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Presidencia
de la diputada
María Mercedes Maciel Ortiz |
ASISTENCIA
Ruego a la Secretaría haga del
conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de
firmas de los diputados para conocer si existe el quórum reglamentario.
| La secretaria
Isabel Villers Aispuro: |
Se informa a la Presidencia que existen
registrados previamente 460 diputados.
Por lo tanto hay quórum, señora Presidenta.
| La Presidenta (
a las 11:02 horas ): |
Se solicita a los diputados ocupen su
curul que les corresponde, a fin de dar inicio a esta sesión, así como dejar libre el
pasillo central.
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
| La secretaria
Isabel Villers Aispuro: |
Se va a dar lectura al orden del día.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.-Primer Año.-LVII Legislatura.
Orden del día
Jueves 16 de octubre de 1997.
Lectura del acta de la sesión anterior
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del LII
aniversario luctuoso del general Plutarco Elías Calles Campuzano, ex presidente de
México, tendrá lugar el 19 de octubre a las 10:00 horas.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CLXXXIII
aniversario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán, tendrá lugar el 22 de
octubre a las 10:00 horas.
El Congreso del Estado de Michoacán invita a la sesión solemne que para conmemorar el
CLXXXIII aniversario de la Promulgación del Decreto Constitucional para la Libertad de la
América Mexicana, tendrá lugar el próximo 22 de octubre a las 13:00 horas.
Invitación a la sesión solemne del Congreso del Estado de Sonora, en la que rendirá el
ciudadano Armando López Nogales, la protesta como gobernador del Estado, la que tendrá
lugar el próximo 2 de octubre.
Comunicaciones de los congresos de los esta-dos de: Chihuahua, Coahuila y Guanajuato.
Iniciativas de diputados
De reformas al artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores, a cargo del diputado Alberto López Rosas, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.
De reformas al artículo 4o. constitucional, a cargo del grupo parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México.
Proposición de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, sobre
nombramiento de oficial mayor y tesorero.
Solicitud de particular
Del ciudadano Efraín González Luna Morfín, para aceptar y usar la condecoración
Caballero de la Orden de las Artes y de las Letras, que le confiere el gobierno de la
República de Francia.
Comentarios sobre el Día Mundial de la Alimentación.
Conmemoración del XLIV aniversario del voto a la mujer.
Intervención de la diputada María de la Luz Núñez Ramos, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, sobre daños ocasionados por el huracán
"Paulina", en los estados de Guerrero y Oaxaca.
Sobre problemas del medio ambiente, en el Estado de Baja California.
Comentarios sobre el rescate carretero, a
cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Informe de la Comisión de Desarrollo Social, sobre el Estado de Tabasco.
Comentarios sobre política social, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
| El secretario
Isael Petronio Cantú Nájera: |
Se va a dar lectura al acta de la
sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el
martes catorce de octubre de mil novecientos noventa y siete, correspondiente al Primer
Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Séptima
Legislatura.
|
Presidencia
del diputado
Javier Corral Jurado |
En la capital de los Estados Unidos
Mexicanos, a las diez horas con cincuenta y nueve minutos del martes catorce de octubre de
mil novecientos noventa y siete, con una asistencia de cuatrocientos cincuenta y nueve
diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión
anterior, que se aprueba con las observaciones de los diputados Miguel Sadot Sánchez
Carreño y María del Refugio Calderón González en votación económica.
La misma Secretaría da lectura a diversas comunicaciones de los congresos de los estados
de Durango, que se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público; Sonora y
Yucatán, con las que informan de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.
El Presidente da la bienvenida a estudiantes de la Universidad de Tlaxcala, y de la
Preparatoria veinticinco del Estado de México.
Posteriormente designa una comisión para que reciba a trabajadores ferrocarrileros para
que se pongan en contacto con la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
A fin de dar cumplimiento a los ordenamientos reglamentarios, se pregunta a la Asamblea si
todos los diputados tienen en su poder copia de la iniciativa que va a presentarse y
concede el uso de la palabra al diputado Gerardo Acosta Zavala, del Partido del Trabajo,
quien presenta iniciativa de reformas a los artículos setenta y tres, setenta y cuatro,
ciento dos y ciento cinco, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El Presidente da la bienvenida a estudiantes del Colegio Medicis, del Distrito Federal,
quienes se encuentran en galerías.
Para comentar las visitas de Estado del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
Ernesto Zedillo Ponce de León a las repúblicas de Francia y Federal de Alemania, hacen
uso de la palabra los diputados: Julio Faesler Carlisle, del Partido Acción Nacional;
María del Carmen Escobedo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, quien
propone un punto de acuerdo a fin de que la Comisión de Relaciones Exteriores cite al
Secretario de Relaciones Exteriores para que explique las implicaciones del viaje del
Presidente de la República y fije las condiciones de análisis de los mismos.
Durante su intervención, a solicitud de ella misma, el Presidente pide orden, respeto
para la oradora y a los diputados que ocupen sus respectivas curules.
El Presidente informa que se desahogará primero el turno de oradores y después la
proposición de la diputada Escobedo Pérez, por lo que concede el uso de la palabra al
diputado Alfredo Phillips Olmedo, del Partido Revolucionario Institucional, a quien
interrumpe durante su intervención, para solicitar, nuevamente, orden y atención para el
orador en turno. El orador solicita que el punto de acuerdo presentado vuelva a leerse,
por considerar que pudiera ser aceptable para su partido.
El Presidente en funciones da la bienvenida a dirigentes y líderes de los municipios de
Ecatepec y Tequexquináhuac, México, que se encuentran en las galerías, invitados por el
Presidente de la mesa directiva.
Turna la proposición a la Comisión de Relaciones Exteriores para su seguimiento.
Para informar acerca de los daños causados por el huracán "Paulina" en los
estados de Oaxaca y Guerrero, se concede el uso de la palabra a los diputados: Martín
Matamoros Castillo, a nombre de la Comisión de Protección Civil, quien propone un punto
de acuerdo para que los diputados donen un día de dieta a nombre de la Cruz Roja
Mexicana, organismo que administra dichos recursos.
El Presidente informa que se desahogará el turno de oradores y posteriormente dará
trámite a la proposición, por lo que concede el uso de la palabra a los diputados:
Santiago Padilla Arriaga, en representación de la Comisión de Salud. Durante su
intervención, el Presidente pide a la Asamblea respeto y, de la misma manera, le solicita
al orador que se ciña al informe que debe presentar a toda la diputación.
Para referirse al mismo tema, se concede el uso de la palabra a los diputados José Luis
López López, del Partido del Trabajo; Aurora Bazán López, del Partido Verde Ecologista
de México; María Gloria Bernardita Ocampo Aranda, del Partido Acción Nacional; Alberto
López Rosas, del Partido de la Revolución Democrática, quien solicita y así se hace,
un minuto de silencio por quienes murieron en los trágicos acontecimientos provocados por
el huracán "Paulina" y propone un punto de acuerdo con diversas acciones
fiscales y da lectura a un mensaje dirigido al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
y Efraín Zúñiga Galeana, del Partido Revolucionario Institucional, quien entrega un
casete con mensajes entregados a las radiodifusoras del municipio de Acapulco y un
videocasete, con mensajes que se transmitieron por las televisoras y los anuncios en los
periódicos, notificando, en todos ellos, que los pobladores corrían peligro, y otros
documentos, de los cuales a solicitud del orador y por instrucciones del Presidente, la
Secretaría da lectura.
Desde su curul, el diputado Martín Mora Aguirre solicita que la Secretaría certifique la
autenticidad de los documentos presentados por el orador.
El Presidente informa del acuerdo parlamentario que, para este tema, se tuvo en la
Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Se da lectura al artículo ciento dos del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y concede el uso de la palabra, para
rectificar hechos, a los diputados: César Agustín Pineda Castillo, del Partido de la
Revolución Democrática; Vicente de la Cruz Santiago, del Partido Revolucionario
Institucional; Luis Fernando González Corona, del Partido Acción Nacional; Pablo
Sandoval Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, quien hace entrega de un
documento; Vicente Fuentes Díaz, del Partido Revolucionario Institucional; Alberto López
Rosas, del Partido de la Revolución Democrática, para contestar alusiones personales y
hace entrega de un periódico que se adiciona a los documentos presentados por el diputado
Zúñiga Galeana, del Partido Revolucionario Institucional; César Lonche Castellanos, del
Partido de la Revolución Democrática, quien entrega documentos respecto al tema que se
toca; Juan José Castro Justo, del Partido Revolucionario Institucional, quien solicita
que el tema se dé por suficientemente discutido.
El Presidente, conforme al artículo veintisiete de la Ley Orgánica, prorroga la sesión
hasta terminar los asuntos en cartera y pide a la Secretaría que dé lectura a los
artículos ciento catorce, ciento quince y ciento dieciséis, del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; da lectura a la
lista de oradores que han intervenido e informa de quienes aún se encuentran enlistados
para hacer uso de la palabra y pregunta si se encuentra suficientemente discutido el tema.
La Asamblea así lo considera y para dar trámite a la proposición del diputado Matamoros
Castillo, respecto al informe de la Comisión de Protección Civil, se da lectura al
artículo cincuenta y ocho reglamentario y a la misma proposición.
Se consulta a la Asamblea, que en votación económica la admite a discusión y se turna a
la Comisión de Protección Civil.
900,9001,9002
El diputado Armando López Romero, solicita el
uso de la palabra para presentar una propuesta y el Presidente informa que el tema se ha
considerado suficientemente discutido.
La diputada María Estrella Vázquez Osorno, desde su curul, solicita que explique el
procedimiento de la votación y el turno que se dio a la proposición.
El Presidente así lo hace.
El diputado López Romero insiste desde su curul, respecto al trámite y el Presidente
hace las aclaraciones pertinentes.
La diputada María de la Luz Núñez Ramos, desde su curul solicita aclaraciones respecto
a una proposición y, nuevamente, el Presidente le informa sobre el procedimiento del
orden del día.
También desde su curul, el diputado Zúñiga Galeana, solicita que se dé turno a su
proposición, a la que por instrucciones del Presidente, se le da lectura. No habiendo
quien haga uso de la palabra, la Asamblea la admite a discusión, después de diversas
consideraciones que, desde su curul, hace el diputado Pablo Gómez Alvarez y se turna a la
Comisión de Protección Civil.
Desde su curul, la diputada Estrella Vázquez Osorno, vuelve a solicitar aclaraciones
respecto al trámite y el Presidente sustenta los turnos que ha realizado, hace las
aclaraciones pertinentes y, como la diputada insiste, le pregunta a qué hechos desea
referirse, le concede el uso de la palabra y considera la intervención como
rectificación de procedimiento.
La Asamblea, en votación económica, aprueba el punto de acuerdo del diputado Matamoros
Castillo.
La Presidencia da cuenta con una solicitud de rectificación de procedimiento, respecto a
la proposición presentada en relación con el viaje de Estado que realizó el Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito por diputados de todos los grupos parlamentarios
que integran la actual legislatura.
Conforme al artículo cincuenta y nueve reglamentario, la Asamblea la aprueba.
En atención a las diversas consideraciones hechas por legisladores del Partido de la
Revolución Democrática y la solicitud respecto a la creación de un consejo plural con
miembros de todos los niveles de gobierno y las organizaciones civiles, la Presidencia
informa que rectificará el procedimiento.
Desde su curul, el diputado Monreal Avila presenta una moción de orden en relación con
el procedimiento reglamentario y la Presidencia explica las razones de su actitud en aras
de la flexibilidad.
La diputada Núñez Ramos declina y presentará su propuesta en la próxima sesión.
Por instrucciones del Presidente, la Secretaría da lectura a un comunicado suscrito por
doscientos treinta y ocho diputados del Partido Revolucionario Institucional y otro, con
ciento veinticinco firmas de diversos grupos parlamentarios, para la creación de la
comisión investigadora del funcionamiento de la Compañía Nacional de Subsistencias
Populares y empresas filiales. Se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación
Política.
Para expresar las opiniones de los grupos parlamentarios, respecto de este tema, se
concede el uso de la palabra a los diputados Juan José Cruz Martínez, del Partido del
Trabajo; Miguel Angel Garza Vázquez, del Partido Verde Ecologista de México; Margarita
Pérez Gavilán Torres, del Partido Acción Nacional; Laura Itzel Castillo Juárez, del
Partido de la Revolución Democrática, y Juana González Ortiz, del Partido
Revolucionario Institucional.
Para hacer comentarios sobre la política de vivienda, se concede el uso de la palabra a
los diputados: Jorge Durán Chávez, del Partido Revolucionario Institucional, quien hace
proposiciones acerca del salario base de cotización, así como descuentos y otras
acciones, y Juan Ignacio Fuentes Larios, del Partido Acción Nacional.
Para rectificar hechos, suben a la tribuna los diputados: Marco Antonio Fernández
Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional; Fernando Elías Hernández Mendoza,
del Partido de la Revolución Democrática, a quien el Presidente solicita que no
establezca diálogos de ninguna especie; Isaías González Cuevas, del Partido
Revolucionario Institucional; Germán Rufino Contreras Velázquez, del Partido de la
Revolución Democrática; José Oscar Aguilar González, del Partido Revolucionario
Institucional; Jesús José Villalobos Sáenz, del mismo partido; Agustín Miguel Alonso
Raya, del Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente considera que es notoria la falta de quorum y decide dar por terminada la
sesión, suspendiendo la discusión conforme al artículo ciento nueve reglamentario.
Desde su curul, el diputado Monreal Avila, solicita que se le otorgue el uso de la palabra
a otro orador y el Presidente, al negar su anuencia, hace las aclaraciones del caso.
El Presidente informa que, al terminar el registro de firmas de los señores diputados,
durante esta sesión, la asistencia por partidos fue de doscientos veintinueve, del
Partido Revolucionario Institucional; ciento dieciocho del Partido de la Revolución
Democrática; ciento dieciséis, del Partido Acción Nacional; siete del Partido del
Trabajo; seis del Partido Verde Ecologista de México, y dos diputados Independientes,
para un total de cuatrocientos setenta y ocho legisladores. Instruye a la Oficialía Mayor
para que haga el descuento de la dieta a los catorce diputados que no justificaron su
asistencia.
Desde su curul, el diputado Carreto Fernández aclara la posición del sector obrero.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la
próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las diecisiete horas con cuarenta y
tres minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo jueves dieciséis de octubre
de mil novecientos noventa y siete, a las diez horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación
económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señora
Presidenta.
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
| La secretaria
Aurora Bazán López: |
Se va a dar lectura a varias
invitaciones:
«Ciudadano diputado Eduardo Bernal Martínez, presidente de la Cámara de
Diputados.-Presente.
El Departamento del Distrito Federal, a través de esta dirección general, ha programado
la ceremonia cívica conmemorativa del LII aniversario luctuoso del general Plutarco
Elías Calles Campuzano, ex presidente de México (1878-1945), que tendrá lugar en el
monumento a la Revolución Mexicana, Plaza de la República, delegación Cuauhtémoc, el
día domingo 19 de octubre a las 10:00 horas.
Por tal motivo, me permito solicitar muy atentamente se sirva girar sus respetables
instrucciones a efecto de que un representante de esa Cámara que usted preside, asista a
la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero con mi
reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El director general de Acción Social, Cívica y Cultural, Eduardo F. Sáenz Viesca.»
Para asistir en representación de esta
Cámara de Diputados, se designa a los siguientes diputados: Roberto Albores Guillén,
Jaime Moreno Garavilla y Angelina Muñoz Fernández.
Esta ceremonia se llevará a cabo el domingo 19 de octubre de 1997 a las 10:00 horas en el
monumento a la Revolución Mexicana.
Continúe la Secretaría.
«Ciudadano diputado Eduardo Bernal Martínez,
presidente de la Cámara de Diputados.-Presente.
El Departamento del Distrito Federal, a través de esta dirección general, ha programado
la ceremonia cívica conmemorativa del CLXXXIII aniversario de la Promulgación de la
Constitución de Apatzingán (1814), que tendrá lugar en el monumento erigido al
generalísimo José María Morelos y Pavón, en Plaza de la Ciudadela, avenida Balderas,
esquina Emilio Dondé delegación Cuauhtémoc, el día miércoles 22 de octubre a las
10:00 horas.
Por tal motivo, me permito solicitar muy atentamente se sirva girar sus respetables
instrucciones a efecto de que un representante de esa Cámara que usted preside, asista a
la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero con mi
reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El director general de Acción Social, Cívica y Cultural, Eduardo F. Sáenz Viesca.»
Para asistir en representación de esta
honorable Cámara, se designa a los siguientes diputados: Daniel Díaz Díaz, América
Soto López, Aarón Quiroz Jiménez y Luis Guillermo Villanueva Valdovinos.
Esta ceremonia se llevará a cabo el miércoles 22 de octubre de 1997 a las 10:00 horas en
el monumento erigido al generalísimo José María Morelos y Pavón, en la Plaza de la
Ciudadela.
ESTADO DE MICHOACAN
| El secretario
Cuauhtémoc Salgado Romero: |
«La LXVII Legislatura constitucional
del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.
Tiene el honor de invitar a usted a la sesión solemne para conmemorar el CLXXXIII
aniversario de la Promulgación del Decreto Constitucional para la Libertad de la América
Mexicana, que se celebrará en el auditorio de la escuela preparatoria Adolfo Chávez, de
la ciudad de Apatzingán, habilitado como recinto oficial del Poder Legislativo, el
próximo miércoles 22 de octubre a las 13:00 horas.
Morelia, Michoacán, octubre de 1997.»
Continúe la Secretaría.
ESTADO DE SONORA
| La secretaria
Sandra Segura Rangel: |
«Ciudadano diputado Eduardo Guadalupe
Bernal Martínez, presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión.-Presente.
El próximo 22 de octubre asistiré a la sede del Poder Legislativo del Estado, para
cumplir con la honrosa responsabilidad de protestar como gobernador de Sonora.
Al extenderle una cordial invitación, le solicito haga extensiva la presente a sus
compañeros legisladores, ya que su presencia contribuirá a dar realce a este importante
evento.
Reciba la seguridad de mi respeto y consideración.
Atentamente.
Hermosillo, Sonora, 14 de octubre de 1997.-Armando López Nogales, gobernador electo del
Estado de Sonora.»
ESTADO DE CHIHUAHUA
| El secretario
Isael Petronio Cantú Nájera: |
Se va a dar lectura a varias
comunicaciones.
«Escudo Nacional.-Congreso del Estado de Chihuahua.-Secretaría.
Ciudadano Presidente de la Cámara de
Diputados.-México, D.F.
903,904,905
Por este conducto, nos permitimos hacer de su
conocimiento, que con fecha 25 de septiembre la LVIII Legislatura del honorable Congreso
del Estado de Chihuahua, dio inicio a los trabajos correspondientes a su séptimo periodo
de sesiones extraordinarias, a que fue convocado por su diputación Permanente, siendo
clausurado con esta fecha.
Asimismo, comunicamos a usted que fue electa la mesa directiva que presidió dichos
trabajos, quedando integrada de la siguiente forma; diputados: Ismael Díaz Carrillo,
presidente; Pedro Domínguez Alarcón, Rubén Aguilar Jiménez, vicepresidentes; Pablo
Israel Esparza Natividad, primer secretario; Jesús José Díaz Monárrez, segundo
secretario; Dagoberto González Uranga y Hortensia Enríquez Ortega, prosecretarios.
Sin más por el momento, reiteramos a usted las seguridades de nuestra atenta y
distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Chihuahua, Chihuahua, 26 de septiembre de 1997.-El presidente del Congreso del Estado,
diputado Ismael Díaz Carrillo.»
«Escudo Nacional.-Congreso del Estado de Chihuahua.-Secretaría.
Ciudadano Presidente de Cámara de Diputados.-México, D.F.,
Por este conducto nos permitimos hacer de su amable conocimiento que la LVIII Legislatura
del honorable Congreso del Estado de Chihuahua, en su séptimo periodo de sesiones
extraordinarias eligió la mesa directiva, que coor- dinará los trabajos correspondientes
al primer periodo de sesiones ordinarias, dentro del tercer año de ejercicio
constitucional, quedando integrada de la siguiente forma; diputados: Miguel Etzel
Maldonado, presidente; Leopoldo Canizales Sáenz, Pedro Domínguez Alarcón,
vicepresidentes; Dagoberto González Uranga, Yolanda Baeza Martínez, secretarios; Alvaro
Terrazas Sánchez y Jesús José Díaz Monárrez, prosecretarios.
Sin otro particular, reiteramos a usted la seguridad de nuestra atenta y distinguida
consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Chihuahua, Chihuahua, 29 de septiembre de 1997.-El presidente de la diputación
Permanente, diputado Jaime Enríquez Ordóñez.»
De enterado.
COMISIONES REGLAMENTARIAS
Y PROTOCOLARIAS
Para proceder a nombrar a las comisiones
que asistirán en representación de esta Cámara de Diputados, se designa a los
siguientes diputados.
Para la sesión solemne del Congreso del Estado de Michoacán en el CLXXXIII aniversario
de la Promulgación del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana,
la Comisión de Cortesía estará integrada por los siguientes diputados: Antonio Soto
Sánchez, vicepresidente; Jorge Canedo Vargas, Abraham González Negrete, Cristina
Portillo Ayala, Lázaro Cárdenas Batel, Margarita Chávez Murguía, Luis Patiño Pozas,
Jorge Galo y Jesús Higuera.
Esta sesión solemne se llevará a cabo el miércoles 22 de octubre de 1997 a las 13:00
horas en el Congreso del Estado de Michoacán.
Asimismo para la sesión solemne en el Congreso del Estado de Sonora en la toma de
protesta del ciudadano Armando López Nogales, como gobernador de Estado, la Comisión de
Cortesía de esta Cámara de Diputados se integrará de la siguiente manera; diputados:
Ignacio Martínez Tadeo, Héctor Mayer Soto, Saúl Solano Castro, Martha Dalia Gastelum
Valenzuela, Ricardo Castillo Peralta y Ramón Corral Avila.
Se celebrará esta sesión solemne el miércoles 22 de octubre de 1997, en el Congreso del
Estado de Sonora.
Prosiga la Secretaría.
ESTADO DE COAHUILA
| La secretaria
Aurora Bazán López: |
«Escudo.-Poder Legislativo.-Coahuila de
Zaragoza.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión.-México, D.F.
El honorable Congreso del Estado, a través de su diputación Permanente, en sesión
celebrada el día 25 de septiembre del presente año, aprobó por unanimidad de sus
integrantes el siguiente
ACUERDO
Primero. La realización de
un estudio socio económico en el que participe una representación del Congreso del
Estado, que será el punto de partida para la elaboración de la propuesta final para la
regularización de este tipo de vehículos, bajo criterios de justicia, transparencia y
honestidad (anexo se precisan los criterios);
Segundo. Que el estudio abarque la investigación a las organizaciones
que prometen la regularización de los vehículos y que, derivado de ella, se tomen las
medidas correctivas necesarias por la autoridad competente;
Tercero. Se reitere la solicitud de apoyo al Ejecutivo del Estado y,
además, de las comisiones permanentes del honorable Congreso de la Unión, con el
propósito de apoyar esta sentida demanda social de los coahuilenses, ante el Ejecutivo
Federal en las secretarías del Estado que correspondan y
Cuarto. En tanto no exista una propuesta final para solucionar el problema de la ilegal
estancia de los vehículos extranjeros, se propone que cesen los operativos de decomiso de
unidades automotrices, con el propósito de evitar enfrentamientos entre las partes en
conflicto y la posible afectación a terceros.
Me permito hacer de su conocimiento lo anterior; para la consideración y trámite que
estime oportuno.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Saltillo, Coahuila, a 29 de septiembre de 1997.-Diputado Fernando Orozco Cortés,
presidente de la diputación Permanente.»
ANEXO
Criterios de la propuesta del punto de acuerdo
que presenta la fracción parlamentaria "Luis Donaldo Colosio", de la LIV
Legislatura del Congreso de Coahuila, en relación a la problemática de los vehículos de
procedencia extranjera que circulan irregularidades en el Estado de Coahuila, en la
sesión de la Comisión Permanente del día 25 de septiembre de 1997.
1o. Legalidad del vehículo. Presentar documentación que ampare su legal adquisición,
así como verificar en los estados vecinos de la Unión Americana que no son vehículos
robados.
2o. Modelo. Deberán considerarse los vehículos, cuyos modelos no excedan al año de
1989.
3o. Tipo de vehículo. Se dará prioridad a vehículos de trabajo y sobre todo a aquellos
que sean en apoyo a la producción, sin considerar a vehículos deportivos y de lujo.
4o. Selección. Seleccionar aquellos poseedores de vehículos previo estudio
socio-económico, dando preferencia a campesinos, trabajadores y de familias de bajos
ingresos.
5o. Vehículos a regularizar. Sólo podrán ser sujetos de regulación, aquellos
vehículos introducidos con anterioridad a septiembre de 1997 y sólo un vehículo por
familia.
6o. Pago de derechos. Pagarán por derecho de circulación, para su regularización en el
país, la cuota que para tal efecto determine las SHCP y la Secofi.
Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
ESTADO DE GUANAJUATO
| El secretario
Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano: |
«Escudo Nacional.-Honorable
Congreso.-Estado de Guanajuato.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión.-México, D.F.
El honorable LVII Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato,
comunica que en sesión solemne celebrada el día de hoy, quedó legalmente instalado,
inaugurando su primer periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al primer año de su
ejercicio legal; eligiendo la mesa directiva que fungirá durante el primer mes, la cual
quedó integrada como sigue, diputados: presidente, Carlos Chaurard Arzate;
vicepresidente, Martha Lucia Micher Camarena; secretarios: José Rivera Carranza y Ricardo
Padilla Martín; prosecretaria: Susana Stephenson Pérez.
Lo que nos permitimos hacer de su conocimiento, para los efectos a que haya lugar.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guanajuato, Guanajuato, 25 de septiembre de 1997.-Diputados: José Carranza y Ricardo
Padilla Martín.»
De enterado.
JUAN JOSE OSORIO PALACIOS
Señoras y señores diputados:
Esta Presidencia tiene la pena de participar a la Asamblea, que el día de hoy falleció
Juan José Osorio Palacios, quien fuera diputado en la LVI Legislatura, como integrante
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Por lo que solicitamos
guardar un minuto de silencio.
(Minuto de silencio.)
Muchas gracias, señores diputados.
Se designa en comisión para asistir al funeral a los siguientes diputados:
Arturo Núñez Jiménez, del PRI; Carlos Medina Plascencia, del PAN; Porfirio Muñoz Ledo,
del PRD; Jorge Emilio González Martínez, del PVEM; Alejandro González Yáñez, del PT;
Fidel Herrera Beltrán, del PRI y Armando Neyra Chávez, del PRI.
LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES
Tiene la palabra el diputado Alberto
López Rosas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para
presentar una iniciativa de reformas al artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
| El diputado
Alberto López Rosas: |
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
Vengo ante esta tribuna a exponer ante ustedes, una de las decisiones más insensibles que
la LV Legislatura aprobó, en puntual cumplimiento sin duda, al desmantelamiento de la
seguridad y solidaridad social, en el marco del programa económico conocido como
neoliberalismo, que desde hace aproximadamente 15 años ha azotado inmisericordemente al
territorio nacional. En 1992 se aprobaron por esa legislatura reformas a la Ley del
Infonavit, en especial al artículo 44, en contravención plena a lo que establece el
artículo 123 constitucional fracción XII, a los artículos 136 y 137 de la Ley Federal
del Trabajo y al 3o. de la Ley del Infonavit. Sí, señores diputados, el neoliberalismo
ha sido incruento, en su paso atropellado por esta nación, ha arrasado lo que encuentra a
su paso y así ha sacudido a las instituciones de carácter social pulverizando logros que
en su momento fueron perseverantemente conseguidos.
906,907,908
La política económica del Gobierno arrolló
los más nobles propósitos del Constituyente de 1917, este logró incluir en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las garantías sociales como lo es
el artículo 123 constitucional, bajo el título "del trabajo y de la previsión
social". Entonces los constituyentes libraron trascendentes debates prevaleciendo el
objetivo social a favor de la clase trabajadora, apartándose así del criterio
tradicional individualista que caracterizaba a las constituciones de la época, siendo los
alcances sociales una de las metas del movimiento de 1910.
Los exabruptos del neoliberalismo se expresan en la pérdida de las garantías sociales de
los sectores más desprotegidos de la sociedad como son los obreros y campesinos. Estos
han tenido que pagar un alto costo por los experimentos de una política económica fría,
indiferente y sin pasión alguna a favor de las mayorías que habitan esta nación.
Obsesionado el Gobierno por controlar una inflación que sus mismas medidas han provocado,
encaran sin consideración alguna el saldo de 40 millones de mexicanos en la pobreza, 17
de ellos en los extremos de ésta, a cambio satisfacen a empresarios que juntos suman 20
individuos mexicanos que se encuentran entre los más ricos de México y del mundo, si
señores diputados 20 mexicanos que han tenido el privilegio de aparecer en revistas
internacionales como miembros del Jet Set internacional. Esto no puede ser una política
económica que respete principios de orden social y de equidad.
Entre esas medidas económicas se encuentran el aberrante desvío al carácter social del
Infonavit, este instituto que de antemano nació tardíamente en 1971 para satisfacer el
anhelo del Constituyente de 1917 y otorgar vivienda digna a los trabajadores como una
significación solidaria a la clase trabajadora, estableciéndose en sus numerales
correspondientes que las viviendas sean baratas, cómodas e higiénicas, tal como se
contempla en la fracción XII del artículo 123 constitucional que establece textualmente:
Toda empresa agrícola industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo estará
obligada, según lo determinan la leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores
habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las
aportaciones que las empresas hagan a un Fondo Nacional de la Vivienda, a fin de
constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de
financiamiento que permita otorgar a estas créditos baratos y suficientes para que
adquieran en propiedad tales habitaciones. Hasta aquí la cita.
Por su parte el artículo 137 de la Ley Federal del Trabajo establece textualmente lo
siguiente:
El Fondo Nacional de la Vivienda tendrá por objeto crear sistemas de financiamiento que
permitan a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para adquirir en
propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, para la construcción, reparación o
mejoras en sus casas-habitación y para el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos.
Por su parte, el artículo 3o. de la Ley del Infonavit textualmente contiene lo siguiente:
Artículo 3o. El instituto tiene por objeto:
Fracción II. Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los
trabajadores obtener crédito barato y suficiente para:
a) La adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas;
b) La construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones y
c) El pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores.
De los anteriores preceptos legales considerados, se concluye que las reformas a la Ley
del Infonavit que fueron aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación de
fecha 24 de febrero de 1992, contraviene las disposiciones anteriormente invocadas, en
especial la contenida en el artículo 44 de la ley en comento, misma que en su texto
actual en vigor señala:
Artículo 44. El saldo de los créditos otorgados a los trabajadores a
que se refiere la fracción I del artículo 42, se revisará cada vez que se modifiquen
los salarios mínimos, incrementándose en la misma proporción en que aumente el salario
mínimo general que rija en el Distrito Federal.
Asimismo, los créditos citados devengarán intereses sobre el saldo ajustado de los
mismos, a la tasa que determine el consejo de administración. Dicha tasa no será menor
del 4% anual sobre saldos insolutos.
Los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de 30 años. La vigencia de esta
disposición ha generado un encarecimiento de los créditos que ha otorgado el Infonavit a
los trabajadores. Sus viviendas han sido encarecidas injustificadamente, los descuentos a
sus nóminas han desequilibrado los exiguos ingresos de la clase obrera, intranquilizando
su vida familiar.
El Instituto de ser un organismo de servicio social, como lo define el artículo 2o. de la
ley, sea transformado en una institución de crédito de carácter privado homologándose
a la actividad bancaria y financiera común. Tal es el caso que si un trabajador antes de
1994 adquirió su vivienda con un valor de 60 mil pesos a través del crédito
correspondiente, después de 1994 se triplico su valor hasta 160 mil pesos y los
descuentos en su nómina que originalmente oscilaban entre 180 y 260 pesos, hoy oscilan
entre 650 y 900 pesos. Siendo un crédito que fue otorgado a 20 años hoy se prorroga
hasta 30 años, no podemos menos que admitir la existencia de un encarecimiento en la
vivienda que no corresponde a conceptos de plusvalía o de otros órdenes, porque las
unidades habitacionales del Infonavit además de presentar una imagen ruinosa, por falta
de mantenimiento adecuado y oportuno se han construido en zonas suburbanas de los centros
de población, por lo cual la plusvalía no es un factor de equilibrio entre el
encarecimiento y el valor real del inmueble.
Es pues necesario, que en un acto de congruencia con el ordenamiento constitucional esta
representación popular se interese en un acto de equidad a reorientar el carácter social
que originalmente conservó la Ley del Infonavit y a restablecer el sentido social del
Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores y para ello, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución General de
la República y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta soberanía la propuesta de
reformas al artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores, que deberá quedar de la siguiente manera:
Artículo 44. Los créditos a los trabajadores a que se refiere la
fracción I del artículo 42, devengarán un interés del 4% anual sobre saldos insolutos
y se otorgarán a un plazo no menor de 10 años ni mayor de 20 años.
Los financiamientos señalados en la fracción II del artículo 42, se otorgarán a la
tasa de interés que fije la Asamblea general y a un plazo máximo de 18 meses.
Se pretende pues restablecer el texto original que conservó el artículo mencionado para
continuar con la relación preexistente con los trabajadores acreditados.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. Se deroga el
artículo 44 de la Ley del Infonavit en los términos de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación del 24 de febrero de 1992, para quedar en los términos a que se
refiere la presente propuesta.
Segundo. Se derogara, todas las disposiciones que se contrapongan al
contenido de la presente propuesta.
Tercero. Las operaciones efectuadas por el organismo con los trabajadores
durante la vigencia del artículo que se deroga, deberán ser ajustadas al contenido de la
presente reforma.
Cuarto. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Túrnese a las comisiones unidas de
Trabajo y Previsión Social y de Vivienda.
Saludamos la presencia de la Universidad Autónoma de Morelos, del Colegio La Paz
(Vizcaínas) de esta Ciudad de México, del Centro Hidalguense Francisco Posada Gómez, de
los alumnos de derecho de la Universidad Latina de esta ciudad.
También saludamos la presencia de los
profesores normalistas de la Escuela Nicolás Bravo, de Tlalnepantla, Estado de México.
Nos honran con su presencia los presidentes municipales auxiliares de San Pablo del Monte,
Tlaxcala, invitados de la diputada Martha Palafox Gutiérrez. También saludamos la
presencia de invitados de la diputada María de los Dolores Padierna Luna, del PRD;
integrantes del Frente de Derechos de la Alimentación.
Muchas gracias, por su presencia.
El diputado Luis Velázquez Jaacks
(desde su curul): |
Pido la palabra.
¿Con qué objeto?
El diputado Luis
Velázquez Jaacks
(desde su curul): |
¡Para rectificar hechos!
Tiene la palabra, el diputado Luis
Velázquez Jaacks.
| El diputado Luis
Velázquez Jaacks |
Con su permiso, señora Presidenta:
En relación a la iniciativa que presenta el diputado Alberto López Rosas, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me permito, independientemente
de que esto pase a discusión en las comisiones y después y en su caso en este pleno, dar
a conocer un acuerdo del Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores, en su sesión número 552, que fue extraordinaria y que
dice así:
Este Consejo aprueba que para todos los trabajadores que tienen créditos con el Infonavit
se aplique la siguiente tabla para la determinación de los descuentos, a efecto de que se
amorticen una cantidad igual o equivalente en caso de que haya modificación salarial a la
que venían amortizando hasta el 30 de junio:
De dos salarios el 16.7%...
Permítame, señor diputado.
¡Se instruye a la Oficialía Mayor, para que por favor maneje el reloj!
Continúe, señor diputado.
| El diputado Luis
Velázquez Jaacks |
Para dos salarios el 16.7%; para cuatro
salarios el 17.2%; para cinco salarios el 17.7%; para seis salarios 17.8% y para siete
salarios o más el 20% de descuento.
La tabla será igualmente aplicable para aquellos trabajadores que contraten créditos con
base en invitaciones publicadas por el Instituto hasta esta fecha.
Asimismo se somete a la consideración de ese consejo y se aprueba por la dirección
general del instituto, para que en los casos en que aún en la aplicación de la tabla
anterior no se cumpla con los objetivos de este acuerdo, en conjunto determinen los
porcentajes que en su caso se aplicarán.
Por lo que toca a los créditos que se otorguen con base en las invitaciones que se
formulen y publiquen con posterioridad a la fecha de la adopción, en su caso, de este
acuerdo, se propone a este órgano colegiado para que en este momento se apruebe que la
amortización de los mismos esté a lo dispuesto en lo que establezcan las bases de las
referidas invitaciones.
Esto, señores, obedece a la petición y solicitud que hiciera el Congreso del Trabajo y
la Confederación de Trabajadores de México y que aquí fuera leída por el diputado
Jorge Durán Chávez.
Gracias.
909,910,911
Túrnese la presente propuesta
del diputado a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Vivienda.
El diputado Alberto López Rosas
(desde su curul): |
Pido la palabra.
¿Con qué objeto?
El diputado
Alberto López Rosas
(desde su curul): |
¡Para rectificar hechos!
Tiene la palabra señor diputado, hasta
por cinco minutos.
| El diputado
Alberto López Rosas |
Muchas gracias, diputada Presidenta;
procuraré no agotar los cinco minutos; compañeros diputados:
Después de escuchar al diputado que me precedió, quiero decirles que no podemos dejar en
manos del Ejecutivo o del director del Infonavit o del consejo del Infonavit la
aplicación de estas medidas. Debemos sustentarlas en la ley, no a los criterios ni a los
estados de ánimo.
Por ello, aún cuando lo hubiése solicitado el Congreso del Trabajo o cualquier otra
organización, debemos tomar en consideración que las leyes se hacen en este lugar y que
debemos darle un criterio jurídico a las aplicaciones y a los criterios del Ejecutivo.
Por ello, insisto en que sea en esta representación popular, donde se analicen las
propuestas y queden insertas en nuestras legislaciones.
Por lo demás, lamento mucho que el Congreso del Trabajo hoy solicite lo que su
diputación obrera aprobó en 1992. Me parece una plena contradicción ante ellos mismos,
ante los trabajadores y ante la opinión pública.
Muchas gracias.
|
Presidencia
del diputado
Eduardo Guadalupe Bernal Martínez |
Si me permiten señores diputados, el
punto anterior se otorgó para la presentación de una iniciativa de reformas al artículo
44. Cualquier propuesta, cualquier documento que deseen para enriquecer el asunto sobre el
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, mucho agradeceré lo entreguen a la
Secretaría, para turnarlo a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de
Vivienda. En este momento no era para rectificación de hechos. Si alguna propuesta se
tuviera, se deberá convocar el artículo 58 para poderlo hacer.
Por tal motivo, yo les pediría que en las lecturas de iniciativa evitáramos utilizar el
derecho que nos da el artículo 102, en rectificación de hechos y nos atengamos al tema
que estamos tratando.
CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Tiene el uso de la palabra el diputado
Jorge Emilio González Martínez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 4o. constitucional.
El diputado
Jorge Emilio González
Martínez: |
Muchas gracias, señor Presidente;
señoras y señores diputados:
«Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la
Unión.-Presentes.
Jorge Emilio González Martínez, Jorge Alejandro Jiménez Taboada, Miguel Angel Garza
Vázquez, Aurora Bazán López, Verónica Velasco Rodríguez y Gloria Lavara Mejía,
diputados de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del
grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los
artículos 71 fracción II, 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 31 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y
55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales, para su dictamen y posterior discusión en el pleno de la Cámara
de Diputados de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión la siguiente
iniciativa de ley:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Nunca antes, como ahora, los seres humanos nos
habíamos enfrentado a efectos ambientalmente negativos, tan graves y profundos, como los
que estamos viviendo en la última década del presente siglo.
A pesar de los avances en las políticas generales y en las legislaciones de los países
miembros de la comunidad internacional, encaminados a hacer frente a la degradación del
ambiente planetario, que han tenido lugar en los últimos 25 años, a partir de la Cumbre
de la Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, la
situación real de la problemática es hoy mucho más grave y preocupante que entonces.
La degradación de los elementos que conforman nuestro entorno material, como lo son el
suelo, el aire, el agua, los bosques y selvas, la fauna y la flora silvestres es altamente
preocupante y ésta es efecto, sin duda, de las prácticas productivas y comerciales
depredatorias de nuestra civilización, mismas que han provocado sobrepasamiento de
límites en el equilibrio ambiental, quizá ya irreversibles, que ponen en peligro la
subsistencia de la humanidad y las demás especies que coexisten con ella en el planeta
tierra. Fenómeno del cual México no es ajeno.
Como ejemplo extremo del sobrepasamiento de los límites que han sido mencionados, debemos
recordar la destrucción de la capa de ozono de la estratosfera, provocada por la
utilización indiscriminada, para fines industriales de sustancias tales como los
clorofluorocarbonos y, el ya aceptado por las naciones industrializadas,
sobrecalentamiento de la tierra por la emisión de gases de invernadero a la atmósfera,
tales como el dióxido de carbono, producto de la quema desmedida de combustibles
fósiles.
Otra gran amenaza se constituye por el uso irracional de los recursos naturales. El agua,
elemento esencial para la vida, es administrada de manera ineficiente, tanto desde el
punto de vista cualitativo, como cuantitativo. El derroche excesivo del agua es la causa
directa de su escasez, mientras que la creciente contaminación de ríos, lagos, mantos
freáticos por las filtraciones al subsuelo, provocada principalmente por las actividades
industriales y agrícolas, convierte con frecuencia al vital líquido en vehículo
transmisor de enfermedades infecciosas y mutaciones genéticas altamente degenerativas.
Los efectos adversos de la deforestación son de una gran amplitud. Los bosques y selvas
son el hogar de muchos pueblos y de muchas especies; cuando los bosques desaparezcan,
también desaparecerán sus habitantes humanos, animales y vegetales. Los bosques evitan
la erosión del suelo y proporcionan uno de los principales sistemas naturales de control
de las aguas. Al desaparecer los arboles, torrentes de agua fluirán descontroladamente
por las vertientes montañosas, causando aludes e inundaciones. Finalmente, los arboles
tienen un papel importante en la estabilización del clima. No obstante ello, durante el
presente siglo ha desaparecido el 60% de las selvas en el planeta y un 20% de los bosques
mundiales.
En México el problema no es menos dramático, en fechas recientes se han publicado cifras
alarmantes, que establecen que el país ha pasado de una superficie boscosa original de 1
millón 58 mil kilómetros cuadrados, a una de sólo 562 mil 517 kilómetros cuadrados, en
la actualidad; es decir, hemos perdido el 47% de la superficie total de bosques y selvas
del territorio nacional. No obstante ello, la selva de Los Chimalapas, la selva Lacandona,
las reservas boscosas, Santuario de la Mariposa Monarca y los bosques del norte y otras
regiones del país continúan siendo objeto de una explotación inmoderada e ilegal.
Desde la conferencia de Estocolmo, en 1972, hace apenas 25 años, ha desaparecido la
quinta parte de las especies sobre la tierra y la deforestación, el cambio climático o
la sequía amenazan con hacer desaparecer una cuantía mayor en las próximas décadas. No
obstante ello, se permite, abierta o veladamente, el tráfico de especies de flora y fauna
silvestres sin control alguno.
Ante esta compleja realidad ambiental el derecho, como instrumento normativo de la
sociedad, juega un papel muy importante para la corrección y prevención de los
fenómenos que han puesto a la humanidad en situación tan crítica. El reconocimiento del
derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado no sólo debe constituir la
manifestación de que el elemento ambiental entre necesariamente en la definición del
modelo de sociedad que deseamos, sino que también debe ampliar la posibilidad de defensa
del entorno mediante el acceso de las personas a los diversos mecanismos de defensa,
reconocidos por nuestro sistema jurídico. Por ello, las normas jurídicas internas, que
tienen como finalidad la protección del entorno, no pueden basar su legitimación,
únicamente, en y por la autoridad del sujeto que las promulgó, sino que, también, deben
constituir instrumentos efectivos de defensa y desarrollo pleno de este derecho humano.
Se afirma que el derecho al ambiente, cuyo objeto último no es sino asegurar la dignidad
de las personas, es un derecho que manifiesta un ideal y una serie de finalidades que la
humanidad, consciente ya de los riesgos que para su existencia supone el deterioro del
ambiente, se ha propuesto alcanzar. Entre los que debemos ubicar es el de alcanzar un
modelo de desarrollo que sea capaz de satisfacer adecuadamente las necesidades materiales
de la población, de una manera equitativa e incluyente, sin comprometer la posibilidad de
satisfacer de igual manera las necesidades de las generaciones futuras.
En este sentido, el Partido Verde Ecologista de México, propone que el reconocimiento
constitucional como garantía individual y social del derecho a vivir en un ambiente sano
y equilibrado adecuado para el desarrollo, salud y bienestar de la población y que
reconozca, asimismo, el derecho de las personas para actuar en su defensa, constituye un
aspecto prioritario para ser observado por los órganos del Estado mexicano y debe de
tender al establecimiento claro, dentro de nuestro ordenamiento interno, de que el mismo
constituye un interés jurídico que debe ser protegido, para traducirse en la
incorporación de adecuados mecanismos de participación social en la toma de decisiones
públicas, especialmente preventivas, que tiendan al mantenimiento del equilibrio
ambiental que todos necesitamos y den las bases para la sostenibilidad ambiental del
desarrollo nacional.
Asimismo, el establecimiento de este derecho en el cuerpo constitucional dará un sustento
claro e incuestionable para su propia reglamentación, a través de la legislación
secundaria, así como de las competencias de la Federación, las entidades federativas y
los municipios en materia de protección al ambiente y la preservación del equilibrio
ecológico, mismas que deberán ser ejercidas por las autoridades administrativas en
beneficio de los titulares del derecho subjetivo público que se confiere.
La propuesta de elevar a rango constitucional el derecho al ambiente, ha sido acogida por
un gran número de países en el mundo, desde la celebración de la Cumbre de Estocolmo en
1972. Países como Perú, Portugal, Corea del Sur, Paraguay y Chile, han adaptado textos
expresos que así lo reconocen y, en muchos otros, el establecimiento de este derecho se
ha extraído de la interpretación de sus textos constitucionales o se está discutiendo
la necesidad de incorporar a este derecho de manera expresa.
Aunado al reconocimiento constitucional del derecho a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, deben darse los mecanismos jurídicos necesarios para dotar a
las autoridades legislativas y administrativas de las facultades suficientes para que
actúen en concordancia, para la protección del mencionado derecho. Así pues, el Partido
Verde Ecologista de México, considera necesario, también, el reformar la fracción
XXIX-G del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a
efecto de hacerla acorde con el reconocimiento del derecho al ambiente y con nuestro
sistema constitucional de distribución de competencias y eliminar así, la errónea
interpretación que se ha dado a la desafortunada inclusión en el texto vigente de la
palabra concurrencia, cuando está se refería, de acuerdo a su interpretación jurídica
integral, a la participación de los tres niveles de gobierno en la materia ambiental.
912,913,914
Por ello, respetuosamente, los diputados
integrantes del grupo parlamentario del Partido
OFICIAL
MAYOR Y TESORERO
| La secretaria
Sandra Lucía Segura Rangel:: |
«Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados, del segundo mes del primer periodo de
sesiones ordinarias.
La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 45 fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción III del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete para la aprobación de esta
Asamblea, el nombramiento de los siguientes ciudadanos mexicanos para ocupar puestos como
funcionarios de esta Cámara de Diputados:
Oficial mayor, el ciudadano Humberto Murrieta Necoechea; tesorero, el ciudadano Gregorio
Guerrero Pozas.
Sin otro particular por el momento, agradezco la lectura del presente oficio y solicito se
le dé el trámite correspondiente.
Atentamente.
México, D.F. a 15 de octubre de 1997.»
En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Aprobada, señora Presidenta.
Gracias.
Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Gregorio Guerrero Pozas.
Se designa para que lo introduzcan a fin de que rinda la protesta de ley, a los siguientes
diputados: Enrique González Isunza, Susana Esquivel Farías, María Antonia Durán
López, José Luis López López y Gloria Lavara Mejía.
A la comisión, se ruega cumpla con su cometido.
Se ruega a los presentes ponerse de pie.
Ciudadano Gregorio Guerrero Pozas: ¿protestáis desempeñar leal y patrióticamente el
cargo de tesorero que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo
por el bien y prosperidad de la Unión?
El ciudadano Gregorio Guerrero Pozas:
Sí, protesto.
Si así no lo hiciereis, la nación os
lo demande.
La comisión de protocolo por favor acompañe al ciudadano Gregorio Guerrero Pozas.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
REPUBLICA FRANCESA
| El secretario
Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano: |
«Ciudadanos secretarios de la Cámara
de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F.
Efraín González Luna Morfín, mexicano, mayor de edad, casado, abogado, ante esta
legislatura, con respeto
EXPONGO
Me presento ante esta honorable Asamblea con
el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 37 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y solicitar permiso para poder recibir la
condecoración que, como "Caballero de la Orden de las Artes y de las Letras",
me otorga el gobierno de la República Francesa, por decreto de fecha 21 de febrero de
1997, a través del ministro de cultura de esta nación, señor Philippe Douste-Blazy.
Acompaño al presente, copia de la comunicación que me dirige el excelentísimo señor
embajador de la República Francesa, donde me informa sobre la honrosa designación en mi
favor, así como el decreto de referencia del señor ministro de cultura francés.
Como es de su conocimiento, la condecoración que se me otorga, no supone adhesión,
obediencia o sumisión a las leyes o autoridades de la nación francesa y por el contrario
el gobierno de la República Francesa la otorga con el propósito de estrechar relaciones
de cooperación educativa y cultural entre las naciones.
Para los efectos legales a que haya lugar, señalo como domicilio para recibir y oír toda
clase de notificaciones y documentos, la finca marcada con el número 2560 de la avenida
Circunvalación Agustín Yáñez de la colonia Arcos Sur de esta ciudad de Guadalajara,
Jalisco y autorizo para que las reciba u oiga en mi nombre al licenciado Rodrigo Alonso
Cárdenas Gómez.
Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarles las seguridades
de mi más atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Guadalajara, Jalisco a 11 de octubre de 1997.-Efraín González Luna Morfín.»
Voy a rogarle a las diputadas y
diputados pasen a ocupar sus curules y sigan el orden del día de manera atenta,
solicitando también a los presentes en galerías guarden la compostura debida.
Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACION
Tiene la palabra el diputado Antonio
Lagunas Angel, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática,
para referirse al Día Mundial de la Alimentación.
| El diputado
Antonio Lagunas Angel: |
Con su venia, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
A tan sólo tres años de iniciar un nuevo siglo, con una inminente tercera revolución
industrial que ha ocasionado un avance vertiginoso en múltiples facetas del campo
tecnológico; modernizando los procesos productivos e incrementando la disponibilidad
prácticamente de cualquier producto, resulta particularmente indignante que existan hoy
día 800 millones de seres humanos en todo el mundo, principalmente en países
subdesarrollados como el nuestro, que no pueden disponer de alimentos suficientes que nos
permitan llevar a cabo una vida sana en virtud de sus derechos sociales e individuales.
En la celebración del Día Mundial de la Alimentación, este día 16 de octubre de 1997,
es fundamental volver a llamar la atención internacional y nacional sobre la importancia
que tiene para todos los habitantes de este planeta la seguridad alimentaria en todos sus
órdenes, tanto individual, familiar, nacional, regional y mundialmente.
Lo sustancial ha sido analizado ya por el Comité de Seguridad Alimentario de la
Organización de las Naciones Unidas en la Cumbre Mundial de Alimentación que se efectuó
en noviembre del año pasado en Roma, Italia. En ella se signó el objetivo de reducir
para el año 2015, a la mitad, la población que padece por falta de alimentos.
En el mundo existen suficientes áreas agrícolas con su producción correspondiente para
abastecer de alimentos de tal forma que ningún habitante del mundo padezca hambre. El
problema fundamental, concluyeron los analistas y expertos, consiste principalmente en la
distribución de los alimentos y la inaccesabilidad que tienen las personas a ellos debido
a las deficiencias de infraestructura e inoperancia en los sistemas de abasto por un lado,
a la falta de empleos y salarios bien remunerados por el otro.
Este problema se ha acentuado, compañeros
legisladores, debido a que la política alimentaria se ha enmarcado en el esquema
neoliberal, de liberación de precios de garantía, apertura indiscriminada de mercados,
reducción de subsidios a productores nacionales.
El resultado ha sido que habitantes de países que han adoptado el modelo de desarrollo y
contando con continuos deficit en su balanza alimentaria, la cual se ha traducido en
graves problemas en peso, en talla, en estatura, en desarrollo cerebral y deficiencias
intelectuales. Ante situaciones como éstas se requiere de políticas con profundo sentido
social y nacionalista.
El nacionalismo no es un concepto anacrónico, al contrario, en estos tiempos es
fundamental proponernos como nación, la meta de llegar a la soberanía alimentaria, ya
que el país que no se puede alimentar a sí mismo, no tiene autonomía plena.
En México el problema alimentario ha sido un tema pospuesto y en los últimos años se ha
considerado como un asunto que se resolverá a largo plazo, cuando alcancemos una
distribución más equitativa del ingreso; sin embargo, me parece que postergar a un
tiempo futuro la solución de este problema del que demandan atención urgente los más de
14 millones de mexicanos que padecen algún grado de desnutrición, es inhumano y está
alejado de todo espíritu democrático.
Observamos con preocupación que no existe una estrategia alimentaria de largo plazo en
nuestro país, que conduzca los esfuerzos de todos los agentes involucrados en la cadena
alimentaria a garantizar que todos los mexicanos accedan cuando menos a un mínimo de
alimentos necesarios para obtener una nutrición suficiente.
Las distorsiones que ha generado el modelo económico de liberación de mercados, al dejar
que las necesidades sociales sean resueltas por las fuerzas de la oferta y la demanda,
así como la ausencia de una política integral en la materia, reclaman de una
participación más activa del Ejecutivo, del Legislativo y de la sociedad civil, para
plantear esquemas eficaces tendientes a formular programas, normar los esfuerzos e
impulsar acciones conjuntas que nos permitan dar solución a esta demanda tan sentida de
la población, como es el derecho a la alimentación.
Por ello, el Estado debe asumir su papel de nivelador de las desigualdades sociales,
delineando una estrategia que incorpore en un esquema democrático la participación de
todos los agentes vinculados en la producción, distribución y consumo de alimentos, de
tal forma que asegure el abasto a los alimentos a la población.
La dramática situación que viven día a día nuestros hermanos mexicanos de las zonas
como el sur del país, parte del sureste y casi a todo lo largo de la Sierra Madre
Oriental, nos hablan de la urgencia que tiene para el pueblo de México que nosotros
legislemos sobre este tema. No se puede dejar pasar por alto que en los últimos sexenios
se hayan ensayado ante este problema, programas que han buscado más mecanismos y formas
de control de la población con fines electorales, que soluciones de fondo a la
problemática alimentaria.
Compañeros diputados: seguramente en esto todos coincidimos, está por encima el interés
nacional y el de los ciudadanos que representamos los legisladores.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado Jorge Galo
Medina, pero antes, esta Presidencia informa a la Asamblea la presencia de una delegación
de parlamentarios de la República Federal de Alemania. A nombre de la LVII Legislatura de
la Cámara de Diputados, se les da la más cordial bienvenida y les desea toda suerte de
éxitos en su visita a nuestro país.
Sean ustedes bienvenidos.
Para referirse al mismo tema, el diputado Jorge Galo Medina, de la fracción parlamentaria
del Partido Revolucionario Institucional. Tiene la palabra, diputado
915,916,917
| El diputado Jorge Galo Medina Torres: |
Con su anuencia, señor Presidente;
diputadas y diputados integrantes de la mesa directiva; compañeros legisladores:
Para los millones de mexicanos que viven en la
pobreza y pobreza extrema, su fiel e inseparable compañera es el hambre. Para ellos no
significa nada proponerles un futuro de posibilidades, sino en todo caso ofrecerles un
presente de realidades. El futuro no se prevé, el futuro se construye en el presente.
Al tener el alto honor y distinción de hablar en representación de mi partido político,
el PRI, me congratulo, al igual que todos ustedes, compañeros diputados, de pertenecer a
la LVII Legislatura, porque su conformación partidista, como mandato del pueblo mexicano,
sólo admite una lectura: la plenitud democrática como medio y como fin para tomar
decisiones del mayor beneficio para el país y para todos los mexicanos.
Este nuevo camino democrático, plural e incluyente, que el pueblo eligió, nos exige
nuevas responsabilidades y actitudes, pero sobre todo, nos exige como ciudadanos y como
representantes populares, honestidad y dignidad.
El fundamento constitucional para hacer realidad este mandato, lo tenemos en el artículo
73, en sus fracciones XXIX-E, XXIX-F y XXX, que facultan al Congreso a expedir leyes para
la promoción y ejecución de acciones de orden económico referentes al abasto, a la
producción suficiente y oportuna de bienes y servicios social y nacionalmente necesarios,
a la transferencia de tecnologías y a la aplicación de los conocimientos científicos y
tecnológicos para el bien del país.
Dentro de este marco de realidades socioeconómicas y legislativas, hoy, 16 de octubre,
conmemoramos el Día Mundial de la Alimentación, que la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, ha venido realizando por 17 años
ininterrumpidos, con la finalidad de sensibilizar a la sociedad mundial acerca del
problema del hambre y de fomentar la aplicación de soluciones a los problemas
alimenticios de cada país.
Invertir en la seguridad alimentaria, es el lema de este año, en el que queda implícito
el principio de que cada país tiene la obligación y responsabilidad de garantizar su
propia seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es un problema que compete no sólo
a los campesinos y productores del medio rural, sino a toda la sociedad, en tanto que
tiene qué ver con la sobrevivencia de la especie humana. Es un tema que irrumpe de lleno
en la dignidad y en los derechos de las personas, haciendo de él un asunto público y un
aspecto esencial en la construcción de un México soberano.
Por ello señalamos que el concepto y valor de la soberanía Estado-nación, requiere ser
ponderado en su real dimensión, pues no representa un elemento más de retórica, sino
una realidad prioritaria de magnitudes sociopolíticas íntimamente ligadas a nuestra
fortaleza interna.
La mexicanidad y soberanía nacional, no sólo se circunscriben a los símbolos patrios y
límites territoriales; las realidades sociales, culturales, económicas y políticas del
país, son también elementos distintivos de las mismas. Es necesario, por tanto,
incorporar un componente estrechamente vinculado al desarrollo y defensa de la soberanía
del México actual, la autosuficiencia alimentaria a la cual sólo se puede arribar
mediante una estrategia de crecimiento sustentable.
La dependencia alimentaria significa una amenaza no violenta, que pone en riesgo la
integridad nacional, amenaza que hacia el exterior abre las puertas al intervencionismo
velado de otras naciones y al interior puede convertirse en la génesis de múltiples
inconformidades sociales y políticas. Por tanto, independencia, interdependencia y
dependencia, son términos vigentes por su estrecha relación con la capacidad social de
producir los alimentos que el pueblo demanda, tanto en calidad como en cantidad.
La insuficiencia de alimentos nos hace sensiblemente vulnerables a estrategias adoptadas
desde fuera y que no son otra cosa que programas, espejismos de producción, que sólo
convienen a intereses extranjeros.
Los estudios de la evolución del sector agropecuario en los últimos 50 años, nos
enseñan cómo de un país con significativos excedentes exportables, México se
convirtió en importador neto de productos agrícolas. Al entrar a la última década del
Siglo XX nos encontramos ante una situación nada halagadora: más de 90 millones de
personas que alimentar, insuficiente producción de alimentos prioritarios, importación
récord de los mismos y una superficie cultivable y aprovechable que está al límite de
su expansión.
Es necesario organizarnos para reconstruir una alternativa alimentaria para nuestra
población, que no dependa del endeudamiento, tecnología y modelos extranjeros. Se
requiere un programa de acción inmediata y con visión de largo plazo, que ataque al
verdadero problema que nos tiene.
Esto ha sido objeto de grandes debates académicos, técnicos, científicos y políticos.
Si bien mucho se ha hablado y escrito de ello, su inherente complejidad hace que no se
tengan respuestas satisfactorias aún. Por tanto intentaremos precisar algunos aspectos
básicos, que nos puedan servir de guía para el análisis y reorientación de las
políticas actuales.
Primero. México no se encuentra en un callejón sin salida en materia
alimentaria. Se poseen los recursos naturales suficientes para producir los alimentos que
requiere la población, siempre y cuando contemos con una estrategia sustentable para un
aprovechamiento óptimo, rentable y competitivo, que trascienda los límites seccionales.
Segundo. En su origen el problema alimentario de México es más de
políticas que de tecnologías.
Con los fehacientes logros obtenidos en respuesta a las innovaciones tecnológicas de
producción, la disponibilidad misma de recursos ya no es el factor determinante en la
capacidad productiva del país; sin embargo; su solución depende de la voluntad y
decisión política para encontrar opciones que recojan las experiencias ganadas en ese
terreno y superen las deficiencias.
Tercero. La ciencia y tecnología son fundamentales en la tarea de
mejorar e incrementar la producción de los satisfactores básicos de la población, sin
embargo hay que reconocer que el sistema científico...
Permítame, diputado.
Quisiera llamar al respeto a todos los asistentes para escuchar al orador, para el mejor
cumplimiento de nuestra responsabilidad como diputados.
Continúe, diputado.
| El diputado
Jorge Galo Medina Torres: |
Sin embargo, hay que reconocer que el
sistema científico-tecnológico no ha sido neutral ni en su destino, ni en su origen y
por supuesto ni en sus efectos y no lo ha sido porque ha dependido de modelos de
desarrollo y paradigmas de planeación que se han planteado en las distintas etapas de la
administración pública. Por ejemplo durante la época de crecimiento del sector
agropecuario, 1945 a 1965, la investigación agrícola que hizo posibles los resultados
sin precedentes en productividad, se caracterizó por estar al servicio de los productores
capitalistas, ser fuertemente elitista y propiciar la dependencia tecnológica externa.
Hoy requerimos una política de investigación agrícola diferenciada en lo geográfico,
en lo social y en lo económico.
Cuarto. El sistema de educación agrícola superior, como responsable de
formar los cuadros técnicos que habrán de afrontar y dirigir la producción
agropecuaria, ha estado muy desvinculado del aparato productivo, de la realidad y de los
problemas del campo mexicano.
El desarrollo e implementación de esquemas productivos que respondan a los retos
presentes y futuros de la alimentación, debe tener como contraparte la incorporación de
profesionistas altamente calificados y formados dentro de las instituciones mexicanas de
educación agrícola superior, con una orientación práctica, con vocación y capacidad
de servicio y entrega al campo y con sensibilidad social.
Quinto. La política alimentaria debe fincarse sólidamente en nuestro
concepto y esquema de desarrollo rural integral, elevado ya a rango constitucional y que
estipula que no sólo debemos atender lo relativo a la producción de alimentos básicos,
sino lo referente a la organización, transformación y comercialización y por supuesto a
los de bienestar familiar y comunitario.
Aquí subrayamos la propuesta de la Confederación Nacional Campesina y la refrendamos
nosotros, la diputación campesina del grupo parlamentario del PRI en este recinto
legislativo, sobre la necesidad de reglamentar la fracción XX del artículo 27
constitucional, a fin de darle continuidad, coherencia, integridad y visión de largo
plazo a las políticas agropecuarias. Es decir, elaborar una Ley General de Desarrollo
Rural Integral, donde busquemos eliminar dispersión de los instrumentos que inciden en el
proceso productivo, porque la administración pública es responsable del fomento a la
producción, a la productividad, a la industrialización agropecuaria, a la
comercialización, al abasto, al empleo y al ingreso en el medio rural, como partes de un
proceso ligado e interdependiente, en donde las políticas, programas y recursos públicos
se coordinen y complementen.
Un marco jurídico que lo precise y ordene será indispensable para el desarrollo rural y
para el crecimiento sustentable de la producción alimentaria como estrategia de la
soberanía nacional.
Sexto. Nuestra Carta Magna establece en el artículo 3o. el derecho a la
educación; en el artículo 4o. el derecho a la salud; sin embargo, la existencia de una
población desnutrida está íntimamente ligada a una población enfermiza y por tanto con
bajos niveles de aprendizaje, disminuida aptitud para el trabajo y creatividad
transformadora. Por ello se hace de la mayor prioridad atender e impulsar la producción
de alimentos y asegurar su distribución y consumo en las regiones más marginadas del
país. Por ello aquí registramos la propuesta de nuestro partido para revisar la
legislación vigente y estudiar, en su caso, la posible elevación a rango constitucional
del derecho a la alimentación.
Nunca será demasiado tarde el insistir que una de las etapas previas a la entrega de
nuestra soberanía, es precisamente la dependencia predominantemente extranjera para
alimentarnos.
Estamos aún a tiempo para enfrentar el reto histórico de concebir y constituir nuestro
futuro con destino propio, con autonomía y con libertad.
Mucho de lo que aquí digamos, diputadas y diputados, no se recordará fácilmente dentro
de poco tiempo, pero lo que sí quedará como huella permanente serán las decisiones que
tomemos, lo que hagamos y lo que realicemos en beneficio de nuestro país y de nuestro
pueblo.
Con esta convicción social, reafirmamos que la alimentación del pueblo mexicano debe
estar por encima de los intereses partidistas.
Muchas gracias.
Gracias, diputado.
Tiene la palabra la diputada Clara Marina Brugada Molina, de la fracción parlamentaria
del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al mismo tema.
918,919,920
| La diputada Clara Marina Brugada Molina: |
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados; ciudadanos que están presentes el día de hoy en
esta soberanía:
El 16 de octubre se celebra el día mundial de la alimentación. En México tenemos poco
qué celebrar cuando por falta de una alimentación adecuada se mueren todavía niños.
Queremos aprovechar este día para desempolvar o sacar de la congeladora la iniciativa que
eleva a rango constitucional el derecho a la alimentación, por lo que a continuación y
en atención a los diversos ciudadanos que han pugnado, defendido y luchado por esta
iniciativa, en especial el Frente por el Derecho a Alimentarse, que el día de hoy está
aquí presente entre nosotros.
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presenta la siguiente
excitativa para elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación.
El 13 de julio de 1994, el diputado Francisco
Saucedo Pérez, presidente de la Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo
y Servicios de la LV Legislatura de la Cámara de Diputados, presentó, a nombre de
diputados del PRI, PRD, PARM, PPS y Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, una
iniciativa de decreto para adicionar el artículo 4o. constitucional y elevar a ese rango
el derecho a la alimentación.
Con la iniciativa de decreto, culminaba un amplio proceso de consulta iniciado
precisamente el 16 de octubre de 1992, Día Mundial de la Alimentación, fecha en que el
Frente por el Derecho a la Alimentación solicitó a esta soberanía se legislara sobre
tan importante materia para la vida de los mexicanos.
Una vez recibida la solicitud del frente por el derecho a la alimentación, por las
instancias correspondientes y turnada para su estudio a la Comisión de Distribución y
Manejo de Bienes de Consumo, ésta se dio a la tarea de consultar a los sectores
involucrados. Así, llevó a cabo, por acuerdo de sus integrantes, cuatro audiencias
públicas celebradas en Oaxaca, Distrito Federal, Coahuila y Durango, en las que
concurrieron ciudadanos, productores, organizaciones no gubernamentales, investigadores
universitarios e instituciones públicas interesados en debatir el tema; en un ejercicio
plural y enriquecedor sin precedentes, examinó el problema.
Las opiniones expresadas por los distintos sectores, reflejaron un amplio consenso sobre
el diagnóstico de la alimentación en México y de los graves problemas que de él se
desprendían, pese a los esfuerzos oficiales por abatirlos.
Igualmente, se llegó a un primer gran acuerdo para resolver el problema alimentario en
nuestro país, que requería una reforma legal, que fuese acompañada de una acción
institucional coordinada, de una verdadera armonización de los planes y programas
dispersos y de una política social y presupuestaria, vinculada al abasto, la
alimentación y la nutrición.
Los elementos conceptuales y del diagnóstico más relevantes, que posteriormente se
recogieron en la exposición de motivos de la iniciativa, fueron los siguientes:
La nutrición es un fenómeno esencial de la vida, requisito indispensable para que el ser
humano, junto con la satisfacción de otras necesidades, pueda crecer y desarrollarse
adecuadamente. Sin una alimentación variada, completa y nutritiva, el hombre no estará
en posibilidades de desarrollar todas sus potencialidades.
Al combatir la desnutrición y la mala alimentación, los gobiernos, en el ámbito de sus
facultades, las instituciones de salud y la sociedad, han desplegado esfuerzos de diversa
naturaleza, alcanzado avances reales pero limitados.
La mala alimentación y desnutrición son una realidad inocultable, y representan las
manifestaciones más dolorosas de la pobreza, por ello se precisa erradicarlas.
En algunos casos la acción combinada de distintos factores, ha dado como resultado un
repunte de los índices de mortalidad y de morbilidad infantil, ligados a un insuficiente
acceso a los nutrientes, mínimo indispensable, en un sector significativo de la
población menor de edad. En otros, dio como resultado el estancamiento de la lucha contra
la desnutrición en los distintos niveles en que se manifiesta en las familias mexicanas
desde hace décadas.
La situación descrita obedece, por un lado, a la falta de un marco normativo, que regule
y oriente la intervención de los diversos organismos de la administración pública
federal, que convergen en el ámbito de la alimentación, con programas específicos para
atender el problema de sus diferentes fases.
Que articule y coordine a los diversos sectores que intervienen en la cadena de
producción, transformación, comercialización, abasto y consumo de alimentos.
Que garantice la soberanía, seguridad y derechos alimentarios de todos los mexicanos y
que propicie la participación democrática de los sectores social y privado.
En el marco de la estrategia nacional de descentralización, la alimentación deberá
permanecer como prioridad del Gobierno y de la sociedad, de tal manera que en materia de
política alimentaria, se requiere eficientar la participación estatal, no sólo mediante
la propiedad pública o la administración directa, sino a través del fortalecimiento de
las entidades del sector público, el incremento del gasto social, así como la
canalización de estímulos y apoyos a los sectores privado y social, para su
involucramiento en el proceso alimentario.
Todo lo anterior conducía, en consecuencia, a legislar sobre el tema, máxime que México
había firmado y ratificado el pacto internacional sobre los derechos económicos,
sociales y culturales de la Organización de las Naciones Unidas, que en su artículo 11.2
habla específicamente sobre el derecho a la alimentación, y de la necesidad de que los
países legislen localmente sobre este derecho.
A este reclamo atendió la iniciativa presentada por el entonces presidente de la
Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios. La conclusión era:
que el Estado debería garantizar, mediante reforma constitucional y leyes reglamentarias,
el derecho humano a una alimentación suficiente en calidad y cantidad, haciendo
corresponsables a éste, a la sociedad y a la familia, de garantizar la alimentación que
permita la salud física y mental de cada mexicano.
La necesidad de legislar al respecto era más apremiante, por cuanto a que las encuestas
sobre desnutrición en México, levantadas a principios de la década, indicaban que en
nuestro país el porcentaje de menores de cinco años, que padecía algún grado de
desnutrición, atendía al 30%, cifra aterradora si se considera, que padecer
desnutrición a esa edad, ocasiona daños irreversibles que afecta en las capacidades del
individuo sobre el resto de su existencia.
La culminación de este proceso fue la presentación formal ante la Cámara de Diputados,
de la iniciativa que adiciona el artículo 4o. constitucional que a la letra dice:
artículo único. Se adiciona un párrafo cuarto a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"Artículo 4o. Todo ser humano tiene derecho a una alimentación
suficiente en calidad y en cantidad. El Estado mexicano, la sociedad y las familias, son
responsables de garantizar la alimentación que permita la salud física y mental de cada
miembro de la sociedad mexicana. La ley establecerá las políticas, instrumentos y apoyos
necesarios para que la Federación, las entidades federativas y los municipios, aseguren
la satisfacción de una dieta asequible que contenga todos los nutrientes necesarios de
los alimentos en calidad, cantidad y disponibilidad."
La obligación de legislar ahora, señoras y señores diputados, es más apremiante,
debido a que las políticas económicas han propiciado el desplome de los niveles de vida
de la población.
De acuerdo con estudios de la Universidad Iberoamericana, en 1997 la desnutrición podría
abarcar el 40% de la población. Las condiciones que padece la población de las zonas
rurales y urbanas, de alta y media marginación, son aún más dramáticas.
La encuesta nacional de alimentación y nutrición en el medio rural mexicano, de 1996,
dada a conocer en julio pasado, señala, entre otros resultados, que una de cada tres
familias en el medio rural, gasta menos de 20 pesos semanales en alimentos por miembro,
44% de las familias carecen de agua potable; 35% no consumen leche. El promedio nacional
de desnutrición, acorde a la talla, es del 55% y que 1 millón 200 mil niños padecen
desnutrición severa.
Estos indicadores son notablemente más elevados en los estados de Chiapas, Guerrero,
Oaxaca, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, para lo que el
Gobierno Federal ha diseñado políticas compensatorias como la aplicación del Progresa,
programa que no ataca de raíz el problema, sino sus manifestaciones más agudas.
No esperemos hasta el próximo siglo para garantizarles a los niños, a las madres
gestantes, a los pobres y a toda la población, ese derecho a la alimentación.
Esta legislatura tiene la oportunidad de desagraviar a los miles de niños muertos en
nuestra patria por causa de la desnutrición.
La política alimentaria entendida como la autosuficiencia alimentaria y la garantía al
acceso a los alimentos por la población, debe sustentarse en un derecho constitucional.
Las políticas, los programas de alimentación y la definición del presupuesto en este
rubro, no debe quedar en la voluntad del gobernante en turno; deberá garantizarse desde
la Constitución y, en consecuencia, expresarse en una ley reglamentaria que se convierta
en el vínculo entre la letra y espíritu de la Constitución con la realidad.
No esperemos, señoras y señores diputados, que sucedan otros huracanes que dejen al
descubierto la gran pobreza de nuestro país, para entonces actuar.
921,922,923
Los damnificados de toda la vida no piden
migajas ni programas asistencialistas. Demandan su derecho a un futuro digno, su
inclusión en el desarrollo como sujetos con plenos derechos. Demandan un México donde
sus niñas y niños crezcan sanos y fuertes.
¿Hace falta, señoras diputadas y señores diputados, esperar a que mueran por inanición
niños y ancianos, como ya ocurrió en la sierra Tarahumara precisamente en 1994, para
legislar con sentido social? ¿Hace falta esperar otro aniversario más del Día Mundial
de la Alimentación para caer en cuenta de que es un grave problema nacional que exige
resolución?
Por las anteriores consideraciones y con fundamento en las atribuciones que le confiere la
fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia de esta Cámara envíe
excitativa a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Distribución y
Manejo de Bienes de Consumo y Servicios, para que emitan dictamen y éste se discuta en el
pleno de los tiempos reglamentarios, la iniciativa de decreto que adiciona el artículo
4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el
diputado Francisco Saucedo Pérez, el día 13 de julio de 1994, que en la misma fecha les
fue turnada.
Gracias.
Esta Presidencia resuelve, de
conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que esta
excitativa sea turnada a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y
a la Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicio.
VOTO DE LA MUJER
Para referirse al XLIV aniversario del
voto de la mujer, tiene la palabra la diputada Sara Esthela Velázquez Sánchez.
La diputada Sara Esthela Velázquez
Sánchez: |
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
A 44 años del voto femenino en México debe ser reconocido y aceptado que el verdadero
desarrollo democrático, político y social de una nación, su nivel de civilidad y
modernización se mide en función del desarrollo y la participación de las mujeres.
El derecho de las mujeres a votar y ser votadas en los procesos electorales federales
apenas hace 44 años, es parte indisoluble del proceso democrático nacional que en los
últimos 20 años ha entrado en una etapa intensa y definitiva. El México moderno que
avanza con firme voluntad hacia una mayor democracia, que se refuerza por convertirse en
una sociedad más igualitaria, que es una sociedad cada vez más plural, tolerante y
participativa, no sería tal sin la participación firme, consciente, responsable y
decidida de las mujeres mexicanas.
Mañana se cumplirán 44 años que a iniciativa de un distinguido priísta que gobernó
los destinos de este país, don Adolfo Ruiz Cortines, hoy las mujeres somos columna
vertebral del desarrollo nacional. Nuestra participación en la economía se ha
multiplicado en los últimos años. Debemos reconocer, sin embargo, que a pesar de ello
nuestra representación política y social no ha aumentado en la misma proporción.
Aunque observamos cómo nuestra presencia pasa de simbólica a apabullante en una gran
variedad de movimientos y organizaciones políticas y sociales y es ahora, y enhorabuena
porque es difícil concebir la vida política y social sin nuestra participación, porque
así como la vida, la sociedad y la familia son impensables sin la mujer, así también la
política, la gestión pública y social, y el conjunto de la vida en sociedad no
existiría sin nosotras.
Esta participación y el papel destacado y
preponderante en todos los ámbitos de la vida económica, política y social, conlleva
grandes retos: uno de ellos fue obtener en noviembre de 1996, después de grandes debates
e innumerables reuniones, un avance sustancial, adicionándose e incluyéndose en el
transitorio veintidós del artículo 1o. del Cofipe, el siguiente texto que dice:
"Los partidos políticos nacionales considerarán en sus estatutos que las
candidaturas a diputados y senadores no excedan del 70% para un mismo género. Asimismo
promoverán la mayor participación política de las mujeres". A este respecto,
seguiremos luchando porque se cumpla a cabalidad este logro.
Hoy, frente a una perspectiva de género, a finales de siglo podemos reafirmar que las
mujeres hemos logrado ingresar a la educación superior, nos incorporamos al trabajo,
buscamos el respeto a los derechos humanos, luchamos por erradicar la violencia
doméstica, por superar los rezagos en educación y la pobreza extrema, por servicios
integrales de salud, por la justicia, la equidad de los derechos y responsabilidad en el
trabajo y en el hogar, por una valoración y reconocimiento a la participación en todos
los ámbitos y como portadoras de nuestros valores mexicanos, alentamos la paz, un medio
ambiente sano y la atención prioritaria a la familia y a los hijos, con especial énfasis
en la niñez.
En la justicia y el respeto, la igualdad y la equidad, estamos seguras que nuestro país
avanzará con el trabajo de las mujeres y los auténticos hombres de México.
Gracias.
Para el mismo tema, tiene la palabra la
diputada Martha Dalia Gastelum Valenzuela, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
La diputada
Martha Dalia Gastelum
Valenzuela: |
Muchas gracias, compañera Presidenta;
señoras legisladoras y señores legisladores:
Mi intervención ante esta tribuna responde al compromiso moral que tenemos no solamente
las mujeres de este país, sino en general todas y todos los mexicanos de recordar que
este 17 de octubre se cumplen 44 años del logro de las mujeres por tener derecho al voto.
Este simple hecho que hoy nos parece tan común, fue apenas hace 44 años aceptado
legalmente para las mujeres mexicanas, con lo cual se alcanzó el rango de ciudadanas.
Este hecho tuvo sus antecedentes. El primero de ellos es sin duda alguna la realización
del Primer Congreso Feminista realizado en enero de 1916 en Yucatán, auspiciado por el
entonces gobernador socialista Felipe Carrillo Puerto y por las mujeres mexicanas que
desde entonces daban una lucha por, la igualdad entre los géneros.
Posteriormente en 1937 y en 1938, la Cámara de Diputados y de Senadores a iniciativa del
general Lázaro Cárdenas aprobaron también darle el status de ciudadanas a las mujeres
mexicanas por reconocerles su capacidad, su entrega en la lucha de la etapa revolucionaria
que estaba en ese entonces por concluir. Desgraciadamente en 1937 y 1938 esta disposición
aprobada por las cámaras no fue traducida a la legislación electoral y no fue posible,
por lo tanto, que las mujeres mexicanas desde entonces pudieran hacer valer su derecho al
voto.
Hace 43 años también, un año antes que se otorgara este derecho, a las mujeres
mexicanas se les concedió el derecho de participar y votar sólo en las elecciones
municipales.
Con estos antecedentes, pues, el 17 de octubre de 1953 se aprobó finalmente y se publicó
en el Diario Oficial de la Federación el derecho de las mujeres mexicanas al voto
ciudadano. La importancia que reviste tal acontecimiento radica en que el voto, abrió la
posibilidad a las mujeres mexicanas de formar parte activa y eficaz en la toma de
decisiones políticas, así como el adquirir el status de ciudadanas, y comenzar a avanzar
en el establecimiento de una sociedad más equitativa.
Sin embargo, y hay que decirlo, ni el acceso de las mujeres al voto hace 44 años ni la
posibilidad de ser elegidas para ocupar puestos de elección popular hace 43, han podido
erradicar la situación de desigualdad y discriminación que vivimos las mujeres en
nuestro país, no solamente las mujeres que nos dedicamos a la política, sino en general
en todas las esferas de la vida nacional.
Y para muestra tenemos la integración de esta propia Cámara de Diputados, en donde de 62
comisiones sólo ocho comisiones están presididas por mujeres, lo que representa sólo un
13%. Esta situación nos preocupa porque la condición de las mujeres aún está en el
nivel del discurso, de las palabras, no vemos reflejados los millones de votos de las
mujeres que respaldaban un cambio democrático y justo en el compromiso de impulsar
acciones que garanticen de manera decidida la equidad entre los géneros.
Hoy, a los 44 años de que estamos conmemorando esta fecha histórica de nuestro país a
las legisladoras nos resta solamente continuar pugnando constantemente para abrirnos paso
entre quienes aún se resisten a aceptar las transformaciones experimentadas en todo el
mundo a finales de este siglo e ir paso a paso construyendo la historia tal y como lo
hicieron, desde hace más de cuatro décadas, quienes nos antecedieron en esta lucha de la
participación femenina en el mundo de lo público.
Y así cabe destacar que existen cientos de grupos de mujeres organizadas que están
dispuestas a acompañarnos en estas importantes jornadas de luchas que tenemos aún por
realizar las legisladoras y las mujeres mexicanas.
El PRD está consciente de que México vive hoy en una realidad cambiante, misma que exige
la participación activa, eficaz y comprometida tanto de mujeres como de hombres en los
ámbitos de la economía, la ciencia, las artes, la política, el periodismo y todo lo que
conforma la vida nacional.
En virtud de ello nos hemos dado a la tarea de alcanzar en esta legislatura cuestiones tan
importantes, como lograr que esta Cámara de Diputados cuando aprobemos el presupuesto
para el próximo año, logremos que existan presupuestos etiquetados que vayan a las
diferentes instancias del Gobierno Federal, para que sean aplicados en programas que
vengan a coadyuvar en la preparación, en el apoyo y en la capacitación de las mujeres
mexicanas.
Igualmente estamos proponiendo, y en los próximos días lo haremos de manera formal, que
esta Cámara de Diputados apruebe la primera Ley Contra la Violencia Intrafamiliar, que
afecta gravemente a las mujeres mexicanas, creemos que por ser nuestro país el único en
Latinoamérica que no cuenta con esta legislación, estaremos todos en condición de
votarla positivamente.
Finalmente consideramos que el camino más rápido hacia la democracia es aquel que
incluye y reconoce la importancia de la participación femenina, nos congratulamos por lo
tanto de recordar hoy el memorable momento en que las mujeres de México hicimos suyo
nuestro derecho al sufragio.
Muchas gracias.
Tiene la palabra la diputada María
Elena Cruz Muñoz, del grupo parlamentario del PAN, para hablar sobre el mismo tema.
| La diputada María Elena Cruz Muñoz: |
Con su venia, señora Presidenta;
señoras y señores diputados:
Es indudable que la fecha que hoy conmemoramos, representa una victoria de la opinión
pública, pues el voto a la mujer era un reclamo que desde principios de siglo venía
siendo exigido por las sufragistas como un reconocimiento pleno de la ciudadanía a la
mujer.
Con ocasión de este reconocimiento, el licenciado Efraín González Luna, uno de nuestros
principales fundadores, opinó así sobre el derecho del voto a la mujer y abro la cita:
"Conforme a la naturaleza, la mujer y el hombre debieran participar siempre en las
funciones cívicas y políticas y no debió la ley civil establecer distinción. La
naturaleza humana exige de la mujer y el hombre puesto que los dos son racionales y libres
y ambos están sujetos a la misma ley moral y vivir en sociedad con idéntica respuesta a
los requerimientos de la vida social en el terreno del deber político". Cierro la
cita.
Acción Nacional, fiel a sus objetivos de despertar la conciencia ciudadana y contribuir
al desarrollo democrático del país, ha buscado fortalecer la vida legislativa del mismo
a través de trascendentes iniciativas de ley presentadas desde el año de 1946, cuando
por primera ocasión nuestra diputación formó parte de esta Cámara, donde estuvieron
los primeros diputados panistas.
924,925,926
Y fue en esa primera legislatura del año de
1947, que se interpuso la iniciativa de Ley del Registro Nacional Ciudadano; el 7 de
octubre de 1947, donde se reconoce el derecho de las mujeres de participar en la vida
pública a través del voto.
El grupo parlamentario de Acción Nacional se congratula hoy, doblemente, por cumplir en
estas fechas, 50 años de haber interpuesto esta iniciativa de ley. Es menester seguir
avanzando en este sentido, en buscar la integración de las mujeres en todos los ámbitos
de la sociedad; sin ello no hay posibilidad real de desarrollo humano, ya que
representamos en México más de la mitad de la población y lo que afecte a ellas como
género, repercute en la familia y por tanto en la comunidad, conviertiéndose en un
problema social en el cual tanto mujeres como hombres tenemos responsabilidad y mucho que
contribuir en su solución.
Cabe hacer notar que no buscamos una competencia de sexos, sino una real cooperación...
Señora diputada, permítame.
Le ruego a los diputados, respeto al orador, que ocupen sus curules, así como al público
asistente.
Discúlpeme diputada. Continúe.
| La diputada
María Elena Cruz Muñoz: |
Sí, gracias. Encantada.
Cabe hacer notar que no buscamos una competencia de sexos, sino una real cooperación en
un plano de equidad, donde se pueda construir una nueva sociedad que no discrimine a la
mujer ni en forma abierta ni en forma solapada, por lo cual afirmamos que el reto actual
es el de crear oportunidades reales de integración de la mujer en las diversas
estructuras económicas, sociales y políticas, ya que en gran medida seremos nosotras
mismas las que logremos la equidad entre los géneros, atacando por distintos frentes en
un ambiente democrático e influyente.
Esto supone el aprender a trabajar juntas sin ser para nosotras mismas un obstáculo,
retomando constantemente la esencia del discurso feminista de establecer la confianza y la
solidaridad con nuestro género.
El espacio que aquí tenemos cada una de nosotras, no es sólo un triunfo personal, porque
si así fuera sólo duraría tres años; este espacio se ha conquistado para la mujer y
conservarlo y acrecentarlo ha de ser nuestro compromiso en favor de las que vienen
detrás.
Ahora que soplan los vientos de transición a la democracia, la realidad y el papel de la
mujer están cambiando y estos cambios que están transformando a nuestra sociedad nos
obligan a dar otro tipo de respuestas acordes con el tercer milenio, donde se prevé un
cambio de época, la época del humanismo, donde se reconozcan diferencias y se respeten
derechos y valores, en donde las mujeres, ya no sólo hablemos de la limpieza en el hogar
y la vida privada, sino también hablemos de la limpieza en el quehacer público, donde la
constancia, el trabajo, la congruencia en el decir y en el hacer y la esperanza de un
futuro cierto para México, sean valores con los que se construya una sociedad más humana
y más justa.
Compañeras y compañeros diputados: honestidad, prudencia y esperanza son virtudes
humanas que tienen nombre de mujer, hagámoslas valer.
Muchas gracias, por su atención.
Tiene la palabra el diputado Luis
Patiño Pozas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para el mismo tema.
| El diputado Luis Patiño Pozas: |
Con su venia, diputada Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna, con el propósito de
fijar su posición en lo referente a la conmemoración del 44 aniversario del
reconocimiento a la mujer, de la calidad de ciudadana y el derecho al voto activo y
pasivo.
Fue en el año de 1953 cuando el Constituyente Permanente aprobó la reforma
constitucional al artículo 34. Dicha reforma fue publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 17 de octubre de 1953. Con ello se logró eliminar el inequitativo trato a
la mujer en el ámbito político, no obstante que ellas han estado en favor de las mejores
causas del pueblo de México. Si bien es cierto, esta reforma constitucional es
importante, no satisfizo las desigualdades materiales, sociales y políticas que aún
prevalecen en el seno de nuestra sociedad.
La mujer es sujeto de derechos y obligaciones, ente pensante, ser sensible, para ella no
hay imposibles, da vida, no admite injusticias luchando por la equidad, trata siempre de
salir adelante a pesar de las barreras que la misma sociedad le impone.
No sólo por su número, sino fundamentalmente por su capacidad, la mujer se ha
incorporado a las actividades productivas, académicas y de investigación, artísticas,
deportivas y desde luego políticas. Por esta razón la mujer es el núcleo de la sociedad
mexicana.
Muestra de ello es la destacada participación que tuvo la mujer en todas nuestras gestas
libertarias, la Independencia, la Reforma, la Revolución.
En las dos últimas décadas, en nuestro país y en general en el mundo, se ha acrecentado
la destacada labor y participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida y aún
así, siguen persistiendo altos grados de marginación.
La mujer representa el 52% del total de la población, sin embargo, no remotamente ese
monto se ve reflejado en la dirección de las actividades productivas, políticas o
sociales y aunque su participación ha ido creciendo, ésta ha sido insuficiente por lo
discriminada que se le tiene.
El papel de la mujer en la sociedad es fundamental, la mujer contemporánea es sumamente
capaz y pugna por mejores condiciones y oportunidades, así como espacios dentro de la
toma de decisiones políticas fundamentales.
Desafortunadamente y pese al principio de igualdad entre ambos sexos, consagrado en
nuestra Constitución, la mujer se encuentra en condiciones poco favorables para su
desarrollo, tanto en el hogar como fuera de él.
Nuestro partido, en la igualdad de la mujer y consciente de los obstáculos que ella
encuentra para su pleno desarrollo, ha propuesto programas específicos para impulsar el
desarrollo integral de la mujer y lograr la igualdad de oportunidades y de condiciones.
Esta Cámara debe pugnar y ser el instrumento para que en la sociedad mexicana se termine
la discriminación y el mal trato a la mujer. Es tiempo ya de reconocer la plena igualdad
entre mujer y hombre. Para tal efecto, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo se
compromete a impulsar arduamente lo antes señalado.
En congruencia con la conmemoración que este día realizamos, hacemos votos porque a
partir de ahora, no sólo conmemoremos un aniversario más del reconocimiento a la mujer
de su calidad ciudadana y el otorgamiento del derecho al voto, sin su cabal y pleno
ejercicio. En consecuencia, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo apoya la
propuesta de reivindicación de género al referirnos a esta Cámara de Diputados como la
Cámara de Diputadas y Diputados, porque con ello reconocemos de manera formal la
importancia que la mujer tiene en el desempeño de las tareas parlamentarias.
Compañeras diputadas, continúen adelante. Cuentan con nuestro apoyo.
Saludamos la presencia de la Asociación
de Abogados de la zona oriente del Estado de México.
También se encuentran en este recinto los ciudadanos mexiquenses de San Juan
Teotihuacán. Sean bienvenidos.
Informamos a este pleno también, que se encuentra el ingeniero Gabriel Acevedo,
presidente municipal de Sombrerete. Gracias por su presencia.
HURACAN "PAULINA"
Para referirse a los daños ocasionados
por el huracán "Paulina" en los estados de Guerrero y Oaxaca, tiene la palabra
la diputada María de la Luz Núñez Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
| La diputada María de la Luz Núñez Ramos: |
Con su permiso, compañera Presidenta:
Me voy a permitir leer este punto de acuerdo, que el grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, el grupo Guerrero, con base en los artículos 70, 71, 74 y 77 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 59 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, previa consulta y consenso, los
legisladores guerrerenses, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, nos permitimos presentar la siguiente propuesta de punto de
acuerdo para la construcción del nuevo Acapulco.
CONSIDERANDOS
Uno. La gravedad de la situación provocada
por el huracán "Paulina" es todavía incalculable: cientos de muertos y
desaparecidos con escasas probabilidades de vida, miles en el desamparo total, colonias y
pueblos arrasados, calles y equipamiento urbano destrozados, servicios interrumpidos.
La furia de la naturaleza ha sido severa e incontenible. En su contra sólo se pueden
adoptar medidas oportunas de protección.
Dos. Es imprescindible reflexionar y prever para superar las causas de fondo de la
tragedia. La primera y la principal, esto es insoslayable, es la fuerza del gran huracán
" Paulina". La naturaleza no perdona, al cabo de los años siempre recupera lo
que le pertenece.
Hoy estamos en el momento preciso para destinar recursos presupuestales con una óptica de
mediano y de largo plazos.
Tres. Es necesario poner en movimiento la voluntad política y la buena fe para entender
que los recursos y las decisiones para la previsión y las contingencias se deben
federalizar, desconcentrar, descentralizar, de tal modo que los municipios y las entidades
federativas dispongan de fondos para estar en condiciones de ofrecer respuestas inmediatas
frente a las adversidades naturales.
Cuatro. Es primordial entender, además, que Acapulco se encuentra en una zona sísmica en
el área de influencia de la Falla de Cocos. En tal virtud, hace falta ponderar la
necesidad de una modificación de fondo en la distribución de los recursos del ramo 23,
privilegiando la formación de fondo de contingencia y previsión en cada entidad y en los
municipios del país.
Cinco. "Paulina" arrasó de paso con un modelo de desarrollo turístico y urbano
depredador, caótico, espontaneista. El entorno de Acapulco es una de sus ventajas y es
patrimonio de la humanidad.
La alteración del medio ambiente y del hábitat, la erosión de los cerros y elevaciones
causada tanto por los desarrollos turísticos de grandes inversiones, como la anarquía de
los asentamientos irregulares, sin ton ni son clientelares, que hicieron de la pobreza un
negocio, se constituye como otra de las grandes causales.
La ocupación de los cauces naturales de las aguas broncas de ríos y arroyos y la
carencia de una adecuada infraestructura urbana, entre todos integraron un cóctel
explosivo. La arena, la tierra, el lodo, son fruto de la erosión por la deforestación y
la depredación.
"Paulina" nos abre una herida muy dolorosa, y es todavía una advertencia a
tiempo para modificar de raíz, para iniciar un giro profundo y evitar que se vuelvan a
repetir las consecuencias previsibles y evitables, que las hay y muchas.
"Paulina" pone de relieve el modelo de crecimiento sin desarrollo social.
"Paulina" es una advertencia estruendosa. En Guerrero y en Oaxaca hace falta un
cambio de raíz de la vida misma, así no podemos ni tenemos derecho a seguir.
La atención al sector pesquero de suyo siempre excluido y desatendido, es especialmente
deficiente. Los pescadores de Acapulco, de Puerto Márques, de las costas de los pueblos
ribereños de la Laguna de Tres Palos, han perdido centenares de embarcaciones y equipos
de pesca. Es imprescindible un capítulo especial en el programa de solidaridad a los
damnificados.
927,928,929
Por todo lo anterior, adoptamos este punto de
acuerdo específico, unitario, plural e incluyente:
Uno. Recomendamos la constitución de un Consejo Plural de Construcción del Nuevo
Acapulco, de todos los pueblos y ciudades dañadas, que encauce los recursos de la
solidaridad nacional e internacional y formule un proyecto de desarrollo del nuevo
Acapulco, incluyente, sustentable, integral, como la mejor vía para la construcción del
consenso.
El Consejo Plural que proponemos debe incorporar a los tres niveles de gobierno, a todos
los partidos políticos, a los legisladores federales, locales y a las organizaciones de
la sociedad productiva y civil.
Es conveniente, punto dos, que el Gobierno constituya una comisión intersecretarial para
los mismos fines, la cual debe proponer, dentro del proyecto de presupuesto para 1998, las
medidas principales y las partidas presupuestales para las metas y objetivos que formule.
La Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública con toda oportunidad, durante
el proceso de elaboración del presupuesto de 1998, actuará en el sentido de estos
acuerdos.
Convertir los desafíos en oportunidad y honrar a las víctimas del desastre, es una tarea
de todos, quienes además de enfrentar la coyuntura, vislumbramos en el mediano y largo
plazos un compromiso, un promisorio porvenir para Acapulco.
Los acapulqueños, con su temperamento indómito no se doblegarán. Acapulco es Acapulco,
Acapulco vive y vivirá, Acapulco es símbolo de felicidad, de amor, de recreación, de
calidez, Acapulco está de pie y en pie de lucha, Acapulco es una incitación a la
solidaridad y a los valores superiores del ser.
Señora Presidenta: solicitamos tenga bien turnar esta propuesta a las comisiones de
Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y Desarrollo Social.
Atentamente, los diputados: Armando Chavarría, Pioquinto Damián Huato, Marcelino Díaz,
Alberto López Rosas, Martín Mora, María de la Luz Núñez, Victoria Peñaloza, Bonfilio
Peñaloza, Pablo Sandoval, Juan José Rodríguez Prats, Jesús Martín del Campo, Pablo
Gómez Alvarez, Alma Angelina Vucovich, Ricardo Cantú Garza, Luis Patiño Pozas, José
Luis López López y Alejandro González Yáñez.
Muchas gracias.
Túrnese la solicitud de la señora
diputada a las comisiones de Desarrollo Social y de Programación y Presupuesto.
Para el mismo asunto, tiene el uso de la palabra el diputado José Luis López López, del
Partido del Trabajo.
| El diputado José Luis López López: |
Con su venia, diputada Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
La realidad es testaruda. Lo que decíamos hace un par de días, en relación a las
consecuencias del huracán "Paulina", se están comprobando lamentablemente. El
aluvión de noticias provenientes de las costas de Oaxaca y Guerrero, nos traen
irremediablemente malas nuevas: más destrucción y muerte que en la que en un principio
se pronosticó. Insuficiencia y desabasto en los productos de primera necesidad y la
aparición de esa ave negra de malagüero: la rapiña.
Los esfuerzos desplegados por las autoridades y por la población no son suficientes ante
la magnitud del desastre.
La constante presencia del Presidente de la República y de su equipo, reflejan la
preocupación del Gobierno ante tamaña desgracia, aunque en nuestra opinión los
esfuerzos desplegados son muy menores a los que demanda la situación actual.
En estos aspectos queremos entrar justamente en nuestra preocupación. Habría que
preguntarse: ¿por qué el Gobierno ha sido rebasado por esta situación y ha sido incapaz
hasta ahora de enfrentarla adecuadamente?
Nuestra respuesta a esta interrogante estaría dada en dos planos:
El primero, al cual nos referimos en nuestra
intervención de la sesión pasada y que tiene que ver con la enorme irresponsabilidad de
no dar tiempo a la voz de alerta ante la inminente presencia del meteoro.
La prensa escrita y los medios electrónicos nacionales e internacionales han dado sobrada
cuenta de ello. Sólo el que quiera hacer oídos sordos o el que tenga un interés muy
particular, podría negar tamaña realidad.
Entre más pasa el tiempo se confirma este descuido criminal. Las voces gubernamentales
que pretenden acallar esta verdad, palidecen cada día más.
Lo segundo, tiene que ver con la enorme secuela de descuidos y de irresponsabilidad de los
diversos gobiernos que en el pasado han tenido en materia de asentamientos humanos.
Para nadie es desconocido que la normatividad impuesta para el ordenamiento y desarrollo
armónico del hábitat, es letra muerta en México. Por ejemplo, en el caso específico de
Acapulco, desde que esta ciudad se convirtió en un puerto de destino nacional e
internacional, el flujo de migración creció enormemente, no así los recursos que se
requerían para proporcionar una vivienda digna y segura para los trabajadores que
directamente proporcionan los servicios al turista, como lo señala Iván Restrepo,
especialista en la materia.
Agregamos además un problema no resuelto y que crecía a diario bajo la tolerancia
oficial, la ocupación de terrenos no aptos, para urbanizar por miles de familias
procedentes de otras partes de Guerrero y que llegan al paraíso del Pacífico, en busca
de empleo y mejores condiciones de vida.
Y en paralelo otro asunto, el de la basura, que al vertirse directamente sobre los cauces
fluviales naturales y en lotes vacíos, represan el agua de lluvia, la que se desborda,
arrasa todo a su paso y finalmente llega a la bahía.
Se ilustra como con la lluvia el lavado de suelos era enorme, arrastrando cantidades
considerables de arena y de basura, hacia la partes bajas, creando en cascada el taponeo
de los sistemas de drenaje y demás obras de desfogue, volviéndolos no solamente
inoperantes, sino peligrosos para la infraestructura hotelera de la costa.
Como puede observarse las condiciones estaban dadas para tener una desgracia de la
magnitud como la que aconteció con la presencia del huracán "Paulina". Años
de incuria e indolencia gubernamental incubaron la tragedia que vivieron hoy los
habitantes de Acapulco.
Compañeras y compañeros diputados, como mexicanos y legisladores no podemos permanecer
indiferentes a este desastre nacional, es necesario que además de las medidas que de
manera parcial, hemos tomado para aliviar de manera temporal los males de nuestros
compatriotas en desgracia, asumamos de manera cabal nuestras funciones.
Por lo tanto, proponemos que las comisiones de Salud y de Vivienda, habiliten a un grupo
de compañeros diputados, para que de inmediato se dirijan al área siniestrada, para
recabar información de primera mano, en relación a las condiciones en que se encuentra
la población y también de las condiciones en que se está proporcionando la ayuda por
los organismos gubernamentales y privados.
De esta suerte podremos tener un informe que sugerimos se dé a conocer a más tardar en
la sesión del día jueves 23 de octubre del presente. A partir del informe de la
comisión, tomaremos las medidas que nos correspondan hacer.
Nos sumamos a la propuesta de crear un consejo plural ciudadano, que ejerza los recursos
para la reconstrucción de las costas de Guerrero y Oaxaca y vigilen el ejercicio
transparente y oportuno de dichos recursos.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado Salvio
Herrera Lozano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para
hablar sobre el mismo tema.
| El diputado Salvio Herrera Lozano: |
Compañeros integrantes de esta Cámara
de Diputados:
La tragedia que ensombreció a muchos hogares acapulqueños, unió a todos los mexicanos,
sin distingo de partidos políticos o credo religioso, para auxiliar a los damnificados y
a la población civil.
Sería lamentable que este triste
acontecimiento quisiera seguirse politizando para beneficio de unos cuantos y no de la
población en general. Bien sabemos que Acapulco, como cualquier puerto o ciudad del
país, está expuesto a este tipo de contingencias, como lo señaló un diputado en la
sesión del martes pasado, cada año pasan en promedio de 15 a 20 huracanes en la costa
del Pacífico y lamentablemente cada año, ciudades como Cancún, Acapulco, Puerto
Vallarta y todas las ubicadas en el golfo de México y del Pacífico, tanto de Estados
Unidos como de México, son castigados inmisericordemente. Y hasta el momento no hemos
sido capaces, con todos los adelantos técnicos de la potencia del norte, evitar en su
suelo inundaciones y pérdida de vidas humanas. Esto de ninguna manera es una
justificación, pero sí una actitud objetiva y propositiva para seguir implementado las
medidas técnicas, sociales y políticas para prever estos desastres naturales.
El huracán "Paulina", azotó el puerto de Acapulco con una fuerza y
precipitación pluvial que según la Comisión Nacional del Agua, fue de las más altas
registradas en los últimos 26 años.
Por ello, estamos de acuerdo en que debemos unir todo nuestro esfuerzo para aportar
soluciones, que permitan a la mayor brevedad posible que este problema sea solucionado.
No coincidimos con lo expresado por el diputado del Partido del Trabajo, porque sería muy
injusto de nuestra parte no reconocer el interés y esfuerzo que despliega el Presidente
de la República en las zonas afectadas.
El día de ayer anunció, incluso, las afectaciones presupuestales necesarias para apoyar
a las zonas afectadas. En ese propósito cuenta con todo el interés del gobernador de
Guerrero, que no rehuye su responsabilidad, como tampoco el glorioso Ejército y la Armada
de México.
La sociedad en su conjunto está participando, nadie se ha quedado impasible; se está
dotando de comida caliente a los damnificados. En la Costa Chica de Guerrero y de la
montaña, se han estado enviando despensas y se están rehabilitando los caminos que
sabemos que llevará muchos días y semanas, pero que corresponde a la magnitud de este
problema.
Se otorgarán créditos a la palabra a pequeños comerciantes afectados en sus negocios.
La creación de un programa temporal de empleo para la reconstrucción de viviendas y la
elaboración de un registro puntual de las familias sin hogar, que deberán ser
reubicadas.
Miles de trabajadores y técnicos, están trabajando para reparar la red de abasto de agua
potable, reparación de plantas de aguas negras y potabilizadoras.
Por todo lo anterior, considero que las acciones gubernamentales y de la sociedad en su
conjunto están a la vista de todos. La reconstrucción del puerto de Acapulco llevará un
buen tiempo; deberá darse un reordenamiento urbano integral, donde sin duda se afectarán
intereses políticos, pero que estamos dispuestos a participar sin importar banderas
políticas de seudolíderes que pretenden lucrar con el dolor de los damnificados.
Por ello, compañeros diputados, dejemos a un lado actitudes de confrontación o de
exhibicionismo que tanto daño hacen en esta hora de dolor.
Sumémonos todos en ese trabajo responsable. Propongo a esta honorable legislatura,
trabajar para perfeccionar el marco jurídico en materia de protección civil; destinar
mayores atribuciones y recursos en la materia, que permitan prever este tipo de
contingencias.
Diputado, permítame.
El diputado
Pablo Sandoval Ramírez
(desde su curul): |
Pido la palabra.
¿Con qué objeto?
El diputado
Pablo Sandoval Ramírez
(desde su curul): |
Para hacer una pregunta al orador.
930,931,932
Permítame preguntarle al orador si
está dispuesto a aceptar la interpelación.
Señor diputado Herrera Lozano, ¿acepta usted una pregunta?
| El diputado
Salvio Herrera Lozano: |
Ahorita que termine, señor diputado.
Por favor, a las edecanes que le lleven
el micrófono al señor diputado.
| El diputado
Salvio Herrera Lozano: |
Hasta que termine, señor diputado.
Discúlpeme. El diputado no acepta la
pregunta, hasta que termine.
El diputado
Pablo Sandoval Ramírez
(desde su curul): |
Pido la palabra, para rectificación de
hechos.
Lo tenemos en cuenta, señor diputado.
Continúe, diputado Herrera.
| El diputado
Salvio Herrera Lozano: |
La fracción parlamentaria del Partido
Revolucionario Institucional, en una actitud que pretende que este asunto, como decía
anteriormente, no se politice, estamos de acuerdo en la propuesta del punto de acuerdo que
hace un momento fuera leído y estamos de acuerdo en que sea turnada a comisiones.
Por nuestra parte nos parece una actitud positiva y creo que en la medida en que podamos
participar de una manera plural, sin rencores, sin ver al pasado, sino viendo en el
futuro, considerando que debemos de fortalecer nuestro marco democrático, debemos entre
todos combatir la pobreza, la marginación que a todos nos afecta; pero qué también
debemos señalar, está recibiendo el apoyo y atención de los gobiernos revolucionarios,
aunque algunos de manera irresponsable no lo quieran reconocer.
Gracias.
Tiene la palabra el diputado Pablo
Sandoval, para rectificación de hechos.
| El diputado Pablo Sandoval Ramírez: |
Compañeras y compañeros diputados:
Desde el jueves 9 de octubre, en que supimos de la gran tragedia de Acapulco, Guerrero y
Oaxaca, formulamos un punto de acuerdo unitario, convergente, porque partimos de la idea
de que esta gran tragedia nos trasciende como partido, de que debemos de actuar
unitariamente. El pueblo de México en solidaridad con los damnificados, con las
víctimas, con los deudos de esta gran tragedia.
No hemos sido nosotros, de ningún modo, quienes hemos querido la confrontación. Pero
aquí se reitera el planteamiento de que hay quien quiere politizar el problema, de que
hay seudolíderes que trafican con el dolor, de que se pretende llevar el agua al molino
de un determinado partido político.
Por lo que respecta al Partido de la Revolución Democrática, hemos manifestado nuestra
decisión de colaborar unitariamente para afrontar esta gran tragedia.
Entonces de ninguna manera puede seguir utilizándose ese discurso que fue utilizado, lo
decimos con el mayor respeto, pero también con la mayor claridad, por el Presidente de la
República y que aquí vuelven a utilizar miembros del partido oficial.
Queremos decir que de ninguna manera contribuye a crear ese ambiente unitario y
convergente para afrontar todos, unidos, las consecuencias de esta gran tragedia, el
utilizar términos, fórmulas de esta naturaleza.
Lo que hemos planteado hoy, por voz de nuestra compañera María de la Luz Núñez, es
también un punto de acuerdo unitario, un punto de acuerdo para la reconstrucción de
Acapulco, para la participación de las organizaciones de la sociedad civil en un consejo
plural que atienda el proyecto y el fondo de reconstrucción y decimos: si la fracción
priísta está de acuerdo, como aquí ha sido planteado por el diputado Salvio, entonces
planteamos no se le dé mayor trámite al asunto; que no se envíe a comisiones. Si hay
decisión y voluntad de actuar unitariamente de manera real, que desde ahora se tome este
acuerdo en base al artículo 59 del reglamento. Es decir, en relación a la necesidad de
darle un trato expedito y que hoy mismo se acuerde esta resolución unitariamente por
todas las fracciones.
Esta es nuestra propuesta.
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Para referirse a los problemas del medio
ambiente en el Estado de Baja California, tiene la palabra el diputado Jorge Tomás
Esparza Carlo.
| El diputado Jorge Tomás Esparza Carlo: |
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
Estoy absolutamente convencido que muchas pérdidas de vidas humanas y cuantiosos daños
materiales evitarían, si con responsabilidad se pusieran en práctica medidas preventivas
y sobre todo si escucháramos e hiciéramos caso de la voz sabia del pueblo.
Solicité el uso de la tribuna para hacer pública la denuncia de un serio problema que
desde hace más de 10 años tenemos en la ciudad de Tijuana, Baja California y no obstante
las múltiples gestiones hechas desde ese entonces ante las autoridades correspondientes,
específicamente la dirección de gas que ahora corresponde a la Secretaría de Energía,
hasta hoy los resultados han sido negativos.
Se trata, señoras y señores diputados, de reubicar la planta de la Compañía de Gas de
Tijuana, concesión que data desde 1964 y cuyas instalaciones, con el paso de los años,
han quedado prácticamente en el centro de nuestra ciudad, para ser precisos: en las
inmediaciones de la delegación conocida como La Mesa y por consiguiente rodeada de más
de 2, mil 500 casas-habitación, escuelas, comercios, clínicas, hospitales, maquiladoras
y de la penitenciaría del Estado con una población de más de 3 mil internos.
Pende sobre la ciudadanía el constante temor que ocurra una explosión, como la
registrada en San Juanico, que arrojó un saldo de más de 500 personas muertas.
Fue a raíz de esa conflagración, cuando residentes de La Mesa se organizaron para
primeramente solicitar y luego exigir, como hasta la fecha, la reubicación de la
Compañía de Gas de Tijuana.
Algunas de las gestiones hechas desde aquél entonces fueron recopiladas y publicadas en
la edición del pasado viernes del semanario Zeta y son las siguientes:
Agosto 11 de 1964. Se concesiona a la Compañía de Gas de Tijuana, el suministro de gas
LP durante 30 años.
Noviembre 21 de 1986. Se publica un acuerdo presidencial para reubicar plantas gaseras
ubicadas en zonas pobladas.
Junio 9 de 1992. Ernesto Ruffo Appel, gobernador constitucional de Baja California, exige
a la Federación cumpla con el acuerdo presidencial.
Julio de 1992. El gobierno estatal acude a otras instancias. La Secofi y la Secretaría de
Salud dan plazo de seis meses a la Compañía de Gas y en caso contrario se sancionará.
Marzo de 1993. Congreso y gobierno de Baja California exigen la reubicación. La
Compañía de Gas, responde que aún no les autorizaron el uso de suelo en Valle Redondo,
donde compraron 46 hectáreas.
Abril de 1993. Autorizan factibilidad del uso
de suelo. La Compañía de Gas, dice que es difícil reubicarse por carecer de accesos y
por problemas en las vías del tren.
Marzo 29 de 1995. El XIV ayuntamiento de Tijuana retoma la solicitud de reubicación.
Mayo 11 de 1995. La Compañía de Gas solicita apoyo en infraestructura, caminos,
electricidad y seguridad.
Enero 23 de 1997. Estallan las costuras de un tanque, muere Gerardo González Villa,
empleado de esa empresa, el chofer Marcos García, sufre lesiones.
Febrero de 1997. Nuevos estudios entre gobierno estatal y la Compañía de Gas, concluyen
que el retraso en reubicación es por falta de infraestructura. Grupos ciudadanos reclaman
a las autoridades.
Mayo de 1997. Siguen las reuniones e inspecciones de evaluación.
Septiembre 19 de 1997. La dirección de gas de la Secretaría de Energía da un ultimátum
a la Compañía de Gas para reubicarse en tres meses. En 15 días la empresa debe entregar
un plan de reubicación.
Octubre 6 de 1997. La Compañía de Gas no cumple con el plano de 15 días. Responde que
se trata de días hábiles y que lo entregará antes del viernes 10 de octubre.
Aunado a lo anterior, también senadores, diputados federales y locales, así como el
Frente Amplio por la Reubicación de la Gasera, se han dirigido al presidente Ernesto
Zedillo Ponce de León, para solicitar su intervención a la solución de este problema,
por lo que esperamos que ahora sí se cumpla.
Por lo antes expuesto y a nombre de todos los grupos parlamentarios aquí representados,
formulo la propuesta del siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Primero. La Cámara de
Diputados hace suya la preocupación de los tijuanenses y de la XV Legislatura
constitucional del Estado de Baja California, por el peligro que representa la planta de
la Compañía de Gas de Tijuana en el lugar donde actualmente se encuentra.
Segundo. El pleno de esta Cámara de Diputados, instruye a los miembros de las comisiones
de Energéticos, Protección Civil, Asuntos Fronterizos y Ecología, para que en una
subcomisión se trasladen a la ciudad de Tijuana y realicen las acciones necesarias de
inspección y consulta que redunden en la solución de este problema.
Firman los diputados: Jesús González Reyes, Francisco Vera González, Rubén Fernández
Aceves, Ricardo Fernández Candía, Juan Marcos Gutiérrez González, Francisco Javier
Reynoso Nuño y Fortunato Alvarez, del PAN; Jesús Martín del Campo, Laura Itzel Castillo
y Pablo Gómez, del PRD; José Luis López López, Alejandro González Yáñez y María
Mercedes Maciel Ortiz, del PT; Alejandro Jiménez y Jorge Emilio González, del PVEM;
Marcelo Ebrard, del Independiente; Luz del Carmen López del PRI y su servidor Jorge
Esparza Carlo.»
Por su atención, muchas gracias.
Tiene la palabra para referirse al mismo
tema, la diputada Luz del Carmen López Rivera, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
| La diputada Luz del Carmen López Rivera: |
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras diputadas, compañeros diputados:
Desde que se detectó el riesgo que significaba para la población la presencia de una
gasera en la zona urbana de la ciudad de Tijuana Baja California, su reubicación ha
constituido un asunto de especial preocupación para el Gobierno Federal, estatal y
municipal, así lo demuestran las acciones y determinaciones tomadas por las dependencias
involucradas en el asunto.
933,934,935
La inquietud de la población por el peligro
que corría con la presencia de esta planta de gas, surgió a raíz de aquella lamentable
tragedia que se registró el 19 de noviembre de 1984 en San Juanico Estado de México. Fue
así que se integró una organización de vecinos que iniciaron desde entonces un largo
batallar para promover la reubicación de la planta de gas.
Es de reconocerles a este grupo de coterráneos su entrega a esta causa que es la de todos
los pobladores de Tijuana y que preocupa por igual a agrupaciones organizaciones y
partidos políticos.
La lucha de estas personas, así como la de grupos ciudadanos de otros estados y del
Distrito Federal con la misma problemática dio lugar a que el 21 de noviembre de 1986 se
publicara en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo para la reubicación de
plantas de almacenamiento de gas LP ubicadas dentro de las poblaciones.
Dicho acuerdo constituyó el primer ordenamiento que obligaba a la reubicación de este
tipo de plantas por considerarse riesgosas para la población.
En ese momento, la ciudadanía tijuanense inició una lucha por conseguir que la gasera
fuera ubicada en un lugar que no representara un peligro para su seguridad. Mi partido,
desde el primer momento mostró su interés por el problema y ha estado presente apoyando
todas las solicitudes de la población en torno a este asunto, porque siempre ha estimado
que constituye un asunto de la mayor prioridad.
En consonancia a esta preocupación, las secretarías de Comercio y Fomento Industrial y
la de Salud, dieron seguimiento a dicho acuerdo, emitiendo un dictamen técnico en el que
se concluía que eran aplicables las disposiciones del acuerdo citado a las instalaciones
de gas de la Compañía de Gas de Tijuana, S.A., además del oficio número 81 de fecha 31
de julio de 1992, en el cual le notificaban a dicha compañía que disponían de un plazo
de seis meses para reubicar sus instalaciones. Obligados por la movilización ciudadana y
las determinaciones tomadas por las autoridades municipales, estatales y federales, los
dueños de la empresa de gas iniciaron la construcción de nuevas instalaciones para
reubicarse, pero dichas obras fueron suspendidas en 1995 cuando llevaban un 75% de avance.
De entonces a la fecha, no se ha visto ninguna acción que dé cuenta del interés por
parte de los empresarios para proseguir con los trabajos de reubicación.
En vista de esta falta de celeridad para darle una solución al problema, se integró el
frente común para la reubicación total de la gasera de Tijuana, con la intención de dar
cabida a todas las organizaciones interesadas en participar en la lucha.
Las autoridades en ningún momento se han mostrado ignorantes a este problema de seguridad
para la ciudadanía tijuanense. El gobernador del Estado por su parte ha recibido en más
de una ocasión a diversas comisiones que han estado pendientes del asunto. Sin embargo,
al no conseguir la reubicación con su intervención, el Ejecutivo estatal solicitó a la
Secretaría de Energía su intervención motivo por el cual se realizó una reunión en la
Ciudad de México, con la participación de autoridades estatales y municipales en igual
forma naturalmente federales.
En una segunda reunión celebrada el 12 de septiembre del año en curso, la Secretaría de
Energía decidió notificar a la gasera el día 19 de septiembre, que contaba con un plazo
de 15 días naturales para presentar por escrito un plan de reubicación a partir de esa
fecha; el plazo de 15 días se cumplió el pasado 6 de octubre sin que la compañía de
gas haya presentado su plan de reubicación. Como fue requerida de tal manera, se procede
la aplicación de las sanciones del caso y la clausura si no hay otra salida.
Por otro lado hay que destacar las acciones que ha estado desarrollando el Congreso del
Estado, entre ellas se cuenta con la creación de una comisión especial para la
reubicación de las plantas gaseras de la ciudad de Tijuana, integrada por los diputados
locales de dicha ciudad, con el objetivo de hacer coincidir los esfuerzos de los tres
niveles de gobierno. Como se percibe, la ciudadanía y el Gobierno han estado pendientes
de este problema de protección civil; las gestiones de la población y las disposiciones
de las autoridades han estado alentadas por el único interés de prevenir un posible y
muy lamentable desastre que sería de fatales consecuencias.
Aquí, la única que ha prestado oídos sordos es la empresa gasera, lamentablemente, por
lo que es urgente que se le aplique la ley sin miramientos de ninguna especie, con la
seguridad de que se obra por la salvaguarda de la población de Tijuana.
También es importante hacer referencia que en
el Senado de la República, el pasado 8 de este mes el senador Amador Rodríguez Lozano,
persona que ha estado trabajando en la solución de este problema, propuso a nombre de las
tres fracciones de este órgano legislativo, un punto de acuerdo coincidente con el que
aquí estamos proponiendo.
Esta situación de peligro permanente en que viven los habitantes de la ciudad de Tijuana,
nos ha llevado a las diferentes fracciones de esta legislatura a someter a consideración
de ustedes, compañeros diputados, el siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Primero. La Cámara de
Diputados hace suya la preocupación de los tijuanenses y de la XV Legislatura
Constitucional del Estado de Baja California, por el peligro que representa la planta de
la compañía de Gas de Tijuana, en el lugar donde actualmente se encuentra.
Segundo. Que el pleno de esta Cámara de Diputados instruya a los
miembros de las comisiones de Energéticos, Protección Civil, Asuntos Fronterizos,
Ecología, para que en una subcomisión especial se trasladen a la ciudad de Tijuana y
realicen las acciones necesarias de inspección y consultas que redunden en la solución
de este problema.
Firmamos, muy atentamente, los diputados: de la fracción del PRI: Roberto Pérez de Alva,
Clarisa Torres Méndez, Joel Ayala Almeida y su servidora, Luz del Carmen López Rivera.»
Y también los compañeros de las fracciones que el anterior compañero que me antecedió
en la tribuna, el compañero del PAN, Esparza Carlo, hace mención.
Muchas gracias.
Esta Presidencia turna el presente punto
de acuerdo solicitado por los dos oradores, a las comisiones de Energéticos, Protección
Civil, Asuntos Fronterizos y Ecología y Medio Ambiente.
Asimismo, hace una invitación a los presidentes de las comisiones antes señaladas, para
que en sesión conjunta de comités, nombren una subcomisión especial para recabar
información sobre este asunto de seguridad en Tijuana, Baja California y así darle
seguridad a los habitantes del Estado de Baja California.
Se encuentran presentes alumnos de la ENEP-Acatlán; del Tecnológico de Monterrey, Nuevo
León; del Tecnológico de Apizaco, Tlaxcala. Saludamos su presencia.
RESCATE CARRETERO
Tiene la palabra el diputado José del
Carmen Enríquez Rosado, del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, para
referirse al rescate carretero.
El diputado
José del Carmen Enríquez
Rosado: |
Gracias, señora Presidenta; compañeras
y compañeros diputados:
Los legisladores suscritos posteriormente, integrantes de los grupos parlamentarios del
Partido Acción Nacional, Partido Verde Ecologista, Partido del Trabajo y Partido de la
Revolución Democrática, con fundamento en lo que establece el artículo 21 fracción III
del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos, proponemos y
considerando que:
La crisis que estalló en diciembre de 1994 afectó gravemente al sistema bancario y
financiero del país, gran cantidad de empresas cayeron en situación de
sobreendeudamiento y de insolvencia, los bancos resintieron esa situación, junto con los
efectos derivados de sus propios errores especulativos, en particular la evolución de sus
pasivos en dólares, debido al diferencial de tasas de interés con el exterior y a la
imprevista devaluación del peso. Empresas que realizaron al final del sexenio pasado
grandes inversiones con recursos derivados del sector bancario, forman parte de esa
crisis, destacándose las concesionarias de autopistas, que pretendieron avanzar en la
modernización de la infraestructura carretera del país.
Ante la crisis bancaria, el Gobierno ha puesto en práctica un programa de rescate
financiero, con nueve subprogramas que atiende a los bancos y a diferentes tipos de
deudores, cuyo costo fiscal asciende a 210 mil 300 billones de pesos, a valor de 1996,
monto equivalente al 8.4% del producto interno bruto de ese mismo año, según lo refiere
el documento del Ejecutivo de Criterios Generales de Política Económica de 1997.
El programa de rescate financiero ha determinado un sesgo importante en el Presupuesto de
Egresos de la Federación en favor del gasto financiero, desde 1995, cuando al mismo
tiempo se refuerza la política de austeridad del gasto público, lo que ha contribuido de
manera decisiva en la reducción de importantes renglones del gasto social y productivo,
con efecto en la disminución del consumo per capita.
En su programa que concentra el monto mayor del costo fiscal de rescate financiero, es el
que canaliza a los bancos, a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro,
Fobaproa, hasta finales de 1996. Este apoyo fiscal se estimaba en 70 mil 500 millones de
pesos, que equivalen al 2.8% del producto interno bruto de ese año. Destacan, por el
monto de recursos recibidos, los bancos Unión, Banpaís y Cremi.
En segundo lugar está el programa denominado esquemas de capitalización, mediante el
cual también por conducto del Fobaproa, el Gobierno Federal adquiere hasta dos pesos de
cartera crediticia de los bancos, por cada peso adicional de capital inyectado a las
mismas instituciones. Este programa tendrá un costo fiscal de 39 mil millones de pesos.
Finalmente, a través del Fobaproa, el Gobierno Federal gastará un total estimado en 109
mil 500 millones de pesos.
Para el saneamiento de autopistas concesionadas, en los criterios de política económica
de 1997, el Ejecutivo estimó un costo fiscal de 26 mil 100 millones de pesos. Ambos
subprogramas: Fobaproa, incluyendo el esquema de capitalización y autopistas
concesionadas, absorben el 65% de todo el programa de rescate financiero iniciado en 1995.
Además, ambos programas se significan por la cantidad y calidad de sus destinatarios,
estos dos programas se canalizan a unos cuantos bancos y a unas cuantas y perfectamente
identificadas empresas constructoras y administradoras de autopistas, en contraste con los
programas de apoyo a los miles de deudores, micro, pequeñas y medianas empresas
agropecuarias, industriales, comerciales y de transporte, lo mismo que familias que
cayeron en cartera vencida, a los cuales se les asigna sólo el 35% del costo fiscal del
programa de rescate financiero.
Esta diferencia de la asignación de los recursos podría ser una de las causas por las
cuales el problema de las carteras vencidas, pese a su gran impacto social y económico,
no se haya resuelto.
En lo referente a los concesionarios de autopistas, se transitó en el caso de 23
concesiones del programa de saneamiento iniciado en 1995, al rescate de las concesiones
por parte del sector público, esto es, dichas carreteras vuelven de pleno derecho a la
posesión, control y administración del Gobierno Federal e ingresan al patrimonio de la
nación los bienes, equipo e instalaciones destinados directa o indirectamente al
patrimonio, a los fines de la concesión según se establece en el artículo segundo del
decreto del presidente Ernesto Zedillo, publicado el 27 de agosto del presente año en el
Diario Oficial de la Federación.
El programa de saneamiento financiero obedeció a la incapacidad de las concesionarias de
cubrir con los ingresos netos derivados de la explotación de las autopistas, el servicio
financiero por los créditos bancarios contratados para su construcción, por lo cual el
Gobierno Federal ha cubierto con recursos fiscales el faltante. Después, la situación
financiera de las concesionarias se agravó a tal grado, que no alcanzaban sus ingresos a
cubrir cabalmente los gastos de mantenimiento requeridos, por lo tanto el rescate de las
concesiones por parte del Gobierno, tiene como principal objetivo evitar el deterioro de
las carreteras concesionadas.
En el decreto mencionado se exponen las anteriores razones y también se reconoce como
causa de la mala situación financiera de las concesionarias, fallas en la estimación de
costos, aforos y demandas posibles del servicio. Se trata de errores de proyección
mercantil y financiera reconocidos en los considerandos del decreto.
El Gobierno, al rescatar las concesiones asume pasivos y propone una indemnización a las
concesionarias, a cambio de recuperar la plena posesión de las autopistas.
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Compañeras y compañeros: es evidente la
importancia de los asuntos mencionados para el presente y futuro inmediato de las finanzas
públicas y de la economía nacional; se trata de cuestiones en las cuales se reconocen
graves errores financieros con enormes costos, que no necesariamente tiene que asumir el
Estado, ya que podría haber responsables, así como también beneficiarios de esos
programas de saneamiento y rescate.
Se trata, por una parte, de un delicado proceso de privatización de empresas que condujo
a la socialización de costos y por otra, de la necesidad de un verdadero rescate
económico de decenas de miles de empresas y familias que víctimas de la recesión y del
súbito aumento de sus obligaciones bancarias, cayeron en cartera vencida y en la
multiplicación de sus deudas.
En el caso de las autopistas, se trata también de un acto de desprivatización que
resulta paradójico por parte de un Gobierno que considera que la privatización de
empresas y de campos de actividad, antes exclusivos del Estado, constituya una línea
estratégica fundamental de su proyecto de modernización o cambio estructural del país.
Se requiere entonces esclarecer el proceso que condujo a la necesidad de esos programas de
altos costos fiscales, el mecanismo específico, el que se ha llevado al saneamiento de
bancos y carreteras, el señalamiento claro de responsables y beneficiarios, una precisa
evaluación de metas, resultado en el caso de los programas de apoyo a pequeños y
medianos deudores y la forma en que se salvaguarda o se debe garantizar el interés
público sobre el privado en todos estos casos.
Por todo lo anteriormente expuesto proponemos a esta Cámara de Diputados el siguiente
acuerdo:
1. Que se constituya una subcomisión dentro de las comisiones unidas de Programación,
Presupuesto y Cuenta Pública y Hacienda y Crédito Público, con el propósito de
investigar todo lo relacionado a los programas del Gobierno Federal para el saneamiento
financiero de bancos y deudores, denominados Fobaproa y esquemas de capitalización, en el
caso de los bancos y reestructuración de la cartera crediticia bancaria en Udis, acuerdo
de apoyo inmediato a deudores de la banca (ADE); beneficios adicionales a los deudores de
crédito de vivienda; acuerdo para el Financiamiento al Sector Agropecuario y Pesquero
(Flnape), y acuerdo de apoyo financiero y fomento a la micro, pequeña y mediana empresa.
Deberá investigarse el fundamento legal de estos programas, sus objetivos, hacer una
evaluación jurídica, económica y social de su operación y de sus resultados y proponer
aquellas medidas legales y económicas a seguir para superar las fallas que se encuentren.
Esta subcomisión se formaría por 10 diputados: uno por cada fracción parlamentaria
perteneciente a la Comisión de Programación y otro también por cada fracción
parlamentaria que sea miembro de la Comisión de Hacienda.
La subcomisión sería presidida en forma rotativa por los diputados de las distintas
fracciones. La rotación de la presidencia se haría cada mes, pasando de una fracción
parlamentaria a otra. El primer mes la presidirá un diputado de la fracción que
representa la primera minoría, el segundo la que sigue en orden numérico, y así
sucesivamente será la rotación.
2. Que se constituya otra subcomisión dentro de las comisiones mencionadas en el punto
anterior, con el propósito de investigar todo lo relacionado al programa del Gobierno
Federal para el saneamiento financiero de las autopistas concesionadas y al decreto
presidencial de rescate de concesiones, publicado en el Diario Oficial del 27 de agosto
del presente año.
Esta subcomisión revisará el fundamento legal de estas acciones y sus objetivos, hará
una evaluación jurídica, económica y social de su ejecución y de sus resultados y
propondrá las medidas económicas y legales a seguir para superar las fallas que se
encuentren.
Esta subcomisión, igualmente, se conformará con igual número de miembros y en la misma
forma que el punto anterior y
3. Que de acuerdo con las facultades que le concede el último párrafo del artículo 42
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los presidentes
de las comisiones antes referidas en el primer punto de este acuerdo, apoyen a las
subcomisiones a fin de que puedan cumplir con eficacia el propósito que esta Cámara les
encomiende.
Atentamente.
Diputados: Rogelio Sada, del Partido Acción Nacional; Jorge Emilio González, del Partido
Verde Ecologista; Alejandro González Yáñez, por el Partido del Trabajo; Ricardo García
Sainz, Pablo Gómez Alvarez, Alfonso Ramírez Cuéllar y un servidor, Carmelo Enríquez
Rosado, por el Partido de la Revolución Democrática.
Gracias.
Tiene la palabra el diputado Ricardo
Cantú Garza, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar sobre el mismo
tema.
| El diputado Ricardo Cantú Garza: |
Con su venia, diputada Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
El rescate carretero dado a conocer el 23 de agosto del presente año, constituye una
prueba más de que el actual Gobierno sigue atado a las demandas de los banqueros y de los
poderosos grupos monopólicos y por ello es incapaz de resolver los graves problemas
heredados de la pasada administración, en concordancia con los intereses fundamentales de
la mayoría de los mexicanos.
Al mismo tiempo, al dilapidar los recursos de los contribuyentes, se dañó de manera
irreversible lo que le quedaba de su credibilidad ante el pueblo de México.
Consideramos que después de este rescate, el Ejecutivo carece de autoridad moral para
exigir responsabilidad en el manejo de la política tributaria y del gasto en el país.
La cancelación de las concesiones era una medida prácticamente indispensable desde el
primer programa de rescate, ya que su formulación planteaba gravísimos vicios de origen.
Cierto, reconocer esos vicios de origen hubiera significado aceptar públicamente la
incompetencia del equipo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que fue la
encargada de efectuar las licitaciones, pero desgraciadamente ese equipo formaba parte de
una de las fracciones más influyentes de la tecnocracia del pasado gobierno, por lo que
se prefirió no ejercer ninguna medida que implicara afectar sus intereses o poner en
entredicho su capacidad profesional.
A consecuencia de lo anterior, se vivió en la ficción de que el problema de las
autopistas era temporal y que la clave radicaba en canalizar subsidios masivos a los
bancos y a las concesionarias.
Pero el mérito de revocar una concesión inútil, ha quedado anulada por el procedimiento
seguido para dirimir las cuentas entre las partes involucradas.
La parte medular de este nuevo rescate es que el Gobierno Federal asume una deuda por 60
mil millones de pesos, que pesaba sobre los bancos y los concesionarios.
De esta cantidad, el Gobierno Federal aportará directamente 18 mil 800 millones de pesos
e intentará pagar el resto con los ingresos generados por el manejo directo de las
autopistas, que supone crecerán anualmente entre un 3% y 4%.
Los principales beneficiarios serán los bancos, ya que el Gobierno asumirá los 40 mil
millones de su deuda carretera.
¿Por qué tal generosidad? Simplemente porque los banqueros tienen un enorme poder de
representación política que, aunque mermado, les permite capitalizar los errores del
Gobierno a la hora de hacer frente a las consecuencias de la crisis financiera.
La cartera vencida del sector bancario y el fracaso carretero, fueron cuestiones que
debieron resolverse simultáneamente, pero en lugar de ello, el Gobierno compró
primeramente la cartera vencida y luego, ya que los bancos habían salido a flote de ese
problema, no tuvo más remedio que aceptar que había que hacer también un último
sacrificio para resolver el conflicto financiero de las autopistas concesionadas.
Los consorcios carreteros, que se distinguen también por sus fuertes conexiones
políticas, no salieron tan mal librados: transferirán al Gobierno una deuda de 20 mil
millones de pesos, que será reestructurada mediante un bono a 15 años.
Queda en el aire la pregunta: ¿qué papel tendrán las grandes compañías constructoras
en las nuevas licitaciones?
Dentro de esta enorme confusión, el Partido del Trabajo entiende que la única cuestión
clara es que las principales autopistas del país han vuelto a manos del Gobierno Federal,
y éste tiene la obligación de manejarlas responsablemente y reparar el enorme daño que
ocasionó al patrimonio nacional, al zanjar irresponsablemente las cuentas de los
beneficiarios de las pasadas licitaciones.
Una vez que se haya reparado este enorme daño, se podrá comenzar a hablar de nuevos
esquemas para incorporar al sector privado.
En cuanto al uso de los recursos públicos, creemos que el asunto no puede cerrarse tan
fácilmente.
El subsecretario de Hacienda comparó los 18 mil 800 millones que pagará actualmente el
Gobierno Federal con los 26 mil 100 millones que esperaba pagar con el plan de rescate
diseñado en 1996. El costo es menor, pero con el esquema anterior la erogación iba a
efectuarse a lo largo de un plazo de 30 años.
Aunque el subsecretario insiste que los 18 mil 800 millones no se pagarán de inmediato,
sino hasta el año 2003, el pago de los intereses correspondientes tiene implicaciones
inmediatas en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Finalmente, si el Gobierno con sólo bajar las cuotas en diferenciales que van desde el
15% hasta el 35%, espera que las 23 autopistas le rindan ingresos por 40 mil millones de
pesos, ¿por qué no haber dejado a los bancos y a las constructoras seguir con el
programa, para que resolvieran gradualmente sus propios líos financieros, exigiendo
sacrificios a sus accionistas?
Este cuestionamiento es tanto más crucial, por cuanto que el actual esquema contempla,
que una vez que las autopistas estén saneadas financieramente, serán devueltas a la
iniciativa privada.
Sabrá responder el Secretario de Hacienda, en caso de que su respuesta sea satisfactoria,
la acusación de que la prioridad del Gobierno es resolver los problemas financieros de
los bancos y de los concesionarios carreteros se da una vez más irrefutable.
Gracias.
Para referirse al mismo tema, tiene la
palabra el diputado Daniel Díaz Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
| El diputado Daniel Díaz Díaz: |
Con su permiso, señora Presidenta;
señoras diputadas y señores diputados:
La red carretera nacional es uno de los elementos fundamentales de la infraestructura de
nuestro país, con la red de vías férreas, con el sistema aeroportuario, con el sistema
de puertos constituye la base de la infraestructura productiva y permite el desplazamiento
de bienes y personas a lo largo y ancho de México y en sus relaciones con otros países.
Baste recordar que en cuanto a transporte terrestre, la red carretera recibe el 85% de la
carga total y el 98% del desplazamiento de los mexicanos.
La evolución de la red carretera puede decir que va señalando la evolución de México,
a partir de que el Gobierno de la República, en 1925, asume la responsabilidad de crear
institucionalmente la red carretera, empiezan a escribirse también páginas cada vez más
claras, más evidentemente positivas, en cuanto a las relaciones sociales y las relaciones
productivas de México.
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La red carretera tiene que cubrir todo el
país, tiene que llegar a todos los rincones de la patria, y es evidente que por el
tamaño de México, por la enorme presión demográfica, sobre todo de los años cuarenta
a la fecha, se convierte en un renglón de gasto mucho muy importante. Para resolver este
renglón de gasto el Gobierno ha creado muy diversas fórmulas de allegarse recursos o de
hacer participar a todo el conjunto de la nación, en el esfuerzo de construir y conservar
la red.
Baste decir que de 1930 a la fecha, se han creado sistemas financieros, que tienden a
aliviar la presión sobre el gasto fiscal federal, y aparece así el sistema de
cooperación bipartita, en que los estados colaboran con la Federación para construir la
red carretera. Sistemas de cooperación tripartita, en que los estados, la Federación y
los directamente beneficiados por las carreteras aportan una tercera parte.
En 1952 se pone en marcha la primera autopista de cuota del país, la carretera
México-Cuernavaca. Por cierto, producto de una concesión que fue otro sistema financiero
definido y puesto en marcha para acelerar la construcción de la red. Y en este caso
concreto de las carreteras de cuota, para responder a las exigencias de la demanda en un
país que cada vez requiere mejor transporte.
En los años cincuenta también aparecen los financiamientos de las instituciones
internacionales de crédito: Banco Mundial y Banco Interamericano, para efecto de mejorar
y ampliar la red carretera de México.
El sistema de concesiones en el sector comunicaciones y transportes, es de muy viejo uso,
desde antes de la independencia se utilizaba para mejorar la red de comunicación de
México. En el siglo pasado se utilizó para crear la red de ferrocarriles y en 1952, se
puso en uso para construir la primera carretera de cuota.
Las carreteras que se construyeron vía-financiamiento en la administración pasada, son
carreteras que responden al plan de desarrollo de la infraestructura carretera y son
carreteras que se ubican en los ejes troncales más importantes de México.
Hacia 1980-1985 se sintió la necesidad de mejorar este importante segmento de la
infraestructura del transporte y desde luego esto contrastaba con la limitada capacidad
financiera del Gobierno Federal.
De suerte que la participación de financiamientos privados se vio como una muy adecuada
solución y eso significó preparar un intenso programa, un ambicioso programa de
construcción de carreteras y operación de las mismas vía-concesión.
Para medir la magnitud de ese esfuerzo, señalaremos que hasta 1985, había funcionando en
el país 1200 kilómetros de carreteras de cuota y que en la administración pasada se
construyeron 5 mil kilómetros, 5 mil 300 kilómetros adicionales. Esto representó un
enorme esfuerzo financiero y un enorme esfuerzo técnico para preparar los proyectos, la
ingeniería y la administración de la construcción de todos esos tramos.
El país ha enfrentado situaciones económicas difíciles por largos años, por muy largos
años. Una de esas situaciones críticas de gran magnitud se presentó en 1994...
Diputado, permítame.
Llamamos a las diputadas y diputados a guardar el orden y a escuchar de manera atenta al
orador.
Continúe diputado.
| El diputado
Daniel Díaz Díaz: |
Gracias, señora Presidenta:
El esfuerzo entonces que enfrentó la administración para construir en tan breve plazo y
cuando el equipo técnico del Gobierno Federal para tal fin estaba acostumbrado a un ritmo
de 50, 70 kilómetros de carreteras de ese tipo al año y de pronto hay que construir 800,
900 y 1000 kilómetros al año, puso a prueba la estructura y la capacidad del sector
responsable de esta área y de esa prueba salió airoso en el sentido de que ahí están
los 5 mil 300 kilómetros de autopistas y probablemente muchos aquí piensan que faltaron
muchos tramos que requiere el sistema carretero de México.
Seguramente que la carretera Guadalajara-Ameca, Mascota-Puerto Vallarta, sería una
carretera que habría que pensar en construir pronto. Seguramente en el sureste hay
carreteras que deben ser modernizadas y que urge que se transformen en carreteras de altas
especificaciones.
De tal suerte que las carreteras construidas
constituyen ejes básicos de la comunicación de México, y es absolutamente necesario que
funcionen en las mejores condiciones posibles. Es decir, que de verdad alivien los
congestionamientos que hay en las carreteras libres y que contribuyan a abatir los costos
de operación, a disminuir los tiempos de recorrido, a disminuir los índices de
peligrosidad de nuestras carreteras en tanto que ofrecen mejores condiciones de seguridad.
Todo ello fue tomado en cuenta en el momento en que, repito, la crisis de 1994 afectó no
sólo al sistema carretero del país, sino a la economía en su conjunto.
Pero uno de los elementos más sensibles de esa afectación, de esa reducción en la
actividad productiva, se da en el sistema de transportes. Y entonces de manera natural los
aforos previstos se vieron significativamente reducidos y naturalmente los ingresos que se
esperaban, no se dieron. Eso significó desatención a los aspectos de conservación y
defectos en la operación.
En la manera de subsanar esa falla, fue pensar en algo que está previsto en el Sistema de
Concesionamiento, en la recuperación de las concesiones. Recuperación que como aquí se
ha mencionado, tiene un costo, un costo que está ubicado en el orden de los 20 mil
millones de pesos, costo fiscal, costo que por cierto se da no en un momento dado, sino a
lo largo de los próximos 15, 20 años, lo cual representa un costo anual en el orden de
los 1 mil millones de pesos. Es una cantidad importante, sin duda, pero es una cantidad
manejable en cualquier circunstancia que se dé en nuestra economía.
La recuperación está considerada como un elemento básico del sistema de
concesionamiento. Es simplemente un adelanto, en este caso el que se da a los tiempos en
que se iba a dar. Es una manera de poner ese importante segmento de infraestructura
carretera al servicio del país, en términos muchísimo más adecuados que lo que en este
momento sucede. Es una manera de asegurar la conservación de un bien tan importante; es
una manera de asegurar la mejor operación de la parte más importante del sistema
carretero de México.
Desde luego, mi partido, el Partido Revolucionario Institucional, comparte el punto de
vista de quienes han usado esta tribuna hace un momento, en el sentido de que hay que
analizar exactamente cómo se sucedieron las cosas, en el sentido de ver con detalle, con
profundidad, cómo se hicieron las concesiones, cómo se otorgaron y cómo afectará,
afecta, esta decisión a los futuros presupuestos del país. Esto, sobretodo, porque
creemos que el sistema de concesionamiento y la participación del capital privado en la
constitución de la infraestructura básica de México, es algo que puede y debe darse.
Pero debe darse en las mejores condiciones posibles y eso se da si este tema es analizado,
estudiado y resuelto satisfactoriamente.
Muchas gracias.
Después de escuchar a los oradores,
esta Presidencia conforme lo solicitan diputados de diversos grupos parlamentarios, con
fundamento en el artículo 21 fracción III del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso, remite el presente punto de acuerdo propuesto por el diputado José del Carmen
Enríquez Rosado, a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación,
Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención e integración.
ESTADO DE TABASCO
Tiene la palabra la diputada Elodia
Gutiérrez Estrada, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para comentarios
de los integrantes de la comisión designada al Estado de Tabasco.
| La diputada Elodia Gutiérrez Estrada: |
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras diputadas; compañeros diputados; honorables ciudadanos que nos acompañan el
día de hoy:
No traigo hoy un discurso, simplemente quiero exponerles el porqué no estuve presente el
primer día en la instalación del grupo plural en Tabasco. La finalidad de éste era
confirmar el presunto desvío de fondos económicos del ramo 26 en el Estado de Tabasco,
antes de las elecciones.
El sábado pasado, recibí una llamada a mi casa de la Comisión de Desarrollo Social a la
cual yo pertenezco, y me decían "que tenía que presentarme en México para recoger
el boleto para salir a Tabasco".
Así lo hice, salí en el primer vuelo del domingo y todo el día estuve en el aeropuerto
donde tenía que entregarme el boleto una persona de la Oficialía Mayor. Investigué en
todas las líneas y no estaba tampoco depositado ese boleto. Esperé hasta el último
momento, en que salió el vuelo final a Tabasco y nunca apareció la persona responsable
de Oficialía Mayor con mi boleto, para poder cumplir esta misión.
Me comuniqué más tarde con el Secretario de la Comisión de Desarrollo, el diputado
Edgar Ramírez Pech, a Mérida, y me dijo: "que posiblemente, como no teníamos
noticia alguna, tal vez se había suspendido la instalación del grupo plural".
Regresé a San Luis Potosí nuevamente. Hago entrega a la Secretaría de la copia de mi
boleto.
Al día siguiente recibo una llamada de Tabasco, donde efectivamente la comisión se
había instalado y esperaban verme por ahí.
Nuevamente regreso a la Ciudad de México en el primer vuelo y empiezo a indagar porqué
no estaba la persona responsable de Oficialía Mayor el domingo pasado, con mi boleto. Lo
que hice fue comprar un boleto con mis propios recursos económicos, para no exponer
nuevamente a esta comisión y estuve investigando en las líneas aéreas y mi boleto
había sido cancelado desde el sábado por la tarde. Aparentemente no querían que yo
llegara para que no existiera el debido quorum en Tabasco.
Hago entrega a la Secretaría de mi boleto, nuevamente, de San Luis a México y la copia
del boleto a Villahermosa, Tabasco. El pago del mismo.
Llegué por la noche a Villahermosa, Tabasco, y ya la comisión estaba casi por terminar
el día de trabajo. Pero percibí el ambiente que ahí estaba. Muchas personas priístas,
en un ambiente de ira, ataques personales hacia los diputados, a la diputada Norma Argaiz
Zurita, del PRD y al diputado Juan José Rodríguez Prats, del PAN.
Afortunadamente terminó una hora después. Pero antes estuvieron interviniendo los
últimos oradores y me di cuenta que eran comisariados ejidales y presidentes del ramo 26
y se dedicaban a alabar las obras del gobernador Madrazo Pintado. Las últimas
intervenciones fueron de los diputados priístas ahí presentes en esta comisión, como la
del diputado Carlos Jiménez Macías, y empezó nuevamente ese ambiente de agitación y
posteriormente el diputado Jorge Canedo, que trató de calmar los ánimos. Terminó la
sesión.
Posteriormente nos reunimos a las 10:30 horas, para ver de qué manera íbamos a seguir
trabajando el día siguiente y aclarar los puntos. Ellos decidieron irse y decir "que
al día siguiente iban a tener rueda de prensa y que trataríamos esos puntos".
A la mañana siguiente, el martes, nos dimos cuenta que los diputados priístas de esta
comisión habían decidido abandonar el trabajo, para el cual se les había encomendado
por el pleno.
Decidimos nosotros continuar con la tarea, los dos diputados restantes, de Acción
Nacional y del PRD; el del Partido del Trabajo no se presentó; y empezamos a desahogar
los temas. Se presentaron ahí mismo las pruebas que los partidos políticos, tanto del
PAN como el PRD, expusieron; se recibió la de Alianza Cívica por el padre Francisco
Goitia y algunas otras más.
El diputado Heredia hizo uso de la palabra y dijo que se le acababa de informar que venía
un grupo de choque nuevamente en el hotel Hayat, donde estábamos desahogando todo este
trabajo y, efectivamente, así llegó el grupo de choque que no nos dejaba trabajar y
constantemente eran agresiones y agresiones para los diputados.
¡No es posible que al final de este siglo todavía nos encontremos en esta situación!
Dimos la oportunidad de decirles a las personas que con mucho gusto los íbamos a atender
si guardaban compostura; así lo dijeron, pero nuevamente empezaron las agresiones, los
gritos, los insultos, las amenazas y nos dijeron que porqué el PRD y PAN estaban en esa
comisión y el PRI no estaba, que queríamos manipular. Se les informó que ellos así
habían decidido venirse a la Ciudad de México.
942,943,944
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