entre las medidas más relevantes las ya previstas para el sector transporte en la fase primera; la reducción del 70.0% de la actividad industrial y el paro obligatorio de escuelas, oficinas públicas, bancos e instalaciones recreativas gubernamentales. La etapa primera de este programa estará vigente hasta mediados de 1996, iniciándose a continuación la segunda mediante la adopción de medidas relacionadas con el cumplimiento de las normas de contingencia para los diversos sectores, las cuales en su momento serán del conocimiento de la población.

Debido a las condiciones meteorológicas desfavorables se aplicó en 1995, la fase primera del Programa de Contingencias Atmosféricas en cinco ocasiones.

Por otro lado, se creó el Consejo de Estudios para la Restauración y Valoración Ambiental, a fin de avanzar en la investigación científica y el desarrollo de proyectos de combate a la contaminación. Además, se promovió la promulgación de la Ley Ambiental del DF; se publicaron las normas oficiales mexicanas sobre requisitos, especificaciones y parámetros para la instalación del sistema de recuperación de vapores y se avanzó en la formulación del Programa para Mejorar la Calidad del Aire en el Valle de México, el cual se hizo público el 11 de marzo de 1996 por la Semarnap, SS, DDF y el Estado de México.

El tratamiento de aguas negras se apoyó mediante la terminación del cuarto módulo de la planta Cerro de la Estrella y de sus unidades de espumación, cloración y filtración en los tres módulos que operan en esta planta; las 19 plantas en operación produjeron 85.9 millones de M3 de agua tratada para el riego de áreas verdes y zonas agrícolas, llenado de lagos y canales recreativos, y en la industria, a través de una red de distribución de 817.8 km.

Con el fin de evitar la contaminación por desechos sólidos, se recolectaron 5.6 millones de toneladas por medio del sistema manual y 29 mil 760 más a través de contenedores; se eliminaron 635 mil 094 M3 de tiraderos clandestinos y se efectuó el barrido mecánico de 333 mil 607 km de la red vial principal. Las plantas separadoras de San Juan de Aragón y Bordo Poniente procesaron 785 mil 969 toneladas de basura; y se dio mantenimiento y rehabilitación a las 14 estaciones de transferencia. En coordinación con el Gobierno del Estado de México se concluyó la construcción del relleno sanitario Bordo Poniente cuarta etapa y se está definiendo un programa integral para el reciclamiento y disposición final de los residuos industriales que generan las 30 mil industrias del Valle de México. En atención a los recursos

naturales se protegieron más de 860 km2 del área de conservación ecológica; se avanzó en los proyectos de rescate y conservación ecológica de las sierras de Guadalupe y de Santa Catarina y la reforestación urbana; así como en el de reforestación rural en el Valle de México. Para la conservación de las áreas verdes se plantaron 15.1 millones de árboles, arbustos y plantas de ornato y se dio conservación y mantenimiento a 34.7 millones de m2 de áreas verdes.

De acuerdo con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa para el desarrollo del Distrito Federal 1995-2000, el gobierno capitalino prosiguió dando impulso al desarrollo social.

En coordinación con la Secretaría de Educación Pública se construyeron 1 mil 012 espacios educativos en 73 escuelas del nivel básico; 233 del nivel preescolar en 18 planteles; 317 en 37 primarias y 462 aulas en 18 secundarias. También se proporcionó mantenimiento a los sistemas de cimentación a 62 escuelas y conservación a 1 mil 757 planteles educativos, así como a 118 bibliotecas, museos y sitios históricos.

Para mejorar el servicio hospitalario, se dio mantenimiento a 32 unidades de atención medica y 50 centros de salud y se concluyó la remodelación de los cuerpos 5, 6 y 7 del Hospital General doctor Rubén Leñero.

Mediante los servicios de hospitalización, medicina general especializada y de urgencias, se atendió una población abierta de 2.2 millones de personas y se otorgaron 513 mil 685 consultas médicolegales. Además, los consultorios delegacionales atendieron poco más de 100 mil niños y adultos con servicios de medicina general, odontología, sicología y de planificación familiar.

Para inmunizar a los menores de cinco años se aplicaron casi 500 mil dosis de vacunas contra diversas enfermedades y a otros grupos de edad contra la tifoidea, tétanos y rabia.

En apoyo al control del Virus de Inmunodeficiencia Adquirida Humana (VIH) se efectuaron 23 mil 400 pruebas de detección; se atendieron 55 pacientes con SIDA; se efectuaron 1 mil 857 pláticas y se distribuyeron 76 mil 490 preservativos. Además, se otorgaron 24 mil 030 consultas a pacientes con problemas gastrointestinales y se proporcionaron servicios de hospitalización a 575 personas, detectándose 263 casos de cólera; se dieron 1 mil 905 pláticas educativas sobre el cólera y 5 mil 898 sobre enfermedades diarréicas.

A efecto de reforzar la formación de los recursos humanos y elevar la calidad del servicio se impartieron 1 mil 226 cursos de capacitación y actualización a 16 mil 584 elementos del personal médico, paramédico y administrativo.

Para fomentar el deporte, el sano esparcimiento, impulsar los valores nacionales, la cultura y la recreación entre la población, se coordinaron 14 mil 733 eventos deportivos con una participación de más de 300 mil deportistas; 11 mil 890 eventos especiales y 127 de recreación física para personas con discapacidad y de la tercera edad; y se efectuaron 13 mil 906 eventos de esparcimiento, 20 mil 339 turísticos y culturales y 3 mil 267 cívicos. Para mejorar las condiciones de la infraestructura disponible se dio conservación y mantenimiento a 326 instalaciones deportivas y 100 centros culturales; se remodelaron 13 centros y 21 módulos deportivos y se construyó la casa de la cultura de Tláhuac.

En el ámbito de asistencia social se atendieron 43 mil 372 adultos indigentes y 71 mil 474 menores desvalidos en las casas de protección

con servicios de alojamiento, alimentos, vestuario, servicios médicos y sicológicos y en los centros de desarrollo infantil y guarderías se cuidaron 5 mil 543 hijos de madres trabajadoras del DDF.

Además, se construyeron tres casas de protección social, se remodelaron siete y se dio mantenimiento a otras 562, así como a 92 guarderías. Por otra parte, el Servicio Público de Localización Telefónica atendió 5 milllones 644 mil 573 consultas sobre localización de personas y de vehículos, bacheo, fugas de agua, alumbrado público y desechos sólidos, urgencias médicas y servicios públicos diversos.

El gobierno del Distrito Federal se propuso fortalecer la participación ciudadana en la política y la conducción del gobierno, así como consolidar la reforma política de la Ciudad de México. Al respecto, se avanzó en este proceso, reconociendo que la misma es resultado de la pluralidad de las fuerzas políticas y que el arreglo obtenido es producto del consenso y corresponsabilidad que garantiza el respeto de las instituciones.

Por eso, para fortalecer la vida democrática de la ciudad se realizó la consulta popular sobre la reforma política, donde los partidos políticos coincidieron en torno a la ampliación de facultades de la ARDF, la manera de elegir al jefe de gobierno del Distrito Federal y las formas de participación ciudadana; además, con la instauración de los consejos ciudadanos se crearon nuevos espacios para la participación ciudadana, haciendo ahora más directa la interlocución entre gobierno y sociedad.

La participación de los ciudadanos en el gobierno permitirá avanzar en el desarrollo democrático de la ciudad capital y del país y reorientar y hacer más eficaz la función pública, por lo que se realizó la elección de consejeros ciudadanos cuyas funciones son aprobar, supervisar y evaluar los programas de trabajo en cada jurisdicción, así como la gestión ante las autoridades de cada delegación para la ejecución de obras o prestación de servicios.

Por otra parte, de acuerdo al Estatuto de Gobierno del D.F., a partir de 1995 corresponde a la ARDF la función legislativa de regular, vigilar y supervisar la gestión pública. Además, se lograron consensos para homologar los procedimientos de designación de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia con las normas reformadas en el ámbito federal y se estableció la carrera judicial. También se estableció la Contaduría Mayor de Hacienda de la ARDF, responsabilizándola de la revisión de la Cuenta Pública y del conocimiento integral de los resultados financieros de la gestión del gobierno capitalino.

4.9.3 Privilegiar la atención a la población con mayor desventaja económica y social Superación de la pobreza extrema La política de superación de la pobreza tiene como propósito central, establecer las condiciones materiales necesarias para impulsar la incorporación de los grupos más desfavorecidos al proceso de desarrollo, para elevar con su participación efectiva los niveles de bienestar y desarrollo social del país. En este sentido, el combate a la pobreza y la marginación se orienta a través de una estrategia de dos vertientes que implican la integración social y productiva del individuo.

La primera vertiente estratégica busca crear las condiciones para llevar los beneficios de la educación, salud, alimentación, vivienda, servicios urbanos, infraestructura básica y conservación del medio ambiente a los grupos de mayor rezago para mejorar sus condiciones de vida, aprovechando la organización social y ciudadana existente y, la segunda vertiente, la productiva, se orienta a promover el potencial de producción de las personas y las regiones, para romper el círculo vicioso de la pobreza y la desigualdad.

En la superación de la pobreza, la estrategia de descentralización de facultades, decisiones y recursos a estados y municipios tiene una gran importancia, ya que a través de ella se fortalecen los esquemas de coordinación y concertación previstos en los Convenios de Desarrollo Social (CDS). Al respecto, durante 1995 se avanzó en el proceso de otorgar a los gobiernos locales más recursos para atender con mayor eficacia las demandas sustantivas de las comunidades más necesitadas.

Los CDS signados entre el Ejecutivo Federal y las 31 entidades federativas, establecieron como objetivos centrales: fortalecer la capacidad de decisión y acción de los estados y municipios; impulsar el mejoramiento del nivel de vida de los sectores menos favorecidos; propiciar la participación concertada de los grupos

sociales y conjuntar esfuerzos y recursos mediante una mayor coordinación entre los tres niveles de gobierno; así como fomentar la participación comunitaria en la ejecución de las obras y proyectos.

El presupuesto federal ejercido en 1995 por el Ramo 26 ascendió a 10 mil 076.7 millones de pesos, que representaron un incremento nominal de 8.7% respecto al monto del año anterior. Los recursos se destinaron fundamentalmente a la ejecución de programas y acciones de beneficio social que coadyuvaron a abatir rezagos en la cobertura y calidad de servicios básicos y a la promoción de proyectos productivos, generadores de empleo.

El gasto se destinó preferentemente a aquellas regiones del país en las cuales las condiciones de vida requieren de la actuación gubernamental con mayor urgencia y oportunidad. De esta forma, los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, en los que la mayoría de la población vive en la pobreza y la marginación, concentraron el 26.3% del total de los recursos ejercidos.

Para la ejecución de las acciones que convergen al Programa de Alimentación y Nutrición Familiar, diseñado para apoyar a las comunidades que padecen la pobreza extrema, se destinaron recursos fiscales por 3 mil 982.0 millones de pesos, cifra que representa un crecimiento de 36.6% en comparación con el monto ejercido en 1994.

Provisión de servicios básicos El Fondo de Solidaridad Municipal incluye 14 programas de bienestar social, a los cuales durante 1995 se canalizarón 5 mil 542.1 millones de pesos para apoyar proyectos de inversión en las 31 entidades federativas. Cabe destacar que este fondo constituye el instrumento fundamental de la descentralización de facultades y recursos para el combate a la pobreza.

La responsabilidad de los ayuntamientos en el manejo directo de estos recursos con los que se ejecutan los programas agrupados en este fondo, hacen patentes los avances en materia de descentralización, en concordancia con los propósitos del nuevo federalismo.

En 1995, mediante el Fondo de Solidaridad Municipal, los ayuntamientos del país administraron el 55.0% del presupuesto federal autorizado, mientras que en el periodo 19891994 esta proporción fue de alrededor del 25.0%.

Para ordenar y dirigir la participación comunitaria en los programas sociales del Fondo de Solidaridad Municipal, se impulsó la creación y operación de consejos de Desarrollo Municipal en 2 mil 187 municipios, que representan el 91.4% del total de éstos en el país. Los consejos tuvieron a su cargo la priorización y concertación de las obras y acciones a ejecutarse conforme a las propuestas de los comités comunitarios, realizando a su vez actividades de promoción, programación, control y seguimiento; en ellos participaron representantes de cada una de las comunidades que integran el municipio y un vocal de control y vigilancia electo por éstos.

Al respecto, se capacitó en coordinación con los órganos estatales de control, a aproximadamente 175 mil integrantes de consejos de desarrollo municipal y de comités comunitarios, de los cuales, 50 mil fueron vocales de control y vigilancia. Además, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo instruyó a más de 700 servidores públicos estatales y federales involucrados en la operación del Programa de Contraloría Social y/o del Fondo de Solidaridad Municipal. En este ámbito, en 1995 se supervisaron de manera directa más de 65 mil obras y acciones, lo que tuvo un efecto preventivo sobre posibles irregularidades.

En el marco de los consejos de desarrollo municipal se definieron prioridades de atención en los ámbitos educativo, de salud, alimentación, vivienda, agua potable y alcantarillado y urbanización, entre otros, ejecutándose durante 1995 las siguientes acciones:

A través de los fondos municipales de solidaridad se apoyó financieramente a 2 mil 396 ayuntamientos, 99.0% del total del país, para atender las demandas de la población por mejores servicios básicos y pequeñas obras de infraestructura en sus comunidades; en 1995 se ejecutaron 50 mil 159 proyectos, de los cuales el 63.4% se realizó en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Puebla y Tlaxcala.

Con el Programa Niños de Solidaridad, se avanzó en el abatenimiento de los índices de deserción escolar, se apoyó la permanencia de menores de familias de escasos recursos en la instrucción primaria, otorgándose para ello 965 mil 017 becas, 8.9 millones de despensas y 2.2 millones de consultas médicas en planteles de educación básica de todo el país. Cabe destacar la ayuda alimentaria entregada a cerca de 167 mil infantes en el Estado de Chiapas.

Las acciones del Programa Escuela Digna permitieron rehabilitar y mejorar la infraestructura educativa en 6 mil 268 planteles en todo el país, de los que parte importante se localizan en Guanajuato, Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala. De igual forma, con objeto de ampliar la cobertura de los servicios educativos, se construyeron 4 mil 789 espacios, principalmente en Guerrero, Campeche, Hidalgo, Quintana Roo, Baja California, Michoacán y Sonora.

Para fomentar la práctica de las actividades deportivas, se construyeron y rehabilitaron 414 canchas y 96 unidades deportivas. Dentro de éstas, destacan las unidades de Coyuca de Catalán, en Guerrero; Jiquilpan y Maravatío, en Michoacán; Nativitas, en Tlaxcala; Uriangato, en Guanajuato; Nezahualcóyotl en el Estado de México; Guadalupe, en Zacatecas; la de la Universidad Autónoma Benito Juárez, en Oaxaca; la Ciudad Deportiva del Noroeste, en Hermosillo, Sonora, y la pista de corredores de la Laguna del Carpintero, en Tampico; así como la rehabilitación del estadio de béisbol Salvador Alvarado, en Mérida.

Con el propósito de que los habitantes de comunidades de difícil acceso cuenten con servicios básicos de salud, se promovieron trabajos en 616 centros de salud. Del total, se realizaron 110 obras de construcción con recursos por 8 mil 395.1 miles de pesos; se rehabilitaron 279 cuyo monto ejercido ascendió a 8 mil 825.5 miles de pesos y se equiparon 227 centros que implicaron una derrama de 1 mil 415.8 miles de pesos; así también, destacan las acciones realizadas en 89 unidades médicas rurales.

Las obras se ubicaron principalmente en Guerrero, Tabasco, Estado de México, Puebla, Nuevo León y Michoacán. Las unidades médicas se localizan en Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Chihuahua, Veracruz y Sinaloa.

Dentro del programa hospital digno se efectuaron trabajos de rehabilitación y equipamiento en las áreas de urgencias y de consulta externa de 87 nosocomios, destacando lo realizado en la Cruz Roja de Durango, el hospital Infantil de Hermosillo y los hospitales generales de Culiacán, Ciudad Juárez, Matamoros, Tampico y Río Verde, en San Luis Potosí.

Con el propósito de mejorar el estado nutricional de los grupos más vulnerables de la población, a través del Programa de Alimentación y Nutrición Familiar (PANF) se realizó un importante esfuerzo interinstitucional para articular las acciones de educación, salud y alimentación y atender las necesidades de niños menores de cinco años, de preescolar y primaria, así como de las familias en extrema pobreza de comunidades indígenas, zonas rurales y de las áreas urbanas marginadas.

No obstante los problemas económicos y financieros enfrentados durante 1995, la atención a los grupos poblacionales con mayores carencias socioeconómicas continuó siendo un imperativo en la orientación de los recursos y en el quehacer de las dependencias y entidades vinculadas al programa.

Del total de recursos programados, los mayores montos correspondieron a los programas Niños de Solidaridad, Abasto Social de Leche, Subsidio al Consumo de Tortilla y Abasto Social de Diconsa, los que en conjunto absorbieron el 81.5% de los mismos.

Para asegurar el impacto de los beneficios del programa en las regiones en las que se concentran altos índices de desnutrición y favorecer a los núcleos de población con mayor riesgo, se definieron mediante indicadores de pobreza y marginación, mortalidad y morbilidad infantil, de peso y talla, de deserción y reprobación escolar, las regiones en donde se encuentran aquellos menores y sus familias con déficit nutricionales cuya atención es urgente.

En tal sentido, el programa beneficiará a un universo de 1 mil 210 municipios correspondientes a 60 regiones de 27 entidades federativas, a los cuales se busca atender en un horizonte de mediano plazo. De las regiones prioritarias, destacan entre otras, la Tarahumara en Chihuahua; la Cora-Huichol-Tepehuana-Mexicanera en la sierra Madre Occidental, donde colindan los estados de Durango, Zacatecas, Jalisco y Nayarit; las huastecas de Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí; la sierra Gorda en Querétaro y Guanajuato; La Chontalpa y Centla en Tabasco; la Mixteca de Oaxaca, Puebla y Guerrero; Los Altos de Chiapas y los Tuxtlas y la Zongolica en Veracruz.

A partir de esta identificación, se inició para algunos programas el levantamiento de un censo nominal en más de 200 municipios, que ha permitido detectar el estado nutricional, las condiciones de salud, vivienda y saneamiento, así como las necesidades educativas de su población, en particular, de los menores de cinco años y mujeres en estado de gestación o periodo de lactancia.

Los resultados de dicho censo indican que el 15.7% de los niños de los municipios más pobres del Estado de Veracruz demandan urgentemente de atención integral para revertir su condición de desnutrición. Esta situación resulta más extrema en los casos de las sierras Norte y Negra del Estado de Puebla y de la Montaña de Guerrero, en donde los porcentajes ascienden a 19.5% y 28.5%, respectivamente.

La expresión territorial del PANF en las entidades federativas, se viene concretando a través

de comisiones interinstitucionales en ese ámbito de gobierno. Esta vertiente de coordinación contribuye al fortalecimiento del federalismo, en virtud de que mediante esas comisiones se están descentralizando progresivamente, en el marco del programa, recursos, apoyos y acciones de las dependencias y organismos federales.

En la medida en que de manera conjunta se van conformando mecanismos para asegurar la transparencia en la aplicación y uso de los recursos y que éstos tengan los impactos sociales que se buscan, las comisiones se estarán aproximando a su papel de operadoras del programa en sus ámbitos respectivos e irán asegurando y diversificando contenidos regionales, acordes con las características, costumbres y demandas de la población beneficiaria.

Al 31 de diciembre, mediante la suscripción de 22 convenios con autoridades de las entidades federativas, se habían constituido igual número de comisiones en Campeche, Chiapas, Coahuila, México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Colima, Durango, Veracruz, Baja California Sur, Chihuahua, Morelos, Sinaloa y Yucatán. Paralelamente, durante el mismo periodo, se acordó fortalecer el esquema de atención integral del Programa de Nutrición para el Estado de Tabasco denominado Pronutra así como el establecimiento de acuerdos de coordinación con los gobiernos de los estados de Guerrero, Oaxaca y San Luis Potosí.

La expresión regional del programa se enriquece con la incorporación de experiencias diversas tales como: aula abierta en Oaxaca, que mediante la instalación de cocinas comunitarias en 326 localidades de la región mixe está beneficiando con desayunos calientes, salud y educación a poco más de 53 mil niños y mujeres; el Programa de Atención Educativa en Zonas Indígenas en San Luis Potosí, el de alimentación y nutrición de Veracruz, donde de las 200 mil raciones diarias el 66.0% las aporta el gobierno del Estado; en Chihuahua, que bajo un esfuerzo de coordinación con 19 dependencias ha mostrado que es posible llegar hasta las comunidades apartadas de la sierra Tarahumara, los recursos del DIF nacional se reflejan en un incremento del 33.0% en despensas a familias y cinco veces más recursos para desayunos calientes a escolares; en Nayarit, de reciente incorporación al programa, el gobierno del Estado asignó una partida especial al Ramo 26 para apoyar las acciones de asistencia alimentaria y el Programa de Desayunos Escolares en Colima, experiencias que ya articulan acciones de alimentación, salud y educación.

La Comisión Interinstitucional del PANF inició los trabajos para el diseño y operación de instrumentos que permitan medir los impactos, dar seguimiento y evaluar la acción alimentaria. Se cuenta con tres mecanismos para la evaluación del programa; uno de ellos, conformado por autoridades del DIF, conjuntamente con especialistas de universidades y centros de investigación, entre otros, la UNAM, la UAMXochimilco, IPN, UIA, que se aboca a precisar un modelo de atención y vigilancia nutricional.

Como un primer paso, en el mes de agosto se organizó un taller que convocó a 50 investigadores de 39 organismos, con la finalidad de conformar un órgano de evaluación exterior y de seguimiento del programa de desayunos escolares.

Instrumentos de evaluación alimentaria, 1995

Enfoque o Recomendaciones Instituciones área de análisis

principales participantes Evaluación Definir con claridad los niveles de ar- SEP,SSA,DIF, integral ticulación y corresponsabilidad que ITAM, UNAM Educación- presenta la atención integral ONGS Salud- Alimentación Regionalización Focalizar la atención a los grupos vul- UNAM, UNICEF, nerables en extrema pobreza, diferen- DIF, SECODAM, ciando población rural y urbana SEP Chiapas Evaluación del Emplear la cinta Cimder y la referen- SSA, INN, Univ. estado nutricional rencia de talla como indicador grueso Veracruzana, de los escolares (filtro inicial) para identificar pobla- CIAD-Sonora, ción en riesgo, posteriormente evalua- IPN, UNAM

ción peso/talla

Participación La corresponsabilidad de la comuni- ONGS,SEP comunitaria dad en el programa debe reflejarse Colegio de en el avance global de indicadores Post-graduados de bienestar en las familias y de de UA Chapingo equidad al interior de ella Orientación Emplear preferentemente leche y UNAM, UA de nutricional y productos lácteos, incorporar cítricos Chihuahua, SSA, composición de al desayuno y apoyar campañas que IPN, DlF Morelos, los desayunos den atención a las deficiencias de Vi- PUAL, UNICEF

tamina A y Hierro, con base en habi- tos regionales y microrregionales Fuente: DIF.

Otro de los mecanismos está constituido por la Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios de la Cámara de Diputados, instancia con la cual se han tenido diversas reuniones para definir procedimientos que faciliten su participación en la evaluación del programa. La propia Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo constituye para el PANF, un instrumento adicional de evaluación. Mediante todos estos mecanismos se busca medir el impacto de las acciones en el nivel del bienestar de la población y, en particular, sobre su condición nutricional. Igualmente se aseguran los controles necesarios sobre aspectos contables y financieros.

La ejecución de acciones enmarcadas en el programa, se estructuró a partir de tres ejes fundamentales estratégicos:

1) Canasta básica alimentaria;

2) Programa de desayunos escolares y

3) Programas de apoyo alimentario en zonas urbanas marginadas.

Canasta básica alimentaria. Los requerimientos nutricionales, principalmente de las familias campesinas e indígenas del medio rural que registran mayores rezagos y en las que se detectan fenómenos agudos de desnutrición, se atendieron mediante una canasta básica alimentaria, cuyo otorgamiento privilegió a la población de los 1 mil 210 municipios identificados como en riesgo en el PANF. De esta manera, el Programa de Asistencia Alimentaria a Familias (Pasaf) se reorientó para ampliar su cobertura en las zonas rurales, dado que este apoyo constituye el eje del Paquete Básico de Nutrición y Salud establecido en el plan, para privilegiar la atención de la población rural de dichos municipios. Así, en 1995 se atendió con una despensa mensual a 1.2 millones de familias; se proporcionaron cursos de capacitación y de orientación nutricional a 4 mil 716 personas y como apoyos a la producción de alimentos para el autoconsumo, se distribuyeron 754 mil 600 paquetes de semillas a igual número de familias de más de mil comunidades marginadas, lo que permitió fortalecer la capacidad de autogestión de esos grupos rurales.

El DIF operó 1 mil 215 cocinas populares que distribuyeron mensualmente 1 millón 165 mil raciones alimenticias calientes, con lo que se beneficiaron diariamente alrededor de 60 mil personas de zonas rurales y urbanas marginadas. Bajo un esquema integral, se les proporcionó además del acceso a alimentos, servicios básicos de salud, orientación, capacitación y recreación. Su operación se realiza con la participación directa de las comunidades.

Para proporcionar una despensa familiar al mes, cuyo costo aproximado es de 38.5 pesos, así como asistencia médica y un estímulo mensual de 118 pesos a niños provenientes de familias de escasos recursos y que cursan de primero a tercer grado de primaria, el Programa Niños de Solidaridad contó con un presupuesto inicial de 1 mil 100 millones de pesos, monto superior en 10.8% al ejercido el año anterior.

Por otra parte, en las 17 entidades que constituyen el área de influencia de las unidades médicas del programa IMSSSolidaridad, se acordó proporcionar asistencia alimentaria a la población detectada con desnutrición, en especial a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia y a los niños menores de cinco años. Del universo de atención de las unidades IMSSSolidaridad que asciende a 1.4 millones de niños menores de cinco años, se valoró el estado nutricional de 1 millón 280 mil 307; de éstos, se registraron 52 mil 232 menores con algún grado de desnutrición, los cuales recibieron atención integral, control y vigilancia de su estado nutricional.

El apoyo alimentario proporcionado en coordinación con el DIF, benefició a 5 mil 353 familias con niños, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia detectados como desnutridos. Al mes de diciembre se reportaron 1 mil 850 niños recuperados. Desayunos escolares. A los niños de preescolar y primaria se les benefició en el año con raciones alimentarias del PANF para contribuir a elevar su estado nutricional y favorecer su desarrollo. En este sentido, se intensificaron las acciones del Programa de Raciones Alimentarias (PRA) para ampliar su cobertura, logrando proporcionar 1 millón 535 mil desayunos escolares al día en promedio, a igual número de niños.

Mediante los programas de Desayunos Escolares en Chiapas y aula abierta en Oaxaca, se conjuntaron acciones encaminadas a fortalecer las tareas de educación y alimentación, a fin de estimular el aprovechamiento e incidir en la disminución de la deserción en niños de edad escolar (preescolar y primaria), con el mejoramiento de la dieta infantil.

En 1995 se proporcionaron 164 mil desayunos y 5 mil becas, con un gasto de 28.6 millones de pesos, que significan un incremento de 105.6% respecto a la cifra ejercida un año antes; dicho

aumento se derivó de la intensificación de las acciones del programa en las regiones que más lo necesitan.

En el marco de la operación del PANF en el Distrito Federal, en el mes de agosto las autoridades del DDF, Sedesol, SSA, SEP y del DIF suscribieron un acuerdo interinstitucional mediante el que sumaron capacidades y recursos para detectar, con base en un padrón único, a la población escolar para atender y evaluar su estado nutricional; proporcionarles un paquete básico de salud (vacunación, salud bucal, desparasitación, atención de enfermedades respiratorias, diarreicas y de la piel, así como problemas visuales y auditivos); darles asistencia alimentaria; y promover la participación de maestros y padres de familia en este proceso.

Conforme a indicadores de marginación, deserción escolar, reprobación y desnutrición, se definió un universo de atención de 334 mil alumnos de 2 mil 525 escuelas de preescolar, primaria y educación especial; con ello se atendió a uno de cada dos niños entre cinco y ocho años en los planteles escolares. Este esfuerzo se concentró en las delegaciones de Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Alvaro Obregón e Iztacalco, que registraron los mayores índices de marginación.

Adicionalmente, el DIF distribuyó a población abierta, 42 mil despensas mensuales y 166 mil 064 raciones alimentarias diarias. De estas últimas, el 70.0% se otorgó a población que asiste a unidades operativas de la institución, como son los centros de Desarrollo Comunitario, Casas-Cuna y Hogar, Asilos, centros de Desarrollo Infantil y cocinas populares y servicios integrales; el resto se distribuyó a través de centros de asistencia pública y privada y de organizaciones urbano-populares.

Programas de apoyo alimentario en zonas urbanas marginadas. En beneficio de las familias con ingresos menores a dos salarios mínimos, mediante el Programa de Subsidio al Consumo de Tortilla que opera en 202 ciudades del país con mayor densidad demográfica o más de 10 mil habitantes, se proporcionó de manera gratuita un kilogramo diario de este alimento. Para ello, durante 1995 se ejercieron 666.3 millones de pesos por concepto de subsidio, cifra que se ubicó en 32.9% por arriba del otorgado en 1994, con lo que se benefició a 2.8 millones de familias.

A través del Programa de Abasto Social de Leche se canalizó un subsidio de 1 mil 052.9 millones de pesos, en beneficio de niños menores de 12 años que forman parte de unidades familiares con ingresos inferiores a dos salarios mínimos. Con este gasto se logró atender a 5.5 millones de niños, dando prioridad a los grupos considerados en el PANF y a los niños de aquellos municipios en que se identificó un déficit de talla superior al 30.0%. Cabe señalar que el subsidio ejercido aumentó 32.5% respecto al presupuesto original, debido principalmente al efecto devaluatorio de la moneda nacional y al incremento en el precio internacional de la leche.

Distribución y abasto. Con el propósito de abastecer de productos básicos en cantidad, calidad y oportunidad a la población que habita en condiciones de pobreza o pobreza extrema, así como regular el mercado rural y urbano marginado a precios competitivos, el sistema Diconsa ejerció recursos fiscales por 503.6 millones de pesos, que representan un incremento de 47.5% con relación al monto erogado el año anterior. Con estos recursos, las acciones de Diconsa se orientaron al fortalecimiento del abasto de la canasta básica de alimentos de consumo generalizado, a fin de proteger el poder adquisitivo de las clases sociales marginadas y contribuir a la regulación de los precios que ofrece el comercio privado. Para ello, el sistema operó sus programas en zonas rurales, populares urbanas y en puntos de abasto ubicados en las unidades habitacionales del Infonavit.

Como parte importante de las acciones desarrolladas por el sistema, se llevó a cabo la recapitalización de tiendas, particularmente campesinas, para apoyar la distribución de alimentos que se efectúa a través de los programas Niños de Solidaridad, Albergues Escolares Indígenas y el de Nutrición y Salud, entre otros. Para cubrir el abasto de productos básicos a la población que atiende, el sistema contó con una infraestructura de operación de 21 mil 518 puntos de venta: 20 mil 448 tiendas rurales y 1 mil 070 tiendas urbanas, así como de 334 almacenes. Por otra parte, a fin de fortalecer la distribución de leche y reforzar el apoyo alimentario de las zonas rurales, las acciones de Linconsa se orientaron a revertir la tendencia que centralizaba la atención en las zonas urbanas, mediante el establecimiento de nuevos centros de venta en 12 regiones del país que cubren 547 municipios habitados por familias campesinas e indígenas.

La política de desarrollo social impulsada por el Gobierno de la República considera dentro de sus líneas estratégicas, la promoción y coordinación de los esfuerzos de los sectores público, social y privado, en apoyo a actividades para el mejoramiento de la vivienda y promover así las condiciones para que las familias, en especial las que tienen mayores carencias de las zonas rurales y urbanas, disfruten de una vivienda digna. Al respecto, durante 1995 con recursos del Ramo-26 se apoyaron acciones de construcción y mejoramiento en 299 mil 877 viviendas, de las que parte importante se encuentra en Oaxaca, Estado de México, Tamaulipas, Hidalgo, Colima y Quintana Roo. A su vez, dentro del Programa Solidaridad Obrera se rehabilitaron 14 mil 801 viviendas en 84 conjuntos habitacionales, ubicados en Durango, Guerrero, Estado de México, San Luis Potosí y Nuevo León, principalmente.

Para ampliar y mejorar la cobertura de servicio de agua potable en el medio rural, se realizaron trabajos en 1 mil 813 sistemas, de los cuales se construyeron 787, se ampliaron 568 y se rehabilitaron 458 sistemas, de los que el 49.9% se encuentran en Hidalgo, Guerrero, Durango, Tlaxcala, Puebla y Tamaulipas. Sobresalen los trabajos en sistemas ubicados en localidades pertenecientes a los municipios de Tepezalá, Huixtán, Comitán, La Trinitaria, Azoyú, Huitzuco, Acaxochitlán, Metztitlán, Jiutepec, Zacatepec, Yecapixtla, Ruiz, San Blas, Cadereyta, Tamasopo, Etchojoa y Tantoyuca, en los estados de Aguascalientes, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Veracruz.

En cuanto a alcantarillado en zonas rurales, se apoyó la construcción de 458 sistemas, la ampliación de 238 y rehabilitación de 95; del total de las obras, el 55.0% se encuentra en Tlaxcala, Tamaulipas, Guerrero, Puebla, Querétaro, Coahuila y Durango. Destacan también los sistemas en poblados ubicados en los municipios de Pabellón de Arteaga, Saltillo, Escárcega, Tierra Colorada, Copalillo, Tepeapulco, Tlaltizapán, Puente de Ixtla, Tecuala, Rosamorada, Compostela, Santa Cruz Quilehtla, El Carmen, Tequexquitla, San Juan del Río, Salvador Alvarado, Puerto Peñasco y Tlilapan en los estados de Aguascalientes, Coahuila, Campeche, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Tlaxcala, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Veracruz.

Por otra parte, a través de la Comisión Nacional del Agua se dotó de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario a la población rural e indígena con mayor rezago del país, con la ejecución del programa emergente de obras y acciones prioritarias, dentro de las que destacan: la conclusión de 15 obras de agua potable y alcantarillado sanitario en el estado de Puebla, en beneficio de 40 mil 315 habitantes de las zonas de Tehuacán, Mixteca, Sierra Negra, Sierra Norte y Centro; la dotación de agua a 136 mil habitantes de 177 localidades en las regiones de Los Altos, Selva, Frontera, Norte, Centro y Soconusco del Estado de Chiapas;

con ello, la cobertura en los servicios de agua pasó del 64.0% en 1994 a 70.7% en 1995, otorgando el servicio a cerca de 1.6 millones de habitantes; la atención a 135 localidades rurales con la instalación de 583 kilómetros de tubería, 6 mil 752 tomas domiciliarias, 1 mil 145 hidrantes públicos y 98 tanques de almacenamiento y regulación.

Asimismo, a través del programa de suministro de tubería, piezas especiales y materiales de construcción para las comunidades de Oaxaca, Guerrero e Hidalgo, se benefició a 6 mil 100 habitantes y se estableció el Programa Nacional de sanitarios rurales y letrinización, mediante el cual se pretende atender a la totalidad de las comunidades rurales carentes del servicio de alcantarillado. Los trabajos iniciaron en 1995 mediante un proyecto piloto consistente en la construcción de 20 letrinas en una localidad seleccionada para cada uno de los estados del país.

Las obras de urbanización se orientaron a la construcción de 4.7 millones de metros cuadrados de calles, 821 mil m2 de banquetas, 636 mil metros de guarniciones; y el empedrado de 985 mil m2 de calles, principalmente en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Aguascalientes, Michoacán, Puebla y Baja California; así como a acciones para introducir servicios básicos a 450 lotes en Huauchinango, Puebla y a 426 en Cárdenas, Tabasco; la construcción de 78 parques y 50 plazas cívicas y la instalación de 20 mil 378 luminarias, en Quintana Roo, Tlaxcala, Guerrero, Sinaloa, Durango y Chihuahua. A su vez, se realizarón trabajos de pavimentación en 4.7 millones de m2 de calles en 649 colonias populares. Sobresalen las obras de calles en Benito Juárez, Cozumel, Ahome, Huatabampo, Culiacán, Chihuahua, Apodaca, Reynosa y Ciudad Valles y municipios de Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

En el aspecto ambiental, con el programa nacional de reforestación se apoyaron acciones para producir y plantar árboles en todo el país; para ello, se produjeron 100.0 millones de plantas, que sumadas a las que se encontraban en desarrollo y mantenimiento, representaron 207.6 millones de plantas disponibles para siembra, generándose 20 mil 239 empleos. Son de mencionarse las acciones realizadas en Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Chihuahua y Veracruz.

Apoyos para aumentar la producción, la productividad y el ingreso En concordancia con los objetivos y estrategias señalados en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, se buscó promover el aumento de la productividad de la población marginada como un medio para mejorar sus ingresos, asimismo fue fundamental preservar sus fuentes de empleo y generar otras para abrirles más oportunidades.

Dentro del apoyo proporcionado a los sectores marginados de las áreas rurales del país en el ámbito productivo, los fondos de Solidaridad para la Producción se orientaron a atender a 664 mil productores que laboran en 1.4 millones de hectáreas de temporal con alto índice de siniestros, localizados en 1 mil 759 municipios de 30 estados del país, siendo los más destacados los apoyos otorgados en Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca y Yucatán por la cobertura de atención y por los recursos canalizados.

Con el propósito de avanzar en la integración al proceso de desarrollo de las comunidades rurales aisladas, se impulsó la ampliación y mejoramiento de la red de caminos, mediante la construcción de 1 mil 239.0 kilómetros de éstos, la reconstrucción de 788.0 y la conservación de 9 mil 957.0 kilómetros más, realizándose 1 mil 348 obras que contaron con recursos por 408 millones 688 mil pesos, cifra que significó una variación positiva en 25.8%, respecto al ejercicio anterior.

De las obras realizadas destacan los trabajos efectuados en los caminos EC (Escárcega-Chetumal)-Calakmúl en Campeche; Zamora-Pico de Oro-Boca Chajúl en Chiapas; Coyotes-San Miguel de Cruces, en Durango; Mangas-Cuatas-Cerro Prieto-El Durazno, en Guanajuato; Las Cuevitas-El Balcón y Cocula-Cuetzalán del Progreso, en Guerrero; Santa Teresa-Chompetla-Zacayahuatl, en Hidalgo; Puxmetécan-San Juan Cotzocón-Zacatepec Mixe, en Oaxaca; Ixzotitla-Atlaltongo, en Puebla; Río Verde-Nuevo Tabasco, en Quintana Roo y Dznot Ake-Dznot Box-San Miguel, en Yucatán. Con estas acciones se avanzó en los propósitos de atender las principales vías de acceso de la población que habita en comunidades dispersas y de menores ingresos, así como apoyar la introducción de infraestructura social y productiva en esas regiones.

Mediante el Programa Especial de Empleo Temporal se buscó atenuar los efectos de la crisis económica en los núcleos de la población más desprotegida, creando para ello alternativas de ocupación temporal en las comunidades. El programa se ejecutó a través de los consejos de desarrollo municipal, en donde se promovieron obras de beneficio comunitario tales como la construcción de guarniciones y banquetas, empedrado de calles, remodelación de plazas públicas, trabajos en carreteras y caminos, rehabilitación y desazolve de canales de riego, desmontes, despiedres, nivelación de suelos agrícolas, reforestación, mejoramiento de viviendas y construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y alcantarillado. La operación del programa permitió generar 585 mil 361 empleos, de los que el 41.7% se crearon en Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán.

Adicionalmente, en el marco de las acciones realizadas para superar la pobreza, mediante el programa de becas de capacitación para trabajadores se otorgaron 352 mil 034 becas en todo el país, acción que representa doble beneficio para trabajadores desempleados en el sentido de fortalecer su calificación, a la vez que percibir un estímulo económico.

Con el fondo para empresas de solidaridad se impulsó el crecimiento y desarrollo de la economía popular mediante la creación y consolidación de pequeñas empresas que contribuyen tanto al aprovechamiento productivo de los recursos locales, como a la generación de puestos de operación, propiciando el mejoramiento de la calidad de vida de los grupos participantes y el arraigo de la población en sus lugares de origen.

De acuerdo con ello, el fondo contó en 1995 con recursos presupuestales del orden de 333.3 millones de pesos, para apoyar la conformación de 4 mil 195 pequeñas empresas. De las empresas apoyadas, 3 mil 458 lo fueron a través de fondos de financiamiento y 386 son de carácter pecuario, forestal o pesquero; 83 agrícola o agroindustrial; 225 de comercialización; 7 extractivas y 36 son microempresas, generándose con su operación 73 mil 443 empleos. Cabe señalar que del total de las empresas, el 67.9% se localizó en Colima, Chiapas, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Tabasco.

La participación del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), se inserta dentro de los objetivos de la política de desarrollo social, delineados en el plan para la superación de la pobreza. En este contexto, las actividades del Fonart se orientaron hacia los aspectos relevantes de la producción artesanal y de su promoción y difusión, buscando la diversificación y ampliación de los mercados, así como mejores ingresos para el artesano, proporcionando asesoría técnica para elevar la calidad de sus productos.

En 1995 las compras de artesanías alcanzaron una derrama de 9 millones 120 mil pesos, en beneficio de 78 mil 364 artesanos, a los que se otorgaron créditos por 1.3 millones de pesos, beneficiando en forma directa a 656 artesanos y a 3 mil 174 de manera indirecta. Las ventas netas del Fonart ascendieron a casi 12.3 millones de pesos. Esta cifra muestra un crecimiento del 35.7%, comparada con la del mismo periodo de 1994.

Por otra parte, la asesoría técnica que ofrece el fondo, se estableció como un vínculo de capacitación entre los propios artesanos que tiene como resultado el incremento de la productividad y el consecuente aumento en los ingresos familiares. Así, se realizaron 20 acciones de asesoría técnica. Adicionalmente, el Fonart organizó y participó como coorganizador en 29 concursos artesanales, de los cuales siete tuvieron un carácter nacional y 22 fueron regionales o locales. La derrama de premios ascendió a 347 mil 300 pesos y se realizaron 26 exposiciones, de las cuales 16 fueron resultado de concursos, seis del Programa de Apoyo a Artesanos de Escasos Recursos y cuatro de carácter didáctico y promocional con el acervo con que cuenta la institución.

Desarrollo de los pueblos indígenas De conformidad con los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, la estrategia para impulsar el bienestar de los pueblos indígenas, se centró en lograr la integración de las comunidades étnicas al desarrollo del país, con pleno respeto a su riqueza cultural, lengua y tradiciones. En este sentido, las políticas y acciones de apoyo, se ejecutaron bajo los siguientes principios:

1. Autodeterminación: la no intromisión en las decisiones y asuntos que atañen a la

organización, formas de representación de las comunidades indígenas y la claridad del marco normativo sobre la disposición, uso y aprovechamiento de los recursos naturales susceptibles de explotación por las etnias conforme a la ley.

2. Pluralidad: llevar a cabo la acción institucional sin distinciones o preferencias religiosas, políticas y sociales, con el propósito de fortalecer una cultura de la diversidad y la tolerancia en un marco de unidad nacional.

3. Participación: impulsar la participación de los pueblos indígenas y respetar sus formas de organización social y comunitaria con el propósito de fortalecer sus capacidades para ser sujetos de su propio desarrollo.

4. Integridad: impulsar la acción integral y concurrente de las instituciones y niveles de gobierno que inciden en los pueblos indígenas y evitar prácticas parciales que las fraccionen.

5. Transparencia: propiciar el manejo honesto y transparente de los recursos destinados al desarrollo de los pueblos indígenas a través de su mayor participación en la toma de decisiones y la contraloría social en el ejercicio del gasto.

6. Sustentabilidad: incorporar criterios que aseguren un buen uso de los recursos naturales y el mantenimiento del medio ambiente, respetando la diversidad cultural de los pueblos indígenas.

Asimismo, las Comisiones de Asuntos Indígenas de las cámaras de Diputados y Senadores, así como la Secretaría de Gobernación, signaron la convocatoria nacional para la Consulta sobre Derechos y Participación Indígena, con el propósito de conocer los puntos de vista, diagnósticos y planteamientos que permitan a los órganos competentes proponer reformas al marco constitucional y legal correspondiente, así como sugerir las modificaciones convenientes a las legislaciones de las entidades federativas y las medidas de carácter gubernamental federal para ser consideradas en la materia.

En la consulta participan organizaciones sociales e indígenas, partidos políticos, autoridades estatales y tradicionales, estudiosos de los problemas indígenas, así como la ciudadanía en general.

En congruencia con los principios antes señalados, se intercambian impresiones con el Poder Legislativo sobre un anteproyecto de reformas a los artículos 4o. y 115 constitucionales, mediante las cuales se pretende que el orden jurídico garantice a los pueblos indígenas su capacidad para autodeterminar libremente su desarrollo; los dote de personalidad jurídica como entes públicos, a fin de que manejen su patrimonio conforme a la ley y participen crecientemente en las administraciones municipales.

A través del Instituto Nacional de Educación para los adultos, se incorporaron a los servicios de alfabetización en lengua materna a 66 mil 609 indígenas y se alfabetizaron a 45 mil 857 de 15 estados de la República. Se operaron proyectos especiales como: el de Atención Múltiple al Pueblo Mixe de Oaxaca, con el financiamiento de la OEA; el Programa Emergente de Chiapas, mediante el cual se amplió la cobertura de atención a las etnias mayoritarias del Estado, contribuyendo a las acciones de distensión en la zona de conflicto.

Asimismo, se incrementaron los recursos y diversificaron los programas destinados a poblaciones indígenas en edad escolar. En 1995, casi 40 mil educadores prestaron el servicio a más de 930 mil niños indígenas de los niveles de educación inicial, preescolar y primaria en centros de atención con carácter bilingüe y bicultural.

Con el propósito de brindar una educación acorde a las características linguísticas y culturales de los niños indígenas, se desarrollaron acciones de normatividad, seguimiento, evaluación, elaboración de materiales, producción de programas radiofónicos, investigación educativa, así como de formación y actualización docente. De manera adicional, durante el periodo escolar 1995-1996 se imprimieron libros en 46 lenguas y variantes dialectales para la enseñanza del español como segundo idioma; y se distribuyeron 1 millón 443 mil 300 ejemplares, destinados a poblaciones que no hablan español o que tienen un dominio precario sobre esta lengua.

Por su parte, el Instituto Nacional Indigenista (INI) atendió 1 mil 078 albergues indígenas con 57 mil 615 niños y otorgó 12 mil becas de educación media. Se equiparon 301 albergues escolares y se repararon 403 más en 18 estados de la República, en beneficio de 37 mil 150 niños.

Mediante el Programa de Fondos de Solidaridad para la Promoción del Patrimonio Cultural de los Pueblos Indios, se impulsaron diferentes proyectos culturales de iniciativa comunitaria, beneficiando a 153 mil 847 indígenas de 53 grupos étnicos en todo el país, con una inversión de 8.4 millones de pesos. Por medio del Programa de Desarrollo y Fomento de las Culturas Autóctonas, se recibieron solicitudes de 16 estados de la República para apoyar 62 proyectos de preservación del patrimonio cultural de 36 grupos indígenas y contribuir al respeto de la diversidad cultural.

El INI apoyó a estudiantes indígenas de nivel superior, con becas que incluyen la compra de material y transporte, entre otros. De marzo a diciembre se concedieron 100 becas por un monto de 300 pesos mensuales para atender 33 grupos indígenas en 15 entidades. Además, se apoyó al Centro de Capacitación Musical cuyo objetivo es desarrollar, difundir y fortalecer la música tradicional de bandas filarmónicas como parte importante de la vida y cultura de los pueblos indígenas del Estado de Oaxaca, atendiendo a estudiantes mixes, chatinos, mixtecos y zapotecos.

Con el fin de elevar el nivel de salud y bienestar de estos grupos, a través del Gabinete de Desarrollo Social se identificaron 13 millones de habitantes que residen en 737 municipios catalogados de alta y muy alta marginación, distribuidos en 22 entidades federativas. Como parte de la estrategia de atención, se realizaron las siguientes actividades:

Actualización del diagnóstico de salud de las regiones prioritarias. Se confirmó que la población vulnerable radica en el 75.0% de las localidades menores de 500 habitantes del país y que dentro de los factores responsables de su alta marginación destacan el analfabetismo, el monolingüismo, la migración, las economías de subsistencia y la carencia de servicios sanitarios en las viviendas. En esta población se presentan las tasas más altas de mortalidad materna e infantil y los mayores índices de desnutrición en niños menores de cinco años.

Fortalecimiento de la capacidad instalada. Se rehabilitaron 500 centros de salud en 16 entidades federativas, mediante un presupuesto adicional de 20 millones de pesos. Además, se definieron criterios para la asignación de 2 mil plazas de personal médico y paramédico a unidades de primero y segundo nivel. En particular, las regiones prioritarias de Chihuahua, Puebla y Querétaro fortalecieron su infraestructura de servicios de salud.

Impulso de la participación social. Se formaron comités de salud en las localidades del área de influencia de las unidades médicas; se incorporaron promotores voluntarios de salud; se pusieron en operación casas de salud; y se seleccionó y capacitó a auxiliares de salud. Adicionalmente, en reconocimiento a su labor social se capacitó a parteras y otros terapeutas tradicionales, respetando sus patrones culturales pero propiciando la eliminación de procedimientos nocivos para la salud de sus prácticas regulares.

Establecimiento de mecanismos de concertación y coordinación interinstitucional. Se firmó un convenio de colaboración entre la Secretaría de Salud y el INI, que permitió la realización de acciones conjuntas en los albergues escolares indígenas y se establecieron acuerdos de colaboración con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a fin de mejorar los niveles nutricionales de niños menores de cinco años y de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia en las regiones prioritarias. Con los recursos del Programa de Medicina Indígena Tradicional del INI, se establecieron cuatro centros de desarrollo y 33 proyectos de investigación de medicina tradicional en 17 estados; se atendieron 2 mil 883 pacientes que requirieron atención especializada de tercer nivel, a través del Programa de Apoyo a Pacientes Indígenas. En el rubro de infraestructura sanitaria básica, se instalaron 1 mil 187 letrinas, se mejoraron 1 mil 049 viviendas y se realizaron 29 obras de sistemas de agua potable.

Con el Programa de Ayuda Alimentaria Directa a Comunidades Indígenas de Extrema Pobreza, se distribuyeron 28 mil 260 despensas de alimentos a 9 mil 257 familias de 250 localidades y se atendió a 18 mil 840 menores de cinco años. También, mediante el Programa Emergente de la zona Tarahumara, se benefició a 2 mil 180 familias e igual número de infantes al otorgarles más de 13 mil 080 despensas. En el Estado de Guerrero se benefició a 14 mil familias y a 11 mil 615 infantes menores de cinco años con 44 mil despensas.

El INI estableció diversos convenios con entidades nacionales e internacionales, entre los que destacan los celebrados con Linconsa para el abastecimiento de leche, con la SEP para la operación y atención de los albergues y con el Programa Mundial de Alimentos, para garantizar el surtimiento de abarrotes a los albergues, con la participación de Conasupo y Diconsa.

A través de 156 puntos de distribución de Liconsa se apoyó a 22 mil 512 niños indígenas de 18 municipios de la región Tarahumara y se adicionó el convenio de colaboración INI-Liconsa para la distribución de leche en polvo a 1 mil 070 albergues escolares indígenas distribuidos en 21 entidades, en beneficio de 56 mil 405 niños.

Con el propósito de proporcionar alimentación, educación y hospedaje a la niñez indígena de poblaciones dispersas en las regiones interétnicas del país, se ejercieron poco más de 103 millones de pesos a través del Programa de Albergues Escolares Indígenas; con ello, se brindó atención a casi 57 mil niños de 1 mil 078 albergues.

Cabe destacar la distribución de 111 mil 700 despensas por la Conasupo en el marco del Programa Interinstitucional de Ayuda Alimentaria a Campesinos Afectados en sus cultivos por fenómenos meteorológicos en las comunidades indígenas del país, mediante el cual se benefició a 323 mil 400 personas de 133 municipios en 10 entidades federativas, con un gasto de 3.7 millones de pesos.

En relación al apoyo a organizaciones productivas, mediante el INI se realizaron proyectos de producción, acopio y comercialización de pimienta, miel y vainilla, con recursos por 12.6 millones de pesos, lográndose atender 1 mil 241 hectáreas de vainilla, cosechar 1 mil 980 toneladas de pimienta y 1 mil 700 toneladas de miel.

De igual forma, se otorgaron apoyos que incluyen la rehabilitación de parcelas y el otorgamiento de asistencia técnica para el mejoramiento de los procesos de corte, acopio y comercialización a 163 mil 287 productores de café que laboran en superficies menores de cinco hectáreas y cuya productividad es relativamente baja.

Con recursos federales por 139.5 millones de pesos del fondo para el desarrollo de los pueblos indios se atendieron 138 fondos para financiar 2 mil 578 proyectos. En este sentido, se realizó en Chiapas la rehabilitación y mejoramiento de 1 mil 328 viviendas, la construcción de 17 tanques para almacenar agua y de 186 letrinas; también se apoyaron 82 proyectos agrícolas, pecuarios, agroforestales, artesanales y de servicios a través de los 17 fondos que operan en la entidad.

Por otra parte, en el Estado de Puebla se establecieron nueve módulos de asistencia técnica para atender 554 proyectos, de los cuales 82 se ejecutaron con la participación de mujeres indígenas. Asimismo, se rehabilitaron y equiparon dos bodegas para apoyar la comercialización de frutas y hortalizas y en la región mixteca se construyeron bordos para rehabilitar 30 hectáreas, se perforaron dos pozos para irrigar 75 hectáreas y se reconstruyeron cuatro caminos rurales.

Entre las acciones de atención agraría más relevantes llevadas a cabo a través de la Secretaría de la Reforma Agraria en regiones prioritarias indígenas, destacan las desarrolladas en el Distrito de Riego Pujal Coy, donde se otorgaron derechos a 3 mil 308 solicitantes y posesionarios en una superficie de 31 mil hectáreas. En Chimalapas, conformada por 594 mil hectáreas, de las cuales 114 mil están en conflicto por más de 20 grupos en pugna por regularizar sus posesiones, se instaló una comisión con servidores públicos federales y estatales, para conciliar a las partes y reiniciar las acciones jurídicas necesarias para continuar el proceso de regularización.

Las regiones indígenas de México se encuentran ubicadas en su mayoría en las zonas con mayor biodiversidad del país. Tan sólo de los municipios con población indígena, el 24.0% habita dentro de las zonas de influencia de alguna área natural protegida. La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) ha buscado introducir criterios de desarrollo regional sustentable, tanto en las áreas naturales protegidas, como en aquellas regiones cuyas condiciones de pobreza y potencialidad natural requieran desarrollarse en un sentido de equidad social, incremento de la producción y productividad y manejo adecuado de los recursos naturales. Lo anterior supone propiciar la participación de los habitantes de dichas regiones en las actividades de planeación regional, incluyendo a los grupos étnicos, organizaciones sociales y académicas, así como a las diferentes instancias de gobierno.

En este sentido, en 1995 la Semarnap inició el diseño y operación de los Programas de Desarrollo Regional Sustentable (Proders) en 13 regiones prioritarias del país, en las cuales la

población indígena representa un alto porcentaje de la población total, sobresaliendo los casos de la Selva Lacandona en Chiapas, La Montaña de Guerrero, los Chimalapas y la Chinantla en Oaxaca y Monarca en Michoacán y Estado de México. Los Proders se dirigen a impulsar la descentralización, la planeación participativa, el desarrollo sustentable y a elaborar modelos de desarrollo que permitan formular escenarios, evaluar el impacto de las acciones y generar propuestas de política.

Por la importancia económica y social que tiene el cultivo de café para el país, se ejecutó durante 1995 un programa de apoyo para impulsar su producción y productividad, en el estrato de productores que poseen menos de cinco hectáreas y que constituyen el 92.0% de los cafeticultores, en su mayoría ubicados en zonas indígenas, lo que permitió beneficiar con un financiamiento del Banrural por 314.5 millones de pesos a 164 mil 125 productores, anteriormente no considerados como sujetos de crédito, poseedores de una superficie de 315 mil 770 hectáreas.

Es importante destacar que independientemente del apoyo financiero, el programa ha permitido un significativo avance en la reestructuración de la organización y acción institucional en el fomento de la cafeticultura, a través de la consolidación de organismos estatales, que de manera corresponsable con los productores y autoridades, permiten plantear nuevas acciones de apoyo con mayores expectativas de productividad y eficiencia.

Durante 1995, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural realizó acciones tendientes a apoyar el desarrollo en regiones prioritarias por su grado de marginación manifiesta.

Se dio atención a comunidades indígenas de los estados de Chiapas y Oaxaca, así como de la Huasteca en la que convergen los estados de Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz. Se realizó una derrama económica de 9.9 millones de pesos que se orientaron a la generación de empleo, fomento a la producción de básicos, establecimiento de huertos familiares, reconversión productiva, mejoramiento y repoblación de los hatos ganaderos, realización de campanas fitozoosanitarias, preservación de los recursos naturales y la construcción de infraestructura básica, atendiéndose los cultivos de café, macadamia, marañón, cacao, palma camedor y parcelas agroforestales.

En materia pecuaria se impulsó la explotación bovina, porcina, avícola, apícola y de ovinos.

En Los Altos de Chiapas, se continuaron los trabajos de desarrollo de áreas de temporal y de rehabilitación de unidades de riego; se terminó el encauzamiento del río Grande de Comitán y se rehabilitaron las unidades de riego la Patria, Morelia, Veracruz y Chacaltic. En Hidalgo, en los proyectos Xotho y Demacú, región donde se encuentran los otomíes, se utilizó mano de obra campesina para incorporar 40 hectáreas nuevas al riego y rehabilitar otras 206. En Oaxaca, se protegieron 1 mil 784 hectáreas contra inundaciones, para beneficiar principalmente a núcleos indígenas como los mixes, serranos, juchitecos y zapotecos.

Atención a grupos vulnerables En congruencia con el reto asumido de combatir la desigualdad y aspirar a la justicia social mediante la integración social y productiva de la población vulnerable, en 1995 se inició un proceso de transformación del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), con el propósito de contar en el corto plazo con mayor capacidad de respuesta ante los nuevos y viejos problemas de desigualdad y pobreza en el país.

Este nuevo enfoque se orienta a transformar a la asistencia en uno de los ejes estratégicos de la política social del Estado mexicano y establecer claramente la concurrencia y forma de participación de los tres niveles de gobierno y las organizaciones no gubernamentales, las instituciones de asistencia pública y la organización propia de los beneficiarios, para mejorar con acciones directas y coordinadas los niveles de vida de la población desamparada.

La reforma del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia busca dirigir la política de asistencia a la promoción de la integración social y productiva de individuos y grupos vulnerables, a través de acciones que contribuyan a la generación de capacidades básicas y de condiciones que posibiliten el pleno ejercicio de sus derechos, convirtiéndolos en sujetos y actores del diseño e instrumentación de los programas respectivos, mediante acciones de desarrollo comunitario, fortalecimiento de los nexos intrafamiliares, asistencia jurídica, apoyo a la economía familiar, rehabilitación, promoción de la salud, saneamiento ambiental, asistencia alimentaria y orientación nutricional.

En el centro del nuevo enfoque se encuetra una noción de vulnerabilidad, que posibilita caracterizar a los amplios y diversos grupos sociales que no encuentran estructural o coyunturalmente condiciones para su movilida social.

Para dar consistencia a la reforma y propiciar los cambios necesarios en los programas, criterios y reglas de operación institucional en el ámbito nacional, se partió de la definición de cinco principios básicos.

Principios básicos de la reforma del DIF, 1995 Integralidad de acciones, organizadas alrededor de estrategias que procuran la mayor eficacia institucional.

Complementariedad, que busca sumar y articular los esfuerzos y recursos de las diversas dependencias y organismos que inciden en el campo de la asistencia.

Focalización y regionalización, mediante las cuales se pretende asegurar que los beneficios lleguen a los grupos que realmente lo requieren y que impacten en las zonas en las que se concentran los problemas.

Coordinación y concertación, para asegurar dirección y sentido únicos a los esfuerzos que se despliegan en los tres ámbitos de gobierno y a las diversas iniciativas que con ese propósito, realizan diferentes organizaciones y sectores de la sociedad.

Flexibilidad, que garantice los ajustes y correcciones necesarias, conforme a las necesidades especificas de grupos y regiones.

Fuente: DIF.

A partir de diversos diagnósticos institucionales y del reconocimiento de que muchas tareas se han venido cumpliendo sólo de manera parcial, se puso en marcha un proceso para consolidar en el mediano plazo, un Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, que tendrá como eje al DIF nacional y a los 31 DIF estatales y estará orientado a vertebrar y dar congruencia a la suma de iniciativas públicas y privadas que se vienen desarrollando en este campo, hasta conformar una red de compensación asistencial con cobertura en todo el territorio nacional.

Los propósitos fundamentales son: incrementar la capacidad de respuesta a los desamparados, ampliar coberturas y elevar la calidad de los servicios que se proporcionan; desarrollar modelos de atención, acordes a los nuevos procesos de vulnerabilidad social, recuperando y potenciando experiencias, metodologías y recursos humanos e incrementar el financiamiento y su reorientación en congruencia con las nuevas prioridades.

Parte fundamental de las reformas que se promueven, tienen que ver con la redefinición y fortalecimiento de las tareas que realizan instancias internas, como el Instituto Nacional de Salud Mental (Insame) y la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia y con el proceso de descentralización ya iniciado, que permitirá convertir a la institución en un organismo eminentemente normativo y de evaluación y a los estados, asumir total responsabilidad e injerencia en la operación y seguimiento de los programas y en la definición de los contenidos regionales.

Durante el ejercicio, se presentó el proyecto de reestructuración del Insame que apunta hacia la transformación de su perfil con el que venía operando. Por un lado, se busca aprovechar de mejor manera la capacidad de que dispone, la aplicación y evaluación de sus modelos, la generación de proyectos e iniciativas que refuercen la propia reforma del DIF y por otro, la incorporación creciente, mediante los convenios respectivos con universidades y centros de investigación superior, de especialistas e investigadores de la asistencia social, en proyectos clave sobre los procesos de vulnerabilidad, evaluación de las prácticas institucionales y construcción de nuevas metodologías.

La transformación del Insame conlleva la transferencia de algunos servicios de salud que proporciona y el reencauzamiento de los segmentos poblacionales que atiende, a las dependencias competentes; un proceso de

recalificación del recurso humano susceptible de integrarse al nuevo perfil y con apego a los derechos de los trabajadores, la reubicación de aquellos que prestan sus servicios. Todo ello, conforme a criterios básicos de concertación, gradualidad del proceso y garantía de continuidad en la protección a la población atendida.

Por lo que se refiere a la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia, la reorientación se dirige para que se constituya como una unidad administrativa desconcentrada del SNDIF, bajo la denominación de Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, con el propósito de fortalecer su papel como instancia promotora y defensora de los derechos y garantías de los grupos vulnerables que atiende.

Esta instancia a través del programa para la prevención del maltrato, otorgó atención a menores desamparados o con problemas sociales y a menores agredidos, física, sexual y/o emocionalmente, en forma intencional por sus padres, tutores o personas responsables de ellos. Durante 1995 se recibieron 1 mil 853 denuncias de 3 mil 566 menores presuntamente víctimas de maltrato, de las cuales éste fue confirmado en 1 mil 405 casos: 95.0% físico, 4.0% sicológico y 1.0% de abuso sexual.

Por otro lado, se continuó apoyando mediante el Programa de Libertad Asistida las acciones que lleva a cabo la Secretaría de Gobernación en materia de readaptación social de menores y prevención de la farmacodependencia; en tanto que coordinadamente con los DIF estatales y municipales se atendió la localización de familiares de menores en estado de abandono; y con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Servicio Social Internacional se intensificaron los servicios de adopción internacional, sustracción de menores y obtención de pensiones alimenticias, en cumplimiento de convenciones internacionales y de un convenio suscrito en 1991, los cuales convierten al DIF en autoridad central en esos ámbitos y le confieren reconocimiento y responsabilidades en el plano internacional.

De conformidad con las nuevas líneas de política asistencial y programas relativos o derivados de ella y en función de la capacidad de gestión administrativa, infraestructura y recursos disponibles de cada una de las entidades federativas, durante 1995 se realizaron acciones para precisar el proceso de descentralización de la asistencia social, de acuerdo a las posibilidades operativas de suministro y abastecimiento de los requerimientos e insumos necesarios para la operación de los programas por transferirse.

En consideración de que los programas de asistencia alimentaria son de máxima prioridad, en 1995 se avanzó en la asignación de recursos financieros directos a 16 entidades federativas, lo cual les permitió agilizar la adquisición de insumos y asegurar un abasto descentralizado en la operación del Programa de Desayunos Escolares. De la misma manera, con el propósito de reforzar el papel de las Cocinas Populares y Servicios Integrados (Copusi) en el contexto de la estrategia alimentaria, se inició la transferencia a los estados de la responsabilidad de adquirir y operar las cocinas, lo cual ha contribuido a su mejor adecuación a las características geográficas y socioculturales de las regiones.

Con el Programa de Red Móvil, utilizado como principal instrumento para hacer llegar las

acciones del DIF a las poblaciones más remotas y marginadas del país, se ha logrado avanzar en el diseño de una normatividad que apoye y agilice la descentralización de la estrategia de asistencia alimentaria en 1996; ello con la finalidad de lograr una articulación más adecuada de las propuestas de desarrollo comunitario al eje estratégico de alimentación y nutrición familiar.

De esta manera, se ha avanzado para que el Programa de Red Móvil y otros de desarrollo comunitario logren descender a nivel municipal, en la perspectiva de que se constituyan en el mediano plazo en una parte significativa de la Red de Compensación Asistencial a lo largo del territorio.

Por otro lado, se avanzó en el diseño de mecanismos para descentralizar los centros de Rehabilitación y Educación Especial; específicamente en aspectos de normatividad y el manejo adecuado de las cuotas de recuperación y de los recursos financieros y materiales. Ello hizo posible que se terminara con la transferencia de 10 centros.

La descentralización permite al SNDIF apuntalar su papel normativo y de rectoría en materia asistencial en tanto que las entidades federativas ven incrementados sus montos de recursos, la cobertura en los servicios que proporcionan y la posibilidad de incorporar contenidos regionales a los programas, acordes a los sectores vulnerables que atienden.

La política asistencial se orienta bajo el principio de impulsar la autosuficiencia y adquisición de capacidades básicas por parte de los grupos vulnerables, como vía para superar sus desventajas, ejercer sus derechos e integrarse plenamente a los procesos sociales y productivos. La población objetivo en este esquema se atiende en los siguientes cinco programas especiales: asistencia al menor; integración de los jóvenes al desarrollo; mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores emigrantes; incorporación de la población discapacitada al desarrollo y bienestar para los ciudadanos de la tercera edad.

En atención del grupo de menores cabe destacar la formulación conjunta del DIF con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para el periodo 1996-2000, de los documentos base para la cooperación entre el Gobierno mexicano y esa agencia, que permitieron el establecimiento del Plan Maestro de Operaciones, las orientaciones y contenidos a las acciones acordadas, en congruencia con los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 y los compromisos de México ante la Cumbre Mundial plasmados en el Programa Nacional de Acción en Favor de la Infancia 1995-2000, puesto en marcha en el mes de octubre.

La cooperación con UNICEF se estableció en tres vertientes estratégicas: acciones integradas en regiones prioritarias (paquete básico de alimentación, nutrición, salud y saneamiento); programas globales de cobertura nacional (protección y respeto a los derechos de la infancia, la mujer y la familia) y programas sectoriales (como apoyo al cumplimiento de las metas sectoriales en salud, nutrición, educación y atención de menores y adolescentes en circunstancias especialmente difíciles), que se contemplan como compromisos en el Programa de Acción en Favor de la Infancia 1995-2000.

La transformación del Programa de Menores en Situación Extraordinaria (Mese) en Programa de Menores en Circunstancias Especialmente Difíciles (Meced), concepción que adiciona a los niños de la calle, los niños desamparados atendidos en las instituciones públicas, los maltratados o víctimas de abuso físico o sicológico, los discapacitados, huérfanos y abandonados y otras categorías que en los últimos años han llegado a tener un peso similar o a traslaparse con los niños de la calle, como producto de la diversidad y complejidad cada vez mayor de la sociedad.

Se trata por ejemplo de menores jornaleros agrícolas, farmacodependientes, infractores, indígenas, emigrantes, refugiados y repatriados.

Conforme a esta nueva visión, la estrategia del Meced se orientó a llevar a cabo los esquemas que revaloran el papel de los niños en el ámbito familiar, que los considera socialmente como sujetos de derecho y que alimentan en la sociedad la cultura de respeto y dignidad hacia su condición. Así, durante 1995 se promovió a través de los sistemas estatales DIF, la atención de los menores mediante un paquete básico para brindarles atención en los ámbitos de educación, salud, nutrición, protección, fortalecimiento de lazos familiares, capacitación para el trabajo y respeto a sus derechos.

En la vertiente preventiva, se puso énfasis en las familias y menores en riesgo de convertirse en niños en o de la calle o de cualquiera otra de las categorías que se señalan, particularmente en aquellas zonas y ciudades caracterizadas por ser expulsoras y, en forma paralela, en la vertiente de atención, a partir de los casos concretos que lograron detectarse, especialmente en los principales municipios, ciudades y zonas urbanas receptoras.

Por otra parte, se continuó proporcionando a los menores atendidos por la institución, albergue, alimentación, atención médica, sicológica y pedagógica; actividades culturales, deportivas y recreativas; además de brindarles elementos formativos, educativos y capacitación laboral. En este sentido, en la Casa-Hogar para niñas y varones del DIF, se llevaron a cabo reformas en los patrones de atención, con lo que se propició la formación, desarrollo integral y superación personal de los menores, mediante instrumentos como el Decálogo de Valores, el Taller de Expresión y Desarrollo de la Actividad Infantil, entre otros.

En las casas-cuna, además de los servicios mencionados, se avanzó en los programas de estimulación múltiple temprana, formación de hábitos y valores, con el fin de lograr un equilibrio afectivo, sicomotor y social de los menores, su control de esfínteres y cuidados personales; en tanto que, a través de los "internados Amanecer para niñas y varones", se brindó atención a menores de seis a 18 años provenientes en su mayoría de núcleos familiares desintegrados.

Asimismo y dentro de las propias áreas, la institución proporcionó servicios a través de sus centros de Atención Preescolar Comunitaria y los centros Asistenciales de Desarrollo Infantil. En los 173 centros de Atención Preescolar se atendió a 7 mil 883 menores de seis a 11 años, mientras que en los otros 54, a un total de 4 mil 898 menores entre los cero a cinco años de edad.

Un gran segmento de población vulnerable en nuestro país está conformado por grupos de jóvenes en desventajas económicas y sociales. Debido a que este grupo constituye alrededor de una tercera parte del total de la población del país, es importante fortalecer los programas institucionales para promover su atención, así como fomentar su participación en el desarrollo social y la promoción de los servicios básicos.

Bajo este marco y siguiendo los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 1996-2000, en 1995 se avanzó en acciones para ampliar la cobertura educativa de jóvenes que habitan en zonas urbanomarginadas, con la incorporación de la Red Satelital de Distribución de Televisión Educativa (Edusat) de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Asimismo, a través del programa Fiducar, que tiene el propósito de apoyar a jóvenes de comunidades rurales que no cuentan con opciones para estudiar primaria y secundaria, en el ciclo escolar 19951996 se proporcionaron 17 mil 303 becas económicas, fundamentalmente para apoyo de pago de transporte, colegiatura y hospedaje.

En cuanto a las acciones para la prevención de adicciones, en 1995 se realizaron 2 mil 255 eventos de información y orientación, en beneficio de 140 mil 588 jóvenes; en el área de capacitación se llevaron a cabo 73 eventos con los que se brindó atención a 2 mil 936 personas; en el campo de movilización juvenil para la prevención de las adicciones se organizaron 261 eventos como: concursos, foros, actividades recreativas, artísticas y sociales, en los que participaron 476 mil jóvenes.

Asimismo, en la búsqueda por generar mayores acciones de asistencia social por parte de las organizaciones y brigadas existentes en el país, se generaron diversos apoyos para fortalecer dichas actividades, proporcionándose material deportivo, de oficina, de construcción, didáctico, entre otros, así como ayuda para transportación y hospedaje, beneficiando a poco más de 259 mil jóvenes de organizaciones juveniles. Cabe mencionar que se realizó la Reunión Nacional de Brigadas Juveniles de Desarrollo Comunitario con la asistencia de 200 brigadistas.

La SSA firmó un convenio de colaboración con la SEP para dar continuidad a la capacitación en cuestiones de educación sexual a maestros de educación secundaria, normal y educación física, con el fin de disminuir los riesgos de embarazo, las enfermedades de transmisión sexual y promover el uso del condón entre los jóvenes y los adolescentes. Al respecto, se han elaborado materiales educativos apropiados para la población escolar.

Entre los programas realizados se encuentran: "A ti cómo te látex", "Maratón sex-SlDA" y "Opción joven 95".

Para prevenir el uso de drogas se han realizado diversas movilizaciones sociales, promoviendo la participación de los jóvenes mediante actividades que son de su interés, como: marchas, pintas de bardas, sociodramas, encuentros deportivos y festivales artísticos y culturales. Se pretende que sean los mismos jóvenes quienes comuniquen a la población en general y al segmento joven en particular, los riesgos y consecuencias del uso de sustancias tóxicas.

El trabajo de los jóvenes en las comunidades marginadas ha sido de gran importancia. Se ha fomentado su participación como promotores de salud o como técnicos en atención primaria a la salud y con su trabajo se ha logrado llegar a las comunidades de difícil acceso que no cuentan con servicios de salud. Se han capacitado también en la prevención y el control de las enfermedades diarreicas agudas e infecciones respiratorias agudas, en actividades de vacunación y planificación y en la detección oportuna de enfermedades crónicas.

Con el Programa de Desarrollo Integral del Adolescente (DIA) que se lleva a cabo a través de los sistemas DIF de las 31 entidades federativas, las acciones realizadas pusieron énfasis en la modificación de conductas para reforzar la integración familiar y la participación comprometida de los jóvenes en acciones de beneficio para el mejoramiento de su entorno comunitario. En ese sentido, con el apoyo del DIF nacional, en 575 municipios de 31 entidades, se avanzó en materia de difusión de la normatividad, orientación y capacitación del personal operativo, alcanzando a una población de 750 mil 875 adolescentes, 159 mil 921 padres de familia y 23 mil 093 maestros comprometidos en alguna medida con el programa.

En el Distrito Federal, en coordinación con el Consejo Nacional de Población (Conapo), el DIF nacional inició el Programa "De joven a joven", que proporciona servicios de orientación, asesoría y canalización por vía telefónica a los adolescentes, padres y maestros sobre temas relacionados con la adolescencia, sexualidad, maltrato y violación, relaciones familiares, adicciones, aborto y anticoncepción, entre otros. El programa contó con una respuesta aceptable, con más de 80 mil llamadas al año provenientes del Distrito Federal y la zona conurbada, tres cuartas partes de ellas, realizadas por adolescentes y jóvenes entre 12 y 23 años.

Las llamadas en más de un 70.0% correspondieron al segmento juvenil de educación media, media superior y superior, información de utilidad para hacer al programa las adecuaciones y reorientaciones necesarias, para que sus beneficios y apoyos lleguen de manera más equilibrada a los diversos sectores juveniles.

Para impulsar la vinculación de los pasantes de educación técnica y superior a labores de beneficio comunitario mediante la prestación del servicio social, como son la Contraloría Social en el DDF, Centroamérica Vecino, Paisano Amigo, Integración Juvenil, Comisión Nacional del Deporte y Desarrollo Integral de la Familia, se otorgaron 55 mil becas en todo el país, destacando los estímulos entregados en los estados de Hidalgo, Chiapas, Tlaxcala, Puebla, Guerrero y Guanajuato.

Por otra parte, con el Programa Jóvenes de Solidaridad en el medio rural y urbano se promovieron acciones de educación, trabajo comunitario, servicio social, proyectos productivos, deporte y cultura entre este sector de la población. Sobresalen entre otras, el otorgamiento de 7 mil 362 becas, la realización de la Olimpiada del Conocimiento, el estímulo al rendimiento académico y las actividades técnicas y académicas efectuadas en beneficio de la comunidad.

Una de las líneas de acción previstas en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, consiste en mejorar las condiciones de vida de los trabajadores migrantes. Su vulnerabilidad se traduce en inseguridad laboral, falta de vivienda digna, mala alimentación y marginación en el acceso a los servicios básicos.

Cabe destacar que entre las principales causas de la migración se encuentran las condiciones de pobreza de los estados con menor desarrollo, que propician los flujos de población hacia los centros de atracción en donde buscan incorporarse al mercado de trabajo.

El compromiso asumido por el Gobierno Federal para con este sector poblacional, se basa en la detección de sus necesidades y demandas y se concretiza con el impulso de programas de educación y capacitación para el trabajo, considerando su condición migratoria;

el desarrollo de proyectos integrales para mejorar su nivel de vida y la consolidación de sistemas de coordinación interinstitucional que garanticen eficacia y oportunidad en la prestación de servicios.

En el marco del programa de educación comunitaria y capacitación no formal para el trabajo, durante 1995 se pusieron en funcionamiento 152 campamentos de educación y recreación en beneficio de 138 mil 448 trabajadores migrantes y sus familias, mediante 3 mil 236 actividades diversas en seis talleres. Las nueve entidades federativas en las que se operó este programa fueron: Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Morelos, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.

Entre las principales actividades desarrolladas destacan la atención en los programas de Alfabetización y Educación Básica, habiendo obtenido su constancia 981 adultos y 415 certificaron sus estudios de educación básica. Además, se llevarán a cabo acciones de capacitación en orientación al consumo a la salud en diversos oficios y manualidades; así como actividades deportivas, recreativas, culturales y artísticas.

Mediante el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales al Canadá, fueron reclutados, seleccionados y enviados 4 mil 886 trabajadores. Con este programa que surge del Memorandum de Entendimiento suscrito por los gobiernos de México y Canadá desde 1977, se han ofrecido alternativas de empleo e ingreso para trabajadores del campo mexicano y sus familias y se ha consolidado el programa entre los empleadores canadienses.

A través del programa jornaleros agrícolas, que opera con recursos del Ramo 26: Solidaridad y Desarrollo Regional, se promovieron acciones en beneficio de 309 mil 238 personas en 690 unidades de trabajo localizadas en 157 municipios de Baja California, Durango, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Veracruz. Se apoyaron 600 proyectos sobre vivienda, saneamiento ambiental, salud, alimentación, abasto y capacitación.

A fin de que poblaciones rurales apartadas tengan acceso a servicios de salud básicos, se construyeron 89 unidades médicas localizadas en Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Chihuahua, Veracruz y Sinaloa.

Con las acciones del Programa Mujeres en Solidaridad se busca incorporar de manera creciente a este grupo de población a la realización de obras y proyectos en beneficio de sus comunidades. En 1995 con la participación de 127 mil 335 mujeres se apoyó la instalación de 1 mil 546 granjas, 2 mil 094 huertos, 70 tortilladoras, 194 molinos de nixtamal, 31 panaderías, 48 talleres artesanales, 43 tiendas y 57 centros de producción. Además, se rehabilitaron 2 mil viviendas y se entregaron 78 mil 880 aves y 10 mil 286 cabezas de especies menores.

En el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, se plantea como uno de los objetivos sustanciales prestar particular atención a la población que se encuentra con alguna desventaja física. Al respecto, cabe mencionar que la atención de las personas con discapacidad ha sido proporcionada con limitaciones, esto es, sin considerar la visión integral de una política de Gobierno para incorporarlas con plenitud a la vida social y productiva del país. Prueba de ello es la carencia de información sobre el número de demandantes y el tipo de discapacidad que presentan.

Aunque las instituciones de salud, seguridad y asistencia social, han desarrollado programas de prevención de la discapacidad, rehabilitación médica y laboral de los discapacitados, las acciones no se han articulado adecuadamente y no han tenido la continuidad ni la cobertura suficiente, concentrándose principalmente en las zonas urbanas.

Por su parte, las instituciones de educación pública han llevado a cabo importantes programas de educación especial, que también requieren actualizarse con una nueva visión que marca la integración de los niños discapacitados a las escuelas del sistema regular.

En el sector laboral, han sido incipientes las acciones desarrolladas para capacitar e integrar en empleos remunerados a las personas con discapacidad. Por ello, no existe equidad en las oportunidades de acceso al trabajo, incluso para aquellos que se han destacado por sus habilidades, eficiencia y profesionalismo. A

ello, se aúnan los obstáculos del entorno físico y la casi nula señalización, que les facilite el acceso y desplazamiento en edificios, viviendas, servicios de transporte público, calles, espacios recreativos, deportivos y turísticos, parques y jardines.

En virtud de lo anterior, la política asistencial a través del Programa Nacional para el Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, pretende dar respuesta a las necesidades de este grupo de la población, sumando los recursos de las instituciones públicas y privadas para iniciar un proceso de cambio en el que los discapacitados sean los protagonistas de su propio desarrollo. En 1995 se conformó la Comisión Nacional Coordinadora y 24 comisiones de Coordinación Estatal y la correspondiente al Distrito Federal.

A fin de construir y consolidar un Sistema Nacional de Información sobre Población Discapacitada, la SEP, el INEGI y el DIF realizaron el levantamiento del Registro de Menores con Discapacidad entre los niños de preescolar, primaria y secundaria que asisten a todas las escuelas públicas y privadas del país.

A partir del levantamiento de 23 millones de cédulas distribuidas para este fin, se logró la construcción de un mapa de la discapacidad a nivel nacional, con los nombres de niños discapacitados, domicilios, localidades y municipios en los que viven, el tipo de discapacidad que padecen, así como las que proporcionalmente tienen un mayor peso relativo.

Con el mismo propósito de complementar este sistema de información, se integró con la colaboración del INEGI, el Directorio Nacional de Organizaciones de Personas con Discapacidad. Asimismo, para integrar el Directorio Nacional de Personas con Discapacidad, se distribuyeron 24 millones de hojas de registro en todas las viviendas del país, durante el conteo de población y vivienda.

Para una mejor defensa y protección de los derechos humanos de los discapacitados, durante el periodo de análisis se actualizó y fortaleció el marco jurídico que los protege.

En el Distrito Federal se promulgaron cuatro leyes locales, con lo cual se llegó a un total de 11 entidades federativas que cuentan con tales ordenamientos; en tanto que en otros ocho estados, al finalizar el periodo, se encontraban iniciativas jurídicas en proceso de promulgación. De igual manera, se crearon con la Procuraduría General de la República, dos agencias del Ministerio Público Federal especializadas en la atención de personas con discapacidad y con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, tres agencias del Ministerio Público especializadas en la atención de menores, personas con discapacidad y robo de infantes.

Resultados del Registro de Menores con Discapacidad, 1995 - 2.9 millones de menores entre 0 y 17 años presenta algún problema de discapacidad, de estos, 295 mil tienen entre cero y cinco años; 1.7 millones se encuentra en el grupo intermedio de seis a 12 años; y 860 mil tienen edades superiores a los 12 años. - De toda la población infantil discapacitada, el 85.0 por ciento padece discapacidad de un solo tipo, en tanto que el restante 15.0 por ciento presenta dos o más clases de discapacidad.

Los tipos de discapacidad más frecuente son: - Debilidad visual (44.0 por ciento) - Dificultades para hablar (17.0 por ciento) - Problemas auditivos (8.0 por ciento) Los menos frecuentes son: - Autismo (2.5 por ciento) - Discapacidad asociada a epilepsia (1.3 por ciento) - Síndrome de down (0.5 por ciento) - Parálisis cerebral (0.4 por ciento) Fuente: DIF.

Por otro lado, se impulso el debate sobre el fenómeno de la discapacidad y se inició un foro sobre trabajo e integración, orientado a la ratificación por parte de México, del convenio 159 de la OIT sobre readaptación y empleo para discapacitados.

Principales acciones del Programa Nacional para el Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, por ámbito de atención Salud y seguridad social.- El IMSS, el ISSSTE y el DIF, realizaron adecuaciones a su normatividad para facilitar el acceso de niños sanos con discapacidad a las estancias para el bienestar y desarrollo infantil. La SSA inició en dos entidades federativas la capacitación al personal directivo sobre prevención de la discapacidad y su rehabilitación simple. Se ampliaron los horarios de atención en seis centros de rehabilitación del DIF, y en coordinación con el Grupo de Estudios del Nacimiento, A.C. se establecieron módulos de detección de defectos en dos centros de rehabilitación. Asimismo, la Institución trabaja con diversas organizaciones de personas sordas en la unificación del lenguaje de signos utilizado en nuestro país.

Educación.- El DIF en coordinación con la SEP impulso la atención e integración de los niños con discapacidad al sistema educativo, a través de las unidades de apoyo a la educación regular.

Capacitación y trabajo.- En coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se asignaron becas de PROBECAT para apoyar la capacitación de personas con discapacidad en la planta industrial del país; a su vez, se apoya a través del Programa CIMO, a las empresas que contratan personas con discapacidad. La misma Secretaría realiza campañas preventivas de accidentes laborales en 372 empresas. Con CANACINTRA, STPS, DDF, CONAFE, SECOFI e Industrias de Buena Voluntad se desarrolló el modelo de Agencias de Integración Laboral, dos de las cuales funcionan en el Distrito Federal. Entre Pronósticos para la Asistencia y el DIF se firmó un convenio para la instalación de 400 agencias de pronósticos en todo el país, en las que se emplearan a 1 200 personas con discapacidad en el corto plazo. Asimismo, se concertó con el DDF, que el 90.0 por ciento del personal de la empresa que proporciona mantenimiento a sus instalaciones deportivas y recreativas, este conformado por personas con discapacidad; y el otorgamiento de subsidios fiscales a las empresas que los integren en la plantilla de su personal.

Cultura, deporte y recreación.- Se promovió por parte del CNCA en todas las bibliotecas del país, el uso de los acervos en Braille y del libro hablado para invidentes; y se inició un programa para la eliminación de barreras físicas en diversos museos. En materia de promoción y acceso al deporte, se llevaron a cabo las VIII Olimpiadas Especiales para Personas con Déficit Intelectual que congregaron 1 530 atletas; y se organizaron los XXII Juegos Nacionales sobre Silla de Ruedas, conjuntamente con CONADE, IMSS, IPN, UNAM, ISSSTE y la Federación Mexicana de Deporte sobre Silla de Ruedas y Rehabilitación. Para conocer modelos, experiencias y metodología en la prevención, atención y tratamientos de la discapacidad en otros países, se celebraron diversos eventos de carácter internacional, entre los que cabe destacar el Congreso Internacional: La Discapacidad en el Año 2000, durante el mes de mayo, que reunió a cerca de 3 mil personas; y se celebraron en el mes de octubre en Morelia, Michoacán, las Décimas Jornadas Nacionales e Internacionales de la Confederación Mexicana de Limitados Físicos y Representantes de Deficientes Mentales, A.C.

Infraestructura, instalaciones y transporte.- En coordinación con la SCT se realizaron adaptaciones para la eliminación de barreras físicas en todas las terminales de autobuses foráneos; y en diversas ciudades se construyeron rampas en los primeros cuadros y en otros lugares públicos, para facilitar su acceso. El DDF ha señalizado todos los asientos individuales del Metro destinados al uso de personas con discapacidad, en tanto que, con la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y con TELMEX, se convino la construcción de rampas cuando dichos organismos realicen obras en las aceras públicas. Asimismo, las autoridades de la Ciudad de México han adaptado el 60.0 por ciento de las escuelas de enseñanza básica, para facilitar el acceso de los menores con discapacidad; y acordaron que una de cada 20 viviendas de interés social que se construyan, cuente con adaptaciones especiales para estos grupos vulnerables.

Medios de comunicación.- El IMSS realizó una campaña televisiva para fomentar la cultura de respeto y equidad de oportunidades para las personas con discapacidad. Además, conjuntamente con el DIF, inició el patrocinio del programa "Discapacidad, por un Mundo sin Barreras". Con el Canal 11 del IPN, se concertó la inclusión en sus programas de la Barra de Salud, de temas relativos a la discapacidad; y con PROFECO, campañas de sensibilización para su personal, así como la incorporación de cápsulas informativas sobre discapacidad en los diversos espacios informativos de televisión y radio con que cuenta. Con el DDF a través de LOCATEL, inició la operación de un sistema informativo para el intercambio de ayudas funcionales entre donantes y receptores; y se conformó un registro de personas con deficiencia mental a las cuales se les proporciona una placa de identificación para su adecuada localización en caso de extravío.

Fuente: DIF.

Dentro de la transición demográfica de nuestro país, los ciudadanos de la tercera edad constituyen un sector creciente que demanda una seguridad social justa, que les permita retirarse de la vida laboral sin detrimento de su bienestar. Por ello, uno de los propósitos fundamentales que permearán la política asistencial hacia este grupo de población, será la ampliación de los servicios educativos, culturales, de reposo y recreación, el aprovechamiento de sus conocimientos y experiencias, así como el acceso preferencial y a bajo costo a bienes básicos de consumo.

En este sentido, durante 1995 el Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA) atendió a 166 mil 598 personas de la tercera edad, a través de tres programas sustantivos: alfabetización: 63 mil 750; educación básica: 51 mil 957 y capacitación no formal para el trabajo: 50 mil 891. Lo anterior, con el propósito de asegurar a esta población un servicio educativo capaz de apoyar en forma sistemática y eficiente, la adquisición funcional de la lectoescritura y la aritmética elemental.

A través del programa de maestros jubilados y pensionados que se ejecuta con recursos del Ramo 26, se aprovecha la capacidad, experiencia y vocación de servicio de los docentes que brindan asesorías en el desarrollo de actividades de beneficio comunitario y carácter cultural. En el periodo de este informe, se otorgaron apoyos a 6 mil 050 maestros, sobresaliendo los entregados a profesores de los estados de Jalisco, México, Nuevo León, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

En 1995, el IMSS, a través de la semana nacional del adulto mayor, y mediante la creación de 173 centros de DIA, contribuyó en la atención de cerca de 1.5 millones de ciudadanos de la tercera edad pensionados. En el mismo periodo estableció cuatro programas, logrando más de 3.6 millones de asistentes pertenecientes a este sector de población. Para la recuperación del nivel de vida, se pondrá énfasis en la ocupación del tiempo libre de jubilados y pensionados en actividades económicas.

El DIF atendió a través de sus Casas-Hogar para Ancianos, a personas mayores de 60 años mediante servicios de albergue, alimentación, atención médica integral, terapia de rehabilitación, atención sicológica, terapia ocupacional, así como actividades culturales y recreativas, con la finalidad de elevar su calidad de vida. Un avance importante en la atención de estas personas se registró en el manejo especializado a los ancianos en fase terminal, servicio que se

hizo extensivo a población abierta de la tercera edad, a través de los servicios que la institución proporciona.

De igual manera, a través de la línea y apoyo asistencial a población en desamparo (ancianos, niños y discapacitados), y como consecuencia de la situación económica que les ha afectado de manera particular, les fueron proporcionados diversos apoyos económicos de única vez; entre otros, el pago de útiles escolares, pasajes foráneos, servicios funerarios, hospitalización, hospedaje, exámenes de laboratorio y cirugía, compra de medicamentos, prótesis y órtesis y se les ofrecieron otros apoyos como la apertura de hogares sustitutos que tienen como propósito evitar la desintegración familiar, la institucionalización de menores y personas de la tercera edad; hogares especiales (apoyos económicos a ancianos y familias con problemas de salud) y hogares de personas invidentes. Estos apoyos se otorgaron de manera temporal, habiéndose atendido durante el año a 316 hogares.

5. Crecimiento económico La evolución de la economía mexicana se caracterizó en 1995 por una fuerte reducción de la producción, acompañada por un repunte de la dinámica inflacionaria. Ante la reversión de los flujos de capital del exterior y la insuficiencia de ahorro interno, se observó una caída de la inversión, situación que incidió sobre los niveles de la actividad económica y la generación de empleos. Asimismo, la depreciación real de la paridad cambiaría y el elevado nivel de endeudamiento de las familias y las empresas, propiciaron una fuerte contracción de la demanda interna, en un lapso muy corto, sin precedente en la historia reciente del país, situación que se tradujo en una disminución de 6.9% real anual del producto interno bruto. Adicionalmente, la devaluación del tipo de cambio generó presiones a la alza en el índice general de precios y las tasas de interés.

No obstante los logros económicos alcanzados en los años previos, es preciso reconocer la insuficiencia en la generación de ahorro interno, en particular el que proviene del sector privado, derivado de diversos factores generados durante varios años, entre los que sobresale la progresiva apreciación del tipo de cambio real, que alentó el crecimiento del consumo y se tradujo en un aumento del déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, el cual fue financiado a través de importantes flujos de capital externo, en su mayoría de origen no bancario y con vencimientos de corto plazo.

Asimismo, las reducciones de las tasas impositivas al consumo y la fuerte expansión del crédito bancario a empresas y particulares ampliaron la capacidad de compra del sector privado en detrimento del ahorro. En este contexto, la dolarización de la deuda interna del Gobierno Federal registrada en 1994 hizo muy vulnerable a la economía ante la salida de capitales, que se tradujo en la devaluación del peso y el virtual agotamiento de las reservas internacionales del país.

La depreciación del tipo de cambio y el retiro de capitales de nuestra economía condujeron a una situación delicada en los sistemas financiero y productivo, poniendo en riesgo los avances alcanzados en los últimos años y haciendo necesario corregir de manera rápida y ordenada el déficit de la cuenta corriente, que en 1994 ascendió a 29.4 mil millones de dólares, equivalente a 7.8% del producto interno bruto. Adicionalmente, se enfrentó un perfil en los vencimientos de deuda, tanto pública como privada, de corto plazo, que dio lugar a una crisis de liquidez.

Para atenuar los efectos recesivos causados por la devaluación y recuperar la capacidad de crecimiento en el menor tiempo posible, el 3 de enero de 1995 el Gobierno y la sociedad suscribieron un Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica (AUSEE), cuyos principales lineamientos estratégicos fueron: abatir el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos; evitar caer en un proceso inflacionario agudo; estabilizar los mercados financieros; fortalecer el sistema financiero y promover la eficiencia productiva.

En este contexto se adoptaron medidas para incrementar el ahorro interno ante la restricción impuesta por el menor financiamiento externo; asimismo se gestionó un fondo de recursos frescos con el gobierno de los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Pagos y la banca internacional, destinado a garantizar el pago de vencimientos de deuda externa y de Tesobonos, así como a restituir las reservas internacionales del país.

En el marco del AUSEE, se acordó mantener un régimen de tipo de cambio flexible, ajustar

las finanzas públicas a partir de la reducción selectiva del gasto programable en un monto equivalente a 1.3 puntos porcentuales del PIB. Adicionalmente, el Banco de México se comprometió a mantener una política monetaria congruente con las metas de estabilización y control de la inflación acordadas, de tal forma que se estableció un límite para el crédito interno en la economía. Por último, en materia de cambio estructural se propuso avanzar en la simplificación del marco regulatorio.

Sin embargo, la magnitud de los desequilibrios, la demora en la recepción de los recursos provenientes del fondo de apoyo a los mercados financieros y el acelerado deterioro del sector productivo, impidieron la rápida estabilización del tipo de cambio y de las tasas de interés, posponiendo la etapa de recuperación de la economía y obligando a revisar las proyecciones y metas plasmadas en el AUSEE. Así, en marzo de 1995 se presentó el Programa de Acción para Reforzar el AUSEE (PARAUSEE), con la finalidad de acelerar las medidas para lograr la estabilización de los mercados financieros en el corto plazo, minimizar el daño al sector productivo y volver a encauzar la economía a una senda de crecimiento.

El PARAUSEE reafirmó los objetivos y estrategias planteadas en el programa que le precedió, proponiendo una mayor profundidad en las diversas medidas puestas en marcha para su ejecución. Asimismo, con el propósito de garantizar la solvencia de las instituciones bancarias, se creó a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), el Programa de Capitalización Temporal de la Banca (Procapte). Por otra parte, se iniciaron programas de reestructuración de créditos para apoyar a los deudores de la banca y atenuar los efectos de las elevadas tasas de interés sobre la deuda de empresas, familias y gobiernos estatales y municipales.

La desaceleración de la actividad económica repercutió en una menor recaudación fiscal y la mayor inflación en un deterioro de los ingresos públicos, al tiempo que la devaluación y las mayores tasas de interés elevaron el costo del servicio de la deuda pública. Ante este nuevo entorno resultó necesario replantear la estrategia fiscal, con el propósito de incrementar el superávit primario como proporción del PIB, congruente con la meta de un balance positivo en las finanzas públicas. De esta manera, se llevó a cabo una reducción adicional en el gasto público, se ajustaron al alza los precios y tarifas del sector público, para evitar rezagos en sus precios y se aumentó la tasa del impuesto al valor agregado (IVA), con excepción de la franja fronteriza.

La política monetaria en conjunción con la política fiscal, tuvo como objetivos fundamentales la estabilización de los precios, las tasas de interés y el tipo de cambio. Esta política se orientó a abatir con rapidez el impulso inflacionario causado por la devaluación, para evitar que el crecimiento de los precios desestabilizara aún más los mercados financieros y agudizara el desequilibrio del sector externo.

En apoyo a los esfuerzos de la política monetaria para estabilizar los mercados financieros, disminuir la volatilidad y el nivel de la paridad cambiaria y facilitar la toma de decisiones del sector exportador, se autorizó la operación de un mercado de futuros y opciones del peso en México y se permitió la negociación de contratos a futuro de la moneda nacional en el mercado de Chicago.

La estricta conducción de la política fiscal y monetaria fue un factor que favoreció la confianza de los agentes económicos: en el control de la inflación, lo que condujo a un ajuste gradual de sus expectativas sobre el crecimiento del nivel general de precios, acercándolas a los objetivos establecidos por las autoridades. De mayo a septiembre se logró un descenso permanente de la tasa de crecimiento de los precios y de las tasas de interés, proporcionando una base firme para la recuperación de la actividad económica.

Para mitigar el impacto de la crisis en la población de menores recursos, el nuevo programa consideró la aplicación de medidas para proteger el poder adquisitivo de los salarios y el nivel de empleo.

Entre las más importantes destacan los incrementos de 10.0% a los salarios mínimos generales y profesionales en abril de 1995, adicional al aumento salarial del 7.0% otorgado en enero del mismo año, la libre negociación de los contratos colectivos de trabajo, la aplicación de programas de capacitación, la celebración de convenios de productividad, la extensión por seis meses de la cobertura del IMSS a trabajadores desplazados de sus centros de trabajo,

así como una bonificación fiscal de hasta 3.0% para los trabajadores que perciben entre dos y cuatro salarios mínimos.

Para apoyar al mercado laboral se pusieron en marcha los programas de empleo rural transitorio, de conservación de caminos rurales con el uso intensivo de mano de obra local y el especial para la vivienda y el empleo. Además, se aumentaron los pagos a los productores del campo a través del Procampo, con objeto de mitigar los efectos del programa de ajuste sobre la población campesina.

En forma complementaria a los programas de reestructuración de adeudos en Unidades de Inversión (Udis), en septiembre se puso en marcha el Acuerdo de Apoyo Inmediato a los Deudores de la Banca (Ade). El propósito de este esquema fue aliviar la difícil situación de las empresas y los particulares que mantienen una posición deudora con la banca. A su vez, se reforzaron los esquemas del Procapte, orientados a respaldar los depósitos del público ahorrador y los niveles de capitalización de las instituciones bancarias.

En los meses posteriores a abril, las principales variables macroeconómicas reflejaron los avances logrados en el programa de estabilización. En particular, fue posible alcanzar el ajuste esperado de la cuenta corriente, con base a un fuerte dinamismo de las exportaciones y la inflación mostró una trayectoria decreciente. No obstante, factores coyunturales, tales como la problemática de la cartera vencida del sistema financiero, se combinaron en esta ocasión con la restricción de acceso al financiamiento externo y la insuficiencia de recursos internos, para afectar las expectativas de los inversionistas, manifestándose una nueva etapa de inestabilidad y volatilidad en los mercados financieros que se superó en diciembre de 1995.

Una vez que se alcanzaron los principales objetivos del PARAUSEE y con la finalidad de ofrecer mejores expectativas a los inversionistas, impulsar decididamente la recuperación de la planta productiva y fortalecer la estabilidad macroeconómica, el Gobierno Federal, los sectores campesino, obrero y patronal y el Banco de México acordaron en el mes de octubre la Alianza para la Recuperación Económica (ARE), con los siguientes lineamientos estratégicos: fomento al ahorro interno para estimular la inversión productiva generadora de empleos; apoyo al sector exportador como promotor del crecimiento económico; fortalecimiento del ingreso para estimular el consumo privado y orientación productiva a la inversión pública.

El conjunto de medidas acordadas en la ARE, favorecieron la estabilización de los mercados financieros en el mes de diciembre de 1995 y otorgaron certidumbre al programa económico para la recuperación y el crecimiento en 1996.

Los resultados alcanzados al cierre de 1995 muestran la viabilidad del programa económico y su congruencia con las políticas y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. Así, se lograron eliminar importantes obstáculos que originaron la crisis y se mitigaron sus efectos sobre el nivel de vida de la población. La estrategia aplicada devolvió la confianza en el país, detuvo la salida de recursos y creó las bases para estabilizar los mercados financieros, al eliminar el riesgo de la insolvencia tanto del sector público como del privado, disipándose la amenaza de una crisis más profunda que hubiera llevado al país a un largo periodo de estancamiento económico.

El apoyo financiero del exterior permitió consolidar la sustitución de deuda de corto plazo por deuda de mediano y largo plazos, así como recuperar el acceso a los mercados internacionales de capital. Sobre esta base se evitó caer en una inflación descontrolada sin generar problemas agudos de desabasto, se corrigió el déficit de la balanza en cuenta corriente de manera ordenada y rápida y las reservas internacionales del Banco de México se lograron restituir y fortalecer. Además, la generación de ahorro del sector público liberó recursos financieros para el resto de la economía y evitó un mayor incremento de las tasas de interés.

Si bien, la actividad productiva en 1995 sufrió una caída importante, la estrategia económica aplicada permitió atenuar en parte la trayectoria decreciente de la producción y el empleo a partir de la segunda mitad del año. El producto interno bruto real en el tercer y cuarto trimestres del año, presentó tasas anuales de disminución inferiores a la del segundo trimestre.

En lo que respecta al mercado laboral, el número de trabajadores asegurados permanentes en el Instituto Mexicano del Seguro Social, mostró un aumento moderado en el último trimestre de 1995.

La tarea inmediata de superar la crisis no perdió de vista el objetivo fundamental del retorno al camino del crecimiento, la generación de empleos y el reforzamiento de los diversos programas sociales en apoyo de los sectores de menores recursos; para ello, se emprendieron diversas acciones a fin de profundizar en las reformas estructurales de apoyo al incremento de la productividad, el ahorro interno y el empleo, mismas que se analizan en los diferentes apartados de este capítulo.

5.1 El ahorro interno base primordial del crecimiento 5.1.1 Reforma fiscal para el ahorro y la inversión privada Durante 1995 la política de ingresos públicos se propuso financiar de una manera no inflacionaria las actividades del sector público y evitar que los efectos de la crisis se constituyeran en un obstáculo a la actividad económica y a la generación de empleos productivos.

Por ello, los ajustes fiscales realizados para enfrentar la crisis, convenidos en el AUSEE y el PARAUSEE fueron determinantes para coadyuvar a la obtención de un balance público superavitario y al mismo tiempo inducir de manera directa los esfuerzos de ahorro e inversión de los particulares con diversas desgravaciones y medidas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de manera indirecta con mayores impuestos al consumo.

La creación del Consejo Asesor Fiscal como un órgano de consulta y asesoría de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, integrado por especialistas del ámbito fiscal y representantes de los sectores productivos, contribuyó de manera importante a la coordinación hacendaria y a la simplificación y seguridad jurídica en materia fiscal. Asimismo, con el propósito de evitar la doble tributación internacional y reforzar la competitividad del sistema fiscal, se continuó con la suscripción de convenios con los países que se tienen mayores relaciones comerciales. Adicionalmente, se realizaron los ajustes fiscales necesarios para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes que por ser deudores de la banca, adoptaron el esquema de las Unidades de Inversión (Udis) en sus operaciones financieras; de esta forma se logró aligerar las elevadas cargas financieras de las familias y empresas.

Las principales medidas aplicadas durante 1995 tendientes a estimular la actividad productiva, la inversión y el ahorro, así como a fortalecer los ingresos públicos y la competitividad del sistema impositivo mexicano, se destacan a continuación.

Principales modificaciones fiscales correspondientes a 1995 1/ Para incrementar el ingreso disponible de los trabajadores de bajos salarios - Se amplió la bonificación fiscal para aumentar hasta en 3.0 por ciento el ingreso disponible de los trabajadores que perciben hasta dos salarios mínimos, dependiendo del nivel de sus ingresos exentos.

Para apoyar a la pequeña y mediana empresas - A los contribuyentes con actividades empresariales del régimen general del impuesto sobre la renta (ISR), se les amplió el límite de ingresos de 2.4 a 4.0 millones de pesos, para que puedan efectuar sus pagos provisionales tanto de impuestos federales a su cargo como en su carácter de retenedor, en forma trimestral. - Se autorizó la deducción inmediata de las inversiones realizadas por las pequeñas y medianas empresas dentro de las zonas conurbadas del Distinto Federal, Guadalajara y Monterrey, siempre que los ingresos percibidos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de 4.0 millones de pesos, que el valor de sus activos no rebase los 7.9 millones de pesos, y que no hayan tenido más de 170 trabajadores en cada mes. - Se amplió el límite de ingresos de 900 mil pesos a un millón, para que las personas físicas con actividades empresariales puedan optar por el régimen simplificado del ISR.

Para promover la inversión productiva en investigación y desarrollo tecnológico, en capital humano y en mejoramiento ambiental - Para promover la investigación y el desarrollo tecnológico se incrementó de 10.0 a 15.0 por ciento la tasa de deducción anual para las nuevas inversiones

en patentes de invención o de mejoras, marcas, nombres comerciales, por dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos, y en general por asistencia técnica o transferencia de tecnología, así como para otros gastos diferidos. - Para alentar la utilización de tecnologías de baja emisión de contaminantes, se incrementó de 50.0 a 100.0 por ciento la tasa de deducción de las nuevas inversiones en equipos para la conversión a consumo de gas natural, y en otros equipos para prevenir y controlar la contaminación ambiental, en cumplimiento de las disposiciones en materia ambiental. - En apoyo a la investigación y el desarrollo de tecnología y a la capacitación para el trabajo, se amplió el monto máximo deducible de las aportaciones destinadas a los fondos de investigación y desarrollo tecnológicos de 1.0 a 1.5 por ciento, y se estableció la deducción de las aportaciones para fondos destinados a programas de capacitación de los trabajadores hasta en 1.0 por ciento, ambos calculados sobre los ingresos que obtenga el contribuyente en el ejercicio. - Para armonizar el porcentaje de deducción en el ISR del equipo de cómputo y periférico con su obsolescencia tecnológica, se incrementó la tasa de deducción de 25.0 a 30.0 por ciento para equipo de computo y se amplió la del equipo periférico de 12.0 a 30.0 por ciento. - Se redujo la tasa del impuesto al activo (IMPAC) de 2.0 a 1.8 por ciento. Además, las nuevas empresas no pagan el IMPAC por el periodo preoperativo, el de inicio de operaciones y los dos periodos siguientes; para el cálculo del impuesto se considera el monto que resulte de actualizar el que les hubiere correspondido determinar en el cuarto ejercicio inmediato anterior, lo cual permite diferir el impuesto de las nuevas inversiones en activos productivos por cuatro años; y cuando las empresas tienen pérdidas, se les permite acreditar contra dicho impuesto la cantidad actualizada por inflación en que el ISR excedió, en cada uno de los tres ejercicios inmediatos anteriores, al IMPAC en cada uno de dichos años, incluso contra los pagos provisionales del impuesto al activo.

Para simplificar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales - Se redujo de cuatro a dos veces al año la actualización por inflación de las tarifas y tablas del ISR de personas físicas, así como las cantidades que estipula la legislación fiscal. - Se eliminó la obligación de conservar los cheques devueltos por las instituciones de crédito y de llevar los registros de acciones adquiridas y de utilidades de cada ejercicio. - Se estableció la opción para que el IVA aplicable a los intereses derivados de créditos, de créditos al consumo, de tarjetas de crédito y de servicios, así como de arrendamiento financiero, únicamente se cause por la parte del interés real. 2/ - Se podrá autorizar el pago en parcialidades, de las contribuciones adeudadas que no correspondan a los últimos tres meses anteriores a aquel en el que se inicia el pago en parcialidades.

Para otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes - Se modificó el esquema de transición de la Ley del ISR, en apoyo a los contribuyentes que abandonan el régimen simplificado para pasar al régimen general de la ley, con la finalidad de que este tramite no provoque una doble tributación temporal o problemas prácticos. - Con el objeto de evitar la doble tributación, se suprimió en el ISR el gravamen a los dividendos fictos en el caso de erogaciones no deducibles, de omisiones de ingresos, de compras no realizadas, y de utilidades fiscales determinadas presuntivamente, ya que dichos conceptos son gravados al momento de su distribución. - Se incluyó como personas morales no contribuyentes a las asociaciones civiles de colonos y todas aquellas que se dediquen exclusivamente a la administración de condominios. - Se incorporaron como parte del sistema financiero, para efectos del ISR, a las sociedades financieras de objeto limitado.

- Se estableció la opción para que los comisionistas que perciban ingresos de personas morales y de personas físicas con actividades empresariales, puedan tributar en el régimen de asimilaron a salarios. - Se otorgó el tratamiento de los ejidatarios a los comuneros, para exentarlos del ISR en la primera enajenación de sus parcelas. - Las multas que se establecían tomando como base los ingresos del contribuyente fueron sustituidas y fijadas en montos mínimos y máximos. Asimismo, para dar equidad a su aplicación y que la relación entre la sanción y la conducta fuera proporcional, se disminuyeron algunas que se consideraban elevadas. - Se estableció la obligación para la autoridad de concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes, o la revisión de escritorio, dentro de un plazo máximo de nueve meses para los contribuyentes de reducida y mediana capacidad administrativa, distintos de los que efectúan pagos provisionales mensuales, de los integrantes del sistema financiero, de los obligados a dictaminar sus estados financieros y de aquellos que perciben o efectúan pagos a residentes en el extranjero, siendo sólo prorrogables por periodos iguales hasta en dos ocasiones más, siempre y cuando la notificación sea emitida por la autoridad competente. - Se autorizó que en la enajenación de bienes, el costo actualizado será cuando menos el 10.0 por ciento del monto de la enajenación. Anteriormente, sólo se aplicaba a inmuebles. - Se estableció la condonación parcial del ISR de personas físicas correspondiente a los ingresos en servicios derivados de créditos a tasas preferenciales. La condonación consiste en distribuir dicho impuesto entre el trabajador, el empleador y el Gobierno Federal. 3/ Medidas fiscales en el marco del Programa de acción para reforzar el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica 4/ - Se elevó, a partir del 1o. de abril de 1995, la tasa general del impuesto al valor agregado de 10.0 a 15.0 por ciento, con excepción de las zonas libres y franjas fronterizas, en donde se mantuvo la tasa del 10.0 por ciento. - Se modificó la tabla de crédito al salario, con objeto de ampliar el ingreso disponible a los trabajadores que perciben ingresos de entre dos y cuatro salarios mínimos vigentes en el mes de marzo de 1995. Dicha modificación incrementó en 3.0 por ciento el ingreso disponible de los trabajadores que perciben dos salarios mínimos, decreciendo hasta desaparecer, al alcanzar cuatro salarios mínimos. - Se ampliaron los porcentajes de la deducción inmediata de las inversiones, al reducir la tasa de descuento de 5 0 a 3.0 por ciento.

Modificaciones fiscales para la aplicación de contratos denominados en UDIS 5/ - En el Código Fiscal de la Federación se estableció considerar como interés, el ajuste que se hace a través de las UDIS mediante la aplicación de índices o factores a los créditos, deudas, operaciones y pagos por contratos de arrendamiento financiero. - Se modificó la Ley del ISR para personas morales y físicas con actividades empresariales para que, en el caso de créditos, deudas, operaciones o el importe de los pagos de los contratos de arrendamiento financiero que se encuentren denominados en UDIS, no se considere interés el ajuste que se realice al principal, y no se calcule el componente inflacionario. Para los pagos provisionales del ISR se consideran ingresos nominales los intereses conforme se devenguen, incluyendo como parte de estos el ajuste por inflación del principal. - Las personas físicas que perciban ingresos por intereses derivados de títulos de deuda denominados en UDIS, estarán sujetas a la tasa de retención de 15.0

por ciento sobre los intereses reales. Cuando Ios títulos de crédito denominados en UDIS, se enajenen a través de casas de bolsa, estas retendrán 15.0 por ciento sobré los intereses reales. Las retenciones serán sobre el total de interés real, sin deducción alguna y tendrán carácter de pago definitivo. - Las personas físicas que obtengan intereses por préstamos denominados en UDIS, otorgados a personas morales o a personas físicas con actividades empresariales, estarán sujetas a una retención de 35.0 por ciento sobre los intereses reales, debiendo hacer pagos provisionales utilizando la tarifa de personas físicas, o si el ingreso es esporádico, se realizara un pago de 35.0 por ciento, acreditando, en ambos casos, el impuesto retenido contra los pagos provisionales.

Modificaciones fiscales para fomentar la organización de las empresas integradoras 6/ - Se eliminó el límite máximo de ingresos para que pudieran tributar en el régimen simplificado del ISR. - Se autorizó que estas empresas puedan prestar servicios a terceros y obtener ingresos distintos a las cuotas o comisiones de las empresas integradas hasta en 10.0 por ciento de sus ingresos totales. - Se amplió el periodo para ser sujetos al régimen simplificado de personas morales del ISR de 5 a 10 años y se les autorizó a realizar operaciones a nombre y por cuenta de sus integradas.

1/ Modificaciones efectuadas en diciembre de 1994. 2/ Modificaciones efectuadas en junio de 1995. 3/ Modificaciones efectuadas en julio de 1995. 4/Modificaciones efectuadas en marzo de 1995. 5/ Modificaciones efectuadas en abril de 1995. 6/ Modificaciones efectuadas en mayo de 1995. Fuente: SHCP.

Por acuerdo del Presidente de la República, el 16 de marzo de 1995 se creó el Consejo Asesor Fiscal (Cafi), como unidad de consulta y asesoría de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para el desarrollo de sus funciones, el Cafi cuenta con las siguientes áreas de trabajo: Coordinación Hacendaria y Simplificación y Seguridad Jurídica en Materia Fiscal, donde se estudian las disposiciones fiscales y sus procedimientos para formular las recomendaciones que estimen procedentes.

El grupo de coordinación hacendaria, que está conformado por los subgrupos fórmulas de participaciones, potestades tributarias, colaboración administrativa y gasto-endeudamiento, realizó 119 reuniones de trabajo durante 1995.

Los lineamientos que han guiado los estudios son, entre otros: evitar distorsiones que desalienten la inversión, el ahorro y el empleo; propiciar un aumento en la recaudación a través de una mejor administración tributaria; prevenir el sobreendeudamiento de los gobiernos locales; y limitar de manera clara y transparente las responsabilidades y las atribuciones de ingreso y gasto entre los tres niveles de gobierno.

Por su parte, el grupo de simplificación y seguridad jurídica, integrado por los subgrupos simplificación administrativa, seguridad jurídica, asuntos aduaneros, impuesto sobre la renta, e impuestos indirectos, llevó a cabo 160 reuniones de trabajo durante 1995. Asimismo, los objetivos dentro del grupo fueron promover el ahorro interno, la inversión productiva y el empleo; apoyar a la pequeña y mediana industrias; impulsar la tecnología de punta y la capacitación; revisar y depurar la imposición indirecta; mejorar la equidad tributaria; simplificar el cumplimiento tributario y fortalecer la presencia fiscal para reducir la evasión y elusión fiscales.

De esta forma, el Cafi inició una revisión de las disposiciones administrativas para uniformar los criterios de interpretación y reducir trámites y gestiones de los contribuyentes, con el propósito de abatir los costos, principalmente de la pequeña y mediana industrias.

Adicionalmente, se orientó a promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones de los contribuyentes y a mejorar la administración de los impuestos con una mayor presencia fiscal.

Con el propósito de avanzar en la estabilización y apoyar la reactivación de la economía, el Ejecutivo Federal emitió un decreto, con vigencia del 1o. de noviembre de 1995 hasta el 31 de diciembre de 1996, a fin de aliviar la carga tributaria de las pequeñas y medianas empresas que constituyen fuentes importantes de empleo, otorgar incentivos fiscales para fomentar la generación de empleos y fortalecer a la industria automotriz y a los sectores que proveen a ésta de insumos y servicios para la producción, en el marco de la Alianza para la Recuperación Económica (ARE).

En relación a los convenios para evitar la doble tributación, actualmente se encuentran vigentes los establecidos con Alemania, Canadá, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza. Próximamente se firmará un acuerdo de este tipo con Singapur y se avanza en la concertación con Austria, Australia, Brasil, Dinamarca, Finlandia, India, Irlanda, Israel, Japón y Rumania.

5.1.2 Sistema financiero para impulsar el ahorro y la inversión productiva El papel del sistema financiero es determinante en el crecimiento económico, ya que su labor no se agota con el fomento del ahorro y la intermediación eficiente, sino que contribuye con opciones reales al impulso del crédito y el desarrollo del sector productivo. Durante 1995 la crisis económica afectó seriamente a las instituciones que conforman el sistema financiero. La devaluación del peso en diciembre de 1994 tuvo repercusiones negativas, particularmente en las instituciones bancarias que con anterioridad a ese hecho ya venían mostrando algunos signos de debilitamiento.

El impacto directo del ajuste cambiario sobre los bancos comerciales en principio no fue significativo, ya que en años anteriores las autoridades financieras habían establecido un límite al monto de sus obligaciones denominadas en moneda extranjera y sobre su posición en divisas. Sin embargo, los efectos indirectos de la devaluación, al elevarse sensiblemente las tasas de interés, aumentaron la carga del servicio de la deuda y contrajeron la actividad económica, factores que en conjunto agravaron los problemas de cartera vencida, impidiéndole cumplir eficientemente con sus funciones de intermediación financiera.

Esta situación, aunada al sobreendeudamiento de empresas y particulares, que provocó el Medidas fiscales adoptadas en el marco de la Alianza para la Recuperación Económica - Se exime totalmente del pago de impuesto al activo, durante 1996, a las empresas que en 1995 hayan obtenido ingresos de hasta 7 millones de pesos. - Las empresas cuyas inversiones excedan a las efectuadas durante los primeros 10 meses de 1995, pueden deducir hasta en un 100.0 por ciento la cantidad que resulte de multiplicar por 14, la diferencia entre el monto promedio de las inversiones mensuales efectuadas entre el 1o. de noviembre de 1995 y el 31 de diciembre de 1996 y el monto promedio actualizado de las inversiones mensuales efectuadas por el propio contribuyente durante los 10 primeros meses de 1995. No se consideran para estos efectos las inversiones en automóviles. - Las empresas que en promedio empleen trabajadores por encima del nivel promedio registrado durante los primeros 10 meses de 1995, reciben un crédito fiscal por los nuevos empleos, que pueden aplicar contra el pago de los impuestos sobre la renta o al activo en 1996. El crédito es equivalente al 20.0 por ciento de un salario mínimo elevado al año por cada empleo adicional. - Al igual que en 1995 se exime parcialmente del pago del impuesto sobre la renta a los trabajadores por ingresos derivados de préstamos a tasas preferenciales. - Se exime del pago del impuesto sobre automóviles nuevos, a las enajenaciones de vehículos que realicen los fabricantes o distribuidores de los mismos y a las importaciones de vehículos al país. - Se autoriza a los contribuyentes que adquieran automóviles nuevos la deducción hasta del 71.0 por ciento del valor de estos, siempre que no excedan de 224 mil pesos.

Fuente. SHCP.

incumplimiento de sus obligaciones frente a la banca, afectó los niveles de capitalización y de reservas preventivas de algunos intermediarios bancarios, que resultaron insuficientes para respaldar sus obligaciones y para continuar financiando a la actividad productiva.

Ante esta situación, durante 1995 se realizaron diversas acciones para fortalecer la capitalización y competitividad de las instituciones financieras, así como para aligerar la carga del servicio de la deuda de los usuarios del crédito, entre las que destacan: las reformas efectuadas a las leyes que regulan la actividad financiera; el establecimiento del Programa de Capitalización Temporal (Procapte); la reestructuración de créditos en Unidades de Inversión (Udis) y el Acuerdo de Apoyo Inmediato a Deudores de la Banca (ADE). Estas acciones permitieron restablecer la viabilidad de las instituciones financieras, así como fortalecer su regulación y los organismos que las supervisan.

Como parte de las acciones del AUSEE, el 27 de enero de 1995, el honorable Congreso de la Unión aprobó diversas reformas a la legislación financiera. Se modificaron las leyes para Regular las Agrupaciones Financieras, de Instituciones de Crédito y del Mercado de Valores, a fin de permitir una mayor participación de intermediarios financieros del exterior en el capital social de las instituciones del país, de acuerdo a límites que permiten mantener la propiedad del sistema de pagos en manos de mexicanos. Además, se reforzaron los mecanismos de supervisión y control por parte de la autoridad para asegurar el buen desempeño de las instituciones.

A finales de febrero, ante el marcado deterioro en la liquidez y solvencia de las instituciones, la Comisión Nacional Bancaria dispuso, como complemento a las modificaciones introducidas a la legislación financiera, el establecimiento de un sistema más estricto de constitución de reservas para riesgos crediticios, con el propósito de que los bancos pudieran enfrentar eventuales pérdidas. El nuevo sistema exigió la constitución de reservas preventivas equivalentes al 60.0% de la cartera vencida o el 4.0% de la cartera total, lo que resultara mayor, lo cual exigió la recapitalización de la banca. Así, el saldo de las reservas preventivas ascendió al mes de diciembre a 67 mil 008 millones de pesos, de los cuales el 63.4%, es decir 42 mil 489 millones, se constituyeron durante 1995, lo que significó un crecimiento de 173.3% respecto a las reservas creadas hasta diciembre de 1994.

Con las modificaciones efectuadas se eliminó la serie C del capital ordinario de las instituciones; se amplió el límite para las acciones serie L de 30.0% a 40.0% del capital social adicional; se incorporó a los llamados inversionistas institucionales como accionistas de la serie A; se autorizó que las acciones B y L fuesen de libre suscripción; se amplió de 10.0% a 20.0% el límite máximo de tenencia individual de acciones que puede autorizar la SHCP a las personas físicas y morales, exceptuando de dicho límite a las instituciones financieras del exterior cuando ello tenga la finalidad de convertir a una institución de banca múltiple en una filial, de conformidad con los programas aprobados por la SHCP y se estableció que el capital social de las filiales se integre por dos tipos de series accionarias para facilitar su adquisición por una sociedad controladora filial o por una institución financiera del exterior. Asimismo, se permitió la adquisición de bancos ya existentes por parte de instituciones financieras del exterior, siempre que su capital neto sea menor al 6.0% del capital total del sistema.

Adicionalmente, en noviembre de 1995, se reformaron nuevamente las leyes de Instituciones de Crédito y del Mercado de Valores, para dotar de mayores facultades a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la protección eficaz de los intereses de los usuarios del servicio de banca y crédito. De igual manera se modificaron las leyes General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, General de Instituciones y Sociedades Mutualistas y de Seguros y Federal de Instituciones de Fianzas, para facilitar el acceso a los inversionistas nacionales y extranjeros en la estructura accionaria del capital de las entidades financieras no bancarias.

En este sentido, destaca la reducción de la participación accionaria de las filiales constituidas como sociedades financieras de objeto limitado, organizaciones auxiliares del crédito e instituciones de seguros y fianzas, de 99.0% a 51.0%, que obligatoriamente debe ser propiedad directa o indirecta de una institución financiera del exterior, lo que propició una mayor alianza entre ellos.

Para apoyar a las instituciones que enfrentaron problemas para cumplir con los requisitos mínimos de capitalización, en marzo de 1995 las autoridades financieras establecieron el Programa de Capitalización Temporal (Procapte). Este programa funciona mediante la colocación de obligaciones subordinadas de conversión obligatoria por parte de los bancos interesados, mismas que se adquieren y administran por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), utilizando financiamiento otorgado por el Banco de México. Los recursos recibidos por los bancos se depositan en el banco central a una tasa y plazo idéntico al de las obligaciones, a fin de evitar la expansión de la base monetaria. El plazo del programa es de cinco años a partir del 31 de marzo de 1995.

Las instituciones que participan en el Procapte deben mantener durante los cinco años un índice de capitalización de cuando menos el 9.0%, el cual sólo podrá disminuir a 8.5% como resultado de la constitución de reservas preventivas. El programa está diseñado para que los bancos cuenten con un plazo adecuado para colocar en los mercados instrumentos de capital y así poder pagar los apoyos recibidos, cuando el administrador del programa considere que las condiciones son propicias para que las instituciones puedan capitalizarse por cuenta propia, existe la posibilidad de que disminuya el plazo del mismo.

En el transcurso de 1995 se incorporaron cinco instituciones al Procapte, emitiendo obligaciones por 6 mil 177 millones de pesos, de las cuales sólo tres continuaron en el programa con un saldo de 3 mil 216 millones al término del año.

Es importante señalar que el Fobaproa puede ejercer el derecho de exigir a los bancos la conversión anticipada de las obligaciones en acciones, en el caso de que el índice de capitalización de la institución de que se trate, sin considerar los recursos del programa, registre una disminución superior a la del promedio de los participantes en el Procapte, o bien, en el caso de que la parte básica del capital neto de la institución, sin considerar las obligaciones, sea inferior al 2.0 de los activos sujetos a riesgo.

Por su parte, la emisora tiene el derecho de adquirir obligaciones en la misma proporción en que se incremente su coeficiente de capitalización, sin considerar las obligaciones relativas al programa, con la condición de no distribuir dividendos, ni emitir acciones u obligaciones subordinadas de conversión obligatoria, salvo para adquirir las obligaciones que se encuentren en poder del Fobaproa.

El Banco de México en su carácter de fiduciario del Fobaproa, abrió una ventanilla de crédito en dólares, para que los bancos que no contaron con recursos suficientes para cubrir sus compromisos de pago en moneda extranjera, pudieran obtener crédito a través del Fobaproa mediante otro mecanismo, el Fobaproa adquirió cartera neta de reservas en proporción al suministro de capital, la cual se transfirió a un fideicomiso administrado por la propia institución de crédito beneficiada.

Cabe señalar que la totalidad de las recuperaciones de la cartera es utilizada para pagar los pasivos del fideicomiso, es decir, los pagarés con que se liquidó el portafolio.

A diciembre de 1995, el Fobaproa adquirió cartera neta de reservas por un valor de 65 mil 078 millones de pesos correspondiente a 11 instituciones bancarias, lo cual significó para éstas una inyección de recursos por 35 mil 549 millones de pesos.

Con la finalidad de aliviar los efectos del aumento de las tasas de interés sobre el servicio de los créditos de las empresas, familias, estados y municipios y propiciar una reducción de las carteras vencidas, las autoridades financieras y las instituciones bancarias iniciaron un programa de reestructuración de créditos en moneda nacional para denominarlas en unidades de inversión (Udis) y ampliar su plazo de pago.

Las Udis son unidades de cuenta de valor real constante, en las que se pueden denominar créditos, depósitos y otras operaciones financieras, cuyo valor no se erosiona por la inflación debido a que evoluciona en forma proporcional, aunque con un breve desfase, a la variación del índice nacional de precios al consumidor.

Con los programas en Udis se evita la amortización acelerada de los créditos causada por la inflación, disminuyendo el flujo de efectivo que tienen que pagar las empresas y particulares, ya que en los créditos denominados en dicha unidad se capitaliza la inflación y los acreditados tienen que pagar solamente los intereses reales en el corto plazo.

En estos programas fue necesaria la participación del Gobierno Federal para ampliar el monto de los créditos sujetos a reestructuración en un periodo relativamente breve; ya que de otra forma los bancos sólo podrían reestructurar créditos viables en Udis en función de los recursos que pudiesen captar en dichas unidades. Así, el Gobierno facilitó la reestructuración de los adeudos al permitir a los bancos transferir dichos créditos a un fideicomiso especial que es fondeado con valores denominados en Udis, que adquiere el Gobierno a tasa de interés real fija y éste paga con títulos a tasa nominal variable. Es así que el Gobierno, al intervenir en estos esquemas, asume el riesgo de tasa y a la vez, hace posible la disminución en las tasas reales que cobran los bancos a los acreditados.

En este contexto, los créditos incorporados a estos programas se traspasaron a fideicomisos establecidos en los propios bancos, los cuales se fondearon con recursos del Gobierno Federal a una tasa real del 5.0% anual. El fondeo de recursos por parte del Gobierno Federal provino de la emisión de valores gubernamentales, que pagan una tasa de interés de CPP, por plazos y montos iguales a los activos que se transfirieron a Udis. En consecuencia, el Gobierno Federal se constituyó en la entidad que absorbe el riesgo en el caso de que las tasas de interés de sus préstamos en Udis resulten inferiores a las tasas reales que habrá de pagar por los referidos bonos gubernamentales.

En el transcurso de 1995 se crearon diversos programas de apoyo a deudores, denominados en UDIS, para la planta productiva, créditos de vivienda, estados y municipios y deudores viables de la banca de desarrollo. En el marco del ADE se establecieron los programas de tarjeta de crédito, adquisición de bienes de consumo

duradero, créditos personales y promotores de vivienda. Asimismo, la cobertura inicial de algunos programas se amplió, mediante las siguientes acciones: la reestructuración de créditos en moneda extranjera hasta por 2 mil millones de dólares, como parte del programa de apoyo a la planta productiva; el programa hipotecario aumentó en 12 mil Udis, lo que representó un incremento del 28.6% del programa original y se definió un programa para la vivienda de interés social que incluye al Fovi. Así, se logró reestructurar en Udis un total de 194 mil 252 contratos, por un monto de 92 mil 833 millones de pesos.

La banca de fomento tuvo una participación importante en el programa de reestructuración de créditos a través de Udis, otorgando especial atención a la micro, pequeña y mediana empresa. A través de Nafin, Bancomext, Banrural, Fina, BNCI y Banjercito se llevó a cabo la reestructuración de cartera, principalmente de empresas pequeñas y medianas de los sectores agropecuario, azucarero, industrial, comercio y de servicios. Banobras por su parte se orientó a la reestructuración de carteras de los estados y municipios. En conjunto la banca de fomento destinó 9 mil 500 millones de pesos para este fin.

Con el propósito de aliviar la difícil situación por la que atravesaron los particulares y empresas deudoras de la banca, principalmente la pequeña y mediana empresa, el Gobierno Federal y la banca suscribieron en septiembre de 1995, el Acuerdo de Apoyo Inmediato a los Deudores de la Banca (ADE).

Este acuerdo benefició a todos los deudores de la banca con obligaciones denominadas en moneda nacional o en Udis, que estaban al corriente y aquellos que entre septiembre de 1995 y enero de 1996 suscribieron convenios de reestructuración con la banca, con base en los programas propios de los bancos o en los programas de Udis apoyados por el Gobierno Federal.

Entre los beneficios más importantes del ADE están el otorgamiento de una tregua judicial y la condonación de la totalidad de los intereses moratorios por parte de la banca, así como la aplicación, hasta por un año, de tasas de interés preferenciales en el caso de deudas por concepto de tarjetas de crédito, así como por créditos destinados a la adquisición de bienes de consumo duradero y personales, a instituciones que realicen actividades empresariales, a la vivienda y al sector agropecuario.

Bajo este esquema, a finales de diciembre se reestructuraron 1 millón 544 mil 856 créditos, que representaron el 73.2% de los 2 mil 110 créditos que se estimaron como susceptibles de ser reestructurados dentro del ADE. Los créditos reestructurados se distribuyeron de la

siguiente manera: 997 mil 720 en tarjetas de crédito, 182 mil 219 en créditos hipotecarios, 288 mil 809 en créditos empresariales y 76 mil 108 en créditos al consumo.

Los costos del programa serán compartidos por el Gobierno Federal y la banca, procurando que el costo fiscal sea el menor posible y que se distribuya a lo largo de varios años. Asimismo, se cuidó que la aplicación del ADE no diera lugar a la expansión monetaria y no distorsionara el funcionamiento normal de los mercados.

Durante 1995 se autorizó la creación y operación de nuevos intermediarios financieros. Se crearon 13 bancos, de los cuales dos son nacionales y 11 corresponden a filiales del exterior; asimismo, iniciaron operaciones 17 bancos: cuatro nacionales y 13 filiales. Con ello, al cierre del ejercicio se encontraban en operación 50 instituciones de banca múltiple, de las cuales 18 corresponden a los bancos privatizados, 16 son nuevos bancos nacionales, 15 son bancos filiales del exterior y una más, el Banco Obrero, pertenece al sector social.

De igual manera se autorizó la constitución de nueve grupos financieros, de los cuales tres son nacionales y seis filiales. Así como la adquisición del Grupo Financiero Probursa, S.A. de C.V. por una institución financiera del exterior; asimismo, se permitió el aumento del capital social del Grupo Financiero Santander México, S.A. de C.V., para dar cabida a la incorporación de seis sociedades de inversión y una sociedad operadora de sociedades de inversión. También se autorizaron 12 sociedades financieras de objeto limitado, filiales del exterior.

En 1995 se creó una nueva figura denominada Sociedad de Información Crediticia, la cual tiene como función proporcionar información confiable a los otorgantes de créditos en general para que puedan determinar con mayor precisión si las personas pueden ser sujetas de crédito; durante el año se autorizaron tres sociedades de este tipo.

Para fortalecer la supervisión financiera por parte de las autoridades, en abril se aprobó la fusión de las comisiones nacionales Bancaria y de Valores, en un solo organismo desconcentrado. La nueva Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) desarrolló medidas para fortalecer la supervisión, preservar la eficiencia y el sano funcionamiento del sector financiero y proteger los intereses del público, entre las que destacan: la intensificación de las visitas de inspección; la homogeneización de los criterios contables respecto a estándares internacionales; la mejora de los reportes regulatorios y la ampliación de los mecanismos de información financiera y de divulgación oportuna del mercado.

Asimismo, la CNBV dictó normas prudenciales respecto a la diversificación de riesgos, capitalización y creación de provisiones preventivas, a fin de preservar la liquidez, solvencia y estabilidad de los intermediarios.

Durante 1995 la CNBV detectó irregularidades en la operación de Banpaís y Banco Interestatal, procediendo a su intervención gerencial en marzo y septiembre de 1995, respectivamente; asimismo mantuvo el control de Banco Unión y Banca Cremi, asumido desde septiembre de 1994.

A su vez, el Fobaproa tomó el control administrativo de tres bancos: Bancen, Obrero y Banorie. Estas medidas tienen como objetivo mantener a las instituciones en operación para no lesionar los intereses del público inversionista, identificar y corregir las irregularidades observadas, tomar las acciones legales que permitan sanear a los bancos y estar en posibilidad de proceder a su venta. A finales de 1995, se inició el proceso para la venta de Banca Cremi.

Respecto a la captación de recursos por el sistema financiero, el saldo del agregado monetario más amplio (M4) mostró una tasa de crecimiento real anual negativa de 20.5%, y como proporción del PIB se ubicó en un nivel de 53.9%, inferior en 4.3 puntos porcentuales con respecto a lo observado en 1994.

Entre los factores que explican la contracción de este agregado destacan el menor ingreso de capitales del exterior, la disminución de la tenencia de valores gubernamentales en poder del sector privado por la amortización de Tesobonos, el efecto de la inflación sobre los activos monetarios y la disminución en la actividad económica. De igual manera, estos factores explican la evolución del ahorro financiero, definido como (M4) menos billetes y monedas en poder del público, el cual registró una caída real anual de 20.3%, que muestra los efectos del programa de ajuste económico.

La captación bancaria, que aportó el 78.5% de los recursos del ahorro financiero, registró una contracción anual en términos reales de 10.4%, debido a las condiciones recesivas de la economía; mientras que la captación no bancaria, integrada por obligaciones y papel comercial, mostró una contracción anual real de 46.1%. Por su parte, el saldo total de valores gubernamentales en poder del sector privado mostró una variación real anual negativa de 55.4%, como resultado de la importante amortización de Tesobonos, por lo que se redujo su contribución en el ahorro financiero en 9.1 puntos porcentuales con relación al año anterior.

En contraste, los ingresos captados a través del SAR registraron un incremento significativo del 11.4% real anual. De esta manera, en el caso del SAR, cuya captación representó sólo el 5.9% del ahorro financiero, su evolución positiva responde a que es un instrumento de ahorro de largo plazo y a la incorporación de un número mayor de trabajadores a este régimen.

La caída del ahorro financiero, el incremento de las tasas de interés, el elevado endeudamiento de las empresas y las familias, así como la contracción de la actividad económica, junto con la aplicación de una política crediticia más cautelosa por parte de las instituciones financieras, condujeron a un descenso pronunciado del crédito total otorgado por el sistema bancario. Al mes de noviembre de 1995, el total del crédito bancario otorgado fue de 1 millón 085 mil 590 pesos, que muestra una contracción real de 15.4%, respecto a diciembre de 1994. De estos recursos, el 69.0% se canalizó a través de la banca comercial, mientras que el 31.0% restante por la banca de desarrollo.

En el periodo de referencia, el saldo total de créditos otorgados por la banca comercial ascendió a 749 millones 314 mil pesos, cifra que representa una contracción real de 17.5%, respecto a diciembre de 1994. De este monto, el sector privado participó con el 90.3%, manteniendo un nivel similar con respecto a igual periodo del año anterior; por su parte, al sector público no financiero, al sector financiero del país y a las entidades financieras del exterior, les correspondió el restante 9.7%. Del total de recursos canalizados por la banca comercial al sector privado, sólo el asignado a la vivienda aumentó su participación en la estructura en más de cuatro puntos porcentuales.

5.1.3 Ahorro y seguridad social En el marco de la nueva Ley del Seguro Social, aprobada en diciembre de 1995 por el honorable Congreso de la Unión para fortalecer y modernizar el esquema nacional de seguridad social, así como para garantizar el saneamiento y viabilidad financiera de la institución, se emprendió una importante reforma del sistema de pensiones, orientada a fomentar la generación del ahorro personal y familiar y a contribuir a que los trabajadores cuenten con verdaderos activos financieros al momento de su jubilación.

El nuevo esquema de administración de los fondos de pensiones contenido en la nueva Ley del Seguro Social, que iniciará su vigencia el día 1o. de enero de 1997, promoverá la generación de ahorro interno de largo plazo, el cual, orientado al financiamiento de actividades productivas propiciará mayores tasas de crecimiento económico y la creación de nuevas fuentes de empleo.

El cambio fundamental que introduce el sistema de pensiones previsto por la nueva Ley del Seguro Social, en relación a la legislación anterior, consiste en el establecimiento de un esquema que sustituye al sistema de reparto y de prestaciones definidas, por un nuevo sistema de cuentas individuales y contribuciones establecidas. La creación de una cuenta individual capitalizable permitirá hacer efectiva la propiedad de cada trabajador sobre su fondo de pensiones, así como obtener rendimientos atractivos que se irán acumulando e incrementando con el tiempo.

Esta cuenta individual estará conformada por tres subcuentas: la de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, en donde se depositarán las cuotas obreropatronales y del Gobierno Federal por concepto del nuevo seguro; la de vivienda, constituida por los recursos destinados al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en los términos de su propia ley y la de aportaciones voluntarias de los trabajadores o empleadores.

Las cuotas que se aportarán a la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, serán las siguientes:

En el ramo de retiro, los patrones cubrirán el importe equivalente al 2.0% del salario base de cotización del trabajador.

En los ramos de cesantía, edad avanzada y vejez, a los patrones les corresponde cubrir cuotas del 3.150% y a los trabajadores aportaciones del 1.125%, del salario base de cotización, mientras que el Estado contribuirá con el equivalente al 7.143% del total de las cuotas patronales en esos ramos.

Adicionalmente, el Gobierno Federal aportará mensualmente, por concepto de cuota social, una cantidad inicial equivalente al 5.5% del salario mínimo general para el Distrito Federal, por cada día cotizado. El valor del importe inicial de la cuota social se actualizará trimestralmente, de conformidad con el índice nacional de precios al consumidor, en los meses de marzo, junio, septiembre y noviembre de cada año. Estas cuotas y aportaciones serán con cargo al gasto público en materia de seguridad social.

En relación a la subcuenta de vivienda, cabe señalar que la administración y el destino de los recursos correspondientes están previstos por la Ley del Infonavit y que en caso de que no sean utilizados por el asegurado para los fines previstos por dicho ordenamiento legal, se adicionará a la cantidad acumulada en las demás subcuentas, constituyendo de esta manera un recurso adicional para obtener un ingreso vitalicio; es decir, una renta vitalicia que pagarán las instituciones de seguros periódicamente a los trabajadores retirados a cambio de los recursos acumulados en su cuenta individual o bien, fraccionando el monto total de los recursos de la cuenta individual, para su aplicación en pensiones de retiros programados, las cuales serán pagadas por las Administradoras de Fondos para el Retiro elegidas por los trabajadores. Tanto para la renta vitalicia como para los retiros programados se tomará en consideración la esperanza de vida de los pensionados, así como los rendimientos previsibles de los saldos en la cuenta individual.

La apertura de las cuentas individuales y la administración de los recursos que se depositen en ellas, estarán a cargo de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), las cuales deberán contar con la autorización de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro para su constitución y funcionamiento. Cada trabajador podrá elegir la Afore que considere más conveniente a sus intereses para que maneje su fondo, quedando la responsabilidad al IMSS de fiscalizar el cumplimiento del pago de las aportaciones a cada trabajador y a las autoridades financieras supervisar la solvencia de las instituciones a cargo de los fondos y el buen manejo de los mismos.

Las Administradoras de Fondos para el Retiro tendrán como función canalizar los recursos que capten en las cuentas individuales, hacia sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro operadas por ellas, con el fin de obtener mayores rendimientos. Las Afores serán responsables directas de la inversión de los recursos de las cuentas individuales de los trabajadores en instrumentos de los mercados financieros. Con ello, las nuevas sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro se constituirán en una fuente permanente de recursos financieros de largo plazo, necesarios para la realización de proyectos de larga maduración.

De esta forma, los proyectos productivos competirán para financiarse con estos recursos de largo plazo, ofreciendo mayores tasas de interés y los trabajadores en conjunto podrán obtener mejores rendimientos por sus ahorros, de los que obtendrían de manera independiente, esto es particularmente importante para aquellos que disponen de menores ingresos y que carecen de los medios para conservar sus ahorros en forma segura y además, sin perder su poder adquisitivo.

Conforme a la nueva legislación, ya no es el IMSS el único obligado a proporcionar a los asegurados los beneficios y prestaciones derivados de los seguros previstos por el nuevo régimen obligatorio del seguro social, sino que se establece un sistema mixto en el cual intervienen las instituciones de seguros y las Administradoras de Fondos para el Retiro, quienes se encargarán de otorgar los beneficios derivados de los mismos.

Cabe destacar que con el nuevo sistema de pensiones, se evita el colapso financiero de las pensiones que podría haber ocurrido en los próximos años, así como la acumulación de presiones sobre el gasto del Gobierno Federal que seguramente desembocarían en un grave déficit fiscal y su consecuente secuela inflacionaria o en incrementos tributarios y de cuotas difíciles de aceptar por la población en general. El nuevo modelo de seguridad social significa la instauración de un sistema de pensiones autofinanciable, de manera que cancela el

crecimiento del déficit y libera al IMSS, a los trabajadores activos, a los empleadores y al Estado, del pasivo que representarían las obligaciones hacia las nuevas generaciones así, se evita una grave carga sobre la planta productiva, las finanzas públicas y el crecimiento económico del país.

La nueva Ley del Seguro Social respeta totalmente los derechos adquiridos por los trabajadores, que hasta el 31 de diciembre de 1996 hayan cotizado alguna vez al IMSS. Para este grupo de trabajadores se ofrece la posibilidad de optar, al momento de retirarse, por la pensión que resulta mayor entre aquélla a la que hubieran tenido derecho con la ley anterior y la que puedan alcanzar utilizando el saldo de su cuenta individual. En consecuencia, esta reforma asegura que ningún trabajador se verá perjudicado en sus expectativas de pensionamiento.

5.1.4 Ahorro público para el crecimiento El fortalecimiento del ahorro público es una condición de la estrategia definida para acrecentar el ahorro interno y lograr una mayor canalización de recursos hacia la ampliación de la infraestructura productiva, a fin de apoyar la capacidad de crecimiento de la economía y la generación de empleos.

En este contexto, durante 1995 las finanzas del sector público se condujeron de acuerdo al programa económico establecido para hacer frente a la crisis, generando importantes niveles de ahorro que permitieron apoyar la estabilización de la economía y sostener el financiamiento de los nuevos proyectos de inversión en infraestructura y los de desarrollo social que se encontraban en construcción.

El ahorro corriente del sector público presupuestal ascendió a 71 millones 668.3 mil pesos, cifra que, con relación a 1994, representó un nivel superior en 14.5% en términos reales y aumentó su participación en el PIB en 0.8 puntos porcentuales. La evolución del ahorro se explica por la reducción de 6.0% anual real en el gasto corriente, superior a la contracción anual en los ingresos corrientes del orden de 3.0% en términos reales.

La menor captación de ingresos públicos se derivó de la contracción de la actividad económica y del costo de la aplicación de las medidas fiscales aprobadas por el honorable Congreso de la Unión en diciembre de 1994 y en el marco del PARAUSEE, orientadas a mejorar la liquidez de las empresas y el ingreso disponible de las familias. Por su parte, la disminución del gasto corriente refleja el esfuerzo realizado por las dependencias y entidades del sector público para ajustar sus gastos administrativos y de operación a la disponibilidad de financiamiento no inflacionario, ya que el otro componente del gasto corriente, el costo financiero de la deuda, sin considerar el pago anticipado del programa ADE, se incrementó en 57.0% anual real, a consecuencia del aumento en las tasas de interés internas y externas y de la depreciación del tipo de cambio.

Los esfuerzos para racionalizar las erogaciones corrientes se aprecian con mayor claridad al excluir el costo financiero de la deuda de la contabilidad del gasto corriente total, con lo que se obtiene un ahorro corriente primario de 141millones 437.2 mil pesos, monto equivalente al 8.7% del PIB y superior en 32.1% real al de 1994.

No obstante que se pospuso la construcción de proyectos de inversión de nueva creación, el ahorro generado permitió que el sector público financiara de manera no inflacionaria la conclusión de proyectos de inversión prioritarios, privilegiando los de carácter social como educación, salud y abasto y los de ampliación y mantenimiento de la infraestructura física.

En 1995 la inversión física del sector público federal, sin considerar la de los poderes Legislativo y Judicial, los órganos autónomos y los organismos y empresas de control presupuestal indirecto, sumó 40 mil 284.7 millones de pesos, registrando un decremento en términos reales de 18.5% con relación a la de 1994. Esta reducción refleja la decisión de posponer para 1996 la realización de proyectos nuevos considerados en el presupuesto original y disminuir el ritmo de ejecución de algunos otros para ajustar los requerimientos de financiamiento a la menor disponibilidad de recursos que implicó la crisis.

Durante el año se difirieron 215 proyectos de inversión de los 1 mil 144 proyectos principales de obra pública que habían sido considerados en la programación original para 1995, asimismo, 168 proyectos de los 929 realizados en el año reflejaron un menor ritmo de ejecución en las obras.

Los proyectos de inversión se orientaron selectivamente a la construcción, ampliación y conservación de la infraestructura económica y social en carreteras, vivienda, agua potable, drenaje, hospitales, escuelas, exploración de pozos petroleros, centrales hidroeléctricas, nucleoeléctricas y termoeléctricas, así como a centros de abasto para la comercialización de productos básicos, a fin de lograr el mayor beneficio social de los recursos y extender su cobertura a más grupos de la población de los medios rural y urbano. La inversión ejercida en los sectores desarrollo social, energético y comunicaciones y transportes, ascendió a 38 mil 131.9 millones de pesos, correspondientes al 94.7% de los recursos públicos destinados a la inversión física directa.

Los recursos de inversión física ejercidos en el sector desarrollo social fueron de 13 mil 224.3 millones de pesos y se ejercieron fundamentalmente en los subsectores salud, laboral y solidaridad, que en conjunto absorbieron el 78.2% del total. La inversión del subsector salud y laboral por 2 mil 286.3 millones de pesos, se destinó a la construcción de unidades médicas de primer nivel, hospitales, laboratorios, así como a la conservación y rehabilitación de infraestructura de asistencia social; con esos recursos se apoyó la realización de 320 proyectos de obra pública, de los cuales el 60.6% se reportaron terminados.

En el Programa Nacional de Solidaridad, la inversión física sumó 8 mil 051.3 millones de pesos, orientándose a la construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de infraestructura hospitalaria urbana y rural, así como a sistemas de agua potable y alcantarillado; rehabilitación de centros escolares, viviendas y unidades habitacionales; construcción y pavimentación de calles; construcción de caminos rurales, tanques para almacenar agua, letrinas, plazas cívicas y guarniciones; reconstrucción y conservación de caminos; urbanización de lotes; construcción, conservación y modernización de la red federal de carreteras y ampliación de los servicios urbanos básicos.

La inversión del sector energético ascendió a 19 mil 463.0 millones de pesos, concentrando el 48.3% del total de la inversión física directa del sector público presupuestal. Durante 1995 Pemex orientó sus esfuerzos a la terminación de 102 proyectos de pozos, 10 de exploración y 92 de desarrollo. Asimismo, se concluyeron 11 plantas ecológicas de procesamiento de hidrocarburos. Por su parte, la CFE impulsó la conclusión de la ampliación de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, Veracruz; la construcción y ampliación de dos plantas termoeléctricas, tres hidroeléctricas y una carboeléctrica.

El sector comunicaciones y transportes reportó una inversión de 5 mil 444.6 millones de pesos, con los cuales se apoyaron las obras de conservación y mantenimiento de la infraestructura carretera existente, incrementando su cobertura y funcionalidad: se pusieron en operación 303 km de nuevos tramos de carreteras federales y se modernizaron y ampliaron 123 km de carreteras troncales; se construyeron, reconstruyeron y modernizaron 1 mil 843 km de carreteras alimentadoras y caminos rurales en diversas partes del país.

Con el objetivo de incentivar la inversión privada, el sector público llevó a cabo una cuidadosa formulación y evaluación de los proyectos, lo que permitió dar prioridad a los que cuentan con la máxima rentabilidad económica y proporcionan el mayor beneficio social, en especial aquellos que generan puestos de ocupación e ingresos con prontitud y abastecen de manera inmediata de bienes y servicios a los procesos productivos de la industria nacional.

Asimismo, se continuó promoviendo la participación del sector privado en proyectos de infraestructura física y protección al medio ambiente, a través de la privatización de activos, la concesión de obras y otros esquemas de coinversión, como los proyectos "llave en mano", que permiten la participación de la sociedad en el financiamiento y la construcción de obras públicas en los ámbitos y términos en que la ley lo permite, desde la ingeniería básica hasta su entrada en operación.

De igual forma, para alentar la concurrencia de la inversión privada en proyectos de infraestructura básica, que no sólo cuenten con rentabilidad financiera, sino también con una elevada rentabilidad social, el 28 de septiembre de 1995 se instaló dentro del sistema Banobras el Fondo de Inversión en Infraestructura (Finfra), constituido inicialmente con recursos por 1mil 700.0 millones de pesos, provenientes del saldo del Fondo de Contingencia y de la privatización de las terminales portuarias, a los cuales se adicionarán los recursos obtenidos de la desincorporación de entidades paraestatales.

El fondo promoverá el desarrollo de proyectos de infraestructura básica mediante la prestación de apoyos financieros, consistentes en la aportación de capital de riesgo, capital subordinado y garantías, con lo cual, reducirá los riesgos y gastos financieros para el capital privado. La aportación de capital subordinado permitirá hacer compatibles los beneficios sociales de los proyectos con las restricciones financieras que se afrontan; en este sentido, el retorno de capital que recibirá el fondo será la reversión del activo financiado al término de la concesión. También se realizarán inversiones minoritarias en capital de riesgo, en este caso los recursos aportados se sumarán a los de los inversionistas privados, mejorando la estructura de capital de los proyectos.

De esta manera, el fondo dará viabilidad financiera a proyectos de infraestructura básica, propiciando la expansión de la capacidad instalada de la economía con infraestructura más moderna y eficiente, en beneficio de la generación de empleos permanentes y bien remunerados. Se estima que con su patrimonio, en su fase inicial, el fondo impulsará una inversión de aproximadamente 850.0 millones de pesos, en proyectos de infraestructura, carretera, desarrollo urbano, tratamiento y suministro de agua y conservación y mejoramiento ambiental.

Para atender los problemas financieros que enfrentan las autopistas concesionadas, el Gobierno Federal otorgó un mandato a Banobras, para ejecutar la reestructuración de dichos proyectos, conforme a los siguientes mecanismos:

Redocumentar los créditos bancarios a cargo de los proyectos en Udis a plazo de hasta 20 años con dos de gracia. Para financiar estos créditos en Udis, Banobras y los bancos acreedores de las carreteras celebran un contrato de intercambio de rendimientos (swaps de tasas), así como un contrato de línea en cuenta corriente para las diferencias a cargo o a favor de las partes.

Extender el plazo de las concesiones en los términos previstos por la ley, los títulos de concesión y sus modificaciones.

Reducir las tarifas y otorgar un crédito fiscal, adhiriéndose los concesionarios a la invitación del Gobierno Federal.

Cubrir la insuficiencia de flujo para el servicio de la deuda reestructurada, mediante la suscripción por parte del Gobierno Federal de un convenio de apoyo financiero. El Gobierno Federal a su vez recibe líneas de crédito contingente de los propios bancos acreedores de los proyectos, para financiar el activo arriba referido.

Está en proceso de negociación un mecanismo que permitirá recuperar el activo financiero suscrito por el Gobierno Federal, con la distribución de los flujos residuales que generen las carreteras.

Conforme al documento de Criterios Generales de Política Económica para 1996, el costo fiscal en que se incurrirá a valor presente para cubrir tanto el intercambio de rendimientos como la suscripción del activo financiero mencionado, será del orden de 14 mil 100.0 millones de pesos equivalentes al 0.9% del PIB de 1995. Durante 1995 se reestructuraron 15 proyectos, que involucraron créditos por 9 mil 277.4 millones de pesos.

5.1.5 Inversión y ahorro externo El incremento de los niveles de inversión que requiere el país para ampliar la capacidad productiva y recuperar el crecimiento económico, está asociado a la disponibilidad de recursos de la economía, tanto internos como externos. Sin embargo, la disposición de ahorro del exterior tiene como contrapartida la expresión de un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, por lo que resulta necesario que el ahorro externo sea sólo un instrumento de apoyo al desarrollo, sin depender exclusivamente de él.

En este sentido, la presente administración propone sustentar el impulso a la inversión en la generación de fuentes suficientes y estables de ahorro interno, que permitan asignar un papel complementario al ahorro externo, lo que implica garantizar que el saldo en la cuenta corriente de la balanza de pagos sea de tal magnitud que pueda ser fácilmente financiado. El uso prudente del ahorro externo exige que una mayor proporción de los recursos provenientes del exterior se destinen a ampliar la planta productiva y a incrementar la oferta de bienes comerciables, de tal manera que la maduración de esas inversiones contribuya a acrecentar la capacidad de pago de la economía; asimismo, requiere que en menor medida los recursos se dirijan hacia operaciones en el mercado de dinero, a fin de evitar que un eventual retiro masivo de capitales externos desestabilice la economía.

A principios de 1995, ante la drástica caída de las reservas internacionales y de la disponibilidad de recursos del exterior, se propuso inducir un rápido ajuste en el déficit de la cuenta corriente, a través de una mayor disciplina fiscal y monetaria que permitiera contraer la demanda agregada y reducir la capacidad de absorción interna. El programa económico del AUSEE suponía que sería posible obtener recursos del exterior para financiar un moderado saldo deficitario en la cuenta corriente de la balanza de pagos, equivalente al 4.0% del PIB; sin embargo, la persistente inestabilidad de los mercados financiero y cambiario en los primeros meses de 1995, canceló esta posibilidad.

La nula disponibilidad de ahorro externo obligó a establecer medidas emergentes en materia macroeconómica para corregir prácticamente de inmediato el desequilibrio con el exterior, de poco más de 29 mil millones de dólares, a través de la reducción de las importaciones y el impulso a las ventas en el mercado externo; para lo cual, en adición al ajuste de la paridad cambiaria, se intensificó la promoción de la eficiencia y productividad de la industria nacional, particularmente en los sectores orientados a la exportación y se alentó una mayor participación de las empresas nacionales en la exportación directa e indirecta.

Durante 1995, se logró reducir de manera importante el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, el cual se ubicó en 654.3 millones de dólares, monto inferior en 97.8% a los 29 mil 419.4 millones de dólares registrados en el año anterior. El rápido ajuste de las cuentas con el exterior provino fundamentalmente de la obtención de un superávit en la balanza comercial, derivado de la mayor competitividad y diversificación de los productos nacionales en los mercados internacionales y de la contracción de las compras de bienes importables a consecuencia de la depreciación real del tipo de cambio y la caída de la demanda interna.

La reversión del déficit de la balanza comercial a partir del mes de febrero de 1995 permitió alcanzar un superávit de 7 mil 088.5 millones de dólares al término de 1995, que contrasta con el déficit de 18 mil 463.7 millones de dólares registrado en 1994. Esta mejoría en el balance comercial fue del orden de 25 mil 552.2 millones de dólares entre diciembre de 1994 y un año después y refleja el dinamismo generalizado de las exportaciones, que en conjunto explican 73.0% de este resultado.

Las exportaciones totales mostraron un crecimiento anual de 30.6%, superior en 13.3 puntos porcentuales al de 1994, como resultado del dinamismo de las exportaciones no petroleras, que se incrementaron en 33.1% y de un crecimiento de 13.1% de las exportaciones petroleras.

Dentro de las exportaciones no petroleras, las provenientes de la venta de manufacturas presentaron un incremento anual de 32.1% y representaron el 83.7% de las exportaciones totales. En ellas, destacan las manufacturas distintas de la maquila con un incremento anual de 46.9%, superior en 25.2 puntos porcentuales a la tasa de crecimiento observada en 1994. Las exportaciones de productos agropecuarios registraron un crecimiento anual de 49.9%, mientras que en las exportaciones de productos extractivos el incremento fue de 52.8%.

En contraste, en las importaciones totales se observó una caída de 8.7% anual, principalmente por los efectos de la contracción de la demanda interna sobre las compras de bienes de consumo y de capital.

En 1995, la balanza de servicios no factoriales arrojó un saldo positivo de 1 mil 240.6 millones de dólares, que contrasta con el déficit de 1 mil 954.9 millones registrado al término de 1994. Este resultado se explica por el superávit de 3 mil 010.7 millones de dólares de la balanza de viajeros, que incluye al turismo y las transacciones fronterizas, superior en 1 mil 985.0 millones de dólares en relación al mismo periodo del año anterior.

Por su parte la balanza de servicios factoriales mostró un déficit de 12 mil 948.3 millones de dólares, monto prácticamente igual al registrado en el mismo periodo del año anterior. En este comportamiento, destaca el incremento anual de 12.9% de las erogaciones por el pago de intereses que ascendieron a 13 mil 333.0 millones de dólares; de este monto el 13.9% correspondió al servicio de la deuda denominada en moneda nacional y el 86.1% a los pasivos en moneda extranjera. En relación a la balanza de transferencias, ésta registró un superávit de 3 mil 964.9 millones de dólares, monto inferior en 1.1% al registrado en el año de 1994.

En el periodo enerodiciembre de 1995 se obtuvo un superávit de 15 mil 311.3 millones de dólares en la cuenta de capital, monto que resultó mayor en 727.1 millones al obtenido en el mismo periodo del año anterior. Este resultado se explica principalmente por el aumento en 0.07% de los pasivos externos del país respecto al mismo periodo del año anterior. Los pasivos por 20 mil 268.1 millones de dólares fueron el resultado de un flujo negativo de inversión extranjera ejercida por 3 mil 474.8 millones de dólares y de operaciones de préstamos y depósitos del exterior por 23 mil 742.9 millones de dólares. De este último monto, 13 mil 338.4 millones correspondieron al Banco de México, 11 mil 451.8 millones al sector público, y 3 mil 631.0 millones al sector privado, en tanto que la banca comercial registró un egreso neto de capital por 4 mil 678.3 millones de dólares.

La inversión extranjera ejercida, en el periodo de referencia, registró un flujo negativo de 3 mil 474.8 millones de dólares, que responde principalmente a la amortización de Tesobonos y contrasta con la entrada neta de recursos por 19 mil 154.7 millones registrada en el mismo periodo de 1994.

En 1995 se reportó un flujo autorizado de Inversión Extranjera Directa (IED) por 5 mil 578.2 millones de dólares, 43.5% menos que en 1994, orientados a importaciones temporales de maquinaria y equipo por empresas maquiladoras.

Este flujo sostenido de recursos refleja los esfuerzos para profundizar la liberalización y desregulación administrativa en sectores específicos, con el propósito de complementar el ahorro interno a partir de una mayor participación del capital externo en el financiamiento de las actividades productivas. Ello permitió brindar seguridad jurídica y certidumbre a los inversionistas extranjeros, de acuerdo a esquemas de protección reconocidos internacionalmente, en los sectores manufacturero, comercio, comunicaciones y transportes y servicios financieros, hacia los cuales se canalizaron 5 mil 285.4 millones de dólares de recursos por parte de inversionistas del exterior, que representan el 95.0% del total de la IED registrada y autorizada en 1995.

El origen de los recursos foráneos procedió de Estados Unidos de América en 62.7%; de Holanda, en 10.1%; Alemania, 9.6%; Canadá, 2.6%; Japón, 2.4%; Gran Bretaña, 1.7%; Francia, 1.3%; Suecia, 0.9; Suiza, 0.9%; España, 0.6% y otros países 7.2%. Del total de los recursos captados del exterior el 53.6% se canalizó al sector industrial manufacturero; 22.5% a los servicios financieros y comunales; 13.7% al sector comunicaciones y transportes; 9.5% al sector comercio y el 0.7% se distribuyó en el resto de los sectores de actividad económica.

Para enfrentar la creciente competencia entre los países por atraer mayores recursos de inversión foránea, México adoptó como estrategia fortalecer su presencia y participación en los diferentes foros internacionales, a través de mecanismos de negociación bilateral y multilateral, con el propósito de continuar captando recursos que estimulen el desarrollo de la planta productiva nacional. En el ámbito bilateral se promovió la diversificación de las fuentes de recursos del exterior, a través de la suscripción de Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (Appris), que dan seguridad jurídica a los inversionistas nacionales y extranjeros mediante un trato recíproco y mecanismos para solución de controversias.

Con España y Suiza se firmaron acuerdos específicos en la materia y continuó la negociación con otros países europeos exportadores de capital. Adicionalmente, el país participó en las negociaciones para el Acuerdo Multilateral de Inversión (AMI), en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a través de la designación de representantes acreditados en los grupos de trabajo sobre protección a la inversión y la reciprocidad en el trato con inversionistas y sus capitales.

Como resultado de un déficit en la cuenta corriente por 654.2 millones de dólares, un superávit en la cuenta de capital por 15 mil 311.3 millones de dólares, un flujo negativo de 5 mil 066.3 millones de dólares por concepto de errores y omisiones, así como ajustes de 2.0 millones de dólares por revalorización, el Banco de México registró en el periodo enerodiciembre de 1995, una acumulación de reservas internacionales brutas por 9 mil 592.8 millones de dólares, cifra que se compara favorablemente con la desacumulación por 18 mil 389.3 millones de dólares, observada en el mismo periodo de 1994.

5.2 Disciplina fiscal, estabilidad y certidumbre económica y financiera 5.2.1 Finanzas públicas Ante el rápido deterioro de las condiciones económicas observado entre los últimos días de diciembre de 1994 y los primeros meses de 1995, fue necesario adecuar la política fiscal originalmente definida para el año, con el fin de que las finanzas públicas contribuyeran a enfrentar la emergencia económica y restablecer las bases para una pronta recuperación de la actividad productiva. En este contexto, el sector público durante 1995, orientó sus acciones al fortalecimiento de sus finanzas, disminuyendo el nivel de gasto y aumentando sus ingresos para contribuir a acrecentar el ahorro nacional, manteniendo los programas sociales de Gobierno.

En el marco de concertación del AUSEE, se acordó disminuir los requerimientos de bienes y servicios del sector público. Posteriormente, como parte de las medidas acordadas en el PARAUSEE, se decidió ampliar la reducción del gasto programable y fortalecer las fuentes de ingresos públicos, a través del incremento de la tasa general del impuesto al valor agregado y adecuaciones de los precios y tarifas públicos a sus costos de producción.

Estas acciones tuvieron el propósito de incrementar el superávit económico primario, para contribuir a la estabilización de los mercados financieros y de divisas, garantizar la viabilidad de las políticas cambiaria y monetaria adoptadas y apoyar el ajuste ordenado del déficit de la cuenta corriente. Asimismo, se adoptaron diversas medidas de carácter fiscal para alentar el ahorro privado, la inversión productiva y reducir los costos de la crisis en los grupos de menores ingresos.

Como resultado de las acciones arriba descritas, el balance público registro un superávit fiscal de 815.1 millones de pesos, monto equivalente a 0.05 puntos porcentuales del PIB y que contrastó con el déficit observado durante el año anterior. Este resultado incluye el pago del costo fiscal del ADE para 1995 y el previsto para 1996, situación que no se consideró en el PARAUSEE.

Ello permitió fortalecer el ahorro público y apoyar decididamente la recuperación de los mercados financieros. De esta manera, el fortalecimiento de las finanzas públicas, derivado de su saneamiento y cambio estructural, no sólo liberó fondos prestables para los sectores privado y social y eliminó presiones sobre las tasas de interés, sino que además garantizó que el costo financiero del programa ADE no constituya una carga para las generaciones futuras.

El balance económico primario, que resulta de la diferencia entre el ingreso presupuestal y el gasto distinto del pago de intereses, sumó 88 mil 172.2 millones de pesos, monto equivalente al 5.4% del PIB y superior en 121.7% real con relación al del año anterior, así como 19.8% respecto a la meta establecida en el PARAUSEE. El mayor superávit económico primario permitió hacer frente al incremento que registró el costo financiero de la deuda pública interna y externa, sin presionar el mercado de fondos

cado de fondos prestables. La consecución de este resultado se apoyó en un esfuerzo significativo de la administración pública federal para utilizar más eficiente y racionalmente los recursos presupuestales, al mismo tiempo que se fortalecieron los programas sociales y económicamente prioritarios, sin rebasar el nivel de gasto comprometido.

El ahorro público alcanzado dio un amplio margen de maniobra para absorber gradualmente los costos derivados de la aplicación de los programas de saneamiento financiero del sistema bancario, las familias y las empresas, sin recurrir al financiamiento inflacionario; tales como la reestructuración de la cartera crediticia bancaria en Udis, el Acuerdo de Apoyo Inmediato a los Deudores de la Banca (ADE), el saneamiento de las instituciones financieras con el apoyo del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), el Programa de Capitalización Temporal de las Instituciones Bancarias, el Programa de Capitalización de los Bancos Mediante la Compra de Cartera a valor de mercado por parte del Fobaproa y el Programa de Saneamiento de la Red de Autopistas Concesionadas.

La aplicación de estos programas permitió establecer bases más sólidas para la rápida recuperación de la economía, sin debilitar las finanzas públicas, ya que sus costos, estimados a valor presente en el equivalente a 5.1 puntos porcentuales del PIB de 1995, se amortizarán hasta en un máximo de 30 años de acuerdo a las características específicas de cada uno de ellos.

Es importante señalar que al finalizar 1995 se anticipó el pago del costo total de aplicación del ADE, con recursos provenientes del superávit fiscal y también se amortizó anticipadamente parte de la línea de crédito del Banco de México al Fobaproa, con una disposición inicial de 876.0 millones de dólares de un crédito a 15 años contratado con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por 1 mil 750.0 millones de dólares. Por lo tanto, descontando el pago anticipado del ADE y el crédito del Banco Mundial y el BID, del costo fiscal contingente de los programas de saneamiento financiero, estimado en el documento de Criterios Generales de Política Económica para 1996, sólo resta por cubrir 56 mil 200.0 millones de pesos a valor presente, equivalentes al 3.4% del PIB de 1995.

Política de gasto público En 1995 la política de gasto público se revisó y se ajustó para reorientar los recursos hacia las prioridades sociales y económicas propuestas, pero sobre todo, para coadyuvar a la estabilización del mercado financiero y abatir en el menor tiempo posible los efectos inflacionarios derivados de la devaluación. Así, la política presupuestal de 1995 mantuvo una estricta disciplina fiscal para evitar mayores factores de desequilibrio, apoyar el nivel de la actividad productiva y favorecer la estabilidad de las finanzas.

En este sentido, el gasto público se limitó al nivel de los ingresos públicos y con ello contribuyó al ahorro gubernamental y a eliminar el desequilibrio de la cuenta corriente de la

balanza de pagos. Asimismo, en un marco de disciplina y restricciones presupuestales sin precedente, se apoyaron los programas social y económicamente prioritarios y se resignó el gasto a programas enfocados a la protección del empleo, la salud, el abasto, la vivienda y la nutrición de la población, principalmente la de mayores carencias, a fin de mitigar los costos sociales de la crisis.

Las adecuaciones a la política presupuestal implicaron la reducción del gasto neto pagado del sector público en 4.9% anual real, el cual se ubicó en 421 mil 240.0 millones de pesos. Como proporción del PIB este gasto representó el 25.8%, participación que resultó mayor en 0.9 puntos porcentuales respecto al gasto neto devengado que se aprobó originalmente por el honorable Congreso de la Unión.

El gasto no programable del sector público presupuestal ascendió a 139 mil 973.8 millones de pesos, superior en términos reales respecto al de 1994 en 24.1%. Este resultado se explica fundamentalmente por el incremento del costo financiero de la deuda pública, que sumó 84 mil 768.9 millones de pesos y representó el 20.1% del gasto neto pagado, mientras que en 1994 significó sólo el 10.0%.

El desglose del costo financiero de la deuda permite identificar que el 47.8% correspondió al pago de intereses externos, los que crecieron a una tasa anual real de 80.1%; los intereses internos representaron el 34.5% del total y se incrementaron en 33.3% con relación a 1994; el 17.7% restante correspondió al pago adelantado del costo financiero del ADE para 1995 y el previsto para 1996.

El crecimiento anual real del pago de intereses de la deuda interna y externa fue de 57.0% y se derivó de los efectos de la depreciación del tipo de cambio, así como del aumento de las tasas de interés internacionales y del interior.

Con la finalidad de hacer frente al incremento en el costo financiero de la deuda pública, fue necesario reducir el gasto primario, principalmente las erogaciones programables. El gasto primario sumó 336 mil 471.1 millones de pesos y observó una reducción anual real de 15.6%.

El total del gasto para participaciones a las entidades federativas y municipios fue de 49 mil 159.0 millones de pesos, lo que significó una reducción de 12.5% anual real. De este monto, los estados y municipios recibieron participaciones de ingresos federales por 49 mil

114.6 millones de pesos, monto inferior al de 1994 en 12.2% real, como resultado de la severa contracción de la actividad económica, que se reflejó en un menor ingreso federal participable. El incremento de la tasa general del IVA de 10.0% a 15.0% permitió atenuar la disminución de la recaudación de ingresos federales y, por consiguiente las participaciones de esos dos órdenes de gobierno. Por su parte, los gastos derivados de la administración financiera de los fondos federales participables ascendieron a 44.4 millones de pesos.

El gasto programable del Sector Público Presupuestal ascendió a 281 mil 266.2 millones de pesos, representando una reducción de 14.8% en términos reales, lo cual obedeció al ajuste congruente con las nuevas condiciones macroeconómicas, el incremento del superávit primario y el apoyo al fortalecimiento del ahorro interno.

El ejercicio de un gasto programable inferior, pero mejor orientado, permitió absorber el incremento del costo financiero de la deuda pública interna y externa, así como el impacto de la devaluación en el contenido importado de los programas y proyectos públicos.

El ejercicio presupuestal se llevó a cabo bajo estrictos criterios de selectividad, austeridad y racionalidad, lo cual, junto con la reasignación de recursos entre sectores y programas permitió hacerlo en forma más eficiente y preservar el cumplimiento de las metas previstas en los sectores que atienden el desarrollo social, particularmente a la atención de necesidades de los grupos con mayores carencias.

Así, se proporcionaron mayores servicios a la población en materia de educación y salud, se establecieron nuevos programas emergentes de empleo temporal, aumentó el número de becas de capacitación para los trabajadores y se ampliaron los de nutrición y abasto social para la población de escasos recursos.

En el sector desarrollo social se ejerció un gasto de 152 mil 562.4 millones de pesos, lo que significó una reducción anual real de 11.0%. No obstante, su participación en el gasto programable sectorial se incrementó 2.1 puntos porcentuales, al pasar de 52.9% en 1994 a 55.0% en 1995. Destacan los subsectores educación, salud y laboral, que elevaron sus participaciones en el gasto programable

sectorial de un año a otro, al igual que el programa social de abasto, donde incluso las erogaciones se incrementaron en términos reales.

En el subsector educación se erogaron 67 mil 377.2 millones de pesos, cantidad que alcanzó una participación de 24.3% en el gasto programable sectorial, lo que significó 1.2 puntos porcentuales más que el año pasado. Con esta asignación se fortaleció el federalismo educativo, al continuar otorgando un amplio apoyo a la calidad y cobertura de la descentralización de la educación básica; asimismo, se respaldó el proceso de modernización de la educación media superior y universitaria, la formación de recursos humanos en las disciplinas científicas y tecnológicas y se mejoraron tanto los sueldos de los maestros como su formación y actualización académica.

Además, el subsector continuó fortaleciendo la infraestructura educativa al construir más espacios; de esta forma, desarrolló 128 proyectos de inversión, de los cuales 13 fueron concluidos y otros 98 alcanzaron avances de obra cercanos a su terminación. La UNAM casi terminó las obras de remodelación de 86 proyectos relacionados con laboratorios de ciencias experimentales, en tanto que el patronato de obras e instalaciones del IPN terminó la ampliación y mejoramiento de ocho edificios para la educación y capacitación.

El subsector salud y laboral ejerció un gasto de 62 mil 632.6 millones de pesos, monto que elevó su participación en el gasto programable sectorial en 1.2 puntos porcentuales, al ascender a 22.6%. Aun cuando el subsector ejerció un menor gasto en términos reales, se incrementaron los servicios de consultas preventivas para el control de las enfermedades y para la planificación familiar, así como las consultas curativas generales y especializadas y los servicios de carácter asistencial a la población. Para hacer frente a los efectos adversos del desempleo, se fortalecieron, con recursos presupuestales adicionales, los programas de Becas de Capacitación a los Trabajadores (Probecat) y de Calidad Integral y Modernización (CIMO).

Con el programa solidaridad se erogaron 10 mil 076.7 millones de pesos para apoyar las acciones que se emprendieron en cinco fondos: Solidaridad Municipal, en el cual los ayuntamientos manejaron directamente los recursos asignados, que se orientaron a la provisión de servicios de educación, salud y agua potable, entre otros; el Fondo de Desarrollo de los Pueblos Indios, se dirigió a apoyar proyectos de bienestar social, de rescate cultural y mejoramiento productivo en las diversas comunidades indígenas; el Fondo de Atención a Grupos Sociales, promovió la creación de oportunidades de empleo e ingreso, principalmente para mujeres y jóvenes; el Fondo de Promoción del Desarrollo Regional, impulsó el desarrollo de la infraestructura y el potencial productivo de las zonas con mayor rezago social y el Fondo de Empresas de Solidaridad, encauzó la creación de pequeñas empresas que no tienen acceso a los programas normales de crédito bancario.

Cabe destacar que en el marco del nuevo federalismo que propone el Plan Nacional de Desarrollo 19952000, se avanzó en el proceso de descentralización del gasto del Ramo 26: solidaridad y desarrollo regional, del cual la totalidad de los recursos del Fondo de Solidaridad Municipal, que representan el 55.0% del gasto sectorial, se ejerció directamente por los gobiernos municipales.

Adicionalmente, a través del Ramo 26 se financió el Programa Especial de Empleo Temporal, con el cual se ocuparon 585 mil 361 personas en trabajos temporales en localidades de pobreza extrema, lo que representó un aumento de 6.4% respecto a la meta anual.

En el programa social de abasto se ejerció un gasto de 4 mil 564.7 millones de pesos, orientados a elevar la nutrición de las familias de escasos recursos. A través del Programa de Subsidios al Consumo de Tortilla se benefició a 2.8 millones de familias, mientras que con el Programa de Abasto Social de Leche se atendieron a 5.5 millones de niños al día, cifra que se incrementó 7.9%, esto es, 401 mil niños en comparación a la meta original establecida para el año. Por su parte, con el Programa de Infraestructura de Abasto se incrementó el número de tiendas comunitarias en el medio rural, con lo que el sistema de distribución y abasto atendió a casi 29 millones de personas.

En el sector desarrollo urbano, agua potable y ecología, el gasto público ascendió a 7 mil 911.2 millones de pesos. Esta asignación se destinó a la construcción, operación y administración de los sistemas de suministro de agua a los centros de población en el país, la

construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, y al fomento de la construcción de viviendas populares.

Para el sector desarrollo rural se destinó un gasto de 13 mil 911.4 millones de pesos, recursos que permitieron respaldar la construcción de proyectos relacionados con el desarrollo y rehabilitación de áreas de riego y temporal, así como operar diversos programas como el Procampo y los emergentes para apoyar a los productores afectados por las sequías e inundaciones y para reactivar la producción de café, algodón y caña de azúcar.

El gasto en el sector comunicaciones y transportes fue de 14 mil 985.1 millones de pesos. Los recursos se orientaron a la ampliación, modernización y conservación de la infraestructura federal de carreteras, puentes y caminos de cuota, así como al fortalecimiento de la infraestructura e instalaciones portuarias, ferroviarias, aeroportuarias y de telecomunicaciones. El sector cumplió con las metas asignadas a 102 proyectos de inversión, de los cuales los proyectos carreteros ascendieron a 96; mediante ellos se pusieron en operación nuevos tramos de carreteras federales con una extensión de 303 km y se modernizaron y ampliaron carreteras troncales en una longitud de 123 km Asimismo, a través de la Conacal se construyeron, reconstruyeron y modernizaron 1 mil 843 km de carreteras alimentadoras y caminos rurales, en diversas entidades federativas.

En el sector energético, el ejercicio del gasto sumó 64 mil 443.4 millones de pesos. No obstante el menor gasto real, la inversión física en Pemex creció en términos reales, para impulsar los proyectos de incorporación de reservas de hidrocarburos y ampliar la plataforma de producción de petróleo.

En el subsector eléctrico los recursos se orientaron a consolidar la infraestructura de generación, apoyar los proyectos de diversificación de fuentes energéticas y a la rehabilitación de las líneas y subestaciones de transmisión de electricidad.

El gasto programable corriente del sector público presupuestal fue de 222 mil 764.8 millones de pesos, disminuyendo 13.5% en términos reales respecto a 1994. El descenso de este gasto es resultado de la aplicación efectiva de las medidas de austeridad y disciplina presupuestal adoptadas para lograr una mayor organización administrativa e incrementar la eficiencia en el ejercicio de los recursos. Con base en el uso intensivo de los inventarios y la reducción de las estructuras orgánicas, básicas y ocupacionales de las dependencias y entidades del sector público, así como en la eliminación de programas no prioritarios y de los que duplicaban funciones, se permitió incrementar el ahorro público y reforzar la estrategia de estabilización.

En servicios personales se ejercieron 67 mil 205.7 millones de pesos, lo que significó una reducción de 12.6% anual real. El menor gasto se asoció a la compactación de estructuras administrativas y la plantilla del personal, tanto en las dependencias del Gobierno Federal como en las entidades del sector paraestatal, lo cual se llevó a cabo mediante la cancelación de plazas operativas de confianza que se encontraban vacantes al mes de marzo; la suspensión de la creación de nuevas plazas durante el año en los sectores diferentes al de educación, salud, procuración e impartición de justicia y seguridad social; la reducción del personal contratado por honorarios y eventual, así como de los puestos de asesoría y la disminución de las representaciones del Sector Público Federal en el extranjero.

El gasto en materiales y suministros, de 29 mil 282.2 millones de pesos, se redujo en 10.2% anual real, como resultado de la revisión de los programas de adquisiciones del sector público y la utilización más intensiva y eficiente de los inventarios, así como por el deterioro real del precio y el menor volumen de adquisición de maíz por parte de la Conasupo.

El gasto en servicios generales se ubicó en un monto de 52 mil 424.3 millones de pesos, 12.5% inferior a los resultados de 1994, como consecuencia del ahorro por concepto de servicios básicos de energía eléctrica, teléfono, agua potable y mensajería; la reducción de las prestaciones en dinero; la racionalización de servicios de publicidad y los menores gastos de conservación, mantenimiento y arrendamientos, así como de fletes petroleros y transportación de granos básicos.

El gasto de capital del sector público presupuestal se ubicó en 58 mil 501.4 millones de pesos, inferior en 19.7% en términos reales en comparación al monto erogado el año anterior. De estos recursos, el 69.3% se destinó a la inversión física del Gobierno Federal y a los organismos y empresas de control presupuestal directo, la cual absorbió 40 mil 523.9 millones de pesos y disminuyó en 19.1% anual real. Esta reducción responde a la estrategia de posponer la realización de algunos proyectos nuevos considerados originalmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1995 y de disminuir el ritmo de ejecución de diversos proyectos. A pesar de dicha reducción, el sector público concretó un conjunto de 929 proyectos de inversión en el año, de los cuales 450 proyectos se reportaron como concluidos, en tanto que en 244 proyectos más se registran avances superiores al 50.0% en su realización.

La mayoría de los proyectos ejecutados correspondió al sector desarrollo social, que concentró el 79.3% de los proyectos terminados y 79.9% de los que obtuvieron el mayor avance, favoreciendo la ampliación y mejoramiento de la infraestructura en unidades auxiliares de salud y centros de salud rural y urbanos, hospitales regionales e instalaciones de salud, laboratorios de ciencia experimental para la educación, bibliotecas y centros de abasto para la comercialización de productos básicos. Asimismo, sobresalen los proyectos del sector comunicaciones y transportes, orientados principalmente a la construcción, ampliación y conservación de carreteras y los del sector energético en materia de exploración y explotación de hidrocarburos.

En atención a las disposiciones para el control y disciplina presupuestal establecidas en el decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1995, en el seno de la Comisión Intersecretarial GastoFinanciamiento se suscribieron trimestralmente convenios de déficitsuperávit financiero con las entidades sujetas a control presupuestal directo y se evaluaron periódicamente los resultados obtenidos. Este instrumento de control y disciplina presupuestal coadyuvó a que la operación de las entidades se sustentara en criterios de eficiencia y productividad y permitió la correspondencia de las erogaciones con el flujo y la disponibilidad de los ingresos de las entidades, así como con las condiciones macroeconómicas que prevalecieron durante el año.

El seguimiento y evaluación periódica del cumplimiento de los compromisos establecidos en los convenios, permitió a las dependencias globalizadoras, identificar las desviaciones financieras y operativas en las que incurrieron el IMSS, el ISSSTE, Lotenal y PIPSA y proponer a las respectivas coordinadoras de sector las medidas conducentes para corregir las desviaciones.

En 1995 se realizaron diversas actividades tendientes a lograr que la información que fluye a través del Sistema Integral de Información (SII), de los ingresos y gastos de la administración pública federal, cumpla con la oportunidad y confiabilidad requeridas.

Para ello, se llevó a cabo una depuración del SII, que implicó una intensa revisión del universo de formatos, eliminándose aquellos que ya no son útiles e incorporando nueva información propuesta por los usuarios del sistema. También se puso en operación la segunda versión automatizada del SII, que facilita las tareas de generación y consulta de información, al mismo tiempo que permite tener un mejor control del cumplimiento en la entrega de la misma y una mayor capacidad de crecimiento, tanto en cantidad como en variedad de la información que se requiere almacenar.

En 1995 el SII amplió su red de comunicación, incorporando en ella 176 entidades paraestatales, 22 intermediarios financieros, 22 dependencias gubernamentales y 60 órganos desconcentrados, que hacen un total de 280 dependencias y entidades del sector público.

Durante 1995, el Gobierno Federal otorgó transferencias por 105 mil 068.4 millones de pesos, cifra menor en 11.8% real a la proporcionada en 1994. Las transferencias se asignaron con base en criterios de selectividad, transparencia y disciplina presupuestal, que dieron lugar a la eliminación de los apoyos a los sectores y estratos que no las necesitan, para concentrarse en los grupos de población en condiciones de marginación y pobreza. Del total de los recursos transferidos, 33 mil 769.9 millones de pesos correspondieron a las aportaciones para la educación básica en los estados, en apoyo a la federalización educativa.

Los organismos y empresas de control presupuestal directo recibieron 20 mil 084.8 millones de pesos, monto que significó un aumento en términos reales de 14.9% frente a las del año anterior. A este incremento contribuyeron fundamentalmente las transferencias que recibieron la CFE y LFC por 4 mil 576.4 y 2 mil 299.0 millones de pesos, respectivamente, para compensar el subsidio dirigido por la CFE a los consumidores domésticos e industriales, a consecuencia del rezago en las tarifas eléctricos y para cubrir el déficit fiscal de LFC, debido a su elevado costo de operación.

El resto de entidades que recibieron apoyos presupuestales se destinaron a cubrir los programas del IMSSSolidaridad, la compra de granos básicos por parte de la Conasupo, compensar el déficit del gasto de la nómina de pensiones del ISSSTE y a financiar los fideicomisos carreteros puestos en marcha por Capufe.

Las transferencias a los organismos y empresas de control presupuestal indirecto, por 49 mil 284.2 millones de pesos, disminuyeron en 18.4% anual real, sin embargo, se concentraron en los programas orientados al consumo y abasto de bienes básicos para la población de escasos recursos, a los cuales se asignaron mayores partidas presupuestales. En el subsector educación, los principales beneficiarios fueron las instituciones de educación media y superior, UNAM, Capfce, Conacyt y Conafe, en tanto que en materia de salud y seguridad social sobresalen las transferencias recibidas por los institutos, centros, hospitales y servicios coordinados de salud en los estados, que incrementaron sus servicios de atención en consultas externas, medicina curativa, hospitalización especializada y rehabilitación. Los recursos canalizados al DIF apoyaron la estrategia de ampliar la cobertura de los programas de nutrición a familias rurales, indígenas y urbanas en condiciones de pobreza extrema.

En el subsector desarrollo urbano, agua potable y ecología, los fondos fiscales permitieron que la Comisión Nacional del Agua, atendiera la operación y administración de los sistemas de suministro de agua potable de las comunidades rurales y del Programa Emergente por Prolongada Sequía y del Sistema Cutzamala.

Asimismo, las transferencias al Instituto Nacional Indigenista se destinaron a reforzar las acciones de salud, educación, abasto, infraestructura social, empleo y apoyo a la producción de los pueblos indios.

Dentro del programa social de abasto, destacan los recursos canalizados a Liconsa y Diconsa para apoyar los programas de alimentación familiar y abasto de productos básicos a la población de escasos recursos.

En desarrollo rural, las transferencias apoyaron, a través de Aserca, la comercialización de trigo a los productores que se suscribieron al Programa de Apoyos Directos al Campo. Asimismo, por medio de la CNA, los subsidios contribuyeron a la atención permanente de la operación y conservación de presas, al servicio del bombeo para riego de parcelas, y a la realización de obras para la protección contra inundaciones. A través del registro agrario nacional, la Procuraduría Agraria y las delegaciones agrarias, se canalizaron recursos a la expedición de títulos de regularización de tierras en ejidos y comunidades de diversas entidades federativas y se actualizó el catastro rural. Por su parte, el INEGI desarrolló trabajos del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Solares urbanos.

Política de ingresos públicos La política de ingresos públicos aplicada en 1995 se orientó a generar un financiamiento sano y equilibrado de las finanzas públicas y a apoyar el programa para superar la emergencia económica. Para ello se introdujeron reformas a las leyes tributarias, tendientes a fortalecer las fuentes de ingresos tributarios indirectos, simplificar las disposiciones fiscales, otorgar mayor seguridad a los contribuyentes, fomentar el ahorro privado y alentar la inversión, con especial énfasis en la actualización tecnológica, la capacitación para el trabajo y la protección al medio ambiente.

En 1995 los ingresos presupuestales del sector público mostraron una caída de 3.8% real, al situarse en 420 mil 440.0 millones de pesos. De este monto, el 67.4% provino de la recaudación del Gobierno Federal y el 32.6% restante de los ingresos propios de organismos y empresas de control presupuestal directo. No obstante, que el producto interno bruto disminuyó en 6.9% y que se introdujeron modificaciones fiscales para mejorar el ingreso disponible de las familias y la liquidez de las empresas, los ingresos totales del sector público sólo registraron una ligera contracción como resultado del fortalecimiento de los ingresos petroleros.

La recaudación derivada de las actividades petroleras fue de 148 mil 926.1 millones de pesos, lo que representó un incremento real de 21.1%, atribuible al aumento en el precio promedio del crudo mexicano de exportación, al ligero crecimiento de la plataforma de exportación y al efecto del ajuste cambiario sobre el valor de las exportaciones de crudo y petrolíferos en moneda nacional.

Por su parte, los ingresos no petroleros sumaron 271 mil 513.9 millones de pesos, cifra inferior en 13.5% en términos reales respecto al nivel de 1994, que se explica por el impacto de la contracción de la actividad económica sobre la recaudación de ingresos tributarios y los efectos de las medidas fiscales aprobadas en el año para apoyar los ingresos disponibles de las familias y la liquidez de las empresas.

La recaudación del Gobierno Federal ascendió a 283 mil 195.0 millones de pesos, lo que significó una reducción de 2.6% anual real, como resultado del menor ritmo de la actividad económica y el costo recaudatorio de las modificaciones fiscales aprobadas para 1995, si bien los efectos negativos de estos factores sobre la recaudación fueron atenuados parcialmente por el incremento a la tasa del impuesto al valor agregado (IVA) favorable evolución del mercado internacional del petróleo.

Los ingresos tributarios representaron en 1994 el 74.5% de la recaudación del Gobierno Federal, pero en 1995 disminuyeron su participación al 60.5%. Todos los impuestos redujeron en términos reales la captación de recursos. El impuesto sobre la renta se contrajo en 23.5% anual real por el impacto negativo de la situación económica en general y en particular por las importantes pérdidas cambiarias de aquellas empresas que mantenían adeudos en moneda extranjera; también influyeron las medidas fiscales orientadas a apoyar la liquidez de las empresas, incrementar el ingreso disponible de los trabajadores y la disminución de la tasa del impuesto al activo de 2.0% a 1.8%.

El incremento de la tasa general del impuesto al valor agregado de 10.0% a 15.0%, a partir de abril de 1995, evitó que la recaudación de este impuesto disminuyera en una proporción similar o superior a la registrada en el impuesto sobre la renta. A su vez, el menor monto recaudado por concepto de las importaciones se atribuye a la drástica contracción de las compras de bienes del exterior, como consecuencia de su encarecimiento a partir de la devaluación del peso.

La recaudación proveniente de los impuestos especiales sobre producción y servicios se asoció fundamentalmente con la forma en que opera el régimen fiscal de Pemex, donde una reducción del precio de venta al público de la gasolina y el diesel, medido en dólares, como sucedió a raíz de la depreciación cambiaria, generó una disminución de la tasa del impuesto, situación que se compensó con un crecimiento del derecho de extracción de petróleo, de tal forma que la carga fiscal del organismo no se vio afectada. Asimismo, la contracción y reorientación en el consumo de bebidas alcohólicas, cervezas y tabaco hacia productos de menor precio, propició que la recaudación acumulada de los impuestos especiales que se aplican al consumo de estos productos se redujera en casi 13.0% en términos reales respecto a 1994.

Los ingresos no tributarios generaron 111 mil 966.4 millones de pesos, cifra superior en 50.8% real a la alcanzada en 1994. En este resultado influyó principalmente el incremento de 47.2% real, registrado en la recaudación de derechos, asociado al crecimiento en el precio de la mezcla del crudo mexicano de exportación, a la favorable evolución del comercio exterior de hidrocarburos y a los efectos de la aplicación del régimen fiscal de Pemex, que implicó un incremento en los derechos de extracción del petróleo.

En 1995 la política de precios y tarifas públicos apoyó los avances de la estrategia económica establecida para fortalecer los ingresos públicos, sin poner en riesgo el abasto oportuno de los bienes y servicios que ofrecen las entidades públicas y de acuerdo a los objetivos de controlar la inflación. Inicialmente la estrategia se basó en la introducción de ajustes graduales para minimizar su efecto inflacionario; sin embargo, ante las condiciones adversas que enfrentó la economía, en marzo fue necesario establecer incrementos inmediatos en los precios y tarifas de algunos bienes y servicios, a fin de evitar un mayor rezago respecto a sus costos. Asimismo, se establecieron ajustes mensuales de tal forma que el impacto sobre los sectores productivo y social no fuera significativo. Adicionalmente, con la suscripción de la Alianza para la Recuperación Económica (ARE) se establecieron algunos ajustes a precios y tarifas a partir de diciembre de 1995.

En el ajuste de los precios y tarifas públicos se cuidó que éstos se determinaran con base en el propósito de abatir la inflación y coadyuvar al saneamiento financiero de los organismos y empresas públicos, al tiempo que se alentaron las diversas actividades productivas y se fomentó el bienestar de la población.

Principales ajustes en precios y tarifas públicas efectuadas en 1995 En el marco del PARAUSEE 1/ - En el caso de las gasolinas Magna Sin y Nova, así como el Diesel Sin, se aplicó un desliz mensual de 0.797 por ciento, con excepción del mes de marzo en el que se estableció un incremento de 35.0 por ciento. - El precio del Gas L.P. estuvo sujeto a un desliz mensual de 0.797 por ciento, con excepción del mes de abril en que se aplicó un incremento de 20.0 por ciento. - Para otros productos petrolíferos y petroquímicos se continuó con la política de precios conforme a fñormulas ligadas a referencias internacionales. Sin embargo, en enero y febrero se aplicó un tipo de cambio fijo de 4.28 pesos por dólar y a partir de marzo se estableció uno de 6.00 pesos por dólar. - Las tarifas del servicio público de energía eléctrica residenciales, comerciales y de servicios, se ajustaron mensualmente en 0.797 por ciento, excepto en abril, en que se autorizó in incremento de 20.0 por ciento. A la tarifa agrícola se le aplicó únicamente un desliz de 0.797 por ciento, como una medida de apoyo adicional al campo. - Las tarifas eléctricas a la industria no se modificaron de enero a noviembre de 1995; el precio medio cambió únicamente en función de los cargos

provenientes de la aplicación de la fórmula de ajustes por combustibles.

En el marco de la ARE 2/ - Los precios de las gasolinas y del diesel, así como las tarifas eléctricas aumentaron 7.0 por ciento en promedio en diciembre de 1995.

Otros ajustes - Para otorgar un mayor beneficio a las localidades que cuentan con temperaturas extremas durante el verano, en el mes de mayo se estableció una nueva tarifa de uso residencial. - Con el propósito de evitar un incremento excesivo en el precio de los combustibles que se suministran en la región fronteriza, a partir de enero se homologaron sus precios con los del resto del país.

1/ Presentado en marzo. 2/ Presentado en noviembre. Fuente: SHCP.

Los organismos y empresas sujetos a control presupuestal directo generaron recursos propios por 142 mil 495.1 millones de pesos, incluyendo las aportaciones al ISSSTE, cifra inferior en 6.9% real respecto al nivel alcanzado en 1994, como consecuencia de la reducción de las cuotas a la seguridad social y una menor captación de recursos por la comercialización interna de bienes y servicios, principalmente de granos básicos. Esta caída se compensó parcialmente por el mayor volumen de las exportaciones petroleras, el crecimiento de la demanda de energía eléctrica, los incrementos de precios y tarifas de los bienes y servicios públicos en marzo y abril, y los mayores rendimientos financieros que obtuvieron las entidades.

En 1995 se planteó la necesidad de establecer las bases para la creación de un nuevo federalismo fiscal, a través de la transformación del Sistema de Coordinación Fiscal en un auténtico Sistema de Coordinación Hacendaria, a fin de lograr una redistribución de las facultades de recaudación y las responsabilidades del gasto entre la Federación, los estados y los municipios, todo ello en el marco de los trabajos del grupo de coordinación hacendaria del Consejo Asesor Fiscal. Al término del año, las entidades federativas recibieron por concepto de participaciones en impuestos federales un total de 49 mil 114.6 millones de pesos, cifra inferior en 12.2% real respecto a lo pagado en 1994, como resultado del impacto de la menor actividad económica sobre los ingresos federales participables. No obstante, cabe señalar que el aumento de la tasa general del IVA del 10.0% al 15.0%, compensó parcialmente estos efectos al evitar un mayor deterioro en la recaudación de ese impuesto federal.

La política de promoción fiscal se apoyó en una asignación más selectiva de los recursos para fomentar la inversión productiva, atender los mínimos de bienestar, promover el desarrollo regional y fortalecer el sector externo. Durante 1995 se otorgaron estímulos fiscales por 115.6 millones de pesos, de los cuales 34.0 millones de pesos correspondieron a estímulos que tienen efectos presupuestales y los restantes 81.6 millones a los no presupuestales, que se canalizaron a través de la devolución de impuestos de importación a los exportadores. De los estímulos fiscales presupuestales, 33.4 millones de pesos se destinaron al fomento del subsector pecuario y 0.6 millones de esos al subsector agrícola, a la promoción de la inversión y el empleo y al sector minero.

Política de deuda pública Durante 1995, la política de deuda pública se orientó a enfrentar los compromisos de amortizar una proporción creciente de deuda pública interna del Gobierno Federal originada por la devaluación, ya que en 1994 se contrató a

plazos muy cortos y con instrumentos cuyo rendimiento se definió en dólares y a restablecer el acceso a los mercados internacionales de capital, que temporalmente se interrumpió como consecuencia de dicha devaluación y la volatilidad del mercado accionario y cambiario.

De esta forma, con las medidas aplicadas se logró que la deuda pública interna como proporción del producto interno bruto disminuyera, mientras que la externa aumentó. No obstante el comportamiento de esta última, el pago de los intereses derivados de su contratación, respecto a las exportaciones anuales presentó una trayectoria descendente, lo que muestra un nivel compatible de endeudamiento, comparado con los indicadores de otros países latinoamericanos.

En el marco del Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica y del programa de acción para reforzarlo, se concertó un paquete financiero de apoyo con las autoridades financieras estadounidenses, los organismos financieros multilaterales y los bancos centrales de otras economías industrializadas y se ampliaron los acuerdos de apoyo financiero firmados durante 1994 en el contexto del Acuerdo Financiero para América del Norte, a fin de incrementar la disponibilidad de recursos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones externas de corto plazo y con ello minimizar las presiones sobre el tipo de cambio y los mercados financieros.

Con el paquete financiero se obtuvieron recursos disponibles por un monto de 50 mil 537.4 millones de dólares, de los cuales se dispusieron 26 mil 797.0 millones de dólares durante 1995. De estos recursos, el 43.9% fue utilizado por el Gobierno Federal para apoyar principalmente el canje o refinanciamiento de los pasivos de corto plazo y fortalecer al sistema financiero, en tanto que el 56.1% restante se canalizó al Banco de México para restituir las reservas internacionales y apoyar la estabilidad cambiaria. La mayor parte de las disposiciones se realizaron en el primer semestre del año, para hacer frente de manera oportuna a la emergencia económica.

El paquete financiero analizado y aprobado por el honorable Congreso de la Unión, condicionó la contratación de créditos externos al canje o refinanciamiento de los Tesobonos, sin que estas operaciones excedieran del equivalente en moneda nacional de 26 mil 500 millones de dólares y mantuvo el límite máximo de endeudamiento neto externo para 1995 con recursos no provenientes del fondo de estabilización en los 5 mil millones de dólares.

Adicionalmente, en materia de deuda interna, el Poder Legislativo autorizó la emisión de valores en moneda nacional y la contratación de empréstitos para el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, sin que estas operaciones implicaran un endeudamiento neto adicional para el Gobierno Federal y autorizó nuevas emisiones de Tesobonos, siempre que el saldo total en circulación de estos instrumentos no excediera del 15.0% de la deuda pública total.

Durante 1995 se amortizaron Tesobonos por un valor de 28 mil 948.5 millones de dólares, equivalente al 99.1% del saldo que existía a finales de 1994. Con esta operación se logró

canjear deuda interna de corto plazo denominada en dólares, por pasivos externos de mediano y largo plazos, con un valor ligeramente inferior a los 27 mil millones de dólares. Al término de 1995 el saldo total de Tesobonos emitidos y colocados fue de 257.6 millones de dólares, que representa sólo el 0.2% del valor total de la deuda pública, porcentaje significativamente inferior al límite de 15.0% establecido por el Congreso.

De conformidad con los lineamientos establecidos para un manejo prudente de la deuda externa, durante 1995 el sector público incurrió en un endeudamiento neto externo de 14 mil 445.5 millones de dólares, como resultado de disposiciones por 39 mil 770.8 millones y amortizaciones por 25 mil 325.3 millones de dólares.

Este endeudamiento se generó de la contratación por parte del Gobierno Federal de 10 mil 500 millones de dólares, provenientes del fondo de estabilización para refinanciar Tesobonos y de un endeudamiento externo neto del sector público con otras fuentes de financiamiento por 3 mil 945.5 millones de dólares que se obtiene de restar a las disposiciones de 29 mil 270.8 millones de dólares, las amortizaciones señaladas anteriormente.

El endeudamiento externo neto contratado con fuentes diferentes al fondo de estabilización, resultó inferior al límite establecido por el honorable Congreso de la Unión y se destinó fundamentalmente a apoyar programas de promoción a las exportaciones a través de Bancomext; el fomento a la micro, pequeña y mediana empresas mediante Nafin y para fortalecer el sistema financiero. En especial, destacan los apoyos recibidos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 2 mil 699.8 millones de dólares, monto sin precedente en los créditos de los organismos multilaterales de financiamiento otorgados al país.

De estos recursos se canalizaron 396.9 millones para financiar programas de servicios sociales esenciales que permitirán proporcionar servicios básicos de salud, educación y capacitación a la población que cuenta con menores ingresos; asimismo, se canalizaron 876.0 millones de dólares para fortalecer el sistema financiero, particularmente a los intermediarios bancarios que se vieron afectados por la crisis y los restantes 1 mil 426.9 millones de dólares se destinaron a apoyar a través de la banca de desarrollo a los sectores agrícola e industrial, la realización de obras públicas; acciones de mejoramiento del medio ambiente, principalmente en los estados y municipios y diversos programas de interés social, capacitación de trabajadores, educación básica y técnica.

En relación al propósito de recuperar el acceso a los mercados voluntarios de capital, los resultados alcanzados a partir del segundo trimestre del año con la aplicación del programa de

estabilización, permitieron que en mayo de 1995 Nafin concretara la primera colocación pública por parte de un emisor mexicano, después de cinco meses de ausencia. A ésta le siguieron diferentes emisiones del Gobierno Federal y entidades públicas en mejores condiciones de costo y plazos.

En 1995, el sector público colocó bonos por un monto de 6 mil 521.9 millones de dólares en los principales mercados del mundo, como el alemán, suizo, francés, japonés y el norteamericano. Las colocaciones se efectuaron en condiciones de plazos que van desde seis meses hasta cinco años.

En particular, destaca la emisión realizada por el Gobierno Federal en agosto pasado por 100 mil millones de yens, equivalentes a 1 mil 091.9 millones de dólares, con un plazo de tres años y a una tasa fija del 5.0%. Esta colocación generó una gran demanda por parte de los inversionistas, lo que llevó a ampliar la oferta inicial de 70 mil millones de yens a un monto colocado de 100 mil millones.

El rápido reingreso de México a los mercados internacionales de capitales, fue una muestra de la mayor confianza de los inversionistas extranjeros en las medidas adoptadas y del mejor desempeño de los mercados financieros nacionales. Asimismo, permitió continuar con la sustitución de deuda de corto plazo por deuda de mediano y largo plazos.

Al término de 1995 el saldo de la deuda pública externa bruta, que considera la suma de todos los pasivos financieros del sector público, se situó en 100 mil 933.7 millones de dólares, superior en 15 mil 497.9 millones a lo registrado al cierre de 1994. Por su parte, el saldo de la deuda pública externa neta, que resta de la suma de todos los pasivos financieros del sector público, los activos financieros del Gobierno Federal depositados en el exterior, registró un monto de 90 mil 316.1 millones de dólares, mayor en 13 mil 426.2 millones al observado a finales del año anterior.

El incremento en los saldos de la deuda externa se explica en gran medida por la entrada de recursos derivados del paquete de apoyos financieros y el reingreso de México a los mercados internacionales de capital.

Es importante señalar que el 28.0% del saldo total de la deuda pública externa tiene vencimientos en una sola amortización en el año 2019, cuyo pago está garantizado por bonos cupón cero emitidos por la Tesorería de los Estados Unidos de América, que son propiedad del Gobierno Federal. Con ello, la estructura de vencimiento está integrada con el 68.0%, que vence en los próximos 12 años y el 32.0% restante, que incluye los vencimientos de los bonos Brady, llega en algunos casos, hasta a 34 años.

La política de deuda interna desempeñó un papel fundamental en el control de la crisis financiera desencadenada con la devaluación, ya que el vencimiento de importantes montos de Tesobonos generaba presiones sobre el tipo de cambio.

El uso de apoyos externos para enfrentar las obligaciones en Tesobonos, dada la reticencia inicial de los inversionistas para renovar sus tenencias en esos títulos por otros instrumentos de deuda externa, eliminó los riesgos asociados con la creciente emisión de pasivos documentados en moneda extranjera, ya que se procedió a la sustitución de la mayor parte de esos títulos por deuda externa de largo plazo y menores tasas de interés. De igual manera fue posible sustituir parcialmente valores gubernamentales denominados en dólares por instrumentos a plazos mayores denominados en moneda nacional, principalmente Bondes y Cetes.

En 1995, la administración de la cartera de valores gubernamentales para refinanciar los vencimientos en mejores términos, permitió que el plazo promedio de vencimiento de éstos en su conjunto fuera de 230 días, superior en 28 días al promedio observado un año antes. Ello se reflejó en una reconfiguración de las fuentes de financiamiento, observándose una mayor preferencia por Bondes, Cetes y Ajustabonos en ese orden de importancia. Por su parte, la tenencia de valores gubernamentales en poder del público extranjero a diciembre de 1995 fue de 26 mil 421.1 millones de pesos, inferior en 77 mil 820.7 millones con relación al año anterior.

El saldo de la deuda interna bruta del Gobierno Federal, que se conforma por los valores gubernamentales y los recursos del SAR, al cierre de 1995 se situó en 155 mil 359.9 millones de pesos, cifra que se compara favorablemente con el saldo de 178 mil 960.3 millones de pesos observado al término de 1994.

Por su parte la deuda interna neta, que considera los valores gubernamentales y los recursos del SAR descontando las cuentas acreedoras del Gobierno Federal, alcanzó un monto de 130 mil 406.5 millones de pesos, cifra inferior en 34 mil 246.6 millones a la registrada en diciembre de 1994.

El saldo de la deuda neta total del sector público consolidada con el Banco de México, el cual considera los pasivos y activos internos y externos, incluyendo al banco central, pasó de representar el 36.2% del PIB en diciembre de 1994 a 40.8% al cierre de 1995. El componente externo de este nivel de deuda registró un incremento de 9.4 puntos porcentuales del PIB, al pasar de 30.8% a 40.2% del producto en el mismo periodo, mientras que el interno redujo su participación en el tamaño de la economía al descender de un nivel equivalente al 5.4% al término de 1994 a 0.7% en diciembre de 1995.

5.2.2 Política cambiaria El reconocimiento de que la evolución nominal y real del tipo de cambio es un elemento fundamental en la competitividad de la planta productiva, en el ahorro interno, en el nivel general de precios y en la balanza de pagos, condujo a tomar diversas medidas ante la coyuntura adversa que se presentó a finales de 1994.

Como resultado de los diversos factores de índole social, político y económico que vivió nuestro país a finales de 1994 y principios de 1995, se generaron desequilibrios y surgieron presiones especulativas en el mercado cambiario, haciendo insostenible la paridad del tipo de cambio dentro de los límites establecidos por el banco central.

El agotamiento virtual de las reservas internacionales y la ineludible responsabilidad de hacer frente a los compromisos financieros contraídos por el Gobierno Federal en dólares, forzó a las autoridades financieras a realizar el 20 de diciembre de 1994 un ajuste cambiario de 15.3%, dentro del esquema de banda de flotación, que fue abandonado dos días más tarde para establecer un régimen de libre flotación, con el propósito de contener la acelerada pérdida de activos internacionales. El régimen de libre flotación se mantuvo durante 1995, acompañado de intervenciones ocasionales del banco central en el mercado de cambios, para proteger al peso de fluctuaciones abruptas derivadas de aumentos excesivos o no previstos en la demanda de divisas.

En los tres primeros meses del año, a pesar de los esfuerzos realizados en el marco del AUSEE para recuperar la estabilidad cambiaria y minimizar el impacto de la devaluación, prevaleció la incertidumbre entre los inversionistas nacionales y extranjeros sobre la capacidad real de pago de los sectores público y privado para cubrir sus compromisos en moneda extranjera. El voluminoso monto y el calendario de vencimientos a corto plazo de los Tesobonos en circulación, así como la demora en los desembolsos iniciales del paquete de apoyos financieros, concertado con los principales socios comerciales del país, los organismos internacionales y la banca comercial, influyeron negativamente en las cotizaciones del tipo de cambio interbancario con valor a 48 horas, alcanzando un nivel de 7.55 pesos por dólar el 9 de marzo, lo que representó una depreciación de 117.8% respecto a la cotización de 3.4662 registrada el 19 de diciembre de 1994.

Las presiones contra el peso disminuyeron con el anuncio de un nuevo paquete de medidas para reforzar el AUSEE y conjuntamente con diversas acciones realizadas entre abril y septiembre, propiciaron que la cotización de la moneda nacional con respecto al dólar mostrara una relativa estabilidad. Por otra parte, la disposición emitida por el Banco de México para liquidar Tesobonos directamente en dólares permitió el pago en moneda extranjera a aquellos inversionistas que tenían incertidumbre sobre la conversión de pesos a dólares del monto del pago de Tesobonos a la fecha de vencimiento de estos valores.

Con la aplicación de una mayor disciplina fiscal y monetaria y el ingreso de las primeras disposiciones de recursos del Fondo de Estabilización Cambiaria, se contribuyó a recuperar la estabilidad del tipo de cambio. No obstante, el mercado cambiario se mantuvo delgado y con una escasa liquidez.

En los últimos meses de 1995, particularmente entre septiembre y noviembre, de nuevo se aceleró la depreciación del peso mexicano; el tipo de cambio interbancario con valor a 48 horas superó la cotización registrada el 9 de marzo, al cerrar el 15 de noviembre en 7.69 pesos por dólar, como resultado del aumento estacional de la demanda de dólares que realizan trimestralmente los bancos y grupos corporativos para cubrir sus posiciones; las nuevas expectativas de los agentes económicos, en cuanto a la mayor profundidad y duración de la recesión económica y la percepción de que el diferencial inflacionario entre México y sus principales socios comerciales debía traducirse en una depreciación mayor del tipo de cambio.

Lo anterior generó fuertes presiones en el mercado de cambios, ante lo cual intervino el banco central incrementando la oferta de divisas los días 9 y 14 de noviembre, en que se agudizaron las presiones especulativas, utilizando 300 millones de dólares y posteriormente en diciembre 205 millones de dólares más de las reservas internacionales. Estas intervenciones frenaron la caída del peso y contribuyeron a ordenar el mercado de cambios. La eficacia de las intervenciones del Banco de México en el mercado cambiario es explicable en parte porque fueron acompañadas de acciones complementarias en materia de política monetaria, sin embargo, estas medidas propiciaron el alza de las tasas de interés.

La recurrencia de ataques especulativos en el mercado cambiario y sus efectos desestabilizadores en los mercados financieros, impidió que el tipo de cambio nominal promedio en 1995 se situara en los niveles de 6.00 pesos por dólar, originalmente proyectados en el PARAUSEE; su cotización en el mercado interbancario con valor a 48 horas cerró en 7.70 pesos por dólar el último día del año, lo que representó una depreciación acumulada de 49.51% con respecto al cierre de 1994 y de 122.1% respecto al 19 de diciembre de ese año.

Sin embargo, es importante hacer notar que la continuidad en el saneamiento de las finanzas públicas, el manejo de una política monetaria restrictiva por parte del Banco de México y la suma de esfuerzos de los diversos sectores de la sociedad, permitieron disminuir rápidamente las presiones inflacionarias que desencadenó la devaluación, así como recuperar la tendencia descendente de las tasas de interés y avanzar en la reconstitución de las reservas internacionales del país.

En adición a lo anterior, la renovación de instrumentos de deuda interna de corto plazo denominados en moneda extranjera, por instrumentos de deuda externa con mejores condiciones en términos de tasas de interés y plazos de vencimiento, amortiguó las presiones sobre los mercados financiero y cambiario y otorgó mayor certidumbre sobre la evolución del mercado de divisas, fortaleciendo su estabilidad, entendida ésta como la ausencia de movimientos bruscos en el corto plazo.

El establecimiento del régimen cambiario de libre flotación, brindó la posibilidad a los agentes económicos de cubrirse ante fluctuaciones de la cotización entre el peso y el dólar, mediante el desarrollo de mercados de futuros.

Las operaciones de estos mercados permitieron aminorar la incertidumbre de riesgos cambiarios que dificultan la toma de decisiones. Por ello, se autorizó a 10 instituciones de banca múltiple que cumplieron con los requisitos de capitalización, determinados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a efectuar operaciones de compraventa de futuros y opciones de divisas, tanto por cuenta propia como por cuenta de su clientela.

Adicionalmente, la lonja de Chicago (Chicago Mercantile Exchange) comunicó a las

autoridades financieras mexicanas su interés en reabrir el mercado de futuros para el peso mexicano, por lo que en el mes de abril el Banco de México autorizó a las instituciones de crédito del país a que reciban y entreguen las cantidades en pesos, correspondientes a la liquidación de este tipo de operaciones. No obstante los numerosos aspectos técnicos necesarios para iniciar la cotización de contratos de futuros del peso en el Chicago Mercantile Exchange, el volumen de los contratos negociados en el año fue superior al previsto, tanto en relación a los montos que representan como a la extensión de sus plazos.

Así, al cierre de diciembre el total de contratos vigentes ascendió a 14 mil 030, con un valor superior a los 900 millones de dólares y con coberturas hasta diciembre de 1996. De este monto, el 69.0% correspondió a futuros al mes de marzo; el 25.0% a cotizaciones para el mes de junio; el 5.0% a cotizaciones para septiembre y el 1.0% restante a contratos con vencimiento a diciembre de 1996.

La estrategia cambiaria, basada en la libre flotación de la moneda nacional; la intervención prudente y oportuna del Banco de México en el mercado cambiario, con base en el mayor nivel de reservas internacionales para enfrentar ataques especulativos y el desarrollo de los mercados de futuros, lograron evitar movimientos bruscos en la cotización del tipo de cambio y con el impulso al crecimiento de las exportaciones de bienes comerciables y la disminución de las importaciones, particularmente las de bienes de consumo, apoyaron la reducción de déficit en cuenta corriente.

Esta situación, asociada a la liquidación de los Tesobonos y la disminución de las presiones inflacionarias, contribuyó a mejorar las expectativas de los inversionistas extranjeros en torno a la efectividad del programa para superar la emergencia económica.

5.2.3 Política monetaria Durante 1995 la política monetaria se constituyó en un instrumento básico para restituir la estabilidad y la confianza en el país, al regular la liquidez de la economía y la expansión del crédito interno, acordes con la política de precios y anticipando las expectativas de los ahorradores e inversionistas. Con el régimen cambiario de libre flotación vigente a partir del 22 de diciembre de 1994, para hacer frente a las presiones especulativas con el tipo de cambio, el banco central no inyectó o sustrajo liquidez por una intervención obligada en el mercado de cambios. Esta institución se reservó el derecho de participar eventualmente en el mercado cambiario para neutralizar operaciones especulativas y evitar fluctuaciones excesivas de la paridad cambiaria. Mediante el manejo del crédito interno neto, el banco central afectó la evolución de la base monetaria y con ello influyó en las tasas de interés y en el tipo de cambio y a través de estas variables contuvo la demanda agregada y el crecimiento del nivel general de los precios.

La función primordial de la política monetaria para 1995 fue constituirse como el ancla del programa de estabilización. La devaluación provocó presiones inflacionarias sobre las tasas de interés y la contracción de los niveles de consumo e inversión. Por ello, la política monetaria se orientó a evitar que la realineación de los precios y tarifas públicos y la compensación al poder adquisitivo de los salarios, prevista en el programa económico para 1995, se tradujeran en una espiral inflacionaria que desestabilizara aún más a los mercados financiero y cambiario.

En ese contexto, el banco central asumió el compromiso de no expandir su crédito interno en más de 10 mil millones de pesos durante 1995. Para ello, a través de modificaciones al suministro de su crédito interno llevó a cabo ajustes diarios a la oferta monetaria, con el propósito de igualarla con su demanda esperada. Estos ajustes diarios se derivaron principalmente de la observación permanente de la evolución de la base monetaria en relación con su trayectoria objetivo; de las divergencias entre la inflación observada y la pronosticada y de la evolución del tipo de cambio, las tasas de interés y los salarios. Así, se evaluó permanentemente la incidencia de estos factores sobre el nivel general de precios, para determinar el monto del crédito interno neto.

Adicionalmente, en marzo se introdujo un nuevo sistema de encaje denominado encaje promedio cero, para regular con mayor precisión la liquidez de la economía. Mediante dicho esquema, los saldos deudores que aparecen al cierre de cada jornada en las cuentas corrientes de las instituciones de crédito en el Banco de México, tienen que ser compensados,

dentro de plazos de 28 días, con la constitución en otros días de saldos acreedores en esas mismas cuentas, de por lo menos igual monto.

El incumplimiento de algún banco con la condición descrita, lo hace acreedor a una penalización calculada con base al monto faltante acumulado, en el periodo de 28 días referido y una tasa equivalente a dos veces la tasa vigente de Cetes. La adopción de este mecanismo facilitó la conducción de la política monetaria, ya que al estar orientada a la observancia de objetivos monetarios cuantitativos, influyó sobre la evolución de las tasas de interés, sin limitar al mercado para incidir directamente sobre su determinación.

Durante 1995 el Banco de México informó semanalmente sobre la evolución del crédito interno neto, de la base monetaria y de la reserva internacional, con el fin de que los agentes económicos dieran seguimiento a la ejecución de la política monetaria y con ello coadyuvar a la convergencia de sus expectativas con las establecidas por las autoridades.

El crédito interno neto del banco central, definido como la diferencia entre la base monetaria y las reservas internacionales del país, se redujo en 77 mil 688 millones de pesos, al pasar de un saldo positivo de 24 mil 196 millones de pesos al finalizar diciembre de 1994, a un saldo negativo de 53 mil 492 millones de pesos al cierre de diciembre de 1995. El límite de emisión de 10 mil millones de pesos de crédito interno del banco central correspondía a la posibilidad de que no se acumularan reservas, pero el crecimiento de estas últimas determinó la disminución del primero, particularmente a partir del mes de mayo, tendencia que se acentuó por la menor demanda de dinero primario.

La contracción del crédito interno reflejó la significativa acumulación de reservas internacionales, saldo que al final del año se incrementó en 141.8% anual real, como resultado de la mayor disponibilidad de apoyos externos y la compra de divisas que el Banco de México realiza de manera habitual al sector público.

La reducción real anual de 22.8% de la base monetaria, constituida casi en su totalidad por billetes y monedas en circulación, también influyó, al estar determinada por una menor demanda de medios líquidos de pago, derivada de la mayor velocidad de circulación del dinero, ante la debilidad de la actividad económica, las expectativas de mayores niveles inflacionarios, la persistente volatilidad del mercado cambiario, el aumento de las tasas de interés y la caída del empleo y de los salarios reales.

Es importante destacar que la reducción del crédito primario no se dirigió a crear una estrechez monetaria, sino a procurar el equilibrio del mercado de dinero; cuando este último no se alcanza, se generan presiones cambiarias e inflacionarias, lo cual no se dio en el país.

El medio circulante, medido por el saldo del agregado monetario M1 (billetes y monedas en poder del público y cuentas de cheques), registró una contracción real anual de 29.0% al mes de diciembre de 1995.

Este comportamiento reflejó la caída anual real de 32.0% que experimentó el saldo de las cuentas de cheques, en especial las denominadas en moneda nacional, las cuales se redujeron 37.8%, como consecuencia del aumento de los costos de transacción y de oportunidad ante el aumento de las tasas de interés nominales y los atractivos rendimientos que ofrecieron otros instrumentos bancarios de ahorro a corto plazo durante el año.

Por su parte, el saldo de los billetes y monedas en poder del público registró una variación anual real negativa de 23.0%; la significativa disminución de la demanda de activos líquidos por parte del público se derivó del bajo nivel de la actividad económica, la reducción de los salarios reales y los mayores niveles de las tasas de interés internas.

Durante el primer trimestre de 1995 el desequilibrio de los mercados financieros alcanzó su máximo nivel. La contracción del mercado de fondos prestables, al conjugarse con las expectativas de una inflación mayor a la originalmente estimada, la corrección de precios y salarios anunciados en el plan emergente y la política monetaria restrictiva como parte de la estrategia de estabilización del mercado cambiario, presignaron al alza las tasas de interés internas. La tasa líder en el mercado, los Cetes a 28 días, alcanzó en la cuarta subasta de marzo su nivel más alto desde 1988, al otorgar un rendimiento anual de 82.65%; en tanto que la Tasa de Interés Interbancaria Promedio (TIIP), mostró un comportamiento similar, al situarse en 109.72%, en la tercera semana del mismo mes.

A partir de abril, el mercado de dinero empezó a manifestar signos de recuperación, como consecuencia de los primeros resultados del programa de acción para reforzar el AUSEE, que se tradujeron en una disminución de las expectativas inflacionarias y en una relativa estabilidad del tipo de cambio, por lo que las tasas de interés iniciaron un descenso progresivo en sus rendimientos, el cual se prolongó hasta finales de septiembre, cuando la tasa de Cetes a 28 días alcanzó su nivel más bajo durante el año, al situarse en 31.97%.

En la última subasta de septiembre, la falta de liquidez y la mayor incertidumbre de los inversionistas nacionales y extranjeros sobre las posibilidades reales de la recuperación de la economía, nuevamente presionaron a la alza los réditos internos, los cuales alcanzaron en la tercera subasta de noviembre el nivel más alto del último trimestre del año, 59.99% para los Cetes a 28 días y 69.71% para la Tasa de Interés Interbancaria Promedio (TIIP), debido principalmente a presiones especulativas y al ajuste en las expectativas de los inversionistas en torno a la inflación anual, que provocaron la volatilidad del tipo de cambio.

La oportuna intervención del Banco de México en el mercado cambiario y la decisión de las autoridades de mantener la disciplina fiscal y monetaria, dada a conocer en el programa económico para 1996, permitieron que los mercados financieros operaran en un ambiente de mayor estabilidad. Ello propició en las últimas semanas de 1995 un ajuste descendente en el nivel de los réditos, los cuales se ubicaron al cierre de diciembre en 46.81% para los Cetes a 28 días, en tanto que la TIIP descendió a un nivel de 48.80%.

Para evitar distorsiones o posibles manipulaciones en el cálculo de la TIIP, el Banco de México introdujo en el mes de marzo la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), la cual sustituirá a la primera, ya que la metodología para su determinación refleja con más precisión las condiciones de fondeo en el mercado interbancario. Al término del año, este indicador se situó en 48.85%.

5.2.4 Actividad productiva y precios Actividad productiva La devaluación de diciembre de 1994 y la suspensión del flujo de recursos provenientes del exterior en los primeros meses de 1995, provocaron una fuerte contracción de la oferta y la demanda agregada. Por una parte, se redujo el valor real de los activos financieros y de los ingresos de las empresas y particulares, al tiempo que se incrementaron los niveles de insolvencia de los agentes económicos.

Esta situación, al conjugarse con el ajuste fiscal y monetario aplicado en el marco de los programas emergentes de corto plazo, para inducir un ajuste ordenado de los mercados y abatir el saldo deficitario de la cuenta corriente de la balanza de pagos, se reflejó en reducciones anuales reales de la formación bruta de capital fijo y el consumo del orden de 30.9% y 11.7%, respectivamente, dando lugar a una fuerte contracción de la actividad económica.

En 1995 la actividad productiva del país, medida a través del producto interno bruto (PIB), mostró una reducción anual real de 6.9%. La mayor desaceleración de la economía se manifestó durante el segundo y tercer trimestres, cuando se observaron disminuciones anuales de 10.5% y 9.6%, respectivamente.

Al comparar la evolución trimestral del producto interno bruto en 1995, se advierte que la contracción en la actividad económica comenzó a disminuir en el tercer trimestre del año, situación que se mantuvo entre octubre y diciembre. Esta información sugiere que la economía comenzó a revertir, al término de 1995, la tendencia decreciente observada en los primeros seis meses del año.

El menor ritmo de crecimiento económico fue generalizado en los distintos sectores productivos. El sector agropecuario, silvicultura y

pesca se contrajo en 3.8%, que se explica en gran parte por la caída de la demanda interna, puesto que las exportaciones del sector mostraron un gran dinamismo, así como el valor agregado de las actividades de caza y pesca.

El sector industrial presentó una caída en términos reales de 8.0% anual, lo cual está estrechamente relacionado con la contracción de la inversión fija bruta. En cuanto a sus componentes, la construcción, la industria manufacturera y la minería registraron decrementos anuales de 22.0%, 6.4% y 0.7%, respectivamente; en sentido contrario, se incrementó en 3.1% anual real la generación de electricidad, gas y agua.

El PIB del sector servicios decreció en 6.8% anual real, como resultado de los efectos de la menor demanda sobre las actividades comerciales y del transporte, que resultan más susceptibles a la reducción de la producción industrial. En cuanto a las ramas que integran al sector servicios, el valor de la producción del comercio, restaurantes y hoteles el transporte, almacenamiento y comunicaciones y los servicios comunales, sociales y personales, presentaron una contracción de 14.4%, 1.9% y 2.4%, respectivamente; mientras que los servicios financieros, seguros y bienes inmuebles se elevaron en 0.4% anual real.

Precios El fuerte ajuste cambiario efectuado a finales de 1994, repercutió en los primeros meses de 1995 en un gran ascenso en el ritmo de crecimiento del nivel general de precios al productor y al consumidor. Lo anterior, afectó severamente la evolución de las principales variables económicas, en especial, las tasas nominales de interés, los salarios reales y la capacidad de consumo e inversión de las familias y empresas. Ante esta situación, la estrategia económica se orientó a abatir con rapidez el efecto inflacionario de la devaluación. Para ello, en un contexto de libre cambio de la moneda nacional, se estableció una política monetaria basada en el manejo prudente del crédito interno neto del Banco Central y se intensificó la disciplina fiscal, con el propósito de moderar el nivel de la demanda agregada, el tipo de cambio y las expectativas de los agentes sobre la evolución de la economía en el corto y mediano plazos.

En los primeros meses del año el repunte temporal de la inflación estuvo asociado no sólo a los efectos de la devaluación de la moneda, sino también al impacto de corto plazo del aumento de la tasa general del IVA y de la realineación de los precios y tarifas de los bienes y servicios públicos, considerados en el marco del AUSEE.

Entre mayo y agosto se observó un claro proceso de desaceleración en el crecimiento de los precios, que se vio interrumpido a partir de septiembre, como resultado de factores estacionales y por la depreciación de la moneda nacional registrada en los meses de octubre y noviembre, ante el surgimiento de presiones especulativas ajenas a la situación normal de

la economía, que incidieron en un mayor ritmo de crecimiento de los precios en esos meses. En este contexto, durante el periodo enero a junio la tasa de inflación, medida por el crecimiento del Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), ascendió a 32.9%, en tanto que de julio a diciembre dicho incremento fue de sólo 14.3% Al término de 1995 la tasa de inflación acumulada en el año fue de 52.0%, mientras que el promedio anual fue de sólo 35.0%.

El Indice Nacional de Precios al Productor (INPP) mostró una evolución similar a la del INPC. En la segunda parte del año registró un incremento acumulado de 15.8%, que se compara favorablemente con el aumento de 37.8% observado en el primer semestre de 1995. Con ello, al cierre del año el INPP alcanzó un crecimiento acumulado de 59.5% Excluyendo el petróleo crudo de exportación, este indicador tuvo un crecimiento acumulado de 56.9%.

El índice de precios de la canasta básica registró un incremento acumulado de 60.6%, tasa superior en 8.6 puntos porcentuales a la observada en el INPC. Esto obedece a que una parte importante de los productos que se incluyen en este indicador son bienes comerciables que reflejan en mayor medida la depreciación del tipo de cambio. No obstante la crisis económica, cabe destacar que se mantuvo un pleno abasto de dichos bienes. Por su parte, el índice de los artículos no incluidos en la canasta básica se incrementó en forma acumulada en 46.6% al término del año.

Es importante señalar que el crecimiento acumulado del INPC superó la meta establecida de 42.0% en el PARAUSEE; sin embargo, el resultado debe evaluarse a la luz de la presencia de varios elementos: el tipo de cambio promedio que prevaleció en 1995 fue superior en 6.8% a la estimación original, al ubicarse en 6.41 pesos dólar y no en el nivel previsto de 6.0 pesos, por razones especulativas más que económicas y la inflación registrada en el mes de diciembre fue mayor a la estimada, debido a que el aumento del 10.0% al salario mínimo y el ajuste de 7.0% a diversos precios y tarifas pú-blicos anunciados en la Alianza para la Recuperación Económica (ARE), tuvieron vigencia a partir de ese mes.

5.3 Uso eficiente de los recursos para el crecimiento 5.3.1 Empleo y productividad El impacto de la crisis económica y financiera sobre el empleo y el deterioro de las remuneraciones reales de los trabajadores observados en 1995 no tiene precedente en la historia reciente de México. La emergencia económica, expresada en una baja sensible de la inversión fija bruta y el cierre de fuentes de empleo, obligó a establecer programas especiales en materia de desarrollo social, dirigidos a la creación de fuentes de empleo temporal en las zonas rurales y urbanas más atrasadas y con mayores dificultades para reactivar las actividades productivas.

Asimismo, el Gobierno Federal reforzó los programas normales de defensa del empleo, de capacitación de la fuerza laboral y de protección a los ingresos de los trabajadores, para preservar la planta productiva e impulsar los cambios estructurales necesarios para que la economía recobre su capacidad de crecimiento y aumente su productividad y competitividad frente al resto del mundo.

La evolución del empleo reflejó la disminución de la actividad económica. De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Empleo, levantada durante el segundo trimestre de 1995, la Tasa de Desempleo Abierto (TDA), es decir, la proporción de la población económicamente activa (PEA) que en el periodo de referencia de la encuesta no trabajó ni una hora a la semana, a pesar de que realizaron acciones de búsqueda de un empleo asalariado o intentaron ejercer una actividad por su cuenta, se situó en 4.7%, equivalente a 1 millón 677 mil 416 personas. Del total referido, el 88.1% manifestó tener experiencia laboral.

Por su parte, los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano que levanta mensualmente el INEGI en las 39 ciudades y áreas metropolitanas más importantes del país, muestran que la TDA pasó de 3.2% en diciembre de 1994 a 5.5% en el mismo mes de 1995, alcanzando su nivel más alto en agosto de este último año, cuando llegó a 7.6%, a partir del cual este indicador presentó una tendencia decreciente. En promedio, la TDA se ubicó durante 1995 en 6.3%.

Cabe señalar que de enero a mayo, la evolución de la TDA reflejó fundamentalmente los despidos y la terminación de contratos temporales no renovados, en tanto que entre junio y agosto el crecimiento del indicador estuvo asociado en mayor medida con la población que se incorporó por primera vez al mercado de trabajo. Durante 1995, 13 ciudades registraron tasas de desempleo abierto superiores al promedio anual, entre las que destacan Monclova con 8.4%, Coatzacoalcos con 8.0%, Durango con 7.9%, Monterrey con 7.7% y la Ciudad de México, con 7.3%. Entre las ciudades que registraron menores niveles de desempleo sobresalen Tijuana y Acapulco, con 1.9%, Oaxaca con 2.6% y Ciudad Juárez, con 2.9% en promedio anual.

La tasa de presión general, que registra conjuntamente a las personas desempleadas y a las que buscan trabajo con el propósito de cambiarse o tener un empleo adicional, pasó en promedios anuales de 6.4% a 9.8% entre 1994 y 1995, en tanto que el Porcentaje de Personas Ocupadas Parcialmente y Desocupadas (TOPDl), pasó de 7.8% a 10.8% en el periodo señalado.

La evolución del número de trabajadores asegurados permanentes al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) también reflejó la contracción del empleo en el sector formal de la economía: en julio se registró el nivel más bajo de cotizantes durante 1995, con 8 millones 373 mil 328 asegurados, lo que significó una

Sin embargo, en agosto se observó un ligero incremento de 1 mil 226 puestos de ocupación respecto al mes inmediato anterior, tendencia que continuó durante los meses subsecuentes. Al mes de diciembre el total de trabajadores asegurados inscritos al IMSS fue de 8 millones 502 mil 435, lo que significa un aumento de 129 mil 107 empleos respecto al nivel registrado en julio y una disminución de 366 mil 531 respecto a diciembre del año anterior.

pérdida de 495 mil 638 empleos con relación a lo registrado en diciembre del año anterior.

Por actividad económica, las ramas más afectadas entre enero y diciembre de 1995, con respecto a igual periodo del año anterior, fueron comercio con 52 mil 791 empleos perdidos, la industria de la transformación con 72 mil 500 y la industria de la construcción con 53 mil 279. En términos porcentuales, esta última fue la más afectada, debido principalmente a la reducción de la inversión pública y privada en obras de infraestructura; en contraste, se registró un moderado incremento en el nivel de empleo en la industria eléctrica y de suministro de agua potable, en la cual se generaron 3 mil 245 empleos adicionales.

El promedio de asegurados eventuales de enero a diciembre de 1995 fue de 958 mil 635, lo que representa una disminución de 24.4% respecto a igual periodo de 1994; los estacionales del campo mostraron un descenso de 1.6% y los eventuales y temporales urbanos decrecieron 28.4% Las entidades federativas más afectadas en cuanto a puestos de trabajo perdidos durante el periodo diciembre de 1994 a diciembre de 1995 fueron Distrito Federal con 157 mil 806, Estado de México con 47 mil 059, Jalisco con 37 mil 239 y Nuevo León con 32 mil 057; en tanto que lograron aumentar el nivel de empleo Baja California con 22 mil 173 nuevos puestos de ocupación, Chihuahua con 13 mil 806, Zacatecas con 2 mil 418 y Baja California Sur con 1 mil 490.

En contraste, el empleo generado por la industria maquiladora de exportación continuó mostrando una tendencia positiva, como resultado de la expansión del número de establecimientos, derivado de la mayor penetración de sus productos en los mercados internacionales y en el interior. Durante el periodo enerodiciembre, de acuerdo con información del INEGI, esta industria registró un incremento de 56 mil 935 puestos de trabajo, lo que representa el 9.8% respecto al mismo periodo del año anterior.

El número de trabajadores incorporados al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en 1995 registró un crecimiento absoluto de 12 mil 172 personas, equivalente al 0.6%, respecto al nivel de 1994. Este comportamiento se explica por la mayor generación de puestos de trabajo en los gobiernos y organismos de las entidades federativas, ya que el padrón de

asegurados del Gobierno Federal y del sector paraestatal se redujo en 0.7% y 0.3% anual, respectivamente, como resultado de la revisión de su estructura ocupacional durante el año.

La apertura con el exterior exige incrementar la productividad en la economía para hacer frente a un entorno cada vez más competitivo. La generación de empleos permanentes y el aumento de los ingresos reales de los trabajadores, es una condición indispensable para lograr el crecimiento económico nacional. En mayo de 1995 se instaló el Consejo Mexicano de Productividad y Competitividad (Comeproc), integrado por representantes de los sectores productivos del país y distintas dependencias del Gobierno Federal, con el fin de fomentar una cultura nacional de productividad calidad y competitividad en la actividad económica.

Dentro del marco del Comeproc se desarrolló durante 1995 un amplio programa para la formación y actualización del personal especializado de los sectores productivos. En este contexto, se impartieron seminarios y talleres de organización para 31 ramas económicas en 27 entidades federativas, con la capacitación de 6 mil 792 personas, en coordinación con los gobiernos estatales e instituciones universitarias; también se impartieron diplomados de productividad y calidad para líderes sindicales y empresariales en los estados de México, Nuevo León y Puebla.

El programa económico de 1995 buscó disminuir la pérdida del poder adquisitivo de los salarios reales, vinculándolos, en lo posible, con el crecimiento del índice inflacionario.

En el año, se concertaron incrementos acumulados del salario mínimo general por casi 32.0% y se fomentó el crecimiento de la productividad promedio de la economía, por ser éste el método más eficiente para elevar las remuneraciones reales de los trabajadores de manera permanente, sin poner en riesgo la estabilidad de precios.

Incrementos al salario mínlmo general, 1995 - En el seno de la Comisión Nacional de los Salarios Minimos (CONASAMI), se concertó un incremento del 7.0 por ciento con vigencia a partir de enero: 4.0 por ciento de inflación esperada para 1995 y 3.0 por ciento del aumento de la productividad de la economía atribuible a la participación de la mano de obra. Estos incrementos se ratificaron en la concertacion del AUSEE. - Por así justificarlo la situación general de la economía, en abril entró en vigor el aumento del 12.0 por ciento como parte de las medidas del PARAUSEE. - En diciembre, de manera anticipada a la revisión normal, el Consejo de Representantes de la CONASAMI acordó un incremento del 10.0 por ciento en el marco de la Alianza para la Recuperación Económica (ARE).

Fuente: STPS.

Adicionalmente, en el marco del PARAUSEE, el Gobierno Federal decidió otorgar una bonificación fiscal en beneficio de todos aquellos trabajadores que devengan entre dos y cuatro salarios mínimos.

De acuerdo con información del IMSS, el salario promedio de cotización observó en términos reales una disminución de 14.8% en el periodo enero-diciembre de 1995, con respecto al mismo lapso del año anterior. Los sectores más afectados fueron la construcción con 18.7%, el agropecuario 16.6, el comercio 16.2 y los transportes y comunicaciones con 15.7%.

Los trabajadores de las micro y las pequeñas empresas resultaron más afectados en sus salarios reales en el periodo enero-diciembre de 1995, en donde se observaron disminuciones anuales de 17.6 y de 16.6%, respectivamente. Por su parte, las medianas, experimentaron también un descenso de 15.1%, mientras que en los grandes establecimientos el deterioro salarial fue de 13.3%, en el lapso de referencia.

Información preliminar de encuestas mensuales del INEGI, muestra que las reducciones anuales reales en las remuneraciones medias por persona ocupada durante el periodo enero-diciembre, fueron de 12.6% en la industria manufacturera; 15.7% y 12.9% en promedio en los establecimientos comerciales al mayoreo y al menudeo, respectivamente, para las 33 áreas urbanas del país. En tanto que para el periodo enero-noviembre la reducción fue de 16.7% en el sector formal de la industria de la construcción. Por su parte, en la industria maquiladora de exportación las remuneraciones medias por persona ocupada presentaron un crecimiento anual real de 3.0% durante el periodo enero-diciembre de 1995.

En el contexto de concertación del AUSEE, se estableció la conveniencia de que en cada centro de trabajo los factores productivos negocien, de acuerdo con sus posibilidades, el otorgamiento de bonos o incentivos de productividad. En este sentido, un porcentaje importante de empresas buscó incorporar en sus contratos colectivos de trabajo, cláusulas que vinculan los aumentos salariales con incrementos de productividad y calidad. De las 3 mil 633 negociaciones salariales y contractuales en la jurisdicción federal que se realizaron durante 1995 y que involucraron a 1 millón 491 mil 367 trabajadores, el 48.1% incluyó bonos e incentivos de productividad, en beneficio de 576 mil 985 personas. Las ramas que más aplicaron este tipo de incentivos, fueron: químico-farmacéutica, transporte terretre, productora de alimentos, servicios conexos al transporte, elaboradora de bebidas y servicios de banca y crédito.

El Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), otorgó créditos a las tasas de interés más bajas del mercado (29.0% anual), para la adquisición de bienes y servicios de primera necesidad. El mayor número de créditos se destinó a trabajadores que perciben entre 1.5% y cuatro salarios mínimos.

Por su parte, el Comité Nacional Mixto de Protección al Salario (Conampros), proporcionó asesoría técnica en materia contractual y fiscal a las organizaciones sindicales, promovió acciones de abasto social, apoyo a la defensa de los derechos laborales y brindó alternativas de bienestar social, aprovechando los medios de comunicación sindical.

Como parte de las acciones de apoyo al mercado laboral, el Servicio Nacional de Empleo (SNE), promovió la colocación de trabajadores, la capacitación de la población desempleada y el análisis de los mercados de trabajo locales y regionales.

El SNE opera en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, a través de los servicios estatales de empleo (SEE), que conforman una red de 99 oficinas de empleo ubicadas en 83 de las principales ciudades del territorio nacional.

En apego a los términos consignados en el memorandum de entendimiento suscrito en 1977 por los gobiernos de México y Canadá, en 1995 fueron enviados 4 mil 886 trabajadores agrícolas, en su mayoría originarios de los estados de México, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos, a las provincias canadienses de Ontario, Quebec, Alberta y Manitoba, de acuerdo con el Programa de Trabajadores Agrícolas Mexicanos Temporales al Canadá.

A partir de la coordinación entre los gobiernos Federal, estatal y municipal, en 1995 se puso en marcha, en el marco del Convenio de Desarrollo Social, el Programa Emergente de Empleo Temporal, con el propósito de reducir los efectos más graves de la crisis en aquellos grupos que sufren las condiciones más agudas de pobreza y marginación. El programa operó en los 31 estados de la República, con especial atención de las 22 ciudades que registran con mayor gravedad problemas de desempleo.

En este contexto se construyeron obras de beneficio comunitario como guarniciones y banquetas, empedrado de calles, remodelación de plazas públicas, trabajos de carreteras y caminos, rehabilitación y desazolve de canales de riego, desmonte y nivelación de suelos agrícolas, entre otras, a través de las cuales se generaron 585 mil 361 empleos temporales, que se concentraron en 60.4% en los estados de Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) puso en operación el Programa Especial de Conservación de Caminos Rurales con uso intensivo de mano de obra, con la finalidad de generar empleos entre la población de las comunidades rurales de las zonas con mayor grado de marginación y desempleo en el país.

Dicho programa tuvo una asignación de 308 millones de pesos, para atender el 56.0% de la red de caminos rurales a cargo de la SCT y generar más de 16 millones de jornales, lo que significó la creación de 166 mil 890 empleos temporales directos.

Asimismo, se estableció el Programa Especial para la Vivienda y el Empleo, encaminado a reactivar a la industria de la construcción y apoyar la generación de 200 mil empleos.

Con el fin de coadyuvar a elevar el potencial productivo de la fuerza laboral y sustentar el crecimiento sostenido de la producción, se intensificaron las acciones orientadas a elevar el número y la calidad de los esquemas de capacitación para el trabajo. En el marco del AUSEE, se determinó ampliar la cobertura del Programa de Becas de Capacitación para Trabajadores Desempleados (Probecat) de 250 mil becas originalmente programadas en 1995 a 350 mil y de acuerdo con lo estipulado en la ARE, en 1996 el número de becas aumentará a 450 mil.

Para la operación de dicho programa, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social transfirió a los gobiernos estatales y a las autoridades del Distrito Federal, recursos presupuestales por un monto de 569.9 millones de pesos. Asimismo, en 1995 el Probecat extendió su cobertura a nuevos grupos de población mediante la

concertación y coordinación de acciones de capacitación con otras instituciones gubernamentales, con el propósito de calificar mano de obra para la ejecución de proyectos y actividades vinculadas con la prestación de servicios comunitarios en zonas urbanas y rurales.

En 1995, con recursos provenientes de organismos financieros internacionales, se estableció en el Probecat la vertiente denominada Iniciativas Locales de Empleo y Ocupación Temporal (PILEOT), con el propósito de extender las acciones de capacitación a la población subocupada en condiciones precarias, en los medios urbano y rural y realizar proyectos productivos comunitarios y de mejoramiento de la infraestructura social de las localidades. A través de esta vertiente, se benefició a 146 mil 361 personas desempleadas y subocupadas, se impartieron 11 mil 907 cursos y se logró la participación de 4 mil 457 pequeñas empresas y talleres familiares que fungieron como ámbitos de enseñanza-aprendizaje para los becarios. Asimismo, el Probecat atendió a personas y grupos discapacitados con la realización de 37 cursos de capacitación en los que participaron 726 personas, entre enero y diciembre de 1995.

De conformidad con las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de capacitación para la organización y desarrollo de las actividades de las empresas, durante 1995 se registraron 9 mil 991 comisiones mixtas de capacitación y adiestramiento, cifra inferior en 11.3% respecto a lo registrado en 1994; sin embargo, estas comisiones representan a 405 mil 460 trabajadores, cifra que supera en 11.7% a la observada el año anterior.

En lo que respecta a la realización de actividades específicas de capacitación en las empresas, en 1995 se autorizaron y pusieron en marcha 19 mil 684 planes y programas que beneficiaron a 1 millón 330 mil 929 trabajadores; además, se expidieron 428 mil 498 constancias laborales que certifican la capacitación adquirida por los trabajadores y se otorgó el registro a 154 instituciones capacitadoras y a 289 agentes capacitadores.

Las acciones anteriores de registro implicaron el otorgamiento de 6 mil 420 asesorías, de las cuales más de la mitad se refirieron a los aspectos de carácter legal que deben cumplir las empresas y el resto tuvieron relación con los métodos y procedimientos para organizar dicho proceso en los centros de trabajo. Por otra parte, se analizaron y dictaminaron 2 mil 985 contratos colectivos de trabajo en las cláusulas relativas a la materia de capacitación.

En el ámbito de la capacitación a trabajadores en activo, el Programa de Calidad Integral y Modernización (CIMO), continuó sus acciones dirigidas a promover, conjuntamente con los sectores productivos, la inducción y desarrollo de sistemas de capacitación, calidad y productividad en las micro, pequeñas y medianas empresas y en las unidades productivas orientadas a la exportación. En 1995 el CIMO amplió su meta anual de 250 a 350 mil apoyos; asimismo, en la concertación de la ARE, se decidió elevar a 450 mil los trabajadores a ser apoyados en 1996.

Es importante destacar el efecto que ha tenido el CIMO para inducir la inversión en capacitación y asistencia técnica de las empresas, lo que ha permitido elevar significativamente sus niveles de productividad, proteger el empleo, reducir la rotación de personal, mejorar sus esquemas organizacionales y la calidad de los bienes y servicios que producen. Actualmente el CIMO apoya a micro, pequeñas y medianas empresas de 110 ramas de actividad económica, pertenecientes a los sectores industrial, agroindustrial, agropecuario, pesquero forestal, turismo y servicios.

A través de la coordinación entre la SEP y la STPS, el Gobierno Federal puso en marcha el Proyecto de Modernización de la Educación Tecnológica y la Capacitación 1995-1999, que tiene como finalidad establecer las bases para reestructurar las distintas formas de capacitación de la fuerza laboral mexicana y buscar una mayor vinculación de los centros de formación y capacitación para el trabajo con la planta productiva.

En agosto de 1995 se instaló el Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral, encargado de desarrollar el Sistema Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación, que permitirá ofrecer a los trabajadores un reconocimiento formal por la experiencia adquirida en el ejercicio de una o varias funciones laborales. Dentro de este proyecto, la STPS tiene a su cargo la ejecución del subproyecto Componente Estímulos a la Demanda de Capacitación, que opera aprovechando la infraestructura física de los programas CIMO y Probecat.

En este sentido, destaca el desarrollo de 16 pruebas piloto de capacitación basadas en normas de competencia laboral, realizadas en igual número de empresas, así como el otorgamiento de 1 mil 995 becas de capacitación a personas desempleadas en 99 módulos de competencia laboral.

Respecto a la capacitación en la administración pública federal, las dependencias del Ejecutivo Federal llevaron a cabo mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con la finalidad de alcanzar alta eficiencia y eficacia en la generación y prestación de bienes y servicios a la sociedad, así como para propiciar un mejor desempeño de los servidores públicos, mediante su permanente actualización.

De acuerdo con la información captada a través del Sistema Integral de Información, durante 1995 se realizaron 16 mil 390 cursos que permitieron capacitar a 200 mil 880 servidores públicos.

Principales acciones de coordinación interinstitucional realizadas por el CIMO, 1995 - Con el INCA-Rural de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, se promovió el desarrollo del sector social, particularrnente en la rama agropecuaria y agroindustrial. - Con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, se brindó apoyo a grupos de empresas que buscan asociarse bajo la figura de integradoras y al desarrollo del Programa COMPITE, orientado a realizar reingenierías de procesos en empresas de mediana y alta tecnologia. - Con Nacional Financiera se brindaron apoyos complementarios para la capacitación de trabajadores de un número importante de empresas que participan en los programas de desarrollo empresarial coordinados por esa institución.

Fuente: STPS.

En materia de seguridad e higiene en los centros laborales, para ampliar la cobertura y calidad de las medidas de prevención de riesgos de trabajo, se elaboraron 24 anteproyectos de Norma Oficial Mexicana, 33 estudios de investigación e igual número de documentos técnicos.

Asimismo, el IMSS y la STPS elaboraron el anteproyecto de Reglamento Federal de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente Laboral, en el que, dentro de un marco de desregulación, se conjuntaron y actualizaron seis reglamentos dispersos relacionados con la prevención de accidentes de trabajo y con la seguridad e higiene laborales.

Como resultado de esas acciones y de la difusión masiva de elementos promocionales, se obtuvieron avances significativos en la consolidación y fortalecimiento de las comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene en el Trabajo, logrando que durante 1995 se registraran 10 mil 038, de las cuales 2 mil 268 son de jurisdicción federal y 7 mil 770 de jurisdicción local, en beneficio de 431 mil trabajadores.

Por su parte, el IMSS realizó 7 mil 450 visitas a empresas, 1 mil 265 estudios integrales de medio ambiente en empresas con más de 100 trabajadores y 1 mil 614 estudios específicos por áreas o puestos de ocupación; además, se establecieron con los sectores público, social y privado 110 convenios y 12 programas estatales.

Asimismo, se logró disminuir la tasa de invalidez por cada 1 mil trabajadores a 1.4%, los días promedio de incapacidad que produjeron los riesgos de trabajo a 0.9% y los días promedio de incapacidad por enfermedad general a 1.9%; lo que equivale a 1 mil 415 dictámenes menos de invalidez y a la reducción de 1 millón 056 mil 636 días de incapacidad por riesgos de trabajo y de 650 mil 549 días por enfermedad general.

Con base en el comportamiento de los riesgos de trabajo ocurridos en las dependencias y entidades afiliadas, el ISSSTE ha emprendido acciones a nivel nacional tendientes a proteger a los trabajadores potencialmente expuestos. Lo anterior, se reflejó en un aumento constante de las actividades preventivas en materia de integración y funcionamiento de comisiones mixtas, constituyéndose 5 mil 486 a nivel nacional y evaluándose 3 mil 362 actas de recorrido durante 1995.

Asimismo, se impartieron 739 cursos de capacitación sobre seguridad e higiene en el trabajo, con la participación de 19 mil 938 trabajadores, cifras que superaron en 20.4% y 5.5% el número de cursos realizados y el total de participantes logrados respectivamente, durante 1994.

5.3.2 Actualización tecnológica La actualización tecnológica es un elemento fundamental para acelerar los niveles de productividad y mejorar los salarios reales, ya que eleva la competitividad y las perspectivas del aparato productivo. Por ello, la política de actualización tecnológica establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, se propone brindar especial atención al mejoramiento de los mecanismos de coordinación entre los sectores público, privado y educativo; alentar la vinculación entre centros de investigación de nuevas tecnologías nacionales y extranjeras con el sector productivo; fortalecer la infraestructura para el desarrollo tecnológico y aprovechar el acervo mundial de conocimientos, a fin de complementar el avance tecnológico local con la importación de tecnología, coadyuvar a un uso más racional de los recursos del país, reducir la brecha tecnológica entre las empresas nacionales y del extranjero y mejorar el nivel de bienestar general de la población.

Con el propósito de consolidar la promoción y verificación del control de la calidad de los bienes y servicios producidos en el país, la Comisión Nacional de Normalización avanzó en la elaboración del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, con la participación de las diferentes dependencias federales y organizaciones privadas, a través de los Comités Consultivos Nacionales de Normalización y de los grupos de trabajo de la Comisión Nacional de Normalización.

La promulgación del reglamento permitirá dar mayor transparencia al proceso de normalización y mejorar la coordinación entre las dependencias gubernamentales para evitar la sobrerregulación en la materia. En lo concerniente a los sistemas de normalización, en 1995 se publicaron 166 Normas Oficiales Mexicanas (NOM), 14.5% más que lo realizado un año antes, con lo cual el número de normas de carácter obligatorio vigentes al cierre de 1995 ascendió a 426. Casi una tercera parte de las normas emitidas en el año, corresponden al ámbito de la salud; 16.3% a medio ambiente, recursos naturales y pesca, y 23.5% a comunicaciones y transportes, agricultura y ganadería.

Para la determinación y autorización de las NOM, las dependencias de Gobierno Federal realizaron análisis minuciosos (estudios costobeneficio), que les permitieron identificar a los sectores productivos y grupos de la población que potencialmente resultarían beneficiados o que enfrentarían los costos generados por su entrada en vigor.

Por su parte, las normas mexicanas (NMX) que se determinan de manera voluntaria por los productores para promover la calidad de los bienes y servicios que generan, al finalizar 1995 ascendieron a 5 mil 336, como resultado de la expedición por parte de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi), de 13 NMX de nueva creación y 19 actualizaciones

de NMX durante ese año, 1.0% más que en 1994; las cuales se concentran principalmente en las áreas de plástico, pesca y productos agrícolas.

En el año de 1995 se acreditó un Organismo Nacional de Normalización en materia de la industria electrónica, telecomunicaciones e informática y se autorizaron extensiones a organismos de normalización ya acreditados en los campos de turismo, metrología y bebidas alcohólicas.

Los sectores en que más normas mexicanas se expidieron durante 1995 fueron el sector eléctrico, sistemas de calidad y metrología, entre otros. Las normas expedidas por los organismos acreditados sumaron 72 entre las que se encuentran revisiones de NMX ya existentes y de nueva creación.

A través de la Comisión Nacional de Normalización se promovió la creación y el fortalecimiento de diversos organismos de certificación y unidades de verificación, con mayor participación del sector privado, para dar mayor transparencia y confiabilidad a los sistemas de certificación y verificación, brindando más opciones a los fabricantes e importadores para demostrar el cumplimiento de las NOM y las normas de calidad existentes.

En 1995, se expidieron en total 9 mil 917 certificados del cumplimiento con normas, de los cuales 936 fueron emitidos por la Secofi y 8 mil 981 por los organismos de certificación privados: en el sector electrónico 3 mil 093 y en el sector eléctrico 2 mil 078, en tanto que 3 mil 810 corresponden a la exportación de tequila. También se expidieron 21 certificados en el sistema de calidad, 1 mil 087 dictámenes de unidades de verificación de muestreo y 23 mil 224 de unidades de verificación de taxímetros. Dichas acciones promueven el desarrollo de una cultura de calidad, donde la vigilancia y cumplimiento con normas sea voluntario, como una exigencia del consumidor y no de la autoridad.

Se fortaleció el Sistema Nacional de Acreditamiento de Laboratorios de Prueba, con la renovación de 66 laboratorios y la incorporación de 64 nuevos laboratorios; lo que representa un 50.0% y 68.4% más que en 1994, respectivamente, correspondientes a las áreas de física, química, metalmecánica, alimentos y textiles. El fortalecimiento de este sistema, que opera de acuerdo a criterios internacionales, permite tener una red de laboratorios de prueba, sólida y básica, en apoyo al incremento de la competitividad de la planta productiva nacional.

En el ámbito internacional, se buscó consolidar a los órganos reguladores de la normatividad de las exportaciones mexicanas. En particular, se fortaleció el consejo regulador del tequila como organismo privado de certificación, con representación de los sectores involucrados. Adicionalmente, se instalaron los comités de normalización de los acuerdos comerciales con Costa Rica y el Grupo de los Tres y se avanzó en la integración de las propuestas de normas para los acuerdos comerciales que se negocian con Ecuador, Panamá y Nicaragua. Asimismo, se obtuvo la ampliación del mandato del Comité Mundial de CODEX sobre frutas y hortalizas frescas, eliminando la restricción que tenía para sólo elaborar normas de productos tropicales.

En el área de metrología se avanzó en la consolidación y ampliación de la cobertura del Sistema Nacional de Calibración, con el objetivo de procurar la uniformidad de las mediciones que se realizan en el país mediante el acreditamiento y renovación de 36 laboratorios de calibración, principalmente en las áreas metrológicas de dimensional, masas, temperatura, eléctrica, materiales de referencia, entre otras, de los sectores público, privado y educativo, 7.6% menos que en 1994.

Adicionalmente, el Centro Nacional de Metrología (Cenam) participó en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Acreditamiento de Laboratorios de Prueba, en apoyo al incremento de la competitividad de la planta productiva nacional. Para el desarrollo de estas actividades el Cenam destinó 55.3 millones de pesos a consolidar la infraestructura y equipamiento de sus laboratorios metrológicos y 4.9 millones de pesos para la capacitación de personal.

Asimismo, se dictaminó sobre la aptitud técnica de 26 laboratorios de calibración en 65 magnitudes diferentes, se evaluaron 96 laboratorios de análisis de aguas residuales para los gobiernos del Distrito Federal y el Estado de México en 11 parámetros distintos, para garantizar la confiabilidad de los servicios proporcionados y se avanzó en el establecimiento de sistemas computarizados de medición de condiciones ambientales para laboratorios.

El Cenam desarrolló 36 patrones nacionales con laboratorios de otros países y proporcionó asesoría técnica a la iniciativa privada para el establecimiento de laboratorios de calibración, en apoyo al control de calidad y modernización de los procesos productivos.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), consolidó en 1995 el sistema de propiedad industrial con reformas y adecuaciones al marco legal, tendientes a enfrentar los retos de la modernización industrial, comercial y tecnológica del país; propiciar un impacto favorable en la seguridad jurídica de las empresas mexicanas y coadyuvar a la creación de un ambiente propicio para el flujo de inversiones extranjeras y la transferencia de tecnología.

En materia de protección de las invenciones, el IMPI recibió 6 mil 918 solicitudes de patentes y registros de modelos de utilidad y diseños industriales; el total de derechos otorgados en patentes e invenciones ascendió a 4 mil 919 y los dictámenes de examen de fondo a 8 mil 745. En el marco de las acciones para combatir la competencia desleal, se emitieron 1 mil 200 resoluciones administrativas y dictámenes técnicos de nulidades, desistimientos, infracciones, caducidades y cancelaciones de patentes y registros de marcas, cifra equivalente a más del doble que la obtenida durante 1994.

A fin de proteger los derechos de propiedad industrial, se practicaron 1 mil 104 visitas de inspección, cantidad que supera en 10.4% la meta programada y representa 16.6% más con relación a 1994; estas acciones dieron como resultado el aseguramiento de 3 millones 443 mil 567 productos y la clausura de seis establecimientos mercantiles. Adicionalmente, se tramitaron 1 mil 337 constancias del Registro General de Patentes, 11.7% más de lo realizado el año anterior.

En la divulgación de invenciones, el IMPI dio servicios de consulta y búsqueda tecnológica en documentos de patentes a nivel nacional e internacional, así como información sobre el estado de la técnica y la difusión de directorios de personas físicas y morales dedicadas a la investigación y desarrollo tecnológico.

Nacional Financiera puso en operación el Programa Unico de Financiamiento de la Modernización Industrial (Promin), el cual incluye todas las actividades orientadas a impulsar el desarrollo tecnológico realizadas por el sector financiero para ampliar, facilitar, mejorar y simplificar la operación y seguimiento de los mecanismos de garantías de crédito y de capital de riesgo por parte de los intermediarios financieros.

El Promin está orientado al financiamiento de proyectos integrales de innovación tecnológica y adquisición de tecnología de punta, e incorpora acciones de capacitación y adiestramiento para su asimilación en los procesos productivos. Los instrumentos financieros del programa comprenden la determinación de créditos en unidades de inversión, sistemas de pago diversificados, periodos de gracia y plazos de pago a largo plazo, congruentes con la maduración de los proyectos.

En 1995 el Promin canalizó créditos por 54 millones de pesos, en beneficio de 13 empresas de las ramas de alimentos, bebidas y tabaco; sustancias y productos químicos, carbón mineral, hule y plástico; industrias metálicas básicas, productos metálicos y maquinaria y equipo de transporte. Por su parte, los descuentos realizados por el Fideicomiso para el Desarrollo Tecnológico (Fidetec) alcanzaron un monto de 4.3 millones de pesos.

En el desarrollo y la asimilación integral de nuevas tecnologías, tiene un papel determinante la capacitación para el trabajo, ya que permite la adquisición de habilidades básicas sobre la explotación adecuada de nuevos métodos e instrumentos de trabajo. Por ello, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) intensificó las actividades del Programa de Extensionismo Industrial, que tiene el objetivo de asesorar directamente a las empresas en el diseño y ejecución de sus programas de capacitación; durante 1995 se dio atención a 10 mil 385 centros de trabajo en todo el país, principalmente de tamaño pequeño y mediano. En el desarrollo de tecnologías se integraron cinco paquetes técnicos para apoyar los procesos de capacitación en las unidades productivas y se impartieron cinco talleres para reforzar la productividad y calidad industrial.

Asimismo, se constituyó un grupo especializado de instructores y consultores, con la finalidad de apoyar los procesos de formación de cuadros especializados en las organizaciones intermedias y unidades productivas y se prestaron servicios de consultoría a las empresas en el diseño, ejecución y evaluación de programas para el mejoramiento de la productividad

y la calidad, consistentes en métodos y sistemas de trabajo, tiempos de operación, incentivos al salario, parámetros de productividad, entrenamiento a trabajadores y capacitación para el trabajo.

El Programa de Calidad Integral y Modernización, coordinado por la STPS, contribuyó a la capacitación y asistencia técnica de micro, pequeñas y medianas empresas de 109 giros de actividad económica y apoyó su asociación en empresas integradoras, el desarrollo de programas de exportación y adaptación tecnológica, así como la superación de problemas de mercado y operación deficiente.

Adicionalmente, la Secofi y la STPS desarrollaron el programa Compite, orientado a realizar reingenierías de proceso en empresas de mediana y alta tecnología.

Acciones adicionales desarrolladas en 1995 por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para fomentar la actualización tecnológica Comercio y Fomento Industrial - La estrategia de actualización tecnológica de la SECOFI y los organismos sectorizados en 1995 se orientó al desarrollo de los sistemas de normalización y metrología, además de promover las garantías a la protección de la propiedad industrial. Se promovió una mayor eficiencia y calidad en los diferentes sectores de la economía con base en un proceso de normalización más transparente y una mejor coordinación entre los sectores público y privado. A través del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio, se aprobaron 13 normas oficiales mexicanas, y 72 normas mexicanas mediante la coordinación con los Organismos Nacionales de Normalización.

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural - Se apoyó la vinculación del sector productivo con instituciones educativas y de investigación, a través de 67 convenios de colaboración vigentes, 40 a nivel nacional con institutos y universidades y con los sectores público y privado; y 27 a nivel internacional con centros de investigación, organismos gubernamentales, universidades y empresas. Destacan los proyectos para la generación de tecnologías con el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, con el Centro Internacional para la Investigación en Agrosilvicultura, con el Instituto Francés de Investigación Científica, con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos de América, y con diversas universidades de ese país. - Asimismo, se fortaleció el proceso de transferencia de tecnología de extensión agropecuaria para lograr una mayor rentabilidad, eficiencia y competitividad, para ello se establecieron 1 329 parcelas de demostración de tecnología innovadora en materia agrícola, y se promovió su adaptación en una superficie de 5.4 millones de hectáreas. - También entraron en operación 57 módulos de demostración y difusión de tecnología pecuaria y 265 grupos de intercambio técnico, con beneficios a más de 5 200 productores.

Energía - Para el desarrollo tecnológico de las industrias petrolera y eléctrica, se promovieron los vínculos de éstas con las universidades, así como alianzas estratégicas entre los sectores público y privado, nacional y extranjero, para establecer líneas integradas de negocios y cadenas productivas competitivas. - En la industria eléctrica se llevó a cabo la elaboración de 44 especificaciones de productos con mínimos de calidad en equipos y materiales. - También se emprendieron acciones de evaluación y desarrollo tecnológico con 73 proveedores, a través de visitas técnicas, concluyéndose que 12 de ellos son altamente productivos; a los 61 restantes se les brindó asesoría técnica para mejorar los índices de productividad y calidad.

- Para mejorar el control de calidad de las adquisiciones se fomentó la actualización tecnológica en los laboratorios de prueba de 153 proveedores de la industria eléctrica. - Se impulsó la tecnología de electrificación rural mediante energía solar, con 250 módulos instalados en pequeñas poblaciones que por su inaccesibilidad hacen adecuada dicha tecnología. - Petróleos Mexicanos (PEMEX) incorporó nuevas tecnologías en exploración, explotación y refinación de hidrocarburos. En exploración, se empleó intensivamente el método sísmico; en explotación se utilizó la perforación horizontal de pozos, tecnología más eficiente que la convencional; y se realizaron importantes aportaciones en materia de catálisis e ingeniería básica y de procesos, que coadyuvan a los objetivos de la política integral de combustibles.

Desarrollo Social Para impulsar el desarrollo tecnológico en la producción de vivienda con énfasis en la de interés social, las acciones se orientaron básicamente a promover la investigación, escalonamiento industrial, y la comercialización y aplicación de tecnologías alternativas para incrementar la calidad habitacional y disminuir tiempos y costos de edificación. Para ello la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) avanzó en la elaboración de cinco NOM, y participó con la SECOFI en el diseño de 15 proyectos de NOM sobre materiales y productos para la construcción.

Salud - En la Secretaría de Salud las acciones de actualización tecnológica se orientaron prioritariamente al desarrollo de innovaciones en materia de control bacteriano, desinfección de agua por gases oxidantes, utilización de plantas móviles para potabilizar agua para consumo humano y evaluación de equipos y aparatos sofisticados para la detección y tratamiento de padecimientos crónicos degenerativos. - El Instituto Nacional de la Nutrición incrementó en 14.0 por ciento el número de investigaciones tecnológicas, respecto a 1994, relativas al mejoramiento nutricional. - El Instituto Mexicano del Seguro Social concluyó las pruebas piloto para la inclusión de nuevos biológicos dentro del programa de vacunación nacional. - Por su parte, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) puso en operación la unidad de enseñanza e investigación del Centro Medico Nacional 20 de Noviembre en la cual se realizaron 11 investigaciones en el área básica y 36 investigaciones clínicas que permitieron el desarrollo de nuevas tecnologías, procedimientos e instrumentos para atender a la población derechohabiente en los campos de inmunología, genética, biología de la reproducción, microcirugía y transplantes de órganos.

Educación - Las instituciones del Sistema SEP-CONACYT mejoraron los estándares internos de sus laboratorios e incrementaron la infraestructura metrológica y de servicios; operaron laboratorios que analizan los residuos tóxicos de productos cárnicos y de aseguramiento de la calidad de los productos pesqueros; otorgaron asesorías sobre control de calidad y de normalización al sector industrial en las diversas regiones; suscribieron al interior del sistema un convenio de colaboración para fomentar conjuntamente con la SECOFI y el CENAM, actividades de metrología y control de calidad en apoyo a la industria a través de un laboratorio de pruebas y calibración.

Comunicaciones y Transportes - El Instituto Mexicano del Transporte fomentó la investigación, el desarrollo tecnológico e impulsó la asimilación de nuevas tecnologías a partir de la suscripción de convenios de colaboración con universidades e institutos especializados nacionales y del extranjero, lo que le permitió desarrollar nuevos instrumentos de medición y procedimientos innovadores aplicables a los sistemas de transportes, tales como el viscosímetro rotatorio de cilindros coaxiales, el sistema amortiguador para el brazo de corte de una desyerbadora, el traductor inercial de doble péndulo, y el soporte para pintabarreras. - El Instituto Mexicano de Comunicaciones continuó con el programa anual de calibración de patrones e instrumental de medición y consolidó la oferta de servicios metrológicos mediante los laboratorios sobre: evaluación técnica, pruebas y calibración, certificación de patrones, estudios de tratamiento acústico, y asesorías para operar laboratorios.

Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca - Se publicaron 27 NOM te las cuales 11 se refieren a limites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales, cinco a control de contaminación atmosférica, cuatro a control de la contaminación por ruido, cinco a pesca, una al marqueo de madera en rollo y una a residuos hospitalarios peligrosos.

Hacienda y Crédito Público - El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática integró el Programa de Desarrollo Informático, con la finalidad de propiciar el aprovechamiento de tecnologías de la información más modernas en los diversos ámbitos de la administración pública y en los sectores privado y social, para mejorar la eficiencia operativa de las instituciones gubernamentales y alcanzar niveles de productividad y competitividad más altos en las empresas privadas y las organizaciones sociales. - Para lograr la participación de los diversos sectores en la ejecución de las acciones contenidas en el Programa de Desarrollo Informático, se promovió la consolidación de organismos colegiados, entre los que destaca el Grupo Consultivo de Política Informática integrado por representantes del gobierno, la industria y el medio académico; también se crearon grupos de trabajo entre el Gobierno y el sector privado con representantes de instituciones académicas y centros de investigación de empresas proveedoras y usuarias de los bienes y servicios informáticos, para concretar la realización de actividades relativas a la formación de recursos humanos, investigación y desarrollo tecnológico, mercado informático y telecomunicaciones. - Adicionalmente, en el Sector Público se logró concertar con los comités de autoridades de informática de la Administración Pública a nivel federal, estatal y municipal, diversas actividades para promover el uso más adecuado de la informática en el desarrollo de sus funciones y fortalecer el intercambio y colaboración en la materia entre los tres órdenes de gobierno.

Fuente: SHCP, con base en información de las dependencias de la APF.

5.3.3 Desregulación y fomento de competencia interna y externa Desregulación y fomento de la competencia La reorientación del papel del Estado en los últimos nueve años para liberar actividades que restringían la participación de los particulares, en una perspectiva de economía abierta a la competencia internacional, significó un avance en el proceso de la desregulación económica que consolidará la nueva política establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, el cual enfatiza la necesidad de contar con un marco regulatorio equitativo, transparente y eficiente para fomentar la capacidad competitiva de las empresas, alentar la inversión productiva y propiciar la creación de más y mejores empleos en la industria y los servicios.

En este sentido, durante 1995 se efectuaron modificaciones al marco jurídico, orientadas a permitir el acceso de inversiones privadas en actividades y ramas que requieren incrementar su competitividad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías y procesos organizativos, entre las que destacan ferrocarriles, telecomunicaciones, gas natural, aeropuertos y terminales aéreas; también comenzó una reforma sistemática de los trámites federales vigentes, así como acciones para disciplinar la creación de nuevos requisitos por las dependencias y entidades federales, con el propósito de ampliar la seguridad jurídica de las empresas, reducir los costos en que incurren éstas para su cumplimiento y facilitar la apertura y el funcionamiento de los establecimientos comerciales e industriales.

Asimismo, comenzó a operar un amplio esquema de coordinación entre los gobiernos Federal, estatales y municipales, en sus respectivos ámbitos de competencia, con la finalidad de que la mejoría y simplificación del marco regulatorio sea sustancial e integral.

A partir de los compromisos adquiridos en la instalación del Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, diversas dependencias y entidades del Gobierno Federal llevaron a cabo programas de desregulación enfocados a reducir la pesada carga de trámites que deben cumplir esas empresas, tanto para su instalación como para su operación cotidiana.

Las acciones realizadas en el marco de este acuerdo se rigieron por dos principios básicos: únicamente regular la apertura y funcionamiento de las empresas que desarrollen actividades que presenten riesgos sustanciales en el ámbito de construcción, sanitario, ambiental y de seguridad pública y fomentar la autorregulación y corresponsabilidad de todos los empresarios, para que ellos mismos determinen si sus empresas se encuentran en sectores o actividades riesgosas.

Este esquema de regulación se complementó con un sistema de evaluación de riesgos y verificación, por peritos privados seleccionados bajo estrictos criterios profesionales; la reducción al mínimo necesario del número de trámites; la utilización de un formato único y la mayor disponibilidad de ventanillas únicas para llevarlos a cabo.

Bajo este nuevo enfoque regulatorio, a partir de la clasificación mexicana de actividades y productos, se conformó una lista única de 370 actividades de un total de 754 que requieren autorización previa para el inicio de operaciones ante diversas dependencias y entidades de la administración pública federal, por considerarse riesgosas a la salud, al medio ambiente y a la Seguridad Pública. Esta lista fue aprobada por la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Ecología y la Comisión Nacional del Agua y se estipuló que los empresarios que no encuentren en esa lista la actividad que deseen emprender, no tendrán que solicitar autorización previa.

En el marco de concertación de la Alianza para la Recuperación Económica, se expidió el 23 de noviembre de 1995 el Acuerdo para la Desregulación de la Actividad Empresarial, para establecer un procedimiento de revisión de requisitos, trámites, formatos y plazos que imponen las dependencias y entidades federales a las empresas. Dicho procedimiento señala claramente las obligaciones y responsabilidades a las que cada una de estas dependencias y entidades deberá sujetarse, trasladándoles la obligación de justificar ante el consejo para la desregulación económica, cada uno de los trámites y plazos que apliquen.

Este proceso será igualmente válido para verificar tanto los requisitos y trámites vigentes como los que estén en proyecto. En el caso de los primeros, se acordó realizar una revisión

acelerada en los ocho meses siguientes a la expedición del acuerdo.

El consejo para la desregulación económica se concibió como órgano de apoyo técnico y consultivo, en donde empresarios, académicos y representantes del sector laboral y agropecuario, se reúnen con representantes del Gobierno, para analizar las justificaciones de los requisitos y trámites y participar estrechamente en el mejoramiento del marco regulatorio mexicano. Este foro será un lugar de discusión nacional, donde se invitará a gobernadores de los estados, al jefe del Departamento del Distrito Federal y otros funcionarios públicos para exponer los avances en materia de desregulación.

Asimismo, se determinan cinco criterios de verificación que deben cumplir los requisitos y trámites federales, tanto para asegurar su permanencia como para justificar la creación de otros nuevos, que:

a) Obedezcan a una situación que cause o pueda causar un perjuicio público, de riesgo ambiental o de salud o de insuficiencia de información a los consumidores o usuarios:

b) No puedan ser reemplazados por otras alternativas, incluidas las no obligatorias, que logren los mismos objetivos sobre el desempeño de las empresas, a un menor costo:

c) Minimicen el impacto negativo que tengan sobre las empresas, en particular sobre las micro, pequeñas y medianas:

d) Generen beneficios que compensen los costos que implican para la sociedad:

e) Estén sustentados con recursos presupuestales y administrativos suficientes para su aplicación y vigilancia. Adicionalmente, se aplicará como regla general la figura de la positiva ficta, cuando la dependencia competente no resuelva en el plazo establecido el registro de actividades que no sean altamente riesgosas y la negativa ficta para las de alto riesgo.

También se creó el Registro Federal de Trámites Empresariales, que brindará transparencia y certeza a los empresarios, indicando los trámites y plazos de respuesta que pueden ser exigidos por la autoridad.

La Secretaría de Salud simplificó los trámites y procedimientos administrativos, al eliminar la licencia y requerir sólo el aviso de apertura en 50 de 407 actividades reguladas a nivel nacional, esto es, 12.3% del total. Entre ellas destacan la operación de consultorios de medicina general, odontología, de especialidades, escuelas y centros de rehabilitación, ya que se puede ejercer vigilancia del cumplimiento de la normatividad en estos giros a través del sistema aleatorio de visitas de verificación; igual tratamiento recibieron los centros de ambulancias, casashogar para senectos, albergues, servicios de pedicuro, anfiteatros y necrotecas para institutos de educación superior, agencias funerarias sin crematorio y consultorios veterinarios.

Con objeto de garantizar la seguridad de los pacientes en servicios que representen riesgo para la salud, no se desregularon los servicios de los centros de disminución de peso; casashogar para menores; ópticas, adaptación y venta de aparatos auditivos, entre otros. Adicionalmente, se liberaron 46 actividades en el Distrito Federal, es decir, 25.0% de un total de 184 reguladas.

La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca sustituyó la presentación de la manifestación de impacto ambiental por un informe preventivo que simplifica el trámite para la instalación de micro, pequeñas y medianas empresas en 64 actividades industriales que constituyen el 21.3% de las 305 actividades clasificadas como riesgosas para el medio ambiente; esta sustitución también es aplicable a las grandes industrias que se ubiquen en fraccionamientos y zonas industriales oficialmente autorizadas. Asimismo, esa dependencia reemplazó el trámite para obtener licencia de operación, por un aviso de funcionamiento para el 80.0% de las empresas nacionales.

El gobierno del Distrito Federal desconcentró diversos trámites en las ventanillas únicas de gestión y definió los criterios y requisitos mínimos para la instalación de estas unidades en las sedes de organizaciones empresariales, simplificando los aspectos cualitativos del servicio que deben ofrecer las sedes empresariales para ser reconocidas como ventanillas de trámites gubernamentales; otorgó facilidades administrativas para regularizar la situación de las micro, pequeñas y medianas empresas en

materia de construcción, uso del suelo, establecimientos mercantiles e inspección local del trabajo; simplificó y agilizó los procedimientos de pago a proveedores y contratistas y amplió los módulos de consulta y orientación fiscal a empresas.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, la cual establece procedimientos uniformes para hacer congruentes diversas normas aplicables a los sectores de la administración pública del D.F., abrogó normas jurídicas obsoletas que sobrerregulaban la actuación de los órganos administrativos y otorgaban discrecionalidad injustificada a la autoridad.

Con ello se asegura la reducción y el cumplimiento de requisitos y trámites y se avanza hacia la meta de reducir el tiempo de autorización para la apertura de empresas a siete días hábiles para los establecimientos no riesgosos y a 20 días para aquellos que deben sujetarse a evaluaciones y controles sanitarios, ecológicos, sociales y de Seguridad Pública.

Adicionalmente, se aprobó una nueva Ley de Desarrollo Urbano, mediante la cual se actualiza el plan director de desarrollo urbano y se establecen mecanismos transparentes para la obtención de constancias, certificaciones y licencias de uso de suelo, lo que permitirá simplificar esta materia y desconcentrar diversos trámites a las ventanillas únicas de gestión.

Con la entrada en vigor de la Ley Federal de procedimiento administrativo, el 1o. de junio de 1995, se derogaron diversos recursos administrativos previstos en las leyes específicas a cargo de las distintas dependencias y entidades federales, con apego a estrictos principios de economía, celeridad, eficiencia, legalidad y buena fe, lo que permitió eliminar trámites obsoletos en beneficio de los particulares para el debido cumplimiento de sus obligaciones.

En este marco, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social, actualizaron la normatividad de seguridad e higiene en el trabajo mediante la elaboración del anteproyecto del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral, que simplifica e integra en un documento los seis reglamentos anteriormente vigentes; destacando la modificación a las disposiciones reglamentarias que eximen a las empresas de menos de 100 trabajadores, de la obligación de enviar mensualmente sus actas sobre las condiciones de seguridad e higiene a las delegaciones federales de trabajo. Asimismo, se elaboraron nuevos procedimientos administrativos para la regulación de generadores de vapor y de recipientes sujetos a presión, con los cuales se redujo el tiempo de respuesta a los usuarios de ocho días hábiles a 60 minutos por trámite.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Sagar), con base en las adecuaciones a las leyes federales de sanidad vegetal y salud animal, redujo de 225 a 41 el número de trámites administrativos que exige a los particulares que participan en asociaciones y empresas agropecuarias; entre las reformas destacan la eliminación de los permisos de movilización, registros de autorización de empresas fabricantes, importación de productos agropecuarios, plaguicidas, maquinaria y equipo para las empresas que cumplan con las normas oficiales mexicanas vigentes en la materia. En cumplimiento con la nueva Ley General de Importación, la Sagar estableció la clasificación y codificación de mercancías cuya importación y exportación está sujeta a regulación.

En el sector comunicaciones y transportes se expidió la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, que promueve la participación del capital privado en el desarrollo de la infraestructura con tecnologías de punta, a través de concesiones y permisos con cuatro empresas ferroviarias: Sureste, PacíficoNorte, Noreste y la terminal del valle de México. En este sentido, se iniciaron los trabajos para la elaboración de una propuesta que permita otorgar derechos de paso comerciales de manera automática, a fin de lograr mayor competencia en el sistema ferroviario.

En el transporte aéreo se actualizó la normatividad con base en la Ley de Aviación Civil, que da orden al mercado nacional al evitar la competencia desleal y regular la calidad de los servicios.

En complemento, la nueva Ley de Aeropuertos permite la participación de particulares en la administración, operación y explotación de aeropuertos. Con la aprobación de la Ley Federal de Telecomunicaciones se dio mayor

impulso a la participación del sector privado en la creación de infraestructura y se promueve la ampliación de la cobertura de telecomunicaciones, así como en los servicios de radiolocalización móvil de personas, servicio móvil de radiocomunicación especializada de flotillas, servicio de redes de datos y radiolocalización de vehículos, entre otros.

En el sector energético se modificó el reglamento de la ley del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, con ello, se permite al sector privado nacional e internacional invertir en áreas de transporte, almacenamiento y distribución de gas natural.

En el ramo de la petroquímica secundaria, la desincorporación se refiere a plantas elaboradoras de productos petroquímicos secundarios y terciarios, es decir, activos no estratégicos que se encuentran fuera del ámbito reservado al Estado. En este sentido, se publicó la convocatoria para participar en la licitación pública internacional de Cosoleacaque.

Las modificaciones de 1992 a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica fomentan la participación del sector privado para que construya, opere y tenga en propiedad plantas de generación eléctrica, cuando no sean para servicio público, con objeto de que la inversión pública se dirija a fortalecer y mejorar la transmisión, despacho y distribución del fluido eléctrico.

En tal sentido, con esquemas que no constituyen servicio público se otorgaron permisos de autoabastecimiento y cogeneración de energía eléctrica en el marco de la nueva regulación. Tal es el caso de tres microcentrales hidráulicas a cargo del Departamento del Distrito Federal, que aprovechan las caídas de agua del Acueducto Lerma para generar energía que se utiliza en el autoconsumo de las plantas de bombeo de agua potable y en la red del alumbrado público.

También se aprobó la Ley Comisión Reguladora de Energía, a la cual se le amplió su ámbito de acción en materia de electricidad, otorgándosele además atribuciones en el rubro de gas natural respecto al decreto de creación de 1993.

En el sector financiero, para promover la participación de empresas mexicanas y la inversión extranjera en los servicios bancarios, las reformas legales autorizaron la participación de personas morales mexicanas en acciones serie "A" que representan al menos el 51.0% del capital, anteriormente restringido únicamente a personas físicas mexicanas. Adicionalmente, se autorizó el incremento de las acciones serie "L" (sin derecho a voto) de 30.0% a 40.0% del capital, así como incrementos al límite de tenencias accionarias individuales del 10.0% al 20.0%, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Para promover la adquisición por parte de los bancos extranjeros de bancos mexicanos y constituir filiales extranjeras, el requerimiento mínimo de capital que una entidad extranjera puede tener en su filial mexicana se redujo de 99.0% a 51.0%, previa autorización de la SHCP. Asimismo, la comisión de cambios, integrada por la SHCP y el Banco de México, orientó sus acciones a fin de restablecer la estabilidad del tipo de cambio, para lo cual adoptó un régimen cambiario de libre flotación con objeto de fortalecer la capacidad de regulación de la base monetaria y mantener un nivel óptimo de reservas internacionales y se autorizó un mercado de futuros y opciones sobre el tipo de cambio para facilitar la administración de riesgos y la planeación de las actividades productivas, comerciales y financieras.

Las acciones de desregulación en las diferentes entidades federativas fueron congruentes con este nuevo enfoque. Las entidades federativas que han expedido el marco jurídico estatal para llevar a cabo la desregulación de la actividad empresarial son: Baja California, Guerrero, Jalisco, Morelos, Sonora, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.

Las entidades federativas que presentan un avance considerable en los trabajos de conformación del marco jurídico estatal para la desregulación de la actividad empresarial y por lo mismo se encuentran en posibilidad de cumplir con esta primera etapa en un breve plazo son: Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Querétaro y Veracruz.

La Comisión Federal de Competencia, en cumplimiento con sus atribuciones, fortaleció sus funciones orientadas a prevenir los efectos

anticompetitivos de las concentraciones, combatir las prácticas monopólicas, atender las consultas de los agentes económicos y opinar sobre los aspectos relacionados con leyes, reglamentos, políticas y procedimientos de la administración pública.

En materia de concentraciones, la comisión resolvió 117 casos en plazos sustancialmente inferiores a los previstos en la ley, 24.5% más respecto a 1994. En materia de prácticas monopólicas realizó 42 investigaciones, 68.0% más que un año antes, debido a la mayor actividad de la comisión al iniciar las investigaciones de oficio. Asimismo, atendió 30 consultas efectuadas por los agentes económicos, 7.1% más que en 1994. Con ello se promovió un marco más competitivo para la participación de particulares en la construcción de infraestructura y servicios básicos.

De esta forma, es propósito que la normatividad deje de ser controladora y se convierta en promotora de la actividad productiva de los particulares, para alcanzar las metas de crecimiento y bienestar social propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000.

Política industrial El proceso de modernización industrial emprendido desde la década pasada en un marco de economía abierta y menor regulación por parte del Estado, ha permitido conformar una planta productiva más competitiva en los mercados internacionales. Sin embargo, junto a las grandes empresas exportadoras que cuentan con un alto grado de tecnificación, coexisten unidades productivas con procesos y técnicas atrasadas que limitan su potencial de crecimiento y generación de empleos.

Para abatir este dualismo la política industrial del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, además de continuar con acciones de desregulación y simplificación administrativas y con la promoción de las exportaciones y la apertura comercial, ha enfatizado medidas para el desarrollo de tratamientos fiscales y políticas crediticias que favorecen la instalación y operación de unidades productivas, así como su actualización tecnológica, para producir bienes y servicios de alta calidad y competitividad. En cada una de las líneas de estrategia se ha fortalecido la concertación de acciones entre los sectores público y privado, además de una mayor coordinación entre los gobiernos Federal, estatales y municipales, con la finalidad de propiciar un crecimiento industrial integral que incorpore a los subsectores o ramas intensivos en mano de obra con potencial exportador, fortalezca la articulación de cadenas productivas e integre a las regiones con mayor rezago al desarrollo nacional.

La estrategia de política industrial puesta en marcha contempla dos vertientes fundamentales: medidas de corte horizontal que benefician a todos los sectores y ramas industriales, orientadas a igualar e incluso mejorar las condiciones bajo las cuales operan las empresas internacionales y medidas de corte vertical o sectorial, que otorgan especial atención a sectores prioritarios y a aquellos que se encuentran rezagados en su proceso de modernización.

Principales instrumentos de política industrial aplicados en l995 Medidas de corte horizontal - Revisión del marco regulatorio para eliminar obstáculos que inhiben la iniciativa empresarial, elevan costos, merman la competitividad y restan capacidad de generación de empleo. - Creación de la Comisión Nacional de Productividad a fin de incrementar Ia capacitación de la mano de obra mediante el aumento del número de becas para su mejoramiento. - Apoyo crediticio de la banca comercial para la sustitución eficiente de importaciones. - Promoción de las exportaciones, ampliación y apertura de nuevos mercados. - Elaboracion del Programa Nacional de Calidad, orientado a impulsar el cambio tecnológico en las empresas y la renovación constante en las formas de organización para la producción y para el consumo.

Medidas de corte vertical o sectorial - Establecimiento del Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para allegar a éstas servicios de asesoría integral y especializada, y promover el incremento de su eficiencia y calidad, a fin de fortalecer la integración de cadenas productivas para vincular a las empresas pequeñas con las de mayor tamano. - Desarrollo de programas sectoriales de promoción y fomento, sustentados en apoyos crediticios a proyectos específicos en materia comercial y de inversión, en especial para las industrias que emplean mano de obra intensamente y que cuentan con potencial exportador. - Desarrollo de mecanismos que permiten a las empresas de pequeña escala aprovechar cabalmente las preferencias de compras gubernamentales negociadas en los tratados comerciales suscritos por México. - Fomento a la industria maquiladora de exportación, las empresas comercializadoras y el desarrollo del sector de artesanias. - Diseño y establecimiento de parques industriales.

Fuente: SECOFI.

Las actividades de fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen un aspecto central de la política industrial, en virtud de que representan el 98.0% del número de establecimientos y contribuyen a generar cerca de la mitad, 47.4%, de los puestos de ocupación del sector manufacturero. En mayo se instaló el Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CNMPME), en el cual participan diversas dependencias del Gobierno Federal, instituciones de la banca de desarrollo y distintas organizaciones privadas que representan a las empresas de pequeña y mediana escala.

El consejo fortaleció la concertación de acciones entre los sectores público y privado y se constituyó en un foro de gran efectividad para analizar la problemática y diseñar instrumentos de apoyo específico para la creación y operación más eficiente de este tipo de empresas.

En este contexto de concertación se buscó conformar un marco regulatorio más eficiente y transparente, establecer programas de promoción a las exportaciones de las micro, pequeñas y medianas empresas, fomentar los esquemas para su asociación, y diseñar programas sectoriales para el desarrollo de cadenas productivas en las ramas con mayor potencial productivo. Así se modificaron los programas de fomento a las exportaciones para incorporar a un número creciente de empresas a esa actividad, en particular las micro, pequeñas y medianas, a partir de disposiciones que garantizan que los exportadores indirectos reciban el mismo trato que los que exportan directamente en materia de simplificación aduanera, devolución de impuestos a la importación temporal, y eliminación del impuesto al valor agregado (IVA) sobre las ventas a exportadores finales.

También se modificó el decreto que promueve la organización de empresas integradoras, autorizándoles la actuación por cuenta de sus socios en la compra y venta consolidada de sus insumos y productos, lo cual incrementó su posición negociadora en diversos mercados al aumentar su escala de compras; adicionalmente, se les permitió comercializar una porción de sus bienes y servicios con empresas que no formen parte de la sociedad integradora, para obtener el máximo rendimiento de su capacidad productiva y se les otorgó un trato fiscal de excepción al autorizar el beneficio del régimen simplificado del impuesto sobre la renta, por un plazo de 10 años, entre otras facilidades administrativas orientadas a su consolidación.

Durante 1995 se autorizaron 27 empresas integradoras que agruparon a 332 socios y realizaron una inversión de 2 millones de pesos; con ello, el Registro Nacional de Empresas Integradoras reportó 65 empresas, 19.6% más que en 1994, correspondientes a diversas ramas de la industria manufacturera y a los sectores de servicios, comercio, construcción, agropecuario y piscícola, forestal y de artesanías.

Estas asociaciones también jugaron un papel importante en la vinculación de las micro, pequeñas y medianas empresas a las cadenas productivas de las grandes empresas, como proveedores de insumos, partes y componentes. Destaca la celebración de cuatro

encuentros nacionales de proveeduría, con la participación de 180 empresas expositoras y demandantes de bienes intermedios, así como el desarrollo de tres proyectos para impulsar esquemas de subcontratación en las empresas de pequeña escala con los grandes contratistas japoneses en las industrias automotriz, metalmecánica, electrónica, de alimentos y de bebidas que operan en el país.

En el marco del CNMPME, se concertaron los programas sectoriales de promoción industrial a las cadenas productivas textil y de la confección, del cuero y del calzado, muebles, juguetes, artículos deportivos y bicicletas, para elevar la competitividad de las empresas que participan en ellas, en especial las de menor tamaño y maximizar el aprovechamiento de las ventajas competitivas del país en esos sectores, por su importante participación relativa en la producción y el empleo y por su gran potencial para aprovechar los beneficios de los tratados comerciales suscritos con otras naciones. El desarrollo de estos programas implicó la adopción de compromisos específicos por parte del Gobierno Federal y el sector privado en materia de empleo, producción y exportaciones.

Con el propósito de dar certidumbre al sector empresarial ante la amortización acelerada de los créditos causada por la inflación y el alza de las tasas de interés, en abril se puso en operación el Programa de Apoyo a la Planta Productiva Nacional. Para aliviar la carga del servicio de la deuda de las empresas se reestructuraron créditos en moneda nacional, con Unidades de Inversión (Udis), a plazos de cinco, siete, ocho, 10 y 12 años, con tasas de interés máximas del 13.0%. El programa contaba originalmente con Elementos centrales de los programas de promoción industrial a cadenas productivas, 1995 Aranceles - Con el propósito de evitar que se lesione a la planta productiva nacional y en estricto apego a los tratados comerciales suscritos por México, los araneeles no preferenciales de las importaciones finales de calzado, manufacturas de piel y confección, se incrementaron a un nivel de 35.0 por ciento. - En las industrias de muebles y juguetes, artículos deportivos y bicicletas, la Comisión de Comercio Exterior aprobó el establecimiento de un mecanismo de regla octava, mediante el cual se facilitará la importación de partes y componentes utilizados en la fabricación de mercancias, de los cuales no exista producción nacional.

Capacitación - Se intensificaron las acciones de capacitación a los trabajadores, especialmente técnicos y mandos medios. Asimismo, se aplicaron esquemas para mejorar las capacidades de gestión de los empresarios. Estas actividades se apoyaron en el Sistema de Información para la Flexibilización de la Oferta de Formación para el Trabajo, desarrollado por la Secretaría de Educación Pública para detectar las necesidades de la industria y evaluar los programas de estudio para determinar las modificaciones correspondientes.

Promoción externa - Se promovieron programas especiales con apoyos financieros y promocionales a los sectores involucrados en las cadenas productivas, para aprovechar el Sistema Mexicano de Promoción Externa.

Asociación - Se fomentaron los mecanismos de asociación para impulsar la especialización de la producción y mejorar la integración de las cadenas productivas, bajo un enfoque integral que incluye apoyos en capacitación, tecnología, financiamiento y promoción externa.

Otros elementos - Se establecieron programas especiales de financiamiento y un programa de compras de gobierno, para apoyar a las empresas participantes en las cadenas productivas.

Fuente: SECOFI.

recursos por 76 mil millones de pesos, de los cuales se utilizaron 30 mil millones al cierre de 1995. Es conveniente mencionar que los 7 mil 600 millones de pesos para apoyar la vivienda en construcción, se tomarán de los 76 mil millones autorizados inicialmente para este programa. Asimismo, a finales de año, se autorizó la reestructuración de créditos en moneda extranjera a través de este esquema de unidades de cuenta hasta por 2 mil millones de dólares, los cuales se empezarán a utilizar a partir de 1996.

En complemento, en el marco del Acuerdo de Apoyo Inmediato a Deudores de la Banca (ADE), se apoyó a las personas físicas con actividades empresariales y a las personas morales que suscribieron convenios de reestructuración de sus adeudos con la banca comercial, mediante los programas diseñados por éstos o de programas en Udis, apoyados por el Gobierno Federal. El apoyo consistió en una reducción de la tasa de interés aplicando una tasa fija del 25.0% a los primeros 200 mil pesos. Los deudores que no estuvieran al corriente podrían gozar de este apoyo a partir de la firma de su carta de intención y bajo la condición de que posteriormente acordarán la renegociación de su crédito con el banco. La firma de dicha carta de intención, además del beneficio señalado, permitió la condonación de intereses moratorios y que los deudores gozaran de una tregua judicial, hasta abril de 1996. Al término del año se reestructuraron a través de todos los programas disponibles, 288 mil 809 créditos empresariales.

Nacional Financiera (Nafinsa) contribuyó a sanear la situación crediticia de las empresas con recursos por 12 mil 964 millones de pesos, ejercidos con base en una normatividad actualizada que permite la aplicación de la tasa especial Nafinsa, en favor principalmente, de las micro, pequeñas y medianas empresas, la cual reduce la carga financiera de los acreditados, al resultar inferior a las tasas representativas del mercado. Por su parte, el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), aplicó diversos programas para la reestructuración de pasivos de empresas exportadoras. Dichos programas son tanto mecanismos propios diseñados para responder a las necesidades de los exportadores cuyos créditos están denominados principalmente en dólares, como los llevados a cabo por el Gobierno Federal. A través de su programa de consolidación financiera canalizó recursos para la reestructuración y calendarización de pasivos por 792 millones de dólares y por otra parte reestructuró operaciones en Udis por 14 millones de pesos.

La derrama crediticia de Nafinsa al sector privado fue de 10 mil 351 millones de pesos, con los que se apoyó a 37 mil empresas, 79.0% menor que en el año anterior, debido a los efectos del entorno macroeconómico sobre la demanda y la oferta de crédito. El 78.5% del financiamiento se canalizó a la industria, mientras que a los sectores comercial y de servicios les correspondió el 10.2% y el 11.3%, respectivamente, lo cual denota el cambio en la estructura de atención de la institución en favor del sector industrial, ya que en el año precedente estos sectores recibieron el 41.0%, 32.0% y 27.0% del crédito total, respectivamente.

Durante 1995 se fortalecieron los mecanismos que en años recientes demostraron efectividad en la promoción y fomento de la industria maquiladora de exportación. A fin de aprovechar las ventajas comerciales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se encuentra en revisión el decreto para el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de Exportación, con lo cual se busca simplificar el establecimiento y operación de nuevas unidades productivas, así como la ampliación y modernización de las existentes en el interior del país y no sólo en la frontera norte.

El fortalecimiento de las empresas maquiladoras se sustentó en la aprobación de 465 programas nuevos de maquila de exportación, 54.0% más que en 1994, lo que significó la creación de 55 mil 681 nuevos empleos directos, con un promedio de 120 trabajadores por planta y se aprobaron 678 ampliaciones en programas de maquila de empresas ya establecidas, que generaron 95 mil 672 nuevos empleos. Con ello, las unidades en operación ascendieron a 2 mil 939 empresas maquiladoras, 41.9% más que en 1994, con un total de 751 mil 582 empleos directos. Estos representan el 19.0% del empleo generado en el sector manufacturero nacional.

En apoyo a las empresas comercializadoras que proveen de insumos al sector maquilador, se emitieron 473 dictámenes de opinión favorable: 230 estuvieron referidos a la importación temporal de materias primas, partes y componentes de empresas maquiladoras; 143 a

operaciones de submaquila y 100 a operaciones de transferencia, 7.5%, 45.9% y 35.1% más que en 1994, respectivamente. Asimismo, se promovieron las ventas al mercado nacional a través de 10 empresas que se acogieron a este beneficio, lo que permitió ampliar a 130 las empresas con ventas en el mercado doméstico, 8.3% más que en 1994.

El valor de las exportaciones del sector maquilador ascendió a 31 mil 103 millones de dólares, 18.4% más que en un año antes. Este monto representó el 39.2% del total de las exportaciones nacionales y el 46.8% de las ventas externas de la industria manufacturera. La generación neta de divisas por la industria maquiladora ascendió a 4 mil 924 millones de dólares, equivalentes al 5.3% del ingreso total de la cuenta corriente de la balanza de pagos.

Los tres productos de exportación de la industria maquiladora que destacaron, tanto por su valor como por su incremento, de 1994 a 1995 fueron: cables aislados para electricidad, con un crecimiento de 25.5%; artículos de tela y tejidos de algodón y fibras vegetales, 59.8% y aparatos e instrumentos eléctricos, 22.1%. Por su parte, los tres productos de importación que sobresalen por su importancia en las compras externas y su dinamismo fueron: piezas y partes sueltas para instalaciones eléctricas, que creció 29.5%; lámparas y válvulas eléctricas incandescentes y sus partes, 51.0% y refacciones y aparatos de radio y televisión, 21.6%.

La expansión de las exportaciones de la industria maquiladora, se debió al notable dinamismo que mostraron básicamente las actividades siguientes: la manufactura de equipo, aparatos eléctricos y electrónicos; de productos metálicos, maquinaria y equipo; confección de prendas de vestir y productos textiles diversos y la fabricación de equipo de transporte y comunicaciones.

Las actividades arriba mencionadas, en su conjunto representaron más del 80.0%, tanto del total de las importaciones como de las exportaciones realizadas en 1995 por la industria maquiladora. Asimismo, en estos sectores se encuentra el 53.5% del total de las empresas y se concentra el 71.6% del empleo.

De las 465 nuevas empresas maquiladoras que se aprobaron a nivel nacional en 1995, el 66.2%, es decir 308 establecimientos, corresponden a estos sectores, mismos que generaron el 77.5% del total de nuevos empleos en ese año.

Con la finalidad de consolidar el desarrollo alcanzado por la industria automotriz, durante 1995 se otorgó el registro como proveedores de la industria terminal a 345 empresas fabricantes de autopartes, 17.3% más de las existentes en 1994. Asimismo, motivadas por la aplicación de las disposiciones en materia automotriz contenidas en el TLCAN, se establecieron en el país dos nuevas empresas ensambladoras de automóviles y una fabricante de vehículos de autopartes, además de cuatro empresas fabricantes de autopartes.

En el marco de la Alianza para la Recuperación Económica se otorgaron estímulos fiscales dirigidos a reactivar la industria automotriz: se eliminó el pago del impuesto sobre automóviles nuevos y se incrementó a 224 mil pesos el margen de la deducibilidad aplicable a los vehículos nuevos adquiridos con fines utilitarios.

En 1995 la balanza comercial de la industria automotriz mostró un saldo favorable de 5 mil 764 millones de dólares, destacando, entre otros productos, las unidades terminadas con un superávit de 8 mil 893 millones de dólares. El saldo deficitario más notorio se reflejó en los materiales para ensamble y las refacciones para automóviles y camiones, en los que las importaciones sumaron 7 mil 547 millones de dólares.

En relación a 1994, las exportaciones totales de esta industria crecieron en un 41.1%, mientras que las importaciones se redujeron en 17.2%. Los productos que tuvieron un mayor crecimiento en sus exportaciones fueron: los automotores 58.9%, motores 19.4%, partes para motores 15.5% y partes para automóviles 9.1%, entre otros. Respecto a las importaciones, los productos que presentaron variaciones anuales reales negativas fueron: unidades automotrices con 65.9% y materiales para ensamble con 45.8%, en contraparte, se registraron incrementos en las importaciones de motores y sus partes para automóviles, 76.5%, y de refacciones para autos y camiones con 96.8%.

Durante el año, el producto interno bruto (PIB) de la industria manufacturera mostró un descenso real de 6.4% con relación al mismo

periodo del año anterior, como consecuencia de los efectos de la crisis económica causados por la devaluación, la inflación, la elevación de las tasas de interés, la menor disponibilidad de recursos en los mercados de fondos prestables y las expectativas de los agentes económicos, entre otros factores que afectaron el nivel de inversión y consumo de la economía.

El avance de las acciones adoptadas para enfrentar la emergencia económica y apoyar a la planta productiva, permitió reducir el ritmo de la caída de la producción manufacturera hacia el último trimestre del año, cuando se registró una disminución anual real de 5.5%, inferior a la contracción de 11.0% y 9.2% observadas en el segundo y tercer trimestres del año, respectivamente.

Asimismo, durante el cuarto trimestre, cuatro ramas de actividad registraron variaciones anualizadas positivas, de las cuales tres revirtieron la tendencia negativa observada durante el año, en tanto que las cinco ramas restantes mantuvieron reducciones en su producción, aunque inferiores a las de los meses anteriores.

La información preliminar de Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) sobre el índice de volumen físico de la producción manufacturera al mes de diciembre, muestra un patrón similar al comportamiento observado en el PIB en términos anualizados, al presentar una tendencia incipiente hacia la recuperación del crecimiento.

En diciembre, cinco de las nueve ramas de actividad registraron variaciones reales positivas respecto al mes anterior: productos alimenticios, bebidas y tabaco (3.7%), madera y sus productos (9.5%), papel y productos de papel (6.9%), industrias metálicas básicas (3.1%), y otras industrias manufactureras (6.5%).

La reducción anual de la producción manufacturera fue resultado de la contracción del mercado interno, ya que las exportaciones experimentaron gran dinamismo. Al término del año, las ventas externas de manufacturas no petroleras, que representan el 98.5% de las exportaciones totales de esta industria, crecieron 32.1%, respecto a las del año anterior. Si bien este comportamiento se generalizó a las diferentes divisiones, cada una de ellas presentó crecimientos a ritmos diferentes.

Sobresalen los productos siderúrgicos, con un incremento anual de 101.2% en sus exportaciones; minerometalurgia, 66.0%; papel, imprenta e industria editorial, 55.2%; textiles, artículos de vestir e industrias del cuero, 50.5% y productos químicos, 44.1%.

Las exportaciones de la industria manufacturera fueron impulsadas por el desempeño de las empresas que cuentan con programas de importación temporal para producir artículos de exportación (Pitex), que permiten la importación temporal para producir artículos de exportación y también por la evolución de la industria maquiladora. Las primeras aumentaron el valor de sus ventas al exterior 36.9% y el sector maquilador en 18.4%. Las empresas Pitex

mejoraron su presencia en los mercados internacionales al aprobarse 834 programas nuevos y 5 mil 345 ampliaciones y modificaciones a los ya existentes; lo anterior vino a sumarse a las ventajas obtenidas a través de los tratados comerciales firmados con países de nuestro continente, mismos que también ampliaron las posibilidades de acceso de productos mexicanos a sus economías.

El sector exportador de la economía incrementó su participación en los mercados internacionales. Esto fue resultado del incremento en el tipo de cambio del dólar estadounidense frente al peso, lo cual incentivó la demanda de productos nacionales en el exterior.

A lo anterior se sumó el esfuerzo por incrementar la competitividad, desarrollado durante los últimos años, logrando, de esta forma, exportaciones más diversificadas con más altos niveles de calidad.

En lo que respecta a las importaciones, durante 1995 se observó una contracción de 8.7%, producto de la debilidad del mercado interno. Las de bienes de consumo disminuyeron en 43.9% en valor; las de bienes de capital se contrajeron 34.7% y las de intermedios aumentaron 3.4%. La mayoría de las importaciones por división registraron reducciones, de entre las cuales destacan las clasificadas en las de industria de la madera, alimentos, bebidas y tabaco y textiles, artículos de vestir e industria del cuero, que se contrajeron 49.6%, 34.4% y 13.2%, respectivamente. En sentido contrario, las compras externas agrupadas en la división de petroquímica, crecieron 21.3%.

Por su parte, en el caso de los bienes de capital se observaron dos evoluciones diferentes. La primera correspondió a las empresas identificadas como exportadoras que aumentaron sus compras en el exterior en 33.4% y la segunda, que corresponde al resto de empresas, las cuales disminuyeron sus importaciones en 48.8% respecto a 1994.

Lo mismo sucedió en los bienes de utilización intermedia. En ellos, aumentaron 30.2% los adquiridos por los exportadores directos y disminuyeron en 29.8% los del resto de las empresas.

En materia de índices de productividad, medidos a partir de la razón del índice de volumen físico de la producción sobre el índice de horashombre trabajadas, las divisiones de textiles, prendas de vestir e industrias del cuero, productos de minerales no metálicos, así como otras manufacturas, registraron las mayores tasas de reducción anual.

Por el contrario, la industria de la madera y productos de madera, industrias metálicas básicas, sustancias químicas, derivados del petróleo, productos de caucho y plástico, lograron disminuir los costos de la recesión, con base en mejoras en la eficiencia de sus procesos productivos y mayores niveles de

productividad, los cuales registraron incrementos anuales de 15.8%, 13.1% y 4.0%, respectivamente, durante 1995.

Promoción de las exportaciones de bienes y servicios Nuestro país ha enfrentado con éxito los retos para competir con eficiencia en el mercado internacional, a través de una mayor productividad y calidad que se fue desarrollando a lo largo de una década, en un contexto de apertura comercial que exigió el establecimiento de acuerdos comerciales y la disminución de las discrepancias arancelarias y a los productores, ajustar planes obsoletos, modernizar los procesos de producción e intensificar la capacitación para ser más competitivos y diversificar e incrementar los productos de exportación.

El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 establece la necesidad de consolidar los avances a través de la suscripción de tratados y el fortalecimiento de acuerdos bilaterales y multilaterales de cooperación; el combate a las prácticas desleales de comercio y contrabando; el establecimiento de un tipo de cambio real estable y acciones de promoción de las exportaciones para las micro, pequeñas y medianas empresas, mediante la identificación de proyectos de exportación y de coinversión.

Las negociaciones comerciales internacionales son necesarias para ampliar y diversificar los mercados de exportación, ya que permiten establecer reciprocidad de trato justo en las transacciones de bienes y servicios, bajo la perspectiva de reducir la dispersión arancelaria de acuerdo con las condiciones de cada rama productiva. Durante 1995 se dio especial atención a la regionalización comercial. Con base en el acta de Tuxtla de 1991, se impulsaron las negociaciones orientadas a una mayor integración comercial con Centroamérica; están en proceso las negociaciones para establecer tratados de libre comercio con Nicaragua, así como con los países del llamado Triángulo del Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) y con Panamá se prevén negociaciones de un tratado de libre comercio. En América del Sur, se acordó con Ecuador el inicio de negociaciones para la realización de un tratado de libre comercio y con Perú se realizan trabajos exploratorios y de consultas previas a un proceso de negociación. Con los países miembros del Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, se avanzó en la actualización de los acuerdos suscritos.

México promovió negociaciones congruentes con los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), a fin de establecer el Area de Libre Comercio de las Américas para el año 2005. Asimismo, con la Unión Europea (UE), se avanzó en el proceso de evaluación y definición de los contenidos para un nuevo acuerdo comercial que libere el intercambio de bienes y servicios y permita los flujos de inversión.

En cuanto al Mecanismo de Cooperación AsiaPacífico (APEC), durante la reunión de jefes de gobierno, en Osaka, Japón, se acordó la presentación de los planes individuales de liberalización en la reunión de Filipinas en 1996, tendientes a crear un régimen libre y abierto para el comercio y la inversión entre sus miembros: para el año 2010 en las economías industrializadas y en el 2020 para las economías en desarrollo.

Principales resultados de los acuerdos comerciales, 1995 Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) - La certidumbre que otorga este tratado, así como su reducción arancelaria, han dado un fuerte impulso a las exportaciones de productos mexicanos hacia los mercados de Estados Unidos de América y Canadá. En 1995 las exportaciones de México a América del Norte sumaron 68 315 millones de dólares, 28.5 por ciento mayores que las de 1994. Las ventas a EUA ascendieron a 66 336 millones de dólares, mientras que las correspondientes a Canadá llegaron a 1 979 millones de dólares, montos 28.4 y 32.2 por ciento superiores a los de 1994, respectivamente. El dinamismo de las exportaciones mexicanas a EUA permitió aumentar su participación en el total de las compras de ese país, al pasar de 6.8 por ciento en 1993, a 8.3 por ciento en 1995. El crecirniento de las ventas de productos mexicanos a EUA superó al de las realizadas por países industrializados como Canadá, Japón, y los de la Unión Europea en conjunto, así como las de los países de reciente industrialización de la Cuenca del Pacifico Oriental como Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur.

- Para la solución de controversias se establecieron mecanismos que dan seguimiento y vigilancia a los compromisos adquiridos. Desde la entrada en vigor del tratado, se presentó la solicitud de nueve páneles de controversias: cuatro en contra de resoluciones dictadas por la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales correspondientes a placa de hoja, aceros planos recubiertos, poliestireno cristal, y tubería de acero sin costura, de los cuales sólo el primero se ha resuelto mediante la devolución de las cuotas compensatorias a los importadores de EUA; en los otros tres páneles se espera su resolución para el próximo año. Los cinco páneles restantes se refieren a resoluciones dictadas en contra de EUA referentes a prendas de vestir de piel (subsidios), utensilios de cocina de acero porcelanizado, cemento, tubería de acero para perforación petrolera y flores frescas; en este caso, el panel encargado de prendas de vestir emitió la resolución consistente en el reembolso de las cuotas compensatorias a los exportadores mexicanos involucrados.

Acuerdo de Complementación Económica entre México y Chile - Durante 1995, el 90.0 por ciento del universo arancelario de los bienes que se intercambian entre ambos países se mantuvo en el nivel de 2.5 por ciento. Con base en el acuerdo se elaboró el esquema de desgravación arancelaria del 90.0 por ciento de las fracciones que rigen los intercambios comerciales, el cual entrará en vigor a partir del 1o. de enero de 1996. Las exportaciones mexicanas a Chile durante 1995 ascendieron a 490 millones de dólares, 140.2 por ciento superior respecto a 1994.

Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres (Colombia, Venezuela y México) - Con la entrada en vigor de este tratado, a partir de 1995 el 40.0 por ciento de las fracciones de exportación a Colombia quedaron libres de arancel; México por su parte, liberó 63.0 por ciento de las fracciones de importación provenientes de Colombia. Con Venezuela se acordó el inicio de un proceso de desgravación gradual que permitirá liberar de aranceles al universo de fracciones hacia el año 2004. - En 1995 las exportaciones mexicanas a Colombia y Venezuela ascendieron a 453 y 380 millones de dólares, respectivamente, 48.1 y 118.2 por ciento más respecto a 1994. Las importaciones mexicanas procedentes de Colombia y Venezuela se ubicaron en 97 y 214 millones de dólares, niveles inferiores en 19.5 y 27.9 por ciento con relación a 1994, respectivamente.

Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica - En el marco de este tratado-se acordó un calendario de desgravación arancelaria, en el cual 70.0 por ciento de las exportaciones mexicanas no agropecuarias a Costa Rica quedaron exentas de aranceles a partir de la entrada en vigor del tratado; el 20.0 por ciento se desgravará en enero de 1999 y el 10.0 por ciento restante en el año 2004; en contraparte, Mexico exentó de arancel al 75.0 por ciento de las fracciones de importación de productos costarricenses; el 15.0 por ciento se liberará en enero de 1999, y el 10.0 por ciento restante en el año 2004. Durante 1995 las exportaciones mexicanas a Costa Rica ascendieron a 137.7 millones de dólares, 45.1 por ciento más respecto a 1994. En el mismo año las importaciones mexicanas de productos costarricenses sumaron 15.6 millones de dólares, 43.4 por ciento menos que en 1994.

Tratado de Libre Comercio entre México y Bolivia - A partir de su entrada en vigor se estableció una rápida apertura en el comercio de bienes; quedó exento de arancel el 97.0 por ciento de las fracciones de exportación a ese país, y el 99.0 por ciento de las fracciones de importación procedentes de Bolivia. Durante 1995 las exportaciones mexicanas a Bolivia sumaron 24.1 millones de dólares, que representa un incremento de 79.8 por ciento respecto a 1994 Fuente: SECOFI.

La estructura arancelaria se continuó adecuando con base en la reciprocidad con nuestros socios comerciales en la definición de los niveles de protección y competitividad de cada rama productiva. Durante 1995 se dio mayor transparencia a las operaciones de comercio exterior, al actualizar las Tarifas de la Ley del Impuesto General de Importación (TIGI) y de Exportación (TIGE), de acuerdo con la reclasificación de mercancías del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías de la OMC, a fin de facilitar el intercambio de bienes, mediante una clasificación internacional uniforme.

Asimismo, se actualizó el esquema de regulaciones no arancelarias con base en el sistema de preferencias establecidas en los tratados comerciales suscritos por México, con lo cual se modificó la asignación de los arancelescupo para las industrias que utilizan como insumos el maíz, grasas y huevo.

Las fracciones de importación controladas ascendieron a 153, cuatro más a las de un año antes, si bien el valor que representan de las compras al exterior disminuyó en 3.1 puntos porcentuales respecto al año previo. Para garantizar condiciones de competencia a las industrias textil y de la confección, del calzado, y manufacturas de cuero, se adoptó un arancel de 35.0% en 502 fracciones, con lo cual la dispersión arancelaria y la ponderada se ubicaron en 7.4% y 8.9%, niveles superiores a los de 1994.

Con objeto de garantizar a los productores nacionales condiciones equitativas de competencia en el proceso de apertura comercial, la Secofi realizó una estricta vigilancia contra prácticas desleales de comercio internacional: dumping y subvenciones, mediante un sistema que comprende el desarrollo de investigaciones y la aplicación de cuotas compensatorias. Ello ha permitido llevar los precios de las importaciones objeto de prácticas desleales a un nivel leal de competencia, con un efecto disuasivo en aquellos exportadores que pretenden colocar sus productos en el mercado mexicano valiéndose del dumping o las subvenciones, lo que redunda en una mayor protección de la planta productiva y el empleo.

En 1995 la Secofi publicó 135 resoluciones paísproducto, las cuales se aplican a productos de las industrias química, metálicas básicas, manufactureras y de alimentos originarios de EUA, Canadá, Brasil, Sudáfrica, Indonesia, Unión Europea, República Popular China, Corea, Venezuela, Australia y Taiwan, entre otros; lo que ha favorecido condiciones equitativas de competencia para las empresas nacionales.

Asimismo, continúan 127 casos activos en materia de dumping y subvenciones. También se tienen 39 cuotas compensatorias en vigor, 81 definitivas y 18 provisionales, que abarcan 50 productos procedentes de casi 30 países, con lo cual se propicia una mayor integración de las cadenas productivas en condiciones competitivas en el mercado nacional.

Los mecanismos de fomento a las exportaciones comprendieron una amplia gama de instrumentos institucionales para atender los problemas específicos de los agentes exportadores, además la Secofi adecuó y perfeccionó los mecanismos que han probado su efectividad entre los que destacan los programas Pitex, Drawback y el Sistema Mexicano de Promoción Externa (Simpex), además de promover la desconcentración de sus delegaciones y subdelegaciones.

Reformas a los programas de fomento a las exportaclones, 1995 Programa de Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores (Draw-back) - La reforma introducida fortaleció las actividades de exportación al ampliar a las empresas proveedoras de un exportador final, los beneficios de la devolución de los impuestos pagados por la importación de insumos, mediante la presentación de la Constancia de Exportación emitida por el exportador directo. Asimismo, se considera la devolución de impuestos causados por la importación de mercancias que retornan al exterior en el mismo estado. Se aprobaron 5 377 solicitudes de devolución de impuestos entre enero y diciembre, 58.0 por ciento más que en 1994, con un nivel de ventas al exterior por 517 millones de dólares.

Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación (PlTIX) - Amplía las facilidades administrativas y simplifica los procedimientos de comercio exterior, a fin de incorporar a empresas medianas y pequeñas en las cadenas productivas de exportación, como proveedoras de insumos de los titulares de estos programas. El exportador expide a su proveedor nacional una Constancia de Exportación que avala la incorporación de bienes importados temporalmente que se exportarán por el comprador. Esta operación se realiza con tasa cero de IVA y beneficia directamente a empresas con programas, PITEX, maquiladoras, y a proveedores nacionales que no cuentan con estos programas. Derivado de las reformas se autorizaron 834 nuevos programas, 108 0 por ciento más que los registrados en igual lapso de 1994; con exportaciones programadas por 3 167 millones de dólares.

Programa de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) - Se fortaleció el apoyo a las empresas que en mayor medida contribuyen a la generación de divisas, mediante la simplificación de trámites fiscales y aduanales, con base en la concertación de SECOFI y las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y los gobiernos de los estados. Estas empresas seguirán gozando del programa de devolución inmediata del IVA para contribuyentes altamente exportadores. Adicionalmente, se simplificaron trámites aduanales con la posibilidad de nombrar a un apoderado para varias aduanas y diversos productos, además de exentar las exportaciónes del requisito de segunda revisión en la aduana de salida. En 1995 se autorizaron 426 Empresas Altamente Exportadoras, 100.9 por ciento más que en 1994, las que alcanzaron exportaciones por 5 884 millones de dólares.

Programa de Empresas de Comercio Exterior (ECEX) - Se dio mayor impulso a las empresas que brindan servicios especializados en la comercialización integral de productos mexicanos en el exterior. La simplificación de trámites aduanales fomentó en el proveedor nacional la venta a empresas de comercio exterior con tasa cero del IVA, por considerarse como exportación, a fin de impulsar una oferta de exportación y de abasto nacional con mejores patrones de calidad. El registro de estas empresas se duplicó durante 1995, con un nivel de exportaciones por 207 millones de dólares.

Fuente: SECOFI.

La Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones (Compex), se fortaleció como instancia de coordinación y concertación entre las autoridades y la comunidad exportadora, a través de la conjunción de acciones de la Secofi con el Bancomext, Nafinsa, gobiernos de los estados y el sector exportador. La Compex apoyó iniciativas concretas de venta al exterior, como una instancia de concertación y coordinación institucional. Asimismo, se prosiguió con 25 programas de promoción de exportaciones y se establecieron mecanismos de vinculación con el Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y los comités estatales. En el ámbito de gestoría regional, la Compex realizó 33 reuniones y resolvió 96.6%

de los 615 casos presentados. En los ámbitos sectorial e internacional celebró 27 y 11 reuniones con 565 y 164 casos atendidos, de los cuales se resolvieron 93.3% y 74.3%, respectivamente.

La oferta con potencial exportador se amplió y diversificó con 163 proyectos nuevos; en 1995 se incorporaron 37 empresas con una inversión de más de 400 millones de dólares, con un flujo de exportaciones por 200 millones de dólares y la generación de 6 mil empleos.

El Sistema Mexicano de Promoción Externa (Simpex), promovió la integración de empresas en asociación con inversionistas extranjeros.

En 1995 integró una cartera de 8 mil 018 proyectos, 93.0% superior al nivel de 1994, de los cuales 5 mil 737 correspondieron a proyectos comerciales y 2 mil 281 a inversión. Del total de proyectos, la vertiente comercial mostró un mayor dinamismo con un nivel de 3 mil 080 proyectos de oferta exportable.

En materia de inversión, las empresas nacionales que establecieron relaciones comerciales abarcaron una amplia gama, desde micro hasta grandes empresas en diferentes estados del país, entre las que destacan proyectos de los sectores químico, textil, automotriz, agroindustrial y metal-mecánico.

La red de oficinas promotoras del Simpex aumentó respecto al año anterior con la incorporación de las delegaciones y subdelegaciones de Secofi en el interior del país, la integración de las embajadas y consulados de México en el exterior, así como organismos privados, con lo cual el sistema se conformó con 515 promotores, más del triple que el de un año antes, distribuidos en 310 oficinas en México y el extranjero; de estos promotores, 258 son de Bancomext, 78 de la Secofi, 75 de Nafinsa, 93 de la Secretaría de Relaciones Exteriores y 11 del Consejo Mexicano de Inversiones.

Adicionalmente, se suscribieron al Simpex a nivel de consulta, 439 empresas y organismos privados; con base en esta cobertura el nivel de ventas a través de suscripción se incrementó sustancialmente de 18 en 1994 a 421 en 1995.

Por otra parte, con el propósito de establecer un sistema de información complementario al Simpex, orientado a fortalecer y promover la integración de las micro, pequeñas y medianas empresas a las actividades exportadoras, la Secofi, en coordinación con Nafinsa, Bancomext y el Banco de México, integró un grupo de trabajo abocado a la búsqueda de contrapartes nacionales a los proyectos de empresas mexicanas y a identificar proyectos por consolidarse que requieran apoyo crediticio, administrativo o de capacitación.

Las restricciones financieras también se dieron para el sector exportador. El Bancomext

canalizó recursos financieros a 4 mil 272 empresas exportadoras directas e indirectas, por 7 mil 975 millones de dólares; el 73.0% del programa anual; 86.9% de las empresas son pequeñas y medianas, ubicadas en el territorio nacional, principalmente en los estados de Nuevo León, Jalisco, de México, Baja California, Guanajuato, Puebla y el Distrito Federal, entre otros. El sector manufacturero captó 56.5% de los recursos financieros, principalmente empresas de productos metálicos, maquinaria y equipo; textil, cuero y calzado y servicios, que en conjunto participaron con 43.7% de los recursos canalizados hacia las cadenas de exportación.

Los ajustes macroeconómicos de 1995 repercutieron favorablemente en los resultados de la balanza comercial. La devaluación del peso y

la contracción de la demanda interna fomentaron el dinamismo del sector exportador y la disminución de las importaciones, además de que la mayor capacidad de exportación también fue resultado del esfuerzo emprendido en los últimos años para elevar la competitividad y la diversificación de las ventas al exterior.

La balanza comercial presentó un superávit de 7 mil 089 millones de dólares, monto que contrasta con el déficit de 18 mil 464 registrado en 1994. Las exportaciones totales ascendieron a 79 mil 542 millones de dólares, 30.6% superior a las de 1994. Por su parte, las compras al exterior se ubicaron en 72 mil 453 millones de dólares, 8.7% menos que las del año anterior.

Cabe destacar que por primera vez las exportaciones manufactureras no maquiladoras, alcanzaron un monto superior a las exportaciones de las maquiladoras; las ventas de las primeras participaron con el 53.3% del total de exportaciones manufactureras, 5.4 puntos porcentuales más que su contribución en 1994.

Las exportaciones de todos los sectores experimentaron grandes crecimientos, sin embargo las petroleras sólo crecieron 13.1% anual, crecimiento similar al de los precios de los hidrocarburos con un volumen de ventas estable respecto al del año anterior; en tanto que las exportaciones no petroleras aumentaron 33.1%.

Respecto a las importaciones, la mayor reducción se presentó en bienes de consumo y bienes de capital; estas últimas, al clasificarlas entre las efectuadas por empresas identificadas como exportadoras aumentaron en 33.4%

anual, en tanto que el resto de las compras de dichos bienes disminuyeron 48.8% anual. Por su parte, las importaciones totales de bienes intermedios se incrementaron en 3.4%; las destinadas a la producción de bienes para el mercado interno se redujeron en 29.8% y las asociadas a la actividad exportadora crecieron 30.2%.

5.3.4 Infraestructura e insumos básicos Para alcanzar el crecimiento económico que demanda la nación, es necesario contar con una infraestructura adecuada, moderna y suficiente y proporcionar insumos básicos en condiciones adecuadas en cantidad, calidad y precio, que impulsen la productividad y competitividad de la economía y promuevan la integración de las zonas aisladas a los procesos de transformación e intercambio.

Para fortalecer las bases que permitirán abatir los rezagos e insuficiencias, en 1995 se reformaron el artículo 28 de la Constitución y la ley reglamentaria del artículo 27 en el ramo del petróleo, para permitir la participación de los particulares en la operación y explotación de los ferrocarriles y comunicaciones vía satélite, así como en el almacenamiento, transporte y distribución de gas natural.

Asimismo, de acuerdo al marco constitucional y legal vigente, se continuó alentando la concurrencia del capital privado en áreas como carreteras, aeropuertos, puertos, electricidad y petroquímica secundaria.

Comunicaciones y transportes La infraestructura y los servicios de comunicaciones y transportes son factores determinantes para la integración regional de los mercados, coadyuvan a incrementar la productividad de la economía y constituyen uno de los principales motores para la recuperación del crecimiento y la generación de empleos.

No obstante, el esfuerzo realizado en años anteriores, nuestro país enfrenta todavía deficiencias en la materia. Se requiere canalizar grandes flujos de inversión, los cuales debido a las prioridades sociales, no podrán ser provistos en forma suficiente por el Estado.

El reto es contar con esquemas jurídicos y financieros que den transparencia, brinden certidumbre y alienten a la inversión privada.

Las necesidades de creación, ampliación y modernización de la infraestructura básica y los servicios serán atendidas mediante una estrategia que consolide el papel rector, normativo y promotor del Estado; impulse la competencia entre los prestadores de servicios; descentralice funciones, recursos y responsabilidades hacia los estados y municipios y abra espacios al capital social y privado.

Durante 1995, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con el fin de llevar a la práctica los objetivos y las estrategias propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, realizó importantes acciones que le han permitido avanzar en su cumplimiento. Este avance se inició con la reforma al párrafo cuarto del artículo 28 constitucional, que permitió eliminar la exclusividad del Estado en el establecimiento, operación y explotación de los ferrocarriles y de la comunicación vía satélite.

Como consecuencia de dicha reforma, el honorable Congreso de la Unión aprobó la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y la Ley Federal de Telecomunicaciones; adicionalmente se aprobaron la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos. Estos nuevos ordenamientos jurídicos permitirán un ejercicio pleno de la rectoría del Estado, la promoción de la inversión privada en el sector y el impulso a una sana competencia entre los prestadores de servicios, bajo reglas de transparencia y certidumbre.

En congruencia con los objetivos establecidos en el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica (AUSEE) y el Programa de Acción para Reforzarlo (PARAUSEE), durante 1995 el sector comunicaciones y transportes orientó sus acciones hacia la conservación, reconstrucción y modernización de la infraestructura existente y a la construcción de aquellas obras y el establecimiento de los servicios cuya factibilidad económica y beneficio social lo justificase.

Infraestructura carretera A través del programa de carreteras federales, se continuó con la modernización de los ejes de la red troncal en los que se registran los

mayores niveles de tránsito vehicular y se avanzó en la construcción de enlaces transversales para mejorar la comunicación regional. En 1995 se modernizaron y ampliaron 123 kilómetros en 15 entidades federativas. Destacan los avances alcanzados en el tramo ubicado en el Estado de Guanajuato de la carretera QuerétaroSan Luis Potosí, de 38 kilómetros; en Sonora, 37 kilómetros del tramo SonoitaPuerto Peñasco y en Baja California el tramo Mexicali-San Felipe, de 18 kilómetros. Asimismo, se trabajó en 21 nuevos tramos con una longitud de 303 kilómetros, entre los que destacan los de Magdalena de Kino-Tubutama, en Sonora, con 51 kilómetros; fronteriza del Sur, en Chiapas, con 65 kilómetros; Puerto JustoCreel-Basaseachic, en Chihuahua, con 87 kilómetros y Arriaga-Huixtla, en Chiapas, con 61 kilómetros.

En el programa de conservación de carreteras, se realizaron trabajos de mantenimiento periódico en 5 mil 236 kilómetros, de conservación rutinaria en 41 mil 768 y de construcción en 1 mil 525 kilómetros de carreteras federales y 105 puentes. Este conjunto de obras significó un avance del 96.4% de lo programado.

Durante el periodo de este informe se construyeron 137 kilómetros en diversos tramos de autopistas. De éstos destacan 30 kilómetros, de la carretera Reynosa-Matamoros; el tramo de cuatro carriles entronque Cosamaloapanentronque, los Tuxtlas de 35 kilómetros, en la carretera La Tinaja-Cosoleacaque, donde se incluye el puente Papaloapan; 20 kilómetros de la autopista Cárdenas-Agua Dulce; 15 kilómetros de la autopista Cardel-Veracruz; y nueve kilómetros de la autopista Esperanza-Ciudad Mendoza.

Como resultado del estudio sobre la situación financiera de las autopistas concesionadas y en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en mayo de 1995 se aprobó el esquema general para avanzar en la resolución del endeudamiento que presentan los concesionarios de las autopistas de cuota, consistente en la reestructuración de los pasivos en Udis y la participación del Gobierno Federal para cubrir insuficiencias de flujo durante un periodo de 24 meses.

Banobras será el encargado de reestructurar los pasivos de las carreteras concesionadas.

Durante el segundo semestre de 1995, se aprobaron 10 proyectos de reestructuración correspondientes a las autopistas Maravatío-Zapotlanejo, Chamapa-Lechería, Cuernavaca-Acapulco, Monterrey-Nuevo Laredo, Zapotlanejo-Lagos de Moreno, Libramiento de San Luis Potosí, San Martín TexmelucanTlaxcala, Gómez PalacioCorralitos, Torreón-Saltillo y Arriaga-Huixtla.

A través del Fideicomiso para la Comisión Nacional de Caminos Alimentadores y Aeropistas (Conacal) durante 1995, se firmaron 48 convenios con los gobiernos estatales lo que permitió la construcción de 155 kilómetros, la modernización y reconstrucción de 1 mil 688 y la conservación de 5 mil 904 kilómetros de carreteras alimentadoras y caminos rurales.

Ello posibilitó comunicar 155 localidades beneficiando a 445 mil habitantes.

A partir del segundo semestre de 1995 se puso en marcha el Programa Especial de Conservación de Caminos Rurales con Uso Intensivo de Mano de Obra, con el objetivo de mantener la red de caminos rurales y generar empleo entre la población de las comunidades rurales de las zonas con mayor grado de marginación y desempleo en el país. Para la ejecución del programa se contó con una inversión de 308 millones de pesos; se atendió el 56.0% de la red de caminos rurales a cargo de la SCT, generando más de 16 millones de jornales, lo que significó la creación de 166 mil 890 empleos temporales directos.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), durante 1995 continuó ejecutando diversas acciones de mejoramiento, construcción y conservación de la infraestructura a su cargo, conformada por nueve autopistas y 29 puentes. Además, operó nueve autopistas concesionadas y seis puentes, lo que representó una red de 1 mil 600 kilómetros y 35 puentes. En materia de operación, se inició la modernización del sistema de recaudación de cuotas y control de tránsito con equipos de alta tecnología, instalando sistemas de identificación y pago automático para las empresas transportistas.

Para mejorar la infraestructura a su cargo, construyó cinco kilómetros de terceros carriles de la autopista México-Puebla; terminó obras de construcción en tres pasos peatonales y dos pasos vehiculares en la ampliación del distribuidor de Cuautla, así como un segundo cuerpo en la ampliación del puente Sinaloa. De manera prioritaria atendió la rehabilitación de pavimento en 306 kilómetros en 10 autopistas y efectuó obras de reforzamiento en seis puentes.

La infraestructura carretera operada por Capufe registró durante 1995 un aforo de 118.9 millones de vehículos; transitaron 14.2 millones de peatones en los 12 puentes internacionales con que cuenta y el tránsito vehicular decreció 3.4%, en relación a 1994. Por otra parte, el organismo realizó inversiones financieras por 1 mil 381.3 millones de pesos para apoyar las autopistas: Arriaga-Huixtla, Tecate-Mexicali, La Tinaja-Acayucan, Acatzingo-Esperanza-Ciudad Mendoza, Zapotlanejo-Lagos de Moreno, Agua Dulce-Cárdenas, Campeche-Champotón y Maravatío-Zapotlanejo.

Transporte En el pasado reciente y después de experimentar un proceso de desregulación, el autotransporte público federal evolucionó favorablemente. Si bien este proceso favoreció el crecimiento de esta actividad, así como la reducción en tarifas y una mayor competencia, también provocó una sobre oferta de vehículos y

diversas prácticas de competencia desleal motivadas, principalmente, por la proliferación de un importante número de automotores irregulares.

Como consecuencia de la desaceleración de la actividad económica y ante la evidente complejidad que muestra el autotransporte federal, tanto de carga como de pasaje, durante 1995 se puso en marcha un programa inmediato de acciones concertadas con los propios prestadores del servicio y coordinadas con diversas dependencias y entidades de la administración pública federal.

El propósito de este programa emergente fue brindar al autotransporte condiciones de competitividad que le permitan mitigar los efectos adversos de la situación económica del país. Así, se adecuaron diversos reglamentos y normas; se introdujeron esquemas de simplificación de procedimientos administrativos y se adoptaron mecanismos de reestructuración financiera.

Además, con el fin de aliviar la situación del autotransporte y aprovechar mejor la infraestructura, en diciembre de 1995 la SCT, los concesionarios y las autoridades fiscales acordaron la reducción de cuotas en 28 autopistas que mostraban los niveles tarifarios más elevados. Esto se llevó a cabo a través de una disminución en la cuota y de un acreditamiento fiscal equivalente al 40.0% de la tarifa correspondiente. La reducción representó, en promedio, un 60.0% de ahorro respecto a las tarifas anteriores.

En cuanto al peso y dimensiones de los vehículos, se adquirieron cuatro básculas portátiles para los estados de Baja California, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, a fin de mejorar los operativos de control, una vez que se dé la apertura de la frontera para los nuevos servicios de autotransporte fronterizo. Por otra parte destaca la publicación en el Diario Oficial de la Federación de 22 normas oficiales mexicanas definitivas para el transporte de materiales y residuos peligrosos.

Respecto a la infraestructura conexa al autotransporte, se regularizaron las construcciones de las terminales individuales de pasaje en Apan, Hidalgo y Cuautla y Yautepec, Morelos; se autorizó el proyecto arquitectónico de una terminal para el Distrito Federal y entraron en operación las de Progreso de Obregón y Tulancingo, Hidalgo y Ciudad Altamirano, Guerrero. Por lo que se refiere al programa de paradores, existen siete en operación y cinco en construcción.

En materia de seguridad en carreteras de jurisdicción federal, la Policía Federal de Caminos (PFC) efectuó diversos operativos con la participación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, lográndose aproximadamente 700 mil operaciones policiacas y más de 195 mil infracciones; proporcionó casi 345 mil ayudas al público y más de 2 mil 700 detenciones; decomisó 39 toneladas de mariguana y una de cocaína y recuperó más de 1 mil 500 vehículos robados.

En la aplicación del Reglamento de Peso y Dimensiones de los Vehículos del Autotransporte, destaca el operativo de control mediante el cual se sancionaron 1 mil 603 unidades, equivalentes al 4.8% de la muestra revisada. Para fortalecer la actuación de este cuerpo policial, se le dotó de 350 radiopatrullas, 300 chalecos antibalas y se ha duplicado la formación de cadetes en la Escuela de Policía, de San Luis Potosí.

A fin de reforzar la supervisión y aptitud del personal operador de los diversos medios de transporte, se simplificaron los trámites para la realización de exámenes. En 1995 se practicaron 116 mil exámenes sicofísicos y aproximadamente 4.2 millones de exámenes médicos. Además, en apoyo al Programa Nacional para el Control de Drogas, se realizaron 10 mil 956 estudios toxicológicos al personal del transporte público federal y de la PFC, encauzados a la detección del consumo de drogas.

El transporte ferroviario ha enfrentado en las últimas décadas una baja competitividad y productividad, provocadas por una importante reducción en la demanda de este servicio frente a otros modos de transporte y un rezago en la modernización de su infraestructura. Para coadyuvar a revertir esta problemática, fue aprobada la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, la cual incorpora reglas generales para garantizar la operación adecuada de los servicios ferroviarios; regula la participación de los particulares y otorga seguridad y certeza jurídica al capital nacional y extranjero, para asegurar su permanencia y promover la aplicación de tecnologías avanzadas para su modernización.

Además, reconoce expresamente que los derechos de los trabajadores, tanto activos como

Principales disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario - Las concesiones para construir, operar, explotar, conservar y mantener vías férreas, así como para prestar el servicio público de transporte, se otorgarán mediante licitación pública hasta por un plazo renovable de 50 años, con lo que se dará transparencia y seguridad jurídica a las inversiones en este sistema de transporte. - Las concesiones y permisos sólo se otorgarán a personas morales mexicanas en las cuales la inversión extranjera podrá participar hasta con el 49.0 por ciento del capital social, previa autorización de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. - Se otorga a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la facultad para planear, conducir y regular el desarrollo ferroviario, además de supervisar la seguridad y eficiencia operativa, y normar las relaciones entre concesionarios y usuarios del servicio; manteniendo así la rectoría del Estado en la actividad ferroviaria. - Las tarifas se fijarán libremente por los concesionarios y permisionarios, con criterios de calidad y competitividad, para promover la sana competencia y un mejor servicio a los usuarios. - Permite que se internen al país equipos ferroviarios extranjeros.

Fuente: SCT.

jubilados y pensionados serán respetados conforme a la ley.

En este contexto, se creó el Comité de Reestructuración del Sistema Ferroviario Mexicano, órgano de consulta integrado por funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Ferrocarriles Nacionales de México, el cual determinó el esquema para llevar a cabo su privatización, que consiste en la segmentación regional del sistema ferroviario mexicano en las empresas: Pacífico-Norte, Noreste, Sureste y terminal del valle de México, así como líneas cortas o especializadas. Además, para iniciar el otorgamiento de concesiones, publicó los lineamientos generales para la apertura a la inversión en el sistema ferroviario mexicano.

Conforme a lo establecido en el PARAUSEE, se procuró elevar los ingresos de Ferrocarriles Nacionales de México mediante una mayor productividad del transporte de carga; la desincorporación de activos no necesarios para su operación y la aplicación de tarifas más flexibles y justas a través de una política de aumentos graduales de 2.5% en promedio mensual. Durante 1995, por este medio de transporte se atendió una demanda en el servicio de carga de 52.5 millones de toneladas netas, que generaron 37 mil 243 millones de toneladaskilómetro, cifras 0.8% mayor y 0.2% menor, respectivamente a lo alcanzado en 1994, como resultado de la disminución en los movimientos de productos agroindustriales y agrícolas, así como de cemento y derivados. Respecto a pasajeros, proporcionó transporte a 6.3 millones de personas que significó 1 mil 781 millones de pasajeroskilómetro, 11.9% y 4.0% inferior a lo transportado el año anterior, debido a que el incremento en la cobertura de medios alternos de transporte de pasajeros ha desplazado al ferrocarril en la atención de este servicio.

En cuanto a las metas de conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipos ferroviarios, en el ejercicio de este informe se rehabilitaron con riel nuevo y de recobro 224 kilómetros de vías férreas; se colocaron 851 mil durmientes de madera y concreto; se aplicaron 1 mil 056 miles de m3 de balasto; se nivelaron y alinearon 6 mil 323 kilómetros de vía; se realizaron trabajos de reforzamiento en 73 puentes y alcantarillas y se ampliaron los gálibos en 13 túneles. En 1995, se puso en operación el tramo Ajuno-Caltzontzin en Michoacán, orientado a mejorar la comunicación del puerto de Lázaro Cárdenas con el interior del país.

En los últimos años, el subsector aéreo experimentó un importante proceso de apertura y desregulación, lo que permitió la entrada de nuevos prestadores de servicios, la diversificación de éstos; el incremento de su oferta, la ampliación de rutas y precios más competitivos para un número creciente de usuarios. Sin embargo, esta apertura generó una fuerte competencia entre las empresas de servicio regular y entre éstas y las de servicio no regular, principalmente las de fletamento, lo cual se tradujo

en una sobreoferta en los mercados y en prácticas desleales, situación que, entre otros efectos repercutió en un importante deterioro financiero de las líneas aéreas y, por ende, en un efecto negativo en la calidad y eficiencia de los servicios.

En este contexto y ante la necesidad de actualizar la regulación en materia de aviación, la presente administración se abocó a la tarea de actualizar y promover el desarrollo de esta actividad dentro de un marco que propiciara la prestación de los servicios aéreos en forma eficiente, competitiva y, sobre todo segura, lo que derivó en la promulgación de la Ley de Aviación Civil.

Con este nuevo ordenamiento se fortalecen las atribuciones de la SCT como autoridad aeronáutica; se consolida la regulación en condiciones de competencia equitativa y de protección al ambiente; se regula el otorgamiento de concesiones y permisos; se organiza la operación de las diferentes modalidades del transporte aéreo y se apoya el desarrollo y la modernización de las aerolíneas nacionales en el nuevo entorno de competencia internacional.

El marco legal que hoy rige a la aviación civil logró revertir la tendencia hacia la sobreoferta, al establecer reglas claras en la promoción de una competencia equitativa y propiciar el incremento de los niveles de seguridad y calidad en el servicio. Como consecuencia de estas acciones, así como de una reestructuración operativa y de mayores índices de capitalización, diversas empresas aéreas nacionales muestran ya claros síntomas de mejoría financiera.

Principales disposiciones de la Ley de Aviación Civil - Actualiza el marco jurídico del subsector aeronáutico, manteniendo la soberanía nacional sobre el espacio aéreo y fortalece la función rectora del Estado en este modo de transporte, al establecer reglas claras y precisas para la operación de las líneas aéreas. - Consolida la regulación del uso y aprovechamiento del espacio aéreo nacional, bajo condiciones de competencia equitativa y de protección al medio ambiente. - Norma el otorgamiento de permisos para prestar el servicio de transporte aéreo nacional e internacional y establece el otorgamiento de concesiones a personas morales mexicanas para prestar el servicio de transporte aéreo nacional regular, hasta por un plazo renovable de 30 años. - Permite que las empresas prestadoras de servicios aéreos fijen libremente sus tarifas en condiciones de calidad competitiva, garantizando condiciones óptimas de seguridad y protección para los usuarios. - Establece una mayor cobertura en la inspección y verificación de aeronaves, instalaciones y servicios de operación aérea.

Fuente: SCT.

En 1995 la transportación aérea movilizó 25.1 millones de personas, 13.7% menos que en 1994, de los cuales 14.9 millones correspondieron al servicio nacional y 10.2 millones al servicio internacional. Respecto a la carga, se transportaron 246 mil toneladas, 3.8% superior a lo observado en 1994; de este total, el 73.6% correspondió al servicio internacional y el 26.4% al nacional.

La presente administración ha impulsado un cambio estructural en materia de aeropuertos que inicia con la actualización del marco jurídico en la materia, cuyo antecedente inmediato se encontraba en la Ley de Vías Generales de Comunicación, misma que data de los años cuarenta. Fue así que, en diciembre de 1995, se promulgó la Ley de Aeropuertos, ordenamiento que fortalece la rectoría del Estado mediante una regulación transparente y eficaz, al tiempo que establece reglas claras que brindan plena seguridad jurídica a la inversión privada, con sujeción a condiciones competitivas y no discriminatorias, en la construcción, explotación, operación y administración de los aeródromos civiles.

Con el fin de llevar a cabo un proceso de reestructuración transparente y ordenado, fue creado el Comité de Reestructuración del Sistema Aeroportuario Mexicano, órgano colegiado de la SCT y Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), que tiene como facultad definir la estrategia a seguir en las diferentes fases del proceso de reestructuración e informar a la Comisión Intersecretarial de Desincorporación sobre el avance de cada etapa del proceso.

De manera consistente con el entorno económico de 1995, ASA otorgó prioridad al fortalecimiento de la infraestructura existente para mejorar la calidad y eficiencia de los servicios, acorde a los márgenes internacionales de seguridad; a la conclusión de las obras en proceso y a la inversión en proyectos para hacer frente al crecimiento de la demanda aeroportuaria en los principales aeropuertos del país, así como a fomentar el financiamiento privado. Entre las principales obras realizadas destacan la rehabilitación de la pista del aeropuerto de Guadalajara, así como la rehabilitación de la pista 05 izquierda y 23 derecha y ocho rodajes en el de la Ciudad de México.

También se reencarpetó la pista del aeropuerto de Torreón; se rehabilitó la pista principal del aeropuerto de Chihuahua y tres de sus rodajes, así como su plataforma de aviación comercial. Además se concluyeron las obras de ampliación de los edificios terminales de los aeropuertos de Cancún, Veracruz y Zacatecas y la torre de control del de Toluca y se ampliaron los edificios terminales de Ciudad Obregón y Tepic.

Las acciones realizadas por el órgano desconcentrado Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, se orientaron a garantizar Principales disposiciones de la Ley de Aeropuertos - Promueve el desarrollo de un sistema aeroportuario seguro, suficiente y moderno, que permita su rentabilidad económica y social, y mejore la calidad y eficiencia operativa de sus servicios. - Actualiza y define el marco jurídico aplicable a los aeródromos civiles, fortaleciendo la rectoría del Estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como ente regulador. - Otorga certidumbre al inversionista con reglas claras para una mayor participación del capital privado en proyectos de infraestructura aeroportuaria. - Define las características generales que normarán el otorgarniento de concesiones y permisos para la administración, operación, explotación y, en su caso, construcción de aeródromos civiles. - A fin de propiciar la formulación de proyectos a largo plazo, con adecuada recuperación de la inversión, las concesiones se otorgarán por un plazo renovable de hasta 50 años, las cuales serán integrales, es decir, no podrán fragmentarse por tipo de actividad, y se otorgarán únicamente a sociedades mercantiles constituidas conforme a las leyes mexicanas, mediante licitación pública y, en su caso, a estados y municipios.

Fuente: SCT.

el desplazamiento seguro y eficiente de aeronaves. Con el propósito de consolidar la infraestructura de los sistemas y redes de comunicación, se realizó la conversión y automatización de centrales de comunicación, lo que permitió incrementar la capacidad de tráfico y la velocidad en la transmisión de mensajes y consultas de las líneas aéreas al banco de datos e información meteorológica; también se modernizaron los centros de control de tránsito aéreo de los aeropuertos de México, Monterrey, Mazatlán y Mérida y los centros de aproximación radar de Guadalajara, Puerto Vallarta, Tijuana y Acapulco.

En relación con el transporte marítimo, la marina mercante nacional enfrenta problemas que se derivaron no sólo de su propia modernización sino de la competencia internacional, para lo cual se diseñó el Programa de Fomento para la Marina Mercante 1995-2000, que contiene líneas de acción en materia fiscal, financiera, jurídica, laboral y administrativa para impulsar su competitividad. Conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se concluyeron 15 proyectos de normas oficiales mexicanas sobre la seguridad de la vida humana en el mar, relativas a la construcción y equipamiento de las embarcaciones.

Durante 1995, se inició la automatización del Registro Público Marítimo Nacional, contando con 1 mil 975 embarcaciones mayores de 100 toneladas de registro bruto que representan en su conjunto 1.7 millones de toneladas. Adicionalmente, dentro del programa de abanderamiento se inscribieron 23 embarcaciones, con un total de 228 mil 712 toneladas de registro bruto, mismas que se incorporarán en el corto y largo plazos a la flota mercante nacional.

Para el desarrollo de las actividades portuarias, durante 1995 se avanzó en el proceso de descentralización y modernización de los puertos. Conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Puertos, se formalizaron los contratos de concesión de cinco terminales de usos múltiples en Lázaro Cárdenas, Altamira, Manzanillo y Veracruz y de dos terminales especializadas de contenedores en Veracruz y Manzanillo.

El proceso de licitación llevado a cabo permitió elegir la mejor oferta y evitar prácticas monopólicas, arrojando en su conjunto ingresos en favor del Gobierno Federal por 1 mil 059 millones de pesos. Los recursos obtenidos en las licitaciones de las terminales mencionadas, se canalizaron conforme a los lineamientos del Gobierno Federal, al Fondo de Inversión en Infraestructura (Finfra). Además, como parte importante de la transformación del sistema portuario nacional y de la redefinición del papel del Estado en las actividades marítimoportuarias, se avanzó en la liquidación de las nueve empresas de servicios portuarios y se concluyó prácticamente el proceso de extinción de Puertos Mexicanos, órgano desconcentrado de la SCT.

En coordinación con la SM, Semarnap y Sedesol, se revisaron y autorizaron los programas maestros de desarrollo portuario de 11

Administraciones Portuarias Integrales (API) de las 17 existentes; se autorizaron las reglas de operación de las API de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Tampico y Salina Cruz y se otorgaron 29 contratos de cesión parcial de derechos, 61 de prestación de servicios portuarios y 11 de servicios diversos.

Al cierre de 1995, se estima que las 17 API en su conjunto, alcanzaron una utilidad, antes de impuestos, de más de 102 millones de pesos, una vez descontadas las inversiones en obras nuevas y de mantenimiento. Con una inversión de 116 millones de pesos, financiada con recursos propios, se realizaron obras de mantenimiento y modernización de su infraestructura, entre las que destaca la ampliación de los patios del puerto de Veracruz.

Los rendimientos operacionales obtenidos en las terminales especializadas de contenedores de los principales puertos del país se ubicaron en 50 contenedores por hora/buque en operación, indicador 3.4% mayor al obtenido en 1994 y equiparable al estándar internacional de productividad; asimismo, se manejaron aproximadamente 570 mil contenedores de 20 pies, 3.6% más que en 1994.

El movimiento total de carga transportada por vía marítima fue de 183.9 millones de toneladas, con lo cual se mantiene prácticamente el nivel alcanzado en 1994. Del total, el tráfico de altura participó con el 65.4% y el movimiento de cabotaje con 34.6%. Respecto a la carga de comercio exterior, disminuyó 1.9% en relación a 1994, como resultado de la disminución observada en el movimiento de fluidos.

A través de empresas privadas, se continuó con la ejecución de las obras de dragado que venía realizando puertos mexicanos, atendiéndose en 1995 un volumen de 3.4 millones de metros cúbicos, distribuidos en los puertos de Altamira, Celestún, Coatzacoalcos, El Cuyo, Ensenada, Frontera, Guaymas, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Puerto Madero, Salina Cruz, Tampico, Telchac y Tuxpan.

El transporte multimodal ha tenido un desarrollo limitado, debido a los problemas que subsisten en cada uno de los diferentes modos de transporte y a la falta de una política integral que permita su reactivación.

Para impulsar el desarrollo de la infraestructura, en 1995 se elaboró el proyecto de Reglamento para el Transporte Multimodal, que contiene las reglas para la operación y participación de los diversos medios de transporte que intervienen, así como acciones para fomentar la adopción de nuevas tecnologías y servicios modernos.

Dentro del proceso de desregulación y simplificación administrativa, se redujo el número de trámites y requisitos para el establecimiento de empresas del sistema multimodal.

Comunicaciones En la actualidad, las telecomunicaciones constituyen un subsector de gran trascendencia para cualquier nación en el mundo. Por su relevancia estratégica, fortalecen la seguridad nacional y contribuyen, en forma directa, al desarrollo económico y social de los países y al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Con la expedición de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones, se cuenta con un marco jurídico más avanzado que conducirá a un cambio estructural en este subsector, caracterizado por el mayor acceso de los mexicanos a los servicios y la promoción de una sana competencia que estimulará las inversiones y la generación de empleo.

Con el propósito de diversificar y ampliar la cobertura y calidad del servicio telefónico básico en el país, en 1995 se llevaron a cabo acciones de manera conjunta con los concesionarios de redes, inversionistas potenciales y expertos en la materia, para actualizar las disposiciones reglamentarias en materia de telefonía pública y en las redes públicas de telecomunicaciones, en lo relativo a la numeración, señalización, sincronización y conmutación.

Con base en la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones, se inició el proceso de concesionamiento para la explotación de estas redes; destaca el otorgamiento de ocho nuevas concesiones para redes públicas de telecomunicaciones, que representan una importante inversión y permitirán la creación de más empleos. Las nuevas concesiones incluyen servicios telefónicos de larga distancia, a fin de permitir la competencia en este servicio en el futuro cercano.

Principales disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones - Permite la participación de los particulares en el establecimiento, operación y explotación de satélites a través de concesiones, reservando al Estado la disponibilidad de la capacidad satelital para la prestación de servicios de carácter social y para las redes de seguridad nacional. - Regula el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, de las redes de telecomunicaciones y la comunicación vía satélite; y considera la apertura a la competencia de los servicios telefónicos de larga distancia y local, los de televisión por cable, así como aquellos que utilizan el espectro radioeléctrico. - Establece el otorgamiento de concesiones mediante licitación pública para el uso y explotación de las bandas de secuencia en el territorio nacional; para instalar y operar redes públicas de telecomunicaciones; para ocupar posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas al país, y aprovechar sus respectivas bandas de frecuencias; así como explotar los derechos de emisión y recepción de señales y bandas de frecuencia asociadas a sistemas satelitales extranjeros que cubran y puedan prestar servicios en el territorio nacional. - Las concesiones se otorgarán a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. Permite la participación de la inversión extranjera hasta en 49.0 por ciento, excepto en el servicio de telefonía celular, en el que podrá participar con un porcentaje rnayor, previa autorización de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras; y faculta el otorgamiento de concesiones hasta por 20 años en bandas de frecuencia, y por 30 años para redes públicas de telecomunicaciones. - Establece que las empresas privadas podrán prestar el servicio público de telefonía básica de larga distancia nacional e internacional a partir del 1o. de enero de 1997, y que las concesiones o permisos para transmisión de señales de radio y televisión abierta quedarán sujetas a lo dispuesto por la Ley Federal de Radio y Televisión. - Contiene disposiciones tendientes a fomentar el desarrollo de una competencia efectiva entre los diferentes prestadores de servicios, al establecer la obligación de celebrar convenios para interconectar sus redes a la red pública de telecomunicaciones, permitir que los concesionarios fijen libremente sus tarifas siempre y cuando las apliquen de forma no discriminatoria; y para eliminar tanto subsidios cruzados entre servicios, como prácticas monopólicas.

Fuente: SCT.

En 1995 Teléfonos de México contaba con el 86.0% de líneas digitales en la red y en la red troncal de larga distancia con más de 30 mil kilómetros de fibra óptica, que comunican a las 54 principales ciudades del país. La empresa amplió su cobertura a 8.8 millones de líneas, con una densidad telefónica de 9.8 líneas por cada 100 habitantes, cantidades superiores en 3.5% y 2.1% a lo observado en 1994.

Los altos costos de equipo y su instalación en zonas rurales, son el mayor obstáculo para acelerar el desarrollo de la telefonía rural en localidades con menos de 500 habitantes. Sin embargo, en 1995 se llevaron a cabo acciones para mejorar la calidad y el mantenimiento de los sistemas ya instalados. En coordinación con la industria telefónica, se estudiaron diversas opciones tecnológicas de menor costo para garantizar una mayor cobertura en estas zonas. La telefonía celular resultó la opción más viable, por lo que en diciembre se llevó a cabo la licitación de los equipos necesarios para poner en marcha un programa con el que se integrarán 4 mil nuevas comunidades rurales entre 100 y 500 habitantes al sistema celular en los primeros meses de 1996.

La comunicación vía satélite del país se establece a través de tres satélites geoestacionarios: Morelos II y los Solidaridad I y II, con una ocupación conjunta del 63.0% que satisface la demanda de más de 300 usuarios, de los cuales el 42.0% son empresas de radio y televisión y 58.0% para redes de voz y datos. A fin de aprovechar íntegramente la capacidad disponible de la banda L de los satélites Solidaridad, durante 1995 se iniciaron las pruebas para operar el centro de control con tecnología que permitirá proporcionar servicios móviles de datos y telefonía por satélite y lograr el inicio de su operación comercial en 1996.

En coordinación con la Secretaría de Educación Pública, se realizó la primera etapa de la Red Satelital de Distribución de Televisión Educativa (Edusat), beneficiando a 10 mil 652 telesecundarias del país. Además, se utilizan otros canales para propósitos educativos a través de los cuales más de medio millón de estudiantes de bachillerato y escuelas técnicas tienen acceso a este servicio.

Por lo que se refiere a radiocomunicación, la Ley Federal de Telecomunicaciones establece nuevos mecanismos de administración del espectro, así como la modalidad de concesionamiento de las bandas de frecuencias para usos determinados, mediante licitación pública, lo cual dará mayor transparencia a la asignación, y permitirá administrar, controlar y vigilar su uso eficiente. De conformidad con la clasificación que prevé la ley, relativa al uso de las bandas de frecuencia, se expidió un primer acuerdo por el que se determinan aquellas de uso libre, que no requieren de concesión, permiso o registro, para su aprovechamiento. Conforme a este último ordenamiento jurídico, se concluyó la revisión de solicitudes de concesión para los servicios de radiolocalización móvil de personas y la especializada de flotillas que quedaron pendientes de ser otorgadas al amparo de la Ley de Vías Generales de Comunicación. De esta manera se incrementó el número de concesionarios en 26 y seis respectivamente.

En materia de radio y televisión, se regularizaron concesiones y permisos pendientes; y se fomentó la modernización de la infraestructura existente para la ampliación de su cobertura. Para los servicios de radio y televisión abierta se autorizaron 110 modificaciones técnicas que permitirán a las estaciones transmitir señales de alta calidad, haciendo un mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico, con lo que los sistemas cubren zonas donde no existía el servicio o donde se recibía la señal con muy baja calidad. Por otra parte se otorgaron 117 títulos de concesión de redes públicas de telecomunicaciones para prestar el servicio de televisión por cable y 14 más para el servicio de televisión por microondas.

En 1995 se continuó la ampliación de la cobertura del servicio postal, al incorporar 948 nuevas agencias, de las cuales 381 se instalaron en zonas rurales, en colaboración con Liconsa, Diconsa y el pequeño comercio; 554 en zonas urbanas, y 13 a través del programa de acercamiento del correo al usuario. Además, se establecieron tarifas preferenciales por depósitos masivos de correspondencia, concertando con los usuarios corporativos su participación en diversos procesos postales, para reducir los tiempos de clasificación y distribución de la correspondencia. Las acciones anteriores permitieron incrementar en 2.9% los puntos de servicio, al pasar de 32 mil 370 en 1994 a 33 mil 318 en 1995 y atender al 97.4% de la población total del país.

Durante 1995 el servicio especializado de mensajería acelerada Mexpost a través de sus 40 oficinas y 300 ventanillas de servicio en las principales ciudades del país manejó 4.9 millones de envíos, consolidándose como el tercer servicio en el mercado de mensajería del país.

El servicio telegráfico consta de 1 mil 635 unidades de servicio distribuidas en 1 mil 350 poblaciones, 60.0% de éstas con menos de 2 mil 500 habitantes.

En el medio rural, se habilitaron 37 agencias telegráficas en instalaciones del Servicio Postal Mexicano en pequeñas comunidades ascendiendo a 275 las oficinas con estos servicios integrados. Además, se pusieron en marcha 24 nuevos centros de servicios integrados de telecomunicaciones, que prestan los servicios básicos de telegramas, giros, fax público, télex y correo electrónico.

El Sistema Informático de Giros Telegráficos (Sigitel) incorporó 250 administraciones telegráficas, manejando un volumen de giros nacionales de 8.8 millones de transferencias y de 2.4 millones de giros internacionales, lo que representó un manejo aproximado de 7 mil 400 millones de pesos, distribuidos en más del 65.0% en comunidades rurales. El servicio de telegramas por teléfono se introdujo en 14 localidades más y en breve se desarrollará un centro nacional de atención a clientes.

Desarrollo y reestructuración del sector de la energía El sector de la energía ha jugado un papel decisivo en el impulso al desarrollo económico y social del país. El enorme potencial de recursos energéticos que México dispone para generar valor económico, en un entorno más abierto y competitivo, ha planteado la necesidad de transitar de una etapa en la que prevaleció la meta de autosuficiencia en el abasto, a otra en que se otorga prioridad al mejoramiento de la eficiencia técnica y económica, a otorgar seguridad jurídica a los particulares que participen en la actividad, garantizar la estabilidad, calidad y seguridad en el suministro de bienes y servicios a los consumidores, a fomentar el ahorro de energía y aplicar un sistema transparente de precios internos que tengan por referencia los precios internacionales y los acuerdos concertados entre el Gobierno Federal y los sectores privado y social.

Con estricto apego al marco constitucional, durante 1995 se profundizó en la reestructuración y desarrollo del sector. Las empresas públicas que operan en el ámbito energético, continuarán con su papel de promotores del desarrollo. Ante la participación de agentes económicos privados en actividades no estratégicas, Petróleos Mexicanos (Pemex) fortalecerá su capacidad de respuesta y eficiencia operativa y se concentrará en la exploración y producción primaria, que constituyen el núcleo de la actividad de los hidrocarburos. El reto es lograr el desarrollo de las reservas petroleras a ritmos mayores que los actuales y ampliar y consolidar la plataforma petrolera.

En el subsector eléctrico, el objetivo inmediato es desarrollar una infraestructura de generación, transmisión y distribución que satisfaga la demanda de la economía durante los próximos cinco años; con un servicio oportuno, eficiente

y de la calidad exigida por los usuarios y que contribuya al desarrollo sustentable. La Comisión Federal de Electricidad asegurará su rentabilidad, a fin de garantizar la viabilidad financiera de las inversiones. Luz y Fuerza del Centro avanzará en su proceso de saneamiento financiero y de consolidación técnica, para mejorar el servicio en su área de operación. La participación de inversionistas privados en la generación de electricidad es relevante, aunque se requiere afinar el marco regulatorio a fin de promover una operación eficiente y establecer condiciones claras para la inversión.

Durante 1995, se apoyaron las acciones de fomento a la productividad y a la mayor eficiencia en la producción y comercialización de energéticos, ajustándose actividades de mantenimiento y modernización técnica. Se confirió máxima prioridad a la conservación y uso eficiente de los recursos no renovables, así como a la diversificación hacia fuentes renovables, al ahorro y uso eficiente de la energía y la protección del medio ambiente.

El sector energético participó con responsabilidad en los programas emergentes para la recuperación económica. En este contexto, los precios de algunos petrolíferos y el gas, así como las tarifas eléctricas, se adecuaron a los cambios macroeconómicos, considerando sus costos para asegurar la competitividad, el uso racional de los bienes y servicios, la conservación de los recursos y la atención de las prioridades de inversión.

De acuerdo al marco constitucional, la política de desarrollo y reestructuración sectorial se orientó a promover la participación del sector privado en el transporte, almacenamiento y distribución del gas natural; a la desincorporación de la industria petroquímica secundaria y a fomentar la inversión privada en la generación de energía eléctrica.

Asimismo, esta política persigue orientar la inversión pública tanto al mejoramiento en la transmisión y distribución de electricidad, como a las actividades estratégicas de Pemex y de desarrollo tecnológico.

Principales acciones de reestructuración del sector energético, 1995 1.- Las reformas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, tienen como objetivo permitir a los particulares la posibilidad de construir, operar y ser propietarios de los sistemas de transporte, almacenamiento y distribución del gas natural. - PEMEX llevará a cabo la exploración, explotación, elaboración y ventas de primera mano del gas, así como el transporte y almacenamiento necesarios para interconectar su explotación y elaboración. Asimismo, conservará en propiedad y mantendrá en condiciones de operación los ductos y sus equipos e instalaciones accesorias para el transporte del gas, que actualmente forman parte de su patrimonio. 2.- Reglamento de gas natural.- Tiene por objeto regular las ventas de primera mano de gas natural, así como las actividades y los servicios que no forman parte de la industria petrolera en materia de gas natural a efecto de asegurar su suministro eficiente. También define las bases para que empresas del sector social y sociedades mercantiles interesadas puedan participar en la obtención de los permisos para la transportación, almacenamiento y distribución del hidrocarburo. Los permisos expedidos tendrán una vigencia máxima de 30 años, contados a partir de la fecha de entrega, y podrán ser renovables en los términos del artículo 53 del presente ordenamiento. 3.-Ley de la Comisión Reguladora de Energía.- Con la expedición de esta Ley, se amplió el ámbito de acción y las atribuciones que se le confirieron a la Comisión Reguladora de Energía en el decreto de su creación en 1993. Como órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, tiene las siguientes atribuciones: - Otorgar y revocar permisos y autorizaciones de venta, transporte, almacenamiento y distribución de gas. - Promover las ventas de primera mano de gas natural y gas licuado de petróleo; el transporte y almacenamiento de gas natural que no sean indispensables y necesarios para interconectar su explotación y elaboración; la distribución del gas natural; y el transporte y distribución de gas licuado de petróleo por medio de ductos. - Fomentar el suministro y venta de energía eléctrica a los usuarios del servicio público; la generación, exportación e importación de energía eléctrica que realicen los particulares; la adquisición de energía eléctrica que se destine al servicio público; y los servicios de conducción, transformación y entrega de energía eléctrica, entre las entidades que tengan a su cargo la prestación del servicio

público de energía eléctrica y entre éstas y los titulares de permisos para la generación, exportación e importación de energía eléctrica. 4.- Con la apertura comercial del gas natural, se abrió la posibilidad al sector privado de participar en la distribución de este producto, situación que generó mayor confianza en los inversionistas interesados en los complejos petroquímicos al disponer de mayores fuentes de suministro del hidrocarburo, el cual es uno de los insumos más importantes de esta industria. Durante 1995 se avanzó en el proceso de desincorporación de los complejos petroquímicos, la cual se sustenta en los siguientes objetivos: - Fomentar el desarrollo de una industria petroquímica cuyo volumen de producción y de costos le permita competir a nivel mundial; promover la inversión en la industria química del país, estimulando su crecimiento y modernización; y elevar la competitividad internacional de la planta industrial mexicana. - Disponer de recursos financieros y tecnológicos para superar rezagos y asegurar el crecimiento sostenido de la industria; aprovechar las ventajas estructurales de México en el sector petroquímico, utilizando los encadenamientos establecidos al interior del sector y de éste con el resto de la industria manufacturera, lo cual representa una base sólida para el mercado interno. - Asignar mas eficientemente los recursos humanos y financieros con que cuenta Petróleos Mexicanos, a sus actividades de mayor rentabilidad, que son además las reservadas a esta empresa pública. 6.- En la industria eléctrica se alentó la participación privada en la generación de electricidad y se fortaleció la inversión pública en transmisión y distribución. Con base en ello se reorganizaran CFE y LFC para establecer esquemas de participación más eficiente en la satisfacción de la demanda de energía eléctrica. Las entidades involucradas se reestructuraron funcional y regionalmente delimitando las responsabilidades de cada organismo y haciendo transparentes sus interrelaciones.

Fuente: SE y PEMEX.

Para hacer frente a la creciente demanda de energía que requiere el desarrollo económico del país, es necesario realizar inversiones cuantiosas que permitan la expansión y modernización del sector, por lo que resulta imprescindible promover un mayor gasto público y privado en infraestructura energética.

Con apego a la política económica de 1995, el gasto de inversión de Pemex se ejerció con estricta disciplina presupuestal y las variaciones en su ejercicio se sustentaron debidamente en los convenios de déficitsuperávit suscritos con las autoridades gubernamentales.

El gasto de inversión de Pemex en 1995 ascendió a 15 mil 841 millones de pesos en devengado, monto 8.6% inferior en términos reales a los 13 mil 282.5 programados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y superior en 13.3% en términos reales a los 10 mil 089.4 ejercidos durante 1994.

Conforme a la estrategia del Programa de Desarrollo y Reestructuración del Sector de la Energía 1995-2000, los recursos de inversión se orientaron hacia los proyectos de alto rendimiento, con una visión integral del desarrollo de campos, considerando la extracción primaria, recuperación secundaria, sistemas artificiales y optimización de instalaciones.

El 61.0% de los recursos de inversión los ejerció PemexExploración y Producción. Este organismo erogó un total de 9 mil 656.2 millones de pesos, que significó un crecimiento real de 23.2% respecto a la inversión ejercida en 1994. Los recursos se destinaron fundamentalmente a la continuación de 12 proyectos estratégicos, destacando los siguientes: - Proyecto de Incorporación de Reservas, mediante el cual se pretende incorporar desde 1993 y hasta el año 2000, una reserva de 3 380 millones de barriles de crudo equivalente; al cierre de 1995 se presentó un avance físico acumulado del 35.0 por ciento. - Proyecto de Desarrollo de Campos, con el cual se permitirá adicionar a la producción nacional 553 miles de barriles diarios de aceite y 637 millones de pies cúbicos diarios de gas durante el periodo 1993-2006; el avance acumulado a fines del año fue de 39.0 por ciento.

- Proyecto Integral Cantarell, permitió la producción de 906 miles de barriles diarios de crudo maya y de 396 millones de pies cúbicos diarios de gas; el grado de avance físico acumulado a fines de 1995 fue de 91.0 por ciento. - El proyecto Abkatún-Pol-Chuc, mantiene la presión y producción del yacimiento, mediante la inyección de 750 miles de barriles diarios de agua a través de 24 pozos, con el propósito de atenuar la declinación de la producción e incrementar la recuperación final de hidrocarburos; en 1995 presentó un avance físico de 90.0 por ciento.

En Pemex-Refinación se dio una estricta jerarquización de proyectos atendiendo los que incrementan los niveles de seguridad de las instalaciones y la eficiencia operativa. Este organismo absorbió el 30.6% del gasto de inversión al ejercer 4 mil 850.1 millones de pesos, superior en 11.8% real a lo erogado en 1994. La mayor parte de los recursos se destinaron al proyecto paquete ecológico, el cual absorbe el 82.4% de la inversión destillada a proyectos estratégicos de Pemex-Refinación y el 62.0% de la inversión total de este organismo. El proyecto tiene como propósito mejorar la calidad de los combustibles y a diciembre de 1995 se logró un avance físico de 86.0%. Dentro de este proyecto destaca también la ampliación de la refinería de Cadereyta en Nuevo León, a fin de incrementar la capacidad de procesamiento de crudo en 25 Mil Barriles Diarios (MBD), y la de asfaltos en 20 MBD, cuyo avance físico fue del 78.0%.

Los recursos erogados por Pemex-Gas y Petroquímica-Básica ascendieron a 738.2 millones de pesos, que se destinaron prioritariamente al proyecto de producción y plantas industriales, orientado a optimizar el proceso de gas para la recuperación de licuables en la zona sureste, así como a la instalación de tres plantas endulzadoras y estabilizadoras de condensados y una fraccionadora de hidrocarburos. El avance acumulado en este proyecto fue de 69.0%.

Pemex-Petroquímica ejerció 397.1 millones de pesos, que significó una reducción anual real de 31.6%. Los recursos se destinaron fundamentalmente a la ejecución de obras en la planta de propileno del Complejo Morelos y a la modernización de la planta de oxígeno de La Cangrejera.

Pemex-Corporativo disminuyó su gasto de inversión en 45.1% en términos reales, al erogar 199.4 millones de pesos, cubriendo el proyecto estratégico denominado Desarrollo Integral de las Telecomunicaciones, que alcanzó un avance físico del 68.0%.

Para enfrentar la inestabilidad de los mercados financieros internacionales Pemex orientó sus esfuerzos al diseño y operación de nuevos esquemas de financiamiento, destacando durante 1995 aquellas captaciones en cuya composición sobresalen, por su fuente, las líneas de comercio exterior, en las cuales se obtuvieron plazos y costos más favorables para el financiamiento de la importación y la exportación de petrolíferos y petroquímicos. Este mismo esquema se utilizó para el financiamiento de proyectos y para las operaciones de arrendamiento-subarrendamiento respaldadas por algún tipo de activo como plataformas marinas.

El endeudamiento neto en el periodo enerodiciembre de 1995 fue de 299.9 millones de dólares, inferior en 1.1 millones al monto autorizado por la honorable Cámara de Diputados para todo el año, de 301 millones. Lo anterior es resultado de una captación de 10 mil 473.5 y una amortización de 10 mil 173.6 millones de dólares. Estos montos incluyen las renovaciones del periodo por un total de 7 mil 694.0 millones de dólares.

En el ámbito de las actividades de exploración y desarrollo de campos petroleros, Pemex otorgó la máxima prioridad a la incorporación de reservas de hidrocarburos y a la expansión de la plataforma de producción. Durante 1995 se terminaron 102 pozos: 10 exploratorios y 92 de desarrollo; para el primer caso significó 13 pozos menos de lo programado y para el segundo 28 pozos más de lo previsto en el programa, debido a que en el curso del año, el programa de perforación fue ajustado para concentrar los recursos en el incremento de la plataforma de producción.

De los 10 pozos exploratorios terminados, seis se ubicaron en la región marina, tres en la región sur y uno en la región norte. De los pozos de desarrollo, 36 se localizaron en la región marina, 21 en la región sur y 35 en la región norte. En la perforación de pozos en desarrollo, cabe destacar la terminación exitosa de dos pozos horizontales en la sonda de Campeche,

que obtuvieron un ritmo de producción de 12 MBD de petróleo crudo cada uno, volumen que se ubica 80.0% por encima del promedio de producción de los pozos convencionales de este campo. El éxito alcanzado en estos pozos fue resultado de la aplicación de tecnologías más modernas, que permitieron incrementar la productividad y, particularmente, la recuperación de hidrocarburos en la región marina.

Como resultado de las actividades exploratorias desarrolladas, en el mes de abril se informó el descubrimiento de tres importantes yacimientos de hidrocarburos de aceite superligero, que confirmaron el alto potencial de las reservas de este tipo de aceite en el litoral de Tabasco.

La calidad del crudo en estos yacimientos es comparable con la de los mejores del mundo, por sus elevados rendimientos durante el proceso de refinación. Como resultado de las acciones anteriores y de las revisiones sistemáticas, al finalizar 1995 las reservas probadas de hidrocarburos se ubicaron en 62 mil 058 millones de barriles de petróleo crudo, equivalente a 1.8% menor a lo registrado en 1994.

Durante 1995, la producción de crudo fue de 2 mil 617 MBD en promedio, 2.5% y 3.5% menor que en 1994 y la meta programada respectivamente, como resultado de la suspensión temporal de la producción, ocasionada por los fenómenos meteorológicos registrados en octubre en el sureste del país.

En 1995 continuó la tendencia ascendente de la producción de gas natural, al incrementarse en 3.7% anual, para cubrir la demanda industrial y proporcionar energéticos más limpios.

La elaboración de productos petrolíferos, durante 1995 fue de 1 mil 530 MBD, cantidad menor en 4.2% a lo obtenido el año previo, debido a la contracción de la demanda derivada de la menor actividad económica del país. No obstante, Pemex-Refinación orientó sus esfuerzos a la elaboración de petrolíferos de mayor calidad. La producción de gasolina Magna Sin se incrementó 17.0%, frente a una reducción de 13.3% en la de Nova; la de Diesel Sin, aumentó en 59.6%, en tanto que la del Diesel en presentación de menor calidad se redujo en 44.7%, lo cual se inscribe en el Programa de Mejoramiento de la Calidad de los Combustibles.

Por su parte, el volumen de la producción de petroquímicos ascendió a 22 mil 959 millones de toneladas, 3.2% menor a lo obtenido en 1994; sin embargo, se produjeron algunos incrementos, dentro de los cuales el más destacado se dio en la cadena de propileno y derivados, debido al arranque de la planta de propileno en el Complejo Petroquímico Morelos. Destacan también los incrementos de los pentanos en 25.5% y del etileno en 3.2%.

Petróleos Mexicanos intensificó sus acciones para hacer de la industria petrolera una unidad económica más eficiente y competitiva, ampliando sus niveles de productividad y eficiencia operativa, por ello se continuó con el objetivo de reducir sus costos de operación y utilizar en forma óptima sus recursos humanos, materiales y financieros.

No obstante, sucesos exógenos como los de orden climático (huracanes) impactaron en la última parte del año hacia un decremento temporal en sus procesos productivos, lo cual propició, que los promedios anuales de algunos índices de productividad mostraran un descenso respecto al año previo.

Principales resultados de productividad de la industria petrolera, 1995 Pemex-Exploración y Producción - El porcentaje de exito en terminación de pozos en desarrollo fue de 97.0 por ciento, al resultar 89 pozos productores de los 92 terminados, con el cual se superó en dos puntos porcentuales lo obtenido en 1994. - El índice de quema de gas en la atmósfera en relación a la producción total de gas natural fue de 5.2 por ciento en 1995, dos puntos porcentuales mayor a lo obtenido en 1994. Este resultado adverso se debió principalmente a los daños ocasionados por los huracanes a la estación de recompresión de gas de Atasta, con lo que fue necesario quemar una mayor cantidad de gas.

Pemex-Refinación - El índice de utilización de la capacidad instalada de refinación disminuyó en cinco puntos porcentuales, al pasar de 88.0 por ciento en 1994 a 83.0 por ciento en 1995, como resultado de la contracción de la demanda de productos petrolíferos. En tanto que la capacidad instalada de refinación se mantuvo en los mismos niveles del año anterior, al registrar 1 520.0 MBD.

Pemex-Petroquímica - El índice de utilización de la capacidad instalada de la industria petroquímica disminuyó en dos puntos porcentuales, al situarse en 88.5 por ciento. La capacidad instalada petroquímica aumentó en 1.0 por ciento, al registrar 22 342.0 miles de toneladas anuales, al entrar en operación la planta de propileno en el Complejo Petroquímico Morelos.

Fuente: PEMEX.

Los precios de casi todos los productos que comercializa Petróleos Mexicanos, se determinan con base en fórmulas que vinculan los precios internos a cotizaciones de referencia en mercados internacionales relevantes. Sólo tres productos importantes están al margen de este mecanismo: las gasolinas automotrices, el diesel y el gas licuado. Para estos productos el precio se fija como resultado de la concertación entre el Gobierno Federal y los sectores privado y social.

Durante 1995, la evolución de la economía y en especial del tipo de cambio, obligaron a ajustar los procedimientos para la determinación de los precios internos.

Los ajustes se efectuaron de acuerdo a la estrategia de evitar distorsiones en la aplicación de subsidios a bienes y servicios de uso generalizado, por tratarse de mercancías comerciables en el mercado internacional.

Comportamiento de los precios de los principales productos petrolíferos, 1995 - A partir del 4 de enero de 1995, con la firma del Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica (AUSEE), se estableció un incremento mensual acumulativo de 0.8 por ciento para gasolinas y diesel automotriz, equivalente a un 10.0 por ciento anual, con excepción de la franja fronteriza. - Derivado de las medidas establecidas en el Programa de Acción para Reforzar el AUSEE, a partir del 10 del marzo se aplicó un incremento adicional de 35.0 por ciento a las gasolinas y diesel; y a partir del primero de abril el gas L.P. observó un incremento de 20.0 por ciento. En ambos casos, se mantuvo el deliz del 0.8 por ciento mensual. - En el marco de la Alianza para la Recuperación Económica, en el mes de diciembre se aplicó un incremento a los precios de las gasolinas y el diesel del 7.0 por ciento. - A partir de abril, en la franja fronteriza, los precios variaron con respecto al resto del país con la aplicación del IVA del 10.0 por ciento. - Como resultado de las medidas adoptadas en el transcurso de 1995, los precios nominales de los petrolíferos y derivados expendidos en el interior del país se situaron en diciembre de 1995 en los siguientes niveles: gasolina Nova 2.02 pesos por litro, es decir, un aumento del 56.6 por ciento en relación al mismo mes de 1994; gasolina Magna Sin 2.09 pesos por litro, con un aumento de 54.8 por ciento; diesel Sin 1.61 pesos por litro que corresponde a un aumento del 54.8 por ciento; gas natural para uso doméstico 824.2 pesos por metro cúbico, que representó el 61.7 por ciento de incremento; y gas licuado para uso doméstico 1.4 pesos por litro, con el 42.0 por ciento de variación, respecto a los precios prevalecientes en diciembre de 1994. - Si se compara con la inflación general que resintió la economía nacional durante 1995, los precios de la mayoría de los productos petrolíferos aumentaron en mayor proporción; sin embargo, sus precios expresados en dólares disminuyeron en todos los casos. El precio del gas licuado rnanifestó un rezago en el proceso de ajuste, lo que se tradujo en un subsidio de 3 322 millones de pesos. Este subsidio se aplicó contra los resultados de Pemex-Gas y Petroquímica-Básica.

Fuente: PEMEX.

La política de comercialización interna de Petróleos Mexicanos se orientó a satisfacer de manera eficiente y oportuna la demanda nacional de hidrocarburos y sus derivados. Los ingresos por la totalidad de las ventas de productos al público fueron del orden de 75.4 mil millones de pesos, con un aumento de 26.7% en términos reales respecto a 1994.

En volumen, se registró en promedio una demanda de 1 mil 432 MBD de productos petrolíferos, que representa una disminución del 7.7% respecto al mismo lapso de 1994, lo cual se explica por la contracción de la actividad económica y una menor demanda de combustóleo en las centrales termoeléctricas. Los mayores precios nominales de los derivados del petróleo compensaron el menor volumen vendido.

Las ventas de gas licuado mantuvieron un nivel similar al del año previo, al venderse 255 MBD, en tanto que el gas natural y los petroquímicos aumentaron su volumen de ventas internas en 7.0% y 4.7%, respectivamente. El aumento en las ventas de gas natural está asociado a la menor comercialización de combustóleo, a la reducción generalizada en la demanda de combustibles industriales y a la sustitución de combustóleo por gas natural alentada por un menor precio relativo de este último energético.

A pesar de la disminución en 4.6% en las ventas de gasolinas, se continuó con la sustitución de la gasolina Nova por la Magna Sin. Respecto a 1994, el volumen vendido de gasolina Nova se contrajo 18.1% y el de Magna Sin se incrementó en 11.6%. Con ello, la participación de la gasolina de mayor calidad ecológica alcanzó el 53.8% del total de gasolinas automotrices comercializadas.

El menor consumo de diesel reflejó una reducción importante en el transporte público de mercancías y personas. Cabe destacar que en este producto se logró un avance significativo en la sustitución del diesel desulfurado con un contenido de 0.5% de azufre, por Diesel Sin con sólo 0.05% de dicho contaminante. La participación de las ventas de Diesel Sin se elevó de 29.8% en 1994 a 57.8% en 1995.

Como resultado del programa de franquicias, durante 1995 se incorporaron 303 nuevas estaciones de servicio, con lo cual la red nacional de gasolineras quedó integrada por 3 mil 534 estaciones, de las cuales alrededor de 2 mil 900 pertenecen al programa de franquicias.

Durante 1995 el comportamiento del mercado petrolero internacional estuvo caracterizado por la volatilidad de los precios; en este lapso se pueden identificar cuatro periodos de cambio en la estructura de oferta y demanda:

Entre enero y la primera mitad de mayo, el mercado petrolero y los precios spot de los principales crudos marcadores registraron una recuperación gradual, apoyados por un aumento en la demanda mundial de petróleo durante el primer trimestre del año. El precio del Brent y del West Texas Intermediate (WTI) alcanzaron a mediados de abril su nivel máximo en los dos últimos años, con precios de 20.50 dólares por barril y 19.10, respectivamente.

Sin embargo, en el periodo mayo-julio los precios spot del crudo de los principales crudos marcadores registraron una tendencia a la baja, ubicándose en ese último mes en sus niveles más bajos del año, con precios promedio de 17.30 dólares por barril el WTI y 15.83 el Brent.

Entre agosto y diciembre, prevaleció una sobreoferta, que sin embargo no se tradujo en una disminución de los precios por el repunte de la demanda y las presiones de la oferta, estas últimas derivadas de accidentes en algunas refinerías de Estados Unidos de América y de los programas de mantenimiento en las refinerías de la Región del Mar del Norte, que apoyaron la recuperación de las cotizaciones.

A finales del año, las bajas temperaturas registradas en la mayor parte de Estados Unidos de América y Europa y los niveles históricamente bajos de los inventarios de crudo y productos de ese país apoyaron favorablemente los precios mundiales del crudo. En México, las adversas condiciones meteorológicas provocaron que la producción de petróleo crudo en el mes de octubre se redujera en cerca de 840 MBD, con una baja de 300 MBD en las exportaciones.

En este contexto, el precio promedio de la mezcla mexicana de exportación en 1995 fue de 15.70 dólares por barril, superando en 2.10 dólares por barril el precio programado y en 1.82 dólares el precio promedio observado en 1994. Cabe señalar que ante un incremento promedio de 1.02 dólares por barril en el crudo West Texas Intermediate durante el año, la mezcla mexicana de exportación aumentó 1.82 dólares por barril. La plataforma de exportación fue de 1 mil 306 MBD, superior en 18.7 miles de barriles diarios a la meta programada. Por lo anterior, los ingresos por exportación de petróleo crudo ascendieron a 7 mil 480.0 millones de dólares, superior en 17.3% a lo previsto para el año y en 12.9% a los ingresos de 1994.

De esta manera, la política petrolera internacional seguida por México en el transcurso del año se caracterizó por la maximización de ingresos, una actitud responsable en la búsqueda de la estabilidad del mercado petrolero internacional, el fortalecimiento de los vínculos de cooperación energética y la presencia activa en los organismos petroleros internacionales.

Como resultado de las transacciones comerciales efectuadas con el exterior, el saldo de la balanza comercial petrolera registró un superávit de 7 mil 197 millones de dólares, superior en 1 mil 146 millones al saldo comercial de 1994. El valor de las exportaciones se incrementó en 11.8%, en tanto que el de las importaciones fue menor en 17.7% por las menores compras de productos petrolíferos y petroquímicos.

Cabe destacar que de los 1 mil 306 MBD exportados en 1995, el 55.1% correspondió a crudo tipo maya; el 32.8 a crudo olmeca y el 12.1% al istmo. Por país de destino, los Estados Unidos de América fueron el principal cliente, al adquirir el 79.4% de las exportaciones, España, participó con el 7.6%, seguido de Japón con el 5.9%; el restante 7.1% fue exportado a diversos países.

Con el propósito de contribuir a la preservación del entorno ecológico y del cuidado de los recursos naturales, Petróleos Mexicanos desarrolló programas para que la producción, comercialización y uso de productos de calidad ecológica, contribuyeran a revertir los impactos ambientales.

La industria eléctrica garantizó durante 1995 el suministro de energía que demanda el aparato productivo nacional y mantuvo y continuó extendiendo los beneficios del fluido eléctrico a cada vez más hogares mexicanos, a través de un aumento de la oferta de energía, superior al crecimiento de la población. La disponibilidad de energía eléctrica constituye un indicador de progreso que permite el acceso a otros servicios. Por ello, se requiere mantener un abasto competitivo, en términos de calidad, oportunidad y precio.

Para ampliar la capacidad de generación se fomentó la participación del ahorro privado en la construcción de infraestructura y se promovieron los programas de diversificación de fuentes de energía, así como los de ahorro y uso eficiente del recurso.

En 1995, las empresas del subsector eléctrico se reestructuraron funcionalmente; Luz y Fuerza del Centro, inició esta etapa, considerando sus procesos operativos básicos, sus recursos humanos y su situación financiera, a fin de eficientar su operación y garantizar el abasto del fluido eléctrico a través de la distribución y comercialización oportuna y en calidad a los usuarios en su ámbito de cobertura.

Por su parte, la CFE continuó con su proceso de desconcentración del abastecimiento. Así durante 1995, las áreas regionales adquirieron el 88.0% del monto total de las adquisiciones realizadas, en que operan más de 100 unidades de compra. Asimismo, destaca la fusión Principales acciones reallzadas por PEMEX en materia ecológica, 1995 - En el periodo invernal se abasteció el mercado interno de gasolina Nova Plus de alta calidad. En la elaboración de gasolina Magna Sin, se disminuyó en 20.0 por ciento el contenido de las oleofinas y en 25.0 por ciento el del benceno, en comparación con las especificaciones normales. - Durante el año, el 57.9 por ciento del total de las ventas de diesel correspondieron a Diesel Sin, cuyo contenido de azufre es de 0.05 por ciento. - En el consumo de combustibles del sector industrial, se logró revertir la adquisición de combustóleo por gas natural. - Se redujo al 1.5 por ciento como máximo el contenido de azufre del gasóleo industrial utilizado en fuentes fijas. - Para disminuir signiificativamente las emisiones de contaminantes a la atmósfera, se instalaron membranas en los tanques verticales de almacenamiento de gasolinas. - Se continuó el tratamiento de aguas residuales para su reutilización en las refinerías, con lo cual se dejaron de extraer grandes volúmenes de agua. - Se practicaron auditorías ambientales en las principales instalaciones de PEMEX, realizadas por empresas de reconocido prestigio internacional. - El Instituto Mexicano del Petróleo desarrolló un estudio para la protección del medio ambiente durante las operaciones de perforación, terminación y reparación de pozos costa afuera, con el propósito de minimizar la contaminación ocasionada por los desechos generados durante las actividades de perforación o mantenimiento de pozos en plataformas marinas.

Fuente: PEMEX.

de las subdirecciones de administración y finanzas.

En un contexto de restricción presupuestal, los proyectos de inversión de la industria eléctrica fueron estrictamente seleccionados para consolidar la infraestructura actual de generación, y apoyar la rehabilitación de las líneas y subestaciones en operación y la de transmisión y conexión de las nuevas centrales generadoras.

En 1995 la inversión ejercida en la industria eléctrica ascendió a 7 mil 585.3 millones de pesos, con una variación negativa en términos reales de 26.7% en relación a lo ejercido en 1994 y de 28.8% respecto a la asignación original. Este comportamiento se debió fundamentalmente a: los cambios en la paridad del tipo de cambio; al incremento de la inflación y a las fluctuaciones en las tasas de interés, que impactaron en las finanzas de las entidades del subsector. Ante esta situación la entidad acudió al financiamiento interno y externo para complementar el programa de inversiones en la generación de electricidad. Bajo este esquema de financiamiento se lleva a cabo el proyecto termoeléctrico Adolfo López Mateos y la hidroeléctrica Temascal II, entre otros, en los términos de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Principales proyectos de inversión, vigentes en 1995 Hidroeléctricas: - Zimapán, Hidalgo-Cadereyta, Querétaro. Consta de dos unidades de 146 megawatts (MW) cada una, y tendrá una generación media anual de 1 292 gigawatts-hora (GWH), equivalentes al consumo de 21 milones de barriles anuales de combustóleo; su avance físico es del 98.8 por ciento, con un costo total de 4 477.7 milones de pesos y una inversion ejercida de 169.3 millones de pesos. Las dos unidades entrarán en operación comercial durante el primer semestre de 1996, lo que permitirá satisfacer las necesidades de energía eléctrica en la zona. - Temascal, Asunción de Nochistlán, Oaxaca. Este proyecto está compuesto de dos unidades de 100 MW cada una, con una generación media anual de 468 GWH; se inició su construcción en octubre de 1992 y registra un avance del 80.2 por ciento; la unidad 1 y 2 entrarán en operación durante 1996. El costo programado asciende a 1 724.5 millones de pesos con financiamiento privado, de los cuales en 1995 se erogaron 339.4 millones de pesos, lo que impulsará el desarrollo socioeconómico de los habitantes de la zona. - Luis Donaldo Colosio Murrieta (Huites), unidad 1 y 2, Choix, Sinaloa. Esta obra, constituida por dos unidades con capacidad de 211 MW cada una, se inició en 1992, entrando en operación comercial la unidad 2, mientras que la unidad 1 lo hará en 1996. La obra se erigio en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, en la cual la CFE participó en la supervisión de las instalaciones electromecánicas, canalizándose una inversión cercana a los 5.9 millones de pesos en 1995. Esta obra beneficiará con el abasto del fluido eléctrico a la población de los estados de Sinaloa y Sonora, así como la incorporación de 70 mil hectáreas al sistema de riego.

Nucleoléctricas: - Laguna Verde, Unidad 2, Veracruz. Este proyecto, con capacidad de placa de 675 MW, entró en operación comercial en el mes de abril con un costo total de 9 309.8 milones de pesos y una inversión ejercida de 336.4 millones de pesos; su capacidad efectiva es de 654.5 MW y contribuirá al abasto del fluido eléctrico para los estados de Veracruz y Puebla.

Carboeléctricas: - Carbón II, Unidades 3 y 4, Coahuila. Esta obra de ampliación, en su segunda etapa, consta de dos unidades de 350 MW cada una con base en combustión de carbón mineral no coquizable, con un costo total de 3 676.9 millones de pesos y un ejercicio de 191.9 millones de pesos durante 1995; la unidad 3 entró en operación en diciembre de 1995, mientras la

unidad 4 lo hará en 1996; ello redundará en el impulso de la zona noroeste del país, una de las de mayor dinamismo.

Termoeléctricas: - Adolfo López Mateos Unidad 5 y 6, Veracruz. Es una obra de ampliación y consiste en dos unidades de 350 MW cada una, a base de combustión de gas y combustóleo; el costo total es de 3 406.5 millones de pesos y una inversión ejercida de 444.3 millones de pesos y registró un avance de 98.1 por ciento. Se construye bajo la modalidad llave en mano y entrará en operación comercial en 1996. Su generación reforzará el abasto a la zona industrial del centro del país y al estado de Veracruz. - Ingeniero Juan de Dios Bátiz (Topolobampo II) Unidad 1 y 2, Sinaloa. Ampliación de la unidad 1 y 2 de 160 MW cada una, cuya combustión es con base en combustóleo, y tuvo un costo total de 2 113.8 millones de pesos. Las unidades 1 y 2 entraron en operación comercial en marzo y abril de 1995, respectivamente, lo que contribuirá al desarrollo industrial y agrícola de la región norte del estado de Sinaloa y sur de Sonora.

Transformación y distribución de energía: - Subestación Donato Guerra, Estado de México. Se construyó una subestación con dos alimentadores de 400 Kilovoltios (KV). La construcción de esta obra duró un año, con un costo de 39.9 millones de pesos de los cuales se canalizó una inversión de 29.8 millones de pesos en 1995. - Subestación Queretaro, Potencia Banco 1. Se construyó la subestación con capacidad de 500 megavoltios amperes (MVA) con un costo de 45.3 millones de pesos, habiéndose ejercido 9.4 millones de pesos durante 1995, con financiamiento llave en mano, e inició operaciones en marzo de 1995 para satisfacer la demanda de energía de la zona central del país. - Subestación y línea de transmisión Mazatlán-Durango. Se construyen 6 subestaciones con capacidad de 600 MVA y 75 megavoltios-reactivos y 5 alimentadores de 230 KV; una línea de transmisión de 400 KV, con una longitud total de 398 kilómetros-circuito. La construcción inició en 1994 y terminará en 1996, con un costo total de 357.9 millones de pesos, financiado con recursos privados, ejerciéndose 96 millones de pesos durante 1995. La obra registra un avance físico de 53 0 por ciento. - Subestación y línea de transmisión San Nicolás, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Se construye una subestación con capacidad de 500 MVA, 3 alimentadores de 400 KV y 10 menores de 230 KV. Los trabajos de construcción se iniciaron en diciembre de 1994, y se terminarán en 1996, lo cual tiene un costo acumulativo de 242 millones de pesos, ejerciéndose 110.4 millones de pesos en 1995 con financiamiento privado. El avance físico es de 66.0 por ciento. - Líneas de transmisión Lázaro Cárdenas-Donato Guerra, Estado de México. Con 275 kilómetros de líneas de transmisión y un costo de 250.2 millones de pesos, inició su construcción en junio de 1994 y se concluirá durante 1996, se invirtieron 129.3 millones de pesos, registrando un avance físico de 63.0 por ciento. - Líneas de transmisión Donato Guerra-San Bernabé, Cuajimalpa, Distrito Federal. El proyecto abarca 93 kilómetros en doble circuito de líneas de transmisión con un costo total de 100.4 millones de pesos, la cual inició su construcción en junio de 1994, y está programada su terminación en 1996, habiéndose ejercido 69.4 millones de pesos durante 1995. - Líneas de transmisión Toluca-Zictepec, Toluca, Estado de Mexico. Se instalaron 31.9 kilómetros de cableado con una tensión de 85 KV.

Fuente: CFE y LFC.

En materia de financiamiento, se promovió la participación complementaria del ahorro privado nacional y extranjero en obras de infraestructura. Los recursos obtenidos en 1995 ascendieron a 1 mil 192.6 millones de dólares, los cuales complementaron los niveles de inversión para ampliar la capacidad instalada y atender las demandas de crecimiento y modernización del subsector eléctrico. Cabe señalar, que de los recursos obtenidos se colocaron bonos y valores en el mercado internacional por un monto aproximado de 342.6 millones de dólares, destinándose principalmente a las centrales Adolfo López Mateos y Temascal II, entre otras. Se avanzó sustancialmente en las negociaciones con consorcios extranjeros para la construcción del proyecto Samalayuca II, central generadora de ciclo combinado de 519 mw, el cual tendrá un costo aproximado de 730 millones de dólares, el 68.0% sería financiado por el Citibank, el 12.0% por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 20.0% restante lo otorgaría el consorcio a quien se le adjudicó la licitación.

Se orientaron recursos provenientes del BID por 120 millones de dólares para financiar dos paquetes de líneas de transmisión y subestaciones de transformación. También se iniciaron las gestiones entre el Banco Mundial y el BID de un paquete de financiamiento que permita obtener créditos por 800 millones de dólares para ejecutar proyectos de transmisión y distribución en el periodo 1996-1998.

De acuerdo a la política de mediano plazo del sector eléctrico, se fomentó la participación de inversionistas privados en el desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica. La Secretaría de Energía, a través de la Comisión Reguladora de Energía dictaminó 24 solicitudes de permisos de particulares para generar electricidad: 12 de cogeneración, 11 de autoabastecimiento y uno de pequeña producción.

Se modificaron las bases de licitación del proyecto de producción independiente Mérida III, por lo que la licitación para construir el gaso-ducto y la planta de generación de 440 mw se hará por separado. Por otra parte, se inició la elaboración de las bases de licitación de la central Rosarito III de 900 mw en Baja California, para ser concursada en 1996 con su correspondiente transporte de gas (gaso-ducto) vía una licitación independiente.

En 1995 la generación bruta de energía eléctrica ascendió a 142 mil 344.3 gigawattshora (gwh), 3.5% mayor a lo obtenido en 1994. La generación de electricidad se constituyó en 19.3% bajo la modalidad hidroeléctrica; 60.6% de hidrocarbúricas; 10.2% carboeléctrica; 4.0% geotérmica y 5.9% nucleoeléctrica.

En tanto la capacidad instalada de energía eléctrica, se situó en 33 mil 037.4 megawatts (mw), 4.4% mayor a lo obtenido el año anterior, por la adición neta de 1 mil 388.6 mw, de la puesta en operación de cuatro proyectos: Luis Donaldo Colosio (Huites), unidad uno, en Choix, Sinaloa; Laguna Verde, unidad dos, en Veracruz; Carbón II, unidad tres, en Coahuila; e ingeniero Juan de Dios Bátiz (Topolobampo II) unidades uno y dos en Sinaloa.

La capacidad instalada en subestaciones y redes de transmisión y distribución ascendió a 135 mil 228 mw en 1995. Ello cumple con el propósito de transformar y mejorar la continuidad y calidad del servicio de transformación, así como alimentar las cargas existentes y de nueva generación eléctrica, a fin de contar con reservas para emergencias y disminuir las interrupciones.

En líneas de transmisión y distribución se instalarón 6 mil 814 kilómetros equivalentes a un incremento de 1.2%, para ubicarse en un total de 560 mil 571 kilómetros durante 1995.

La política de diversificación energética, continuó impulsando el cambio gradual para el menor uso de los hidrocarburos en la generación de electricidad, con proyectos de generación de alta tecnología que conjugan la rentabilidad económica y el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales renovables. La capacidad instalada de generación con fuentes alternas fue de 13 mil 642.6 mw, ello significó un aumento de 9.6% respecto a 1994 y una participación de 41.3% del total.

La política de tarifas se orientó a mantener el saneamiento financiero de la CFE y fue congruente con los criterios establecidos en el Programa de Acción para Reforzar el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica y la Alianza para la Recuperación Económica. Las tarifas de venta de energía eléctrica se adecuaron a fin de reflejar parcialmente el incremento en el costo real en que se incurre al proporcionar el servicio; cumplir con la política de racionalización de los subsidios y fomentar el ahorro y consumo eficiente del fluido eléctrico. Durante los tres primeros meses del año se aplicó un factor de ajuste de 0.8% mensual a las tarifas domésticas, las de uso comercial, general en baja tensión y a las de servicio público.

Adicionalmente, a partir del segundo trimestre se autorizaron aumentos del 20.0% a dichas tarifas; con excepción de la de riego agrícola, en la que únicamente se mantuvo el factor acumulativo mencionado, con la finalidad de reducir costos e inducir una mayor oferta en la agricultura. En el mes de diciembre se autorizó un incremento adicional de 7.0% en promedio a las tarifas eléctricas.

En apoyo al proceso de modernización comercial y de distribución de electricidad, se implantaron esquemas modernos de operación que permitieron aumentar la eficiencia, mejorar la calidad de los servicios y abatir costos. Con la incorporación de agencias de atención al sistema comercial eléctrico, se obtuvo una cobertura eficiente a través de 671 áreas de atención urbana en todo el país, en beneficio del total de usuarios de la CFE. Asimismo, se constituyeron 609 unidades de verificación tanto del servicio de alta tensión, como del suministro en lugares de alta concentración pública, cumpliendo así con las normas oficiales mexicanas en la materia.

El subsector eléctrico respondió eficazmente a la creciente demanda de los usuarios (20.1 millones) al generar ventas totales por 115 mil 309.0 gwh, 3.4% más que lo obtenido en 1994.

Se vendieron 113 mil 365.0 gwh en el mercado interno y se exportarón 1 mil 944 gwh a los Estados Unidos de América (98.8%) y a Belice (1.2%).

En 1995, no obstante la disminución de la actividad económica, las ventas de energía eléctrica al sector industrial crecieron en 5.4%, por los requerimientos de las industrias, cuya producción se orientó al mercado exterior, fundamentalmente. El 55.8% de las ventas en el mercado nacional se destinaron a la industria, 25.1% al servicio residencial, 8.5% al comercio, 5.9% a riego agrícola y 4.7% al servicio público.

Se reforzaron los programas de electrificación rural, por ser una actividad estratégica para el desarrollo económico y social de México. La meta para el año 2000 es garantizar el suministro de electricidad a todas las comunidades del país con más de 100 habitantes. Se concertaron acciones entre la CFE, gobiernos estatales y sector privado para la realización de obras por 269.5 millones de pesos; destacan las de electrificación y ampliación de redes de distribución en 1 mil 671 poblados rurales y electrificación de 376 colonias populares. Con las acciones anteriores se amplió la cobertura del servicio a 501 mil habitantes y se efectuó la instalación de 42 mil 163 nuevos postes en las redes de distribución de energía eléctrica.

En materia de eficiencia y competitividad, la Comisión Federal de Electricidad fortaleció las acciones del Programa Institucional de Incremento a la Productividad Laboral, Eficiencia Operativa y Calidad de los Servicios, cuya aplicación ubicó a los indicadores de productividad al mismo nivel y en algunos casos en mejor posición que los de las empresas eléctricas más desarrolladas del mundo.

El número de usuarios atendidos por cada trabajador de distribución y el volumen de ventas atendidas por trabajador de operación se incrementaron en 5.0% y 4.4%, respectivamente; el tiempo de interrupción por usuario, se redujo en nueve minutos al pasar de 251 minutos en 1994, a 242 en 1995.

Con la participación de los sectores público y privado se impulsaron las acciones del programa de ahorro y uso eficiente de energía. La Secretaría de Energía, en coordinación con la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, la CFE y el Fideicomiso de Apoyo al Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico, realizaron esfuerzos para mejorar los procesos productivos de la industria nacional, disminuir el consumo de energéticos de las entidades paraestatales y fomentar en la población una cultura de ahorro y uso eficiente de energía.

Principales acciones de ahorro y uso eficiente de energía, 1995 - El Fideicomiso de Apoyo al Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (FIDE) concerto 46 proyectos demostrativos en la mediana y gran industria, de los cuales 32 correspondieron a financiamientos otorgados por el FIDE y 14 de créeditos puente para la realización de proyectos para ser financiados por otros organismos. Del total de proyectos desmostrativos, 24 se concluyeron. - En el sector industrial se alcanzaron ahorros de energía de 1 460 GWH, con una reducción en la demanda de 1.3 por ciento respecto a la obtenida en 1994. - Se inició el proyecto ilumex, con el propósito de sustituir 1.8 millones de lámparas incandescentes por fluorescentes compactas en las ciudades de Guadalajara y Monterrey; además del programa piloto para la sustitucion de motores eléctricos convencionales por motores de alta eficiencia. - Se avanzó en el estudio del potencial nacional de cogeneración de energía, determinándose un ahorro aproximado de 114.1 millones de barriles equivalentes de petróleo al año. - Se iniciaron los estudios de potencial microhidroeléctrico y eólico en La Antigua, Veracruz, y Los Cabos, Baja California Sur, con un potencial de ahorro de 500 MW. - Se iniciaron proyectos demostrativos para Pemex-Exploración y Producción, Pemex-Gas y Petroquímica-Básica y Pemex-Refinación, los cuales permiten la generación excedente de electricidad con el aprovechamiento térmico de gases. Se realizaron 17 diagnósticos energéticos en inmuebles del Gobierno Federal, detectándose áreas de oportunidad para lograr ahorros de energía de 4 881 MWH/año. - Se realizaron cinco diagnósticos a las notas vehiculares de dependencias y entidades del Gobierno Federal, estimándose un potencial de ahorro de 4 millones 258 mil litros de gasolina al año. - Se instalaron cinco nuevas Unidades de Enlace para la Eficiencia Energética,

ubicadas en: Mérida, Mexicali, Chihuahua, Querétaro y San Luís Potosí, las que sumadas a las ya establecidas en los estados de Nuevo León, Morelos, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Jalisco, Estado de México y Valle de México, totalizan 15, mismas que se encargan de cubrir las zonas más relevantes desde el punto de vista económico y las de mayor consumo de energía. - Se realizaron 1 644 reuniones en toda la República Mexicana para presentar la iniciativa del Horario de Verano, en dichas reuniones participaron más de 32 500 personas que conocieron la propuesta, y se realizaron 34 reuniones de promoción dirigidas a grupos cúpula de los diversos sectores. - De manera prioritaria se atendió la formulación de cuatro normas oficiales mexicanas sobre eficiencia energética, con el fin de promover el ahorro de energía en las plantas industriales de mayor consumo energético, especialmente en la pequeña y mediana industria, y en el área doméstica.

Fuente: CFE y CONAE.

La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias mantuvo como objetivos básicos garantizar la seguridad de los habitantes del país desde el punto de vista nuclear, radiológico y de salvaguardia; vigilar las instalaciones nucleares mediante el establecimiento de normas y garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales y los tratados internacionales en la materia. Para ello, se realizaron 405 inspecciones a usuarios de material radiactivo, se otorgaron 732 permisos para importación y 101 para exportación, así como 595 licencias para uso y posesión de dicho material.

5.4 Política ambiental para un crecimiento sustentable De conformidad con los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo 19952000 se ha desplegado una política ambiental para frenar las tendencias del deterioro ecológico, de los ecosistemas y de los recursos naturales y sentar al mismo tiempo, las bases para los procesos de restauración y recuperación ecológica. El uso inadecuado de los recursos y bienes naturales y ambientales, ocasiona no sólo la pérdida de oportunidades económicas relevantes, como el aprovechamiento de la biodiversidad, sino también daños ecológicos difíciles de revertir que lesionan la salud pública y entorpecen el desarrollo sustentable. Por ello, desde el inicio de la presente administración se promovió la creación de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, con la finalidad de integrar en un solo organismo la planeación y ejecución de la política nacional para la protección, restauración y conservación del medio ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales.

Durante 1995 se consolidó el marco regulatorio de la política ambiental para convertirlo en un medio de inducción y promoción del desarrollo sustentable. Así, se promulgaron diversas normas oficiales mexicanas y se amplió la cobertura de la vigilancia para verificar la adecuada observancia de las disposiciones emitidas. Además, se promovió e impulsó la realización por parte de los sectores público y privado de acciones preventivas a través de inversiones en infraestructura ambiental.

Se avanzó igualmente en las acciones de descentralización en materia de gestión ambiental y de los recursos naturales, procurando vincularlas con el desarrollo de alternativas productivas viables que mejoren las condiciones de vida de los habitantes de las regiones involucradas, con la participación conjunta de ciudadanos y autoridades.

En el ámbito de la cooperación internacional se trabajó en distintos proyectos para el cuidado de la biodiversidad y se apoyó la conservación de los recursos naturales mediante programas realizados con los gobiernos de Canadá y Estados Unidos de América, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

5.4.1 Medio ambiente La política sobre la materia se orientó a procurar un marco regulatorio consistente para lograr un mejor control de los procesos, minimizar riesgos, reducir costos de control ambiental y a la vez promover la innovación y el desarrollo tecnológico que haga posible incrementar la productividad, la eficiencia energética y la recuperación de residuos.

Asimismo, se activaron procesos preventivos y de orientación para dar a conocer y estimular el cumplimiento de leyes, reglamentos, normas y programas ambientales.

En 1995, a través del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Protección Ambiental, reestructurado con el fin de

incrementar la participación académica y de los sectores productivos, se publicaron 13 proyectos de norma y 21 Normas Oficiales Mexicanas (NOM). Destaca, entre otras, la que regula la clasificación, separación, envasado, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos biológico infecciosos en las instalaciones de salud del país, cuya generación se estima en 800 toneladas/día; la que específica las condiciones que deben reunir los sitios destinados a confinamientos controlados de residuos peligrosos y la que establece los requisitos, especificaciones y parámetros para la instalación del sistema de recuperación de vapores.

El número total de NOM en vigor se incrementó a 85, correspondiendo 44 al control de la contaminación del agua; 19 a la contaminación atmosférica; cinco al monitoreo atmosférico; uno para la calidad de combustibles; ocho para residuos peligrosos; cuatro en contaminación por ruido y cuatro para la conservación de los recursos naturales.

Con el Programa de Protección Ambiental y Competitividad Industrial se establecieron compromisos de cooperación y promoción entre las autoridades ambientales y los industriales representados en la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos en aspectos de regulación, autorregulación, gestión ambiental, educación y capacitación, reconversión y cooperación tecnológica e infraestructura ambiental.

Asimismo, se inició un proceso de desregulación a fin de sustituir el trámite de presentación de la manifestación de impacto ambiental por un informe preventivo para la micro, mediana y pequeña industrias y para la gran industria localizada en parques industriales, de jurisdicción federal, excepto para aquellas empresas que realizan actividades de alto riesgo. De igual forma se llevó a cabo la celebración de un convenio voluntario de autorregulación ambiental con la asociación de fabricantes de aceites, grasas, jabones y detergentes, el cual permite coadyuvar a la reducción de la emisión de contaminantes a la atmósfera en un promedio de 30.0% abajo de la NOM correspondiente y para la mayor producción de detergentes biodegradables.

Para garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental, resulta de fundamental importancia la vigilancia y estímulo al cumplimiento de leyes, normas y programas de acción establecidos. En el transcurso del año se ejecutaron los programas Inspección y Vigilancia de las Fuentes de Contaminación Industrial y Verificación de Vehículos Nuevos en Planta, a nivel nacional. Con referencia al primer programa se realizaron 13 mil 993 visitas de inspección que implicaron la clausura de 280 empresas, 212 en forma parcial y 68 de manera total. En cumplimiento del segundo programa se revisaron 86 tipos de motores nuevos de vehículos, de los 160 que se producen en el país.

Con objeto de orientar y promover la normatividad ambiental, se estableció con las delegaciones estatales el Programa de Fomento del Conocimiento y Observancia de la Normatividad Ambiental, dirigido al sector industrial en 28 entidades, al forestal en 21, al pesquero en 14, al social en 23 y a las comunidades indígenas en 13 entidades. Asimismo, en coordinación con los 31 gobiernos estatales y gobiernos municipales, se fortalecieron las acciones de atención a la denuncia popular y de vigilancia en el cumplimiento de la normatividad ambiental.

A fin de asegurar la corresponsabilidad de la sociedad en los objetivos de la política establecida, se fortaleció la auditoría ambiental en cuanto instrumento voluntario de prevención y control de la contaminación industrial, mediante la concertación de convenios con las empresas, tratando de que sus beneficios se difundan a lo largo de toda la estructura productiva Anteriormente la auditoría ambiental estuvo enfocada a la gran industria, a la de mayor riesgo y a la paraestatal, sin embargo, a partir de 1995 se amplió su cobertura a la industria en general con énfasis en las empresas con producción parcial o total de exportación. En este sentido, de 1992 a 1995 participaron en el programa de auditoría ambiental 637 instalaciones industriales en los 31 estados, concluyéndose 425 auditorías y encontrándose 116 en proceso, así como otras 96 en proceso de concertación.

En 1995 se iniciaron 121 auditorías ambientales, de las cuales 52 se realizaron con recursos fiscales a nueve empresas de la rama metalmecánica y eléctrica, ocho de alimentos y bebidas, cuatro de la industria farmacéutica, 15 de la industria química, tres de autopartes, cuatro textil y nueve de otras ramas y el resto se realizaron con recursos de las propias empresas, entre las que destacan nueve de Petróleos Mexicanos (Pemex), 25 de Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales), una Exportadora de Sal, S.A. de C.V., una la industria automotriz, cinco empresas mineras y 28 empresas de otros giros, tales como madereras, papeleras, químicas, azucareras y huleras entre otras.

De estas auditorías se concluyeron 65, además de terminar 115 que se habían iniciado entre 1993 y 1994. Adicionalmente, se ejecutaron y supervisaron 52 auditorías ambientales pagadas con recursos fiscales por la Profepa en 13 entidades federativas.

Asimismo, se llevó a cabo la protocolización de 100 convenios de concertación de actividades correctivas derivadas de auditorías ambientales. Las acciones desarrolladas a partir de estos convenios significaron una erogación aproximada de 5 mil 357 millones de pesos por parte de las empresas auditadas.

De estos convenios, 52 correspondieron a la industria pararestatal: 29 con Pemex, que implica para la empresa una inversión de 5 mil 160 millones de pesos y 23 con Ferronales que generaron inversiones por 78 millones de pesos. Los 48 convenios restantes, que se celebraron con industrias privadas de la rama automotriz y del cemento principalmente, comprometen inversiones por 119 millones de pesos. Adicionalmente, se dio seguimiento a las actividades relativas a estos convenios, mediante la realización de 82 visitas y se constató la conclusión total de las medidas derivadas de 19 convenios, relacionadas con instalaciones y equipos anticontaminantes y de prevención de riesgos.

En la zona metropolitana de la Ciudad de México tuvieron lugar los programas especiales Contingencias Ambientales, Vigilancia Aérea y Detención de Vehículos Ostensiblemente Contaminantes, este último en coordinación con autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Departamento del Distrito Federal y el gobierno del Estado de México.

Dentro de los objetivos de la política energética nacional se establece el cumplimiento de la nueva normatividad ambiental con el propósito de colaborar en el mejoramiento del medio ambiente, por tal motivo se establecieron reducciones de contaminantes en los combustibles industriales y del transporte. En este contexto, durante el periodo que se informa, se verificó un incremento en el consumo de gasolinas sin plomo de 53.0%, aunque en la zona fronteriza con Estados Unidos de América llegó a 96.0% y en Guadalajara y Monterrey alcanzó 60.0%.

Cabe señalar también que se dejaron de emitir a la atmósfera alrededor de 32 mil toneladas de bióxido de azufre, por la comercialización de Diesel Sin y aproximadamente 3 mil 800 toneladas de plomo por la venta de gasolina Magna Sin. Así, de las emisiones totales de compuestos de azufre al ambiente ha pasado de 4 mil toneladasmes en 1988 a 1 mil toneladasmes en 1995.

Con ello se atienden las especificaciones que en el corto plazo plantea la política integral de combustibles, cuya expresión ambiental se encuentra en las normas oficiales mexicanas complementarias. En el sector industrial, destaca el incremento registrado en el consumo de gas natural, frente a la reducción del combustóleo, lo cual permitió eliminar la emisión de residuos contaminantes.

En la estrategia para frenar el deterioro ambiental y orientar el desarrollo de las actividades productivas del país, el Ordenamiento

Ecológico del Territorio constituye una herramienta fundamental para planear el desarrollo regional compatible con las actitudes y capacidades ambientales. En este sentido, es necesario extender y multiplicar los esfuerzos para que todos los estados de la Federación y las regiones y municipios más críticos cuenten con un ordenamiento ecológico que les permita planear de manera racional el desarrollo urbano y las actividades y proyectos productivos.

En la actualidad se cuenta con 40 estudios de ordenamiento ecológico terminados técnicamente, de los cuales seis han sido instrumentados jurídicamente: uno a nivel estatal, tres a nivel municipal y dos a nivel regional. En la medida en que se formulan y aprueban los programas de ordenamiento ecológico que establecen las vocaciones de uso de suelo, las políticas de protección, conservación, restauración y aprovechamiento, así como los criterios de ordenamiento ecológico aplicables, se inician las acciones de verificación y vigilancia del cumplimiento de lo dispuesto por este instrumento de planeación ambiental.

En este sentido, se desarrolló un programa para verificar y vigilar el cumplimiento de las políticas y criterios de ordenamiento ecológico en las zonas de competencia federal, tales como: zonas conurbadas, franjas fronterizas, franjas costeras, cuencas hidrológicas, áreas críticas para la protección de la biodiversidad y regiones prioritarias para el desarrollo social.

Dentro del programa de verificación y vigilancia del ordenamiento ecológico, se realizó la elaboración del proyecto de manual de procedimientos para la verificación y vigilancia del ordenamiento ecológico; la formulación de un modelo de acuerdo de coordinación entre los gobiernos estatales y municipales que cuentan con ordenamiento ecológico decretado para aplicar el procedimiento de verificación y vigilancia en forma sistemática y continua en las regiones de Colima (nivel estatal); Corredor CancúnTulum, Quintana Roo (nivel regional); sistema lagunar Nichupté, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo (nivel municipal), Bahía de Banderas, Nayarit (nivel municipal) y Los Cabos, Baja California Sur (nivel municipal).

La formulación de programas de asesoría y capacitación a las delegaciones estatales de la Profepa, para aplicar el procedimiento de verificación y vigilancia; la identificación de las zonas de competencia federal que serán objeto de visitas de verificación en los niveles, estatal, regional y municipal.

Particularmente, en el caso del Programa para Verificación y Vigilancia del Ordenamiento Ecológico del Territorio de Colima, se elaboró el proyecto de acuerdo de coordinación para la Verificación del Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de Colima; el anteproyecto del Manual de Procedimientos para la Verificación y Vigilancia en Materia de Ordenamiento Ecológico y la caracterización ecológica de las áreas de interés estatal y federal en la entidad.

Adicionalmente, se elaboró el diagnóstico de la situación jurídica y estado que guarda la instrumentación en el territorio nacional en materia de ordenamiento ecológico; así como la metodología para la verificación del ordenamiento ecológico y los términos de referencia para la impartición del Curso de Verificación y Vigilancia del Ordenamiento Ecológico, para inspectores de los recursos naturales en la zona fronteriza.

La información ambiental es el fundamento para establecer líneas de política, objetivos y prioridades, así como para evaluar el desempeño. Por ello se creó el Sistema Nacional de Información Ambiental que cuenta con un programa de registro de emisiones y transferencia de contaminantes.

Durante 1995 ingresaron a evaluación 998 estudios de impacto ambiental, 316 correspondieron al subsector de energía, a la industria 272, a minería 135, a pesca 82 y al turismo 81, el resto de los proyectos fueron de los sectores forestal, recursos hidráulicos y de comunicaciones y transportes. Se dictaminaron 226 proyectos en el sector primario, 226 en el secundario y 596 en el terciario.

Para verificar el cumplimiento de los dictámenes a los estudios de impacto ambiental, se realizaron 540 visitas de inspección a nivel nacional destacando las efectuadas a los sectores turístico con 95, minería con 81, acuícola con 44, comunicaciones con 39 y eléctrico con 36. En el sector turístico fueron importantes las efectuadas a los proyectos de Isla Paraíso y Punta Nizuc, Quintana Roo; Grutas de Cacahuamilpa, Guerrero; Península de Atasta, Campeche; club de golf Tepozteco, Morelos y Hotelito Desconocido, Jalisco.

Los estudios de análisis de riesgo constituyen la base para la formulación de programas

preventivos de accidentes que permiten la protección de la población y su entorno. Durante el periodo que se informa se evaluaron 205 proyectos, autorizándose 136 y a partir de la puesta en vigor de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 1988 se han evaluado 1 mil 050 proyectos de análisis de riesgo, autorizándose sólo 760.

En el Programa Nacional de Prevención de Accidentes de Alto Riesgo Ambiental, se cuenta a nivel nacional con un padrón de 763 empresas de alto riesgo; se evaluaron 628 estudios de análisis de riesgo dictaminando 522 con recomendaciones de seguridad dentro de la planta productiva, reduciendo la posibilidad de accidentes. Además, se regularizó la situación de 145 centros de trabajo de Pemex para incrementar los niveles de seguridad con que operan estas plantas y en la Comisión Federal de Electricidad se dictaminaron 14 de los 40 centros presentados.

Con base en las visitas de inspección y las auditorías realizadas y las actividades del Sistema Nacional de Protección Civil, ingresaron a evaluación 94 estudios de análisis de riesgo adicionales, dictaminando 81 con términos de cumplimiento.

La actividad industrial genera una amplia gama de residuos peligrosos cuyas características de toxicidad, reactividad, explosividad, corrosividad, inflamabilidad y biológicoinfecciosas pueden afectar severamente la salud humana, los ecosistemas y los recursos naturales. Por ello, las políticas en la materia se orientaron a su control y manejo adecuado, en estrecha interacción con el sector industrial y con otras entidades gubernamentales, a fin de asegurar procesos y tecnologías limpios. Una estrategia prioritaria consiste en establecer criterios de clasificación y manejo, a través de la normatividad y la supervisión ambiental por los tres niveles de gobierno, para la regulación directa de materiales y residuos peligrosos.

Debido a que existen en el país una gran cantidad de sitios abandonados contaminados por residuos peligrosos, se inició la elaboración de un inventario de los mismos, encontrándose de manera preliminar 28 áreas contaminadas en 15 estados y 55 recicladoras también en 15 estados, así como dos confinamientos. A través de laboratorios certificados por el Sistema Nacional de Laboratorios de Prueba, se inició la certificación de la peligrosidad de los residuos, con lo que se estará en posibilidad de determinar sus características, es decir, si se trata de un residuo corrosivo, reactivo, explosivo, inflamable o biológico-infeccioso.

Durante este año se continuó promoviendo el desarrollo de infraestructura y servicios para el control de residuos peligrosos, permitiéndose la operación en este rubro a 48 empresas más, con lo que ascendió a 156 el total de las que están autorizadas para dichos fines. Además, se estableció una estrecha vinculación con la Secretaría de Salud para dar a conocer los programas de residuos peligrosos y riesgo con lo que se pretende aplicar en el país la NOM 087 que establece los requisitos para la separación, envasado, almacenamiento, recolección, transporte y disposición final de los residuos peligrosos biológico-infecciosos que se generan en establecimientos que prestan servicios médicos.

Adicionalmente se continuó aplicando el Programa Integral para el Manejo de Residuos Peligrosos en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, con el fin de identificar y localizar sitios aptos para la instalación de infraestructura en la porción central de la República Mexicana.

Para el seguimiento de los movimientos transfronterizos de sustancias tóxicas, se creó un programa denominado Haztracks, con el cual se dotó a las delegaciones estatales del ramo localizadas en la frontera norte, del equipo necesario para controlar el ingreso o retorno de residuos peligrosos generados por la industria maquiladora. A este sistema quedará incorporado el seguimiento de movimientos transfronterizos de las sustancias controladas por la Comisión Intersectorial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas.

Con el propósito de atender las emergencias y contingencias ambientales, se inició un estudio para crear el Centro Nacional de Orientación para la Atención de Emergencias Ambientales, que funcionará las 24 horas del día durante todo el año y operará con Lada 800.

Este servicio permitirá orientar a autoridades responsables y público en general, sobre de las actividades para controlar emergencias y evitar daños a la población y al ambiente, en caso de contingencias. Se estima iniciar sus operaciones durante 1996. Con este propósito, se

efectuaron adquisiciones de equipo computarizado, sistemas de información sobre manejo de sustancias peligrosas y equipo de protección y medición para atención de emergencias ambientales.

Continuó la operación del sistema de empresas de riesgo ambiental, a fin de localizar las empresas de riesgo ambiental en las principales ciudades del país, incluyendo la información general de sus actividades. Actualmente su instalación y operación cubre 20 delegaciones estatales de la Profepa, faltando aún una mayor cantidad de equipo de cómputo que cumpla con los requerimientos del sistema para concluir su instalación plena.

Por otra parte, se atendieron, registraron y sistematizaron las emergencias y contingencias ambientales y se efectuó el análisis de las que se presentaron durante el periodo enero 1993 a noviembre de 1995, en función del tipo de sustancias y empresas, incluidas las transportistas involucradas.

En 1995 se suscribieron tres concertaciones entre la Semarnap, la Secofi, los gobiernos de Baja California, Baja California Sur y Sonora y las uniones y federaciones de comerciantes, la Cámara Nacional de la Industria Hulera y otros, para controlar la importación de llantas usadas a través de la expedición de guías ecológicas en cuotas acordadas con cada estado.

La conservación de la biodiversidad y los ecosistemas en las zonas fronterizas y limítrofes requiere de políticas concertadas a través de la cooperación internacional. Así, en el marco de la relación binacional MéxicoEstados Unidos de América se avanzó en la elaboración del Programa Frontera XXI, en el cual quedarán comprometidas las acciones a realizar en materia de calidad del aire, prevención de la contaminación, información ambiental, sistemas de información geográfica y áreas naturales protegidas.

Algunas de las acciones que se realizan en nuestro país para el manejo de las áreas naturales protegidas y la conservación de muestras representativas de la biodiversidad son apoyadas por la red de formación ambiental de América latina y el Caribe de la FAO, la cual capacita personal y promueve la cooperación técnica derivada del intercambio de experiencias entre los miembros nacionales y el resto de los países de América latina y el Caribe. Dentro del Programa de Cooperación para la Conservación de la Biodiversidad, se han promovido y comprometido acciones de educación ambiental y de formación de recursos humanos a través de 23 proyectos que fortalecerán la política de desarrollo sustentable.

Con financiamiento del Gobierno de México y de la Agencia de Protección Ambiental de EUA por un monto de más de un millón de dólares se continuó el desarrollo del estudio de México sobre el cambio climático, constituido por la actualización del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, la investigación sobre escenarios básicos y regionales (escenarios físicos, demanda de energía y emisiones, consumo de energía y escenarios forestales); estudios sobre vulnerabilidad de ecosistemas forestales, desertificación, sequía y agricultura, asentamientos humanos, hidrología, zonas costeras y sistemas de energía e industria.

Las acciones comprometidas en el Programa Mexicano para la Protección de la Capa de Ozono se cumplen puntualmente conforme a los acuerdos asumidos en la Reunión de las Partes del Protocolo de Montreal. Hasta la fecha, se encuentran suscritos 18 convenios con empresas que trabajan en la sustitución de tecnologías.

En el periodo que se reporta se realizó la tercera fase de control sobre las sustancias que deterioran la capa de ozono, que corresponde a una reducción del consumo de clorofluorocarbonos y halones del 40.0% del total, en relación al año base (19891993). Este dato equivale a la eliminación de cerca de 1 mil 600 toneladas de sustancias agotadoras de la capa de ozono. En 1996 se eliminará el 60.0% del consumo de aquellas sustancias; la meta de eliminación total se estableció para el año 2000. Las actividades de control se realizan en estrecha colaboración con los productores y principales importadores de clorofluorocarbonos y halones en el país.

Con base en los acuerdos asumidos en el Convenio de Basilea y en los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se exportaron para incineración 2 mil 031 toneladas de bifenilos policlorados a la planta Ekokem de Finlandia y Rechem de Inglaterra. En coordinación con la

OCDE se organizó un taller de minimización de residuos en Washington (México, Canadá, Estados Unidos de América y en México se realizó un taller sobre minimización de residuos y producción más limpia en América latina y el Caribe; además se continuó participando en las reuniones del grupo de sustancias químicas y se cumplen las decisiones/recomendaciones del Consejo de la OCDE y los compromisos asumidos en el marco de la agenda XXI sobre el manejo sustentable de sustancias químicas y la cooperación regional para el uso racional de cuatro sustancias químicas tóxicas, persistentes y bioacumulables.

A través de múltiples acciones se apoya la conservación y utilización de recursos naturales. Así, se llevó a cabo la ejecución de 13 programas de cooperación en el marco del Comité Conjunto MéxicoEstados Unidos de América para la Conservación de la Vida Silvestre; se realizaron 21 acciones dentro del Programa de Cooperación para la Conservación de la Biodiversidad MéxicoEstados Unidos de América, derivado del Tratado de Libre Comercio y ocho acciones con el Comité Tripartita MéxicoCanadáEstados Unidos de América para el desarrollo de estrategias de conservación de las aves acuáticas y su hábitat. El monto del apoyo proporcionado por distintas dependencias de los comités arriba mencionados asciende a 1.4 millones de dólares.

Como resultado de los trabajos de la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, integrada por México, Estados Unidos de América y Canadá, se estableció el Grupo Permanente de Trabajo para la Cooperación en la Aplicación de la ley, en el que nuestro país participa de manera activa. En este año se elaboró también un programa de cooperación técnica con los países de Centroamérica, dirigido a capacitar al personal en acciones relativas a la auditoría ambiental.

La política relativa a la protección y aprovechamiento de los recursos naturales se orientó a la ampliación de la extensión, cobertura y representatividad del Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidos (Sinap), instrumento necesario para ordenar y clasificar las áreas naturales del país y asegurar el cumplimiento del objetivo de conservar la biodiversidad mediante la protección de ecosistemas representativos. Se persigue, simultáneamente, el establecimiento de programas de manejo y nuevos esquemas de financiamiento que permitan flexibilidad presupuestal e instalación de consejos técnicos asesores en cada área bajo un esquema de amplia participación social.

En el periodo de este informe se decretaron tres áreas adicionales que quedan incorporadas al Sinap: el Parque Marino Nacional Cabo Pulmo, en Baja California Sur y las reservas de la biosfera de La Sepultura y La Encrucijada en el Estado de Chiapas, que suman una superficie de 319 mil 289 hectáreas. Con esta medida se incrementó la superficie terrestre y marina protegida a 10 millones 706 mil 069 hectáreas. Actualmente, el Sinap está constituido por 18 reservas de la biosfera; 13 reservas especiales de la biosfera; 44 parques nacionales; ocho áreas de protección de flora y fauna; tres parques marinos nacionales y tres monumentos naturales. En conjunto, se cuenta con 89 áreas naturales protegidas.

Principales acciones en materia de recursos naturales, 1995 Acciones

Lugar Fecha - Firma del Acuerdo de coordinación para el manejo integral de las reservas ecológicas de Celestún y El Palmar.

Yucatán 1o. de febrero - Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, Acapetahua.

Chiapas 5 de junio - Firma del Decreto por el que se establece la reserva de la biosfera La Sepultura.

Chiapas 5 de junio - Firma del decreto por el que se establece el parque marino nacional Cabo Pulmo . . B. California S. 5 de junio - Descentralización de la administración:

operación de las reservas de la biosfera La Michilía y Mapimí, al Instituto de Ecología, A.C.

Durango 6 de junio - Creación del Fideicomiso para la reserva de la biosfera El Vizcaíno Pronatura-lNE.

B. California S. 6 de julio

Acciones

Lugar Fecha - Firma del Acuerdo SEDESOL-SEMARNAP para la promoción de proyectos del sector social para el aprovechamiento, explotación y conservación de recursos marinos, pesqueros:

forestales con un enfoque de sustentabilidad

Chiapas 5 de junio - Descentralización de la administración:

operación del parque nacional El Veladero al gobierno del estado de Guerrero.

Guerrero 11 de junio - Firma del Acuerdo de coordinación para el fortalecimiento de la gestión ambiental.

Aguascalientes 29 de septiembre - Descentralización de la administración y operación de los parques nacionales El Sacromonte, Los Remedios, Desierto de Carmen, Molino de Flores, Nevado de Toluca e Naucalpan, Insurgente Miguel Hidalgo al gobierno del Estado de México. México 29 de septiembre - Instalación de Comités Mixtos de Inspección y Vigilancia de los Recursos Naturales:

Subcomités de Pesca y Recursos Marinos.

B. California 28 de abril

B. California S. 18 de mayo

Campeche 28 de junio

Colima 5 de junio

Chiapas 23 de agosto

Jalisco 27 de junio

Nuevo León 19 de julio

Oaxaca 25 de agosto

Quintana Roo 27 de mayo

Sinaloa 21 de abril

Sonora Julio

Tamaulipas 25 de mayo

Veracruz 26 de septiembre

Yucatán 22 de septiembre Fuente: Instituto Nacional de Ecología, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, SEMARNAP.

Con recursos del donativo del Fondo Global Ambiental, se realizaron acciones en 10 áreas naturales protegidas representativas de los principales ecosistemas dentro del Proyecto de Conservación de la Biodiversidad.

Las estrategias se orientan a asegurar el autofinanciamiento para la protección, conservación y el desarrollo sustentable, mediante la diversificación de fuentes y mecanismos de financiamiento, la incorporación de servicios de turismo ecológico, el desarrollo de nuevos mercados de bienes naturales con certificación ecológica y el manejo de especies de flora y fauna con fines de reproducción.

En 1995, se concertó la planeación de recursos para la instrumentación de seis de los 10 programas de manejo existentes, tanto operativos como emergentes.

Con la participación de grupos multidisciplinarios e interinstitucionales interesados en la protección y conservación se elaboraron los programas de manejo de las reservas de biosfera sierra de la laguna en Baja California Sur y Pantanos de Centla en Tabasco; de las áreas de protección de la flora y la fauna en lagunas de Términos en Campeche, YumBalam en Quintana Roo y del corredor biológico Ajusco Chichinautzín en Morelos.

Dentro del Programa Ambiental de la Frontera Norte, se apoyaron acciones de conservación y protección de especies en riesgo, así como el aprovechamiento integral de los recursos naturales en esa zona. En este proyecto se encuentran incorporadas las reservas de la biosfera alto golfo de California y delta del río Colorado, en Baja California y Sonora; El Pinacate y Gran Desierto de Altar en Sonora y las

áreas de protección de flora y fauna silvestres Cañón de Santa Elena, en Chihuahua y Maderas del Carmen en Coahuila.

Las acciones se orientaron a la elaboración de programas de manejo y a la concertación con pobladores y distintos organismos gubernamentales. Se cuenta con estos dos programas concluidos y la primera etapa de las dos áreas de protección. Se suscribió con el gobierno de Sonora un acuerdo para realizar acciones coordinadas de protección y aprovechamiento integral de los recursos naturales, de conservación de la biodiversidad y de especies de interés para la reserva de la biosfera El Pinacate.

Durante el periodo reportado se promovió entre las entidades la importancia ecológica, social y económica de los parques nacionales, como sitios propicios para el crecimiento regional sustentable, en beneficio de las comunidades que habitan dentro o en las zonas de influencia y se suscribieron acuerdos de coordinación con los gobiernos de los estados de Guerrero, México y Jalisco, para la administración, conservación, desarrollo y vigilancia de las siguientes áreas naturales protegidas: El Veladero, en Guerrero; El Sacromonte, Los Remedios, Desierto del Carmen, Molino de Flores, Nevado de Toluca e Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla, en el Estado de México y la zona de protección forestal y refugio de la fauna silvestre La Primavera, en Jalisco.

La política ecológica se orienta hacia la generación de nuevas oportunidades de desarrollo económico, mediante la diversificación productiva, con base en el aprovechamiento de especies silvestres de flora y fauna, así como en la generación de nuevas fuentes de empleo y de ingresos en zonas rurales en el país, al mismo tiempo que se promueve la conservación de los hábitat, contrarrestando la extinción y fomentando la recuperación de especies. Estas estrategias coadyuvan al objetivo nacional de elevar la calidad de vida de la población y permiten dar cumplimiento a los compromisos internacionales referidos al combate a la pérdida y daño de la biodiversidad.

La recuperación de especies de flora y fauna silvestres continuó llevándose a cabo a través de la operación de cuatro unidades para el desarrollo y rescate de especies en riesgo de extinción que funcionan como bancos genéticos para la reproducción de especies en cautiverio (venado cola blanca, cocodrilos de pantano y de río, hocofaisán, jabirú, entre otras). Las unidades de evaluación y monitoreo de la biodiversidad funcionan como infraestructura regional de uso múltiple para actividades de conservación, protección, recuperación y manejo de especies de flora y fauna silvestre local; el desarrollo de programas de educación ambiental y la promoción de estudios e investigaciones regionales relacionados con el rescate y conservación de la biodiversidad.

En el periodo informado se puso en marcha una nueva unidad en Jiutepec, Morelos, que se suma a las siete ya existentes, localizadas en Acapetahua, Chiapas; Hampolol, Campeche; Babícora, Chihuahua; San Felipe Bacalar, Quintana Roo; San Cayetano, Estado de México; Balancán, Tabasco y El Mante, San Luis Potosí. En cinco centros de acopio y recuperación de especies silvestres que reciben ejemplares obtenidos en acciones de rescate y decomiso y operan en cumplimiento de lo establecido por la convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES), se rescataron 2 mil 955 ejemplares de fauna silvestre, de los cuales 955 se liberaron en áreas naturales protegidas y el resto se canalizó a unidades de protección.

En el mismo marco de la CITES a fin de evitar el comercio ilegal de especies silvestres se expidieron 945 certificados: 383 para la importación y 562 para la exportación de ejemplares, productos y subproductos de flora y fauna silvestres, incorporadas a los listados de la convención. Por otra parte, en coordinación con la Sectur se elabora material de difusión para turismo cinegético y con Ducks Unlimited de México, S. A., se emitió el segundo timbre conmemorativo de aves acuáticas, permiso de caza deportiva tipo uno para la temporada 1995-1996.

Actualmente, se cuenta con 24 viveros de flora silvestre nacional y exótica, localizados en los estados de Baja California Sur, Coahuila, México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco y Veracruz. Se encuentran establecidos 38 jardines botánicos y cinco herbarios registrados en los que se realizan actividades de difusión, enseñanza, conservación e investigación.

Otra acción relevante es el proyecto de campamentos tortugueros para la conservación de

siete especies de tortuga marina que desovan en los litorales del país (lora, golfina, laúd, prieta, caguama blanca y carey). Para tales fines operan 12 campamentos localizados en los estados de Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz.

Durante el periodo reportado se dio protección a un total de 3 mil 158 nidos, liberando alrededor de 175 mil 017 crías.

Respecto a la fauna de interés cinegético, se publicaron los calendarios bianuales de aprovechamiento de aves canoras y de ornato y el cinegético; se concertó la preservación y manejo de fauna silvestre con la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de la República Mexicana; con la Sectur para instrumentar y distribuir permisos de caza; se buscó mejorar y simplificar la administración de la fauna silvestre con la Federación de Organizadores Cinegéticos y las asociaciones de ganaderos diversificados criadores de fauna y de distribuidores de armas deportivas y para promover la actividad cinegética se suscribió un convenio entre diversas entidades federales.

Por otra parte, en la temporada 1994-1995, se otorgaron 78 mil 614 registros, permisos y autorizaciones de flora y fauna silvestres, con ingresos de 9 millones 530 mil pesos; se expidieron 48 mil 190 permisos de caza; 24 mil 525 registros de identificación cinegética; 617 permisos para organizadores cinegéticos, clubes de caza y criaderos exclusivos y se otorgaron 3 mil 140 permisos sobre aves canoras y de ornato. Para el aprovechamiento no cinegético, como zoológicos, espectáculos, mascotas y criaderos, entre otros, se otorgaron 376 autorizaciones; así como 1 mil 689 autorizaciones de fauna silvestre y 77 de flora silvestre para la importación y exportación de ejemplares, productos y subproductos.

Se desarrollaron acciones de inspección y vigilancia más eficaces y contundentes en nueve puntos estratégicos del país, que corresponden a los estados con mayor cantidad de recursos forestales: Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz, que a su vez representan puntos estratégicos de corte, comercialización, transporte y venta de recursos forestales y/o flora y fauna silvestre.

Sin embargo, es preciso reconocer la necesidad de intensificar la promoción de la participación activa y comprometida de la ciudadanía y de todos los sectores y agentes sociales, con el fin de lograr su cooperación en la denuncia, inspección y vigilancia forestal, así como en la protección y conservación de la flora y fauna silvestre. Asimismo, se desarrollaron acciones de inspección y vigilancia en los mercados Sonora en el Distrito Federal y Charco Cercado en San Luis Potosí, para detección y decomiso de flora y fauna silvestre vendida ilegalmente. De igual manera, en todo el país se supervisaron tiendas de mascotas y se dio especial atención a la zona de Marqués de Comillas, Chiapas para el combate al tráfico ilegal de madera y los estados de México y Michoacán en la inspección y vigilancia de los santuarios de la mariposa Monarca. En 1995 se avanzó en la reducción del tiempo para el desahogo de trámites y demandas relacionadas con ilícitos forestales, así como en la creación de un directorio nacional de infractores forestales.

En este mismo ámbito se llevaron a cabo 56 operativos, 442 supervisiones a áreas arboladas, 138 visitas a industrias forestales y 612 supervisiones de productos en tránsito; es decir, un total de 1 mil 192 actuaciones que permitieron asegurar 190 toneladas de tierra de monte, 16 mil 945 metros cúbicos de madera y 5 toneladas de carbón y por lo que respecta a la fauna silvestre se aseguró un total de 5 mil 176 ejemplares. Adicionalmente, se realizaron actividades de inspección y vigilancia a los aprovechamientos de palma camedor, yuca y candelilla y así como la formalización de convenios con las comunidades Lacandona y Seri. En materia forestal y de flora y fauna silvestres, se impulsó la participación de sectores y agentes sociales para la vigilancia de los recursos naturales y se formalizaron 40 comités ciudadanos para vigilar y preservar los recursos de sus estados o sus regiones.

Con el propósito de coadyuvar al fomento de una cultura ecológica de prevención, control y aprovechamiento de zonas forestales, la Secretaría de la Defensa Nacional realizó la plantación de 39 millones 885 mil 488 árboles y distribuyó entre la población otros 65 millones 105 mil 557, además produjo 47 millones 367 mil 573 árboles en los 34 viveros establecidos en diversos campos militares. Asimismo participó en los programas especiales de reforestación de carreteras, entornos de ruinas

arqueológicas, áreas de la mariposa Monarca, parque El Veladero, áreas aledañas al lago de Pátzcuaro, Parque Ecológico de Xochimilco y cerro del Ajusco, donde se plantaron más de 6 millones de árboles adicionales. La Armada de México colaboró en el mantenimiento de áreas verdes, tareas de chaponeo, azadoneo y reforestación de viveros al sur de la Ciudad de México y en apoyo a los trabajos de reforestación en los que participaron efectivos navales, fueron sembrados 33 mil 890 árboles.

En el Lago de Texcoco se sembraron 884 mil 953 árboles y 1 millón 067 mil 932 cepellones de pasto, asimismo, se está contribuyendo a la preservación de la selva lacandona de Chiapas mediante el establecimiento de tres viveros militares, en los cuales laboran indígenas de la región.

Por otro lado, en el marco del Sistema Nacional para la Atención de Contingencia y Emergencias de los Recursos Naturales se atendieron los casos de muerte masiva de mamíferos y aves marinas en el Alto golfo de California; mortandad de aves acuáticas migratorias en la presa Silva en Guanajuato; así como de peces en el río Pilón en Monterrey, Nuevo León; en Centla, Tabasco y en la bahía de La Paz, Baja California Sur, así como la mortandad de peces y crustáceos y las afecciones a la salud humana provocadas por la marea roja en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas; se desarrollaron acciones para prevenir la entrada a México del virus responsable del síndrome de Taura, que ocasionó elevada mortandad, en Ecuador y en países de América Central, de camarón de la especie penneus stylirrostris cultivado; se atendió el varamiento de manatíes en Catasajá, Chiapas, los cuales fueron finalmente rescatados y trasladados a un nuevo cuerpo de agua por un equipo interinstitucional de especialistas y finalmente se atendió la captura ilegal de ejemplares de tortuga marina o de sus productos en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Oaxaca.

La Secretaría de Marina realizó durante este periodo numerosas acciones para proteger y preservar el ecosistema marino, así como prevenir, combatir y controlar su contaminación, destacándose 8 mil 110 operaciones de vigilancia e inspección; 58 de prevención y control por derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas y 6 mil 402 de control y recolección de desechos sólidos y líquidos de buques en los recintos portuarios. Como resultado de estas operaciones se recolectaron 10 mil 292 toneladas de desechos sólidos y 2 millones 806 mil 888 litros de aguas grises de hidrocarburos mezclados con agua de fuentes contaminantes no identificadas.

Asimismo, se impartieron nueve cursos regionales de capacitación al personal de la Semarnap, comunidades y pescadores, para el cumplimiento de la normatividad en materia de pesca y recursos marinos. En lo relacionado con la política de atención a la problemática sobre los recursos naturales, se instalaron 14 comités mixtos de inspección y vigilancia en igual número de estados.

Las acciones de descentralización se orientaron al fortalecimiento de la capacidad de gestión ambiental local, en particular la de los municipios, bajo la premisa básica de subsidiariedad, que permitirá compatibilizar el interés local con los intereses federales y nacionales y ampliar la capacidad de participación social y corresponsabilidad.

En 1991, con apoyo financiero parcial del Banco Mundial se inició el Programa Ambiental de México para desarrollar el programa piloto de fortalecimiento y descentralización de la gestión ambiental en Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas. Entre 1992 y 1994, se concluyó la primera etapa en los estados de Tamaulipas y Jalisco, con inversiones globales de 1.75 y 1.5 millones de dólares, respectivamente. En la segunda etapa se incorporan los estados de San Luis Potosí, Aguascalientes y Querétaro, para desarrollar acciones básicas de capacitación para el personal estatal encargado de la gestión ambiental, equipamiento de laboratorios y estudios estratégicos de interés asociados con las universidades estatales.

Se suscribieron los acuerdos de coordinación con San Luis Potosí y Aguascalientes, queda pendiente la firma con Querétaro. Los planes de acción para cada Estado se encuentran aprobados por el Banco Mundial; se encuentran aprobadas las requisiciones de equipo y los cursos básicos de capacitación en San Luis Potosí.

El actual proceso de descentralización administrativa de los parques nacionales refleja la participación activa de centros e instituciones

de educación superior, los gobiernos municipales, organizaciones no gubernamentales, grupos de productores y representantes de distintos sectores sociales en la ejecución de los programas de manejo de las áreas naturales protegidas.

La gestión de los distintos estudios de ordenamiento ecológico se apoya en una dinámica participación de todos los sectores de la región involucrados, a través de la realización de talleres, previamente, durante y a la conclusión de los estudios, con el propósito de incorporar las adecuaciones pertinentes antes de ser presentado oficialmente a las autoridades estatales para proceder a su instrumentación jurídica. En el periodo reportado se realizaron 19 talleres.

Similar énfasis se ha dado a la solución concertada de conflictos ambientales ecológicos generados por la ejecución de proyectos en desarrollo, cuya atención está a cargo de la Federación. En 1995, se evaluaron 20 proyectos debido a su impacto ambiental, entre otros el muelle de cruceros en Cozumel; el Club de Golf El Tepozteco, el canal intracostero tamaulipeco y los salitrales de San Ignacio.

En el marco del Sistema Nacional de Atención a la Denuncia Popular, en 1995 se recibieron 3 mil 495 denuncias a nivel nacional, de las cuales 1 mil 213 se atendieron en las oficinas centrales y 2 mil 282 en las delegaciones estatales de la Profepa; de las cuales 1 mil 964, 56.2% se encuentran concluidas, encontrándose en trámite 1 mil 531 que representan el 43.8%. Por tipo de recurso natural afectado se recibieron 1 mil 035 denuncias sobre aire (30.0%), 1 mil 018 de agua (29.0%), 595 de suelo (17.0%), 479 de la flora (14.0%) y 368 de fauna (10.0%). Asimismo, durante 1995, la Profepa instrumentó el Programa de Actualización de Denuncias, a fin de abatir el rezago existente de 1992 a 1994, el cual consistía en 1 mil 990 denuncias en trámite, concluyéndose la atención de 1 mil 525 denuncias, 76.6%, quedando 465 pendientes, mismas que se encuentran en proceso de resolución.

Una tarea de gran importancia ha sido la concertación con los diversos grupos sociales y con otras instituciones gubernamentales de las estrategias para transitar hacia un desarrollo sustentable y descentralizar la gestión ambiental. Con ello, se amplían y fortalecen los vínculos intersectoriales y de coordinación entre las instancias de la administración pública federal, los tres órdenes de gobierno y se fomenta la participación y corresponsabilidad social. Así, se constituyó el Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo Sustentable, que incorpora la participación de representantes del Poder Legislativo, las entidades federativas, diversas dependencias del Gobierno Federal, Departamento del Distrito Federal, así como de los sectores social, privado, instituciones académicas, científicas y de diversos grupos de la sociedad interesados e involucrados en la conservación ambiental.

Con el mismo objetivo, se conformaron cuatro consejos consultivos regionales, que abarcan todo el territorio nacional y los consejos técnicos para los subsectores forestal y de manejo de cuencas hidráulicas y se encuentran en proceso de constitución los correspondientes a pesca y medio ambiente. En los estados de México y Nuevo León se instalaron los consejos consultivos estatales de flora y fauna silvestres.

5.4.2 Uso eficiente del agua y su abastecimiento El deterioro en la capacidad de renovación de los recursos naturales debe superarse con objetivos y estrategias que trasciendan a las políticas estrictamente regulatorias y constituyan en la práctica una nueva cultura de promoción e inducción del financiamiento de la infraestructura para fomentar el desarrollo sustentable. El uso eficiente del agua y su abastecimiento a todos los sectores de la sociedad, es una prioridad reconocida por el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000.

De esta forma, para mantener y aumentar la infraestructura de alta calidad y proporcionar eficientemente los servicios de agua que demanda la población, ha sido necesario reforzar la organización institucional; así, la Comisión Nacional del Agua (CNA) cambió de adscripción a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y se formuló el Programa Hidráulico 1995-2000 que resume la problemática actual del agua, así como sus perspectivas a corto y mediano plazos.

Los objetivos y estrategias de mediano plazo de la política hidráulica son los siguientes: fortalecer la infraestructura, mediante su

conservación, rehabilitación y ampliación; lograr un uso sustentable y equilibrado del recurso; reducir el rezago en la dotación de servicios de agua potable, drenaje y saneamiento; asegurar la calidad del agua suministrada a la población y a otros usos; sanear integralmente las cuencas hidrológicas; generalizar la utilización de técnicas más eficientes para ahorrar agua en riego, uso doméstico e industrial; descentralizar y desincorporar la operación de sistemas de conducción y distribución de agua para todos los usos; impulsar esquemas de financiamiento público y privado para incrementar la inversión en infraestructura y ampliar la participación de los gobiernos estatales, municipales y de los usuarios en la planeación y administración del recurso.

En 1995, a pesar de las dificultades económicas enfrentadas, se consiguieron avances importantes, entre los que destacan: la continuación de la ejecución de 49 obras de irrigación y 14 proyectos de temporal, con lo que se logró incorporar respectivamente, 5 mil 432 y 12 mil 594 hectáreas a la actividad agrícola; la instalación del Consejo de Cuenca del Valle de México; la creación de 18 organismos estatales para el manejo de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento; el incremento en la dotación de agua potable y alcantarillado con respecto a 1994, es de 2.1 y 2.0 millones de habitantes, respectivamente, de las zonas urbanas y rurales del país y la conclusión de las plantas de tratamiento de aguas residuales en Monterrey, ciudades de la frontera norte y de Michoacán, entre otros.

Administración y financiamiento En la Ley de Aguas Nacionales vigente desde el 2 de enero de 1992, se señala que los derechos y obligaciones de los usuarios para la utilización de las aguas nacionales, se establecerán mediante dos documentos: el título de concesión en el cual se autoriza el uso de aguas nacionales, zonas federales, extracción de materiales, así como la construcción, operación o uso de la infraestructura hidráulica y el permiso, en el cual se autoriza la descarga de aguas residuales a cuerpos receptores propiedad de la nación, considerando determinadas condiciones de calidad.

Además, la Ley Federal de Derechos establece que los usuarios deben pagar una contribución por el uso de las aguas nacionales y sus bienes inherentes, incorporando el principio de que paga más quien utiliza más agua y también quien descarga más contaminantes, independientemente de si se cuenta con el título o permiso correspondiente.

Para consolidar el proceso de incorporación de los usuarios al marco legal, se han realizado varias acciones en materia de simplificación administrativa; en 1995 se estableció un acuerdo, en coordinación con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, con la finalidad de sustituir el permiso de descarga de aguas residuales a cuerpos receptores de propiedad nacional, por un simple aviso, para el caso de las micro, pequeña y mediana empresas ubicadas en el Distrito Federal y que corresponda a cualquiera de los 44 giros industriales que tienen establecidas normas oficiales mexicanas, salvo si la descarga se realiza al Río Magdalena, lago y canales de Xochimilco o al ex lago de Texcoco.

Asimismo, con el fin de promover una mayor agilidad en el otorgamiento de concesiones y permisos para el uso de aguas nacionales y sus bienes inherentes, se delegaron facultades a los gerentes regionales y estatales de la CNA para que resolvieran las solicitudes de los usuarios, quedando a nivel central, sólo aquellos casos que por su magnitud e importancia requieran de mayor análisis, tales como las aguas internacionales, las que correspondan a dos regiones o cuando pueden causar problemas en el balance hidrológico de la fuente.

Con el fin de que la mayoría de los usuarios tengan seguridad jurídica en el derecho del uso de agua, así como conocer con precisión los volúmenes de agua que se extraen, para una mejor administración del recurso, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación tres decretos que otorgan facilidades administrativas y condonan contribuciones a los usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, con lo cual, se logró que 15 mil 350 usuarios se adhirieran a estas disposiciones, destacando 7 mil 561 usuarios agrícolas y 778 grandes empresas que utilizan aguas nacionales; cabe destacar que de estos últimos se logró registrar prácticamente al 100.0% de usuarios.

Lo anterior permitirá coadyuvar al logro de los siguientes objetivos nacionales plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000: fortalecer el estado de derecho, proporcionando

seguridad jurídica a los usuarios en el derecho a utilizar el agua; promover el desarrollo social, otorgando mayores facilidades a quienes menos tienen; impulsar el crecimiento económico, haciendo accesible el agua a las actividades productivas y los servicios y cuidar el medio ambiente, sentando las bases para el desarrollo sustentable del recurso.

Durante 1995 se otorgaron 17 mil 762 permisos para la concesión de uso de aguas nacionales y 4 mil 065 para la descarga de aguas residuales; con lo anterior, el número de títulos inscritos en el Registro Público de Derechos del Agua al 31 de diciembre de 1995 ascendió a 29 mil 567, de los cuales el 64.5% son para uso agrícola, pecuario y acuacultura; 5.0% para sistemas de agua potable y alcantarillado; 17.5% para uso industrial, comercial y de servicios y el restante 13.0% para otros usos.

Las funciones de fiscalización atribuidas a la CNA, así como las adecuaciones a la Ley Federal de Derechos en materia de agua y las facilidades administrativas y fiscales otorgadas, permitieron recaudar 2 mil 850.4 millones de pesos, cantidad superior en 5.0% a la meta establecida y 26.1% a los ingresos obtenidos en 1994; en este resultado influyó la regularización de los adeudos que presentaban empresas públicas y privadas.

Los ingresos provenientes del sector público ascendieron a 1 mil 285.5 millones de pesos y los del sector privado a 1 mil 564.9 millones de pesos. El 64.7% del total de ingresos captados provino de derechos por uso o aprovechamiento de aguas nacionales, el 21.0% por servicio de suministro de agua en bloque a centros urbanos e industriales, el 3.2% por servicios de riego y drenaje agrícola y el 11.1% restante por extracción de materiales, servicios de trámite, uso de cuerpo receptor, multas, impuesto al valor agregado y recuperación de inversión.

Durante 1995 se fomentó el financiamiento del sector privado y de los gobiernos estatales y municipales en el desarrollo de proyectos de infraestructura. En el subsector de riego y drenaje sobresale el financiamiento al proyecto de objetivos múltiples de la presa Huites, con la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de Sinaloa y Sonora y la iniciativa privada. En 1995, la inversión destinada a este proyecto ascendió a 1 mil 323.0 millones de pesos, de los cuales 255.5 corresponden a la aportación del Gobierno Federal, a través de la CNA y 1 mil 067.5 millones de pesos a la participación del capital privado, para la construcción y equipamiento de obras complementarias.

Por su parte, la participación de los gobiernos estatales y de los usuarios en el financiamiento de obras de infraestructura hidroagrícola se orientó a la rehabilitación de distritos de riego, en las cuales los usuarios participan hasta con un 25.0% de las inversiones.

En el financiamiento de las obras en las unidades de riego incluidas en el Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica, se estableció una participación del 50.0% de la inversión por parte de la Federación y el resto con aportación de los gobiernos estatales y/o de los usuarios. En este programa se invirtieron 88.4 millones de pesos, de los cuales 40.3 correspondieron a la Federación, 24.3 a los gobiernos estatales y 23.8 millones de pesos a los usuarios.

El presupuesto global asignado originalmente en 1995 a los proyectos que cuentan con financiamiento externo, ascendió a 814.0 millones de pesos, correspondiendo 805.5 millones al subsector hidroagrícola y 8.5 millones al subsector agua potable, de los cuales 414 millones de pesos y 7.5 millones de pesos respectivamente, correspondieron a crédito externo. En este proceso, la CNA participa como ejecutor o agente técnico de los créditos provenientes del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Entre los principales proyectos desarrollados en el año destacan: en el préstamo Time Slice, Cupatitzio Tepalcatepec, en Michoacán; río Culiacán, río San Lorenzo, Elota Piaxtla, El Carrizo y río Fuerte, en Sinaloa; Hermenegildo Galeana, Vicente Guerrero y Andrés Figueroa, en Guerrero; río Verde, en Oaxaca; Región Lagunera en Coahuila y Durango; Coahuayana, en Colima y los proyectos de mediana irrigación. En el préstamo para el Programa de Desarrollo Rural Integral del Trópico Húmedo (Proderith), los proyectos de desarrollo de áreas de la costa y centro de Chiapas, La Sierra y Zanapa Tonalá en Tabasco y PujalCoy segunda fase en San Luis Potosí.

Así también se tienen los Programas de Desarrollo Parcelario (Prodep) en los distritos de riego y el Programa Sectorial de Agua Potable en varios estados.

Sistema hidrológico En coordinación con el Banco Mundial se formuló el Proyecto de Modernización del Manejo del Agua, que considera la integración de consejos de cuenca como instancias de coordinación y concertación para coadyuvar en la planeación e instrumentación de acciones de la administración integral y del desarrollo sustentable de los recursos hidráulicos.

Se determinaron 13 regiones hidrológicas que conforman el 100.0% de la superficie del país, identificándose dentro de ellas 14 cuencas prioritarias, en las que se aprovecha el 80.0% del agua que se extrae por los diferentes sectores socioproductivos y en donde se presentan los principales problemas de contaminación y afectación por fenómenos meteorológicos extremos, tales como inundaciones y sequías.

En este contexto, en agosto de 1995 se instaló el Consejo de la Cuenca del Valle de México, en el cual participan nueve secretarías de estado, el Departamento del Distrito Federal (DDF) y los gobiernos de los estados de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

Acciones realizadas para la prevención de riesgos y atención a problemas emergentes en 1995 - Se ejecutaron trabajos de rehabilitación de presas en 26 estados de la República, de conservación de otras 20 y de operación de 14 afectadas por la sequía; además se formalizó el convenio para transferir a la CFE la operación y mantenimiento de 12 presas que tienen planta hidroeléctrica. - Para atender el desabasto de agua potable y los problemas de salud motivados por la sequía en el norte del país, la CNA perforó y equipó pozos, sustituyó fuentes, construyó líneas de conducción, rehabilitó sistemas y suministró equipos de desinfección y bombeo, con una inversión estimada en 130 millones de pesos, para atender a 1 millón 250 mil habitantes. Destacan, la instalación y operación provisional de equipos de bombeo sobre el Río Bravo, para sustituir el canal El Soliceno que abastecía a una población aproximada de 210 mil habitantes, y la interconexión del Acueducto Anzaldúas a la zona sur-oriente de Reynosa, suministrando aproximadamente 160 litros por segundo a 55 mil habitantes. - Se ejecutaron obras de rehabilitación de canales, conservación de infraestructura y perforación de pozos para propiciar una mayor ocupación de mano de obra campesina en los distritos de riego de Delicias, Chihuahua; Bajo Río San Juan y Bajo Río Bravo, Tamaulipas; y Región Lagunera, Coahuila y Durango; en los que en conjunto generaron 464 969 jornales. - En el Río Sonora se reforzaron los bordos para proteger a la población que habita en sus márgenes; acciones similares se llevaron a cabo en el Río Tijuana. En Chiapas se auxilió a la población afectada por el desbordamiento del Río Pichucalco y en el Estado de México por inundaciones causadas por el Río Tajalpan - En el sistema hidrológico del Valle de México, se llevó a cabo el desazolve parcial, reforzamiento de bordos y rectificación de cauces en varios rís del oriente y de la zona poniente del Valle de México, y el desazolve parcial de presas y mantenimiento de sus estructuras de control y mecanismos, a fin de proteger a las zonas urbanas y productivas contra inundaciones. - En materia de medición y control de aguas superficiales, con la información de 750 estaciones hidroclimatológicas ubicadas en las regiones hidrológicas del país, se obtiene la precipitación pluvial en la República Mexicana, también se lleva el registro de almacenamiento y extracción de volúmenes en 176 presas de almacenamiento de las cuales 137 son para riego, 21 para agua potabie, y 18 para generación de energía eléctrica. - El Servicio Meteorológico Nacional responsable de vigilar en forma permanente las condiciones atmosféricas que prevalecen en el país emitió 13 900 informes meteorológicos, de los cuales durante la temporada de ciclones y nortes se difundieron 766 boletines y 331 avisos.

Fuente: CNA.

Sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento Las acciones realizadas por la CNA y las 803 entidades prestadoras de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, se orientaron a abatir los rezagos y ampliar la cobertura de dichos servicios a la población urbana y rural del país. La construcción de diversas obras y la mayor participación de los organismos operadores permitieron en 1995 proporcionar agua potable y alcantarillado a una población estimada de 2.1 y 2.0 millones de personas más que en 1994, respectivamente con lo cual a diciembre de 1995 el 83.1% de la población total contó con los servicios de agua potable y el 66.1% con los de alcantarillado.

En 1995 se proporcionó a los organismos operadores de la zona metropolitana de la Ciudad de México un promedio de 25.0 metros cúbicos por segundo (m3/s) de agua potable en bloque; el 45.2% provino de fuentes propias del valle y 54.8% del Sistema Cutzamala, beneficiando a una población de más de 7 millones de habitantes.

A fin de dar seguridad a la infraestructura del Sistema Cutzamala y conservar el nivel de servicio, se continuó con la construcción de las obras complementarias y de seguridad del sistema, cuya capacidad actual de conducción es de 19.0 m3/s y 16.0 m3/s en el proceso de potabilización.

Adicionalmente, para distribuir los caudales provenientes del Sistema Cutzamala y cubrir el abasto de agua potable en condiciones de calidad, cantidad y continuidad, en diciembre se terminaron las obras de conducción del ramal norte-macrocircuto hasta la planta Barrientos, mejorando el servicio de agua potable a la Ciudad de México y a 27 municipios conurbados del Estado de México.

Para revertir el deterioro ambiental causado por las aguas residuales generadas en las zonas conurbadas y por la industria, evitar la sobreexplotación e incrementar la oferta de agua para uso público, urbano e industrial, en el mes de junio se puso en marcha el Programa Integral de Saneamiento de Reúso de Aguas Residuales, que tiene como objetivo racionalizar su uso mediante el tratamiento y la adecuada distribución, así como promover la participación privada en la construcción y operación de plantas de tratamiento. También, se formuló el Programa Integral de Saneamiento de Cuencas Hidrológicas, el cual incorporó el diagnóstico de la situación actual de nuestro país en materia de calidad del agua y se determinaron las necesidades de la infraestructura de tratamiento de aguas municipales e industriales.

En la Cuenca Lerma-Chapala, se pusieron en operación las plantas de Jiquilpan, Sahuayo y Pastor Ortiz, en Michoacán, con una capacidad instalada de 280 litros por segundo para beneficio de 77 mil 850 habitantes; se concluye la de La Piedad, que beneficiará a 52.5 miles de habitantes y se encuentran en proceso de construcción las de Zamora y Uruapan, que en conjunto contarán en su primera etapa con una capacidad instalada de 540 litros por segundo, en beneficio de 198 mil habitantes. Para sanear y regenerar los ríos Atoyac y Alseseca, el programa de saneamiento para la ciudad de Puebla considera la construcción de cinco plantas de tratamiento de aguas residuales y sus colectores marginales; en 1995 se terminó la

planta "parque ecológico" en beneficio de 37 mil habitantes y se iniciaron los trabajos de construcción de las cuatro plantas restantes, las cuales serán concluidas en 1996, para beneficio de 1 millón 325 mil habitantes.

Dentro del Programa de Saneamiento del Proyecto Integral "Monterrey IV"; se concluyó la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales dulces nombres, norte y noreste, en beneficio de 2 millones de habitantes de la ciudad de Monterrey. Para el Programa de Saneamiento de la frontera norte, se construyen cinco plantas de tratamiento en Ciudad Juárez, Tijuana, Nuevo Laredo y Tecate, que aportarán una capacidad instalada adicional de 6.2 m3 por segundo. Adicionalmente, continuaron los trabajos de modernización para el manejo del agua del ex lago de Texcoco y la conservación y reforestación para propiciar la recarga de los acuíferos. Con fondos del DDF se trabajó en el relleno sanitario en la zona federal que será forestada.

Para cumplir compromisos contraídos con la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) en materia de saneamiento fronterizo, se elaboraron los proyectos de referencia para el saneamiento de ciudad HidalgoTecúnHumán y el alejamiento de las aguas residuales de la ciudad de Mexicali. Además, dentro del Plan Integral Ambiental Fronterizo, segunda etapa, se iniciaron los trabajos de muestreo y análisis de agua y sedimentos en el Río Colorado y se continúa con la segunda etapa del Río Bravo. Para garantizar la calidad de las descargas y un tratamiento adecuado, se elaboró el Programa de Saneamiento Integral de Cancún, Quintana Roo, destacando la atención prioritaria del Sistema Lagunar Nichupté y se inició el proyecto de saneamiento integral de la ciudad y el puerto de Acapulco, Guerrero.

A fin de procurar agua con calidad adecuada a los centros de población, a la industria y a la agricultura, se continuó aplicando el Programa Agua Limpia en cada uno de los estados de la República. Para combatir los problemas de enfermedades gastrointestinales, en particular los brotes de cólera, se realizaron 69 operativos de cloración, desinfección y saneamiento en 489 municipios de 24 estados, logrando beneficiar a 6.6 millones de habitantes.

En coordinación con las autoridades del DDF, de la Secretaría de Salud y de los gobiernos de los estados de México e Hidalgo, se desinfectó el 100.0% del agua suministrada al valle de México, salvo pequeñas localidades que no cuentan con sistemas formales de abastecimiento, beneficiando a 16.5 millones de habitantes.

Sistema hidroagrícola La construcción de obras de infraestructura hidroagrícola es esencial para aumentar la productividad, la generación de empleos y la capitalización del sector agropecuario. En apoyo a esta actividad, en 1995 se canalizaron recursos públicos por 590.9 millones de pesos, no incluye los recursos asignados a la presa Huites, inferior en un 35.0% en términos reales respecto a 1994, como resultado de las medidas de disciplina y austeridad establecidas en el PARAUSEE. No obstante, se apoyaron los proyectos relativos al servicio de bombeo para el riego de parcelas, obras de pequeña irrigación y la rehabilitación de 35 distritos y 28 unidades de riego, entre los que destacan el río Colorado, en Baja California; valle de Culiacán, valle del Fuerte y valle del Carrizo, en Sinaloa; río Yaqui y río Mayo, en Sonora; Delicias, Chihuahua; alto río Lerma, Guanajuato; bajo río Bravo y bajo río San Juan, en Tamaulipas.

Con el propósito de incorporar nuevas tierras a la explotación agrícola que apoyen la producción de alimentos y la generación de empleos en el medio rural, se continuó con la construcción de infraestructura a través del Programa de Desarrollo de Areas de Riego, el cual está integrado por 20 proyectos de irrigación mayor y 29 de irrigación menor; entre los que destacan el de río Verde, en Oaxaca; la presa Huites, río Sinaloa, BaluartePresidio y Elota-Piaxtla, en Sinaloa; Coahuayana, en Colima; Andrés Figueroa, Vicente Guerrero y Hermenegildo Galeana, en Guerrero; Cupatitzio Tepalcatepec, en Michoacán; Xotho, en Hidalgo; La Pólvora, en Jalisco; Los Carros-Cayehuacán, en Morelos; y Zocoteaca, en Oaxaca. La ejecución de dichos proyectos permitió incorporar en 1995, 5 mil 432 hectáreas nuevas al riego y rehabilitar, modernizar y mejorar 64 mil 311 hectáreas más, cantidades que en promedio significaron una disminución de 47.0% respecto a lo logrado en 1994.

En el mes de diciembre se inauguró la Presa Huites, con una capacidad total de 4 mil 560 millones de metros cúbicos, que duplica la capacidad de control de crecientes del río Fuerte para proteger contra inundaciones a 50 mil hectáreas de uso agrícola y posibilitar el riego de 70 mil. Para atenuar el impacto del proyecto en el medio ambiente, se fomenta la acuacultura y la silvicultura y se hacen trabajos de reforestación para disminuir la erosión, retener la dispersión de agroquímicos y crear corredores biológicos.

Para el desarrollo y conservación de áreas de temporal, se avanzó en la construcción de 14 proyectos, principalmente los del Proderith en Tabasco, Veracruz, Nayarit y Yucatán; Plan Chiapas, que comprende trabajos en zonas de la meseta Comiteca y de la costa de Chiapas; Pujal Coy segunda fase en los municipios de Tamuín y San Vicente, en San Luis Potosí y Ciudad Mante, en Tamaulipas; así como el de San Fernando en Reynosa y Matamoros, Tamaulipas. Con los trabajos ejecutados se incorporaron al temporal tecnificado 12 mil 594 hectáreas, se rehabilitaron 5 mil 227 y se realizaron acciones de complementación en otras 47 mil 800 hectáreas, en beneficio de 13 mil 604 habitantes.

A través del Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica, se rehabilitaron 449 pozos y equipos de bombeo y se realizaron trabajos de desarrollo parcelario, con lo que se superaron las metas programadas en 49.0% y 24.0% respectivamente, atendiéndose una superficie total de 35 mil hectáreas de riego. Para atenuar los efectos provocados por la escasez de lluvias de los últimos tres años en el norte del país, se estableció un programa emergente en los distritos de riego de la zona, consistente en revestir canales, conservar infraestructura y perforar pozos propiciando la generación de 837 mil 435 jornales.

Durante 1995 se continuó con la transferencia de distritos de riego a los usuarios. Se impulsó su participación con la entrega de 295 mil hectáreas, en beneficio de 71 mil usuarios organizados en 45 asociaciones civiles y dos sociedades de responsabilidad limitada.

Con lo anterior, la superficie transferida acumulada desde 1990 hasta diciembre de 1995 ascendía a 2.8 millones de hectáreas a 390 mil usuarios, organizados en 361 asociaciones civiles y siete sociedades de responsabilidad limitada. Se tienen 51 distritos totalmente transferidos y 11 en forma parcial.

5.4.3 Política forestal y de manejo de suelos Los cambios en el uso del suelo, los asentamientos humanos irregulares y el desarrollo de actividades productivas sin control, han deteriorado los ecosistemas forestales. Por ello ha sido necesario redefinir los términos y condiciones de los planes de manejo y aprovechamiento de los recursos forestales, para combatir la pobreza de las comunidades rurales que los poseen e incrementar la producción sustentable de la silvicultura.

Así, es urgente hacer un uso adecuado e integral de los bosques y frenar la deforestación, utilizar nuevas tecnologías y transformar prácticas e inercias en las relaciones entre los dueños del recurso y quienes lo aprovechan.

Durante 1995, las acciones de la política forestal se orientaron a promover programas de protección, cuidado y conservación de los bosques; mejorar los sistemas de inspección y vigilancia e impulsar el ordenamiento para el uso y aprovechamiento de los recursos forestales.

Con la finalidad de desarrollar mejores esquemas de aprovechamiento de los recursos forestales, la Ley Forestal establece que los recursos forestales no maderables y la leña para uso doméstico se regularán a través de Normas Oficiales Mexicanas (NOM). Con base en este ordenamiento legal y cumpliendo con las disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se concluyeron 11 NOM para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, que precisan los lineamientos para el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de dichos recursos.

Para frenar el deterioro de las áreas forestales, se reforzaron las actividades de prevención y combate de incendios; no obstante, la superficie afectada se incrementó en 118.0%, al pasar de 141 mil 783 hectáreas en 1994, a 309 mil 087 hectáreas en 1995, debido a la sequía prolongada y en general a las condiciones meteorológicas desfavorables que prevalecieron en 1995.

Las entidades federativas que en mayor medida se vieron afectadas por estos siniestros fueron Quintana Roo, Coahuila, Jalisco, Chiapas, Chihuahua, México, Durango y Veracruz, en donde fue necesario conjuntar los esfuerzos del Ejército mexicano, gobiernos estatales y municipales y la población en general, para evitar mayores daños. Para la prevención de incendios se organizaron 1 mil 447 grupos voluntarios, se efectuaron quemas controladas en 53 mil 640 hectáreas y se construyeron brechas contra fuego en 9 mil 160 kilómetros.

En materia de sanidad forestal se impulsaron las actividades de diagnóstico de plagas y enfermedades, a través de la inspección de 2.87 millones de hectáreas de superficie arbolada, lo cual permitió conocer la condición sanitaria de los bosques y detectar oportunamente las principales áreas afectadas. Se realizaron campañas emergentes de combate y control de insectos descortezadores de coníferas en la zona Mixteca de Oaxaca y contra insectos defoliadores del oyamel en bosques del Estado de México, protegiéndose una superficie aproximada de 500 mil hectáreas.

Asimismo, en coordinación con los gobiernos de distintos estados, dueños y poseedores de terrenos forestales, se sanearon y reforestaron 7 mil 297 hectáreas afectadas, principalmente de insectos descortezadores de coníferas. Entre las principales medidas de regulación sanitaria destaca la expedición de 6 mil 635 autorizaciones debidamente revisadas para la importación y exportación de productos y subproductos forestales.

Con la participación de los comités estatales y municipales de reforestación, de diversos grupos de las sociedad y dependencias de la administración pública federal, se impulsó la recuperación de la frontera silvícola. En el marco del Programa Nacional de Reforestación, durante 1995 se reforestaron 148 mil 457 hectáreas con la plantación de alrededor de 229 millones de árboles. Ello permitió reducir el índice de deforestación al pasar en 1994 de 1.9% hectáreas deforestadas por 1.0% hectárea reforestada, a una relación de 1.4% a 1.0% en 1995. Esta reforestación incluye el establecimiento de 25 mil 039 hectáreas de plantaciones agroforestales y diversos proyectos por 4 mil hectáreas en los estados de Tabasco, Campeche y Chiapas, con una inversión de 12 mil 165 millones de pesos.

Favoreciendo un marco de equidad y certeza jurídica se promovieron las inversiones para el sector forestal, mediante la participación conjunta de los sectores privado, social y público para impulsar el establecimiento de plantaciones forestales comerciales. En este sentido se impulsaron cuatro megaproyectos de inversión con un enfoque integral que considera el establecimiento de plantaciones comerciales y el de industrias procesadoras de materia prima. En el sureste del país se establecieron plantaciones forestales comerciales en 3 mil 400 hectáreas, con lo cual a la fecha se tiene un total de 6 mil hectáreas. La meta de estos proyectos comprende la plantación de 200 mil hectáreas en el periodo 1995-2000, con una inversión superior a los 100 millones de dólares.

Con la condición de que la capacidad de renovación de los recursos naturales sea mayor a su explotación, se buscó conciliar el crecimiento económico con el aprovechamiento de los bienes en beneficio de la sociedad.

Así, para incentivar la producción forestal maderable con nuevas condiciones de competitividad y sustentabilidad, se diseñó un esquema que contempla apoyos directos para la capitalización y uso de tecnologías adecuadas, incentivos fiscales, fórmulas de financiamiento y medidas comerciales.

Principales acciones de fomento a la producción forestal, 1995 - En apoyo a la competitividad de la silvicultura, destaca la formulación de un programa de construcción, rehabilitación y mantenimiento de caminos forestales en las 13 entidades federativas con mayor importancia silvícola. En estas tareas se impulsó la participación tripartita entre el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y las organizaciones de productores e industriales involucradas. - Se levantó la veda forestal en el Estado de México, incorporándose la entidad al aprovechamiento de recursos forestales. - Se expidieron 4 396 permisos de aprovechamiento forestal maderable por un volumen de 12 millones de metros cúbicos rollo, principalmente en los estados de Durango, Chihuahua, Michoacán y Oaxaca, así como 10 permisos de aprovechamiento de recursos forestales no maderables por 6 260 toneladas; asimismo, se recibieron 791 notificaciones para el aprovechamiento de 57 972 toneladas, destacando por su derrama económica la resina de pino en los bosques de clima templado frio, la cera de candelilla en las zonas áridas, y el chicle en las zonas tropicales. - La Ley Forestal vigente desde 1992 estableció como instrumento de control el Registro Forestal Nacional para la regulación de prestadores de servicios técnicos forestales; autorizaciones de los programas de manejo forestal; cambios de uso del suelo; centros de almacenamiento y transformación; el inventario forestal nacional y la zonificación; y los decretos de veda. - En coordinación con la SAGAR se acordó que los productores de algodón, arroz, cártamo, cebada, frijol, maiz, sorgo, soya o trigo inscritos en PROCAMPO, puedan dedicar su tierra a otras actividades productivas, incluyendo las forestales. En este acuerdo, se establecieron las condiciones y procedimientos a que deberá sujetarse la aprobación de las solicitudes que presenten los productores para la reconversión productiva forestal. - Con objeto de apoyar el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales y la generación de empleos, durante 1995 FIRA otorgó 127 millones de pesos, de los cuales el 51.0 por ciento fue para apoyar las necesidades de capital de trabajo y el 49.0 por ciento para la instalación, ampliación y modernización de la planta industrial. - En 18 entidades federativas con potencial forestal se realizaron las siguientes acciones: se impulsó la organización de los productores en el 72.0 por ciento de estas entidades; en el 67.0 por ciento se atendieron aspectos de capacitación; en el 39.0 por ciento se realizaron gestiones para otorgar servicios de asistencia técnica a productores forestales; y en el 24.0 por ciento de dichas regiones forestales se apoyaron los programas de desarrollo regional sustentable.

Fuente: SEMARNAP.

Durante 1995 el volumen, la producción forestal maderable fue de 6.3 millones de m3 rollo, 1.6% menor a lo obtenido en 1994.

A nivel de productos disminuyó la producción de escuadría, madera para combustibles y durmientes, en tanto destaca el incremento de 18.3% en la producción de celulosa, por la reapertura de tres plantas en los estados de Chihuahua, Durango y Oaxaca, cuya reactivación fue posible por el impacto del alza de los precios internacionales de este insumo para la industria papelera; no obstante, los requerimientos del mercado interno se complementaron con importaciones, aunque en menor proporción que en años anteriores.

La producción forestal no maderable, a partir de 1991, tendió a disminuir, debido a que se ha desplazado por productos importados que se cotizan a menores precios. En el caso de las resinas, principal producto no maderable, en 1995 se registró una producción de 21.2 miles de toneladas, inferior en 42.2% a la de 1994.

Los cambios en el uso del suelo, ya sea para actividades agrícolas y de pastoreo, de subsistencia y comerciales, han degradado los suelos, con severos efectos para la productividad de las actividades primarias; como consecuencia, se han restringido las posibilidades de mejores condiciones de bienestar para la población del medio rural. En 1995, con la creación

de la Semarnap, se ordenaron distintas acciones de conservación, restauración y prevención del deterioro del suelo, a fin de conciliar los objetivos económicos y sociales con los ambientales. Entre las prácticas y cambios en los sistemas productivos inducidos para evitar la degradación del suelo destacan las siguientes acciones: establecimiento de cortinas rompe viento, construcción de terrazas y tinas ciegas, y rotación de cultivos. Por otra parte, con la participación del INEGI, del Colegio de Postgraduados y de la Semarnap, se avanzó en la integración del Inventario Nacional de Suelos, y se formuló el Programa de Conservación de Suelos y Cuencas, que identifica las diversas condiciones nacionales de superficie de riego, temporal, agostaderos y de uso forestal.

De acuerdo a las disposiciones de la Ley Forestal, se aplicaron medidas para frenar la deforestación por causa del cambio de uso del suelo, introduciendo un esquema de restauración concertada con los solicitantes de permisos para cambio de uso del suelo; ello logró la restauración de 700 hectáreas en los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Durango, Guerrero, Jalisco, México, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, equivalente al 28.1% de la superficie autorizada para ese fin.

El número de permisos pasó de 130 en 1994 a 63 en 1995, disminuyendo la superficie autorizada de 3 mil 300 mil a 2 mil 494 hectáreas.

La zona federal marítimoterrestre es un patrimonio de la nación que requiere ser regulada para ejercer un adecuado control sobre ella y evitar su degradación. Su uso se ha relacionado principalmente con la pesca, el turismo y la vigilancia de áreas estratégicas para la defensa de la soberanía del país.

Para la atención adecuada de estas áreas, en 1995 se constituyó el Comité Técnico de Zona Federal para establecer las políticas y criterios para la administración de las dos zonas federales bajo la jurisdicción de la Semarnap: zona federal marítimoterrestre y zona federal de franja ribereña. Se estima que en la actualidad más de 24 mil personas ocupan terrenos en esta zona, de los que alrededor de 3 mil tienen legalizada su ocupación mediante título de concesión vigente. En coordinación con los gobiernos de las 17 entidades federativas que cuentan con litoral, se actualiza el censo de ocupantes y regularizan las concesiones que proceden.

Durante 1995 la Semarnap inició el Programa de Consolidación del Patrimonio Inmobiliario de la Secretaría de Marina, para regularizar sus ocupaciones. Mediante nueve decretos presidenciales se autorizó la aportación al patrimonio de Fondeport de 300 mil 116 metros cuadrados de terrenos ganados al mar en los estados de Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán, contribuyendo así a la expansión del desarrollo portuario nacional.

En el año se recibieron 361 solicitudes de concesión y se elaboraron 325. Se realizó un programa de regularización en el Estado de Oaxaca, en Puerto Escondido y Salina Cruz, elaborándose 109 concesiones. Se recibieron cuatro solicitudes de destino y se otorgó uno que cumplió todos los requisitos. Las restantes están siendo integradas con los elementos técnicos necesarios para su resolución.

5.4.4 Pesca y acuacultura México dispone de un potencial pesquero de gran importancia económica y social para generar divisas, empleos y alimentos de alto valor nutritivo para la población. Para consolidar este potencial, la nueva política pesquera se sustenta en el principio de pesca responsable y se orienta a promover mediante un enfoque integral la diversificación y el desarrollo de nuevas pesquerías y de recursos no aprovechados, así como la acuacultura industrial y rural, con base en el otorgamiento y renovación transparente de concesiones y permisos de pesca y considerando las necesidades de investigación y evaluación de los recursos, infraestructura básica, flota pesquera, procesamiento, transportación y comercialización. A pesar de la difícil situación económica del país, en 1995 el volumen de la producción pesquera nacional tuvo un incremento de 11.9% respecto al año anterior y por tercer año consecutivo registró un dinamismo superior al de la economía en su conjunto. Asimismo, las exportaciones alcanzaron 682.5 millones de dólares y la balanza comercial registró un saldo positivo de 587.5 millones, cifras superiores en 45.6 y 84.0% a las obtenidas en 1994.

El producto interno bruto pesquero registró un crecimiento de 8.1%, al pasar de 17 millones 396 mil pesos en 1994 a 18 millones 809 mil pesos en 1995. Este comportamiento es resultado del gran dinamismo mostrado por la producción pesquera primaria y el repunte considerable de las ventas al exterior de productos pesqueros. Por su parte, la producción pesquera nacional ascendió a 1 mil 410 millones de toneladas, el mayor volumen registrado en los últimos tres años, debido al dinamismo observado en las pesquerías de anchoveta, calamar, sardina, atún y camarón y a la recolección de algas y sargazos.

El volumen de la producción destinada al consumo humano directo registró un crecimiento de 3.4% respecto al año anterior y representó el 73.8% del total de la captura nacional.

La producción para el consumo humano indirecto creció en 47.6%, por la mayor captura de anchoveta y sardina y participó con el 22.7 de la producción total. La destinada a uso industrial superó en 33.2% al volumen obtenido en 1994 por la mayor extracción de algas y sargazos y participó con el 3.5% de la producción total.

La actividad acuícola representa una importante alternativa para ampliar el empleo productivo y la oferta de alimentos pesqueros. El país cuenta con más de 5 mil unidades acuícolas dedicadas a la acuacultura rural y comercial, con una superficie de 261 mil 358 hectáreas abiertas al cultivo en la cual laboran aproximadamente 13 mil 639 personas. Sin embargo, su desarrollo no ha alcanzado los rendimientos proyectados como potenciales. Durante 1995, la producción disminuyó en 2.0% al obtener 167.9 miles de toneladas. Influyeron en este resultado la caída en la producción de especies como el ostión (9.3%) y la de otras especies (38.1%), que en conjunto aportaron el 27.6% de la producción total; no obstante los cultivos de carpa, camarón, mojarra y bagre, registraron crecimientos anuales del 21.3%, 20.5%, 2.4% y 21.1%, respectivamente.

El tránsito hacia el desarrollo sustentable de la acuacultura hace necesario promover y regular la instalación de granjas acuícolas en áreas propicias y regularizar la situación jurídica de las unidades de producción, a efecto de identificar sitios de cultivo, tecnologías, especies, artes de cultivo, figuras organizativas, usos de suelo y agua, concesiones, impacto ambiental y niveles de producción.

Dentro de las actividades del Programa de Acuacultura Rural, se promovió el desarrollo de la acuacultura de autoconsumo en zonas marginadas de 194 municipios en 16 estados de la República, para incrementar el consumo de productos con alto contenido protéico, así como diversificar su dieta alimenticia. Entre las principales acciones de fomento realizadas en el año, destacan las gestiones para reclasificar con tasa arancelaria cero la importación de simientes, reproductores e insumos para producción de simientes en laboratorio, a fin de abatir costos y elevar la competitividad de los productos en los mercados internacionales.

En colaboración con la FAO, Fonaes y la Semarnap se inició el desarrollo del proyecto de cooperación técnica de camaronicultura para el sector social, en Nayarit y Sinaloa, que permitirá aportar recursos financieros, humanos y materiales para atender a 42 empresas camaronícolas del sector social financiadas por Fonaes; 17 empresas en Nayarit y 25 en Sinaloa, que presentan una serie de dificultades de los escasos niveles de capacitación y formación empresarial existente.

Para la definición de zonas de cultivo, se elaboró el proyecto estudio especializado en acuacultura y ordenamiento ecológico en municipios costeros de Michoacán y se firmaron siete convenios de colaboración con universidades y centros de investigación, a través de los cuales se ejecutó el Programa Nacional de Sanidad Acuícola y el Sistema en Red de Diagnóstico en SanidadAcuícola.

La flota pesquera presenta procesos de deterioro que se reflejan en la antigüedad de las embarcaciones, mal estado físico, largos periodos de inactividad e inadecuados programas de mantenimiento. Asimismo, los incrementos en los precios de combustibles y lubricantes, costos de refacciones y equipos de importación y altas tasas de interés, han limitado la canalización de recursos para su renovación y reposición. De acuerdo a los objetivos del Programa de Modernización de la Flota Pesquera, se iniciaron las gestiones de concertación con el sector productivo, compañías de seguros e instituciones financieras para la normalización del equipamiento, renovación y construcción de unidades.

Actualmente, la flota pesquera del país, está constituida por 74 mil 336 unidades, de ellas 70 mil 930 son embarcaciones menores ocupadas en la pesca ribereña y de aguas continentales y 3 mil 406 corresponden a la flota mayor dedicadas a la pesca de altura. De estas últimas, el 70.0% son camaroneras, 24.5% escameras, 2.8% sardineroanchoveteras y 2.7% atuneras.

Como resultado de los problemas financieros prevalecientes en 1995, fue necesario redefinir las metas operativas del programa de infraestructura pesquera, cancelándose obras nuevas y proyectos de inversión de menor impacto. La inversión pública canalizada a este programa fue de 75.5 millones de pesos, destinándose 75.8% a dragados, el 8.6% a escolleras, el 7.8% a supervisión de obras, el 1.7% a estudios y proyectos y el 6.1% a otros proyectos.

En el año se dragaron 5 millones de m3 que significan un avance del 119.0% respecto a la meta anual propuesta y se construyeron 280 metros de escolleras que representan el 107.0% de la meta. Con estas obras se rehabilitaron 56 mil 820 hectáreas de sistemas lagunarios costeros en beneficio de 3 mil familias de pescadores.

En lo que respecta a infraestructura acuícola se construyeron dos obras en los estados de Nuevo León y Chihuahua por 1 millón de pesos, la primera para atender las necesidades de crías de tilapia, lobina, bagre, mojarra y carpa que demandan los productores de la entidad y la segunda para el procesamiento de la producción de trucha de la región tarahumara. Adicionalmente con recursos fiscales, se inició el desarrollo de nueve obras de conservación y mantenimiento en igual número de centros acuícolas con una inversión de 1 mil 770 millones de pesos.

En materia de financiamiento, los recursos otorgados al sector pesquero por la banca de desarrollo totalizaron 989.1 millones de pesos, monto inferior a lo canalizado en 1 mil 994, como resultado de la crisis financiera y las altas tasas de interés que impactaron negativamente la oferta y demanda de crédito.

Bancomext puso en operación el Programa de Apoyo Integral al Sector Pesquero, a fin de incrementar y diversificar la oferta exportable de los productos. A través de este programa, durante 1995 se canalizaron 571.1 millones de pesos; el 69.4% de los recursos se destinaron

a cubrir los requerimientos de las empresas para capital de trabajo, destinado preferentemente al acopio de materias primas, adquisición de insumos, gastos de captura y de comercialización; el 30.6% restante apoyó proyectos de inversión acuícolas generadores de divisas. Con el financiamiento se apoyó la comercialización de productos como atún, abulón, camarón, langosta, sardina y trucha, entre otros, a los mercados de Estados Unidos de América, España, Ecuador, Costa Rica, Singapur e Italia, principalmente.

Por su parte, FIRA efectuó operaciones por 345 millones de pesos, canalizando 98 millones a la acuacultura, 144 millones a la captura y 103 millones de pesos a la industria. Lo anterior permitió el establecimiento de 5 mil 600 hectáreas de estanquería y el avituallamiento de 2 mil 629 embarcaciones, en beneficio de 13 mil 508 productores de empresas y/o cooperativas.

Se continuó ayudando a los productores del sector pesquero y acuícola en la solución de sus problemas de reestructuración financiera, con el propósito de fortalecer sus actividades productivas a efecto de que se desarrollen bajo condiciones tecnológicas y financieras que les permitan un desarrollo sustentable.

A partir de 1994 se creó un programa de inversión a siete años, para apoyar la recuperación de la flota camaronera de Puerto Peñasco, Sonora. Cabe señalar que en 1995 debido a la reactivación de la flota y al interés mostrado por las organizaciones y pescadores, se logró la recuperación del 70.0% de la inversión.

Se realizaron las gestiones ante las diversas instituciones federales, estatales, crediticias, comerciales y de fomento, para la reestructuración de pasivos de las empresas Productos Pesqueros, Bahía de Tortugas e Isla de Cedros, situación que se logró durante el segundo semestre de 1995. Cabe señalar que para estas dos empresas se buscó la participación de Fonaes con su asociación en participación, con lo cual se logró la aportación de 7.6 millones de pesos para capital de trabajo de ambas empresas.

La industrialización de productos pesqueros, ocupa una posición relevante como factor de integración y enlace entre las diferentes fases de la actividad pesquera, al incorporar valor agregado a la materia prima, ofrecer productos diversificados y de alta calidad al consumidor. Durante 1995, las acciones de fomento se orientaron a mejorar las condiciones productivas de las plantas industriales, mediante la utilización adecuada de la capacidad instalada y a elevar la calidad de los productos, adecuando las normas sanitarias. La meta de esta política es consolidar y desarrollar una industria moderna, competitiva y diversificada que responda a las necesidades de la demanda nacional e internacional de productos pesqueros procesados.

Se expidieron siete normas oficiales mexicanas (NOM), cinco regulan la captura de productos pesqueros y dos el procesamiento; de éstas, una para establecer un sistema de análisis de riesgos y control de puntos críticos y la segunda sobre prácticas de higiene, las cuales se expidieron en colaboración con la Secretaría de Salud. También se creó el subcomité para el mejoramiento de la calidad sanitaria de los productos pesqueros, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las condiciones sanitarias en toda la cadena comercial de los productos pesqueros.

Durante 1995 la industria pesquera procesó 741 mil 369 toneladas de materia prima, de las cuales se obtuvieron 327 mil 855 toneladas de producto terminado, es decir, se registró una eficiencia de 44.2% en la operación de la planta industrial. Por línea de producto, la de congelados que representa el 51.5% de la producción total aumentó en un 26.5%, como resultado del mayor procesamiento de camarón y de especies de escama. Los enlatados disminuyeron su producción en 5.1% en relación al periodo anterior, debido a los menores volúmenes

procesados de sardina para consumo humano directo y de túnidos, así como por la escasa disponibilidad de ostión. Respecto al proceso de reducción, del que se obtienen harinas y aceites de pescado, se incrementó su producción en 47.0%, por el mayor aprovechamiento de sardina y la recuperación en la captura de anchoveta, principales especies que abastecen esta línea de producción.

Entre los principales objetivos de la política pesquera destaca el impulso a la disponibilidad de alimentos de origen pesquero en condiciones adecuadas de calidad, oportunidad y precio. En ese sentido, la Semarnap y los sectores social y privado, a través de los puntos de distribución institucionales y sociales, atendieron la demanda requerida por la industria y la población. Los productos frescos fueron los de mayor participación con 65.1% de la disponibilidad total; los congelados y enlatados contribuyeron con el 9.5% y 8.7% respectivamente; la harina de pescado participó con 10.7% y se destinó a la producción de alimentos balanceados y el 6.0% restante correspondió a productos secosalados.

Se fortaleció la estrategia de fomento al consumo de productos pesqueros para atender el abasto en la época de mayor demanda. Por conducto del Comité Nacional para el Fomento al Consumo de Productos Pesqueros creado en 1992, en el que participan la Semarnap y los sectores social y privado involucrados en la actividad, se llevó a cabo una campaña de difusión transmitiéndose mensajes promocionales en diversos medios masivos de comunicación para fomentar el consumo nacional de productos pesqueros.

En la temporada de cuaresma se comercializaron 109 mil 920 toneladas de productos pesqueros, el volumen más alto registrado en los últimos siete años y 14.2% superior al obtenido en 1994. En el interior del país se distribuyeron 20 mil 860 toneladas de productos enlatados, 66 mil 513 de productos frescos y 6 mil 546 de especies acuícolas a través de 2 mil 624 puntos de venta en 905 municipios; así como 16 mil toneladas de productos pesqueros en el Distrito Federal.

En 1995 la balanza comercial pesquera registró un saldo favorable de 587.5 millones de dólares, 84.0% mayor a lo obtenido en el año anterior. El valor de las exportaciones ascendió a 682.5 millones de dólares, superior en 45.6% y el monto más alto de los últimos seis años. Estos resultados se favorecieron por el mayor volumen exportado de los principales productos, impactando positivamente en su valor. Destaca el incremento de las ventas en

dólares, de camarón, atún, crustáceos y moluscos en conserva que, con un monto de 559.2 millones de dólares, contribuyeron con el 81.9% del valor total de las exportaciones pesqueras.

El valor de las importaciones se redujo en 36.4% en el lapso señalado, por el descenso de la actividad económica y los ajustes en el tipo de cambio. Las disminuciones más importantes se registraron en harina de pescado, atún, bacalao y calamar, debido a que los requerimientos del mercado interno se cubrieron con la producción nacional. La excepción en el comportamiento de las compras al exterior fueron las de grasas y aceites que se incrementaron en 64.1% y ascendieron a 31.1 millones de dólares, representando el 32.7% del total de las importaciones pesqueras.

La política de pesca responsable exige la observación y aplicación estricta de la Ley de Pesca y de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. La regulación, reordenamiento y administración de pesquerías son de vital importancia para la conservación y aprovechamiento racional y sustentable de las especies marinas. Para este fin, durante 1995 se desarrollaron las siguientes actividades:

Principales acciones de regulación, reordenamiento y administración de pesquerías, 1995 Regularización - Se regularizaron 850 expedientes para permisos y concesiones en las pesquerías de camarón de altamar y de ribera, atún y sardina. En cerca de 45.0 por ciento de éstos se amplió su vigencia de dos a cuatro años, a fin de simplificar los trámites y agilizar la actividad pesquera. - Se expidieron 1 307 permisos para embarcaciones mayores y 37 para embarcaciones menores; de los primeros, el 5.0 por ciento se reincorporaron al desarrollo pesquero y el 95.0 por ciento fueron reexpediciones. El sector privado representó cerca del 60.0 por ciento del total de permisos vigentes en la pesquería del camarón de altamar y el sector social el 40.0 por ciento restante, destacando los permisos expedidos para captura de especies de escama, tiburón, crustáceos y moluscos. Se reincorporaron 60 embarcaciones a la captura de camarón y se realizó un elevado número de sustituciones en la titularidad de permisos.

- Se puso en marcha el Programa Nacional de Ordenamiento Pesquero, para regularizar la actividad en los litorales del Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, con base en la información científica y la aplicación de técnicas selectivas de pesca.

Normalización - En el marco del programa de normalización de 1995, se avanzó en el análisis de las pesquerías de escama y tiburón en el Golfo de México y Océano Pacífico, así como de pesca deportiva en los embalses de la Presa Huites, y diques La Primavera y Mariquitas en Sinaloa. - Se publicaron cuatro Normas Oficiales Mexicanas para regular el aprovechamiento de las especies de caracol en Campeche, Quintana Roo y Yucatán; para la extracción de ostión en los sistemas lagunarios estuarinos del estado de Tabasco; para la pesca de lisa y liseta o lebrancha en aguas de jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe, Océano Pacífico y Golfo de California; y para las actividades de pesca deportivo-recreativa en las aguas de jurisdicción federal. Adicionalmente, se modificó la norma que regula el aprovechamiento de todas las especies de langosta del Océano Pacífico, Golfo de California, Golfo de México y Mar Caribe.

Administración de pesquerias - En el seno del Comité de Administración de Pesquerías se determinaron los periodos de veda para diversas especies pesqueras. Asímismo, se realizaron modificaciones a las características de las artes de pesca autorizadas para la captura de reproductores de camarón; y se estableció la tasa máxima de captura incidental de delfines durante las operaciones de pesca didáctica y de fomento. - Dentro del proceso de administración y control de concesiones, se llevó a cabo la revisión de 560 expedientes para evaluar la documentación y el estado de integración de cada uno de ellos; en estos términos, se emitieron 21 titulos de concesión, 20 de ellos a sociedades cooperativas para diversas pesquerías y otro para una empresa mercantil que ampara el cultivo semiintensivo de camarón. - Para apoyar la pesca de fomento se otorgaron 52 permisos para investigaciones científicas a instituciones, universidades y empresas nacionales y cinco para investigadores extranjeros. Además se otorgaron 24 autorizaciones para actividades de pesca didáctica.

Inspección y vigilancia - Fueron instalados 16 Comités Mixtos de Inspección y Vigilancia de Recursos Naturales en los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Hidalgo y Nayarit. - Se atendieron 43 denuncias: 35 referentes a pesca, recursos marinos y acuacultura y ocho a Zona Federal Marítimo Terrestre. El mayor porcentaje se refirió a la captura ilegal de especies comerciales, por invasión de Zona Federal Marítimo Terrestre, por captura de especies protegidas y por tala de mangle. - Con el fin de proteger especies amenazadas y especies comerciales durante la época de veda, se realizaron 13 operativos especiales; asimismo, se atendieron tres contingencias ambientales sobre recursos marinos en Baja California, Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Sonora. - Se impartieron 18 cursos regionales de capacitación en inspección y vigilancia de pesca y recursos marinos y sobre Zona Federal Marítimo Terrestre en los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz.

Fuente: SEMARNAP.

En el marco de la nueva Ley General de Sociedades Cooperativas se apoyó la organización y capacitación de 4 mil 156 pescadores, constituidos en 40 sociedades cooperativas de producción pesquera y en asociaciones bajo la figura de "otras formas de organización social". También se impartieron 15 talleres en materia jurídica y administrativa a 263 organizaciones de pescadores, con el fin de transmitirles el contenido de la nueva Ley General de Cooperativas y asesorarles en su organización y administración interna.

Durante 1995, nuestro país tuvo una activa participación en la promoción de acuerdos y convenios pesqueros internacionales.

Principales acciones de cooperación internacional pesquera, 1995 - Durante el 28o Periodo de Sesiones de la Conferencia de la FAO, Méxiico presidió las consultas que dieron como resultado la formulación y aprobación del Código de Conducta para la Pesca Responsable. - Con las autoridades comerciales de Estados Unidos de América se realizaron las gestiones para el levantamiento del embargo atunero, basado en los resultados alcanzados por la flota atunera mexicana en la reducción de la mortalidad del delfín que actualmente puede considerarse no significativo desde el punto de vista estadístico. - México organizó una reunión para formular la Convención para la Protección y Conservación de la Tortuga Marina en el Continente Americano, de la cual emanó una Declaración que establece acuerdos y compromisos para la protección de las tortugas marinas bajo un esquema regional. - Se participó en la 56ª Reunión de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) celebrada en Panamá, en la cual se acordó adoptar el Acuerdo de la Jolla, que plantea aplicar anualmente un límite global de muerte accidental de delfines. - También se participó en la Conferencia Internacional de Contribución de la Pesca Sustentable a la Seguridad Alimentaria en Kyoto, Japón. Dicha reunión tuvo como objetivo profundizar en el conocimiento de las razones económicas, sociales y culturales de las diferencias de apreciación sobre la utilización de los recursos marinos, así como aumentar las posibilidades de mantener y lograr una contribución de la pesca a la seguridad alimentaria en el futuro.

Fuente: SEMARNAP.

5.5 Políticas sectoriales pertinentes 5.5.1 Minería La actividad minera es una importante fuente generadora de empleos y divisas, cuya expansión para el abastecimiento de las materias primas que requiere la industria nacional y el fomento de las exportaciones, debe ser congruente con el desarrollo sustentable. En 1995 la actividad minerometalúrgica registró un importante crecimiento del volumen y el valor de la producción, comportamiento que contrastó con la crisis recesiva que enfrentó la economía en su conjunto en el periodo de este informe.

Las acciones de desregulación y simplificación administrativa en las concesiones de exploración y explotación, juntamente con la mayor seguridad jurídica brindada a los inversionistas con la Ley Minera y su reglamento, representaron parte de la política y estrategia para el impulso de la minería, que se combinó con las mayores cotizaciones internacionales de los principales minerales, dando como resultado una mayor captación de inversiones privadas y el incremento de las exportaciones. Estos resultados fueron congruentes con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, el cual se propone dar un nuevo impulso a la minería, fomentando su explotación racional.

Con estricto apego a la legislación vigente desde 1992, durante 1995 se desincorporaron 21.3 miles de hectáreas de las 146.8 miles de hectáreas con que cuenta el país como zona de reserva minera, lo que representa una superficie adicional para los sectores social y privado de casi 15.0%. Asimismo, se otorgaron 1 mil 510 títulos de concesión minera que amparan una superficie de 1 mil 995.6 miles de hectáreas, eliminando con ello el rezago que existía en esta materia. El 87.0% de dichas concesiones corresponden a exploración y amparan una superficie de 1 mil 799.3 miles de hectáreas, mientras que el 13.0% restante se refiere a concesiones de explotación en 196.3 mil hectáreas.

Del total de las reservas mineras nacionales disponibles al inicio de 1995, el 68.0% corresponden a minerales radiactivos y están asignadas a la Comisión Nacional de Energía Nuclear; el 32.0% restante ampara otro tipo de minerales asignados al Consejo de Recursos Minerales (Coremi), los cuales serán transferidos paulatinamente a particulares a través de licitaciones públicas, lo que permitirá una mayor participación del sector privado en la minería mexicana para su explotación racional.

El (Coremi) como organismo responsable de efectuar la exploración minera del país, orientó sus actividades a sistematizar la información geológico minera básica del territorio nacional y a apoyar a los sectores privado y social con exploraciones de yacimientos a semidetalle y con servicios de laboratorio e investigación aplicada. Los trabajos de exploración cubrieron 56 mil 441 kilómetros cuadrados de reconocimiento terrestre y aéreo, 56 mil 912 kilómetros cuadrados de exploración geoquímica y 83 mil 032 kilómetros cuadrados de cubrimientos aeromagnéticos a nivel regional. Además, se concluyeron las cartas geológicas y geoquímicas de Rosamorada, Nayarit; San José de Reyes, Durango; Mármol, Sinaloa y Ceiba, San Luis Potosí, con lo cual a la fecha se cuenta con 14 cartas regionales de exploración especializadas.

Adicionalmente, en el marco del convenio de colaboración entre México y Japón, así como de los proyectos evaluados por el consejo, se exploraron 9 mil 241 hectáreas a detalle y semidetalle, lo que hizo posible desarrollar 12 proyectos, entre los que destacan por su importancia económica: Atrisco y San Julián, por sus yacimientos de oro y plata, en Durango; San Pablo, por oro y cobre, en Sinaloa; San Juan de la Costa, por fosforitas, en Baja California Sur y el de Cañón, por cobre, en Bacanora Sonora.

En consideración de que los trabajos de exploración o prospección minera tienen efectos poco significativos en el ambiente, se logró acordar conjuntamente con el Instituto Nacional de Ecología, que la ejecución de nuevos proyectos de exploración minera se realicen con la simple presentación de un informe preventivo, eliminando la necesidad de autorización previa. Esta política y las facilidades otorgadas por la Ley Minera y su reglamento, han propiciado, aunadas a la promoción realizada en años anteriores, que a la fecha más de 250 empresas nacionales y extranjeras realicen trabajos de exploración en el territorio nacional Con el fin de mantener un ritmo de expansión en el sector minero, que permita aprovechar su potencial en la producción, generar más empleos y un mayor volumen de divisas, al mes de noviembre de 1995 el sistema bancario otorgó un financiamiento por 46 mil 180 millones de pesos. Por su parte, el Banco Nacional de Comercio Exterior canalizó 1 mil 366 millones de dólares para apoyar el procesamiento y comercialización de diversos productos siderúrgicos y minerales metálicos y no metálicos, tales como hierro en barras, en lingotes y en perfiles, concentrados de cobre, vidrio, tabiques y cemento, en beneficio de 354 empresas de 28 entidades federativas.

El desarrollo de la pequeña y mediana minería, es de especial importancia por su contribución al empleo productivo; para el impulso de la misma el Fideicomiso de Fomento Minero (Fifomi) otorgó 130 créditos por 302.4 millones de pesos. Dichos recursos se destinaron a mantener e incrementar la producción de diversos metales y minerales, entre los que destacan oro, plata, plomo, bentonita sódica, caliza, caolín, carbonato de calcio, carbón, celestita, mármol, yeso y materiales pétreos en 19 estados de la República. Adicionalmente y con el propósito de que las micro y pequeñas empresas mineras cuenten con recursos suficientes para la exploración y cuantificación de reservas, el fideicomiso en forma conjunta con el Consejo de Recursos Minerales, Fonaes, Nafinsa y los gobiernos estatales, continuaron apoyando el funcionamiento de los fondos de inversión de riesgo compartido para la exploración. A la fecha se tienen fondos en los estados de Chihuahua, Sinaloa y Oaxaca.

Debido a los resultados de las políticas de promoción y fomento desarrolladas por el Gobierno Federal tendientes a la reactivación económica, las empresas agremiadas a la Cámara Minera de México comprometieron para el periodo 1995-2000, inversiones superiores a los 5 mil 092 millones de dólares, cifra que representa un incremento del 85.0% respecto a la inversión acumulada ejercida en la actividad en los dos sexenios anteriores. La inversión privada se estima que ascendió a 723.1 millones de dólares, 93.7% mayor a la de 1994, canalizada

a las actividades de exploración, desarrollo de nuevos proyectos y ampliaciones de capacidad e industrialización de metales. Lo anterior permitió elevar significativamente los volúmenes de producción de oro, plata, plomo, cobre, antimonio, molibdeno, carbón, coque y manganeso, así como la extracción y beneficio de la mayoría de los minerales no metálicos.

Uno de los factores más importantes que favorecieron el incremento de las inversiones en la minería, fue el fomento a la constitución de asociaciones mineras estratégicas que se dieron en los años recientes entre empresas nacionales y extranjeras. La mayoría de las extranjeras son de origen canadiense y a la fecha participan más de 85 de ellas en actividades de exploración, explotación e industrialización. Con base a la seguridad jurídica que se ha brindado a la minería mexicana, durante 1995 se inscribieron en el Registro Público de Minería 102 nuevas sociedades mineras, por lo que en la actualidad existen más de 250 proyectos con inversión nacional y extranjera que se encuentran en etapa de exploración.

Con la firma del registro de discusiones se ha ampliado por un año más el Acuerdo de Cooperación Técnica, suscrito en 1986 con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). Mediante dicho acuerdo el gobierno del Japón transfirió e instaló tecnología de punta con una inversión de 5 millones de dólares, en la planta de flotación selectiva del Consejo de Recursos Minerales localizada en Parral, Chihuahua, en la que se imparte capacitación especializada a técnicos y mineros.

Las inversiones realizadas por empresas nacionales y extranjeras en los años recientes, han permitido la operación de importantes proyectos; esta situación, coadyuvó para que el PIB del subsector minero no petrolero aumentara 1.1% y que en 1995 el índice de volumen físico de la producción minero-metalúrgica creciera en 10.8% en términos reales respecto a 1994. De igual forma, el índice de volumen físico de la producción de los metales preciosos creció en 7.1%; el de los metales industriales no ferrosos en 5.4% y el de los siderúrgicos en 8.6%, en tanto que los minerales no metálicos crecieron 8.7% Los resultados del volumen de la producción nacional minero-metalúrgica en 1995, permitieron consolidar su destacada participación en los mercados mundiales. Se estima un volumen de producción de oro de 19.4 toneladas, 32.9% mayor a lo registrado en 1994, con un valor de 1 mil 488.9 millones de pesos, mientras que el volumen obtenido de la plata fue de 2 mil 510.2 toneladas, lo que representa un incremento con respecto al año anterior del 7.5%, con un valor de 2 mil 590.4 millones de pesos.

Estos aumentos se originaron por la consolidación de proyectos como La Colorada, La Choya, San Felipe y La Ciénega, así como por la entrada en operación de nuevos proyectos: Promontorio, Mala Noche y Claudia en Durango; El Oro, en el Estado de México; Moris, en Chihuahua y Mariquita, en Sonora. Adicionalmente reinició operaciones la unidad La Negra, en Querétaro y se concluyeron los trabajos de ampliación de la unidad La Guitarra en el Estado de México.

Las entidades federativas con mayor participación en la producción de oro fueron Sonora, Durango, Guanajuato y Baja California con el 28.0%, 21.0, 15.0% y 14.0%, respectivamente y los estados que generaron el mayor volumen de plata fueron Zacatecas con el 41.0%, Durango con el 16.0% y Chihuahua con el 14.0%. La gran minería produjo el 49.0% del volumen

nacional de oro y el 79.0% de la plata, mientras que la mediana y pequeña minería aportaron los restantes 51.0 y 21.0%, respectivamente, de estos metales.

En cuanto al valor de la producción de los metales industriales no ferrosos, destacan el plomo, cobre y zinc, que representaron en conjunto el 94.5% del valor nacional de dichos metales. El volumen de la producción de plomo ascendió a 184.3 mil toneladas, 12.5% superior a lo obtenido el año anterior, debido a la consolidación de los proyectos con contenidos de polimetálicos, correspondientes a Minera Tizapa en el Estado de México y Minera Mexicana La Ciénega en Durango, así como por el inicio de la operación del proyecto El Concheño en Chihuahua. La gran minería aportó el 90.0% de la producción nacional de plomo y la mediana y pequeña minería el 10.0% restante.

La producción nacional de cobre ascendió a 335.6 mil toneladas, registrando un crecimiento anual de 9.9%, el cual responde al inicio de operaciones de una planta productora de cátodos. Sonora fue la principal entidad productora de cobre al aportar el 87.0% de la producción nacional. La gran minería contribuyó con el 96.0% del cobre producido, mientras que la mediana y pequeña minería con el 4.0% restante.

El volumen de la producción de zinc disminuyó en 1.2% con respecto al obtenido en 1994, como consecuencia de la disminución de actividades de Minera Real de Angeles, ya que realizó trabajos de acondicionamiento y mantenimiento en sus áreas de extracción. Entre los principales estados productores destacan Chihuahua, que generó el 37.0% de la producción; Zacatecas, el 27.0; San Luis Potosí, el 17.0 e Hidalgo, el 7.0% En los minerales siderúrgicos, la producción de carbón mineral ascendió a 6.9 millones de toneladas, 7.2% más que en 1994, con un valor de 963.1 millones de pesos. La producción de coque se elevó a 2.1 millones de toneladas, lo que representa un incremento del 7.0% con respecto al año anterior, con un valor de 1 mil 820.8 millones de pesos.

Por los altos niveles de producción alcanzados por Minera Autlán, el volumen obtenido de manganeso fue de 141.4 mil toneladas, 54.9% superior respecto a 1994. La gran minería generó el 90.0% de la producción de los minerales siderúrgicos.

La producción de minerales no metálicos es generada en diversos estados de la República por un gran número de medianos y pequeños productores del sector privado y social, los cuales fueron apoyados mediante asistencia técnica, financiamiento y capacitación.

Por segundo año consecutivo, las cotizaciones de los principales metales cerró con una ligera alza general, impulsada por su creciente consumo en los Estados Unidos de América y en los países de Europa y Asia.

No obstante el importante crecimiento de la producción mundial de oro, la cotización promedio de este metal fue de 384.16 dólares la onza, lo que propició que su consumo en la industria joyera aumentara en 21.0% respecto a 1994 y en la industria electrónica en 7.0%; asimismo, se incrementó su demanda para la acuñación de monedas y el atesoramiento. La cotización media de la plata se situó en 5.20 dólares la onza, ocho centavos menos que la cotización promedio de 1994, debido en gran medida a su creciente oferta mundial, sin embargo se observó una disminución de los inventarios, los cuales llegaron a colocarse al término del año en 159 millones de onzas, los más bajos desde hace 13 años, por lo que se estima una alza de su precio internacional en el futuro inmediato.

Entre los metales industriales, se observó un ligero aumento en la cotización promedio del plomo, al pasar de 0.25 dólares la libra en 1994 a 0.29 dólares en 1995. Ello fue producto del incremento de la demanda de plomo en la industria automotriz, en tanto su producción disminuía debido a restricciones ecológicas en Estados Unidos de América y Australia, principales países productores a nivel mundial.

El precio internacional del zinc se mantuvo en promedio en 0.47 dólares la libra, es decir 4.4% superior al registrado en 1994, resultado de la mayor demanda de los países occidentales. En el cobre, la libra de este metal se cotizó en promedio a 1.33 dólares, 26.7% más a lo registrado en 1994. Dicho incremento responde a la fuerte demanda generada por Japón y los países de Europa, originándose con ello un déficit,

el cual ha sido compensado mediante la venta de parte de los inventarios existentes en diversos mercados internacionales.

La balanza comercial minero-metalúrgica históricamente ha sido superavitaria, sin embargo, las fluctuaciones desfavorables de las cotizaciones internacionales a partir de 1990, repercutieron en el saldo deficitario de la balanza comercial en 1992 y 1994. La recuperación de los precios internacionales, la desregulación de la actividad que alienta la inversión privada y la nueva paridad del peso frente al dólar propiciaron durante 1995 un ingreso neto de divisas de 647.7 millones de dólares, cifra que contrasta con el déficit de 118.2 millones de dólares registrado en 1994. En cuanto a los componentes del saldo destaca la participación de los metales y minerales manufacturados que registraron un superávit de 597.8 millones de dólares, mientras que el comercio exterior de la producción primaria de minerales observó un superávit de 49.9 millones de dólares.

Las exportaciones totales se incrementaron en términos de dólares en 62.7%. Dentro de los productos que elevaron sus ventas al exterior y que sobresalen por su participación en el total, destacan en el grupo de minerales metálicos el plomo sin refinar con 443.1% y zinc en minerales concentrados con 12.8%; en el grupo de otros minerales sobresalen el azufre con 44.1%, yeso con 15.7% y sal común con 3.5%; en el de los metales y minerales manufacturados, el plomo refinado, con 123.6%; tubos de cañería con 103.7%; la plata y cobre en barras con 40.4% y 32.6%, respectivamente y el zinc afinado con un incremento anual de 8.7%. La participación de estos productos dentro del total de las exportaciones fue de 52.8% Las importaciones totales se situaron en 1 mil 698.2 millones de dólares, 8.9% superior a las de 1994. Las correspondientes a productos mineros manufacturados sólo se incrementaron 0.8%, mientras que las adquisiciones en el exterior de productos extractivos aumentaron 35.4% 5.5.2 Turismo El Programa de Desarrollo del Sector Turismo plantea como objetivo principal el fortalecer la competitividad de los productos turísticos mexicanos y coadyuvar en la creación de empleo, la captación de divisas y el fomento al desarrollo regional. En 1995 la actividad turística participó con el 3.% del total del producto interno bruto, con uno de cada 11 empleos y la captación de divisas sólo fue superada por las manufacturas y el petróleo. El reto es impulsar a este sector para que crezca a niveles superiores a los registrados.

En 1995, la balanza turística presentó un superávit de 3 mil 011 millones de dólares, 193.7% mayor al registrado en el año anterior. Los ingresos se situaron en 6 mil 164 millones de dólares, cantidad menor en 3.1% anual, debido a que la depreciación del tipo de cambio provocó una disminución del 17.8% en el gasto medio en dólares de los turistas.

Por sus componentes, tanto los ingresos por turistas como por excursionistas, registraron disminuciones de 3.5% y 1.9%, ubicándose respectivamente en 4 mil 684 y 1 mil 480 millones de doláres.

En el mismo lapso, los egresos se situaron en 3 mil 153 millones de dólares, que disminuyeron 40.9% por el efecto de la nueva paridad del peso frente al dólar y los menores niveles de ingreso doméstico, que impactaron negativamente al turismo egresivo.

La instalación del gabinete turístico como instancia de coordinación presidida por la Secretaría de Turismo (Sectur) para establecer una política global e integral de fomento, implicó la participación conjunta de seis secretarías de estado (Gobernación; Relaciones Exteriores; Hacienda y Crédito Público; Educación Pública; Comunicaciones y Transportes; y Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca). También se creó el Consejo Mexicano de Promoción Turística, en el cual participan el sector privado, entidades federativas, los consejos consultivos turísticos estatales y la Sectur, para diseñar y definir estrategias de mercadotecnia, comercialización y campañas de publicidad tanto para la industria turística nacional como para segmentos de mercado, destinos y productos turísticos. A fin de facilitar la actividad turística se fortaleció la Comisión Ejecutiva de Turismo, en donde participan los sectores privado y social, así como diversas dependencias gubernamentales.

Se puso en marcha la Alianza para el Turismo, que tiene como propósito fundamental sumar esfuerzos del sector público y empresarios, organismos de carácter social, sindicatos, centros de estudio, fundaciones y organizaciones civiles, para recuperar y hacer crecer la competitividad de nuestros centros y regiones turísticos reforzando la identidad de sus productos, sumándoles valor mediante la diversificación de actividades.

El Programa de Desarrollo del Sector Turismo considera 17 ciudades, corredores y regiones turísticas prioritarias para su comercialización en los mercados de Norteamérica, Latinoamérica y Europa. Incluye 238 acciones establecidas de manera coordinada con 14 secretarías de Estado y 18 organismos públicos, entre las cuales destacan la construcción de tramos carreteros estratégicos; inversión en infraestructura urbana; capacitación de recursos humanos; recuperación de zonas arqueológicas;

explotación turística de parques nacionales y zonas reservadas; promoción de la inversión nacional y extranjera, así como una política financiera de aliento a la nueva inversión y al mantenimiento de la planta hotelera y de entretenimiento.

Con el propósito de fortalecer la promoción turística internacional se promovieron reformas al marco normativo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que a través de las embajadas y consulados de México en el exterior, se coadyuve a la promoción comercial y turística del país. Con fundamento en la Ley Federal de Turismo vigente desde 1992, se simplificaron los trámites de permisos y autorizaciones para los prestadores de servicios. La Sectur llevó a cabo 2 mil 353 registros voluntarios de prestadores de servicios, realizó 1933 visitas de inspección a establecimientos en el Distrito Federal y atendió 988 solicitudes de guías de turistas, aprobándose todas.

Durante 1995 se desarrollaron acciones de promoción internacional con el propósito de fomentar las corrientes turísticas al país, incrementar la estadía de los turistas y obtener un mayor volumen de divisas a lo largo de todo el año.

En el mercado norteamericano, se llevó a cabo un amplio programa de comunicación y mercadotecnia a través de 15 campañas publicitarias en diversas ciudades de los Estados Unidos de América y Canadá. El Programa de Mercadeo Directo en estos dos países continuó siendo una fuente significativa de contacto con el turista potencial. Así, se recibieron 182 mil llamadas y se estableció un sistema de información vía fax para agentes de viajes y consumidores.

Entre las acciones emprendidas, destaca la celebración del XX Tianguis Turístico de Acapulco, Guerrero, considerado como uno de los eventos internacionales más importantes de promoción y comercialización de la oferta turística. Se contó con la participación de 987 agentes de viajes extranjeros provenientes de 39 países, cantidad superior en 10.0% respecto a la asistencia de 1994, de 1 mil 800 representantes nacionales para promover sus servicios y de 591 compradores del extranjero y 379 delegados internacionales interesados en los productos turísticos de México.

Los productos más vendidos fueron los destinos de playa, sin embargo, se demostró interés especial por las ciudades coloniales, las Barrancas del Cobre y el Mundo Maya.

Principales acciones establecidas en la Alianza para el Turismo - Desarrollar una política de promoción de la inversión privada nacional y extranjera; de financiamiento a tasas y plazos competitivos por parte de la banca de desarrollo y comercial para impulsar proyectos altarnente generadores de divisas. - Impulsar la diversificación y competitividad de la oferta turística, mediante el desarrollo de actividades especializadas como el turismo náutico, cinegético, deportivo, de observación de la naturaleza, cultural, de hombres de negocios y convenciones. - En coordinación con las diversas áreas del Gobierno Federal, se establecerán líneas prioritarias de desregulación, liberalización y elirninación de tramites en aspectos de turismo náutico; pesca deportiva; cinegético; carretero; de congresos, ferias, convenciones y exposiciones; cultural; ecológico; deportivo; y de migración e importación temporal, como condición para facilitar el libre flujo de las corrientes turísticas nacionales y extranjeras. - Ejecutar un programa para detectar y atender las necesidades de infraestructura urbana, carretera, aeroportuaria y marítima, y de señalamientos y equipamiento turístico en las zonas prioritarias, a fin de promover el desarrollo, calidad y competitividad de los servicios. - Adecuar los servicios de transporte aéreo, carretero, ferroviario y marítimo a las necesidades del desarrollo turístico. - Resolver en el corto plazo los problemas de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra en los centros y regiones prioritarias, así como establecer ordenamientos que permitan tanto la protección ecológica y cultural como el desarrollo urbano y turístico. - Fomentar la investigación y capacitación relacionada con el turismo.

Fuente: SECTUR.

Principales acciones de desregulación y normalización, 1995 Desregulación - Con la SHCP se promovieron modificaciones a la Ley Aduanera en materia de importación temporal de embarcaciones deportivas, casas rodantes, materiales para congresos y convenciones internacionales. - De manera coordinada con Aeropuertos y Servicios Auxiliares, se redujeron los plazos para las solicitudes de permisos para vuelos charters y se creó una ventanilla única para los pagos de la aviación privada. - La Secretaría de Relaciones Exteriores gestionó con la Cancillería Francesa la exención recíproca de visas. La Secretaría de Gobernación otorga facilidades para documentar como visitantes a los países miembros del Mundo Maya. - En colaboración con las secretarías de la Defensa Nacional; Relaciones Exteriores; y Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, se acordó simplificar los procedimientos para el otorgamiento de permisos de importación temporal y transportacción de armas deportivas. - Con el Instituto Nacional de Ecología se firmó un convenio en materia de turismo cinegético, para que las oficinas de turismo puedan expedir los permisos de caza.

Normalización - Se publicaron las normas oficiales mexicanas (NOM) de hospedaje, agencias de viajes, alimentos y bebidas, sistema de intercambio y empresas turísticas, operadores de buceo, y de campamentos y paradores de casas rodantes. A nivel de anteproyectos se encuentran las de seguros; convenios y contratos; y guías de turistas. Asimismo, en coordinación con la SECOFI y la Secretaría de Salud se diseñó una estrategia de verificación de la NOM sobre la preparación de alimentos en establecimientos fjos. - Dentro del Comité Técnico Nacional de Normalización Turística y con base en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se instalaron los subcomités de hospedaje, enseñanza, capacitación hotelera, recintos feriales, turismo de aventura y ecoturismo.

Fuente: SECTUR.

La presencia de México en los mercados turísticos internacionales se expresó en la región latinoamericana con la participación en 16 eventos promovidos por las asociaciones de agentes de viajes y de turismo en diversas ciudades de Uruguay, Brasil, Argentina, Colombia, Costa Rica y Chile, en los cuales participaron 587 tour operadores.

En Europa, se intervino en 37 ferias internacionales, destacando las bolsas internacionales de turismo en Milán, Italia; en Berlín, Alemania y en el Salón Mundial de Turismo en París, Francia. En coordinación con las asociaciones de viajes de Alemania, España, Francia y Reino Unido se llevaron a cabo los talleres de la Comercialización del Producto México en el Mercado Europeo. La Sectur firmó ocho fondos de promoción cooperativa con diferentes empresas europeas para promocionar la imagen de México en los medios de comunicación, imprimiéndose casi 382 mil ejemplares de material para su distribución entre diversas instancias de los sectores privado y público.

Además, la Sectur reimprimió poco más de 1 millón de ejemplares de folletos institucionales con temas como arqueología, ciudades coloniales, ecoturismo y deportes, en cinco idiomas y distribuyó 1.4 millones de ejemplares de material promocional a las representaciones en el extranjero, embajadas, consulados y oficinas del Bancomext.

Como resultado de las acciones señaladas, en 1995, el número de viajeros internacionales a México registró un crecimiento de 2.5%, respecto a 1994, al ascender a 85.0 millones de personas, los cuales generaron ingresos por 6 mil 164 millones de dólares. Del total de viajeros, el 76.3% fueron excursionistas y el 23.7% turistas.

En el periodo señalado 12.4 millones de turistas tuvieron como destino exclusivamente la zona fronteriza, generando un ingreso de 631 millones de dólares y un gasto promedio de 51.0 dólares por visita. Por su parte, los turistas que se dirigieron al interior del país fueron 7.8

millones, que significó un aumento de 9.1% respecto al mismo lapso de 1994, reportando ingresos por 4 mil 053 millones de dólares y un gasto medio de 520.7 dólares por persona.

Respecto a los excursionistas, en el mismo lapso de 1995 sumaron 64.9 millones de personas, observándose un decremento del 1.4% con respecto al año anterior. De éstos, 63.1 millones correspondieron a residentes del exterior que visitaron la franja fronteriza norte del país generando un ingreso de 1 mil 373 millones de dólares, 3.6% menor a lo obtenido durante 1994 como resultado de una disminución del 1.7% en el número de cruces. El rubro de excursionistas comprende además a los viajeros que arriban a los litorales nacionales en viajes de crucero, los cuales ascendieron en 1995 a 1.7 millones de personas y gastaron 107 millones de dólares, lo que constituyó incrementos anuales del 10.8 y 25.9%, respectivamente.

Mediante diversos mecanismos de concertación y coordinación con la iniciativa privada, gobiernos estatales y Federal, se continuó impulsando la promoción turística nacional a través de tres vertientes: la institucional, la coordinada y la concertada.

La promoción institucional se expresó en la ejecución y financiamiento de dos campañas: "déjate conquistar por México", que consistió en la distribución de casi 1.6 millones de folletos promocionales y "planeación de vacaciones", a través de la cual se estableció un plan emergente de verano, cuyo objetivo fue presentar diversas opciones de recreación a los turistas nacionales. Al respecto, se difundieron por medio de tiempos oficiales en radio y televisión alrededor de 118 mil mensajes.

La promoción coordinada difundió las características de las zonas turísticas de los estados y municipios, a través de la firma de 19 convenios tripartitas con igual número de entidades federativas. Como resultado se constituyeron cuatro fondos mixtos de promoción en Ciudad Juárez, Isla Mujeres, Morelos y Taxco y se renovaron los de Acapulco, Ixtapa, Cancún, Ciudad de México, Oaxaca, Huatulco, Puerto Escondido, Ensenada, Los Cabos, Mar de Cortés, Mexicali, Mazatlán, Nayarit, Rosarito, San Carlos y San Felipe.

Por otra parte, se trabajó a nivel regional e interestatal para desarrollar y diversificar nuevos productos turísticos, conformándose en este periodo tres fideicomisos para la promoción de los programas "Huastecas de México", "Tesoros Coloniales del Centro de México" y "Ruta de Cortés".

La promoción concertada se realizó con la participación de los gobiernos estatales y el sector privado, agrupados en 34 fondos mixtos de promoción nacional, a través de los cuales se

difundieron 10 destinos turísticos, que son: Acapulco, Cancún, Ixtapa, Manzanillo, Mazatlán, Mexicali, Puebla, Puerto Vallarta, Tepic y Taxco.

Promoción de programas específicos, 1995 Mundo Maya - Las acciones realizadas en el marco de este programa se orientaron a diversificar los atractivos turísticos de la zona, mediante el desarrollo de proyectos ecoturísticos en la región: Agua Selva, Balneario y Cascada de Agua Blanca, La estación Vida Silvestre y Herbario, en Tabasco; Mágicamente Natural Calakrnul, en Campeche; La Palma, en la Reserva de la Biósfera Manglares; La Encrucijada y Selva Lacandona, en Chiapas; Turismo Alternativo en Cozumel, Quintana Roo; Turismo Náutico, en el gran Arrecife Maya; y Proyecto Aventura, al sur de Quintana Roo. - Como resultado, en 1995 se hospedaron 3.8 millones de visitantes en esta región, 5.9 por ciento más que en 1994, con una ocupación promedio de 62.8 por ciento de los cuartos disponibles.

Ciudades Coloniales - Mediante este programa, se impulsó el desarrollo turístico de 23 entidades federativas, con la distribución de folletos promocionales a agencias de viajes nacionales e internacionales y videos a líneas aéreas para su proyección durante los vuelos hacia nuestro país. - En 1995 se hospedaron un total de 13.8 millones de visitantes en estas ciudades; de ellos 2.3 millones fueron extranjeros, 33.1 por ciento más que en 1994, mientras que los nacionales registraron una disminución del 3.4 por ciento al alojar a 11.5 millones de personas. La ocupación promedio ascendió a 49.0 por ciento de los cuartos disponibles.

Frontera Norte - Para diversificar y mejorar este producto turístico se intensificó la promoción del Circuito Ecoturístico del Mar de Cortés en Baja California y las Barrancas del Cobre. - Se realizaron cuatro viajes de familianzación con operadores mayoristas de los Estados Unidos de América dentro del Programa Caminos del Río para el estado mexicano de Tamaulipas y el estado norteamericano de Texas. - En coordinación con la SEDESOL y la SEMARNAP se elaboraron los planes de ordenamiento urbano de los corredores Tijuana-Ensenada y San Felipe-Puertecitos. El Gobierno Federal aportó 220 mil pesos para el desarrollo del proyecto "La Bufadora" en el corredor Tijuana-Ensenada. - En 1995, la demanda de alojamiento se incrementó en 24 4 por ciento respecto al año anterior, al registrarse 1.6 millones de turistas en la zona fronteriza, de los cuales 83.3 por ciento fueron nacionales y 16.7 por ciento extranjeros. La ocupación promedio fue de 46.0 por ciento de la oferta total de cuartos.

Turismo Carretero - Para fomentar el turismo por carretera y facilitar la internación de vehículos al territorio nacional, el gobierno del estado de Sonora inició la operación del Programa "Only Sonora", por medio del cual se otorgan permisos gratuitos de internación para automóviles hasta por 180 días, mediante la acreditación de la nacionalidad y propiedad del vehiculo. - Con el propósito de auxiliar a los turistas nacionales y extranjeros que transitan por las principales carreteras del país, la SECTUR, a través de las radiopatrullas de los Angeles Verdes, continuó brindando diversos servicios, como primeros auxilios, enlaces radiofónicos e información turística en general, constituyendo un servicio único en el mundo. Durante 1995 las patrullas recorrieron 18.8 millones de kilómetros, atendieron a 434.7 miles de turistas, y proporcionaron servicio a más de 120 mil vehículos. - El movimiento de vehículos durante 1995, por las principales carreteras de cuota concesionadas del país fue de 40.2 millones de vehículos y en las carreteras de cuota no concesionadas ascendió a 67.9 millones de automotores.

Bienvenido a México Paisano y Centroamérica Vecinos - Estos programas consisten en orientar a los connacionales que regresan a México, proporcionándoles información y asesoría para los trámites y documentos necesarios para internarse en el país. Durante 1995, dichos programas se aplicaron en 20 estados de la República Mexicana, y se otorgaron 2.6 millones de servicios sobre información turística, orientación aduanera y moratoria, sobresaliendo los servicios brindados en ei Distrito Federal, Baja California, Coahuila, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán.

Fuente: SECTUR.

Con el propósito de conjuntar esfuerzos que permitieran ofrecer alternativas turísticas a bajo precio, la Sectur puso atención al turismo social, firmando cinco convenios de coordinación con instituciones públicas federales, estatales, organismos sociales y promotores del turismo social.

La demanda de alojamiento en hoteles de los centros turísticos seleccionados ascendió a 24.4 millones de personas, cantidad superior en 4.3% a la obtenida el año anterior. De este total, 18.1 millones correspondió a visitantes nacionales, 1.9% mayor al observado en 1994, a pesar de la crisis económica registrada en el país. Del total de turistas nacionales hospedados, el 37.6% visitó las ciudades del interior y fronterizas, el 22.5% los destinos tradicionales de playa, el 34.8% las grandes ciudades y el 5.1% los centros integralmente planeados.

Adicionalmente, se diseñó la página oficial de la Secretaría de Turismo dentro de la red de comunicación o supercarretera de la información Internet, que contiene un total de 117 atractivos en inglés y español y 10 mil 763 fichas de servicios turísticos de destinos como Acapulco, Cancún, Cozumel, Distrito Federal, Estado de México, Guadalajara, Guanajuato, Hidalgo, Huatulco, Loreto, Manzanillo, Monterrey, Morelos, Puebla, Puerto Vallarta, Querétaro, Tlaxcala, Tijuana y Zacatecas.

El fortalecimiento de la educación, la capacitación y la investigación son instrumentos muy valiosos para elevar la competitividad de los productos turísticos del país. De esta forma, la Sectur continuó fomentando el desarrollo y actualización del personal relacionado con la prestación de servicios turísticos en los niveles básico, operativo y gerencial; promovió la capacitación nacional y local a fin de vincular a los centros de educación e investigación con las empresas y realizó diversas investigaciones orientadas a elevar la calidad, competitividad y sustentabilidad de las actividades turísticas.

Al respecto, se efectuaron 14 investigaciones y estudios con el objetivo de identificar los mercados globales, contribuir a la creación de un sistema de investigación para conocer a los principales competidores de los destinos turísticos de México y para generar programas que fortalezcan los centros turísticos nacionales, destacando los estudios relativos al mercado de viajes de placer a norteamérica procedente de Japón; negocios potenciales para México, los Estados Unidos de América y Canadá en los mercados turísticos alemán, inglés y argentino; el mercado turístico de México en los Estados Unidos de América y Canadá y la formulación de estrategias de desarrollo y promoción para destinos turísticos seleccionados en México.

Asimismo, se desarrolló la investigación sobre el impacto de la instalación de casinos en México. Finalmente, se realizaron cinco congresos; 124 seminarios; 144 cursos; y 101 reuniones, de las cuales cinco fueron binacionales.

La diversificación y consolidación del turismo requiere de la dotación de infraestructura necesaria para elevar la calidad de los servicios e impulsar el desarrollo regional. Al respecto, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) ha sido uno de los organismos ejecutores de la política turística del país en materia de inversión y financiamiento.

Durante este periodo se redefinieron sus programas, incluyendo, además del financiamiento, la oferta de asesoría internacional y se diseñó una nueva estrategia, cuyo enfoque fue la integración de proyectos de desarrollo turístico para inversionistas nacionales y extranjeros, a través de la venta de terrenos con vocación turística, en los que su enajenación está ligada a la dotación de infraestructura. Bajo este contexto, destacan los proyectos turísticos integrales de San José del Mar en Los Cabos, Baja California; Puerto Cancún, Quintana Roo; Soldado de Cortés en Sonora; Playa Miramar en Tamaulipas, así como los de Barrancas del Cobre y Mundo Maya.

Por sus características geográficas, históricas y culturales, el Mundo Maya es una región de gran importancia turística al conjugar una gran variedad de atractivos como zonas prehispánicas, playas y medio ambiente natural, siendo las capitales de los estados, los puertos de entrada para la distribución del turismo en la región. De esta manera, además del turismo tradicional, tiene un alto potencial para el turismo alternativo, el cual se proyecta a través de circuitos de exploración, caminatas y campamentos. Para el desarrollo de estas modalidades se llevaron a cabo las obras de mantenimiento mayor y menor, así como la dotación de servicios turísticos y señalamientos en las zonas arqueológicas de Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán.

En las Barrancas del Cobre, ubicadas en la región norte del país, se diseñó un plan maestro que viene como objetivo proyectar a la zona como un atractivo a nivel nacional e internacional y propiciar su desarrollo económico y social. Dicho plan tiene considerado un periodo de duración de ocho años a partir de 1996. Terminado el proyecto se espera contar con una capacidad de alojamiento de alrededor de 3 mil 700 cuartos, espacios para casas rodantes y tiendas para campamentos, así como siete módulos de información. Se estima una inversión de aproximadamente 367.3 millones de dólares, que será financiada con recursos provenientes del BID, SCT, CNA, CFE, Telmex, Fonatur y el gobierno del Estado de Chihuahua.

Entre otros proyectos financiados por el Fonatur, destacan el de Huatulco, donde se realiza la urbanización de la Bocana y el muelle para Tenders en la dársena de Santa Cruz; adicionalmente, se inició la construcción del Puente CHI cuyo avance fue del 10.0% y prosiguió la relativa al edificio de las cooperativas la cual presentó un avance del 43.0%. En Cancún, se concluyó la ampliación de la planta de tratamiento de aguas negras Gucumatz e inició la urbanización de tres supermanzanas. En Ixtapa, el Boulevard Paseo Ixtapa, Playa Linda se encontraba a un 95.0% de avance; la ampliación de la planta de tratamiento de aguas negras de Punta Ixtapa, que registró un avance superior al 70.0% y la subestación eléctrica y la línea de transmisión cuya construcción presentó un avance de 93.0%.

Con el propósito de atraer inversión extranjera directa que fomente el desarrollo turístico del país, el Fonatur participó en diversos eventos internacionales, en los cuales promovió proyectos turísticos prioritarios.

Así, el flujo de inversión extranjera directa materializada en 1995 que se canalizó a restaurantes y hoteles ascendió a 73 millones de dólares, que representó el 5.8% de la inversión total captada por el sector servicios.

En materia de financiamiento, el sistema bancario realizó una asignación importante de recursos al subsector restaurantes y hoteles. El saldo de los montos otorgados al mes de noviembre ascendió a 17 mil 584 millones de pesos, cifra que representó el 6.7% de lo canalizado al sector servicios y que en relación con el mismo mes del año anterior significó un incremento nominal del 64.4%. Los lugares más beneficiados fueron el Distrito Federal, Jalisco y Yucatán.

Asimismo, durante 1995 el apoyo financiero otorgado por el Banco Nacional de Comercio Exterior a esta actividad ascendió a 533 millones de dólares, los cuales se destinaron en su mayoría a proyectos de inversión y capital de trabajo referidos a la venta de espacios hoteleros, derechos de uso de tiempo compartido y ventas de villas o lotes turísticos a compradores extranjeros.

Para el segundo semestre de 1995, Fonatur registró un ligero repunte en la demanda de financiamiento, aplicando recursos a las pequeñas y medianas industrias turísticas a través de 25 créditos autorizados, sumando un total de 254.3 millones de pesos para la construcción de 687 cuartos nuevos y la remodelación de 405 cuartos. A través de programas de reestructuración se rehabilitaron 1 mil 521 habitaciones, generándose con ello 804 empleos directos y 2 mil 010 indirectos.

5.5.3 Política agropecuaria y desarrollo rural El sector agropecuario reviste gran importancia histórica, económica y social para el desarrollo de México, sin embargo enfrenta enormes rezagos que se deben remontar mediante acciones que promuevan la capitalización, la productividad, la competitividad y la rentabilidad de las actividades agrícolas y ganaderas. En 1995 se trabajó para superar la emergencia financiera y establecer nuevas bases para la recuperación productiva del sector, empero cuatro factores limitaron el desarrollo agropecuario: la sequía, que afectó sobre todo a los estados del norte del país; el incremento en los precios de los insumos; problemas financieros de liquidez, acceso al crédito y sobreendeudamiento y la recesión económica nacional, que afectó la demanda de ciertos productos.

No obstante la crisis económica, las políticas macroeconómicas aplicadas permitieron impulsar el dinamismo de algunos productos. Así, la nueva paridad de la moneda generó condiciones de competitividad en materia de comercio exterior. Durante 1995, la balanza comercial agropecuaria, excluyendo lo relativo a caza y pesca, registró un superávit de 1 mil 275.3 millones de dólares, valor muy favorable respecto al déficit de 729.2 millones de dólares observado el año anterior. Cabe destacar que la menor producción de los 10 principales cultivos se compensó en parte con el incremento en la producción frutícola; la producción de carne, alcanzó su mayor volumen de la historia y la de leche también se incrementó como resultado de las acciones de fomento puestas en marcha.

A partir de la más amplia concertación institucional y política, se diseñaron nuevas estrategias y políticas para superar las difíciles circunstancias de la coyuntura económica. En julio de 1995 se creó la Comisión Intersecretarial del Gabinete Agropecuario para abrir paso, conjuntamente con las organizaciones de productores, a una discusión abierta de las políticas públicas orientadas al agro. El Programa de la Alianza para el campo presentado en octubre de 1995, se derivó del esfuerzo de esta comisión, dicho programa tiene como propósito construir una base económica más eficiente y justa para el medio rural. Aun cuando el programa busca resultados en el corto plazo, reconoce que el cambio de fondo tomará años de esfuerzo y parte de la base de que no puede haber un pleno desarrollo nacional, si no se hace del campo un espacio de progreso permanente.

Federalización y descentralización La transformación productiva del campo requiere de la adecuada participación de otros agentes, como los gobiernos estatales y municipales, los productores, las instituciones de educación superior y organismos de investigación públicos y privados. Es por ello que el Gobierno Federal impulsa la federalización de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Sagar) para transferir recursos y atribuciones a los estados, municipios y organizaciones de productores.

La estrategia de federalización se sustenta en el establecimiento de un convenio marco con cada gobierno estatal, para que participen de la política agropecuaria, según su vocación productiva y posibilidades financieras y técnicas. A continuación se presentan las principales orientaciones de la política de federalización de la Sagar:

- Para la operación, seguimiento y evaluación de los Convenios, cada entidad federativa contará con un Consejo Estatal Agropecuario, el cual será presidido por el gobernador del estado y se integrará con la participación de las organizaciones de productores. Este Consejo será responsable de definir, de manera abierta y participativa, los planes y programas estatales de desarrollo agropecuario, los lugares y los tiempos en los que se aplicarán los recursos acordados en el Convenio. - Con los apoyos fiscales que aporte la Federación, y los recursos que sumen los gobiernos estatales y los propios productores, se integrará y constituirá un fideicomiso en BANRURAL, el cual será controlado a través del Consejo Estatal Agropecuario. - Para que la descentralización de funciones y la federalización de la SAGAR incidan en la mayor eficiencia operativa que requiere el sector, y se garantice la mayor participación posible de los productores en los diferentes procesos, se establecerá en cada entidad federativa una Fundación Estatal para la Transferencia Tecnológica, que serán operadas directamente por los productores y se constituirán a partir de la transformación del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP). Se buscará dotarlas también con recursos federales, estatales y de los propios productores. Ello permitirá que la investigación aplicada y transferencia tecnológica se realice en los estados.

La orientación de esta política, pretende acercar las instituciones, los recursos y las decisiones, donde están los problemas y quienes saben cómo resolverlos. Corresponde a los gobiernos locales y productores hacer realidad el proceso de descentralización. Tendrán los recursos y ellos decidirán su utilización, de acuerdo con sus propias necesidades. Es éste el espíritu de la federalización.

Entorno económico sectorial Las mejores condiciones de acceso a los mercados internacionales y el efecto favorable de la depreciación real del tipo de cambio, coadyuvaron sustancialmente a elevar la captación de divisas y al mejoramiento de la balanza comercial agropecuaria.

Durante 1995, el superávit agrícola contribuyó con el 66.2% del superávit total y el ganadero con el 33.8%. Las exportaciones observaron un crecimiento anual de 49.2%, comportamiento muy favorable en relación al observado en el bienio 1993-1994, cuando sólo crecieron 6.8%. A ello contribuyeron los aumentos en el valor de las ventas de productos tradicionales como algodón (303.6%), café en grano (96.3%), garbanzo (63.8%), jitomate (48.5%), ganado vacuno (48.2%), fresas frescas (39.4%), y legumbres y hortalizas (34.8%), que en conjunto representaron el 78.0% del total de las exportaciones agropecuarias.

Por su parte, las importaciones disminuyeron en 21.5%, principalmente las de ganado vacuno (83.9%), frijol (60.9%), frutas frescas (53.9%), sorgo (35.6%), semilla de soya (15.4%), y semilla de algodón (6.0%).

En 1995 los productores del campo tuvieron dificultades para acceder al crédito, como resultado de su alto costo financiero y la menor capacidad crediticia de los productores agropecuarios. A noviembre de 1995, el saldo del crédito otorgado por el sistema bancario al sector agropecuario y silvícola ascendió a 55 mil 716 millones de pesos, apenas 4 mil 345 millones de pesos superior al saldo registrado en diciembre de 1994; del nuevo crédito otorgado, 826 millones correspondieron a la banca comercial y 3 mil 519 a la banca de desarrollo.

Los recursos crediticios que canalizó la banca de desarrollo apoyaron el cultivo de granos básicos mediante créditos de avío, principalmente en zonas de temporal, en una superficie que representa más de las tres cuartas partes de la superficie total acreditada en años recientes. Asimismo, se apoyaron las actividades pecuarias, fundamentalmente en ganado bovino y porcino de cría y engorda.

De los recursos canalizados por Fira el 48.4% apoyó el cultivo de 2.6 millones de hectáreas, de las que 2.1 millones correspondieron a los 10 principales cultivos, es decir el 14.0% de la superficie sembrada a nivel nacional. Los créditos refaccionarios participaron con el 51.6% del financiamiento y apoyaron fundamentalmente a empresas con proyectos viables y rentables. Por rama de producción, la agricultura y la ganadería concentraron el 48.4% y 37.3% respectivamente y la agroindustria el 14.3%.

La derrama crediticia realizada por el Banrural se orientó en 68.5% al crédito de avío, 6.9% al refaccionario y el 24.6% a otros tipos de

financiamiento. El apoyo financiero otorgado mediante el Banrural se canalizó principalmente a la producción de granos básicos y a solucionar problemas específicos presentados en algunas regiones del país, tales como el Programa de Sequías, el de Apoyo al Cultivo del Algodón, el de Fomento a la Cafeticultura y el Programa de Financiamiento para la Adquisición de Tierras en Chiapas.

El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) continuó promoviendo la exportación de productos agropecuarios, mediante el otorgamiento de financiamiento flexible y competitivo, el ofrecimiento de garantías y avales y la prestación de servicios no financieros para facilitar la participación de empresas exportadoras en los mercados internacionales. Asimismo, orientó sus recursos hacia aquellos sectores y actividades con alto potencial exportador y con ventajas competitivas sostenibles en el largo plazo, promoviendo además la inversión extranjera. En este contexto, se impulsó la producción, transformación y venta de 269 productos agropecuarios, como ganado bovino, algodón, jitomate, coliflor y miel, entre otros, cuyo destino final fueron los mercados de 36 países del mundo, entre los que destacan Japón, España, Francia, Guatemala y Alemania, además de los mercados tradicionales de Norteamérica. El Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (Focir), al mes de diciembre de 1995 integró su cartera con 127 proyectos de fomento agroindustrial a través de capital de riesgo, de los cuales 41 se autorizaron en 1995 con una participación accionaria de 209.5 millones de pesos.

Para coadyuvar a la solución de la cartera vencida del sector agropecuario, Fira continuó aplicando el Programa Especial de Saneamiento Financiero y Técnico (Prosafin), el cual durante 1995 presentó un avance en la reestructuración de cartera por 2 mil 877 millones de pesos. La tasa de liquidación parcial aplicable se estipuló en 15.0% para los productores con ingresos de hasta 1 mil veces el salario mínimo de la zona y en 20.0% para el resto de los productores. Por lo que respecta a la cartera vencida del Banrural, durante 1995 la institución realizó un esfuerzo importante para reestructurar la cartera de los productores que enfrentan problemas para cumplir con sus obligaciones de pago. Al mes de diciembre de 1995 se dio tratamiento a la cartera por un monto de 1 mil 281 millones de pesos en beneficio de 18 mil 267 clientes; de estos recursos, el 71.0% correspondió a reestructuraciones, el 24.0 a prórrogas y el 5.0% a renovaciones.

El seguro agropecuario representa una medida de protección contra los riesgos a que están expuestos los productores en sus personas, bienes y actividades, coadyuvando de esta manera al desarrollo del capital en el campo. Para incrementar una penetración intensiva del seguro entre los productores, Agroasemex administra y, en conjunto con instituciones de seguros, canaliza un subsidio del 30.0% sobre la prima cobrada al productor agrícola, independientemente del tamaño de los predios asegurados y del valor de sus coberturas.

A partir del segundo semestre de 1995, el Gobierno Federal hizo extensivo el beneficio a los ganaderos. Los apoyos del Gobierno Federal mediante el subsidio a la prima, incluyendo lo canalizado a los fondos de aseguramiento, ascendió a 85.2 millones de pesos, mientras que el apoyo a la operación del aseguramiento agropecuario alcanzó los 123.4 millones de pesos.

Durante 1995, la superficie agrícola protegida a través del seguro directo por Agroasemex y el reaseguro a fondos de aseguramiento ascendió a 881 mil 817 hectáreas. De este total, el 87.2% correspondió a los 10 cultivos principales del país. Por lo que respecta al seguro ganadero, la cobertura alcanzó 847 mil 005 cabezas. El monto de primas agropecuarias emitidas a través de Agroasemex y los fondos de aseguramiento ascendió a 190.3 millones de pesos y el total de indemnizaciones por siniestro fue de 119.2 millones de pesos.

La apertura comercial y la liberación de precios ha implicado un cambio en la estructura productiva hacia los productos con mayores posibilidades de competir en el mercado doméstico e internacional. Asimismo, ha favorecido la creación de mercados regionales, resultando un factor importante en el ámbito de la comercialización de granos y la redefinición del papel del Estado, que de ser un comprador de primera instancia se ha transformado en un promotor de mercados. La devaluación del peso implicó modificar la relación de precios internos respecto a los internacionales y abrir la posibilidad de avanzar en el proceso de liberalización de precios sin sacrificar la competitividad de los productos domésticos.

Actualmente, los precios de la mayor parte de los granos y oleaginosas se determinan libremente. En el caso de los granos y oleaginosas se han eliminado los precios de concertación, asimismo los de garantía en maíz y frijol se han sustituido por precios piso referenciados a los precios internacionales. En este esquema, la comercialización de granos y oleaginosas se rige a través de los precios de indiferencia, lo que permite contar con reglas claras para la determinación de los mismos en zona consumidora y productora.

La tendencia alcista en los precios internacionales que se manifestó a lo largo del año, junto con el ajuste en el tipo de cambio y la nueva política de comercialización de productos agropecuarios que impulsa el Gobierno Federal, permitieron elevar los precios al productor en México. De diciembre de 1994 a diciembre de 1995, el precio promedio al productor de maíz se incrementó en 89.0%, el de trigo en 147.0%, el de sorgo en 129.0%, el de cebada en 107.0%, mientras que el frijol registró un incremento promedio del 28.0%.

El mayor crecimiento de los precios agrícolas sobre la inflación, fue un factor que alentó la producción por la recuperación de la rentabilidad e hizo relativamente más atractivo en 1995 sembrar granos, que en los años pasados. Esto no ocurrió con las actividades pecuarias, particularmente en producción de huevo, ovinos y caprinos, que además se vieron afectados por el gran crecimiento en los precios de los forrajes y del costo financiero.

Se manifestó, asimismo, una fuerte capacidad de reconversión productiva y los productores se movieron hacia cultivos más rentables. En 1995 la producción algodonera, por muchos años deprimida, creció en casi 80.0%; la de cártamo en 78.1% y la de ajonjolí en 144.4%. Esta tendencia a la recomposición de la estructura productiva se reflejó también en el incremento cercano al 10.0% en la superficie cosechada de hortalizas y perennes, cuya producción aumentó en 24.0%, en relación a 1994.

El Gobierno Federal otorgó atención a los problemas del campo a través de la aplicación de diversos programas, con el propósito de apoyar la recuperación de la rentabilidad, el nivel de bienestar de la población rural y el abasto suficiente de alimentos y materias primas a la nación.

Programas de apoyo a productores PROCAMPO - Desde su inicio en 1994, el programa se ha convertido en uno de los principales instrumentos de la política agropecuaria del país, al ofrecer una mejor distribución y transparencia en la aplicación de los apoyos del Gobierno Federal, incorporando a un gran número de productores que no los recibían por la vía del precio de garantia. - El PROCAMPO se fortaleció en 1995, los recursos aplicados ascendieron a 5 751 millones de pesos. Las dificultades económiucas que se reflejaron en restricciones del crédito de la banca de desarrollo y crecientes carteras vencidas, aumentaron la importancia de PROCAMPO como apoyo en las actividades productivas del sector.

- Las delegaciones de la SAGAR y las direcciones regionales de ASERCA realizaron trabajos de revisión documental y verificación predial, y junto con la formación de la Contraloría Social y los Subcomités de Control y Vigilancia, se consolidó la validación social como línea de acción para complementar y depurar el directorio de productores. - Para el ciclo otoño-invierno 1994/1995, el programa incrementó el apoyo por hectárea de 330 a 400 pesos, y en el primavera-verano 1995, de 350 a 440 pesos, para los cultivos de maíz, frijol, trigo, soya, sorgo, arroz y algodón. - Al cierre de los ciclos otoño-invierno 1994/1995 y primavera-verano 1995, se pagaron 4 210 330 solicitudes y se apoyaron alrededor de 13.3 millones de hectáreas en beneficio de 3 millones de productores. - En 1995, la figura legal de los contratos de cesión de derechos se incorporó en la normatividad operativa de PROCAMPO, como respuesta a las peticiones de diversos grupos de productores por contar con capital de trabajo anticipado para llevar a cabo las labores agropecuarias. Para ello, se celebraron contratos, cediendo voluntariamente, en forma total o parcial, los apoyos del programa a cesionarios, quienes reciben por conducto de SAGAR-ASERCA el apoyo de PROCAMPO. En el ciclo primavera-verano, adquirieron mayor relevancia estos contratos, dado que se formalizaron 4 169 e involucraron 1 058 545 hectáreas que fueron cedidas por 304 325 productores. Los gobiernos estatales o municipales fueron cesionarios del 38.0 por ciento de la superficie cedida, las instituciones financieras del 39.1 por ciento, distribuidoras de insumos 14.3, y las sociedades de productores del 6.6 por ciento, entre los más importantes. Dichos contratos permitieron la obtención de créditos para insumos al inicio de las siembras. La superficie cedida representó el 10.4 por ciento de la superficie pagada durante ese ciclo.

Programa emergente de sequías - El problema de la recurrencia de sequías a nivel nacional se acentuó a finales de 1994 e inicio de 1995 en la región norte del pais, particularmente en los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas. - Los bajos niveles de almacenamiento en presas dieron lugar a que en el ciclo otoño-invierno 1994/1995, se sembraran 180 mil hectáreas menos que el promedio de los cinco años anteriores en los distritos de riego. La reducción para este ciclo en condiciones de temporal, fue de 605 mil hectáreas en los estados mencionados. Por otra parte, los cultivos que se encontraban en desarrollo, resintieron considerablemente los efectos del fenómeno. La ganadería de la región también registró un fuerte impacto con la disminución de 180 mil cabezas del inventario ganadero, pérdida de peso en 4 millones dc cabezas y daños en 35 millones de hectáreas de agostadero. - Ante esta situación de contingencia, y para atender con oportunidad y eficiencia a los productores afectados, el Gobierno Federal anunció en mayo de 1995 el Programa Emergente de Sequías. En atención a la solicitud de más productores y gobiernos estatales, también se autorizó el programa en los estados de Sinaloa, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas. - En lo que compete a la SAGAR, la inversión total fue de 170 millones de pesos en apoyo a los productores afectados. De esta manera, se generaron más de 2 millones de jornales en el programa de empleo; se ejecutaron 988 acciones de equipamiento y rehabilitación de infraestructura rural; se otorgaron subsidios para la adquisición y flete de más de 47 mil toneladas de suplementos alimenticios para el ganado y se brindaron apoyos en la actividad agrícola para alrededor de 39 mil productores. En conjunto estas acciones beneficiaron a más de 200 mil familias y alrededor de 1.5 millones de cabezas de ganado.

Programa emergente en apoyo a productores afectados por inundaciones - Con el propósito de apoyar a los productores que en los meses de septiembre y octubre se vieron afectados por las inundaciones causadas por huracanes, la SAGAR destinó recursos por un monto de 30.1 millones de pesos hacia los estados de Campeche, Tabasco y Yucatán, a fin de implementar acciones que atenuaran los efectos causados por estos fenómenos.

- Como resultados destacan la adquisición de fertilizantes y semilla certificada de maíz, arroz, sorgo y frijol para una superficie de 56 mil hectáreas; el apoyo al combate de la plaga del cacao en 50 mil hectáreas; la fertilización de 5 mil hectáreas de cítricos y 4 200 de plátano, así como apoyo para la siembra de 20 mil hectáreas de cocotero. - En el sector pecuario, se apoyó la adquisición de 200 mil dosis de biológicos veterinarios, así como la adquisición de alrededor de 7 mil toneladas de alimento balanceado y melaza. También se dieron apoyos para la reactivación apícola, tales como la dotación de 8 mil colmenas, con sus respectivas abejas reinas y la adquisición de azucar y antibióticos para su alimentación y control sanitario.

Programa de apoyo al desarrollo rural con mano de obra campesina - Desde 1994, el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), en conjunto con la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), han venido operando el Programa de Apoyo al Desarrollo Rural con Mano de Obra Campesina, en el cual se vinculan los sistemas productivos, las prácticas de conservación de suelo y agua y la rehabilitación y desarrollo de infraestructura productiva, al retribuir con maíz y fnjol aportado por CONASUPO, el 50.0 por ciento del valor de los jornales que aplican los productores al ejecutar estas acciones. - Durante 1995, se ejercieron 41.6 millones de pesos, que corresponden al 98.0 por ciento de lo convenido. Estos recursos fueron entregados en 587 municipios a nivel nacional en los que se realizaron 4 671 acciones, entre las que destacan despiedres y mejoras territoriales, construcciones y rehabilitaciones de obras de captación, de cercos perimetrales y de caminos rurales, de almacenes y bodegas, establecimiento de huertos y praderas iniciativas de reforestación. En estos trabajos participaron 261 297 productores con la generación de alrededor de 3.6 millones de jornales.

Programa del café - Por la importancia económica y social que tiene el cultivo de café para el sector y el país, durante 1995 se creó un programa de apoyo para impulsar su producción y productividad en el estrato de productores que poseen menos de cinco hectáreas y que constituyen el 92.0 por ciento de los cafeticultores, en su mayoría ubicados en zonas indígenas. - Entre las acciones más importantes destaca el financiamiento por 314.5 millones de pesos otorgados a través de BANRURAL para productores minifundistas, lo que permitió beneficiar a 164 125 productores, anteriormente no considerados como sujetos de crédito y poseedores de una superficie de 315 770 hectáreas. - El impacto en la producción ha sido relevante, estimándose obtener para el próximo ciclo cafetalero, que va de octubre de 1995 a septiembre de 1996, 4.2 millones de sacos de 60 kilos. Esta producción significa, en relación con el ciclo anterior, un incremento del 15.0 por ciento. - Es importante destacar que el programa ha permitido un significativo avance en la reestructuración de la organización y acción institucional en el fomento de la cafeticultura, a través de la consolidación de organismos estatales, que de manera corresponsable con los productores y autoridades permiten plantear nuevas acciones de apoyo con mayores expectativas de productividad y eficiencia.

Programa de la caña de azúcar - Con el propósito de elevar la producción y productividad de la agroindustria azucarera, durante 1995 se impulsó la aplicación de mejores y más eficientes tccnologías en el campo cañero, a través de la coordinación de las organizaciones nacionales y locales de cañeros y los ingenios.

- Se estableció el Comité para la Modernización de la Agroindustria Azucarera, con la participación de la SAGAR, SHCP, SECOFI, STPS, las organizacioncs nacionales y locales de cañeros e industriales, a fin de adecuar el marco Iegal que rige la relación entre la actividad primaria e industrial, conviniéndose en ese órgano una política de precios de largo plazo. - Las acciones emprendidas en campo permitieron incrementar la producción de caña de azúcar en 24.3 por ciento en relación con 1994, al pasar de 34.1 a 42.4 millones de toneladas. La productividad se elevó de 69.2 a 71.8 toneladas de caña industrial por hectárea y de 7.2 a 8.2 toneladas de azúcar por hectárea. El contenido de sacarosa en caña se incrementó de 12.98 a 13.34 por ciento. - Como consecuencia de lo anterior, la producción de azúcar se elevó en 20.6 por ciento al pasar de 3.55 millones de toneladas en 1994 a 4.28 millones en 1995 y en rendimiento de fábrica de 10.41 a 10.66 por ciento.

Programa de apoyos al algodón - Durante 1995 se puso en marcha el Programa de Apoyos al Algodón, orientado a elevar su producción y productividad, dada la importancia que tiene este cultivo como generador de divisas, y por ser una de las actividades productivas del campo que mayor empleo genera. En ei año, se destinaron apoyos a la producción y sanidad del algodón, diferenciándolos en función de la tecnología utilizada, otorgando 300 pesos por hectárea de temporal y 500 pesos por hectárea de riego, beneficiando una superficie de 295 mil hectáreas. - A traves de ASERCA se ejecutó un programa de coberturas en el mercado de futuros de Nueva York, con lo cual se aseguró un precio mínimo al productor. - Como resultado de estas acciones, se superó en 67.6 por ciento la superficie sembrada en 1994 con mayores rendimientos y un incremento en la producción de casi el 80.0 por ciento.

Tarifa 09 (Riego agricola) - Con el propósito de atenuar el impacto del incremento en el costo de los insumos agropecuarios y en particular el de la energía eléctrica utilizada para riego por bombeo, se continuó con el Programa Tarifa 09, el cual se aplicó por medio de convenios tripartitos entre los gobiernos Federal, estatal y los productores de 13 entidades federativas: Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila. Durango, Guanajuato, Michoacán, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Yucatán y Zacatecas. - Las acciones permitieron subsidiar el costo de la energía eléctrica para la opcración de 38 722 pozos, 9 0 por ciento más que el año anterior. La Federación erogó 719 millones de pesos, monto superior en 11.5 por ciento al ejercido en 1994 para la atención de 1 592 270 hectáreas.

Fuente: SAGAR.

Agricultura Las acciones de fomento en materia agrícola se orientaron fundamentalmente a elevar la producción y productividad de los cultivos, impulsando el uso de tecnologías más eficientes y apoyando la reconversión productiva, con base en las características agroclimáticas de las diferentes regiones y la identificación de productos de mayor rentabilidad y demanda.

El volumen de producción de los 10 principales cultivos agrícolas disminuyó en 6.6% respecto al año anterior, como consecuencia de la menor producción de maíz, trigo, frijol y arroz, derivada de diversos factores climáticos y financieros adversos, sin embargo se superó en 7.8% la meta programada para el año. De una superficie sembrada de 14.8 millones de hectáreas, se cosecharon el 90.5% de los mismos.

En relación con otros productos agrícolas, entre los que destacan la caña de azúcar, tabaco, café, cereza, papa y cultivos forrajeros, se alcanzó una producción de 75.1 millones de toneladas, que se compara favorablemente con los resultados obtenidos en 1994, al registrarse un incremento del 11.3%.

En ello influyó el comportamiento de algunas hortalizas destinadas al mercado externo, como el jitomate y el chile verde, cuya producción se incrementó en 21.4% y 50.4%, respectivamente. Asimismo, estos cultivos mostraron aumentos importantes en productividad como consecuencia del uso de mejores paquetes tecnológicos e insumos de calidad. El jitomate elevó sus rendimientos de 21.9 a 25.2 toneladas por hectárea y el chile verde de 8.8 a 11.8 toneladas por hectárea.

La producción de los principales productos frutícolas aumentó; se cosechó en 1995 una superficie de 889 mil hectáreas, con una producción de 10.9 millones de toneladas, 9.3% superior a lo obtenido el año anterior. Destacan los incrementos de 24.1% en la producción de naranja, 14.3% de limón, 12.9% la de sandía y 12.1% de mango, resultado del impulso de programas de adopción de mejores tecnologías, prácticas poscosecha y campañas fitosanitarias.

Asimismo, se logró elevar la calidad de la mayoría de los frutales como consecuencia de la actualización y formulación de normas mexicanas de calidad y la aplicación de normas oficiales fitosanitarias, lo que se reflejó, entre otros aspectos, en la elevación de los volúmenes exportados.

Las acciones de sanidad vegetal fueron relevantes para evitar el ingreso de plagas y enfermedades del exterior y garantizar las condiciones sanitarias adecuadas para la comercialización de productos agrícolas con el exterior. Durante 1995, se realizaron diversas acciones en la materia, entre las que destacan las siguientes: - Con la finalidad de incrementar el intercambio comercial de productos agrícolas, se efectuaron reuniones binacionales para armonizar los criterios de regulación fitosanitaria con Estados Unidos de América, Canadá, Argentina, Chile, Nueva Zelanda, Uruguay, Costa Rica y Bolivia, lo que permitirá facilitar las transacciones comerciales en un 90.0 por ciento. - Se realizaron cinco campañas de prioridad nacional contra el amarillamiento letal del cocotero, broca y roya del cafeto, carbón parcial del trigo, roya lineal amarilla de la cebada, y sigatoka negra del plátano. Con las acciones ejecutadas se beneficiaron 305 mil hectáreas y 150 mil productores. - También se aplicaron seis campañas emergentes contra la langosta, chinche café del sorgo, mosquita blanca, roya blanca del crisantemo, tristeza de los cítricos y contingencias fitosanitarias, con las cuales se beneficiaron alrededor de 4.7 millones de hectáreas de cultivos básicos, frutales, cítricos, flores y pastizales. -Se declaró oficialmente como zonas libres de mosca de la fruta a tres municipios de Baja California Sur, 67 municipios de Sonora y todo el estado de Chihuahua, con lo cual 55 mil productores podrán comercializar mango, manzana y cítricos en el mercado nacional e internacional, sin la necesidad de aplicar tratamientos cuarentenarios de postcosecha. También se intensificaron las acciones para erradicar la plaga en el resto del país. - Con la barrera de contención de la mosca del mediterráneo establecida en la frontera sur de Chiapas, entre México y Guatemala, se evitó la dispersión de la plaga hacia el interior del país, protegiéndose 1.3 millones de hectáreas de frutales. - El Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria realizó 28 342 diagnósticos de cultivos, los cuales permitieron interceptar 150 plagas de importancia cuarentenaria y brotes incipientes de plagas sujetas a regulación fitosanitaria, con lo que se minimizó su dispersión nacional al mantenerlas confinadas. - También se apoyó a productores de ocho entidades federativas con la producción de 200 millones de organismos beneficos para contrarrestar la presencia de plagas en 5 mil hectáreas de caña de azúcar, chile, maíz, melón y tomate, entre otros.

Ganadería El objetivo de la política pecuaria fue elevar la producción y eficiencia de la actividad ganadera, para garantizar el abasto interno de alimentos y generar excedentes exportables.

Los programas de fomento se orientaron a mejorar la calidad sanitaria, para aprovechar las ventajas de la competitividad de los productos pecuarios en el exterior y a garantizar el acceso de los productores en la adquisición de insumos productivos, particularmente en relación a una mayor dotación de cupos libres de arancel para la importación de granos, maíz y cebada forrajera, ante la menor disponibilidad de forrajes en el país. La producción de carne en canal superó en 8.0% y 10.7% a los resultados alcanzados en 1994 y a la meta programada en 1995. La balanza comercial del subsector ganadero fue superavitario en 430.7 millones de dólares, muy superior al del año anterior que se situó en 43.2 millones de dólares.

La producción total de carne rebasó los 3.7 millones de toneladas, significando el volumen más alto en la historia. Por especie, la de bovino fue de 1 mil 422.3 toneladas, 4.2% más respecto a 1994, debido al mayor sacrificio de pie de cría improductivo a consecuencia de la sequía en el norte del país y al aumento de los niveles de exportación de ganado en pie a los Estados Unidos de América, los cuales se ubicaron en 1.3 millones de cabezas, es decir 45.0% más que 1994. La oferta de carne de porcino ascendió a 900.6 miles de toneladas, cuyo incremento de 3.2% obedece a la programación de engorda que se dio a finales de 1994 y a la elevación en los niveles de sacrificio de pie de cría para ajustar los niveles de producción futura de carne. Por su parte la de ovino y caprino manifestaron decrementos de 0.7% y 2.6%, respectivamente, en relación al año anterior, por la falta de inventarios nacionales y el incremento del sacrificio de pie de cría registrado a finales de 1994.

El mayor incremento se presentó en la producción de carne de aves, superando en 16.8% lo obtenido en 1994 y en 15.3% la meta anual; dicho comportamiento se debe a la alta demanda que presenta este producto, como consecuencia directa de su menor precio en relación a otro tipo de carnes. La producción de huevo registró un decremento de 1.9% en relación a 1994, en virtud de que el significativo aumento en los costos de producción se reflejó en un mayor precio al consumidor, siendo uno de los factores que conllevó a la contracción de la demanda; sin embargo, se superó en 1.2% la meta anual. La oferta nacional de leche se incrementó en 4.7% y alcanzó los 7 mil 811.5 millones de litros, incentivada por los ajustes en los precios y la disminución en las importaciones de leche en polvo, lo que repercutió favorablemente en las explotaciones nacionales de doble propósito.

Por su parte, la actividad apícola alcanzó un volumen de producción de 47.3 miles de toneladas de miel, 16.1 menor a la producción de 1994, por los efectos de fenómenos meteorológicos que afectaron la disponibilidad de polen

y por plagas y enfermedades que redujeron los rendimientos. No obstante, se mantuvieron niveles de exportación superiores a los 30 millones de dólares, sosteniéndose como la segunda fuente generadora de divisas del subsector pecuario.

Las acciones de fomento pecuario se orientaron a modernizar las técnicas productivas, propiciar el mejoramiento genético del ganado, fortalecer los mecanismos de control sanitario e impulsar la modernización de los establecimientos de matanza.

Acciones de fomento pecuario, 1995 - La Comisión Nacional para el Mejoramiento Genético y la Reproducción Animal, apoyó a los productores con la producción de 174 463 dosis de semen y la distribución de 143 101, acciones que se complementaron a través de la distribución de 292 toneladas de nitrógeno líquido para su conservación. - En apoyo a los productores de menores recursos, se continuó con la ejecución de los programas de Aparcerías y de Repoblación de Ganado mediante contrato innominado. En 1995 se operaron 3 047 contratos en todo el país, que ampararon un total de 77 169 animales. - En el marco del Programa Ganado Mejor, se distribuyeron 11 571 sementales de mejor calidad genética y potencial productivo, lo que significó una derrama económica de 613 millones de pesos. - Se continuó apoyando la modernización comercial mediante la descentralización de la matanza que se realiza en el Distrito Federal y su zona metropolitana. En 1995 se instalaron 18 nuevos establecimientos tipo inspección federal (TIF) en los estados de Chiapas, Coahuila, Jalisco, México, Nuevo León, Querétaro y en el Distrito Federal, con los cuales existen ya un total de 153 establecimientos de este tipo en el territorio nacional. - Con la ejecución del Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana, se instalaron 77 127 trampas caza-enjambres, lo cual permitió eliminar enjambres en rutas de migración, áreas turísticas y centros de población, y se coadyuvó al control de la africanización de apiarios. Asimismo, se dotó de 4 305 abejas reina europeas a los productores de menores recursos. - Se incorporaron como entidades libres de fiebre porcina clásica a los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Yucatán, sumándose a los de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora, que ya se encontraban libres. Asimismo, se avanzó en los trabajos de erradicación en Durango y Quintana Roo. - Los estados de Baja California, Baja California Sur y Chihuahua se declararon libres de enfermedad de Aujeszky y se avanzó en su erradicación en Sinaloa y Sonora. - Los resultados de la campaña contra la tuberculosis bovina en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, permitieron que estos 13 estados fueran acreditados para continuar exportando ganado bovino a los Estados Unidos de América. - Se continuaron impulsando las acciones para el control y erradicación de la influenza aviar, con las cuales se atendió a 2 855 granjas de avicultura comercial, 15 072 predios de avicultura de traspatio, y se recolectaron 330 mil muestras de diagnóstico para laboratorio. Por otra parte, se fortaleció el monto de recursos destinados a las operaciones de campo, diagnóstico de laboratorio, despoblación de granjas, indemnización de productores y equipo para desinfección en los puntos para control de aves, productos y subproductos, mismos que ascendieron a 18.1 millones de pesos. Como resultado de lo anterior, fueron declarados libres de influenza aviar las regiones avícolas de los estados de Campeche, Chihuahua, Durango, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Yucatán y la Región Lagunera. - Adicionalmente se declararon libres de salmonelosis aviar y newcastle a los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León y Yucatán, para sumar junto con Sinaloa y Sonora que ya se encontraban libres, un total de siete entidades declaradas oficialmente libres de esas enfermedades. - Canadá reconoció al estado de Sonora como libre de fiebre porcina clásica, por lo cual se empezó a negociar el protocolo para la exportación de los productos cárnicos porcícolas de esa entidad.

- Canadá y Corea aprobaron el sistema de inspección sanitaria de carnes de México, con lo cual se abrió la posibilidad de exportación de productos cárnicos a esos países. Otros países que reconocen el sistema de inspección de carnes de México son los Estados Unidos de América, Japón, Hong Kong, la Unión Europea y varias naciones de Centro y Sudamerica, a los cuales México exporta regularmente productos cárnicos.

Fuente: SAGAR.

Comercialización La estrategia de comercialización de productos agrícolas se orientó a otorgar certidumbre a las decisiones de producción e inversión en el campo, para ello se modificó el papel de las instituciones públicas relacionadas con la comercialización y se otorgó una mayor participación a los productores.

Durante 1995, la actuación de la Conasupo contribuyó a una mayor participación del sector privado en la comercialización de las cosechas de maíz. Este organismo inició la operación del Programa de Apoyo a la Compra de Maíz por parte del sector privado, cuyos objetivos fueron: fomentar su concurrencia en la adquisición de la cosecha de maíz de Sinaloa, correspondiente al ciclo agrícola otoño-invierno 1994-1995; que el productor recibiera cuando menos un precio de 715 pesos por tonelada y propiciar la formación de mercados regionales. En este programa participaron compradores privados de 23 entidades del país, destacando los compradores de los estados de Jalisco, Sinaloa, Coahuila, Sonora, Distrito Federal y Guanajuato; a los cuales se les otorgó un apoyo de 103 pesos por tonelada, independientemente de la entidad de destino del grano. Bajo este mecanismo se comercializaron 586 mil toneladas de maíz con una erogación de 60.4 millones de pesos, lo que significó alcanzar el 98.0% la meta programada.

Considerando que el precio que la Conasupo pagó al productor de maíz en los primeros meses del año resultó inferior a las estimaciones de precios de indiferencia en zonas de producción regionales, se estableció una estrategia de compras para el ciclo agrícola iniciado el 1o. de octubre, basada en la regionalización del territorio nacional en siete zonas, con objeto de fomentar los mercados regionales e incrementar la eficiencia en el manejo del grano, determinándose precios de compra de acuerdo a las características específicas de cada una de ellas. Con la nueva orientación, la Conasupo cumplió con su mandato de ser comprador de última instancia, al tiempo que adquirió el grano suficiente a fin de garantizar el abasto de maíz blanco para consumo humano.

Las compras nacionales de maíz por parte de la Conasupo ascendieron a 3 millones 384 mil toneladas, 58.9% menos en relación a lo programado, debido fundamentalmente a los menores niveles de producción obtenidos en el ciclo agrícola primaveraverano 1994, a los problemas de sequía y a la presencia significativa del sector privado en la comercialización de las cosechas de maíz.

Dados los niveles de existencias y las expectativas de cosecha de maíz para 1995, la Conasupo no programó compras de importación. No obstante, hacia el mes de diciembre y como resultado de la reducción de la cosecha y ante una eminente situación de desabasto en 19 entidades del país, el grupo intersecretarial conformado por la SHCP, Secofi y la Sagar, autorizó a la Conasupo para proceder a la importación de maíz, por lo que a través de ANDSA se contrató la compra de 223 mil 500 toneladas.

Las ventas de maíz también presentaron reducciones, aunque en menor magnitud que las compras. En 1995 se vendieron 4 millones 708 mil toneladas, que fueron menores respectivamente en 42.7% y 38.7% en relación a las programadas y a las efectuadas en 1994. Esta situación se derivó del mandato que recibió la Conasupo en el mes de octubre, de surtir el grano sólo a Diconsa y a los molineros. Del total de ventas en el año, el 38.4% se canalizó a la industria molinera, el 28.6% al sector pecuario, el 17.9% a la industria harinera, el 14.3% a Diconsa y el 0.8% restante a otros consumidores.

Como resultado de las operaciones de compraventa de maíz, se estima que al concluir el año,

la Conasupo contó con 642.7 mil toneladas, equivalentes a poco más de tres meses de ventas a la industria molinera y a Diconsa.

Respecto al frijol, para el año calendario de 1995, en el que inciden los ciclos agrícolas primaveraverano 1994 y 1995 y otoño-invierno 1994-1995, se puso en marcha el Programa de Compras de Frijol por parte de la Conasupo. A partir de la entrada en operación del Procampo, los precios de venta más altos de la Conasupo se colocaron en promedio 22.0% por arriba de los precios de garantía lo que alentó una mayor concurrencia del sector privado en la compra directa del producto. Derivado de las demandas de los productores de frijol, que solicitaron incrementos al precio de garantía, en 1995 se incrementó el precio de compra de la Conasupo en un 20.0%, quedando en 2 mil 160 pesos para frijol altamente preferente, 1 mil 920 pesos para frijol preferente y 1 mil 700 pesos para frijol no preferente.

Para el año calendario 1995, de acuerdo a cifras preliminares se compraron 235 mil 053 toneladas de frijol, lo que permitió alcanzar una meta de 75.9% de la cifra programada. En lo relativo a ventas nacionales se operaron 271 mil 536 toneladas, representando el 80.2% de la meta. Asimismo, se realizaron exportaciones por 74.43 miles de toneladas, 6.0% más que lo programado para ese año; cabe mencionar que los volúmenes comercializados correspondieron principalmente a las cosechas del ciclo primaveraverano 1992 y de anteriores, teniendo como principales destinos Brasil, Holanda, Estados Unidos de América, Sudáfrica, Zaire y República Dominicana.

La Conasupo prevalece como el único agente importador de leche en polvo. Con esta función garantiza el abasto nacional, al importar sólo los volúmenes necesarios que se destinan al sector privado y al Programa de Abasto Social de Leche, que administra Linconsa; así, se complementa la producción doméstica de leche fluida, protegiendo a la ganadería nacional. Durante 1995 importó 146.1 miles de toneladas métricas de leche en polvo, lo que representó un incremento del 3.8% respecto a la meta programada, debido a que se consideró conveniente anticipar algunos embarques de leche en polvo para destinarlos al abasto del primer semestre de 1996. Del volumen importado, el 40.0% se vendió a la industria privada y el 60.0% a Linconsa.

En materia de apoyos a la comercialización, Bodegas Rurales Conasupo (Boruconsa) continuó operando el Programa de Apoyo a la Comercialización Rural (PACE), dirigido a los productores de bajos ingresos dedicados al cultivo de maíz y frijol, el cual representa un estímulo importante para el aumento en la producción y un instrumento de apoyo a la comercialización organizada de los productores. Para el ciclo otoño-invierno 1995-1996, la Conasupo determinó que la bonificación PACE se incorporara al precio de adquisición, denominándose a partir de entonces como PACE Automático. En frijol, también se estableció el PACE Automatico en Chihuahua, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas, principales estados productores durante el ciclo otoño-invierno.

Para mejorar la operación de este programa, durante 1995 se desarrollaron diversas acciones: destacan la selección transparente de la población objetivo, a través de una mayor eficiencia en el proceso de depuraciónvalidación del padrón de productores; la mayor supervisión de los procesos operativos; la mejor coordinación entre la Conasupo y Boruconsa en los comités estatales del PACE para el seguimiento y evaluación del programa y la implantación de sistemas computarizados para el control del mismo. La cantidad bonificada por la comercialización de las cosechas de maíz y frijol ascendió a 161.9 miles de pesos, en beneficio de alrededor de 149 mil productores de 5 mil 382 núcleos agrarios.

Por otra parte, el programa para granos y oleaginosas del organismo Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), contempló apoyos para las cosechas nacionales de trigo, soya, arroz y sorgo de Tamaulipas, así como para la sanidad del algodón, los cuales, salvo los relativos al arroz, se entregarían al comprador en función de los precios de indiferencia o de importación, para asegurar al productor el pago oportuno de su cosecha a precios previamente concertados, a fin de que las cosechas nacionales no perdieran competitividad frente a las importadas. Sin embargo, la devaluación del peso modificó el programa, debido al encarecimiento de los granos de importación, lo que implicó la reducción e incluso la eliminación de los subsidios que debían erogarse para apoyar las cosechas del año agrícola 1995.

El presupuesto para apoyar la comercialización de arroz fue de 23.3 millones de pesos. Las

razones que justifican los subsidios para este cultivo son los siguientes: el precio internacional del arroz se ha mantenido en niveles similares a los de 1994, pero son inferiores a los observados en 1993; al no haber un precio de concertación, lo perecedero del cultivo permite a los industriales colocarse en una posición particularmente privilegiada en la negociación del precio con los productores; el precio promedio obtenido por el productor por la cosecha, la cual se levantará en 1996 es de 860 pesos por tonelada, lo que significa un incremento de sólo 15.0% respecto a sus precios de venta de 1994.

En materia de acopio y almacenamiento de granos, Boruconsa desarrolló nuevos esquemas para favorecer la formación de mercados agrícolas y el enlace comercial entre productores y consumidores, a través de un paquete integral que comprende el acopio, almacenamiento, conservación, pagos de cosecha, certificados de depósito y logística de transporte, entre otros.

En 1995 Boruconsa invirtió 37.1 millones de pesos para consolidar su infraestructura de almacenamiento y hacer más eficientes los ritmos de operación, la conservación de granos y el control de las operaciones de embarque y descarga que realiza. En centros propios, aumentó su capacidad bajo techo en 30 mil 200 toneladas. Asimismo, acopió 2.9 millones de toneladas de maíz, frijol, trigo y sorgo, cifra inferior en 52.1% a la registrada en 1994, que obedeció, principalmente, a la baja en la producción y a la mayor participación de los agentes privados en la comercialización de granos.

En cuanto al almacenamiento efectuado por Andsa, cabe señalar que como resultado de la diversificación de clientes, el desarrollo de nuevos mercados y la nueva oferta de servicios, durante el periodo enerodiciembre de 1995 logró una recepción de granos de clientes particulares por 2 mil 223 toneladas, lo que significó un incremento del 27.0% en relación a 1994. Sin embargo, la recepción de Conasupo fue de 3 mil 338 toneladas, nivel inferior en 46.0% al registrado en el año anterior, debido a la menor recepción de maíz. Por lo anterior, la recepción total de granos fue de 5 mil 561 toneladas, cifra inferior en 30.0% a la registrada al cierre de 1994.

Por lo que se refiere a infraestructura comercial, Boruconsa continuó fomentando la formación, consolidación y desarrollo de Empresas Comercializadoras Campesinas (ECC), a fin de impulsar la organización empresarial entre los productores, asesorándolas en la formulación de sus proyectos, gestión financiera, capacitación y desarrollo de planes de negocios.

En 1995 operaron 217 ECC y se crearon 31 empresas nuevas; esta última cifra significó el 67.0% menos que las constituidas en 1994, debido principalmente a las altas tasas de interés y al retiro del Fondo Nacional de Empresas de Solidaridad (Fonaes), el cual aportaba capital de riesgo. Esta caída propició que el número de productores y núcleos agrarios participantes, los cuales se ubicaron en 17 mil 800 y 774 respectivamente, disminuyeran en 9.2% en el número de productores y en 23.1% en el número de núcleos agrarios; no obstante, la presencia geográfica de las ECC es muy importante, ya que en la actualidad 28 entidades federativas cuentan con este tipo de empresas.

Aserca apoyó la constitución de cuatro empresas comercializadoras regionales agropecuarias, en los estados de Baja California, Baja California Sur y Michoacán y se encuentran otras cinco en proceso de constitución. También promovió la participación de los gobiernos de los estados y delegaciones de Sinaloa, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Baja California, San Luis Potosí, Guerrero, Sonora, Chihuahua, Baja California Sur y Michoacán, en las actividades de difusión a los esquemas de comercialización regional.

En lo relativo al financiamiento para la comercialización, la propuesta fue establecer un mecanismo para financiar las cosechas nacionales, a fin de transformar los modelos de subsidios actuales en modelos crediticios adecuados. En este sentido y como parte de las medidas que conforman la Alianza para la Recuperación Económica y la Alianza para el Campo, la SHCP y la Sagar, con el apoyo de Andsa, Aserca, Boruconsa, Fira y con la participación activa de la Banca y los almacenes generales de depósito, dieron a conocer a fines de 1995, el Programa de Financiamiento a la Comercialización y Manejo de Riesgos de los Productores, como medida encaminada a solventar parte de la problemática de comercialización del campo mexicano. Este programa está dirigido a todas las organizaciones de productores de granos y oleaginosas (maíz, trigo, sorgo, soya, arroz, algodón, cártamo y cebada,

entre otros), así como a agroindustrias integradas por productores o asociadas con empresarios y comercializadoras que deseen comercializar sus cosechas mediante un esquema de crédito con garantía prendaria.

5.5.4 Comercio interior, abasto y protección al consumidor La estrategia de impulso al desarrollo de las actividades comerciales busca consolidar un sistema eficiente de distribución y abasto que apoye el desarrollo regional equilibrado y la estabilidad de precios. El fortalecimiento de las actividades gubernamentales de concertación, orientación y protección de los intereses del consumidor, al igual que la mayor participación de los particulares en el desarrollo de la infraestructura, la adopción de prácticas y procedimientos modernos que permitan mayor eficiencia en el acceso a los mercados por parte de los productores y los consumidores, así como la mejor conexión entre los centros de producción y consumo son elementos fundamentales de esa estrategia.

Durante 1995 la crisis económica afectó severamente todos los ámbitos de la actividad económica del país. El producto interno bruto de la división de comercio, restaurantes y hoteles registró una caída real de 14.4% respecto a 1994; no obstante, cabe destacar que en el cuarto trimestre del año la contracción observada fue de 12.5% respecto al mismo periodo de 1994, menor que las registradas en el segundo y tercer trimestres de 1995. Asimismo, con base en la encuesta a establecimientos comerciales en las 33 áreas urbanas más importantes, las ventas al mayoreo y al menudeo en 1995 experimentaron disminuciones de 17.2% y 22.7%, respectivamente, con relación al año anterior, como consecuencia del menor ritmo de actividad económica, el incremento de la inflación y el deterioro del poder adquisitivo real de la población. El descenso en la actividad comercial, se reflejó en la pérdida de 52 mil 791 puestos de trabajo en promedio anual, en 1995 respecto al año anterior. Esta caída representa el 3.2% del total de asegurados permanentes al Instituto Mexicano del Seguro Social en este sector durante 1995.

La concertación social se constituyó en un mecanismo importante para evitar la profundización de la crisis y la aparición de una espiral inflacionaria. Durante 1995 se suscribieron 1 mil 398 acuerdos de precios y abasto con productores, distribuidores y comerciantes de 98 organizaciones nacionales y 1 mil 300 organizaciones regionales del país. Durante el transcurso del año, el comercio organizado del país desarrolló campañas de ofertas y promociones en casi todos los géneros de productos, especialmente los que integran la canasta básica.

Programas especiales de comercialización y abasto, 1995 En apoyo al sector obrero - Con el propósito de estabilizar los precios de 25 productos de consumo básico y asegurar su disponibilidad, se estableció un programa con ofertas y promociones de tortilla, lácteos, granos, azúcar, aceite, pastas y galletas, atún y sardina enlatados, artículos de limpieza e higiene, medicamentos, enlatados y café. - El sector comercial se comprometió a transmitir al consumidor las reducciones de precios otorgados por la industria y a realizar promociones en productos básicos. Las cadenas de tiendas de autoservicios y supermercados afiliados a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales ofrecieron descuentos en 25 productos de la canasta básica.

Infroducción al mercado de presentaciones de bajo precio - A fin de satisfacer la demanda de la población de menores ingresos se concertó con los sectores productivos la elaboración de productos a precios menores a los de su catalogo de ventas sin demérito de su calidad, ya que en su elaboración y mercadeo se sumaron ahorros en empaques y envases, en productos lácteos, pastas y galletas, enlatados, jabones y detergentes a bajos precios. - Asimismo, en el caso de medicamentos se estableció un programa para que los productos farmacéuticos que tradicionalmente se comercializaban en forma exclusiva en las dependencias y entidades del sector salud, también sean vendidos en el resto del mercado. El programa ha permitido ahorros hasta del 60.0 por ciento respecto a productos de marcas similares en el mercado.

Programas para temporadas de alto consumo Programa de cuaresma - Se promovió la distribución eficiente y la estabilidad de precios de los productos del mar, mediante la coordinación de esfuerzos entre la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, gobiernos estatales y locales, y los sectores comercial e industrial. Ello permitió que los precios fueran inferiores en 3.0 por ciento en promedio respecto a la cuaresma de 1994; además, a través de la instalación de más de 2 600 puntos de venta en los 905 municipios más poblados del país, se logró comercializar cerca de 110 mil toneladas de productos pesqueros, 7.0 por ciento más que en la temporada anterior.

Productos escolares - Se propició la estabilidad de los precios, el adecuado abastecimiento del mercado y Ia orientación de los consumidores sobre estrategias de ahorro y compra de productos escolares. La operación de este programa permitió reducir en 8.0 puntos porcentuales los precios en promedio de uniformes escolares respecto a 1994. Asimismo, se celebró una feria con la asistencia de poco más de 40 mil visitantes, en la cual los precios de útiles y uniformes de primaria y secundaria registraron descuentos de hasta 50.0 por ciento respecto a los del mercado.

Fuente: SECOFI.

El efecto de la devaluación de diciembre de 1994 provocó un repunte inflacionario en los primeros meses de 1995. En abril, el indice nacional de precios al consumidor (INPC) registró una variación mensual de 8.0%, retomando una tendencia descendente en el resto del año; de mayo a diciembre la variación promedio mensual del INPC ascendió a 2.9%, casi la tercera parte del incremento registrado en abril. La inflación acumulada durante 1995 fue de 52.0%, debido a los incrementos de precios de los servicios públicos, lácteos, prendas de vestir, aparatos domésticos y médicos, medicamentos, muebles, jabones, detergentes, vivienda y carnes frescas, principalmente. A su vez el índice de precios al productor (INPP), sin incluir el petróleo crudo de exportación, mostró una tendencia similar al comportamiento de los precios al consumidor, en abril registró una variación mensual de 8.9%, el mayor incremento mensual del año; mientras que de mayo a diciembre se incrementó a una tasa promedio mensual de 2.9%, para alcanzar un crecimiento acumulado al término del año de 56.9%.

El índice de precios de la canasta básica se incrementó en 60.6% entre diciembre de 1994 y diciembre de 1995, superior en 8.6 puntos porcentuales respecto al crecimiento del INPC. Este comportamiento se explica en virtud de que la canasta básica está compuesta principalmente por bienes comerciables, cuyos precios están muy ligados a la evolución del tipo de cambio, por lo cual el incremento de este índice de 15.2% en el segundo semestre del año fue muy similar al del INPC.

La ausencia de controles generalizados de precios, conjuntamente con las concertaciones entre los sectores industrial y de comercio permitieron que el índice de abasto de los bienes que integran la canasta básica registrara un promedio de 97.9% en 1995, nivel muy similar al promedio de un año antes, que refleja una disponibilidad completa de productos en el mercado.

Como parte de la política de abasto se continuó con la revisión sistemática del mercado nacional e internacional y de los balances de disponibilidadconsumo de los productos básicos más significativos: maíz, frijol, leche, carne de ave y huevo, trigo, azúcar, arroz, granos forrajeros y cebada, que en conjunto explican cerca de la mitad de los movimientos de precios de la canasta básica; además se promovió conjuntamente con el sector privado, a través de los correspondientes comités de seguimiento, que los aranceles cupo y los contingentes arancelarios de productos agropecuarios acordados en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la Organización Mundial de Comercio (OMC), complementaran el abasto adecuado de las cadenas productivas de estos productos en el mercado nacional.

Para impulsar la modernización y productividad de la industria de la masa y la tortilla, se promovió en sus establecimientos la comercialización de otros productos, así como la adopción de tecnologías más eficientes y con menor impacto ecológico, adicionalmente, durante el año se disminuyó el rezago de los precios de la tortilla y se autorizó el inicio de operaciones de la primera unión de crédito de estos productores en el Distrito Federal.

En el caso del trigo se eliminaron los subsidios a la harina y se negoció que la industria adquiriera la cosecha del grano con oportunidad y a un precio razonable. En lo concerniente al azúcar, las correcciones de precios registradas durante el año, así como los trabajos de la comisión encargada del sector permitieron avanzar en el planteamiento de las soluciones estructurales de campo e industria.

En 1995 continuó la consolidación del Servicio Nacional de Información de Mercados (SNIM). Su cobertura se amplió a 267 centros de comercialización, 23.0% más que en 1994, de los cuales 205 corresponden al mercado nacional y los restantes 62 proporcionan información sobre mercados y puntos de cotización de productos agropecuarios en los Estados Unidos de América, Canadá y la Unión Europea. Se inició la operación del Sistema Informativo sobre Insumos Agricolas en 20 estados del país, a fin de mantener un seguimiento permanente de precios. También se llevó a cabo un monitoreo de precios en 11 centros de abasto mayoristas de azúcar.

El SNIM incorporó medios electrónicos para la consulta de información y fortaleció su difusión a través de 57 periódicos, 22 revistas, 44 estaciones de radio y cuatro canales de televisión. Adicionalmente, editó por cuarta ocasión el Directorio de Productores y Comerciantes en Centrales de Abasto y generó los anuarios estadísticos de los diversos sistemas informativos, en apoyo a la planeación de la producción y la definición de estrategias de comercialización.

En 1995 el Gobierno Federal promovió la ampliación y mejoría de la infraestructura comercial a través de una mayor participación del sector privado. Entraron en operación cuatro centrales de abasto ubicadas en Córdoba, Veracruz; Tijuana y Mexicali, Baja California; y Chihuahua, financiadas por particulares, con lo cual el total de unidades mayoristas en operación asciende a 58.

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi) en coordinación con los gobiernos estatales, municipales y la banca de desarrollo, elaboró un programa para apoyar en la solución de la problemática de las centrales y módulos de abasto en el país. Se atendió a 33 unidades mayoristas, con problemas financieros y de consolidación.

Con el gobierno del Estado de México se promovió la reinstalación del Comité Estatal para la Regulación de Rastros en la entidad, con lo cual entró en operación el Programa de Modernización de Rastros, que promueve la cancelación de las actividades de matanza en los rastros obsoletos y su reconversión en centros de abasto mayorista de carne y/o rastros tipo inspección federal.

La Secofi y los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura suscribieron un convenio de colaboración para fortalecer los vínculos de los productores agricolas con los mercados terminales, la comercialización rural, el desarrollo de mercados regionales y la creación de empresas comercializadoras.

En el año de 1995 las instituciones de la banca de desarrollo que atienden al sector comercio y abasto, orientaron sus actividades al diseño de esquemas para la reestructuración de los créditos, con el fin de dar una respuesta eficaz a la problemática del marcado incremento de los activos improductivos. Con este fin, el Banco Nacional de Comercio Interior estableció esquemas de reestructuración y recuperación de cartera basados en la situación real de los acreditados, tales como: Línea Paralela de Apoyo Emergente y Sistemas de Pagos Crecientes. Además de lo anterior, se adecuaron los esquemas de Tasa de Liquidación Parcial.

Por otra parte, a partir de septiembre de 1995 se puso en marcha el Acuerdo de Apoyo Inmediato a Deudores de la Banca. Como resultado de este mecanismo, al 31 de diciembre del mismo año, se suscribieron un total de 16 mil 425 cartas de intención de las cuales se autorizaron 4 mil 376 reestructuras y se operaron 2 mil 118 por un monto de 230 millones de pesos.

En materia de financiamiento, se registró durante 1995 una derrama acumulada por 4 mil 843 millones de pesos, que comparados con los 10 mil 467 millones de pesos otorgados en 1994 representan una reducción en términos nominales de 53.7%, como consecuencia de una mayor selectividad y un adelgazamiento del mercado de crédito.

Referente a la derrama de recursos se destaca el apoyo financiero por 110 millones de pesos para la reestructuración de créditos para la infraestructura comercial; 395 millones para el programa de locatarios de mercados públicos; 532 millones para la atención de 44 unidades de crédito y 8.6 millones de pesos para programas especiales.

Por su parte, el Fondo para el Desarrollo Comercial (Fidec) canalizó financiamiento por 8 mil 481.6 millones de pesos, con una variación nominal del 139.3% respecto a 1994, dando prioridad a los apoyos para la renegociación de adeudos de pequeños comerciantes susceptibles de apoyo y cancelando temporalmente el financiamiento a la construcción de nuevos conjuntos de locales comerciales.

El sistema de franquicias amplió su participación en el mercado interno, mediante la apertura de 2 mil 438 establecimientos entre enero y agosto, con lo cual el total de puntos de venta ascendió a 11 mil 612 y el personal ocupado en ellos se elevó a 102 mil personas, 26.6% y 13.6% más que en el año anterior, respectivamente.

El Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa acordó la integración de un

grupo de trabajo dedicado a analizar y proponer soluciones a problemas de comercio interior. En el seno de este grupo se impulsó la gestión y eficiencia de las actividades comerciales con base en una mayor coordinación entre el Gobierno Federal y el sector privado.

Durante 1995 la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio seguimiento a la evolución de los precios y las condiciones de los mercados para orientar e informar a los consumidores sobre calidades y precios de los productos que ofrece el mercado, en especial de los productos básicos. Para ello realizó más de 243 mil inspecciones de precios y tarifas, e impuso 39 mil sanciones económicas, por cerca de 52 millones de pesos. Profeco llevó a cabo casi 8 mil clausuras y más de 7 mil visitas para la verificación de normas, inmovilizándose cerca de 1.2 millones de productos que no cumplían con los requerimientos de etiquetado o información comercial; adicionalmente, se efectuaron más de 120 mil verificaciones de pesas y medidas.

A finales de 1995 entró en operación una campaña para la protección y mejor aprovechamiento del aguinaldo entre la población trabajadora, para lo cual se reforzaron las acciones de verificación y vigilancia de precios sobre productos de alto consumo, con la instalación de 103 módulos de orientación y quejas y 2 mil 200 inspecciones de instrumentos de medición. En las zonas rurales se realizó el Programa de Brigadas Itinerantes mediante la integración de 222 grupos de trabajo. La Profeco produjo 96 programas televisivos y radiofónicos, 454 cápsulas informativas y 44 anuncios para radio y televisión. Para la orientación del consumidor, también editó 6 millones de ejemplares en los diversos medios informativos como la Revista del Consumidor, periódico del Consumidor, carteles, folletos y volantes.

Para lograr un mayor acercamiento con los consumidores, se ampliaron y mejoraron los servicios telefónicos e informáticos y se establecieron nuevos módulos de asesoría y orientación al consumidor, lo que permitió reducir los tiempos de atención de la Profeco y atender aproximadamente 900 mil asesorías, quejas y denuncias, casi tres veces más que en 1994.

En materia de conciliación y arbitraje se concluyeron cerca de 153 mil audiencias de conciliación personal y 12 mil telefónicas, que permitieron recuperar más de 950 millones de pesos en favor de los consumidores. También se proporcionaron 79 mil asesorías para la organización de consumidores, cerca de 7 mil reuniones de promoción, se impartieron 40 mil horas de cursos de capacitación y se apoyó la constitución de 16 comités de consumidores.

SIGLAS

ADE

Acuerdo de Apoyo Inmediato a Deudores de la Banca ADEFAS

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores AFORES

Administradoras de Fondos para el Retiro AJUSTABONOS Bonos Ajustables del Gobierno Federal ALTEX

Empresas Altamente Exportadoras AMI

Acuerdo Multilateral de Inversión ANDSA

Almacenes Nacionales de Depósito, S.A. APF

Administración Pública Federal APIS

Administraciones Portuarias Integrales APPRIS

Acuerdos para la Promoción y Protección Reciproca de las Inversiones ARDF

Asamblea de Representantes del Distrito Federal ARE

Alianza para la Recuperación Económica ARIES

Acervo de Recursos de Instituciones de Educación Superior ASA

Aeropuertos y Servicios Auxiliares ASERCA

Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria AUSEE

Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica BANCOMER Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. BANJERCITO Banco Nacional del Ejercito, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

BANOBRAS Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. BANRURAL Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. BANXICO Banco de México BID

Banco Interamericano de Desarrollo BIRF

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIVE

Banco de Datos de Información sobre Medicina Veterinaria BM

Banco Mundial BNCI

Banco Nacional de Comercio Interior, S.N.C. BONDES Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal BORUCONSA Bodegas Rurales Conasupo, S.A. de C.V.

CABIN

Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales CAFI

Consejo Asesor Fiscal CANACINTRA Cámara Nacional de la Industria de la Transformación CAPFCE

Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas CAPUFE

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos CBN

Curriculum Básico Nacional CDS

Convenios de Desarrollo Social CEBAS

Centros de Educación Básica para Adultos CECATI

Centros de Capacitación Tecnológica Industrial CEDEX

Centro de Educación Extraescolar CENAM

Centro Nacional de Metrología CENDAS

Centros de Desarrollo Agrario CENDRO Centro de Planeación para el Control de Drogas CESNAV

Centro de Estudios Superiores Navales CETES

Certificados de la Tesorería de la Federación CFE

Comisión Federal de Electricidad CIAD

Centro de Investigaciones en Alimentación y Desarrollo CIAT

Comisión Interamericana del Atún Tropical CIATEC

Centro de Investigación y Asesoría Tecnológica en Cuero y Calzado, A.C. CIATEQ

Centro de Investigación y Asistencia Técnica del Estado de Querétaro, A.C. CICAD

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CID

Comisión Intersecretarial de Desincorporación CIGF

Comisión Intersecretarial Gasto-Financiamiento CILLA

Comisión Internacional de Limites y Aguas CIMO

Programa de Calidad Integral y Modernización CINVESTAV Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional CITES

Convención sobre Comercio Internacional de Especies

Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres CNA

Comisión Nacional del Agua CNBV

Comisión Nacional Bancaria y de Valores CNCA

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes CNDH

Comisión Nacional de Derechos Humanos CNMPME Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa COCOPA Comisión de Concordia y Pacificación CODEME Confederación Deportiva Mexicana COESCO Comité Estatal de Comercialización COFAA-IPN Comisión de Operación y Fomento de Actividades

Académicas del Instituto Politécnico Nacional COFIPE

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales COLBACH Colegio de Bachilleres COM

Comité Olímpico Mexicano COMAR

Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados COMEPROC Consejo Mexicano de Productividad y Competitividad COMPEX Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones CONACAL Fideicomiso para la Comisión Nacional de Caminos Alimentadores y Aeropistas CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONADE Comisión Nacional del Deporte

CONAE

Comisión Nacional para el Ahorro de Energía CONAFE

Consejo Nacional de Fomento Educativo CONALEP Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica CONAMPROS Comité Nacional Mixto de Protección al Salario CONAPO Consejo Nacional de Población CONASAMI Comisión Nacional de los Salarios Mínimos CONASUPO Compañía Nacional de Subsistencias Populares CONAZA

Comisión Nacional de Zonas Aridas COPUSI

Cocinas Populares y Servicios Integrados COREMI

Consejo de Recursos Minerales CORETT

Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra CPP

Costo Porcentual Promedio CREFAL

Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos para América Latina DDF

Departamento del Distrito Federal DF

Distrito Federal DGIT

Dirección General de Institutos Tecnológicos DGNDA

Dirección General de Normatividad y Desarrollo Administrativo DIA

Programa de Desarrollo Integral del Adolescente DICONSA Sistema de Distribuidoras Conasupo, S.A. de C.V. DIF

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIRLAC

Banco de Datos de Información sobre el Directorio Latinoamericano de Psicología EASA

Exportadores Asociados, S. A. de C.V. ECEX

Empresas de Comercio Exterior EDUSAT

Red Satelital de Distribución de Televisión Educativa EUA

Estados Unidos de América EZLN

Ejército Zapatista de Liberación Nacional FAO

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FERRONALES Ferrocarriles Nacionales de México FICAPRO Fideicomiso Casa Propia FIDA

Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura FIDE

Fideicomiso de Apoyo al Programa del Ahorro de Energía del Sector Eléctrico FIDEC

Fondo para el Desarrollo Comercial FIDETEC Fondo de Investigación y Desarrollo para la Modernización Tecnológica FIDUCAR Programa de Financiamiento Educativo Rural FIFOMI

Fideicomiso de Fomento Minero FIFONAFE Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal FINA

Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. FINFRA

Fondo de Inversión en Infraestructura FIRA

Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura FIRCO

Fideicomiso de Riesgo Compartido FIVIDESU Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano FOBAPROA Fondo Bancario de Protección al Ahorro FOCIR

Fondo de Inversión y Capitalización del Sector Rural FONACOT Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores FONAES

Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad FONART

Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías FONATUR Fondo Nacional de Fomento al Turismo FONDEPORT Fondo Nacional para los Desarrollos Portuarios FONHAPO Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares FOPESCA Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras FOVI

Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda FOVIMI

Fondo de Vivienda Militar FOVISSSTE Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado FSM

Fondo de Solidaridad Municipal

IED

Inversión Extranjera Directa IFE

Instituto Federal Electoral IMCINE

Instituto Mexicano de Cinematografía IMP

Instituto Mexicano del Petróleo IMPAC

Impuesto al Activo IMPI

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial IMSS

Instituto Mexicano del Seguro Social IMTA

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua INAH

Instituto Nacional de Antropología e Historia INBA

Instituto Nacional de Bellas Artes INE

Instituto Nacional de Ecología INEA

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos INEGI

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática INFONAVIT Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores INFOTEC Fondo de Información y Documentación para la Industria INI

Instituto Nacional Indigenista INIFAP

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias INM

Instituto Nacional de Migración INN

Instituto Nacional de Nutrición INPC

Indice Nacional de Precios al Consumidor INPP

Indice Nacional de Precios al Productor INSAME

Instituto Nacional de Salud Mental IPN

Instituto Politécnico Nacional ISR

Impuesto Sobre la Renta ISSSTE

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSFAM

Instituto de Seguridad para las Fuerzas Armadas Mexicanas ITAM

Instituto Tecnológico Autónomo de México IVA

Impuesto al Valor Agregado JFCA

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje JICA

Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno de Japón JUICE-DATA Base de Datos de la Biblioteca del Instituto de Investigaciones Jurídicas LAN

Local Area Netvvork LAOP

Ley de Adquisiciones y Obras Publicas LFC

Luz y Fuerza del Centro LFEP

Ley Federal de Entidades Paraestatales LFRSP

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos LICONSA Leche Industrializada Conasupo, S.A. de C.V. LOAPF

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal LOCATEL Servicio Público de Localización Telefónica LOTENAL Lotería Nacional para la Asistencia Pública MECED

Programa de Menores en Circunstancias Especialmente Difíciles MESE

Programa de Menores en Situación Extraordinaria NAFIN

Nacional Financiera, S. N. C. NASA

National Aeronautics and Space Administration NECOMEX Banco de Datos de Información sobre Normas Ecológicas Mexicanas NIST

National Institute of Standars and Technology NMX

Norma Mexicana NOM

Norma Oficial Mexicana NRC

National Research Council OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OEA

Organización de Estados Americanos OEC

Organos Estatales de Control OIC

Organos Internos de Control

OMC

Organización Mundial de Comercio ONU

Organización de las Naciones Unidas OPEP

Organización de Productores y Exportadores de Petróleo PACAS

Programas Anuales de Control y Auditoría PAHNAL

Patronato del Ahorro Nacional PALEM

Propuesta para el Aprendizaje de la Lengua Escrita y la Matemática PANF

Programa de Alimentación y Nutrición Familiar PARAUSEE Programa de. Acción para Reforzar el Acuerdo de

Unidad para Superar la Emergencia Económica PARE

Programa para Abatir el Rezago Educativo PAREB

Programa para Abatir el Rezago en Educación Básica PASAF

Programa de Asistencia Social Alimentaria a Familias PASSPA

Programa de Apoyo a los Servicios de Salud para Población Abierta PBSS

Paquete Básico de Servicios de Salud PEA

Población Económicamente Activa PEMEX

Petróleos Mexicanos PES

Programa Escuelas de Solidaridad PFC

Policía Federal de Caminos PGJDF

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal PGR

Procuraduría General de la República PIARE

Programa Integral para Abatir el Rezago Educativo PIB

Producto Interno Bruto PILEOT

Iniciativas Locales de Empleo y Ocupación Temporal PIPSA

Productora e Importadora de Papel, S.A. de C.V. PITEX

Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación PND

Plan Nacional de Desarrollo PRA

Programa de Raciones Alimenticias PROBECAT Programa de Becas de Capacitación para Trabajadores Desempleados PROCAMPO Programa de Apoyos Directos al Campo PROCAPTE Programa de Capitalización Temporal de la Banca PROCEDE Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos PRODEI

Proyecto para el Desarrollo de la Educación Inicial PRODEP Programas de Desarrollo Parcelario PRODERITH Programa de Desarrollo Rural Integral del Trópico Húmedo PRODERS Programas de Desarrollo Regional Sustentable PROFECO Procuraduría Federal del Consumidor PROFEDET Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente PROMAP Programa de Modernización de la Administración Pública PROMIN

Programa Único de Financiamiento de la Modernización Industrial PRONALEES Programa Nacional para el Fortalecimiento de la

Lectura y la Escritura en Educación Básica PRONAP Programa Nacional para la Actualización Permanente

de los Maestros de Educación Básica en Servicio PRONASOL Programa Nacional de Solidaridad PROSAFIN Programa Especial de Saneamiento Financiero y Técnico RFE

Registro Federal de Electores RTN

Red Tecnológica Nacional SABRE

Sistema de Reservaciones SACTEL

Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía SAGAR

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural SAR

Sistema de Ahorro para el Retiro SCT

Secretaría de Comunicaciones y Transportes SDN

Secretaría de la Defensa Nacional

SE

Secretaría de Energía SEAP

Servicio Escolarizado Acelerado de Primaria SECODAM Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo SECOFI

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial SECTUR

Secretaría de Turismo SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social SEE

Servicios Estatales de Empleo SEMARNAP Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca SEP

Secretaría de Educación Pública SG

Secretaría de Gobernación SHCP

Secretaría de Hacienda y Crédito Público SIBEJ

Sistema de Investigación Benito Juárez SIDA

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida SIDABASE Banco de Datos Sobre el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida SIGITEL

Sistema Informático de Giros Telegráficos SIHGO

Sistema de Investigación Miguel Hidalgo Sll Sistema Integral de Información SIMAC

Sistema de Investigación del Mar de Cortes SIMPEX

Sistema Mexicano de Promoción Externa SINAP

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas SINORCOM Proyecto Sistema Normalizado de Competencia

Laboral y Modernización de la Capacitación SIRMORELOS Sistema de Investigación José María Morelos SIREYES Sistema de Investigación Alfonso Reyes SISIERRA Sistema de Investigación Justo Sierra SIVILLA

Sistema de Investigación Francisco Villa SM

Secretaría de Marina SNCCL

Sistema Nacional de Certificación de Competencia Laboral SNE

Servicio Nacional de Empaco SNET

Sistema Nacional de Educación Tecnológica SNI

Sistema Nacional de Investigadores SNIM

Servicio Nacional de Información de Mercados SNS

Sistema Nacional de Salud SNSP

Sistema Nacional de Seguridad Pública SNTE

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación SNTSS

Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social SRA

Secretaría de la Reforma Agraria SRE

Secretaría de Relaciones Exteriores SSA

Secretaría de Salud SSP

Secretaría de Seguridad Pública STPS

Secretaría del Trabajo y Previsión Social SUPERA

Programa Nacional de Superación del Personal Académico TDA

Tasa de Desempleo Abierto TELMEX

Teléfonos de México, S.A. de C.V. TESOBONOS Bonos de la Tesorería de la Federación TESOFE

Tesorería de la Federación TFE

Tribunal Federal Electoral TIF

Tipo Inspección Federal TIGE

Tarifa del Impuesto General de Exportación TIGI

Tarifa del Impuesto General de Importación TIIE

Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio TIIP

Tasa de Interés Interbancaria Promedio TLCAN

Tratado de Libre Comercio de América del Norte TOPD1 Tasa de Desocupación Abierta mas Ocupados que

Trabajan menos de 15 horas a la Semana TOPD2 Tasa de Desocupación Abierta mas Ocupados que

Trabajan menos de 35 horas a la Semana UAM

Universidad Autónoma Metropolitana UDIS

Unidades de Inversión UE

Unión Europea UIA

Universidad Iberoamericana

UNAM

Universidad Nacional Autónoma de México UNAM-DUREC Base de Datos Legislativos de la Universidad Nacional Autónoma de México UNICEF

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UPN

Universidad Pedagógica Nacional USAER

Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular VALLARTA Base de Datos de Jurisprudencia WAN

Wide Area Network ZEDEC

Zonas Especiales de Desarrollo Controlado ABREVIATURAS

Abs.

Absoluta Cap.

Capacidad Gen.

Generación GWH

Gigawatts-Hora H.

Honorable Km Kilómetros KV

Kilovoltios L.P.

Licuado Propano m3/s Metros cúbicos por segundo MBD

Miles de Barriles Diarios MMPCD

Millones de Pies Cúbicos Diarios MTA

Miles de Toneladas Anuales MVA

Megavoltios-amperes MW

Megawatts ONG's Organizaciones no Gubernamentales Ton.

Toneladas Var. % Variacion porcentual

Recibo y túrnese a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

El Presidente:

El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

La secretaria Josefina Silvia Balleza Sánchez:

Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.

«Escudo Nacional. Poder Legislativo Federal. Cámara de Diputados.

Comisión de Justicia.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Justicia, fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, presentada por el Ejecutivo Federal.

Esta comisión, de conformidad con las facultades que le confieren los artículos 42, 43, fracción II, 48, 56 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 65, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de los integrantes de esta Cámara, este dictamen con proyecto de decreto, de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES

1o. El día 6 de diciembre de 1995, los secretarios de la Cámara de Diputados dieron cuenta al pleno de la recepción de la iniciativa de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, presentada por el Ejecutivo Federal con el propósito de adecuar la organización y el funcionamiento de ese importante órgano a la nueva normatividad constitucional en materia de justicia y de seguridad pública.

El Presidente de la mesa directiva acordó con fecha 6 de diciembre de 1995, el turno respectivo a la Comisión de Justicia.

2o. La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Cámara de origen para el conocimiento de la iniciativa de que se trata, en base a lo dispuesto en el artículo 90 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, invitaron a una reunión de conferencia a la Cámara de Senadores, misma que tuvo lugar en las instalaciones de esta Cámara de Diputados el día 25 de enero de 1996, a efecto de transmitir recíprocamente observaciones en torno a la iniciativa del Ejecutivo Federal de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

3o. En el análisis e intercambio de puntos de vista llevado a cabo en dicha reunión, diversos participantes, diputados y senadores, expusieron sus puntos de vista y opiniones acerca del contenido general de la iniciativa del Ejecutivo Federal e igualmente fueron planteadas algunas inquietudes y dudas sobre varios preceptos de la misma.

4o. Con fecha 13 de febrero de 1996, diputados federales integrantes de la comisión que dictamina llevaron a cabo una reunión de trabajo con el Procurador General de la República y diversos funcionarios de la institución. En ella manifestaron planteamientos sobre cuestiones precisas contenidas en la iniciativa, respecto de los que el propio procurador y funcionarios de la Procuraduría General de la República, dieron respuesta.

5o. Las Comisión de Justicia que dictamina celebró una reunión el día 28 de marzo de 1996 para la discusión del presente dictamen.

6o. De acuerdo con los antecedentes indicados, la Comisión de Justicia, con las atribuciones antes señaladas, presenta el dictamen bajo las siguientes

CONSIDERACIONES

La evolución jurídica en nuestro país ha sido especialmente enfática en el ánimo de perfeccionar cada vez más las instituciones que conforman el Estado, concretando así en cada momento una aspiración que en el paso del tiempo va adquiriendo mayor relevancia, debido tanto al creciente interés ciudadano en los asuntos públicos como a la cada vez mayor responsabilidad en la conducción de éstos, situaciones ambas que al estar naturalmente vinculadas, implican la necesidad de contar con normas que impulsen, a través de una organización adecuada, el eficaz ejercicio de las funciones a cargo del Estado, concretando con ello el derecho a un mejor Gobierno.

Esa dinámica ha estado presente con mayor razón en el tema de la justicia, constituida ésta a lo largo de la historia nacional, en el vértice al que han confluido los esfuerzos para alcanzar los máximos ideales que configuran nuestro estado de derecho, entre ellos, la libertad y la seguridad.

Son precisamente estos tres valores fundamentales los que han sustentado el intenso trabajo legislativo de esta LVI Legislatura de la Cámara de Diputados, que como parte del poder revisor ha intervenido en reformas a la ley fundamental en aspectos de justicia y seguridad pública, del Poder Judicial de la Federación y del sistema de designación del Procurador General de la República y como integrante del Congreso de la Unión, ha participado con el Senado de la República en la expedición de la ley reglamentaria de la fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del sistema nacional de seguridad pública, el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, relativas al consejo de la judicatura del Distrito Federal, diversas reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y recientemente, como Cámara de origen, ha aprobado el proyecto de Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

En esta línea se coloca también la iniciativa de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que el Ejecutivo Federal ha sometido a la consideración del Congreso de la Unión por conducto de esta Cámara de Diputados.

A la iniciativa de mérito al igual que a la recientemente dictaminada, se dedicaron más de tres meses de análisis y estudio constantes, realizando investigaciones sobre los antecedentes histórico jurídicos nacionales de las instituciones de que se trata y de derecho comparado, intercambiando pareceres con senadores de la República y con los titulares y funcionarios de aquéllas, valorando objetivamente la información, opiniones y puntos de vista que se fueron obteniendo y vertiendo en esta labor.

El fundado interés que reviste la iniciativa que ahora se dictamina, radica en la importancia tanto de la actuación nacional de la institución que habrá de regularse como de la competencia constitucional asignada que en todo caso incide en la procuración de justicia, elemento principal que define al Ministerio Público en todos los ámbitos en que actúa, ello motiva el esquema de trabajo parlamentario llevado a cabo, involucrando a integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, en un sano y enriquecedor intercambio de ideas y experiencias en que privaron siempre el concepto fundamental de la separación de poderes, la coincidencia en el fortalecimiento del estado de derecho y la intención de arribar al mejor marco normativo para la actuación de la Procuraduría General de la República.

Como resultado del esquema de trabajo planteado están los numerosos y variados aspectos que se modificaron en la iniciativa sujeta a dictamen y que se somete ahora a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, para cuya determinación, se estima necesario abordar aspectos sustantivos que orientaron a esta Comisión de Justicia en su elaboración, mismos que se desarrollan en posteriores apartados.

Dentro de la planeación legislativa y ejecutiva de estrategia y alcances integrales para hacer frente a las dificultades que plantea la seguridad pública, la implicación de múltiples actividades amerita como acción fundamental la reorganización de los sistemas de procuración e impartición de justicia.

Precisamente con esa orientación de reorganización integral, esta LVI Legislatura como parte del poder revisor de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobó en diciembre de 1994 importantes reformas a la ley fundamental. El decreto que aprobó el poder revisor modificó a través de reformas y adiciones los artículos 21; 55; 73; 76; 79; 89; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102 apartado A; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 110; 111; 116; 122 y el 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fundamentalmente se dirigió a cuatro puntos, a saber: la coordinación en materia de seguridad pública, conceptuada ésta como una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en las respectivas competencias que la misma Constitución señala; la reorganización del Poder Judicial de la Federación con reglas nuevas acerca del Consejo de la Judicatura Federal; la creación del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal y finalmente, modificaciones sustanciales en lo que hace al Procurador General de la República y a la viabilidad de impugnación de resoluciones del Ministerio Público respecto al no ejercicio y desistimiento de la acción penal.

Como uno de los antecedentes de dicha reforma está la concepción de que para el combate a la delincuencia y la preservación del estado de derecho es necesaria una eficiente y oportuna coordinación, por ello, particularmente en las reformas al artículo 21, se establece la colaboración entre las instituciones de seguridad pública y en especial, las policiales, para lograr una eficiente seguridad para los mexicanos. Esencialmente trató de la integración y funcionamiento de un sistema nacional de seguridad pública, bajo el que se establecerán medidas para eficientar la prevención del delito, intercambiar experiencias y datos sobre la delincuencia organizada que actúa en diferentes entidades federativas e igualmente, para una mejor administración de los elementos y recursos de las instituciones competentes.

Al respecto, debe señalarse que el Plan Nacional de Desarrollo 19952000 contempla a la iniciativa que se dictamina como una acción de fondo en la estrategia de operación de un sistema nacional de seguridad pública, en el que se insertarán estándares nacionales de calidad en el servicio de la seguridad, la creación de una auténtica carrera policial y los mecanismos de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

La iniciativa que ahora se dictamina se analizó a la luz de una concepción integral del Ministerio Público de la Federación, considerando las notas esenciales que lo caracterizan y que se estima menester expresar como a continuación se hace.

I. Función del Ministerio Público de la Federación

La propia condición humana explica como un ideal la existencia de una sociedad en que la noción de la justicia sea un valor absoluto, misma razón en que a su vez radica la existencia de un orden que materialice la justicia en casos concretos.

Esta concepción de la justicia ha privado en toda organización humana, teniendo por supuesto, vigencia en nuestro sistema jurídico, en el cual con sentido positivista se llega a la concepción de la justicia legal, entendida como la derivada de los ordenamientos que lo conforman, puntualizando así el ideal aristotélico que alude al Gobierno de la ley como el medio para llegar a la justicia, de manera que el Estado tiene la responsabilidad de objetivar este trascendental valor, fin al que llega de diferentes formas, una de ellas es su procuración, sirviéndose de un órgano especializado que erige en representante social.

Si partimos de la idea de que el Ministerio Público no se agota en la norma fundamental, surge la pertinencia de la adecuación de las normas jurídicas que regulan su organización y funcionamiento, a efecto de considerar normativamente todos los factores en que se manifiesta el ejercicio de la función estatal de procurar justicia, en esta finalidad se inscribe la iniciativa que ahora se dictamina.

Los estudios doctrinales que existen respecto de esos factores y la propia actividad del Ministerio Público han contribuido a la evolución de éste, de suerte que aun cuando debe su esencia al ámbito penal, se ha desarrollado en otros campos del derecho, dando una connotación más amplia a la función de procurar justicia, en su calidad de representante de la sociedad.

En efecto, si bien el Ministerio Público encuentra su origen en el proceso penal, en el desarrollo nacional de la institución se presenta la atribución de vigilante de la constitucionalidad y de la legalidad, especialmente en el proceso de amparo y al igual que en otros países, además de ser persecutor de los delitos, se le otorgan otras facultades que le dan la forma actual al Ministerio Público.

Así, la original función persecutora atribuida al Ministerio Público se ha ido transformando. Ello obedece a que no sólo dedica esfuerzos a la investigación y prosecución de delitos ante los tribunales, sino que acatando ordenamientos varios, sustantivos y procesales, interviene en materias ajenas al ámbito estrictamente penal, en que se encuentran involucrados intereses superiores al ámbito personal que implica el ser víctima de algún delito. A esta concepción integral de la institución que nos ocupa se dedican las siguientes líneas.

Intervención en el juicio de amparo

La intervención del Ministerio Público de la Federación en los juicios de amparo tiene diversos caracteres, mismos que la doctrina se ha encargado de agrupar y explicar, así, recurriendo a diversas fuentes, esta importante función como representante público que tiene a su cargo el interés general por el mantenimiento de la legalidad, puede resumirse como se hace en las siguientes líneas.

Interviene como quejoso, atento a las disposiciones constitucionales que previenen, por una parte, su intervención en todos los negocios en que la Federación sea parte y por otra, la posibilidad para cualquiera de las partes, de reclamar en amparo las sentencias definitivas dictadas en los juicios civiles del orden federal, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales.

Tiene el carácter de tercero perjudicado, cuando la concesión del amparo al quejoso puede afectar los intereses patrimoniales de la Federación, en cuyo caso interviene en defensa de dicho patrimonio.

Actuará con el carácter de autoridad responsable, cuando el acto reclamado motivo del juicio de garantías, le sea imputado al titular del Ministerio Público de la Federación o al personal sobre el que ejerce jerarquía.

Finalmente, al estar legitimado, conforme a la fracción XV del artículo 107 constitucional, para actuar en todos los juicios de amparo, se constituye en parte procesal permanente, que responde a su naturaleza de vigilante del interés público y del derecho objetivo.

Este último carácter define la institución del Ministerio Público de la Federación como defensor de la integridad constitucional, toda vez que al estar determinados procesalmente los roles de todas las partes en el juicio de amparo, queda a éste la vinculación, no respecto de las partes, sino con las leyes que resultan obligatorias para ellas y para el propio juzgador, de suerte que en esa posición le es dable concluir en cualquiera de los sentidos encontrados en la controversia, esto es, del quejoso que hace valer la inconstitucionalidad del acto reclamado o de la autoridad responsable y el tercero perjudicado que sostienen a su vez la constitucionalidad del mismo.

Es permitido reafirmar entonces que al Ministerio Público corresponde vigilar el estricto cumplimiento de las leyes, tanto por los gobernados como por las propias autoridades, que en última es la vigilancia de la integridad constitucional.

Es esta última, una de las funciones más importantes y necesarias del Ministerio Público de la Federación, puesto que no existe interés más alto de la sociedad que el respeto de la garantías individuales, base principal en que descansa nuestro estado de derecho.

Justicia constitucional Sin dejar de reconocer las bondades manifiestas del juicio de amparo, resulta necesario aceptar que no era bastante para resolver todos los conflictos de constitucionalidad que se presentaban en el espectro jurídico nacional, así, dentro de las importantes reformas constitucionales que el poder revisor introdujo en el año de 1994, destacan la del artículo 105, que tratan en tres fracciones las figuras de las controversias constitucionales, la acción de inconstitucionalidad y la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a los recursos de apelación contra sentencias de jueces de Distrito dictadas en los procesos en que la Federación sea parte, de oficio o a petición fundada del correspondiente tribunal colegiado de circuito o del Procurador General de la República.

Este precepto contemplaba la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer las controversias entre dos o más estados, entre los poderes de un mismo Estado sobre la constitucionalidad de sus actos y de los conflictos entre la Federación y uno o más estados, así como de las controversias que la Federación fuese parte.

El texto original de 1917 permaneció intocado hasta el año de 1967 en que se agregó la frase final "en los casos que establezca la ley" y en el año de 1993, para contemplar en su texto a los conflictos entre uno o más estados y el Distrito Federal y entre los órganos de gobierno del Distrito Federal. Al amparo de este texto constitucional no fue expedida ley reglamentaria alguna, siendo la propia Corte la que en ejercicio de su máxima función determinara su alcance. Cabe señalar que conforme a este sistema se atribuía en el artículo 102 constitucional, la intervención personal del Procurador General de la República en esas controversias.

La reforma constitucional del año de 1994 tuvo especial significado al incorporar en el artículo 105, procedimientos para garantizar de mejor manera el principio fundamental de la separación de poderes y para iniciar acciones de revisión de la constitucionalidad de ordenamientos de carácter general, siendo el apartado A del artículo 102 el que atribuye la intervención personal del Procurador General de la República en esas controversias y acciones. Conforme a este nuevo régimen, el Congreso de la Unión expidió en abril de 1995 la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La intervención del Procurador General de la República como parte en los procedimientos de controversias constitucionales y acciones de constitucionalidad y como solicitante en la denominada facultad de atracción, previstas en el artículo 105 de la Carta Magna, halla razón precisamente en el carácter atribuido al Ministerio Público de la Federación, institución cuya titularidad se le encomienda, de vigilante de la observancia de la constitucionalidad. Esta nota característica de la institución que nos ocupa reafirma la particularidad a que se ha hecho referencia y que radica en los altos intereses puestos a su cuidado.

Denuncia de tesis contradictorias ante la Suprema Corte de Justicia

La facultad de denuncia respecto a la existencia de tesis contradictorias de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los tribunales colegiados de circuito está revestida también con el carácter del Ministerio Público de la Federación en cuanto vigilante de la integridad del sistema jurídico.

La trascendencia de esta función radica en que no está limitada al aspecto formal que pudiera entrañar una denuncia, sino en la formulación de calificados puntos de vista que pudiesen orientar al máximo tribunal de la nación para fijar el criterio definitivo que se ha entendido comprendida en la función, así, se trata de una responsabilidad en la fijación de los criterios interpretativos en materia de amparo, identificándose la institución, según la califica algún sector de la doctrina, como un opinante social significado.

Función asesora

Como una de las conclusiones del I Congreso Latinoamericano de Derecho Constitucional, celebrado en la Ciudad de México en 1975, se encontró la de recomendar independencia al Ministerio Público respecto del Ejecutivo Federal, a fin de lograr la realización práctica de la justicia constitucional, separando las atribuciones de asesoría y de representación de gobierno de las de representación social y persecución de los delitos, pues se consideraba que no debían confundirse las atribuciones del Ministerio Público como representante social y titular de la acción penal con la de asesoría jurídica del Gobierno.

El análisis al respecto no es de modo alguno nuevo, baste referir el histórico debate sostenido por el licenciado Luis Cabrera y el licenciado Emilio Portes Gil en el año de 1932, siendo este último Procurador General de la República y en el que el licenciado Luis Cabrera reflexionaba "este carácter de consultor jurídico del Gobierno es notoriamente incompatible con las funciones del Ministerio Público propiamente dichas, pues especialmente al intervenir el Ministerio Público en la materia de amparos, no podría desempeñar el doble papel de defensor de la Constitución y de consejero del Gobierno en actos que el mismo Poder Ejecutivo hubiera ejecutado, precisamente bajo el patrocinio y conforme a la opinión del Procurador General de la República en sus funciones de consejero del Gobierno".

El desarrollo ocurrido en la administración pública federal por cuanto hace a la especialización de las diversas materias, había relegado la función de consejero del Gobierno que le era atribuida al Procurador General de la República, ya así lo apuntaba el licenciado Portes Gil en el año de 1932, al afirmar que "hasta ahora la función, consultiva del procurador, en asuntos concretos de Gobierno, ha sido débil".

Estas reflexiones fueron concretadas por el poder revisor en el mes de diciembre de 1994, al modificar el apartado A del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suprimiendo para el Procurador General de la República la calidad de consejero jurídico del Gobierno, a efecto de que las funciones que desempeñe sean las inherentes a la calidad de representante social que en el contexto constitucional se atribuye a la institución del Ministerio Público de la que aquel es titular.

II. Reseña histórica

La preservación del orden social a través de la justicia y particularmente de su impartición, ha sido una concepción arraigada en la conciencia nacional desde antes de la llegada de los colonizadores españoles. De esta noción dan testimonio los cronistas del México prehispánico como Bernal Díaz del Castillo, fray Juan de Torquemada y fray Bernardino de Sahagún; de ellos se deduce la existencia de duros castigos para quienes cometían delitos, tales como la horca, el destierro, los azotes, los cortes de miembros y la exposición de entrañas. Las conductas castigadas eran aquellas consideradas como excesos o perjudiciales a la vida social, así las penas más notables eran para la traición, la promoción de disturbios, el homosexualismo, el adulterio, el homicidio, el robo y la embriaguez.

La organización en la vida comunitaria para la impartición de la justicia es descrita por Francisco Javier Clavijero en su Historia Antigua de México en los siguientes términos: "Este tribunal del tlacatecatl tenía en cada barrio un lugarteniente nombrado teuctli, elegido anualmente por el común del barrio. Estos tenían también su juzgado para conocer de las causas de su respectivo distrito y diariamente iban al cihuacoatl o al tlacatecatl para informarle de todo y recibir sus órdenes. Además de los teuctlis había en los mismos barrios unos comisarios que llamaban centectlapixque, los cuales tenían a su cargo cierto número de personas.

Eran también nombrados del común del barrio, pero a lo que parece no eran jueces sino meros inspectores que velaban sobre la conducta de las familias que tenían encargadas y daban cuenta a los magistrados de todo lo que ocurría. Bajo las órdenes de los teuctlis estaban los tequitlatoques, que eran los cursores o solicitadores, que iban a intimar sus órdenes a los particulares y a citar a los reos y los topiles, que eran los alguaciles que ejecutaban las prisiones que se ofrecían".

Durante la colonia, la procuración de justicia se entendió a cargo de personas que más que representar a la sociedad estaban investidas con la representación real. De entonces datan los fiscales, uno para cuestiones civiles y otro para las causas criminales, quienes en unión de los oidores encargados de las investigaciones, conformaron la estructura de la procuración de justicia a cargo de la Audiencia, sin embargo, el carácter preponderante del fiscal fue el de representante de los intereses de la hacienda pública.

El número par de fiscales, para lo civil y lo criminal, se conservó en la recopilación de las leyes de Indias con leyes de 1626 y 1632, lo que ocurrió también bajo el régimen constitucional en que por el decreto de 1812 además de atribuirse a las cortes la determinación del número de magistrados se preveía la existencia de dos fiscales en la Audiencia de México, reduciéndose a uno en el año de 1822, decreto que igualmente rigió al inicio de la vida independiente.

La Constitución de 1824 al establecer la integración de la Corte Suprema de Justicia señala a 11 ministros y a un fiscal, mientras que para los tribunales de circuito un juez letrado, un promotor fiscal y dos asociados, siendo hasta la ley de 22 de mayo de 1834 cuando se establece un promotor fiscal en cada juzgado de distrito, de nombramiento y funciones iguales a los de circuito. Es la ley de febrero de 1826 la que además de prever para el Ministerio Fiscal visitas a las cárceles, determina su intervención en todas las causas criminales de interés de la Federación y en los conflictos de jurisdicción para entablar o no el recurso de competencia.

La composición de la Corte Suprema siguió el mismo esquema con la vigencia de las siete leyes de 1836, estableciendo la quinta de ellas relativa al "Poder Judicial de la República Mexicana", para cada uno de los tribunales superiores de los departamentos, su integración con jueces y fiscales, estos últimos inamovibles en sus cargos y suspendidos sólo mediante juicio ante el Congreso.

Es al Presidente de la República a quien las bases orgánicas de 1843 atribuyen el cuidado de la administración pronta de justicia por los tribunales y jueces, mediante excitativas y solicitud de informes para efectos de responsabilidades, las que también determinaron un fiscal en la Corte Suprema de Justicia y fiscales generales cerca de los tribunales para los negocios de hacienda y los demás que fueran de interés público.

El nombramiento de un Procurador General de la Nación aparece como tal en 1853 con las bases para la administración de la República, encomendándose a tal funcionario la formulación de los informes en derecho solicitados al Gobierno así como la atención conveniente de los intereses nacionales en los negocios contenciosos junto con la promoción de cuanto conviniese a la hacienda pública. La distinción entre esta figura y la del fiscal se dio con la Constitución de 1857, conforme a la cual concurrían a la composición de la Suprema Corte de Justicia en unión de 11 ministros propietarios y cuatro supernumerarios.

El número de procuradores se fijó en tres con la Ley de Jurados de junio de 1869, denominándose a éstos como representantes del Ministerio Público, que independientes entre sí y desligados de las cuestiones civiles no conformaron una organización; lo contrario ocurrió bajo los códigos de procedimientos penales de septiembre de 1880 y mayo de 1884, que además señalaban como su función la de promover y auxiliar a la administración de justicia en sus diferentes ramas; señalándolo el último ordenamiento citado, como miembro de la Policía Judicial.

En esta evolución debe destacarse que en junio de 1891 se expidió un reglamento del Ministerio Público, pero no es sino hasta el año de 1903 en que se promulga la primera Ley Orgánica del Ministerio Público en el distrito y territorios federales, en que ya se le señala como una institución encabezada por el Procurador de Justicia, a ello se suma la importante transformación de sus funciones, pues de aquella auxiliar respecto de la administración de justicia, adquiere la calidad de parte en juicio para intervenir en asuntos de interés público y de incapacitados así como ostentar la titularidad del ejercicio de la acción penal.

La línea seguida en las distintas cartas fundamentales al regular dentro de la composición de la Suprema Corte de Justicia al Fiscal y al Procurador General, se interrumpe con la reforma constitucional del 22 de mayo de 1900 al disponer que la organización del Ministerio Público estaría determinada por una ley especial, siendo ésta la primera ocasión en que el término "Ministerio Público" se utiliza en un texto constitucional de nuestro país. Bajo su vigencia, en noviembre de 1908 se expide la Ley de Organización del Ministerio Público Federal y Reglamentación de sus Funciones, que comenzó a regir en febrero del año siguiente.

En ella se caracteriza al Ministerio Público como la institución encargada de auxiliar a la administración de justicia en el orden federal civil y penal a través de las promociones conducentes conforme a la ley, así como de procurar la persecución, investigación y represión de los delitos. Ante la Suprema Corte de Justicia y tribunales federales debía defender los intereses de la Federación y a su cargo estaba también la representación del Ejecutivo Federal, con el ejercicio de las acciones que a éste correspondiesen y su defensa al igual que la de, entre otros, los secretarios de estado, cuando fueren demandados.

En los artículos 21 y 102 de la ley fundamental de 1917 se centra lo relativo al Ministerio Público, así, el contenido de mayor trascendencia del primer precepto mencionado es la persecución de los delitos por el Ministerio Público y la Policía Judicial. Dicho dispositivo representó el fruto tanto de un intenso debate en el seno del Constituyente como de una extensa justificación en la exposición de motivos del proyecto presentado por el presidente Carranza en la que se recalcó la necesidad de otorgar autonomía al Ministerio Público en el proceso penal, que al actuar conforme a la legislación derivada de la Constitución de 1857 y no existir la Policía Judicial como organismo independiente, originaba que los jueces ejercieran esa función, convirtiéndose con perjuicio de los procesados en verdaderos acusadores.

Por su parte, en el debate también tuvieron un papel preponderante las funciones persecutoras del Ministerio Público y por ende, la creación de la Policía Judicial como organismo de investigación bajo el mando inmediato de aquél.

El modelo para la creación de la Policía Judicial según se explicó en el debate fue la organización del Ministerio Público Federal de los Estados Unidos de América con la policía bajo su mando directo, de modo que el objeto del artículo 21 de nuestra Constitución fue suprimir los excesos de los jueces que según se ha mencionado estaban constituidos en acusadores al ejercer funciones de Policía Judicial dando al Ministerio Público una real intervención en la investigación de los delitos y en el ejercicio de la acción penal.

La aprobación del artículo 102 no presentó mayor discusión para su aprobación. Reguló las funciones del Ministerio Público de la Federación señalando para el Procurador General de la República su intervención personal en todos los negocios en que la Federación fuese parte, así como su actuación como consejero jurídico del Gobierno y en congruencia con lo genéricamente establecido en el 21, se señala que al Ministerio Público corresponde la persecución ante los tribunales de los delitos de orden federal y por ello también solicitar las órdenes de aprehensión, buscar y presentar pruebas para acreditar la responsabilidad de los reos; finalmente, para una pronta y expedita administración de justicia, se le encomendó el hacer que los juicios se sigan con toda regularidad.

Bajo la presidencia de Carranza se publica en agosto de 1919 la Ley de organización del Ministerio Público Federal y reglamentación de sus funciones. Dividida en cuatro títulos corresponde al primero la regulación de las funciones del Ministerio Público Federal como la institución que tiene por objeto ejercitar ante los tribunales de este fuero las acciones penales correspondientes para la persecución, investigación y represión de las faltas y delitos definidos y penados por las leyes federales; le atribuye también la defensa de los intereses de la Federación ante los tribunales así como el ejercicio de las demás atribuciones conferidas por la Constitución y las leyes. El Ministerio Público tendría a su disposición y órdenes inmediatas a la Policía Judicial, a la que transcribiría toda orden de aprehensión dictada por un juez.

El Título Segundo reguló a los funcionarios integrantes del Ministerio Público, la forma de su nombramiento y el de los suplentes, los requisitos personales, el modo de llenar las faltas así como la protesta que deberán rendir. Los requisitos de ciudadanía mexicana en ejercicio de sus derechos, edad superior a 25 años y calidad de abogado que para ser agente del Ministerio Público previó la ley publicada en diciembre de 1908 se modifican, para señalar que es necesaria la ciudadanía mexicana por nacimiento, calificar de civiles y políticos a los derechos, precisar como necesario el título profesional expedido por autoridad o corporación legítimamente facultada para otorgarlo y adicionar dos años de ejercicio profesional cuando menos, así como la buena conducta.

El precepto sobre los nombramientos atribuye al Presidente de la República el nombramiento y remoción libre del Procurador General de la República, quien dependía directamente del primero e igualmente al mismo Presidente pero por conducto del procurador, correspondía el de los agentes y demás empleados de las oficinas.

El capítulo sobre las atribuciones y deberes del Procurador General de la República y de los agentes del Ministerio Público Federal señalaba que el primero es el consejero jurídico del Gobierno y tendría como atribuciones personales, intervenir como actor, demandado o tercer opositor, en los negocios del orden civil o penal en que la Federación fuere parte, en los casos de los ministros, diplomáticos y cónsules generales así como en aquellos que se suscitaren entre dos o más estados de la Unión, entre un estado y la Federación o entre los poderes de un mismo estado. En materia de amparo, se le señala la de alegar en los juicios de amparo, ante la Suprema Corte de Justicia, por sí o por medio de sus agentes, en los casos en que la ley lo ordenase.

Los últimos títulos de este ordenamiento referían respectivamente la incompatibilidad, impedimentos, licencias, residencia de los funcionarios y correcciones disciplinarias y el de las disposiciones generales trató entre otras cuestiones de los horarios, los libros a llevar por los agentes del Ministerio Público, la variación o modificación de las acciones civiles o penales intentadas y la de las excepciones. Las causas y reglas sobre responsabilidades fueron desarrolladas en las disposiciones transitorias que incluyeron la determinación de penas.

En agosto de 1934 se expide una nueva ley con la denominación de Ley Reglamentaria del artículo 102 de la Constitución de la República, que contuvo en un primer libro la regulación de las funciones del Ministerio Público y en el segundo la del Consejo Jurídico del Gobierno.

La determinación del objeto de la institución del Ministerio Público se contuvo en el primer artículo, enunciándose como tal la investigación y ejercicio de la acción penal ante los tribunales respecto de delitos federales; deducir las acciones encaminadas a la nacionalización de los bienes; intervenir como actora o demandada o tercer opositor, representando al órgano afectado, en juicios suscitados con motivo de la actividad de las autoridades federales; la defensa ante los tribunales de los intereses económicos de la Federación, requiriendo para el desistimiento y confesión de las demandas en éste y los dos supuestos anteriores, de previo acuerdo del Presidente de la República; también dentro del objeto estaba el auxilio a la administración de justicia, promover lo necesario para que sea recta y pronta y en general la intervención que señalaren la Constitución y las leyes.

La autoridad y mando de la Policía Judicial Federal se atribuye también en esta ley al Ministerio Público, agregando que lo tendrá también respecto de todos los que auxilien a aquélla en sus funciones, determinando expresamente como auxiliares de la mencionada policía a los cónsules y vicecónsules mexicanos en el extranjero, capitanes y patrones de embarcaciones mexicanas, administradores de aduanas y resguardos aduanales, capitanes de puerto, policías de carácter federal y policías preventivas y judiciales de las entidades federativas y municipios.

En el Título Segundo, de los funcionarios y empleados del Ministerio Público, se comprende la determinación de la composición de la institución, así como el nombramiento, remoción, suplencia y protesta. Los nombramientos de procurador, subprocuradores y agentes del Ministerio Público siguieron correspondiendo al Presidente de la República, no así los de empleados que fueron remitidos a las normas del reglamento, encargando al procurador el cuidado para que los agentes y empleados sólo fueren removidos de sus cargos por ascenso, ineptitud, mala conducta o alguna causa de responsabilidad.

Para los lugares en que no residiere juez de distrito se estableció que las funciones del Ministerio Público serían ejercidas por un agente titular si las necesidades permanentes lo requerían o por el empleado federal de Hacienda de mayor categoría; a su falta, por el de correos y en su defecto, por el síndico municipal.

En el Título Tercero, de las facultades y obligaciones de los funcionarios del Ministerio Público, se destacan en seis capítulos y con artículos específicos las facultades y obligaciones para el Procurador General de la República, los subprocuradores, los agentes auxiliares del procurador a funcionar en tres grupos (penal, administrativo y civil), los agentes adscritos a los juzgados de distrito y los agentes adscritos a los tribunales de circuito, así como lo relativo al departamento de nacionalización de bienes y al de averiguaciones previas.

Las excusas, impedimentos e incompatibilidades, así como las vacaciones y licencias, ocuparon respectivamente los títulos cuarto y quinto de la ley. En el capítulo único del último título del primer libro, relativo a las disposiciones generales, se regularon las correcciones disciplinarias que el procurador podría imponer a los agentes y demás personal; la resolución por el Departamento de Averiguaciones Previas de los casos de no ejercicio de la acción penal y del procurador para los de desistimiento y un procedimiento específico para los casos en que subprocuradores y agentes del Ministerio fueren acusados por algún delito.

Queda subsistente por disposición transitoria el régimen de responsabilidades que también en artículos transitorios regulaba la ley anterior que se abrogó.

En noviembre de 1940 fue modificado el párrafo primero del artículo 102 relativo al Ministerio Público de la Federación, para suprimir el libre nombramiento y remoción de sus funcionarios por el Ejecutivo, los cuales se harían entonces, de acuerdo con la ley respectiva.

Una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público Federal se pública en enero de 1942. Contó con seis títulos a través de los cuales desarrolla: facultades del Ministerio Público Federal; organización y dentro de éste lo relativo al personal, nombramiento, remociones, suplencias, vacaciones, licencias y excusas e incompatibilidades; facultades y obligaciones de los funcionarios, especificando como la ley anterior lo que correspondía respectivamente al procurador, los agentes sustitutos, agentes auxiliares, agentes adscritos a los juzgados de distrito, agentes adscritos a tribunales de circuito, departamento de nacionalización de bienes, departamento de averiguaciones previas y al nuevo departamento consultivo; de la Policía Judicial Federal; Consejo Jurídico del Gobierno y Disposiciones Generales.

Se encomienda a la institución el velar por el respeto a la Constitución, por todas las autoridades del país, federales o locales, en los órdenes legislativo y judicial y proponer al Presidente de la República, las medidas adecuadas para hacer cesar las violaciones; representar a la Federación o a sus órganos, instituciones o servicios, en los juicios en que sean parte como actores, terceristas o demandados; intervenir en los juicios de amparo; perseguir los delitos del orden federal; promover lo necesario para que la administración de justicia sea recta y pronta y como se había venido señalando en ordenamientos anteriores, desempeñar los demás cometidos consignados en la Constitución y leyes de ella derivadas.

En el capítulo dedicado a los nombramientos, remociones y suplencias del personal, están reservados al Presidente de la República, además del nombramiento y remoción libre del Procurador General, los de los agentes sustitutos y agentes del Ministerio Público Federal auxiliares y adscritos, el personal restante se nombraba y removía por el procurador. También en este apartado se trata la facultad discrecional del procurador para cambiar de adscripción a todo el personal de la institución.

Se evidencia amplia trascendencia al interior de la institución para las funciones que tuvo encomendadas el departamento consultivo que se creó en la ley que se reseña. La siguiente referencia a sus atribuciones permite confirmar lo expresado, pues a este departamento se encomendó: el estudio y formulación de dictamen sobre los negocios en que debiere dictar consejo jurídico el procurador; el desahogo de consultas internas no encomendadas a otro departamento u oficina; el estudio de los problemas generales o especiales sobre legislación y la formulación de los proyectos relativos; la formulación de las demandas, contestación, alegatos y escritos en juicios de intervención personal de procurador, cuidando su trámite y curso legal; el allegarse de la dependencia interesada, informes y pruebas para la defensa en juicio de los intereses federales; girar instrucciones y proporcionar informes y documentación a los agentes adscritos a tribunales en los juicios en que fuere parte alguna dependencia; así como la formulación de informes y escritos en materia de amparos interpuestos contra la Procuraduría.

Dentro del tema de la Policía Judicial, por primera vez se determinan por ley, su organización, requisitos para ser agente de la misma, el adiestramiento físico, elementos jurídicos, estudios de idiomas y la técnica policiaca como aspectos de su preparación; con la misma ubicación y encargado de la investigación técnico-policiaca de los delitos, se creó un Laboratorio Científico de Investigaciones con las secciones dactiloscópica, criptográfica, balística, fotografía, bioquímica y médico forense.

Se establece que todos los auxiliares de la Policía Judicial Federal deberían acatar las instrucciones de Ministerio Público, regulándose ya las actuaciones practicadas por los mismos.

Los títulos finales de esta ley regulan respectivamente, el Consejo Jurídico del Gobierno y las disposiciones generales, dentro de estas últimas lo relativo a las correcciones disciplinarias del personal, procedimiento en caso de acusación por delito a algún agente del Ministerio Público, la obligación de auxilio al Ministerio Público Federal para los funcionarios del Ministerio Público del distrito y territorios federales con el expreso impedimento de dictar cualquier resolución de fondo u ordenar la devolución de instrumentos u objetos del delito.

Importantes reformas al artículo 107 constitucional, uno de los preceptos más complejos según lo califica la doctrina, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación en febrero de 1951. En virtud de la dificultad que aún para los expertos resulta explicar dicho artículo dada la gran cantidad y diversidad de disposiciones que contiene, sólo se referirán en estas líneas algunas cuestiones concretas vinculadas expresa y directamente con el tema que ahora nos ocupa.

En el segundo párrafo de la adicionada fracción XIII, en relación a los casos en que los tribunales colegiados de circuito sustentasen tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, se estableció para el Procurador General de la República, la facultad para denunciar dicha contradicción ante la sala de la Suprema Corte de Justicia que correspondiere, a fin de que decida cuál es la tesis que debe prevalecer e igualmente podrá denunciar ante la misma Suprema Corte de Justicia, conforme al tercer párrafo de dicha fracción, la existencia de tesis contradictorias de las salas en juicios de amparo; conforme a una nueva fracción XV, el propio procurador o el agente del Ministerio Público Federal que al efecto designare, será parte en todos los juicios de amparo, pudiendo abstenerse de intervenir en dichos juicios, cuando el caso de que se trate carezca, a su juicio, de interés público.

Con igual denominación al anterior ordenamiento secundario se publica en noviembre de 1955 otra Ley Orgánica del Ministerio Público Federal. De mayor amplitud que las anteriores, su contenido es desarrollado en 14 títulos referidos respectivamente a: atribuciones del Ministerio Público Federal; organización; nombramientos, remociones y suplencias del personal; atribuciones y obligaciones de los funcionarios; Dirección Jurídica y Consultiva; visitador general, Dirección General de Administración; Departamento de Nacionalización de Bienes; Policía Judicial Federal; Consejo Jurídico del Gobierno; vacaciones y licencias; intervención en los amparos; intervención ante los tribunales colegiados; oficina de registro de manifestaciones de bienes; biblioteca y disposiciones generales.

En este ordenamiento se atribuyó al Ministerio Público Federal la recepción de las manifestaciones de bienes de funcionarios y empleados de la Federación, investigando los casos de enriquecimiento inexplicable. Sigue señalándose que la Policía Judicial Federal y sus auxiliares estarán bajo la autoridad y mando inmediato del Ministerio Público.

En la composición del personal de la institución se prevén los agentes del Ministerio Público adjuntos para el auxilio a los titulares de las agencias, conforme a lo que se establecen artículos adelante de la misma ley. Entre las atribuciones del procurador se prevé el poner en conocimiento del Presidente de la República las leyes violatorias de la Constitución, proponiéndole al mismo las reformas respectivas para las federales y para las locales, se menciona la propuesta por los conductos debidos a fin de que se sugiera la desaparición de los preceptos contrarios a la ley suprema; intervenir a solicitud de la Secretaría de Relaciones Exteriores y conforme a la ley de la materia, en los casos de extradición y denunciar las contradicciones de tesis de las salas de la Suprema Corte o de los tribunales colegiados de circuito.

Como se desprende de la enunciación hecha del capitulado de esta ley, nuevas áreas se encargaron de manera específica de lo relativo a la vigilancia de la secuela de las causas instruidas en todo el país y de la realización de visitas generales y especiales a las agencias del Ministerio en la República cuando fueren ordenadas por el procurador, así como de los nombramientos, situación del personal, presupuesto, inventarios, estadísticas, compras y servicios generales; el anterior departamento consultivo, con funciones análogas es denominado ahora Dirección Jurídica y Consultiva y desde otro punto de vista, también fue novedad el capítulo especial en que se reguló la intervención del Ministerio Público en los amparos.

Respecto a los cónsules, capitanes, policías preventivas y judiciales federales y locales y demás auxiliares, por vez primera se precisa que lo son del Ministerio Público si bien también se les señala dicho carácter respecto de la Policía Judicial Federal.

El 25 de octubre de 1967, se publican reformas aprobadas por el Poder Constituyente a los artículos 102 y 107, entre otros. En relación al 102, se modificó el texto del segundo párrafo sobre la persecución de los delitos de orden federal y a la atribución de hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; en tal ocasión se agregó un tercer párrafo por el que se determinó la intervención personal del Procurador General de la República en las controversias que se suscitaren entre dos o más estados de la Unión, entre un Estado y la Federación o entre los poderes de un mismo Estado.

La atribución contenida en el artículo 107 relativa a la denuncia de tesis contradictorias que se comentó, cambia con esta reforma de ubicación, ahora al primer y segundo párrafos de la fracción XIII, debiendo destacarse que además de tenerla en su caso los tribunales o las salas y el procurador, en virtud de esta reforma se posibilita a las partes que intervinieron en el juicio para que lo hagan.

Lo primero que se advierte en la ley expedida en diciembre de 1974 es el cambio de la denominación respecto de los ordenamientos que la precedieron, así fue Ley de la Procuraduría General de la República, expresando en su primer artículo que el Procurador General de la República será el titular de la Procuraduría y presidirá el Ministerio Público Federal.

Su contenido, organizado en cinco títulos se refiere a las atribuciones y organización, comprendiendo aquí las atribuciones del procurador que al igual que en las dos leyes anteriores, incluyen su asistencia sólo con voz, por invitación de la Suprema Corte de Justicia, a los plenos en que hubiere de designarse algún funcionario judicial; en el título sobre el titular de la Procuraduría se regula su nombramiento y remoción libre por el Presidente de la República, así como su suplencia, la convocatoria del procurador a los directores jurídicos de las secretarías y departamentos de Estado y de los organismos descentralizados.

El Ministerio Público Federal se desarrolló en un título especial, conteniéndose en él las atribuciones de la Policía Judicial, las direcciones generales de averiguaciones previas y de control de procesos y consulta en el ejercicio de la acción penal, los agentes del Ministerio Público, requisitos, nombramiento, suplencias, vacaciones, excusas, impedimentos y correcciones disciplinarias entre otros asuntos, también comprendió varios preceptos que en leyes anteriores eran parte de las disposiciones generales, tales como el procedimiento a seguir cuando fueren acusados de algún delito, su asistencia a las diligencias de cateo, etcétera, y también en capítulos específicos se refería respectivamente a las atribuciones de los agentes del Ministerio Público Federal supervisores de agencias, de los adscritos a las salas de la Suprema Corte y a los tribunales colegiados y unitarios de circuito, así como a los juzgados de distrito. El título sobre la representación en juicio, consejo y estudios jurídicos contenía lo relativo a la Dirección General Jurídica y Consultiva y en la última parte de la administración y servicios de apoyo se incluyó a la Dirección General de Administración, la Comisión Interna de Administración, la oficina de registro de manifestaciones de bienes y el señalamiento expreso de las unidades administrativas que establecería el procurador, así como la facultad para éste de expedir los manuales general y de organización de la Procuraduría.

La ley expedida en noviembre de 1983 atribuyó a la Procuraduría General de la República la naturaleza de dependencia del Poder Ejecutivo Federal en la que se integran la institución del Ministerio Público Federal y sus órganos auxiliares directos.

En ese primer capítulo también establece de manera genérica las atribuciones de la institución en cuanto a la persecución de los delitos del orden federal, la promoción de la pronta, expedita y debida procuración e impartición de justicia, prestar consejo jurídico al Gobierno Federal; representar al Gobierno Federal en actos de intervención de la Federación ante los estados de la República dentro del ámbito de la procuración e impartición de justicia y al cumplimiento de leyes, tratados y acuerdos de alcance internacional en que intervenga el Gobierno Federal, mismas que se desarrollaron en artículos posteriores a través de la enunciación específica de las funciones que cada una de ellas comprende.

El Capítulo Segundo referido a las bases de organización de la Procuraduría, remite a la determinación reglamentaria lo relativo al número y competencia de los servidores públicos sustitutos del procurador, órganos y unidades técnicas y administrativas, centrales y desconcentrados, así como la fijación de los términos y características de los exámenes de oposición para el ingreso de agentes del Ministerio Público y peritos; prevé la existencia de un sistema de desconcentración territorial y funcional; la resolución de cuestiones como el no ejercicio de la acción penal y la formulación de conclusiones no acusatorias; el señalamiento de Policía Judicial y los servicios periciales como auxiliares directos del Ministerio Público y ahora para los agentes del Ministerio Público del fuero común y de las policías judicial y preventiva de las entidades, cónsules y vicecónsules, capitanes, patrones o encargados de naves o aeronaves nacionales y funcionarios de otras dependencias se establece su carácter de auxiliares sólo respecto del Ministerio Público.

También en esta segunda parte de la ley se regula el nombramiento del procurador y remisión de sus requisitos a las calidades de un ministro de la Suprema Corte de Justicia; en un solo precepto se establecen los requisitos para ser agente del Ministerio Público Federal, de la Policía Judicial y de perito oficial, distinguiendo entre agentes ordinarios del Ministerio Público y agentes especiales, calidad esta última que también podrá atribuirse a los visitadores.

Se faculta al procurador para expedir acuerdos, circulares y manuales de organización y procedimientos y a éste o a los servidores públicos en quienes la delegare, las de adscribir discrecionalmente al personal y de acordar el auxilio del personal de la Procuraduría a otras autoridades. Finalmente en disposiciones generales, se alude a las obligaciones inherentes a la calidad de servidores públicos, a las excusas, incompatibilidades y a la facultad de expedir constancias de actuaciones o registros cuando exista mandamiento de autoridad competente o cuando resulte indispensable para el ejercicio de derechos o el cumplimiento de obligaciones.

La constante evolución de la materia de amparo dio lugar en 1987 a una trascendental reforma con la que se ha entendido culminado el proceso de descargar a la Suprema Corte y atribuirle preponderantemente sólo el conocimiento y resolución de los asuntos en que se plantean cuestiones estrictas de constitucionalidad; dejando los asuntos sobre legalidad y contra sentencias definitivas o que terminan un juicio, a cargo de los tribunales colegiados de circuito. Bajo ese antecedente y en el tema que nos ocupa, en esta reforma se adiciona a la fracción V del artículo 107 un párrafo final y se modifica la fracción VIII, textos por los que respectivamente se faculta al Procurador General de la República a formular petición fundada a la Suprema Corte de Justicia con el fin de que ésta conozca de amparos directos o en revisión, que por sus características especiales así lo ameriten.

En 1992 se abre con la letra B, un apartado para los organismos de protección de derechos humanos en el precepto constitucional dedicado al Ministerio Público de la Federación, de modo que a partir de la entrada en vigor del decreto de reformas constitucionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero del año citado, el artículo 102 de la Constitución contiene en su primer apartado, identificado como A, la regulación del Ministerio Público de la Federación.

III. Contenido de la iniciativa del Ejecutivo Federal

El escenario social y jurídico en que se inserta la materia de la vigente Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República ha sufrido profundas y serias transformaciones. Es evidente desde una perspectiva social, que de 1983, año en que fue expedida la citada ley a la fecha, se reconoce un aumento en los índices delictivos, crecimiento que se ha dado no sólo en la cantidad de hechos sancionados por la Ley Penal, a ello debe añadirse la gravedad de tales hechos, la estructura cada vez más amplia y compleja con que se organizan y actúan los delincuentes y por si esto no bastare, la extensión de los efectos económicos y su repercusión en diversos aspectos vitales de la población que los padece. Los habitantes de la República esperan respuestas oportunas y eficaces por parte de la autoridad encargada de la persecución de los delitos y si bien no es la única función que tiene encomendada esa autoridad, debe advertirse que paralelamente a constituir su origen y esencia, en su desarrollo produce un alto impacto social.

De igual forma, no son menos esperadas la congruencia de la ley secundaria a las disposiciones constitucionales que dan esencial intervención al titular de la institución del Ministerio Público en controversias y acciones constitucionales y el ajuste de la misma ley, a las modificaciones que recientemente se han introducido en la primera parte de la Constitución General, siendo también indispensable la adecuación a variadas normas que en el transcurso de estos años han sido dictadas por el Poder Legislativo para el ámbito federal y la incorporación como bases esenciales de la estructuración, de las disposiciones rectoras del quehacer gubernativo en esta materia de la procuración de justicia.

La Constitución General otorga ya en el artículo 16 al Ministerio Público en casos urgentes, la posibilidad de ordenar la detención de probables responsables en los supuestos de comisión de un delito grave y de riesgo fundado de sustracción del indiciado a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, cumpliendo las condiciones previstas por el propio precepto.

Asimismo, dispone que ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial y que podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. De carácter conceptual, ya reflejada en los ordenamientos procesales penales correspondientes, se modifican los términos "cuerpo del delito" para utilizar ahora los "elementos que integran el tipo penal".

Con la modificación a la fracción I y al penúltimo párrafo, ambos del artículo 20 también de la Constitución, se faculta expresamente al Ministerio Público para conceder la libertad provisional en los términos previstos por dicho precepto y se elevan a rango constitucional los denominados derechos de la víctima o el ofendido por algún delito.

También es reciente la importante previsión constitucional contemplada en el apartado B del artículo 102 a partir de la reforma de enero de 1992 y que establece la obligación de constituir organismos de protección de los derechos humanos que otorga el orden jurídico mexicano, fundamento del establecimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el Congreso de la Unión.

Como ya se señaló en hojas precedentes, la reforma constitucional de diciembre de 1994 previó la adición del artículo 21 con tres párrafos para establecer que la Seguridad Pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios y que éstos se coordinarán, en los términos de ley, para establecer un sistema nacional de seguridad pública.

Se enuncia finalmente la reciente Ley General que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que involucra directamente a la institución del Ministerio Público al disponer que la función de Seguridad Pública se realiza por conducto de las autoridades de policía, del Ministerio Público, de los tribunales, de los responsables de la prisión preventiva, ejecución de penas y tratamiento de menores infractores, entre otras, en la que además se establecieron los deberes para la actuación de los integrantes de las instituciones policiales, así como el concepto y las bases de la carrera policial.

La anterior ejemplificación ilustra la noción del marco jurídico al que debe armonizarse la organización de la importante autoridad de que trata este dictamen, sustentada no sólo en la especialización del personal, sino también en una mejor forma de estructurar una actuación desconcentrada.

Estructurada en tres capítulos, dedica el primero a las atribuciones, dentro del cual hay un señalamiento genérico para las que se han considerado originarias o esenciales y en artículos posteriores, se contiene la enunciación específica de las atribuciones que se comprenden en las primeras. En esta relación es reflejada la intervención del procurador en las acciones y controversias del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo mismo que la modificación conceptual al artículo 16 también de la Constitución, así como otras, provenientes del ordenamiento procesal penal federal. Igualmente, se introducen elementos relacionados con el servicio civil de carrera que esta comisión ha considerado conveniente desarrollar a mayor detalle.

Las bases de organización de la institución tienen cabida en el Capítulo II, así denominado, a cuyo contenido se integra la enunciación de los auxiliares del Ministerio Público Federal, calificando a la Policía Judicial y a los servicios periciales como directos y como suplementarios, a los agentes del Ministerio Público del fuero común y de las policías judicial y preventiva, en el Distrito Federal y en los estados de la República, a los cónsules y vicecónsules mexicanos en el extranjero, capitanes, patrones o encargados de naves o aeronaves nacionales y a funcionarios de dependencias del Ejecutivo Federal, estos últimos en determinados casos fijados en el mismo ordenamiento.

Se trata el nombramiento y los requisitos para ser Procurador General de la República y la facultad de éste para expedir acuerdos, circulares, manuales de organización, etcétera, al igual que los requisitos para agente del Ministerio Público, Policía Judicial y perito, así como de los agentes especiales.

Se determina que el auxilio a otras autoridades se autorizará mediante acuerdo, para el que se tomaran en cuenta las necesidades y posibilidades de la institución.

En atención a la titularidad que se atribuye al Procurador General de la República respecto de la institución, se prevé la autoridad jerárquica sobre los auxiliares directos del Ministerio Público Federal, enfatizando la autonomía técnica para la elaboración de los dictámenes por los peritos.

Contiene la previsión acerca de la coordinación de las unidades policiales desconcentradas a cargo de un órgano central de carácter técnico.

Dispone la facultad de la Policía Judicial Federal y de los agentes del Ministerio Público del fuero común, para recibir denuncias, en cuyo caso deberán dar aviso de inmediato al Ministerio Público Federal.

El Capítulo III contiene disposiciones referidas al régimen de responsabilidades de los servidores públicos de la institución, en los términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los impedimentos y excusas de los agentes del Ministerio Público Federal.

En el mismo capítulo contiene dos preceptos en que se refieren los supuestos de empleo de medidas de apremio o imposición de correcciones disciplinarias y sanciones por la desobediencia o resistencia a las órdenes fundadas del Ministerio Público o de la Policía Judicial y de la potestad del Ministerio Público de otorgar constancias de registros y actuaciones que obren en su poder, a mandamiento de autoridad competente o cuando resulte esencial para el ejercicio de derechos o el cumplimiento de obligaciones.

Destaca el procedimiento relativo a la tramitación de los casos en que se impute al Procurador General de la República la comisión de un delito.

IV. Modificaciones a la iniciativa del Ejecutivo Federal

1o. A juicio de esta Comisión de Justicia, el artículo 1o. de la iniciativa tiene que ser reformulado totalmente. Contiene tres párrafos que deben ser ubicados en contextos diferentes y no en un mismo precepto. Así y para efectos de esa reformulación, la comisión hace el análisis de cada uno.

a) Al igual que en el análisis que esta comisión, con la del Distrito Federal, hizo hace algunos días respecto a la iniciativa de nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y que llevó a la reformulación de la conceptualización y redacción, el texto del artículo 1o. de la iniciativa de que se trata recoge sustancialmente la redacción de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 1983, que se contempla en el mismo artículo 1o., con algunas variaciones: en lugar de dependencia se habla de órgano del Poder Ejecutivo; se señala la característica de su autonomía técnica y se amplían los artículos que refieren sus atribuciones para contemplar, además del 21 y 102 constitucionales, el 105, 107 y 119, aunado a que se hace el señalamiento del apartado A del 102, que ciertamente no se contemplaba en 1983. Sin embargo, al igual que en el caso de la Procuraduría capitalina, se mantiene el concepto básico de agregación de la institución del Ministerio Público a la Procuraduría General de la República.

Tanto el texto de la ley como el de la iniciativa están formulados de tal modo que motivan o inducen a una interpretación que se estima inexacta. En efecto, el texto de la iniciativa dice que la Procuraduría es el órgano en el que se integra la institución del Ministerio Público y sus auxiliares directos.

Integrar significa "dejar íntegra una cosa", "completar". En consecuencia, pareciera que la redacción puede dar a entender y a deducir que la Procuraduría podría existir por sí, desvinculada del Ministerio Público.

Esta comisión considera que la redacción parece utilizar un concepto de agregación o de suma que puede llevar a la conclusión de que la institución del Ministerio Público se agrega, completa o complementa a la Procuraduría cuando, a juicio de esta comisión no es así, tomando en cuenta tanto el aspecto esencial del Ministerio Público como la propia redacción que aparece enseguida en el mismo texto en el artículo 1o. de la iniciativa y de la ley vigente, en donde aparece que, después de decir que el Ministerio Público se "integra", se asienta una redacción que refiere a la Procuraduría para el despacho de los asuntos que la Constitución y las leyes atribuyen a la institución, sentido este último que se ve reforzado con la lectura del artículo 2o. de la iniciativa en que se alude a dicha institución.

En virtud de lo anterior, la comisión estima que es necesario revertir esa significación que aparece con el texto del artículo 1o. de la iniciativa y por tanto reformular el mismo para plasmar desde el numeral inicial de la Ley Orgánica, esa referencia sobre la Procuraduría para el despacho de los asuntos que prevén los ordenamientos que aparecen en el texto de la iniciativa y que después se enuncian en el artículo 2o., si bien, por las razones que se exponen en el numeral dos de este apartado de modificaciones, al conferir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ciertas atribuciones de ejercicio personal al Procurador General de la República, se ha juzgado conveniente también, apartarse de la fórmula que sigue la iniciativa de incluir en un solo artículo, las atribuciones de la institución y de su titular.

Por otra parte, el primer párrafo del artículo 1o. de la iniciativa también indica que la Procuraduría "es el órgano del Poder Ejecutivo Federal dotado de autonomía técnica en los términos de la presente ley". Al respecto, esta comisión observa que, por lo que hace a la dotación de "autonomía técnica" ni es la ley el origen para una libre dirección o determinación puesto que la institución y su titular tienen previsión constitucional, ni hay porque sólo aludir al carácter técnico cuando las leyes y no sólo la Orgánica, regulan actuaciones funcionales u operativas, técnicas en estricto sentido y aún dependientes como se verá más adelante, por ejemplo, para desistimientos en asuntos en que la Federación sea parte en controversia litigiosa o sujeción a reglas que rigen para dependencias del Ejecutivo Federal o de propuestas sobre proyectos legislativos o reformas legales.

Por otro lado, se considera que la expresión "órgano del Poder Ejecutivo Federal" requiere matizarse en cuanto a su sentido gramatical más preciso de rasgo o gradación. En efecto, la expresión de referencia denota un significado prácticamente idéntico al de "dependencia del Ejecutivo Federal" y por tanto muestra un sentido de estricta pertenencia a alguien, en este caso al Ejecutivo de la Unión.

Tomando en cuenta que, como ya se dijo, en diciembre de 1994 el Congreso de la Unión modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal suprimiendo su mención en el segundo párrafo del artículo primero y por lo mismo, su característica estricta de dependencia como las Secretarías de Estado y los departamentos administrativos, a juicio de esta comisión resulta más adecuado hablar de una ubicación en el ámbito del Poder Ejecutivo.

Ello se considera más congruente no sólo con esa modificación legislativa de diciembre de 1994, sino más aún con elementos sustanciales que tienen como eje la evolución constitucional y legal que se ha dado respecto al Ministerio Público de la Federación y su titular, el Procurador General de la República.

El primero de ellos se remonta a la previsión en la Constitución de 1857 cuando el artículo 91 disponía que la Suprema Corte de Justicia se componía de 11 ministros propietarios, cuatro supernumerarios, un fiscal y un procurador general, artículo que sí denotaba un sentido de formación de un todo con entes diversos o una idea de integración y constitución con un marcado énfasis de pertenencia.

Dicho artículo 91, con el 96, fue reformado el 22 de mayo de 1900: se suprimió al Procurador de la composición de la Corte, se suprimió también la figura del fiscal y se determinó que "los funcionarios del Ministerio Público y el Procurador General que ha de presidirlo, serán nombrados por el Ejecutivo", redacción que en esencia siguió el texto original del artículo 102 de la Constitución de 1917, del que se puede inferir, en contraposición a los términos de la redacción del artículo 91 de la Constitución de 1857, que tenía una referencia más de ubicación que de integración o formación del Poder Ejecutivo Federal.

El segundo elemento sigue precisamente esa evolución y está constituido por la Ley de la Procuraduría General de la República publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1974, en donde a diferencia de la ley vigente de 1983 y de la iniciativa, no hay un señalamiento expreso que establezca o denote pertenencia, sino antes bien, tanto en el dictamen elaborado por las entonces comisiones Primera de Justicia, de Estudios Legislativos y de Desarrollo de la Seguridad Social y la Salud Pública, de la Cámara de Diputados, como los debates tenidos en el pleno el 27 de diciembre de 1974 se habla de ubicación o estructuración en el Poder Ejecutivo Federal, así como de que el Procurador General de la República y el Ministerio Público Federal están "situados ambos en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal".

Por lo anterior, en la reformulación que más adelante se hace, ni se habla de la autonomía ni se utiliza una expresión que se aparte de esa evolución histórica.

b) Por lo que hace al segundo y tercer párrafos del artículo 1o. de la iniciativa, se ha considerado conveniente suprimirlos en la reformulación del nuevo artículo 1o. ya que, tanto dicho segundo párrafo como la primera parte del tercero, contienen la enunciación de ciertas atribuciones de la institución y su titular y por lo mismo no hay razón alguna para no ubicarlas en los artículos inmediatos que precisamente se dedican al establecimiento detallado de las atribuciones, como en el caso del respeto a los derechos humanos, la representación del interés jurídico de la Federación, la procuración de justicia y las inherentes a la persecución de delitos, esta última que no hace sino repetir lo que ya se dice en el apartado A del artículo 102 constitucional.

Asimismo, la parte final del tercer párrafo contiene señalamientos que son más propios del Capítulo II de la ley, relativo a las bases de organización como la mención expresa de quiénes son los auxiliares directos de la institución y otros señalamientos que más que normas prescriptivas tienen un contenido no ajustado a ese carácter, como la realización de tareas en libertad o la búsqueda de la verdad.

Por lo anterior, el nuevo artículo 1o. queda así:

Artículo 1o. Esta ley tiene por objeto organizar la Procuraduría General de la República, ubicada en el ámbito del Poder ejecutivo Federal, para el despacho de los asuntos que al Ministerio Público de la Federación y a su titular, el Procurador General de la República, les atribuyen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este ordenamiento y demás disposiciones aplicables.

2o. Respecto al artículo 2o. de la iniciativa, esta Comisión de Justicia ha estimado necesario formular dos artículos para establecer en uno, las atribuciones genéricas de la institución del Ministerio Público que después van a ser enunciadas de manera específica en preceptos y otro artículo que contenga las atribuciones de ejercicio personal del Procurador General de la República.

Sobre el particular, hay que mencionar que el artículo 2o. de la iniciativa sigue la estructura de la vigente Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 1983, en cuyo artículo 2o. se enumeran atribuciones que son referidas a un proemio de ese precepto en donde sin distinción se alude al Ministerio Público y al procurador. Dice el artículo 2o. de la iniciativa, que corresponde casi en su totalidad al mismo numeral de la ley en vigor, que "La institución del Ministerio Público Federal, presidida por el Procurador General de la República y éste personalmente cuando así lo requieran las disposiciones constitucionales, tendrán las siguientes atribuciones"...

Ahora bien, por un lado se considera que las atribuciones de ejercicio personal del procurador no sólo son las así dispuestas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que conviene también aludir a las que se contienen en ordenamientos secundarios como es el caso de la participación de dicho funcionario como integrante del Consejo Nacional de Seguridad Pública previsto en la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero por otra parte, como ya se dijo, se estima que la precisión de atribuciones tiene mayor claridad si para la institución y para el procurador se formulan artículos específicos.

Ya la Ley de la Procuraduría General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1974, preveía un artículo 2o. para la enumeración de las atribuciones del procurador, un artículo 3o. para las del Ministerio Público y antes de ella, todas las de organización del Ministerio Público, desde la publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 1919, enumeraba en artículos distintos las atribuciones de la institución y de su titular.

Esta Comisión de Justicia propone que el artículo 2o. se dedique a la institución y un nuevo artículo 3o. señale las atribuciones de ejercicio personal del Procurador General de la República.

En el sentido apuntado, el nuevo artículo 2o., referido a la institución, tiene las siguientes características:

a) Se inserta la importante atribución que aparece en la fracción I del artículo 2o. de la iniciativa y también de la ley vigente, relativa a: vigilar la observancia de los principios de constitucionalidad y legalidad en el ámbito de su competencia; atribución que por primera vez fue imputada al Ministerio Público en la Ley Orgánica respectiva, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 1942 y que ha sido recogida en todos los ordenamientos subsecuentes.

b) La fracción II del artículo 2o. de la iniciativa es suprimida de este nuevo artículo 2o. ya que, refiriéndose a la intervención en las controversias y acciones previstas en las fracciones I y ll del artículo 105 constitucional, se reubican en el nuevo artículo 3o. por ser de ejercicio personal del procurador.

c) La fracción III del artículo 2o. de la iniciativa se divide en dos para insertar igual número de fracciones en el nuevo artículo 2o. No se considera adecuado que en una misma fracción se hable de la intervención que corresponda en términos de la Ley de Planeación y ahí mismo, de la esencial atribución de promover la pronta, debida y expedita procuración de justicia que encuentra su sustento en el artículo 102 apartado A constitucional.

d) La fracción IV del artículo 2o. de la iniciativa, básicamente se deja en el nuevo artículo 2o., pero, en esta enumeración de atribución genérica, se recurre al texto del artículo 102 apartado A constitucional, para hablar de "intervención" ante las autoridades judiciales en todos los negocios en que la Federación sea parte, a efecto de que en artículo posterior se determine el carácter de esa intervención.

e) La fundamental atribución de persecución de delitos contenida en la fracción V del artículo 2o. de la iniciativa se traslada tal cual al nuevo artículo 2o..

f) La fracción VI del artículo 2o. de la iniciativa se divide en dos fracciones a efecto de que una se dedique expresamente a la actuación de la Procuraduría en la celebración de los convenios con los estados y el Distrito Federal, relativos a la entrega de indiciados, procesados o sentenciados, así como a la práctica del aseguramiento y entrega de objetos, instrumentos o productos del delito, a que se refiere el párrafo segundo del artículo 119 constitucional. En acatamiento al texto constitucional se habla de representación del Gobierno Federal.

La otra fracción, resultante de la división, se enfoca a asentar una atribución genérica de interrelación con las autoridades competentes de las entidades federativas en las materias del ámbito de la competencia de la institución, que en un artículo posterior encuentra concreción, como es el caso de la promoción y celebración de convenios sobre apoyo y asesoría recíprocos en materia policial, técnica, jurídica, pericial y de formación de personal para la procuración de justicia.

g) La fracción VII del artículo 2o. de la iniciativa, con otro número de fracción, se inserta en el nuevo artículo 2o.

h) Se suprime la fracción VIII del artículo 2o. de la iniciativa, ya que se considera inadecuado hablar que la institución tiene por atribución "vigilar el debido cumplimiento del servicio civil de carrera".

En todo caso, de aprobarse, es la ley la que establece el servicio civil de carrera y la institución la obligada a cumplir con las disposiciones dictadas a nivel legal y reglamentario.

Además, cabe desde ahora señalar que el proyecto que se acompaña a este dictamen, instituye y desarrolla a mayor detalle las previsiones normativas sobre el servicio civil de carrera para agentes del Ministerio Público de la Federación, de la Policía Judicial y peritos.

i) Se suprime la fracción IX del artículo 2o. de la iniciativa del nuevo artículo 2o. y se traslada, con modificaciones, al nuevo artículo 3o., por tratarse de una nueva atribución personal del procurador ya que versa sobre su comparecencia ante las Cámaras del Congreso de la Unión.

j) Se añade otra fracción al nuevo artículo 2o., no prevista en la iniciativa, relativa a la participación del Ministerio Público de la Federación en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de conformidad con la ley de la materia.

k) En congruencia con lo manifestado en el numeral uno de este apartado relativo a las modificaciones realizadas a la iniciativa del Ejecutivo Federal, se añade también una fracción que se dedica a la atribución del Ministerio Público para velar por los derechos humanos que otorga el orden jurídico mexicano, en la esfera de su competencia, a efecto de establecer una adecuada interrelación con las disposiciones del apartado B del artículo 102 constitucional, que no existían al momento de dictarse, en 1983, la ley en vigor.

l) La fracción X del artículo 2o. de la iniciativa, relativa a la remisión de otras atribuciones que las leyes determinen, se traslada al nuevo artículo 2o. con otro número de ubicación.

De conformidad con lo expuesto, el nuevo artículo 2o. queda redactado en la siguiente forma:

Artículo 2o. Corresponde al Ministerio Público de la Federación:

I. Vigilar la observancia de la constitucionalidad y legalidad en el ámbito de su competencia, sin perjuicio de las atribuciones que legalmente correspondan a otras autoridades jurisdiccionales o administrativas:

II. Promover la pronta, expedita y debida procuración e impartición de justicia:

III. Velar por el respeto de los derechos humanos en la esfera de su competencia:

IV. Intervenir ante las autoridades judiciales en todos los negocios en que la Federación sea parte, cuando se afecten sus intereses patrimoniales o tenga interés jurídico, así como en los casos de los diplomáticos y los cónsules generales:

V. Perseguir los delitos del orden federal:

VI. Intervenir en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, en lo que hace a las materias de su competencia:

VII. Participar en el Sistema Nacional de Seguridad Pública de conformidad con lo establecido en la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este ordenamiento y demás disposiciones aplicables:

VIII. Dar cumplimiento a las leyes así como a los tratados y acuerdos internacionales en los que se prevea la intervención del Gobierno Federal en asuntos concernientes a las atribuciones de la institución y con la intervención que, en su caso, corresponda a las dependencias de la administración pública federal:

IX. Representar al Gobierno Federal en la celebración de convenios de colaboración a que se refiere el artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

X. Convenir con las autoridades competentes de las entidades federativas sobre materias del ámbito de su competencia:

XI. Las demás que las leyes determinen.

3. En virtud de la estructura adoptada a que se ha hecho mención en el numeral 2 de este apartado, resulta claro que en adelante cambiará el número de preceptos en relación tanto con el total que contiene la iniciativa como en la misma ubicación que ésta les da.

Así, el proyecto contempla un nuevo artículo 3o. que básicamente corresponde al artículo 10 de la iniciativa. Este último prevé varios supuestos, estimándose que no deben estar todos contenidos en un mismo precepto.

En efecto, dicho artículo 10 habla del ejercicio de las atribuciones referidas en los artículos 3o. al 9o. de la misma iniciativa, por conducto del procurador o por agentes del Ministerio Público; habla de la distribución de asuntos entre las unidades administrativas, de acuerdo con lo que diga el reglamento de la ley y habla también de la administración de los bienes asegurados por la propia institución.

El nuevo artículo 3o., en el esquema adoptado, corresponde sólo al primer párrafo del artículo 10 de la iniciativa, a efecto de plasmar en un orden lógico, después de que el artículo 2o. enumera las atribuciones genéricas de la institución, la disposición necesaria para que el ejercicio de las mismas se haga por el procurador o por conducto de agentes del Ministerio Público, según las previsiones de la propia Ley Orgánica, de su reglamento, así como de los acuerdos que expida aquel funcionario.

Por lo tanto, el artículo 3o. queda así:

Artículo 3o. El Procurador General de la República intervendrá por sí o por conducto de agentes del Ministerio Público de la Federación en el ejercicio de las atribuciones conferidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ordenamientos legales aplicables, según las previsiones de esta ley y su reglamento así como de los acuerdos que expida el propio Procurador General de la República.

4o. Como resultado de la fragmentación del artículo 2o. de la iniciativa y habiéndose ya establecido en el nuevo artículo 2o. las atribuciones de la institución, el artículo 4o. contiene las que corresponde ejercer personalmente al Procurador General de la República. Así, el artículo 4o. se estructuraría de la siguiente forma:

a) La fracción I recoge la contemplada en la fracción IX del artículo 2o. de la iniciativa, consistente en la comparecencia del Procurador General de la República ante cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, pero la redacción se modifica, de tal modo que no sólo quede el señalamiento de que en tales comparecencias el funcionario observe las disposiciones que las leyes prevean sobre la reserva en las actuaciones relativas a la averiguación previa, sino que, en acotamiento a ello y dado que se trata ni más ni menos de un requerimiento de información de alguna de las cámaras del Poder Legislativo Federal, se prevé que, bajo su responsabilidad, sólo podrá reservarse la información que ponga en riesgo alguna investigación.

Si el Congreso es el que establece legislativamente la reserva y el que en la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública dispuso en el artículo 42, relativo a la información de apoyo a la procuración de justicia, que el Ministerio Público sólo podrá reservarse la información que ponga en riesgo alguna investigación, con mayor razón una previsión similar de acotamiento cabe determinar si el requerimiento parte de las cámaras del Congreso Federal.

b) La fracción II contempla la atribución de intervenir en las controversias y acciones dispuestas en las fracciones I y II del artículo 105 constitucional; adecuando la redacción, se ubica en esta fracción II la de igual número que aparece en el artículo 2o. de la iniciativa, que aparecen también mencionadas en las fracciones II y III del artículo 3o. de la misma iniciativa.

c) La fracción III contiene las atribuciones para pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ejerza las facultades de atracción sobre amparos directos o en revisión, de acuerdo con el artículo 107, fracciones V y VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta fracción III no tiene un correlativo expreso en la iniciativa y para esta Comisión de Justicia amerita su necesaria inclusión explícita, puesto que se trata de la atribución del funcionario que la doctrina identifica de atracción del procurador como opinante social significado.

d) La fracción IV tiene la atribución del procurador para denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la sustentación de tesis que estime contradictorias con motivo de los juicios de amparo de la competencia de aquélla o de los tribunales colegiados y corresponde básicamente a la redacción prevista en la fracción VII del artículo 3o. de la iniciativa. Se trata también, como lo apuntan los estudios doctrinarios, no sólo de la atribución que se limite al aspecto de mera denuncia, sino con mayor alcance, al externamiento de un punto de vista que la corte tomará para fijar el criterio definitivo.

e) La fracción V incluye la atribución de propuesta al Ejecutivo Federal respecto de proyectos de ley o de reformas Iegislativas, que ya desde la ley de 14 de agosto de 1919, en su artículo 16 fracción XVII se le daba al procurador para propuestas de leyes y reglamentos sobre administración de justicia.

Esta fracción V corresponde en esencia a la que en la iniciativa aparece como fracción IV del artículo 3o., pero se modifica para efectos de que, precisamente, la propuesta verse sobre materias de la competencia de la institución y del procurador, ya que la redacción de la iniciativa la desborda al referirla a las necesarias para la observancia de la Constitución o que estén vinculadas con las materias que sean de su competencia.

f) La fracción VI no tiene correlativo en la iniciativa y versa sobre la proposición al Ejecutivo Federal del proyecto de reglamento de la Ley Orgánica.

g) La fracción VII corresponde en lo sustantivo a la atribución prevista en el artículo 4o. fracción II de la iniciativa, pero se modifica la redacción, para ni hablar de sectores ni de un estricto deber de aportar elementos de juicio sobre la consulta que el procurador haga para proponer al Ejecutivo Federal medidas para el mejoramiento de la procuración de justicia.

h) La atribución prevista en la fracción VIII corresponde básicamente a la contemplada en la fracción I del artículo 8o. de la iniciativa, relativa a la presentación de propuestas al Ejecutivo Federal, de instrumentos de naturaleza internacional sobre colaboración en asistencia jurídica o policial, estimando esta Comisión de Justicia como necesario el señalamiento de que dicha atribución se entiende sin perjuicio de las que correspondan en la misma materia a las dependencias del Ejecutivo Federal.

i) La fracción IX no tiene un correlativo en la iniciativa pero esta Comisión de Justicia considera importante insertarla para que en el artículo relativo al ejercicio personal de atribuciones del procurador quede la de su concurrencia en la integración y desde luego su participación, en la instancia superior de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

j) De igual forma, la fracción X no tiene correlativo en la iniciativa, pero precisamente derivado de la participación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, se estima conveniente disponer que el Procurador participará en la Conferencia de Procuración de Justicia a que se refiere el artículo 13 de la Ley General de la materia.

k) Finalmente, la fracción XI prevería la remisión a otros ordenamientos que dispongan el ejercicio de una atribución de manera personal por el procurador.

Por lo anterior, el artículo 4o. queda de la siguiente manera:

"Artículo 4o. Corresponde personalmente al Procurador General de la República:

I. Comparecer ante cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, a citación de éstas, para informar cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a las actividades del Ministerio Público de la Federación o de las personales a que se refiere este artículo.

En esas comparecencias y bajo su responsabilidad, el Procurador General de la República sólo podrá reservarse la información que ponga en riesgo alguna investigación, conforme lo que dispongan las leyes sobre la reserva de las actuaciones relativas a la averiguación previa:

II. Intervenir en las controversias y acciones a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos previstos en dicho precepto y las leyes aplicables:

III. Formular petición a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que conozca de los amparos directos o en revisión que por su interés y trascendencia, así lo ameriten, de conformidad con el artículo 107 fracciones V y VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

IV. Denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la sustentación de tesis que estime contradictorias con motivo de los juicios de amparo de la competencia de las salas de la Suprema Corte de Justicia o de los tribunales colegiados de circuito, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

V. Proponer al Ejecutivo Federal proyectos de iniciativas de ley o de reformas legislativas que estime necesarias para la exacta observancia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que estén vinculadas con las materias que sean competencia de la institución:

VI. Someter a la consideración del Ejecutivo Federal el proyecto de Reglamento de esta Ley, así como el de las reformas que juzgue necesarias:

VII. Proponer al Ejecutivo Federal, las medidas que estime convenientes para el mejoramiento de la procuración y de la impartición de justicia, escuchando la opinión de funcionarios y de personas físicas o morales que por su actividad, función o especialidad, considere que pueden aportar elementos de juicio sobre la materia de que se trate:

VIII. Presentar propuestas al Ejecutivo Federal, de instrumentos de naturaleza internacional sobre colaboración en asistencia jurídica o policial, competencia de la institución, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a las dependencias del Ejecutivo Federal:

IX. Concurrir en la integración y participar en la instancia superior de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de conformidad con la legislación aplicable:

X. Participar en la conferencia de Procuración de Justicia a que se refiere el artículo 13 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública:

XI. Las demás que prevean otras disposiciones aplicables." 5. El nuevo artículo 5o. concreta las atribuciones genéricas que aparecen en las fracciones I y ll del artículo 2o. corresponde en lo general a las previsiones del artículo 3o. de la iniciativa pero se hacen las siguientes modificaciones:

a) Se modifica el proemio, al igual que se hace para los artículos sucesivos hasta el numeral 13, para no repetir en cada caso la fórmula que utiliza la iniciativa en cuanto a la mención de la atribución genérica de referencia. Esta se hace con la sola alusión a las distintas fracciones del artículo 2o.

b) La fracción I de este nuevo artículo 5o. corresponde en esencia a la que aparece con el mismo número en el artículo 3o. de la iniciativa, relativa a la intervención de la institución en todos los juicios de amparo, de acuerdo con la fracción XV del artículo 107 constitucional, atribución que ha sido recogida en todas las leyes de organización desde la que data del año de 1919, en cuya fracción VII del artículo 17 se prevía: "alegar en los juicios de amparo, ante la Suprema Corte de Justicia, por sí o por medio de sus agentes". Atribución que incluso, algunos tratadistas como don Luis Cabrera, en su célebre estudio sobre "La Misión Constitucional del Procurador General de la República", han considerado como la función "más alta y la más trascendental de las que la ley le asigna, porque significa la intervención de ese órgano para vigilar que los tribunales apliquen la Constitución".

c) La fracción II refiere a las atribuciones ya señaladas en las fracciones V, VI y VII del artículo anterior, ya que tratando de las de ejercicio personal del procurador, sólo se encuadraban en las atribuciones genéricas de las fracciones I y II del artículo 2o. sobre vigilar la observancia de la Constitución y la legalidad, así como de procuración de justicia. Las fracciones y artículos correlativos de la iniciativa ya fueron señalados al hablar de esas fracciones en el artículo 4o.

La fracción III, se refiere a la vigilancia en la aplicación de las leyes en todos los lugares de detención, prisión o reclusión de reos por delitos federales, corresponde a la fracción V del artículo 3o. de la iniciativa, pero se agrega la mención expresa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que ella contiene disposiciones expresas sobre el particular, como lo es el artículo 18.

e) La fracción IV, versa sobre la comunicación que haga el Ministerio Público a las autoridades competentes sobre hechos de los que tenga conocimiento que no constituyan delitos, corresponde a la previsión que en la iniciativa se hace en la fracción VI del artículo 3o.

f) Por último, la fracción V trata sobre las denuncias de tesis contradictorias a que ya se aludió y que en la iniciativa corresponde a la fracción VII del artículo 3o.

En virtud de lo anterior, el artículo 5o. queda así:

"Artículo 5o. Las atribuciones a que se refieren las fracciones I y II del artículo 2o. de esta ley, comprenden:

I. La intervención como parte en todos los juicios de amparo, conforme a lo dispuesto por el artículo 107 fracción XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promoviendo la observancia de ésta y de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, así como la protección del interés público.

Esta atribución comprende las actuaciones necesarias para el ejercicio de las facultades que confieren al Procurador General de la República las fracciones V y VIII del artículo 107 constitucional:

II. Las propuestas a que se refieren las fracciones V, VI y VII del artículo 4o. de esta ley:

III. La vigilancia en la aplicación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la ley, en todos los lugares de detención, prisión o reclusión de reos por delitos federales, sin perjuicio de las atribuciones de la autoridad competente en materia de ejecución de penas y medidas de seguridad; de observar irregularidades, las pondrá en conocimiento de dicha autoridad o de sus superiores y en su caso, iniciará la averiguación previa correspondiente:

IV. La comunicación a la autoridad a la que corresponda resolver de las quejas que los particulares presenten al Ministerio Público de la Federación por actos de otras autoridades que no constituyen delitos del orden federal y orientar al interesado, en su caso, sobre el trámite que legalmente corresponda al asunto de que se trate:

V. La formulación de denuncias sobre la existencia de tesis contradictorias en los términos de la fracción XIII párrafos primero y segundo, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

6. El nuevo artículo 6o. concreta la atribución relativa sobre observancia de los derechos humanos que otorga el orden jurídico mexicano y que, como ya se dijo, ameritó incluir una fracción en el artículo 2o. para ubicar ahí, con otra redacción, la que aparece en el segundo párrafo del artículo 1o. de la iniciativa.

Sin embargo, en dicho artículo 1o. de la iniciativa sólo hay una mención general sobre tutela y defensa de los derechos humanos, por lo que a juicio de esta comisión, para ser congruentes con la estructura que sigue la iniciativa y con las modificaciones que se han realizado, en el sentido de que las atribuciones genéricas sean posteriormente especificadas, se incluyen dos fracciones en el artículo 6o. para establecer, por una parte, el desarrollo dentro de la institución de una cultura que arraigue en los servidores públicos para el respeto de los derechos humanos y por otro lado, el que la institución atienda las visitas, quejas y recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Por lo tanto, el artículo 6o. quedaría redactado así:

Artículo 6o. Las atribuciones a que se refiere el artículo 2o., fracción III de esta ley, comprenden:

I. Fomentar entre los servidores públicos de la institución, una cultura de respeto a los derechos humanos que otorga el orden jurídico mexicano:

II. Atender las visitas, quejas, propuestas de conciliación y recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, conforme a las normas aplicables.

7. El nuevo artículo 7o. se refiere a la atribución general del Ministerio Público de intervenir ante las autoridades judiciales en todos los negocios en que la Federación sea parte, así como en los casos de los diplomáticos y cónsules generales. Las adecuaciones que se realizan son:

a) La fracción I de este nuevo artículo versa sobre la atribución para reclamar en amparo, en representación de la Federación, las sentencias definitivas que se dicten en juicios civiles del orden federal, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso c, segundo párrafo de la fracción V del artículo 107 constitucional. En esencia, corresponde a la previsión que se hace en la fracción I del artículo 5o. de la iniciativa.

b) La fracción II se refiere con más especificidad a la intervención en todos los negocios en que la Federación sea parte.

Esta es otra de las importantes facultades que la institución tiene. Cabe recordar que en el texto original del artículo 102 constitucional, la intervención era personal del procurador y que ello cambió a raíz de la reforma de fecha 25 de octubre de 1967 por la que la intervención personal de dicho funcionario se dejó para los casos de controversias previstas en el artículo 105 pero, en todos los negocios en que la Federación fuese parte; en los casos de diplomáticos y cónsules generales y en los demás en que deba intervenir el Ministerio Público, se dispuso y sigue vigente, que el procurador lo haría por sí o por medio de sus agentes.

Ahora bien, esa intervención se ha entendido en carácter de representante, al grado tal que con posterioridad a esa reforma constitucional de 1967, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada el 30 de diciembre de 1974, en su artículo 3o. fracción IV confería a la institución la representación de la Federación, de sus órganos, instituciones o servicios, en los juicios en que fuesen parte como actores, demandados o terceristas.

Esta fracción II de este nuevo artículo 7o., al igual que en la iniciativa que corresponde a la fracción II del artículo 5o., consta de tres párrafos.

El primero es idéntico al de la iniciativa y comprende la atribución a que se refiere la fracción III del artículo 105 constitucional consistente en la petición del procurador a la Suprema Corte de Justicia para conocer de recursos de apelación en contra de sentencias de jueces de distrito.

El segundo, en esencia es similar al que aparece en la iniciativa, pero se hacen dos ajustes: uno, para hablar de asuntos que revistan interés y trascendencia para la Federación como presupuesto para la intervención de la institución, en lugar de hablar de asuntos que "revistan características especiales", ya que la terminología utilizada en primer término es la empleada en los artículos 105 y 107 constitucionales y como segundo aspecto de adecuación, la determinación en estos casos de representación para que, ante la factibilidad de desistir de las acciones intentadas, no sea potestativo del procurador el requerir de acuerdo expreso del Presidente de la República, según aparece en la iniciativa, sino obligatorio. Esto, aunado a un deber para que aquel funcionario informe de los asuntos relevantes que revistan interés y trascendencia.

En efecto, tal atribución se considera que no debe ser potestativa y ello se observa no sólo en las disposiciones actualmente en vigor previstas en el último párrafo del artículo 5o. de la Ley Orgánica de 1983, sino que tal obligación data desde la Ley de Organización del Ministerio Público de 1919, promulgada por el presidente Carranza, en cuyo artículo 17 fracción VIII se disponía como obligación del procurador: "rendir informes acerca de los asuntos en que esté interviniendo, cuando se lo pida el Presidente de la República o cuando el mismo procurador lo crea necesario", asimismo, el artículo 21 de dicha ley disponía: "en los asuntos civiles en que intervenga el Ministerio Público como representante del Gobierno o del fisco, el procurador o agente no podrá desistirse de las acciones intentadas o de las excepciones opuestas, sin previo acuerdo del Presidente de la República".

Por lo que hace al párrafo tercero de la fracción II de este artículo 7o., también se reformula. La iniciativa dice; "cuando se trate de controversias que no sean del interés de la Federación, sino sólo de alguna dependencia del Ejecutivo Federal, a juicio del procurador y escuchando la opinión de aquella, el asunto será atendido por la propia dependencia a través de sus órganos internos competentes, en los términos de las atribuciones que prevé la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal".

Al respecto, se suprime ese tercer párrafo y para ello se han tomado en cuenta dos elementos. El primero, consistente en que no puede empezar este párrafo hablando de controversias que no sean del interés de la Federación para enseguida tratar la intervención de la institución o del procurador, ya que precisamente el presupuesto constitucional para la intervención es cuando la Federación es parte.

El segundo elemento descansa precisamente en esa trayectoria constitucional que reafirma la representación de la Federación cuando ésta es parte en un proceso judicial, al grado de involucrar a las dependencias del Poder Ejecutivo Federal.

c) La fracción III de este nuevo artículo 7o. básicamente corresponde al del mismo número del artículo 5o. de la iniciativa, relativo a la intervención de la institución cuando se trate de asuntos o negocios en que sean parte o tengan interés jurídico las entidades paraestatales de la administración pública federal.

Se hacen los ajustes para, empezando el párrafo, precisamente hablar de entidades paraestatales, en tanto que en el segundo párrafo de esta fracción se hace mención expresa a los órganos de Gobierno de las mismas, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Entidades Paraestatales, para hacer del conocimiento del Ministerio Público los casos en que ellas figuren como partes o coadyuvantes.

d) La fracción IV corresponde idéntica a la contemplada en la fracción IV del artículo 5o. de la iniciativa, relativa a la intervención en las controversias en que sean parte los diplomáticos y los cónsules generales.

Por lo anterior, el artículo 7o. queda en la siguiente forma:

Artículo 7o. Las atribuciones a que se refiere el artículo 2o., fracción IV de esta ley, comprenden:

I. La intervención como parte en el juicio de amparo, en los términos previstos por el artículo 107 fracción V inciso c constitucional y en los demás casos en que la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos disponga o autorice esta intervención:

II. La intervención como representante de la Federación, en todos los negocios en que ésta sea parte o tenga interés jurídico. Esta atribución comprende las actuaciones necesarias para el ejercicio de las facultades que confiere al Procurador General de la República la fracción III del artículo 105 constitucional.

Tratándose de asuntos que revistan interés y trascendencia para la Federación, el Procurador General de la República mantendrá informado al Ejecutivo Federal de los casos relevantes y requerirá de su acuerdo expreso para el desistimiento:

III. La intervención como coadyuvante en los negocios en que sean parte o tengan interés jurídico las entidades paraestatales de la administración pública federal, a solicitud del coordinador de sector correspondiente. El Procurador General de la República acordará lo pertinente, tomando en cuenta la importancia que el asunto revista para el interés público.

Los coordinadores de sector y por acuerdo de éstos las entidades paraestatales, conforme a lo que establezca la ley respectiva y por conducto de los órganos que determine su régimen de gobierno, deberán hacer del conocimiento de la institución los casos en que dichas entidades figuren como partes o como coadyuvantes o de cualquier otra forma que comprometa sus funciones o su patrimonio, ante órganos extranjeros dotados de atribuciones jurisdiccionales. En estos casos la institución se mantendrá al tanto de los procedimientos respectivos y requerirá la información correspondiente. Si a juicio del Procurador General de la República el asunto reviste importancia para el interés público, formulará las observaciones o sugerencias que juzgue convenientes:

IV. La intervención en las controversias en que sean parte los diplomáticos y los cónsules generales, precisamente en virtud de esta calidad. Cuando se trate de un procedimiento penal y no aparezcan inmunidades diplomáticas que respetar, el Ministerio Público de la Federación procederá en cumplimiento estricto de sus obligaciones legales, observando las disposiciones contenidas en los tratados internacionales en que los Estados Unidos Mexicanos sea parte.

8. El artículo 8o. contempla las atribuciones del Ministerio Público de la Federación relativas a la persecución de los delitos del orden federal. Corresponde al artículo 6o. de la iniciativa, sin embargo, esta Comisión de Justicia estima que, tal como se hizo en el dictamen con proyecto de Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la importancia de estas atribuciones sustentadas en los artículos 21 y 102 apartado A, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ameritó respecto del primero una amplia explicación por parte de don Venustiano Carranza al dar su mensaje al Constituyente el 1o. de diciembre de 1916, motiva el que en este artículo 8o. se hagan mayores precisiones, de acuerdo con los siguientes razonamientos:

a) La fracción I, al igual que en el artículo 6o. de la iniciativa, se dedica a las atribuciones de la institución en la averiguación previa, pero en lugar de conservarse los tres incisos previstos en dicha iniciativa, se enlistan 13 que contienen las facultades más relevantes a efecto de que, sin perjuicio de que aparezcan en disposiciones de carácter procesal, se contemplen en la ley de organización relativa.

Así, por ejemplo, se incorporan incisos relativos a:

La previsión constitucional para que el Ministerio Público pueda ordenar la detención y retención de acuerdo con el artículo 16 constitucional.

La práctica de diligencias no sólo para la acreditación de los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad, sino para la reparación del daño.

El aseguramiento de los instrumentos, huellas, objetos y productos del delito, de acuerdo con los artículos 40 y 41 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.

El otorgamiento de la libertad provisional a los indiciados, en los términos previstos por el artículo 20 constitucional.

Las solicitudes al órgano jurisdiccional de órdenes de cateo y embargo precautorio de bienes, esto último propuesto por legisladores en la reunión que se tuvo con el Procurador General de la República el día 13 de febrero de 1996.

Los supuestos para determinar el no ejercicio de la acción penal.

La previsión, en esta etapa y en aquellos casos en que la ley lo permita, para que el Ministerio Público propicie conciliar los intereses en conflicto, punto que también surgió en la reunión con el procurador.

De acuerdo con lo anterior, los incisos a y b, de la fracción I del artículo 6o. de la iniciativa se desagregan y reformulan en varios incisos. Asimismo, el inciso c, de esa fracción I relativo a la protección del ofendido, se suprime puesto que esta comisión estimó más adecuado, por su importancia, crear una nueva fracción con incisos que, sustentándose en el último párrafo del artículo 20 constitucional, se refiera expresamente a la protección de las víctimas o los ofendidos por el delito.

Además de lo anterior, la parte final del último párrafo de esa fracción I del artículo 6o. de la iniciativa, se suprime, a raíz de las reflexiones que se hicieron en la reunión en conferencia con el Senado de la República, ya que efectivamente la redacción puede dar lugar a equivocadas interpretaciones, puesto que, invocándose el artículo 16 constitucional se señala que si el Ministerio Público tiene detenido a su disposición y para proceder se requiere de la formulación de querella, podrá retener al detenido por 24 horas en espera de que la autoridad legitimada presente dicha querella, lo cual presenta un cuestionamiento de origen sobre la procedencia de la detención si precisamente se requerirá querella para proceder.

b) La fracción II del nuevo artículo 8o., al igual que en el artículo 6o. de la iniciativa se dedica a las atribuciones de la institución ante los órganos jurisdiccionales pero, en lugar de compactarlas en un único párrafo, la fracción se estructura ampliamente con base en siete incisos que destacan las facultades más relevantes en el proceso.

Se suprime el último párrafo de la fracción II del artículo 6o. de la iniciativa, que se estima no tiene una ubicación correcta, ya que refiriéndose el artículo de que se trata a las atribuciones de persecución de delitos, dicho párrafo alude a la fracción III del artículo 105 constitucional que versa sobre el pedimento del procurador a la Suprema Corte para que conozca de recursos de apelación, por lo que se reubica en el nuevo artículo 7o. fracción II que está dedicado a las atribuciones de la institución en cuanto a su intervención ante las autoridades jurisdiccionales.

c) La fracción III de este nuevo artículo 8o. no tiene correlativo en la iniciativa pero, como ya se apuntó, se estima conveniente su inclusión a efecto de que en esta ley orgánica queden las obligaciones de la institución en cuanto a la protección a la víctima o el ofendido por algún delito, normas que, con base en lo dispuesto por el último párrafo del artículo 20 constitucional, se plasman en tres incisos.

d) Finalmente, se introduce una fracción IV para referirla a las demás atribuciones que se determinen en otras leyes.

En virtud de lo anterior, el artículo 8o. queda así:

Artículo 8o. La persecución de los delitos del orden federal a que se refiere la fracción V del artículo 2o. de esta ley, comprende:

I. En la averiguación previa:

a) Recibir denuncias o querellas sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito:

b) Investigar los delitos del orden federal con la ayuda de los auxiliares a que se refiere el artículo 19 de esta ley y otras autoridades, tanto federales como de las entidades federativas, en los términos de los convenios de colaboración:

c) Practicar las diligencias necesarias para la acreditación de los elementos del tipo penal del delito y la probable responsabilidad del indiciado, así como para la reparación de los daños y perjuicios causados:

d) Ordenar la detención y en su caso, retener a los probables responsables de la comisión de delitos, en los términos previstos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

e) Realizar el aseguramiento y tramitación del destino de los instrumentos, objetos y productos del delito, en los términos de los artículos 40, 41 y 193 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables:

f) Restituir provisionalmente al ofendido en el goce de sus derechos, en los términos del Código Federal de procedimientos penales:

g) Conceder la libertad provisional a los indiciados, en los términos previstos por la fracción I y el penúltimo párrafo del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

h) Solicitar al órgano jurisdiccional las órdenes de cateo, las medidas precautorias de arraigo, el aseguramiento o el embargo precautorio de bienes, que resulten indispensables para los fines de la averiguación previa, así como, en su caso y oportunidad, para el debido cumplimiento de la sentencia que se dicte. Al ejercitar la acción, el Ministerio Público de la Federación formulará a la autoridad jurisdiccional los pedimentos que legalmente correspondan:

i) En aquellos casos en que la ley lo permita, el Ministerio Público de la Federación propiciará conciliar los intereses en conflicto, proponiendo vías de solución que logren la avenencia;

j) Determinar el no ejercicio de la acción penal, cuando:

1. Los hechos de que conozca no sean constitutivos de delito:

2. Una vez agotadas todas las diligencias y los medios de prueba correspondientes, no se acredite la probable responsabilidad del indiciado:

3. La acción penal se hubiese extinguido en los términos de las normas aplicables:

4. De las diligencias practicadas se desprenda plenamente la existencia de una causa de exclusión del delito, en los términos que establecen las normas aplicables:

5. Resulte imposible la prueba de la existencia de los hechos constitutivos de delito, por obstáculo material insuperable:

6. En los demás casos que determinen las normas aplicables.

k) Poner a disposición del Consejo Tutelar para Menores, a los menores de edad que hubieren cometido infracciones correspondientes a ilícitos tipificados por las leyes penales federales:

l) Poner a los inimputables mayores de edad, a disposición del órgano jurisdiccional, cuando se deban aplicar medidas de seguridad, ejercitando las acciones correspondientes, en los términos establecidos en las normas aplicables:

m) Las demás que determinen las normas aplicables.

Cuando el Ministerio Público de la Federación tenga conocimiento por sí o por conducto de sus auxiliares, de la probable comisión de un delito cuya persecución dependa de querella o de cualquier otro acto equivalente, que deba formular alguna autoridad, lo comunicará por escrito y de inmediato a la autoridad legitimada para presentar la querella o cumplir el requisito equivalente, a fin de que resuelva con el debido conocimiento de los hechos lo que a sus facultades o atribuciones corresponda. Las autoridades harán saber por escrito al Ministerio Público de la Federación la determinación que adopten.

II. Ante los órganos jurisdiccionales:

a) Ejercer la acción penal ante el órgano jurisdiccional competente por los delitos del orden federal cuando exista denuncia o querella, estén acreditados los elementos del tipo penal del delito de que se trate y la probable responsabilidad de quien o quienes en él hubieren intervenido, solicitando las órdenes de aprehensión o de comparecencia, en su caso:

b) Solicitar al órgano jurisdiccional las órdenes de cateo, las medidas precautorias de arraigo, de aseguramiento o embargo precautorio de bienes, los exhortos o la constitución de garantías para los efectos de la reparación de los daños y perjuicios, salvo que el inculpado los hubiese garantizado previamente:

c) Poner a disposición de la autoridad judicial, a las personas detenidas y aprehendidas, dentro de los plazos establecidos por la ley:

d) Aportar las pruebas pertinentes y promover las diligencias conducentes para la debida comprobación de la existencia del delito, las circunstancias en que hubiese sido cometido y las peculiares del inculpado, de la responsabilidad penal, de la existencia de los daños y perjuicios, así como para la fijación del monto de su reparación:

e) Formular las conclusiones, en los términos señalados por la ley y solicitar la imposición de las penas y medidas de seguridad que correspondan y el pago de la reparación de los daños y perjuicios o, en su caso, plantear las causas de exclusión del delito o las que extinguen la acción penal:

f) Impugnar, en los términos previstos por la ley, las resoluciones judiciales:

g) En general, promover lo conducente al desarrollo de los procesos y realizar las demás atribuciones que le señalen las normas aplicables;

III. En materia de atención a la víctima o el ofendido por algún delito:

a) Proporcionar asesoría jurídica, así como propiciar su eficaz coadyuvancia en los procesos penales:

b) Promover que se garantice y haga efectiva la reparación de los daños y perjuicios:

c) Concertar acciones con instituciones de asistencia médica y social, públicas y privadas, para los efectos del último párrafo del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y

IV. Las demás que prevean otras disposiciones aplicables.

9. El nuevo artículo 9o. precisa la intervención en el Sistema Nacional de Planeación Democrática. Este artículo obedece a la división que se hizo en el artículo 2o. del proyecto que se acompaña a este dictamen a efecto de evitar que un solo precepto se refiera a la función de procuración de justicia y a la intervención en actos previstos por la Ley de Planeación, como se observa en el artículo 4o. de la iniciativa, en relación con el artículo 2o. fracción III de la misma.

La fracción I de ese artículo 4o. de la iniciativa habla de una participación "a la Ley de Planeación y al Plan Nacional de Desarrollo, en el estudio, la promoción y la ejecución de programas y acciones correspondientes a la procuración e impartición de justicia". Asimismo, el segundo párrafo de esa fracción recoge sustancialmente el texto de la fracción I del artículo 4o. de la ley en vigor que todavía habla de una coordinación que tenga el propósito de "integrar un sistema nacional de los servicios de la procuración de justicia".

Al respecto, con otra redacción, el primer párrafo del nuevo artículo 9o. precisa las actividades que la institución deba realizar en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática.

Por otra parte, el párrafo segundo se adecúa para asentar que, en los programas correspondientes, las previsiones sobre coordinación tendrán por propósito el contemplar la ordenación sistemática de acciones prioritarias para el Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuya determinación de existencia ya prevé el artículo 21 constitucional y que ha sido el fundamento para expedir la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De acuerdo con lo expuesto, el artículo 9o. está redactado de la siguiente manera:

Artículo 9o. Para los efectos de la intervención del Procurador General de la República en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2o. fracción VI de esta ley, la institución realizará los estudios, elaboración y promoción ante el Ejecutivo Federal, de los contenidos que en las materias de su competencia, se prevea incorporar al Plan Nacional de Desarrollo, así como de los programas que del mismo se deriven.

Sin perjuicio de otros asuntos específicos, en los programas correspondientes deberán incluirse previsiones conducentes a la coordinación con autoridades federales y locales competentes, con el propósito de contemplar la ordenación sistemática de acciones prioritarias para el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

10. El nuevo artículo 10 no tiene correlativo en la iniciativa. La comisión juzga conveniente establecer un artículo que, tomando en cuenta a la Ley General referida en el punto anterior, contenga las disposiciones enunciativas relevantes de la participación de la institución en esta materia, tales como la celebración de acuerdos para participar en el funcionamiento y desarrollo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la participación en las instancias a que se refiere la ley como lo son el consejo nacional, la conferencia de procuración de justicia, las instancias regionales que en su caso se conformen, así como también la participación en las acciones de suministro, intercambio y sistematización de información.

Por lo anterior, el artículo 10 queda de la siguiente forma:

Artículo 10. La atribución a que se refiere el artículo 2o. fracción VII de esta ley, comprende:

I. La promoción y celebración de acuerdos para participar en la integración, funcionamiento y desarrollo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con las autoridades competentes que establezca la ley de la materia:

II. La participación en las instancias y servicios a que se refiere la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública:

III. La participación en las acciones de suministro, intercambio y sistematización de información:

IV. El establecimiento, conforme a la Ley General que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a otras leyes federales, de programas sobre organización, funcionamiento, ingreso, promoción, retiro y reconocimiento de los integrantes de la Policía Judicial Federal, con objeto de que su actuación se rija por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez y

V. Las demás que las leyes determinen.

11. El nuevo artículo 11 se refiere a las atribuciones concretas que se establecen para que se dé cumplimiento a las leyes, tratados y acuerdos internacionales en los que se prevea la intervención del Gobierno Federal en asuntos concernientes a la competencia de la institución y con la intervención que, en su caso, corresponda a las dependencias de la administración pública federal. Corresponde al artículo 8o. de la iniciativa y se formula del siguiente modo:

Artículo 11. La atribución que se contiene en el artículo 2o. fracción VIII de esta ley, comprende:

I. La formulación y presentación de las propuestas de los instrumentos de alcance internacional, a que se refiere el artículo 5o. fracción VIII de este ordenamiento:

II. La intervención en la extradición internacional de indiciados, procesados y sentenciados, así como en la aplicación de los tratados celebrados conforme al último párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos que dispongan las leyes e instrumentos jurídicos aplicables:

III. La intervención en el cumplimiento de otras disposiciones de carácter o con alcance internacional, cuando se relacionen con la competencia de la institución.

Cualquier apoyo o colaboración para la ejecución de programas derivados de instrumentos de carácter o con alcance internacional que involucren asuntos de la competencia de la institución, se entiende con reserva sobre evaluaciones o medidas que excedan la naturaleza de los programas, otorguen autoridad a personas o entidades extranjeras en territorio mexicano o involucren consecuencias sobre materias ajenas al ámbito especifico que cubre el programa respectivo. Esta reserva se consignará en los instrumentos que fijen las bases de dichos programas de conformidad con lo que establece la Ley Sobre la Celebración de Tratados.

12. El nuevo artículo 12, cuyo correlativo en la iniciativa es el artículo 7o., precisa las atribuciones que comprende la de carácter general establecida en la fracción X del artículo 2o., relativa a convenir con las autoridades competentes de las entidades federativas sobre materias del ámbito de competencia de la institución, como la promoción y celebración de convenios sobre apoyo y asesoría recíprocos en materia policial técnica, jurídica, pericial y de formación de personal.

En este sentido, el artículo 12 queda así:

Artículo 12. La atribución a que se refiere el artículo 2o., fracción X de esta Ley, comprende:

I. La promoción y celebración de convenios con las entidades federativas, con apego a las disposiciones aplicables y sin perjuicio de las facultades de otras autoridades, sobre apoyo y asesoría recíprocos en materia policial técnica, jurídica, pericial y de formación de personal para la procuración de justicia:

II. La promoción y celebración de acuerdos con arreglo a las disposiciones aplicables para efectos de auxilio al Ministerio Público de la Federación por parte de autoridades locales, cuando se trate de funciones auxiliares previstas en esta ley o en otros ordenamientos.

13. El artículo 13 en esencia corresponde al texto del artículo 11 de la iniciativa pero se suprime el último de sus tres párrafos que dice "En caso de incumplimiento de sus obligaciones, el Ministerio Público Federal y sus auxiliares sean responsables conforme a lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades".

La supresión no sólo obedece a que los dos párrafos precedentes que integran el artículo 11 de la iniciativa se refieren a responsabilidades en que pueden incurrir particulares y autoridades que incumplan con los requerimientos del Ministerio Público y por lo mismo el tercer párrafo está fuera de contexto porque se refiere a la responsabilidad de los agentes de la institución y auxiliares, sino también a que precisamente el Capítulo III tanto de la iniciativa como del proyecto que acompaña a este dictamen, dedica varios artículos a la regulación de esas responsabilidades a cargo del personal de que se trata, además de que, como se verá, esta comisión consideró necesario incluir una sección en el Capítulo II que sienta las normas sobre responsabilidades específicas adicionales a las de estricto carácter administrativo.

Así, el artículo 13 se redacta en los siguientes términos:

Artículo 13. En el cumplimiento de sus atribuciones, el Ministerio Público de la Federación y sus auxiliares, en su caso y conforme a sus funciones, podrán requerir informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general a las dependencias y entidades de la administración pública federal, a las correspondientes al Distrito Federal y a otras autoridades y personas que puedan suministrar elementos para el debido ejercicio de dichas atribuciones.

Es obligatorio proporcionar los informes que solicite el Ministerio Público de la Federación y que se realicen con las formalidades de la ley; en caso de incumplimiento, la autoridad correspondiente incurrirá en responsabilidad en los términos de la legislación aplicable.

14. El Capítulo II de la iniciativa, denominado "Bases de Organización", tiene 14 artículos. La comisión ha considerado necesario reformular a fondo la estructura y contenido de dicho capítulo y hacerlo sobre la base de tres secciones denominadas "de las disposiciones generales", "del servicio civil de carrera" y "de las responsabilidades especiales de los agentes del Ministerio Público de la Federación y de los agentes de la Policía Judicial Federal".

En lo que hace a la primera, se regulan ampliamente una serie de aspectos que sólo estrictamente se abordan en la iniciativa como lo son la estructura básica de la Procuraduría o el sistema de desconcentración territorial.

En lo que respecta a la segunda, ampliamente se regula el servicio civil de carrera para establecer principios rectores, a efecto de no dejarlos para los reglamentos.

En cuanto a la Sección Tercera, se incluye toda una previsión normativa para señalar causas específicas de responsabilidad, sanciones a aplicar, órganos competentes y procedimientos para interponerlas.

Así, la Sección Primera queda enmarcada en la siguiente forma:

CAPITULO II

Bases de organización

SECCION PRIMERA

De las disposiciones generales

15. El artículo 12 de la iniciativa consta de tres párrafos. La comisión que dictamina considera necesario reformular totalmente el primero de ellos. Así, el nuevo artículo 14 se estructura con cinco párrafos.

a) El primero de ellos trata del reconocido principio de dependencia jerárquica y unidad de actuación del Ministerio Público a través de la previsión que otorga al procurador el ejercicio de la autoridad jerárquica sobre el personal de la Procuraduría. No se utiliza ya, como lo hace la iniciativa, el término de "jefe" para referirse a la titularidad de la institución.

b) El segundo, tercero, cuarto y quinto párrafos del nuevo artículo 14 versan sobre la estructura básica de la Procuraduría. La comisión considera que la ley orgánica no debe limitarse a señalar que la Procuraduría "contará con servidores públicos que sustituirán al procurador en el orden que fije el reglamento de esta ley y con los órganos y unidades técnicos y administrativos, centrales y desconcentrados, necesarios para el despacho de los asuntos que la ley pone a cargo de la Procuraduría".

Esta es la fórmula que sigue la ley vigente de 1983, que se estima necesario replantear. Basta señalar que las cinco leyes de organización, anteriores a la de 1983, siempre contemplaron una estructura básica cuyo detalle de regulación se hizo después en reglamento.

Se considera que el Congreso debe sentar el perfil básico de la estructura de una institución constitucional fundamental. Para esos efectos, en el segundo párrafo se incluye a los funcionarios y servidores públicos que auxiliarán al procurador, señalando en primer término a los agentes del Ministerio Público de la Federación.

c) En el tercero y cuarto párrafos se prevé la existencia de dos estructuras fundamentales: las unidades especializadas y las fiscalías especiales. Las dos responden al eje rector de la necesaria especialización en la persecución de los delitos a efecto de que de manera profesional, eficaz y oportuna, el Ministerio Público cumpla con los múltiples requisitos de acreditación de los elementos del tipo penal del delito de que se trate y la probable responsabilidad, considerando, entre otros, la existencia de la correspondiente acción u omisión, la forma de intervención de los sujetos activos, la realización dolosa o culposa de la acción u omisión y en su caso, la acreditación de las calidades del sujeto activo y del pasivo, el resultado y su atribuibilidad a la acción u omisión, el objeto material, los medios utilizados, las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión, los elementos normativos, los elementos subjetivos específicos y demás circunstancias.

En consecuencia, siendo el eje común la especialización, se distingue entre unidad especializada y fiscalía especial de tal forma que las primeras se enfocarán a la persecución por género de delitos conforme a la clasificación del Código Penal y las que se deriven de otras leyes de naturaleza federal, que se determine encomendarse a dichas unidades, en tanto las fiscalías especiales quedarán para la atención y persecución de delitos específicos que por su trascendencia, interés y características así lo ameriten.

d) Finalmente, el quinto párrafo se dedica a un aspecto que la comisión considera esencial abordar y que es el relativo a la administración y en su caso, aplicación y destino de bienes asegurados. Los artículos 40, 41 y 193 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, contemplan disposiciones sobre aseguramiento de bienes durante la averiguación previa o en el proceso y específicamente el 41 prevé mecanismos de notificación y en su caso, de subastas públicas respecto de objetos o valores que no hayan sido decomisados y no hayan sido recogidos por quien tenga derecho a ello, en tanto que el 193 distingue entre destino para la procuración de justicia y para su impartición.

En este rubro se está, sin lugar a dudas, ante problemas de enormes dimensiones cuando se trata de aseguramiento de dinero en efectivo, inmuebles, vehículos terrestres y aéreos, entre otros, respecto de los cuales no sólo hay un delicado asunto de administración sino, en caso de proceder conforme a esos artículos 41 y 193, de destino.

Ante ello, se considera necesario que sea el Congreso de la Unión el que a través de disposiciones legales, bien sea en un ordenamiento específico o en los ordenamientos sustantivo o adjetivo penales, siente las bases generales para el registro, guarda, custodia, conservación y en su caso aplicación y destino de bienes asegurados, inclusive en reflexión profunda que pondere el abordar el asunto con un enfoque integral para analizar la factible regulación básica de esas etapas, también por lo que hace al aseguramiento en el proceso, determinado por autoridad judicial.

En ese sentido, el quinto párrafo de este nuevo artículo 14 dispone que "la institución también contará con las unidades administrativas u órganos indispensables para cumplir con las disposiciones legales que establezcan los principios y procedimientos generales que deberán orientar la recepción, registro, guarda, custodia, conservación y en cuyo caso y con las características que se determinen, aplicación y destino de dichos bienes, en beneficio de la procuración de justicia, así como los relativos a la confidencialidad, control y supervisión, que garanticen su administración eficaz y honesta".

Los procedimientos de detalle se dictarían por disposición reglamentaria y el quinto párrafo guardaría congruencia con la redacción que ya se dio en el inciso e de la fracción I del artículo 8o. que dispone "el: realizar el aseguramiento y tramitación del destino de los instrumentos, objetos y productos del delito, en los términos de los artículos 40, 41 y 193 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables".

Por lo expuesto, el nuevo artículo 14 queda en los siguientes términos:

Artículo 14. El Procurador General de la República, titular del Ministerio Público de la Federación ejercerá autoridad jerárquica sobre todo el personal de la Procuraduría.

Para el despacho de los asuntos a que se refiere el Capítulo I de esta ley, el Procurador General de la República se auxiliará con los agentes del Ministerio Público de la Federación, subprocuradores, oficial mayor, visitador general, contralor interno, coordinadores, directores generales, delegados, agregados, directores, subdirectores y demás servidores públicos que establezca el reglamento de esta ley, así como con los órganos y unidades técnicos y administrativos, centrales y desconcentrados, que también establezca dicho reglamento, el cual precisará el número de ellos y las atribuciones que les correspondan.

El Ministerio Público de la Federación contará con unidades especializadas, que podrán actuar en todo el territorio nacional, para la persecución de los géneros de delitos que, conforme a las clasificaciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal y los que se deriven de otras leyes federales, se determine encomendarse a dichas unidades.

La institución, además, por previsión reglamentaria o por acuerdo del Procurador General de la República, podrá contar con fiscalías especiales para el conocimiento, atención y persecución de delitos específicos, que por su trascendencia, interés y características así lo ameriten.

El reglamento establecerá las facultades, bases de organización y los requisitos para la designación de los titulares de unidades especializadas y fiscalías especiales.

La institución también contará con las unidades administrativas u órganos indispensables para cumplir con las disposiciones legales que establezcan los principios y procedimientos generales que deberán orientar la recepción, registro, guarda, custodia, conservación y en su caso y con las características que se determinen, la aplicación y destino de dichos bienes, en beneficio de la procuración de justicia, así como los relativos a la confidencialidad, control y supervisión, que garanticen su administración eficaz y honesta.

16. El nuevo artículo 15 no tiene un correlativo expreso en la iniciativa, si bien el primer párrafo del artículo 10 de la misma alude a la intervención en el ejercicio de las atribuciones por el procurador o por conducto de agentes del Ministerio Público, se estima que se debe ser explícito para contemplar la delegación de facultades que pueda hacer el propio procurador, excepto de aquellas que por disposición constitucional, de las leyes o del reglamento, deban ser ejercidas por él mismo, por lo que el artículo 15 queda así:

Artículo 15. El procurador General de la República para la mejor organización y funcionamiento de la institución podrá delegar facultades, excepto aquellas que por disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de las leyes o del reglamento de esta ley, deban ser ejercidas por el propio Procurador General de la República.

El propio procurador, también podrá adscribir orgánicamente las unidades y órganos técnicos y administrativos que establezca el reglamento.

Los acuerdos por los cuales se deleguen facultades o se adscriban los órganos y las unidades a que se refiere el párrafo segundo del artículo anterior, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.

17. El nuevo artículo 16 se forma de una parte del contenido del párrafo segundo del artículo 12 de la iniciativa, que a juicio de esta comisión trata de dos aspectos diferentes que deben ser ubicados, con mayor desarrollo, en dos artículos distintos.

Así, la primera parte del párrafo segundo de dicho artículo 12 de la iniciativa dice: "el Ejecutivo determinará las entidades que deban quedar sujetas a la coordinación de la Procuraduría General de la República". Al respecto, se estima necesario hacer precisiones en la redacción como, por ejemplo, hablar de "entidades paraestatales de la administración pública federal", término utilizado en la ley de la materia, pero, además, se considera que debe quedar asentado que en éste como en otros supuestos, a la Procuraduría debe aplicársele ciertas disposiciones que rigen a las dependencias del Ejecutivo Federal y que no es impedimento para ello la reforma que el Congreso de la Unión hizo en diciembre de 1994 por la que se suprime a la Procuraduría del párrafo segundo del artículo 1o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que señala la integración de la administración pública centralizada.

Resulta obvio que, habiéndose establecido en el artículo 1o. del proyecto que se acompaña a este dictamen, que la Procuraduría se ubica en el ámbito del Ejecutivo Federal y tratándose de que la misma Procuraduría pueda fungir como coordinadora de sector, así como de que este carácter lo tienen las dependencias del Ejecutivo Federal, la conclusión sea que para estos efectos se le apliquen las disposiciones correspondientes.

Por lo anterior, el artículo 16 queda así:

Artículo 16. El Ejecutivo Federal, en su caso, determinará las entidades paraestatales de la administración pública federal que deban quedar sujetas a la coordinación de la Procuraduría General de la República, en cuyo supuesto serán aplicables a ésta las disposiciones que para las dependencias coordinadoras de sector establecen la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Entidades Paraestatales y las demás que resulten procedentes.

18. El nuevo artículo 17, tiene por base la segunda parte del segundo párrafo del artículo 12 de la iniciativa que de manera general contempla un sistema de desconcentración territorial y funcional de la Procuraduría. A juicio de la Comisión de Justicia, éste es uno de los puntos fundamentales que debe contener una nueva Ley Orgánica para que, en atención a las múltiples y complejas atribuciones de la institución y de su titular, el Congreso determine por ley las bases generales de desconcentración para la cobertura de las autoridades en todo el territorio nacional, para lo cual se desarrolla ampliamente lo que la iniciativa se circunscribe a señalar como un sistema conformado "en regiones y entidades del país, tomando en cuenta las características de la función" a cargo de la Procuraduría.

De esta mención y de la que en el artículo 21 de la propia iniciativa se observa respecto a unidades de policía judicial desconcentradas, la Comisión de Justicia elabora siete incisos para este nuevo artículo 17, que perfila la conformación de zonas por agrupación de entidades federativas atendiendo sobre todo a la incidencia delictiva y en especial a la influencia de la delincuencia organizada; la atención a la división territorial del Poder Judicial de la Federación; la responsabilidad de cada zona a cargo de un subprocurador; la implementación de un sistema de distribución de facultades amplias para las instancias responsables; la sujeción de la Policía Judicial Federal a la autoridad y mando de los subprocuradores de zona y delegados, que habrán de ser agentes del Ministerio Público; la obligación de contar con la normatividad correspondiente para la coordinación, evaluación, supervisión y control a efecto de articular el sistema de desconcentración con los órganos y unidades centrales y los sistemas de información que permita que, en su caso, el procurador ejercite las acciones de inconstitucionalidad respecto de leyes estatales o del Distrito Federal.

Por lo anterior, el nuevo artículo 17 se redacta en la siguiente forma:

Artículo 17. Para el desarrollo de las funciones del Ministerio Público de la Federación y del Procurador General de la República, se contará con un sistema de desconcentración territorial y funcional sujeto a las siguientes bases generales:

I. Se conformará atendiendo a las entidades federativas o zonas que agrupen a éstas, considerando las características de las circunscripciones, incidencia delictiva, adecuada distribución de las cargas de trabajo y regiones de influencia de la delincuencia organizada:

II. Se atenderá para su configuración, cuando resulte procedente, a la división del régimen de competencia territorial del Poder Judicial de la Federación:

III. Se dispondrá que cada zona quede a cargo de un subprocurador y bajo la responsabilidad de un delegado, supeditado funcionalmente a aquél, las oficinas del Ministerio Público de la Federación en las entidades federativas:

IV. Se implementará un sistema de distribución de facultades que permita a las instancias responsables de las zonas y delegaciones, la atención de los asuntos en materia de averiguación previa; Policía Judicial; servicios periciales; reserva de la averiguación previa; consignación, propuesta o resolución, según el caso, del no ejercicio de la acción penal; control de procesos, seguridad pública y política criminal; servicios administrativos y otras en los términos que señalen las normas reglamentarias y demás disposiciones aplicables:

V. Se preverá que los miembros de la Policía Judicial Federal en todos sus niveles que se encuentren adscritos a las diferentes zonas y entidades federativas, queden sujetos a la autoridad y mando directo del subprocurador y del delegado, respectivamente, quienes en todo caso serán agentes del Ministerio Público de la Federación:

VI. Se deberá contar con la normatividad correspondiente que establezca los criterios de coordinación, evaluación, supervisión y control para articular el sistema de desconcentración territorial con los órganos y unidades centrales, a efecto de garantizar la vigencia de los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica que rigen al Ministerio Público de la Federación:

VII. Se dispondrá de un sistema de información que permita a la unidad responsable que determine el reglamento, el conocimiento oportuno de la legislación estatal o del Distrito Federal, a efecto de que, en su caso, el Procurador General de la República esté en aptitud de ejercer la acción prevista por la fracción II, inciso c del artículo 105 constitucional, así como la participación que le corresponda en las controversias a que se refiere la fracción I del mismo artículo:

VIII. Se preverán las medidas que deba tomar el Ministerio Público de la Federación para la atención de los asuntos a su cargo, en las localidades donde no exista agencia permanente:

IX. Se establecerán medios de información a la comunidad, en forma sistemática y directa, para dar cuenta de las actividades de la institución.

19. La previsión a nivel orgánico de cuestiones relacionadas directamente con aspectos procesales determinó que el texto del artículo 13 de la iniciativa se precisara, así a fin de ser congruentes precisamente con los conceptos procesales respectivos, se establece la resolución final por los servidores públicos en quienes el procurador delegue la facultad y aquellos que faculte el reglamento, para los casos de no ejercicio de la acción penal, formulación de conclusiones no acusatorias, consultas que agentes del Ministerio Público de la Federación formulen, prevenciones que la autoridad judicial acuerde sobre la omisión de conclusiones en el término legal, así como para los actos cuya consecuencia sea el sobreseimiento del proceso o la libertad absoluta del inculpado antes de la sentencia. Al efecto el contenido se identifica ahora con el número 18 en los siguientes términos:

Artículo 18. El no ejercicio de la acción penal, la formulación de conclusiones no acusatorias, así como las consultas que agentes del Ministerio Público de la Federación formulen o las prevenciones que la autoridad judicial acuerde en los términos que la ley prevenga, respecto de la omisión de formular conclusiones en el término legal, de conclusiones presentadas en un proceso penal o de actos cuya consecuencia sea el sobreseimiento del proceso o la libertad absoluta del inculpado antes de que se pronuncie sentencia, se resolverán por los servidores públicos en los que el Procurador General de la República delegue esas funciones y aquellos que faculte el reglamento.

20. Los auxiliares directos y suplementarios del Ministerio Público de la Federación se encuentran previstos en el artículo 14 de la iniciativa, que por la reordenación llevada a cabo en esta comisión, su contenido se ha ubicado en el numeral 19, con mínimos ajustes, siendo el primero de ellos la supresión de la calificación a los servicios periciales, en consideración a que además de la persecución de los delitos de fuero federal, la institución que se organiza realiza otras no menos importantes, en relación a las que eventualmente puede llegar a requerirse la elaboración de un dictamen no calificado estrictamente como criminalístico, aunado a ello, al ser auxiliar directo, evidentemente se trata de los servicios periciales de la Procuraduría, pertenencia que no se ha considerado necesario repetir cuando se alude a ellos.

Por otra parte, el segundo ajuste responde al criterio de unidad que ha guiado la labor de esta comisión dictaminadora, conforme al cual se estimó oportuno incluir como párrafo final de esta disposición la ordenación por la institución de las actividades de los auxiliares suplementarios, con la debida precisión de que se hará en lo que corresponde exclusivamente a las actuaciones que practiquen en auxilio de ella, trasladando a este artículo 19 lo que aparece al final del primer párrafo del artículo 21 de la iniciativa. Lo anterior lleva al siguiente texto:

Artículo 19. Son auxiliares del Ministerio Público de la Federación:

I. Directos y por lo mismo se integran a la institución:

a) La Policía Judicial Federal:

b) Los servicios periciales.

II. Suplementarios:

a) Los agentes del Ministerio Público del Fuero Común y de las policías Judicial y Preventiva, en el Distrito Federal y en los estados de la República, previo acuerdo, entre las autoridades federales y locales en los términos del artículo 12 fracción II de la presente ley;

b) Los cónsules y vicecónsules mexicanos en el extranjero:

c) Los capitanes, patrones o encargados de naves o aeronaves nacionales:

d) Los funcionarios de las dependencias del Ejecutivo Federal, en los casos a que se refiere el articulo 31 de esta ley.

El Ministerio Público de la Federación ordenará la actividad de los auxiliares suplementarios, en lo que corresponde exclusivamente a las actuaciones que practiquen en auxilio de la institución.

21. La disposición relativa a la designación del Procurador General de la República, identificada como artículo 15. en la iniciativa del Ejecutivo Federal se ubicaría ahora en el numeral 20, sufriendo sólo modificaciones que ajustan su terminología a la usada por la Constitución General y el traslado del que aparece como segundo párrafo hacia el final de la disposición, desagregando su parte final relativa al nombramiento y remoción libre por el Presidente de la República de los denominados sustitutos del procurador, quienes deberán reunir los mismos requisitos que para éste se establecen y contenerse ahora esto último en el artículo 21.

El contenido del citado artículo 21 fue reformulado en términos que, con clara sujeción al artículo 102, apartado A de la Constitución Federal, precisan enunciativamente a los funcionarios del Ministerio Público de la Federación, cuyo nombramiento y remoción corresponde al Ejecutivo Federal, éstos son subprocuradores, visitador general, oficial mayor y coordinadores, señalando que los primeros suplirán al Procurador General de la República en sus excusas o ausencias temporales, de conformidad con el reglamento de la ley y para su nombramiento, se escuchará al consejero jurídico del Gobierno Federal.

En atención a las consideraciones vertidas, los respectivos textos serían como sigue:

Artículo 20. El Procurador General de la República será designado por el titular del Ejecutivo Federal con ratificación del Senado o, en sus recesos, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Para ser procurador se requiere:

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento;

b) Tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación:

c) Contar, con antigüedad mínima de 10 años de haber obtenido el título profesional de licenciado en derecho:

d) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso.

El procurador podrá ser removido libremente por el Ejecutivo Federal.

Artículo 21. El nombramiento y remoción de los subprocuradores, visitador general, oficial mayor y coordinadores corresponden al Ejecutivo Federal.

Los demás funcionarios y agentes del Ministerio Público de la Federación serán designados y removidos en los términos previstos por esta ley y su reglamento.

Los subprocuradores que suplan al Procurador General de la República, en sus excusas, ausencias o faltas temporales, de conformidad con el reglamento de esta ley, deberán reunir los mismos requisitos que para éste se establecen en el artículo anterior. El nombramiento será hecho por el Ejecutivo Federal, escuchando previamente la opinión del consejero jurídico del Gobierno Federal.

El visitador general, el oficial mayor, los delegados y los demás funcionarios a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, deberán reunir los requisitos que se establezcan en el reglamento de esta ley.

22. El establecimiento a mayor detalle de las disposiciones relativas al servicio civil de carrera del Ministerio Público de la Federación ameritó por los participantes en los trabajos de estudio y discusión de la iniciativa del Ejecutivo Federal, serias reflexiones e intercambio de opiniones, las cuales han sido reflejadas normativamente en una Sección Segunda dentro del capítulo de las bases de organización de la institución, cuya referencia se hará en páginas subsiguientes de este documento, tal razón motivó el traslado a dicha sección de los párrafos que en el artículo 16 de la iniciativa aparecen como primero, penúltimo y último, ya que al estar su contenido vinculado precisamente con el servicio civil de carrera, el apartado que trata de éste se estima como una mejor ubicación para ellos.

Por otra parte, se determinó la conveniencia de desagregar los tres temas del mencionado artículo 16 de la iniciativa en tres dispositivos diversos, de modo que ahora los requisitos para ingresar y permanecer como agente del Ministerio Público de la Federación, agente de la Policía Judicial Federal y perito del servicio civil de carrera son tratados respectivamente en los artículos 22, 23 y 24.

En esta reordenación de contenido del artículo 16 en tres dispositivos, hubo valiosas aportaciones que como elementos a satisfacer por quienes aspiren al ingreso y permanencia en la institución como agentes del Ministerio Público, Policía Judicial y peritos fueron comprendidos como reformulación de los incisos existentes en la iniciativa y como nuevas fracciones en los respectivos preceptos.

En efecto, la pretensión de contar con los mejores elementos para cada uno de los cargos, llevó, en el terreno de la responsabilidad penal, a que la exigencia de no haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de delito doloso, se extienda a los delitos culposos graves y a no estar sujeto a proceso penal. En el ámbito administrativo llevó a la consideración también como requisito, el no estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público y finalmente la responsabilidad cívica impone la previsión de tener acreditado, en su caso, el Servicio Militar Nacional.

La tendencia a profesionalizar el área fundamental de la labor del Ministerio Público de la Federación encuentra un correlativo en la inclusión como requisito para el caso de los agentes de dicho ministerio, de la experiencia profesional de por lo menos un año como licenciado en derecho y para agentes especiales y visitadores, de la experiencia por tres años.

Sin perjuicio de la edad y el perfil físico, médico, ético y de personalidad establecidos como necesarios en las disposiciones relativas a la carrera policial que ahora se prevén como requisito para el caso de los agentes de la Policía Judicial, se plantea también con carácter general aplicable tanto a éstos como a los agentes del Ministerio Público y a los peritos, el no hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo.

Por lo anterior, el texto de los artículos referidos quedaría como sigue:

Artículo 22. Para ingresar y permanecer como agente del Ministerio Público de la Federación, se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos:

II. Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de un delito doloso o por delito culposo calificado como grave por la ley, ni estar sujeto a proceso penal:

III. Contar con título de licenciado en derecho expedido y registrado legalmente y con la correspondiente cédula profesional:

IV. Tener por lo menos un año de experiencia profesional cómo licenciado en derecho. En el caso de los agentes especiales y visitadores a que se refiere el articulo 35 de esta ley, la experiencia será cuando menos de tres años:

V. En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional:

VI. Acreditar que se han cumplido los requisitos de ingreso, relativos a la selección de agente, siendo indispensable la aprobación del concurso de ingreso que establezca el servicio civil de carrera de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables:

VII. No hacer uso ilícito de sustancias sicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares ni padecer alcoholismo:

VIII. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, en los términos de las normas aplicables y

IX. Los demás requisitos que establezcan otras disposiciones aplicables.

Artículo 23. Para ingresar y permanecer como agente de la Policía Judicial Federal, se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos:

II. Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de un delito doloso o por delito culposo calificado como grave por la ley ni estar sujeto a proceso penal:

III. Acreditar que se han concluido, por lo menos, los estudios correspondientes a la enseñanza preparatoria o equivalente:

IV. Contar con la edad y el perfil físico, médico, ético y de personalidad que las disposiciones sobre carrera policial establezcan como necesarias para realizar las actividades policiales:

V. No hacer uso ilícito de sustancias sicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares ni padecer alcoholismo:

VI. En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional:

VII. Acreditar que se han cumplido los requisitos de ingreso, relativos a la selección y en su caso formación, capacitación y adiestramiento de agente, siendo requisito indispensable para acceder, la aprobación del concurso de ingreso en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables:

VIII. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, en los términos de las normas aplicables:

IX. Los demás requisitos que establezcan otras disposiciones aplicables.

Artículo 24. Para ingresar y permanecer como perito del servicio civil de carrera, se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos:

II. Tener título legalmente expedido y registrado por la autoridad competente que lo faculte para ejercer la ciencia, técnica, arte o disciplina de que se trate o acreditar plenamente los conocimientos correspondientes a la disciplina sobre la que se deba dictaminar, cuando de acuerdo con las normas aplicables, no necesite título o cédula profesional para su ejercicio:

III. Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de un delito doloso o por delito culposo calificado como grave por la ley ni estar sujeto a proceso penal:

IV. Acreditar que se han cumplido los requisitos de ingreso relativos a la selección y en su caso formación y capacitación de los peritos del Ministerio Público de la Federación, siendo requisito indispensable para acceder al cargo, la aprobación del concurso de ingreso en los términos de las disposiciones aplicables:

V. No hacer uso ilícito de sustancias sicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares ni padecer alcoholismo:

VI. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, en los términos de las normas aplicables:

VII. Los demás requisitos que establezcan otras disposiciones aplicables.

23. La autonomía técnica de la labor del perito se encuentra en el artículo 21 de la iniciativa junto con otros temas que se ha estimado pertinente distinguir, así la autoridad jerárquica ya ha sido referida en el numeral 15 de este documento como parte del precepto inicial del capítulo de bases de organización; la autoridad y mando inmediato del Ministerio Público de la Federación sobre peritos y Policía Judicial se traslada a cada uno de los preceptos que tratan respectivamente de la autonomía técnica e independencia de criterio que corresponde a los peritos en el estudio de los asuntos que se sometan a su dictamen y a la actuación en esos términos de la Policía Judicial, identificados ahora con los numerales 25 y 26, quedando en el artículo 27 el tema de la planeación, coordinación y administración de los servicios de policía judicial que fue esbozado en la parte final del citado numeral 21 de la iniciativa.

Como hemos mencionado, se destacó ya en la iniciativa la necesidad de que la estructura orgánica de la institución cuente con los elementos orgánicos también necesarios para lograr la pertinente coordinación entre las unidades policiales desconcentradas así como para el eficaz desempeño de las funciones que la Policía Judicial Federal tiene como auxiliar del Ministerio Público. Semejante función amerita especial desarrollo y en ese contexto el precepto identificado con el número 27 plantea la previsión reglamentaria de un consejo técnico de planeación y coordinación de operaciones y de un consejo técnico de administración, señalando algunas bases al efecto.

Dentro de esas bases se tendría que el primer órgano mencionado lo presidiría el subprocurador encargado de la coordinación institucional, en él concurrirán los responsables de las unidades de Policía Judicial en las diversas zonas así como de las unidades especializadas del Ministerio Público y cuyas principales funciones se dirigen a la organización y supervisión de la planeación de operativos de las diversas unidades de la Policía Judicial bajo la dirección de subprocuradores y delegados, así como a la coordinación de la actuación conjunta de los servicios policiales bajo el mando de distintas unidades a cargo de los subprocuradores y unidades especializadas del Ministerio Público de la Federación.

Por otra parte, el consejo técnico de administración estaría encargado principalmente de aspectos administrativos de los servicios policiales, fungir como auxiliar del consejo de profesionalización para la determinación de adscripciones, otorgamiento de estímulos, reconocimientos y lineamientos de evaluación, operar la base de datos de agentes de la Policía Judicial Federal, así como de controlar el armamento y equipo y hacer las dotaciones respectivas.

Por lo anterior, los artículos 25, 26 y 27 quedan así:

Artículo 25. Los peritos actuarán bajo la autoridad y mando inmediato del Ministerio Público de la Federación, sin perjuicio de la autonomía técnica e independencia de criterio que les corresponde en el estudio de los asuntos que se sometan a su dictamen.

Artículo 26. La Policía Judicial Federal actuará bajo la autoridad y el mando inmediato del Ministerio Público de la Federación, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo auxiliará en la investigación de los delitos del orden federal. Para ese efecto, podrá recibir denuncias sólo cuando por la urgencia del caso no sea posible la presentación directa de aquéllas ante el Ministerio Público de la Federación, pero deberá dar cuenta sin demora a éste para que acuerde lo que legalmente proceda.

Conforme a las instrucciones que se le dicten, la Policía Judicial Federal desarrollará las diligencias que deban practicarse durante la averiguación previa y exclusivamente para los fines de ésta, cumplirá las citaciones, notificaciones y presentaciones que se le ordenen y ejecutará las órdenes de aprehensión, los cateos y otros mandamientos que emita la autoridad judicial, así como las órdenes de detención que, en los casos a que se refiere el párrafo quinto del artículo 16 constitucional, dicte el propio Ministerio Publico de la Federación. En todo caso, dicha policía actuará con respeto a las garantías individuales y a las normas que rijan esas actuaciones.

Artículo 27. Para la mayor eficacia y control en la planeación, coordinación y administración de los servicios de Policía Judicial, el reglamento de esta ley preverá la existencia de dos consejos técnicos cuya organización, integración y funciones regulará dicho ordenamiento, con sujeción, cuando menos, a las siguientes bases:

I. El consejo técnico de planeación y coordinación de operaciones será presidido por el subprocurador encargado de la coordinación institucional y en él participarán los responsables de las unidades de Policía Judicial en las diversas zonas, así como de las unidades especializadas del Ministerio Público y tendrá por principales funciones, las siguientes:

a) Organizar y supervisar las tareas de planeación de operativos que realicen las diversas unidades de Policía Judicial bajo la dirección de los subprocuradores y delegados:

b) Coordinar la actuación conjunta de los servicios policiales que estén bajo el mando de distintas unidades, de los subprocuradores y unidades especiales del Ministerio Público de la Federación y

c) Las demás que determine el reglamento.

II. El consejo técnico de administración, tendrá al menos, las siguientes funciones:

a) Organizar el desarrollo administrativo de los servicios policiales, en coordinación con la unidad administrativa que el reglamento establezca como competente para determinar los sistemas y procedimientos generales de administración:

b) Fungir como instancia auxiliar del consejo de profesionalización para los efectos de la determinación de adscripciones, otorgamiento de estímulos, reconocimientos y lineamientos de evaluación, así como de otros elementos análogos:

c) Instrumentar y operar la base de datos de identificación, localización, antecedentes, trayectoria, estímulos, reconocimientos, sanciones, adscripciones y demás afines de los agentes de la Policía Judicial, para el suministro oportuno de información al registro de personal:

d) Llevar a cabo la dotación de armamento y equipo así como establecer el sistema de control correspondiente:

e) Realizar o encomendar los estudios y análisis necesarios para el desarrollo de tecnologías aplicables a los servicios policiales con enfoques primordiales de investigación especializada:

f) Las demás que determine el reglamento.

24. La colaboración entre autoridades, manifiestamente necesaria en nuestra época, fue motivo de la previsión del artículo 20 de la iniciativa, que identificado ahora con el número 28 precisa que será el Procurador General de la República o los servidores públicos en quienes delegue esta función, los facultados para autorizar el auxilio del personal de la institución a otras autoridades, para el desempeño de actividades compatibles con las de procuración de justicia, en los términos que a continuación se expresan:

Artículo 28. El Procurador General de la República o los servidores públicos en quienes delegue esta función, podrán autorizar al personal del Ministerio Público de la Federación para auxiliar a otras autoridades que lo requieran en el desempeño de una o varias funciones, que sean compatibles con las que corresponden a la procuración de justicia.

El auxilio se autorizará mediante la expedición del acuerdo correspondiente, tomando en cuenta los recursos y las necesidades del Ministerio Público de la Federación.

El personal autorizado en los términos de este artículo no quedará, por ese hecho, comisionado con las autoridades a quienes auxilie.

25. Considerando que el texto del artículo 23 de la iniciativa proviene de una ley expedida con anterioridad a la vigencia de recientes modificaciones constitucionales, principalmente la relativa al artículo 119, esta comisión dictaminadora consideró conveniente invertir el orden de los párrafos de dicho artículo 23, regulando de este modo en el primero la facultad de mayor generalidad que es la de convenir con autoridades locales la forma en que se desarrollará el auxilio local al Ministerio Público de la Federación y en el segundo, lo relativo a la práctica de diligencias de averiguación previa urgentes, la resolución sobre detención o libertad del inculpado, bajo caución o con las reserva de ley, con la obligación para las autoridades locales de enviar sin dilación alguna a las autoridades federales, tanto el expediente como el detenido, en su caso, identificados ahora con el número 29 y la siguiente redacción:

Artículo 29. De conformidad con el artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Procurador General de la República convendrá con las autoridades locales competentes, la forma en que deban desarrollarse las funciones de auxilio local al Ministerio Público de la Federación.

Sujetándose a las disposiciones constitucionales y legales federales aplicables, cuando los agentes del Ministerio Público del fuero común auxilien al Ministerio Público de la Federación, recibirán denuncias y querellas por delitos federales, practicarán las diligencias de averiguación previa que sean urgentes, resolverán sobre la detención o libertad del inculpado, bajo caución o con las reservas de ley y enviarán sin dilación alguna el expediente y el detenido, en su caso, al Ministerio Público de la Federación.

26. En la reordenación que implicó el trabajo de esta Comisión de Justicia debe señalarse que el precepto identificado como 24, quedaría ahora con el numeral 30 en los mismos términos de la iniciativa que son los siguientes:

Artículo 30. Los auxiliares del Ministerio Publico de la Federación deberán, bajo su responsabilidad, dar aviso de inmediato a éste, en todos los casos, sobre los asuntos en que intervengan con ese carácter, haciendo de su conocimiento los elementos que conozcan con motivo de su intervención.

27. La reformulación del artículo 25 de la iniciativa bajo el número 31 relativa a la suplencia de encargados de una agencia del Ministerio Público de la Federación, cuando no exista en la localidad agencia permanente, por servidores públicos del Gobierno Federal, encuentra su razón en que la previsión anticipada de la idoneidad de aquéllos que en determinado momento pudieren llegar a estar a cargo de una de sus agencias llevaría al mejor desempeño de las funciones encomendadas. El dispositivo correspondiente quedaría como sigue:

Artículo 31. El Procurador General de la República y el Secretario de Gobernación convendrán la forma en que servidores públicos del Gobierno Federal suplan, en caso de falta, excusa o ausencia, al encargado de una agencia del Ministerio Público de la Federación, cuando no exista en la localidad agencia permanente. En todo caso, el servidor público en quien recaiga la suplencia, que contará con título de licenciado en derecho, deberá observar las normas que regulen la función del Ministerio Público de la Federación.

28. En la iniciativa del Ejecutivo Federal se advierten como innovaciones, disposiciones relativas a un servicio civil de carrera de los elementos básicos en que se sustenta la actuación del Ministerio Público de la Federación, así, de los agentes del Ministerio Público, agentes de la Policía Judicial Federal y peritos, sin embargo, esta Comisión de Justicia estima necesaria una regulación con mayor detalle que la contenida en la iniciativa.

En efecto, la iniciativa que se dictamina previene dicho servicio civil en la fracción VIII de su artículo 2o., dando en la atribución respectiva el carácter de vigilante del cumplimiento del mismo al Ministerio Público de la Federación, de lo que pudiera inferirse que su aplicación y cumplimiento correspondería a entidad diversa de la institución que se pretende organizar; igualmente en su artículo 16, que contiene los requisitos que deberán cumplir los agentes del Ministerio Público, de la Policía Judicial Federal y los peritos, se alude, en los dos últimos párrafos, a los principios de excelencia, objetividad, profesionalismo, legalidad, eficiencia y honradez que deben privar en el establecimiento del servicio civil mencionado, así como a que dicho establecimiento se hará por disposiciones reglamentarias, en las cuales habrán de especificarse los mecanismos de ingreso, selección, promoción, permanencia, remoción y evaluación.

Esta comisión que dictamina ha considerado imprescindible dotar de mayor contenido al servicio civil de carrera, por lo cual se propone la inclusión en el Capítulo II, "De las bases de organización", de una Sección Segunda denominada "del servicio civil de carrera", integrada por 18 artículos que prevén los contenidos básicos del mismo.

Así, el artículo 32 contempla la aplicación del mismo a los agentes del Ministerio Público de la Federación, de la Policía Judicial Federal y peritos, determinando en 10 fracciones las disposiciones a que deberá sujetarse, las cuales orientan la aspiración de dotar a la institución que se organiza de los mejores elementos para el ejercicio de las funciones constitucionales y legales que le son atribuidas, de suerte que se enfoca tanto al ingreso como a la formación; los criterios de igualdad de oportunidades, méritos y capacidad permitirá la selección de los más aptos, obviando factores externos que favorezcan o afecten a sus miembros; igual enfoque se da tanto a los principios de excelencia, objetividad, profesionalismo, imparcialidad, legalidad, eficiencia y honradez, que deben regir en su instrumentación y desarrollo como a los requisitos y procedimientos referidos en general al ingreso, formación, permanencia y en su caso separación del servicio.

Considerando el carácter que al Ministerio Público otorga la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es propio que el servicio civil desarrolle su organización con apego a las disposiciones de dicha ley y otras que resultarían aplicables.

Especial mención debe hacerse de la disposición referida a contemplar en la formación de los miembros de la institución, la promoción de la observancia de las disposiciones constitucionales y legales que rigen la actuación del Ministerio Público de la Federación, particularmente en cuanto al respeto irrestricto de los derechos humanos.

Conforme a lo razonado, el artículo 32 propuesto es el siguiente:

Artículo 32. El servicio civil de carrera del Ministerio Público de la Federación comprende el relativo a agente del Ministerio Público de la Federación y perito, así como el de carrera policial de agente de la Policía Judicial Federal y se sujetará a las siguientes disposiciones:

I. Será el elemento básico para el ingreso y la formación de los integrantes de la institución, personal del Ministerio Público, de la Policía Judicial y de los servicios periciales:

II. Tendrá carácter obligatorio y permanente:

III. Se desarrollará bajo los criterios de igualdad de oportunidades, méritos y capacidad:

IV. Regirán en su instrumentación y desarrollo, los principios de excelencia, objetividad, profesionalismo, imparcialidad, legalidad, eficiencia, honradez y antigüedad, en su caso:

V. Comprenderá los requisitos y procedimientos de selección, ingreso, formación, capacitación, adiestramiento, desarrollo, actualización, permanencia, promoción, reconocimiento y separación del servicio público, así como su evaluación:

VI. Desarrollará su organización observándose lo dispuesto en la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás disposiciones legales aplicables, así como en los convenios, acuerdos y resoluciones que en su caso se celebren y tomen con fundamento en las leyes:

VII. Establecerá los programas, impartirá los cursos y realizará los exámenes y concursos correspondientes a las etapas a que se refiere la fracción V de este artículo, por sí o con la coadyuvancia de instituciones públicas o privadas, bajo la dirección del Procurador General de la República:

VIII. El contenido teórico y práctico de los programas de formación, en todos sus niveles, fomentará el efectivo aprendizaje y el pleno desarrollo de los conocimientos y habilidades necesarios para un desempeño cabalmente profesional:

IX. La formación promoverá la observancia de las disposiciones constitucionales y legales que rigen la actuación del Ministerio Público de la Federación, fomentando particularmente el respeto irrestricto a los derechos humanos, la honestidad, eficiencia y la plena conciencia sobre el efecto social de la responsabilidad:

X. Promoverá la celebración de convenios de colaboración con los estados, los municipios, el Distrito Federal y autoridades federales que concurren en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, tendientes a la profesionalización del Ministerio Público de la Federación, Policía Judicial Federal y servicios periciales o de las instituciones de seguridad pública federales, locales o municipales.

29. Atendiendo a la importancia de las funciones a cargo del Ministerio Público de la Federación, desarrolladas por sus agentes y sus auxiliares directos, se ve la necesidad de que a la institución ingresen las personas más aptas para su ejercicio, aptitud que debe objetivarse en la práctica cotidiana de la responsabilidad asignada, sujeta a una temporalidad que esta comisión que dictamina estima de dos años; sin embargo, la permanencia con carácter definitivo debe desprenderse de una evaluación conforme a los principios que rigen el servicio civil de carrera y que han sido anteriormente anotados. En este sentido, se propone un artículo 32 con el siguiente contenido:

Artículo 33. Los agentes del Ministerio Público, agentes de la Policía Judicial y peritos del servicio civil de carrera tendrán una designación por el tiempo fijo de dos años, al término del cual serán sometidos a una nueva evaluación y, en caso de resultar satisfactoria, se les expedirá el nombramiento definitivo.

30. Esta Comisión de Justicia consideró necesario armonizar el carácter obligatorio del servicio civil de carrera, con la importancia de la responsabilidad que se deriva de la titularidad de la institución para el Procurador General de la República, de modo que se propone una facultad ciertamente discrecional de nombramiento en su favor, en un artículo 34, acotándola al cumplimiento de ciertos requisitos por parte de los así designados, los cuales responden a las características propias de la función que habrán de desempeñar, estableciendo asimismo que no serán miembros del servicio civil, a menos que acrediten los concursos y evaluaciones que se les practiquen para ese efecto.

Igualmente se propone en un artículo 38 que éstos deberán seguir los programas de formación para su mejoramiento profesional, en la misma forma que se prevé para los miembros del servicio civil en un artículo 37. Los textos propuestos son los siguientes:

Artículo 34. Tratándose de personas con amplia experiencia profesional, el Procurador General de la República podrá, en casos excepcionales, designar agentes del Ministerio Público de la Federación, especiales o visitadores, agentes de la Policía Judicial Federal o peritos, dispensando la presentación de los concursos de ingreso. Dichas personas deberán estar en pleno ejercicio de sus derechos y satisfacer los requisitos mencionados en las fracciones II, IV, V, VII y VIII del artículo 22 de esta ley y según corresponda los establecidos en las fracciones III del artículo 22, IV del artículo 23 y II del artículo 24 de esta ley y no serán miembros del servicio civil de carrera, a menos que acrediten los concursos y evaluaciones que se les practiquen, en los términos de las disposiciones aplicables.

En cualquier momento, se podrán dar por terminados los efectos del nombramiento de las personas designadas conforme a este artículo.

Artículo 37. Para permanecer en el servicio, como agente del Ministerio Público de la Federación, agente de la Policía Judicial o perito dentro del servicio civil de carrera, los interesados deberán participar en los programas de formación profesional y en los concursos de promoción a que se convoque.

Artículo 38. Los funcionarios designados conforme al artículo 34 de esta ley, los secretarios del Ministerio Público de la Federación y en general, todos los servidores públicos de la institución, están obligados a seguir los programas de formación que se establezcan para su capacitación, actualización y, en su caso, especialización con miras a su mejoramiento profesional.

31. La recientemente expedida Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, prevé la existencia del registro nacional del personal de seguridad pública, de consulta obligatoria y previa al ingreso de toda persona a cualquier institución policial, sin embargo, dado el carácter que la misma ley atribuye al Ministerio Público como institución de seguridad pública, esta comisión que dictamina ha estimado necesario extender la obligatoriedad mencionada a toda persona que pretenda ingresar al Ministerio Público de la Federación, así se propone el siguiente artículo:

Artículo 35. Previo al ingreso de toda persona al Ministerio Público de la Federación, será obligatorio que la institución realice la consulta respectiva al registro nacional del personal de Seguridad Pública, en los términos previstos en la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

32. El ejercicio de las funciones del Ministerio Público de la Federación requiere del óptimo aprovechamiento de los recursos humanos con que cuente, con mayor razón tratándose de los que están directamente vinculados con las atribuciones que le son esenciales. Este aprovechamiento se dará con una adecuada adscripción, atenta a la categoría y especialidad de esos servidores públicos, cuya determinación es producto del conocimiento de las necesidades estructurales de la institución, misma que naturalmente corresponde a su titular, aunque con carácter delegable, es menester señalar que esta previsión está contemplada en el artículo 19 de la iniciativa. Así, se propone un artículo 36 con el siguiente contenido:

Artículo 36. Los agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía Judicial Federal y peritos, serán adscritos por el Procurador General de la República o por otros servidores públicos de la institución en quienes delegue esta función, a las diversas unidades administrativas de la Procuraduría General de la República, tomando en consideración su categoría y especialidad.

Igualmente, se les podrá encomendar el estudio, dictamen y actuaciones que en casos especiales se requieran de acuerdo con su categoría y especialidad.

33. Resulta necesario, a juicio de la comisión que dictamina, prever un órgano responsable del desarrollo y operación del servicio civil de carrera, de integración colegiada a la que concurran los funcionarios y servidores públicos de la institución involucrados en el ejercicio de las principales funciones que la caracterizan, contemplando la creación de instancias auxiliares, atendiendo al sistema de desconcentración ya mencionado en el artículo 17 del proyecto que se somete a consideración del pleno. De este modo, los textos que se proponen en los artículos 39, 40 y 41 son:

Artículo 39. Se crea el consejo de profesionalización del Ministerio Público de la Federación como órgano de la institución responsable del desarrollo y operación del servicio civil de carrera, en los términos de las disposiciones aplicables. El consejo tendrá las facultades que establezca esta ley, su reglamento y los acuerdos que dicte el Procurador General de la República.

Artículo 40. El consejo de profesionalización del Ministerio Público de la Federación, será la instancia normativa, de supervisión, control y evaluación de la operación del servicio civil de carrera y se integrará por:

I. El Procurador General de la República:

II. Dos subprocuradores de la estructura centralizada:

III. El oficial mayor:

IV. El contralor interno:

V. El visitador general:

VI. El director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales:

VII. Tres agentes del Ministerio Público de la Federación de reconocido prestigio profesional, buena reputación y desempeño excelente en la institución y cuya designación estará a cargo del procurador:

VIII. Dos agentes de la Policía Judicial Federal, de reconocido prestigio, buena reputación y desempeño excelente en la corporación y cuya designación estará a cargo del procurador:

IX. Dos peritos de los servicios periciales, de reconocido prestigio, buena reputación y desempeño excelente en este órgano auxiliar y cuya designación estará a cargo del procurador:

X. Los demás funcionarios que, en su caso, determine el reglamento o el procurador por acuerdo.

Artículo 41. El consejo de profesionalización del Ministerio Público de la Federación contará con comités de zona que lo auxiliarán en la ejecución de las normas del servicio civil de carrera, cuyo funcionamiento se determinará en el reglamento de esta ley. Se integrarán por:

I. Un representante de los funcionarios señalados en las fracciones I a V del artículo anterior:

II. El subprocurador responsable de la zona:

III. El número de delegados que determine el reglamento:

IV. El número de agentes del Ministerio Público de la Federación, de la Policía Judicial Federal y de peritos que el consejo determine en atención a las características de cada circunscripción.

34. La iniciativa del Ejecutivo Federal que se dictamina, contiene en su artículo 18 una disposición de carácter administrativo que aborda dos temas: por un lado, la facultad del Procurador General de la República para expedir acuerdos, circulares, manuales y guías de operación y por otro la de resolver sobre el ingreso, promoción, adscripción, renuncias, sanciones, estímulos y suplencias, sin perjuicio de las disposiciones que regulen las relaciones entre la institución y, quienes, presten sus servicios.

Si bien el artículo 42 que se propone coincide prácticamente con el artículo de la iniciativa mencionado, se estimó por la comisión que dictamina que los actos relativos a la situación de los servidores públicos de la institución no pueden ser ajenos a disposición legal alguna, como pudiera inferirse de la redacción de la parte final del artículo de mérito, sino que deben precisamente apegarse a ellas, haciéndose mención especial de las que sean aplicables al servicio civil de carrera. En este sentido, se propone el siguiente artículo:

Artículo 42. El Procurador General de la República expedirá los acuerdos, circulares, manuales de organización y guías de operación para los agentes del Ministerio Público de la Federación, Policía Judicial Federal y peritos de los servicios periciales, además de los de procedimientos principales conducentes al buen despacho de las atribuciones de la institución y resolverá, por sí o por conducto del servidor público que determine, sobre el ingreso, promoción, adscripción, renuncias, sanciones, estímulos y suplencias, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables y con las normas que resulten procedentes en materia del servicio civil de carrera, así como de las que regulen las relaciones entre el titular y quienes presten sus servicios a la propia institución.

35. Se estima conveniente el diseño básico de las normas aplicables al servicio civil de carrera para agentes del Ministerio Público de la Federación, de la Policía Judicial Federal y de peritos, a este criterio responde la enunciación de las previsiones que en su emisión deberán atenderse y que en términos generales se refieren a la determinación de categorías, niveles y rangos, considerando para ello la especialización, la responsabilidad asignada, el grado académico y la experiencia profesional; la obligatoriedad de concurso de ingreso y de promoción, ya sea para formar parte de la institución o para acceder a a la categoría, nivel o rango inmediato superior.

De manera específica se propone para el ingreso y promoción de los agentes del Ministerio Público de la Federación, la celebración de concursos de oposición interno o abiertos, en el porcentaje que para cada caso determine el consejo de profesionalización a que antes se ha hecho referencia y particularmente para el ingreso a la categoría básica, se propone que sólo tengan acceso los secretarios del Ministerio Público de la Federación. Por las razones expresadas, se proponen los siguientes artículos:

Artículo 43. Las normas sobre servicio civil de carrera para agentes del Ministerio Público de la Federación contemplarán las previsiones para:

I. Determinar, en su caso, categorías de servidores públicos a fin de ser considerados para el acceso a la categoría básica de agente del Ministerio Público por medio de concurso de ingreso:

II. Determinar, en su caso, categorías de agentes del Ministerio Público de la Federación, en función de su especialización, responsabilidad asignada, años mínimos de ejercicio profesional y otros criterios que permitan establecerlas:

III. Establecer mecanismos que previamente a la sustentación del concurso de ingreso o de promoción, permitan seleccionar a los aspirantes más aptos por plaza:

IV. Regular las características del concurso de ingreso o de promoción con exámenes prácticos y orales:

V. Contemplar la integración de los órganos responsables de la preparación y sustentación de los concursos correspondientes:

VI. Expedir las reglas sobre contenidos de convocatorias, características del concurso de ingreso o de promoción, determinación de calificaciones y demás necesarias:

VII. Establecer los criterios de evaluación curricular y en particular de los cursos desarrollados por el sustentante, su desempeño y grado académico.

Artículo 44. La categoría superior de agente del Ministerio Público de la Federación del servicio civil de carrera será la de jefe de unidad especializada.

Artículo 45. El ingreso y promoción para la categoría de jefe de unidad especializada y cuando menos, la inmediata inferior a ella, se realizará a través de concurso interno de oposición o de oposición libre en el porcentaje que determine el consejo de profesionalización del Ministerio Público de la Federación.

En los concursos internos de oposición para la categoría de jefe de unidad especializada únicamente podrán participar los agentes del Ministerio Público de la Federación de la categoría inmediata inferior y para acceder a ésta, por la misma vía, sólo podrán hacerlo los del nivel inmediato anterior.

Artículo 46. Para el ingreso a la categoría básica de agente del Ministerio Público de la Federación se realizará concurso de ingreso por oposición interna o libre. Al primero sólo tendrán acceso los secretarios del Ministerio Público de la Federación.

Artículo 47. Las normas sobre servicio civil de carrera para agentes de la Policía Judicial Federal y peritos, contemplarán en lo conducente las previsiones a que se refieren las fracciones II, III, IV, V, VI y VII del artículo 43 de esta ley.

Artículo 48. Los niveles de los agentes de la Policía Judicial Federal se determinarán atendiendo a su especialización, responsabilidad asignada y otros criterios que permitan establecerlas.

Para el ingreso al nivel básico de agente de la Policía Judicial Federal se realizará concurso de ingreso con las características que determinen las disposiciones aplicables.

Artículo 49. Las categorías de peritos se determinarán por materia y dentro de ellas se establecerán los rangos atendiendo a la especialización, años mínimos de práctica, grado académico en la disciplina de que se trate y otros criterios que permitan establecerlos. El rango básico de cada categoría se identificará con la primera letra del alfabeto.

Para el ingreso al rango básico de cada categoría se realizará concurso de ingreso, con las características que determinen las disposiciones aplicables.

36. La recepción de valiosas aportaciones provenientes de diversas instancias, según ha quedado referido en el apartado de antecedentes de este documento, enriquecieron no sólo la etapa de estudio y discusión sino que fructificaron de manera importante en temas como el que ahora nos ocupa, relativo a las responsabilidades de agentes del Ministerio Público de la Federación, de la Policía Judicial Federal y de peritos.

En el intenso trabajo legislativo que ha requerido la iniciativa que se dictamina, resultó insoslayable la inclusión de los artículos 50 a 55, integrantes de una Sección Tercera relativa al tema citado, que en respuesta a la alta especialidad y responsabilidad profesional y social de los sujetos de que se trata, concrete en un régimen normativo supuestos que tiendan a una actuación apegada al marco normativo aplicable, redundando beneficios tanto para los particulares, pues se dificultará la actuación fuera de la ley, como para los propios servidores públicos que desempeñan las funciones de procuración de justicia, al establecerse con la mayor certeza los supuestos, procedimientos y sanciones a que están sujetos por la naturaleza de su función.

De esta manera para señalar las causas de responsabilidad se tomaron en cuenta aspectos específicos de la labor de estos servidores públicos, tales como el no cumplir, retrasar o perjudicar por negligencia la debida actuación de la institución del Ministerio Público, tales como aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos, comisiones o cualquier acción que genere o implique subordinación indebida; distraer de su objeto, para uso propio o ajeno, el equipo, elementos materiales o bienes asegurados y omisiones referidas a no solicitar dictámenes periciales u omitir la práctica de diligencias necesarias; no trabar el aseguramiento de bienes o no solicitar el decomiso que proceda.

Tanto para los agentes del Ministerio Público de Federación como para los agentes de la Policía Judicial Federal se recogen en el artículo 51, los deberes que señala la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que con la fórmula de obligaciones para salvaguardar la legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez en el desempeño de su función, incluye conductas u omisiones como el apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos; el auxilio a personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas de algún delito; la no discriminación por motivo alguno; las relativas a la tortura o a los actos de corrupción, por ejemplo, previsiones todas tendientes a la preservación de los altos valores vinculados al desempeño de los elementos de la policía y con las que encuentra plena coincidencia el ánimo de los integrantes de esta Comisión de Justicia.

El mencionado ordenamiento general igualmente dispone el establecimiento de sanciones por el incumplimiento de tales deberes, lo que se regula en artículos posteriores.

Cabe mencionar que las obligaciones referidas en el párrafo precedente se hacen extensivas a los peritos de los servicios periciales.

La seguridad jurídica impone igualmente la previsión acerca de la manera en que las sanciones se aplicarán, para ello se faculta al Procurador General de la República, a los subprocuradores, visitador general, delegados, directores generales y titulares de las unidades administrativas equivalentes, para amonestar pública o privadamente o para suspender hasta por 15 días al agente del Ministerio Público de la Federación o de la Policía Judicial que lo amerite, dejando en los comités de zona del consejo de profesionalización del Ministerio Público de la Federación, la determinación de la remoción a petición de los funcionarios primero mencionados con reglas especiales de procedimiento para este caso.

En el mismo contexto se estimaron necesarios como criterios a tomar en cuenta para la aplicación de las sanciones, la gravedad de la responsabilidad, la supresión de prácticas que vulneren el funcionamiento de la institución, la reincidencia, así como el nivel jerárquico, grado académico y antigüedad en el servicio del responsable, así como las circunstancias y medios de ejecución.

Para la determinación justa de la responsabilidad a cargo de algún servidor público se establece un procedimiento que se pretende atienda tanto a la buena marcha de la investigación como a los derechos del probable responsable. Así, se dispone su inicio de oficio o por queja, apoyada esta última en pruebas documentales u otros elementos suficientes para presumir la causa de responsabilidad de que se trata; el envío de los documentos relativos al servidor público de que se trata para que presente en cinco días un informe sobre los hechos y rinda las pruebas correspondientes. La expeditez de este procedimiento se refuerza con un plazo de 10 días para resolver y en su caso imponer la sanción correspondiente.

Las consecuencias de la remoción de servidores públicos fueron tomadas en consideración para el establecimiento de reglas especiales para su determinación, entre las que se comprenden la realización de una audiencia y en caso necesario la de otra u otras audiencias; la suspensión temporal del servidor público por convenir así a la conducción de la investigación y la correspondiente restitución en el goce de sus derechos y percepciones cuando no resultare responsable.

Reconociendo que la apreciación del cumplimiento de las obligaciones implica un proceso humano que por su naturaleza está sujeto a fallas, el procedimiento para la imposición de sanciones o de la suspensión provisional por la investigación, que se han referido, es completado con el recurso de rectificación ante el consejo de profesionalización del Ministerio Público de la Federación, a presentar dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la resolución que imponga una sanción mediante escrito en que se expresarán los agravios y se aportarán las pruebas pertinentes, se otorga un plazo de 10 días para resolver.

La sección que se agregaría a la iniciativa quedaría en los siguientes términos:

SECCION TERCERA

De las responsabilidades especiales de agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía Judicial Federal y peritos

Artículo 50. Son causas de responsabilidad de los agentes del Ministerio Público de la Federación, de los agentes de la Policía Judicial Federal y, en lo conducente, de los peritos:

I. No cumplir, retrasar o perjudicar por negligencia la debida actuación del Ministerio Público de la Federación:

II. Realizar o encubrir conductas que atenten contra la autonomía del Ministerio Público de la Federación, tales como aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos, comisiones o cualquier otra acción que genere o implique subordinación indebida respecto de alguna persona o autoridad:

III. Distraer de su objeto, para uso propio o ajeno, el equipo, elementos materiales o bienes asegurados bajo su custodia o de la institución:

IV. No solicitar los dictámenes periciales correspondientes:

V. No trabar el aseguramiento de bienes, objetos, instrumentos o productos de delito y en su caso no solicitar el decomiso, cuando así proceda en los términos que establezcan las leyes penales:

VI. Omitir la práctica de las diligencias necesarias en cada asunto.

Artículo 51. Son obligaciones de los agentes del Ministerio Público de la Federación y de los agentes de la Policía Judicial Federal, para salvaguardar la legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez en el desempeño de su función, las siguientes:

I. Conducirse siempre con apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos:

II. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos. Su actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho;

III. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona alguna por su raza, religión, sexo, condición económica o social, preferencia sexual, ideología política o por algún otro motivo:

IV. Abstenerse en todo momento y bajo cualquier circunstancia de infligir, tolerar o permitir actos de tortura u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o degradantes, aun cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la seguridad pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra; al conocimiento de ello, lo denunciará inmediatamente ante la autoridad competente:

V. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que, en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la población:

VI. Desempeñar su función sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a las previstas legalmente. En particular se opondrán a cualquier acto de corrupción:

VII. Abstenerse de ordenar o realizar la detención o retención de persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los ordenamientos legales aplicables:

VIII. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas o puestas a su disposición:

IX. Participar en operativos de coordinación con otras autoridades o corporaciones policiales, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda:

X. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos y cumplir con todas sus obligaciones, siempre y cuando sea conforme a derecho:

XI. Preservar el secreto de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan, con las excepciones que determinen las leyes:

XII. Abstenerse en el desempeño de sus funciones, del auxilio de personas no autorizadas por la ley:

XIII. Usar el equipo a su cargo con el debido cuidado y prudencia en el cumplimiento de sus funciones, así como conservarlo:

XIV. Abstenerse de abandonar sin causa justificada las funciones, comisión o servicio que tengan encomendado.

El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a las sanción correspondiente en los términos de esta sección.

En lo conducente, estas obligaciones serán aplicables a los peritos de los servicios periciales.

Artículo 52. Las sanciones por incurrir en causas de responsabilidad o incumplir las obligaciones a que se refieren los artículos 50 y 51 de esta ley, serán aplicadas conforme a los siguientes elementos:

I. El Procurador General de la República, los subprocuradores, el visitador general, los delegados, los directores generales o los titulares de las unidades administrativas equivalentes, podrán sancionar con amonestación pública o privada, que se integrará al expediente o a la hoja de servicio o con suspensión hasta por 15 días, cuando a su juicio, la falta cometida no amerite la remoción:

II. Los comités de zona del consejo de profesionalización, a petición de los funcionarios a que se refiere la fracción anterior, podrán determinar la remoción.

Artículo 53. Las sanciones se impondrán tomando en cuenta los siguientes elementos:

I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra:

II. La necesidad de suprimir prácticas que vulneren el funcionamiento de la institución:

III. La reincidencia del responsable:

IV. El nivel jerárquico, el grado académico y la antigüedad en el servicio:

V. Las circunstancias y medios de ejecución.

Artículo 54. La determinación de las responsabilidades a que se refiere esta sección, se hará conforme al siguiente procedimiento:

I. Se iniciará de oficio o por queja presentada por cualquier persona o por el servidor público que tenga conocimiento de los hechos. Las quejas anónimas sólo serán tramitadas cuando estén acompañadas de pruebas documentales suficientes.

Las quejas que se formulen deberán estar apoyadas en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para presumir la responsabilidad del servidor público denunciado.

II. Se enviará una copia de la queja y sus anexos al servidor público para que, en un término de cinco días hábiles, formule un informe sobre los hechos y rinda las pruebas correspondientes. El informe deberá referirse a todos y cada uno de los hechos comprendidos en la queja, afirmándolos, negándolos, expresando los que ignore, por no ser propios o refiriéndolos como crea que tuvieron lugar. Se presumirán confesados los hechos de la denuncia sobre los cuales el denunciado no suscitare explícitamente controversia, salvo prueba en contrario:

III. Recibido el informe y desahogadas las pruebas, si las hubiere, se resolverá dentro de los 10. días hábiles siguientes sobre la inexistencia de responsabilidad o imponiendo al responsable la sanción correspondiente, y se notificará la resolución al interesado dentro de las 72 horas:

IV. Cuando se trate de los casos comprendidos en la fracción II del artículo 52 de esta ley, se citará al presunto responsable a una audiencia, haciéndole saber la responsabilidad o responsabilidades que se le imputan, el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma lo que a su derecho convenga por sí o por medio de su defensor.

Entre la fecha de citación y la audiencia deberá mediar un plazo no menor de tres ni mayor de siete días hábiles.

V. Si del informe o de los resultados de la audiencia no se desprenden elementos suficientes para resolver o se advierten otros que impliquen nueva responsabilidad a cargo del presunto responsable o de otras personas, se podrá disponer la práctica de investigaciones y acordar, en su caso, la celebración de otra u otras audiencias:

VI. En cualquier momento, previo o posterior a la celebración de la audiencia, los funcionarios a que se refiere la fracción I del artículo 52, podrán determinar la suspensión temporal del presunto responsable, siempre que a su juicio así convenga para la conducción o continuación de las investigaciones, la cual cesará si así lo resuelve el consejo de profesionalización o el comité de zona respectivo, independientemente de la iniciación, continuación o conclusión del procedimiento a que se refiere este artículo. La suspensión no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute, lo cual se hará constar expresamente en la determinación de la misma, contra la cual podrá interponerse el recurso a que se refiere el artículo 55 de esta ley.

Si el servidor público suspendido conforme a esta fracción no resultare responsable, será restituido en el goce de sus derechos y se le cubrirán las percepciones que debiera haber recibido durante el tiempo que se hallare suspendido.

Artículo 55. En contra de las resoluciones por las que se imponga alguna sanción conforme a las disposiciones de esta sección, se podrá interponer el recurso de rectificación ante el consejo de profesionalización del Ministerio Público de la Federación, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la resolución.

En el escrito correspondiente se expresarán los agravios y se aportarán las pruebas que se estimen pertinentes.

Interpuesto el recurso, se resolverá dentro de los 10 días hábiles siguientes. Las resoluciones se agregarán al expediente u hoja de servicio correspondiente.

37. Atendiendo esta comisión a las reformas realizadas en el mes de diciembre del año de 1994 a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de conformidad con las que se suprime a la Procuraduría General de la mención expresa de ser integrante de la administración pública centralizada, no tuvieron como fin excluir a sus servidores públicos del régimen de responsabilidades previsto en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni aún de esa calidad de servidores públicos, sin embargo, para evitar interpretación alguna en este sentido, se estimó necesario enfatizar tales situaciones que la iniciativa contempla en sus artículos 26 y 30, previéndose, por una parte, que para los efectos del Título de la Constitución General mencionado, la Procuraduría General de la República se considera integrante de la administración pública federal y por tanto, sus funcionarios y empleados, sujetos de las responsabilidades contenidas en el mismo, teniendo entonces la institución la calidad de autoridad competente para aplicar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y su titular, superior jerárquico en los términos dispuestos por dicho ordenamiento y por otra la aplicación de las sanciones previstas en la ley mencionada, sin embargo, considerando la integración y disciplina especiales de los miembros de la Policía Judicial Federal, se prevé la posibilidad de la aplicación de correctivos disciplinarios por el servidor público encargado de su mando o supervisión, así como la de interponer en contra de los correctivos impuestos el recurso de rectificación, cuya finalidad sería la de que dicho correctivo no figurase en el expediente u hoja de servicio. De esta manera, se someten a consideración del pleno, dentro del Capítulo III "disposiciones generales", los siguientes artículos:

Artículo 56. Para los efectos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Procuraduría General de la República se considera integrante de la administración pública federal centralizada, y en consecuencia son sujetos de las responsabilidades a que se refiere dicho título y la legislación aplicable, los funcionarios y empleados, y en general, toda persona que desempeñe un cargo, comisión o empleo de cualquier naturaleza en la institución.

Para los mismos efectos, la Procuraduría General de la República será autoridad competente para aplicar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el Procurador General de la República será considerado como superior jerárquico, en los términos de las disposiciones de dicha ley.

Artículo 57. En el ejercicio de sus funciones, el personal del Ministerio Público Federal observará las obligaciones inherentes a su calidad de servidores públicos y actuará con la diligencia necesaria para la pronta, completa y debida procuración de justicia.

Artículo 58. Se podrán imponer a los servidores públicos de la Procuraduría General de la República, por las faltas en que incurran en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, las sanciones disciplinarias previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, mediante el procedimiento que dicha ley previene. En el caso de la Policía Judicial Federal, se aplicarán las mismas sanciones administrativas, pero el servidor público encargado del mando o la supervisión de dicha policía, podrá imponer correctivos disciplinarios consistentes en arresto hasta de 36 horas y retención en el servicio o privación de permisos de salida, hasta por 15 días, si la gravedad de la falta lo amerita.

Cuando la conducta de que se trate entrañe la posible comisión de un delito se dará vista al Ministerio Público de la Federación para que proceda como corresponda.

En contra de los correctivos disciplinarios se podrá interponer el recurso de rectificación ante el comité de zona correspondiente, conforme al procedimiento establecido en el artículo 55 de esta ley. La interposición del recurso no suspenderá los efectos del arresto, pero tendrá por objeto que los correctivos impuestos no aparezcan en el expediente u hoja de servicios, sin perjuicio de las sanciones que el comité de zona aplique al servidor público que las hubiere impuesto injustificadamente.

38. Esta comisión que dictamina ha estimado adecuado prever la suspensión de los agentes del Ministerio Público de la Federación, de la Policía Judicial y de peritos, en los casos que sean sujetos de proceso penal como probables responsables de delito doloso o de delito culposo calificado como grave por la ley, atendiendo a que por la naturaleza de sus funciones en la procuración de justicia resultaría impropio continuar laborando en la institución, principalmente por dos razones, la primera, la conservación de la imagen social de la institución y, la segunda, que su estancia podría influir para generar actuaciones equívocas o parciales en detrimento de la administración de justicia, se previene asimismo que en caso de sentencia condenatoria serán destituidos y en el caso contrario, restituidos en sus derechos. De esta manera, se propone un artículo 59 con el siguiente contenido:

Artículo 59. Los agentes del Ministerio Público de la Federación, de la Policía Judicial Federal y peritos que estén sujetos a proceso penal como probables responsables de delito doloso o culposo calificado como grave por la ley, serán suspendidos desde que se dicte el auto de formal prisión o sujeción a proceso y hasta que se emita sentencia ejecutoriada. En caso de que ésta fuese condenatoria serán destituidos; si por el contrario, fuese absolutoria, se les restituirá en sus derechos.

39. En el ejercicio de reordenación que se ha realizado en la iniciativa que se dictamina, el texto de los artículos 27, 28 y 29, quedarían como artículos 60, 61 y 62, si bien en el segundo de los mencionados, se desagrega su contenido en cuatro fracciones, realizando dos modificaciones, una de ellas en cuanto a las incompatibilidades, agregando para el caso la prohibición de desempeñar también empleo, cargo o comisión en la administración pública federal y la otra, como precisión terminológica al referirse a la imposibilidad de ejercer la abogacía, salvo tratándose, entre otros, de su concubina, estimándose necesario contemplar al concubinario, dado que en una relación de este tipo, son aplicables ambos conceptos. De este modo el texto de los artículos 60, 61 y 62, sería el siguiente:

Artículo 60. Los agentes del Ministerio Público de la Federación no son recusables, pero bajo su más estricta responsabilidad deben excusarse del conocimiento de los negocios en que intervengan, cuando exista alguna de las causas de impedimento que la ley señala en el caso de ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistrados de circuito y jueces de distrito y las demás disposiciones aplicables, haciéndolo del conocimiento por escrito de su superior inmediato.

Si el agente del Ministerio Público de la Federación, sabedor de que no debe conocer del asunto, aun así lo hiciera, será sancionado conforme a lo que establezca la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la legislación penal.

Artículo 61. Los agentes del Ministerio Público de la Federación no podrán:

I. Desempeñar otro empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal, del Distrito Federal o de otras entidades federativas y municipios, así como trabajos o servicios en instituciones privadas, salvo los de carácter docente y aquellos que autorice la institución, siempre y cuando no sean incompatibles con sus funciones en la misma:

II. Ejercer la abogacía por sí o por interpósita persona, salvo en causa propia de su cónyuge, concubina o concubinario, de sus ascendientes o descendientes, de sus hermanos o de su adoptante o adoptado:

III. Ejercer las funciones de tutor, curador o albacea judicial, a no ser que tenga el carácter de heredero o legatario o se trate de sus ascendientes, descendientes, hermanos, adoptante o adoptado:

IV. Ejercer ni desempeñar las funciones de depositario o apoderado judicial, síndico, administrador, interventor en quiebra o concurso, notario, corredor, comisionista, árbitro o arbitrador.

Artículo 62. La desobediencia o resistencia a las órdenes legalmente fundadas del Ministerio Público de la Federación dará lugar al empleo de medidas de apremio o a la imposición de correcciones disciplinarias, según sea el caso, en los términos que previenen las normas aplicables. Cuando la desobediencia o resistencia constituyan delito, se iniciará la averiguación previa.

40. Igualmente, atendiendo a la reubicación necesaria del articulado de la iniciativa que se dictamina, por virtud de las adiciones que estimó necesarias esta Comisión de Justicia, al artículo 31 de la iniciativa correspondería el 63, contemplándose igualmente la facultad del Ministerio Público de la Federación de expedir constancias de actuaciones o registros que obren en su poder, si bien se agrega en la parte final el derecho de acceso a ellas para el denunciante o el querellante, la víctima o el ofendido, el indiciado o su defensor y para quien tenga interés jurídico, objetivado éste en el ejercicio de derechos o el cumplimiento de obligaciones previstos en la ley. Así, el contenido del artículo 63 sería:

Artículo 63. El Ministerio Público de la Federación podrá expedir copias certificadas de constancias o registros que obren en su poder, cuando exista mandamiento de autoridad competente que funde y motive su requerimiento o cuando lo soliciten el denunciante o el querellante, la víctima o el ofendido, el indiciado o su defensor y quienes tengan interés jurídico, para el ejercicio de derechos o el cumplimiento de obligaciones previstos por la ley.

41. La iniciativa contempla en su artículo 32 un mecanismo especial para el caso que se impute la comisión de algún delito al titular de la institución que se organiza, mismo que se estima adecuado por esta comisión que dictamina, sin embargo, se hace una precisión terminológica por cuanto hace a la calidad del subprocurador a quien se asigna la responsabilidad de actuar en este supuesto y que el precepto que se menciona se la atribuye como sustituto, siendo más adecuado referirse a la suplencia, toda vez que aquélla tiene una connotación de definitividad, en tanto que la suplencia es la que opera en casos de ausencias temporales. Así, se propone un artículo 64 en los siguientes términos:

Artículo 64. Cuando se impute la comisión de un delito al Procurador General de la República, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se procederá de la siguiente manera:

I. Conocerá de la denuncia y se hará cargo de la averiguación previa correspondiente, el subprocurador a quien corresponda actuar como suplente del Procurador General de la República de conformidad con esta ley y su reglamento:

II. El servidor público suplente del Procurador General de la República resolverá sobre el inicio del procedimiento para la declaración de procedencia ante la Cámara de Diputados, previo acuerdo con el Ejecutivo Federal.

42. Resulta natural, a juicio de la comisión que dictamina, que a ley que organiza la institución de que se trata, contemple en disposiciones sustantivas la naturaleza laboral de sus empleados, atendiendo al apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria, así como la incorporación de los mismos a un régimen de seguridad social, que le es inherente a los trabajadores del Estado, de este modo, se proponen los siguientes artículos:

Artículo 65. Por la naturaleza de sus funciones, son trabajadores de confianza los agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía Judicial Federal, los peritos adscritos a los servicios periciales de la institución y los secretarios del Ministerio Público de la Federación, así como los servidores públicos de las demás categorías y funciones previstas en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 66. El personal que preste sus servicios en la institución se regirá por las disposiciones del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional. Dicho personal quedará incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

43. Las reflexiones sobre la reforma de 1994 a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal por la que se excluye a la Procuraduría General de la República como integrante de la administración pública centralizada lleva a la necesidad de plantear a través de una disposición transitoria la aplicación de las leyes que sin mencionar tal institución expresamente le resultan aplicables por ubicarse en el ámbito del Ejecutivo Federal. Para este fin, se adicionaría un artículo IV transitorio en los siguientes términos:

Cuarto. Las leyes que regulen materias aplicables a las dependencias de la administración pública federal, que en sus disposiciones no enuncien expresamente a la Procuraduría General de la República pero que resulten vigentes a ésta en su carácter de dependencia del Ejecutivo Federal hasta antes de la entrada en vigor del decreto de reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de fecha 20 de diciembre de 1994, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de diciembre de 1994, serán aplicables a la Procuraduría General de la República, considerándose para tales efectos como dependencia de la administración pública centralizada.

44. El objetivo de mejorar las funciones que la institución realiza se ha procurado reflejar en el trabajo de esta comisión dictaminadora, en este contexto se inserta la necesidad de un manejo honrado y eficiente de los bienes que administra de lo que resulta entonces necesario prever transitoriamente aquellas disposiciones que con el carácter orgánico de la ley, guíen su actuación en el sentido indicado con el siguiente texto:

Quinto. En tanto se expidan las disposiciones legales a que se refiere el artículo 14 de esta ley, en el reglamento de la misma se preverá la existencia de un consejo técnico para la supervisión y control de la administración de bienes asegurados por el Ministerio Público de la Federación y de la aplicación y destino de los fondos que provengan de dichos bienes, presidido por el Procurador General de la República y del que formarán parte, de manera personal e indelegable, un subsecretario por cada una de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Contraloría y Desarrollo Administrativo, designados por sus titulares.

45. El establecimiento de un servicio civil de carrera que a través de la profesionalización de los servidores públicos encargados de las funciones de procuración de justicia coadyuve al mejor desempeño de las mismas, hace necesario reconocer la existencia de aquellos que sin pertenecer a dicho servicio las han venido realizando y que por lo mismo tienen una determinada situación jurídica en la institución, se adicionaría al efecto la iniciativa que se dictamina con una disposición transitoria en los siguientes términos:

Sexto. Los agentes del Ministerio Público, de la Policía Judicial Federal y peritos que presten sus servicios en la Procuraduría General de la República al momento de entrar en vigor las disposiciones reglamentarias en materia del servicio civil de carrera previsto en esta ley, deberán dar cumplimiento a los requisitos y condiciones que las mismas establezcan para incorporarse a dicho servicio.

En ningún caso podrán aplicarse en forma retroactiva normas que afecten su situación administrativa o laboral.

Por las consideraciones antes señaladas, la Comisión de Justicia que suscribe, se permite someter al pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

PROYECTO DE DECRETO DE LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CAPITULO I

Atribuciones

Artículo 1o. Esta ley tiene por objeto organizar la Procuraduría General de la República, ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, para el despacho de los asuntos que al Ministerio Público de la Federación y a su titular, el Procurador General de la República, les atribuyen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este ordenamiento y demás disposiciones aplicables.

Artículo 2o. Corresponde al Ministerio Público de la Federación:

I. Vigilar la observancia de la constitucionalidad y legalidad en el ámbito de su competencia, sin perjuicio de las atribuciones que legalmente correspondan a otras autoridades jurisdiccionales o administrativas:

II. Promover la pronta, expedita y debida procuración e impartición de justicia:

III. Velar por el respeto de los derechos humanos en la esfera de su competencia:

IV. Intervenir ante las autoridades judiciales en todos los negocios en que la Federación sea parte, cuando se afecten sus intereses patrimoniales o tenga interés jurídico, así como en los casos de los diplomáticos y los cónsules generales:

V. Perseguir los delitos del orden federal:

VI. Intervenir en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, en lo que hace a las materias de su competencia:

VII. Participar en el Sistema Nacional de Seguridad Pública de conformidad con lo establecido en la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este ordenamiento y demás disposiciones aplicables:

VIII. Dar cumplimiento a las leyes así como a los tratados y acuerdos internacionales en los que se prevea la intervención del Gobierno Federal en asuntos concernientes a las atribuciones de la institución y con la intervención que, en su caso, corresponda a las dependencias de la administración pública federal:

IX. Representar al Gobierno Federal en la celebración de convenios de colaboración a que se refiere el artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

X. Convenir con las autoridades competentes de las entidades federativas sobre materias del ámbito de su competencia:

XI. Las demás que las leyes determinen.

Artículo 3o. El Procurador General de la República intervendrá por sí o por conducto de agentes del Ministerio Público de la Federación en el ejercicio de las atribuciones conferidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ordenamientos legales aplicables, según las previsiones de esta ley y su reglamento así como de los acuerdos que expida el propio Procurador General de la República.

Artículo 4o. Corresponde personalmente al Procurador General de la República:

I. Comparecer ante cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, a citación de éstas, para informar cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a las actividades del Ministerio Público de la Federación o de las personales a que se refiere este artículo. En esas comparecencias y bajo su responsabilidad, el Procurador General de la República sólo podrá reservarse la información que ponga en riesgo alguna investigación, conforme lo que dispongan las leyes sobre la reserva de las actuaciones relativas a la averiguación previa:

II. Intervenir en las controversias y acciones a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos previstos en dicho precepto y las leyes aplicables:

III. Formular petición a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que conozca de los amparos directos o en revisión que por su interés y trascendencia, así lo ameriten, de conformidad con el artículo 107 fracciones V y VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

IV. Denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la sustentación de tesis que estime contradictorias con motivo de los juicios de amparo de la competencia de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los tribunales colegiados de circuito, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

V. Proponer al Ejecutivo Federal proyectos de iniciativas de ley o de reformas legislativas que estime necesarias para la exacta observancia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que estén vinculadas con las materias que sean competencia de la institución:

VI. Someter a la consideración del Ejecutivo Federal el proyecto de reglamento de esta ley, así como el de las reformas que juzgue necesarias:

VII. Proponer al Ejecutivo Federal, las medidas que estime convenientes para el mejoramiento de la procuración y de la impartición de justicia, escuchando la opinión de funcionarios y de personas físicas o morales que por su actividad, función o especialidad, considere que pueden aportar elementos de juicio sobre la materia de que se trate:

VIII. Presentar propuestas al Ejecutivo Federal, de instrumentos de naturaleza internacional sobre colaboración en asistencia jurídica o policial competencia de la institución, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a las dependencias del Ejecutivo Federal:

IX. Concurrir en la integración y participar en la instancia superior de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de conformidad con la legislación aplicable:

X. Participar en la Conferencia de Procuración de Justicia a que se refiere el artículo 13 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública:

XI. Las demás que prevean otras disposiciones aplicables.

Artículo 5o. Las atribuciones a que se refieren las fracciones I y II del artículo 2o. de esta ley, comprenden:

I. La intervención como parte en todos los juicios de amparo, conforme a lo dispuesto por el artículo 107 fracción XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promoviendo la observancia de ésta y de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, así como la protección del interés público.

Esta atribución comprende las actuaciones necesarias para el ejercicio de las facultades que confieren al Procurador General de la República las fracciones V y VIII del artículo 107 constitucional:

II. Las propuestas a que se refieren las fracciones V, VI y VII del artículo 4o. de esta ley;

III. La vigilancia en la aplicación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la ley, en todos los lugares de detención, prisión o reclusión de reos por delitos federales, sin perjuicio de las atribuciones de la autoridad competente en materia de ejecución de penas y medidas de seguridad; de observar irregularidades, las pondrá en conocimiento de dicha autoridad o de sus superiores y, en su caso, iniciará la averiguación previa correspondiente:

IV. La comunicación a la autoridad a la que corresponda resolver de las quejas que los particulares presenten al Ministerio Público de la Federación por actos de otras autoridades que no constituyen delitos del orden federal y orientar al interesado, en su caso, sobre el trámite que legalmente corresponda al asunto de que se trate:

V. La formulación de denuncias sobre la existencia de tesis contradictorias en los términos de la fracción XIII párrafos primero y segundo del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 6o. Las atribuciones a que se refiere el artículo 2o. fracción III de esta ley, comprenden:

I. Fomentar entre los servidores públicos de la institución, una cultura de respeto a los derechos humanos que otorga el orden jurídico mexicano:

II. Atender las visitas, quejas, propuestas de conciliación y recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, conforme a las normas aplicables.

Artículo 7o. Las atribuciones a que se refiere el artículo 2o. fracción IV de esta ley, comprenden:

I. La intervención como parte en el juicio de amparo, en los términos previstos por el artículo 107 fracción V inciso c constitucional, y en los demás casos en que la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponga o autorice esta intervención:

II. La intervención como representante de la Federación, en todos los negocios en que ésta sea parte o tenga interés jurídico. Esta atribución comprende las actuaciones necesarias para el ejercicio de las facultades que confiere al Procurador General de la República la fracción III del artículo 105 constitucional.

Tratándose de asuntos que revistan interés y trascendencia para la Federación, el Procurador General de la República mantendrá informado al Ejecutivo Federal de los casos relevantes y requerirá de su acuerdo expreso para el desistimiento;

III. La intervención como coadyuvante en los negocios en que sean parte o tengan interés jurídico las entidades paraestatales de la administración pública federal, a solicitud del coordinador de sector correspondiente. El Procurador General de la República acordará lo pertinente, tomando en cuenta la importancia que el asunto revista para el interés público.

Los coordinadores de sector y, por acuerdo de éstos las entidades paraestatales, conforme a lo que establezca la ley respectiva y por conducto de los órganos que determine su régimen de Gobierno, deberán hacer del conocimiento de la institución los casos en que dichas entidades figuren como partes o como coadyuvantes o de cualquier otra forma que comprometa sus funciones o su patrimonio, ante órganos extranjeros dotados de atribuciones jurisdiccionales.

En estos casos la institución se mantendrá al tanto de los procedimientos respectivos y requerirá la información correspondiente. Si a juicio de la Procuraduría General de la República el asunto reviste importancia para el interés público, formulará las observaciones o sugerencias que juzgue convenientes y

IV. La intervención en las controversias en que sean parte los diplomáticos y los cónsules generales, precisamente en virtud de esta calidad. Cuando se trate de un procedimiento penal y no aparezcan inmunidades diplomáticas que respetar, el Ministerio Público de la Federación procederá en cumplimiento estricto de sus obligaciones legales, observando las disposiciones contenidas en los tratados internacionales en que los Estados Unidos Mexicanos sea parte.

Artículo 8o. La persecución de los delitos del orden federal a que se refiere la fracción V del artículo 2o. de esta ley, comprende:

I. En la averiguación previa:

a) Recibir denuncias o querellas sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito:

b) Investigar los delitos del orden federal con la ayuda de los auxiliares a que se refiere el artículo 19 de esta ley y otras autoridades, tanto federales como de las entidades federativas, en los términos de los convenios de colaboración:

c) Practicar las diligencias necesarias para la acreditación de los elementos del tipo penal del delito y la probable responsabilidad del indiciado, así como para la reparación de los daños y perjuicios causados:

d) Ordenar la detención y, en su caso, retener a los probables responsables de la comisión de delitos, en los términos previstos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

e) Realizar el aseguramiento y tramitación del destino de los instrumentos, objetos y productos del delito, en los términos de los artículos 40, 41 y 193 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables:

f) Restituir provisionalmente al ofendido en el goce de sus derechos, en los términos del Código Federal de Procedimientos Penales:

g) Conceder la libertad provisional a los indiciados, en los términos previstos por la fracción I y el penúltimo párrafo del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

h) Solicitar al órgano jurisdiccional las órdenes de cateo, las medidas precautorias de arraigo, el aseguramiento o el embargo precautorio de bienes, que resulten indispensables para los fines de la averiguación previa, así como, en su caso y oportunidad, para el debido cumplimiento de la sentencia que se dicte. Al ejercitar la acción, el Ministerio Público de la Federación formulará a la autoridad jurisdiccional los pedimentos que legalmente correspondan:

i) En aquellos casos en que la ley lo permita, el Ministerio Público de la Federación propiciará conciliar los intereses en conflicto, proponiendo vías de solución que logren la avenencia:

J) Determinar el no ejercicio de la acción penal, cuando:

1. Los hechos de que conozca no sean constitutivos de delito:

2. Una vez agotadas todas las diligencias y los medios de prueba correspondientes, no se acredite la probable responsabilidad del indiciado:

3. La acción penal se hubiese extinguido en los términos de las normas aplicables:

4. De las diligencias practicadas se desprenda plenamente la existencia de una causa de exclusión del delito, en los términos que establecen las normas aplicables:

5. Resulte imposible la prueba de la existencia de los hechos constitutivos de delitos, por obstáculo material insuperable:

6. En los demás casos que determinen las normas aplicables:

k) Poner a disposición del Consejo Tutelar para Menores, a los menores de edad que hubieren cometido infracciones correspondientes a ilícitos tipificados por las leyes penales federales:

l) Poner a los inimputables mayores de edad, a disposición del órgano jurisdiccional, cuando se deban aplicar medidas de seguridad, ejercitando las acciones correspondientes, en los términos establecidos en las normas aplicables y

m) Las demás que determinen las normas aplicables.

Cuando el Ministerio Público de la Federación tenga conocimiento por sí o por conducto de sus auxiliares, de la probable comisión de un delito cuya persecución dependa de querella o de cualquier otro acto equivalente, que deba formular alguna autoridad, lo comunicará por escrito y de inmediato a la autoridad legitimada para presentar la querella o cumplir el requisito equivalente, a fin de que resuelva con el debido conocimiento de los hechos lo que a sus facultades o atribuciones corresponda. Las autoridades harán saber por escrito al Ministerio Público de la Federación la determinación que adopten.

II. Ante los órganos jurisdiccionales:

a) Ejercer la acción penal ante el órgano jurisdiccional competente por los delitos del orden federal cuando exista denuncia, acusación o querella, estén acreditados los elementos del tipo penal del delito de que se trate y la probable responsabilidad de quien o quienes en él hubieren intervenido, solicitando las órdenes de aprehensión o de comparecencia, en su caso:

b) Solicitar al órgano jurisdiccional las órdenes de cateo, las medidas precautorias de arraigo, de aseguramiento o embargo precautorio de bienes, los exhortos o la constitución de garantías para los efectos de la reparación de los daños y perjuicios, salvo que el inculpado los hubiese garantizado previamente:

c) Poner a disposición de la autoridad judicial, a las personas detenidas y aprehendidas, dentro de los plazos establecidos por la ley:

d) Aportar las pruebas y promover las diligencias conducentes para la debida comprobación de la existencia del delito, las circunstancias en que hubiese sido cometido y las peculiares del inculpado, de la responsabilidad penal, de la existencia de los daños y perjuicios así como para la fijación del monto de su reparación:

e) Formular las conclusiones, en los términos señalados por la ley, y solicitar la imposición de las penas y medidas de seguridad que correspondan y el pago de la reparación de los daños y perjuicios o, en su caso, plantear las causas de exclusión del delito o las que extinguen la acción penal:

f) Impugnar, en los términos previstos por la ley, las resoluciones judiciales:

g) En general, promover lo conducente al desarrollo de los procesos y realizar las demás atribuciones que le señalen las normas aplicables:

III. En materia de atención a la víctima o el ofendido por algún delito:

a) Proporcionar asesoría jurídica así como propiciar su eficaz coadyuvancia en los procesos penales:

b) Promover que se garantice y haga efectiva la reparación de los daños y perjuicios:

c) Concertar acciones con instituciones de asistencia médica y social, públicas y privadas, para los efectos del último párrafo del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

IV. Las demás que prevean otras disposiciones aplicables.

Artículo 9o. Para los efectos de la intervención del Procurador General de la República en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2o. fracción VI de esta ley, la institución realizará los estudios, elaboración y promoción ante el Ejecutivo Federal, de los contenidos que en las materias de su competencia, se prevea incorporar al Plan Nacional de Desarrollo, así como de los programas que del mismo se deriven.

Sin perjuicio de otros asuntos específicos, en los programas correspondientes deberán incluirse previsiones conducentes a la coordinación con autoridades federales y locales competentes, con el propósito de contemplar la ordenación sistemática de acciones prioritarias para el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 10. La atribución a que se refiere el artículo 2o. fracción VII de esta ley, comprende:

I. La promoción y celebración de acuerdos para participar en la integración, funcionamiento y desarrollo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con las autoridades competentes que establezca la ley de la materia;

II. La participación en las instancias y servicios a que se refiere la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; III. La participación en las acciones de suministro, intercambio y sistematización de información:

IV. El establecimiento, conforme a la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a otras leyes federales, de programas sobre organización, funcionamiento, ingreso, promoción, retiro y reconocimiento de los integrantes de la Policía Judicial Federal, con objeto de que su actuación se rija por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez:

V. Las demás que las leyes determinen.

Artículo 11. La atribución que se contiene en el artículo 2o. fracción VIII de esta ley, comprende:

I. La formulación y presentación de las propuestas de los instrumentos de alcance internacional, a que se refiere el artículo 5o. fracción VIII de este ordenamiento:

II. La intervención en la extradición internacional de indiciados, procesados y sentenciados, así como en la aplicación de los tratados celebrados conforme al último párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos que dispongan las leyes e instrumentos jurídicos aplicables:

III. La intención en el cumplimiento de otras disposiciones de carácter o con alcance internacional, cuando se relacionen con la competencia de la institución.

Cualquier apoyo o colaboración para la ejecución de programas derivados de instrumentos de carácter o con alcance internacional que involucren asuntos de la competencia de la institución, se entiende con reserva sobre evaluaciones o medidas que excedan la naturaleza de los programas, otorguen autoridad a personas o entidades extranjeras en territorio mexicano o involucren consecuencias sobre materias ajenas al ámbito específico que cubre el programa respectivo. Esta reserva se consignará en los instrumentos que fijen las bases de dichos programas de conformidad con lo que establece la Ley Sobre la Celebración de Tratados.

Artículo 12. La atribución a que se refiere el artículo 2o. fracción X de esta ley, comprende:

I. La promoción y celebración de convenios con las entidades federativas, con apego a las disposiciones aplicables y sin perjuicio de las facultades de otras autoridades, sobre apoyo y asesoría recíprocos en materia policial técnica, jurídica, pericial y de formación de personal para la procuración de justicia:

II. La promoción y celebración de acuerdos con arreglo a las disposiciones aplicables para efectos de auxilio al Ministerio Público de la Federación por parte de autoridades locales, cuando se trate de funciones auxiliares previstas en esta ley o en otros ordenamientos.

Artículo 13. En el cumplimiento de sus atribuciones, el Ministerio Público de la Federación y sus auxiliares, en su caso y conforme a sus funciones, podrán requerir informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general a las dependencias y entidades de la administración pública federal, a las correspondientes al Distrito Federal y a otras autoridades y personas que puedan suministrar elementos para el debido ejercicio de dichas atribuciones.

Es obligatorio proporcionar los informes que solicite el Ministerio Público de la Federación y que se realicen con las formalidades de la ley; en caso de incumplimiento, la autoridad correspondiente incurrirá en responsabilidad en los términos de la legislación aplicable.

CAPITULO II

Bases de organización

SECCION PRIMERA

De las disposiciones generales

Artículo 14. El Procurador General de la República, titular del Ministerio Público de la Federación, ejercerá autoridad jerárquica sobre todo el personal de la Procuraduría.

Para el despacho de los asuntos a que se refiere el Capítulo I de esta ley, el Procurador General de la República se auxiliará con los agentes del Ministerio Público de la Federación, subprocuradores, oficial mayor, visitador general, contralor interno, coordinadores, directores generales, delegados, agregados, directores, subdirectores y demás servidores públicos que establezca el reglamento de esta ley, así como con los órganos y unidades técnicos y administrativos, centrales y desconcentrados, que también establezca dicho reglamento, el cual precisará el número de ellos y las atribuciones que les correspondan.

El Ministerio Público de la Federación contará con unidades especializadas, que podrán actuar en todo el territorio nacional, para la persecución de los géneros de delitos que, conforme a las clasificaciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal y los que se deriven de otras leyes federales, se determine encomendarse a dichas unidades.

La institución, además, por previsión reglamentaria o por acuerdo del Procurador General de la República, podrá contar con fiscalías especiales para el conocimiento, atención y persecución de delitos específicos que por su trascendencia, interés y características así lo ameriten.

El reglamento establecerá las facultades, bases de organización y los requisitos para la designación de los titulares de unidades especializadas y fiscalías especiales.

La institución también contará con las unidades administrativas u órganos indispensables para cumplir con las disposiciones legales que establezcan los principios y procedimientos generales que deberán orientar la recepción, registro, guarda, custodia, conservación y, en su caso, y con las características que se determinen, la aplicación y destino de dichos bienes en beneficio de la procuración de justicia, así como los relativos a la confidencialidad, control y supervisión, que garanticen su administración eficaz y honesta.

Artículo 15. El Procurador General de la República para la mejor organización y funcionamiento de la institución podrá delegar facultades, excepto aquellas que por disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de las leyes o del reglamento de esta ley, deban ser ejercidas por el propio Procurador General de la República.

El propio procurador, también podrá adscribir orgánicamente las unidades y órganos técnicos y administrativos que establezca el reglamento.

Los acuerdos por los cuales se deleguen facultades o se adscriban los órganos y las unidades a que se refiere el segundo párrafo del artículo anterior, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 16. El Ejecutivo Federal, en su caso, determinará las entidades paraestatales de la administración pública federal que deban quedar sujetas a la coordinación de la Procuraduría General de la República, en cuyo supuesto serán aplicables a ésta las disposiciones que para las dependencias coordinadoras de sector establecen la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Entidades Paraestatales y las demás que resulten procedentes.

Artículo 17. Para el desarrollo de las funciones del Ministerio Público de la Federación y del Procurador General de la República, se contará con un sistema de desconcentración territorial y funcional sujeto a las siguientes bases generales:

I. Se conformará atendiendo a las entidades federativas o zonas que agrupen a éstas, considerando las características de las circunscripciones, incidencia delictiva, adecuada distribución de las cargas de trabajo y regiones de influencia de la delincuencia organizada:

II. Se atenderá para su configuración, cuando resulte procedente, a la división del régimen de competencia territorial del Poder Judicial de la Federación:

III. Se dispondrá que cada zona quede a cargo de un subprocurador y bajo la responsabilidad de un delegado, supeditado funcionalmente a aquél, las oficinas del Ministerio Público de la Federación en las entidades federativas:

IV. Se implementará un sistema de distribución de facultades que permita a las instancias responsables de las zonas y delegaciones, la atención de los asuntos en materia de averiguación previa; Policía Judicial; servicios periciales; reserva de la averiguación previa; consignación, propuesta o resolución según el caso, del no ejercicio de la acción penal; control de procesos, seguridad pública y política criminal; servicios administrativos y otras en los términos que señalen las normas reglamentarias y demás disposiciones aplicables:

V. Se preverá que los miembros de la Policía Judicial Federal en todos sus niveles que se encuentren adscritos a las diferentes zonas y entidades federativas, queden sujetos a la autoridad y mando directo del subprocurador y del delegado, respectivamente, quienes en todo caso serán agentes del Ministerio Público de la Federación:

VI. Se deberá contar con la normatividad correspondiente que establezca los criterios de coordinación, evaluación, supervisión y control para articular el sistema de desconcentración territorial con los órganos y unidades centrales, a efecto de garantizar la vigencia de los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica que rigen al Ministerio Público de la Federación:

VII. Se dispondrá de un sistema de información que permita a la unidad responsable que determine el reglamento, el conocimiento oportuno de la legislación estatal o del Distrito Federal, a efecto de que, en su caso, el Procurador General de la República esté en aptitud de ejercer la acción prevista por la fracción II inciso c del artículo 105 constitucional, así como la participación que le corresponda en las controversias a que se refiere la fracción I del mismo artículo:

VIII. Se preverán las medidas que deba tomar el Ministerio Público de la Federación para la atención de los asuntos a su cargo, en las localidades donde no exista agencia permanente:

IX. Se establecerán medios de información a la comunidad, en forma sistemática y directa, para dar cuenta de las actividades de la institución.

Artículo 18. El no ejercicio de la acción penal, la formulación de conclusiones no acusatorias, así como las consultas que agentes del Ministerio Público de la Federación formulen o las prevenciones que la autoridad judicial acuerde en los términos que la ley prevenga, respecto de la omisión de formular conclusiones en el término legal, de conclusiones presentadas en un proceso penal o de actos cuya consecuencia sea el sobreseimiento del proceso o la libertad absoluta del inculpado antes de que se pronuncie sentencia, se resolverán por los servidores públicos en los que el Procurador General de la República delegue esas funciones y aquellos que faculte el reglamento.

Artículo 19. Son auxiliares del Ministerio Público de la Federación:

I. Directos y por lo mismo se integran a la institución:

a) La Policía Judicial Federal:

b) Los servicios periciales:

II. Suplementarios:

a) Los agentes del Ministerio Público del fuero común y de las policías judicial y preventiva, en el Distrito Federal y en los Estados de la República, previo acuerdo entre las autoridades federales y locales en los términos del artículo 12, fracción II de la presente ley:

b) Los cónsules y vicecónsules mexicanos en el extranjero:

c) Los capitanes, patrones o encargados de naves o aeronaves nacionales:

d) Los funcionarios de las dependencias del Ejecutivo Federal, en los casos a que se refiere el artículo 31 de esta ley.

El Ministerio Público de la Federación ordenará la actividad de los auxiliares suplementarios, en lo que corresponde exclusivamente a las actuaciones que practiquen en auxilio de la institución.

Artículo 20. El Procurador General de la República será designado por el titular del Ejecutivo Federal con ratificación del Senado o, en sus recesos, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Para ser procurador se requiere:

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento:

b) Tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación;

c) Contar con antigüedad mínima de 10 años de haber obtenido el título profesional de licenciado en derecho:

d) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso.

El procurador podrá ser removido libremente por el Ejecutivo Federal.

Artículo 21. El nombramiento y remoción de los subprocuradores, visitador general, oficial mayor y coordinadores corresponden al Ejecutivo Federal.

Los demás funcionarios y agentes del Ministerio Público de la Federación serán designados y removidos en los términos previstos por esta ley y su reglamento.

Los subprocuradores que suplan al Procurador General de la República, en sus excusas, ausencias o faltas temporales, de conformidad con el reglamento de esta ley, deberán reunir los mismos requisitos que para éste se establecen en el artículo anterior. El nombramiento será hecho por el Ejecutivo Federal, escuchando previamente la opinión del consejero jurídico del Gobierno Federal.

El visitador general, el oficial mayor, los coordinadores y los demás funcionarios a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, deberán reunir los requisitos que se establezcan en el reglamento de esta ley.

Artículo 22. Para ingresar y permanecer como agente del Ministerio Público de la Federación, se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos:

II. Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de un delito doloso o por delito culposo calificado como grave por la ley ni estar sujeto a proceso penal:

III. Contar con título de licenciado en derecho expedido y registrado legalmente y con la correspondiente cédula profesional:

IV. Tener por lo menos un año de experiencia profesional como licenciado en derecho. En el caso de los agentes especiales y visitadores a que se refiere el artículo 35 de esta ley, la experiencia será cuando menos de tres años:

V. En su caso, tener acreditado el servicio militar nacional:

VI. Acreditar que se han cumplido los requisitos de ingreso, relativos a la selección de agente, siendo indispensable la aprobación del concurso de ingreso que establezca el servicio civil de carrera de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables:

VII. No hacer uso ilícito de sustancias sicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares ni padecer alcoholismo:

VIII. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, en los términos de las normas aplicables:

IX. Los demás requisitos que establezcan otras disposiciones aplicables.

Artículo 23. Para ingresar y permanecer como agente de la Policía Judicial Federal, se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos:

II. Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de un delito doloso o por delito culposo calificado como grave por la ley ni estar sujeto a proceso penal:

III. Acreditar que se han concluido, por lo menos, los estudios correspondientes a la enseñanza preparatoria o equivalente:

IV. Contar con la edad y el perfil físico, médico, ético y de personalidad que las disposiciones sobre carrera policial establezcan como necesarias para realizar las actividades policiales:

V. No hacer uso ilícito de sustancias sicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares ni padecer alcoholismo:

VI. En su caso, tener acreditado el servicio militar nacional:

VII. Acreditar que se han cumplido los requisitos de ingreso, relativos a la selección y en su caso formación, capacitación y adiestramiento de agente, siendo requisito indispensable para acceder, la aprobación del concurso de ingreso en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables:

VIII. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, en los términos de las normas aplicables:

IX. Los demás requisitos que establezcan otras disposiciones aplicables.

Artículo 24. Para ingresar y permanecer como perito del servicio civil de carrera, se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos:

II. Tener título legalmente expedido y registrado por la autoridad competente que lo faculte para ejercer la ciencia, técnica, arte o disciplina de que se trate, o acreditar plenamente los conocimientos correspondientes a la disciplina sobre lo que se deba dictaminar, cuando de acuerdo con las normas aplicables, no necesite título o cédula profesional para su ejercicio:

III. Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de un delito doloso o por delito culposo calificado como grave por la ley ni estar sujeto a proceso penal:

IV. Acreditar que se han cumplido los requisitos de ingreso relativos a la selección y, en su caso formación y capacitación de los peritos del Ministerio Público de la Federación, siendo requisito indispensable para acceder al cargo, la aprobación del concurso de ingreso en los términos de las disposiciones aplicables:

V. No hacer uso ilícito de sustancias sicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo:

VI. No estar suspendido, no haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, en los términos de las normas aplicables y

VII. Los demás requisitos que establezcan otras disposiciones aplicables.

Artículo 25. Los peritos actuarán bajo la autoridad y mando inmediato del Ministerio Público de la Federación, sin perjuicio de la autonomía técnica e independencia de criterio que les corresponde en el estudio de los asuntos que se sometan a su dictamen.

Artículo 26. La Policía Judicial Federal actuará bajo la autoridad y el mando inmediato del Ministerio Público de la Federación, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la auxiliará en la investigación de los delitos del orden federal. Para ese efecto, podrá recibir denuncias sólo cuando por la urgencia del caso no sea posible la presentación directa de aquéllas ante el Ministerio Público de la Federación, pero deberá dar cuenta sin demora a éste para que acuerde lo que legalmente proceda.

Conforme a las instrucciones que se le dicten, la Policía Judicial Federal desarrollará las diligencias que deban practicarse durante la averiguación previa y exclusivamente para los fines de ésta, cumplirá las citaciones, notificaciones y presentaciones que se le ordenen y ejecutará las órdenes de aprehensión, los cateos y otros mandamientos que emita la autoridad judicial, así como las órdenes de detención que, en los casos a que se refiere el párrafo quinto del artículo 16 constitucional, dicte el propio Ministerio Público de la Federación. En todo caso, dicha policía actuará con respeto a las garantías individuales y a las normas que rijan esas actuaciones.

Artículo 27. Para la mayor eficacia y control en la planeación, coordinación y administración de los servicios de Policía Judicial, el reglamento de esta ley preverá la existencia de dos consejos técnicos cuya organización, integración y funciones regulará dicho ordenamiento, con sujeción, cuando menos, a las siguientes bases:

I. El consejo técnico de planeación y coordinación de operaciones será presidido por el subprocurador encargado de la coordinación institucional y en él participarán los responsables de las unidades de Policía Judicial en las diversas zonas, así como de las unidades especializadas del Ministerio Público y tendrá por principales funciones, las siguientes:

a) Organizar y supervisar las tareas de planeación de operativos que realicen las diversas unidades de Policía Judicial bajo la dirección de los subprocuradores y delegados;

b) Coordinar la actuación conjunta de los servicios policiales que estén bajo el mando de distintas unidades, de los subprocuradores y unidades especiales del Ministerio Público de la Federación:

c) Las demás que determine el reglamento.

II. El consejo técnico de administración, tendrá al menos, las siguientes funciones:

a) Organizar el desarrollo administrativo de los servicios policiales, en coordinación con la unidad administrativa que el reglamento establezca como competente para determinar los sistemas y procedimientos generales de administración:

b) Fungir como instancia auxiliar del consejo de profesionalización para los efectos de la determinación de adscripciones, otorgamiento de estímulos, reconocimientos y lineamientos de evaluación, así como de otros elementos análogos:

c) Instrumentar y operar la base de datos de identificación, localización, antecedentes, trayectoria, estímulos, reconocimientos, sanciones, adscripciones y demás afines de los agentes de la Policía Judicial, para el suministro oportuno de información al registro de personal:

d) Llevar a cabo la dotación de armamento y equipo, así como establecer el sistema de control correspondiente:

e) Realizar o encomendar los estudios y análisis necesarios para el desarrollo de tecnologías aplicables a los servicios policiales con enfoques primordiales de investigación especializada:

f) Las demás que determine el reglamento.

Artículo 28. El Procurador General de la República o los servidores públicos en quienes delegue esta función, podrán autorizar al personal del Ministerio Público de la Federación para auxiliar a otras autoridades que lo requieran en el desempeño de una o varias funciones, que sean compatibles con las que corresponden a la procuración de justicia.

El auxilio se autorizará, mediante la expedición del acuerdo correspondiente, tomando en cuenta los recursos y las necesidades del Ministerio Público de la Federación.

El personal autorizado en los términos de este artículo no quedará, por ese hecho, comisionado con las autoridades a quienes auxilie.

Artículo 29. De conformidad con el artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Procurador General de la República convendrá con las autoridades locales competentes, la forma en que deban desarrollarse las funciones de auxilio local al Ministerio Público de la Federación.

Sujetándose a las disposiciones constitucionales y legales federales aplicables, cuando los agentes del Ministerio Público del fuero común auxilien al Ministerio Público de la Federación, recibirán denuncias y querellas por delitos federales, practicarán las diligencias de averiguación previa que sean urgentes, resolverán sobre la detención o libertad del inculpado, bajo caución o con las reservas de ley y enviarán sin dilación alguna el expediente y al detenido, en su caso, al Ministerio Público de la Federación.

Artículo 30. Los auxiliares del Ministerio Público de la Federación deberán, bajo su responsabilidad, dar aviso de inmediato a éste, en todos los casos, sobre los asuntos en que intervengan con ese carácter, haciendo de su conocimiento los elementos que conozcan con motivo de su intervención.

Artículo 31. El Procurador General de la República y el Secretario de Gobernación convendrán la forma en que servidores públicos del Gobierno Federal suplan, en caso de falta, excusa o ausencia, al encargado de una agencia del Ministerio Público de la Federación, cuando no exista en la localidad agencia permanente. En todo caso, el servidor público en quien recaiga la suplencia, que contará con título de licenciado en derecho, deberá observar las normas que regulen la función del Ministerio Público de la Federación.

SECCION SEGUNDA

Del servicio civil de carrera

Artículo 32. El servicio civil de carrera del Ministerio Público de la Federación comprende el relativo a agente del Ministerio Público de la Federación y perito, así como el de carrera policial de agente de la Policía Judicial Federal, y se sujetará a las siguientes disposiciones:

I. Será el elemento básico para el ingreso y la formación de los integrantes de la institución, personal del Ministerio Público, de la Policía Judicial y de los servicios periciales:

II. Tendrá carácter obligatorio y permanente:

III. Se desarrollará bajo los criterios de igualdad de oportunidades, méritos y capacidad:

IV. Regirán en su instrumentación y desarrollo, los principios de excelencia, objetividad, profesionalismo, imparcialidad, legalidad, eficiencia y honradez y antigüedad, en su caso:

V. Comprenderá los requisitos y procedimientos de selección, ingreso, formación, capacitación, adiestramiento, desarrollo, actualización, permanencia, promoción, reconocimiento y separación del servició público, así como su evaluación:

VI. Desarrollará su organización observándose lo dispuesto en la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás disposiciones legales aplicables, así como en los convenios, acuerdos y resoluciones que en su caso se celebren y tomen con fundamento en las leyes:

VII. Establecerá los programas, impartirá los cursos y realizará los exámenes y concursos correspondientes a las etapas a que se refiere la fracción V de este artículo, por sí o con la coadyuvancia de instituciones públicas o privadas, bajo la dirección del Procurador General de la República:

VIII. El contenido teórico y práctico de los programas de formación, en todos sus niveles, fomentará el efectivo aprendizaje y el peno desarrollo de los conocimientos y habilidades necesarios para un desempeño cabalmente profesional:

IX. La formación promoverá la observancia de las disposiciones constitucionales y legales que rigen la actuación del Ministerio Público de la Federación, fomentando particularmente el respeto irrestricto a los derechos humanos, la honestidad, eficiencia y la plena conciencia sobre el efecto social de la responsabilidad:

X. Promoverá la celebración de convenios de colaboración con los estados, los municipios, el Distrito Federal y autoridades federales que concurren en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, tendientes a la profesionalización del Ministerio Público de la Federación, Policía Judicial Federal y servicios periciales o de las instituciones de seguridad pública federales, locales o municipales.

Artículo 33. Los agentes del Ministerio Público, agentes de la Policía Judicial y peritos del servicio civil de carrera tendrán una designación por el tiempo fijo de dos años, al término del cual serán sometidos a una nueva evaluación y, en caso de resultar satisfactoria, se les expedirá el nombramiento definitivo.

Artículo 34. Tratándose de personas con amplia experiencia profesional, el Procurador General de la República podrá, en casos excepcionales, designar agentes del Ministerio Público de la Federación, especiales o visitadores, agentes de la Policía Judicial Federal o peritos, dispensando la presentación de los concursos de ingreso. Dichas personas deberán estar en pleno ejercicio de sus derechos y satisfacer los requisitos mencionados en las fracciones II, IV, V, VII y VIII del artículo 22 de esta ley y según corresponda los establecidos en las fracciones III del artículo 22, IV del artículo 23 y II del artículo 24 de esta ley y no serán miembros del servicio civil de carrera, a menos que acrediten los concursos y evaluaciones que se les practiquen, en los términos de las disposiciones aplicables.

En cualquier momento, se podrán dar por terminados los efectos del nombramiento de las personas designadas conforme a este artículo.

Artículo 35. Previo al ingreso de toda persona al Ministerio Público de la Federación, será obligatorio que la institución realice la consulta respectiva al registro nacional del personal de seguridad pública, en los términos previstos en la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 36. Los agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía Judicial Federal y peritos, serán adscritos por el Procurador General de la República o por otros servidores públicos de la institución en quienes delegue esta función, a las diversas unidades administrativas de la Procuraduría General de la República, tomando en consideración su categoría y especialidad.

Igualmente se les podrá encomendar el estudio, dictamen y actuaciones que en casos especiales se requieran de acuerdo con su categoría y especialidad.

Artículo 37. Para permanecer en el servicio, como agente del Ministerio Público de la Federación, agente de la Policía Judicial o perito dentro del servicio civil de carrera, los interesados deberán participar en los programas de formación profesional y en los concursos de promoción a que se convoque.

Artículo 38. Los funcionarios designados conforme al artículo 34 de esta ley, los secretarios del Ministerio Público de la Federación y en general, todos los servidores públicos de la institución, están obligados a seguir los programas de formación que se establezcan para su capacitación, actualización y, en su caso, especialización con miras a su mejoramiento profesional.

Artículo 39. Se crea el consejo de profesionalización del Ministerio Público de la Federación como órgano de la institución responsable del desarrollo y operación del servicio civil de carrera, en los términos de las disposiciones aplicables. El consejo tendrá las facultades que establezca esta ley, su reglamento y los acuerdos que dicte el Procurador General de la República.

Artículo 40. El consejo de profesionalización del Ministerio Público de la Federación, será la instancia normativa, de supervisión, control y evaluación de la operación del servicio civil de carrera y se integrará por:

I. El Procurador General de la República:

II. Dos subprocuradores de la estructura centralizada:

III. El oficial mayor:

IV. El contralor interno:

V. El visitador general:

VI. El director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales:

VII. Tres agentes del Ministerio Público de la Federación de reconocido prestigio profesional, buena reputación y desempeño excelente en la institución y cuya designación estará a cargo del procurador:

VIII. Dos agentes de la Policía Judicial Federal, de reconocido prestigio, buena reputación y desempeño excelente en la corporación y cuya designación estará a cargo del procurador:

IX. Dos peritos de los servicios periciales, de reconocido prestigio, buena reputación y desempeño excelente en este órgano auxiliar y cuya designación estará a cargo del procurador y

X. Los demás funcionarios que, en su caso, determine el reglamento o el procurador por acuerdo.

Artículo 41. El consejo de profesionalización del Ministerio Público de la Federación contará con comités de zona que lo auxiliarán en la ejecución de las normas del servicio civil de carrera, cuyo funcionamiento se determinará en el reglamento de esta ley. Se integrarán por:

I. Un representante de los funcionarios señalados en las fracciones I a V del artículo anterior:

II. El subprocurador responsable de la zona:

III. El número de delegados que determine el reglamento:

IV. El número de agentes del Ministerio Público de la Federación, de la Policía Judicial Federal y de peritos que el consejo determine en atención a las características de cada circunscripción.

Artículo 42. El Procurador General de la República expedirá los acuerdos, circulares, manuales de organización y guías de operación para los agentes del Ministerio Público de la Federación, Policía Judicial Federal y peritos de los servicios periciales, además de los de procedimientos principales conducentes al buen despacho de las atribuciones de la institución y resolverá, por sí o por conducto del servidor público que determine, sobre el ingreso, promoción, adscripción, renuncias, sanciones, estímulos y suplencias, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables y con las normas que resulten procedentes en materia del servicio civil de carrera, así como de las que regulen las relaciones entre el titular y quienes presten sus servicios a la propia institución.

Artículo 43. Las normas sobre servicio civil de carrera para agentes del Ministerio Público de la Federación contemplarán las previsiones para:

I. Determinar, en su caso, categorías de servidores públicos a fin de ser considerados para el acceso a la categoría básica de agente del Ministerio Público por medio de concurso de ingreso:

II. Determinar, en su caso, categorías de agente del Ministerio Público de la Federación, en función de su especialización, responsabilidad asignada, años mínimos de ejercicio profesional y otros criterios que permitan establecerlas:

III. Establecer mecanismos que previamente a la sustentación del concurso de ingreso o de promoción, permitan seleccionar a los aspirantes más aptos por plaza:

IV. Regular las características del concurso de ingreso o de promoción con exámenes prácticos y orales:

V. Contemplar la integración de los órganos responsables de la preparación y sustentación de los concursos correspondientes:

VI. Expedir las reglas sobre contenidos de convocatorias, características del concurso de ingreso o de promoción, determinación de calificaciones y demás necesarias:

VII. Establecer los criterios de evaluación curricular y en particular de los cursos desarrollados por el sustentante, su desempeño y grado académico.

Artículo 44. La categoría superior de agente del Ministerio Público de la Federación del servicio civil de carrera será la de jefe de unidad especializada.

Artículo 45. El ingreso y promoción para la categoría de jefe de unidad especializada y cuando menos, la inmediata inferior a ella, se realizará a través de concurso interno de oposición o de oposición libre en el porcentaje que determine el consejo de profesionalización del Ministerio Público de la Federación.

En los concursos internos de oposición para la categoría de jefe de unidad especializada, únicamente podrán participar los agentes del Ministerio Público de la Federación de la categoría inmediata inferior y para acceder a esta, por la misma vía, sólo podrán hacerlo los del nivel inmediato anterior.

Artículo 46. Para el ingreso a la categoría básica de agente del Ministerio Público de la Federación se realizará concurso de ingreso por oposición interna o libre. Al primero sólo tendrán acceso los secretarios del Ministerio Público de la Federación.

Artículo 47. Las normas sobre servicio civil de carrera para agentes de la Policía Judicial Federal y peritos, contemplarán en lo conducente las previsiones a que se refieren las fracciones II, III, IV, V, VI y VII del artículo 43 de esta ley.

Artículo 48. Los niveles de los agentes de la Policía Judicial Federal se determinarán atendiendo a su especialización, responsabilidad asignada y otros criterios que permitan establecerlas.

Para el ingreso al nivel básico de agente de la Policía Judicial Federal se realizará concurso de ingreso con las características que determinen las disposiciones aplicables.

Artículo 49. Las categorías de peritos se determinaran por materia y dentro de ellas se establecerán los rangos atendiendo a la especialización, años mínimos de práctica, grado académico en la disciplina de que se trate y otros criterios que permitan establecerlos. El rango básico de cada categoría se identificará con la primer letra del alfabeto.

Para el ingreso al rango básico de cada categoría se realizará concurso de ingreso, con las características que determinen las disposiciones aplicables.

SECCION TERCERA

De las responsabilidades especiales de agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía Judicial Federal y peritos

Artículo 50. Son causas de responsabilidad de los agentes del Ministerio Público de la Federación, de los agentes de la Policía Judicial Federal y en lo conducente, de los peritos:

I. No cumplir, retrasar o perjudicar por negligencia la debida actuación del Ministerio Publico de la Federación:

II. Realizar o encubrir conductas que atenten contra la autonomía del Ministerio Público de la Federación, tales como aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos, comisiones o cualquier otra acción que genere o implique subordinación indebida respecto de alguna persona o autoridad:

III. Distraer de su objeto, para uso propio o ajeno, el equipo, elementos materiales o bienes asegurados bajo su custodia o de la institución:

IV. No solicitar los dictámenes periciales correspondientes:

V. No trabar el aseguramiento de bienes, objetos, instrumentos o productos de delito y en su caso no solicitar el decomiso, cuando así proceda en los términos que establezcan las leyes penales:

VI. Omitir la práctica de las diligencias necesarias en cada asunto.

Artículo 51. Son obligaciones de los agentes del Ministerio Publico de la Federación y de los agentes de la Policía Judicial Federal, para salvaguardar la legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez en el desempeño de su función, las siguientes:

I. Conducirse siempre con apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos:

II. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos. Su actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho:

III. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona alguna por su raza, religión, sexo, condición económica o social, preferencia sexual, ideología política o por algún otro motivo:

IV. Abstenerse en todo momento y bajo cualquier circunstancia de infligir, tolerar o permitir actos de tortura u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o degradantes, aun cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la seguridad pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra; al conocimiento de ello, lo denunciara inmediatamente ante la autoridad competente:

V. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que, en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico, realice la población:

VI. Desempeñar su función sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a las previstas legalmente. En particular se opondrán a cualquier acto de corrupción:

VII. Abstenerse de ordenar o realizar la detención o retención de persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los ordenamientos legales aplicables:

VIII. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas o puestas a su disposición:

IX. Participar en operativos de coordinación con otras autoridades o corporaciones policiales, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda:

X. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos y cumplir con todas sus obligaciones, siempre y cuando sea conforme a derecho:

XI. Preservar el secreto de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan, con las excepciones que determinen las leyes:

XII. Abstenerse en el desempeño de sus funciones, del auxilio de personas no autorizadas por la ley:

XIII. Usar el equipo a su cargo con el debido cuidado y prudencia en el cumplimiento de sus funciones, así como conservarlo:

XIV. Abstenerse de abandonar sin causa justificada las funciones, comisión o servicio que tengan encomendado.

El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la sanción correspondiente en los términos de esta sección.

En lo conducente, estas obligaciones serán aplicables a los peritos de los servicios periciales.

Artículo 52. Las sanciones por incurrir en causas de responsabilidad o incumplir las obligaciones a que se refieren los artículos 50 y 51 de esta ley, serán aplicadas conforme a lo siguientes elementos:

I. El Procurador General de la República, los subprocuradores, el visitador general, los delegados, los directores generales o los titulares de las unidades administrativas equivalentes, podrán sancionar con amonestación pública o privada, que se integrará al expediente o a la hoja de servicio o con suspensión hasta por 15 días, cuando a su juicio la falta cometida no amerite la remoción:

II. Los comités de zona del consejo de profesionalización, a petición de los funcionarios a que se refiere la fracción anterior, podrán determinar la remoción.

Artículo 53. Las sanciones se impondrán tomando en cuenta los siguientes elementos:

I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra:

II. La necesidad de suprimir prácticas que vulneren el funcionamiento de la institución:

III. La reincidencia del responsable:

IV. El nivel jerárquico, el grado académico y la antigüedad en el servicio:

V. Las circunstancias y medios de ejecución.

Artículo 54. La determinación de las responsabilidades a que se refiere esta sección, se hará conforme al siguiente procedimiento:

I. Se iniciará de oficio o por queja presentada por cualquier persona o por el servidor público que tenga conocimiento de los hechos. Las quejas anónimas sólo serán tramitadas cuando estén acompañadas de pruebas documentales suficientes.

Las quejas que se formulen deberán estar apoyadas en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para presumir la responsabilidad del servidor público denunciado:

II. Se enviará una copia de la queja y sus anexos al servidor público para que, en un termino de cinco días hábiles, formule un informe sobre los hechos y rinda las pruebas correspondientes. El informe deberá referirse a todos y cada uno de los hechos comprendidos en la queja, afirmándolos, negándolos, expresando los que ignore, por no ser propios o refiriéndolos como crea que tuvieron lugar. Se presumirán confesados los hechos de la denuncia sobre los cuales el denunciado no suscitare explícitamente controversia, salvo prueba en contrario:

III. Recibido el informe y desahogadas las pruebas, si las hubiere, se resolverá dentro de los 10 días hábiles siguientes sobre la inexistencia de responsabilidad o imponiendo al responsable la sanción correspondiente y se notificará la resolución al interesado dentro de las 72 horas:

IV. Cuando se trate de los casos comprendidos en la fracción II del artículo 52 de esta ley, se citará al presunto responsable a una audiencia, haciéndole saber la responsabilidad o responsabilidades que se le imputan, el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma lo que a su derecho convenga por sí o por medio de su defensor.

Entre la fecha de citación y la audiencia deberá mediar un plazo no menor de tres ni mayor de siete días hábiles:

V. Si del informe o de los resultados de la audiencia no se desprenden elementos suficientes para resolver o se advierten otros que impliquen nueva responsabilidad a cargo del presunto responsable o de otras personas, se podrá disponer la práctica de investigaciones y acordar, en su caso, la celebración de otra u otras audiencias:

VI. En cualquier momento, previo o posterior a la celebración de la audiencia, los funcionarios a que se refiere la fracción I del artículo 52, podrán determinar la suspensión temporal del presunto responsable, siempre que a su juicio así convenga para la conducción o continuación de las investigaciones, la cual cesará si así lo resuelve el consejo de profesionalización o el comité de zona respectivo, independientemente de la iniciación, continuación o conclusión del procedimiento a que se refiere este artículo. La suspensión no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute, lo cual se hará constar expresamente en la determinación de la misma, contra la cual podrá interponerse el recurso a que se refiere el artículo 55 de esta ley.

Si el servidor público suspendido conforme a esta fracción no resultare responsable, será restituido en el goce de sus derechos y se le cubrirán las percepciones que debiera haber recibido durante el tiempo que se hallare suspendido.

Artículo 55. En contra de las resoluciones por las que se imponga alguna sanción conforme a las disposiciones de esta sección, se podrá interponer el recurso de rectificación ante el consejo de profesionalización del Ministerio Público de la Federación, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la resolución.

En el escrito correspondiente se expresarán los agravios y se aportarán las pruebas que se estimen pertinentes.

Interpuesto el recurso, se resolverá dentro de los 10 días hábiles siguientes. Las resoluciones se agregarán al expediente u hoja de servicio correspondiente.

CAPITULO III

Disposiciones generales.

Artículo 56. Para los efectos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Procuraduría General de la República se considera integrante de la administración pública federal centralizada y en consecuencia son sujetos de las responsabilidades a que se refiere dicho título y la legislación aplicable, los funcionarios y empleados y en general, toda persona que desempeñe un cargo, comisión o empleo de cualquier naturaleza en la institución.

Para los mismos efectos, la Procuraduría General de la República será autoridad competente para aplicar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el Procurador General de la República será considerado como superior jerárquico, en los términos de las disposiciones de dicha ley.

Artículo 57. En el ejercicio de sus funciones, el personal del Ministerio Público Federal observará las obligaciones inherentes a su calidad de servidores públicos y actuará con la diligencia necesaria para la pronta, completa y debida procuración de justicia.

Artículo 58. Se podrán imponer a los servidores públicos de la Procuraduría General de la República, por las faltas en que incurran en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, las sanciones disciplinarias previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, mediante el procedimiento que dicha ley previene. En el caso de la Policía Judicial Federal, se aplicarán las mismas sanciones administrativas, pero el servidor público encargado del mando o la supervisión de dicha policía, podrá imponer correctivos disciplinarios consistentes en arresto hasta de 36 horas y retención en el servicio o privación de permisos de salida, hasta por 15 días, si la gravedad de la falta lo amerita.

Cuando la conducta de que se trate entrañe la posible comisión de un delito se dará vista al Ministerio Público de la Federación para que proceda como corresponda.

En contra de los correctivos disciplinarios se podrá interponer el recurso de rectificación ante el comité de zona correspondiente, conforme al procedimiento establecido en el artículo 55 de esta ley. La interposición del recurso no suspenderá los efectos del arresto, pero tendrá por objeto que los correctivos impuestos no aparezcan en el expediente u hoja de servicios, sin perjuicio de las sanciones que el comité de zona aplique al servidor público que las hubiere impuesto injustificadamente.

Artículo 59. Los agentes del Ministerio Público de la Federación, de la Policía Judicial Federal y peritos que estén sujetos a proceso penal como probables responsables de delito doloso, o culposo calificado como grave por la ley, serán suspendidos desde que se dicte el auto de formal prisión o sujeción a proceso y hasta que se emita sentencia ejecutoriada. En caso de que ésta fuese condenatoria serán destituidos; si por el contrario, fuese absolutoria, se les restituirá en sus derechos.

Artículo 60. Los agentes del Ministerio Publico de la Federación no son recusables, pero bajo su más estricta responsabilidad deben excusarse del conocimiento de los negocios en que intervengan, cuando exista alguna de las causas de impedimento que la ley señala en el caso de ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistrados de circuito y jueces de distrito y las demás disposiciones aplicables, haciéndolo del conocimiento por escrito de su superior inmediato.

Si el agente del Ministerio Público de la Federación, sabedor de que no debe conocer del asunto, aun así lo hiciera, será sancionado conforme a lo que establezca la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la legislación penal.

Artículo 61. Los agentes del Ministerio Público de la Federación no podrán:

I. Desempeñar otro empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal, del Distrito Federal o de otras entidades federativas y municipios, así como trabajos o servicios en instituciones privadas, salvo los de carácter docente y aquellos que autorice la institución, siempre y cuando no sean incompatibles con sus funciones en la misma:

II. Ejercer la abogacía por sí o por interpósita persona, salvo en causa propia, de su cónyuge, concubina o concubinario, de sus ascendientes o descendientes, de sus hermanos o de su adoptante o adoptado:

III. Ejercer las funciones de tutor, curador o albacea judicial, a no ser que tenga el carácter de heredero o legatario o se trate de sus ascendientes, descendientes, hermanos, adoptante o adoptado:

IV. Ejercer ni desempeñar las funciones de depositario o apoderado judicial, síndico, administrador, interventor en quiebra o concurso, notario, corredor, comisionista, árbitro o arbitrador.

Artículo 62. La desobediencia o resistencia a las órdenes legalmente fundadas del Ministerio Público de la Federación dará lugar al empleo de medidas de apremio o a la imposición de correcciones disciplinarias, según sea el caso, en los términos que previenen las normas aplicables. Cuando la desobediencia o resistencia constituyan delito, se iniciará la averiguación previa.

Artículo 63. El Ministerio Público de la Federación podrá expedir copias certificadas de constancias o registros que obren en su poder, cuando exista mandamiento de autoridad competente que funde y motive su requerimiento o cuando lo soliciten el denunciante o el querellante, la víctima o el ofendido, el indiciado o su defensor y quienes tengan interés jurídico, para el ejercicio de derechos o el cumplimiento de obligaciones previstos por la ley.

Artículo 64. Cuando se impute la comisión de un delito al Procurador General de la República, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se procederá de la siguiente manera:

I. Conocerá de la denuncia y se hará cargo de la averiguación previa correspondiente, el subprocurador a quien corresponda actuar como suplente del Procurador General de la República de conformidad con esta ley y su reglamento:

II. El servidor público suplente del Procurador General de la República resolverá sobre el inicio del procedimiento para la declaración de procedencia ante la Cámara de Diputados, previo acuerdo con el Ejecutivo Federal.

Artículo 65. Por la naturaleza de sus funciones, son trabajadores de confianza los agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía Judicial Federal, los peritos adscritos a los servicios periciales de la institución y los secretarios del Ministerio Público de la Federación, así como los servidores públicos de las demás categorías y funciones previstas en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 66. El personal que preste sus servicios en la institución se regira por los disposiciones del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional. Dicho personal quedará incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

TRANSITORIOS

Primero. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se abroga la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de diciembre de 1983. Continuarán vigentes las normas expedidas con apoyo en la ley que se abroga, cuando no se opongan a la presente.

Tercero. En tanto se expide el nuevo reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se aplicará el reglamento de fecha 7 de octubre de 1993, publicado en el Diario Oficial de la Federación del mismo mes y año, en todo aquello que no se oponga a las disposiciones de la presente ley.

Cuarto. Las leyes que regulen materias aplicables a las dependencias de la administración pública federal, que en sus disposiciones no enuncien expresamente a la Procuraduría General de la República pero que resulten vigentes a ésta en su carácter de dependencia del Ejecutivo Federal hasta antes de la entrada en vigor del decreto de reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de fecha 20 de diciembre de 1994, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de diciembre de 1994, seran aplicables a la Procuraduría General de la República, considerándose para tales efectos como dependencia de la administración pública centralizada.

Quinto. En tanto se expidan las disposiciones legales a que se refiere el artículo 14 de esta ley, en el reglamento de la misma se preverá la existencia de un consejo técnico para la supervisión y control de la administración de bienes asegurados por el Ministerio Público de la Federación y de la aplicación y destino de los fondos que provengan de dichos bienes, presidido por el Procurador General de la República y del que formarán parte, de manera personal e indelegable, un subsecretario por cada una de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Contraloría y Desarrollo Administrativo, designados por sus titulares.

Sexto. Los agentes del Ministerio Publico, de la Policía Judicial Federal y peritos que presten sus servicios en la Procuraduría General de la República al momento de entrar en vigor las disposiciones reglamentarias en materia del servicio civil de carrera previsto en esta ley, deberán dar cumplimiento a los requisitos y condiciones que las mismas establezcan para incorporarse a dicho servicio.

En ningún caso podrán aplicarse en forma retroactiva normas que afecten su situación administrativa o laboral.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados a los 28 días del mes de marzo de 1996. Por la Comisión de Justicia, los diputados: Fernando Pérez Noriega, José Eduardo Escobedo Miramontes, Felipe Amadeo Flores Espinosa, Carmen Segura Rangel, Leonel Godoy Rangel, María Cristina Díaz Salazar, Jorge Moreno Collado, Claudia Esqueda Llanes, Humberto Meza Galván, Manlio Fabio Gómez Uranga, Marcelino Miranda Añorve, Ramiro Javier Calvillo Ramos, José Francisco Lozada Chávez, Guadalupe Morales Ledezma, Juan Manuel Cruz Acevedo, María de la Luz Lima Malvido, Francisco Peralta Burelo, Eustaquio de León Contreras, Ezequiel Flores Rodríguez, Mario de la Torre Hernández, Patricia Garduño Morales, Francisco José Peniche y Bolio, Alejandro González Alcocer, Gerardo Arellano Aguilar, Alejandro Zapata Perogordo, José Mauro González Luna, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Ramón Sosamontes Herreramoro e Yrene Ramos Dávila.»

Es de primera lectura.

REPUBLICA DE ESTONIA

El secretario Ezequiel Juan de Dios Espinosa Mejía:

«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe la fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana María Julia Carabias Lillo, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Estonia de la Estrella Blanca, en grado de Primera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana María Julia Carabias Lillo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Estonia de la Estrella Blanca, en grado de Primera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 29 de marzo de 1996.- Diputados: Saúl González Herrera, presidente; Ignacio González Rebolledo y José de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Pindaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»

Es de primera lectura.

REPUBLICA DE GUATEMALA

El secretario Ezequiel Juan de Dios Espinosa Mejía:

«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el contralmirante del cuerpo general Diplomado de Estado Mayor José Luis Figueroa Cuevas, pueda aceptar y usar la condecoración Cruz de Mérito Militar de Primera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Guatemala.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al contralmirante del cuerpo general Diplomado de Estado Mayor José Luis Figueroa Cuevas, para aceptar y usar la condecoración Cruz de Mérito Militar de Primera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Guatemala.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 29 de marzo de 1996.- Diputados: Saúl González Herrera, presidente; Ignacio González Rebolledo y José de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»

Es de primera lectura.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

El secretario Desiderio Camacho Garibo:

«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Honorable Asamblea: en oficio fechado el 19 de febrero del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano José Arturo Colín Pineda, pueda prestar servicios como inspector de mantenimiento, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 28 de marzo, se turnó a la comisión que suscribe para su estudio y dictamen el expediente relativo

CONSIDERANDO

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento:

b) Que los servicios que el interesado prestará en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, serán como inspector de mantenimiento:

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano José Arturo Colín Pineda, para prestar servicios como inspector de mantenimiento, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 29 de marzo de 1996.- Diputados: Saúl González Herrera, presidente; Ignacio González Rebolledo y José de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»

Es de primera lectura.

MARCO ANTONIO IGNACIO RASCON CORDOVA

El Presidente:

Esta Presidencia ha recibido la solicitud para hablar sobre la aplicación del artículo 107 del reglamento diputados.

Con anterioridad se había anotado el diputado José Luis Flores Méndez, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional y hoy se ha anotado para hablar sobre el mismo tema el diputado Marco Rascón Córdova.

En tal virtud tiene la palabra el diputado José Luis Flores Méndez.

El diputado José Luis Flores Méndez:

Señor Presidente, compañeros legisladores:

La verdad no se inventa, ni se crea por concenso. La verdad es ajena a cualquier calificativo o juicio de valor. La verdad es objetiva.

Cuando a un individuo se le dicen verdades con relación a su personalidad no existe ofensa, no existe intención denigratoria. Calificar a alguien de algo siéndolo no constituye ofensa. Decirlo a quien no lo es constituye una calumnia.

Es fácil verter expresiones homófonas y después, con una supuesta disculpa enmascarar ofensas, ofensas para quienes no lo son y ofensas para quienes lo son. Es por ello que estando dentro del término al que se refiere el artículo 107 de nuestro Reglamento Interior, solicito a esta Presidencia inste al diputado Marco Rascón, del Partido de la Revolución Democrática, a que retire su intervención del jueves 28 de marzo del año en curso y en la que aludió al de la voz y al compañero Aurelio Marín Huazo o de lo contrario se esté a lo ordenado en la última parte de dicho precepto para ejercer nuestros derechos en la forma que el diputado Marín Huazo y el de la voz estimemos conveniente.

El Presidente:

Tiene la palabra, el diputado Marco Rascón Córdova, instando esta Presidencia a que retire o satisfaga al ofendido en los términos que lo ha solicitado.

El diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova:

Gracias, señor Presidente:

Señor diputado Marín, Aurelio Marín, yo supe que usted me había insultado desde su curul, por los medios de prensa. Yo supe de usted hasta el día siguiente y déjeme decirle que me sentí sorprendido porque usted es como muchos de los diputados que me saludan cordialmente en los pasillos, pero me decepcionó que fuera militante clandestino de los insultos personales.

La aparición de su nombre me confirmó el tipo de relaciones perversas en esta Cámara, pues usted era uno abajo en el trato personal y otro en el grito anónimo y el insulto.

Quiero decirle que independientemente de las diferencias políticas y los argumentos en consecuencia, las diferencias no significan falta de respeto, porque cada quien está representando teóricamente un papel distinto y un compromiso con la ciudadanía. Los insultos personales es muy diferente y denotan incapacidad e impotencia y de ésos yo solicité disculpas.

Usted ha señalado en esta tribuna que usted no estaba en el salón cuando fue insultado y yo proferí algunas palabras y yo respondí con bajeza. Entonces no es a mí a quien tiene que pedirle disculpas, sino a los periodistas, porque ellos y su burbuja lo escogieron a usted y no yo, yo tiré al aire y ellos me "subieron al pato", es decir, a usted.

Lamento mucho el incidente, pero yo no soy responsable de las crónicas aviesas y no soy responsable que ustedes, su comisión de insultos y su aparato de bajezas periodísticas se espinaran con sus propias perversiones.

¿Quién lo escogió a usted como víctima de mis insultos? Aquí lo importante es aclarar quién empezó la degradación camaral a nivel personal. La fracción del PRI, el autodenominado Bronx y su coordinación parlamentaria, a falta de argumentos para acabar con el juego de las máscaras, que son la suya y los juegos del absurdo, decidieron atacarme y descalificarme con un coro anónimo.

Políticamente ustedes han respondido con ofensas personales por hablar con acento gringo, ponerme una máscara de Clinton y de Salinas, usar títeres etcétera.

Nuestro ritual parlamentario por el miedo al debate y el voto de conciencia, ha optado por establecer mecanismos de control del voto y las fracciones, las posibilidades personales de legislar son nulas hasta el más mínimo detalle y pese a que todos vivimos esta situación nos hacemos cómplices de nuestra propia miseria legislativa.

¿Cuántos discursos preparados no son ni escuchados y pasan inadvertidos? La Cámara se extingue entre el tedio y la frivolidad y en eso los medios apoyan esta perversión.

Ustedes se han sentido lastimados por retar a su coordinador y Presidente de la Gran Comisión a pasar a la tribuna a decir en público las mismas amenazas y consignas contra mi partido y desdecirse de sus leperadas y gestos obscenos.

Si él cambiara su actitud, si la Cámara viviera menos simulación y expresará más la realidad, yo no tendría la aceptación que tiene mi comportamiento afuera.

Aquí me va mal, pero en la calle me va bien, por eso.

A falta de argumentos y otra actitud verdaderamente parlamentaria, ustedes usaron todos los recursos a fin de reducirme al silencio. Por ejemplo, el día que compareció Guillermo Ortiz, lo han festejado mucho, usaron algunos medios a los cuales les filtraron que mi fracción y Roque Villanueva discutían hasta altas horas de la madrugara para que no me "encuerara" y les filtraron que me encueraría y la mentira escrita se volvió verdad con la vieja técnica de Gebels.

Por eso, mi preocupación no es el Bronx ni usted diputado Marín ni diputado Flores ni su vida íntima que, finalmente, por ocioso lo condujo al remolino de las vilezas. A usted simplemente lo usaron en su burbuja y lo atravesaron; usted es una víctima por permitir que lo usen de provocador anónimo.

En su fracción hay peores que usted. Hay algunos diputados y uno en especial, que se autonombra "concertador" y "puente" entre Zedillo y la oposición; hay un diputado que piensa que todos son de su condición y que cuando no intenta corromper organiza camorras y golpes bajos y es el que inició la tarea de los foros con insultos personales, en particular contra mi persona.

Oscar Levín, ustedes lo saben por qué, debería pasar a disculparse públicamente a esta tribuna y decirnos la idea de la estrategia de hacer el debate el molino de carne de los insultos.

Ustedes tienen aquí todo el aparato para dar su versión de las cosas, quién gana y quién pierde, son mayoría, tienen aliados, tienen mecanismos de control a través de los intereses personales y de grupos, manejan con habilidad los intereses de todos, hacen uso de la discrecionalidad, espían, delatan, juegan con los trabajadores de la Cámara como si fueran mercancía, hostigan a las edecanes, hacen de esta Asamblea un coto privado y lo hacen su propiedad privada.

Por ustedes se dan golpes a los poderes legislativos como en el Perú por Fujimori.

Aquí me mandaron los electores, aquí, porque soy diferente a ustedes políticamente y de un partido diferente. Con el PRI y el PAN, al margen de acuerdo es casi inexistente, por la simple realidad de que el país está partido y ustedes lo partieron y lo entregaron.

A ustedes aquí las diferencias políticas es lo que hace digno este Congreso.

Tengo autoridad para decir esto, por una razón: si ustedes revisan las versiones estenográficas, en ninguna intervención, salvo la del martes pasado, había recurrido al insulto personal, ni en privado ni en público ni en mis espacios ni en mis discursos, en lo que creo soy tan vehemente como ustedes.

Cabe aquí una reflexión, diputado Marín, Levín, Villanueva, Flores, es sagrada y ustedes son los más frágiles personalmente porque no pueden hacer política al sol, sólo protegidos por el poder y la corrupción.

Ahora que se presenta la iniciativa para reformar el artículo 16 y vulnerar las garantías individuales, violando con el espionaje telefónico la privacidad de las personas, debería llamarse la ley Villanueva-Levín, en honor a ustedes que son precursores de hacer política sucia e intervenir en la vida personal de sus adversarios.

¿Se imaginan esta ley en manos de Roque Villanueva y Oscar Levín?

Compañeros diputados, si hay voluntad, también podemos hacer el debate real, enérgico y firme, que requiere el país y este Congreso y no permitir que internamente y del Ejecutivo se siga faltando al respeto a esta Cámara de Diputados.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Ignacio González Rebolledo, sobre el mismo tema.

El diputado Ignacio González Rebolledo:

Señor Presidente; compañeras; compañeros diputadas:

Tal parece que los términos se intentan invertir y que de ofensor se pretenda venir a ser una pobre víctima.

Debó recordarles que en la sesión antepasada, cuando Marco Rascón hizo uso de esta tribuna, la primera expresión que lanzó fue la de guy. La palabra gay, como todo el mundo lo sabe, es vocablo inglés, de primeras acepciones de "muchachos", con posterioridad tuvo otra connotación, en el sentido de homosexualidad o de homosexual.

Esa expresión así lanzada al aire, al público, no podíamos decir que tuviera una dedicación especial, consecuentemente pasó como una gracejada más. Sin embargo, en la sesión celebrada el pasado jueves, de una manera artera, agresiva, endilgó este vocablo a dos de nuestros compañeros diputados. Evidentemente cada quien puede hacer de su vida aquello que más le convenga, pero para quien no son abogados, quiero referirme a lo que establece el Código Penal.

El artículo 350 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal dice textualmente lo siguiente: "El delito de difamación se castigará con prisión hasta de dos años o multa de 50.00 a 300.00 pesos o ambas sanciones a juicio del juez. La difamación consiste en comunicar dolosamente a uno o más personas la imputación que se hace a otra persona, física o moral, en los casos previstos por la ley, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio o exponerlo al desprecio de alguien".

Como dijo con una gran claridad el diputado José Luis Flores, llamarle gay a quien no es, no puede tener ningún sentido peyorativo, pero afirmarlo de quienes no lo son, señor diputado Rascón, es una difamación.

Y aquí de nuevo no hay más que dos caminos: uno, haciendo hombría debió haber solicitado fueran retiradas sus palabras, pero no lo hizo, es más llegó hace unos momentos a incluir en su expresión de denuesto a nuestro Partido Revolucionario Institucional a nuestra fracción parlamentaria, a incluir en su intervención a mujeres y hombres que no han tenido más función que la de venir a coordinarnos, a coordinarnos, de la misma manera respetuosa con que su coordinador lo viene haciendo, como lo viene haciendo el coordinador de Acción Nacional, como lo viene haciendo el coordinador del PT. Si a usted no le gusta como lo coordina don Jesús Ortega es problema de usted.

Señor Presidente, dado que el diputado Marco Rascón, no retiró sus expresiones, le estoy pidiendo con fundamento en lo establecido por el artículo 107 de nuestro Reglamento, que las expresiones vertidas en la sesión del jueves, sean autorizadas por la Secretaría, insertando en esa acta especial sus manifestaciones, a efecto de que nuestros compañeros puedan proceder en la forma y términos que estimen pertinentes. Debemos decir un: ¡basta!, a aquellas expresiones que desde esta tribuna lo único que hacen es ofender la vida ciudadana.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Marco Rascón Córdova.

El diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova:

Son dos las expresiones: guy es amigo, gay es homosexual. Cuando hice mis disculpas fue evidentemente con la idea de que la vida privada y la vida íntima es la vida íntima y la vida privada y de lo que están ustedes queriendo que me retracte es de que preferencias sexuales es igual que homosexualidad.

Ustedes, compañeros diputados, tienen su vida íntima. ¿Qué pasa en la vida íntima de todos los diputados? Eso es parte precisamente de la vida íntima. Y aquí una cuestión que es muy importante. En la intervención, al inicio de la intervención del diputado que me antecedió, él señaló que yo inicié gritándole gay al compañero diputado Aurelio Marín. ¿Tanto falta a la memoria de quien inició los insultos personales? ¿Tanto falta? Esa es la parte de las vilezas y quizá mañana en los medios van a decir que yo no me desdije de una expresión que yo inicie primero. Yo espero las disculpas del diputado Roque Villanueva y Oscar Levín.

El Presidente:

Solicito a la Secretaría le dé lectura al artículo 107 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La secretaria María Teresa Cortez Cervantes:

"Artículo 107. No podrá llamarse al orden al orador que critique o censure a funcionarios públicos por faltas o errores cometidos en el desempeño de sus atribuciones; pero en caso de injurias o calumnias, el interesado podrá reclamarlas en la misma sesión, cuando el orador haya terminado su discurso o en otra que se celebre en día inmediato. El Presidente instará al ofensor a que las retire o satisfaga al ofendido. Si aquél no lo hiciere así, el Presidente mandará que las expresiones que hayan causado la ofensa se autoricen por la Secretaría, insertando éstas en acta especial, para proceder a lo que hubiere lugar."

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado González Rebolledo.

El diputado Ignacio González Rebolledo:

Señor Presidente; compañeros diputados:

Como tal parece que la memoria no es uno de los atributos del ser humano, voy a tener necesidad de pedirle que la versión estenográfica le sea turnada de inmediato al diputado Rascón. Fui muy claro al decir que en la sesión antepasada, la intervención del diputado Rascón fue en el sentido de pronunciar o de proferir la palabra gays en general. Eso es lo que dije y ahí está en la versión estenográfica.

Dicho de esa manera, no era dicho en sentido de ser dirigido a ninguna persona ni siquiera a un diputado, pudiera haber sido alguien de la tribuna y que después, con posterioridad, en la sesión del jueves en donde se pretendió dar una disculpa, se dijo que los gustos sexuales o las preferencias sexuales era cuestión de cada uno. Evidentemente esto tenía una relación directa con la expresión gays. No somos ingenuos señores diputados; sabemos por qué y para qué se vienen a decir las cosas; lo único que queremos es que se establezca una clara diferencia; o venimos a esta tribuna a ser prepositivos o venimos a esta tribuna a insul- tarnos.

El camino evidentemente, está en manos de las fracciones parlamentarias.

Muchas gracias y señor Presidente esperamos que en virtud de que no pidió se retirara su intervención, les sean entregados a los diputados Marín Huazo y José Luis Flores, el texto de dicha intervención.

El Presidente:

Tiene la palabra sobre el mismo tema, la diputada Gloria Sánchez.

La diputada Gloria Sánchez Hernández:

Gracias señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:

Vengo a hacer una reflexión con ustedes; no representando a un grupo parlamentario, sino pretendiendo estar a la altura de lo que somos como legisladores de la nación.

Es tal la gravedad de los momentos que atraviesa nuestro pueblo en lo económico, en la seguridad, en lo educativo, en la salud, que realmente siento que hemos caído en un nivel lamentable de lo que debe ser el debate parlamentario.

Pienso que aquí no hay responsabilidad de una sola parte; creo que no podemos sustraernos a que todos contribuimos en esta lamentable atmósfera, a veces de gran impotencia, a desahogar nuestra reprobación con actos no correctos.

En nuestro partido el respeto a las preferencias sexuales es algo consagrado. Por lo tanto, no debiera convertirse en la interpretación de los demás como una ofensa.

Sin embargo, también es cierto que en otros momentos hemos sido objeto de gritos, de burlas, como lo han sido compañeros de diferentes grupos parlamentarios.

A salvo los derechos de cada quien de proceder conforme considere correcto. Pero pienso que en este momento tan delicado, dar a la prensa este debate como central y primeras planas a que si retiramos o no retiramos, a que si dijimos o interpretamos, puede más bien ganarnos desprestigio, que una buena imagen.

Hay muchos temas en el debate nacional e internacional, por ejemplo yo diría: ¿Por qué todavía no nos pronunciamos en serio por cuestiones básicas de la vida de nuestro país y de la vida del mundo entero? ¿Por qué todavía no nos centramos en las cosas que pueden trascender? ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos esa reflexión? ¿Qué está ocurriendo en esta Cámara de Diputados?

No vengo a defender a nadie; no vengo tampoco a pedir que se retracte nadie. Solamente quiero que hagamos una reflexión conjunta y que retomemos el camino que como legisladores de fondo y en momentos tan graves, debemos asumir todos y cada uno, independientemente del grupo parlamentario a que pertenecemos.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Alejandro Gutiérrez; posteriormente el diputado Crisóforo Salido.

El diputado Alejandro Gutiérrez Gutiérrez:

Con su permiso, señor Presidente:

Nada más para hacerle una pregunta muy concreta al diputado Marco Rascón, en el sentido de que si sostiene su dicho en referencia al diputado Marín Huazo y Flores Méndez, y si no es así, que pase y retire su dicho del Diario de los Debates.

Gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Crisóforo Salido.

El diputado Crisóforo Lauro Salido Almada:

Gracias, señor Presidente; compañeros diputados:

Asumo la tribuna con el ánimo de que recuperemos el diálogo constructivo, que recuperemos nuestra capacidad de parlamentarios y abandonemos, pero no por hoy, sino para siempre, prácticas que han venido de alguna forma degradando el nivel que el debate debe de mantener, debe de conservar en ésta, que es la casa de la representación nacional.

El pueblo de México exige de sus representantes populares, que mínimamente observen las más elementales reglas de educación y respeto que se deben quienes ostentan su representación en la más alta tribuna de la nación.

El nivel parlamentario debe elevarse en la misma medida en la que creo que todos queremos que este órgano de gobierno sea la casa de la dignidad, del debate de altura y responsable, de la que se obtengan las mejores leyes que rescaten y dignifiquen a nuestra patria.

No estoy aquí para defender a nadie. Creo que de ambas partes que hoy se sienten lastimadas, ha habido mutuas ofensas. En alguna ocasión escuché aquí una referencia a "unos cuernos". Creo que esas ofensas se profirieron aquí, además de que en múltiples ocasiones se han dado gritos que hacen aparecer a este recinto más como un ring de lucha libre, que la Cámara de Diputados, que es.

Hago un llamamiento muy encarecido a todos los señores diputados, para que en el respeto que todos nos debemos como seres humanos y con la condición de representantes populares que ostentamos, mantengamos la dignidad de esta casa, nos obsequiemos todos con el mutuo respeto y con la dignidad que es propia de parlamentarios de este nivel.

Yo creo y conmigo mis compañeros del Grupo Ciudadano, que una satisfacción no le hace rebajar su dignidad a nadie, sino por el contrario, lo enaltece. Y también creemos que los insultos ofenden más a quien los profiere que a quien van dirigidos. De ahí que hagamos un llamamiento a la serenidad, a la concordia y a reaccionar como seres humanos dignos, con un grado de educación que nos permita mantener el nivel que este recinto demanda de todos nosotros.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Francisco Tenorio Adame, para rectificación de hechos y hasta por cinco minutos.

El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame:

Compañeros diputados; señor Presidente:

Vengo a esta tribuna, en mi calidad de miembro de la Comisión de Reglamento, en mi calidad de miembro de esta honorable LVI Legislatura, de la cual me siento orgulloso.

Esta mañana tuvimos un destello, un destello con la participación inicial del diputado Ricardo Cervantes, quien inició y recuperó la iniciativa de reforma política democrática del Estado mexicano, para bien y honra de esta legislatura, de la cual me sentí orgulloso.

Sin embargo, poco nos ha durado ese resplandor y hoy parece que estamos viendo el ocaso y las sombras nos abruman. Considero que este bache en el que hemos caído, compañeros diputados, todos somos responsables en mayor o menor medida y todos somos responsables porque las situaciones de caos en las que nos envolvemos y en las que nos hacen padecer momentos de incertidumbre es producto también de un deterioro histórico, a la que ha llegado nuestra legislatura. Este deterioro histórico lo vemos, como ha ido perdiendo poder y autoridad la mesa directiva; como se han turnado en favor de una supuesta democracia, se turnan las fracciones y los partidos en una ilusión de pluralismo, la Presidencia. Como se preside por el propio Presidente, estando presente el Presidente y un vicepresidente.

¡No entiendo, la verdad, cómo se maneja de manera tan elástica y tan flexible que nos hace caer en cierto grado de desorden!

Considero que nuestra tradición histórica como parlamentarios, como legisladores, hemos tenido momentos brillantes en realidad, con debates importantísimos, que datan incluso de las cortes de Cádiz, cuando se debatió, por ejemplo la leyenda negra de América, cuando se debatió el principio de la soberanía. Y en eso cada momento y cada Congreso constituyente hemos tenido debates interesantísimos.

Y hoy vemos que estamos atrapados por un seudodebate, por una seudohonra que ha sido lastimada, y que no encontramos cauce y salida para los agravios que aquí se han producido y para las honras que aquí se han lastimado.

Considero que los diputados supuestamente agraviados, están por encima de las detracciones o supuestas detracciones que aquí se han manifestado, que han sido producto de un deterioro del propio debate o de la falta de debate. Que la historia particular de esos diputados, todos los conocemos y en ellos depositamos nuestra confianza, tanto al diputado Huazo como a sus acompañantes.

Considero que el diputado Marco Rascón con su intervención ha dado parte de la claridad que aquí necesitábamos y rectificación de los hechos. Pero si aún hubiera un lastre que limpiar y que procurar poner a salvo, hago la proposición, compañeros diputados, que se turne el asunto a la Comisión de Régimen Reglamento y Prácticas Parlamentarias, para que de esta manera el pleno desahogue, ajustándose a derecho, ajustando y poniendo a salvo la honra de los compañeros diputados y aceptando la flexibilidad con que aquí ha expuesto la petición de aclaración de hechos el diputado Marco Rascón, todos prosigamos a seguir trabajando en el sentido de la reforma política que esta mañana hemos recuperado.

Por ello pido al señor Presidente que se turne este asunto a la Comisión de Régimen Reglamento y Prácticas Parlamentarias.

Muchas gracias.

El Presidente:

Han solicitado la palabra, sobre este mismo tema, para rectificación de hechos y hasta por cinco minutos, el diputado Javier González Garza y el diputado Víctor Quintana.

En tal virtud, tiene la palabra el diputado Javier González Garza.

El diputado Javier González Garza:

Muchas gracias.

Los problemas fundamentales difíciles están en los mecanismos y en las discusiones que nos damos en un ambiente en el que para muchos de nosotros el país como tal se encuentra en sumo peligro.

Las intervenciones, todas ellas, del diputado Marco Rascón a veces utilizando su propio prestigio para poder llamar la atención sobre la gravedad del país, siempre con enjundia y siempre con argumentos resulta que por muchas razones ha despertado odios, rencores e insultos y no sólo es el compañero Marco Rascón, sólo recuerdo algunos de ellos; recordemos la discusión que se dio cuando estábamos viendo la Ley del Seguro Social, hubo un coro, hubo un coro organizado y la pregunta es: si eso tenía instrucciones concretas de la coordinación del partido correspondiente, todos nos podemos acordar del coro, el coro era: "los cuernos de Rascón están en el salón", ese coro, ése, no sólo se escuchó aquí, sino además en los pasillos distintas diputadas y diputados hemos sido también agredidos, aquí ha habido señas obscenas, aquí ha habido de muchas cosas.

Me parece efectivamente que tenemos que seguir en un ambiente de respeto pero de respeto general, todos, los insultos o los errores no son de esa sesión, empiezan mucho antes, me parece y propongo que hagamos el esfuerzo de centrarnos en la discusión de los argumentos que cada quien tiene, efectivamente tendríamos que llamarnos al respeto todos; de mi parte, yo entendí que en la última sesión el diputado Marco Rascón hizo específicamente una petición personal a los diputados y no sólo eso, sino en última instancia pidió una disculpa. De mi parte ofrezco no sólo una disculpa, sino que piensen los compañeros específicamente Aurelio Marín Huazo y el diputado Flores, en todo el ambiente que nosotros tenemos y en esos coros organizados, si quieren paramos todo, lo que no se vale es exigir que alguien pase a una disculpa sin que haya todas las disculpas o una disculpa de carácter general y un compromiso para tratarnos todos con respeto, para poder abordar los problemas esenciales que tenemos que abordar de aquí en adelante.

Muchísimas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Víctor Quintana.

El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra:

Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Hablemos de insultos. Este día entran en vigor aumentos a la gasolina, aumentos a la luz y un ridículo aumento de 12% al salario. Es un insulto al pueblo de México estar tratando aquí esas ofensas personales cuando hay asuntos tan importantes como el deterioro del nivel de vida que pasan de lado.

Hablemos de insultos, compañeros. El año pasado el pueblo de México clamaba porque no se aumentara el IVA y se desoyó al pueblo de México y se pasó sobre su voz y se aumento el IVA; eso es un insulto compañeros. Hablemos de insultos. El 28 de noviembre, la minoría haciendo uso de su derecho constitucional, arrancó la comisión investigadora de la Conasupo a la mayoría y la mayoría mayoriteó la comisión y en las reuniones de la comisión la mayoría impidió que se formaran grupos de trabajo. Eso es un insulto, compañeros.

Es un insulto tener un Legislativo genuflexo ante el Ejecutivo. Es un insulto legislar a las espaldas del pueblo. Es un insulto acallar las voces dentro de la mayoría y lo digo porque hay muchas voces en los corredores que me dicen ¡yo estaría de acuerdo contigo pero no me dejan expresarme, no me dejan firmar!, eso es un insulto compañeros. El insulto institucionalizado que hay en esta Cámara, en la violencia que se ejerce para tener un Legislativo dócil. El insulto a la razón del pueblo de México es que aquí se discuta y se esclarezcan las cosas y, sin embargo; la mayoría imponga la sin razón.

El insulto compañeras y compañeros es que el pueblo de México en este momento esté clamando por justicia y rechazando un modelo económico que lo ha empobrecido cada vez más y más y sin embargo con actos legislativos la mayoría lo sigue imponiendo. Hablemos de estos insultos y no de esos pequeños insultos que por cierto siempre que pasa el compañero Marcos Rascón quien comienza el insulto compañeros, es la mayoría.

Compañeras y compañeros, saquemos el insulto, desterrémoslo de esta Cámara, expulsémoslo, pero únicamente eso lo podremos hacer si nos dignificamos como Poder Legislativo, si nos fortalecemos, si nos portamos como un poder independiente, si nos plantamos ante el Ejecutivo, si respondemos a las demandas del pueblo de México.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra para rectificación de hechos y hasta por cinco minutos, el diputado Eugenio Ortiz Walls.

El diputado Gaspar Eugenio Ortiz Walls:

Señor Presidente; honorable Asamblea:

Aparentemente sin importancia, como si fuera una disputa personal o de grupo, se ha plnateado algo que a mi me parece un problema de conciencia y de reflexión porque si no nos damos cuenta de nuestro origen, menos podemos darnos cuenta hacia dónde vamos; si no sabemos que cada uno de los diputados de todos los partidos aquí se debe al pueblo, a los votos, al voto expresado en los comicios, de acuerdo con nuestras leyes. Si nosotros mismos pensamos que nuestra representación es personal o de grupo y no antes que todo el interés nacional y del pueblo es ella, en lo prioritario iremos cayendo y cayendo en estos baches.

Esto para mí se me hace un bache en el trabajo de esta Cámara, bache por confundir, confundir con un poquito de soberbia y no se trata ni siquiera por la semana en que estamos de hacer un mea culpa general, sino de no entender que no estamos aquí ni siquiera por la ideología, ni siquiera por nuestra camiseta, sino fundamentalmente por el voto del pueblo, por la voluntad del ciudadano que es el protagonista de la historia y el protagonista de la democracia.

Y si olvidamos este origen, es de temerse que olvidemos también nuestra responsabilidad con el mandante.

Yo estoy de acuerdo que esta tribuna y en esta tribuna no solamente se han expresado frases injuriosas, todos sabemos que ha ocurrido siempre. En esta tribuna también ha corrido sangre de un paisano mío, cuando protestó, protestó por las violaciones electorales, por los fraudes electorales y hago un recuerdo de Jorge Meixueiro.

Quiero decirles que es muy importante que cada uno de nosotros haga una reflexión, la reflexión frente al pueblo de nuestra responsabilidad, aún frente a los mexicanos que votaron por nuestros partidos y por nuestros programas y por nuestros candidatos, cuando éramos candidatos. Pensaba, yo creo el pueblo que es una pluralidad, que es un mosaico de opiniones en este México que qué bueno que es así, que qué bueno que está encaminándose y se sale de esa cosa única en que se había convertido el país.

Somos una sociedad plural y somos una Cámara plural y nos debemos también a los ciudadanos que votaron por nuestros partidos. Si no respetamos al pueblo, menos nos vamos a respetar entre nosotros. Lo importante de esta Cámara como representantes del pueblo, es ciertamente que respetar al mandante, porque nosotros no debemos ser más que mandatarios del pueblo.

Nuestro futuro será en la medida en que recobremos esta dignidad, la dignidad personal y la dignidad como cuerpo colegiado.

Yo hago un llamado a todos, incluyéndome a mí mismo, porque el juez por su casa debe empezar; hago un llamado para que este periodo de sesiones y los subsiguientes, respetemos no el recinto, los edificios pueden ser muy grandiosos y lo importante es el contenido, respetarnos como seres humanos, como mexicanos que somos todos y respetar al pueblo que nos trajo aquí.

Muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos tiene la palabra el diputado Miguel Angel García García.

El diputado Miguel Angel García García:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Creo que el aspecto que está hoy a discusión es muy sencillo y hay que hacer una diferenciación muy clara. Estamos aquí partiendo de una postura personal de un insulto a dos compañeros de la fracción de mi partido.

No es lo mismo, compañeras y compañeros diputados, lo que se diga desde esta alta tribuna de la nación y lo que de manera espontánea surja en los pasillos y en los grupos de las diferentes fracciones parlamentarias. No es lo mismo que estas acusaciones queden inscritas en el Diario de los Debates, por eso es que insistimos en que el diputado Marco Rascón retire esas acusaciones y nos sumamos también a la propuesta que hizo aquí el diputado Tenorio Adame, de que esto se turne a la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias para que ahí se analice.

Creo que el centro del debate, finalmente y el reto que tenemos en esta LVI Legislatura, es pasar de una vez por todas del parlamentarismo verbal a un parlamentarismo documental de alto nivel en la discusión técnica y política, como el que se viene dando en las diversas comisiones que componen esta legislatura.

Yo creo que...

El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul):

Señor Presidente, quisiera hacer una interpelación al orador.

El diputado Miguel Angel García García:

No la acepto, señor Presidente.

El Presidente:

No acepta la interpelación, diputado.

El diputado Miguel Angel García García:

Yo creo que no se trata de orientar o desorientar un debate, únicamente se trata de pedir una precisión en torno a lo que hizo surgir este debate. Nadie está aquí discutiendo la libertad que tiene cada una de las fracciones, y los diputados en lo particular para participar en esta tribuna y asimismo para hacer de manera conjunta algunas expresiones que además el diputado Rascón ha provocado.

Si de lo que se trata es de elevar el nivel del debate parlamentario, honestamente yo no creo que empiece con colocar una canasta de huevos encima de esta tribuna o mucho menos de poner una figura como la que se trajo el día de la discusión de la Ley del Seguro Social o ponerse alguna máscara.

Creo, con todo respeto, que lo que estamos pidiendo los diputados de la fracción priísta es que este trámite pase a la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias y que verdaderamente nos centremos en el debate de fondo, que no debe ser cuestionado por un mero insulto personal, que es el debate de la gran reforma política que estamos discutiendo todos los partidos políticos y de la cual los mexicanos esperan mucho.

Ese es el fondo del debate. No permitamos que esa propuesta de reforma política del Estado se vea cuestionada por alguna posición, por algún exceso de carácter personal. Es lo único que estamos pidiendo los diputados del partido. Lo otro, es el debate de fondo en el que seguimos estando interesados los diputados de mi fracción.

Muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos el diputado Leonel Godoy.

El diputado Leonel Godoy Rangel:

Muchas gracias; es brevísimo:

El diputado Marco Rascón, compañeras y compañeros, en la sesión anterior ofreció las disculpas del caso. La pregunta que yo le iba a ha cer al diputado que me antecedió en el uso de la palabra era para que se le leyera el artículo 107 en la parte relativa a lo que se está tratando, en virtud de que a mi juicio están claramente satisfechos los presupuestos establecidos en este artículo.

El artículo en cuestión, el 107 dice: "el Presidente instará al ofensor a que las retire o satisfaga al ofendido". O sea, hay dos opciones: una es de que retire el supuesto ofensor lo que dijo aquí en tribuna y otra que satisfaga con su dicho, que fue lo que hizo a mi juicio en la sesión anterior el diputado Rascón y para mí el caso ya está concluido, compañeras y compañeros, simplemente que ocurrió que en la sesión pasada la Presidencia le dio un turno que no correspondía.

Lo que debió haberse hecho en esa ocasión por la Presidencia es decir que en los términos del artículo 107 el diputado Marco Rascón ya había actuado en consecuencia y dar por cerrado este asunto, sin embargo, si se considera que no está cumplido el requisito establecido en el artículo 107, que yo insisto, tiene dos hipótesis distintas, entonces que se turne a la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias, aunque yo sigo sosteniendo que con la disculpa que presentó el diputado Marco Rascón en la sesión pasada se cumple en exceso lo dispuesto en este artículo.

Muchas gracias.

El Presidente:

En los términos del artículo 107 de nuestro Reglamento Interno, se pregunta al diputado Rascón si está de acuerdo en que se retiren las palabras que sienten que es una ofensa los diputados que fueron aludidos.

La pregunta es si se retiran o no se retiran las expresiones.

El diputado Leonel Godoy Rangel:

Señor Presidente, hay dos hipótesis en el artículo 107: una es que él retire, que utilice el verbo retirar, y otra es que satisfaga con su intervención la supuesta ofensa al diputado ofendido. Entonces aquí habría dos posibilidades, una preguntarle al diputado supuestamente ofendido...

El Presidente:

Es lo que estoy diciendo, diputado, si me permite preguntar exclusivamente, es una de las hipótesis. Déjeme preguntarle, permítame preguntarle al diputado Rascón si se retiran o no las expresiones, es exclusivamente eso.

El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame (desde su curul):

Pido una moción de orden.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Tenorio.

El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame (desde su curul):

Señor Presidente, cuando hay dudas de interpretación del reglamento corresponde a la mesa directiva, a usted, interpretar el reglamento, por tanto es usted el que tiene que decidir en función de las hipótesis aquí presentadas. Usted está obligado, por reglamento, a interpretarlo y no eluda sus responsabilidades.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Jesús Ortega.

El diputado José Jesús Ortega Martínez:

Señor Presidente, el diputado del PRI que tomó hace unos momentos la palabra, solicitó un trámite.

Ya el diputado Godoy estableció que el grupo parlamentario del PRD está a favor de esa propuesta de trámite que hizo el diputado del PRI. Esto es que pase a la Comisión de Régimen Interno, pero además ya fue satisfecho por el diputado Rascón lo que establece el artículo 107. Lo que no vamos a hacer es que habiendo estado satisfecho en la sesión pasada el reclamo de algunos diputados del PRI, hoy se insista sin razón en que se haga nuevamente, cuando ya se hizo en la sesión anterior.

Entonces lo que le pido es que si todavía hay interpretaciones diversas a las que nosotros hacemos, de que ya fue satisfecha la exigencia de los diputados priístas, entonces que pase a la comisión respectiva tal y como lo propuso el diputado del PRI.

El Presidente:

Haciendo eco de la solicitud de las fracciones parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática, se turna este asunto a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (II)

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra para referirse al entrenamiento militar conjunto de México y Estados Unidos, el diputado Luis Sánchez Aguilar.

El diputado Luis Sánchez Aguilar:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Antes de entrar en materia, esta fracción Social Demócrata considera su deber moral solidarizarse públicamente con el diputado de la fracción del Partido de la Revolución Democrática, Marco Rascón.

A él se le ha ofendido permanentemente en esta tribuna, se le ataca por defender sus principios y por cuestionar al régimen. Entendemos bien la posición del compañero Rascón. A nosotros también, pero no es queja, a la fracción Social Demócrata se le ha atacado sistemáticamente por órdenes de la burbuja, se le ha gritado "cállenlo", "bájenlo", cuando cuestionamos el presidencialismo, la antidemocracia y el entreguismo del régimen zedillista al imperialismo norteamericano.

Torquemadas del lenguaje, bajo órdenes también de la burbuja, gritan y exigen a los oradores que cuestionan al priísmo que retiren sus injurias y sus insultos, cuando en la mayoría de las veces son palabras castizas y sustantivos.

Recuerdo aquí a algún torquemada priísta que vino a reclamarnos por haber dicho "infames" a aquellos priístas que aprobaron el IVA. Término castizo y que define claramente la vileza de aquellos que lo impulsaron.

Ha habido también por parte de la fracción de la derecha, que hoy se reclama de profundo centro, gente que ha venido a esta tribuna a querer bajar a golpes al de la voz por osar cuestionar a su dirigencia.

Por todo ello nos solidarizamos con Rascón Córdova y no podemos dejar de hacer una última y rápida reflexión: esos diputados priístas que se rasgan las vestiduras por ofensas, no han sido solidarios con las denuncias que la diputada Botey, el diputado Quintero y de un servidor, hemos hecho, porque el fuero de los diputados, independientemente de su orientación ideológica ha sido pisoteado por el sátrapa Oscar Espinosa Villarreal, cuando, para dialogar con nosotros con relación al conflicto Ruta-100, cierra las puertas de la regencia y nos ataca con 300 ganaderos.

Los priístas no entienden que eso es una ofensa a todos, y la dirigencia de la Cámara no toma en cuenta que el artículo 61 de la Constitución, con relación al 8o. de la misma Carta Magna, obliga a los líderes de esta representación nacional a preservar el fuero de los legisladores.

Estamos con Marco Rascón y con aquellos que en el Partido de la Revolución Democrática han subido con valor civil a esta tribuna a defenderlo.

Compañeras y compañeros: Eduardo Galeano, el gran escritor uruguayo, una vez perseguido y una vez de regreso del exilio, en su país fue cuestionado por múltiples intelectuales. ¿Por qué no dijo a tiempo? ¿Por qué los luchadores por la democracia uruguaya no se expresaron oportunamente ante la ofensiva fascista que era evidente? ¿Quién es Eduardo Galeano?

Es el autor de "Las venas abiertas de América latina", esa magistral crónica de los saqueos que ha sufrido el subcontinente, el subcontinente de las venas abiertas por la voracidad del imperialismo norteamericano. Es el autor de las "Memorias del fuego", una obra maestra para entender a la América latina, desde el punto de vista de los débiles, de los oprimidos, de los olvidados.

Es célebre una respuesta que Galeano dio a sus cuestionadores. Que por lo que a él respectaba, él no había callado, habló oportunamente, aunque la prensa vendida no haya divulgado sus puntos de vista. Y recordó que muchos otros uruguayos lo hicieron con entereza, con valor civil, como lo ha venido haciendo el diputado Rascón en esta tribuna, desde el inicio de esta legislatura.

No pretendemos ninguna comparación, pero sí señalamos que son importantes las denuncias a tiempo. Y hoy venimos aquí a denunciar el engaño con que el Gobierno zedillista pretende encubrir al pueblo de México el inicio de las maniobras militares conjuntas con el gobierno norteamericano.

Lo negaron hace tres semanas, dijeron que no había tal. Hoy, con una técnica sutil, anuncian que sólo 15 militares mexicanos van a ser entrenados en los Estados Unidos y sólo para cuestiones de narcotráfico. Y además se relaciona la declaración con actividades eminentemente policiacas, subrayo: de policía.

No es éste el momento para traer a nueva cuenta el debate sobre el artículo 129 constitucional, que señala que el Ejército en tiempos de paz sólo puede dedicarse a actividades propias de la disciplina castrense, pero veamos el engaño.

Desde Washington se nos informa por las agencias, que por primera vez en la historia de la relación bilateral, Estados Unidos capacitará a oficiales militares mexicanos, en técnicas de apoyo a los esfuerzos antidroga, esto anunció el Pentágono.

El objetivo es "mejorar las habilidades que requieren los militares mexicanos para poder apoyar la aplicación de la ley en México al llevar a cabo sus responsabilidades antinarcóticos". Esto declaró Brian Sheridan, subsecretario de la Defensa. Ya antes había venido a México William Perry a abonar el camino y también tiempo atrás el señor Warren Christopher a dar instrucciones.

Sheridan añadió, que a partir de este lunes 15 oficiales militares mexicanos iniciarán un curso de capacitación de 12 semanas en Estados Unidos. Cuando aquí dice que el objetivo es para poder apoyar, la primera pregunta que surge es: ¿qué nuestros militares no pueden? ¿Qué son impotentes? ¿Qué son irresponsables?

Dice Sheridan, y dijo después por instrucciones del norte la Secretaría de Relaciones Exteriores, cita textual: "Estos acuerdos de ninguna manera implicarán la realización de ejercicios militares ni operaciones conjuntas y se efectuarán en un marco de estricto respeto a la soberanía nacional y a la jurisdicción territorial de cada país".

Yo me pregunto, compañeras y compañeros diputados, ¿cómo puede sostenerse esta afirmación de que no hay una actividad conjunta, cuando conjuntamente se van a reunir mexicanos y norteamericanos para estudiar a la par, simultáneamente, al mismo tiempo, técnicas de contrainsurgencia, porque a eso va este proyecto; antes era combatir el comunismo; hoy, el narcotráfico.

Porque ellos mismos no nos dan la pista, no nos dicen que van a ir a estudiar a una academia comercial de Falfurrias, Texas, no, nos avisan que van a ir a estudiar al fuerte Bragg, en Carolina, al fuerte Benning.

Sheridan dice que el entrenamiento antidrogas será el mismo que se ofrece en otros países, especialmente en el sudeste asiático o sea que nos tratan, sin ánimo de ofender a ningún Estado nacional, como a Bangladesh y nos dice, subrayo, que en las declaraciones del Departamento de la Defensa y del Pentágono, tres veces se dice que son tareas finalmente policiacas.

Nosotros quisiéramos llamar su atención a la crónica policial, que parece ser amarillista, pero quiero volver a citar a Eduardo Galeano. El dijo recientemente, tengo a la vista una revista de enero de este año que él cree que la crónica policial es donde mejor se reflejan las contradicciones más importantes del sistema de poder del mundo de fin de siglo; se reflejan en la crónica policial mucho más que en la crónica sindical o política o en las páginas de economía, porque es ahí por donde estallan las posturas del sistema.

Ahora el sistema está muy bien "atadito" pero las posturas le estallan todo el tiempo. ¿Por dónde?, él habla desde luego genéricamente, no se refiere a ningún país en su especificidad; pero nosotros tenemos reciente el ejemplo de los crímenes de partido y de Estado, por el lado del delito, como es lógico que ocurra. En América latina tenemos un sistema de poder que invita a todos al gran banquete de la sociedad de consumo y que al mismo tiempo cierra las puertas en las narices de la mayoría de la gente.

Es una contradicción sin salida, porque por un lado, el sistema necesita extender sin cesar los mercados de consumo para que no le decaigan las tasas de ganancia. El viejo Marx, dice Galeano, se equivocó en muchas cosas, pero en ésa no y por otro lado resulta que en países donde hay una inmensa legión de jóvenes condenados a la desocupación o a trabajar por salarios de hambre, esa invitación al consumo se convierte en una invitación al delito. Hasta aquí Galeano.

Que nos venga pues, a decir Sheridan que no nos preocupemos, que éstos son unos vulgares ejercicios policiacos, no es para tranquilizar a nadie. Habría que ver a dónde van a estudiar los militares. Van a esas escuelas cuyo modelo ha sido la de las América de Fort Gulick con sede en el US Southern Command, como dicen los americanos en el canal de Panamá. A esta escuela los luchadores de izquierda de América latina, le han llamado "escuela de asesinos, porque de ahí han emergido, salvo excepciones honrosas, múltiples dictadores genocidas del cono sur.

Van a ir a estudiar a Fort Bragg, Carolina del Norte, a Fort Leavenworth, a Fort Benning, a Fort Campbell, ¿qué se estudia?, se estudian los lineamientos establecidos desde los años sesenta, por los McNamaras, los Rostows interpretando las tesis del presidente John F. Kennedy, sí, aquel famoso demócrata y liberal, pero que no tenía empacho en sostener que a los movimientos de liberación nacional y a sus instrumentos: las guerrillas, había que enfrentarlas en el propio terreno.

De ahí el entrenamiento militar en bases norteamericanas. ¿Cuál es el alcance? que la doctrina de seguridad nacional se implemente como un deber de intervención del gobierno norteamericano y de sus agencias por doquier en América latina.

Por todo lo anterior esta fracción Social Demócrata denuncia la conducta no sólo ambigua sino traicionera del régimen, que encubre una operación conjunta como un simple viaje de verano a escuelas norteamericanas para estudiar inglés.

Se trata de una intervención; se trata de una claudicación muy grave por parte del instituto armado, que implica falta de respeto a nuestra soberanía y vulnera la jurisdicción territorial de nuestro país.

Muchas gracias, compañeros diputados.

El Presidente:

Tiene la palabra sobre este mismo tema el diputado Luis Garfias Magaña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Luis Garfias Magaña:

Señor Presidente; señoras y señores diputados:

Comenzaré aclarando un concepto a mi amigo el diputado Sánchez Aguilar.

Cuando se habla, y se ha hablado muchas veces, de las maniobras militares conjuntas, no hay tal; definitivamente no hay tal; la expresión es impropia.

Una operación militar conjunta es cuando la llevan a cabo servicios armados o armas diferentes: por ejemplo, una operación conjunta entre el ejército de tierra y la marina, es una operación conjunta. Una operación conjunta puede ser una maniobra o maniobras entre el ejército de tierra, mar y aire, del mismo país. Lo que aquí se habla son operaciones combinadas, cuando son operaciones llevadas a cabo por uno, por dos o más países. Dos o más países, operaciones combinadas.

Nada más para recalcar lo de operaciones militares conjuntas, quiero recordar a ustedes que el nombre oficial de la jefatura de operaciones conjuntas norteamericanas se llama: Joint Military Staff o sea que es un estado mayor conjunto, porque es el mismo país que agrupa ejército, marina, aviación y como un apéndice que tiene voz pero no voto, a la infantería de marina.

Una vez aclarado que se debe decir: "operaciones combinadas", diré a ustedes que el entrenamiento militar de México en Estados Unidos, no es nuevo, es mucho muy antiguo.

Yo recuerdo que uno de los primeros militares que estuvieron en la escuela de estado mayor de Forth Leavenworth, fue un capitán llamado Víctor Monter, en el siglo pasado, muy antigua. Después obviamente, esto terminó con la Revolución y se volvió a reiniciar ya con el Ejército actual en los años cuarenta.

Siempre se han enviado oficiales o se han recibido, es un intercambio, obviamente quienes más van a Estados Unidos, pues son mexicanos. Pero también han venido oficiales norteamericanos a la Escuela Médico Militar, a la Escuela de Estado Mayor, en fin y lo mismo se hace con profesores, tenemos un programa de intercambio de profesores que van a West Point y unos vienen aquí a la Escuela Superior de Guerra o a alguna otra dependencia. No es nuevo.

El enviar oficiales al extranjero a estudiar, repito, yo soy un caso de ésos; yo estudié en cuatro fuertes militares:

En el fuerte Sill, artillería de campaña; en el fuerte Blis defensa aérea, en el fuerte Leavenwor estado mayor y en el fuerte Locks un curso pequeño de mantenimiento y no creo que nadie me haya lavado el cerebro todavía.

Antes se enviaban a Estados Unidos y a Panamá. En Panamá, como ustedes recuerdan, que se está ya extinguiendo el comando sur del ejército norteamericano. Ahí estuvo durante muchos años la Escuela de las Américas y ahí estudiaron oficiales de todo el continente americano. Efectivamente, han estudiado algunos generales que después fueron famosos en sus países por otras razones y por eso se le ha llamado así. Hoy esa escuela se ha movido y se encuentra en Fort Demi.

El hecho, señoras y señores diputados, que hoy vayan a Estados Unidos 15 oficiales a estudiar algunas cosas relacionadas con actividades de policía, que es policía a veces militar, donde se estudian estas cosas, actividades de contrainsurgencia u otro, no es ninguna novedad. Ya han ido grupos de 15 ó 20 ó más oficiales en otras épocas a estudiar este tipo de actividades, son de los grados de teniente a capitanes. Van a Fort Bragg.

Fort Brag es la escuela para cursos especiales que fue durante mucho tiempo el cuartel general de la 82 División de infantería aerotransportada y de los famosos "boinas verdes". Van a Fort Benning porque sin duda alguna ahí se trasplantó la Escuela de las Américas y se habla español. Estos oficiales sin duda alguna, hablan español, no hablan inglés, y van a recibir su instrucción en español, en Fort Benning por 12 semanas.

Realmente no es ninguna novedad, es un programa que se implementa año con año desde hace muchos años. ¿Qué pasa? Pues que ahora está de moda, entre otras cosas, las fuerzas armadas y en particular el Ejército mexicano y por eso llama la atención. Pero no es ninguna novedad, es una cosa totalmente normal. ¿Por qué en Estados Unidos? Porque es el país más cerca, porque la doctrina militar norteamericana está probada en el mundo entero su eficacia, no podemos dejar de reconocer que actualmente el ejército norteamericano es el primer ejército del mundo.

Ellos tienen una enorme cantidad de medios que ponen a disposición de los estudiantes extranjeros para satisfacer una serie de inquietudes que tenemos. Cuando venimos para acá, poner en práctica esas enseñanzas.

México, señoras y señores, nunca perteneció a lo que se llamó el Programa de Ayuda Militar, ¡nunca! Era un programa que tardó muchos años en los cuales existieron una serie de situaciones por las cuales los oficiales, mexicanos, digo, oficiales extranjeros iban a Estados Unidos. México nunca perteneció al MAP. Nosotros siempre nos manejamos en forma independiente enviando oficiales en forma como el Gobierno mexicano mejor lo creyó oportuno.

El MAP prácticamente dejó de existir ya, pero nunca México ha pertenecido a ese tipo de alianzas o de programas colectivos. Este es un acuerdo bilateral que llevan a cabo las autoridades norteamericanas militares, con las autoridades militares mexicanas y es un acuerdo bilateral que repito, ha existido desde hace mucho tiempo.

También yo he leído el libro de Galeano de: Las Venas Abiertas de América Latina. También recuerdo la situación de los países del cono sur de América latina o de la parte de América del Sur. Situaciones muy diferentes por fortuna, muy diferentes a las que ha vivido nuestro país. Hoy nuestro país tiene otro tipo de problemas, el del narcotráfico, que no es ni con mucho similar o parecido a los que tuvieron que sufrir algunos países de Sudamérica en donde sí se enviaron algunos oficiales con misiones muy específicas. Yo recuerdo que en Uruguay, que se envió no a un oficial del ejército, pero sí a uno de la policía, a don Mitriole, que después fue capturado o secuestrado por los tupamaros.

Entonces, señoras y señores, el Ejército mexicano en ningún momento se está subordinando a actividades del gobierno norteamericano. En ningún momento.

Vamos allá ¿por qué? Pues vamos a estudiar.

¿Para qué? Para después poner aquí en práctica lo que ahí se aprende. En este momento ¿cuál es el principal problema?: el narcotráfico y creemos que ese grupo de oficiales que va allá, que deben de estar sin duda alguna bien seleccionados, son gente profesional, cumplida y correcta, que vendrá a enseñar a los soldados mexicanos lo que han aprendido y a adecuar lo que allá se estudia y se aprende, a las necesidades de nuestro país.

Nada más. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra y hasta por cinco minutos el diputado Cuauhtémoc Sandoval, para rectificación de hechos.

El diputado Luis Sánchez Aguilar (desde su curul):

¡Señor Presidente:

El Presidente:

Dígame.

El diputado Luis Sánchez Aguilar (desde su curul):

¡Para alusiones personales!

El Presidente:

Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar.

El diputado Luis Sánchez Aguilar:

Con su venia, señor Presidente; compañeros diputados:

Creo mi deber, alertar a los diputados civiles de esta Cámara. El señor general Garfias, antes de venir a esta tribuna alcanzó a decirme en el pasillo: "¡Te voy a derrotar!" Ni que fuera guerra, mi general; éste es un debate parlamentario.

El viene a decir aquí que no se trata de operaciones conjuntas, él las define como combinadas. Vamos a concluir entonces que son operaciones combinadas en donde conjuntamente, militares mexicanos y militares norteamericanos, en rigor gramatical y de sentido común, se van a reunir en esas escuelas, que el mismo general ha mencionado.

El dice que van a estudiar allá, cita textual para "poner en práctica lo que ahí se aprende" y veamos, compañeros diputados, qué es lo que ahí se aprende. Este es el manual de las escuelas de seguridad nacional.

"Objetivos y contenido del entrenamiento político-militar.- Fort Bragg, Fort Benning.

1o. Departamento de Comando y de Estado Mayor. Administración del personal. Administración de logística. Administración militar. Cito sólo algunos rubros porque es muy largo.

"2o. Departamento de operaciones de combate". Me salto algunas.

"Operaciones de contrainsurgencia". ¡No me la puedo saltar!

"Operaciones en la jungla". ¡Cómo me la voy a saltar, si el subcomandante Marcos está en las montañas del sureste mexicano, en la jungla.

"Departamento de operaciones de apoyo". ¡No me los puedo saltar! "El primer curso: inteligencia y contrainteligencia.

Control de desórdenes civiles.

Operaciones de contrainsurgencia urbana. ¡No lo puedo soslayar, cuando aquí Ruta-100 tiene en jaque al regente.

"Departamento de operaciones técnicas. Mecánica de parque rodado, reparación de armamento" Hoy todo esto se adereza con un supuesto o real combate al narcotráfico, pero en las escuelas se está enseñando esto, camaradas. Yo les ruego creer que no lo acabo de imprimir en mi imprenta portátil. Esta es una publicación oficial de esas escuelas.

Dice mi general Garfias y nos hace el favor de citar otra de estas escuelas que se dedican al "lavado de cerebro". El mencionó el término, no yo; para que no se nos acuse de provocadores.

Yo conozco al general Garfias y sostengo que él es un patriota, debo decirlo. No tengo la menor duda respecto de su integridad. ¡Y qué bueno que él, siéndolo, se reconozca como una persona que habiendo ido a aquellas escuelas resultó inmune! ¡Porque él también reconoció que otros militares, en particular los del cono sur, sí sufrieron el adoctrinamiento y llegaron a sus países a practicar la doctrina de la seguridad nacional, el terrorismo de Estado y a aplicar técnicas genocidas.

Reconocido está, pues, que las escuelas existen, que la doctrina se imparte, que hay alumnos aventajados: los Pinochet Ugarte, los Galtieri, los Videla y otros que aplican a fondo la tecnología.

Pero eso no cambia, mi general, el resultado, porque a fin de cuentas lo único que usted vino a hacer explícito aquí, es que usted es una honrosa excepción que confirma la regla y nos da la razón.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra sobre el mismo tema, el diputado Cuauhtémoc Sandoval, para rectificación de hechos y hasta por cinco minutos.

El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez:

Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros:

En los últimos días, en la prensa del fin de semana, del día de hoy, aparecen varias noticias relacionadas con la cooperación de los ejércitos mexicano y norteamericano en un conjunto de temas, sobre todo en el combate al narcotráfico.

Con fecha 22 de marzo presenté aquí un punto de acuerdo firmado por los diputados de los cuatro grupos parlamentarios, donde solicitábamos al Ejecutivo Federal se diera información sobre los acuerdos militares que hay entre los dos gobiernos. Cité al destacado jurista Carpizo, en su libro éste El Presidencialismo Mexicano, donde dice que un Congreso que sabe únicamente lo que el Ejecutivo quiere que conozca, no es un órgano independiente.

Se aprobó el punto de acuerdo, yo no sé exactamente en qué punto va, si se hizo o no la solicitud al Ejecutivo Federal, pero es evidente que los acontecimientos nos han desbordado, hay información de distinto tipo, pero sobre todo, y esto es lo preocupante, información que sólo proviene de agencias norteamericanas, de los corresponsales mexicanos acreditados en Washington, sobre la base de información proporcionada por el departamento de Estado y la Secretaría de la Defensa de los Estados Unidos.

Me parece que estamos en una situación de desventaja que debiéramos tratar de solucionar sobre la base de que pidiéramos una información exhaustiva al alto mando del Ejército mexicano, para que nos informe de este caso.

Esto está ligado, compañeras y compañeros, con la discusión que hoy hay a nivel nacional sobre el papel del Ejército en la etapa actual, sobre las distintas propuestas que hay de modificar el artículo 129 constitucional, que claramente especifica ahora, en su redacción actual, de que las tareas del Ejército mexicano en tiempos de paz sólo deben estar ligadas estrictamente a las tareas relacionadas con la disciplina militar.

Es claro que hay otra parte del 129 que viene desde el Constituyente de 1857, en donde se habla de castillos, fortalezas etcétera, cuestiones que ya están abordadas. El general Garfias ha manifestado que presentará una propuesta de modificación del 129. En la sesión pasada el PAN ya presentó una propuesta en concreto. Quiero decir de antemano que nosotros no compartimos esta propuesta de que ahora el Ejército se incorpore a la lucha contra el narcotráfico y a la delincuencia organizada. Hemos manifestado, el PRD ha manifestado claramente su propuesta de que se mantengan las tres primeras líneas del 129 constitucional, tal y cual están redactadas.

Por lo tanto y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso de la Unión, nos permitimos presentar el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. La LVI Legislatura de la Cámara de Diputados acuerda solicitar al alto mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, que comparezcan ante la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, a fin de que se informe sobre la cooperación militar entre los ejércitos de México y de Estados Unidos.

Palacio Legislativo, abril 1o.- Firman los diputados: Jesús Ortega Martínez, Tonatiuh Bravo Padilla y Cuauhtémoc Sandoval Ramírez.

Pido, señor Presidente, que se le dé el trámite respectivo y entrego a la Secretaría por escrito el punto de acuerdo.

El Presidente:

Se turna a la Comisión de Defensa Nacional.

El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (desde su curul):

Señor Presidente, solicité por el 59 también, que se diera el trámite como de obvia y urgente resolución.

El Presidente:

Señor diputado, si se vota, de todos si se vota favorable se va a turnar a la Comisión de Defensa Nacional, como usted lo ha propuesto. Para obviar ese trámite hemos aplicado el 58 turnándolo directamente. ¿Está usted de acuerdo?.. Muy bien.

LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Alejandro Rojas Díaz-Durán, sobre el caso Luis Donaldo Colosio Murrieta.

El diputado Alejandro Rojas Díaz-Durán:

Con su venia, señor Presidente:

He pedido el uso de la palabra primero, para hacer algunos comentarios personales respecto a unas declaraciones del señor José Córdoba Montoya y también para leer un punto de acuerdo posterior a mi intervención.

Dijo don Luis Colosio Fernández el 23 de marzo, en el segundo aniversario luctuoso del asesinato de Luis Donaldo Colosio, que José Córdoba Montoya tuvo mucho qué ver. Paradójicamente a los pocos días aparece un texto supuestamente apócrifo en el diario Reforma, que da la oportunidad al señor Córdoba de armar una entrevista muy importante a mi juicio, sobre el particular y a éso me quiero referir en la primera parte de mi intervención.

Dice Córdoba citando al periódico Reforma textualmente: "Que me cite la PGR". Continúa el texto.

Don Luis Colosio Fernández ha afirmado que usted tuvo algo que ver en el asesinato de su hijo Luis Donaldo Colosio, ¿ordenó usted el asesinato del candidato del PRI a la presidencia de la República?

Contesta Córdoba:

La pregunta ofende, la respuesta es un no absoluto. Respeto el dolor de Luis Colosio, comprendo su desesperación pero debo decir dos cosas: primero, que no engañen a don Luis, yo fui un amigo cercano de su hijo y estuve con él en los momentos más difíciles a lo largo de 1994. Alimentar la confusión no contribuye a esclarecer los hechos.

Segundo, estoy profundamente indignado y ofendido, con todo el respeto que me merece su persona y su figura, debo rogarle que aclare estas palabras. Es igualmente injusto no castigar a los culpables que acusar sin fundamento, espero que don Luis también entienda mi postura.

Continúa el entrevistador:

-¿Tuvo usted algún otro papel directa o indirectamente relacionado con la muerte de don Luis Donaldo Colosio?

-No, ninguno en lo absoluto, responde Córdoba ¿Qué ha dicho el senador Ling del PAN?

-Ha dicho que "Othón Cortés hablaba a los Pinos, probablemente con mi hijo". El senador miente, yo jamás he hablado con ese señor.

El senador Del Río, del PRD ha dicho que en la mañana del 23 de marzo yo le pedí telefónicamente la renuncia a Luis Donaldo Colosio. El senador miente, la última vez que hablé con Colosio fue el 15 de marzo. El diputado Rojas del PRI ha dicho que yo soy el autor intelectual porque Camacho pactó la transición democrática con Colosio en una cena. Da tristeza que ese señor sea diputado. Si esos tres señores mantienen aprecio por el valor de su propia palabra, los invito respetuosamente a que acudan ante la autoridad, denuncien los hechos y aporten pruebas.

Termino la cita textual de la entrevista del periódico Reforma.

Hoy en la mañana y con la autorización del senador Alfredo Ling Altamirano, del PAN y la del senador Guillermo del Río Ortegón, del PRD, hemos estado promoviendo un punto de acuerdo que presentaré al término de mi exposición personal.

Por un lado me parece trascendente esa entrevista porque tal parece que el señor José Córdoba Montoya ha tendido una estrategia para que lo exonere la Procuraduría General de la República por medio de la presión política que él quiere hacer para que se le cite cuando él quiera a la Procuraduría porque sabe, sabe él y el señor Carlos Salinas de Gortari, que difícilmente en este momento se podrían integrar elementos que para millones de mexicanos presuntamente son los responsables de dicho homicidio.

Por lo tanto esa estrategia trata de confundir a la opinión pública y también ratificar que él y Salinas no tienen nada qué ver en el homicidio. Yo en lo personal ratifico mi convicción que es la convicción de millones de mexicanos que sí tienen que ver en la autoría intelectual del asesinato de Colosio, pero eso lo va a deslindar precisamente la propia Procuraduría General de la República y a mí me parece muy extraño que en los últimos meses, sobre todo en las últimas semanas se haya articulado una estrategia primero para desacreditar a la propia Procuraduría General de la República; segundo, una estrategia para la presión de que de una vez por todas se diga si tienen algo que ver estos dos señores.

Ambas situaciones son convergentes para un solo punto. Se quiere sacar por presión una exoneración anticipada del señor José Córdoba Montoya y obviamente del señor Carlos Salinas, por lo tanto yo creo que este testimonio es muy valioso no solamente para la Procuraduría en su momento como muy bien la propia Procuraduría emitió el comunicado de que será citado a comparecer cuando sea oportuno y cuando lo considere conveniente la Procuraduría y no cuando él lo exija.

Aquí el problema de fondo a mi juicio es que estamos pasando por un momento muy delicado en el país y obviamente por esta sola razón, mientras no se esclarezca el homicidio de Luis Donaldo Colosio, el país realmente seguirá dividido. No se trata de buscar agravios personales o de enfrentamientos a título individual con nadie, se trata de que se sepa la verdad y todo lo que dice este señor en una buena parte es mentira porque ahora resulta que el señor Córdoba Montoya no recibía a los secretarios de despacho y no acordaba con ellos cuando los mismos ex secretarios de despacho en su gran mayoría lo recordaban como el que primero tenían que pasar por él y saliendo con el presidente Salinas tenían que regresar con él.

No pocas veces, por citar un ejemplo, se desvirtúa la cancillería mexicana a partir de la oficina del señor Córdoba Montoya, en no pocas ocasiones y no en pocas ocasiones el señor Córdoba Montoya efectivamente dio instrucciones personalmente a muchos secretarios de despacho, por acuerdo o no del presidente pero tenía una intervención directa en los asuntos de la república por lo tanto es importante para las instituciones del país, es importante para la moral pública de México, es importante para que en México se instaure realmente un régimen de derecho que todos respeten para que realmente en nuestro país todos estemos apegados a la ley.

Yo creo que el señor Córdoba Montoya puede aporta más elementos y sería muy útil, muy útil para todo el país que en vez de andar retando a la Procuraduría General de la República para que los citen, también nos diga a quienes somos representantes populares su versión aquí en la casa del pueblo.

¿Por qué razón? Porque él alude no solamente a los legisladores en lo personal, alude a lo que representa el legislador, es un asunto de fondo mayor, no importa qué se diga ni cómo se diga, lo importante es que el señor Córdoba Montoya se ve que no le tiene respeto, como nunca le tuvo a una representación popular que es ésta.

Por lo tanto, voy a dar lectura a una propuesta de punto de acuerdo, que estoy seguro que todos los legisladores, sin importar el partido político, estaremos de acuerdo en que es útil para avanzar en el esclarecimiento del homicidio. Dice así:

Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados:

Debido al interés de que se esclarezca el asesinato del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados presentan el siguiente

«PUNTO DE ACUERDO

Unico. La LVI Legislatura de la Cámara de Diputados, acuerda extender una invitación formal al señor José Córdoba Montoya, para que asista a una sesión especial de la Comisión de Seguimiento del Caso Colosio y las comisiones de Gobernación y Justicia, a fin de que proporcione y aclare la información que obra en su poder y que pueda contribuir al esclarecimiento del asesinato del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Palacio Legislativo, San Lázaro, a 1o. de abril de 1996.

Lo firman entre otros compañeros diputados: Ignacio Contreras Flores, Ana Lilia Cepeda, Rosa María Cabrera Lotfe, Gabino Fernández, José Soto Correa, Cuauhtémoc Sandoval, Juan Guerra, Jaime Martínez Veloz, Jesús Ortega, Crisóforo Salido, Tonatiuh Bravo, Marta Alvarado, Alfonso Primitivo Ríos, José Narro Céspedes y Ezequiel Flores, del Partido del Trabajo.»

Espero que se le dé el trámite correspondiente y que las comisiones inviten formalmente al señor Córdoba Montoya, porque a juicio personal, a título individual, yo creo que el señor Córdoba Montoya ya está asustado y acorralado, está como dijera Dante en "La Divina Comedia", como las hienas heridas versificando entre las tumbas de los muertos.

Muchas gracias.

El Presidente:

Se recibe y para dar seguimiento a esta propuesta, túrnese a la Comisión de Seguimiento de las Investigaciones del Caso.

Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar, para rectificación de hechos y hasta por cinco minutos.

Quiero informarle a la diputada que hay otro diputado anteriormente anotado, inmediatamente después de que termine, también pasará usted.

El diputado Luis Sánchez Aguilar:

Con su venia, señor Presidente; compañeros legisladores:

Cínico, retador, desafiante ese señor que responde al nombre de Joseph-Marie Córdoba, así en francés, ciudadano de origen hispano, luego francés, naturalizado al vapor mexicano, el mismo que piensa en francés, habla en inglés y desprecia el español, vino aquí a retar a las instituciones nacionales. Ya le dijo al procurador prianista: te ordeno que me cites y además si no lo haces, confiesa que no tienes prue- ba alguna en contra mía y desde luego esto es un mensaje de Carlos Salinas de Gortari.

Ya ha hecho mucho daño el señor Córdoba, ese siniestro Rasputín mexicano que al igual que aquél en la Rusia zarista, contribuyó a hundir al régimen imperial. No resultaron ni aquel ni éste buenos asesores, no garantizaron la continuidad del modelo, el Rasputín originario no logró que el zarismo perviviese y el señor Córdoba no logró que el modelo liberal salinista pasase a la historia, como no sea al basurero de la misma.

El señor Córdoba, quien gusta de ostentarse como doctor, aunque la Universidad de Stanford le niegue tal distinción, sí puede ser aludido como un doctor, pero por similitud con otro que también causó grave daño a sus connacionales, aquel doctor Mengele que hacía experimentos con los judíos, con las mujeres y con los niños.

El doctor Córdoba hizo experimentos sociales, pero igualmente letales y genocidas. Sus programas han llevado a la miseria a 45 millones de denominados pobres, cerca de 15 super pobres y un resto de marginados y este personaje que asesoró al señor Salinas viene a decir con cinismo que aquellos que lo acusan, cita textual: "acudan ante la autoridad y presenten denuncia", se refiere desde luego a la misma ofensiva que Salinas ha desencadenado desde el exterior por conducto de publicaciones en donde tiene injerencia, como el Wall Street Journal, como el Business Week, como la Standard and Poor's para señalar que como no hay quien los acuse formalmente, no hay quien se atreva a poner su firma, sólo se trata de chismes y de infundios.

Como dice Córdoba que hay que acudir ante la autoridad y eso ha dicho Salinas, nosotros debemos recordar que a nombre de la fracción Social Demócrata eso hicimos aquí el 9 de octubre del año próximo pasado. Aquí presentamos una denuncia en contra del binomio Salinas-Córdoba, acusándolos, en plural, del crimen de Estado, de ser los autores intelectuales del asesinato de Luis Donaldo Colosio.

Y con la novedad compañeras y compañeros diputados, que esa subcomisión que se denomina de examen previo, una subcomisión prianista, está presidida por un destacado diputado del PAN y otro muy destacado del PRI, llegaron a la conclusión que no ha lugar. Para empezar, Salinas es inimputable. Tesis desde luego que hemos combatido antes y que seguramente en posterior ocasión combatiremos.

Denuncias hay, lo que no hay es el desahogo de las mismas ¿Por qué? Porque hay una consigna para proteger a estos individuos que grave daño le hicieron a la patria. Dice Córdoba en su entrevista multicitada que él no le pidió la renuncia jamás a Colosio.

Nos cree tontos el tal Córdoba, si cree él que nosotros vamos a sostener un debate con alguien que dice: muéstrenme el memorandum que yo firmé, exigiéndole la renuncia al señor Colosio. En el sistema político mexicano, particularmente, pero por lo general en cualquier otro de gran tamaño, esas renuncias no se piden por escrito, esas renuncias se preparan.

Yo quiero ver aquí la opinión de un destacado priísta para explicar la petición de renuncia al señor Colosio. Ese destacado autor la denomina "la teoría de la renuncia implícita", que le acorraló y esto lo reconoce Córdoba, dice que hubo diferencias entre Colosio y Salinas.

El Presidente:

Señor orador, se le ha agotado su tiempo.

El diputado Luis Sánchez Aguilar:

Sí, señor Presidente. Termino enseguida.

Que hubo presiones. Esta cita de la renuncia implícita la tomo de un libro intitulado Colosio, la construcción de un destino y uno de sus autores es el compañero diputado aquí presente, don Samuel Palma.

Que no venga pues el señor Córdoba a querer engañar a la opinión pública con desplantes, con un cinismo digno de mejor causa, pero si eso pensamos quienes no estamos en el ámbito de la impartición ni de la procuración de la justicia, quienes ya presentamos denuncia de juicio político, misma que ha sido desechada indebidamente, sí hay alguien que debe tomar cartas en el asunto y ése es el procurador prianista Antonio Lozano Gracia.

Si el señor Córdoba lo ha retado la semana anterior para que lo cite, es su deber legal citarlo. No vale decir que es cuando le convenga ¿A quién, a Salinas, a Zedillo, al propio procurador? Si no tiene los tamaños para citar a Córdoba y a su jefe Salinas, el señor Lozano

Gracia no tendría más remedio por dignidad, que renunciar a su cargo y ocupar nuevamente la curul que aquí le tenemos reservada.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra sobre el mismo tema para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, el diputado Ezequiel Flores Rodríguez.

El diputado Ezequiel Flores Rodríguez:

Con su venia, señor Presidente; compañeras, compañeros legisladores:

Este punto de acuerdo a nosotros como miembros también de la Comisión Especial de Seguimiento en la Investigación del Caso Colosio, nos mueve a los siguientes comentarios.

En primer lugar queremos decirles que hemos seguido con particular interés y atendido de manera puntual la encomienda sobre la investigación del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Desde un principio condenamos el crimen y lo denunciamos como la culminación de hechos graves, propios de un sistema político que ya no corresponde a las nuevas condiciones que está presentando la sociedad mexicana.

La opinión pública con toda razón demanda el esclarecimiento de tal asesinato. La voz de todo el pueblo de México ha puesto en cuestionamiento la credibilidad no sólo de altas personalidades políticas, sino del propio Presidente de la República y de las instituciones directamente encargadas de la procuración de justicia, éstas han contribuido al descrédito en que hoy se encuentran frente a la ciudadanía por sustentar versiones carentes del más elemental sentido común, como la tesis del asesino solitario, sostenida por los dos primeros fiscales especiales encargados de esta investigación.

Asimismo, por propiciar filtraciones y negarse a mantener informada a la ciudadanía respecto al estado real que guardan las investigaciones y por lo tanto dar pie a la distorsión de las líneas de investigación y al clima de confusión que se ha creado en torno a tan lamentable suceso para la vida política de México, no sólo porque se haya tratado del candidato del partido oficial, sino porque es inadmisible el uso de la violencia como método para resolver conflictos de interés político, sea cual sea el signo político o ideológico de que se trate.

Compañeras y compañeros: hemos expresado nuestra inconformidad por el manejo tendencioso que la autoridad competente ha hecho a lo largo de la investigación, indudablemente por la fuerte interferencia de grupos interesados en que la investigación no se lleve hasta sus últimas consecuencias.

El jueves próximo pasado cubrimos, esta comisión legislativa, conformada por senadores y diputados, cubrimos una etapa más de la encomienda que nos hizo esta soberanía: pudimos constatar en Almoloya que el Aburto de Lomas Taurinas es el mismo que se encuentra preso, lo que no significa que necesariamente sea quien haya jalado el gatillo para victimar a Luis Donaldo.

Asimismo, pudimos constatar también que las declaraciones contradictorias y evasivas lo perfilan y lo ubican como parte de una acción concertada, así se trate de uno de los eslabones más últimos del complot.

Desde este punto de vista, compañeras y compañeros diputados, fue importante la presencia de la comisión legislativa de senadores y diputados en Almoloya.

Por todo lo anterior y a más de dos años de una investigación infructuosa, resulta incomprensible la resistencia de las autoridades para llamar a declarar al ex presidente Carlos Salinas y a su superasesor José Córdoba Montoya y a todos los funcionarios del Gobierno anterior que de uno u otro modo estuvieron vinculados en este asunto, pues es evidente, dada la posición privilegiada que tuvieron, que es mucho lo que tienen que aclarar al respecto.

Congruentes, pues, con esta postura, consideramos que el Presidente de la República debe cumplir el compromiso contraído con todos los mexicanos el día que tomó en sus manos la conducción de este país, contribuir desde su alta investidura al esclarecimiento del asesinato de Luis Donaldo y a que se castigue a los culpables materiales e intelectuales.

Por supuesto que hemos firmado y estamos de acuerdo con el punto presentado aquí por el diputado Rojas Díaz-Durán, todo esto por el bien de nuestra nación.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra sobre el mismo tema y hasta por cinco minutos, la diputada Adriana Luna Parra.

La diputada Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo:

Con su venia, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:

El asesinato de Luis Donaldo Colosio es de una gravedad que nos lastimó a todas las mexicanas y mexicanos de este país, como de igualmente nos lastiman los asesinatos políticos que se cometen constantemente.

Pero en este asunto, en el oprobioso asunto del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta y con la intención de esclarecer al máximo cuáles pudieran ser los asuntos que interfirieron en esta grave situación que tanto nos lastima. Yo manifesté el otro día una inquietud que quisiera volver a manifestar y quisiera sugerirle a la comisión que se encarga de este asunto, que lo tomara en cuenta.

El recabar información no es de ninguna manera, acusar de una u otra cosa. Es recabar información, como lo acaba de decir nuestro compañero del PT, que ayude, que coadyuve a una profunda investigación de los hechos.

Yo me quiero referir a que entonces Luis Donaldo era candidato a la presidencia de la República y que entonces tenía un coordinador de campaña y que ese coordinador de campaña, que es el doctor Ernesto Zedillo, tiene o debe tener, información importante que aportar en este caso.

Mi pregunta es: ¿Por qué no acercarse? ¿Por qué no solicitarle la información que en ese cargo tiene que tener y que puede ayudar al esclarecimiento de estos hechos? ¿Es que el entonces coordinador de campaña no fungía realmente como coordinador de campaña? ¿Por qué no se le cita? ¿Por qué tenerle tanto miedo a un citatorio, que sirve para otras cosas, para recabar datos que pueden enriquecer las investigaciones.

Yo desde esta tribuna conmino a mis compañeros que están en esta comisión, que sé el dolor que nos produjo, como nos produjo a todos, a unos más por la cercanía que tenían con Luis Donaldo, que no le tengan miedo a pedirle información al ahora Presidente, él era entonces su coordinador de campaña.

El otro día lo mencioné, quiero aprovechar ahora las palabras de los compañeros que me antecedieron en la palabra, porque es de fundamental importancia para la nación saber qué pasó con Luis Donaldo Colosio. No sólo ustedes, nuestros amigos colosistas están empeñados en el esclarecimiento de esta muerte, todos los mexicanos, los aquí presentes y los que caminan por las calles que nosotros representamos, necesitamos saber qué pasó ahí.

Y yo si creo que el doctor Ernesto Zedillo, con todo patriotismo y con toda responsabilidad, debe de decirnos qué sabe él de ese día en Lomas Taurinas. A quién se le tenía encomendadas qué funciones, la función de seguridad, la función de cuidar todos los acontecimientos de ese acto de campaña.

Con todo respeto, sin querer ofender ni querer acusar a nadie, si quiero solicitarles que recabemos la información que el entonces coordinador de campaña debe de tener. Que ahora ocupe el cargo de Presidente de la República no le quita el que entonces haya sido coordinador de campaña de Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Esas son mis palabras, ésa es mi recomendación y eso es lo que muchas mexicanas y mexicanos se preguntan en las esquinas de nuestra patria: ¿por qué no citan al entonces coordinador de campaña? ¿Por qué no le pregunta qué sabe? ¿Quiénes eran los responsables, qué funciones entonces y qué responsabilidad tenían todas estas personas que ahora entran y salen de los citatorios.

Muchas gracias.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El Presidente:

Tiene la palabra, para hacer comentarios sobre educación y juventud, el diputado Jaime Martínez Veloz.

El diputado Jaime Cleofas Martínez Veloz:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Tijuana es el lugar donde empieza la patria. Tijuana y Baja California también deben ser el lugar desde donde empieza el esfuerzo por darle a la niñez y juventud mexicana los instrumentos que les permitan convertirse realmente en el futuro de México.

La diputación federal del PRI de Baja California presenta la siguiente propuesta en relación a la educación y a la juventud de nuestro Estado. Tenemos el deseo de que la misma sea discutida y enriquecida. En la misma de lo posible deseamos que esta propuesta pueda ser asumida por el conjunto de la diputación federal bajacaliforniana y por los legisladores de otros estados para aplicarla a sí mismo en otras entidades federativas dentro de un enorme y necesario esfuerzo por una gran cruzada nacional por la educación y la juventud.

Estamos abiertos a las críticas y a las observaciones que seguramente se harán a esta propuesta, contamos con la seguridad de que se podrán criticar los instrumentos y propuestas concretas, pero nunca los objetivos que nos animan. En momentos en que el país se enfrenta a la más profunda crisis de su historia reciente, en que los niveles de vida de amplias capas de la población se han visto notablemente afectadas, es necesario más que nunca redoblar las estrategias orientadas a los sectores más desprotegidos entre los que se encuentran de manera destacada la niñez y la juventud.

En Baja California el peso de la crisis con toda su crudeza no se ha dejado sentir tan intensamente como en otros estados de la República; no obstante, deben tomarse las previsiones para que algunas tendencias preocupantes, en el caso de la educación y la juventud, no se concreten en catástrofes sociales que en el futuro nos dificulten aún más el combatir la presente situación.

La responsabilidad final de la política, es hacer posible el futuro; toda política económica y social cuyo objetivo esencial no sea el mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos, es contraria al interés nacional. Parafraseando a Luis Donaldo Colosio; el presente no nos lo heredaron nuestros padres, nos lo prestaron nuestros hijos.

Esperamos que las discusiones y opiniones en torno a la pertinencia de la política económica no empantanen el apoyo de esta legislatura para este programa que aquí se presenta. Significaría un contrasentido el que por discutir cómo llegar a tiempos mejores se cancelara la posibilidad inmediata de instrumentar medidas conducentes para mejorar las condiciones de educación y la juventud en nuestro Estado. Igualmente sería absurdo que por sospechas infundadas o por celos partidistas, se dejara pasar la oportunidad de echar a andar un programa que más que vestir a un partido serviría para atacar de frente las carencias de la estructura educativa y la falta de opciones de la juventud bajacaliforniana.

Tras más de una década perdida, han quedado sepultadas ilusiones, aspiraciones y posibilidades de mejoramiento social para cientos de miles de jóvenes bajacalifornianos. Junto con el problema de la pobreza, la falta de alternativas para la juventud y un sistema educativo debilitado e insuficiente, son los retos a vencer en el corto plazo.

El México de hoy no es el mejor espacio para un sano desarrollo de la juventud, esto se torna aún más grave porque los jóvenes son el sector de la sociedad que encierra mayores posibilidades tanto en el aspecto productivo como en el intelectual y material. Truncar pues el derecho al pleno desarrollo de los jóvenes, es truncar el desarrollo del país.

La juventud bajacaliforniana y fronteriza se desenvuelve entre la amenaza del desempleo, la transculturización, la falta de opciones educativas de calidad, la amenaza de la delincuencia, el peligro de la represión de una sociedad que al no dar alternativas a sus jóvenes les teme y los rechaza.

La juventud bajacaliforniana se enfrenta a la falta de expectativas. Más lacerante que la pobreza es la ausencia de perspectivas para el futuro. En otros terrenos, la juventud bajacaliforniana enfrenta también la falta de opciones deportivas y recreativas, la carencia de orientación familiar, sexual, vocacional y de salud.

El joven en la frontera está sujeto a más presiones y acechanzas que en otras latitudes. Si a sus exigencias le respondemos con la disminución de la edad penal, la restricción de sus horarios y una mayor desconfianza a las manifestaciones culturales, sociales y políticas propias de su edad, en lugar de ofrecerle un medio más seguro y mayores oportunidades, habremos demostrado no sólo lo limitado de nuestra imaginación para encontrar respuestas, sino nuestra capacidad reiterada de incurrir en el error.

Se puede afirmar que la consecuencia más grave de más de 10 años de retroceso, no se ubica tan sólo en el terreno económico, sino en el cultural y sobre todo, en la formación de las nuevas generaciones.

La situación de los jóvenes no es algo que les concierna sólo a ellos, la atención a la juventud es un espacio que abarca muchas otras áreas: cultura, política, instituciones, sociedad civil y por supuesto, la agenda gubernamental hacia ese sector.

Ante esto, procede que los diferentes sectores de la sociedad bajacaliforniana asumamos la necesidad de conjuntar esfuerzos y recursos encaminados a la atención de la juventud.

En contra parte, los tres niveles de gobierno deberán analizar la pertinencia de definir políticas y acciones, recanalizar recursos, aumentar niveles de coordinación y en general revalorar el papel de la juventud en el futuro del país.

En todo este proceso, no se debe olvidar que el principal participante del mismo, son los propios jóvenes que con sus contribuciones ayudarán a la orientación e instrumentación adecuadas de los programas que en su apoyo se operen.

Si los jóvenes no son los protagonistas de estas acciones en su apoyo, si no son los mejores vigilantes y evaluadores de estos programas y proyectos, entonces estaremos hablando de letra muerta.

Los apoyos para ser efectivos, deben salir de los discursos y cristalizarse en los hechos. Este cambio de actitud hacia la juventud y sus problemas, expectativas y aspiraciones, repercutirá en beneficio para toda nuestra entidad. Es evidente que el sistema educativo nacional, manifiesta incapacidad para ser el espacio donde miles de jóvenes reciban una formación que los convierta en puntales del desarrollo.

Muchas son las causas que esto suceda así: entre las principales se encuentran los insuficientes recursos canalizados en los últimos años y programas inadecuados para las necesidades sociales y productivas del país.

Estamos convencidos que la mayoría de los diputados comparten esta inquietud, porque en este país la educación ha jugado un papel im- portante en los últimos decenios.

Asimismo, la experiencia de otros países nos indica que no hay posibilidades a futuro, de desarrollo equilibrado y justo, si no hay a la par un mejoramiento sustancial de los niveles educativos y una universalización de la educación, especialmente en su base.

Los priístas hemos sido un actor fundamental en la defensa de la educación pública, de su gratuidad y laicismo. Junto con otras fuerzas sociales participamos activamente en la conformación de una estructura educativa que ha sido pilar en la construcción del país que hoy conocemos.

En el México moderno; sin embargo, ninguna fuerza política puede arrogarse por sí sola, el mérito que significa el sostenimiento de la estructura educativa desgastada pero fundamental. En todo caso, el mérito es de la sociedad que ha aportado más de lo que ha recibido.

En Baja California, pese a ser de las entidades donde se da mayor atención a la educación, hay hechos preocupantes y tendencias que no podemos pasar por alto. El alto crecimiento poblacional presiona sobre la demanda de las escuelas. La tendencia observaba en años recientes al disminuir la eficiencia terminal en la educación primaria, la atracción creciente del mercado de trabajo hacia jóvenes que desertan de las escuelas, la existencia de un flujo migratorio que tiene bajos índices de alfabetismo y de escolaridad y que requiere una estructura educativa acorde a su situación cultural y social, la situación de la mujer en el sistema edu- cativo bajacaliforniano que muestra una mayor deserción, bajos salarios para maestros en una zona cara y malas condiciones materiales en las escuelas situadas en las colonias marginales, son algunos elementos que apuntar en el panorama de la educación de la entidad.

El primer objetivo de una política hacia la educación y la juventud, debe ser la recuperación y el fortalecimiento de la estructura educativa, desde niveles básicos hacia los superiores. La educación es un termómetro que nos indica atención o desatención a la juventud.

En el Estado, si no consolidamos y mejoramos el sistema educativo, corremos el riesgo de que la educación pase de ser una invaluable palanca para el desarrollo, a un freno que nos impida dar respuestas de calidad y cantidad suficientes a las expectativas que como mexicanos y bajacalifornianos tenemos. El reto es muy concreto: acercar la educación a las necesidades de niños y jóvenes, de maestros, de familias, del mercado de trabajo y del país en su conjunto.

Hemos sido testigos en años recientes de diversos fenómenos y muestras de inconformidad. Las movilizaciones magisteriales en varios estados de la República, el movimiento de rechazados, la creciente criminalidad en la que participan niños y jóvenes, la desintegración familiar a causa de situaciones económicas y sociales, el aumento preocupante de la incidencia de enfermedades como el SIDA en niños y jóvenes de escasos recursos y el pandillerismo, son la expresión de las incapacidades, errores y omisiones que estamos obliga- dos a resolver aquí y ahora.

Enfocar estos problemas aisladamente y enfrentarlos sin políticas adecuadas e integrales, desata dinámicas que privilegian la presión, alimenta la intolerancia e impide llegar a soluciones concertadas.

Nuestra historia reciente nos habla de la profunda preocupación que como nación hemos sentido por la educación. En consecuencia, debemos fortalecer el compromiso de los gobiernos Federal, estatal y municipales, de incrementar sustancialmente los apoyos a este sector, como la inversión más segura del país, ya que se realiza en un recurso de primer orden: nuestro capital humano.

Compañeras y compañeros diputados: ustedes estarán de acuerdo en que respaldar el esfuerzo educativo y juvenil es invertir en la principal riqueza con la que contamos para impulsar el desarrollo nacional. Por lo tanto, en un marco de respeto a la soberanía del Estado, requerimos que esta Cámara de Diputados nos apoye en esta propuesta por una gran cruzada estatal por la educación y la juventud. Asimismo invitamos a que se haga extensiva a otros estados.

Hoy, en momentos en que se revalora el papel de la educación, la investigación y la innovación tecnológica para convertirla en soporte del desarrollo, no debemos de seguir descuidando esta área. Hoy, en momentos en que el país necesita esperanzas para el futuro, encontramos en el apoyo a la niñez y la juventud, el mejor camino para lograr esto; para decirles a las nuevas generaciones que pensamos en ellas y en su bienestar.

Hay ejemplos concretos de que ante problemas mayúsculos, como el que ahora tratamos, las diferencias partidarias y políticas se posponen para encontrar caminos de solución. Uno de éstos lo constituye la Cocopa y sus esfuerzos de concertación para encontrar una paz con dignidad para todos, esfuerzo reconocido por esta soberanía y verificable en los hechos.

Otro ejemplo que nos habla de que las diferencias pueden superarse, es el que sucedió hace unos días, precisamente el 26 de marzo, en el marco de una reunión de la diputación federal priísta con el gobernador de la entidad, licenciado Héctor Terán Terán, en el cual se le planteó el grave problema de la inseguridad pública. La disposición del mandatario estatal a participar y a encabezar un frente común por la seguridad pública de Tijuana, demuestra que más allá de intereses políticos es posible actuar unidos ante problemas fundamentales. En este mismo espíritu, en relación a la educación y a la juventud, proponemos los siguientes 15 ejes de acción:

"1o. Elaborar una política estatal integral para los jóvenes que abarque educación, trabajo, cultura, salud, deporte y recreación.

2o. Proponemos mecanismos de coordinación de acciones y recursos públicos y privados destinados a fortalecer la estructura educativa de la entidad.

3o. Crear el consejo estatal para la educación y la juventud, cuyas tareas específicas serían convocar a la sociedad en su conjunto, especialmente a los jóvenes y a los tres niveles de gobierno, a la elaboración de la política integral y a los mecanismos de coordinación mencionados en los puntos anteriores.

Igualmente se encargaría de ser instrumento para la coordinación de los esfuerzos que se realicen en esta materia, evitando dispendios, procurando obtener mayores recursos y definiendo programas con las instituciones y las organizaciones. La concepción del trabajo de este consejo, necesariamente presidido por el gobierno del Estado, no sería la de un organismo corporativo que trate de absorber el esfuerzo institucional y organizacional ni tampoco operaría desde la perspectiva de ser una instancia que apruebe o desapruebe las actividades en beneficio de la juventud.

4o. Concebir el consejo estatal, sobre todo, como un escenario plural, una visión de las tareas que muchos llevan a cabo, una instancia de acuerdos y orientación de individuos, dependencias y organizaciones. Para lograr esto, este consejo estatal estaría integrado por autoridades federales, estatales, municipales, universidades, sindicatos, organismos no gubernamentales, representantes de sectores juveniles, legisladores federales y estatales y miembros de la iniciativa privada bajo la coordinación del gobierno del Estado.

5o. Fortalecer la inversión en la educación, procurando que los recursos que se destinen a este rubro logren el mejor uso.

6o. Crear programas de construcción de planteles y de mejoramiento material de las escuelas existentes. Asimismo diseñar una política de mediano plazo, tendiente a mejorar la situación salarial y profesional de los maestros.

7o. Prestar atención prioritaria a los servicios educativos en todos los niveles.

8o. Avanzar en la educación técnica adecuada a las necesidades del Estado y de un desarrollo equilibrado y justo.

9o. Crear programas de atención integral a los jóvenes migrantes, que incluyan alfabetización, educación, capacitación para el trabajo, empleo y salud. Atención especial a los jóvenes migrantes e indígenas.

10. Combatir el analfabetismo entre los jóvenes. Mejorar las opciones educativas para los jóvenes que trabajan. Consolidar los sistemas de educación técnica y no escolarizada, así como la capacitación para el trabajo y la recapacitación que ayude a los jóvenes desempleados a obtener empleo.

11. Promover una política de empleo para los jóvenes.

12. Abrir canales de participación política para los jóvenes.

13. Fomentar programas de cuidado a la salud de la juventud, dando especial énfasis a la educación sexual, a la prevención de enfermedades infecciosas, drogadicción y en general atender los problemas juveniles, a través de servicios de consejería gratuitos y accesibles.

14. Impulsar el deporte y las actividades recreativas entre la juventud del Estado.

15. Elaborar un cuerpo de derecho de los jóvenes que les dé a conocer las instituciones y organismos que les pueden apoyar en sus necesidades legales, de empleo, educación, orientación vocacional, recreación etcétera.

Decía Salvador Allende que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Esos eran los difíciles años setenta. A pesar de los problemas que se vivían, las expectativas hacia el futuro eran altas. Ahora los problemas parecen más graves y a veces irresolubles. Aprovechemos este enorme potencial de cambio que nosotros con Salvador Allende le atribuimos a los jóvenes para mejorar las condiciones futuras de nuestro país.

De manera respetuosa solicitamos a esta honorable soberanía que se turne esta propuesta de las comisiones de la Juventud y de Educación, para que sean éstas las instancias encargadas, por parte del Congreso, de su instrumentación, buscando los apoyos que para tales actos se requieran.

Hoy, desde aquí, desde la más alta tribuna del país aprovechamos este foro para proponerles a la gubernatura del Estado, a las autoridades municipales, a la legislación local, a los legisladores federales, a la iniciativa privada, a las organizaciones ciudadanas, a los sindicatos, a las colonias populares y a todos aquellos preocupados por construir un mañana mejor, que sumemos esfuerzos en esta gran cruzada estatal por la juventud y la educación en nuestro Estado, para que el lugar donde empieza la patria, también sea conocido como el lugar donde empieza la justicia".

Muchas gracias.

El Presidente:

Túrnese a las comisiones unidas de Educación y de Asuntos a la Juventud.

Tiene la palabra el diputado Rafael Ayala López, del Partido Acción Nacional, para rectificación de hechos y por cinco minutos, Y han soli- citado la palabra también la diputada Gloria Sánchez y la diputada María Elena Yrizar.

El diputado Rafael Ayala López:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

He solicitado la palabra para hacer algunos comentarios en torno a la propuesta que ha presentado nuestro compañero de Baja California, el diputado Martínez Veloz, con relación a este tema que nos preocupa a todos, de educación y juventud. Pero sí me gustaría utilizar este tiempo para hacer algunas pequeñas precisiones.

En primer lugar venir a proponer alternativas de solución a problemas añejos, a problemas difíciles, pensamos que deben tener un tono altamente realista, porque si no pues, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Sentimos que la propuesta, desde luego que ya ha sido ordenado por la presidencia que se turne a las comisiones unidas de Educación y Juventud para que lo resuelvan, va a ser simplemente de tramitología, va a ser recibido y turnado al gobierno estatal correspondiente.

Porque pareciera que el objetivo de este documento es en principio invitar a las comisiones del caso a tocar o rayar los linderos propios de la soberanía estatal, en cuanto a que la atención de estos problemas que aquí se mencionan se están dando, se están dando y porque además aparentemente ignora nuestro compañero diputado que existen los mecanismos de ley en el propio Estado Libre y Soberano de Baja California, tanto en las leyes de planeación, como en las leyes de educación, para la participación social y por supuesto para la estructuración de la atención de los problemas propios de la juventud, del deporte, de la familia, de la educación etcétera.

Por lo tanto, este documento, al no tener el soporte o el sustento de diagnóstico adecuado, sin citar las fuentes ni información estadística que pudiera ilustrar mejor a los señores diputados, es altamente subjetivo. Y digo que hay subjetividad porque no habla de los niveles del sistema educativo que como sabemos se divide en grueso, en educación básica, media-superior, superior y de postrado; cada uno de estos sistemas regidos por sus propios niveles, por su propia legislación, por su propia estructura administrativa y por supuesto por su propia legislación, en el caso de la educación superior.

Entonces, pareciera que la buena intención de agrupar en un organismo la atención y el interés por la juventud y la educación, es sano, pero el procedimiento equivocado. Valdría la pena que se hubiese presentado en la misma reunión en la que se dice que se tuvo con el gobernador de Baja California, haberle presentado este documento y haber redondeado la posibilidad de aplicación práctica de este instrumento.

Y por otro lado, también quisiera informar a los compañeros legisladores de la LVI Legislatura que, en efecto, somos 13 diputados por Baja California, seis diputados de mayoría por el Partido Revolucionario Institucional, seis de re-presentación proporcional del Partido Acción Nacional y uno más de representación proporcional del Partido Revolucionario Institucional. Y que bueno quizá hubiese sido más fructífero, desde el punto de vista práctico, operativo, el haber conversado entre los legisladores federales de Baja California, la posibilidad de hacer viable e instrumentar esta propuesta.

Hay algunas afirmaciones que por supuesto no vale la pena discutir, no es el foro, no es el momento adecuado para hacerlo, van a pasar a las comisiones y ahí habrá oportunidad de opinar. Pero sí me parece que el autor de la ponencia desconoce un poquito la operación, la estructura de los mecanismos legales y administrativos, vuelvo a insistir, como las del Consejo estatal técnico de la educación, el CETE de Baja California, que tiene precisamente esa representación plural en la que es posible aportar elementos para mejorar esos aspectos que preocupan a nuestros compañeros de la diputación federal priísta por Baja California.

De todas maneras es un documento bienvenido, da oportunidad de presentar al pleno estas reflexiones que sin duda podrán ser abundadas en la comisión correspondiente.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra la diputada Gloria Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Gloria Sánchez Hernández:

Gracias, diputado Presidente:

Yo pienso, compañeras y compañeros, que ésta es una iniciativa loable que debe respaldarse cuidando todos los detalles de instrumentación como aquí se ha señalado, pero que no debemos dejar ir la oportunidad de hacer una reflexión más profunda sobre el papel tan importante que la educación tiene en el desarrollo social y en la superación plena del ser humano.

En toda sociedad creo que son indispensables elementos fundamentales como la justicia económica; sin embargo ésta no sería suficiente si no va complementada con esa noble tarea de educar. Soy parte de la Comisión de Educación Pública de esta Legislatura y gracias a esto he- mos tenido la oportunidad de visitar algunos países y comparar el sistema educativo y el nivel de desarrollo.

Estuvimos en la India, pluricultural por sí mismo, sin embargo, carente de una intención educativa más integradora, todavía mantiene atraso, discriminación segregación, dogmatismo, confrontación y claro que eso es muy complejo, pero seguimos creyendo que sólo la educación puede coadyuvar en serio a ir superando tantas dificultades. Hay un gran atraso económico, hay un gran problema de salud, hay un gran problema de analfabetismo, insalubridad etcétera.

También visitamos Israel, ese país cuna de tantas religiones, de tantas creencias, que está sumamente desarrollado en lo educativo, que nos dieron índices increíbles de cobertura y sin embargo está polarizado al grado de la confrontación étnica y religiosa por los fanatismos y por los dogmatismos, cuestiones que solamente, repito, una educación bien entendida, laica y científica, puede ayudar a superar.

Cuando volvimos de la comisión en la India entregamos un informe a la presidencia de nuestra comisión haciendo notar la importancia tan grande que tiene en este momento rescatar en México la gran tradición de cuidado a la educación popular en todos los niveles.

Y yo quisiera señalar finalmente que Cuba, ese ensayo de socialismo en América latina que está estrangulando el imperialismo norteamericano con su legislación inhumana, tiene como prioridades salvar la educación y la salud para todo el pueblo. ¿Por qué? Precisamente porque son bienes que ayudan a evolucionar de mejor manera a la sociedad. Por lo tanto aprovechamos este momento para pronunciarnos definitivamente por el alto al empobrecimiento generalizado que se ha registrado en las universidades públicas del país, por esa carencia de recursos humanos que hay para la atención básica en todo el país y de recursos materiales.

Todavía tenemos muchísimas comunidades con escuelas paupérrimas y muchas ni siquiera con escuelas. Por lo tanto éste es un tema de sumo interés para la nación y no podría concluir sin recordar la urgencia de contar con salarios dignos para los trabajadores de la educación que son esos héroes anónimos que en un momento dado están contribuyendo para que nuestro país se supere cada vez más.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra la diputada María Elena Yrizar, del PRI y hasta por cinco minutos.

La diputada María Elena Yrizar Arias:

Buenas tardes, con su permiso, señor Presidente:

Quiero expresar en forma breve que tiene razón el compañero diputado Rafael en el sentido de decir que para ser realistas hay que precisar. Yo quiero precisarle, compañero, que tenemos 18 millones de mexicanos que no han terminado la educación primaria y que en todos los niveles tenemos grandes problemas en materia de educación.

Pero también quiero precisarle, compañero, a usted y a los que me escuchan, que esta propuesta que están haciendo los compañeros de Baja California, es una propuesta que debemos todos los mexicanos y todos nosotros, representantes populares, también de asumirla y también de apoyarla y de secundarla; por eso me permito dirigirme a ustedes y decirles que, ¿qué les parece si la secundamos? ¿Qué les parece si nos unimos a ese esfuerzo? y ¿Qué les parece que en lugar de estarnos peleando por cosas que no son tan importantes como este rubro de educación, nos podamos unir y podamos secundar esto?, podemos decirle: compañero Martínez Veloz, que estamos con usted, que estamos con los compañeros de Baja California, que estamos todos con todos los grupos plurales porque lo que nos viene importando como educadores es México, lo que nos importa es nuestro futuro y nuestros hijos, compañeros.

Gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra para rectificación de hechos y hasta por cinco minutos el diputado Jaime Cleofas Martínez Veloz.

El diputado Jaime Cleofas Martínez Veloz:

Con su permiso, señor Presidente:

Quisiera aclararle tres cosas al diputado Rafael Corrales Ayala... perdón, Rafael Ayala, perdón diputado... Nos plantea que esta propuesta propone niveles que pudieran atentar contra la soberanía estatal. Queremos decirle que no hay tal, si así fuera; propondríamos que la cruzada que mencionamos la encabezara el Gobierno Federal y no el gobierno estatal; reconocemos que este esfuerzo lo debe encabezar el Ejecutivo estatal y eso respeta, la soberanía estatal y la autoridad política que el gobernador Terán tiene.

Buscamos cuatro cosas: que la sociedad y los tres niveles de gobierno le den al asunto planteado la máxima prioridad; obtener mayores esfuerzos, recursos y acciones mejor orientados, mejorar niveles de coordinación y sobre todo la participación de la ciudadanía.

También nos plantea que la propuesta es insuficiente y creo que como todas las propuestas son perfectibles, susceptibles de enriquecerse y los temas y orientaciones pueden ser discutidos; hagámoslo abordando la crítica en forma constructiva. También nos plantea que tal vez no tiene ésta ninguna novedad. Las novedades desde nuestro punto de vista sería establecer mejores niveles de coordinación y esfuerzo, aumentar la participación ciudadana y la iniciativa privada y unidad de las fuerzas políticas en un solo fin.

En honor a la verdad, se han realizado es- fuerzos pero no son suficientes y si esos esfuerzos fueran suficientes Baja California no tendría los problemas de inseguridad que actualmente tiene.

Y por último, quisiera decir que lamento mucho que la preocupación sincera que vimos del gobernador del Estado por enfrentar este tipo de problemas, no sea la misma que tenga aquí el diputado del PAN.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra para rectificación de hechos y hasta por cinco minutos el diputado Rafael Ayala.

El diputado Rafael Ayala López:

Muchas gracias, señor Presidente:

Bueno, yo en primer lugar quiero aclarar que por supuesto tenemos un apellido común con el ex gobernador de Guanajuato, él sí es Corrales Ayala, pero yo soy Ayala López y él tiene una orden de aprehensión en su contra por desvíos, fraudes, irregularidades y responsabilidades que tendrá que comparecer ante la justicia, ése es Corrales Ayala y su servidor es Rafael Ayala.

Yo sí apoyé la propuesta, diputado Martínez Veloz, la apoyamos en el sentido pues expresando las preocupaciones que engloba la misma y que a todos nos envuelve una situación de este tipo, si no pues no estaríamos aquí.

Lo que a mí me preocupa y vuelvo a insistir, es la mezcolanza que usted hace de cosas y que me huele ya un poquito más a protagonismo que a verdadera intención, de producir o provocar mecanismos que solventen el tema educativo familiar, delictivo etcétera. En Baja California prácticamente le está usted recetando al gobierno de Baja California un programa de gobierno y bueno, el gobierno tiene la capacidad de autogestar sus propias soluciones y tiene afortunadamente sus mecanismos legales constitucionales y sociales previstos para que esto se dé.

Yo no dije que la desecháramos, ya sé cuál es el destino, se va a turnar a las comisiones, ahí vamos a discutir un poco y se le va a turnar al gobernador del Estado, a la legislatura local para que si le es aplicable, decida lo conducente.

A mí en realidad me preocupa que las propuestas surjan así en una forma, una especie de calentura social de querer traer un ejemplo de aplicación de otras comisiones en las que se participa y que por supuesto han tenido más o menos resultado y tratar de aplicar el modelo en otros lados sin discutirlo, sin analizarlo, sin confrontarlo con otras opiniones para que salga algo bueno en todo caso y productivo para la comunidad, porque si no el destino va a ser ése, va a quedar aquí este debate y ahí muere, ¿verdad?, porque finalmente la realidad sigue caminando por otro lado.

Yo creo que los problemas de cooperación parlamentaria se resuelven con un poco de buena voluntad, si es que efectivamente existe, para encontrar justas soluciones.

Y quiero terminar diciéndole, señor diputado, que usted se lamenta de que los diputados federales emanados del Partido Acción Nacional no apoyemos o no nos solidaricemos con la actitud que guardó el señor gobernador con la entrevista que ustedes tuvieron con él, muy respetable la actuación y la entrevista que tuvieron con él y la actitud que él guarda hacia usted, tengo entendido que es hacia todos los representantes del Estado, pero sí le quiero aclarar que nosotros no recibimos ni consignas ni recibimos órdenes ni recibimos mandatos expresos de los ejecutivos estatales para actuar en determinado sentido; nosotros pertenecemos a un grupo parlamentario en el que tomamos los acuerdos después de debatirlos y los ejecutamos, pero con plena, absoluta libertad y con plena y absoluta responsabilidad.

Muchas gracias.

El Presidente:

Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.

El secretario Manuel Enrique Russek Valles:

Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

ORDEN DEL DIA

«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.- Segundo año.- LVI Legislatura.

Orden del día

Martes 2 de abril de 1996.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Dictamen a discusión

De la Comisión de Justicia, con proyecto de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente (a las 16:20 horas):

Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana martes 2 de abril a las 9:00 horas.