Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los miembros de la Comisión Permanente. Hay una asistencia de 28 legisladores. Hay quorum, señor Presidente.
Se abre la sesión.
Se va a dar lectura al orden del día. «Comisión Permanente. Primer Receso. Primer Año. LVII Legislatura. Orden del día Miércoles 11 de febrero de 1998. Lectura del acta de la sesión anterior. El gobierno del Distrito Federal invita al acto cívico que con motivo del CLXVII aniversario luctuoso del general Vicente Guerrero Saldaña, tendrá lugar el 14 de febrero a las 10:00 horas. Solicitud de licencia del diputado Fernando Castellanos Pacheco. Comunicaciones de los congresos de los estados de Puebla, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán. Oficios de la Secretaría de Gobernación Por el que se comunica que el Presidente de la República nombró a la ciudadana Sandra Fuentes Berain Villenave, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México, ante el gobierno de la República Francesa. Diez, con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Augusto Moisés García Ochoa, Luis Smith Jiménez, Ernesto Rivera Rojas, José Antonio Díaz Izabal, Sergio Alejandro Escobar Juan, Jens Pedro Lohmann Iturburo, Alejandro Rafael Flores Brito, David Córdova Campos, Eulalio Rodríguez Ruiz y Fausto Solís Acosta, para los efectos de la fracción VII de artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dictámenes de primera lectura De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Jorge Carpizo Mac-Gregor, Francisco Olguín Uribe y Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna, para aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de la República Francesa. De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Ana Yadira Urroz Castillo, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honoraria de Nicaragua, en Monterrey, Nuevo León. Dictámenes a discusión De la Primera Comisión, relativo al nombramiento de magistrado del Tribunal Superior Agrario. Diez, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados a los ciudadanos José Luis Rangel y Rangel, Pedro Cervantes Aguirre, José de Jesús Hernández Rivera, Prócoro Godoy Pereira, Francisco Armando Meza Castro, Julio Antonio Ponte Romero, José Leopoldo Martínez González, Ramón Mejía Ramírez, Sergio Sanoja Castillo y José Antonio Guzmán Coeto. Agenda política Comentarios sobre la Ley de Planeación del Estado de Tamaulipas, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Deliberativo.) Comentarios sobre los Loxichas en Oaxaca, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Deliberativo.) Comentarios sobre irregularidades en el funcionamiento de las Afore a cargo del senador José Angel Conchello Dávila, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Deliberativo.) Comentarios sobre el discurso que pronunciara el licenciado Francisco Labastida Ochoa, secretario de Gobernación, en el acto conmemorativo del LXXXI aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su relación con la paz en Chiapas, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Deliberativo.) Propuesta de punto de acuerdo sobre el confinamiento de residuos peligrosos en Sierra Blanca, Texas, a cargo de todos los grupos parlamentarios representados en la Comisión Permanente. (Votación.) Excitativa a las comisiones para el apoyo a las universidades, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Deliberativo.) Comentarios sobre la reducción del presupuesto de la Secretaría de Educación Pública, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Deliberativo.)»
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior. «Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles cuatro de febrero de mil novecientos noventa y ocho, correspondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Séptima Legislatura.
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con treinta minutos del miércoles cuatro de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con una asistencia de veintiún legisladores, el Presidente declara abierta la sesión. La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que sin ninguna observación se aprueba en votación económica. Se da lectura a solicitud de licencia para separarse de su cargo del senador Jorge Polanco. Se aprueba el punto de acuerdo respectivo. Comuníquese a la Cámara de Senadores. Se da cuenta con una comunicación del Poder Judicial del Estado de Coahuila, con la que informa de actividades propias de su ramo. De enterado. De igual forma se reciben tres oficios de los congresos de los estados de Hidalgo y Sonora, con los que informan de actividades de sus legislaturas. De enterado. Son recibidos diez oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite las hojas de servicio de un número igual de ciudadanos mexicanos, para los efectos de la fracción séptima del artículo setenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Segunda Comisión. Para celebrar el octogésimo primer aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de mil novecientos diecisiete, se concede el uso de la palabra a los legisladores: Luis Patiño Pozas, del Partido del Trabajo; María Elena Alvarez Bernal, del Partido Acción Nacional; María del Socorro Aubry Orozco, del Partido de la Revolución Democrática y José Trinidad Lanz Cárdenas, del Partido Revolucionario Institucional. Al final de la participación del diputado Patiño Pozas, el Presidente saluda la presencia en la sesión del Embajador de Hungría en México. La Secretaría da lectura a una invitación del Gobierno de la República y del gobierno del Estado de Querétaro, para asistir a la ceremonia conmemorativa del octogésimo primer aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de mil novecientos diecisiete, a celebrarse en la ciudad de Querétaro. Se da lectura y son aprobados sin discusión, diez dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican los grados militares de igual número de ciudadanos. Comuníquese al Ejecutivo. Se someten a discusión siete dictámenes de la Primera Comisión, por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos: Arturo Juan Quintero Treviño, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Noruega en Monterrey, Nuevo León; Francisco Javier Garza Zambrano, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Venezuela en Monterrey, con circunscripción en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; Enrique de Jesús Zambrano Benítez, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Dinamarca en Monterrey, con circunscripción en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; Myriam Vachez Plagnol, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honoraria de Francia en Guadalajara, Jalisco; Artemio Santos Santos, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario del Brasil en Cancún, Quintana Roo; Roberto Velázquez de Alba, pueda prestar sus servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco, y Guillermo Velázquez Martínez, pueda prestar sus servicios en la Embajada del Reino de Tailandia en México. Son aprobados los proyectos de decreto por treinta y tres votos. Pasan al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales. Para hablar sobre la situación política en el Estados de Chiapas, se concede el uso de la palabra a los legisladores José de Jesús Martín del Campo Castañeda, del Partido de la Revolución Democrática; Santiago Creel Miranda, del Partido Acción Nacional; Gil Rafael Oceguera Ramos, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta punto de acuerdo suscrito por legisladores de los diversos grupos parlamentarios representados en la Comisión Permanente; Mario Saucedo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones, la segunda para contestar alusiones personales; Dionisio Pérez Jácome, del Partido Revolucionario Institucional. Se aprueba el punto de acuerdo presentado. Sobre el grupo antisecuestros en el Estado de Morelos, presenta punto de acuerdo el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, del Partido de la Revolución Democrática. Sobre el mismo tema, se concede el uso de la palabra a los legisladores: Rodolfo Becerril Straffon, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta interpelación del diputado Gómez Alvarez; Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática, que a la vez acepta dos interpelaciones del senador Becerril Straffon. Rectifican hechos, los legisladores: Juan Ramiro Robledo Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones, en ambas acepta interpelación del diputado Gómez Alvarez; Francisco Molina Ruiz, del Partido Acción Nacional, quien acepta interpelación del senador Robledo Ruiz, a la vez que presenta propuesta; José de Jesús Martín del Campo Castañeda, del Partido de la Revolución Democrática, quien también acepta interpelación del senador Robledo Ruiz; Alfonso Ramírez Cuéllar, del Partido de la Revolución Democrática; Miguel Sadot Sánchez Carreño, del Partido Revolucionario Institucional y acepta interpelación del senador Molina Ruiz; Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática, que acepta interpelación del diputado Oceguera Ramos. A discusión la propuesta presentada por el diputado Ramírez Cuéllar, el propio diputado desde su curul, solicita sea retirada, pues se presentará posteriormente nueva propuesta. Respecto a la presentada por el senador Molina Ruiz, se desecha.
Para referirse a la entrevista que solicitó la Comisión Especial de Investigación de los hechos del sesenta y ocho con el ex presidente Luis Echeverría Alvarez, suben a la tribuna los legisladores: Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática y Dionisio Pérez Jácome, del Partido Revolucionario Institucional. Rectifican hechos o contestan alusiones personales, los legisladores: Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática, quien acepta interpelación del diputado Sánchez Carreño; Dionisio Pérez Jácome, del Partido Revolucionario Institucional; Armando López Romero, del Partido de la Revolución Democrática. La Secretaría da lectura a punto de acuerdo firmado por los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y de Acción Nacional, con el que se manifiesta la preocupación de la Comisión Permanente sobre la actuación y desempeño de autoridades policiacas en el Estado de Morelos y se hace un llamado a las autoridades competentes para realizar las investigaciones y proceder conforme a la ley, contra quienes resulten responsables. Se considera de urgente resolución y en votación económica es aprobado.
El Presidente comenta respecto a los temas no tratados del orden del día y su cambio para la próxima sesión. Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las diecisiete horas con cinco minutos. Citando para la que tendrá lugar el miércoles once de febrero de mil novecientos noventa y ocho, a las once horas.» Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
Se va a dar lectura a varias comunicaciones. «Ciudadano diputado Arturo Núñez Jiménez, presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presente. El gobierno del Distrito Federal, a través de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CLXVII (167) aniversario luctuoso del general Vicente Guerrero Saldaña (1782-1831) que tendrá lugar en el jardín de San Fernando, ubicado en Guerrero y avenida Hidalgo, delegación Cuauhtémoc, el sábado 14 de febrero a las 10:00 horas. Por tal motivo, me permito solicitar muy atentamente se sirva girar sus respetables instrucciones a efecto de que un representante de esa Comisión Permanente que usted preside asista a la ceremonia de referencia. Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. Sufragio Efectivo. No Reelección. El director general de Acción Social, Cívica y Cultural, Marco Buenrostro Hernández.»
Para asistir en representación de esta Comisión Permanente, esta Presidencia designa a los siguientes legisladores: senador Manuel Cadena Morales; diputados: Jaime Miguel Moreno Garavilla, Lenia Batres Guadarrama y José Espina von Roehrich. DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA
«Licenciado Arturo Núñez, presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 64 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito presente a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicitud de licencia para ausentarme de mis funciones como diputado federal los días 13 y 14 del mes en curso, en virtud de que hasta la presente fecha el gobernador del Estado de Yucatán no ha nombrado suplente para ocupar la notaría pública de la cual soy titular. Por tratarse de un caso de urgente y obvia resolución, solicito la dispensa de trámite a fin de dar curso a esta solicitud, pues existen asuntos pendientes en la notaría a mi cargo que reclaman pronta atención. Sin otro particular por el momento, agradezco su atención a la presente y le reitero las seguridades de mi consideración más distinguida. Atentamente. Palacio Legislativo, a 10 de enero de 1998.Fernando Castellanos Pacheco, diputado federal.»
De conformidad con lo que establece el artículo 79 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
Está a discusión el siguiente "PUNTO DE ACUERDO Unico. Se concede licencia al diputado Fernando Castellanos Pacheco, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el III distrito electoral del Estado de Yucatán, los días 13 y 14 de febrero." No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los legisladores, que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
«Escudo. Honorable Congreso del Estado. Puebla. Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D.F. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 24 de la Ley Orgánica y 25 del Reglamento Interior, ambos del Poder Legislativo, nos permitimos comunicar a usted que el LIII Congreso constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, en junta preparatoria celebrada con esta fecha, se declaró legítimamente constituido para funcionar durante el primer periodo de sesiones ordinarias correspondiente al tercer año de ejercicio legal, comprendido del 15 de enero al 14 de febrero del año en curso. Asimismo se eligió a los diputados que integrarán la mesa directiva, quedando de la siguiente manera, diputados: Blanca Alcalá Ruiz, presidente; Willebaldo García de la Cadena Romero, vicepresidente; Roberto Arturo Sarmiento Beltrán, Bernabé Felix F. Marmolejo Orea, Laura Roldán Rubio, José Luis Márquez Martínez, secretarios. Lo que hacemos de su conocimiento por disposición de esta legislatura para los efectos correspondientes. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Heroica Puebla de Zaragoza, enero 13 de 1998. Roberto Arturo Sarmiento Beltrán, Bernabé F.F. Marmolejo Orea, secretarios.» Recibo y de enterado.
«Escudo. Querétaro. Poder Legislativo . LII Legislatura. Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D.F. Atento a lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, en relación con los diversos numerales 43 y 45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, se le comunica oficialmente que la LII Legislatura constitucional, en sesión celebrada el día de hoy 31 de diciembre del año en curso, se clausuró el primer periodo de sesiones ordinarias dentro del primer año de ejercicio legal y se eligieron las comisiones permanentes en funciones de mesa directiva durante los meses de enero, febrero, marzo y abril de 1998, las cuales quedaron integradas de la siguiente manera: Enero Diputados: José Alfredo Botello Montes, presidente; Martín Rubén Galicia Medina, vicepresidente; Raúl Figueroa García, Fidel Flores Salazar, secretarios; Martín Mendoza Villa y Patricia Carrera Orea, suplentes. Febrero Diputados: Ernesto Luque Feregrino, presidente; José Luis Zepahua Hernández, vicepresidente; Patricia Carrera Orea, Esteban Luján Vega, secretarios; Eduardo Nava Bolaños y Mariano Huerta Sánchez, suplentes. Marzo Diputados: Patricia Carrera Orea, presidenta; Martín Mendoza Villa, vicepresidente; Mariano Huerta Sánchez, María del Carmen Quintanar Jurado, secretarios; Manuel Marrufo Esparza, Víctor M. Perrusquia Nieves, suplentes. Abril Diputados: Jesús Martínez Gómez, presidente; Leobardo Gallegos Martínez, vicepresidente; Manuel Marrufo Esparza, Víctor M. Perrusquia Nieves, secretarios; Eduardo Nava Bolaños y Mariano Huerta Sánchez, suplentes. Lo que comunicamos para los fines legales conducentes, reiterándole las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Santiago de Querétaro, Querétaro, 31 de diciembre de 1997. Diputados: Ana Bertha Silva Solorzano, presidenta; Francisco Javier Borbolla Alegría, vicepresidente; Manuel Marrufo Esparza y Patricia Carrera Orea, secretarios.» Recibo y de enterado.
«Escudo Nacional. Gobierno de Tamaulipas. Poder Legislativo. Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D.F. Con fundamento en las disposiciones internas que rigen las actividades legislativas de esta representación popular, se les comunica que en sesión pública ordinaria, celebrada en este día, fueron electos los legisladores Lamberto Rocha Gómez, Octavio González García, María Doris Hernández Ochoa y Ranulfo de Jesús Pérez Ruiz, como presidente, secretarios y suplente, respectivamente, para la integración de la diputación Permanente que fungirá durante el periodo de receso correspondiente al segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio constitucional de la LVI Legislatura del Congreso constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, mismo que comprende del 16 de diciembre del presente año, al 1o. de marzo de 1998. Sin otro particular, nos es grato reiterar nuestra atenta y distinguida consideración. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 13 de diciembre de 1997. Diputados: Enrique Duque Villanueva y Enrique Javier Navarro Flores, secretarios.» «Escudo Nacional. Gobierno de Tamaulipas. Poder Legislativo. Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D.F. Con fundamento en las disposiciones internas que rigen las actividades legislativas de esta representación popular, se le comunica que en sesión pública ordinaria, celebrada en este día, se declaró clausurado el segundo periodo de sesiones ordinarias correspondiente al segundo año de ejercicio legal de la LVI Legislatura del Congreso constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Sin otro particular, nos es grato reiterarle nuestra atenta y distinguida consideración. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 14 de diciembre de 1997. Diputados: Enrique Duque Villanueva y Enrique Javier Navarro Flores, secretarios» Recibo y de enterado.
«Escudo Nacional. LIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Yucatán. Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D.F. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 70 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, nos permitimos comunicar a usted que, con esta fecha se eligió a los integrantes de la diputación Permanente que fungirán durante el receso del honorable Congreso del Estado, que concluirá el 15 de marzo de 1998 correspondiente al tercer año de su ejercicio constitucional, quedando integrada de la forma siguiente, propietarios: presidente, Víctor Rafael Martín Castillo; secretario, Orlando Isaías Piña Basulto; vocal, Abel Humberto Nicoli Domínguez; suplentes: presidente, José Dafne López Rodríguez; secretario, Fernando Sauri Valdez; vocal Modesto Pucteh. Protestamos a vuestra honorable, nuestra atenta y distinguida consideración. Sufragio Efectivo, No Reelección. Mérida, Yucatán, 14 de enero de 1998. Los secretarios de la mesa directiva diputados: Victor Rafael Martín Castillo y Miguel Angel Gutiérrez Machado.» «Escudo Nacional. LIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Yucatán. Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D.F. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 92 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, nos permitimos comunicar a usted que, con esta fecha se clausuró el segundo periodo de sesiones ordinarias correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional de esta LIV Legislatura. Protestamos a vuestra honorable, nuestra atenta y distinguida consideración. Sufragio Efectivo. No Reelección. Mérida, Yucatán, 15 de enero de 1998. Los secretarios de la mesa directiva, diputados: Víctor Rafael Martín Castillo y Miguel Angel Gutiérrez Machado.» Recibo y de enterado.
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno. Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes. En oficio fechado el día de hoy, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente: "En uso de las facultades que le concede la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República ha tenido a bien nombrar a la ciudadana Sandra Fuentes Berain Villenave, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México ante el gobierno de la República Francesa. En consecuencia, mucho agradeceré a usted ser el amable conducto para solicitar en los términos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ratificación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión al nombramiento de la ciudadana Berain Villenave. Con este fin le envío adjunto los datos biográficos del interesado." Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, acompañando al presente los documentos que en el mismo se mencionan. Reitero en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. Sufragio Efectivo. No Reelección. México, D.F., 9 de febrero de 1998. Por acuerdo del secretario. El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.» Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno. Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes. En oficio fechado el día cuatro del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a esta dependencia del Ejecutivo, manifestando lo siguiente: "Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general brigadier Diplomado de Estado Mayor Augusto Moisés García Ochoa (6254019), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En atención a que la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión ha concluido sus funciones y con fundamento en el artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompaño con el presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona para los fines legales procedentes. Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. Sufragio Efectivo. No Reelección. México, D.F., a 16 de diciembre de 1997. Por acuerdo del secretario. El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.» Recibo y túrnese a la Segunda Comisión. «Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno. Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes. Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a ésta de Gobernación, con fecha cuatro del actual: "Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general brigadier intendente Diplomado de Estado Mayor Luis Smith Jiménez (5528008), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En atención a que la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión ha concluido sus funciones y con fundamento en el artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, envío con el presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona. Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. Sufragio Efectivo. No Reelección. México, D.F., a 16 de diciembre de 1997. Por acuerdo del secretario. El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.» Recibo y túrnese a la Segunda Comisión. «Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno. Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes. En oficio fechado el día cuatro del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a esta dependencia del Ejecutivo, manifestando lo siguiente: "Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general de grupo piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Ernesto Rivera Rojas (6348631), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En atención a que la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión ha concluido sus funciones y con fundamento en el artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompaño con el presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona para los fines legales procedentes. Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. Sufragio Efectivo. No Reelección. México, D.F., a 16 de diciembre de 1997. Por acuerdo del secretario. El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.» Recibo y túrnese a la Segunda Comisión. «Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno. Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes. En oficio fechado el día seis del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a esta dependencia del Ejecutivo, manifestando lo siguiente: "Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general de grupo piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo José Antonio Díaz Izabal (5892454), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En atención a que la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión ha concluido sus funciones y con fundamento en el artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompaño con el presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona para los fines legales procedentes. Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. Sufragio Efectivo. No Reelección. México, D.F., a 16 de diciembre de 1997. Por acuerdo del secretario. El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.» Recibo y túrnese a la Segunda Comisión. «Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno. Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes. A continuación transcribo a ustedes para los fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a ésta de Gobernación, con fecha cinco del actual: "Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general de grupo piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Sergio Alejandro Escobar Juan (5564469), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En atención a que la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión ha concluido sus funciones y con fundamento en el artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, envío con el presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona. Reitero en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. Sufragio Efectivo. No Reelección. México, D.F., a 16 de diciembre de 1997. Por acuerdo del secretario. El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.» Recibo y túrnese a la Segunda Comisión. «Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno. Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes. En oficio fechado el día cinco del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a esta dependencia del Ejecutivo, manifestando lo siguiente: "Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del coronel de artillería Diplomado de Estado Mayor Jens Pedro Lohmann Iturburu (8208306), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En atención a que la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión ha concluido sus funciones y con fundamento en el artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompaño con el presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona para los fines legales procedentes. Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. Sufragio Efectivo. No Reelección. México, D.F., a 16 de diciembre de 1997. Por acuerdo del secretario. El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.» Recibo y túrnese a la Segunda Comisión. «Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno. Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes. Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a ésta de Gobernación, con fecha cuatro de actual: "Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general brigadier ingeniero constructor Alejandro Rafael Flores Brito (5528135), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En atención a que la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión ha concluido sus funciones y con fundamento en el artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, envío con el presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona. Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. Sufragio Efectivo. No Reelección. México, D.F., a 16 de diciembre de 1997. Por acuerdo del secretario. El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.» Recibo y túrnese a la Segunda Comisión. «Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno. Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes. Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a ésta de Gobernación, con fecha cinco de actual: "Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor David Córdova Campos (8208432), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En atención a que la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión ha concluido sus funciones y con fundamento en el artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, envío con el presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona. Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. Sufragio Efectivo. No Reelección. México, D.F., a 16 de diciembre de 1997. Por acuerdo del secretario. El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.» Recibo y túrnese a la Segunda Comisión. «Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno. Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes. En oficio fechado el día cinco del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a esta dependencia del Ejecutivo, manifestando lo siguiente: "Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del coronel de infantería Eulalio Rodríguez Ruiz (6203746), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En atención a que la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión ha concluido sus funciones y con fundamento en el artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompaño con el presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona para los fines legales procedentes. Reitero a ustedes, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. Sufragio Efectivo. No Reelección. México, D.F., a 16 de diciembre de 1997. Por acuerdo del secretario. El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.» Recibo y túrnese a la Segunda Comisión. «Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno. Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes. A continuación transcribo a ustedes, para los fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a ésta de Gobernación, con fecha cinco del actual: "Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del coronel de infantería Fausto Solís Acosta (7432444), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En atención a que la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión ha concluido sus funciones y con fundamento en el artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, envío con el presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona. Reitero en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. Sufragio Efectivo. No Reelección. México, D.F., a 16 de diciembre de 1997. Por acuerdo del secretario. El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.» Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional. Poder Legislativo Federal. Comisión Permanente. Primera Comisión. Honorable Asamblea: a la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fueron turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Jorge Carpizo Mac-Gregor, Francisco Olguín Uribe y Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna, puedan aceptar y usar las condecoraciones de la Orden de la Legión de Honor, en los grados de Comendador y de Oficial, que les confiere el gobierno de la República Francesa. La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente PROYECTO DE DECRETO Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Jorge Carpizo Mac-Gregor, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República Francesa. Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Francisco Olguín Uribe, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de la República Francesa. Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República Francesa. Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 30 de enero de 1998. Senadores: Dionisio Pérez Jácome, presidente; José Trinidad Lanz Cárdenas, Mario Vargas Aguiar; diputados: Rafael Oceguera Ramos, Santiago Creel Miranda, Socorro Aubry Orozco, secretarios; José Luis Lamadrid Sauza, Ricardo Monreal Avila, Jesús Martín del Campo, Carlos Medina Plascencia y Ricardo Cantú Garza.» Es de primera lectura.
«Escudo Nacional. Poder Legislativo. Comisión Permanente. Primera Comisión. Honorable Asamblea: en oficio fechado el 11 de noviembre del año próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Ana Yadira Urroz Castillo, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Nicaragua, en Monterrey, Nuevo León. En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 28 de enero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo. CONSIDERANDO a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con copia de la declaratoria de nacionalidad mexicana por naturalización; b) Que los servicios que la propia solicitante prestará a la República de Nicaragua, en Monterrey, Nuevo León, serán estrictamente consulares y c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional. Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente PROYECTO DE DECRETO Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Ana Yadira Urroz Castillo, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Nicaragua en Monterrey, Nuevo León. Sala de comisiones de la Comisión Permanente de honorable Congreso de la Unión. México, D. F., a 29 de enero de 1998. Senadores: Dionisio Pérez Jácome, presidente; José Trinidad Lanz Cárdenas, Mario Vargas Aguiar; diputados: Rafael Oceguera Ramos, Santiago Creel Miranda, Socorro Aubry Orozco, secretarios; José Luis Lamadrid Sauza, Ricardo Monreal Avila, Jesús Martín del Campo, Carlos Medina Plascencia y Ricardo Cantú Garza.» Es de primera lectura.
«Escudo Nacional. Poder Legislativo Federal. Comisión Permanente. Primera Comisión. Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, le fueron turnadas, para su estudio y la elaboración del dictamen respectivo, las propuestas que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15 y 16 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, envió el Presidente de la República, relativas a diversos candidatos, para integrarse uno de ellos al Tribunal Superior Agrario y otro a los Tribunales Unitarios Agrarios. A partir del estudio del expediente en cuestión y con fundamento en los artículos 100, 107 y 111 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente DICTAMEN Antecedentes. El presidente del Tribunal Superior Agrario comunicó al Presidente de la República que existe una vacante de magistrado numerario en dicho tribunal, así como una vacante de magistrado numerario en los Tribunales Unitarios Agrarios. En mérito de lo anterior, en la sesión celebrada por esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 21 de enero de 1998, se recibió la comunicación que contiene la propuesta de ciudadanos que hace el Presidente de la República, para ocupar los cargos de magistrado numerario del Tribunal Superior Agrario y de magistrado numerario de los Tribunales Unitarios Agrarios, así como la que en su caso se llegara a desocupar en estos mismos tribunales, por la designación que se haga en el Tribunal Superior. En dicha sesión, el Presidente de este órgano colegiado determinó turnar la propuesta en comento a la comisión que suscribe, para su estudio y dictamen correspondiente. A partir de los expedientes que nos fueron turnados para su estudio y análisis, que refieren la trayectoria y formación profesional de los ciudadanos propuestos, esta comisión comprobó la cobertura de los requisitos que señalan el artículo 12 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y las demás disposiciones sobre el particular. De dicho análisis se desprende que los ciudadanos propuestos reúnen los requisitos legales necesarios para ocupar los cargos respectivos en el Tribunal Agrario. Asimismo de dichos documentos se desprende un desempeño profesional satisfactorio en las diversas ramas del derecho y que gozan de probidad reconocida. CONSIDERACIONES Del análisis de los expedientes personales de los candidatos y de las entrevistas personales que integrantes de esta comisión sostuvieron con los ciudadanos propuestos, los días dos y nueve del presente mes, resulta que los señores licenciados Armando Alfaro Monroy, Ricardo García Villalobos, Jorge Joaquín Gómez de Silva Cano, Sergio Luna Obregón, Simplicio Canales Santos, Jorge Juan Mota Reyes y Julio Zúñiga Mongue, son ciudadanos mexicanos, están en pleno ejercicio de sus derechos, tienen por lo menos 30 años cumplidos a la fecha, cuentan con título de licenciado en derecho, debidamente registrado y expedido con anterioridad por lo menos de cinco años a la fecha, han desarrollado una práctica profesional mínima de cinco años y gozan de buena reputación, no habiendo sido condenados por delito intencional que amerite pena privativa de la libertad. Reconociendo por ello que todos los ciudadanos propuestos por el Presidente de la República cumplen formalmente los requisitos establecidos por la Constitución y las leyes de la materia, pero que es necesario procurar y estar conscientes que los ciudadanos escogidos para desempeñar una función tan importante, como es la administración de justicia agraria, acrediten plenamente sólida formación jurídica, así como conocimiento y amplia experiencia en la materia, esta comisión ha estimado conveniente proponer al pleno de esta Comisión Permanente, el siguiente PUNTO DE ACUERDO Primero. Se designa al ciudadano Ricardo García Villalobos, como magistrado numerario del Tribunal Superior Agrario. Segundo. Por lo que hace a los candidatos propuestos para el cargo de magistrado numerario de los Tribunales Unitarios Agrarios, es opinión de esta comisión que será necesario realizar un examen más amplio de los antecedentes curriculares de los ciudadanos referidos y en su caso, programar nuevas entrevistas con los mismos, para estar en condiciones de determinar si alguno de ellos satisface plenamente los criterios fijados por la comisión, para acreditar su eficiencia en su formación profesional y en su conocimiento específico de la materia. Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 11 de febrero de 1998. Senador Dionisio Pérez Jácome, presidente; diputados: Rafael Oceguera Ramos, Santiago Creel Miranda, Socorro Aubry Orozco, secretarios; José Luis Lamadrid, Ricardo Monreal Avila, Jesús Martín del Campo, Carlos Medina Plascencia, Ricardo Cantú Garza; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas y Mario Vargas Aguiar.»
Están a discusión los puntos de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, proceda la Secretaría a consultar a la Asamblea en votación económica si se aprueban los puntos de acuerdo.
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobados los puntos de acuerdo, señor Presidente.
Comuníquese al Ejecutivo. Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Ricardo García Villalobos, cuyo nombramiento como Magistrado del Tribunal Superior Agrario acaba de ser aprobado por esta Asamblea. Para que lo introduzcan a este salón y lo acompañen a rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes legisladores: Fidel Herrera Beltrán, Dionisio Pérez Jácome y María del Socorro Aubry Orozco. Se solicita a la comisión designada cumpla con su cometido.
Se ruega a los presentes ponerse de pie.
Ciudadano Ricardo García Villalobos: ¿protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de magistrado del Tribunal Superior Agrario que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión? El ciudadano Ricardo García Villalobos: Sí protesto. Si no lo hiciera así, la nación se lo demande. Se ruega a la comisión designada acompañar al magistrado cuando desee retirarse. Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
«Escudo Nacional. Poder Legislativo Federal. Comisión Permanente. Segunda Comisión. Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1997, por el Presidente de la República, en favor del coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor José Luis Rangel y Rangel, como general brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte: a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 8 de febrero de 1966 y fue ascendido como subteniente de infantería, por acuerdo del secretario del ramo, el 1o. de septiembre de 1969; b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos; c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 31 años, nueve meses y 20 días y d) Se le confirieron en su oportunidad por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Tercera, Segunda y Primera clases. De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado, sujeto a ratificación. Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente PUNTO DE ACUERDO Unico. Se ratifica el grado de general brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano José Luis Rangel y Rangel. Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 21 de enero de 1998. Senadores: José Angel Conchello Dávila, presidente; Juan Ramiro Robledo, Rodolfo Elizondo Torres, Mario Saucedo Pérez, secretarios; José Antonio Valdivia, Manuel Cadena Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados: Armando Neyra Chávez, Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.» Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional. Poder Legislativo Federal. Comisión Permanente. Segunda Comisión. Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1997, por el Presidente de la República, en favor del coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor Pedro Cervantes Aguirre, como general brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte: a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 3 de febrero de 1966 y fue ascendido a subteniente de infantería, por acuerdo del secretario del ramo, el 1o. de septiembre de 1969; b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos; c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 31 años, nueve meses y 23 días y d) Se le confirieron en su oportunidad las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases, así como la de Mérito Facultativo. De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado, sujeto a ratificación. Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente PUNTO DE ACUERDO Unico. Se ratifica el grado de general brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Pedro Cervantes Aguirre. Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 21 de enero de 1998. Senadores: José Angel Conchello Dávila, presidente; Juan Ramiro Robledo, Rodolfo Elizondo Torres, Mario Saucedo Pérez, secretarios; José Antonio Valdivia, Manuel Cadena Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados: Armando Neyra Chávez, Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.» Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional. Poder Legislativo Federal. Comisión Permanente. Segunda Comisión. Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1997, por el Presidente de la República, en favor del coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor José de Jesús Hernández Rivera, como general brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte: a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 1o. de enero de 1967 y fue ascendido a subteniente de infantería, por acuerdo del secretario del ramo, el 1o. de septiembre de 1970; b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos; c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 30 años, 10 meses y 26 días y d) Se le confirieron en su oportunidad las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases. De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado, sujeto a ratificación. Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente PUNTO DE ACUERDO Unico. Se ratifica el grado de general brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano José de Jesús Hernández Rivera. Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 21 de enero de 1998. Senadores: José Angel Conchello Dávila, presidente; Juan Ramiro Robledo, Rodolfo Elizondo Torres, Mario Saucedo Pérez, secretarios; José Antonio Valdivia, Manuel Cadena Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados: Armando Neyra Chávez, Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.» Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional. Poder Legislativo Federal. Comisión Permanente. Segunda Comisión. Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1997, por el Presidente de la República, en favor del coronel de artillería Diplomado de Estado Mayor Prócoro Godoy Pereira, como general brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte: a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 23 de enero de 1964 y fue ascendido a subteniente de artillería, por acuerdo del secretario del ramo, el 1o. de enero de 1967; b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos; c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 33 años, 10 meses y ocho días y d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases. De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado, sujeto a ratificación. Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente PUNTO DE ACUERDO Unico. Se ratifica el grado de general brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Prócoro Godoy Pereira. Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 21 de enero de 1998. Senadores: José Angel Conchello Dávila, presidente; Juan Ramiro Robledo, Rodolfo Elizondo Torres, Mario Saucedo Pérez, secretarios; José Antonio Valdivia, Manuel Cadena Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados: Armando Neyra Chávez, Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.» Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional. Poder Legislativo Federal. Comisión Permanente. Segunda Comisión. Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1997, por el Presidente de la República, en favor del general brigadier Diplomado de Estado Mayor Francisco Armando Meza Castro, como general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte: a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 1o. de febrero de 1960 y fue ascendido a subteniente de infantería, por acuerdo del secretario del ramo, el 1o. de enero de 1963; b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos; c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 37 años, nueve meses y 26 días y d) Se le confirieron en su oportunidad las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases y la Especial. De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general a brigadier Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado, sujeto a ratificación. Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente PUNTO DE ACUERDO Unico. Se ratifica el grado de general brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Francisco Armando Meza Castro. Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 21 de enero de 1998. Senadores: José Angel Conchello Dávila, presidente; Juan Ramiro Robledo, Rodolfo Elizondo Torres, Mario Saucedo Pérez, secretarios; José Antonio Valdivia, Manuel Cadena Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados: Armando Neyra Chávez, Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.» Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional. Poder Legislativo Federal. Comisión Permanente. Segunda Comisión. Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1997, por el Presidente de la República, en favor del general de grupo piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Julio Antonio Ponte Romero, como general de ala piloto aviador Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte: a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete, en la Escuela Militar de Aviación, el 1o. de septiembre de 1959 y fue ascendido a subteniente de aeronáutica piloto aviador, por acuerdo del secretario del ramo, el 1o. de julio de 1962; b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos; c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 38 años, dos meses y 25 días y d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases y Especial. De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de ala piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado, sujeto a ratificación. Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente PUNTO DE ACUERDO Unico. Se ratifica el grado de general de ala piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Julio Antonio Ponte Romero. Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 21 de enero de 1998. Senadores: José Angel Conchello Dávila, presidente; Juan Ramiro Robledo, Rodolfo Elizondo Torres, Mario Saucedo Pérez, secretarios; José Antonio Valdivia, Manuel Cadena Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados: Armando Neyra Chávez, Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.» Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional. Poder Legislativo Federal. Comisión Permanente. Segunda Comisión. Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1997, por el Presidente de la República, en favor del general brigadier Diplomado de Estado Mayor José Leopoldo Martínez González, como general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte: a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 1o. de febrero de 1960 y fue ascendido a subteniente de artillería, por acuerdo del secretario del ramo, el 1o. de enero de 1963; b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos; c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 37 años, nueve meses, 26 días y d) Se le confirieron en su oportunidad las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases y la Especial. De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado, sujeto a ratificación. Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente PUNTO DE ACUERDO Unico. Se ratifica el grado de general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano José Leopoldo Martínez González. Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 21 de enero de 1998. Senadores: José Angel Conchello Dávila, presidente; Juan Ramiro Robledo, Rodolfo Elizondo Torres, Mario Saucedo Pérez, secretarios; José Antonio Valdivia, Manuel Cadena Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados: Armando Neyra Chávez, Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.» Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional. Poder Legislativo Federal. Comisión Permanente. Segunda Comisión. Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1997, por el Presidente de la República, en favor del general brigadier Diplomado de Estado Mayor Ramón Mejía Ramírez, como general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte: a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 1o. de febrero de 1960 y fue ascendido a subteniente de caballería, por acuerdo del secretario del ramo, el 1o. de enero de 1963; b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos; c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 37 años, nueve meses, 27 días y d) Se le confirieron en su oportunidad las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases, así como la Especial. De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado, sujeto a ratificación. Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente PUNTO DE ACUERDO Unico. Se ratifica el grado de general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Ramón Mejía Ramírez. Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 21 de enero de 1998. Senadores: José Angel Conchello Dávila, presidente; Juan Ramiro Robledo, Rodolfo Elizondo Torres, Mario Saucedo Pérez, secretarios; José Antonio Valdivia, Manuel Cadena Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados: Armando Neyra Chávez, Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.» Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional. Poder Legislativo Federal. Comisión Permanente. Segunda Comisión. Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1997, por el Presidente de la República, en favor del general brigadier médico cirujano Sergio Sanoja Castillo, como general de brigada médico cirujano, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte: a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete en la Escuela Médico Militar, el 16 de enero de 1954 y fue ascendido a capitán primero pasante de medicina, por acuerdo del secretario del ramo, el 1o. de enero de 1959; b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos; c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 43 años, 10 meses, nueve días y d) Se le confirieron en su oportunidad las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases, Especial y Extraordinaria. De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada médico cirujano, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado, sujeto a ratificación. Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente PUNTO DE ACUERDO Unico. Se ratifica el grado de general de brigada médico cirujano, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Sergio Sanoja Castillo. Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 23 de enero de 1998. Senadores: José Angel Conchello Dávila, presidente; Juan Ramiro Robledo, Rodolfo Elizondo Torres, Mario Saucedo Pérez, secretarios; José Antonio Valdivia, Manuel Cadena Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados: Armando Neyra Chávez, Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.» Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto. «Escudo Nacional. Poder Legislativo Federal. Comisión Permanente. Segunda Comisión. Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1997, por el Presidente de la República, en favor del coronel de infantería José Antonio Guzmán Coeto, como general brigadier, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte: a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 20 de enero de 1961 y fue ascendido a subteniente de infantería, por acuerdo del secretario del ramo, el 1o. de enero de 1964; b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos; c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 36 años, 10 meses, siete días y d) Se le confirieron en su oportunidad las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases, así como la Especial. De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado, sujeto a ratificación. Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente PUNTO DE ACUERDO Unico. Se ratifica el grado de general brigadier, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano José Antonio Guzmán Coeto. Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 23 de enero de 1998. Senadores: José Angel Conchello Dávila, presidente; Juan Ramiro Robledo, Rodolfo Elizondo Torres, Mario Saucedo Pérez, secretarios; José Antonio Valdivia, Manuel Cadena Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados: Armando Neyra Chávez, Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.» Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba este punto de acuerdo y los anteriormente reservados. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobados, señor Presidente. Comuníquense al Ejecutivo. LEY DE PLANEACION DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
Para referirse a la Ley de Planeación del Estado de Tamaulipas, tiene la palabra, hasta por 15 minutos, el diputado Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Con el permiso de la Presidencia: Quiero primero que nada señalar que como antecedente del tema al que me referiré, que el pasado 31 de enero del presente año, en el Estado de Tamaulipas, se aprobó una iniciativa presentada por el Ejecutivo del Estado, el gobernador Manuel Cavazos Lerma, con el voto en contra de los partidos de la Revolución Democrática y de Acción Nacional, una iniciativa que en su similitud con lo que pasó y discutimos aquí mismo hace un par de sesiones respecto del Estado de Puebla, modifica la Ley de Planeación Estatal. Podría pensarse que esta reforma es una reforma leve, de hecho así se ha promovido por parte de la autoridad ejecutiva estatal de Tamaulipas. En ella se manifiesta una modificación menor, sin embargo en su intencionalidad, a la que me referiré en unos momentos más, se aprecia una distinción entre la anterior y la nueva. Podría decirse que de este análisis de la legislación, a como queda después de la reforma, se percibe una tendencia de ésta, bastante importante, a buscar una obligatoriedad para el ejercicio de recursos que serían atribuidos a los municipios por parte de organismos que finalmente por el sistema de designación de sus integrantes, serían designados o promotores o extensiones del Ejecutivo estatal. Antes, en el artículo 51 de la Ley Estatal de Planeación, se establecía en términos facultativos que el Ejecutivo del Estado, a través de sus dependencias y entidades, podría concertar la realización de acciones previstas en sus planes y programas. Con la nueva reforma no solamente se establece esto mismo, sino que se cambia por una obligación al señalar que deberán y se añade con un afán que desconozco, el señalar a los municipios como adicionales a las entidades que pueden participar en esta concertación de realización de acciones previstas en sus planes y programas. Pero en el mismo artículo más adelante y esto es lo delicado, en la fracción I habla de planear, programar, operar y controlar, así como dar seguimiento y evaluar, pero sobre todo operar y controlar los recursos correspondientes al Presupuesto de Egresos de la Federación por parte de estos órganos. La intencionalidad del Ejecutivo del Estado se aprecia desde la misma exposición de motivos y está cifrada en la reforma. Se pretende darle a los consejos de desarrollo la disposición de recursos económicos para la ejecución de obras con recursos, éstos, provenientes del ramo 33, aprobado en la Cámara de Diputados a través del Presupuesto de Egresos de la Federación y al reformar la fracción I, se confirma o se ratifica, se va más allá del ejercicio de una concertación, sino más bien del ejercicio de los propios recursos que serían atribuibles al Estado. En esto, desde nuestro punto de vista se aprecia una agresión, una artera agresión al texto constitucional, porque se crean órganos distintos al municipio para que ejerzan los recursos que corresponden precisamente a éstos, que le competen en exclusividad al municipio. De acuerdo con esta ley no se les permitirá que los municipios administren libremente su hacienda, puesto que tendrán una interferencia, una injerencia de órganos distintos a esto. En el artículo 115 la fracción IV, que es la correspondiente a ésta que yo considero agresión, con el exclusivo ejercicio de aprobar los presupuestos de egresos contenido en esta fracción, se le mengua a los municipios al imponerles órganos coejecutores de estos recursos. Pero no sólo eso, la modalidad que ya parece estar convirtiéndose en una moda, que por ahí, bueno, algún momento y debo aceptar que personalmente y consideraba que había cierto liderazgo de Manuel Bartlett, ahora veo que esto venía de mucho atrás; hace dos años el gobernador de Tamaulipas había promovido esto y ya vemos que no era el líder que pensábamos que era Bartlett, pero bueno; tiene como en muchas de las actividades políticas, una jiribilla interesante. La modalidad de la ley Cavazos, utiliza la Cámara de Diputados al señalar que debido a la actualización del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1998, también allá tendría que hacerse una actualización y que esta actualización consiste principalmente en la diferencia, al crear el ramo 33, entre participaciones y aportaciones. Y la diferencia, bueno, pues no es otra cosa que tratar de evadir el artículo 6o., de la Ley de Coordinación Fiscal, que establece que no podrán imponérsele ningún tipo de restricciones o modalidades al ejercicio del gasto en este caso de los municipios, no podrá haber retención, cosa que pasó en el mismo caso de Puebla ni puede condicionarse estas aportaciones pero específicamente menciona la palabra "participaciones", y ahí es donde se deriva el problema, porque al tratarse de aportaciones dicen: "bueno, vamos a cambiarle el concepto, vamos a especificarlos y a diferenciarlo para efectos de que pueda intervenirse, condicionarse e imponérsele modalidades en el ejercicio de estos recursos". Hace casi 60 años, en Acción Nacional se comenzó una tarea que en su tiempo parecía imposible; hoy, cuando la ley comienza a reflejar el deber ser del municipio, esa organización que recoge el más profundo sentir de la población, puesto que es la más cercana autoridad que tiene el pueblo, renacen fuerzas que considero del pasado, para alcanzar una notoriedad en la víspera de su final en el cargo; esto se aprovecha mediante la fórmula de esquemas como el expuesto en esto que a veces se interpreta como pleitos interescuadras, pero que también podrían ser pleitos arreglados. Lo más lamentable de todo esto es que en estos coletazos no precisamente de dragón, hay siempre un perdedor y ése perdedor es el pueblo, al que se le haría justicia mediante una asignación de mayores recursos conforme en diciembre se determinó, pero que bajo la nueva estructura en el caso Tamaulipas como en el caso Puebla, finalmente se están escamoteando y se están llevando en tinas que tienen, en cubetas que tienen agujeros, que no llega todo a su destino. El desarrollo regional necesita de un impulso económico pero con certidumbre, el que sólo puede alcanzarse con los planes de desarrollo municipal y de las propuestas que la propia organización municipal puede recoger de su pueblo. Es decir, de acuerdo con la ley, hay días de asignación, planeación, información, fiscalización y seguimiento en los ayuntamientos, en los propios congresos del Estado hay la fiscalización, en la propia Cámara de Diputados del Congreso de la Unión existen métodos para fiscalizar esto y se crean otros nuevos, probablemente con intereses distintos a los que motivarían el crecimiento y el desarrollo regional. No entiendo por qué crear nuevos híbridos, que además de crear burocratismo compartirán el gasto que le debe corresponder única y exclusivamente a los municipios. En el caso de los municipios, además tratándose de un órgano proveniente de la elección popular, tendría mucha mayor facultad especialmente por las indicaciones de la Constitución de la República, por ese origen popular de hacer el ejercicio del gasto, sin embargo queda en entredicho. Los no familiarizados con la democracia, pueden confundirla y establecer que con más organismos podría haber mayor participación; podría haber quizá más participación de órganos, pero no necesariamente mayor participación de la población. Esto es lo que debe censurarse y censurarnos en Acción Nacional, merecen repudio estas acciones y significan la importancia, sobre todo un llamado de atención para perfeccionar los procesos a prueba de retrógradas. Creo que es importante que en el trabajo que tenemos que realizar no solamente se trabaje con la buena fe, puesto que ya vemos que las argucias legales pueden establecerse mediante sistemas muy distintos al origen mismo, pero reiteramos, la necesidad de que los recursos lleguen finalmente a la comunidad y eso es lo más importante, independientemente del proceso legal que se ha de seguir, que seguramente los ayuntamientos que se consideran afectados y con su capacidad jurídica para intervenir en ello promoverán, creo que es muy importante que la supervisión que se tenga sobre los recursos y que la Cámara de Diputados tendrá que convenir con los congresos de los estados, no dejen en blanco, en lagunas, la fiscalización de estos recursos. Ojalá y no se repitan casos como éste, que lamentablmente parecen ser una moda y repito, ahora vemos que no fue promovida exclusivamente por un gobernador de Puebla. Gracias.
Para hablar sobre el mismo tema y hasta por 15 minutos, tiene la palabra el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Señoras y señores legisladores: Estamos ante un problema que no solamente tiene que ver con la decisión de algunos gobernadores. Si hacemos caso a los antecedentes de la aprobación de la llamada ley Bartlett, nos daremos cuenta que esta iniciativa fue analizada, corregida en algunos de sus aspectos por el Ejecutivo Federal, es decir no se trata sólo de lo que a un gobernador se le ocurrió, sino a una disposición del Ejecutivo Federal para darle manga ancha a los gobernadores y poder utilizar recursos del ramo 33, tal y como convenga a su intereses políticos o electorales. Lo más grave, sin embargo, es que se acepte la propuesta hecha por el Presidente de la República en la pasada reunión de Querétaro, de que una reunión de gobernadores o una comisión de gobernadores pudiera ponerse de acuerdo para determinar cuáles serían las interpretaciones de la Ley de Coordinación Fiscal y evitar los enfrentamiento en la aprobación de lo que pudieran ser las legislaciones reglamentarias en los estados, las legislaciones hacendarias o de planeación. Yo creo que no podemos aceptar esta negociación. Yo en lo particular quisiera hacerle un llamado al Partido Acción Nacional, porque eso fue uno de los principales triunfos que pregonó para aprobar el paquete económico de diciembre de 1997. Resulta que estamos ante el incumplimiento de una promesa hecha por el Ejecutivo Federal a un partido político para emboletarlo en la aplicación de todo un paquete económico que en la actualidad tendrá que estarse sometiendo a una serie de revisiones. Ojalá y esto no vuelva a pasar y se convenza el Partido Acción Nacional de que más vale el fortalecimiento de un bloque opositor consistente en las instancias legislativas, antes que llegar a acuerdos de trastienda con el Ejecutivo Federal, que a la hora de la hora no cumple. Yo creo que aquí tenemos que ponernos de acuerdo en el procedimiento y el procedimiento no puede ser esa reunión de gobernadores; el procedimiento tiene que ser la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, la revisión y la readecuación de esta disposición legal, para que los gobernadores no hagan lo que hacen a su antojo, utilizando una serie de lagunas que en el Capitulo V de la Ley de Coordinación Fiscal les da para que hagan eso y para que hagan más. Este fue un error, haber aprobado esta Ley de Coordinación Fiscal y fue un error no haber puesto candados en el presupuesto para evitar que los gobernadores hicieran lo que quisieran. Tenemos un problema donde prácticamente se crea una instancia electoral paralela, que le quita al municipio y al ayuntamiento la materia para la cual fue electo. Tanto en el caso de Tamaulipas, pero más preciso en el caso de la ley de Puebla, se crean consejos de planeación cuyo manual operativo para la integración de estos organismos será dictado por el Ejecutivo estatal, son organismos integrados por las juntas de auxiliares, por los representantes del ayuntamiento, por los líderes de colonia o los dirigentes de obra y también por los organismos de planeación que el Ejecutivo estatal cuenta. Este hecho, como el asunto que nos está trayendo en estos momentos a la tribuna, con la modificación del artículo 55 de la Ley de Planeación del Estado de Tamaulipas, donde obliga a concertar a los ayuntamientos la realización de las acciones previstas en sus planes y programas y además a estos organismos los dota de la facultad de planear, programar, operar, controlar, dar seguimiento y evaluar, prácticamente tienen como común denominador el caso de Puebla, Tamaulipas, y posiblemente el caso de Coahuila, el despojar a los ayuntamientos y a los municipios de esta facultad que le da la Constitución, y que el ejercicio pleno pudiera llevarnos a lograr avances importantes en el federalismo en nuestro país. Yo creo que fue un avance, fue un paso importante en que se pudieran descentralizar el manejo de los recursos, pero estamos aquí ante esas cosas que ocurren cotidianamente en nuestro país. de establecer legislaciones paralelas que contravienen no solamente leyes de carácter federal, sino a veces hasta la propia Constitución, son legislaciones que los gobiernos de los estados están dando para hacer caso omiso a disposiciones constitucionales y a disposiciones legales de carácter federal y yo creo que éste es el punto central y, más que andar formando comisiones de negociación entre los gobernadores, que al último resulta lo que hoy estamos denunciando. ¿Qué caso tiene que gobernadores de distintos partidos políticos se pongan de acuerdo para interpretar la ley, si nos encontramos con grandes ausencias en la legislación, con pocos controles en el presupuesto? y lo que nosotros decimos, que lo más conveniente, señoras y señores legisladores, es someter nuevamente a revisión la Ley de Coordinación Fiscal, aceptar que ahí hubo equívocos, aceptar también que tiene que someterse a revisión el presupuesto en esta materia, para ponerle controles y evitar que los gobernadores hagan y deshagan. Si no hacemos esto serán simple y sencillamente lamentaciones al aire que no conducen a nada y esta Cámara de Diputados y de Senadores, esta Comisión Permanente no puede aceptar que una comisión nombrada por el Ejecutivo, así sean gobernadores o no, nos vengan a decir cuál es la interpretación de la ley y vengan a dictar incluso cuál será el contenido y los criterios para modificar las leyes estatales. Debemos de promover la legislación en materia hacendaria y de planeación, porque solamente existen en la actualidad 19 estados que cuentan con ésta, pero no puede ser éste el pretexto para que gobernadores como Bartlett, como Cavazos o como el gobernador del Estado de Coahuila, prácticamente violenten un espíritu constitucional, una decisión nacional por fortalecer el federalismo y hagan y deshagan para utilizar estos recursos con fines eminentemente electorales. Por tal motivo, señoras y señores, nosotros queremos proponer un punto de acuerdo que dice lo siguiente: Con fundamento en los artículos 79 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores abajo firmantes solicitamos a la Presidencia de esta Comisión Permanente turne a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados el siguiente PUNTO DE ACUERDO "Unico. Que dicha Comisión de Hacienda, tomando en consideración los conflictos que se han suscitado en diversas entidades federales en torno a la aplicación de los recursos del ramo 33 y la interpretación de la Ley de Coordinación Fiscal, considere la oportunidad de revisar y, en su caso, modificar esta ley en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión." Creemos que esto es el paso que hay que dar, porque ayer fue Puebla, luego fue Coahuila, luego Tamaulipas y así vamos a ver una gran cantidad de gobernadores, sindicalizados o no, que van a hacer uso de toda esta serie de ausencias y de imprecisiones que la legislación tiene para hacer y deshacer con una cantidad millonaria de recursos públicos, que deberían de ir a darle fuerza al ayuntamiento, a darle autonomía económica al municipio y, por lo tanto, soberanía política, a tratar de consolidar un paso que nos permita que esta célula básica de la Federación se constituya en el elemento central para el desarrollo del país y beneficio de las comunidades. Creo que esto es lo que hay que hacer y reconocer los que se equivocaron que se equivocaron; reconocer que no se cumplieron compromisos; reconocer también que es necesario someter a revisión y a reformas en el próximo periodo de sesiones todo lo que aquí ha sido materia de discusión. Creo que éste es el paso que nosotros tenemos que dar y que se tiene que tocar el presupuesto nuevamente, se tiene que tocar esta Ley de Coordinación Fiscal. Si queremos parar a los gobernadores para que no cometan los mismos atropellos y queremos dar certidumbre a la población de todos los municipios y garantía de que los recursos serán utilizados de manera adecuada y además podemos evitar que organismos integrados con manuales promovidos y decididos desde los ejecutivos estatales, se empalmen, sustituyan y nulifiquen las funciones de los ayuntamientos, si queremos evitar todo eso, yo creo que es necesario entrarle a las modificaciones de carácter legal y presupuestaria a que la situación en la actualidad nos obliga. Muchas gracias.
Para hablar sobre el mismo tema y hasta por 15 minutos, tiene la palabra la diputada Laura Alicia Garza Galindo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea: Creo, en primer término, y con todo respeto, que los asuntos que corresponden al Estado de Tamaulipas, deberían tratarse en el Congreso del Estado de Tamaulipas. En el Congreso tamaulipeco, diputado, no se debatieron las modificaciones a la Ley de Planeación. No considero que éste sea el ámbito de competencia para tratar este asunto. Sin embargo, lo entiendo: están los medios y es un asunto aparente de carácter político. Se ha creado en efecto desde el 5 de febrero pasado, en Querétaro, una comisión, a solicitud del Ejecutivo Federal, de gobernadores, integrada por los ejecutivos estatales de Coahuila, de San Luis Potosí, de Chihuahua, de Nuevo León y de Oaxaca, comisión que se abocará al estudio de esta asignatura federal, que inspira precisamente este debate, aprobada por el Congreso de la Unión para este año de 1998. Pero la comisión tendrá como parte fundamental de discusión, primero, los municipios que fueron afectados con menos participaciones este año con respecto al año anterior. Es en efecto la solicitud del Ejecutivo Federal, de que los señores gobernadores vean este problema, lo debatan con la Secretaría de Hacienda en principio, para ver cómo se compensa esa disminución de recursos, cómo resolver el problema y por supuesto que será debatido con la Cámara de Diputados para 1999. Y en segundo término, analizar los ámbitos de competencia tributaria entre el Gobierno Federal y el otro orden de gobierno, que es el estatal. En tercer término, creo que valdría señalar, que la próxima semana el Senado de la República abre el foro de fortalecimiento del federalismo, que creo que sería el foro que consecuente con el debate de estas preocupaciones, más amplias por cierto que lo de Tamaulipas. En Tamaulipas hay una Ley de Planeación estatal, aprobada en 1984, y estoy obligada a decirlo, es una extraordinaria ley, sobre todo cuando el diputado Ramírez Cuéllar, dice que solamente 19 estados, me parece muy importante el dato, cuentan con una Ley de Planeación estatal, creo que valdría la pena tomarla como modelo. Esta ley nace en concordancia con las modificaciones de ley en la Constitución General de la República, realizadas en 1983, en torno al 26 constitucional, que como todos sabemos que el Estado mexicano organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional. Esta ley en Tamaulipas establece normas y principios, para planear el desarrollo del Estado y encauzar las actividades de la administración pública estatal y municipal. A lo largo de toda la ley podemos observar que es obligatorio para el Estado y los municipios trabajar en este sistema de planeación democrática y que a lo largo de toda la ley también se establece la importancia de la participación democrática de los diversos grupos sociales integrados en el Estado a nivel municipal. En la ley permea fundamentalmente la búsqueda de fortalecimiento del pacto federal y del municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado del Estado. La Ley de Planeación, como cualquiera que se precie de serlo, mantiene a su interior tres instancias: relaciones de coordinación del estado con la Federación y con los municipios; de concertación del gobierno estatal y de los gobiernos municipales con la sociedad e induce acciones de los particulares en materia económica y social, que se ajusten a los objetivos y prioridades de los planes estatales y de los planes municipales. Todos los municipios usan estos instrumentos legales. A lo largo de la ley se establece que dentro del sistema de planeación democrática tendrá lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución de los diversos planes. Es precisamente en todo este contexto en que se da el artículo 51 de esta ley. En un principio este artículo decía: "el Ejecutivo del Estado, por sí o a través de sus dependencias y entidades, podrá concertar la realización de las acciones previstas en el plan y los programas, con las representaciones de los grupos sociales o con los particulares interesados. Cabe aquí, considero, el comentario que impulsado por la Federación a partir también de 1983, se buscó afanosamente acercar la toma de decisiones en materia de planeación regional a la sociedad. Se dejó determinar paulatinamente desde los escritorios en el nivel central, los programas y sobre todo los proyectos que deberían de beneficiar a la sociedad, para que ésta estableciera sus prioridades. Esa es la búsqueda fundamental e irlos involucrando en estos procesos. Se inició así un esfuerzo entre Gobierno y sociedad por eficientar recursos, por aplicarlos mejor y en las necesidades verdaderamente más sentidas de la población, no lo que se determinaba desde el centro que era lo mejor para los municipios, las comunidades o los estados de la República. Le quiero decir, porque me tocó participar en esto durante mucho tiempo, se hicieron talleres de trabajo a lo largo de toda la nación para que la población fuera aprendiendo a participar en estos procesos, cuya búsqueda fundamental era hacer la asignación, la distribución y la aplicación de los recursos cada vez más democrática. En 1989 con el programa "Solidaridad", se eficienta este proceso. Los grupos poblacionales además de priorizar y seleccionar sus obras o servicios, se fueron responsabilizando de la ejecución y control en la calidad de las obras, dependiendo de la entidad federativa y en función del grado de pobreza de cada entidad federativa, se conformaba la mezcla de recursos federales, estatales y/o municipales e incluso de la población beneficiaria de los proyectos, en mezclas específicas, insisto, dependiendo del grado de desarrollo o no, de cada entidad federativa y los grupos poblacionales participaban con trabajo, en especie o con dinero, en la ejecución de estos proyectos. No es una práctica nueva. Los Coplades que yo recuerde, que lo registré, sí están desde 1975, compañeros me dicen que existen desde antes, yo lo registro desde entonces, como instancias de coordinación de diversos grupos involucrados interesados en participar en la toma de decisiones e insisto, esto en la medida en que fue descendiendo la toma de decisiones a los grupos poblacionales directamente beneficiados de las obras, los Coplades estatales fueron perdiendo importancia en este proceso de determinación, para trasladarse a lo que entonces eran los comités de solidaridad, organizados incluso por los vecinos beneficiarios de las obras. La capacidad de autogestión se fue desarrollando con un ritmo mucho más acelerado en todo el país, así pasó en todo México y así pasó también en Tamaulipas. En 1996 se adicionaron varios párrafos al citado artículo 51 de la Ley de Planeación, para quedar como sigue: dice, además de lo que ya les leí del artículo 51, dice: "lo anterior se realizará a través de los consejos de desarrollo para el bienestar social que para el efecto se constituyan, cuyas funciones serán entre otras las siguientes:... no dice absolutamente nada de participaciones, compañero dice: por decisión del Congreso del Estado, los comités de solidaridad se denominaron de la forma antes enunciada"; es decir, Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social. Pero sus funciones continuaron siendo las mismas: planear, programar operar, controlar, dar seguimiento y evaluar los recursos correspondientes del Presupuesto de Egresos de la Federación, ramo 26. Así está desde 1996. Dice después, en un segundo párrafo: "Participar en la formulación de presupuestos de obras, proyectos y acciones para el desarrollo integral de las comunidades, que puedan ser financiados con los recursos mencionados en el párrafo anterio. exclusivamente los del ramo 26, impulsar la participación amplia, plural y democrática de las comunidades para la orientación y aplicación de los recursos mencionados." El siguiente párrafo: "Propiciar el establecimiento de compromisos para el desarrollo y el bienestar social entre los miembros de las comunidades y las autoridades y supervisar la adecuada aplicación de los recursos", independientemente de que en la Ley de Planeación viene todo un capítulo acerca de las responsabilidades de la ejecución de los recursos de todo tipo en el marco de la propia Ley de Planeación. Es importante mencionar que los presidentes municipales en todo el Estado, presiden cada uno de estos consejos de desarrollo para el bienestar social. Por lo tanto y a mi juicio, no es verdadero que los consejos sean figuras intermedias entre el gobierno del Estado y los gobiernos municipales. Esto se concilia al interior de los planes de desarrollo municipal. No están sueltos. No son consejos a los cuales el gobierno del Estado directamente les entregue recursos. Los recursos son entregados directamente por el gobierno del Estado a las presidencias municipales y éstos los conciertan con estos consejos de bienestar para el desarrollo social. ¿Cuáles son las modificaciones específicas? ¡Son dos! "El Ejecutivo del Estado posee a través de sus dependencias y entidades" decía antes: podrán, hoy dice: y los municipios deberán. Yo le quiero decir que considero un prurito excesivo haber insertado: y los municipios deberán, porque ya estaban obligados por la Ley de Planeación . Si usted revisa la Ley de Planeación, a lo largo de toda la ley, los municipios están obligados a participar y a consultar con la población. Creo que fue un prurito exagerado. Dice: "concertar la realización de las acciones previstas en el plan y los programas". Y le pusieron: en sus planes y programas. Y en uno de los primeros párrafos que dice: "Planear, programar, operar, controlar, dar seguimiento y evaluar los recursos correspondientes del Presupuesto de Egresos de la Federación ramo 26." Se quitó ramo 26 y se puso: "Cuando expresamente se determine." El razonamiento fue que si le ponían ahora ramo 33, a la mejor el año que entra iba a ser el ramo 34 y se tomó la decisión: "Cuando expresamente se determine", obviamente por el Presupuesto de Egresos de la Federación. Porque a ese ámbito de recursos federales es que está dirigida la acción de los municipios, en tanto que los comités de desarrollo para el bienestar social. La modificación actual obedece entonces a que desaparece el ramo 26, para dar paso al ramo 33, con las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, sin que ninguna de las disposiciones en esta Ley de Coordinación se vulnere. No se altera las fórmulas de distribución de los recursos, por lo que a cada ayuntamiento se le asignarán o se le están asignando los recursos presupuestales que establece la ley que nos ocupa, adicionalmente de las participaciones. No hay ninguna mezcla entre "participaciones" y "aportaciones". Absolutamente no se mezcla una cosa con la otra. En consecuencia, la autonomía municipal continúa inviolable. Tampoco cambian la relación establecida entre los gobiernos municipales y el gobierno del Estado ni de los ayuntamientos con los consejos de desarrollo para el bienestar que continúan presidiendo, valga la redundancia, los señores presidentes municipales. Hasta este momento difícilmente se podría pensar que es un proceso que vulnera las autonomías municipales. Los ayuntamientos, quiero insistir, negocian directamente con los consejos de desarrollo para el bienestar social que hay en cada ámbito municipal. Yo considero que de ninguna manera la participación social minimice a los ayuntamientos, tampoco que éstos pierdan control sobre las materias para las cuales fueron expresamente elegidos. Considero no sólo sano, sino indispensable, que los municipios y el gobierno del Estado escuchen y atiendan a la población que los eligió. El proceso se enriquece y considero que es más democrático. De hecho las modificaciones a este artículo 51, desde mi óptica, fortalecen la participación de la sociedad. Yo quisiera saber ¿quién es el valiente y antidemocrático presidente municipal en Tamaulipas, con todos estos antecedentes de ir descendiendo la toma de decisiones a los grupos de cada municipio, que no va a concertar con los grupos sociales? Ninguno lo ha hecho. Todos siguen trabajando con estos concejos. "Tenemos que agregar que Tamaulipas tiene quizá el más complejo y articulado sistema de ciudades en el país. Existen cuando menos nueve municipios eminentemente urbanos, con ciudades mayores de 150 mil habitantes. Como el elemento de distribución por concentración de habitantes, implícito en uno de los fondos del ramo 33, favorece a todos los municipios grandes: Tampico, Matamoros y Valle Hermoso, que no es tan grande todavía Valle Hermoso, es un municipio pequeño, están en manos del Partido Acción Nacional. Madero y Río Bravo, este último que también todavía no rebasa este rango de los 150 mil habitantes, están en manos del Partido de la Revolución Democrática. Altamira, que está en manos del Partido del Frente Cardenista. Y Nuevo Laredo, Reynosa, Victoria, San Fernando y El Mante, que se encuentran en manos de mi partido." Yo, francamente, no veo el problema que aquí se ha venido a presentar. Escucharé con suma atención las consideraciones que se me hagan. Pero cada municipio recibe del gobierno del Estado, como lo marca el artículo 19 del Presupuesto de Egresos, los recursos de las aportaciones, independientemente, insisto, de las participaciones. Recursos que por ley le corresponden y cada municipio los distribuye entre los grupos que lo requieren y las obras se ejecutan y se sigue el proceso para verificar la calidad de las obras. Yo sí insisto, ¿qué problema habría si cada municipio no concertara con los grupos agrupados en su ámbito territorial? Bajo este principio de que los ayuntamientos más grandes resultaron beneficiados con las reformas a la Ley de Coordinación... voy a concluir, si me permiten. Tardaré minuto y medio quizá. Gracias, qué amable, señor Presidente. Insisto: bajo este esquema no se han presentado en Tamaulipas quejas de los presidentes municipales. No tengo información al respecto, estoy viendo apuntar aquí al diputado Paoli y Bolio, a la mejor él sí tiene. Me daré por enterada, pero nosotros consideramos que los señores presidentes municipales seguirán trabajando al ritmo que los recursos les permitan y lo harán preferentemente con sus electores y no me cabe duda que buscarán atender también a los grupos que no votaron por ellos. En este contexto, y regresando a la exposición de motivos de la modificación a este artículo 51 de la Ley de Planeación, dice en su exposición de motivos: Busca adecuarse con objeto de que oportunamente se reglamente el funcionamiento de los consejos de desarrollo para el bienestar social, así como la disposición de los recursos económicos que por este concepto se les asigne a través de los ayuntamientos para la ejecución de obras. Y también que se impone la necesidad de reformar el artículo 51 de la Ley de Planeación, para que se dé a los municipios la intervención que les corresponda para la concertación con los grupos sociales y precisar las acciones a cargo de los consejos de desarrollo para el bienestar social. Dejemos claro que el movimiento lo están articulando los partidos de oposición o el Partido Acción Nacional, situación que a mí me parece sumamente comprensible, dado el proceso electoral en puerta en mi Estado. Muchas gracias.
Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Felipe de Jesús Cantú Rodríguez. Gracias, señor Presidente: Quiero rectificar algunos hechos de lo que aquí se ha manifestado por quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Evidentemente el ramo administrativo técnico-financiero, no es precisamente el más agradable de los temas para discutir. Evidentemente existen posibilidades de confusión al respecto, pero precisamente por eso quiero hacer algunas precisiones. El diputado Ramírez Cuéllar dijo aquí que hay un error en la aprobación del presupuesto. Yo no acepto que hubo un error en la aprobación del presupuesto, porque la orientación que se le dio al presupuesto ahora está siendo violentada y no hay que confundir, diputado Ramírez Cuéllar, la Ley de Coordinación Fiscal con el presupuesto, son completamente distintos. Evidentemente que la Ley de Coordinación Fiscal merece una modificación, en eso sí estoy de acuerdo y debemos de seguir impulsando esto. En principio hay un acuerdo para hacer una reforma fiscal integral, pero los elementos nuevos son los que están violentando el espíritu del presupuesto que aprobamos y la Ley de Coordinación Fiscal, bueno, pues usted la aprobó. Por otra parte, quiero refutar la existencia de una negociación de trastienda. Siempre Acción Nacional puso sobre la mesa los elementos que consideró que debían integrarse al presupuesto y en todo momento quedó claro esto; no hay tal negociación de trastienda, siempre se dijo que habría observaciones y negociaciones con todos los grupos, incluyendo a los diferentes partidos y al Ejecutivo. Por otra parte, quiero referirme a lo expuesto por Laura Alicia Garza Galindo, en el sentido de que en Tamaulipas..., a mí me extraña un poco esta aseveración, porque va seguida de una justificación de la existencia de la comisión de gobernadores. Yo no digo que sea mala, es un coadyuvante del perfeccionamiento del sistema, pero hasta donde yo sé no tienen tampoco propiamente una competencia como la que usted arguye. Sin embargo, yo sí creo que existe aquí, en este órgano, competencia, porque se está discutiendo de la constitucionalidad y todo lo que tiene qué ver con la Constitución; pues hombre, digo, es un tema deliberativo, pues bueno, se hacen los planteamientos correspondientes. Evidentemente a los gobernadores habría que cuestionar si les compete. En cuanto a las bondades de la ley, yo quiero reiterar: sí existen bondades de la ley. Yo no digo que la planeación sea obsoleta, es claro que necesitamos avanzar en ese sentido; sin embargo, lo que nosotros estamos argumentando es el que se utilicen elementos que nosotros consideramos que violentan la Constitución, para utilizar los recursos en determinado sentido, sobre todo porque no quedan a la libre decisión de los ayuntamientos la integración de los órganos creados. Y, por último, manifestar mi preocupación. La moda de imponer leyes o de generar leyes o reformar leyes preexistentes para hacer una mejor distribución de los recursos, al menos eso de mejor habría que entrecomillarlo, porque ése es el argumento que se plantea, no es nada más de gobernadores; ya hay casos concretos, me refiero a Oscar Adame Garza, coordinador de la diputación del PRI en Nuevo León, que también esta haciendo su luchita para justificar este tipo de organismos y propone que se haga una regulación distinta para hacer una reasignación de los recursos por algo que finalmente ni siquiera tuvo qué ver la Cámara, que es la fórmula establecida por la Sedesol y publicada el 2 de enero en el Diario Oficial de la Federación. Yo creo que va a haber oportunidad de que un órgano distinto a éste resuelva las controversias y es el que lo planteará. Por nuestra parte está manifestada la postura en contra de esta participación del gobierno del Estado en el ejercicio de los recursos de los municipios y definitivamente tiene que haber participación de la población, pero no bajo la estructura de asignaciones, sobre todo de la integración de órganos, que pudiera tener una tendencia por la fórmula de designación e integración. Gracias.
Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Pablo Gómez Alvarez. Señoras y señores legisladores: Creo que éste es un asunto verdaderamente importante y requiere de la atención del Congreso en la medida en que se trata de la aplicación de recursos que la Federación asigna a través de una ley y posteriormente a través del presupuesto. Cuando la Federación asigna recursos a los municipios, la respuesta que estarnos viendo es la actitud de los gobernadores de sujetar, condicionar y centralizar al máximo posible esos recursos. El centralismo del Pronasol pues era la asignación de parte del Gobierno Federal de tales recursos, a través de un sistema clientelar, promoviendo la organización política de la gente en los municipios con el propósito de que fueran esos grupos organizados los que establecieran una relación directa, de carácter político, con el poder público y con el partido oficial. La crisis del Pronasol forma parte de la crisis política... de la crisis del poder público en el país, pero las respuestas no están siendo adecuadas, las respuestas están siendo la de rearticular el uso del gasto con propósitos de carácter político y el líder de esto es el señor Bartlet, o Barlett, como se quiera decir y él convoca a los gobernadores a realizar acciones político-legislativas tendientes a la utilización de estos recursos para los propósitos que fueron ideados; es decir, para la creación de estructuras políticas y el desarrollo del clientelismo político. En el fondo de todo esto hay varios factores; uno de ellos muy relevante, es la debilidad de los ayuntamientos, de los municipios en general. La Constitución dice que los estados deben organizarse mediante el sistema o el régimen de los ayuntamientos o de los municipios libres y que al frente de cada municipio debe haber un ayuntamiento. El grado de libertad de los municipios no ha quedado bien delimitado, pero tampoco el funcionamiento de los ayuntamientos, puesto que ahí se reproduce el mismo sistema presidencialista, de manera ridícula si se quiere, pero se reproduce efectivamente, de tal manera que los ayuntamientos no son verdaderos concejos. La Constitución en su artículo 115, que es un artículo completamente mal hecho, dice, entre otras cosas, que los municipios administrarán libremente su hacienda y señala en qué consiste su hacienda. Entre las partes integrantes de la hacienda pública de los municipios, están las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor y las legislaturas establecen a su favor recursos federales, que directamente proceden del presupuesto de la Federación y que se distribuyen con arreglo a normas, que antes no estaban en ninguna parte y que hoy están a medias si se quiere, pero están en la Ley de Coordinación Fiscal. El Presidente, ante las protestas por la ofensiva de algunos gobernadores, piensa que puede aclarar algo de este panorama, formando una comisión de gobernadores y yo me pregunto ¿qué cosa es eso de comisión de gobernadores? ¿De dónde? ¿Se inventó el Presidente de la República esta figura o este mecanismo para abordar un asunto de esta naturaleza y yo diría que de cualquier otra? Creo que el asunto es fundamentalmente un asunto del Congreso de la Unión, en lo fundamental y pienso también que obligar a los municipios, como lo pretende hacer el gobernador de Tamaulipas, a entrar en un mecanismo administrativo del gobierno del Estado, en principio no es congruente con la Constitución. Una vez asignados los recursos, el ayuntamiento tiene la facultad de administrarlos libremente, libremente, no de conformidad con mecanismos establecidos por el gobernador. Este es uno de los puntos más relevantes de la cuestión. Y yo creo que al respecto, como se trata de recursos federales, quien debe dar la respuesta es el Congreso de la Unión y específicamente en algún sentido podría ser la Cámara, puesto que se trata aquí de la administración de fondos presupuestales. El presupuesto no define mayor cosa y no tiene realmente candados que pudieran ser el antídoto para estas decisiones que están tomando los gobernadores. Quizá lo que habría que hacer es no sólo revisar, como lo propone Ramírez Cuéllar, la Ley de Coordinación Fiscal, sino también posiblemente algunos aspectos normativos del decreto del Presupuesto para 1998. Yo creo que este asunto, quiero decirlo por último, debería también abordarse en el marco político más general del fortalecimiento de los municipios, del funcionamiento de los ayuntamientos. ¿Qué es eso de que una ley diga que en el mecanismo de planeación o de distribución de los recursos deben participar los particulares interesados? ¿Quiénes son esos particulares interesados? Esa es la reforma en Tamaulipas: los particulares interesados. La verdad es que sobre la base, es decir, una ley de planeación que habla de particulares interesados, ya de entrada nos está señalando una limitación digamos, por un lado de tipo jurídico y por el otro lado una gran manga ancha para los gobernadores, que son los que aplican las leyes. ¿Los particulares interesados pueden ser los que nombre y designe el gobernador o el presidente municipal? Nosotros hemos visto por ejemplo en Oaxaca cómo el gobierno del Estado reparte recursos federales directamente a grupos interesados, sin que ingresen en la hacienda municipal, sin tocar la hacienda municipal. Ha habido hasta huelga de hambre de alcaldes, exigiendo que los recursos sean ingresados en la hacienda municipal y después asignados de conformidad con esa capacidad de los ayuntamientos de administrar libremente su hacienda. Entonces éste es un problema muy concreto, ¿estos recursos federales deben ingresar siempre, obligatoriamente, a lo que se denomina o se entiende por hacienda municipal? Creo que lo debemos definir con entera claridad, yo creo que la respuesta debe de ser sí, si se habla del respeto al municipio. Si eso no tiene la menor importancia, porque las circunstancias políticas son otras, entonces que se diga con toda claridad, pero el presupuesto podría decir que todo lo que está asignado ahí debe ingresar a la hacienda municipal a través del procedimiento señalado en la ley; pero no ocurre siempre de esa manera, incluso Bartlett está diciendo en la nueva ley, en Puebla, que los municipios que no tengan capacidad administrativa no administrarán nada, por lo tanto, y el gobierno del Estado administrará la parte que les corresponde. O sea, no va a ingresar ese dinero en la hacienda municipal formalmente. Entonces, quien asume la personalidad jurídica a la hora de ese gasto no es, como dice la Constitución, el municipio, sino es el gobierno del Estado. Yo pienso que debería aceptarse la propuesta de Ramírez Cuéllar, pero también deberíamos empezar unas discusiones entre los grupos parlamentarios de las cámaras alrededor de este problema, que es un problema político de la mayor importancia y definir ahí toda una estrategia para ir resolviendo este problema lo más a fondo que se pueda, porque cada vez que ocurre algún cambio hay una respuesta inmediata, de los gobernadores en este caso, lo están haciendo para tratar de controlar al máximo esos recursos. Gracias.
Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, tiene la palabra la diputada Laura Alicia Garza Galindo. Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea: A algunos el tema de la planeación les parecerá farragoso, a mí me encanta. Durante muchos años de mi vida me dediqué exclusivamente a la planeación de inversiones. También lo jurídico lo escucho con mucho interés. No sé por qué al diputado Pablo Gómez no le gusta el que se busque innovar con mecanismos la búsqueda de soluciones que se dan en problemas particulares, como muchos de los que aquí se han discutido. Yo creo que el ámbito territorial de estos problemas, en donde obviamente son materia de los gobernadores, los hace competentes. Lo cual no quiere decir, y así lo dije en mi intervención, que el Congreso de la Federación por supuesto tiene mano y por supuesto continuaremos discutiendo este tema. Pero le quiero decir que aquí en el caso de Tamaulipas, el debate no está en la constitucionalidad. Los recursos ingresan directamente a las haciendas municipales. Y durante largo tiempo ha habido una tradición, le guste a usted o no le guste, sobre los comités de planeación municipales, que ahora tienen otro nombre. Podría haber presidentes municipales que se negaran a usarlos y no habría problema. Aquí también tendremos que abordar el tema de los usos y de las costumbres, igual que en política. ¡Ah, no me diga que no! No me diga que no, porque yo no he visto un solo presidente municipal que se niegue a trabajar finalmente con estos procedimientos. ¿Usted cree que no lo están haciendo en Río Bravo y en Ciudad Madero, que son municipios en manos del Partido de la Revolución Democrática? Claro que lo están haciendo y están trabajando con sus grupos, tratando por supuesto de satisfacer a los demás grupos. Yo considero que el debate del 115, pues obviamente debe ser más amplio y en el foro en donde se puedan obtener frutos. Es decir, que se puedan obtener resoluciones al respecto. Y admito como válida la postura del diputado Gómez, de la necesidad de que esto se trabaje en el Congreso federal, porque lo considero del más alto interés. Que queden perfectamente delimitadas las atribuciones de las entidades federativas de la propia Federación, que está en un proceso amplio y claro, a mi gusto, de descentralización y por supuesto del artículo 115 constitucional. Nada más le quiero comentar, diputado Gómez, que los particulares interesados en la Ley de Planeación, son ni más ni menos que los beneficiarios de las obras. Gracias.
Para contestar alusiones personales y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Pablo Gómez. Quisiera responder a estas alusiones de esta manera. Primero quiero aclararle a la diputada que no existe el parangón de usos y costumbres de los que hemos hablado en los pueblos indios. Yo en lo particular le informo, por si no lo sabe, que no soy en absoluto partidario de los usos y costumbres en materia política, de los pueblos indios. Me parece que hay mucho ahí de usos impuestos por el caciquismo en materia política, subrayo y tampoco soy partidario de esa ley oaxaqueña de la elección mediante sistema de usos y costumbres. En cambio, soy partidario de la existencia de gobiernos regionales, lo cual su partido combate terriblemente y que no tiene nada qué ver con usos y costumbres, dentro de un criterio democrático general, dentro de un criterio de votación universal, de derechos individuales y también de derechos colectivos, porque el ejercicio de derechos individuales también puede ser una forma, en el caso de los pueblos indios, para que éstos ejerzan derechos de carácter colectivo como pueblos. Pero su partido niega los derechos de los pueblos indios como pueblos, sólo admite comunidades y municipios indios, pero no pueblos con derechos, a pesar de que la ley nacional reconoce eso, en la medida en que el convenio de la OIT establece todos esos derechos a los pueblos indios. Bueno, pero ésa es otra discusión. Si vamos a innovar, nada más la menciono porque usted la mencionó, diputada y porque me acusa de no querer ninguna innovación, pues sí. ¿Cómo no vamos a querer innovaciones, si todo lo que hacemos es tratar de acabar con este régimen que es completamente arcaico? Si...
Orden en la sala, diputado Oceguera, por favor.
Entonces vamos a hacernos, a ponernos de lado del arcaísmo, de lo arcaico...
¿Desea solicitar la palabra, diputado Oceguera?
¿Porqué no le dijeron eso a la diputada cuando estaba hablando, que se ajustara al tema? No yo al contrario, disfruto las expresiones de Oceguera, defendiendo a toda costa al régimen al que sirve. Dice el artículo 51 de la ley in comento del Estado de Tamaulipas: "hay que concertar la realización de las acciones previstas en sus planes y programas". Si hay acciones previstas en planes y programas, se supone que ya están definidos, ¿para qué concertar algo que ya está determinado antes? Esta redacción es un disparate, pero, bueno, dice ¿con quién? Con las representaciones de los grupos sociales, ya hablan de algo concreto, que se supone que son los posibles beneficiados o beneficiarios de las inversiones, pero le agregan: "o, o, o con los particulares interesados" y eso sí quién sabe qué serán, porque como no se define qué cosa son los particulares interesados, pues los gobernantes pueden traerse a sus particulares interesados para definir las cosas. Es que no se puede programar la inversión, en la política o con la política que aplican individualmente los gobernantes. ¿Cuál debería ser el mejor comité de planeación en un ayuntamiento, en un municipio? El ayuntamiento, ése debería ser, ésa es la institución republicana, ésa debe ser la institución democrática, la institución plural, pero no es así. Los presidentes municipales son pequeños gobernadores y los gobernadores son pequeños presidentes de la República. Esa es la realidad en México. Entonces han entrado en una serie de comités que se han formado a través de toda la historia de asignaciones federales para el desarrollo de la infraestructura municipal, que ya llevan una lista larguísima de organismos políticos, de control clientelar para este efecto y los van cambiando, cuando no da resultado uno les inventan otros, pero más o menos la idea es la misma. Todo, excepto que funcionen correctamente los ayuntamientos. Eso no, porque eso es subversivo, sencillamente. Porque eso es convertir el poder en los municipios en algo colegiado y es algo que no entra en la arcaica mentalidad política del partido oficial, ése es el problema. Entonces la ley que estamos comentando del Estado de Tamaulipas, obliga a los municipios a entrar en este diapasón. No es cuestión de que los municipios se organicen de tal o cual manera, no, los obliga, pero los obliga de tal manera que el gobierno del Estado se convierte en el elemento para obligar a los municipios. Esta es la cuestión. Y en otros estados hay otras respuestas de este mismo tipo. El caso es de que estos recursos federales andan ahí convertidos en un instrumento de poder y un instrumento electoral directo y los gobernadores andan viendo la manera, por lo tanto, de tener el mayor control posible con el propósito de hacer la política partidista a la que están acostumbrados y eso es lo que no nos parece, ya sea un gobernador de un partido, del otro, del que sea. Aquí ya no estamos hablando de un partido o de otro, porque este tipo de cosas se contagian. No he visto en Baja California Norte, un contagio terrible de estructuras clientelares, de reparto de recursos y no lo hemos ocultado, no lo hemos ocultado y lo hemos comentado, incluso en la víspera de las pasadas elecciones, y ese contagio, ese contagio es el que de paso hay que tratar de evitar en la medida de lo posible.
Para rectificación de hechos y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Francisco José Paoli y Bolio. Con su venia, señor Presidente; ciudadanas y ciudadanos legisladores: El punto que discutimos el día de hoy tiene dos perspectivas posibles para ser analizado: una jurídica y otra política, que por supuesto pueden relacionarse y deben relacionarse. La política en términos civilizados debe jugarse en los marcos de la ley, pero tienen connotaciones y significaciones distintas ambos ángulos y ambas perspectivas. El aspecto jurídico que hoy discutimos, en el fondo es la violación del artículo 115 constitucional, el cual establece que los municipios administrarán libremente su hacienda por una parte y por otra, que no habrá ninguna autoridad intermedia entre el municipio y el Estado. Y nosotros consideramos que no de ahora, aunque se vienen afinando instrumentos para constituir o reforzar estas autoridades intermedias por diversas fórmulas en los distintos estados. Porque el solo hecho de que se establezcan organismos que tienen que decidir sobre la aplicación de recursos que deben ser libremente administrados, por el municipio, está violentando la libertad municipal en esta expresión del manejo libre de su hacienda. Y esto es lo que ha pasado. Yo no dudo que en ocasiones se han utilizado caminos como el de la planeación, que señala nuestra amiga Laura Alicia Garza Galindo y no estamos contra la planeación ni nos molesta ni nos es farragoso discutirla, pero pensamos en una planeación democrática en donde la participación se construye de abajo hacia arriba y en donde las consultas no necesariamente son vinculatorias. Y aquí está el problema del artículo 51 que venimos a discutir ahora, de la Ley de Planeación. Porque este artículo como ya lo decía doña Laura Alicia, que desafortunadamente no es abogada, para entender cual es el sentido, qué bueno que siga estudiando, le agradecemos porque esto nos ayudará a la intelección. Pero lo que le quiero decir es que este artículo, y me voy a permitir leer la parte respectiva muy breve, dice: "El Ejecutivo del Estado por si o a través de sus dependencias y entidades y los municipios, deberán concertar". Aquí hay una obligación que vincula y que establece una autoridad, aunque se llame Consejos para el Desarrollo y para el Bienestar Social, antes Consejos de Solidaridad, con lo cual ya nos plantean que claramente estaban siendo canalizados a través de consejos que tenía toda una intención mimética con el partido oficial. Pero hoy, aunque se llamen "Consejos para el Desarrollo", están representando una instancia intermedia y una autoridad sin cuya aprobación no pueden utilizarse y aplicarse los recursos a los que nos estamos refiriendo y ésta es la discusión, en el fondo. En cuanto al aspecto político, es indispensable hacer algunas aclaraciones: En primer término, para nosotros ha sido una bandera, en Acción Nacional, el empujar la descentralización y si no se puede la descentralización, por lo menos en distintas medidas la desconcentración y la entrega de recursos más abundantes a los escasos que reciben los municipios. Esta es la premisa fundamental de la lucha que Acción Nacional da y que lo lleva a aprobar el presupuesto en el cual conseguimos que se incremente en casi un 54% este conjunto de participaciones y aportaciones a los municipios. Y por eso pensamos, desde el punto de vista político, que cualquier intervención que se hace de gobiernos de los estados y de congresos locales para cambiar la dirección de estos fondos, para evitar que los municipios directamente los administren y pasen a ser administrados al arbitrio de un gobernador, hechos con una ley que consideramos anticonstitucional, se está planteando en el fondo un problema de orden político y con vistas muy claras a la sucesión presidencial. Porque el adalid nuevo de este planteamiento, es el gobernador Bartlett, el cual se ha propuesto con toda claridad desarrollar un modelo para ser el que recupere en definitiva ese viejo aparato del PRI, ese que no ha querido democratizarse, ése que quiere seguir llevando el "carro completo" a su partido y esto es lo que en el fondo representa el aspecto político de nuestra discusión. ¿Qué representa la "junta de gobernadores" que aquí se ha tocado? Ante circunstancias que vale la pena discutir, el Poder Ejecutivo Federal ha encomendado a un grupo de gobernadores, ha pedido a un grupo de gobernadores, entre los cuales hay dos de mi partido, que estudien el asunto. Pero yo quisiera distinguir muy claramente que esta "junta de gobernadores" no tiene competencia formal para decidir en esta materia, aunque es conveniente que opere como un organismo coadyuvante que materialmente analiza la situación y ayuda o puede contribuir a despejar planteando lo que a los intereses de las entidades federativas convenga. Por tanto, se da un coadyuvante, pero se dan los que tienen capacidad formal: el Presidente de la República, con su capacidad de iniciativa, y el Congreso, en un caso, en el de la Ley de Coordinación Fiscal, que por cierto aprovecho para recordarle a los compañeros del PRD y en particular a Ramírez Cuéllar, que también aprobó su partido, porque en algún momento de su argumentación parecía que se le olvidaba este pequeño detalle. Entonces sí es posible que pasemos a revisar la Ley de Coordinación Fiscal, porque hemos encontrado que hay cuestiones que valen la pena, por el bien del país, de revisar. Revisémosla. Pero yo le diría al compañero Ramírez Cuéllar: vale la pena que cuidemos nuestros términos, usted usó el término de "negociación en la trastienda". Nada más abierto y más claro que la discusión que tiene lugar en el Congreso de la Unión. Nosotros en nuestra plataforma establecimos nuestra premisa fundamental de llevar recursos a los municipios y cuando lo conquistamos, por supuesto que nos vemos obligados a... pero por nuestras propias premisas, no por una negociación de "trastienda". Nosotros debatimos abiertamente en el Congreso; lo hicimos en las comisiones y lo hicimos en el pleno y yo no veo qué negociación de "trastienda" hay cuando algo se discute a la plena luz de la discusión pública en el Congreso de la Unión. Ahí no hay discusión de "trastienda". Todo el tiempo dijimos: "vamos a negociar con todos los actores", porque tenemos la obligación de hacerlo. El presupuesto se construye con una iniciativa del Presidente, con un proyecto del Presidente, y teníamos que discutir con él y sus agencias en este aspecto. Y lo dijimos desde el principio: "negociaremos en la ventanilla de Hacienda, con los partidos". Como lo estuvimos haciendo y llegamos a un acuerdo que difiere del que pudiéramos haber llegado con el Partido de la Revolución Democrática, el cual también intentamos. Yo creo que no vale la pena insistir ya en el tema del bloque; que nosotros sistemáticamente dijimos: "no existe". Si ustedes lo quieren inventar, después se les va a romper; lo que existe son acuerdos, acuerdos puntuales, a los cuales llegamos por concurrencia, por convicción mutua y podemos seguir llegando y espero que sigamos llegando. ¡En principio, los mejores acuerdos serán aquellos que tengamos por consenso las cinco fuerzas del Congreso, no sólo cuatro! ¡Pero si no fuera posible será con cuatro y si no fuera posible será con dos! ¡Esto que les quede claro, por si hasta ahora no les ha quedado claro! ¡Aquí no hay traición ni negociación de trastienda! ¡Entonces si vamos a defender cuestiones en común, no volvamos a invocar este tipo de afrentas! y vamos a revisar, eso sí, con todo cuidado, la Ley de Coordinación Fiscal como nos corresponde, en la medida en que somos parte del Congreso y podríamos llegar a revisar el Presupuesto de Egresos de la Federación si estuviera mal encaminado, en la Cámara de Diputados, que tiene la facultad exclusiva de hacerlo. Muchas gracias.
Para rectificación de hechos y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Rafael Oceguera. Señor Presidente; compañeros diputados; compañeros senadores de la República; señoras y señores: Pienso, como oportunamente lo di a conocer en esta tribuna, que de nueva cuenta estamos en los hechos, contraviniendo el espíritu federalista que a todos debe identificar. Una deliberación, que concluyó con la votación y la expedición de una ley en un Estado de la República, a cargo de un Congreso estatal de un Estado libre y soberano, motivó primero una discusión a propósito de lo que podía ser mejor para Coahuila o de lo que podía ser mejor para Puebla o de lo que pudiera ser mejor para Tamaulipas. Siendo claros los preceptos del artículo 115 de la Constitución y del 116 de la propia Constitución de la República, en donde los estados resuelven el compromiso de dotar de recursos a los ayuntamientos para que éstos realicen su objeto jurídico, su objeto social, su objeto político. Siendo clara esta disposición, de nueva cuenta este órgano de representación nacional viene aquí a asumir, en los hechos, que los congresos de los estados no cuentan con mayoría de edad para resolver aquellos asuntos que son de su competencia. Y se llega al extremo, como aquí lo ha hecho el diputado Pablo Gómez, lo cual a mí me parece un exceso y me parece reprobable, de decir que la Ley de Planeación o las reformas a la Ley de Planeación del Estado de Tamaulipas constituyen un disparate. A mí me parece esto un acto de profesión intervencionista, antifederalista, antisoberano de un Estado que es libre y que es soberano y que tiene facultades y competencias constitucionales y que las ejerce, sin duda, con toda dignidad. Es un Congreso que se puede equivocar, como este Congreso también puede incurrir en equivocos al momento de emitir una legislación. Pero llamar disparate a un ejercicio que conforme a un derecho o conforme a una facultad realiza una Asamblea soberana, una Asamblea representativa de una sociedad, como es la sociedad tamaulipeca, a mí me parece afrentoso y me parece también excesivo y me parece que pone en entredicho la vocación constitucionalista, la vocación federalista del orador en turno. Yo los quiero llamar, compañeros diputados, a no perder de vista que esta federación, que este país que reconocemos como el país de los Estados Unidos Mexicanos, necesita para perfeccionar su régimen democrático, el desarrollo del proyecto federalista acuñado en las primeras décadas del siglo pasado, continuado por el presidente Juárez y defendido por aquellos mexicanos de muchas generaciones que han abrazado la causa del progreso y la causa del desarrollo de las regiones conforme al respeto a la libertad, a la independencia, a la soberanía que tienen los estados que conforman ésta gran nación que es el país mexicano. Yo quiero llamar a todos ustedes, compañeros, a hacer un ejercicio de respeto a la personalidad, a la fuerza y al carácter que tienen de soberanos los 31 congresos de las entidades federativas y, por qué no, también la Asamblea del Distrito Federal. Creo que ésa es una decisión que puede constituir un buen paso si queremos verdaderamente transitar en los hechos hacia una reforma democrática o hacia una reforma del Estado que verdaderamente dé garantías de progreso por la vía del respeto a las libertades y a los derechos políticos y a los derechos de los ciudadanos y a los derechos que están consignados en nuestra Constitución Política. ¿Qué decir, señor Presidente, qué decir, compañeros legisladores, en relación a la legislación que nosotros aquí aprobamos durante el mes de diciembre? Que la misma ha resultado controvertida. Yo he leído a través de los periódicos cómo se manifiesta una preocupación respecto al problema de la iniquidad que entraña repartir, conforme a la fórmula que aquí aprobamos, los recursos hacia los municipios y he visto, lamentando este hecho al gobernador de Jalisco, el señor Alberto Cárdenas, he visto que lamenta este hecho el gobernador de Chihuahua, he visto que el gobernador de Tamaulipas promueve una legislación, he visto que el gobernador de Puebla también promueve una legislación como lo ha hecho el gobernador de Tamaulipas, pero quien resuelve finalmente es el Poder Legislativo del Estado o son los poderes de los congresos locales. ¿Por qué no asumir este principio de respeto a estas soberanías?, me pregunto. ¿Por qué no respetar el derecho del gobernador Fox a iniciar una legislación que reformó la Ley de Planeación del Estado, para garantizar que las juntas de planeación o los consejos municipales de planeación del desarrollo, opinen respecto de los recursos que a través de las legislaturas de los estados, sean estos federales o estatales, los municipios de Guanajuato habrían de resolver? ¿Por qué sembrar tanta confusión y tanta desorientación? Creo que este Congreso tiene una responsabilidad altísima y que es la de orientar al país respecto de los grandes acontecimientos que se registran en el quehacer económico o en el acontecer económico, social y político. Creo que una cuestión fundamental, insisto y soy reiterativo, aquí referí en mi paso anterior por la tribuna, que muchos diputados y senadores aquí presentes hemos sido diputados a los congresos estatales y que el fortalecimiento de nuestro régimen democrático pasa necesariamente por el reconocimiento al carácter que tienen los congresos estatales de asambleas libres y en todo caso, si las mismas incurren en el momento de ejercer sus facultades constitucionales, en violaciones de la Constitución, procédase compañeros, a interponer con los recursos del 105 de la propia Constitución Federal, una acción de inconstitucionalidad en contra de las resoluciones de los congresos, pero despoliticemos el tema. Yo veo que con una gran facilidad aquí recurrimos a las imputaciones mutuas: tal gobernador lo hace porque tiene este proyecto político y la respuesta es: no, lo que ocurre es que en el proyecto político del gobernador fulano, del gobernador sutano, también hay un planteamiento de control hacia los municipios. Pero todas estas apreciaciones de carácter político, bien lo dijo Paoli, que pueden coincidir en el momento del análisis jurídico o deben ser tomadas en cuenta, yo creo que no deben prevalecer por sobre las razones de carácter constitucional y de carácter jurídico. Yo me pregunto: si tanta inconformidad y si es efectivamente inconstitucional la facultad de un Congreso de un Estado de emitir una legislación en la materia, ¿por qué no hemos visto en la prensa y en los medios publicadas las acciones de inconstitucionalidad promovidas por las partes afectadas o por las partes que están en contra de la reforma en cuestión? Yo creo que ello ayudaría mucho a establecer el estado de derecho; creo que ello contribuiría muchísimo a la claridad y ello dignificaría y enaltecería la actividad de los diputados federales y de los senadores de la República aquí reunidos, que están obligados en todo momento, insisto, a apuntalar el estado de derecho y a hacer que cristalice el proyecto de democracia nacional sobre la base de defender la Constitución que nos rige y sobre todo respetar la soberanía que los estados libres y soberanos de este país, que constituyen esta Federación a través de sus congresos estatales, asambleas libres, asambleas elegidas a través del voto popular, tienen para resolver el destino de la nación. Es cuanto, señor Presidente.
Para contestar alusiones personales y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Pablo Gómez. Perdón que me vea obligado nada más a aclarar lo siguiente: Cuando un órgano legislativo redacta una ley que es un disparate, es un disparate, independientemente de que sea órgano legislativo o sea... el Papa. Digo, los disparates no son exclusivos de los particulares, también los órganos colegiados cometen disparates. Yo lo que digo es que es un disparate decir que se tienen que definir las cosas que ya están definidas; eso es un disparate y eso es lo que dice la ley que estamos comentando. El artículo éste que tanto se ha mencionado y citado en esta tribuna... 51 ó 52, ¿cuál es?.., no tiene importancia si es 51 o es 52...
Diputado Gómez, ¿me permite?.. Diputada Garza, ¿con qué propósito?.. ¿Si acepta una pregunta de la diputada Garza?
Por cuenta del tiempo de usted Presidente, con mucho gusto.
Con mucho gusto.
Nada más diputado, preguntarle si conoce usted la Ley de Planeación de Tamaulipas... ¿No me está escuchando, diputado?..
Sí, voy a leer el... ¿si? ¿ya puedo contestar?.. voy a leer el artículo 51: "El Ejecutivo del Estado por sí o a través de sus dependencias y entidades y los municipios", que le agregan, éste es el agregado. Antes decían podrán, ahora dice: "deberán concertar la realización de las acciones previstas en sus planes y programas"... esto es lo que yo digo que es un disparate, dice: "deberán concertar la realización de las acciones previstas..." Es decir, deben concertar, pues esto se entiende que con otros, las acciones que ya están decididas, o sea "previstas" en sus planes y programas. Una vez que ya se tomó una decisión, entonces hay que concertar la decisión que ya se tomó. Bueno, éste es el disparate, pero el disparate no es el mayor problema, el mayor problema son otros disparates, ya hemos hecho referencia a ellos, solamente me voy a concretar a lo que dijo el diputado. Dice Oceguera, que hay que respetar a los congresos de los estados o establecer los recursos necesarios. Yo no sé si Oceguera conoce o no conoce la iniciativa de Bartlett que originalmente presentó en Puebla. El nuevo fondo de los 6 mil y tantos millones, lo quería repartir Bartlett de otra manera distinta a como está en la Ley de Programación Fiscal y así llegó la iniciativa al Congreso de Puebla, entonces el presidente Zedillo intervino para evitar que se hiciera esto y como fue el Gobierno Federal el que intervino, todo está muy bien, pero no vaya a ser un diputado del PRD o del PAN, ¿verdad? Dice el diputado Oceguera, para reforzar sus convicciones, que no politicemos el tema. Me da risa porque este disparate sí es monumental, diputado, francamente aquí ya no se midió. Nos pide que no politicemos la política, que no politicemos los asuntos de la política y por eso me da risa. No es usted quien me da risa, solamente lo que dice. Entonces, yo simplemente quiero precisar: los estados deberían ser, en efecto, entidades federativas; no lo son, no lo han sido, empiezan a serlo dificultosamente. El Distrito Federal también llegará a ser un estado, esperamos y México llegará a ser una Federación y ésa no es la desintegración del país, pero también los municipios llegarán a ser, llegarán a tener verdaderos ayuntamientos. Esto es parte de la reforma política del país. Pero los estados no deben ser entidades en las cuales los recursos asignados por la Federación sean utilizados, como han sido utilizados, por los gobernadores. Este es el punto. Si la intención del Congreso fue darle a los municipios determinados recursos para sufragar las necesidades de inversión en infraestructura, que sea así y que lleguen efectivamente a los municipios en las condiciones en que deben llegar. Que no se conviertan los gobernadores en los administradores de esos fondos municipales; que los gobernadores renuncien a esa política en la cual ellos han utilizado esos recursos para hacer el clientelismo político. Esto es lo que estamos planteando y esto es algo que tiene qué ver con el llamado espíritu, que a veces no entiendo a qué se refieren cuando expresan esta palabra, de la Constitución. Este es el sistema político que a ese respecto hay que construir, pero hay quien se niega a ello, hay quien se niega a avanzar hacia allá y éste es el motivo de esta discusión; lo demás ya son cosas que tienen qué ver con otro tipo de disparates. Muchas gracias.
Para contestar alusiones personales y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Rafael Oceguera. Señor Presidente; compañeros legisladores: Es evidente que movidos por una intención eminentemente política y no por una actitud de defensa de un derecho o de una ley que ha sido violentada, los oradores, diputados del Partido de la Revolución Democrática, han pasado por esta tribuna para tratar de nueva cuenta de hacer industria políticamente hablando, electoralmente hablando, de un tema que ciertamente debe comprometer a todos los partidos políticos y mayormente a los representantes de esos partidos políticos, que somos los senadores de la República y los diputados que integramos esos grupos parlamentarios. Decir que éste es un tema de naturaleza política, es evidente que en la situación que vive el país, todos los procesos de discusión entrañan ejercicios de carácter político. No obstante, en repetidas ocasiones aquí se ha dicho por diputados de los distintos grupos, que solamente será por la vía del respeto a las leyes y de compromiso con lo que es el estado de derecho, como nosotros vamos a acceder a una etapa como país, de mayor desarrollo y de mayor progreso nacional. Cuando yo hablo que, cuando yo digo que el tema, que es un tema eminentemente legislativo, jurídico, se sobrepolitiza, me refiero precisamente a esas actitudes oportunistas, a esas actitudes de clientelismo político, a las que recurren diputados de la oposición perredista para venir a ocuparse de un tema del que evidentemente no han conocido a fondo y pudiera obrar en descargo de los diputados que vienen a ocuparse de este tipo de temas, sin ir al fondo de los mismos, podría decirse que efectivamente no es competencia de este Congreso de la Unión y de esta Comisión Permanente entrar al análisis y a la discusión de leyes estatales que, repito, han sido producidas en un acto de representación soberana por parte de los congresos locales. Creo que no es válido pretender por la vía de abanderar causas eminentemente partidistas, venir aquí a descalificar el trabajo de asambleas libres y soberanas, como es el caso de la asamblea tamaulipeca o de la asamblea del Congreso estatal de Tamaulipas. Que no se haga el diputado Pablo Gómez el occiso ni el desentendido, sabe perfectamente bien que la forma de aludir el trabajo del Congreso de Tamaulipas no es una forma respetuosa ni tampoco es una forma que privilegia una actitud de compromiso con los estados de la Federación y es que en la lógica de Pablo Gómez todo lo que proviene del PRI es malo y todo lo que proviene del PRD es bueno. Todo lo que proviene del PRI merece justificación, explicación y apoyo, todo lo que proviene del PRD con esta lógica maniquea y todo lo que postula el PRI es perverso y contrario a propósitos nobles. Yo debo decirle al diputado Pablo Gómez que hay muchísimo que decir al respecto, porque ahora el Partido de la Revolución Democrática ya es mayoría en la Asamblea de esta entidad, que es el Distrito Federal, que ahora gobierna o pretende gobernar el Partido de la Revolución Democrática. Vamos a ver cómo con mucha frecuencia se van a justificar las acciones de los asambleístas, que hemos visto son mucho muy discutibles y que el grupo parlamentario al que yo pertenezco no ha venido aquí a utilizar sistemáticamente para formar capital político electoral. ¿Qué decir, así sea de manera rápida, en relación a la aprobación del presupuesto para 1998 del Distrito Federal? El PRI, consciente y comprometido con los valores que le dan impulso, el PRI, lejos de venir a hacer politiquería a esta tribuna, lo que ha hecho es presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de esta acción que la mayoría de los asambleístas o diputados perredistas, promovieron para privilegiar el gobierno de su caudillo. ¿Qué decir acerca de esta acción de inconstitucionalidad que ni el PRI ni el PAN, ambas fuerzas la suscribieron y la promovieron ante la Suprema Corte de Justicia, han utilizado esta tribuna como un recurso de propaganda política electoral? No creo, compañeros diputados, compañeros senadores, que verdaderamente valga la pena seguir invirtiendo el tiempo de esta Comisión Permanente en la discusión que, insisto, en la discusión de un tema que no es de su competencia. Creo que habernos ocupado de estos temas en anteriores ocasiones, señaló o pudo constituir única y exclusivamente un compromiso de esta Asamblea con la ley, con el respeto a la Constitución y al régimen de derecho que debe prevalecer y que nosotros tenemos que salvaguardar. Ese es el asunto de fondo. Estamos comprometidos con un estado de derecho o estamos comprometidos única y exclusivamente con una lucha de carácter político que muchas veces, de manera desbocada, se alienta para satisfacer apetitos de poder que son de grupo, que son de sectas o que son de organizaciones que, en muchísimos casos, no han probado un compromiso auténtico y verdadero con el estado de derecho y con el régimen democrático. Le pregunto al diputado Pablo Gómez: ¿acaso ya el diputado o los diputados del PRD promovieron una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley expedida por el Congreso, por el honorable Congreso del Estado de Tamaulipas? Esto que usted ha llamado "disparate legislativo", ya ha sido sustentado legalmente y ha sido presentado frente a la Corte o ante la Corte, para proceder en consecuencia o definitivamente estamos frente a un acto de politiquería que busca de nueva cuenta ganar los grandes titulares de los periódicos, sobre la base de mentir y de engañar y de no apoyarse en las leyes para hacer valer su derecho. Muchas gracias.
Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar. Señoras y señores legisladores: En el caso de Puebla, se constituye un Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, donde el municipio y el ayuntamiento es sólo una parte. Las otras partes que conforman este comité, son líderes de barrio, de colonia y la representación del Ejecutivo estatal. Pero además, señoras y señores legisladores, el gobernador del Estado de Puebla va a emitir el manual para proceder a integrar estos organismos de planeación. El señor Oceguera, que habla de todo sin conocer absolutamente nada, no entiende que la esencia del artículo 115 constitucional, en su fracción I, es la de señalar que no existirá autoridad alguna entre el municipio y el Ejecutivo estatal. Esto es lo que estamos discutiendo al momento de debatir todas estas reformas que las legislaturas estatales están desarrollando. Y miren, señoras y señores, en el caso de Puebla, van a planear, a discutir, a analizar y seleccionar obras y acciones para atender las demandas. Son organismos con un carácter ejecutivo y de control, no sólo de consulta y de participación ciudadana. Y en el caso de Tamaulipas, van a planear, van a programar, a controlar, a dar seguimiento y a evaluar los resultados correspondientes del Presupuesto de Egresos de la Federación. ¿Por qué hay tanta inconformidad en torno a las reformas legales que están estableciendo algunos de los congresos de los estados? Porque con ello se está creando en los hechos una estructura electoral paralela a los ayuntamientos, donde los grandes electores son los gobernadores de esos estados y porque en la práctica se le arrebata al ayuntamiento la posibilidad de administrar estos recursos. Esa es la discusión central que estamos discutiendo. Quizá otra experiencia de participación comunitaria sea la de establecer estos órganos como mecanismos de consulta, pero no arrebatarle la autoridad al ayuntamiento, para fines donde los gobiernos estatales sean los que se conviertan en los dueños de estas partidas presupuestales, se conviertan en los dueños de los recursos federales y eso es lo que no se puede permitir. Yo creo que efectivamente habrá que hacer muchas cosas, ojalá las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia no fueran tan tardadas y por eso considero que lo más conveniente es la reforma de las disposiciones legales. Yo quiero ofrecerle disculpas por estos calificativos de trastienda al diputado Paoli, pero un día se va a escribir la historia de la relación que hubo entre la Ley de Coordinación Fiscal y lo que quedó plasmado en el artículo 19 del decreto de presupuesto para 1998...
¿Me permite un momentito diputado?
Si.
¿Con qué propósito diputado Rodríguez? Adelante.
Señor diputado, cuando habla usted de esas conversaciones y negociaciones de trastienda, ¿incluiría usted a lo que Porfirio Muñoz Ledo denunció en la revista Proceso, de las conversaciones que tuvo Cuauhtémoc Cárdenas en el sexenio pasado con Carlos Salinas de Gortari?
Bueno, yo creo que de las trastiendas salen cosas materiales y legales y lo que salió de la trastienda en el sexenio de Salinas, pues no fue propiamente el programa económico del PRD, sino que salió de esas negociaciones, lo que se llamó en ese momento, la "victoria cultural" del Partido Acción Nacional. Que se decía, el programa del señor ex presidente, había sido el triunfo cultural más importante. No le he respondido lo que usted quiso que le respondiera, sino le respondo lo que sale de una negociación de trastienda y lo que salió en el sexenio de Salinas, que a todos nos va a faltar mucho tiempo por analizar, pues no fue precisamente la posición del PRD. Pero yo solamente quisiera señalar que junto a las reformas en materia de Ley de Coordinación Fiscal, tenemos que revisar el presupuesto, porque el presupuesto en este artículo 19 en el decreto, le da prácticamente manga ancha, para que los gobernadores, al amparo de la facultad que tienen los congresos estatales, puedan hacer y tergiversar el rumbo de una buena parte de los recursos federales. Yo creo que hacia allá debemos ir, como un camino más inmediato, que no exenta la posibilidad de recurrir a otras instancias de carácter judicial, pero que como compromiso de este Congreso, deberíamos dar este paso, yo creo que todas las fracciones parlamentarias, para establecer las modificaciones que se consideren pertinentes. Y esto es desde nuestro punto de vista lo que debería ser materia de discusión, no esa consulta sobre la reforma fiscal, sino de una iniciativa de reformas y de revisión presupuestaria, para evitar que más gobernadores se metan en esta dinámica y para tratar de no permitir que se creen juntas, aunque sean de gobernadores, que sustituyan y limiten las facultades que como órgano legislativo tenemos y creo que no se trata de que los gobernadores se junten, establezcan una negociación, establezcan criterios, sino que además pudiéramos nosotros lograr que hubiera los cambios legislativos y presupuestarios. Y en el caso del presupuesto, que también tiene qué ver en este asunto, una de las cosas que se planteaban por una comisión nuestra encabezada por el diputado Carmelo Enríquez, es precisamente la posibilidad de poner los candados. Yo finalmente quiero decirle, señor diputado Prats, que empecé ofreciendo una disculpa al diputado Paoli y la respuesta que le di a usted es por el sentido de su pregunta. Muchas gracias.
Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, tiene la palabra la diputada Laura Alicia Garza Galindo. Muchas gracias, señor Presidente; honorable Asamblea: Solamente para... bueno, nada más que terminen de platicar aquí los diputados porque precisamente a uno de ellos me voy a referir. Gracias. Bueno, nada más para comentar que pues, para hablar de planeación hay que saber un poco de planeación; que la materia que estamos tratando se fundamenta, insisto, en el 26 constitucional; enmarca los principios de la concepción de la planeación. De ellos, se deriva la concertación de acciones, es decir, en todo proceso de planeación se fijan objetivos, metas, estrategias, políticas y las acciones, que son las que se conciertan. No sé cómo le vaya a hacer el jefe de Gobierno del Distrito Federal, la concertación de los recursos asignados en el ramo 33, que en este momento nos ocupa. No creo que no vaya a ser mediante un proceso de concertación con grupos sociales y si no es así, va a tener muchos problemas. Yo quisiera sólo comentarle al diputado Paoli y Bolio, a quien estimo profundamente, que yo también lamento que usted no sea economista, porque entonces podríamos tener una mejor interacción en este tema... No, pero se busca la perfección. Yo sí le quiero decir que estoy estudiando derecho y me cuesta un gran trabajo hacerlo, para estar a la altura de los debates en donde me toque participar en un futuro en esta Cámara y solamente comentarle y reiterarle, que los consejos no son instancia intermedia. A lo mejor después lo podríamos discutir en términos jurídicos si es que yo no entiendo algo. Pero los consejos de bienestar para el desarrollo, los presiden y perdón por la redundancia, los presidente municipales y todos los recursos les son entregados directamente a la hacienda municipal y son concertados. En tanto que los objetivos, metas, estrategias, líneas de acción y políticas, con los grupos sociales con los que interactúa la presidencia municipal. Y le quiero también insistir que no sé, de que el presidente municipal de Matamoros ha protestado por esta situación que está en manos de Acción Nacional y trabajan con estos consejos de desarrollo para el bienestar social en los municipios. A mí me parece muy importante reiterarle esto que comenté en el cuerpo de mi discurso anterior, me parece muy importante y obviamente también escuchar sus opiniones jurídicas al respecto; pero también considero que median las instancias legales para que hubiese una protesta por estos procedimientos si los propios presidentes municipales no estuviesen de acuerdo. Muchas gracias, señor Presidente.
Para contestar alusiones personales y hasta por cinco minutos tiene la palabra el diputado Francisco José Paoli. Con su venia, señor Presidente; señoras y señores legisladores: En primer lugar, quiero agradecer la referencia del compañero Ramírez Cuéllar, que manifiesta buena voluntad que permite entendimiento, que es lo que estamos buscando para lograr los mejores acuerdos posibles, por supuesto a la luz de nuestras propias valoraciones, si no, nos borraríamos como entidades o como partidos y es muy positivo este señalamiento que en mi persona se ha hecho en donde no era necesaria una disculpa, sino una aclaración. En segundo lugar, quisiera decirle a la diputada Laura Alicia Garza, agradeciendo también su amable referencia y estima, que se corresponde, que a lo que me refiero, sin pretender hacer un argumento de autoridad, porque esto creo que sería indebido, de decir, como usted no es abogado no puede entender. Me refiero a que hay un concepto jurídico que es la vinculación y que ésta establece la obligatoriedad de ciertas decisiones para un conjunto social, puede ser. En este caso cuando un consejo de estos que hemos estado refiriendo en la Ley de Planeación toma una decisión y la ley en su artículo 51 dice: "Que el Ejecutivo y los municipios (deberán)...", establece un verbo imperativo que connota claramente la vinculación, es decir, ahí se produce un acto de autoridad. Esta no puede ser más que intermedia entre el Estado y el municipio. A eso me refiero. Y por supuesto que se trata de una autoridad paralela, en virtud de que además está integrada por diversos miembros, aun cuando incluya al presidente municipal, pero la hace una entidad con personalidad jurídica distinta. Por tanto es una entidad que yo considero es paralela e intermedia, ya que puede obligar, por el verbo utilizado en estos términos, "deberán" concertar. No dice y aquí aprovecho para señalar algo que decía el diputado Oceguera, que el gobernador Fox mandó una iniciativa en donde se plantea la necesaria "opinión". Pero una cosa es la "opinión" y otra cosa es la "obligación" que se deriva de un acuerdo que tomarán estos consejos. A eso solamente quería referirme y desde luego acepto que no soy economista, nadie es perfecto y que serán indispensables los acopios de conocimientos en ambas disciplinas para entender por un lado el proceso de planeación, pero para el otro, para entender lo que debe ser el procesamiento más pertinente de las decisiones y de acuerdo con lo que establece la Constitución, que en su artículo 40 efectivamente dice el diputado Oceguera: "Que serán los estados libres y soberanos en lo que se refiere a su régimen interno, pero respetando el Pacto Federal." Y lo que nosotros invocamos aquí, por supuesto no como un tribunal; eso se hará en su caso, acudiendo al 105 y a la Suprema Corte, para plantear la controversia constitucional. Lo que estamos aquí discutiendo en un foro de debate político, cuáles son los alcances de una ley que, a nuestro juicio, puede estar violentando el artículo 115 constitucional. Muchas gracias.
Para rectificar hechos y por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Manuel Angel Núñez. Con su venia, señor Presidente: Algunas de las preguntas, de los comentarios, que se han hecho en el debate de este punto, me hacen recordar una anécdota ocurrida en esta misma Cámara hace algún tiempo, en la cual estaba un compañero diputado rodeado de periodistas emitiendo su opinión virulenta sobre una ley con la cual estaba en total desacuerdo y se expresaba violentamente. Y un periodista acudió a preguntarle: "señor diputado: ¿y usted ha leído la ley?". Su respuesta fue: "¡Si la hubiera yo leído, más molesto estaría!"... Espero yo, señor Presidente, que no estemos cayendo, después de todas estas apariciones en tribuna de compañeros de distintas fracciones, en esta situación. El tema que nos ocupa evidentemente es un tema de particular interés e importancia para todos los legisladores federales de todos los partidos. Comulgo absolutamente con la tesis del diputado Oceguera, siendo un diputado de la provincia, siendo un diputado hidalguense, creo yo que esta soberanía debe necesariamente entender cuál es el papel, cuál es la representatividad y cuáles son las atribuciones de los congresos en los estados. Que este tema vino a colación y se presentó ya en distintas ocasiones con distintos estados, a veces se han retirado algunos puntos alusivos a ellos, hemos visto nosotros una clara disposición de hacer de este tema un tema de proselitismo electoral fundamentalmente. Buscamos los estados, buscamos los legisladores federales, que representamos a muchos de esos electores, ¡y quiero aquí reiterar que el Partido Revolucionario Institucional por mayoría y por decisión de la población ganó más del 50% de los distritos que estuvieron en contienda!; representamos a esos intereses, representamos a esos electores. Y vino a colación el debate en torno a la ley de Puebla, curiosamente; no ha venido a debate la ley de Guanajuato. Viene hoy a debate la ley de Tamaulipas; no así la de Coahuila, que fue avalada por diputados de distintas fracciones parlamentarias. Y nosotros vemos con absoluta claridad que esto, que no está a nuestro juicio violentando y mucho menos violando la Constitución, tiene otro propósito y tiene otro fin. Hace ya algunas semanas, aquí mismo se señaló, aquí mismo se pronunció, que se veía venir un efecto en cascada de parte de otros gobiernos estatales, y se dio. Y es muy posible, y ¿por qué no?, que se sumen los 31 estados. ¿Por qué no? Yo me preguntaría, ¿por qué no? Son estados que respetan el pacto federal. Son estados que respetan la Constitución. Son estados, son municipios también que hemos manifestado, en el caso del Partido Revolucionario Institucional, que no estamos de acuerdo con algunos criterios de recaudación y de distribución de los recursos. No compartimos la tesis de que deba favorecerse solamente a los municipios más ricos, a los municipios con más recursos o a los estados en esa misma tesitura. Tenemos la obligación y la convicción los priístas de que debemos de luchar necesariamente por todos los ciudadanos que representamos en nuestros distintos distritos. Pero que debemos particularmente hacer un esfuerzo por aquellos municipios, por aquellos estados, que tienen menores recursos. Y ahí, señores, vamos a presentar, sin duda, en esas discusiones que tendremos sobre federalismo, sobre recaudación fiscal y sobre distribución de recursos, un debate muy, muy comprometido, para lograr que haya justicia y que haya equidad. Se dice que "las decisiones de los congresos pueden ser disparates colectivos". Yo no lo creo así. Creo que en la medida en que se discute, en que en la medida en que participan las distintas ideologías, las distintas fracciones y en la medida, como lo hemos visto en varios estados, en que se logra el consenso de varias de ellas, estos disparates colectivos no podrían merecer ese calificativo. Es más fácil, creo yo, que tengamos disparates individuales y es la verdad más lamentable para lo que representa para la población. Queremos, señor Presidente, sumarnos, reitero, a este comentario del diputado Oceguera, decir que no sentimos que se esté violentando ni violando ninguna disposición de orden constitucional y que si los partidos políticos, si los estados buscamos una mayor participación, un mayor federalismo y una mayor participación de los recursos, el hecho de que participen los Comités de Planeación y Desarrollo Municipal o el equivalente que tengan en cuanto a nombre, es algo que es un ejercicio de democracia, es algo que es un ejercicio que permite que los distintos partidos políticos, que los distintos participantes sociales tengan injerencia directa en esas decisiones. Y en efecto, señores, son recursos fiscales, federales, estatales y algunos de origen municipal. Queremos los priístas que esos recursos se apliquen claramente con los propósitos y con el sentido que demanda la ciudadanía en cada uno de los estados. Muchas gracias, señor Presidente.
Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Jesús Martín del Campo.
Declino, señor Presidente.
Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Sadot Sánchez Carreño. Con su permiso, señor Presidente: Antes de referirme al tema central que se ha estado discutiendo y que consiste en la impugnación que se ha dado sobre el artículo 51 de la Ley de Planeación de Tamaulipas, voy a referirme a una expresión que hizo el diputado del PRD, en el sentido de que la legislación de Oaxaca, respecto a usos y costumbres, no era de su agrado y que no estaba de acuerdo con esa legislación. Quiero decirle, señor diputado, que en Oaxaca el Congreso y los legisladores no legislan y hacen leyes para agradar en especial a algún diputado y menos de su partido. En Oaxaca se legisla fundamentalmente en este tema por respeto a las comunidades y quiero decirle que en la aprobación de las reformas constitucionales que precisamente introducen el reconocimiento a los usos y costumbres y en la reglamentaria del código de instituciones y procesos electorales, en dichas reformas participaron y aprobaron la propuesta diputados de su partido, que son diputados oaxaqueños conscientes y comprometidos con nuestra historia, con nuestro Estado y con nuestros intereses. Pero lo que más extraño resulta es que abierta y de manera clara haya decidido o haya afirmado que no está de acuerdo con los usos y costumbres, afirmación que es a todas luces contradictoria de toda una tesis que ha venido sosteniendo no solamente usted, sino el partido, en una defensa a los usos y costumbres como un preámbulo que se sostiene precisamente en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Cómo es posible hoy que el PRD declare, a menos que nos esté dejando ver la cara verdadera que tiene. Hoy hemos escuchado que el PRD no está a favor de los usos y costumbres, que por el contrario, incluso lo confiesa uno de sus legisladores, no le gusta la legislación que como avanzada se ha hecho en Oaxaca. El artículo 8o. del Convenio de la OIT es muy claro en cuanto a sostener que el respeto a los usos y costumbres y a las instituciones de los pueblos, es lo que sostiene la organización comunitaria. Nos extraña y qué bueno que ha quedado esta afirmación para desenmascarar cuáles son realmente las intenciones que se manejan únicamente en tribuna como argumento, que resultan falaces en una realidad a la cual nos debemos con respeto hacia las comunidades indígenas. Tres son a mi juicio las impugnaciones que se hacen sobre el artículo 51 de la Ley de Planeación. Por una parte, en mi opinión se han aglutinado argumentos que la califican como anticonstitucional. En segundo término, se ha mencionado que son autoridades intermedias entre el municipio y el Estado y, en tercer lugar se ha mencionado que este artículo 51 como los equivalentes o los similares de otras leyes como la ley de Coahuila, la ley de Puebla, que establecen órganos colegiados de consulta y de concertación, son instrumentos que sirven para manipular, manejar, centralizar, decidir, sobre los recursos federales. Las tres son imputaciones totalmente falsas. En primer lugar, sobre la constitucionalidad de los Coplade o de las juntas auxiliares, en el caso de Puebla o de los concejos de desarrollo, en el caso de Tamaulipas o en las juntas de mejoras, en el caso de Nuevo León, todas estas figuras, que son órganos colegiados de consulta, tienen como fundamento legal la Ley de Planeación Federal y la Ley de Planeación Estatal y ésta a su vez tiene como fundamento el artículo 26 constitucional; en consecuencia, las figuras... cada una de estas denominaciones específicas que adoptan los estados, tienen un sustento jerárquicamente que se remite a la Constitución. Decir pues que son inconstitucionales, es salvar que el fundamento que tienen ni es el artículo 26 ni es la Ley de Planeación. Se señala también que son autoridades intermedias. Una autoridad intermedia existiría cuando su funcionamiento fuera unilateral e independiente del ayuntamiento o del municipio. La Ley de Planeación en el caso de Puebla, señala en el artículo 51, en su primera línea: "el Ejecutivo del Estado por sí o a través de sus dependencias y entidades y los municipios, deberán concertar la realización de las acciones etcétera...". Hay una vinculación copulativa, una vinculación que necesariamente los órdenes de gobierno deben de complementarse, de ninguna forma se expresa que las juntas o los Coplade en otro caso o las juntas auxiliares en Puebla, obren unilateralmente y quiero decirles que éste no es el criterio únicamente de su servidor en una apreciación desde el punto de vista partidista o desde el punto de vista normativo; existe una jurisprudencia de la Corte, referida y que precisamente Acción Nacional la ha invocado, 48/97, que resolvió la controversia 2/95 resuelta el 2 de junio de 1997, en la que expresa el criterio jurisprudencial que señala que en aquel caso se resolvía sobre precisamente el carácter de autoridades intermedias que pudieran tener en Nuevo León las juntas de mejoramiento moral. Y los criterios que señala la Corte son los que he comentado: solamente se considera que existe esa autoridad intermedia, cuando actúa independientemente o en forma unilateral de los ayuntamientos, que no es el caso de las juntas, de los Coplade, de las juntas auxiliares. Aquí se complementa. Y hay una imputación muy precisa que hacen los diputados que me han antecedido en el sentido de que se ha cambiado una palabra de "podrán" por "deberán". Es que esto tienen que hacerlo las legislaturas de los estados, porque nosotros en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, aprobamos la Ley de Coordinación Fiscal en ese sentido, y basta con leer el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal que dice, al hablar de las aportaciones que son la nueva forma en que el Gobierno Federal entrega recursos a los municipios y en su párrafo tercero señala: "Respecto de dichas aportaciones, los estados y los municipios deberán, obligatoriamente, de manera imperativa: deberán..." y dice la fracción segunda: "promover la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar". Aquí se está vinculando a los órganos colegiales de manera obligada, a que participen en todas estas acciones de control, de seguimiento, de ejecución, de evaluación. ¿Por qué extrañarnos que en las leyes de los estados, que complementando y siguiendo el texto de la ley que nosotros aprobamos, se exprese que debe necesariamente que concertarse las acciones con los municipios y con los ayuntamientos? Pero además, estas aportaciones que se comentan y que se señalan que deben de manejarse libremente, porque así lo expresa el artículo 115 constitucional, en efecto, el artículo 115 constitucional señala, al hablar en la fracción IV, de que los municipios administrarán libremente su hacienda, dice: "la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor y en todo caso..." y hace una lista de qué es lo que debe de entenderse como los ingresos municipales. Si el legislador y si la Constitución no estableciera estas distinciones, saldría sobrando la lista que enumera a continuación, por lo tanto debemos de atenernos a la lista que necesariamente debe de establecerse en los estados respecto a los ingresos que reciben y en esta lista habla de contribuciones, habla de participaciones, pero no habla de aportaciones y no habla de aportaciones, en primer lugar porque obviamente no las considera la Constitución, pero porque nosotros en el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, nosotros los legisladores, le quisimos dar una naturaleza distinta a las participaciones federales, tan es así, que el texto del referido artículo 25 señala muy claramente, dice: "con independencia de lo establecido en los capítulos del I al IV de esta ley respecto a la participación de los estados y municipios y del Distrito Federal, la recaudación..." etcétera, con independencia, es decir que estas aportaciones no van a tener ni van a quedar sujetas a los cuatro capítulos anteriores de la Ley de Coordinación Fiscal, tan es así que no ingresan como participaciones federales, que el propio artículo 42 de la Ley de Coordinación Fiscal señala que estos recursos quedan con una responsabilidad bajo la vigilancia de las autoridades federales; cosa distinta sucede con las participaciones que ingresan a la hacienda municipal y que son las autoridades locales las responsables de su control y de su seguimiento. Las aportaciones no tienen ese carácter. En consecuencia, el señalar que los estados deben en las legislaturas necesariamente abstenerse de señalar las fórmulas que están complementadas con la fórmula a que se refiere la legislación federal, porque en todas estas distribuciones no existe de ninguna manera una merma o un cambio en la fórmula que se señala, para reducir las participaciones federales. Creo yo, como lo ha comentado aquí algún diputado, que efectivamente este punto tiene dos vertientes: la jurídica y la política y también en la política nosotros encontramos que hay dos puntos, uno que puede ser el mirador de conflicto y otro el mirador de consenso. Al parecer los miembros de algún partido solamente ven el punto del conflicto. En esto se está buscando complementar en las legislaciones de los estados, el consenso que debe de prevalecer y la armonía jurídica que debe de darse para poder aplicar estos recursos. Hoy tenemos que recurrir nuevamente a esta ley, tenemos que recurrir al derecho y recordemos que el derecho es el único encuadramiento de los fenómenos políticos. Muchas gracias.
Para contestar alusiones personales tiene la palabra el diputado Pablo Gómez hasta por cinco minutos. Señor Presidente: El diputado Sadot ha introducido aquí un tema que no era parte del debate, pero requiere una aclaración. El Partido de la Revolución Democrática aprobó las reformas para que autoridades municipales del Estado de Oaxaca se eligieran por votación basada en eso que se llama usos y costumbres. No obstante lo cual, en el PRD hay un debate. Usted no está acostumbrado a eso, porque en su partido no hay debates, pero en el nuestro sí los hay y habemos, algunos por lo menos, que no estamos de acuerdo en que los ayuntamientos se elijan a través de asambleas. No me parece que ese método sea congruente con la Constitución Federal. Pero no es ésa la única causa. La primera, no me parece que sea congruente con la Constitución Federal, que habla en su artículo 40 del carácter democrático de la República. El artículo 41, que dice que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos y por los de los estados en lo que toca a sus régimenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal, que es la Constitución misma. Ahora bien dice en ese mismo artículo, en su fracción I, que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales, pero ese sistema no permite la participación de los partidos como tales en las elecciones municipales, puesto que el método es otro completamente distinto. En cuanto a la cuestión de fondo, en la cuestión política, habemos algunos por lo menos, que pensamos que la reivindicación de los derechos de los pueblos indios no está reñido con el ejercicio del voto directo, secreto y universal y el hecho de que en algunos municipios, una gran cantidad de municipios de Oaxaca, el voto no sea secreto, nos parece que no es un elemento que pudiera considerarse como sustancial a la naturaleza de los pueblos indios necesariamente. Yo creo que la cuestión de los usos y costumbres es muy amplia, pero si vamos a escarbar un poco, el voto no es precisamente algo que tenga demasiado qué ver con ciertos usos y costumbres, impuestos por cierto en las comunidades indígenas. Ahora. Hay otra cuestión, que es la referente a los pueblos indios, ésos a los que su partido no reconoce como tales. ¿Qué es lo que se da a cambio de no reconocer la existencia de los pueblos indios y no darles derechos a esos pueblos indios?, bien, que en los municipios indígenas se vote abiertamente en asamblea por las autoridades municipales. Pero esto no me parece un avance, no avanza nada en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indios, no avanza nada en la democracia, no avanza nada en la autodecisión de los pueblos indios, todo lo deja a nivel de los miserables municipios, que desgraciadamente siguen existiendo en el Estado de Oaxaca. ¿Qué se les da? Yo pienso que cualesquiera que finalmente sea el régimen político al que tendremos que llegar en la reivindicación de los pueblos indios, el voto secreto podrá presentarse como algo funcional al ejercicio de sus derechos, y reivindicar una serie de derechos de carácter democrático no disminuye en nada la autodecisión y los demás derechos de los pueblos indígenas. Pero esto es una cosa que se está debatiendo. Yo creo que en algún momento vamos a tener como país que dar marcha atrás en esto de la votación en la asamblea, porque los resultados están empezando a ser francamente malos en algunos casos, en otros no, pero en algunos casos sí y en algunos casos se utiliza este método como instrumento del caciquismo y yo creo que el caciquismo no es algo consustancial a los derechos, reivindicaciones, necesidades y requerimientos de los pueblos indios, pero el caciquismo siempre ha oprimido a las comunidades indias. Este es el hecho. Entonces si se trata de darles derechos a los pueblos indios, se trata también de permitir que superen las estructuras caciquiles y no fomentar esas estructuras caciquiles en las que se asienta el poder a nivel del Estado y el poder a nivel nacional. El asunto es eminentemente complejo. Yo creo que quizá no sea todavía el tiempo de hacer el balance completo de esta reforma en el Estado de Oaxaca, pero ya hay algunos indicios que nos están diciendo algo por lo menos que habría, con honradez intelectual, que admitir: no está cerrada la discusión. De ninguna manera puede considerarse como cerrada. Si se considera como cerrada, creo que ya se están evidenciando otro tipo de intereses. Si está abierta la discusión, lo estará dentro del PRD el tiempo que dure este debate, que por cierto no debería ser exclusivo del PRD. Deberían todos los partidos abordar el tema, por lo menos declarar que ese debate sigue abierto. Yo en eso tengo una postura, no debo ocultarla. Si en mi partido la expreso con toda claridad, pues no veo por qué no debo comentarla en algún momento cuando se ha tocado el tema en un órgano legislativo. Pero en lo que yo quisiera insistir, es en que esta lucha por la libertad y los derechos de los pueblos indios, es parte de la lucha por la democracia en México. Aquel que la quiera separar, aquel que quiera ver como algo diferente al proceso democrático, a la transición a la democracia, la cuestión de los derechos de los pueblos indios, está cometiendo un error y está viendo este asunto con una visión estrictamente caciquil, segregacionista, porque reivindicar los derechos de los pueblos indios no implica en forma alguna condenarlos a estructuras políticas no democráticas, antidemocráticas. Yo creo que esto es lo nuevo en la lucha del movimiento indígena; que ese movimiento se está inscribiendo crecientemente en la lucha por la democracia nacional y todos los problemas que ha venido planteando son, en el fondo, problemas que forman parte de la lucha por la democracia nacional. Estamos ya en otra situación, yo diría que en otra dimensión en cuanto al problema de los pueblos indios de México.
Para contestar alusiones, el diputado Sadot Sánchez Carreño, tiene la palabra hasta por cinco minutos. Con su permiso, señor Presidente: Llama mucho la atención, señor diputado, que argumentando, apoyándose en el artículo 41 constitucional, descalifique los procesos que, de acuerdo con nuestra concepción en las comunidades indígenas, son democráticos y por las afirmaciones que usted hace, revela el desconocimiento que, al menos en lo que se refiere a comunidades oaxaqueñas, tiene usted de nosotros. En estas asambleas democráticas, en donde participan todos los ciudadanos, se va haciendo una elección en cada uno de los cargos de acuerdo a una carrera civil que han tenido. De ninguna forma se hacen elecciones en las que, de manera mayoritaria o de acuerdo con una cantidad de votos, pueda resultar una persona con un cargo, mientras no ha desempeñado cargos que, de acuerdo con una escala, de acuerdo con toda una línea de servicio en la comunidad, tiene que darse. El concepto de democracia que usted aplica, es el concepto occidental que recibimos de democracia, a través únicamente del voto y del sufragio. Es un concepto que obedece a toda la cultura que nosotros hemos creado y que se les está imponiendo a las comunidades de alguna forma y que es la misma actitud de opresión, de represión, que busca imponer modelos de manera autoritaria. Las formas en las que se han...
¿Si acepta una pregunta, diputado?
Con gusto.
Adelante.
Mire, yo podría no compartir una serie de conceptos que usted está dando en relación con los conceptos y la manera de ser de los pueblos indios, sí conozco muchos de Oaxaca y también sus problemas. Nada más le voy a plantear una pregunta. Los indios son ciudadanos, lo quiera usted o no lo quiera...
Reconociera o no lo quiera.
No, pero yo sí lo reconozco, es la diferencia. Luego entonces todos los ciudadanos tenemos determinadas prerrogativas. Le voy a leer una, que es la fracción II del artículo 35 de esto que se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Yo le confieso que a veces no sé si esto sirve o no, después de escucharlo a usted, las palabras que acaba de decir, me vuelvo a hacer la pregunta ¿por qué es usted representante de la nación? Dice así: "poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las cualidades que establezca la ley". No habla aquí de una carrera. Segundo, quiero decirle que, mire, en Oaxaca, hay municipios en donde es un problema nombrar presidente municipal porque casi nadie quiere nunca serlo. No es un problema de carrera, a veces es un problema de sacrificio, ¿quién está dispuesto al sacrificio de ser el alcalde? Y bueno pues lo sacrifican ahí entre todos de alguna manera. Pero yo le pregunto: ¿todos éstos son ciudadanos o no son? ¿Qué son?, dígame usted Esta Constitución rige o no rige, ¿para qué sirve, de una buena vez?
La pregunta revela y no lo culpo, su desconocimiento del derecho. Nosotros tenemos dos conceptos que se expresan en el artículo 133 constitucional y que de acuerdo con el jurista Hans Kelsen, se habla de la supremacía y la fundamentalidad. Esto significa que todo ordenamiento jurídico tiene necesariamente que sostenerse y remitirse a otro por una parte de mayor jerarquía y para su aplicación a otro de menor jerarquía. Por eso en la Constitución, nosotros tenemos la Constitución, las leyes reglamentarias que son las que vienen a desarrollar los preceptos constitucionales, las leyes orgánicas que vienen a darle la estructura a las instituciones, las leyes ordinarias y posteriormente los reglamentos y toda una serie de circulares, secretos etcétera. Este precepto que usted acaba de leer tiene necesariamente que encuadrar, digo, no lo entiende, estoy aquí tratando de crear una utopía en buscar hacerme comprender. Pero en este sentido, para que se aplique esa disposición tiene que remitirse a una disposición reglamentaria y esa disposición reglamentaria es precisamente la que asumen los pueblos. Quiero decirles que, por ejemplo desde 1930 México firmó un convenio a nivel internacional, que se encuentra referido en el mismo texto del convenio 169, en donde reconoce el trabajo comunitario, el trabajo que nosotros consideramos como un trabajo solidario y colectivo y que quizá a la luz de algún precepto, únicamente interpretando la letra de la ley, podría ser violatorio. Pero quiero comentarle que el artículo 39 constitucional señala que en el pueblo reside la soberanía, en el pueblo deben de darse las formas y si nosotros en México decidimos que existan comunidades en las cuales se apliquen determinados ordenamientos de acuerdo con preceptos constitucionales, tendremos que hacerlo. La Constitución no solamente es la letra. Hay un pasaje muy concreto cuando a Fernando Lasalle, en 1862 le preguntan ¿qué es una Constitución? y había muchos que quizá como alguno de los presentes, se remitieran al texto y leyeran los artículos fríamente y en un texto que es recomendable, Fernando Lasalle hace un análisis de cuáles son los factores reales que integran una constitución y precisamente en Oaxaca, uno de los factores reales de la constitución oaxaqueña, son precisamente las comunidades indígenas a las cuales les debemos respeto, no solamente por su historia, sino por su rica aportación que nos han dado. Gracias.
Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos tiene la palabra el senador Juan Antonio García Villa. Señor Presidente; señoras y señores legisladores: Desafortunadamente el tema ha derivado hacia otros igualmente interesantes. Pero en el brevísimo tiempo que se concede para hacer rectificaciones de hechos, quisiera referirme a dos concretamente; el primero, respecto a la afirmación hecha aquí por el diputado Sánchez Carreño, en el sentido de que las legislaturas de los estados están facultadas para introducir reglas en relación con la distribución de lo que la ley de coordinación llamó, al incorporársele el Capítulo V, "aportaciones federales". Y el propio diputado Sánchez Carreño, mencionó y está en toda su razón de hacerlo, que la fracción IV del artículo 115 señala cuáles son cuando menos, los ingresos que la Constitución establece en favor de los municipios. Se refirió él de soslayo, a las participaciones en impuestos federales y en efecto, uno de los incisos de esta fracción IV del 115, sí establece con toda claridad que es facultad de las legislaturas cada año, dictar una ley en la que se establezcan los plazos, los montos y los criterios de distribución de las participaciones federales. Pero no dice y él lo señaló también con acierto, que esta disposición comprenda a las aportaciones, entre otras razones no quedan comprendidas por ser una figura jurídica novedosa apenas incorporada como sabemos, el pasado mes de diciembre a la Ley de Coordinación Fiscal. Surge entonces la pregunta: ¿por qué las legislaturas de los estados se están arrogando facultades que vienen a hacer nugatorio lo establecido tanto en la Ley de Coordinación Fiscal, como en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo aprobado por la Cámara o las cámaras del Congreso? Pongo un ejemplo: en Coahuila, mi Estado, la legislatura aprobó que dentro de los tres primeros meses del año los municipios, espero que representados por sus ayuntamientos y no por los Coplade porque entonces ya sería el colmo, deben celebrar convenios con el gobierno del Estado, en los que se establezcan las condiciones de cómo se van a aplicar los recursos correspondientes a las aportaciones, no a las participaciones y surge con toda naturalidad la pregunta. Como esta ley dice que "La suscripción de estos convenios es requisito de procedibilidad para que los municipios dispongan de los recursos y que además los convenios se deben suscribir dentro de los tres primeros meses del año", ¿qué va a suceder con los municipios que por cualesquiera circunstancias no firmen esos convenios? Porque se pasó el tiempo, porque estuvieron en desacuerdo con algún punto etcétera. ¡Ah! ¿Los van a dejar sin recursos? Ese fue el espíritu del Congreso de la Unión al establecer estas aportaciones, recursos federales para que se hagan llegar a los municipios por conducto de los estados...
Señor Presidente...
¿Con qué objeto, diputado Oceguera?
Quiero hacer una pregunta al orador.
¿Acepta la pregunta, senador García Villa?
Sí, como no. ¡Claro!
Adelante, diputado Oceguera.
Senador García Villa: usted, miembro de esta Comisión Permanente, fue el primer legislador que empezó a poner en el tapete de las discusiones la facultad de los congresos estatales para legislar en materia presupuestal y en materia de aportaciones o de contribuciones presupuestales. Escasos 10, 15 días después de que usted trajo a colación el tema Coahuila, por la vía de impugnar una ley que había aprobado el Congreso estatal, apareció en el periódico El Día, precisamente en febrero cinco, fecha en que conmemorábamos el LXXXI aniversario de nuestra Constitución, apareció una nota que dice en resumidas cuentas lo siguiente: "Aprueban en Coahuila ley similar a las de Puebla y Tamaulipas. La mayoría panista votó a favor. Con 27 votos a favor, incluidos los de la mayoría de Acción Nacional, que aportó sus votos para aprobar esta legislación, contra 16 votos del Partido Revolucionario Institucional." Esto es: seis votos del PAN más 16 votos del PRI, más dos votos del Partido Cardenista y otros dos votos del Partido del Trabajo, expidieron la legislación que usted días antes había impugnado en esta tribuna. Yo le pregunto, diputado García Villa, perdón, senador: primero, ¿considera como cierta la publicación del periódico El Día?; segundo: ¿cree usted, siendo cierta o aceptando como cierta esta información, que hay una dicotomía? Por un lado los legisladores del PAN en el Congreso aprueban lo que aquí se reprueba desde esta tribuna y ¿qué explicación me puede dar al respecto?
Señor diputado Oceguera: Usted está confundiendo dos ordenamientos locales radicalmente distintos, usted mencionó que en efecto quien habla, se refirió por primera vez al tema, porque lo hizo en relación con una serie de reformas que se introdujeron a la ley, que establece la distribución entre los municipios de Coahuila, de las participaciones federales y esto sucedió a fines de diciembre del año pasado. Por cierto hice notar que esta ley que es de expedición y de vigencia anual, ya había sido expedida por el Congreso del Estado de Coahuila, votada en consecuencia por él, promulgada por el Ejecutivo para entrar en vigor el 1o. de enero de 1998. Y cuando advierten que llegarán nuevos recursos a los estados y por supuesto a Coahuila, se asustan porque de inmediato entienden que toda vez que los principales municipios en cuanto a su población están gobernados por ayuntamientos emanados de Acción Nacional, les pareció inadmisible que los municipios del PAN fueran a disponer de mayores recursos. Y ¿qué es lo que hacen? Introducen una reforma a la Ley que ya había sido aprobada y ni siquiera había entrado en vigor. A lo que usted se refirió en la segunda parte de su intervención, no es a esa ley que ya quedó doblemente aprobada, primero a principios de diciembre de 1997 y luego reformada a fines de diciembre del propio año de 1997. Y a lo que usted se está refiriendo es a la ley, esa sí nueva, que regula, desde nuestro punto de vista, por lo menos personal mío, de manera inadmisible, porque viola disposiciones constitucionales, no las participaciones, sino el nuevo concepto jurídico, incorporado en diciembre del año pasado, que son las aportaciones. Y a eso nos estamos refiriendo ahora, para que tenga claramente la distinción. Son dos conceptos distintos, como creo que todos advertimos que de eso se trata. Pero estaba en el razonamiento, refiriéndome a las aportaciones, no a las participaciones. Si la Ley de Coordinación Fiscal no establece requisitos de procedibilidad para que los recursos por conducto de los gobiernos estatales lleguen a los municipales, preguntaba yo, señor Presidente de la Comisión Permanente, ¿qué va a suceder con aquellos municipios, cualquiera que sea la razón, que dentro de los primeros tres meses del año no firmen tras convenios que la ley establece deben firmar "a chaleco"? Yo pregunto: ¿no se estaría ahí violando no sólo la letra de una ley federal, sino el espíritu de los legisladores federales que hicieron llegar recursos adicionales directos como incluso se llama uno de los fondos creados que no venía en la iniciativa presidencial para el fortalecimiento de los municipios y del Distrito Federal? ¿Puede una ley estatal arrogarse esa facultad de dejar fuera algún municipio, simplemente porque no suscribió algún convenio? Que ya desde ahora advierto será leonino, porque no será un convenio de acuerdo entre las partes; ¡será como lo sabemos, un convenio de adhesión! El gobierno del Estado va a presentarle a los municipios del PAN y con mayoría del PRI, un formulario: "¡Y lo firmas o lo firmas!" "¡Si pasan los tres meses no vas a tener derecho a los recursos porque es requisito de procedibilidad para tener acceso a ellos!" ¡Esto es lo que nos parece injusto, inadmisible, arbitrario, violatorio de la Constitución y por supuesto de la legislación que las cámaras del Congreso, con el ánimo de fortalecer las haciendas municipales, aprobaron, lo digo, dificultosamente incluso, en diciembre del año pasado! Gracias.
Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Rafael Oceguera. Señor Presidente; compañeros legisladores: Han transcurrido ya largas horas de discusión respecto de un tema que mereciendo la atención de los compañeros legisladores, no ha sido ventilado aún por la instancia única competente, obligada a resolver, en relación a la crítica que se hace desde esta tribuna, respecto de la inconstitucionalidad que presumiblemente existe en las legislaciones que han entrado en vigor en tres entidades federativas. No tengo la intención de prolongar aún más este debate. Creo que ya se ha dicho demasiado y que finalmente han quedado cosas importantes sin responder. Yo aquí, como lo hice en la sesión anterior, dejé una pregunta que ha quedado en el aire: ¿que con el recurso de inconstitucionalidad que se dijo se habría de interponer ante la Corte? Finalmente los oradores que han pasado a ocuparse de este tema, han sido omisos en la materia. Insisto, ésta es una tribuna política, éste no es un tribunal de constitucionalidad. Aquí el trabajo de todos nosotros en buen grado está determinado por la pasión partidista que nos anima y que nos mueve, pero es en el más alto tribunal de la nación en donde este tema se tiene que discutir y se tiene que resolver. La posición de nosotros, los diputados del PRI, es en el orden de demandar a los diputados de los grupos parlamentarios que han argumentado en esta tribuna en contra de las leyes en cuestión, hagan uso, sin postergar aún más el ejercicio de este derecho, hagan uso de los mecanismos que la Constitución les confiere y sometámonos sin apelaciones al mandato supremo de la ley, escuchemos la voz de la Corte y no caigamos en la tentación, como ha ocurrido en muchos oradores que han pasado por esta tribuna, de descalificar a priori el fallo que la Corte tenga a bien decidir en tratándose de que efectivamente se interpongan los recursos. Insisto, no pretendo extender más aún de lo que ya se ha extendido esta discusión. Se me ha acusado de hablar de muchas cosas sin conocimiento. Yo debo decirle a los compañeros que por esta vía pretenden descalificarme, que efectivamente no pretendo saber de muchas cosas. No todos los diputados que han pertenecido a esta Cámara son ejemplo de sabiduría y de conocimientos, pero creo que el esfuerzo legítimo de todos nosotros se debe dar en el orden de hacer que la Constitución se respete; ésa es mi lucha. Podré ser omiso y falto de conocimiento respecto de algunas materias o de muchas otras materias, pero no me queda la menor duda, compañeros diputados, de que es la Constitución la brújula que en todo caso debe orientar nuestro trabajo como parlamentarios y nuestra vida como ciudadanos, desde luego. Creo firmemente en el poder del derecho, en la fuerza de la Constitución. Creo en el poder de las leyes y en las instituciones que de la misma ley general o de la ley superior emanan. Pienso que el trabajo de los diputados debe tener como axioma esta convicción. Creo que el trabajo de nosotros los legisladores, debe ser ejemplo en todo momento de respeto al régimen constitucional que nos obliga a todos, sin distingo de carácter ideológico y sin distingo de carácter partidista. Asumo que el mérito de dotar al país de una Ley de Presupuesto conforme lo ordena la Constitución, nosotros, los diputados del PRI, buscamos entendimientos con grupos parlamentarios diversos. En muy pocos grupos parlamentarios encontramos disposición y voluntad, en buen grado encontramos cerrazón, encontramos soberbia, encontramos dogmatismo puro como respuesta. Creo que el motivo fundamental que finalmente nos unió o nos permitió reunir el voto suficiente o los votos suficientes que requeríamos para que el país contase con un presupuesto, fue de buena fe y fue noble. Todos queremos un municipio libre, un municipio fuerte, pero nunca sobre la base de que se violenten las disposiciones del 115 ni su espíritu ni su letra, su fracción IV es muy clara, los incisos a y b de la fracción IV son muy claros y nos obligan en nuestra vocación municipalista. Finalmente, son los congresos de los estados quienes ejercen, insisto, con toda la majestad, con toda la dignidad de que es capaz una asamblea de hombres libres, son los que están dándole interpretación a nuestras leyes. Insisto, sea la Corte, máximo tribunal de constitucionalidad, quien finalmente resuelva si efectivamente en el ejercicio de esta facultad, los congresos libres y soberanos de Tamaulipas, de Puebla,...
Permítame el orador. Si acepta una pregunta de la diputada Garza Galindo.
Al terminar, sí. Sean éstos quienes le resuelva, sean éstos quienes marquen la pauta y el camino que las propias entidades y las sociedades de estas entidades federativas están llamadas a resolver. Me tocó como legislador, para finalizar, participar en la LII Legislatura que dotó a la nación de las reformas al artículo 26 de la Constitución, aquí referido por mi compañera Laura Alicia; me tocó ver cómo derechas e izquierdas, cómo panistas y pesumistas, cómo unos y otros, hablaban de la nobleza de dotar al país de un sistema nacional de planeación que tuviera como divisa la participación democrática de la sociedad. Recuerdo muy bien la elocuencia de muchas frases, que decían que solamente en la dictadura se podía menospreciar la voluntad, la decisión y el pensamiento y la iniciativa de los particulares; la opinión pública, la sociedad, deben participar en los procesos de gobierno y deben enriquecer y de controlar el funcionamiento de la administración pública. A este precepto han sido fieles y leales panistas de muchas generaciones; a este precepto han sabido ser leales también diputados de la oposición de izquierda, que estos preceptos, que esta lógica, que este espíritu, que esta convicción, si se ven finalmente afectadas por la facultad de las entidades para legislar, insisto, sea la Corte quien resuelva y sea la ley quien decida cualquier tipo de controversias. Gracias compañeros.
La pregunta a cargo de la diputada Laura Garza.
Señor diputado, al principio de su intervención usted señalaba, que se le atribuía a usted la tendencia de aludir a diversos temas dentro de sus intervenciones, dentro de sus exposiciones; nada más quisiera saber si tiene usted algún contagio del diputado Pablo Gómez. Muchas gracias.
Afortunadamente estoy vacunado. Gracias. Con permiso. En relación con la propuesta formulada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, con fundamento en los artículos 27 inciso b y 106 de la Ley Orgánica y 21 fracción III del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. Para referirse a la situación en Los Loxichas, Estado de Oaxaca, tiene la palabra el senador Auldarico Hernández Gerónimo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolucion Democrática, hasta por 15 minutos.
Voy a ser breve, compañeros, porque ya demasiado se ha discutido en estos temas, ya basta de cárteles y gobernadores y esta situación que se ha discutido mucho, de tras bambalinas y estas cosas, trastienda... qué bueno, es.... Violencia y marginación en Loxicha, Oaxaca; compañeras y compañeros legisladores: Hago uso de esta tribuna para hacer referencia a la situación por la que atraviesa la región de los loxichas, que comprende cuatro municipios, eminentemente indígenas, enclavados en la sierra sur del Estado de Oaxaca, región que después de verse afectada por el reciente huracán, hoy se ve afectada por el caciquismo y por los propios gobiernos Federal y estatal. El caciquismo, que por mucho tiempo ha dominado en esta región, hoy se expresa de forma brutal. Caciques bajo la complicidad de las autoridades locales, principalmente de los cuerpos policiacos, han generado una serie de secuestros y muertes a líderes sociales, provocando a sus familias terror e indignación, so pretexto de la persecución de miembros del Ejército Popular Revolucionario que el mismo Gobierno realiza. El clima de persecuciones, torturas, secuestros, desapariciones, abusos sexuales a mujeres en la región, se ha convertido en el pan de cada día de los loxichenses. El gobierno estatal es el principal responsable del clima de violencia y zozobra que padecen los habitantes de Loxicha, y el primero que se resiste a realizar cambios democráticos que acaben con el caciquismo. A cuatro meses del huracán, los municipios de San Agustín Loxicha, Candelaria y Magdalena, no han recibido el apoyo necesario para la reconstrucción de sus viviendas, por lo que han quedado afectadas aproximadamente 1 mil 800 familias y sin apoyo alguno. Los caminos siguen destruídos y el apoyo económico para los cafeticultores que fueron afectados en sus plantíos, ha sido aplicado en forma selectiva y discriminatoria por parte del gobierno del Estado, que solamente ha beneficiado a los caciques propietarios de cientos de hectáreas y no así a los indígenas propietarios de pequeñas parcelas. Ante tanta injusticia, los indígenas de Candelaria Loxicha en asamblea comunitaria celebrada el 25 de enero del año en curso, decidieron destituir a sus autoridades municipales por su omisión y complicidad con autoridades federales y estatales, en el desvío de recursos destinados a los pobladores de ese municipio. Es por ello que una comisión de los municipios de Candelaria, Magdalena y San Agustín Loxicha, visitaron este recinto la sesión pasada, con objeto de hacerse escuchar y de encontrar eco a su solicitud de intervención de esta soberanía, a fin de que el apoyo gubernamental deje de ser tan sólo una promesa. Debido a los recientes acontecimientos de violencia en la región loxichense, dicha comisión como un grito de auxilio, hace un llamado para detener el clima de violencia, exigiendo el pleno respeto a sus garantías individuales y derechos hurnanos. Los legisladores de la fracción del Partido de la Revolución Democrática nos adherimos a este reclamo. Por lo anterior y con fundamento en los artículos 21 fracción III, IX y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esta Presidencia turne a las comisiones de Desarrollo Social, Fortalecimiento Municipal y de Derechos Humanos de ambas cámaras del Congreso de la Unión, la siguiente PROPOSICION Unico. Que dichas comisiones celebren conferencia con los ciudadanos Francisco Labastida Ochoa, titular de la Secretaría de Gobernación y Carlos Rojas Gutiérrez, secretario de Desarrollo Social, a efecto de solicitar que los recursos que habían sido prometidos por el Gobierno Federal para la reconstrucción de los daños causados por el huracán "Paulina" en los municipios de Candelaria, San Agustín y Magdalena Loxicha, sean destinados lo más pronto posible para dicho fin, así como para buscar los mecanismos para dar una solución definitiva a los conflictos políticos en esa región. Muchas gracias.
Se ha registrado previamente para intervenir sobre el mismo tema, el diputado Miguel Sadot Sánchez Carreño. Tiene la palabra. Con su permiso, señor vicepresidente en funciones de Presidente. Qué bueno que existe la referencia a esta región de Oaxaca y le agradezco al senador de nuestro vecino Estado la solidaridad que muestra por el interés en la región de los Loxichas. En efecto, el pasado huracán "Paulina" y posteriormente el huracán "Ricky" hicieron estragos en casi 62 municipios que agrupan a más de 1 mil 100 comunidades pequeñas de esta parte de la costa oaxaqueña. Esta situación, que además de destruir hogares, de destruir una infraestructura en el área de caminos, destruyó también las zonas de producción fundamentalmente cafetalera. De todas partes, a nivel nacional e internacional, recibimos muestras de solidaridad con el pueblo oaxaqueño y particularmente con la costa oaxaqueña. Y también es cierto que ésta es una de las regiones en las que los índices de marginación y pobreza son notoriamente diferentes y desventajosos para la población que ahí reside. Pero también es menestar señalar que en el caso del desastre natural que tuvimos que padecer, hubo una coordinación y una atención de las instancias federales, estatales y municipales que ha sido incluso objeto de encomio y de reconocimiento a nivel internacional. En las actividades y en las acciones que se dieron con motivo de los programas para enfrentar las acciones de los dos huracanes, fue determinante la atingencia, la prontitud y sobre todo la eficiencia mostrada por las dependencias a nivel federal y a nivel estatal, coordinadas con autoridades municipales y con organizaciones de la propia sociedad civil. También merece destacarse, y lo hago ahora desde esta tribuna, el reconocimiento a nuestras fuerzas armadas, que tuvieron un papel no solamente notorio, sino al que podemos calificar de heroico, en esas acciones en las que salvaron muchas vidas y en las que ocurrieron también con prontitud a desempeñar lo que constitucional y legalmente les ordenan nuestras disposiciones. La región de Loxicha es una región eminentemente productora de café, con un asentamiento de comunidades indígenas entre zapotecos y chontales, que son de los grupos que también tienen un rezago que no podemos soslayar. Sin embargo, respecto a las acciones que se tomaron, tanto del Gobierno Federal como del gobierno estatal, hay evidentes resultados y así lo han confirmado las reuniones de evaluación y seguimiento en las que han participado las autoridades municipales, las autoridades estatales y el Gobierno Federal. Algunos datos son reveladores y me permito únicamente citarlos a guisa de ejemplo. En la inversión particularmente en San Agustín Loxicha, de un presupuesto inicial que se tenía para diversos ramos, tanto de la actividad forestal, el desarrollo urbano, en comunicaciones, salud y educación, se contó con recursos extraordinarios por un monto de más de 22 millones 697 mil pesos, que sumados a los 30 millones que en estos rubros que he mencionado se habían destinado al municipio de San Agustín, sumaron una cantidad de 53 millones 401 mil, que es una cantidad que se ha destinado fundamentalmente para el desarrollo agropecuario-forestal, para el desarrollo urbano, para comunicaciones y transportes, salud y educación principalmente. En los reportes que se han derivado del programa de seguimiento, podemos encontrar que en las diferentes informaciones que tenemos de las dependencias anotamos los siguientes datos: Por lo que se refiere a caminos y carreteras, se habían dañado de manera importante más de 200 kilómetros de carreteras alimentadoras, 300 kilómetros de carreteras federales, casi 2 mil 400 kilómetros de caminos rurales, 33 puentes de caminos rurales y 35 puentes que son de menores y que son de carreteras alimentadoras. Esto ha determinado que las acciones se hayan dirigido fundamentalmente y en primera instancia a establecer las comunicaciones con las comunidades que se habían aislado, como consecuencia de los efectos del huracán. A finales del año pasado, la comunicación de toda la zona afectada en la región de los Loxichas se había restablecido, alguna de manera provisional y la mayor parte de manera definitiva. En las carreteras alimentadoras se ha alcanzado una comunicación del 92%, el 83% en el caso de las carreteras federales. Por lo que se refiere a uno de los daños que fue más sensible a la población, porque afectó la infraestructura relacionada con los sistemas de agua potable, quiero mencionarles que casi 180 sistemas rurales tuvieron una afectación severa y que esto determinó que casi más de 300 mil habitantes fueran afectados por estos daños. A la fecha, ha habido una rehabilitación provisional de 109 sistemas en beneficio de casi 11 mil 620 habitantes de las zonas afectadas. Se ha restablecido también el servicio en 57 localidades, beneficiando a más de 13 mil habitantes. La dotación provisional que se ha venido haciendo del agua potable, prácticamente ha beneficiado a 150 mil hahitantes y los avances son graduales, pero se van consolidando en la medida que se van restaurando completamente los sistemas de agua potable. Por lo que se refiere a la vivienda, tuvimos una afectación de casi 82 mil viviendas, de las cuales existe en una primera etapa, se ha apoyado casi un 39% en paquetes que han tenido su origen en recursos tanto federales como estatales. Todas estas aportaciones se han hecho a través de la constitución de comités de vivienda, los cuales en la región han permitido que aproximadamente 345 comités estén funcionando. En el área educativa y en diferentes planteles, tuvimos daños ocasionados en 23 planteles educativos, en donde tuvimos que sufrir una destrucción total; en 101 planteles fueron daños menores. Afortunadamente éste es uno de los renglones que ha contado con el mayor respaldo y de los 23 planteles que se habían destruido totalmente, se ha iniciado la reconstrucción total de 15 de ellos. En los planteles que sufrieron daños menores ha habido una reanudación total de las actividades, haciendo las obras de reparación en cada uno de los espacios educativos, que suman más de 327 acciones, que se han realizado a través del Conafe. Fundamentalmente los campesinos y los productores de café, de las casi 87 mil hectáreas que tenemos sembradas de básicos, y de las cuales corresponden 49 mil al café, fueron dañadas de manera grave 86 mil de granos básicos y 29 mil de café. A la fecha se han radicado ya más de 37 toneladas de semilla y de fertilizantes para la siembra de aproximadamente 5 mil hectáreas, particularmente de granos básicos y especialmente de maíz. Estamos en un proceso de renovación de casi 2 mil hectáreas de café y se han establecido para este efecto tres viveros de café, con lo que nosotros podemos enfrentar la rehabilitación de las hectáreas que fueron dañadas. Estos son algunos de los datos que nos permiten concluir que no sólo ha habido una respuesta, como comentábamos, con atingencia, con celeridad que incluso, de parte de la organización, por lo que se refiere a los servicios de salud, mereció el reconocimiento de la organización de Estados Unidos denominada "Médicos Sin Frontera". En la voz de esta organización se reconoció el trabajo de la organización y la atención que se había prestado a las poblaciones que sufrieron el huracán "Paulina" y como los efectos también de "Enrique". Por eso es que consideramos que en la región de los Loxicha, y refiriéndonos concretamente a las acciones que se han tomado de parte del Gobierno Federal, estatal y en coordinación con los gobiernos municipales, existe una respuesta que nosotros la consideramos satisfactoria en cuanto a que las comunidades que han sufrido los daños, son las comunidades que han estado recibiendo los beneficios. Hasta esta fecha, no existe de ninguna forma algún destino en el que se incurra en desviaciones o en alguna manipulación de los recursos. Por estas razones nosotros consideramos que emplear otros instrumentos o determinar otras acciones distintas a las que en este momento las propias comunidades han establecido y en las que están participando a través de sus autoridades municipales, de sus autoridades comunales, es la más correcta y la que está respondiendo a los reclamos de la demanda de las necesidades de la población. Por otra parte, tampoco podemos desconocer que es precisamente en la región de los Loxicha, donde debido a situaciones de marginación fueron aprovechadas por un grupo que hizo su aparición en Oaxaca el 28 y 29 de agosto de 1996, teniendo como puntos de operación Huatulco y Tlaxiaco y en donde ha recibido un rechazo absoluto no solamente de la región, de la población, sino de todas las organizaciones. Esto ha motivado que en virtud de que han existido una serie de acciones de carácter judicial, como son la integración de diversas averiguaciones que se han integrado a través de informes, de denuncias, que los propios habitantes de los Loxicha han manifestado, esto ha motivado una reacción concretamente del grupo del EPR, que ha organizado una serie de ajusticiamientos a aquellos que no son afines o aquellos en quienes no cree contar con la colaboración, con la confianza hacia su organización. Esto es lo que ha motivado realmente el clima, que afortunadamente se está restaurando en una convivencia y que ha determinado incluso que habitantes que habían sido desplazados de los Loxicha, como el caso concreto de San Francisco Loxicha, en donde habían salido aproximadamente 500 personas al inicio de este año, en los primeros días de enero y debido precisamente a este clima de confianza que se permitió restablecer a través de las acciones de procuración de justicia, de seguridad, regresarán a San Francisco Loxicha. Por lo que se refiere a los problemas de violencia, las autoridades competentes han estado, no solamente atentas sino integrando las averiguaciones y ejercitando la acción penal correspondiente. Esto es lo que ha motivado seguridad, repito, que se restaure el clima de convivencia social que teníamos antes de agosto de 1996 y que paulatinamente lo vamos logrando. Por ello, es que no consideramos de ninguna forma conveniente, que se establezcan comisiones distintas ni para el primer caso, para instrumentar o conducir o trasladar los recursos que el Gobierno Federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales, están destinando a las comunidades, como tampoco el que exista alguna comisión que pueda atender los asuntos de violencia, toda vez que quienes constitucional y legalmente tienen esa competencia, están actuando conforme a derecho. Muchas gracias. Con fundamento en los artículos 27 inciso b y 106 de la Ley Orgánica y 21 fracción III del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, túrnese a las comisiones de Desarrollo Social, de Fortalecimiento Municipal y de Derechos Humanos de ambas cámaras. SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
El siguiente punto en el orden del día, es el tratamiento de las irregularidades en el funcionamiento de las Afore. Se ha registrado el senador José Angel Conchello Dávila, para abordar este negocio. Tiene el uso de la palabra.
Escasos senadores ¿y hay también diputados? Les juro que nunca había sentido más la idea de vox clamantis sin deserto como ahora, pero en fin. Quiero que junto conmigo se imaginen el escenario doloroso, cuando allá lejos, en el año 2010 o tal vez antes, un obrero que haya cotizado 25 años en una Afore, recibe su constancia de jubilación en el Seguro Social, se presenta al poderoso organismo bancario y le informan que su pensión vitalicia va a ser equivalente al 10% de su salario terminal, ¡a sólo el 10% de su último salario! En ese remoto entonces, ese empleado, ese obrero, va a clamar venganza contra quienes perpetraron o perpetramos, porque todos somos cómplices, el engaño de una reforma a la seguridad social que le arrebató las posibilidades de un retiro digno después de 25 años de cotización. Yo no quiero cargar sobre mi conciencia con esa culpa moral pudiendo hacer algo para evitarlo y por eso hago uso de esta tribuna, ahora sí vox clamantis, porque quiero denunciar algunas irregularidades que si las dejamos en el aire, si no actuamos en consecuencia, van a conducir a graves tragedias después. Me refiero a tres problemas muy graves: uno, denunciar el caos en la duplicación de cuentas de los asegurados en las Afore y el hecho de que se entregue dinero a estos organismos, sin que haya una completa transparencia en la individualización de las cuentas. El hecho de que les estén entregando los ahorros de los sistemas de ahorro para el retiro, que el obrero está acumulando desde 1991, sin que haya la absoluta certeza de que las cuentas están individualizadas. En segundo lugar, a esa monstruosidad que se llama la comisión por manejo de la cuenta inactiva, que tienen las Afore, con lo cual los ahorros de los asegurados que no tienen empleo, van a ser menguados por la voracidad de las Afore, con la complicidad inexplicable del Gobierno. En tercer lugar, al hecho de que apenas en enero un grupo de actuarios mexicanos, convocados por el Colegio Nacional de Actuarios, pero que no han hecho su dictamen oficial del Colegio Nacional de Actuarios, pero el dictamen de todas maneras existe y todos son miembros del Colegio Nacional de Actuarios, demuestra que el sistema de capitalización individual para las pensiones es un gran engaño contra toda la clase trabajadora de México. Voy a referirme a los tres puntos: según datos de la Consar, que han aparecido en diversos periódicos, según datos del Seguro Social, que también han aprecido en diversos periódicos, resulta lo siguiente: en la Consar han aprobado 11 millones 335 mil solicitudes de entrar a una de las 17 Afore, 11 millones 300 mil. También informan que han rechazado porque les falta algún dato, no porque estén duplicadas, las han rechazado por defectos de procesamiento, 4 millones 980 mil, es decir, 5 millones de solicitudes han sido rechazadas y otros 11 millones han sido aprobadas. Eso nos da aproximadamente 17 millones de asegurados en el Seguro Social. Unos cuya solicitud repito, ya fue aprobada; otros cuya solicitud ha sido rechazada. Pero resulta que el Seguro Social dice que terminó el año con 11 millones de asegurados. ¿Qué entonces las Afore están aceptando gente que no está en el Seguro Social? ¿Qué no hay ahí la evidencia de cuentas repetidas, de cuentas no individualizadas? y si a eso le agregan que nos dicen que en la cuenta concentradora del Banco de México, hay otros 2 millones de asegurados que no quisieron entrar a ninguna Afore, vemos que según esto, hay por ahí bailando 16 ó 17 ó 18 millones de cuentas. Pero el Seguro Social dice que ellos registraron únicamente 11 millones. Esto pues, dirían, es cosa de que no empieza todavía a andar el famoso CURP, la Clave Única del Registro Poblacional, que les va a tomar tiempo. Yo les daría todo el tiempo que quieran; pero lo que me parece muy peligroso es que con esta duplicación de cuentas, el Gobierno Federal les está entregando los dineros que los trabajadores ahorraron durante los últimos cinco años en el Sistema de Ahorro para el Retiro. El dinero ¿dé quién? ¿De alguien que no existe? ¿De alguien duplicado? ¿De alguien cuyas cuentas no están debidamente individualizadas? ¿Cómo vamos a confiar que ese dinero que sale del Sistema de Ahorro para el Retiro a entregarse a las Afore va a dar a donde debe ir a dar, si andan bailando 8 millones de cuentas por alguna razón duplicadas? Y claro, con esa enorme duplicación, existe el peligro de que ahí no haya transparencia en el manejo de esas cuentas. Por eso digo que en el mejor de los casos, en defensa de los intereses de los obreros, el Gobierno no debe entregar ni un centavo más a las Afore hasta que no esté satisfecha la individualidad y que en esa exigencia el Congreso de la Unión, diputados y senadores, vean que cada cuenta coincida con un nombre y que cada nombre no tenga más que una cuenta. Por eso lo primero preocupante es que un dinero que ahí tenían los obreros, de pronto comience el proceso de entrega, que es sin ninguna seguridad. Pero para agravar más este caso, de acuerdo con las circulares de la Consar, ahora el obrero tiene que iniciar los trámites burocráticos para aclarar si tiene dos o más cuentas. Durante la época de "enganchamiento", durante la época de la publicidad, dijeron en todos los tonos, que: "las Afore iban a ser las encargadas de aclarar todas las dudas respecto a la individualidad de las cuentas de los obreros". Ahora resulta que son los trabajadores los que tienen que hacer la solicitud y llevarla a una de las 17 Afore, en un formulario que incluso los periódicos de indudable defensa patronal, dicen: "Que son un verdadero crucigrama". Que se necesita un curso de educación superior para poder entender la forma como hay que pedirle a la Afore la individualización de las cuentas. Ahora que ya los han "enganchado" a todos, ahora dicen: "¡No! A mí ya no me toca. Tú y los otros 11 millones de trabajadores, vengan aquí a las Afore, llenen sus requisitos, llenen su formulario y entonces ya veremos cómo vamos a individualizar las cuentas." Por eso yo preguntaba si no ha llegado el caso de que le pidamos al Gobierno que no entregue más dinero del SAR a ninguna de las Afore. Esto, en primer lugar. En segundo lugar, hay algo que a mí me preocupa mucho y que así resultó. Pues resulta que se da una grave injusticia, desde el punto de vista de aquella hermosa justicia general que todos conocíamos, que de todas las cuentas que han entrado a las Afore, la tercera parte son cuentas inactivas. Una cuenta inactiva es la que está muerta, en la que no cotiza el asegurado y si no cotiza, la única explicación es que está desempleado; no porque su patrón le escamotee las cuotas. ¡No! No cotiza porque está desempleado. De donde resulta que en las cuentas de la Consar, de todas las Afore, perdón, hay unos 3 millones 400 mil cuentas inactivas y uno diría: ¡Que desgracia de país, que desgracia de falsa recuperación! Pero eso no me preocupa en este momento. Me preocupa que las Afore tienen un cobro, una comisión por manejo de cuenta inactiva. Así resultó. Y entonces, estos 3 millones 400 mil que no tienen trabajo, cuando pasen sus ahorros a una Afore, les van a comenzar a cobrar una comisión, casi como castigo, porque no tienen trabajo; una comisión que en algunas de las Afore es del 5%; 4.75. En otras es del 2%. En otras del 1. Otras no cobran. Pero basta con que una cobre para que uno diga: "¡esto es una total injusticia!", que nosotros debiéramos corregir trayendo la ley de las Afore, corregir el artículo 37 de alguna forma, para que la fuente inactiva, porque el obrero perdió el trabajo, pues por lo menos ahí le cuiden los centavos; no que al revés, en lugar de cuidárselos le comienzan a cobrar una comisión y así, "albarda sobre aparejo", no sólo no tiene ingresos, sino que su patrimonio va a comenzar a reducirse. Creo que algo tiene qué hacer el Congreso. Esto sería en segundo lugar. En tercer lugar, resulta que de acuerdo con un estudio, este estudio del grupo de actuarios lograron encontrar, como ejemplo para todos los actuarios del mundo, yo no conocía este concepto, el concepto de la "carrera salarial del asegurado" y se llama carrera salarial el incremento en términos reales que tiene un obrero, desde el momento en que entra hasta el momento en que se jubila y eso cambia los resultados del sistema de pensiones. Pongo un ejemplo: una secretaria entra a trabajar en una compañía, suele ganar el salario mínimo o cuando mucho dos salarios mínimos. Pasa el tiempo, pasa mucho tiempo. Luego por su experiencia, por su conocimiento del negocio, por los cursos que haya tomado, termina ganando tal vez cinco salarios mínimos. Les pongo otro ejemplo muy común: un muchacho recién recibido entra de pasante en una compañía o de aprendiz. Se recibe, toma cursos y habiendo comenzado con un salario mínimo puede terminar con 20 salarios mínimos. ¡Ese salario terminal es el que resulta quebrantado con el sistema de capitalización individual! Y los actuarios hicieron cálculos de cuánto sería el rendimiento real con un salto de uno a dos salarios mínimos, desde que comienzan hasta que se retiran o de uno a cinco o de uno a 10 ó de uno a 25, que es donde se queda el Seguro Social: 25 salarios mínimos. Y mientras más bajo es más raquítico, más menguado, el resultado final. Porque si en la ley anterior, la odiosa ley aquélla que según dijeron no servía para nada, el obrero tenía al menos garantizado que se jubilaría con el promedio del salario de los últimos cinco años, pero en la nueva ley ya no hay garantía más que de un salario mínimo y todo lo que yo acumulé durante muchos años, pero con salario bajo, se me carga al final al reducir mi salario terminal y mi pensión. Entonces según los cálculos de los actuarios, para una carrera salarial de cinco veces el salario mínimo entre la fecha de ingreso y la fecha de jubilación, el asegurado va a recibir solamente el 12% del salario que tenga al terminar. Es decir, cualquiera de los muchachos, aquí no hay, que tengan un salario terminal de 10 salarios mínimos cuando se jubilen, resulta que les van a dar a veces el 8%, a veces el 10%, a veces el 12%, suponiendo que les garantizan un rendimiento anual, después de pagar comisiones, del 6%. Si no les garantizan ese rendimiento anual del 6% después de las comisiones de las Afore, lo que va a recibir va a ser el 4% de su último salario o el 5% de su último salario. Es decir, "lo mandan a la calle a pedir limosna" y en ese momento va a sentir que alguien lo engañó. Yo no quiero que digan que yo lo engañé, yo vengo a poner estos datos desoladores en conocimiento de ustedes y sobre todo en conocimiento de los legisladores del sector obrero, para que hagamos algo, para que nos juntemos con los actuarios. Si esto es cierto, resulta que todo el esquema de capitalización individual es un gran fraude, porque nos han estado diciendo que van a recibir pensiones mucho mejores que las que daba la ley anterior. Y los actuarios hicieron muchos cálculos que voy a poner en manos de la Presidencia, para que veamos que según ellos ésta es la desoladora realidad, una vez que se toma en cuenta este nuevo concepto, la carrera salarial de cada uno de los trabajadores. Entonces yo quisiera, para terminar, someter a la consideración de ustedes una propuesta, casi va dirigida a la Comisión de Hacienda, casi va dirigida a los senadores y diputados del sector obrero: "Uno. Que se solicite a la Consar que aclare el caos en las cuentas de que sobran todavía casi 8 millones de asegurados, con lo cual no están individualizadas. Segundo. Que las comisiones de Seguridad Social y de Hacienda de ambas cámaras, estudien la Ley del SAR, para quitar lo del cobro por las cuentas inactivas. Que se le pida al Gobierno que haga una moción suspensiva y de que no se le entregue dinero a las Afore hasta que no se aclare a satisfacción que no va a haber duplicación de cuentas. Y, por último, que las comisiones de Hacienda de ambas cámaras estudien los resultados de los actuarios, para ver, si esto es cierto, qué hacemos para reformarlo." Señores, vengo simplemente a ponerlo de su conocimiento, porque bien decían los clásicos: "El que pudiendo evitar un mal no lo hace, es culpable de que ocurra". Gracias, señor Presidente; gracias, señores diputados.
Sobre el mismo tema, se ha inscrito previamente el senador Samuel Aguilar Solís, quien tiene el uso de la palabra. Gracias, señor Presidente: El senador Conchello ha venido a plantear ante esta tribuna de la Comisión Permanente, un tema que sin duda es recurrente en su persona, pero que celebro por una parte que también así sea, porque sus observaciones, sus puntos de vista, sin duda también no solamente han enriquecido el debate en esta tribuna, sino también seguramente habrán orientado el rumbo del sistema. El senador Conchello hace referencia fundamentalmente a tres puntos. En primer lugar sobre la denuncia que hace respecto a la supuesta duplicidad de cuentas que existe en este momento en el traspaso a las Afore, sobre las cuentas inactivas y sobre el estudio que un grupo de actuarios, según nos relata aquí, han demostrado sobre la no capitalización de las cuentas en el sistema. En primer lugar, efectivamente, el sistema empezó con una gran duplicidad de cuentas que todos conocemos. En términos generales existían alrededor de 40 millones de cuentas, que nos llevaban a un promedio prácticamente de cuatro cuentas por trabajador. Conocemos también las causas e incluso sabemos que en algunas ramas económicas, como la rama de la construcción, justamente por la movilidad de sus trabajadores y la eventualidad de los trabajos por ellos realizados e incluso el promedio llegaba hasta a siete cuentas por trabajador. Conocemos perfectamente pues en qué consistía esta duplicidad de las cuentas, pero también conocemos las causas que lo originaron. Quiero señalarle al senador Conchello, que hasta este momento no se ha hecho un traspaso de las cuentas del SAR a las Afore, sino sólo, única y exclusivamente de aquellas cuentas que han sido perfectamente identificadas y por lo mismo, individualizadas. Coincido con él en su preocupación que sería desastroso si se hubiese dado un proceso de traspaso de los recursos de los trabajadores del SAR hacia las Afore si no hubiese existido un procedimiento de unificación de cuentas. Esta era la primera parte del proceso del nuevo sistema que consistía justamente en la unificación de estas cuentas para evitar la duplicidad, duplicidad que sabemos que justamente llevó a la necesidad de contar con la CURP, por ello podemos señalar que sólo se ha traspasado pues el dinero de trabajadores perfectamente identificados y que para ello el trabajador da a las Afore su copia de estado de cuenta de SAR 1992, la Afore ubica la cuenta y solicita el traspaso a la cuenta individual del trabajador. Por eso, creemos pues que este sistema va caminando en el rumbo especificado correctamente por la ley, el reglamento y las propias circulares y que no se da un proceso de traspaso de cuentas cuando éstas no han sido perfectamente individualizadas. Respecto a la cuenta inactiva, es cierto que la cuenta inactiva refiere a aquellos trabajadores que no están en ese momento en el mercado laboral, pero también es cierto que los recursos de esa cuenta inactiva son recursos que sí están siendo trabajados, que están siendo invertidos. El hecho de que la cuenta esté inactiva porque el trabajador no está en ese momento en el mercado laboral, no quiere decir que sus recursos ahorrados hasta ese momento también están en inactividad; están trabajando y a partir de que están trabajando, están recibiendo rendimientos. Y no solamente eso, no podemos abrirle un paréntesis a la ley y le decimos: como este trabajador está inactivo, por lo mismo pierde su derecho a recibir la información sobre su cuenta individualizada. ¿No sería justo, verdad senador Conchello? No sería correcto que un trabajador que está inactivo, aparte de eso no tenga derecho a recibir información sobre sus propios recursos. La ley le da el derecho de recibir esos recursos y por lo mismo, esos servicios tienen, como todos sabemos, un fondo. Ahora bien, sobre el estudio que él relata de los actuarios, respecto a que se demuestra, según su dicho, de que el sistema de capitalización individual es un engaño, eso justamente se buscó cuando se aprobó la nueva Ley de Seguridad Social, de corregir esas iniquidades, senador Conchello. Usted sabe perfectamente que si un trabajador ingresaba y en su cotización, vamos a suponer que tuviese cuando ingresaba, un salario mínimo y que al finalizar se jubilará o se pensionará con cinco salarios mínimos, se tomaba única y exclusivamente el promedio de los últimos cinco años, porque existía un sistema diferente, que era el sistema de reparto. Pero si no tenía en esos últimos cinco años un promedio que fuera atractivo para su jubilación, no importaba, así lo especificaba la ley. Y podía haber cotizado unos 30 años y podía haber cotizado otros 10 años y al final ambos tenían derecho. Esas iniquidades es justamente lo que busca el nuevo sistema corregido, que un trabajador, en el momento en que va llegando el momento del retiro, cuente con los recursos de su cuenta individual capitalizada justamente de lo que ahorró, pero de lo que ahorró toda su vida productiva y no solamente del promedio de los últimos cinco años, porque si un trabajador no ingresó con un salario mínimo, sino que ya ingresó con cinco salarios mínimos, ¿o no es injusto que no se le entregara la totalidad de su recurso que en su vida productiva había ahorrado? Es injusto y es inequitativo que un trabajador no recibiera lo que hubiera ahorrado para el momento de su retiro. Por último, a lo mejor estamos adelantando una discusión, porque dicen que se publicó en tal lugar, porque me lo dijeron, porque me hicieron llegar tal informe... La ley estableció claramente y el legislador así lo estipuló, que la nueva Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro tendría que hacer el organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, el enviarle un informe a esta soberanía cada seis meses, y así lo estipula el artículo 98 del reglamento, en virtud que señala que en el mes de agosto y en el mes de febrero habrá de entregarse el informe. Yo le diría al senador Conchello: ¿por qué no esperamos que nos llegue el informe?, y como nos debe de llegar conforme a la ley y entonces sí, con los números, con los datos, con la información oficial, podemos empezar una nueva discusión y un nuevo debate a partir de información que se nos presente y no que lo leí por acá, que me dijeron, que me hicieron llegar. El próximo día 25 de este mes la junta de gobierno de la Consar habrá de tener su reunión. Hasta donde entiendo, ese órgano de gobierno, justamente en esa fecha, habrá de aprobar el informe semestral que se le habrá de mandar al Congreso. Seguramente los siguientes días, antes de que termine febrero, y febrero no trae más que 28 días, habrá de hacerse llegar ese informe. Mientras tanto no llegue ese informe de la Consar, el informe que por ley nos tiene que mandar sobre el avance del sistema, pues son datos que yo consideraría que a lo mejor no pueden ser falsos necesariamente, pero que no es la información que el órgano responsable le tiene que hacer llegar a esta soberanía y sobre el cual tengamos que discutir. Es cuanto, señor Presidente.
Para rectificar hechos tiene la palabra el senador José Angel Conchello Dávila. Señor senador, quiero aprovechar para enfatizar nuestras diferencias, por lo menos una de carácter general y una de carácter concreto. Cuando habló usted de la iniquidad, le llama iniquidad al hecho de que unos que cotizaban mucho recibían cantidades y otros que no cotizaban también recibían. Yo a eso no le llamo iniquidad, fíjese lo que son las cosas; le llamo solidaridad, le llamo la necesidad de que el fuerte ayude al débil, le llamo la solidaridad social en eso que llamo también la justicia general; no es la justicia conmutativa. Cuando yo ingresaba al Seguro Social, firmaba un contrato de derecho público con el Estado, para que él me garantizara, tuerto o derecho una sobrevivencia; ahora firmo un contrato privado en el que no tiene ya nada qué ver ni el Estado ni la seguridad social y, entonces, desde el punto de vista estrictamente jurídico, pierde su obligatoriedad. Era obligatorio porque era solidario. Esas son de las grandes cosas que no hemos aclarado. Y la otra es cuando dice usted que esa iniquidad existía porque antes no se tomaba en cuenta lo que habíamos ahorrado. Mire usted, el hecho de que yo para recibir mi pensión tenía que ir al Seguro Social, y me decían: ¿cuánto cotizaste?, tenían que individualizar a fuerza todas las cuentas; si no, ¿por qué unos reciben más y otros reciben menos? Cuando se nos dice que ahí nunca estaban individualizadas las cuentas, nos están engañando, y el hecho mismo de que las Afore estén recibiendo gente es porque tienen que individualizar las cuentas. O sea que no era una cosa ciega. En el Seguro Social anterior las cuentas estaban individualizadas, pero cuando no alcanzaban venía la colectividad, venía el bien común a proteger a los que habían cotizado menos. El senador Manuel Cadena había solicitado previamente la palabra para rectificar hechos, pera contestar alusiones personales sería preeminente. En ese sentido, tiene la palabra el senador Samuel Aguilar Solís. Con su permiso, señor Presidente: Sí había iniquidad, señor Conchello, senador Conchello, porque si un trabajador durante toda su vida productiva, por ejemplo, había estado cotizando pero si se retiraba habiendo cotizado al sistema hasta 500 semanas, o menos de 500 semanas, usted sabe que perdía todo. ¿No es iniquidad eso, el haber estado aportando recursos a una cuenta, a un gran fondo, pero que si no cumplía con las semanas cotizadas perdía la totalidad de ese fondo? El todo o nada, senador Conchello. Pero si además un trabajador dejaba de cotizar, por decir algo, al Seguro Social por más de seis años, tenía que cotizar al menos un año antes de que pudiera recibir también una pensión. Y usted sabe también, como ya lo había señalado en mi primera intervención, que la pensión con la que se retiraba era justamente el promedio de los últimos cinco años de salario. Usted ha señalado que esto era la solidaridad en ese sistema de reparto y que por lo mismo dicha solidaridad se ha retirado. No es así, la propia ley establece que en este sistema el Estado mexicano aporta diariamente un 5.5% del salario mínimo del Distrito Federal, lo que significa que diariamente el Estado mexicano mantiene la solidaridad con los trabajadores en el terreno de la seguridad social, pero además que está indexado justamente para que no perdamos conforme avanza la inflación, como se hacía en el sistema de reparto pasado. Sí existieron iniquidades, que son las que trata de corregir el sistema, y también en este sistema sí existe la solidaridad, porque está no solamente la aportación de la cuota social, sino también en la propia ley establecida, la existencia de una garantía de una pensión mínima. Gracias, señor Presidente.
Senador Cadena Morales, tiene el uso de la palabra para rectificar hechos y hasta por cinco minutos. Gracias, señor Presidente: Maestro Conchello, coincidimos en la preocupación que usted tiene de ir observando la evolución que va teniendo este Sistema de Ahorros para el Retiro, y no creo que el motivo de su intervención en la tribuna sea para entrar en un debate muy amplio y particularizar en cuestiones que la ley establece con toda claridad; sin embargo, al igual que usted, los legisladores del sector obrero hemos estado preocupados y hemos estado vigilantes de este sistema, para ver cómo va evolucionando y prueba de ello es que los días 2 y 3 de marzo, celebrará la CTM la primera reunión del Consar, de las Afore y de las Siefore. En esa reunión vamos a analizar a fondo todo este periodo de implantación de sistemas administrativos, de evaluación, de control, que está teniendo este Sistema de Ahorro para el Retiro, y también vamos a contar con la participación de los funcionarios de la Consar para que informen públicamente, ante la representación de los trabajadores, cómo ha evolucionado este sistema dinámico de Ahorro para el Retiro. Acepto, y creo que es muy conveniente retomar su propuesta, de que estemos vigilantes de cómo evoluciona este sistema y que a la brevedad, como lo ha comentado mi compañero Samuel, el senador, podamos reunirnos con las autoridades de la Consar, y ¿por qué? no, con algunos de las Afore, con algunas de las estructuras administrativas de estos sistemas para poder intercambiar, para poder analizar a fondo, y particularmente, detalles de la operación, de los rendimientos etcétera. En consecuencia, yo creo, señor senador, compañero Conchello, que coincidimos en varias de sus reflexiones y también nosotros estamos dispuestos, y yo creo que usted con esta información así lo ha registrado, a seguir vigilante para que este sistema rinda los frutos a los trabajadores. Creo que los legisladores dimos una gran pelea para que esta ley, que se estableció finalmente, les dé los rendimientos que ellos esperan. Muchas gracias. Siendo coincidentes las intervenciones de los senadores Aguilar Solís y Cadena Morales con la propuesta del senador José Angel Conchello Dávila, y con fundamento en los artículos 27 inciso B y 106 de la Ley Orgánica, y 21 fracción III, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Presidencia acuerda turnar este asunto a las comisiones de Seguridad Social y Hacienda y Crédito Público de ambas cámaras.
El siguiente punto de la agenda política, se refiere al discurso que el Secretario de Gobernación pronunciara en el acto conmemorativo del LXXXI aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su relación con el proceso de paz en Chiapas. Se ha registrado para hacer uso de la palabra, previamente, el señor diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, quien tiene el uso de la palabra.
Hemos solicitado el turno para intervenir sobre este tema, porque a los miembros de la bancada del PRD nos preocupa sobremanera el contenido del discurso del secretario Labastida Ochoa el 5 de febrero pasado, por sus implicaciones en asuntos cruciales para la vida política nacional. Una, la implicación que tiene lo declarado y las omisiones explícitas, las omisiones sobre el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larráinzar por parte del Ejecutivo, que pueden implicar una combinación de que avienta la toalla el Ejecutivo y que le lanza la pelota al Legislativo, sobre el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larráinzar. Segundo, porque habla de la cuestión de la necesidad de una reforma del Estado en la que se impliquen, en la que se involucren todas las fuerzas políticas, las personalidades, los intelectuales, en esta reforma del Estado y que tiene como precondición necesaria, según nuestra apreciación, así explicada, cuando compareció en esta Cámara de Diputados, la resolución satisfactoria del problema de Chiapas. En efecto, en su discurso, el secretario Labastida dijo que la transformación del país no se ha dado igual en todas las regiones ni en todos los sectores de la población. El sur y el sureste de México avanzaron a menor velocidad; los problemas de pobreza extrema persisten; hay zonas de profunda marginación en donde la miseria lastima y duele al país. En una repetición, según mi apreciación, de este doble lenguaje que, por un lado, reconoce problemas, pero no va al fondo del asunto, no al menos en lo que tiene al frente como responsabilidad el Secretario de Gobernación. Las frases antes repetidas son una expresión eufemística sobre la realidad del país, no hubo avance a menor velocidad en algunos lugares, sino un retroceso franco y abierto, especialmente en lo que se refiere al control necesario de quienes han logrado tener grupos paramilitares en Chiapas, por la reproducción apoyada por el Gobierno de este mecanismo de control caciquil de la población indígena que se ha visto roto desde el alzamiento del EZLN, y que está reconstituido y reconstruido por una persistente política que solapa estos controles. En ese caso no estamos hablando de un avance lento en la vida política de una entidad como Chiapas, estamos hablando de un retroceso. Si hablamos de la economía, con los propios datos del INEGI y los que maneja el Gobierno, sólo un pequeño sector de la población ha visto mejorados sus ingresos, mientras que mayoritariamente si hablamos de deciles, cuando menos nueve deciles de la población no han visto mejorados sus ingresos, sino al contrario, los han visto disminuidos en los últimos años. Muchos sectores se han visto depauperados y se extiende la inseguridad laboral y la inseguridad en general para amplias capas de la población, lo que efectivamente está vinculado a los niveles de inseguridad pública que vive ahora el país. El Secretario atribuye, ahí hay un lenguaje riesgoso, a la transformación del país, la generación de nuevos problemas, como el de la delincuencia organizada, la inseguridad pública, la contaminación ambiental y otros. No se trata, porque puede haber esta combinación o esta pretensión, de combinar eso de la transformación del país, que es necesaria y que proclamamos todas las fuerzas políticas del país, que debe transitar por un camino democrático, con una reforma profunda del Estado, pero no se trata de decir que es una cuestión automática el que hayan crecido algunos males. Hay algunos que tienen qué ver con incapacidad gubernamental, para hacerles frente entre otras razones porque hay corrupción, hay simulación y en este caso del problema de Chiapas hay incluso, como hemos reiterado, un doble lenguaje. En la parte central de su discurso, el Secretario de Gobernación refrendó y renovó la convocatoria que el Gobierno Federal hace a los gobiernos estatales y municipales, a los legisladores federales y locales, a los partidos políticos, a todas las organizaciones sociales, a las organizaciones empresariales, a las fuerzas de la cultura, a la intelectualidad, a los medios de comunicación, a todas las mexicanas y mexicanos que comparten el anhelo de trabajar por un presente de mayor justicia, seguridad, progreso y un mejor futuro para nuestros hijos, a emprender un amplio diálogo nacional en favor de la reforma del Estado. El Secretario incluso habló de una agenda, que podría ser la base si se reinstalara la mesa de reforma del Estado para la discusión, habló de algunos temas como el régimen político, seguridad y justicia, nuevo federalismo, extensión de derechos y participación ciudadana. Por agendas no paramos, estamos de acuerdo en las agendas. El Partido de la Revolución Democrática ha venido proponiendo que se aliente una profunda reforma democrática del Estado, en la que ciudadanos, agrupamientos sociales y partidos políticos se involucren de manera decidida. En este ejercicio los poderes de la Unión juegan un rol principal, y hemos dicho algunos ejes, también de esta agenda. El PRD considera que no será posible lograr una efectiva participación de los ciudadanos en las actividades del Gobierno, si ésta no se basa en una verdadera libertad e igualdad, en el reconocimiento de la diversidad, en la tolerancia y en la inclusión de la pluralidad. Por ello es preciso que se establezcan normas que garanticen la libertad de asociación, el fin a toda restricción a la participación organizada de los mexicanos en las tareas de conducción de la vida social y política y la incorporación de los excluidos, los más pobres, los discriminados por razones étnicas, de género, edad, religión o ideología, al pleno ejercicio de sus derechos cívicos. Ello conduce a la renovación de las relaciones políticas de nuestro país y al fin del corporativismo en todas sus manifestaciones, corporativismo que no se quiere romper en el control de comunidades indígenas, y que es lo que ha hecho que el gobierno aliente el caciquismo. También hemos hablado de la necesidad de que haya el ejercicio pleno de los derechos políticos de los mexicanos, lo que supone tener la posibilidad de tener información veraz, objetiva y oportuna, así como de disponer de canales verdaderos que favorezcan la comunicación de las organizaciones sociales y la población ciudadana entre sí y con su Gobierno. En este terreno se requiere una ampliación de las libertades públicas que favorezcan el establecimiento de redes de intercambio ciudadano, el ejercicio de una verdadera crítica a las acciones de gobierno. Por ello se necesita democratizar ciertamente los medios de comunicación y revisar los ordenamientos legales en la materia. Hemos hablado también de la necesidad de una reforma electoral integral que pueda incorporar en las normas de nuestro país el plebiscito, el referendum y otras formas de participación ciudadana. Igualmente, y eso fue factor de distanciamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, hemos hablado del establecimiento de nuevas relaciones políticas con una diferenciación efectiva de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y en particular una independencia de estos dos últimos respecto al primero para hacer posible una gestión democrática. Lo anterior pasa necesariamente por acotar el presidencialismo y hacer un uso efectivo de las facultades legislativas y ampliarlas. Una reforma al sistema de justicia y una real política de seguridad pública. Para esto se necesita un nuevo pacto federal. Es necesaria la realización de éste, lo que implica un establecimiento de relaciones justas y equitativas entre los órganos de gobierno central y los de los estados y municipios, de manera que establezcan una normatividad democrática que permita identificar rezagos, superar diferencias en la administración de los recursos e incorporar a la ciudadanía en las tareas de gestión pública. Hay una agenda, insisto, que hemos propuesto creo que todos los partidos, los de oposición hemos estado insistiendo en que hay ya posibilidades de discutir estos temas. Pero el Secretario de Gobernación, en su discurso del 5 de febrero, de manera totalmente inadecuada y contradictoria con lo que dijo cuando compareció en la Cámara de Diputados, soslayó el tema fundamental que interrumpió el diálogo sobre la reforma del Estado y que es la resolución inmediata del conflicto de Chiapas. Cómo va a ser posible creer en la posibilidad de un consenso sobre los amplios temas de reforma del Estado, si no se ha sido capaz de dar pasos firmes en una solución real al problema de Chiapas, no al menos por el Ejecutivo, porque da señales confusas que llevan a tener incertidumbre inadecuada e innecesaria en este momento. Cuando ya se volvía a recuperar un papel muy importante de la Cocopa, viene este discurso que rompe con lo que en la semana anterior aquí señalamos que era muy importante seguir reforzando el papel de la Cocopa y ahora el Gobierno no va a cumplir, por lo que dijo el Secretario de Gobernación el 5 de febrero, con los acuerdos de San Andrés, para eludir esta mención explícita de que no quiere cumplir los acuerdos de San Andres, ahora señala que no se le puede exigir al Poder Ejecutivo que presente un proyecto de reforma en lo que se refiere a los derechos de los pueblos indígenas. Y es una manera totalmente elusiva, totalmente de doble lenguaje, el que diga esto, puesto que sí hay posibilidades de exigir que cumpla lo que ya acordó, lo que dijo, en lo que dijo que estaba de acuerdo, cuando se inició la participación por una ley, la de concordia y pacificación, de la comisión legislativa que está integrada por diputados y senadores y la conformación de la Conai y también de la Cosever. Había entonces ahí, implícitamente, la necesidad y tenemos la posibilidad de exigir fundados en la ley que ha dado lugar a la existencia de la Cocopa y la Conai, fundados en ella sí tenemos posibilidad de exigir que el Gobierno sea explícito y categórico de si va o no a cumplir los acuerdos de San Andrés Larráinzar. Es totalmente inconveniente que ahora le quiera lanzar la pelota al Legislativo y que pudiera aparecer como el que se niega o el que quiere hacer cambios a los acuerdos de San Andrés Larráinzar para evitar asumir la responsabilidad. De esta manera, insisto, el Secretario de Gobernación pretende liberar al Ejecutivo del compromiso contraído para el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larráinzar. Es claro que si el Ejecutivo firmó el 16 de febrero de 1996 los primeros de una serie de acuerdos entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Gobierno Federal en el marco del proceso de diálogo para lograr un acuerdo de concordia y pacificación con justicia y dignidad y posteriormente, el 29 de noviembre de 1996 recibe la iniciativa de reformas elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación y la devuelve el 20 de diciembre, con modificaciones, es claro que sí compete al Gobierno Federal determinar en consenso con el EZLN a través de la Cocopa y la Conai, un texto definitivo que venga por consenso de reformas constitucionales, porque sabemos, y en eso no nos podemos aquí engañar, que si no tiene consenso de las fuerzas políticas, la que es representante del Gobierno o la que tiene el poder del Gobierno, el poder del Ejecutivo, que es el Partido Revolucionario Institucional, una reforma constitucional no pasa, y entonces quedaría como una estratagema maquiavélica en cierto modo, de que se redujera la posibilidad de que un texto como el aprobado en San Andrés Larráinzar tenga posibilidades de que pase con las dos terceras partes que se necesitan en la Cámara de Diputados, como reforma constitucional. Por esta razón hacemos un extrañamiento al Gobierno; rechazamos las implicaciones peligrosas que tiene el contenido del discurso del secretario Labastida y creemos que se debe retomar el cumplimiento de los acuerdos que sí podemos exigir al Gobierno, lleve a la práctica. Muchas gracias.
Para hablar sobre el mismo tema, tiene la palabra el diputado Juan José Rodríguez Prats, por el PAN. Con su permiso, señor Presidente: Lamento en verdad que este tema que tiene tal trascendencia se toque ya a estas horas de la tarde y con muestras evidentes de cansancio de todos los legisladores. Sin embargo creo que en el discurso del señor Secretario de Gobernación hay varios aspectos que a mí me parecen muy importantes de comentar. Hace una semana exactamente, aquí el señor senador Lanz Cárdenas, atribuía unas palabras al fundador del Partido Acción Nacional, Herrera y Laso y digo que le atribuye esas palabras, porque no corresponden al gran jurista Herrera y Laso, sino que corresponden a Emilio Rabasa Esteban, aquel autor de La Constitución y La dictadura. La cita completa es la siguiente: "La época del sentimentalismo ha pasado ya para la Constitución y por cierto ni estéril para el progreso ni escasa de gloria, ya no es su papel encender entusiasmo ni reunir combatientes, sino organizar a los pueblos en un régimen tan democrático como sea dable..." y aquí vienen las palabras que había citado el senador Lanz Cárdenas, atribuyéndoselas al jurista Herrera y Laso: En vez de amor a la Constitución que ha querido hacerla intangible, lo racional es verla como un medio, amar el fin para tener un estímulo que a él nos impulse y adaptar el medio al fin, es decir, la Constitución, que no es más que nuestra obra, a la democracia efectiva que es nuestro derecho." Página 69, Edición Miguel Angel Porrúa, 1968, del libro La Constitución y la Dictadura. También el señor senador nos deleitó con otra cita de nada menos que de Demóstenes, que decía: "Escribir una ley no es nada. Hacer querer su cumplimiento, es todo." Yo no vengo de ninguna manera a hacer relevante el prurito de erudición del señor senador Lanz Cárdenas y posiblemente hubo el deseo de halagar al Partido Acción Nacional, acudiendo a uno de sus fundadores o no quiso reconocer aquí que la cita correspondía a Emilio Rabasa. Pero conociendo al senador Lanz Cárdenas, lo más probable es que haya alguna confusión de textos, en virtud de que tanto el maestro Herrera y Lasso como el maestro Emilio Rabasa coincidieron en la formación de la Escuela Libre de Derecho y de algunos términos. Pero lo que quiero resaltar es precisamente la contradicción entre lo dicho por el senador Lanz Cárdenas, en lo cual yo coincido, con lo dicho por Francisco Labastida. ¡Porque Francisco Labastida no trata a la Constitución como una norma ni pretende su cumplimiento, sigue ahí ese discurso demagógico de hacer y de utilizar el texto para simplemente ocultar la realidad! No quiero referirme a la cita del discurso del señor Secretario de Gobernación que, siendo economista, pues tampoco es culpable de que no conozca derecho; aunque debería de hacer un esfuerzo, emulando a nuestra compañera diputada Laura Garza Galindo, de ponerse a estudiar derecho. Pero habla, habla por ejemplo de que "en ella se expresan los anhelos y aspiraciones de los mexicanos de ayer, de hoy y de mañana". ¡La Constitución allá en el horizonte, allá en el proyecto; algún día, algún día en el milenio 3000 tal vez alcancemos a cumplirla y la realidad se identifique con el texto constitucional! Por eso yo siento muy importante lo dicho por el senador Lanz Cárdenas, porque más que proyecto, como aquí lo califica en otro párrafo el señor Secretario de Gobernación, debemos aspirar a que la Constitución sea simple y llanamente norma jurídica, ordenamiento que rija conducta de gobernantes y gobernados. Hace ya algunos años el gran jurista, aquí sí, ideólogo liberal, Jesús Reyes Heroles decía, precisamente cuando clausuraba aquellas consultas en 1977 de la Reforma Política, "que por razones que no viene al caso enunciar decía don Jesús el derecho mexicano se ha relajado en su observancia" y yo creo que son estas razones. Esto: hacer demagogia con el derecho. Esto: seguir alabando la Constitución como un documento que no rige la vida de hoy, sino que ahí está como un proyecto para las próximas generaciones. Por eso el sentimiento popular reacciona con esas frases, como que "la ley se hizo para violarse" o "la ley se observa pero no se cumple". O aquella otra, muy cruel por cierto, que dice que "todo el derecho mexicano se sintetiza en dos artículos: "Artículo 1o. Con dinero baila el perro" y "artículo 2o. Para efecto del artículo anterior, todos ladramos".
¡Ahh, que elegancia!
Es la filosofía popular. Es la filosofía popular.
Está uno haciendo parodias del debate.
Orden por favor en la sala.
¡Qué bueno que sea el licenciado Oceguera, que tiene tal prestigio en la tribuna, el que me hace esas imputaciones! Bueno, entonces este problema de hacer demagogia con el derecho es lo que, repito, ha abierto la brecha entre la realidad y lo que las normas prescriben y yo no quiero decir que el derecho no sea un instrumento de cambio; desde luego que el derecho es un instrumento de cambio, el derecho no puede ser simple y llanamente reflejo de lo que en la realidad acontece. Eso sería negarle el contenido del deber ser y eso sería negarle su capacidad para corregir las cosas. Hay una cita de Ortega y Gasset que dice: "el derecho no es mero reflejo de una realidad preexistente, porque entonces sería superfluo. El derecho, la ley, son siempre algo que añadimos a una espontaneidad insuficiente, es la corrección de lo roto, son estímulos a lo que aún no es pleno, son pues incitaciones y si queréis aparatos ortopédicos nada más fácil que reírse de los aparatos ortopédicos, olvidando que el mundo está lleno de tullidos. ¡No vaya a haber alguna alusión personal, dada la calificación del señor Presidente a algún sector de algún partido!, de cojos y de herniados. La ley tiene que suscitar nuevas realidades, la ley ha sido antes y lo será cada vez más creadora, la ley es siempre más o menos reforma y por tanto suscitadora de nuevas realidades". Entonces sí estamos de acuerdo en que el derecho es un instrumento de cambio, pero no podemos aceptar que sea instrumento de demagogia y mucho menos de engaño. Yo creo, señores legisladores, que estamos en un momento muy difícil y en todas las transiciones lo más confiable es precisamente la norma jurídica. Si las reglas, las leyes, los ordenamientos no son confiables, esa transición es muy difícil que llegue a ser exitosa. Yo creo que si algo queda claro a finales del siglo es el balance negativo de la forma como se ejerció el poder y es también un ejercicio mínimo de humildad, humildad del estado, humildad en la economía, humildad en las ideologías para transformar la realidad, humildad de lo que se puede hacer desde el cargo público, desde el poder y yo creo que definitivamente el problema hoy que más nos angustia es esta falta de voluntad política. Jesús Martín del Campo enumeró aquí las materias que constituyen lo que es la reforma del Estado y nuevamente en el discurso del señor Secretario de Gobernación son abrir a las consultas, poner de nuevo las mesas para llegar a acuerdos. ¿Qué no sabemos que federalismo es descentralizar la vida nacional? ¿Qué ya no hay proyectos de iniciativa en materia de comunicación social, en materia electoral, para saber hacia dónde debemos modificar las leyes? Señores, yo creo que ya tenemos muy poco tiempo. En política el verdadero recurso no renovable es el tiempo, el tiempo es el verdadero protagonista, el verdadero escenario del campo y se nos está yendo el tiempo por falta ya de empujar una auténtica reforma del Estado. ¿Qué no acaso hubo promesas de campaña? ¿Qué no acaso el mismo doctor Ernesto Zedillo en su campaña hablaba de una serie de propuestas que ahí siguen siendo propuestas y que no aterrizan en el cuarto año de gobierno? Hay una frase latina que a mí me parece que ejemplifica mucho la gestión del doctor Ernesto Zedillo: "el que no hizo lo que pudo ni pudo lo que quiso, nada hizo", y ¿qué es lo primero? "El que no hizo lo que pudo". O sea, aquí hace falta capacidad. Se pueden hacer muchas cosas, moverse en el campo político, fortalecer el municipio, parar las fuerzas que quieren detener el cambio político y el cambio hacia la democracia y, en el segundo aspecto: "que no pudo lo que quiso", ¿aquí qué hay? La economía. O sea, el presidente Ernesto Zedillo sí tiene más o menos un proyecto económico, pero aunque hay un querer, una voluntad, falta la capacidad y ahí viene la terrible conclusión: "nada hizo" y vamos rumbo al año 2000 a crisis cíclicas, a crisis que ahí vienen y que está totalmente amarrado lo económico con lo político. Por eso la palabra "jurídica", la palabra que está en la ley, debe estar respaldada por las conductas, debe estar respaldada por las consecuencias y asumir hoy un verdadero intento fundamentado en hechos, respaldado todos los días por actitudes para poder aterrizar esa Constitución y que cerremos la brecha entre el deber ser y el ser. Nada hay peor que un error de legislación. El mal no se hace por el mal en sí mismo, se hace por el bien que se pretende hacer y ésa es una máxima de tipo jurídico, porque a través de la ley señalamos al final de cuentas intenciones, las leyes son intenciones, están en el terreno de la intencionalidad. Por eso, Manuel Gómez Morín, a sus 21 años y siendo presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Derecho, cuando se celebraba el octavo aniversario de la fundación de la UNAM, dijo una frase... sí, aquí hay tradición, aquí hay congruencia y se cita a los que están en nuestras filas; ustedes también los citan pero para atacarlos. Entonces, Manuel Gómez Morín decía, antes de esta grotesca interrupción: "más que modificar las leyes tenemos que fijar en bronce, en la conciencia de los mexicanos, la necesidad de cumplirlas". Señores legisladores; señores senadores: se celebró un aniversario más de nuestra Constitución, ahí hay varios compromisos. El compañero Santiago Creel se referirá a los aspectos sustanciales en lo que se refiere al conflicto directo de Chiapas, pero definitivamente no podemos aceptar que se siga haciendo demagogia con la Constitución y con el derecho. Todos tenemos que propugnar porque, repito, simplemente las normas se cumplan. Muchas gracias.
Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el senador Trinidad Lanz Cárdenas. Con la venia de la Presidencia: Vengo motivado por la intervención del preopinante, que de alguna manera quiso dejar en tela de juicio mi formación y mi información. En primer lugar, hizo alusión a una cita de Demóstenes y afirmó que no era cita de don Manuel Herrera y Lazo, que debo decir aquí entre nos que yo no dije que era panista; distinguido constitucionalista, independientemente de cualquier partido al que haya pertenecido, por lo tanto niego que vine a expresar algunas cosas en favor del Partido Acción Nacional ni quedar bien con el Partido Acción Nacional. No, preopinante, no necesito de esas cosas. En esta edición que a lo mejor está equivocada, es de la Editorial Jus, que se llama Estudios Constitucionales, de Manuel Herrera y Lazo. La edición data del año de 1983, primera edición y en uno de los artículos plurales, que contiene de este reputado constitucionalista, independientemente de su partido, tiene un artículo que se llama "La Constitución de 1857, sus críticos y expositores" y lleva lo que en términos periodísticos, por si usted no lo sabe, se llama "bigote", lleva una expresión del gran orador de la antigua Grecia, Demóstenes, que fue la expresión que yo me permití citar la vez anterior y la menciona don Manuel Herrera y Lazo, no don Emilio Rabasa. Y la reitero, porque es una expresión bella que dice "escribir una ley no es nada, hacer querer su cumplimiento es todo". Primera precisión . Segunda precisión: al finalizar este ensayo, don Manuel Herrera y Lazo hace alusión a la obra de don Emilio Rabasa, efectivamente, pero al final no es Emilio Rabasa el que habla, sino es el autor, Herrera y Lazo, quien dice lo siguiente, que de alguna forma peyorativa se me ha querido adjudicar: "la Constitución se encuentra todavía en periodo de formación, lo dice Herrera y Lazo, no lo dice Emilio Rabasa, su fin estriba en lograr un régimen tan democrático como sea dable, lo dice Herrera y Lazo, no lo dice Emilio Rabasa; en vez del amor a la Constitución que fue la frase que yo me permití mencionar y no en un discurso político, señor preopinante, en un discurso académico conmemorativo de la Constitución... en vez del amor a la Constitución, que ha querido hacerla intangible, lo racional es adaptar el medio al fin". O sea y entre comillas, pero no dice que lo dijo don Emilio Rabasa. La interpretación de una lectura académica, es que lo que se entrecomilla es para destacarlo, no precisamente y cuando la propia obra no hace alusión ni ninguna referencia de que eso entrecomillado correspondía a otra persona, por eso lo atribuí al autor don Manuel Herrera y Lazo, distinguido constitucionalista, independientemente de su partido. ¡Los hombres valen más por sus ideas que por sus partidos políticos! Y termina diciendo, entre comillas: la Constitución, que no es más que nuestra obra a la democracia efectiva, que nuestro derecho. Con esa frase culminé mi intervención no política, sino académica. Valgan estas aclaraciones y precisiones.
Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Juan José Rodríguez Prats. Seré muy breve. Como usted no acepta interpelaciones, pues me obliga a retornar a la tribuna. Nunca me referí a la frase de Demóstenes; nunca me referí a otra cita que hacía usted de Manuel Herrera y Lazo; me referí precisamente a lo que dijo Emilio Rabasa. ¡Qué bueno que coincidimos en que está entrecomillado, lo cual quiere decir que el gran constitucionalista Manuel Herrera y Lazo, independientemente de qué partido pertenezca, estaba señalando que no era suya la frase! y ahora sí se lo aclaro, que pertenece a Emilio Rabasa y ya queda en mi íntima satisfacción personal, haber contribuido a que se enriquezca su amplísima cultura jurídica, señor senador.
Para referirse al tema del discurso del Secretario de Gobernación y su vinculación con la paz en Chiapas, tiene la palabra hasta por 15 minutos el senador Oscar López Velarde, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, señor Presidente: Coincido aquí con lo expresado de que el discurso del señor Secretario de Gobernación el 5 de febrero, los temas que trata son de la mayor trascendencia para la nación y creo que en ese sentido lo expresó. Me referiré específicamente al tema de Chiapas, en donde creo que no hay ni incongruencias ni desconocimiento de dar cumplimiento a los acuerdos de San Andrés. Considero que el señor Secretario de Gobernación, entre otras muchas iniciativas para destrabar un diálogo que está suspendido unilateralmente desde el mes de septiembre de 1996 por el EZLN y tratando como lo señaló el Presidente de la República, Ernesto Zedillo, al darle posesión al licenciado Labastida, de que Chiapas requería una nueva estrategia de negociación, significa una ratificación de actitud de salida política y de decisión política del Presidente de la República, que requiere cambios de actitudes, que requiere de iniciativas políticas para destrabar algo que está sumergido en un círculo vicioso, en posiciones irreductibles, en callejones sin salida. Creo que lo expresado por el Secretario de Gobernación es otra iniciativa más y lo dice al respecto: "es diferente el respeto a los acuerdos de San Andrés que la propuesta de expresión jurídica que de los mismos se ha realizado. El Gobierno de la República actúa con toda responsabilidad y seriedad. Su primer y único compromiso es con la nación y todos los mexicanos; no puede enviar un proyecto de ley a consideración del Poder Legislativo que él no ha formulado y en el cual no cree". Yo creo que es otra iniciativa y otro posicionamiento más del Gobierno, adicional a buscar cómo concretar los acuerdos de San Andrés en una forma jurídica de consenso, que permita avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos a escasos pocos días de cumplirse dos años de haberse suscrito. No es incongruente, porque ésta es otra iniciativa más que se suma a las muchas que está buscando el Gobierno de la República, algunas de ellas a solicitud del Congreso de la Unión, por conducto de la Comisión de Concordia y Pacificación. Hay otras vías que se están intentando, no es la única. Desde el mes de marzo de 1997, el 4 de marzo, la Comisión de Concordia y Pacificación, aquí lo hemos comentado, se posicionó con relación a la propuesta que hizo en materia de cultura y derechos indígenas, señalando que ese procedimiento intentado para acercar posiciones de las partes entre el Gobierno Federal y el EZLN, no había alcanzado su objetivo y por lo tanto dejaba que las partes dieran márgenes de coadyuvancia y de mediación para buscar otra salida que no fuera la intentada en noviembre de 1996 y enero de 1997. Posteriormente, tratando de reimpulsar cómo acercar esos callejones, que ya no solamente son sin salida, sino el silencio que por decisión y estrategia resolvió el EZLN durante casi todo 1997, en el mes de noviembre, el entonces jefe de la delegación gubernamental, licenciado Pedro Joaquín Coldwell, se reunió con la Comisión de Concordia y Pacificación y aceptó por primera vez el Gobierno, que revisaría sus observaciones que había planteado en diciembre de 1996 a la propuesta de la Cocopa, del orden de 27, con el ánimo de buscar un acercamiento en el posicionamiento de una redacción jurídica. El 30 de diciembre, en la última reunión que tuvo la Comisión de Concordia con el señor Secretario de Gobernación, el entonces licenciado Emilio Chuayffet, éste señaló que el Gobierno de la República tenía la mejor disposición de revisar sus observaciones, reducirlas al mínimo con el ánimo de buscar una concreción de consenso de los acuerdos de San Andrés, una reforma constitucional. El 6 de enero, el 24 de enero y el 27 de enero, la Comisión de Concordia y Pacificación ha tenido reuniones con el señor Secretario de Gobernación, el licenciado Francisco Labastida, quien ha aceptado, a propuesta de la Comisión de Concordia y Pacificación, retirar las observaciones del mes de diciembre de 1996, del orden de 27 observaciones a la propuesta de la Cocopa y reducirla a cuatro observaciones, con el ánimo de acercar las posiciones encontradas desde el punto de vista de los planteamientos del Gobierno Federal, tal y como lo ratificó el Secretario de Gobernación aquí en la Cámara de Diputados en su comparecencia. El 4 de febrero de este año, a solicitud del Gobierno Federal, por conducto de la Cocopa y a través de la Comisión Nacional de Intermediación, se remitieron al EZLN esas observaciones, que fueron propuestas y solicitadas por la Cocopa al Gobierno Federal. Entonces no veo la incongruencia de que el Gobierno Federal esté tratando de acercar posiciones para poder construir un consenso en la redacción de una norma constitucional que, respetando los acuerdos de San Andrés, y reitero lo señalado por el Presidente de la República, por el Secretario de Gobernación, no pretende ni el Gobierno Federal ni el EZLN, modificar los acuerdos de San Andrés, sino en su espíritu formularlos jurídicamente. Se entregó estas observaciones, que viene a ser un cambio de actitud, porque se reducen 27 observaciones a un paquete de cuatro observaciones que el Gobierno Federal plantea al EZLN, se han entregado a la Conai. Por diversos factores se manifiesta que no se pueden entregar todavía al EZLN, lo cual, con todo respeto, sí pueden ir un sinnúmero de periodistas, de grupos internacionales y de personas, a la zona de conflicto, pero no puede llegar un planteamiento del Gobierno Federal. Yo creo que la mediación la exhorto a que haga un trabajo más intenso de cumplir con su papel y entregar esas observaciones, que dan cauce a una solicitud de la Comisión de Concordia y Pacificación al Gobierno Federal. Esa es otra de las iniciativas que el Gobierno Federal está planteando en congruencia para buscar construir una iniciativa de consenso. Lo señalado por el Secretario de Gobernación abre otra vía más para poder concretar los acuerdos de San Andrés en una norma constitucional. Yo reitero lo señalado aquí, que seamos muy claros en cuál fue el compromiso, para que no nos confundamos ni creamos que pretende el Gobierno Federal desconocer los acuerdos de San Andrés. Los asuntos de alcance nacional y los compromisos de alcance nacional, como son una reforma constitucional en materia de cultura y derechos indígenas, solamente fueron vinculatorios políticamente entre las partes, de acuerdo a las reglas suscritas por ellos y debieron ser enviados a la instancia de debate y decisión nacional, que es el Congreso de la Unión, para su resolución. El Constituyente Permanente no está en la mesa de San Andrés. Hemos reiterado que si pedimos autonomía de las comunidades indígenas, también respetemos la autonomía del Congreso de la Unión. Por esa razón yo no veo incongruencia que se busque otra iniciativa. Reitero que lo que le faltó a los acuerdos de San Andrés, es que diéramos el siguiente paso. El estancamiento del diálogo, las posiciones irreductibles, el silencio, la obstinación a lo mejor en algunas observaciones a las que ahora se reiteran y se circunscriben a cuatro, no han permitido la concreción de estos acuerdos. El siguiente paso, y que no hemos dado, lo reitero, señores legisladores, es que construyamos el consenso de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, para que en ejercicio de nuestra autonomía legislativa concretemos en una fórmula jurídica los acuerdos de San Andrés. Creo que ése es el paso que ahora tenemos que dar y no significa que el Gobierno Federal esté aventando la bola al Congreso de la Unión, significa que el Gobierno está cumpliendo con los compromisos que asumió en San Andrés y construyendo con el Congreso de la Unión un consenso, consenso que por cierto, y tampoco hay incongruencia en el mensaje del Secretario de Gobernación, estaba visto que el tema dos, lo reitero, de la reforma del Estado, después de la reforma política, sería la reforma indígena. Construyamos ese paso que tanta falta le hace a Chiapas y merece el país; no busquemos fantasmas donde no los hay. Veamos cómo se buscan las diversas iniciativas para concretar si conjuntamente con el Ejecutivo, como fue la iniciativa de Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, que hoy por hoy posibilita la única salida viable, justa y definitiva que hay en Chiapas, que es la política, con base en una ley, construyamos el consenso con las fuerzas políticas. El Presidente señala que no puede mandar de iniciativa, por conducto del Secretario de Gobernación, una iniciativa que no formuló y a la cual le pone observaciones y todavía con la consideración que no puede ser modificada en coma o punto por el Congreso de la Unión. Eso es lo que ha mantenido estancada la salida política en Chiapas. Las posiciones se acercan por mecanismos y medios políticos, por construcción de consensos. Creo que en lugar de buscar que ahora que el Ejecutivo tiene el cambio de actitud, de permitir o de propiciar que el Congreso, en uso de sus facultades y a los partidos que considere presente en la iniciativa, pues no podemos cerrarnos a ello. Yo creo que tenemos que construir un consenso que involucre al Ejecutivo y al Legislativo, como de hecho también se ha pedido por diversas fuerzas políticas, en la construcción de una reforma constitucional de consenso, sin perder el nexo de conexión con la negociación de San Andrés, con el EZLN, pero respetando también la autonomía del Congreso de la Unión y teniendo siempre en cuenta que la reforma constitucional no sólo cumple a la mesa de San Andrés, sino que le debe de cumplir a esa gran deuda social que tenemos con 10 millones de mexicanos indígenas, con 56 etnias, que no sólo están en Chiapas, que están en todo el país, que fueron consultados por el Congreso de la Unión, conjuntamente con la Secretaría de Gobernación y no busquemos posiciones que retarden la salida política y el avance para resolver esas condiciones de marginación que subsisten en Chiapas. Señores: tengamos la imaginación, la seriedad, la congruencia y la responsabilidad de buscar, entre todos, el mecanismo para que saquemos adelante la formulación jurídica en la concreción de los acuerdos de San Andrés en una reforma constitucional que garantice viablemente los derechos y la cultura indígena. Muchas gracias.
Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el senador Mario Saucedo Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Gracias, señor Presidente: El senador López Velarde nuevamente nos ha venido a narrar aquí cuál ha sido el proceso que se ha seguido o de quiénes serían las responsabilidades de no reiniciar el diálogo en Chiapas. Yo creo que lo que está sucediendo en Chiapas, y por eso la insistencia nuestra de que este tema también se viera ahora, es un tema que tiene qué ver con la discusión de fondo, que es la reforma de Estado y es un tema que tiene qué ver en cómo estamos nosotros concibiendo el proceso de la transición hacia la democracia. De manera reiterada hemos escuchado los argumentos de parte del PRI o de legisladores del PRI, en el sentido de que la responsabilidad está en el EZLN por no haber continuado el diálogo y ahora hasta la crítica o el exhorto que hace a la Conai por no entregar el documento de las cuatro observaciones, que más bien parecen temas relacionados con la iniciativa de ley. Lo que planteó el señor secretario Labastida Ochoa, este 5 de febrero en Querétaro, plantea una cuestión sobre la cual es el asunto que guarda esta iniciativa de ley, ahora nos viene a decir el senador López Velarde, que hay que haciendo uso de la facultad de autonomía, legislativa, iniciar a partir de no sé qué iniciativa, si es de la Cocopa a la cual el señor Labastida dice que se desvía de los acuerdos de San Andrés, en declaración posterior que hace, después de haber planteado allá en Querétaro que ahora le toca al Congreso, como si esa responsabilidad de que ahora le toca no fue rehuida por los priístas legisladores, que habiendo estado de acuerdo con la iniciativa de ley de la Cocopa, de la cual estuvieron de acuerdo, resulta que después ya no estuvieron, porque el Ejecutivo no estuvo de acuerdo con lo que había firmado, en los tres documentos firmados el 16 de febrero de 1996, donde representantes del Poder Ejecutivo y los del Ejército Zapatista de San Andrés, estuvieron firmando propuestas conjuntas, que el Gobierno Federal y el EZLN se comprometen a enviar textualmente a las instancias de debate y decisión nacional. Es decir, ahora sí vienen a decirnos que la autonomía está de parte del Legislativo para impulsar una ley, cuando ellos fueron, los del Ejecutivo y por lo tanto los legisladores priístas en la Cocopa y en el Congreso, los que evitaron que se aprobara esa iniciativa de ley que habían firmado. En el fondo lo qué está diciendo el señor Labastida; que no están de acuerdo con los acuerdos de San Andrés y no están de acuerdo con la iniciativa de ley. Porque estas cuatro observaciones que también se han debatido ampliamente, el señor Labastida dice que será inflexible en aspectos de la ley que pretende modificar y que es una responsabilidad del Congreso. Ahora resulta que el Congreso es responsable, cuando fue el Ejecutivo y los legisladores priístas, los que de manera unilateral impidieron que siguiera avanzando el proceso de diálogo, al no aprobar la iniciativa de ley de la Cocopa. E inclusive dice que hay que darle una expresión jurídica aceptable a los acuerdos de San Andrés, pero no sólo para un grupo: el EZLN, no se legisla para 150 personas, sino para todos los mexicanos. Ojalá que ésa fuera la consideración que tiene el señor Secretario del EZLN, porque entonces no nos explicamos por qué hay más de 40 y tantos mil efectivos, si son 150 personas nada más los del EZLN, los que están aprobando esta ley, cuando hay todo un desconocimiento en este sentido, un desconocimiento respecto al proceso que llevó a los acuerdos de San Andrés: participación de comunidades, de académicos, de partidos políticos etcétera. Esto de que ahora es asunto del Congreso, lo que está planteando es precisamente el desconocimiento de los acuerdos firmados con los rebeldes chiapanecos y está dejando a manos del Congreso, ahora sií seguramente senador López Velarde, con la iniciativa y las observaciones que el señor Labastida o el Gobierno, su Gobierno está haciendo, para traernos una iniciativa de ley al Congreso, la cual en esos términos no va a servir para el proceso de diálogo ni el establecimiento del diálogo por la paz. El PRD ha sostenido y lo seguirá sosteniendo, que mientras no haya un acuerdo básico fundamental entre el EZLN y el Gobierno, que respetando esa iniciativa de la Cocopa que hoy está desconociendo el Gobierno y que hoy quieren desconocer los legisladores priístas, el PRD no está ni estará de acuerdo con una iniciativa de ley, porque no solamente significará el intento de buscar negar aquellos acuerdos y lo que representaron en su momento, aquí hemos dicho reiteradamente que no eran las propuestas del EZLN, sino eran las propuestas que la Cocopa tomó del Gobierno y del EZLN a través de una iniciativa. Que el Gobierno está dando marcha atrás y que de alguna manera lo que nos viene a presentar, y ésa es la preocupación, es mantener esa estrategia de buscar la derrota y no la salida negociada en Chiapas. Es muy preocupante, señor senador López Velarde, que haya dicho el señor Secretario de Gobernación, que la iniciativa de ley se aleja de los acuerdos y que usted aquí, siendo miembro de la Cocopa, no haya reparado en esta acusación que hace el señor Labastida, en el sentido de que esa iniciativa se está desviando de los acuerdos de San Andrés y que por lo tanto hay que modificarla. Estamos, reitero, en contra de que la iniciativa se presente sin un consenso básico y en el fondo lo que está haciendo el señor Labastida Ochoa es vetar esa iniciativa de la Cocopa, señor López Velarde, de la cual usted formó parte. Y la preocupación es entonces, ¿de qué se trata? El señor priísta Efraín Zúñiga, cuya semana pasada estuvimos comentando su desafortunada intervención, resulta que había estado antes en la Secretaría de Gobernación, para después sacar las declaraciones en contra de la Cocopa y su iniciativa. Ahora resulta que envían observaciones en contra de la propuesta, observaciones distintas a las de la Cocopa y se pretende mandarlo al EZLN a través de la Conai, quitarse la presión para que supuestamente sea el Congreso de la Unión el que resuelva el conflicto. No dejamos de observar día a día cómo se viene golpeando a la Conai, nuevamente a Samuel Ruiz y aquí mismo el senador López Velarde lo acaba de señalar cuestionando el papel de la mediación y es también lamentable observar cómo la Cocopa en boca del propio secretario de Gobernación Labastida, ha criticado y el priísta Efraín Zúñiga lo que nos hace ver es que en el fondo persiste ese doble lenguaje: por un lado señalar que se está por el diálogo y por la aprobación de los acuerdos de San Andrés, cuando en el fondo lo que estamos viendo y observando es que no hay intenciones de cumplir esos acuerdos. Y a eso se añade, quisiera terminar con eso, nos pareció y nos parece importante el mensaje que el secretario de la Defensa, el general, Cervantes, hace en torno a la posición del Ejército en el conflicto de Chiapas. Hay una afirmación clara en el sentido de que no se va a usar la fuerza; de que no se va a usar las armas y que está por la salida del diálogo y la salida de la no confrontación. Y creo que en concordancia con esto que ha planteado el general, es el retiro del Ejército a los cuarteles. Si hay esta intención y si son 150, y perdonen la ironía, pero el señor Labastida utilizó ese número, 150 los que están porque cambie la ley, por los acuerdos de San Andrés, por el EZLN, no es necesario si realmente hay voluntad de avanzar a través del diálogo, de la estrategia del diálogo, la presencia del Ejército que sigue penetrando las comunidades en estos momentos, que siguen los vuelos de los aviones en las comunidades y que sigue el riesgo del encuentro que pudiera desembocar o que pudiera desencadenar una confrontación. Saludamos las palabras del general Secretario de la Defensa y ojalá que en ese espíritu de que no se va a usar a las fuerzas armadas para dirimir el conflicto, empiece a haber muestras que son las que de manera reiterada hemos venido planteando aquí en la Comisión Permanente: la necesidad de que el Ejército se retire y que se establezcan las condiciones mínimas para poder restablecer el diálogo en Chiapas. Muchas gracias.
Para contestar alusiones y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el senador Oscar López Velarde. Gracias, señor Presidente: Yo quiero reconocer al senador Mario Saucedo, como lo he reconocido de otros legisladores aquí en la Comisión Permanente, del Partido Acción Nacional, que quiero ser positivo en los planteamientos. No se trata de buscar si se cambió de estrategia, de actitud, que si hay marcha atrás, quién tiene la culpa o quien no tiene la razón. Creo que lo que debemos que tener en la Comisión Permanente y en el Congreso de la Unión, como coadyuvantes del proceso de paz, es la imaginación, la iniciativa política de concretar esos acuerdos de San Andrés en una reforma constitucional. Yo creo que el Gobierno no desecha, a partir del perfeccionamiento desde su punto de vista, de la propuesta de la Comisión de Concordia y Pacificación, que quiero aclarar que es una propuesta que se dio después de que se suspendió unilateralmente el diálogo en septiembre de 1996, no a partir de la propuesta entra en crisis la negociación, sino que es una iniciativa del Congreso de la Unión por conducto de la Cocopa, de iniciativa política de acercar posiciones divergentes entre las partes. Creo y reitero que constructivamente lo que no dimos fue el segundo paso. Es a lo que convoco que construyamos, a que se puede perfeccionar a través de un mecanismo consensado, la reforma constitucional, como iniciativa del Congreso de la Unión. O bien, podemos construir el consenso entre el Gobierno Federal y el EZLN, está otra vía planteada con las observaciones del Gobierno Federal y retomemos lo que aquí coincidimos, que la reforma indígena no solamente atiende al conflicto de Chiapas, es tema fundamental de la agenda de la reforma de Estado. En ese sentido creo que vemos la cuestión en sentido propositivo, en sentido de iniciativa política. El día de mañana la Comisión de Concordia y Pacificación tendrá una reunión con el Secretario de Gobernación, otra más de las reuniones permanentes e intensas que hemos tenido con el Gobierno Federal, en la que está planteada una agenda de 10 puntos que no solamente atienda a dar satisfacción en lo procedente a las condiciones que planteó el EZLN para reanudar la negociación, sino que retomen la agenda de los cuatro temas fundamentales de la negociación, que con base en la ley, le darán salida al conflicto de manera definitiva, justa y digna: La distensión integral. No se puede hablar, reitero, de militarización, si no se ven acciones recíprocas y proporcionales desde un punto de vista integral. La atención a los temas que ocasionaron el conflicto. Las causas políticas, económicas, sociales y culturales. La incorporación del EZLN a la vida política por la vía legal. La conciliación que cada vez se hace más grave, de los diversos intereses legítimos afectados en Chiapas. Construyamos ese paso que no hemos dado, con imaginación, con iniciativa y con decisión, es la responsabilidad de los partidos políticos y no la elude el Ejecutivo Federal.
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Santiago Creel. Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: Vengo a esta tribuna a verter algunos comentarios en torno al mensaje del Secretario de Gobernación, que pronunció en el Teatro de la República el 5 de febrero pasado y lo vengo a hacer porque nos parece que en alguna parte de su discurso, de su mensaje, se aparta de los acuerdos de San Andrés, de la Ley del Diálogo y de todo el esquema de negociación y de pacificación que se ha venido construyendo a lo largo de los últimos cuatro años. Sobre este tema, sobre el tema de Chiapas, la mediación y el proceso de pacificación, hemos tenido ya en esta tribuna y por parte de muchos legisladores y legisladoras, innumerables participaciones. No ha habido una sesión de la Comisión Permanente en que no se haya tratado el asunto de Chiapas, hasta donde yo recuerdo y ha habido discusión de todo tipo: política, jurídica, de las cuestiones muy particulares; aquí discutimos la cuestión constitucional de la desaparición de poderes, posteriormente de las distintas declaraciones que han efectuado funcionarios públicos, entre otros el Presidente de la República, en Nayarit, que dio pauta para una discusión muy intensa, para un debate intenso entre las diversas fracciones. Igualmente hemos discutido sobre las declaraciones, múltiples ya, del Secretario de la Defensa. Recientemente las que acaba de hacer, como ha hecho alocución el senador Mario Saucedo. Y me parece que en la última sesión, es decir en la sesión previa a ésta, empezábamos a llegar ya a un consenso, a una convergencia, aunque hubo ciertos desacuerdos entre los distintos participantes en el debate, pero como que ya había un consenso germinal en torno a que debíamos apoyar a las instancias mediadoras, particularmente a la Cocopa y a la Conai. Y no solamente ello, sino a esa declaración conjunta de 10 puntos a la cual, en esa sesión me permití leer algunas partes de esos 10 puntos importantes. Ahora con el discurso del Secretario de Gobernación me parece que ese consenso, esa convergencia que empezaba a germinar, se puede interrumpir, dado que el discurso no es claro, puesto que implica de alguna manera "el cambio de reglas del juego en el proceso de pacificación". ¿En dónde encuentro yo ese cambio? Precisamente en la parte del discurso en donde "intenta transferir la obligación de presentar la iniciativa al Congreso de la Unión". Esa es una de las implicaciones que tiene ese discurso. Y hay que recordar por qué el proceso de pacificación implica que la propuesta no surja solamente así de manera espontánea de los grupos parlamentarios que tienen asiento en este Congreso, debido principalmente a que el conflicto se origina entre dos partes: el EZLN y el Gobierno Federal. A partir de ese conflicto se suscita un advenimiento de las partes que se resume en una primera instancia en la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas. Esa es la fuente del proceso de pacificación y no otra. Esa es la fuente que han acordado las partes, partes que han designado a una instancia de mediación, que es la Cocopa, para coadyuvar en ese proceso y yo me quiero permitir en este momento leer el artículo 1o. de esa Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas: El artículo 1o. dice así: "esta ley tiene por objeto establecer las bases jurídicas que propicien el diálogo y la conciliación para alcanzar, a través de un acuerdo de concordia y pacificación, la solución justa, digna y duradera al conflicto armado iniciado el 1o. de enero de 1994 en Chiapas". ¿Qué quiere decir esto? Que los acuerdos de San Andrés tienen su fundamentación en esta ley, que a su vez fue promulgada de acuerdo con los términos y las bases de nuestra Constitución. Con este razonamiento podemos concluir fácilmente que los acuerdos tienen un sustento constitucional y esto es importante para el razonamiento que quiero hacer a continuación. Es decir, lo que estoy tratando de implicar es que una violación a los acuerdos de San Andrés implica una violación a la ley y por lo tanto a la Constitución de la República. Por lo tanto, ese posible apartamiento en el discurso del Secretario de Gobernación no es algo menor y no es menor no solamente por estas cuestiones jurídicas o constitucionales que estoy mencionando, sino por todas las implicaciones políticas y sobre todo para el proceso de pacificación. Los acuerdos que se fundan en esta ley del diálogo establecen la obligación muy clara por parte del Gobierno Federal de presentar esa iniciativa de reforma constitucional, "que ahora el Secretario, de una manera no demasiado clara, ha implicado que la debiera presentar el Congreso de la Unión o sus fracciones parlamentarias". Me voy a permitir leer algunas partes de los acuerdos de San Andrés, precisamente de la versión que publicó el Senado de la República. En esta versión se hace una presentación de los documentos que incluyen los acuerdos de San Andrés, por cierto por el senador Fernando Ortiz Arana. En esta presentación, fíjense ustedes, ya está implicando eso: "que la iniciativa no surgiría por parte del Congreso". Tal y como aquí lo menciona. Lo cito textualmente y ésta es parte de la introducción a este documento. Dice el senador Ortiz Arana: "en su momento las cámaras del Congreso Federal recibirán las iniciativas de reforma en materia de derechos indígenas, las cuales sin duda serán enriquecidas por el debate parlamentario". Lo que es muy claro aquí es que es el Congreso el que va a recibir esa iniciativa. Pero ya de manera muy concreta, en la parte de los pronunciamientos conjuntos que el Gobierno Federal y el EZLN enviarán a las instancias de debate y decisión nacional y concretamente en su artículo 2o. de los compromisos del Gobierno Federal con los pueblos indígenas, ahí sí me parece que no hay ninguna duda en cuanto a que el Gobierno tiene la obligación de presentar esa iniciativa de reforma constitucional. Cito de manera textual: "Artículo 2o. El Gobierno Federal promoverá las reformas constitucionales y legales que correspondan a los acuerdos y consensos alcanzados." No estamos hablando de que ya se arribó a los consensos, eso está muy claro, todavía no hay un consenso, el cual se está construyendo. Pero una vez que ese consenso se logre, es obligación, de acuerdo con los acuerdos de San Andrés, de Ejecutivo presentar esa iniciativa. Igualmente, en otra parte de estos acuerdos del pronunciamiento conjunto, en la parte relativa al nuevo marco jurídico, en el punto número tres, se establece lo siguiente de manera textual, que dice así: "el Gobierno Federal propondrá al Congreso de la Unión que establezca un nuevo marco jurídico nacional para los pueblos indígenas etcétera etcétera". Yo creo que es clarísimo el texto y me parece que también es igualmente transparente la obligación que tiene el Gobierno Federal de presentar esa iniciativa y no el Congreso. Es por ello que nosotros pensamos que en esa parte relativa del discurso del Secretario de Gobernación, en donde implica eso, que el Congreso debía hacer esa presentación, nos parece que se aparta de los acuerdos de San Andrés, que se aparta de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz digna en Chiapas y por lo tanto del marco constitucional. Pero vuelvo a repetir, aquí lo importante es que se aparta del proceso de paz. Si el Gobierno no desea cumplir los acuerdos de San Andrés, más vale que lo diga de manera expresa y clara. Si los desea cumplir, entonces me parece que lo que debemos de hacer es que esas instancias, la Cocopa y la Conai, puedan desempeñar su trabajo y no generar confusiones con este tipo de mensajes que ciertamente no son claros y que obstaculizan este dialogo que empieza o que pensaba yo empezaba a terminar. Muchas gracias, señor Presidente.
Para rectificar sobre hechos y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Francisco Javier Gil Castañeda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, señor Presidente; compañeras legisladoras; compañeros legisladores: De entrada déjenme señalar que nosotros no tenemos la misma lectura del discurso que han hecho los compañeros de otros partidos, particularmente en lo referente a los acuerdos de San Andrés. Somos de la consideración que vivimos una nueva etapa del conflicto. Somos de la consideración que estamos en un nuevo contexto en Chiapas binacional. Somos de la consideración, como aquí se ha comentado en sesiones anteriores, que la verdadera y trascendental solución al conflicto de Chiapas, es aquella que se construya en consenso con las partes y dé una verdadera trascendencia a las medidas. Bajo esas consideraciones, nuestra opinión es que la posición renovada del Ejecutivo Federal está entrando en las nuevas definiciones que requerimos para llegar a la solución de fondo. Permítanme leer textualmente la referencia de este discurso, en lo que a San Andrés se refiere. Dice: "respecto a las posibles reformas constitucionales que deberán derivarse de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, es conveniente recordar el espíritu y la letra de nuestra Constitución. El Congreso de la Unión es soberano, a él le corresponde legislar y nadie puede exigir al Poder Ejecutivo que presente un proyecto y garantice y garantice la realización de una reforma que le corresponde a otro poder del Estado mexicano y para las cuales se requiere el voto favorable de la mayoría calificada del Congreso de la Unión y de las legislaturas locales". Después señala el discurso quiénes son los facultados constitucionalmente para presentar iniciativas, pero ése es otro asunto; la médula de la cuestión es que el Ejecutivo Federal, respetando la soberanía de este Congreso, no puede garantizar que una reforma apartada por fuera de este Congreso pase tal cual, ésa es la lectura que nosotros hacemos de este señalamiento. De ninguna manera se desprende del discurso, que el Ejecutivo Federal esté pasando la pelota a otro lado; de ninguna manera se desprende de la referencia, que el Ejecutivo esté eludiendo su responsabilidad. Nosotros consideramos que en la situación actual, donde, insistimos, se requiere de nuevos consensos, nuevas definiciones y una nueva etapa del diálogo para salir adelante, tenemos definiciones sustantivas después, lamentablemente, de los hechos de Acteal. Primero, contra el temor de soluciones violentas, tenemos la definición clara de que la solución será pacífica; contra el temor de un albazo legislativo, tenemos la definición de que cualquier proyecto de reforma será consensado con el EZLN; tenemos la definición de que a solicitud de parte podrá revisarse la presencia militar en la zona y tenemos otra serie de definiciones. ¿Por qué no hacemos valer estas definiciones y nos colocamos propositivamente ante el problema? Hagámoslas valer, valgámonos de ellas, llevemos a una nueva situación la problemática que hoy estamos viviendo. Pasa lo siguiente: en el pronunciamiento de la Cocopa-Conai, el punto uno y primordial que señala este pronunciamiento, es que para llegar a la siguiente etapa del diálogo, el Ejecutivo tendrá que trabajar la reforma sobre derechos y cultura indígena. Ese es el primero, así lo dice el pronunciamiento de la Cocopa-Conai y señalan otros nueve puntos; en los nuevos puntos se está trabajando, pero el primero y el más importante es éste, este el de la reforma. Cuando abordamos este punto con el Ejecutivo, me refiero como Cocopa, se nos dijo "tenemos dos opciones: la uno, con 27 modificaciones que admitimos se quedan en cuatro, o la dos, ajustada". ¿Qué dijo la Cocopa? "Nos quedamos con la uno" y vienen las observaciones. Así se dijo. ¿Qué hizo el Ejecutivo Federal?.. y además dice en ese comunicado conjunto de la Cocopa... de la Cocopa... en esa solicitud, dice: "venga las observaciones para trasmitirlas al EZLN vía la Conai", así lo dijo la Cocopa. ¿Qué hizo el Ejecutivo?.. agarró sus cuatro temas de observaciones, nos las pasó a la Cocopa y la Cocopa la puso en manos de la Conai. En esa situación nos encontramos. Mañana tendremos una reunión donde revisaremos estos puntos, esperemos que haya avances en todos éstos o en la mayoría de éstos, pero hay un hecho importante y sustantivo: es de tal grado el conflicto y es de tal magnitud la necesidad nacional de atender esto con verdadera trascendencia, que son de los conflictos que no se pueden resolver sin la participación de la contraparte. Ya llegamos a un punto que para avanzar en la reforma se requiere de la participación del EZLN; ya llegamos a un punto en el que para mejorar la atención a desplazados se requiere la participación del EZLN; ya llegamos a un punto en el que para hablar de distensión militar se requiere la participación del EZLN. Esa es la situación en la que ahora nos encontramos. ¿A qué llamamos nosotros? Cada partido puede leer lo que considere conveniente, pero nuestra postura es que colocando las piedras en su lugar, del discurso textualmente leído no se desprenden algunas inferencias que pueden hacerse por precaución, cierto es, pero vayamos a lo objetivo y entonces pongamos las cosas donde están hoy. Es necesario que el EZLN dé muestras de flexibilizar su posición, que acerque las posibilidades de llegar a una siguiente etapa de diálogo nacional. Estamos urgidos de una siguiente etapa de diálogo nacional. Reiteramos hoy aquí que nuestro compromiso como partido es: la vía pacífica en la solución del conflicto, el proyecto de reforma con consenso del EZLN, distensión militar pero con interlocución para ver de qué estamos hablando, amén de las otras medidas colaterales que están en el proyecto de la Cocopa-Conai. Nos pronunciamos en ese sentido, por un llamado al diálogo al EZLN, para que se acerque y podamos empezar a construir. Necesitamos dialogar con ellos para pasar a la siguiente etapa del diálogo. Es imposible, no vamos a poder avanzar más allá de esa situación si no participa. En ese sentido es nuestro compromiso, en ese sentido es nuestra voluntad y los invitamos a mandatar a la Cocopa desde cada uno de sus partidos a que trabaje intensamente para acercar a las partes y un llamado a la sociedad nacional para que evite cualquier medida de violencia que complique la ya difícil solución del problema chiapaneco. Muchas gracias.
Para presentar un punto de acuerdo sobre el confinamiento de residuos peligrosos en Sierra Blanca, Texas, tiene la palabra hasta por 15 minutos el senador Norberto Corella Gil Samaniego.
Con su permiso, señor Presidente, y le ofrezco tratar de ceñirme al tiempo que usted gentilmente me ha concedido: El día 4 de noviembre la Cámara de Diputados, a propuesta de todos los partidos, tomó y llegó y consiguió la aprobación de un punto de acuerdo. Este acuerdo no ha producido efecto alguno hasta la fecha. Comisionados por el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, hemos estado la semana pasada en Washington y tenemos alguna información que creemos que pudiera ser de interés para ustedes, para luego hacerles la propuesta de un punto de acuerdo y primero unos poquitos de antecedentes. El estado de Texas necesita forzosamente un sitio para depositar sus residuos radiactivos y para resolver este problema y el costo que representa su construcción, el estado de Texas está promoviendo un convenio con dos estados a 4 mil kilómetros de distancia de Texas, para recibir de ellos durante 10 años los residuos radiactivos, pero también para depositar sus propios residuos radiactivos. Esta es la razón por la cual está promoviendo el gobernador de Texas este confinamiento de residuos radiactivos, pero para poder firmar este convenio es necesario la autorización del Congreso de los Estados Unidos. Ya en octubre de 1997 la Cámara baja, la Cámara de Diputados, ya aprobó este convenio con más o menos una proporción de tres por uno a favor. En 1991, la legislatura local de Texas aprobó una ley y por virtud de esta ley designó un área de 400 millas cuadradas en un condado en la parte poniente del estado de Texas, condado de Housbell, donde se encuentra Sierra Blanca y ésta es la ubicación que, de firmarse el convenio con estos dos estados: Maine y Vermont, ahí se va a depositar los residuos éstos. Es de hacerse notar que este condado tiene 665 electores registrados en el padrón electoral, que el 69% son de ascendencia latina y que son de muy bajos recursos; por eso, según el diputado Bonilla, mexicano de origen, mexicano-americano, nos ha señalado que porque no tiene fuerza política este condado, por eso fue escogido como el sitio para este confinamiento. Sierra Blanca, la ubicación del confinamiento proyectado, se localiza a 25 kilómetros de la frontera con México. Es una zona sísmica comprobada, el riesgo de fugas que afecten el acuífero y el río Bravo son totalmente latentes. Hay que tomar en cuenta que desde 1972 en Estocolmo, después en 1983 en La Paz, después hay una serie de otros acuerdos, incluyendo este del TLC, por virtud del cual hay un compromiso de los Estados Unidos de consultar con México cualquier situación que afecte el ambiente de una franja de 100 kilómetros al lado de cada una de nuestras fronteras, 200 kilómetros. Así se establece claramente, sobre todo en el acuerdo de La Paz. Ahora en este año, el 22 de enero, nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores finalmente envió una nota diplomática al Departamento de Estado pidiéndole que se reconsidere y se cambie la ubicación de este depósito. Estando allá en Washington, entrevistamos a la agencia que es la correlativa o la homóloga de nuestra Semarnap, es una agencia que se llama Agencia de Protección del Entorno. Ahí se nos dijo que "qué andábamos haciendo nosotros protestando por este confinamiento, si la Semarnap había aprobado la existencia de ese confinamiento". Ya hace un rato la secretaria Carabias hizo el favor de enviar a su asesor, quien me ha asegurado y me ha dado los elementos para ver que no es cierto eso. No es cierto que esté de acuerdo la Semarnap, pero tal vez no hay suficiente presión de parte de nuestras autoridades, una nota diplomática no basta. Ahora, así como los texanos se inclinaron, porque la mayoría de los diputados texanos aprobaron que Texas reciba residuos de esos dos estados y los confinen en su estado, pero se los dieron y lo ubicaron en una zona de escaso poder político, de escasa fuerza política, de esa misma manera tomen ustedes en cuenta lo siguiente. Existen 11 proyectos de confinamientos en la frontera con México, 11 proyectos de los cuales tres son confinamientos radiactivos, cuatro son de lodos de drenaje, uno de ellos ya está en operación, dos son de residuos líquidos o sólidos peligrosos, uno es relleno municipal y uno es de incineración de residuos peligrosos. Dos de éstos se encuentran en la frontera con Baja California y los otros se encuentran en el estado de Texas. Por esta razón, consideramos nosotros que algo tiene qué hacer, algo tenemos qué hacer para evitar que los norteamericanos, algunos ciudadanos norteamericanos, conviertan nuestra frontera en basurero de los Estados Unidos. Consideramos que no podemos nosotros aceptar esa situación y por eso hemos propuesto este punto de acuerdo: Los suscritos legisladores etcétera, tomando en cuenta que los estados norteamericanos de Texas, Maine y Vermont, suscribieron un convenio para que en el territorio del primero se construya un confinamiento de residuos radiactivos, en el que se recibirán los residuos de estos estados durante 10 años. Para poder aprobar el convenio, se necesita la aprobación del Congreso norteamericano. La Cámara de Representantes ya dio su aprobación y próximamente se presentará para su aprobación en el Senado. En 1991, el Congreso texano aprobó una ley que señaló 400 millas cuadradas para ese fin en el condado de Housbell, en donde se encuentra Sierra Blanca, a tan sólo 25 kilómetros de la frontera con México. Cabe señalar que esta zona es sísmica y que el riesgo de contaminación al río Bravo es latente. En 1983, los presidentes Reagan y De la Madrid, suscribieron el acuerdo de La Paz, en el cual se establece, en el artículo 2o. "...que las partes se comprometen, en la medida de lo posible, a adoptar las medidas apropiadas para prevenir, reducir y eliminar fuentes de contaminación en su territorio respectivo que afecten la zona fronteriza del otro." La zona fronteriza se definió como el área situada hasta 100 kilómetros de ambos lados de las líneas divisorias. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se someta como un asunto de urgente resolución a la consideración de la Comisión Permanente, el siguiente «PUNTO DE ACUERDO Primero. Que el Congreso mexicano, por conducto de su Comisión Permanente, declara que el proyecto Sierra Blanca en Texas, así como los otros proyectos de otros confinamientos en la frontera con México, ponen en riesgo la salud de la población de toda la zona fronteriza y constituyen una agresión a la dignidad nacional. Segundo. Que las comisiones unidas de Ecología y Medio Ambiente, de Asuntos Fronterizos y de Relaciones Exteriores de las cámaras de Diputados y de Senadores, se reúnan con la Comisión Intersecretarial, integrada por las secretarías de Relaciones Exteriores, de Energía, de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, para analizar a fondo las consecuencias para México de los confinamientos de materiales y residuos peligrosos y radiactivos en la zona fronteriza del país con los Estados Unidos de América, a fin de realizar los pronunciamientos y gestiones necesarias que impidan su instalación. Atentamente. Firmado por los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD, PT y PVEM.» Hago entrega, a través de la Secretaría, de este punto de acuerdo.
Está a consideración de la Asamblea la proposición formulada por el senador Norberto Corella, en nombre de los grupos parlamentarios aquí representados. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra?.. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite o no a discusión la proposición.
En votación económica pregunto a esta Asamblea si se admite la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los legisladores que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
Pregunto a esta Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución... Los legisladores que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo... Los legisladores que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Es de urgente resolución, señor Presidente.
Está a discusión la proposición. ¿Alguien quisiera hacer uso de la palabra?.. Senador Mario Saucedo en favor. Gracias, señor Presidente. Yo creo que la iniciativa que presenta el senador Norberto Corella es muy importante, es un asunto que tiene qué ver con un problema de trato con el gobierno y el pueblo de Estados Unidos Yo sí solamente quisiera añadir, senador Norberto Corella, si no hay ningún inconveniente, a la segunda propuesta, al segundo punto de acuerdo, el que se haga extensiva la reunión no solamente con las comisiones intersecretariales, sino que también que se pueda consultar con otros especialistas. Esto es así, porque en el informe que también se nos entregó ahora de la Semarnap, en relación al asunto de este basurero tóxico, resulta que el análisis que hacen los diferentes organismos mexicanos involucrados en esto, señalan que no representa un peligro para los mantos acuíferos y para la salud de los habitantes fronterizos mexicanos. Yo creo que es importante analizar, primero, que quede muy claro el rechazo que se haga, en virtud de que está dentro de los límites que supuestamente en el acuerdo que se había tomado con los Estados Unidos en 1983 de respetar 100 kilómetros de la frontera, está dentro de esto, está a dos kilómetros y entonces rechazo eso. Pero además la preocupación de que no se estén haciendo las investigaciones a fondo, entonces yo creo que sería conveniente dejar claramente asentado que las comisiones de Ecología y Medio Ambiente que están planteando, la de Asuntos Fronterizos y de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y del Senado, puedan también entrevistarse con especialistas acerca de las condiciones de un lugar sísmico y de la permeabilidad del terreno etcétera, condiciones que se están dando ahí. También no creo que sea necesario ponerlo en la propuesta, pero que estas comisiones pudieran solicitar a Hazel Olary, que es la secretaría del Departamento de Energía de Estados Unidos, que a través de un programa que tiene, que es la clasificación de documentos, que está planteando a través de este programa de establecer procedimientos democráticos y con libertad de información, poderle solicitar a raíz de este problema, que su programa que se llama "cerrando el círculo del átomo", toda la información que tenga qué ver con nuestro país provocada por las cuestiones que tienen que ver con desechos o cuestiones radiactivas. Habría que recordar lo que pasó por ejemplo en los años cincuenta, con las famosas pruebas nucleares y las nubes radiactivas, que hoy empieza a analizar el Instituto Nacional de Cáncer norteamericano, de que es más la dosis presente de radiactividad en la población norteamericana de la que se suponía pudiera haber afectado. Habría que recordar también que en los años sesenta, los depósitos submarinos de basura en el Golfo de México, que también tienen qué ver con la cuestión de radiactividad y dejar claro que las nubes radiactivas pues no respetan fronteras. Y ha habido y yo creo y eso es a partir de este programa de la Secretaría de Energía, que se nos pudiera proporcionar a la Comisión Permanente, toda la información de aquello que pudiera estar de alguna manera afectando a nuestro país por actividades relacionadas con la radiactividad.
¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Senador Corella. Si me permiten. Miren, hay mucho más que se puede hacer. Pero es urgente que algo efectivo se haga ya. Independientemente de todo lo demás, que se junte toda la información, porque esto no va a cesar, está de por medio Sierra Blanca, pero la semana entrante nos aseguran que el de Wood Valley, que va a afectar el Río Colorado, lo va a aprobar el estado de California. Es urgente hacer algo ya. Yo propongo que ya que fue votado este acuerdo, que se cumpla. Pero que además las comisiones de Ecología de ambas cámaras, insistamos con nuestras autoridades y entonces estoy de acuerdo, toda esa información vamos teniéndola y vamos defendiéndonos, porque no podemos permitir que la frontera de México se convierta en basurero de Estados Unidos.
¿Alguien más desea hacer uso de la palabra?.. Por favor consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
En votación económica pregunto a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Está suficientemente discutida, señor Presidente.
En votación económica la consulta. En votación económica pregunto si se aprueba la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Está aprobada, señor Presidente. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
Solicito a la Secretaría presente la solicitud de excitativa a las comisiones para el apoyo a las universidades.
«Solicitud de excitativa. En la sesión del pasado miércoles 28 de enero, la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo para exhortar se integre un grupo de trabajo con representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el propósito de evaluar y gestionar la obtención de una bolsa financiera adicional para costear los programas de estímulo al desempeño docente y administrativo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Revisar la situación de las universidades públicas estatales, para determinar a cuáles de ellas correspondería una gestión similar y que la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, en su vertiente de educación, dé seguimiento y en su oportunidad rinda los informes correspondientes. Por lo anterior y en términos de la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos a la Presidencia de esta Comisión Permanente, formule una excitativa a la Segunda Comisión, para que proceda a considerar el exhorto correspondiente. Salón Legisladores de la República, a 11 de febrero de 1998. Firma por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Armando López Romero.»
De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Segunda Comisión para que dé seguimiento a este asunto. La Presidencia informa a la Asamblea que el tema relativo a la reducción del presupuesto de la Secretaría de Educación Pública, fue retirado para ser presentado en la próxima sesión. Solicito a la Secretaría dé cuenta del siguiente punto del orden del día.
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión. «Comisión Permanente. Primer Receso. Primer Año. LVII Legislatura. Orden del día. Miércoles 18 de febrero de 1998. Lectura del acta de la sesión anterior. El gobierno del Distrito Federal invita al acto cívico que con motivo del LXXXV aniversario luctuoso del licenciado José María Pino Suárez, tendrá lugar el 22 de febrero a las 10.00 horas. Comunicación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal I Legislatura. Comunicaciones de los congresos de los estados de Coahuila, San Luis Potosí y Tabasco. Oficios de la Secretaría de Gobernación. Diez, con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos David Roberto Bárcena Ríos, Carlos Marín Jiménez, Jorge Serrano Gutiérrez, Benito Jiménez Flores, José Emilio Carmona Gómez, Juan Francisco Tovía Mazón, Luis Martínez Domínguez, Lorenzo Cano Jiménez, Luis Alberto Brito Vázquez y Humberto Jara Villagómez, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dictamen de primera lectura De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Miguel González Calette, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Dinamarca en Tijuana, con circunscripción consular en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Sonora. Dictámenes a discusión De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento de la ciudadana Sandra Fuentes Beráin Villenave, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México ante el gobierno de la República Francesa. Quince, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados a los ciudadanos Jesús Javier Castillo Cabrera, Benito Medina Herrera, Juan José Braulio Cruz Bailón, Harold Henry Rabling Torres, Manuel Víctor Estrada Ricárdez, Herminio Burgos Domínguez, Héctor Porfirio Petronio Guadarrama Reynoso, Ricardo Miramontes Vargas, José Luis Gutiérrez Velarde, Juan Rafael García Serna, Gonzalo Arias Cortés, Víctor René Castro Ibarra, Reynaldo Torres Cárdenas, Guillermo Moreno Serrano y Tirso Leopoldo Valverde Altamirano. Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.
Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 18 de febrero a partir de las 11:00 horas. 414,3415 * Tiempo de duración: 6 horas con 10 minutos. * Quroum a la apertura de sesión: 28 legisladores. * Diputado que solicita licencia: 1 * Comisiones reglamentarias y protocolarias: 2 * Puntos de acuerdo: 1 * Excitativas a comisiones: 1 * Temas de agenda política: 6 * Oradores en tribuna: 39 Se recibieron: * 1 invitación del gobierno del Distrito Federal a acto cívico conmemorativo. * 6 comunicaciones de congresos estatales. * 1 oficio que notifica del nombramiento de embajador ante el Gobierno de la República Francesa. * 10 oficios que remiten igual número de hojas de servicio, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 constitucional. Primera lectura: * 1 dictamen que concede el permiso paa aceptar tres condecoraciones que confiere el Gobierno de la República Francesa; * 1 dictamen para aceptar y desempeñar el argo de cónsul honorario de Nicaragua en Monterrey, Nuevo León. Se aprobó: * 1 dictamen con nombramiento de magistrado del Tribunal Superior Agrario; * 10 dictámenes con punto de acuerdo por los que se ratifican los grados militares al igual número de ciudadanos. NOTAS Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:
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