SUMARIO
Invitación al acto cívico conmemorativo del CXLIII aniversario luctuoso del general Nicolás Bravo. Se designa comisión.
Dos comunicaciones del Congreso estatal, con la que informa del punto de acuerdo tomado en ese Congreso, en apoyo al rechazo de la certificación de México, por parte de los Estados Unidos de América, sobre el combate a las drogas y sobre el rechazo a la nueva Ley de Inmigración promulgada en el mismo país. De enterado.
Comunicación del Congreso estatal, con la que remite acuerdo referente al rechazo a la aplicación por parte de los Estados Unidos de América, de reformas migratorias. De enterado.
Invitación al acto civico conmemorativo del LXXXIII aniversario de la defensa del puerto de Veracruz. Se designa comisión.
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de las leyes: de Instituciones de Crédito; del Mercado de Valores; General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros; y, Federal de Instituciones de Fianzas; todas en referencia al lavado de dinero. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jesús Araón Kumate Rodríguez, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de ese país. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Alejandro Angel Centeno Jerónimo, pueda prestar sus servicios en la Embajada de dicho país. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Arturo Enrique Basurto Albarrán, pueda prestar sus servicios en la Embajada de dicho país en Wellington, Nueva Zelandia. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Gloria Flores Castillo e Israel Jorge Reyes Ruano, puedan prestar sus servicios en la Embajada de dicho país en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Daniel Martínez Muñoz, pueda prestar sus servicios en la Embajada de dicho país en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Proposición de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, para adecuar la integración de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Aprobada.
Dictamen de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decretos que reforma el artículo 15 de dicho ordenamiento, con respecto a las Afore. Es de segunda lectura.
El diputado Alfonso Reyes Medrano fundamenta el dictamen a nombre de las comisiones.
Fijan la posición de sus respectivos grupos parlamentarios, los diputados:
Eduardo Guzmán Ortiz
Ifigenia Martha Martínez Hernández
Jorge Urdapilleta Núñez
Julio Felipe García Castañeda
A discusión en lo general y particular, se concede el uso de la palabra a los diputados:
Crisóforo Lauro Salido Almada
Saúl Alfonso Escobar Toledo
Luis Sánchez Aguilar
Gerardo Ordaz Moreno
Rectifican hechos o contestan alusiones personales, los diputados:
Manuel Beristáin Gómez
Saúl Alfonso Escobar Toledo
Gerardo Ordaz Moreno
Saúl Alfonso Escobar Toledo
Marco Antonio Michel Díaz
Amado Jesús Cruz Malpica
Suficientemente discutido el proyecto de decreto, es aprobado. Pasa al Senado de la República para los efectos constitucionales.
La diputada María Rosa Márquez Cabrera, solicita excitativa para ser dictaminada iniciativa de reformas al artículo 4o. constitucional, presentada el 17 de octubre de 1995 respecto a los servicios de salud. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Hacen uso de la palabra para referirse al CL aniversario de la invasión estadounidense a México, los diputados:
Pascual Juárez Santiago
Víctor Manuel Palacios Sosa
Inverviente el diputado Rafael Jacobo García, con respecto a violación a derechos humanos a campesinos en ese Estado. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.
Expresan sus opiniones los diputados:
Roberto Alvarez Salgado
Rafael Jacobo García, para contestar alusiones personales.
Para referirse al exgobernador del Estado de Nuevo León, pasa a la tribuna el diputadoCristian Castaño Contreras.
Sobre agresiones a la sociedad de parte del alcalde de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, hablan los diputados:
Mario Alejandro Rosales Anaya
José Iñiguez Cervantes
Rodolfo González Macías, para rectificar hechos.
Comentan respecto al fortalecimiento del Poder Legislativo, los diputados:
Francisco Antonio Tenorio Adame
Sergio Teodoro Meza López
Para rectificar hechos o contrestar alusiones personales los diputados:
Martina Montenegro Espinoza
Javier Alberto Gutiérrez Vidal
Martina Montenegro Espinoza
El diputado Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, comenta respecto a diversas denuncias en materia penal en dicha entidad.
El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra, para referirse a hechos ocurridos en el Estado, con respecto a modificaciones en crédito hipotecarios. Se turna a la Comisión de Vivienda.
Se concede el uso de la palabra a los diputados:
Guillermo Alberto Luján Peña
Oscar Villalobos Chávez
Rectifican hechos o contestan alusiones personales, los diputados:
Guillermo Alberto Luján Peña
Oscar Villalobos Chávez
Guillermo Alberto Luján Peña
Oscar Villalobos Chávez
Guillermo Alberto Luján Peña
Oscar Villalobos Chávez
El diputado Rogelio Zamora Barradas, se refiere al problema de intolerancia de medios de comunicación a diversas asociaciones religiosas, ante hechos ocurridos en el extranjero.
El diputado Daniel Quintero Peña, presenta punto de acuerdo para la creación de comisión ordinaria para la atención a la senectud. Se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Sobre el problema de la deuda pública en ese Estado, habla el diputado Javier Ortega Espinoza.
Rectifica hechos el diputado Pedro Guadalupe López y Macías.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se remite iniciativa de decreto que reforma a dicha ley. Se turna a la Comisión de Bosques y Selvas.
De la próxima sesión.
Presidencia del diputado Mario Enrique Vázquez Hernández
ASISTENCIA
El Presidente:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados para conocer si existe el quorum reglamentario.
El secretario Gerardo Roberto Flores González:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 264 diputados. Por tanto hay quorum.
El Presidente (a las 12:20 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
El secretario Gerardo Roberto Flores González:
Se va a dar lectura al orden del día.
Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.— Tercer Año.— LVI Legislatura.
Orden del día.
Miércoles 16 de abril de 1997.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CXLIII aniversario luctuoso del general Nicolás Bravo, que tendrá lugar el 22 de abril a las 10:00 horas.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Baja California y Nayarit.
Comunicaciones de dependencias oficiales.
Minutas
Proyecto de decreto, que reforma diversas leyes financieras.
Proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Jesús Araón Kumate Rodríguez, para aceptar y usar la condecoración de la "Orden del Tesoro Sagrado", en grado de Gran Banda que le confiere el gobierno de Japón.
Proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Alejandro Angel Centeno Jerónimo, para prestar servicios como asesor en programas químicos en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Arturo Enrique Basurto Albarrán, para prestar servicios en el área administrativa de la Embajada de Chile en Wellington, Nueva Zelandia.
Proyecto de decreto, que concede permiso a los ciudadanos Gloria Flores Castillo e Israel Jorge Reyes Ruano, para prestar servicios como secretaria y chofer, respectivamente en la Embajada de la República Arabe Saharauí Democrática en México.
Proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Daniel Martínez Muñoz, para prestar servicios como chofer en la Embajada de la República Islámica de Paquistán en México.
Proposición de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Dictamen a discusión
De las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción II al artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Excitativa a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, a cargo del diputado Everardo Martínez Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre el CL aniversario de la invasión estodounidense a México, a cargo del diputado Pascual Juárez Santiago, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Sobre violación de derechos humanos a campesinos presos políticos en el Estado de Veracruz, a cargo del diputado Rafael Jacobo García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre el gobernador con licencia Sócrates Rizo García, a cargo del diputado Cristian Castaño Contreras, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Sobre las agresiones a la sociedad de parte del alcalde de Guadalajara, a cargo del diputado Mario Alejandro Rosales Anaya, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Sobre el fortalecimiento del Poder Legislativo, a cargo del diputado Antonio Tenorio Adame, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre denuncias en el Estado de Guerrero, a cargo del diputado Carlos Zeferino Torreblanca Galindo.
Sobre el Estado de Chihuahua, a cargo del diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre intolerancia en medios de comunicación respecto a algunas agrupaciones, a cargo del diputado Rogelio Zamora Barradas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Sobre el fuero constitucional, a cargo del diputado Amado Cruz Malpica, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre la Senectud, a cargo del diputado Francisco Domínguez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
La secretaria Gladys Merlín Castro:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes quince de abril de mil novecientos noventa y siete, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia del diputado Netzahualcóyotl de la Vega García
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las doce horas con siete minutos del martes quince de abril de mil novecientos noventa y siete, con una asistencia de doscientos sesenta y ocho legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, que se aprueba en sus términos en votación económica.
El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentran los ciudadanos José Luis Zanela Sierra y Gustavo Adolfo Torres Blanco, electos como diputados suplentes en los distritos decimonono y séptimo del Distrito Federal y del Estado de Guerrero, respectivamente, y designa una comisión que los introduzca y los acompañe en el acto de rendir su protesta de ley. Terminado el acto protocolario, los diputados entran en funciones de inmediato.
Diversas comunicaciones de los congresos de los estados de Campeche y Puebla, con los que informan de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.
Un oficio de la Cámara de Senadores, con el que informa de la elección de mesa directiva para el periodo comprendido entre el quince y el treinta de abril de mil novecientos noventa y siete. De enterado.
Hace uso de la palabra el diputado Humberto Meza Galván, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta iniciativa de reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal. Se turna a la Comisión de Justicia.
Un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que informa que varios ciudadanos mexicanos dejaron de prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y a la de Puntos Constitucionales del Senado de la República, para su conocimiento.
Se da primera lectura a un dictamen de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto que reforma la fracción segunda del artículo quince de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
En razón de que el dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Salud, fue impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la primera y la segunda lectura. No habiendo quien haga uso de la palabra, la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por unanimidad. Se turna al Poder Ejecutivo Federal, para los efectos constitucionales.
Se someten a discusión seis dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto que conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Luis Lázaro Cornejo Olivares, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Venezuela;
Guadalupe Appendini de Vargas, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República Italiana;
Gastón Alegre López, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Francia en Cancún, Quintana Roo;
María Teresa Rodríguez Adame, pueda prestar sus servicios en el consulado general del Reino de España en Oran, Argelia;
Jaime Zabludovsky Kuper, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Argentina. Hace uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, en contra del dictamen y
María Angela Díaz Reinerio, Amelia Esparza Alvarez Moreno, Norma Patricia Ruiz Mora y Angel Guzmán Guzmán, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
La Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos veinticuatro votos en pro y uno en contra, para todos los dictámenes, excepto el que se refiere al ciudadano Zabludovsky Kuper, que se aprueba por doscientos ochenta y cuatro votos en pro y cuarenta y uno en contra. Se turnan al Senado de la República y al Poder Ejecutivo Federal, según corresponde.
El Presidente otorga el uso de la palabra al diputado Salvador Martínez Della Rocca, del Partido de la Revolución Democrática, quien se refiere a los retos de la educación en México y presenta solicitud de juicio político en contra del director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Para rectificar hechos sobre el mismo asunto, hacen uso de la palabra los diputados Jesús Sánchez Ochoa, del Partido Acción Nacional y Salvador Martínez Della Rocca, del Partido de la, Revolución Democrática.
Referente al asunto de los textos comentados por el diputado Martínez Della Rocca, se turna a la Comisión de Educación.
Para referirse a la seguridad pública en el Estado de Baja California, hacen uso de la palabra los diputados Francisco Domínguez García, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones, la segunda para rectificar hechos y Alejandro González Alcocer, del Partido Acción Nacional.
Sube a la tribuna el diputado Luis Sánchez Aguilar, quien habla sobre una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respecto a lo que calificó de lesión a los derechos políticos de su partido.
Se refieren a las fresas contaminadas que provocaron enfermedades en los Estados Unidos de América, los diputados Daniel Quintero Peña, del Partido Revolucionario Institucional e Ysabel Molina Warner, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de Agricultura.
Debaten sobre las actividades políticas del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, relacionadas con el Partido Revolucionario Institucional, los diputados Carlos Navarrete Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Efraín Moreno Collado, del Partido Revolucionario Institucional, quien responde a sendas interpelaciones de los diputados Navarrete Ruiz, Hernández Domínguez y Rodolfo Elizondo Torres, del Partido Acción Nacional.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, sobre el mismo asunto, hacen uso de la palabra los diputados: Carlos Navarrete Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática, quien contesta a una interpelación de la diputada Guerra Díaz; Rosario Guerra Díaz, del Partido Revolucionario Institucional; Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, quien contesta a una interpelación del diputado Soto Correa; Jorge Efraín Moreno Collado, del Partido Revolucionario Institucional; Cecilia Romero Castillo, del Partido Acción Nacional; Jorge Meade Ocaranza, del Partido Revolucionario Institucional; Javier González Garza, del Partido de la Revolución Democrática; Píndaro Urióstegui Miranda, del Partido Revolucionario Institucional y Saúl Escobar Toledo, del Partido de la Revolución Democrática.
Presidencia de la diputada Consuelo Botello Treviño
Para referirse a lo que calificó como represión a los campesinos en sus manifestaciones del 10 de abril, hace uso de la palabra el diputado Rafael Jacobo García, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones, la segunda para rectificar hechos y hace lo propio la diputada Sara Esther Muza Simón, del Partido Revolucionario Institucional.
Presidencia del diputado Netzahualcóyotl de la Vega García
Expresan sus opiniones sobre la ola de violencia e inseguridad que priva en Ciudad Juárez, Chihuahua y a la violación de cuando menos ochenta y cinco jóvenes mujeres, los diputados Víctor Manuel Quintana Silveyra, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones, la segunda para rectificar hechos; Cruz Pérez Cuéllar, del Partido Acción Nacional, también en dos ocasiones, la segunda para rectificar hechos; Héctor Armando González Mocken, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones, la segunda para contestar alusiones personales y Luis Sánchez Aguilar.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las dieciocho horas con cuarenta y nueve minutos, citando para la que tendrá lugar mañana, miércoles dieciséis de abril de mil novecientos noventa y siete, a las diez horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
El secretario Luis Alberto Rico y Samaniego:
«Diputado Netzahualcóyotl de la Vega García, presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presente.
El Departamento del Distrito Federal, a través de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CXLIII aniversario luctuoso del general Nicolás Bravo, que tendrá lugar en el Altar a los Defensores de la Patria, Hemiciclo a los Niños Héroes en el Bosque de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo, el día martes 22 de abril a las 10:00 horas.
Por tal motivo, me permito solicitar muy atentamente se sirva girar sus respetables instrucciones a efecto de que un representante de esa Cámara de Diputados que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El director general de Acción Social, Cívica y Cultural, licenciado Eduardo F. Sáenz Viesca.»
El Presidente:
Para asistir en representación de esta Cámara de Diputados se designa a los siguientes diputados: María de Lourdes Torres Gutiérrez, Armando Salinas Torre, Ysabel Molina Warner y Oscar González Yáñez.
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
El secretario Luis Ruan Ruiz:
«Escudo. Poder Legislativo de Baja California. XV Legislatura.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F.
Por medio del presente nos permitimos hacer de su conocimiento que en sesión ordinaria de la Comisión Permanente, de la honorable XV Legislatura constitucional del Estado de Baja California, celebrada el día 20 de marzo de 1997, se presentó un punto de acuerdo aprobado por unanimidad, en el cual este Congreso le manifiesta su apoyo irrestricto a su definición política con respecto a salvaguardar la soberanía y dignidad de nuestro país, en relación a la decisión de los Estados Unidos de América, de imponer la certificación del combate a las drogas que ha efectuado México.
Agradeciendo de antemano la atención al presente, aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
"1997, Año de la Universidad Autónoma de Baja California."
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mexicali, BC, a 20 de marzo de 1997. La Comisión Permanente. Diputados: Juvenal Vidrio Rodríguez, presidente y Daniel García Noriega, secretario.»
«Escudo. Poder Legislativo de Baja California. XV Legislatura.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F.
Por este conducto, nos permitimos exponerle respetuosamente nuestra postura de rechazo a las acciones atentatorias de los derechos humanos de connacionales residentes en Estados Unidos, así como nuestra solidaridad y adhesión a las medidas que se emprendan para contrarrestar los nocivos efectos de la nueva Ley de Inmigración promulgada por los Estados Unidos.
Lo anterior lo hacemos de su conocimiento para dar cumplimiento al acuerdo aprobado en sesión ordinaria de la honorable XV Legislatura constitucional del Estado de Baja California, celebrada el día 3 de abril del año en curso.
Aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
"1997, Año de la Universidad Autónoma de Baja California."
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mexicali, BC, a 3 de abril de 1997. Diputados: Salvador Morales Riubi, presidente y Miguel Angel Barraza Chiquete, secretario.»
De enterado.
ESTADO DE NAYARIT
El secretario J. Fidel Pineda Valdez:
«Escudo Nacional. Poder Legislativo. Nayarit. XXV Legislatura.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F.
Por instrucciones del diputado José Manuel Rivas Allende, presidente de la Gran Comisión del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, me permito remitirle el acuerdo formulado por la Comisión de Concertación Parlamentaria de la XXV Legislatura, relativo a respaldar la decisión soberana del Gobierno mexicano, manifestada a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores; para solicitar al gobierno de los Estados Unidos de América, respecto a los migrantes nacionales, al aplicar su reforma migratoria.
Sin más sobre el particular, reitero a usted mi distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Tepic, Nayarit, a 1o. de abril de 1997. Licenciado Jorge Armando Gómez Arias, oficial mayor.»
«Escudo Nacional. Poder Legislativo. Nayarit. XXV Legislatura.
Comisión de Concertación Parlamentaria.
Acuerdo relativo a la defensa de los derechos humanos y laborales de los mexicanos en Estados Unidos
Honorable Asamblea legislativa: dentro del marco de normatividad derivado del contenido de los artículos 97 y 144 del Reglamento de Gobierno Interior y del Proceso Legislativo, los miembros integrantes de la comisión que al rubro se indica, formulamos acuerdo parlamentario, de conformidad a las siguientes
CONSIDERACIONES
Desde hace décadas, de manera constante, miles de trabajadores mexicanos han abandonado sus lugares de origen, para emigrar a los países de Norteamérica en busca de mejores condiciones de vida. La lucha por un mayor bienestar social es una constante que se ha presentado en todos los pueblos del mundo, en todos los tiempos.
La gran demanda de mano de obra en los medios rurales y urbanos estadounidenses, aunada a la ventajosa paridad del dólar frente al peso, han posicionado al empleo en Norteamérica como una solución para los problemas de muchas personas y familias mexicanas.
Debido al gran número de connacionales que viven y trabajan de manera legal o ilegal en los Estados Unidos y a las consecuencias que ello genera en ambos lados de la frontera, el fenómeno migratorio es un asunto social de importancia internacional que reclama de la atención responsable de los gobiernos mexicano y norteamericano.
Los diálogos bilaterales entre los gobiernos de los dos países han sido el marco de negociación en el cual se han fijado las posiciones de cada nación respecto del asunto de los trabajadores migratorios y otros problemas fronterizos. La agenda bilateral sobre este tema no ha estado exenta de dificultades, en virtud de las posiciones encontradas y las dificultades de establecer acuerdos diplomáticos satisfactorios para ambas partes.
El Estado mexicano, respetuoso fiel del principio de autodeterminación de los pueblos, ha sostenido una posición que favorece una adopción de políticas migratorias producto del reconocimiento bilateral de la problemática y tendientes a forjar soluciones objetivas, integrales y de largo plazo.
En ese sentido, por vías diplomáticas, el Gobierno de nuestro país ha manifestado su preocupación sobre el efecto que podría tener sobre los nacionales mexicanos en aquel país la reforma migratoria estadounidense que entrará en vigor este mes de abril, puesto que no favorecen el trato digno a los migrantes ni facilitan la protección consular a los mismos. Por tanto, el sentido de las reformas no es acorde a los principios convenidos entre los gobiernos de México y Estados Unidos, relativos a la no discriminación de nacionales mexicanos y el respeto a la unidad familiar.
Los nayaritas no podemos ni debemos sustraernos de los conflictos que enfrentan nuestros compatriotas más allá de las fronteras de México. Recordemos que lo que los motivó a abandonar el territorio nacional fue el noble objetivo de tener una vida más digna. Muchos nayaritas viven hoy en el vecino país del norte y nos angustia saber que las nuevas disposiciones migratorias pueden afectar su sustento y su vida familiar.
En virtud de las anteriores consideraciones y conscientes de que es una responsabilidad irrenunciable del Gobierno de México, brindar protección a sus nacionales en Estados Unidos, independientemente de su situación migratoria, los diputados de esta XXV Legislatura integrantes de los partidos políticos de Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Revolucionario Institucional y del Trabajo, representados en la Comisión de Concertación Parlamentaria del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, resuelven emitir el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Respaldamos la decisión soberana del Gobierno mexicano, manifestada a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para solicitar al gobierno estadounidense respeto a los migrantes nacionales e implementar un sistema de defensa y asistencia jurídica, por medio de la representación consular, que garantice la inviolabilidad de los derechos humanos y laborales de nuestros connacionales.
Segundo. Nos pronunciamos porque adicionalmente a las medidas anunciadas y al tenor del marco jurídico y político vigente en las negociaciones entre ambos países, la cancillería mexicana vertebre los acuerdos diplomáticos necesarios para que los mexicanos residentes en Estados Unidos reciban un trato digno y de respeto a su condición humana.
Dado en la sala de comisiones general Esteban Baca Calderón de este honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, a 31 del mes marzo de 1997. Comisión de Concertación Parlamentaria. Diputados: José Manuel Rivas Allende, presidente; Ney M. González Sánchez, secretario; Ceferino Ramos Nuño, Manuel Ovalle Ortiz y Guadalupe Acosta Naranjo, vocales.»
De enterado.
SECRETARIA DE MARINA
El secretario Gerardo Roberto Flores González:
«Escudo Nacional. Secretaría de Marina.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presente.
Con el agrado de siempre me dirijo a usted, en esta ocasión para hacer de su conocimiento que el 21 de abril próximo, se conmemorará el LXXXIII aniversario de la defensa del puerto de Veracruz.
Por esta razón, se han organizado una serie de actos conmemorativos en esta ciudad, que serán presididos en mi representación por el almirante CG DEM Félix J. Pérez y Elías, subsecretario de Marina.
En vista de lo anterior y con objeto de darle mayor relevancia a los eventos, me complace hacer, por su amable conducto, una atenta y cordial invitación, para que un representante de esa Cámara de Diputados a su digno cargo, nos honre con su presencia el día 21 de abril próximo, en los siguientes actos:
1o. A las 8:30 horas, ceremonia ante el monumento a los Héroes Navales del 21 de abril de 1914, sito en el Eje 2 Oriente, tramo heroica Escuela Naval Militar esquina calzada de La Virgen, San Pablo Tepetlapa, delegación Coyoacán, considerándose su lugar en el presidium.
2o. A las 9:00 horas, ceremonia de Jura de Bandera de cadetes de primer año de la Escuela Médico Naval, que se llevará a cabo en la explanada principal de la Secretaría de Marina, considerándose su lugar en el presidium.
3o. A las 9:30 horas, desayuno en el comedor del cuartel general, localizado en el interior de esta Secretaría.
Para efectos de coordinación hemos puesto a la amable disposición de quien usted tenga a bien designar, los números telefónicos 6796411 y 6848188, extensiones 3417 y 3424, del Estado Mayor General, Sección Segunda.
En espera de su amable comunicación, encuentro oportuna la ocasión para reiterarle mi alta estima y especial consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., marzo 10 de 1997. El secretario de Marina, almirante José Ramón Lorenzo Franco.»
El Presidente:
Para asistir en representación de esta Cámara, se designa al diputado Carlos Servando Ponce de León Coluby.
LEYES FINANCIERAS
La secretaria Gladys Merlín Castro:
«Escudo Nacional. Cámara de Senadores. México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados. Presentes.
Para los efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que reforma diversas leyes financieras.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 15 de abril de 1997. Senadores secretarios: José Luis Medina Aguiar y Mauricio Fernández Garza.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS LEYES FINANCIERAS
Artículo primero. Se reforma el párrafo cuarto y se adiciona con los párrafos quinto, sexto y séptimo, al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito para quedar como sigue:
"Artículo 115. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dictará disposiciones de carácter general que tengan como finalidad establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar en las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto limitado, actos u operaciones que puedan ubicarse en los supuestos del artículo 400bis del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, incluyendo la obligación de dichas instituciones y sociedades de presentar a esa Secretaría, por conducto de la citada comisión, reportes sobre las operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios, por los montos y en los supuestos que en dichas disposiciones de carácter general se establezcan.
Dichas disposiciones deberán considerar entre otros aspectos, criterios para la adecuada identificación de los clientes y usuarios de las operaciones y servicios de las instituciones y sociedades mencionadas, que consideren sus condiciones específicas y actividad económica o profesional; los montos, frecuencia, tipos y naturaleza de las operaciones y los instrumentos monetarios con que las realicen y su relación con las actividades de los clientes o usuarios; las plazas en que operen y las prácticas comerciales y bancarias que priven en las mismas; la debida y oportuna capacitación de su personal y medidas específicas de seguridad en el manejo de las operaciones de las propias instituciones y sociedades. El cumplimiento de la obligación de presentar reportes previstos en tales disposiciones no implicará transgresión a lo establecido en los artículos 117 y 118 de esta ley.
Las disposiciones señaladas deberán ser observadas oportunamente por los miembros de los consejos de administración, comisarios, auditores externos, funcionarios y empleados de los citados intermediarios; la violación de las mismas será sancionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con multa equivalente del 10% al 100% del acto u operación de que se trate.
Tanto los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como los miembros de los consejos de administración, comisarios, auditores externos, funcionarios y empleados de los intermediarios financieros a que se refiere este artículo, deberán abstenerse de dar noticia o información de las operaciones previstas en el mismo a personas, dependencias o entidades, distintas de las autoridades competentes expresamente previstas. La violación a estas obligaciones será sancionada en los términos de las leyes correspondientes."
Artículo segundo. Se reforma el párrafo cuarto y se adiciona con los párrafos quinto, sexto y séptimo, al artículo 52bis3 de la Ley del Mercado de Valores, para quedar como sigue:
"Artículo 52-bis3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dictará disposiciones de carácter general que tengan como finalidad establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar en las casas de bolsa y especialistas bursátiles, actos u operaciones, que puedan ubicarse en los supuestos del artículo 400bis del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, incluyendo la obligación de presentar a esa Secretaría, por conducto de la citada comisión, reportes sobre las operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios, por los montos y en los supuestos que en dichas disposiciones de carácter general se establezcan.
Dichas disposiciones deberán considerar entre otros aspectos, criterios para la adecuada identificación de los clientes y usuarios de los servicios de las casas de bolsa y especialistas bursátiles, que consideren sus condiciones específicas y actividad económica o profesional; los montos, frecuencia, tipos y naturaleza de las operaciones e instrumentos monetarios con que las realicen y su relación con las actividades de los clientes o usuarios; las plazas en que operen y las prácticas comerciales y bursátiles que priven en las mismas; la debida y oportuna capacitación de su personal y medidas específicas de seguridad en el manejo de las operaciones de las propias casas de bolsa y especialistas bursátiles. El cumplimiento de la obligación de presentar reportes previstos en tales disposiciones no implicará transgresión a lo establecido en el artículo 25 de esta ley.
Las disposiciones señaladas deberán ser observadas oportunamente por los miembros de los consejos de administración, comisarios, auditores externos, funcionarios y empleados de los citados intermediarios; la violación de las mismas será sancionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con multa equivalente del 10% al 100% del acto u operación de que se trate.
Tanto los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como los miembros de los consejos de administración, comisarios, auditores externos, funcionarios y empleados de los intermediarios financieros a que se refiere este artículo, deberán abstenerse de dar noticia o información de las operaciones previstas en el mismo a personas, dependencias o entidades, distintas de las autoridades competentes expresamente previstas. La violación a estas obligaciones será sancionada en los términos de las leyes correspondientes."
Artículo tercero. Se reforma el párrafo tercero y se adiciona con los párrafos cuarto, quinto y sexto, al artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, para quedar como sigue:
"Artículo 95. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dictará disposiciones de carácter general que tengan como finalidad establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar en las organizaciones auxiliares del crédito y casas de cambio, actos u operaciones que puedan ubicarse en los supuestos del artículo 400bis del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, incluyendo la obligación de presentar a esa Secretaría, por conducto de la citada comisión, reportes periódicos sobre las operaciones y servicios que realicen sus clientes y usuarios, por los montos y en los supuestos que en dichas disposiciones de carácter general se establezcan.
Dichas disposiciones deberán considerar entre otros aspectos, criterios para la adecuada identificación de los clientes y usuarios de las operaciones y servicios de las organizaciones auxiliares del crédito y casas de cambio, que consideren sus condiciones específicas y actividad económica o profesional; los montos, frecuencia, tipos y naturaleza de las operaciones e instrumentos monetarios con que las realicen y su relación con las actividades de los clientes o usuarios; las plazas en que operen y las prácticas comerciales y cambiarias que priven en las mismas; la debida y oportuna capacitación de su personal y medidas específicas de seguridad en el manejo de las operaciones de las propias organizaciones auxiliares del crédito y casas de cambio.
Las disposiciones de carácter general señaladas en el párrafo anterior y las obligaciones previstas en ellas, deberán ser observadas oportunamente por los miembros de los consejos de administración, comisarios, auditores externos, funcionarios y empleados de los citados intermediarios; la violación de las mismas será sancionada con multa que será impuesta por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores equivalente del 10% al 100% del acto u operación de que se trate.
Tanto los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como los miembros de los consejos de administración, comisarios, auditores externos, funcionarios y empleados de las organizaciones auxiliares del crédito y casas de cambio, deberán abstenerse de dar noticia o información de los reportes a que se refiere este artículo a personas, dependencias o entidades, distintas de las autoridades competentes expresamente previstas. La violación a estas obligaciones será sancionada en los términos de las leyes correspondientes." Artículo cuarto. Se reforma el párrafo cuarto y se adiciona con los párrafos quinto, sexto y séptimo, al artículo 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, para quedar como sigue:
"Artículo l40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Secretaria de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, dictará disposiciones de carácter general que tengan como finalidad establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar en las instituciones y sociedades mutualistas de seguros, actos u operaciones que puedan ubicarse en los supuestos del artículo 400bis del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, incluyendo la obligación de presentar a esa Secretaría, por conducto de la citada comisión, reportes periódicos sobre las operaciones y actividades que realicen con sus contratantes, asegurados, beneficiarios y otros usuarios de sus servicios, por los montos y en los supuestos, que en dichas disposiciones de carácter general se establezcan.
Dichas disposiciones deberán considerar entre otros aspectos, criterios para la adecuada identificación de los clientes y usuarios de las operaciones y servicios de las mencionadas empresas aseguradoras, que consideren sus condiciones específicas y actividad económica o profesional; los montos, frecuencia, tipos y naturaleza de las operaciones e instrumentos monetarios con que las realicen y su relación con las actividades de los clientes o usuarios; las plazas en que operen y las prácticas comerciales, financieras y aseguradoras que priven en las mismas; la debida y oportuna capacitación de su personal y medidas específicas de seguridad en el manejo de las operaciones de las propias empresas aseguradoras.
Las disposiciones de carácter general señaladas en el párrafo anterior y las obligaciones previstas en ellas, deberán ser observadas oportunamente por los miembros de los consejos de administración, comisarios, auditores externos, funcionarios y empleados de las citadas empresas de seguros; la violación de las mismas será sancionada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas con multa equivalente del 10% al 100% del acto u operación de que se trate.
Tanto los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, como los miembros de los consejos de administración, comisarios, auditores externos, funcionarios y empleados de las empresas de seguros a que se refiere este artículo, deberán abstenerse de dar noticia o información de las operaciones previstas en el mismo a personas, dependencias o entidades, distintas de las autoridades competentes expresamente previstas. La violación a estas disposiciones será sancionada en los términos de las leyes correspondientes."
Artículo quinto. Se reforma el párrafo tercero y se adiciona con los párrafos cuarto, quinto y sexto, al artículo 112 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para quedar como sigue:
"Artículo 112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, dictará disposiciones de carácter general que tengan como finalidad establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar en las instituciones de fianzas, actos u operaciones que puedan ubicarse en los supuestos del artículo 400bis del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, incluyendo la obligación de presentar a esa Secretaría, por conducto de la citada comisión, reportes sobre las operaciones y actividades que realicen sus contratantes, fiados, beneficiarios y otros usuarios, por los montos y en los supuestos, que en dichas disposiciones de carácter general se establezcan.
Dichas disposiciones deberán considerar, entre otros aspectos, criterios para la adecuada identificación de los clientes y usuarios de las operaciones y servicios de las mencionadas instituciones, que consideren sus condiciones específicas, actividad económica o profesional, los montos, frecuencia, tipos y naturaleza de las operaciones e instrumentos monetarios con que las realicen y su relación con las actividades de los clientes o usuarios; las plazas en que operen y las prácticas comerciales y afianzadoras que priven en las mismas; la debida y oportuna capacitación de su personal y medidas específicas de seguridad en el manejo de las operaciones de las propias instituciones afianzadoras.
Las disposiciones de carácter general señaladas en el párrafo anterior y las obligaciones previstas en ellas, deberán ser observadas por los miembros de los consejos de administración, comisarios, auditores externos, funcionarios y empleados de las citadas empresas; la violación de las mismas será sancionada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas con multa equivalente del 10% al 100% del acto u operación de que se trate.
Tanto los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, como los miembros de los consejos de administración, comisarios, auditores externos, funcionarios y empleados de las instituciones a que se refiere este artículo, deberán abstenerse de dar noticia o información de las operaciones previstas en el mismo a personas, dependencias o entidades, distintas de las autoridades competentes expresamente señaladas. La violación a estas obligaciones será sancionada en los términos de las leyes correspondientes."
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las disposiciones de carácter general que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haya emitido bajo la vigencia de los artículos que se reforman en este decreto, continuarán vigentes hasta en tanto no sean modificadas, abrogadas o derogadas por la misma dependencia.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores. México, D.F., a 15 de abril de 1997. Senadores: Judith Murguía Corral, presidenta; José Luis Medina Aguiar y Mauricio Fernández Garza, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales. El oficial mayor, licenciado Mario Alberto Navarro Manrique.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
JAPON
El secretario Luis Alberto Rico y Samaniego:
«Escudo Nacional. Cámara de Senadores. México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados. Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Jesús Araón Kumate Rodríguez, para aceptar y usar la condecoración de la "Orden del Tesoro Sagrado", en grado de Gran Banda que le confiere el gobierno de Japón.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 15 de abril de 1997. Senadores: Sergio Magaña Martínez y Mauricio Fernández Garza secretarios.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Jesús Araón Kumate Rodríguez, para aceptar y usar la condecoración de la "Orden del Tesoro Sagrado", en grado de Gran Banda que le confiere el gobierno de Japón.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores. México, D.F., a 15 de abril de 1997. Senadores: Judith Murguía Corral, presidenta; Sergio Magaña Martínez y Mauricio Fernández Garza, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales. Licenciado Mario Alberto Navarro Manrique, oficial mayor.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
El secretario Luis Ruan Ruiz:
«Escudo Nacional. Cámara de Senadores. México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados. Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Alejandro Angel Centeno Jerónimo, para prestar servicios como asesor en programas químicos en la Embajada de los Estados Unidos de América, en la Ciudad de México.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 10 de abril de 1997. Senadores: José Guadarrama Márquez y Norberto Corella Gil Samaniego, secretarios.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Alejandro Angel Centeno Jerónimo, para prestar servicios como asesor en programas químicos en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores. México, D.F., a 10 de abril de 1997. Senadores: Jesús Orozco Alfaro, presidente; José Guadarrama Márquez y Norberto Corella Gil Samaniego, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales. Licenciado Mario Alberto Navarro Manrique, oficial mayor.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
REPUBLICA DE CHILE
El secretario J. Fidel Pineda Valdez:
«Escudo Nacional. Cámara de Senadores. México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados. Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Arturo Enrique Basurto Albarrán, para prestar servicios en el área administrativa de la Embajada de Chile en Wellington, Nueva Zelandia.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 15 de abril de 1997. Senadores: Sergio Magaña Martínez y Mauricio Fernández Garza, secretarios.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Arturo Enrique Basurto Albarrán, para prestar servicios en el área administrativa de la Embajada de Chile en Wellington, Nueva Zelandia.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores. México, D.F., a 15 de abril de 1997. Senadores: Judith Murguía Corral, presidenta; Sergio Magaña Martínez y Mauricio Fernández Garza, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales. Licenciado Mario Alberto Navarro Manrique, oficial mayor.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
REPUBLICA ARABE SAHARAUI DEMOCRATICA
El secretario Gerardo Roberto Flores González:
«Escudo Nacional. Cámara de Senadores. México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados. Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto, que concede permiso a los ciudadanos Gloria Flores Castillo e Israel Jorge Reyes Ruano, para prestar servicios como secretaria y chofer, respectivamente en la Embajada de la República Arabe Saharauí Democrática en México.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 10 de abril de 1997. Senadores: José Guadarrama Márquez y Norberto Corella Gil Samaniego, secretarios.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Gloria Flores Castillo, para prestar servicios como secretaria, en la Embajada de la República Arabe Saharauí Democrática en México.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Israel Jorge Reyes Ruano, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de la República Arabe Saharauí Democrática en México.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores. México, D.F., a 10 de abril de 1997. Senadores: Jesús Orozco Alfaro, presidente; José Guadarrama Márquez y Norberto Corella Gil Samaniego, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales. Licenciado Mario Alberto Navarro Manrique, oficial mayor.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
REPUBLICA ISLAMICA DE PAQUISTAN
La secretaria Gladys Merlín Castro:
«Escudo Nacional. Cámara de Senadores. México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados. Presentes.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 15 de abril de 1997. Senadores: Sergio Magaña Martínez y Mauricio Fernández Garza, secretarios.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Daniel Martínez Muñoz, para prestar servicios como chofer en la Embajada de la República Islámica de Paquistán en México.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores. México, D.F., a 15 de abril de 1997. Senadores: Judith Murguía Corral, presidenta; Sergio Magaña Martínez y Mauricio Fernández Garza, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales. Licenciado Mario Alberto Navarro Manrique, oficial mayor.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
COMISIONES DE TRABAJO
El secretario Luis Alberto Rico y Samaniego:
«Escudo Nacional. Poder Legislativo Federal. Cámara de Diputados.
Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Honorable Asamblea: la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de esta Cámara, en uso de las facultades que le otorgan los artículos: 42, 45, 46, 47 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite proponer a la Asamblea, para adecuar las comisiones y comités para el desempeño de los trabajos de este cuerpo legislativo, a los siguientes diputados:
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales: Jesús Rodríguez y Rodríguez, en sustitución de José R. Castelazo y de los Angeles; Ismael Orozco Loreto, en sustitución de Ernesto de Jesús Luque Feregrino.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 15 de abril de 1997. Diputados: Juan José Osorio Palacios, presidente; Ricardo García Cervantes, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Pedro René Etienne Llano, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; Héctor Hugo Olivares Ventura, José Ramírez Gamero, Rosario Guerra Díaz y Eduardo Escobedo Miramontes.»
En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
Presidencia del diputado Mario Enrique Vázquez Hernández
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto, por el que se adiciona la fracción II al artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Martín Gerardo Longoria Hernández:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Escudo Nacional. Poder Legislativo Federal. Cámara de Diputados.
Comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público.
Honorable Asamblea: a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la "iniciativa de decreto por el que se adiciona la Ley del Impuesto al Valor Agregado", que fue presentada por diputados a la LVI Legislatura e integrantes del sector obrero del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el día 8 de abril de 1997, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 55 fracción II, 56 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Los integrantes de estas comisiones unidas, con las facultades que les confieren los artículos 43, 48, 54 y 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 56, 65, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocaron al estudio de dicha iniciativa en los términos que a continuación se mencionan en el presente
DICTAMEN
Descripción de la iniciativa
Al fundamentar la iniciativa, el grupo parlamentario proponente expresa que durante el proceso de análisis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, que fue publicada el 23 de mayo de 1996, incorporó diversas modificaciones para que sus disposiciones protegieran de manera más adecuada la relación entre las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) y los trabajadores, en aspectos relativos al manejo de la información; al cobro de las comisiones; a los costos y veracidad de la publicidad y al conocimiento del comportamiento de las cuentas de los trabajadores a través de la remisión oportuna de estados de cuenta que, en forma clara, presentaran esta evolución.
De igual forma, se acordó que cada Afore tuviera al menos una Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro (Siefore), que estuviera integrada fundamentalmente por valores cuyas características específicas preserven el valor adquisitivo del ahorro de los trabajadores.
Un punto de especial preocupación fue el de que se cuidara de manera particular el régimen de comisiones que cobraran las Afore, así como que los gastos de comercialización y administración resultaran apropiados para evitar una afectación indebida de la capitalización y rentabilidad de los recursos producto del ahorro de los trabajadores. Inclusive, éste fue un criterio que se recogió en el dictamen aprobatorio de dicha ley.
La iniciativa añade que, en virtud de que conforme a los términos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se encuentra sujeta a la tasa del 15% cualquier tipo de comisión que cobren las Afore por la administración de las cuentas individuales de los trabajadores, se propone la revisión de dicho régimen fiscal. Cabe mencionar que estas comisiones incluyen las derivadas de la administración de las cuentas individuales de los trabajadores calculadas sobre el saldo o el flujo de los recursos afectos al sistema de ahorro para el retiro, así como las comisiones de cuota fija para los demás servicios que las administradoras prestan a los titulares de dichas cuentas.
En este sentido y como sucede en otros países que tienen esquemas similares, la propuesta de la iniciativa consiste en exentar del pago del impuesto al valor agregado a las comisiones que cubran los trabajadores por los servicios que les prestan las Afore.
A fin de guardar congruencia, la iniciativa también considera necesario que se aplique este tratamiento a las instituciones de crédito, por lo que hace a las comisiones que cobran por la administración de las cuentas y por los demás servicios que prestan relacionados con dicha administración de recursos, a los trabajadores sujetos al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Consideraciones de la comisiones unidas
A partir de la aprobación de las leyes del Seguro Social y de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, los distintos participantes del esquema pensionario, que operarán a partir del próximo 1o. de julio, han estado desarrollando un nuevo modelo operativo que permita garantizar la canalización de los recursos e información de una manera segura, sencilla y transparente, como se expresa en el "informe semestral sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro, juniodiciembre de 1996" que, en cumplimiento de la ley, remitió la Consar a esta Cámara el pasado mes de marzo.
En tal sentido, de diciembre de 1996 a febrero de este año, se ha autorizado la constitución y operación de 17 administradoras y sus correspondientes Siefore, que habrán de administrar las cuentas individuales de los trabajadores e invertir dichos recursos, respectivamente. Al mes de marzo se calcula que han sido dadas de alta por estas administradoras un total de 1.2 millones de cuentas individuales.
Se estima que este grupo de empresas invertirá durante este año recursos por poco más de 5 mil 800 millones de pesos y crearán alrededor de 52 mil empleos directos.
Para ubicar la dimensión del nuevo sistema pensionario, las que dictaminan consideran oportuno destacar los siguientes aspectos:
Al 31 de diciembre de 1996, los saldos de las subcuentas del SAR ascendieron a 79 mil 252 millones de pesos, de los cuales 34 mil 828 millones correspondieron a la de retiro y el resto a la de vivienda. El crecimiento promedio que se observó en dicho año es de 932 millones mensuales. Por otro lado, la tasa anual de rendimiento real durante ese año fue del 4.80% para la subcuenta de retiro.
Las Afore formalmente iniciarán sus operaciones con las aportaciones de seguridad social a partir del cuarto bimestre de 1997, así como con los recursos que provengan de la individualización de las cuentas de los trabajadores con cargo a la subcuenta de retiro, del antiguo SAR, la cual cuenta, como ya se expresó, con casi 35 mil millones de pesos.
De acuerdo con el número de afiliados al IMSS, el número de cuentas individuales que se estima se podrán abrir es de alrededor de 10 millones.
El límite máximo de participación en el mercado que puede tener una Afore, de 17% en la actualidad, implica administrar este año aproximadamente 1.7 millones de cuentas, que equivalen a cerca de la mitad de las del mercado chileno.
Es evidente que el nuevo sistema de pensiones se convierte en un parteaguas en el sector financiero mexicano, el cual por vez primera tendrá la oportunidad de generar un volumen importante de recursos de largo plazo, esenciales para la formación de ahorro interno y para el futuro económico del país. Se estima que, para el año 2000, la masa de recursos que generará este sistema será de alrededor de 24 mil millones de dólares; es decir, el 7.5%, del PIB de 1996.
Igualmente, el nuevo sistema de pensiones será un importante detonador del sistema asegurador, el cual operará las rentas vitalicias para los trabajadores pensionados por vejez, invalidez y muerte, así como los seguros de sobrevivencia a los beneficiarios.
Estas comisiones unidas consideran de trascendental importancia para beneficio de los trabajadores y para la operación del sistema de pensiones en su conjunto, la propuesta de exentar del cobro del 15%, del impuesto al valor agregado a las comisiones por los servicios que las Afore prestarán a los titulares de las cuentas de retiro.
De igual manera consideran apropiado que se extienda el beneficio de la exención de dicho impuesto a las comisiones que se cobran a los trabajadores que actualmente están sujetos al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Las que dictaminan también están de acuerdo en que la propuesta de exención del IVA al cobro de comisiones es la forma más adecuada para proteger los intereses de los trabajadores y de reducir las cargas a sus pensiones de retiro. Esta mecánica elimina de manera transparente la aplicación del IVA a las comisiones aludidas y resulta más sencilla en su instrumentación.
Finalmente, se considera que la propuesta presentada se inscribe en una serie de acciones que se han venido aplicando, algunas de las cuales ya han sido mencionadas en este dictamen, con objeto de mejorar la legislación aplicable al sistema pensionario, cuyo eficiente funcionamiento es de enorme trascendencia para los trabajadores del país y para el fortalecimiento del ahorro interno nacional.
Exentar del IVA a las comisiones que se cobran a los trabajadores por el manejo de sus recursos pensionarios, es un avance importante en esa dirección.
En razón de lo anterior, las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público, recomiendan aprobar el siguiente
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Artículo único. Se adiciona la fracción II al artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:
Artículo 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Las comisiones que cobren las administradoras de fondos para el retiro o, en su caso, las instituciones de crédito, a los trabajadores por la administración de sus recursos provenientes de los sistemas de ahorro para el retiro y por los servicios relacionados con dicha administración, a que se refieren la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como las demás disposiciones derivadas de éstas.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
" TRANSITORIO
Artículo único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados. México, D.F., a 15 de abril de 1997. Diputados: Francisco Suárez y Dávila, presidente; Jorge Padilla Olvera, Mónica Leñero Alvarez, Saúl Escobar Toledo, Alfonso Reyes Medrano, secretarios; José Rosas Aispuro Torres, Manuel Beristáin Gómez, Tonatiuh Bravo Padilla, Roberto Campa Cifrián, Jorge A. Cejudo Díaz, Daniel Covarrubias Ramos, Víctor Cruz Ramírez, Gabino Fernández Serna, Heriberto Galindo Quiñones, Alejandro Higuera Osuna, Manuel Jiménez Lemus, Sebastián Lerdo de Tejada, Oscar Levín Coppel, Raúl Livas Vera, Gabriel Llamas Monjardín, Ifigenia Martínez Hernández, Salvador Mikel Rivera, Alfonso Molina Ruibal, José de Jesús Preciado Bermejo, Jesús Rodríguez y Rodríguez, Víctor Manuel Rubio Ragazzoni, Antonio Sánchez Gochicoa, Carlota Vargas Garza, David Vargas Santos, Raúl Alejandro Fuentes Cárdenas, José Ramírez Gamero, Alejandro González Alcocer, Javier Pineda y Serino, Armando Quintero Martínez, Julio Felipe García Castañeda, Eduardo Guzmán Ortiz, Carlos H. Aceves del Olmo, Antelmo Alvarado García, René Arce Islas, Consuelo Botello de Flores, Alicia Céspedes de Carmona, Amado Jesús Cruz Malpica, José Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Servando Díaz Suárez , María Claudia Esqueda Llanes, Pedro Flores Olvera, Armando Gamboa Enríquez, Juan Leyva Mendívil, Miguel Humberto Manzo Godínez, Francisco Martínez Rivera, Martín Aureliano Montaño Arteaga, Hildiberto Ochoa Samayoa, Carlos Pérez Rico, Enrique Ramos Rodríguez, Macario Rodríguez Rivera, Manuel Enrique Russek Valles, Rafael Ruvalcaba León, Pedro Sánchez Ascencio, Jorge Urdapilleta Núñez y María Elena Yrizar Arias .»
Es de segunda lectura.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Alfonso Reyes Medrano para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Alfonso Reyes Medrano:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El próximo 1o. de julio del presente año entrará en vigor la ley que regula los nuevos sistemas de seguridad social: pensiones para cesantía, vejez y retiro, y la que norma las aportaciones patronales que integran el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Con el afán de lograr un mínimo de costo en su manejo y operación, se propuso la desgravación del impuesto al valor agregado de las comisiones que tienen que pagar los trabajadores por la administración de sus fondos.
Los diputados representantes de los trabajadores, miembros de la fracción priísta de esta LVI Legislatura, propusieron a sus compañeros legisladores la revisión de tal propuesta.
Por tanto, me es especialmente satisfactorio sustentar el dictamen de las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público, de la iniciativa de decreto que adiciona la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Esta iniciativa, de acuerdo con las expectativas, se orienta a mejorar la operación del sistema pensionario en favor de los trabajadores.
En el dictamen se expresa la preocupación que ha mantenido el grupo parlamentario proponente, respecto de todo el proceso vinculado a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro que fue publicada el 23 de mayo de 1996.
Desde que se analizó la ley mencionada se incorporaron distintas disposiciones para proteger en forma más adecuada las relaciones entre las administradoras de fondos para el retiro y los trabajadores en aspectos diversos, tales como el manejo de la información, el cobro de comisiones, los costos y veracidad de la publicidad y la evolución de las cuentas individuales de retiro de los trabajadores.
En el dictamen se menciona que uno de los aspectos de especial preocupación de esta legislatura, fue el relativo a todo régimen de comisiones que cobran las Afore, así como los gastos de comercialización y administración para que no se afectaran la capitalización y rentabilidad del ahorro de los trabajadores.
El antecedente de esta iniciativa es que de conformidad a la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente, entre otras disposiciones se desprende que se encuentra sujeta a la tasa del 15% cualquier tipo de comisiones que cobran, sobre todo las Afore, por la administración de las cuentas individuales de los trabajadores y por los servicios que prestan. La propuesta consiste en exentar del pago de dicho impuesto a las comisiones mencionadas.
Entre las consideraciones de las comisiones unidas que elaboraron el presente dictamen, se tomó en consideración los importantes montos de recursos que habrán de manejarse en el nuevo sistema pensionario, que se estima llegará a alrededor de 24 mil millones de dólares para el año 2000, que equivale a un 7.5% del producto interno bruto de 1996. Ello ilustra el avance en el objetivo de impulsar la generación del ahorro interno, en especial a largo plazo, que asocia a los nuevos sistemas.
Por otra parte, se estima que a la fecha han sido dadas de alta un total de 1 millón 200 mil millones de cuentas individuales. Se espera que en los próximos cuatro años se llegue al volumen esperado por el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, de cerca de 12 millones de cuentas.
De igual forma, el 31 de diciembre de 1996 los saldos de la cuenta al SAR ascendieron a 79 mil 952 millones de pesos, de los cuales 34 mil 828 millones correspondieron a las cuentas de retiro y el resto a la vivienda.
Las comisiones unidas también recogieron en su dictamen la importancia que el nuevo sistema de pensiones tiene para impulsar el sistema asegurador, que opera las rentas vitalicias para los trabajadores pensionados por vejez, invalidez y muerte, así como los seguros de sobrevivencia a los beneficiarios.
Dentro de estas acciones de mejorar al sistema pensionario, el dictamen recoge la conveniencia expresada por las comisiones unidas de proceder a exentar el cobro del 15% del impuesto al valor agregado a las comisiones por los servicios que las Afore prestan a los titulares de las cuentas en retiro.
La propuesta recoge la necesidad de que extienda este beneficio a las comisiones que cobran a los trabajadores que actualmente están sujetos al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado. La mecánica propuesta para lograr este propósito fue la de exentar del impuesto al valor agregado el cobro de las comisiones, mecánica que en forma transparente y directa elimina las aplicaciones de este impuesto y resulta de la mayor simplicidad en su aplicación. Esta misma mecánica ha sido utilizada con éxito por otros países con sistemas pensionarios similares al nuestro.
Finalmente, compañeras y compañeros diputados, las comisiones unidas subrayan en su dictamen, cuya aprobación se recomienda a esta honorable Asamblea, es un avance importante en el propósito de continuar mejorando la legislación aplicable al sistema de pensiones.
Por la importancia que tiene para los trabajadores de México, del país y en especial en el momento de su retiro y por fortalecer el ahorro nacional, por todas estas razones expresadas, esperamos contar con la aprobación de esta honorable Asamblea del dictamen que hemos sometido a su consideración, porque con ello no sólo se beneficiará a los trabajadores mexicanos y a la inversión de largo plazo, vino al ahorro interno y en general, al equilibrio de la economía del país.
Muchas gracias, compañeros.
El Presidente:
En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.
Esta Presidencia informa que se han registrado para fijar posiciones los siguientes oradores: por el Partido del Trabajo, el diputado Eduardo Guzmán Ortiz; por el Partido de la Revolución Democrática, la diputada Ifigenia Martínez Hernández; por el Partido Acción Nacional, el diputado Jorge Urdapilleta Núñez y por el Partido Revolucionario Institucional, el diputado Julio Felipe García Castañeda.
Tiene la palabra el diputado Eduardo Guzmán Ortíz.
El diputado Eduardo Guzmán Ortiz:
Gracias, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
El Partido del Trabajo estuvo y está en contra de los cambios al Sistema de Seguridad Social llevados adelante por el Ejecutivo de la Nación y aprobados en su momento por el partido oficial en esta legislatura.
En el debate sobre estas modificaciones señalamos que los cambios a la Ley del IMSS y la creación de las Afore se inscriben en la lógica del proyecto económico del régimen que busca la creación de una más importante de ahorro interno y revitalizar el sector financiero a costa de las pensiones de los trabajadores del país.
Adicionalmente, con la reforma efectuada se lesionaron y eliminaron derechos adquiridos por los trabajadores durante décadas de lucha. Como lo señalamos, la reforma realizada, lejos está de resolver lo exiguo de las pensiones de los trabajadores, así como la situación financiera del IMSS y el mejoramiento de los servicios y prestaciones que éste brinda. Por el contrario, se realizó una reforma que abandona el carácter solidario de la seguridad social en nuestro país dejándole incierto el futuro al trabajador en cuanto al monto de la pensión que le corresponderá al final de su vida productiva y la viabilidad del sistema en su conjunto.
El Partido del Trabajo no acepta un sistema que además de las características señaladas, es entregado a los grupos bancarios que han demostrado su ineficiencia y rapacidad; las nuevas instituciones que supuestamente administrarían los recursos de los trabajadores no existen; por el contrario, como es evidente, casi todos los participantes en el nuevo mercado de las Afore son sustancialmente los mismos que ya operan en el sector financiero mexicano, los mismos que han recibido cuantiosos recursos para el saneamiento de sus estados contables, como resultado de su ineficacia y que alcanzan un monto de más de 210 mil millones de pesos, es decir, los bancos mexicanos.
Además del carácter de la reforma, su carácter restrictivo y violatorio de derechos ya adquiridos, las lagunas de la misma, sus insuficiencias y la improvisación y premura con que se hizo la transformación, han hecho que ya por lo menos en dos momentos se introduzcan modificaciones a la ley y por supuesto, se mantenga el debate sobre la viabilidad y certidumbre del mismo.
Por ejemplo, está la modificación realizada por postergar por seis meses la entrada en vigor de la ley para que fuera posible concluirse, se dice, la integración de la base de datos de las cuentas únicas de los trabajadores. En su momento se nos dijo que todo estaba preparado y que para el 1o. de enero se podría echar a andar el sistema; no fue así, se pospuso seis meses, pero además con esta posposición también se afectó de nueva cuenta a los trabajadores, ya que no se mencionó ni por el Ejecutivo ni por el PRI, que esta posposición implicaba que durante seis meses los trabajadores dejaran de percibir la aportación del Gobierno y los posibles rendimientos que se pudieran obtener de la inversión durante el primer semestre de 1997. Otra pérdida más para ellos.
En este mismo sentido se encuentra el dejar a la reglamentación de las Afore a la Consar, en este caso no se estableció para ésta ninguna responsabilidad por las pérdidas de las inversiones de los recursos de los trabajadores; en caso de haberlas, lo señalan los contratos que actualmente se están firmando, la Afore no tendrá responsabilidad alguna y el trabajador asumirá, si firma su aceptación, dichas pérdidas.
No siendo suficiente con lo anterior, también está en debate hoy la publicidad, la cual sostenemos no cumple los requisitos señalados en la propia reglamentación que exige que sea clara, veraz, oportuna y que no deberá contener aseveraciones o mensajes falsos o ambiguos que provoquen interpretaciones inexactas del público.
Para muestra un botón: algunas Afore anuncian y ofrecen una comisión, no que la cobran como debe de ser y eso sí, ninguna ofrece un rendimiento garantizado.
En este contexto se ubica la propuesta que hoy discutimos, esta propuesta, desde nuestro punto de vista, en el mejor de los casos corrige una omisión que se tuvo al no considerar el aspecto del cobro del IVA en la miscelánea de leyes que se modificaron a raíz de la reforma de las leyes del IMSS.
En efecto, al privatizar el régimen del sistema de retiro y ubicarlo dentro del sistema financiero, una de las consecuencias fue que las comisiones que se cobrarán por el manejo de las cuentas estarían sujetas al cobro del impuesto al valor agregado, según la ley vigente. En el mismo caso estarían las comisiones por la expedición de estados de cuentas y consultas adicionales, por reposición de documentos, por pago de retiros programados y depósitos o retiros de la subcuenta de ahorro voluntario. Nada más. Nada más esto estaría sujeto al cobro del IVA.
Obviamente, hoy nadie en su juicio y menos nosotros, por supuesto, se puede oponer a la modificación propuesta, ya que ésta evitaría una reducccición adicional del dinero de los trabajadores. Pero en este mismo orden de ideas no podemos dejar de señalar que sólo se trata de un paliativo del cual se está haciendo un uso electoral.
Todo se vale al parecer hoy día, si no cuál es la razón que hoy se ponga que se exenten y no se hizo en su momento, sobre todo con la experiencia legislativa de los diputados priístas, ¿se les fue este aspecto o fue deliberado para hoy usarlo electoralemente?
Lo responsable hubiera sido haberlo modificado en su momento; creo que no es así; de inexperiencia no se les puede acusar. Desde nuestro punto de vista, los errores, omisiones y lesión de los derechos de los trabajadores, por medio de la ley, son muchos. Insistimos por ello que es necesario no sólo atender hoy al aspecto del no cobro del IVA por comisiones, sino además llevar a cabo una revisión a fondo de la misma ley para garantizar que verdaderamente exista una pensión digna para todos los trabajadores que entregan su esfuerzo al país y sobre todo el mejoramiento de su nivel de vida.
Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Ifigenia Martínez Hernández.
La diputada Ifigenia Martha Martínez Hernández:
Con su venia, señor Presidente; señoras y señores legisladores:
La iniciativa de decreto por el que se adiciona la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, nos coloca nuevamente en el escenario de la discusión sobre los alcances e implicaciones del sistema privado de pensiones.
Es por tanto imposible referirnos a la sola iniciativa del PRI cuyo dictamen presentan hoy las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público, sin hablar del modelo de seguridad social en que dicho sistema se inscribe.
La primera etapa de la reforma neoliberal al régimen de seguridad social, se consumó con los cambios a las leyes del Seguro Social, de los sistemas de ahorro para el retiro, del Infonavit y diversas leyes financieras producidas entre 1955 y 1996.
Señor Presidente, ¿quisiera usted por favor pedir orden en la sala?
El Presidente:
Se les suplica a los compañeros diputados guarden orden en la sala para escuchar a la oradora.
La diputada Ifigenia Martha Martínez Hernández:
En estos cambios legales se rompe con los principios constitucionales del derecho social, de los cuales fuimos precursores y que dieron aliento al régimen de seguridad social de la Revolución Mexicana.
La reforma fundamental consiste en trasladar la administración de cuantiosos recursos fiscales que tienen el carácter de tributo por su obligatoriedad y que conforman el ahorro social, léase el capital social de la clase trabajadora, a entidades financieras con fines de lucro, que representan los intereses de clase del capital financiero.
Sí, compañeros legisladores, en el fondo es otra vez la lucha de clases, los intereses de la clase trabajadora que han sido relegados en favor de los intereses de los capitalistas financieros; el modelo neoliberal propicia la pérdida de derechos y crea condiciones más rígidas para su disfrute, es el caso del incremento de las semanas de cotización para gozar de una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez; convierte a las instituciones de seguridad social en instrumentos de la política económica neoliberal del Gobierno y mina su naturaleza eminentemente social.
¿Qué no se dieron cuenta los representantes del sector obrero de la barbaridad en la que estaban implicados? Introduce la participación de agentes privados en la consecución de los altos fines de las instituciones de salud y seguridad social y mercantiliza el derecho constitucional a una pensión y a una vivienda dignas. Además, su puesta en vigor exige un elevado sacrificio fiscal de los contribuyentes, quienes pagarán el costo de la transición por varios lustros.
Lo anterior obligó al aplazamiento de la puesta en marcha de las reformas por un lapso de seis meses, ante la imposibilidad del Estado de hacerles frente desde el 1o. de enero de 1997, a su compromiso de sostener el nuevo régimen financiero de los ramos de aseguramiento que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como de trasladar los recursos del SAR a las Afore.
El monto del SAR, retiro y vivienda que el Banco de México estaba obligado a transferir, suponiendo una afiliación del 100% a las Afore y Siafore, equivalía, al cierre de 1996, a 65 mil 263.7 millones de pesos, excluyendo los saldos por concepto de ISSSTE y Fovissste.
Estas y otras críticas no pueden olvidarse, se hicieron en su oportunidad y su desatención ha sido motivo de conflictos e inconformidad de sus principales beneficiarios: 10 millones de trabajadores.
Es por lo anterior, que no se puede discutir aisladamente el impacto del IVA en las comisiones que cobrarán las Afore, tenemos que considerar los problemas que han aflorado en el arranque de este sistema privatizado, cuyas tendencias de cimentarse causarán severos daños en el ahorro de los obreros y empleados mexicanos.
Sólo diremos algunas de sus tendencias y problemas. La principal es el cobro de elevadas comisiones por la administración de los recursos y diversos servicios que prestarán las Afore. Estas representan una disminución, según la Afore que se haya elegido, de entre 20 y 30 pesos por cada 100 que ahorre el trabajador, es decir, su sueldo diferido convertido en capital, va a sufrir una merma, una mochada, nada más de entrada, de entre 20 y 30 pesos, por cada 100. En esas circunstancias, de acuerdo a los cálculos del propio Congreso del Trabajo, únicamente cuatro de las 17 Afore pagarán rendimientos positivos durante el primer año; las 13 restantes obtendrán pérdidas netas.
Claro que se dice: esto hay que verlo con una visión de mediano y largo plazos; al sexto o al séptimo o al octavo año ya habrá utilidades.
La Afore 21 del IMSS, cuyo carácter público está en duda, tampoco ofrece mejores condiciones de rentabilidad y cobro de comisiones.
Me recordaban experimentados banqueros esta mañana, ¡caray!, si había 20, llegó haber aquí en el sistema mexicano 20 millones de cuentas de ahorro, pequeñas cuentas de ahorro, cuya administración era costosa. Pues la banca mixta y la banca estatizada, no cobraban comisión, al contrario, pagaban un modesto interés. Si estas cuentas de ahorro no cobraban, ¿por qué las pensiones, los fondos de retiro, porque son tan cuantiosos y a largo plazo, deben pagar comisión?
Además, no hay rendimientos garantizados para nadie, asunto que se reconoce expresamente en los contratos que los trabajadores están firmando con las Afore. Más aún, el ahorrador puede sufrir disminuciones sensibles en su patrimonio en cualquier momento.
Esta es la razón por lo que la cuenta concentradora que el Banco de México le ofrecerá al fin, ofrecerá mayor seguridad para el ahorro del trabajador y persiste la disposición de no garantizar una rentabilidad mínima. Es por eso que el PRD ha llamado a que los trabajadores no se afilien a ninguna Afore en los próximos años.
En esto no estamos solos, pues Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, a quien nadie puede acusar de tonto, nadie puede sospechar que Francisco Hernández Juárez sea un tonto. Pues bien, él, tras analizar la estrategia de las compañias autorizadas para administrar los fondos para el retiro, ha contemplado la posibilidad, su sindicato, de no contratarlas, es decir, que ha considerado como una opción viable que los ahorros de los trabajadores de este gremio, del Sindicato de Telefonistas, sean depositados en la cuenta concentradora del Banco de México, porque resulta menos costosa, genera mayores rendimientos porcentuales y ofrece plenas garantías de obtener ganancias, de manera que después de hacer un examen puntual de la serie de inconveniencias y conveniencias que a su juicio representa la afiliación a las Afore, ha recomendado a los agremiados depositar su dinero en el banco central del país.
Esa posibilidad no la han contemplado. ¿Qué pasa si los trabajadores boicotean al sistema y no se afilian?
Derivado de lo anterior, tampoco existe certidumbre de la cuantía de la pensión que el trabajador recibirá al final de su vida productiva. Los componentes de su pensión se conjugarán con la óptica del mercado financiero y si ésta falla, el trabajador será responsable de su mala elección. Le irá como le fue a los inversionistas de la clase media cuando entraron al mercado de valores y se les dijo: es su apetito por obtener ganancias especulativas el que las ha llevado a la perdida. Así igual.
La publicidad es tramposa, además; no informa, desinforma y en algunos casos denigra al trabajador. Su costo es muy elevado. Cada minuto que la Afore invierte en televisión, el medio más caro para promocionarse, cuesta miles de pesos que se traducen en comisiones y gastos por recuperar.
Estamos presenciando la guerra que se está desatando en la televisión y en los periódicos de los grupos financieros por hacerse de este jugoso pastel, en donde de entrada van a cobrar y en donde prácticamente lo pueden manejar a su antojo el dinero dentro de los límites que les marca la ley, que no están muy claros, pero de todas maneras como ya dije en otra ocasión, es aumento de su liquidez.
Además hay una alta concentración del mercado que se producirá en el sistema AforeSiefore. Las dos principales Afore privadas están ligadas a sendos grupos financieros que actualmente controlan la mayor cantidad de recursos del SAR: Banamex y Bancomer. De acuerdo al reporte de la Consar concentraban el 48% de los suscritos hasta la fecha en alguna Afore, es decir, ya tienen a 1 millón 285 mil trabajadores en sus garras.
La Afore Siglo XXI mixta, de acuerdo a la composición de su capital social, apenas había registrado 33 trabajadores. Además hay brotes corrupción ya en distintas operaciones del modelo privado; primero se hizo la denuncia de afiliaciones inducidas por el líder sindical o el empresario en distintos estados de la República; posteriormente se denunció el pago de alguna contraprestación a los trabajadores por los promotores de determinada Afore.
Hace unos días se reconoció por parte del Seguro Social, el cobro indebido de empresas de gestoría por la tramitación de las credenciales del instituto requeridas por las Afore al momento de afiliar al trabajador, pero los idólatras del mercado están diciendo que todo esto es beneficioso y que simplemente esta guerra del mercado en último término va a beneficiar al trabajador. O sea, el fondo social en el mercado salvaje, en el capitalismo salvaje.
Tal como lo señalan los diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en su iniciativa, aprobaron de manera firme el nuevo modelo privado de pensiones, pero frente a la avalancha de protestas generadas por su alto costo, su carácter incierto, riesgoso y mercantil, no han tenido más remedio que ponerle un parche de poca significación. Ante las omisiones, lagunas y disposiciones francamente lesivas para los trabajadores, proponen atemperar la exención del IVA, una carga muy pesada en el pago de comisiones a las Afore.
La iniciativa del PRI que estamos aquí en este momento debatiendo, además de no atacar los problemas de fondo que ya hemos señalado, tiene un fuerte contenido electoral, mismo que se intentará ser presentado como el gran logro a favor de los trabajadores, porque realmente bajo la actual Ley del IVA, las comisiones que cobran las Afore sí deben de pagar el IVA, pero como resulta ya un verdadero atraco a los trabajadores encima de cobrarles comisiones, cobrarles el IVA, entonces vienen aquí a decir que son muy defensores de la clase trabajadora y a que no se les cobre el IVA.
Pero ustedes verán que esto es una aberración sobre otra aberración. Buscar acelerar el proceso de afiliación de las Afore, que después de dos meses y medio de haber arrancado sólo han logrado captar el 10% de los potenciales ahorradores, es la justificación para que los dirigentes del Congreso del Trabajo busquen ingresar al nuevo negocio financiero. Con certeza, al siguiente empujón al sistema se producirá por la vía corporativa de las organizaciones fiscales oficialistas.
El ahorro del trabajador puede contribuir al financiamiento y al crecimiento nacional, ciertamente, pero el modelo privado de pensiones no es el instrumento para conseguirlo.
En ese mismo sentido, a pesar de los candados de la ley, el manejo de los fondos puede ir tendencialmente a inversiones especulativas. En los hechos esto ocurre actualmente con la mayor parte de los flujos financieros que circulan al través del sistema de finanzas internacionales, algunos de los cuales llegan como capitales volátiles a países con mercados emergentes como México.
México es un país cuya economía requiere para su urgente necesidad de crecimiento económico, en eso estamos de acuerdo con la economía neoliberal; requiere también de un alto ahorro, en eso también estamos de acuerdo; pero ésta no es la manera de aumentarlo ni es la manera de canalizarlo adecuadamente.
Nosotros hemos propuesto que los fondos de ahorro se canalicen a inversiones de las regiones de donde proceden, mediante cuidadosos planes de desarrollo regional.
El centro de la discusión que aquí estamos dando, no es entonces aliviar un poquito la carga para el trabajador, exentándolo del pago del IVA en condiciones, sino queremos señalar la naturaleza riesgosa, especulativa y perjudicial del nuevo modelo privado de pensiones; sus peligrosas tendencias; su alto costo para la sociedad y sus distancias abismales con el precepto constitucional de derechos sociales y de las luchas, algunas sangrientas, que ha tenido que dar el pueblo de México en su propia evolución.
Se trata, por tanto, de una medida paliativa que no ataca los nudos ni la orientación privatizadora de la ley. Para ello se necesita legislar con otra óptica; recuperar los principios que se pierden con la nueva Ley del Seguro Social; el carácter público de sus fondos de pensiones; su naturaleza social y redistributiva y su necesaria equidad. Este es el verdadero debate a que nosotros convocamos frente a una iniciativa que se dirige a apuntalar un modelo y a recuperar infructuosamente el consenso que jamás obtuvo.
Por las anteriores consideraciones, nuestro voto será la abstención.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Jorge Urdapilleta Núñez.
El diputado Jorge Urdapilleta Núñez:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
El motivo de hacer uso de esta tribuna, obedece a realizar una reflexión en cuanto al papel que ha venido tomando el Gobierno Federal en el tema de la seguridad social y particularmente en el aspecto pensionario.
En menos de un año y medio se han dado dos reformas a la reforma del sistema pensionario de los trabajadores. Esto no refleja otra cosa que la improvisación del Gobierno Federal en este tema, como oportunamente lo señalamos.
Recordemos la reforma para cambiar la fecha de entrada en vigor de la nueva Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, del 1o. de enero de 1997 al 1o. de julio del mismo año, argumentando una falta de preparación del Registro Nacional de Población, con respecto a la puesta en marcha de la cédula única de Registro Nacional de Población dentro del proyecto de registro de las Afore.
Curiosamente, el registro no se está llevando como se nos hizo saber en la exposición de motivos y en las comparecencias de los funcionarios públicos de la Consar y del Registro Nacional de Población.
Por otra parte, ahora nos vienen a decir que se hará una adición a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en su fracción II del artículo 15 para que queden exentas las comisiones que los trabajadores paguen a las administradoras del fondo para el retiro.
Señoras y señores diputados: si bien el grupo parlamentario de Acción Nacional votará a favor de esta reforma, no quisiéramos dejar pasar por alto el hecho que es una reforma que no beneficia del todo a los trabajadores. Así, desde un principio que se aprobó la Ley de las Afore, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional denunció la necesidad de que el cobro del IVA a las comisiones de los trabajadores estuviera gravado con tasa 0, lamentablemente el Gobierno Federal en sus improvisaciones, determina que estarán exentas las comisiones que las Afore cobren a los trabajadores, pero no el pago de las compras y servicios que adquieren las Afore, mismos que al no poder acreditarse lo integrarán a sus costos y lo repercutirán a los trabajadores a través del cobro de las comisiones. Es decir, es un IVA escondido en las comisiones que los trabajadores tendrán que pagar.
Por lo tanto, no es un beneficio completo el que se pretende con esta reforma o parche legislativo. Si realmente queremos beneficiar a los trabajadores, hagamos las cosas bien hechas y no improvisemos o engañemos, como hasta ahora lo está haciendo el Gobierno Federal.
Es urgente que en una reforma objetiva, nuevamente se revise la legislación que afecta la previsión social y pensionaria de los trabajadores, siendo éstos los de menos recursos, debemos esforzarnos los legisladores de trabajar en un verdadero y real apoyo a ello.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Julio Felipe García Castañeda.
El diputado Julio Felipe García Castañeda:
Con su permiso, señor Presidente:
El sector obrero del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó a la consideración de los diputados de esta legislatura, iniciativa de decreto mediante la cual se propone se adicione a la Ley del Impuesto al Valor Agregado a la fracción II de su artículo 15.
Correspondió a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público el análisis, meditado y profundo, de tal iniciativa.
Por otra parte, a nuestro sector le cabe la satisfacción, no sólo de haber presentado la iniciativa mencionada, sino que también realizó su análisis con la responsabilidad que en toda ocasión ha demostrado, cuando se trata de obtener un beneficio de todos los trabajadores de México y refrendar una vez más, la preocupación del sector obrero de nuestro partido, por estar atento a los problemas que enfrentan los trabajadores de México y proteger sus intereses como lo hacemos en este dictamen, al plantear una reducción en las cargas fiscales a sus pensiones de retiro con la sesión del cobro del impuesto del 15% del valor agregado.
En el análisis, discusión y votación de esa resolución, se tuvo en cuenta primordial y fundamentalmente, dejar plasmado en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, una acción más de nuestro sector para mejorar las condiciones económicas de los trabajadores mexicanos y cumplir cabal y puntualmente con sus representantes a nivel nacional.
Es importante señalar que directamente fue enriquecido con las opiniones y razonamientos que en nuestras sesiones de trabajo nos proporcionaron funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, de tal manera que nos permitieron estar convencidos plenamente, que la bondad y el beneficio de la iniciativa, habrá de proporcionar a la clase laborante de nuestro país. No quisimos reeditar discusiones anteriores.
Finalmente ratificamos que el sector laboral de nuestro partido al participar en distintos foros que han presentado sobre temas de importancia trascendental para los trabajadores, nuestra voz se ha alzado para sostener y luchar por una inalterable posición de respeto a los derechos de los trabajadores y para su creciente mejoría en el ámbito laboral, económico y social.
Por estas razones, me permito someter a la consideración de esta LVI Legislatura, el siguiente dictamen.
Muchas gracias.
El Presidente:
Se han inscrito, para hacer uso de la palabra para este mismo tema, los señores diputados: Crisóforo Salido Almada, Saúl Escobar Toledo, del Partido de la Revolución Democrática; Luis Sánchez Aguilar, de la fracción Social Demócrata y Gerardo Ordaz Moreno, del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra el diputado Crisóforo Salido Almada.
El diputado Crisóforo Lauro Salido Almada:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
El motivo de mi intervención es para fijar posición referente al dictamen que está a discusión, a nombre del grupo de Diputados Ciudadanos.
Desde el momento en que estuvo a discusión el dictamen de las Afore en mayo del año pasado, nuestro grupo votó en contra porque nos opusimos tajantemente al régimen de comisiones que cobrarían las Afore. Es conocido de todos nosotros que las instituciones de crédito pagan intereses a sus cuentahabientes por el depósito de sus cuentas y este pago es independiente de las pérdidas que pueda sufrir la institución en sus inversiones, es decir, en el caso que nos ocupa es totalmente inconcebible que el salario de los trabajadores de México se grave en favor de entes financieros y que éstos no asuman los riesgos, ya que es el trabajador quien se encuentra en peligro de perder sus ganancias sólo porque la Afore que lo administre pierda en sus inversiones.
Por eso consideramos que esta propuesta es engañosa y oportunista. El resultado económico que puede percibirse es imperceptible en su beneficio al trabajador. Además queremos señalar que al exentar a las Afore del pago del impuesto al valor agregado sobre las comisiones que cubran los trabajadores por los servicios que ésta presta, corremos el riesgo de que las comisiones que se cobran, aumente en perjuicio del trabajador.
Sin duda, este dictamen es nuevamente un subsidio a los grandes inversionistas, no tomando en cuenta los riesgos y el costo que pueda tener en perjuicio de miles de trabajadores. Si bien es cierto que compartimos el objetivo de modernizar nuestro sistema de pensiones, no estamos de acuerdo en el método que se pretende utilizar. Si de verdad hubiera interés en defender a los trabajadores habría que empezar a corregir el rumbo de la política económica neoliberal que los ha empobrecido.
Por esto, por todas estas consideraciones, el grupo de Diputados Ciudadanos se abstendrá de votar el presente dictamen.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el señor diputado Saúl Escobar Toledo.
El diputado Saúl Alfonso Escobar Toledo:
Gracias señor Presidente; compañeras, compañeros; diputadas, y diputados:
Como lo he dicho reiteradamente, el Partido Revolucionario Institucional y sus diputados, ellos apoyaron de manera decidida la aprobación de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Con ello, este partido apoyó obcecadamente el surgimiento del negocio financiero más importante promovido en este sexenio.
Quedó con ello claro, compañeros diputados, a quien representa el PRI, es decir los intereses de la banca nacional y extranjera y yo preguntaría: ¿son ésos los intereses también que representa y que defiende el sector obrero del PRI, los intereses de la banca nacional y extranjera? Pero el sector del PRI y los priístas con ello, han provocado también desconfianza e incertidumbre de cientos de miles de trabajadores mexicanos sobre el manejo mercantil y riesgoso que se hará en adelante, de su patrimonio por el retiro.
Yo quisiera, señor Presidente, si usted me lo permite, mostrar a esta legislatura un contrato, un contrato que dice: "solicitud de registro en administradora de fondos para el retiro", y yo quisiera pedirle, señor Presidente, que además de que la Secretaría pudiera efectivamente demostrar aquí ante el pleno que se trata de una solicitud, que nos hiciera el favor de leer en la parte de atrás la cláusula 1B que aparece en este contrato, porque me parece de una gran importancia para este debate. Si usted no tiene inconveniente.
El Presidente:
Se instruye a la Secretaría dé lectura al documento que está pidiendo el diputado.
El secretario Luis Ruan Ruiz:
«Solicitud de registro en administradora de fondos para el retiro.
Contrato de Administración de Fondos para el Retiro, que celebran por una parte Profuturo GNP Afore, S.A. de C.V., a quien en lo sucesivo se le denominará "la Afore" y por la otra la persona física cuyos datos aparecen en el anverso de este documento, a quien en los sucesivo se le denominará "el Trabajador".
Cláusula 1B. Que reconoce expresamente que por la naturaleza de sus inversiones en acciones de las sociedades de inversión especializadas de fondo para el retiro y de aquellas inversiones que estas últimas realizan en el mercado de valores, inclusive sobre instrumentos de deuda, que no es posible garantizar rendimientos y que por lo tanto sus inversiones se encuentran sujetas a pérdidas o ganancias que en lo general provienen de fluctuaciones del mercado.»
El diputado Saúl Alfonso Escobar Toledo:
Gracias, señor Presidente:
Como ustedes podrán darse cuenta, señores diputados, estas cláusulas que aparecen en la parte de atrás de un contrato, son bastante difíciles de leer porque se encuentran en una letra muy pequeña que el trabajador normalmente no tendrá ni la curiosidad ni la oportunidad ni a veces la posibilidad real de leerla. Pero cuando se analiza con calma, se advierte que efectivamente los recursos de los trabajadores pueden tener pérdidas. Se trata por lo tanto de un sistema que está aclarando en los contratos aunque con letra pequeña y muy difícil de leer, que sus ahorros pueden sufrir mermas y que no está garantizado un rendimiento, como tanto se publicitó y como tanto han dicho los diputados del PRI que está garantizada una rentabilidad para gozar de una pensión digna.
De esta manera detrás de las promesas de los contrarreformadores de la seguridad social mexicana para dotar a los trabajadores de un sistema de pensión más justo y pensiones más dignas, las Afore por medio de comisiones se apropiarán en todo tiempo de una parte considerable de los ahorros de los trabajadores.
De esta manera los trabajadores sufrirán un desahorro permanente en detrimento de su pensión futura y una fuente generosa de ganancias para los intermediarios financieros nacionales y extranjeros que han constituido las Afore.
Los grupos financieros nacionales y extranjeros que ya participan en el negocio de las Afore, se quedarán por lo tanto con una parte importante del ahorro de los trabajadores, desviando este ahorro de sus fines productivos y provisionales.
Todo esto que estamos diciendo no es una sorpresa. No es una sorpresa porque lo advertimos cuando se discutió y se votó la ley hace ya un año. No es una sorpresa porque ahora los trabajadores están dándose cuenta de la magnitud del error que se ha cometido y de la magnitud de los daños que se está ocasionando a la clase trabajadora.
Pero lo que sí constituye una novedad y una sorpresa es que hasta el día de hoy, exactamente después de que ha transcurrido un año desde la aprobación de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, el Partido Revolucionario Institucional presente una iniciativa para exentar del pago del IVA a las comisiones que las Afore cobrarán a los trabajadores por los servicios financieros de administración. Es una sorpresa que lo hayan presentado exactamente después de un año. Pero no lo es tanto si consideramos que estamos en tiempos electorales; que el PRI quiere cubrirse de gloria aun cuando la desgravación del IVA representa una nimiedad frente al despojo que por el cobro de comisiones sufrirán en su patrimonio presente y futuro los trabajadores.
Ante ello, señores legisladores del PRI, la pregunta que les formulamos es la siguiente:
¿Está o no está suficientemente discutido el nuevo sistema privado de pensiones y su instrumentación que se prevé tanto en la nueva Ley del Seguro Social como en la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro que ustedes aprobaron? Porque precisamente para ustedes cada vez que el Partido de la Revolución Democrática ha tomado la tribuna para evidenciar y denunciar la naturaleza depredadora, incierta y riesgosa que para los recursos de los trabajadores entraña el nuevo sistema privado de pensiones, han señalado que el PRD lo único que hace es reeditar un tema suficientemente debatido en esta Cámara el año pasado cuando ustedes aprobaron de manera decidida la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Pero ahora ustedes mismos con esta propuesta traen otra vez a debate el tema y lo que ha quedado claro, compañeras y compañeros, es que de ese sistema por lo menos cuatro asuntos están en el orden del día de esta legislatura y tenemos que debatirlos a fondo:
El problema de la publicidad. Esa publicidad engañosa, esa publicidad costosa que a final de cuentas va en detrimento de los ahorros de los trabajadores. Esa publicidad desinformadora que lo único que hace es convertir un tema tan importante como la pensión futura de los trabajadores, la pensión futura de millones de trabajadores, en un asunto de minifaldas y calzoncillos como aparece claramente en la publicidad que tanto se ha mostrado en los medios masivos de comunicación.
Una publicidad que no aclara los riesgos del sistema, que no aclara precisamente lo que dicen los contratos en una letra pequeñísima que es muy difícil de leer. Es decir que este sistema no garantiza una rentabilidad y que sin embargo sí hay posibilidades de que los trabajadores sufran pérdidas en sus ahorros.
La publicidad es entonces un tema que tenemos que dabatir en esta legislatura; es un tema, es una materia pendiente que esta legislatura tiene que abordar en este nuevo sistema de pensiones.
La segunda es también el sistema de comisiones. Esta legislatura tiene que decidirse, compañeros del sector obrero, tiene que decidirse por legislar en torno a fijar límites al cobro de comisiones; que no sea sólo el mercado el que las fije porque hasta ahora lo que hemos visto es que este mercado arroja comisiones muy costosas y muy altas en perjuicio de los trabajadores. Tenemos que legislar para que las comisiones no sean tan altas, no sean tan gravosas, no sean tan costosas, porque con este sistema se está poniendo en peligro precisamente la rentabilidad y el futuro de las pensiones de los trabajadores.
El tercer tema, compañeras y compañeros diputados, es el problema de la rentabilidad que como he reiterado varias veces, no está garantizada. ¿Vamos, y ésa es otro pregunta que quiero hacerle al sector obrero, a seguir con un sistema que prevé pérdidas para el ahorro de los trabajadores? ¿Qué no podemos legislar para que se garantice una rentabilidad mínima? ¿Qué no podemos legislar para que las Afore y las Siefore garanticen una rentabilidad mínima para las pensiones jubilatorias?
Y el cuarto tema, compañeras y compañeros diputadas y diputados, es precisamente el de la pérdida de derechos adquiridos. El de la pérdida de derechos adquiridos, para lo cual hemos ya mostrado a esta soberanía, hemos presentado a esta soberanía una iniciativa de ley que se encuentra en dictamen en la Comisión de Hacienda y en la Comisión de Trabajo.
El malestar, como aquí se ha dicho, el malestar del sector obrero, tanto de los sindicatos independientes como del Congreso del Trabajo, es muy amplio. Ya aquí la compañera Ifigenia se ha referido a las posiciones de un líder del sindicato de telefonistas. Pero el malestar y las posiciones de descontento no solo se han dadó en el sindicato de telefonistas, prácticamente en la gran mayoría de los sindicatos, en el Sindicato Mexicano de Electricistas, en las federaciones sindicales, en los sindicatos independientes, en la Coordinadora Intersindical del Valle de México, en la Coordinadora Intersindical "1o. de Mayo", en los sindicatos que se agrupan en el foro del sindicalismo ante la nación e incluso en declaraciones del Congreso del Trabajo se ha mostrado malestar, descontento y conflicto que representa la posición de 9.2 millones de trabajadores en cuanto a estos cuatro asuntos vitales que estamos discutiendo en estos momentos.
Es por esa razón que el Partido de la Revolución Democrática considera que el debate tiene que proseguir, que nuestra labor legislativa no está agotada, que nuestro deber no está cumplido, que tenemos que seguir avanzando en estos cuatro temas: publicidad, comisiones, rentabilidad no garantizada y pérdida de derechos adquiridos para realmente salir con un sistema que por lo menos evite en sus aspectos más lesivos daño a los trabajadores.
El Partido de la Revolución Democrática además, quiero informarlo, está trabajando en un proyecto alternativo, está trabajando en un proyecto alternativo distinto a este sistema que nos ocupa hoy y que ha sido resultado de las leyes que se votaron en la soledad del PRI, con la soledad del único voto priísta hace un año. Estamos trabajando en un sistema alternativo, pero por lo pronto queremos que las comisiones de Trabajo y de Hacienda aborden estos cuatro temas que nos parecen sustanciales, que nos parecen elementales, que nos parecen de la mayor importancia, para no dejar que ahora que entre en operación el sistema en julio, los trabajadores se incorporen a un régimen que tiene aspectos tan perjudiciales como los que estamos señalando.
Es por esa razón, compañeras y compañeros, diputadas y diputados, que insistimos en un voto de abstención. Un voto de abstención que no le dé legitimidad al sistema, que no le dé carta de presentación al sistema como si fuera ya un sistema plenamente aprobado por todos los partidos. Que no le dé carta de validez.
Es por eso que el Partido de la Revolución Democrática se va a abstener en esta votación para obligar, para hacer un llamado y para obligar a las comisiones de Trabajo y de Hacienda a que legislen justamente en estos cuatro temas sustanciales, a que sigamos trabajando en estos cuatro aspectos fundamentales y a que encontremos soluciones a los aspectos que aquí hemos señalado.
Compañeras y compañeros, diputadas y diputados: requerimos hacer un esfuerzo mayor. Requerimos hacer un trabajo que hoy no está definido, por lo menos por la parte del sector del PRI, quien básicamente por el sector obrero del PRI, no está definido. Que el voto de abstención que vamos a hacer los legisladores del PRD sirva como un llamado de atención, sirva como una invitación a seguir trabajando, sirva como una convocatoria, para que en los próximos días y antes de que termine esta legislatura abordemos los temas sustanciales, los temas de fondo, los temas que realmente están lastimando los intereses de los trabajadores y no legislemos solamente en torno al IVA, porque éste no solamente no es un aspecto sustancial, no solamente no es el tema de fondo, sino que además puede servir de cobertura, de disfraz, de mecanismo de distracción, para decir: hemos cumplido con nuestro deber, cuando esto, compañeras y compañeros, no es el caso.
¡No hemos cumplido con nuestro deber, no hemos terminado con nuestro trabajo, no estamos finalizando una labor, no estamos realmente abordando los temas de fondo del Sistema de Ahorro para el Retiro, no estamos cumpliendo con el mandato que los trabajadores fuera de esta Cámara están señalando con claridad, que son los temas sustanciales!
Por eso, el PRD se va a abstener en esta votación y llamamos a todos los legisladores de todos los partidos políticos, a realmente sentarnos al debate y presentar en esta legislatura soluciones claras a los graves problemas que hemos señalado.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Señor Presidente, con su permiso; compañeras y compañeros diputados:
Se ha presentado ante la consideración de esta plenaria un nuevo dictamen producido por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a la que se pliega la de Trabajo y Previsión Social, la fracción Social Demócrata exhorta a los diputados a pronunciarse en contra de esta nueva maniobra del sector financierista de esta Cámara de Diputados.
Llama desde luego la atención que la fracción priísta, por voz de un diputado del sector obrero, el compañero García Castañeda, venga aquí a decirnos en un largo mensaje, que no tiene desperdicio, que su sector ha manifestado invariablemente una preocupación por la clase trabajadora, por proteger sus intereses. Agrega que ésta es una acción más para mejorar las condiciones de los trabajadores, citas textuales.
La fracción Social Demócrata se pregunta: ¿qué hacía ese sector obrero, qué hacía el diputado García Castañeda cuando aquí Suárez y Dávila cometió la infamia de elevar el impuesto al valor agregado del 10% al 15%, el 50% de un plumazo, sin atender la condición de la clase laborante en una época de desastre económico que contradijo la oferta zedillista de campaña de "bienestar para la familia"? ¡Ese golpe artero contra la economía popular fue convalidado por el compañero diputado García Castañeda, con su voto no favorable al interés de sus representados, sino evidentemente en contra!
Aquí los dictámenes no los resuelve finalmente el señor Suárez y Dávila, son las instrucciones de don Guillermo Ortiz Martínez, lacayo de Robert Rubin, porque a él le rinde informe mensualmente sobre los desarrollos del IVA, sobre la recaudación, sobre la deuda externa, informes muy bonitos, bien presentados, excelente diseño gráfico; ya quisiéramos aquí los diputados que nos mandara alguna vez alguna copia como una mínima atención.
Pero lo grave de este debate que hoy aquí plantean los financieristas, los hacendarios, es que pretenden encubrir un debate que debería ser político en una discusión financierista aparentemente favorable a la clase trabajadora; así se mistifica, se falsifica la discusión. Más allá de un supuesto ahorro, aquí en términos políticos se pretende convalidar a la contrarreforma de Ernesto Zedillo Ponce de León, al régimen de seguridad social de los mexicanos. Aquí se pretende lavar la imagen de Guillermo Ortiz Martínez y desde luego la del compañero Suarez y Dávila, al proponer medidas que aparentemente mejoran la condición de los trabajadores.
Pero el fondo de la cuestión, compañeras diputadas, compañeros diputados, es lanzar una ofensiva electorera para pavimentar y facilitar el camino de Alfredo del Mazo a la jefatura del Gobierno del D.F. y a la lista de candidatos priístas a la nueva legislatura con motivo de los comicios del próximo 6 de julio. Así los aspirantes oficialistas se cubrirán de gloria diciendo que por ellos, por su generosidad, los trabajadores resienten ahora una carga menor.
La única forma en que los trabajadores dejemos de resentir semejante carga, es cuando saquemos al PRI de Palacio Nacional y del control de esta Cámara de Diputados. Cuando saquemos también al PAN de las gubernaturas que hoy ocupan, cuando los saquemos a estos prianistas de las alcaldías desde las cuales destruyen la seguridad y el bienestar de los mexicanos, como ha sido el caso aquí, ya comentado por nosotros, de ese siniestro edil, César Coll Carabias, de la ciudad de Guadalajara, por no citar más que un solo botón de muestra.
Entonces sí la carga para los mexicanos desaparecerá; pero hoy de lo que aquí se, trata es de la maniobra hacendaría para lanzar un programa demagógico con una finalidad eficiente, claramente electorera y no es raro que esto sea promovido desde la Comisión de Hacienda y Crédito Público, don Francisco Suárez y Dávila fue compañero hacendario de don Alfredo del Mazo; ambos, en el ámbito crediticio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ambos fueron banqueros, ambos dirigieron el Banco Obrero, primero don Alfredo, luego don Francisco hasta que éste lo quebró.
De nada valió que López Portillo dijera en sensacional discurso en esta tribuna de la Cámara de Diputados cuando el farsante lloró el 1o. de septiembre de 1982, porque no pudo redimir a los pobres de su miseria, cuando anunció la nacionalización bancaria que quedó exento el City Bank intereses norteamericanos, y desde luego al Banco Obrero, porque éste era una esperanza y solo quedó en eso, esperanza, porque no sacó a los trabajadores de su postración por la vía crediticia.
Ratificamos, la fracción Social Demócrata no está en contra de beneficios reales, conceptuales, estructurales, profundos, en favor de la clase obrera, vía la reducción de impuestos; lo que debió aquí proponer Suárez y Dávila es una consistente reducción del IVA que él irresponsablemente incrementó. Además de nada sirve que en un gesto demagógico para promover la elección de los candidatos priístas se retire el IVA de las Afore especulativas si dentro de 30 años o antes el Gobierno Federal tendrá que intervenir nuevamente para rescatar los fondos para el retiro de los trabajadores en virtud de que los banqueros privados habrían quebrado de nueva cuenta.
El nuevo rescate haría palidecer el rescate reciente a los neobanqueros corruptos y digo corruptos porque el propio régimen prianista, las propias procuradurías del PRIAN han coincidido en que los Mariscal, los Rodríguez, los Cabal Peniche, son ratas, son miembros de una cofradía de defraudadores, de lavadores de dinero, de socios de todo tipo de empresas fraudulentas.
Este rescate podría, insistimos, resultar barato si para el año 2020, 2025, resulta en un escenario que no podemos descartar porque hay confesión de parte, porque están confesos de que no pueden garantizar rendimiento, están confesos de que así como pueden ganar pueden perder y malos que son para el marketing, para la mercadotecnia, primero ponen que pueden perder y luego que puede haber rendimiento.
Bajo ese escenario, el anterior rescate a los banqueros por 30 mil millones de dólares quedaría chiquito, habría que volver a financiar a los bolseadores, a estos lavadores de dinero, que como lavadores cual Poncio Pilatos se lavarían las manos, ellos no tendrián la culpa, fue la coyuntura, fue el PRIAN, si es que está en el poder o fue algún imponderable del exterior.
Con ese tipo de planteamientos, no pueden ni deben los diputados responsables de esta Cámara, convalidar, legitimar, ayudar al PRIGobierno en un nuevo esquema demagógico electorero. Hay que rechazar esta iniciativa porque en el fondo se está legitimando la contraofensiva zedillista en contra de los trabajadores.
El rescate que podría plantearse ante esta Cámara en el futuro medio, podría significar, lo reiteramos, una cantidad superior a todo lo que este Gobierno ha recibido por su programa de privatizaciones combinado de los tres últimos sexenios. Mientras De la Madrid, Salinas y Zedillo en los dos años y medio que lleva, han entregado a los banqueros la cantidad superior a 30 mil millones de dólares, esa cantidad no la recaudó ni fue beneficiado el pueblo de México con una desincorporación que desde luego fue dudosa en cuanto a su transparencia.
Porque el propio Ortiz Martínez, presidente de las desincorporaciones, llegó a decir, está publicado en el Diario Oficial: "verificaremos la solvencia de los nuevos propietarios de la banca". Habría que ver en qué diccionario biográfico seleccionó los nombres ya citados de los gangsters de cuello blanco, los Cabales, los Mariscales y los Rodríguez.
Compañeras y compañeros diputados: porque el nuevo régimen de la seguridad social es una maniobra en la que están coludidos Gobierno y gran capital, porque así el secretario Ortiz Martínez opera el segundo rescate sucesivo de la banca; el primero ya nos costó 30 mil millones de dólares y este segundo, otorgar el ahorro de los trabajadores para que manejen sus recursos los banqueros y los bolseadores, constituye un grave riesgo porque contraviniendo el más elemental sentido común de las finanzas, aquí en México se cobra al depositante cuando en cualquier otro lugar se le paga un dividendo, un interés.
Porque el régimen propuesto por la comisión, por la ley, por el sistema, no garantiza al trabajador un rendimiento seguro; porque éste no es un debate financiero sino un debate eminentemente político; porque esta Fracción Social Demócrata no cae en el garlito de la comisión de Suárez y Dávila, de un aparente ahorro a los trabajadores; porque estamos en contra de maquillajes con fines electoreros, proponemos a la representación nacional votar en contra.
Nosotros hemos combatido sistemáticamente las resoluciones de la Comisión de Hacienda, porque invariablemente lesionan el bolsillo de la clase trabajadora. Votaríamos alguna vez en su favor, al menos una vez, antes que termine esta legislatura, si Francisco Suárez y Dávila en algún momento viene a esta tribuna y en acto de humildad, reconoce que cometió una infamia al decretar el incremento del 10% al 15% en la tasa del impuesto al valor agregado. Si hoy lo hiciere, le aplaudiríamos, pero además debería en consecuencia, para ganar el aprecio de la clase laborante, proponer que se reduzca en la misma proporción el incremento que él propugnó, que ahora la reducción sea del 50%, a la recíproca, y que del 15% quede en el 7.5%.
Gracias, compañeros diputados.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Gerardo Ordaz Moreno.
El diputado Gerardo Ordaz Moreno:
Con su anuencia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
De qué gran peso, de qué gran valor político y social hubieran sido las intervenciones, los discursos que los compañeros diputados de diversas fracciones a la mía, hubieran sido dados en su momento; de qué trascendencia para la clase obrera, el contar con el apoyo y respaldo para quienes creemos y estamos convencidos de que el cambio del sistema pensionario mexicano, independientemente de los fines financieros que en general para el país sean de beneficio, cuestionables o no, sí son de trascendencia personal, directa, de los trabajadores.
Después de una vida activa de 30, 40 años, dedicados de lleno a la planta, a la fábrica, a la empresa, a la maquiladora, al servicio de los patrones, retirarnos a vivir indignamente, esto, compañeros diputados, siento no equivocarme, debe de motivar la sensibilidad social de ustedes que me antecedieron en la palabra, de hacer a un lado la rentabilidad electoral de la que hablan, de centrarse por única vez, como lo dijera mi preopinante y decir, si cambiaran actitudes de Juan o de Pedro, cambiaríamos de manera de pensar.
No, compañeros diputados, no pongan en ese tipo de charolas el beneficio de los trabajadores, no pongan en esa rentabilidad electoral lo que los trabajadores consideramos, creemos y estamos convencidos, que sea mejorar el nivel de vida de nuestras familias. Hubiera querido con la intervención de todos ustedes, cambiar una parte de lo que a manera de borrador preparé para la intervención, en donde se me da la oportunidad de apoyar este dictamen de esta iniciativa dada por el sector obrero, independientemente de lo que la doctrina dice.
Compañeros diputados y abogados, que hay muchos; compañeros diputados profesionistas, que hay bastantes; compañeros diputados con sensibilidad social, que quede claro que las leyes, y esto no lo dice Gerardo Ordaz, esto no lo dice el sector obrero, esto lo dicen las leyes, los libros que ustedes como profesionistas abrieron igual que yo: las leyes surgen y son resultado de una serie de situaciones, ya sean de origen político, social o económico, las leyes son las encargadas de marcar los parámetros y de poner en orden aspectos que afectan a la sociedad en forma directa o indirecta.
Una ley desde su concepción y aquí concebimos ese nuevo sistema pensionario mexicano; aquí tuvimos como elemento para el cambio una ley que ustedes mismos, compañeros diputados, dijeron que era anacrónica y obsoleta, una ley que no respondía a la realidad que está viviendo México, de un instituto que ha sido criticado por ustedes y por nosotros por el servicio, pero que reparando en el financiamiento del mismo, consideramos que era oportuno refinanciar al Instituto Mexicano del Seguro Social mediante otros sistemas que dieran como consecuencia que el capítulo que establece el retiro de los trabajadores a una vida, en la que coincidimos todos ustedes y yo de tachar indigna, fuera la oportunidad de cambiar de estos trabajadores.
La sociedad evoluciona, por ende las leyes también. Tienden a adaptarse a los cambios o en su caso renovarse en leyes más contemporáneas y modernas. La perfectibilidad de las leyes compañeros diputados, analizándola conscientemente es nuestra tarea. Con todo respeto para la expresión, no es venir a hacer parches, no es venir a reconocer si estuvo suficientemente discutida o no la Ley del Sistema Pensionario Mexicano; no es venir a manifestarlos como una oportunidad electorera. Tampoco para estar en coaliciones y decir que vamos a boicotear el sistema nuevo pensionario mexicano. No, compañeros de las diferentes fracciones que constituyen esta LVI Legislatura.
Hechos, hechos nos reclama el pueblo, para ustedes y para nosotros. El pueblo no entiende de ideologías políticas cuando se trata de cambios estructurales, bien conscientes y que van a traer consigo el desarrollo y la transformación de un México. El pueblo no entiende de ideologías políticas ni de posturas electoreras, cuando se trata del beneficio para su familia, por eso, compañeros diputados, en congruencia, en congruencia a nuestro actuar, si ustedes en muchas ocasiones han dicho que los líderes del movimiento obrero han traicionado a los trabajadores, si ustedes han dicho que hay líderes que coludidos con ustedes van a boicotear el nuevo sistema pensionario mexicano; no compañeros, no se expongan a ser tachados como traidores a la Patria.
Ahora es el momento que ustedes aquí, en una forma razonada y fuerte, digan que sí están con los trabajadores, porque no tienen nada que ver los antecedentes ni los parches que le hagamos a la ley.
Aquí se trata de beneficiar a los trabajadores, se trata de quitarles el 15% a todas las acciones, que si bien es cierto, las administradoras de fondos para el retiro son entidades financieras que vienen a hacer negocio con los trabajadores, y en eso estamos conscientes, también es cierto que los trabajadores al invertir nuestro dinero en dichas administradoras, queremos garantías, queremos que no se nos grave, porque esto será precisamente lo que constituya y aumente el fondo de nuestro ahorro.
Compañeros diputados, estamos conscientes también de la trascendencia de esta decisión, pero no les agradecerá el pueblo la abstención, porque abstenerse, compañeros, el pueblo lo tomará como una tibieza, una tibieza de sus representantes, independientemente de la ideología a la que pertenezcan.
Gracias por su voto.
El Presidente:
Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Manuel Beristáin, del Partido Acción Nacional.
El diputado Manuel Beristáin Gómez:
Gracias, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Es importante precisar desde el punto de vista técnico, las diferencias de esta adición que hoy se discute en el dictamen correspondiente. Antes de hacer estas precisiones de carácter técnico fiscal es importante también que quede claro que los argumentos, que el debate, sobre todo en el interior de las comisiones, como en el pleno cuando se discutieron en su momento tanto la Ley del IMSS, como la Ley de las Afore, se argumentaron posiciones claras del grupo parlamentario de Acción Nacional buscando siempre el beneficio mayor hacia los trabajadores.
No hoy lo estamos haciendo en forma extemporánea, se dijo en forma oportuna, se buscó inclusive después de ser aprobada la Ley de las Afore, que ésta quedara gravada en las comisiones con tasa cero por lo que vamos a explicar.
Qué diferencia existe entre tasa cero y exento, independientemente de que el exento esté estipulado en la ley de la materia del impuesto al valor agregado en el artículo 15 y hoy se pretende reavivar una fracción que estaba derogada, la fracción II. La tasa cero se señala en el artículo 2o. de la misma ley, pero no es el lugar de ubicación de la ley que hace diferente la tasa cero del renglón exento ¿Qué es entonces lo que hace diferente una y otra opción?
Fundamentalmente cuando decimos que están exentas las comisiones que los trabajadores van a pagar a las Afore del impuesto al valor agregado, únicamente se le está exentando en una vía. Cuando no se acepta que una adición completa debiera de ser gravar tasa cero las comisiones, se le está negando al trabajador el no pagar el IVA escondido en las comisiones de regreso. Lo voy a explicar.
Si una Afore está exenta con tasa cero, ésta podrá acreditar el IVA de sus ingresos, por lo tanto la Afore reduce los costos y gastos en cuanto al servicio que presta en la administración de los fondos de retiro.
Al reducir gastos y costos tendrá que reducir como consecuencias las comisiones implementadas para que la paguen los trabajadores, pero tal como se presenta hoy la adición con exentar únicamente las comisiones a los trabajadores que paguen a las Afore, se le está perjudicando indirectamente al trabajador o se está haciendo una reforma incompleta o se le está poniendo un parche a la misma ley.
¿Qué es lo que pasa? Una Afore va a tener costos y gastos en su actividad normal y diaria, como son compras de mobiliario y equipo, papelería, el pago de luz, de teléfonos, de renta, que incluyen el pagar IVA.
El impuesto al valor agregado es un impuesto en cascada, es decir, que se viene repercutiendo a través de los intermediarios desde los que producen hasta el último consumidor.
Pero no es exacto que la Afore sea el último eslabón de esa cascada o la última etapa. La Afore, al incrementar sus gastos, al no poder acreditar el IVA, tendrá que repercutirlo escondido en las comisiones a cargo de los trabajadores.
¿Qué es lo que pasa en el fondo de esta discusión? Hacienda prefiere cobrar el IVA, generado por la actividad y la operación de las Afore, aunque éste sea trasladado a los trabajadores a través de las comisiones y miren ustedes que el argumento fundamental es que Hacienda no va a verse perjudicada ni en su presupuesto de gastos y menos en el de ingreso.
La Afore es una figura nueva en 1997, por lo tanto, no se consideró el ingreso como tal en el presupuesto de Ley de Ingresos de Hacienda ni representa un ingreso que pudiera poner en riesgo el equilibrio financiero de las finanzas públicas.
Hoy podemos traducir que la diferencia entre base cero y exento es que Hacienda prefiere cobrar algo más del IVA a las Afore, aunque éstas lo repercutan escondido en las comisiones a los trabajadores.
Se prefiere que los más necesitados, los trabajadores, sigan pagando el costo de la crisis que para algo debe de servirle a Hacienda, pero que no es mucho ni significativo.
Sentimos, pues, que si las leyes, como aquí se dijo hace un momento, surgen de todos los factores políticos, económicos o sociales de la sociedad.
Creo que esta legislatura y sobre todo las iniciativas del Ejecutivo, han nacido únicamente de intereses políticos y de intereses financieros macroeconómicos, pero no han nacido de la necesidad social que hoy demandan los trabajadores.
Sigue siendo esto una deuda de esta LVI Legislatura.
Por eso, señores diputados, sobre todo los del PRI, no hay peor ciego que el que no quiere ver ni peor sordo que el que no quiere escuchar que cualquiera de estas dos alternativas significan mucha diferencia desde el aspecto social en beneficio de los trabajadores.
Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, el diputado Saúl Escobar Toledo, del PRD.
El diputado Saúl Alfonso Escobar Toledo:
Gracias, señor Presidente; gracias, compañero Ordaz:
Habló usted con claridad. Por fin el PRI habló con claridad. Para ellos traición a la patria es pedir a los trabajadores que no se afilien a ninguna Afore. Para él, traición a la patria es, como dijo, boicotear el sistema. Para él, esto se trata de traición a la patria.
No, compañero Ordaz. La patria no es Banamex; la patria no es Bancomer; la patria no es Citibank. Está usted confundido. La patria no es el sistema financiero, no es la banca mexicana y extranjera.
Para nosotros la patria son los trabajadores, fundamentalmente; son ellos los que en todo caso deberían representar los intereses de la nación.
Por eso es que nosotros estamos aquí defendiendo a los trabajadores cuando decimos que hay que corregir el sistema, que hay que quitarle todo eso que está lastimando los intereses de los trabajadores.
Pero no, compañero Ordaz, no confunda usted a la patria con la banca nacional y extranjera, ésa no es la patria, por lo menos para los diputados que estamos aquí y que defendemos los intereses de los trabajadores.
Y no es ideología, compañero, lo que estamos aquí proponiendo. No es ideología hablar de que la publicidad de la Afore es engañosa, desinformadora y excesivamente costosa en detrimento de los ahorros de los trabajadores. No es ideología decir que las comisiones que están cobrando hoy las Afore son caras, excesivamente altas y redundan y ponen en peligro las jubilaciones futuras.
No es ideología decir, como lo señala el contrato que se leyó en esta tribuna, no es ideología decir que la rentabilidad no está garantizada y que hay riesgos que los trabajadores sufran pérdidas en sus ahorros.
No es ideología tampoco, compañero Ordaz, que hay pérdida de derechos adquiridos bajo el nuevo sistema de Afore y Siefore y con las reformas a la Ley de Seguridad Social.
No estamos hablando de ideología, estamos hablando de hechos concretos, de peligros reales, de aspectos lesivos que van a lastimar a los trabajadores y van a perjudicarlos, en el momento en que entre en operación el nuevo sistema a partir de julio. Pero si es ideología, como usted lo ha hecho en esta tribuna, venir a decir que tratar de impedir estos aspectos lesivos del sistema que advertirlos es traición a la patria.
Eso si es ideología y es la ideología del sistema financiero, es la ideología de la banca y por lo que vemos es la ideología del PRI.
Muchas gracias, compañeros.
El Presidente:
Tiene la palabra para contestar alusiones personales, el diputado Gerardo Ordaz.
El diputado Gerardo Ordaz Moreno:
Gracias, señor Presidente:
Unica y exclusivamente sin ánimo de polemizar con el compañero diputado Saúl Escobar, recordarle que él fue precisamente que en varias ocasiones intervino en reuniones de comisiones y analizamos precisamente esos aspectos que ahorita viene a señalar.
Independientemente de que usted lo manifieste puede ser ideología o no, puede ser traición a la patria o a los trabajadores, perdón, los trabajadores somos patria, los trabajadores somos quienes nos representan ustedes los diputados y yo en lo particular.
Ustedes muchas veces han dicho que tienen a los trabajadores con ustedes, que tienen organizaciones sindicales completas, estoy de acuerdo. Por esa ideología, por ese punto de vista, exhorto, reitero, que su postura, que en vez de abstención sea en favor de los trabajadores, que lo demuestren con hechos.
Y finalmente no dejo de pasar por alto, algo que me trastoca la situación tan incongruente, de que venga usted a exhibir una solicitud de registro, una solicitud de registro que usted llamó contrato, de las cuales yo conozco 11, y que la cláusula a la que usted se refiere es la advertencia que está prevista en el artículo 47 de la Ley de Sistemas de Ahorro de Fondos para el Retiro.
Por eso, compañero, con todo respeto, le pido nos regresemos un rato a volver a ver la ley, para ver en dónde y en qué oportunidad si tuvimos de defender los intereses de los trabajadores y no ahorita en querer descalificar una iniciativa del sector obrero, que está a todas luces bien fundada y bien fundamentada.
Gracias.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Saúl Escobar.
El diputado Saúl Alfonso Escobar Toledo:
Vuelve usted a equivocarse, compañero diputado Ordaz, por dos razones fundamentales. La primera supongo que los compañeros del sector obrero están aplaudiendo el robo a los trabajadores que se acaba de cometer cuando se aprobó la ley, porque justamente nosotros nos opusimos claramente y, en su momento, al artículo que acaba de invocar el compañero Ordaz. Justamente nosotros venimos a esta tribuna a oponernos a ese artículo de la ley y propusimos que en lugar de ese artículo hubiera una nueva redacción donde se estableciera la rentabilidad garantizada para el ahorro de los trabajadores.
Y los que se opusieron a esta reforma, a este artículo, fueron ustedes, lo que quiere decir que ustedes sí están de acuerdo en que el ahorro de los trabajadores pueda sufrir pérdida; que ustedes sí están de acuerdo en que los ahorros de los trabajadores se pongan en riesgo, lo que quiere decir que ustedes defienden a los trabajadores para poder permitir que la banca, las Afore y las Siefore puedan jugar con el dinero de los trabajadores, destinarlo a la especulación y poner en riesgo esos ahorros. ¿Es así como defienden los intereses de los trabajadores, jugando con sus ahorros, poniéndolos en riesgo, metiéndolos a la economía especulativa y, por lo tanto, con la posibilidad de que sufran pérdidas? ¡Qué bonita defensa! Y como decía el dicho: "mejor no me defiendas compadre". Eso es lo que yo creo que están opinando ahora los trabajadores.
Nosotros nos opusimos a ese artículo, votamos en contra y fueron ustedes los que lo sostuvieron y lo que ahora estamos haciendo y lo que ahora estamos llamando es que no nos hagamos, no encubramos la situación, no hagamos maniobras electoreras diciéndole a los trabajadores que no vamos a cobrarles el IVA sobre comisiones, pero en cambio sí dejamos intacto el resto de la ley, intacto el resto de los artículos, precisamente en esos puntos álgidos, en esos puntos difíciles que están resintiendo la economía presente y futura de los trabajadores, con altas comisiones, con rentabilidad no garantizada, con el problema de una publicidad engañosa que, insisto, finalmente repercute porque quien la paga son los trabajadores con las comisiones y con los derechos y la pérdida de derechos adquiridos.
Esos son los problemas, compañeros, y lo que estamos haciendo es invitarlos a discutir esos asuntos que realmente son de fondo y que realmente están afectando a los trabajadores. Eso no es ideología, eso es realidad.
Entonces, compañero Ordaz, mejor no defienda a la clase obrera al aprobar estos artículos que ahora usted está invocando.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Marco Antonio Michel.
El diputado Marco Antonio Michel Díaz:
Gracias, señor Presidente:
Justamente para hacer algunas precisiones al compañero Saúl Escobar. Me parece que en esta discusión estamos reeditando las muchas horas que tuvimos en las discusiones referentes a esta Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro. Me parece que simplemente atengámonos a lo que justamente en aquellos momentos estábamos discutiendo, que es la precisión, que le está tratando de hacer el compañero diputado Ordaz. Me parece justamente que en el artículo 47 lo que discutimos y aclaramos desde aquel momento era justamente buscar que las sociedades de inversión en que se invirtieran los recursos de los fondos de retiro de los trabajadores, tuvieran una garantía, que hubiera sociedades de inversión que garantizaran a los trabajadores, la no pérdida del poder adquisitivo de sus ahorros, mediante la inversión en valores e inversiones que garantizaran esta circunstancia y que cada una de las Afore tuviera la obligación de tener una Siefore, una sociedad de inversión que tuviera esas característica.
Justamente fue nuestra bancada la que ante esa circunstancia y para obligar a que todos los trabajadores estuvieran informados sobre esa circunstancia, es que en ese artículo 47 se estableció la cláusula uno en donde se señala que era necesario que los trabajadores en los contratos tuvieran la advertencia que está señalando aquí desde un principio el diputado Saúl Escobar.
Esa es justamente la defensa que se estaba haciendo de esos recursos de los trabajadores, primero tener la sociedad de inversión como obligación, que tuviera esa circunstancia de valores que garantizaran el poder adquisitivo de los trabajadores y segundo, que los trabajadores conocieran esta circunstancia como una obligación al hacer las contrataciones respectivas. De eso estamos hablando y eso es lo que estamos señalando, que no busquemos con estos argumentos justamente invalidar lo que ustedes ya negaron en aquel momento.
Nosotros estamos conscientes en que se hizo la reforma a los sistemas de seguridad social y a la ley correspondiente de ahorro para el retiro justamente para salvaguardar el sistema de seguridad social que en otros países ha fracasado. Eso es lo que hicimos y también para garantizarle al trabajador que tuviera estas ventajas en los sistemas de seguridad social.
Entonces me parece que lo que le están señalando compañero diputado Saúl Escobar, es justamente eso y que no reeditemos una discusión que tuvimos en su momento y que ustedes, estamos conscientes, ustedes decidieron no votar por estas modificaciones; y lo decidieron sobre la base de argumentos estrictamente ideológicos que no pudieron sostener en las discusiones que tuvimos respectivamente.
Eso es lo que se les está señalando. Es todo.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, tiene el uso de la palabra el diputado Amado Cruz Malpica.
El diputado Amado Jesús Cruz Malpica:
Gracias, señor Presidente:
Si aquí se está reeditando una discusión, es precisamente porque como el sistema no ha funcionado en su arranque, como fue pregonado en su momento, hubo de aplazarse seis meses. Si se está reeditando la discusión, es porque la Afore pública que el sector obrero del PRI en su momento postuló como una necesidad, no existe.
Si se está reeditando la discusión, es porque la publicidad es engañosa y porque precisamente no señala los riesgos que aquí han sido denunciados. En fin, si se está reeditando la discusión es porque el Partido Revolucionario Institucional, ha presentado una iniciativa de ley que quiere utilizar como bandera electoral.
Y ya se dijo en esta tribuna las razones técnicas por las cuales el Partido de la Revolución Democrática se abstendrá de votar en esta discusión. Pero se los voy a decir de manera más simple porque el Partido Revolucionario Institucional quiso encontrar una bandera electoral con el pretexto de quitar el IVA y le voy a decir qué significa esto para ese sistema: significa ponerle calzones a una pulga, que es algo muy vistoso, muy tesonero, pero que no sirve absolutamente para nada.
Como nosotros no los vamos a ayudar en ese sentido que es francamente una burla frente a todas las dificultades del sistema, por eso nos vamos a abstener.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.
El secretario Gerardo Roberto Flores González:
Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente:
Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del artículo único del proyecto de decreto.
El secretario Gerardo Roberto Flores González:
Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del artículo único del proyecto de decreto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señor Presidente: se emitieron 310 votos en pro y tres votos en contra.
El Presidente:
Aprobado el proyecto de decreto por 310 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción II al artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
El secretario Gerardo Roberto Flores González:
Pasa el Senado para los efectos constitucionales.
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada María Rosa Márquez Cabrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una excitativa a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para que se dictamine la iniciativa de reformas al párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada María Rosa Márquez Cabrera:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Después de que el día de ayer fueron aprobadas por unanimidad y sin discusión alguna la minuta con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Salud, que en el punto anterior el PRD volvimos a reafirmar nuevamente que las reformas a la seguridad social que aprobó el PRI, son otro más de los grandes atracos que se han cometido en contra de los mexicanos...
Ese es el problema precisamente, que los derechos de los mexicanos parecieran tema de otro parlamento, por eso nuevamente se reabre el debate sobre el derecho que tiene toda persona a la protección a la salud y de la problemática y rezago que presenta la atención de la salud en nuestro país.
Desgraciadamente para algunos legisladores el tema de la seguridad social no tiene nada qué ver con el tema de la salud, ése es el problema precisamente de estas contrarreformas que se hicieron justificando los problemas que había en el Seguro Social, pero no se puso ni una sola medida que garantizara el reorientar el rumbo y garantizar la salud y la seguridad social para los mexicanos. Ese es precisamente uno de los problemas y por eso traemos nuevamente este punto. Sin duda en un marco de condiciones cambiantes de la salubridad de la población y de avances de la ciencia médica, se tornan impostergables las adecuaciones y modificaciones a la legislación sanitaria.
Sin embargo, la salud pública en México y por lo tanto el derecho de los mexicanos a la misma, confrontan condiciones de rezago, de insuficiente acceso integral en todos los niveles de atención y de límites a una cobertura universal de carácter integral que hacen este derecho en la práctica nugatorio. Por ello, es urgente la intervención del Estado en todos los ámbitos de su competencia para revertir dichas condiciones.
La tendencia que debe imponerse en este campo, no es la de adelgazar la participación del Estado en el terreno de la salud pública, en el afán de trasladar sus responsabilidades y campos de actividad en esta materia al sector privado. Tal y como lo recomiendan los organismos financieros internacionales a nuestros gobiernos, la tendencia que debe imponerse es la de una mayor corresponsabilidad del Estado y la sociedad para garantizar el acceso universal de los mexicanos y las mexicanas a la salud y no la de limitar las responsabilidades a acciones y recursos del Estado en materia de salubridad.
Contrario a lo que establece el Plan Nacional de Desarrollo 19952000 y el plan sectorial de salud, la extensión a toda la población al acceso a un paquete básico de servicios de salud, no es garantía de universalidad y efectividad del derecho a la protección de la salud, que establece el artículo 4o. constitucional.
Las presiones más acuciantes que enfrenta el sistema público de salud en México, entre las que destacan la persistencia y agravamiento de problemas de inequidad de la cobertura, inequidad y calidad inadecuada de los servicios médicohospitalarios, incremento de la demanda por los servicios en todos los niveles de atención, limitaciones reales de la mayoría de la población al acceso a los servicios y bienes de salud, estancamiento del presupuesto público y sectorial, deterioro real de los salarios de los trabajadores del sector, además de las presiones que ejercen los cambios demográficos y epidemiológicos en nuestro país, reclaman una intervención efectiva del Estado para revertirla.
El proyecto nacional de un desarrollo integral, equilibrado y más justo, reclama la acción estatal en la promoción y preservación de la salud de todo individuo, mediante la provisión de servicios integrales de salud. Esto implica que haya una relación directa y dinámica entre el conjunto de medidas generales de salubridad y la prestación de los servicios en todos los niveles de atención.
Sólo así es posible sentar las bases que convaliden el compromiso político y social del Estado mexicano de lograr la cobertura universal en salud.
Las complejas necesidades de salud del pueblo mexicano requieren ser enfrentadas integralmente. La salud de los mexicanos no puede restringirse a medidas generales de salubridad, máxime en un contexto económico que vulnera permanentemente los niveles generales de vida y de salud y donde las condiciones epidemiológicas y demográficas actuales demandan una atención sanitaria de carácter integral.
La filosofía de la acción estatal en materia de salud debe regirse por los principios de equidad, universalidad y justicia social y la solidaridad la que convalide la naturaleza social del Estado mexicano.
Estas, entre otras ideas, están presentes en la exposición de motivos de la iniciativa de decreto que reforma el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el Partido de la Revolución Democrática presentó ante esta soberanía el 17 de octubre de 1995.
En nuestra iniciativa se destacan cuatro propósitos para reformar el párrafo cuarto del artículo 4o. constitucional.
Primero. Precisar la responsabilidad que tiene el Estado mexicano de garantizar el derecho a la protección a la salud que tiene toda persona, garantizando la promoción, restauración y preservación de la salud de los mexicanos y de toda persona.
Segundo. Precisar el derecho que tiene toda persona a la protección de la salud con independencia de su condición económica, cultural, identidad étnica y de género.
Tercero. Precisar que en el ámbito de competencia de la ley respectiva, se definirían las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, pero en un marco de provisión de servicios integrales de salud en todos los niveles de atención, bajo un sistema de cobertura universal y en este mismo orden.
Cuarto. Precisar la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, dentro de un marco de efectiva corresponsabilidad.
En esta ocasión en la que se discuten las reformas presentadas por el Ejecutivo Federal, que ya mencionamos que sin discusión alguna se votaron el día de ayer y en virtud sobre todo de que ha transcurrido más de un año desde que el Partido de la Revolución Democrática presentó la iniciativa de decreto que reforma el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el PRD presenta la siguiente:
EXCITATIVA
«Con fundamento en el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados suscritos solicitamos a la Presidencia emita una excitativa a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para que elabore el dictamen de la iniciativa de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Partido de la Revolución Democrática el día 17 de octubre de 1995 y lo presente de inmediato al pleno para su discusión.
Por la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, diputados: Everardo Martínez Sánchez, Elías Miguel Moreno Brizuela, Leticia Burgos Ochoa y María Rosa Márquez Cabrera.»
Muchas gracias.
El Presidente:
De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, túrnese la solicitud a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
INVASION ESTADOUNIDENSE
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Pascual Juárez Santiago, del grupo parlamentario del PRI, para referirse al CL aniversario de la invasión estadounidense a México.
El diputado Pascual Juárez Santiago:
Con su venia, diputado Presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados:
El día 11 de abril se cumplieron CL años del desembarco de las tropas yanquis en nuestro puerto de Veracruz, para continuar la guerra de despojo iniciada el año de 1846 en la frontera norte. El pretexto de tal guerra fue el territorio del entonces mexicano Estado de Texas. Fue en esas tierras donde se dio el primero y triste ensayo de colonización extranjera en territorio mexicano, se habían establecido colonos procedentes en su mayoría de los Estados Unidos y los menos procedentes de los países del norte de Europa.
Su única relación con el centro del país era supuestamente política, pero por sus características étnicas e intereses económicos se asimilaban más a los grupos anglosajones del norte que a México, del cual además los separaban inmensos desiertos del norte de la República.
Al interés individual de los colonos por aumentar el valor de sus terrenos, se manifiesta también la ambición de los Estados Unidos por extender su frontera hacia el sur ampliando sus costas sobre el Golfo de México poniendo en práctica su programa de expansión y usurpación diseñado por sus políticos gubernamentales.
El cambio del sistema federal por el centralista dio a los colonos texanos el pretexto para la insurrección rebelándose contra la prohibición del Gobierno mexicano de vender terrenos. Después de una desafortunada incursión del Ejército mexicano tratando de someterlos, fueron derrotadas nuestras tropas y proclamada la independencia texana para agregarse como Estado a la Confederación norteamericana.
El Gobierno mexicano con dificultades internas, tuvo que prepararse para una nueva campaña dispuesto a la defensa del territorio nacional y fue autorizado por el Congreso a repeler toda agresión. Entre tanto, la Marina de los Estados Unidos se situaba en nuestras aguas y sus fuerzas de tierra ocupaban puntos ni siquiera disputados anteriormente como propiedad suya o texana, si bien su gobierno para contestar el avance de Taylor aparentó en seguida abrigar dudas respecto de los verdaderos límites y hasta llegó a afirmar que los de Texas se extendían al río Bravo por haberlo así declarado el Congreso texano en 1836, como pudo haber declarado que llegaban al istmo de Panamá o al estrecho de Magallanes y como en el camino de lo absurdo no es fácil hacer alto, el gobierno de los Estados Unidos avanzó hasta convertir de hecho al Bravo en límite meridional, natural suyo, lo cual sólo se puede estimar o explicar recordando algunas de las razones que da el león al distribuir y asignar parte de su cordero.
Texas fue la causa para México a lo obstinado y lo absurdo juntóse casi siempre lo burlesco en los actos del gobierno vecino. Con frecuencia daba pasos para reanudar las relaciones diplomáticas proponiendo el envío de comisionados y las bases sobre que se había de tratar, todo sin otro objeto que ganar tiempo y tomarse por su propia mano lo que codiciaba y sabía que no obtendría de grado, su sistema planteado acaso o por lo menos proyectado desde los primeros días de la Independencia de México obtuvo al fin el éxito más completo y conforme a sus miras la síntesis de ésta se halla en el proyecto de tratado que propuso entre las batallas del valle de México y en el tratado mismo al cabo celebrado entre el vencedor y el vencido.
Texas fue la causa para México pero sólo el pretexto para los Estados Unidos, México debió hacer e hizo todos los esfuerzos posibles para someter a su autoridad al estado o departamento rebelde y más tarde se vio en la indeclinable necesidad de protestar contra su anexión a los Estados Unidos y hasta de defender sus propias fronteras, que la invasión norteamericana venía ocupando con posterioridad a la absorción de aquella parte de nuestro territorio.
Los Estados Unidos comenzaron por dar gente, armas y recursos pecuniarios a los texanos rebelados, siguieron por reconocer su independencia y admitirlos como estado en su Confederación y acabaron por ensanchar las fronteras de Texas para ponernos en el caso de resistir la invasión y que esto les sirviera de pretexto para traer la guerra al interior de México y apoderarse de las demás partes de nuestro territorio que codiciaban.
Como queda indicado, los pretextos fueron varios para nuestros vecinos, había entre ellos el de las reclamaciones no atendidas o bien aplazadas por México, de daños y perjuicios a ciudadanos norteamericanos y a este respecto hay que hacer notar un hecho curiosísimo que da la medida del espíritu de justicia dominante a la otra margen del Bravo; entonces como ahora, la suma de tales reclamaciones fue acaso mayor que el valor total de las propiedades de cuantos hijos del país vecino pudieran haber residido entre nosotros; las reclamaciones norteamericanas de entonces, lo mismo que las actuales, venían a representar una nueva hornada de los pasteles franceses de 1838.
Las reclamaciones de 1844 habrían podido saldarse con el valor de Texas pero Texas se pudo adquirir gratis por el procedimiento empleado y aquéllas naturalmente quedaron en pie para saldarse con el territorio del que nos despojaron en 1848.
Otro de los pretextos norteamericanos fue la mutua obligación de resguardar las fronteras de entre ambos países, contra las incursiones de los indios bárbaros; después de la rebelión e independencia de Texas, México no podía tener ahí, tropas suyas que impidieran la invasión de sus propias fronteras y los Estados Unidos querían encargarse de esto.
Nuestro enviado Gorostiza había dicho en Washington desde 1836, que México agradecía pero no aceptaba el favor y se le replicó que se nos había de hacer, quisiéramos o no, por el deber que asistía a aquel gobierno de cuidar de los intereses y vida de los propios gobernados ¿Por qué para hacerlo no se limitó a ocupar puntos más allá de la línea divisoria?
Aparentaba no salir de su propio territorio y ocupaba en realidad el nuestro. La explicación de esto es muy sencilla. Por un simple acto de voluntad imperial, borraba la antigua línea divisoria y trazaba otra nueva mucho más al sur; más claro, daba a Texas mucho mayor ensanche del que tuvo cuando pertenecía a México.
El mensaje del presidente Folk en su declaración al Congreso norteamericano, descorrió el velo tendido intencional y hábilmente sobre los verdaderos fines de la guerra.
Esto es textual: "El presidente Folk dice: el comisionado de los Estados Unidos, llevó el proyecto de tratado en cuya virtud la indemnización exigida era una sesión de territorio. Bien sabido es que la única indemnización posible de parte de México a las justas y largo tiempo desatendidas reclamaciones de nuestros ciudadanos y su único medio de reembolsarnos de los gastos de guerra, consistían en la sesión de una parte de su territorio a los Estados Unidos.
México carece de dinero para pagar y de cualesquiera otros medios de efectuar la indemnización exigida; si rehusamos el propuesto, nada obtendremos. Rechazar la indemnización en el hecho de negarse a aceptar una cesión de territorio, equivaldría a abandonar todas nuestras justas reclamaciones y a aventurar la guerra cargando con todos sus gastos sin propósito ni objeto.
Un tratado de paz que pusiese término a la guerra sin traer consigo indemnización, dejaría a México, esto es al deudor y agresor, libre de sus justas obligaciones. Con un tratado así, aquéllos de nuestros ciudadanos que tienen justos títulos de reclamación no podrían ya hacerlos valer ni contra México ni contra su propio gobierno. Nuestros deberes hacia esos reclamantes deben impedir siempre una paz así y ningún tratado que no provea al saldo de tales reclamaciones podrá recibir mi sanción."
Continúa el presidente Folk: "Que el Congreso tuvo en cuenta la necesidad de que la indemnización fuera territorial al proveer a la continuación de la guerra. Es indudable, cuando en mayo de 1846 destinaba 10 millones de pesos y autorizaba al presidente a emplear las milicias y las fuerzas navales y militares de los Estados Unidos y a aceptar los servicios de 50 mil voluntarios para la prosecución de la guerra.
Y cuando en su último periodo de sesiones y después de que nuestro ejército había invadido a México, decretó nuevas asignaciones y autorizó el levantamiento de fuerzas adicionales con igual objeto.
Mal pudo obrar en la inteligencia de ninguna indemnización, se debería obtener de México a la conclusión de la guerra, sin embargo era cierto y evidente que si no se adquiría territorio mexicano, ninguna indemnización se obtendría. La doctrina de nada de territorio, es la doctrina de nada de indemnización y sancionarla sería reconocer solemnemente que nuestro país había fracasado y que la guerra declarada con extraordinaria unanimidad por el Congreso, era injusta y había que desistir de ella; admisión que de hecho infundada y degradante para el carácter nacional, apoyando a la derecha, a los actuales folkos".
Prueba de esto es la declaración de Ernest Hollings, de que lo mejor que Estados Unidos podría hacer era generar una crisis en México, para hacer que el PRI saliera del poder.
Hagamos un esfuerzo de unidad republicana, para que sean nuestros procesos internos y soberanos los que decidan el futuro de la patria.
El combate al narcotráfico pretenden usarlo los yanquis como otro pretexto para pisotear nuestra soberanía. Barry McCafrey, coordinador de la lucha contra el narcotráfico de Estados Unidos, advierte de la importancia de lograr en México la importancia de partidos, quiso decir bipartidismo, para combatir la corrupción. Ellos tienen bipartidismo y alternancia en el poder, pero también tienen corrupción en todos los niveles de Gobierno y son el país con el mayor número de consumidores de droga.
La Ley contra Inmigrantes, xenofóbica y racista, violatoria de los derechos humanos que los yanquis dicen defender en todas partes, es otro de los elementos de ataque contra nuestro país. Con esa ley, el acta 1996, las fuerzas xenofóbicas del norte del continente abren un nuevo frente para golpear a nuestros connacionales, con una ley que recorta los derechos de los trabajadores ilegales y pone en peligro de deportación a casi 2 millones de compatriotas. A imagen y semejanza de la Alemania nazi, el gobierno norteamericano culpa de los problemas económicos a los trabajadores inmigrantes, y contra ellos, sobre todo los trabajadores de origen hispano va dirigida esta nueva ley que tiene muy antigua raíz.
La nueva agresión de los yanquis sobre los lechos submarinos del Golfo de México, que tienen un gran valor petrolero y que según el Wall Street Journal los departamentos de Estado y del interior están ansiosos por aclarar exactamente dónde en el Golfo de México están los límites entre México y Estados Unidos, nuevamente 150 años después pretenden mover los límites entre los países, despojarnos de otro territorio rico en yacimientos petroleros que, según estudios, fluctúan entre los 2 mil 200 millones y 22 mil millones de barriles y entre 5.4 billones y 44.5 billones de pies cúbicos de gas.
He citado estos 4 temas como los asuntos más trascendentes que en este momento hacen que nuestro país confronte las más graves humillaciones contemporáneas.
Los mexicanos de todos los partidos políticos, de todas las creencias religiosas, de las agrupaciones de la sociedad civil, debemos formar un frente nacional para rechazar con toda firmeza y energía la amenaza presente. Estados Unidos, ya lo ha demostrado, no es un aliado confiable, inventa razones y causas para atropellar nuestra soberanía, detener nuestro desarrollo económico y los tratados internacionales.
El Gobierno de la República debe emprender una vigorosa batalla diplomática en defensa de la soberanía con acciones concretas. Debemos, por dignidad, no permitir que nuestra división interna propicie la intervención norteamericana, cerremos el paso a los enemigos de la unidad nacional, aprovechemos el proceso electoral para plantear cuestiones fundamentales que nos unen y dan vida a México, estemos en guardia para defender del águila imperial nuestro territorio, nuestra cultura, y recordemos la historia, quien olvida la historia está expuesto a cometer los mismos errores.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Palacios.
El diputado Víctor Manuel Palacios Sosa:
Muchas gracias:
A propósito de la invasión estadounidense, de conmemorar los 150 años de esta invasión a México, quiero poner a su consideración aquí a la figura del teniente José Azueta Abad. Sobre este tema quiero hablar hoy y quiero decir que sobre todo vengo aquí a hablar de la esperanza, de la esperanza que significa saber que en épocas quizá más difíciles que las actuales, más duras para nuestra nación, ha habido hombres fieles a su vocación, fieles al llamado de su generación que los necesitaba para salir con bien de una situación difícil, para salir con bien de una amenaza, de una agresión.
Creo especialmente importante levantar la voz hoy en esta patria, cuando a veces parece que no hay futuro, cuando parece que lo importante es la circunstancia, cuando parece que lo importante es precisamente cerrarle el paso a la esperanza, cuando aparentemente no existen hombres que respondan a las expectativas de esta sociedad mexicana, hombres con suficiente estatura que puedan ser como los puntos de referencia para marcar el rumbo.
Hacen falta hoy llamados a una política de la esperanza, llamados para que descubramos a aquellos hombres con voluntad de contribuir a las soluciones, llamados para que veamos que el arroz es blanco y que aunque existen algunos prietitos, se ven y se notan porque precisamente el arroz es blanco.
Quiero detener su atención en un solo caso: un héroe mexicano de la época de la primavera de 1914, y ya que vamos a hablar de heroísmo, es bueno decir que al modo del teniente José Azueta Abad, el héroe de unos segundos, el que da su vida en un momento, este tipo de héroe no se improvisa, se forma desde el vientre materno, se alimenta del ejemplo de su familia y de la comunidad en que se desarrolla. Es el resultado de varias generaciones y este héroe, en la repetición constante de acciones de bien, va convirtiendo en costumbre el heroísmo cotidiano, heroísmo que culmina en el instante en el que ofrenda un bien tan importante como su propia vida, en beneficio de sus congéneres, en retribución a esa comunidad de la que aprendió sus virtudes.
En este sentido, estas palabras quieren ser también un homenaje a los civiles que defendieron su patria en 1914 y aquellos hombres que hoy día son héroes cotidianos, héroes en el cumplimiento del deber diario, héroes en la contribución callada, anónima, diaria al bien común.
Hago la aclaración de que algunos detalles de lo que aquí narraré, son testimonios recogidos de personas que vivieron este episodio o de sus hijos y que se dio en el puerto y ciudad de Veracruz.
José Azueta Abad nació en Acapulco, Guerrero, el 2 de mayo de 1895 y murió en Veracruz 19 años después, en 1914, víctima de las balas del invasor, que queriendo aprovechar nuestra supuesta debilidad, trata de sacar ventaja aun a costa de la sangre de hombres y de lágrimas de familias enteras.
El 21 de abril de ese año, desoyendo órdenes superiores, José Azueta Abad se queda en el puerto de Veracruz junto con otros cadetes para organizar a los civiles y presentar resistencia al invasor.
Cuentan los testigos que construye un pequeño fortín para resguardar una ametralladora en los terrenos de lo que hoy es el famoso faro de la ciudad de Veracruz, lugar que en aquel entonces era un pastizal alto, por lo que no podía ser visto por el enemigo.
Esperó a que desembarcaran los soldados norteamericanos para empezar a disparar y fue tal el combate que presentó que no lo podían reducir. Finalmente es herido por varias balas y algunas personas logran recogerlo y retirarlo aún con vida a su casa.
Los cadetes de la Escuela Naval a la que pertenecía José Azueta y los civiles veracruzanos, pudieron resistir alrededor de 48 horas a pesar de la inferioridad de su armamento y de que el agresor envió un número abrumador de asaltantes.
Las partes informan del resultado final de 19 norteamericanos muertos, 70 heridos; 193 mexicanos, entre cadetes y civiles muertos y un número indeterminado de heridos.
Cuando el comandante de la fuerza invasora, el almirante Fletcher, se entera de la heroicidad de José Azueta, envía a decirle que era un hombre de honor, que había cumplido con creces su deber y que aceptara la ayuda de uno de sus cirujanos, pero el joven cadete, que se debatía entre la vida y la muerte, le manda decir, según consta en crónicas escritas, le manda decir las siguientes palabras: "que se larguen esos perros, no quiero verlos".
Azueta muere después, algunos días después, y hoy en la actualidad, las calles en los puertos de Acapulco y Veracruz llevan honrosamente su nombre.
Por todo lo anterior, creo en justicia que hoy podemos decir aquí: teniente José Azueta, murió por la patria.
Gracias.
ESTADO DE VERACRUZ
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Rafael Jacobo García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a la violación de derechos humanos a campesinos presos políticos, en el Estado de Veracruz.
El diputado Rafael Jacobo García:
Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Antes de iniciar mi intervención alrededor de la violación de los derechos humanos a campesinos presos en Veracruz, quiero decirles a todos ustedes que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por mi conducto, se suma a la inquietud que todos han manifestado aquí, al heroísmo de los caídos en Veracruz, que han manifestado aquí otros compañeros. Nos sumamos totalmente a este homenaje.
Por otra parte, compañeras y compañeros, vengo a exponer a esta tribuna la grave violación a los derechos humanos que está cometiendo el gobierno del Estado de Veracruz, en contra de los ciudadanos César del Angel Fuentes, Nereo Cruz Aguilar, Amador Ponce Medellín, Raquel Herrera Huerta, David Córdoba Valencia, Aurelio Guerrero Escobar y Alejandro Castrejón Carbajal, presos en el penal de Pacho Viejo, Veracruz, desde el 4 de noviembre de 1996, acusados de despojo y daños y el primer recién trasladado de nueva cuenta al penal de San Carlos en la fortaleza de Perote.
A manera de historia breve diré lo siguiente: "en mayo de 1992, el señor César del Angel Fuentes y su esposa, son detenidos en esta Ciudad de México, donde el primero es esposado y a ambos les es cubierta la cabeza. Son trasladados a la ciudad de Jalapa, Veracruz, sin ser presentados a las autoridades judiciales del Distrito Federal y sin ser notificados del orden de aprehensión, por lo que se supone se trata de un secuestro. Su esposa es liberada al día siguiente sin darle ninguna explicación.
Junto con él, fueron detenidos masivamente más de 500 campesinos, de los cuales fueron procesados y encarcelados 103 y liberados un año y medio después los primeros y los otros, después de dos años a la fecha, hay siete campesinos presos, cinco de ellos aún permanecen sin ser sentenciados.
Durante las aprehensiones masivas, los campesinos denunciaron ante el Gobierno Federal que fueron víctimas de incendios a sus casas, iglesias y escuelas por parte de la policía del Estado de Veracruz, pero no lograron ser escuchados porque Carlos Salinas de Gortari le brindaba apoyo al señor Patricio Chirinos, quien era candidato entonces al gobierno del Estado.
Le atribuyeron siete causas penales, acumuladas en el expediente 152/92 del juzgado de primera instancia de Jalapa, Veracruz, con sede en el penal de Pacho Viejo.
Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia le impuso la sentencia de siete años de prisión.
Después de cumplir con cinco años se le negó la libertad provisional, sin fundamentar la negativa.
En noviembre de 1994, como resultado de movilizaciones, caminatas y plantones que realizaron los campesinos en demanda de su libertad, se le ofrece la preliberación a cambio de que desista de la demanda de amparo directo 532/94, que interpuso ante el tribunal colegiado del séptimo circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, haciendo constar las violaciones e irregularidades de su proceso y sentencia. Se desistió y fue preliberado.
Ya estando en libertad, el secretario general de gobierno de Veracruz, advierte y amenaza que si realiza movilizaciones campesinas será nuevamente encarcelado.
Ante esta amenaza acudió a la Secretaría de Gobernación con el licenciado Esteban Moctezuma y en presencia de la subsecretaria Beatriz Paredes, le expuso el problema y ofreció intervenir, pero no hicieron nada.
En mayo de 1995, es decir, seis meses después de haber sido preliberado, es aprehendido nuevamente, cumpliéndose la amenaza del Secretario General de Gobierno de Veracruz, mediante un operativo policiaco en el que intervinieron agentes con uniforme y sin él y conducido a la cárcel de Perote, Veracruz, también conocida como la fortaleza de San Carlos a requerimiento del gobernador, según le informaron las autoridades judiciales.
Contra esa violatoria de detención y encarcelamiento promovió demanda de amparo indirecto ante el juzgado I de distrito con sede en Jalapa, la cual se radica bajo el número 925/95, y en los informes justificados el gobierno del Estado de Veracruz, argumenta que el señor César del Angel Fuentes había incumplido la obligación de preliberado al no presentarse a firmar los fines de semana y 10 meses después de esta detención y cárcel en Perote, Veracruz.
En marzo de 1996, el tribunal colegiado en materia penal del séptimo circuito resuelve en su favor la toca número 477/95, sobre su amparo el número 925/95, considerando inconstitucional la revocación de su libertad y aprehensión.
El tribunal colegiado consideró, no se respetó su garantía de audiencia, que no se le habían hecho saber las condiciones legales para ser preliberado y que no se estableció que hubiese incumplido las condiciones que establece la ley. Esto le significó permanecer de nueva cuenta 10 meses en la cárcel de Perote, Veracruz.
El 26 de noviembre de 1996 recuperó su libertad. Pero antes de ex carcelario de Perote, Veracruz, se le notifica que su tratamiento preliberatorio comenzaba de nueva cuenta y que debía internarse los sábados y domingos y salir los lunes por la mañana de cada semana en la cárcel de Pacho Viejo, Veracruz. Durante un año salió de la cárcel de Perote para internarse en la cárcel de Pacho Viejo, Veracruz, donde estuvo acudiendo cada fin de semana durante ocho meses sin falta, por temor de ser encarcelado nuevamente.
Pero el 4 de noviembre de 1996 ya no se le dejó salir ese fin de semana, violando sus garantías y derechos humanos nuevamente. Ese día 4 de noviembre de 1996, los custodios del penal de Pacho Viejo le impidieron salir, argumentando que se le revocaba nuevamente su preliberación. Tuvo que esperar dentro de la cárcel que se acordara por la dirección de prevención esa revocación, debido a que no llegaba al juzgado de Pacho Viejo.
Le informaron del juez de Poza Rica, Veracruz, que había librado una nueva orden de aprehensión por los delitos de despojo y daños. Fue hasta el día siguiente por la tarde, que el juez de Pacho Viejo le notificó la nueva situación.
Con este nuevo proceso que se le fabricó en cuatro días, fue el pretexto para no dejarlo salir de la cárcel y hasta la fecha ya lleva más de cinco meses encarcelado.
Los vicios y origen de la causa penal 362/96 que le instruyó el Ministerio Público de Poza Rica son:
a) En cuatro días se le integró la averiguación, se determinó y se le consignó;
b) De 79 personas que presentan la denuncia, sólo cuatro la ratifican, las otras 68 jamás la notificaron;
c) Las tierras que señalan que despojó, son tierras que ha demostrado le donó el sindicato petrolero y ratificada esta donación por la Secretaría de la Reforma Agraria, desde hace más de seis años;
d) Las personas que lo acusan para acreditar su posesión, el presidente municipal de Tihuatlán, Veracruz, les otorgó una constancia reciente y lo hace sin tener facultades para ello como presidente municipal y
e) El agente del Ministerio Público investigador en contra de lo estipulado en el Código de Procedimientos Penales, exige de manera oficiosa que lo acusen de daños, personas que jamás ratificaron su denuncia.
Aunque apeló señalando estas violaciones y otras ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado, le fue confirmado el auto de formal prisión. La proyectista del ministerio que conoció su caso, es la licenciada Rosa Hilda Rojas, la cual fue jefa del jurídico de la CNC en Veracruz y que asesorara a las personas que lo acusaron, convirtiéndose en juez y parte. Además, existen 50 órdenes de aprehensión recientes, en contra de los integrantes del consejo de representantes.
Compañeras y compañeros diputados: como puede observarse, el encarcelamiento del señor César del Angel Fuentes y otros, existen vicios de origen que violan sus derechos humanos. Este proceso que ha sido conocido y estudiado por prestigiados abogados han llegado a la conclusión de que la detención y encarcelamiento del señor César del Angel Fuentes se debe, uno, a motivos políticos y, dos, a que en el Estado de Veracruz todavía se aplica la ley por consigna.
Por esta razón, el grupo parlamentario del PRD exige a la Secretaría de Gobernación y del gobierno del Estado de Veracruz, la libertad incondicional e inmediata de los ciudadanos César del Angel Fuentes, Nereo Cruz Aguilar, Amado Ponce Medellín, Raquel Herrera Huerta, David Córdoba Valencia, Aurelio Guerrero Escobar y Alejandro Castrejón Carbajal.
En un país de leyes, como es el nuestro, que ha firmado convenios internacionales ante la Organización de las Naciones Unidas para respetar los derechos humanos, no podemos permitir que las cárceles de nuestra patria sigan siendo utilizadas para encarcelar a luchadores sociales por el delito de disentir de la política del gobernante en turno y la de buscar justicia social para sus representados.
Señor Presidente: por todo lo anteriormente expuesto, solicito a usted turne este caso a la Comisión de Derechos Humanos, a fin de que proceda en favor de estas víctimas de la represión del Secretario de gobierno en Veracruz, licenciado Miguel Angel Yunes Linares.
Firman este documento, los diputados federales Pedro Etienne, Gloria Sánchez Hernández, Carlota Botey, Javier González, Rosa María Márquez, Taide Aburto, Ifigenia Martínez, Saúl Escobar, Everardo Martínez, Amado Cruz Malpica y un servidor de ustedes."
¡Nunca más presos políticos por causas justas!
Muchas gracias.
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos, como lo ha solicitado el diputado Rafael Jacobo.
Para el mismo tema, tiene el uso de la palabra el diputado Roberto Alvarez Salgado, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Roberto Alvarez Salgado:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Lamentablemente hemos perdido el tiempo oyendo una alocución totalmente ajena a la realidad. El compañero que me antecedió en la palabra, vino a leer pues un oficio que le hicieron algunos compañeros intentando defender una verdad que no existe y me voy a permitir brevemente analizar su caso.
Dice que hay siete dirigentes campesinos del Movimiento de los 400 Pueblos en la cárcel en Veracruz. Yo le quiero decir al compañero que los delitos por los cuales se les acusa a los seudodirigentes son: homicidio, lesiones, usar armas prohibidas, despojo y daños y le quiero decir también, que desconoce la realidad porque en Veracruz hay, de los siete, dos personas que por tener edad avanzada están a punto de lograr su preliberación. Asimismo, otros dos más por haber cumplido ya las tres cuartas partes de su condena, van a ser pronto liberados. No hay pues presos políticos en Veracruz, simplemente en Veracruz se aplica la ley y en Veracruz no podemos permitir que los delincuentes vayan por todo el Estado cometiendo ilícitos y pretendiendo en un momento, falsear una verdad.
Decía que el compañero César del Angel, está en la cárcel y la verdad así es, está en la cárcel. Pero les quiero decir que César del Angel que se dice dirigente de Los 400 Pueblos, ha faltado a lo fundamental de un dirigente campesino: ha engañado y usado a los campesinos.
Les quiero decir, compañeros, que la anterior ocasión que tuve que pasar a la tribuna para rebatir lo que ellos dicen que es su verdad, se me quedó una parte que es importante, que quiero que conozcan los compañeros con todo respeto.
En 1992 el Gobierno Federal le entregó a César del Angel, 12 mil millones de viejos pesos para comprar terrenos, para resolver los problemas agrarios que según él existían en Veracruz. Se le puede demostrar porque hay documentos, donde se demuestra que ese dinero sigue en poder de César del Angel, no lo ha usado para resolver los problemas de los campesinos y eso señores, es lamentable.
Les quiero decir que ese dinero depositado en su cuenta, hoy, 12 millones de nuevos pesos, a la fecha, de 1992 a 1997, generando intereses tiene la cantidad casi de 43 millones de nuevos pesos. Yo me pregunto, si es dirigente campesino, ¿por qué no lo usa para resolver los problemas de los campesinos?, eso es lamentable.
Por otro lado, tiene tiempo que reclaman el predio Chichicoaxtla y como lo dije la vez anterior y tal vez el compañero porque no es de Veracruz no lo sabe, yo si porque soy el diputado por el distrito de Alamo y el predio en cuestión está en Tihuatlán, el predio Chichicoaxtla tiene casi 600 hectáreas y de las 600 hectáreas solamente se trabajan 100 hectáreas que están sembradas de cítricos y, ¿saben quién las trabaja y quién las usufructúa? César del Angel. ¿Ese es el líder que viene a defender aquí mi compañero? ¡qué lamentable que no tenga información!
Por otro lado, les quiero decir que en el famoso predio Chichicoaxtla hay una mansión ¡, preciosa la mansión!, hasta alberca tiene y ahí viven César del Angel y sus familiares, pretendiendo despojar a los campesinos de lo que pudiera ser una solución que a la fecha no lo ha sido, porque él no lo ha querido.
Por otro lado, dice que tiene un oficio, que yo también tengo la copia en la liga, donde se le cede ese terreno a César del Angel. Lamentablemente no ha leído el texto, dice: "para resolver problemas de campesinos", no exactamente de Los 400 Pueblos, sino de los campesinos solicitantes de tierra que por circunstancias de ley no se les puede dar.
Pero les quiero decir otra cosa todavía más lamentable: ese oficio lo firma el secretario general de la sección 30 del Sindicato de Petroleros de Poza Rica. Pero resulta que ese predio no es propiedad del sindicato, por lo tanto no puede dar lo que no es de él, sino que hay otras personas que con justa razón reclaman la propiedad del predio Chichicoaxtla, que en aquella ocasión ilícitamente César del Angel lo invadió.
Por último, yo quiero decirle a mis compañeros, a todos mis compañeros, que es lamentable que en ocasiones por falta de conocimiento de las situaciones que realmente prevalecen en los lugares de los hechos, se venga aquí a defender lo que no se puede defender.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Rafael Jacobo García, hasta por cinco minutos.
El diputado Rafael Jacobo García:
Con todo respeto, diputado, quiero decirle que efectivamente no soy de Veracruz. Pero he estado muchas veces en Veracruz y creo que represento más campesinos que usted en Veracruz y que más de cuatro de los que están aquí; represento: cafetaleros, productores de vainilla, ganaderos, de pimienta y de granos y conozco el Estado.
No se trata de defender y nunca he defendido a nadie que cometa realmente errores que vayan en contra de la sociedad mexicana y menos de nuestro país, tampoco.
En el caso de César del Angel, lo conozco de hace muchos años, sé quién es. Sé que es un dirigente de Los 400 Pueblos; sé que ha tenido muchos problemas y problemas con el Gobierno también.
Pero hace unos días me invitó, me llamó y fui a visitarlo a la cárcel, a Perote, le pedí que por escrito me diera todo lo que era el antecedente de su encarcelamiento y tengo todos los antecedentes del encarcelamiento.
He hablado con algunas de las personas que son sus dirigentes o que son parte de la dirección, que andan con él, no con todos porque el Consejo de Los 400 Pueblos está en la cárcel, ya hemos dicho que está en la cárcel.
El efectivamente reconoce que tienen un dinero que el Gobierno les dio, pero ese dinero lo tienen en depósito; no se lo han robado, está en banco. Si estuviera en manos de otros, a la mejor ya no existiera. Ese dinero ahí está, compañeros. No lo pueden invertir porque están presos los compañeros.
Y el predio de Chichicoaxtla, ese famoso, pues efectivamente lo poseen campesinos. Si hay una mansión, yo no sé; pero César del Angel no creo que la habite porque su esposa vive aquí en México, él vive en Perote, en la cárcel. Entonces tampoco creo que es todo cierto, compañeros.
Yo creo que aquí no se trata solamente de juzgar los errores que pueden cometer las personas, sino un hecho jurídico que se ha convertido en hecho político, el hecho de tener a César del Angel ahí preso y en este caso un servidor lo que hace es venir a solicitar la intervención de esta Cámara para que el juez que conoce de estos casos, no le siga inventando delitos, porque ni modo que desde la cárcel esté invadiendo más terrenos. Creo que no se trata de eso.
Y que las cinco personas que están desde hace siete años en la cárcel y no han sido sentenciadas, pues que se obre conforme a derecho; creo que tenemos leyes y eso es lo que tiene que hacerse, compañeras y compañeros.
Quienes no conocen la cárcel, nunca han pisado la cárcel, no saben lo que es estar en prisión. Quienes hemos estado en la cárcel y que hemos estado por defender los problemas sociales de nuestro pueblo, sabemos lo que es la cárcel, lo que son las injusticias, lo que son los atropellos y eso es lo que yo vengo a reclamar aquí; que se haga justicia, se les libere o se les sentencie definitivamente si es que hay delitos y que se prueben los delitos que hayan cometido.
Gracias.
SOCRATES RIZO GARCIA
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Cristian Castaño, del PAN, para referirse al gobernador con licencia Sócrates Rizo García.
El diputado Cristian Castaño Contreras:
Con su venia, señor Presidente:
El día de hoy integrantes de la LXVII Legislatura del Congreso local de Nuevo León y diputados federales integrantes de esta LVI Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 108, 109 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos artículos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, hemos ocurrido ante esta soberanía para presentar demanda formal de juicio político en contra del ciudadano Sócrates Cuauhtémoc Rizo García, ex gobernador constitucional del Estado de Nuevo León, por las irregularidades ocurridas durante su mandato en la administración pública del Estado; irregularidades que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales del Estado de Nuevo León en los términos del artículo 7o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya que el licenciado Sócrates Cuauhtémoc Rizo García, puso en peligro el funcionamiento normal de las instituciones públicas en el Estado al incurrir sistemáticamente en violaciones a la Constitución General de la República, a las leyes federales que de ella emanan y por haber incurrido en el manejo indebido de fondos y de recursos federales.
De tal forma la administración de Sócrates Rizo, puso en peligro el funcionamiento normal de las instituciones públicas en el Estado de Nuevo León, por haber incurrido sistemáticamente en violaciones a la aplicación de los caudales públicos aportados por la Federación, materializándose la causal de juicio político a que hace referencia el párrafo segundo del artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las causales establecidas en las fracciones VI y VII del artículo 7o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al redundar dichas violaciones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales.
Por tal motivo y por haber sido el licenciado Sócrates Cuauhtémoc Rizo García el jefe y el responsable de la administración pública centralizada y paraestatal en los términos del segundo párrafo del artículo 87 de la Constitución local, presentamos a ustedes los antecedentes de esta demanda de juicio político.
El primer caso. Se denuncian las irregularidades con respecto al fideicomiso denominado Fidenor, por irregularidades que se presentaron en este fideicomiso durante el tiempo en que Sócrates Rizo y Elmo Alanís se desempeñaban como presidente y secretario ejecutivo de dicho fideicomiso para el desarrollo del norte del Estado. Dichas irregularidades consisten en el desvío de recursos, los cuales se realizaron a través de la contratación de empresas de las cuales eran socios trabajadores o familiares de trabajadores de Fidenor, tales como Proxaco y Alcance 2000, empresas las cuales realizaban trabajos al fideicomiso a precios exorbitantes y sin la debida comprobación de que los trabajos hayan sido realizados.
Asimismo se detectó por la Contaduría Mayor de Hacienda, que durante el ejercicio 19931994, Fidenor cubrió diversos gastos a personas que no tienen relación alguna con el fideicomiso, así como gastos de múltiples viajes que no tienen relación alguna con el objeto de Fidenor.
Segundo punto. Puente Internacional Solidaridad. Se denuncia el desvío de recursos en que incurrió el fideicomiso del Puente Internacional Solidaridad, el cual era administrado por Fidenor, ya que el fideicomiso utilizó los recursos provenientes de las cuotas de peaje del Puente Internacional Solidaridad, para realizar los siguientes préstamos:
1o. Prestó entre el 11 de enero de 1994 y el 15 de noviembre del mismo año, la cantidad de 1 millón 683 mil pesos a Fidenor;
2o. Prestó 550 mil pesos al Patronato de la Feria Estatal de Monterrey.
Lo anterior, distrayendo de su objetivo las cuotas de peaje del Puente Internacional Solidaridad y aplicándolas a un fin distinto al contemplado en el acta constitutiva del fideicomiso del Puente Internacional Solidaridad.
3o. Fomerrey. Se denuncia el desvío de recursos que ocasionó un grave menoscabo al patrimonio de Fomerrey, al aplicar recursos del mismo a un fin distinto al que fue destinado. La Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, detectó en la revisión de la cuenta pública del fideicomiso correspondiente al ejercicio de 1993, que Fomerrey realizó la venta de terrenos a los organismos públicos denominados Provileón y Cimeproven desde 1991, sin que a la fecha hayan sido liquidados ni estructurados dichos terrenos.
Asimismo se detectó que fueron girados varios cheques sin que se justificara el porqué de la emisión y más aún las cantidades de dichos cheques fueron a parar a la cuenta del contador público Isaías Alvarez Olivo, en ese entonces director de este organismo denominado Fomerrey.
4o. Dirección de Promoción Social y Gestoría del gobierno estatal. En esta dirección se presentaron serias irregularidades relacionadas con el presupuesto asignado para el ejercicio de 1994, consistiendo en que a dicha dirección se le asignó un presupuesto para 1994 de 7 millones 435 mil 253 nuevos pesos, determinándose para un rubro de acción social un presupuesto total de 4 millones 998 mil. Sin embargo, en el área de acción social se ejerció un presupuesto de 19 millones 25 mil 140 pesos.
De tal forma que dicha dirección ejerció un exceso en total de 11 millones 589 mil 887 pesos. De tal forma que la Dirección de Promoción Social y Gestoría del gobierno estatal ejerció una partida presupuestal diferente a la autorizada por el Congreso del Estado, contraviniendo claramente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
5o. Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, que como organismo público descentralizado está bajo la responsabilidad del titular del Poder Ejecutivo, fue creado por decreto publicado en el periódico oficial del Estado en 1956.
Dicha institución tiene por objeto prestar el servicio público municipal de agua y drenaje. Este organismo está facultado para realizar convenios con todos los municipios del Estado, a fin de prestar el servicio de agua y drenaje a través de las compensaciones que al efecto se convengan, siendo el caso que a la fecha Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, presta sus servicios en todos los municipios del Estado.
El miércoles 18 de septiembre de 1996, el ciudadano juez noveno de lo penal, Ernesto Palacios López, giró una orden de aprehensión en contra de Gustavo Treviño Elizondo, ex director de Agua y Drenaje de Monterrey, por el delito de peculado. En el proceso que se le instruye a Treviño Elizondo se le acusa de un desvío de 8 millones 791 mil dólares provenientes de recursos crediticios federales y estatales del programa "Monterrey Cuarto". Las irregularidades que motivaron la denuncia penal fueron cometidas en la asignación de los contratos de las obras de dicho programa, entre las que se encuentran la presa El Cuchillo, el acueducto El Cuchillo Monterrey y tres plantas tratadoras de aguas residuales.
Como consecuencia de la orden de aprehensión girada en su contra, el ciudadano Treviño Elizondo se encuentra hoy prófugo de la justicia.
6o. Adquisición de un jet Joker 700 a precio superior al del mercado.
El gobierno del Estado adquirió por órdenes del ex gobernador Sócrates Rizo García en el año de 1994, un jet ejecutivo de fabricación británica Joker 700. El monto de la operación fue de 3.8 millones de dólares. La aeronave se encontraba en proceso de acondicionamiento en Ubalde, Texas. Según la opinión de expertos la mencionada aeronave tenía un precio en el mercado de 2.8 millones de dólares, sin embargo el gobierno del Estado la adquirió a un precio superior.
Inmediatamente después de que se dio a conocer la adquisición del jet Joker 700, el entonces director de servicios aéreos de Nuevo León, el ciudadano Armando González Saldaña, fue removido de su cargo. Posteriormente el jet en mención fue puesto en venta por el gobierno del Estado a un precio menor al que fue adquirido en claro perjuicio del erario público del Estado de Nuevo León.
7o. Narcotráfico, caso de Juan García Abrego.
El domingo 14 de enero de 1996, en una finca rústica del municipio de ciudad Benito Juárez, Nuevo León, fue capturado el presunto narcotraficante Juan García Abrego, quien es señalado como el jefe del denominado Cártel del golfo. Según las declaraciones de vecinos del mencionado municipio, García Abrego tenía tres años de vivir en dicho lugar y no obstante de ser una de las personas más buscadas por la Procuraduría General de la República y por la agencia norteamericana FBI, el presunto narcotraficante llevaba una vida tranquila y sin sobresaltos en todo Nuevo León, ya que inclusive, según la prensa local, era común verlo en restaurantes y centros comerciales de la ciudad de Monterrey.
La detención de Juan García Abrego, pone de manifiesto la ineptitud de la Procuraduría General de Justicia del Estado en aquel entonces, ya que aun muchas horas después de su captura la procuraduría estatal no tenía conocimiento alguno de los hechos y más aún ni siquiera participó en su captura; todo esto le permitía llevar una vida tranquila en la ciudad de Monterrey y poseer varias residencias en San Pedro Garza García, Nuevo León.
Dispendió en la renta de la casa de gobierno.
En el año de 1995, el gobierno del Estado celebró un contrato de arrendamiento con el señor Ovidio Elizondo, ex candidato por el PRI para la alcaldía de San Pedro Garza García, siendo el objeto de dicho contrato un bien inmueble ubicado en la avenida Morones Prieto, en el número 10. Dicha finca fue utilizada como la casa de gobierno, lo anterior infringiendo la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios para la Administración Pública del Estado de Nuevo León, al no someter a concurso la celebración de dicho contrato.
El gobierno del Estado llegó a pagar presumiblemente por concepto de renta del inmueble antes señalado, la cantidad de 100 mil nuevos pesos mensuales, por lo cual resulta evidente la intención de favorecer a un cercano amigo del entonces gobernador del estado, Sócrates Rizo García, toda vez que es del conocimiento general que el ciudadano Ovidio Elizondo es amigo entrañable del licenciado Rizo, además de que el monto de la renta resulta estratosférico respecto a los precios del mercado.
Instituto de la Juventud y el Deporte. La Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso estatal detectó en la cuenta pública correspondiente al ejercicio del año de 1993 del Instituto de la Juventud y el Deporte, dependencia estatal, una serie de irregularidades tales como adeudos por más de 1 millón 157 mil 246 pesos, los cuales fueron prestados a funcionarios, así como ingresos que no fueron incluidos en los estados financieros del organismo y de los cuales se desconoce su aplicación lo anterior por un monto de 113 mil 082 pesos.
Entre los funcionarios beneficiados con los préstamos antes mencionados, podemos citar a los ciudadanos: José Medina Lozaya, subdirector del Deporte Estudiantil; Víctor Tijerina Cárdenas, director de deportes; César Javier Rodríguez, subdirector de Participación Juvenil. Es necesario mencionar que las irregularidades ocurridas en el Injuve podrían implicar el desvío de recursos federales, toda vez que el Consejo Nacional del Deporte, la Comisión Nacional del Deporte, la (Conade) aporta una parte de los recursos del Instituto de la Juventud y el Deporte, dependencia estatal.
Becas gubernamentales a hijos de funcionarios públicos. En el mes de abril de 1995 se detectaron serias irregularidades en las becas que la Secretaría de Educación Estatal otorga a la población, ya que otorgó a los hijos de algunos funcionarios del gobierno estatal, becas para estudiar en instituciones privadas apartándose de los lineamientos establecidos en la Ley de Educación, la cual establece que las becas deben ser otorgadas a los estudiantes de bajos recursos y de un nivel académico satisfactorio. En este caso, el criterio de la Secretaría de Educación fue el del nivel del influyentismo de los padres del becario.
En efecto, las becas fueron otorgadas por la Secretaría, en lugar de recaer en personas de bajos recursos, recayeron en los hijos de prominentes políticos y servidores públicos de primero y de segundo nivel. Entre los beneficiados por tales acciones, podemos citar a los siguientes: David Cantú Díaz, en ese entonces secretario particular de Sócrates Rizo García y posteriormente Procurador de Justicia, actualmente el señor Cantú Díaz está prófugo de la justicia; Juan Manuel Parás González, diputado local y posteriormente presidente estatal del PRI; Roberto García Ramírez, subsecretario de ingresos del gobierno del Estado y Alberto Martínez, ex trabajador de servicio públicos del municipio de Monterrey.
Casa de la familia Rizo Reyes. El licenciado Sócrates Cuauhtémoc Rizo García no obstante que su remuneración como gobernador constitucional del Estado era del orden de 25 mil nuevos pesos mensuales, se dio el lujo de adquirir una casa de 850 mil dólares. Esta suma atenta contra toda lógica si la comparamos con el sueldo del licenciado Rizo; sin duda que el licenciado Rizo debió tener otra fuente de ingresos, ya que resulta imposible e incongruente que con sus percepciones pudiera cubrir el costo de dicha casa.
Sobre los desvíos en la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el año de 1996 la Universidad Autónoma de Nuevo León presentó una denuncia por el desvío de 13 millones de pesos, dicho desvío fue detectado por medio de una auditoría externa realizada por el despacho contable Ramón Cárdenas y Asociados, S.C. Como resultado de dicha denuncia presentada por la Universidad Autónoma de Nuevo León, se encuentran hoy presos: el ex rector Manuel Silos Martínez, así como el ex tesorero Joel Moreno Barrios y el ex secretario particular del ex rector Manuel Silos, el ciudadano Valentín Ovalle Paz.
El día 15 de enero del presente año, el departamento Jurídico de la Universidad Autónoma de Nuevo León presentó una segunda denuncia por el presunto desvío de 4 millones 700 mil pesos. Por tal motivo, la Procuraduría de Justicia del Estado, a través de la agencia del Ministerio Público número ocho procedió a citar en calidad de indiciado al ciudadano Humberto López Muñoz, quien es cuñado del ex gobernador del Estado, Sócrates Rizo García, ya que se le considera copartícipe de los desvíos ocurridos en la Universidad Autónoma de Nuevo León cuando se desempeñaba como rector el ciudadano Manuel Silos Martínez.
Es necesario mencionar que Humberto López Muñoz, al no haber acudido al citatorio girado por la Procuraduría, se le envió una segunda cita a la cual tampoco acudió, motivo por lo cual se ordenó su comparecencia por medio de la fuerza pública, la cual hasta el momento no se ha producido, ya que al parecer el ciudadano Humberto López Muñoz se encuentra prófugo.
Por todo lo anterior, señoras legisladoras, señores legisladores, es de concluirse que los hechos que he narrado ante ustedes constituyen sin duda una en prueba fehaciente de que en la administración del licenciado Sócrates Cuauhtémoc Rizo García se incurrió presuntamente en las siguientes situaciones: dispendios, desvíos, nepotismo, peculado, saqueos del erario y negligencia, denotando un caos total, una corrupción insultante en perjuicio de las arcas públicas en perjuicio del pueblo de Nuevo León y en consecuencia en contra de los intereses públicos fundamentales del Estado de Nuevo León.
La negligencia en el gobierno del Estado se vio reflejada en el constante cambio de funcionarios en el gabinete estatal y llegó a tal grado que el licenciado Sócrates Rizo tuvo que renunciar al cargo de gobernador, ya que la corrupción en su administración era ya evidente y como consecuencia de dicha corrupción se encuentran varios ex funcionarios prófugos de la justicia, incluyendo al ex procurador de justicia del Estado, licenciado David Cantú Díaz y el ex director de agua y drenaje de Monterrey, Gustavo Treviño.
Otros funcionarios están siendo o han sido procesados penalmente por peculado u otros delitos en contra del patrimonio estatal.
De todo lo anterior se desprende que el licenciado Sócrates Rizo García incurrió en múltiples anomalías en el manejo del erario y en lo que se refiere al fideicomiso Fidenor, al fideicomiso Puente Internacional Solidaridad, al fideicomiso Fomerrey, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey y al Instituto de la Juventud y el Deporte y es necesario mencionar que una parte del patrimonio del primero se constituyó con aportaciones tanto de bienes muebles, inmuebles y numerario de la Federación y en el caso del segundo participó en su creación.
Y en el caso del segundo participó en su creación a través de donativos y de concesiones al Gobierno Federal y en los demás casos se manejaron también recursos federales.
El fundamento principal en el que se imputa la responsabilidad a Sócrates Cuauhtémoc Rizo García, está integrada en el artículo 87 de la Constitución local del Estado de Nuevo León que a la letra dice, en su segundo párrafo: "el gobernador será jefe y responsable como palabras separadas, aunque hoy podamos entender que Rizo las entendió juntas, es: jefe y responsable de la administración pública centralizada y paraestatal del Estado, en los términos de esta Constitución y de la Ley Orgánica que expida el Congreso, la cual distribuirá los negocios del orden administrativo en las secretarías y Procuraduría General de Justicia".
Los hechos narrados señoras legisladoras, señores legisladores, constituyen causales de juicio político según lo preceptuado en los artículos 110 de la Constitución Federal y artículo 7o. fracción IV de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Hoy por ello, los legisladores federales de Acción Nacional, representantes del Estado de Nuevo León y los que firman la demanda de juicio político integrantes del Congreso local del Estado de Nuevo León, solicitan:
Primero. Que se tenga por presentada esta demanda formal de juicio político que interponen ante esta soberanía los suscritos miembros del grupo parlamentario en el Congreso del Estado, con el respaldo y apoyo de los integrantes de esta LVI Legislatura.
Segundo. Que se inicie el procedimiento de juicio político en contra de Sócrates Cuauhtémoc Rizo García de acuerdo a lo establecido en nuestra Constitución Federal, así como en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Tercero. Una vez concluido el procedimiento de juicio político, se apliquen las sanciones establecidas en el artículo 8o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y en consecuencia se le inhabilite para el ejercicio de cargos públicos por un término de uno a 20 años.
Cuarto. Que se remita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los hechos descritos en este ocurso, para el fincamiento de las responsabilidades fiscales que en su caso resulten procedentes y de su competencia.
Quinto. Que se remita a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, para el fincamiento de las responsabilidades que resulten procedentes en lo relativo al Fideicomiso para el Desarrollo del Norte del Estado, Fidenort; para el Fideicomiso Puente Internacional Solidaridad, Fideicomiso Fomento Metropolitano de Monterrey, Fomerrey, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey e Instituto de la Juventud y el Deporte por lo concerniente al manejo de recursos que provienen del erario federal:
Sexto. En caso de que las irregularidades antes mencionadas pudieran constituir algún delito o delitos, solicitamos se dé vista a la Procuraduría General de la República, a fin de que proceda conforme a derecho a la persecución de los mismos.
Señores legisladores, protestamos lo necesario en derecho.
El Presidente:
Tomando en consideración que han transcurrido las cuatro horas reglamentarias de esta sesión que establece el artículo 28 del Reglamento para el Gobierno Interior, la Presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a fin de concluir los asuntos pendientes en cartera, acuerda prorrogar el lapso correspondiente hasta la conclusión del orden del día.
ESTADO DE JALISCO
El Presidente:
Tiene la palabra el señor diputado Mario Alejandro Rosales Anaya, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a las agresiones a la sociedad de parte del alcalde de Guadalajara.
El diputado Mario Alejandro Rosales Anaya:
Con su venia, señor Presidente:
Es inevitable tocar el tema.
Pedí ocupar esta tribuna, señores diputados, para denunciar nuevamente sucesos vergonzosos que implican prepotencia, soberbia, violencia y estulticia, cualidades éstas que son las que mejor definen al actual gobierno municipal de Guadalajara y particularmente al inefable César Coll Carabias.
En el tiempo que lleva en su ejercicio de presidente municipal, han sido muchas las ocasiones en las que sin disfraz alguno ha hecho alarde de su desprecio y minusvaloración por la sociedad tapatia, la cual mal gobierna.
Como boton de muestra está su declaración de finales de diciembre, en la cual César Coll se quejaba y criticaba que somos un pueblo futbolero que sabe todo de balompié y muy poco de política. Al margen de discutir qué utilidad sería mejor para un pueblo, si saber de política o de deportes, esta expresión trasciende lo anecdótico y refleja con fidelidad la subestimación y el poco aprecio que Coll tiene por los que votaron por él, por los que lo hicieron en contra y piensan distinto que él.
Un segundo botón de muestra de la asimetría de Coll con los tapatíos, es la concepción y la acción que refleja de nosotros, con su declaración al influyente periódico New York Times, el día 4 de enero de 1997, en la cual justificaba su aberrante y draconiano proyecto de reglamento de policía y buen gobierno de Guadalajara, aduciendo que éste obedece a que debe ser detenido, el hecho de que personas practiquen actos sexuales con animales en parques públicos.
Esta aseveración, al margen de que haya sido hecha a uno de los más importantes periódicos del mundo, resulta verdaderamente desproporcionada, falaz e insultante para los tapatíos. Es inadmisible e imperdonable que Coll proyecte la falsa idea de que los tapatíos somos zoofílicos.
Todo Guadalajara, compañeros diputados, se enteró de los arreglos y ornamentación de que fue objeto el domicilio particular del presidente municipal, con recursos materiales humanos y equipo propiedad del ayuntamiento, lo que dista de ser un ejemplo de rectitud y de honradez.
César Coll incurrió también en una conducta inmoral y deshonesta, inclusive, tipificada en la legislación penal de nuestro Estado, cuando sin ser presidente municipal dispuso de 300 mil pesos del erario público de Guadalajara en calidad de préstamo, los cuales fueron distribuidos entre él y varios de sus colaboradores de la campaña electoral en ágapes y viajes, como aparece en los periódicos locales de 1995.
Y vamos a lo más reciente: el artero ataque que sufrió el reportero de Televisa, Salvador Chávez Calderón...
El Presidente:
Perdón, señor diputado, ¿acepta usted una pregunta?
El diputado Mario Alejandro Rosales Anaya:
Al terminar, por favor.
Y el más reciente, el artero ataque que sufrió el reportero de Televisa, Salvador Chávez Calderón cuando cumplía su labor. Los detalles se han ventilado bastante los últimos días, sin quitarle un ápice de la importancia que por sí solo reviste tal caso.
Quiero enfatizar que es tan sólo la cereza del enorme pastel de inseguridad, violencia y arbitrariedad que la alcaldía de Guadalajara otorga pródigamente a sus gobernados.
Tan sólo en tres días sucedieron consecuentemente tres episodios que ilustran el nivel que nuestras autoridades de Guadalajara han alcanzado y su arsenal dé respuestas a los reclamos de la sociedad.
El día 9 de abril próximo pasado, los miembros de una familia fueron perseguidos por la policía municipal. Asustados huyeron y se refugiaron en su casa. La policía en congruencia con su jefe Coll irrumpió masiva y violentamente en la casa; golpearon a todos los habitantes de ella sin excluir por supuesto a mujeres y niños. Esto está documentado también en los medios de comunicación.
El día 10 por la madrugada fueron desalojados violentamente unos campesinos manifestantes que se instalaron frente a palacio de gobierno. Finalmente el día 11 agredieron al periodista Salvador Chávez Calderón.
¿Qué dijo o hizo el gobierno municipal ante estos hechos? Nada, por el contrario, ante la presión de los medios de comunicación el alcalde Coll Carabias dijo palabras más, palabras menos: que la golpiza fue provocada por la irracionalidad del reportero. El día de ayer se retracta, como es su costumbre, cuando siente que el mundo se le viene encima, culpando a funcionarios menores, a que no tuvo información oportuna o como de costumbre, a los medios de comunicación.
Recuerden el violento y sangriento desalojo de tianguistas que acudieron a palacio municipal a protestar y en el colmo de la demencia el alcalde de marras soltó sus perros contra los manifestantes que ejercían su derecho constitucional, sin importarle que también fueran mujeres y niños.
Mención especial merece que su administración ha sido objeto de 436 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Aprovecho esta ocasión y esta tribuna también para expresar la indignación de la fracción priísta de Jalisco por las agresiones sufridas y nuestra solidaridad irrestricta con los reporteros y periodistas que arriesgan su vida para cumplir con su deber.
Después de incurrir en éstas y otras prácticas inmorales y contrarias a la honradez y a la ética que dice profesar, siempre ha dado como explicación y justificación su ignorancia y desconocimiento de la ley y de las normas que a las que debe ceñir su conducta. No cabe duda alguna que César Coll cumple sus promesas de campaña, cuando dijo que pondría a Guadalajara en los titulares de los medios informativos del mundo. ¡Qué lástima que no explicó a tiempo cuál era su idea de promocionar a Guadalajara!
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el señor diputado Iñiguez, para el mismo tema.
El diputado José Iñiguez Cervantes:
Señor Presidente; señoras y señores diputados: En esta tribuna se han comentado muchos hechos desde perspectivas no totalmente falsas ni totalmente verdaderas, por eso los grupos, por eso los diputados jaliscienses integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional queremos puntualizar nuestra visión de esos hechos.
Acción Nacional reclamó siempre y tuvo como propósito alcanzar el poder para tener la capacidad de éste de proveer a la comunidad de bienes anhelados por la misma. Un bien buscado por la comunidad tapatía y los jaliscienses fue y ha sido, la seguridad pública, dijimos antes y lo sostenemos ahora, que dicho bien no se generará expontánteamente y que en su generación necesitamos participar los ciudadanos, los comunicadores, las autoridades y en fin, todos los componentes de la comunidad.
La autoridad, por su función como promotora del bien común, tiene una responsabilidad de primer orden para contribuir a crear las condiciones necesarias para que se dé la seguridad pública. Tiene que conocer el problema y contar con las herramientas adecuadas para actuar en consecuencias y la autoridad municipal de Guadalajara surgida de Acción Nacional encontró un cuerpo policial mal integrado y peor preparado, eran policías que no habían recibido la capacitación mínima y necesaria para el buen desempeño y, en efecto, había policías que en 15 años no habían realizado una práctica de tiro, eran policías muy mal pagados y por ello fácilmente sobornables por las bandas criminales. Eran policías incompetentes que era necesario sustituir o capacitar y cuyo mal funcionamiento desprestigió a los cuerpos policiales hasta grados ínfimos de confiabilidad.
Los candidatos de Acción Nacional, ya como autoridades, comprobaron que el problema era muy grave y más profundo de lo conocido, pero se dieron a la tarea de renovar los cuerpos de seguridad municipal y sólo lo han conseguido parcialmente, mediante la integración a los mismos de nuevos miembros más capaces y mejor preparados. Sin embargo, no es posible en dos años recomponer lo que durante décadas se descompuso.
Actualmente se ha intensificado la preparación de los policías y su capacitación para el desempeño de sus funciones y en ello hay avances que, aunque insatisfactorios, son logros que un analista objetivo no puede negar ni dejar de valorar.
Qué bien que quienes antes aplaudían críticamente ahora se transformen en críticos y con sus exigencias obliguen a las autoridades surgidas de Acción Nacional a marchar más de prisa y obtener logros más tangibles y en la cuestión de seguridad es obvio.
Es obvio que los priístas jaliscienses ahora sean críticos y ojalá aprendan a serlo siempre. También es logro de Acción Nacional.
Estamos seguros que la ciudadanía tapatía sabrá valorar el esfuerzo de las autoridades, que no se hacen sordos ante sus exigencias y clamores y tampoco con las arbitrariedades de los cuerpos policiacos y esto lo demuestra el presidente municipal de Guadalajara cuando toma medidas difíciles, pero necesarias, como lo demuestra el siguiente boletín: "Se reitera la voluntad política para aclarar los hechos del pasado 11 de abril. El día de ayer declaré ante los medios de comunicación que tengo el más firme propósito y la voluntad política para esclarecer los hechos del pasado viernes 11 de abril, donde está involucrado un reportero de la televisión local acción que mucho lamento.
En este orden de ideas, dispuse lo siguiente:
1o. Solicité al licenciado Enrique Oruñuela Ladrón de Guevara, síndico de este ayuntamiento, licencia temporal para separarse de su cargo.
2o. Propongo al cabildo el nombramiento del licenciado Claudio Isaías Lemus Fortol, actual director jurídico de este ayuntamiento, para que desempeñe interinamente el cargo de síndico.
3o. Suspendo temporalmente de su cargo al licenciado Abelardo Serrano Prado, director de la policía municipal, quedando en su lugar el señor Joaquín Herrero.
4o. Suspendo temporalmente al comandante Héctor Espinosa Aramilla, al tercer oficial Oscar Eduardo Munguía Curiel, a los policías de línea José Luis Villa Razo, David Pérez Coeto y a Oscar A. Núñez Saavedra, así como a la policía de línea, chofer, José Luis García Damián, personal de la policía municipal que participó en los hechos referidos.
5o. Ceso al policía de línea Luis Alfredo Plascencia Casillas, quien aparece en una fotografía de un diario local, amagando con una pistola a un señor camarógrafo de la televisión local.
6o. Suspendo temporalmente al doctor Rodolfo Vallardo, quien lo sustituirá temporal el señor Genaro Bátiz Martínez.
Deseo manifestar que el pasado 12 de abril, durante la revista mensual a la policía municipal, declaré a los reporteros que avalaba los hechos en donde lamentablemente resultó golpeado el reportero Salvador Chávez Calderón.
Les informo que mi posición fue producto de la información desvirtuada que me dieron hasta ese momento.
Hoy, después de haber realizado personalmente una intensa investigación de los hechos, determino lo anteriormente expresado, reitero mi voluntad de que estos hechos se aclaren."
Muchas gracias, señor Presidente.
El diputado Rodolfo González Macías (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra para rectificar hechos.
El Presidente:
Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Rodolfo González Macías, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Rodolfo González Macías:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Pedí hacer uso de la tribuna, no para seguir haciendo comentarios sobre la figura de César Coll. Creo que es irrelevante hablar de una persona que está siendo ampliamente comentado en todos los medios y en todos los niveles y que creo, y lo creo sinceramente, que debe ser profunda preocupación de los compañeros de Acción Nacional.
Creo que los partidos políticos, cuando postulamos nuestros, en el momento que lo hacemos, mejores hombres y nuestros mejores candidatos, lo hacemos con la honestidad y con la franqueza de creer que van a servir, tal y como es el pensamiento del partido que lo postula. Indiscutiblemente que tanto nuestro partido, el Revolucionario Institucional y en este caso triste y lamentable, porque estamos hablando de una ciudad tan importante a nivel nacional y que tiene trascendencia internacional como Guadalajara, está sufriendo los embates de un hombre que, repito, no tiene caso calificar. La propia sociedad, los propios medios, creo que son los encargados de hablar sobre este tema. Es lamentable, francamente, que estos casos en estos momentos se estén dando.
Lo que sí quiero comentar y que creo que debe de ser preocupante, debe ser el aspecto ideológico que en un momento determinado los partidos postulemos, porque el que nos equivoquemos con el hombre, pues puede encontrar justificación, pero sí creo que para la sociedad en general, a nivel nacional, no nada más la jalisciense, inclusive la difusión que se le ha dado últimamente así lo demuestra, debe de preocupar al momento que en el próximo proceso político electoral se haga una selección.
Debe la sociedad mexicana analizar con cuidado, muy cuidadosamente, repito, por quien ideológicamente y para que el resultado práctico sea positivo, va a externar su decisión.
Pienso, se han demostrado que las frases sobre el bien común, que por cierto es una frase que muchos ciudadanos mexicanos no entendemos con claridad, el bien común para quién.
Yo entiendo el bien para el campesino, para el obrero, para la sociedad en general. Pero el bien común, pues depende en el momento que se diga a quién va a favorecer.
Aquí en Jalisco estamos viendo con claridad que el bien común está dirigido a un grupo selecto y dirigido.
Hemos hablado y yo lo he hecho varias veces desde esta tribuna de la doble moral que en un momento determinado manifiestan partidos de la oposición en este momento al frente del gobierno en el Estado de Jalisco.
Es indiscutible que el gobernar desgasta. Es indiscutible que el ser oposición durante tantos años, pues ha dado ventajas, ha dado experiencias, pero desde la oposición. Pero está claro y ampliamente demostrado, no nada más en Jalisco, sino en diferentes entidades de la República, que el gobierno que ha avalado el Partido Acción Nacional, dista mucho de obtener los resultados ofrecidos.
Yo hago votos, repito, porque el próximo proceso en beneficio de México, en beneficio de nuestra patria, en beneficio de todos los mexicanos, analicemos con cuidado al momento de hacer nuestra selección.
Qué triste ver que 140 años después de la muerte de hombres como Juárez, todavía anden pululando un ambiente revanchista. Estos y otros elementos son los que deben en un momento determinado formar parte de nuestras decisiones el próximo día 6 de julio.
Por lo que al señor Coll se refiere, pues qué lástima que una oportunidad tan importante como era Guadalajara, la tiren por la borda.
Muchas gracias, señores.
PODER LEGISLATIVO
El Presidente:
En uso de la palabra el diputado Antonio Tenorio Adame, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al fortalecimiento del Poder Legislativo.
El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame:
Honorable mesa directiva: compañeras; compañeros:
La temática que voy a abordar tiene como propósito basarse en el examen de las posibilidades que atañen a la reforma del Poder Legislativo, que por azares y por decisiones políticas, fue excluida o por lo menos desviada su atención, para poner y destacar la atención en las reformas promovidas por el Poder Ejecutivo.
No tuvimos la fuerza y la capacidad para transformarnos a nosotros mismos. Seguimos indemnes y nuestro periodo y nuestra legislatura está a punto de agonizar en el suspenso de cinco o seis sesiones, que darán ya su final.
Sin intención de reabrir el detalle que ayer se formulara en esta misma tribuna, en razón de la indebida participación del Ejecutivo en tareas partidarias, sí quiero referirme a ella, más con el deseo de una reflexión que nos derive a nuestras posibilidades potenciales al futuro, que en erigirme en fiscal y en factor determinante en contra de actitudes indebidas en la participación partidaria del jefe del Ejecutivo. Quiero explicarme este fallido intento de realizar política utilizando los medios del poder, utilizando los recursos públicos y favoreciendo una tendencia partidaria.
El presidencialismo, que es la derivación del sistema presidencial y que ha venido a resumirse en la forma absoluta y autoritaria del ejercicio del poder personal, no solamente está en crisis; enfrenta un estado de mutación en el cual habrá de transformarse radicalmente hacia un semipresidencialismo o hacia un semiparlamentarismo. Pero en la agonía de este régimen que en sus orígenes se caracterizaba porque el partido de las mayorías, el PRI, apoyaba al Presidente, ahora el Presidente apoya a un partido que ha perdido las mayorías.
En esa víspera de la mutación del poder del presidencialismo, vemos y nos enfrentamos a proyectos de reforma que más bien son intentos de clonación del presidencialismo, quieren clonar al presidencialismo autoritario y conocido internacionalmente como un poder absoluto, en un presidencialismo light, de apariencia democrática ante los medios de comunicación, principalmente los internacionales, principalmente los norteamericanos y por ello nuestra insistencia en el fortalecimiento del Poder Legislativo.
Solamente se logrará un equilibrio de poderes, una división de poderes y contrapesos entre los poderes, para que asimismo se puedan democratizar los órganos del poder y para que asuman principalmente su responsabilidad.
Si nosotros impulsamos la reforma del Poder Legislativo. ¿Y dónde está la reforma del Poder Legislativo? El día de ayer la Comisión de Reglamento, convocó a una reunión en la que se entregaron ya, finalmente, el proyecto de reforma, la iniciativa que va a presentar el PRI.
El 12 de abril de 1996, el año pasado, el PAN presentó su iniciativa, y en diciembre del periodo anterior, del año anterior, tuve el privilegio y el honor que ustedes me concedieron para presentar una iniciativa de reforma al Poder Legislativo y ahora que el tiempo se apresura y que la capacidad mengua, nos encontramos con una reforma que va a ser asumida de manera precipitada. Hacemos votos porque lo mejor del planteamiento panista y del planteamiento perredista y de los compañeros petistas, sea el resumen y la síntesis de una nueva Ley Orgánica y de una reforma al reglamento.
Solamente con un Poder Legislativo que asuma sus responsabilidades, que tenga capacidad para legislar, con un proceso de legislación en el que las partes que lo integran tengan condiciones de equidad participativa; solamente un Congreso donde las comisiones se integren también en función de la equidad; solamente un Congreso donde no se privilegie ese absurdo llamado, "la ley de oro de la mayoría", sino donde se razone y se compensen las posibilidades del diálogo para reservar y proteger los derechos de la minoría para que éstas puedan expresarse, será posible un Congreso que aporte y equilibre al Poder Ejecutivo.
No estamos pidiendo que se disminuyan las facultades del Poder Ejecutivo; sí queremos que asuma sus responsabilidades, aunque sabemos que el Poder Ejecutivo es un poder que no es responsable constitucional y legalmente, sí queremos que asuma las responsabilidades concernientes a su función.
Queremos un Congreso que ejerza el control político por medio de la aprobación crítica del presupuesto y de la sanción de la Cuenta Pública, con capacidad fiscalizadora; un Congreso que asuma su capacidad jurisdiccional para establecer el juicio de procedencia, los juicios políticos, las sanciones administrativas que corresponden a los funcionarios públicos.
¿Por qué esta confusión existente en el presidencialismo que actúa partidariamente? Porque la figura presidencial asume de manera bicéfala dos de las principales funciones: el Presidente es jefe de Gobierno y es jefe de nación. Como jefe de nación no debería ser responsable de los actos de Gobierno. Pero como jefe de Gobierno debe ser responsable de los actos de las políticas que implementa. Por eso tenemos que partir ese binomio que daña la transparencia de la relación política.
Yo tengo ahora que aludir a un caso particular para que mi exposición tenga también un sustento con la realidad y me refiero a lo que sucede en los estados de la República, en la relación entre el Congreso local y el Poder Ejecutivo de los estados, ahí también se repite la situación del autoritarismo presidencialista, del presidencialismo. El gobernador es en sí un jefe del Ejecutivo, que tiene todas las facultades y ninguna de las responsabilidades.
Y quiero referirme en particular al Estado de Tamaulipas. Nos dirán, si acaso hay una intervención, que por razones del federalismo no tenemos facultades. Yo quiero invocar por ello el artículo 115 de la Constitución, inciso IVC, romano, donde señala que: "las legislaturas de los estados aprobarán las leyes de ingreso de los ayuntamientos y revisarán sus cuentas públicas".
Pues bien, en función de este principio y en función del artículo 120 de la Constitución que dice: "que los gobernadores están obligados a cumplir las leyes federales", yo vengo a expresar a ustedes nuestra inconformidad de los hechos que suceden en la legislatura del Estado de Tamaulipas, donde la fracción del PRD y la fracción del PAN, han tomado acciones a fin de hacerse escuchar y no han recibido respuesta a una solicitud de las cuentas públicas del Estado y de los municipios.
Cuento para el efecto del acta de la misma legislatura de fecha 2 de abril, donde el diputado Laurencio García García ha pedido que se les den copias fotostáticas de los estados hacendarios que guardan los municipios. No menos de 10 municipios no entregaron estas cuentas y otros tantos no se sabe cómo funcionan.
¿Cuál es la situación que priva en la comisión de glosa y de contraloría de la propia Cámara, la Contaduría Mayor de Hacienda? Esa comisión está constituida solamente por un partido y un miembro de otro partido y excluyen a las principales fuerzas representativas del Estado.
Por tal razón nos vemos en la necesidad de reclamar que en los estados de la República se acentúe, se desarrolle de manera precipitada, entusiasta, este primer aliento de reforma del Poder Legislativo. Que las comisiones de jurisdicción, jurisdiccionales y de investigación estén constituidas y de preferencia encabezadas por las minorías, porque eso da sustancia y da carácter a la renovación y a la modernidad de los parlamentos en el mundo.
Hacemos un reclamo para que se corrijan estos hechos y al mismo tiempo creemos que la mejor manera en que esto pudiera ocurrir, es que en los estados de la República también exista la observancia constitucional, como esta honorable legislatura aprobara facultades para la Suprema Corte.
¿Quién vigila la constitucionalidad en los estados? ¡Nadie! En los estados se gobierna a decisión y preferencia del gobernador en turno.
Por todo ello creemos en la posibilidad de que nuestro avance pueda continuar en función de presentar nuevas iniciativas, impulsar a los compañeros diputados de provincia y reservarnos el reclamar responsabilidades a quienes incurran en estos ilícitos que dañan la soberanía de los estados.
Nos reservamos la posibilidad de ejercer nuestras facultades constitucionales sin dañar la soberanía de los estados.
De todo lo expuesto creo que nuestra lucha por fortalecer el Poder Legislativo, va en cuatro vertientes:
La necesidad de su fortalecimiento. La vigencia de revertir las fórmulas tradicionales de obstrucción de las funciones del Congreso, como contrapeso político del Ejecutivo. Por la capacidad de la oposición de proponer proyectos alternativos viables ante la opinión nacional.
La urgencia de que el Congreso asuma su papel y legisle, en vez de ser una instancia legisladora de las leyes que envía el Ejecutivo. Que el Congreso se adecúe al mandato constitucional y se erija como representante de los legítimos intereses del pueblo de México.
En esa razón hago votos porque nuestra reforma recoja lo mejor de los partidos y lástima que, como decía Nemesio García Naranjo, en la XXVII Legislatura, un diputado de gran tradición y respeto para nosotros, "no era correcto que estuviéramos legislando para la siguiente legislatura".
Pero si es una reforma de consenso, creo que estaremos también aportando y abriendo caminos a la nueva democracia que México necesita.
Gracias.
Presidencia del diputado Mario Enrique Vázquez Hernández
El Presidente:
Para el mismo tema, tiene el uso de la palabra el diputado Meza.
El diputado Sergio Teodoro Meza López:
Con su permiso, señor Presidente:
Seré muy breve en mi intervención, pues todo lo dicho por el compañero diputado Antonio Tenorio Adame, pues definitivamente creo que lo suscribimos la mayoría de los diputados presentes.
Es únicamente para referirme a algo que hoy ya tocó, que es sobre la necesidad de que también es conveniente que haya una evolución en el comportamiento de los diputados, no solamente de los diputados federales, sino los que forman parte de los congresos dentro de los estados.
Hay que reconocer que a través de las legislaturas ha habido un aprendizaje. Hoy estamos aprendiendo a dialogar. En las legislaturas anteriores cuando se pasaba a esta tribuna, cuando se desarrollaban trabajos en legislaturas, realmente era muy poco lo que se lograba. Se sentía muy bonito venir y decir hasta de lo que se iban a morir los compañeros diputados de otros partidos, pero no se llegaba a nada.
Creo que ha habido una evolución tanto de los diputados integrantes del grupo parlamentario mayoritario, como una evolución también de diputados integrantes de grupos parlamentarios minoritarios. Hemos avanzado bastante en el diálogo y estamos empezando a aprender a escuchar y a aceptar propuestas de otras partes. Por eso se ha llegado en asuntos importantes a algunos consensos.
Hay mucho que aprender, hay mucho que seguir, pero hay que reconocer un cierto avance.
El diputado Antonio Tenorio Adame, ante los cambios sobre las verdaderas reformas de los cuerpos legislativos, sí debe tocar en las legislaturas de los estados, en los congresos de los estados. Tamaulipas, como acaba de mencionar, es un ejemplo clásico de que aún tenemos diputados componentes de una mayoría, que no les interesa en lo más mínimo tener ningún diálogo ni llegar a ningún consenso con los diputados locales que forman parte de grupos minoritarios.
El hecho de que el grupo parlamentario de Acción Nacional y del PRD del Congreso del Estado de Tamaulipas no forme parte de la Comisión de Hacienda es relevante, porque es una de las actividades importantes de un congreso. Pero es relevante porque definitivamente no quieren darles ninguna intervención para que no tengan gran oportunidad sobre el estudio de las cuentas, tanto del Congreso del Estado como de los municipios que integran el Estado de Tamaulipas.
El pasado 2 de abril el Congreso del Estado, recibió la documentación de 33 de los 43 municipios sobre el estado de sus cuentas públicas, así como la cuenta pública del propio gobierno de Tamaulipas. Obviamente eso fue turnado a la Comisión de Hacienda, pero de la Comisión de Hacienda no forma parte ningún integrante diputado ni del PAN ni del PRD.
Obviamente que para poder realizar sus trabajos todos, tanto los perredistas como los panistas solicitaron que les hicieran llegar la documentación de esas cuentas públicas, mismas que les han negado por parte de la Gran Comisión, por parte de la Presidencia de esa legislatura y por parte de la Comisión de Hacienda.
Obviamente que no van a tener la oportunidad o sin esos elementos no tienen oportunidad para poder realizar una función propia de los diputados, que es el análisis del estudio de esas cuentas públicas.
Debe haber evolución en la mentalidad de esos diputados que forman parte del Congreso del Estado de Tamaulipas, del partido de la mayoría. Debe haber un cambio de mentalidad de que ellos deben de representar los intereses del pueblo y que hay otros compañeros de ellos que también representan los intereses del pueblo y que juntos pueden trabajar para mejor servirles.
Deben de hacer un cambio de mentalidad de que es en el cumplimiento de sus obligaciones, el cumplimiento de su deber y lo que el pueblo tamaulipeco aspira de ellos, y no el ser el representante de los intereses de su gobernador, Manuel Cavazos Lerma, que estoy seguro que todos ustedes lo conocen y el que no lo conoce que lo compre o se lo regalamos. Porque es un gobernador que se ha caracterizado por una mentalidad desde el punto de vista político de retraso, el cacique clásico de un Estado norteño y hacia su mediocridad política quiere arrastrar a una institución como es el Congreso del Estado de Tamaulipas.
Estoy de acuerdo con el compañero Antonio Tenorio Adame, una evolución en el Congreso Federal y una evolución en los congresos de los estados.
Gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, hasta por cinco minutos, tiene la palabra la diputada Martina Montenegro.
La diputada Martina Montenegro Espinoza:
Con su venia, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:
He escuchado con mucha atención a los dos diputados que me antecedieron en el uso de la palabra y cuánto lamento en especial las expresiones del diputado del PAN, que viene a expresar ante esta tribuna el mayoriteo y la forma de actuar de los diputados en Tamaulipas. Sin embargo, no ha sido capaz de voltear precisamente a los estados en donde somos gobernados por el PAN.
Nada más quiero señalarle algunos puntos específicos: 1o. Aquí en la Cámara de Diputados se dio ejemplo de democracia y tan fue así que muchas de las comisiones que hoy se ocupan son precisamente presididas por diputados de Acción Nacional y también del Partido Revolucionario Institucional y del PRD, y en forma muy especial la de Justicia y la que permite la revisión de las cuentas públicas. Sin embargo, en Baja California no fueron capaces, precisamente Acción Nacional, de dar esa posibilidad; no me refiero a un diputado del Partido Revolucionario Institucional, sino de cualquier otro partido que no fuera precisamente de Acción Nacional.
¿Cuáles son los resultados a la fecha? Con Acción Nacional no pasa nada, he escuchado aquí, sin embargo las cuentas públicas de los gobiernos panistas, con evidentes irregularidades, su votación mayoritaria 13 a 12 siempre a favor.
Por otro lado, las cuentas públicas de los presidentes municipales del Partido Revolucionario Institucional son acremente agredidas y afectadas única y exclusivamente...
El Presidente:
Perdón diputada.
La diputada Martina Montenegro Espinoza:
Señor Presidente, a sus órdenes.
El Presidente:
¿Acepta una pregunta del diputado Urdapilleta?
La diputada Martina Montenegro Espinoza:
No señor.
El Presidente:
Gracias.
La diputada Martina Montenegro Espinoza:
Cuando se busca ahondar en una investigación de autopagos que se realizó precisamente en Tijuana, que vergonzosamente fue señalado por la sociedad en general que había necesidad de que se llevara a instancias finales, vergonzosamente también ahí lograron con una mayoría también evitar precisamente que se llevara a cabo y que fuera impune un delito de tal naturaleza; los nombramientos de la comisión y del contador mayor de Hacienda que ya fue comentado, también con un pleno mayoriteo; la aprobación del impuesto predial, en específico en Mexicali, en donde realmente regresamos a los tiempos de Porfirio Díaz, porque se cobra por las ventanas que tengan las casas y lo más grave; que siendo tan difícil la situación en el campo, hay que cobrarles también impuesto predial a los ejidatarios.
Toda la definición de trabajo de las cuentas públicas, cualquier acción que se realice en la Cámara de Diputados de Baja California, es mayoriteada fuertemente, no tiene uso de la voz ningún partido político que sea minoría, esto, recuérdenlo, volteen hacia atrás, no tengamos una doble cara, ahí tienen ustedes los resultados.
Sin embargo, lo más grave que ustedes se enteraron que sucedió, después de que aquí se aprobó una Ley Electoral para que hubiese cuentas claras, transparentes elecciones en el proceso, ¿qué sucedió en Baja California? Al mandar la minuta, al constituirse el Congreso precisamente en parte constituyente, lo aprobaron en todas sus partes, pero a la hora de adecuar la Constitución, compañeros, ahí estuvo lo difícil, al adecuar la Constitución en el propio Estado de Baja California, insistieron violentando inclusive la propia Constitución, con un mayoriteo lograron aprobar precisamente que el Ejecutivo fuera quien nombrara precisamente a los integrantes del Consejo del Instituto Electoral.
Afortunadamente, el alzar la voz en su debida oportunidad evitó que esto fuese publicado, éste es un mínimo ejemplo, porque no tenía el interés de pasar a tribuna, porque mi interés como representante popular ha sido venir precisamente ante esta tribuna, no a denostar porque no es ése el afán, pero lo único que vengo a hacer en este momento es simple y sencillamente, compañeros, por favor, vean precisamente en los estados donde ustedes gobiernan, no hay que tener una doble cara, no hay que tener una doble acción. Que venga aquí a la tribuna Gutiérrez Vidal, aquí le contestamos.
Gracias.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Javier Gutiérrez Vidal.
El diputado Javier Alberto Gutiérrez Vidal:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas y diputados:
Agradezco la oportunidad de la diputada Martina Montenegro para que tengamos un debate, ya se me hacía que se nos iba la legislatura sin que le quisiera entrar.
Debo comenzar por mencionar el contenido de la pregunta de mi compañero Jorge Urdapilleta, diputada, quería preguntarle ¿si está usted en conocimiento que en el Estado de Jalisco, donde también gobierna el PAN, la reforma electoral fue por unanimidad? Para que vea que no es el mayoriteo panista el que saca las reformas electorales y me extraña por su experiencia como legisladora local, cuando sabe también que lo mismo ha ocurrido en ocasiones anteriores en nuestro Estado.
En cuanto a la participación de los legisladores en las comisiones y en forma democrática, me parece, diputada, que no hay que venir a decir no solamente medias verdades, sino cosas completamente falsas, cosas dolosas, porque a usted le consta que su compañera, la diputada Ocaña, es presidenta de una comisión también de Justicia.
En cuanto a las cuentas públicas es en Baja California, a partir de la XIII Legislatura, donde a usted le tocó participar...
El Presidente:
Señor diputado ¿acepta usted una pregunta?
El diputado Javier Alberto Gutiérrez Vidal:
La que guste.
El Presidente:
Adelante, diputado Orozco Loreto.
El diputado Ismael Orozco Loreto (desde su curul):
Señor diputado, ¿le informó el diputado Urdapilleta que para poder llegar a esa reforma por consenso, primeramente se tuvo que derribar una serie de acciones del gobernador del estado que iban enfocadas a obtener una reforma solamente con la votación de Acción Nacional?
El diputado Javier Alberto Gutiérrez Vidal:
Le agradezco el comentario diputado, porque en su pregunta está implícita la afirmación de que efectivamente en el Estado de Jalisco sea cual sea la situación, pero existiendo negociación política se dio una reforma por unanimidad.
Volvíamos a las cuentas públicas. Es Baja California a partir de la LIII Legislatura en donde las cuentas públicas realmente son revisadas, donde prácticamente no hay rezago de revisión de las mismas y en donde no necesariamente los gobiernos municipales panistas digamos que salen bien librados. No es cierto que Tijuana la cual había causado mucha polémica, creo que muchas veces por la claridad de cómo se llevó la administración, haya propiciado que se haya dejado pasar por parte del Congreso.
Quiero recordarle a la diputada que esta misma legislatura actual, donde el PAN tiene mayoría, por primera vez en la Cámara local, envió la cuenta pública del alcalde a la Procuraduría y es la Procuraduría la que ha resuelto que no hay delito que perseguir y no es el Poder Legislativo, el cual no aceptó la cuenta pública y hay que reconocerlo, con votos priístas y también panistas y perredistas.
En cuanto a los impuestos. No es cierto, digo, me parece absurdo y que en todo caso se demuestre que se cobra por las ventanas, pero una afirmación como ésa, volver a los años de 1910, pero solamente en el discurso, no se vale. Si hay esta ley local, yo le pediría a la diputada que por favor la hiciera del conocimiento de nosotros para comprobar su dicho porque solamente hablar, no se vale.
En cuanto a la bondad o rudeza con la que se comportan o se aplican el pago de impuestos y de derechos, yo quisiera también recordar, que en Baja California actualmente los jubilados y pensionados de cuales habrá de hablar hoy también el diputado bajacaliforniano Francisco Domínguez, pagan el impuesto predial a un 50% en algunos municipios, cuando menos en Mexicali que es el nuestro; pagan los impuestos por traslación de dominio el 50%, entre algunos otros de los impuestos que yo en este momento recuerde, pero también, por ejemplo, hay en el pago de agua y hay que reconocerle a quien lo haya hecho, esta iniciativa en principio fue por la diputada Martina Montenegro y de alguna manera se ha seguido dando.
Pero curiosamente estos mismos jubilados y pensionados han solicitado del Presidente de la República, Ernesto Zedillo, quien se dice paisano nuestro, que les conceda la misma gracia en el pago de energía eléctrica. La respuesta de la Presidencia de la República es que como... me tuve a bien apoyarla por habérseme solicitado de esa manera, es que el señor Gasca Neri me busca para que vayamos con el gobernador o con los presidentes municipales para que ellos, a ver si ellos pueden subsidiar esta parte del 50% del pago de su energía eléctrica, para que no se vea afectada la economía de la Comisión Federal de Electricidad.
"Hágase la voluntad de Dios, en los bueyes de mi compadre". Esto no se vale compañeros. Me parece a mí que eso pinta claro en cuál es el gobierno que tiene claro sentido social, cuál es el gobierno que verdaderamente atiende a la necesidad de sus gobernados.
Finalmente, en cuanto a la reforma electoral que fue votada en el Congreso local, efectivamente salió con la mayoría panista la reforma, en base del artículo 93 de nuestra Constitución local, que no hay que olvidar que es un procedimiento que se establece, lo que no se vale también es decir que no tuvo los alcances necesarios, porque si el Estado en este momento se encuentra inmerso en un proceso de reforma que tuvo su ordenamiento legal, del cual hasta hace unas semanas el PRI también participaba, no se vale que estando en este proceso aprovechando la reforma constitucional que nosotros hicimos y que obligaba con fecha límite a reformar las constituciones de los estados, se pretendiera por parte de una minoría, en este caso del PRI, presionar políticamente con otras reformas que no estaban siendo apegadas a lo que aquí se ordenaba.
Me parece a mí que todas esas propuestas que debían asumirse, entre ellas el que el Ejecutivo, incluso, ya no nombre o no proponga siquiera a quienes integrarán el consejo total electoral y de lo cual el gobernador Héctor Terán envió una iniciativa al Congreso local y de lo cual los diputados locales del PAN hicieron lo mismo, de presentar por su parte una iniciativa para que esto no ocurriera, debe discutirse en el ámbito de esa reforma integral del Estado, que fue la forma como los diputados locales, incluyendo los del PRI, decidieron que la reforma electoral incluso de Baja California debía realizarse.
Diputada, a sus órdenes.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales y hasta por cinco minutos, tiene la palabra la diputada Martina Montenegro.
La diputada Martina Montenegro Espinoza:
Con su venia, señor Presidente:
Definitivamente siempre, y son testigos ustedes, que cada vez que hemos venido a estos micrófonos, lo hemos hecho con responsabilidad, y con responsabilidad, esto que aquí hemos dicho con anterioridad, entregaré a la Secretaría en su debida oportunidad, las pruebas contundentes para que veamos quién dice medias verdades.
Por otro lado, quiero comentarle al diputado que efectivamente el 50% de todos los derechos que hoy usufructúan todos los jubilados, fue precisamente una iniciativa que presentamos la fracción priísta de Baja California y que lo de las tarifas de luz, señor diputado y compañeros diputados, no lo hemos olvidado. Quien dice malas verdades y hace declaraciones de mala fe, es precisamente usted, señor diputado, a través del presidente municipal de Mexicali y tan es así que tengo muchos testigos en donde hemos aprobado, inclusive, y hemos leído varios acuerdos que hemos enviado a donde realmente corresponde. Es una responsabilidad que tenemos como representante popular y seguiremos en esta lucha que es una real necesidad, no tan sólo para los jubilados, que eso es de fundamental derecho, sino también para todos los usufructuarios de Mexicali.
Por otro lado, quiero decirle que realmente existió una gran incongruencia del PANgobierno en Baja California, que debe usted reconocerlo porque así sucedió, ya que por un lado el dictamen que se había hecho, había citado la prueba la reforma electoral federal, se había sometido a una aprobación por el Congreso Federal y por el otro lado, al someter las adecuaciones a la Constitución local, lo hicieron en forma distinta, en una franca violación de los procesos parlamentarios, aprobaron una reforma constitucional del Estado que le permitiría realmente al Estado panista controlar el proceso electoral.
Esto hay que reconocerlo, que se levantó la ciudadanía y que no aceptó y que afortunadamente a preguntas de los priístas, el gobernador no lo publicó. Eso hay que reconocerlo y que hoy estamos precisamente en nuevas discusiones y no se cumplió precisamente con lo que se aprobó.
Muchas gracias.
ESTADO DE GUERRERO
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, para referirse a denuncias en el Estado de Guerrero.
El diputado Carlos Zeferino Torreblanca Galindo:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:
Continuando con el balance de los informes de gobernadores, el día de hoy precisamente el gobernador sustituto del Estado de Guerrero está rindiendo su I Informe de Gobierno y cuarto de la administración pública que iniciara Rubén Figueroa Alcocer.
En un ritual que considerábamos una práctica en desuso y en un acto con toda la parafernalia que caracteriza al gobernador de Costa Chica, Aguirre rendirá su I Informe de Gobierno, en el que esperamos dé cuentas a los guerrerenses de los prácticamente nulos avances en materia de procuración de justicia y particularmente de lo que se refiere al combate a la corrupción.
Señalamos lo anterior en virtud de las diversas denuncias penales que hemos presentado ante las autoridades correspondientes y que después de haber agotado las instancias legales no ha habido respuesta alguna sobre estas denuncias.
Quiero decirles, compañeras y compañeros diputados, que en el transcurso de la actual administración y parte de la administración de Rubén Figueroa Alcocer, he presentado seis denuncias de carácter penal ante las diferentes instancias legales. Así también el 15 de enero de 1996 presenté una denuncia de juicio político, que he solicitado hasta este momento conocer el resolutivo, que ya se dio a conocer a través de la prensa, al actual coordinador del Congreso del Estado y al pasado y la respuesta ha sido el silencio.
Desconozco en qué términos, a pesar de haberlo hecho repetidamente en uso de las atribuciones que me confiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la respuesta se ha negado reiteradamente.
Quiero decirles, compañeras y compañeros, que en esta denuncia de juicio político solicité en este juicio actuar en contra de tres funcionarios públicos en particular: el ex alcalde municipal Rogelio de la O Almazán, corrupto famoso a nivel mundial, no solamente nacional; en contra de su hijo y en contra del actual Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado.
A ustedes les consta, compañeras diputadas y compañeros, que ante la presencia del Secretario de Hacienda presenté elementos probatorios, donde demuestro que con facturas apócrifas se pagaron los sueldos de uno de los hijos del ex alcalde de Acapulco. A ese funcionario se le premió, primero como Secretario de Planeación y Desarrollo y hoy, el colmo de los colmos, es el Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de Guerrero.
Quiero decirles, compañeras y compañeros, que en cada una de las denuncias que he presentado han sido respaldadas cada una de ellas con pruebas contundentes. He presentado en estas denuncias copias de nóminas del ayuntamiento de Acapulco, recibos de pagos con firmas diferentes, copias de cheques, videos donde he filmado a trabajadores supuestos del ayuntamiento que hacen el trabajo de seccionales de trabajadores, de seccionales del Partido Revolucionario Institucional.
Para probar mi dicho, los entrevistamos y aportamos pruebas, inclusive a la Procuraduría General de la República.
También hemos presentado como pruebas contundentes fotos de vehículos municipales utilizados en obras de remodelación de casas habitación de la familia De la O y de la concubina del ex alcalde; fotos de acarreos de cemento para obras particulares, recibos apócrifos de cobros de familiares en nóminas.
El ex alcalde tenía a su yerno, Jorge Montiel Fierro cobrando en la nómina; tenía también a familiares en diferentes dependencias. Ante ello, la respuesta de la autoridad ha sido que no los oigo y tampoco los veo.
Hemos presentado también denuncias donde hemos aportado pruebas de la doble facturación en el impuesto predial. Desde antes de que se diera el escándalo de los prediales en Acapulco y en Punta Diamante, presentamos nosotros denuncias, donde aportamos originales de la doble facturación que se da en el Estado de Guerrero en el impuesto predial.
También presentamos denuncias durante las campañas políticas, donde aportamos pruebas cómo el gobernador del Estado apoyaba hoy a su empleado, a presidente municipal, con las obras y con los beneficios del gobierno del Estado, donde sacamos fotografías y las presentamos y presentamos denuncias públicas.
Por otro lado hemos presentado también, en contra del actual secretario de finanzas, que es el que ha tenido la responsabilidad anterior de manejar, inclusive, la dirección de agua potable y alcantarillado del municipio de Acapulco, que ha sido la caja grande del gobierno para proveer en estas épocas de campañas políticas.
Al ex secretario de finanzas lo denunciamos también por haber utilizado los recursos públicos en campañas. Presentamos pruebas como facturas que fueron sufragados en una dirección que debe de tener como actividad estratégica y prioritaria precisamente el proveer de agua a los acapulqueños en sus diferentes lugares.
Señoras y señores, actualmente en Guerrero, a cuatro años del inicio de la presente administración, siguen habiendo profundos rezagos, altos índices de pobreza, analfabetismo, desnutrición y enfermedades propias de los países pobres. Guerrero sigue siendo un Estado de escándalos políticos, de nota roja, de secuestros, de alta criminalidad y corrupción, un Estado con gobernantes caciques que se enriquecen escandalosamente, gobernantes que utilizan los fondos públicos para promover a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional.
En Guerrero estamos en contra de políticas del garrote y de la represión, pero también estamos en contra del doble discurso, de la falsa sonrisa, de la palmadita en la espalda, de actitudes frívolas y de lenguaje críptico que practica Aguirre Rivero.
Entiendo que Aguirre Rivero tiene que actuar con cautela para no afectar los intereses del gobernador que lo impuso: Rubén Figueroa, sin embargo, señoras y señores, no podemos permitir que intereses personales estén por encima de los guerrerenses.
Aguirre Rivero es un gobernador de papel, erogará en comunicación, para el año de 1997, la cantidad de 15 millones de pesos, mientras que para la Secretaría de Fomento Turístico, que es la actividad estratégica y prioritaria de los 76 municipios que conforman el Estado de Guerrero, erogará solamente 15.3 millones de pesos.
Señoras y señores, nosotros creemos que el Estado de Guerrero merece otro destino, que el Estado de Guerrero no requiere de gobernadores que hoy siguen gobernando el estado, no requiere de gobernadores que vuelven a las prácticas faraónicas al volver a rendir informes y al volver a ensalzar actitudes que consideramos, ya decíamos en un principio, en desuso, lo que requiere Guerrero es la actitud y la valentía de muchos mexicanos que encuentren alternativas de solución para los guerrerenses que menos tienen y lo digo esto sobre todo sin demagogia.
Estamos convencidos que el Guerrero que todos queremos para mañana no lo harán ni los conformistas ni los pasivos. Estoy cierto que lo harán aquellos que acepten el reto del cambio y lo enfrenten con creatividad y con valentía.
Muchas gracias.
ESTADO DE CHIHUAHUA
El Presidente:
Tiene la palabra el señor diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al Estado de Chihuahua.
El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Esta intervención se la dedico a todos aquellos diputadas y diputados que no han aprendido la técnica de cómo firmar la lista de asistencia sin acudir a la Cámara.
Por ahí dice que voy a tratar cosas sobre el Estado de Chihuahua. Yo quiero dejar bien claro que voy a hablar de las manifestaciones chihuahuenses de dos males nacionales. No quiero particularizar, voy a dar algunos datos, pero ambos casos que voy a tratar son problemas nacionales.
El primero de ellos. En días pasados el gobernador del Estado, Francisco Barrio Terrazas, presentó al Congreso del Estado una iniciativa de reforma a los códigos Civil y de Procedimientos Civiles, con el fin de agilizar los procesos judiciales para adjudicación de garantías hipotecarias, a la vez que disminuye el costo de los mismos.
El objetivo fundamental de estos juicios, según lo dice en la exposición de motivos, es que bajo un espíritu de justicia social sean creadas mejores condiciones para las garantías de los créditos hipotecarios.
Señala, sobre todo, el gobernador, dice: "de no hacerse estos cambios legislativos en nuestra entidad, el perjuicio mayor será para nosotros mismos y nuestra gente más desprotegida, ya con toda seguridad la banca canalizará los recursos del Fovi en los estados de la República que ya los hayan aprobado, que a la fecha son más de nueve, incluido el Distrito Federal".
Ya hay más de nueve estados de la República, priístas, panistas, incluso Distrito Federal, que han aprobado esta ley, que ha ido adoptando el apellido del gobernante que la propone.
Aquí, hay que dejarlo bien claro, compañeras y compañeros, la aprobó la mayoría priísta el año pasado a la ley que se bautizó como la ley ZedilloMadariaga. Ahora en Chihuahua se le llama la leybarrio.
¿Cuáles son los aspectos centrales? Voy a decirlos rápidamente. Autoriza a los bancos a ceder sus créditos de garantía hipotecaria para fines bursátiles, sin notificar al deudor ni elaborar escritura pública ni siquiera hacer una inscripción en el Registro Público de la Propiedad.
Segundo. Los juicios se tramitarán por la vía especial hipotecaria.
Tercero. Los jueces admiten demandas en un plazo no mayor de tres días. Habrá un término de cinco días para que el deudor las conteste. La contrademanda sólo procederá cuando se funde en el mismo documento base de la acción.
Cuarto. En la diligencia de emplazamiento, se le requerirá al deudor para que manifieste si acepta o rechaza ser depositario o no de la finca que ocupa. Si no acepta entregará la tenencia material de la finca en el acto.
Quinto. Si en la diligencia no se entendieran directamente con el deudor, aunque a éste no se le va a notificar personalmente, éste deberá manifestar en tres días si acepta o no ser depositario.
Sexto. Si el demandado acepta las pretensiones del actor, el banco en este caso, el juez le concederá un término de gracia de 30 días para desalojar su casa.
Como ustedes ven son cambios al Código Civil y de procedimientos civiles del Estado, destinados a agilizar la entrega de las casas, de las garantías hipotecarias, sin mayor trámite, sin mayor requisito a los bancos.
¿Qué significan estos cambios? Significan una transformación total, compañeras y compañeros, en el juicio ordinario civil en detrimento de la parte demandada. Se pretende desalentar toda pretensión de defensa por parte de la parte demandada, valga la redundancia.
Se obliga a la parte demanda, compañeras y compañeros, a presentar los documentos de la misma contestación en un tiempo muy breve, que en algunos casos será imposible de cumplir; se dejará al demandado sin vivienda, pues si no acepta ser el depositario de la misma, estará obligado a desocuparla y si en la audiencia el demandado confiesa las pretensiones del actor, del banco, sí, deberá desocupar la vivienda en un término de 30 días.
Es claro. Es una iniciativa con una dedicatoria a favor de la banca. Para que la banca recupere con toda presteza los créditos y las garantías o pueda manejar los bursátilmente, siempre en perjuicio del deudor.
¿Qué está significando esto, compañeras y compañeros? En este caso el gobierno del Estado de Chihuahua, el Ejecutivo, está haciendo algo para resolver el grave problema de los juicios hipotecarios, ésta es la buena noticia. Pero la mala noticia, es que lo está haciendo en perjuicio de los deudores.
Esta misma iniciativa se va a extender a toda la República. Ya se votó aquí, vuelvo a repetirlo, el año pasado, con ligeras variantes. Ya se votó en otros estados, como el Estado de Durango y ni mayorías panistas ni mayorías priístas la han impedido.
Esta iniciativa, compañeras y compañeros, hace que los deudores se pregunten: ¿dónde están los legisladores? ¿A quién sirven los legisladores de este país? Luego por ahí tratan de consolarlos y les dicen: no se preocupen, no se preocupen, esto no tendrá efectos retroactivos, es únicamente para los nuevos créditos.
Pero resulta, compañeras y compañeros, que como está el país, a pesar de las cuentas alegres que don Guillermo nos hace todos los días, como está el país este asunto no se va a resolver de la noche a la mañana y sobre todo no se trata de un problema jurídico, se trata de un problema social. La gente quiere pagar, la gente no rechaza pagar y no va a pagar más aunque le quiten su casa.
La defensa que asume el gobierno del Estado de Chihuahua, ya la acaban de escuchar. El gobierno del Estado de Chihuahua dice: si no presentábamos esta iniciativa de ley, el Fovi, la dependencia federal no nos iba a autorizar más créditos para viviendas económicas, para viviendas de interés social en el Estado de Chihuahua.
Es una condición sine qua non que está imponiendo a todos los gobiernos que quieren acceder a fondos del Fovi, para entregarlos a la banca privada y que a su vez los habiliten a los demandantes de vivienda de interés social.
Entonces se pregunta uno, compañeras y compañeros: ¿cuál es la función del Fovi? ¿No es el fomento a la vivienda? Aquí el Fovi parece más bien un organismo tremendamente expropiatorio, al poner como requisito el que se presente esta ley para soltarle los créditos a los estados.
Por fortuna, compañeras y compañeros, los tiempos electorales hacen milagros y la mayoría priísta de la Cámara de Diputados de Chihuahua, ya dijo que no van a apoyar esta iniciativa de ley. Qué bueno que van a contradecirlos a ustedes, a la mayoría de aquí, que el año pasado votaron a favor de esta ley.
Los diputados de Acción Nacional han sugerido, también del PRD, han sugerido una consulta popular y los deudores de la banca en el Estado de Chihuahua, están clamando por esta consulta.
Afortunadamente ya está esa figura en la Constitución del Estado y nosotros estamos demandando que esta consulta se lleve a cabo, que no se lleve a la tribuna, que no se dictamine esta iniciativa de ley antipopular, hasta que no se lleve primero a una consulta popular.
Sin embargo, éste no es problema privativo del Estado de Chihuahua, compañeras y compañeros, esta legislatura, a no ser que hagamos milagros, en 14 días no ha hecho nada, nada efectivo en favor de los deudores de la banca.
La capacidad de esta legislatura para emitir puntos de acuerdo y crear comisiones, es inversamente proporcional a su capacidad para resolver el problema de los deudores de la banca.
La Asociación Mexicana de Bancos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría de Hacienda, siguen montados en su terca postura, de que no hay más concesiones, de que no hay nuevos programas de reestructuración, ellas siguen creyendo en las Udis como el programa fundamental para resolver el problema de los deudores y la cartera vencida crece día a día.
Compañeras y compañeros, señor Presidente: estoy pidiendo que se turne a la Comisión de Vivienda de esta Cámara de Diputados la solicitud de un servidor para que se le pida cuentas al Fovi, al Fideicomiso del Fondo de la Vivienda del Gobierno Federal, ¿por qué está requiriendo esta ley antipopular, esta ley despojadora de las viviendas, como condición para que los gobiernos de los estados tengan acceso a los fondos Fovi?
El otro problema, compañeras y compañeros, lo voy a enunciar brevemente, es el recurrente problema de la tarifa 09 de energía eléctrica para el riego. ¿Qué sucede aquí, compañeras y compañeros? Después de estar subsidiada, nuestros neoliberales, Guillermo Ortiz, Gasca Neri, dicen que la tarifa de energía eléctrica debe tener precios realistas e incrementan la tarifa y quitan los subsidios.
Hay protestas en toda la República, yo conozco las del Estado de Chihuahua, hay protestas en el sur, centro y noroeste del Estado, hay tomas de oficinas de la Comisión Federal de Electricidad que se lava las manos diciendo que ellos no establecen las tarifas, que es cuestión del gabinete económico. Se va con la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Agricultura se presenta como el bueno de la película, Labastida dice: "yo entiendo los problemas de los productores, pero es Hacienda quien no quiere cambiar las tarifas, las políticas de subsidios".
Mientras son peras o son manzanas o son tomates que se perdieron, quien está sufriendo, compañeras y compañeros, es la agricultura nacional. Tenemos una agricultura ya colapsada de por sí, tenemos una agricultura a la que la rentabilidad se le ha derrumbado en los últimos años y que ha hecho florecer el enorme problema de las carteras vencidas que pasa ya de los 16 mil millones de pesos en el sector agropecuario.
No podemos competir, la gran mayoría de los productores mexicanos no puede competir con los agricultores norteamericanos con tarifas subsidiadas, con tasas de interés subsidiadas, con apoyos y estímulos por parte del gobierno, mientras que aquí el Gobierno Federal se obceca, se obstina en esta cantaleta de reducir subsidios y precios realistas.
Han sido inútiles todas las gestiones de los diputados de todos los partidos para que el subsidio se restablezca. La Comisión Federal de Electricidad, lo acaba de señalar el diputado Gutiérrez Vidal, es inflexible, es sorda ante las demandas de la población y ante las demandas de los productores.
Compañeras y compañeros: cuando menos ya de perdida por motivaciones electorales, vamos haciendo que Hacienda, valga la redundancia, doble las manos, que restablezca los subsidios para los productores agropecuarios de este país. La soberanía alimentaria del país está en juego, está en juego la balanza agroalimentaria también que un año más va a ser deficitaria, vamos a seguir importando más alimentos de los que producimos porque aquí no resulta rentable producirlos con esos precios de la energía eléctrica, con esas tasas de interés y con una alianza para el campo que está destinada únicamente a los grandes productores.
Nada más que ese análisis y de cómo la alianza para el campo y como los grandes recursos de la alianza para el campo han beneficiado prioritariamente a los grandes productores a los que de por sí ya tienen, eso lo dejamos para otra vez, para no seguir abusando de su aburrimiento.
Muchas gracias, compañeros.
El Presidente:
Como lo ha solicitado el diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra, túrnese a la Comisión de Vivienda.
Para el mismo tema, tiene el uso de la palabra el diputado Guillermo Luján Peña, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.
El diputado Guillermo Alberto Luján Peña:
Con su permiso, señor Presidente:
No sé si hablarle a los compañeros diputadas y diputados o a las queridas curules, porque este salón está bastante vacío a esta hora de la tarde. Pero a las diputadas y diputados que se encuentran presentes, con mucho gusto queremos hacer algunos comentarios acerca de la intervención del diputado que me antecedió en el uso de la palabra.
Efectivamente, como dice el diputado que me antecedió, no es un problema local o estatal, sino es un problema nacional. El problema de los créditos de la vivienda es un problema que está afectando desde hace ya más de dos años a todo el país.
Y efectivamente, como él lo apunta también, esta legislatura aprobó los cambios en el Código de Comercio y de Procedimientos, para agilizar, pretendiendo agilizar los trámites para la recuperación de las carteras.
No voy a repetir lo que ya dijo el que me antecedió en el uso de la palabra. Pero efectivamente, el gobernador Francisco Barrio, en su exposición de motivos, en el número cinco, dice claramente que "de no ejercerse esta nueva ley en los estados, tanto el Fovi como Fonhapo y otros organismos descentralizados, no canalizarán recursos a dichos estados", y que en el caso particular de Chihuahua, esto representaría en los próximos 12 meses, una inversión de hasta 456 millones de pesos.
Sabemos que la generación de empleos es primordialmente a través de la industria de la construcción, la cual llega a generar hasta 10 veces el empleo que genera directamente a través de empleos indirectos.
Y también en el punto número ocho dice: "la alianza para la vivienda, que es el principal instrumento de coordinación y concentración de los esfuerzos y recurso de los sectores público, social y privado en la instrumentación de políticas, estrategias y líneas de acción previstas en el Programa Nacional de Vivienda 19952000, contempla como un compromiso de los gobiernos estatales en el artículo 14 fracción IV, la actualización de los procedimientos de transmisión de derechos sobre créditos con garantía hipotecaria entre entidades financieras en apoyo al establecimiento de mecanismos de bursatilización hipotecaria".
Con esto quiero dejar claro que no es el gobierno del Estado el que va en contra de algo que se está haciendo a nivel federal y también quiero dejar claro que efectivamente en el grupo parlamentario Acción Nacional, estamos de acuerdo en que se turne a la Comisión de Vivienda, para que esta comisión investigue a fondo, por qué el Fovi, el Fonhapo y los demás organismos públicos descentralizados están deteniendo los recursos que deberían de ir a dar a los estados en donde tanta falta están haciendo.
Con respecto al otro tema que trató el diputado Quintana Silveyra, queremos dejar claro que efectivamente no pueden competir los agricultores mexicanos cuando algunas variantes económicas, como son las tarifas eléctricas, como son las tasas de interés, como son las altas tasas impositivas, no se han puesto al mismo nivel internacional del TLC, al cual nos adherimos hace ya más de dos años.
Es imposible que los productores del campo quieran competir con los productores del campo de Estados Unidos y Canadá, cuando tienen variantes económicas que afectan el costo de la producción para poder competir con los mismos precios.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la Secretaría de Hacienda no únicamente debería de revisar la tarifa 09 para la agricultura, sino que debería de revisar también los mecanismos de cómo bajar las tasas de interés, cómo bajar las altas tasas impositivas que tenemos todos los mexicanos.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para el mismo tema, tiene la palabra el diputado Oscar Villalobos Chávez, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Oscar Villalobos Chávez:
Con su permiso, señor Presidente:
Sobre la tarifa 09, 09M. Nos da gusto que el PRD y ahora también el PAN, se sumen a las gestiones que hemos realizado con los productores, presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, en Chihuahua.
Los diputados priístas deseamos hoy, ante ésta, la más alta tribuna del país, volver a plantear nuestra preocupación y solicitar la urgente solución al problema del subsidio, al pago de la tarifa 09, que afrontan los productores agrícolas de nuestro Estado, razón por la cual exponemos algunas consideraciones adicionales y reiteramos algunas de las que aquí en alguna parte se han hecho.
Requerimos reorientación de recursos disponibles para la eficientización de los equipos de bombeo como medida de reducción del consumo de energía eléctrica y por ende, en los costos de producción por este concepto. Medida que deberá de solucionar el problema mencionado que se suscita año con año por este motivo y claro, en tanto este apoyo se dé a través de los mecanismos adecuados.
Sin embargo, evaluando el asunto con detenimiento, se desprenden observaciones importantes que ponemos a la consideración de todos ustedes. Dichas medidas representan acciones que tendrán resultados a mediano y largo plazo, abriendo con ello una etapa de transición en el desarrollo agrícola del Estado, para lo cual, los productores, usuarios de la tarifa 09, no están en este momento en condición, por las consecuencias de los daños de la larga sequía de cuatro años, preparados económicamente para asumir el costo total de la energía eléctrica, debido, decimos, al deterioro económico por el que atraviesa el campo chihuahuense por las razones ya apuntadas.
Además la legislatura local autorizó un presupuesto para subsidio al campo de 17 millones de nuevos pesos para aportarse por parte del Estado como años anteriores. Para tal fin, y aun cuando sólo a través de muchas presiones sociales en Chihuahua, el gobernador, que ya había dicho que no iba a apoyar a los agricultores, autorizó finalmente la aplicación de ese recurso, razón por la cual de manera recurrente solicitamos sea autorizada la parte correspondiente a la Federación como apoyo directo al pago de la tarifa 09 en el Estado de Chihuahua.
Por nuestros previos planteamientos a la Sagar y a otras dependencias, conocemos de la intervención de esta dependencia ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Federal de Electricidad, para la solución a este problema que afecta a la producción agrícola, a los productores, a los trabajadores del campo y a la economía en general de nuestro Estado.
Hoy reiteramos estar sumados al reclamo de los chihuahuenses en apoyo a los productores en esta materia, a título de gestores y por la petición de los mismos que de manera plural se han acercado a nosotros como representantes populares, solicitando nuestra intervención y ahora también a los que hoy son nuestros candidatos.
Las medidas de presión tomadas por los productores de manera creciente, son producto y reflejo de la urgente necesidad de una solución real en la que ellos nos manifiestan estar de acuerdo en aportar su propia contribución y esfuerzo, sólo que lo harán conforme a sus posibilidades.
El día 14 de los corrientes, los productores tomaron las oficinas administrativas en el municipio de Delicias, como ha ocurrido en Jiménez, Camargo, Ascensión y otros municipios. En reunión celebrada con el ingeniero Alberto Vela Fraire, superintendente de la Comisión Federal de Electricidad y la directiva de la Asociación Civil de Usuarios de la Zona de Bombeo del municipio de Delicias y su presidente municipal, el doctor Rogelio Muñoz Ochoa, se tomó el acuerdo de desalojar las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad mencionadas, para que esta paraestatal pudiera seguir laborando normalmente.
El ingeniero José Luis Apodaca Villarreal, gerente general de la división norte de la Comisión Federal de Electricidad, vía telefónica accedió a su gestión de otorgar un plazo a los productores de 72 horas, a partir del día 15 de los corrientes, para que empiecen a pagar los recibos por consumo de energía eléctrica de los meses de enero y febrero y, por consecuencia suspender los cortes en el servicio de dicha energía eléctrica.
Los productores proponen a su vez que el plazo de 72 horas propuesto por el ingeniero Apodaca se extienda del 15 al 30 de abril, para hacer los mencionados pagos y que los productores con adeudos importantes celebren convenios personales con la Comisión Federal de Electricidad para efectuar, en su posibilidad, este mismo pago.
El ingeniero Apodaca, después de recibir la petición anterior, refiere que habiendo consultado con sus autoridades superiores en esta Ciudad de México, no pueden autorizar esa posibilidad y que los productores deben pagar de manera inmediata.
Esto, deseamos reiterar hoy, no es posible. La prórroga y oportunidad de pago es urgente y la solución definitiva al subsidio también. Por ello, solicitamos el apoyo de las comisiones de Agricultura, de Hacienda y de Asuntos Hidráulicos de esta Cámara para gestionar para los productores ante el gobierno del Estado y ante el Gobierno Federal la solución a su problema.
Sobre la situación y el apoyo necesario del gobierno del Estado, recuerden que el gobernador y su partido, el Partido Acción Nacional, a la anterior administración estatal reclamaban la solución de este tipo en el campo chihuahuense, porque decían era su absoluta responsabilidad y no era válido que se refirieran estos asuntos a buscar apoyos de la Federación. Los panistas, entonces y ahora, sólo la fuerte presión los ha hecho responder a estas medidas.
En otro tema, diputados del PRI, PAN y PRD, se pronunciaron ayer en el Congreso del Estado por una revisión a fondo de la iniciativa de ley del gobernador Barrio, con la que pretende simplificar los juicios hipotecarios e indicaron que cualquier reforma, como ya se ha dicho aquí, tendrá que consensarse con la sociedad, en especial con los más afectados por la cartera vencida.
Escuchamos hace un momento a nuestro compañero diputado de Acción Nacional, que una de las razones para que el gobernador del Estado enviara esta iniciativa, es para apoyar al Fovi y a otras instituciones. Creo le faltó mencionar, como parte de las razones que debió señalar en su exposición de motivos el gobernador, son los problemas del instituto chihuahuense de la vivienda. Las viviendas no colocadas, construidas sin una planeación adecuada y que ahora los chihuahuenses no pueden adquirir.
¡Y ahí está una inversión, lamentablemente hecha sin el cuidado suficiente, que ahora no pueden colocar, a pesar del urgente reclamo de los chihuahuenses en esta materia y de las tantas promesas que en campaña hicieron a los chihuahuenses en materia de vivienda el Partido de Acción Nacional y su entonces candidato a gobernador!
Hablando de la retención de recursos a la que ellos se han referido, creo que es urgente también denunciar en esta tribuna y que se conozca en el país y en Chihuahua, que los recursos que el instituto de la vivienda chihuahuense ha venido recaudando y corresponden al pago a los créditos del Fovi o del Fonhapo, han sido retenidos por el Estado.
Como respuesta a lo que aquí dijo el compañero diputado Luján, yo le pregunto: ¿qué ha hecho el gobierno del Estado de Chihuahua con esos recursos que corresponden al Fovi por los créditos otorgados y por qué si son razones de jineteo u otras indebidas del gobierno del Estado, no ha enterado a tiempo esos recursos al Fovi para que los puedan poner a disposición de otras entidades federativas o de la nuestra propia, con nuevos créditos para los chihuahuenses?
El diputado Pedro Domínguez mostró en el Congreso del Estado, diputado priísta, ayer, su oposición al contenido de lo que ya se conoce como la "ley Barrios", especialmente por el procedimiento usado para darlo a conocer a los chihuahuenses. Con base en el escrito al que dio lectura, el legislador priísta afirmó que la manera en que se presentó la iniciativa ofende las más elementales formas de la democracia de la sociedad chihuahuense e indicó que las modificaciones propuestas a los códigos Civil y de Procedimientos Civiles atentan contra el estado de derecho, obedecen ciegamente a los reclamos de la banca y violentan preceptos constitucionales.
En esta materia es que el Congreso de manera plural ya acordó, obvio, con el apoyo de nuestra mayoría priísta, analizar y consultar con la ciudadanía sobre este asunto, a pesar de los excesos contenidos en la iniciativa.
Este es el problema que en Chihuahua se tiene con el Partido Acción Nacional y en particular ahora que los chihuahuenses sufrimos las consecuencias de la falta de madurez política y democrática que han demostrado nuestros actuales gobernantes, los emanados del Partido Acción Nacional, cuando tenía mayoría en el Congreso ese partido y ahora que los chihuahuenses regresaron, a partir de 1995, con su voto la mayoría al PRI, a quien reconocen su trabajo responsable.
Nuestro partido, con múltiples hechos, la mayoría de ellos legislativos, ha favorecido las expresiones plurales en el país. Nadie teme a esa pluralidad que incluso pudiere originar, como en Chihuahua, ahora un Congreso de mayoría distinta a la que llevó al Ejecutivo Federal al ejercicio de gobierno. A lo que sí deben temer los mexicanos es a mayorías legislativas como las que ha tenido el PAN, por su actuación que nosotros consideramos irresponsable, incongruente con su discurso y con lo que exigen cuando son minoría y ésta es una preocupación legítima que debemos tener todos los mexicanos en esta elección.
Para ilustrar casos concretos, recordemos lo que pasa cuando la mayoría está en manos del PAN o lo que hacen también respecto del Poder Legislativo y la propia división de poderes, en sus prácticas de gobierno. A manera de ejemplo, recordemos, el señor Javier Corral, ex diputado local panista y ahora dirigente de su partido en Chihuahua, con motivo de la anterior reforma electoral en el Estado en 1994, expresó a las demás fuerzas políticas representadas en el Congreso, como respuesta a su natural planteamiento sobre la necesidad de conciliar en el análisis legislativo de la iniciativa, lo siguiente: "¡con ustedes, sin ustedes y contra ustedes, dijo, el PAN aprobará su iniciativa de reforma electoral!" Esto es, compañeros, sobre el tema del que se habló aquí ayer, lo que pudiera sucederle a México ahora y a esa antidemocracia legislativa; sí hay que temer. ¡Por eso, los mexicanos en la elección de 1997 no lo vamos a permitir!
El Presidente:
Para contestar alusiones personales tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Guillermo Luján Peña.
El diputado Guillermo Alberto Luján Peña:
Con su permiso, señor Presidente:
El día de ayer mi paisano Víctor Quintana, al cual ya no alcanzo a divisar, parece ser que ya lo deja el avión, ¡regrésese, compañero, no venga a alborotar la gallera y luego sale huyendo!
Con respecto a lo que dice también mi paisano el diputado Villalobos, creo que no debemos de usar esta tribuna con fines electoreros, el tema que se estaba tratando por parte del diputado Quintana eran dos y la verdad es que ya salieron a colación temas de hace algunos años; sin embargo, qué bueno que el diputado Villalobos los sacó a colación, porque con su intervención viene a demostrar precisamente las bondades que tienen para el país la división de poderes.
Decía él que el gobernador Barrios no quería dar un subsidio a la gente del campo y que gracias a las presiones del Congreso local en manos priístas autorizó 17 millones de pesos. Creo que esto es más claro que el agua, la división de poderes a la larga va a hacer que este país sea un país mejor para todos los mexicanos.
Respecto a lo que di al Iviech Instituto para la Vivienda del Estado de Chihuahua tiene problemas para colocar las viviendas, quiero recordarle que no tiene problemas para acomodar las viviendas, el problema es que en este país los paupérrimos salarios que tienen los mexicanos no alcanzan para obtener un crédito para tener una vivienda digna y ése no es un problema exclusivamente del Estado de Chihuahua, es un problema a nivel nacional.
Respecto a lo que dice usted de que hace algunos años cuando la mayoría en el Congreso local estaba en manos del PAN, Javier Corral, hoy dirigente estatal dijo: con ustedes y contra ustedes vamos a sacar la ley electoral, creo que eso, todos los que somos de oposición en esta LVI Legislatura lo hemos escuchado a lo largo de tres años; han sacado ustedes todas las leyes y todas las iniciativas que les ha mandado el Ejecutivo, aun en contra del pueblo de México, ¿por qué?, porque con nosotros o sin nosotros o en contra del pueblo de México ustedes las han sacado.
Y para terminar yo le diría al diputado Villalobos, que por qué cuando se aprobó en abril 29 del año pasado las reformas a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que él aprobó también, la reforma al artículo 348 para que ahora los bancos sin necesidad de juicio rematen las viviendas.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, tiene el uso de la palabra y hasta por cinco minutos, el diputado Oscar Villalobos.
El diputado Oscar Villalobos Chávez:
Con su permiso, señor Presidente:
Me decía al arribar a esta tribuna, quien me antecedió en el uso de la palabra, diputado panista, que requería apoyo, que no me dejaran solo, será quizá, que es su manera de pedirle apoyo a sus compañeros, porque la requiera; nosotros los priístas, los priístas chihuahuenses que bastante los hemos sufrido en Chihuahua, nos bastamos un solo diputado para poderles dar respuesta y también para exponerle a esta soberanía lo que hoy sucede en Chihuahua.
Efectivamente, son temas algunos de hace unos años; muchos de ellos hoy recobran validez y actualidad en este país, por eso es importante tocarlos, nuestra memoria es bastante y suficiente por lo que nos han hecho en Chihuahua.
Bondades de la división de poderes las conocemos, las reconocemos y las actuamos a diario, aquí en este foro y lo hacemos igual y lo reclamamos igual en Chihuahua a pesar de los embates del gobernador Francisco Barrio y de su administración en contra del Poder Legislativo y Judicial.
Problemas para colocar viviendas en Chihuahua. Sí, claro, problemas económicos en el país traen dificultad y sin embargo han podido colocar muchas viviendas de las que han hecho después del gran fracaso de construcción de viviendas que hicieron en Chihuahua carentes de planeación y cómo no, si malos planeadores como son, malos gobernantes como son, los integrantes del Partido Acción Nacional construyeron casas inaccesibles en cualquier otra condición aun sin la condición económica por la que atravesamos y de la que ahora salimos en Chihuahua.
Y eso no es problema de la situación económica. Tan no lo es que cuando corrigieron esto por el reclamo popular, entonces sí tuvieron necesidad de construir otras mejor planeadas y sí accesibles a los chihuahuenses. Ahí está el error, el error es claro, ahí están las viviendas desocupadas que mientras tienen viviendas desocupadas, yo les recuerdo que con la fuerza pública han mandado desalojar a chihuahuenses que en problemas económicos no lograban hacer los pagos de esas viviendas.
Ahí está, en esos hechos en Chihuahua, está muy clara la incongruencia del Partido Acción Nacional. Una cosa dicen, otra cosa hacen cuando son gobierno. En Chihuahua y hoy creo en todo México, por fortuna, ya los conocemos y los conoce el electorado compañeros, eso también el electorado lo habrá de recordar en la próxima elección.
Y miren ustedes, yo no recuerdo ocasión alguna en esta legislatura, en que las leyes no las hayamos analizado, discutido y consensado en lo posible todas las fuerzas democráticas representadas en esta legislatura en la que hoy orgullosamente nos encontramos. Que no todo lo votemos juntos es una cosa, no sé si el entendimiento no les alcance para esto o sólo trataron de esquivar la responsabilidad a la que yo me referí hacia ustedes en Chihuahua.
No, el problema no es que haya leyes que votemos unos u otros en pro o en contra, lo que no se da en Chihuahua cuando ellos tienen la mayoría en el Congreso del Estado, es ni siquiera la oportunidad de sentarse a discutir y a llegar a puntos de acuerdo; más allá, de cómo se ejerza el voto de cualquier bancada.
Y eso, eso sí es antidemocracia y eso señores, con ejemplos concretos, les podemos demostrar es parte de la incongruencia y de la falsedad con la que se dirige a los electores el Partido Acción Nacional, pretendiendo después de engancharlos con el voto del engaño, disculparse como aquella justificación que le escuchamos o que le escucharon los medios de comunicación al ahora gobernador Barrios, cuando recién tomaba posesión de su responsabilidad en Chihuahua, después de la elección de 1992, diciendo que una cosa era lo que se decía y se hacía en campaña y otra la que se debía hacer en el ejercicio de gobierno. A esa incongruencia es a la que yo me he referido aquí y ahí está, dan cuenta de ello los medios de comunicación en Chihuahua, ahí está las grabaciones y los textos para que hoy ustedes no vengan a negarlo a esta tribuna.
Y eso, señores, el que eso le sucediera a este país, esa irresponsabilidad democrática sí sería para que los mexicanos le teman y eso es lo que no vamos a permitir en esta elección.
Mire, compañero diputado, a manera de ejemplo, porque en Chihuahua hay muchos, como seguramente los hay en Guanajuato, en Jalisco, en Baja California y en otras partes donde ustedes ahora gobiernan. Hablando de división de poderes le recuerdo: en la reciente revisión del presupuesto estatal en Chihuahua, el Congreso del Estado modificó, por su decisión soberana, apenas un 0.6% del presupuesto del Estado y por qué lo hizo y por qué lo vetó el gobernador. El Congreso lo hizo porque el gobernador, sin facultades y transgrediendo la división de poderes, porque la Constitución de Chihuahua es expresa al respecto, modificó el proyecto de presupuesto que el Poder Judicial le iba a presentar al Poder Legislativo para su aprobación; llegó a las oficinas de finanzas del gobierno del Estado y contrariando lo que expresamente en la materia dice la Constitución de Chihuahua, ustedes, su gobierno en Chihuahua, recortó ese presupuesto, contrariando el principio de división de poderes y lo expreso en la Constitución.
Y ahí está, compañeros, en la práctica, un ejemplo de lo incongruente que es su discurso. También lo hizo con el Poder Legislativo etcétera, y hubo de recurrir al apoyo de la Federación con recursos adicionales para Chihuahua, para que finalmente tuviera Chihuahua un presupuesto, porque con el chantaje político, con la presión política, con la forma denigrante en la que el gobierno del Estado tergiversó la información a los chihuahuenses, incluso obviamente con recursos públicos, pretendían sofocar la facultad del Congreso del Estado en esa materia.
Y dígame usted, diputado, si no nos hemos enterado todos o no se ha enterado usted, que este Congreso revisa los presupuestos año con año y con nuestra mayoría se autoriza las modificaciones que corresponden, pluralmente y no hay una actitud, jamás la ha habido, antidemocrática de nosotros, para rechazar esto con un veto y con el chantaje político que vivimos con ustedes en Chihuahua.
Ahí están hechos prácticos, concretos, que, qué bueno que se queden grabados en el Diario de los Debates, para que el país conozca lo que sucede cuando gobierna el PAN, y compañeros, en términos de legislatura o en términos de ejecutivo, a eso creo que hay fundada y sobrada razón para que el pueblo de México sí les tema.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra para contestar alusiones personales, hasta por cinco minutos, el diputado Guillermo Luján.
El diputado Guillermo Alberto Luján Peña:
Gracias, señor Presidente:
Unicamente para hacer algunas puntualizaciones al diputado que me antecedió en el uso de la palabra.
Habla él de las incongruencias en campaña y en el ejercicio del poder. Yo quisiera preguntarle que más incongruencias que la campaña política de Ernesto Zedillo Ponce de León, de "bienestar para tu familia" y que después de dos años y medio los mexicanos todavía no sabemos cómo se come o cómo es eso del bienestar para tu familia, y qué es aquello que diga también en su toma de posesión de mantener una sana distancia con su partido y el día de ayer debatíamos en esta misma tribuna también que el jefe del Ejecutivo ya no sabemos si es el jefe del partido o es el jefe de Estado o es el jefe de Gobierno.
Y además quisiera también recordarle que lo que decía del presupuesto en el Estado de Chihuahua, vuelvo a repetir, demuestra las bondades de la separación de poderes, lo cual no es cierto en este Congreso, en el cual la oposición nunca hemos aprobado el presupuesto de egresos ni de ingresos; siempre lo hemos votado en contra, así que no es cierto de que ha sido por consensos y que ha operado la mayoría de la Cámara, sino únicamente la mayoría del partido del mismo Ejecutivo Federal.
Y también quisiera nada más pedirle que nos responda por qué votó el artículo 348 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito a favor, en donde los bancos ahora sin juicio previo pueden quitarle la casa a los deudores. Creo que esta pregunta que le hice no la respondió, señor diputado.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el señor diputado Oscar Villalobos, para contestar alusiones personales, por cinco minutos.
El diputado Oscar Villalobos Chávez:
Con su permiso, señor Presidente:
Hemos escuchado a nuestro compañero Guillermo Luján venir a hablar de incongruencias. Claro, es de lo que más sabe porque es lo que en su partido más le han enseñado a hacer.
Miren ustedes, y me remito a los hechos de entonces, y me remito a las realidades de ahora: si un partido y su gobierno han actuado responsablemente en este país, buscando el bienestar de los mexicanos, hemos sido nosotros los priístas, y a los hechos me remito porque gracias a que no coincidimos y votamos ejerciendo nuestra libertad legislativa por la propuesta que más nos convenció y no por la de ustedes, hoy no tenemos al país sumido en una profunda derrota económica nacional, como la que ustedes proponían, de manera irresponsable, claro, también de manera demagógica.
Pero está demostrado a los mexicanos que por difíciles que sean las decisiones, tenemos los priístas la madurez y la responsabilidad, porque para nosotros primero es México, que no ustedes que cuando estos momentos se presentan en el país, demagógicamente no admiten su responsabilidad y mejor no votan o votan en contra.
Miren compañeros, se habló aquí de sana distancia o de la presencia del Poder Ejecutivo, del titular del Poder Ejecutivo con su partido.
Son tan incongruentes que vienen a querer echarnos esto en cara y apenas ayer declaraban, y hoy aparece en la prensa del Estado de Chihuahua, que su gobernador panista en Chihuahua también declara que es lo natural en tanto se ejerce un derecho político y en tanto éste no violente la ley.
Ahí está la incongruencia a la que nos estamos refiriendo, hace apenas unas cuántas horas declaran una cosa y hoy vienen a decirnos otra en esta tribuna ¿Qué no vimos este domingo a su dirigente nacional, en Chihuahua, compartiendo un evento con el gobernador del Estado, qué no los vimos a muchos de ustedes aquí, de esta legislatura, acompañando en un acto partidista al gobernador de Chihuahua hace unos cuantos días, para homenajear al fundador de su partido?
Para eso y para muchas cosas, como los votos que hoy pide a favor del PAN el gobierno del estado de Chihuahua, y además convoca a sus funcionarios, los cita seguramente los presionaporque a quien no ha coincidido con ellos lo han desalojado del gobierno del Estado, empleado, funcionario u lo que sea, y se atreven a venir a decir en esta tribuna que el Ejecutivo no puede apoyar a su partido.
¡Valgame hombre!, revisemos por favor, esto pareciera memoria de teflón la que ustedes tienen. Revisemos lo que está pasando en Jalisco o lo que pasa en Guanajuato, o lo que pasa con los compañeros de Baja California, y ahí los ejecutivos del Estado, a su medida y a su vara, porque ustedes se miden con una y miden al resto de la sociedad con otra, ahí entonces ustedes sí consideran correcto el que el Ejecutivo vaya y haga campaña a favor de su partido.
O en Chihuahua, miren, a manera de ejemplo. Fue tan duro el dolor de que los chihuahuenses no los ayudaran en 1994 y 1995, que el propio gobernador Francisco Barrio, llegó, por ejemplo en Carargo, a una estación de radio a decirle a los camarguenses que debieron de haberlo apoyado a él, a sus candidatos y a su partido, que qué poco agradecidos, decía él en la radio, y bueno, son hechos que ahí están para la vida de este país y su historia, y se atreven aún de manera incongruente, como suelen hacerlo, a venir a decir a esta tribuna que el Ejecutivo no debe de participar en apoyo de su partido.
Cuando esas derrotas de 1994 y 1995, hicieron que el propio Partido Acción Nacional en voz de su dirigente estatal, este pasado mes de enero, declarara a la prensa que le habían solicitado al gobernador del Estado cambiara sus políticas públicas, esto es, le pidió que cambiara el gran cambio porque no habrá funcionado en Chihuahua, hablando del cambio, del estilo que ustedes promueven.
Ahí están los hechos del a incongruencia, a eso nos referimos, y ahí está su Ejecutivo apoyando a su partido.
El Presidente:
Diputado Villalobos, si es tan amable de redondear su intervención.
El diputados Oscar Villalobos Chávez:
Gracias.
Para concluir dejo a ustedes, y a través de esta tribuna a los mexicanos, esta reflexión: México requiere un gobierno responsable, México no desea un gobierno demagógico, ni mucho menos llegar a él promoviendo el voto del engaño como a ustedes les hemos visto realizan en sus campañas.
Yo les reitero, ya los conocemos, no más podrán engañar a los mexicanos.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, y hasta por cinco minutos, tiene el uso de la palabra el diputado Guillermo Luján Peña.
El diputado Guillermo Alberto Luján Peña:
Gracias, señor Presidente:
Voy a ser muy breve. Creo que el diputado que me antecedió en el uso de la palabra únicamente ha evadido los cuestionamientos que le hemos hecho desde esta tribuna y al hablar él de incongruente, de lo que yo mencionaba del doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, la sana distancia la dijo él, nosotros jamás le hemos dicho nada. El, el día que tomó posesión en esta misma tribuna, dijo que debería de mantener una sana distancia con su partido y el que no es congruente es él. Nosotros no le estamos reclamando el que sea congruente en ese sentido. El es el que, con sus propias palabras, no está siendo congruente.
En la campaña política, él ofreció "bienestar para tú familia", y no ha podido darle bienestar a tu familia. Esas son las incongruencias. Las incongruencias que mencionaba él en el Estado de Chihuahua, tampoco las respondió.
En el Estado de Chihuahua efectivamente sucedió que la mayoría priísta le devolvió el presupuesto al gobernador, con algunas correcciones, y el gobernador, usando los derechos que la Constitución le marca, lo vetó, pero son los procedimientos que el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, como abogado, debe de conocer que son los normales y que están en la Constitución para usarse.
Pero sí que no diga, y no nos respondió, a la mejor el que tiene memoria de teflón es él, de que no se acuerda de que la oposición PRD, PT y PAN, nunca les hemos aprobado los presupuestos de ingresos y de egresos a la Federación y nunca les hemos aprobado el gasto ejercido tampoco. Así que él al hablar de que se hace por consenso, pues no sé si será el consenso, como les dijo el Presidente, con su mayoría priísta, pero no con el consenso de las demás fuerzas políticas.
Y que si nos dolió en 1995. Pues obviamente que nos dolió, como le dolió a él en el mismo 1995, siendo delegado de su partido en Baja California, en donde les dimos hasta para llevar y yo creo que es normal y natural que esas cosas duelan. No veo que vengan al caso a decir esas cosas aquí a esta tribuna.
Y sigue sin contestarme, señor diputado, ¿por qué aprobaron su mayoría en esta Cámara el artículo 348 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en donde dejan prácticamente indefenso a los deudores de la banca, en donde los bancos, sin juicio mercantil, pueden quitarle las propiedades a los deudores.
Muchas gracias.
El diputado Daniel Quintero Peña (desde su curul):
Señor Presidente, quisiera hacerle una pregunta al orador.
El Presidente:
¿Acepta una pregunta, señor diputado?
El diputado Guillermo Alberto Luján Peña:
Con mucho gusto.
El diputado Daniel Quintero Peña (desde su curul):
Diputado, usted habla de muchas cosas que yo supongo que desconoce. Yo desde que lo conozco a usted aquí como diputado, se la ha pasado venturosamente viajando por todo el mundo.
Nos pudiera usted informar, señor diputado, ¿cuántos viajes ha hecho usted desde que está como diputado? ¿En donde estuvo, señor diputado, la semana pasada?
A usted lo veo raras veces por aquí y cuando viene, viene a ofertar sus productos comerciales que tiene en su empresa.
Yo en raras veces lo veo aquí por la Cámara y según se me informa, pues usted ha viajado por todo el mundo.
Unicamente un diputado, del PT, creo que le gana a usted en sus viajes.
La pregunta es, señor diputado, desde que usted está como diputado, ¿a cuántos viajes ha ido? Porque creo que el bienestar para su familia realmente le ha llegado a su casa.
Por la respuesta, diputado, muchas gracias.
El diputado Guillermo Alberto Luján Peña:
Señor diputado, creo que no es el tema el que estamos hablando. Sin embargo, le voy a contestar a usted lo siguiente:
Número 1. He realizado los viajes que las comisiones en las que estoy me han mandado ni una más ni una menos, es más creo que algunas menos en las cuales mi partido, el coordinador de mi partido no me ha permitido efectuar, esos viajes. Todos han sido viajes de las comisiones a las que pertenezco.
Y para terminar, lo reto a usted a ver quién tiene más asistencia a la Cámara, porque yo también lo veo a usted muy poco por aquí.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, tiene el uso de la palabra el diputado Oscar Villalobos, hasta por cinco minutos.
El diputado Oscar Villalobos Chávez:
Con su permiso, señor Presidente:
Y quizá le agradecería una moción para recurrir, aunque sea a la poca o mínima tolerancia que los compañeros de la bancada panista deberían demostrar.
Agradezco a los diputados que me escuchen y qué bueno que dejan demostrado que no les gusta que les digan sus verdades. También es parte de su intolerancia, de la que le muestran diariamente a este país.
Consenso sobre los presupuestos. Sería una gran falsedad y esta Cámara tiene seguramente miles de páginas transcritas de trabajo de comisiones, para demostrar que es una falsedad lo que el señor diputado aquí ha estado diciendo.
Sí, ciertos como estamos, de que nunca votan a favor del presupuesto, porque en el último momento siempre algo sacan, para que si no se accede a su capricho legislativo, ustedes de todas maneras terminen votando en contra. Eso ya lo sabemos.
Pero de ahí a que no se hayan consensado miles también de modificaciones a las iniciativas, incluidos Ley de Ingresos y Presupuesto, hay una gran diferencia, hay una gran distancia.
Y hablando de distancia le digo. Mire, orgullosamente como priísta se lo digo, en mi partido el señor Presidente de la República tiene un lugar muy especial, que aunque a ustedes les duela o que en todo caso el que no reconozcan de sus gobernadores en su partido en los estados donde gobiernan, finalmente él con respeto nos muestra la distancia necesaria, pero lo que no van ustedes a ver es un alejamiento de su partido. Eso quisieran, sé que eso quisieran, pero no lo van a ver.
El Presidente:
Diputado Villalobos, ¿acepta una pregunta?
El diputado Oscar Villalobos Chávez:
Con todo gusto, adelante.
El diputado Guillermo Alberto Luján Peña (desde su curul):
Señor diputado Villalobos así como manifiesta usted tal enjundia en querer al actual Presidente, ¿me podría contestar si así quería también al anterior presidente?
El diputado Oscar Villalobos Chávez:
Miren, compañeros, le voy a responder de la manera más sencilla que me pudo usted poner para responder a su pregunta: tanto como ustedes en esta misma tribuna defendieron que el proyecto que él aplicaba era el de ustedes. Así, compañero, ¿o ahora me lo va a venir a negar? Claro que no, está escrito en el Diario de los Debates y a las pruebas me remito.
Sobre el 348 lo reto a que me diga qué es lo que dice, si lo sabe y, en el 348 cuando lo votamos en su conjunto, lo voté por responsabilidad con este país. Por eso.
Y finalmente, compañeros, busquen en sus haberes, algo con lo que sí puedan venir a convencer en esta tribuna.
No recurran a aquello que además es lo mas fácil de responder a sus preguntas, porque sobre cada una de ellas la respuesta se la dan ustedes mismos con sus hechos. Esos hechos con los que sólo la demagogia y la falta de democracia de su partido puede venir a responsabilizarse aquí y cuando me refiero a democracia pues dígale al señor coordinador de su bancada, con todo respeto para él y para usted, pues que le dé oportunidad, ¡hombre!, es usted un legislador que tiene derechos por sí mismo.
¡Qué buena la coordinación de las bancadas!, en todas las legislaturas se da de todos los partidos; pero que no requiera usted pedirle permiso a su coordinador, mejor coordínese con él, ¡hombre!, y en todo caso, no acepte que le impongan nada, como le imponen la forma de votación cada vez que aquí ejercemos nuestro derecho soberano.
AGRUPACIONES RELIGIOSAS
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Rogelio Zamora Barradas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a la intolerancia en medios de comunicación respecto a algunas agrupaciones.
El diputado Rogelio Zamora Barradas:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Actualmente procuramos en el país un clima de paz y tranquilidad a pesar del problema chiapaneco; sin embargo todos deseamos desarrollar nuestra vida normalmente sin sobresaltos ni temores. Estamos conscientes de que los intereses políticos y sociales no se han desbordado, muestra inequívoca de que estamos alcanzando madurez como sociedad.
Convivimos lo mismo partidos de izquierda que de derecha o de centro, así como organizaciones sociales que exigen o reclaman todo tipo de servicios o impulsan causas sociales, todos procurando un marco de tolerancia, porque fundamentalmente la preocupación de todos es colaborar en la edificación de un mejor país, más próspero, más digno, haciendo todos nuestro mejor esfuerzo para entendernos, para respetarnos y para garantizar los derechos que nos asisten; aunque no aceptemos las ideologías y argumentos de nuestros adversarios, es evidente que tratamos de respetarnos unos y otros y tenemos derecho a disentir y manifestar libremente nuestras ideas.
Y es en este clima de libertades, el valor de la vida individual y colectiva que hemos buscado en los últimos años, dimensionando nuestra imagen como un país de leyes, de derecho, de libertades, de respeto a las conciencias, lo que nos distingue de otros países, que se manifiestan intolerantes ante los que piensan diferente y actúan diferente, ganándose con ello vergüenza para la humanidad.
Recientemente se ha desatado una propaganda dirigida a censurar y descalificar a las asociaciones religiosas llamadas también iglesias, en razón a su notorio crecimiento y éxito, ya que actualmente se considera que en México existen alrededor de 15 millones de personas que tienen un credo diferente al de la mayoría.
Este importante grupo de la población nacional es casi la población total de muchos países de Centroamérica. Los argumentos que han utilizado para descalificarlos, sus detractores, son absurdos, carecen de fundamento y arremeten impunemente contra su organización, su labor, su procedencia y su destino.
Para atacarlos se utiliza como pretexto un suceso reprobable y lamentable acaecido en San Diego, California, en donde se suicidaron 39 personas que nadie en sano juicio puede aceptar; sin embargo, ese miserable episodio lo utilizan y afirman que algunas de las asociaciones religiosas de México también atentan contra la vida personal y colectiva, cuando en realidad saben y saben muy bien que este acto tan ruin, jamás lo provocarían quienes son cristianos. En cambio, la Iglesia católica desata públicamente su intolerancia, marginando y sojuzgando de tal manera a los creyentes de otras religiones, que ocasiona que los expulsen de sus provincias, los marginen de sus labores o humillen en las escuelas a sus hijos.
De todo esto hemos sido testigos, ya que en los periódicos publican declaraciones de la jerarquía eclesiástica manifestándose en contra de las mal llamadas sectas, según declaraciones de la Conferencia del Episcopado Mexicano, publicada el 9 de abril en el periódico El Universal, donde, cito, dicen: "enfrenta la Iglesia catolica con todos sus recursos a sectas y movimientos religiosos, pretendiendo desaparecerlas del ámbito religioso, construyendo falsas historias, anécdotas ridículas, creando animadversión acerca de estos grupos de creyentes y propiciando un clima de linchamiento moral en una moderna inquisición verbal". Esto propicia en el país un clima de intolerancia religiosa que creíamos únicamente se daba en las regiones más alejadas de los centros urbanos, donde son auspiciadas principalmente por autoridades ignorantes de nuestras garantías constitucionales o bien por líderes que creen amenazada su influencia en la zona y hasta por algún fanático de hábito religioso que cree en el monopolio de la religión.
De ninguna forma se justifica que los personajes que he mencionado actúen en contra del derecho, ojalá llegue el día en que el derecho ocupe en nuestro país el justo lugar que le corresponde y no tengamos que utilizar el llamado a la tolerancia que precisamente es cuando el derecho ha sido pisoteado. La tolerancia sólo establece un ámbito de licitud, de impunidad, pero es una concesión revocable, la autoridad que tolera, podría también no tolerar o la Iglesia que tolera en su momento deja de tolerar.
Hoy, la tolerancia en México es un insulto porque existe el derecho. Pero son otros los que propician este clamor de intolerancia, normalmente son personas cultas, preparadas, sabedoras de los derechos humanos que promueven el amor al prójimo, jerarquías eclesiásticas quienes ya no se valen de espada y lanza, sino de nuevas formas para imponer su credo; hoy utilizan medios modernos, como la televisión, radio y prensa escrita para introducir la fuerza represiva y para transgredir el concepto de la libertad y garantías individuales.
En este recinto del Poder Legislativo, se realizó un gran esfuerzo para evitar la clandestinidad de las iglesias. Esto se logró reconociendo su existencia, normando sus actividades, garantizando igualdad a todas, sin importar su tamaño, el número de miembros, cantidad de templos, aparato administrativo o facultativo.
Las modificaciones al artículo 130 pueden no ser de nuestro total agrado, yo en lo personal estoy en desacuerdo y considero necesario revisarlo y modificarlo. Pero dieron paso a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, cuyo espíritu fundamental es la igualdad y eso, es democracia.
Entendemos que el reconocimiento jurídico va más allá de aceptar la existencia de una Iglesia como institución religiosa, más bien es el reconocimiento al derecho que tiene todo hombre de creer o no creer en algo o en alguien.
Hoy con las declaraciones intolerantes en los medios masivos de comunicación, se viola el respeto y libertad, olvidando lo más grande de todas las virtudes civiles y políticas: la tolerancia. Porque la intolerancia que expone al vituperio, a la mofa, expone a los ataques físicos y marca como un delito no profesar la religión de las mayorías y ésta también es una forma de xenofobia, la que repruebo y censuro, porque reconozco en esta medida un rezago del coloniaje moderno y absurdo que niega el ejercicio de cualquier otro culto,
Debemos reconocer que vivimos en una nueva sociedad que ha experimentado cambios importantes en lo social, en lo político y en lo religioso y ello nos ubica entre los países modernos y por lo tanto, debemos adecuar una apertura a nuestra mentalidad en relación a las leyes que nos rigen.
Señoras y señores diputados: podemos no estar de acuerdo con algunas creencias, pero ello no significa que debamos prohibirlas. Podemos no estar de acuerdo con sus ideas, pero esto no significa que deban aceptar las nuestras.
El intolerante podría pensar en la conveniencia de que exista una sola Iglesia, pero esto también es limitar la democracia.
Sostengo que no se debe privilegiar una Iglesia en lo particular y tampoco limitar derechos a ninguna, ya que el principio de igualdad es la nivelación de oportunidades. Si todas tuvieron un punto de partida igual, que fue el reconocimiento de 1993, la posición que ocupan al final dependerá exclusivamente de la velocidad con que hayan corrido y de la distancia alcanzada.
Aprovecho para hacer una atenta exhortación a los medios de comunicación para que eviten ser el medio que propicie el clima de linchamiento moral que actualmente se presenta en el país y que puede degenerar en agresiones físicas y se siga propagando, porque la información objetiva y veraz ha de contribuir a fortalecer la paz social y el respeto a la libertad de conciencia.
Como legislador, advierto que ésta es una situación que no favorece nuestra democracia y entiendo que la libertad por la que tanto se ha luchado, no solamente es la libertad individual en las acciones, sino también es individual en las conciencias.
Muchas gracias.
SENECTUD
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Daniel Quintero Peña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a la Senectud.
El diputado Daniel Quintero Peña:
«Punto de acuerdo: creación de la Comisión de Atención a la Senectud.
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
"México es un país de jóvenes, sin embargo gracias al aumento de la esperanza de vida, cuenta con una importante población de ciudadanos mayores de 60 años. La mayoría de estos 6 millones de mexicanos que entregaron y entregan su trabajo y su experiencia en aras del progreso de su familia y de la nación, hoy carecen de las condiciones que les permiten tener una vida digna y tranquila.
Es dramático que estos ancianos cuenten con pensiones que en el mejor de los casos apenas les permite sobrevivir, en tanto que la mayoría de ellos no tienen el respaldo de ninguna institución social y viven en condiciones de pobreza extrema.
Los programas institucionales para remediar esta situación, han sido escasos e insuficientes. En los hechos no existe una política específica hacia ese sector social las políticas de planeación familiar y el aumento de las esperanzas de vida, favorecen que el sector de la tercera edad crezca proporcionalmente más rápido que otros grupos. Esta situación demanda una gran atención institucional y social y en un futuro cercano requerirá de una previsión mayor.
El futuro debe de encontrar a la sociedad y sus instituciones mejor preparadas para encarar el reto de ofrecerles servicios y atención de calidad para las personas de la tercera edad.
Las condiciones de vida en las que viven estos mexicanos, demanda nuestra enérgica intervención como representantes populares más allá de las diferencias partidistas y políticas.
Por lo anterior, presentamos el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Conformar en la Cámara de Diputados la Comisión de Atención a la Senectud, cuyo objetivo sería revisar la problemática de los ciudadanos de la tercera edad, la formulación de propuestas para su solución y la gestoría de las diversas demandas de los senectos. Además, buscaría promover la articulación y operación de una política integral hacia ese sector, que permitiera atender adecuadamente sus necesidades económicas, de salud, recreación e incluso de productividad."
Los diputados que firman son: Jaime Martínez Veloz, Daniel Quintero Peña, Franciscana Krauss Velarde, Julio Felipe García Castañeda, Martina Montenegro, Humberto López Barraza, Graco Ramírez, Juan Manuel Pérez Corona, Ismael Orozco, Francisco Domínguez, Carlos Chaurard, Javier Gutiérrez Vidal, Alejandro Audry, Joaquín Rodríguez Lugo y Serafín Núñez Ramos.»
Hago entrega, señor Presidente, a la Secretaría del presente punto de acuerdo.
Además, con su permiso, quisiera añadir señor Presidente, que un servidor no tiene ninguna falta desde que iniciamos la presente legislatura.
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
ESTADO DE ZACATECAS
El Presidente:
Para abordar el último tema del orden del día, sobre la deuda impagada del gobierno de Zacatecas, tiene el uso de la palabra el diputado Javier Ortega.
El diputado Javier Ortega Espinoza:
Con el permiso del señor Presidente; señoras y señores diputados:
Como ustedes saben, la semana del 7 al 11 de abril en la ciudad de Zacatecas se celebró el I Congreso Internacional de la Lengua Española. Pues bien, el día 7 de abril por la mañana, fría, lluviosa y muy nublada, arribaron a la ciudad los reyes Sofía y Juan Carlos, y Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y en el marco de este magno evento de la lengua española se sucedieron algunos hechos que reflejan un poco lo que está sucediendo en nuestro Estado de Zacatecas.
Por ejemplo, en forma irónica el señor Gerardo Romo Fonseca, compañero del otro Gerardo Fernández Noroña, líder de la Asociación Nacional de Deudores de la Banca, que fueron secuestrados en aquella reunión famosa de los banqueros en Cancún, secuestrados y violados sus derechos humanos y garantías constitucionales.
Pues bien, en Zacatecas el señor gobernador había prometido a este señor Gerardo Romo Fonseca que el señor Presidente de la República lo atendería en forma breve en el acto de inauguración de la planta de la Cervecería Modelo, que por cierto es la primera en Latinoamérica y la tercera a nivel mundial en producción de cerveza.
Se le negó finalmente el tener acceso al señor Presidente y Gerardo Romo Fonseca, que no es pariente del gobernador se declaró en huelga de hambre en pleno centro de la ciudad. Por lo cual manchó el evento.
Si recuerdan ustedes, en esta misma Cámara, habíamos aprobado un punto de acuerdo para que maestros universitarios que también estaban en huelga de hambre por conflictos en la UAZ, se retirasen y no manchasen el evento.
¡Pero hoy los deudores de la banca tuvieron que declararse en huelga de hambre para que fueran escuchados!
Y el señor Romo Fonseca es hermano, eso sí, de la señora Romo Fonseca, que es la contralora del Estado y que fue en su juventud Miss Zacatecas, por su belleza.
Señores y señoras: hoy el gobierno del Estado de Zacatecas va a tener que necesariamente afiliarse a alguna de las múltiples asociaciones de deudores. Puede elegir la Asociación Nacional de Deudores de la Banca, AC El Barzón, porque resulta, señores, resulta lo siguiente:
En diciembre de 1993 el gobierno del Estado de Zacatecas contrató un crédito quirográfico con Banca Unión, propiedad de un señor muy cabal, hoy prófugo de la justicia mexicana. Dicho crédito se contrató a plazo de un mes por el monto de 24 millones de pesos.
Desgraciadamente tenemos que enterarnos de lo que sucede por los medios de comunicación, ya que ningún ciudadano zacatecano, incluso los diputados locales, sabían de la existencia de dicho crédito y es así que los medios de comunicación recientemente dan a conocer a la opinión pública esta situación.
Habiendo sido contratado en 1993, fue hasta julio de 1995 cuando el gobierno del Estado abona la cantidad de 7 millones de pesos. De julio de 1995 a la fecha no ha vuelto a dar un solo centavo. Por lo cual, consideramos que el monto, incluido capital, intereses normales y moratorias, puede ascender a 70 millones de pesos en esta fecha.
Es así que el gobierno del Estado, en forma irresponsable endeudó al pueblo zacatecano. Pero lo grave es que dicho crédito no fue autorizado por la legislatura del Estado. Lo grave es que siendo víctima de la voracidad de los banqueros se declaran embargados 111 bienes inmuebles del gobierno del Estado, seguramente puede incluir hasta el cerro de la Bufa o el palacio de gobierno.
Sí señores, estos hechos están en los medios de comunicación. Pero me voy a referir a lo que declaró el señor licenciado Raúl Rodríguez Márquez, titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas el día de ayer, en una comparecencia que tuvo con comisiones de la legislatura a puerta cerrada, en forma privada, aún cuando los diputados de mi partido exigían que ésta fuese pública, porque estos hechos son eso: públicos; deben ser claros, deben ser transparentes y aquí hay una gran obscuridad que nos da derecho a por lo menos sospechar turbios manejos, corrupción.
El señor Rodríguez Márquez, en su comparecencia argumenta que no tenían por qué pedirle autorización a la legislatura del Estado, porque la Ley de Ingresos de 1993 autorizaba al Ejecutivo endeudarse en un monto hasta de 39 millones de pesos; ese es el argumento que dan. Los diputados de mi partido han revisado las cuentas públicas y en ningún lado se encuentra explicación de esta deuda.
Pero además el señor secretario de finanzas dice que: "no fue propiamente una deuda pública", eso está rarísimo, "que no fue registrada oficial como deuda, sino como ingresos extraordinarios"; son palabras del señor secretario.
Pero señoras y señores, esto es genial, ¡genial!, cuando se le pidió una explicación de qué uso y qué destino se le dio a estos recursos, que es una cantidad mucho muy considerable, ¿qué creen que explicó el señor secretario? Que se pidió el crédito por una contingencia económica y luego dice: "fueron usados, estos recursos económicos":
1. Para la adquisición de un parque vehícular.
2. Para otorgarles un bono de fin de año a los trabajadores y funcionarios del Estado y
3. para algunas ayudas extraordinarias a los municipios.
Esto es genial, una contingencia económica que les obliga a contratar un crédito con Banca Unión sin la autorización y el conocimiento de la legislatura del Estado, destinado para comprar vehículos, seguramente de lujo para los señores funcionarios. Eso no es una contingencia económica, para otorgar bonos de fin de año, eso no es una contingencia económica.
Los señores del gobierno del Estado de Zacatecas se escudan, dicen que están tranquilos porque los banqueros les van a hacer los mandados, ya que los bienes públicos son inembargables y además el banco debió pedir autorización a la legislatura para contratar dichos créditos. Dice así es que estamos tranquilos, hoy como el lema de El Barzón: debo, no niego; pago, no tengo.
Señores, el gobierno del Estado tiene una deuda pública impagable, está en quiebra, está en bancarrota. Dicen ellos: pero si tenemos la deuda pública, una de las tres más bajas del país, es de 80 o cuando mucho 84 millones de pesos, no es nada. Nosotros en el PAN, hemos hecho cálculos y consideramos que esta deuda llega a nueve dígitos, es muy probable que llegue a 150 millones de pesos.
Por lo tanto señores, créditos de esta naturaleza se han hechos según los usos y costumbres toda la vida, como lo declaró un connotado banquero local en una estación radiofónica, pues que eso se hacía, eso era normal, eso es normal para ellos.
Por si todo eso fuera poco, el día de hoy al mediodía, los 18 diputados del PRI en Zacatecas aprobaron una ley, un decreto, para desaparecer el Instituto Zacatecano de la Vivienda Social, en el cual se había proyectado en el programa llamado Zacatecas2000, construir 5 mil casas, pero resulta que de un tiempo a acá se llegó a descubrir turbios manejos, pésima administración, corrupción, nepotismo, fraude escandaloso en este instituto de la vivienda y olímpicamente el gobierno del Estado con la aprobación unánime de los diputados del PRI, deciden de un plumazo desaparecer este instituto para tapar, repito, para tapar ese fraude y corrupción monumental.
Señoras y señores, ¿así gobierna el partido emanado supuestamente de los legítimos herederos de la Revolución Mexicana? Por lo menos tenemos derecho en Zacatecas que las autoridades nos den una explicación clara, contundente de estos hechos, porque la cosa pública es esto, pública, debe ser transparente, de cara a la sociedad zacatecana; exigimos explicaciones contundentes y claras.
Nuestro partido está considerando acudir a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y solicitar demanda de juicio político al licenciado Raúl Rodríguez Márquez y a quien resulte responsable y si procede, una demanda penal. Así está la situación en Zacatecas.
Por su atención, muchas gracias señoras y señores diputados.
El Presidente:
Se acaba de recibir un oficio de la Secretaría de Gobernación. Se ruega a la Secretaría, perdón, para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado López y Macías.
El diputado Pedro Guadalupe López Macías:
Con el permiso del señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:
Ya estamos acostumbrados a que mi paisano reiteradamente pase a esta tribuna a manifestar sus inquietudes y sus suposiciones.
Una vez más, ha venido a hacer gala de su imaginación y ha traído hasta acá un problema que está sucediendo en Zacatecas y para el cual hay respuestas claras y contundentes.
Hoy en los medios de comunicación salió este comunicado de prensa, que da respuesta a las inquietudes que aquí él ha manifestado. Dice así:
"El secretario de planeación y finanzas, Raúl Rodríguez Márquez, al comparecer ante la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, afirmó que la anterior legislatura autorizó en diciembre de 1992, al Ejecutivo contraer créditos hasta por un monto de 39 millones 770 mil pesos, de los cuales 24 millones fueron contratados con BCH, luego Banca Unión.
Fueron utilizados para solventar apoyos adicionales a los municipios de la entidad y el pago de prestaciones al magisterio, así como a trabajadores de la administración pública estatal."
Al responder a las preguntas, dudas e inquietudes de los legisladores, precisó: "..que el 13 de diciembre de 1993, se solicitó un crédito quirografario por la suma de 24 millones de pesos con la institución financiera BCH, de conformidad con lo que le faculta el artículo 33 de la Ley de Ingresos para el Estado de Zacatecas de ese año, que a la letra dice: "la hacienda pública del Estado podrá percibir también ingresos provenientes de créditos", por lo que durante el año de 1993 se autoriza al Ejecutivo para contratar endeudamiento hasta por un total de 39 millones 770 mil 400 pesos. De su uso y aplicación conocerá la legislatura a quien se someterán los proyectos respectivos, igualmente, que el Ejecutivo informará a esta soberanía a rendir la cuenta pública de este ejercicio fiscal especificando las características de su destino".
Del crédito contraído con esa institución financiera, explicó el titular de planeación y finanzas, se destinaron 10 millones 340 mil 482 pesos para apoyos adicionales a los municipios de la entidad y 13 millones 659 mil 518 pesos para el pago de prestaciones del magisterio y trabajadores del gobierno del Estado.
Señaló que de la suscripción del crédito quirografario en cuestión, se consideró su ingreso en la partida de apoyos financieros que se encuentra incluida en la cuenta pública, aprobada el 8 de noviembre de 1994. Pidió a los legisladores no pasar por alto el entorno económico y astringencia presupuestal que se vivió en ese periodo de falta de ingresos en las arcas de la entidad.
Esta situación, explicó, dio origen al préstamo de referencia contratado para superar las condiciones excepcionales y que por sus características no fue registrado en la deuda pública.
Recordó que esta situación está prevista por la respectiva Ley de Ingresos, que autoriza ingresos extraordinarios cuando las circunstancias especiales coloquen al propio Estado frente a necesidades imprevistas que lo obliguen a llevar a efecto erogaciones no programadas.
Destacó también que no se había llegado a un acuerdo específico con la institución financiera, toda vez que este proceso coincidió con su transformación en Banco Unión y no obstante haberse presentado planteamientos concretos de reestructuración, así como el reconocimiento del adeudo y disposición para regularizarlo.
Informó a los diputados que se está llegando a un acuerdo con Banca Unión en condiciones convenientes, con un plazo prudente, para el pago del capital y con quita de intereses normales y moratorios, quedando superado el procedimiento que por la vía jurídica había iniciado la institución bancaria.
Agregó que estas condiciones resultan más favorables que las inicialmente propuestas por el propio banco y que habían motivado el desacuerdo del gobierno estatal y la institución bancaria, que llevó a ésta a iniciar un procedimiento legal. Ratificó Rodríguez Márquez, que nunca se perfeccionó ningún embargo a los bienes del gobierno del Estado, tanto por razones de inalienabilidad de dichos inmuebles, como por vicios de procedimientos jurídicos en los que incurrió el banco.
El titular de planeación y finanzas subrayó que el monto del empréstito contraído y autorizado, será cubierto en un periodo no mayor de 12 meses y que se incluirá en la cuenta pública del presente año, que se presentará con oportunidad a la consideración de esta soberanía popular.
Rodríguez Márquez enfatizó la procedencia de la suscripción del crédito, su aplicación y la justificación de las necesidades por las que se contrajo, así como el interés por obtener las mejores condiciones de pago para la administración estatal, dando cumplimiento a la invitación que formulara la LV Legislatura del Estado.
Finalmente, el responsable de las finanzas públicas del Estado externó que las críticas y afirmaciones de actores políticos, carentes de sustento, parecerían más bien estar orientadas, por consideración e intereses parciales o personales, pretendiendo crear confusión entre la población, al atribuir ilegalidad a las suscripciones del empréstito en cuestión y formulando las imputaciones dolosas y mal intencionadas.
Quiero dejar en la Secretaría estos documentos que avalan la distribución del dinero que se consiguió ante los bancos y cómo fue distribuido; y también manifestar ante ustedes lo que hoy los periódicos dicen en Zacatecas: "exhibe Rodríguez Márquez a la oposición, prueba que el crédito del Banca Unión fue autorizado por el propio Congreso".
También dice que en menos de un año ese crédito será saldado. Ahí están las pruebas, ahí están los documentos.
Gracias a ustedes.
LEY FORESTAL
El Presidente:
Solicito a la Secretaría dé lectura al oficio que acabamos de recibir de la Secretaría de Gobernación.
La secretaria Gladys Merlín Castro:
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Para los efectos constitucionales y por instrucciones del Presidente de la República, con el presente envío a ustedes iniciativa de decreto por el que se reforma la Ley Forestal, documento que el propio primer magistrado de la nación propone por el digno conducto de ustedes.
Reitero en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de abril de 1997. Por acuerdo del secretario. El director general del gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Presentes.
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, conjuntamente con los presidentes de las comisiones de Silvicultura y Recursos Hidráulicos del Senado de la República y de Bosques y Selvas de la Cámara de Diputados, con fundamento en los principios constitucionales que definen sus responsabilidades y funciones y de acuerdo a las facultades expresadas en el artículo 71 fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someten a esa representación nacional, por su digno conducto, la presente iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Forestal.
Esta iniciativa es producto de las consideraciones, recomendaciones e inquietudes que fueron propuestas por los diversos sectores de la sociedad, durante los foros regionales de discusión y análisis para la revisión de la Ley Forestal, convocados en el mes de noviembre de 1996, por las citadas comisiones de Bosques y Selvas de la Cámara de Diputados y de Silvicultura y Recursos Hidráulicos del Senado, con la estrecha colaboración del Poder Ejecutivo Federal, el que también abrió un amplio foro de consulta en el que se recibieron propuestas a nivel nacional dentro del Consejo Técnico Consultivo Nacional Forestal.
A través de dichos foros, se recibió un gran número de trabajos, por parte de las agrupaciones de poseedores y propietarios, de productores, industriales y comerciantes forestales de los sectores social y privado, de las agrupaciones de profesionistas y técnicos forestales, de instituciones educativas y de investigación, de organizaciones no gubernamentales y de dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal, así como de congresos estatales, los cuales, en su esencia han sido tomados como base para la elaboración de las reformas, adiciones y derogaciones a la Ley Forestal que se proponen.
También se destaca que esta iniciativa que se somete a su consideración, es el resultado del esfuerzo conjunto y coordinado de los poderes Ejecutivo y Legislativo federales que, con pleno ejercicio y respeto a sus respectivas competencias, se orientó al estudio de la legislación en materia forestal, respecto del proceso productivo forestal, de sus circunstancias y de las actuales necesidades de todos los actores del sector.
De esta manera, el Poder Ejecutivo Federal y los miembros del Senado de la República y de la Cámara de Diputados que suscribimos la presente iniciativa, hemos reconocido la necesidad de reencauzar la política forestal del país, a fin de vincularla con los principios de sustentabilidad, que se han venido incorporando a sus diversos instrumentos.
En este sentido el Plan Nacional de Desarrollo 19952000, establece que sociedad y Estado deben asumir plenamente las responsabilidades y costos de un aprovechamiento duradero de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, que permita una mejor calidad de vida para todos, propicie la superación de la pobreza y contribuya a una economía que no degrade sus bases naturales de sustentación.
En el ámbito forestal, el plan señala que para impulsar la producción silvícola, garantizando un manejo sustentable del recurso, es necesario redefinir los términos y condiciones de los programas de aprovechamiento, protección, cuidado y conservación, así como perfeccionar los sistemas de inspección y vigilancia.
Por su parte, el Programa Forestal y de Suelo 19952000, que sirve de base para instrumentar la política forestal de esta administración, establece que el desarrollo del sector forestal en México está condicionado por diversos factores de orden ambiental, económico, social y normativo que inciden en la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos silvícolas del país.
México enfrenta un elevado índice de deforestación que se traduce en la pérdida de la riqueza natural existente en bosques, selvas y vegetación de zonas áridas, debido principalmente a los cambios de uso forestal a agropecuario y a la tala clandestina.
La participación del sector forestal en la economía nacional ha disminuido considerablemente en los últimos años, hasta representar menos del 1% del producto interno bruto. En lo general las cadenas productivas forestales están poco integradas y operan con altos costos e ineficiencias, debido principalmente a la falta de organización productiva de los dueños y poseedores del recurso, la utilización de técnicas inadecuadas de extracción, la insuficiencia y bajas especificaciones de los caminos forestales, la obsolescencia tecnológica de los procesos de transformación, la operación de industrias en pequeña escala, la falta de canales adecuados de comercialización y la operación incompleta e ineficaz de los diversos mecanismos de regulación y promoción previstos en el marco jurídico.
Sin embargo, el sector forestal ofrece un importante potencial de desarrollo considerando que el 72% del territorio nacional es de aptitud forestal y que existen 56.8 millones de hectáreas arboladas, de las cuales 21 millones tiene potencial productivo comercial, con una posibilidad de cosecha anual de 30.7 millones de metros cúbicos, que actualmente sólo se aprovecha en una quinta parte.
Además de los productos maderables, los bosques, las selvas y la vegetación de zonas áridas cuentan con recursos forestales no maderables que se traducen en bienes y servicios a la sociedad y que contribuyen a la economía de las familias campesinas. Se tienen identificados más de 250 productos no maderables que incluyen hojas, frutos, rizomas, resinas, gomas, ceras, corteza y hongos, de los cuales aproximadamente 70 son de aprovechamiento comercial.
Por otra parte, se han identificado 12 millones de hectáreas con alto potencial para el desarrollo de plantaciones forestales comerciales, esto es, para el establecimiento de áreas arboladas en terrenos desprovistos de vegetación. Por sus condiciones de productividad y escalas de aprovechamiento, este tipo de plantaciones se puede constituir en una importante opción para garantizar el abastecimiento sustentable de materia prima a la industria forestal, contribuyendo a la generación de empleos y al desarrollo regional.
A lo largo de la consulta se ha podido apreciar que uno de los grandes anhelos del sector consiste en que los recursos silvícolas se aprovechen de manera sustentable; es decir, existe una gran preocupación por preservar los recursos naturales considerándolos patrimonio no sólo de ésta, sino de las futuras generaciones. Bajo este principio, se pretende que las disposiciones jurídicas aplicables se constituyan en instrumentos eficaces y eficientes para la protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales.
En este caso, la ley se constituye en un instrumento esencial para lograr los propósitos antes mencionados y los establecidos en el párrafo tercero del artículo 27 de nuestra Carta Magna; es decir, para regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales de origen forestal susceptibles de apropiación, para lograr el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.
En la Ley Forestal vigente, que se expidió en 1992, se recogen en gran medida estos principios básicos para la regulación de los recursos forestales, además de que se dio un giro sustantivo al simplificar la regulación de la actividad forestal; sin embargo, las demandas de la sociedad, así como la experiencia acumulada durante su aplicación, hacen necesario incorporar diversas modificaciones, que reorienten el marco jurídico de la actividad forestal a los principios constitucionales antes mencionados y para que contribuyan de mejor manera a la sustentabilidad. Por ello la presente iniciativa propone las siguientes reformas a la Ley Forestal:
Disposiciones generales
Para el Capítulo I y en consideración a la importancia de definir con mayor claridad el objeto de la Ley Forestal, en cuanto a su ámbito de aplicación, se propone que en el artículo 1o. no sólo se considere la regulación del aprovechamiento de los recursos forestales, el fomento de su conservación, producción, protección y restauración como conceptos separados en razón de la desregulación que animó a la ley vigente, sino como factores interdependientes y que forman parte de un mismo proceso integral, al que además complementan los de aprovechamiento sustentable y cultivo.
Con la misma idea, se sujeta el ejercicio de la política forestal y de las normas y medidas en la materia a los principios, criterios y disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en virtud del carácter incluyente y de ordenamiento marco que este último dispositivo tiene con respecto a la regulación de todos los recursos naturales.
En congruencia con lo anterior, se incluyen entre los propósitos de la ley el concepto de sustentabilidad inherente a la reorientación que se busca para la actividad forestal, así como para promover la participación de los propietarios y poseedores, de las comunidades y de los pueblos indígenas y de la sociedad en general en el uso, protección, preservación y restauración de los recursos forestales.
La intervención histórica del Estado en la regulación del aprovechamiento de los recursos forestales del país, ha propiciado la falsa idea de que tales recursos no pertenecen al propietario de los terrenos en que se ubican, lo que ha motivado abusos en perjuicio de los legítimos propietarios de los bosques. Por ello, y en atención a las demandas de los propietarios de los terrenos forestales y de sus organizaciones, en el artículo 3o. se señala que el propietario de los terrenos también lo es de los recursos forestales que se encuentren en ellos.
Por otra parte, la complejidad técnica que reviste la debida regulación de los recursos forestales, ha dado origen a la necesidad de contar con la descripción de conceptos claros que faciliten la interpretación de las disposiciones legales, por lo que se propone se adicione el artículo 3o.bis, en el que se hace un catálogo de definiciones con los conceptos más importantes para la debida comprensión de los alcances y características de la ley.
Por ello, en el contexto de la legislación vigente, las atribuciones relativas a recursos forestales actualmente corresponden a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, que en lo sucesivo mencionaremos como la Secretaría, por lo que se propone las adecuaciones necesarias a los dispositivos correspondientes para precisar esa situación y como sería en los artículos 4o., 5o. fracciones I y II, 6o. párrafos primero y cuarto, 33, 37, 38 y 44.
En cuanto al artículo 5o., en el que se detallan las atribuciones de la Secretaría en la materia, se propone las siguientes adecuaciones:
Modificar las fracciones IV, VI, a fin de señalar que la Secretaría tiene la facultad no sólo de autorizar el aprovechamiento de recursos forestales, sino la forestación en terrenos forestales y de aptitud preferentemente forestal y el cambio de utilización del suelo en terrenos forestales, sino también de evaluar y supervisar su impacto ambiental y manejo forestal y verificar la acreditación de la legal procedencia de los productos y materias primas forestales, esto último en congruencia con la modificación que también se propone para la fracción XVI y con la adición al ámbito material la aplicación de la ley;
En la fracción VII, se deja la facultad expresa de la Secretaría para administrar los terrenos nacionales forestales, eliminando diversas áreas naturales protegidas que se contemplaban en esta fracción, a fin de hacerla congruente con la propuesta de derogación de los artículos 25 y 26 que regulaban la creación y administración de las reservas y zonas forestales y de los parques nacionales, pues la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las regula debidamente;
En la fracción IX, se establece la facultad de la Secretaría para vigilar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas relativas a la sanidad forestal y, en su caso, acreditar e inspeccionar a las personas físicas o morales que actúen como organismos de certificación o unidades de verificación conforme a la legislación aplicable en materia de sanidad vegetal, subsanando con ello el vacío competencial que se generó al no haberse precisado esta atribución en la creación de la dependencia responsable de la aplicación de la ley;
La fracción XI, relativa a la facultad de la Secretaría para formular y organizar programas permanentes de forestación y reforestación para el rescate de zonas degradadas, amplía los niveles de coordinación y participación que se requieren para hacerla efectiva, incorporando a las dependencias competentes de la administración pública federal, así como a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal y de manera especial a las organizaciones de los sectores social y privado y
Para otorgar una nueva orientación a la administración pública forestal, se redefinen los niveles de actuación de la Secretaría, con un sentido eminentemente social y, al efecto, en la fracción XII se propone establecer la facultad de promover en coordinación con las dependencias competentes, la organización y capacitación social para la producción y el fomento a la asociación equitativa entre ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y otros productores forestales, que se complementa con la atribución consignada en la fracción XIII, de impulsar la participación directa de los propietarios y poseedores de los recursos forestales, en el ordenamiento, aprovechamiento, cultivo, transformación y comercialización de los mismos y con la fracción XV, en la que se propone promover programas y proyectos de educación, capacitación, investigación, comunicación y difusión, orientados a la promoción de la cultura forestal.
En las fracciones XVI y XVII, se redefinen las atribuciones de la Secretaría con el fin de fundar sus atribuciones en lo relativo a los sistemas y procedimientos de control y de infracciones y sanciones establecidos en las propuestas posteriores.
En otro rubro, la creación y participación del Consejo Técnico Consultivo Nacional Forestal que tiene su sustento en la actual Ley Forestal, cada día es más relevante, en virtud de que la sociedad demanda espacios de expresión que la hagan copartícipe de las decisiones de la autoridad. Por ello, en los distintos foros de consulta se destacó el requerimiento de que en el artículo 6o. se propicie el compromiso de la participación institucional y social, así como una representación equilibrada de los participantes del consejo y de sus correlativos regionales y una participación efectiva de los propietarios y poseedores de los recursos forestales, con lo que se consolida una instancia de opinión plural con injerencia en la actividad forestal.
Administración y manejo de los recursos forestales
Se propone integrar al Capítulo I, el apartado relativo a la creación y organización del Registro Forestal Nacional, complementando las disposiciones relativas al Inventario Forestal Nacional. Para este último, en el artículo 9o. se determinan sus propósitos como instrumento de planeación indicativa de los recursos forestales.
Siguiendo en este orden, con la propuesta de adicionar el artículo 10bis, la Secretaría establecerá, organizará y manejará el Registro Forestal Nacional, el cual será de carácter público y en el que se deberán inscribir de oficio todos los actos y documentos a que se refiere la Ley Forestal y aquellos que se señalen en las demás disposiciones aplicables; asimismo, se incluye la atribución de la autoridad forestal de expedir certificaciones de los asientos registrales o de los documentos que obren en sus archivos y se prevé la coordinación con el Registro Agrario Nacional y con los demás registros públicos de la propiedad, establecidos por los gobiernos de los estados y del Distrito Federal.
También se propone adicionar el artículo 10bis1, a fin de que los resultados del inventario forestal nacional, su actualización y zonificación, así como la información inscrita en el Registro Forestal Nacional se integren al Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales a cargo de la Secretaría, el cual fue creado por virtud de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, con lo que se reitera el propósito de congruencia entre ambos cuerpos legales.
Por otra parte, también como consecuencia de las reformas y adiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se requiere de autorización de la Secretaría, en materia de impacto ambiental, entre otras, para la realización de actividades relativas a las plantaciones, que en el texto de la iniciativa se denominan forestaciones.
Además, el sistema de regulación establecido en la Ley Forestal vigente, obliga a quienes deseen realizar actividades de forestación o de reforestación en terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal, a obtener autorización de la Secretaría.
Por ello, una de las demandas sustantivas que se expresó durante la consulta nacional realizada, consistió en requerir que el régimen de regulación forestal sea diferenciado, atienda a sus distintas finalidades y efectos y evite la sobrerregulación en actividades que deben ser fomentadas.
En virtud de todo lo anterior, la propuesta crea dos regímenes distintos de regulación y al efecto se adiciona la sección I del Capítulo II para lo relativo al aprovechamiento de recursos forestales, mientras que en la Sección ll; se detallan las disposiciones relativas a la forestación y reforestación y en la Sección III; aquellas que son comunes a ambos regímenes.
Por lo que hace al régimen del aprovechamiento de recursos forestales, en el artículo 11 de la presente iniciativa, al igual que en el artículo vigente, se plantea que se requiere autorización de la Secretaría para el aprovechamiento de recursos forestales maderables y que ésta comprenderá la del programa de manejo, a la vez se adiciona el que también incluirá aquella autorización, que en su caso, corresponda otorgar en materia de impacto ambiental en los términos de la legislación aplicable.
Esto último es concerniente a los casos en que, por ministerio de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se requiere de autorización en materia de impacto ambiental, para los aprovechamientos forestales en selvas tropicales y áreas naturales protegidas, así como de especies de difícil regeneración; de manera que con el propósito de simplificar y unificar los procedimientos que atañen a la misma autoridad, el dispositivo propuesto comprende ambos requisitos en un solo acto de autorización.
En el artículo 12 se adiciona una fracción I y en la fracción III se modifican los incisos a, d, f e i, en los cuales se precisan y corrigen los conceptos que integran al programa de manejo forestal. Además se adiciona un párrafo en que se establece el régimen simplificado para la elaboración y presentación de programas de manejo forestal, los que serán aplicables para superficies menores a 20 hectáreas y para la fracción lV se modifica el término de autorización por el de la manifestación de impacto ambiental en congruencia con lo expresado para el artículo 11.
Por su parte, en el artículo 13 se definen los criterios para la regulación de los recursos forestales no maderables, a fin de compatibilizar su aprovechamiento, con los criterios y propósitos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, reconociendo su importancia ambiental y económica, pero sujetando su aprovechamiento al reglamento y las normas oficiales mexicanas que se expidan.
Adicionalmente, reconociendo un hecho que se repite a nivel nacional, se amplía la posibilidad del aprovechamiento respecto de todas las materias primas forestales que se obtienen sin fines de lucro para usos domésticos y no sólo a la leña, como se establece en el artículo 11 de la ley vigente, sujetando esta actividad a las normas oficiales mexicanas que expida la Secretaría, haciéndose lo propio con aquellos recursos forestales no maderables que utilizan las comunidades indígenas en sus rituales tradicionales.
En el artículo 14 se retoman los plazos consignados en el artículo 13 de la ley vigente para la autorización de aprovechamientos de recursos forestales maderables. Estos plazos se aumentarán a 60 días para el caso de los aprovechamientos forestales en selvas tropicales, en áreas naturales protegidas, de especies de difícil regeneración o para forestaciones mayores de 250 hectáreas, los cuales podrán ser ampliados por otros 60 días más a fin de hacerlos congruentes con aquellos plazos establecidos en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para la evaluación del impacto ambiental. Adicionalmente, con el propósito de acotar la discrecionalidad de la Secretaría, se establecen los principios que regularán las autorizaciones que ésta emita, así como las causas por las que podrá negar la autorización solicitada.
Por otra parte, la creciente importancia e impulso que las plantaciones comerciales forestales revisten para el desarrollo del sector forestal de nuestro país, ameritan la incorporación de ordenamientos específicos en la Ley Forestal, que permitan promover y regular estos procesos de forestación, atendiendo a sus características, en compatibilidad y congruencia con la reciente modificación a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en este rubro.
Por ello, por lo que hace a la forestación, en la nueva Sección II del Capítulo II que se propone, esta actividad se ordena de la siguiente manera:
1. En el artículo 15, se consigna que la forestación con fines de preservación y restauración, la reforestación y las prácticas de agroforestería y las silvopastoriles, se sujetarán a lo dispuesto en las normas oficiales mexicanas, con el propósito de desregular estas actividades y someterlas a los controles mínimos por parte de la Secretaría, a fin de fomentarlas por los beneficios que representan para los recursos forestales del país.
2. En los artículos 16, 17, 18 y 19, la propuesta regula la forestación con propósitos de producción comercial, atendiendo a la extensión superficial en que se pretenda llevar a cabo, a saber:
La forestación en superficies menores a 20 hectáreas, se encontrará sujeta al aviso que se dé a la Secretaría. Con el aviso se pretende simplificar el trámite para el establecimiento de forestaciones, sin demérito de las prevenciones ambientales que tendrán que satisfacerse en los términos de la legislación de la materia, habida cuenta de que los requisitos establecidos al respecto deberán incorporarse al aviso correspondiente.
Por su parte, la forestación en superficies mayores a 20 y menores a 250 hectáreas, requerirá de un informe de forestación, el cual será autorizado por la Secretaría, con la posibilidad de positiva ficta. Este informe parte de la posibilidad de que la Secretaría, al autorizar la forestación, pueda establecer restricciones adicionales a la misma o bien sujetarla al trámite y requisitos de autorización que se prevén para el siguiente nivel; de no hacerlo así, se tendrá por autorizada a la forestación de que se trate, sin que para ello deba mediar resolución alguna por parte de la Secretaría y sólo operaría por el transcurso del plazo dispuesto para ésta.
En consecuencia, el informe se constituye en un instrumento de transición entre el aviso simplificado y la autorización, de manera que si bien obliga al interesado a satisfacer los requisitos de impacto ambiental y de manejo forestal en los componentes del programa integrado de manejo ambiental y de forestación a que se refiere el artículo 17, también en el artículo 18 le da apertura a un sistema que confiere la positiva ficta en relación con su informe, ante la omisión de la determinación expresa de la Secretaría y, en ningún caso, permite que el cultivo le sea denegado en esta etapa, puesto que para ello será necesario sujetarle al régimen de autorización.
Para este caso y para el siguiente, se crea la figura del programa integrado de manejo ambiental y forestación, como instrumento en el que se incluyen los elementos de la manifestación de impacto ambiental y del programa de manejo forestal, que servirán para que se emita una sola resolución por la autoridad que es competente en ambas materias, lográndose así la unificación de los procesos, trámites y criterios aplicables, al concurrir en identidad a una misma actividad y bajo una sola autoridad.
Finalmente, la forestación en superficies mayores a 250 hectáreas se sujetará a autorización de la Secretaría. En este último nivel de ordenación, que se menciona en el artículo 19, se retoma el principio de la ley vigente de sujetar a autorización la realización de forestaciones, pero sólo para el rango de unidades productivas con una extensión superficial mayor a 250 hectáreas, reiterando la necesidad de presentación de requisitos adicionales en el programa integrado de manejo ambiental y forestación a aquellos consignados en el artículo 17, en virtud de que el nivel superficial de manejo obligan a que se sujete a regulaciones más estrictas que las anteriores, por los impactos que sobre los ecosistemas pudiera tener esta actividad.
Cabe destacar que en todos los niveles de ordenación que se proponen, están presentes los instrumentos de regulación ambiental y forestal, a los que se les reconoce identidad y se integran al sistema mismo que los compatibiliza. En este sentido se hace mención expresa de los requerimientos que conforman a estos tres niveles, esto es, al aviso, al informe y a la solicitud de autorización del programa integrado de manejo ambiental y forestación, en razón de la necesidad de clarificar desde la ley y sin ulterior disposición, el alcance y características que debe tener la regulación de forestaciones para nuestro país, atendiendo a las certezas que el marco jurídico forestal requiere otorgar a todos los agentes sociales interesados en la actividad.
En el contexto del sistema de regulación que se propone, se adiciona un artículo 19-bis1 en el que se posibilita a los interesados en establecer forestaciones con propósitos de producción comercial, a que tramiten y obtengan la autorización en materia de impacto ambiental, de manera previa a la presentación del informe de forestación o de la solicitud de autorización del programa de manejo ambiental y forestación, a que se refiere el capítulo que se analiza.
Lo anterior tiene por objeto permitir que los interesados en forestaciones conozcan previamente las posibilidades o limitaciones de orden ambiental que pudieran tener sus proyectos para el establecimiento de una forestación y que, con ello, puedan planear y orientar de mejor manera sus actividades de promoción y gestión relativas.
Con el propósito de acotar debidamente el sistema, se propone propiciar el adecuado cumplimiento de la norma y evitar omisiones que pongan en riesgo los ecosistemas forestales, por lo que en la propuesta de artículo 19bis2, se señala que cuando en el cultivo de una forestación se agreguen superficies que integren una unidad de producción mayor, el propietario o poseedor de la forestación deberá satisfacer los requisitos y procedimientos que correspondan a la dimensión total de la unidad productiva.
Para completar el sistema propuesto, en el artículo 19bis3, se prohibe el establecimiento de forestaciones con propósitos de producción comercial en sustitución de la vegetación natural de los terrenos forestales. Esta prohibición parte de la necesidad de conservar los recursos forestales de los bosques, las selvas y la vegetación forestal de zonas áridas libres de elementos que modifiquen los ciclos biológicos, como lo son los de manejo intensivo propios de las forestaciones comerciales que mediante la introducción de especies exóticas o distintas de las nativas y mediante prácticas contrarias a la vocación natural o a la caracterización autoecológica de los terrenos, alteren y dañen el medio ambiente y comprometan la biodiversidad en forma grave.
Se excluye de esta disposición a las actividades de reforestación artificial de especies nativas con propósitos de mejoramiento y a las prácticas de agroforestería, debido a que éstas se encuentran reguladas por el artículo 15 de esta propuesta.
Asimismo, se crea una Sección III, relativa a las disposiciones comunes al aprovechamiento de recursos forestales maderables y a las actividades de forestación.
Al respecto, debido a los permanentes abusos de que han sido víctimas los propietarios y poseedores de los recursos forestales, éstos han demandado que se introduzcan en la Ley Forestal los principios que deben regular los derechos de propiedad de los recursos forestales que, tal y como se propone en el articulo 3o., están directamente relacionados con los derechos de propiedad de los terrenos en los que se localizan. En este tenor, en el artículo 19bis4, que se propone, se definen estos principios que, sin contraponerse a disposiciones de otros cuerpos legales aplicables en la materia, sustentan el derecho de los propietarios y de los legítimos poseedores de los terrenos forestales, respecto de la regulación prevista en la Ley Forestal para el aprovechamiento de sus recursos.
En los artículos 19bis5 y 19bis6, únicamente se retoman las disposiciones de los artículos 15 y 16 de la ley vigente, adecuándolos a los nuevos regímenes y sistemas de regulación forestal que se proponen.
En este mismo título se plantea la modificación del Capítulo III, relativo a la participación social y el derecho a la información que se desarrollan en los artículos 19bis7, bis8 y bis9. Como su nombre lo indica, su propósito es el de ampliar la participación responsable de los integrantes de la cadena productiva forestal, a través de los consejos regionales, al prever que emitan opiniones u observaciones respecto de las solicitudes de autorización de aprovechamiento de recursos forestales maderables o de forestaciones, previamente a que sean resueltas por la Secretaría o bien en los casos en que ésta niegue tales autorizaciones, retomando los principios que dieron origen al artículo 14 del texto vigente.
También como órganos de consulta dichos consejos deberán proponer lineamientos para promover la participación de los sectores en la planeación y realización de actividades que incrementen la calidad y eficiencia de los procesos forestales.
Es importante destacar que estos procesos de consulta no retrasarán los plazos establecidos para que la Secretaría emita las resoluciones respectivas, pues aquéllos han sido adecuados para que se realicen previo a la conclusión de tales plazos.
Por otra parte, en el artículo 19bis10 se abre la posibilidad de ejercitar el derecho a la información en materia forestal, de conformidad con los principios establecidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Se propone adicionar un Capítulo IV, en congruencia con la segregación metodológica de apartados de regulación que contiene la reforma que se motiva. Por ello la denominación del capítulo se refiere al cambio de utilización de los terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal y en el mismo se adecúan los principios contenidos en los artículos 18 y 19 del texto legal vigente, en compatibilidad con los instrumentos que se detallaron para los capítulos precedentes, lo que se realiza al tenor los artículos 19bis11 y 19bis13.
Al mismo tiempo se introduce un dispositivo nuevo, en el artículo 19bis12, por el que se permite que los interesados en establecer forestaciones con propósitos de producción comercial en terrenos de uso agrícola o pecuario, únicamente requerirán satisfacer los requisitos y condicionantes establecidos en esta ley para la realización de forestaciones y una vez que el interesado hubiere cumplido con las medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales. En los términos del aviso o de la autorización concedida, podrá reincorporar el terreno de que se trate al uso agrícola o pecuario que antes le daba, dando aviso por escrito a la Secretaría. Con ello se define el principio de que el cambio de utilización de los terrenos agropecuarios al forestal pueda ser de modo transitorio y no necesariamente permanente, en mérito a la certeza que a su promotor debe otorgarse.
La simplificación administrativa en el control de la cadena productiva forestal, fue un logro fundamental de la Ley Forestal de 1992. Se buscó que la intervención de la autoridad se diera sustancialmente en el aprovechamiento de los recursos forestales, de manera que las actividades de transporte, almacenamiento y transformación de las materias primas forestales fueran desreguladas o incluso eliminadas de régimen de la ley, como lo fue la actividad de comercialización, con el fin de alentar la libre iniciativa que crearía las condiciones para una mayor inversión de capital en el sector, con regulaciones mínimas. Desafortunadamente estos propósitos no se han alcanzado en los términos propuestos por la Ley Forestal vigente, pues se propició un incremento de actividades ilegales y de falsificación de los actuales medios de control, al limitar los alcances de la autoridad en su establecimiento y, por ende, en su capacidad de operación eficiente.
La tala clandestina es una actividad que la sociedad repudia y que la autoridad está obligada a combatir con todos los medios a su alcance, pues afecta bienes que son patrimonio y legado nacionales. Además de dañar significativamente a la actividad económica relacionada con el recurso forestal, los promotores y agentes de la tala clandestina siempre buscan vías para evadir la acción punitiva del Estado.
Además, dicha actividad que se conjuga con el comercio ilícito de productos forestales, cuyo combate se ve obstaculizado por las limitaciones de que adolece el actual marco jurídico, obligan a revisar éste en lo que se refiere a los instrumentos de información, verificación y control de la producción, el transporte, el almacenamiento y la transformación de materias primas forestales, en términos que permitan a la autoridad, identificar, sin sobrerregulación alguna, su legal procedencia en cada fase de la cadena productiva.
Por ello en el Capítulo V, que corresponde al III del texto original, se hace ahora relativo al transporte, almacenamiento y transformación de las materias primas forestales, con excepción de aquellas destinadas al uso doméstico, puesto que la experiencia acumulada en los últimos años, así como las distintas propuestas de la sociedad en los foros establecidos, hicieron patente la necesidad de adecuar los instrumentos de control de la actividad forestal.
En concreto, el marqueo de la madera en rollo y las facturas como únicos instrumentos de control forestal, han sido superados en sus resultados y efectos esperados. Por ello la adecuación que se propone del artículo 20, atendiendo las opiniones y recomendaciones recabadas, comprende una reforma total en lo relativo a la regulación de la legal procedencia de las materias primas forestales.
Así, se elimina la utilización de marcadores para la madera en rollo y en su lugar, se prevé la utilización de uno o más de los sistemas de control que se determinan en la ley, como son los avisos de aprovechamiento; marcas, sellos o códigos para su identificación; remisiones forestales, facturas o documentos de venta y registro de existencias, cuya condición de utilización y control de estos instrumentos se determinarán en el reglamento y en las demás disposiciones aplicables.
En congruencia con estos planteamientos y con el propósito de evitar una sobrerregulación indebida, se acota el sentido de la participación institucional y privada con respecto al nuevo sistema que aquí se propone. Por tal motivo se señala que sólo a los particulares sujetos a la ley les corresponderá expedir y utilizar la documentación o los sistemas de control correspondientes, siendo ésta una actividad reservada para ellos y en modo alguno detentable por la autoridad, la que siempre estará facultada para autorizar, validar, verificar y controlar dichos instrumentos, puesto que ello le atañe y es propio de su función de vigilancia.
Esto implica que en toda la cadena productiva, se podrá contar con los instrumentos para la identificación del origen legal de las materias primas forestales y con los medios de control adecuados para que todos los que intervienen en la misma, cumplan con las disposiciones conducentes.
Asimismo, en el contexto de desregulación de la actividad económica, en la propuesta para el artículo 21, se sustituye la obligación de los responsables de los centros de almacenamiento y de transformación de obtener la inscripción en el Registro Forestal Nacional, por presentación de aviso de funcionamiento.
Otro aspecto fundamental de la política forestal, consiste en garantizar un sólido sustento técnico que se traduce en las mejores condiciones de manejo para el aprovechamiento forestal sustentable y la conservación de los recursos naturales. Por ello, en la actividad forestal los prestadores de servicios técnicos forestales juegan un papel muy importante para lograr estos propósitos. Actualmente, existe una dispersión y operación incompleta de los servicios técnicos forestales, lo que ha propiciado una baja calidad y competencia desleal entre ellos.
En particular, se ha demandado la necesidad de establecer una adecuada regulación que permita inducir el mejoramiento cualitativo de los servicios técnicos forestales, a fin de que éstos actúen como elementos de integración organizativa, promoción normativa y como factores de impulso a la investigación, la capacitación y el fomento forestal.
En la propuesta del Capítulo VI, que corresponde al capítulo IV vigente relativo a los servicios técnicos forestales, específicamente en el artículo 23, se consideró esta problemática que se ha reflejado en la aplicación de la Ley Forestal. En tal virtud, se propone que los programas de manejo forestal a los que se refiere esta ley, deberán ser elaborados y dirigidos en su ejecución técnica por personas físicas o morales que satisfagan los requisitos que se señalen en el reglamento y no sólo que tengan la capacidad necesaria, como reza el texto vigente, haciéndolos responsables junto con los titulares de las autorizaciones de asegurarse que dichos instrumentos se cumplan en sus términos. Además, se hace una descripción de dichos servicios y se establece la facultad de la Secretaría para dictar las normas oficiales mexicanas a que se sujetará la evaluación y control de los mismos para su prestación eficiente.
En lo concerniente a la prevención, combate y control de incendios forestales, el Capítulo VII de la propuesta corresponde al VI del texto vigente y en la reforma se plantea una adición al artículo 29 para considerar la participación de los propietarios o poseedores de terrenos colindantes a aquellos considerados forestales o de aptitud preferentemente forestal, como obligados a ejecutar trabajos para prevenir, combatir y controlar incendios forestales; ello en razón de que los propietarios de terrenos agropecuarios o de otros usos que colindan con los terrenos que conforman el ámbito espacial de la ley, actualmente se encuentran al margen de esta obligación cuando que, en muchos casos propician la generación de incendios forestales por descuido o por desatender el cumplimiento de las normas en la materia.
Por lo que respecta a la sanidad forestal, en la propuesta de Capítulo VIII, que es equivalente al VII de la actual Ley Forestal, se prevé la modificación del artículo 31, únicamente para adecuarlo al lenguaje de los regímenes de aprovechamiento forestal y para establecer como obligados a los responsables de la administración de las áreas naturales protegidas, a partir del momento en que sean notificados por la Secretaría de ejecutar los trabajos de sanidad forestal conforme a los lineamientos que se les den a conocer.
Adicionalmente, en este artículo se retoma la facultad de la Secretaría para realizar los trabajos de sanidad forestal, cuando estos no se ejecuten por el obligado, pero los gastos realizados ya no se considerarían como derechos, lo cual ha hecho inoperante esta disposición, ya que los derechos deben estar determinados en la ley de la materia, situación que no se ha dado debido a la falta de parámetros para generalizarlos en un dispositivo legal.
Asi mismo, se exceptúan de las disposiciones previstas en el párrafo anterior los trabajos que la Secretaría ejecute en apoyo de los propietarios o poseedores de terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal que carezcan de recursos económicos para realizarlos, atendiendo a un principio de justicia y equidad social.
En el marco de la consulta realizada se destacó la necesidad de establecer un régimen de administración forestal en el que las vedas sean un instrumento de excepción, perfectamente acotado en cuanto a sus posibilidades y modalidades de instauración por parte de la autoridad. La historia de las vedas forestales en nuestro medio, da cuenta de resultados totalmente contrarios a aquellos que las motivaron, esto es, de recursos sujetos a una mayor depredación por la ausencia de un manejo técnico sustentable, agotados en sus capacidades de regeneración por la carencia de prácticas de cultivo, renuevo, limpia y saneamiento, a más de las secuelas de corrupción y marginalidad social propias de toda disposición prohibitiva.
En consecuencia y habida cuenta de la desvinculación real entre lo que fueron las vedas forestales, hoy consideradas "históricas" por sus dimensiones territoriales y por los criterios de discrecionalidad que animaron su establecimiento, con respecto a las auténticas motivaciones de conservación forestal o de los dispositivos y principios de protección ecológica, para el Capítulo IX de la propuesta, correspondiente al VIII del texto que se propone modificar, la reforma consecuente plantea un nuevo sistema.
En principio en el artículo 32 ahora se faculta a la Secretaría a formular y ejecutar programas de restauración ecológica, cuando se presenten procesos de degradación, desertificación o graves desequilibrios ecológicos, como una medida previa y de indefectible cumplimiento o en ocasiones alternativa a la instauración de las vedas.
En segundo lugar, se adiciona el artículo 32bis, que retoma los elementos de salvaguarda para la garantía de audiencia y que de manera especial señala los márgenes de actuación de que dispone el Ejecutivo Federal para el establecimiento de vedas forestales, en absoluta correspondencia con los elementos y disposiciones contenidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, dado que no podría haber elementos de justificación o de procedencia distintos de éstos. A su vez se reitera el principio de exceptuar de las vedas a las forestaciones y se agrega para el mismo concepto de excepción a los terrenos sujetos al aprovechamiento autorizado, puesto que en rigor ambas actividades reguladas por la ley se realizan bajo principios de sustentabilidad y su manejo presupone el cumplimiento de los parámetros de conservación y protección aplicables. La parte final de este artículo únicamente adecúa el texto ya contenido y no modificado del artículo 32 vigente.
Fomento a la actividad forestal
Si bien es cierto que la ley vigente prevé un título relativo a esta materia, lo cierto es que su contenido y alcances han sido insuficientes para responder a los requerimientos y expectativas del sector forestal en su conjunto. De ello da cuenta la expresión generalizada de los actores sociales, que demandan el establecimiento de instrumentos efectivos de apoyo a las actividades forestales y que fue resultante de la consulta nacional previamente realizada para la revisión de la ley.
En este sentido, con la reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se dio origen a una sección expresa del texto legal en la que se incluye diversos instrumentos económicos como componentes de la política ambiental y como medios efectivos para lograr los propósitos de ésta.
En consecuencia y dada la complementariedad y articulación normativa que dicho ordenamiento tiene para con la Ley Forestal, ésta no podría mantenerse omisa en la inclusión de los instrumentos económicos de política forestal correspondientes y de la definición de las finalidades, propósitos y criterios que deben asumirse para su aplicación, cuando que es reclamo general del sector el detallarlos como garantes institucionalizados a largo plazo, que les exenten de las políticas de inmediatez y que al propio tiempo aseguren que su operación será determinada de manera objetiva por aquellos a quienes requiere atender preferentemente, esto es por y para los poseedores y propietarios de los recursos forestales.
Con las motivaciones anteriormente reseñadas se propone la modificación del texto del artículo 33 y la adición de los artículos 33bis y 33bis1.
Conforme a estas premisas, en la nueva redacción del artículo 34, se introduce el concepto de las medidas, programas e instrumentos económicos que se requieran para fomentar las labores de conservación, protección, restauración, aprovechamiento forestal sustentable, así como para el cultivo de plantaciones. De igual forma en el artículo 35 de la ley se propone como una vía para evitar o detener los procesos de deterioro, la determinación de los compromisos que contraigan y las obligaciones que se asuman por los titulares de programas de manejo, avisos, informes de forestación o programas integrados de manejo ambiental y forestación a que ahora podrá contener la ley.
En este mismo tenor, en la nueva redacción del artículo 36, se adiciona la posibilidad de que la Secretaría formule y organice los programas de desarrollo forestal para el aprovechamiento sustentable de recursos forestales en adición a los de forestación y reforestación, promoviendo además la participación de otras dependencias federales, de los gobiernos de los estados, de los municipios, del Distrito Federal y ahora especialmente de los sectores social y privado y de los beneficiarios de los servicios ambientales de los ecosistemas forestales, teniendo entre otros objetivos el de promover el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, a fin de detener los procesos de degradación y desertificación.
Cerrando este capítulo, en los artículos 37 y 38 de esta propuesta únicamente se hacen las adecuaciones necesarias para establecer la coordinación con otras dependencias de la administración pública federal, para promover la creación de áreas y huertos semilleros, viveros forestales, entre otros, así como para la creación de empresas forestales en los distintos ámbitos de la actividad.
Para el Capítulo III, la propuesta considera la necesidad de que la Secretaría con la participación que corresponda a la Secretaría de Educación Pública y a otras dependencias de la administración pública federal competentes, con la intervención de instituciones educativas y de investigación realice, en materia de cultura y capacitación forestal las distintas actividades que le permitan otorgar un auténtico sentido de sustentabilidad para la formación del capital humano del sector forestal. A ello atienden las adiciones que se proponen para los artículos 41 y 42 que se contienen en la propuesta.
Visitas de inspección, auditorías técnicas, medidas de seguridad, infracciones y delitos
En relación con los sistemas de infracciones y sanciones en materia forestal, resultó necesario revisar los esquemas jurídicos aplicables a la comisión de actos contrarios a la ley, corrigiendo el hecho de que algunas de estas acciones no estén claramente consideradas como infracciones y el que algunas sanciones sean difícilmente aplicables en razón de la imprecisión de los conceptos que configuran las conductas constitutivas de lo ilícito.
Se requiere así, contar con un marco jurídico que garantice una mayor eficacia en las labores de inspección y vigilancia, limitando, por un lado la discrecionalidad de la autoridad en la imposición de sanciones y, por otro, dotándola de los instrumentos legales que le permitan actuar con pleno respaldo en el caso de las infracciones a la ley, particularmente en lo que se refiere a la tala clandestina.
Considerando que en la Ley Forestal en vigor se establece un esquema general de infracciones a sus disposiciones, la propuesta de reformas está encaminada a sistematizar y ordenar los distintos elementos que permitan a la autoridad actuar con plena legalidad en el combate de las acciones que conforman la cadena de lo ilícito para la actividad forestal.
La propuesta para reformar este título, surgió de la gran demanda que se recibió en el transcurso de los casi tres años de aplicación de la ley; los planteamientos fueron unánimes y esencialmente se resumen en que deben establecerse infracciones claras, perfectamente determinables para la autoridad y sanciones que verdaderamente inhiban la conducta infractora.
Para el Capítulo I, en el artículo 44, relativo a las visitas de inspección y auditorías técnicas, se señalan los principios para verificar el cumplimiento de la ley y demás disposiciones aplicables; esto se establece ya que el reclamo de la sociedad consiste no sólo en mantener el control sobre el aprovechamiento de los recursos forestales, sino también atender las distintas etapas de la cadena productiva, a fin de que cumplan con los requisitos que la ley establece.
Otra modificación sustancial a este título, consiste en la posibilidad de que la autoridad determine medidas de seguridad en los casos y condiciones que se proponen en el artículo 45. Con estos instrumentos legales la autoridad contará con medios efectivos para combatir la tala clandestina y demás actividades ilícitas. Como medida adicional en el artículo 46 se prevé la posibilidad de que el presunto infractor subsane las irregularidades que motivaron la imposición de las medidas de seguridad, hecho lo cual éstas no tendrán efecto.
La reforma propone, en el Capítulo III relativo a las infracciones y sanciones en su artículo 47, un catálogo de las conductas que se considerarán infracciones en materia forestal, atendiendo a las disposiciones sustantivas de esta misma ley.
En este contexto, en la propuesta de este artículo se adicionaron acciones u omisiones que no se encontraban consideradas en el texto vigente y que son resultantes de la modificación materia de la misma propuesta y que se considera importante sancionar, ya que dichas conductas pueden poner en riesgo los recursos forestales y aun cuando actualmente son detectadas, no se podían sancionar, pues no se encuentran previstas en el marco normativo.
Para los efectos de la propuesta, el artículo 48 propone seis distintos tipos de sanciones para las infracciones del artículo anterior, con lo que se amplía el espectro de actuación de la autoridad y se propicia que la sanción sea directamente proporcional a la conducta realizada, ya que en la ley vigente únicamente se establece la multa como sanción a las conductas infractoras, lo cual ha redundado en un grave incremento de la tala clandestina.
Este sistema se complementa con las disposiciones del artículo 49, en el que se establece el rango de multas dependiendo del tipo y gravedad de la infracción cometida.
Se abre un Capítulo IV, relativo a los elementos para la determinación de infracciones e imposición de sanciones y en la propuesta del artículo 50, se establecen los criterios a que deberá observar la Secretaría en la aplicación de las sanciones para las infracciones a la ley, con lo que se pretende acotar su discrecionalidad en la imposición de una sanción.
Las diversas opiniones que fueron recabadas a lo largo de las consultas coincidieron en que a los infractores, además de imponérseles sanciones administrativas y pecuniarias, también se les impongan medidas tendientes a la restauración de los ecosistemas que resultaron dañados en virtud de su conducta ilícita, como se incluye en el artículo 51 de la presente propuesta que se adiciona con algunos criterios generales para la imposición de sanciones que complementan a los anteriormente señalados.
En este sentido, para el artículo 52 la propuesta contempla la facultad que se otorgaría a la Secretaría para que, en los casos en que la gravedad de la infracción lo amerite, solicite a las autoridades que los hubieren otorgado, la suspensión, modificación, revocación o cancelación de la concesión, permiso, licencia y en general de todas las autorizaciones otorgadas para la realización de las actividades comerciales, industriales o de servicios que haya originado la infracción. Ello en congruencia con las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Para los efectos descritos, en el artículo 53 respecto a la responsabilidad solidaria, se retomó el texto del artículo 48 de la ley vigente. Asimismo, se establece la posibilidad en el artículo 54, de conmutar las infracciones que resulten aplicables por una multa mínima, cuando concurran circunstancias específicas que atienden a los propósitos de justicia y equidad que animan a toda la iniciativa.
Además, en el artículo 55 se establecen los principios para la reincidencia, considerando la temporalidad y el tipo de infracción.
En el artículo 56 de la iniciativa, se incluye la indicación sobre la aplicación supletoria de las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en los casos en que existan lagunas en la presente ley.
Asimismo en el artículo 57, por seguridad jurídica de los afectados, se otorga la posibilidad a quienes se hubiera impuesto alguna multa o sanción o a aquellos interesados por las resoluciones definitivas que emita la Secretaría de recurrirlas conforme con lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Por otra parte, en el artículo 58, se retira la responsabilidad de los servidores públicos en esta materia, estándose a lo dispuesto por la legislación civil, penal o administrativa correspondiente.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a esa representación nacional, por su digno conducto la presente
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY FORESTAL
Artículo único. Se reforman los artículos 1o. párrafos primero y segundo, fracciones III, IV y V; 3o.; 4o.; 5o. fracciones II a IV, VI a IX, XI a XIII y XV a XVII; 6o.; 9o.; 11 a 21; 23; 29; 31 a 34; 37; 38; 41 párrafo primero; 42 párrafo primero, fracciones I y II; 44 a 57; así como las denominaciones de los capítulos I, III a VIII del Título Segundo; la denominación del Capítulo I del Título Tercero; la denominación del Título Cuarto, y la denominación de los capítulos II y III del Título Cuarto; se adicionan los artículos 1o. fracciones VIII a XII; 3obis; 10bis; 10bis1; 19bis a 19bis13; 23bis; 32bis; 33bis; 33bis1; 35, fracción III; 36 fracción III; 41 fracción III; 42 fracción IV; así como tres secciones al Capítulo II del Título Segundo; un Capítulo IX al Título Segundo y un Capítulo IV al Título Cuarto y se derogan los artículos 25, 26 y 58 de la Ley Forestal, para quedar como sigue:
"Artículo 1o. La presente ley es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es de observancia general en todo el territorio nacional, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto regular y fomentar la conservación, protección, restauración, aprovechamiento, manejo, cultivo y producción de los recursos forestales del país, a fin de propiciar el desarrollo sustentable.
La política forestal y las normas y medidas a que se sujetarán la regulación y fomento de las actividades forestales deberán atender a los principios, criterios y disposiciones previstos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en lo que resulten aplicables y tendrán como propósitos:
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Lograr un manejo sustentable de los recursos forestales, que contribuya al desarrollo socioeconómico de los ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, comunidades indígenas y demás propietarios o poseedores de dichos recursos, con pleno respeto a la integridad funcional y a las capacidades de carga de los ecosistemas de que forman parte los recursos forestales;
IV. Crear las condiciones para la capitalización y modernización de la actividad forestal y la generación de empleos en el sector, en beneficio de los ejidos, las comunidades, los pequeños propietarios, comunidades indígenas y demás personas físicas y morales que sean propietarios o legítimos poseedores de recursos forestales;
V. Fomentar las forestaciones con fines de conservación, restauración y comercialización;
VI y VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIII. Promover la participación de las comunidades y de los pueblos indígenas en el uso, protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales existentes en los territorios que les pertenezcan, considerando su conocimiento tradicional en dichas actividades;
IX. Incrementar la participación corresponsable de la sociedad en la protección, conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales;
X. Integrar y mantener actualizada la información relativa a los recursos forestales del país;
XI. Fomentar el uso múltiple de los ecosistemas forestales evitando su fragmentación, propiciando su regeneración natural y protegiendo el germoplasma de las especies que lo constituyen y
XII. Promover la coordinación entre los distintos niveles de Gobierno y la concertación de éstos con los diversos sectores de la sociedad para el logro de los fines de la presente ley.
Artículo 3o. La propiedad de los recursos forestales comprendidos dentro del territorio nacional corresponde a los ejidos, las comunidades o a las personas físicas o morales que sean propietarios de los terrenos donde aquéllos se ubiquen. Los procedimientos establecidos por esta ley no alterarán el régimen de propiedad de dichos terrenos.
Artículo 3o-bis. Para los efectos de esta ley se entenderá por:
I. Aprovechamiento Forestal: la extracción de los recursos forestales del medio en que se encuentren;
II. Cambio de utilización del terreno forestal: remoción total o parcial de la vegetación de los terrenos forestales para destinarlos a actividades no forestales;
III. Forestación: la plantación y cultivo de vegetación forestal en terrenos no forestales con propósitos de conservación, restauración o producción comercial;
IV. Manejo forestal: el conjunto de acciones y procedimientos que tienen por objeto el cultivo, protección, conservación, restauración o aprovechamiento de los recursos forestales, de tal manera que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas a los que se integran;
V. Materias primas forestales: los productos del aprovechamiento de los recursos forestales maderables o no maderables, incluyendo la madera en rollo o con escuadría, la leña, las astillas y el carbón vegetal;
VI. Programa de manejo forestal: el documento técnico de planeación y seguimiento que describe, de acuerdo con la ley, las acciones y procedimientos de manejo forestal;
VII. Programa integrado de manejo ambiental y forestación: el documento técnico de planeación y seguimiento que, de acuerdo con esta ley y con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, integra los requisitos en materia de impacto ambiental y describe las acciones y procedimientos de manejo forestal relativos a la forestación;
VIII. Recursos forestales: la vegetación forestal, natural, artificial o inducida, sus productos y residuos, así como los suelos de los terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal;
IX. Recursos forestales maderables: los constituidos por árboles;
X. Recursos forestales no maderables: las semillas, resinas, fibras, gomas, ceras, rizomas, hojas, pencas y tallos provenientes de vegetación forestal, así como los suelos de los terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal;
XI. Reforestación: establecimiento inducido o artificial de vegetación forestal en terrenos forestales;
XII. Secretaría: la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca;
XIII. Servicios técnicos forestales: las actividades relacionadas con la elaboración de los programas de manejo forestal, la planeación de su infraestructura, la organización de la producción forestal, la aplicación de prácticas silvícolas, la protección contra incendios y plagas, la restauración de áreas degradadas y la capacitación de los productores forestales;
XIV. Terrenos de aptitud preferentemente forestal: aquellos que no estando cubiertos por vegetación forestal, por sus condiciones de clima, suelo y topografía, puedan incorporarse al uso forestal, excluyendo los situados en áreas urbanas y los que, sin sufrir degradación permanente, puedan ser utilizados en agricultura y ganadería;
XV. Terrenos forestales: los que están cubiertos por vegetación forestal, excluyendo aquellos situados en áreas urbanas y
XVI. Vegetación forestal: conjunto de plantas dominadas por especies arbóreas, arbustivas o crasas, que crecen y se desarrollan en forma natural formando bosques, selvas y vegetación de zonas áridas.
Artículo 4o. La aplicación de esta ley corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría.
Artículo 5o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. .......................................................
II. Determinar los criterios para caracterizar y delimitar los distintos tipos de zonas forestales en que se dividirá el territorio nacional, escuchando la opinión del Consejo Técnico Consultivo Nacional Forestal;
III. Elaborar y expedir, previa opinión del Consejo Técnico Consultivo Nacional Forestal, normas oficiales mexicanas en materia forestal y vigilar su cumplimiento;
IV. Autorizar el aprovechamiento de recursos forestales maderables y la forestación, así como evaluar y supervisar su manejo forestal e impacto ambiental;
V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI. Autorizar el cambio de utilización de los terrenos forestales;
VII. Ejercer la administración de los terrenos nacionales forestales cuya administración no corresponda a otra dependencia y supervisar las labores de conservación, protección y vigilancia, cuando su administración recaiga, mediando acuerdo o convenio, en personas físicas o morales;
VIII. Supervisar, coordinar y ejecutar las acciones para la prevención y combate de incendios, plagas y enfermedades forestales;
IX. Vigilar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas sanitarias relativas a las especies forestales, así como expedir el certificado correspondiente y, en su caso, aprobar e inspeccionar a las personas físicas o morales que actúen como organismos de certificación o unidades de verificación, conforme a la legislación en materia de sanidad vegetal;
X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XI. Formular y organizar, en coordinación con las dependencias competentes de la administración pública federal, con los gobiernos de los estados y del Distrito Federal y con las organizaciones de los sectores social y privado, programas de forestación y reforestación para el rescate de zonas degradadas;
XII. Promover, en coordinación con las dependencias competentes, la creación de empresas forestales, la organización y capacitación social para la producción y propiciar la asociación equitativa entre ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y otros productores forestales, así como entre éstos y los inversionistas;
XIII. Impulsar la participación directa de los propietarios y poseedores de los recursos forestales en la protección, vigilancia, ordenamiento, aprovechamiento, cultivo, transformación y comercialización de los mismos;
XIV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XV. Promover, en coordinación con las dependencias competentes, programas y proyectos de educación, capacitación, investigación, comunicación y difusión, orientados a la promoción de la cultura forestal;
XVI. Verificar el cumplimiento de esta ley y de las disposiciones que de ella se deriven y requerir la acreditación de la legal procedencia de las materias primas forestales;
XVII. Imponer medidas de seguridad y las sanciones que correspondan a las infracciones que se cometan en materia forestal, así como denunciar los delitos en dicha materia a las autoridades competentes y
XVIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 6o. La Secretaría constituirá un Consejo Técnico Consultivo Nacional Forestal, que en lo sucesivo se denominará el consejo y que estará integrado por representantes de la Secretaría y de otras dependencias y entidades de la administración pública federal, así como por representantes de instituciones académicas y centros de investigación, agrupaciones de productores y empresarios, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de carácter social y privado, relacionadas con la materia forestal.
Además, la Secretaría constituirá consejos regionales, en los que podrán participar representantes de los gobiernos de los estados y municipios, de ejidos, comunidades y pequeños propietarios y demás personas físicas y morales interesadas.
En la constitución del consejo y de sus correlativos regionales, la Secretaría propiciará la representación equilibrada de sus integrantes.
El consejo fungirá como órgano de consulta de la Secretaría en las materias que le señale esta ley y en las que la Secretaría solicite su opinión.
CAPITULO I
Del inventario y registro forestal nacional
Artículo 9o. La Secretaría, considerando el ordenamiento ecológico general del territorio, formulará y organizará el inventario forestal nacional, el cual deberá incluir, por lo menos, la siguiente información:
I. La superficie de terrenos forestales y de aptitud preferentemente forestal con que cuenta el país, con el propósito de integrar su información estadística y elaborar su cartografía, en sus distintos niveles de ordenamiento y manejo;
II. Los tipos y la localización de la vegetación forestal, sus formaciones y clases de uso, con tendencias y proyecciones que permitan clasificar y delimitar las zonas de conservación, protección, restauración y producción forestal, en relación con las cuencas hidrográficas, las unidades geomorfológicas y las áreas naturales protegidas;
III. La dinámica de cambio de la vegetación forestal del país, que permita conocer y evaluar las tasas de deforestación y sus causas principales;
IV. La cuantificación de los recursos forestales, que incluya la valoración de los servicios ambientales y productivos que generen los ecosistemas forestales, así como los impactos que se ocasionen en los mismos y
V. Los demás que señale el reglamento de esta ley.
La Secretaría deberá recabar la opinión del consejo para definir los criterios técnicos a utilizarse para recopilar y organizar el inventario forestal nacional.
La Secretaría mantendrá actualizado el inventario forestal nacional, a fin de realizar evaluaciones periódicas y de apoyar las políticas, medidas, programas e instrumentos de regulación y fomento forestal. Para tal efecto la Secretaría se coordinará con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
Artículo 10-bis. El Registro Forestal Nacional será público y en él se inscribirán:
I. Los programas de manejo forestal y los programas integrados de manejo ambiental y forestación, sus autorizaciones, modificaciones y cancelaciones, así como los documentos incorporados a la solicitud respectiva;
II. Los avisos de forestación, así como sus modificaciones o cancelaciones;
III. Las autorizaciones de cambio de utilización de los terrenos forestales;
IV. El aviso de funcionamiento de centros de almacenamiento y transformación de materias primas forestales;
V. Los datos para la identificación de las personas físicas o morales responsables de elaborar y dirigir la ejecución técnica o de evaluar programas de manejo forestal o programas integrados de manejo ambiental y forestación, en los términos de esta ley;
VI. El inventario forestal nacional y la zonificación forestal respectiva;
VII. Los acuerdos y convenios que celebre la Secretaría en materia forestal;
VIII. Los decretos que establezcan, áreas naturales protegidas que incluyan terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal y IX. Los demás actos y documentos que se señalen en el reglamento de esta ley.
La Secretaría, de oficio, hará las inscripciones a las que se refiere este artículo, dentro de los cinco días siguientes al otorgamiento de la autorización o de la recepción de la documentación correspondiente; asimismo, en igual término, a solicitud de los interesados, expedirá los certificados de inscripción de que se trate. La inscripción señalada en la fracción V, facultará a su titular para realizar las actividades respectivas.
La Secretaría procurará la coordinación del Registro Forestal Nacional con el Registro Agrario Nacional y con los demás registros públicos de la propiedad establecidos por los gobiernos de los estados y del Distrito Federal.
Artículo 10-bis1. Los resultados del inventario forestal nacional, su actualización y la zonificación a que se refiere el artículo 10, así como las inscripciones del Registro Forestal Nacional y la demás información en materia forestal, se integrarán al Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
SECCION PRIMERA
Del aprovechamiento de recursos forestales
Artículo 11. Se requiere autorización de la Secretaría para el aprovechamiento de recursos forestales maderables en terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal. Dicha autorización comprenderá la del programa de manejo a que se refiere el artículo 12 y la que, en su caso, corresponda otorgar en materia de impacto ambiental, en los términos de la legislación aplicable.
Artículo 12. Las solicitudes para obtener autorización de aprovechamiento de recursos forestales maderables, deberán acompañarse de:
I. El nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal del propietario o poseedor del predio o de quien tenga derecho a realizar el aprovechamiento;
II. El título que acredite el derecho de propiedad o posesión respecto del terreno o terrenos objeto de la solicitud y
III. El programa de manejo forestal, que deberá contener:
a) Los objetivos generales y la vigencia del programa;
b) La ubicación del terreno o terrenos y las características físicas y biológicas del ecosistema forestal;
c) Los estudios dasométricos del área;
d) Las técnicas que se utilizarán en el aprovechamiento y la referencia a los ciclos de corta, de acuerdo con los principios de manejo forestal sustentable que se establezcan en las normas oficiales mexicanas;
e) Las medidas para conservar y proteger el hábitat de especies de flora y fauna silvestres amenazadas o en peligro de extinción;
f) Las medidas para la prevención, control y combate de plagas, enfermedades e incendios;
g) Las medidas de prevención y mitigación de impacto ambientales, en las distintas etapas de la aplicación del programa de manejo;
h) Los compromisos de forestación o reforestación que se contraigan;
i) La planeación, en su caso, de la infraestructura necesaria para transportar las materias primas forestales que se obtengan y
j) Los demás requisitos que se establezcan en el reglamento de la presente ley y en las normas oficiales mexicanas que emita la Secretaría.
Tratándose de aprovechamientos de recursos forestales maderables en superficies menores o iguales a 20 hectáreas, el interesado podrá presentar un programa de manejo forestal simplificado, el cual contendrá la información que al efecto se determine en el reglamento de esta ley y en las demás disposiciones aplicables. Cuando el aprovechamiento de estas superficies se incorpore o se pretenda incorporar a una unidad de producción mayor, el propietario o poseedor deberá satisfacer íntegramente los requisitos de este artículo y
IV. En el caso de aprovechamientos forestales en selvas tropicales y de especies de difícil regeneración, así como en áreas naturales protegidas, una manifestación de impacto ambiental, en los términos de la legislación aplicable, la cual se integrará al programa de manejo respectivo, para su autorización simultánea.
Artículo 13. El aprovechamiento con fines comerciales de los recursos no maderables que señalen las normas oficiales mexicanas, requerirá de un aviso que el interesado presente por escrito a la Secretaría, en los términos del reglamento de esta ley.
El aprovechamiento de recursos y materias primas forestales para uso doméstico, se sujetará a las normas oficiales mexicanas que expida la Secretaría.
Se considerarán de uso doméstico aquellos recursos y materias primas forestales que utilicen las comunidades indígenas en su rituales.
Artículo 14. La Secretaría deberá resolver las solicitudes de autorización de aprovechamiento de recursos forestales maderables dentro de los 30 días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.
La Secretaría dispondrá de un plazo de 60 días para resolver las solicitudes de autorización para aprovechamientos forestales en selvas tropicales y de especies de difícil regeneración, así como en áreas naturales protegidas. Excepcionalmente, dicho plazo podrá ampliarse por otros 60 días, cuando así se requiera por las características del proyecto, de conformidad con las disposiciones reglamentarias aplicables.
En caso de que se hubiere presentado la información o documentación incompleta, la Secretaría requerirá a los solicitantes para que la integren, suspendiéndose el término que restare para concluir el procedimiento. En ningún caso la suspensión podrá exceder del plazo de 60 días, contado a partir del día siguiente a aquél en que se hubiere notificado el requerimiento de información al interesado y, una vez transcurrido dicho plazo sin que se hubiere remitido la documentación e información faltante, la Secretaría desechará la solicitud respectiva.
La Secretaría podrá autorizar la ejecución del programa respectivo en los términos solicitados o de manera condicionada a su modificación o al establecimiento de medidas adicionales de manejo forestal o de prevención y mitigación de impactos ambientales. En este caso, la Secretaría señalará las restricciones o requisitos que deberán observarse en la ejecución del programa correspondiente y que sólo podrán estar encaminadas a prevenir, mitigar o compensar los efectos negativos sobre los ecosistemas.
La Secretaría sólo podrá negar la autorización solicitada cuando:
I. Se contravenga lo establecido en esta ley, su reglamento, las normas oficiales mexicanas o las demás disposiciones aplicables;
II. Se comprometa la biodiversidad de la zona y la regeneración y capacidad productiva de los terrenos en cuestión o
III. Exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes, respecto de cualquier elemento de los programas de manejo correspondientes.
SECCION SEGUNDA
De la forestación y reforestación
Artículo 15. La forestación que se realice con propósitos de conservación y restauración, las actividades de reforestación y las prácticas de agroforestería y silvopastoriles se sujetarán a lo dispuesto en el reglamento de esta ley, las normas oficiales mexicanas que emita la Secretaría y a las disposiciones aplicables en materia de impacto ambiental.
Las acciones de reforestación que se lleven a cabo en los terrenos forestales sujetos al aprovechamiento, deberán incluirse en el programa de manejo correspondiente.
Artículo 16. La forestación con propósitos de producción comercial en superficies menores o iguales a 20 hectáreas, únicamente requerirá de un aviso por escrito del interesado a la Secretaría, que deberá contener:
I. El nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal del propietario o poseedor del predio o de quien tenga derecho a realizar los trabajos de forestación;
II. El título que acredite el derecho de propiedad o posesión respecto del terreno o terrenos objeto de la solicitud o, en su caso, el documento que acredite el derecho para realizar las actividades de forestación;
III. Los requisitos en materia de impacto ambiental establecidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, sus disposiciones reglamentarias y las normas oficiales mexicanas aplicables, cuando así corresponda y
IV. La ubicación del predio, la superficie a forestarse y las especies que se van a utilizar.
Artículo 17. Para realizar la forestación con propósitos de producción comercial en superficies mayores de 20 y menores o iguales a 250 hectáreas, se requerirá que el interesado presente a la Secretaría, para su autorización, un informe de forestación que deberá incluir la siguiente documentación e información:
I. El nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal del propietario o poseedor del predio o de quien tenga derecho a realizar los trabajos de forestación;
II. El título que acredite el derecho de propiedad o posesión respecto del terreno o terrenos objeto de la solicitud o, en su caso, el documento que legitime la facultad del promovente para realizar las actividades de forestación en el terreno de que se trate;
III. El programa integrado de manejo ambiental y forestación que incorporará los requisitos establecidos en la legislación aplicable en materia de impacto ambiental y deberá contener:
a) Los objetivos generales y la vigencia del programa;
b) La ubicación del predio o predios, así como las superficies a forestarse;
c) Las características físicas y biológicas generales de las superficies objeto de la forestación, que deberán referirse a clima, suelo, topografía, hidrología y vegetación existente;
d) Las especies forestales que se van a utilizar y la justificación de su selección;
e) Las medidas para la prevención, control y combate de plagas, enfermedades e incendios;
f) La identificación de los impactos ambientales y las medidas para su prevención y mitigación en las distintas etapas de aplicación del programa, asimismo deberán señalarse las medidas que se aplicarán en caso de interrupción del programa o a su conclusión, con objeto de recuperar o establecer las condiciones que propicien la continuidad de los procesos naturales;
g) Las medidas para preservar y proteger el hábitat de especies de flora y fauna silvestres, y
h) Las actividades que se ejecutarán y las técnicas que se utilizarán con el fin de establecer, mantener y aprovechar la forestación en las superficies y en los ciclos de que se trate, de acuerdo con los principios de manejo forestal sustentable.
Artículo 18. La Secretaría, dentro de los 30 días siguientes a la recepción del informe de forestación señalado en el artículo anterior, podrá:
I. Requerir la información faltante, dentro de los primeros 10 días, cuando se hubiese presentado incompleta, suspendiéndose el término que restare para determinar lo conducente;
II. Autorizar la forestación y, en su caso, determinar la aplicación de medidas de manejo forestal o de prevención y mitigación de impactos ambientales, adicionales a las previstas en el programa integrado de manejo ambiental y forestación, que sólo podrán estar encaminadas a prevenir, mitigar o compensar los efectos negativos sobre los ecosistemas, sujetándose a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables o bien
III. Resolver que el interesado se sujete al procedimiento de autorización establecido en el artículo 19 de esta ley, en cuyo caso únicamente deberá aportar la documentación e información faltante de conformidad con dicho artículo.
Si la Secretaría no hubiere comunicado al interesado su resolución en el plazo señalado, se entenderá que la forestación ha sido autorizada.
Artículo 19. Se requiere autorización de la Secretaría para realizar forestaciones con propósitos de producción comercial, en superficies mayores a 250 hectáreas.
Las solicitudes deberán acompañarse de la documentación e información a que se refiere el artículo 17. En este caso el programa integrado de manejo ambiental y forestación, deberá adicionarse con:
I. Las características físicas y biológicas del ecosistema forestal;
II. La descripción de los aspectos socioeconómicos del área en que se establecerá la forestación y
III. La vinculación con las disposiciones, normas y regulaciones, sobre ordenamiento ecológico del territorio en el área correspondiente.
Para emitir la resolución correspondiente a las solicitudes presentadas, la Secretaría deberá sujetarse a los plazos y criterios establecidos en el párrafo segundo y siguientes del artículo 14 de esta ley.
Artículo 19-bis. La autorización del programa integrado de manejo ambiental y forestación comprenderá simultáneamente la del manejo forestal y la de impacto ambiental en los términos de la legislación aplicable. Asimismo, dicha autorización o el aviso a que se refiere el artículo 16, facultarán a sus titulares para realizar el aprovechamiento de los recursos forestales que se obtengan en la forestación de que se trate.
Artículo 19-bis-1. Los interesados en establecer forestaciones con propósitos de producción comercial podrán optar por obtener de la Secretaría la autorización de impacto ambiental, de manera previa a la presentación del informe de forestación o solicitud de autorización a que se refieren los artículos 17 y 19, cuando por las características y dimensiones de los proyectos así se requiera.
Artículo 19-bis-2. Cuando el cultivo de una forestación con propósitos de producción comercial se integre o pretenda integrarse a una unidad de producción mayor, el propietario o poseedor de la forestación deberá satisfacer los requisitos y procedimientos que correspondan a la dimensión total de la unidad productiva.
Esta disposición será aplicable al propietario o poseedor de una forestación establecida originalmente con propósitos de conservación o restauración, que se incorpore a la producción comercial.
Artículo 19-bis-3. Queda prohibido el establecimiento de forestaciones con propósitos de producción comercial en sustitución de la vegetación natural de los terrenos forestales.
No se considerarán dentro de esta prohibición a las actividades de reforestación artificial de especies nativas con propósitos de mejoramiento productivo ni a las prácticas de agroforestería, las cuales se regularán en los términos del artículo 15 de esta ley.
SECCION TERCERA
De las disposiciones comunes a este capítulo
Artículo 19-bis-4. Las autorizaciones en materia forestal sólo se otorgarán a los propietarios de los terrenos y a las personas legalmente facultadas por aquéllos o por resolución de autoridad competente.
El ejercicio de los derechos de propiedad y posesión de los terrenos en los que se localicen los recursos forestales a que se refiere esta ley, se sujetará a lo establecido en la Ley Agraria y demás disposiciones aplicables.
Cuando la solicitud de una autorización en materia forestal sobre terrenos propiedad de un ejido o comunidad sea presentada por un tercero, éste deberá acreditar el consentimiento del núcleo agrario mediante el acuerdo de asamblea que lo autorice, de conformidad con la Ley Agraria.
La Secretaría, en coordinación con las demás dependencias de la administración pública federal competentes, procurará que los aprovechamientos de recursos forestales se realicen sin perjuicio de los derechos que la ley reconozca a las comunidades indígenas.
Artículo 19-bis-5. Los titulares de las autorizaciones y las personas que presenten avisos de forestación estarán obligados a presentar informes periódicos avalados por el responsable técnico de la ejecución sobre el desarrollo y cumplimiento del programa de manejo forestal o del desarrollo de la forestación respectiva. La periodicidad de la presentación de dichos informes no podrá ser menor de un año, salvo en casos de contingencias y se establecerá en la autorización o en el aviso correspondiente a la forestación.
Artículo 19-bis-6. Las autorizaciones tendrán una vigencia que permita cumplir con los objetivos del programa de manejo respectivo y podrán ser suspendidas o revocadas en los casos previstos en esta ley.
Las modificaciones a los programas de manejo o su cancelación deberán ser autorizadas por la Secretaría, la que, en su caso determinará las restricciones aplicables en los términos y dentro de los plazos establecidos para el procedimiento que corresponda, las que sólo podrán estar encaminadas a prevenir, mitigar o compensar los efectos negativos sobre los ecosistemas, sujetándose a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Artículo 19-bis-7. En caso de que la Secretaría niegue la autorización solicitada, los particulares afectados podrán recurrir la decisión en los términos del artículo 57 de esta ley. La Secretaría a petición del interesado deberá informar de la interposición del recurso al consejo nacional o al regional, según lo establezca el reglamento de esta ley.
El consejo emitirá su opinión o las observaciones que estime pertinentes, las cuales podrán ser consideradas por la Secretaría, siempre que se reciban en un momento procesal que permita su valoración.
CAPITULO III
De la participación social y derecho a la información
Artículo 19-bis-8. La Secretaría o los interesados podrán solicitar a los consejos regionales opiniones y observaciones respecto de las solicitudes de autorización de aprovechamiento de recursos forestales maderables o de forestación, previamente a que sean resueltas.
La Secretaría, dentro de los dos días siguientes a la presentación de las solicitudes de que se trate, deberá informar de ello al consejo respectivo. El consejo podrá emitir su opinión o las observaciones que estime pertinentes, en un término no mayor al de los cinco días anteriores a aquél en que se verifique el vencimiento de los plazos de resolución de que la Secretaría dispone, según el procedimiento que corresponda, en los términos previstos por esta ley.
Una vez recibida la opinión o transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría resolverá lo conducente.
Artículo 19-bis-9. El consejo o los consejos regionales, según corresponda, podrán proponer a la Secretaría lineamientos para promover la participación de los sectores social y privado en la planeación y realización de las actividades tendientes a incrementar la calidad y eficiencia en la conservación, ordenamiento, aprovechamiento, manejo y desarrollo forestal de la región o estado de que se trate.
Artículo 19-bis-10. El derecho a la información en materia forestal, se regirá por las disposiciones contenidas en el Capítulo II del Título Quinto de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en lo aplicable.
CAPITULO IV
Del cambio de utilización de los terrenos forestales y de aptitud preferentemente forestal
Artículo 19-bis-11. La Secretaría sólo podrá autorizar el cambio de utilización de los terrenos forestales, por excepción, previa opinión del consejo regional de que se trate y con base en los estudios técnicos que demuestren que no se compromete la biodiversidad, ni se provocará la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación.
Las autorizaciones que se emitan deberán atender lo que, en su caso, disponga el ordenamiento ecológico correspondiente, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables.
Artículo 19-bis-12. Los interesados en establecer forestaciones con propósitos de producción comercial en terrenos agrícolas o pecuarios, requerirán satisfacer los requisitos y condiciones establecidos para cada caso en la Sección Segunda del Capítulo II del presente título.
A la conclusión de la forestación respectiva y siempre que el interesado haya realizado la actividad en los términos del aviso o de la autorización concedida, podrá reincorporar el terreno de que se trate a su utilización anterior, dando aviso por escrito a la Secretaría.
Artículo 19-bis-13. En caso de transmisión de la propiedad o de los derechos de uso o usufructo sobre terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal, para los cuales exista aviso o autorización en los términos de esta ley, el enajenante deberá informarlo a la Secretaría, lo que se hará constar en el documento en el que se formalice la transmisión.
Los notarios públicos ante quienes se celebren estos actos, deberán solicitar al Registro Forestal Nacional que informe si existe programa de manejo, programa integrado de manejo ambiental y forestación o asiento relativo al aviso de forestación correspondiente. En caso afirmativo, los notarios deberán notificar del acto que se celebre al registro en un plazo de 30 días, contados a partir del otorgamiento de la escritura correspondiente.
Los adquirentes de la propiedad o de derechos de uso o usufructo sobre terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal, deberán cumplir con los términos de los avisos y programas de manejo a que se refieren los artículos 12, 16, 17 y 19, así como con las condicionantes en materia de manejo forestal o de impacto ambiental respectivas, sin perjuicio de poder solicitar la modificación o la cancelación correspondiente en los términos de la presente ley.
CAPITULO V
Del transporte, almacenamiento y transformación de las materias primas forestales
Artículo 20. Quienes realicen el transporte, transformación o almacenamiento de las materias primas forestales, con excepción de aquellas destinadas al uso doméstico, deberán acreditar su legal procedencia con la documentación y sistemas de control siguientes:
I. Avisos de aprovechamiento, a los que se podrán integrar marcas, sellos o códigos para su identificación, cuando se trate de madera en rollo, con escuadría o de recursos forestales maderables;
II. Remisiones forestales, facturas o documentos de venta, en los demás casos y
III. Registro de existencias cuando se trate de centros de almacenamiento o transformación.
Corresponderá a los titulares de las autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales y a quienes realicen las demás actividades a que se refiere este artículo, expedir y utilizar la documentación o los sistemas de control necesarios. La Secretaría sólo estará facultada para realizar los actos tendientes a la autorización, validación, supervisión y vigilancia de dichos instrumentos.
En el reglamento de la presente ley y en las normas oficiales mexicanas que expida la Secretaría se determinarán las formalidades, condiciones y volúmenes a que se sujetarán los actos a que se refiere el párrafo anterior.
Artículo 21. Los responsables de los centros de almacenamiento y transformación de materias primas forestales deberán proporcionar a la Secretaría un aviso de funcionamiento a más tardar dentro de los 30 días siguientes al inicio de sus operaciones, de conformidad con los requisitos que se establezcan en el reglamento de esta ley.
CAPITULO VI
De los servicios técnicos forestales
Artículo 23. Los programas de manejo forestal a que se refiere esta ley, deberán ser elaborados, dirigidos en su ejecución técnica y evaluados por personas físicas o morales que satisfagan los requisitos que señale el reglamento. Quienes se encarguen de dirigir la ejecución técnica del programa de manejo serán responsables, junto con los titulares de autorizaciones, de asegurar que dichos instrumentos se cumplan en sus términos y se ajusten a las disposiciones legales aplicables.
Los prestadores de servicios técnicos forestales podrán ser libremente contratados y sus tarifas libremente convenidas.
La Secretaría dictará las normas oficiales mexicanas a que se sujetará la evaluación y control de los servicios técnicos forestales para su prestación eficiente.
Artículo 23-bis. La Secretaría, tomando en cuenta la opinión de los consejos regionales, propiciará la organización, planeación y mejoramiento de los servicios técnicos forestales, mediante la promoción de unidades de manejo forestal en las distintas regiones forestales o cuencas hidrográficas.
Artículo 25. Se deroga.
Artículo 26. Se deroga.
CAPITULO VII
De la prevención, combate y control de incendios forestales
Artículo 29. Los propietarios y poseedores de los terrenos forestales y de aptitud preferentemente forestal y sus colindantes, así como quienes realicen el aprovechamiento de recursos forestales, la forestación y reforestación estarán obligados a ejecutar trabajos para prevenir, combatir y controlar incendios forestales, en los términos de las normas oficiales mexicanas aplicables. Asimismo, al igual que las autoridades civiles y militares y las empresas de transporte, reportarán a la Secretaría la existencia de los incendios forestales que detecten.
CAPITULO VIII
De la sanidad forestal
Artículo 31. Los ejidatarios, comuneros y demás propietarios o poseedores de terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal, así como los titulares de autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales, quienes realicen actividades de forestación y de reforestación y los responsables de la administración de las áreas naturales protegidas, a partir del momento en que sean notificados por la Secretaría estarán obligados a ejecutar los trabajos de sanidad forestal, conforme a los lineamientos que se les den a conocer, en los términos de las disposiciones aplicables.
Cuando los trabajos de sanidad forestal no se ejecuten y siempre que exista riesgo grave de alteración o daños al ecosistema forestal, la Secretaría realizará los trabajos correspondientes con cargo a los obligados, quienes deberán pagar la contraprestación respectiva en los términos de las disposiciones fiscales aplicables.
Quedarán exceptuados de las disposiciones previstas en el párrafo anterior los trabajos de sanidad forestal que la Secretaría ejecute, en apoyo de los propietarios o poseedores de terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal, a través de las medidas, programas e instrumentos económicos previstos por esta ley.
CAPITULO IX
De los programas de restauración y vedas forestales
Artículo 32. Cuando se presenten procesos de degradación o desertificación o graves desequilibrios ecológicos en terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal, la Secretaría formulará y ejecutará programas de restauración ecológica con el propósito de que se lleven a cabo las acciones necesarias para la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales que en ellos se desarrollaban.
Artículo 32-bis. El Ejecutivo Federal, con base en los estudios técnicos que elabore la Secretaría para justificar la medida, previa opinión del consejo y respetando la garantía de audiencia de ejidatarios, comuneros y demás propietarios o poseedores de los terrenos afectados, así como de los titulares de autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales maderables y forestación sobre dichos terrenos, podrá decretar vedas forestales cuando éstas:
I. Constituyan modalidades para el aprovechamiento de los recursos forestales comprendidos en las declaratorias de áreas naturales protegidas;
II. Formen parte de las acciones o condiciones establecidas para las áreas que se declaren como zonas de restauración ecológica o
III. Tengan como finalidad la conservación, repoblación, propagación, diseminación, aclimatación o refugio de especies endémicas, amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial.
Se exceptuarán de las vedas los terrenos en los que se realice el aprovechamiento forestal o la forestación, de conformidad con los instrumentos de manejo establecidos en la presente ley, en tanto que no se ponga en riesgo al medio ambiente.
Los decretos que establezcan vedas forestales, precisarán las características, temporalidad, excepciones y límites de las superficies y recursos forestales vedados, así como, en su caso, las medidas que adoptará el Ejecutivo Federal para apoyar a las comunidades afectadas. Dichos decretos se publicarán en dos ocasiones en el Diario Oficial de la Federación y, por una sola vez, en los diarios de mayor circulación de la entidad federativa donde se ubiquen los terrenos y recursos forestales vedados.
Las dependencias y entidades de la administración pública federal y, en su caso, las de los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, en los términos de los acuerdos y convenios que se celebren, prestarán su colaboración para que se cumpla con lo que señalen las vedas forestales.
CAPITULO I
Del fomento al aprovechamiento sustentable, conservación, protección y restauración forestales
Artículo 33. La Secretaría y las demás dependencias de la administración pública federal competentes, tomando en consideración el valor, potencialidades y costos de los recursos y actividades forestales, establecerán medidas, programas e instrumentos económicos para fomentar, inducir e impulsar la inversión y participación de los sectores social y privado en la conservación, protección, restauración, aprovechamiento sustentable y uso múltiple de dichos recursos, así como para la promoción y desarrollo de forestaciones, de conformidad con los siguientes objetivos prioritarios:
I. Incorporar a los ejidos, comunidades indígenas y demás propietarios y poseedores legítimos de recursos forestales, a la silvicultura y a los procesos de producción, transformación y comercialización forestal, promoviendo su fortalecimiento organizativo y mejoramiento social y económico;
II. Inducir la integración, competitividad y modernización tecnológica de las cadenas productivas forestales y la formación de unidades de producción eficientes, que contribuyan a que la actividad forestal sea rentable y competitiva;
III. Impulsar la capacitación de los productores forestales, mejorar el manejo técnico para la conservación y fomentar la cultura forestal para propiciar el aprovechamiento sustentable de recursos forestales;
IV. Impulsar el uso eficiente, diversificado y sostenido de los elementos que integran los ecosistemas forestales, así como valorizar y retribuir sus servicios ambientales, a fin de incrementar la participación del sector forestal en la economía local y nacional y
V. Los demás que se determinen, por acuerdo de la Secretaría con las dependencias de la administración pública federal, con los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, a propuesta del consejo o de las organizaciones de productores forestales.
La Secretaría deberá promover y difundir a nivel nacional, regional o local, según sea el caso, las medidas, programas e instrumentos económicos a que se refiere este artículo, con el propósito de que lleguen de manera oportuna a sus beneficiarios. De igual manera, deberá establecer los mecanismos de asesoría necesarios para facilitar el acceso de los interesados a los instrumentos respectivos.
Artículo 33-bis. Las medidas, programas e instrumentos económicos relativos a la actividad forestal, deberán sujetarse a las disposiciones de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda y deberán asegurar su eficacia, selectividad y transparencia y podrán considerar el establecimiento y vinculación de cualquier mecanismo normativo o administrativo de carácter fiscal, financiero y de mercado, establecidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, incluyendo los estímulos fiscales, los créditos, las fianzas, los seguros, los fondos y los fideicomisos, así como las autorizaciones en materia forestal, cuando atiendan o posibiliten la realización de los propósitos y objetivos prioritarios de promoción y desarrollo forestal.
Sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones legales, respecto de la coordinación en la materia entre los sectores público y privado y los distintos órdenes de gobierno, corresponderá a la Secretaría, en el ámbito de su competencia, conducir, coordinar o participar en la aplicación, otorgamiento y evaluación de las medidas, programas e instrumentos a que se refiere este artículo.
Artículo 33-bis-1. Los ejidos, comunidades, pequeños propietarios, las organizaciones de productores y demás personas interesadas, podrán elaborar propuestas de políticas de desarrollo, financiamiento y fomento en materia forestal, las cuales serán concertadas con la Secretaría y con las dependencias competentes de la administración pública federal, para su aplicación.
Artículo 34. La Secretaría, escuchando la opinión del consejo y tomando en cuenta los requerimientos de recuperación en zonas de suelos degradados, las condiciones socioeconómicas de los habitantes de las mismas y las necesidades de propiciar aprovechamientos o forestaciones, promoverá la elaboración y ejecución de las medidas, programas e instrumentos económicos que se requieran para fomentar las labores de conservación, protección, restauración y aprovechamiento forestal sustentable, así como para realización de forestaciones con fines de restauración, protección de cuencas, producción de leñas, agroforestales, comerciales y de cualquier otra naturaleza.
Artículo 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La determinación de los compromisos que contraigan y de las obligaciones que asuman, en los términos de los programas de manejo forestal, avisos de forestación y programas integrados de manejo ambiental y forestación a que se refiere esta ley.
Artículo 36. Para formular y organizar programas de desarrollo forestal relativos al manejo de recursos forestales, a la forestación y reforestación en zonas degradadas, la Secretaría promoverá la cooperación y participación de otras dependencias federales, de los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, así como de los sectores social y privado, de los beneficiarios de los servicios ambientales de los ecosistemas forestales y demás personas físicas y morales interesadas en el rescate ecológico. El objeto de estos programas será:
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Promover el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, a fin de detener los procesos de degradación y desertificación.
Artículo 37. La Secretaría, en coordinación con las demás dependencias de la administración pública federal, promoverá la creación de áreas y huertos semilleros, viveros forestales y su operación por los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, así como por los propietarios y poseedores de terrenos forestales o los titulares de autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales maderables o de forestación.
Artículo 38. La Secretaría, para la realización de las actividades previstas en este capítulo, promoverá la creación de empresas para el aprovechamiento forestal sustentable, forestadoras y reforestadoras, para lo cual deberá coordinarse con las dependencias de la administración pública federal competentes y con los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, con objeto de apoyar las labores del sector social y privado en esta materia.
Artículo 41. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y con las demás dependencias competentes de la administración pública federal, de instituciones educativas y de investigación, realizará en materia de cultura forestal las siguientes acciones:
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Propiciar la divulgación, el uso y reconocimiento de métodos y prácticas culturales tradicionales de aprovechamiento forestal sustentable.
Artículo 42. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y con las demás dependencias de la administración pública federal competentes y con instituciones educativas y de capacitación de los sectores social y privado, en materia de educación y capacitación, realizará las siguientes acciones:
I. Promover programas de educación y capacitación para propietarios, poseedores y pobladores de regiones forestales, en materia de conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de recursos forestales, así como de prevención, control y combate de incendios o de plagas y enfermedades forestales;
II. Recomendar a las escuelas públicas y privadas dedicadas a la formación de profesionistas forestales, la revisión de los planes de estudio, con el fin de promover que el perfil profesional de sus egresados responda a las necesidades del sector forestal;
IV. Promover programas para la capacitación de los servidores públicos de la Secretaría que participen en actividades tendientes a la aplicación de esta ley.
TITULO CUARTO
De las visitas de inspección, auditorías técnicas, medidas de seguridad, infracciones y delitos
Artículo 44. La Secretaría, por conducto del personal debidamente autorizado, realizará visitas de inspección o auditorías técnicas en materia forestal, con objeto de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley y en las demás disposiciones aplicables.
Los propietarios y poseedores de terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal, los titulares de autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales maderables, quienes realicen actividades de forestación y de reforestación, así como las personas que transporten, almacenen o transformen materias primas forestales, deberán dar facilidades al personal autorizado de la Secretaría para la realización de visitas de inspección y auditorías técnicas; en caso contrario, se aplicarán las medidas de seguridad y sanciones conforme a lo dispuesto por la presente ley y las demás disposiciones aplicables.
La Secretaría deberá observar en el desarrollo de los procedimientos de inspección y en las auditorias técnicas que realice, las formalidades que para la materia se señalan en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
CAPITULO II
De las medidas de seguridad
Artículo 45. Cuando de las visitas de inspección, auditorías técnicas o estudios específicos que realice la Secretaría, se determine que existe riesgo inminente de daño o deterioro grave a los ecosistemas forestales o bien cuando los actos, hechos u omisiones pudieran dar lugar a la imposición del decomiso como sanción administrativa, ésta podrá ordenar una o más de las siguientes medidas de seguridad:
I. El aseguramiento precautorio de los recursos y materias primas forestales, así como de los bienes, vehículos, utensilios, herramientas, equipo y cualquier instrumento directamente relacionado con la acción u omisión que origine la imposición de esta medida;
II. La clausura temporal, parcial o total de las instalaciones, maquinaria o equipos, según corresponda, para el aprovechamiento, almacenamiento o transformación de los recursos y materias primas forestales o de los sitios o instalaciones en donde se desarrollen los actos que puedan dañar la biodiversidad o los recursos naturales y
III. La suspensión temporal, parcial o total del aprovechamiento, de la forestación, de la reforestación o de la actividad de que se trate.
La Secretaría podrá designar al inspeccionado como depositario de los bienes retenidos.
Artículo 46. Cuando la Secretaría imponga alguna o algunas de las medidas de seguridad previstas en el artículo anterior, se indicarán, en su caso, las acciones que se deben llevar a cabo para subsanar las irregularidades que las motivaron, así como los plazos para realizarlas, a fin de que, una vez satisfechas, se ordene el retiro de las mismas.
CAPITULO III
De las infracciones y sanciones
Artículo 47. Son infracciones a lo establecido en esta ley:
I. Realizar en terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal cualquier tipo de obras o actividades distintas al aprovechamiento de sus recursos, en contravención de esta ley, su reglamento o de las normas oficiales mexicanas aplicables;
II. Obstaculizar al personal autorizado de la Secretaría para la realización de visitas de inspección o auditorias técnicas;
III. Llevar a cabo el aprovechamiento de recursos forestales, la forestación y la reforestación, en contravención a las disposiciones de esta ley, de su reglamento o de las normas oficiales mexicanas aplicables;
IV. Establecer forestaciones con propósitos de producción comercial en sustitución de la vegetación natural de los terrenos forestales, en contravención de esta ley, su reglamento o de las normas oficiales mexicanas aplicables;
V. Establecer cultivos agrícolas, encerraderos de ganado o labores de pastoreo en terrenos forestales, sin apego a las disposiciones contenidas en el programa de manejo autorizado o en contravención del reglamento o de las normas oficiales mexicanas aplicables;
VI. Cambiar la utilización de los terrenos forestales sin contar con la autorización correspondiente;
Extraer suelo forestal, en contravención a lo dispuesto a las normas oficiales mexicanas aplicables y demás disposiciones relativas, o realizar cualquier acción que comprometa la regeneración y capacidad productiva de los terrenos forestales;
VII. No contar con la documentación o sistemas de control que acrediten la legal procedencia de materias primas forestales, obtenidas en el aprovechamiento o forestación respectivos;
VIII. Incumplir con la obligación de dar los avisos o presentar los informes a que se refiere esta ley;
IX. Transportar, almacenar, transformar o poseer materias primas forestales, sin contar con la documentación o los sistemas de control para acreditar su legal procedencia;
X. Utilizar ilícitamente la documentación o los sistemas de control que acrediten la legal procedencia de las materias primas forestales;
XI. Facturar o amparar materias primas forestales que no hubieran sido obtenidas de conformidad con las disposiciones de esta ley, su reglamento o de las normas oficiales mexicanas aplicables, a fin de simular su legal procedencia;
XII. Realizar actos u omisiones en la prestación de los servicios técnicos que propicien o provoquen la comisión de cualquiera de las infracciones previstas en esta ley;
XIII. Incurrir en falsedad respecto de cualquier información o documento que se presente a la Secretaría;
XIV. Prestar servicios técnicos forestales, sin haber obtenido previamente las inscripciones registrales correspondientes;
XV. Contravenir las disposiciones contenidas en los decretos por los que se establezcan vedas forestales;
XVI. No prevenir, combatir o controlar, estando legalmente obligado para ello, las plagas, enfermedades o incendios forestales;
XVII. Negarse, sin causa justificada, a prevenir o combatir las plagas, enfermedades o incendios forestales que afecten la vegetación forestal, en desacato de mandato legítimo de la Secretaría;
XVIII. Provocar por imprudencia incendios en terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal;
XIX. Provocar intencionalmente incendios en terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal, en contravención a las normas oficiales mexicanas aplicables;
XX. No dar aviso a la Secretaría, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de esta ley, de la existencia de incendios forestales que se detecten y
XXI. Alterar para fines ilícitos la documentación o los sistemas de control que acrediten la legal procedencia de los materias primas forestales.
Artículo 48. Las infracciones establecidas en el artículo 47 de esta ley, serán sancionadas administrativamente por la Secretaría, en la resolución que ponga fin al procedimiento de inspección respectivo, con una o más de las siguientes sanciones:
I. Amonestación;
II. Imposición de multa;
III. Suspensión temporal, parcial o total, de las autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales o de la forestación o de la inscripción registral o de las actividades de que se trate;
IV. Revocación de la autorización o inscripción registral;
V. Decomiso de las materias primas forestales obtenidas, así como de los instrumentos, maquinaria, equipos y herramientas y/o de los medios de transporte utilizados para cometer la infracción y
VI. Clausura temporal o definitiva, parcial o total, de las instalaciones, maquinaria y equipos de los centros de almacenamiento y transformación de materias primas forestales o de los sitios o instalaciones donde se desarrollen las actividades, que den lugar a la infracción respectiva.
En el caso de la fracción III y IV de este artículo, la Secretaría hará la inscripción de la suspensión o revocación correspondiente en el Registro Forestal Nacional.
Artículo 49. La imposición de las multas a que se refiere el artículo anterior, se determinará en la forma siguiente:
I. Con el equivalente de 20 a 1 mil veces de salario mínimo a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones II, V, VIII, IX, XV, XVII y XXI del artículo 47 de esta ley;
II. Con el equivalente de 50 a 20 mil veces de salario mínimo a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones I, III, IV, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVIII, XIX, XX y XXII del artículo 47 de esta ley.
Para la imposición de las multas servirá de base el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción.
A los reincidentes de las infracciones señaladas en el artículo 47 se les aplicará el doble de las multas previstas en este artículo, según corresponda.
La Secretaría, justificando plenamente su decisión, podrá otorgar al infractor la opción de pagar la multa o realizar trabajos o inversiones equivalentes en materia de conservación, protección o restauración de los recursos forestales, siempre y cuando se garanticen la obligaciones del infractor, éste no sea reincidente y no se trate de irregularidades que impliquen la existencia de riesgo inminente de daño o deterioro grave de los ecosistemas forestales.
CAPITULO IV
Determinación de infracciones e imposición de sanciones
Artículo 50. Las infracciones a esta ley serán sancionadas por la Secretaría, tomando en consideración la gravedad de la infracción cometida y
I. Los daños que se hubieren producido o puedan producirse, así como el tipo, localización y cantidad del recurso dañado;
II. El beneficio directamente obtenido;
III. El carácter intencional o no de la acción u omisión;
IV. El grado de participación e intervención en la preparación y realización de la infracción;
V. Las condiciones económicas, sociales y culturales del infractor y
VI. La reincidencia.
Artículo 51. Cuando la Secretaría determine a través de la auditorias técnicas, visitas de inspección o estudios técnicos específicos, que existen daños al ecosistema, impondrá como sanción al responsable la ejecución de las medidas de restauración correspondientes.
Cuando en una sola acta de inspección aparezca que se han cometido diversas infracciones, deberán ser sancionadas todas ellas individualmente. Las actas que se levanten en casos de flagrancia, deberán hacer constar con precisión esta circunstancia.
La amonestación se aplicará en todo caso a los infractores y servirá de apoyo para incrementar la sanción económica a los reincidentes.
Artículo 52. Cuando la gravedad de la infracción lo amerite, la Secretaría solicitará a las autoridades que los hubieren otorgado, la suspensión, modificación, revocación o cancelación de la concesión, permiso, licencia y en general de todas las autorizaciones otorgadas para la realización de las actividades calificadas como infracciones. Esta atribución la ejercerá directamente la Secretaría cuando le corresponda otorgar los instrumentos respectivos.
De igual manera, la Secretaría podrá promover ante las autoridades federales o locales competentes, con base en los estudios que elabore, la limitación o suspensión de la instalación o funcionamiento de industrias, comercios, servicios, desarrollos urbanos, turísticos o de cualquier actividad que afecte o pueda afectar los recursos forestales.
Artículo 53. Son responsables solidarios de las infracciones, quienes intervienen en su preparación o realización.
Artículo 54. Las sanciones que conforme al presente título resulten aplicables, se conmutarán por una multa equivalente a cinco días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal al momento de cometer la infracción, cuando en su realización, a juicio de la Secretaría, concurra alguna de las circunstancias siguientes:
I. La infracción se realice por el responsable afectando estrictamente los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades personales y familiares inmediatas y
II. La infracción se cometa por cuenta o con financiamiento de terceros y el responsable active en razón de sus condiciones de extrema necesidad económica.
Las disposiciones anteriores no serán aplicables en caso de reincidencia.
Artículo 55. Para los efectos de esta ley, se considerará reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto en un periodo de cinco años, contados a partir de la fecha en que se levante el acta en que se hizo constar la primera infracción, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada.
Artículo 56. En las materias a que se refiere este título se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Artículo 57. A quienes se hubiere impuesto alguna multa o sanción en los términos del presente título, así como los interesados afectados por las resoluciones definitivas que emita la Secretaría, podrán interponer el recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto por las leyes General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y Federal de Procedimiento Administrativo.
Artículo 58. Se deroga.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. En tanto se expiden las disposiciones reglamentarias que se deriven del presente decreto, seguirán en vigor las que han regido hasta ahora, en lo que no lo contravengan.
Tercero. Las autorizaciones de los programas de manejo para el aprovechamiento de recursos forestales maderables, la forestación y reforestación otorgadas hasta la fecha de entrada en vigor del presente decreto, continuarán vigentes hasta la expiración de sus plazos.
Cuarto. En los procedimientos que se encuentren en trámite ante la Secretaría, relativos a solicitudes de autorización de programas de manejo para el aprovechamiento de recursos forestales maderables, la forestación o reforestación, el interesado podrá optar por su continuación conforme al procedimiento vigente durante su iniciación o por la aplicación de los procedimientos e instrumentos establecidos en este decreto.
Quinto. Hasta en tanto se establezcan las características de la documentación y de los sistemas de control para acreditar la legal procedencia de los materias primas forestales en su transporte, almacenamiento y transformación, de conformidad con el reglamento de esta ley y las normas oficiales mexicanas que al efecto se expidan, continuarán vigentes los sistemas de control que originalmente se establecían en el artículo 20.
Sexto. Los procedimientos relativos a la imposición de sanciones motivadas por infracciones a la legislación forestal, que se encuentren en trámite ante la Secretaría, así como la calificación de las infracciones cometidas, se resolverán de conformidad con las disposiciones vigentes al momento del inicio del procedimiento de que se trate o de la comisión de la infracción respectiva.
Reiteramos a ustedes ciudadanos secretarios, las seguridades de nuestra alta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a los 16 días del mes de abril de 1997. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León; presidente de la Comisión de Silvicultura y Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores, senador Jesús Orozco Alfaro; presidente de la Comisión de Bosques y Selvas de la Cámara de Diputados, diputado Roberto Arreola Arreola.»
Túrnese a la Comisión de Bosques y Selvas.
ORDEN DEL DIA
El secretario Luis Alberto Rico y Samaniego:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera, se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.— Tercer Año.— LVI Legislatura.
Orden del día.
Martes 22 de abril de 1997.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Guerrero, Querétaro y Yucatán.
Dictámenes de primera lectura.
Dos, de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto que concede permiso a los ciudadanos José Angel Gurría Treviño, Herminio Alonzo Blanco Mendoza, Jaime Enrique Zabludovsky Kuper, José Luis Barros Horcasitas, Roberto Miranda Sánchez y doctor Jesús Araón Kumate Rodríguez, para aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de Japón.
Cuatro, de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto que concede permiso a los ciudadanos Alejandro Angel Centeno Jerónimo, Arturo Enrique Basurto Albarrán, Gloria Flores Castillo, Israel Jorge Reyes Ruano y Daniel Martínez Muñoz, para prestar servicios en embajadas de gobiernos extranjeros, en México.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente (a las 19:35 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 22 de abril, a las 10:00 horas.