|
Presidencia
del diputado
Eduardo Guadalupe Bernal Martínez |
ASISTENCIA
Ruego a la Secretaría haga del
conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de
firmas de los diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario.
|
El
secretario Cuauhtémoc Salgado Romero: |
Informo a la Presidencia que se
encuentran registrados 380 compañeros diputados.
|
El
Presidente (a las 10:35 horas): |
Gracias, señor Secretario.
Tomando en consideración que se
encuentran registrados 380 diputados y en el salón de sesiones se encuentran, a juicio de
esta Presidencia, como 100 diputados, proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
|
El
secretario Cuauhtémoc Salgado Romero: |
Se procede a pasar lista.
A los señores diputados que están
levantando su mano, si ya se registraron en la lista de asistencia, es suficiente. Esto es
para verificar el quorum legal aquí en el recinto.
(Lista de asistencia)
Son 350 compañeros diputados
presentes, por lo tanto hay quorum, señor Presidente.
|
El
Presidente (a las 11:14 horas): |
Gracias, señor Secretario.
Para dar inicio a la presente sesión,
esta Presidencia solicita respetuosamente a los señores diputados pasen a ocupar la curul
que les corresponde. Asimismo se ordena a la Oficialía Mayor para que con auxilio del
personal autorizado, únicamente permanezcan en el salón de sesiones, además de los
señores diputados, los medios de comunicación acreditados.
Se abre la sesión.
Proceda la Secretaría.
ORDEN
DEL DIA
|
El
secretario Isael Petronio Cantú Nájera: |
Se va a dar lectura al orden del
día.
«Primer Periodo de Sesiones
Ordinarias.— Primer Año.— LVII Legislatura.
Orden del día
Jueves 30 de octubre de 1997.
Lectura del acta de la sesión
anterior.
Comunicaciones de los congresos de los
estados de Campeche y Puebla.
Minuta
Proyecto de decreto que concede
permiso al señor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional.
Oficios de la Secretaría de
Gobernación
Siete, por los que se solicita el
permiso constitucional necesario para que los ciudadanos José Angel Gurría Treviño,
Roberto Miranda Sánchez, Jorge Eduardo Chen Charpentier, Emilio José Gilly Hernández,
Herminio Alonzo Blanco Mendoza, Pedro José González Rubio Sánchez y Rafael Tovar y de
Teresa, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el Gobierno de la
República de Francia.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Efraín
González Luna Morfín, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Artes y
de las Letras, en Grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la República de
Francia.
De la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Gregorio
Goldstein Isaacson, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Israel en Tijuana,
con circunscripción consular en el Estado de Baja California.
Tres, de la Comisión de Gobernación
y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto que conceden permiso a los ciudadanos
Blanca Estela Sánchez López, Rodrigo Fernando Pérez Frías e Itzel Vega Hernández,
para prestar servicios en la Embajada de Angola, en México.
De la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ricardo
Trejo Gallardo, para prestar servicios en la Embajada del Reino de Tailandia, en México.
De la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Andrés
Borja Bello, para prestar servicios en la Embajada de la República Dominicana, en
México.
De la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas
Gabriela Muñoz Servín, María Graciela Rojas Zendejas y Claudia Alicia Mendiola
Jaramillo, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en
México.
Dos, de la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto que conceden permiso a las ciudadanas
Alejandra Elizabeth Reséndez Garza y Patricia Salinas Orozco, para prestar servicios en
los consulados de los Estados Unidos de América, en Nuevo Laredo y en Matamoros,
Tamaulipas, respectivamente.
Proposición de la Comisión de
Régimen Interno y Concertación Política, sobre la conformación de los integrantes de
la Comisión de Investigación de la Conasupo.
Propuesta sobre el estudio en torno al
cambio tecnológico titulado "El reto de fin de siglo", a cargo del diputado
Humberto Treviño Landois, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional,
Sobre la situación de Chiapas, a
cargo del diputado Gilberto López y Rivas, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Comentarios sobre el proceso electoral
en el Estado de Colima, a cargo del diputado José Adán Deniz Macías.
Propuesta del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, sobre pensionados y jubilados del ISSSTE.
Comentarios sobre la desincorporación
de las empresas NKS de Michoacán, a cargo del diputado Antonio Soto Sánchez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Comentarios sobre invasión de tierras
en Atlixco, Puebla, a cargo del diputado Adolfo González Zamora, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.
Elección de mesa directiva.»
Gracias, señor
Secretario.
Esta Presidencia
agradece el interés de distinguidos jóvenes estudiantes que hoy nos acompañan a esta
sesión, del Tecnológico de Zacatecas, de la Universidad Anáhuac, de la Universidad
Champanac y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac de Jalapa, Veracruz.
Sean ustedes bienvenidos. Gracias por su interés.
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El siguiente punto
del orden del día, señores diputados, es la discusión del acta de la sesión anterior.
Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta,
tomando en consideración que le ha sido entregada copia de la misma a los coordinadores
de los grupos parlamentarios para sus observaciones y se proceda a su votación.
|
La
secretaria Isabel Villers Aispuro: |
Por instrucciones de la
Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión
anterior, tomando en consideración que le ha sido entregada copia de la misma a los
coordinadores de los grupos parlamentarios para sus observaciones, y se proceda a su
votación.
Los diputados que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes veintiocho de octubre de mil
novecientos noventa y siete, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del
Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Séptima Legislatura.
Presidencia del diputado
Eduardo Guadalupe Bernal Martínez
En la capital de los Estados Unidos
Mexicanos, a las diez horas con treinta y seis minutos del martes veintiocho de octubre de
mil novecientos noventa y siete, con una asistencia de cuatrocientos quince diputados, el
Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del
día y, en razón de que los coordinadores de los grupos parlamentarios recibieron el acta
de la sesión anterior, la Asamblea le dispensa la lectura y no habiendo quien haga uso de
la palabra, se aprueba en sus términos en votación económica.
El Presidente informa que a las
puertas del salón se encuentra el ciudadano Humberto Murrieta Necoechea, cuyo
nombramiento como oficial mayor fue aprobado por el pleno y designa una comisión para que
lo introduzca y lo acompañe en el acto de rendir su protesta de ley.
Terminado el acto protocolario, el
contador Murrieta Necoechea entra en funciones de inmediato.
Presidencia de la diputada
Martha Palafox Gutiérrez
Se da cuenta con una comunicación de
la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, con la que envía el
informe de resultados de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de mil novecientos
noventa y cinco. De enterado
Se otorga el uso de la palabra al
diputado Miguel Quiroz Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta
iniciativa de reformas al artículo veinte de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de
Justicia.
Durante la intervención del diputado
Quiroz Pérez, el diputado Monreal Avila solicita que se llame la atención de la Asamblea
para que ponga atención al orador.
La Secretaría da cuenta con cinco
minutas del Senado de la República, con proyectos de decreto con los que se conceden los
permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos: María Natividad de la Luz
Oñate Muñoz, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gran Ducado de
Luxemburgo; Rogelio Cortés Cruz, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere
el Gobierno de la República de Polonia; María Guadalupe Vázquez Gómez, María de los
Angeles Lomelí Vargas y Carmen Cecilia Mendoza Romero, puedan prestar sus servicios en la
Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Se turnan a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales.
Sube a la tribuna el diputado José
Luis Sánchez Campos, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta
iniciativa de reformas al artículo setenta y
ocho-A de la Ley del Impuesto sobre la
Renta. La Presidenta hace lo conducente. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público.
Para presentar un informe de la
Comisión de Salud sobre los acontecimientos en el puerto de Acapulco con respecto a los
desastres ocasionados por el huracán "Paulina", hace uso de la palabra el
diputado Sergio Angel Salazar Salazar, del Partido Acción Nacional.
La Presidenta otorga el uso de la
palabra, para expresar sus opiniones sobre el mismo asunto, a los diputados: María
Mercedes Martha Juan López, del Partido Revolucionario Institucional; Verónica Muñoz
Parra, del mismo partido, para rectificar hechos; Alberto López Rosas, del Partido de la
Revolución Democrática, en el mismo sentido, y Efraín Zúñiga Galeana, del Partido
Revolucionario Institucional.
Solicita y hace uso de la palabra el
diputado Francisco Javier Morales Aceves, del Partido Revolucionario Institucional, quien
denuncia problemas electorales en el Estado de Jalisco, quien solicita la creación de una
comisión plural, anexa videocasetes, notas periodísticas y otros documentos para apoyar
su dicho.
Debaten sobre el mismo asunto, los
diputados: Emilio González Márquez, del Partido Acción Nacional; Juan Enrique Ibarra
Pedroza, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones, la segunda para
contestar alusiones personales; Juan José García de Alba Bustamante, del Partido Acción
Nacional, quien acepta una interpelación del diputado Morales Aceves; Luis Fernando
González Corona, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos; Francisco Javier
Morales Aceves, del Partido Revolucionario Institucional, para contestar alusiones
personales y acepta interpelaciones de los diputados García de Alba y González Corona;
Rafael Sánchez Pérez, del Partido Acción Nacional, y Héctor Francisco Castañeda
Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos.
Presidencia del diputado
Eduardo Guadalupe Bernal Martínez
El Presidente turna las propuestas de
los diputados Morales Aceves y González Márquez a las comisiones de Gobernación y
Puntos Constitucionales y de Justicia para formar una subcomisión investigadora.
Se concede el uso de la palabra al
diputado Carlos Antonio Heredia Zubieta, quien presenta el informe de la comisión plural
sobre hechos en el Estado de Tabasco.
La Presidencia recibe el informe e
instruye a la Secretaría para que dé lectura al artículo cincuenta y seis de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, e informa que recibió un
voto particular, firmado por los diputados Jiménez Macías y Canedo Vargas, y concede el
uso de la palabra al diputado Carlos Jiménez Macías, del Partido Revolucionario
Institucional, quien solicita que se envíe a la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, su pedimento de inconstitucionalidad de la creación de la comisión.
Se turnan los informes a las
comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Justicia.
Para rectificar hechos o contestar
alusiones personales, hacen uso de la palabra los diputados: Juan José Rodríguez Prats,
del Partido Acción Nacional; Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución
Democrática, quien es interrumpido por el diputado Jiménez Macías, desde su curul,
quien solicita al orador que le permita la lectura del artículo noventa y tres de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el orador se niega.
Para contestar alusiones personales o
rectificar hechos, se concede el uso de la palabra a los diputados: Carlos Jiménez
Macías, del Partido Revolucionario Institucional; José Agapito Domínguez Lacroix, del
mismo partido, quien presenta la petición para la declaración de nulidad de diversos
hechos de la comisión especial; Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución
Democrática; Ricardo Monreal Avila, del Partido Revolucionario Institucional, quien
acepta una interpelación del diputado Rodríguez Prats. Durante la respuesta, el orador
es interrumpido por el diputado Gómez Alvarez, a quien el Presidente le pide que respete
a la Presidencia y se comporte con orden. El diputado Monreal Avila también acepta una
interpelación del diputado Rangel Hernández y al término de la respuesta, sube a la
tribuna el diputado Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática, para
contestar alusiones personales.
Suben a la tribuna para rectificar
hechos, los diputados Norma Gabriela Argaiz Zurita, del Partido de la Revolución
Democrática; María del Socorro May López, del Partido Revolucionario Institucional.
Los diputados Rodríguez Prats y
Bátiz Vázquez, desde sus respectivas curules, interrumpen a la oradora para presentar
solicitudes de moción de orden que el Presidente no hace suya.
Al terminarse el tiempo de la oradora,
el Presidente le pide que deje la tribuna e informa que han concluido las cuatro horas
reglamentarias para la sesión, por lo que acuerda continuarla hasta terminar con los
asuntos del orden del día.
Posteriormente, otorga el uso de la
palabra, para contestar alusiones personales, a la diputada Norma Gabriela Argaiz Zurita,
del Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente hace diversas
aclaraciones y la Asamblea considera que el tema ha sido suficientemente discutido.
Presidencia de la diputada
Martha Palafox Gutiérrez
Hace uso de la palabra la diputada
Elsa Patria Jiménez Flores, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta
una proposición de la Comisión de Equidad y Género, sobre asuntos de la salud y propone
diversas acciones para la protección de las mujeres en contra del cáncer
cérvico-uterino.
Para externar sus opiniones sobre el
mismo asunto, se concede el uso de la palabra a los diputados: Fabiola Gallegos Araujo,
del Partido de la Revolución Democrática, quien también hace diversas proposiciones;
Marco Antonio Adame Castillo, del Partido Acción Nacional; Isabel Villers Aispuro, del
Partido Revolucionario Institucional.
La Presidenta turna las diversas
propuestas a la Comisión de Salud.
Para rectificar hechos, hacen uso de
la palabra los diputados: Miguel Angel Navarro Quintero, del Partido Revolucionario
Institucional; Gustavo Espinosa Plata, del Partido Acción Nacional; Elsa Patria Jiménez
Flores, del Partido de la Revolución Democrática; Carolina O'Farrill Tapia, diputada
Independiente; María de las Mercedes Martha Juan López, del Partido Revolucionario
Institucional.
La Presidencia turna las proposiciones
a las comisiones de Salud y de Fortalecimiento Municipal.
Para hacer proposiciones respecto al
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, hace uso de la palabra el
diputado Juan José Cruz Martínez, del Partido del Trabajo.
La diputada Argaiz Zurita solicita que
se verifique el quorum y la Presidenta instruye a la Secretaría para que pase lista de
asistencia.
Desde sus respectivas curules, varios
diputados insisten en la falta de quorum y la Presidenta le pide a la Secretaría que
cumpla con sus instrucciones.
Presidencia del diputado
Eduardo Guadalupe Bernal Martínez
En el instante en el que la
Secretaría está leyendo los nombres de los legisladores cuyo primer apellido comienza
con la letra G, el Presidente hace aclaraciones respecto a la asistencia de los diputados
y considera que es evidente que existe el quorum reglamentario, pues los legisladores que
trabajaban en comisiones regresaron al salón de sesiones.
Por tal motivo, concede el uso de la
palabra al diputado Jesús José Villalobos Sáenz, del Partido Revolucionario
Institucional, sobre el mismo tema iniciado por el diputado Cruz Martínez, en dos
ocasiones, la segunda para rectificar hechos y, en el mismo sentido, el diputado Juan
Ignacio Fuentes Larios, del Partido Acción Nacional.
También para rectificar hechos, hacen
uso de la palabra los diputados: Juan José Cruz Martínez, del Partido del Trabajo; Diego
Aguilar Acuña, del Partido Revolucionario Institucional, y Alberto López Rosas, del
Partido de la Revolución Democrática
Expresa sus comentarios sobre la
reforma electoral en el Estado de Yucatán, el diputado Orlando Paredes Lara, del Partido
Revolucionario Institucional, quien denuncia hechos en el Congreso del Estado.
Presidencia de la diputada
Martha Palafox Gutiérrez
Para rectificar hechos, se concede el
uso de la palabra a los diputados: Edgar Martín Ramírez Pech, del Partido Acción
Nacional; Wilbert Hebert Chi Góngora, del Partido Revolucionario Institucional; Edgar
Martín Ramírez Pech, del Partido Acción Nacional, para contestar alusiones personales;
Carlos Hernando Sobrino Sierra, del Partido Revolucionario Institucional, en dos
ocasiones; Beatriz Zavala Peniche, del Partido Acción Nacional.
Presidencia del diputado
Eduardo Guadalupe Bernal Martínez
La Asamblea considera que el tema ha
sido suficientemente discutido.
Hace un pronunciamiento sobre los
salarios mínimos, el diputado Rosalío Hernández Beltrán, del Partido de la Revolución
Democrática y terminando su intervención, el Presidente pide que se lean los artículos
cincuenta y ocho y cincuenta y nueve del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos.
La Asamblea acepta a discusión la
propuesta y la considera de urgente y obvia resolución por lo que concede el uso de la
palabra, para hablar en pro, a la diputada María Adelaida de la Cruz Moreno, del Partido
Revolucionario Institucional.
La Asamblea considera suficientemente
discutida la proposición y la aprueba en votación económica.
Comuníquese a la Comisión Nacional
de Salarios Mínimos y la exhorta en el sentido de la misma propuesta.
Se da lectura al artículo veintisiete
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el ciento doce
reglamentario y el Presidente declara que se reserva el derecho para que, al término de
la sesión, si la falta de quorum fuera evidente, ordenará a la Secretaría que pase
lista de asistencia.
Para informar respecto de los
problemas que aquejan a los Cuatrocientos Pueblos, en el Estado de Veracruz, se concede el
uso de la palabra a los diputados: Armando López Romero, del Partido de la Revolución
Democrática, quien informa que turnará el informe a la comisión correspondiente.
Agotados los asuntos en cartera, la
Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura
la de hoy a las diecisiete horas con cuarenta y cuatro minutos, citando para la que
tendrá lugar el próximo jueves treinta de octubre de mil novecientos noventa y siete, a
las diez horas.»
Está a discusión el acta... No
habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
ESTADO
DE CAMPECHE
|
La
secretaria Norma Gabriela Argaiz Zurita: |
Se va a dar lectura a varias
comunicaciones.
«Escudo.— Poder
Legislativo.— Campeche.— LV Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Cámara
de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F.
La diputación permanente de la LV
Legislatura del honorable Congreso del Estado de Campeche, en ejercicio de las facultades
que le concede el artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, comunica que
el día de hoy se instaló la LVI Legislatura, realizándose la elección de la mesa
directiva que dirigirá los trabajos durante el primer mes del primer periodo de sesiones
ordinarias del primer año de ejercicio constitucional, misma que se integró como sigue,
diputados: Jorge Luis Lavalle Azar, presidente; Jorge Alberto Baqueiro Cáceres,
vicepresidente; Salvador López Espínola y Manuel Jesús Angulo Romero, secretarios.
Lo que nos permitimos hacer de su
conocimiento para los fines legales conducentes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Campeche, Campeche, 29 de septiembre
de 1997.— Diputado Vicente Castellot Castro, secretario.»
De enterado.
«Escudo.— Poder
Legislativo.— Campeche.— LVI Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Cámara
de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F.
La LVI Legislatura del honorable
Congreso del Estado de Campeche, comunica la apertura del primer periodo de sesiones
ordinarias del primer año de ejercicio constitucional, así como la elección e
integración de las siguientes comisiones:
Gran Comisión, diputados: Jorge Luis
Lavalle Azar, presidente; Salvador López Espínola, secretario; Manuel Jesús Angulo
Romero, vocal.
Comisión de Vigilancia, diputados:
Oscar Rodríguez Cabrera, presidente; Arturo Gerardo Goytia Ochoa, secretario; Laura
Lisbeth Escalante Canto, vocal.
Comisión de Revisión de Régimen
Interno, diputados: Salvador Gaspar Arteaga Trillo, secretario y Rodolfo Cevallos Esponda,
vocal.
Lo que nos permitimos hacer de su
conocimiento para los fines conducentes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Campeche, Campeche, 1o. de octubre de
1997.— Diputados: Salvador López Espínola y Manuel Jesús Angulo Romero,
secretarios.»
De enterado.
ESTADO
DE PUEBLA
|
La
secretaria Sandra Lucía Segura Rangel: |
«Escudo Nacional.—
Honorable Congreso del Estado de Puebla.
Honorable Congreso de la Unión.—
Cámara de Diputados.— Palacio Legislativo.— México, D.F.
En sesión de la Comisión de
Educación, Ciencia y Tecnología del honorable Congreso del Estado, celebrada con esta
fecha, los diputados integrantes de la misma tuvieron conocimiento del oficio número
238.21.01/3205/97 suscrito por el maestro Juan Antonio Badillo Torre, secretario de
Educación Pública del Estado de Puebla, fechado el 10 de septiembre del año en curso,
mediante el cual solicita la intervención de este Poder Legislativo ante el honorable
Congreso de la Unión, a efecto de que se propongan tarifas preferenciales en el cobro del
suministro de energía eléctrica de 10 mil 578 escuelas, las cuales 1 mil son
telesecundarias, acordando con fundamento en lo que establecen los artículos 39 fracción
IV, XL, XLI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 39, 42 fracción IV del Reglamento
Interior del honorable Congreso del Estado, remitir el oficio de referencia al honorable
Congreso de la Unión, para el trámite constitucional y legislativo correspondiente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Heroica Puebla de Zaragoza, 22 de
octubre de 1997.— El presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología
de la LIII Legislatura local, diputado Enrique Alejandro Cerro Barrios.»
«Escudo Nacional.— Estado Libre
y Soberano de Puebla.
Ciudadano Carlos Palafox Vázquez,
presidente de la Gran Comisión del honorable Congreso del Estado.— Presente.
Con base al acuerdo nacional para la
modernización educativa, me permito solicitar a usted, su amable intervención ante el
Congreso de la Unión, a efecto de que se propongan tarifas preferenciales en el cobro del
suministro de energía eléctrica a escuelas de educación básica del Estado, con la
finalidad de apoyar a los padres de familia, que vienen sufragando este gasto, ya que la
SEP tiene transferidos recursos, que resultan verdaderamente insuficientes para el pago de
consumo de energía eléctrica de 10 mil 578 escuelas, de las cuales 1 mil son
telesecundarias.
Por su atención al presente, reitero
a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Puebla, Puebla a 10 de septiembre de
1997.— secretario de Educación Pública, Juan Antonio Badillo Torre.»
Recibo y túrnese a la Comisión de
Energéticos.
PERMISO AL
PRESIDENTE PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO
NACIONAL
|
El
secretario Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano: |
«Escudo Nacional.— Cámara
de Senadores.— México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara
de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Para los efectos legales
correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta
proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León,
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional.
Reiteramos a ustedes las seguridades
de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 28 de octubre de
1997.— Senadores: Benito Rosel Isaac y Emma Mondragón Navarrete, secretarios.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede
autorización al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional en las fechas y por los motivos
que a continuación se indican:
I. Del 7 al 9 de noviembre de 1997,
para participar en la VII Reunión Cumbre Iberoamericana, en islas Margaritas Venezuela;
II. Los días 13 y 14 de noviembre de
1997, para realizar una visita de trabajo a las ciudades de Nueva York y Washington,
Estados Unidos de América;
III. Del 22 al 25 de noviembre de
1997, para participar en la V Reunión de Líderes del Mecanismo de Cooperación
Económica de Asia- Pacífico (APEC) a realizarse en la ciudad de Vancouver, Canadá y
IV. Los días 18 y 19 de diciembre de
1997, para efectuar una visita de Estado a la República de Nicaragua.
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en
vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Cámara de
Senadores.— México, D.F. a 28 de octubre de 1997.— Senadores: María de los
Angeles Moreno Uriegas presidenta; Benito Rosel Isaac y Emma Mondrágon Navarrete,
secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados
para los efectos constitucionales.— Mario Alberto Navarro Manrique, oficial mayor.»
Túrnese a las
comisiones de Relaciones Exteriores y Gobernación y Puntos Constitucionales, para lo
procedente.
REPUBLICA FRANCESA
|
El
secretario Isael Petronio Cantú Nájera: |
«Escudo Nacional.— Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara
de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Con oficio número PRO 11481, de fecha
21 del mes, la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a esta dependencia del
Ejecutivo, manifestando lo siguiente:
"El ciudadano José Angel Gurría
Treviño, secretario de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable
Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado C del
artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la
condecoración de la Orden de la Legión de honor, en grado de gran oficial, que la
confiere el gobierno de la República de Francia.
Para tal efecto y a fin de que
integren en su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida al honorable
Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, copia certificada de su acta de
nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que comunican que le otorgarán la
condecoración relativa."
Al comunicar a ustedes lo anterior,
les acompaño con el presente los anexos que en el mismo mencionan, para los fines legales
procedentes.
Reitero en esta oportunidad, las
seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 24 de octubre de
1997.— Por acuerdo del secretario.— El director general de Gobierno, Juan Burgos
Pinto.»
Recibo y túrnese a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales.
«Escudo Nacional.— Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara
de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
A continuación transcribo a ustedes
para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones
Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 23 del actual manifestando lo
siguiente:
"El general de brigada DEM
Roberto Miranda Sánchez, jefe del Estado Mayor Presidencial, solicita se tramite ante el
Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado C del
artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la
condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en Grado de Comendador, que le confiere
el gobierno de la República de Francia.
Para tal efecto y a fin de que
integren en su expediente, remito a ustedes carta del interesado dirigida al honorable
Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, copia certificada de su acta de
nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que comunican que le otorgarán la
condecoración relativa."
Al comunicar a ustedes lo anterior,
envío con el presente los documentos que en el mismo se citan.
Reitero en esta oportunidad, las
seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 29 de octubre de
1997.— Por acuerdo del secretario.— El director general de Gobierno, Juan Burgos
Pinto.»
Recibo y túrnese a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales.
«Escudo Nacional.— Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara
de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
A continuación transcribo a ustedes
para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones
Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 21 del actual manifestando lo
siguiente:
"El embajador Jorge Eduardo Chen
Charpentier, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que
se refiere la fracción III apartado C del artículo 37 de nuestra Constitución
Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión de
Honor, en Grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República de Francia.
Para tal efecto y a fin de que
integren en su expediente, remito a ustedes carta del interesado dirigida al honorable
Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, copia certificada de su acta de
nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que comunican que le otorgarán la
condecoración relativa."
Al comunicar a ustedes lo anterior,
les acompaño con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero en esta oportunidad, las
seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 24 de octubre de
1997.— Por acuerdo del secretario.— El director general de Gobierno, Juan Burgos
Pinto.»
Recibo y túrnese a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales.
«Escudo Nacional.— Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara
de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Para su conocimiento y fines legales
procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones
Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 21 del actual, enviándoles con el
presente los anexos que en el mismo se citan:
"El ciudadano licenciado Emilio
José Gilly Hernández, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el
permiso a que se refiere la fracción III del aparatado C del artículo 37 de nuestra
Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la
Legión de Honor, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la República de
Francia.
Para tal efecto y a fin de que
integren en su expediente, remito a ustedes carta del interesado dirigida al honorable
Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, copia certificada de su acta de
nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que comunican que le otorgarán la
condecoración relativa."
Reitero a ustedes en esta oportunidad,
las oportunidades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 24 de octubre de
1997.— Por acuerdo del secretario.— El director general de gobierno, Juan Burgos
Pinto.»
Recibo y túrnese a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales.
«Escudo Nacional.— Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara
de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En oficio número PRO 11633, de fecha
23 del presente mes, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de
Gobernación lo siguiente:
"El ciudadano doctor Herminio
Alonzo Blanco Mendoza, secretario de Comercio y Fomento Industrial, solicita se tramite
ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III del
apartado C del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y
usar la condecoración de la Orden del Mérito, en grado de Gran Oficial, que le confiere
el gobierno de la República de Francia.
Para tal efecto y a fin de que
integren en su expediente, remito a ustedes carta del interesado dirigida al honorable
Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, copia certificada de su acta de
nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la
condecoración relativa."
Lo que transcribo a ustedes para su
conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente los anexos que en
el mismo se mencionan.
Reitero en esta oportunidad, las
seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 29 de octubre de
1997.— Por acuerdo del secretario.— El director general de gobierno, Juan Burgos
Pinto.»
Recibo y túrnese a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales.
«Escudo Nacional.— Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara
de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de Relaciones
Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 21 del presente mes,
manifestando lo siguiente:
"El ciudadano embajador, Pedro
José González-Rubio Sánchez, director general del protocolo de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el
permiso a que se refiere la fracción III apartado C del artículo 37 de nuestra
Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del
Mérito, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de
Francia.
Para tal efecto y a fin de que
integren en su expediente, remito a ustedes carta del interesado dirigida al honorable
Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, copia certificada de su acta de
nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la
condecoración relativa."
Lo que transcribo a ustedes para su
conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente los anexos que en
el mismo se mencionan.
Reitero en esta oportunidad, las
seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., 24 de octubre de
1997.— Por acuerdo del secretario.— El director general de gobierno, Juan Burgos
Pinto.»
Recibo y túrnese a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales.
«Escudo Nacional.— Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara
de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de Relaciones
Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 24 del presente mes,
manifestando lo siguiente:
"El ciudadano, Rafael Tovar y de
Teresa, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, solicita se tramite
ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III
apartado C del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y
usar la condecoración de la Orden del Mérito, en grado de Comendador, que le confiere el
gobierno de la República de Francia.
Para tal efecto y a fin de que
integren en su expediente, remito a ustedes carta del interesado dirigida al honorable
Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, copia certificada de su acta de
nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la
condecoración relativa."
Lo que transcribo a ustedes para los
fines legales procedentes, enviándoles con el presente los documentos que en el mismo se
citan.
Reitero en esta oportunidad, las
seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., 29 de octubre de
1997.— Por acuerdo del secretario.— El director general de gobierno, Juan Burgos
Pinto.»
Recibo y túrnese a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales.
El Presidente:
Procedemos, señores secretarios, a
los dictámenes de primera lectura.
|
La
secretaria Isabel Villers Aispuro: |
«Escudo Nacional.— Poder
Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.
Honorable Asamblea: en escrito de
fecha 11 de octubre del año en curso, el ciudadano Efraín González Luna Morfín,
solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración de la
Orden de las Artes y de las Letras, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de
la República de Francia.
La comisión considera cumplidos lo
requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de
acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37
constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el
siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso
al ciudadano Efraín González Luna Morfín, para aceptar y usar la condecoración de la
Orden de las Artes y de las Letras, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de
la República de Francia.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 18 de octubre de
1997.— Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Ricardo
Monreal Avila, Alvaro Arceo Corcuera, Jorge Emilio González Martínez, secretarios;
Roberto Armando Albores Guillén, Juan Miguel M. Alcántara Soria, Francisco A. Arroyo
Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan
José García de Quevedo Baeza, Pablo Gómez Alvarez, José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio
Hernández Gómez, Fidel Herrera Beltrán, José Luis B. Lamadrid Sauza, Antonio Benjamín
Manríquez Guluarte, J. Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina Plascencia,
Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Arturo Núñez Jiménez, Gil Rafael Oceguera
Ramos, Mariano Palacios Alcocer, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales
Meléndez, Miguel Quiroz Pérez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Javier Sodi de la
Tijera.»
Es de primera lectura.
ESTADO
DE ISRAEL
|
El
secretario Cuauhtémoc Salgado Romero: |
«Escudo Nacional.— Poder
Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado
el 29 de septiembre del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través
de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano
Gregorio Goldstein Isaacson, pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Israel en
Tijuana, con circunscripción consular en el Estado de Baja California.
En sesión efectuada por la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 9 de octubre, se turnó a la suscrita
comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su
nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento.
b) Que los servicios que el propio
interesado prestará al gobierno del Estado de Israel, serán de carácter estrictamente
consular.
c) Que la solicitud se ajusta a lo
establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se
permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso
al ciudadano Gregorio Goldstein Isaacson, para desempeñar el cargo de cónsul honorario
de Israel en Tijuana, con circunscripción consular en el Estado de Baja California.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 14 de octubre de
1997.— Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Ricardo
Monreal Avila, Alvaro Arceo Corcuera, Jorge Emilio González Martínez, secretarios;
Roberto Armando Albores Guillén, Juan Miguel M. Alcántara Soria, Francisco A. Arroyo
Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan
José García de Quevedo Baeza, Pablo Gómez Alvarez, José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio
Hernández Gómez, Fidel Herrera Beltrán, José Luis B. Lamadrid Sauza, Antonio Benjamín
Manríquez Guluarte, J. Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina Plascencia,
Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Arturo Núñez Jiménez, Gil Rafael Oceguera
Ramos, Mariano Palacios Alcocer, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales
Meléndez, Miguel Quiroz Pérez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Javier Sodi de la
Tijera.»
Es de primera lectura.
REPUBLICA POPULAR DE ANGOLA
|
La
secretaria Sandra Lucía Segura Rangel: |
«Escudo Nacional.— Poder
Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado
el 8 de octubre del año en curso, la Cámara de Senadores, remite el expediente con la
minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Blanca Estela Sánchez
López para que pueda prestar servicios como recepcionista en la Embajada de Angola en
México.
En sesión celebrada por la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión el 9 de octubre, se turnó a la suscrita
comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su
nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento.
b) Que los servicios que la propia
interesada prestará en la Embajada de Angola en México, serán como recepcionista.
C) Que la solicitud se ajusta a lo
establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se
permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a
la ciudadana Blanca Estela Sánchez López, para prestar sus servicios como recepcionista
en la Embajada de Angola en México.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 14 de octubre de
1997.— Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Ricardo
Monreal Avila, Alvaro Arceo Corcuera, Jorge Emilio González Martínez, secretarios;
Roberto Armando Albores Guillén, Juan Miguel M. Alcántara Soria, Francisco A. Arroyo
Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan
José García de Quevedo Baeza, Pablo Gómez Alvarez, José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio
Hernández Gómez, Fidel Herrera Beltrán, José Luis B. Lamadrid Sauza, Antonio Benjamín
Manríquez Guluarte, J. Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina Plascencia,
Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Arturo Núñez Jiménez, Gil Rafael Oceguera
Ramos, Mariano Palacios Alcocer, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales
Meléndez, Miguel Quiroz Pérez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Javier Sodi de la
Tijera.»
Es de primera lectura.
|
El
secretario Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano: |
«Escudo Nacional.— Poder
Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado
el 8 de octubre del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la
minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Rodrigo Fernando Pérez
Frías, para prestar sus servicios como chofer, en la Embajada de Angola en México.
En sesión celebrada por la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 9 de octubre, se turnó a la
suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su
nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento.
b) Que los servicios que el propio
interesado prestará en la Embajada de Angola en México, serán como chofer.
c) Que la solicitud se ajusta a lo
establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta comisión se
permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso
al ciudadano Rodrigo Fernando Pérez Frías, para prestar sus servicios como chofer, en la
Embajada de Angola en México.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 14 de octubre de
1997.— Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Ricardo
Monreal Avila, Alvaro Arceo Corcuera, Jorge Emilio González Martínez, secretarios;
Roberto Armando Albores Guillén, Juan Miguel M. Alcántara Soria, Francisco A. Arroyo
Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan
José García de Quevedo Baeza, Pablo Gómez Alvarez, José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio
Hernández Gómez, Fidel Herrera Beltrán, José Luis B. Lamadrid Sauza, Antonio Benjamín
Manríquez Guluarte, J. Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina Plascencia,
Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Arturo Núñez Jiménez, Gil Rafael Oceguera
Ramos, Mariano Palacios Alcocer, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales
Meléndez, Miguel Quiroz Pérez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Javier Sodi de la
Tijera.»
Es de primera lectura.
|
La
secretaria Norma Gabriela Argaiz Zurita: |
«Escudo Nacional.— Poder
Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado
el 8 de octubre del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la
minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Itzel Vega Hernández, para
que pueda prestar servicios como secretaria, en la Embajada de Angola en México.
En sesión celebrada por la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 9 de octubre, se turnó a la suscrita
comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su
nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento.
b) Que los servicios que la propia
interesada prestará en la Embajada de Angola en México, serán como secretaria.
c) Que la solicitud se ajusta a lo
establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se
permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a
la ciudadana Itzel Vega Hernández, para prestar sus servicios como secretaria en la
Embajada de Angola en México.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 14 de octubre de
1997.— Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Ricardo
Monreal Avila, Alvaro Arceo Corcuera, Jorge Emilio González Martínez, secretarios;
Roberto Armando Albores Guillén, Juan Miguel M. Alcántara Soria, Francisco A. Arroyo
Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan
José García de Quevedo Baeza, Pablo Gómez Alvarez, José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio
Hernández Gómez, Fidel Herrera Beltrán, José Luis B. Lamadrid Sauza, Antonio Benjamín
Manríquez Guluarte, J. Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina Plascencia,
Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Arturo Núñez Jiménez, Gil Rafael Oceguera
Ramos, Mariano Palacios Alcocer, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales
Meléndez, Miguel Quiroz Pérez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Javier Sodi de la
Tijera.»
Es de primera lectura.
REINO
DE TAILANDIA
|
La
secretaria Isabel Villers Aispuro: |
«Escudo Nacional.— Poder
Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado
el 30 de septiembre del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través
de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano
Ricardo Trejo Gallardo, pueda prestar servicios como chofer, en la Embajada del Reino de
Tailandia en México.
En sesión efectuada por la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 9 de octubre, se turnó a la
suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su
nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento.
b) Que los servicios que el propio
interesado prestará en la Embajada del Reino de Tailandia, en México, serán como
chofer.
c) Que la solicitud se ajusta a lo
establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se
permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso
al ciudadano Ricardo Trejo Gallardo, para prestar servicios como chofer, en la Embajada
del Reino de Tailandia en México.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, D. F., a 14 de octubre de
1997.— Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Ricardo
Monreal Avila, Alvaro Arceo Corcuera, Jorge Emilio González Martínez, secretarios;
Roberto Armando Albores Guillén, Juan Miguel M. Alcántara Soria, Francisco A. Arroyo
Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan
José García de Quevedo Baeza, Pablo Gómez Alvarez, José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio
Hernández Gómez, Fidel Herrera Beltrán, José Luis B. Lamadrid Sauza, Antonio Benjamín
Manríquez Guluarte, J. Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina Plascencia,
Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Arturo Núñez Jiménez, Gil Rafael Oceguera
Ramos, Mariano Palacios Alcocer, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales
Meléndez, Miguel Quiroz Pérez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Javier Sodi de la
Tijera.»
Es de primera lectura.
REPUBLICA
DOMINICANA
|
La
secretaria Sandra Lucía Segura Rangel: |
«Escudo Nacional.— Poder
Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado
el 3 de septiembre del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través
de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano
Andrés Borja Bello, pueda prestar servicios como chofer, en la Embajada de la República
Dominicana en México.
En sesión efectuada por la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 2 de octubre, se turnó a la
suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su
nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que el propio
interesado prestará en la Embajada de la República Dominicana en México, serán como
chofer.
c) Que la solicitud se ajusta a lo
establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se
permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso
al ciudadano Andrés Borja Bello, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de la
República Dominicana en México.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 14 de octubre de
1997.— Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Ricardo
Monreal Avila, Alvaro Arceo Corcuera, Jorge Emilio González Martínez, secretarios;
Roberto Armando Al
bores Guillén, Juan Miguel M.
Alcántara Soria, Francisco A. Arroyo Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Ricardo Cantú
Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo Baeza, Pablo Gómez
Alvarez, José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández Gómez, Fidel Herrera Beltrán,
José Luis B. Lamadrid Sauza, Antonio Benjamín Manríquez Guluarte, J. Jesús Martín del
Campo Castañeda, Carlos Medina Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez,
Arturo Núñez Jiménez, Gil Rafael Oceguera Ramos, Mariano Palacios Alcocer, Francisco
José Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Miguel Quiroz Pérez, Juan José
Rodríguez Prats y Demetrio Javier Sodi de la Tijera.»
Es de primera lectura.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
|
El
secretario Isael Petronio Cantú Nájera: |
«Escudo Nacional.— Poder
Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficios
fechados el 21 de agosto, 3 y 9 de septiembre del año en curso, la Secretaría de
Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional
necesario para que las ciudadanas Gabriela Muñoz Servín, María Graciela Rojas Zendejas
y Claudia Alicia Mendiola Jaramillo, puedan prestar servicios de carácter administrativo
en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
En sesión celebrada por la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 2 de octubre se turnó a la
suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que las peticionarias acreditan su
nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que las propias
interesadas prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, serán
de carácter administrativo.
c) Que las solicitudes se ajustan a lo
establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se
permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso
a la ciudadana Gabriela Muñoz Servín, para prestar servicios como operadora de
computadoras, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo segundo. Se concede permiso
a la ciudadana María Graciela Rojas Zendejas, para prestar servicios como auxiliar
contable, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo tercero. Se concede permiso
a la ciudadana Claudia Alicia Mendiola Jaramillo, para prestar servicios como secretaria,
en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 14 de octubre de
1997.— Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Ricardo
Monreal Avila, Alvaro Arceo Corcuera, Jorge Emilio González Martínez, secretarios;
Roberto Armando Albores Guillén, Juan Miguel M. Alcántara Soria, Francisco A. Arroyo
Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan
José García de Quevedo Baeza, Pablo Gómez Alvarez, José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio
Hernández Gómez, Fidel Herrera Beltrán, José Luis B. Lamadrid Sauza, Antonio Benjamín
Manríquez Guluarte, J. Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina Plascencia,
Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Arturo Núñez Jiménez, Gil Rafael Oceguera
Ramos, Mariano Palacios Alcocer, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales
Meléndez, Miguel Quiroz Pérez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Javier Sodi de la
Tijera.»
Es de primera lectura.
|
El
secretario Cuauhtémoc Salgado Romero: |
«Escudo Nacional.— Poder
Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado
el 8 de octubre del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la
minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Alejandra Elizabeth
Reséndez Garza, para prestar sus servicios como secretaria, en el Consulado de Estados
Unidos de América, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
En sesión efectuada por la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 9 de octubre, se turnó a la suscrita
comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su
nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que la propia
interesada prestará en el Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo,
Tamaulipas, serán como secretaria.
c) Que la solicitud se ajusta a lo
establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta comisión se
permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a
la ciudadana Alejandra Elizabeth Reséndez Garza, para prestar sus servicios como
secretaria en el Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 14 de octubre de
1997.— Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Ricardo
Monreal Avila, Alvaro Arceo Corcuera, Jorge Emilio González Martínez, secretarios;
Roberto Armando Albores Guillén, Juan Miguel M. Alcántara Soria, Francisco A. Arroyo
Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan
José García de Quevedo Baeza, Pablo Gómez Alvarez, José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio
Hernández Gómez, Fidel Herrera Beltrán, José Luis B. Lamadrid Sauza, Antonio Benjamín
Manríquez Guluarte, J. Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina Plascencia,
Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Arturo Núñez Jiménez, Gil Rafael Oceguera
Ramos, Mariano Palacios Alcocer, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales
Meléndez, Miguel Quiroz Pérez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Javier Sodi de la
Tijera.»
Es de primera lectura.
|
El secretario Francisco Xavier
Salazar Díez de Sollano: |
«Escudo Nacional.— Poder
Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado
el 7 de octubre del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de
la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana
Patricia Salinas Orozco, pueda prestar servicios como empleada consular, en el Consulado
de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.
En sesión celebrada por la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 21 de octubre, se turnó a la
comisión que suscribe para su estudio y dictamen el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su
nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que la interesada
prestará en el Consulado de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas,
serán como empleada consular.
c) Que la solicitud se ajusta a lo
establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se
permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a
la ciudadana Patricia Salinas Orozco, para prestar servicios como empleada consular, en el
Consulado de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 23 de octubre de
1997.— Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Ricardo
Monreal Avila, Alvaro Arceo Corcuera, Jorge Emilio González Martínez, secretarios;
Roberto Armando Albores Guillén, Juan Miguel M. Alcántara Soria, Francisco A. Arroyo
Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan
José García de Quevedo Baeza, Pablo Gómez Alvarez, José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio
Hernández Gómez, Fidel Herrera Beltrán, José Luis B. Lamadrid Sauza, Antonio Benjamín
Manríquez Guluarte, J. Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina Plascencia,
Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Arturo Núñez Jiménez, Gil Rafael Oceguera
Ramos, Mariano Palacios Alcocer, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales
Meléndez, Miguel Quiroz Pérez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Javier Sodi de la
Tijera.»
Es de primera lectura.
Consulte la Secretaría a la
Asamblea si se le dispensa la segunda lectura a los dictámenes con los que se acaba de
dar cuenta y se ponen a discusión y votación de inmediato.
|
El secretario
Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano: |
Por instrucciones de la
Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se les
dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.
Los diputados que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la Segunda Lectura.
En consecuencia están a
discusión los proyectos de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, proceda
la Secretaría a recoger la votación nominal.
|
El
secretario Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano: |
Se va a proceder a recoger la
votación nominal de los proyectos de decreto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga
los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron 405 votos en pro y
ninguno en contra.
Aprobados los proyectos de
decreto por 405 votos.
|
El
secretario Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano: |
Pasan al Senado y al Ejecutivo
para los efectos constitucionales.
Proceda la Secretaría con el
siguiente asunto en cartera.
COMPAÑIA NACIONAL DE
SUBSISTENCIAS POPULARES
|
El
secretario Cuauhtémoc Salgado Romero: |
e va dar lectura a una
proposición.
Presidente de la Cámara de Diputados
Los coordinadores de los grupos
parlamentarios que integran la LVII Legislatura, solicitan a usted disponer que la
Secretaría informe al pleno, de la integración de la Comisión de investigación del
funcionamiento de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares y empresas filiales y
se dé el trámite que conforme a la ley proceda, tomando en consideración que la
facultad de su integración se encuentra reconocida en el texto del artículo 93 de la
Constitución, se propone un acuerdo de buena fe para normar su funcionamiento con los
siguientes
CONSIDERANDOS
1o. La comisión se integrará de
manera paritaria, para lo cual cada grupo parlamentario designará a dos diputados para
los efectos de conformar esta comisión de investigación, siendo los siguientes
diputados:
Jesús Enrique Jackson Ramírez, Jaime
Hugo Talancón Escobedo, del PRI; Agustín Miguel Alonso Raya, Alberto López Rosas, del
PRD; Margarita Pérez Gavilán Torres, Abelardo Perales Meléndez, del PAN; Miguel Angel
Garza Vázquez, Verónica Velasco Rodríguez, del PVEM; Juan José Cruz Martínez, José
Luis López López, del PT.
2o. La presidencia de esta comisión
será rotatoria cada mes, entre los diputados de los diferentes grupos parlamentarios que
lo integren, fungiendo el presidente en turno como vocero.
3o. Esta comisión de investigación
iniciará sus trabajos durante el primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de
ejercicio constitucional de la LVII Legislatura, los concluirá en un plazo no mayor de un
año, siendo prorrogable por una sola vez. Al término del mismo, informará de los
resultados a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
4o. La comisión dará cuenta del
resultado de sus investigaciones al Ejecutivo Federal antes del término de los trabajos
de esta LVII Legislatura del Congreso de la Unión.
Palacio Legislativo de San
Lázaro.— Cámara de Diputados.—, México, D.F. octubre de 1997.—
Diputados: Arturo Núñez Jiménez, coordinador de la fracción parlamentaria del PRI;
Carlos Medina Plascencia, coordinador de la fracción parlamentaria del PAN; Porfirio
Muñoz Ledo, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD; Alejandro González
Yáñez, coordinador de la fracción parlamentaria del PT; Jorge Emilio González
Martínez, coordinador de la fracción parlamentaria del PVEM.
En votación económica se pregunta si
se aprueba la proposición.
Los diputados que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
Gracias, señor diputado.
Para fijar su postura sobre la
integración de la Comisión Investigadora del Organismo descentralizado Compañía
Nacional de Subsistencias Populares y sus empresas filiales, hace uso de la palabra el
diputado Juan José Cruz Martínez, del Partido del Trabajo.
|
El diputado
Juan José Cruz Martínez: |
Con el permiso de la
Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
El grupo parlamentario del Partido del
Trabajo, acude a esta tribuna para fijar su posición acerca de la función de la
Comisión de la Conasupo.
El artículo 93 tercer párrafo de la
Constitución General de la República, faculta a las cámaras del Congreso de la Unión
para que a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados y de
la mitad si se trata de los senadores, integren comisiones para investigar el
funcionamiento de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal
mayoritaria.
En complemento con el anterior, la Ley
Orgánica del Congreso General en sus artículos 46 y 55, faculta a la Cámara de
Diputados, para integrar estas comisiones de investigación.
De igual forma, el artículo 89 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, otorga a los presidentes de comisión
la facultad para solicitar todo tipo de información que estimen conveniente para el
despacho de sus asuntos.
En días pasados en el pleno de esta
Cámara se discutió la propuesta de integrar nuevamente una comisión de investigación
sobre las irregularidades ocurridas en el organismo denominado Conasupo, sucedidas en la
administración presidencial de 1988 a 1994. Estas irregularidades lastimaron
profundamente a los mexicanos, los actos de corrupción fueron escandalosos.
Sin embargo, en la LVI Legislatura se
integró una comisión de investigación cuyos resultados no dejaron satisfechos a nadie.
El argumento para dar carpetazo a dicha comisión, fue el ejercicio de la regla de oro de
la democracia: la mayoría siempre gana; razón numérica sostenida por el grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Pero que por carecer de argumentos
sólidos que convencieran al resto de los grupos parlamentarios, no dejó sino la
convicción de que se pretendía proteger la impunidad y la corrupción.
Al integrar ahora la constitución de
una nueva comisión investigadora, debemos tener presente el contenido de la facultad que
tanto la norma suprema, como las leyes secundarias de nuestro país, otorgan a los
legisladores.
Nuestra Constitución Política, como
ha quedado asentado, faculta a las minorías legislativas para integrar este tipo de
comisiones; en el ejercicio de sus funciones de investigación, no encuentran límite
alguno.
Pero desde luego, no sustituye la
función de investigación del Ministerio Público.
En caso de que este tipo de comisiones
investigadoras detecten irregularidades, las tendrán que hacer del conocimiento del
Ejecutivo Federal para que éste proceda como corresponda.
El grupo parlamentario del Partido del
Trabajo, preocupado porque la función pública se apegue a los valores de la ética
política, se pronuncia enérgicamente porque la comisión que hoy integramos, llegue en
sus funciones de investigación, hasta las últimas consecuencias.
A ella corresponde investigar y
detectar irregularidades y que en caso de encontrarlas, al titular del Poder Ejecutivo
corresponde fincar responsabilidades.
Se debe solicitar toda la información
que obra en los archivos públicos; se deben conjugar todos los esfuerzos para que esta
tarea sea llevada a feliz término.
No se trata de una cacería de brujas,
de buscar culpables a toda costa, sino de transparentar lo ocurrido en este organismo el
sexenio pasado, cuando el entonces mayoritario grupo parlamentario del PRI en la LVI
Legislatura, aprobó el carpetazo a la Comisión de la Conasupo.
El grupo parlamentario del Partido del
Trabajo se opuso a dicha medida argumentando: "en un régimen político democrático,
la minoría no juega el papel de comparsa; la minoría tiene derechos y funciones de gran
importancia para el sistema político; la minoría es quien vigila y cuida las acciones
del gobierno y su partido".
Las nuevas condiciones políticas del
país y de esta Cámara, propician el que al pueblo de México se le den resultados
objetivos.
Confiamos en que los integrantes de
esta comisión, sabrán cumplir su cometido.
Muchas gracias.
Gracias, señor diputado.
Para el mismo tema, tiene el uso de la
palabra el diputado Abelardo Perales Meléndez.
|
El diputado
Abelardo Perales Meléndez: |
Con su permiso, señor
Presidente; honorable Asamblea:
La interpretación del artículo 93
constitucional, no es una discusión nueva. El Diario de los Debates registra el 28 de
diciembre de 1989, una discusión sobre el derecho de las minorías, a que se refiere el
párrafo tercero de este precepto constitucional.
En sesión anterior la diputada por el
Partido Acción Nacional, Margarita Pérez Gavilán, fijó ya la postura del Partido
Acción Nacional en cuanto a que se reabra el caso de la Conasupo, posición que por mi
conducto, ahora, ratificamos.
Mi punto de vista se circunscribe a la
interpretación constitucional de este precepto, de este derecho de las minorías.
Existen distintos métodos de
interpretación de la Constitución. El método gramatical que atiende al significado de
las palabras, que atiende al sentido literal, es decir, a la letra de la Constitución.
Este método debe descartarse, debe descartarse en derecho constitucional, porque nos
lleva a contradicciones absurdas.
El derecho civil lo acoge siempre y
cuando no haya confusión, ambigüedad ni contradicción.
Así, por ejemplo cuando el artículo
1o. de la Constitución establece:
Que todo individuo gozará de las
garantías que otorga la presente Constitución... "no debe interpretarse
gramaticalmente este vocablo "individuo", porque nos lleva a conclusiones
inaceptables.
Así el diccionario de la Lengua
Española dice que: "por individuo se entiende todo ser vegetal o animal".
Desde luego que esa interpretación
gramatical no la podemos aceptar, porque incluso los entes colectivos están considerados
como individuos para efecto de la procedencia del juicio de amparo, porque son
susceptibles de que se les violen sus garantías individuales.
El método lógico sistemático
atiende propiamente a que los artículos de la Constitución deben interpretarse
relacionando unos con otros y no en forma aislada, porque la Constitución es un cuerpo,
es un todo, en donde está plasmada la voluntad del poder constituyente. Así, algunos
autores estiman que interpretando en forma sistemática los artículos 39, 40 y 135 se
llega a la conclusión de que la Constitución puede ser reformada en todas sus partes
incluyendo las decisiones políticas fundamentales.
El método causal teleológico, que
como su nombre lo dice, atiende a las causas y a los fines que se propuso alcanzar el
Constituyente, de ese modo se atendería a la voluntad del creador de la Constitución y
así tenemos, por ejemplo, los artículos 27 y 123 que deben ser interpretados de acuerdo
a los fines de justicia social para proteger a las clases campesina y obrera.
El método histórico o evolutivo
atiende a la evolución de los factores sociales, políticos, económicos y culturales de
la sociedad para interpretar la norma constitucional. En este método no se requiere la
reforma a la letra de la Constitución para su interpretación. Así tenemos conceptos
como el de "libertad", el de "moral", el de "derechos de la
sociedad", el de "interés público", que van cambiando conforme
evolucionan estos factores y que por tanto no se requiere cambiar la letra para cambiar su
significado.
Nuestra Constitución no dice, no se
pronuncia por ninguno de estos métodos. Sin embargo, en el artículo 14 establece que en
los juicios del orden civil, las sentencias deben ser conforme a la letra de la ley y a su
interpretación jurídica, única excepción que establece nuestra Carta Magna a lo que
estoy diciendo.
La Suprema Corte se ha pronunciado en
términos generales por el método de interpretación sistemático o causal teleológico,
pero descarta el método de interpretación histórica. Ello explica el exceso de reformas
a nuestro pacto federal.
Debemos distinguir la facultad de
elegir a los miembros, a que se refiere el artículo 93, para integrar las comisiones de
investigación. Que indudablemente esta facultad de elección corresponde al pleno de esta
Cámara, a propuesta de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política,
conforme a lo que establecen los artículos 45 fracción II y 47 de la Ley Orgánica del
Congreso General.
Esa facultad debemos distinguirla del
derecho que tienen las minorías para pedir a las cámaras la integración de comisiones
para investigar el funcionamiento de los organismos descentralizados y empresas de
participación estatal mayoritaria, que consagra el artículo 93 en su último párrafo.
Basta la sola petición de una cuarta
parte de los integrantes de esta Cámara de Diputados, para que proceda a elegir a los
integrantes de las comisiones que habrán de investigar el funcionamiento de esos
organismos paraestatales.
El párrafo tercero del artículo 93
consagra un verdadero derecho de las minorías y no un mero requisito de procedibilidad
para que esta Cámara haga la elección, porque obliga a elegir a este pleno legislativo a
los integrantes de las comisiones investigadoras, en base a las propuestas que haga la
Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
El artículo 93 en su párrafo tercero
da legitimación procesal activa a esa cuarta parte de los diputados y de la mitad de los
senadores, lo que es suficiente para requerir la formación de estas comisiones de
investigación.
El concepto "facultad" a que
se refiere dicho precepto, no debe interpretarse en sentido restringido ni mucho menos en
sentido gramatical ni como la libertad o la discrecionalidad de hacer o no hacer, porque
nos llevaría a contradicciones inaceptables.
Así tenemos, por ejemplo, que los
artículos 74 y 76 del pacto federal, hablan de facultades exclusivas de los diputados y
senadores, respectivamente, y vemos que en algunas de ellas se consagran verdaderas
obligaciones, como es, por ejemplo, la aprobación del Presupuesto de Egresos y el examen
y discusión de la Cuenta Pública; a pesar de que están como facultades, son verdaderas
obligaciones de esta Cámara. Esta es una verdadera obligación, ya que el Presupuesto de
Egresos debe forzosamente estar aprobado a más tardar el 31 de diciembre. Lo mismo debe
decirse cuando se habla de facultad para vigilar a la comisión que vigila las funciones
de la Contaduría Mayor de Hacienda.
No tendría ningún sentido la visión
de 1977 al artículo 93, pues bastaría que la Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política propusiera los integrantes de estas comisiones a este pleno
legislativo, para que se eligiera a sus miembros. Yo me pregunto: ¿para qué adicionar
con un párrafo tercero el artículo 93 constitucional, si la facultad de pedir la
integración de las comisiones ya está contemplada en los artículos 45 fracción II y
47, a favor de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la Ley
Orgánica?
No se discute la facultad que tiene la
Cámara para aprobar los nombramientos de los integrantes de estas comisiones, incluyendo
las de índole investigadora, pero tratándose de las comisiones a que se refiere el
último párrafo del artículo 93, sólo debe hacerlo esta Cámara cuando una cuarta parte
de los diputados ha tomado la decisión de investigar el funcionamiento de los organismos
paraestatales antes mencionados y pide la intervención de esta Cámara, para que
formalice la integración. Es decir, la comisión no se va a integrar automáticamente por
el solo hecho de que lo pide la cuarta parte de los diputados, pues será el pleno
legislativo quien tome esa decisión, aprobando los nombramientos de los diputados que
habrán de integrarla.
Los derechos de las minorías forman
parte esencial de la democracia, por ello es que el Constituyente Permanente en la reforma
judicial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994, en
vigor el 1o. de enero de 1995 reiteró ese derecho de las minorías, al consagrar en el
artículo 105 fracción II de la Constitución, la facultad que tienen estas minorías
para entablar las acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia
contra disposiciones generales que sean contrarias a la ley suprema y es así como
establece que basta el 33% de los diputados, el 33% que integran los senadores, para
plantear la posible contradicción entre una ley federal o del Distrito Federal, ante la
Suprema Corte. Lo mismo debe decirse del derecho que tienen el 33% de los integrantes de
la Asamblea legislativa, tanto del Distrito Federal como de las legislaturas de los
estados.
Vean entonces que fue voluntad del
Constituyente Permanente reiterar de nueva cuenta el derecho de las minorías, al
establecer esa reforma que entró en vigor en 1995, para que éstas puedan plantear la
posible contradicción de una norma de carácter general en contra de la Constitución y
ahí la Suprema Corte de Justicia no es que esté facultada para conocer de esas acciones
de inconstitucionalidad, sino que tiene la obligación de iniciar el juicio, de admitir la
demanda, de llevar a cabo todas las actuaciones procesales que habrán de culminar con una
sentencia; ¡es obligación de la Suprema Corte, por el solo hecho de que lo pidan las
minorías y así debe entenderse, que es obligación de esta Cámara elegir a los
integrantes de las comisiones investigadores, porque lo piden las minorías!
Por tanto, los integrantes de la
comisión que investigará a la Conasupo, deben ser electos por este pleno legislativo,
porque así lo pide la cuarta parte de los diputados de esta Cámara.
Por su atención, muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor diputado.
Para el mismo tema y a nombre del
grupo parlamentario del PRD, el diputado Pablo Gómez Alvarez.
|
El diputado Pablo
Gómez Alvarez: |
Señoras y señores diputados:
Quisiera llamar su atención, en
primer lugar, sobre el tema que se discute; creo que ustedes deben saber que este debate
ha sido solicitado por el diputado Monreal, quien en mi opinión debió haber tomado la
palabra en primer término, sin seguir la costumbre del orden de intervenciones
establecidas, porque él tiene la intención de establecer una posición que, quizá sea
nueva o con matices diferentes, intuyo, sobre la interpretación de un artículo muy
importante de la Constitución Política del país, la fracción III del artículo 93 que
ha generado periódicamente controversias en esta Cámara.
Tiene la Cámara la facultad de
integrar comisiones investigadoras de los organismos descentralizados y empresas de
participación estatal mayoritaria, pero esta facultad debe entenderse no sólo como una
prerrogativa ni como una prerrogativa simple y sencillamente, sino como una de las
facultades de las cámaras del Congreso que deben ser ejercidas inexcusablemente.
Cuando la Constitución le otorga, por
ejemplo, al Ministerio Público la facultad exclusiva, por cierto, de perseguir los
delitos, el Ministerio Público debe hacerlo, no es una prerrogativa del Ministerio
Público decidir si persigue delitos o no los persigue; podríamos tener un procurador que
decidiera que ya no va a perseguir los delitos de México, considerando que su facultad es
discrecional.
Hay algunos juristas que consideran
que las facultades pueden ser discrecionales, en cuyo caso estamos hablando, no de las
facultades constitucionales que otorga la Carta Magna a los poderes y a las instituciones
públicas.
¿Qué ocurre cuando una autoridad no
ejerce la facultad que obligatoriamente debe ejercer, bueno, hay una ley que lo prevé, la
misma Constitución desde luego lo hace y podemos nosotros procesarlo por omisión.
No sólo se cometen faltas por
acción, sino también por omisión, por falta de cumplimiento del deber.
La facultad de la que habla la
fracción III del artículo 93 o el párrafo tercero del artículo 93 de la Constitución,
es algo que inexcusablemente deben hacer las cámaras cuando se reúne el requisito
también previsto aquí por la Constitución.
La Constitución dice que las cámaras
tendrán la facultad de investigar cuando ocurra un determinado suceso. ¿Cuál es ese
suceso? Que es la condición sin la cual no se puede ejercer esa facultad o no existe esa
facultad: que la cuarta parte de la Cámara lo planteé de esa manera.
Al establecerse esto, cumplía la
condición, debe procederse a nombrar la comisión y a llevar a cabo la investigación,
pero si no existe la cuarta parte de la Cámara que así lo desea, un solo diputado o 124
diputados son insuficientes para lograr que se integre la comisión investigadora.
Es un derecho de minoría, pero de
minoría suficiente; podríamos decir de minoría calificada, no de cualquier minoría.
En el caso del Senado y creo que aquí
está la clave de la interpretación de este párrafo, no se pide la cuarta parte, sino se
pide la mitad. Resultaría absurdo que la Constitución calificara el requisito para
establecer una comisión investigadora en el Senado, con la mitad de los senadores y
encima de ello tuviera la Cámara de Senadores que votar si acepta la petición de la
mitad de los senadores o la desecha.
Entonces, uno de los puntos relevantes
de este debate es: si la Cámara puede negarse, si la mayoría de la Cámara puede negarse
a la integración de la comisión investigadora. Hemos sostenido durante casi 20 años que
no, que esto no es así y el Partido Revolucionario Institucional ha tenido hasta este
momento y a reserva de lo que escuchemos de parte de uno de sus portavoces, el diputado
Monreal, dos posturas a este respecto hasta ahora:
Primera postura asumida en 1980,
cuando propusimos la creación de la primera comisión investigadora para investigar a una
empresa de participación estatal mayoritaria, Teléfonos de México, S.A. El PRI asumió
entonces, estaba recién aprobada esta adición constitucional, que era suficiente la
firma de los 100 diputados que patrocinamos este planteamiento. La Cámara se componía de
400, de los cuales 100, exactamente 100 eran de partidos de oposición, o 101, algo así.
En la Constitución se estableció
dentro de la reforma política aquella promovida por Reyes Heroles y el entonces
presidente López Portillo, que se requería una cuarta parte, porque el diseño de la
reforma era darle a la oposición la cuarta parte de las curules y así quedó el tercer
párrafo del artículo 93. Si toda la oposición quiere que la Cámara investigue un
organismo descentralizado o una empresa de participación estatal y sujeta o no sujeta al
presupuesto, controlada o no controlada en el presupuesto federal, tiene que hacerse
obligadamente, la Cámara debe proceder a hacer la investigación, puesto que la
integración de la comisión investigadora no prejuzga el resultado de la
investigación, investigar no quiere
decir que se van a encontrar irregularidades, cosas criticables o situaciones punibles,
vamos a decir.
Ahora, tampoco tienen las comisiones
investigadoras la capacidad que los abogados llaman de trasladar automáticamente su
investigación al plano, digamos, penal, sino simplemente darle informe al Presidente de
la República, se supone que para que éste tome las providencias del caso.
Ahora bien, la primera posición que
asumió el PRI fue la correcta, aceptó la investigación de Teléfonos de México, no se
votó en el pleno, se nombró a las personas integrantes de la comisión, éstas hicieron
una investigación completamente superficial porque el PRI se negó a averiguar las
interferencias de los teléfonos que llevaba a cabo la Secretaría de Gobernación y
algunas otras dependencias del Ejecutivo y entonces propuso que se legislara en la
materia, porque ni siquiera era un delito hacer interferencias telefónicas y la
investigación concluyó apresuradamente, antes de haberse realmente realizado en una
iniciativa de ley.
Aquí en esta segunda fase, después
de haber asumido el PRI la posición correcta en cuanto a la interpretación del precepto,
asumió, como era de esperarse, la posición incorrecta en relación con la
investigación.
Años después el PRI tomó, de
repente unos juristas llegaron aquí a la Cámara, yo digo que no son juristas porque
eran, siguen siendo, están ahora en otros puestos, personas que acomodan sus
interpretaciones a los intereses políticos de su grupo, de su jefe, de sus contactos.
Entonces inventaron la tesis de que una vez que la cuarta parte de la Cámara presenta un
documento para la creación de una comisión investigadora, la Cámara debe votar si lo
acepta o no lo acepta.
Los diputados tenemos derecho de
iniciativa, podemos proponer una ley individualmente y de ahí se deriva el derecho a
hacer proposiciones en la Cámara, recogido este derecho en el reglamento.
Para proponer que se cree una
comisión, la que sea, no hace falta tener la cuarta parte, un diputado puede venir aquí
a hacer la propuesta y la Cámara votarla. Cuando se pide el requisito de una minoría
necesaria, es porque ya no se requiere la aprobación de la mayoría, sino que la facultad
de investigación debe ejercerse desde luego, integrarse esa comisión y, durante el
tiempo de su función, ir al fondo de dicha investigación, hacer en efecto la
investigación necesaria.
Ahora vamos a escuchar, tal vez, no lo
sé de cierto pero lo supongo, como dijo el poeta, la otra o quizá una tercera
interpretación de parte del grupo priísta.
Reitero que me hubiera gustado, creo
que a Monreal también, ser él, que fuera él mismo el ponente y pusiera a consideración
su nueva interpretación.
Sólo quiero decir lo siguiente:
Nosotros presentamos el planteamiento
de que se creara la comisión con 125 ó 126 firmas, entonces el PRI ha presentado otra
paralela, a sabiendas de lo que íbamos a hacer diputados que pertenecen a cuatro grupos
parlamentarios, firmada por 200 y tantos diputados priístas, dando a entender que los 126
más los 200 y tantos del PRI eran suficientes para tener la mayoría.
Bien, la tesis de que este
planteamiento tiene la mayoría, es también inaceptable. Son dos solicitudes paralelas
que se tienen que ver como eso, paralelas. Por un lado son 200 y tantos, son minoría,
inmediatamente se hace la comisión. Por otro lado son 126, minoría, se hace la
comisión, pero como se trata de la misma comisión, sólo habrá una comisión.
Muchas gracias.
Para el mismo tema y a nombre
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Ricardo
Monreal Avila.
|
El diputado
Ricardo Monreal Avila: |
Señor Presidente; honorable
Asamblea:
Me alegra el curso de la
deliberación. Solicité el uso de la palabra para fijar por segunda ocasión la posición
del grupo parlamentario del PRI, en torno a la propuesta a la que se le ha denominado de
buena fe de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política sobre la
integración de la Comisión de Investigación de la Conasupo.
Los legisladores del PRI propusimos la
constitución de esta comisión de investigación, con fundamento en el párrafo tercero
del artículo 93 constitucional, pero no con el propósito que aquí anotaba el diputado
Gómez.
Como se recordará, todos los grupos
parlamentarios coincidimos en la propuesta, la que fue debatida y apoyada, habiéndose
turnado a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Hoy el pleno ha votado su
integración; sin embargo, como bien dice el diputado Gómez, se ha suscitado a través
del tiempo, desde en 1977, que esta facultad se incorporó en el artículo 93
constitucional último párrafo, una controversia, una controversia sobre la
interpretación de este párrafo último del 93 constitucional y precisamente por eso es
la necesidad de fijar la posición en aras de la búsqueda de evitar esa controversia y de
fijar una reglamentación o regulación mínima a las comisiones de investigación.
El ejemplo que pone el diputado Gómez
sobre el Ministerio Público, me parece que es un ejemplo afortunado, es un ejemplo
correcto, porque el Ministerio Público, señores diputados, actúa con base a una ley,
actúa con base a reglas claras que se establecen en el código sustantivo y adjetivo en
materia penal y recuérdenlo bien, señores diputados, los que son litigantes y abogados,
que hay en todas las fracciones parlamentarias lo saben, que si el Ministerio Público se
excede de sus facultades y de sus funciones, éste vulnera el principio de legalidad.
Sólo puede hacer lo que la ley le permite; sólo debe de hacer lo que la ley le faculta.
Si el Ministerio Público o cualquier
otra autoridad excede su mandato legal, éste incurre en responsabilidad y puede ser
sujeto de juicio político o de juicio de responsabilidad penal, por eso me parece
correcto y me parece muy afortunado el ejemplo que aquí señala el diputado Pablo Gómez.
Lo que no podemos negar es que existen
vacíos jurídicos graves, que deben señalarse para intentar de manera sensata establecer
reglas claras que cubran y sustituyan estas ausencias normativas.
Quisiera, señoras diputadas y
diputados, pedir su atención y su tolerancia, porque quisiera remontarme a algunos
antecedentes de derecho comparado y algunos antecedentes en el derecho mexicano.
La obligación de los secretarios del
despacho, de proporcionar información al Congreso, existe en nuestra legislación desde
el siglo pasado.
Una reforma al artículo 93 en 1974,
incluyó la obligación de los jefes del departamento administrativo, los directores,
administradores de los organismos descentralizados, federales y de las empresas de
participación estatal, de informar a las cámaras.
Otra reforma fue en 1977, se
estableció el derecho del Congreso para integrar comisiones de investigación.
En 1994, otra reforma incluyó
también en esta obligación al Procurador General de la República. La reforma
constitucional concedió a las cámaras, en efecto, la facultad de pedir que se
investiguen a estas entidades gubernamentales, pero no necesariamente como la
interpretación aquí se ha sostenido, sino como un requisito para solicitar la
integración de comisiones de esta naturaleza.
Ha sido común en la practica
parlamentaria ejercer las facultades de investigación mediante comisiones, que aquí ya
comentó algunas, el diputado Gómez, cuando existían razones trascendentes de
conformidad con el artículo 93 constitucional. Así tenemos que en nuestro país el
Congreso realiza esa función de control sobre los actos del Ejecutivo, por medio de estas
comisiones.
En mi explicación, acudo al derecho
comparado por no existir disposición reglamentaria en nuestra legislación. En los
países con tradición parlamentaria las comisiones de investigación son creadas todas
ellas por acuerdo del pleno de las cámaras o del parlamento. Incluso la iniciativa para
instituir la comisión de investigación puede provenir del Gobierno, puede provenir de
las cámaras o incluso de uno o dos grupos parlamentarios, no es pues, desde nuestro punto
de vista, correcta la apreciación si atendemos el derecho comparado, la que aquí se ha
expresado.
Una revisión somera de las facultades
que este tipo de comisiones tienen en otros parlamentos del mundo, nos permitiría un
acercamiento para delimitar su competencia y atribuciones.
En la Constitución española, se
establece la facultad de nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de
interés público. Aún más, por disposición reglamentaria se requiere la propuesta del
pleno, del Gobierno o de la mesa o de dos grupos parlamentarios o de la quinta parte de
los miembros de la Cámara, para poder crear comisiones de investigación.
Como vemos, no es un derecho exclusivo
de la minoría, en cualquiera de las cámaras, la propuesta para la creación de esta
comisión precisa ser invariablemente aprobada por el pleno de la Cámara.
ás aún; en Alemania sucede lo mismo,
que es quizá el referente de nuestro país, se establece esa misma facultad de la quinta
parte de los integrantes del Bundestag, sin embargo, también tiene que establecerse esa
facultad y tiene que aprobarse la deliberación del curso de las investigaciones y la
integración por el pleno del Bundestag.
En los Estados Unidos y en Gran
Bretaña existen los select commitee o comités selectos, que por cierto en los Estados
Unidos ha ido perdiendo importancia e interés de los diputados, porque les han ido
atribuyendo facultades a las comisiones y a los comités ordinarios.
En Holanda, fue el primer país que
reguló las comisiones de investigación en 1850, sin embargo, podemos concluir que en
todos estos países, Italia, que tiene una especie de investigación seudojudicial o cuasi
judicial, porque ahí es aplicable la normatividad penal para las comisiones de
investigación, es decir, pueden citar a funcionarios, pueden allegarse información,
archivos, comparecencias, citación. Tienen esas facultades amplias de ser comisiones de
investigación casi judiciales o cuasi judiciales.
Pero en todas ellas, señores
diputados y ésa es nuestra preocupación y ésa es nuestra propuesta, en todas ellas y en
nuestro país no existe, están reguladas por ley especial o reglamento; disponen de una
duración determinada, aquí se ha establecido un año, normalmente se establecen seis
meses, incluso en asuntos delicados, como el que sucedió en España con la comisión
Flic, hace unos años, cuando se investigó el financiamiento irregular al PSOE y que
duró, fíjense ustedes cuánto duró la comisión de investigación, tres meses y los
parlamentarios decían que ya era excesiva la duración.
También tienen reglas claras y
precisas en cuanto a la fuerza numérica de los grupos parlamentarios, su integración y
todas ellas, como lo dije, son aprobadas por la mayoría del pleno.
Sus actuaciones están reguladas;
todas concluyen con un informe que contiene recomendaciones generales, aquí en nuestra
legislación sí lo prevé.
Las cámaras o asambleas legislativas
están facultadas para solicitar información y comparecencia e incluso, señoras y
señores diputados, en algunos países tienen hasta el poder de imponer sanciones a
quienes no acudan al citatorio y a la comparecencia de esa comisión de investigación de
los parlamentos o las asambleas legislativas.
Y en muchos países también se
establecen mecanismos de defensa de los particulares y de los servidores públicos en su
vida privada y su actuación pública, para no generar estados de indefensión ni vulnerar
derechos y libertades elementales de los ciudadanos.
Por esa razón, en efecto, persiste la
controversia y aquí escuché al diputado del PAN, que decía que no era una integración
automática y ésa es la discusión, ésa es la discusión y por eso queríamos fijar
nuestra posición más allá de la controversia suscitada en las diversas integraciones y
Pablo bien lo recuerda en 1989, más allá nuestra preocupación es cómo establecer una
reglamentación normal, adecuada, correcta, a través de la cual deben de funcionar estas
comisiones de investigación.
No es, pues, exacto que nos opongamos
a la integración; no es, pues, exacto que neguemos que se investiguen los organismos
públicos descentralizados o las empresas de participación mayoritaria o cualquier otra
que señale el párrafo tercero del 93 constitucional. Lo que nosotros creemos es que
tiene que analizarse...
|
El
diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Señor Presidente, quisiera
hacer una pregunta al orador.
¿Señor diputado Monreal?
|
El
diputado Ricardo Monreal Avila: |
Acepto.
El diputado Monreal acepta su
pregunta, señor diputado Gómez. Le suplico a la señorita edecán que conceda el
micrófono al diputado Pablo Gómez Alvarez. Suplico detener el reloj, no le contaremos
este tiempo que dure la interpelación.
|
El
diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Diputado Monreal, si la
Constitución dijera que es facultad de las Cámaras integrar comisiones investigadoras
para los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria,
¿cuál sería el procedimiento? Si usted me contesta que muy sencillo, se propone y la
Cámara vota si la integra o no.
La siguiente pregunta sería, para no
estar haciendo aquí una sesión de preguntas y respuestas, porque bien es cierto que el
Ministerio Público sirvió para poner un ejemplo, pero aquí no es agencia del Ministerio
Público, si fuera el mismo procedimiento que ustedes han sostenido que debe hacerse, si
la Constitución dijera eso ¿Para qué la Constitución dice: a pedido de una cuarta
parte de diputados y a pedido de la mitad de los senadores? ¿Por qué lo dice? ¿A
propósito de qué lo dice? ¿O por qué viene a cuento en la Constitución?
Segunda pregunta. ¿Por qué la
Cámara no tiene más que en caso la facultad de integrarlas y no de manera permanente
como cualquier otra facultad, sólo cuando haya una cuarta o sólo cuando haya la mitad?
Esta es la segunda pregunta ligada a la anterior.
Y por último, yo le pediría que
viéramos el asunto en su integridad. No sólo es la facultad de esta Cámara, sino
también la del Senado, porque está en el mismo párrafo, se refiere la Constitución a
ambas cosas y hay que discutirlo completo, de lo contrario no es fácil interpretar un
texto constitucional.
Por sus respuestas, gracias.
|
El
diputado Ricardo Monreal Avila. |
Mire, diputado Pablo Gómez. El
referente del Ministerio Público usted lo tocó y me parece que es importante, por eso yo
sostengo, reafirmo, ratifico que es un ejemplo afortunado, porque el monopolio de la
persecución de los delitos y de la integración de las averiguaciones previas, le
corresponde al Ministerio Público.
Y fíjese usted, diputado, hay un
referente en el artículo 20 constitucional y 21 constitucional, ese es el postulado
general de nuestra Carta Magna, esa es la parte fundamental, pero que aquí está la
explicación, diputado Pablo Gómez, pero este artículo es regulado y es reglamentado en
leyes reglamentarias o secundarias. Hay un Código Penal y hay un Código de
Procedimientos Penales, todo lo que hace al Ministerio Público tiene que estar en ese
ordenamiento jurídico, no puede excederse y no puede hacer nada que no lo faculte ese
ordenamiento jurídico.
Si él, la autoridad, hace o realiza
actos de autoridad que no estén en este ordenamiento jurídico, entonces él incurre en
responsabilidad, hay límites y no pueden invadir esferas de competencia de ninguna otra
autoridad.
Ahora bien, diputado, usted dice:
¿cuál es el procedimiento? ¿Cuál debiera ser el procedimiento?, me pregunta usted. Yo
le respondo: el procedimiento para mí, desde mi punto de vista sería, que el párrafo
tercero, fuera reglamentado para establecer una ley especial, que estableciera o que
dijera, cuáles son los límites de esas comisiones de investigación, cuál es su
duración, cuál es su objetivo, cuál es su esfera de competencia, cómo se integrará y
cómo establecerá sus decisiones. Es o en una ley especial o en el propio reglamento o
incluso, diputado, si más no se puede en este momento, a través de acuerdos
parlamentarios. Nosotros estamos dispuestos a llegar a eso, lo que queremos es que haya un
marco jurídico y normativo, a través del cual las comisiones de investigación que se
constituyan de acuerdo con el artículo 93, tengan ya señaladas cada una de sus
facultades y atribuciones, tengan establecidos sus límites, tengan señalada su
naturaleza jurídica y no como actualmente se tiene de manera ilimitada y no regulada.
Por eso, diputado Pablo Gómez, sí es
facultad de las minorías solicitarlo, que quede claro; nosotros sí creemos que es
facultad de las minorías, en el caso de la Cámara de Diputados el 25% y en el caso del
Senado, como lo establece también el artículo constitucional.
Sin embargo, atendiendo al derecho
comparado, todas las propias investigaciones, el curso de las investigaciones, la
integración, la duración, la naturaleza, el objetivo, tiene que ser definido por la
mayoría parlamentaria.
Por supuesto que estamos de acuerdo,
por eso es que quiza les extrañe, pero sí estamos de acuerdo en que se regule y lo
podemos hacer antes de que inicien los trabajos de las comisiones, antes de que inicien
los trabajos de esta comisión y de otras que se habrán de constituir.
Les pregunto señoras diputadas y
diputados: ¿conforme a qué criterios van a funcionar estas comisiones de investigación?
¿Conforme a qué lineamientos van a funcionar estas comisiones?
|
El
diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Señor Presidente.
Si me permite el orador.
Señor diputado Pablo Gómez, ¿con
qué objeto señor diputado?
|
El
diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Quisiera agradecer al señor
diputado Monreal y a usted por su respuesta.
Muchas gracias.
Gracias, señor diputado Pablo
Gómez.
Concluya el orador la respuesta al
diputado Pablo Gómez, para continuar con su intervención.
|
El
diputado Ricardo Monreal Avila: |
Seguiré practicando, señores
diputados la tolerancia.
Me ha dicho el diputado Pablo Gómez,
que está satisfecho con la respuesta, yo continuaré con mi intervención diputado Pablo
Gómez.
Compañeros, diputadas y diputados:
tenemos que establecer consideraciones generales respecto de la reglamentación del tercer
párrafo del artículo 93 constitucional.
Hoy, es una exigencia, hoy constituye
una demanda, hoy es una tarea inaplazable, expresamos nuestra posición de hacerlo de
inmediato. Nosotros creemos que la ausencia de un ordenamiento jurídico, de un
ordenamiento normativo que regule el trabajo de estas comisiones de investigación, puede
degenerar y puede desnaturalizar el trabajo del Poder Legislativo.
No tiene nada de malo, es normal que
se establezcan funciones y facultades, por eso es que constituye una necesidad determinar
el régimen jurídico que debe de corresponder a las comisiones de investigación. Tiene
que comprender su naturaleza, el procedimiento de su creación, su funcionamiento y lo que
aquí ya he expresado.
Es conveniente también expresar
nuestra posición. Como se ha quedado estampada en esta intervención y con la pregunta
del diputado Pablo Gómez, nuestra posición es clara y firme en el sentido de que
constituyamos todas las comisiones de investigación, cuyo propósito esté claramente
regulado y definido.
Nosotros creemos que reglamentando y
regulando este trabajo, habremos de cumplir con una mejor cultura legislativa, iremos
construyendo y evolucionando en nuestro quehacer público y creo que estableciendo un
marco jurídico, sería lo correcto para que los integrantes, diputados de estas
comisiones, supieran conforme a qué criterios normativos se debe de actuar. No se puede
dejar en la indefinición y en la inexactitud, estas funciones.
Los convocamos con seriedad a trabajar
en esto.
Sé que en el PAN y en el PRD; hay
buenos abogados y sé que ellos saben que tengo razón.
Por la atención y su tolerancia,
muchas gracias.
Tiene la palabra, para
rectificación de hechos, el diputado Bernardo Bátiz, hasta por cinco minutos.
|
El
diputado Bernardo Batiz Vazquez: |
Señor Presidente, con su venia;
señoras y señores diputados:
|
El
diputado Monreal, la verdad es que no contestó la pregunta que le hizo el diputado
Gómez. Se fue por los cerros de Ubeda y la verdad es que desaprovechó la oportunidad de
contestar la interrogante que hubiera dejado con toda claridad la posibilidad de
interpretar el párrafo tercero del artículo 93, sin necesidad de buscarle muchos
vericuetos al asunto. |
Lo cierto es que para solicitar
la integración de una comisión, para solicitarla, no se necesita la cuarta parte de los
diputados, basta un diputado, bastaría un ciudadano ejerciendo el derecho de petición
para solicitarlo, podría ser el Presidente de la República. Una petición puede ser
hecha por cualquiera y una propuesta concreta a la Cámara de Diputados, puede ser hecha
por un solo diputado.
La intención del legislador es
evidente y cuando está la intención del legislador clara, no hay que enredar las cosas
para buscar una interpretación, citando legislaciones extranjeras que no son las
adecuadas para este país.
Es clarísimo que si el legislador
constitucional exige que la Cámara ejerza su facultad de nombrar la comisión cuando la
cuarta parte de los diputados lo soliciten, está dejando a entender que no puede eludir
el ejercicio de esta facultad la Cámara cuando se lo pide la cuarta parte. Es
efectivamente un derecho de la minoría, no un derecho a solicitarlo, para eso bastaría
un diputado. Sería incongruente, sería ilógico que se exigiera para una iniciativa, la
presentación de la cuarta parte de las firmas de los diputados.
Recuerden, diputado Monreal y abogados
que lo asesoran, que don Eduardo García Maynes hablaba de la facultad de cumplir la
obligación, que el término "facultad" no les parezca inadecuado, que no les
dé a ustedes la idea de que el que está facultado a algo necesariamente puede optar
entre hacerlo o no hacerlo; también existe, como decía el maestro García Maynes, la
facultad de cumplir la obligación y es éste el caso, es éste el caso: basta que la
cuarta parte de los diputados lo exijan para que esté obligada la Cámara a nombrar esa
comisión. Esto me parece a mí una interpretación que no da lugar a dudas, de otra
manera tendríamos que pensar que el legislador constitucional no supo lo que estaba
haciendo.
Pero ¿Qué es lo que está atrás de
todo esto? Está el afán de cubrir las cosas, de esconder algo que debe estar claro y a
la luz de todos. Cuando se pide que se nombre una comisión que investigue como están los
gastos de campaña del gobernador Madrazo, se oponen porque dicen "que no tenemos
facultades para hacerlo". Cuando se pide que se nombre una comisión, que se
establezca una comisión para investigar a las empresas de participación estatal o a las
empresas del sector descentralizado de la economía, se oponen porque dicen "que no
hay reglamentos".
Parece que más bien es una maniobra
para detener que se hagan las investigaciones, todo lo que sea posible para que no se
aclaren las cosas, para que sigan ocultas, para que sigan escondidas. Nosotros queremos
que se investigue y no hace falta, necesariamente una ley reglamentaria ni un marco
jurídico además del que establece la Constitución, basta que acudamos al diccionario
para saber lo que es investigar. Está en el mismo artículo constitucional el efecto de
la Constitución, basta investigar y entregar el resultado de la investigación a quien
está destinado, según la misma Constitución.
Y finalmente ¿Por que no son de
aplicación en este país, los argumentos que han sido dados en otros países para que sea
la mayoría o el pleno de la Cámara el que tome la resolución? Porque México ha sido un
país de excepción, porque las minorías hemos tenido que ir arrancando paulatinamente
los derechos y las facultades que necesitamos para que se avance hacia la democracia.
Porque si no se hubiera establecido este artículo como un derecho de la minoría, nunca
hubiéramos obtenido hasta esta legislatura una resolución favorable, porque la mayoría
siempre hubiera estado decidida a negarse a que se investigaran los malos manejos posibles
de las empresas descentralizadas.
Muchas gracias.
Gracias, diputado Bátiz.
|
El
diputado Ricardo Monreal Avila (desde su curul): |
Pido la palabra.
¿Con qué objeto, diputado
Ricardo Monreal?
|
El
diputado Ricardo Monreal Avila desde su curul): |
Para contestar alusiones
personales.
Para contestar alusiones
personales, tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal, hasta por cinco
minutos.
|
El
diputado Ricardo Monreal Avila: |
Señor Presidente; honorable
Asamblea:
Diputado Bátiz, no, le aseguro que no
me ando por los cerros y ésa no es la intención, se lo digo con respeto y con seriedad.
Intenté dar un debate serio y no acepto que usted me diga que ando por los cerros. Si a
usted no le satisfizo la respuesta a la interrogante del diputado Pablo Gómez, es otra
cosa; él se declaró satisfecho y por eso corté la respuesta.
Déjenme decirles, señores
diputados...
Si me permite, señor diputado.
Señor diputado Ricardo Monreal, yo le
agradeceré mucho se dirija a la Asamblea, una vez que ya se dirigió de manera personal
al diputado Bátiz, sí le agradecería que se dirigiera a la Asamblea, si fuera tan
amable.
|
El
diputado Ricardo Monreal Avila: |
Es correcto, señor Presidente y
así lo haré.
El acudir a el derecho comparado,
señoras y señores diputados, no es malo; aquí se ha hecho en distintas ocasiones y
tenemos que aceptar que nuestro derecho, el civil, el privado, el constitucional y el
parlamentario, está influenciado enormemente por otros países. Las instituciones incluso
públicas han tomado como referencia el que haya otras legislaciones o el que en otros
países, no copiado, pero sí tratado de aprovechar la experiencia de esos otros sistemas
jurídicos; del anglosajón, del francés, del italiano, del alemán; incluso en la propia
ley electoral y en otras instituciones, por supuesto que han tenido una enorme influencia
otros sistemas jurídicos contemporáneos. No debe de extrañar en un análisis y
discusión sería el que se acuda a fuentes del derecho o a distintas interpretaciones que
retomen y que contemplen distintos países del mundo.
Yo creo que es un falso debate, por
eso yo no quise y afirmé con contundencia negar que se trata de un derecho de la
minoría. Nosotros afirmamos con seriedad que esta facultad contemplada en el 93
constitucional párrafo último, merece, amerita, exige desde nuestro punto de vista, que
quizá otros no compartan, pero finalmente es un punto de vista, el que se reglamente y se
regule.
A nosotros nos parece que no es
suficiente la disposición constitucional contenida en el 93. A nosotros nos parece que
hay ausencia normativa. A nosotros nos
parece que hay vacíos jurídicos
enormes y que tenemos que regularlo con seriedad y responsabilidad.
Negamos categóricamente que nos
neguemos a que se integren estas comisiones. ¡Negamos categóricamente que se trate de
una maniobra o estrategia! ¡Negamos categóricamente que no deseemos que se aclaren si
hay irregularidades! Lo único que deseamos es que esta Cámara actúe con responsabilidad
y con una regulación. ¡No es malo! ¿Por qué negarse a regular las funciones de la
comisión de investigación? ¿Por qué negar que se regule el trabajo de las comisiones?
¿Por qué negar que se establezca en una norma jurídica la duración, la naturaleza, la
capacidad de convocatoria, de citatorio, por qué negar eso? ¿A qué se le teme?
¡Y por esa razón vamos a ponernos de
acuerdo, vamos a intentar de manera plural y consensada buscar ese ordenamiento jurídico,
esa normatividad! ¡Todas las instituciones funcionan así, todas las autoridades
funcionan así! ¿Por qué, pues, intentar desviar el tema fundamental?..
iputada, siempre que usted habla yo la
escucho con respeto. Le pido el mismo respeto.
Luego entonces, vamos haciéndolo.
Luego entonces si estamos ahorita en este momento en la Comisión de Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias haciendo acuerdo e intentando reglamentar las sesiones,
votaciones, ¿por qué no hacer el trabajo de las comisiones investigadoras? ¿Cuál es su
alcance? ¿Cual es su alcance? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cual es el propósito?,
conforme al 93 constitucional párrafo tercero.
Gracias, señor Presidente.
Para contestar alusiones
personales, tiene el uso de la palabra el diputado Pablo Gómez, hasta por cinco minutos.
|
El
diputado Pablo Gómez Alvarez: |
Señoras y señores diputados:
Aquí se ha venido a decir, que juntar
una cuarta parte de la Cámara es un requisito para solicitar, cito textual la
integración de una comisión. Esto es lo que negamos, lo hemos negado antes y lo seguimos
negando hoy; no era necesario que la petición para crear la Comisión de la Conasupo,
cuyos integrantes se han nombrado hoy, presentáramos un planteamiento con 126 figuras.
Pudimos haber juntado más de 250 firmas, ¿por que se hizo así?, porque hoy, que no era
necesario, reivindicamos lo mismo que antes.
Cuando no había aquí en esta Cámara
una mayoría para garantizar que se cumpliera la Constitución en materia de integración
de comisiones investigadoras, exigíamos el respeto de ese precepto constitucional y de
ese derecho de la minoría; hoy, que la situación ha cambiado y que ya no existe esa
mayoría que impedía la formación de comisiones investigadoras, seguimos planteando el
mismo punto de vista.
Entonces ni es un falso debate ni hay
que hacer uso del derecho comparado en esta cuestión; se compara el derecho cuando se va
a legislar, se recopilan los puntos, las cosas, las ideas, cómo funcionan en otros
países, pero no para interpretar la Constitución; para eso, se analiza el derecho
constitucional; para eso también los motivos de las causas por las cuales quien modificó
la Constitución lo hizo en determinado sentido.
Entonces, aquí la cuestión está
también en que sí se ha negado el PRI y ésa es su tradición, a la conformación de las
comisiones investigadoras violando la Constitución del país: Infonavit, Comisión
Federal de Electricidad, Banpesca que fue un gran escándalo, que se suspendió la
sesión, el Presidente de la mesa directiva al reanudarla eliminó ese punto del orden del
día que había quedado pendiente y tres grupos parlamentarios de la Cámara se negaron a
seguir en el recinto mientras el Presidente no reconociera el error y la violación que
había cometido del Reglamento, a lo que algunos le llamaron "huelga
parlamentaria" y que fue un gran conflicto y todo, para impedir la formación de una
comisión investigadora y la tradición en México era, hasta hoy, que la mayoría,
violando la Constitución, impedía la formación de las comisiones investigadoras.
Y a propósito entonces, este debate
que no es falso, hoy decimos aquí y proclamamos, rescatamos ese precepto de la
Constitución, que desde luego puede ser modificable o reformable como cualquier otro.
Aceptamos y estamos de acuerdo en que
el reglamento de la Cámara diga cómo deben funcionar las comisiones, nadie ha negado
eso, que no se sostenga ese punto de vista en esta Cámara y en esta tribuna, simplemente
lo que reivindicamos es, que 125 señores diputados en esta Cámara, son suficientes para
que ella obligatoriamente, cree y haga funcionar y que cumpla con su deber, una comisión
investigadora de organismos paraestatales de cualquier género. Ese es el punto.
Muchas gracias.
Gracias, diputado Pablo Gómez
Alvarez.
Se concede el uso de la palabra al
diputado Bernardo Bátiz Vázquez, para contestar alusiones personales, hasta por cinco
minutos.
|
El
diputado Bernardo Bátiz Vázquez: |
El giro cerros de Ubeda,
señores diputados, es una expresión de la literatura clásica del Quijote. Me dicen por
aquí que se usa para decir cuando alguien no entra directamente a un argumento y se va
por los recovecos y las veredas laterales. No es de ninguna manera ofensivo.
Pero yo quisiera recordarles otro
debate sobre el mismo tema en esta misma Cámara...
Si me permite el diputado orador
y que detengan el reloj.
¿Con qué objeto, diputado?
|
El
diputado Jesús José Villalobos Sáenz (desde su curul): |
Para una moción de orden.
Pedirle por favor al orador...
Si me permite, señor diputado.
Señorita edecán, déle el micrófono al señor diputado... Con todo gusto, diputado.
|
El
diputado Jesús José Villalobos Sáenz (desde su curul): |
Señor Presidente, solicitarle
con mucho respeto que los señores legisladores una vez que hayan terminado su
participación en la tribuna, guarden el debido respeto.
Hago un llamamiento al orden, de
manera general, para que se tenga respeto al orador y así podamos seguir con esta sesión
de suma importancia.
Prosiga el señor orador, diputado
Bátiz.
|
El
diputado Bernardo Bátiz Vázquez: |
Gracias, señor Presidente:
Nosotros creemos que hay artículos de
la Constitución que se aplican directamente sin necesidad de ninguna reglamentación.
Podríamos enumerar muchos, entre ellos la mayoría de los que establecen las garantías
individuales o derechos del hombre y hay otros. También es cierto que la no
reglamentación ha sido un argumento para darle cumplimiento a alguna disposición
constitucional. Para que no se repartieran utilidades a los trabajadores durante 40 años
no se reglamentó esta fracción del artículo 123 constitucional y durante mucho tiempo
no hubo reparto de utilidades a los trabajadores.
Yo creo que es una mala manera de
interpretar a la Constitución, no me opongo ni se opone nadie razonablemente a que se
reglamente este párrafo último del artículo 93; lo que sí sería inadmisible es que un
precepto constitucional no pudiera aplicarse porque las diversas legislaturas por 70 años
no se han ocupado de cumplir con su deber y no han reglamentado este párrafo del
artículo 93.
Mientras no se reglamente se aplica
directamente, no se necesitan procedimientos especiales. El artículo es clarísimo,
ordena que se forme una comisión investigadora y luego dice el destino que debe tener esa
investigación. Nada más. Eso, efectivamente ha sido motivo de muchos debates y ha sido
también la argumentación de no reglamentar una maniobra yo no diría quizá que de mala
fe, para que no se piense que estoy tratando de personalizar la discusión, pero sí se ha
usado ese argumento para evitar que se aplique un precepto constitucional que es muy
importante, que la opinión pública exige que se cumpla con él.
Sabemos todos los días cómo hay
fortunas inexplicables, cómo hay despilfarros, cómo se va por todos los agujeros el
dinero que es de todos, de todos los mexicanos y el pueblo exige que se aclaren estas
cuestiones y si tenemos la oportunidad de hacerlo a través de esta Cámara, me parece
simplemente inadmisible que por el pretexto de que no esté reglamentado el artículo 93,
se difiera el trabajo de la comisión que se va a formar.
La comisión se debe integrar y
podemos ponernos a trabajar y yo me ofrezco a hacerlo en la reglamentación del 93. Lo que
no podríamos admitir ninguno de los que estamos aquí presentes, es que el artículo que
es claro, la fracción última de este párrafo de este artículo, que no deja lugar a
dudas ni a interpretaciones, deje de aplicarse ahora por un nuevo argumento que no se
había dado antes y que es la de la falta de reglamentación.
Antes decían: "no pueden ustedes
solos obtener que se forme la comisión, se necesita que la mayoría lo apruebe";
ahora que aquí hay una mayoría que puede aprobarlo, sacan un nuevo argumento que es:
"no está reglamentado".
Vamos a hacerlo, vamos a nombrar la
comisión, que se ponga a trabajar y nosotros cumpliendo nuestro deber de legisladores,
nos ponemos a elaborar la ley reglamentaria que tanto les inquieta.
Muchas gracias.
Sí, diputada. María del
Refugio Calderón. ¿Para rectificación de hechos? Si me permite, porque tenemos una
lista de oradores. Voy a dar a conocer la lista de oradores que tenemos: Rubén
Fernández, de Acción Nacional; Abelardo Perales, de Acción Nacional; Gonzalo Rojas, del
Partido de la Revolución Democrática, María del Refugio Calderón, del Partido
Revolucionario Institucional y el diputado Ricardo Monreal, del Partido Revolucionario
Institucional el y... Sí, diputado. ¿Para rectificar hechos? Alonso Raya. Sí. ¿Gonzalo
Rojas? Después de Rubén Fernández, señor diputado.
Esta Presidencia va a intercalar cada
una de las intervenciones para que éste sea un debate, independientemente que me hayan
pedido algunos diputados primero, dos del PRD, dos del PAN, para ser un auténtico debate
entre uno y otro.
Se concede el uso de la palabra al
diputado Rubén Fernández, hasta por cinco minutos, para rectificación de hechos.
|
El diputado Rubén Alfonso Fernández Aceves: |
Con el permiso de la
Presidencia:
Creo que el tema de la reglamentación
de estas comisiones especiales de investigación no es el asunto que ocupa al pleno de la
Cámara el día de hoy. Con todo gusto el grupo parlamentario del PAN abordará esta
propuesta que hace el grupo parlamentario del PRI, en su oportunidad.
Pero no podemos hablar de reglamentar
un asunto respecto de cuya sustancia aún no nos hemos puesto de acuerdo. No se trata ya
aquí de hablar de la Conasupo o de hablar simplemente de comisiones de investigación; lo
que en realidad estamos aquí debatiendo, es la vigencia de principios democráticos
fundamentales, discutimos la disposición de todos los partidos políticos para crear
instituciones, procedimientos, mecanismos, que den cauce a la transformación del Estado
mexicano; en suma, desde nuestra perspectiva, estamos discutiendo ya la viabilidad de la
reforma de Estado.
Estamos discutiendo si los derechos de
las minorías parlamentarias valen por sí mismos o si es necesario que esté de acuerdo
la mayoría para que tengan algún valor; estamos discutiendo si las cámaras están o no
obligadas a integrar estas comisiones de investigación porque lo solicite así la
minoría.
Este tema del reconocimiento de los
derechos de las minorías, como ya se ha dicho, no es nuevo. Yo les plantearía que
además de los estudios de derecho comparado, hagamos también un análisis de política
comparada, no en Europa, más cerquita, en este continente, es más, en nuestra propia
República mexicana.
Podemos creer, como se dijo el martes,
que en el PRI se respetan las diferentes opiniones de los diputados, pero no podemos creer
que en el PRI se acepte la diferencia en los temas fundamentales, en los temas
constitucionales de valor político democrático fundamental para la nación mexicana.
Este tema respecto de que si hay o no
obligación de la Cámara para integrar las comisiones, es un tema que el propio PRI ha
discutido y de hecho ha superado ya en otros lugares del país, precisamente donde el PRI
es minoría en los congresos locales.
El 28 de marzo de 1996, ante la
Comisión Permanente del Congreso del Estado de Baja California, el grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional formuló una iniciativa de reformas a la
Constitución local para contemplar en la Carta Magna precisamente esta obligación de la
Cámara de integrar comisiones de investigación, a petición de la minoría, como es el
caso del PRI en Baja California.
En su exposición de motivos, el PRI
propuso y expuso argumentos que son universalmente válidos y que cito: "urge que se
redimensionen con toda responsabilidad las facultades y los derechos de las minorías, que
permitan que lo razonable y legítimo se vea reconocido y sean fuentes determinantes para
la toma de decisiones parlamentarias. En un congreso democrático las normas que rigen su
funcionamiento no deben dar lugar a la impunidad, lo cual comúnmente sucede cuando los
derechos de las minorías no están debidamente defendidos".
El grupo del PRI en Baja California,
que ha asumido con toda responsabilidad su papel de oposición y de minoría, argumentó:
"se considera necesario dotar a las minorías del derecho de petición trascendental
—dice la iniciativa—, para que puedan ejercer el papel que políticamente les
corresponde como contrapeso eficaz de quienes detentan la función gubernamental".
Por estas consideraciones el PRI
propuso en Baja California reformar la fracción 24 del artículo 27 de la Constitución
local, para forzar a que la Cámara de Diputados creara, a petición de la cuarta parte de
sus integrantes, comisiones de investigación obligatoriamente, según lo dice su propia
iniciativa.
La nación, señores, no está para
perder el tiempo ni sus representantes populares para titubeos.
Muchas gracias.
Se concede el uso de la palabra
al diputado Gonzalo Rojas, del Partido de la Revolución Democrática.
|
El diputado Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas Arreola: |
Muchas gracias, señor
Presidente; con su permiso: compañeras y compañeros diputados:
La propuesta de reglamentar el 93
constitucional, ya lo ha señalado aquí claramente nuestro vicecoordinador, Pablo Gómez,
no está reñida con lo que hemos venido planteando. Me parece que enfocarlo de esa
manera, como una oposición de nuestro partido a reglamentar el funcionamiento de las
comisiones especiales de investigación, trata de desviar el debate hacia la modificación
o más bien a la interpretación de la obligación que tiene la Cámara de Diputados para
integrar estas comisiones que establece el 93 constitucional.
Desde mi punto de vista y aunado a lo
que dijo el orador que me antecedió en el uso de la palabra, la evolución de la
composición de los congresos y particularmente del Congreso de la Unión, hace imperativo
que se establezca como un mandato a su vez imperativo de la Constitución en el 93
constitucional, que no deje lugar a dudas el que se creen, el que se formen las comisiones
de investigación para hechos específicos.
Desde mi punto de vista debiera de
dejarse de lado la discusión, el debate, sobre si la facultad implica que se pueda
cumplir o no con el pedimento de la formación de una comisión, acorde a lo que señala
el 93 y debería de señalarse más que la Cámara de Diputados está facultada, de manera
imperativa, que la Cámara de Diputados deberá constituir comisiones de investigación a
pedimento del porcentaje que se establece en el mismo artículo, para evitar ese debate
que permanentemente nos tiene en esta tribuna sobre algo que de cualquier forma se tiene
que hacer: la constitución de comisiones investigadoras para los fines que la propia Ley
Orgánica nuestra ya señala en el artículo 46.
La Ley Orgánica en su artículo 46
también faculta a esta Cámara de Diputados para que establezca los alcances de la
investigación, por lo que, desde mi punto de vista, debiera tal vez precisarse aún más
en el reglamento que deberá discutirse, pero ya está establecido en el 46 de la Ley
Orgánica, la facultad de la Cámara para acordar qué hechos específicos ha de
investigar la comisión que se cree.
Pero yo quisiera referirme a algún
aspecto que no se ha tocado aquí: las facultades de las comisiones de dictamen.
De acuerdo a lo que señala el
artículo 42, las comisiones de dictamen tienen facultades para solicitar información a
través de sus presidentes. Por supuesto que es diferente pero no hay que limitar las
facultades que tengan las comisiones a través de sus presidentes y habría que señalar,
desde mi punto de vista, que las comisiones de investigación se empaten con las
comisiones de dictamen que ya existen y en este caso por ejemplo, que la Comisión de la
Conasupo contemple dentro de sus integrantes a quienes forman parte de la Comisión de
Manejo y Distribución de Bienes de Consumo y Servicios, porque de sus investigaciones
lógicamente se deberán desprender algunas propuestas no punitivas necesariamente,
también algunas propuestas legislativas, que ayudaría mucho que las comisiones
estuviesen formadas también por los integrantes de las comisiones de dictamen, que las
comisiones de investigación que se formaran también estuvieran formadas por quienes ya
forman parte de las comisiones de dictamen del tema que se trata.
Y finalmente sería conveniente,
cuando se discuta lo relativo al artículo 93, que pudiésemos establecer que las
comisiones de investigación deberán hacer del conocimiento del Presidente de la
República, tal como actualmente se establece, los resultados de sus investigaciones, pero
también que deben hacerlo del conocimiento del propio Congreso y de la propia Cámara de
Diputados, para los supuestos que se dieran en cuanto a la posible aplicación de los
artículos 110 y 111 de la Constitución, que se refieren al juicio político y al juicio
penal.
Me parece que también habría que
considerar estos elementos a la hora que se discuta este tema y que se pueda facultar u
obligar a las comisiones investigadoras para que den a conocer al Congreso de la Unión
los resultados de sus investigaciones en las hipótesis, y con esto termino, gracias, en
las hipótesis de que deban aplicarse las demandas de juicio político o juicio penal
contra los servidores públicos de las instituciones investigadas.
Muchas gracias.
Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra la diputada
María del Refugio Calderón, para rectificación de hechos, hasta por cinco minutos.
|
La diputada María del Refugio Calderón González: |
Con el permiso de la
Presidencia; señoras y señores diputados:
Es una pena ratificar que desde esta
tribuna no pierden oportunidad los voceros de la oposición del llamado "Bloque
Opositor", para desprestigiar la acción legislativa, no sólo de esta legislatura,
sino de otras legislaturas en relación al tratamiento de nuestras leyes y de nuestros
actos, encaminados siempre a buscar que se aclare la justicia y que se aclare la ley.
La reglamentación de la que ahora
tanto han hablado y en la que en muchas ocasiones ha dicho que nosotros los priístas
siempre hemos bloqueado la creación de comisiones investigadoras, porque supuestamente
así atendemos a nuestros intereses personales o de grupo, es totalmente falsa en lo que
se refiere a la creación de comisiones investigadoras.
Este caso que hemos estado planteando
está perfectamente reglamentado, tanto en la Ley Orgánica del Congreso General como en
nuestro propio reglamento.
La Ley Orgánica del Congreso
determina que las comisiones investigadoras son las que se integran para tratar los
asuntos a que se refiere el párrafo final del artículo 93 constitucional; que de acuerdo
con éste, las comisiones investigadoras se pueden integrar por las cámaras, a pedido de
una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados y de la mitad, si se trata
de los senadores.
Su propósito es el de investigar el
funcionamiento de los organismos descentralizados federales o de las empresas de
participación estatal mayoritaria.
Pongan atención en lo siguiente...
Diputados, señora diputada
oradora. Esta Presidencia hace un nuevo llamamiento al orden a los señores diputados
hacia la oradora. Continúe la oradora.
|
La
diputada María del Refugio Calderón González: |
Es claro que de acuerdo con la
Constitución y la ley, no pueden existir más comisiones investigadoras que las aprobadas
por las cámaras en los términos del artículo 93 constitucional, pero para su creación
no basta con que se cumpla el requisito de la solicitud por el número de legisladores que
determina el texto de la ley fundamental, sino que la misma debe ser aprobada por el
pleno, mediante la propuesta específica que realice la Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política, la que, de acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso, es la
facultada para proponer a los integrantes de las comisiones y comités.
Quiero recordarles a todas las
señoras y señores diputados, que ya desde la LVI Legislatura, con mayoría absoluta de
priístas, la Cámara de Diputados aprobó en los términos antes expresados la Comisión
Especial sobre Investigaciones en la Conasupo con fecha 14 de diciembre de 1995.
Que no se diga aquí que los priístas
nos oponemos a que se cree este tipo de comisiones de investigación...
Que concluya la oradora.
|
La
diputada María del Refugio Calderón González: |
Deberán aclararse todos
aquellos supuestos con los que ustedes hacen proselitismo político, en contra de nuestro
partido y de nuestro gobierno, de nuestros gobiernos priístas, no nos oponemos a ello...
Señora diputada, su tiempo ha
concluido.
|
La
diputada María del Refugio Calderón González: |
De esa estrategia y de esa
bandera tan ampliamente conocida por el pueblo de México.
Para rectificación de hechos,
se concede el uso de la palabra al diputado Abelardo Perales, hasta por cinco minutos.
Declina el diputado Abelardo Perales. Se concede el uso de la palabra al diputado Alonso
Raya, para rectificación de hechos, hasta por cinco minutos.
|
El
diputado Agustín Miguel Alonso Raya: |
Gracias, diputado Presidente;
compañeros diputadas, diputados:
Quiero hacer algunas precisiones y
rectificar hechos, en relación a este debate que se ha establecido, por la
interpretación que se hace del artículo 93 constitucional:
1o. Creo que todos estamos conscientes
de que la comisión ha sido creada, la comisión ya fue nombrada, ya fue aprobada por el
pleno, ése no es el debate. El debate es si esta comisión debe operar y debe trabajar en
base a las facultades que le establece el artículo 93 constitucional y si es necesario
que esta comisión funcione o no, que se reglamente el artículo 93 constitucional.
No nos oponemos, en el PRD, a que se
revise la Ley Orgánica y el reglamento y en ellas se reglamenten las funciones de las
comisiones ordinarias de los comités y de las comisiones investigadoras. Ese será un
asunto que tenemos que discutir más adelante indiscutiblemente, el problema ahora aquí,
es la interpretación que se quiere hacer del 93 constitucional, en relación a que aún,
a partir de lo que establece como requisito de la Constitución y como facultad a la
Cámara, para integrar comisiones a partir de la cuarta de las peticiones de los
diputados, de que a condicionar a que ésta sea aprobada por el pleno, colocando por
encima de la Constitución a la Ley Orgánica y a otro tipo de reglamentación.
En eso es en lo que no estamos de
acuerdo, es decir, el mandato a la Cámara en el 93 constitucional es claro, en este caso
cuando 125 diputados solicitan la creación de una comisión investigadora, el 93 le da
facultad a la Cámara para poder crearla como tal...
Y estas comisiones pueden o no vencer
en todo caso reglamentadas en el marco de la reforma que se requiere hacer a la Ley
Orgánica y al reglamento de la Cámara, para normar la actuación de todas las comisiones
y comité, incluidas las comisiones investigadoras. No nos oponemos a eso. Lo que
planteamos es que quede claro, que quede clara la interpretación correcta del 93 para el
derecho que tienen los diputados en esta Cámara para crear las comisiones investigadoras
y cumplir con la función que se les asigna como tal en el propio artículo 93
constitucional y que ningún reglamento puede estar por encima de esta facultad que
establece la Constitución.
Segundo, el problema es ahora si
tenemos o no voluntad al final de cuentas de que las comisiones investigadoras cumplan con
su función, porque en otro momento no preocupó cuando era otro tipo de mayoría la que
existía en la Cámara, el problema de reglamentar este artículo 93 de la Constitución.
Cuando se crearon estas comisiones en otro momento, como la mayoría era del PRI, como la
mayoría la tenía el PRI en la Cámara, no les preocupaba reglamentar, porque al final de
cuentas tenían la posibilidad de tener la mayoría en las comisiones y de tener la
mayoría en este plenario y por lo tanto no importaba si estaba insuficiente la
reglamentación, el funcionamiento de estas comisiones.
Ahora, cuando la composición de la
Cámara es distinta, se trata de hacer una interpretación incorrecta del 93
constitucional y de acotar, desde ahora, las funciones que debe tener la comisión
investigadora a la que estamos en estos momentos haciendo referencia.
Compañeras y compañeros: yo creo que
a todos nos debe quedar claro que no se trata y la intención no es en la comisión de
investigación del caso de la Conasupo, hacer revanchismo y tratar de ir a aplicar la
guillotina a no sé quienes. No es ésa la intención, la intención es que la comisión
ahora pueda efectivamente establecer hechos concretos a partir de una investigación
amplia y seria, haciendo para ello las entrevistas y logrando hacer que comparezcan y
hablen quienes tengan que hablar y quienes estuvieron involucrados y se pueda tener toda
la información completa que se requiere y la documentación para poder sobre esa base,
llegar a la conclusión de hechos, y poder rendir el informe respectivo al Ejecutivo, como
lo establece el propio artículo 93 y que en base a eso se pueda proceder y se pueda
aplicar lo que la propia ley establezca.
Esta Presidencia le suplica
concluya, concluya. Su tiempo ha terminado.
|
El
diputado Agustín Miguel Alonso Raya: |
Sobre esa base, yo exhorto
simplemente a este plenario compañeras y compañeros, a que dejemos claramente
establecido cuál es la intencionalidad de este debate, de acotar las funciones de la
comisión que se acaba de crear y de no permitirle que al final de cuentas por la
correlación de fuerzas ahora que tenemos, pueda llegar a hechos y por lo tanto a proceder
de acuerdo a la ley.
Muchas gracias.
Para rectificación de hechos,
hasta por cinco minutos, se le concede el uso de la palabra al diputado Ricardo Monreal
Avila.
|
El
diputado Ricardo Monreal Avila: |
Señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados:
Intentaré ser breve. Quiero sostener
y afirmar contundentemente, que nosotros estamos de acuerdo y en consecuencia votamos por
la integración de la Comisión de Investigación sobre Conasupo.
Los últimos elementos discursivos
pronunciados en esta tribuna, algunos de ellos nos parecieron atendibles; otros nos
parecieron inexactos.
Sólo quiero aclararles que de ninguna
manera hemos solicitado que se difiera. Al contrario, ya votada, tiene que trabajar.
En lo que sí hemos insistido y
seguiremos insistiendo, es en la necesaria reglamentación.
Qué bueno que ya aquí se ha
expresado la voluntad de los grupos parlamentarios para trabajar en torno a ello y me
parece que ése es un punto de partida consensado que podemos iniciar de inmediato.
Pero también tenemos que expresar
porque aquí hay una gran confusión, por lo que escuché, entre la naturaleza de las
comisiones de investigación y la naturaleza jurídica de las comisiones de dictamen. Son
totalmente distintas y no pueden ser confundidas.
Las comisiones de dictamen son eso y
las comisiones de investigación son las que faculta precisamente el artículo 93 en su
párrafo tercero.
Este debate se seguirá dando. Tantas
veces se presenten solicitudes, iremos abordándolo.
Insisto que precisamente por la
controversia que se ha generado y se suscita, cada vez que se integran estas comisiones,
es por lo que tenemos que acotar la función de cada una de las comisiones. La de
dictamen, las especiales, las jurisdiccionales, las comisiones de investigación, que
todas tienen una función específica.
Tenemos que ir explorando mecanismos
nuevos; tenemos que innovar el trabajo de comisiones y por eso quise aclarar, son
naturaleza distinta. Por eso nuestra posición en otras comisiones de dictamen, que en la
práctica pretenden convertirse o erigirse en comisiones de investigación.
Es un tema que todavía falta dar el
debate. Por eso en este momento me reduciré simplemente a esta fijación de posiciones.
De hecho, y el sentido de acuerdo a la
técnica legislativa y a la práctica parlamentaria, no hay debate. Todos estamos de
acuerdo y hay, simplemente, fijación de posiciones, reflexiones y propuestas y ojalá
podamos llevar a la práctica legislativa un mejor desarrollo de las comisiones, cual su
naturaleza y su designación.
Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado
Monreal.
Esta Presidencia considera, por la
importancia del tema, remitir los documentos aquí expuestos y la versión estenográfica,
por los conceptos vertidos y jurídicos en las intervenciones de los señores diputados, a
la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para su estudio y debate.
CAMBIO
TECNOLOGICO
Tiene la palabra el diputado
Humberto Treviño Landois, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para
presentar una propuesta sobre el estudio en torno al cambio tecnológico titulado:
"El Reto del Fin de Siglo."
|
El
diputado Humberto Treviño Landois: |
on su permiso, señor
Presidente; compañeras y compañeros:
En el lenguaje de uso común nos
referimos a los años de este Siglo XX haciendo mención exclusivamente a los dos últimos
dígitos del calendario de la era cristiana.
Es así como 1968 se ha convertido en
un icono del movimiento estudiantil de una generación. Lo mismo podemos decir del mundial
de 1970, la crisis de 1994 o las elecciones de 1997. Si bien en el lenguaje coloquial
hablado y escrito estas simplificaciones son inofensivas, en el ámbito de la computación
y de los aparatos e instrumentación electrónicos, la eliminación de los dos primeros
dígitos de cada año costará a la humanidad, según los expertos, 600 mil millones de
dólares, 1 mil millones de dólares a México, incluidos 500 millones de dólares al
Gobierno mexicano.
El gasto para el país es similar a
las partidas de gasto federal para poderes y organismos autónomos o bien similar al
presupuesto de egresos del Estado de Nuevo León. El gasto del Gobierno por este concepto
será superior al total del presupuesto anual de la Secretaría de la Contraloría y
Desarrollo Administrativo.
El enorme gasto irremediable que tiene
que hacerse es producto de decisiones tomadas hace tres décadas, soportadas en criterios
económicos por un lado y la costumbre por el otro. En aquel entonces el costo de
almacenamiento físico de información o en circuitos electrónicos era sustancial. En el
manejo de grandes volúmenes de datos era muy evidente el ahorro logrado al dar de alta
fechas, expresando el año con sólo dos dígitos. Por eso se adoptó la convención que
se ha usado desde mediados de siglo.
Debo subrayar que la propuesta que
presentará más adelante no se refiere al ámbito de la computación o de la
electrónica, no compañeros, el tema fundamental es gasto público, es seguridad, es
certeza en las transacciones de información derivada de éstas, es continuidad en los
servicios públicos...
Señor diputado Humberto
Treviño. Suplico detengan el tiempo en el reloj.
Sí, diputado.
|
El
diputado Armando López Romero (desde su curul): |
Pediría a la Presidencia que
por favor llame a la atención de los diputados para el orador.
Gracias diputado, por su
atención.
Yo hago una vez más un llamamiento al
orden, para que presten atención a la intervención del orador.
Gracias, señor diputado.
Prosiga el orador.
|
El
diputado Humberto Treviño Landois: |
Muchas gracias.
¿Qué sucederá las medias noches de
los próximos tres años? La media noche de 1997 cambiaremos al año 1998, posteriormente
al año 1999 y finalmente al año "1900". La posibilidad de una gran confusión
es real. Sistemas computacionales y aparatos electrónicos, fechas dependientes
confundirán el año 2000, el primer año del tercer milenio con el año 1900. En lugar de
iniciar un nuevo siglo habremos retrocedido a los comienzos de éste. Las consecuencias
son para muchos inimaginables. El impacto de esta confusión será distinto en cada
actividad, pero desde ahora podemos avizorar que el mayor riesgo podría darse en
instituciones financieras y de seguros, servicios públicos, actividades altamente
dependientes de aparatos de instrumentación electrónica, como por ejemplo la medicina,
las comunicaciones, los servicios públicos en general y las entidades gubernamentales.
Permítanme explicar situaciones y
casos de diversos riesgos potenciales.
El código alfanumérico de nuestro
Registro Federal de Causantes muestra sólo dos dígitos para el año de nacimiento, igual
la clave de elector o la fecha de
expiración de nuestro pasaporte o la
de las tarjetas de crédito bancario o bien la recientemente creada Cédula Única de
Registro Poblacional. Lo mismo ocurre con la fecha de caducidad de medicamentos o la fecha
de programación de mantenimiento de equipos que así lo requieren.
Cuando los cálculos se hacen con
fechas incorrectas, se procesan los saldos de depósitos y pasivos en instituciones
financieras, dando resultados también incorrectos.
Se dan equivocadamente altas y bajas
al padrón de pensionados; se introducen fallas en la determinación de las pensiones del
Seguro Social; expiran anticipadamente pasaportes y permisos temporales; suspenden su
funcionamiento por falta de ajuste y calibración, dosificadores de medicamentos de los
usados para cuidados intensivos en instalaciones hospitalarias; se ordena automáticamente
la destrucción de inventarios de medicinas por razón de caducidad anticipada; se
detienen elevadores porque reclaman operaciones de mantenimiento previamente programadas;
se obstaculiza la exportación de productos por incompatibilidad con los requisitos que
demanda el fin de siglo; los registros del INEGI y otras instituciones se desactualizan
rápidamente por errores de cálculo y así pudiéramos enumerar una larga lista de otros
casos.
Recientemente la mayor divulgación de
los problemas potenciales en las situaciones fechorelacionadas, por razón del fin de
siglo, han contribuido a que gobiernos, organizaciones de diversa índole y ciudadanos en
general, tomemos mayor conciencia de que el reto es real y de gran importancia. No se
trata aquí de una trivial historieta de ciencia ficción.
Los gobiernos de muchos países han
tomado las previsiones necesarias para enfrentar el reto de fin de siglo. La Cámara de
Representantes y el Senado de los Estados Unidos han establecido comisiones de
legisladores para dar seguimiento al asunto. Igual se ha hecho en parlamentos europeos.
Encuestas publicadas en septiembre de
este año, muestran que sólo el 30% de empresas y agentes gubernamentales de 17 países
han iniciado los trabajos para resolver el tema. Y en América latina menos del 5% se han
movido más allá que la toma de conciencia.
La buena noticia es que si bien el
problema es enorme e impostergable, las consecuencias de no hacer nada, catastróficas, su
solución es relativamente sencilla, si se dedican oportuna y suficientemente los recursos
para enfrentarlo. El no actuar a tiempo puede ser sumamente costoso.
Opiniones de expertos indican que el
gasto total que debe hacerse en nuestro país para solucionar el problema del milenio,
asciende a 1 mil millones de dólares, 500 millones para el sector público en su
conjunto, 200 para las instituciones bancarias y de seguros y 300 para el resto del sector
privado. Sin embargo, el costo de no hacer nada es muchas veces mayor.
Estamos enterados que el Banco de
México en sus circulares 696 y 8797 a instituciones bancarias y casas de bolsa,
respectivamente, requirió la elaboración de un plan estratégico para hacer frente a
cambio de sistemas informáticos, dando plazo para su entrega el 30 de junio pasado y que
el cumplimiento a este requerimiento, del Banco de México, ha sido insatisfactorio.
También es conocido que hace tres
meses la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo solicitó a las
entidades del Gobierno Federal, definiciones similares a aquella y que la respuesta a esta
Secretaría, a la Secodadm, fue aún menor.
Son contados los gobiernos estatales
que están preparándose para esta contingencia, difícilmente lo harán aquellos cuyos
mandatos concluyen en los próximos meses.
Por lo que respecta al sector privado,
excluido el financiero, no hay evidencia de que se haya tomado conciencia de la gravedad
de los riesgos de no actualizarse y modificar sus infraestructuras y sistemas.
De acuerdo con lo anterior, es claro
que se requiere un gran esfuerzo promotor de toma de conciencia de esta situación y que
se hagan las previsiones de recursos, tiempo y dinero, para solventar las exigencias que
plantea el fin de siglo.
En particular, para el caso del
Gobierno Federal, debe establecerse un programa de evaluación y seguimiento de los planes
de acción de todas las dependencias y anticipar las iniciativas que en materia
legislativa, deberán hacerse para dar marco y seguridad a todo esto.
En razón de todo lo anteriormente
señalado y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo se turne de
inmediato a la comisión correspondiente, para que se aboque la atención a esta
propuesta, cuidando incluir sus siguientes funciones: llevar a cabo las actividades
conducentes para concientizar a las entidades públicas y privadas de los riesgos
implícitos al cambio de fecha en el fin de siglo, impulsar el desarrollo de los planes de
acción, así como el intercambio de conocimientos y experiencias tendientes a resolver el
problema oportunamente, asegurar que se cuente con las partidas presupuestales y
procedimientos expeditos para la autorización del gasto necesario por parte del Gobierno
Federal y evaluar y dar seguimiento a los planes de trabajo que llevan a cabo las
entidades del Gobierno Federal, promover la integración de iniciativas de ley que aporten
al marco jurídico, para resolver las eventualidades que se presenten y atender los
asuntos que surjan respecto al tema del nuevo milenio que implican la participación o que
impliquen la participación de esta legislatura.
Faltan menos de un millar de días
para llegar al inicio del próximo milenio, para ser exactos, 792 días; la incultura, la
superstición o los cuentos infantiles de terror han hecho pensar que el arribar a la
frontera cronológica como ésta, pudiera significar algún cataclismo, nuestro trabajo
como legisladores no es ocuparnos de profecías fantasiosas, sino tratar de ver más allá
de los problemas inmediatos para evitar, los mexicanos, trastornos mayores, en este caso
de tipo económico.
Esta legislatura tiene varias
singularidades, surge de un proceso electoral que robustece la transición democrática,
es la primera sin mayoría absoluta y como consecuencia de ésta, rompe viejos paradigmas
de superioridad interna.
Asimismo confiamos en que los
resultados sean positivamente destacados, pero hay otra singularidad que le viene de
fuera, es ésta la legislatura federal de cruce de milenio, oportunidad especialísima de
nuevo amanecer en torno propicio para confirmar lo verdaderamente valioso y para iniciar
nuevas formas de ser y de buscar y de hacer política.
Así como debemos prepararnos para la
celebración de este acontecimiento ajeno a méritos propios, debemos de ocuparnos de
impulsar, promover y comprometernos a forjar una nueva conducción de los asuntos comunes,
de hacer política, de ganar confianza, de darnos todos esperanza de que el porvenir será
mejor.
Con todos los comentarios anteriores
de ninguna manera pretendo magnificar el sentido de esta propuesta; sin embargo ésta
sugiere una segunda implicación, nuestra labor como legislatura, debe ser evitar el
cortoplacismo, debe darse condición de mediano y largo plazo, la cortedad de miras en la
función pública ha sido ya fuente de numerosos problemas que aquejan al país.
Por otra parte, si queremos la
práctica responsable de la política, debemos de enfrentar también los asuntos que
precisamente ofrecen: baja rentabilidad política que a veces requieren mayor reflexión y
esfuerzo. El cambio por el que transita nuestro país debe convertir ésa nueva
transformación cultural de la sociedad, actitudes de enfoque y formas nuevas en la
búsqueda del bien común, la posibilidad de lograrlo está a nuestro alcance.
Pido a la Secretaría, que esta
propuesta sea turnada a la comisión que la Presidencia considere correspondiente.
Muchas gracias.
Gracias, señor diputado.
Para el mismo tema, se concede el uso
de la palabra al diputado Héctor Luna de la Vega.
|
El
diputado Efrén Enríquez Ordóñez (desde su curul): |
Nada más, con el objeto de
comentarle que se saltó el orden del día.
En el orden del día, viene elección
de la mesa directiva y estamos tratando otros asuntos, saltándonos éste que es
fundamental.
Voy a suplicar a apoyo
parlamentario, le dé una copia actualizada al señor diputado y copia de la versión
estenográfica en cómo quedó la elección de la mesa, señor diputado. Le informo que
quedó al final la elección de la mesa directiva, por cambios que algunos partidos
políticos hicieron sobre los puntos a tratar en esta sesión, señor diputado.
Esta Presidencia le ruega, le da una
disculpa por no haberle actualizado el documento a tiempo.
Adelante, diputado Héctor Luna de la
Vega.
|
El diputado
Héctor Luna de la Vega. |
Señor Presidente; honorable
Asamblea:
El día de ayer, reunidos un número
de diputados, hacíamos reflexiones sobre lo que a nuestro juicio era una baja
productividad en pro posiciones a esta soberanía; hablábamos de improductividad, de
enfrentamientos y de un alto protagonismo, por ello es que aunque al parecer de muchos
resulta intranscendente la propuesta hecha por el diputado Héctor Treviño Landois,
nosotros la respaldamos como fracción parlamentaria, por el efecto económico que tiene y
por las implicaciones que va a dar como resultado en todos los sistemas de registro y de
seguimiento, como puede ser el caso de la cédula única de identificación.
El cambio de siglo incide, no
únicamente en los equipos de informática, sino como lo referí en todos los registros y
las claves que a éstas corresponden. Lo enunciado, implica costo y en consecuencia
requiere de una estrategia y ésta es la propuesta que se hace:
Debemos prepararnos no exclusivamente
para la llegada del nuevo milenio, sino cómo habremos de conducirnos precisamente en el
transcurso de este nuevo milenio.
Se exige sin duda una actuación
prospectiva, se exige una planeación para lo inédito y ésta es la propuesta que hemos
escuchado en esta ocasión...
|
El
diputado Armando López Romero (desde su curul): |
e permite, señor Presidente.
Diputado Héctor Luna de la
Vega, ¿si me permite hablar?.. sí, diputado.
|
El
diputado Armando López Romero (desde su curul): |
Para rectificación de hechos,
señor Presidente.
Para rectificación de hechos,
terminando el orador, señor diputado. Prosiga el orador.
|
El
diputado Héctor Luna de la Vega: |
Lo imprevisto y su efecto,
habremos de estar preparados de manera permanente para saber cómo enfrentarlo y doy
algunos datos específicos para que nos percatemos de la importancia de estos asuntos.
Del año de 1450 a 1950, la humanidad
generó 3 millones de títulos; pero de 1950 a 1970, esto es en 20 años apenas, se genera
el mismo número de títulos: 30 millones.
Se han hecho análisis de que de 1970
a 1980, se duplicó el número del conocimiento y en consecuencia, de 1980 a 1985, se
vuelve a duplicar. Los estudiosos nos indican que en el año 2020 se va a duplicar el
conocimiento casi a un ritmo de 73 horas.
El cambio en otra parte y de quienes
ejercemos diversas actividades, el cambio de perfil en el desempeño en nuestra vida
corresponde a cinco veces, hoy al menos, a muchos de nosotros, corresponde estar
incorporados en la legislatura y el campo de especificidad va a corresponder hasta de 30
veces en su variación.
Por ello es el planteamiento, que
debemos de prepararnos hacia la explosión tecnológica y hacia la globalización, son dos
fenómenos que son inherentes, no solamente para esperar la llegada y atender a sus
registros, sino cómo habremos de conducirnos en su trayecto, cómo vamos a persistir
nosotros en conservar nuestra identidad como mexicanos y cómo habremos de atender a los
rezagos sociales.
Como integrante de la Comisión de
Ciencia y Tecnología, solicito a esta Presidencia que sea precisamente conducida para que
sea producto de nuestro análisis y verter nuestros puntos de vista al respecto. Sin duda
que habremos de establecer nuevos mecanismos y que las instituciones habrán de estar
funcionando, por ello también propongo que sea motivo de estudio en la misma materia, lo
que es el Programa de Modernización de la Administración Pública impulsado por la
Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, que ya contempla aspectos
precisamente en cuanto a la numeración y a la cronología.
Pero también habremos de establecer
con una compañía Normex, que se ha ocupado precisamente de definir la normatividad
específica para toda esta nomenclatura y la forma en que se le habrá de dar seguimiento.
Aplaudo que se proponga que las
atribuciones de asignación presupuestaria al respecto, correspondan precisamente a esta
Comisión de Ciencia y Tecnología y que la valoración de medidas propuestas y su
desahogo sea también supervisada por nosotros.
Esta es precisamente la feliz
coincidencia, en una determinación final de hacer o empezar a hacer y al hacerlo también
tener la oportunidad de con ello transformar.
Es cuanto, señor Presidente.
Gracias, diputado.
Para rectificación de hechos se le
concede el uso de la palabra al diputado Armando López, hasta por cinco minutos.
|
El
diputado Armando López Romero: |
Con su venia, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Este tema sobre la propuesta que hace
el compañero diputado, es obvio pues, que requerimos fijarnos de manera más precisa
sobre el trabajo y la importancia de la ciencia y la tecnología en nuestro país.
Estamos viendo y esto ha sido un
factor que ha impedido realmente el desarrollo de nuestro país en varias áreas, la poca
importancia que se le ha dado al desarrollo de la ciencia y la tecnología y efectivamente
como miembro de la Comisión de Ciencia y Tecnología, es importante que nos aboquemos de
manera directa y estoy totalmente de acuerdo con el compañero diputado que me antecedió,
de que sea punto de atención en nuestra agenda.
Pero también quiero utilizar esto
para hacer un llamado a la importancia del funcionamiento y a la importancia del trabajo
de la Comisión de Ciencia y Tecnología, tenemos que abocarnos ya todos nosotros a darle
este papel y a fortalecer el trabajo y el impulso de la comunidad científica en nuestro
país.
Un ejemplo de esta ausencia ha sido lo
tan comentado con el fenómeno natural "Paulina". Nosotros deberíamos de estar
preocupados precisamente porque realmente la comunidad, las instituciones académicas y
científicas, tengan este impulso.
Solicito pues a todos ustedes, a esta
soberanía, que pongamos atención en la función que requerimos hacer y la importancia de
la ciencia y la tecnología.
Estamos de acuerdo en el Partido de la
Revolución Democrática, que este asunto, que realmente debe tener una atención, sea
pues turnado a la Comisión de Ciencia y Tecnología.
Muchísimas gracias.
Gracias, señor diputado.
Esta Presidencia quisiera hacer una
consulta a la Asamblea, tenemos todavía la elección de mesa directiva, comentarios sobre
la situación de Chiapas, propuesta sobre pensionados y jubilados del ISSSTE, comentarios
sobre la desincorporación de las empresas NKS en Michoacán y comentarios sobre la
invasión de tierras en Atlixco.
Tomando en consideración que es
facultad del Presidente a las cuatro horas prorrogar o suspender la sesión, esta
Presidencia prefiere preguntar a ustedes si
así lo considerarían, para que
pasemos a la votación que nos llevaría la media hora o 40 minutos que falta para llevar
a cabo... Permítame, señor diputado. Es facultad del Presidente, yo lo quiero hacer
consultando a la Asamblea, si así lo desea.
Lo que solicita esta Presidencia a la
Asamblea es que se pase al siguiente punto: la elección de mesa directiva y de ahí
concluir la sesión y los asuntos que queden pendientes para el martes.
Yo les solicito a los señores
diputados, con todo respeto, la sesión está prolongada; quiero tener una consideración,
pero ésa es decisión de ustedes como Asamblea si lo aceptan o no. Sí diputado. Un
micrófono al señor diputado.
|
El
diputado Gilberto López y Rivas (desde su curul): |
Señor Presidente, hubo un
acuerdo parlamentario para tocar en este orden del día el tema de Chiapas. Se discutió,
incluso lo discutí con usted, el tema que iba a tocarse en este punto, en qué orden iba
a quedar, entonces a mí me parece que no es conveniente en este momento tomar esas
atribuciones. Yo quiero que se respete el orden del día.
A mí no me parece adecuado, me parece
una argucia el que se pase para otro día el tema de Chiapas.
Si me permiten los diputados.
Yo con todo respeto le digo, señor
diputado, que esta Presidencia no necesita hacer este tipo de argucias para terminar con
la sesión; la propia ley le faculta.
Yo lo que sí le comento, que hubo
acuerdo parlamentario para que hablara un solo orador, y en el puro tema de la Conasupo se
extendieron hasta 14 oradores, se extendió la sesión, no hubo inclusive respeto para ese
acuerdo.
Pero, señor diputado, no estoy
tomando una actitud arbitraria, nunca ha sido la intención de esta Presidencia,
precisamente por eso la someto al pleno. Si ustedes como Asamblea así lo deciden, se
hará, si no, esta Presidencia se ajustará, como siempre lo ha hecho, a la voluntad de la
mayoría.
Solicito a la Secretaría pregunte a
la Asamblea, en votación económica, si primero se autoriza que pase al siguiente punto
del orden del día la elección de mesa directiva y posteriormente dar por terminada la
sesión, y los asuntos que quedaran pendientes serían los primeros temas a tratar en la
próxima sesión del martes.
En otros términos, la sesión se
llevaría a cabo hasta el término de la misma y esta Presidencia se reservaría el
derecho de solicitar el pase de lista cuando así lo considere, a los señores diputados.
Proceda la Secretaría.
|
El
secretario Isael Petronio Cantú Nájera: |
Por instrucciones de la
Presidencia, se consulta a la Asamblea si se permite modificar el orden del día para
pasar inmediatamente a la elección de mesa directiva.
Los que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo por favor, poniéndose de pie...
Los que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo por favor, poniéndose de pie...
Yo les pido respeto a los
señores diputados. La intención de esta Presidencia es llevar un orden en la sesión,
tomando en consideración que hoy tenemos la elección de la mesa directiva.
Posteriormente, el martes, serán los primeros puntos a tratar si no diera tiempo dentro
de las cuatro horas.
|
El
secretario Isael Petronio Cantú Nájera: |
Aprobada la alteración del
orden del día, señor Presidente.
Señor diputado Rodríguez
Prats.
|
El
diputado Juan José Rodríguez Prats (desde su curul): |
Hemos votado porque se adelante
la elección de mesa directiva, para que después se agoten los asuntos en cartera.
MESA
DIRECTIVA
Para proseguir con lo del orden
del día. Así va a ser para la votación. Posteriormente, cuando se lleguen las cuatro
horas, tomaremos la decisión pertinente, señor diputado. Eso es conforme a derecho.
Proceda la Secretaría a llevar a cabo
la votación para la elección de mesa directiva y que se haga el procedimiento.
Asimismo, solicito se lleve en el
mayor orden posible, y esta Presidencia hace un llamamiento a los señores diputados que
no se encuentran en el salón, para que estén aquí presentes.
En este momento, señores diputados,
les están entregando las cédulas para la elección.
Suplico a la Secretaría tenga todo
listo para llevar a cabo la votación.
Señoras y señores diputados, si ya
están en posesión de sus cédulas para votar. Le pregunto a la Oficialía Mayor si ya
están repartiendo las cédulas.
Prosiga en el orden de lista de los
señores diputados.
Señores secretarios, empiecen a
convocar a los diputados para que emitan su voto.
|
El
secretario Isael Petronio Cantú Nájera: |
Iniciamos la lista de las
señoras y señores diputados para que pasen a depositar su voto a la urna.
(Votación.)
|
El
secretario Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano: |
Se va a dar lectura a los
resultados del escrutinio.
Un voto por una planilla diversa; un
voto en contra; tres votos nulos y 403 votos a favor de la planilla integrada por los
diputados: Juan Miguel Alcántara Soria como presidente; como vicepresidentes, Francisco
Agustín Arroyo Vieyra, Elba Margarita Capuchino Herrera, Baldemar Tudón Martínez,
Ricardo Cantú Garza y Verónica Velasco Rodríguez; como secretarios: Alfredo Villegas
Arreola, José Octavio Díaz Reyes, Rocío del Carmen Morgan Franco y José Luis López
López; prosecretarios: Irma Chedraui Obeso, Fabiola Gallegos Araujo, Francisco Javier
Reynoso Nuño y Blanca Rosa García Galván.
Gracias, señor Secretario.
En consecuencia, por voluntad del
pleno, la mesa directiva para el mes de noviembre la integran los diputados: presidente,
Juan Miguel Alcántara Soria; vicepresidentes: Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Elba
Margarita Capuchino Herrera, Baldemar Tudón Martínez, Ricardo Cantú Garza y Verónica
Velasco Rodríguez; secretarios: Alfredo Villegas Arreola, José Octavio Díaz Reyes,
Rocío del Carmen Morgan Franco y José Luis López López; prosecretarios: Irma Chedraui
Obeso, Fabiola Gallegos Araujo, Francisco Javier Reynoso Nuño y Blanca Rosa García
Galván.
Señores diputados, tomando en
consideración que han transcurrido las cuatro horas reglamentarias de esta sesión, la
Presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ruega a la Secretaría consulte a la
Asamblea si nos autoriza a dar término a esta sesión.
|
El
secretario Cuauhtémoc Salgado Romero: |
Por instrucciones de la
Presidencia, se consulta a la Asamblea si en virtud de que han transcurrido las cuatro
horas reglamentarias de esta sesión, se autoriza dar término a la misma.
Los diputados que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los diputados que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Se autoriza, señor Presidente.
Gracias, señor Secretario.
Proceda la Secretaría a dar lectura
al orden del día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DIA
|
El
secretario Cuauhtémoc Salgado Romero: |
«Primer Periodo de Sesiones
Ordinarias.— Primer Año.— LVII Legislatura.
Orden del día
Martes 4 de noviembre de 1997.
Lectura del acta de la sesión
anterior.
Comunicaciones del Congreso del Estado
de Campeche.
Dictámenes de primera lectura
Siete de la Comisión de Gobernación
y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto que conceden permiso a varios
ciudadanos mexicanos, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los
gobiernos de Venezuela, Argentina, Chile y España.
Tres de la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto que conceden permiso a varios ciudadanos
mexicanos, para prestar servicios en la Embajada de Portugal en México.
Y los demás asuntos con los que la
Secretaría dé cuenta.»
CLAUSURA
Y CITATORIO
|
El
Presidente (a las 15:45 horas): |
Señores diputados, esta
Presidencia agradece, a nombre de esta mesa directiva, la colaboración de quienes
hicieron posible la conducción de los trabajos parlamentarios en este mes de octubre, de
los señores coordinadores de los partidos políticos aquí representados, de los
funcionarios de las oficinas de Apoyo Parlamentario, de los medios de comunicación y del
personal en general.
De manera personal, expreso a ustedes,
compañeros diputados, mi gratitud por su comprensión y apoyo que en todo momento
permitieron el desarrollo de las sesiones.
Muchas gracias, compañeros diputados.
Se levanta la sesión y se cita para
la próxima, que tendrá lugar el martes 4 de 6noviembre a las 10:00
RESUMEN
DE TRABAJOS
* Tiempo de duración: 5 horas con 10
minutos.
* Quorum a la apertura de sesión :
350.
* Comisiones reglamentarias y
protocolarias: 1.
* Temas de agenda política: 2.
* Ordenadores en tribuna : 16
PRI-5; PRD-7; PAN-3; PT-1
Se recibieron:
* 3 comunicaciones de congresos
estatales;
* Minuta proyecto de decreto, que
concede el permiso al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que pueda
ausentarse del territorio nacional del 7 al 9 de noviembre, para participar en la VII
Reunión Cumbre Iberoamericana en Isla Margarita, Venezuela; los días 13 y 14 de
noviembre, para realizar visita de trabajo a los Estados Unidos de América; del 22 al 25
de noviembre, para participar en la V Reunión de Líderes del Mecanismo de Cooperación
Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad de Vancouver, Canadá y los días 18 y 19 de
diciembre, para efectuar visita de Estado a la República de Nicaragua;
* 7 oficios de la Secretaría de
Gobernación, con los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios, para
igual número de ciudadanos puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el
gobierno de Francia;
* 1 proposición de la Comisión de
Régimen Interno y Concertación Política, para la integración de la comisión encargada
de la Investigación de la Conasupo y sus empresas filiales.
Dictámenes de primera
lectura:
* 1 para poder aceptar y usar
condecoración conferida por el gobierno de Francia;
* 1 para desempeñar el cargo de
cónsul honorario de Israel en Tijuana, Baja California:
* 8 para prestar servicios en
representaciones diplomáticas.
Dictámenes de segunda
lectura:
* 10. Se les dispensa la segunda
lectura a los dictámenes presentados en primera lectura.
Se aprobó:
* Elección de mesa directiva para el
mes de noviembre.
|
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición: |
| Banpesca |
Banco Nacional Pesquero y Portuario |
| Conasupo |
Compañía Nacional de Subsistencia
Populares, Sociedad Anónima |
| DEM |
Diplomado de Estado Mayor |
| D.F. |
Distrito Federal |
| INEGI |
Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática |
| Infonavit |
Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores |
| ISSSTE |
Instituto de Seguridad y servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado |
| NKS |
(Sin aclaración) |
| Normex |
(Sin aclaración) |
| PAN |
Partido Acción Nacional |
| PRD |
Partido de la Revolución Democrática |
| PRI |
Partido Revolucionario Institucional |
| PSOE |
Partido Socialista Obrero Español |
| PT |
Partido del Trabajo |
| PVEM |
Partido Verde Ecologista de México |
| S.A. |
Sociedad Anónima |
| SEP |
Secretaría de Educación Pública |
|