|
Presidencia
del diputado
Arturo Núñez Jiménez |
ASISTENCIA
Proceda la Secretaría a pasar lista
de asistencia.
| El secretario
diputado Juan José Rodríguez Prats: |
Se va a proceder a pasar lista de
asistencia a los miembros de la Comisión Permanente.
Hay una asistencia de 21 legisladores. Hay
quorum, señor Presidente.
| El Presidente (a
las 11:30 horas): |
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
| El secretario
diputado Juan José Rodríguez Prats: |
Se va dar lectura al orden del día.
«Comisión Permanente.- Primer Receso.-
Primer Año.- LVII Legislatura.
Orden del día
Miércoles 4 de febrero de 1998.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Solicitud de licencia del senador Jorge
Polanco.
Comunicaciones de los congresos de los
estados de Coahuila, Hidalgo y Sonora.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Diez, con los que se remiten las hojas de
servicios de los ciudadanos Guillermo Moreno Serrano, Juan Rafael García Serna, José
Luis Gutiérrez Velarde, Víctor Manuel González Pérez, Arnulfo Caballero Sánchez,
Gonzalo Arias Cortés, René Camarena Carrillo, Reynaldo Torres Cárdenas, Víctor René
Castro Ibarra y Tirso Leopoldo Valverde Altamirano, para los efectos de la fracción VIII
del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Conmemoración del aniversario de la
Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.
Dictámenes a discusión
Diez, de la Segunda Comisión, con puntos
de acuerdo por los que se ratifican grados militares a los ciudadanos: Gilberto Hernández
Andreu, José Norberto González Cabrera, Noé Sandoval Alcázar, Jorge Campos García,
Jorge Isaac Jiménez García, Bernardo Segura Nieto, Sergio Ayón Rodríguez, Urbano
Pérez Bañuelos, Carlos Campos de la Concha y Pablo de la Cruz Velasco Alvarez.
De la Primera Comisión, con proyecto de
decreto que concede permiso al ciudadano Arturo Juan Quintero Treviño, para aceptar y
desempeñar el cargo de cónsul honorario de Noruega en Monterrey, con circunscripción
consular en el Estado de Nuevo León.
De la Primera Comisión, con proyecto de
decreto que concede permiso al ciudadano Francisco Javier Garza Zambrano, para aceptar y
desempeñar el cargo de cónsul honorario de Venezuela en Monterrey, con circunscripción
consular en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
De la Primera Comisión, con proyecto de
decreto que concede permiso al ciudadano Enrique de Jesús Zambrano Benítez, para aceptar
y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Dinamarca en Monterrey, con
circunscripción consular en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
De la Primera Comisión, con proyecto de
decreto que concede permiso a la ciudadana Myriam Vachez Plagnol, para aceptar y
desempeñar el cargo de cónsul honoraria de Francia en Guadalajara, Jalisco.
De la Primera Comisión, con proyecto de
decreto que concede permiso al ciudadano Artemio Santos Santos, para aceptar y desempeñar
el cargo de cónsul honorario del Brasil en Cancún, Quintana Roo.
De la Primera Comisión, con proyecto de
decreto que concede permiso al ciudadano Roberto Velázquez de Alba, para prestar
servicios como asistente consular en el Consulado General de los Estados Unidos de
América en Guadalajara, Jalisco.
De la Primera Comisión, con proyecto de
decreto que concede permiso al ciudadano Guillermo Velázquez Martínez, para prestar
servicios como vigilante en la Embajada del Reino de Tailandia en México.
Agenda política
Comentarios sobre la situación política
en el Estado de Chiapas, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Deliberativo.)
Comentarios sobre la Ley de Coordinación
Fiscal del Estado de Coahuila, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional. (Deliberativo.)
Comentarios sobre la Ley de Planeación del
Estado de Tamaulipas, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
(Deliberativo.)
Comentarios sobre tarifas eléctricas en el
Estado de Sinaloa, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Deliberativo.)
Comentarios sobre el Grupo Antisecuestros
del Estado de Morelos, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Deliberativo.)
Comentarios sobre la entrevista que
solicitó la Comisión Especial de Investigación de los Hechos de 1968, con el ex
presidente Luis Echeverría Alvarez, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Deliberativo.)»
ACTA DE LA SESION
ANTERIOR
| La secretaria
senadora María Elena Alvarez Bernal: |
Se va a dar lectura al acta de la
sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles veintiocho de enero de mil
novecientos noventa y ocho, correspondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio
de la Quincuagésima Séptima Legislatura.
|
Presidencia
del diputado
Arturo Núñez Jiménez |
En la capital de los Estados Unidos
Mexicanos, a las once horas con treinta y tres minutos del miércoles veintiocho de enero
de mil novecientos noventa y ocho, con una asistencia de treinta legisladores, el
Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día
y posteriormente al acta de la sesión anterior, que se aprueba en sus términos en
votación económica.
Una invitación del gobierno del Distrito
Federal, al acto cívico conmemorativo del centésimo octogésimo cuarto aniversario
luctuoso del general Mariano Matamoros y Orive. Se designa comisión para representar a la
Comisión Permanente.
Tres invitaciones más del mismo gobierno,
a los actos cívicos conmemorativos del octagésimo primer aniversario de la Promulgación
de la Constitución Política de mil novecientos diecisiete. Se designan sendas comisiones
para representar a este cuerpo colegiado.
Diversas comunicaciones de los congresos de
los estados de Campeche, Michoacán, Morelos, Nayarit y Quintana Roo, con las que informan
de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.
Hace uso de la palabra el legislador
Rodolfo Becerril Straffon, del Partido Revolucionario Institucional, quien se refiere al
sensible fallecimiento del diputado Heladio Alfonso Sandoval Camuñas. Se guarda un
respetuoso minuto de silencio en su memoria.
Se da cuenta con dos oficios del gobernador
del Banco de México, con los que remite la exposición sobre política monetaria que la
institución se propone seguir en el ejercicio de mil novecientos noventa y ocho y el
informe sobre el presupuesto de gasto corriente e inversión en activos fijos,
correspondiente al ejercicio del mismo año. Se turnan ambos documentos a las comisiones
de
Hacienda y Crédito Público y de
Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y a la de Hacienda
y Crédito Público de la Cámara de Senadores.
Cuatro oficios de la Secretaría de
Gobernación, con los que solicita los permisos constitucionales necesarios para que los
ciudadanos:
Jorge Carpizo Mac-Gregor, Francisco Olguín
Uribe y Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna, puedan aceptar y usar las condecoraciones
que les confiere el gobierno de la República Francesa y
Ana Yadira Urroz Castillo de Garza, pueda
aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Nicaragua en Monterrey, Nuevo
León.
Se turnan a la Primera Comisión.
La Secretaría da primera lectura a siete
dictámenes de la Primera Comisión con proyectos de decreto, con los que se conceden los
permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:Arturo Juan Quintero
Treviño, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Noruega en
Monterrey, Nuevo León, con circunscripción en el mismo Estado;
Francisco Javier Garza Zambrano, pueda
aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Venezuela en Monterrey, con
circunscripción en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas;
Enrique de Jesús Zambrano Benítez, pueda
aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Dinamarca en Monterrey, con
circunscripción en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas;
Myriam Vachez Plagnol, pueda aceptar y
desempeñar el cargo de cónsul honorario de Francia, en Guadalajara, Jalisco;
Artemio Santos Santos, pueda aceptar y
desempeñar el cargo de cónsul honorario del Brasil en Cancún, Quintana Roo;
Roberto Velázquez de Alba, pueda prestar
sus servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara,
Jalisco y
Guillermo Velázquez Martínez, pueda
prestar sus servicios en la Embajada del Reino de Tailandia en México.
Se somete a discusión un dictamen de la
Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del licenciado Everardo
Elizondo Almaguer, como miembro de la junta de gobierno del Banco de México.
Debaten al respecto los legisladores:
Alfonso Ramírez Cuéllar, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Rodolfo
Becerril Straffon, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Juan José Rodríguez
Prats, del Partido Acción Nacional, en pro; Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la
Revolución Democrática, en contra y Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, del Partido
Acción Nacional, en pro.
La Asamblea considera suficientemente
discutido el dictamen y se aprueba en votación económica. Comuníquese al Poder
Ejecutivo Federal y al Banco de México.
Expresan sus comentarios respecto de los
ajustes presupuestales del Gobierno Federal, los legisladores: José Angel Conchello
Dávila, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones, la segunda para contestar
alusiones personales; desde su curul, el legislador Ramírez Cuéllar solicita informa
ción respecto del acuerdo que sobre este
tema se tomó en la sesión del veintiuno de enero y el Presidente recuerda el turno a
comisiones; Rodolfo Becerril Straffon, del Partido Revolucionario Institucional; José de
Jesús Martín del Campo Castañeda, del Partido de la Revolución Democrática, en dos
ocasiones, la segunda para rectificar hechos; Laura Alicia Garza Galindo, del Partido
Revolucionario Institucional.
Sobre la aprobación de la Ley para el
Federalismo Hacendario en el Estado de Puebla, hacen uso de la palabra los legisladores:
Juan José Rodríguez Prats, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones, la segunda
para contestar alusiones personales; Clara Marina Brugada Molina, del Partido de la
Revolución Democrática, quien contesta a una interpelación del legislador Oceguera
Ramos; Ricardo Monreal Avila, del Partido Revolucionario Institucional, en tres ocasiones.
En la primera contesta a dos interpelaciones del legislador Rodríguez Prats y a otra del
legislador Martín del Campo Castañeda y las otras dos para contestar alusiones
personales.
En el segundo turno de oradores, hacen uso
de la palabra los legisladores Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, del Partido Acción
Nacional y Gil Rafael Oceguera Ramos, del Partido Revolucionario Institucional.
|
Presidencia
del diputado
Fidel Herrera Beltrán |
Para informar sobre el viaje que
realizó un grupo de legisladores miembros del Partido de la Revolución Democrática a
siete países de Europa y al Parlamento de la Unión Europea, para extremar sus opiniones
respecto del conflicto en el Estado de Chiapas, se concede el uso de la palabra al
legislador Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática en tres
ocasiones, las dos últimas para contestar alusiones personales, y expresan sus opiniones
al respecto, los legisladores: Juan Ramiro Robledo Ruiz, del Partido Revolucionario
Institucional, en dos ocasiones, la segunda para contestar alusiones personales y
contestar a una interpelación del legislador Gómez Alvarez; Miguel Sadot Sánchez
Carreño, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos.
|
Presidencia
del diputado
Arturo Núñez Jiménez |
Se concede el uso de la palabra al
legislador Mario Saucedo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, quien
presenta una propuesta firmada por legisladores del Partido Revolucionario Institucional,
del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Acción Nacional, a fin de que la
Comisión Permanente apoye los trabajos de la Comisión de Concordia y Pacificación y de
la Comisión Nacional de Intermediación, en busca de una solución pacífica del
conflicto en el Estado de Chiapas y aprovecha la oportunidad para sustentar la posición
de su partido al respecto.
La Asamblea admite la propuesta a
discusión, la considera de urgente resolución y la aprueba en votación económica.
Solicita y se concede el uso de la palabra
al legislador Armando López Romero, del Partido de la Revolución Democrática, para
expresar su opinión sobre la situación económica de la Universidad Nacional Autónoma
de México en particular y en general de instituciones similares en todo el país.
Sube a la tribuna el legislador Jaime
Miguel Moreno Garavilla, del Partido Revolucionario Institucional, quien da lectura a una
propuesta firmada por representantes de los grupos parlamentarios de los partidos
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Acción Nacional, Verde
Ecologista de México y del Trabajo, proponiendo que la Comisión Permanente exhorte a la
integración de un grupo de trabajo con representantes de la Universidad Nacional
Autónoma de México, la Secretaría de Educación Pública y la de Hacienda y Crédito
Público, para evaluar y gestionar una bolsa financiera para el financiamiento de los
programas de estímulo al desempeño docente y administrativo de la máxima casa de
estudios; que pondere la conveniencia de revisar la problemática de las universidades
públicas estatales a fin de determinar cuáles requieren de una gestión financiera
similar y que la Segunda Comisión de este cuerpo colegiado dé seguimiento e informe al
respecto.
La Asamblea admite la propuesta a
discusión, la considera de urgente resolución y la aprueba en votación económica.
Agotados los asuntos en cartera, la
Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura
la de hoy a las diecisiete horas con veintiséis minutos, citando para la que tendrá
lugar el miércoles cuatro de febrero de mil novecientos noventa y ocho, a las once
horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo
quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Pedimos a los legisladores que estén por
la afirmativa, lo manifiesten.
Los que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
SENADOR QUE SOLICITA
LICENCIA
|
La
secretaria senadora Laura Pavón Jaramillo: |
Continuando con el desahogo del orden
del día, daré lectura a la solicitud de licencia del senador Jorge Polanco.
«Escudo Nacional.- Senado de la
República.- LVII Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para los efectos de lo dispuesto por el
artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con
fundamento en el artículo 79 fracción VIII del mismo ordenamiento, por su digno conducto
solicito a esa Asamblea se me conceda licencia previa para separarme, por tiempo
indefinido, de mis funciones como senador de la República por el Estado de Quintana Roo,
a efecto de estar en posibilidad de aceptar un nombramiento en la administración pública
de mi Estado.
Les manifiesto las seguridades de mi más
alta y distinguida consideración.
Atentamente.
México, D.F., 3 de febrero de 1998.- Jorge
Polanco, senador de la República.»
De conformidad con lo que establece
el artícu-lo 79 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, se ruega a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
|
La
secretaria senadora Laura Pavón Jaramillo: |
Está a discusión el siguiente
"PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se concede licencia al senador Jorge
Polanco, para separarse de sus funciones como senador de la República por el Estado de
Quintana Roo, para estar en posibilidad de desempeñar un cargo dentro de la
administración pública del Estado, a partir de esta fecha."
No habiendo quien haga uso de la palabra,
en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente.
Comuníquese a la Cámara de Senadores.
ESTADO DE COAHUILA
|
El
secretario diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: |
«Escudo.- Poder Judicial del Estado
de Coahuila.
Ciudadano Presidente de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
De conformidad con lo preceptuado en los
artículos 104 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, me permito
comunicar a usted, que con esta fecha el Tribunal Superior del Estado de Coahuila, inició
formalmente su primer periodo de sesiones, correspondiente al presente año.
Lo que me permito hacer de su conocimiento
para todos los efectos a que hubiere lugar.
Saltillo, Coahuila, a 5 de enero de 1998.-
El secretario general de acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Luis
Efrén Ríos Vega.»
De enterado.
ESTADO DE HIDALGO
|
El
secretario diputado Juan José Rodríguez Prats: |
«Escudo.- Poder Legislativo.-
Gobierno del Estado de Hidalgo.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso del la Unión.- México, D.F.
Con toda atención, me permito el honor de
comunicar a ustedes, que la LVI Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Hidalgo, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, dio cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, eligiendo al
presidente y vicepresidente de la mesa directiva de este propio honorable Congreso, que
fungirá durante el mes de diciembre del año en curso, habiendo resultado electos los
diputados: Carolina Viggiano Austria, presidenta y Roberto Reyes Monzalvo, vicepresidente.
Al hacer de su conocimiento lo anterior, me
es grato reiterarles las seguridades de mi atenta consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Pachuca, Hidalgo, 27 de noviembre de 1997.-
El oficial mayor del honorable Congreso, Gerardo A. González Espínola.»
«Escudo.- Poder Legislativo.- Gobierno del
Estado de Hidalgo.
Ciudadano Presidente de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
Para su conocimiento, nos permitimos el
honor de informar a ustedes que la LVI Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre
y Soberano de Hidalgo, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de diciembre de 1997, dio
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 57 de la Constitución Política de la
entidad y 129 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, eligiendo a los miembros que
integrarán la Comisión Permanente que fungirá durante el receso que comprende del 1o.
de enero al 31 de marzo de 1998, quedando integrada de la siguiente forma, diputados:
Efraín Arista Ruiz, presidente; Matías Cruz Mera, vicepresidente; Francisco Vicente
Ortega Sánchez, Raymundo Bautista Pichardo, secretarios; Fernando Hernández Ramírez, J.
Carmelo Acosta Carrillo, Carolina Leyva Santillán, Mabel Gutiérrez Chávez y Roberto
Reyes Monzalvo.
Asimismo, clausuró los trabajos del
segundo periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al segundo año de ejercicio
constitucional.
También en sesión ordinaria de la
Comisión Permanente de esta fecha, se declararon formalmente instalados los trabajos de
la misma.
Sin otro particular, reiteramos a usted las
seguridades de nuestra consideración distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Pachuca, Hidalgo, a 7 de enero de 1998.-
Licenciado Gerardo A. González Espínola, el oficial mayor del honorable Congreso del
Es-tado.»
De enterado.
ESTADO DE SONORA
|
La
secretaria senadora María Elena Alvarez Bernal: |
«Escudo Nacional.- Congreso del
Estado Libre y Soberano de Sonora, Hermosillo.- Secretaría.
Ciudadano Presidente de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
La LV Legislatura constitucional del Estado
de Sonora, en sesión celebrada el día de hoy y de conformidad con lo establecido por el
artículo 102 del Reglamento Interior del propio cuerpo, previas las formalidades de
estilo, procedió a la designación de la mesa directiva de su diputación Permanente que
funcionará durante el presente periodo de receso, habiendo quedado integrada de la
siguiente manera por los diputados: Luis Alfonso Valenzuela Segura, presidente; Carlos
Francisco Tapia Astiazarán, vicepresidente; Javier Villarreal Gámez, secretario; Jorge
Santos Flores y Francisco Javier Villaescusa Valencia, suplentes.
Lo que nos permitimos comunicar a usted
para su conocimiento y demás fines.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Diputados: Ofelia González Miranda y Luis
Barcelo Moreno, secretarios.»
De enterado.
GRADOS
MILITARES
|
La
secretaria senadora Laura Pavón Jaramillo: |
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines
legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de la
Defensa Nacional dirigió a ésta de Gobernación, con fecha tres del actual.
"Por acuerdo del general Secretario de
la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general
brigadier Diplomado de Estado Mayor Guillermo Moreno Serrano (6714623), agradeciéndole
que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los
efectos del artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos."
En atención a que la Cámara de Senadores
del honorable Congreso de la Unión ha concluido sus funciones y con fundamento en el
artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
envío con el presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las
seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de diciembre de 1997.-
Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos
Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el día tres del actual,
la Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a esta dependencia del Ejecutivo,
manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario la
Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general
brigadier Diplomado de Estado Mayor Juan Rafael García Serna (6416580), agradeciéndole
que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los
efectos del artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos."
En atención a que la Cámara de Senadores
del honorable Congreso de la Unión ha concluido sus funciones y con fundamento en el
artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
acompaño con el presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona para los fines
legales procedentes.
Reitero a ustedes las seguridades de mi
atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de diciembre de 1997.-
Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos
Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional, se
ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha dos del actual, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de
la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general
brigadier Diplomado de Estado Mayor José Luis Gutiérrez Velarde (6416582),
agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la
Unión, para los efectos del artículo 76 fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su
conocimiento y fines legales procedentes y en atención a que la Cámara de Senadores del
honorable Congreso de la Unión ha concluido sus funciones, con fundamento en el artículo
79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, envío con
el presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero en esta oportunidad las seguridades
de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de diciembre de 1997.-
Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos
Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes para
los fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a
ésta de Gobernación, con fecha cuatro del actual:
"Por acuerdo del general Secretario de
la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del coronel
del arma blindada Diplomado de Estado Mayor Víctor Manuel González Pérez (8208387),
agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la
Unión, para los efectos del artículo 76 fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos."
En atención a que la Cámara de Senadores
del honorable Congreso de la Unión ha concluido sus funciones y con fundamento en el
artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
envío con el presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona.
Reitero en esta oportunidad las seguridades
de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de diciembre de 1997.-
Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos
Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes para
los fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a
ésta de Gobernación, con fecha cuatro del actual:
"Por acuerdo del general Secretario de
la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del coronel
del arma blindada Diplomado de Estado Mayor Arnulfo Caballero Sánchez (8775329),
agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la
Unión, para los efectos del artículo 76 fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos."
En atención a que la Cámara de Senadores
del honorable Congreso de la Unión ha concluido sus funciones y con fundamento en el
artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
envío con el presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona.
Reitero en esta oportunidad las seguridades
de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de diciembre de 1997.-
Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos
Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes para
los fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a
ésta de Gobernación, con fecha cinco del actual:
"Por acuerdo del general Secretario de
la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general
brigadier Gonzalo Arias Cortés (4454469), agradeciéndole que por su digno conducto se
haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 76
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
En atención a que la Cámara de Senadores
del honorable Congreso de la Unión ha concluido sus funciones y con fundamento en el
artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
envío con el presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona.
Reitero en esta oportunidad las seguridades
de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de diciembre de 1997.-
Por acuerdo del secretario.-El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos
Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional se ha
dirigido a ésta de Gobernación, con fecha tres del actual, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de
la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general
brigadier ingeniero constructor, René Camarena Carrillo (6461935), agradeciéndole que
por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos
del artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su
conocimiento y fines legales procedentes y en atención a que la Cámara de Senadores del
honorable Congreso de la Unión ha concluido sus funciones, con fundamento en el artículo
79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, envío con
el presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero en esta oportunidad las seguridades
de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de diciembre de 1997.-
Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos
Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional se ha
dirigido a ésta de Gobernación, con fecha tres del actual, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de
la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general
brigadier Reynaldo Torres Cárdenas (5629783), agradeciéndole que por su digno conducto
se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 76
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su
conocimiento y fines legales procedentes y en atención a que la Cámara de Senadores del
honorable Congreso de la Unión ha concluido sus funciones, con fundamento en el artículo
79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, envío con
el presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero en esta oportunidad las seguridades
de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de diciembre de 1997.-
Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos
Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el día tres del actual,
la Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a esta dependencia del Ejecutivo,
manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de
la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general
brigadier Víctor René Castro Ibarra (4748851), agradeciéndole que por su digno conducto
se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 76
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
En atención a que la Cámara de Senadores
del honorable Congreso de la Unión ha concluido sus funciones y con fundamento en el
artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
acompaño con el presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona para los fines
legales procedentes.
Reitero a ustedes las seguridades de mi
atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de diciembre de 1997.-
Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos
Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines
legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de la
Defensa Nacional dirigió a ésta de Gobernación, con fecha dos del actual:
"Por acuerdo del general Secretario de
la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general
brigadier médico cirujano Tirso Leopoldo Valverde Altamirano (4561556), agradeciéndole
que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los
efectos del artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos."
En atención a que la Cámara de Senadores
del honorable Congreso de la Unión ha concluido sus funciones y con fundamento en el
artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
envío con el presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las
seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de diciembre de 1997.-
Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos
Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
CONSTITUCION
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Se han inscrito para celebrar el
LXXXI aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos de 1917, los siguientes legisladores: por el grupo parlamentario del Partido del
Trabajo, el diputado Luis Patiño Pozas; por el grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, la senadora María Elena Alvarez Bernal; por el grupo parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática, la diputada Socorro Aubry Orozco y por el grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el senador José Trinidad Lanz
Cárdenas.
Tiene la palabra el diputado Luis Patiño
Pozas, del grupo parlamentario del Partido del Tra-bajo, hasta por 15 minutos.
|
El
diputado Luis Patiño Pozas: |
Con su venia, diputado Presidente;
compañeras y compañeros legisladores:
No puede ser ahora menos propicia la
ocasión para reflexionar acerca de la Constitución Política vigente.
Hoy que los pueblos indios irrumpieron como
factor de cambio y no como objetos de tratamiento; hoy que nuevos actores políticos
irrumpimos cada vez con mayor vigor, ejerciendo la democracia y no sólo vociferando
discursos; hoy que se recuerda que al amparo de la Constitución y las facultades formales
y reales...
Orden en la sala. Solicito a los
diputados Pablo Gómez y Herrera, que por favor mantengan el orden en la sala, para
escuchar al orador.
|
El
diputado Luis Patiño Pozas: |
Gracias, diputado Presidente:
Hoy que se recuerda que al amparo de la
Constitución y las facultades formales y reales que ejerce el presidencialismo, se
justifican los hechos de 1968, los de 1971 y la presencia militar hostigadora en Chiapas y
en otros estados.
Hoy que esta legislatura vive directamente
y no logra aún evitar que amparándose en la Constitución, el Presidente ejerza su
discrecionalidad en la política económica y en la redistribución del gasto público,
pese a los intentos de este Legislativo por evitarlo.
Hoy que las políticas públicas
centralistas se resisten a un efectivo fortalecimiento del federalismo, a partir de los
municipios y la voluntad de los ciudadanos, para planear, administrar y evaluar su propio
desarrollo.
Hoy que sin duda los discursos oficiales,
que mañana escucharemos del partido hecho gobierno, reivindicarán sólo en su favor los
muertos de la guerra de Independencia, que dieron origen a la primera Constitución de
1824, la de 1857, la de 1917 y las reformas políticas recientes e incluso los posibles
cambios a los artículos 4o., 115 y 54 que estamos propugnando.
Para ellos, para el partido oficial, todo
es una dádiva estilo monárquico; el pueblo y sus luchas realmente no cuentan para ellos
más que en discurso retórico y en demagogia.
Ratificarán su adueñamiento y derecho a
los colores y símbolos de la nación. Su derecho a imponer sus leyes como mayoría,
suprimiendo e ignorando a las minorías. Su derecho a mantenerse como garantía de
estabilidad y gobernabilidad social.
En cambio de nuestra parte, para el Partido
del Trabajo, la ocasión es más propicia para plantearnos hacia adelante, hacia el
futuro, como reclamo justo de los ciudadanos, la revisión a fondo del pacto social, que
es la Constitución.
Constitución y leyes reglamentarias que
han sido más resultantes del poder económico y político dominante, que no ha sido
realmente la expresión popular y que en materia agraria, laboral, fiscal, por ejemplo, no
reflejan los intereses de los campesinos, pequeños propietarios rurales que son la
mayoría. No reflejan los intereses de los obreros, empleados y asalariados, que
igualmente son la mayoría y no reconocen que las tasas impositivas son injustas, para
quienes con menos ingreso cuentan.
Constitución que no refleja oportunidades
de vida digna para los mexicanos. Que a pesar de que la nación es dueña de los recursos
naturales, no se beneficia la mayoría de la población de éstos y sólo permite que los
grandes potentados, muchos de ellos enriquecidos por el usufructo del poder público,
realicen lucrativos negocios.
Esta Constitución debe cambiar. El país
está cambiando, a pesar de las resistencias del PRI-Gobierno, pero a pesar de ello esta
Constitución debe cambiar con la participación consciente, decisiva y decidida de todos
los ciudadanos.
Debe ser una expresión más fiel de los
diversos intereses existentes en la sociedad, de los diversos grupos y sectores sociales,
de las diferentes etnias que ahora han podido reclamar sus derechos, de las diferentes
formas de pensar y concebir el desarrollo económico. Debe ser absolutamente incluyente.
Considerar mayorías que pueden ser varias
en diferentes niveles y considerar minorías que también son varias y en diferentes
niveles.
En suma, debemos de hacer válida la
soberanía popular. Ahora hemos encontrado cauces a la participación ciudadana y debemos
profundizarla.
El Partido del Trabajo, en consecuencia,
sostiene que es indispensable avanzar entre los partidos y organizaciones políticas, pero
también con expresiones organizativas no partidarias, en la elaboración de una agenda de
la nueva Constitución hacia el año 2000.
Una modalidad que nos parece esencial en la
nueva Constitución, es que refleje en ejercicio del poder público la diversidad y la
pluralidad social en nuestro país, ahora cada vez más evidente y por tantos años
ignorada por el poder dominante.
Ya no es posible que un solo partido o en
su caso una expresión popular no partidaria en ninguno de los niveles de gobierno,
realice tareas legislativas y ejecutivas por sí solo y con sus correligionarios.
Es nuestra opinión que avancemos en formas
de Gobierno, en los diferentes niveles del poder público; al igual que empieza a ocurrir
en el Poder Legislativo, que en el Gobierno se reflejen todos los intereses de la sociedad
por minoritarios que fueren. Sólo así garantizaremos una corresponsabilidad con el pacto
social que reelaboremos.
Es preciso que se refuerce el municipio y
en donde sea necesario por decisión popular remunicipalizar, de tal suerte que se asegure
a la ciudadanía la salvaguarda de sus derechos y formas de democracia directa, donde sea
realmente la base quien decida sobre su vida, sus recursos y su desarrollo.
Hoy, concluyo, sin olvidar el pasado
debemos ver hacia el frente y hacia el futuro. Hoy no por menos y más ilustrados
representantes populares que seamos, debemos olvidar que el pueblo decide, que el pueblo
debe participar en construir su propio destino. Por ello es fecha propicia para asumir el
reto y dar cauce a la formulación de una nueva Constitución. Pero con amplia
participación popular para que sea perdurable y prefigure un mejor futuro para el país y
para quienes en él vivimos.
Muchas gracias.
Tiene la palabra la senadora María
Elena Alvarez, del grupo parlamentario del Partido Acción Naciona
|
La senadora María Elena
Alvarez Bernal: |
Gracias, señor Presidente; señoras
y señores legisladores:
A partir de 1917, cada año el 5 de febrero
con- memoramos la promulgación de nuestra Constitución. Ciertamente es un hecho digno de
conmemorarse, no sólo porque la carta magna de todo país representa el ser nacional y es
el marco de su actuar, sino porque en el caso nuestro, en el caso de México este proceso
de darnos una Constitución que ahora nos rige, implicó todo un proceso histórico y el
sacrificio del pueblo en una muy cruenta revolución.
Como legisladores responsables de vigilar
su cumplimiento nos conviene no olvidar esta parte de nuestra historia, porque el ayer de
nuestro pueblo siempre tiene que influir y es parte de nuestro hoy.
Desde 1824, ante el debate entre
federalistas y centralistas, los mexicanos optamos por el régimen federal, que era la
postura contraria a formas de gobierno absolutas y despóticas que México había padecido
por mucho tiempo y aprobó así la Constitución de 1824, que fue la primera en regir la
vida independiente de México, ya que la inspirada por Morelos y sancionada en Apatzingán
en 1814 no alcanzó a tener vigencia práctica.
Esta Constitución de 1824 proclamó ya la
forma de gobierno republicano y federal, consagró el principio de soberanía popular y
estableció desde entonces la división de poderes.
Esta Constitución, que enmarcaba la nueva
vida independiente, estructuraba ya nuestra nación como una República federal,
democrática y representativa y tal hubiera podido ser un marco razonablemente adecuado
para encauzar la naciente vida de nación libre y soberana. Pero la agitada historia
de México, en ella empieza a interferir el
dictador Santa Anna, cuya actitud empuja al pueblo a la lucha armada de nuevo y esto tiene
que culminar cambiando nuevamente la Constitución y así el pueblo de México se da la
Constitución de 1857.
Pero esta nueva Constitución vuelve a
ceder su vigencia ante una nueva larga, muy larga dictadura, la de Díaz que obligó a los
mexicanos a lanzarse a la primera gran revolución social del Siglo XX y resultado de esta
cruenta lucha de los mexicanos enfrentados como hermanos unos contra otros, el resultado
de esa lucha fue nuestra actual Constitución, aun cuando ha sido repetidas veces tocada y
modificada. Fue la Constitución promulgada el 5 de febrero de 1917, la cual trató de
recoger la tradición nacional, pero también tuvo avances significativos, ya que cambió
el concepto individualista con nuevas ideas sociales, consignó en su texto una de las
primeras declaraciones de derechos sociales de la historia de la humanidad.
La nueva Constitución conservó principios
básicos de las dos anteriores; conservó, desde luego, la soberanía popular, la
división de poderes, los derechos individuales, pero sobre todo, puso un dique para que
el pueblo de México no volviera a sufrir más dictaduras y así consagró en ella esa
aspiración del Sufragio Efectivo. No Reelección.
El pueblo mexicano se sentía tranquilo y
seguro de que en lo futuro podría ya elegir a sus gobernantes con toda libertad.
Nuestra Constitución recogió además las
ideas revolucionarias del pueblo, quiso plasmarlas además en instituciones para que esos
ideales se realizarán en la vida práctica del país.
Muchos de aquellos constituyentes eran
jóvenes, conocían la realidad de México, puesto que la habían vivido; pero sobre todo,
habían vivido de cerca y sabían que el pueblo había sacrificado la paz con la ilusión
de crear un México mejor.
Los constituyentes trataron de interpretar
en la Constitución esa voluntad del pueblo, otorgando a la nación una ley suprema en la
que se le consagrara el derecho que tienen los hombres, todos los hombres, para llevar una
vida digna y el deber que tiene el Estado para asegurar que esto sea una realidad y esto
es lo que los legisladores actuales no debemos ni podemos olvidar.
Fue voluntad del pueblo constituirse en una
República representativa, democrática y federal, compuesta de estados libres y
soberanos; pero sobre todo, compuesta de municipios libres y autónomos, que no tengan de
intermediación ningún organismo que coarte su libertad entre el poder estatal y el poder
municipal.
La Constitución señaló también a los
gobernantes las responsabilidades en que pueden incurrir cuando esta Constitución se ve
violada y la Constitución señala la responsabilidad que el Poder Legislativo y el Poder
Judicial tienen de mantener la vigencia permanente de esa Constitución que tanta sangre
costó al pueblo de México.
Los estados, gracias a esa Constitución,
adoptaron para su régimen interior, esa forma representativa y popular, teniendo como
base la división territorial, la organización política y administrativa del municipio.
Pero la Constitución de 1857, que cedió
su vigencia por la dictadura de un hombre ciego de ambición, no supo entender el signo de
los tiempos, ni siquiera al final pudo percibir que era ya la hora del cambio.
Su dictadura arrasó al pueblo a esa
sangrienta revolución y sólo así logró darse la Constitución de 1917.
Y la historia parece repetirse. La historia
parece repetirse en el momento en que empieza a llegar para México, aquel final cuando
desesperado el pueblo tuvo que lanzarse a una revolución para ser vigente, para cambiar
unas reglas que no estaban funcionando.
Ahora mismo están surgiendo en nuestros
estados nuevas dictaduras modernas que están haciendo caer en desuso la vigencia de
nuestra Constitución.
En muchos casos es verdad lo que afirmaba
don Emilio Rabasa, en 1964: "la carta política en México está siendo para muchos
letra muerta".
Y lo estamos comprobando, lo que sucede en
algunos estados como en Coahuila, Tamaulipas, Puebla.
La soberanía por la virtud misma de
vocablo, para algunos gobernadores se convierte en omnipotencia y se consideran a sí
mismos como la única fuente del derecho y esto precisamente ahora en que estamos
celebrando en vísperas del día en que se promulgó nuestra Constitución.
Las garantías individuales en ella
consagradas, la soberanía nacional, la forma de gobierno, la división de poderes, la
responsabilidad de los servidores públicos, el municipio libre, sin autoridad intermedia,
todo esto esta siendo olvidado, todo esto está siendo, en muchas ocasiones, vulnerado.
Y la historia debe de recordarnos cuál
sería el siguiente paso que el pueblo de México ante la desesperación, tendría que
tomar.
Por eso es muy saludable que al cumplirse
un aniversario más, no olvidemos estos procesos de la historia de nuestro país.
Si el pueblo plasmó estas aspiraciones en
los documentos que rigen la vida de la nación, la mejor forma de celebrar este
aniversario será el retomar el compromiso de que sea una realidad su vigencia, para
lograr que el derecho que el hombre tiene a la mejor vida sea una realidad para todos los
mexicanos, pero sobre todo no tenemos que olvidar aquella frase, aquella sentencia, del
antiguo sabio Isócrates que nos decía: "lo que más influye para mejorar a un
pueblo no es que los pórticos estén cubiertos de decretos, sino que la justicia habite
en el alma de sus hombres".
Esa es nuestra reflexión de aniversario.
Gracias.
Nos da mucho gusto saludar la
presencia en esta sesión de la Comisión Permanente del embajador de Hungría en México,
Josep Kosarca. ¡Bienvenido!
Tiene la palabra la diputada Socorro Aubry
Orozco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
|
La diputada María del Socorro
Aubry Orozco: |
Con el permiso de la Presidencia;
señoras y señores legisladores:
Hoy el tema que abre nuestra sesión de
esta Comisión Permanente es tan oportuno como importante. No podemos limitarnos a hablar
solamente de la historia patria; hoy debemos, porque es nuestra obligación, hablar de la
historia que se está escribiendo, de ese sentido de historia que le da la trascendencia a
cada momento de la vida de la República.
Conmemoramos el LXXXI aniversario de la
promulgación de nuestra Constitución. Un aniversario en el que no es ocioso recordar que
nuestra Carta Magna goza de una de las vigencias formales más largas del mundo
occidental, sin desconocer en ningún momento que los datos cronológicos nos remiten a la
Constitución de los Estados Unidos de 1787 y que en la tradición constitucional nos
llevan al derecho consuetudinario inglés,
referente histórico obligado en la lucha por los derechos de los individuos.
Hoy, ciertamente, nos enorgullecemos de que
nuestra Constitución haya sido la primera del mundo que incluyó un capítulo de
garantías individuales, así como uno propio de garantías sociales. Nos congratulamos,
ciertamente, de que la Constitución mexicana contenga las primeras garantías sociales,
porque es una muestra de que una Constitución debe responder a las necesidades de la
sociedad y evolucionar a la par de ella.
Lo contrario sería tener una constitución
inmóvil, que no se modifica, que permanece inalterable al paso del tiempo.
Eso, señores diputados y senadores, sería
el imperio de los muertos que pretendieran gobernar, contra las leyes naturales, el mundo
de los vivos.
Sí, efectivamente, una constitución que
no se adecúa muere. Pero entonces cabe reflexionar sobre el sentido de los mismos
cambios, de las razones que vienen justo atrás de ellos, de las ideas y valores que
permean sus orígenes.
En rigor nuestra Constitución ha sufrido,
en sólo 80 años de vigencia formal, más de 400 reformas. Mientras que a manera de
ejemplo tenemos que la Constitución de los Estados Unidos en 200 años ha sido enmendada,
que no modificada, en número de 22.
Y, a decir verdad no es que el país
requiera tantas modificaciones, sino que lo que ha sucedido es que la Constitución
mexicana se ha modificado no según el interés del pueblo, sino la conveniencia del
Presidente en turno.
Para entrar en materia, que sobran los
ejemplos, tan sólo la definición jurídica de las áreas estratégicas, que contiene el
artículo 28, han sufrido las más oprobiosas modificaciones, ya que estas áreas se han
redefinido una y otra vez desde el sexenio de Miguel de la Madrid. ¡Y más que
modificaciones debiéramos hablar de saqueo, ya que una vez que se retiran de su haber una
y otra, son enajenadas del patrimonio nacional para posteriormente venderse al mejor
postor, a los ojos de los intereses sexenales y al servicio de las complicidades más
escandalosas!
Este sexenio no es ajeno a esta tendencia
neoliberal: presentó una iniciativa para reformar el artículo 28, con la complacencia de
una cómoda mayoría que en aquel entonces lo respaldaba, permitiendo con ello la
posibilidad de la venta de ferrocarriles y satélites. ¡Esta modificación es, por sí
sola, una muestra de que el interés de la nación pasó a segundo plano!
En la misma línea se fraguaron las
reformas al artículo 27, lo que se hizo prácticamente a espaldas del pueblo y contra sus
intereses. Se suprimió la vía de la dotación agraria, única esperanza de los pueblos
desposeídos que carecen de la titulación reglamentaria, porque, señoras legisladoras y
legisladores, Carlos Salinas y sus incondicionales argumentaron en aquel entonces que tal
reforma al convertir los ejidos en bienes susceptibles de comercio, iba a multiplicar el
valor de la tierra y el cuerno de la abundancia vía capitales, finalmente colmaría las
necesidades de los campesinos.
A todas luces y bajo cualquier óptica,
actuando en conciencia y responsabilidad, esto fue un descomunal engaño. Ni los
campesinos vieron llegar prosperidad alguna ni tampoco fluyeron los capitales prometidos
ni mucho menos gozaron de tal abundancia. Prueba de ello es que al cerrarse la vía de la
dotación, los campesinos perdieron toda esperanza y su desesperación alimentó la
protesta violenta que no tardo en estallarle al Gobierno en enero de 1994.
En este terreno no todo está perdido. En
el doloroso marco de violencia y miseria desgarradora que sufren los pueblos indígenas en
el Estado de Chiapas, hay una iniciativa de esperanza que surge de esta soberanía: el
esfuerzo de la Cocopa, que recogiendo las exigencias y aspiraciones de esos pueblos,
redactó con base en los acuerdos firmados de San Andrés Larráinzar, una iniciativa de
reforma constitucional, misma que presentó al Ejecutivo y que éste, en una práctica
evidentemente dilatoria, pretendió modificar la palabra empeñada.
Desde entonces el Gobierno Federal ha
prometido en múltiples ocasiones que cumpliría su palabra y que asumiría
consecuentemente con su papel y sus obligaciones, respetando los acuerdos. Lo que ha
faltado es la voluntad política de hacerlo en los hechos.
Cierto es que en San Andrés no se llegó a
un acuerdo concreto en relación con el artículo 27, pero es indispensable reformarlo
para que responda realmente al interés del pueblo de México.
Acercándonos a otra problemática, la del
artículo 110, nos indica la necesidad inmediata de reformar la Constitución en lo que
toca a las facultades excesivas de que goza el Presidente de la República, porque tiene
qué ver con el juicio político del cual se le protege al regularse una casuística
irrelevante que en los términos actuales sólo sirve para acusarlo por traición a la
patria y delitos graves del orden común, lo que le otorga una gran impunidad, ya que la
traición a la patria sólo se da en tiempos de guerra y, por otro lado, ningún
presidente tiene necesidad de cometer delitos del orden común, por lo que impunemente
puede violar la Constitución, disponer de fondos para usos diversos de lo presupuestado y
otras violaciones que incluso hoy no se tipifican como delitos.
Señoras legisladoras, señores
legisladores: muchas, muchas otras reformas requiere la Constitución para responder al
interés del pueblo, tantas que se ha llegado a decir que requerimos una nueva
Constitución. Sin embargo, al perder la hegemonía el PRI como soporte de la voluntad y
el capricho del mandatario en turno, ya no será fácil reformar la Constitución según
el interés personal del Presidente, a menos que las alianzas de trastienda, aquellas de
infausta memoria, pretendan volver por sus propios fueros.
Hoy, el cumplimiento de los acuerdos de San
Andrés Larráinzar abriría la discusión de la reforma del Estado, sería la mejor
manera de conmemorar el aniversario de la Constitución, sería acatar sus preceptos.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el senador José
Trinidad Lanz Cárdenas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
|
El senador José Trinidad Lanz
Cárdenas: |
Con la venia de la Presidencia:
El día de mañana, 5 de febrero, que hoy
por las labores institucionales de esta Comisión Permanente se conmemora el día de hoy,
es una fecha señera en la historia constitucional mexicana.
Se ha hecho referencia en las expresiones
de los oradores anteriores a la Constitución de 1917, que con sus numerosas reformas nos
rige en la actualidad, pero también debe recordarse que esta fecha, 5 de febrero, no
solamente corresponde a la Constitución Político-Social de 1917 que cumple 81 años,
sino también a la gran Constitución Liberal de 1887 que cumple 141 años de haberse
emitido.
No es ni el momento ni la oportunidad de
hacer reflexiones sobre aspectos académicos de lo que es una Constitución ni acudir a
expresiones sobre necesidades de su reforma; una efeméride como ésta, es para destacar
cosas y personas notables y en este sentido, desde esta tribuna, debemos hacer memoria de
los grandes hombres del Constituyente de 1856 y 1857 y del Constituyente de Querétaro de
1916 y 1917.
Grandes personajes fueron aquellos
liberales del siglo pasado que siguen frescos en la memoria de los mexicanos, hombres de
la talla de Melchor Ocampo, de Guillermo Prieto, de José María Velasco, de Ignacio
Vallarta, de Francisco Zarco, de Ponciano Arriaga, de lgnacio Ramírez y otros tantos
próceres que nos dieron un documento fundamental.
Lamentablemente esta Constitución en el
campo de su práctica fue adulterada fundamentalmente durante una prolongada dictadura,
pero constituye un avance en el derecho constitucional mexicano, basta para ello tener
presente el manifiesto que hicieron estos grandes liberales al darnos la Constitución de
1857; vale la pena en esta fecha fasta, tener presente aquellos deseos de estos grandes
hombres que dieron uno de los debates constitucionales más positivos y más ilustrativos
de toda nuestra historia.
En el manifiesto que publicaron el propio 5
de febrero de 1857, dejaron a la posteridad este mensaje: "la igualdad será de hoy
más la gran ley en la República, no habrá más mérito que el de las virtudes; no
manchará el territorio nacional la esclavitud, oprobio de la historia humana; el
domicilio será sagrado, la propiedad inviolable; el trabajo y la industria libres; la
manifestación del pensamiento, sin más trabas que el respeto a la moral, a la paz
pública y a la vida privada; el tránsito, el movimiento sin dificultad; el comercio, la
agricultura, sin obstáculos; los negocios del Estado, examinados por los ciudadanos
todos; no habrá leyes retroactivas ni monopolios ni prisiones arbitrarias ni jueces
especiales ni confiscación de bienes ni penas infamantes; ni se pagará por la justicia
ni se violará la correspondencia y en México, para su gloria y ante el mundo, será una
verdad práctica la inviolabilidad de la vida humana, luego que con el sistema
penitenciario pueda alcanzarse el arrepentimiento y la rehabilitación moral del hombre
que el crimen extravía".
¡Qué bellos deseos de estos grandes
liberales que se vieron frustrados por una realidad dramática!.. Como nos lo dice algún
comentarista histórico: "en este manifiesto, campea el optimismo y señala más que
una realidad conquistada, los anhelos de los redactores de aquella carta".
La Constitución de 1857, es la primera que
consagra un capítulo específico a los derechos del hombre, como se le llamó en aquel
documento del siglo pasado y que fue respetado y reestructurado en la Constitución de
1917 bajo el acápite de "garantías individuales".
Que razón tenía Demóstenes cuando en uno
de sus vibrantes discursos de la remota antigüedad decía: "escribir una ley no es
nada, hacer querer su complimiento es todo".
¿Dónde quedaron aquellas utopías y
aquellos historicos debates de todos estos grandes caballeros de la historia nacional? En
hechos dramáticos que fueron propios de las expresiones y de las ambiciones internas y
externas de la nación en guerras fraticidas y después en una prolongada dictadura que
fue el caldo de cultivo de la Revolución de 1910.
Decía algún pensador contemporáneo:
"La Constitución es la ética de nuestra historia. Es la única ley que no tiene
base legal, la Constitución se basa en la historia, en la política, en la economía, en
la sociología, en los reclamos de la sociedad". Por eso me gusta el pensamiento
poético del gran constitucionalista mexicano don Felipe Tena Ramírez, cuando decía en
una expresión hegeliana:
"La Constitución, es el aliento
jurídico de un pueblo, la expresión más alta de su dignidad cívica, el complejo más
íntimo de su historia".
El Constituyente de Querétaro, que
también ha dejado para la historia nacional personajes que ofrendaron su valor, su
elocuencia, sus conocimientos, para dejarnos un monumento jurídico que fue expedido el 5
de febrero de 1917.
Baste recordar a grandes pensadores y gente
que todavía en los debates que argumentan por tirios y troyanos: el general Jara,
Mújica, Monzón, Colunga, Cravioto, Macías, Medina; aquellos grandes personajes que en
el Constituyente de Querétaro, en los debates más encendidos de la época
contemporánea, con prudencia, con cautela y con razón expresaron el documento nacional
llamado la Suprema Norma.
Se decía en esta tribuna que una
constitución inmóvil es una constitucion muerta. Es cierto, porque las leyes nos son
inmutables; se establecía la comparación con la constitución norteamericana que en más
de 200 años sola- mente ha tenido 23 enmiendas, pero si hacemos un análisis
constitucional norteamericano, la constitución norteamericana que es una constitución
dogmática, ha sido más reformada por la jurisprudencia de la Suprema Corte de los
Estados Unidos que por normas específicas.
La Constitución mexicana, sin adentrarnos
en discusiones de tipo académico, es una discusión programática y si siendo una
constitución que en sí misma es un programa de Gobierno, en función de la mutabilidad
de las leyes, tiene que irse ajustando a las realidades sociales.
La evolución a partir de los años veinte
en esta nación, ha sido de vértigo y consecuentemente lo vemos en tantísimas reformas.
Algunas de ellas, hay que admitirlo, totalmente innecesarias, porque una constitución no
es un tratado de gramática, sino es la concepción, el aliento jurídico del pueblo, como
decía Tena Ramírez.
Las grandes aportaciones que hoy debemos
conmemorar en esta efeméride, ya la subrayaba en otra época un destacadísimo político
mexicano y extraordinario jurista, don Antonio Carrillo Flores, cuando sostenía que los
tres pilares fundamentales de la Constitución de Querétaro eran: el trabajo, la tierra y
el municipio libre, aportaciones de la Constitución a las necesidades modernas del
México
evolutivo y del México moderno, respuesta
adecuada a los reclamos de la sociedad mexicana, cansada de abusos y de arbitrariedades.
Son muchas las reformas que aún podríamos
hacer a la Constitución, lo que vale pensar es si vale la pena pensar en una nueva
Constitución. No ha faltado quien lo argumente, no ha faltado quien sostenga que debe
expedirse una nueva Constitución. Se hablaba de 81 años como época muy larga; lo cierto
es que desde el punto de vista de los estudiosos de la materia y de los politólogos más
calificados, solamente se debe expedir una nueva Constitución cuando cambia la filosofía
del país que debe ser regulado por ella; mientras las decisiones fundamentales, siguiendo
la teoría de Call Smith que contiene nuestra Constitución sean las mismas, lo único que
requiere dentro del principio de la mutabilidad de las leyes, es su ajuste y su
adecuación, para no hacerla ni obsoleta o a veces hasta injusta.
Se habla de muchos derechos que no fueron
previstos por el Constituyente. No podrían los constituyentes, a pesar de su sabiduría,
haber sido profetas y haber pensado en cosas que la tecnología y la evolución social iba
a ir reclamando y siendo nuestra Constitución un programa de Gobierno como fue concebida
por los grandes constituyentes, requiere permanente adecuación. No es el caso de otro
tipo de constituciones dogmáticas, en donde lo único que se establece son los derechos
básicos y fundamentales, pero lo curioso también resulta que quienes critican tantas
reformas a veces son los que más reformas proponen.
Yo soy partidario de que hay que reformar
la Constitución para hacerla irreformable. Es decir, imponerle medidas restrictivas para
evitar, como ha sucedido en otras épocas, que se abuse y se atropelle a la norma
fundamental, pero cuando es necesaria la adecuación, la soberanía que radica
originariamente en el pueblo, según la teoría rousseauniana y si el pueblo lo reclama,
debe irse ajustando la Constitución como aliento jurídico y como ética de su historia,
a los reclamos de la sociedad.
La Constitución es la ética de nuestra
historia, lo reitero, y en este sentido, al rendir homenaje en esta efeméride a los
grandes próceres que nos dieron estos dos grades documentos constitucionales, afirmo la
necesidad de obedecer la norma constitucional a las reglas esenciales de la democracia. Es
el documento que nos guía, es la base de nuestras orientaciones, no debemos caer en mitos
o en tabús en relación con las normas constitucionales, sino lo que debemos hacer al
conmemorarla es respetarla y hacerla que se aplique de manera efectiva.
Concluyo mi intervención rindiendo el
homenaje que merece a estos dos grandes documentos del 5 de febrero, uno de 1957 y otro de
1917, con unas sabias palabras del ilustre constitucionalista don Manuel Herrera y Lazo,
cuando decía: "en vez del amor a la Constitución, que ha querido hacerlo
intangible, lo racional es adaptar el medio al fin, o sea, la Constitución, que no es
más que nuestra obra, adaptarla a la democracia efectiva, que es nuestro derecho".
Muchas gracias.
Esta Presidencia acaba de recibir una
invitación.
Se solicita a la Secretaría dar cuenta con
ella.
|
La secretaria senadora María Elena Alvarez Bernal: |
«El Gobierno de la República y el
gobierno del Estado Libre y Soberano de Querétaro, tienen el honor de invitar a usted a
la ceremonia conmemorativa del LXXXI aniversario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La ceremonia se llevará a cabo el próximo
jueves 5 de febrero a las 10:00 horas en el Teatro de la República, ubicado en la esquina
que forman la calle de Juárez y la avenida Hidalgo en la ciudad de Querétaro,
Querétaro.
Febrero de 1998.»
Para asistir a este acto, se designa
a la Comisión Permanente en pleno.
Continúe la Secretaría con los asuntos en
cartera.
GRADOS
MILITARES (II)
La secretaria senadora Laura Pavón
Jaramillo:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios
que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1997, por el señor Presidente
de la República, en favor del ciudadano coronel de artillería Diplomado de Estado Mayor
Gilberto Hernández Andreu, como general brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el
Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo
dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza
Aérea mexicanos como cadete numerario en el Heroico Colegio Militar el 18 de septiembre
de 1968, y fue ascendido a subteniente de artillería, por acuerdo del Secretario del
ramo, el 1o. de septiembre de 1972;
b) A los siguientes grados, ascendió de
acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado
servicios a la nación mexicana durante 29 años, dos meses 12 días y
d) Se le confirieron en su oportunidad, las
condecoraciones de perseverancia de Quinta, Cuarta, Tercera y Segunda clases.
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado general brigadier Diplomado de Estado Mayor, se deduce
que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el
grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se
permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general
brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del
ciudadano Gilberto Hernández Andreu.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 21 de enero de 1998.-
Senadores: José Angel Conchello Dávila, presidente; Juan Ramiro Robledo, Rodolfo
Elizondo Torres, Mario Saucedo Pérez, secretarios; José Antonio Valdivia, Manuel Cadena
Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados: Armando Neyra
Chávez, Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No ha- biendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en
conjunto.
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo
Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios
que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1997, por el Presidente de la
República, en favor del coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor, José Norberto
González Cabrera como general brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la
Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la
fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza
Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 29 de enero de
1966 y fue ascendido a subteniente de infantería, por acuerdo del Secretario del ramo, el
1o. de septiembre de 1969;
b) A los siguientes grados ascendió de
acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado
servicios a la nación mexicana durante 31 años y 10 meses y
d) Se le confirieron en su oportunidad por
satisfacer los tiempos requeridos para ello, las condecoraciones de perseverancia de
Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases.
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado general brigadier Diplomado de Estado Mayor, se deduce
que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el
grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se
permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general
brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del
ciudadano José Norberto González Cabrera.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 21 de enero de 1998.-
Sena- dores: José Angel Conchello Dávila, presidente; Juan Ramiro Robledo, Rodolfo
Elizondo Torres, Mario Saucedo Pérez, secretarios; José Antonio Valdivia, Manuel Cadena
Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados: Armando Neyra
Chávez, Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No ha- biendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en
conjunto.
El secretario diputado José de Jesús
Martín del Campo Castañeda:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo
Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios
que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1997, por el Presidente de la
República, en favor del coronel de caballería Diplomado de Estado Mayor, Noé Sandoval
Alcázar, como general brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión
envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII
del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza
Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 16 de noviembre
de 1967 y fue ascendido a subteniente de caballería, por acuerdo del Secretario del ramo,
el 1o. de septiembre de 1971;
b) A los siguientes grados ascendió de
acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado
servicios a la nación mexicana durante 30 años y 12 días y
d) Se le confirieron en su oportunidad por
satisfacer los tiempos requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de
Cuarta, Tercera y Segunda clases.
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado general brigadier Diplomado de Estado Mayor, se deduce
que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el
grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se
permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general
brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del
ciudadano Noé Sandoval Alcázar.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 21 de enero de 1998.-
Sena- dores: José Angel Conchello Dávila, presidente; Juan Ramiro Robledo, Rodolfo
Elizondo Torres, Mario Saucedo Pérez, secretarios; José Antonio Valdivia, Manuel Cadena
Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados: Armando Neyra
Chávez, Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No ha- biendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en
conjunto.
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo
Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios
que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1997, por el Presidente de la
República, en favor del coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor Jorge Campos
García, como general brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión
envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII
del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza
Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar el 23 de enero de
1963, fue ascendido como subteniente de infantería, por acuerdo del Secretario del ramo,
el 1o. de enero de 1966;
b) A los siguientes grados ascendió de
acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado
servicios a la nación mexicana durante 34 años, 10 meses y seis días y
d) Se le confirieron en su oportunidad por
satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de
perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda, Primera clases y Mérito Docente.
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado general brigadier Diplomado de Estado Mayor, se deduce
que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el
grado que se le ha otorgado, sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se
permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general
brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del
ciudadano Jorge Campos García.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 21 de enero de 1998.-
Sena- dores: José Angel Conchello Dávila, presidente; Juan Ramiro Robledo, Rodolfo
Elizondo Torres, Mario Saucedo Pérez, secretarios; José Antonio Valdivia, Manuel Cadena
Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados: Armando Neyra
Chávez, Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en
conjunto.
|
El
secretario diputado Juan José Rodríguez Prats: |
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo
Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios
que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1997, por el Presidente de la
República, en favor del general brigadier Diplomado de Estado Mayor Jorge Isaac Jiménez
García, como general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión
envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII
del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza
Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar el 13 de enero de
1962 y fue ascendido a subteniente de infantería, por acuerdo del Secretario del ramo, el
1o. de enero de 1965;
b) A los siguientes grados ascendió de
acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado
servicios a la nación mexicana durante 35 años, 10 meses y 15 días y
d) Se le confirieron en su oportunidad, las
condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda, Primera clases y la
Especial.
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado general de brigada Diplomado de Estado Mayor, se deduce
que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el
grado que se le ha otorgado, sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se
permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de
brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del
ciudadano Jorge Isaac Jiménez García.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 21 de enero de 1998.-
Sena- dores: José Angel Conchello Dávila, presidente; Juan Ramiro Robledo, Rodolfo
Elizondo Torres, Mario Saucedo Pérez, secretarios; José Antonio Valdivia, Manuel Cadena
Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados: Armando Neyra
Chávez, Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No ha- biendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en
conjunto.
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo
Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios
que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1997, por el Presidente de la
República, en favor del general brigadier Diplomado de Estado Mayor Bernardo Segura
Nieto, como general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión
envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII
del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza
Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar el 1o. de enero de
1956 y fue ascendido a subteniente de infantería, por acuerdo del Secretario del ramo, el
1o. de enero de 1959;
b) A los siguientes grados ascendió de
acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado
servicios a la nación mexicana durante 41 años, 10 meses y 25 días y
d) Se le confirieron en su oportunidad por
satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de
Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases, así como la Especial y
Extraordinaria.
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado general de brigada Diplomado de Estado Mayor, se deduce
que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el
grado que se le ha otorgado, sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se
permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de
brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del
ciudadano Bernardo Segura Nieto.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 21 de enero de 1998.-
Sena- dores: José Angel Conchello Dávila, presidente; Juan Ramiro Robledo, Rodolfo
Elizondo Torres, Mario Saucedo Pérez, secretarios; José Antonio Valdivia, Manuel Cadena
Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados: Armando Neyra
Chávez, Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No ha- biendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en
conjunto.
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo
Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios
que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1997, por el Presidente de la
República, en favor del general brigadier Diplomado de Estado Mayor Sergio Ayón
Rodríguez, como general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la
Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la
fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza
Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar el 13 de enero de
1962 y fue ascendido a subteniente de caballería, por acuerdo del Secretario del ramo, el
1o. de enero de 1965;
b) A los siguientes grados ascendió de
acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado
servicios a la nación mexicana durante 35 años, 10 meses y 14 días y
d) Se le confirieron en su oportunidad, por
satisfacer los tiempos requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de
Tercera, Segunda, Primera clases y Especial.
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado general de brigada Diplomado de Estado Mayor, se deduce
que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el
grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se
permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de
brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del
ciudadano Sergio Ayón Rodríguez.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 21 de enero de 1998.-
Sena- dores: José Angel Conchello Dávila, presidente; Juan Ramiro Robledo, Rodolfo
Elizondo Torres, Mario Saucedo Pérez, secretarios; José Antonio Valdivia, Manuel Cadena
Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados: Armando Neyra
Chávez, Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No ha- biendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en
conjunto.
|
La
secretaria senadora María Elena Alvarez Bernal: |
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo
Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios
que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1997, por el señor Presidente
de la República, en favor del ciudadano general brigadier Diplomado de Estado Mayor,
Urbano Pérez Bañuelos, como general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el
Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo
dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza
Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 1o. de enero de
1959 y fue ascendido a subteniente de artillería, por acuerdo del Secretario del ramo, el
1o. de enero de 1962,
b) A los siguientes grados ascendió de
acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado
servicios a la nación mexicana durante 38 años, 10 meses y 25 días y
d) Se le confirieron en su oportunidad por
satisfacer los tiempos requeridos para ello, las condecoraciones de perseverancia de
Cuarta, Tercera, Segunda, Primera clases y Especial.
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado general de brigada Diplomado de Estado Mayor, se deduce
que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el
grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se
permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de
brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del
ciudadano Urbano Pérez Bañuelos.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 21 de enero de 1998.-
Sena- dores: José Angel Conchello Dávila, presidente; Juan Ramiro Robledo, Rodolfo
Elizondo Torres, Mario Saucedo Pérez, secretarios; José Antonio Valdivia, Manuel Cadena
Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados: Armando Neyra
Chávez, Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No ha- biendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en
conjunto.
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo
Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios
que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1997, por el Presidente de la
República, en favor del general brigadier, Carlos Campos de la Concha, como general de
brigada, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los
efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza
Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar el 10 de marzo de
1955 y fue ascendido como subteniente de infantería, por acuerdo del Secretario del ramo,
el 1o. de enero de 1958;
b) A los siguientes grados ascendió de
acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado
servicios a la nación mexicana durante 42 años, ocho meses y 16 días y
d) Se le confirieron en su oportunidad por
satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de
Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda, Primera clases, así como la Especial y
Extraordinaria.
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado general de brigada, se deduce que reúne los requisitos
legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado,
sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se
permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de
brigada, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Carlos Campos de la
Concha.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 21 de enero de 1998.-
Sena- dores: José Angel Conchello Dávila, presidente; Juan Ramiro Robledo, Rodolfo
Elizondo Torres, Mario Saucedo Pérez, secretarios; José Antonio Valdivia, Manuel Cadena
Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados: Armando Neyra
Chávez, Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No ha- biendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en
conjunto.
|
La
secretaria senadora Laura Pavón Jaramillo: |
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo
Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que
contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1997, por el Presidente de la
República, en favor del general brigadier médico cirujano Pablo de la Cruz Velasco
Alvarez, como general de brigada médico cirujano, que el Ejecutivo de la Unión envió a
esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del
artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza
Aérea mexicanos, como alumno en la Escuela Médico Militar el 14 de enero de 1956 y fue
ascendido a capitán primero pasante de medicina, por acuerdo del Secretario del ramo, el
1o. de enero de 1961;
b) A los siguientes grados ascendió de
acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado
servicios a la nación mexicana durante 41 años, 10 meses, 11 días y
d) Se le confirieron en su oportunidad las
condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda, Primera clases, Especial y
Extraordinaria, Mérito Docente y Servicios Distinguidos.
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado general de brigada médico cirujano se deduce que reúne
los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se
le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se
permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de
brigada médico cirujano, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano
Pablo de la Cruz Alvarez.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 21 de enero de 1998.-
Sena- dores: José Angel Conchello Dávila, presidente; Juan Ramiro Robledo, Rodolfo
Elizondo Torres, Mario Saucedo Pérez, secretarios; José Antonio Valdivia, Manuel Cadena
Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados: Armando Neyra
Chávez, Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se
aprueba este punto de acuerdo y los anteriormente reservados.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobados. Comuníquense al Ejecutivo.
REINO DE NORUEGA
|
El
secretario diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: |
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo
Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 2
de diciembre del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la
de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Arturo
Juan Quintero Treviño, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de
Noruega en Monterrey, con circunscripción consular en el Estado de Nuevo León.
En sesión celebrada por la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 29 de diciembre, se turnó a la
suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su
nacionalidad mexicana, con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio
solicitante prestará al gobierno de Noruega, en Monterrey, con circunscripción consular
en el Estado de Nuevo León, serán de carácter estrictamente consular y
c) Que la solicitud se ajusta a lo
establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión permite
someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano Arturo Juan Quintero Treviño, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul
honorario de Noruega, en Monterrey, con circunscripción consular en el Estado de Nuevo
León.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 31 de diciembre de
1997.- Dionisio Pérez Jácome, presidente; Roberto Albores Guillén, Santiago Creel
Miranda, Socorro Aubry Orozco, secretarios; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas, Juan
Ramiro Robledo; diputados: José Luis Lamadrid Sauza, Ricardo Monreal Avila, Jesús
Martín del Campo, Carlos Medina Plascencia y Ricardo Cantú Garza.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de
decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal
en conjunto.
REPUBLICA DE
VENEZUELA
|
El
secretario diputado Juan José Rodríguez Prats: |
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo
Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 15
de diciembre del año próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través
de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano
Francisco Javier Garza Zambrano, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario
de Venezuela en Monterrey, con circunscripción consular en los estados de Coahuila, Nuevo
León y Tamaulipas.
En sesión celebrada por la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión, el día 14 de enero, se turnó a la
suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su
nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio
solicitante prestará al gobierno de Venezuela, en Monterrey, con circunscripción
consular en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, serán de carácter
estrictamente consular y
c) Que la solicitud se ajusta a lo
establecido en la fracción II del apartado c del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite
someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano Francisco Javier Garza Zambrano, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul
honorario de Venezuela, en Monterrey, con circunscripción consular en los estados de
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 20 de enero de 1998.-
Senador Dionisio Pérez Jácome, presidente; diputados: Rafael Oceguera Ramos, Santiago
Creel Miranda, Socorro Aubry Orozco, secretarios; diputados: Jose Luis Lamadrid Sauza,
Ricardo Monreal Avila, Jesús Martín del Campo, Carlos Medina Plascencia, Ricardo Cantú
Garza; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas y Mario Vargas Aguiar.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de
decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal
en conjunto.
REINO DE DINAMARCA
|
La
secretaria senadora María Elena Alvarez Bernal: |
«Escudo.- Poder Legislativo
Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 22
de agosto de 1997, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de
Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Enrique
de Jesús Zambrano Benítez, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de
Dinamarca en Monterrey, con circunscripción consular en los estados de Coahuila, Nuevo
León y Tamaulipas.
En sesión celebrada por la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 14 de enero, se turnó a la suscrita
comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su
nacionalidad mexicana, con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio
solicitante prestará al gobierno de Dinamarca, en Monterrey, con circunscripción
consular en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, serán estrictamente
consular y
c) Que la solicitud se ajusta a lo
establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite
someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano Enrique de Jesús Zambrano Benítez, para aceptar y desempeñar el cargo de
cónsul honorario de Dinamarca en Monterrey, con circunscripción consular en los estados
de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 20 de enero de 1998.-
Senador Dionisio Pérez Jácome, presidente; Rafael Oceguera Ramos, Santiago Creel
Miranda, Socorro Aubry Orozco, secretarios; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas,
Mario Vargas Aguiar; diputados: José Luis Lamadrid Sauza, Ricardo Monreal Avila, Jesús
Martín del Campo, Carlos Medina Plascencia y Ricardo Cantú Garza.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de
decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal
en conjunto.
REPUBLICA
FRANCESA
|
El
secretario diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: |
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo
Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 8
de agosto del año próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de
la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana
Myriam Vachez Plagnol, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honoraria de
Francia en Guadalajara, Jalisco.
En sesión celebrada por la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 21 de enero, se turnó a la suscrita
comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su
nacionalidad mexicana, con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la propia
solicitante prestará al gobierno de la República de Francia en Guadalajara, Jalisco,
serán de carácter estrictamente consular y
c) Que la solicitud se ajusta a lo
establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite
someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la
ciudadana Myriam Vachez Plagnol, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honoraria
de Francia en Guadalajara, Jalisco.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 23 de enero de 1998.-
Senador: Dionisio Pérez Jácome, presidente; José Trinidad Lanz Cárdenas, Mario Vargas
Aguiar; diputados: Rafael Oceguera Ramos, Santiago Creel Miranda, Socorro Aubry Orozco,
secretarios; José Luis Lamadrid Sauza, Ricardo Monreal Avila, Jesús Martín del Campo,
Carlos Medina Plascencia y Ricardo Cantú Garza.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de
decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal
en conjunto.
REPUBLICA FEDERATIVA
DEL BRASIL
|
El
secretario diputado Juan José Rodríguez Prats: |
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo
Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 6
de noviembre del año próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través
de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano
Artemio Santos Santos, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario del
Brasil en Cancún, Quintana Roo.
En sesión celebrada por la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión, el día 21 de enero, se turnó a la
suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su
nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio
solicitante prestará al gobierno del Brasil en Cancún, Quintana Roo, serán de carácter
estrictamente consular y
c) Que la solicitud se ajusta a lo
establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite
someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano Artemio Santos Santos, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario
del Brasil en Cancún, Quintana Roo.
En sesión celebrada por la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 14 de enero, se turnó a la suscrita
comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su
nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio
solicitante prestará en el Consulado de los Estados Unidos de América en Guadalajara,
Jalisco, serán como asistente consular y
c) Que la solicitud se ajusta a lo
establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite
someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano Roberto Velázquez de Alba, para prestar servicios como asistente consular, en
el Consulado de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 20 de enero de 1998.-
Senador: Dionisio Pérez Jácome, presidente; diputados: Gil Rafael Oceguera Ramos,
Santiago Creel Miranda, Socorro Aubry Orozco, secretarios; José Luis Lamadrid Sauza,
Ricardo Monreal Avila, Jesús Martín del Campo, Carlos Medina Plascencia, Ricardo Cantú
Garza; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas y Mario Vargas Aguiar.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de
decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal
en conjunto.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
La Secretaria senadora María Elena
Álvarez Bernal:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo
Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficio fechado 15 de
diciembre de 1997, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de
Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Roberto
Velázquez de Alba, pueda prestar sus servicios como asistente consular, en el Consulado
General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
En sesión por la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión, el 14 de enero, se turnó a la suscrita comisión para su
estudio y dictamen el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su
nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio
solicitante prestará en el Consulado de los Estados Unidos de América en Guadalajara,
Jalisco, serán como asistente consular y
c) Que la solicitud se ajusa a lo
establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional
Por lo expuesto, esta comisión se permite
someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se
concede permiso al ciudadano Roberto Velázquez de Alba, para prestar servicios como
asistente consular, n el Consulado de los Estados Unidos de América en Guadalajara,
Jalisco.
Sala de comisiones de la comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 20 de enero de 1998.-
Senador: Dionisio Pérez Jácome, presidente; diputados: gil Rafael Oceguera Ramos,
Santiago Creel Miranda, Socorro Aubri Orozco, secretarios; José Luis Lamadrid Sauza,
Ricardo Monreal Avila, Jesús Martín del Campo, Carlos Median Plascencia, Ricardo Cantú
Garza; senadores: José Trinidad Lanz Cárde3nas y Mario Vargas Aguiar
Es de segunda lectura
Está a discusión el proyecto de
decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para s votación nominal
en conjunto.
REINO DE TAILANDIA
|
La
secretaria senadora Laura Pavón Jaramillo: |
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo
Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 30
de septiembre de 1997, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de
Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Guillermo
Velázquez Martínez, pueda prestar servicios como vigilante, en la Embajada del Reino de
Tailandia en México.
En sesión celebrada por la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 14 de enero, se turnó a la suscrita
comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su
nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio
interesado prestará en la Embajada del Reino de Tailandia en México, serán de vigilante
y
c) Que la solicitud se ajusta a lo
establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite
someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano Guillermo Velázquez Martínez, para prestar servicios como vigilante, en la
Embajada del Reino de Tailandia en México.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 20 de enero de 1998.-
Senador: Dionisio Pérez Jácome, presidente; diputados: Gil Rafael Oceguera Ramos,
Santiago Creel Miranda, Socorro Aubry Orozco, secretarios; José Luis Lamadrid Sauza,
Ricardo Monreal Avila, Jesús Martín del Campo, Carlos Medina Plascencia, Ricardo Cantú
Garza; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas y Mario Vargas Aguiar.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de
decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se procederá a recoger la votación
nominal de éste y los anteriores reservados.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los
avisos a los que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron 33 votos en pro y cero en con-
tra. Aprobados los proyectos de decreto por 33 votos.
Pasan al Ejecutivo
para los efectos constitucionales.
ESTADO DE CHIAPAS
Para hablar sobre la situación
política en el Estado de Chiapas, tiene la palabra el diputado Jesús Martín del Campo,
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 15 minutos.
|
El
diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: |
En esta ocasión, que es la sexta en
esta actuación de la Comisión Permanente en que tocamos el tema de Chiapas, quiero
expresar preocupaciones del Partido de la Revolución Democrática, relacionadas con el
ambiente que se vive últimamente en aquella entidad. Al mismo tiempo que comentaremos
nuestras preocupaciones respecto a las declaraciones de un diputado de la Cámara de
Diputados, sobre el papel de la Cocopa en la búsqueda de la solución del conflicto
chiapaneco.
Sobre lo primero, recientemente fue
cometido un asesinato en contra de un dirigente social: Rubicel Ruiz Gamboa, quien era
dirigente de la Asamblea Estatal del Pueblo Chiapaneco, conocida por sus siglas como la
ADEPCH y que se había caracterizado por participar siempre en la búsqueda de la
organización de diversos sectores sociales, los trabajadores de la educación, primero y
los campesinos también, en una larga trayectoria de lucha de este profesor y dirigente de
organizaciones campesinas.
Fue ultimado el pasado 28 de enero a las
puertas de su casa en Tuxtla Gutiérrez. Había anticipos de que sería eliminado, en
anónimos que habían hecho llegar a su domicilio a su propia esposa y a otros compañeros
que con él participaban de la actividad política, de organización de la población
chiapaneca para buscar mejores condiciones de vida y cauces democráticos a las
inquietudes de los chiapanecos.
Por otra parte también falleció en
condiciones no claras, otro dirigente social, el compañero Marco Antonio Gómez Flores,
quien pertenecía a la ARIC, de la zona centro de Chiapas y a la Organización Regional de
la Unorca, allá en la misma entidad. Había estado en el sepelio del compañero Rubicel
Ruiz Gamboa y después de estar en el velorio, perdón, muere en condiciones sospechosas
en un taxi que fue arrollado por un camión de volteo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
Estos asesinatos o estos fallecimientos,
uno claramente un asesinato y el otro una muerte en condiciones no aclaradas, forman parte
de una larga cadena de crímenes que muy proba-blemente han sido cometidos por pistoleros
a sueldo de caciques de varias zonas de la entidad.
Aquí en otras ocasiones hemos hablado de
los grupo paramilitares y de la necesidad de desarmarlos. Como parte de este ciclo de
violencia que se está llevando a la práctica en Chiapas, han renacido, según nuestra
apreciación, los grupos de matones a sueldo, de caciques de negra memoria en la entidad,
como los Orantes, quienes han actuado en la zona de Angel Albino Corzo, del municipio de
Jaltenango y que ultimaron en los últimos años, primero al dirigente del PRD en
Jaltenango, Roberto Hernández, para cuyo esclarecimiento se creó incluso una fiscalía
especial. El fiscal especial fue amenazado de muerte varias veces y nunca se quiso llegar
al fondo del asunto, porque se afectaban intereses de caciques, los Orantes, que además
habían penetrado muy bien en la estructura del aparato judicial del Estado de Chiapas y
que tenían a quien les avisaba cuando se iba a buscar en los archivos, cuando se iba a
esclarecer algún asunto en el terreno directo y podrán eludir, evadir e incluso
amedrentar al fiscal especial para el caso de Roberto Hernández, dirigente del PRD en el
muni- cipio de Angel Albino Corzo y la muerte sigue sin aclararse y siguen sin ser
aprehendidos los responsables, los autores materiales e intelectuales.
En 1995, después de un año de la muerte
de Roberto Hernández, es asesinado el candidato a presidente municipal por el PRD, en el
mismo municipio de Angel Albino Corzo. Nuevamente el esquema es el que se siguió con
Rubicel Ruiz Gamboa. Recibe anónimos amenazándolo de muerte, el compañero Antelmo
Roblero Roblero, compañero originario de la propia cabecera municipal de Angel Albino
Corzo y es asesinado después de un mitin de campaña a las puertas de su casa cuando
terminó el mitin y él se dirigía a su domicilio.
Hicimos las denuncias correspondientes,
requerimos que el Gobierno de la entidad pusiera todo su esfuerzo para esclarecer el
crimen y en aquella ocasión, incluso de manera particular, me tocó tratar con el
gobierno del Estado y las autoridades judiciales de la entidad el asunto, para que se
siguiera un camino expedito. Había elementos acusatorios, pero el clima estaba totalmente
enturbiado en la zona y cuando parecía que ya no tendrían un "caldo de
cultivo", cuando parecía que ya no tendrían "ambiente para actuar", viene
este crimen contra Rubicel Ruiz Gamboa, quien tenía contacto con las comunidades
organizadas de los municipios de Villa Corzo y de Angel Albino Corzo, la zona donde antes
se cometieron asesinatos contra dirigentes perredistas.
Rubicel Ruiz Gamboa no era miembro del PRD,
era un dirigente social de la asamblea estatal del pueblo chiapaneco, pero había
participado en una movilización que recientemente organizó el Partido de la Revolución
Democrática en Tuxtla Gutiérrez. A dicha movilización acudieron, por primera vez en
muchos años, varios miles de personas que clamábamos porque hubiera una salida pacífica
al conflicto chiapaneco.
También se expresó en dicho mitin la
necesidad de reforzar el papel de las instancias de intermediación que existen, para que
nos aproximemos a una salida con justicia y dignidad, de manera pacífica, en la entidad.
En ese mitin habló Rubicel Ruiz Gamboa y
en ese mitin habló el otro compañero, el compañero Marco Antonio Gómez Flores, al
final del mismo, haciendo los mismos llamados que habían hecho dirigentes del PRD, el
propio presidente del partido en Tuxtla Gutiérrez y poco tiempo después: ¡uno es
asesinado y el otro muere, como decía, en condiciones sospechosas!
Queremos reiterar, desde nuestro punto de
vista, que siendo un Estado donde hay miles de soldados, hay Policía Judicial Federal y
hay tropas o fuerzas de seguridad pública del Estado que han actuado permanentemente en
varias zonas del Estado, en algunos casos como ya hemos señalado aquí en la tribuna, de
manera intimidatoria contra las comunidades zapatistas o que así se declaran, no han sido
capaces de evitar que en plena capital del Estado, donde no había sucedido un crimen como
el de Rubicel Ruiz Gamboa, se pueda llevar a cabo este asunto que tiene qué ver, insisto,
con un ambiente que sienten favorable estos grupos de matones, ligados a intereses de una
estructura caciquil agotada, que no es la que debe estar permanentemente actuando como la
estructura privilegiada para la actividad política y para la actividad económica en la
entidad.
Por eso hemos señalado que se requieren
medidas enérgicas para desarmar a los grupos paramilitares, para actuar en apego a la
justicia, en apego a la legalidad, contra estos matones a sueldo, de los cuales el Partido
de la Revolución Democrática ha dado nombres, ha dado testimonios, ha dado elementos;
pero la autoridad en el Estado no ha actuado con la agilidad necesaria.
Por eso el Partido de la Revolución
Democrática ha pedido al Procurador General de la República que atraiga el caso, para
buscar que haya una aplicación expedita de la justicia, en apego a la legalidad en estos
dos casos.
Por otra parte, hemos escuchado y leído
con preocupación declaraciones del presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la
Cámara de Diputados, el día de ayer, en el sentido de que "debe de desaparecer la
Cocopa".
El diputado Efraín Zúñiga Galeana usó
términos que entre legisladores no deberían usarse para referirse a otros legisladores,
sean o no de la misma bancada a la que pertenece, en este caso son de todas las bancadas,
descalificando la actividad de la Cocopa, que además ha sido apoyada por las dos
cámaras: la de Diputados y Senadores, utilizó términos de que "son paleros del
subcomandante Marcos y del EZLN" y de que "son fans del mismo y que debiera
desaparecer la comisión".
¡Siendo, además, el presidente de una
comisión que atiende uno de los asuntos centrales, por no decir que el central: el de las
autonomías de los pueblos indígenas y que se refiere así a una comisión aprobada
unánimemente por el Congreso en sus dos cámaras, demuestra signos preocupantes!
Nosotros sí deseamos que los legisladores
del Partido Revolucionario Institucional nos aclaren qué rango tienen dichas
aseveraciones hechas apenas ayer por el diputado Efraín Zúñiga Galeana, porque de
representar un punto de vista de los legisladores del Partido Revolucionario
Institucional, estaríamos ante una contradicción flagrante y ante la anulación de las
opiniones que antes han dado, en el sentido de que hay que fortalecer el trabajo de la
Comisión de Concordia y Pacificación, como la intermediadora que ha nombrado este
Congreso, sus dos cámaras, para que contribuya a una salida pacífica con justicia y
dignidad.
Ya tienen bastante acoso, ya hay una
descalificación de un sector del funcionariado gubernamental respecto al papel que ha
jugado la Cocopa, como para que ahora legisladores de esta LVII Legislatura también se
sumen a este foro que descalifica el papel de intermediación de la Comisión de Concordia
y Pacificación.
Pedimos entonces que aclaren, porque,
insisto, de ser ésta la posición de los legisladores del Partido Revolucionario
Institucional, estaríamos ante una contradicción muy grave, porque además ahora ha
retomado un papel importante la Cocopa, se está aproximando a la posibilidad de que se
cumplan los acuerdos de San Andrés y de buscar que se retome el diálogo entre el
Gobierno y el EZLN, para que lleguemos pronto a una solución pacífica y no tengamos que
seguir soportando este ciclo de violencia en que se ultima a dirigentes sociales, en que
reaparecen los matones a sueldo de los caciques, como los Orantes de la región de Angel
Albino Corzo y no contribuyen adecuadamente estas declaraciones.
Por otra parte, quiero decir que continúa
habiendo, al menos en el representante del Gobierno, el señor Rabasa, para esto del
diálogo con el EZLN, continúa habiendo prejuicios y falta de manejo de una parte de la
información que es muy importante, respecto al vínculo del concepto de autonomía que se
planteó en los acuerdos de San Andrés Larráinzar y el de territorialidad.
Quiero, por lo mismo, recordar aquí, para
que sea base también de nuestras consideraciones, tres artículos a los que voy a dar
lectura, del acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que dan marco
legal al planteamiento que se ha hecho desde San Andrés Larráinzar y que no permite
incluso que se continúe con este prejuicio o este temor de que habría contradicción con
la soberanía o habría contradicción con la legalidad vigente, en la que puede ampararse
el acuerdo y el respeto a los acuerdos de San Andrés.
El artículo 13 del mencionado convenio de
la Organización Internacional del Trabajo, el 169, se refiere a las tierras y dice:
"al aplicar las disposiciones de esta parte del convenio, los gobiernos deberán
respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los
pueblos interesados, reviste su relación con las tierras o territorios o con ambos,
según los casos, que ocupan o utilizan de alguna manera y en particular los aspectos
colectivos de esa relación".
"Dos. La utilización del término
tierras en los artículos 15 y 16, deberá incluir el concepto de territorios, lo que
cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o
utilizan de alguna u otra manera."
"Artículo 14. Deberá reconocerse a
los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que
tradicionalmente ocupan, además en los casos apropiados deberán tomarse medidas para
salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén
exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso
para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse
particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores
itinerantes". Es un caso que no se presenta en el territorio mexicano.
"Artículo 15. Los derechos de los
pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras, deberán
protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a
participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos."
Artículo 16. Dice que: "cuando
excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se considere necesario,
sólo deberán efectuarse con su consentimiento dado libremente y con pleno conocimiento
de causa, Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la reubicación sólo
deberá tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos por la
legislación nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los
pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados".
Y hay otros detalles, pero esta
normatividad internacional que es vigente en nuestro país, porque México es signatario
de ese convenio, obliga al Gobierno a tenerlo en cuenta para un asunto tan delicado como
el de la autonomía de los pueblos indígenas.
Quiero concluir diciendo que estas
preocupaciones que ahora expreso en la tribuna, proponen ahora a esta Asamblea, a esta
sesión de la Comisión Permanente, un punto de acuerdo que dejaré por escrito en que
diputados y legisladores de todas las bancadas, diputados y senadores, estamos de acuerdo
en suscribir, en que se condena enérgicamente el asesinato del dirigente Rubicel Ruiz
Gamboa y exige su esclarecimiento y también pide el esclarecimiento de la muerte en
condiciones sospechosas de Marco Antonio Gómez Flores, después será sometido al final
de la discusión y expresamos la necesidad, reitero, de que los legisladores del
Revolucionario Institucional aclaren el rango que guardan las declaraciones del diputado
Zúñiga Galeana hechas el día de ayer contra la Cocopa.
Muchas gracias.
Para hablar sobre el mismo tema,
tiene la palabra el diputado Santiago Creel Miranda, por el grupo parlamentario del PAN.
|
El diputado Santiago Creel
Miranda: |
Muchas gracias, señor Presidente;
compañeras y compañeros legisladores:
Ahora que las instancias de mediación para
resolver el conflicto de Chiapas empiezan a retomar su curso, empiezan a actuar y a
recibir ciertas señales aún tenues, pero ciertas señales de que puedan empezar a
caminar con su labor de mediación, me parece que los legisladores de esta Comisión
Permanente debemos de apoyar sus labores, debemos de otorgarles todos nuestros votos para
que logren su eficacia en la mediación que tienen enfrente.
Y en ese sentido, reprobamos y rechazamos
las criticas que se han vertido en torno de la Cocopa, de su eficacia como instancia
mediadora e igualmente las que se han vertido en otras ocasiones en contra de la Conai y
en particular en contra de don Samuel Ruiz.
Yo quisiera hacerles ver, compañeras y
compañeros legisladores, que la Cocopa es una instancia de este Congreso, está
conformada por legisladores de todas las bancadas y que están realizando su mejor
esfuerzo para que el proceso de paz pueda empezar a retomar su curso.
Habrá que recordar que el fundamento de la
Cocopa se encuentra en la Ley del Diálogo que a su vez surge como una instancia de
pacificación por el conflicto armado surgido el 1o. de enero de 1994, es decir, es una
instancia de este Congreso que tiene su fundamento en este instrumento de mediación y de
pacificación.
Es por ello que rechazamos las críticas
vertidas particularmente a la Cocopa por el diputado Efraín Zúñiga, presidente de la
Comisión de Asuntos Indígenas, si efectivamente hizo tales declaraciones, como fueran
reproducidas por la prensa el día de hoy en varios diarios de circulación nacional.
Y la reprobamos porque me parece que no son
consecuentes esas declaraciones con las labores de mediación que se han venido llevando a
cabo y que por cierto ya dan algunos resultados; el primero de ellos que me parece que ha
tenido consenso, que han suscitado convergencias de los distintos grupos políticos y
actores sociales, es el pronunciamiento conjunto de la Cocopa y la Conai; yo creo que el
documento que han suscrito y publicado el 23 de enero pasado, es precisamente la agenda
que los legisladores de esta Comisión Permanente debemos de apoyar.
Y creo que está muy claro cuáles son los
asuntos que la Cocopa y la Conai, como instancias de intermediación, consideran como
fundamentales. El primero de ellos es la concreción de los acuerdos de San Andrés
Larráinzar, ese asunto lo ponen y lo establecen en primer lugar para que se proceda de
inmediato a realizar las reformas legislativas y particularmente la reforma al artículo
4o., de nuestra Constitución.
También nos recuerda en el segundo punto,
la importancia que tiene la Ley de Diálogo y Conciliación para el logro de una Paz Digna
y Justa en Chiapas. Eso es fundamental. Si nos están pidiendo el reconocimiento del
respeto a esa ley, implícitamente también a las labores que de esa ley derivan en estas
instancias de intermediación.
Respecto a la situación militar, es claro
el pronunciamiento de la Cocopa y la Conai que urge reducir la presencia militar en las
zonas del conflicto. De igual manera, urge también empezar con el desarme de los grupos
paramilitares; continuar con las investigaciones de Acteal y fincar claramente las
responsabilidad no solamente de los autores materiales, sino también de los autores
intelectuales de este crimen.
Otro de los puntos importantes de esta
declaración conjunta de las instancias de mediación, es la atención a los desplazados.
Este es un tema fundamental que también debemos de facilitar y apoyar debido a que es una
situación que afecta a buena parte de los habitantes en esa región del conflicto.
También, apoyar que se otorguen las
indemnizaciones en relación a los deudos de las víctimas del conflicto surgido en
Acteal, en el municipio de Chenalhó; la liberación de los presuntos zapatistas presos y
apoyar los mecanismos de conciliación regional, así como la comisión de seguimiento y
verificación.
Creo que está muy clara cuál es la agenda
de la Cocopa y la Conai, cuáles son sus prioridades que me parece que siendo una
comisión del Congreso y siendo nosotros parte de la Comisión Permanente, tendríamos que
facilitar el trabajo de esas instancias de mediación y no generar obstáculos o
declaraciones que originen confusiones como las que acabo de mencionar.
Una forma, me parece a mí, de contribuir
con esos esfuerzos de mediación, es esperar que esas labores en esta agenda que acabo yo
de describir, empiecen a tener resultados.
Ha habido en torno al asunto de Chiapas,
algunas coincidencias que no quisiera yo pasar por alto.
En primera instancia, a partir de la visita
del Secretario de Gobernación a la Cámara de Diputados, particularmente a la Comisión
de Gobernación y Puntos Constitucionales, creo que fue manifiesto la expresión de apoyo
a los acuerdos de San Andrés Larráinzar por parte de todos los grupos parlamentarios de
la Cámara de Diputados e igualmente me parece que ya hay un consenso de que el punto de
partido para la reforma constitucional sea la primera iniciativa que presentó la Cocopa y
tan hay punto de acuerdo que fue precisamente la primera iniciativa y no la segunda, por
los comentarios u opiniones vertidas a ellas, las que el Gobierno Federal recibió para
realizar sus comentarios, que originalmente nos había formulado alrededor de 27
comentarios y que ahora resume en cuatro; que según las expresiones de algunos
integrantes de la Cocopa se exceden con mucho esos cuatro que originalmente se nos había
prometido, se nos había dicho aquí en la visita del Secretario de Gobernación.
Pero yo no quisiera en este momento
anticipar la discusión sobre los cuatro puntos, en primera instancia porque no ha sido
revelado su contenido y me parece que tampoco debiéramos en este momento de anticipar la
discusión sobre la parte sustantiva de la modificación constitucional, ya habrá tiempo
de utilizar y pasar a esta tribuna para fijar posición y posiciones muy claras en torno a
las modificaciones constitucionales y a la manera de instrumentar los acuerdos de San
Andrés en nuestra propia Constitución. Yo diría que con esto se han empezado a tener
buenos resultados por parte de las instancias mediadoras y que esto nos obliga a apoyarlas
y a darles ciertamente un voto de confianza.
Por último diría yo que démosle tiempo
al tiempo, sobre todo al tiempo de diálogo que está tratando de convocar, está tratando
de facilitar las instancias de mediación de la Cocopa y de la Conai, para que
fructifiquen sus esfuerzos antes de entrar a un debate de fondo o antes de analizar o
evaluar sus resultados.
Anticipamos nuestro voto, la bancada de
Acción Nacional, al proyecto de acuerdo que aquí se acaba de plantear, en el cual se
rechaza, se reprueba y se lamenta del asesinato ocurrido en el líder social que falleció
la semana pasada; igualmente para que se esclarezca el fallecimiento del otro líder
social que desafortunadamente también ocurrió hace algunos días en Chiapas.
Muchas gracias.
Para hablar sobre el mismo tema,
tiene la palabra el diputado Rafael Oceguera Ramos, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
|
El diputado Gil Rafael Oceguera
Ramos |
Compañeras y compañeros senadores y
diputados a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión:
Se han hecho públicas las posiciones de
los compañeros diputados del Partido de la Revolución Democrática y de los compañeros
diputados del Partido Acción Nacional, a propósito de la situación que prevalece en los
últimos días en la entidad chiapaneca.
Es factible advertir en las exposiciones
hechas por los representantes de ambas fuerzas políticas, una actitud de compromiso con
el diálogo, de compromiso con la justicia y de compromiso con el país para encontrarle
una solución definitiva a este problema, que a lo largo de cuatro años ha conmovido de
manera permanente la conciencia de la nación.
En repetidas ocasiones los representantes
del Partido Revolucionario Institucional que han pasado por esta tribuna, han hecho valer
su convicción en el sentido de que tenemos que conjurar la amenaza de la violencia y
garantizar que sea por el cauce de la legalidad y del respeto al estado de leyes, que en
Chiapas logremos firmar y acordar la paz, para bien de Chiapas y para bien de México.
Hoy de nueva cuenta, leal a esta
convicción y a esta actitud que el Partido Revolucionario Institucional ha manifestado
con hechos, vengo a expresarme, vengo a manifestarme en nombre de los diputados del PRI,
por la solución pacífica, por la solución en la concordia y en el diálogo del problema
que afectando a Chiapas afecta a todo el país.
Este Congreso, particularmente esta Cámara
de Diputados, la Cámara de Senadores, han hecho públicos sus votos de compromiso con la
Cocopa. La Cocopa es una instancia con representación política y con fuerza legal, que
puede en todo momento hacer valer el espíritu y las motivaciones político-jurídicas que
animan a las distintas fuerzas representadas en este Congreso.
Las expresiones de un diputado en lo
individual, si somos respetuosos del derecho que todos los diputados tenemos de hacer
valer nuestra opinión, deben tomarse como tales y no apoyarse en las mismas para hablar
de una disposición contraria a la que el Congreso ha manifestado ya, de encontrarle
solución al problema de Chiapas por la vía de fortalecer y validar el trabajo de la
Cocopa.
Con esto, compañeros diputados,
compañeros senadores, quiero decirles que nuestra actitud es de compromiso invariable con
el trabajo y con el esfuerzo que esta comisión realiza y está obligada a realizar en los
días presentes y en los días próximos, que estimamos sean días que nos hablen de paz,
que nos hablen de orden, que nos hablen de respeto, de apego a los compromisos con la
legalidad.
En este orden, apoyado en lo dicho aquí
por el diputado Martín del Campo, en lo expuesto por el diputado Santiago Creel, vengo a
validar y a respaldar el punto de acuerdo que aquí ha sido leído, vengo a entregar este
punto de acuerdo con las firmas de mis compañeros diputados y de mis compañeros
senadores de la bancada priísta, para empeñar de nueva cuenta y de manera pública,
nuestro compromiso con la solución pacífica, con la solución que conjure el amago de la
violencia.
Recientemente el Presidente de la
República hizo votos por una solución pacífica, hizo votos por una solución que nos
aparte de la amenaza de la violencia. Nosotros como partido en el Gobierno, de nueva
cuenta declaramos que nuestra actitud es de compromiso con la solución pacífica, por la
vía del diálogo y por la vía del entendimiento, por la vía de apoyar a una comisión
de extracción parlamentaria, representativa del Congreso de la Unión, que durante muchos
meses ha empeñado su tiempo, su esfuerzo y su compromiso con la búsqueda de una
solución pacífica y de una solución legal al problema en la entidad chiapaneca.
En este orden, me voy a permitir dar
lectura a la redacción que todos hemos convenido a propósito del punto de acuerdo
sometido a la consideración de este pleno.
Dice: con fundamento en los artículos 79
fracción III, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, los legisladores que suscriben, hacen a esta Comisión
Permanente del Congreso de la Unión la siguiente
"PROPOSICION
Unico. La Comisión Permanente del Congreso
de la Unión condena enérgicamente el asesinato del dirigente campesino chiapaneco
Rubicel Ruiz Gamboa, representante de la Asamblea Estatal Democrática del Pueblo
Chiapaneco y el homicidio de Marco Antonio Gómez Flores, dirigente de la ARIC, zona
centro, de Chiapas y regional de UNORCA, acaecidos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, en la última semana de enero y exige el pronto esclarecimiento de estos
crímenes y el castigo de los culpables materiales e intelectuales.
Considerando que el anterior punto de
acuerdo es de urgente resolución, solicitamos los firmantes, que con fundamento en el
artículo 59 del Reglamento Interior, la presente propuesta sea sometida a discusión y
votación inmediata.
Atentamente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 4 de
febrero de 1998.- Está firmado por diputados y senadores de los diversos grupos
parlamentarios representados en esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la
Unión."
Señor Presidente: en mérito de contribuir
como Congreso, como representación nacional, a la solución pronta de un problema que ha
ocupado y merecido la atención permanente de nosotros, los diputados y senadores, ruego a
usted, señor Presidente, proceda en los términos de nuestra Ley Orgánica y del
Reglamento de esta Comisión Permanente, someter a discusión y a votación inmediatamente
el punto de acuerdo que hemos suscrito todos los parlamentarios aquí presentes. Es
cuanto, señor Presidente.
Para hablar sobre el mismo tema,
tiene la palabra el senador Mario Saucedo, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
|
El senador Mario Saucedo Pérez: |
Gracias, señor Presidente:
Se ha planteado un punto de acuerdo que
tiene que ver una vez más con la situación de Chiapas, sobre una violencia que se hace
presente, tratando de acallar las voces y la representatividad de aquellos que de alguna
manera han venido resistiendo a una política del gobierno y de los grupos caciquiles, por
tratar de mejorar las condiciones y una mayor justicia en el Estado de Chiapas.
Apenas, hace ocho días, esta Comisión
Permanente aprobó un punto de acuerdo para fortalecer el trabajo que viene desarrollando,
de intermediación y trabajo en torno a la búsqueda de la paz en Chiapas, la Comisión
Nacional de Intermediación (Conai) y la Cocopa.
Y no es sólo la respuesta, que puede
parecer individual, de un diputado, presidente de la Comisión Indígena de la Cámara de
Diputados. Digo puede parecer, porque en el fondo en estas cosas difícilmente uno puede
pensar que este tipo de posiciones y declaraciones tengan que ver con una posición
individual.
¿Quién está detrás de este señor
Zúñiga, diputado del PRI, que viene a buscar, negar la participación de la Cocopa y de
la Conai?
Tampoco fue casual, en su momento, el
general responsable de la Quinta Región, que hace todo un planteamiento a partir de haber
encontrado algunos materiales, allá en Chiapas, entre ellos un catecismo en lengua de don
Samuel y que le permitió con ello señalarlo como uno de los principales comandantes o
responsables en la cuestión zapatista.
¿Por qué el general, Secretario de
Defensa, también dice que se va a desarmar a todos, cuando después tiene, en un aparente
desmentido, el Secretario de Gobernación señalar que no es a todos, que hay una
excepción con el EZLN?
Lo que hay es un doble lenguaje en la
política y en la estrategia hacia Chiapas.
La manera como el Presidente presenta en
Davos, Suiza, hace unos días, el conflicto de Chiapas, nos lleva a preguntarnos si
realmente hay voluntad de avanzar o se manejó una política para encubrir una realidad
que difícilmente, debido a que esas imágenes de lo que está sucediendo en Chiapas, de
los desplazados, de los asesinatos, del conflicto que tiene ya más de cuatro años,
tratar de señalar y decirle a los inversionistas que en Chiapas y en México no hay
problemas; que el conflicto está derivado, que la violencia, cosa que sería preocupante
si ésa es la caracterización que hace el señor Presidente respecto al conflicto en
Chiapas, dice que ha sido motivado por enfrentamiento entre este grupo que, por cierto,
jamás se digna mencionar por sus siglas y otro grupo de Chiapas.
"Esto ha sido sumamente
traumático", textualmente; es decir, la violencia de Acteal está generada por la
confrontación entre el EZLN y otras comunidades. Ese es el mensaje, ésa es la
caracterización que ha llevado el señor Presidente a Davos, con el interés, claro, de
que el flujo de inversiones no se pueda detener, pero difícilmente se pudo evadir la
situación de Chiapas, porque está presente en la opinión pública internacional y
obviamente los propios inversionistas que tienen como criterio, evaluar las condiciones
políticas, sociales y económicas, para saber el riesgo que tendría su inversión.
Lo preocupante no es una voz aislada de un
diputado priísta, que trata de nulificar a la Cocopa, en términos de la función de una
comisión representativa del Congreso de la Unión.
Es preocupante también que el señor
Secretario de Gobierno, busque aparentemente una relación directa, para tratar de
plantear que los zapatistas se sientan a dialogar, buscando generar una imagen de que es
el Gobierno el que está interesado en dialogar y quién se resiste a dialogar son los
zapatistas.
Ha entregado un documento a la Cocopa, para
hacérsele llegar a los zapatistas, después de que vio que el conducto que ellos tenían
no era el adecuado, mostrando con ello la ignorancia que existe de parte del Gobierno, de
los responsables del Gobierno, para llevar adelante el asunto de la negociación en
Chiapas, desconociendo la labor de cuatro años de la gestión que han hecho legisladores
de los cuatro partidos a través de la Cocopa, a partir de 1995 y desconociendo que ha
sido un proceso sumamente complejo, que ha llevado a una serie de situaciones y
posiciones, como si se volviera a empezar de nuevo, buscando y esto es lo preocupante.
Hacer aparecer que el que se resiste a
sentarse a discutir las iniciativas es el EZLN, cuando fue claro que es el Gobierno el que
no aceptó, no solamente los acuerdos de San Andrés, el problema ya no es si se aceptan o
no los acuerdos de San Andrés, porque como están redactados se puede señalar que todo
mundo está de acuerdo.
El problema es una iniciativa, que salió
de la Cocopa, que estaba planteando el problema de las modificaciones constitucionales, en
torno a la reglamentación y los derechos y a la cultura de los pueblos indios.
El Gobierno lo que está haciendo con este
famoso secreto, que efectivamente todavía no se conoce, pero que todo mundo sabe cual es
el contenido. Lo que está marcando es que no está de acuerdo, como está planteada la
iniciativa de ley.
Y aquí queremos nosotros dejar claramente,
bueno, estas 20 cuartillas que mandó de manera secreta en un sobre, que inclusive generó
un conflicto en la relación con la Cocopa, con la Conai, lo que están planteando las
famosas cuatro objeciones tienen que ver clarísimamente con el problema de la autonomía,
con el problema del territorio, con el problema de la institución política, con el
problema de lo que ellos han venido señalando insistentemente, de que la iniciativa como
está formulada, atenta a la unidad del territorio y atenta contra la soberanía nacional
y esperan que el EZLN responda a esta iniciativa, cuando se les olvida que el que rompió
el diálogo y el que tiene que establecer las condiciones para que se restablezca es el
Gobierno.
Fue el Gobierno el que ya no aceptó, una
vez que firmó los acuerdos de San Andrés, que se hizo la iniciativa de ley sobre los
derechos y la cultura de los pueblos indios, de que el Gobierno impidió, fue el que
provocó la ruptura en el diálogo, es decir, evitó que se siguiera discutiendo y se
creó este vacío, en el cual, por cierto, el señor Emilio Chuayfett tiene gran
responsabilidad, obviamente haber sido el instructor, el haber sido el que implementó
está acción y yo creo que por eso también tendrá que ser enjuiciado políticamente.
Pero este vacío lo que viene es a responder a esta lógica que nosotros hemos planteado
de guerra de baja intensidad.
Entonces el Gobierno cuando está
planteando que quiere el diálogo y manda una serie de iniciativas para la modificación a
la iniciativa de ley, lo que está diciendo es que no está de acuerdo con esa
iniciativa, y no quiere sentarse a
discutir, no quiere aceptar las condiciones para que el diálogo se reanude a partir de
donde él lo rompió. Es decir, a partir de donde él ya no acepto, a pesar de haber
estado de acuerdo inicialmente con esa iniciativa de ley.
No queda otra, en la perspectiva de poder
llegar a un acuerdo con el EZLN, más que aceptar esa iniciativa y ésa es una postura
firme del Partido de la Revolución Democrática, es una postura que tienen nuestros
integrantes en la Cocopa, de no aceptar la modificación de esa iniciativa que la Cocopa
elaboró, de que es el elemento central para poder sentarse, seguramente así lo hará, lo
ha hecho saber y lo harán saber si es que lo hace saber el EZLN, el partir de dónde el
Gobierno dejó de cumplir con su promesa.
Por eso nosotros planteamos la necesidad de
que en esos términos sea aprobado y obviamente si no hay un consenso, si hay un documento
de 20 cuartillas que según ellos son aspectos técnicos que se vienen a corregir de la
iniciativa de ley, lo que está pasando es que no hay intenciones de restablecer el
diálogo.
Y el otro elemento central, compañeras y
compañeros legisladores, es que no ha habido ni una sola muestra fehaciente después del
22 de diciembre, de que efectivamente el Gobierno quiere establecer las condiciones para
sentarse a dialogar con el EZLN, porque a la par que se desarrollaba una masacre, había
una instrucción y un ordenamiento para que el Ejército entrara a la zona zapatista. Hay
registradas 55 incursiones del Ejército en prácticamente 20 días después del 22 de
abril, que pareciera que a la par que está desarrollándose un elemento que todos, una
acción, un crimen, un genocidio que todo mundo estuvo lamentando, por otro lado el
Ejército avanzaba en una lógica de empezar a copar y a ganar terreno por el Ejército,
el terreno que de alguna manera estaba antes de manera neutral.
Entonces la preocupación es de que no
hemos visto, a pesar de que se ha planteado de manera reiterada, la necesidad de que el
Ejército se retire. Hay una relación, me voy a permitir dar una lectura, de dónde se
encuentran los cuarteles y los retenes militares en la zona de conflicto: en la región de
Agua Azul hay cuarteles militares en "El Calvario", en San Caralampio, en
Taniperlas, en Crucero Monte Líbano, Ocotalito, Ojos Azules, cerca de la laguna de
Suspiro y hay retenes en el crucero de Monte Líbano, adelante de Taniperla, en San
Caralampio, crucero Villa Las Rosas, crucero Santa Cruz.
En Patihuits, hay un cuartel militar en la
Garrucha, en el ejido de Patihuits, en la Sultana y hay retenes en el crucero de San
Miguel, en la Garrucha, en Chapayal, cerca de Rancho Alegre, ejido Prado Patayal en la
Sultana, crucero de Altamirano.
En la región de Betania, hay un cuartel en
San Quintín y en la Soledad y hay retenes en la entrada del ejido de San Quintín y en la
Soledad, frente al cuartel en la carretera.
En la región de Ocosingo, hay un cuartel
en San Juanito, en Cuzulhá, campamento militar y en la región de Avellanal, en Santo
Tomás hay un cuartel.
En la región de Candelaria hay un cuartel
cerca del poblado de Chapultepec y en la región de Jerusalén, en el poblado de
Jerusalén, hay un cuartel con aproximadamente mil soldados.
Evidentemente a esto habría que añadir
los nuevos retenes y los nuevos cuarteles.
Mientras el Gobierno, porque no es un
problema del Ejército, mientras el gobierno no se decida a retirar los retenes y a que el
Ejército regrese, se salga de las comunidades, se regrese, difícilmente podemos pensar
que el Gobierno está sentando las bases para avanzar en las condiciones de diálogo.
Es este doble discurso: por un lado estar
manejando en Suiza y estando manejando ante la opinión pública nacional de que el
Gobierno ya tiene una propuesta, de que la quiso hacer llegar como desconociendo todos los
antecedentes y hoy la trata de hacer llegar a través de la Conai, de una propuesta de
iniciativa de ley que poco tiene que ver o más bien que en el fondo está diciendo que no
acepta la iniciativa que la Cocopa firmó, lo que estamos viendo, compañeras y
compañeros legisladores, es que está presente la salida militar al conflicto de Chiapas
y no se ve clara la voluntad para desmontar esta salida e impulsar una estrategia de
diálogo y de pacificación. Por eso pensamos que un elemento central en Chiapas, además
de las que ya se han venido señalando, porque no se han desbaratado las bandas
paramilitares, no se ha detenido a uno solo de los dirigentes que aquí se han señalado,
como bien decía el compañero Martín del Campo; no ha habido una acción clara
en torno al Ejército, en relación al
retiro, al levantamiento de los retenes, que pueda mostrar tan siquiera de que
efectivamente el Gobierno tiene voluntad de dialogar.
Observamos entonces un discurso que poco o
nada tiene que ver con lo que está sucediendo en Chiapas.
Nos preocupa entonces que esta Comisión
Permanente, a pesar de los llamados que hicimos, en torno a respaldar el trabajo de la
Conai y de la Cocopa ni el Gobierno a través del Secretario de Gobernación ni esta
persona del PRI, aquí se ha dicho que no es el partido, pero fundamentalmente el gobierno
no está tomando en cuenta el trabajo y la historia que tiene este conflicto para poder
avanzar realmente en la solución del mismo.
Por eso insistimos y reiteramos que es
fundamental una muestra de voluntad política, el retiro del Ejército.
Si el Gobierno piensa que se van a sentar
los zapatistas a discutir y a dialogar su propuesta que viene modificada, sobre la
iniciativa de ley si el Gobierno piensa que van a estar de acuerdo a pesar de que tienen
una permanente hostilidad a través del movimiento del Ejército en la zona, creo que
está equivocado.
Y vamos a seguir permanentemente señalando
de que debe haber congruencia entre lo que se ha venido planteando en relación a avanzar
hacia establecer las condiciones de paz y la necesidad de que se tomen las medidas al
respecto.
La Conai y la Cocopa el 22 de enero sacaron
un documento común, que el Gobierno dice que acepta, y el primer punto de este documento,
por eso esperamos que este compromiso de decir que sí acepta, pero que en la práctica no
lo realiza, el primer punto del comunicado Conai-Cocopa, es efectivamente el relacionado
con la presencia del Ejército, y están planteando ambos, de que esta presencia sea
disminuida, dejen de estar metiéndose en las comu- nidades, se levanten los retenes y se
cree el clima propicio para poder establecer las condiciones para iniciar el diálogo.
Por eso vamos a seguir insistiendo en que
es fundamental la muestra de parte del Gobierno, del retiro del Ejército.
Gracias.
Para hablar sobre el mismo tema,
tiene la palabra el senador Dionisio Pérez Jácome, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
|
El senador Dionisio Eduardo Pérez
Jácome: |
Con su venia, señor Presidente;
compañeras y compañeros legisladores:
Antes de conocer lo que la bola de cristal
de mi querido amigo senador Saucedo, le revela, él sabe, antes que nadie, seguramente que
la opinión pública, cuando menos que los miembros del PRI, lo que contienen en detalle
las observaciones formuladas y confiadas, obviamente a la discreción de la Cocopa y de la
Conai, para su transmisión al EZLN. Por eso inicia o culmina su disertación,
cuestionándolas.
Pero conoce también y su bola de cristal
debe ser maravillosa o su suscripción a Internet, quizá, lo que el EZLN, lo que el sub o
comandante Marcos, en su caso va a contestar.
Verdaderamente es interesante el
preguntarse y seguramente lo será más el saber de qué manera estas premisas se
encuentran sustentadas, en qué forma pueden justificarse aseveraciones de tal naturaleza,
para seguramente entender la utilidad que en este aspecto tiene el trabajo tan meritorio,
tan esforzado de la Cocopa y la función que ahora está cumpliendo la Conai, con algo que
finalmente tiene ya un destino conocido, cuando menos para uno de nuestros muy respetables
colegisladores.
Al escuchar las primeras intervenciones,
par- ticularmente al señor diputado don Martín Gómez del Campo y al escuchar también
la intervención ilustrativa de una posición muy seria del señor... Perdón, ¿Gómez
del Campo? "Martín del Campo" Martín del Campo y de la intervención también
muy seria del señor diputado Creel, pensé que esta sesión, con la intervención a mi
juicio muy acertada y clara del diputado Oceguera, podría prescindir ya de nuestra parte,
de nuestra participación porque no era menester hacer aclaraciones sobre lo que creo o
así creí al menos, que todos compartíamos: una actitud positiva de diálogo, de avance,
de trabajo serio, de reconocimiento, de dificultades, pero sobre todo de intenciones
comunes de superarlas para poder llegar a lo que en principio a todos seguramente nos
preocupa: la Paz Digna en Chiapas.
La intervención de don Mario me sacó de
esas optimistas estimaciones y me hizo ubicar tal vez el problema en una posición
partidaria, quizá explicable, no justificable, en la que cualquier cosa que se haga,
cualquier avance que se obtenga o se consiga chocará contra una premisa integrada con
mucha anterioridad y sobre todo con una conclusión a la que ni siquiera la explicación
cronológica justifica. ¡No habrá acuerdo! ¡No habrá acuerdo porque Saucedo sabe que
el EZLN rechazará lo que él sabe, sólo él sabe que se le propondrá!
Me precio en proponer por esta vía al
señor subcomandante "Marcos" que se ahorre el Internet y utilice al señor
senador Saucedo como su vocero oficial u oficioso para próximos eventos de esta
naturaleza.
Se han tocado algunos temas, sin embargo,
en los que es menester recalcar nuestra posición. Lo decía ya el diputado Oceguera:
"la posición al parecer, supuestamente expuesta por el diputado Zúñiga, es una
posición que sólo él puede aclarar, rectificar, corregir y sustentar". ¡La
posición del PRI, la posición del grupo parlamentario del PRI está muy clara, a través
del pronunciamiento que suscribimos junto con ustedes en la pasada reunión de esta
Comisión Permanente y en la que confirmamos el reconocimiento nuestro, del Gobierno y de
la sociedad, al trabajo de la Cocopa! Simplemente remito al Diario de los Debates para que
no sea, a mí juicio, necesario el tener que exponer más conceptos sobre el particular.
Pero hubo un segundo planteamiento, el
planteamiento de la duda, de la inquietud o del reclamo ante una posición atribuida,
sustentada o expresada, según los medios por el más alto titular de..., por el segundo
titular, corrijo del Ejército mexicano: por el señor general Secretario respecto a la
aplicación de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos.
Creo que no se leyeron ni siquiera las
declaraciones originales ni las que posteriormente, en una interpretación no
contradictoria, sino confirmatoria de esa tesis, hizo tanto el Gobierno del Estado de
Chiapas como la Secretaría de Gobernación.
Lo que el señor General secretario
expresó es que "la Ley de Armas y Explosivos es una ley a la que el Ejército se
encuentra obligado a cumplir".
Y recuerdo a mis queridos amigos
colegisladores, aunque ellos no me quieran en el mismo grado de afecto que me pueden
inspirar, en que hay un precepto, el artículo 10 de la Constitución, que establece que:
"los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su
domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la
Ley Federal y de las Reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea
y Guardia Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y
lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas".
|
El
diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curu): |
Diputado Presidente: ¿podría
hacerle una pregunta al senador que está en la tribuna?
¿Le acepta usted una pregunta?
|
El
senador Dionisio Eduardo Pérez Jácome: |
Señor Presidente: ese senador, que
tiene nombre, es conocido del diputado Gómez y el diputado Gómez debe recordar, desde la
LIV, que contestó todas las preguntas que desee, concluida mi intervención.
Concluida su intervención le
contestará, diputado.
|
El
diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
No le escuché bien...
|
El
senador Dionisio Eduardo Pérez Jácome: |
¡Entonces no oye el diputado Gómez!
¡Le ruego se lo confirme! ¡No sólo no entiende, no oye!
Diputado Gómez: que le responde al
concluir su intervención el senador Pérez Jácome.
|
El
diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Sí, permítame agradecerle al
diputado Presidente, el que le haya usted preguntado al senador si aceptaba una pregunta.
Le agradezco mucho su atención.
|
El
senador Dionisio Eduardo Pérez Jácome: |
De mi parte le agradezco también,
señor Presidente, le haya aclarado al diputado Gómez lo que no oyó.
Decía, pues, que la Constitución
establece una disposición del más alto rango en el orden jurídico vigente, que se
desarrolla a través de una ley reglamentaria de la Constitución. Acudo también, para
conocimiento de propios y extraños, a la explicación de cuál es el rango que esa ley
tiene; deriva de la Constitución y obviamente conforme a la propia Constitución no puede
haber otra ley y que al contradecirle puede tener un mandato superior, un mandato que
elimina el valor y la vigencia de la disposición reglamentaria de la Constitución.
Pero es el caso que se invocó la Ley de
Concordia y Pacificación, la ley que nos tocó en otra legislatura, también reciente, en
la LVI, estudiar, dictaminar, elaborar el propio dictamen de esa ley, presidida para
entonces y para ilustración de algunos de los diputados que en esa época no eran
compañeros de bancada o de otras bancadas, la Comisión de Gobernación y me precio en
poder dar la interpretación auténtica del legislador a lo que la ley dispone.
Y el artículo 13 de esa ley dice:
"las autoridades federales, en el ámbito de sus respectivas competencias,
mantendrán la soberanía, seguridad y orden público interno, guardando la debida
coordinación con las autoridades estatales para tales efectos". Agrega: "las
disposiciones de esta ley no impiden el ejercicio de las facultades otorgadas a las
autoridades competentes y fuerzas de seguridad, para que cumplan su responsabilidad de
garantizar la seguridad interior y la procuración de justicia".
No hay contradicción alguna entre la Ley
de la Cocopa, como se ha llamado, la Ley de Concordia y Pacificación y la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos y en ninguno de los preceptos de la ley, absolutamente en
ninguno, expresa que los miembros del grupo autollamado EZLN, pudieran transitar en
contravención a otros ordenamientos jurídicos vigentes, con sus armas, en violación a
lo que dispone la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Inclusive hay una disposición expresa
tratándose de los lugares de reunión en que se dice, párrafo tercero del artículo 6o.:
"en los espacios de negociación determinados de común acuerdo, no se permitirá la
portación de ningún tipo de arma. El Gobierno Federal, en coordinación con el Estado,
generará, tomará las medidas conducentes".
La ley, la ley en sí no contraviene en
modo alguno lo que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos dispone. Lo que ocurre, y
deberían saberlo obviamente quienes han participado de cerca en estas negociaciones en
busca de la paz, que el Gobierno, los partidos representados a través de sus grupos
parlamentarios en la Cocopa y la sociedad en general, es que el Gobierno, en una acción
destinada a favorecer la distinción, se ha comprometido a no introducir fuerzas del
orden, fuerzas militares, fuerzas de organizaciones de procuración de justicia, policía,
a donde el EZLN se encontraba, para desarmarles. Este es el hecho. Lo que el secretario de
Gobernación y el gobernador del Estado de Chiapas afirmaron, no contradice en nada lo
dicho por el Secretario de la Defensa Nacional.
El instituto armado tiene una obligación
legal y la debe cumplir. El Gobierno de la República ha propuesto y ha propuesto
inclusive unilateralmente y lo ha sustentado en todos sus actos, el no desarmar a ese
grupo, tenga o no la calidad, la condición, la característica de una organización
paramilitar. En ninguna forma, y ésta es la disposición expresa que la Secretaría de la
Defensa puntualiza, miembros del EZLN ni de cualquier otro grupo paramilitar, podrán
transitar por el territorio de Chiapas, de México, con sus armas, porque evidentemente no
hay disposición jurídica que les ampare a hacerlo.
Pero hubo una segunda manifestación
crítica del señor senador Saucedo. Expresó que en Davos, el señor Presidente de la
República contradijo, presentó nuevos elementos de afirmación gubernativa, contraria a
los espíritus de paz, de concordia, que imperan en Cocopa y en la sociedad mexicana y por
lo tanto que este elemento introducía una nueva causa de inquietud, expresaba por nueva
ocasión el interés del Gobierno de que no se resolviera el conflicto.
Tengo frente a mí textualmente lo que
declaró el señor presidente Zedillo en Davos, Suiza en el único evento en que sobre
esto se le consultó fue precisamente el señor presidente de la Confederación Suiza
quien le hizo la pregunta y lo contestó, que es muy breve, pido autorización a la
Presidencia me permita leerlo para efectos de que no se acumule en el tiempo de la
intervención o de lo contrario pediría a la Secretaría que lo leyera, tengo la versión
del periódico sobre este aspecto, pero estaría sujeto naturalmente a la consideración
de ustedes.
Adelante.
|
El
senador Dionisio Eduardo Pérez Jácome: |
El presidente Zedillo expresó así:
"yo creo que hay varias cuestiones que tienen que ser subrayadas sobre este problema.
1o. Ha sido una situación sumamente
dolorosa para el pueblo mexicano, así como para nuestro Gobierno.
2o. Ha sido la decisión tomada por nuestro
Gobierno desde el principio, que la única solución a este problema está en el diálogo
y en la negociación y de ninguna manera el Gobierno mexicano habrá de recurrir a la
violencia para poder resolver el conflicto o solucionar el problema.
Hemos tenido éxito en cierta medida a que
no hemos tenido incidentes de violencia entre el Gobierno y eI grupo que inició esta
situación a principios de 1994, pero no hemos tenido éxito en el sentido en que las
negociaciones han sido interrumpidas frecuentemente y hasta ahora no hemos llegado a un
acuerdo definitivo.
Confío en que a través del diálogo, a
través de la negociación, habremos de resolver este problema y que lo haremos de una
manera bastante diferente en que estos problemas han sido resueltos en el pasado en otros
países latinoamericanos.
Me parece que lo que ha sucedido en
México, aun cuando no hayamos llegado a una solución final, ha sido ejemplar, no ha
habido violencia, repito esto, entre el Gobierno y este grupo; desafortunadamente ha
habido violencia entre este grupo y otros grupos de Chiapas y esto ha sido sumamente
traumático, pero realmente albergo la esperanza de que tomando en cuenta toda la
situación que tenemos en el país, que aliente a todos los involucrados en este problema,
a que regresen a la mesa de negociación y tengamos un acuerdo para poder
resolverlo".
Si en estas palabras del señor Presidente
existe una provocación, seguramente hay una lectura diferente o tuvieron una versión
distinta de las mismas en su traducción o de quien se encargó de comentarlas como si
fueran del señor Presidente.
Sé que en términos de lo ocurrido en
Davos, Suiza hay un compromiso del Gobierno Federal que seguramente nosotros agendaremos,
de que enviados del Gobierno con la calidad, la condición y el rango de los que vinieron
ante nosotros a justificar el viaje presidencial, nos comenten también los acuerdos
alcanzados, lo tratado, lo dispuesto, lo presentado en este foro.
Creo que esa ocasión no se ha dado y aquí
yo simplemente recordaría el compromiso para pedir a la directiva de la Comisión
Permanente, nos ayudara a agendar este tema y dar quizá la explicación que ahora no se
ha tenido al recurrir a otros medios informativos.
Concluyo, ha habido por parte de la
Secretaría de Gobernación una actitud muy positiva, frente a calumnias, frente a
exposiciones carentes de verdad, de que el diálogo se ha roto por acciones del Gobierno,
cuando ha sido ante todos nosotros evidente que hace ya muchos meses unilateralmente lo
suspendió el EZLN, ha habido un intento de acercar posiciones, ha habido una propuesta
que redujo de 27 a cuatro las observaciones sobre la ley, propuesta que está siendo
considerada y en su momento seguramente tramitada para el conocimiento y discusión del
EZLN.
Yo creo que anticipar vísperas, procurar
en este caso presentar una opinión final de un tema que aún tiene seguramente etapas por
recorrer, constituye únicamente una posición estratégica o una posición táctica de un
grupo político que ha visto en el tema de Chiapas motivo para cuestionar permanente y
cualquiera que fuese la naturaleza, las acciones del Gobierno de la República.
Invoco a la comprensión, invoco a ese
espíritu que en muchos amigos de ese grupo parlamentario he encontrado, para tratar de
tender, en mi modesta perspectiva, un puente más de comunicación con quienes siendo
mexicanos como nosotros, tienen seguramente las aspiraciones comunes de todos los
mexicanos respecto a este tema.
Muchas gracias, señor Presidente y si aún
el señor diputado Gómez quisiera preguntarme, me sería muy grato poderle dar respuesta.
Diputado Gómez, ¿desea formular su
pregunta al senador Pérez Jácome?
|
El
diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
No, gracias diputado Presidente, creo
que no es necesario; de todos modos gracias.
|
El
senador Dionisio Eduardo Pérez Jácome: |
Le agradezco tanto al diputado
Gómez, como a usted, señor, este comentario.
Para contestar alusiones personales,
tiene la palabra hasta por cinco minutos, el senador Mario Saucedo.
|
El senador Mario Saucedo Pérez: |
Gracias, señor Presidente:
Aquí el senador Dionisio Pérez Jácome,
viene a dar una lectura de las cosas que en mi intervención he planteado. Señala que
según, cuando hago referencia a las declaraciones del Presidente en Davos, Suiza, como si
fuera, él así las señala, no encuentra ninguna provocación en estas declaraciones; yo
jamás hablé que el Presidente haya provocado, me gustaría que pusiera atención,
senador Pérez Jácome.
Yo lo que señalé es que es preocupante
que haya un doblez de discurso, que en la caracterización que está haciendo sobre el
conflicto y la violencia y obviamente de violencia estamos hablando de aquella que está
dando la vuelta al mundo, aquella que le interesa a la opinión pública internacional y a
los inversionistas y en donde hay señalamiento y lo leí textualmente, como usted leyó
la aseveración, dice que esa violencia es provocada por lo que se leyera en la prensa;
ahora resulta que el que rompió el diálogo fue el EZLN y no la falta de cumplimiento de
parte del Gobierno de esa iniciativa de ley.
Yo aquí he planteado lo que el PRD plantea
sobre esta iniciativa y cuál es nuestra posición, yo no sé si en determinado momento el
EZLN puede aceptar las modificaciones; él dice que conoce ese documento pero resulta que
sabe perfectamente que con cuatro de las 27 observaciones que inicialmente habrá hecho el
Gobierno con mucho conocimiento de causa, efectivamente las que está planteando para
modificar y poderse acercar a un diálogo.
No, señor Pérez Jácome, yo no vengo
aquí ni a ser vocero del EZLN ni a señalar que hubo una provocación de parte del
Presidente, retomo, el hecho que no recurrirá a la violencia, lo tomo en serio y aquí lo
hemos venido planteando, nos preocupa que la violencia siga existiendo en Chiapas.
Hoy se ha sacado un punto de acuerdo entre
los partidos respecto a esto y la preocupación central es que hay una falta de memoria de
parte de la Secretaría de Gobernación, respecto a este conflicto que no es nuevo.
Si usted ahora viene a señalar que
unilateralmente fue el EZLN el que rompió el diálogo, me disculpa, señor Pérez
Jácome, simplemente es cuestión de leer la prensa, porque yo no tengo ni Internet para
andarme comunicando con el subcomandante, a lo mejor usted sí, pero quien generó este
vacío premeditado pues fue su secretario de Gobernación, el señor Emilio Chuayfett, el
que creó esta política y aquí lo hemos venido denunciando y lo vamos a seguir haciendo,
porque creemos que la salida es efectivamente como la ha planteado el Presidente, que no
va a recurrir a la violencia, pero los signos que estamos viendo no son ésos; los signos
que estamos viendo es que quiere con esta estrategia de baja intensidad, obligar al EZLN,
hay un cerco sanitario y usted perfectamente sabe que es, en términos... en la jerga
militar qué significa eso, que se ha tendido en torno a los desplazados para tratar de
separar al grupo insurgente, el territorio del grupo insurgente y la base social.
Y eso aquí lo hemos venido denunciando, lo
hemos estado denunciando, que hay una estratégia de guerra de baja intensidad que se ha
venido señalando, que se ha venido efectuando ahí y que ojalá y ése es nuestro
interés, que efectivamente no se recurra a la violencia, ése es nuestro mayor interés
que efectivamente, lo que pasa es que no vemos que existan condiciones. No se desarma a
las bandas paramilitares, no se detiene a los responsables, no se levantan los retenes, no
hay detención o retroceso del Ejército a sus cuarteles; es decir, no vemos señales
claras que permitan avanzar hacia allá.
Quisiera nada más señalarle, señor
senador, el Gobierno, en el mensaje que envía y que hace público entre otras cosas,
plantea que está de acuerdo con lo que yo señalé aquí, que era el pronunciamiento
conjunto de la Cocopa y de la Conai del 22 de enero, y señala, en el primer punto sobre
la situación militar y yo espero que si el Gobierno dice que está de acuerdo con lo que
dice la Cocopa y la Conai, que efectivamente estén de acuerdo y empiecen a actuar, porque
eso es lo que no observamos, no vemos hechos más que discursos. Dice: "situación
militar: urge la presencia y movilización militar en la zona de Los Altos, norte, Cañada
y selva de Chiapas, de manera que se genere un clima de distensión que propicie las
condiciones para la reanudación del diálogo. La ubicación de las tropas del Ejército
mexicano dentro de las comunidades indígenas, así como el establecimiento de retenes
militares o de cualquier otro grupo, no contribuye a generar estas condiciones".
Yo hubiera querido presentar esto como un
punto de acuerdo, dado que el Gobierno está de acuerdo, la Conai y la Cocopa están de
acuerdo, seguramente también esta Comisión Permanente esté de acuerdo.
Quiero dejar solamente constancia, porque
no lo planteamos como punto de acuerdo, que el PRD está evidentemente a favor de esta
iniciativa y esperemos que dentro de ocho días podamos aquí informar que efectivamente
este punto, como otros, se han empezado a tomar en cuenta y a pasar a la práctica.
Conforme al artículo 58 del
Reglamento Interior, procederemos a desahogar la proposición que se ha formulado.
Solicito a la Secretaría dé lectura a la misma.
|
El
secretario diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: |
PUNTO DE ACUERDO
Con fundamento en los artículos 79
fracción III y 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, los legisladores que la suscriben, hacen a esta Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, la siguiente
«PROPOSICION
Unica. La Comisión Permanente del Congreso
de la Unión, condena enérgicamente el asesinato del dirigente campesino chiapaneco
Rubicel Ruiz Gamboa, representante de la Asamblea Estatal Democrática del pueblo
chiapaneco y el accidente en el que perdió la vida Marco Antonio Gómez Flores, dirigente
de la ARIC de la zona centro de Chiapas y de la Organización Regional de UNORCA,
acaecidos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la última semana de enero y
exige el pronto esclarecimiento de estos hechos y el castigo a los culpables materiales e
intelectuales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de
febrero de 1998.- Firman legisladores de todas las bancadas, diputados: Luis Patiño
Pozas, Santiago Creel Miranda, Juan Antonio García Villa, Felipe de Jesús Cantú
Rodríguez, Gil Rafael Oceguera Ramos, Miguel Sadot Sánchez Carreño; senadores: Mario
Saucedo Pérez y el de la voz, Jesús Martín del Campo.»
¿Alguien desea hacer uso de la
palabra? Consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite o no a discusión la
proposición.
|
El
secretario diputado José de Jesús Martíndel Campo Castañeda: |
En votación económica se pregunta
si se admite la proposición.
Los legisladores que estén porque se
acepte, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén porque se
deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
Consulte la Secretaría a la Asamblea
si se considera de urgente resolución.
|
El
secretario diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: |
En votación económica se pregunta a
la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Se considera de urgente resolución.
Está a discusión la proposición...
No habiendo oradores, consulte la Secretaría en votación económica a la Asamblea si se
aprueba la proposición.
|
El
secretario diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: |
En votación económica se pregunta
si se aprueba la proposición.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que
estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
Para referirse a la Ley de
Coordinación Fiscal del Estado de Coahuila, tiene la palabra el diputado Juan José
Rodríguez Prats, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional...
Una modificación en el orden de los temas
de la agenda política.
En este caso tiene el uso de la palabra
para referirse a las tarifas eléctricas en el Estado de Sinaloa, el diputado Alfonso
Ramírez Cuéllar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática...
¿Declina?
ESTADO DE MORELOS
Para referirse al grupo
antisecuestros en el Estado de Morelos, tiene la palabra el diputado Alfonso Ramírez
Cuéllar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
|
El
diputado Alfonso Ramírez Cuéllar: |
Señoras y señores legisladores:
El día miércoles 29 de enero, nos
enteramos por los distintos medios de comunicación de la detención en la ciudad de
Iguala, Guerrero, del señor Armando Martínez Salgado, comandante del Grupo Especial
Antisecuestros de la Policía Judicial del Estado de Morelos y de los agentes judiciales
Jacinto Arismendi Rosas y Miguel Espinosa López, quienes fueron sorprendidos por
elementos de la Policía Federal de Caminos, en el momento de tirar un cadáver con
identidad desconocida, en el paraje llamado La Cumbre, de la carretera Iguala-Cuernavaca.
Este hecho confirma las evidencias y los
señalamientos que distintas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, ciuda-
danos y la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado de Morelos han
denunciado en contra del comandante Martínez Salgado, así como del director de la
Policía Judicial en esta entidad, Jesús Miyazawa Alvarez, por el uso de cárceles
clandestinas, de tortura, de secuestro y de ejecuciones sumarias en su aparente lucha
contra las bandas de secuestradores.
Se confirma también que los métodos
utilizados por el señor Miyazawa a su paso por la famosa Brigada Blanca, organización
paramilitar creada por el Gobierno Federal para combatir la guerrilla en los años
setenta, fueron implantados en Morelos con conocimiento y aceptación del Procurador
General de Justicia del Estado, licenciado Carlos Peredo Merlo y del gobernador del
Estado, licenciado Jorge Carrillo Olea.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos
del Congreso del Estado de Morelos denunció en su momento cinco casos donde se involucra
al comandante Martínez Salgado, en el uso de comandos paramilitares clandestinos, casas
de seguridad, tortura, secuestro y ejecuciones sumarias.
El caso de Alberto Guadarrama García, el
21 de marzo del año próximo pasado, José Alberto Guadarrama fue secuestrado por
elementos de la Policía Judicial adscritos al Grupo Antisecuestros del Estado, uno de
ellos identificado como José Luis Beltrán Velázquez, por la señora Elvira García
Avelar, madre del aún desaparecido.
La comisión estatal emitió la
recomendación número 1718/97, sin que la Procuraduría de Justicia del Estado dé
pruebas de cumplimiento.
Caso José Guadalupe Barragán Serrato. De
acuerdo a la denuncia presentada por Alberto Barragán Serrato ante el Ministerio Público
del Fuero Común, Guadalupe Barragán desapareció el 27 de agosto del año próximo
pasado y señala como responsables a Armando Martínez Salgado, coordinador operativo del
Estado de Morelos y comandante especial del Grupo Antisecuestros de la Policía Judicial
del Estado; a Francisco Peña Hernández, a Jorge Carbajal Gómez y a Antonio Segura Dios,
estos últimos son agentes de la Policía Judicial del Estado.
Caso Aureo Mendoza Rosales. El fue
ejecutado con 55 impactos de arma larga después de haber sido secuestrado el 3 de
septiembre de 1997 por elementos del Grupo Antisecuestros, según denuncia Sixta Reza
Delgado, esposa de la víctima.
Antes de ejecutarlo, los policías
judiciales mantuvieron al señor Mendoza en una cárcel clandestina de la colonia Los
Nardos, del municipio de Yautepec, Morelos, donde lo atormentaron con toques eléctricos
en los testículos y en los ojos, además de golpearlo.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos
emitió la recomendación con números acumulados 1914/97 y 1995/97 a la procuradora
general de Justicia del Estado, sin que reciba respuesta de aceptación a la fecha.
Caso colonia Independencia. El 2 de junio
de 1997, elementos de la policía judicial, adscritos al Grupo Antisecuestros, sin orden
de autoridad judicial alguna, golpearon y atormentaron a Angel Atanael Hernández Villa,
en su domicilio, para después remitirlo en los separos de la policía judicial del
Estado. Esto en el marco de un operativo en donde participaron elementos vestidos todos de
negro y el rostro cubierto, quienes portaban armas de fuego de alto poder, conocidas como
cuernos de chivo.
Caso Alejandro Pliego Canizal. Después de
ser extorsionado por un delincuente, enfrenta acusación por los delitos de extorsión y
asociación delictuosa.
Elementos del Grupo Antisecuestros, lo
detuvieron y mantuvieron por tres días en una cárcel clandestina en el municipio de
Yautepec, Morelos, sin reconocer la ubicación, donde le dieron tormento físico y mental.
Un día después de ser presentado ante el
Ministerio Público, llevaron con él a cuatro personas más, señalándolas como
responsables de varios secuestros.
Siendo que la propia Procuraduría sabía
por los dichos de los ofendidos, Adalberto Barragán Serrato, con el expediente
número............. SC/3a/5359/9708, en el caso del secuestro de José Guadalupe
Barragán Serrato, y la señora Elvira García Abelar, madre del señor José Adalberto
Guadarrama García, en el expediente EZ/089/97-03, secuestrado por los elementos de la
Policía Judicial, al mando del coman- dante Armando Martínez Salgado.
Estos son señalamientos directos que los
hacen responsables de los secuestros, a pesar de ser del conocimiento de la propia
Procuraduría, en virtud de que los propios ofendidos tenían la respuesta de que el
responsable se encontraba en comisiones fuera del Estado de Morelos, sin que se le giraran
citatorios para que compareciera a rendir declaraciones.
Toda esta situación que se ha presentado
en el Estado de Morelos, donde hay una implicación directa de los altos jefes policiacos
y donde se vuelven a repetir prácticas propias de la guerra sucia, desatada en la década
de los setenta en nuestro país, llevan al grupo parlamentario del PRD a presentar el
siguiente punto de acuerdo:
Con referencia en los artículos 21
fracción III y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente, la
adopción del siguiente
"PUNTO DE ACUERDO
Unico. Esta Comisión Permanente manifiesta
su enérgico rechazo al clima de inseguridad que permea en el Estado de Morelos, a
consecuencia de la actuación y desempeño de las autoridades encargadas de procurar
justicia, misma que ha puesto en riesgo el estado de derecho en la entidad.
Asimismo, en aras del pleno respeto a los
derechos humanos y de la justicia, condena la impunidad de estos hechos y actos delictivos
por parte de dichas autoridades, haciendo un llamado a las representaciones sociales,
tanto del Estado de Morelos como de la República, para que profundicen las
investigaciones y procedan conforme a la ley, contra quienes resulten responsables.
Suscriben, diputados y senadores del
Partido de la Revolución Democrática."
Muchas gracias.
Para hablar sobre el mismo tema,
tiene la palabra el senador Francisco Molina Ruiz, del grupo parlamentario del PAN... Para
hablar sobre el mismo tema, tiene la palabra el senador Rodolfo Becerril Straffon, del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
|
El senador Rodolfo Becerril Straffon: |
El hecho al que se ha referido quien
me ha antecedido en el uso de la palabra, hace referencia a la detención del comandante
encargado de los antisecuestros en el Estado de Morelos, mismo a quien se le ha declarado
ya arraigo domiciliario.
Pero me parece que hay dos percepciones,
por un lado a una persona que se le sorprende en flagrancia y por otro lado el hacer una
generalización respecto al clima de seguridad que priva en la entidad.
Se ha dicho que la detención confirma una
serie de denuncias que varias personas han hecho a lo largo de estos años, en realidad me
parece desmesurado suponer que la sola detención confirma una serie de denuncias que por
otra parte están sujetas a proceso.
Desde luego...
Señor senador, ¿permite una
interpelación?
|
El
senador Rodolfo Becerril Straffon: |
Con mucho gusto, diputado, señor
Presidente autorizo la interpelación.
Adelante.
|
El
diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Muchas gracias, le voy a hacer dos
preguntas muy breves, señor senador. Con motivo de la detención del jefe del Grupo
Antisecuestros de la Policía Judicial del Estado de Morelos, el ciudadano gobernador del
Estado declaro, que era imposible que el gobernador, incluso que el procurador y más aún
el jefe de la Policía Judicial, supiera todo lo que están haciendo los policías.
La pregunta obligada en ese momento, era
preguntarle al gobernador lo que le pregunto a usted: ¿quién sabe lo que la policía
hace en Morelos? ¿Quién si sabe? El gobernador no sabe, el procurador no sabe, el jefe
de la policía no sabe y esto lo dice el gobernador, palabras tomadas de una entrevista en
la televisión.
Segunda cosa. El señor jefe de la Policía
Judicial del Estado negó que el jefe del cuerpo policiaco encargado de perseguir a los
secuestradores, hubiera sido sorprendido transportando un cadáver. El reportero le
preguntó: bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Entonces el jefe de la policía dijo:
llevaban un detenido. Oiga, pero el detenido estaba muerto y el jefe de la policía dijo:
bueno, eso es otra cosa. Todo esto es para que lo escriba, para que lo escriba "por
mi madre bohemios" Carlos Monsiváis o algún otro autor.
Yo le pregunto a usted: si el jefe de la
policía tampoco está al tanto de lo que hacen sus agentes, ¿qué es lo que está
pasando en Morelos? Díganos usted lo que está pasando en Morelos, porque usted niega que
hay un estado de inseguridad y si lo niega debe saber por qué lo está negando.
|
El
senador Rodolfo Becerril Straffon: |
Muchas gracias, diputado.
Su pregunta me permite hacer referencia a
una serie de consideraciones que no pensaba mencionar, pero que la pregunta obliga.
Mire usted, durante 1994 y 1995, hubo
efectivamente en el Estado de Morelos un número significativo de secuestros. En este
fenómeno, como en otros de carácter social y usted lo sabe mejor que yo, las causas son
de distinto corte, son múltiples. Una de esas causas, es la que tiene que ver, por
ejemplo, con la densidad de población que tenemos en la entidad, 340 habitantes por
kilómetro cuadrado, cuando la media nacional es de 1984.
Y ese crecimiento poblacional básicamente
tiene que ver con una creciente inmigración de personas de distintas partes de la
República, que encuentran trabajo o espacio, incluso para delinquir en el Estado. Tan es
así que un número considerable de las personas que han sido detenidas por éste y otros
delitos, son provenientes de zonas marginadas del Estado de Guerrero o gente que ha
delinquido previamente en el Distrito Federal o en otras entidades.
Pero no se trata aquí de hacer un
diagnóstico sobre el proceso que ha seguido la seguridad o la inseguridad en el Estado,
se trata simplemente de hacer una serie de acotamientos, en mi opinión, respecto al caso
concreto que llevó a la tribuna al diputado Ramírez Cuéllar, que ha leído una serie de
denuncias hechas, me imagino que en las instancias que corresponden, confundiendo lo que
es el Ministerio Público, con la tribuna de la Permanente. Pero suponiendo que sea
legítimo utilizar esta tribuna para hacer el recuento de secuestros, que no han hecho
todos, hay muchos más, desde luego, que se produjeron en 1994 y 1995, también sería
legítimo decir que el número de gente capturada en estos años, que son más de 420 por
el delito de secuestros, es un número significativamente mayor al que por este mismo
delito se han tenido juntos en el Estado de Guerrero, Estado de México y Distrito
Federal.
Es decir, entre 1994 y 1997, los distintos
programas emprendidos por las autoridades del Estado y por la propia sociedad civil, han
disminuido sensiblemente el clima éste de inseguridad que privaba en 1994. No le voy a
leer todos los programas que ha habido, pero debo señalarle que hay un Consejo Estatal de
Seguridad que desde que se constituyó a esta fecha, ha tenido más de 15 sesiones
públicas y en el seno de ese consejo se han adoptado una serie de medidas de distinta
naturaleza que han sido incluso reconocido su éxito, por miembros de la sociedad civil,
las organizaciones no gubernamentales y el pueblo del Estado de Morelos, campaña de
difusión de valores universales, un programa para rutas de seguridad para jóvenes, la
elaboración de mesas redondas en distintos planteles educativos, puestos de revisión en
zonas carreteras, en zonas rurales, en centros urbanos, una escuela de educación vial
etcétera.
Y las cifras en materia de seguridad, nos
arrojan lo siguiente: por ejemplo, el homicidio intencional ha tenido un descenso en 1997,
de 31%; el delito de secuestro ha logrado, como decía al principio, la detención de más
de 400 secuestradores; la violencia registrada tuvo un descenso de 15%; el delito de daño
disminuyó en 46%; el de despojo se redujo en promedio en 32%; el de fraude decreció en
42%; el robo genérico se conservó estable y lo que ha tenido un repunte es el asalto a
instituciones bancarias e instituciones comerciales.
Es decir, ha habido una disminución
constatable en el clima de inseguridad que privaba en 1994.
Ahora bien, el gobierno del Estado le ha
otorgado licencia para que pueda acudir al Ministerio Público, al director de la
judicial, al señor Miyazawa y él en estos momentos está compareciendo o en el curso de
la mañana compareció ante el Ministerio Público que lo convocó, acompañado por el
subprocurador de justicia del Estado, el señor licenciado Borrego.
La Procuraduría General de la República,
ejerciendo su facultad de atracción, porque en el delito en cuestión se observa un
delito del orden común y un delito del orden federal por la portación de armas, está
ahorita encargada de la investigación y en consecuencia las autoridades estatales toda
vez que la Procuraduría ha ejercido esta facultad de atracción, no están en lo
jurídico interviniendo.
Pero desde luego que los miembros del
centro de antisecuestros y la propia judicial, ha estado sujeta a investigación, ha
habido despidos, ha habido cambios de comandantes, ha habido gente incluso consignada.
Hablar entonces de inseguridad y decir que el hecho de que se haya encontrado en
flagrancia a una persona que habrá de ser juzgada en su momento, confirma la serie de
denuncias previas presentadas, me parece una desmesura.
Todas esas denuncias están bajo proceso y
no se puede confundir una agencia de Ministerio Público con una tribuna que tiene otros
alcances. Me parece, pues, que a nadie le ha gustado esto que ha pasado, desde luego y
nosotros pugnamos porque se lleven a cabo las investigaciones del caso, y se consigne a
quien resulte responsable. Y en eso estamos.
Simplemente informo que la Procuraduría
General de la República tiene ahora la investigación en sus manos y reitero que el
gobernador del Estado le ha otorgado licencia a Miyazawa, director de la judicial, para
que pueda él facilitar las investigaciones y en caso de que resultara responsable, las
autoridades procedan en consecuencia.
Es cuanto, señor Presidente.
Tiene la palabra para rectificar
hechos y hasta por cinco minutos, el diputado Pablo Gómez.
|
El diputado Pablo Gómez Alvarez: |
De una serie de hechos, sacar una
conclusión generalizadora, en el plano científico puede ser un error muy grande, pero en
el plano político, me parece que no hay otro recurso.
Yo pienso que buena parte de los secuestros
en Morelos, que se dieron en años pasados, son producto de que la policía los
organizaba.
Y creo que empezaron a indagar algunas
autoridades sobre el particular y esto en efecto ha hecho que disminuya el número de
secuestros.
Pero ha aumentado el número de secuestros
de presuntos delincuentes; personas que son detenidas, que no son presentadas ante el
Ministerio Público ni ante los jueces y que son torturadas.
Y nos da el senador Becerril, un recuento
para hablar bien del director de la Policía Judicial, ahora con licencia, el señor
Miyazawa, creo que se apellida, como defendiendo el método del secuestro y la tortura de
presuntos delincuentes...
|
El
senador Rodolfo Becerril Straffon (desde su curul): |
Señor Presidente...
Si me permite el orador. Senador
Becerril, ¿con qué propósito?
|
El
senador Rodolfo Becerril Straffon (desde su curul): |
Pregunte al orador si acepta una
interpelación.
¿Si acepta una interpelación el
orador?
|
El
diputado Pablo Gómez Alvarez: |
Sí, con mucho gusto.
Que sí, adelante.
|
El
senador Rodolfo Becerril Straffon (desde su curul): |
Señor diputado, en ningún momento
yo dije que los programas que se han emprendido en el Estado, son atribuibles al director
de la Policía Judicial y que en consecuencia yo esté defendiendo al director de la
Policía Judicial.
Yo dije que el gobierno del Estado, a
través de un consejo estatal de seguridad, en el que forman parte la propia sociedad
civil, ha emprendido una serie de acciones para combatir el secuestro y para combatir la
inseguridad en la entidad y simplemente señalé que tiene licencia el comandante
Miyazawa, para que acuda al Ministerio Público y él sabrá responder de las acusaciones
que se le hagan y defenderse, en su caso, y los resultados no son discutibles.
Yo le preguntaría: ¿usted maneja una
verdad política, una verdad académica?; su verdad política, el hecho de que exista una
recurrencia de un fenómeno, le da cierta validez al fenómeno social de una verdad
política. Pero, ¿esto es también verdad jurídica? o ¿considera usted que hay una
distinción entre la verdad jurídica y la verdad política?
|
El
diputado Pablo Gómez Alvarez: |
En primer lugar, antes de responderle
su pregunta, voy a hacer dos aclaraciones a su preámbulo, muy largo.
En primer lugar quiero comunicarle que la
sociedad civil no forma parte de ningún consejo, porque ése sí es un concepto
sociológico y los conceptos, hasta donde yo sé, no forman parte todavía de órganos de
ninguna naturaleza.
Segundo lugar, le quiero decir que el tal
comandante de la Policía Judicial, no tenía por qué pedir licencia para comparecer ante
el Ministerio Público de la Federación, lo puede hacer siendo director de la Policía
Judicial y le han dado licencia y lo ha acompañado el subprocurador del Estado al
Ministerio Público de la Federación, como especie de abogado.
Yo no sabía que el Ministerio Público de
Morelos se constituia en algo así como el abogado defensor, en una declaración ante el
Ministerio Público de la Federación, pues son cosas nuevas que vamos aprendiendo todos
los días. En Morelos hemos aprendido muchas cosas, éstas son algunas de ellas.
Ahora, tiene usted razón la verdad, entre
comillas, si se puede hablar de eso, política, no es igual a una verdad, entre comillas,
jurídica, pero tampoco es desigual, necesariamente.
Entonces si lo que hacemos en este órgano
político es hablar de política: ya trate de Chiapas, que es política, incluyendo
"la matanza de Acteal" y en la cual los partidos asumen posiciones, como es de
su sustancia, política; o de la situación que hay en el Estado de Morelos.
Pero resulta que no podemos recurrir al
Ministerio Público de Morelos, porque el Ministerio Público de Morelos es una agencia de
cobertura de ilícitos cometidos por los policías de Morelos y desde luego que durante
mucho tiempo también lo ha sido de los secuestradores.
Entonces tiene uno que tratar estos asuntos
en el ámbito que corresponde. Cuando el Ministerio Público, cuyas funciones están bien
precisadas en la Constitución del Estado de Morelos, no cumple con su deber, la instancia
es eminentemente política; no hay de otra, no existe otra instancia, no se ha inventado.
También hay la defensoría o procuraduría
de derechos humanos a nivel federal y a nivel de los estados, con la capacidad que tienen
ellos para hacer recomendaciones. Pero esto ya también se ha hecho: se han hecho
recomendaciones de ese nivel. Pero el gobierno del Estado, el gobernador del Estado se
empeña en proteger a sus colaboradores: al señor procurador y al señor jefe de la
Policía Judicial.
Esa es la situación que tenemos en Morelos
y lo ha dicho con toda claridad el gobernador. Ha dicho: "yo no puedo saber lo que
hacen los policías, tampoco lo puede saber el procurador y ni siquiera el jefe de la
Policía Judicial". O sea, Morelos es un Estado en donde nadie puede saber lo que
hace la policía. Los agentes policiacos hacen cosas y no le informan absolutamente a
nadie.
Bueno, ¿qué situación es ésa?,
preguntamos nosotros, la que describe el gobernador, puesto que no somos nosotros quienes
la estamos describiendo.
Ahora, si el señor gobernador admite que
nadie sabe lo que hacen la Policía Judicial o los agentes de la Policía Judicial, bueno,
pues en primer lugar el señor gobernador debe quitar al jefe de la Policía Judicial,
cuya obligación es saber lo que hacen los agentes policiacos, puesto que él es el jefe
de los agentes policiacos y el procurador pues debe también exigir al jefe de la Policía
Judicial el informe de sus actividades y las pautas de su acción.
Pero no ocurre tal cosa. ¡Están
exculpando de antemano al jefe de la Policía Judicial! ¡Y el jefe de la Policía
Judicial exculpa en sus declaraciones maravillosas, en el sentido literal del término, al
jefe de la unidad antisecuestros, cuando dice "que no llevaba un cadáver, sino un
detenido". Pero resulta que el "cadáver" estaba muerto, como suelen
estarlo todos los cadáveres!
Entonces, este señor jefe de la Policía
Judicial, ¿qué papel cumple en el Estado de Morelos? El señor jefe de la policía
debió haber sido inmediatamente citado por el procurador para que hiciera una
declaración.
Dicen que la Procuraduría General de la
República ejerce su facultad, se le llama facultad de atracción, porque así dice la
ley. Aquí todo mundo tiene facultades, excepto el Congreso por lo que se ve. Aquí hasta
los policías tienen facultades, pero el Congreso no las tiene; no se le aceptan y siempre
se le está marcando el límite en el ejercicio de su función política. ¡Deberían
marcarle los límites a los jefes policiacos, a los procuradores!
¿Por qué la Procuraduría General de la
República asume el caso? ¡Pues porque no hay autoridad de procuración de justicia local
que pueda hacerlo! No es verdad que porque los señores llevaban armas. Los policías
suelen llevar armas y no siempre que ocurre algún incidente interviene la PGR. ¡La PGR
interviene cuando se da cuenta de que no existe una autoridad de procuración de justicia
local que sea capaz de resolver el asunto! Porque hay una serie de redes de complicidad,
porque hay una organización política que impide que funcione la justicia. ¡Y es
justamente a lo que nos estamos refiriendo con esta proposición!
Si el Congreso no llama poderosamente la
atención sobre lo que está ocurriendo en el Estado de Morelos y exige que todas las
autoridades asuman a plenitud sus funciones y pongan un hasta aquí a esos
acontecimientos, díganme entonces quién lo va a hacer. ¡El Procurador de Morelos no lo
hará!, ya dijo que no. El gobernador dice que pues él no sabe nada.
Y el Procurador General de la República es
nuestra única esperanza y por eso lo exhortamos. Si la Procuraduría, que es federal, ha
ejercido su facultad de atracción, ejerzamos la nuestra en términos meramente
políticos; también podemos atraer cualquier asunto de este país en términos
políticos...
Si me permite el orador.
¿Con qué propósito, senador?
|
El
senador Rodolfo Becerril Straffon (desde su curul): |
Señor Presidente, si me permite el
orador hacerle una pregunta.
¿Si acepta una pregunta, diputado
Gómez?
|
El
diputado Pablo Gómez Alvarez: |
Sí, cómo no. Yo ya había
terminado.
Adelante, senador.
|
El
senador Rodolfo Becerril Straffon (desde su curul): |
Es muy breve. Para que se desahogue
completamente, señor diputado.
|
El
diputado Pablo Gómez Alvarez: |
No, no es desahogo.
|
El
senador Rodolfo Becerril Straffon (desde su curul): |
Mire usted, el gobernador de la
Ciudad de México, cuando nombraron a los judiciales dijo que no los conocía. Y, por otro
lado, el Jefe de Gobierno parece tampoco desconocer a la "hermandad". Yo le
preguntaría a usted que conoce tanto, que tiene capacidad para andar en siete países
hablando de temas diversos, ¿si conoce lo que puntualmente están haciendo todos los
correligionarios y militantes del PRD? ¿O es usted o no dirigente?
Muchas gracias, señor Presidente.
|
El
diputado Pablo Gómez Alvarez: |
Mire, le aclaro en primer lugar que
yo no sólo tengo capacidad para andar en 15 países, puedo andar en 20, porque ya se
inventó el jet.
Entonces, segunda cosa, mire, yo creo que
un gobernante se puede equivocar al nombrar a un policía, lo malo es que no acepte su
equivocación. El caso que usted refiere del Distrito Federal, el jefe de gobierno y el
procurador aceptaron la equivocación y tan aceptaron que quitaron a ese señor.
Cualquiera puede cometer una equivocación, pero no cualquiera se hace cómplice de la
arbitrariedad de la policía. No cualquiera se hace el occiso, perdónenme esta expresión
tan popular. A la hora que la prensa le pregunta al gobernador: "oiga, ¿usted sabe
lo que anda haciendo su policía?" "Es decir, señor, yo no estoy supervisando
directamente a la policía, pero voy a poner remedio a esto; voy a sancionar al jefe de la
policía, que es el encargado, porque por lo que se ve ese jefe de la policía no tiene ni
idea, si es que no se complica, de lo que andan haciendo sus agentes".
Ahora dicen que andaban transportando un
muerto, pero resulta que el muerto había sido detenido. Ya no se supo en qué momento se
murió y el señor procurador si no se hace el occiso por lo menos se hace el loco. Nadie
sabe nada en el Estado de Morelos, nadie sabe nada, nadie da la cara. ¿Cuál es entonces
la función de un órgano político? Pues exigir que los que son responsables, de
conformidad con la Constitución, den la cara; se les exige, en efecto, responsabilidad.
La responsabilidad no es culpabilidad; el que es responsable es la persona encargada que
debe responder frente a lo que implica la gestión pública que está a su cargo. ¡Si el
señor ha cometido un error, que ofrezca disculpas!
Yo creo que cualquier gobernante decente,
ya no digamos de un partido o de otro, debe actuar de esa manera. Pero en México no es
ésa la costumbre. La costumbre de su partido, señor senador, es no admitir la
responsabilidad cuando se tiene, no ofrecer disculpas, no pedir perdón a la sociedad
cuando una autoridad comete un error. Esta es la historia que siempre ha habido, es la
historia de
todas las represiones, de todos los excesos
de poder y de todas las cosas que se cometen indebidamente desde el poder, cuando que en
una República lo lógico es que una autoridad admita que ha cometido un error y le ponga
remedio; se acabó, eso es todo, pero eso no es lo que ocurre en Morelos y por eso está
la situación en Morelos como está.
Muchas gracias.
Para rectificar hechos y hasta por
cinco minutos, tiene la palabra el senador Juan Ramiro Robledo.
|
El senador Juan Ramiro Robledo
Ruiz: |
Gracias, señor Presidente:
Todos los consejos de seguridad pública en
el país deben tener una representación de lo que se llama conceptualmente la sociedad
civil, pero si bien esta representa todo lo que no es gobierno en el Estado mexicano, pues
se entiende que debe ser una representación de los sectores o de las organizaciones que
pueden llevar alguna opinión ciudadana no gubernamental a esos órganos e instancias de
coordinación, ése es el sentido de los comentarios del senador Becerril y tiene toda la
razón, la verdad es que la policía en el país es francamente un muy mal instrumento de
seguridad y procuración de justicia, porque tiene muchos años desatendida y eso no
escapa en mayor o en menor medida a ningún Estado del país, quizá los que tengan menos
población urbana, menos concentración puedan tener menos problemas de seguridad.
Pero Morelos, que tiene ciertos rasgos y
vestigios que por su geografía, que por su cercanía con esta gran masa de concentración
humana que es el valle de México, se ha convertido en un lugar en donde parte de la
población recrea y asiste y está prácticamente intercomunicado con el D.F., bueno es a
los ojos de cualquier diagnóstico, un centro, un lugar muy tentador para organizaciones
criminales que ciertamente poblaron el territorio hace unos dos o tres años y en donde,
merced a un esfuerzo que fue provocado por diputados de oposición, diputados priístas,
por cámaras empresariales, por eso que llamamos la sociedad civil y en respuesta el
gobierno del Estado y el Gobierno Federal tuvo resultados que habría que aplaudir porque
en verdad se desmantelaron varias organizaciones criminales, particularmente en el
renglón del secuestro.
Desde luego que ni en Morelos ni en
cualquier lugar del país está exento de que se vuelva a cometer un secuestro, no es
Morelos el primer lugar en estadísticas de secuestro, hay otros estados, su tamaño mismo
lo puede explicar, si es y ha sido un Estado en donde hay muchos delitos graves y
preocupantes, estadísticamente el secuestro no es el que más se repite en el país, pero
sí es el que causa más conmoción social o de los que causan más conmoción social y
por eso es uno de los delitos más peligrosos y más preocupantes en términos de ese
estado de sensación colectiva que es la inseguridad pública.
Pero en Morelos, como en cualquier lugar
del país, el Ministerio Público, que es el agente de la procuración de justicia o está
ocupado y debe estar ocupado no nada más de ajustar, sino de procurar justicia y eso
significa también velar por los intereses y los derechos de las víctimas; procurar
justicia no es nada más ejercitar acción penal, sino a veces no ejercitar acción penal,
que no es el caso particular del que estamos hablando.
Más que este ejemplo que hoy yo creo que
sensatamente no se podría negarlo, hoy es uno de los pocos eventos de este delito grave
que en los últimos meses se representa en el Estado de Morelos; más que servir este caso
para fundamentar una proposición que llevará a esta Comisión Permanente, en
representación del Congreso nacional, a declarar un estado de zozobra o de grave
preocupación, condenar la situación y el clima de inseguridad que se vive en Morelos,
más bien debe de servir para reflexionar positivamente y ver qué bueno sería que ese
policía estuviera suelto, que ese policía estuviera verdaderamente en forma
indiscriminada en el margen de la impunidad; malo sería que no se le hubiera presentado
al Ministerio Público, malo sería que...
Permítame el orador por favor.
¿Con qué propósito, diputado?
Que si acepta una pequeña pregunta.
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El
senador Juan Ramiro Robledo Ruiz: |
Sí, claro, merecerá pequeña
respuesta.
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El
diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Así lo espero, pero aunque pequeña
espero que sea suficiente.
Usted dice "qué malo sería que el
policía que llevaba al detenido que estaba muerto pero..." finalmente estaba muerto,
no hubiera sido detenido y yo le pregunto, si está usted al tanto de que la detención
del policía fue algo completamente casual, que nadie lo andaba persiguiendo, que no
había averiguación, que no... no... fue casual y fue por parte de la federal de caminos.
¿Está usted más o menos consciente de
eso o no?
|
El
senador Juan Ramiro Robledo Ruiz: |
Perfectamente consciente de eso,
señor diputado. Pero es al revés, señor.
Los eventos criminales que se descubren por
casualidad son los que más fácilmente se pueden encubrir y simular; los que no se pueden
distraer ni disfrazar son aquéllos en donde de manera pública por consigna anda
precisamente un pelotón de agentes y de policías persiguiendo a un delincuente, ahí
francamente es muy difícil que se pueda dar la impunidad.
Cuando se descubre por casualidad en otro
Estado del país, por otra policía, ahí hubiera sido bastante fácil encubrirlo, de
haber contubernio entre una policía y otra.
Afortunadamente se le descubrió,
afortunadamente en ese momento en que otra corporación de seguridad pública del país
toma conocimiento de que existe presumiblemente un delito, hace lo que tiene qué hacer:
detiene al presunto responsable y lo pone a disposición de las autoridades a quienes les
corresponde actuar.
Malo sería de verdad que hubiera corrido
al contrario. Lo que no tiene una lógica correcta y es algo que deberían ya empezar
ustedes a modificar en la estructura de su discurso, es acusar de todo al último
gobernante en una estructura de gobierno, de todo lo que sucede en los mandos medios o
simplemente en la baja burocracia o en el caso de la seguridad pública pues en los
policías.
Eso, debería ya empezarles a preocupar
porque se les va a empezar a revertir. Miren, en el Senado de la República tenemos un
senador de parte de ustedes que es muy agresivo y muy combativo, pero verdaderamente no
distingue entre una situación y otra y en el caso del huracán "Paulina"
culpó, bueno de todo al de... del gobernador para abajo... es que la pregunta fue muy
capciosa, por eso merecía respuesta más larga.
Vamos a llegar al absurdo de que cualquier
falta de un agente de la Policía de Caminos es, cuando menos, responsabilidad, por estar
obligado a que lo conozca el comandante general de la Policía de Caminos, o del
subsecretario del secretario y en última instancia del Presidente de la República,
porque es policía federal; se les va a empezar a revertir en el Distrito Federal, hay
muchos casos.
Mire, el 25 de diciembre, y a veces por
deporte, hasta muchos anotamos cosas que salen en el periódico, el 25 de diciembre un
joven de nombre Jaime Martínez Cruz fue asesinado en la delegación de Gustavo A. Madero
por policías de seguridad pública del Distrito Federal.
Yo creo que el día 25 y el día 26 y
posiblemente hoy, si no hubiera leído esas notas de policía el Jefe del Gobierno de la
ciudad, no estaría enterado qué sucedió; hoy día, dice la madre, dicen las versiones
de periódicos, no pueden ser citados los policías con nombre, identificación, número
de credencial, número de patrulla, a una averiguación que mal se abrió y que no da
marcha adelante.
Ayer hubo un despojo de una casa de... en
la delegación de Tláhuac, de una organización adherente a mi partido, una finca...
Tláhuac, lo que sea, usted es del Distrito Federal, usted lo conoce bien y simplemente no
se le recibió en el Ministerio Público a los quejosos, quienes hayan sido, la denuncia,
porque era contra autoridades delegacionales del Distrito Federal. ¿El jefe del gobierno
del Distrito Federal no está enterado de eso? ¿No está enterado de que existe la famosa
"hermandad"? ¿Es culpable de todo el pequeño acto o gran acto de corrupción
de las policías del Distrito Federal?
Bueno, pues se los vamos a empezar a
restregar de uno por uno y créanme que no van a acabar de responder. Deben empezar por el
bien de México, ya no de su partido, a cambiar... a cambiar la estructura del discurso,
bueno, a ser más consecuentes; hay problemas, hay males en el país, uno de ellos son las
estructuras de la seguridad pública, pues todos deberíamos aportar para que eso vaya
mejorando.
Ser gobernante es muy distinto a ser
oposición, parece que todavía no lo empiezan a comprobar, no sé si por las diferencias
ideológicas en su partido no les importe mucho lo que está sucediendo en la jefatura del
Distrito Federal, pero al final se les va a revertir.
No hay motivo para culpar a una autoridad
de todo lo que hagan sus subordinados, puede haber motivo pero no puede haber regla
general en eso; no me parece que sea razón suficiente, no responde a ningún método de
buena lógica ni científica ni de ciencias sociales o de ciencias exactas o de ciencias
experimentales, el que un acontecimiento grave, que afortunadamente está encauzado con
sujeción a derecho, pueda fundamentar un punto de acuerdo del Congreso de la Unión para
reprobar un clima de inseguridad, pero sobre todo para inculpárselo al gobierno local.
No, no tiene buena lógica ni fundamento,
por eso nos oponemos a esa proposición y lo otro es una invocación de buena fe. Vayan
empezando a cambiar la forma de analizar los acontecimientos, porque se les va a revertir
y muy pronto, muy pronto.
Para rectificar hechos y hasta por
cinco minutos, tiene la palabra el senador Francisco Molina Ruiz.
|
El senador Francisco Molina
Ruiz: |
Muchas gracias, señor Presidente:
Con el respeto que me merecen mis
homólogos legisladores, no había querido intervenir en este tema en la tribuna,
considerando que sólo se iba a ventilar un punto de acuerdo respecto de un acontecimiento
lamentable, que finalmente creo que en el fondo todos estamos de acuerdo en manifestar
nuestra preocupación por los problemas de violencia e inseguridad que se dan en todo el
país.
Pero el desarrollo del debate que ahorita
se ha dado, me ha invitado a compartir con ustedes algunas reflexiones que
desafortunadamente veo que se irán a quedar en el vacío, porque a la hora de votar los
partidos de oposición de todas maneras vamos a perder.
Pero las reflexiones son en cuanto a lo que
dijo el diputado Pablo Gómez y respecto de lo cual estoy totalmente de acuerdo, porque
tiene la razón y lo que se ha venido manifestando por el senador Robledo, el asunto
efectivamente es un asunto de un secuestro, es un asunto en el cual la policía, y esto no
es raro, está involucrada. Aquí hay gente que conoce del área de seguridad pública
perfectamente bien y todos padecemos el problema de la corrupción y de la inseguridad que
existe desafortunadamente a lo largo de todo el territorio nacional.
Pero este asunto aparentemente podría
quedar ahí si consideráramos al gobernador Carrillo como una gente, como lo dijo el
diputado Becerril, que ha puesto sus mejores oficios y su mayor esfuerzo en esta tarea, y
como lo dijo el senador Robledo, de que la costumbre del PRD ha sido imputar hacia arriba
la responsabilidad que tienen los inferiores.
Pero el caso es, y ésta es la reflexión a
la que quiero que vayamos, el caso es que el gobernador Carrillo Olea no es una persona
cualquiera; el gobernador Carrillo Olea trabajó en la Procuraduría General de la
República y él estuvo al frente de altísimas responsabilidades para combatir la
delincuencia y, en ese sentido, conociendo la mecánica que se da en nuestro país cuando
se da un secuestro, el secuestro no es un delito en donde se le robe un bolso a una niña
o a una mujer o donde se robe una tienda de zapatos; el secuestro es un delito que el
mismo Presidente de la República lo ha calificado como un delito de prioridad nacional,
incluso está incluido en el catalogo de delitos que marca la Ley Federal contra la
Delincuencia Organizada; es un delito en el cual y gracias a ese delito se creó dentro de
las bases de coordinación en materia de seguridad pública toda una estructura para
buscar, a través de toda la República, delincuentes que cometen el delito en un Estado y
van y se encubren en otro.
Pues el caso es pues que el señor
gobernador de Morelos tiene estos antecedentes, tiene este entrenamiento y además es tan
sensible como todos los gobernadores a los delitos de secuestro.
Mientras que, por así decirlo, en el
Distrito Federal se reciben 700 denuncias diarias, no todas son de secuestro. Yo estoy
seguro que cuando se reciben denuncias de secuestros al primero que va y se le entera es
al gobernador. A partir de aquí entonces tenemos que reflexionar y llegar a la
conclusión de que el señor gobernador sí estaba enterado, no solamente por su
antecedente y su capacidad de discernir en materia policiaca, criminológica en estos
asuntos, sino además, porque la propia sensibilidad de su experiencia lo obliga, lo
obligaba a tener conocimiento de esto.
Es muy grave que la policía esté
inmiscuida en delitos como éstos y debe ser sancionada por ella, pero también es muy
grave que un gobernador o un procurador diga que no sabía qué estaba haciendo su
policía.
Esto nos lleva entonces...
¿Acepta una pregunta?
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El
senador Francisco Molina Ruiz: |
Sí, cómo no, por supuesto que sí.
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El
senador Juan Ramiro Robledo Ruiz (desde su curul): |
Es muy probable que el gobernador de
Morelos, como el de cualquier otro Estado, sea informado inmediatamente de un delito tan
grave como el de un secuestro, pero de ahí no creo que se pueda quedar autorizado,
inferir que el gobernador de Morelos o el de cualquier otro Estado menos apto, menos
permito en asuntos de seguridad pública, pueda saber quién es el secuestrador.
No puede usted llegar a esa conclusión,
compañero legislador. ¿Llegaría usted a la misma conclusión respecto al gobernador de
Nuevo León, por delitos que cometió el presidente del PAN en Nuevo León, respecto de
los cuales anda prófugo, está obligado a saberlo y si lo sabía, es corresponsable?
|
El
senador Francisco Molina Ruiz: |
En primer lugar quiero aclararle al
señor senador que quiero inducir, quiero llevar a esta Asamblea no a un debate efímero
ni tampoco al deseo de encubrir o de responsabilizar a alguien en lo particular, quiero
invitarlos a que hagamos una reflexión, porque los problemas de seguridad pública que
tenemos en este país son problemas precisamente que nadie debe y creo que en la
conciencia de cada quien nadie puede tolerar.
Y quiero contestarle la pregunta a mi
colega, el senador Robledo, expresándole que ciertamente el gobernador Carrillo estaba
enterado y probablemente su sensibilidad policiaca o las tareas políticas no lo llevaban
al pleno conocimiento del asunto, pero cuenta el caso que hay otro punto no sólo
relacionado con su antecedente y experiencia policiaca del gobernador Carrillo, sino que
además lo ha dicho el gobernador de Guanajuato, ya este policía había cometido
tropelías en su Estado, había secuestrado comerciantes guanajuatenses y con anterioridad
se le había denunciado y puesto en conocimiento a las máximas autoridades del Estado de
Morelos.
No es posible que a pesar de esas
denuncias, ahora se sostenga como tesis de la gubernatura de Morelos, que las más altas
autoridades pues ni siquiera le pusieron mano a esas peticiones que en otros estados se
les hacía.
De aquí, pues, que ciertamente el diputado
Gómez hace bien en señalar y denunciar que el Ministerio Público, si bien es una
institución de buena fe, no puede constituirse defensor oficial de un policía y
ciertamente que también el asunto no se puede quedar en la mera investigación del nivel
del jefe del Grupo Antisecuestros.
Por eso mi intervención va en el sentido
de abonar, de añadir a la propuesta que está haciendo el Partido de la Revolución
Democrática, que aparentemente es una mera propuesta declarativa, de rechazo al clima de
inseguridad y de condena a la impunidad, de que se adicione esta propuesta en el sentido
de que se le pida al Procurador General de la República, dado que ejerció su facultad de
atracción, la Procuraduría General de la República, que la investigación no quede
sólo en el nivel del homicidio ni del comandante que fue sorprendido haciendo una
inhumación clandestina, sino que trascienda y, en ejercicio de la facultad que tiene como
titular de la unidad en Contra del Crimen Organizado, que aplique todas las herramientas
que le concede esa misma Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, con todos los
recursos que la misma da, para que el esclarecimiento lo lleve más allá del solo aspecto
del homicidio y la inhumación clandestina, o como se dijo aquí, la portación ilegal de
armas, que todavía viene siendo un delito insignificante en este momento y que yo
dudaría mucho que un policía que porta un arma, se le pueda acusar de portación ilegal
de armas. Esta es la propuesta que hacemos.
Además, invitar a la Asamblea a una
reflexión: yo creo que las condiciones del país, y así lo he escuchado de viva voz del
Presidente de la República, en primer lugar, es reafirmar, de todos nosotros o por todos
nosotros, la convicción del combate a la corrupción; reafirmar que en esta instancia no
debemos solapar absolutamente a nadie. Esta instancia no debe en este tema ser una
instancia política, porque estos sujetos que forman parte de delincuencias organizadas,
nos vienen afectando a todos finalmente.
En ese sentido, yo creo que debemos de
escuchar el llamado y la angustia que el Ejecutivo Federal ha pedido de todos nosotros, de
no solapar delincuentes, de no solapar organizaciones criminales que pululan en este país
y de que en un momento dado la Asamblea se constituya realmente en un cuestionador de
circunstancias, dados estos antecedentes del porqué en el Estado de Morelos, por un
hallazgo accidental, porque ciertamente así fue, se pueda descubrir ahora una banda
protegida
por otras instancias y tal vez para
perjuicio de toda la comunidad morelense, tal vez nos lleve a limpiar esa zona, como
muchas otras que el país necesita.
Para rectificación de hechos y hasta
por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Jesús Martín del Campo.
|
El diputado José de Jesús
Martín del Campo Castañeda: |
Primero, haré mención a la
intervención del senador Robledo, en la referencia que hace de que tengamos cuidado los
miembros del Partido de la Revolución Democrática, cuando se vinculan responsabilidades,
probables o comprobadas, de funcionarios de distinto rango en relación con delitos que
comete algún funcionario menor.
Claro que tenemos que tener capacidad para
discernir qué posibilidades reales hay de que haya vínculo entre funcionarios de menor
rango y funcionarios del más alto rango. Pero lo riesgoso políticamente sería, que
llevara la intención de inhibir nuestras críticas o nuestras propuestas de hacer
ejercicio de nuestras facultades como legisladores, de denunciar, de deslindar, de
declarar y de solicitar autoridades competentes su intervención, cuando estamos ante
hechos concretos de comisión de delitos y también hechos concretos de encubrimiento de
algunas autoridades respecto a funcionarios menores, que es el caso de Morelos.
Lo primero, pues claro que nosotros
tendremos que ser responsables, asumiremos nuestra responsabilidad como miembros del PRD,
pero no aceptaríamos este tipo de presiones, que, de ser eso, sería un hecho de chantaje
para que no hagamos críticas a gobiernos de alguna entidad, porque hay la probabilidad de
que hayan críticas al gobierno del Distrito Federal, que es el que dirige el PRD ahora,
con el jefe de gobierno, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.
Quiero decir que, primero, hay una
decisión del gobierno del Distrito Federal, de reconocer que el problema de la seguridad
y la comisión de delitos en esta área que ahora gobernamos, pues es muy alto, es muy
grave.
Ya hoy mismo dijo el ingeniero Cárdenas,
en un informe que dio, que el promedio de delitos diarios en la Ciudad de México ha
crecido de manera constante en los últimos años y duplica hoy el nivel de 1993.
Cada día se denuncian en la capital poco
más de 700 delitos, de los cuales poco menos de 100 son robos a trausentes, 160 robos de
vehículos, poco más de 20 robos a casas-habitación, medio centenar de robos a negocios,
ocurren tres asesinatos diariamente, cuatro violaciones y se lesiona a 67 personas.
Nosotros asumimos, el gobierno perredista
del Distrito Federal asume, da un diagnóstico que no va en la línea de pintar una
realidad color de rosa, porque sabemos que ése es un problema muy fuerte que existe...
¿Si acepta una pregunta?
|
El
diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: |
Sí, claro que si.
Adelante.
|
El
senador Juan Ramiro Robledo Ruiz (desde su curul): |
Gracias, señor Presidente:
Diputado, un partido propone candidatos y
busca ganar las elecciones para hacer programas de gobiernos con sus ideas y sus
propuestas y un día un individuo aspira a ser gobernante, para eso se pone como
candidato, para eso intenta ser candidato, pues para tratar de resolver problemas, a
partir de realidades presentes, que son las que están precisamente en el momento en que
se aspira a gobernar.
Yo entiendo que el ingeniero Cárdenas y
muchas personas de su partido y de su corriente militante, pues habrán estado muy
precisamente enteradas, porque lo anunciaban constantemente antes.
Sobre el estado de inseguridad y de
problemas que hay de rezagos en esta ciudad, la forma en que funcionaba la policía, la
escasez de recursos, las famosas hermandades, es decir, exactamente alguien que aspira a
gobernar sabe el estado de cosas y a qué atenerse.
¿Sabe usted? ¿Recuerda usted que el
ingeniero Cárdenas prometió resolver la seguridad pública de la Ciudad de México desde
el primer día en que tomara posesión?
|
El
diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: |
No planteó literalmente que se
resolverían todos en el primer día, desde el primer día, qué bueno que dijo la
interjección. Desde el primer día, claro que sí, desde el primer día está empeñado
en eso, es parte de un diagnóstico realista y no ha habido, no habrá les aseguro a los
legisladores priístas, particular al senador Robledo, no habrá ninguna intención de
encubrir a ningún policía que lleve un cadáver y que intente depositarlo en algunos de
los municipios conurbados y no habrá ninguna declaración de autoridad vinculada a esto,
de que diga que no sabía que hacían sus muchachos ni que llevaba, transportaba a un
enfermo o algo por el estilo.
Le diremos que no estaba muerto, que andaba
de parranda, sino actuaremos en el gobierno del Distrito Federal, categóricamente en
congruencia con lo que planteamos ahora.
Hay modos de operar, que incluso está
rebasando al gobernador. Pero lo paradójico, como decía el legislador del PAN que me
antecedió en el uso de la palabra, es que el señor gobernador del Estado de Morelos ha
tenido altas responsabilidades en materia policiaca, en materia de seguridad, está
vinculado en su pasado a tareas de ese tipo, por eso resulta paradójico que ignore modos
de operar que no son convenientes, sobre todo en una entidad en que efectivamente llegó a
tener un altísimo índice de secuestros.
Por la información conocida se sabe que
participaron en por lo menos una de las bandas, ex militares y ex policías y que
resolvían el pago de los rescates en las inmediaciones de la zona militar de ahí de
Cuernavaca en el Estado de Morelos. Entonces hay un asunto grave, incluso tuvieron que
llamar, se sabe, y ponerse en contacto con autoridades militares porque había ex
militares vinculados a una banda de secuestradores y eso hacía posible que eludieran.
Efectivamente el reto es muy grande, se trata de bandas organizadas que tienen vínculo
con ex militares o con militares, porque son ex militares en activo y saben operar, tienen
maneras de eludir, saben el modo de operar de la policía. Por eso resulta paradójico que
ahora digan los fucionarios del gobierno del Estado de Morelos que no sabían qué estaban
haciendo sus muchachos, y hay una información confusa, lo que está detrás es una
intención de encubrir, de presentar una realidad que es negativa, que habla de malos
elementos en el cuerpo policiaco, que han tenido ya antecedentes de ese comportamiento
negativo y delictivo y que por eso no se puede tener confianza.
Y la actitud de querer encubrir antes que
salirle al toro por los cuernos, en aplicación estricta de la justicia, es lo que
nosotros cuestionamos, es eso lo que crea un clima de inseguridad. Sí se trata de un caso
ahora, pero que es derivado de muchos otros casos y cuando parece que ya se está
resolviendo el problema, que se avanza en la disminución del número de secuestros,
aparece que el modo de operar para tratar a secuestradores, implica también la comisión
de delitos, implica convivencia, implica complicidad de funcionarios policiacos. Es esto
lo que intentamos en el punto de acuerdo, declarar desde esta sesión de la Comisión
Permanente, para que se sepa que estamos preocupados por este tipo de comportamiento, en
cualquier lugar que sucediera, lo anticipo. Insisto, si sucediera en el Distrito Federal,
les pediríamos que firmáramos un punto de acuerdo semejante, ante evidencias como las
que estamos presentando.
Y le repito, el punto de acuerdo habla de
que esta comisión manifiesta su enérgico rechazo al clima de inseguridad que permea en
el Estado de Morelos, a consecuencia de la actuación y desempeño de autoridades
encargadas de procurar justicia, a menos que nos digan que no están involucradas en esta
situación, autoridades encargadas de procurar justicia, que es el caso de los policías
que actúan mal y de sus jefes que han tratado de encubrirlos.
Y pedimos el pleno respeto a los derechos
humanos y de la justicia y condena la impunidad de estos hechos. Esto es lo que se pide,
no estamos pidiendo salirse de ningún marco legal ni de posibilidades de que esta
Comisión Permanente lo haga ni siquiera se está diciendo ahí que se está contra el
gobernador del Estado de Morelos, que es lo que preocupaba a algunos legisladores y por
eso la intención de decir: si nosotros planteamos este tipo de puntos de acuerdo, más
adelante habrá un cobro de facturas, un poco sería la intención, quizá, respecto al
gobierno del Distrito Federal.
De todas manera hecha la aclaración, creo
que puede firmarse por todos el punto de acuerdo que estamos proponiendo los de la bancada
del PRD, con también legisladores del Partido Acción Nacional.
Gracias.
Para rectificación de hechos y hasta
por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar.
|
El diputado Alfonso Ramírez
Cuéllar: |
Nos llama la atención, señoras y
señores legisladores, las amenazas del senador Robledo, que nos va a restregar en la cara
todo lo que sucede en la Ciudad de México.
Yo le digo que no se preocupe.
Independientemente de que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas sea miembro de nuestro
partido, los primeros que denunciarán cualquier hecho ilícito, tenga la plena seguridad,
que a diferencia de ustedes, seremos nosotros también, los miembros del PRD.
Igual que lo que estamos discutiendo aquí,
no es solamente un listado de hechos, sino estamos ante la presencia de un señor que es
jefe del "grupo especial antisecuestros" y que comanda a bandas de
secuestradores.
Y lo que ha pasado en el Estado de Morelos,
es la existencia de una organización criminal altamente sofisticada que ahorita estamos
descubriendo que es comandada por autoridades encargadas de la procuración de justicia y
la seguridad. No son secuestros que se den de manera espontánea, sin control, sino
estamos ante la presencia de una banda que opera con la complicidad del jefe del
"Grupo Especial Antisecuestros"; es decir, estamos ante la presencia de una
complicidad de personas ligadas al poder en el Estado de Morelos, que han permitido el
desarrollo de toda una serie de actos delictivos en esa entidad.
Y ustedes, señores senadores y diputados
del PRI, usted particularmente, senador Robledo, yo creo que le hace muy poco favor
defender a ultranza la actuación tanto del gobernador como del procurador de esa entidad.
Desde hace tiempo, muchos años, nosotros
denunciamos lo que era el señor Miyazawa, ¡un torturador!, ¡jefe de la Brigada Blanca!,
y alertamos que a Morelos llegara como gobernador un policía como el señor Carrillo
Olea, también jefe de la Brigada Blanca.
Muchos dijeron:
"Un Estado que tiene como gobernador a
un policía, pues va a tener toda la capacidad para poder combatir el crimen."
¡Y resultó todo lo contrario!
Mire, senador Robledo y senadores y
diputados del PRI: la historia de Miyazawa y de la Brigada Blanca, es una historia negra.
Y legisladores locales, presidentes de la
Comisión de Justicia y de Derechos Humanos del Congreso local, presentaron en tiempo y
forma una serie de denuncias donde estaba implicado este señor que lo agarraron tirando
un cadáver y nunca se les hizo caso.
Hay denuncias de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Morelos, debidamente establecidas y nunca se les hizo caso.
¿Por qué esperar a que las cosas
exploten, cuando en Morelos se escenificó hace meses toda una gran movilización social
de ciudadanos, empresarios, amas de casa, que impugnaron y pusieron el dedo en la llaga
señalando las implicaciones de altos funcionarios en toda la ola de asaltos y de
secuestros que existen en esa entidad?
¿Por qué hasta ahora pide licencia
Miyazawa? ¿Por qué hasta ahora se procesa a un individuo, cuyas denuncias estaban desde
hace tiempo?
¡Este es el grado de impunidad que la
sociedad morelense no puede permitir y tan no lo puede permitir que su partido perdió la
mayoría en las pasadas elecciones! ¡Perdió la mayoría del Congreso y en vez de que el
PRI, en ese ánimo de reforma que dice sostener, estableciera con claridad una
explicación a la sociedad morelense, se convierte en "tapadera de hechos
delictivos"!
Hablan de la hermandad de la policía
capitalina. ¡Y fíjense que ustedes tienen un diputado, que por cierto se apellida Mota,
que fue jefe de la hermandad y director de la policía capitalina! ¡Y otro señor, que ya
le dicen "El Terminator Villarreal", porque todo lo quiebra, quebró Nafinsa, un
desfalco de más de 20 mil millones de pesos y quebró las finanzas del PRI, también fue
cómplice de toda la estructura policiaca que ha impedido que en el Distrito Federal se
lleve a fondo un combate a la corrupción para darle seguridad real a la población
capitalina!
¡Ahí están todas esas estructuras,
permeadas de corrupción extrema, construidas bajo el amparo del poder y bajo la
dirección del Partido Revolucionario Institucional o de muchos de sus funcionarios!
¡Eso es lo que hay que acabar! ¡No es una
tarea fácil la que tiene el ingeniero Cárdenas! ¡Hay que escarbar muchísimo, tumbar
todos los intereses y complicidades que ustedes generaron a lo largo de muchos años en la
capital de la República y que llevaron a la descomposición de los cuerpos policiacos!
Desde hace tiempo lo dijimos, señalamos
estos hechos, como desde hace tiempo la sociedad morelense también señaló estos hechos.
Dicen que han detenido 400 secuestradores. ¡Hay una verdadera convención de
secuestradores en las cárceles del Estado de Morelos! ¡Una gran Asamblea de
secuestradores! ¡Y apenas acaban de agarrar al jefe de la banda de secuestradores, que,
curiosamente, se dedicaba a comandar el grupo antisecuestros!
Eso es lo que ya no se vale, por eso
estamos proponiendo este punto de acuerdo, antes de que las cosas se descompongan más. Y
no nos asusta "que nos restrieguen nada en la cara". Lo puede hacer cuantas
veces quiera y tengan la plena seguridad que ante cualquier irregularidad que se cometa en
el Distrito Federal, seremos nosotros los perredistas, muchos perredistas, los que
estaremos denunciando y los que estaremos exigiendo correcciones. ¡Cosa que ustedes no se
atreven a hacer, aunque todas las evidencias sean más claras que el agua! ¡Y cosa que
esa complicidad que hay, esa complicidad que hay entre el poder, les impide decir
abiertamente cómo están los problemas y cuáles son las vías de solución!
¡Agarraron al jefe de los secuestradores:
pidió licencia Miyazawa! Al rato va a pedir licencia Carrillo Olea, va a ver.
Para contestar alusiones personales
tiene la palabra el senador Juan Ramiro Robledo.
|
El senador Juan Ramiro Robledo Ruiz: |
Gracias, señor Presidente:
La verdad es que en tantos años que han
estado como oposición, y no me quiero referir en esta ocasión más que al PRD, pues han
aprendido habilidades discursivas y algo que era una invitación a que asumieran
conciencia de que ya no son oposición nada más, lo intentan voltear y nos lo presentan
aquí como un chantaje o cobro de factura.
Yo creo que no basta acusar a un
funcionario para que la pura acusación se vuelva prueba, si no qué fácil será probarle
delitos a cualquier funcionario.
Han conservado, han cultivado y han crecido
en esos atributos del combate político y hay que reconocerlo y de verdad tomaron mucha
capacidad de denuncia, como debe ser la oposición. Para ser buena oposición hay que ser
muy consecuente y ser capaz de convertir en acto de gobierno lo que se proponía, por
ejemplo reducir impuestos, por ejemplo cuando se vuela el Gobierno y se atreve a reducir
impuestos, hay que reconocer la lealtad de su oposición.
Pero lo que yo trataba es de ayudar un poco
a que, digo esto con respeto, a que tomen conciencia de que ya no pueden seguir siendo
oposición en todos lados, que esa habilidad para denunciar todo y por todo, se les va a
empezar a revertir y no necesitaremos nosotros ser quienes les restreguemos las cosas en
la cara, será la prensa y la sociedad civil y las organizaciones y los grupos y los
clubes de servicios y todo, no es ninguna amenaza.
Senador Robledo, si me permite un
momento.
|
El
diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Señor Presidente, ¿quiere
preguntarle al orador si me acepta una pregunta?
|
El
senador Juan Ramiro Robledo Ruiz: |
Ahora no. En un momento más, por
favor. Al final, por favor.
Están denunciando, pero se les olvida a
cada momento que ahora son la parte denunciable y lo serán por la sociedad mexicana, por
los habitantes de esta gran ciudad y sus alrededores, que se confunden con la misma. Eso
es lo que serviría mucho para la buena política del país.
Nosotros estamos de acuerdo en que los
funcionarios de cualquier partido cometen faltas y que siempre deben reconocerse. Cuando
una autoridad falta debe ofrecer disculpa. Pero lo que no entendemos es por qué conservan
la arrogancia de la irresponsabilidad en la oposición. Ya no son oposición,
entiéndanlo. Le servirá mucho a la Ciudad de México y al país si empiezan a cambiar el
discurso.
Sería un cobro de facturas si nosotros
estuviéramos aceptando, no estoy aludiendo a nadie, señor Presidente, me estoy
refiriendo a los argumentos nada más, sería un cobro de facturas si nosotros
estuviéramos aceptando que el funcionario superior siempre es responsable de lo que haga
el inferior y que a cambio de que no nos lo acusen aquí en Morelos, nosotros no lo
haríamos en el Distrito Federal. No, lo que pasa es que ustedes creen que sí es
responsable. No puede ser así. Ningún estado se puede manejar sobre esa tesis de
gobierno político. No puede ser. Ningún país se destruye a sí mismo, su sistema de
partidos se convierte en algo que corroe a la gobernabilidad.
El jefe de la policía, superior del
funcionario presuntamente secuestrador, pidió licencia por una razón no nada más
jurídica o no jurídica sino política. Es evidente, bueno y la evidencia está aquí en
la tribuna, de que en un caso como éstos se venga la andanada de acusaciones en seguida
de la jerarquía del funcionario o del empleado detenido y más arriba y más arriba, pues
para dar un espacio de credibilidad política de que se está tratando de actuar y
corregir algo que es un suceso verdaderamente impredecible y que no se puede corregir tan
fácil, como es la corrupción de las
policías del país, pues se hace a un lado
al superior jerárquico, al jefe de la policía, a Miyazawa, para que sin la condición de
jefe de la policía quede sujeto a la averiguación, a la potestad de la averiguación
previa del Ministerio Público Federal. Por esa razón esto es algo positivo.
Y bueno, piénsenlo bien, pero esa
capacidad de denuncia, si ustedes de veras la van a seguir ejerciendo, pues ya se les hizo
tarde, ya hay una lista de irregularidades que debían empezar a denunciar y se los vamos
a celebrar y nos vamos a conducir con respeto.
Gracias, señor Presidente.
Para rectificar hechos y hasta por
cinco minutos, tiene la palabra...
|
El
senador Juan Ramiro Robledo Ruiz: |
Discúlpeme, señor Presidente,
regreso para las preguntas.
Tiene el uso de la palabra el
diputado Pablo Gómez.
|
El
diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Mi pregunta surge de esto. Desde
luego no comparto su lógica porque no creo que sea una lógica, es decir, mientras la
oposición sea oposición denuncia y cuando ya es gobierno no debe denunciar; desde luego
que eso no es aceptable. Creo que los partidos deben seguir siendo partidos, estén o no
en el gobierno y una de sus funciones es señalar y criticar, criticar a los gobernantes
también. Pero eso está claro, creo que ahí no se sostiene su discurso, en absoluto.
Sin embargo, lo que más me preocupa es que
considere usted que la irresponsabilidad de la oposición versus la responsabilidad del
Gobierno deben llevar al Gobierno a un sistema de encubrimientos y complicidades, porque
aquí fíjese usted no estamos criticando al gobernador como posible secuestrador o algo
así por el estilo, sino por el hecho de que una vez que se descubrió lo que se
descubrió en Guerrero, en relación con Morelos, el gobernador hizo unas declaraciones
protegiendo al jefe de la policía. ¿Qué debe hacer un gobernante cuando la unidad de
antisecuestros secuestra y mata en tortura?
Pues llamar al jefe de la policía y decir:
"tú no puedes ser jefe de esto, puedes ser lo que tú quieras, pero jefe de la
policía no puedes ser porque ¿qué clase de cosas están haciendo tus policías?".
A la mejor Miyazawa no es culpable del delito, eso lo decidirá el Ministerio Público,
pero no puede ser sostenido por el gobernador como jefe de la policía y lo sostuvo el
gobernador y lo defendió el gobernador y ahora le ha dado licencia. ¿Por qué la PGR lo
llama a declarar?, ésa es la circunstancia.
Entonces la pregunta es ésta, señor
senador ¿usted cree sinceramente que la actitud correcta de un gobernador responsable, en
el sentido estricto del término, es sacar la cara en favor de un jefe policiaco cuando en
su corporación, una unidad, la unidad antisecuestros está involucrada en hechos como los
que hemos conocido? ¿Usted lo hubiera hecho? ¿Usted hubiera defendido a ese jefe
policiaco o le hubiera pedido inmediatamente su renuncia?
|
El
senador Juan Ramiro Robledo Ruiz: |
No sé con quiénes haya trabajado
usted, pero yo creo que la lealtad humana y la lealtad del trabajo obliga siempre a ser
solidario con los colaboradores, no creo que fuera suficiente para el ingeniero Cárdenas
que por ejemplo en esta ciudad hace unos días en donde le denunciaron y le pidieron la
renuncia de una delegada de no sé qué delegación, usted me corregirá porque yo no vivo
en el Distrito Federal, acusándola de invasora de tierras, fuera suficiente para que ahí
y no, para no entrar en complicidades, para no entrar en la corrupción que solapa, para
no ser igual que todos los demás, por la sola denuncia le pida la renuncia a esta señora
delegada.
Cuando aparezca un ápice de prueba
entonces sí hay que actuar como lo hizo el gobernador de Morelos y como queremos que
hagan todas las autoridades del país, insisto; en lo que no estamos de acuerdo es en la
lógica de pedir que este Congreso de la Unión, representado por la Permanente, produce
una carta de repudio, de reprobación al gobierno de Morelos, porque sucedió un muy
lamentable hecho delictivo, grave, que afortunadamente no ha sucedido repetidamente en los
últimos meses, imagínese usted que les contrapropongamos y digamos que habría que hacer
algo por el estilo y no es cobro de facturas y no es ninguna amenaza, nada más entremos
en una lógica comparativa, que les contrapropongamos aquí pedir la renuncia al jefe de
la policía de seguridad pública aquí preventiva del Distrito Federal, al secretario, al
procurador, porque hay un clima reprobable, inimaginable, inadmisible, de inseguridad
pública en la Ciudad de México, porque se siguen cometiendo 700 delitos diarios y nada
más los denunciamos.
No comparto sus premisas, quisiera
compartir una parte de sus conclusiones, ya no.
Para rectificar hechos y hasta por
cinco minutos tiene la palabra el diputado Sadot Sánchez Carreño.
|
El diputado Miguel Sadot Sánchez
Carreño: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeros legisladoras y legisladores:
Quiero expresar aquí que la fracción de
mi partido, representada aquí en la Comisión Permanente, valora y ha respaldado las
medidas que para combatir a la corrupción y a la impunidad se han derivado no solamente
de los procesos legislativos, sino de las acciones que deben de aplicar las autoridades a
quienes se les confiere esta responsabilidad.
La obligación que tenemos como Poder
Legislativo, precisamente está en asegurar el marco normativo que evite que cualquier
autoridad pueda incurrir en violaciones y sobre todo que éstas queden impunes.
En ese sentido nosotros respaldaremos todas
las decisiones desde el punto de vista de las propuestas a iniciativas, de la
modificación de nuestro marco jurídico para cerrarle el paso en forma definitiva a la
corrupción y a la impunidad.
La razón por la que no estamos de acuerdo
en el punto que se ha propuesto respecto a los hechos de Morelos, consiste en que en la
propuesta que han mencionado se encuentran dos afirmaciones que carecen de toda validez e
incluso que no tienen ningún fundamento completo, cabal, pleno en la realidad.
Por una parte y en el primer párrafo de la
propuesta, se menciona que la Comisión Permanente manifieste su enérgico rechazo al
clima de inseguridad que permea en el Estado de Morelos a consecuencia de la actuación y
desempeño de las autoridades encargadas de procurar justicia.
Hoy, aquí en esta propuesta, pareciera que
encuentran que toda la causa de la impunidad en Morelos se debe sólo a la actuación de
quienes tienen la responsabilidad. Es decir, que hoy todo aquel diagnóstico que hemos
escuchado de causas y que inclusive lo escuchamos en la comparecencia de los responsables
de la procuración general de justicia a nivel federal y con la participación de los
partidos en los que se señalaban causas económicas, causas sociales, causas de encono,
causas de desempleo, hoy estas causas son olvidadas en el caso de Morelos y únicamente en
un simplismo reduccionista, se señala que toda la impunidad... perdón, que toda la
inseguridad que se vive el Estado de Morelos, sólo se debe a la actuación de quienes
tienen la responsabilidad de procurar justicia.
Esto a todas luces y evidentemente
contrasta con la realidad. No resiste ningún análisis serio; seamos serios, señores
representantes, no podemos imputar a una sola causa toda la inseguridad y sus
consecuencias que se vive no sólo en el Estado de Morelos, sino en cualquier Estado de la
República, incluyendo el Distrito Federal.
Esto es un razonamiento que no podemos
admitir y hay una segunda consecuencia que infieren de este primer razonamiento.
Dicen que en aras del pleno respeto a los
derechos humanos y de la justicia, se conceda la impunidad de estos hechos y actos
delictivos. Precisamente el diputado Ramírez Cuéllar nos hizo una narración de cómo se
detuvo a estos presuntos responsables, de cómo se ha llevado toda una iniciación de una
indagatoria, cómo la Procuraduría General de la República está investigando.
¿Dónde esta la impunidad? La impunidad
significa el evitar precisamente estas medidas que ustedes nos han narrado aquí. No
existe tal impunidad, por el contrario, en estos hechos existe una voluntad expresa no
solamente del Estado de Morelos, sino de incluso de los niveles más altos de la
procuración de justicia, como es la Procuraduría General de la República. Hay
evidencias, está la integración de esta averiguación que con motivo de la indagatoria
que está haciendo la Procuraduría General de la República se está llevando a cabo;
están sujetos ya a un proceso los presuntos responsables.
Impunidad existiría si efectivamente tanto
las autoridades locales o federales, haciendo a un lado sus responsabilidades, estuvieran
encubriendo este hecho. Hay evidencia de la actuación de quien procura justicia a nivel
estatal y federal, de que se está actuando.
Pero además y eso es lo sorprendente que
existe en el discurso...
¿Si acepta una pregunta, diputado?
|
El
diputado Miguel Sadot Sánchez Carreño: |
Con todo gusto.
|
El
senador Francisco Molina Ruiz (desde su curul): |
La pregunta es en este sentido:
Dada esa conclusión a la que arriba el
diputado Sánchez, la adición a la propuesta que yo hice en el sentido de excitar al
procurador para que, en uso de sus facultades que la Ley Federal Contra la Delincuencia
Organizada le da y los mecanismos y herramientas que la misma le da a él como jefe de la
autoridad contra el crimen organizado, ¿estaría el Partido Revolucionario Institucional
de acuerdo en que esa parte sí formara parte del acuerdo o de la petición que se le
hiciera a esta autoridad?
|
El
diputado Miguel Sadot Sánchez Carreño: |
Con mucho gusto.
Si nosotros la consideramos como una
adición a este punto de acuerdo que se ha propuesto, la rechazaríamos, porque estamos
rechazando lo sustancial y aquí, siguiendo un principio de nuestro derecho civil
diríamos que lo accesorio sería la suerte de lo principal, en consecuencia...
|
El
senador Francisco Molina Ruiz (desde su curul) |
Puedo preguntarle entonces si se
votara por separado, ¿entonces sí se apoyaría por parte de su partido?
|
El
diputado Miguel Sadot Sánchez Carreño: |
o le rogaría al señor senador
entonces que escucháramos primero la propuesta ya separada en forma específica, distinta
de la propuesta que hemos recibido y que es a la que hoy me estoy refiriendo en este
momento. Escucharíamos con mucho gusto.
Concluí.
|
El
senador Francisco Molina Ruiz (desde su curul): |
Pediría que se diera la separación
adecuada de las dos propuestas.
Adelante, diputado.
|
El
diputado Miguel Sadot Sánchez Carreño: |
Con su permiso, continúo:
Estos comentarios que hoy recibimos de los
miembros del Partido de la Revolución Democrática respecto a señalar una
responsabilidad directa del Ejecutivo del Estado de Morelos, nos extraña de alguna forma
en el sentido de buscar una imputación y una condena a las responsabilidades de quienes
ejercen las actividades ejecutivas y la función ejecutiva del Estado.
Nosotros hemos pensado que debe de haber
una congruencia en todos los actos, no solamente de los individuos, sino sobre todo de los
partidos y de las organizaciones políticas. La congruencia le da un valor y le da una
distinción de calidad a las actuaciones y al discurso.
Nos llama por ejemplo a sorpresa y ya lo
comentaba aquí el senador de mi partido, que en algunos casos, como fueron los recientes
nombramientos que en diciembre se hicieron precisamente en el área de procuración de
justicia y concretamente que recayó en el director de la Policía Judicial, se optara
también por un procedimiento en el que primero se le solicitó al entonces director de la
Policía Judicial, que pidiera una licencia, pero como estaba en vísperas de tener una
comparecencia el Jefe de Gobierno ante la Asamblea Legislativa, antes de que se produjera
ésta se anunció la remoción del entonces director de la Policía Judicial.
¿Por qué extrañar hoy que el director de
la Policía Judicial en el Estado de Morelos solicite licencia precisamente para no
interrumpir o viciar cualquier procedimiento de la investigación y que quede sin ninguna
protección que pudiera darle o que pudiera asomarse en la investigación y que ésta
pudiera tildarse de imparcial o que no es objetiva?
Se está siguiendo un procedimiento que
aquí mismo, en el Distrito Federal, se hizo de la mis- ma forma ante acusaciones, ante
imputaciones sobre violaciones a distintos ordenamientos, que en ese momento se le
hicieron al director de la Policía Judicial.
Yo creo, y estoy convencido, que el papel
de los legisladores no es buscar a través del discurso político exclusivamente, la forma
en que podamos contribuir al combate a la seguridad. Nosotros tenemos una función muy
clara y definida en nuestra Constitución, seamos congruentes con esa posición y
busquemos que a través de la ley, a través de las propuestas, a través de las
iniciativas, podamos combatir la impunidad, podamos combatir el crimen organizado.
No es posible que como legisladores se diga
en la tribuna un discurso que no corresponda a la actuación en una votación, cuando se
trata de un ordenamiento jurídico. Por eso me extraña al leer en el Diario de los
Debates que el PRD se opuso a que el Estado contara con una ley de combate a la
delincuencia organizada, que no votó esa ley sabiendo que era uno de los instrumentos
más importantes de combate a la delincuencia organizada y hoy, con un discurso se
pretende buscar otro tipo de actuaciones y otro tipo de protagonismos.
Tenemos una función y ésta es la que
tenemos que llevar con responsabilidad. Apenas hace unas semanas recibimos en el Senado de
la República un paquete legislativo que entraña precisamente una serie de reformas de
carácter constitucional, que van a buscar fortalecer al marco jurídico para tener
mejores instrumentos para el combate a la delincuencia organizada, para el combate a la
impunidad y el combate a la corrupción. Son éstas las medidas que debemos de aprovechar,
a ellas debemos de contribuir y sobre todo empeñar un esfuerzo congruente y responsable
como legisladores.
Muchas gracias.
Para rectificar hechos y hasta por
cinco minutos, tiene la palabra el diputado Pablo Gómez Alvarez.
|
El diputado Pablo Gómez Alvarez: |
Ciudadanas y ciudadanos legisladores:
El senador Robledo no respondió mi
pregunta, lamentablemente, que era muy concreta, me contestó con un incidente que hubo en
Xochimilco, en relación con la manifestación de algunas personas, sobre la persona de la
delegada, pero ésa no era mi pregunta, mi pregunta no tenía nada que ver con Xochimilco.
También podemos discutir sobre Xochimilco
si usted quiere, agende usted en el orden del día de la Comisión Permanente la
situación de la delegación de Xochimilco y con mucho gusto podemos discutir y si usted
considera que hay alguna irregularidad lo discutimos y si hay algún indicio, desde luego
que procederemos en consecuencia. No hay ningún problema.
Mi pregunta era sobre la actitud del señor
gobernador del Estado de Morelos en relación con el jefe de la policía. Lo primero que
dijo el gobernador fue que el jefe de la policía no estaba obligado a saber lo que
hacían los policías.
Bien. Aquí hay, el señor...
¿Con qué propósito, diputado?
|
El
diputado Gil Rafael Oceguera Ramos (desde su curul): |
Para hacerle una pregunta al orador.
Si acepta una pregunta.
|
El
diputado Pablo Gómez Alvarez: |
Pues sí, aunque todavía no digo
nada, pero bueno, estaba yo... no sé sobre qué.
Todavía no llego al punto, pero acepto.
Diputado Presidente, quiero advertir una
cosa. Si no he dicho nada durante toda la sesión, ¿para qué han mandado tantos oradores
a la tribuna? Por favor.
Adelante, diputado Oceguera.
|
El
diputado Gil Rafael Oceguera Ramos (desde su curul): |
Quisiera que usted, diputado Gómez,
que lo veo encaminado a decir de qué manera un gobernante nombra a un jefe policiaco.
Quisiera preguntarle a usted, teniendo o siendo demasiados conocidos los antecedentes del
principal jefe policiaco en la Ciudad de México, me refiero a la Policía Judicial,
¿cómo es que el gobernante procede a nombrarlo y cómo es que posteriormente se deslinda
de haber conocido del asunto, para deslindarse de la responsabilidad que entrañaba
nombrar a una auto- ridad tan importante? Quisiera que contestara.
|
El
diputado Pablo Gómez Alvarez: |
Sí, cómo no, sí le contesto. Le
contesto así:
1. Creo que fue un error del Procurador de
Justicia del Distrito Federal nombrar a esa persona como jefe de la policía.
2. Creo que el error se subsanó, porque
antes de que hiciera algo indebido, se le quitó del cargo.
3. No fue el jefe de gobierno el que
nombró al jefe de la policía, pero sí el que intervino para que lo quitaran del puesto
y al hacerlo se está aceptando la crítica.
Y voy al punto en mi respuesta, señor
diputado, que me interesa y qué bueno que me hizo usted esa pregunta, porque el senador
Robledo habla de lealtad, lealtad con los colaboradores. Yo creo que hay lealtad con la
República, esa es la que debe de ser en un sistema republicano, los gobernantes deben ser
leales a la República y deben de admitir la crítica, y cuando se equivocan deben de
reconocerlo, como es el caso que usted menciona, señor diputado Oceguera.
Pero yo quisiera ver así a los del PRI.
Mucho cambiaría este país, porque todavía algunos esperan que los priístas modifiquen
su actitud. Yo con franqueza digo que muchas veces pierdo toda esperanza y no veo que haya
realmente intención, ya lo dice Monreal, pero también lo dice el senador Robledo. Lo
dice de otra manera el señor Robledo, habla de la lealtad con los colaboradores; habla de
la obligación de entenderlos y eso lleva a no aceptar la crítica.
Si el comandante de la unidad
antisecuestros de una policía hace lo que al parecer estaba haciendo, no reclamarle nada
al jefe de la policía, ¿qué significa, qué significa?
El gobernador no le reclama, el procurador
tampoco le reclama. No hay reclamo de ninguna especie.
Usted, diputado Oceguera, tampoco reclama
nada. ¿Quién tiene entonces que reclamar aquí, todo lo que hay que reclamar de esto?
Bueno, afortunadamente cada vez hay más gente que reclama. Pero lo que no se puede
aceptar es la actitud del gobernador, de salir en la defensa del jefe de la policía; que
el jefe de la policía, según usted, no fue el que mandó torturar y matar al pobre
hombre, ése que tenían en el coche en una carretera de Guerrero, pues yo no se lo
discuto, porque yo no soy agente del Ministerio Público, y yo no estoy diciendo que
Miyazawa haya sido el que mandó matar, lo que yo estoy diciendo es que los funcionarios
son responsables. Todos somos responsables, nosotros también, como servidores públicos
somos responsables. Eso dice la Constitución, y la Constitución de Morelos también dice
eso.
El señor gobernador no puede suponer que
el jefe de la policía no es responsable, no me puede reclamar nada. No tiene que
responder, en primer lugar, ante sus inmediatos superiores, también ante el Congreso del
Estado.
Bueno, en este sistema, en esos sistemas de
no responsabilidad, que son contrarios a la República, absolutamente contrarios al
sistema republicano. ¿Cuáles son las armas, entonces, que uno tiene que utilizar para
llamar la atención y decir: todos somos responsables, no importa que sean jefes de la
policía? El señor tiene que responder de la acción, aunque no sea culpable, de la
acción de los policías que están bajo sus órdenes, como el Procurador del Distrito
Federal tiene que responder también y el jefe de la policía capitalina tiene que
responder.
Si el jefe de la policía capitalina
realiza una acción que está fuera de la ley o no corresponde a lo que debe hacerse, el
jefe de gobierno debe exigir responsabilidad, debe actuar y si no actúa, habrá que
criticar al jefe de gobierno.
El señor ingeniero Cárdenas, quiero
decirle a usted diputado, es responsable y es criticable, como lo es el señor Zedillo,
que cada vez que se le critica en esta tribuna, inmediatamente gritan asustados los
legisladores del PRI, ya ahorita empezaron a decir: ¡otra vez!
Pues no se puede mencionar a este señor,
porque todos los presidentes han sido intocables, cuando dejan de ser presidentes entonces
si, digan lo que quieran, nadie los defiende, lo cual es una inconsecuencia del PRI,
¿eh?, porque eso habla muy mal de ese partido. Mientras el presidente es presidente lo
defienden y cuando ya no es, unos lo defienden y otros no lo defienden, no se sienten
obligados, son inconsecuentes en su actitud de defender a sus jefes.
Yo diría simplemente esto. El sistema
mexicano de impunidades se basa en una relación política y en un sistema político, en
eso se basa, en el sistema político que ha creado el Partido Revolucionario Institucional
en México. Ese partido creó el sistema de las impunidades y el sistema de las
complicidades.
Hay que desarmar ese sistema. Ojalá muchos
priístas estén dispuestos a dar la lucha contra eso, entonces tienen que elevar su
crítica, mejor dicho, tienen que volverse críticos, porque no hay posibilidad de luchar
contra ese sistema, sin ejercer la crítica. Ejércenla como quieran, naturalmente nadie
les va a decir que de una manera o de otra, pero hay que ejercerla, porque de lo contrario
no hay remedio.
Entonces quiero aclarar también, porque lo
dijo el diputado Sánchez Carreño, que el PRD votó en contra de la Ley Contra la
Delincuencia Or- ganizada, no porque esté en contra de que se persiga la delincuencia
organizada, ¡por favor! Hay que ser un poco honrados también intelectualmente. Yo sé
que esto no es fácil, pero hay que hacer la lucha.
Votamos porque estábamos en contra de lo
que dice la ley, queríamos que dijera otras cosas, ése es otro problema, otro problema
completamente diferente. Cuando uno vota en contra de una ley, no necesariamente está en
contra de que se persigan determinadas cosas indebidas o ilegales.
Ahora, yo diría esto, si no está de
acuerdo el PRI en nuestro texto, que proponga otro, algo tenemos que decir, el hecho es
escandaloso. La Procuraduría, autoridad federal de procuración de justicia ha
intervenido, por qué el Congreso Federal no, no dice nada, se queda callado.
¿Vamos a seguir tolerando que estas cosas
se produzcan? Son muy graves. Que tienen cola, nosotros decimos que tienen. Que no la
tienen, dicen ustedes, que no tiene esto mayor implicación, que es un hecho aislado. ¿Un
hecho aislado que un jefe policiaco en el asiento trasero a un torturado que esté además
muerto? Eso no puede ser un hecho aislado, señores, no es lógico que lo sea. Hay que ser
muy cínico para suponer que esto es un hecho aislado.
Entonces tiene que haber un análisis de
conjunto de la situación y nosotros estamos interesados en que las cosas se aclaren y que
no se repitan y que se combatan este tipo de cosas y que se busque. Si éste es un
sistema, que salga todo a la luz pública, eso es, ser responsable, eso es hacer adoptar
una actitud republicana, eso es romper y criticar los sistemas de impunidad que existen en
este país, no estamos pidiendo otra cosa.
Vamos a proceder a desahogar las
proposiciones que se han presentado en relación con este tema.
Solicito a la Secretaría que dé cuenta de
la primera proposición presentada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar.
|
La
secretaria senadora Laura Pavón Jaramillo: |
Doy lectura al
PUNTO DE ACUERDO
"Unico: Esta Comisión Permanente
manifiesta su enérgico rechazo al clima de inseguridad que permea en el Estado de
Morelos, a consecuencia de la actuación y desempeño de las autoridades encargadas de
procurar justicia, misma que ha puesto en riesgo el estado de derecho en dicha entidad.
Asimismo, en aras del pleno respeto a los
derechos humanos y de la justicia, condena la impunidad de estos hechos y actos delictivos
por parte de dichas autoridades, haciendo un llamado a las representaciones sociales tanto
del Estado de Morelos, como de la República misma, para que profundicen las
investigaciones y procedan conforme a la ley contra quienes resulten responsables."
|
El
diputado Alfonso Ramírez Cuellar (desde su curul): |
Pido la palabra.
Diputado Ramírez Cuéllar, ¿con
qué propósito?
|
El
diputado Alfonso Ramírez Cuellar (desde su curul): |
Concertando aquí con el senador para
ver si podemos presentar un punto común y en ese caso retiraríamos la propuesta.
¿Retiraría la propuesta?
|
El
diputado Alfonso Ramírez Cuellar (desde su curul): |
Sí.
Se retira la propuesta. Procedemos a
desahogar la segunda, presentada por el senador Francisco Molina Ruiz.
Si es tan amable la Secretaría de dar
lectura a la misma.
Pidió por separado el senador Molina.
|
La
secretaria senadora Laura Pavón Jaramillo: |
Doy lectura al
"PUNTO DE ACUERDO
Que se pida al Procurador General de la
República, que aplique al caso la Ley Federal en Contra de la Delincuencia Organizada y
que como titular de la unidad de combate al crimen organizado, aplique todas las figuras
procesales que la misma le concede."
¿Alguien desea hacer uso de la
palabra?
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se
admite o no a discusión la proposición.
|
La secretaria senadora Laura Pavón Jaramillo: |
En votación económica, se pregunta
a la Asamblea si se admite la proposición.
Los legisladores que estén porque se
acepte, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén porque se
deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
¿Se dispone ya de la nueva
proposición?, o pasamos al siguiente punto del orden del día.
|
Presidencia
del diputado
Fidel Herrera
Beltrán |
2 DE
OCTUBRE DE 1968
Para referirse a la entrevista que
solicitó la Comisión Especial de Investigación de los hechos de 1968 con el ex
presidente Luis Echeverría Alvarez, tiene la palabra el diputado Pablo Gómez Alvarez,
del Partido de la Revolución Democrática.
|
El
diputado Pablo Gómez Alvarez: |
Señores legisladores, quiero
compartir con ustedes una reflexión muy rápida.
Como ustedes saben, la Cámara de Diputados
tiene una Comisión Especial sobre el Movimiento de 1968, cuyas funciones son,
básicamente, recabar testimonios y documentos a fin de crear un acervo que esté a
disposición de los investigadores y que éstos puedan tener libre acceso a él y se pueda
conocer cosas que hasta ahora no se han conocido de ese movimiento de 1968, de cualquier
tipo y puedan escribir libros de historia contemporánea apegados a testimonios y
documentos verídicos, que no se conocen.
Entonces la comisión tiene una lista
conside-rablemente grande de entrevistas con personas que tuvieron que ver en los
acontecimientos de 1968, para que éstos den directamente el testimonio, en una forma en
que la comisión pueda presentar preguntas y repreguntar y quedará ahí su testimonio,
será entregado probable-mente al Archivo General de la Nación y quedará como un
testimonio histórico.
Ayer hubo un incidente en la casa del
señor Luis Echeverría Alvarez, debido a que la comisión había dispuesto un formato del
encuentro que no fue respetado. No quiero hablar del incidente, ya he estado hablando
desde ayer y todo el día de hoy sobre él; en realidad puede considerarse por algunos
como un incidente insignificante, si se quiere.
Pero aquí surge un tema que quiero
compartir, señor Presidente y señores legisladores, el Congreso no tiene facultad legal
para obligar a los ciudadanos que no son servidores públicos, a venir al Congreso a dar
testimonio, a responder preguntas. Pero casi todos los congresos en el mundo tienen esta
facultad y la ejercen con frecuencia; lo hacen a través de las comisiones, naturalmente.
Yo sé hay siempre la sombra del
macartismo, en la que se citaban a las personas que se consideraban involucradas con las
organizaciones comunistas y comparecían en una comisión que se formó en el Congreso
americano.
Pero yo creo que la mayor parte del tiempo
los congresos en el mundo no se han comportado de esa manera y han ejercido esta facultad
en forma, pudiéramos decir, completamente normal.
Una comisión que tiene esta encomienda de
la Cámara, está sujeta a que se le trate como sea. Y yo creo que un país que no tiene
un Congreso con la suficiente fuerza, adolece de un defecto en su sistema político.
Y quiero compartir lo que conversábamos,
diputado Presidente, el día de ayer, me parece, en horas del medio día en la Comisión
de Régimen Interno y Concertación Política de la Cámara, antes
del incidente al que me referí
colateralmente, en la casa del señor Echeverría Alvarez y es la situación en la que se
encuentran las comisiones de la Cámara y del Senado, naturalmente.
Yo creo que, ¡claro!, cualquiera puede
pensar que de eso se podría abusar; pero considerando que la acción de estas comisiones
no es vinculatoria, como lo llegó a ser en algunos momentos en ciertos países y nadie
está proponiendo que lo sea.
Entonces habría que pensar con mucha
seriedad en este Congreso, si debemos elevar en algunos aspectos las facultades, vamos a
llamarles funcionales de las cámaras legislativas, para impedir situaciones como ésta y
como otras que se presentan con cierta periodicidad y darle la dignidad, la seriedad, la
fuerza suficiente al Congreso y a sus comisiones para que los legisladores puedan llevar a
cabo su tarea, que independientemente de cuál sea ésta.
La tarea de la Comisión de 1968 puede
merecerle a algunos reprobación; pero la Cámara la votó por unanimidad y hay que
respetar las decisiones de las cámaras, mas aun cuando éstas se han tomado por consenso.
Chueca o derecha, para algunos
legisladores, quizá de la colegisladora, éste es el hecho. Y la Cámara tiene esa
comisión y yo creo que el funcionamiento de la comisión, que deberá responder
naturalmente al pleno, como todas las comisiones, se encuentra con los problemas que
tienen otras comisiones.
Y quiero compartir esta reflexión, a
efecto, señores legisladores, de que apresuremos la reforma del Congreso, que le demos
prioridad a la reforma del Congreso; que hagamos un debate no sólo sobre las grandes
facultades del Congreso, sino también de aquellas que podríamos llamar funcionales u
operativas, pero que le dan a un Congreso el poder, la presencia, la dignidad suficiente
para cumplir mejor con su deber, para cumplir mejor con las decisiones que las mismas
cámaras, como en este caso, han tomado. Puesto que la Comisión de 1968, como decía, es
producto de una decisión incluso unánime de la Cámara y es paritaria y todos los
partidos tienen presencia en ella, es decir, los acuerdos se han tomado hasta ahora por
unanimidad.
Esto es cuanto, diputado Presidente, la
reflexión que yo quería compartir con motivo de los acontecimientos de ayer, sobre los
cuales yo tengo un juicio pero que no voy a expresar en esta
Asamblea, ya lo he hecho ante la prensa y
no creo que sea materia de un debate en la Comisión Permanente del Congreso.
En cambio lo otro sí, requiere de una
reflexión de los legisladores respecto de este asunto que he tocado.
Muchas gracias.
Sobre este mismo asunto se ha
inscrito para hacer uso de la palabra el diputado Juan José Rodríguez Prats, del Partido
Acción Nacional.
|
El
diputado Juan José Rodríguez Prats (desde su curul): |
Coincidiendo plenamente con el orador
y hasta para mí es sorpresa, declino.
Felicidades, diputado.
Tiene la palabra el senador Dionisio Pérez
Jácome.
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El senador Dionisio Eduardo Pérez
Jácome: |
Con su venia, señor Presidente de la
Comisión Permanente; compañeras y compañeros legisladores; amigos y quienes no lo sean:
Yo si quiero, al hacer uso de la palabra,
reflexionar también en torno a lo que el diputado Gómez mencionó, pero puntualizar los
temores que podría tener si una propuesta, que seguramente sería revisada en el seno de
las diversas comisiones encargadas de estudiar la reforma del Estado y dentro de ella la
reforma del Congreso de la Unión, pudieran caer en el error, peligroso, evidentemente, en
el que parece estar cayendo esta comisión, que aunque no en esta tribuna, me precio de
haber escuchado una mención ajena a la denominación que en otros foros se le ha dado, se
pretendió llamarle en un momento dado la comisión de la verdad.
Y quiero hacer la reflexión basado en lo
que como colegislador de mis muy respetables compañeros diputados he sabido, he
aprendido, de los avances de los trabajos de este órgano camaral y de lo que se pretende
o se ha anunciado que se pretende a través del desahogo del propósito, del objetivo que
se le fijó.
Me hicieron llegar, y lo agradezco mucho,
el punto de acuerdo y la decisión correspondiente de la Cámara a la constitución, a la
integración, de esta comisión y el punto de acuerdo, seguramente los señores diputados
lo recuerdan, el punto de acuerdo dice así:
"Unico. Se constituya una comisión
especial de esta Cámara en la que se integren dos diputados de cada uno de los grupos
parlamentarios que se aboque a requerir a las autoridades correspondientes los archivos y
la información de que se disponga en relación a los lamentables hechos del 2 de octubre
de 1968.
Los trabajos de esta comisión se agotarán
el 2 de octubre de 1998 y la información se hará pública."
Evidentemente lo primero en lo que se ha
incurrido como error de fondo, como error que no es únicamente de forma, es haber
titulado a esta comisión como Comisión Especial de Investigación de los Hechos de 1968.
Y no es el mero uso de un giro del idioma, no es la mera asimilación de ese trabajo de
búsqueda de información, de examen de documentos en registros, sino que va mucho más
allá.
Si ustedes recuerdan, y seguramente hay
muchos expertos en materia legal y reglamentaria de la Cámara de Diputados ante mí, si
ustedes recuerdan, las comisiones de investigación se encuentran perfectamente
delimitadas tanto en la ley como en el reglamento de la Cámara de Diputados.
El artículo 46 de la Ley Orgánica dice:
"las comisiones de investigación, las jurisdiccionales y las especiales se
constituyen con carácter transitorio; funcionan en términos constitucionales y legales
y, cuando así lo acuerde la Cámara, conocerán específicamente de los hechos que hayan
motivado su integración". Términos constitucionales y legales.
Y agrega el artículo 52 del propio
ordenamiento: "son comisiones de investigación las que se integran para tratar los
asuntos a que se refiere el párrafo final del artículo 93 constitucional".
Y agrega el artículo 55: "las
reuniones de las comisiones investigadoras, se atendrán a las disposiciones
reglamentarias respectivas".
El artículo 93 de la Constitución, tantas
veces invocado e invocada la Constitución, en su párrafo tercero dice: "las
cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros tratándose de diputados y de la
mitad si se trata de senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar
el funcionamiento de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal
mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del
Ejecutivo Federal".
¿Por qué me preocupa que a esta comisión
se le aplique o se autoaplique la directiva, creo que rotatoria de la comisión, el
término de "comisión investigadora"? Porque en tal sentido o con tal
condición podría pretender y nosotros estaríamos, si desconociéramos estas
disposiciones constitucionales y legales, en la tesitura de aceptarlo, que pudiera ejercer
las funciones que a las comisiones investigadoras en nuestro marco vigente se le
atribuyen.
Esta es una comisión indudablemente
importante, creada por consenso, pero con una función delimitada expresamente en el
acuerdo mismo por el que se constituyó y delimitada también por ese principio que no
desprecio en forma alguna de nuestra legislación parlamentaria, que limita las facultades
de las comisiones a requerir, a obtener, a pedir, a solicitar, a reclamar documentos e
informes de las autoridades, no de particulares. No son, y me temería mucho que en esa
senda pretendieran serlo, Ministerio Público, agencias de inquisición, de pesquisa,
violatorias de un marco de derecho que en otras cosas podremos oponernos, pero creo que en
esto todos los partidos hemos coincidido y deseamos sustentarlo.
La comisión es, pues, una comisión que
debe limitarse al objetivo para el que se creó. Si algún ex servidor público, como es
el caso del ex presidente Echeverría, aceptó conversar según la información que tengo
de los muy respetables medios de comunicación, aquí en la Cámara si lo deseaban,
posteriormente en su casa, con o frente a la prensa o finalmente lo que él ya no se
enteró cuando ya había invitado a la prensa, sin la prensa, un tanto a escondidas o un
poco en una visión muy particular de lo que en este caso y entre comillas se estaba
investigando, creo que simplemente lo que ocurrió constituye el resultado de un vicio de
procedimiento por el que la comisión, creada expresamente para otras cosas, pretendió
extender su ámbito de conocimiento y de responsabilidad y sobre todo en este caso en
detrimento quizá de la libertad, de la voluntad, del prestigio de muchos ciudadanos.
Puede decirse, y de hecho se ha dicho en
esta tribuna: el que no quiera acudir, el que no quiera aceptar que se le invite en su
propio domicilio, puede no hacerlo, sí, pero el daño moral de una resistencia, de una
negativa de esta naturaleza, indudablemente que no es una materia despreciable.
Me pregunto si alguien, por ejemplo, como
el que fue en su momento el más enjundioso defensor de Díaz Ordaz , con motivo de los
hechos de Tlatelolco en 1968, fuera invitado a comparecer a donde habitualmente trabaja o
aceptara en su domicilio, en su nuevo domicilio recibirles, si esa
persona recurriría también a una buena
voluntad expresada y si lo haría a solas, en lo oscurito o frente a la prensa, como en
este caso podría ser quizá lo que la comisión en principio deseara.
El nombre de esa persona ustedes lo
conocen, su apellido, su nombre completo Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega.
En fin creo que estos argumentos y las
reflexiones que tengo en torno a quien primero invitó y luego fue y no se quedó porque
no estaban únicamente los que él quería que estuvieran, lo dejo ya a una futura
reflexión de quien admitió en esta tribuna que no decía nada y que sin embargo pronto
espero que nos pueda decir alguna cosa.
Muchísimas gracias, señor Presidente.
Perfecto, para rectificar hechos
tiene la palabra el diputado Pablo Gómez Alvarez.
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El
diputado Pablo Gómez Alvarez: |
Yo con franqueza, señoras
legisladoras, señores legisladoras:
Creo que la intervención que acabamos de
oír es una cosa que podría formar parte de una antología de nuestros mejores
parlamentarios de México, no sólo por la cantinflada, que no es poco frecuente en la
Cámara, sino principalmente porque no sabe ni de qué está hablando.
Que la comisión es una comisión especial,
anótelo por favor, en los términos del reglamento y de la ley. Si lleva el caso del
nombre de investigación es como llevar el apodo de investigación que se llama comisión
especial, no se hizo de acuerdo con la Constitución, sabemos qué clase de comisiones
investigadoras son ésas, sino como comisión especial, lo cual está establecido en la
Ley Orgánica.
Pero como va a investigar cosas, pues
tenía, algunos pensaron, que llevar también la palabra de investigadora, puesto que la
Cámara tiene la facultad, señor senador, de ponerle el nombre que le dé la gana a las
comisiones especiales y no le va a pedir permiso a ningún legislador y mucho menos a uno
que ni siquiera es de la Cámara de Diputados, para acabar pronto.
Ahora, que nos critica el senador, critica
muy a posteriori, lo hubiera hecho cuando la Cámara estaba tomando su decisión o acababa
de hacerla, nos hubiera mandado un extrañamiento o hubiera hecho una protesta enérgica
en el Senado, la cual hubiera sido atendida desde luego por las diputadas y los diputados
siempre atentos a lo que pasa y se discute en la colegisladora.
Pero no fue así, se esperó, se esperó
hasta que...
Ciudadano diputado, un momento.
¿Con qué objeto, diputado?
¿Autoriza usted la interpelación?
Proceda, si me hace favor.
|
El
diputado Pablo Gómez Alvarez: |
Sí, con mucho gusto, si es que corre
el tiempo por usted.
Queda hecha la anotación de tiempo.
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El
diputado Miguel Sadot Sánchez Carreño (desde su curul): |
Señor diputado, hace un momento
escuchamos que esta comisión, como todas las que se formen al interior de nuestra
Cámara, la Cámara de Diputados, debe innecesariamente sujetarse a los ordenamientos que
nos rigen; no podemos crear una comisión que no tenga el sustento legal y también
constitucional.
En consecuencia hemos también escuchado la
naturaleza y los alcances que la propia Constitución y nuestra Ley Orgánica le imponen a
esta comisión. Yo le pregunto a usted, ¿usted está de acuerdo o está consciente de que
esta comisión que creamos con un fin específico está excediéndose en sus límites y en
sus funciones?
Gracias por su respuesta.
|
El
diputado Pablo Gómez Alvarez: |
Bueno, mi respuesta es ésta: primero
las comisiones especiales de la Cámara no están regidas por la Constitución, las de
investigación sí, son comisiones constitucionales; las otras son simplemente legales,
tienen la misma fuerza puesto que la ley rige, en este caso más o menos igual,
aproximadamente.
No para ciertos efectos, pero sí para
otros. De todas maneras nos obliga, a eso me refiero. En primer lugar.
Segundo lugar, pues se trata de una
comisión especial formada por la Cámara; segundo, la comisión tiene como propósito,
porque no puede otro, según la ley, allegarse documentos oficiales, no puede, no tiene
fuerza legal para obligar a comparecer ante ella a ciudadanos que no sean funcionarios
públicos. Es lo que yo decía en mi intervención y es ahí donde está el problema.
La comisión especial que se hizo sobre el
caso 1968, no tiene facultades y no podía por lo tanto, recibir la encomienda de la
Cámara de hacer comparecer en su seno a individuos que no sean funcionarios públicos;
entonces ¿qué es lo que hizo la comisión?.. pues invitar a las personas que considera
prudente, necesario, que estén de acuerdo, que admitan la invitación; no tenemos fuerza
legal. Ahí está el punto precisamente, señor diputado.
¡Qué bueno que usted lo retomó!.. porque
eso es lo que yo quiero que reflexionemos, no la absurda defensa de un ex presidente,...
cosas de ésas... o el miedo de que invitemos a otro de los que estuvieron involucrados en
1968 o a otro que no estuvo involucrado que también, si la bancada priísta quiere
ponerlo en la lista de los invitados lo ponemos, no tenemos ningún problema, ningún
problema, se los garantizo.
Si quieren atacar por atacar olímpica y
graciosamente y gratuitamente como lo hace Pérez Jácome a Muñoz Ledo, háganlo, no nos
importa; él, él sabe defenderse y lo hace, por eso es nuestro líder, porque sabe
callarle la boca a los bocones entre otras cosas, para acabar pronto... pues orden, es lo
que yo digo,... orden y progreso. ¿Qué tiene que ver en esto Muñoz Ledo?.. No me enojo,
al contrario, lo disfruto.
Orden, señores diputados; orden
señores, están prohibidos los diálogos, señores diputados.
|
El
diputado Pablo Gómez Alvarez: |
No saben cuánto gozo este tipo de
discusiones, ¿me lo creen?
Miren, dice Pérez Jácome que hay un daño
moral a la persona que no acepte, pues sí, porque si una persona no acepta es que quiere
ocultar algo y claro, pues habrá un daño moral, pero no del daño moral que habla la
ley, sino quizá de otro que realmente es moral, porque es una cuestión moral en efecto.
Si una comisión de la Cámara llama a un
individuo que estuvo involucrado en las cuestiones de 1968 y éste no quiere dar su
testimonio, bueno, tendrá que explicar ante la opinión pública por qué se niega y ya.
Pero claro que la comisión tampoco quiere organizar, por lo menos nosotros, no, y la
mayoría de la comisión como ayer se vio, tampoco, organizar eventos políticos, a unos
políticos para que hablen al país, por esa razón yo no entré al mitin que había
organizado Echeverría; simplemente me negué. Si el señor no sabe cumplir su palabra,
cosa que ya se sabía y en lugar de aceptar los lineamientos que la comisión
unánimemente, incluyendo a los del PRI, había establecido para esa entrevista y viola,
yo no me hago cómplice, yo me retiré del lugar y se acabó.
Pero por esto no hay una bronca especial,
digo yo,... del conflicto que tenemos con este individuo por cosas como el 2 de octubre,
10 de junio, la Brigada Blanca, otros hechos... digo, lo de ayer en la noche es una cosa
insignificante, digo, olvidable al día siguiente; no tiene ninguna importancia, ninguna,
el problema no es ese incidente de ayer, sino pues el campo en el cual se desarrollan las
actividades de la Cámara. Yo creo que la Cámara, como no puede y no pudo a la hora de
sacar el acuerdo de Cámara, establecer como una de las funciones de la comisión
entrevistar a particulares, no lo hace por mandato de la Cámara, lo hace invitando a los
que quieran.
¿A quienes quiere?.. bueno, pues a los que
queramos. Ahora, no es raro que las comisiones del Congreso lo hagan. Ustedes lo saben,
señores legisladores y si analizan este asunto con honradez intelectual, que no lo dudo,
salvo excepciones muy contadas, yo diría esto: todas las comisiones ordinarias,
especiales, de la Cámara de Diputados y del Senado, en algún momento si trabajan,
organizan foros, hacen entrevistas con personas, reciben el testimonio o reciben el
consejo, la opinión de un montón de gente que no son servidores públicos, que son
ciudadanos comunes y corrientes.
Que lo haga la comisión, esa de 1968 como
comisión especial, que es igual que otras comisiones especiales, pues yo no creo que sea
ninguna novedad. Estamos haciendo lo mismo que siempre se hace y que todo mundo ha hecho
en algún momento.
Claro, eso no le gusta a uno que otro, no
vaya a ser porque en el fondo lo que quieren es encubrir, eso es. Es la mala conciencia,
es la mala conciencia que hay en el fondo; quieren encubrir, no le muevan, no hagan esto,
no hagan lo otro. ¿Por qué? Porque no quieren que se le remueva al asunto de 1968.
¿Y qué es lo que nosotros sí queremos?..
termino, diputado Presidente, reivindicar el derecho a la memoria. No se llama comisión
de la verdad; eso le puso la prensa. Nosotros no nos consideramos como los portadores de
la verdad ni los que vamos a decir cuál fue la verdad; no. Cada quien va a decir su
verdad, pero luego las vamos a tener a todas ahí expuestas públicamente, para que los
que quieran averiguar, averigüen lo que deseen, porque es cosa que ahora no podemos
hacer, porque muchos documentos y muchos testimonios no son públicos.
Poner todo al alcance del que quiera y
reivindicar nuestro derecho a la memoria, como pueblo, como República. No olvidar. No hay
aquí materia de perdón ni nada, puesto que no fue una confrontación civil la de 1968.
El Gobierno reprimió un movimiento democrático; no vamos a conciliar, ¿qué cosa vamos
a reconciliar? Nada. No hay reconciliación planteada. Hay derecho a la memoria, hay el
grito de ¡no olvidemos!
Que las generaciones jóvenes actuales y
las próximas no olviden lo que ocurrió y sepan, en la medida de lo posible, qué fue lo
que pasó. Ese es nuestro objetivo. Claro que hay algunos a quienes eso les debe molestar,
como ya hemos visto.
Tiene la palabra el diputado Pérez
Jácome, para contestar alusiones personales y acto seguido el diputado López Romero.
|
El diputado Dionisio Eduardo Pérez Jácome: |
Con su venia, señor vicepresidente
en funciones de Presidente de esta comisión; compañeros legisladores:
Si alguien escuchó un horror parlamentario
hace unos minutos, yo he escuchado no un error, muchos errores sucesivos y verdaderamente
en ello estoy horrorizado.
Ponerle el nombre a una comisión que se
nos antojara, nos permitiría llamarle en un momento dado a cualquier comisión, Comisión
Permanente, simple y sencillamente porque no tendríamos cortapisa alguna para actuar
así. Pero en el caso de que así fuera y si tuvieran esa función o esa tarea, me
atrevo a proponer, señor vicepresidente,
quede como una sugerencia respetuosa, el llamarle en lo futuro a esta comisión, comisión
McCarthy o comisión Pablo Gómez, que para el caso es lo mismo.
Tiene la palabra el diputado Armando
López Romero, miembro de la comisión.
|
El diputado Armando López Romero: |
Con su venia.
Yo creo que sí es importante dejar claro,
primero el objetivo de esta comisión. Esta comisión, cuyo objetivo quedó plasmado en el
acuerdo, es hacer pública la información que obtengamos y obviamente entre este
planteamiento que se hizo como comisión especial, y así es y así se llama, comisión
especial sobre el caso 1968, que ha sido desgraciadamente rebautizada muchas veces, sobre
todo a nivel de prensa, no de la comisión, la comisión especial.
Aquí me gustaría decirle, señor senador,
que para el caso de los documentos nosotros le ponemos caso especial, comisión especial
sobre el caso 1968, pero ése no es el motivo. Repito, la naturaleza de la comisión, para
nosotros el acceso a la información, que es lo más importante y hacerla pública, es
nuestra naturaleza y obviamente consideramos invitar a ser testimoniales tanto a miembros
del gobierno de aquella época, como a miembros del movimiento estudiantil, y obviamente
la idea es que todo esto forme parte del paquete de la información.
Y yo creo que cuando se hizo la comisión,
el espíritu de todos los grupos parlamentarios que firmamos y que fue el acuerdo, fue
precisamente interesarnos y decirle a la sociedad que el Poder Legislativo estaba
interesado en sacar los archivos que hasta ahorita habían sido prohibidos y yo creo que
ésta es la importancia de la comisión y ésta es la naturaleza y tenemos un trabajo
finito que es el 2 de octubre de este año, que se cumplen 30 años y esperamos que la
nación conozca por fin, en beneficio de todos, la información que ha estado oculta.
Muchísimas gracias.
ESTADO DE MORELOS
(II)
Concluye el registro de oradores
sobre este tema y pasaríamos a desahogar, si ya está preparada la Secretaría, con el
punto de acuerdo que quedó pendiente relacionado con los sucesos policiacos en el Estado
de Morelos.
Proceda la Secretaría a dar el trámite
correspondiente.
|
La
secretaria senadora Laura Pavón Jaramillo: |
Con fundamento en los artículos 58 y
59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, solicitamos se dé trámite al siguiente
«PRONUNCIAMIENTO
Esta Comisión Permanente manifiesta su
preocupación por la actuación y desempeño de algunas autoridades policiacas en el
Estado de Morelos. Hace, en consecuencia, un llamado para que la Procuraduría General de
la República y autoridades competentes profundicen las investigaciones y procedan,
conforme a la ley, contra quienes resulten responsables.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de
febrero de 1998.- Firman: diputados: Alfonso Ramírez Cuéllar, Jesús Martín del Campo,
Pablo Gómez; senadores: Rodolfo Becerril Straffon, Juan Ramiro Robledo y Francisco Molina
Ruiz.»
Está a discusión la proposición.
|
La
secretaria senadora Laura Pavón Jaramillo: |
En votación económica se pregunta a
la Asamblea si se admite la proposición.
Los legisladores que estén porque se
acepte, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén porque se
deseche, sírvanse manifestarlo... Se acepta, señor Presidente.
Consulte la Secretaría a la Asamblea
si se considera de urgente resolución.
|
La
secretaria senadora Laura Pavón Jaramillo: |
En votación económica, se pregunta
a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del reglamento, si se considera de
urgente resolución la proposición leída.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Se considera de urgente resolución.
Está a discusión la propuesta... No
habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica solicite la Secretaría si
se aprueba la propuesta.
|
La
secretaria senadora Laura Pavón Jaramillo: |
En votación económica, pregunto a
la Asamblea si se aprueba la proposición.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Está aprobada, señor Presidente.
|
Presidencia
del diputado
Arturo Núñez Jiménez |
Respecto de los dos siguientes puntos
del orden del día, relativos a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Coahuila y de
la Ley de Planeación del Estado de Tamaulipas, los grupos parlamentarios han convenido
diferirlos para la próxima sesión de esta Comisión Permanente.
Solicito a la Secretaría continúe con el
desahogo del orden del día.
ORDEN DEL
DIA
|
La
secretaria senadora María Elena Alvarez Bernal: |
Señor Presidente, se han agotado los
asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Comisión Permanente.- Primer Receso.-
Primer Año.- LVII Legislatura.
Orden del día
Miércoles 11 de febrero de 1998.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El gobierno del Distrito Federal, invita al
acto cívico que con motivo del CLXVII aniversario luctuoso del general Vicente Guerrero
Saldaña, tendrá lugar el 14 de febrero a las 10:00 horas.
Comunicaciones de los congresos de los
estados de Morelos, Querétaro, Puebla, Tamaulipas y Yucatán.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Diez, con los que se remiten las hojas de
servicios de los ciudadanos Augusto Moisés García Ochoa, Luis Smith Jiménez, Ernesto
Rivera Rojas, José Antonio Díaz Izabal, Sergio Alejandro Escobar Juan, Jens Pedro
Lohmann Iturburu, Alejandro Rafael Flores Brito, David Córdova Campos, Eulalio Rodríguez
Ruiz y Fausto Solís Acosta, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión, con proyecto de
decreto que concede permiso a los ciudadanos Jorge Carpizo Mac-Gregor, Francisco Olguín
Uribe y Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna, para aceptar y usar las condecoraciones
que les confiere el gobierno de la República Francesa.
De la Primera Comisión, con proyecto de
decreto que concede permiso a la ciudadana Ana Yadira Urroz Castillo de Garza, para
aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Nicaragua en Monterrey, Nuevo
León.
Dictámenes a discusión
Diez, de la Segunda Comisión, con puntos
de acuerdo por los que se ratifican grados a los ciudadanos José Luis Rangel y Rangel,
Pedro Cervantes Aguirre, José de Jesús Hernández Rivera, Prócoro Godoy Pereira,
Francisco Armando Meza Castro, Julio Antonio Ponte Romero, José Leopoldo Martínez
González, Ramón Mejía Ramírez, Sergio Sanoja Castillo y José Antonio Guzmán Coeto.
Comentarios sobre la Ley de Planeación del
Estado de Tamaulipas, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
(Deliberativo.)
Comentarios sobre la Ley de Coordinación
Fiscal del Estado de Coahuila, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional. (Deliberativo.)
Y los demás asuntos con los que la
Secretaría dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
|
El
Presidente (a las 17:05 horas): |
Se levanta la sesión y se cita para
la próxima que tendrá lugar el miércoles 11 de febrero, a partir de las 11:00 horas.
RESUMEN DE
TRABAJOS
| *Tiempo de duració: 5 horas con 35 minutos |
| *Quorum a la apertura de sesión: 21
legisladores*Senador que solicita licencia: (Jorge Polanco |
| *Puntos de acuerdo: 2 |
| *Temas de agenda política: 4 |
| *Oradores en tribuna: 24 PRI-8 PRD-12PAN-3 PT-1 |
| *Se recibieron |
| *4 comunicaciones de congresos estatales; |
| *10 oficios que remiten igual número de
hojas de servicio, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 constitucional |
| *1 invitación del gobierno del Estado de
Querétaro, para asistir a la ceremonia conmemorativa del LXXXI aniversario de la
Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917: |
| *3 solicitudes para aceptar y usar
condcoraciones que otorga el gobierno de la República Francesa |
| *1 solicitud para aceptar y desempeñar el
cargo de cónsul honorario de Nicaragua en Monterrey, Nuevo León |
| Segunda lectura: |
| *5 dictámenes que conceden los permisos apra
aceptar y desempeñar los cargos de cónsules honorarios de noruega, Venezuela, Dinamarca,
República Francesa y del Brasil; |
| *2 dictámenes que conceden los permisos para
prestar servicios en representaciones diplomáticas |
| Se aprobó |
| *10 dictámenes con puntos de acuerdo por los
que se ratifican los grados militares e igual número de ciudadanos, para los efectos de
la fracción VII del artículo 79 constitucional; |
| *7 dictámenes, los rpesentados en segunda
lectura |
|