Presidencia de
la diputada
Laura Itzel Castillo Juárez |
ASISTENCIA
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta
Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de las
diputadas y diputados para conocer si existe el quorum reglamentario.
| El secretario
Gonzalo Morgado Huesca: |
Se informa a la Presidencia que existen registrados
previamente 440 diputados, por lo tanto, hay quorum señora Presidenta.
| La Presidenta (a
las 10:40 horas): |
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
| El secretario
Gonzalo Morgado Huesca: |
Se va a dar lectura al orden del día.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.-Primer Año.-LVII Legislatura.
Orden del día
Jueves 25 de septiembre de 1997.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CCXXXII
aniversario del natalicio del generalísimo José María Morelos y Pavón, tendrá lugar
el 30 de septiembre a las 10:00 horas.
Comunicación del Congreso del Estado de San Luis Potosí.
Comunicación de la Cámara de Senadores.
Comunicación de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Minutas
Proyecto de decreto, que concede autorización al doctor Ernesto Zedillo Ponce de León,
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional, los
días 3 al 12 de octubre de 1997, a fin de que efectúe sendas visitas de Estado a la
República Francesa y a la República Federal de Alemania.
Proyecto de decreto, que concede autorización al doctor Ernesto Zedillo Ponce de León,
Presi dente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la
Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado Especial de Gran Cruz,
que le confiere el gobierno de la República Federal de Ale mania.
Proyecto de decreto, que concede permiso al doctor Ernesto Zedillo Ponce de León,
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la
Orden de la Legión de Honor, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de
Francia.
Posición de los grupos parlamentarios, en relación con la Comisión de Concordia y
Pacificación (Cocopa).
Situación política en el Estado de Yucatán, a cargo del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional.
Aniversario de la expropiación de la industria eléctrica.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
| El secretario
Miguel Angel Garza Vázquez: |
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior:
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el
miércoles veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y siete, correspondiente
al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima
Séptima Legislatura.
Presidencia del
diputado
Santiago Creel Miranda |
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo
las diez horas con treinta y ocho minutos del miércoles veinticuatro de septiembre de mil
novecientos noventa y siete, con una asistencia de cuatrocientos cincuenta y cuatro
diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión
anterior, que se aprueba en sus términos en votación económica.
Se da cuenta con diversas comunicaciones de los congresos de los estados de Guanajuato y
Morelos, con las que informan de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.
También se da lectura a dos comunicaciones de la Cámara de Senadores, con las que remite
las versiones estenográficas de su sesiones ordinarias del dieciocho y del diecinueve de
septiembre, en las que comparecieron el Secretario de Desarrollo Social y el Procurador
General de la República, para el análisis del Tercer Informe de Gobierno. De enterado.
Un oficio del gobernador del Banco de México, con el que remite el informe sobre la
ejecución de la política monetaria, que comprende del primero de enero al treinta de
junio de mil novecientos noventa y siete. Se turna a la Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política.
Se da lectura a una minuta de la colegisladora, con proyecto de decreto con el que se
concede el permiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, se ausente del territorio nacional los días
del tres al doce de octubre del presente año, para efectuar sendas visitas de Estado a la
República Francesa y a la República Federal de Alemania.
Para proponer la creación de una comisión relativa a los asuntos de género, hacen uso
de la palabra las diputadas: Carolina O'Farril Tapia; Verónica Velasco Rodríguez, del
Partido Verde Ecologista de México; María Mercedes Maciel Ortiz, del Partido del
Trabajo; Patricia Espinosa Torres, del Partido Acción Nacional; Laura Itzel Castillo
Juárez, del Partido de la Revolución Democrática y América Soto López, del Partido
Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación
Política.
Para referirse a una denuncia de trabajadores ferrocarrileros, hacen uso de la palabra los
diputados: Javier Paz Zarza, del Partido Acción Nacional, quien hace una proposición
para que el problema se turne a las comisiones que corresponda; Rosalío Hernández
Beltrán, del Partido de la Revolución Democrática, quien solicita la integración de
una comisión investigadora de la compañía de Ferrocarriles Nacionales de México y Juan
Moisés Calleja Cas tañón, del Partido Revolucionario Institucional.
Para rectificar hechos, se concede el uso de la palabra a los diputados: Javier Paz Zarza,
del Partido Acción Nacional; Rosalío Hernández Beltrán, del Partido de la Revolución
Democrática, quien deja diversos documentos en la Secretaría y Marco Antonio Fernández
Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional; Samuel Maldonado Bautista, del
Partido de la Revolución Democrática; Armando Jasso Silva, del Partido Acción Nacional
y para contestar alusiones personales, el diputado Marco Antonio Fernández Rodríguez,
del Partido Revolucionario Institucional.
La Secretaría da lectura al informe de los diputados que atendieron a los trabajadores
azucareros que acampan alrededor del Palacio Legislativo.
Para rectificar hechos, sube a la tribuna el diputado José Luis Enríquez González, del
Partido Revolucionario Institucional, quien da lectura a un documento del Sindicato de la
Industria Azucarera y posteriormente el diputado Armando López Romero, del Partido de la
Revolución Democrática, para rectificar hechos y presenta una proposición a fin de que
comparezca el secretario general del Sindicato Azucarero.
El Presidente concede el uso de la palabra al diputado Antonino Galaviz Oláis, del
Partido Acción Nacional, para rectificar hechos, quien propone la comparecencia del
secretario general ya mencionado.
Por instrucciones de la Presidencia, se da lectura a los artículos cincuenta y ocho y
cincuenta y nueve del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos.
La Asamblea, en votación económica, acepta la proposición del diputado Armando López
Romero y la considera de urgente y obvia resolución.
No habiendo quien haga uso de la palabra, la Asamblea, en votación económica la aprueba.
La Secretaría, a solicitud del Presidente, da cuenta con un informe de la comisión de
diputados designada para informar de la integración de la Quincuagésima Séptima
Legislatura, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De enterado.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la
próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las doce horas con cincuenta y ocho
minutos, citando para la que tendrá lugar mañana, jueves veinticinco de septiembre a las
diez horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación
económica, se pregunta si se aprueba...
Los diputados que estén por la afirmativa, que levanten la mano, por favor... Gracias.
Se aprueba por mayoría.
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
| La secretaria
María Antonia Durán López: |
Con su venia, señora Presidenta:
Se va a dar lectura a una invitación.
«Señor diputado Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados.-Presente.
El Departamento del Distrito Federal, a través de esta dirección general, ha programado
la ceremonia cívica conmemorativa del CCXXXII aniversario del natalicio del generalísimo
José María Morelos y Pavón, que tendrá lugar en el monumento erigido a su memoria, en
Plaza de la Ciudadela, avenida Balderas esquina Emilio Dondé, delegación Cuauhtémoc, el
día martes 30 de septiembre a las 10:00 horas.
Por tal motivo, me permito solicitar muy atentamente se sirva girar sus respetables
instrucciones a efecto de que un representante de esta Cámara que usted preside, asista a
la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero con mi
reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El director general de Acción Social, Cívica y Cultural, Eduardo F. Sáenz Viesca.»
Es todo señora Presidenta.
Para asistir en representación de esta Cámara, se
designa a los siguientes diputados: Ramón Mota Sánchez, Sara Esthela Velázquez
Sánchez, David Ricardo Cervantes Peredo y Margarita Chávez Murguía.
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
| La secretaria
Marta Laura Carranza Aguayo: |
Con el permiso de la Presidencia.
Se va a dar lectura a varias comunicaciones.
«Escudo Nacional.-Congreso del Estado Libre y Soberano San Luis Potosí.
Señores diputados secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión.-Presentes.
En atención a lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado, nos permitimos comunicar a ustedes que con esta fecha, la LIV Legislatura del
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, abrió un periodo
de sesiones extraordinarias correspondiente al cuarto año de su ejercicio legal.
Instalándose, asimismo, la mesa directiva que fungirá durante el mismo, la cual quedó
conformada de la siguiente manera: presidente: Emilio de Jesús Ramírez Guerrero;
vicepresidentes: Juan Raúl Acosta Rodríguez, Pedro de Jesús Olvera Vázquez;
secretarios: Joel Ramírez Díaz, Gregorio Flores Flores; prosecretarios: Enrique Juárez
Pérez y Gustavo Enríquez Guerrero.
442, 443, 444
Lo que hacemos de su conocimiento para los
efectos procedentes, propiciando la ocasión para reiterarles las seguridades de nuestra
atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Septiembre 4 de 1997.-Secretarios diputados: Joel Ramírez Díaz y Gregorio Flores
Flores.»
De enterado.
CAMARA DE SENADORES
| El secretario
José Espina von Roehrich: |
«Escudo Nacional.-Cámara de
Senadores.-México, D.F.
Señores secretarios de la Cámara de Diputados.-Presentes.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8o. párrafo quinto de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el punto quinto del acuerdo de los
coordinadores de los grupos parlamentarios de fecha 4 de septiembre de 1997, me permito
remitir a ustedes la versión estenográfica de la sesión plenaria celebrada en esta
fecha, sobre el análisis del III Informe de Gobierno, en el capítulo correspondiente a
política económica.
Sin otro particular, les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 23 de septiembre de 1997.-El presidente de la Cámara de Senadores,
Eduardo Andrade Sánchez.»
De enterado.
COMISION DE REGIMEN INTERNO
Y CONCERTACION POLITICA
| El secretario
Gonzalo Morgado Huesca: |
«Diputado Carlos Medina
Plascencia.-Presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Señor diputado Porfirio Muñoz Ledo.-Presidente de la Cámara de Diputados.-Palacio
Legislativo.
La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, acordó turnar a usted el
expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede autorización al doctor Ernesto
Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del
territorio nacional, los días 3 al 12 de octubre de 1997, para efectuar visitas a la
República Francesa y a la República Federal de Alemania.
Para conocimiento de la mesa directiva y para los trámites correspondientes. Se sugiere
se someta al pleno para su resolución, por acuerdo de la misma comisión.
Atentamente.
Palacio Legislativo a 24 de septiembre de 1997.-Licenciado Humberto Andrade Quezada.»
PERMISO AL PRESIDENTE PARA
AUSENTARSE DEL
TERRITORIO NACIONAL
| El secretario
Gonzalo Morgado Huesca: |
«Escudo Nacional.-Cámara de
Senadores.-México, D.F.
Señores secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión.-Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente
que contiene minuta proyecto de decreto, que concede autorización al doctor Ernesto
Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Uni dos Mexicanos, para ausentarse del
territorio nacional, los días 3 al 12 de octubre de 1997, a fin de que efectúe sendas
visitas de Estado a la República Francesa y a la República Federal de Alemania.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 23 de septiembre de 1997.ÅSenadores secretarios: Melquiades Morales
Flores y Juan Ramiro Robledo Ruiz.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede autorización al doctor Ernesto Zedillo
Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio
nacional, los días 3 al 12 de octubre de 1997, a fin de que efectúe sendas visitas de
Estado a la República Francesa y a la República Federal de Alemania.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.-México, D.F., a 23 de septiembre de
1997.-Senadores: Eduardo Andrade Sánchez, presidente; Melquiades Morales Flores y Juan
Ramiro Robledo Ruiz, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.-Licenciado Mario
Alberto Navarro Manrique, oficial mayor.»
De conformidad con los artículos 59 y
60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, se solicita a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensan todos
los trámites y se somete a discusión y votación de inme diato.
| El secretario
Gonzalo Morgado Huesca: |
Por instrucciones de la Presidencia, con
fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se dispensan los
trámites y se somete a discusión y votación de inmediato.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensan
los trámites.
En consecuencia, proceda la Secretaría
a poner a discusión el proyecto de decreto.
| El secretario
Gonzalo Morgado Huesca: |
Está a discusión el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede autorización al doctor Ernesto Zedillo Ponce de León,
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional los
días 3 al 12 de octubre de 1997, a fin de que efectúe sendas visitas de Estado a la
República Francesa y a la República Federal alemana.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
Esta Presidencia informa que se han
registrado para la discusión en lo general y en lo particular del artículo único del
proyecto de decreto, los siguientes diputados: Julio Faesler, por el Partido Acción
Nacional; Carlos Antonio Heredia Zubieta, por el Partido de la Revolución Democrática;
Carlos Jiménez Macías, por el Partido Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra el diputado Julio Faesler.
| El diputado Julio Faesler Carlisle: |
Señora Presidenta, con su venia y
muchas gracias.
En relación con este viaje que el señor Presidente de la República pide a esta
soberanía la autorización correspondiente, me parece que es conveniente tomar en cuenta
la situación en que se encuentra nuestro país en torno a nuestras relaciones económicas
y políticas.
Viene a cuento y es oportuno que el Presidente viaje, para estrechar la mejores relaciones
que podamos urdir con dos países que son de particular importancia en la Unión Europea,
a saber: Francia y Alemania.
Sin embargo, creo que a nosotros los diputados nos interesa mucho el que el jefe del
Ejecutivo vaya con un propósito claro que nosotros podamos apreciar y evaluar una vez
realizado el viaje.
La presencia de la Comunidad Económica Europea en México, es importante por razones
comerciales y por razones de inversión. En lo que se refiere a cuestiones comerciales,
queremos ver una mayor apertura en los mercados europeos para los productos de toda
índole mexicanos, que surjan de nuestro campo y de nuestra industria.
Necesitamos pues que en el marco del tratado que se está negociando con la Unión
Europea, un cuidadoso proceso de negociación, seguramente más afortunado que el que
México negoció con nuestro socio del norte.
Creemos que es la oportunidad para que el Presidente de la República haga perfecta
precisión con los jefes de Estado de Alemania y de Francia, que la apertura para los
productos mexicanos esté debidamente acompañada por aquellas cláusulas que protejan la
producción de nuestros campesinos, nuestros obreros y nuestros prestadores de servicios.
Esperaremos entonces que el Presidente de la República, a su regreso, nos informe de qué
manera están progresando estas negociaciones, qué instrucciones ha dado conforme a estos
criterios.
Pero además, señores diputados, está lo relativo a las inversiones. Todos estamos
conscientes del gran peso, predominio que existe en las inversiones extranjeras de los
Estados Unidos de América. El viaje que hace el Presidente de la República, debe tener
por propósito muy especial, al lado de la diversificación comercial, la diversificación
de las inversiones extranjeras directas en nuestro país y que éstas sepan conformarse a
los intereses concretos de nuestras necesidades de generar ocupación, avanzar la
tecnología.
En esta materia, esperamos de las inversiones extranjeras no solamente que sepan acoplarse
a la legislación mexicana, sin prerrogativas especiales, sino también el que sepan
engranarse a los programas de nuestro desarrollo económico, agrícola e industrial.
Señores, el tratado que México está negociando ahora con la Comunidad Económica
Europea, tuvo tropiezos al principio. Recordemos los ires y venires en materia de la
cláusula de la democracia, la cláusula en materia de derechos humanos, que México
acabó aceptando. No está mal que lo hubiese hecho, pero es indispensable que sea claro
el Presidente en la interpretación que da México a esta cláusula democrática, para que
resulte que nuestro país también encuentre en la Comunidad Económica Europea, en la
Unión Europea, socio moderno y de buena intención.
Termino, señora Presidenta, diciendo que al encontrar útil el que el Presidente de la
República viaje a estos dos países, nosotros, en la bancada panista, esperamos que a su
regreso haya un informe exacto y claro, respecto a los términos en que él ha indicado,
ha dado instrucciones al equipo negociador, para que el tratado con la Unión Europea
obedezca a los criterios que he señalado:
1o. El criterio de equidad
2o. El que los tratados contengan las cláusulas de protección necesarias para que
nuestra industria y nuestra agricultura no sufran quebrantos como han sufrido, por razón
del Tratado de Libre Comercio
3o. Que en lo que se refiere a las inversiones, deje perfectamente claro que las
inversiones de Francia, Alemania y de la Unión Europea, se conformen a las políticas de
desarrollo industrial y agrícola, que esta misma soberanía en su momento estará siempre
atenta de poder revisar.
Muchas gracias, señora Presidenta.
Gracias, diputado.
Para continuar con la lista de oradores, tiene la palabra el diputado Carlos Antonio
Heredia Zubieta.
| El diputado Carlos Antonio Heredia Zubieta: |
Con su permiso señora Presidenta;
compañeras diputadas y compañeros diputados:
Hemos recibido la exposición de motivos en la cual se solicita autorización para que el
Presidente de la República viaje a Europa, específicamente a la República Francesa y a
Alemania, en fecha próxima.
445, 446, 447
Esta exposición de motivos parece haber sido
redactada antes del 6 de julio. Esta exposición de motivos no incorpora el espíritu de
la igualdad de Poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Es una solicitud de permiso
por fast track, por la vía rápida.
Compañeros diputados, en la bancada del PRD consideramos que en la relación entre el
Ejecutivo y el Legislativo, debe terminarse el fast track. Debemos de buscar una relación
de diálogo, en donde podamos abordar los asuntos sustanciales de la política exterior,
recogiendo los planteamientos y las propuestas de esta soberanía.
Algunas reflexiones sobre el viaje a Europa: hemos dicho en esta tribuna que el grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática está plenamente a favor de la
expansión y la profundización de los vínculos comerciales, políticos, diplomáticos,
del Gobierno y del pueblo de México con gobiernos y pueblos de todo el mundo y en
particular de la Unión Europea.
Es importante aprovechar el viaje del señor Presidente para estos propósitos, por ello
creemos que en la nueva composición del Poder Legislativo debe añadirse el ingrediente
de este diálogo entre los poderes, para saber exactamente qué objetivos perseguimos más
allá de los que expone la presentación de la solicitud del señor Presidente.
La pregunta es, compañeros diputados, ¿qué podemos aprender de la experiencia europea,
sin trasladar mecánicamente el proceso que ellos han seguido? Nosotros pensamos,
compañeros, que el Presidente de la República podría aprender, y nosotros como país
podríamos aprender de la experiencia que se ha producido en Europa en las negociaciones
comerciales que condujeron al Tratado de Maastricht.
En primer lugar, los tratados que se están negociando con Europa, como se sabe, incluyen
la cláusula democrática a la que ya se refirió el diputado Faesler. Ya subrayamos en
esta tribuna el hecho de que se tardó mucho la negociación de esa cláusula justamente
por privilegiar el monopolio político como mecanismo para llegar a tratados de libre
comercio.
Podemos aprender también, compañeros, de la cohabitación. El Presidente de la
República irá a la República Francesa, en donde actualmente el jefe de Estado, el
señor Jacques Chirac, es de un partido más bien de corte conservador, y el jefe de
gobierno, el primer ministro, Leonel Jospha, viene del Partido Socialista Francés.
Los franceses están ya con cierta experiencia en lo que significa la cohabitación
política. De nuevo, sin trasladar mecánicamente esta realidad, que es un contexto
diverso del nuestro, podemos aprender en México de esta experiencia de cohabitación
política, compañeros diputados, podemos aspirar a una relación de pesos y contrapesos
entre el Ejecutivo y el Legislativo, como lo establece nuestra Carta Magna.
¿Qué más podemos aprender de la experiencia europea? En Europa, como ustedes saben, los
gobiernos han sometido a la consideración de los ciudadanos la suscripción de tratados
comerciales, y en especial del Tratado de Maastricht.
En la bancada del PRD habremos de impulsar decididamente que las negociaciones comerciales
y la suscripción de tratados sean motivo, o sean uno de los temas que puedan llevarse
eventualmente de fructificar propuestas en este sentido a referendum. El pueblo de México
tiene derecho a decir qué piensa sobre la suscripción de tratados comerciales.
Podemos aprender también la incorporación de la agenda social. En esta tribuna hemos
manifestado nuestro análisis crítico del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, que excluye sistemáticamente, compañeros y compañeras diputadas, la agenda
social, deja fuera temas tan importantes como la migración, y considera sólo de manera
lateral temas como los derechos laborales y el medio ambiente.
Estamos conscientes que la realidad europea es distinta, pero hay un proceso quizá más
antiguo en el tiempo, más avanzado por ello, que incorpora la agenda social para no
convertir a los tratados comerciales en un mero documento de intercambio entre compañías
trans nacionales.
En la prensa de hoy, compañeros, el Presidente de la República expresa que no recibió a
la delegación de Amnistía Internacional porque no se había producido solicitud alguna.
Aquí de nuevo hay un conflicto de información.
Un grupo de diputados, de varios partidos, recibimos a la delegación de Amnistía, ellos
nos manifestaron que había una solicitud formal desde hace dos años.
A nombre de la bancada del PRD queremos hacer una solicitud para que, como le ha sido
solicitado nuevamente, el Presidente de la República reciba a la delegación de Amnistía
Internacional durante su visita a Europa.
Como se sabe, la sede de Amnistía Internacional está en Londres, y ellos podrían
desplazarse para ser recibidos por el señor Presidente.
Nos preocupa particularmente porque los puntos que se le iban a tratar al señor
Presidente, no era precisamente la agenda de Amnistía, sino era una serie de
planteamientos de ciudadanos mexicanos que no han podido obtener justicia en territorio
nacional y recurren a organismos internacionales ante las carencias y las limitaciones de
nuestro sistema de justicia, compañeros diputados.
Finalmente queremos manifestar que en el PRD no hay todavía una señal clara por parte
del Poder Ejecutivo y del titular de éste, en el sentido de cómo habrá de dialogar, de
colaborar con el Poder Legislativo en materia de suscripción de tratados comerciales.
Quisiera simplemente cerrar mi intervención para decir que, de la misma manera en que lo
ha expresado el diputado Faesler, en la bancada del PRD nos parece fundamental que para
futuros viajes del señor Presidente se sustenten de manera más sólida las razones por
las cuales se efectuará este viaje, y además al regreso del señor Presidente se
presente a la nación un informe de cómo este viaje ha resultado en ventajas, en
beneficios para nuestro país, no sólo de un pequeño puñado de personas, sino cómo
estos viajes sirven para impulsar la agenda nacional, la agenda del pueblo de México.
Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Carlos Jiménez Macías.
| El diputado Carlos Martin Jiménez Macías: |
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras, compañeros diputados:
México muestra hoy ante el mundo un rostro renovado. En la globalización México
conserva y resguarda su identidad y participa en este proceso, tratando siempre de
beneficiar a los mexicanos.
El presidente Zedillo ha mostrado ante la comunidad internacional, la poderosa voluntad
política de los mexicanos, para construir una nueva vida democrática. En todas partes se
reconoce la estrategia política del Gobierno mexicano, para impulsar profundas
transformaciones: la pluralidad, la diversidad y la nueva convivencia, que construye
acuerdos y consensos, son hoy sin duda, pilares fundamentales de nuestra relación con el
exterior y capítulo importante del mensaje que el Ejecutivo Federal muestre a todas las
naciones.
El Presidente de la República solicitó el pasado 22 de septiembre al Congreso, con
fundamento en los artículos 71 y 88 de nuestra Constitución, autorización para
ausentarse del país del 3 al 12 de octubre del presente año.
Nuestra colegisladora, la Cámara de Senadores, aprobó en su sesión del día 23 de
septiembre, dicho permiso para hacer estas visitas a Francia y a Alemania.
Al definir desde esta tribuna la posición de la fracción parlamentaria de mi partido, el
PRI, en esta Cámara, deseo afirmar que nuestra política exterior está orientada a
fortalecer la soberanía, proteger y promover los intereses de México en el exterior,
buscando siempre que esta acción fructifique en beneficio de todos los mexicanos.
Por ello consideramos que se debe mantener una estrategia, que entre otros objetivos per
siga la institucionalización y diversificación de nuestras relaciones con el exterior.
Nuestra política exterior debe seguir construyendo vínculos fuertes con países y grupos
regio nales.
Con Francia y Alemania, nos une una relación política, económica y social, que siempre
en el marco del respeto mutuo ha salvaguardado nuestra soberanía. Ante el desafío de la
diversificación que todos los partidos políticos hemos apoyado, las visitas de Estado
propuestas a Francia y Alemania, fortalecerán el esfuerzo que México realiza para
equilibrar las relaciones que mantiene con otras naciones en el mundo.
Sin duda alguna la Unión Europea es hoy una gran realidad como unidad y como signo de
progreso, y por ello forma para México parte de nuestras grandes prioridades en la
estrategia de la política exterior.
La indiscutible importancia de la Unión Europea, nos compromete a la realización de un
intenso trabajo, que sin duda alguna con esta visita del señor Presidente, está
fortaleciendo.
México está negociando con la Unión Europea, un acuerdo de cooperación económica y
concertación política. Negociaciones que deberán de concluir en el futuro próximo, y
que sin duda abrirán las puertas a un mayor y mejor comercio y una mejor relación con
estos países, que son protagonistas fundamentales en el escenario europeo e
internacional.
Con Francia se debe fortalecer el diálogo político al más alto nivel. Con Alemania se
debe intensificar el apoyo recíproco al combate contra el tráfico ilícito de
estupefacientes, al lavado de dinero y al crimen organizado. Estos dos países apoyan la
iniciativa de México, para llevar a cabo una sesión especial de la Asamblea General de
las Naciones Unidas sobre el combate al narcotráfico y cooperación internacional en
junio del próximo año.
Estas visitas facilitarán la difusión objetiva ante la opinión pública francesa y
alemana del avance que México ha logrado y, por supuesto también, de los grandes retos
que todavía sigue enfrentando en los terrenos económico, político y social. Las visitas
también facilitarán la firma de convenios y realización de proyectos de cooperación en
materia política, educativa, económica y cultural.
En Alemania, reconociendo los cambios fundamentales que llevaron a la desaparición del
muro de Berlín y al establecimiento de ésta como la nueva capital de Alemania, el
Ejecutivo formalizará el principio de la construcción de la nueva Embajada de México.
México impulsa pues la democratización también de los organismos multilaterales y en
particular de las Naciones Unidas. Francia ha expresado su apoyo para que estos temas sean
considerados y se proceda a las negociaciones correspondientes; a la vez Francia y otros
países de distintas latitudes han apoyado la posición de México de rechazo a la Ley
HelmsBurton, así como otras disposiciones que un país mediante una legislatura
extraterritorial quisiera imponer a otros.
Alemania es nuestro primer socio comercial en la Unión Europea y Francia el tercero; pero
son factores fundamentales con la Unión Europea que facilitarán un crecimiento dinámico
con esa comunidad.
En materia de inversión directa, en sectores estratégicos la suma de lo que realizan
ambos países rebasa ya los 10 mil millones de dólares.
Compañeros diputados: el mundo global de nuestros días, lo complejo y dinámico de los
contactos internacionales, implica necesariamente la obligación de acciones cada vez más
precisas y eficaces, de ahí la trascendencia y significado, diría yo incluso la
oportunidad de estos encuentros del Presidente de México con los gobernantes de estas
importantes naciones de Europa. Con estas visitas se continúa con la construcción de
consensos, el fortalecimiento de nuestras relaciones.
Como señal de los nuevos tiempos en México, el Poder Legislativo asume hoy un papel más
activo en el diseño y supervisión de nuestra política exterior. Aquí lo han señalado
con acierto mis compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra. Ese es hoy
nuestro gran compromiso, por eso la fracción parlamentaria del PRI en esta Cámara estima
de la mayor relevancia aprobar en forma razonada la solicitud del Ejecutivo Federal a esta
soberanía.
448, 449, 450
Compañeras y compañeros: me gustaría
simplemente subrayar que en la Cámara de Senadores, todos los partidos que aquí también
están representados, apoyaron y votaron por unanimidad este permiso. Me parece que sería
importante revisar el documento que acompaña a la solicitud del Presidente de la
República donde quedan precisados los objetivos y las razones de estas visitas de Estado
que serán, sin duda, fructíferas para nuestra relación con estas naciones y con la
Unión Europea.
Muchas gracias.
Gracias, señor diputado.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo
general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.
| El secretario
Gonzalo Morgado Huesca: |
Por instrucciones de la Presidencia, en
votación económica se consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido
en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Suficientemente
discutido.
Se reserva para su votación nominal en
conjunto.
REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
El secretario
José de Jesús Martín del
Campo Castañeda: |
«Escudo Nacional.-Cámara de
Senadores.-México D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.-Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente
que contiene minuta proyecto de decreto que concede autorización al doctor Ernesto
Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la
condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado
especial de la Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República Federal de
Alemania.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y dinstinguida consideración.
México, D.F., a 4 de septiembre de 1997.-Senadores: José Angel Conchello Dávila y Juan
Ramiro Robledo Ruiz, secretarios.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede autorización al doctor Ernesto Zedillo Ponce de León,
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la
Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado Especial de la Gran Cruz,
que le confiere el Gobierno de la República Federal de Ale mania.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.-México, D.F., a 4 de septiembre de
1997.-Senadores: Eduardo Andrade Sánchez, presidente; José Angel Conchello Dávila y
Juan Ramiro Robledo Ruiz, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.-Licenciado Mario
Alberto Navarro Manrique, ofical mayor.»
REPUBLICA FRANCESA
El secretario
José de Jesús Martín del
Campo Castañeda: |
«Escudo Nacional.-Cámara de
Senadores.-México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.-Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente
que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al doctor Ernesto Zedillo
Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la
condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Gran Cruz, que le confiere
el gobierno de Francia.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y dinstinguida consideración.
México, D.F., a 10 de septiembre de 1997.-Senadores: Melquiades Morales Flores y Juan
Ramiro Robledo Ruiz, secretarios.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al doctor Ernesto Zedillo Ponce de
León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración
de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de
Francia.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.-México, D.F., a 10 de septiembre de
1997.-Senadores: Eduardo Andrade Sánchez, presidente; Melquiades Morales Flores y Juan
Ramiro Robledo Ruiz, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.-Licenciado Mario
Alberto Navarro Manrique, oficial mayor.»
De conformidad con los artículos 59 y
60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, se solicita a la Secretaría, consulte a la Asamblea si se les dispensan todos
los trámites y se someten a discusión y votación de inmediato.
El secretario José de Jesús Martín del
Campo Castañeda:
El secretario
José de Jesús Martín del
Campo Castañeda: |
Por instrucciones de la Presidencia, con
fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se les dispensan
todos los trámites y se someten a discusión y votación de inmediato.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Se les
dispensan todos los trámites.
En consecuencia proceda la Secretaría a
poner a discusión los proyectos de decreto.
El secretario
José de Jesús Martín del
Campo Castañeda: |
Está a discusión el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede autorización al doctor Ernesto Zedillo
Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la
condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado
especial de la Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República Federal de Ale
mania.
Está a discusión el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al doctor Ernesto Zedillo Ponce de
León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración
de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de
Francia.
No habiendo quien haga uso de la palabra
proceda la Secretaría a recoger la votación nominal de este decreto y los anteriormente
reservados, en un solo acto.
El secretario
José de Jesús Martín del
Campo Castañeda: |
Se va a proceder a recoger la votación
nominal de éste y los anteriormente reservados.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del
Reglamento Interior.
(Votación.)
(En medio de la votación el diputado Eduardo Guadalupe Bernal Martínez interrumpe y
dice).
El diputado
Eduardo Guadalupe Bernal
Martínez (desde su curul): |
Antes de emitir mi voto, señora
Presidenta, mucho le agradecería que instruyera a la Secretaría diera lectura al
artículo 147 fracción I.
Ciudadano diputado, no se puede
interrumpir en votación y les ruego a todos los diputados que por favor, con relación al
artículo 147, la votación nominal se hará diciendo: a favor o en contra.
El diputado
Eduardo Guadalupe Bernal
Martínez (desde su curul): |
La ley dice: sí o no. La ley no dice a
favor o en contra, señora Presidenta.
Señor diputado, le ruego orden y
respeto a la Presidencia y a este pleno y que continué con la votación.
El diputado
Eduardo Guadalupe Bernal
Martínez (desde su curul): |
Yo le pido a la Presidencia que respete
la ley. Esta usted por encima de la ley. La fracción I dice: sí o no.
Sírvase la Oficialía Mayor pasar el
micrófono al siguiente diputado.
El diputado
Eduardo Guadalupe Bernal
Martínez (desde su curul): |
Está usted faltando al respeto; estoy
emitiendo mi voto, señora Presidenta.
Señor diputado, lo conmino al orden y
al respeto en esta sesión.
El diputado
Eduardo Guadalupe Bernal
Martínez (desde su curul): |
Bernal Martínez Eduardo, sí,
Presidenta.
El secretario
Jóse de Jesús Martín del
Campo Castañeda |
Señora Presidenta: se emitieron 455
votos a favor y uno en contra.
Aprobados los proyectos de
decreto por 455 votos.
El secretario
José de Jesús Martín del
Campo Castañeda: |
Pasan al Ejecutivo para los
efectos constitucionales.
RATIFICACION DE QUORUM
Esta Presidencia informa que se ha
registrado una asistencia, hasta las 11:00 horas, de 227 diputados del Partido
Revolucionario Institucional; 115 del Partido Acción Nacional; 119 del Partido de la
Revolución Democrática; seis del Partido del Trabajo; seis del Partido Verde Ecologista
de México y dos independientes, para un total de 475 diputados.
COMISION
DE CONCORDIA
Y PACIFICACION
Se han inscrito para fijar la posición
de los grupos parlamentarios, sobre la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa),
los siguientes diputados: por el Partido Verde Ecologista de México, Aurora Bazán
López; por el Partido del Trabajo, Luis Patiño Pozas; por el Partido Acción Nacional,
Felipe de Jesús Vicencio Alvarez; por el Partido de la Revolución Democrática, Pablo
Gómez; por el Partido Revolu cionario Institucional Roberto Armando Albores Guillén.
Tiene la palabra la diputada Aurora Bazán López, del Partido Verde Ecologista de
México.
| La diputada Aurora Bazán López: |
Con su venia, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
Ante la inminente necesidad de finalizar un problema que atañe al equilibrio de la
sociedad de nuestro país, el Partido Verde considera no sólo la posibilidad, sino la
proyección de una solución tangible y acorde a los requerimientos que se demanden por
las partes involucradas en el problema de Chiapas, de manera ecuánime y equilibrada; de
tal forma que sirva a la paz de nuestra nación y al verdadero desarrollo de nuestra
sociedad.
451, 452, 453
El Gobierno debe tener la suficiente madurez
para reconocer la importancia de estar dispuesto a cumplir lo que ha convenido y ante
todo, de tener la plena capacidad para llevar a cabo los procesos en un ambiente de
cordialidad y cooperación.
Así pues, se considera que el diálogo es la opción más viable para llegar a una
solución integral que responda a las expectativas de la población indígena.
El Partido Verde Ecologista, no cree en la violencia como un recurso para manifestar
inconformidades y mucho menos que se pasen por alto las garantías constitucionales de
cada individuo.
Pero para ser imparciales, también tendríamos que cuestionar a nuestro Gobierno, si es
que ha considerado estas mismas garantías al tomar las decisiones respecto al destino de
los pueblos indígenas.
Como podemos notar, tanto una parte como la otra, han hecho caso omiso en muchas
ocasiones, del derecho constitucional en sus determinaciones respecto a este problema.
La solución no está en ver cuánto puede ganar cada parte, sino en que éstas cedan lo
necesario de manera lógica, sin pretender más que olvidándose de intereses particulares
para restablecer una armonía total en la relación que se da entre gobernantes y
gobernados.
Entendemos la necesidad de reformar al Estado para conseguir una calidad total en la vida
de los pueblos indígenas. Que exista una pluralidad real que les dé cabida para que
participen directamente en la toma de decisiones respecto a su destino social. Que se les
impulse para que sea un motivo de orgullo real y no aquel que sólo tenemos ante un mero
simbolismo de nacionalismo, que bajo esa perspectiva se vuelve falso.
La Comisión de Concordia y Pacificación tiene que propiciar el restablecimiento del
diálogo por la paz, vigilando celosamente que se ejerzan los preceptos de igualdad ante
la ley, aplicando a fondo su tarea de mediación, considerando el total respeto al derecho
mexicano para evitar que esté por encima de la Constitución, preservando la integridad
del territorio nacional.
Debemos establecer un compromiso real, ya que cada vez que se quebrantan las promesas, la
desesperanza reaparece y trae consigo otras alternativas que en algunos casos tienden a la
violencia, desafortunadamente.
La historia de México en general y la de los pueblos indígenas en particular, han
escrito sobre sus páginas una fecha más: febrero de 1996. ¡Mes y año en que se
estipularon los acuerdos de San Andrés Larráinzar! acuerdos que plasman el deseo del
sector autóctono de la población actual y pasada, ya que las demandas continúan siendo
las mismas a través de nuestra historia. Quizá podamos encerrar bajo un mismo principio
estas demandas: me refiero al respeto de nuestra libertad para actuar de acuerdo a
nuestras costumbres y el respeto a nuestro derecho de vivir.
Así, pues, deseo que la Cocopa funcione adecuadamente y que sus integrantes sean elegidos
por su actitud de servicio.
¡Hagamos que la comisión en realidad trabaje y cumpla con los objetivos por los que fue
creada! ¡Mientras se adhiera a dichos propósitos, el Partido Verde Ecologista brindará
su apoyo incondicional, ya que los principios sociales que rigen al partido incluyen
nuestra tendencia a fomentar la integración de las sociedades autosuficientes que
respeten la autonomía individual, la existencia y necesidades de todos los seres vivos!
Ponderamos los derechos humanos como parte central de su posición ante la sociedad.
Defendemos la igualdad de derechos y oportunidades para todos los mexicanos en todos los
campos de salud, vivienda, educación, trabajo, cultura, seguridad y recreación.
Muchas gracias.
Tiene la palabra para hablar sobre el
mismo tema el diputado Luis Patiño Pozas, del Partido del Trabajo, hasta por 10 minutos.
| El diputado Luis Patiño Pozas: |
Con su venia, diputada Presidenta;
compañeras y compañeros legisladores:
El 11 de marzo de 1995 se publicó en el Diario Oficial la Ley para el Diálogo, la
Conciliación y la Paz digna en Chiapas. Esta ley se convirtió, a partir de esta fecha,
en el instrumento jurídico para establecer las bases que a través del diálogo y la
conciliación se alcanzara una solución justa, digna y duradera, al conflicto armado
iniciado el 1o. de enero de 1994 en Chiapas.
La ley se promulgó casi un mes después de que el Gobierno Federal rompió su compromiso
de resolver la problemática chiapaneca sobre la base de la negociación política y
lanzó una ofensiva militar sobre el Ejército Zapatista.
La acción gubernamental enfrentó un amplio rechazo dentro y fuera del país, por parte
de amplios sectores de la sociedad civil, que tomaron las calles exigiendo una salida
pacífica al conflicto.
La ley es hija de esa acción ciudadana, del rechazo popular a las salidas militares, del
clamor por resolver la rebelión por las vías po líticas. La ley es también producto de
la iniciativa de un Poder Legislativo que supo estar a la altura de las circunstancias
históricas.
La Comisión de Concordia y Pacificación es una instancia creada por esta ley, su
misión, estructura y funcionamiento se ajustan a ella, es producto tanto de la respuesta
popular en contra de la acción militar del 9 de febrero de 1995 y la búsqueda de una paz
con justicia y dignidad, como de la responsabilidad asumida por el Legislativo ante el
conflicto.
Su función central es la de coadyuvar a fijar las bases para el diálogo y la
negociación. No es por lo tanto ni debe pretender ser una instancia de intermediación
entre las partes, esa actividad le corresponde a otro actor, producto de la iniciativa de
la sociedad civil: a la Comisión Nacional de Intermediación.
La nueva Cocopa tiene delante de sí enormes retos. Por principio de cuentas el diálogo
entre las partes está suspendido desde hace más de un año y no hay en el corto plazo
perspectivas de que se reanude.
La violencia política y la ingobernabilidad reinan en Chiapas, particularmente en la
región norte del estado, en donde grupos paramilitares como Paz y Justicia, operan con la
más absoluta impunidad.
La situación es tan grave que en menos de dos años ha habido más de 500 asesinatos, la
mayoría de opositores políticos.
En el penal de Cerro Hueco, en Tuxtla Gutiérrez, decenas de indígenas permanecen
injustamente presos por motivos políticos.
La Comisión de Seguimiento y Verificación, instancia creada por ley y que debe vigilar
el cumplimiento de los acuerdos, no ha podido sesionar porque la representación guber
namental ha decidido bloquear su funciona miento.
El centro de la parálisis del diálogo se encuentra en el incumplimiento gubernamental de
los acuerdos de San Andrés en materias de derecho y cultura indígena, firmado el 16 de
febrero de 1996. Los ofrecimientos oficiales de cumplirlos y no tratar de renegociarlos
son parte de la paz retórica ofrecida por el Gobierno.
Han pasado más de 18 meses desde su firma, el tiempo transcurrido habría sido más que
suficiente para promover las reformas a la Constitución y a leyes secundarias que se
requieren para hacerlo realidad. Más aún, si se considera la celeridad con que en otras
ocasiones, por ejemplo con el aumento del IVA, el Gobierno ha promovido la modificación
de otras leyes. Pero esto no se hizo y por el contrario, el aparato gubernamental vetó la
iniciativa de reforma constitucional elaborada por la Cocopa el pasado 29 de 1996.
La única propuesta pública que el Gobierno Federal ha hecho para legislar sobre el tema,
es la que envió al EZLN el 20 de diciembre de 1996. En aquel entonces varios
representantes gubernamentales reconocieron que su iniciativa era distinta a la pactada en
San Andrés. Para justificar su incumplimiento de los acuerdos, señalaban que ello se
debía a que de manera simultánea a las negociaciones con los zapatistas, se había
realizado una consulta nacional sobre derechos y participación indígena y que era
necesario incorporar también sus conclusiones a una reforma constitucional.
Aunque los resultados de esta consulta no diferían en lo esencial de lo acordado en San
Andrés, el Gobierno aceptó entonces que no pensaba respetar lo que había firmado con
los rebeldes.
Esta afirmación es congruente con la propuesta gubernamental del 20 de diciembre de 1996,
con la que respondió a la iniciativa de la Cocopa. Un análisis cuidadoso muestra que el
Gobierno dio marcha atrás en puntos que antes había aceptado. Entre otros, el documento
oficial nulifica tres aspectos centrales de la autonomía: la capacidad de los pueblos de
autogo bernarse, la posibilidad de aplicar sus sistemas normativos internos y el uso y
disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios.
Más recientemente otros funcionarios han mostrado su negativa a aceptar los acuerdos.
Durante la comparecencia del Secretario de Gobernación en esta Cámara de Diputados, el
pasado 10 de septiembre, éste se opuso a puntos explícitamente pactados en San Andrés,
como la redistritación electoral demográfica de los pueblos indios y a la posesión de
sus propios medios de comunicación.
El rechazo gubernamental a la iniciativa de Ley de la Cocopa y su campaña en contra de
las reformas indígenas, fue una verdadera puñalada por la espalda a la negociación,
acabó de tajo con la escasa confianza que se había construido a través de un largo y
sinuoso camino.
Durante casi dos años la Cocopa fue un espacio plural de trabajo, sus integrantes
mantuvieron un espíritu unitario que supo superar en muchas circunstancias difíciles las
naturales diferencias de opinión que se dan entre miembros de distintos partidos
políticos.
Uno de los retos centrales de la nueva comisión es mantener ese mismo clima de trabajo.
Partidizar las posiciones de los integrantes de la comisión es condenar al fracaso sus
posibilidades de funcionamiento. Anteponer criterios partidarios por sobre los acuerdos
entre las partes, es poner por delante el estrecho interés de grupos por sobre las
posibilidades de solución del conflicto. Pretender transformar la legislación de los
acuerdos, argumentando que éstos no coinciden con las plataformas de los institutos
políticos presentes en este Congreso, es traicionar las posibilidades de alcanzar una paz
con justicia y dignidad; significa cancelar de cuajo la eficacia de la ley. La nueva
Cocopa debe trabajar procurando la construcción de la paz y no el fortalecimiento de las
condiciones partidarias de sus miembros.
Compañeras y compañeros diputados: no habrá paz y desarrollo en nuestro país si no hay
paz en Chiapas. No habrá paz en Chiapas si no se crean las condiciones para solucionar
cabalmente las causas que originaron el conflicto.
No habrá paz en Chiapas si ésta no es con justicia y dignidad. La paz de nuestra nación
pasa por reconocer dentro de nuestra Constitución su carácter pluriétnico y
multicultural y el derecho de los pueblos indios a la libre determinación y a la
autonomía como forma de ejercicio de ésta.
La Cocopa tiene delante de sí el desafío de responder al mandato que la ley le ha dado,
tiene frente de sí el reto de trabajar por la paz; para ello debe funcionar como una
comisión que nace de un poder autónomo, de un poder independiente del Ejecutivo y poner
por delante los intereses de la nación por sobre los intereses de los partidos que la
integramos.
Aguila o sol, lo que hoy está en juego en nuestro trabajo es ni más ni menos, la paz o
la guerra en nuestro país.
Para hablar sobre el mismo tema, tiene
la palabra el diputado Felipe de Jesús Vicencio Alvarez.
El diputado Felipe de Jesús Vicencio
Alvarez: |
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados:
El dolor de Chiapas no es sólo un dolor de un Estado, es el dolor de millones de
mexicanos indígenas mestizos que han padecido al menos en los últimos 75 años un
gobierno de opresión y de autoritarismo, un gobierno que durante su vigencia ha
despreciado el Estado nacional y ha privilegiado el Estado de facción.
Chiapas da cuenta puntual del fracaso de las políticas que, orientadas a sostener al
poderoso, pervirtieron la idea de justicia y de bien común.
454, 455, 456
Chiapas representa con claridad el revés que propinó la realidad a las políticas
paternalistas que pretendían mantener enajenado el destino de los oprimidos. Chiapas es
un ejemplo evidente del naufragio de la política agraria que sembró la colectivización
de la tierra y después cosechó guardias blancas y caciques criminales. Chiapas es,
finalmente, lógico resultado de una tarea que para combatir la pobreza el Gobierno sólo
ha podido enfrentar pidiendo a los mexicanos ejercitar y volver a ejercitar la virtud de
la sapiencia.
Chiapas nos recuerda hoy que la democracia es ante todo, un sistema de vida que se funda
en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo y en consecuencia,
que el discurso fácil y recurrente de que estamos arribando a la normalidad democrática,
es falso. Todavía estamos lejos de alcanzarla y por eso debemos desterrar para siempre el
artificio de sostener a gobiernos precisamente con el dolor de la miseria y la ignorancia
de nuestros compatriotas.
Acción Nacional, frente al conflicto armado en esta región del país, reitera que las
causas del conflicto son justísimas y exige una solución definitiva. Negamos
categóricamente que la vía armada sea un método eficaz para atender las causas,
insistimos, justísimas del conflicto; advertimos, hoy por hoy, un preocupante proceso de
devaluación de la palabra de las partes en conflicto.
En cualquier circunstancia es impropio que las partes en conflicto, que son precisamente
eso, partes de un conflicto, asuman una postura intransigente como la única solución, o
lo que es peor, que se arroguen la representación de la nación. Sólo el diálogo
político auténtico, es decir, entendido como el intercambio de la palabra honesta que se
corrobora en las actitudes y en los hechos, generará bienes públicos y sentará las
bases para la paz justa y digna en Chiapas.
Mucho alienta la esperanza de esta paz el compromiso expresado por el Ejército Zapatista
de Liberación Nacional, cuando se retiró la marcha zapatista de nuestra capital, de
luchar por hacer inútiles las armas, pero esa paz también se aleja cuando el mismo
Ejército Zapatista mantiene su determinación de seguirlas empuñando. Mucho alienta
también la esperanza de esta paz, el reiterado llamado al diálogo que hace el Gobierno a
través de la Secretaría de Gobernación, pero esa paz se aleja cuando el mismo Gobierno
de la República mantiene las provocadoras movilizaciones del Ejército en la zona de
conflicto y aumenta cada día su ilegal presencia en distintas esferas de la vida
nacional.
Acción Nacional insiste, debe detenerse este peligroso proceso de deterioro de la
palabra, debe acreditarse con voluntad mutua de las partes que se está dispuesto a una
paz justa, digna y pronta en Chiapas y en el país entero.
En esta ocasión, los argumentos deben ser la justicia y la democracia, no la sangre de
los mexicanos, sean éstos indígenas del Ejército rebelde o soldados del Ejército
nacional.
Para Acción Nacional, el impostergable acercamiento debe establecerse sobre dos bases
irrenunciables: los acuerdos de San Andrés Larráinzar y la unidad nacional en el marco
de la ley. Es perfectamente posible conciliar la legítima demanda de autonomía indígena
y en general la de todas las comunidades que conforman el país, con el orden
constitucional garante de la unidad de la nación.
Este es precisamente el gran desafío de la Comisión de Concordia y Pacificación y de
esta legislatura: hacer de la patria una totalidad única e indivisible en donde nadie sea
excluido por razones de hecho y mucho menos por razones de derecho, estipulando además
con toda claridad y sin lugar a dudas, el derecho de los pueblos indígenas a preservar
sus valores sociales, políticos y culturales, así como a lograr su desarrollo integral
conforme a su propia identidad.
Acción Nacional apuesta a la indisoluble unidad de la nación mexicana, realidad y
espacio común de todos que no puede dividirse.
Fue una nación en esencia igual y justa la que soñó José María Morelos, en la que
como dejó constancia en Los Sentimientos de la Nación, sólo se distinguía a un
americano de otro en el vicio y la virtud.
Por otra parte, es un imperativo reconocer la diversidad pluriétnica ya consagrada en
nuestra Constitución, y desarrollar los cauces legales para que la misma pueda
garantizarse. Esa diversidad no atenta contra la unidad de la nación; por el contrario,
la fortalece y la enriquece.
Ciudadanas y ciudadanos diputados: el criterio que normará el trabajo legislativo del
grupo parlamentario de Acción Nacional en ésta y en cualquier otra materia, será la
preeminencia de la persona y el reconocimiento de sus derechos sobre cualquier otra
consideración.
No hay comunidad humana que pueda fundarse legítimamente en otro principio, esta
comunidad, sea local o nacional, deberá armonizar y jerarquizar su visión y sus
esfuerzos para permitir el libre desarrollo de cada uno de sus miembros, la necesaria
integración a un proyecto común que responda a las aspiraciones de todos, especialmente
de aquéllos a quienes se les ha negado sistemáticamente su pleno derecho a ser hombres.
Así lo entendieron Bartolomé de las Casas o Vasco de Quiroga, quienes con honda claridad
humanista corroboraron con sus obras que la integración que respeta a la diversidad y
defiende al débil, es la ruta para acabar con la opresión, la miseria y el dolor
innecesario, y para construir la unidad nacional sin exclusiones que todos los mexicanos
merecemos.
Muchas gracias.
Para fijar su posición con relación al
mismo tema, tiene la palabra, por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado
Pablo Gómez Alvarez, hasta por 10 minutos.
| El diputado Pablo Gómez Alvarez: |
Señoras y señores diputados:
Hoy se integra nuevamente la Cocopa, esperamos que la nueva Cocopa se desempeñe siguiendo
los pasos de la anterior Cocopa, una comisión plural, paritaria, que está haciendo algo
nuevo en la historia parlamentaria del país.
Sus tareas son múltiples, pero la más urgente es lograr eliminar los vetos del Gobierno,
del señor Zedillo y del señor Chuayffet, al proyecto elaborado por la propia Cocopa y
admitido hasta ahora por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, exactamente en
los términos del texto elaborado por la Cocopa.
El fondo del conflicto alrededor de ese texto, es que el Gobierno no termina por reconocer
que en México tienen existencia los pueblos indios más allá de las comunidades indias,
de reconocer que la solución agraria del problema indio de México no fue suficiente, que
no se trata sólo de que las comunidades indias cuenten con tierra para laborar, sino que
se requiere también el reconocimiento pleno de la exis tencia de los pueblos indios y su
derecho de autodecisión, de organización política, de dotarse a sí mismos, junto con
los mestizos que viven en las áreas ocupadas predominantemente por los pueblos indios, de
órganos de gestión pública.
En México predomina aún la idea de que la cuestión india es agraria y cultural, pero
nunca política. En México predomina la idea todavía por desgracia, de que los pueblos
indios irán extinguiéndose, para dar lugar al mestizo universal.
No es así. Los pueblos indios siguen creciendo, los pueblos indios siguen organizándose,
los pueblos indios siguen demandando sus derechos a ser reconocidos como tales.
La sociedad, predominantemente mestiza, tiene que dar el gran paso de reconocimiento
político, después de tantos siglos en los cuales los indios no han sido sino evocaciones
de un pasado que no tiene expresión en la realidad contemporánea.
Tenemos que dar un debate más a fondo sobre esta cuestión todavía, pero por lo pronto,
tenemos que unir a todas las fuerzas empeñadas en una visión nueva del problema, para
poder derrotar la visión racista que predomina en el gobierno, la visión
discriminatoria, la visión antidemocrática.
No es verdad que los pueblos indios hayan empezado a luchar a partir del 1o. de enero de
1994. Lo que es verdad, es que no esperaba el país una rebelión como la que se dio en el
Estado de Chiapas. Durante años, durante décadas, indios y mestizos pobres en Chiapas
han luchado por cambiar las condiciones de la opresión social y política que han tenido
que sufrir. Ha habido grandes luchas, masacres, una guerra acallada por la sociedad
dominante y en el momento de la rebelión, el país se mira a sí mismo y no se explica lo
que está pasando; el Gobierno mucho menos. El Gobierno declara que son extranjeros los
que dirigen la rebelión. Podemos verlos cara a cara, a pesar de los pasamontañas, porque
para ser mexicano, y para ser mexicano en Chiapas, y para ser indio en Chiapas, hay que
enfrentarse a la opresión que no se detiene en las máscaras y en los pasamontañas.
Ellos son, aun con el rostro cubierto, como han sido sus antepasados, han tenido el rostro
cubierto ante el Gobierno y la sociedad dominante durante siglos, pero son ellos mismos,
ellos mismos.
El problema de Chiapas es agudo, y la Cocopa tiene que enfrentarlo también en sus
términos. En Chiapas hay una revolución en curso, entendamos eso o no podremos enfrentar
el problema. Antes era más silenciosa, hoy es menos. Lo que ocurre hoy en el norte de
Chiapas, las guardias blancas, los asesinatos, las pandillas organizadas por finqueros y
políticos, no son otra cosa que lo que siempre ha existido: son las armas de los
opresores contra los oprimidos, es la expresión del atraso social que existe en ese
Estado, y esto tiene que ser superado, tiene que haber un cambio en el poder político en
el Estado de Chiapas, y si no lo hay no habrá inicio de solución de este problema.
Nosotros creemos que la Cocopa también debe abocarse a ello, que debe exigirle al
Gobierno que se desarmen las guardias blancas, los sicarios al servicio de políticos y
finqueros, que debe actuar con el valor que le da un mandato ciudadano de que México
quiere la paz fincada en la democracia, en el reconocimiento de los derechos, en la
superación de las condiciones sociales y económicas de esos pueblos atrasados y
oprimidos, porque no habrá paz con declaraciones ni discursos, sino con reformas
sociales, con derechos políticos, con reivindicaciones, que es lo que está exigiendo
gran parte de la sociedad mexicana. No dejemos entonces pasar la oportunidad.
Compañeros diputados integrantes de la Cocopa: ustedes tienen la palabra y el respaldo de
esta legislatura.
Muchas gracias.
Para fijar su posición con relación a
este mismo tema, tiene la palabra el diputado Roberto Armando Albores Guillén, por el
Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Roberto Armando Albores
Guillén: |
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, manifiesta en esta alta
tribuna de la nación su compromiso por la vía del diálogo y la negociación para lograr
la paz en el Estado de Chiapas.
La paz es un valor fundamental y un requisito para que los mexicanos y los chiapanecos
puedan construir una convivencia civilizada, para que puedan edificar juntos, con la
participación de todos, una vida democrática. Esta es, en la óptica y en la convicción
de los priístas, la condición fundamental para que nuestro país pueda desarrollarse e
incorporar a sus pueblos indígenas a una vida digna.
Muchos son los esfuerzos que ha realizado el Gobierno Federal y el EZLN con la
participación del Congreso de la Unión, representado en la Comisión de Concordia y
Pacificación y con la concurrencia de otras instancias de mediación, para lograr que la
sociedad mexicana tenga la certidumbre de que en Chiapas, el único camino que existe para
la reconciliación política es el diálogo y la negociación.
La Cámara de Diputados y el Senado de la República, tienen la responsabilidad, ahora, de
convencer a la sociedad mexicana y a las partes involucradas en el conflicto, de que el
diálogo resuelve efectivamente los problemas; que dialogar sirve y es útil para
construir consensos y conciliar puntos de vista diferentes; lograr la armonía y la
concordia entre los mexicanos.
Nos corresponde ahora, a nosotros, inaugurar una nueva era de sensibilidad, inteligencia y
compromiso político. Sensibilidad social para interpretar y comprender la esencia de los
problemas de los indígenas; inteligencia política para encontrar las vías de encuentro
y solución de un conflicto que no debemos minimizar en su trascendencia y en sus
implicaciones. Compromiso ideológico para tener la claridad de a quiénes debemos servir
y atender para bien de los mexicanos y el porvenir colectivo.
457, 458, 459
En Chiapas muchas cosas han cambiado desde el
1o. de enero de 1994; se ha hecho un esfuerzo gubernamental en donde están presente
grandísimas inversiones y reparto de la tierra en beneficio de los paisanos.
Debemos decirlo aquí en esta tribuna: el EZLN ha pasado de un movimiento armado y
clandestino a ser, como lo define la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna
en Chiapas, un grupo de mexicanos, mayoritariamente indígenas, que por diversas causas se
inconformaron con situaciones de injusticia.
Y este logro, esta transformación cualitativa, pasó por las puertas del Congreso
mexicano que se ofreció como coadyuvante a un proceso de diálogo y negociación.
El Gobierno Federal, encabezado por el presidente Ernesto Zedillo, ha contado con la
madurez política para sostener una iniciativa que abre los espacios del diálogo para la
paz, con disposición a la política y a la negociación.
Debemos recordar que fue su iniciativa la que involucró a una comisión de diputados y
senadores para que apoyaran el proceso de pacificación en Chiapas. Este es el antecedente
de la Cocopa.
Debemos aceptar también, que el Gobierno ha respetado siempre los espacios de expresión
del EZLN y la posibilidad de hacer política. Dan cuenta de ellos los
foros para acceder a las mesas de la reforma del Estado, libertad de tránsito y de
reunión con simpatizantes y militantes, así como su amplia capacidad de difusión y
presencia, tanto en la Ciudad de México como en el propio Estado de Chiapas.
Como en todo proceso de negociación, se han dado encuentros y desencuentros,
coincidencias y divergencias, pero lo fundamental es que ha prevalecido la tolerancia y la
cordura de ambas partes y ésa es nuestra tarea, reafirmar constantemente que la paz es
necesaria y que la paz se construye en la negociación y con el diálogo.
La LVII Legislatura tiene mucho que aportar a la reactivación del
proceso de negociación. Los priístas no escatimaremos esfuerzo alguno para lograr este
importante objetivo nacional. Tenemos que honrar la Ley Para el Diálogo, la Conciliación
y la Paz Digna en Chiapas. Ese es el instrumento de legalidad que nos debe permitir que se
reanuden las negociaciones y se ventilen satisfactoriamente las diferencias entre las
partes.
Ahí, en el texto de la ley, queda claramente establecido, qué le toca hacer a cada quien
en el proceso y cuál es su responsabilidad.
Al EZLN, así como al Gobierno de la República, le corresponde sentarse
a la mesa de negociación. Diferir sus diferencias, mediante el diálogo y buscar acuerdos
hacia una paz digna, justa y definitiva. A los intermediarios que las partes han aceptado,
les toca justamente eso, mediar y mediar significa colocarse por encima de las partes,
para apoyar la formación de consensos entre ellas y buscar el acercamiento de sus puntos
de vista, que naturalmente son diferentes. Este trabajo se ha hecho, tenemos que
fortalecerlo.
Y a la Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión, en la que
participan también representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de
Chiapas, le corresponde las funciones que la propia ley le asigna. Le toca coadyuvar y
coadyuvar es hacer posible el diálogo entre las partes, es decir, facilitar los
encuentros y las condiciones que permitan sentarse a la mesa y llegar a acuerdos en
beneficio del país.
Hoy, el diálogo debe reanudarse. Existen resultados concretos que han probado su
eficacia, el EZLN y el Gobierno Federal han refrendado su fidelidad a los
acuerdos que firmaron en San Andrés Larráinzar. Para lograr y facilitar el trabajo
legislativo y dimensionar con precisión la responsabilidad de cada uno de los grupos
parlamentarios, será necesario exclusivamente en aquellos puntos, en donde existan
discrepancias de las partes, fortalecer los acerca mientos y buscar las coincidencias, sin
fines protagónicos y posiciones irreductibles, para concretar por la vía del consenso,
reformas constitucionales y legales para el bien del país.
En estas condiciones, la Cámara de Diputados que hoy integra su representación ante la
Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso, debe asumir la responsabilidad que la
ley le confiere.
Por ello, desde esta alta tribuna nacional, hacemos un llamado a las partes, a que se
reanude el diálogo, ya que sólo así se dará cauce a las aspiraciones de democracia,
justicia, bienestar y desarrollo de las comunidades indígenas.
Es tarea de la renovada Cocopa que el diálogo se reinicie. Es también quehacer de la
Cocopa promover la reconciliación entre hermanos chiapanecos.
Estas son nuestras tareas y debemos cumplir, aun al costo de dejar de lado legítimas
posiciones de partido. La tolerancia es ejercicio y compromiso de todos.
Compañeras y compañeros diputados, esta Cámara se debe caracterizar por su disposición
al ejercicio de la política entendida como el proceso de dirimir las diferencias mediante
el diálogo y la negociación en base a la razón y la justicia. En esta Cámara plural
tiene que prevalecer la moderación y la tolerancia para poderle cumplir a México;
moderación para refrenar los ímpetus e imponerle el punto de vista al otro; tolerancia
para aceptar que venimos de formaciones políticas diferentes con proyectos de país
distintos, pero no irreconciliables y por encima de todo, voluntad política para cumplir
la Constitución General de la República.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política ha hecho llegar a esta
Presidencia, la comunicación por la que se designan a los diputados que representarán a
la LVII Legislatura ante la Comisión de Concordia y Pacificación, (Cocopa).
Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, los diputados:
Roberto Albores Guillén, Javier Gurrero García; por el grupo parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática: Gilberto López y Rivas, Carlos Morales Vázquez; por el
grupo parlamen tario del Partido Acción Nacional: Felipe Vicencio Alvarez, Germán
Martínez Cázares; por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:
Aurora Bazán López, Miguel Angel Garza Vázquez; por el grupo parlamentario del Partido
del Trabajo: Gerardo Acosta Zavala y José Luis López López.
ASISTENCIA A SESIONES
Esta Presidencia tiene a bien
comunicarles las siguientes precisiones con relación a los acuerdos tomados por la mesa
directiva de esta Cámara de Diputados en torno al quorum.
La Presidencia de la mesa directiva de esta Cámara de Diputados tiene, entre otras
obligaciones, la de cuidar la efectividad de los trabajos legislativos y aplicar con
imparcialidad y con toda oportunidad las disposiciones de la Ley Orgánica y de su
Reglamento Interior que norma toda su organización y funcionamiento.
La trascendencia que para la vida nacional tienen los asuntos que se ventilan en las
sesiones del pleno de esta Cámara, requiere que las diputadas y diputados que la integran
asistan con toda la regularidad a las reuniones, permanezcan en el recinto y garanticen
con su voto la sanción de los acuerdos, de los decretos y de las leyes que en su seno se
aprueben, actuando con la responsabilidad inherente a su alta representación.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 64
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27 inciso e de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 28, 47, 48 y 50 del
Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tiene a bien
resolver:
1o. Los diputados que no concurran a una sesión sin causa justificada o sin permiso de
esta Presidencia, no tendrán derecho a la dieta correspondiente al día en que falten.
2o. Cuando un miembro de la Cámara deje de asistir a 10 sesiones consecutivas sin causa
justificada, además de los descuentos a que se refiere el párrafo anterior, la
Secretaría hará que se publique el nombre del faltante en el Diario Oficial de la
Federación, la que seguirá haciéndose mientras continuare la falta.
3o. Se instruye a la Oficialía Mayor de esta Cámara, para que tome las medidas de
carácter administrativo pertinentes, para que informen a esta Presidencia el cómputo
final de la presencia de los diputados, cuando a las 12:00 horas sean retiradas las listas
de registro de firma.
Asimismo, se deberá reportar con la misma oportunidad a los coordinadores de los grupos
parlamentarios, la relación de nombres de los diputados pertenecientes a cada grupo, que
incumplan con la asistencia.
4o. Se instruye igualmente a la Oficialía Mayor, que al término de la sesión remita a
la Dirección de Comunicación Social de la Cámara, la relación de diputados faltantes
para efectos del conocimiento que los distintos medios de comunicación deben tener.
5o. Las comisiones de trabajo partidistas no serán admitidas como causa de justificación
de la inasistencia de los diputados.
Los acuerdos anteriores son sin perjuicio de lo dispuesto por la fracción XVII del
artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, que se refiere
a las facultades discrecionales para hacer por parte de la Presidencia de la mesa
directiva, que los diputados estén presentes sin excusa alguna, en las sesiones donde se
traten asuntos de especial interés nacional.
ESTADO DE YUCATAN
Continuando con el orden del día, para
referirse a la situación política en el Estado de Yucatán, tiene ahora la palabra el
diputado Edgar Martín Ramírez Pech, del Partido Acción Nacional.
| El diputado Edgar Martín Ramírez Pech: |
Con el permiso de la Presidencia;
señoras legisladoras; señores diputados:
Hago uso de esta tribuna para hablar, como bien se ha dicho, de la situación política
que se vive, que se sufre en Yucatán. O para mejor decir, del agravio que en contra de
Yucatán comete un mal yucateco. O para mejor decir, el agravio que desde Yucatán comete
para todo México, un mal yucateco.
Mientras en la patria entera se escribe una nueva realidad que habla de democracia, de
justicia, de libertad; mientras que en el México entero, para decirlo en palabras de
Enrique Krauze, pasamos de la presidencia imperial a la presidencia republicana; allá, en
el sureste, en Yucatán, una persona convierte a nuestro Estado en lo que podríamos
llamar un nuevo porfiriato o un nuevo cerverato, para mejor decir.
Y es que, amigos legisladores, ahí gobierna desde hace ya algunos años, quien fuera
Secretario de la Reforma Agraria del anterior periodo gubernamental, el secretario de
excep ción de Salinas, como se ha dado en llamar y lo único malo es que mientras Salinas
se fue para Irlanda, al señor Secretario de excepción, nos lo mandaron para Yucatán.
Y es que habría que comentar con ustedes algunos de los agravios que se cometen con el
pueblo yucateco y para eso es necesario contar algunos antecedentes:
En 1984, el 16 de febrero, quien era gobernador del Estado, Alpuche Pinzón, en
circunstancias bastante extrañas, solicitó licencia de su cargo por seis meses.
Aun cuando dicha licencia ocurrió dentro de los tres primeros años de la
administración, el Congreso del Estado de Yucatán, sin justificación legal, designó
como gobernador al señor Víctor Manuel Cervera Pacheco.
Vencido este plazo, bajo las mismas oscuras circunstancias, el general Alpuche Pinzón
volvió a solicitar nueva licencia por otros seis meses y el Congreso del Estado designó
de nueva cuenta a Víctor Cervera Pacheco, para ocupar el puesto de gobernador, por
segunda vez.
Cabe señalar que en ese instante se violaba la Constitución del Estado, que señalaba
que:
"El ciudadano que haya desempeñado el cargo de gobernador del Estado, electo
popularmente o con el carácter de interino, provisional o sustituto, en ningún caso y
por ningún motivo podrá volver a desempeñar este puesto. "
Segunda vez en que rendía protesta.
460, 461, 462
El día 16 de febrero de 1985, transcurridos ya los tres primeros años de la
administración del men a esta Presidencia el cómputo final de la presencia de los
diputados, cuando a las 12:00 horas sean retiradas las listas de registro de firma.
Asimismo, se deberá reportar con la misma oportunidad a los coordinadores de los grupos
parlamentarios, la relación de nombres de los diputados pertenecientes a cada grupo, que
incumplan con la asistencia.
4o. Se instruye igualmente a la Oficialía Mayor, que al término de la sesión remita a
la Dirección de Comunicación Social de la Cámara, la relación de diputados faltantes
para efectos del conocimiento que los distintos medios de comunicación deben tener.
5o. Las comisiones de trabajo partidistas no serán admitidas como causa de justificación
de la inasistencia de los diputados.
Los acuerdos anteriores son sin perjuicio de lo dispuesto por la fracción XVII del
artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, que se refiere
a las facultades discrecionales para hacer por parte de la Presidencia de la mesa
directiva, que los diputados estén presentes sin excusa alguna, en las sesiones donde se
traten asuntos de especial interés nacional.
ESTADO DE YUCATAN
Continuando con el orden del día, para
referirse a la situación política en el Estado de Yucatán, tiene ahora la palabra el
diputado Edgar Martín Ramírez Pech, del Partido Acción Nacional.
| El diputado
Edgar Martín Ramírez Pech: |
Con el permiso de la Presidencia;
señoras legisladoras; señores diputados:
Hago uso de esta tribuna para hablar, como bien se ha dicho, de la situación política
que se vive, que se sufre en Yucatán. O para mejor decir, del agravio que en contra de
Yucatán comete un mal yucateco. O para mejor decir, el agravio que desde Yucatán comete
para todo México, un mal yucateco.
Mientras en la patria entera se escribe una nueva realidad que habla de democracia, de
justicia, de libertad; mientras que en el México entero, para decirlo en palabras de
Enrique Krauze, pasamos de la presidencia imperial a la presidencia republicana; allá, en
el sureste, en Yucatán, una persona convierte a nuestro Estado en lo que podríamos
llamar un nuevo porfiriato o un nuevo cerverato, para mejor decir.
Y es que, amigos legisladores, ahí gobierna desde hace ya algunos años, quien fuera
Secretario de la Reforma Agraria del anterior periodo gubernamental, el secretario de
excep ción de Salinas, como se ha dado en llamar y lo único malo es que mientras Salinas
se fue para Irlanda, al señor Secretario de excepción, nos lo mandaron para Yucatán.
Y es que habría que comentar con ustedes algunos de los agravios que se cometen con el
pueblo yucateco y para eso es necesario contar algunos antecedentes:
En 1984, el 16 de febrero, quien era gobernador del Estado, Alpuche Pinzón, en
circunstancias bastante extrañas, solicitó licencia de su cargo por seis meses.
Aun cuando dicha licencia ocurrió dentro de los tres primeros años de la
administración, el Congreso del Estado de Yucatán, sin justificación legal, designó
como gobernador al señor Víctor Manuel Cervera Pacheco.
Vencido este plazo, bajo las mismas oscuras circunstancias, el general Alpuche Pinzón
volvió a solicitar nueva licencia por otros seis meses y el Congreso del Estado designó
de nueva cuenta a Víctor Cervera Pacheco, para ocupar el puesto de gobernador, por
segunda vez.
Cabe señalar que en ese instante se violaba la Constitución del Estado, que señalaba
que:
"El ciudadano que haya desempeñado el cargo de gobernador del Estado, electo
popularmente o con el carácter de interino, provisional o sustituto, en ningún caso y
por ningún motivo podrá volver a desempeñar este puesto. "
Segunda vez en que rendía protesta.
El día 16 de febrero de 1985, transcurridos ya los tres primeros años de la
administración del general Alpuche Pinzón, vence la obligación de convocar a nuevas
elecciones y el Congreso estatal designa, ¡por tercera vez!, al señor Víctor Manuel
Cervera Pacheco, como gobernador del Estado.
En consecuencia, hasta el día 31 de enero de 1988, dicho sujeto llevaba ya gobernando el
Estado de Yucatán, tres años, 11 meses y 15 días.
El día 1o. de agosto de 1995, luego de unas elecciones que han sido llamadas por todos
"fraudulentas", el multicitado señor Cervera Pachecho, cuando ya había
gobernado por espacio de más de tres años, ¡por cuarta ocasión!, rinde protesta como
gobernador del Estado de Yucatán. Hecho insólito en la vida nacional.
Yo no conozco a ningún gobernador que haya rendido por cuatro veces la protesta como
gobernador, en este país.
Y, sin embargo, amigos, yo a ustedes les preguntaría; ¿estarían ustedes dispuestos a
tener por 10, 15, 20 años a interinos tan funestos y que tan mal han gobernado como
Víctor Manuel Cervera Pecheco?
Y les pregunto, porque hay en México más de una docena de gobernadores, que fueron
gobernadores interinos y que con este experimento que se comete y que se hace en Yu
catán, pueden regresar otro día a su Estado para ser nuevamente gobernadores.
Díganme si esto no es un agravio no solamente a Yucatán, sino es un agravio a la patria
entera.
¿Dónde queda entonces el sufragio efectivo? ¿Dónde está Madero? ¿Dónde están los
millones de muertos de la Revolución Mexicana? ¡Bien gracias!, El "cerverato"
en su apogeo en el Estado de Yucatán.
Sin embargo, amigos, este Gobierno en Yucatán, se ha distinguido por violar
sistemáticamente, impunemente, la Constitución Federal, la Constitución local y
diversos ordenamientos legales nacionales y locales.
No es solamente esto lo que habría que imputarle al señor Cervera. Ha dejado al Congreso
local en un total inmovilismo, porque ahí liderea a su mayoría exigua, por cierto
priísta, para cometer todo tipo de fechorías, golpes a los diputados de oposición y
vivimos en la prehistoria.
No en balde un priísta notable, destacado, que fue gobernador de Yucatán, que es
priísta destacado, gobernador del Estado anteriormente, Víctor Manzanilla Schaffer, lo
definió francamente, a Cervera, ¡un político rupestre!, y es lo que es.
Ya ahí ha hecho de todas en Yucatán. Agresiones en el Congreso, ha creado, violando el
artículo 115 constitucional, consejos de desarrollo social, que son intermediarios entre
el ayuntamiento de Mérida y la población, violando flagrantemente en esto, la
Constitución, que señala que:
"No puede haber intermediarios entre las autoridades municipales y la
población."
¡Desde luego no han parado ahí sus tropelías, sus fechorías! ¡No ha querido publicar
desde 1995 ningún reglamento municipal expedido por el ayuntamiento de Mérida!
¡También ha reducido drásticamente los recursos del ramo 26 al ayuntamiento emanado de
Acción Nacional de Mérida, cambiando la fórmula de reparto de este ramo tan importante
en el presupuesto nacional, estatal y municipal!
¡Y qué decir de los recursos que se destinan al CAPFCE, a la educación! ¡Solamente en
el año de 1996, 18 millones de pesos destinados a la reconstrucción de escuelas a
través del CAPFCE y en un convenio firmado por el mismo señor y por el Secretario de
Educación, "se estipulaba claramente que estos recursos deberían ser administrados
por los ayuntamientos, todos los ayuntamientos del Estado"! ¡Y es la hora en que
hasta el momento, 1997, no les ha llegado un solo centavo de esos recursos a los
municipios del Estado de Yucatán! ¡Porque el señor ni siquiera tiene la decencia de
respetar su propia firma!
¡Desde luego que ha sido atosigado el pueblo de Yucatán y así como éstas, muchísimas
más violaciones constitucionales y reglamentarias en Yucatán!
¡Desde luego que hoy la situación es diferente! ¡Yucatán a través de esta tribuna
dice: que no todos los yucatecos somos como tal sujeto. Que en Mérida, en Yucatán y con
Cervera hay intolerancia, hay dictadura, hay violación que por otra parte hay un pueblo
que está de pie, pidiendo: que fuera Cervera del gobierno estatal, porque no merecemos
los yucatecos, los mexicanos, tener gobernantes de este tipo!
¡Acción Nacional ha encabezado este movimiento de defensa del pueblo de Yucatán desde
siempre!
¡Por fortuna hoy nuestra lucha da frutos! ¡Hoy, aquí en mis manos tengo una solicitud
de diversas organizaciones políticas: PAN, PRD, PT; organizaciones cívicas y, por
supuesto, destacados priístas que piden que a Víctor Cervera Pacheco se le inicie un
juicio político en esta Cámara de Diputados!
¡Y les quiero decir que dictadores de este tipo no aguantan una asamblea democrática
como ésta! ¡Y que Acción Nacional, en los meses por venir...
Diputado, por favor. Su tiempo ha
concluido. Le rogamos concluir su intervención.
| El diputado
Edgar Martín Ramírez Pech: |
Ha de presentar ante las comisiones
respectivas, solicitud de juicio político!
Gracias.
Para hablar sobre el mismo tema, tiene
la palabra el diputado Alvaro Arceo Corcuera, del Partido de la Revolución Democrática,
hasta por 10 minutos.
| El diputado Alvaro Arceo Corcuera: |
Señora Presidenta; compañeras y
compañeros diputados:
Por algunas razones, entre las cuales se podría contar la cercanía geográfica y la
cercanía en el afecto, el caso de Yucatán nos ha llegado muy hondo en Campeche.
Es cierto que la interpretación de la ley o cierta interpretación de la ley, ha
permitido que hasta ahora se perfile la posibilidad de que una persona pueda estar al
mando de un gobierno estatal hasta por 10 años. Siguiendo esa misma interpretación, no
sería extraño que nos encontráramos más adelante con gobernadores de 12, 15, 20 años,
de acuerdo a como se vaya acomodando la letra de la ley y siendo desleales con el
espíritu de la ley.
Si a cualquiera de nosotros nos preguntaran: ¿si consentiríamos en tener un gobernador
por más de 10 años, por 12 ó 15? Seguramente responderíamos, sin tener mayor
conocimiento de la ley: ¡que no! Contestaríamos por mera intuición, quizá, por la
intuición de lo justo; precisamente por la intuición de lo justo que el pueblo es el que
vuelca en los organismos que hace la ley, como es esta Cámara de Dipu tados.
¿Qué sucede en el caso de Yucatán? Encontramos un precepto constitucional que delimita
a seis años el periodo del Presidente de la República, pero además señala con toda
claridad que nadie que haya ocupado ese cargo, bajo ningún concepto, bajo ningún nombre,
por elección, interinato, sustituto, podrá volver a ocupar el puesto de Presidente de la
República. En cambio en cuanto hace a las entidades federativas, puede encontrarse, en
efecto, en el 116 constitucional, la interpretación gramatical que permita lo que el
instinto de justicia rechaza.
Por eso es importante que se ventile en esta Cámara, que no es Poder Judicial, que se
ventile ese caso y se resuelva qué podemos o qué debemos hacer en torno al fraude, a la
ley.
¿Qué podemos hacer cuando nos encontramos con que algunos artículos, algunos preceptos
legales pueden ser utilizados de tal manera que se viole el espíritu del mismísimo
Constituyente?
Por alguna razón el Constituyente de 1917, decidió que fueran seis años, no siete, no
10, no 15, el periodo de los ejecutivos, "los ejecutivos". Por alguna razón
señaló también el Constituyente, que no pudieran repetir en el cargo. Era la
percepción de que un periodo demasiado largo podría dar lugar a lo que viene ocurriendo
precisamente en el Estado de Yucatán, que un gobernador se convierta en un cacique, en un
emperador que no tiene frenos para su poder, para ejercer el poder y para desvirtuar toda
la naturaleza constitucional de este país.
Nosotros en Campeche, tenemos también un caso similar, respecto de la interpretación de
las leyes. Se lleva a todo un pueblo a una suerte de justicia de barandilla, se arreglan
las leyes de tal manera que la voluntad popular queda a fin de cuentas y con la ley en la
mano, con el código en la mano, desvirtuada. Otra vez la letra impresa sobre el espíritu
de la ley, otra vez la interpretación de la ley sobre la percepción de la justicia
popular.
¿Qué puede hacer o qué debe hacer esta Cá mara en esos casos? Desde luego revisar los
textos legales para precisar con toda claridad qué es lo que queremos los mexicanos en
nuestro país, en nuestras entidades federativas. Si queremos gobernadores de 15 ó 20
años vamos a decirlo así y si no vamos a establecerlo con toda claridad.
Si queremos tener votaciones, que es un mero método para que se exprese la opinión
popular y para poder encontrar la voluntad mayoritaria, que se exprese, decía, con
claridad, genuinamente y no pueda ser desvirtuada por interpretaciones legales, que no
prevalezca el coyote sobre el espíritu de la ley, entonces también debemos tomar algunas
medidas para que en todos los códigos electorales estatales quede perfectamente claro,
perfectamente simple cómo hacer valer el voto popular y la voluntad popular. De otro modo
seguirá sucediendo lo que nos ocurre a nosotros, que no podemos probar que ocurrió lo
que sucedió o no podemos probar que no sucedió lo que realmente ocurrió. Se nos lleva,
decía, a una justicia de barandilla, se nos sujeta a un procedimiento de tipo civil
mercantil, se olvida que se está tratando no con intereses particulares, sino con la
esencia misma de la democracia como lo es el voto popular, la voluntad popular.
Toda ley que permita de alguna manera que la voluntad popular sea burlada, desde luego que
es una ley que debe ser cambiada y si nosotros somos los hacedores de la ley junto con la
Cámara de Senadores, más vale que pongamos la mayor de las atenciones en lo que viene
ocurriendo en el sur de este país, en lo que viene ocurriendo en Yucatán, en Campeche,
en Chiapas, en Tabasco, donde nos ganan pleitos en los tribunales, pero el pueblo se
apresta para ganar la lucha en las calles.
Más vale entonces que tomemos ejemplo de lo que viene aconteciendo en esos lugares y nos
anticipemos a lo que no nos gustaría ver.
¿Qué pasa en Campeche ahora? ¿Qué ocurrió hace unos días?, una manifestación
popular, una manifestación de ciudadanos inconformes con el resultado oficial de las
elecciones, que se acercó a un edificio público del palacio de gobierno, el palacio de
gobierno resguardado por cerca de 500 policías armados, asumiendo papel de muro de
contención, lo cual ya era bastante malo; sin embargo a una orden determinada, ese muro
de contención se transformó en una partida de caza, hubo aplicación de chorros de agua
a gran presión y después de humedecida la gente, los ciudadanos después de estar
húmedos, después de ser mojados, les fueron aplicados bastones eléctricos, choques
eléctricos.
No parece que ese procedimiento denote de ninguna manera el ejercicio de un gobierno
legal, de un gobierno popular, de un gobierno sin sospecha; contrariamente lo que dan a
entender con ese tipo de conductas violentas y aún crueles, es que de lo que se trata es
de consolidar con las armas, consolidar con la violencia física, lo que se obtuvo con la
violencia legal.
En esas condiciones, si hay 10 años para gobernador de Yucatán, ¿por qué no me regala
un minuto más?
Termino pidiendo a mis compañeras y compañeros diputados, la mayor de sus atenciones
para el sur y el sureste de nuestro país.
Gracias.
Tiene la palabra, el diputado Ricardo
Cantú Garza.
| El diputado Ricardo Cantú Garza: |
Con su venia, diputada Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
463, 464, 465
El Partido del Trabajo acude a esta tribuna con el objeto de fijar su posición respecto
de un problema de carácter constitucional que afecta al Estado de Yucatán.
Como es del conocimiento público, Víctor Manuel Cervera Pacheco ha contravertido la
Constitución General de la República, particularmente la fracción I del artículo 116 y
el ar tículo 128.
El Partido del Trabajo, considera que Cervera Pacheco ha violado el párrafo primero de la
fracción I del artículo 116, que establece: "los gobernadores de los estados no
podrán durar en su encargo más de seis años", es el caso que Cervera Pacheco ha
excedido a partir del 16 de agosto próximo pasado, este término constitucional; él fue
gobernador durante seis meses, del 16 de febrero de 1984 al 15 de agosto del mismo año;
después lo es del 16 de agosto de 1984 al 15 de febrero de 1985, aquí suman ya un año
de ejercicio, vale aclarar que aquí se violó, al ocupar la gubernatura por segunda
ocasión, el artículo 48 de la Constitución del Estado de Yucatán, vigente en esa
época que establecía: "el ciudadano que haya desempeñado el cargo de gobernador
del Estado, electo popularmente o con el carácter de interino, provisional o sustituto,
en ningún caso y por ningún motivo, podrá volver a desempeñar ese puesto".
De la transcripción del artículo encomento se desprende una clara y manifiesta
violación a la Constitución del Estado, ya que ésta prohibía expresamente el que
alguien que ya hubiera ocupado la gubernatura con independencia de la denominación que
tuviera, no podría bajo ninguna condición ni circunstancia, volver a ocupar la
gubernatura.
Ahora bien, una vez que transcurren los tres primeros años del periodo gubernalmental de
Graciliano Alpuche Pinzón, de 1982 a 1985, el general Alpuche solicita licencia
indefinida y la legislatura del Estado de Yucatán designa por tercera ocasión como
gobernador del Estado, a Víctor Manuel Cervera Pacheco, lo cual constituye una segunda
violación al artículo 48 de la Constitución del Estado, vigente en la época; por
tanto, hasta el 31 de enero de 1988, Víctor Manuel Cervera Pacheco había desempeñado el
cargo de gobernador del Estado por tres años, 11 meses y 15 días, tomando en cuenta que
el último periodo de gobierno fue del 16 de febrero de 1985 al 31 de enero de 1988.
El 17 de marzo de 1987, se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto de
adiciones y reformas a la Constitución General de la República en el artículo 116, por
lo que se introduce el principio plasmado en la fracción I de dicho precepto, de que
ningún gobernador podrá durar en su encargo más de seis años.
Dentro de su tercer periodo como gobernador, Víctor Manuel Cervera Pacheco aprovecha las
reformas de la Constitución General de la República, para enviar una iniciativa al
Congreso local con objeto de poner en concordancia la Constitución del Estado de Yucatán
a lo que estableció el 116 constitucional y al permitir este último precepto, el que
alguien que hubiere ocupado la gubernatura de alguna entidad con el carácter de interino,
provisional, sustituto o encargado del despacho pudiera participar en una elección
ordinaria o extraordinaria, siempre y cuando transcurriera un periodo gubernativo.
Con esta aparente permisión constitucional, Cervera Pacheco quien ya había ocupado por
tres periodos el cargo de gobernador, es propuesto por su partido como candidato a un
cuarto periodo, respetando aparentemente el contenido del nuevo artículo 116 pero
violando el artículo 48 de la Constitución local vigente en el momento en que ocupó por
tres veces la gubernatura.
Asimismo, a partir del inicio de su cuarto periodo de gobierno y hasta el día de hoy,
Cervera Pacheco ha acumulado seis años y 40 días como gobernador, por lo cual la
violación a la fracción I del artículo 116, es notoriamente manifiesta.
Por las consideraciones antes expuestas, el Partido del Trabajo se pronuncia por el
respeto a la norma fundamental de nuestro sistema político y en consecuencia, que el
gobernador cumpla la obligación que le impone el artículo 128 constitucional, que
establece: "todo funcionario público sin excepción alguna, antes de tomar posesión
de su encargo, rendirá la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella
emanan". En consecuencia, exigimos que el gobernador del Estado de Yucatán cumpla
con lo que establecen los artículo 116 y 128 de la Constitución General de la República
y por lo tanto, el que presente su renuncia al cargo y si no lo hace, la propuesta del
Partido del Trabajo, compañeras y compañeros legisladores, particularmente el Partido
Verde Ecologista, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Acción
Nacional, les proponemos que formalicemos la demanda de juicio político por parte de esta
Cámara de Diputados, contra el gobernador Víctor Manuel Cervera Pacheco.
Gracias.
Para hablar sobre el mismo tema, tiene
la palabra el diputado Orlando Alberto Paredes Lara, del Partido Revolucionario
Institucional.
| El diputado Orlando Alberto Paredes Lara: |
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros legisladores:
Los asuntos internos de Yucatán los resolvemos los yucatecos.
Algunos partidos políticos han venido denunciando desde hace algunas semanas, supuestas
violaciones a la Constitución Federal, respecto al gobernador constitucional del Estado
de Yucatán, ciudadano Víctor Manuel Cervera Pacheco, que resultó electo por decisión
de la ciudadanía, el 28 de mayo de 1995.
Lo que dichos partidos argumentan es que la fracción I del artículo 116 constitucional,
en su primer párrafo, a la letra dice: "los gobernadores de los estados no podrán
durar en su encargo más de seis años". Interpretando a su conveniencia el citado
precepto, manifiestan que al sumarse los tres años con 11 meses y 15 días, en los cuales
Víctor Cervera Pacheco fue gobernador interino, más los dos años con 15 días que
cumplió el 16 de agosto pasado, se suman seis años y por ende, al continuar en el puesto
se viola lo estipulado en nuestra Carta Magna.
Tenemos ante nosotros dos verdades a medias que, utilizadas dolosamente, desacreditan a
nuestras instituciones y desvirtúan nuestro estado de derecho. A continuación
demostraremos la falsedad de dichos partidos y la legitimidad del gobierno de Víctor
Cervera Pacheco, haciendo un análisis objetivo sobre lo estipulado en nuestra
Constitución.
El cuarto párrafo de la fracción I del artículo antes mencionado dice: "nunca
podrán ser electos para el periodo inmediato:
a) El gobernador sustituto, constitucional o el designado para concluir el periodo en caso
de falta absoluta del constitucional, aún cuando tenga distinta denominación y
b) El gobernador interino, el provisional o el ciudadano que bajo cualquier denominación
supla faltas temporales del gobernador, siempre que desempeñe el cargo los dos últimos
años del periodo".
Víctor Cervera Pacheco cumplió con lo preceptuado por la Constitución; fue gobernador
interino durante los últimos cuatro años del sexenio 1982-1988 y fue electo como
gobernador constitucional hasta después de que concluyeron dos periodos constitucionales.
La Constitución ha sido respetada al pie de la letra.
Permítame el orador.
El diputado Edgar Martín Ramírez Pech
(desde su curul): |
Señora Presidenta, quisiera que
preguntara al orador si acepta una interpelación.
¿Acepta usted una interpelación?
| El diputado
Orlando Alberto Paredes Lara: |
No, señora Presidenta.
No la acepta. Continúe el orador en el
uso de la palabra.
| El diputado
Orlando Alberto Paredes Lara: |
El párrafo tercero de dicho artículo
estipula lo siguiente: "los gobernadores de los estados cuyo origen sea la elección
popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo, podrán volver
a ocupar ese cargo, ni aún con el carácter de interinos, provisionales, sustitutos o
encargados del despacho". Este no es el caso del actual gobernador de Yucatán, ya
que, repetimos, él fue gobernador interino y sí estaba en posibilidades de volver a
ocupar la primera magistratura estatal.
Asimismo, la fracción I, donde fundan su falacia los citados partidos políticos, señala
que los gobernadores de los estados no podrán durar en su encargo más de seis años.
Es precisamente aquí, donde dichos partidos políticos pretenden torcer el precepto
constitucional para que sirva a sus muy particulares intereses. Por encargo se entiende
cada periodo en el cual una persona desempeña un puesto público. Es de elemental lógica
afirmar que los periodos constitucionales no son acumulativos. Estamos ante dos encargos
perfectamente diferenciados entre sí; el primero de cuatro años, Cervera Pacheco fue
gobernador interino y el segundo tendrá una duración exacta de seis años, del 1o. de
agosto de 1995 al 31 de julio del 2001.
El multicitado precepto se refiere a que un gobernador no puede prolongar su duración en
el encargo ni siquiera un día posterior al término del mandato para el que haya sido
electo o nombrado ni aún por causa de fuerza mayor. El objetivo fue sentar las bases para
que cada periodo constitucional, actualmente de seis años, se respete fielmente.
Este no es el caso de Yucatán, ya que ni Víctor Cervera, ni ningún otro gobernante, ha
permanecido en la titularidad del Poder Ejecutivo después de terminado el encargo para el
que haya sido nombrado o electo, por lo tanto queda plenamente demostrado que la campaña
de esos partidos políticos es un intento, sin fundamento, de obtener victorias
extralegales que no han podido obtener por medio del sufragio.
Quisiera recalcar este concepto. Si el Constituyente hubiera deseado que el tiempo de
duración de un gobernador en administraciones distintas fuera acumulable, no permitiría
que un gobernador interino pudiera ser electo como constitucional, dejando pasar un
periodo.
Está muy claro, la palabra "encargo" se refiere a cada periodo constitucional
para el cual es designado o electo directamente el gobernador del Estado y no a la suma de
años durante los cuales pudiera haber ocupado la titularidad del ejecutivo estatal.
Para abundar en ello, nos podemos referir al sentido que la Constitución Federal, a lo
largo de su articulado le da a la palabra encargo. Encargo, en nuestra Constitución se
refiere a un periodo de tiempo en el cual una persona desempeña un cargo público. En la
mayoría de las ocasiones nuestra misma Carta Magna dispone las fechas exactas y en otras
ocasiones establece un número determinado de años. Por lo tanto, encargo no puede
abarcar varios periodos constitucionales, sino el que se menciona ex professo.
Algunos ejemplos de ello son: "el Presidente de la República, según artículo 83
vigente, entrará a ejercer su encargo el 1o. de diciembre y durará en él seis
años". Refiriéndose al mismo funcionario: "durante el tiempo que dure su
encargo".
Podemos mencionar en el mismo caso a los ministros de la Suprema Corte de Justicia; los
magistrados de circuito; los magistrados del Tribunal Superior.
Sería ilógico y carente de toda verdad legal afirmar que para todos los cargos públicos
que establece la Constitución, la palabra encargo se refiera a un periodo perfectamente
determinado y diferenciado y para los gobernadores, la misma palabra corresponda a la suma
de todos los años en diferentes periodos constitucionales que éste haya desempeñado en
su puesto.
Habiendo demostrado la constitucionalidad y la legalidad del gobierno de Víctor Cervera
Pacheco, se pueden añadir otras consideraciones de interés. El Estado vive un clima de
tranquilidad y paz social que ha resultado del absoluto respeto de nuestro gobernador a la
voluntad ciudadana y la pluralidad de ideas y de posiciones políticas existentes en el
Estado.
Hoy, más que nunca, los yucatecos viven en armonía y dedicados a trabajar para ganarse
un mejor presente y un futuro.
466,467, 468
Por lo anterior, puedo afirmar que no existe ninguna razón legal, social, económica o
política, para que el gobernador constitucional, Víctor Cervera Pacheco, deje el cargo o
renuncie. Por lo tanto, todo lo que se pueda decir o hacer en ese sentido no tiene validez
ni cuenta con el respaldo de la sociedad yucateca.
Para contestar alusiones personales,
tiene la palabra el diputado del Partido Acción Nacional y tomamos nota del registro para
rectificación de hechos.
| El diputado
Edgar Martín Ramírez Pech: |
Con el permiso de la Presidencia; señoras diputadas; señores diputados:
La verdad es que voy de asombro en asombro, hoy se voló la barda el diputado que me
antecedió. ¡Cómo que los asuntos de Yucatán solamente tienen que tratarlos los
yucatecos! ¿Pues qué acaso Yucatán no es parte de una Federación, que no somos
diputados federales de toda la nación? O me pregunto si acaso viene como mensajero del
señor Cervera.
La letra de la Constitución no tiene dolo, no le busquemos rendijas, no hay disposición
categórica que contravenga el primer párrafo del artículo 116, sin embargo, señores
legisladores, la violación de Cervera no es solamente en el sentido de estar ocupando y
ocupando, protestando y protestando como gobernador, es también por violación al
artículo 115 en cuanto a que ha puesto una autoridad intermedia entre el municipio y los
ciudadanos y también ha violado muchísimas otras leyes.
¿Qué acaso no se acuerda el señor diputado federal, cuando en 1984 aparecieron en
Yucatán 1 mil ejemplares de una Constitución apócrifa mandada hacer por el gobierno del
Estado del señor Cervera? ¿Qué no se acuerda de ese tipo también de violaciones
constitucionales?
Sin embargo, señor diputado, yo quisiera decirles, yo quisiera decirle que como diputado
en este sentido, hubiera sido usted un magnífico porfirista de principios de siglo,
porque la verdad, yo creo, don Porfirio le hubiera hecho un monumento a usted, porque el
mismo argumento repetía en ese entonces.
Pero cada día, señor, cada minuto, cada segundo que pasa en Yucatán, Víctor Cervera
Pacheco viola la Constitución, viola la ley y los yucatecos padecemos su gobierno, pero
no ha de ser por mucho tiempo porque no hay plazo que no se venza. Nos veremos en la
comisión instructora para haber sí ahí sí acepta mis interpelaciones.
Cervera, señor, ha de pasar a la historia. Vamos a hacer que pase a la historia por dos
cosas: por haber gobernado un Estado más de seis años y por ser el primer gobernador a
quien esta Cámara le finque juicio político procedente.
Ha pedido la palabra para rectificación
de hechos, el diputado Ricardo Cantú. Tiene la palabra.
| El diputado Ricardo Cantú Garza: |
Con el permiso de la Presidencia:
Se ha dicho: "los problemas de Yucatán se resuelven en Yucatán". Nosotros
decimos: "los problemas de Yucatán se resuelven en base a la Constitución".
Si los asuntos internos de los estados se resolvieran solamente en ellos, no tendría caso
el contenido del artículo 40 constitucional, que obliga a las constituciones de los
estados para que respeten lo estipulado en el pacto federal ni que el artículo 116
establezca la organización de los poderes constituidos de los estados, o que en el caso
del artículo 115, en el que se señala el régimen municipal en los estados, o bien en la
propuesta del Partido de Trabajo de juicio político, cuando en el artículo 110 se
incluye a los gobernadores de los estados como sujetos de juicio político por violaciones
graves a la Constitución.
Muchas gracias.
INDUSTRIA
ELECTRICA
Para referirse al aniversario de la
expropiación de la industria eléctrica, han solicitado el uso de la tribuna varios
diputados: por el Partido Revolucionario Institucional, Víctor Manuel El tiempo ha
demostrado lo importante y trascendente de esta medida, ya que hemos logrado a lo largo de
37 años, suministrar la energía eléctrica suficiente para el desarrollo de la
industria, el comercio y los servicios que ha demandado la dinámica económica del país,
pero sobre todo dotar de electricidad a millones de hogares mexicanos.
| El diputado Carlos Víctor Manuel Carreto y Fernández de Lara: |
El servicio público que otorgaban las
empresas extranjeras hasta 1937, no resolvieron las necesidades de la población ni sus
expectativas de desarrollo. Por ello fue necesario establecer un nexo directo entre la
industria eléctrica y los objetivos sociales del Gobierno de la República, a través de
la creación de la Comisión Federal de Electricidad.
La nacionalización de la industria eléctrica en 1960, fue el resultado de un proceso
econó mico y social indispensable para la modernización del país, tal como lo
manifestó el presidente López Mateos en ocasión de este histórico evento, cito:
"hacer de nuestra industria eléctrica, un pilar en que se asiente el progreso y el
desarrollo económico de México". Hasta aquí la cita.
Con este acto se culminó el ciclo iniciado con la expropiación petrolera de 1938. En ese
periodo el Gobierno amplió su participación en la economía, como interventor y gestor
del crecimiento económico, de la industrialización y del cambio social.
La nacionalización consolidó el modelo de desarrollo estabilizador y conjugó el
crecimiento económico para el apoyo de una clase trabajadora organizada y una sociedad
con voluntad de progreso.
La nacionalización constituye sin duda un acto de plena soberanía, y que puso en manos
de la nación el dominio exclusivo de sus recursos eléctricos, con ello conformar la
infraestructura técnica que posibilitará el desarrollo integral del país, propiciar el
crecimiento industrial y agropecuario y garantizar que la industria eléctrica proveniente
de distintas fuentes de generación, llegara a todos los ámbitos del desarrollo nacional.
La nacionalización permitió establecer criterios racionales, con un profundo sentido
social en la distribución del fluido eléctrico, eliminar la intermediación comercial y
promover nuevas inversiones en la industria, al afianzar el sistema eléctrico y ampliar
su infraestructura.
A partir de este importante legado, sabemos que para entender cabalmente las necesidades
del sector eléctrico mexicano de hoy, debemos conocer su historia.
A 37 años de la nacionalización de la industria eléctrica, los mexicanos contamos con
una capacidad instalada de 34 mega/watts, que sirven a 20 millones de usuarios, que en
conjunto representan el 97% de la población urbana y el 86.7% de la electrificación
total del país, cumpliendo así con el campo su compromiso eminentemente social llegando
a las zonas más marginadas.
Se cuenta con 150 centrales generadoras y se mantienen en operación de transmisión a lo
largo de todo el país; con una extensión de 31 mil 700 kilómetros, la red eléctrica
nacional cubre los casi 2 millones de kilómetros cuadrados de extensión del territorio
nacional, construido todo orgullosamente por trabajadores, técnicos y profesionales
mexicanos miembros del Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República
Mexicana, de la Confederación de Trabajadores de México y del Congreso del Trabajo.
Para que la industria eléctrica siga siendo pilar del desarrollo nacional, esta
generación tiene la responsabilidad histórica de proporcionarle un nuevo marco normativo
que le permita alta eficiencia operativa, mejorar la calidad de sus servicios, contribuir
más a la competitividad de la economía en su conjunto; ese nuevo marco debe privilegiar
más que el control de los procesos, la evaluación de los resultados en un contexto de
mayor fortaleza en la gestión, sin menoscabo de las facultades de vigilancia que
corresponden al Ejecutivo Federal y a esta Cámara de Diputados.
La industria eléctrica es soporte y motor fundamental de la estrategia de superación, de
la creación de empleos, de la multiplicación de los servicios sociales indispensables,
de la recuperación del crecimiento económico sostenido que está impulsando el
Presidente de la República, doctor Ernesto ZediIlo.
Para responder a las rápidas transformaciones tecnológicas, organizativas e
institucionales, México habrá de consolidar un régimen regulatorio moderno y eficaz que
con base en criterios de mercado permita la concurrencia eficiente de las empresas
públicas con las privadas en la generación de electricidad en beneficio de los
mexicanos.
El sector eléctrico nacional también está siendo objeto de profundos cambios del marco
institucional que lo regula sin vulnerar su calidad de industria estratégica y
prioritaria, preservando la soberanía de la nación.
Los diputados priístas, y espero que las demás fracciones parlamentarias de esta
Cámara, coinciden con nosotros afirmando con profunda convicción nacionalista que la
industria eléctrica continuará siendo patrimonio de la nación, nunca deberá ser
privatizada.
El propósito fundamental de la política de la administración del presidente Zedillo en
materia de energía, es fortalecer al sector energético nacional, a fin de aumentar su
aportación a un desarrollo económico y social vigoroso, sustentable y equitativo,
garantizando la rectoría del Estado en la materia y por esa vía contribuir a crear un
México más próspero y soberano. Esto implica que como resultado, a fines de este siglo
el sector de energía habrá de ser el más grande respecto al resto de la economía.
Con la finalidad de lograr estos objetivos, debemos partir de una visión integral de la
problemática energética mundial y nacional. El futuro del sector de energía de México
es promisorio; sin embargo, el grado de éxito que se obtenga para desarrollarlo depende
de la capacidad del país para anticipar, entender y reaccionar ante los cambios del
entorno nacional e internacional en que dicho sector deberá desenvolverse.
Hoy el futuro se nutre del pasado con la unidad y la firmeza de propósitos. Se contribuye
a reencauzar a México en la ruta del desarrollo sostenido.
La industria eléctrica ha sido, es y seguirá siendo razón vital que afianza nuestra
permanencia y viabilidad como nación soberana; así, es factor indispensable para la vida
y el avance de nuestro pueblo y sustento estratégico para la transformación productiva
de la nación.
Con la electricidad para el progreso de México alcanzaremos la democracia y la justicia
social.
Muchas gracias.
Gracias, señor diputado.
Para hablar sobre el mismo tema, tiene la palabra el diputado Luis Rojas Chávez, del
Partido de la Revolución Democrática.
| El diputado Luis Rojas Chávez: |
Con su permiso, señora Presidenta; muy
buenos días, compañeras y compañeros dipu tados:
La nacionalización de la industria eléctrica, como toda gran decisión de Estado, fue
antecedida por un proceso social, económico y político que culminó durante el gobierno
del licenciado Adolfo López Mateos.
469,470,471
Las palabras del entonces presidente,
pronunciadas en la sede del Congreso de la Unión el 1o. de septiembre de 1960,
sintetizaron una aspiración nacionalista del pueblo de México, incubada en la larga
lucha por construir un país independiente y soberano:
"No puedo ocultar a vuestra soberanía, la emoción de mexicano y de gobernante, al
anunciar que con la compra de las empresas eléctricas y la reforma constitucional que
propondré, la nación será la única propietaria de una fuente de energía vital para su
futuro desarrollo.
Abrigo la convicción profunda de que quienes actualmente laboran en la industria
eléctrica, se percaten de su nueva situación de trabajadores al servicio del pueblo
mexicano, empeñando su esfuerzo con renovado patriotismo en una gran tarea de solidaridad
nacional."
Patriotismo y nacionalismo, palabras hoy desechadas del vocabulario de nuestros
gobernantes; resonaron hace 37 años en la más alta tribuna de la nación. Nacionalismo y
patriotismo, conceptos que hoy cobran mayor vigencia frente a la deformación neoliberal
del principio de soberanía de nuestros pueblos, entregando nuevamente a diversos medios y
a manos extranjeras, la industria eléctrica en México, hunde sus raíces en el último
tramo del Siglo XlX, cuando se hacía necesaria la utilización acelerada de la
electricidad en los procesos productivos.
La electrificación en México estuvo vinculada al proyecto industrializador del
porfiriato, por ello también se mantuvo controlada por la creciente inversión del
capital extranjero al igual que otras áreas de la economía del país.
Con el curso de los años la explosiva demanda de la electricidad, la incapacidad de las
compañías extranjeras para satisfacerla, los intereses creados a su alrededor, el nulo
sentido social que tenía su participación, hicieron necesaria la intervención del
Estado.
Desde los primeros gobiernos posrevolucionarios, se presentaron intentos por intervenir en
una industria estratégica que permitiera al Estado dar un nuevo impulso al desarrollo
nacional, creando organismos públicos encargados de la generación de energía
eléctrica, recuperar esta actividad vital para la nación y darle un sentido social a la
producción y distribución. No obstante, invariablemente se encontraron enormes las
resistencias de las compañías extranjeras que vieron amenazados sus negocios. Fue sin
embargo hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, cuando se promulgó la ley que
creó la Comisión Federal de Elec tricidad el 14 de agosto de 1937, fecha que marca el
inicio de la intervención activa del Estado en la generación y suministro de energía
eléctrica.
Empero, conforme las actividades de la Comisión Federal de Electricidad, se ampliaba, las
empresas privadas detuvieron sus inversiones y se dedicaron a la compra de energía, que
les retribuía grandes utilidades. Esta conformación que adquirió el sector, al pasar el
tiempo se convirtió en una carga cada vez más pesada para el Estado, ya que las
necesidades de in versión para ampliar las instalaciones a largo plazo llevando a los
capitales extranjeros a dirigirse a otros sectores industriales más dinámicos y de
recuperación de inversión de más corto plazo. Además de la demanda de electricidad de
población urbana y rural, sufrió un re zago creciente que no tenía visos a ser abatido.
La nacionalización de la industria eléctrica cuya culminación fue anunciada por López
Mateos el 27 de septiembre de 1960, se propuso atacar de raíz estos problemas.
Esta medida fue apuntalada varios años después al marco de la reforma constitucional que
posibilitó el control del Estado de las actividades estratégicas, como la generación de
electricidad, servicios ferroviarios y de telecomuni caciones.
Hoy vivimos un proceso inverso en los dos últimos sectores, en donde a propuesta del
Ejecutivo, se permitió la participación de particulares y la inversión extranjera.
Conviene señalar que sin haber sido modificado el artículo 28 constitucional, se permite
ya la generación de energía eléctrica a empresas particulares, tal es el caso como la
Celanese Mexicana, en su planta de Zacapu.
Señoras y señores legisladores: para el PRD esta fecha histórica nos debe de hacer
refle xionar sobre los hechos que los mexicanos todavía tengamos que celebrar las grandes
nacionalizaciones y no las fraudulentas privatizaciones promovidas por los tres últimos
sexenios.
También es la ocasión para insistir en la falta de una justa redistribución de la
riqueza nacional. Pese a que al sustento conceptual del Constituyente de 1917, la justicia
social es la guía de varios de nuestros conceptos legales...
Permítame el orador, por favor.
Esta Presidencia ruega a las diputadas y diputados, que guarden orden y respeto hacia el
orador.
Continúe el orador.
| El diputado Luis
Rojas Chávez: |
Muchas gracias.
Ello tiene sentido cuando percibimos que estados y municipios con una gran riqueza
natural, generadores de energía eléctrica, como Chiapas, se encuentren en los primeros
lugares de marginación y pobreza. A varias de sus comunidades indígenas no llegaron los
servicios necesarios, entre ellos, los de la electricidad y el agua potable.
No somos capaces de abatir estas desigualdades y rezagos entre una entidad y otra, entre
un municipio y otro; tampoco podemos celebrar los alcances de una nacionalización que
después de 37 años no ha logrado que miles de mexicanos, los más miserables y
marginados, se incorporen al beneficio del desarrollo.
No se puede hablar de calidad de vida ni de desarrollo pleno de las facultades humanas,
sin tener acceso a los servicios más vitales, como la energía eléctrica.
Sirva esta conmemoración para refrendar nuestro propósito, a través de una acción
política y legislativa con sentido social, de erradicar estas desigualdades...
Permítame el orador.
Compañeros diputadas y diputados y también a los representantes de los medios de
comunicación: les pedimos por favor que dejen que se desarrolle esta sesión conforme al
orden del día y les pedimos también respeto para que se escuche lo que está diciendo el
orador en turno.
Muchas gracias.
Continúe el orador.
| El diputado Luis
Rojas Chávez: |
...Y redistribuir con justicia a los
pueblos y comunidades la riqueza generada por los municipios, tal y como lo mandata el
espíritu constitucional.
Asimismo, es la ocasión para meditar sobre la demanda ciudadana de revisar las tarifas
eléctricas, apuntando hacia su equidad, sin lesionar la salud financiera de los
organismos.
En este contexto, el PRD ha formulado su protesta básica para reorientar la política
económica: establecer la tasa cero del IVA, en el consumo popular y medio de energía
eléctrica.
En su oportunidad presentaremos un conjunto de iniciativas que se traduzcan de manera
clara e ineludible en beneficio de millones de consumidores.
Es también muy importante señalar que la Compañía de Luz y Fuerza del Centro en
liquidación, nosotros, nuestro partido, se opondrá a su privatización y haremos eco a
nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, que con mucho orgullo han
defendido en las luchas obreras a este sector.
¡Esta es, señores legisladores, la forma más comprometida y republicana de celebrar un
acontecimiento histórico!
Muchas gracias.
Gracias, diputado.
Tiene la palabra para hablar sobre el mismo tema, el diputado Francisco Javier Reynoso
Nuño, hasta por 10 minutos y reiteramos desde esta Presidencia que exista el orden en
esta sala, necesario para el buen desahogo de la sesión.
El diputado Francisco Javier Reynoso
Nuño: |
Gracias, señora Presidenta.
Suplico a esta Asamblea y sobre todo "a los que se encuentran en conferencia",
nos permitan continuar con el trabajo legislativo que debemos de iniciar, porque estamos
representando al pueblo de México. ¡Yo pediría a los conferencistas de prensa que nos
respeten en este recinto, lo mismo que a los señores periodistas!
Hoy nos sumamos a la conmemoración de aniversario por la expropiación de la Industria
eléctrica, que debe de ser el promotor muy importante del desarrollo de México.
Algún teórico señalaba: "dime qué clase de energía tienes y te diré qué clase
de país eres". Si la energía eléctrica se produce quemando hidrocarburos, como es
el bióxido de carbono en la atmósfera, produce el efecto de invernadero. Como es el caso
en nuestro país, donde el 70% de la energía eléctrica se genera por hidrocarburos.
México por lo tanto tiene una tecnología rezagada y descuida la ecología. Prueba de
ello es la vieja termoeléctrica de Rosarito, Baja California, que lanza contaminación de
manera constante, dañando la salud de sus habitantes. Y si la energía eléctrica no
llega hasta el último de los mexicanos, eso refleja que somos un país con tremenda
marginación. Si la energía se vende con subsidios y tarifas diferenciales, eso refleja
una inequitativa distribución del ingreso. Si México vende su tarifa a precios más
altos que en el extranjero, eso refleja una ineficiente administración de un organismo
paraestatal.
Por eso es importante el análisis de este importante sector de nuestra economía y de
nuestro Gobierno. Nos preocupa que todos los mexicanos tenemos el alza desconsiderada de
tarifas que lesionan la economía familiar y como ejemplo claro y puntual tenemos los
altos costos de este servicio en las zonas de altas temperaturas del país y en especial
el del valle de Mexicali, Baja California, donde la temperatura se eleva hasta 50 grados
centígrados a la sombra.
Las familias mexicalenses, sobre todo las más marginadas, tienen que decidir entre
comprar comida o pagar el recibo de luz, ya que tienen que destinar el 48% de su salario
para pagar dichos recibos, a virtud de ser necesario para la supervivencia de las
familias, porque se requiere de aparatos de clima en cada hogar de Mexicali.
Este problema ha sido planteado por décadas a todas las administraciones federales, sin
que se haya podido resolver hasta la fecha.
Hacemos una excitativa a esta soberanía a retomar esta facultad de establecer las cuotas
y derechos por servicios públicos de la federación y hoy en este periodo, revisemos y
resolvamos esta situación angustiante de la po blación.
Corre pareja suerte dejar claro también que revisemos el costo del gas doméstico, de la
gasolina, que mes con mes aumentan y los salarios se hacen más chicos. ¡Las familias
mexicanas agradecerán a esta soberanía el poner un alto a estos aumentos mensuales en
los energéticos!
Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado.
Se invita a quienes no son legisladores, personal de apoyo, asesores y a los
representantes de los medios de comunicación, pasar a usar los sitios que están
destinados para ellos, que se encuentran al fondo de esta sala. Solicitándoles guardar
orden y respeto para proseguir el desarrollo de la sesión.
DISTRITO FEDERAL
Se ha entregado a esta Presidencia una
declaración conjunta suscrita por los coordinadores de varios grupos parlamentarios. Se
ruega a la Secretaría darle lectura.
472, 473, 474
El secretario
José de Jesús Martín
del Campo Castañeda: |
«Declaración conjunta: los grupos
parlamentarios y los Diputados Independientes que integran la LVII Legislatura de la
Cámara de Diputados, manifiestan su preocupación por las declaraciones que los distintos
medios de comunicación nacionales le atribuyen al secretario de Seguridad Pública del
Distrito Federal, general Enrique Salgado Cordero, en relación a la eventual disposición
para establecer un toque de queda, so pretexto de preservar el orden y la seguridad
pública en la Ciudad de México, ya que esto equivaldría a la suspensión de garantías
que estipula la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, siendo esta
declaración violatoria del orden jurídico constitucional y reglamentario que nos rige,
ya que ese estado de excepción en términos de lo dispuesto por el artículo 29 de la
Constitución vigente sólo puede decretarse con la aprobación del honorable Congreso de
la Unión y estimamos que no están dadas las condiciones para manifestar las expresiones
que se aluden al Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal y éstas deben ser
enérgicamente rechazadas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 1997.-Diputados: por el grupo
parlamentario del PRD, Porfirio Muñoz Ledo; por el grupo parlamentario del Partido del
Trabajo, Alejandro González Yáñez; por el grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, Francisco José Paoli Bolio; por el grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México, Jorge Emilio González Martínez y por los Diputados
Independientes, Carolina O'Farrill Tapia y Marcelo Ebrard Casaubón.»
Tiene la palabra el diputado Ordorica,
para rectificación de hechos.
El diputado Alejandro Victoriano Ordorica
Saavedra: |
Muchas gracias.
Ayer el general Enrique Salgado Cordero hizo pronunciamientos que son sumamente delicados;
ayer justamente en este informe que omite por cierto la situación que prevalece y
padecemos millones de ciudadanos en el Distrito Federal, hizo afirmaciones como éstas:
"que qué queríamos los ciudadanos, ¿operativos o toque de queda?".
Habría que recordarle al general Salgado, que éstos no son los tiempos del autoritarismo
ni de la represión. Creo que se quiso fugar por el túnel del tiempo y se remontó a
Chile en 1973, cuando un artero ataque de Pinochet acabó con un proyecto legítimo y
genuino de la democracia en América latina.
Y además, quiero decirle que desde luego en estos nuevos tiempos de la patria no estamos
visualizando toques de queda, estamos en cambio proponiendo democracia, estamos
defendiendo las garantías individuales. Queremos concordia nacional, queremos un pacto
social que visualice el problema de la violencia con un sentido social, donde haya empleo,
donde no haya más en México un joven sin universidad ni mexicanos sin empleo ni madres
que tengan también la posibilidad de atender a sus hijos en estos centros de salud de la
manera más adecuada.
Se ha dicho por ahí, en los corrillos, que probablemente se trató de un exceso verbal
del general Salgado, y yo diría que lo que trasluce y lo que proyecta es una mentalidad
autoritaria y represiva y desconocedora de nuestra Constitución, porque para que haya un
toque de queda, lo cual ni siquiera quisiéramos mencionarlo aquí en esta Cámara, pero
nos vemos obligados a hacerlo, se requeriría de la aprobación del Congreso de la Unión.
Que no se haga ilusiones el general Salgado ni ningún general, que aquí va a haber
toques de queda, a la mejor lo que hay son juicios políticos y también se nos dice que
no hay que victimizar a la delincuencia, cuando las víctimas han sido los ciudadanos,
cuando ha habido flagrante y continuada violación de estos derechos y estas garantías de
nuestros ciudadanos y también él dice que es un asunto de respuestas, ÅdiceÅ, si no es
ahora y aquí, entonces dónde y si no actuamos ahora, entonces cuándo.
Es justamente, creemos y coincidimos que es un asunto de respuestas, pero exactamente la
policía queremos que esté donde se necesita y cuando se necesita, no justamente en
lugares donde sabemos que la delincuencia actúa impunemente, abiertamente como lo vemos,
incluso, en los testimonios de la televisión y cuando sabemos y es ya inclusive parte de
la picaresca urbana, que es muy difícil encontrar un policía en esta ciudad y nunca
están a tiempo y donde se les necesita.
Sabemos, vamos a atacar el problema de la corrupción, el problema de la impunidad y la
improvisación con que se ha manejado todo este mecanismo de brindar atención que es
elemental en nuestra Constitución y primer fundamento del Estado para garantizar esa
integridad de las personas. Estamos obligados a ampliar estos marcos jurídicos que tienen
que ver con la seguridad pública y con la procuración de justicia, tenemos que darle un
sentido social al problema de la delincuencia, garantizando aquí en esta Cámara un
presupuesto de egresos que tenga que ver con ese gasto social que necesitamos los
mexicanos en el país y, desde luego, en nuestra Ciudad de México; necesitamos más
educación, necesitamos más recursos para la salud pública y así para otros rubros que
tienen que ver con este desarrollo humano, integral y social de todos los capitalinos.
Finalmente, yo le recordaría al general Salgado por la ineptitud de los militares para
llevar a cabo funciones del orden civil, que no basta con remitir a los militares a los
cuarteles, sino recordarles su función y exigirles su pleno cumplimiento.
Tiene la palabra, para rectificación de
hechos, el diputado Miguel Sadot Sánchez Carreño, del PRI.
| El diputado Miguel Sadot Sánchez Carreño: |
Muchas gracias, señora Presidenta:
Hace apenas unos días, en esta misma tribuna, coincidíamos en que la contribución de
todas las fuerzas, de todos los recursos, tendría que ser permanente y frontal para poder
enfrentar uno de los problemas que hoy agravia no solamente nuestros bienes y nuestras
vidas, sino los principios en que se sostiene la convivencia social.
Coincidíamos en que deberíamos de apoyar con la fuerza del derecho, con la voluntad de
las instituciones y con un respeto absoluto a las garantías y derechos individuales a
esta lucha en la que todos estamos comprometidos. No podemos de ninguna manera tratar de
partidizar una lucha que nos compromete y compromete a todas las organizaciones sin
distinción de ideologías o de sino.
Hoy, en efecto, estamos ante una situación en la que también todos coincidimos, no
podemos abrir frentes contra la delincuencia sosteniéndola en violación a los derechos.
Y quiero puntualizar el contexto en el que los medios de comunicación han difundido la
comparecencia que hizo ante la Asamblea legislativa el titular de seguridad pública en el
Distrito Federal. De ninguna forma se estableció aseveración alguna que afirmara el
establecimiento o posible establecimiento de una suspensión de garantías que es lo que
entraña en toque de queda.
De ninguna forma se mencionó siquiera como un atisbo inmediato o lejano, el que pudiera
reducirse el ejercicio de los derechos ciudadanos. Sabemos que existe una situación en la
que todos nos sentimos agraviados por la inseguridad, pero estamos ciertos que solamente
podemos tener la fuerza en la medida en que respetemos el derecho.
Me llama la atención lo expuesto por quien me antecedió en el uso de la palabra, porque
supondría, con la afirmación que hace, de que estamos ante un inminente toque de queda o
suspensión de garantías. Afortunadamente como lo sabemos los diputados de esta
legislatura, ésta, la facultad para suspender en algu na porción o en la totalidad del
país el ejercicio de las garantías, sólo le corresponde a esta soberanía.
No tenemos porque temer de ninguna forma alguna, como lo llamaba él, exageración de
índole verbal que pudo haber hecho algún funcionario. De ninguna forma fue en ese
sentido y mucho menos nosotros contribuiríamos a crear esa atmósfera de seguridad y de
respeto hacia los derechos humanos, si dejamos que nuestra imaginación o quizá la
turbulencia que nos induce a tener una ventaja partidista, hacer una dolosa
interpretación de las afirmaciones que se mencionaron.
Estamos comprometidos en este esfuerzo y hoy todos necesitamos de la fuerza de las
organizaciones, de la fuerza de los partidos, pero sobre todo de la fuerza del derecho.
Tiene el uso de la palabra para
rectificación de hechos, el diputado Héctor Castañeda Jiménez, del Partido
Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
El diputado Héctor Francisco Castañeda
Jiménez: |
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
Aun en las sociedades de alto bienestar individual y desarrollo social, se generan actos
delictivos que el Estado debe perseguir, sancio nar y especialmente prevenir.
Circunstancias internacionales propiciatorias de la violencia social y la delincuencia,
así como la irrupción de fenómenos inéditos con profundas repercusiones en los
esfuerzos globales de desarrollo de las naciones y en la estabilidad de las mismas,
ilustran con nitidez la complejidad de los retos que directa o indirectamente encara hoy
día la seguridad pública en todo el orbe.
Desde esta óptica, no resulta casual el incremento de los índices de delincuencia en
México y el mundo, tal y como lo consignan las Naciones Unidas en su más reciente
informe sobre el desarrollo humano.
De modo simultáneo, circunstancias específicas de índole interno, identificados con
deficiencias en los procesos de planeación y articulación de la política de seguridad
pública, han contribuido a la agudización de dicha problemática.
El escaso énfasis en la prevención del delito, la ausencia de mecanismos eficientes de
coordinación gubernamental y la presencia de actos de corrupción, han sido fenómenos
que limitan las estrategias nacionales de seguridad pública. Desde esta perspectiva, es
posible que hasta la fecha se ha privilegiado el combate de los delitos consumados, más
que a la prevención de los mismos, por lo que es necesario intensificar campañas
orientadas a la construcción de una auténtica cultura preventiva, cuyos propósitos no
sean exclusivamente de corto plazo y que a la vez se conciba de manera integral y
comprenda el concurso armónico de Gobierno y sociedad.
En este contexto, en materia preventiva, existen dos tipos de problemas que deben
considerarse para el cumplimiento de los fines de la seguridad pública. El primero se
refiere a aquellos factores sociales que por su origen y magnitud, corresponde atender de
manera con junta a los sectores público, privado y social. Entre ellos destacan los
siguientes: desempleo y subempleo, enfermedad, pobreza extrema, marginalidad, conflicto de
valores culturales, incremento de las adicciones, mayor violencia en el entorno social
intrafamiliar y en las conductas delictivas, muertes violentas y accidentales, tráfico
ilegal de migrantes, drogas, armas de fuego, vehículos y autopartes.
El segundo problema se refiere a fenómenos institucionales, cuya solución provendrá de
la adopción de una nueva cultura general de prevención en el servicio público, tales
como impunidad, escasa educación preventiva, de ficiente gestión pública,
desconocimiento del civismo y del contenido de los bandos de policía y buen Gobierno,
improvisación y escasa normatividad en las faltas administrativas, disfuncionalidad
policial y falta de técnicas de comunicación y gestión comunitaria, limitación y
transgresión a libertades y derechos ciudadanos, incumplimiento de los reglamentos de
tránsito, ausencia de estándares profesionales en materia de prevención y, en general,
del trabajo policial preventivo; aislada protección asistencial y tutelar a víctimas
menores y ancianos, deficiencias en los programas de adaptación y readaptación social de
menores adul tos, limitación, promoción institucional que propicie la participación de
la sociedad en programas de prevención delictiva.
475, 476, 477
Es importante subrayar que la política de prevención por su misma naturaleza requiere de
la coordinación de esfuerzos de todos los ordenes de Gobierno, para garantizar su
eficacia y la de la propia seguridad pública.
Se han desarrollado objetivos, estrategias y acciones específicas para que la actuación
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en coordinación con los sectores público,
privado y social y los sistemas nacionales y estatales de Salud, Vivienda y Educación,
entre otros, sea dirigido a disminuir las causas sociales de infracciones y delitos,
mediante programas dirigidos al individuo y a su entorno, tanto en el ámbito comunitario
y familiar como en el laboral, educativo y cultural, con el propósito de consolidar
nuestra cultura cívica en materia de prevención y contribuir al decremento de los
índices de actividad delictiva e infraccional, que pone en riesgo la integridad física,
la libertad, el orden y la paz pública.
Considero, pues, injusto, el que se le impute al secretario de Seguridad Pública del
Distrito Federal aseveraciones que no hizo ante la Asamblea de Representantes, ya que en
su afán de cumplir...
Permítame el orador. Le ruego concluya,
ya que su tiempo ha terminado.
El diputado
Héctor Francisco Castañeda
Jiménez: |
Concluyo, señora Presidenta:
Ya que en su afán de cumplir, solicitó a los asambleístas su apoyo para continuar los
operativos contra los delincuentes y sólo para advertir la gravedad de la inseguridad que
se vive en esta ciudad dijo que de no actuarse, a futuro la sociedad, sin distingos de
partido, de partido político, exigiría para protegerse se declaren medidas como el toque
de queda, lo que desde luego nadie deseamos.
Tiene el uso de la palabra el diputado
Jaime Miguel Moreno Garavilla, del Partido Revolucionario Institucional, para
rectificación de hechos y hasta por cinco minutos.
El diputado
Jaime Miguel Moreno Garavilla
(desde su curul): |
Declino, señora Presidenta.
Declina.
Ha pedido la palabra también para rectificación de hechos a esta Presidencia, la
diputada Sandra Segura, del Partido Acción Nacional. Tiene el uso de la palabra hasta
cinco minutos.
| La diputada Sandra Lucía Segura Rangel: |
Con su permiso, señora Presidenta:
El día de ayer, como aquí ya se ha dicho, compareció por tercera ocasión el Secretario
de Seguridad Pública ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Es sumamente preocupante, ciertamente, el índice delictivo que existe en esta ciudad. Ha
llegado a índices tan altos como 800 delitos al día, sobre todo en viernes y sábado y
eso no es más que una muestra de la incompetencia por frenar a la delincuencia por parte
de la autoridad, que no ha visto a la seguridad pública de manera integral, esto es,
destacando los puntos preventivo, punitivo y readaptativo.
Secretarios de seguridad pública van y vienen, lo mismo civiles que militares, sin
ningún programa serio para abatir la delincuencia, imponiendo su moda por el tiempo que
duran.
Cuando fue nombrado el general Enrique Salgado como secretario de Seguridad Pública, la
fracción del Partido Acción Nacional en la Asamblea, se opuso rotundamente, argumentando
entre otros puntos el que la formación de un militar no era lo más conveniente para
estar al frente de dicha Secretaría, y que además corríamos el riesgo de ir
militarizando los cuerpos policiacos.
Desgraciadamente para los que vivimos en esta ciudad, el tiempo nos dio la razón. No
solamente los mandos militares permearon los puestos de dirección, sino que los jefes de
sector y los policías mismos en la delegación Iztapalapa son militares, con licencia,
pero al fin y al cabo militares.
A los policías de carrera los obligaron a ir a tomar cursos de capacitación al Campo
Militar Número Uno, en vez de fortalecer de manera decidida el Instituto de Formación
Policial.
El día de ayer, el general Salgado hizo un muy preocupante planteamiento en el sentido de
que si no se continuaban los operativos, se podría llegar a implementar un toque de
queda. El general Salgado debería estar más preocupado por instrumentar acciones de tipo
preventivo, que por estar creando una policía represiva y paramilitar, que nada ha
ayudado a mitigar ese índice delictivo, que como ya se mencionaba, es hasta de 800
delitos al día.
En ningún país del mundo existe una ley marcial para los ciudadanos que establezca un
toque de queda. Aquí hay que ser muy precisos y mucho menos existe o está previsto en
nuestra Constitución General de la República, como aquí se ha expresado por alguno de
los diputados, que ni siquiera tendría que pasar por la aprobación del Congreso.
Y desde aquí, como Congreso competente para conocer los asuntos de seguridad pública en
el Distrito Federal, exigimos al secretario que aclare lo dicho ayer por él en la
Asamblea Legislativa, si piensa que con un toque de queda, que se traduce en una
auténtica suspensión de garantías previstas en el artículo 29 de la Constitución, que
debe ser por cierto propuesta por el Presidente de la República, con acuerdo de los
titulares de la Secretaría, y con aprobación del Congreso de la Unión, se va a acabar
la delincuencia.
Preguntaríamos también, si somos los ciudadanos del Distrito Federal los que debemos ser
castigados con una medida tan drástica como la anunciada, teniendo que pagar así la
absoluta incompentencia e ineptitud de las autoridades encargadas de la seguridad, y esta
medida no sólo involucra a la Secretaría, como aquí se ha dicho, sino sobre todo a
quien tiene realmente a su cargo la seguridad en el Distrito Federal, y que en última
instancia debe tomar esta medida, y que es directamente el Presidente de la República.
El Partido Acción Nacional se pronuncia en contra de las medidas que se han venido
tomando hasta hoy, que no previenen la delincuencia, y sobre con la anunciada ayer por el
general Salgado, y por supuesto si hay violación de garantías, el primer responsable
será el Presidente de la República, como encargado de la seguridad, conforme a lo
establecido por la Constitución.
Se hace necesario, pues, que el titular del Ejecutivo ponga a trabajar a su gente, a quien
al fin y al cabo han sido designados por él para salvaguardar la seguridad e integridad
de los habitantes de esta ciudad, y presenten de manera seria, y sobre todo apegados a la
ley, propuestas de medidas que abatan la delincuencia, que hagan que los ciudadanos,
nosotros, nuestras familias, podamos transitar con seguridad en esta ciudad.
Muchas gracias.
Gracias.
Tiene la palabra para rectificación de hechos, el diputado Armando López, del Partido de
la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.
| El diputado Armando López Romero: |
Con su venia señora Presidenta;
compañeras y compañeros:
Hemos escuchado aquí a los compañeros que han subido a decirnos que el problema fue la
interpretación de lo que se dijo. No, compañeros, el problema está en lo que se dijo,
porque tampoco se vale venir a decir aquí que estamos interpretando por simple voluntad.
A palabras del señor Secretario dice: "decir no a los operativos es decir sí a la
impunidad de la delincuencia. Si no nos ven en sus territorios, si no temen nuestras
acciones, que afectan sus redes clientelares, seguirán creciendo y mañana no hablaremos
de la necesidad de operativos, sino de toques de queda y zonas de la ciudad donde la
delincuencia gobierne".
Señor Secretario y compañeros, ¿éste es el mensaje que le dan a la ciudadanía? ¿Hay
que es que los operativos no han funcionado. Más allá de los resultados nos hemos
encontrado con escenas dantescas en la televisión, donde han sido asesinados cruelmente
muchachos jóvenes que han sido levantados por estos supuestos escuadrones
profesionalizados, y la ciudadanía queda aterrorizada.
No, el problema no es la interpretación; el problema es el mensaje que nos están
enviando con estos operativos, porque la delincuencia sabemos dónde se encuentra. La
delincuencia la conocen los jefes policiacos, lo conocen los patrulleros, curiosamente son
los que están afuera.
No, el problema no es la interpretación, compañeros diputados, el problema no es dar ese
razonamiento para venir a defender aquí una posición. Lo que debemos de exigir como
diputados de la nación, es que no es la disyuntiva a la sociedad entre la represión y el
estado de sitio, porque mucho hemos sufrido en este país historias negras de represión.
Próximamente se estará cumpliendo 29 años de la masacre de 1968, y compañeros
diputados, no es decirle a la sociedad: "...combatamos con la represión porque si
no, entonces va a haber estado de sitio...". Ya lo vivimos, compañeros diputados, y
sufrimos muchos muertos.
No podemos darnos ni siquiera la oportunidad de reflexionar en esta disyuntiva. Se
equivocó, señor Secretario, y nosotros denunciamos y demandamos inmediatamente la
ratificación de este discurso, y no permitiremos que la sociedad tenga esta disyuntiva.
Por el bien de México ni un muerto más.
Tiene la palabra para rectificación de
hechos, el diputado Ramón Mota Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, hasta
por cinco minutos.
| El diputado Ramón Mota Sánchez: |
Con su venia, señora Presidenta;
señoras y señores diputados:
Vengo aquí a la tribuna porque se ha hablado con mucha ligereza acerca de los generales
del Ejército mexicano.
Quiero señalar a ustedes que debe recordarse que el Ejército mexicano es heredero del
ejército de la Revolución, es un ejército del pueblo.
Los generales del Ejército mexicano son los miembros del instituto armado que defiende la
ley, que preserva el estado de derecho en México y que no es aceptable, por ningún
motivo, que por cuestiones partidistas se quiera atacar sistemáticamente al Ejército
mexicano, a las fuerzas armadas de México y, por lo tanto, al Gobierno de la República.
Quiero decir que la discusión sobre lo que dijo el general Salgado, está fuera de
contexto, es ilógica e incongruente.
En toda actividad humana en que hay una planeación para establecer un diagnóstico y
tomar decisiones, se estudian todas las posibilidades, desde la mínima hasta la más
grave.
El general Salgado dijo con toda claridad que se le permita seguir con las medidas
operativas para abatir la delincuencia en el Distrito Federal, y que si eso no se hace, en
el futuro tal vez podría llegarse a situaciones extremas, como pudiera ser el toque de
queda. Eso es lo que él dijo. Cualquier otra discusión al respecto es totalmente necia e
innecesaria.
También se ha hablado aquí de Pinochet. Yo creo que debemos de respetar, todos los
ciudadanos de México, a las fuerzas armadas de México y a su alto mando, porque son los
responsables de mantener la soberanía de la patria.
Muchas gracias.
Tiene la palabra para rectificación de
hechos, la diputada Carolina O'Farrill.
| La diputada Carolina O'Farrill Tapia: |
Con su venia, señora Presidenta.
478, 479, 480
Los operativos no han funcionado, se han detenido más de 5 mil personas a los mismos y
han sido menos de 500 a los que realmente se les han comprobado suficientes elementos para
que se les consigne, ¿esto qué significa?
Ellos se perfilan, se constituyen los 4 mil 500 como víctimas de abuso de poder, esto no
lo podemos eliminar.
No se trata, general Mota, como dice usted, del Ejército mexicano. Usted estará de
acuerdo conmigo, en que los malos elementos existen en todos lados, y existen también
dentro de la Constitución, consignados como delitos los abusos de poder.
En eso creo, general, y todos los que estamos aquí, no podemos permitir que sigan
continuando, habiendo mayor número de víctimas, que vuelvo a repetir, no han funcionado.
Tampoco podemos desestimar el valor de la comunicación de los medios masivos. Ahí toda
la nación está observando, conjuntamente con nosotros, lo que vino a decir el diputado
del PRD que me antecedió, los periódicos, la televisión, la radio, dijeron textualmente
las palabras del general Salgado, no podemos tapar el sol con un dedo.
Sin embargo, para que quede completamente clara la situación, solicito a la Presidenta,
gire instrucciones a la Oficialía Mayor, para que nos envíen la versión estenográfica
de los planteamientos del día de ayer del señor Secretario de Seguridad.
Con esto dejaremos de decir si es verdad o es mentira. La versión estenográfica nos
aclarará la situación en la que nos encontramos.
Nos manifestamos claramente que no se están dando las condiciones para que se dé un
toque de queda, y requerimos establecer claramente, nos comunicamos, que debe de
prevalecer la razón pública sobre la del Estado. El poder no es de policía sino sobre
la policía, y la seguridad pública que se está buscando no es la que favorece al Estado
sino a la sociedad.
Es importante apoyar este esfuerzo que se está gestando por mujeres y hombres.
Muchas gracias, señora Presidenta.
Esta Presidencia solicita a la
Secretaría que le de trámite a la petición que ha hecho la diputada Carolina O'Farrill,
para que se ponga a disposición de los diputados que lo requieran los documentos a los
que se hace mención.
El secretario
José de Jesús Martín del
Campo Castañeda: |
De enterado; señora Presidenta.
Tomando en consideración que han
transcurrido las cuatro horas reglamentarias de esta sesión, que establece el artículo
28 del Reglamento para el Gobierno Interior, la Presidencia, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, a fin de concluir con los asuntos pendientes en cartera, acuerda
prorrogar el lapso correspondiente hasta la conclusión del orden del día.
A continuación tiene la palabra el diputado Bernardo Bátiz, para rectificación de
hechos hasta por cinco minutos.
| El diputado Bernardo Bátiz Vázquez: |
Con su venia, señora Presidenta;
señoras y señores diputados:
Yo quisiera que quedara muy clara la posición que tenemos en el grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, en relación con el tema que se está tratando.
Hablo aquí, por supuesto, como diputado federal, pero también hablo como un ciudadano
que cumplió, en su momento, con el Servicio Militar Nacional obligatorio, que tuve el
grado de sargento I, cuando fui conscripto; que he cumplido cabalmente con las exigencias
que la Constitución nos pone, nos establece a los ciudadanos mexicanos en relación con
la defensa nacional y con el servicio de las armas.
Yo tengo también derecho, por tanto, a hablar de las fuerzas armadas, del Ejército y de
este tema tan importante que nos trae a la tribuna. Quiero decir que en México no existe,
dentro de la ley, dentro de ninguna disposición jurídica, el término de "toque de
queda"; el término "toque de queda" es un término del lenguaje militar
propio de un estado de guerra; no existe dentro de la Constitución ni dentro de ninguna
legislación, de ninguna ley, el término de "toque de queda"; tampoco el de
estado de sitio.
Nuestra Constitución claramente establece cuál es el término que para los casos de
excepción se debe usar y que es el de la suspensión de garantías, y efectivamente, como
ya se ha dicho aquí, reiteradamente, para que se pueda decretar la suspensión de
garantías que puede ser total o puede ser parcial, debe ser por un tiempo fijo y
determinado y deben señalarse exactamente las causas por las que pueden suspenderse una o
algunas o varias o todas las garantías individuales que consagra nuestra Constitución y
para eso se requieren ciertos pasos y ciertos procedimientos que el mismo artículo 29 de
la Constitución determina.
No se trata ni mucho menos de ninguna falta de respeto al Ejército nacional, no se trata
tampoco de que se detenga el proceso que exige la sociedad de detener la ola de violencia
y de inseguridad en que estamos viviendo. El pueblo de México exige y requiere que se
cumpla con la ley, que se castigue a los delincuentes. Lo único que no podemos tolerar es
que para cumplir con la ley se viole la Constitución, que para perseguir a los
delincuentes se atropellen los derechos individuales de muchos mexicanos.
Sabemos también que existen redes de complicidades entre las autoridades y los
delincuentes, eso se sabe, es parte de lo que la opinión pública está segura, por eso
queremos decirles que no les suceda, como decía sor Juan Inés de la Cruz: "que
ponen el coco y luego se asustan de él". Saben perfectamente bien los jefes
policiacos, como ya se dijo aquí en la tribuna, dónde están, quiénes son, cuáles son
los contactos de la delincuencia. No se necesitan ni violaciones a la ley ni actos
espectaculares y teatrales, sino simplemente honradez, eficacia y respeto irrestricto al
estado de derecho.
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra la diputada Violeta Vázquez Osorno, del Partido de la Revolución
Democrática, para rectificación de hechos hasta por cinco minutos.
La diputada Violeta Margarita Vázquez
Osorno: |
Muchas gracias, compañera Presidenta:
Solamente, y es muy importante, decirle a nuestro compañero diputado Ramón Mota
Sánchez, que el Partido de la Revolución Democrática viene a hacer un reclamo aquí a
un funcionario público en funciones civiles, aunque tiene una carrera militar, y
manifestamos nuestro profundo respeto al Ejército mexicano.
Señalar también, que como lo dijo el diputado López, no se trata de una
interpretación, sino de palabras y también de hechos.
Con la compañera O' Farrill, coincidimos porque los hechos lo dicen, que los operativos
no han dado resultado. Reprobamos operativos que violen las garantías constitucionales.
Esta es la posición de mi partido, el de la Revolución Democrática.
No se trata de la voluntad de las instituciones o de los funcionarios, se trata de cumplir
con legalidad, con eficiencia y con profesionalismo esa delicada labor de la seguridad
pública.
No es ajeno a ninguno de nosotros el involucramiento de las policías, por la corrupción
misma, en actos delictivos que quedan impunes. Por esa razón, como los compañeros que me
antecedieron repetimos, los operativos como se están dando, de ninguna manera tienen qué
ver con lo que dijo el diputado priísta, con lo que coincidimos, de una cultura
preventiva. Estamos ante hechos consumados y operativos que violentan las garantías
individuales y los derechos humanos.
Por último, necesitamos decir que el clima de violencia que rechazamos en la Ciudad de
México, es producto en mucho, de la corrupción y de la complicidad. Los diputados de
esta LVII Legislatura, no podemos ser cómplices de hechos ni de palabras que amenazan con
violencia y con romper las garantías constitucionales, señores diputadas y diputados.
Ypor último decirle al jefe de Seguridad
Pública del Distrito Federal, que no queremos que ocurra lo que en Aguas Blancas. Cuando
él era comandante de la 27 zona militar, se hicieron operativos; después de los
operativos ya no hay control y viene la violencia.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado Jaime
Moreno Garavilla, del Partido Revolucionario Institucional.
| El diputado
Jaime Miguel Moreno Garavilla (desde su curul): |
Declino.
Declina.
Continúe la Secretaría con los asuntos en
cartera.
ORDEN
DEL DIA
| El secretario
Gonzalo morgado Huesca. |
Señora Presidenta, se han agotado los
asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
"Primer periodo de sesiones Ordinales.
Primer Año. LVII Legilatura.
Orden del dia
Martes 30 de septiembre de 1997.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Elección de la mesa directiva. Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé
cuenta."
CLAUSURA
| La Presidenta (a
laas 14:59 horas): |
Se levanta la sesión y se cita para la
próxima que tendrá lugar el martes 30 de septiembre a las 10:00 horas.
RESUMEN
DE TRABAJOS
*Tiempo de duración: 4 horas con 19 minutos
*Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1
*Quorum a la apertura de sesión: 440
*Ratificación de Quorum, a las 11:00 horas:
475
PRI-227; PRD-119;
PAN-115; PT-6; PVEM-6; Diputados
ciudadanos-2
*Tema de agenda política: 4
*Oradores en tribuna:
PRI-26; PRD-7;
PAN-8; PT-6; PVEM-3; Diputados
Ciudadanos-1.
Se recibieron:
*1 Invitación del Departamento del Distrito
Federal, para asistir aacto cívico.
*1 Comunicación del Congreso del Estado de
San Luis Potosi, con la que informa de actividades propias de su legislatura.
* 1 Oficio de la Cámara de Senadores con la
remite con la que remite la versión estenográfica concerniente al análisis del III
Informe de Gobierno, en lo que referente a política económica.
* 1 Oficio del Presidente de la Comisión de
Regimen Interno y Concertación Política, con la que remite minutas envidias para su
tramite.
* 1 Comunicado dde la Comisión de Régimen
Interno y Concertación Política, con el nombramiento de los integrantes de la Comisión
de Concordia y Pacificación.
* 1 Declaración política firmada por PRD,
PAN, PVEM, PT y Diputados Ciudadanos,
respecto a las declaraciones del Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Se aprobaron:
* 1 Minuta con proyecto de decreto que concede
el permiso al Presidente de la República para ausentarse del territorio nacional del 3 al
12 de octubre, a fin de efectuar visita de Estado a las repúblicas Francesa y Federal de
Alemania.
A discusión participaron tres oradores:
PRI-1; PRD-1;
PAN
* 2 Minutas con proyecto de decreto que
concede el permiso al Presidente de la Repüblica para aceptar y usar las decoraciones que
le confieren los gobiernos de las repúblicas Francesas y Federal de Alemania.
481, 482, 483
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en
esta edición:
| CAPFCE |
Comité Administrador del Programa
Federal de Construcción de Escuelas |
| Cocopa |
Comisión de Concordia y
Pacificación |
| D.F. |
Distrito Federal |
| EZLN |
Ejercito Zapatista de Liberación
Nacional |
| IVA |
Impuestos al valor agregado |
| PAN |
Partido Acción Nacional |
| PRD |
Partido de la Revolución
Democrática |
| PRI |
Partido Revolucionario
Institucional |
| PT |
Partido del Trabajo |
|