SUMARIO
Invitacion al acto cívico conmemorativo del CCXXXI aniversario del natalicio del general José María Morelos y Pavón. Se designa comision.
Tres comunicaciones del Congreso estatal, con las que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Dos comunicaciones del Congreso estatal, con las que inforrna de actividades propias de su legislatura. De enterado
La diputada María de la Luz Lim a Malvido, presenta punto de acuerdo a nombre de dicha comisión. Se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
El diputado Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca, presenta iniciativa de reformas a los artículos 73, 76 y 133, de la Carta Magna, así como reformas a dicha ley. Se turna a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores.
Realiza comentarios al respecto, el diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez
Informe que presenta la comisión especial de las investigaciones del funcionamiento de la Conasupo y sus empresas filiales.
Sobre el mismo tema, fijan la posición de sus respectivos grupos parlamentarios, los diputados:
Victor Manuel Quintana Silveyra, del Partido de la Revolución Democrática.
César Humberto González Magallón, del Partido del Trabajo.
Javier Alberto Gutiérrez Vidal, del Partido Acción Nacional
Juan Manuel Cruz Acebedo, del Partido Revolucionario Institucional
Para expresar sus opiciones sobre la investigación de referencia en un primer turno, se concede el uso de la palabra a los diputados:
Adolfo Miguel Aguilar Zinser
Rectifican hechos, los diputados:
María del Rosario Elena Guerra Díaz.
Victor Manuel Quintana Silveyra
Crisóforo Lauro Salído Almada, quien presenta punto de acuerdo
Continúan el debate, los diputados:
Rosa María Cabrera Lotfe
Rafael Núñez Pellegrín
Victor Manuel Rubio y Ragazzoni
Everardo Martínez Sánchez, para rectificar hechos
En el segundo turno de debate, se concede el uso de la palabra a los diputados:
Jesús Ramón Rojo Gutiérrez
Salvador Mikel Rivera
Jesús Ramón Rojo Gutiérrez
Dentro del tercer turno, participan los diputados:
Victor Manuel Quintana Silveyra
Rectifican hechos, los diputados:
Salvador Mihel Rivera
Victor Manuel Quintana Silveyra
Continúan el turno, los diputados:
Alfonso Martínez Guerra
Jesús Rodríguez y Rodríguez
Para rectificar hechos, los diputados:
Alfonso Martínez Guerra
Gloria Sánchez Hernández
María Leticia Calzada Gómez
Para un cuarto turno de oradores, los diputados:
Manuel Beristáin Gómez
Rectifican hechos o contestan alusiones personales, los diputados:
Adolfo Miguel Aguilar Zinser
Ignacio Ovalle Fernández
Adolfo Miguel Aguilar Zinser
Manuel Beristáin Gómez
El diputado Héctor San Román Arreaga, continúa el debate.
Para rectificar hechos las diputadas:
Rosa María Cabrera Lotfe
María Leticia Calzada Gómez
Hacen uso de la palabra dentro del quinto turno, los diputados:
Kurt Antonio Thomsen D'Abbadie
Gabriel Escalante Castillo
Kurt Antonio Thomsen D'Abbadie, para rectificar hechos.
José Alfonso Pascual Solórzano Fraga
Horacio Alejandro Gutierréz Bravo
Para el sexto turno de oradores, se concede el uso de la palabra a los diputados:
Javier Alberto Gutiérrez Vidal
Fernando Salgado Delgad
Alejandro Gonzállez Alcocer
Se turna a la Comisión de Regímen Interno y Concertación Política.
Dictamen de las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Comercio, con proyecto de dicha ley. Es de primera lectura.
Elección de mesa directiva para el mes de octubre del periodo de sesiones ordinarias.
La Secretaría da lectura a punto de acuerdo suscrito por representantes de todos los grupos parlamentarios, rechazados las declaraciones del embajador de ese país en México, publicadas en la prensa nacional.
El diputadoJorge Armando Meade Ocaranza, a nombre de la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, presenta punto de acuerdo referente a dicho problema económico.
El diputado José de Jesús Sánchez Ochoa, realiza comentarios sobre el CLXXXVI aniversario de la idependencia de México.
De la próxima sesión.
Presidencia del diputado Héctor Hugo Olivares Ventura
ASISTENCIA
El Presidente:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario.
La secretaria María Concepción Huerta Salgado:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 280 diputados, por lo tanto, hay quorum.
El Presidente (a las 11:52 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
La secretaria María Concepción Huerta Salgado:
Se va a dar lectura al orden del día.
"Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--Tercer Año.--LVI Legislatura.
Orden del día
Jueves 26 de septiembre de 1996.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CCXXXI aniversario del natalicio del generalísimo José María Morelos y Pavón, tendrá lugar el 30 de septiembre a las 10:00 horas.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Campeche, Coahuila y Jalisco.
Comunicación de la Comisión de Participación Ciudadana.
Iniciativas de diputados
De reformas a los artículos 75 fracción XXXI, 76 fracción I y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 2o. fracción 1, IV y 4o. de la Ley sobre Celebración de Tratados Internacionales, a cargo del diputado Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Informe de la Comisión Investigadora de la Conasupo.
Dictamen de primera lectura
De las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Comercio con proyecto de Ley de Protección al Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan el Derecho Internacional.
Elección de mesa directiva.
Comentarios a cargo del diputado Luis Garfias Magaña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Punto de acuerdo de las fracciones parlamentarias que integran la LVI Legislatura, relativo a las declaraciones del embajador de los Estados Unidos de América en México, James Jones.
Punto de acuerdo sobre las carteras vencidas a cargo del diputado Jorge Armando Meade Ocaranza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Comentarios sobre el aniversario de la consumación de la Independencia de México, a cargo del diputado José de Jesús Sánchez Ochoa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El secretario Agustín Mauro Jordán Arzate:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y seis, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia del diputado Ezequiel Flores Rodríguez
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con cuarenta y ocho minutos del martes veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y seis, con una asistencia de doscientos noventa y ocho diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
Se da lectura al acta de la sesión anterior, que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.
Se nombra comisión que reciba a una representación de la Primera Legislatura de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, el asambleísta Iván García Solís, que informa de actividades realizadas dentro de ese cuerpo colegiado. De enterado.
Se da cuenta con comunicaciones de los congresos estatales de los estados de Morelos, Oaxaca, Querétaro y Tamaulipas, con las que informan de actividades propias de sus legislaturas.
Se recibe oficio de la Cámara de Senadores con el que se remite minuta con proyecto de decreto de la Ley de Protección al Comercio y la Inversión, de Normas Extranjeras que Contravengan el Derecho Internacional. Se turna a las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Comercio.
Oficio de la colegisladora, con el que informa de la comparecencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Se da cuenta con una comunicación del Partido del Trabajo. Se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Se da cuenta con tres dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto que conceden los permisos constitucionales necesarios para que:
El ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República Oriental del Uruguay:
El ciudadano Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República del Perú:
El ciudadano Mario Francisco Roy Vargas, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Cuba.
Son de Primera lectura.
Se da segunda lectura al dictamen de la Comisión de Agricultura, con proyecto de Ley Federal de Variedades Vegetales.
El diputado Rafael Ceballos Cancino, fundamenta el dictamen a nombre de la comisión y propone modificaciones para anexar a la discusión.
Fijan la posición de sus respectivos grupos parlamentarios, los diputados: José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo; Eric Eber Villanueva Mukul, del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Ricardo Nieto Guzmán, del Partido Acción Nacional; Miguel Ortiz Jongitud, del Partido Revolucionario Institucional.
A discusión en lo general se concede el uso de la palabra al diputado Crisóforo Lauro.Salido Almada.
Suficientemente discutido el proyecto de decreto, se aprueba por trescientos votos en pro. Se turna al Senado de la República para los efectos constitucionales.
Se da segunda lectura a los dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto que conceden los permisos constitucionales necesarios para que:
El ciudadano Juan Alfredo Oropeza Gamica, pueda aceptar y usar las condecoraciones que le confiere el gobierno de la República de Venezuela:
El ciudadano René Carranza García, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República del Brasil:
El ciudadano Liévano Sáenz Ortiz, pueda aceptar y usar las condecoraciones que le confieren los gobiernos de la República del Perú y del Principado de Luxemburgo.
El ciudadano Julio Alfonso Millán Mojalil, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República Italiana.
Aprobados los proyectos de decreto, por doscientos sesenta y tres votos en pro, pasan al Senado de la República para los efectos constitucionales.
El diputado Jaime Martínez Veloz, del Partido Revolucionario Institucional, se refiere a la cruzada nacional por una vejez digna. Se turna ala Comisión de Régimen Interno y Concertación Politica.
El diputado Eugenio Ortiz Walls, presidente del Comité de Biblioteca e Informática, se refiere al sexagésimo aniversario de la Biblioteca del Congreso de la Unión El diputado Francisco Javier Santos Covarrubias, del Partido Acción Nacional, presenta exhorto a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas respecto a problemas azucareros. Se turna a dicha comisión.
Sobre el mismo tema se concede el uso de la palabra al diputado Raúl Ramirez Chávez, del Partido Revolucionario Institucional.
Rectifican hechos o contestan alusiones personales, los diputados: Francisco Santos Covarrubias, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones; Enrique Moreno Montaño, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Victor Quintana Silveyra, del Partido de la Revolución Democrática, realiza comentarios respecto a las investigaciones de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares. Sobre el mismo tema habla el diputado Alfonso Martínez Guerra, del Partido Acción Nacional.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática, presenta punto de acuerdo respecto a listas publicadas en diversos medios periodísticos. Se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
El diputado Claudio Coello Herrera, del Partido Acción Nacional, se refiere a las características de funcionamiento de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.
El diputado Luis Sánchez Aguilar, comenta hechos ocurridos durante la comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Rectifican hechos los diputados Antonio Sánchez Gochicoa, del Partido Revolucionario Institucional y Luis Sánchez Aguilar.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática, comenta la Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las dieciséis horas con cincuenta y un minutos, citando para la que tendrá lugar el jueves veintiséis de septiembre a las diez horas.»
Está a discusión el acta...
El diputado Gaspar Eugenio Ortiz Walls (desde su curul):
Señor Presidente.
El Presidente:
¿Con qué objeto
El diputado Gaspar Eugenio Ortíz Walls (desde su curul):
Señor Presidente:
Es para una rectificación del acta. El dia de mi intervención se hizo la aclaración, precisamente por la Presidencia, de que mi intervención era como presidente del Comité de Biblioteca e Informática, que es un comité plural al que debemos respetar; independientemente de que para mi es un honor ser miembro del Partido Acción Nacional, considero que esta participación mía no fue en nombre de mi partido.
Muchas gracias.
El Presidente:
Efectivamente así fue, señor diputado Ortiz Walls, de tal manera que ruego a la Secretaría hacer la rectificación pertinente.
El secretario Agustín Mauro Jordán Arzate:
Se toma nota.
En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
La secretaria María Flor Celina Prado Piña:
«Ciudadano diputado Héctor Hugo Olivares Ventura.-Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-Presente.
El Departamento del Distrito Federal, a través de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CCXXXI aniversario del natalicio del generalísimo José María Morelos y Pavón, que tendrá lugar en el monumento erigido a su memoria en Plaza de la Ciudadela, ubicada en avenida Balderas y Emilio Donde, delegación Cuauhtémoc, el día lunes 30 de septiembre a las 10:00 horas.
Por tal motivo, me permito solicitar muy atentamente se sirva girar sus respetables instrucciones a efecto de que un representante de esa Cámara que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El director general de Acción Social, Cívica y Cultural, licenciado Eduardo F. Sáenz Viesca.»
El Presidente:
Para asistir al acto cívico con motivo del CCXXXI aniversario del natalicio del generalísimo José María Morelos y Pavón, se designa para asistir en representación de esta Cámara a los siguientes diputados: María Guadalupe Morales Ledesma, Javier Viniegra Zubiria, Rosa María Cabrera Lotfe y Oscar González Yáñez.
ESTADO DE CAMPECHE
El secretario Emilio Solórzano Solís:
«Escudo.- Poder Legislativo.- Campeche.-LV Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F.
La LV Legislatura del honorable Congreso del Estado de Campeche, comunica a ustedes la apertura y clausura del tercer periodo de sesiones extraordinarias, correspondiente al segundo periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional; así como la elección de la mesa directiva que coordinó las actividades legislativas, misma que quedó integrada de la siguiente manera:
Presidente, Carlos Miguel Aysa González; vicepresidente, Samuel Dzib Cambranis; secretarios, Carlos Alberto Canul Martínez y José Luis Que González.
Lo que nos permitimos hacer de su conocimiento para los fines conducentes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Campeche, Campeche, a 30 de agosto de 1996.--Diputados secretarios: Carlos Alberto Canul Martínez y José Luis Que González.»
De enterado.
La secretaria Rosa Margarita Guerrero Aguilar:
«Escudo.-- Poder Legislativo.-- Campeche.--LV Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--México, D.F.
La LV Legislatura del honorable Congreso del Estado de Campeche, comunica a ustedes la apertura y clausura del cuarto periodo de sesiones extraordinarias, correspondiente al segundo periodo de receso del segundo ano de ejercicio constitucional; así como la elección de la mesa directiva que coordinó las actividades legislativas, misma que quedó integrada de la siguiente manera:
Presidente, Vicente Castellot Castro; vicepresidente, Nelson Danilo Gallardo Ordóñez; secretarios, María Rafaela Blum Santamaría y José Luis Que González.
Lo que nos permitimos hacer de su conocimiento para los fines conducentes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Campeche, Campeche, a 12 de septiembre de 1996.--Diputados secretarios: María Rafaela Blum Sanfamaría y José Luis Que González.»
De enterado.
El secretario Heriberto Tomaz Lizárraga Zataraín:
«Escudo.- Poder Legislativo.- Campeche.-LV Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F.
La LV Legislatura del honorable Congreso del Estado de Campeche, comunica a ustedes que en sesión previa fueron electos el presidente y vicepresidente de la mesa directiva del mes de octubre; así como los secretarios que funcionarán durante el primer periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional; que comprende del 10 de octubre al 31 de diciembre del año en curso, quedando integrada de la siguiente manera:
Presidente, Manuel Vera Castillo; vicepresidente, Víctor Ramón Castro Fuentes; secretarios, Marta Irene Novelo Lara y Edilberto Vázquez Ríos.
Lo que nos permitimos hacer de su conocimiento para los fines conducentes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Campeche, Campeche, a 18 de septiembre de 1996.--Diputada secretaria: Margarita Rosa Alfaro Waring.»
De enterado.
ESTADO DE COAHUILA
La secretaria María: Concepción Huerta Salgado:
«Escudo.-Poder Legislativo.-Coahuila- LII Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--México, D.F.
El honorable Congreso del Estado, a través de su diputación permanente, en sesión celebrada el 28 de agosto del presente año, ha emitido el siguiente
ACUERDO
Unico. Esta diputación permanente del Congreso del Estado solicita al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la deducibilidad de las notas de restaurantes así como de comidas promocionales en las disposiciones fiscales relativas al impuesto sobre la renta.
En cumplimiento a lo acordado, me permito hacerle llegar el contenido del presente para la consideración y trámite que estime procedente.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Saltillo, Coahuila a 30 de agosto de 1996.-El presidente de la diputación permanente, diputado Germán Froto Madariaga.»
De enterado.
ESTADO DE JALISCO
El secretario Agustín Mauro Jordán Arzate:
«Escudo Nacional.--Gobierno de Jalisco.--Poder Legislativo.--Secretaria del Congreso.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
El Congreso del Estado Libre y Soberano de Jalisco, clausuró hoy las actividades legislativas de la diputación permanente, correspondientes al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LIV Legislatura de Jalisco.
Salón de sesiones del Congreso del Estado.--Guadalajara, Jalisco, 30 de agosto de 1996.--Diputados secretarios: Miguel Candelario Calvario y Francisco Julián Iñiguez García.»
De enterado.
La secretaria María Flor Celina Prado Piña:
«Escudo Nacional.--Gobierno de Jalisco.--Poder Legislativo.--Secretaria del Congreso.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Para los efectos del articulo 84 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, comunicamos a usted(es) que con esta fecha, se declaró la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la LIV Legislatura del Estado de Jalisco y la forma de como quedó integrada su mesa directiva:
Presidente, Benito de Jesús Meza Pérez; vicepresidente, Francisco Javier Mora Hinojosa; secretarios, Gabriel Guillermo Zermeño Márquez y Francisco Julián Iñiguez García; prosecretarios: Eduardo Rosales Castellanos y Salvador Vera Luna.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara, Jalisco, lo. de septiembre de 1996.--Diputados secretarios: Gabriel Guillermo Zermeño Márquez y Francisco Julián Iñiguez García.»
De enterado.
COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA
El Presidente:
Para dar lectura a una comunicación de la Comisión de Participación Ciudadana, tiene la palabra la diputada María de la Luz Lima Malvido.
La diputada María de la Luz Lima Malvido:
"La Comisión de Participación Ciudadana presenta el siguiente punto de acuerdo politico:
Considerando que la Comisión de Participación Ciudadana de la Cámara de Diputados ha venido trabajando durante la presente legislatura, con el fin de fortalecer a la sociedad civil, con objeto de coordinar y canalizar sus propuestas, demandas y aportaciones en general hacia los legisladores y las comisiones legislativas, que el crecimiento y madurez de la sociedad civil organizada avizora su presencia cada vez mayor y una influencia que va a exigir que la interlocución que ha llevado a cabo la comisión se convierta en permanente y que, por otra parte, el proyecto de la reforma del Estado, en el que nos encontramos, contempla como parte fundamental el fortalecimiento del Poder Legislativo y es en un capítulo al que habremos de abocarnos quienes formamos parte de esta Cámara, los coordinadores de las fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados acuerdan:
Que sea turnada a la mesa correspondiente de la comisión plural la iniciativa de la Comisión de Participación Ciudadana, de incorporar a esta comisión como Comisión Permanente, según el artículo 43 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos o al artículo que corresponda.
Palacio Legislativo, 26 de septiembre de 1996.-- Firman los líderes de cada partido político."
El Presidente:
Túrnese en los términos solicitados por la diputada.
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY SOBRE CELEBRACION DE TRATADOS
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas a los artículos 75 fracción XXXI, 76 fracción I y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 20. fracción 1, IV y XL, de la Ley Sobre Celebración de Tratados Internacionales.
El diputado Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca:
«Ciudadano Presidente.--Cámara de Diputados.--Congreso de la Unión.--Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71, 73 fracción IV de la Constitución Política Mexicana y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los abajo firmantes, diputados federales del grupo parlamentario de Acción Nacional en esta LVI Legislatura, presentamos iniciativa de ley para reformar la fracción XXXI del artículo 73, fracción I del artículo 76, artículo 133 de la Constitución Política, fracción I y IV del artículo 20. y artículo 40. de la Ley Sobre Celebración de Tratados, a fin de que sea el Congreso de la Unión quien apruebe los tratados internacionales que celebre el Ejecutivo de la Unión.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Acción Nacional, desde 1975, ha insistido en diversas ocasiones, a través de iniciativas y posiciones en el debate, en la necesidad de que sea el Congreso General y no el Senado quien especifique o apruebe los tratados internacionales. Esta propuesta se basa en diversos aspectos que la sustentan y que deben ser considerados, como son la auténtica representación de las cámaras, antecedentes históricos, derecho comparado y los efectos económicos sociales y políticos que traen consigo a la vida nacional los tratados que se suscriben.
Es indispensable que sea el Congreso de la Unión y las dos cámaras que lo conforman, las que ejerzan la facultad de aprobar o no los tratados, sin considerar esto como un factor de discordia entre ambas cámaras o como obstáculo a la actividad presidencial, en política exterior, sino como un instrumento que conlleva una función creativa y constructiva y preste una valiosa ayuda al Ejecutivo, desembarazándolo en ocasiones de actos y de compromisos internacionales incómodos o aconsejándole sobre posibles repercusiones de la conducta del órgano encargado de las relaciones externas o dando alterativas airosas en otros casos o ilustrando y consultando a la ciudadanía sobre los extremos de la política exterior o discutiendo los aspectos todos y las consecuencias de los convenios internacionales.
Con esta iniciativa, a la vez que se auxilia a la presidencia en la difícil tarea de llevar los asuntos o convenios exteriores del país, permite que sus actos reciban un aceptamiento más amplio, con más consenso y se contribuya al funcionamiento de la separación de poderes y este Congreso se convierta en un foro alimentador de opciones sobre los temas externos más importantes o de los convenios internacionales que se celebren.
Para Acción Nacional la Política Exterior del Estado mexicano debe ser ante todo la expresión y defensa de los auténticos y legítimos intereses de la nación mexicana, bajo los principios tradicionales de no intervención, autodeterminación, arreglo pacífico de las controversias, igualdad jurídica de los estados y cooperación para el desarrollo.
Para la identificación, promoción y defensa de los intereses nacionales en el diseño y ejecución de la actividad internacional, debe inmiscuirse de manera efectiva a los representantes de la nación.
Como sabemos, en México nuestra forma de Gobierno es la de una República representativa, democrática y federal. En lo que respecta a la representación política está comprendido el Congreso de la Unión y en este sentido nuestra Constitución Política recoge la tesis clásica de la representación al disponer que los diputados, al igual que los senadores, son representantes de toda la nación y no exclusivamente del distrito o circunscripción electoral, ya que el artículo 51 constitucional establece "que la Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la nación, electos en su totalidad cada tres años".
En tal virtud, consideramos que como primer fundamento de esta iniciativa lo es el que la Cámara de Diputados al crear y repetir la voluntad de la nación, debe tener la facultad de intervenir en lo relativo a la celebración de los tratados internacionales en relación de la colegisladora con el propio Senado.
En nuestro sistema, se establece que el Poder Legislativo de la Federación se deposita en un Congreso General, que se compone de dos cámaras, una de Diputados y otra de Senadores, estableciendo facultades concurrentes y facultades exclusivas a cada una de ellas, disponiendo actualmente que entre las facultades exclusivas del Senado es de aprobar los tratados y convenciones diplomáticas que celebre el Presidente de la República.
Pero haciendo un recorrido histórico de nuestra legislación, podemos observar que esta facultad no siempre fue exclusiva del Senado, si no llegó a ser concurrente, es decir, del Congreso General, e incluso en una época no llego a existir la Cámara de Senadores, siendo esta facultad ejercitada exclusivamente por la Cámara de Diputados.
En la primera Carta Magna, dictada en Apatzingán en 1814, se dispuso una sección V del Título Tercero, bajo el rubro: "Poder Legislativo, de las facultades del Congreso General", que en su artículo 49 contenía 31 disposiciones relativas, y en cuya carta no se contenía el sistema bicamaral y por tanto, las facultades del Congreso correspondían exclusivamente a la Cámara de Diputados, como único cuerpo colegiado que formaba el Poder Legislativo y que se denominaba el supremo Congreso, el cual tenía entre sus atribuciones la de aprobar antes de su ratificación los tratados de alianza y comercio con las demás naciones.
Posteriormente, en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, primera norma suprema, netamente nacional que rigió en el México independiente, se estableció que el Poder Legislativo de la Federación se compone de dos cámaras, una de Diputados y otra de Senadores, que conjuntamente formaban el Poder Legislativo de la Federación, sin establecer facultades exclusivas a cada una de ellas, facultando al Congreso General en su artículo 50 fracciones XI, XII y XIII, para arreglar el comercio con las naciones extranjeras, para dar instrucciones para celebrar concordados y para aprobar los tratados de paz, de alianza, de amistad, de federación, de neutralidad armada y cualesquier otro que celebre el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos con potencias extranjeras.
En la Constitución de 1857 se suprime el bicamarismo y se decreta la desaparición de la Cámara de Senadores, quedando el ejercicio del Poder Legislativo depositado en una sola asamblea, denominada Congreso de la Unión, compuesto de únicamente diputados, cuyas facultades se contenían en el artículo 72, disponiendo en su fracción XIII, la de aprobar los tratados, convenios o convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo.
Es a partir de 1874 en que el sistema bicamaral se incorpora definitivamente al constitucionalismo mexicano y se reinstaura el Senado; a través de estas reformas en la fracción I inciso b del artículo 72, se deriva que al Senado se le otorga entre sus facultades exclusivas, la de aprobar los tratados y convenios diplomáticos que celebre el Ejecutivo con potencias extranjeras, desplazando desde entonces al Congreso General para realizar esta facultad, disposición que se mantuvo en la Constitución de 1917, cambiándose sólo a la fracción I del artículo 76.
Actualmente, como ya se dijo, la facultad de aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión, siguen siendo exclusiva del Senado, conforme a la fracción I del artículo 76 constitucional.
Como podemos observar, del desarrollo histórico de nuestra Carta Magna en materia de tratados internacionales, la facultad concurrente se llegó a aplicar durante mucho tiempo, sin que ello hubiese afectado a nuestro sistema ni hubiese sido un obstáculo en la vida internacional. Sin embargo, por la importancia y la dinámica que las relaciones internaciones han alcanzado en el presente siglo, por la interdependencia que hay entre lo internacional y lo nacional, por la cooperación y ayuda entre los diversos países, por la globalización que ha alcanzado la economía mundial, el comercio entre las naciones como eje o instrumento del desarrollo nacional y porque México debe asumir su papel en el ámbito de las relaciones con otros estados y participar en la creación de un nuevo y justo orden internacional, es que es necesario adecuar el marco constitucional en lo que hace a los tratados que suscribe nuestro país con otros estados y en virtud de que se exigen mayores compromisos, más deberes y obligaciones, así como por la creciente complejidad en los tratados, porque éstos y esencialmente los de carácter comercial o económico y que traen consigo afectar la vida nacional, en cuestiones mercantiles, arancelarias, inversiones, producción de alimentos, uso de recursos, condiciones de trabajo, actividades exclusivas del Estado entre otras, es que se hace necesario que este Poder Legislativo asuma su responsabilidad y se amplíe su participación en materia de tratados, con la concurrencia de ambas cámaras.
Los tratados internacionales tienen como efecto otorgar derechos e imponer obligaciones a las partes contratantes, preferentemente, donde se establece una regla de conducta obligatoria para los estados que los suscriben y ratifican, produciendo efectos en menor o mayor intensidad en su régimen interno, que afectan la política económica en su conjunto y modifican o pueden modificar la vida nacional o la vida cotidiana de millones de mexicanos, al asumirse compromisos en materia de inversiones extranjeras, contribuciones o impuestos, de paraestatales, en terrenos como el laboral, el campo, los recursos naturales, por citar algunos, lo que necesariamente implica en su ejecución y cumplimiento una serie de adiciones y reformas a la legislación ordinaria interna y en la que obviamente participa de manera importante esta Cámara de Diputados.
Por ende, al ser esta Cámara un elemento esencial para la ejecución de los tratados internacionales, es indispensable conocer su opinión previamente y no que permanezca ajena en su creación, como mero espectador, sino que tenga injerencia en torno a su proceso a fin de que en el caso de concretizarse dicho pacto, al realizarse las actuaciones legales para su cumplimentación esta Cámara con antelación hubiese expresado ya su asentimiento a través de su aprobación o ratificación del tratado.
Además no hay que olvidar que conforme al artículo 73 se establecen las facultades que tiene el Congreso de la Unión, en el cual obviamente están implícitas ambas cámaras; se desprende entre ellas una serie de facultades de índole económico, de empréstitos sobre el crédito de la nación, para establecer contribuciones e incluso sobre el comercio exterior, para legislar lo relativo a la planeación nacional de desarrollo social, lo relativo a la inversión extranjera, la transferencia de tecnología, entre otras y que refuerzan aún más el fundamento para que ambas cámaras aprueben los tratados internacionales, ya que en el cuerpo de éstos muchas de las veces quedan comprendidas estas materias, con lo que se garantiza la unidad legislativa constitucional prevista.
Aunado, que conforme al artículo 133 constitucional se determina que los tratados, serán también la Ley Suprema de la Unión, al igual que la Constitución y las leyes del Congreso de la Unión, que emanen de ella, por lo que si para estas últimas se establece un proceso legislativo y la concurrencia de ambas cámaras para su reforma, creación o adición, lo lógico es que también debe darse la participación del Congreso General en lo que hace a los tratados, por estar en el mismo nivel de la Ley Suprema.
Asimismo, sirve como fundamento a la iniciativa en comento, la legislación comparada, principalmente las constituciones de Argentina, Bolivia, Colombia, Brasil, Chile, El Salvador, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Checoslovaquia y Noruega, entre otras, donde se determina la injerencia del Congreso en la aprobación o ratificación de los tratados internacionales, por lo que en congruencia con el derecho comparado debe reformarse en este sentido, ya que resultaría absurdo que mientras en otros estados es el Congreso el que aprueba los tratados, en México sólo sea una parte de él quien asuma esta responsabilidad tan importante.
Por ello se propone que el Congreso de la Unión en su conjunto discuta y apruebe los tratados internacionales, los cuales se deberán aprobar por mayoría calificada.
Como ya se dijo al tener como forma de gobierno una República representativa, democrática y federal, se desprende que en el aspecto de la representación y la democracia, implica contemplar una mayor participación de la sociedad en la discusión y ratificación de los tratados internacionales, por lo cual se propone que el Congreso, a través de sus respectivas cámaras, quede facultado para la celebración de audiencias de consulta y para convocar a referendum popular la ratificación de los tratados internacionales.
Por las consideraciones expuestas, en congruencia con nuestra plataforma política y en ejercicio de nuestras facultades, los suscritos, diputados de la nación de la LVI Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a esta Cámara la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 73 FRACCION XXXI, ARTICULO 76 FRACCION I, ARTICULO 133 DE LA CONSTITUCION POLITICA; FRACCION I Y IV DEL ARTICULO 20. Y ARTICULO 40. DE LA LEY SOBRE CELEBRACION DE TRATADOS
Artículo primero. Se reforma el artículo 73 constitucional para quedar como sigue:
Artículo 73. El Congreso tiene facultad.
I a XXX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XXXI. Aprobar los tratados internacionales que celebre el Ejecutivo de la Unión, mediante el concurso de por lo menos las dos terceras partes de cada una de la cámaras que lo integran.
Artículo segundo. Se reforma el artículo 76 constitucional para quedar como sigue:
Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:
I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal, emitir juicios y recomendar la realización de acciones específicas en la conducción de dicha política. Para tal efecto, el Senado podrá requerir al Ejecutivo y al secretario del despacho correspondiente los informes que estime necesarios para el desempeño de sus funciones. En todo caso será facultad del Senado la organización de consultas a la sociedad para el desarrollo de sus facultades en la materia.
Artículo tercero. Se reforma el artículo 133 constitucional para quedar como sigue:
Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación de las dos terceras partes de cada una de las cámaras que conforman el Congreso de la Unión, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados.
Artículo cuarto. Se reforma el artículo 2o. de la Ley Sobre Celebración de Tratados para quedar como sigue:
Artículo 2o. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:
I. "Tratado", el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos asuman compromisos.
De conformidad con la fracción XXXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados deberán ser aprobados por el Congreso de la Unión y serán la Ley Suprema de toda la Unión, cuando estén de acuerdo con la misma, en los términos del artículo 133 de la propia Constitución.
I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. "Aprobación", el acto por el cual el Congreso de la Unión aprueba los tratados que celebra el Presidente de la República.
V y VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo quinto. Se modifica el artículo 4o. de la Ley Sobre Celebración de Tratados para quedar como sigue:
Artículo 4o. En los tratados que se sometan al Congreso de la Unión para los efectos de la fracción XXXI del artículo 73 de la Constitución, se seguirá el mecanismo de discusión de leyes, en los términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para la formulación del dictamen que corresponda. En su oportunidad, la resolución de la comisión que funja como revisora se turnará al Presidente de la República.
ARTICULOS TRANSITORlOS
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro a los 26 días de septiembre de 1996.-Firman los diputados: Tarcisio Navarrete Montes de Oca, Luis Andrés Esteva Melchor, Guillermo Luján Peña, Miguel Hernández Labastida, Carlos Antonio Nuño Luna, María del Carmen Segura, Aldomaro Alba Padilla y José Luis Aguilar.»
El Presidente:
Túrnese a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores.
Para algunos comentarios sobre la iniciativa tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Sandoval.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
He pasado a esta tribuna a fin de destacar la importancia que tiene la lectura que ha hecho el diputado Tarcisio Navarrete, de su iniciativa, donde se plantea la necesidad de que sea el Congreso de la Unión quien apruebe en su conjunto estos tratados.
Yo sé que estos comentarios los vamos a hacer en las comisiones respectivas cuando sea turnada esta iniciativa, pero me parece y vine a esta tribuna porque era importante que comentáramos esta iniciativa que coincide con otras que en la pasada legislatura hizo el Partido de la Revolución Democrática, justo cuando el Senado de la República aprobó el Tratado de Libre Comercio, que sólo fue aprobado en un solo acto en la Cámara de Senadores y esta Cámara de Diputados no tuvo ninguna participación en la aprobación de este Tratado de Libre Comercio, que por distintos motivos va a afectar la vida de varias generaciones de mexicanos.
Por eso compartimos totalmente esta opinión del PAN, ya que es coincidente con una propuesta que en la legislatura pasada hicimos y simplemente queremos agregar que está en puerta la firma y la ratificación de un conjunto de tratados internacionales en las cuales nos hemos quedado rezagados.
Ayer, por ejemplo, en el Senado de la República participamos en un foro sobre politica migratoria y destacamos cómo era necesario que México, a la mayor brevedad posible, firme y ratifique la Convención Internacional de Protección a los Trabajadores Migratorios y a sus familias.
Hay un conjunto de tratados internacionales en los cuales nuestro país ha quedado muy rezagado. Falta la firma del Protocolo Dos de los convenios de Ginebra, falta la legislación sobre pueblos indios, la Convención Internacional Contra la Corrupción y eso lo vamos a ver ahora en el caso de la Conasupo; el Tratado Internacional Contra la Tortura, la Jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. En fin, creo que es muy oportuna la iniciativa que ha presentado aquí el diputado Tarcisio Navarrete, coincide con planteamientos nuestros y creo que a la mayor brevedad debiéramos discutirla y aprobarla en las comisiones unidas.
Muchas gracias.
COMPAÑIA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS POPULARES
El Presidente:
La diputada María de la Luz Lima Malvido, presenta punto de acuerdo a nombre de dicha comisión. Se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
El siguiente punto del orden del dia, es la lectura al informe de la Comisión Investigadora de la Conasupo. En atención a que este informe...
El diputado Adolfo Miguel Aguilar Zinser (desde su curul):
Señor Presidente...
El Presidente:
Digame, diputado Aguilar Zinser.
El diputado Adolfo Miguel Aguilar Zinser (desde su curul):
Solicito que se obvie la lectura del informe.
El Presidente:
Si, señor diputado; para allá iba, precisamente.
En atención a que este informe ha sido impreso y ha sido distribuido entre los diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al informe.
El secretario Emilio Solórzano Solís:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al informe.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se le dispensa la lectura al informe.
«Comisión para la investigación del funcionamiento de la Conasupo y de sus empresas filiales.
Honorable Asamblea: el día 30 de noviembre de 1995 y por acuerdo del pleno de la Cámara de Diputados, se constituyó esta comisión, en términos de lo dispuesto por el artículo 93 último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con objeto de investigar el funcionamiento de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares y sus empresas filiales, dilucidar si existieron desviaciones a sus normas internas y a las disposiciones legales aplicables y si se cometieron ilícitos, particularmente, pero no de manera exclusiva, durante el tiempo en que el señor ingeniero Raúl Salinas de Gortari fue funcionario de la matriz o de las filiales de dicho organismo público descentralizado.
La comisión actuó en términos de lo dispuesto en los articulos 42, 46, 52, 55 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Con base en las disposiciones constitucionales y legales antes invocadas, esta comisión celebró sesiones plenarias y sesiones de su mesa directiva, en las fechas en que fueron convocadas para tales efectos, abarcando su trabajo prácticamente 10 meses a partir de la fecha de su creación, mismas que a continuación se detallan:
Doce reuniones de la mesa directiva, nueve sesiones ordinarias y cinco sesiones extraordinarias.
En su segunda sesión ordinaria, celebrada el día 14 de diciembre de 1995, la comisión aprobó un plan de trabajo que comprendía solicitar al Ejecutivo Federal información básica para identificar y recabar los documentos indispensables para precisar la situación operativa y financiera del sistema de la Conasupo durante el periodo de la investigación, contenidos en los archivos del organismo paraestatal y sus filiales, comprendiendo manuales de organización e instructivos de operación y procedimientos, dictámenes de estados financieros elaborados por auditores externos e informes de auditorias e inspección, emitidos por personal de la propia Conasupo, de la dependencia coordinadora de sector, de los comisarios y auditores de la Secogef, de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Programación y Presupuesto y de la Contaduría Mayor de Hacienda; relación de funcionarios y empleados de matriz y filiales; contratos y/o pedidos en materia de adquisiciones y servicios de la matriz y filiales; enajenaciones de bienes muebles e inmuebles y todo lo relativo a desincorporación de activos y liquidación de empresas del sistema de la Conasupo.
Para efectos de facilitar el acceso y consulta de la documentación referida, se solicitó a la Contaduría Mayor de Hacienda asegurar la integridad de los archivos recabados, los que se ubicaron en oficinas del Palacio Legislativo, a la disposición de los diputados integrantes de la comisión y de sus asesores, así como de la secretaria técnica de la propia comisión.
En su tercera reunión ordinaria, celebrada el dia 25 de enero pasado, se aprobaron por unanimidad las líneas generales de investigación a las que se aplicaría el trabajo de la comisión, que fueron las siguientes:
I. Analizar los resultados de las auditorías internas y externas practicadas a la Conasupo y sus empresas filiales, así como la revisión de las respectivas cuentas públicas.
II. Detectar e investigar las importaciones, adquisiciones y contrataciones de mayor monto, de la Conasupo y sus empresas filiales.
III. La revisión de las operaciones de importación de leche en polvo, contaminada supuestamente por radiactividad, no apta para consumo humano, así como la sobrecotización de los precios de compra y sobreestimación de costos de fletes y posible faltante de este producto en territorio nacional.
IV. La revisión de las operaciones de importación de granos (maíz y frijol), especificamente de Estados Unidos y China supuestamente contaminados por aflatoxinas, o no aptos para el consumo humano, así como la sobrecotización de los precios de compra y sobreestimación de costos de fletes y el supuesto tráfico de maíz subsidiado a empresas privadas.
V. Relaciones comerciales de la Conasupo y sus empresas filiales, con sus principales clientes y proveedores.
VI. El seguimiento a los resultados de las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República y de la Contraloria, respecto a diversas anomalías en el funcionamiento de la Conasupo y sus empresas filiales.
VII. La revisión del proceso de desincorporación de la planta Miconsa de Atlacomulco México, venta de los activos y liquidación de las filiales de la Conasupo que fueron desincorporadas.
VIII. Analizar las denuncias e informes que reciba la comisión.
En la segunda sesión extraordinaria de la comisión, celebrada el dia 15 de marzo del presente año, se acordó por voto unánime de los diputados, la designación del despacho profesional Bladinieres y Cía., SC, para el efecto de que se encargara de la revisión de las operaciones relacionadas con la matriz de la Conasupo y del despacho Barriguete Alonso López y Cía., SC, para que hiciera lo mismo tratándose de las filiales Diconsa, Miconsa y eventualmente Liconsa. Tales designaciones se sustentaron en el prestigio profesional de dichas firmas y la circunstancia de que no presentaban vinculación alguna con las entidades sujetas a investigación.
Ambos despachos aceptaron la responsabilidad anteriormente mencionada y suscribieron con fecha 26 de marzo pasado, con la Oficialía Mayor de esta Cámara de Diputados, los contratos respectivos de prestación de servicios profesionales, comprometiéndose a presentar informes de avance y, en su oportunidad, un informe final al pleno de la comisión, por conducto de su mesa directiva. Los funcionarios y el personal técnico de los despachos obtuvieron autorización expresa para tener acceso al acervo documental de referencia, pudiendo consultar asimismo los archivos de las diversas instancias gubernamentales relacionadas con la investigación.
Habiendo sido autorizados ambos despachos para concluir sus tareas, con una prórroga de 15 días a la fecha originalmente prevista, el día 2 de este mes presentaron sus informes finales a la consideración de la comisión, los que fueron reproducidos y distribuidos con todos sus anexos y documentos de soporte, para estudio y análisis por parte de los suscritos diputados integrantes de la comisión.
Dichos documentos, que en original se acompañan a este informe, se consideran como anexos incorporados al mismo para todos los efectos de referencia y consulta correspondientes. La relación que contienen de las investigaciones realizadas y las propuestas que formulan, son consideradas como materia de atención y de resolución expresa en este informe. Sus planteamientos han sido recogidos en la objetividad y credibilidad que en cada caso estimamos merecen.
Con base en ello, esta comisión se ha permitido elaborar este documento, en que se resume el resultado de los trabajos de investigación realizados, que se permite presentar a la consideración de la directiva y el pleno de la Cámara, en calidad de
INFORME FINAL
Para efectos prácticos se presentan por separado objetivos, resultados y conclusiones de cada linea de investigación.
I. Analizar los resultados de las auditorias internas y externas, practicadas a la Conasupo y sus empresas filiales, así como la revisión de las respectivas cuentas públicas.
Objetivos de la línea de investigación.
Verificar las medidas de control aplicadas a la Conasupo y sus empresas filiales en el periodo de 1982 a 1992.
Identificar las desviaciones más significativas detectadas por las instancias de control, así como la eficacia de las medidas que se adoptaron en respuesta a las desviaciones referidas.
Constar la profundidad de las revisiones practicadas y los niveles de mando revisados.
Corroborar si los mecanismos de control puestos en practica eran eficaces y si las desviaciones reportadas implicaron daños patrimoniales al organismo y sus filiales.
Resultados de la investigación
La Comisión para la Investigación del Funcionamiento de la Conasupo y sus empresas filiales, realizó un análisis de los resultados de las auditorías internas y externas practicadas a la Conasupo y a sus empresas filiales en el periodo 1982-1992, con el auxilio de los despachos profesionales contratados para este fin.
Por lo que hace a la empresa matriz, se procedió a realizar la revisión de las auditorías externas practicadas a la Conasupo, sucesivamente por los despachos profesionales Suárez del Real, SC, Mancera Hermanos y Cía., SC y Salles Sanz y Cía., SC, por los años comprendidos en este informe.
Se advirtió que, en todos los casos, los dictámenes emitidos contuvieron "salvedades", en razón de que la preparación de los estados financieros no se ajustó estrictamente a los "principios de contabilidad generalmente aceptados", sino que, en razón de tratarse de un organismo público, atendieron a los principios conocidos como Normas de Información Financiera (NIF).
Los auditores extemos señalaron en sus dictámenes aquellas desviaciones, limitaciones u omisiones, que en su concepto presentaban los estados financieros referidos, pero en todos los casos fue opinión expresa de los despachos contables mencionados, que la importancia relativa de las salvedades advertidas no les impedía expresar su opinión en el sentido de que los referidos documentos relativos a la Conasupo, presentaban "razonablemente la situación financiera y los resultados del organismo", no advirtiéndose, en ningún caso, una opinión negativa o una abstención de opinión, por lo que hace a los 11 dictámenes emitidos por los auditores externos respecto a la matriz, entre 1982 y 1 992.
Tratándose de las auditorias internas practicadas a la institución por los diversos órganos de control gubernamental, fueron revisados por el despacho profesional responsable, los "reportes de cumplimiento al Programa Anual de Control y Auditoria", elaborados por la Secogef por cada uno de los trimestres comprendidos desde 1982 a 1992.
De dicha revisión se advirtió, que la administración de la Conasupo adoleció durante el periodo citado de diversas violaciones a su normatividad, de retrasos en los registros y de fallas en el control interno, pero, según el criterio de los auditores, por el tamaño de la empresa y su complejidad, las circunstancias anteriores eran comprensibles y no fueron obstáculo para que los organismos de control pudieran cumplir su función de vigilancia y en su caso, sancionar a los responsables por las desviaciones advertidas.
Por lo que toca a las empresas filiales de la Conasupo, el despacho responsable de la revisión advirtió la existencia de diversas limitaciones en la información disponible, atribuible a causas ajenas a esta comisión.
Independientemente de aquellas derivadas de la no localización de documentación de años pasados, por haberse destruido o remitido a otros archivos no identificables, es de destacarse el hecho de que los auditores externos de Diconsa hubiesen advertido la carencia de bases específicas para verificar el monto de los servicios técnicos recibidos por parte de la Conasupo; deficiencias en la titulación y regularización de bienes inmuebles recibidos del sistema Coplamar y de los gobiernos de los estados, abstención de opinión de auditoría por los años de 1982 y 1983 por lo que hace a la distribuidora de la Conasupo del sureste y falta de conciliación o depuración de saldos en el sistema de distribuidoras de la Conasupo en el año de 1984, diversos incrementos significativos en los rubros de estimación de cuentas incobrables, funcionarios y empleados, deudores diversos y ex concesionarios y ex encargados, materias que seria recormendable que el Ejecutivo Federal estudiase más detenidamente para el efecto de conocer en su detalle y precisar sus implicaciones.
Por lo que respecta a Miconsa, se advirtieron también algunas deficiencias como resultado de las revisiones internas y externas practicadas a esa entidad, particularmente en lo relativo a la construcción de una planta por la empresa Miconsa Guerrero y las inversiones relativas a esa subsidiaria y a Miconsa Atlacomulco. En ambos casos, el despacho profesional asesor considera que seria conveniente explorar con mayor profundidad las circunstancias relativas.
Por lo que toca a la revisión de las respectivas cuentas públicas, los despachos asesores advirtieron que en el periodo que corresponde la investigación los dictámenes relativos fueron elaborados regularmente por la Contaduría Mayor de Hacienda y presentados a consideración y aprobación del pleno de la Cámara, por conducto de la Comisión de Vigilancia de dicho órgano dependiente del propio Poder Legislativo.
En concepto de esta comisión, las medidas y sistemas de control y revisión interna y externa preceptuados por la normatividad aplicable, se ejercieron durante el periodo de la investigación e hicieron posible señalar desviaciones, proponer su corrección y sancionar responsabilidades, con excepción de aquellos hechos y circunstancias que se mencionan en otras lineas de investigación y que, en nuestro concepto, deben dar lugar a investigaciones más acuciosas y severas.
Debe advertirse, sin embargo, que en los casos en que las instancias de control y revisión recibieron denuncias sobre conductas ilícitas de funcionarios del sistema de la Conasupo, actuaron en consecuencia, dando lugar tanto a los fincamientos de responsabilidad administrativa como a las consignaciones penales correspondientes y la corrección de las prácticas administrativas irregulares. Fuera de los casos que se mencionan por separado, no se detectaron daños patrimoniales a la matriz y a las filiales que no hayan sido objeto de investigación, verificación y sanción.
Conclusiones Por lo que se refiere a la Conasupo, se advirtió que el organismo incurrió en deficiencias en la aplicación de su normatividad interna, durante el periodo comprendido entre 1982 y 1992. Dichas irregularidades fueron constatadas tanto por las auditorias externas como por las diversas instancias de control interno del Gobierno Federal, lo que hizo factible se pusieran en práctica las medidas correctivas que se estimaron adecuadas y se aplicaran las sanciones consecuentes a los funcionarios y empleados responsables de las mismas.
Por lo que corresponde a las filiales de Diconsa y Miconsa, en atención a las limitaciones de información advertidas tanto por esta comisión como por el despacho asesor, los suscritos no consideran conveniente expresar un juicio definitivo al respecto, sino que consideran más adecuado solicitar al Ejecutivo Federal se profundice en las investigaciones concernientes a las diversas irregularidades advertidas, que se consignan en los documentos anexos a este informe, a fin de que se apliquen, en términos de ley, las medidas correctivas y las sanciones que correspondan y que en su oportunidad esta Cámara de Diputados sea informada sobre el resultado de dichas investigaciones complementarias. Por lo que respecta a Liconsa no se reportó alguna irregularidad relevante.
II. Detectar e investigar las importaciones, adquisiciones, contrataciones de mayor monto de la Conasupo y sus empresas filiales.
Objetivos de la línea de investigación
Verificar si las importaciones, compras y contrataciones de mayor importancia, se realizaron con base en las políticas y procedimientos establecidos en los manuales relativos, así como con apego a las leyes y demás normatividad aplicable a dichas operaciones.
Resultados de la investigación.
Por lo que hace a la empresa matriz, el despacho asesor realizó y presentó a esta comisión un estudio amplio y detallado de todo el sistema de contratación y manejo de las importaciones de la Conasupo, en el periodo comprendido entre 1982 y 1992.
En el documento relativo, que se acompañó como anexo 3-A del informe final del referido despacho asesor y que es también en consecuencia anexo de este informe, se precisan las diversas formas de contratación de las importaciones, las convocatorias y las formalidades cumplidas en sus concursos públicos; las bases generales de contratación; las diversas áreas involucradas en estas operaciones y todos los demás actos y procedimientos de la administración de la empresa orientados al perfeccionamiento de los contratos respectivos.
En el documento citado, se hace un análisis especifico de nueve importaciones realizadas por la Conasupo, que fueron denunciadas ante esta comisión por uno de los diputados integrantes de la misma, en atención a que una oficina del gobierno norteamericano las había considerado irregulares.
Después de analizar tanto el estudio presentado por el despacho asesor, como la documentación que acompañó como sustento, esta comisión concluye que los mecanismos administrativos y de operación puestos en práctica por la Conasupo durante el lapso referido, cumplieron con todos los requerimientos usuales tratándose de contratos de esta naturaleza, existieron pruebas documentales que acreditan que se trató de operaciones derivadas de concursos públicos en los que se dio cumplimiento a todas y cada una de las normas establecidas para dicho efecto, sin que existiera objeción o impugnación alguna de las dependencias públicas que las supervisaron o de las empresas particulares que participaron en ellas.
Por lo que hace a las adquisiciones y contrataciones de mayor monto, celebradas por la Conasupo con sus clientes y proveedores, el despacho asesor presentó una relación integral de todos y cada uno de los contratos celebrados en el periodo que comprende esta investigación y practicó compulsa a las principales empresas contratantes, no habiendo recibido una sola respuesta que hubiese desmentido o negado los términos de las operaciones pactadas y la ejecución de los contratos respectivos, por lo que, con base en las prácticas usuales para este tipo de revisiones, las mismas se ajustaron a la normatividad vigente y no presentaron irregularidades de relevancia.
Por lo que toca a las empresas filiales, el despacho asesor encontró limitaciones para la práctica de su investigación, particularmente por la carencia de cierta documentación con la que pudieran verificar precios y condiciones de las operaciones, pagos y cobros a proveedores y clientes.
No obstante ello y a través de la aplicación de procedimientos alternos, el despacho referido pudo advertir en el caso de Miconsa algunas anomalías, específicamente en lo que respecta al periodo comprendido entre el 10. de noviembre de 1990 y el 31 de diciembre de 1991. Las situaciones y las consideraciones relativas se detallan en el informe final del despacho aludido. Esta comisión propone profundizar la investigación de las irregularidades detectadas por los auditores externos de esa filial, en razón de que pudieran haberse ocasionado daños patrimoniales a la entidad.
Conclusiones Por lo que respecta a la Conasupo, esta comisión considera que sus normas y reglas de operación, tanto en materia de importaciones como de operaciones con efectos exclusivos en territorio nacional, se cumplieron en términos generales, independientemente de los hechos específicos que son materia de análisis y de propuestas concretas en otras líneas de investigación contenidas en este informe. En lo que corresponde a la empresa filial Miconsa, esta comisión recomienda al Ejecutivo Federal se profundicen las investigaciones referidas, para el efecto de verificar si existieron irregularidades que dieran lugar a afectaciones al patrimonio de la entidad, estimándose prudente que en esa eventualidad se precisen los funcionarios y empleados responsables de las mismas, para los efectos administrativos y/o penales consecuentes.
III. Revisión de las operaciones de importación de leche en polvo, supuestamente contaminada por radiactividad, no apta para consumo humano, así como la sobrecotización de sus precios de compra y sobreestimación de sus costos de fletes y posible faltante de este producto en el territorio nacional.
Objetivos de la línea de investigación
Verificar si se importó leche contaminada con radiactivada, analizar los precios de compra, la corrección de las cantidades pagadas por concepto de fletes. Corroborar el posible faltante de 9 mil toneladas de leche en polvo, dentro del territorio nacional en los años 1989 y 1990.
Resultados de la investigación
El asunto denunciado, fue materia de una amplia investigación que practicó tanto el despacho asesor como la propia secretaria técnica de esta comisión.
La descripción de los estudios y análisis relativos, así como de todo el acervo documental que fue consultado para el efecto de integrar las conclusiones de la investigación, se detallan ampliamente tanto en los informes preliminar y complementario que presentó la secretaria técnica de esta comisión a la consideración del pleno de la misma, como en el anexo 5-A del informe final del despacho asesor, que se acompañó originalmente a su informe de avance presentado el dia 2 de julio pasado.
Esta comisión analizó el texto propuesto por el despacho asesor en cuanto a la denuncia del Grupo de los Cien y del grupo Greenpeace-México, así como consideraciones que se formularon por diputados miembros de esta comisión, después de un estudio y de su evaluación consecuente, la comisión hace suyas dichas conclusiones, las que se resumen en el apartado correspondiente de esta misma línea de investigación.
Por cuanto hace a la denuncia formulada por diputados miembros de esta comisión, en el sentido que durante los años de 1989 y 1990 hubo una sustracción de leche en polvo propiedad de la Conasupo, la comisión, con el auxilio del despacho asesor, realizó un análisis detallado de un faltante de más de 2 mil 366 toneladas de leche en polvo, de origen diverso, que fueron sustraídas ilícitamente de las existencias de la Conasupo.
El estudio relativo constituyó materia de un anexo especial, el 5-B, presentado adjunto al informe final del despacho asesor y en él se establece que sí existieron conductas ilícitas por parte de diversos empleados de los Ferrocarriles Nacionales de México; que evidentemente existieron deficiencias administrativas y posible complicidad en la sustracción de la leche por parte de empleados de la Conasupo encargados del control de la información respecto a existencias y movilización del producto y, finalmente, se puede presumir que existieron conductas delictivas de terceros, que participaron o se aprovecharon de los ilícitos, al apropiarse y consumir comercial o industrialmente la leche en polvo referida.
Esta comisión propone al Ejecutivo Federal profundizar las investigaciones relativas, al efecto de definir las responsabilidades administrativas y/o penales resultantes.
Conclusiones
Por lo que respecta a la importación de leche en polvo de Irlanda, supuestamente contaminada por radiactividad, la comisión concluye con el apoyo de la opinión científica de la máxima autoridad en la materia en el país, en este caso la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, que dado los niveles de Becquereles que contenía dicha leche, en ningún momento se puso en riesgo la salud de la población.
Esta comisión no encontró evidencia de una supuesta sustracción de este producto de los almacenes aduanales de Veracruz. Del análisis de la documentación que obra en los anexos de este informe, se puede constatar que los funcionarios de la Conasupo, de la Secretaría de Salud y de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, actuaron conforme a la normatividad aplicable para evitar todo riesgo eventual para los consumidores del producto; asimismo se concluye que no existió sobrecotización en el precio de la leche en polvo ni en el costo de los fletes respectivos.
Por otra parte, y en lo relativo al faltante de leche en polvo "en territorio nacional", por la desviación y el apoderamiento ilícito de un número significativo de vagones y de camiones en los patios de Ferrocarriles Nacionales de México, por la relación de hechos contenida en la investigación presentada a consideración de esta comisión, se concluye que si existió una conducta delictiva, sobre un volumen inferior a las 9 mil toneladas originalmente denunciadas, ya que este faltante ascendió aproximadamente a 2 mil 600 toneladas del producto.
En atención a que existe ya un proceso penal en contra de diversos empleados de Ferrocarriles Nacionales de México, esta comisión considera que dicho trámite judicial debe culminarse hasta lograr el castigo a los responsables, asimismo debe ampliarse esta investigación hasta encontrar a los autores intelectuales y copartícipes de este delito que se beneficiaron con la compra del producto.
Esta comisión propone al Ejecutivo Federal, investigue, a través de la autoridad competente, si las fallas observadas en los controles internos y en el cumplimiento de la normatividad establecida para los manejos administrativos de la Conasupo, deben motivar la aplicación de sanciones administrativas, independientemente de las responsabilidades penales que pudieran generarse.
IV. Revisar las operaciones de importación de maíz, específicamente de Estados Unidos, supuestamente contaminado por aflatoxinas, no apto para consumo humano, así como la sobrecotización de los precios de compra y sobreestimación de sus costos de fletes y el supuesto tráfico de maíz subsidiado a empresas privadas y revisar las operaciones de importación de frijol, especificamente de china, no apto para consumo humano, así como la sobrecotización de sus precios de compra y sobreestimación de sus costos de fletes.
Objetivos de la línea de investigación
Verificar si se importó maíz contaminado por aflatoxinas y si a su vez se importo el frijol chino en las condiciones denunciadas, si las operaciones se realizaron con base en las políticas y procedimientos establecidos en los manuales respectivos, así como en las leyes y demás normatividad aplicable a dichas operaciones. Analizar los precios de compra y las cantidades pagadas por concepto de fletes y verificar asimismo el supuesto "tráfico de maíz subsidiado" a empresas privadas.
Resultados de la investigación
En esta línea de investigación quedaron comprendidos tres asuntos diversos que fueron materia de investigación por parte de la comisión, con auxilio del despacho asesor, mismo que se refirió a ellos en su informe final, así como en sus respectivos anexos 6-A, 6-B y 7 y que se desglosan a continuación.
A. Caso del maíz importado supuestamente contaminado por aflatoxinas.
Después de una detallada investigación apoyada en un sinnúmero de elementos documentales, esta comisión llega a la conclusión de que no existió durante el lapso de 1982 a 1992 y particularmente en el periodo denunciado de 1989 a 1990, ninguna importación de maíz que estuviese afectada por la presencia de aflatoxinas superior a la norma internacional.
Sin embargo, se llegó a la conclusión de que en la denuncia había una confusión y que el problema se referia a que en los años citados de 1989 y 1990, la Conasupo adquirió un volumen considerable de maíz de producción nacional, afectado en su calidad y por ello en su condición alimenticia, por efecto de la presencia elevada de aflatoxinas.
En el estudio se determinó con precisión en qué región del país se suscitó el problema, la magnitud que tuvo y las acciones que adoptó la administración de la Conasupo para solucionar la situación y prevenir los daños a la población del país. A través de los diferentes documentos que se consultaron, quedó muy claro que el resultado final de la operación citada, si bien afectó el patrimonio de la Conasupo, no existe evidencia de que hubiera dañado la salud de la población, dadas las medidas preventivas que en su oportunidad se tomaron.
De la investigación practicada se advirtió la necesidad de una mayor atención en el tema, a fin de esclarecer si las mermas que finalmente afectaron los volúmenes del producto nacional contaminado resultaban o no justificables, en cuanto a su magnitud y en su caso, si existieron acciones ilícitas, de empleados de la Conasupo o de terceros, que debiesen motivar una denuncia para su investigación correspondiente por las autoridades competentes en esta materia.
Esta comisión estima del todo procedente turnar el estudio aludido al Ejecutivo Federal a efecto de que éste, por las instancias administrativas que sean apropiadas, practique una revisión de las acciones operativas y administrativas correspondientes, con el fin de esclarecer si las mermas que finalmente incidieron en los inventarios de la Conasupo, son atribuibles a la pérdida natural de humedad en el producto o si existieron otras conductas en razón de las cuales deban fincarse responsabilidades administrativas y/o penales.
Es importante destacar que en el último apartado del anexo respectivo, se consigna el hecho de que, por las previsiones que se han tomado por la paraestatal, el fenómeno relativo a la contaminación del maíz por aflatoxinas no ha vuelto a presentarse en magnitud significativa ni en la región en que los hechos acaecieron (el Estado de Tamaulipas) ni en ninguna otra zona productora del país.
B. Caso del supuesto tráfico de subsidio de maíz a empresas privadas.
En el curso de los trabajos de investigación encomendados a esta comisión, un diputado miembro de la comisión presentó una denuncia en el sentido de que existió un pago ilegal de parte de la Conasupo a una empresa privada, Maseca, destinataria habitual de maíz subsidiado, en razón de que dicha empresa tiene la obligación de trasladar el subsidio referido al consumidor final, mediante el proceso de elaboración y venta de harina de maíz a precio controlado.
En razón de la naturaleza de la denuncia esta comisión acordó abordar de inmediato la revisión integral del caso, considerándolo incluido en esta línea de investigación. Para el efecto turnó la documentación e información aportada al despacho asesor, así como documentos y registros que se recabaron de la dirección general de la Conasupo.
El 17 de julio pasado, esta comisión celebró su octava sesión ordinaria y abordó el análisis de la amplia documentación antes citada, que incluía el informe elaborado por el despacho asesor, con propuesta de conclusiones sobre el tema, las que fueron sometidas a la aprobación de los integrantes de esta comisión, tomándose un acuerdo definitivo sobre esta materia, que para efectos de constancia formal se relaciona en el apartado 6-b, correspondiente de esta línea de investigación.
C. Caso del frijol chino no apto para el consumo humano.
Este asunto fue también objeto de estudio y análisis por el despacho asesor, que presentó sus conclusiones a esta comisión a través de un documento anexo a su sexto informe de avance de actividades, el 2 de agosto pasado y que adjuntó también a su informe final. El anexo citado comprende 51 cuartillas y hace una relación muy amplia de hechos acaecidos desde 1989 hasta 1994 y sus consecuencias jurídicas y económicas.
La investigación correspondiente revela que se trató en efecto de una operación irregular desde muchos puntos de vista, particularmente en cuanto a su negociación, contratación y ejecución; que aunque no existe evidencia de que se hayan causado daños a la salud de la población, hubo el riesgo de que así ocurriera por la mala calidad original del producto y su posterior deterioro por inadecuadas condiciones de almacenamiento, que se afectó en forma considerable el patrimonio de la Conasupo y que existen claros indicios de responsabilidad en las acciones irregulares detectadas de parte de algunos funcionarios que desempeñaban cargos muy importantes en la compañía matriz y de terceros que fueron copartícipes o que se aprovecharon en beneficio propio (o de las compañías que representaban) de la operación de referencia.
En el subsecuente apartado de conclusiones se hace una relación sucinta de propuestas respecto a este tema.
Conclusiones
a) Por lo que hace al caso de maíz contaminado por aflatoxinas, independientemente de que éste no haya sido importado, es evidente que representó un caso de afectación patrimonial para la Conasupo, aunque en razón de no poder determinarse las causas de que el fenómeno se haya producido en un producto cosechado en el país, no nos es factible imputar responsabilidades especificas, en razón de que, detectada que fue la existencia de maíz con elevados índices de aflatoxinas, la institución adquirió dicho producto para evitar su comercialización, con lo que eliminó daños irreparables en la salud de la población consumidora y adicionalmente evitó un daño patrimonial mayor a los productores nacionales.
En razón de que el almacenamiento y manejo de este maíz arrojó mermas significativas, se propone al Ejecutivo Federal profundizar en el análisis de las mismas, a efecto de verificar si son justificables. Por otra parte, el fenómeno no volvió a presentarse en lo sucesivo y la población del país no resultó afectada en su salud.
b) En lo que respecta a la denuncia del diputado Aguilar Zinser sobre un aprovechamiento ilícito de pagos por subsidio al maíz por parte de la empresa Maseca y a causa de una supuesta conducta irregular de funcionarios del Gobierno Federal, la comisión, en sesión de fecha 17 de julio, estudió con la amplitud requerida el tema y aprobó las conclusiones finales presentadas por el despacho asesor, que por su relevancia se transcriben a continuación:
Primera. Que el procedimiento que llevó al pago se apegó a las leyes y a la normatividad interna, vigentes en la materia.
Segunda. Que las autoridades que intervinieron y particularmente el órgano superior de gobierno de la Conasupo, asi como su dirección general, actuaron en el ámbito estricto de sus competencias y con apego a las atribuciones y responsabilidades que la ley les señala.
Tercera. En virtud de lo anterior, concluimos que el pago realizado por la Conasupo a Maseca, por concepto de deterioro financiero y en términos del finiquito de 5 de diciembre de 1989, se ajustó plenamente a derecho.
c) En lo que corresponde al caso de la importación del frijol, chino aun siendo justificada la necesidad de importar ese producto por el grave desabasto nacional, es evidente para esta comisión que hubo serias irregularidades en la negociación, contratación y ejecución de la operación celebrada con la empresa California Panamá Holding, Inc., por 10 mil toneladas de frijol negro.
Que pese a las medidas que en su oportunidad adoptó la administración de la Conasupo para reparar parcialmente el daño patrimonial sufrido, subsistió un grave quebranto para la institución, que debe atribuirse fundamentalmente a las acciones realizadas por dos funcionarios de dicha empresa, los señores CP José Manuel Pasalagua Branch y licenciado Agustin Vargas Durán, quienes si bien fueron investigados y sancionados con inhabilitación por 10 y ocho años respectivamente por la Secogef, no fue ron denunciados en su oportunidad ni consignados ante las autoridades penales competentes.
Por esa razón y con base en los estudios realizados que forman parte de los anexos de este informe final, esta comisión estima conveniente proponer al Ejecutivo Federal se realicen las investigaciones y averiguaciones previas correspondientes, que permitan el ejercicio de acción penal en contra de los referidos ex funcionarios, proponiéndose igual trámite tratándose de los señores Oscar Ponciano Aguilar Castañeda, representante de la empresa transportista del producto y Marco Antonio Bareño Arvizu, representante legal de la empresa vendedora, ya que en nuestro concepto ambas personas y las empresas que representaban, se aprovecharon ilícitamente de las acciones irregulares y presuntivamente delictivas, que son materia del asunto que nos ocupa.
Asimismo, es procedente investigar, por autoridad competente, la conducta asumida por la licenciada Rosalía Isabel Moreno Ruiz, quinto juez de distrito en materia civil con sede en Oaxaca, Oaxaca, en la tramitación del juicio mercantil promovido por el supuesto apoderado de la empresa, Karana Line Jakarta.
V. Relaciones comerciales de la Conasupo y sus empresas filiales con sus principales clientes y proveedores.
Objetivos de la línea de investigación
Revisar si las relaciones comerciales que se establecieron en el periodo de la investigación, entre la Conasupo y sus empresas filiales, con sus principales clientes y proveedores, corresponden a transacciones regulares y apegadas a derecho.
Resultados de la investigación
Los despachos asesores, hicieron una revisión de las relaciones comerciales de la Conasupo y sus filiales y sus mas importantes clientes y proveedores.
Tratándose del organismo matriz, el despacho Bladinieres y Compañía, SC, presentó, desde su tercer informe parcial de avances, una relación completa de todos los contratos celebrados por la entidad en los 11 años que comprende la investigación, consignando los datos mas relevantes de los mismos y analizándolos bajo distintos criterios de clasificación: por producto, por proveedor y por su monto. Especialmente, se formuló una relación de los tres mas importantes contratos en cuanto a su importe, en dólares y en pesos mexicanos, cada año, lo que permitió identificar 66 contratos en particular.
De acuerdo a las practicas usuales en las revisiones y auditorias de las empresas, se realizo una compulsa a las citadas negociaciones en cuanto al contenido y cumplimiento de los contratos aludidos. Como ocurre en México y en otros países del mundo en que las empresas no están obligadas a responder las consultas de firmas de auditores privados, solo algunas compañías dieron contestación a la solicitud de información pero, como ya se dijo, no hubo una sola respuesta que desmintiese o negase los términos de las operaciones pactadas y la ejecución de los contratos respectivos, lo que aparece relacionado en los documentos que el despacho asesor presento como anexos a sus informes correspondientes.
Por lo que toca a las filiales de la Conasupo, el despacho Barriguete, Alonso López y compañía, SC, practicó también una amplia revisión de sus relaciones comerciales con los principales clientes y proveedores, destacando, en el caso de Miconsa, los contratos exclusivos de distribución de harina de maíz, mismos que presentan una serie de irregularidades de forma y fondo, que merecen consideraciones muy criticas que se contienen en el subsecuente apartado de conclusiones, de esta linea de investigación.
En otros casos, no se detecto irregularidad relevante digna de considerarse expresamente.
Conclusiones
Por lo que hace a la empresa matriz del sistema la Conasupo, no hay evidencia de que hubiesen existido irregularidades en las principales operaciones comerciales celebradas con sus clientes y proveedores. Cabe advertir que no se contó tampoco con ninguna denuncia concreta a este respecto, excepción hecha de la ya comentada respecto a Maseca, que constituyo materia de análisis especial.
Por lo que hace a las filiales y particularmente en el caso de Miconsa, es de advertirse que el despacho asesor no estuvo en condición de verificar en que consistían los servicios de comercialización proporcionados a la entidad por empresas privadas de distribución Esta comisión considera que no era necesario que se celebraran los referidos contratos de distribución de harina de maíz, máxime que en algunas ocasiones el producto referido tenia como destino final a entidades del Gobierno Federal e inclusive a empresas filiales del sistema de la Conasupo.
Al parecer, la propia constitución de las empresas mencionadas obedeció a la finalidad de hacer negocios con el sistema de la Conasupo con beneficios injustificables, cuyo monto debe ser materia de cuantificación precisa.
Por lo anterior, esta comisión propone al Ejecutivo Federal se practiquen las investigaciones y en su caso las averiguaciones previas y consignaciones respectivas, en contra de los funcionarios de la filial Miconsa, responsables de las decisiones correspondientes y de los particulares que se beneficiaron por esas irregularidades supuestamente ilícitas, durante el periodo comprendido entre los meses de julio de 1990 a julio de 1992.
VI. Seguimiento a los resultados de las investigaciones realizadas por al Procuraduría
General de la República y la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, respecto a diversas anomalías en el funcionamiento de la Conasupo y sus empresas filiales.
Objetivos de la línea de investigación
Conocer y verificar el resultado de las acciones emprendidas por estas instancias de control, así como de persecución de los delitos, derivadas de las anomalías detectadas en la Conasupo y sus empresas filiales en los años que abarca la investigación.
Resultados de la investigación
La Procuraduría General de la República hizo llegar a esta comisión una relación clasificada por entidades de la República y sector central, de todos los delitos cometidos y denunciados por la Conasupo ante el Ministerio Público Federal. De la relación citada, que fue estudiada y comentada por el despacho asesor, aparece que en 97 casos la conducta delictiva denunciada fue peculado; en 20 el delito fue fraude y además existieron denuncias por otros tipos delictivos, que son: ejercicio indebido del servicio público, ejercicio abusivo de funciones contra el consumo y riqueza nacional, daño en propiedad ajena y despojo.
En el informe de la autoridad citada se contiene una síntesis de cada una de las conductas supuestamente delictivas, los presuntos responsables y el estado del trámite correspondiente. Para esta comisión, la dependencia mencionada ha venido actuando conforme se le ha demandado, tomando conocimiento del asunto y procediendo en consecuencia.
La Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, remitió también a esta comisión una relación de los servidores públicos sancionados por la Secogef y en su caso por la Secodadm, con base en las investigaciones practicadas a la Conasupo.
De acuerdo con la relación referida, fueron 167 los servidores públicos de la Conasupo sancionados administrativamente durante el periodo de 1989 a 1995, cuyos nombres se detallan en el listado correspondiente, en la inteligencia de que a 68 de ellos se les impusieron sanciones económicas.
Compete a esta Cámara estar atenta a reportes que sobre este tema se le hagan llegar, en atención a que en el texto de este informe estamos proponiendo al Ejecutivo Federal atención específica a ciertas conductas denunciadas e investigadas, lo que podría dar lugar en su momento, a la aplicación de nuevas sanciones por parte de la Secodadm y eventualmente a la formulación de denuncias y consignaciones ante la Procuraduría General de la República y las autoridades judiciales competentes.
En lo que respecta a las filiales del organismo, el despacho asesor nos presentó también un estudio basado en la relación de investigaciones practicadas por la Procuraduría General de la República, por denuncias de entidades filiales del sistema, de las que se desprende que hubo 122 casos distintos que dieron motivo a averiguaciones previas y en su oportunidad a la consignación respectiva.
En otro apartado de su informe final, el despacho asesor formula un análisis de las investigaciones practicadas por la Secogef, hoy la Secodadm, por diversas irregularidades administrativas detectadas en las filiales de la Conasupo.
Del documento respectivo se desprende que la Secretaría de la Contraloría aplicó 373 sanciones económicas, por un monto superior a 37 millones de pesos y la contraloría interna de la dependencia coordinadora del sector, aplicó a su vez, 91 sanciones económicas por un monto ligeramente mayor a 2.5 millones de pesos.
En concepto de esta comisión, la actuación de la Secretaría de la Contraloría de la Federación a este respecto, se refleja en la correcta integración de los expedientes mismos que aparecen debidamente estructurados y formulados sin embargo, esta comisión no tuvo conocimiento de que la Tesorería de la Federación hubiese cumplimentado el cobro de las sanciones económicas decretadas contra los servidores públicos infractores.
Conclusiones
A juicio de esta comisión, es conveniente en este punto solicitar al Ejecutivo Federal prosiga dando atención a esta materia, a través de la instancias competentes y, en su oportunidad, haga del conocimiento del Poder Legislativo Ios resultados de estos casos, especialmente tratándose de aquellas situaciones a las que se refiere este informe y respecto de las que se plantea la conveniencia de profundizar en análisis e investigación de ciertas conductas Adicionalmente a ello, se estima conveniente solicitar al Ejecutivo Federal su atención, en relación al hecho ya advertido de que no existe evidencia plena respecto al cobro de las sanciones económicas determinadas, gestión que conforme a la ley corresponde hacer a la Tesorería General de la Federación.
Finalmente se hace del conocimiento del Ejecutivo Federal, para los efectos de las investigaciones consecuentes, los siguientes asuntos:
a) Supuesto proyecto de denuncia de hechos, formulado en septiembre de 1989, en relación a una inversión de Miconsa Guerrero:
b) El presunto hecho de que un camión fletado por la Conasupo; que transportaba harina de maíz, llevaba un doble fondo en el que se contenía un enervante:
c) Un supuesto conflicto de intereses estimado como violación de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, tratándose también de la empresa Miconsa. Estos casos, pese a su menor significación, deben ser también en su oportunidad esclarecidos, en beneficio de la administración y tranquilidad de la opinión pública del país.
VII. Revisión del proceso de desincorporación de la planta Miconsa de Atlacomulco, México, venta de los activos y liquidación de las filiales de la Conasupo que fueron desincorporadas.
Objetivos de la línea de investigación
Revisar si el proceso de desincorporación de la planta Miconsa Atlacomulco, se realizó con apego a la normatividad y si fue transparente y adecuado, así mismo, revisar si los procesos de venta de activos y privatizaciones de las empresas filiales de la Conasupo se efectuaron de manera legal y transparente.
Resultados de la investigación
El despacho asesor, realizó un amplio estudio de este tema, que consignó puntualmente en su informe final anexo a este informe de la comisión. De su texto destacan algunos puntos que estimamos conveniente mencionar:
Miconsa Atlacomulco, S.A. de C.V., se constituyó el 15 de noviembre de 1984, como resultado de un convenio de asociación industrial, celebrado el año anterior entre la Conasupo y el gobierno del Estado de México, para la instalación de una planta productora de harina de maíz en dicha región.
En enero de 1988 mediante resolución publicada en el Díario Oficial de la Federación de fecha 22 de enero de 1988, el Gobierno Federal propone al gobierno del Estado México la transferencia de sus derechos y obligaciones en la empresa antes citada, propuesta que no se concretó, sin embargo, se procedió a la venta de las acciones de la empresa a través de un procedimiento que culminó mediante una licitación "por invitación" a tres empresas, cuyos detalles se describen en el informe del despacho de referencia.
Abastos Especializados, S.A. de C.V., fue, de las tres empresas invitadas, la única que presentó postura, la que satisfizo las condiciones previstas en las bases de licitación. No obstante, es de advertirse que la misma constitución de dicha empresa privada presentó irregularidades.
Una vez adquirida por Abastos Especializados, S.A. de C.V., la empresa Minsa Atlacomulco, S.A. de C.V. (antes Miconsa Atlacomulco), celebró un contrato de maquila con Miconsa a todas luces ventajoso, ya que pudo asegurar la utilización de gran parte de su capacidad instalada, sin necesidad de buscar un mercado propio y a la vez, gracias al contrato de maquila obtuvo recursos financieros seguros que le permitieron pagar en lo fundamental el adeudo que había contraído al realizarse la desincorporación referida.
Esas circunstancias, más el hecho de haberse incorporado al contrato de maquila, penas convencionales a cargo de Miconsa, prohibidas expresamente por el Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, hacen recomendable practicar un estudio minucioso de la operación a efecto de precisar si se originaron responsabilidades oficiales de servidores públicos, que debiesen ser sancionadas por la autoridad, conforme a lo dispuesto por la ley de la materia.
Es particularmente interesante el hecho de que en el curso de la investigación surgió la denuncia de que en Miconsa y sus subsidiarias pudo haber tenido una intervención decisiva el señor ingeniero Raúl Salinas de Gortari, lo que se sustenta en la afirmación de que él promovió al entonces director de Miconsa, Carlos Alemán Bueno en sustitución del anterior, su también supuestamente "socio", Salvador Giordano y que se recurrió al señor Víctor Gómez, como un mero presta nombre para algunas operaciones de intermediación en la venta de harina de maíz producida por las plantas de Miconsa. Esta comisión no ha tenido elementos para corroborar dicha información y en función de ello, se recomienda al Ejecutivo Federal proceder a verificar tales afirmaciones a través de sus dependencias competentes.
Por lo que hace al proceso de desincorporación del paquete de las unidades industriales y de las marcas propiedad de Miconsa, que fue finiquitado en octubre de 1993, la comisión, tomando la opinión del despacho asesor, concluye en que se apegó razonablemente a los lineamientos establecidos por las autoridades y a las normas legales aplicables.
Finalmente, en lo que corresponde a la desincorporación de las plantas industriales de Liconsa, el mencionado despacho sugiere se investigue si las compañías adquirentes contaban con la experiencia necesaria para el manejo de ese tipo de plantas, el origen de los recursos de que dispuso para su adquisición y si se realizó el pago al Gobierno Federal por 2.5 millones de pesos, en razón de que un mismo adquirente compró las plantas de Liconsa en Aguascalientes, Aguascalientes y en ciudad Delicias, Chihuahua.
Conclusiones
Por lo anteriormente anotado, se propone hacer del conocimiento del Ejecutivo Federal los hechos anteriores, para que por conducto de sus instancias competentes investigue en torno a la legalidad de las operaciones antes descritas y, en su caso, proceda a fincar las responsabilidades administrativas y a efectuar las consignaciones procedentes ante las autoridades judiciales competentes.
VIII. Analizar las denuncias e informes que reciba la comisión.
Objetivos de la línea de investigación
Verificar los datos aportados por particulares, organizaciones no gubernamentales y otras instancias, relativos a anomalías y/o desviaciones en la actuación de la Conasupo y sus empresas filiales.
Resultados de la investigación
En esta última línea se incluyeron una serie de denuncias de diferentes fuentes, sobre asuntos muy diversos, relativos a las operaciones de la Conasupo y sus filiales.
Algunas de estas denuncias, al tener referencia específica con otra línea de investigación, para efectos de su estudio y análisis se incluyeron en ellas y han sido, por consiguiente, comentadas con amplitud en apartados anteriores de este informe final. Tal es el caso de las denuncias del Grupo de los Cien y de Greenpeace México en relación a la leche supuestamente radiactiva; del diputado Quintana Silveyra, en cuanto a nueve importaciones, aparentemente denunciadas como irregulares por el gobierno norteamericano y del diputado Aguilar Zinser, en torno al pago autorizado por la Conasupo en favor de Maseca. Todos estos casos no ameritan, a estas alturas, mayor comentario de nuestra parte.
En cambio, si debemos mencionar algunos otros temas o cuestiones de los que conocieron y se turnaron los despachos que nos han asesorado en las tareas de investigación:
El despacho Bladinieres y Compañía, SC, en su quinto informe de avance, fechado el 16 de julio pasado, hizo referencia a una denuncia que nos presentó el doctor Tomás García, sugiriendo se investigasen las cuentas denominadas Overnight accounts, de la Conasupo, que en su concepto permitían al banco correspondiente (mismo que no identifica) manejar discrecionalmente los fondos corporativos, lo "que le permite hacer inversiones en el extranjero durante periodos nocturnos, sin que se afecte la operación cotidiana y esto debe producir sobretasas que pueden convenirse de manera personal" (aparentemente lo que quiere decir es que de este tipo de manejo de cuentas se pueden desprender beneficios personales ilícitos).
La forma vaga e imprecisa en que esta denuncia se presentó y el hecho de que su autor no acudiera a identificarse ante la comisión ni a presentar elementos de prueba, imposibilitó profundizar en el tema. En todo caso, se deja constancia del hecho en este informe.
Respecto de la petición formulada por la organización "Unión y Fuerza Popular, AC", para que se le adjudique a sus miembros un predio ubicado en la delegación Gustavo A. Madero, propiedad de la Conasupo, en razón de venirlo ocupando con la promesa original de la paraestatal de que se les vendería, previó cumplimiento de los trámites administrativos respectivos, corresponde a la citadaparaestatal dar solución a la petición de referencia.
El propio despacho asesor informó de la denuncia del señor Cipriano Arellano Cantú en contra de un ex delegado de la Conasupo en el Estado de Tamaulipas y actualmente funcionario del ISSSTE en el Estado de Puebla. Los elementos en que se apoya dicha denuncia fueron exclusivamente los de que el servidor público en cuestión lleva en la actualidad una "vida opulenta" y es propietario de algunos negocios importantes. Consideramos que denuncia tan vaga no puede ser materia de investigación por parte de la comisión, por lo que nos limitamos también a relatar el caso dentro de este resumen de imputaciones de terceros en relación a la Conasupo.
En sesión extraordinaria celebrada el 13 de marzo del presente año, el diputado Car!os Navarrete Ruiz, propuso se investigara la versión de que en el tiradero municipal de la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, se había llevado a cabo un "entierro" de leche supuestamente contaminada por radiactividad. La comisión revisó la documentación proporcionada por Diconsa en que se hace constar cuales fueron los productos enterrados en el relleno sanitario en cuestión, pudiéndose comprobar que se trataba de una versión errónea.
Para cerciorarse de ese hecho, se solicitó informe a la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, la que envió un especialista, que en coordinación con las autoridades estatal y municipal de la materia, realizó mediciones de los niveles de radiación presentados en el terreno referido, sin que se encontrara indicio alguno de radiactividad anormal.
Un caso similar se dio tratándose de una bodega ubicada en el Distrito Federal, comprobando las autoridades de Protección Civil de la propia Ciudad de México, que era del todo falsa la versión.
El despacho Barriguete Alonso López y Compañía, SC, investigó las denuncias presentadas en relación con las actividades de Impecsa (Impulsora del Pequeño Comercio, S.A.) antigua filial de la Conasupo.
La primera de ellas fue presentada por la Constructora Grinmargo, S.A. de C.V., Ia que afirmó que se desvió una partida autorizada para el pago de estimaciones de obra a su favor, por una suma ligeramente superior a 2.5 millones de pesos, en la construcción de un almacén Conasupo-Solidaridad, en el puerto de Veracruz. La administración de la Conasupo entregó a la comisión documentos que comprueban fehacientemente que se trata de un asunto que ya ha sido reclamado y resuelto en última instancia por el Poder Judicial en favor de la Impecsa, acreditándose así que no existió irregularidad alguna en esa supuesta omisión de pago.
La Constructora Luum-ha, S.A. de C.V. denunció también haber celebrado en 1990, dos contratos para la construcción de almacenes Conasupo-Solidaridad, en Chetumal, Quintana Roo. En su reclamación, el representante de dicha empresa afirma que, como consecuencia de la liquidación de la Impecsa, la cantidad que tenía derecho a recibir su representada no le fue pagada en su integridad. Sobre este punto, la Contraloría de la Conasupo informó por escrito a la comisión que se trata de un asunto actualmente en litigio, por lo que corresponde a las autoridades judiciales pronunciarse al respecto.
Por último, el despacho asesor que realizó el estudio del asunto relativo Miconsa Atlacomulco, analizó un escrito presentado por un grupo de productores de tortilla, que en su oportunidad integraron la sociedad denominada "La Espiga Regional, SCL", quienes manifestaron que suscribieron 19 mil acciones al momento de fundarse tal subsidiaria de Miconsa y no han tenido posterior conocimiento de si son o no accionistas de la empresa que actualmente sustituye a la entidad antes citada. El tema no es materia de competencia de esta comisión, por lo que se ha sugerido a los interesados se dirijan a las instancias judiciales competentes, a deducir las acciones que pudiesen corresponderles.
En consideración a los comentarios anteriores, por cuanto a esta línea de investigación, se presentan las siguientes
Conclusiones
Las denuncias de terceros que se presentaron oportunamente al conocimiento de esta comisión y que ameritaron estudio y análisis por parte de la misma, fueron turnadas a los despachos asesores, siendo algunas de ellas incluidas en las líneas de investigación relativas que han sido comentadas y resueltas en apartados anteriores de este informe.
Respecto a las denuncias de particulares que no tienen relación con otras líneas de investigación y que por ello se abordan en los renglones precedentes, es opinión de esta comisión que, o bien, constituyen controversias ya resueltas por las autoridades judiciales o corresponde a éstas y a las instancias administrativas de la Conasupo pronunciarse en su oportunidad sobre su procedencia.
En algún otro caso, la vaguedad de la denuncia o de los hechos presentados a nuestro conocimiento, imposibilita el profundizar en la materia y, finalmente, otros supuestos hechos o imputaciones han quedado desvirtuados por los informes que se hicieron llegar a esta comisión.
Estimamos en consecuencia que no existe ninguna materia adicional respecto de esta línea, que requiera una propuesta específica al Ejecutivo Federal.
Consideraciones finales
Concluido el análisis de las ocho líneas de investigación aprobadas por unanimidad por esta comisión y formuladas en cada caso peticiones y propuestas al Ejecutivo Federal, nos resta únicamente hacer algunas consideraciones, en concepto de corolario o conclusión final del informe de esta comisión investigadora:
Primera. En razón de que conforme a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones investigadoras se constituyen con carácter transitorio, los trabajos de esta comisión han concluido por haber alcanzado la encomienda constitucional para la que fue creada, como se acredita con el presente informe final y anexos respectivos.
Segunda. Esta comisión solicita a la directiva de la Cámara de Diputados que, en términos de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 93 constitucional, previo el conocimiento por el pleno de la Cámara, el resultado de las investigaciones contenidas en nuestro informe se hagan del conocimiento del Ejecutivo Federal.
Tercera. La propuesta anterior esta fundada en el artículo invocado de nuestra ley suprema, y tiene su respaldo en las propias disposiciones de rango constitucional, que precisan el ámbito de facultades del Poder Legislativo, con respeto pleno al principio de la división de poderes. En efecto, de una lectura cuidadosa de las atribuciones conferidas por la Constitución en las diversas fracciones del artículo 73, al Congreso de la Unión y del 74, como facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, desprendemos la imposibilidad legal de ir más allá en esta tarea.
Inclusive, si se estima que la única fracción del artículo 74 que nos sería aplicable, es la VIII, que menciona como atribuciones de nuestra Cámara "las demás que le confiere expresamente esta Constitución", advertiríamos que el único caso a referirse en esta materia sería el propio párrafo final del artículo 93 que, como ya indicamos, establece la responsabilidad, que en nuestro caso nos incumbe, de turnar el resultado de las investigaciones al Presidente de la República, como titular del Poder Ejecutivo de la Federación. Pretender actuar en otra forma, sería tanto como proponer el desbordamiento del Poder Legislativo a límites expresamente reservados al Poder Ejecutivo, en nuestra propia Carta Magna.
Cuarta. Para confirmar esta aseveración, basta examinar lo dispuesto en los artículos 21, 89, 90 y 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para precisar que, a partir de los resultados alcanzados, compete únicamente al Ejecutivo actuar, a su vez, en cumplimiento a lo que es el marco específico de sus facultades y deberes constitucionales.
Los hechos que hemos advertido en el resultado de las diversas líneas de investigación que enumeramos en este informe, constituyen a nuestro parecer presuntas violaciones a los ordenamientos administrativos y penales del orden jurídico vigente, que nos llevan a recomendar al Ejecutivo Federal realizar las acciones adicionales, investigaciones, en su caso, denuncias y eventualmente consignaciones, que sólo pueden ser acordadas e instrumentadas por las instancias competentes, de conformidad con lo que establecen la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Orgánica del Ministerio Público Federal y los ordenamientos penales aplicables.
Quinta. Dentro del principio rector del actual sistema de gobierno de nuestro país, que cada día corresponde de manera más auténtica a una verdadera colaboración entre los poderes de la Unión, confiamos en que nuestra labor haya servido de modo importante a las instancias correspondientes del Gobierno, que así podrán realizar más eficazmente las responsabilidades propias que les incumben en esta materia. A su vez, y derivado de ese mismo principio constitucional, solicitamos que las dependencias competentes del Ejecutivo Federal hagan saber a este órgano legislativo el resultado alcanzado en el ejercicio de sus atribuciones en los casos relacionados en este informe.
Dado en el salón de comisiones de la Cámara de Diputados, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 1996.--México, Distrito Federal.--Por la comisión para la investigación del funcionamiento de la Conasupo y sus empresas filiales.--Diputados: Manuel Hinojosa Juárez, presidente; Javier Gutiérrez Vidal, Juan Salgado Brito, Víctor M. Quintana Silveyra, Adolfo M. Aguilar Zinser, secretarios; Ignacio González Rebolledo, Jesús Rodríguez y Rodríguez, Jorge Cejudo Díaz, Juan Manuel Cruz Acevedo, Carlos R. Calderón y Cecilio, Femando Salgado Delgado, José Luis Salcedo Solís, Jesús Ramón Rojo, Manuel Beristáin Gómez, Carlos Navarrete Ruiz, Serafín Núñez Ramos y Salvador Mikel Rivera, integrante sustituto.»
El Presidente:
Habiéndose dispensado su lectura, para fijar posiciones sobre este informe, han solicitado el uso de la palabra los siguientes diputados:
Por el PT, Serafín Núñez Ramos; por el PRD, Víctor Manuel Quintana Silveyra; por el PAN, Javier Alberto Gutiérrez Vidal; por el PRI, Juan Manuel Cruz Acevedo.
En esta virtud, se le concede el uso de la palabra al diputado Serafín Núñez Ramos.
En virtud de que no se encuentra el diputado Núñez Ramos, tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Quintana.
El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra:
Compañeras y compañeros diputados:
Dedico esta intervención a las mexicanas y mexicanos honestos que tuvieron el valor civil de denunciar graves ilícitos en la Conasupo, aun a costa de la seguridad de sus familias.
Compañeras y compañeros: la línea es "que sí hay línea". Contra todos los acuerdos, en contra de todos los procedimientos parlamentarios, la presidencia de la comisión legislativa para la investigación de la Conasupo y sus empresas filiales, sin tomar en cuenta para nada a la mesa directiva, sin convocarla, sin someter a la consideración de ella un orden del día, sin discutirlo, da a conocer, a la hora misma de la reunión del pleno de la comisión, ¡el informe final de la comisión de la Conasupo, con el disfraz de proyecto de informe final:
Hubo muchos cabildeos antes. Hubo muchas invitaciones a dialogar por aparte. Se nos pidió, a los del PRD, que hiciéramos llegar nuestras conclusiones para incorporarlas al documento. ¡Las hicimos llegar, de cara a la nación, en esta misma tribuna, el martes pasado y esas conclusiones no fueron incorporadas al documento:
Como siempre, la mayoría en esta comisión, la mayoría en esta Cámara, usó la violencia simbólica, que no por simbólica deja de ser violenta, para imponerle a la minoría, de la manera más antidemocrática la lectura, la discusión y la aprobación del informe de la presidencia.
Esta decisión, esta imposición de la mayoría priísta, no se justifica por la lógica misma de la investigación, siendo que hay muchas asignaturas pendientes todavía en ella misma. ¡No se justifica porque no tenemos un plazo perentorio para terminar nuestra investigación! ¡Y porque podíamos ir dando adelantos de la misma, para satisfacer algunas demandas de la opinión pública:
Esta decisión, es muestra fiel de la insana, de la perversa cercanía entre el Ejecutivo y el Legislativo priísta. ¡Esta, compañeras y compañeros, es la decisión del miedo; del miedo que el descubrimiento de la purulencia presente en la Conasupo y sus filiales, salpique los procesos electorales que se avecinan:
En la forma, en el modo de construir el informe de la presidencia, en el modo de producirlo, queremos observar lo siguiente:
Primero. Se rechazaron fuentes de información importantes. La mayoría priísta sistemáticamente se rehusó a invitar a funcionarios, a entrevistarse con personas, a hacer visitas de campo. Se restringió únicamente a los informes de dos despachos contables.
Segundo. Se dejaron de considerar documentos de gran valor probatorio, aportados por la oposición, como las auditorías de la Contaduría Mayor de Hacienda, el informe del grupo de trabajo de la Secogef, la Secofi y la SPP sobre pagos sin precedentes a Maseca, los documentos que sustentan la desincorporación de Liconsa, por sólo mencionar algunos.
Tercero. Se descartaron a priori, es decir, se les dio carpetazo, se asfixiaron hallazgos importantes de la oposición. Se le dio carpetazo a líneas y propuestas de líneas de investigación, como la denuncia del ex auditor interno de la Conasupo, Víctor Manuel Domínguez de León, expulsado de la paraestatal por hacer críticas a la misma o la propuesta de línea de investigación número nueve del PRD, para esclarecer la vinculación entre funcionarios de la Conasupo, el narcotráfico o el contrabando o incluso todavía en la sesión de ayer se le dio carpetazo a la demanda del PRD por investigar otros dos pagos improcedentes a Maseca.
Cuarto. En el caso del informe del despacho Bladinieres, contratado por la mayoría priísta, tenemos un informe que deja de lado documentación importante, que no coteja todos los documentos, que no hace ningún análisis de adquisiciones y contrataciones ni de las relaciones de la Conasupo con clientes y proveedores, un informe que mañosamente analiza únicamente unas cuantas operaciones de importación de granos.
Por cierto, este despacho de Bladinieres presenta en su historial jugosos contratos con el Gobierno, sobre todo con el gobierno del Estado de México, lo que pone en duda su calidad profesional y su autoridad moral para emitir un dictamen.
Quinto. Existen gravísimas carencias de documentación que nunca fueron valoradas en el informe de la presidencia. Destaca aquí el desorden, el descuido y el intento de perder todo el archivo de Diconsa, que afortunadamente fue encontrado por los diputados de esta fracción parlamentaria en el mes de enero, precisamente los archivos que se refieren a la gestión de Raúl Salinas de Gortari. ¿Qué valor puede tener un informe construido sobre una base informativa tan endeble, tan pobre, tan sesgada? ¿Qué valor puede tener este informe si se rechazan los datos debidamente sustentados, proporcionados por la oposición.
El informe o no acepta o rechaza sin fundamento irregularidades dadas a conocer por la oposición y por el despacho Barriguete, Alonso López y Compañía:
1o. La negligencia de la Conasupo y sus filiales por dar seguimiento a los casos de daño patrimonial, sobre todo los de Miconsa y Diconsa entre los años 1987 y 1989, que ascendieron a 289 millones de nuevos pesos.
2o. La sobrevaluación de 14 operaciones de importación, 12 de maíz y dos de arroz, procedentes de los Estados Unidos, en la que los contratos exceden los precios de mercados futuros por un promedio de 500 mil dólares por operación.
3o. El tráfico de influencias para favorecer a empresas de Raúl Salinas de Gortari como proveedoras de servicios de las empresas filiales de la Conasupo. Un ejemplo de esto es la agencia de viajes "Papillón".
4o. La importación y distribución comercial de miles de toneladas de leche en polvo radiactiva, no apta para consumo humano, procedente de Irlanda, en 1986. Los graves errores y contradicciones entre las dependencias Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, Secretaría de Salubridad y Asistencia, la Conasupo y el no seguimiento al impacto que esta leche tuvo o pudiera haber tenido en la salud de los mexicanos.
5o. La sustracción o el robo no únicamente de 2 mil 366 toneladas de leche en polvo, sino hasta de 9 mil toneladas de leche en polvo que fueron pagadas indebidamente, sin realizar las investigaciones procedentes de parte de Asemex, Ferrocarriles Nacionales de México y la Conasupo, todas ellas con fondos del erario público.
6o. La importación y comercialización de maíz contaminado con aflatoxinas, (cancerígenos) en Tamaulipas en 1989.
7o. Los pagos improcedentes de la Conasupo a Maseca, no únicamente el pago documentado en 1989, perdón, documentado por el diputado Aguilar Zinser, sino también dos pagos posteriores en 1990 y 1991 por 33 mil y 4 mil millones de viejos pesos.
A todos estos hechos sustanciales, sustentados, documentados, la comisión o la mayoría dla comisión, la Conasupo le cerró la puerta. No hay peor ciego que el que no quiere ver. La mayoría priísta se negó sistemáticamente a realizar la función para la que fue creada esta comisión; es decir, se negó sistemáticamente a investigar y se sigue negando, todo ello es que en el texto del informe final aparece14 veces la expresión "que el Ejecutivo continúe la investigación hasta sus últimas consecuencias".
¿Cómo es posible que la presidencia pida que se devuelva la investigación al Ejecutivo cuando fue precisamente el bloqueo, la acción de tapadera, el alcahueteo del Ejecutivo a los fraudes, lo que justificó la formación de esta comisión? ¿Cómo es posible que se devuelva al Ejecutivo investigar algo que no ha investigado jamás, algo que el mismo Secretario de la Contraloría se niega a investigar.
Hay en el informe de la presidencia algunas conclusiones que compartimos: la demanda de castigo a los responsables y autores intelectuales de la desaparición de leche en polvo; a los responsables vendedores, transportistas, de la importación de 10 mil toneladas de frijol chino, tan poco apto para consumo humano; las irregularidades en los contratos de Comercialización de harina de maíz , los ilícitos en las desincorporaciones de Miconsa Atlacomulco y Miconsa Guerrero. Esto, lo compartimos; sin embargo es totalmente insuficiente.
El grupo parlamentario del PRI Io que hace con esto es sacrificar peones y caballos para que no le pongan jaque a su reina y a su rey.
Lejos de aprovechar las lagunas del articulo 93 constitucional, que establece la formación de comisiones investigadoras de los organismos paraestatales, lejos de aprovecharlas para fortalecer al Legislativo, para fortalecer los contrapesos republicanos, la mayoría priísta en todo momento acotó las facultades de la comisión: no podemos hacer esto, no podemos hacer esto otro. Intentó castrar a la comisión, no lo logró y nuestras pruebas de hoy lo están demostrando.
Pero es urgente que esta soberanía reforme este artículo constitucional para dignificación del Legislativo y para dotarlo de facultades eficaces y precisas para ejercer su función de escrutinio y vigilancia.
Me acojo al artículo 103.
Compañeras y compañeros: aunque ustedes no lo crean, aunque las charlas de corredor demuestren lo contrario, nos encontramos ante una disyuntiva crucial: o se aprueba el informe de la presidencia y de la mayoría priísta y se clausura para siempre la comisión investigadora o se rechaza el informe en lo general y se continúan los trabajos de investigación.
Si ustedes, compañeros priístas, si ustedes aceptan este informe y aceptan clausurar la comisión, serán como las malas sirvientas, que barren y echan la basura debajo de la cama. Si aceptan este violento mayoriteo, estarán contribuyendo a la violencia estructural que cada vez aqueja más a este país; si comulgan con las piedras de molino que les ofrecen sus nueve compañeros de la Comisión Conasupo, se estarán haciendo, óigase bien, se estarán haciendo cómplices del más grande despojo de bienes nacionales en la historia del México contemporáneo; dirán con su aceptación que brincan al pasado, que la 17 y la 14 asamblea del PRI no existieron, que las reformas políticas, que los discursos de su presidente no son nada más y nada menos que pura pantomima.
Compañeras y compañeros: los invitamos a abrirse a la verdad, a rechazar en general este informe, a mantener de pie y activa est comisión, que es la gran garantía de la división de poderes en México, que es uno de los pocos motivos de esperanza de este vulnerado país; los invitamos, compañeras y compañeros a demostrar que México tiene un Legislativo responsable, soberano, comprometido con la construcción de una nueva república.
Por lo que al PRD respecta, le damos la cara la sociedad, hemos estado investigando y lo haremos y lo seguiremos haciendo sin comisión, con comisión y a pesar de la comisión; los resultados de nuestros trabajos los entregaremos a la opinión pública, los haremos llegar a la sociedad civil. El organismo alianza cívica ha aceptado que hagamos entrega pública de nuestro informe. La investigación de la Conasupo y sus filiales, compañeras y compañeros, es sólo un episodio, sólo un episodio de la gran epopeya del pueblo mexicano en la lucha contra la corrupción.
Si nos cierran la Conasupo, ahi está Diconsa; si nos cierran Diconsa, ahi está Imevisión; si nos cierran Imevisión, ahi está Telmex; si cierran Telmex, ahi está Operadora de Teatros; si cierran Operadora de Teatros, ahi está la banca. Compañeras y compañeros: junto con las mexicanas valientes, con los mexicanos valientes que han emprendido la lucha por la verdadera transición a la democracia, la lucha contra la corrupción, estaremos siempre; junto con ellos, triunfaremos.
Muchas gracias.
El Presidente:
En sustitución del diputado Serafín Núñez Ramos, por el PT, tiene el uso de la palabra el diputado César Humberto González Magallón.
El diputado César Humberto González Magallón:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
En los últimos dos años, nos hemos dado cuenta de innumerables hechos de corrupción e impunidad en el ejercicio de la función pública, mismos que laceran profundamente la vida de las instituciones del país, provocando entre los mexicanos un justificado sentimiento de indignación, sobre todo cuando esos actos se contrastan con la creciente pobreza de millones de compatriotas.
El resultado de lo anterior en el ánimo de la sociedad, ha sido la pérdida de credibilidad y confianza en quienes ejercen la función de gobierno.
Los escándalos sobre las posibles irregularidades existentes en los procesos de desincorporación de empresas del sector paraestatal, principalmente los correspondientes al denominado paquete de medios de comunicación, el fraude perpetrado al IMSS y los crímenes políticos registrados en 1994, son sólo los ejemplos mayúsculos de un mal que corroe a la clase gobernante: corrupción e impunidad.
Pero hay un hecho que ha rebasado la capacidad de asombro de los mexicanos y es referente a las graves irregularidades cometidas en las últimas administraciones, en el manejo de los bienes y recursos de la Conasupo y sus empresas filiales, máxime cuando es precisamente esta empresa en gran medida la responsable de garantizar el abasto de las clases más necesitadas del país.
Tan extenso fue el cúmulo de denuncias realizadas sobre posibles irregularidades en el manejo administrativo en la Conasupo y sobre la existencia de hechos delictivos mayores, en donde la responsabilidad apunta hacia la persona de Raúl Salinas de Gortari y otros funcionarios, que esta Cámara de Diputados acordó, ante la insistencia de la oposición, constituir una comisión para investigar y analizar, hasta donde sus facultades se lo permitan, todo lo referente a los posibles ilícitos cometidos.
Después de 10 meses de funcionamiento de la comisión especial para el caso de la Conasupo, las denuncias persisten; sin embargo, en forma unilateral, la mayoría de dicha comisión presenta el día de hoy ante el pleno de esta Cámara lo que considera el informe final de las investigaciones, que en los hechos se traduce en el carpetazo del problema en cuestión.
Lo anterior pone de manifiesto la falta de voluntad política por ir más allá en la búsqueda, en la investigación.
Compañeras y compañeros diputados: para el Partido del Trabajo la comisión que hoy pretende concluir sus trabajos, representaba una oportunidad para que este Poder Legislativo contribuyera de manera firme y decidida a desterrar los vicios de corrupción e impunidad que existen en las altas esferas del poder. Más aún, cuando los hechos han demostrado que las instancias del Poder Ejecutivo encargadas de atender estos males han sido incapaces en muchos casos, de detectar infracciones e irregularidades en el momento que se producen, volviéndose en ocasiones irreparables los daños patrimoniales cometidos en contra de los recursos de todos los mexicanos.
Es por ello que manifestamos nuestro más profundo rechazo al informe que hoy se nos presenta y demandamos que por salud pública los trabajos concernientes a la investigación de las irregularidades en la Conasupo continúen hasta sus últimas consecuencias, sin importar quien resulte responsable, que se cite a los funcionarios responsables de su administración para ayudar al esclarecimiento de los hechos.
No podemos aceptar un informe que en si mismo autolimita las capacidades de la comisión para ir más allá en sus investigaciones y que solicite al Ejecutivo la responsabilidad de abundar más en la investigación de los hechos, función que bien pueden continuar realizando los integrantes de la comisión.
Para nosotros no puede existir un estado social justo, cuando la corrupción y la impunidad están presentes. Las razones son evidentes y están a la vista, por ello aumenta nuestra indignación y disgusto y lo que procede, si queremos seguir manteniendo nuestra dignidad e investidura como representantes del pueblo, es que el llamado caso Conasupo continúe atendiéndose, que nosotros como legisladores podamos realizar nuestra tarea en el ámbito de libertad y cordura sin que se anteponga ninguna cortapisa o limitación a nuestras acciones.
La responsabilidad histórica de darle transparencia y nitidez a las acciones públicas del Poder Legislativo, es para nosotros, compañeras y compañeros diputados, irrenunciable e indeclinable, porque para esto nos mandató el pueblo mexicano.
Muchas gracias, compañeras y compañeros diputados.
El Presidente:
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el señor diputado Javier Alberto Gutiérrez Vidal, del Partido Acción Nacional.
El diputado Javier Alberto Gutierréz Vidal:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Los tiempos politicos que vive nuestro país, la constante demanda de claridad en el uso de los recursos públicos por parte de todas y cada una de las instancias de gobierno y sobre todo la escandalosa fortuna amasada por la familia del ex presidente de la República, licenciado Carlos Salinas de Gortari y sus socios, fueron las razones que nos llevaron a un grupo de diputados, miembros de diversos grupos parlamentarios e independientes, a solicitar, con fundamento en lo dispuesto por el último párrafo del articulo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la formación de una comisión especial que se encargara de investigar el funcionamiento de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares y de todas sus empresas filiales, al menos el periodo en que Raúl Salinas de Gortari fungió como funcionario de ellas, esto es del año de 1982 al de 1992.
Cabe resaltar que desde el momento de su conformación dicha comisión investigadora estuvo viciada de origen, pues se integró con mayoría de diputados miembros del Partido Revolucionario Institucional, quienes, de ser honestos consigo mismos, deberán admitir que se encontraron con un conflicto de intereses, pues les fue difícil aceptar desde las diferencias administrativas hasta la comisión de actos tipificados por la Ley Penal como delitos, por los entonces funcionarios de los organismos públicos, si éstos han sido miembros destacados de su partido.
Con la presentación del informe en estudio el PRI ha mostrado una vez más su verdadero rostro a los mexicanos, rostro que ha tratado de ocultar para seguirlos engañando con un fin, que ahora rebasa el alcance electoral para convertirse en el de supervivencia.
En múltiples ocasiones durante los trabajos de la comisión se dio un quebrantamiento de las formas, se violaron acuerdos, se utilizó su arma preferida: el mayoriteo. Sufrimos del manipuleo de información. Se llegó al extremo de prohibir el uso de la palabra en las sesiones de la misma a los diputados nombrados por todos ustedes como sustitutos. En fin.
El desarrollo tuvo como constante la certidumbre de que si los asuntos a tratar afectaba los intereses del PRI, no prosperarían.
Ante esta realidad cabria preguntarnos, ¿qué utilidad para el país tuvo la conformación de la Comisión? ¿De qué sirvió a México el esfuerzo de 32 diputados por el lapso de 10 meses, si el costo de los trabajos de la misma entre los que cuando menos deberíamos de considerar 1 millón 600 mil pesos que se pagó a los despachos de auditores que se contrataron, la adquisición de un apartado postal, la publicación en diversos diarios nacionales del número del mismo, los honorarios pagados al equipo técnico que colaboró por más de 10 meses para la comisión, los kilos y kilos de papel y demás material utilizado para el desarrollo de sus actividades etcétera, sirvieron de algo.
Estas y otras preguntas habrán de esperar la respuesta de los mexicanos, a quienes les prometimos velar por sus intereses y protestamos representar.
Nuestros conciudadanos deben saber la verdad sobre el funcionamiento de las empresas de propiedad estatal, de lo cual hoy se nos da un ejemplo de la forma en que éstas son manejadas. El despilfarro de sus recursos, el enriquecimiento muy explicable, pero ilegítimo de sus funcionarios, ejemplo de por qué le brecha entre los ricos, que cada vez son menos, y los pobres, que cada vez son más, es tan grande en nuestro país.
Nadie podrá afirmar que el trabajo de la comisión se concluyó, pues quedaron muchas interrogantes y acciones que los diputados del Partido Acción Nacional solicitamos se ventilaran para cumplir con nuestra encomienda. En cada una de las líneas de investigación acordadas quedaron muchas cosas a oscuras, otras solapadas y otras de plano ignoradas.
Cabe recordar que en esta misma tribuna, el pasado día cuatro de los corrientes solicitamos a la Presidencia de esta Cámara, se exhortara a la comisión investigadora para que no emitiera informe definitivo sin que fueran satisfechas las inquietudes y solicitudes de todos y cada uno de los diputados integrantes de la comisión, petición a la que el señor Presidente dio trámite en los términos solicitados.
Es el caso, que a pesar de la existencia de dicho exhorto y la aceptación ex política del diputado Manuel Hinojosa Juárez, presidente de la comisión investigadora, de que habrían de discutirse todos y cada uno de los planteamientos expuestos, de que habían de estudiarse y discutirse los puntos de vista de todos los diputados integrantes de la comisión sobre el contenido de los informes de los despachos contratados para coadyuvar con nuestro trabajo, esto no se hizo, pues sólo se nos convocó una reunión en la que el Partido Revolucionario Institucional nos presentaba su proyecto de informe.
Aún es más. Para mayor abundancia de mi dicho, tan sólo bastaría la lectura del documento que hoy se nos presenta, por cierto, aprobado únicamente con los votos de los diputados priístas, pues él mismo en su texto nos dice reiteradamente que es necesario profundizar en la investigación de diversas lineas de las acordadas. Señoras y señores, a confesión de parte, relevo de pruebas.
Los informes de los despachos contratados no me dejarán mentir pues en su texto podemos leer cómo los responsables de los mismos, sobre todo del de nombre Barriguete Alonso López y Compañia, SC, se queja ante la comisión de las dificultades con que se encontró para realizar su trabajo, explicaciones que a detalles habrán de mencionar mis compañeros cuando se analicen todas y cada una de las líneas de investigación y de cuyas intervenciones se anexa a este documento una copia, a fin de que todas ellas integren el informe alternativo que sobre la investigación del caso de la Conasupo formula el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y que desde este momento solicito a la Presidencia se integre al texto del informe final presentado por la comisión y que el mismo sea enviado al titular del Poder Ejecutivo.
A mayor argumentación, debemos dejar claro ,que el informe final que nos presenta la comisión o tal vez debamos decir el Partido Revolucionario Institucional, es sumamente incompleto, pues además del cúmulo de asuntos que no se concluyeron, la comisión nunca investigó el funcionamiento de siete de las filiales de la Conasupo que operaron en los años de investigación, me refiero a las empresas: Triconsa, Boruconsa, Adsa, Impecsa, Seconca y Consa y al Fondo para la Industria Asociada.
Lo anterior podemos afirmar que se hizo con toda premeditación, alevosía y ventaja, pues desde cuando el presidente de la comisión firmó en forma personal y facciosa, sin tomar parecer del contenido del texto y las condiciones del contrato a los diputados que no pertenecemos a su partido, en el contrato de prestación de servicios profesionales con el despacho Barriguete Alonso López y Compañía, SC, se omitió la contratación por la revisión de esas líneas.
Por lo que respecta al trabajo presentado por el despacho Bladinieres y Compañia, SC, al que por cierto el diputado Manuel Hinojosa decidió pagar honorarios equivalentes a tres veces el otorgado al otro despacho, podemos afirmar que adolece de serias omisiones, ignorando la revisión de parte de las lineas de investigación que fueron acordadas en forma unánime por el pleno de la comisión y limitándose en otras de las líneas de investigación a hacer una relación de la documentación con que se contaba, sin hacer consideraciones de su contenido.
Es más, el documento presentado está plagado de alabanzas y agradecimientos en vez de opiniones sobre las investigaciones para que fue contratado.
Es necesario que con toda responsabilidad la Oficialía Mayor de esta Cámara revise el desarrollo de los trabajos presentados por este despacho, pues no se debe permitir un atraco más a la economía de la nación.
Cabe destacar que en el informe final que presentó el despacho Bladinieres, en dos ocasiones amenaza con demandara los diputados integrantes de la comisión, que hemos señalado la parcialidad y falta de profesionalismo de su trabajo, desde luego, señor Bladinieres, estamos a sus órdenes.
En nuestro concepto, diversas dependencias del Ejecutivo no prestaron el debido apoyo a los trabajos de investigación, pudiendo ejemplificar con la actitud asumida por el titular de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, quien sólo envió a la comisión listados de "paja" que no aportan datos útiles a la misma y que sólo sirvieron como justificación a dicho secretario para aparentar disposición a nuestro trabajo.
Por otro lado, queremos hacer patente que los diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional constantemente con sus acciones quitaron viabilidad al trabajo serio pretendido con la integración de la comisión. Ejemplo de ello quedó asentado en el acta de la sesión del dia 17 de julio en la que consta cómo, utilizando el mayoriteo irracional como arma, impidieron se continuara formalmente con la investigación del pago indebido a la empresa privada Maseca de una indemnización por supuesto daño financiero, en el otorgamiento del subsidio por la elaboración y venta de maíz industrializado, para ser utilizado como tortilla.
Por lo que se refiere a las llamadas consideraciones finales del texto del informe, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, niega categóricamente que los trabajos de la comisión han concluido, por haber alcanzado la encomienda constitucional para la que fue creada, pues como habremos de demostrarlo ante este debate, la investigación fue parcial y amañada.
México sólo tiene dos antecedentes de comisiones investigadoras, formadas al amparo del artículo 93 de nuestra Constitución y en ambos casos el saldo no es favorable.
Durante la LIV Legislatura, la Comisión Investigadora de Banpesca, integrada en su mayoría también por diputados priistas, solapó todas y cada una de las irregularidades cometidas. Hoy, aun de la experiencia pasada, tratan de maquillar un informe que también solapa.
Es inconcebible que el Poder Legislativo renuncie a su obligación constitucional de realizar una investigación y envíe la misma al Poder Ejecutivo.
Señores, ¿en dónde dejamos el equilibrio entre los poderes de la nación? Pero la historia habrá de juzgar la decisión asumida el día de hoy por el Partido Revolucionario Institucional.
Es inconcebible que se pretenda señalar que solamente son responsables de faltas o ilícitos personas a las que ya se les sigue algún proceso de carácter penal.
Las evidencias en todo momento se han encontrado en posesión de la comisión, si los diputados priistas no las quieren ver, es que tienen sus razones de partido o de sistema a los que hay que proteger.
Para el Partido Acción Nacional queda claro que los principales responsables de las irregularidades administrativas y de los delitos cometidos en la Conasupo y sus empresas filiales, son los directores generales de dichos organismos públicos así como los integrantes de los consejos de administración, durante su respectivo periodo de funciones.
Es a ellos a quienes debe presentarse a juicio, para que respondan por su aportación a la pobreza de más de 40 millones de mexicanos. Son ellos quienes deben ser puestos a disposición del Poder Judicial, para que les impongan la pena correspondiente.
Dichos funcionarios fueron encubiertos en su oportunidad por la Cámara de Diputados, pues a pesar de que hoy demostraremos, la Contaduría Mayor de Hacienda hizo las respectivas observaciones en la revisión de las cuentas públicas, sin que las irregularidades se hubieren solventado o corregido, pues al fin y al cabo no existía la facultad legal para el Poder Legislativo de fincar responsabilidades.
Esto nos demuestra que el actual sistema de control y revisión de la administración de los órganos del Estado es obsoleta. Ejemplo que deberemos recordar cuando se discuta y se vote la conformación del llamado órgano superior de fiscalización.
Si somos honestos, todos debemos coincidir, en que una comisión investigadora que se integra mayoritariamente con diputados miembros del mismo partido politico de quien son sujetos de la investigación, no puede dar los frutos que la nación desea.
Es por ello que queremos dejar constancia de parte del contenido de nuestra iniciativa, para fortalecer el Poder Legislativo, presentada desde el mes de abril próximo pasado, para que estas comisiones se integren en forma paritaria, garantizando a los mexicanos que las decisiones que ahí se tomen, no estarán viciadas de origen como el trabajo que hoy se nos presenta.
Hoy, señoras y señores, estamos siendo testigos y algunos hasta cómplices, de uno de los mayores atracos a los mexicanos. Un atraco que merece la mayor de las penas, pues quienes se hicieron con sus actos ilegítimos con la Conasupo y sus filiares, lo hicieron pasando sobre millones que, cuando menos desde hace muchísimos años y hasta la fecha, están pasando hambre.
Muchas gracias.
El Presidente:
Por el Partido Revolucionario institucional, tiene la palabra el diputado Juan Manuel Cruz Acevedo.
El diputado Juan Manuel Cruz Acevedo:
Con su autorización, señor Presidente:
Rememorando a uno de los ideólogos de mi partido, el Revolucionario Institucional, don Jesús Reyes Heroles, digo: "lo que se soslaya estalla". Por eso, la Comisión de la Conasupo nada ha soslayado ni hay carpetazo ni hay linchamientos; la Comisión de la Conasupo aquí termina: la investigación de la Conasupo ahora empieza.
La posición del priísmo aquí representado es: contra la corrupción toda la fuerza del Estado. Los priístas queremos justicia, no venganza.
Honorable Asamblea: la posición de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en relación al informe final de los trabajos de la Comisión para la Investigación del Funcionamiento de la Conasupo y sus empresas filiales, tiene sustento fundamentalmente en el documento que el día de hoy hemos dado a conocer a esta soberanía. Sin embargo, me permitiré hacer algunas precisiones más cuando con gran extrañeza he advertido que los compañeros diputados que me han antecedido en el uso de la palabra ignoro a qué informe se hayan referido.
En primer término, la comisión ha cumplido cabalmente con el objetivo que por encomienda constitucional se le otorgó, misma que es transitoria, no es permanente. Han terminado nuestras funciones, pero sus efectos empiezan aquí y ahora.
Fueron 10 meses de tareas arduas de investigación, considerando que era fundamental allegarnos la documentación necesaria para revisar al sistema de la Conasupo en un periodo muy extenso, siendo ésta nuestra principal fuente de información donde podíamos constatar si efectivamente...
La diputada Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo (desde su curul):
Señor Presidente:
¿Me permite el diputado una pregunta.
El Presidente:
Diputado, permítame. ¿Acepta usted una interrogante de la diputada Luna Parra.
El diputado Juan Manuel Cruz Acevedo:
Es mi costumbre, señor Presidente, aceptar cuantas interpelaciones se me hicieren, pero si la Presidencia acepta que variemos el trámite porque estamos en posiciones de partidos políticos, yo la aceptaría. Pero, insisto, no es el trámite.
El Presidente:
Continúe usted con su intervención. Diputada Luna Parra: nos ha aclarado el diputado que está fijando la posición de su partido.
El diputado Juan Manuel Cruz Acevedo:
Con este fin, los diputados miembros de esta comisión llevamos a cabo entrevistas con funcionarios del Poder Ejecutivo que, de una u otra manera se relacionaban con la materia de investigación, contrario a lo que se ha hecho pensar a la opinión pública. Nunca buscamos la espectacularidad de las comparecencias, cuyos objetivos riñen con una investigación que por su naturaleza tiene que ser discreta.
La amplitud de la investigación corresponde a la justa dimensión del enorme tamaño del sistema de la Conasupo y el transcurso del tiempo, fueron factores que dificultaron naturalmente nuestras indagatorias; no obstante, debemos reconocer que estas circunstancias nunca fueron motivo de desánimo y de claudicación en ninguno de los miembros de la comisión, quienes pusimos el mejor esfuerzo en la realización de nuestras tareas.
El informe que hemos rendido y que ha sido del conocimiento de esta plenaria, contiene importantes señalamientos de irregularidades detectadas tanto en la matriz de la Conasupo como en sus empresas filiales, de las cuales, y guardando el debido respeto a las atribuciones de los poderes de la Unión, se recomienda al Ejecutivo Federal que actúe en consecuencia a través de sus órganos competentes.
Cabe resaltar que si los priístas están en el desarrollo de la investigación, mantuvimos una actitud reservada con los resultados parciales, fue con el propósito de que las personas involucradas en las irregularidades detectadas no se sustraigan a la acción de la justicia, por lo cual recomendamos al Ejecutivo Federal que por medio de sus órganos competentes, concomitantemente y, desde ahora, proceda a instrumentar los arraigos de los responsables que se señalan y a quienes les resulten presuntas responsabilidades al continuarse las indagatorias y en todos los casos que procedan, vamos a combatir a la corrupción dondequiera que ésta se encuentre y cualquiera que sea el nivel de los corruptos.
Los diputados priístas descalificamos la corrupción y la impunidad, nos pronunciamos por combatir sus causas y sus efectos, porque el PRI, señores diputados, no encubre a nadie, al contrario, demanda una total transparencia en el uso de los recursos públicos, lo cual hemos ratificado en las conclusiones de nuestra reciente XVII Asamblea Nacional en la que se reitera el firme propósito de combatir la corrupción y la impunidad; contra la corrupción hemos dicho: "contra la corrupción toda la fuerza del Estado".
Descalificamos con la misma energía las acusaciones falsas, ligeras y tendenciosas que persiguen como único fin el satisfacer intereses partidistas, de grupo o personales, que no nos llevan a nada, pero que causan tanto daño...
El Presidente:
Permítame, señor orador.
El diputado Juan Manuel Cruz Acevedo:
Como las irregularidades que se nos encomendó investigar...
El Presidente:
Señor orador, señor orador.
Ruego al personal administrativo...
Diputada Luna Parra..., ruego a los ciudadanos que no sean diputados integrantes de esta legislatura, por favor abandonar esta tribuna.
Diputada Luna Parra, puede continuar usted con su manifestación.
Adelante, continúe el orador.
El diputado Juan Manuel Cruz Acevedo:
Gracias, señor Presidente:
Descalificamos los priistas con la misma energía, las acusaciones falsas, ligeras y tendenciosas que persiguen como único fin, el satisfacer intereses partidistas...
Permítame el orador.
Señora diputada y señor diputado: ruego continuar su manifestación en la parte de abajo.
¡Conmino a respetar y a prestar atención, a prestar atención a las intervenciones de todas las compañeras y compañeros diputados:
Continúe el orador.
El diputado Juan Manuel Cruz Acevedo:
Decía, señor Presidente; respetable Asamblea:
Los priístas descalificamos con la misma energía las acusaciones falsas, ligeras y tendenciosas, que persiguen, como único fin, el satisfacer intereses partidistas, de grupo o personales, que no nos llevan a nada pero que causan tanto daño como las irregularidades que se nos encomendó investigar.
Nuestro objetivo fue el encontrar culpables, no inventarlos; fuimos constituidos como una comisión que busca la verdad, no la que busca la venganza.
De igual forma, rotundamente descalificamos aquellas actitudes de protagonismos estériles de personas o grupos que escudados en banderas aparentemente sociales, responden en el fondo a oscuros intereses contrarios a los de la mayoría de los mexicanos.
Reitero a esta Asamblea, que no obstante que los priístas avalamos el combate a la corrupción e impunidad, no estamos de acuerdo en combatirla fuera del marco legal establecido previamente, ya que permitirlo significaría una clara contradicción a nuestro estado de derecho, sustento de la democracia, que nos permite estar aquí hoy, en representación de la soberanía del país. Pero pedimos como partido al Ejecutivo Federal, ejercite las acciones penales de manera enérgica y formal en todos y cada uno de los casos que en nuestro informe final refrendamos.
El carpetazo solamente esta en la mente de gente enferma que utilizó a la comisión y quiere seguir haciéndolo como foro de sus falsas especulaciones.
Desde este foro, los diputados priístas reiteramos nuestro compromiso para que mediante una reforma al marco normativo del Poder Legislativo, permitamos, si, en un futuro, precisar con claridad meridiana los alcances de las funciones de nuestras comisiones y, en especial, las comisiones investigadoras como la de la Conasupo, para que podamos hacer realidad las funciones fiscalizadoras que este Congreso de la Unión tiene hacia el Poder Ejecutivo.
Por otra parte, la fracción priísta hace suyas, porque no tenemos ningún temor a ello, hace suyas las propuestas que han planteado aquí los compañeros que pertenecen a un partido distinto al nuestro. Sus posiciones, las de todos los demás partidos políticos, pedimos, señor Presidente, que se anexen al informe final que turnaremos al Ejecutivo Federal y los exhortamos a que con la misma vehemencia con la que han realizado los trabajos en la comisión, redoblen sus esfuerzos ante las instancias gubernamentales correspondientes y señalen y aclaren y prueben y puedan aportar todos los elementos de prueba para que los mexicanos podamos obtener la justicia que buscamos.
Muchas gracias.
El Presidente:
Esta Presidencia recoge las propuestas de los grupos parlamentarios e instruye a la Secretaria se anexen las posiciones hechas por los mismos, al informe que en su momento sea remitido al Ejecutivo Federal.
Para continuar con el desahogo de este asunto, informo a la Asamblea que se han registrado los siguientes diputados.
En una primera ronda: Adolfo Aguilar Zinser, Rafael Núñez Pellegrín y Víctor Manuel Rubio.
En un segundo grupo: José Ramón Rojo Gutiérrez y Salvador Mikel Rivera En un tercer grupo: Víctor Manuel Quintana Silveyra, Alfonso Martínez Guerra y Jesús Rodríguez y Rodríguez.
En un cuarto grupo: Manuel Beristáin Gómez, Héctor San Román Arriaga, Víctor Manuel Quintana y Rosa María Cabrera.
En un quinto grupo: Carlos Navarrete Ruiz, Kurt Antonio Thomsen y Gabriel Escalante Castillo.
En un sexto grupo: José Alfonso Solórzano Fraga, Horacio Alejandro Gutiérrez Bravo e Yrene Ramos Dávila.
En un séptimo grupo: Victor Manuel Quintana Silveyra, Javier Alberto Gutiérrez Vidal y Fernando Salgado Delgado.
En consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Adolfo Aguilar Zinser.
Voy a rogar, antes de conceder el uso de la palabra al siguiente orador, a las legisladoras y los legisladores, guardar el orden que merecen las intervenciones de nuestros compañeros. A los ciudadanos que nos acompañan en la realización de esta sesión que no son legisladores, pasar a ocupar los lugares designados para visitantes en esta Cámara.
Adelante, señor diputado Adolfo Aguilar.
El diputado Adolfo Miguel Aguilar Zinser:
Compañeras y compañeros diputados:
¿Quién creó la Comisión de Conasupo? la Comisión de Conasupo fue creada, por mandato constitucional, por la minoría de la Cámara de Diputados: ¡130 diputados firmaron un escrito solicitando a la Asamblea, conforme a párrafo tercero del artículo 93 constitucional que fuera creada esta comisión:
Diputados:
Este es el único acto legislativo que no ha sido decidido por la mayoría o por el Ejecutivo; fué un acto soberano de esta Cámara. ¡Nadie le ordenó a esta Cámara que creara una comisión legislativa! ¡Nadie le dio instrucciones extra-muros! ¡Fue una decisión que tomamos nosotros, los diputados: 130 diputados de oposición y 10 diputados del Partido Revolucionario Institucional.
¡No se consultó a la Secretaría de Gobernación! ¡No hubo tiempo de una concertación de grupos parlamentarios! ¡La decisión la tomó 1 Asamblea por este mandato constitucional.
Acto seguido entró en operación el control político y la Comisión Conasupo quedó secuestrada desde el primer día por la mayoría y su trabajos se realizaron en condiciones extraordinarias, porque desde la primera reunión tuvimos que confrontar una férrea oposición de parte de los diputados integrantes de ella, pertenecientes al Partido Revolucionario institucional.
Nos llevó cinco meses resolver problemas de carácter procesal y administrativo. ¡No tenemos 10 meses de investigación, señores diputados, apenas unas cuantas semanas! Porque las investigaciones no se iniciaron por trámite por obstáculos administrativos, que los diputados del PRI interponían a cada paso, a cada intento por esclarecer las facultades de la comisión.
¿Quién cerró esta comisión? ¿Quién le dio el "carpetazo"? ¿Quién la canceló.
En alguna intervención en esta tribuna un diputado del PRI se refirió a mí, diciendo que tenía yo un "juvenil espiritu detectivesco". Y siguiendo ese juvenil espíritu detectivesco me dí a la tarea de investigar quién cerró la Comisión de la Conasupo. ¿Quién la mató? ¿Quién cometió el asesinato de la Comisión de la Conasupo? Rindo ante ustedes un informe sobre este particular.
Está muy claro quienes son los autores materiales de este crimen. ¡Los autores materiales son, en primer lugar, los operadores del llamado "control político de la Cámara", en este viejo lenguaje priísta mexicano! Algunos de ellos o ellas, operan por los pasillos y están hablando con los diputados, prepararon la noche anterior el "carpetazo". Tengo la fortuna que ninguno de ellos se aproximó a mí para pedirme nada. ¡Pero esas operadoras y esos operadores políticos tramaron el cierre de la Comisión de la Conasupo!
En la realización material de este crimen participaron nueve diputados del Partido Revolucionario Institucional.
Uno de ellos, uno de ellos dice "haber escrito un informe final". ¡Dice haber escrito un informe final! Tiene muchas virtudes, una de ellas no son sus dotes literarias. ¡Ese diputado no escribió este informe!
Otro diputado lo vino a defender a la tribuna. ¡Ese diputado no escribió el informe! ¡No participó en su elaboración! ¡Ni siquiera lo había leído ayer por el mediodía! ¡Y está en el acta de la sesión de la Comisión de la Conasupo de ayer!, cuando el diputado Juan Manuel Cruz Acevedo, que con tanta elocuencia defendió un informe que no conocía, que no había leído, que no había participado en su preparación, me dice a mí, ayer en la comisión me dice: "diputado, yo todavía no conozco ni he leído el informe, pero supongo..." ¡Y ahí les dejo todas las suposiciones! Esos son los autores materiales.
Compañeros diputados del PRI: en casi los dos años que yo tengo de compartir los trabajos de esta legislatura, he tenido la fortuna de conocer a muchos de ustedes y digo la fortuna porque de muchos de ustedes he recibido muestras de aprecio y de respeto, las que correspondo y digo la fortuna porque muchos de ustedes, diputados del PRI, los que yo conozco, muchos con quienes he compartido trabajo en las distintas tareas legislativas, son mexicanos honorables, sin tacha.
Yo no conozco a todos los diputados del PRI, probablemente si a alguno me lo encuentro en la calle quizá no lo reconozca, a algunos de los que no pasan a la tribuna. Pero la responsabilidad material de este hecho recae en la mayoría, en una mayoría que no participó en la creación de esta comisión, que si hubiera podido se hubiera opuesto a ella, que después la secuestró y que ahora la mata.
Nada más, señores diputados, que mis investigaciones y mis pesquisas me llevan a determinar que ellos, esos diputados que yo he mencionado, los operadores políticos, los diputados empleados, no son los autores intelectuales de este crimen. Pero no tendremos que esperar, como en el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio, a descubrir al autor intelectual de este crimen, de haber cerrado la Comisión de la Conasupo.
Yo tengo pruebas de quién es el autor intelectual de este hecho. Las pruebas están en el propio documento que ustedes llaman informe, documento en el que no participamos en su elaboración ningún diputado miembro de esta comisión; ninguno de nosotros participó, ninguno de los miembros de la oposición conoció ni vio este informe hasta que ustedes lo aprobaron.
En este informe se dice, en muchos párrafos, que esta Cámara de Diputados no está facultada para investigar, que no conviene que investigue, que mejor investigue el Ejecutivo, que para qué andamos investigando nosotros, lo dice de mil maneras en muchos párrafos y aquí está escrito y léanlo porque lo tienen frente a ustedes.
Esas son las conclusiones a las que llega, las conclusiones no son sobre el contenido de los trabajos, señores diputados. Hay conclusiones en donde se elabora una tesis jurídica, la tesis jurídica es: "el Congreso no se puede extralimitar investigando al Ejecutivo, porque estaría violando el marco constitucional". Señores, ¿quién hace esa interpretación de nuestra Carta Magna? ¿Somos nosotros los diputados? ¿Son ustedes los diputados del PRI los que interpretan la Constitución para restringirle facultades al Poder Legislativo? ¿Son ustedes los que le hacen hara kiri a esta Cámara de Diputados.
No lo creo, señores, ésta no puede ser una tesis del Legislativo, no lo es en ninguna parte del mundo. ¡Ningún poder legislativo se autolimita! ¿Saben de quién es esta tesis, señores? ¡Es del Poder Ejecutivo! ¡Este documento viene del Poder Ejecutivo! ¡Este documento no fue preparado en esta Cámara!
¡El responsable de la muerte de la Comisión de Conasupo tiene nombre y apellido, se llama Ernesto Zedillo Ponce de León y es Presidente de la República, a él acuso!
El Presidente:
Permítame, señor diputado.
Dígame diputada Rosario Guerra.
La diputada María del Rosario Elena Guerra Díaz (desde su curul):
Pido la palabra para rectificar hechos después del orador.
El Presidente:
Continúe el orador.
La diputada Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo (desde su curul):
¿Por qué se le cortó su intervención.
El presidente:
Discúlpeme, diputada, no se le cortó. Le preguntamos al orador: ¿ha suspendido su solicitud de palabra.
El diputado Adolfo Miguel Aguilar Zinser:
No he suspendido mi solicitud de palabra. Continúo en mi intervención, señor Presidente.
El Presidente:
Era a quien lo estaba tratando de interpelar, diputado. Continúe usted con su intervención.
El diputado Adolfo Miguel Aguilar Zinser:
Le agradezco mucho, señor Presidente.
Hay muchas pruebas de que éste es el caso, las pruebas están en la historia. Ya no somos ingenuos los mexicanos, sabemos cómo opera nuestro Poder Legislativo y estamos aquí nosotros todo el día padeciéndolo.
¿Quién es el que envía la mayor parte de las leyes? El Ejecutivo. ¿Quién hace los dictámenes? ¿Cuántas modificaciones somos capaces de introducirles a esas leyes? Muy pequeñas modificaciones, seguimos siendo un instrumento del Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo decidió que no quería ser investigado por el Congreso y con ello canceló una vez más nuestras facultades.
Señores diputados: hemos sufrido una derrota política. Cuando se dijo ayer que ésta era una decisión política, así fue y fue una derrota política y una derrota política para ustedes, diputados del PRI, que acaban de salir de una asamblea en donde dicen haber enviado otro mensaje y para nosotros, diputados de oposición, estamos queriendo hacer otro México.
Ningún diputado del PRI participó en las investigaciones. Yo le preguntaría a la secretaría técnica de la comisión, que nos diera un informe sobre cuantas solicitudes de documentos hicieron los diputados del PRI, ¿cuántas veces echaron un vistazo a la vasta documentación? Ninguna; sólo el diputado Hinojosa hacía solicitudes y las hacia o a nombre de los despachos o a nombre de alguno de los diputados de oposición que así se lo solicitábamos.
No hubo investigación por parte del PRI a la Conasupo, señores diputados, no nos hagamos tontos, ustedes no tenían instrucciones de investigar, no querían ver ni oír, no querían tener que encontrarse cosas de las que después tuvieran que arrepentirse. ¡A nosotros no nos dio miedo, nosotros investigamos!
Si el Ejecutivo le dio carpetazo a la Comisión de Conasupo, muchos ciudadanos mexicanos se preguntarán ¿para qué sirve el Congreso? ¿Por qué no el Ejecutivo da un carpetazo que sería muy popular en México, por qué no le da carpetazo a la LVI Legislatura del Congreso de la Unión y la cerramos como la Comisión de Conasupo? ¿Qué sentido tiene, señores diputados, qué sentido tiene la actividad legislativa si nosotros mismos renunciamos a ella? Habría muchos mexicanos, muchos mexicanos que aplaudirían el carpetazo a esta legislatura y después del día de hoy muchos más lo harían.
Se ahorraría el país el gasto de las campañas políticas y se ahorraría el país el gasto de las dietas y de los viajes, señores diputados, de los muchos viajes que se hacen a nombre de esta Cámara de Diputados, se ahorraría muchísimo del personal que tenemos aquí sin poder hacer nada. Cuánto se ahorraría el país.
Estas instalaciones magníficas se las podríamos dar a las organizaciones no gubernamentales para que formaran una asamblea que tuviera más sentido y más contacto con la gente. Este Congreso ha perdido muchísimo el día de hoy, ha perdido mucho respeto, el respeto que estábamos buscando ganarle.
Pero la Comisión de Conasupo en sí misma no fue un fracaso; la Comisión de Conasupo logró muchas cosas; logró, señores diputados, pido, señor Presidente, me acojo al artículo correspondiente para continuar mi intervención, al 103.
La Comisión de Conasupo tuvo muchos, muchos logros, hay uno muy significativo para nosotros que es al que me voy a referir aquí: ustedes, diputados de todos los partidos, del PRI, del PAN, del PT, del PRD, sabemos todos lo difícil que es conseguir un documento del Poder Ejecutivo, saben cuánto se aferran a sus documentos, cuánto nos cuesta que a cuentagotas nos suelten las evidencias de las cosas, cuántas tensiones hay entre las comisiones respectivas para lograr que los funcionarios compartan el proceso de toma de decisiones; bueno, conseguimos, señores diputados, mandatos de este poder para asegurar documentos del Poder Ejecutivo, un hecho sin precedente; localizamos el archivo histórico de Diconsa escondido en proceso de destrucción en unos predios invadidos en el centro de la ciudad a donde muy probablemente quien fuera su director de Diconsa los habría ido a esconder, porque son precisamente los archivos de la época de Raúl Salinas de Gortari y ahí están esos archivos.
Señores diputados: hemos tenido acceso como nunca en la historia de México a documentación del Poder Ejecutivo, actas de consejo de administración, documentos que amparan esas actas, facturas, informes de los inmensos negocios que se hicieron en la Conasupo, apenas comenzábamos la investigación cuando nos la cerraron. No se puede emitir un informe final, señores, sobre una investigación que apenas comenzaba.
Aquí abajo están algunas de las cajas de la Conasupo, de las muchas cajas que empezábamos, empezábamos a conocer y señores, ayer en la prensa están las fotografías de las cajas carpetazo a Conasupo y aquí están las cajas a las que les estamos dando carpetazo, las estamos dejando cerradas otra vez, se las estamos regresando a quienes las custodian como cancerberos de los secretos más oscuros e ignominiosos de este país, que no quieren compartirlas, que no quieren que se sepan.
El Poder Ejecutivo mató a esta comisión para recuperar sus cajas, pero hay muchas cajas que obran ya en poder de este Congreso de la Unión y esas cajas tienen detalles sobre operaciones que no fueron investigadas por los despachos de contadores.
Señores: uno de los despachos de contadores es copartícipe del encubrimiento, pero aun en ese informe se dan datos muy reveladores sobre cómo es el manejo interno de la Conasupo y cómo se hacen los negocios; empezábamos. Por eso la pregunta es ¿cuál es el móvil de este crimen? ¿Por qué el Ejecutivo, por qué Ernesto Zedillo mató a la Comisión de Conasupo? ¿A quién está encubriendo?
Si hubiera un solo culpable al que estuviera encubriendo, probablemente hubiera dejado que la investigación siguiera, pero no es a una persona a la que está encubriendo. ¿Se puede decir que está encubriendo a Carlos Salinas de Gortari? Pero, perdónenme, señores diputados, si nosotros pudiéramos establecer responsabilidades a Carlos Salinas de Gortari no sería él el que sería sometido a juicio, sería todo el sistema de corrupción, ¿saben por qué?... porque les recuerdo que fue Presidente de la República y él ejecutaba sus acciones dando órdenes y ¿a quién le daba las órdenes? A los señores secretarios de Estado, algunos de los cuales siguen en este Gobierno, uno como Presidente de la República.
No se puede traer a juicio a Carlos Salinas de Gortari, por eso hay que cerrar todas las cajas, porque no se puede someter a juicio asimismo al sistema, lo entiendo; lo entiendo, señores diputados, lo entiendo porque su jefe que está afuera de esta Cámara, diputados del PRI, decidió cerrar la investigación, es una investigación delicada, peligrosa, de consecuencias nefastas para quienes pueden ser afectados por estas investigaciones. Lo que necesitamos entonces es entender, entender la gravedad del problema de la corrupción y de las responsabilidades que a nosotros compete.
Yo sí revisé las cajas, creo que al revisar las cajas me metí en un gran lío, porque encontré documentos, no fueron objeto de una denuncia, casi todas las lineas de investigación que vienen listadas son objeto de denuncias previas formuladas por la ciudadanía. Yo encontré en las cajas de la Conasupo, no me pasaron documentos por debajo de la mesa, nadie me sopló, me puse a estudiar los consejos de administración y ahí encontré un pago a Maseca, un pago a Maseca, que esta cosa que ustedes llaman informe, esta cosa de la que por cierto yo no quiero ni siquiera que aparezca mi nombre aquí, porque yo no tuve nada que ver con esto.
Esa investigación me llevó a descubrir un pago a Maseca. Este documento preparado o inspirado por el Poder Ejecutivo dice que no hay ninguna responsabilidad y que el pago fue perfectamente legal.
Aquí tengo en mis manos un informe preparado por un grupo especial de trabajo integrado por representantes de la Secretaría de Programación y Presupuesto, cuyo secretario era el señor actual Presidente de la República; de la Secogef y de la Secofi. Este informe fue sometido al consejo de administración en mayo de 1989, aprobado por el consejo de administración y suscrito por todos sus integrantes.
Cuando le enseñé este documento al señor Arsenio Farell Cubillas, se le abrieron los ojos muy grandes y como él es un hombre muy curioso, me dijo: "diputado, no viene armado". ¿No conocía usted este documento, señor secretario?, este documento fue suscrito por el consejo de administracíon, fue un documento oficial emitido por las tres secretarías de Estado y ¿qué dice este documento?, dice que desde el punto de vista jurídico no se considera procedente el realizar a Maseca el pago o compensación solicitada por concepto de deterioro financiero de intereses, toda vez que no hay fundamento legal que en el caso concrete, regule o sustente el pago en cuestión.
Señores diputados: a la Cámara, a nuestro peculio le costó 1 millón 500 mil pesos contratar a un despacho de contadores que emitiera a posteriori un dictamen en el que se dijera que el pago era legal. Nos costó carísimo. Entiendo sus reproches, quizá no debí haber encontrado estos documentos, le salieron caros a la Cámara, tuvimos que pagarle a un señor mucho dinero para que pusiera su firma en un documento preparado también fuera de la Cámara de Diputados, también por el Poder Ejecutivo, eximiendo al Poder Ejecutivo de la responsabilidad sobre un pago probado de 6 millones de dólares.
Yo sé, señores diputados, porque insisto en el aprecio que siento por muchos de ustedes, diputados del PRI, que me reprocharon haber hecho esta denuncia y haberla formulado ante medios extranjeros y ante medios nacionales también.
Señores diputados: no cometí un crimen, no falté a ninguna ley, pero comparto la responsabilidad de lo que estos hechos puedan explicar, los acontecimientos de hoy. Esta comisión está siendo matada por el Ejecutivo también por esa razón y yo también en ese sentido tengo que compartir un poco esta responsabilidad, pero yo no me iba a quedar callado y aquí están las pruebas, éste fue un pago ilegal, tan ilegal que no se sometió a discusión; simple y sencillamente se decretó a posteriori que era legal.
¿Dónde quedó la Secretaría de la Contraloría? ¿Dónde quedaron los funcionarios de la Secretaría de Comercio y de la Secretaría de Programación y Presupuesto, que suscribieron este documento, que lo ratificaron después y que se lo hicieron entregar nuevamente al consejo de administración? Nunca el consejo de administración justificó el pago, nunca contradijo estos argumentos, nunca fundamentó su decisión.
Señores diputados: es un caso probado, pero también por esta decisión arbitraria del Poder Ejecutivo, es para los efectos de esta Cámara un caso cerrado.
El informe contiene muchas otras mentiras a las que ya casi ni vale la pena referirse. Afirma que la leche contaminada por radiactividad en ningún momento puso en riesgo a la población.
Señores, el propio informe de la Comisión de la Conasupo detalla cargamentos de leche que entraron a México durante el año de 1986, antes de que se establecieran las salvaguardas, que sí tenían altos niveles de contaminación y que sí pudieron haber sido distribuidos a la población.
¿Qué vamos a hacer, qué vamos a hacer con las cajas que recuperamos? ¿Qué vamos a hacer con nuestras facultades para investigar que le hemos ya regresado al Poder Ejecutivo en un acto vergonzoso.
Nos queda muy poco tiempo en esta legislatura y si verdaderamente no queremos ser nosotros autores de un carpetazo a la LVI Legislatura, porque allá, allá afuera se están fraguando muchos carpetazos para acabar con el trabajo legislativo de esta Cámara.
Démosle contenido, hagamos nuestro trabajo dignamente, cumplamos con nuestro deber como representantes populares.
Quien escribirá la historia de esta legislatura, señores diputados, no será quien escribió este informe. Los que escriben estos informes allá afuera, ya no escriben la historia, los podemos tirar. No serán ellos los que escribirán la historia de los sucesos de esta Cámara de Diputados; son otros mexicanos los que escribirán la historia. Ya no habrá escribientes, ya no habrá empleados.
Señores diputados, una vez más dignifiquemos a este Congreso. Pido a esta Asamblea regrese a la Comisión de la Conasupo el documento apócrifo, falsamente llamado informe, por ser violatorio de los artículos de la Constitución que amparan los trabajos de esta comisión y que esta comisión pueda continuar sus trabajos.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos tienen la palabra la diputada Rosario Guerra, después el diputado Crisóforo Salido y posteriormente el diputado Víctor Quintana.
La diputada María del Rosario Elena Guerra Díaz:
Señor Presidente; honorable Asamblea:
Como ustedes lo saben, no soy miembro de la Comisión de la Conasupo, estoy en esta Cámara y tengo una misión muy distinta de aquella que destruye, que denigra, que utiliza la injuria, que niega lo que es la esencia misma del trabajo legislativo: construir y acordar.
Yo en esta Cámara a eso me dedico, a construir, a tender puentes, a buscar alternativas, a confrontar puntos de vista y encontrar las mejores soluciones para, respetando la diversidad encontrar los caminos que permitan un fortalecimiento del Poder Legislativo. En eso estoy comprometida; ése es uno de los roles que juego en esta Cámara, por eso es que no platico con el diputado Aguilar Zinser.
En efecto, nunca ha estado por construir acuerdos. Tiene toda la razón, a él nunca le he pedido nada, porque sé que nada puede darnos.
Tampoco he platicado con él de éste o de ningún otro tema; tampoco he pedido a la oposición, nada sería más falta de ética política, que cubran o encubran cualquier acción de cualquier tipo, en temas de corrupción o deshonestidad. No lo haría porque yo misma no podría prestarme a ello, porque en diversas ocasiones hemos mantenido la voluntad política y así lo seguiremos haciendo a pesar de quienes quieren atravesarse en el camino de la construcción de un fortalecimiento del Poder Legislativo.
En efecto, hay problemas jurídicos como los trámites de 1993; en efecto, tenemos que encontrar las mejores soluciones para que estos cauces caminen de la mejor forma. En efecto, mi partido votó la propuesta de crear la comisión y no lo votó para oponerse a que ésta drenara todo aquello que tuviera que salir.
Se me hace francamente deshonesto que se descalifique, sin ningún tipo de argumento serio, el trabajo de mis compañeros, merecen tanto respeto, han pasado tantas horas haciendo textos, comentándolos con los partidos políticos, enfrentando y confrontando puntos de vista, redactando los documentos, rehaciendo las conclusiones, pasando noches y noches, días y días haciendo su trabajo, que no se vale, con todo respeto, que simplemente por auto descalificación, a través de injurias y calumnias y por suspicacias de un personaje, se les quiera negar todo el reconocimiento que mi fracción les hace a un trabajo serio, técnico y profesional.
Podemos tener discrepancias en cuanto a muchas cosas, pero lo que no podemos hacer, lo que no debemos hacer es francamente dar pie a que el espacio de la Cámara de Diputados se corrompa y se convierta en frívolo. Sería muy caro para la Cámara lo frívolo, lo mundano, lo prejuicioso, entonces sí triunfaría el fundamentalismo que hoy oímos en esta tribuna: un fundamentalismo del todo o nada, un fundamentalismo de que o tengo la razón o cierren la Cámara. Eso, compañeros, no son razonamientos, son simplemente fanatismos.
Nosotros vamos a acompañar a quienes quieren construir la historia de este país. No voy a cejar aun con las críticas que se me hagan a través de los medios de comunicación y a través de declaraciones arteras de corrillos de pasillo en las deambuladas que todos damos, que se me coarte mi libertad y mi dignidad en hacer trabajo propositivo en esta Cámara.
Nunca he pedido nada a nadie que no esté dentro de una lógica de construcción nacional, de proposiciones serias, de acatamiento a lo dispuesto por la ley.
Los primeros interesados y quiero que en esta tribuna quede muy claro, los primeros interesados en acabar con la corrupción somos los priístas y lo hemos hecho con tres acciones que quiero ahora ratificar: una propuesta muy seria de reformar el Poder Legislativo y en este sentido acabar con las lagunas que existen en la legislación en materia de comisiones investigadoras y más aún, en materia de seguimiento del gasto público.
Vamos a hacerlo, los invito a hacerlo en serio, no a través de la descalificación y la deshonra de nuestro cuerpo colegiado y plural.
Segunda propuesta. Una propuesta del Ejecutivo Federal que estamos trabajando, en la que tenemos puntos de acuerdo y de desacuerdo y que seguramente modificaremos para que pueda salir adelante un mejor proceso de auditoría, no solamente del Poder Ejecutivo, sino en todos los poderes, pero con especial énfasis en todas las acciones que se llevan a cabo a través de las políticas públicas.
Y la tercera cuestión es que ésta es la primera vez y lo quiero subrayar, que en la historia de la Cámara de Diputados se abre una comisión investigadora y se concluye claramente con la solicitud de fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles y penales, a los que ahí se consigna a quienes resulten responsables. Por lo tanto no estamos encubriendo absolutamente nada, aquí lo único que estamos encubriendo es una práctica política que está tratándose de articular las prácticas de grupos parlamentarios y partidos políticos.
Que no se les olvide, el que traicionó ayer traiciona hoy, traicionará mañana y seguirá siendo el mismo tipo de persona que ha demostrado ser en los hechos y no a través del diálogo, de los acuerdos y de la construcción.
El presidente Zedillo está ocupado en lo que debe de estar, en gobernar. Efectivamente, el Presidente no, me acojo al 103, diputados, para que estén tranquilos. Me voy a referir al punto que me interesa de esta intervención. Me acojo al 103, diputados. Informo al diputado que me acojo.
El Presidente:
Señora diputada...
La diputada María del Rosario Elena Guerra Díaz:
¿Qué, no les gusta que hable? ¿Por qué tienen miedo? Aquí el único que ha tenido miedo ha sido un diputado que dijo que iba a un medio extranjero porque temía por su vida y cuando se le solicitó que nos compartiera esa preocupación de su miedo por su vida y de las amenazas porque nos hace terriblemente serio que alguien vaya a molestar o vaya a amenazar a un diputado por su trabajo legislativo, no nos comparta y nos diga que no puede hacerlo. ¿Entonces de qué se trata? ¿Es o no es cierto? ¿No les gusta lo que digo? Muchas veces compañeros, pero en el disenso y en el consenso tenemos que encontrar las diferencias y los acuerdos.
Y yo estoy aquí nada más para decirles que el Presidente Zedillo está en lo que está, no dicta líneas, no dicta ni puntos ni comas. La decisión de acabar con el informe final era muy clara y así lo platiqué con los diversos sectores con los que creo y puedo concertar acuerdos para el beneficio de esta nación.
¿Cuáles fueron? La primera vez que teníamos ya desde hace varias semanas los informes de los despachos que auditaron y que tenían resultados concretos.
Por lo tanto, ¿por qué seguir con una prensa insistente sobre noticias de un tema que finalmente ya podrían salir a la luz? ¿Por qué no darlos a conocer? ¿Por qué no dejar, no el carpetazo, éste no es un carpetazo, es la primera vez que se dan fincamientos, que la justicia actúe? ¿Por qué no darle en este pleno cauce al informe para que, en consecuencia, se actúe en contra de las personas que resulten responsables y no dar más tiempo a que puedan prescribir los delitos? ¿Por qué no dar adelante la información al pleno, si la prensa todos los días nos recibía con la misma pregunta: ¿y qué pasó con la Comisión de la Conasupo.
La Comisión de la Conasupo adoptó un código de ética, de no dar a conocer resultados preliminares para no confundir a la opinión pública. Tenemos que ser responsables con las informaciones de la Cámara de Diputados, quien lo viole, pues, es su problema, finalmente cada quien tiene su ética política...
El Presidente:
Señora diputada, le ruego redondear su intervención para rectificar hechos.
La diputada María del Rosario Elena Guerra Díaz:
Por lo tanto, lo único que quiero reiterar es que es falso y calumnioso, de a todas luces, el que se diga aquí que mis compañeros no trabajaron, que no hicieron su chamba, que el único diputado trabajador aquí es uno que se mete en las cajas y que no trabaja en comisiones, porque ahí no se le ve.
Entonces franca y sinceramente, esta descalificación a ultranza del trabajo legislativo, de la presencia de mis diputados y de mi grupo parlamentario, se nos hace denigrante frente al esfuerzo que.estamos tratando de hacer.
Y quiero continuar: no nos vamos a detener por los fundamentalistas, vamos a avanzar y vamos a avanzar creando los espacios para que esta Cámara de Diputados asuma con seriedad y responsabilidad sus ejercicios de atribuciones exclusivas en seguimiento del gasto público. Esa y no otra es nuestra posición.
El Presidente:
Gracias, diputada. Habiendo cedido su turno para rectificar hechos el diputado Crisóforo Salido, tiene la palabra el diputado Víctor Quintana.
El diputado Victor Manuel Quintana Silveyra:
Compañeras y compañeros diputados; disculpe, señor Presidente:
A los trabajadores diputados del PRI, que cerraron la comisión porque ya no había que investigar más, a los constructivos diputados del PRI, que construyen y fincan mentiras, solapamientos, exculpaciones, los tapaderas no. La corrupción posmoderna ya no viene en envases con tapade a viene en tetrapack. A los diputados del PRI se les olvidó un pequeño detalle, en el informe del despacho Barrlguete, cuando habla de las desincorporaciones de Miconsa y Liconsa, refiriéndose en el caso de leche industrializada Conasupo de las plantas Acayucan, Aguascalientes y ciudad Delicias, dice: "¿Cómo es posible que empresas con un capital social muy bajo, constituidas al cuarto para las doce, en algún caso, escúchese bien, una empresa compró la planta de Aguascalientes, cuyo capital era 10 mil veces superior al capital social inicial de esa empresa?"
Y se pregunta el despacho Bladinieres: ¿Quién fondeó, "quién pompo planta lechera al pirruris". Me voy a bajar en cuanto termine de leer esto compañeros, es breve.
Investigando lo que los diputados del PRI no quisieron investigar. Lo que ellos quisieron encubrir, nos encontramos dos cartas de crédito extendidas por el Banco de Crédito Rural de Occidente. El Banco de Crédito Rural de Occidente fue quien fondeó al prestanombres de Raúl Salinas de Gortari llamado Carlos Barrón, con una carta de 30 millones de nuevos pesos y otra carta de crédito cuyas copías obran en nuestro poder, fondeó por un total de 156 millones de nuevos pesos.
¿Quién dirigía el Banrural en ese momento?, el ingeniero Jaime de la Mora, compañero de la universidad de Raúl Salinas de Gortari y de Manuel Muñoz Rocha.
Pero a una operación de esta envergadura, una carta de crédito por 156 millones de nuevos pesos, no se extiende así como así.
No se puede extender una carta de crédito, a una empresa que no tiene el capital social para respaldarla, si ustedes van a pedir cualquier crédito a un banco, les van a exigir garantías del dos por uno.
En este caso, ningún banco comercial hubiera extendido tal carta de crédito y, sin embargo, el Banco de Crédito Rural la extiende y no fue Jaime de la Mora solo. Para autorizar una carta de crédito, una operación de estas dimensiones tiene que haber intervenido el consejo de administración del Banrural y el presidente del consejo de administración del Banrural en aquél tiempo era el Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, el profesor Carlos Hank González; profesor Carlos Hank González como presidente del consejo de administración autorizó el crédito a estas empresas de paja, 156 millones de pesos. A Carlos Barrón, prestanombre de los Salinas, porque Raúl era el prestanombre de Carlos, no nos hagamos. Al prestanombre de Carlos Salinas de Gortari le prestó el Banrural lo que no presta en un ciclo agrícola a todos los agricultores del Estado de Chihuahua y sin garantías.
Pero no solamente hay que procesar al expediente de las cartas de crédito, hay que procesar también a los aceptantes de las cartas de crédito. Los aceptantes fueron la unidad de desincorporaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue la comisión intersecretarial de gasto financiamiento, ellos aceptaron una carta de crédito dada a una empresa que no tenía con qué responder y entonces están implicados también en este hecho el presidente del consejo de administración de Liconsa, el secretario de Comercio, Jaime Serra Puche, el secretario actual de Hacienda, Guillermo Ortiz y el secretario de Programación y Presupuesto en 1992, Ernesto Zedillo Ponce de León. Es así, compañeros, aquí tengo los documentos, es así como se saqueó al país. Anteriores presidentes se robaban las nóminas, el salinismo que encubren la mayoría priísta y que encubre el Ejecutivo actual saqueó al país a través de las desincorporaciones y sigue.
Gente que condujo la unidad de desincorporación de la Secretaría de Hacienda o fue alto funcionario de ella, como Jorge Silvertein conduce ahora el proceso de privatización de ferrocarriles. Digan ustedes si se puede confiar en la transparencia, si se puede confiar en la honestidad de un caso como éste.
El Presidente:
Ruego redondear su intervención al señor orador.
El diputado Victor Manuel Quintana Silveyra:
Termino, señor Presidente.
Esta comisión no puede cerrarse, cada cierre, cada carpetazo es un encubrimiento a casos como éste. El caso del gran fraude cometido por prácticamente todo el Ejecutivo, con el conocimiento y la autorización de Carlos Salinas de Gortari en la desincorporación de las plantas de Liconsa a beneficio del prestanombres de Raúl Salinas de Gortari, Carlos Barrón, el Partido de la Revolución Democrática lo presentará oportunamente ante la Procuraduría General de la República, así como lo presenta hoy a la opinión pública.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Crisóforo Salido, para rectificar hechos hasta por cinco minutos.
El diputado Crisóforo Lauro Salido Almada:
Con la venia de la Presidencia.
Voy a dar lectura a un punto de acuerdo dirigido a la Presidencia de la mesa directiva de esta Cámara:
Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados abajo firmantes solicitamos a usted poner a consideración del pleno el siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Debido al carácter sesgado e incompleto del informe presentado a nombre de la Comisión para la Investigación del Funcionamiento de la Conasupo y sus filiales y a la falta de consenso con la que fue elaborado el mismo, solicitamos que éste sea regresado a la comisión correspondiente para su reelaboración.
Asimismo para que la comisión referida continúe con los trabajos de investigación que el pleno le ha conferido y que aún no han terminado.
Atentamente.
Palacio Legislativo de San Lázaro.--México, D.F., a 26 de septiembre de 1996.--Diputados: Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Javier Alberto Gutiérrez Vidal, Ezequiel Flores Rodrlguez, Rosa María Cabrera Lotfe, Crisóforo Salido Almada, Tonatiuh Bravo, Carlos Navarrete, Juan Guerra y Cuauhtémoc Sandoval.»
Entrego la solicitud.
El diputado Humberto Roque Villanueva (desde su curul):
Moción de procedimiento, señor Presidente.
El Presidente:
Para una moción el señor diputado Humberto Roque Villanueva.
El diputado Humberto Roque Villanueva (desde su curul):
El punto que está proponiendo el diputado, no procede por la simple y sencilla razón de que está atrasado el orden del día, solamente cuando se alude al artículo 59 lo que se logra es trasladar algo que ya está programado y anticiparlo en la discusión, por lo tanto es notoriamente improcedente la propuesta del señor diputado.
El Presidente:
Para una moción el diputado Carlos Navarrete.
El diputado Carlos Navarrete Ruiz (desde su curul):
Señor Presidente, con todo respeto al diputado Roque Villanueva, el tramite solicitado por el diputado que está en el uso de la palabra y respaldado por otros más, está plenamente ajustado a lo establecido en el artículo 58 del reglamento de nuestra Cámara que a la letra dice:
Las proposiciones que no sean iniciativas de ley presentadas por uno o más individuos de la Cámara, y esto que se presenta no es una iniciativa de ley, sin formar los que la suscriben mayoría de diputados, se sujetarán a los trámites siguientes:
Primero, se presentará por escrito y firmado por sus autores al Presidente de la Cámara y serán leídos una sola vez en la sesión en que sea presentada que es el caso.
Podrá su autor o uno de ellos si fueren varios, exponer los fundamentos y razones de su proposición o proyecto; hablarán una sola vez dos miembros de la Cámara uno en pro y otro en contra, prefiriéndose al autor del proyecto o proposición.
Evidentemente señor Presidente, que la propuesta apoyada por varios diputados, corresponde a este artículo y solicito a la Presidencia dé el trámite correspondiente.
El Presidente:
El señor diputado Roque Villanueva, para una moción.
El diputado Humberto Roque Villanueva (desde su curul):
Señor Presidente: con todo respeto al diputado Navarrete, quien por su experiencia ya debía de conocer este trámite, sabe perfectamente que el artículo que él invoca, el 58, evidentemente se puede programar en el orden del día Si está programado, evidentemente se desahoga. Aquí la alusión muy clara al reglamento y en la práctica lo único que se puede solicitar y desde luego está en su derecho de solicitarlo, es una moción suspensiva, pero no se puede incluir en este momento algo que no está incluido en el orden del día. Así de claro el señor Presidente.
El Presidente:
El diputado Tonatiuh Bravo.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde su curul):
Señor Presidente, con todo respeto a lo que ha expresado el diputado Roque Villanueva, el diputado que está en el uso de la palabra, ha mencionado el artículo 58, al que ya le dio lectura el diputado Navarrete. Pero también incluye el artículo 59 y se lo voy a leer. El artículo 59 dice:
En los casos de urgencia u obvia resolución calificado por el voto de las dos terceras partes de los individuos de la Cámara que estén presentes, podrá ésta, a pedimento de alguno de sus miembros, dar curso a las proposiciones o proyectos en hora distinta a la señalada y ponerlos a discusión inmediatamente, después de su lectura.
Como el diputado Crisóforo ha hecho alusión al artículo 59, entonces le solicito, señor Presidente, que usted le dé trámite de obvia o urgente resolución. Si no están de acuerdo las dos terceras partes de los individuos presentes de la Cámara, entonces que se rechace, de acuerdo al reglamento, este procedimiento, señor Presidente.
El diputado Humberto Roque Villanueva (desde su curul):
Señor Presidente:
Lo de menos son las dos terceras partes. Ese no es el problema. Es un principio de orden y creo que todos los diputados debemos acatarlo. El señor diputado me acaba de dar la razón al leerlo: "...en hora distinta a la señalada" y lo único que señala las horas es el orden del día, señor Presidente. Luego, no tiene absolutamente ningún sentido que por algo que no está programado, se aduzca el 59.
El diputado Crisóforo Lauro Salido Almada:
La diputada Rosario Guerra pidió la palabra y fuera, no estando en el orden del día, no estando registrada como oradora, se acogió al 103. Esa es una violación flagrante al reglamento. Aquí no estamos discutiendo...
El Presidente:
Permítame, señor diputado Crisóforo. Se le concedió la palabra para rectificar hechos y se le ¡decidió ajustarse a los cinco minutos que señala el reglamento.
El diputado Crisóforo Lauro Salido Almada:
¡Ah! Entonces yo hago lo mismo que la diputada. También me acojo al 103.
El Presidente:
No ha razón para hechos el 103, señor diputado.
El diputado Crisóforo Lauro Salido Almada:
Y ¿por qué a la diputada Rosario Guerra sí se le concedió el amparo del 103.
El Presidente:
Esta Presidencia le pidió a la diputada Guerra redondear su intervención a los cinco minutos, de acuerdo al reglamento.
El diputado Crisóforo Lauro Salido Almada:
Insisto en mi solicitud, que está perfectamente encuadrada en el marco del reglamento. Este punto de acuerdo, esta solicitud de punto de acuerdo, debe de dársele el trámite que el reglamento establece.
El diputado Humberto Roque Villanueva (desde su curul):
Señor Presidente: nada más para recordarle al señor diputado que la intervención de la diputada Guerra fue para hechos, cosa que está perfectamente reglamentada y no requiere el proceso del 59. Por lo visto, no le ha quedado claro que cuando se habla de hora señalada, es porque presuponen un orden del día. Las propuestas se registran para que puedan ser consideradas. No es el caso. Por lo tanto, le ruego continuar con la sesión.
El Presidente:
El diputado Tonatiuh y después el diputado Pérez Noriega.
El diputado ltzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde su curul):
Gracias, señor Presidente:
Con todo respeto, señor Presidente, el artículo 19 del reglamento dice:
Este voto será consultado cuando algún miembro de la Cámara reclame la resolución o trámite del Presidente, previa una discusión en que podrán hablar dos individuos en pro y dos en contra, lo cual se podrá hacer siempre que no haya mediado votación en el mismo negocio,...
Entonces, señor Presidente, queda claro que aquí lo que hay es una discusión de procedimiento. El preopinante, el diputado Crisóforo, está solicitándole a usted le dé trámite de acuerdo al artículo 58 y 59. Hay otras opiniones. Entonces que se proceda por parte de la Cámara de acuerdo al artículo 19, a esclarecer cuál será el procedimiento a que se le dé turno, porque yo estoy impugnando el que aquí se ha presentado. Por favor, señor Presidente.
El Presidente:
Para aclararle que el 19 es referente a un trámite de esta Presidencia. No ha tomado ninguno.
Diputado Pérez Noriega, por favor.
El diputado Fernando Pérez Noriega (desde su curul):
Con su permiso, señor Presidente:
Creo que el artículo 59 que ha sido leído, del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, es muy claro en que no es facultad de la Presidencia de la mesa directiva en este momento, el calificar cuándo hay un caso de urgencia u obvia resolución. Es claro que el diputado que está haciendo uso de la voz, ha solicitado que este pleno califique en este momento si hay urgencia u obvia resolución. Por lo tanto, tendrá que ser votada esa propuesta dei diputado que está en uso de la palabra.
Por lo tanto, solicito a la Presidencia cumpla con el reglamento en los términos establecidos.
El diputado Humberto Roque Villanueva (desde su curul):
¡Señor Presidente:
El Presidente:
El diputado Roque, para una moción.
El diputado Humberto Roque Villanueva (desde su curul):
En este caso debo darle la razón al diputado Tonatiuh y no al diputado Pérez Noriega. ¡En lo que sí tiene razón Tonatiuh es que se puede someter, efectivamente, a la consideración de la Asamblea el trámite! ¡Lo que no puede cambiar el diputado Pérez Noriega es el sentido del 59, es adelantar lo que ya está programado! ¡Si insiste el diputado Tonatiuh en que se consulte a la Asamblea, el trámite que yo estoy diciendo es el indicado, estoy de acuerdo!
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde su curul):
¡Señor Presidente!
El Presidente:
Dígame, diputado Tonatiuh.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde su curul):
El señor diputado Crisóforo Salido es quien hace la petición ante usted que le dé trámite del 58 y 59 y yo apoyo como firmante de esa proposición ese trámite. Entonces él no ha retirado su petición de trámite.
El Presidente:
Yo tampoco se la he retirado, señor diputado. Lo que voy a ordenar a la Secretaría es consultar a la Asamblea si se considera de urgente y obvia resolución, una vez que concluya su intervención para rectificar hechos el diputado Crisóforo Salido.
El diputado Carlos Navarrete Ruiz (desde su curul):
Atendiendo a que esta Presidencia ha expresado ante este pleno su disposición de dar trámite a la petición del diputado Crisóforo Salido y someter al pleno de la Cámara esta propuesta para darle entrada, solicito a usted y lo hago por escrito, con base en el artículo 148 de nuestro reglamento, que la votación que se llevará a cabo sea expresamente nominal y el texto que le acompaño está firmado por más de cinco diputados de esta Cámara.
El Presidente:
Adelante, diputado Crisóforo Salido.
El diputado Crisóforo Lauro Salido Almada:
Cedo mi lugar a la Secretaría...
El Presidente:
Con base en la solicitud hecha a esta Presidencia por el diputado Carlos Navarrete, apoyado por cinco diputados y al artículo 148, ruego a la Secretaría que esta consulta se realice nominalmente.
El secretario Heriberto Tomaz Lizárraga Zataraín:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación nominal se consulta a la Asamblea si la propuesta del diputado Crisóforo Salido se considera de urgente y obvia resolución.
(Votación.)
Señor Presidente, se emitieron 129 votos en pro y 219 votos en contra... Desechada.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Sandoval.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramirez (desde su curul):
Señor Presidente, lo que está desechado es el trámite de obvia y urgente resolución, pero queda pendiente su votación al final del debate.
El Presidente:
Está desechada la propuesta que fue votada también a solicitud de Carlos Navarrete, nominalmente.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (desde su curul):
No, señor y le pido que lea el artículo 59, en el cual se desecha nada más el trámite de obvia y urgente resolución, pero queda pendiente su votación al final de este debate.
El Presidente:
Señor diputado, con todo gusto complazco su solicitud, rogándole a la Secretaría dar lectura al artículo 59.
El secretario Agustin Mauro Jordán Arzate:
Artículo 59. En los casos de urgencia y obvia resolución, calificados por el voto de las dos terceras partes de los individuos de la Cámara que estén presentes, podrá ésta, a pedimento de alguno de sus miembros, dar curso a las proposiciones o proyectos en hora distinta de la señalada y ponerlos a discusión inmediatamente después de su lectura.
El Presidente:
¿Complacido, señor diputado Sandoval.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (desde su curul):
Queda claro que se desecha el trámite pero no la propuesta.
El Presidente:
Se aprobó, señor diputado Sandoval, con base en el 59, al que ha dado lectura la Secretaría, poner a votación de la Asamblea si era de urgente y obvia resolución el asunto que señalaba la propuesta.
Diputado Pérez Noriega.
El diputado Fernando Pérez Noriega (desde su curul):
Muchas gracias.
Nada más, señor Presidente, creo que el artículo que ha sido leído es muy claro en cuanto a que es el trámite el que ha sido votado, no la propuesta en el fondo; la propuesta debe ser votada en su momento cuando o se turna en los términos del 58 o se vota en su momento, cuando se vote el dictamen con una propuesta alternativa, que es la que se está presentando.
Señor Presidente, no creo... ¡Si me permite terminar:
El diputado Humberto Roque Villanueva (desde su curul):
¡Moción de orden, señor Presidente! Adelante, diputado Pérez Noriega:
El diputado Fernando Pérez Noriega (desde su curul):
¡Señor Presidente, estoy en uso de la palabra:
El Presidente:
Adelante, diputado Pérez Noriega, tiene usted el uso de la palabra.
El diputado Ricardo Francisco García Cervantes (desde su curul):
¡Moción de orden, señor Presidente, está en uso de la palabra:
El Presidente:
Voy a rogar al personal administrativo que cuando un diputado esté en uso de la palabra se abstenga de facilitar otro micrófono.
Diputado Pérez Noriega.
El diputado Fernando Pérez Noriega (desde su curul):
Muchas gracias, señor Presidente:
Creo que la propuesta que se está... o la mención que se ha hecho de ese lugar, es el trámite que debe dar la Presidencia.
Gracias.
El Presidente:
Para una moción, el diputado Roque Villanueva.
El diputado Humberto Roque Villanueva (desde su curul):
Señor Presidente, es obvio, ya se dijo aquí, que en la práctica esto operó como una moción suspensiva, son prácticas parlamentarias que se dan y no nos asustan, pero que quede muy claro, primero, que no estamos hablando de ningún dictamen; segundo, de que en el momento en que la Asamblea decidió que no era de urgente resolución, evidentemente se pierde el fondo de la sustancia. Ya no hay ninguna razón para regresar a ninguna comisión el informe.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra la diputada Rosa María Cabrera.
Diputado Crisóforo Salido, ¿con qué objeto.
El diputado Crisóforo Lauro Salido Almada (desde su curul):
Con objeto de aclarar, señor Presidente, que lo único que se votó fue si se le daba trámite de obvia y urgente resolución; el punto de mi solicitud, no ha sido votado.
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Rosa María Cabrera.
El diputada Rosa María Cabrera Lotfe:
Con su permiso, señor Presidente:
Después de haber visto la actitud de cerrazón que impera en la mayoría que integra esta soberanía, vengo a esta tribuna a presentar una síntesis de los casos más relevantes en las revisiones realizadas a los tomos entregados por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, a la Comisión de la Conasupo de esta Cámara de Diputados, en su primera línea de investigación correspondientes al primero, segundo, tercero y cuarto trimestres de los años 1991 y 1992.
Podemos decir que además de los señalamientos ya mencionados en múltiples intervenciones por el diputado Víctor Quintana y aún más por otros diputados pertenecientes a dicha comisión especial, destacan los siguientes casos:
1o. Destacan por múltiples irregularidades las siguientes delegaciones estatales. Voy a leer el nombre de las delegaciones, los estados y los montos en millones de pesos actuales. Estado de Tamaulipas, 4 millones 194 mil 068 pesos; Estado de Tlaxcala, 1 millón 431 mil pesos; Estado de Chiapas,64 millones 476 mil 700 pesos; Estado de Tabasco, 13 millones 324 mil 800 pesos; Estado de Nuevo León, 26 millones 440 mil 400 pesos; Estado de Oaxaca, 57 millones 854 mil pesos; Estado de Yucatán, 26 millones 618 mil pesos; Estado de Sinaloa, 7 millones 711 mil pesos.
Lo que reporta una suma de 202 millones 49 mil 960 pesos que en el tiempo en que estos ilícitos se cometieron eran millones de viejos pesos, 202 mil 49 millones 960 mil pesos.
2o. Queremos hacer mención de que a pesar de que la Contraloría General de la Federación en sus revisiones destacadas como relevantes, ya sean por su naturaleza y montos, no existe en ninguno de estos casos, seguimiento alguno a pesar de que por su propia naturaleza lo amerita cada caso.
Señor Presidente, yo le solicitaría si pide orden a la Asamblea, por favor.
El Presidente:
Señores diputados, se les pide orden y respeto al orador.
La diputada Rosa María Cabrera Lotfe:
Gracias, señor Presidente.
3o. Cabe señalar que destacan las siguientes irregularidades en los estados mencionados anteriormente. Personal que supuestamente laboraba en Ferronales de México y en la Conasupo al mismo tiempo, conocidos tradicionalmente como "aviadores". Se cuenta con los nombres y apellidos.
Compras y ventas de granos que jamás entraron y por supuesto salían de los almacenes de la Conasupo; o sea, compraventas ficticias. Existen los nombres y los apellidos también. Serias cantidades faltantes en los manejos de las cajas de los almacenes; es decir, fraudes y robos cometidos. Existen también los nombres y apellidos.
Excesivos gastos de comisión sin haberse realizado éstos, pérdidas supuestas de costaleras, supuestas mercancías fuera de norma, serias cantidades de volúmenes de granos sin documentar, supuestas compraventas de frijol importado vendido éste a más bajo precio, indebido almacenaje de granos hasta por tres años en ANDSA y Boruconsa, facturaciones ficticias de compraventa.
Cabe mencionar que todas estas irregularidades las podríamos corregir de la mejor manera para recuperar los montos estratosféricos de los fraudes cometidos, ya que también contamos con los responsables de dichas acciones ilícitas. Solamente esperaríamos buena voluntad de quienes se dicen hoy representantes populares y guardianes de los intereses del pueblo.
Señoras y señores legisladores: hoy tenemos la oportunidad de poner un dique a la corrupción, no la desaprovechemos.
El Presidente:
Tiene la palabra el señor diputado Rafael Núñez Pellegrín.
El diputado Rafael Nuñez Pellegrín:
Con su venia, señor Presidente:
Antes de iniciar mi participación, debo aclarar a nombre de mi partido, Acción Nacional y de mis compañeros que estuvimos participando en la comisión especial que estuvo analizando la administración de la Conasupo, y que quede bien claro, los diputados de Acción Nacional en ningún momento tuvimos algunos acuerdos en relación con la investigación que realizamos. Hecha la aclaración, inicio mi participación.
Hoy nos encontramos analizando y discutiendo la misma película que discutimos en 1988 y en 1989. En aquella ocasión, el fraude cometido a nuestra nación a través de Banpesca; ahora, el fraude en la Conasupo y sus filiales. Es decir, la misma película con distintos actores, en distinta institución pero con el mismo tema y con la misma discusión aquí en esta misma tribuna.
La respuesta de aquel entonces es la misma: no hay fraude. Así lo afirmaron en esos años los defensores oficiosos y así lo sostienen hoy los defensores del régimen, nada más que hoy los tiempos han cambiado y las exigencias hacia una transparencia en el manejo del erario público es mucho mayor. Esto no lo podemos ignorar y por eso permítanme expresar lo siguiente en relación a esta paraestatal.
Al hacer un análisis de las auditorías practicadas a la Conasupo por la Contaduría Mayor de Hacienda en el periodo de 1982 a 1992, se advierten una serie de irregularidades que no es posible aceptar desde ningún punto de vista. ¿Por qué afirmo lo anterior? Por una simple y sencilla razón.
El testimonio de las auditorías es contundente, en ellas se confirma la ausencia de una administración profesional, transparente, honesta y carente de eficiencia, en la cual muy poco es lo que se controla, es mucho lo que se ha perdido y lo que es peor, nada se ha podido aclarar.
Por lo anterior, existen motivos y razones debidamente fundadas para que hagamos un análisis sereno de las irregularidades detectadas y exijamos el cumplimiento de la ley, pues no es posible tolerar más tanta impunidad y tanta corrupción en la administración pública y en especial en esta paraestatal.
El Presidente Zedillo en su II informe de Gobierno fue reiterativo cuando expresó: queremos un país de leyes, no aceptaremos la impunidad y la corrupción. Esta postura la aceptamos con beneplácito los diputados de Acción Nacional y le tomamos la palabra al Ejecutivo e invitamos a los demás diputados que integran esta Cámara a que asumamos con toda responsabilidad este asunto de la Conasupo, discutamos lo que sea discutible y actuemos en consecuencia.
Desde luego no aceptamos algunos señalamientos de diputados priístas que quizá con la intención de minimizar el daño que se ha causado a nuestro país por la deficiente administración en esta paraestatal, pretenden hacer creer al pueblo de México que el deterioro económico que se ha causado es mínimo y que el objetivo de la oposición es desprestigiar al PRI y al régimen.
Debo decirles que ésta no es tarea nuestra, en todo caso les corresponde a ustedes, señoras y señores diputados priístas. Pueden estar seguros que no es el propósito fundamental de nuestro reclamo, en virtud de que nuestras acciones van mucho más al fondo de este asunto. Debemos combatir la corrupción y en la Conasupo ha existido y existe ésta; por lo tanto, es urgente actuar de inmediato, con toda energía y con toda nuestra capacidad, ya que las irregularidades que de manera reiterada se contemplan en las auditorías practicadas por la Contaduría Mayor de Hacienda, merecen la atención urgente de nuestra parte, a fin de establecer con toda precisión las acciones que deban de ejercer las autoridades competentes en esta materia y de esta manera hacer real el combate a la corrupción.
Esta intención fue expresada de manera muy sobresaliente por el Presidente Zedillo en su ll Informe de Gobierno y permítame citar algunos de sus comentarios en relación al combate a la corrupción. Cito:
"Es indiscutible que todos, absolutamente todos, nos acostumbremos a cumplir la ley; quien respeta la ley respeta a los demás y se gana el respeto de todos.
En una nueva etapa de apego a la ley y de total honestidad. Quienes primero deben poner el ejemplo son los servidores públicos. El abuso de poder, la desviación de recursos y cualquier acto de corrupción, indignan con toda razón a los mexicanos y merecen un castigo ejemplar. Cada caso de corrupción lesiona la confianza ciudadana en la función pública y en la representación política y lastima la honorabilidad de los servidores públicos honrados.
Es necesario sumar la voluntad y el esfuerzo del Ejecutivo y el Legislativo, para coadyuvar a una administración honesta, transparente y eficaz, de los recursos públicos, así como castigar dichas infracciones.
Mi compromiso con un gobierno limpio es inalterable, por eso combatimos la corrupción con hechos, no con desplantes publicitarios."
Termino las citas del Presidente Ernesto Zedillo.
Creo que cualquiera en su sano juicio debe coincidir con este tipo de criterios y todos deseamos que se lleven a la práctica. ¿Qué esperamos, señoras y señores diputados, para actuar? Aquí está el reto. Los hechos nos permitirán dignificar a esta honorable Cámara. El pueblo exige eso, hechos, pero hechos que beneficien al pueblo de México, no las maniobras y las transas y todo lo que se ha descubierto en la Conasupo.
Con el ánimo de demostrar parte de mis comentarios sobre la corrupción detectada en la Conasupo, he estimado necesario hacer algunas observaciones sobre los aspectos más relevantes de las auditorías, en el aspecto financiero, en el aspecto de control y en el aspecto de legalidad.
En el aspecto financiero:
1o. En relación a los ingresos que esta paraestatal recibe vía presupuesto, se pudo constatar que no se lleva un eficiente control de las disposiciones del mismo, ya que muy frecuentemente se exceden en su sobrejercicio.
2o. Respecto a las transferencias que esta paraestatal realiza a sus delegaciones estatales, no se lleva un eficiente control de estos recursos, pues se constató que ni siquiera se preocupan por verificar la comprobación de la aplicación de estos recursos.
Señor Presidente, debo decirle que me apego al 103.
3o. Se detectó que algunas ventas de contado se contabilizaron en cuentas por cobrar, generando con esto un gran desorden en este rubro y además se pudo verificar que en las delegaciones de Jalisco, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Yucatán y la propia oficina central aquí en México, tienen saldos pendientes de cobrar con antigüedad hasta de 12 años. Esto no se puede llamar administración transparente y mucho menos eficiente.
4o. Egresos. En relación al gasto corriente, costo de productos adquiridos e inversiones en obras, los informes de auditoria dan muestra del desorden y la forma tan deficiente de los controles establecidos, mismos que por ley deben ser acatados de manera oportuna y eficaz.
Se pudo constatar todo un conjunto de acciones orientadas a saquear a la paraestatal y tratar de ocultar dichas irregularidades, lo que ha ocasionado un enomme deterioro económico a la Conasupo, para lo cual me permito expresar algunos señalamientos concretos:
1o. En el control de las entradas y salidas de los productos, es importante señalar que no se documentaban a través del documento C-l que ampara las adquisiciones de los productos y tampoco se documentaba la salida, en ambas partes en el mayor de los casos.
Así lo confirman las auditorías realizadas en los ejercicios de 1982 a 1992.
2o. Los inventarios frecuentemente fueron ajustados con toda discrecionalidad, bajo el argumento de rehabilitación y demérito de los productos, sin seguir los procedimientos debidamente establecidos para ello y en otros casos simplemente dieron de baja fuertes volúmenes de productos, especialmente en los años de 1983 y 1991, para lo cual me permito mencionar algunos faltantes sobresalientes que contemplamos en una estadística, misma que expreso en cifras con pesos nuevos.
En 1982 la Contaduría Mayor de Hacienda constató que 3 mil 300 toneladas de arroz no fueron ingresadas a los almacenes de la Conasupo y a los que ésta tenía habilitados.
Además se reportó un faltante de 8 mil 634 toneladas de arroz de las 20 mil 404 que fueron enviadas para su rehabilitación, representando un daño en ambos casos de 195.7 miles de pesos.
En 1983 el infomme de la Contaduría Mayor de Hacienda reporta un faltante de 5 millones 889 mil pesos... de 5 millones, 889 mil pesos provenientes de las ventas de contado y de crédito de los productos de maíz y sorgo, lo cual se reflejó al hacer el comparativo entre los estados financieros dictaminados por despachos externos y los elaborados por el área comercial de la Conasupo.
Por otra parte, en la página 1,722 del informe de la Contaduría Mayorde Hacienda se expresa un faltante de 347 mil 229 toneladas, cuyo monto asciende a 3 millones 331 mil pesos.
Lo anterior fue ocasionado por no atender las autorizaciones de salida, es decir, se entregaban cantidades distintas a las que indicaban las órdenes de salida.
En la página 1,727 del mismo infomme se indica que este año hubo salidas de almacén sin comprobantes respectivos por un volumen que asciende a 187 mil 297 toneladas, valuadas en su costo promedio al 31 de diciembre de ese año, representan un monto de 3 millones 17 mil pesos.
En 1985, en el rubro de cuentas por cobrar, el informe contempla a la empresa denominada La Polar, fábrica de aceite hidrogenado, S.A., quien liquidó un documento por 279 mil pesos, mismos que no fueron descontados al saldo de esta empresa, lo cual refleja el escaso control que se tiene sobre las cuentas por cobrar.
En 1986 el informe de la Contaduría Mayor de Hacienda expresa que encontró diferencias en los inventarios durante los meses de agosto de ese año, aclarando además que estas diferencias no es por mermas y que la Conasupo aplicó el ajuste indebidamente a la subcuenta gasto por mermas, por la cantidad de 37 millones 19 mil pesos.
Y por otro lado reporta un sobrante de 25 mil 875 toneladas con valor de 2 millones 794 mil pesos, existiendo una diferencia de 34 millones 225 mil pesos.
En 1988 el infomme resalta en su página 1,605 la importación de 5 mil 586 toneladas de maíz importado, que al ser analizado para su almacenamiento en la unidad La Pesca de Boruconsa, ubicada en Ocotlán, Jalisco, se constató que este producto estaba fuera de norma y no apto para el consumo humano, habiéndose comercializado como producto forrajero.
Por lo tanto, el infomme cuestiona que la Conasupo no haya emprendido ninguna acción para exigir al proveedor el resarcimiento del daño causado, mismo que asciende a un millón 129 mil 100 dólares, que valuados al tipo de cambio ese año, representan 2 millones 518 mil pesos.
En 1991 el infomme, en su página 418, contempla que en el periodo de enero a mayo de 1991, se presentó en forma extemporánea la declaración de impuesto sobre la renta, lo cual originó que la Conasupo pagara recargos por 925 mil 500 pesos, mismos que registró de manera incorrecta en la cuenta otros impuestos y derechos federales.
En la página 428 del informe, se indica que fueron dadas de baja de los inventarios 416 mil toneladas de productos sin indicar la clase de producto, supuestamente demeritados, cuyo valor asciende a 121 mil pesos. Este valor es irrisorio para el volumen de 416 mil toneladas.
Se detectó también un faltante en los estados financieros por 207.5 millones de pesos, al hacer la verificación flsica de los inventarios.
En 1992, el informe contempla un faltante en los inventarios en su hoja 207, cuyo volumen asciende a 61 mil 820 toneladas con valor de 52.5 millones de pesos.
En cuentas por cobrar a clientes, se reflejó un faltante de 248.5 millones de pesos, al hacer el comparativo de los estados financieros dictaminados con los del área comercial de la Conasupo.
En relación al aspecto de legalidad, es obvio que ante el desorden que se ha dado y sigue dándose en la administración de la Conasupo, lo menos que hacen es apegarse a la legalidad, ya que de lo contrario no se hubieran detectado tantas irregularidades, mismas que cito algunas.
En los contratos de licitación de prestación de servicios de obra pública y de adquisición de productos, en el mayor de los casos no se atendió a lo establecido en la ley, a su reglamento, a los procedimientos y convenios establecidos, por lo tanto, todo se permitió al margen de la ley en un gran porcentaje y bajo la discrecionalidad de los funcionarios de todos los niveles.
Por todo lo anterior, es de interés anteceder con toda responsabilidad las irregularidades y las denuncias que se han presentado en relación a la administración ejercida por la Conasupo.
En virtud de que el pueblo de México quiere ver en hechos las promesas del Presidente, en relación al combate a la cornupción y a la impunidad hoy, más que nunca, lo mexicanos se sienten agraviados, desilusionados, desesperanzados y exigen justicia y la exigen con toda razón.
No podemos quedamos callados frente a este gran atraco a la nación y frente a ese informe que presenta Bladinieres, el cual refleja un insulto a cualquier profesional de la contaduría pública y el mismo infomme, aprobado por los diputados priístas, representa un insulto para el Presidente de la República.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Rubio y Ragazzoni.
El diputado Victor Manuel Rubio y Ragazzoni:
Con su pemmiso, señor Presidente; con su permiso, compañeros diputadas y diputados:
No cabe duda que estardiscutiendo y dialogando sobre este tema es importante, coincido en algunas posturas que aquí se han expresado, reconocer la voluntad política de Ernesto Zedillo Ponce de León es claro y aquí se ha mencionado, una postura del Ejecutivo para asumir con responsabilidad acciones y para que con hechos y no palabras se combata definitivamente a la corrupción.
Se han mencionado aquí algunas cosas que son importantes, como lamento que no se haya leido el informe en esta tribuna, porque si se hubiera leido el informe, hubiéramos muchos diputados aclarados muchas dudas que aquí se han expresado.
Esta comisión ha sido una comisión sui generis, primero se señalo a los cuipables o posibles culpables y luego se investigó, para confirmar dichos supuestos.
Si hablamos de lo que se acaba aquí de mencionar, de las hipótesis que dieron origen a una línea de investigación, en función de analizar los resultados de las auditorías internas, externas, practicadas a la Conasupo y a sus empresas filiales, así como la revisión de las respectivas cuentas públicas y se pretendía corroborar los mecanismos de control si eran eficaces, si habia desviaciones e implicaciones, daños patrimoniales de consideración para las empresas, beneficiándose con ellas a funcionarios y/o particulares, que guardaban una relación con las entidades paraestatales estudiadas.
Creo que el resultado de la investigación es satisfactorio. De la revisión de las auditorías practicadas a la Conasupo en el periodo 19821992, se encontraron varias observaciones que tienen una mayor incidencia. Aquí se ha dicho y lo aceptamos y está consignado en el informe, violaciones a la normatividad, retrasos en los registros contables, así como fallas en el control interno.
De igual manera se detectó que la preparación de los reportes de estados financieros no se ajustaban a los principios generales de contabilidad, generalmente aceptados, se da una explicación. Esto se debe a que las normas de información financiera aplicada al sector público son otras.
Tomando en cuenta que ninguno de los despachos contables que practicaron auditorías a esa paraestatal durante el periodo, ninguna opinión que en todos los casos se determinó, que los estados financieros no reflejaban la situación financiera razonable, todos dieron su dictamen favorable, aunque hicieron sus aclaraciones y sus recomendaciones.
Las desviaciones encontradas por los auditores, quiere decir esto, no pusieron desde luego en riesgo el peligro financiero de la empresa.
Ha preocupado a esta comisión que en los resultados de estas auditorias, se hayan señalado desviaciones constantes a la normatividad e irregularidades cometidas en su administración, ya que representaron quebrantos patrimoniales para la empresa, si bien es cierto, como se puede constatar en este infomme, se detectaron casos en que los servidores públicos que incurrieron en anomalías algunos fueron sancionados por vía administrativa y penal y también debemos reconocer que el tamaño de la empresa podría ser un factor que explique, sin que lo justifique, las causas de este problema.
En los anexos del infomme se detallan con precisión el tipo de anomalías cometidas durante el periodo de revisión y el nombre de él o los funcionarios que resultaron responsables. Recomendamos al respecto que se dé conocimiento de estas anomalías a la Secretaría de la Contraloría, también a la Procuraduría para que defina la situación penal, administrativa, que proceda y se implementen las acciones necesarias para subsanarlas.
Se analizaron de igual forma los resultados de las auditorías practicadas a las empresas Diconsa y Miconsa para la revisión de la documentación. Se ha reconocido en el informe, se encontró con severas dificultades debido a que en el caso de la empresa Diconsa el archivo histórico se encontraba en un estado de total abandono localizado en una bodega de la calle de Ferrocarril Hidalgo número 1341, delegación Gustavo A. Madero y que esas instalaciones se encontraban invadidas por un grupo de personas que no permitían el manejo del archivo.
Legisladores de esta comisión, que sí trabajamos, logramos persuadir al grupo de colonos que invadía el inmueble a fin de que se permitiera rescatar el archivo histórico de esta paraestatal. A la, fecha, ésta se encuentra clasificando la información por lo que el despacho auxiliar en esta encomienda desafortunadamente, y así lo hemos reconocido en el informe, no pudo tener acceso a la documentación que se requería.
En virtud de las limitaciones ya expuestas, la revisión de los documentos resultantes de las auditorías intemas y extemas de Diconsa, fue limitada; sin embargo, podemos determinar y suponer, por lo que ahí podemos extraer, que hubo probable simulación de contratos entre la Conasupo y las compañías subsidiarias de Diconsa en 1989 y 1990 y esto también está en el informe. Que existe una abstención de opinión por parte de los auditores sobre los estados financieros de la empresa subsidiaria de Diconsa, Distribuidora Conasupo del Sureste, S.A. de C.V., en los años 1982 y 1993.
Que hay falta de depuración de saldos de las compañías subsidiarias de Diconsa en el año de 1984; incremento de las estimaciones para cuentas incobrables como aquí se ha dicho, deudores diversos, funcionarios y empleados, ex concesionarios, ex encargados de las tiendas de las empresas subsidiarias de Diconsa, por una cantidad que hemos sugerido no mencionar hasta que la autoridad competente la determine.
Por lo que respecta a las auditorías practicadas a las empresas Miconsa, su revisión se llevó a cabo con mayores elementos, no obstante que esta empresa ya ha sido liquidada y la documentación se encuentra resguardada en un fideicomiso de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Cabe destacar las siguientes observaciones de las auditorías: irregularidades en la inversión de Miconsa Guerrero, S.A. de C.V., que tenía por objeto la construcción de una planta productora de harina de maíz nixtamalizado en los años 1988 y 1989; sobreestimación de los valores de la construcción de la planta Miconsa Guerrero de la cual era accionista Miconsa; violaciones a la Ley de Obras Públicas y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en la adjudicación directa de contratos de obras públicas y convenio de supervisión de las mismas; contratación de la empresa constructora en prevención de riesgos cuando un funcionario de Miconsa tenía una relación de parentesco directa con el director de la empresa antes mencionada en el año de 1989.
Pérdida en la venta de acciones de la empresa Miconsa Guerrero por una cantidad importante, 15 mil 140 millones de pesos, reconocida en los estados financieros del año de 1990.
Si éste no es trabajo, si esto no es labor que han hecho los diputados para encontrar las situaciones que tenían estas empresas, pues realmente entonces ¿cuál sería el trabajo? El resultado de esta investigación realizado por esta comisión con los auxilios en los despachos que contratamos, en conjunto contratamos por voto unánime de esta comisión. Señor Presidente, al igual que mis compañeros diputados, me acojo también al articulo 103.
Las observaciones contenidas en las cuentas públicas de estos años coinciden con las señaladas en los informes. Por lo que se refiere a la Conasupo esta empresa adoleció de irregularidades y faltas en la aplicación de la normatividad durante el periodo que va de 1982 a 1992, esas irregularidades detectadas por las instancias de control se encontraron en la mayoría de los años revisados por lo que podríamos inducir que esas irregularidades son un mal endémico de organización de la empresa que debe erradicarse.
Sin embargo, las anomalías detectadas efectivamente no pusieron en riesgo las finanzas de la empresa, pero sí constituyen un daño patrimonial por la mala organización de la misma.
Por lo que corresponde a las filiales, Miconsa, Diconsa, debido a las dificultades que ya mencioné, esta comisión no puede expresar una conclusión al respecto; sin embargo, en todo esto hemos solicitado al Ejecutivo continúe con estas investigaciones que son la labor que a ellos les corresponde.
Yo quisiera, para terminar simplemente hacer unas reflexiones.
Es muy lamentable que siga imperando la impunidad y se solape la corrupción definitivamente. También es muy lamentable el grado de espectacularidad que de algunos temas que se tratan en este recinto, por múltiples razones que todos conocemos.
Desde luego, el tema de corrupción es uno de los más socorridos, que permiten muchas cosas: alardear, que permiten muchas situaciones en su análisis y en su debate.
No cabe duda que el tema de la Conasupo, está impregnado y salpicado al tema de corrupción por ligar a esta institución la presencia del ingeniero Raúl Salinas de Gortari, que ha sido escenario agrio y áspero, para poder manejar los asuntos en forma muy clara en esta comisión y que ha sido el argumento con el que nos han a veces injuriado.
Yo quiero destacar también, que hay personas honestas también en la Conasupo, que por haber trabajado o tuvieron que trabajar y atender asuntos de gestión o pertenecer a esta comisión como priista, no es denigrante.
Yo creo que la agresión hacia estas personas, hablando en general de la Conasupo, es una falta de respeto para todos los priístas de esta comisión y una falta de respeto también para los que trabajan en la Conasupo y los que han trabajado y que han sido honestos.
El alegato continuo en acusaciones a veces sin argumentos, nos ha hecho que nos deterioremos mutuamente todos como diputados.
Quiero que también se entienda que todos estamos frustrados; es evidente también que no podemos visualizar este asunto de la misma forma por la variedad de los propios partidos y por la variedad de nuestros propios intereses.
Frustración, como ya lo dijo Rosario Guerra, para nosotros los priístas, porque, aunque se dude, somos los primeros en exigir que esta investigación fuera profesional y que ahondara lo suficiente para adentrarse y profundizar, para aclarar los hechos de las líneas de investigación que esta misma comisión propuso. El alcance y la importancia y la trascendencia que se dio, la pusimos nosotros y desde luego se han detectado las irregularidades y en el informe están las áreas afectadas y los nombres de los supuestos responsables.
Las auditorias que se practicaron por despachos, muy profesionales, son verdaderamente aceptables. La queja y la crítica son buenas cuando se castiga al culpable y se convierte en una constructiva propuesta; el castigo como ejemplo debe ser y la propuesta debemos ponerla con miras al futuro señoras diputadas y señores diputados: las irregularidades se han detectado; las respuestas a las acciones penales corresponden a las autoridades de ese ramo y todos sabemos que así es. Pero ya no podemos seguir con más espectacularidad sobre este mismo tema. La bandera de corrupción pública será siempre un recurso inagotable, pero tendremos entonces que cambiar.
La corrupción no es de partidos o instituciones, es conducta de personas, es por la falta de organización que permite la falta de control del cumplimiento de normas establecidas.
Coincido con algunos diputados que han pasado a esta tribuna, somos parte de procesos viciados que a nosotros nos toca corregir; una institución del tamaño de la Conasupo en administraciones no continuas, han permitido proyectos y procesos de organización inconclusos, que sin duda son los que han permitido las deficiencias operativas, sin que esto quiera decir que las estoy justificando.
Y esto no ha afectado la operación que en un grado satisfactorio y de acuerdo a las auditorías de los despachos, lo ha determinado así. El problema amigos diputadas y diputados que ahí se ve, es el problema grave que aquí se ha mencionado, está en la concesión de privilegios, entre grupos de personas que usaron la institución para beneficios personales, implementando estrategias ilícitas para lograr su objetivo.
Los elementos que contiene el informe permiten la identificación de estos actos y sus responsables, por lo que el Ejecutivo debe de proceder de inmediato a tener acción sobre el asunto y a nosotros, como Legislativo, a darle seguimiento.
No es justo que en su totalidad manchemos a esta institución. Hay gente honrada, digna, que merece nuestro respeto.
Se hizo esfuerzo, amigos diputados. Hay puntos debatibles y polémicos, estoy de acuerdo con ellos.
Las experiencias amargas podemos convertirlas en propuestas, entre todos, para corregir errores y nos toca a nosotros prever que estas irregularidades no vuelvan a repetirse. Muy encomiables las denuncias presentadas por mis compañeros diputados para presentarlas en los foros y autoridades que crean convenientes. Esperamos también las iniciativas de todos; que en alguna ocasión pensemos como legisladores unidos, no importa que partido, por el bien de México.
Algunos de los comentarios que se han hecho aquí, están incluidos en los informes que esta comisión ha presentado a la consideración respetuosa de todos ustedes.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tomando en consideración que han transcurrido las cuatro horas reglamentarias de esta sesión, que establece el artículo 28 del Reglamento para el Gobierno Interior, esta Presidencia con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de concluir los asuntos pendientes en cartera, acuerda prorrogar el lapso correspondiente, hasta la conclusión del orden del día.
Diputado Everardo Martínez, tiene usted la palabra para rectificación de hechos, hasta por cinco minutos.
El diputado Everardo Martinez Sánchez:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Vengo a esta tribuna a puntualizar algunos aspectos que no han sido debidamente analizados. No voy a reiterar los argumentos de desviación de recursos o de deficiencias administrativas.
Hay un hecho en todo este debate y en todo este asunto de la Conasupo, que desde mi punto de vista es aún mas grave que la desviación de recursos o el beneficio que algunos se allegaron a través de los malos manejos y es el que se refiere a una conducta implícitamente criminal por parte de quien en su momento tuvo la responsabilidad de la adquisición de la leche contaminada. Se está hablando aquí reiteradamente del beneficio en recursos, pero nadie ha reparado puntualmente con la importancia que esto tiene, la repercusión en daños a la salud que ocasionó la distribución de la leche contaminada, con indices muy por arriba de los que las normas internacionales recomendaban.
Fue una acción y una conducta francamente sin escrúpulos, sin conciencia, porque cómo es posible que aun habiéndolo advertido, la dependencia responsable, como fue la Secretaría de Salud, a la Conasupo, de que no debería distribuir 3 mil 778 toneladas que contenían índices de radiactividad muy por encima. Esta conducta criminal que fue a dañar a muchos seres humanos y que es uno de los factores que actualmente las enfermedades tumorales y degenerativas son la principal causa de muerte en nuestro país.
¿Y por qué digo que fue una conducta abiertamente criminal? Porque la importación que se hizo de la leche de la Conasupo el 13 y 14 de junio de 1987, ya había una norma un año antes de que lo máximo permitido en ese tipo de alimentos de radionúclidos fuera máximo de 370 en el primer año, después del accidente de Chernobil, es decir, hasta abril del 1987. Y esa importación de leche se hizo en junio de ese año, cuando la norma establecida permitida era máximo 150.
La Conasupo importó esta leche contaminada con niveles de 370 radionúclidos por kilogramo y que hubo algunos lotes que contenían 2 mil 730 radionúclidos. Es decir, altísimamente contaminante y dañina para la salud.
No obstante en varios comunicados la Secretaría de Salud, a través de la subsecretaría de regulación sanitaria, le ordenó a la Conasupo que esa leche fuera devuelta, que no era apta ni para el consumo humano ni animal, que no había ninguna dilución en ningún porcentaje que le quitara la peligrosidad para la salud. Sin embargo, los directivos de la Conasupo presionaron por diferentes medios a Salubridad y en un primer intento lograron que se les permitiera que de 50 dequerelios, que era la norma establecida por Salubridad, le liberaron algunos lotes con hasta 100.
Pero las 3 mil 778 toneladas que rebasaban los 370 dequerelios, esas jamás fueron rechazadas ni devueltas, ¡Fueron clandestinamente distribuidas y fueron, con toda seguridad, a formar parte de la dieta de muchos niños y adultos:
Este conducto que no se ha discutido aquí con profundidad, es una conducta típicamente criminal, sin escrúpulos, que debemos de hacer conciencia al margen de intereses partidistas todos los diputados y que por los medios adecuados, por los medios institucionales, se busque la responsabilidad de quien la tiene y se busque también la reparación del daño de muchos miles o millones de niños y ancianos que están padeciendo actualmente diferentes tipos de cánceres por la ingesta de esta leche tan contaminada.
Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, señor diputado.
Para iniciar la segunda ronda de oradores, concedemos el uso de la palabra al diputado Jesús Ramón Rojo Gutiérrez, del Partido Acción Nacional.
El diputado Jesús Ramón Rojo Gutiérrez:
Gracias, señor Presidente:
No creo que una forma de debatir en este caso, sería señalar que el tamaño de la empresa de la Conasupo y sus empresas filiales son la causa de que en las mismas se haya dado ese grado de corrupción, porque si aceptamos eso de inmediato tendríamos que decir que no tenemos por qué andar a través de nuestro órgano técnico, la Contaduría Mayor de Hacienda, haciendo la revisión de las cuentas del Gobierno, del Ejecutivo Federal y del Gobierno Federal, porque de antemano diríamos, es tal el tamaño de la Cuenta Pública que pueden hacer lo que gusten y no tiene caso que se investigue.
Pero nosotros sí queremos señalar que el informe que se puso a consideración de esta Asamblea, no reúne ni siquiera en una mínima parte los resultados que deberían de tener en función a una correcta investigación y lo vamos a probar.
Según el informe presentado a esta Asamblea por la mayoría de la Comisión Especial Investigadora de la Conasupo y sus empresas filiales, aparece en la página 11 último párrafo y 12 primer párrafo, en el apartado de conclusiones, lo siguiente:
"Por lo que respecta a la Conasupo, esta comisión considera que sus normas y reglas de operación, tanto en materia de importaciones como de operaciones con efectos exclusivos en el territorio nacional, se cumplieron en términos generales, independientemente de los hechos específicos que son materia de análisis y de propuestas concretas en otras líneas de investigación contenidas en este informe."
"En lo que corresponde a la empresa filial de Miconsa, esta comisión recomienda al Ejecutivo Federal se profundicen las investigaciones referidas, para el efecto de verificar si existieron irregularidades que dieran lugar a afectaciones al patrimonio de la entidad, estimándose prudente que en esa eventualidad se precisen los funcionarios y empleados responsables de las mismas para los efectos administrativos y/o penales consecuentes."
Del análisis de lo expresado en dicho informe, se desprende que los trabajos de auditoría realizados por los dos despachos contratados, representan resultados opuestos y contradictorios, pues mientras que la opinión del despacho Bladinieres y Compañía, SC, señala que en la Conasupo se cumplieron las normas y reglas de operación, el despacho Barriguete, Alonso, López y Compañía, SC, manifestó que no fue posible contar con la información necesaria para poder concluir sus investigaciones. Propone se profundice en la investigación, toda vez que pudiera haberse ocasionado daños patrimoniales a la entidad.
Asimismo, en el informe de la comisión investigadora, recomienda al Ejecutivo Federal se profundice en las investigaciones referidas, para el efecto de verificar si existieron irregularidades. Con lo anterior dicha comisión investigadora pasa al Ejecutivo Federal el trabajo de investigación que la Asamblea le encomendó al momento de su constitución.
La postura tomada por la comisión demuestra que no quiso o no pudo cumplir con el trabajo de investigación que se le encomendó, debido sin duda a la propia integración de la misma con mayoría y dirección de diputados del partido oficial por lo que, en sus mismas conclusiones, llega al absurdo de encomendar al Poder Ejecutivo, de! cual dependen las entidades a investigación, que sea él mismo el que se investigue.
En el informe de la Comisión Especial Investigadora no se señala ninguna irregularidad en las contrataciones que celebró la Conasupo con sus proveedores y clientes durante el periodo de investigación, o sea, de 1982 a 1992 y el despacho Bladinieres y Cia. SC, señala que se celebraron 9 mil 531 contratos y que como se señala en el anexo 4-A presentan los datos más relevantes de los mismos.
Para dicho despacho, que presenta precisamente el anexo 4-A, los datos relevantes son: hacer una relación de esos 9 mil 531 contratos, numerando los datos relevantes como el número progresivo y el número del contrato, si el contrato es nacional o para importación, si es proveedor o cliente, el artículo a contratar, las unidades, los precios unitarios en pesos o pesos unitarios en dólares, el importe en pesos, el importe en dólares y columnas de observaciones.
Sin embargo, al hacer un análisis del anexo 4-A se obtiene una serie de observaciones que en forma enunciativa, no limitativa, se presentan a continuación.
En el año de 1982, la Conasupo celebró 911 contratos y encontramos que en 169 contratos no aparece ningún dato que indique el nombre del proveedor o cliente, artículo sujeto a contratación, cantidades contratadas, precios e importes por lo que no informa por qué se presentó esta práctica.
Señor Presidente, me acojo al artículo 103.
El Presidente:
Muy bien, adelante.
El diputado Jesús Ramón Rojo Gutiérrez:
En los contratos de compra de aceite soya aparece que los precios de compra oscilan de 463.86 dólares a 562.10 por tonelada sin que se informe nada al respecto ¿Por qué hay este diferencial tan grande en las compras.
Lo mismo sucede con el frijol soya que va de 238.89 a 384.95 dólares la tonelada sin ninguna justificación en el supuesto anexo 4-A.
En la compra de leche los precios van de 980 a 1 mil 900 dólares en las mismas condiciones.
Por lo que respecta a la compra de maíz, los precios van desde 105.92 hasta 142.31 dólares por tonelada.
En el producto C-O-Fancy se tiene de 395.30 a 485.57 dólares.
En el sorgo van de 108.80 a 148.91 dólares por tonelada.
¿Por qué estas diferencias en las compras? ¿Es vox populi, que los funcionarios encargados de las compras en las entidades del Gobierno Federal precisamente a través de los mecanismos de aumentar los precios de compra, se llevan su tajada, que después van a aparecer en cuentas, en estados o, en naciones fuera de México? Sin embargo, no dice absolutamente nada Bladinieres, ¿qué sucedió y por qué sucedieron esas diferenciales en las compras de los productos importados.
Así sucede en el año de 1983 en el frijol soya, el aceite girasol, en la semilla de girasol, en la leche, en el maíz, en semilla de algodón, en el sorgo etcétera; sin embargo, ya en 1983 se celebra contrato con Leche Industrializada, Conasupo por servicios profesionales por 13 mil 624 millones sin que se mencione porqué y cómo se otorgaron estos servicios profesionales. Nada más se da a conocer que hubo esos servicios profesionales y que sepamos, ninguna de las dos empresas tiene como objetivo el prestar servicios profesionales.
No se dice tampoco si el dinero que sale de la Conasupo se ingresó en Liconsa, ¿dónde fueron a parar esos dineros por servicios profesionales?
En 1984 celebraron 1 mil 305 contratos y con las mismas situaciones de graves diferencias entre los precios de un mismo producto. Pero aquí ya se volvió más profesional la información, puesto que celebraron contratos con distribuidora de la Conasupo Noroeste, por 13 mil 200 millones de pesos; con distribuidora de la Conasupo del Norte, por 314.942 millones; por distribuidora de la Conasupo del Sur, por 320 millones; por Impecsa, 1 mil 040 millones.
Ya quiere decir que hubo mayor profesionalidad en estas entidades y podían cobrarse servicios profesionales unas y otras, pero el despacho Bladinieres no dice absolutamente nada por qué y cómo se prestaron estos servicios y si los dineros de una empresa ingresaron en la otra o fueron a parar a la bolsa de algún otro funcionario o servidor público de esas empresas.
En 1995 se celebraron 1 mil 871 contratos, también diferencian todas las compras de los productos importados. Importantes diferencias en ello, pero sigue el profesionalismo y aquí con Diconsa, fue servicios profesionales por 97 millones 500 mil; por Miconsa, 32 millones 400 mil; por Diconsa,102 millones 400 mil; 115 mil 200; 63 millones 127 mil 300; 80 millones 700 mil, con un fideicomiso promotor del mejoramiento social por 49 millones 300 mil; con Miconsa por 200 millones; pero Impecsa aquí ya se volvió más profesional, en el año anterior había sido nada más de 1 040 millones, pero ahora fueron de 2 mil 150 millones los servicios profesionales.
Con Liconsa 155 millones, con Boruconsa, también las bodegas con mucho profesionalismo, contratan por 70 millones 500 mil; en 1986 sigue la mata dando, celebraron 819 contratos en todas las compras, todas las contrataciones, grandes diferencias y son en dólares; y servicios profesionales ya entran una serie de empresas filiales y mejora, Impecsa de 2 mil 150 millones a 2 mil 550 millones por servicios profesionales y así Boruconsa que en el año anterior fue por 70 millones 500 mil, bueno, pues ahora subió a 740 mil millones, así que está muy bien profesionalizados los servicios con estas entidades.
En 1997 fueron 732 millones, pero además de repetitivas las diferencias en dólares de la compra de los productos, aquí se apareció en 1987 que la Secretaría de Salud celebró un contrato con la Conasupo, cuyo concepto le po- nen por lineamiento y fue por2 mil 651 millones 600 mil. No sé cuántas líneas haya podido hacer la Secretaría de Salud, que tal vez todavía persistan esas líneas con este dinero que cobró por alineamiento.
También con el Fideicomiso para el Mejoramiento Rural, aumentó los servicios profesionales a 281 millones 115 mil pesos.
En 1988 celebró 1 mil 065 contratos con todas las diferencias en la adquisición de los productos y con grandes cantidades en servicios profesionales y aumentan las filiales que ya están y llegan hasta, en el caso de Miconsa, a 14 mil 502 millones en un contrato y en otro por 21 mil 703 millones de pesos.
Y como la empresa de la Conasupo y sus filiales seguía creciendo, había que hacer todavía más para encubrir los movimientos que se hacían de unas empresas a otras y seguir utilizando la posibilidad de dejar diferenciales de los precios de compra en dólares, en cuentas en el extranjero.
En 1990 fueron 440 contratos, con la misma situación que puede advertir uno en el anexo 4-A y sigue también la cuestión de servicios profesionales.
Pero ya en 1992 se encuentra uno que se celebra un contrato de servicios profesionales con la Unión Nacional de Productores de Maíz, la CNC, por 100 millones de pesos. O sea, había también que encauzar recursos de la Conasupo a otras entidades que no fueran precisamente filiales de ella.
Y también es de mencionarse que en este año de 1992, se celebró contrato con un proveedor extranjero por la exportación, esto quisiera que lo escucharan muy bien, por la exportación que hacía la Conasupo, de 200 toneladas de frijol, a un precio de 260 dólares, lo que asciende a un total de 52 millones de dólares por esa exportación; pero es de llamar la atención que con quien celebró este contrato, también había celebrado contratos de compra, nada más que el proveedor le vende la tonelada de frijol a la Conasupo de 700 a 828 dólares por tonelada, o sea comprar caro y vender barato.
Esto por lo visto no le llamó en lo más mínimo la atención al despacho Bladinieres, como tampoco le llamó la atención que hay una serie de contratos de obra pública por varios millones de pesos, en los cuales todo está limpio, todo quedó transparente para ellos y para todos nosotros queda claro y además queda perfectamente confirmado por las revisiones que hizo la comisión, la Contaduría Mayor de Hacienda, de que en las obras públicas hay una gran cantidad de corrupción, de donde se saca dinero para los bolsillos de varios funcionarios, servidores públicos.
Tampoco consignó en lo más mínimo el despacho Bladinieres, que hubo una serie de contratos de finiquitos; entre esos finiquitos ya se habló de que corresponde a Maseca varios de esos finiquitos, sin que ello haya llamado la atención y como todo esto aparece en un anexo, la comisión, o la mayoría de la Comisión Investigadora de la Conasupo, como no se lo presentó en el informe ejecutivo el despacho de Bladinieres, bueno, pues no ha pasado nada, aun cuando los actos de las contrataciones con una ligera y rápida revisión demuestran totalmente lo contrario.
No es tomando la actitud del avestruz como vamos a acabar con la corrupción. Se dijo aquí que ya no era posible que siguieran dándose a conocer a la ciudadanía las situaciones corruptas en que habían caído muchos funcionarios, servidores públicos de la Conasupo y sus empresas filiales.
Como se debe de combatir la corrupción es con una decisión firme, para que las cosas se sepan.
A nivel intencional, el caso de la corrupción se ha dicho que una de las formas para ayudar a los poderes legislativos a hacer una lucha contra la corrupción, es que la corrupción se dé a conocer, no que se solape o se quede escondida, porque no es mediante ese sistema como podemos lograr que la corrupción sea atacada frontalmente.
Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Salvador Mikel Rivera.
El diputado Salvador Mikel Rivera:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Quisiera primero hacer un breve comentario a mi estimado amigo Ramón Rojo, cuando decía que la empresa de la Conasupo, su tamaño es la causa de las irregularidades, creo que no se entendió bien. Lo que decía el compañero Rubio no es que eso justificara las irregularidades, sino que el tamaño de la empresa lo que significaba era una gran complejidad a la hora de hacer la investigación.
Quisiera antes que nada también señalar que después de poco más de 10 meses de trabajo en la comisión, hoy se ha presentado al pleno de esta Cámara un informe que contiene conclusiones en cada una de sus ocho líneas y establece también recomendaciones y finca en los casos en que existen elementos suficientes, recomendaciones más precisas identificando personas y poniéndolas a disposición del Poder Ejecutivo, que en su caso y la propia información que hemos revisado indica que seguramente estas investigaciones proseguirán por dos días.
Por un lado será por la propia Secodadm en la parte que corresponde a las, ropias irregularidades y por otro lado será la Procuraduría General de la República en los casos en que pudiera, como ahí se establece, haber comisión de delitos y en este caso será la propia PGR, quien tiene a su mando el Ministerio Público y quien por disposición expresa de la ley es la encargada de la persecución de los delitos, quien deberá llevar y proseguir estas investigaciones.
Y vale la pena nada más puntualizar que en el caso de la Procuraduría el propio procurador no es precisamente una persona que milite en nuestras filas, por lo tanto no se prestaría a ningún tipo de complicidad.
También quisiera dejar claro que este informe sí tiene responsables de su elaboración y los voy a mencionar, somos tres. Es el presidente de esa comisión, Manuel Hinojosa; es el compañero diputado Ignacio González Rebolledo y un servidor. Ambos, los tres asumimos plenamente y de cara la responsabilidad legal, legislativa, política y ética de los contenidos de ese informe.
Los compañeros diputados de mi fracción parlamentaria que también participaron, que dieron sus opiniones, que revisaron el documento, que le hicieron correcciones, estoy seguro y hablo por la certeza que tengo de su calidad moral, de su honorabilidad, que ellos también hacen suyos, también en los mismos términos, los contenidos de este informe.
Y quisiera referirme también a una cuestión que señalaba nuestro amigo Ramón Rojo, al momento, y esto creo que vale la pena aclararlo, porque puede prestarse a una serie de confusiones, él hablaba de la disparidad que se da en alguna fijación de precios que fluctúan entre 30 ó 40 dólares entre el precio menor y el precio mayor.
Aquí para poder ubicar bien este comentario, habría también que comentar la naturaleza de estos mercados X sobre todo la función fundamental de la Conasupo.
La función fundamental de la Conasupo es garantizar el abasto alimentario de los mexicanos y una función también muy importante es fungir como regulador del mercado.
Esto nos indica que si bien es cierto que mediante un sistema de licitaciones y concursos la empresa debe de salir a buscar los mejores precios de mercado, también tenemos que estar conscientes que este mercado es volátil, que es un mercado que está sujeto a ciclos climáticos, que esto implica a veces movimientos en la demanda y en la oferta, de comportamientos irregulares y también que la demanda es inelástica, es decir, no porque haya una consecha record de maíz, el país se va a inundar de maíz, más allá de sus posibilidades de acopio, más allá de sus necesarias reservas técnicas y más allá de la propia vida útil que tienen estos productos.
En un caso extremo, inclusive, de escasez de recursos o de escasez del producto o de que en este mercado entren a demandar para importar granos los grandes consumidores del mundo como la India o la ex Unión Soviética, ahora Rusia, indudablemente que esto empujará los precios al alza y la empresa tendrá, Conasupo, que evaluar, si sale a conseguir al mejor precio razonablemente que se pueda encontrar en un mercado muy demandado porque tiene que cumplir su función fundamental que es indudablemente garantizar el abasto alimentario de los mexicanos.
Y adicionalmente a esta complejidad que tiene el mercado de estos productos, también habría que agregar que el precio también se fija por la calidad del producto, por el volumen, como ya dijimos, por la disponibilidad, por la ubicación del producto y por, obviamente, el transporte que se utilice y desde donde se trae.
Entonces no es un elemento suficiente decir que hay una variación de 20 ó 30 dólares si no se tienen elementos adicionales para establecer la naturaleza de estas fluctuaciones en los precios.
También quisiera referirme que efectivamente en el propio informe, y sólo pongo como ejemplo los contenidos de las recomendaciones de la línea seis y de la línea siete, donde se queda muy claro cómo hay recomendaciones muy precisas de la propia comisión en tomo a asuntos como investigar a quien le corresponde, a la PGR, lo del camión fletado que llevaba doble fondo y que contenía presuntamente enervantes.
También fincar responsabilidades a servidores públicos de las empresas filiales de la Conasupo que, como aquí se ha señalado después del análisis, revelaban indudablemente una serie de irregularidades que es necesario documentarles a efecto de fincar las responsabilidades del caso.
Y así como éstos pudiéramos mencionar una serie más.
Sólo quisiera y le ruego me permita unos minutos más, para no acogerme al 103, por favor, finalmente, para concluir, que de la compulsa que se hizo y de la revisión de contrato de nueve empresas y de otras 18, al menos en este universo no se encontraron irregularidades. Eso no quiere decir que en otras empresas que se ven en las líneas que ya comentamos, sí se han encontrado irregularidades y aquí se fincan los elementos que pueden servir para que se prosiga la investigación, repito, por el Poder Ejecutivo.
Y finalmente quisiera sólo referirme a los siguiente. Aquí todos hemos hablado del contenido del informe, de los mecanismos de trabajo etcétera, pero yo no he visto hoy aquí una propuesta que trate precisamente de que logremos nosotros, después de esta experiencia intensa, conflictiva, que hemos tenido en el trabajo de esta comisión, ver hacia adelante, sobre todo partiendo del supuesto que esta experiencia que hoy vivimos es indudablemente mejor que otras dos anteriores que aquí ya se han señalado de comisiones investigadoras.
Por eso yo quisiera, y esto ya lo hemos platicado con algunos compañeros diputados, que se considerará muy seriamente en las próximas discusiones que se van a dar en este mismo poder en relación a la reforma del Estado y concretamente en relación a este poder legislativo, que pudiéramos nosotros revisar, entre las distintas instituciones y organismos que conforman este Poder Legislativo, ¿qué vamos a hacer con este tipo de comisiones, que hasta ahora se constituyen por vía de excepción y siguen funcionando por vía de excepción.
Muchas de las discusiones que se dieron en el seno del propio comité tuvieron más que ver con cuestiones de trámite, con cuestiones de alcance, límite y posibilidades de la propia Comisión, que con los asuntos que estrictamente estaban a estudio.
Y tenemos que hacerlo para que este poder pueda convertirse en un interlocutor confiable con los otros poderes, para que pueda ganarse el prestigio frente a la sociedad, frente a los grupos, de ser un órgano confiable, que sabe emitir opiniones técnicas, que sabe ante circunstancias cruciales distinguir entre lo que es una válida lucha partidista, de lo que tiene que ser un informe técnico, un informe basado en razones, en argumentos, en pruebas y, no necesariamente nada más en intereses político-electorales.
Por eso solamente, y con esto concluyo, quisiera dejar sentados por lo menos algunos elementos que consideramos, debieran considerarse en el momento en que se ponga a discusión y se debata sobre qué tipo de comités queremos para este Congreso y qué alcances.
Y creo que por lo menos habría que estar pensando en seis elementos: uno, cómo dotarlos de una mayor capacidad para resolver problemas, sin vulnerar la institucionalidad del Congreso.
Otro, cómo definir y establecer criterios universales, generales, para evitar la aplicación de precisamente criterios discrecionales, particulares o partidistas a la hora de tramitar o sustanciar este tipo de asuntos.
Fijar y delimitar también la jurisdicción de estos comités, sus alcances y sus posibilidades. También ¿por qué no?, su composición y quiénes deben de ser encargados de su dirección. ¿Con qué órganos debe de contar que estén normados, para que se puedan hacer investigaciones, que merezcan la confianza de todos los grupos parlamentarios y de todos los que integramos este órgano del Congreso.
Y también, con esto concluyo, queremos dejar claro que la investigación no concluye, que se pasa a otra fase, es decir, que este poder, de acuerdo al precepto constitucional y a las normas que hoy nos rigen, lo remita al Poder Ejecutivo, para que éste, a través de sus órganos competentes, realice las investigaciones del caso y finque las responsabilidades a que haya lugar y este Congreso estará atento a lo que ahí suceda.
Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado.
Para iniciar la tercera ronda de oradores, se le concede la palabra para rectificar hechos al señor diputado Jesús Rojo Gutiérrez.
El diputado Jesús Ramón Gutiérrez:
Gracias, señor Presidente.
Precisamente lo expresó uno de los compañeros diputados, Rubio, con respecto al tamaño de la empresa, que era una de las cosas que afectaba, pero él lo dijo porque suscribió este informe y en este informe en su página siete, primer párrafo, señala: "pero según el criterio de los auditores, por el tamaño de la empresa y su complejidad, las circunstancias anteriores eran comprensibles y no fueron obstáculo para que los organismos de control pudieran cumplir su función de vigilancia y, en su caso, sancionar a los responsables por las desviaciones advertidas".
Aquí viene, lo están haciendo suyo los miembros diputados del partido oficial, pero esos vaivenes de producción, esos vaivenes de fluctuaciones en precio a que hacía referencia mi amigo, no son de 20, 30 pesos dólares-tonelada; llegan a casos de tres veces la diferencia y sin que se diga a qué se debió, porque lo afirmo, lo ratifico nuevamente, que el despacho Bladinieres no hizo ninguna investigación seria de auditoría para que informara en su informe ejecutivo sobre los resultados a los mismos.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para iniciar la tercera ronda de oradores, se le concede el uso de la palabra al diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra.
El diputado Victor Manuel Quintana Silveyra:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Las preguntas finales del diputado Mikel, son muy pertinentes, realmente toca hacernos esas preguntas y responderlas. De hecho, en nuestra fijación de postura adelantamos algo de eso; pero viniendo de la fracción parlamentaria del PRI me recuerda aquel supuesto vendedor que llegó a alguna casa y le dijo al dueño de la casa: "¿cómo le vamos a hacer, oiga, para que no le vuelvan a robar su casa? ¿Cómo le vamos a hacer para instalar alarmas a prueba de todo? ¿Cómo le vamos a hacer para asegurar sus bienes? ¿Cómo le vamos a hacer para que ya no pierda su patrimonio?" Y el dueño de la casa le dijo: "pues lo primero que tenemos que hacer es que usted, señor, no nos vuelva a robar".
Es esto, diputado Mikel, lo que usted viene a proponer aquí. Dice que no tenemos propuestas y de propuestas están llenas las versiones estenográficas de nuestra comisión, hechas por uno y otro grupo de la oposición. Siempre propusimos cómo desestancar la comisión y cómo llevar adelante las investigaciones. Aportamos documentos, sugerimos nuevas líneas, propusimos invitar a personas a comparecer y todo lo rechazaron. Yo no puedo ver ningún afán propositivo y ningún afán constructivo en ustedes. Menos aún, cuando se disponen a darle sepultura a esta comisión.
Con referencia a las importaciones de granos, nosotros propusimos que se investigaran 12 operaciones de importación de maíz, tres con la compañía Bartlett, cinco con Cardgill, cuatro con la compañía Elders. Adicionalmente dos operaciones de importación de trigo con la compañía Luis Dreyffus.
También pedimos que se investigara el hecho de que se hicieron pagos a compradores o agentes de compradores en México en efectivo, por un total de 250 mil dólares en operaciones de importación llevadas a cabo por compradores mexicanos de granos básicos.
Documentamos; presentamos incluso como un elemento de prueba, la auditoría del departamento de agricultura de los Estados Unidos; pedimos que se cotejaran los contratos; nosotros mismos cotejamos esos contratos; tenemos en nuestro poder cinco de ellos donde está claramente sobre valuado el precio de compra y sin embargo, el despacho Bladinieres, de esas 14 operaciones que propusimos nosotros que se cotejaran, cotejó seis y más cotejadas, no las cotejó con los precios a futuro, las cotejó con los precios en otras fronteras.
Así no se puede trabajar compañeras y compañeros diputados del PRI. El informe es incompleto por esto; el informe es incompleto y no tiene caso mandarlo al Ejecutivo otra vez porque ya lo hemos repetido y parece que no se entiende; no lo queremos mandar al Ejecutivo porque el Ejecutivo no ha sido capaz de investigar; no lo queremos enviar al Ejecutivo, porque ya lo hemos demostrado, funcionarios del actual régimen están gravemente coludidos en varias, en muchas de las operaciones que aquí una y otra vez se han denunciado.
Lo único que procede es que esta comisión siga investigando; que esta comisión haga valer todo el peso del Legislativo; no vamos a aceptar borrones y cuentas nuevas, porque ustedes, compañeros, tienen cuentas muy viejas y muy pendientes.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos el diputado Salvador Mikel.
El diputado Salvador Mikel Rivera:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Indudablemente que se revisaron los procedimientos de las nueve empresas y que todas éstas, como queda muy claramente acreditado, fueron mediante procedimientos de licitaciones y concursos públicos, donde en las propias actas de los concursos, no hay ninguna sola queja u oposición de los demás participantes en este concurso, que estén impugnando el procedimiento Por otro lado, y para que quede claro, esta famosa auditoría del gobierno de los Estados Unidos, no es una auditoría que se hizo a Conasupo específcamente; se trata de un fondo federal de apoyo a los productores y por tratarse de recursos fiscales del gobierno norteamericano, se hacen una serie de auditorías al azar, en este caso le tocó a Conasupo, como le tocó a Ecuador, Egipto, Irak y algún otro país que no recuerdo.
Presentada esta auditoría al propio órgano, que en inglés es servicio de agricultura, ella misma hace la réplica y señala: que de ninguna manera puede aceptar las observaciones porque la metodología usada por el órgano fiscalizador, no es aplicable a este tipo de auditorías porque no hace las comparaciones entre precios de referencia, precios privados, precios subsidiados etcétera y le recomienda que se sienten juntos ambos organismos a revisar esta metodología para poder llevar a cabo las siguientes auditorías con criterios uniformes, generales y fácilmente comparables y a mayor abundamiento, si en este caso hubiera elementos suficientes para establecer o fincar algún tipo de responsabilidad, seguramente el propio gobierno norteamericano, por tratarse de fondos federales, ya hubiera interpuesto las demandas correspondientes y porque no son hermanas de la caridad y es dinero de sus propios recursos públicos y no creo que ellos también en este caso, sean cómplices.
Y por otro lado, quisiera nada más concluir diciéndole al compañero diputado que me antecedió, que él hace ratito decía que él hablaba de cara a la nación. Qué bueno, diputado, que usted le hable a la nación, porque en Chihuahua, donde fue usted candidato, nadie le hizo caso y nadie votó por usted. La diferencia fue de 30 y tantos mil votos entre el candidato del PRI y usted y eso explica también su interés en mantener viva esta comisión, porque es la única manera como usted puede constituir una base política, porque no la tiene, no es capaz de convencer en su tierra.
Muchas gracias.
El Presidente:
Señor diputado Víctor Quintana, para rectificar hechos, por cinco minutos.
El diputado Victor Manuel Quintana Silveyra:
Señor Presidente:
Una disculpa por no haber pedido la palabra desde mi lugar. Compañeras y compañeros:
A un servidor o detrás de un servidor, como detrás de cada diputado del PRD, hay más votos de los ciudadanos, que detrás de los diputados del Partido Revolucionario Institucional. Dividan el número de votos entre el número de diputados y verán que tenemos muchos más votos nosotros que ustedes.
Pero el diputado, carente de argumentos sólidos, se va a este tipo de argumentos. Podríamos aquí discutir sobre compra de votos, utilización de recursos del Gobierno para acarrearle votos al PRI, utilización de los medios de comunicación; podríamos hablar muchas de estas cuestiones. Pero el diputado Mikel, está ahorita más interesado en cabildear y no le interesa escuchar.
Lo que yo les quiero comentar, compañeros, es que el gobierno de Estados Unidos, que qué bueno que el PRI reconoce que no es una hermanita de la caridad; cómo va a ser hermanita de la caridad si ustedes, los gobiernos de ustedes le han entregado todo al gobierno norteamericano. Por supuesto que no iba a interponer ninguna acción penal, porque la sobrevaluación de los precios, no la pagaron ellos, diputado Mikel, la pagamos nosotros. Nosotros pagamos cada dólar en que se sobrevaluaron las importaciones. A ellos no les interesaba, ellos hicieron una auditoría y dijeron: "Los mexicanos, por corruptos, pagaron más de lo que se debe de pagar". Pero incluso en la auditoría que usted refiere, usted no dice la verdad completa. Para variar señala medias verdades.
El servicio exterior del departamento de agricultura, trata de defenderse de las acusaciones que le hace la auditoria de la oficina del inspector general y emite algunas objeciones. Pero nunca objeta en sus respuestas, el servicio exterior del departamento de agricultura nunca objeta la sobrevaluación de las exportaciones a México.
Por otra parte, nosotros no pedimos que se analizara la auditoría; pedimos que se cotejaran los contratos y nunca los cotejó el despacho Bladinieres. El despacho Bladinieres que ha de cobrar más o menos 50 mil nuevos pesos por cada contrato que mal analiza. Dejó ocho contratos sin analizar. ¡Que no los vaya a analizar, no vaya a ser que los cobre y el presidente de la comisión mande que les paguen 400 mil nuevos pesos, por mal analizar ocho contratos más:
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Alfonso Martínez Guerra.
El diputado Alfonso Martínez Guerra:
Gracias, señor Presidente; respetables diputadas; respetables diputados:
Yo considero que hoy es un día mucho muy triste no solamente para la legislatura sino para la nación. Cuando asumimos nuestras actividades aquí en la legislatura, pensamos con ilusión de que éste iba a ser un instrumento como en todos los países desarrollados, en que un parlamento sano, un congreso sano, puede tomar las medidas necesarias para enderezar tantas cosas chuecas que están en esta nación.
Sin embargo, además de ser un día triste, cosa paradójica, tenemos la esperanza de que estas cosas van a cambiar, porque considero que ya estamos tocando fondo en este tipo de problemas y el pueblo, que es el que a final de cuentas va a decidir, va a cobrar esta factura muy cara a todos aquellos que han atentado contra el pueblo de México.
Yo tengo a mi cargo la línea tres de investigación de leche.
Con relación a la tercera línea de investigación, es decir, la revisión de las operaciones de importación de leche en polvo, la comisión investigadora afirma que el asunto denunciado fue materia de una profunda investigación que practicó tanto el despacho profesional asesor como la propia secretaría técnica de esta comisión.
La misma comisión investigadora concluye que apoyada por la máxima autoridad en la materia en el país o sea, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, que dadas las unidades de becquereles o becquerelios que contenía dicha leche, en ningún momento se puso en riesgo la salud de la población. Eso dice la comisión.
Al respecto sustentamos que fueron diversos lotes de leche que se importaron, algunos de los cuales fueron desechados por otros países que consideraron que tenían diferentes niveles de radiactividad, que si bien es difícil demostrar sus efectos nocivos en esas condiciones, para la salud humana por consumo de leche contaminada resulta imposible, asimismo, intentar demostrar lo contrario.
Lo que podemos asegurar de manera indiscutible es que tratándose de la salud pública todas las precauciones que se tomen son pocas, porque está comprobado en los medios científicos y médicos que una exposición prolongada y constante, corno puede ser la ingestión de alimentos contaminados por radiactividad en diferentes niveles, como es el caso que nos toca, puede desencadenar desórdenes celulares en diversos órganos o acelerar los ya existentes.
Por ello, en los medios de trabajo en que se utiliza la energía nuclear es bien conocido, respetado y exigido el principio al ara, que significa la dosis más baja de radiactividad siempre, bajo todas las condiciones en que se encuentren aquellos que tengan contacto con ella, precisamente porque hasta la fecha son más conocidos los efectos nocivos por exposición que los de inocuidad.
Además, resulta criminal importar leche contaminada a sabiendas de que ya había pronunciamientos internacionales en el mercado mundial de lácteos, cuyo escándalo es imposible creer que desconocían los agentes de compras de la Conasupo. Más bien, esta situación nos permite sospechar, sin temor a equivocarnos, que fue un atractivo más para los directivos de la Conasupo, porque es lógico pensar que esos productos lácteos contaminados estaban cotizados a mucho menor precio que el internacional y considerando las características de compras fraudulentas que es común encontrar en los organismos oficiales, no hay que hacer un gran esfuerzo mental para concluir que ésta no fue la excepción.
Cabe señalar que, según la documentación presentada, se pagaron por estos lotes de leche radiactiva los mismos precios que los de la leche en buenas condiciones sanitarias y que es del orden de 790 dólares por tonelada métrica.
Las conclusiones, a las que llega la comisión investigadora apenas rosan ese tema tan controvertido que es tratado con una ligereza tan sospechosa como la comisión misma.
A partir del mes de enero de 1987, la Conasupo solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas y del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, con el propósito de que esas instituciones analizaran muestras de leche en polvo importadas en 1986, encontrando algunos lotes que rebasaron los 370 becquerelios por kilo, cuando la norma mexicana es de 50 becquerelios por kilo.
Ante un asunto tan delicado y sobre todo tan cuestionado en todos los niveles, la comisión soslaya la importancia de las comparecencias de diversas personas y funcionarios que estuvieron en relación directa con los acontecimientos de referencia. Tal es el caso del físico Miguel Ángel Valdovinos, quien fungiera como director de laboratorio de la planta de Laguna Verde, en donde se practicaron diversos análisis representativos de varios lotes de leche contaminada y que salieron positivos, algunos con niveles sumamente altos de radiactividad.
Asimismo, el director de la misma planta nuclear, ingeniero Rafael Fernández de la Garza, quien niega haber realizado pruebas para la Conasupo y lo único que afirma es no recordar nada; el ingeniero Miguel Medina, director de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, puede aportar también datos muy importantes en la investigación; el agente de compras de la Conasupo, ingeniero Gustavo Luna Garnica; la química Ana María Carrera; ingeniero José Ernesto Costemalle, doctor Jaime Martucheli, por cierto candidato a la Rectoría de la UNAM; doctor Guillermo Soberón, licenciado Alfonso de Rosenfaic Díaz y licenciado Eduardo F. Cavazos son, entre otros muchos, personajes que pueden aportar datos esclarecedores en este caso y que por lo tanto al no haber comparecido una sola persona en el proceso de investigación de un asunto de interés nacional, nos permite desechar sin discusión alguna las conclusiones a las que ha llegado esta comisión.
Con relación a la leche robada, la comisión investigadora reconoce un faltante de 2 mil 600 toneladas en los años de 1989 y 1990. Al respecto cabe señalar que estas remesas faltantes se dieron en los años de 1991 y 1992 y no en la fecha que señala la comisión, quien recomienda al Ejecutivo Federal investigue sobre el caso y que sancione administrativa y penalmente a los responsables.
Es evidente que la comisión, como es común en estos casos, para ocultar las apariencias de obsolescencia e inutilidad, propone castigar a los funcionarios menores sin tocar a los señorones de la política y peces gordos que se han enriquecido hasta la insolencia abusando de su posición en las altas esferas del poder de México, en detrimento del patrimonio de los mexicanos.
Una vez más queda científicamente comprobado que las comisiones de cualquier índole que se integren con la mayoría de miembros del PRI y que se destinen para investigar ilícitos de funcionarios de ese mismo partido, no sirven para responder a los reclamos de justicia que ya exige la sociedad mexicana y sólo son usadas, como en este caso, para cuidarle la espalda a los enemigos de México.
Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra, el diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez.
El diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez:
Señor Presidente me acojo de una vez al artículo 103, tanto para asustar a la concurrencia y despertarla, como para realmente darme tiempo para contestar algunas cosas.
Qué fácil y qué peligroso y diría perverso es tergiversardatos e informaciones, exponerverdades a medias o no conocer definitivamente los documentos o hacer caso omiso de ellos. Y claro de estos elementos se deducen conclusiones espectaculares, efectistas pero ciertamente falaces y alarmantes.
Eso han hecho desde hace algunos meses y todavía hoy hemos oído aquí en tribuna de algunos diputados de la oposición, hacer esto. Pero qué bueno que ha llegado la hora y ha sido así esta mañana y hasta este tiempo de la tarde, de precisar hechos y afirmaciones, de desglosar los casos planteados o resultantes de las investigaciones y sujetarlos a las verdaderas proporciones.
Hace un momento, en dos ocasiones, el diputado que me precedió en el uso de la palabra y tres o cuatro diputados se refirieron al caso de la leche contaminada con expresiones todavía exageradas, alarmantes y sin ninguna justificación. Pero lo malo o lo peor de todo no es sólo esto que ya de por sí constituiría un hecho grave, sino que contradicen precisamente los documentos que debieron haber visto en su momento y que quizá no consultaron mucho.
Pero qué cerca estuvieron algunas organizaciones llamadas ecológicas y otros representantes que no mencionaré por nombre para evitar intervenciones sin cuento que provocaron irresponsablemente un peligroso pánico así fuera retrospectivo, a la sociedad mexicana.
Acabamos de escuchar que millones de niños, no sé si oí miles de millones que ya no existirían, sino millones de niños que peligrosamente cayeron enfermos o murieron por razón de esta leche contaminada.
También se refirieron a que una cantidad muy importante, más allá de las 3 mil toneladas, no se habían devuélto aquellas que tenían una norma o uno de estos contenidos superiores de becquereles mayores de la norma aceptada internacionalmente, que no se devolvieron, pues, diciendo una falsedad definitiva, falsedad que es contradicha por un informe oficial, textual, que obra en el expediente que todos conocimos que a menos de no quererlo ver queda eso así.
Pero para fortuna de México y de los mexicanos, no sólo no se dieron en 1987 y en los años posteriores esos pavorosos efectos que señalaron, por un pretendido consumo popular de leche contaminada, sino que no existió realmente ese riesgo a que se refieren y para ello me he de referir o he de tomar los mismos elementos y aún los nombres de las personas que acaban de ser citadas.
El primero que se citó de una investigación que se hizo en lo que sería en ese momento un órgano de Laguna Verde o de la jefatura de análisis nucleares y ambientales, se dijo por el físico Miguel Valdovinos que acaba de ser citado, que los contenidos de las leches examinadas no iban más allá de las normas internacionales en ese momento; es decir, hace un momento se dijo que iban mucho más allá de las normas, el mismo físico a que se refiere dice todo lo contrario.
Y algo mucho más reciente, algo de junio de 1996 que todos debimos leer: el ingeniero Miguel Medina Vallarta, que acaba de ser citado como es, como presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, nos dice expresamente a peticiones de la comisión, nos dice: de no haber existido, se le pregunta, el accidente de Chernobil, la leche de cualquier región del mundo exhibiría concentraciones de radiactividad inevitables con un promedio de 544 becquereles por kilogramo; es decir, mucho más de lo que habíamos tomado como un límite peligroso y después señala que sí sería muy grave, proveniente de la lluvia radiactiva, que hubiera concentraciones mayores a 50 mil becquereles, lo cual, pues realmente si es una cifra ya muy alarmante, pero pues indudablemente esto puede ser que se dé en una planta nuclear o en momento muy especiales.
De modo que no hay, no hubo en esa leche, que la única que hubo, en la que había cierta duda sobre su contenido de becquereles mayor a un límite normal, totalmente afectado en Europa, en Estados Unidos y antes en México, se devolvieron 3 mil 730 toneladas más 200 más, es decir 3 mil 900, diría yo, en el buque "Fizanth", se devolvieron y por ese reembarque todavía le pagaron, más bien dicho le pagaron, no todavía, le pagaron a la Conasupo 3 mil 250 dólares, de modo que hay las pruebas por escrito por él en ese momento subdelegado estatal en Veracruz de la Conasupo que envió un telefax al Irish Dairy Board en donde se le informa de los reenvíos y se solicita el pago.
Está entonces perfectamente explicado que la única cantidad, ésta 3 mil 900 toneladas, números cerrados, de toneladas en que había preocupación, fueron devueltas, no hubo leche contaminada en México, mejor dicho, la contaminación totalmente aceptable en normas de países que no podemos considerar suicidas los europeos o los latinoamericanos o los Estados Unidos.
De modo que sí vale la pena, de una vez por todas, dejar de presentar ante la sociedad mexicana fantasmas inexistentes y que no hacen sino llevar a pánicos irresponsablemente.
En alguna época o creo que todavía en las normas administrativas se castiga a los que en un cine gritan "fuego, fuego", porque esto es peligroso, pero llevar este peligro o extenderlo a una sociedad por ciertas asociaciones con propósitos pues cuando menos no confesables, no diré inconfesables o bien por motivos partidistas, esto es una irresponsabilidad.
Eso en cuanto a la leche. En cuanto a la norma general, a lo general del dictamen, no puedo yo entender o quizá sí debiera entenderlo después de las actitudes que algunos, no todos los diputados de la oposición han insistido, que se exija a troche y moche que haya decisiones condenatorias, que se pretenda un veredicto concebido de antemano, un veredicto de culpabilidad por supuesto; se ha desprestigiado a gente, se señalan nombres, se vociferan acusaciones y se dice ya están condenados por nosotros, nosotros quienes son aquellos que muchas veces o pelean tanto el que se respeten los derechos humanos y no se respetan desafortunadamente, no respetan con los más elementales que es acusar o desacreditar a quienes se consideran presas valiosas para fines políticos.
Me referiré, porque pues ha habido no digo un desorden pero ha habido críticas de toda especie para la comisión, a una de las más señaladas aquí y que se han insistido, es la de que no citamos audiencias o comparecencias públicas a toda la larga lista de personas, cuyos nombres por mil motivos y mil causas aparecían en los expedientes citados, incidental o de fondo.
Creo que en esto hay o una imitación servil o un desmedido afán de protagonismo o porque en el fondo de sus corazones algunos compañeros sean muy fervientes admiradores de las publicitadas y espectaculares prácticas de los congresistas norteamericanos y hayan visto en televisión, en el cine y se vean presidiendo o tomando parte en esas audiencias públicas, quizá estos diputados las llamarían headings, celebradas en severos y elegantes recintos, con grandes luces y reflectores y cámaras, que llevarían la imagen de su sagacidad y de sus dotes detectivescas a todo el país, con lo que esperarían conseguir mayores votos para sus partidos.
Pero desafortunadamente para su ego, nuestra realidad y nuestra actuación es más modesta y los poderes que nos confiere el mandato que nos dio esta Cámara, es en los términos del artículo 93 de la Constitución, más limitado, limitado hacia lo logístico, pues sesionamos en cualquiera de los salones de Los Cristales, sin esa parafemalia teatral de luces y cámaras y lo que es más importante, no podemos citar, so pena o bajo pena de desacato a la autoridad o t peor aún, de cárcel, a ningún particular. Esto no está dentro de nuestro derecho, sería un atentado a las garantías individuales constitucionales estas comparecencias, estas exigencias.
Algunas constituciones, no muchas, pero entre ellas la española, a partir de 1978, lo tiene expresamente. En Estados Unidos se venía practicando por algunas prácticas legislativas hasta que en el año de 1948 se dio la Ley de Reorganización Legislativa y se impuso o se ponen esas condiciones en su pena. En las constituciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial en Europa, ya aparecen en Portugal, en Italia, en Francia, pero realmente se requiere el señalamiento expreso constitucional o legal, yo diría, siempre constitucional.
Nuestro compañero Mikel ha señalado con gran precisión lo que podemos hacer, cómo podemos sí mejorar esas comisiones, indudablemente, pero hasta hoy, si nos atenemos a nuestra legislación y a nuestra modestísima práctica en esta materia, cuando se habló de una comisión, la de Banpesca, no hay otra, se habla que hubo otra comisión, pero ésta es la segunda comisión investigadora, que apenas se basa en nuestra reforma constitucional o adición de 1978.
Vamos a mejorarlo, sí, efectivamente podemos hacer algo más, pero entre tanto no lo podemos hacer, debemos limitarnos a las posibilidades que nos dan nuestras leyes, nuestra patria y nuestra Constitución.
Este dictamen que fue, cuando menos es mi opinión, fue un dictamen que se dio, ustedes han oído esta expresión que se da en derecho a veces o más bien es un poco no ser demasiado jurídico, a verdad sabida y buena fe guardada, así lo hicimos. Creo que todos los diputados priístas nos hacemos responsables de él. Yo lo hago en lo personal, lo fimo por mi arbitrio particular y tomo la responsabilidad total de lo que firmé.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Alfonso Martínez Guerra.
El diputado Alfonso Martínez Guerra:
Gracias, señor Presidente:
Bueno, yo me quiero dirigir con todo respeto a mi compañero y tío el diputado Rodríguez y Rodríguez, en el sentido de que o no oyó bien lo que yo dije o no entendió lo que yo expresé o ambas cosas.
Me refiero en este sentido porque habla, viene aquí a escandalizar que hablé de muertos, de heridos, de enfermos terminales, no, de ninguna manera hablamos en ese sentido, en Acción Nacional tenemos la responsabilidad suficiente para saber aplicar los conocimientos ligados a las expresiones.
Quiero citar el párrafo éste, con objeto de que me vuelva a escuchar, para ver si ahora si me entiende; espero que así sea, en donde está el punto medular del ataque que me ha hecho en este momento.
Digo o dije: "al respecto sustentamos que fueron diversos lotes de leche que se importaron, algunos de los cuales fueron desechados por otros países que consideraron que tenían diferentes niveles de radiactividad, que si bien es dificil demostrar sus efectos nocivos, en esas condiciones para la salud humana por consumo de leche contaminada, resulta imposible asimismo intentar demostrar lo contrario". Creo que hablé un poquito más lento y ya me pudieron entender.
Continúo: "lo que podemos asegurar, repito, lo que podemos asegurar de manera indiscutible, es que tratándose de la salud pública, me refiero a la salud de la gente, todas las precauciones que se tomen son pocas, porque está comprobado en los medios científicos y médicos, que una exposición prolongada y constante, como puede ser la ingestión de alimentos contaminados por radiactividad, en diferentes niveles, puede desencadenar desórdenes celulares en diversos órganos o acelerar los ya existentes".
Entonces, otro aspecto que considero que es de suma importancia, remato de la siguiente manera: "por ello en los medios de trabajo en que se utiliza la energía nuclear o que se maneja la energía nuclear, es bien conocido, respetado y exigido el principio "alara", así como suena: a, I, a, r, a, que significa la dosis más baja de radiactividad. Siempre bajo todas las condiciones en que se encuentren aquellos que tengan contacto con ella, precisamente porque hasta la fecha son más conocidos los efectos nocivos por exposición que los de inocuidad"
Ahora bien, considerando que los precios internacionales de la leche son en igualdad de circunstancias, cuestan 790 y en esa época estaban en 790 mil 800 dólares por tonelada métrica, yo creo que solamente una persona mal intencionada o bien algún retrasado mental o bien un corrupto, es capaz de comprar esa leche contaminada, cuando tiene la manera de elegir una leche que esté en condiciones sanitarias satisfactorias, como era la que en esas condiciones nos ofrecían Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda.
Así que aquí no hemos venido ni a escandalizar ni a hablar de muertos ni heridos, sino que simplemente algo que nos manda el sentido común y que creo que ustedes también lo tienen, don Jesús y que deben de entender que en esas condiciones resulta sospechoso que alguien, sobre todo cuando estaba tras bambalinas el señor Raúl Salinas de Gortari, es posible pensar todo, así que no se alarmen de que tengamos que sospechar.
Por último, no aceptamos el aspecto ése que maneja usted de imitación servil. ¿Servil? Yo creo que más de 10 se podrían morder la lengua aquí mismo.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos la diputada Gloria Sánchez, del PRD.
La diputada Gloria Sánchez Hernandez:
Gracias, diputado Presidente; compañeras; compañeros:
Consideramos que este tema es de la mayor preocupación y para nosotros resultó francamente extraña la respuesta que se dio, cuando una representante del Partido Revolucionario Institucional hablaba de que había que dar ya los resultados porque la prensa estaba encima y nos parece extraño, porque si hay amarillismo en algunos medios, no tenemos que acallarlos con lo que se tenga y ya, si la investigación no está concluida.
Yo tenía la esperanza de que se considerara realmente un tema de urgente y obvia resolución, sin embargo el debate sigue y ahora resulta que entre nosotros estamos tratando de hacer interpretaciones de una serie de cosas que ni siquiera la comisión siente que está concluido.
Creo que es una de las pocas ocasiones en que no solamente no se construyó el consenso, sino que hay abierta oposición, hay disenso, hay divergencia, por lo tanto tendríamos que asumir que esta investigación debe continuar y debe continuar en manos de nosotros, si es que asumimos realmente con responsabilidad el encargo que teníamos, y digo teníamos, porque parece que ya solamente se trata de un trámite y que esto se va otra vez al Ejecutivo y que quién sabe qué pasó.
Nosotros, y hablo de mi partido y no por un interés electoral, hemos querido ir al fondo de la investigación, hemos solicitado la comparecencia del ex director de la Conasupo, el señor Costemalle, del doctor Jaime Matucelli, del ingeniero Manuel Medina, del licenciado Héctor Hernández y nunca se aceptó que hubiera estas comparecencias por parte de la mayoría, ¿porqué? El señor Costemalle respondió en El Excélsior y nuestras interrogantes siguen sin solución.
Resulta penoso que el diálogo entre los funcionarios y el Legislativo se dé a través de la prensa. Yo quisiera preguntarle al diputado que intervino antes, con todo respeto, que habla, si realmente no hubo problema con la leche contaminada, ¿por qué razón el director de la Conasupo, el ingeniero Ernesto Costemalle y el subsecretario de Salud, el doctor Matucelli, durante sus comparecencias del 15 de mayo de 1988 ante el Legislativo, no hicieron una sola mención sobre el asunto de la leche irlandesa importada en 1986?
¿Cuál fue exactamente el destino de las 28 mil 174.47 toneladas de leche en polvo que México importó en ese año? ¿Cuál fue el alcance de las muestras llevadas a cabo? ¿Cuál fue el destino final y cuáles las verificaciones de aplicación de la leche contaminada con radiactividad que aún no había, comercializado la Conasupo y Liconsa? ¿Cuáles fueron las medidas concretas y cuáles las verificaciones o aplicación que se adoptaron en torno a los productos de marca puestos en el comercio, en los que se detectaron niveles de contaminación radiactiva por encima de la norma internacional?
¿Sobre qué bases se puede establecer que los muestreos llevados a cabo por la Conasenusa con confiables y representativos, dado el reconocimiento expreso de las limitaciones de infraestructura científica para el análisis de la leche.
Preguntamos, ¿intentó la Conasupo otras opciones de compra en el mercado internacional, ante el inminente riesgo de alta contaminación radiactiva? ¿Hay constancia de dichos intentos? ¿Cuánto dinero extra costó a la nación y al gobierno del Estado de Veracruz importar leche que requería de análisis de muy altos costos? ¿Cómo explicar las diferencias entre los índices de radiactividad irlandeses y los practicados en México.
Sólo algunas de las preguntas que siguen en el ambiente, sólo algunas de las interrogantes que nos quedan a nosotros, a los diputadas y diputados y que creemos, honestamente, estamos perdiendo la oportunidad de responder a todas aquellas personas que están inquietas y atentas, en el buen sentido de la palabra, de que la corrupción se acabe y de que no haya encubrimientos y que realmente esa expresión de voluntad de cambio y de práctica de ética política empiece a darse en los hechos.
Realmente es preocupante lo que ocurre. A mí sí me gustaría sinceramente que esta investigación continuara a pesar de todo.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos la diputada Leticia Calzada.
La diputada Maria Leticia Calzada Gomez:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Vengo a esta tribuna porque también considero que hay otra parte de la investigación que tiene que continuar, que es muy importante continúe y que está en la misma línea de productos contaminados.
Se trata de la adquisición que la Conasupo hizo de maíz con aflatoxina. La aflatoxina es producida por un hongo que si el ser humano lo ingiere, sea directamente o sea a través de los productos de carne o de huevos o de leche, puede causarle cáncer en el hígado.
En 1989 y 1990, la Conasupo importó maíz de los Estados Unidos, algunos de los certificados sanitarios de exportación de los Estados Unidos dan cuenta de que parte, algunas de estas cantidades que México importó, están contaminadas con aflatoxinas.
Si bien en el reporte que se hace por el despacho Bladimieres, dice que esto en México no aparece, la razón es que los controles sanitarios que tenemos al adquirir productos de otros países, están hechos con un soporte que no tiene las mismas características que usan los norteamericanos.
Así que, si bien en México los controles sanitario no dan cuenta de estas aflatoxinas en el maíz, sí los certificados de exportación emitidos por el gobierno norteamericano, sí dan cuenta de que parte de este maiz si está contaminado.
Por otra parte, la Conasupo adquirió 383 mil 978 toneladas de maíz en el Estado de Tamaulipas.
La Conasupo misma, la empresa misma, determinó que de éstas, 60 mil toneladas estaban contaminadas con aflatoxina. Estaban contaminadas por encima de las 300 partes por billón, que esta cantidad de aflatoxinas no la toleran ni los animales vacunos ni las gallinas ni lo cerdos.
Y para que ustedes se den una idea, el hombre no puede soportar ni siquiera una parte por billón, pues esto podría ser mortal para él.
¿Qué pasó con esas 60 mil toneladas por 300 partes por billón de aflatoxinas? Una parte fue destruida, fue enterrada en Las Yescas, que es un predio de 26 hectáreas que se encuentra en Tamaulipas. Pero sucede que hay alto riesgo de que los productos que se produzcan de nueva cuenta en este predio puedan estar contaminados, porque los expertos consultados en la UNAM aseguran que las aflatoxinas no se destruyen cuando se entierran.
¿Qué pasó con el resto? Cuarenta mil toneladas fueron, una empreas norteamericana, Aflatec de Arizona, pidió comprarlas, ofreció a la Conasupo que ellos compraban estas 40 mil toneladas. Sin embargo, el Gobierno de Estados Unidos no autorizó esta importación por el alto contenido de aflatoxinas. Asi, pues, se ofrecieron a diversas empresas.
Pasadena Química, de Aguascalientes, adquirió alrededor de 21 mil toneladas; 9 mil toneladas fueron adquiridas por vinicola de Aguascalientes; 2 mil 300 toneladas por la Deshidratadora Agropecuaria, lo que da un total de alrededor de 33 mil toneladas.
¿Qué pasó con las casi 7 mil toneladas restantes? Pues bien, no hay documentos que soporten adónde fueron estas cantidades de maíz contaminado con las aflatoxinas.
Y es una merma más que se considera muy importante, pues si bien técnicamente se pueden explicar las mermas por la humedad que tiene el maíz cuando es almacenado, ésta se considera una merma de tal magnitud que aparentemente no tiene una explicación técnica.
Nosotros nos preguntamos, ¿alguna parte de estas casi 7 mil toneladas serían extraídas ilícitamente y comercializadas? Y por otra parte, ¿cómo usaron las empresas que adquirieron estos granos contaminados? ¿Qué hicieron con ellos? ¿Adónde fueron a parar.
Compañeros diputados, la investigación debe continuar, porque no tenemos explicación que nos dé cuenta de que no hay riesgo con este maíz contaminado y no va a ser la PGR ni va a ser tampoco la Secodadm la que vaya a hacer esta investigación, esta investigación nos compete a nosotros, esta investigación que pone en alto riesgo de contraer cáncer a tal vez miles de mexicanos, es una investigación que debemos hacer.
Tendríamos que darle seguimiento. ¿Dónde fue esto? ¿Qué población? ¿Cuántos miles de mexicanos no saben que corren un riesgo.
El Presidente:
Le ruego, diputada, termine su intervención.
La diputada María Leticia Calzada Gómez:
Terminó, termino, señor Presidente.
¿Cuántos miles de mexicanos no sabemos dónde están y están con una especie de ruleta rusa en la cabeza.
Compañeros diputados: continuemos con esta investigación, no podemos poner en riesgo la salud pública de nuestro país.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra, para un cuarto turno de oradores, el diputado Manuel Beristáin Gómez, del Partido Acción Nacional.
El diputado Manuel Beristáin Gómez:
Gracias, señor Presidente:
Antes de iniciar la intervención, quiero informarle, señor Presidente, que para darle continuidad a la misma, voy a hacer uso del derecho que tienen los diputados expresado en el 103 de nuestro reglamento.
Abordo el tema concreto del pago indebido a Maseca por deterioro financiero. Desde diciembre del año pasado, cuando esta comisión se ntegra, el grupo parlamentario de Acción Nacional emitió su criterio respecto a la integración de la misma y programa de trabajo.
Expresamos que se presentaba una oportunidad de dar respuesta a un clamor popular, para combatir la corrupción y la impunidad y que se tendría que investigar el manejo de información privilegiada, tráfico de influencias, utilización de recursos públicos con financiamientos triangulados, licitaciones sin cumplir la normatividad y disposiciones legales, importaciones desventajosas para el país, daños al patrimonio nacional y como contrapartida enriquecimiento de grupos o personas privilegiadas.
Esta comisión especial de investigación representó vital importancia para el pueblo de México, precisamente para rescatar la confianza de las instituciones ante los ojos de los mexicanos y que esto implicaba por sí misma, una enorme responsabilidad para los diputados miembros de esta comisión.
En el caso concreto del pago indebido por daño financiero a la empresa Molinos Aztea, S.A. de C.V., quiero referirme a la octava sesión ordinaria del día 17 de julio pasado cuando el despacho Bladinieres y Compañía, SC, presenta un informe concluyente sobre esta línea de investigación.
Quiero decirles, señores diputados, que si hubo un momento para trastocar la viabilidad de la Comisión Especial de Investigación de la Conasupo, fue éste, precisamente, sobre todo porque en forma velada, repentina y dándole un trámite de urgencia evidente para concluir esta línea de investigación y además, sin estar en el orden del día de dicha sesión, se pone a discusión y votación aplicando el principio de mayoriteo sin dar oportunidad a los diputados miembros de la misma para analizar en forma responsable, objetiva y profesional al informe concluyente de dicho despacho.
Y todavía este asunto se fue más allá de lo normal, porque jamás se presentó el director del despacho, contador Jaime Bladinieres, como responsable del mismo para dar respuesta a las dudas de los diputados miembros de la comisión sobre el contenido de su informe concluyente, lo que obligó a los diputados de Acción Nacional a que dirigiéramos una petición por escrito al diputado Manuel Hinojosa Juárez, presidente de la misma, para que se nos proporcionaran copia de los documentos que no venían como soporte al informe concluyente del despacho de Bladinieres y Compañía, SC.
Los documentos solicitados que eran necesarios para el análisis profundo del informe fueron los siguientes:
1o. Copia de los registros contables con el soporte documental del daño financiero sufrido por Maseca.
2o. Flujo de efectivo de Maseca donde demuestre los espacios de financiamiento por falta de pago puntual y oportuno de subsidios otorgados por la Conasupo y que provocó el supuesto deterioro o daño financiero.
3o. Descripción y copia de la normatividad vigente en aquella época para probar el pago a Maseca.
4o. Compulsas bancarias mediante las cuales se demostraban los Financiamientos a 1haseca y como consecuencia, de la impuntualidad en la entrega de los subsidios.
5o. Los papeles de trabajo de los procedimientos de auditoría aplicados en esta revisión por el despacho Bladimieres y Compañía, SC.
Señores diputados de este pleno:
Quiero informarles que hasta el día hoy jamás recibimos respuesta a esta petición ni siquiera en forma parcial de los documentos que solicitamos. Resulta increíble que a un informe concluyente se le dé trámite de alta velocidad en la comisión y se oculte a los diputados miembros o no se tengan los documentos soportes mínimos necesarios para validar dicho documento. Solamente recibimos una respuesta verbal del diputado Hinojosa Juárez, presidente de la comisión, comunicándonos que como era un asunto concluido no podía entregarnos la documentación solicitada.
La fecha del 17 de julio queda marcada pues como un día fatal para la propia Comisión Especial de Conasupo, ya que se quebrantan las formas y como consecuencia el fondo y algo más delicado: la viabilidad de la propia comisión. Pero vamos a entrar en materia y son importantes estos datos, sobre todo para los diputados que no forman parte de la comisión, porque es una serie, una relatoría soportada con documentos emitidos por las diversas dependencias donde se demuestra que no fue apegado a la normatividad y menos a la legalidad el pago a Maseca, por deterioro financiero.
En el acta 158 de la sesión del consejo de administración de la Conasupo, de 1989, se toma un acuerdo para integrar un grupo especial de trabajo intersecretarial, participando en este grupo la SPP, la Secoge y Secofi, representados por el licenciado Efrén Díaz Castellanos, el contador publico Alejandro Posadas Espinosa y el licenciado Jorge Terrones López, respectivamente.
Este grupo intersecretarial se integra para dar respuesta puntual al reclamo de Maseca para el pago por deterioro financiero; así que la pregunta expresa cuando compareció aquí el contralor federal Farell Cubillas, decía que este trabajo no tenía ni firmas ni nombres; aquí están los nombres y están representadas las tres secretarías, por lo tanto, este trabajo tiene validez intersecretarial, que son la autoridad suficiente para normar el criterio de la procedencia o no del pago por deterioro financiero.
Abundando, en el acta 161 de fecha 16 de mayo de 1989 de la sesión del consejo de administración de la Conasupo, mediante acuerdo 30N/89, aprueba el informe de este grupo intersecretarial. Además en esa misma sesión del consejo de administración, da instrucciones al director general de la Conasupo, para que comunique a Maseca, la improcedencia de su solicitud de pago y además, le recomienda al director de la Conasupo, que inserte las conclusiones del trabajo de este grupo intersecretarial, concretamente los párrafos primero al tercero.
Posteriormente a esta sesión y como consecuencia de esos acuerdos del consejo de administración, el director de la Conasupo en esa época, licenciado Ignacio Ovalle Fernández, hoy compañero diputado de nosotros, envía un oficio a Maseca, el oficio número Dg/1557189 de fecha 15 de mayo de 1989, mediante el cual le notifica a Maseca, que no procede su reclamación del pago.
Todavía más: en el acta 163 de la sesión del consejo de administracion celebrada el 6 de septiembre de 1989, se toma otro acuerdo adicional, sobre todo por la insistencia de Maseca en el reclamo del pago por daño financiero, presenta un recurso de reclamación inconformándose de las conclusiones del grupo intersecretarial que había dictaminado la no procedencia del pago.
En esta sesión se toma el acuerdo de que se instruya al director general de la Conasupo, para que excite a los órganos jurídicos de las secretarías de Programación y Presupuesto, de Comercio y Fomento Industrial y de la Contraloría General de la Federación, a efecto de que en cuerpo colegiado, se pronuncie definitivamente en sentido positivo o negativo en relación al pago o no, de Maseca.
Con fecha 22 de septiembre, mediante el oficio número 121, de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, hace del conocimiento al ciudadano Eduardo González González, jefe de la unidad de comisarios de la Conasupo y responde en el escrito el siguiente texto, firmado en aquella época por el licenciado director del área jurídica de la Secogef, el licenciado Juan Enrique Azuara. Los comentarios de este oficio, son los siguientes:
"Anexo al presente comentarios respecto a la argumentación de Maseca en su solicitud del pago por deterioro financiero."
Hago cita expresa de ese documento que envía la Secogef a través de la dirección jurídica. Menciona:
"En principio es conveniente señalar que la solicitud planteada por Maseca respecto al pago de intereses o deterioro financiero que argumenta haber sufrido por la falta de entrega oportuna del subsidio correspondiente, fue analizada por un grupo de trabajo integrado por representantes de las secretarías de Programación, Presupuesto y de la Contraloría Federal". Con base y fundado en ese trabajo, la Conasupo inicialmente declara improcedente el pago a Maseca, por deterioro financiero. En primer orden señala:
"El artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior. Siendo evidente que para e caso de reclamo de Maseca, no existe una disposición que permita tal erogación."
Y abundando en los artículos 13, 28, 29, 30, 46 y demás relativos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y 70, 78 del reglamento, que desarrollan el principio y además establecen sanciones a los servidores públicos que los transgredan.
Primer argumento de Maseca: busca fundamentar Maseca existencias de normas supletorias que obliguen a la Conasupo a realizar el pago mencionado, argumentando, entre otros, que la aplicación de las normas para la determinación y pago del subsidio, significa, a su juicio, la ejecución y un contrato administrativo ignominado, citando al efecto, los artículos: 18, 59, 1910 a 1934 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal.
Da respuesta la Secogef concretamente a este argumento. Dice: en este sentido es de señalar que las normas relativas a contratación, plasmadas en dicho ordenamiento, son de aplicación supletoria a convenios y a otros actos jurídicos en lo que no se oponga su naturaleza, tal como lo señala el artículo 1859 del propio Código de referencia y es el caso que la naturaleza del subsidio no puede entenderse como un contrato administrativo típico, sino como un acto administrativo al que se le aplica una normatividad administrativa específica con preminencia a las disposiciones del derecho común.
Segundo argumento de Maseca: Maseca argumenta que los pagos que la Conasupo le hizo en éspecie a un precio inferior al costo integrado del maíz, tenía la finalidad de resarcir los gastos o deterioro financiero sufrido por la empresa, al no recibir oportunamente de la Conasupo el pago del subsidio, por lo que invoca Maseca a la costumbre como fundamento para solicitar el pago.
Respuesta puntual de la Secogef: el componente denominado "financiamiento para inventario del maíz", el cual corresponde a la aplicación de la tasa bancaria durante un periodo de tres meses en promedio a los conceptos referentes al precio de adquisición del maíz: pesaje, control, calidad, gastos de recepción. A este componente se le ha identificado como "gastos financieros". Por lo tanto, los gastos financieros que se cubrieron a la empresa mediante el procedimiento de pagos en especie, es totalmente diferente al concepto de deterioro financiero. Por lo tanto, no puede invocarse a la costumbre como fundamento para el pago de deterioro financiero que argumenta Maseca.
Tercer o tercero y último argumento de Maseca. Argumenta que la suscripción de la minuta de acuerdo entre la Conasupo y Maseca, de fecha 6 de octubre de 1988, no implica su renuncia al derecho de cobro de intereses. La Contraloría responde puntualmente: "conviene destacar que en la minuta Maseca no se reservó el derecho de intereses, suponiendo sin conceder que ese pago procediera. Toda vez que el artículo 2090 del Código Civil establece que cuando se paga el capital, sin hacerse reserva de réditos se presume que éstos están pagados".
Continúa: "es de suma importancia resaltar que mediante el convenio de fecha 18 de octubre de 1988, suscrito entre la Conasupo y Maseca, Maseca otorgó el finiquito con respecto al subsidio devengado mediante el periodo del 1 O. de enero de 1988 al 6 de octubre del mismo año, en los términos de la cláusula segunda".
Secogef concluye: "es de concluir que de acuerdo a lo expuesto en este documento y que desde el punto de vista jurídico no está obligada a pagar a Maseca los intereses o el deterioro financiero que argumenta haber sufrido por la entrega extemporánea del subsidio para la producción y venta de harina de maíz nixtamalizado".
A pesar de estos argumentos jurídicos de la contraloría, a pesar de los argumentos jurídicos también vertidos por el grupo intersecretarial en la sesión número 164 del consejo de administración, toma este consejo de administración otro acuerdo y le da facultades extraordinarias al director de la Conasupo, facultades sin límite para negociar el pago de deterioro financiero con Maseca y finiquitarlo.
En la siguiente sesión, en la 165, el propio director de la Conasupo informa que fue finiquitado y otorgado el pago por deterioro financiero por 15 mil 761 millones de viejos pesos a pesar de los argumentos jurídicos existentes.
Ahora bien, se le encarga este asunto al despacho Bladinieres y Compañía, SC. Este entrega un informe concluyente. Argumente inválidamente la legalidad del pago y el apego a la normatividad. Este informe está contenido de diversas anomalías y sobre todo no sustento jurídico a la ley y a la normatividad vigente en aquella época.
Refiriéndole al informe, porque el propio informe el grupo parlamentario lo presenta ante este pleno como una prueba más de que el pago fue indebido, porque lo acepta en su propio texto el informe. En la página 7 acepta textualmente que: "la normatividad vigente no era precisa respecto al pago de daños financieros". Asimismo en la página 9 reconoce como único argumento y razón para pagar a Maseca dos sentidos o dos criterios: "valorar la razonabilidad social y los argumentos financieros de Maseca". Dos criterios totalmente fuera de una actuación de una autoridad dentro del sector público.
Y también reconoce en su texto que como consecuencia de este conflicto entre la Conasupo y Maseca se emitió una nueva normatividad, nada más que esa nueva normatividad fue a partir del 2 de enero de 1990, un mes después del pago indebido a Maseca.
Lo más grave, incluido en el propio informe del despacho Bladinieres y Compañía, en su página 11, es que el propio despacho señala que el pago por daño financiero a Maseca, y subrayo, fue una situación de hecho. Cito textualmente esta parte: "es cierto que aunque la normatividad vigente en ese momento no consideraba expresamente la hipótesis de diferimientos de pagos, el nivel de ingresos de los productores debía ser un aspecto a considerar en la regulación del subsidio".
Yo pregunto: ¿de cuándo acá una autoridad actúa bajo una situación de hecho y no de derecho? Existe un principio general del derecho que expresa claramente que la autoridad no podrá realizar ningún acto administrativo de autoridad, o bien, en otro sentido, si no está fundado expresamente en lo que le facultan las leyes. De otra manera se rompería este principio de legalidad.
Queda claro que en los tres niveles de gobierno no podrá fundarse en situaciones de hecho sino de derecho, expresamente contenidas en la ley o normatividad vigente. Por lo tanto, el propio informe de Bladinieres se autodescalifica y sirve como prueba este documento de que no procedió legalmente el pago de la Conasupo a Maseca por deterioro financiero.
Es importante que queden estos elementos de prueba de tal manera que abundando en los soportes que el grupo parlamentario de Acción Nacional hoy pone a consideración de este pleno, son los siguientes:
Evidencias y pruebas.
1o. La sesión integrada en el acta 158 del 14 de febrero, donde se toma el acuerdo de integrar el grupo intersecretarial.
2o. El acta de la sesión 161 del Consejo de administración, donde se aprueban los trabajos y los resultados concluyentes de este grupo intersecretarial.
3o. El grupo especial de trabajo integrado por la SPP emitió un trabajo de 24 cuartillas, que hemos entregado conjuntamente con el posicionamiento del grupo parlamentario del PAN.
4o. El oficio mismo que dirigió el licenciado Ignacio Ovalle Fernández, donde le manifiesta y le notifica a Maseca que no procede su pago de acuerdo a los fundamentos de este grupo intersecretarial.
5o. El acta número 163 de la sesión del Consejo de Administración de la Conasupo, donde se toma un nuevo acuerdo y se remite que en forma definitiva la Secogef, la SPP y la Secofi emita un criterio definitorio en el pago o no de deterioro financiero a Maseca.
6o. El propio finiquito, porque de ahí se desprende que existen responsables evidentes de este pago fuera de la legalidad.
A todas luces es claro y evidente que el pago a Maseca fue indebido y se salió de las facultades expresas de la ley y normatividad vigente en aquella época. A pesar de todo este amplio argumento de tipo jurídico, el día 5 de diciembre firma un finiquito la Conasupo y Maseca por la cantidad de 15 mil 760 millones de viejos pesos, como pago de deterioro financiero a Maseca, firmando por la Conasupo el director general, licenciado Ignacio Ovalle Fernández; firmando como director de finanzas, el licenciado Julio César Ruiz Ferro, la licenciada José María Ortega Farías; director de comercialización agropecuaria, doctor Guillermo Teutli Otero, contralor general y el doctor César Chamaco Félix, gerente jurídico.
Para los diputados de Acción Nacional es evidente la serie de responsabilidades en que incurrieron los funcionarios que firmaron dicho finiquito y que además como responsable solidario el presidente del consejo de administración, que por ministerio de ley era el Secretario de Comercio, de la Secofi, el licenciado Jaime Serra Puche y los demás miembros del propio consejo de administración.
Sostenemos que es necesario que en esta línea de investigación se llegue realmente a responsabilizar a los funcionarios tanto de la SPP, de la Secogef y la Secofi y que dicha investigación estamos seguros que lo más adecuado para realizarla sería la Contaduría Mayor de Hacienda de esta Cámara de Diputados.
Quisiéramos darle al Ejecutivo Federal el beneficio de la duda, pero sabemos de antemano que existe un conflicto de intereses entre este poder y esta línea y aún las demás de investigación de esta Comisión Especial de la Conasupo. Pero tampoco queremos esta Comisión Especial de la Conasupo. Pero tampoco queremos ser diputados ingenuos, hoy queremos dejar claro que como grupo parlamentario de Acción Nacional nos reservamos nuestro derecho para instrumentar denuncias ante las autoridades que correspondan y se deslinden responsabilidades.
Como un ejemplo claro de la falta de consistencia en el criterio de la Ccnasupo para un mismo asunto, hoy doy a conocer a ustedes un convenio finiquito diferente, firmado cuatro años antes al finiquito de 1989, de diciembre de 1989. En este convenio sucede lo contrario, es decir, la Conasupo anticipa subsidios a Maseca por un lapso de más de cuatro años y ¿saben qué pasó?, lo correcto en un criterio consistente de que si en diciembre de 1989 Maseca exige deterioro por daño financiero por no recibir oportunamente los subsidios, por qué no la Conasupo le exige también el pago de intereses por el anticipo de subsidios que es un dinero del erario público y que sirvió en un financiamiento anticipado a Maseca.
Sin embargo, vean ustedes la forma de pago. Primero hace una serie de revisión de su estado de cuenta y resulta una cantidad inicialmente de 20 mil 228 millones de viejos pesos y que después haciendo los ajustes queda una cifra neta de 1 mil 964 millones de viejos pesos. Y¿saben ustedes la forma de pago? Dice: por el periodo transcurrido desde los momentos en que la Conasupo anticipó a Maseca subsidio en exceso hasta la fecha y en virtud de que ello se debió a la ausencia de la multicitada norma:
a) La Conasupo no cobrará a Maseca interés alguno.
b) La Conasupo cobrará pesos nominales de 1585 a pesar de que los anticipos se hicieron en moneda de poder adquisitivo en 1980, 1981, 1982, 1983 y 1984 y por último,
c) Para pagar a la Conasupo el saldo a cargo de Maseca, la Conasupo ajustará el importe del ingreso por subsidio a que tiene derecho Maseca en 1985 reduciéndoselo en 2 mil 964 millones de pesos.
¿De qué se trata, señores, de beneficiar a una empresa privada afectando una empresa pública? ¿De beneficiar los bolsillos de González Barrera afectando a millones de mexicanos? ¿De qué se trata, utilizando un criterio en sentido de perjuicio al patrimonio nacional, mientras Maseca pide resarcimiento de daño financiero la Conasupo se olvida de ello y olvida su función social y su responsabilidad dentro del sector público.
Es fundamental para el país terminar con el México de las impunidades, así como llegar a la verdad y a través de ella deslindar las responsabilidades que resulten como consecuencia de la investigación.
La atención del país entero está puesta en el informe final de la Comisión Especial de Investigación de la Conasupo que hoy se presenta y debate ante este pleno. Los mexicanos necesitamos creer en las instituciones, pero éstas deben cumplir las expectativas que los mexicanos esperan y merecen.
Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, señor diputado. ¿Con que objeto señor diputado Aguilar Zinser? Para rectificar hechos, por cinco minutos, tiene usted la palabra.
El diputado Miguel Aguilar Zínser:
Gracias, señor Presidente:
Creo que es evidente por el magnífico alegato presentado aquí por el señor legislador que me precede en el uso de la palabra, que estamos frente a un hecho incontrovertible. Las autoridades responsables de aplicar la ley y de vigilar los recursos públicos se pronunciaron expresa, fundada y abundamentemente en contra de este pago; no obstante ello, los integrantes del Partido Revolucionario Institucional en la Comisión Investigadora de la Conasupo decidieron cerrar sumariamente, darle carpetazo a esta línea de investigación y al hacerlo se negaron a invitar a comparecer ante esta comisión precisamente a los funcionarios que se pronunciaron en contra del pago, no pudimos escuchar la opinión de aquellos que hubieran dado elementos de juicio fundamentales para saber si en efecto los alegatos formulados por el despacho de Bladinieres carecían o no de fundamento, porque como muy bien lo señala el diputado Beristáin en los alegatos del despacho Bladinieres se arguye una normatividad inexistente y situaciones de hecho como justificaciones para un pago que no estaba contemplado en la normatividad en ese momento.
Pero yo creo que ya estando aquí discutiendo este asunto, pudiéramos aprovechar del conocimiento que ciertamente tiene de este caso un legislador que está presente en esta sala y que de manera expresa, de manera expresa giró un oficio a Maseca cumpliendo con una instrucción del consejo de administración, una instrucción fundada, en un documento que se contiene en un amplio examen de un grupo de trabajo.
Yo creo que este ex funcionario de la Conasupo, legislador integrante del Partido Revolucionario Institucional que hace algunas semanas o meses estuvo en esta misma tribuna y de una manera ciertamente conmovedora nos indicó su voluntad, su voluntad irrenunciable de contribuir con los trabajos de la Comisión de la Conasupo.
Sus compañeros de partido nunca quisieron llamarlo, está aquí, fue director general de la Conasupo, se negó a hacer el pago. No es él quien debiera explicar, explicar por qué se negó a hacer el pago y porque siendo después director de a Conasupo lo realizó, no es una muy buena, oportuna contribución al debate que estamos teniendo aquí ahora y no es también una oportunidad para que este compañero legislador haga honor a su palabra y comparezca ante nosotros para explicar los hechos en los que se vio como participe muy importante siendo funcionario de la Conasupo.
Yo invito a este legislador para que corresponda a ese ofrecimiento y atienda a esta tribuna. Creo que los argumentos expresados aquí por el diputado Beristáin ameritan un debate de altura, son hechos incontrovertibles. No es una cuestión de fundamentalismos, compañeros diputados, son hechos. Son hechos sustentados en los documentos a los que como legisladores tuvimos acceso en el proceso de la investigación de la Conasupo.
Muchas gracias y reitero mi invitación al señor legislador.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra para contestar alusiones personales, el diputado Ignacio Ovalle.
El diputado lgnacio Ovalle Fernández:
Compañeras diputadas, compañeros diputados:
A reserva de poder expresar hacia el final de la sesión, si resulta oportuno, mis comentarios sobre la esencia general de todo este debate, sobre el punto específico en el que se ha solicitado una información a su servidor, me permito proporcionarla:
En el primer caso que ha sido mencionado, el director de la Conasupo cumplió las instrucciones precisas que por unanimidad le dio el órgano superior de la Conasupo, que es el consejo de administración, en ese momento no realizar el pago. Después de que la empresa afectada interpuso un recurso, vino una resolución diferente del órgano superior de gobierno de la Conasupo, quien instruyó a la dirección de la Conasupo negociar y realizar el pago correspondiente.
Es todo lo que tengo que decir.
El Presidente:
Para rectificar hechos el diputado Aguilar Zínser.
El diputado Adolfo Miguel Aguilar Zínser:
Muchas gracias.
El diputado que me precede en el uso de la palabra, señaló que de manera expresa el consejo de la Conasupo lo instruyó para que no realizara el pago, lo hizo con fundamento en un estudio de un grupo de trabajo, es decir, el consejo de administración tomó una decisión fundada en derecho.
Yo le quiero preguntar al legislador, quisiera que nos instruyera el legislador, ¿existe algún documento en el que se sustente la resolución a la que hace referencia? ¿Hay alguna referencia expresa a las leyes aplicables para el pago a Maseca de ese supuesto daño financiero, cuando había referencias expresas a las leyes que lo prohibían? Es decir, si ya se había dado fundamento a una resolución negativa con base a derecho, la resolución que toma el consejo de administración, órgano superior, es una resolución arbitraria y discrecional.
No nos impresionemos con que sea un consejo de administración el que toma la resolución, la tomó de manera arbitraria y discrecional en contra de las propias resoluciones que el mismo consejo emitió y sin darle fundamento a la revocación de sus decisiones, en ningún momento hay una resolución en donde el consejo revoque, tampoco hay una resolución en donde el consejo fundamente, solamente hay una instrucción para que el consejo le dé autoridad al director para que pague y esa instrucción viene fundamentada, ¿en qué?, viene fundamentada en otra instrucción del señor Jaime Serra Puche, el señor Jaime Serra Puche instruyó al consejo de administración para que, a su vez, autorizara al director de la Conasupo y nunca fundamentó su instrucción; el señor Jaime Serra Puche asumió la responsabilidad de ese pago sin fundamentarlo e involucró al consejo de administración en un hecho ilícito.
Desde el punto de vista de las responsabilidades jurídicas, es el director en aquél entonces de la Conasupo, es el consejo de administración de la Conasupo y es el secretario de comercio y presidente del consejo de administración de la Conasupo, Jaime Serra Puche, quienes deben de responder ante las autoridades por la realización de este pago.
Señores, no es un asunto de fundamentalismos, pero es fundamental porque la transparencia jurídica no puede negarse, es transparente el asunto.
El Presidente:
Diputado Beristáin, para rectificar hechos.
El diputado Manuel Beristáin Gómez:
Gracias, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Es bueno refrescar la memoria porque el trabajo de la propia Comisión de la Conasupo se fue a expedientes y esos expedientes contienen documentos.
En mis manos tengo precisamente copia fotostática de un documento, con papel membretado de la Conasupo, de fecha 16 de mayo de 1989, y este documento es precisamente el que suscribió en aquella época como director general de la Conasupo el licenciado Ignacio Ovalle Femández y está dirigido al contador público Humberto Garza González, director de relaciones gubernamentales del grupo Maseca y en su texto le dice: "en respuesta al planteamiento de usted, formulado en su escrito de fecha 13 de diciembre de 1988, dirigido al suscrito, me permito comunicarle que el consejo de administración de este organismo a mi cargo, que es la autoridad superior, de acuerdo con los artículos 10. y 5O. de decreto de creación de la entidad, resolvió en la sesión celebrada del día de hoy, repito la fecha, 16 de mayo de 1989, que no es procedente que la Conasupo cubra a Molinos Azteca, S.A. de C.V. La suma reclamada en su comunicación de referencia, en virtud del finiquito firmado por usted con fecha 6 de octubre de 1988".
Pero esto además llevaba el argumento tanto del grupo intersecretarial como de la opinión de la dirección jurídica de la Secogef. Yo pregunto, ¿por qué en mayo no, por qué en diciembre sí del mismo año, por qué un criterio cuatro meses antes o cinco, por qué otro criterio después? ¿Por qué se violenta la normatividad que no existía para poder pagar el deterioro financiero y por qué en un acuerdo de carácter meramente administrativo? porque el consejo de administración es eso, toma acuerdos administrativos, no es un Poder Legislativo para emitir una normatividad o modificar las leyes. Estos cuestionamientos quedan al aire, señor diputado Ovalle.
El Presidente:
Tiene la palabra el señor diputado Héctor San Román Arreaga, para cerrar la cuarta ronda de oradores.
El diputado Héctor San Roman Arreaga:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Antes de intervenir quiero hacer un breve comentario por algo que me pareció de suma importancia, cuando la compañera Gloria Sánchez, y con todo respeto te dejo este mensaje, insigne maestra, cuando ella señalaba aquí de muchas dudas.
Yo con todo respeto le conmino a que ese documento al que hace alusión en donde deja muchas dudas para ella, pudiera ella acudir a la secretaría técnica y así pudiera ella obtener un documento en donde pudiera despejar muchas dudas y seguramente surgir otras nuevas.
Sin pretender descartar aspectos de mucha relevancia, para una sociedad que se niega a reconocer que es más fácil ser cínico, nos encontramos que es sumamente fácil atraer la atención señalando verdades a medias en un mundo en crisis que se niega y se resiste y abandonarlos.
Sin eufemismos reconocemos que nos enfrentamos a problemas, pero también es importante señalar que nosotros, los diputados de la fracción priísta, al igual que los diputados de las distintas fracciones parlamentarias de esta LVI Legislatura, a la cual me honro en pertenecer, nos interesa por igual el cumplimiento estricto de la ley y condenamos, repudiamos la desviación de conducta en el aspecto moral y ético de quienes estando al servicio del pueblo debieran ser ejemplo de la sociedad.
Nos interesa a los priístas, a todos, más que nunca, cuando hoy aparentemente no hay sonrojo ante la palabra corrupción y su práctica, pero lo cierto es que se critica, que se critica en susurro, que indigna que se cometan en todos los grupos sociales.
Pero si bien es reprobable todo hecho de corrupción, asimismo es reprobable cuando la crítica sin base, cuando la crítica malsana, la que prejuzga, la que acusa sin elementos probatorios, la crítica que se utiliza como estrategia para descalificar al Estado, la que se utiliza para enjuiciar a todos por igual, la que acusa a todo el que trabaja en el Estado o milita en nuestro partido, el Revolucionario Institucional y por este simple hecho se hace presuponer que no se es hombre honesto y por lo tanto tiene que demostrar, tiene que traer un sello indeleble que certifique que no es corrupto, si no quiere que se le acuse con impunidad.
Este asedio de característica patológica lo ejercen quienes tienen como oficio el ocio malsano de descubrir corruptos aunque no lo sean, quienes se empeñan en señalamos con impunidad. La consigna es decir que sí, es acusar, es señalar que sí, aunque no lo sean.
Sí hay corruptos, sí hay corrupción, ha habido corrupción, pero ésta no es característica de nuestro país ni de un partido, lamentablemente se observa en todos los tiempos y en muchos lugares del orbe, es la deformación de los valores del hombre, es el cinismo, es la ambición perversa, pero lamentablemente aquí, en nuestro país, algunos grupos han manejado el tema en forma exagerada, con objetivos aviesos, con intenciones perversas que también nos mueven a muchas dudas.
La Conasupo, dentro del marco de normatividad para referirme a las aflatoxinas de ese maíz contaminado, tiene por obligación efectuar análisis en sus laboratorios de control de calidad y fue con la cosecha de maíz primavera-verano de 1989, en el Estado de Tamaulipas, en la cual la Conasupo captó muchas, muchas toneladas y según certificados de peso y calidad, se dictaminó que aproximadamente 62 mil toneladas, como aquí una compañera diputada lo señalaba, estaban contaminadas por esta aflatoxina.
De acuerdo con la normatividad emitida por la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia, se ordenó la destrucción total de ese maíz.
Las aflatoxinas, y aquí coincido con usted, diputada, no son aceptables tratándose de maíz para consumo humano, ya que tienen efectos nocivos para la salud y es considerada como un riesgo de primera importancia para la salud pública.
Es tan agresiva, yo diría, que ingiriendo pequeñas dosis diariamente se considera como un factor potente para causar cáncer.
Es importante señalar que de acuerdo a los datos epidemiológicos, no indican éstos que se hubiera consumido tal cantidad de toneladas de alimento contaminado.
Y aquí también quiero señalar, como hace rato lo dijo un compañero médico, de que muchos millones de niños habían sido contaminados también por leche contaminada por becquereles, también los datos epidemiológicos no muestran que se haya cometido esa irresponsabilidad.
Es necesario subrayar que el maíz fue de la cosecha del Estado de Tamaulipas, que fue comprado a agricultores de la región o sea agricultores mexicanos, de ninguna manera fue un producto importado. Por ello es necesario advertir que en forma alguna se comprueban los hechos denunciados que originaron o que dieron lugar a la apertura de esta línea de investigación.
Es necesario reiterar a esta Asamblea que no hubo importación de maíz con aflatoxinas y menos aún que fuese destinado a consumo humano y por lo tanto hubiese afectado o puesto en peligro la salud de la población.
Se ha comprobado esta afirmación con la investigación que de aquí nos han dado cuenta en el informe y que no lo voy a leer porque yo creo que sería ocioso, pero entre los muchos puntos de importancia que se llevaron a cabo es que, llevaron a cabo por órdenes específicas de la propia Secretaría, un sinnúmero de acciones y voy a mencionar algunas de ellas.
Por ejemplo, se constituyó un Comité Técnico de Apoyo con instituciones y autoridades en la materia, a fin de analizar y proponer alternativas de solución al problema; se muestrearon la totalidad de las bodegas en Tamaulipas y se confirmó efectivamente que había problema.
De lo anterior se tomaron las siguientes medidas: que no se emplearía ese maíz para el consumo humano; que de acuerdo a su grado de contaminación, se podría usar parte del maíz para alimento balanceado y uso forrajero y eso está en el informe y también está contemplado en las normas internacionales. Y por ahí, entre ellos, elaborar en coordinación con la Secretaría, una vez que estuviese enterrado todo este maíz, para evitar todos los daños que pudieran o toda la degradación o la destrucción total de este maíz contaminado.
No es utópico, tampoco descabellado, aunque para ser cabalmente cierto haría falta una enorme capacidad de tolerancia. Señor Presidente, para concluir este tema me acojo al reglamento, si usted me lo permite, que aprovechara las buenas señales y que aportáramos grandes dosis de sensibilidad para desactivar los focos rojos de esa irritación social que nos exige acabar con al corrupción, el punto a debate es la corrupción.
Hace 10 meses se instaló esta comisión plural y yo pienso que en honor a la verdad debemos de reconocer el trabajo que llevaron a cabo todos los diputados, cada uno de los diputados; que no se diga que no trabajaron. Trabajaron ustedes, compañeros de Acción Nacional, trabajaron intensamente los compañeros del PRD; trabajaron mis compañeros del PRI y trabajaron los compañeros del PT.
En los trabajos que cada quien aportó con su esfuerzo y su interpretación a la verdad y si en algún momento hemos coincidido, es en la indignación, es en la verdad y en el propósito de señalar culpabilidad, es precisamente el punto, es precisamente en donde coincidimos, exactamente en el asunto del frijol, el frijol aparentemente importado de China.
Todo el documento del informe indigna por la perversidad y mala fe, llevado a cabo en la importación de éste frijol a través de una empresa, la California Panama Holding.
Hechos y circunstancias tomados en cuenta en esta investigación en el año 1989 a raíz de una necesidad, propiciada por una baja producción nacional de este importante alimento para el pueblo de México. Los proveedores habituales, Estados Unidos, Argentina y Chile, no estuvieron en posibilidad de surtir el producto en el tiempo requerido, aparentemente el producto se podría importar de China, iniciándose trámites para la importación, pero también se iniciaba una maquinación en contra de la Conasupo, violando una serie de disposiciones que a la postre tuvieron como resultado repercusiones importantes, repercusiones cuantiosas financieras en contra de esta empresa paraestatal.
En este Informe se dan nombres: Juan Manuel Pasalagua, Marco Antonio Bareño, Agustín Vargas, entre otros, como responsables de una serie de omisiones e irresponsabilidades, causando enorme daño patrimonial que no puede quedar impune.
Pagos que se hicieron, producto que no se adquirió a tiempo, que se solapó, omisiones de mala intención. Por ello, si en algo debemos de coincidir y si algo no debemos descalificar, es precisamente este trabajo en que estamos todos empeñados a entregar como un informe de esta comisión que se empeña en señalar con datos en la mano, con objetividad, lo que aquello quiere, tiene evidencias de que se debe de castigar.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificación de hechos ha solicitado el uso de la palabra la diputada Rosa María Cabrera Lotfe.
La diputada Rosa María Cabrera Lotfe:
Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros:
Las preguntas planteadas por la diputada Gloria Sánchez sobre la leche contaminada, no son preguntas basadas en la ignorancia, son preguntas basadas en un conocimiento exhaustivo de la propia documentación entregada por la Conasupo a la comisión especial. Son preguntas que no encuentran respuesta en dicha documentación, por lo que reiteramos en esta tribuna la necesidad de que Ernesto Costemalle, Héctor Hernández, Manuel Medina y Jaime Matuchelli vengan a despejar dichas dudas.
Por lo demás, las caracterizaciones que ha hecho el diputado San Román, que me antecedió en la palabra, sobre las críticas y cuestionamientos que las distintas fracciones parlamentarias que integran esta soberanía de manera crítica y que además propositivamente con documentación aquí se han manifestado, pues simple y sencillamente muestran su falta de respeto y de tolerancia.
El Presidente:
Para rectificación de hechos la diputada María Leticia Calzada.
La diputada María Leticia Calzada Gómez:
Gracias, señor Presidente:
Yo vine a esta tribuna a expresar una legítima y responsable preocupación respecto a las aflatoxinas contenidas en el maíz, voy a explicar dos cosas: primero, lo que se refiere a las importaciones.
Aquí tengo toda una serie de certificados de aflatoxinas, que son certificados de exportación de los Estados Unidos, en donde para cada uno de los lotes especifican la cantidad de aflatoxinas que tiene y cuales consideran ellos que son lotes que pueden ofrecer un peligro.
Les quiero decir que en el mismo informe de Bladimieres, está que efectivamente las aflatoxinas sólo algunos animales las toleran, siempre y cuando las cantidades sean las siguientes: 20 partes por billón para animales lecheros; 200 partes por billón para becerros y aves de corral; de 100 a 200 partes por billón para puercos de 45 kilos o mayores; de 200 a 300 partes por bil!ón para ganado vacuno adulto; cuando el maíz contenga arriba de 300 debe destruirse.
Del maíz que se destruyó los dos investigadores de la UNAM, Ernesto Moreno Martínez y Manuel Cid Gutiérrez, expresan que enterrarlo no destruye las aflatoxinas y que éstas pueden aparecer en productos que se cosechen en donde se enterró o es un peligro que estén enterradas ahí, que no es un procedimiento adecuado enterrarlo.
Por otro lado, el mismo procedimiento de muestreo que se hace del maíz almacenado, debe seguir un procedimiento adecuado, para garantizar que no se tomó solamente de un lugar, sino en varios lugares, porque en algunas de las cantidades del maíz que está almacenado, por la humedad o por alguna razón, se pueden concentrar las aflatoxinas. Esto es lo que expresan los investigadores.
Por otro lado, les quiero decir que lo que yo extemé es una preocupación, una preocupación responsable que debemos tener.
Otra cosa que preocupa es que el control sanitario, la tecnología con la cual se checa el contenido de aflatoxinas en México, los mismos investigadores de la UNAM opinan que no es la tecnología adecuada y se preguntan por qué siguen usando esta tecnología, que es una tecnología inglesa. Esta tecnología inglesa ha sido considerada por los Estados Unidos como la no adecuada. Se preguntan porqué lo hacen y fue con esa tecnología que los expertos norteamericanos que expidieron, con los cuales expiden los certificados que dicen que sí tiene un contenido peligroso, no la usan.
Mi inquietud es: señores, estamos frente a una · preocupación legítima y responsable, no somos nosotros los que tenemos que decir que no hay ningún peligro, hay que continuar con esta investigación.
Gracias.
El Presidente:
Gracias, diputada.
Para iniciar la quinta ronda de oradores, tiene el uso de la palabra el diputado Kurt Antonio Thomsen.
El diputado Kurt Antonio Thomsen D'Abbadie:
Señor Presidente; señoras y señores legisladores:
El día de hoy se pretende consumar el carpetazo final a la investigación de la Conasupo y sus empresas filiales, que el día de ayer se cocinó con sólo el voto del PRI, en la comisión investigadora que se formó en el mes de diciembre de 1995 y esto no puede, no debe aceptarlo esta soberanía en respeto y consideración a las expectativas justificadas de la ciudadanía que se crearon al constituirse dicha comisión para poner al descubierto los ilícitos cometidos en la Conasupo y sus filiales que todo el pueblo, incluyendo los integrantes de esta Cámara, si somos sinceros con nosotros mismos, sabemos que existen y seguirán existiendo si no actuamos con verdad y oportunidad, castigando las autoridades competentes a los que resulten responsables, así se trate de personajes importantes de nuestra política.
En el grupo parlamentario de Acción Nacional estamos convencidos de lo anterior después de analizar fuera de todo partidismo, la actuación de la comisión y los pobres resultados que hasta hoy se han obtenido. En el informe final que se nos presenta pretende la comisión desentenderse de su responsabilidad y dejar al Ejecutivo que continúe la investigación, lo cual es improcedente por pretender que se investigue a sí mismo, ignorando las recomendaciones que uno de los despachos que asesoraron a la comisión hace a efecto de que se profundice en algunas líneas de la investigación.
Algunos diputados que han abordado esta tribuna el día de hoy, pertenecientes al PRI, han venido a ufanarse de que se va a entregar al Ejecutivo y que se le está indicando que se prosiga con las investigaciones.
Señores: si así, si están contentos de eso ¿para qué se constituyó esta comisión? ¿Qué hizo entonces esta comisión durante 10 meses que tiene trabajando? Esto, señores, no es para ufanarse.
Siendo cierto que legalmente una comisión especial que se integra para un fin específico es transitoria, esto no quiere decir que deba tener una vigencia fatal determinada, por lo que nos causa serias preocupaciones el que se pretenda, en el informe, dar por terminados, cuanto antes, los trabajos de investigación. ¿Qué razones existen para ello? Lo dejo para que el pueblo de México dé la respuesta.
La temporalidad de una comisión especial debe terminar cuando los objetivos para los que se creó se han cumplido y es el caso, señoras y señores diputados, que en el asunto que nos ocupa, no se ha dado esta circunstancia; es más, los informes finales que rindieron los despachos Bladinieres y Barriguete, no fueron analizados ni en la mesa directiva ni en el pleno de la comisión, por lo que sostenemos que no es el momento para dar por terminados los trabajos que esta soberanía encargó a la comisión, fundándonos entre otras razones que ya expusieron mis compañeros de partido, en las siguientes:
En cuanto a la línea de revisión de las relaciones comerciales de la Conasupo y sus filiales con sus principales clientes y proveedores, no podemos considerar que se haya agotado la investigación pues de los informes finales que rindieron los despachos Bladinieres y Barriguete, se desprende que existen muchísimos aspectos que por diferentes razones no se llegó al fondo del asunto.
En el caso del despacho Bladinieres, independientemente de que en una de sus conclusiones asienta: "que no se recibió una sola respuesta que desmintiera o negara los términos de las operaciones pactadas", sí resalta el hecho de que sus comentarios denotan que no realizaron una investigación seria, profesional y por ello, quedan en el aire muchas dudas.
En cambio, el despacho Barriguete en cuanto a la línea de revisión antes señalada, sí presenta tres conclusiones que no nos permiten dar por concluida la función de investigar para la que se creó esta comisión, sino que por el contrario, nos obligan a analizarla profundamente para determinar si constituyen actos ilícitos, para que en su caso, sean las autoridades competentes, las que determinen si hay responsables.
En efecto, el informe del despacho Bladinieres, señala en su página 16, que con anterioridad se presentaron todos los contratos clasificados por número consecutivo de la Conasupo, por producto, por proveedor y por monto y que de acuerdo con instrucciones de la comisión, se seleccionaron los tres más importantes, habiéndose revisado tan sólo 66 contratos; siendo que los celebrados por la entidad durante 11 años, suman 9 mil 531.
También señala que consultó a las empresas que firmaron los contratos aludidos, siguiendo la práctica fácil de los despachos auditores, de envío de cartas y de que, como es usual, dicen ellos, sólo algunas compañías respondieron, por no estar obligadas a responder a firmas privadas.
El grupo parlamentario de Acción Nacional no puede aceptar el procedimiento seguido, por dos razones: la primera; porque es infantil que en una investigación tan importante para todo el pueblo de México, se limiten a enviar cartitas ¡a ver si las contestan!, cuando que por lo menos, por los honorarios tan elevados que cobraron, estaban obligados a recabar la información en forma personal en las propias empresas. La segunda razón es porque no se justifica en este caso, el hecho de que es normal que las empresas compulsadas no están obligadas a responder a firmas privadas, pues el despacho estaba actuando por encargo y en representación del Poder Legislativo, concretamente de esta Cámara de Diputados.
En el tercer párrafo de la página 17, se reconoce que no pueden cerciorarse al 100% de la veracidad de la información contenida en los archivos de la institución y que se limitaron a aquellas transacciones que fueron denunciadas expresamente a la comisión.
Como se puede apreciar, el trabajo de este despacho deja mucho que desear, ya que se muestra falto de ética profesional, habiéndoseles contratado precisamente para que investigaran a fondo los documentos de la Conasupo.
Por lo anterior, consideramos que es notorio que esta línea de investigación no ha concluido, ya que el despacho no revisó en su totalidad las relaciones comerciales de la paraestatal, con diferentes clientes y proveedores, por lo que no podemos aceptar que los trabajos realizados sean suficientes para determinar sobre posibles ilícitos cometidos.
Señor Presidente, me acojo al artículo 103, para terminar mi intervención.
Pues 66 contratos revisados de un total de 9 mil 531, representan un porcentaje ínfimo siendo que el contrato de prestación de servicios celebrado con ese despacho, señala claramente que su trabajo iría al fondo de cada una de las líneas de investigación.
Por lo que respecta al informe del despacho Barriguete, en sus páginas 18 y 19, se señala que los contratos exclusivos de distribución de harina de maíz nixtamalizado, se celebraron con empresas del sector privado y que ésto se firmaron con diferencia hasta de un día entre la constitución de la empresa y la fecha del contrato y en el caso de una de ellas, Servicios de Mercadería, S.A. de C.V., la contratación se celebró 45 días antes de la constitución.
También resalta el hecho de que el 31 de octubre de 1990, se celebró contrato de compraventa de las acciones que representaban el 99.45% del capital social de Miconsa-Atlacomulco, S.A. de C.V., por los gobiernos Federal
y del Estado de México, como vendedores a la Empresa Abastos Especializados, S.A. de C. V., existiendo, sigue señalando el despacho, la particularidad entre Abastos Especializados y las empresas beneficiadas con la comercialización de la harina de maíz y que es que tienen ciertos accionistas comunes.
También indican que tuvieron conocimiento de que las empresas comercializadoras de la harina, la vendían a entidades del sistema de la Conasupo, entre las que figuran: Diconsa, Liconsa e Impecsa, así como a organismos públicos descentralizados como son: el instituto Mexicano del Seguro Social y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, cuando que con anterioridad Miconsa vendía directamente la harina de maíz a estas entidades.
También expresan que es ilógico que con fecha 15 de noviembre de 1990, el notario público numero 16 de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, expidió la escritura 6,239, certificando la constitución de la empresa Servicios de Mercadería, S.A. de C.V. y que con fecha 19 de julio de 1990, expidió la escritura 6,240; es decir, número posterior y fecha anterior, para la constitución de Mercadeo y Distribución de Básicos, S.A. de C.V.
También se da la casualidad de que las empresas beneficiadas con la comercialización, todas ellas fueron constituidas ante el mismo notario.
Finalmente, el informe concluye lo siguiente en esta línea de investigación. Cito textual:
"a. No nos fue posible verificar en qué consistían los servicios de comercialización proporcionados a las empresas privadas de distribución.
b. Que en nuestra opinión, consideramos que no era necesario que se celebraran los contratos de distribución de harina de maíz en comento, en virtud de que en algunas ocasiones el producto elaborado por Miconsa tuvo como destino final a entidades del Gobierno Federal y aun más, a algunas empresas filiales del sistema de la Conasupo.
c. De los datos antes analizados, concluimos que se constituyeron las empresas mencionadas con la finalidad de hacer negocios con el sistema de la Conasupo, lo cual implica haber realizado ciertos actos con el propósito de obtener un beneficio de hasta el 20% del monto de las ventas realizadas a través de las distribuidoras de capital privado, en el periodo comprendido de julio de 1990 a julio de 1992, cuyo monto habría que cuantificar.
Como se desprende de todo lo anterior, no es posible que se dé por terminada la investigación encomendada y consecuentemente ésta debe continuar hasta agotar todas las posibilidades para determinar si existieron ilícitos."
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Gabriel Escalante Castillo.
El diputado Gabriel Escalante Castillo:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:
Reiteradamente nos han acusado a los diputados priístas que no trabajamos, que no investigamos, que hubo "carpetazo". Falso. Falso. Aquí, a lo largo de este debate, hemos demostrado precisamente lo contrario.
Me corresponde en este momento comentar los resultados de la línea de investigación cuyo objetivo fue revisar si las relaciones comerciales que se establecieron entre la Conasupo y sus empresas filiales, con sus principales clientes y proveedores, corresponden a transacciones convenientes y apegadas a derecho.
Ante las denuncias de que existieron anomalías en estas relaciones comerciales, que constituyeron ingresos ilegítimos para algunos funcionarios públicos o beneficiaron a una o varias personas de forma ilegal en perjuicio del patrimonio de las paraestatales esta comisión, con el auxilio de los despachos contratados para este fin, revisaron la documentación relativa a los contratos de la Conasupo y sus empresas filiales, determinando cuales eran empresas privadas o públicas con las que establecían con mayor incidencia una relación comercial.
De igual manera se revisaron los contratos de mayor monto a fin de identificar cuales eran los principales clientes y proveedores de estas empresas paraestatales. Se verificó si éstos se ajustaron a la normatividad aplicable. Para la revisión de las relaciones comerciales entre la Gonasupo y sus principales clientes y proveedores el despacho Bladinieres y compañía cumplió con la práctica de consultar a dichas empresas, pero sólo algunas dieron respuesta, por no estar éstas obligadas a hacerlo.
Sin embargo, se destaca que no se recibió una sola respuesta que hubiese desmentido o negado los términos de las operaciones pactadas y la ejecución de los contratos respectivos.
Se revisaron con el mayor detalle aquellas transacciones que fueron materia de denuncia ante esta comisión. En los casos que así ocurrió, los comentarios respectivos se contienen en los apartados referentes a esta línea de investigación.
Por lo que se refiere a las relaciones comerciales revisadas entre las empresas filiales de la Conasupo y sus principales clientes y proveedores, se ha establecido que en el caso de Miconsa, se firmaron contratos exclusivos de comercialización de manera irregular e inconveniente. En el año de 1990 Maíz Industrializado de la Conasupo celebró contratos exclusivos de distribución de harina de maiz nixtamalizado, producido en sus cinco plantas industriales: Tlalnepantla, Arriaga. Jaltipán, Los Mochis, Guadaiajara y Atlacomulco.
El diputado Kurt Antonio Thomsen D'Abbadie (desde su curul):
¡Señor Presidente!
El Presidente:
Digame usted, diputado Thomsen.
El diputado Kurt Antonio Thomsen D'Abbdie (desde su curul):
Si por favor le pregunta al diputado orador si acepta una interpelación.
El Presidente:
¿Acepta una interpelación.
El diputado Gabriel Escalante Castillo:
No. Al final de mi intervención.
El Presidente:
No acepta. Al final de su intervención.
El diputado Kurt Antonio Thomsen de D'abbadie (desde su curul):
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente:
Adelante, señor orador.
El diputado Gabriel Escalante Castillo:
Estos contratos otorgaban a las empresas distribuidoras la exclusividad para la venta y la distribución de la harina de maíz que producía Miconsa en sus diferentes plantas. Asimismo se establecía un porcentaje forzoso de distribución obligatorio para las empresas privadas y una pena convencional en contra de Miconsa, en el supuesto de que ésta distribuyera directamente la harina de maíz nixtamalizado producido en sus plantas.
Por esta cláusula Miconsa se obligaba a pagar el 10% del valor total de estas ventas. Adicionalmente en estos contratos se estableció que Miconsa facturaría al distribuidor la harina de maíz nixtamalizada que adquiriera al precio oficial, menos el 16% por el concepto de margen de comercialización.
En esta investigación se detectó que estas empresas privadas habían sido creadas exprofesso para la obtención de los contratos mencionados. Ello se puede inferir de las fechas en que se constituyeron las empresas respecto a las fechas de la firma de los contratos de distribución exclusiva.
Resalta el caso de la empresa Servicios de Mercadería, S.A. de C.V., cuya constitución formal ante notario público número 16 de Atizapán de Zaragoza, se realizó el 15 de noviembre de 1990, habiendo firmado supuestamente el contrato de distribución exclusiva el 10. de octubre de ese mismo año.
Dichos contratos se encuentran en los anexos de este informe y del análisis de los mismos. Se detectó adicionalmente a las ventajas excesivas concedidas por Miconsa, que estos contratos se establecieron al margen de la ley, por haberse contemplado una cláusula de penalización en contra de Miconsa, en contravención a lo establecido en el artículo 70 fracción 1, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.
Estas empresas distribuidoras fueron las siguientes: Mercadotecnia y Estrategia Metropolitana, S.A. de C.V., de la Planta de Arriaga; Mercadeo y Distribución de Básicos, S.A. de C.V., de la Planta de Tlanepantla; Distribuidores de Harinas Industrializadas, S.A. de C.V., de la Planta de Jaltipán; Corresponsalía Mercantil, S.A. de C.V., de la Planta Guadalajara; Comercialización y Proveeduría de 8ásicos, S.A. de C.V., de la Planta Iconsa en Monterrey; Mayoristas de Básicos del Noreste, S.A. de C.V. de la Planta en Los Mochis; Servicios de Mercadería, S.A. de C.V., en la Planta Atlacomulco.
De la investigación se desprenden las siguientes conclusiones.
El despacho Bladinieres y compañía, que auxilió a esta comisión, practicó compulsas sobre las 66 operaciones más importantes. Lo significativo es que nadie haya contestado negando la relación comercial con la Conasupo, lo que sí hubiera implicado una sospecha fundada sobre las relaciones comerciales respectivas.
Por lo que respecta a la relación entre Miconsa y las empresas distribuidoras señaladas con anterioridad, es evidente que estos contratos fueron a todas luces inconvenientes e ilegales. Todo parece indicar que aunado al proceso de venta de Miconsa Atlacomulco, S.A. de C.V. y a los contratos de distribución aquí mencionados, los funcionarios responsables de la administración de Maíz Industrializado de la Conasupo, S.A. de C.V., crearon una red de negocios ilegales e inconvenientes que redituaron ganancias a las empresas y a los funcionarios que autorizaron dichos negocios. Ante estos hechos la comisión solicita al Ejecutivo revisar acuciosamente los casos aquí expuestos, a fin de que se finquen las responsabilidades administrativas que procedan y de constituirse los elementos necesarios se ejercite acción penal en contra de quien resulte responsable.
Compañeras y compañeros priístas: Que quede claro, no nos interesa en lo más mínimo, y no lo hemos hecho, encubrir nada ni a nadie, simplemente trabajamos con absoluta responsabilidad en las funciones encargadas a esta comisión.
El Presidente:
Gracias, señor diputado.
Para rectificación de hechos el diputado Thomsen, tiene usted la palabra.
El diputado Kurt Antonio Thomsen D'abbadie:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
La pregunta que yo le pensaba formular al diputado priísta que me antecedió en el uso de la palabra era si con los datos que mencionó aquí del informe de Bladinieres consideraba él que este despacho había actuado apegado a la ética profesional de los contadores y de acuerdo con el contrato de prestación de servicios celebrado por la comisión.
Está claro que no cumplió este despacho con esos requisitos.
La segunda pregunta o más bien la afirmación que quiero hacer también aquí es que él mismo al referirse al informe del despacho Barriguette señaló las irregularidades que yo ya había mencionado en mi anterior intervención. Consecuentemente no puede darse por terminada la investigación, su intervención comprueba que se debe de continuar y que no es posible turnarla al Ejecutivo para que siga la investigación. Eso fue una encomienda a la comisión por esta Cámara y es la comisión la que debe agotar todas las investigaciones. Agotadas éstas, entonces sí turnarse al Ejecutivo para que proceda en los casos que corresponda.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para continuar con el siguiente orden de oradores, tiene el uso de la palabra el diputado Alfonso Solórzano Fraga.
El diputado José Alonso Pascual Solórzano Fraga:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Señor Presidente, quiero informarle que me voy a acoger al artículo 103 para poder llevar a cabo mi intervención.
Por una petición de más de la cuarta parte de los diputados Federales integrantes de esta Legislatura, el 30 de noviembre de 1995 en el pleno de la Cámara se aprobó la creación de la Comisión de Investigación para el Funcionamiento de la Conasupo y sus empresas filiales. En esta comisión después de acres discusiones se llegó al acuerdo de establecer otra línea de investigación, la última se precisó, al análisis de las denuncias que pudieran presentar.
En este sentido cabe mencionar que la propuesta que el diputado Adolfo Aguilar Zinser presentó para realizar la investigación del tráfico de subsidios de maíz a empresas privadas, se respondió en el informe dado a conocer hoy por la tarde de manera vaga sin entrar a más detalles o especificar las razones del procedimiento que llevó al pago que estuvo apegado a la ley y a las reformas internas.
Pero, por lo menos, esta propuesta sí mereció una mención en este informe, porque otro planteamiento, el presentado por el diputado Víctor Quintana, con fecha 15 de agosto, referente a las irregularidades en subsidios agropecuarios otorgados al grupo industrial Maseca, en el periodo de mayo de 1991, en el que se pagaron en exceso 33 mil 735 millones de pesos debido al desapego a lo establecido en el oficio Número 131 BQUE 90 4396 del 30 de noviembre de 1990 de Secofi e interpretación errónea del mismo y que al finiquito que debió de haberse realizado a la fecha pactada, se realizó en fecha posterior en detrimento de la Conasupo.
Esta irregularidad denunciada que dio una gran ganancia al grupo industrial Maseca, no mereció ninguna atención por parte de la comisión que le correspondía investigar. En el informe también se trata de ocultar la relación de la empresa Maseca con la Conasupo y el Gobierno y se pretende además ocultar el apoyo que recibió de éste el emporio harinero, situación que continúa hasta ahora, prueba de ello es el acuerdo de concertación para la ejecución de un programa de ampliación de la industria productora de harina de maíz.
Ese acuerdo que fue firmado por el licenciado Eugenio Carreón en representación de la Secretaría de Comercio, que fue firmado por el Grupo Industrial Maseca por su presidente del consejo de administración, el señor Roberto González Barrera, y por Maíz Industrializado Conasupo, por su presidente de consejo de administración, el licenciado Ignacio Ovalle Femández.
En este acuerdo de concertación se estipula y quiero darle lectura a algunos de sus incisos, que la industria harinera se compone por:
a) Grupo Industrial Maseca, Sociedad Anónima de CV., que cuenta con 14 empresas con personalidad jurídica propia:
b) Maíz Industrial Conasupo, que cuenta con seis plantas y está dispuesta a realizar las inversiones necesarias para ampliar su capacidad productiva en los términos del presente acuerdo.
Y dice: por su importancia en la alimentación nacional, es indispensable propiciar el desarrollo de sistemas productivos más eficientes de harina de maíz y tortilla.
Y aquí se toman varios acuerdos, el primero es que la industria, la harinera, realizará en el periodo 1990-1994 inversiones necesarias para incrementar la capacidad de producción actual que tenía en ese momento; el segundo acuerdo dice: la industria se obliga a utilizar la tecnología más moderma y económica en la producción de harina de maíz y, en el tercero dice: la industria promoverá con todos los medios a su alcance, la participación de distintos inversionistas del sector privado y social en la conformación del capital de las empresas que actualmente se encuentran en operación.
Pero aquí, diputados, es el punto cuatro lo que nos llama la atención y lo que demuestra que el Gobierno estuvo apoyando a Maseca; tuvo interés en Maseca, en que ésta creciera a costa de los subsidios. En el punto cuatro de este acuerdo dice: "la industria asume los compromisos contenidos en los acuerdos uno a tres anteriores en virtud de que la Secretaría -se refiere a Comercio-, continuará llevando adelante como hasta la fecha se ha realizado, la concertación para sustitución de dotaciones de maíz que actualmente otorga Conasupo a los productores de masa y tortilla, por dotaciones de harina de maíz, a fin de que la industria en todo momento trabaje a toda su capacidad".
Aquí hay un acuerdo firmado por la Secretaría de Comercio donde establece que le van a quitar a la industria de la masa y la tortilla, le van a quitar las dotaciones de maíz para que se vea obligada a utilizar la harina que estaba produciendo Maseca. Esto nos muestra como desde, aun con... cómo sin recato alguno el Gobierno ayudaba a Maseca, cómo lo impulsaba a costa de destruir, de acabar con la industria harinera o con la industria molinera y tortillera del país, que precisamente en estos momentos nos está buscando a la Cámara de Diputados para que intervengamos ante Conasupo para evitar que termine de destruirla.
Por otra parte, reconociendo esta irregularidad, el Gobierno emitió un decreto tratando de rectificar el riesgo de dejar en manos de estas dos empresas, que ahora la segunda que mencionamos ya no es filial de la Conasupo, sino es una empresa privada.
Tratando de recomponer esta situación, el Presidente de la República emitió un decreto para tratar de ser más justo y de que la industria molinera y tortillera no esté en desventaja respecto a la harinera; sin embargo, ya lo dijimos en esta tribuna, lo hemos denunciado, la Conasupo se niega a aplicar ese decreto parcial o totalmente, para ayudar a Maseca a seguirse quedando con la mayor parte de los subsidios que fueron inclusive aprobados por esta legislatura.
Y aquí nos preguntamos: ¿por qué los funcionarios de la Conasupo se atreven a no cumplir un mandato del Presidente, si lo hacen porque consideran que el Presidente cometió un error al emitir ese decreto, aspecto poco probable, debido a la enorme influencia que aún existe del presidencialismo o bien, se trata de otra faceta del doble juego gubernamental que dice una cosa y hace otra, como ha ocurrido en diferentes casos, particularmente el del asesinato de Luis Donaldo Colosio, donde se prometió una línea de investigación clara y objetiva y a la fecha no se han publicado resultados satisfactorios.
Compañeras y compañeros diputados: no estamos de acuerdo con el informe que se está presentando aquí o que nos han presentado, primero porque no da respuesta a los planteamientos que hicieron diversos diputados, ya sea omitiéndolos total o parcialmente, pese a que se presentaron pruebas suficientes; pero lo otro que no estamos de acuerdo con el informe y lo consideramos contradictorio, consideramos que el informe va en contra de la lógica, es en sus conclusiones. En cada una de las ocho líneas de investigación establece unas conclusiones y les voy a dar unos ejemplos:
En la primera dice: "analizar los resultados de las auditorías internas y externas practicadas a la Conasupo y a sus empresas filiales, así como la revisión de las respectivas cuentas públicas". Y como conclusiones el informe nos dice: lo que corresponde a las filiales Diconsa y Miconsa, los suscritos no consideran conveniente expresar un juicio definitivo al respecto, sino que consideran más adecuado solicitar al Ejecutivo Federal se pronuncie en las investigaciones concemientes de las diversas irregularidades advertidas.
En el punto dos hace prácticamente algunas conclusiones, el punto dos dice: Detectar e investigar las importaciones, adquisiciones y contrataciones de mayor monto de la Conasupo y sus empresas filiales y en las conclusiones establece: en lo que corresponde a la empresa filial Miconsa, esta comisión recomienda al Ejecutivo Federal se profundice en las investigaciones referidas, para el efecto de verificar si existieron irregularidades que dieron lugar a las afectaciones al patrimonio de la entidad.
En el punto cuatro: revisar las operaciones de importación de maíz, específicamente de Estados Unidos, supuestamente contaminado por aflatoxinas, etcétera, vuelve a responder en las conclusiones: "esta comisión estima conveniente proponer al Ejecutivo Federal se realicen las investigaciones y averiguaciones previas correspondientes que permitan el ejercicio de la acción penal en contra de los referidos ex funcionarios, proponiéndose igual trámite tratándose de los señores Oscar Ponciano Aguilar Castañeda, representante de la empresa transportista del producto y Marco Antonio Bareño, representante legal de la empresa vendedora".
Y así vemos que las conclusiones de cada uno de los puntos tiene la misma sugerencia: proponeral Ejecutivo Federal se realicen las investigaciones y averiguaciones previas. Si esta comisión es para que investigue, ¿por qué le está sugiriendo al Ejecutivo que investigue? ¿Que ella no tiene capacidad oara seguir investigando? Si para eso se le nombró, se le nombró para que hiciera las investigaciones, no para que se las pasara al Ejecutivo, entonces no tiene sentido las conclusiones que saca, pues no había necesidad de haber invertido la cantidad de recursos que se le pagó a los diferentes despachos, haber utilizado las horas de asesores de diputados discutiendo, para finalmente decirles que se lo van a pasar al Ejecutivo, porque el Legislativo ya no sigue.
Pero además, no explica por qué. Simplemente les dice que lo turna al Ejecutivo. Esta comisión se formó precisamente para que investigue y aquí nos está diciendo, así concluimos, la lógica nos lo dice, que la investigación no ha terminado, pues está mandando a que siga investigando.
Ahora, nosotros no nos opondríamos a que el Ejecutivo coadyuvara en la investigación que estamos haciendo; no nos oponemos. Creo que los otros poderes pueden coadyuvar para seguir investigando conjuntamente, pero no decir que la investigación se la estamos pasando, que ya ésta no sigue investigando, es decir, no tiene lógica lo que están presentando en el informe.
Y menos aún el hecho que presentan y así lo dice el orden del día, cuando menos la que estuvieron distribuyendo dice: informe de la Comisión Investigadora de la Conasupo. De acuerdo al artículo 93 constitucional, la Cámara de Diputados informará o dará un informe al Ejecutivo, de las investigaciones que haya realizado.
Para que la Cámara le dé ese informe, pues tiene que ser ese informe avalado por la Cámara, no por una comisión, es decir, primero para poder dar ese informe esta Cámara tendrá que aprobar o desaprdbar el infomme que nos están presentando y en caso que lo apruebe, entonces se le turnará al Ejecutivo; de otra manera será la investigación de una comisión, será el informe de una comisión, no el informe de la Cámara de Diputados.
Segundo punto, ellos sugieren aquí, creo que revuelven, no creo, revuelven un infomme con un dictamen que deben de poner a discusión aquí y en él concluyen dice: "consideraciones finales. Segunda, esta comisión solicita a la Cámara de Diputados que en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 93, previo el conocimiento por el pleno de la Cámara, el resultado de las investigaciones contenidas en nuestro informe, se hagan del conocimiento del Ejecutivo Federal".
Insisto, aquí está diciendo que simplemente nos están corriendo la cortesía de pasarnos o de darnos a conocer el infomme.
No, si es un informe de la Cámara, tendrá que ser aprobado por la Cámara primero para que sea de la Cámara.
Y luego, en su primera conclusión dicen: "la razón de que confomme a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones investigadoras se constituyen con carácter transitorio, los trabajos de esta comisión han concluido por haber alcanzado la encomienda constitucional para la que fue creada, como se acredita con el presente informe final y anexo respectivos".
Esto también es una decisión que tiene que tomar el pleno de la Cámara. La comisión investigadora fue creada por disposiciones de laCámara y sus miembros fueron electos por aprobación de la Cámara. Entonces, primero tendríamos que aprobar aquí o ponernos de acuerdo si damos por concluida la investigación o no, es decir, si estos elementos nos permiten que la investigación está concluida o no está concluida.
Segundo: independientemente que esté concluida o no la investigación, debemos definir si ya desaparecemos esta comisión o no la desaparecemos y no que los propios miembros de la comisión se están tomando funciones de ya sentirse desaparecidos.
Yo no sé si se sientan desaparecidos porque ya estén cansados, porque no quieran seguir investigando, pero habemos más diputados que sí queremos seguir investigando más este asunto.
Y, por último, compañeros diputados, si aquí no se sigue el procedimiento lógico legislativo de que vayamos resolviendo cada una de las cuestiones, primero aprobar o desaprobar el informe para que así pueda llevar el respaldo de esta Cámara.
Segundo: si la comisión ya concluyó o no ha concluido.
Tercero: si la comisión desaparece o no desaparece, si simplemente se le quiere dar un fast track, se le quiere pasar rápidamente este trago amargo para muchos diputados del PRI.
Y yo quiero hacerles un reconocimiento en el informe que presentan. Reconocen que hay irregularidades en el manejo de la Conasupo y eso también tenemos que reconocerlo. Tenemos que acreditárselo, que han tenido el valor de estab!ecerlo, pero no estamos de acuerdo en que digan que hay que seguir investigando y por lo tanto lo pasamos al Poder Ejecutivo.
Si se requiere investigar, pues que siga la comisión investigando.
Si estos argumentos no los tomamos en cuenta y, repito, simplemente le damos un trámite, un mayoriteo que se puede dar aquí, ellos, los diputados que hagan esto estarían fomentando, estarían contribuyendo para que en la Conasupo se sigan cometiendo irregularidades en los manejos de los subsidios, se siga alentando la corrupción en esa empresa que tiene unos nobles objetivos y nuestra obligación como legisladores, como representantes del pueblo es evitar que haya desvíos de fondos, es evitar que mientras unos cuantos con los recursos del pueblo se enriquecen y pasan a fommar parte de las listas de los hombres más ricos del mundo, más de 40 millones de mexicanos estén en la pobreza.
Y qué lástima sería para esta legislatura que la próxima o la que viene tuviera que formar otra comisión investigadora, porque ésta no fue capaz de aclarar los malos manejos que hay en la Conasupo.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Horacio Alejandro Gutiénrez Bravo, del Partido Acción Nacional.
El diputado Horacio AIejandro Gutiérrez Bravo:
Muchas gracias, señor Presidente:
Una moción de orden, por favor.
El Presidente:
Esta Presidencia invita a todos ustedes a pasar a ocupar sus lugares y sirvan guardar el orden para permitir se escuche con atención al orador.
El diputado Horacio Alejando Gutiérrez Bravo:
Quiero manifestarles, compañeras y compañeros diputados, que tengo la certeza y la convicción de que todos y cada uno de ustedes, incluso los del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la certeza y la seguridad de que es innegable, incuestionable, indiscutible que en la Conasupo y en sus empresas filiales se manejaron mal, muy mal, indiscriminadamente grandes recursos del pueblo de México.
Las irregularidades cometidas por muchos de sus funcionarios corruptos, ya sea en su propio beneficio o el de sus familiares y amigos, han ocasionado a nuestra nación un daño y un perjuicio patrimonial irreparable. Esto ha traído graves consecuencias económicas y debido a gran parte de ello se han acentuado las diferencias sociales y las pugnas de las cúpulas políticasporelpoderyeldinerosehanencamizado, ocasionando mayor corrupción, impunidad, latrocinio, lavado de dinero, pobreza, en un país cada vez más desordenado, situaciones todas éstas que han debilitado gravemente nuestras instituciones.
Se instauró una comisión especial investigadora que, en principio de cuentas, no tenía toda la documentación necesaria que la Secodadm debió remitirle para estar en aptitud de desarrollar un buen trabajo. Prueba de ello, el informe pericial contable del despacho Barriguete, que claramente refiere no haber contado con la documentación realmente relevante, esto para lograr un resultado totalmente objetivo y no obstante lo anterior, aunque no se discutió incluso dentro del seno de la comisión, tal informe es concluyente e incriminatorio, a diferencia del de Bladinieres, supuestamente más profesional, porque se le pagaron cuatro veces más, y que no obstante que este despacho curiosamente refiere que sí tuvo y pudo haber dispuesto de toda la documentación necesaria y la buena disposición de las autoridades y de la comisión para realizar su trabajo, no hace un análisis real, crítico, de seguimiento de los asuntos, sino que sólo trata burda y manipuladamente de ser exculpatorio.
Igualmente no hubo, por parte del grupo mayoritario en esta comisión, una verdadera voluntad política para profundizar en las líneas de investigación acordadas y llegar a los últimos autores intelectuales de un grandísimo desfalco para la nación.
Para muestra comento los antecedentes referidos con os despachos contables, tanto Barriguete como Bladinieres, respecto precisamente a los magros resultados de las investigaciones realizadas por los entonces funcionarios de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, relativa a las diversas anomalías jurídico-penales que se dieron en el funcionamiento de la Conasupo.
Dentro de nuestro informe que presentaremos al Ejecutivo, señalamos claramente, tanto que en Diconsa, Miconsa y Liconsa, a las denuncias criminales nunca se les dio el seguimiento adecuado.
Concluyo, para no acogemme al beneficio del artículo 103 del reglamento. Tanto en Liconsa, como en Miconsa y Diconsa, se encontró que en la mayoría de las denuncias presentadas, la Secodadm y, como dije en aquel entonces, los funcionarios de la Procuraduría General de la República, no les dieron el seguimiento debido y adecuado para la resolución de las mismas.
No se encontró información en donde se haya demostrado la recuperación de los desfalcos, algunos de ellos incluso continúan en proceso judicial y muchos otros, la mayoría, se han concluido con procedimientos no satisfactorios ni resultados positivos para las empresas.
Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, señor diputado:
Para iniciar la siguiente ronda de oradores, se le concede el uso de la palabra al diputado Javier Alberto Gutiérrez Vidal.
El diputado Javier Alberto Gutiérrez Vidaí:
Muchas gracias, señor Presidente; con su permiso:
Corresponde a este turno de oradores analizar la séptima línea de investigación acordada por la comisión, que se refiere a las desincorporaciones que existieron, sobre todo en las filiales de la Conasupo.
Concretamente me referiré a una, porque lo que encontramos en el infomme que nos presenta el PRI hoy, nos dará pauta también para ser algunas consideraciones finales de nuestra parte. Me referiré exclusivamente a la desincorporación de la planta de Miconsa Atlacomulco.
Efectivamente el informe que se nos presenta el día de hoy, si ustedes tuvieron a bien leerlo, establece la existencia de irregularidades o situaciones que hay que seguir investigando en esa desincorporación.
Pero mañosamente el informe omite infommación fundamental, no fundamentalista efectivamente, infommación fundamental, para que los diputados puedan tener una opinión más adecuada de acuerdo a lo que tuvo la comisión y a lo que contiene el informe.
No dice, por ejemplo el informe, que en la licitación que se hizo para la venta de esta planta de Miconsa, se encontró que una de las tres empresas a las que se invitó a participar en la licitación no existía, reformada con posterioridad a la invitación que se le hizo por parte de las autoridades.
No dice tampoco el informe y si sabe a ciencia cierta la comisión, que la propia Miconsa, las autoridades de Miconsa, aceptan una vez que venden esta planta a la única empresa de las tres que casualmente la que quiso presentar una postura de licitación, no dicen los diputados del PRI, que acepta Miconsa haber tenido una pérdida en la operación de 650 mil 647 pesos de los de ahora.
No dice el informe también que una vez realizada la venta de la planta y formulado un contrato entre Miconsa y Minsa, que fue la empresa compradora, no dice que ese contrato realizado para la comercialización para la maquila de producto de Miconsa, que ahí de entrada habría que preguntamos para qué vende una planta a la cual evidentemente 15 días después demuestra que le era necesaria para sus operaciones. Esto nos da a entender que aquí hay situaciones oscuras y que debemos esclarecer.
No dice que una vez firmado este convenio, que sí dice el despacho de Barriguete en su investigación, que violó diversas disposiciones de la administración pública, se da por rescindido en forma anticipada este contrato de maquila y tampoco dice la comisión o el informe del PRI que por esta terminación anticipada del contrato de maquila convienen las partes; y quiero que quede bien claro, convienen las partes sin que medie juicio de por medio, sino sencillamente un convenio entre los administradores de la empresa paraestatal y la empresa privada, en que Miconsa indemnizaría a Minsa con 2 millones 750 mil pesos, de los de ahora.
Creo yo que esas omisiones hechas a todas luces con la intención de no dejar claro, desde luego a ustedes, diputados, ni a la opinión pública, de la información con la que contó la comisión, desacredita, de entrada, cuando menos en este caso concreto, el asunto éste de la línea de investigación número siete.
Podríamos ampliar aún más las omisiones que hace el informe del PRI, pero para efecto de que los diputados, que se ve que muchos están cansados porque incluso se han retirado del salón de sesiones, para su tranquilidad y si alguien solamente tiene el interés o la curiosidad de saber qué otras cosas se omitieron, ponemos a su disposición el informe del despacho Barriguete, del cual fue rasurado prácticamente a su incorporación al informe final, está a su disposición en la página de Intemet del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para que ustedes sepan la verdad de la Conasupo y sus filiales.
Por otro lado, aprovecharé la oportunidad y el tiempo para dejar claro a los miembros de la bancada del PRI algunas cosas que afirmaron y que creemos que pues los pinta a ellos tal y cual han dado la cara en estos días.
Diputado Mikel, usted dice que se discutieron los asuntos de forma y no de fondo. Perdóneme, pero en éstas, tal vez aproximadamente siete horas de discusión de este punto, los diputados del Partido Acción Nacional han dejado patente que hemos trabajado en el asunto de fondo y que todo lo que pasa es que, bueno, no se quiere ver la realidad y se piensa que son cosas de forma, porque a veces la forma se puede cambiar, pero el fondo, señores, no se debe ocultar.
Adicionalmente a ello, pudiéramos señalar que este mismo diputado, el diputado Mikel, hace en su intervención una profesión de fe al trabajo del procuradorAntonio Lozano Gracia. Y, dice: "no, no, si no se da carpetazo, se va a mandar a la Procuraduría, y ahí está el procurador, que no es de mi partido, que de ninguna manera, dejará las cosas así como están".
Me extraña esta profesión de fe de alguien que representa a su partido, porque aquí hay dos cosas que debemos dejar en claro, no es la misma actitud que asumen ustedes ante el trabajo del procurador en otros temas que se ve que les interesa que sí salgan y, por otro lado, ¿a quién queremos engañar, diputado? El informe como está emitido no le da otra posibilidad al Presiente de la República que enviarlo no a la Procuraduría, diputado, a la Secodadm, con el señor curioso que no quiere ver las cosas, que se dice no ser "tapadera", pero demuestra ser un gran "tapón". Ese shortstop que ustedes tienen en Secodadm será quien determine si procede algo o no para ir a la PGR. Es una realidad, los términos del informe así lo señalan.
El diputado San Román, gracias por las porras... compañeros, el diputado San Román, condena las criticas sin fundamento. Diputado, con todo el respeto que me merece usted, con toda la confianza que hemos logrado tener en más de dos años de trabajar en diversas comisiones, concretamente creo yo que hoy no hemos sido críticos sin fundamento. Espero que usted no se refiera al Partido Acción Nacional, porque en todo caso merecería, si así fuera, una aclaración, para poder rebatir al respecto.
Por otro lado, lo que es más condenable que las críticas llamadas por usted sin fundamento, es la ceguera política, es la ceguera política de no querer ver las cosas que ahí están. No es posible, y me extraña mucho de una persona tan preparada, diputado San Román, me extraña mucho que nos quiera consolar en su participación, diciendo que a final de cuentas la corrupción no es privativa de nuestro país, que esa corrupción existe en todos los países del mundo y que bueno, pues no estamos siendo exclusivos de ello.
Señor diputado, creo que todos recordamos en este momento un dicho popular que dice: "mal de muchos, consuelo de... algunos".
Por otro lado diputados, el diputado Rodríguez y Rodríguez, menciona textualmente: "qué fácil decir verdades a medias". Yo creo que el diputado lo dice por experiencia propia, porque este informe que se nos presenta el día de hoy, dice verdades no a medias, a cachitos, no a tercios, más chiquitos todavía.
Señor diputado: baste revisar en el asunto que se refiere a las filiales de la Conasupo, lo que aquí se señala en este informe que ustedes firmaron, con lo que señala el despacho Barriguete contratado por todos nosotros, al cual también ustedes, desde luego, aceptaron que investigara.
Baste revisar cómo se ómiten, y deciamos al inicio de mi exposición, cómo se van omitiendo asuntos fundamentales que podrán servir para normar criterio de nuestros compañeros diputados. Y eso sí son verdades a medias firmadas por ustedes y avaladas hace algunas horas por toda la diputación priísta. Pero creo yo que esto no es sin fundamento; esto tiene su fundamento en el penúltimo párrafo de la página cuatro del propio informe, diputados de la porra, ahí lo tienen en la mano para que lo vean; ese penúltimo párrafo en sus dos últimos renglones dice claramente, pinta claramente el criterio que asumió el PRI para hacer este informe.
Dice refiriéndose al asunto de la revisión de los documentos por los despachos, dice: "sus planteamientos han sido recogidos en la objetividad y credibilidad que en cada caso estimamos merecen".
Parece ser que para los diputados del PRI, sí merece credibilidad el despacho solapador de Bladinieres y no merece credibilidad el despacho que presentó documentación y un informe serio.
Para su tranquilidad estoy por terminar y en todo caso, diputados, hay un acuerdo de procedimiento para que si nos prolongamos en el tiempo nos acojanos al 103 y desde luego, señor Presidente, si es el caso, lo solicito.
Habríamos de cuestionar fuertemente este documento porque está todavía sin correr trámite una petición de diputados de diferentes grupos parlamentarios e independientes, para que el dictamen se regrese a la comisión para que se siga el desarrollo de la investigación.
Creo yo que está muy clara la situación de que esfe documento no debe ser turnado en sus términos al Ejecutivo porque además de las carencias que ya señalamos que tiene, tiene contradicciones. Vean ustedes lo que dice la página cinco, lo que tiene la página cinco en su ultimo párrafo y lo que tiene la página ocho en su primer párrafo.
La página ocho en su primer párrafo en lo relativo a la primera línea de investigación referente a las auditorias internas y externas, así como la revisión de la Cuenta Pública, dice: "...por lo que toca a la revisión de las respectivas cuentas públicas, los despachos asesores advirtieron que: "en el periodo..." etcétera. ¿Qué advirtieron los despachos, señores? ¿Qué advirtieron los despachos? ¡Señores! Los despachos, y lo dice el mismo documento, no advirtieron nada sobre los informes de la Contaduría Mayor de Hacienda. No pudieron haber advertido algo porque el despacho Barriguete no tuvo la información y el despacho Bladinieres, y lo señalamos en la primera intervención de esta tarde, el despacho Bladinieres no fue contratado para ello, a pesar de ser acuerdo unánime de la comisión.
Luego entonces, señores, este documento ha quedado evidenciado con grandes lagunas que atribuimos al PRI. Este documento que no contiene todo lo que debiera de tener y que además decimos, tiene contradicciones también en este momento, viendo los documentos, podemos afirmar que tiene mentiras, mentiras a las cuales se acogieron nueve diputados de su partido, señores del PRI y firmaron el documento; mentiras las cuales están apoyando ustedes y que a final de cuentas ustedes serán partícipes.
Creo yo que la seriedad de esta Cámara merece un poco más de respeto y no podemos enviar al Ejecutivo un documento que se contradice y que a todas luces, porque además es anexo de este informe, el informe de los despachos, quedará evidenciado que contiene mentiras para su aprobación.
Gracias, señor Presidente.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Salgado.
El diputado Fernando Salgado Delgado:
Señor Presidente; diputadas; diputados:
Hablaré también alrededor de la desincorporación de la planta de Miconsa en Atlacomulco y tengo que decir que concuerdo con algunos de los dichos en relación a este tema, por el diputado que me antecedió en el uso de la palabra.
Esta planta surge a raíz de un convenio de asociación industrial para la instalación de una productora de maíz en 1983. Esto, entre la Conasupo y el gobierno del Estado de México. Se constituye en 1984, entonces, Miconsa Atlacomulco, S.A. de C.V. Esta, con el propósito de contribuir a la modernización de la industria del maíz-tortilla, fabricando harina de nixtamal, tomando como materia primera básicamente el maíz producido en el Estado de México. Las ventas, y éste es un punto importante por lo que sucedió después, las ventas de esta productora se hacían directamente a través de sus agentes a molineros y tortilleros. Estos agentes eran empleados de la propia empresa.
En 1988 se propone la transferencia de las acciones de la Federación al gobierno del Estado de México, que lo acepta en 1990. Para su desincorporación y aquí es donde entramos al punto toral del tema, para su desincorporación se realizó una licitación por invitación, en la que participaron tres empresas: Cavlex S.A. de C.V.; Abastos Especializados, que finalmente es la que gana la licitación, y Promotora Empresarial Toluca, S.A. de C.V.
La licitación, así como actos posteriores, tuvieron asuntos que no, efectivamente, no quedan absolutamente claros en su ejecución. Y efectivamente y en los anexos que forman parte del informe, se reconoce, de acuerdo con nuestro despacho asesor, se reconoce que Miconsa tuvo una pérdida, y esto consta en los estados financieros, en la cantidad que dijo el diputado que me antecedió: 615 mil 647 pesos.
La Empresa Abastos Especializados, constituida apenas unos meses atrás, esto en julio de 1990, tres meses quizá antes de comprar Miconsa Atlacomulco, resulta que es una empresita que tiene un capital social de 5 mil pesos, más del 90% de esto, de acuerdo a lo que consta en el anexo, también, propiedad de un solo señor.
En la licitación y como lo decía también mi compañero, otra de las invitadas, Promotora Empresarial Toluca, resulta que primero es invitada a la licitación y cinco días después de invitada a la licRación es constituida. Acto evidentemente absurdo. ¡El 5 de octubre de 1990 recibe, no sabemos donde, las bases de la licitación esta empresa y se constituye el día 10, cinco días después! El 1O. de noviembre queda formalmente concluida la operación y 15 días después, el 15 de noviembre de 1990, con la nueva razón social Minsa-Atlacomulco, S.A. de C.V., fimma un contrato de maquila con Maíz Industrializado Conasupo, S.A. de C.V., en donde ya no iba a tener necesidad esta empresa productora de tener agentes que vendieran su producto a detalle a nixtamaleros, a molineros, sino que aseguraba la venta de su producto mediante Miconsa, por un contrato a todas luces leonino y a todas luces fuera del marco de la ley ya que aplicaba este contrato penas convencionales a Miconsa en el caso de incumplimiento. Que incumplimientos se dieron muchos durante sucesivos meses de operación de este contrato de maquila.
La empresa que compró esta planta asumió con la compra de la planta asumió con la compra de la planta un adeudo que tenía ésta. Pero muy curiosamente este adeudo se empieza a pagar, este adeudo se comienza a pagar con lo producido con su mercado cautivo a través de este convenio.
Poniendo condiciones para las penalidades de que en caso de no suministrar maíz ni material de empaque o cuando Miconsa no retirara el producto de los almacenes y que éstos estuvieran rebasados en su capacidad de almacenaje. Este convenio de referencia por sus características estaba, se encontraba obviamente al margen de la ley, pues de acuerdo al reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, en ningún caso se acepta la estipulación de penas convencionales. En ningún caso ninguna enUdad pública acepta la estipulación de penas convencionales a las que los sometan contratos con empresas privadas.
Todo esto, compañeras y compañeros, todo esto, diputadas y diputados, se encuentra perfectamente consignado en el informe. Pero además lo que se omita en el informe por cuestiones de espacio, por cuestiones de forma, está perfectamente contenido en los anexos que forman parte, por supuesto, de este informe.
Adicionalmente a esto tenemos que decir, adicionalmente a esto tenemos que decir que forma parte también del infomme las posiciones, como se dijo hace ya algunas horas, que los diversos partidos políticos vinieron a verter al respecto.
Esto da, como lo dijera un diputado que me antecedió, esto da la nitidez, esto sienta un precedente porque primero se está pidiendo sobre hechos claros y nítidos como éste, que se finquen ya las responsabilidades penales, civiles, que se finquen las responsabilidades juridicas a las que haya lugar y que se ejerza acción sobre los responsables. ¡Que sean las autoridades pertinentes las que lo hagan!
¡Por primera vez en una comisión de esta naturaleza, lo dijo la diputada Guerra, se está pidiendo una accion de esta naturaleza:
Queremos entonces que esta investigación, con los resultados que a la vista tiene, con la claridad que tiene, tenga ya también consecuencias jurídicas de parte de las autoridades pertinentes. Este es un esfuerzo del Congreso, éste es un esfuerzo que la Cámara de Diputados ha hecho durante muchos meses y que tenemos que ver cristalizado en acciones específicas de 13 autoridad correspondiente.
Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado Esta Presidencia infomma que habiéndose agotado la participación de los oradores sobre el asunto en cuestión, el siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de Ley de Protección al Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan el Derecílo Intemacional.
Señor diputado.
El diputado Alejandro González Alcocer (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra para hacer una moción.
El Presidente:
Para una moción tiene usted la palabra.
El diputado Alejandro González Alcocer:
Gracias; con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Yo creo que aquí debe tomarse la resolución concreta sobre este informe que se ha venido discutiendo por los grupos parlamentarios y que está sometido a la discusión tan larga de este día, con base en un cuestionamiento y a un fundamento constHucional, porque yo creo que antes de seguir con otro punto se debe dar trámite a este asunto tan espinoso.
En primer lugar, creemos nosotros que el articulo 93 en su tercer párrafo es claramente un derecho para las minorías el establecer las comisiones de investigación, como en el caso de la Conasupo; que fundamentalmente tiene dos propósHos esta reforma que se hizo en 1977: una es el derecho de las minorías a formar las comisiones de vigilancia por una cuarta parte de los miembros de esta Cámara y la otra, que está fundamentada en la exposición de motivos de la refomma de 1977, para equilibrar a la administración pública con el Poder Legislativo, ése fue el propósito del legislador de crear este tercer párrafo del artículo 93.
Luego entonces, quiero adverir que éste es un derecho de las minorías, como en el caso concreto, la cuarta parte o más de los diputados fue la que creó, la que formó, la que exigió el cumplimiento de esta Comisión Investigadora de la Conasupo. Entonces, no es posible el que la mayoría cancele un derecho de la minoría que está consagrado en la ConstHución, porque entonces caeríamos en un absurdo de que cualquier comisión que se creara, si quiere la mayoría al día siguiente pues ya no funciona; esto es un derecho para las minorías y asi lo exigimos.
Por lo tanto, señor Presidente, además de que este tercer párrafo del 93 de la Constitución no está reglamentado, lo único que existe es..., en la Ley Orgánica hay una mención, yo quiero advertirle que de acuerdo al artículo 46 las comisiones de la Ley Orgánica del Congreso General, las comisiones de investigación, las jurisdiccionales, las especiales, se constHuyen con caráctertransHorio, funcionan en los términos constitucionales y legales; esto es lo único que hay sobre estas comisiones.
Luego entonces, señor Presidente, si usted da un tumo diferente a este infomme, que violente el derecho constitucional consignado aquí en el artículo 93, pues estaría usted violando la ConstHución y el Reglamento.
Nosotros no nos oponemos a que el informe que se presenta se turne con carácter de preliminar al Ejecutivo, no nos oponemos a que con ese carácter se haga. A lo que sí nos estamos oponiendo es a que desaparezca la Comisión de la Conasupo, porque existen lineas de investigación pendientes que han estado señalando aquí los partidos de oposición durante todo este día y esas líneas de investigación no pueden quedar inconclusas, tenemos que terminarlas.
Y en todo caso pediria yo a la Presidencia que el informe, una de dos, o se elimina la consideración final primera, en donde dicen que la comisión se termina o, segundo, que se sujete a la consideración de la Comisión de Régimen Intemo y Concertación Política, para que sea ella la que proponga al pleno el caso de temminarse las investigaciones, las líneas de investigación, a este pleno, para que así lo apruebe cuando esto suceda, si es que sucede antes del término de nuestro mandato. Esa es una aclaración de procedimiento que yo le pido al señor Presidente resuelva en este momento.
Muchas gracias.
El Presidente:
Con todo gusto, señor diputado:
Me permito recordarle a la Asamblea que al término de la fijación de posiciones esta Presidencia en los términos del artículo 93 constitucional, recogió la propuesta a los grupos parlamentarios e instruyó a la Secretaría se anexaran las posiciones hechas por los mismos al infomme que en su momento sería remitido al Ejecutivo Federal. Está recogida la primera parte de su solicitud.
En lo concerniente a la segunda parte de su propuesta, túrnese a la comisión de Régimen Intemo y Concertación Politica, para que decida lo procedente.
Señor diputado Víctor Quintana.
El diputado victor Manuel Quíntana Silveyra (desde su curul):
¿El turnar a la Comisión de Régimen Intemo y Concertación el asunto del infomme significa por lo tanto que la comisión sigue viva.
El Presidente:
Señor diputado:
La propuesta del que le antecedió en el uso de la palabra es tumarla a la Comisión de Régimen Intemo para que presente al pleno lo conducente.
El diputado victor Manuel Quíntana Silveyra (desde su curul):
Entonces, señor Presidente, no responde a la pregunta, ¿sigue viva la Comisión Investigadora de la Conasupo, sí o no.
El Presidente:
Se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Politica en el entendido de que determinará la propia comisión una propuesta, pero sigue viva, señor diputado, si es el término concreto.
El diputado victor Manuel Quíntana Silveyra (desde su curul):
Eso es, ¿sigue viva.
El Presidente:
Respondida su respuesta, túmese a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
El siguiente punto del orden del día.
El diputado victor Manuel Quíntana Silveyra (desde su curul):
Es que no nos ha contestado.
El Presidente:
Le contesté, señor diputado, que sigue viva y que se turno a la Comisión de Régimen Intemo y Concertación Política.
LEY DE PROTECCION AL COMERCIO Y LA INVERSION DE NORMAS EXTRANJERAS QUE CONTRAVENGAN EL DERECHO INTERNACIONAL
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de Ley de Protección al Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que contravengan el derecho intemacional.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y se ha distribuido entre los diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Agustin Mauro Jordán Arzate:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
«Comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Comercio.
Honorable Asamblea: a las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Comercio correspondientes a la LVI Legislatura de la Cámara de Diputados fue tumada por el Senado de la República, para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de ley denominada: "Ley de Protección al Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan el Derecho Internacional".
Con fundamento en los artículos 71 fracción ll y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 42 43 fracción ll, 48, 56 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55, 56, 60, 87, 88, 93 y demás relativos aplicables del Reglamento para el Gobiemo Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, estas comisiones unidas se abocaron al estudio y análisis de la minuta enviada por el Senado, labor de la que se da cuenta en el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes
ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES
El Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, por ley tiene atribuciones que lo facultan para garantizar la seguridad e integridad de la nación y asegurar a todos los mexicanos la protección invariable de las leyes y de la soberanía.
Es principio universalmente admitido que las normas que emanan de las autoridades competentes de un Estado se aplican a todas las personas, actos y hechos jurídicos ubicados o celebrados en los limites del territorio del mismo y que ciertas normas que forman parte del estatuto personal de los individuos siguen a estos aun cuando se encuentren fuera de su territorio.
En el primer caso se habla del ámbito espacial de las leyes y su aplicación se determina por los limites de su territorio. En el segundo, se habla del estatuto personal de los individuos (status jurídico) que rige su conducta estén o no dentro de los limites del territorio del Estado del cual emanan las normas. Por eso se dice que la competencia legislativa internacional de un Estado esta determinada por su territorio y por sus nacionales.
En contraposición, en algunos países se han gestado leyes que pretenden tener carácter extraterritorial y se apartan de las normas internacionales, en virtud de que su ámbito de aplicación no se limita al territorio de su Estado, sino que pretende tener vigencia en territorio de terceros países y tampoco se limitan a regir la conducta de sus nacionales, sino que pretenden regir la conducta de los ciudadanos de otros países, lo cual es inadmisible.
En consecuencia, es procedente que el Estado mexicano establezca normas que protejan las inversiones y el comercio de los nacionales de estas pretensiones extraterritoriales y preserven la soberanía nacional y las libertades de comercio y de transito que gozan los mexicanos.
El 5 de septiembre de 1996, la Cámara de Senadores recibió iniciativa con proyecto de Ley que Protege el Comercio y la Inversión suscrita por el Presidente de la República, doctor Ernesto Zedillo Ponce de León y un grupo de senadores encabezados por los coordinadores de las fracciones parlamentarias representadas en el Senado, iniciativa que fue turnada a las comisiones de Relaciones Exteriores, de Comercio, de Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Cuarta Sección, del Senado de la República.
Las comisiones unidas de este cuerpo colegiado convocaron a los diputados miembros de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Comercio a una reunión de conferencia que tuvo lugar el martes 17 de septiembre. En esta reunión participaron también funcionarios de la Secretaria de Relaciones Exteriores y de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial.
El intercambio de opiniones, puntos de vista y precisiones jurídicas entre los senadores y los diputados, permitieron establecer modificaciones que enriquecieron el proyecto de ley original.
Cabe mencionar que la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados presentó en la conferencia un documento que contenía sugerencias, reflexiones y propuestas respecto al citado proyecto de ley; ademas de los puntos de vista expresados por los diputados de los diferentes grupos parlamentarios, a fin de contribuir a dar una mayor riqueza a la ley.
La iniciativa de ley reafirma que México se ha conducido siempre frente a los demás países en congruencia con los postulados del derecho internacional y con estricto apego a los principios que dicho orden jurídico establece; que nuestro país promueve y conduce sus intercambios comerciales y de inversión conforme a las normas internacionales que emanan del consentimiento soberano de los estados. Se señala también que la libertad de comercio y de inversión es uno de los aspectos que actualmente reviste mayor importancia para nuestro país en su desarrollo, como nación y miembro de la comunidad internacional; libertad que ha sido consagrada en nuestra Constitución Política, al igual que en la carta de las Naciones Unidas y en la carta de la Organización de los Estados Americanos.
En consecuencia, México, en acatamiento del Derecho Internacional y en ejercicio de su propia soberanía, rechaza todo intento por parte de otras naciones de aplicar, extraterritorialmente, disposiciones jurídicas que afecten sus intercambios comerciales y de inversión con los demás países y, por lo tanto, vayan en detrimento de sus intereses y de las personas que estén bajo su jurisdicción.
Por su parte, el dictamen contenido en la minuta del Senado hace consideraciones sobre las relaciones existentes entre los diversos países para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y señala como un obstáculo que preocupa a la comunidad internacional las iniciativas convertidas en leyes por el Congreso de los Estados Unidos de América conocidas como Torricelli, Helms-Burton y D'Amato-Kennedy, así como cualesquiera otras que sean aprobadas por algún otro país, que de manera arbitraria pretenden poner bajo su jurisdicción a personas, empresas y funcionarios de países soberanos en flagrante violación del derecho internacional.
Señala el dictamen de los colegisladores que la comunidad nacional e internacional han visto con honda preocupación y han expresado su completo rechazo a este tipo de leyes de pretensión extraterritorial; México ha sostenido una actitud congruente en foros multilaterales, en la Asamblea General de la OEA en la que prácticamente por unanimidad se condenó la extraterritorialidad de las leyes, al igual que hicieran los presidentes del grupo de Río en Cochabamba, Bolivia, el pasado día 4 de los corrientes. El Comité Jurídico Interamericano de la OEA integrado por un grupo de juristas expertos en derecho internacional adoptó también una postura de rechazo. Estas leyes, además, se confrontan con marcos jurídicos de carácter internacional en materia comercial, concretamente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la Organización Mundial de Comercio.
Cabe agregar que el rechazo enérgico a este tipo de leyes ha sido expresado, además de México, por Canadá, la Unión Europea, el bloque del Asia-Pacífico, Europa Central, Rusia y China, reacción a la que se sumó también el parlamento latinoamericano.
Los miembros, de las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y Comercio de la Cámara de Diputados que suscriben este dictamen, se reunieron para analizar y discutir la minuta turnada por el Senado de la República sobre esta ley.
Las comisiones unidas coincidieron en destacar que la importancia de la ley estriba, además de que sienta precedente en materia de protección al comercio y la inversión, en que recoge a su vez el criterio de los legisladores, quienes consideran de gran trascendencia la respuesta que este Poder Legislativo otorgue de acuerdo con el mandato de nuestra Constitución a cualquier intento de vulnerar nuestra soberanía, los principios de libertad, de comercio y de tránsito, así como a todos aquellos contenidos en el derecho internacional.
En la reunión de las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y Comercio, esta última, al examinar de manera detallada la minuta del Senado, reconoció que las comisiones unidas de la colegisladora tomaron en cuenta algunas propuestas que se concretaron en modificaciones a los artículos 20., 60. y 9o. y aun cuando algunas otras no fueron consideradas, los miembros de esta comisión aceptaron el texto de la minuta en aras de lograr el consenso necesario para la debida aprobación de la iniciativa.
Las señoras y los señores legisladores destacaron que esta ley es un avance importante que fortalece las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, al mismo tiempo que permite construir una política exterior de consenso en asuntos relacionados con la tradición histórica de nuestro país en la materia y la defensa de los principios básicos del derecho internacional.
La determinación de las comisiones unidas es legislar para evitar la aplicación de leyes con pretensiones extraterritoriales y establecer en esta ley la defensa de un principio primordial para los mexicanos y los pueblos del mundo, el principio del respeto a la soberanía nacional.
Los integrantes de las comisiones unidas consideran, por lo tanto que la minuta del Senado debe aprobarse, en virtud de que además de haber sido suscrita por el Ejecutivo y los coordinadores de las fracciones representadas en el Senado de la República, ha merecido también el consenso unánime de los representantes de todos los partidos políticos que forman parte de esta LVI Legislatura de la Cámara de Diputados.
En consecuencia proponemos se apruebe la siguiente
LEY DE PROTECCION AL COMERCIO Y LA INVERSION DE NORMAS EXTRANJERAS QUE CONTRAVENGAN EL DERECHO INTERNACIONAL
Artículo 1o. Se prohibe a las personas física o morales, públicas o privadas que se encuentren en el territorio nacional, a aquéllas cuyos actos ocurran o surtan efectos total o parcialmente en dicho territorio, así como a aquellas que se sometan a las leyes mexicanas, realizar actos que afecten el comercio o la inversión, cuando tales actos sean consecuencia de los efectos extraterritoriales de leyes extranjeras.
Se entenderá que una ley extranjera tiene efectos extraterritoriales que afectan el comercio o la inversión de México, cuando tenga o pueda tener cualesquier de los siguientes objetivos:
I. Que pretenda imponer un bloqueo económico o incluso limitar la inversión hacia un país para provocar el cambio en su forma de Gobierno.
II. Que pemmita reclamar pagos a particulares con motivo de expropiaciones realizadas en el país al que se aplique el bloqueo.
III. Que prevea restringir la entrada al país que expide la ley como uno de los medios para alcanzar los objetivos antes citados.
Artículo 2o. Queda prohibido a las personas mencionadas en el artículo 10. de esta ley, proporcionar cualquier información, por cualquier medio, que le sea requerida por tribunales o autoridades extranjeros, con base en las leyes extranjeras a que se refiere el artículo 10.
Artículo 3o. Las personas afectadas deberán informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, de aquellos casos en que:
I. Pudieren verse perjudicadas en sus actividades o inversión, por los efectos de las leyes extranjeras a que se refiere el artículo 10.:
II. Reciban requerimientos o notificaciones, emitidos con base en las leyes extranjeras a que se refiere el artículo 10.
Artículo 4o. Los tribunales nacionales denegarán el reconocimiento y ejecución de sentencias, requerimientos judiciales o laudos arbitrales, emitidos con base en las leyes extranjeras a que se refiere el artículo 1o.
Artículo 5o. Quienes hubieren sido condenados al pago de una indemnización mediante sentencia o laudo emitido con base en las leyes extranjeras a que se refiere el artículo 10., tendrán derecho de demandar ante tribunales federales, el pago por parte del demandante del juicio en país extranjero:
I. En concepto de daño y como suerte principal, la cantidad establecida en la sentencia o laudo extranjero:
II. Los perjuicios ocasionados, así como los gastos y las costas judiciales respectivos.
Artículo 6o. Los tribunales nacionales de conformidad con la legislación aplicable, podrán homologar y ejecutar, en su caso, las sentencias o laudos emitidos en el extranjero, que condenen a indemnización, pago de daños y perjuicios, así como gastos y costas; a una persona que a su vez hubiere obtenido un beneficio económico derivado de una sentencia o laudo emitidos con base en las leyes extranjeras a que se refiere el artículo 10.
Artículo 7o. La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial asesorarán a las personas que se vean afectadas por la aplicación de las leyes a que se refiere el artículo 1o.
Artículo 8o. La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en sus respectivas competencias, quedan facultadas para emitir criterios generales de interpretación de esta ley.
Artículo 9o. Sin perjuicio de las responsabilidades de carácter civil, penal o de otra índole que puedan generarse por la violación de los artículos 10., 20., y 3c., la Secretaría de Relaciones Exteriores podrá imponer al infractor, las sanciones administrativas siguientes:
I. Por violación al primer párrafo del artículo 10., multa hasta por 100 mil días de salario mínimo diario general, vigente en el Distrito Federal.
II. Por violación al artículo 20., multa hasta por 50 mil días de salario mínimo diario general, vigente en el Distrito Federal.
III. Por violación al artículo 30., con amonestación. Si se trata de la segunda infracción, Multa hasta por 1 mil días de salario mínimo diario general, vigente en el Distrito Federal.
En caso de reincidencia, se aplicará multa hasta por el doble del límite máximo de la sanción que corresponda.
La Secretaría de Relaciones Exteriores fijará el monto de la sanción, considerando las circunstancias pertinentes del infractor y el grado en que resulten afectados el comercio o la inversión, según la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
El procedimiento de imposición de las sanciones administrativas se regirá por la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.
TRANSITORIO
Único. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados, a 25 de septiembre de 1996.--Comisión de Relaciones Exteriores.--diputados: Augusto G6mez Villanueva, presidente; Alejandro Diaz y Pérez Duarte, Carlos Flores Vizcarra, Cuauhtémoc Sandoval Ramirez, Claudia Ezqueda Llanes; Alejandro Moreno Berry, secretarios; Luis Garfias Magaña, Alejandro Rojas Díaz-Durán, Carlos Alfonso Reta Martinez, Miguel Angel Garcia García, Lorenzo Chávez Zavala, Alejandro Torres Aguilar, Femando Orihuela Carmona, Emilio Solorzano Solis, Pindaro Urióstegui Miranda, José Hernández Fraguas, José Manuel Garcia Garcia, Pablo Moreno Cota, Alfonso Molina Ruibal, Eustasquio de Le6n Contreras, Ignacio Ovalle Fernández, Augusto César Leal Angulo, Maria Guadalupe Cecilia Romero Castillo, Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca, Luis Felipe Mena Salas, Consuelo Botello Trevino, Mara Nadieshda Robles Villasenor, Rosa Maria Cabrera Lotfe, Ysabel Molina Warner, Adolfo Aguilar Zinser. Comisión de Comercio: diputados: Jorge Ocejo Moreno; presidente, Carlota Vargas Garza, Zeferino Galindo Torreblanca, Audomaro Alba Padilla; Emma Muños Covarrubias, secretarios: Tonatiuh Bravo Padilla, Jorge Adolfo Cejudo Diaz, Carlos Chaurard Arzate, César Antonio Chávez Castillo, Netzahualc6yoU de la Vega, Alejandro Diaz y Pérez Duarte, Julio Felipe Garcia Castañeda, Guillermo A. G6mez Vega, Luis F. González Achem, Rafael Jacobo Garcia, Luis Manuel Jiménez Lemus, M6nica G. Leñero Alvarez, Walter A. León Montoya, Guillermo A. Lujan Peña, Ricardo Menéndez y Haces, Pedro Morales Somohano, José Noé M. Moreno Carbajal, Lauro Norzagaray Norzagaray, Carlos Nuño Luna, Miguel Ortíz Jongitud, Luis Rico y Samaniego, Hugo F. Rodriguez Martinez, Gustavo Salinas Iñiguez, Alfredo Valdez Gaxiola y Joaquin Vela González.»
Es de primera lectura.
El Presidente:
Gracias, señor Secretario.
MESA DIRECTIVA
El Presidente:
Señoras diputadas y diputados se va a proceder a la elección de la mesa directiva para el mes de octubre del primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de esta legislatura.
Se ruega a los diputados pasen a depositar su cédula al escuchar su nombre.
La secretarla María Concepción Huerta Salgado:
(Votación.)
La Secretaria da cuenta con las siguientes votaciones: 10 diversas planillas y 324 votos para:
Presidente: Carlos Humberto Aceves del Olmo; vicepresidentes: Efrén Leyva Acevedo, Horacio Alejandro Gutiérrez Bravo, Edgar Sánchez Ramírez, Serafín Núñez Ramos; secretarios: Primo Quiroz Durán, Fernando Jesús Rivadeneira Rivas, Mario Rosales Anaya, Rosa Maria Cabrera Lotfe; prosecretarios: Sabino González Alba, José Jesús Durán Ruiz, Severiano Pérez Vázquez y Alfonso Primitivo Rios Vázquez.
El Presidente:
En consecuencia, esta Presidencia declara que han sido electos para integrar la mesa directiva que funcionará durante el mes de octubre, del primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LVI Legislatura, los siguientes diputados:
Presidente: Carlos Humberto Aceves del Olmo; vicepresidentes: Efrén Leyva Acevedo, Horacio Alejandro Gutiérrez Bravo, Edgard Sánchez Ramirez, Serafln Núñez Ramos; secretarios: Primo Quiroz Durán, Fernando Jesús Rivadeneira y Rivas, Mario Rosales Anaya, Rosa María Cabrera Lotfe; prosecretarios: Sabino González Alba, José Jesús Durán Ruiz, Severiano Pérez Vázquez y Alfonso Primitivo Ríos Vázquez.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
El Presidente:
Proceda la Secretaria a dar lectura al punto de acuerdo suscrito por las cuatro fracciones parlamentarias de la LVI Legislatura.
El secretario Heriberto Tomaz Lizárraga Zataraín:
Se va a dar lectura a un punto de acuerdo de las cuatro fracciones parlamentarias de la LVI Legislatura.
«PUNTO DE ACUERDO
Rechazamos las declaraciones del embajador de los Estados Unidos de América en México, James Jones, a la prensa nacional, por considerar que son una intromisión en los asuntos que sólo a los mexicanos compete.
La firman los diputados: Aurelio Marín Huazo, Tarcisio Navarrete,; Consuelo Botello, de Acción Nacional; Tonatiuh Bravo, por los cinco diputados Ciudadanos; Rosa María Cabrera Lotfe, Jesús Ortega Martínez, Cuauhtémoc Sandoval, PRD; Javier González Garza, el PT; Alejandro Moreno Berry.»
El Presidente:
Gracias, señor Secretario.
CARTERAS VENCIDAS
El Presidente:
Para presentar una proposición en relación al problema de carteras vencidas, a nombre de la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, tiene la palabra el diputado Jorge Meade Ocaranza.
Punto de acuerdo en relación al problema de las carteras vencidas.
El diputado Jorge Armando Maede Ocaranza:
Los diputados abajo firmantes sometemos al pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el siguiente punto de acuerdo:
CONSIDERANDO
1o. Que la Cámara de Diputados es altamente sensible a los problemas de las carteras vencidas que afectan, a miles de ciudadanos y empresas:
2o. Que a pesar de los signos de recuperación económica en algunos indicadores macroeconómicos, la recuperación de la economía nacional aún no llega a las familias y a las empresas en general:
3o. Que a pesar de los avances que ha habido en la reestructuración de las carteras vencidas, todavía quedan pendientes miles de casos en los que no se ha regularizado la situación de los usuarios de crédito frente a las instituciones otorgantes del mismo, situación no imputable a los deudores sino a las condiciones de crisis que siguen prevaleciendo:
4o. Que cada vez con mayor énfasis la sociedad, el Gobierno y las instituciones públicas y privadas privilegian la vía del diálogo y la concertación para resolver las diferencias:
5o. Que el problema de las carteras vencidas responde a los aspectos estructurales de la economía y, en consecuencia, ningún remate o adjudicación, por importante que sea o globalmente considerados todos los casos, resolverán de raíz os problemas que enfrenta el aparato productivo.
«PUNTO DE ACUERDO
Único. Hacer un exhorto a las instituciones bancarias en general, a los usuarios de crédito y a todas las partes involucradas en los juicios mercantiles, para extender una nueva tregua o suspensión temporal de las acciones judiciales, hasta en tanto no existan las condiciones económicas para el cumplimiento pleno de los compromisos pactados entre las instituciones de crédito y los usuarios del mismo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 1996.--Diputados: por el PRI, Ofelia Casillas, Carlos Chaurard, Reberto Campa, Ricardo Padilla, Jorge Meade; por el Partido Acción Nacional, Ricardo García Cervantes, Jorge Ocejo, Miguel Hemández Labastida, María del Carmen Segura; por el Partido de la Revolución Democrática, Víctor Manuel Quintana, Everardo Martínez, Graciela Rojas, Armando Quintero, Salvador Martínez Della Rocca e Ifigenia Martínez Hernández.
Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado.
ANIVERSARLO DE LA INDEPENDENCIA
El Presidente:
Para una intervención sobre el aniversario de la consumación de la Independencia en México, tiene la palabra el diputado José de Jesús Sánchez Ochoa, del Partido Acción Nacional
El diputado Jose de Jesús Sánchez Ochoa:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Gracias a los pocos que permanecen aquí, me honran con su permanencia y espero no defraudarlos al externar y compartir con ustedes las siguientes reflexiones:
Este recinto ha sido testigo a través del tiempo y en numerosas ocasiones, de nuestra naturaleza ceremonial, pues con nuestras celebraciones, hemos puesto de manifiesto que el celebrar es parte de nuestra existencia humana, porque con esas manifestaciones externas, nos relacionamos con el mundo y con nuestros semejantes.
Los solemnes regocijos mediante los cuales conmemoramos los grandes momentos de nuestra historia personal y comunitaria, aligeran las tensiones de nuestra convivencia y fortalecen la identidad de nuestro espíritu.
Nuestro calendario cívico, pletórico de celebraciones, es un antídoto a la rutina de nuestra vida en el campo y la ciudad, al romper la monotonía de nuestra convivencia urbana y rural.
Los mexicanos, al conmemorar hace 10 días el inicio de la guerra de Independencia y al conmemorar mañana la consumación de la misma, ponemos de manifiesto nuestra tendencia a trascender nuestro espacio y nuestro tiempo; recordamos el pasado para mirar hacia nuestro futuro.
Celebramos estas fechas históricas con gritos, luces, desfiles y arengas, para comunicarnos con el tiempo, con la naturaleza y con nuestros semejantes, con toda la fuerza y solemnidad que nos es posible, para reafirmar de manera fehaciente nuestra pertenencia a una patria e historia común.
Mediante esos festejos le gritamos al mundo que la voluntad de nuestros ancestros, anónimos y héroes, es nuestro querer. Ellos quisieron vivir una nación soberana, en una nación soberana y también nosotros queremos; ellos buscaron la paz y nosotros nos esforzamos por conservarla; ellos lucharon por la justicia y nosotros también lucharemos por alcanzarla; nosotros como ellos estamos seguros que la acción humana no se agota en actividades económicas ni en la adquisición de conocimientos científicos ni en el desarrollo de habilidades técnicas.
Nosotros como ellos, queremos también configurar nuestra vida mediante la celebración de los principales momentos de nuestra existencia, mediante la memoria sobre los acontecimientos más importantes de nuestra vida nacional.
Mañana, cuando conmemoremos un aniversario más de la consumación de nuestra Independencia nacional, estaremos recordando el fin de un proceso sangriento y difícil y el inicio de una nueva etapa de nuestra vida nacional hace ya 175 años.
La celebración de tan singular acontecimiento no ha de condicionarnos en manera alguna a situaciones ya superadas, pero sí ha de arrojar luz sobre nuestro presente, de manera que nos guíe a la construcción de un futuro mejor para nuestro pueblo.
Todas las naciones de la Tierra conmemoran con la máxima solemnidad sus días fundacionales. El 27 de septiembre de 1821 fue para México su día fundacional y por ello merece nuestro gozoso y solemne recuerdo.
Los mexicanos celebrarnos con mayor intensidad, calor y entusiasmo, el comienzo de la lucha por nuestra Independencia que la culminación de la misma. Normalmente las comunidades humanas dan más esplendor a la celebración en sus recuerdos del día de la culminación de un proceso histórico que al recuerdo de su iniciación.
Independientemente de estas valoraciones, quiero respetuosamente invitar a los pocos diputados presentes para que reflexionemos sobre algunos significados históricos del día 27 de septiembre de 1821.
En ese día los habitantes de la centenaria Ciudad de México contemplaron por primera vez nuestra bella Bandera Nacional. Desde entonces, miles de veces las multitudes de mexicanos nos hemos emocionado al ver ondear la Enseña Nacional sobre nuestras plazas, vías públicas, escuelas y templos.
Agustín de Iturbide al crear nuestra sacra Bandera supo hacerla símbolo de nuestra historia, inspiración de nuestros anhelos y lazo de unión para nuestras luchas y realización de nuestros esfuerzos en pro del bien común nacional.
Quienes dieron culminación a nuestra lucha independentista comprendieron que para hacer viable la consecución de nuestros grandes objetivos era necesario primar la política en nuestro quehacer nacional. Reconocer ese primado equivalió a tener la capacidad para dialogar y negociar con autenticidad, para construir la unidad nacional necesaria para consumar y cimentar la Independencia nacional.
El diálogo auténtico entre contrarios, insurgentes y antiguos realistas, generó la unidad de propósitos y permitió a Agustín de Iturbide acordar con Juan O'Donojú los Tratados de Córdoba, bajo cuyos términos Francisco Novela, mariscal de campo y comandante del ejército español en la colonia, Juan O'Donojú, nuevo Virrey y Agustín de Iturbide, comandante en jefe del Ejército Trigarante, en una entrevista realizada el día 13 de septiembre en la hacienda La Patera, cercana a la Villa de Guadalupe, acordaron los detalles para la resignación del poder metropolitano en la Nueva España independiente.
Sólo el diálogo y la negociación pudieron acallar el estruendo de las armas y acabar con el fragor de los combates. Sólo la palabra plena de voluntad política, grávida de amor a la patria, pudo engendrar una nueva nación independiente, bajo su conjuro surgió la adhesión definitiva al movimiento de independencia de las provincias de Michoacán, Guanajuato y Veracruz, de abril a junio, Puebla, México, la Nueva Galicia y Querétaro convergen hacia la independencia.
Sólo la política pudo lograr la colaboración de los insignes Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, Ramón Rayón, Mier y Teherán, Victoria, Asencio y otros jefes insurgentes en el objetivo común de alcanzar la Independencia nacional. Sólo el diálogo pudo atraer a la causa a Anastasio Bustamante, Cortázar, José Joaquín de Herrera, López de Santa Anna, O'Donojú, Negrete y Filisola.
Sólo el diálogo y la negociación auténtica permitieron a los novohispanos transformarse en mexicanos el día 27 de septiembre de 1821.
Ese día la esperanza y la lucha popular de los insurgentes, unidos con los antiguos realistas, se convirtieron en vítores de gozo. La conciliación de los adversarios había dado término a la lucha fratricida, sin abandonar el anhelo popular de Independencia nacional. Ese día el naciente pueblo mexicano cantó el triunfo de la política sobre la barbarie. Ese día se demostró una vez más que para resolver las diferencias entre los hombres, las fuerzas de las armas son muy inferiores a las de la palabra.
Ni la quijada de burro ni la bomba atómica, ni los proyectiles tomahawak en la guerra del Pérsico serán capaces de generar un hombre nuevo, una comunidad nueva o una humanidad nueva, como sí las puede crear la palabra del hombre, la palabra hecha hombre, hombre auténtico en diálogo constructivo para servir a sus semejantes.
El diálogo entre insurgentes y realistas, entre Guerrero e Iturbide, fue muy difícil, se dio en circunstancias muy difíciles, pero con la decidida voluntad de crear una patria nueva y la crearon.
Pero mañana, con nuestra Bandera a toda asta, flotando sobre los vientos de nuestras ciudades, pueblos y campos, recordaremos esos gloriosos días.
La convergencia de ideales no surge como la luz del dia al terminar la noche, se da o se dio porque los actores de nuestra Independencia no rehuyeron el encuentro, aunque corrían el peligro de chocar.
Fueron capaces de deponer las armas porque se rindieron al interés común y lo privilegiaron sobre las conveniencias de las parcialidades.
Desde el campo de batalla dieron tiempos y espacios al diálogo y la negociación, hicieron política y pudieron realizar el acto político más trascendente de nuestra historia: la proclamación de nuestra Independencia.
Creemos que el recuerdo de esta hazaña nos ha de conducir a los mexicanos a una revaloración del diálogo que puede expresarse en un debate serio, profundo, sólido, pero auténtico, como los que hemos escuchado esta tarde, pero nunca se dará en diálogo de sordos.
No tengamos miedo a dialogar, aunque en ciertos tiempos nos hayamos combatido.
Aprendamos de Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, quienes no obstante haber enfrentado sus ejércitos, supieron parlar en Acatempan, sin abandonar sus principios, sin olvidar sus intereses, pero dispuestos a hacer de la Independencia nacional su objetivo común, su bien común.
Hace unos días las fuerzas políticas operantes aquí en la Cámara, fuimos capaces de concluir, mediante el diálogo y la negociación abierta, en una decisión política común que ha de ser el cimiento de una nueva democracia.
Como en Acatempan, aquí en San Lázaro hemos de iniciar una nueva manera de hacer política, una verdadera manera de hacer política para forjar un acuerdo que establezca las nuevas bases del Estado al servicio de la nación.
Hoy, como en 1821, la nación reclama de sus representantes, de nosotros, generosidad, visión y acción certera.
No dejemos pasar la historia, construyámosla.
Gracias.
El Presidente:
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DIA
La secretaria María Flor Celina Prado Piña:
Señor Presidente; se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del dia de la próxima sesión.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--Tercer Año.--LVI Legislatura.
Orden del día
Martes 1o. de octubre de 1996.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Nayarit, Veracruz y Quintana Roo.
Dictámenes a discusión
De las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Comercio, con proyecto de Ley de Protección al Comercio y la Inversión, de Normas Extranjeras que Contravengan el Derecho Internacional.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración Medalla de la República Oriental del Uruguay, en su Primer Grado, que le confiere el gobierno de dicha República.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al general brigadier.
Diplomado de Estado Mayor Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, para aceptar y usar la condecoración de la Cruz Peruana al Mérito Militar en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno del Perú.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al vicealmirante del cuerpo de infantería de marina, Diplomado de Estado Mayor Mario Francisco Roy Vargas, para aceptar y usar la condecoración de la "Medalla Fraternidad Combativa", que le confiere el gobierno de la República de Cuba.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano David Alejandro Olvera Ayes, para aceptar y usar las condecoraciones Orden de Isabel la Católica, en grado de Cruz de Caballero y Orden de Leopoldo 1, en grado de Cruz de Caballero, que le confieren los gobiernos de España y Bélgica, respectivamente.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Alejandro Rivera Zamora, José de Jesús de la Torre Franco, Laura Lilia Reyes Aguilar, María Rosa Loreto Zetter Zermeño, Claudia Benavente Arellano de Vázquez, Dora Adriana Alvarez, Carla Judith Cuéllar Martínez, Mercedes Contreras Méndez, Alvaro Quintanilla Moreno y Luis Enrique Villalobos Herrera, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en sus consulados generales en Guadalajara, Jalisco y en Ciudad Juárez, Chihuahua.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Leticia Martínez Alvarez, para prestar servicios como recepcionista en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
AGRADECIMIENTOS DE LA PRESIDENCIA
El Presidente diputado Héctor Hugo OIivares Ventura:
Gracias, compañera Secretaria; compañeras y compañeros diputados:
Esta visión que al concluir los trabajos para los que han sido electos los integrantes de la mesa directiva se dé paso a una intervención de su Presidente. En beneficio del tiempo de los legisladores, después de esta larga sesión, una muy breve.
Nuestro reconocimiento más profundo a cada diputada y diputado por su apoyo y orientación. Nuestro subrayado agradecimiento a don Alfonso Primitivo Ríos, a don Pedro Etienne, a don Ricardo García Cervantes y a Humberto Roque Villanueva, líderes de nuestras fracciones, por su alto sentido de responsabilidad, para dignificar el trabajo de nuestra legislatura.
En todo caso si algún mérito hubo es de todos ustedes.
Muchas gracias.
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente (a las 21:06 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el martes 1o. de octubre a las 10:00 horas.
| ANDSA | Almacenes Nacionales de Depósito, S.A. |
| Asemex | Aseguradora Mexicana |
| Banpesca | Banco Nacional Pesquero y Portuario |
| Banrural | Banco Nacional de Crédito Rural |
| Boruconsa | Bodegas Rurales Conasupo, S.A. |
| Cía. | Compañía |
| CNC | Confederación Nacional Campesina |
| Conasenusa | (Sin aclaración) |
| Conasupo | Compañía Nacional de Subsistencias Populares |
| Consa | (Sin aclaración) |
| Coplamar | Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados |
| Cp | Contador público |
| D.F. | Distrito Federal |
| Diconsa | Distribuidora de la Conasupo, S.A. |
| Ferronales | Ferrocarriles Nacionales de México |
| Impecsa | Impulsora del Pequeño Comercio, S.A. |
| IMSS | Instituto Mexicano del Seguro Social |
| Liconsa | Leche Industrializada Conasupo, S.A. |
| ISSSTE | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado |
| Liconsa | Leche Industrializada Conasupo, S.A. |
| Miconsa | Maíz Industrializado Conasupo, S.A. |
| Minsa | (Sin aclaración) |
| OEA | Organización de Estados Americanos |
| PAN | Partido Acción Nacional |
| PGR | Procuraduria General de la Repúblioa |
| PRD | Partido de la Revolución Democrática |
| PRI | Partido Revolucionario Institucional |
| PT | Partido del Trabajo |
| S.A de C.V. | Sociedad Anónima de Capital Variable |
| SC | Sociedad Civil |
| Secodadm | Secretaría de Contraloría General y Desarrollo Administrativo |
| Secofi | Secretaría de Comercio y Fomento Industrial |
| Secogef | Secretaría de la Contraloría General de la Federación |
| Seconsa | (Sin aclaración) |
| SPP | Secretaría de Programación y Presupuesto |
| Telmex | Teléfonos de México, S.A. |
| Triconsa | (Sin aclaración) |
| UNAM | Universidad Nacional Autónoma de México |