DIARIO de los DEBATES

ORGANO OFICIAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Correspondiente al Primer de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio

DIRECTOR GENERAL DE
CRONICA PARLAMENTARIA
Héctor de Antuñano y Lora

PRESIDENTE

Diputado Juan José Cruz Martínez.

DIRECTOR DEL
DIARIO DE LOS DEBATES

Norberto Reyes Ayala
AÑO II                   México, D.F.,   sábado 13 de diciembre de 1997                  No. 42

S U M A R I O

ASISTENCIA

Pag.

ORDEN DEL DIA

3886

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

3886

ESTADO DE GUANAJUATO

3886

Comunicación del Congreso estatal, con la que remite punto de acuerdo referente a la Ley de Ingresos de la Federación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

3886

ESTADO DE NUEVO LEON

3889

Comunicación del Congreso estatal, con la que informa sobre dictamen con resolución sobre establecer condiciones para solucionar el problema de la cartera de la banca. Se turna a la comisión de Hacienda y Crédito Público.

3889

ESTADO DE SINALOA

3892

Comunicación del congreso estatal, con la que remite punto de acuerdo referente a resolver el problema de la cartera vencida del país. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

3892

ESTADO DE SONORA

3893

Comunicación del Congreso estatal, con la que remite punto de acuerdo referente a los deudores de la banca. De enterado.

3893

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

3896

Oficio de los presidentes de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores, con el que remite iniciativa de reformas al artículo tercero transitorio del decreto por el que se reformaron los artículos 30|, 32 y 37 de la carta Magna, respecto a la nacionalidad mexicana.

3896

Se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Relaciones exteriores.

3901

JORGE CASTAÑEDA

3902

Rinden homenaje postumo al ex canciller mexicano, los diputados:

3902

Porfirio Muñoz Ledo

3902

Jaime Miguel Moreno Garavilla

3904

TELEFONOS DE MÉXICO

3906

El diputado Sergio Marcelino George Cruz presenta punto de acuerdeo referente a la creación de comisión investigadora del proceso de desincorporación de dicha empresa.

3906

Sobre el tema, el diputado Patricio Martínez García

3909

Se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.

3910

PROBLEMA CARRETERO

3911

El diputado Fabián Pérez Flores se refiere al problema de la carretera San Martín Texmelucan- Tlaxcala.

3911

La diputada Martha Palafox Gutiérrez para el mismo asunto.

3913

Se turna a las comisiones unidas de comunicaciones y Transportes, Desarrollo Municipal y a la de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.

3913

ESTADO DE COLIMA

3914

Sobre situación Política en dicha entidad, los diputados:

3914

Francisco José Paoli y Bolio

3914

Miguel Sadot Sánchez Carreño

3916

COMISION DEL DISTRITO FEDERAL

3919

El diputado Alejandro Victoriano Ordorica Saavedra presenta a nombre de dicha comisión, documento respecto a órganos colegiados de representación popular en las delegaciones del Distrito Federal.

3919

RECESO

3920

PRESUPUESTO DE EGRESOS

3920

Dictamen de la comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1998. Es de priomera lectura, con dispensa de segunda lectura.

3920

Fijan la posición de sus grupos parlamentarios:

3974

Gloria Lavara Mejía, del Partido Verde Ecologista de México.

3974

Luis Patiño Pozas, del Partido del trabajo.

3975

Javier Castelo Parada, del Partido Acción Nacional.

3978

Ricardo García Sainz Lavista, del Partido de la Revolución Democrática.

3981

Laura Alicia Garza Galindo, del Partido Revolucionario Institucional.

3983

A discusión en lo general, se concede el uso de la palabra a los diputados:

3986

Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva, en contra.

3986

Luis Fernando González Corona, en pro.

3988

Pablo Gómez Alvarez, en contra.

3991

Manuel Cárdenas Fonseca, en pro.

3992

Marcelo Luis Ebrard Casaubón, en contra.

3994

Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, en pro.

3995

Demetrio Javier Sodi de la Tijera, en contra.

3997

Francisco José Paoli y Bolio, en pro.

4001

Pablo Gómez Alvarez, para contestar alusiones parsonales.

4007

Francisco José Paoli y Bolio, para contestar alusiones personales.

4008

Suficientemente discutido. Se aprueba en lo general.

4010

A discusión en lo particular, los diputados:

4010

Armando López Romero

4010

Héctor Luna de la Vega

4011

María de los Dolores Padierna Luna, quien anuncia el retiro de su grupo parlamentario.

4012

Eduardo Mendoza Ayala

4012

Charbel Jorge Estefan Chidiac

4013

Alberto Cifuentes Negrete

4015

Alfredo Phillips Olmedo

4016

Santiago Creel Miranda

4016

Manuel González Espinoza

4017

Suficientemente discutido. Aprobado, pasa al ejecutivo para los efectos constitucionales.

4018

ORDEN DEL DIA

4018

De la próxima sesión.

4018

CLAUSURA Y CITATORIO

4019

RESUMEN DE TRABAJOS

4020

Año l  No.42       PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS         DICIEMBRE 13,  1997

 

Presidencia del diputado
Jorge Alejandro Jiménez Taboada

ASISTENCIA

El Presidente :

Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario.

El secretario José Antonio Alvarez Hernández:

Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 460 diputados. Por lo tanto, hay quorum, señor Presidente.

El Presidente (a las 12:00)

Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El secretario José Antonio Alvarez Hernández:

Se va a dar lectura al orden del día.

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Primer Año.- LVII Legislatura.

Orden del día

Sábado 13 de diciembre de 1997.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Homenaje luctuoso al canciller Jorge Casta- ñeda.

Comunicaciones de los congresos de los estados de Guanajuato, Nuevo León, Sinaloa y Sonora.

Iniciativa de diputados

Que reforma el artículo tercero transitorio del decreto por el que se reformaron los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de los integrantes de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores. (Dispensa de todos los trámites, discusión y votación.)

Dictamen de primera lectura

De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal de 1998. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación.)

Agenda política

Propuesta para la creación de una comisión investigadora que analice el proceso de desincorporación de Teléfonos de México, a cargo del diputado Sergio Marcelino George Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Comunicado de los grupos parlamentarios re-presentados en la Comisión del Distrito Federal.

Comentarios sobre el conflicto de poderes, en el Estado de Colima, a cargo del diputado Francisco José Paoli y Bolio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Deliberativo.)

Comentarios sobre el problema carretero, en San Martín Texmelucan-Tlaxcala, a cargo del diputado Fabián Pérez Flores, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (deliberativo.)

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente :

El siguiente punto del orden del día es la discusión del acta de la sesión anterior. Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que le ha sido entregada copia de la misma a los coordinadores de los grupos parlamentarios, para sus observaciones y se proceda a su votación.

El secretario Francisco Crescencio Rodríguez García:

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que le ha sido entregada copia de la misma a los coordinadores de los grupos parlamentarios para sus observaciones y se proceda a su votación.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse

manifestarlo... Se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, señor Presidente.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el viernes doce de diciembre de mil novecientos noventa y siete, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Séptima Legislatura.

Presidencia del diputado

Luis Meneses Murillo

En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las once horas con cuarenta minutos y con una asistencia de cuatrocientos cincuenta y seis diputados, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día y, habida cuenta que los coordinadores de los grupos parlamentarios, recibieron copia del acta de la sesión anterior, la Asamblea le dispensa la lectura a dicho documento y, posteriormente, lo aprueba en sus términos en votación económica.

Se da lectura a diversas comunicaciones de los congresos de los estados de Aguascalientes y Campeche, con las que comunican de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.

El Presidente otorga el uso de la palabra a los diputados:

Leticia Villegas Nava, del Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativa de reformas al artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Educación.

Enrique Santillán Viveros, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta iniciativa de reformas a la Ley del Servicio Público de la Industria Eléctrica. Se turna a la Comisión de Energéticos.

El Presidente da la bienvenida a estudiantes de la escuela Jean Piaget, a quienes desea éxito en sus estudios, para el bien de México.

La Secretaría da primera lectura al dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Ley que Modifica Diversas Disposiciones Fiscales.

La Asamblea le dispensa la segunda lectura y se somete a discusión de inmediato.

Expresan las opiniones de sus respectivos grupos parlamentarios, los diputados: María Mercedes Maciel Ortiz, del Partido del Trabajo y Salvador Moctezuma Andrade, del Partido Revolucionario Institucional.

La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general y reserva, para la discusión en lo particular, el artículo doscientos veinticuatro de la Ley Federal de Derechos en materia de agua.

La Secretaría recoge la votación en lo general y de los artículos no impugnados, misma que arroja los siguientes resultados: en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados, cuatrocientos cincuenta votos en pro y seis en contra; por los artículos seis, cincuenta y dos, cincuenta y cinco, setenta, ochenta y uno, ochenta y dos, ochenta y tres, ciento treinta y tres y doscientos treinta y nueve, del Código Fiscal de la Federación, cuatrocientos cuarenta y nueve votos en pro y siete en contra.

A discusión en lo particular el artículo reservado, hacen uso de la palabra los diputados: Benjamín Gallegos Soto, del Partido Acción Nacional y Jorge Galo Medina Torres, del Partido Revolucionario Institucional, quienes hacen diversas consideraciones sobre los derechos de agua a centros escolares y a la producción agropecuaria.

Suficientemente discutido en lo particular, se recoge la votación nominal respectiva, con las proposiciones hechas por los oradores y, realizado el cómputo correspondiente, resulta aprobatoria por: cuatrocientos diecisiete votos en pro y uno en contra, con la adición mencionada.

Se turna a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales.

El Presidente informa que las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, enviaron el dictamen con proyecto de decreto de Ley de Nacionalidad y solicita la anuencia de la Asamblea para que se incluya en el orden del día.

La Asamblea aprueba la solicitud y la Secretaría da lectura al proyecto de decreto de Ley de Nacionalidad, reglamentaria de los artículos treinta, treinta y dos y treinta y siete, apartados A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al dictamen con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones en materia de nacionalidad.

Se dispensa la segunda lectura y se somete a discusión de inmediato, por lo que se concede el uso de la palabra a los diputados: Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo; Felipe Urbiola Ledezma, del Partido Acción Nacional; Marta Dalia Gastelum Valenzuela, del Partido de la Revolución Democrática, y Miguel Antonio Rubiano Reyna, del Partido Revolucionario Institucional, quienes expresan la posición de sus respectivos grupos parlamentarios al respecto.

La Asamblea considera que ambos dictámenes han sido suficientemente discutidos en lo general y en lo particular, por lo que la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por cuatrocientos veintisiete votos.

Se turna al Poder Ejecutivo Federal, para los efectos constitucionales.

Se concede el uso de la palabra al diputado Enrique Bautista Villegas, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta una propuesta para que se aumente el presupuesto del sector agropecuario y sobre el mismo tema, el diputado Francisco Javier Gil Castañeda, del Partido Revolucionario Institucional.

El Presidente informa que habiendo transcurrido las cinco horas a la que se refiere el acuerdo parlamentario para cada una de las sesiones, acuerda continuarla hasta el término de los asuntos en cartera.

Sube a la tribuna el diputado Jorge Emilio González Martínez, del Partido Verde Ecologista de México, quien hace aclaraciones respecto a la posición de su partido en relación con su voto en la Ley que Reforma Diversas Disposiciones Fiscales y para rectificar hechos, los diputados Arturo Saiz Calderón García, del Partido Acción Nacional, y Sergio Valdés Arias, del Partido de la Revolución Democrática, quien propone un punto de acuerdo, que se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

A solicitud del diputado Treviño Landois, se da lectura a los nombres de los diputados que firman el documento propuesto por el diputado Valdés Arias.

Para continuar con el orden del día, se da primera lectura al dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma la Ley de Coordinación Fiscal.

Tomando en consideración que el dictamen ya ha sido distribuido entre los señores diputados, se suspende la lectura y la Asamblea dispensa la segunda lectura y se somete a discusión de inmediato.

Fincan la posición de sus respectivos grupos parlamentarios, los diputados: Aurora Bazán López, del Partido Verde Ecologista de México; Jesús Salvador Olvera Pérez, del Partido Acción Nacional; José del Carmen Enríquez Rosado, del Partido de la Revolución Democrática, y Augusto Rafael Carrión Alvarez, del Partido Revolucionario Institucional.

Debaten sobre el mismo dictamen, los diputados: Carlos Arce Macías, del Partido Acción Nacional y Carlos Antonio Heredia Zubieta, del Partido de la Revolución Democrática.

La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular y se recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por cuatrocientos treinta y ocho votos en pro.

Se turna a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales.

Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las diecinueve horas con tres minutos, citando para la que tendrá lugar mañana, sábado trece de diciembre de mil novecientos noventa y siete, a las diez horas.»

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.

El Presidente

Continúe la Secretaría con las comunicaciones de los congresos de los estados de Guanajuato, Nuevo León, Sinaloa y Sonora e iniciativa de diputados.

ESTADO DE GUANAJUATO

La secretaria María Guadalupe Sánchez Martínez:

Se va a dar lectura a varias comunicaciones.

«Escudo Nacional.- Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Congreso de la Unión.- Presentes.

La LVII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, en sesión ordinaria, celebrada el día de hoy, aprobó un punto de acuerdo, que en su parte conducente, realiza una atenta y respetuosa solicitud, a efecto de que en los trabajos relativos a la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1998, se atienda una disminución real de la tarifa 09, aplicable al sector agrícola. Anexo al presente el acuerdo aprobado.

Aprovecho la ocasión para reiterarles las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guanajuato, Guanajuato, 28 de noviembre de 1997.- El presidente del honorable Congreso del Estado, José Gerardo de los Cobos Silva.»

«Escudo Nacional.- Honorable Congreso del Estado de Guanajuato

ACUERDO

La LVII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, acuerda:

Artículo único. La LVII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, dirige una atenta solicitud al ciudadano Carlos Rojas Gutiérrez, titular de la Secretaría de Desarrollo Social, a efecto de que en la esfera de su competencia y dentro de la disponibilidad presupuestal, se destine un mayor apoyo financiero para los productores de temporal afectados por la sequía en el Estado.

Asimismo, en los mismos términos al ciudadano Francisco Labastida Ochoa, secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, para que el otorgamiento del Procampo, se aplique en base a necesidades particulares del campesino y no a esquemas genéricos y limitativos.

Por otra parte, realizar una atenta comunicación al honorable Congreso de la Unión, a través de su Cámara de Diputados, para que en los trabajos relativos a la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1998, se atienda una disminución real de la tarifa 09, en apoyo a la crisis que impera en el sector agropecuario.

Igualmente, se hace una respetuosa solicitud a la junta de gobierno de la Comisión Federal de Electricidad, para que en el marco de sus atribuciones, considere una reducción del 50% a la tarifa 09 efectiva al ciclo otoño-invierno de 1997-1998.

Publíquese el presente acuerdo en los diarios locales.

Guanajuato, Guanajuato, 28 de noviembre de 1997.- Diputados: José Gerardo de los Cobos Silva, presidente; José Rivera Carranza y Ricardo Padilla Martín, suplentes.»

El Presidente :

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

ESTADO DE NUEVO LEON

El secretario Francisco Berganza Escorza:

«Escudo.- Honorable Congreso del Estado de Nuevo León.- LXVIII Legislatura.- Secretaría.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados al honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

En sesión celebrada el día 10 de diciembre de 1997, el pleno de la LXVIII Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo León, conoció del dictamen suscrito por la Comisión de Información y Peticiones, el cual fue aprobado en forma unánime, mediante el cual en sus puntos resolutivos acordó, se extienda formal y atenta petición al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que durante el primer periodo de sesiones ordinarias, próximo a concluir, se establezcan las condiciones y se acuerden soluciones al problema de la cartera de la banca; se anexa el dictamen de la Comisión de Información y Peticiones.

Sin otro particular les reiteramos las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Monterrey, Nuevo León, a 10 de diciembre de 1997.- Diputados: Leopoldo González González y Martín Santos Torres, secretarios.»

«Escudo Nacional.- Honorable Congreso de Nuevo León.- Sala de comisiones.

Honorable Asamblea: a los integrantes de la Comisión de Información y Peticiones nos fue turnado para su estudio y dictamen la solicitud que remiten a este honorable Congreso diversos ciudadanos pertenecientes a la asociación civil denominada El Barzón.

En el escrito de referencia se nos solicita que haciendo uso del derecho constitucional que tiene esta legislatura, establecido en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se haga llegar un exhorto o una excitativa a la legislatura federal para que durante este periodo de sesiones ordinarias se establezcan las condiciones y se acuerden soluciones al problema de la cartera vencida.

Los suscritos expresan en la exposición de motivos, que "la nueva legislatura federal ha iniciado a través de una subcomisión que se deriva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Comisión de Programación y Presupuesto y de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, una investigación a fondo del rescate bancario y carretero. Además, se ha constituido una mesa de negociación entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México como fiduciario del Fobaproa, los banqueros y los representantes de la nación investidos como diputados federales".

Posteriormente señalan que "a más tardar el próximo día 15 de diciembre tendrá que aprobarse el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos" y que "uno de los temas principales es el asunto de la cartera vencida, que en este momento se consensa entre todas las fuerzas políticas y sociales".

Por lo que solicitan a esta legislatura se dictamine en apoyo a su solicitud, misma que consideran debe plantearse tomando en cuenta la discusión que para el efecto tendrá la legislatura federal en días próximos.

Compañeros diputados: la crisis financiera acaecida a finales de 1994 y el disparo de los intereses bancarios, originaron serios problemas de insolvencia para los deudores de la banca, quienes de la noche a la mañana se encontraron ante la imposibilidad material de hacer frente a los créditos contratados con anterioridad a la misma.

Ante esta situación, el Gobierno Federal instrumento 14 programas de apoyo a los deudores y a la banca, constituyendo en igual sentido, el fondo de apoyo denominado Fobaproa.

De esta manera, para atenuar el problema en comento, se destinó una partida de 379 mil millones de pesos, cantidad que representa el 11.9% del producto interno bruto, sin embargo a pesar de este esfuerzo aún no se ha logrado establecer una solución definitiva para atacar la situación actual de la banca y sus deudores.

Por ello y dado que el problema bancario sigue ocasionando estragos en la economía de las familias de nuestro Estado, la comisión que suscribe el presente dictamen, considera necesario hacer frente a la solicitud planteada ante este Poder Legislativo, solidarizándonos con los nuevoleoneses que presentan dificultades para hacer frente a los créditos agropecuarios, hipotecarios, empresariales o de servicios, comercio y consumo, que representan el 11%, 18%, 36% y 35% respectivamente, de la cartera vencida de la banca.

Entrando en materia de la propuesta planteada, ocurre que en la misma se solicita a este Congreso, en uso de la facultad establecida en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sirva hacer llegar exhorto o excitativa al Congreso de la Unión, para que durante el actual periodo de sesiones establezca las condiciones y se acuerden soluciones al problema de la cartera vencida. Sobre el particular los integrantes de la comisión suscribiente consideramos:

Primero. Que la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de iniciar leyes o decretos ante el Congreso de la Unión y es el caso, que la solicitud planteada no cabe en la hipótesis de los artículos constitucionales invocados, al tratarse de una solicitud de exhorto o excitativa.

Segundo. No obstante lo anterior, estimamos que el problema por el que atraviesan los deudores de la banca debe atenderse en su justa dimensión, por lo que en ejercicio de la facultad concedida a este Congreso en el artículo 63 fracción XXXV de la Constitución Política del Estado, planteamos ante este pleno dar trámite legal favorable a la promoción que nos ha sido turnada para su estudio y dictamen, no como un exhorto o excitativa, sino como una formal petición formulada ante el honorable Congreso de la Unión.

Tercero. Por otra parte, de resultar favorable el voto de este pleno, la comisión sustentante estima que la petición que sea planteada ante el honorable Congreso de la Unión, incluya contemplar y beneficiar no sólo a las personas que se encuentran en el lamentable problema de la cartera vencida, sino en igual medida, a los deudores que con sacrificio se han esforzado por mantenerse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones crediticias.

Cuarto. En igual sentido es de hacer notar que la promoción presentada para ser plenamente satisfecha por el Legislativo Federal, requiere ser planteada dentro del paquete económico para 1998, el cual esta por aprobarse de un momento a otro dentro del honorable Congreso de la Unión; asimismo, el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el primer periodo ordinario del Congreso de la Unión no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre, por lo que se hace necesario que este pleno se aboque a la resolución pronta de la solicitud planteada, a fin de que la misma no resulte inoperante o tardía para considerarse en el referido paquete económico.

Quinto. Finalmente, es de tomarse en cuenta que la propuesta planteada a este Congreso representa el sentir de un importante sector de la población de nuestro Estado, por lo qué atendiendo a nuestro carácter de representación popular y en consideración a la gran cantidad de escritos dirigidos por ciudadanos a cada uno de los integrantes de esta legislatura, estimamos prioritario dar cauce legal a la misma.

Por lo anteriormente expuesto y en base a las disposiciones legales y constitucionales invocadas, los integrantes de la comisión que suscribe el presente dictamen, sometemos al recto criterio de este pleno el siguiente

PROYECTO DE ACUERDO

Primero. Con fundamento en los artículos 46 y 63 fracción XXXV de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, se extiende formal y atenta petición al honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que durante el primer periodo ordinario de sesiones próximo a concluir, se establezcan las condiciones y se acuerden las soluciones al problema de la cartera de la banca.

Segundo. Se instruye a la Oficialía Mayor de este honorable Congreso, para que realice los trámites administrativos conducentes a fin de elevar este acuerdo ante el honorable Congreso de la Unión.

Tercero. Comuníquese el presente acuerdo a los ciudadanos promoventes.

Monterrey, Nuevo León, a diciembre 10 de 1997.- Comisión de Información y Peticiones.- Diputados: presidente, Jaime Rodríguez Calderón; vicepresidentes, Enrique Nuñez Vela; Jose Luis Castillo Domínguez; vocales: Fanny Arellanes Cervantes; Inocencio Cerda Cortés; Guillermo Martínez Garza;

Jesús Morales García; Manuel Peña Doria y José Herrera Maldonado.»

El Presidente :

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

ESTADO DE SINALOA

La secretaria Lourdes Angelina Muñoz Fernández:

«Escudo.- Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa.

Ciudadano diputado Juan Cruz Martínez.- Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

Respetable señor Presidente:

La LV Legislatura del honorable Congreso del Estado de Sinaloa, en sesión celebrada el día de hoy, aprobó punto de acuerdo cuyo contenido me permito transcribir:

Primero. La LV Legislatura del honorable Congreso del Estado de Sinaloa, se solidariza con las familias y productores deudores en la búsqueda de solución a su problemática.

Segundo. Dirigirse a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, solicitándoles su intervención oportuna en la búsqueda de mecanismos que tengan por objeto resolver el problema de la cartera vencida en el país y la reestructuración de adeudos, en el marco del estado de derecho y con criterio de justicia.

Tercero. Solicitar a los integrantes del Congreso de la Unión, se impulsen alternativas a nivel nacional en las que se contemplen criterios que sean orientados a solucionar los adeudos, atendiendo las características de los créditos y los sectores involucrados.

En el marco del espíritu de gestión que impulsa la actividad del legislador, en su calidad de representante social, se orienta el punto de acuerdo aprobado, mismo que seguro estoy será hecho suyo por los integrantes de esa alta soberanía popular.

Para ilustrar lo anterior, anexo al presente oficio, envío a usted copia del escrito de la iniciativa correspondiente.

Atentamente.

Culiacán, Rosales, Sinaloa, a 9 de diciembre de 1997.- El presidente de la Gran Comisión del honorable Congreso del Estado de Sinaloa.- Diputado, Víctor Manuel Gandarilla Carrasco.»

«Escudo.- Honorable Congreso del Estado.- Presente.

Los coordinadores parlamentarios, con nuestra calidad de diputados miembros de la LV Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa y en cumplimiento de nuestra obligación para coadyuvar en la solución de los problemas que afectan a nuestros representados, y

CONSIDERANDO

Que la naturaleza deliberativa del Poder Legislativo y foro donde coincide la diversidad ideológica que constituye a nuestra sociedad, es razón importante para que los diputados hagan suyas las inquietudes y problemas de todos los sectores sociales y en esta pluralidad ideológica se busquen alternativas de solución.

Que los problemas de trascendencia social, como el que actualmente afecta a las familias mexicanas y sinaloenses, en virtud de la crisis económica que afectó al país entero en 1994 no puede ser soslayado por los diputados del honorable Congreso del Estado de Sinaloa.

Que es de obvio conocimiento que, no obstante que las diversas instancias gubernamentales, se han preocupado por impulsar programas de apoyo a los deudores, la elevación de los intereses bancarios ha incrementado también la cartera vencida, dejando sentir con ello sus negativas consecuencias e impidiendo un verdadero desarrollo económico y social.

Que la solución de la cartera vencida requiere de bases sólidas y revisión de programas que al momento de discutirse las reformas fiscales y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1998 resultaría tiempo oportuno para tomar medidas tendientes a proporcionar alternativas para este magno problema.

Que habiéndose recibido planteamientos para que esta LV Legislatura se manifieste apoyando alternativas de solución a los problemas que afectan a familias sinaloenses, derivados de una alta inflación que ha repercutido en sus créditos bancarios, los diputados miembros de los grupos parlamentarios que integran este Congreso han determinado solidarizarse con ellos y expresar su decidido apoyo para dirigirse a las instancias y órganos competentes que deban ayudar a resolver su situación económica.

Que con sustento en las consideraciones anteriores, los coordinadores de los grupos parlamentarios del honorable Congreso del Estado, proponemos al pleno la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La LV Legislatura del honorable Congreso del Estado de Sinaloa, se solidariza con las familias y productores deudores en la búsqueda de solución a su problemática.

Segundo. Dirigirse a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, solicitándoles su intervención oportuna en la búsqueda de mecanismos que tengan por objeto resolver el problema de la cartera vencida en el país y la reestructuración de adeudos, en el marco del estado de derecho y con criterio de justicia.

Tercero. Solicitar a los integrantes del Congreso de la Unión, se impulsen alternativas a nivel nacional en las que se contemplen criterios que sean orientados a solucionar los adeudos atendiendo las características de los créditos y los sectores involucrados.

Salón de sesiones del honorable Congreso del Estado de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 9 días de diciembre de 1997.- Grupos parlamentarios del honorable Congreso del Estado de Sinaloa.- Diputados coordinadores parlamentarios: Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, del Partido Revolucionario Institucional; Luis Roberto Loaiza Garzón, del Partido Acción Nacional y Fernando Durán Sepúlveda del Partido de la Revolución Democrática.»

El Presidente :

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

ESTADO DE SONORA

El secretario José Antonio Alvarez Hernández:

«Escudo Nacional.- Congreso del Estado Libre y Soberano de Sonora, Hermosillo.- Secretaría.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

El pleno del honorable Congreso del Estado, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente

ACUERDO

Unico. El honorable Congreso del Estado de Sonora, hace un pronunciamiento de apoyo y solidaridad en favor de todos los sonorenses deudores de la banca, para que se proceda a llevar a cabo una revisión financiera crediticia flexible, con la finalidad de que se esté en posibilidades de dar cumplimiento a las obligaciones crediticias.

Hágase lo anterior del conocimiento del honorable Congreso de la Unión, para los efectos legales a que haya lugar, así como del Secretario de Hacienda, de la Comisión Nacional Bancaria, del Banco de México y en general de todas las instituciones de crédito, para que se propicie la elaboración de una propuesta general que haga posible la solución al problema de las carteras vencidas y con ello solucionar cada caso en particular y de acuerdo a la capacidad económica de cada deudor.

Lo que nos permitimos comunicar a ustedes para su conocimiento y demás fines.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Hermosillo, Sonora, a 27 de noviembre de 1997.- Diputados: Juan de Dios Castro Pacheco y Ofelia González Miranda, secretarios.»

«Escudo Nacional.- Congreso del Estado Libre y Soberano de Sonora, Hermosillo.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

Los suscritos coordinadores parlamentarios de los partidos políticos PRI, PAN y PRD del honorable Congreso del Estado de Sonora, y con motivo del dictamen presentado al pleno, con fecha 27 de noviembre de 1997 por la Comisión de Peticiones del Congreso, nos permitimos comunicar y poner a disposición el punto de acuerdo determinado por el pleno relativo al acuerdo legislativo mediante el cual este honorable Congreso se pronuncia a favor de apoyar y otorgar nuestra solidaridad a favor de todos los sonorenses deudores de la banca, mismo que se presenta en anexo al presente ocurso.

Atentamente.

Hermosillo, Sonora, a 28 de noviembre de 1997.- Diputados: Carlos Gámez Fimbres, coordinador parlamentario PRI; Luis Alfonso Valenzuela Segura, coordinador parlamentario PRD y Carlos Tapia Astiazarán, coordinador parlamentario PAN.»

«Escudo.- Congreso del Estado Libre y Soberano de Sonora, Hermosillo.

Punto de acuerdo de coordinadores parlamentarios de los partidos políticos PRI, PAN y PRD del honorable Congreso del Estado de Sonora.

Por decisión unánime de los coordinadores parlamentarios en el honorable Congreso del Estado, respecto de la solicitud de apoyo y solidaridad planteada por ciudadanos sonorenses pertenecientes a distintas organizaciones de deudores de la banca comercial en el Estado de Sonora, se emite públicamente el siguiente acuerdo, mismo que deberá presentarse ante el honorable Congreso de la Unión, por conducto de la Cámara de Diputados, a efecto de que, con plenitud de jurisdicción, competencia y facultades constitucionales, y previo estudio y discusión del pleno, se emita el dictamen que en derecho corresponda

ANTECEDENTES

Con fecha 26 de noviembre del año en curso, y en la sala de comisiones del honorable Congreso del Estado, previa solicitud de ciudadanos, se reunieron los señores diputados Olegario Carrillo Meza, en su carácter de Presidente del Congreso, Luis Alfonso Valenzuela Segura, Carlos Gámez Fimbres y Carlos Tapia Astiazarán, como coordinadores de los grupos parlamentarios de los partidos políticos PRD, PRI, y PAN, respectivamente, así como los ciudadanos Francisco Mitre Rivas, como representante de la organización denominada El Barzón Democrático (sectores norte y sur), Ramón Emetrio Icedo Miranda, René Francisco Botello Ortiz, como representantes del Frente Unido de Deudores de la Banca A.C., con el propósito de analizar conjuntamente la relación actual de organizaciones de deudores con bancos locales; planteamientos y mecanismos de reestructuración propuestos por las partes; situación de trámites judiciales de carácter mercantil; propuesta técnica propia planteada a la banca por dichas organizaciones; respuestas y avances obtenidos hasta la fecha y en sí informar al Congreso del Estado, por conducto de los referidos diputados, la problemática global sobre la cual se mantienen relaciones formales con los bancos acreedores.

De manera expresa los señores diputados hicieron saber a los representantes de las organizaciones de deudores que, de acuerdo a las facultades y atribuciones del Congreso del Estado, dispuestas por el artículo 64 de la Constitución Política local, éste tiene impedimento constitucional, por razón de la materia, para legislar en lo relativo a los actos de comercio y toda clase de operaciones mercantiles celebradas entre particulares, sean personas físicas o morales, y las instituciones crediticias, toda vez que éstas se instituyen, rigen y reglamentan por una legislación de Orden Federal, como lo es el Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En consecuencia, quedó satisfactoriamente aceptado que el Congreso local no puede expedir ley, decreto o acuerdo legislativo en materia mercantil o comercial, de acuerdo al artículo 52 de la Constitución Política local, razón sustancial esta por la que resulta improcedente presentar al pleno propuesta al respecto y, adicionalmente, las organizaciones de deudores y

ciudadanos en general, no cuentan con facultades de iniciativa, según lo dispone el artículo 53 de la Constitución Política local y artículo 71 de la Constitución General de la República, para que este Congreso esté en aptitud de estudiar, dictaminar y resolver lo relativo al concepto de deudas y créditos insolutos a favor de la banca comercial, como entidad acreedora, toda vez que la operación y otorgamiento de créditos se rigen por una normatividad federal, mientras que la legislación local, única y exclusivamente es aplicada en forma supletoria de aquélla, tal y como expresamente lo establece el artículo 2o. del propio Código de Comercio.

Ahora bien, entrando en materia, uno de los puntos centrales que se abordaron y fueron objeto de análisis, son los mecanismos de negociación y restructuración crediticia de cartera vencida vía Udis, Ades y Fobaproa implementados unilateralmente por los bancos hasta la actualidad, mismos que, a juicio de los deudores y coincidiendo con el criterio común de los diputados, no han resuelto de manera sustancial el conflicto de adeudos, y mucho menos aún, han permitido resolver en condiciones de equidad para deudores y acredores los empréstitos comerciales, tanto de créditos refaccionarios, habilitación o avío, hipotecarios, prendarios, quirográfarios, tarjetas de crédito etcétera, a grado tal que de los 540 mil millones de pesos adeudados a la banca comercial a nivel nacional, 24 mil millones de pesos corresponden a adeudos de ciudadanos sonorenses, mismo que en el segundo semestre del presente año incrementó en 2.9% la cartera vencida en el Estado de Sonora.

Independientemente del volumen o puntos de incremento porcentual que afecte o incida directamente en la elevación o disminución de montos de adeudos, entre bancos de la localidad y sus deudores, estimamos que en nuestro carácter de legisladores y como representantes populares, es un deber social insoslayable atender toda clase de solicitudes y opiniones provenientes de ciudadanos con incapacidad económica para responder al cumplimiento de sus obligaciones crediticias con la banca privada y comercial, ya que esta problemática se acentúa y viene agudizándose cotidianamente sin posibilidades de resolución a mediano plazo, toda vez que observamos intransigencias evidentes por parte de las instituciones bancarias y además, nuestras autoridades hacendarias en el país, Comisión Nacional Bancaria y Banco de México, han omitido participar en tal conflicto de manera propositiva, lo cual imposibilita lograr una solución de fondo en tal problema.

Nosotros consideramos oportuno atender las preocupaciones de los ciudadanos deudores, en términos de que como representantes de los tres principales partidos políticos nacionales, estamos conscientes que dicho fenómeno representa en el futuro un conflicto con repercusiones sociales y costos políticos de impredecibles consecuencias negativas para el Estado y el país en general, ya que el problema no es privativo exclusivamente de los sonorenses, sino que por el contrario, los adeudos bancarios constituyen un punto de orden general en el país y donde tienen expresión de interés los distintos sectores sociales de nuestra economía.

Tiene nodal importancia aceptar que el incremento exacerbado e incontrolable de la cartera vencida bancaria, tiene su origen en una condición ajena y extracontractual a las partes de conflicto, toda vez que con motivo de la crisis económica generada a partir de diciembre de 1994, se vieron incrementados inopinadamente los réditos o intereses ordinarios y moratorios generados con motivo de la condición de impago en que incurrió el grueso de los acreditados en contratos comerciales con la banca, cuyas consecuencias incrementaron de manera dramática los montos generales de adeudos, a grado tal que en la actualidad éstos resultan imposibles de cumplirse con motivo de los índices de inflación de nuestra economía nacional, amén, del lacerante desempleo y desocupación que priva en el mercado de trabajo en la actualidad.

ACUERDO UNICO

En las apuntadas condiciones, manifestamos nuestra más amplia solidaridad y apoyo con los ciudadanos sonorenses deudores de la banca, en términos de que el Poder Legislativo del Congreso de la Unión asuma como propia la solicitud de nuestros conciudadanos a efecto de que por su conducto se analicen y exploren nuevos mecanismos de reestructuración sobre adeudos y obligaciones crediticias entre particulares y las instituciones bancarias, ya que con la suma de facultades y atribuciones constitucionales establecidas en los artículos 50, 73, 74 y 76 de la Constitución General de la República, se determine procedencia para legislar, emitir decreto o acuerdo legislativo en los que se dictamine la transformación de las operaciones de crédito y toda clase de actos comerciales pactados entre ciudadanos mexicanos y la banca privada en nuestro país.

Atentamente.

Hermosillo, Sonora, a 27 de noviembre de 1997.- Diputados: Olegario Carrillo Meza, presidente del

honorable Congreso del Estado de Sonora; Carlos Gámez Fimbres, PRI; Luis Alfonso Valenzuela Segura, PRD y Carlos Tapia Astiazarán, PAN, coordinadores parlamentarios.»

«Escudo Nacional.- Congreso del Estado Libre y Soberano de Sonora, Hermosillo.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

Los suscritos coordinadores parlamentarios de los partidos políticos: PRI, PAN y PRD del honorable Congreso del Estado de Sonora y con motivo del dictamen presentado al pleno, con fecha 27 de noviembre de 1997 por la Comisión de Peticiones del Congreso, nos permitimos comunicar y poner a disposición el punto de acuerdo determinado por el pleno, relativo al acuerdo legislativo mediante el cual este honorable Congreso se pronuncia a favor de apoyar y otorgar nuestra solidaridad a favor de todos los sonorenses deudores de la banca, mismo que se presenta en anexo al presente ocurso.

atentamente.

Hermosillo, Sonora, a 28 de noviembre de 1997.- Diputados: Carlos Gámez Fimbres, PRI; Luis Alfonso Valenzuela Segura, PRD y Carlos Tapia Astiazarán, PAN, coordinadores parlamentarios.»

De enterado.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El secretario Gerardo Ramírez Vidal:

«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.

Adjunto al presente nos permitimos remitir la iniciativa de reforma al artículo tercero transitorio del decreto, por el que se reformaron los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los integrantes de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Cabe destacar que previo acuerdo de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, esta iniciativa deberá de incluirse en el orden del día de la sesión del 13 de diciembre del presente, debiéndose solicitar la dispensa que establece el artículo 14 del acuerdo parlamentario del 6 de noviembre de 1997 y de considerarlo procedente la Asamblea, invocar el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, para que se considere este asunto como de urgente y obvia resolución y sea votado en la sesión de mañana, para que pase al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 12 de diciembre de 1997.- Por las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores, diputados: Santiago Creel Miranda, Alfredo Phillips Olmedo, presidentes.»

«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Los diputados suscritos de esta Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 71 fracción ll, de la Constitución General de la República, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo tercero transitorio del decreto por el que se reformaron los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997, por los siguientes

MOTIVOS

Considerando que las reformas a los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997 y que son de gran trascendencia para un amplio número de mexicanos, ya que establecen las modalidades por las cuales se adquiere la nacionalidad mexicana.

Que el artículo 30 constitucional establece: la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización.

A) Son mexicanos por nacimiento:

I. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres;

II. Los que nazcan en el extranjero, de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional o de madre mexicana nacida en territorio nacional;

III. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padres mexicanos por naturalización o de madre mexicana por naturalización y

IV. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes.

B) Son mexicanos por naturalización:

I. Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones Exteriores carta de naturalización y

II. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la Ley.

Que la reforma a la Constitución dice en su artículo 32:

La ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad.

El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión.

En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el Ejército ni en las fuerzas de policía o seguridad pública. Para pertenecer al activo del Ejército en tiempo de paz y al de la Armada o al de la Fuerza Aérea, en todo momento o desempeñar cualquier cargo o comisión en ellos, se requiere ser mexicano por nacimiento.

Esta misma calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos y de una manera general, para todo el personal que tripule cualquier embarcación o aeronave que se ampare con la bandera o insignia mercante mexicana. Será también necesaria para desempeñar los cargos de capitán de puerto y todos los servicios de practicaje y comandante de aeródromo.

Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias, para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones de gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano.

Que la reforma al artículo 37 considera:

A) Ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad.

B) La nacionalidad mexicana por naturalización se perderá en los siguientes casos:

I. Por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar en cualquier instrumento público como extranjero, por usar un pasaporte extranjero o por aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un estado extranjero y

II. Por residir durante cinco años continuos en el extranjero.

C) La ciudadanía mexicana se pierde:

I. Por aceptar o usar títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros;

II. Por presentar voluntariamente servicios oficiales a un gobierno extranjero sin permiso del Congreso Federal o de su Comisión Permanente;

III. Por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Congreso Federal o de su Comisión Permanente;

IV. Por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previa licencia del Congreso Federal o de su Comisión Permanente, exceptuando los títulos literarios, científicos o humanitarios que pueden aceptarse libremente;

V. Por ayudar, en contra de la nación, a un extranjero o a un gobierno extranjero, en cualquier reclamación diplomática o ante un tribunal internacional y

VI. En los demás casos que fijan las leyes.

En el caso de las fracciones II a IV de este apartado, el Congreso de la Unión establecerá en la ley reglamentaria respectiva, los casos de excepción en los cuales los permisos y licencias se entenderán otorgados una vez transcurrido el plazo que la propia ley señale, con la sola presentación de la solicitud del interesado.

Que en los artículos transitorios de dicha reforma se estableció que:

Primero. El presente decreto entrará en vigor al año siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Quienes hayan perdido su nacionalidad mexicana por nacimiento, por haber adquirido voluntariamente una nacionalidad extranjera y si se encuentran en pleno goce de sus derechos, podrán beneficiarse de lo dispuesto en el artículo 37 apartado A, constitucional, reformado por virtud del presente decreto, previa solicitud que hagan a la Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro de los cinco años siguientes a la citada fecha de entrada en vigor del presente.

Tercero. Las disposiciones vigentes con anterioridad a la fecha en que el presente decreto entre en vigor, seguirán aplicándose, respecto a la nacionalidad mexicana, a los nacidos o concebidos durante su vigencia.

Cuarto. En tanto el Congreso de la Unión emita las disposiciones correspondientes en materia de nacionalidad, seguirá aplicándose la Ley de Nacionalidad vigente, en lo que no se oponga al presente decreto.

Quinto. El último párrafo del apartado C del artículo 37, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Como se desprende de la transcripción del artículo tercero transitorio de la reforma constitucional, a las personas que hayan nacido o sido concebidas antes del 20 de marzo de 1998, no les serían aplicables tales modificaciones, como tampoco las disposiciones legales que de ellas se deriven. Por ello, la finalidad de la presente iniciativa es extender este nuevo régimen de nacionalidad para que abarque y sea aplicable a esos mexicanos que quedaron excluidos en la pasada reforma constitucional.

Por las anteriores consideraciones nos permitimos someter por el digno conducto de ustedes señores secretarios, a la elevada consideración del honorable Congreso de la Unión, la presente

INICIATIVA DE DECRETO

De reforma al artículo tercero transitorio del decreto por el que se reforman los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997, para quedar como sigue:

Artículo tercero. Las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de este dcreto, seguirán aplicándose a los nacidos o concebidos durante su vigencia, únicamente en todo aquello que les favorezca, sin perjuicio de los beneficios que les otorga la reforma contenida en el presente decreto.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Unico. Esta reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Reiteramos a ustedes, señores secretarios, las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 1997.- Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Alvaro Arceo Corcuera, Jorge Emilio González Martínez, Ricardo Monreal Avila, secre

tarios; Felipe Urbiola Ledesma, Roberto Armando Albores Guillén, Juan Miguel María Alcántara Soria, Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Ricardo Castillo Peralta, Ricardo Cantú Garza, Juan José García de Quevedo Báez, Pablo Gómez Alvarez, José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández Gómez, Fidel Herrera Beltrán, José Luis Benjamín Lamadrid Sauza, Antonio Benjamín Manríquez Guluarte, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina Plascencia, Porfirio A. Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, Armando Neyra Chávez, Arturo Núñez Jiménez, Gil Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Miguel A. Quiroz Pérez, Juan José Rodríguez Prats, Demetrio Javier Sodi de la Tijera y Jorge Doroteo Zapata García; por la Comisión de Relaciones Exteriores: Alfredo Phillips Olmedo, presidente; Javier Algara Cossío, José Luis Flores Hernández y Jesús Samuel Maldonado Bautista, secretarios; Orlando Arvizu Lara, María del Socorro Aubry Orozco, Carlos Froylán Camacho Alcázar, Lázaro Cárdenas Bate, Juan Carlos Espina von Roehrich, Francisco García Castells Pérez, José Gascón Mercado, José de Jesús González Reyes, Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, Lombardo Victoriano Guajardo Guajardo, Carlos Antonio Heredia Zubieta, Israel Hurtado Acosta, Carlos Martín Jiménez Macías, Jeffrey Max Jones Jones, José Luis López López, Dionisio Alfredo Meade y García de León, Francisco Javier Morales Aceves, Ramón Mota Sánchez, Porfirio A. Muñóz Ledo y Lazo de la Vega, Juan Manuel Parás González, Clarisa Catalina Torres Méndez, Héctor Flavio Valdez García, Violeta Margarita Vázquez Osorno, Sara Esthela Velázquez Sánchez, Alfredo Villegas Arreola y José Luis López López.»

El Presidente :

De conformidad con los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensan todos los trámites y se somete a votación de inmediato.

El secretario Gerardo Ramírez Vidal:

Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensan todos los trámites y se someten a votación de inmediato.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensan todos los trámites, señor Presidente.

El diputado Ricardo Monreal Avila (desde su curul):

¡Pido la palabra!

El Presidente :

¿Con qué objeto, diputado Monreal?

El diputado Ricardo Monreal Avila (desde su curul):

Para rectificar hechos para este asunto, señor Presidente.

El diputado Armando López Romero (desde su curul):

¡Pido la palabra!

El Presidente :

¿Con qué objeto, diputado López?

El diputado Armando López Romero (desde su curul):

Para una moción.

El Presidente :

Adelante, diputado.

El diputado Armando López Romero (desde su curul):

Señor Presidente:

Estamos en un proceso de votación. Está poniéndose a consideración del pleno si se hace la votación y no sabemos en qué momento del procedimiento nos encontramos ahora. Si se concluye la votación, que se le dé entonces paso y proceso a la votación; lo que sucede es que ahora está suspendida. ¡Entonces, no sabemos en qué momento estamos, es decir, se concluyó con la votación! ¡Se concluyó y se votó, señor Presidente!

El Presidente :

Por favor, pida la Secretaría que se dé...

El diputado Ricardo Monreal Avila (desde su curul):

¡Una moción, señor Presidente!

El Presidente :

Tiene la palabra el diputado Monreal, para una moción. Facilítenle un micrófono.

El diputado Ricardo Monreal Avila (desde su curul):

Señor Presidente: mire, esto que está sucediendo nos parece preocupante, es una moción a todos los diputados de todos los grupos parlamentarios. No puede ser que se presente una iniciativa, que no se dé el turno a comisiones, sino que se intente en este momento, por el 59 del Reglamento, considerarlo de urgente y obvia resolución, votarlo y enviarlo al Senado, en un solo momento. ¡No sólo es falta de pulcritud constitucional y parlamentaria, es absurdo que se presente la propia iniciativa y en el mismo acto se dé la votación en lo particular y en lo general, si es una reforma constitucional, señor Presidente!

Les pido a todos los diputados, de veras, que obremos con seriedad. Tenemos acuerdos consensados en esto. Podemos enviarla a comisiones. Hoy en la tarde la enviamos y mañana la votamos. Pero me parece muy precipitado y estamos violando procedimientos elementales, lógica jurídica, lógica parlamentaria. Está bien que implementemos nuevas prácticas parlamentarias, pero, señores diputados, es una reforma a la Constitución General de la República. Tengamos un poquito de cuidado y hagamos las cosas también con cuidado y con pulcritud. La precipitación nos lleva a cometer errores y nos parece delicado lo que está sucediendo.

Y si no fuera así, señor Presidente, le pido que verifique "la urgente y obvia resolución", porque no estamos de acuerdo la bancada y se requieren las dos terceras partes.

Entonces, en ese sentido, es simplemente un llamado a la sensatez, a la prudencia, a la cordura, a la responsabilidad constitucional.

El Presidente :

Muchas gracias, diputado.

Diputado Santiago Creel, ¿con qué objeto, por favor?

El diputado Santiago Creel Miranda (desde su curul):

Quisiera hacer una moción, señor Presidente.

El Presidente :

Adelante, diputado.

El diputado Santiago Creel Miranda (desde su curul):

Respecto de lo que acaba de mencionar el diputado Monreal, yo quisiera informarle a la Presidencia que hubo un acuerdo previo en comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores, con objeto de presentar el día de hoy esta iniciativa de reforma constitucional dispensando los trámites, debido a que el día de ayer se habían presentado dos iniciativas de la misma materia que habían sido objeto de discusión y de posicionamiento en el pleno por cada uno de los grupos parlamentarios.

Pero a mayor abundamiento, señor Presidente, y para rebatir aquí lo dicho por el diputado Monreal, tengo la Constitución Política en mis manos. Voy a dar lectura al artículo 71 de nuestra Constitución, que dice lo siguiente: "las iniciativas que presenten los diputados o senadores, se sujetarán a los trámites que decide el reglamento de debates"; artículo 71. El reglamento de debates claramente establece...

El Presidente :

Diputado, un momentito, voy a solicitar orden en la sala, por favor.

Pasen a tomar sus lugares señores, para que esto se lleve como debe de ser, por favor. Adelante.

El diputado Santiago Creel Miranda (desde su curul):

Muchas gracias, señor Presidente:

Decía que el fundamento para este acuerdo que adoptamos las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores, tiene como fundamento la Constitución, el artículo 71 y el párrafo que acabo yo de mencionar, que remite directamente al reglamento, precisamente en su artículo 60, en donde dice que solamente podrán dispensarse de este requisito, del envío a comisiones habla esta disposición, en los asuntos que por acuerdo expreso de la Cámara se califiquen de urgente y de obvia resolución.

Déjeme informarle a la Presidencia de que hemos considerado los miembros integrantes de las comisiones unidas y precisamente fue el fundamento para fojar este acuerdo parlamentario, que le diéramos este trámite, el trámite del artículo 60 de nuestro reglamento, que está a su vez fundamentado en el artículo 71 de nuestra Constitución.

En un principio no teníamos inconveniente de que esto pasará a comisiones, fue precisamente a propuesta de los diputados de las comisiones unidas de Gobernación y de Relaciones Exteriores, que aceptamos a esa propuesta darle cauce a través del artículo 71 de la Constitución y del 60 del reglamento. Pero, por supuesto, señor Presidente, lo sometemos a la determinación que adopte la mesa directiva por su conducto.

Muchas gracias.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde su curul):

Señor Presidente, para una moción.

El Presidente :

¿Con qué objeto, diputado Arroyo?

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde su curul):

Señor Presidente, no hay litigio de fondo en la materia de la iniciativa del asunto que nos ocupa. Sin embargo, entendemos que se trata de una reforma constitucional. Por un mínimo respeto a la norma fundamental, queremos que tenga los trámites debidos. Repito, no hay litigio de fondo en cuanto al asunto que nos ocupa, pero sí consideramos prudente que se turne a comisiones, que nos reunamos a la brevedad y que tengamos en el pleno el dictamen en cuanto se reúnan las comisiones, lo aprueben y lo firmen.

El diputado Santiago Creel Miranda (desde su curul):

¿Me permite la palabra, señor Presidente?

El Presidente :

Diputado Santiago Creel, ¿con qué objeto?

El diputado Santiago Creel Miranda (desde su curul):

Sí, con objeto de hacer una moción en el sentido siguiente, señor Presidente. Efectivamente, si la posición de algunos diputados integrantes de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores ha cambiado de ayer para hoy, cuando forjamos el acuerdo, por parte de la Presidencia de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales no había ningún inconveniente de que se turne a comisión. Lo que pasa es que el acuerdo había sido diferente. No habría por supuesto ningún motivo para oponernos en tal sentido.

Lo que yo sí pediría es que con su anuencia y de acuerdo con el reglamento, que nos permitiera reunirnos durante esta sesión a las comisiones unidas, de tal suerte de poder deliberar el dictamen y presentarlo al final de esta sesión.

Muchas gracias, señor Presidente.

El diputado Ricardo Monreal Avila (desde su curul):

¡Señor Presidente!

El Presidente :

¿Con qué objeto, diputado Monreal?

El diputado Ricardo Monreal Avila (desde su curul):

Señor Presidente, estamos de acuerdo.

El Presidente :

Gracias.

Túrnese a las comisiones de Gobernación y Relaciones Exteriores.

Por favor pasen a sus lugares diputados para continuar con la sesión.

Solicito a los diputados y señores de la prensa pasar a sus lugares para proseguir con la sesión.

JORGE CASTAÑEDA

El Presidente :

Se han inscrito para rendir homenaje luctuoso al canciller Jorge Castañeda, los siguientes diputados: por el PRD, Porfirio Muñoz Ledo y por el PRI, Jaime Moreno Garavilla.

Tiene la palabra el diputado, Porfirio Muñoz Ledo, hasta por 15 minutos.

El diputado Porfirio Muñoz Ledo:

Con su venia, señor Presidente:

En este día tan cercano al luto por el deceso del distinguido internacionalista mexicano Jorge Castañeda, debemos congratularnos como parlamentarios por haber decidido dedicar, así sea unos cuantos minutos de reflexión a su vida y a su obra, en estos días crepusculares de un periodo de sesiones, crepusculares en un sentido literal, relámpago, luces y ocaso.

Abramos un espacio para honrar a un hombre que fue portador de valores de la República, así estaremos honrando a la República misma, Jorge Castañeda fue un eminente diplomático mexicano que dejó tras de sí una larga trayectoria y un riquísimo ejemplo en la cátedra, en la investigación, en el ejercicio de la política internacional y en la lucha por la soberanía del país. Siempre fue su preocupación primordial la defensa de los intereses superiores de la nación, pero no como una frase abstracta, sino buscando en cada coyuntura específica los métodos y procedimientos para servir ese interés patriótico.

No confundió en ningún momento lo contingente con lo permanente, sabía que como lo diseñaron los liberales que restauraron la República, el derecho es el arma de los pueblos débiles y la defensa de los principios es lo que nos hace respetables, congruentes y a la postre, independientes.

Jorge Castañeda pertenece a una generación de diplomáticos que se formó durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, de la segunda posguerra mundial, precisamente en el tiempo en el que se construyeron los grandes instrumentos jurídicos multilaterales que rigen el mundo contemporáneo: la Carta de las Naciones Unidas en San Francisco; los Acuerdos de Breton Guts, que siguen ordenando en lo formal las relaciones financieras y monetarias internacionales, y el documento de Bogotá, la Carta de la Organización de los Estados Americanos.

Castañeda fue, antes que nada, como vocación y definición, un jurista; fue, de quienes creyeron hasta su muerte, que sólo el desarrollo progresivo del derecho internacional puede ordenar de modo civilizado la convivencia entre los pueblos; fue en ello heredero de sus dos grandes maestros, los dos más grandes diplomáticos de la historia contemporánea de México: Luis Padilla Nervo y Alfonso García Robles.

Por ello, los primeros libros, las primeras reflexiones de Castañeda, se refieren a ese nuevo orden jurídico mundial. Dos son sus obras sobresalientes: una, México y el Orden Mundial; y la otra, El Valor Jurídico de las Resoluciones de las Naciones Unidas, libro este último que le valió inmenso prestigio internacional como jurista.

Para ellos, para los hombres de su generación, la Carta de las Naciones Unidas era la respuesta a un mundo de oprobio, de guerra y de abuso de los poderosos. En dos de los principios esenciales que la Carta de San Francisco sostuvo -afirmaba Castañeda-, representa la más alta revolución jurídica de la historia humana: primero, la proscripción del uso de la fuerza; a partir de entonces, la guerra es un hecho ilegal y por lo tanto queda proscrita...

Y en consecuencia, como lo había dicho, con mucha anticipación el Constituyente de Chilpancingo: "toda conquista surgida de la fuerza, es ilegítima". El otro principio es el de la supremacía de los derechos humanos, la internacionalización de los derechos fundamentales de la persona humana que crean las jurisdicciones que nos permiten defender esas garantías inherentes al ser humano.

Su vocación por el derecho internacional, lo hizo convertirse con los años en el principal promotor del derecho contemporáneo del mar; a él se debe más que a ningún otro diplomático, el que se haya conquistado el principio de las 200 millas náuticas de mar territorial, o técnicamente hablando, de zona exclusiva de los estados, con lo que nuestro país duplicó la extensión de su territorio.

La preocupación central de Castañeda, fue la ampliación del ámbito de igualdad entre los estados que representan los organismos multilaterales, donde no importa si el país tiene una gran potencia militar o económica y si hay otro que es sumamente débil en los

hechos. Todos tienen igualdad jurídica y todos componen un parlamento mundial. De ahí que haya sido su celo primordial que México nunca se apartara de la política de principios, porque el día que ceda un parlamentario a una presión o a una componenda, ese día deja de representar a su país o a sus electores.

Recuerdo en el tiempo que laboramos juntos, él como canciller y yo como representante de México en las Naciones Unidas, una difícil, penosa, ardua conversación. Uno de los ministros de Relaciones Exteriores de uno de los países más poderosos de la Tierra, nos exigía cambiar el sentido de un voto, no sé a cambio de qué ventajas materiales. Castañeda quiso estar en esa conversación, le dijo: señor ministro, una cosa es nuestra amistad y nuestros intereses concretos y otros son los principios superiores de la convivencia internacional, el día que votáramos por intereses y no por principios, no seríamos dignos del respeto que nos tiene.

Otra ocupación fundamental de Castañeda, en análisis crítico de los principios del derecho internacional y su jerarquización. Para él y lo dice con toda claridad su discurso de agosto de 1997, en la Cumbre de los no Alineados, en La Habana, el más importante principio del derecho internacional para México es el de la no intervención, curiosamente aquel que estuvo ausente de la Carta de San Francisco, que fue una fiesta de los vencedores y que sólo se consagró 15 años después en la Resolución 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la declaración sobre el derecho a la independencia de los pueblos coloniales.

Por eso se empeñó en que México fuese promotor de la independencia de Belice, del reconocimiento pueblo de la soberanía de Namibia, de la defensa de la soberanía de la República Arabe Saharauí y de la defensa de los pueblos en rebeldía a fijar su propio destino, primordialmente aquellos que comparten nuestra cuenca geográfica.

De ahí nuestra actitud digna, independiente y congruente, en el caso de la lucha por la independencia del pueblo de Nicaragua y de una paz consecuente, pacífica, justa y duradera en el caso de la República de El Salvador.

A nuestra iniciativa se debe la declaración Franco-Mexicana sobre El Salvador, que abrió el paso al reconocimiento de quienes luchaban por el cambio social en ese país como fuerzas beligerantes o en el texto del acuerdo como fuerzas políticas representativas.

Pero también se debe un compromiso mexicano en materia de derechos humanos. A efecto de no tener tacha alguna en la defensa de esos pueblos, del pueblo de Chile, contra diversas formas de opresión se promovió que México suscribiera y ratificara, en 1981, los pactos civiles y políticos de Naciones Unidas y la llamada Convención de San José, que no es, sino la Convención sobre Derechos Americanos en nuestro continente. Gracias a la suscripción de esas convenciones, hemos podido acudir en defensa de nuestros propios derechos ciudadanos, a los tribunales e instancias internacionales, para que respeten los derechos individuales, los derechos civiles y los derechos políticos del pueblo mexicano.

Fue por último partidario de que México participara en todos aquellos foros en los cuales hubiera un espacio para defender nuestros intereses. Pensaba que el aislamiento era la peor política que México podría practicar, de ahí que fue, gracias a su decisión que ingresamos por primera y única vez al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que estuvimos presentes en cuantos foros se debatieron los grandes problemas de la humanidad.

El reconocía, lo escribió en un ensayo particularmente agudo, el peso gravitacional de nuestra vecindad con los Estados Unidos de América sobre la política exterior del país, pero pensaba que precisamente por ello el conjunto de la diplomacia mexicana bilateral y multilateral, regional y mundial, política y especializada, debiera dedicarse a expander la presencia de México, de modo a crear un contrapeso a esa fuerza predominante de la relación con los Estados Unidos.

Lo escribió textualmente; dijo: "el hecho de que la vinculación de México con Estados Unidos constituya una piedra fundamental de su política exterior, no implica de modo alguno, la aceptación pasiva o simplista de una dependencia política, económica y cultural. A pesar de las diferencias y sobre todo a pesar de la asimetría del poder entre nuestros países, existe un vasto campo para México, para que lleve a cabo una relación positiva y justa, basada en el respeto mutuo. Para ello tenemos el conjunto de nuestra política exterior".

Lo más importante compañeros, es que en cada momento de la historia y ésa es la lección que pudiéramos extraer de la obra de Castañeda, debemos hacer vigentes los principios permanentes de México en cualquier coyuntura y no dejarnos seducir por los juegos de abalorio de la globalización.

México es un país con historia, es un país con principios y es un país con la fuerza y el talento suficiente para continuar siendo un país independiente en el concierto de las naciones.

Muchas gracias.

El Presidente :

Tiene la palabra el diputado Jaime Moreno Garavilla, del grupo parlamentario del PRI, hasta por 15 minutos.

El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla:

Con la venia de las compañeras aquí presentes; de mis compañeros legisladores; con su venia, señor Presidente:

Y se cubrió su ataúd con la Bandera Nacional y tres rosas blancas y más de 30 citas grabadas para la posteridad en la obra que condensa los tiempos del estadista que acudió a guardarle, en presencia, los últimos honores.

La primera de dichas citas: mayo 21 de 1979: "designo a Castañeda en sustitución de Santiago Roel, mañana será recibido Fidel Castro en Cozumel".

Mayo 23. "Castañeda, inmejorable".

Junio 26. "En la Organización de Estados Americanos la posición de México impecable. Por primera vez México no se queda solo frente a las pretensiones norteamericanas. Firmes en cuanto a la no intervención. Castañeda haciendo buen trabajo".

Julio 9. "Castañeda, su solidez y profesionalismo".

Octubre 4. "Castañeda, uno de los hombres a cuyo cargo está nuestra tesis ante la Organización de Naciones Unidas. Castañeda duda nuestro eventual ingreso al GATT, se opone a admitir al Sha de Irán una vez más. Castañeda promueve y ejecuta la decisión de que México ingrese al Consejo de Seguridad de la ONU en el marco de la invasión soviética a Afganistán, la toma de la Embajada de los Estados Unidos de América en Irán. Fomenta, promueve, media y negocia frente a los vecinos del norte, soluciones para atenuar el bloque impuesto al hermano pueblo cubano".

Castañeda también supera un casi coma diabético para recibir en las horas siguientes al presidente Reagan y atender la histórica reunión Norte-Sur.

Noviembre 4 de 1981. "El trabajo de Jorge Castañeda, verdaderamente extraordinario. Recorrió el mundo, propuso, negoció, concertó, avanzó".

Ocho días después el relator de estas expresiones en sus tiempos, preguntaba si el gobierno de los Estados Unidos de América apoyaría la candidatura de Castañeda a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Otro compromiso les impedía aceptar la candidatura de este mexicano de excepción.

Portador digno de la investidura diplomática, que supo representar los intereses primarios de México, sumando convicción y luces a la evolución de las relaciones internacionales contemporáneas.

Definición de derecho del mar, desarme, pacificación centroamericana, diálogo Norte-Sur, entre sus prioridades, preocupaciones. Embajador emérito de amplia trayectoria académica y evidentemente diplomática, como ya con precisión y holgura lo señaló el diputado Muñoz Ledo que me antecedió en la palabra, aquel embajador emérito que se crea y recrea en las aulas, aquellas aulas en las que se aprende que la ley y la justicia coronan al resto de las ciencias y tienen como misión fundamental la de servir al hombre al que conforma a los pueblos.

Sí, a ese humanismo al que alguna vez se refiriera el insigne jurista Mario de la Cueva, al decir, que si bien es cierto el hombre primitivo tembló horrorizado ante los embates de la fuerza de la naturaleza, el hombre del Siglo XX tiembla también horrorizado frente a los embates de sus grandes creaciones, de sus grandes creaciones monumentales: el Estado y la política. En la medida en que se olvidó de dotarles al crearlas, de la dosis suficiente de humanismo.

Hoy, decía De la Cueva, la proporción y dimensión exacta de ese olvido, es en razón directa a la crisis, que el hombre tiene que soportar. Hoy, es pues sobre la concepción humanista como se explica que México ha sido y es, una nación pacifista, que finca su honor, dignidad y fortaleza, en el apotegma juarista de un cabal respeto entre los hombres y entre las naciones.

Imbuído por este leído del gran patricio oaxaqueño, del académico Castañeda y Alvarez de la Rosa, se erigió como intransigible defensor de principios inveterados, que se sustentan en las más claras expresiones de la viva, esencia histórica del pueblo de México.

Respeto a la autodeterminación de los pueblos. Respeto a la no intervención. Solución pacífica de las controversias, Proscripción de la amenaza o uso de la fuerza. Igualdad jurídica de los estados. Cooperación internacional para el desarrollo y lucha por la paz y la seguridad internacionales.

Todos estos principios son de validez inalterable en el concierto de las naciones, del que se derivan por cierto relaciones cada vez más complejas, intentando ahuyentar al mundo de la equidad y de la justicia en que todos deseamos verlo muy pronto.

Un mundo en cuyo ámbito económico globalizador, sea factible insertar con dignidad, los nacionalismos incluyentes, que como el nuestro, buscan conservar identidad histórica, cultura y rumbo, desalentando al tiempo las profundas asimetrías que hoy reflejan los niveles de desarrollo entre los pueblos del orbe.

Un mundo globalizado de cooperación y de competencia, si, pero en el que haya respeto a la soberanía del pueblo, que es decir: capacidad de autodeterminarse y de autolimitarse.

Capacidad ejercida sobre la unidad inteligente y productiva de los mexicanos, sobre un sólido marco axiológico de orden primario, compuesto por la libertad, por la independencia, por la democracia y por la justicia.

En efecto, compañeras y compañeros, los mexicanos sabemos por lección histórica, que nuestra unidad es la única salvaguarda real de nuestra soberanía. Unidad construida a partir de la diversidad y mediante consensos, con irrestricto respeto al pluralismo, expresión fiel de una composición heterogénea en lo esencial de orden social, que acusa en lo ideológico también diversidad.

He ahí la fortaleza de nuestra identidad nacional y el respeto a nuestra actuación internacional. Nos respetamos al interior, merecemos respeto al exterior.

Promovamos así nuestros intereses nacionales; proyectemos nuestra vasta y sólida cultura; salgamos en busca de mejores niveles de vida para los mexicanos; consolidemos nuestra democracia, no sólo como forma de gobierno funcional, sino como una forma de vida integral; diversifiquemos nuestras relaciones de cooperación hacia afuera; sumémonos como nación a la búsqueda conjunta de los grandes temas que preocupan al mundo: la migración, la protección del medio ambiente, la defensa de los derechos humanos, la democracia, la lucha contra el narcotráfico; ¡hagámoslo! tal y como lo propuso el Presidente de México, Ernesto Zedillo. Lo propuso desde su campaña política, reconociendo efectivamente que el sustento para que México fortalezca y ejerza plenamente su soberanía nacional, se encuentra en la consolidación de las instituciones democráticas.

La democracia, sostuvo el presidente Zedillo, nos permite unir voluntades sin uniformarlas; fijar metas comunes respetando divergencias. Por ello, también dijo, estoy comprometido con el diálogo sustentado en la tolerancia, como el mejor camino para avanzar respetando la riqueza y la pluralidad política de la sociedad mexicana.

Así, señoras y señores, la política, nuestra política exterior, aquélla por la que luchó Jorge Castañeda y Alvarez de la Rosa, debe seguir siendo corolario de nuestra política interior plural, participativa e intensa, respetable por respetuosa, adentro y afuera, como lo han querido los grandes hombres que han entregado como él, sus luces y sus vidas.

Es efectivamente muy merecido el homenaje que hoy en este sagrado recinto, símbolo de la nación, se le ofrenda a Jorge Castañeda. Así lo quiso el embajador

emérito, ver la política exterior de México en esas dimensiones: con dignidad, con orgullo, con decoro, con respeto y así, así quedó cubierto su ataúd con la Bandera Nacional, con tres rosas blancas y con más de 30 expresiones de un estadista, condensadas para siempre en sus tiempos.

¡Enhorabuena! por el homenaje que le rendimos hoy a un insigne mexicano que dio sus luces y lo mejor de su trayectoria diplomática para representar con dignidad y decoro los intereses de nuestra patria ante el concierto de las naciones.

El Presidente :

Muchas gracias, diputado Jaime Moreno.

TELEFONOS DE MEXICO

El Presidente :

Esta Presidencia informa que por acuerdo de la mesa directiva el siguiente punto del orden del día, por abordarse, será el relativo a los asuntos que se incluyen en la agenda política, con el objeto de dar tiempo a recibir el dictamen de la Comisión de Programación y Presupuesto y Cuenta Pública.

Por lo que tiene la palabra el diputado Sergio Marcelino George Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una propuesta para la creación de una comisión investigadora que analice el proceso de desincorporación de Teléfonos de México.

El diputado Sergio Marcelino George Cruz:

Con su venia, señor Presidente; diputadas y diputados de este honorable Congreso de la Unión:

Propuesta para la creación de una comisión investigadora que analice el proceso de desincorporación de Teléfonos de México.

"No es la forma de gobierno lo que constituye la felicidad de un pueblo, sino las virtudes con que cuenten sus gobernantes para conducir los destinos de una nación." Aristóteles.

El deterioro del nivel de vida que hoy padecemos los mexicanos, se basa en dos razones fundamentales:

Por un lado un modelo económico que ha fracasado y que ha tenido como efecto un ascenso importante en los índices de pobreza extrema.

Y por el otro lado, la existencia de una escandalosa acumulación de riqueza en unas cuantas personas, sólo puede ser el producto de un sistema político que violentando el estado de derecho, favoreció el crecimiento de algunas empresas privadas a costa de los bienes públicos.

La privatización de las empresas paraestatales es un reclamo que hace necesaria la inmediata atención de esta soberanía legislativa, con el objeto de clarificar dudas fundadas que surgen de la reflexión y del análisis serio, cuidadoso, de la política económica de los últimos años. Un reclamo que quiere que esta Cámara tome medidas urgentes, con el objeto de esclarecer sospechas causadas a raíz del proceso desincorporador de las empresas paraestatales que han dejado al país sin empresas de apoyo social y sin los recursos obtenidos por la venta de dichas entidades públicas.

El combate a la corrupción fue una de las principales demandas que hicimos los mexicanos el 6 de julio y los resultados del proceso privatizador en la que la corrupción fue una constante durante todo este lapso, trajo como consecuencia la pérdida de la rectoría del Estado en varios sectores estratégicos de la vida nacional.

En 1934, el Gobierno Federal poseía 15 empresas públicas. En 1962, esta cantidad había ascendido a 206. Para 1982 existían ya 1 mil 115 empresas descentralizadas, paraestatales o de gobierno, en 63 ramos de la actividad económica, desde la producción del azúcar, petróleo, acero, agua, minerales, camiones, motores, bicicletas, hasta la administración de la banca, hoteles, la empresa telefónica y hasta un equipo de fútbol.

El proceso privatizador aceleró la venta que provocó deshacerse de 902 sociedades en tan sólo 10 años, resquebrajando las reservas del patrimonio nacional, quedando para 1993, tan solo 213 empresas públicas.

El doble discurso manejado por el Gobierno Federal, se demuestra en el hecho de que por un lado se indicaba que el Estado mexicano conservaría la rectoría en el estado del sector comunicacional.

Pero por otro lado, el 18 de septiembre de 1989, se daba a conocer la privatización de Teléfonos de México, so protexto de la disminución de costos y mejoría en la calidad de este servicio. Actualmente ambas cosas son falsas.

Durante 1990, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reestructuró el sector, empezando por fusionar Telégrafos con la dirección general de Telecomunicaciones, para constituir Telecom; la red federal de microondas fue desincorporada y vendida a Teléfonos de México, además de la expedición de un nuevo reglamento para dicho organismo.

Nuestros gobernantes han puesto nuestros recursos naturales, humanos y de infraestructura, en clara subasta ante los intereses voraces del capital nacional y extranjero, bajo el argumento y cito a Jacques Rugosinski, encargado de la unidad de desincorporación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el sexenio pasado, que la venta de las empresas de gobierno permitirían fortalecer las finanzas públicas, canalizando adecuadamente los escasos recursos del sector público en áreas estratégicas y prioritarias, eliminar gastos y subsidios no justificables ni desde el punto de vista social ni del económico, promover la productividad de la economía transfiriendo las actividades empresariales al sector privado y mejorar la eficiencia del sector público, disminuyendo el tamaño de su estructura. Tal cosa no fue así.

Es por ello que por la magnitud de los montos a que ascendió la suma de las desincorporaciones, su escaso efecto en el fortalecimiento de las finanzas, la falta de resolución a problemas concretos de índole macroeconómico, así como por ser parte de una errática y equivocada política económica fundada en principios atentatorios al interés, soberanía e independencia nacional, es por todo ello que debemos de reflexionar en la necesidad de contar con respuestas concretas que resuelvan dudas específicas, ya que busca esencialmente esclarecer lo sucedido en el proceso desincorporador de esta entidad pública.

Por ello y correspondiendo al clamor popular, propongo a esta Cámara dentro de sus facultades constitucionales, revise la actuación de los titulares de la administración pública federal durante el proceso de privatización de Teléfonos de México, además de la urgencia de que este órgano legislativo de cara a la nación informe sobre la manera en que se llevó a cabo el proceso desincorporador de dicha paraestatal. Lo que propongo se sustenta en que la Cámara tiene la función de legislar, pero también tiene la facultad de ejercitar funciones de control que inspeccionen, indaguen y verifiquen las actividades del gobierno.

La urgencia de que esta Cámara se aboque en forma inmediata a la integración de una comisión investigadora, no se ciñe en que esta Cámara haga una cacería de brujas, sino dar respuesta a un problema que de todos es sabido y que quiere que por el bien de la nación se tome una serie de medidas que conduzcan al esclarecimiento de acciones efectuadas en contra del patrimonio nacional en los últimos 10 años.

Compañeras y compañeros legisladores: creo oportuno referirme a la naturaleza jurídica de la comisión que hoy se propone, dado que es un instrumento de control parlamentario caracterizado por ser un órgano colegiado, así como un instrumento de información que permite el esclarecimiento de temas controvertidos de interés nacional y es por ello que la actuación del Congreso General no se da al margen de la Constitución, sino que su ejercicio se desprende de un conjunto de facultades constitucionales y reglamentarias que permiten indagar sobre el funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria.

Una facultad de esta soberanía es la de indagar sobre las funciones del Ejecutivo, debido al carácter representativo de estos cuerpos como auténticos portadores de la voluntad popular.

Quiero dejar muy claro que nuestra propuesta no pretende arrogarse facultades que nuestra normatividad interna le señala expresamente a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de esta soberanía legislativa.

Nuestra propuesta no se encamina a que sufra menoscabo las funciones de una comisión ordinaria, sino por el contrario, a fortalecerlo. Es por ello que el espíritu de nuestro planteamiento está perfilado por la intención de perfeccionar la función de contrapeso que la Constitución atribuye a este Congreso, pero que por la modalidad y la naturaleza del punto, la desincorporación de las empresas paraestatales no pueden ser analizadas oficiosamente por la Comisión de la Contaduría Mayor de Hacienda, dado que ya desaparecieron muchas de éstas.

Es preciso señalar que en fecha reciente la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial, por el voto unánime de sus miembros, se declaró en comisiones incompetente para conocer de la atención al presente asunto, argumentando que dicha comisión es la referida con las atribuciones conferidas a la Secofi, pero única y exclusivamente en lo referente a minas e industria.

Considerando la particularidad de este hecho y la discrecionalidad con la que ha actuado el Ejecutivo, se hace necesaria la creación de una comisión investigadora conformada por legisladores de los diversos grupos parlamentarios de esta LVII Legislatura, que tenga la facultad de investigar, analizar y dar a conocer los resultados de las mismas al pueblo de México, a las cámaras del Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal y se esclarezca el turbio proceso desincoporador de Teléfonos de México.

Es necesario saber cuál fue el destino de miles de millones de dólares producto de la venta de esta empresa y saber quiénes se beneficiaron por este dicho proceso.

Convencido de que los legisladores de esta Cámara se sumarán a esta propuesta para esclarecer una de las etapas más obscuras y corruptas de nuestra historia reciente, la propuesta que hoy se presenta al pleno será apoyada como muestra de que la Cámara de Diputados no será cómplice, indique para que se investigue a los funcionarios y procesos corruptos que han dañado tanto a la dignidad del pueblo mexicano como, obviamente, a esta Cámara.

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 70 y 93, último párrafo, en relación con el 90 y demás aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42 numeral cuatro, 46 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General, 53, 58, 89 y 90; y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, en mi calidad de legislador...

El Presidente :

Permítame. Se suplica al orador terminar, por favor.

El diputado Sergio Marcelino George Cruz:

Sí, ya termino.

"A nombre de los diversos grupos parlamentarios conformados en esta legislatura, someto a ustedes el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

La conformación de una comisión investigadora que analice el procedimiento utilizado para privatizar Teléfonos de México, ya que por el monto a que ascendió el pago de dicha entidad pública, la importancia que reviste para la sociedad mexicana y el esclarecimiento del proceso desincorporador."

El Presidente :

Señor diputado, por favor concluya.

El diputado Sergio Marcelino George Cruz:

Sí, ya concluí.

Por todo lo dicho, solicito a esta Presidencia se tomen las medidas correspondientes con apego a la Constitución y a la Ley Orgánica y el Reglamento de este Congreso de la Unión, el desahogo y conformación de la comisión que se propone, por lo que giro este documento a la CRICP.

El Presidente :

Muchas gracias diputado. Tiene la palabra el diputado

Patricio Martínez García, para hablar sobre el mismo tema, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Patricio Martínez García:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas; colegas diputados:

En la Constitución y en la ley que fijan claramente nuestras facultades como diputados, habremos de basar nuestra intervención en este caso señalado por el

ciudadano diputado que me antecedió en el uso de la palabra.

Nuestra Constitución establece que la administración pública federal será centralizada y paraestatal, conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso y definirá ahí las bases de su creación y la intervención del Ejecutivo en su operación.

Hay señalamientos, hechos, supuestos, en la propuesta para la creación de una comisión investigadora que analice el proceso de desincorporación de Teléfonos de México. Bienvenida la propuesta. Que se turne para su estudio la procedencia y posibilidades de la misma. Hagámoslo con serenidad y prudencia, sin prejuzgar.

Solamente para ampliar el horizonte de lo que aparece como un hecho aislado, la desincorporación de esta paraestatal, recordamos algunas circunstancias en torno a este asunto. Un precario servicio telefónico aparece en nuestras ciudades con el siglo. Pasan los años y el servicio teléfonico crece con las necesidades de comunicación de una economía y población crecientes que van entrando en la modernidad. La compañía Ericsson, empresa extranjera que trajo capital y tecnología para mejorar el servicio limitado y manual que daban algunas empresas, absorbió prácticamente toda la telefonía nacional.

Al paso del tiempo y con las tendencias nacionalistas de la época, los paquetes accionarios de la telefonía extranjera fueron adquiridos por inversionistas mexicanos que crearon así el Teléfonos de México que todos conocemos y que ya para los años sesenta se ufanaba de tener 1 millón de teléfonos en el país; no obstante ya eran evidentes las limitaciones en el servicio y la falta de inversión se descubría en la falta de líneas y un lento avance en la cobertura del territorio nacional.

No sólo vientos nacionalistas soplaban para entonces sino arreciaban los de la creación de un estado fuerte que diera a la población no sólo gobierno, sino también abundantes servicios públicos, con los que llegamos al clímax del estado propietario que mantenía en el sector paraestatal no sólo los organismos públicos descentralizados, sino también a empresas públicas que en los sesenta llegaron a ser más de mil, evidencia de una gran participación estatal en los factores económicos, estableciendo así una política que no se sustentaba del todo en razones económicas, sino sobre todo en razones políticas y sociales, tendencia de la época.

Fué así como en este sector quedó incorporado Teléfonos de México; posteriormente una nueva tendencia de una nueva época a la que nuestro país no podía sustraerse, fue señalando los inconvenientes de un estado propietario, congestionado y por esto reemplazable por otras opciones que dieran respuestas a los reclamos de la población por servicios de todo tipo y en este caso, telefónicos, que atendieran no sólo aquellos criterios políticos y sociales, muy encomiables pero muy reales y con poca capacidad para seguir el paso al avance tecnológico en el ramo.

El país requería de una infraestructura moderna para comunicar a los mexicanos y así, sin el lastre de malos servicios, enfrentar los retos que nos presenta la competencia global, situación que no es evitable si hay sensatez en el manejo de los destinos de una nación.

Recordemos el reclamo popular de malos y por esto caros servicios telefónicos, cuando se conseguían, porque el rezago en la inversión llegó con los años a convertirse justamente en éso, un reclamo popular. El teléfono más caro era el que no se podía conseguir retrasando así el avance de muchas personas y empresas; la escasez de capitales, fantasma siempre en las finanzas nacionales, impedía la inversión que esta industria paraestatal requería para resolver su incapacidad y obsolescencia, inversión que ascendía entonces y sigue requiriéndose, por miles de millones de dólares.

El criterio político y social, intrínsecamente bueno, no era suficiente para darle viabilidad económica y operativa; los impuestos financiaban sus operaciones, mientras en otros rubros se requería nivelación de éstos para atender las necesidades de la población. Es así como se decide la desincorporación de esta empresa en momentos que la industria telefónica en muchos países del mundo tiene y con las mismas razones, la misma decisión: salir del sector público para que sean particulares los que den este servicio.

¿Cómo se desincorporó? ¿Hay evidencias de un mal manejo, es sólo rumor, es la evidencia objetiva y seria la que exige una revisión de esta desincorporación o son criterios subjetivos basados en algunas apariencias y consejas?

Lo que sea, no vamos a calificar aquí y a priori lo que es una propuesta, que la directiva envíe a comisiones el estudio de este caso presentado hoy y que ahí se defina en primer lugar, si procede con apego a la ley y las atribuciones que nos da el crear esta comisión investigadora para que si así fuera, ésta, a la luz de una realidad de entonces y con los criterios de entonces, sin desviarse con las apariencias por el manejo y la inversión de hoy, abundante, extraordinaria, así como su tecnología y mercadotecnia también muy superiores el día de hoy, proceda en consecuencia.

Hagamos claramente la diferenciación entre esto que se ha señalado en la propuesta, la desincorporación y las circunstancias de operación de la empresa. La empresa está unificando a los mexicanos; la empresa Teléfonos de México está aplicando una serie de tarifas y una serie de factores para el cobro en los que no estamos de acuerdo los priístas; no estamos de acuerdo porque es un reclamo popular; esto tenemos que atenderlo todos en esta legislatura, porque los que usan teléfonos no están previamente inscritos en un partido político, son personas que requieren de un servicio público y, compañeras y compañeros legisladores, manos a la obra en esta tarea que es un reclamo popular.

Hoy lo vimos en la Comisión de Comunicaciones y Transportes, hoy vimos la necesidad de que se ponga un fusible, una medida, una contraparte a lo que es el servicio medido del cual el usuario no tiene ninguna evidencia más que lo que le llega en el recibo de cobro.

Ciertamente, ahora los costos son altos, hoy una llamada telefónica local cuesta 7 mil 500 veces más que lo que costaba hace unos cuantos años. De 20 centavos de 1.00 peso viejo, hoy equivale a 1 mil 500 pesos viejos o sea 1.50 pesos y sólo por tres minutos. Estamos de acuerdo, la tecnología que utiliza tiene precios alineados en lo internacional; lo aceptamos, demos garantías a la inversión, demos garantías a la inversión para que la inversión haga negocio, pero pidámosle la ponderación del mercado en el que se encuentra para que comprenda que ese mercado tiene ingresos muy mermados por las circunstancias que hay en nuestro país y que por lo tanto la recuperación de la inversión no puede ser en las mismas circunstancias que en otros países.

Todo esto es importante, no lo podemos soslayar pero lo que sí subrayo es que no sólo hay cosas importantes sino muchas, muchas muy urgentes. En este primer periodo de sesiones ordinarias al que ya le vamos dando fin, hemos visto muchos asuntos importantes: de procedimiento, de entendimiento entre nosotros, provenientes de cinco corrientes políticas diferentes; hemos discutido hasta el cansancio y hasta con uno que otro golpe. Del ambiente tenso de la apertura que pasamos en octubre en la integración de todos al trabajo en comisiones que no sólo nos integró en ellas, sino también en el mejor entendimiento como compañeros de legislatura, más allá de nuestras diferencias partidistas, mientras tanto el pueblo sigue esperando mucho de nosotros, siguen pendientes asignaturas tan importantes como una muy nuestra, como es la de legislar.

Hay muchos ejemplos, no hay tiempo, pero que sirva lo anterior sólo como ejemplo de la tendencia urgente que debemos retomar, redimensionando nuestro quehacer en comisiones, en las propias y en las que se propongan como ésta para investigar a Telmex. Bienvenida la ponencia. Decídase de manera consecuente su creación o no, pero no perdamos el rumbo, clasifiquemos lo que es objetivo y sustantivo.

Legisladores, la población sigue esperando que legislemos para el futuro, hagámoslo con urgencia porque ellas nos lo están urgiendo.

Muchísimas gracias.

El Presidente :

Muchas gracias, diputado.

Túrnese a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.

PROBLEMA CARRETERO

El Presidente :

Esta Presidencia informa a la Asamblea que la propuesta de punto de acuerdo a cargo del diputado Gonzalo Rojas Arreola, del Partido de la Revolución

Democrática, así como las propuestas sobre retabulación de tarifas eléctricas a cargo del PRI, han sido retiradas, por lo que tiene la palabra el diputado Fabián Pérez Flores, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hacer comentarios sobre el problema carretero de San Martín Texmelucan-Tlaxcala, hasta por 10 minutos.

El diputado Fabián Pérez Flores:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:

Si a la denuncia penal presentada por varios diputados de esta legislatura en contra de un ex gobernador del Estado de México, por la concesión fraudulenta del tramo Atlacomulco-Toluca de la carretera Panamericana, se agrega el que ahora nos ocupa, queda clara la urgente necesidad de investigar las condiciones en que autoridades anteriores han enajenado en su provecho el patrimonio nacional.

Cuando una empresa usa recursos legales para defender su patrimonio, tenga o no la razón, puede aceptarse que con razón o sin ella intenta defender algo que siente suyo, pero cuando abusando del poder que un puesto público les otorga o amparados tras el anonimato de los prestanombres, los funcionarios públicos se apropian para sí o para sus favoritos de los bienes y recursos de la sociedad, y en ese afán más que usar abusan de los recursos coercitivos del Estado, en perjuicio de ciudadanos indefensos, la corrupción del poder nos muestra su peor cara.

El 15 de marzo de 1990 el Secretario de Comunicaciones y Transportes otorgó a la empresa Aucal la concesión para la construcción, explotación y conservación de 22 kilómetros de autopista entre San Martín Texmelucan y la ciudad de Tlaxcala, adicionando posteriormente 7.5 kilómetros en cláusula específica para totalizar 29.5 kilómetros.

Obran en nuestro poder documentos donde la misma empresa beneficiada acepta que la autopista es una vía federal de cuota concesionada por el Gobierno Federal, a solicitud del gobierno de Tlaxcala, a la empresa Autopistas Concesionadas del Altiplano, S.A. de C.V.

Por tal aseveración, nos preguntamos: ¿cuáles fueron los motivos y cuáles los fundamentos legales por los que el gobierno de Tlaxcala en aquel entonces solicitó ante la SCT la concesión de aquella obra?

En el inciso 4 de los antecedentes, se precisa que tal concesión es para construir, explotar y conservar la autopista en cuestión. Este punto no se cumplió porque más de la mitad de la autopista ya existía como carretera federal 117.

El plazo de concesión fijado por la SCT fue de siete años, seis meses, a partir de la fecha de concesión. Vencido el plazo, la autopista en cuestión quedaría en poder de la SCT. A reserva de más argumentos, dicho plazo vencía el pasado 15 de septiembre.

La cláusula 5a. señala que la tarifa asignada sólo podrá ser modificada en función del alza reconocida en el Indice de Precios al Consumidor. La empresa inició cobrando 3.50 nuevos pesos, debería cobrar hoy 9.00 pesos, pero cobra 22.00 pesos.

Esta tarifa viola lo dispuesto en la cláusula 5a., lo cual según el título de concesión, es causa suficiente para retirar la concesión.

La tarifa está calculada sobre la base de 29.5 kilómetros, la autopista mide 17 kilómetros y en el mejor de los casos 21 kilómetros, pero cobran sobre 29.5 kilómetros.

El tramo Tlaxcala-El Molinito mide 4 kilómetros a lo sumo y no 7.5 kilómetros, como la empresa señaló en los documentos de solicitud del crédito a Bancomer e, independientemente los cuatro carriles ya estaban construidos, la empresa sólo llegó a poner los letreros de "Aquí empieza la autopista" y a cobrar por ello.

En resumen:

Primero. De los cuatro carriles, 29.5 kilómetros cada uno, 118 kilómetros en total que la empresa debió construir, sólo construyó dos de 17 kilómetros, total 34 kilómetros. El resto eran obra federal ya existente. La inversión fue sin duda redituable.

Segundo. La tarifa está calculada sobre la base de 29.5 kilómetros; se recorren 17 kilómetros, a lo sumo 22

kilómetros. Además, Aucal no podía aumentar la tarifa por encima del índice general de precios al consumidor. Aucal viola esta cláusula o los índices de precios oficiales son falsos.

Tercero. Los terrenos para la ampliación fueron en su mayoría arrebatados sin mayor trámite a campesinos, cuyo promedio de propiedad no rebasa dos hectáreas. Estos se resignaron por el ofrecimiento del Gobierno Federal de mejorar la infraestructura carretera de la región; nunca se les dijo que la autopista sería de cuota. Estamos seguros que si las comisiones de Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Municipal y demás relacionadas se abocan a investigar, encontrarán razón más que para investigar e intervenir.

Independientemente de las irregularidades que obviamente existen, queremos hacer énfasis en el impacto social del problema. La situación involucra en forma directa a ocho municipios del Estado de Tlaxcala y al municipio de San Martín Texmelucan del Estado de Puebla; en total 500 mil habitantes que ven coartado su derecho al libre tránsito, condición que encarece y restringe el normal desarrollo de tales comunidades, además del obvio desaliento que sufre el visitante foráneo al tener que pagar la autopista más cara del país, en función de kilómetros recorridos.

Por lo anteriormente expuesto, considerando las irregularidades en que se basó la concesión, las irregularidades cometidas por la empresa durante la vigencia de la concesión, los derechos que asisten a los vecinos de la región y en aras de reparar en lo posible el daño causado, con fundamento en el artículo 93 de la Constitución General de la República, proponemos:

Primero. Recomendar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dar por terminada la concesión otorgada en favor de Autopistas Concesionadas del Altiplano, S.A. de C.V. Responsabilizar de inmediato a Caminos y Puentes Federales de la operación de la autopista en tanto se termina lo conducente.

Segundo. Permitir la libre circulación de ella hacia las comunidades que la rodean, en tanto se hacen los estudios que corresponda.

Tercero. Solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realizar el estudio respectivo sobre la conveniencia de terminar la vía de baja velocidad para transportes agrícolas, de transición animal y bicicletas y el tramo referido y

Cuarto. Solicitar a la misma SCT un informe detallado sobre las condiciones pactadas en las inversiones realizadas por la empresa Aucal, S.A. de C.V., en referencia a esta obra, para actuar en consecuencia.

Aceptando la posibilidad de que altos intereses de dirigentes políticos se esconden tras los problemas que genera Aucal, a más de 500 mil de habitantes y compatriotas, entendemos por qué la PGR y otras instancias de Gobierno son tan diligentes para defender una empresa que desde el inicio sábese envuelta al amparo de la corrupción oficial.

Al margen de los partidos, la lucha de los perjudicados por esa empresa y la corrupción que representa desde la concesión, nos da la oportunidad de legislar para hacer justicia.

Señoras y señores diputados: no es la lucha de grandes empresarios la que aquí se libra, por el contrario, son campesinos, pequeños comerciantes, amas de casa y estudiantes, en representación de nueve municipios que acuden ante nosotros para exigir respeto al libre tránsito cuando es un derecho elemental. Agilizar las acciones de las dependencias involucradas es nuestra obligación, pero es sólo parte de ella.

La notoria posibilidad de que se haya cometido un ilícito al margen de las condiciones pactadas, el solo hecho de haber enajenado una carretera federal disfrazada como construcción de una nueva, nos obliga a solicitar que al menos la Comisión de Comunicaciones y Transportes y la Contaduría Mayor de esta Cámara, intervengan para aclarar lo referente a esta concesión y otras en que la misma empresa tenga participación. Pido por tanto a la mesa, si considera esta propuesta.

Tenemos razones fundadas para suponer ilícitos, no bajaremos la guardia en defensa de los afectados, pero si en la investigación resulta que las acciones realizadas se circunscriben al marco legal, estaremos prontos a reconocerlo. Nuestra lucha es por el respeto a la ley.

Por tales consideraciones, pido a esta Presidencia remita esta solicitud a las comisiones de Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Municipal y a la Contaduría Mayor de esta Cámara.

Gracias.

El Presidente :

Muchas gracias.

Tiene la palabra la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar sobre el mismo tema. Hasta por 10 minutos.

La diputada Martha Palafox Gutiérrez:

Con su permiso, señor Presidente.

El Presidente :

Adelante, diputada.

La diputada Martha Palafox Gutiérrez:

Señoras y señores legisladores; diputado Damián Pérez Flores:

El día 3 de diciembre, fecha en que nuestra fracción priísta tenía contemplado plantear los comentarios a este pleno relacionado con la problemática que se ha suscitado entre los habitantes de la región de Ixtacuixtla, Tlaxcala y la empresa concesionada Aucal, el mismo día recibimos la disposición de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Comisión de SCT que preside el licenciado Daniel Díaz Díaz, y con la presencia en este recinto de las autoridades municipales y grupos políticos, se realizó una reunión donde hubo el compromiso explícito de atender esta demanda de los habitantes paisanos nuestros.

Yo valoro mucho que dentro de nuestra pluralidad política haya coincidencia con el diputado, nuestro paisano, para el beneficio de los habitantes de nuestro Estado.

Debo informar a esta soberanía que este asunto lo tratamos, y estamos pendientes hasta su solución, el diputado Enrique Padilla Sánchez, el diputado Tulio Hernández Gómez y su servidora, mismos que el día 8 de diciembre tuvimos una entrevista con el subsecretario de infraestructura carretera de la SCT, y el día 11 de diciembre, encabezados por el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, los mismos diputados realizamos un recorrido con el subsecretario, su equipo y las autoridades municipales, a fin de ver, de atender y ser el intermediario entre la empresa Aucal y los pobladores de la región sobre el tramo carretero San Martín-Ixtacuixtla.

En este recorrido le reiteramos su intervención, que desde hace tiempo le hemos estado solicitando. Dentro de las propuestas y peticiones más señaladas coincidimos en que se le retire la concesión a la empresa Autopistas Concesionadas del Altiplano, S.A., Aucal en el tramo carretero San Martín Texmelucan-Tlaxcala. El Molinito, que el tramo carretero sea administrado por el organismo público Caminos y Puentes Federales, Capufe, la construcción de su carril paralelo a la autopista, mismo que desde hace 30 años se había venido utilizando.

Mientras se construye este carril, que las 23 comunidades del municipio de Ixtacuixtla y los ocho que están implicados con sus peajes, así como obreros de las empresas aledañas, que tengan entrada libre, previa identificación de calcomanías.

También pugnamos porque se mejoren todos los accesos, los pasos a desnivel, los puentes y la construcción de la infraestructura demandada, previo estudio y determinación de los técnicos.

Este expediente lo tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como las comisiones unidas y SCT de esta Cámara de Diputados.

Muchas gracias.

El Presidente :

Muchas gracias, diputada.

Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Espina, del Partido Acción Nacional para hablar sobre el mismo tema, hasta por 10 minutos. Declina el diputado.

Túrnese a las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Municipal y a la Contaduría Mayor de esta Cámara.

ESTADO DE COLIMA

El Presidente :

Tiene la palabra el diputado Francisco José Paoli y Bolio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hacer comentarios sobre el conflicto de poderes en el Estado de Colima, hasta por 10 minutos.

El diputado Francisco José Paoli y Bolio:

Con su venia, señor Presidente; diputadas, diputados:

Vengo a esta tribuna para dar cuenta de un conflicto que parece haber cobrado dimensiones mayores en el Estado de Colima, en donde los tres poderes de esa entidad intervienen, se trata simplemente de que esta Cámara de Diputados tome nota, adquiera información sobre este conflicto de una de nuestras entidades federativas, en las cuales están involucrados, como decía, los tres poderes locales, y que amenaza con desarrollarse como un conflicto que trabe la relación y la vida pública de ese Estado, en tiempos en los cuales el Congreso local, que no se reúne hace más de un mes, tiene que entrar a dirimir asuntos como los que nosotros hemos estado analizando del Presupuesto de Ley de Ingresos y otros.

Los datos del problema, son los siguientes: en uso de las atribuciones que le otorga la Constitución Política del Estado de Colima en su artículo 70, el gobernador de la entidad nombró a siete personas para ocupar el cargo de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, sujetando dichos nombramientos, como lo establece la propia Constitución, a la aprobación del Congreso del Estado.

El Congreso del Estado otorgó su aprobación a tres de los referidos nombramientos por voto unánime de sus integrantes, que son 20 diputados, resultando una decisión empatada de 10 votos respecto de la aprobación de los otros cuatro nombramientos realizados por el gobernador del Estado, es decir, 10 votos de los diputados fueron para aprobar el nombramiento y 10 votos fueron por no aprobar el nombramiento de cuatro diputados y sólo hacerlo con el nombramiento de tres de los siete.

Es necesario aclarar que a diferencia de otros órganos, en el Estado de Colima, no existe el voto de calidad para destrabar las votaciones que se empaten. La conformación de los diputados y del Congreso de Colima, es: 10 diputados del PRI, siete diputados del Partido Acción Nacional y tres diputados del Partido de la Revolución Democrática.

El artículo del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que hace referencia a las votaciones y en el cual se suprimió el voto de calidad a propósito de un acuerdo al que llegaron los tres grupos parlamentarios que forman el Congreso de esa entidad, acuerdo en el cual se suprime el voto de calidad al que me refería, establecieron una forma para destrabar los empates en el artículo 112 de ese reglamento que dice: "los empates en las votaciones que no sean para elegir personas, se decidirán repitiéndose la discusión del asunto en la misma sesión". Este no es el caso, porque éste sí era para elegir personas.

Continúa diciendo el 112: "si nuevamente resultare un empate, se regresará a la comisión respectiva para las observaciones del pleno, con la finalidad de que se realice un nuevo dictamen. Y si al presentarlo nuevamente al pleno se volviese a empatar la votación, se reservará el asunto para el periodo siguiente". Este no es el caso, el caso en el que estamos es el del nombramiento de personas que dice a continuación: "para la elección de candidatos, a ocupar un cargo o comisión, será necesaria la mayoría que señale la ley respectiva. En caso de que no se obtuviere la mayoría necesaria de acuerdo con la ley, que es mitad más uno, se repetirá la discusión en la misma sesión, votándose nuevamente, y si en esa segunda ocasión tampoco se obtuviera el número de votos requerido, se tendrá por no aceptada la propuesta, requiriéndose en consecuencia una nueva proposición".

Es decir, que el gobernador pasará, en este caso, a hacer una nueva proposición de magistrados en aquellos cuatro que no fueron aprobados por el Congreso.

El artículo clave primero, es el artículo 70 de la Constitución local de Colima que dice: "los nombramientos de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, serán hechos por el gobernador del Estado y sometidos a la aprobación del Congreso, el que otorgará o negará dicha aprobación dentro del improrrogable término de 10 días. Sin la aprobación del Congreso -termina esta parte del artículo- no podrán tomar posesión los magistrados nombrados. Si el Congreso no resolviera dentro de dicho término, se tendrán por aprobados los nombramientos. Sin la aprobación del Congreso no podrán tomar posesión los magistrados nombrados". Y aquí se plantea la controversia, hay una interpretación hecha por los diputados del Partido Revolucionario Institucional, que suscribe el gobernador del Estado de Colima, en el sentido de que se da una afirmativa ficta. Es decir, que al no aprobarse, entonces se está en presencia de una aprobación final, porque no hubo resolución.

Y la interpretación que tienen los diputados del PRD y del PAN, los otros 10 diputados, es que en ese caso no sólo hubo resolución, sino que de hecho, hubo tres tipos de resoluciones, y que la afirmativa ficta no procede porque ésta se da cuando hay inacción de la autoridad que debe decidir. Cuando simplemente hay silencio total, cuando la acción administrativa no opera en ningún sentido, y en este caso el Congreso, entró a la consideración y al análisis, tanto en comisión; debatió los siete magistrados, estudió sus distintos expedientes, aprobó cada uno, como podía ser de otra manera, porque se trata de personas distintas, las cuales pueden ser aprobadas o no aprobadas en función de sus propias condiciones, de sus propios requisitos. Es decir, uno puede llenar los requisitos y otro puede no llenarlos, y entonces pasa a aprobarse al que los llena y a no aprobarse al que no los cumpla.

Esto se hizo en comisión y se tomó la resolución de hacer un dictamen aprobando a tres y no aprobando a cuatro. Por tanto, lo que procede en la interpretación de los diputados del PAN-PRD, es que el gobernador vuelva a formular, como dice el artículo 70, una propuesta para los cuatro magistrados que no han sido nombrados.

Como ustedes advierten, estamos en presencia de la acción de los tres poderes. El primero de los cuales, el Ejecutivo, tiene la facultad de hacer una nominación que queda sujeta a aprobación del Congreso, pero para constituir al tercer poder, que es el Poder Judicial, a sus magistrados fundamentales.

El tema ha traído una discusión que no ha tenido término y que ha llevado a la parálisis de los tres poderes, en algunos aspectos: del Poder Legislativo, a una parálisis total, porque el presidente en turno de la mesa directiva del Congreso local, convocó a una sesión solemne para que protestaran los siete magistrados y hubo conflicto, que incluso tuvo manifestaciones físicas en el seno del Congreso y no se permitió la toma de posesión porque 10 diputados se oponían.

Por otra parte, no se ha vuelto a citar al Congreso, porque según la interpretación de los diputados del PRI y del gobernador, no se hará ninguna que no sea la sesión solemne para que tomen protesta los siete magistrados.

Pero se está violando también un acuerdo que está suscrito por todos los partidos, en el sentido de que se alternen las mesas directivas por mes. El mes pasado, noviembre, le correspondía al PRI, y ahora le correspondía a la oposición. Pero hay la dificultad y el PRI dice que no entregará la Presidencia de la mesa directiva a la oposición y no se ha convocado al Congreso nuevamente.

Este conflicto ha llevado, como el tiempo se ha agotado, a dos resoluciones que son de la mayor importancia. Por una parte los diputados del grupo opositor PAN-PRD, solicitaron la intervención del Senado, para que en uso de sus facultades pueda entrar a resolver el conflicto político. Pero a su vez, el gobernador del Estado ha solicitado la intervención de la Suprema Corte para que resuelva una supuesta controversia constitucional.

Nuestra opinión es en el sentido de que los diputados del PAN-PRD tienen razón, que no están aprobados y no pueden tomar posesión los magistrados, que no hubo afirmativa ficta porque sí hubo resoluciones que se traducen en la aprobación de tres, en la no aprobación de dos; y hay una tercera resolución al respecto que se tomó en función de aceptar una licencia de uno de los magistrados, que pedía licencia como suplente, para poder pasar a ser propietario. O sea, hubo una gama de tres resoluciones...

El Presidente :

Señor diputado, su tiempo ha concluido.

El diputado Francisco José Paoli y Bolio:

Termino, señor Presidente.

El conflicto entre poderes está planteado y esta soberanía como colegisladora del Senado, debe tomar nota, debe de estar pendiente porque de su resolución nos está tocando una necesaria responsabilidad, ya que en términos generales...

Voy a concluir, diputada, pero creo que es importante que conozcamos los términos de un conflicto de una de nuestras entidades.

Y decía que esta Cámara de Diputados está viendo este proceso como uno de los que tiene la problemática de la transición encima, porque está habiendo situaciones de empate, de las que nosotros no somos muy lejanos, en diversas entidades que pueden establecer problemas serios al procesamiento del trabajo público.

En consecuencia, dejo en conocimiento de esta soberanía los términos del conflicto y los de nuestra posición en el sentido de que el gobernador debe presentar los cuatro magistrados o candidatos para las cuatro magistraturas que no han sido aprobadas, pasar a aprobación del Congreso y establecerse el Poder Judicial.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente :

Tiene la palabra el diputado Sadot Sánchez Carreño, del grupo parlamentario del PRI, para hablar sobre el mismo tema, hasta por 10 minutos.

Adelante diputado Sánchez Carreño.

El diputado Miguel Sadot Sánchez Carreño:

Con su permiso, señor Presidente:

Hace un momento escuchábamos en esta misma tribuna el ejemplo de quien en el exterior y en el interior hizo de su vida una defensa permanente del orden jurídico, un ejemplo que concitó las voluntades y que permitió en esta tribuna agigantar un esfuerzo de coincidencia y que nos unió en un diálogo: que fue el homenaje a Jorge Castañeda.

Hoy, nuevamente es el derecho, la columna vertebral de nuestra organización política la que nos lleva a interpretaciones desde enfoques y puntos de vista diferentes.

José María Iglesias, presidente de la Suprema Corte de Justicia en el siglo pasado acuñó una extraordinaria frase, que merecería estar en este recinto: "sobre la Constitución nada ni nadie".

Y hoy precisamente el tema al que se ha referido el orador que me antecedió en el uso de esta tribuna, parece esconder y cobijar un propósito de violentar nuestro orden jurídico. El conflicto que hoy se presenta en una entidad federativa, soberana por mandato constitucional y que entraña una doble interpretación que hoy, como paso en seguida a referirme, carece de fundamento jurídico y constitucional.

En efecto, los hechos que se han narrado por el orador que hizo uso de la palabra en el turno anterior, se refieren a una atribución que ejerce el titular del Ejecutivo del Estado de Colima, para designar a quienes integran el Tribunal Superior de Justicia. El artículo 70 de la Constitución de este Estado se refiere de manera expresa y casi en forma similar a como lo tenemos en la Federación nuestro artículo 96, a que los nombramientos de los magistrados en el caso de Colima, serán una atribución que hace el gobernador, pero con el ejercicio de una facultad que se llama en la doctrina constitucional, una facultad de cooperación del Congreso. Porque ésta radica en aprobar o rechazar los nombramientos que en uso de sus atribuciones constitucionales hace el gobernador del Estado.

Y en efecto, de acuerdo con este mandato constitucional, se presentaron siete propuestas al Congreso del Estado, de conformidad con el Reglamento Interno del Congreso se resolvieron y así se notificaron de manera oficial, la aprobación de tres de ellas. Sin embargo, como aquí se ha relatado, quedaron cuatro nombramientos sin que oficialmente se les hubiera notificado el rechazo o la negación. Y esto, este vacío, este silencio respecto a la resolución en la que se negaba o se aprobara ese nombramiento, es lo que efectivamente satisface la hipótesis que señala el propio artículo 70 constitucional, en el sentido...

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde su curul):

¡Señor Presidente, me permite!

El Presidente :

¿Con qué objeto, diputado Rodríguez Prats?

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde su curul):

¿Quiero consultar al orador si me acepta una interpelación, por favor?

El Presidente :

¿Acepta usted la interpelación?

El diputado Miguel Sadot Sánchez Carreño:

Sí, la acepto con mucho gusto.

El Presidente :

Adelante.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde su curul):

Señor licenciado, muchas gracias por aceptar mi pregunta. ¿Esa sesión donde el Congreso rechaza la aprobación de las cuatro sugerencias o las cuatro propuestas del Ejecutivo del Estado, fue pública?

El diputado Miguel Sadot Sánchez Carreño:

La sesión se llevó a cabo de acuerdo con el reglamento, que señala en su artículo 112 y que señala que las sesiones sean públicas.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde su curul):

Muchas gracias.

El Presidente :

Adelante, diputado.

El diputado Miguel Sadot Sánchez Carreño:

De acuerdo con el Reglamento Interno del Congreso de Colima y particularmente en el artículo 112, se aplica un procedimiento que de manera interna lleva a varias sesiones y a una dilatada discusión en la que aquí ya se ha hecho referencia. Sin embargo, durante los 10 días que señala el propio artículo 70 constitucional, el Ejecutivo del estado no recibe la notificación oficial que necesariamente debe de darse como lo prescribe el mandato constitucional del Estado de Colima. En consecuencia y toda vez que se trata de un improrrogable plazo de 10 días, se satisface la hipótesis legal que establece este propio artículo 70, en el sentido de considerar aprobados los nombramientos que se habían sometido al órgano colegiado de la soberanía de Colima.

Esta es la primera conclusión que nosotros debemos de obtener haciendo una interpretación y una aplicación exacta de lo que prescribe literalmente la Constitución de Colima. No tenemos por qué buscar otra interpretación que apoyada en un ordenamiento reglamentario, que es un ordenamiento que jerárquicamente es inferior a la Constitución, pueda producir una conclusión distinta a la que aquí hemos referido.

De acuerdo, pues, al texto del artículo 70 de la Constitución de Colima, al no recibirse en estos 10 días, procede que se aplique el propio precepto que señala el artículo 70 de considerar aprobados estos nombramientos. En consecuencia, se producen los efectos jurídicos que con toda legalidad y con toda lógica hace valer el Ejecutivo del Estado de Colima.

Pero aún más. Hoy traemos nosotros como un punto de análisis esta referencia, análisis que deberá de ser resuelto en su vía formal y jurisdiccional por quien la Constitución de la República le ha dado esa competencia. Se ha planteado de acuerdo con la fracción I del artículo 105 constitucional esta controversia y será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que resuelva, como esperamos, apegada a derecho.

Hoy queremos que en esta tribuna no se busque tergiversar ni de ninguna manera desviar la competencia, las facultades que de acuerdo con nuestra Constitución le corresponde a un órgano jurisdiccional y en quien está planteado ya esta controversia.

Abonemos pues en este diálogo que hoy sostenemos, del respeto que debemos de tener a nuestro orden constitucional, que sean los órganos competentes quienes resuelvan los asuntos que corresponden a su jurisdicción, no entorpezcamos el régimen del derecho ni caigamos en obstáculos que eviten declarar, como lo debe hacer el supremo tribunal, lo que es el derecho.

Muchas gracias.

El Presidente :

Muchas gracias diputado. ¿Con qué objeto diputado Paoli? El micrófono por favor.

El diputado Francisco José Paoli y Bolio (desde su curul):

Para contestar alusiones personales.

El Presidente :

Tiene la palabra hasta por 10 minutos, diputado. Perdón, rectifico, son cinco minutos.

El diputado Francisco José Paoli y Bolio:

Con su venia, señor Presidente:

Fui aludido en términos del orador anterior, aunque no por mi nombre, pero muy claramente en el sentido de esconder y cobijar, apunté literalmente, la violación al orden jurídico.

Muy lejos de mí está esconder o cobijar ninguna violación al orden jurídico, he procurado señalar los términos de una controversia, señalando que existen dos interpretaciones en curso y ciertamente dando la opinión de la que a mí me parece la correcta. Esto no tiene nada que ver con esconder y mucho menos cobijar la violación al orden jurídico.

La problemática planteada consiste en determinar si el Congreso resolvió o no resolvió sobre la aprobación o desechamiento de las propuestas formuladas por el gobernador del Estado de Colima, para designar como magistrados del tribunal de justicia del Estado a cuatro personas sobre las cuales hubo empate de 10 votos en sentido aprobatorio y 10 votos en sentido contrario.

De acuerdo con el artículo 112 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, una vez que fue sometida esta designación al Congreso de los cuatro magistrados que nos ocupan, se obtuvo un primer empate, hubo una violación porque no se siguió con el procedimiento que establece, que debe repetirse entonces como cuando hay un empate, máxime no habiendo un voto de calidad, la discusión para, dados nuevos argumentos, encontrar una fórmula que tuviera mayoría de votos y pudiera desempatarse.

Aquí hay una primera violación de procedimiento; lo que ocurre es que el gobierno del Estado y la diputación del PRI dice que no hay que entrar a la interpretación del artículo 112 del reglamento, porque basta con la aplicación del artículo 70 de la Constitución y ahí es donde está el problema fundamental, porque el artículo 70 de la Constitución dice que cuando no hubiera mediado resolución, entonces se entenderán por aprobados cualquier tipo de nombramientos en este caso, pero en este caso ya he dicho, que hubo resolución, hubo una afirmativa de tres de los siete, hubo una de no aprobación, pero es una resolución, la resolución consiste en aprobar o en no aprobar y hubo las dos para aprobar a tres, para no aprobar a cuatro y hubo una tercera relacionada con el asunto aceptando una licencia que solicitaba unos de los magistrados que era suplente para pasar a ser propietario.

Es decir, hubo plena resolución y por tanto no procede la afirmativa fiscal, porque el artículo 70 efectivamente dice: "que si el Congreso no hubiera resuelto, quedarían nombrados como fueron presentados los magistrados; no veo en donde pueda estar el cobijo a la violación del orden jurídico que yo esté planteando, si precisamente fue mía la iniciativa de venir a presentar aquí los términos de una controversia sobre el orden jurídico, para plantear cuáles son esos términos y desde luego cuál es la opinión que además emití en el seno, invitados del Congreso del gobernador, invitado informalmente para participar en trámites que pudieran llevar a la resolución del conflicto.

Y fui invitado, no para cobijar o esconder el orden jurídico, sino para aportar junto con otros juristas mi punto de vista con el ánimo de encontrar una resolución.

El asunto es que el Congreso estatal sí resolvió dentro del término constitucional, sobre el otorgamiento o la negativa de los nombramientos a magistrados sometidos a su consideración y esto pasa al artículo 112, que es el previsto en las disposiciones del propio Estado para resolver cuando algún empate se produce; no seré prolijo en el análisis, pero hay todo un conjunto de considerandos de este reglamento que sufre una modificación precisamente en virtud de la situación de empate en la que ha caído; es un acuerdo, como el acuerdo de concertación política al que nosotros hemos llegado a nivel federal.

Concluyo, señor Presidente.

Y este acuerdo implicaba que por consideraciones democráticas se cancelara el voto de calidad, lo cual estuvo muy bien, pero entonces se previene que cuando se produce el empate debe aplicarse el artículo 112 del reglamento y éste es el que no quiere entrar a aplicar ni el gobernador del Estado ni 10 de los 20 diputados y por eso se está planteando el conflicto.

Por último quiero decir, que no existe ningún fundamento para una controversia constitucional como las que previene el artículo 105, porque ninguno de los poderes está llamándose a que el Estado...

El Presidente :

Diputado Paoli, por favor concluya.

El diputado Francisco José Paoli y Bolio:

Concluyo con mucho gusto. Sólo se produce una controversia constitucional cuando un poder se va sobre las atribuciones de otro y las ejerce, pero en este caso, cada uno de los poderes ha ejercido las suyas, por tanto no hay controversia constitucional ni cabe la intervención de la Suprema Corte, en cambio sí cabe la intervención del Senado de la República, que previene en el artículo 76, que se resolverá por el Senado los conflictos políticos que se establezcan en alguno de los estados.

Muchas gracias.

El Presidente :

Gracias, diputado.

COMISION DEL DISTRITO FEDERAL

El Presidente :

Tiene la palabra el diputado Alejandro Ordorica Saavedra, como presidente de la Comisión del Distrito Federal, para presentar un comunicado de los grupos parlamentarios representados en esa misma comisión, hasta por 10 minutos.

El diputado Alejandro Victoriano Ordorica Saavedra:

Con su permiso, señor Presidente: compañeras diputadas; compañeros diputados:

El pasado 27 de noviembre fue aprobada por unanimidad la iniciativa de reforma del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, asi como otras disposiciones legales que permitieron adecuar el marco jurídico del gobierno del Distrito Federal, respecto a la nueva normatividad establecida en el artículo 122 constitucional y sentar las bases jurídicas necesarias para el ejercicio del nuevo gobierno, así como la participación ciudadana en esta ciudad.

Como resultado de la discusión, se estableció también un acuerdo entre los grupos parlamentarios representados en la Comisión del Distrito Federal, con el compromiso de trabajar durante el presente periodo de sesiones y avanzar en la definición de los órganos colegiados de representación popular en las propias delegaciones de la Ciudad de México.

De conformidad con este acuerdo, se realizaron diversas reuniones en las que, de las deliberaciones llevadas a cabo, se logró un avance en cuanto a las características básicas que deben tener dichos órganos, coincidiendo los grupos parlamentarios en lo siguiente:

1. Se reafirma la necesidad de que dichas instancias sean órganos colegiados electos mediante voto universal, directo y secreto.

2. Estos órganos se constituirán en cada una de las demarcaciones territoriales en las que se divida el Distrito Federal, para la elección de los titulares de las mismas.

3. Debido a la necesidad de profundizar en el análisis jurídico, se continuarán los trabajos de la comisión, para presentar en el próximo periodo de sesiones la iniciativa de adiciones al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

4. En cuanto al procedimiento para su elección y sus normas de funcionamiento, deberán precisarse en la Ley Electoral que emita la propia Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Finalmente el quinto punto que dice así: en el desarrollo de estos trabajos, se considera conveniente realizar las consultas necesarias con los senadores, los diputados de la Asamblea legislativa y el Ejecutivo local a fin de evaluar sus consideraciones e integrar aquellas que tengan el mayor consenso.

Atentamente. Firma: el presidente, diputado Alejandro Ordorica Saavedra; secretaria por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Sandra Segura Rangel; la secretaria por la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, Martha Irene Luna Calvo y

el secretario por la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Jackson Ramírez.

Muchas gracias.

El Presidente :

Muchas gracias diputado.

Con las facultades que otorga la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno Interior, esta Presidencia acuerda un receso para reanudar la sesión hoy mismo a las 18:00 horas, seis de la tarde, para continuar el desahogo de los asuntos en cartera.

Muchas gracias.

RECESO

El Presidente (a las 14:45 horas)

(Receso.)

(A las 21:20 horas) Se reanuda la sesión.

Proceda la Secretaría con los asuntos en cartera.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

La secretaria Lourdes Angelina Muñoz Fernández:

Se va a dar lectura al dictamen del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 1998.

El diputado Eduardo Guadalupe Bernal Martínez (desde su curul):

Señor Presidente.

El Presidente :

¿Con qué objeto, diputado Bernal?

El diputado Eduardo Guadalupe Bernal Martínez (desde su curul):

Señor Presidente, para pedirle respetuosamente, ya se está repartiendo el dictamen entre los señores diputados, para ver si se puede dispensar o someta a votación de la Asamblea la dispensa de la lectura.

El Presidente :

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura del dictamen, en votación económica.

El secretario Francisco Crescencio Rodríguez García:

Esta Secretaría, por instrucciones de la Presidencia consulta a la Asamblea en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Se dispensa la lectura, señor Presidente.

El diputado Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas Arreola (desde su curul):

Señor Presidente.

El Presidente:

¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Gonzalo Pedro BárbaroRojas Arreola (desde su curul):

Presidente, con todo respeto yo le quiero hacer una observación.

Tengo en mis manos un documento que según lo que se acaba de decir es el dictamen, sin embargo, este documento que nos están ahorita distribuyendo carece de firmas, por lo tanto no puede haber dictamen si no está firmado, señor Presidente. No procede la moción.

Yo le pido por favor que continúe la lectura y que nos entreguen el dictamen firmado.

El Presidente :

Sírvase la Secretaría mostrar el dictamen con firmas y que se diga quiénes firmaron, por favor.

El secretario Francisco Crescencio Rodríguez García:

Esta Secretaría procede a leer la firma de diputados que firman el dictamen relativo al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1998.

Lo firman los diputados: Ricardo García Sainz Lavista, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, Javier Castelo Parada, Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva, Guillermo Barnés García, Fortunato Alvarez Enríquez, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, Luis Fernando González Corona, Felipe de Jesús Rangel Vargas, Arturo Saiz Calderón García, Agustín Miguel Alonso Raya, José del Carmen Enríquez Rosado, Pablo Gómez Alvarez, Sergio Benito Osorio Romero, Demetrio Javier Sodi de la Tijera, Esteban Miguel Angeles Cerón, Manuel Cárdenas Fonseca, Alberto Curi Naime, Charbel Jorge Estefan Chidiac, Jorge Luis Flores Hernández, Laura Alicia Garza Galindo, Fernando Gómez Esparza, Enrique Tito González Isunza, Javier Guerrero García, Manuel Angel Núñez Soto, Miguel Sadot Sánchez Carreño, Francisco Javier Santillán Oseguera, Clarisa Catalina Torres Méndez.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente :

¿Con qué objeto, diputado Rojas?

El diputado Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas Arreola (desde su curul):

Una pregunta.

El Presidente :

Por favor, el micrófono para el diputado Rojas.

El diputado Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas Arreola (desde su curul):

Si la moción de la suspensión de la lectura fue realizada, en función de que los diputados ya teníamos el dictamen, eso es incorrecto, porque lo que tenemos es un documento no firmado. El único documento que tiene firmas, es el que está leyendo el señor Secretario. En todo caso queremos saber si procede la moción no importa, pero que nos den la copia del dictamen firmado, porque tenemos derecho a saber en qué sentido firmaron cada uno de los integrantes. Muchas gracias.

Puede usted proceder a instruir que se nos distribuya el dictamen firmado, para saber en qué sentido se votó por cada uno de los integrantes de la comisión, señor Presidente.

El Presidente :

Diputado Paoli, ¿con qué objeto?

El diputado Francisco José Paoli y Bolio (desde su curul):

Moción de orden, señor Presidente.

El Presidente :

Adelante.

El diputado Francisco José Paoli y Bolio (desde su curul):

La distribución de las copias de cualquier proyecto de dictamen, tienen un propósito de difusión, en ningún artículo del reglamento de la ley, establecen que las copias de difusión tienen que ir firmadas. Lo que tiene que estar firmado es el dictamen.

Si la Secretaría hace constar que existen firmas autógrafas, entonces la moción de petición de suspensión de la lectura, tiene como fundamento que como el documento ha sido suficientemente conocido porque ha sido distribuido, podemos suspender la lectura.

La votación fue en el sentido de que se suspendiera, por tanto debemos continuar con el trámite que la Presidencia giró.

Muchas gracias.

El Presidente :

Prosiga la Secretaría por favor.

¿Con qué objeto, diputado Bátiz?

El diputado Bernardo Bátiz Vázquez (desde su curul):

Señor Presidente, aquí en esta área no ha sido entregado el documento, no lo hemos visto ni lo podemos leer en dos minutos. Yo rogaría que continúe la lectura.

El Presidente :

¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Benito Mirón Lince (desde su curul):

Hay una moción por ahí, si se dice que está distribuido el documento, aquí no tenemos ningún documento, por lo tanto creemos que no procede la moción.

El Presidente :

Que la Oficialía Mayor acelere el reparto del dictamen, por favor.

¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Leopoldo Enrique Bautista Villegas (desde su curul):

Mire, no estamos reclamando si la copia tiene o no que ser firmada, simple y sencillamente ahí está un documento firmado, lo que no sabemos si éste equivale al mismo. Porque si equivale al mismo debería de estar firmada la copia también...

El Presidente :

Es de primera lectura. Haber, diputado por favor.

El diputado Felipe Urbiola Ledesma (desde su curul):

Si me permite hacer una moción. Para evitar suspicacias si usted considera conveniente, podría permitir que un grupo de compañeros del PRD, que tienen una inquietud, verificaran si las copias que se les repartieron corresponden a las que se encuentran firmadas en la Secretaría y creo que esto aclararía en cuestión de un minuto el asunto y terminaremos las suspicacias.

El Presidente :

Gracias. Haber diputado, por favor, ¿con qué objeto, diputado?

Diputado Ortiz, por favor, ¿con qué objeto?

¿Con qué objeto, diputado Bautista?

El diputado Leopoldo Enrique Bautista Villegas (desde su curul):

Una moción de orden, señor Presidente.

Sería conveniente que el Secretario repitiera la lista de los firmantes del dictamen señalando el sentido en que votaron.

El Presidente :

Se concede eso. Proceda la Secretaría por favor.

El secretario Francisco Crescencio Rodríguez García:

Ricardo García Sainz Lavista, vota en contra; Marcelo Luis Ebrard Casaubón, firma en contra; Javier Castelo Parada, no menciona, a favor: Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva, firma en contra; Guillermo Barnés García, a favor; Fortunato Alvarez Enríquez, a favor; Alejandro González Yáñez, abstención, no firma; Fortunato Alvarez Enríquez, nada más firma; Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, firma; Luis Fernando González Corona, firma; Roberto Ramírez Villarreal, firma; Felipe de Jesús Rangel Vargas, firma; Arturo Saiz Calderón García, firma; Agustín Miguel Alonso Raya, firma en contra; José del Carmen Enríquez Rosado, firma en contra; Gómez Alvarez Pablo, firma en contra; Sergio Benito Osorio Romero, firma en contra; Demetrio Javier Sodi de la Tijera, firma en contra; Esteban Miguel Angeles Cerón, firma en pro; Manuel Cárdenas Fonseca, firma en pro; Alberto Curi Naime, a favor; Charbel Jorge Esteban Chidiac, a favor; José Luis Flores Hernández, a favor; Garza Galindo Laura Alicia, a favor; Fernando Gómez Esparza, a favor; Enrique Tito González Isunza, a favor; Javier Guerrero García, firma; Manuel Angel Núñez Soto, firma; Miguel Sadot Sánchez Carreño, a favor; Francisco Javier Santillán Oseguera, firma; Clarisa Catalina Torres Méndez, firma.

El Presidente :

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y a votación de inmediato.

El secretario José Antonio Alvarez Hernández:

Por instrucciones de la Presidencia con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se le dispensa la segunda lectura.

El Presidente :

En consecuencia está a discusión en lo general el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal de 1998.

Esta Presidencia, informa que se han registrado para las discusiones en lo general, los siguientes oradores, hasta por 15 minutos: diputados: por el Partido Verde Ecologista de México, Gloria Lavara Mejía; por el Partido del Trabajo; Luis Patiño Pozas; por el Partido Acción Nacional; Javier Castelo Parada; por el Partido de la Revolución Democrática, Ricardo García Sainz y por el Partido Revolucionario Institucional, Laura Alicia Garza Galindo.

Tiene la palabra la diputada Gloria Lavara Mejía, del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Gloria Lavara Mejía:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Nuestro país asiste al inicio de un nuevo siglo en un proceso de cambio en muchos aspectos de su vida como nación. El proceso de transformación política, económica y social que vivimos, en muchos aspectos rebasa claramente al Gobierno Federal.

La jerarquización de prioridades que existe en el Gobierno, dista mucho de las necesidades y aspiraciones de la sociedad. Quizá uno de los ejemplos más claros en esta disparidad de prioridades, es el tema ecológico. Este tema, uno de los principales problemas en la agenda de todos los países del mundo, aún no llega a ser comprendido por el Gobierno actual.

Hoy tenemos un proyecto de presupuesto, en el que la preservación del medio ambiente pasa desapercibida. Parece que no importa que seamos el país en Latinoamérica con la tasa de deforestación más alta y que la desertificación de suelos ascienda a 80% del territorio nacional.

Estas cifras deberían de ser motivo suficiente para establecer una política de Estado emergente con el objetivo de proteger nuestras riquezas naturales. Sin embargo, parece que no hay tal motivo de alarma para nuestro Gobierno, pues el presupuesto destinado al fomento forestal y conservación de suelos, asciende para 1998, a 641 millones de pesos; 60 millones de pesos menos de lo que se va a gastar la Secretaría de Turismo, tan solo en materiales y servicios generales.

Los programas para el desarrollo sustentable tienen asignado la cantidad de 30 millones de pesos.

Quisiera mencionar que la Secretaría de la Contraloría se va a gastar cuatro veces más, sólo en servicios generales y que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tiene programados 70 millones sólo para el mantenimiento de sus oficinas.

Esta jerarquización de prioridades es simplemente inaceptable. Necesitamos la implantación de políticas públicas orientadas a un crecimiento económico en equilibrio con nuestra biodiversidad.

Por otro lado, no podemos aceptar un presupuesto que todavía permite grandes márgenes de discrecionalidad en el uso de los recursos públicos al Gobierno.

Este decreto de presupuesto en sus artículos 42 y 44, otorga al Ejecutivo la facultad de disponer de los montos presupuestarios no devengados y autorizar erogaciones adicionales para aplicarlos a programas y proyectos estratégicos o prioritarios del sector público federal.

La discrecionalidad que permiten estos dos artículos, es de singular importancia cuando se presentan ingresos extraordinarios al Gobierno Federal.

Para ilustrarlo, en 1993 el Gobierno tuvo excedentes por 40 mil 548.3 millones de pesos.

Estos recursos se ejercieron con base a estos artículos, lo que otorgó al Ejecutivo un amplio margen de decisión sobre un monto importante de recursos.

Pero exploremos a dónde fueron a parar esos recursos en 1996. La revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública que el pasado jueves aprobaron todos los partidos, nos arroja que de los excedentes de 1996, el 50% se destinó al rescate financiero.

Nuevamente las prioridades del Ejecutivo son inaceptables. Curiosamente o coincidentemente, el hacer referencia a la discrecionalidad del Ejecutivo nos lleva invariablemente al tema del rescate financiero.

No se puede aprobar un presupuesto que destina recursos al saneamiento financiero, sin informar a esta soberanía la estructura de pasivos de Nafin, BNCI y Fobaproa.

No podemos aprobar algo que no conocemos, porque implicaría complicidad.

¿Con qué autoridad moral le vamos a explicar a las siguientes generaciones que "aprobamos a ciegas" recursos por 379 mil 800 millones para un periodo de 30 años?

El Partido Verde Ecologista de México se pronuncia una vez más, como lo hicimos en la presentación del dictamen de la Ley de Ingresos, por restituirle al Congreso de la Unión el principio constitucional de aprobar las bases y señalar los límites que comprometan el crédito de la nación.

Repetimos: ¡es impostergable iniciar una reforma en las disposiciones normativas para mejorar el marco regulatorio del sistema financiero, con la finalidad de reducir los riesgos de una nueva crisis en este ramo y acotar los márgenes del Ejecutivo para comprometer recursos públicos!

La confianza de los ciudadanos con el Gobierno, sólo se establece si existe transparencia en la asignación de los recursos públicos. Una de las reglas más elementales de la relación Gobierno-ciudadano es la claridad en el cobro de impuestos y la correcta aplicación de éstos en las grandes necesidades de la sociedad.

Cuando no existe claridad en el uso de los recursos públicos se rompe la relación de confianza que el ciudadano le otorgó al Gobierno. Una de las condiciones básicas para conservar esta confianza lo es, sin duda, los ingresos de los servidores públicos.

Hoy, en un México que intenta ser moderno y democrático, increiblemente no podemos saber todavía el total de ingresos que perciben los servidores públicos.

¡Es lamentable que la espera de más de 70 años por tener un Congreso que fuera una verdadera representación popular y donde se velara por sus intereses, se vea ahora traicionada!

Se puede hacer mucho por este país. ¡No renunciemos a la confianza que depositaron en nosotros 17 millones de votos el pasado 6 de julio! ¡Todos esos votos tuvieron un sentido muy claro: un cambio en la política económica! ¡Con este presupuesto no se está logrando! ¿Por qué aprobarlo?

¡En el Partido Verde Ecologista de México queremos heredarle a nuestros hijos un ambiente limpio, un sistema financiero sano y una relación de poderes en equilibrio! ¡Por eso nuestro voto es en contra!

Gracias.

El Presidente :

Tiene la palabra el diputado Luis Patiño Pozas, del Partido del Trabajo, hasta por 15 minutos.

El diputado Luis Patiño Pozas:

Con su venia, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:

Asistimos a un punto medular en nuestro quehacer legislativo: la autorización respecto a los montos y destino de los impuestos que todos pagamos y de los endeudamientos internos y externos que son complemento al presupuesto.

Ya verificamos durante la presente semana al aprobar el dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública por todos los grupos parlamentarios y esto es también del PRI, que al Ejecutivo del PRI se le autorizó un presupuesto para 1996 y la Cuenta Pública reflejó un ejercicio bastante distinto. Se ordenaron incluso auditorías a determinados conceptos, especialmente a la compra de carteras, a los bancos privados y al programa carretero.

Se advirtió, como en 1995, que en 1996 el Legislativo estuvo completamente al margen de los endeudamientos externos y su aplicación que realizó el Ejecutivo.

Por ello, como Partido del Trabajo, exhortamos a todos los grupos parlamentarios que aquí concurrimos, a que no nos conformemos con aprobar el presupuesto, sino que además establezcamos verdaderos acuerdos para verificar su cabal aplicación. De tal manera que no por la puerta trasera el próximo año encontremos que el presupuesto aprobado es totalmente distinto en la Cuenta Pública.

El artículo 27 del proyecto de decreto de presupuesto debe de sernos útil para ello, y por tanto adicionarle la participación directa del Legislativo en la verificación de los recursos federales que se reasignan a las entidades federativas que son motivo de convenio para su seguimiento.

Igualmente, por lo que corresponde al artículo 36 del citado proyecto, limitar el amparo de hecho a la discrecionalidad del Ejecutivo, para mover el presupuesto entre dependencias y entidades y a posteriori informar al Legislativo.

Consideramos que debe adicionarse un dispositivo no burocrático que salvaguarde la soberanía del Legislativo frente al Ejecutivo, de tal manera que se consulte antes y no después o bien que se establezcan criterios o rangos y no como ha venido ocurriendo año con año; ¡fíjense señores diputados que gastamos en esto por lo otro!

El artículo 45 del proyecto de decreto, ratifica estas facultades de discrecionalidad. Nuestra posición es que no podemos permitirlo. ¡Ya basta que el señor Presidente meta indiscriminadamente las manos en materia que sólo le corresponde a este Legislativo y que esa discrecionalidad se ampare en leyes y decretos secundarios!

Por otra parte, nos parece un absurdo que siendo la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Contraloría, ambas dependencias del Ejecutivo, corresponda a esta última vigilar la operación de la primera. ¡Por favor!, ¿a quiénes pretenden seguir engañando? Esperamos que este Legislativo asuma su posición y corrija estas deformaciones administrativas que además son onerosas para el erario. Debe ser la Contaduría Mayor de Hacienda, que es el organismo de vigilancia de este Legislativo, el instrumento al que

hay que adecuarle, adicionarle facultades para que mantenga la supervisión, evaluación, control y seguimiento del ejercicio presupuestal. Pero ello, señores diputados, no debe ser a toro pasado como ahora ocurre, sino antes de que ocurra y con ello eliminar a la Secretaría de la Contraloría, que realmente no sirve para nada ni da seguridad en nada al Legislativo.

También consideramos necesario que el Legislativo participe en la Comisión Intersecretarial de Gasto-Financiamiento, para dar cuenta y opinar sobre movimientos del presupuesto, especialmente en lo correspondiente a licitaciones de inversión pública, con el objeto de transparentar ante la ciudadanía estos procesos que actualmente dejan jugosas ganancias a trasmano.

En estos momentos, compañeros legisladores, es necesario tomar conciencia, decisiones claras. No podemos seguir siendo comparsas del Ejecutivo y, ¡ojo!, subrayo, no podemos ser comparsas del Ejecutivo independientemente de cuál partido sea el Gobierno. Nos debemos al pueblo y es nuestra obligación garantizar sus intereses y evitar abusos.

En este mismo sentido, si bien el monto que la Presidencia de la República, el monto de dinero que ejerce puede ser mayor o menor, es indispensable un mayor desglose de los conceptos que se aplican. Se aprecia que de los 1 mil 150 millones de pesos que se asignan sólo 50 millones son de inversión física en dos inmuebles y para la consejería jurídica 16 millones. ¿En qué se aplica el resto? ¿En 80 cursos que refiere el apéndice G del resumen sectorial del presupuesto? ¿En qué se aplican?

Pues bien, de esta cantidad son 150 millones de pesos sin fin preestablecido, la famosa partida secreta, concepto 7 mil 300 erogaciones contingentes del ramo 23. ¡Véanlo, pues, compañeros diputados! Ciertamente, de 1994, último año formalmente salinista a la fecha, se ha reducido a un 10%, no precisamente por propia voluntad, pero aún no sabemos su destino; quitémosle secreto a la partida del Presidente, desde hoy para todos los presidentes, insisto, de cualquier partido que llegue a tomar la Presidencia de la República.

Existe otro tema muy delicado que se cuela a través del presupuesto y que tiene implicación directa con la democracia: la transparencia y seguridad en materia electoral para los próximos años y especialmente para el año 2000, de gran trascendencia para nuestro país.

Cito textualmente párrafos del apéndice G, resumen sectorial: "el 30 de junio pasado, la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación, el programa para el establecimiento del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición de identidad ciudadana", y ahora -subrayo por mi cuenta-, con vistas a su utilización en el proceso electoral del año 2000.

Más adelante, dice: "con tal propósito, la Secretaría de Gobernación formuló requerimientos presupuestarios para 1997-2000 del orden de 5,298.5 millones de pesos", más o menos el equivalente a un punto porcentual del tan llevado y traído IVA, que por cierto algunos grupos parlamentarios de Xicoténcatl nos rechazaron.

Para 1998, Gobernación requiere 2 mil 500 millones de pesos en este punto; el Partido del Trabajo considera que no son de aprobarse de manera contundente, no por no ser necesaria la cédula de identidad ciudadana, sino que en tanto no discutamos aquí y en el IFE y avancemos en la reforma del Estado, todos los grupos parlamentarios y otros sectores sociales, no podemos autorizar el inicio de un proceso que recoloca nuevamente en manos del Ejecutivo, una parte sustantiva del proceso electoral.

El Partido del Trabajo dice categóricamente: no que sea nuevamente Gobernación quien maneje este importante aspecto en los procesos electorales; es más, que Gobernación no intervenga para nada en los procesos electorales. Ya tenemos al IFE, fortalezcámoslo. En los comicios pasados ha dado muestras de confianza y seguridad a los electores, no enturbiemos este advenimiento a la democracia que el país exigía desde hace mucho tiempo.

Es curioso que el articulado del proyecto de decreto no se toque en este punto para nada y se amparen los gastos en otros rubros; en cambio, sí es explícito en el apéndice.

Nuestra posición es que este aspecto se discuta en lo particular y no se incorpore a la aprobación general; es nuestra propuesta, señor Presidente, ¡retómela por favor!

Además, nos parece injustificado que se asignen en Gobernación 23.3 millones de pesos para el Programa Nacional de la Mujer. Seguro que se requiere muchísimo más en favor de las mujeres, independientemente de lo que por sí mismas ya realizan, pero, ¿este programa por qué en la Secretaría de Gobernación?, si se refiere a aplicaciones en aspectos de educación, salud, laborales, violencia etcétera; nuestra opinión es que estos recursos se transfieran directamente a los municipios.

En otro orden de ideas, en el campo y en la ciudad, reiteradamente rechazamos en calidad de beneficiarios individuales u organizados, la duplicidad de funciones de dependencias o de secretarías y la feroz competencia clientelar o de futurismo político entre secretarios y subordinados.

Ejemplo de esto en el campo mexicano, es que nos encontramos en abierta competencia la Secretaría de Agricultura Federal y las secretarías estatales; la Secretaría de Desarrollo Social Federal y las secretarías estatales, junto con el INI en materia de productividad agropecuaria y en materia de empresas de productores agropecuarios y forestales. En nuestra opinión, corresponde al sector del desarrollo rural esta tarea.

Pero, analicémoslo: nos parece indispensable una reestructuración más a fondo de las funciones que cada dependencia desempeña y de su correlación con las entidades y municipios, para que dentro del marco de un federalismo con participación ciudadana, cada quien realice lo que le corresponde.

En materia salarial consideramos que debe haber una estratificación en función de los salarios mínimos, para incrementar más a quienes menos ganan y propiciar un equilibrio de ingresos.

Es indispensable que los trabajadores al servicio del Estado con menores ingresos, perciban aumentos superiores a la inflación, y no así en el caso de los servidores públicos con mayores ingresos, especialmente funcionarios.

Por otra parte, ya basta de que seamos música de acompañamiento, de retahíla de inventos sexenales de moda. Ejemplo ahora de ello es el Pronafide, que con bombo y platillos se anunció. Es inocuo, nunca fue autorizado por este Legislativo y más bien mostró un prematuro futurismo. Ejemplo de ello es el tan traído programa de solidaridad, que se metía en todo y con todo, creando distorsiones entre productores, entre colonos y entre otros grupos de beneficiarios.

Como vemos, la decisión del Presupuesto de Egresos nos conduce inevitablemente a revisar otros aspectos que den mayor congruencia al mismo presupuesto y a su destino.

Compañeros diputados, esperamos que como se dice en los propósitos y montos asignados y reasignados del dictamen, se dé amplia prioridad al gasto social, así como para que se reduzca el monto originalmente previsto para los banqueros.

Debemos, junto con nuestros compatriotas, asegurar que esto ocurra y que no existan desvíos.

A partir de enero deberemos establecer en nuestras respectivas comisiones, nuestros programas de supervisión y seguimiento en cada ejido, en cada comunidad, en cada colonia, en cada municipio, en todas las entidades. Este proceso tortuoso de aprobación de ingresos, de egresos, de la Miscelánea Fiscal y de la Cuenta Pública, seguramente para el próximo año nos encontrará en mejores condiciones, con mayor experiencia y entonces, como ahora, en favor de México, seguramente realizaremos mejor nuestras tareas.

Finalmente les proponemos a los grupos parlamentarios la suscripción de un acuerdo político, para que nuestra tarea legislativa en el próximo año de 1998, sea más acorde a las necesidades de la población en sus diferentes estructuraciones e intereses y desde todos los rincones del país.

Les proponemos instrumentar una amplia consulta ciudadana para 1998. Abundaremos en ello en otro momento. El Partido del Trabajo reitera: prioridad al gasto social, con orientación autosustentable y productiva, mayor atención al campo mexicano, mayor aumento salarial para quien gana menos y no más privilegios a los banqueros.

El Presidente :

Muchas gracias, diputado.

Para fijar posición y hasta por 15 minutos, tiene la palabra el diputado Javier Castelo Parada, del Partido Acción Nacional.

El diputado Javier Castelo Parada:

Con su permiso, diputado Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Las crisis recurrentes que desde hace tiempo aquejan a la economía nacional, han sido el signo más elocuente de los límites del autoritarismo del sistema político mexicano. La ocurrida hace tres años, evidenció que las transformaciones estructurales promovidas por las más recientes administraciones priístas, no fueron suficientes para desterrar el fantasma de caídas abruptas, cada vez más frecuentes y más severas en los niveles de bienestar de millones de compatriotas, antes al contrario, mostraron con la mayor nitidez que las crisis no pueden ser más crueles que cuando la economía seguía como lo hace la tecnocracia neoliberal, con un estilo que mucho se asemeja al despotismo ilustrado, siguiendo los dictados de la razón técnica y dando la espalda a la razón política, que no es otra cosa que la razón de los ciudadanos.

Esta razón no sólo se expresó, sino se impuso el pasado 6 de julio. La sociedad se manifestó por el cambio gradual, y gradualismo significa decisión, sentido de rumbo, pero también responsabilidad.

No es casual que para llevar a cabo esta transformación, la ciudadanía haya escogido el poder que mejor la representa, el ahora sí honorable Congreso de la Unión. En él se expresa el contrapeso necesario a la discrecionalidad en la toma de decisiones del Poder Ejecutivo, y por ello la decidida vocación democrática que día a día refrendan los mexicanos a pesar de las campañas deliberadas que pretenden contraponerla con la gobernabilidad, por decir lo menos, y con la responsabilidad pública, por decir lo más.

El decreto de presupuesto que hoy comenzamos a discutir recibe la anuencia de Acción Nacional porque el dictamen recoge sus propuestas, y al hacerlo inaugura la democratización en el ejercicio del poder, que es ingrediente indispensable para hacer de la economía un vehículo seguro hacia el crecimiento sostenido, el bienestar y la equidad social.

Aislados estos aspectos, cada uno provoca distorsiones que los mexicanos ya no estamos dispuestos a tolerar. El primero, el crecimiento degenera en la obsesión tecnocrática liberal; los segundos en ilusiones populistas que no tienen otra consecuencia que dejar a cargo de generaciones futuras.

Las recomendaciones del Partido Acción Nacional apuntaron en tres sentidos precisos: consolidar la estabilidad y el crecimiento; traducir el crecimiento en una justicia distributiva con un referente inequívoco: la vigorización del federalismo, y la apropiación ciudadana del destino de los recursos públicos. Esto democratiza la política económica nacional.

Comprometido con la necesidad de evitar desequilibrios que al final no hacen, sino frenar el crecimiento, Acción Nacional insistió en preservar finanzas públicas sanas y un gasto cuyo financiamiento no se tradujera en un déficit público que arriesgara las cuentas externas, el nivel de precios y el tipo de cambio, y por esta vía la recuperación económica.

Hoy podemos afirmar que nuestra insistencia ha encontrado eco, el dictamen del Presupuesto de Egresos responde a los límites que le imponen los recursos fiscales disponibles y el manejo de un endeudamiento razonable, que mantiene el coeficiente de solvencia del sector público federal si la economía crece al ritmo pronosticado, y lo reduce si, como es lo más probable, esa previsión es superada por la inercia implícita en el dinamismo económico.

El hecho más relevante de la transición mexicana es la transformación de una comunidad de actores colectivos que sirvieron como base de apoyo a los sistemas corporativos, en una sociedad cada vez más nutrida de ciudadanos.

Esta mutación ha sido y es el fundamento en el que se fincan las aspiraciones democráticas en todas las naciones que han transitado de formas autoritarias a democráticas de Gobierno. México no ha sido la excepción, y por ello la lucha por instaurar la democracia como forma efectiva de Gobierno implica descentralizar el poder, no sólo político, sino económico y cultural, en múltiples centros de decisión que consoliden el eslabonamiento necesario que debe existir entre ciudadano, comunidad y Federación.

Democratizar es federalizar, federalizar es democratizar, y ambas en el México actual implican legitimar el ejercicio del poder.

Si para evitar las crisis recurrentes y garantizar que el crecimiento beneficie a la mayoría, la política económica debe ser democratizada, entonces el gasto público debe ser un gasto federalizado. El dictamen del Presupuesto de Egresos ha adoptado el afán de nuestro Partido Acción Nacional, por impulsar el federalismo como la forma privilegiada de promover la equidad.

En el rubro de bienestar social, reconocemos que la atención a la pobreza extrema es un imperativo moral, pues se acepta que la verdadera naturaleza de la misma es la incapacidad de los núcleos de población que la padecen para salir de la penuria, sin un apoyo deliberado y subsidiario del poder público, que busque su habilitación, para que puedan aprovechar oportunidades de desarrollo en igualdad de condiciones.

Pero también Acción Nacional entiende que la pobreza adquiere, antes que todo, una dimensión geográfica y por ello, que son los gobiernos estatales y municipales, los instrumentos más eficaces para su atención.

Es en este sentido que hemos logrado incorporar el combate a la pobreza, como un expediente más, tendiente a la vigorización del federalismo. A propuesta de nuestro partido, los recursos destinados a las prioridades estatales del ramo 26 son transferidos para crear el ramo 33, un fondo de aportaciones para la infraestructura social estatal, que se agrega al que por ámbito municipal propone la iniciativa del Ejecutivo.

En esta línea Acción Nacional se suma a la propuesta de regir la distribución de los recursos destinados al combate a la pobreza, con criterio de transparencia y temporalidad, así como a la modificación que tiene como objetivo transferir a los gobiernos locales, los recursos que el Gobierno Federal orientaba a programas sociales y desayunos escolares, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y al mantenimiento y ampliación de la infraestructura de la educación básica y universitaria.

El significado de esta adscripción, no es otro que hacer de la política social un instrumento cada vez más en manos de sus receptores y de sus representantes más inmediatos.

El bienestar social pierde todo sentido si se carece de seguridad pública. La violencia y el delito se han instalado como un invasor permanente de la vida comunal, por ello Acción Nacional propuso y logró que los estados de la República, tuvieran mayor flexibilidad en el uso de los recursos orientados a la seguridad pública, a través de su inclusión en el fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal del ramo 33.

La razón estribó en que un municipio fuerte, es antes que todo, un municipio seguro. Cuando la seguridad pública se ve socavada, el principio que legítima a la autoridad del Estado desaparece, y el municipio es la primera instancia en la que el Estado se manifiesta.

Pero el fortalecimiento municipal acepta, y sobre todo reclama, otra acepción: el robustecimiento financiero.

El escandaloso monto de recursos que el Gobierno Federal ha venido dedicando al rescate bancario, ha levantado una ola de indignación en la sociedad mexicana, no sólo por su ostensible ineficacia, sino porque revela los verdaderos compromisos e intereses, que efectivamente representa el grupo político que hoy detenta el poder.

El Gobierno mexicano defiende la salud de la banca, pero había desatendido una enfermedad crónica: la penuria financiera municipal. Por ello, Acción Nacional buscó transferir una parte del dinero orientado al llamado saneamiento financiero, al nuevo fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal.

Con estos recursos, más los que provienen de la partida del ramo 23 para coordinación hacendaria, los ayuntamientos aliviarán la pesada carga del endeudamiento en que los hundió el injusto centralismo presupuestario, avalado por un Congreso que representaba únicamente intereses partidarios y sólo en muy escasas ocasiones, los intereses de los ciudadanos.

Desde que el desarrollo de las instituciones políticas las generaron, los cuerpos legislativos tuvieron una justificación esencial, que sólo un sistema autoritario, como el priísta pudo soslayar.

La legitimidad en la apropiación de recursos y la vigilancia del uso que el PRI siempre hacia de las contribuciones ciudadanas. Hoy, Acción Nacional ha logrado que la Cámara de Diputados recupere esta función que se le había arrebatado al pueblo de México. Por un lado ha logrado incluir la propuesta que disminuye la discrecionalidad del Ejecutivo en la asignación de rubros como los premios al desempeño de funcionarios públicos, al fijar topes máximos por nivel jerárquico y salarial.

También logró que la llamada "partida secreta", continúe su disminución y persistiremos hasta que desaparezca. Y por último, se obliga a que el Ejecutivo Federal ejerza el gasto de los recursos en partidas precisas y determinadas por esta Cámara, que se generen por las variaciones favorables en ingresos tributarios y no tributarios.

El dictamen obliga al Ejecutivo a que proporcione información clara y oportuna, a efecto de que esta representación popular dé seguimiento cabal al ejercicio del gasto, ejerciendo en toda su amplitud las facultades de control que la Constitución le asigna.

Por último, el principio de austeridad implícito en unas finanzas públicas sanas se ha impuesto al incorporar las propuestas panistas de desincorporar entidades gubernamentales que duplicaban funciones, que eran utilizadas con propósitos partidistas y electorales, que significaban la yuxtaposición de poderes en el ámbito estatal.

Compañeros legisladores: por las razones anteriores, por primera vez en su historia legislativa Acción Nacional aprueba el dictamen sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación. Hacemos votos porque el Legislativo insista y las autoridades permanezcan abiertas para seguir avanzando en el fortalecimiento del federalismo, en la disminución de las discrecionalidades de que venía disponiendo el Ejecutivo, en dar mayor transparencia mediante información suficiente y oportuna al Legislativo.

Muchas gracias.

El Presidente :

Muchas gracias.

Para fijar posición, hasta por 15 minutos, tiene la palabra el diputado Ricardo García Sainz, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Ricardo García Sainz Lavista:

Dentro de los retos de esta LVII Legislatura, destaca el de sentar las bases para ofrecer a los mexicanos una nueva concepción de la política económica, del gasto público y del papel estratégico, aunque ciertamente limitado, que tiene el Presupuesto de Egresos de la Federación, como instrumento privilegiado para impulsar el desarrollo económico y social del país.

He tenido la oportunidad, como Presidente de la Comisión de Programación y Presupuesto, de vivir una de las expectativas personales más intensas, más enriquecedoras y puedo decir, más frustrantes en mi vida.

Iniciamos la conversación con las autoridades hacendarias para poder establecer las bases de cómo transitar esta primera experiencia en la configuración de un presupuesto en una Cámara plural, en donde el partido en el poder no tenía la mayoría. En estas reuniones con el titular de la Secretaría de Hacienda, con los subsecretarios, establecimos las bases los cinco partidos, de las normas que debían regir nuestro diálogo y nuestro quehacer para configurar este presupuesto.

Y convenimos que debía de hacerse con el más profundo respeto entre nosotros, sin descalificaciones que limitaran nuestras capacidades hacia adentro y fuera de nuestras respectivas bancadas y hacia la opinión pública. Y sin dogmatismos, para que juntos pudiéramos encontrar las mejores fórmulas para el desarrollo económico, social y político del país.

Este tránsito fue satisfactorio hasta las últimas fechas, en donde debo decirles que este respeto, que esta verdad, que ésta no descalificación, se sustituyeron de golpe por el incumplimiento de compromisos, por el engaño y la simulación y por el peso abrumador del Ejecutivo Federal para la elaboración de los documentos finales.

Llegamos a la Cámara, nosotros llegamos a la comisión, todos los integrantes, con propósitos muy claramente definidos. Buscábamos la limitación del autoritarismo; buscábamos la transparencia en el uso y ejercicio de los recursos públicos; buscábamos la certeza jurídica para que todos los mexicanos tengamos más clara conciencia de nuestros derechos y obligaciones. Buscábamos eliminar las facultades discrecionales que tanto han lesionado a la trayectoria del país; buscábamos el calendarizar los gastos para evitar uno de los factores de mayor arbitrariedad. Buscábamos verificar que las asignaciones pudieran ser soportadas por las estructuras y buscábamos el establecimiento de algo fundamental, y que debo decir

se logró, que era el establecimiento de reglas precisas para el manejo de los excedentes de recursos y para el financiamiento de los faltantes. Esto limita una de las tradicionales facultades discrecionales y sí se alcanzó.

Les diría que llegamos aquí entendiendo las limitaciones del presupuesto. Y buscábamos, a través de él, modificar en la medida de lo posible, la política concentradora de ingresos y depauperizadora, en perjuicio del pueblo de México. Buscamos impulsar el papel promotor orientador y regulador del Estado en armonía con el mercado, para que en el Estado sean eficaces y complementarios. Buscábamos darle prioridad a la actividad productiva y al gasto social. Buscábamos impulsar el desarrollo agropecuario, fortalecer el federalismo a través de la ampliación de la asignación de recursos federales a los estados y municipios.

Buscábamos la conversión de las actuales delegaciones federales, en órganos estatales, limitando la representación federal, fortaleciendo los estados y eliminando dispendios. Buscábamos a través del presupuesto, fortalecer la inversión productiva en los sectores estratégicos de la economía nacional, específicamente en el ámbito de producción y generación de energéticos, de tal manera que se garantice la viabilidad de las empresas paraestatales del sector. Buscábamos y seguimos pidiendo frenar el costo creciente de los servicios públicos, evitando aumentos por encima de la inflación estimada para el año. Buscábamos a través de las facultades del Congreso dar las señales necesarias, iniciando la recuperación del valor real de los salarios a partir de un incremento del 5% por arriba de la inflación a los sueldos de los servidores públicos a partir del próximo 1o. de enero.

Buscábamos aprobar un nuevo esquema financiero para resolver el problema de las carteras vencidas, en beneficio de los deudores de la banca; cancelando apoyos adicionales hacia la banca privada.

Buscábamos impulsar la reactivación productiva de la pequeña y mediana empresas, aumentar el presupuesto destinado a la educación pública, a la salud y a la alimentación.

Buscábamos usar el presupuesto como un instrumento de combate frontal a la corrupción.

Lo hicimos, esta tarea, sabíamos que es inmensamente ambiciosa y apenas se inicia y tenemos conciencia en el Partido de la Revolución Democrática de las limitaciones; se nos acusa frecuentemente de populismo, pero tenemos plena conciencia de que se requiere el crecimiento como instrumento básico para mejorar las condiciones y calidad de vida de nuestros semejantes.

¡Estamos plenamente conscientes de preservar el equilibrio presupuestal! ¡Jamás mencionamos incremento alguno en el déficit público! ¡Y jamás cuestionamos lo impreciso de su cálculo!

Establecimos, también, una clara conciencia de las condiciones que nos son impuestas por el exterior. Sabemos lo que afecta a nuestra economía, a nuestra estructura presupuestal, lo que afecta el precio de los productos petroleros...

El Presidente :

Permítame el orador.

Ruego a los diputados guardar sus lugares para que esta sesión continúe de la forma civilizada en que queremos. Por favor...

Nuevamente ruego a los diputados guardar su lugar para que continúe la sesión.

Adelante, diputado.

El diputado Ricardo García Sainz Lavista:

Estamos plenamente conscientes, insisto, de las condiciones impuestas por el exterior: precios de los productos petroleros y tasas de interés que tanto pesan sobre el equilibrio de las finanzas nacionales.

Estamos, asimismo, plenamente conscientes de las limitaciones en la elaboración del presupuesto que nos son impuestas por las leyes aprobadas por este honorable Congreso. ¡Y así no discutimos un ápice la justificación de las transferencias al Instituto Mexicano del Seguro Social, a las Afore, que producen pesos extraordinarios sobre la estructura presupuestal! ¡Pero tenemos la convicción de que en el respeto a la certeza jurídica es donde podemos encontrar los espacios para el fortalecimiento de la democracia!

¡Les diría a ustedes que votamos en contra, porque no se logró la mayoría necesaria para cancelar la partida secreta de gastos de la Presidencia de la República!

¡Votamos en contra porque se confirma el presupuesto, una vez más, como instrumento concentrador del ingreso y promotor de las dramáticas desigualdades!

¡Votamos en contra por no asignar suficientes recursos al desarrollo agropecuario, al impulso de la pequeña y mediana empresas y a la vivienda!

¡Votamos en contra, porque este presupuesto debilita a los históricos programas sociales más sentidos de la población, como abasto de leche y tiendas rurales!

¡Votamos en contra, porque reduce la política social a apoyos puntuales y clientelares!

¡Votamos en contra, por haber perdido la oportunidad histórica de profundizar en el análisis de los grandes rescates financieros que protegen a la banca y olvidan a los deudores!

¡Votamos en contra, por haber rechazado la alianza PRI-PAN, la decisión de incrementar el valor real de los salarios en 5% por encima de la inflación, a partir del próximo 1o. de enero!

En el umbral del Siglo XXI, la forma de entender el funcionamiento de la actividad económica tiene que hacerse en función del análisis que en ella han adquirido la tecnología y el conocimiento. Precisamente por ello, denunciamos y decimos una vez más: ¡no al fundamentalismo neoliberal!

Hace ya 15 años que el país se encuentra inmerso en el estancamiento al tiempo que se agudizan la polarización social y los desequilibrios entre los sectores. Si bien la globalización significa pérdida de grados de poder para los estados y las políticas económicas nacionales, exige también un mayor rigor en las políticas económicas para mantener la competitividad.

Es necesario afirmar y dignificar la democracia, metiendo al presupuesto dentro del proceso de reforma del Estado.

Para la discusión del presupuesto de 1999 es imperativo hacer las cosas de una manera diferente, para que esta Cámara de Diputados sea verdaderamente la casa del pueblo, en donde la verdad, la lealtad y el compromiso de servir sean norma invariable.

Muchas gracias.

El Presidente :

Para fijar posición hasta por 15 minutos, tiene la palabra la diputada Laura Alicia Garza Galindo, del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Laura Alicia Garza Galindo:

Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea:

Es honor y privilegio acceder a esta tribuna con la encomienda de mi grupo parlamentario, el Partido Revolucionario Institucional, de fijar nuestra posición en torno al proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1998 que, por supuesto, votaremos a favor, porque es una propuesta incluyente...

Incluyente, que ha logrado incorporar muchos de los compromisos y de las preocupaciones de todos los grupos parlamentarios que integran esta Cámara de Diputados, para transformarlos en programas y proyectos de gasto público; proyecto de gasto público que establece las reglas básicas para sostener el proceso de crecimiento de la nación como una de las vías idóneas para alcanzar mejores estadios y calidad de vida para los mexicanos y muy especialmente para los que menos tienen; proyecto de gasto público para 1998, que presenta importantes innovaciones estructuradas en enfoques integrales para atacar aquellos problemas que son sin duda los más sensibles para nuestra nación; un nuevo federalismo, con importantes modificaciones...

Presidencia de la diputada

María de la Soledad Baltazar Segura

La Presidenta:

Por favor, permítame la oradora. El tiempo por favor. Compañeros diputados...

Compañeros diputados, les suplico de la manera más atenta, que podamos... compañera diputada Enoe, por favor, si es tan amable... por favor... Por favor a los compañeros diputados se les suplica de la manera más atenta, guardar el mayor orden posible.

Les agradecemos a todos que se ubiquen en sus lugares y que se sienten. A las personas que se encuentran en

las galerías, también les suplicamos que tomen sus asientos y nos permitan continuar con la sesión en el mayor orden posible.

Se les suplica tomar sus asientos y permitir que esta Presidencia continúe con los trabajos legislativos.

Por favor, continúe la oradora.

La diputada Laura Alicia Garza Galindo:

Un nuevo federalismo, con importantes modificaciones a través de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal que habrá de seguir evolucionando.

La creación del ramo 33, marca un nuevo rumbo en el proceso de descentralización de la vida nacional para fortalecer a los estados y a los municipios que conforman el pacto federal. Hace 20 años, se inició en México el primer esfuerzo con el Convenio Unico de Coordinación, el CUC, que desconcentraba funciones, pero no los recursos ni materiales ni humano ni mucho menos financieros.

Se evolucionó con el Convenio Unico de Desarrollo, pero hoy, con la aparición de este nuevo ramo, en realidad se descubre una nueva ruta para entrelazar el Convenio de Coordinación Fiscal con la descentralización de recursos.

Se marca así el inicio de un esfuerzo que quizá si nos apuramos, toque a esta legislatura concluir y que deberá culminar con una nueva Ley del Federalismo, que establezca a plenitud los derechos, pero también las obligaciones y las corresponsabilidades entre las tres órdenes de gobierno.

Y fuimos los priístas quienes exigimos este avance, nadie podrá negar que lo impulsamos nosotros, pues hubo quienes pretendieron que las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, se quedaran en la congeladora; afortunadamente desistieron, desistieron en el intento y vieron finalmente las bondades que entrañaba el proyecto. Por eso, en éste hoy se contemplan cinco fondos en lugar de los tres iniciales.

Es sin duda innovar el planteamiento de una nueva estrategia en donde se entrelaza una política de desarrollo rural integral, con gran apoyo al campo, con la política por cierto, más amplia de desarrollo social, que extiende su cobertura y permite mejorar la calidad de los servicios sociales básicos como lo son educación, salud, seguridad social, vivienda, capacitación laboral, apoyos a los grupos más vulnerables de la sociedad, entre ellos las mujeres y los niños.

En este último rubro, las legisladoras del PRI, aseguramos recursos en el presupuesto orientado a proyectos productivos y sociales así como de financiamientos para proyectos de mujeres organizadas, especialmente en el área rural.

Estas estrategias del campo y la social, enfocan sus objetivos para acelerar las estrategias de superación de la pobreza extrema y de impulso al bienestar social, en donde vale la pena destacar un progreso más amplio y mejor estructurado, sin descuidar las áreas urbanas con rápido crecimiento poblacional e interrelacionando los dos planes, lo rural y lo urbano con la más acelerada descentralización en la vida nacional hacia los estados y municipios, es decir con el nuevo enfoque al federalismo.

No podría dejar de reiterar la importancia de la reforma en la seguridad social que beneficia a los trabajadores, en particular a los de menores ingresos, que incorpora en su diseño una desgravación importante que estimula al trabajador y a la creación del empleo.

Vale la pena señalar que los recursos adicionales del IVA, nos permiten como país sufragar menores cuotas de los trabajadores y de sus empleadores. La reforma a la seguridad social permite que las remuneraciones de los trabajadores se incrementen en 2.8% en términos reales; esto sí es favorecer a la clase trabajadora, ya que con incrementos de otra naturaleza que no corresponden al presupuesto.

Proyecto de gasto público para 1998 con políticas claras de fomento al crecimiento económico, en las que el Estado mexicano pone especial énfasis en los programas de inversión pública destinados al aparato productivo, es decir, orientada hacia los sectores privado y social para que éstos cuenten con más y mejor infraestructura productiva, a fin de que agilicen la generación de empleos y en consecuencia de ingresos para los más, dinamizando así la economía.

En este espacio se localizan los nuevos esfuerzos en materia de desincorporación de empresas públicas, con lo que el Estado continúa su proceso de adelgazamiento, en tanto que el sector privado asume nuevas responsabilidades que inciden en el crecimiento económico. Así, el Estado puede dedicarse más plenamente a lo suyo.

Otras políticas importantes que muestran avances significativos en este proyecto, son el fortalecimiento a la democracia y del estado de derecho, que incorpora tal cual los proyectos de presupuesto que elaboraron los poderes Legislativo y Judicial y el IFE. Se busca también fortalecer la capacidad de los cuerpos encargados de la seguridad pública para salvaguardar la integridad física y patrimonial de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública, política que igual se interrelaciona con el avance en el federalismo, al integrar al Sistema de Seguridad Pública a los municipios del país.

Debo señalar el impulso a las políticas de transparencia en el ejercicio del gasto, que muestra los resultados que alcanza el Ejecutivo Federal con el uso de los recursos públicos. Es también parte de esta política el objetivo de informar más detalladamente sobre las remuneraciones a los servidores públicos, en donde la asignación de percepciones se otorgue en función del puesto y su grado de complejidad y de responsabilidad.

Es importante destacar como parte de esta política de transparencia, la disminución significativa del ramo 23, que se reducirá en más del 73%.

Los priístas, hemos además exigido que la partida secreta cuente con reglas claras en su instrumentación. Además...

La Presidenta:

Permítame la oradora. Por favor compañeros, esta Presidencia les suplica guardar el orden, para que podamos continuar.

Adelante, señora diputada.

La diputada Laura Alicia Garza Galinda:

Además, la hemos fijado para este presupuesto en 50 millones de pesos y no se canceló porque se requiere. Recuerden el huracán "Paulina", además de ir en la Cuenta Pública.

Quisiera señalar que nuestro posicionamiento parte de una premisa irreductible, ser priísta es ir contra la mala distribución del ingreso, así como de que el gasto público es el instrumento más eficaz para redistribuir la riqueza.

La premisa se sustenta en una realidad inocultable, el 10% de la población más favorecida concentra el 43% del ingreso, mientras que el 40% de los mexicanos más pobres, sólo reciben el 11% del mismo. Esto nos indica que el 50% de la población y dentro de ella la económicamente activa, es la base cautiva que integra el padrón de contribuyentes.

Requerimos construir una reforma fiscal integral, que por otra parte consideremos en que no se construyen los casi cuatro meses en que ha transcurrido esta legislatura. Bajar el IVA ni es un problema de reforma fiscal ni resuelve los problemas que como país enfrentamos. De entrada los invito, compañeros, a que en los meses por venir formemos mesas de trabajo plurales en las que con rigor metodológico, con esfuerzo sistemático y sumando la sensibilidad política de ustedes, la aplicación de la técnica, vayamos delineando no sólo la reforma fiscal integral e indispensable para el país, sino la política económica de largo aliento a la que nos convocara el presidente Zedillo en su último informe de Gobierno y de la que este presupuesto ya constituye un avance.

Aprobaremos este proyecto de decreto. No podría sin embargo concluir, sin señalar que no obstante lo alcanzado aún falta mucho por hacer y considero que podríamos lograr más si lo hacemos unidos, así, señores, se podría consolidar más rápido la democracia que nos exigen los mexicanos, una democracia fincada en mejorar día a día la vida de los mexicanos que se nutre en la justicia social, una democracia que se refleje en lo plural, en la tolerancia entre quienes pensamos diferentes, en los afanes por alcanzar acuerdos, una democracia que por encima de las posiciones partidistas, legítimas por cierto, aglutine a todos en torno al interés superior de la patria, una democracia que tolere todo, todo menos a quienes se empeñan en ir en contra del futuro de los mexicanos.

Sí, sí, que tolere todo, menos a quienes con su decir y su hacer pretenden frenar la lucha de las mayorías por darnos un México más grande, más fuerte y más generoso.

La Presidenta:

Muchas gracias, señora diputada.

Tomando en consideración que han transcurrido las cinco horas reglamentarias para las sesiones ordinarias, que establece el artículo 3o. del acuerdo parlamentario aprobado el 6 de noviembre último, esta Presidencia acuerda prorrogar el lapso correspondiente a la sesión de este día hasta la conclusión del orden del día.

Señores diputados: se suplica a los señores diputados que permitan a esta Presidencia continuar con los trabajos.

Esta Presidencia informa que se han registrado los siguientes diputados como oradores en pro y en contra, hasta por 10 minutos.

En contra los diputados: Cuauhtémoc Velasco Oliva, Pablo Gómez Alvarez, Marcelo Ebrard Casaubón y Demetrio Sodi de la Tijera.

En pro: Luis Fernando González Corona, Manuel Cárdenas Fonseca, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez y Francisco Javier Santillán Oseguera.

En consecuencia, tiene la palabra para hablar en contra del dictamen, hasta por 10 minutos, el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Partido de la Revolución Democrática.

¿Con qué objeto, diputado Bernal? Permítame el orador.

El diputado Eduardo Guadalupe Bernal Martínez (desde su curul):

Le pediría, señora Presidente, si fuera tan gentil, instruir a la Secretaría diera lectura a los artículos 207 y 209 del Reglamento Interior del Congreso, si fuera tan amable.

La Presidenta:

Gracias. Se instruye a la Secretaría para que dé lectura a los artículos 207 y 209 del Reglamento Interior del Congreso.

El secretario Jaime Castro López:

"Artículo 207. Los concurrentes a las galerías se presentarán sin armas, guardarán respeto, silencio y compostura y no tomarán parte en los debates con ninguna clase de demostración.

Artículo 209. Los que perturben de cualquier modo el orden, serán despedidos de las galerías en el mismo acto, pero si la falta fuere grave o importante delito, el Presidente mandará detener al que la cometiera y consignarlo al juez competente."

Cumplida su instrucción, señora Presidente.

La Presidenta:

Muchas gracias, señor Secretario.

Por favor, señores diputados. Yo les voy a suplicar que si quieren usar la palabra, lo hagamos al término del orador.

El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:

Compañeras diputadas; compañeros diputados:

El dictamen aprobado en la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública el día de hoy, por el PRI y por el PAN, representan muy malas noticias para el pueblo de México.

Ojalá que simplemente fuera una posición técnica, lamentablemente sus consecuencias se extienden a toda la población mexicana. Lamentablemente no habrá beneficios para la mayor parte de la población, el presupuesto no comprende beneficios de carácter general.

Primero, se dijo no al IVA. Antes se dijo no a la reducción de tasas impositivas en artículos de consumo básico. Ahora se dice no al incremento de salarios.

Si nosotros revisamos las cuentas del incremento de salarios en este año, nos daremos cuenta que, prácticamente se han mantenido estancados, por lo que el hecho de que para el año entrante no se incrementen de acuerdo con la propuesta del PRD, significa que no habrá mejoría real para los trabajadores mexicanos.

Asimismo los gastos en salud y educación, simplemente significan más de lo mismo, la gente no verá una mejoría real en su economía familiar.

En salud, los actuales servicios que se ofrecen continuarán congestionándose, seguiremos viendo en los hospitales públicos las largas filas de personas que acuden por falta de recursos a atenderse ahí.

En educación, las escuelas primarias seguirán teniendo un mantenimiento precario, como actualmente ocurre a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana. Muchas universidades continuarán lamentablemente con su proceso de deterioro, sin posibilidades de mejorar su nivel académico, sin posibilidades de superar sus angustiantes problemas económicos que a muchas las tienen contra la pared.

Desafortunadamente el pan, el pan que come la gente todos los días, seguirá escaseando en la mesa de muchas familias mexicanas.

El factor trabajo seguirá perdiendo terreno. Durante la presente administración la caída del salario real ha sido de 14.4% respecto del año de 1994. Como ustedes saben también, los salarios reales desde los principios de los años ochenta a la fecha, han perdido más de las dos terceras partes de su capacidad, de su nivel real.

En consecuencia, el ingreso continuará concentrándose en pocas manos.

Las desigualdades sociales serán cada vez mayores, están claramente documentadas por varios investigadores las brutales transferencias de ingreso que el proceso de modernización, entrecomillado, ha significado para el país. Porciones importantes del ingreso nacional han pasado de una manos a otras. El factor trabajo ha perdido más de 10 puntos en unos cuantos años.

El presupuesto seguirá sirviendo para aumentar los bolsillos de los grandes millonarios, a través de los macroproyectos y de las grandes obras, de las obras suntuarias a que son tan afectos los regímenes emanados de la Revolución Mexicana.

El sector agropecuario seguirá recibiendo menos apoyo. Entre principios de los años ochenta y ahora, los recursos reales destinados al campo, se han deteriorado en un 50%. Para 1998, hay una disminución de entre 2% y 5% de los recursos destinados al campo. Claro, Hacienda prepara cuadros muy bonitos donde demuestra a través del cruce de cifras entre los distintos programas, que los apoyos han aumentado.

La verdad es que el campo mexicano seguirá languideciendo; la verdad es que muchos campesinos se verán obligados a emigrar al norte; la verdad es que el campo mexicano seguirá viviendo momentos muy difíciles.

Desafortunadamente también, el sector productivo orientado al mercado interno no recibirá apoyos reales. Los centros de competitividad que están previstos para dizque aumentar la competitividad de la empresa mexicana son auténticamente una falacia, no representan ningún apoyo real para la empresa; ésta seguirá enfrentándose a un mercado estrecho, a tasas de interés elevadas y a un sinnúmero de problemas que dificultan su desarrollo y su viabilidad.

El fortalecimiento del ramo productivo para los pobres, no será posible llevarlo a cabo. La fracción parlamentaria del PRD estuvo trabajando intensamente, con el ánimo y el propósito de hacer una reasignación y darle una orientación adecuada al ramo 26, para que no siguiera siendo la bolsa política que alimenta el clientelismo político y los fraudes electorales. Se buscó concebirlo, desarrollarlo de manera tal que se constituyera en un apoyo efectivo para muchos mexicanos pobres; se pensó que sería importante fortalecer el programa de empresas sociales Fonaes que actualmente existe, canalizándole mayores recursos; que era muy importante impulsar el crédito a la palabra, para que no beneficiara a 500 mil personas o campesinos pobres, sino para que beneficiara a un millón. Se pensó en la conveniencia de crear un fondo para el fomento cooperativo, para impulsar la capacitación también para el fomento cooperativo y constituir una asesoría técnica para el fomento del desarrollo productivo.

Todo esto buscando la manera de no recargar el presupuesto, tratando de hacerlo con inteligencia, con mesura, con equilibrio, con sentido real de las limitaciones presupuestales a las que nos enfrentamos.

¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hemos visto el día de hoy? El rechazo a este tipo de planteamientos. Sinceramente insisto y repito, son muy malas noticias para todos los mexicanos.

También hay que destacar que el proceso desatado para llevar a cabo una revisión exhaustiva de parte de esta Cámara a políticas, a programas y presupuestos, sufre un rudo golpe. Todo el esfuerzo, toda esta dinámica que se había puesto en marcha, se detiene. Lamentablemente el Poder Legislativo seguirá siendo un apéndice del Poder Ejecutivo y el modelo económico, inequitativo e ineficaz, seguirá prevaleciendo y lo más grave, no se sentarán las bases para resolver de fondo los problemas de la economía nacional y esto, compañeros, lamentablemente para todos los mexicanos, es muy mala noticia.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Tiene la palabra, para hablar en pro del dictamen, el diputado Luis Fernando González Corona, del Partido Acción Nacional.

Se suplica a los diputados que se encuentran en medio del pasillo, nos ayuden a conservar el orden, al igual que a los medios de comunicación.

El diputado Luis Fernando González Corona:

Muchas gracias, diputada Presidenta; compañeras diputadas; compañeros diputados:

La democratización de las instituciones y de la vida política nacional, en la que estamos comprometidos, encuentra un aliento considerable en el dictamen que la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, presenta a esta soberanía.

En su elaboración se trabajó mirando a quienes más lo necesitan y buscando superar las deficiencias derivadas de manejos discrecionales de los recursos públicos.

Hoy la vida política nacional se caracteriza por su pluralidad; para bien de la República se acaban los tiempos del verticalismo. Como legisladores, somos corresponsables de la gobernabilidad y así nos asumimos...

El diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas (desde su curul):

Señora Presidenta.

La Presidenta:

Perítame el orador.

¿Con qué objeto, diputado Montalvo?

El diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas (desde su curul):

Si me acepta el orador una interpelación.

La Presidenta:

Permítame ver si la acepta.

Diputado Luis Fernando González, ¿acepta una pregunta del diputado Montalvo?

El diputado Luis Fernando González Corona:

Sí, con mucho gusto.

La Presidenta:

Adelante, diputado Montalvo.

El diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas (desde su curul):

Diputado: respetuosamente, ¿me pudiera usted decir qué plantea Acción Nacional en la plataforma electoral de 1997 que registró ante el Instituto Federal Electoral en relación al alza de salarios y la división de poderes?

El diputado Luis Fernando González Corona:

Señor diputado: aprovechando su pregunta, me voy a "colgar" de ella, de otra manera no hubiera cubierto parte de mi discurso, para darle respuesta a lo que usted nos dice, pero también para precisar algunas cuestiones que hemos venido escuchando y que creo que han sido distorsionadas.

Primero. Aquí se ha dicho, aquí se ha dicho, que muchas de las aspiraciones y anhelos que tenía el PRD, y esto lo escuchamos por voz del señor presidente de la comisión, se fueron abajo con este disentir del Partido Acción Nacional, y quiero precisar esto, que usted me da la oportunidad ahorita de aclarar.

El día de anoche el presidente de la comisión nos presentó un dictamen elaborado solamente al interior del PRD, violentando los acuerdos existentes del grupo parlamentario de que es la mesa directiva la facultada para nombrar subcomisiones y emitir dictámenes, como éste tan importante que estamos viendo.

El diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas (desde su curul):

¡Pido la palabra!

La Presidenta:

¿Con qué objeto, diputado Montalvo?

El diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas (desde su curul):

...forma electoral!

La Presidenta

Perdóneme, diputado Montalvo. Tengo entendido que el señor diputado Luis Fernando González Corona, aún está contestando la pregunta que le formuló usted. Habrá la posibilidad de que al término de la misma le formule usted la siguiente.

El diputado Luis Fernando González Corona:

Me estoy "colgando" de la oportunidad que usted me acaba de dar, señor diputado.

Por siete horas casi, por siete horas casi, el día de hoy se conformó una comisión redactora del dictamen. En esa comisión redactora se avalaba punto por punto el dictamen. Se avaló en un 98% por el PRD, quedando solamente 12 puntos, 12 puntos y que estos 12 puntos, señores diputados, no hacen la revolución presupuestaria en nuestro país.

Y precisando su pregunta, nuestra plataforma, nuestros planteamientos más importante es el fortalecimiento al municipio y claro que una auténtica división de poderes y lo hemos venido desarrollando de esa manera.

¿El salario? Ahorita lo retomo en mi discurso con mucho gusto.

Ustedes han manejado, señores diputados, que el PAN se opone a un incremento salarial del 5% real. Es absurdo, hay que precisar que es solamente a la burocracia de nuestro país y no a todos los trabajadores mexicanos.

La Presidenta:

¿Ya terminó de contestar la pregunta, señor diputado González Corona?

El diputado Luis Fernando González Corona:

Ya.

La Presidenta:

Entonces por favor continúe con su tiempo.

El diputado Luis Fernando González Corona:

Así pues, ¡nuestra posición no fue la de vetar el presupuesto enviado por el Ejecutivo, pero mucho menos aceptarlo a pie juntillas! ¡No estamos aquí para oponernos por sistema ni para mostrar sumisión! ¡Se equivocan quienes pretenden ver en el grupo parlamentario de Acción Nacional a un conjunto de legisladores que defiende intereses partidistas o se vuelve comparsa de otros partidos! ¡No! ¡Nuestro compromiso primordial es con la nación!

Hoy aprobaremos el Presupuesto. En él hemos logrado algunos avances. Mínimos si se quiere, pero que recogen la necesidad impostergable de hacer más eficiente y menos discrecional el funcionamiento del Gobierno Federal. Así como también de redistribuir el gasto en favor del bienestar social y de optimizar los recursos, de tal modo que lleguen prioritariamente a quienes más lo necesitan.

La democracia, compañeras y compañeros diputados, no se reduce tan sólo al respeto al voto ni es un discurso vacío, sino tiene un contenido de justicia que se expresa precisamente en el destino y en el cuidado de los recursos públicos.

Nuestra tarea es garantizar el cumplimiento de los compromisos sociales fundamentales del Estado. En ese sentido, las medidas a través de las cuales se precisan, reforman, adicionan o suprimen diversas disposiciones del proyecto presidencial, logran una más justa distribución de los recursos fiscales y un más sano equilibrio financiero.

Por tal motivo, se agrega un artículo transitorio para señalar que los ahorros y economías que se logren en los subsidios generalizados al consumo del Programa de Variaciones de Empresas Internacionales, se destinen al apoyo de los programas de desarrollo rural. De igual manera de los excedentes en recursos tributarios, se canalizará una parte a fomentar el desarrollo agropecuario, así como a programas de construcción, mantenimiento y modernización carretera.

Se transferirán directamente a los estados recursos que hasta ahora venían manejándose a través de los convenios con CAPFCE. Se otorgarán mayores facultades a los estados para administrar los recursos del Programa Nacional de Seguridad Pública.

Compañeros, diputadas y diputados: la deuda principal del Estado mexicano no es con el Fondo Monetario Internacional ni con el Banco Mundial. La deuda principal es con el pueblo de México, con las clases más desprotegidas, con los millones de mexicanos sumidos en la pobreza y en la miseria. ¡A ellos responden las iniciativas que incrementan el Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal, las que crean el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y el Distrito Federal también, así como la creación del Fondo de Aportaciones de Usos Múltiples; que todos estos fondos sumados le dan a los municipios a partir de 1998, casi un 40% más de lo que recibían anteriormente del Gobierno Federal!

Eso es lo que venía en nuestra plataforma política de 1997, compañeros.

Como lo ha probado la historia del sistema político mexicano, no es con discrecionalidad ni con centralismo como alcanzaremos el desarrollo; al contrario, ahí está la causa de nuestros males. El pueblo, señoras y señores diputados, ha perdido la credibilidad en su Gobierno. El pueblo siente que su sacrificio sólo ha servido para incrementar la corrupción, la pobreza, la deuda y los abusos de toda índole; por eso ya no cree, compañeros, por eso en sólo casi cuatro meses de este primer periodo de sesiones hemos acotado parte de ese exacerbante centralismo, de esa discrecionalidad.

Por tal razón, el Partido Acción Nacional propuso que la Secretaría de Hacienda incorpore en su informe financiero que trimestralmente rinde al Congreso, los montos de las participaciones pagadas a cada entidad federativa durante el periodo que se informa; ¡reglas claras de qué hacer con los recursos excedentes y a dónde canalizarlos; reducción del monto de la partida secreta, su reglamentación así también por la Cámara; transparencia en los estímulos y en los bonos a servidores públicos y, sobre todo, un mayor involucramiento de la Cámara, del Poder Legislativo, una mayor vigilancia a lo largo del ejercicio del Ejecutivo, está plasmado en este Presupuesto de 1998!

Con esto solamente estamos empezando, compañeros, a saldar nuestra deuda histórica engrosada tras décadas

de centralismo, agraviada por el despotismo, por el ninguneo, por el verticalismo. Empieza a cambiar ya el papel de las dependencias federales en la ejecución y vigilancia de los programas que se realizan en estados y municipios, eliminándose éstas en favor de los gobiernos locales.

Ciertamente en estas jornadas hemos logrado todos avances, no los ideales, sí los posibles en este preciso momento. Hemos llegado a un sustancial adelgazamiento del aparato burocrático federal, se reduce a su mínima expresión la Secretaría de la Reforma Agraria, se compactan las delegaciones estatales de la Sedesol, de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Salud, se reducen las delegaciones foráneas de la Secretaría de Turismo, se desincorpora PIPSA y el periódico El Nacional, todo esto con el fin de que los recursos producto de ese ahorro se canalicen a rubros más prioritarios.

Estas, entre otras medidas, mis amigos, integran el proyecto de decreto que hoy se presenta a su consideración.

Compañeras y compañeros: ni desastre económico, ni clima de inestabilidad ni guerrilla institucional ni crisis, contra lo que algunos difunden por ignorancia o mala fe, el proyecto del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1998 que se presenta a esta soberanía, no responde a cálculos políticos ni a tiempos electorales. El ciudadano emergente es cada vez más portador de un voto libre e informado y espera soluciones, salidas distintas a las de siempre, sin poner en riesgo el funcionamiento regular de las instituciones.

Ciertamente hemos privilegiado al municipio, célula básica de la República; nuestra propuesta materializa la necesidad impostergable de realizar un ejercicio más racional en clave democrática, más justo en la distribución de los recursos públicos; convertirlos en auténticos impulsores del bien común que contribuyan a la realización de lo que queremos en materia política: la democratización plena de nuestro sistema político mexicano.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Muchas gracias, señor diputado González Corona.

Tiene la palabra para hablar en contra del dictamen, el diputado Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática.

Señor diputado Gómez Alvarez, tiene usted hasta 10 minutos.

El diputado Pablo Gómez Alvarez:

Señoras diputadas y señores diputados:

Con el voto que ha dado una mayoría en la Comisión de Presupuesto, se ha renunciado a acabar con la discrecionalidad del Ejecutivo en materia del gasto y se ha cambiado esa gran oportunidad que teníamos, por pequeños cambios.

No se acaba, pudiéndolo hacer, con la discrecionalidad del Ejecutivo y se intercambia esa gran oportunidad por algo que ya estaba, aunque no se cumplía, que son los informes del Ejecutivo a la Cámara de Diputados. ¿Por qué conformarnos con pedir informes, si podemos controlar el gasto y tenemos facultad constitucional? ¿Por qué reducir la partida secreta pudiéndola eliminar? ¿Por qué conformarnos con un informe del Ejecutivo sobre la partida secreta, a una comisión de la Cámara que no tiene facultad constitucional fiscalizadora ni facultad de auditoría?

Ni siquiera la Contaduría Mayor de Hacienda recibirá el informe del gasto de la partida secreta, quien sí tiene facultad constitucional.

¿Por qué hablar de un aumento del 5% real a los salarios para todos los trabajadores, cuando tiene uno enfrente el documento que la Constitución nos permite emitir, que no es la expedición del salario mínimo desgraciadamente, sino el presupuesto del país, el presupuesto de la Federación solamente? No hacerlo ahí donde se puede y esperar a que el Gobierno lo haga

allá donde él puede decidir, renunciando a tomar la decisión por sí mismo y ejercer la facultad constitucional que se le ha arrancado durante años a esta Cámara.

¿Por qué aceptar una redacción indigna, impuesta por Hacienda, que dice que de las decisiones que la Secretaría de Hacienda tomará para la distribución del fondo del famoso rescate financiero, nos informará el señor Secretario de Hacienda?, cuando la Cámara puede tomar la decisión, no tiene que pedirle el informe al Secretario de Hacienda; debería la Cámara asumir sus facultades e informarle de cómo las ejerció al señor Secretario de Hacienda, al Presidente de la República.

Nos piden dinero para programas que van a dos bancos; miles de millones a dos bancos y a los deudores, les pregunto colegas de Acción Nacional, incluyendo a algunos de ustedes que también lo son, y la respuesta: ninguna, ninguna absolutamente. Esperaremos la decisión del Presidente y del señor Ortiz.

Dice el artículo 127 de la Constitución, hay que leer eso de cuando en cuando, que los servidores públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que será determinada, determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos de la Federación y del Distrito Federal o en los presupuestos de las entidades paraestatales, según corresponda.

¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué han votado en contra de una propuesta para poner la tabla de percepciones dentro del decreto del presupuesto? No entiendo por qué se puede votar contra lo elemental que la Constitución nos manda, sólo porque los enviados del señor Ortiz dijeron que no les gustaba ese artículo.

¿Y qué ponemos en lugar o qué ponen ustedes en lugar de las percepciones que nos manda la Constitución? Ponen ahí los bonos, los sobresueldos, que no están determinados en presupuesto, puesto que serán determinados por la autoridad no todos los funcionarios tendrán una cantidad y ni siquiera existe la garantía de que ellos recibirán los famosos bonos, con los cuales se ha sustituido la función del empleado de la República, por el que está sometido al jefe, por el siervo del político; pero el funcionario de una república debe ser siervo del pueblo y no de los altos mandos de la burocracia, debe tener garantizada su percepción y estar orgulloso de ella para decirlo frente a la prensa, para poder confesar su ingreso frente a sus hijos, frente a sus esposas o esposos.

Ciudadanas diputadas, tengo aquí una tarjeta firmada por el diputado Paoli, a quien le advertí que leería esto en esta tribuna cuando así lo convenimos. Con la letra del diputado Paoli: "Aumento de un 17% promedio, excluyendo mandos medios y superiores, y considerando las promociones, en una negociación formal entre la bancada del PRD y la del PAN".

Pero yo digo, guardaré esto como recordatorio de los vientos nuevos en las luchas parlamentarias y quiero decir que no hubiera recibido una tarjeta de un diputado de la bancada oficialista, porque nunca la firma de alguien de esa bancada vale más que el papel, pero la firma y el escrito de Paoli, en mi opinión siempre ha valido más que el papel en el que están escritas esas letras.

Hemos, se ha renunciado a la gran oportunidad de hacer un presupuesto de la oposición por primera vez. Pudimos haberlo hecho. Que el pueblo y la nación se los demanden.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en pro hasta por diez minutos.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca:

Con el permiso de la Presidencia.

La Presidenta:

Adelante, señor diputado.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca:

Tomando plena nota de las primeras palabras de quien me antecedió en esta tribuna, iniciaré esta intervención.

El habló de que el voto lo dio la mayoría, ésa es la democracia y por ella estamos luchando.

Se comenta aquí varias cosas, pero habría que hacer algunas precisiones. Me voy a referir a una, con todo respeto, al esquema clientelar con el que la han comentado y que es la llamada partida secreta. Fíjense de qué tamaño es lo que acabamos de escuchar, contra lo que les voy a expresar.

Página 13 del documento que hoy y ayer y antier analizamos, porque la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, nunca tuvo prisa en su dirigencia, de presentar un dictamen serio y bien llevado.

Dice el segundo párrafo del punto 3: "Se reafirman los recursos propuestos para las partidas secretas a que se refiere el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 64 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se disminuye el monto de dichas partidas. Asimismo se establece la necesidad de contar con reglas, para que la Contaduría Mayor de Hacienda realice un control y seguimiento de dichas partidas, sin que éstas pierdan su carácter de secreto".

Por lo anterior, será necesario desarrollar dicho marco normativo y mecanismos durante el Ejercicio Fiscal de 1998, para que se puedan ejercer estas asignaciones conforme a las reglas claras que emita la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública. Ese es el respeto entre poderes, ése es el reconocimiento a la igualdad de poderes, eso es lo que buscamos, es por donde hemos avanzado.

Pero con esta muestra no agoto las precisiones que pudieran ser vastas, muchas pudiéramos hacer. Pero prefiero pensar que la vida democrática de nuestra patria se sigue consolidando día y día. Hoy, en esta soberanía se refleja claramente y aun con ideologías distintas, cuando cabe la prudencia, la mesura y la razón, se pueden armonizar pretensiones en aras de beneficiar al pueblo de México.

Este ejercicio democrático que hemos hecho en los últimos días, ha permitido dar cauce, apegados a la ley, a la convivencia responsable de distintas corrientes ideológicas y hoy que nos referimos al Presupuesto de Egresos de la Federación, debemos de reconocer, como lo han reconocido otros compañeros, que todo es perfectible, pero nadie podrá decir que éste no es presupuesto incluyente.

Si revisáramos el borrador de proyecto que nos presentó la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, contra el que hoy aquí, estamos en vías de aprobar, porque el PRI votará a favor, verán que no hay grandes diferencias, aunque eso ya se dijo hace un momento.

Pero, bien, para nosotros, el hablar de gasto público necesariamente debe llevar implícito el hablar de las variables de ingreso, deuda y déficit público. No podemos olvidar la obligación del Estado, de otra suerte no podríamos encontrar un camino posible para buscar dar sustento y viabilidad a un proyecto de Estado o de país.

Para el PRI, para el partido al que orgullosamente pertenezco, la política de gasto debe de orientarse a promover el crecimiento, la inversión y el empleo, teniendo como meta elevar el bienestar de la población, reduciendo desigualdades entre grupos sociales y regiones geográficas.

También debemos ver como obligación de parte, no nada más del Ejecutivo, porque a veces se nos olvida que es el Presupuesto de Egresos de la Federación, que son los tres poderes más el IFE y bueno, a propósito de ese nombre que mencionaron, él comentó en aras de la convocatoria el día que estuvo aquí, que habría paquete económico a tiempo, y hoy, lo estamos teniendo, compañeros.

Dicho de otra manera: debemos de pugnar por un país de más y mejores oportunidades, en el que la sociedad tenga acceso a mejor educación, a salud, a vivienda, a los servicios básicos y a mejores empleos. Pero como les decía hace rato, debemos de hacerlo con la prudencia de la razón, con el sentido común y la honestidad intelectual.

Para lograr una economía en vigorosa expansión, es necesario hablar de ingresos adicionales que satisfagan las necesidades de recursos para llevarle al pueblo de México la respuesta a las necesidades de ahorita, a las de mañana. Pero también a la formación que todos los que estamos aquí estamos obligados de llevar a cabo: a la formación del México del Siglo XXI.

En ese camino y atendiendo al tamaño de nuestra economía y sin desatender el equilibrio que debe prevalecer en la obligación legal del Estado, vamos a seguir pugnando, sin olvidar la obligación legal del Estado, por un mayor y más eficaz gasto para el desarrollo social.

Hoy los invito, compañeros, a todos, sin distingos de creencia ideológica, haciendo a un lado dogmas, a que pongamos en nosotros la mejor y mayor voluntad para corresponder a los que están fuera de este recinto y a quienes hoy nos acompañan, en aras de, responsablemente, con dignidad, con seriedad, con compromiso y respeto entre los poderes, a seguir valorando lo que hoy tenemos: un México de apenas 75 años y que a veces perversamente lo quieren comparar con países de más de un cuarto de siglo. ¡Vámonos despacio y vamos haciendo las cosas bien!

¡Sí, señores!, eso quería que contestaran. México tiene después de la Revolución aproximadamente 70 años y un desarrollo civilizado y estable y fíjense nada más, compañeros legisladores, cómo en ocasiones, cómo en ocasiones perdemos la mesura y cómo en ocasiones perdemos la razón.

Vamos regresando en este acto plural, en ese ejercicio democrático, vamos peleando la reivindicación, la dignidad del Poder Legislativo, construyendo en 1998 las bases fundamentales legislativas para que ya no se quejen quienes en aras del abuso del discurso, recurren a la verborrea.

Muchas gracias y ¡viva México!

La Presidenta:

Muchas gracias, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Marcelo Ebrard Casaubón, diputado independiente, hasta por 10 minutos.

Permítame, señor diputado Marcelo Ebrard.

Quiero suplicarle muy especialmente al diputado Martín Mora Aguirre, que cuando tenga deseos de usar la palabra, se sirva pedirla a esta Presidencia, quien con mucho gusto se la concederá.

También quiero suplicar a los señores que se encuentran en las galerías, que se abstengan de participar en los debates; que nos ayuden a llevar esta sesión con el mayor orden posible. Se los vamos a agradecer mucho.

Adelante, diputado Marcelo Ebrard.

El diputado Marcelo Luis Ebrard Casaubó||n:

Gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros:

El dictamen sujeto a nuestra consideración, no se puede aprobar como está. ¿Por qué? Primero, porque es un dictamen que mantiene las prioridades del Presidente de la República. Esta Cámara con mayoría opositora, no logra en este dictamen traducir sus prioridades en el presupuesto.

Se argumenta por parte del partido del Gobierno, que no hay recursos, que no hay margen para atender las prioridades que presentan los demás partidos, especialmente el incremento salarial, especialmente el gasto social, especialmente el respaldo a estados y municipios.

Pero si tan sólo recortáramos el 10% de las partidas de materiales y suministros y de servicios generales, tendríamos 17 mil millones de pesos para las prioridades que a todos nos trajeron aquí.

Si esa lógica aplicáramos, simple y llanamente podríamos, con una decisión expedita, reunir el monto que hubiese demandado la reducción del IVA, sí, la reducción que ustedes propusieron y que acaban de rechazar en el Senado, los señores del PRI.

El margen existe, sí, tenemos el margen; pero si se aprueba el dictamen en sus términos, se renuncia a atender esas prioridades, como las que ya acabo de comentar: el apoyo al campo, el respaldo a los municipios, los programas sociales, el programa a la mujer, las acciones ecológicas. Tendrán que esperar a mejores tiempos.

La Cámara está, si se aprueba este dictamen, renunciando a reorientar el presupuesto que envió el Ejecutivo. Es un dictamen como si no hubiera pasado nada, como si el equilibrio político no hubiese cambiado en México.

¿Cómo aprobar un presupuesto, colegas diputados, en donde esta Cámara no puede siquiera dotarse de los recursos para instalar el canal del Congreso? ¿Qué no somos la mayoría? ¿Qué no tenemos esa facultad constitucional? Pues no se aprobaron siquiera los 7 millones para el canal del Congreso.

Segundo. El dictamen propone la autorización de recursos para el Ramo 29 de saneamiento financiero, por un monto de prácticamente 12 mil millones de pesos. Pero, compañeras y compañeros, ¿cómo vamos a aprobar recursos para el Fobaproa si esta Cámara no cuenta, honestamente, con la información necesaria para verificar las operaciones que ha realizado ese fondo? ¿Con qué autoridad moral se nos propone que le otorguemos a este Gobierno un cheque en blanco en materia de saneamiento financiero, si este mismo Gobierno ha triplicado en los últimos dos años solamente, la deuda interna con operaciones por 380 mil millones de pesos, sin la autorización del Congreso de la Unión?

¿Cómo vamos a aprobar 2 mil 500 millones para tres instituciones bancarias: Inverlat, Banco Mexicano, y Banco Bilbao Vizcaya, porque en esta reciente segunda privatización que el Gobierno impulsó, aceptó el Gobierno asumir pérdidas y pagarlas en efectivo con recursos de los contribuyentes? No, no se puede aprobar así, porque el punto medular no es sólo el monto de estos recursos, sino porque se nos propone hacer caso omiso del grave problema que está detrás.

El asunto es que este Gobierno asumió ya pasivos, como decía yo, por más de dos veces el total de la deuda pública interna, que lo vamos a tener que pagar durante 20 años, que incluso puede resultar una cifra mucho mayor. Que esa deuda no tiene reconocimiento alguno. Que todo se ha hecho en contravención a la Carta Magna. Que los diputados no sabemos cómo y por qué se tomaron esas decisiones y peor aún: ¡que las puertas para que vuelva a suceder, de aprobarse este dictamen, permanecen abiertas para el futuro.

¡No! Lo conducente sería establecer un nuevo arreglo institucional que permita revisar a fondo y en serio todas las operaciones del Fobaproa entre 1995 y 1997. ¡Que obligue al Gobierno a cambiar el actual sistema de seguro ilimitado a la banca, por otro limitado y explícito! ¡Que restituya al honorable Congreso de la Unión su irrenunciable facultad de autorizar, reconocer y mandar pagar la deuda nacional!

Si autorizamos estas partidas de saneamiento financiero, como lo propone el dictamen, ¿cuándo vamos a tener en México un efectivo sistema de rendición de cuentas? ¿Cuándo, si no ahora, que los partidos de oposición son mayoría? ¿Cuándo van a cambiar las reglas que han permitido comprometer el crédito de la nación, como se ha hecho con el saneamiento financiero?

Si se aprueba este dictamen, la Cámara sigue sin ejercer su facultad en esta materia. ¡Todo va a seguir igual!

Finalmente y lo más importante: ¡no debemos aprobar este dictamen porque éste será el mejor momento, compañeras y compañeros diputados, que tendremos para que el Presidente tenga que escuchar a la Cámara! ¡Para que se pueda iniciar una negociación seria sobre el curso político del país!

Este momento difícilmente va a volver, es hoy ¿Por qué dejarlo ir? ¿Por qué si podemos obtener lo más, vamos a aceptar lo menos?

¡El dictamen propone, políticamente, autorizar al Ejecutivo para que pase sin tener que escuchar a esta Cámara, sin tener que ir a una negociación de fondo con las fuerzas aquí representadas!

¡Se nos propone, por vía de este dictamen entonces, un gran aplazamiento de cambios políticos que hoy son indispensables!

¡Se propone darle al Gobierno tiempo, cuando ahora podríamos haber logrado avances políticos decisivos, que están en la plataforma de todos los partidos políticos de oposición!

El Presupuesto de Egresos representa, por ser facultad exclusiva, el punto de mayor fuerza relativa de esta Cámara. ¡Y simplemente se le deja ir!

¡No, no debe aceptarse esa propuesta! ¡No venimos a esta Cámara para eso! ¡No venimos por cualquier cosa! ¡Venimos por un cambio, un cambio decisivo; de largo aliento, que refleje las aspiraciones de cambio de nuestra sociedad!

¡Por todo eso hay que votar en contra! ¡Compañeras, compañeros, piénsenlo bien! ¡El momento es ahora y no hay que dejarlo ir!

La Presidenta:

Gracias, diputado Ebrard Casaubón.

Tiene la palabra, hasta por 10 minutos, para hablar en pro del dictamen, el diputado Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, del Partido de Acción Nacional.

El diputado Felipe de Jesús Cantú Rodríguez:

Honorable Asamblea:

No, no es enteramente satisfactorio encontrar un dictamen como éste y no lo es porque el 100%, el absolutismo, la búsqueda del todo o nada a nada nos lleva. ¡Los logros son lo importante y ellos son por los que vamos, vamos por logros y en este dictamen están logros del PRD, están incluidos en el dictamen, aunque no lo quieran reconocer.

Ahorita les digo cuáles, si me esperan.

Quiero referirme a palabras que aquí he escuchado. Diputada Lavara, usted dijo que el Presidente gastará como quiera los recursos . No, ¡por primera vez se establecen reglas específicas para limitarlo, precisamente ése es uno de los argumentos que nos llevan a buscar el voto a favor y además a tratar de convencer a quienes aún están indecisos!

Diputado Patiño, usted dijo que el artículo 45 permite que el Presidente gaste como quiera. Diputado Patiño, el artículo 45 se refiere a ingresos.

Es falso también, diputado Patiño, que la partida secreta establezca 150 millones, como usted afirmó. Probablemente si hubiera estado atento al dictamen, se habría dado cuenta que éste contempla sólo 50.

Cuando escuché al diputado García Sainz afirmar aquí que frecuentemente se les llama populistas, continué escuchándolo y confirmé por qué.

Las propuestas del PRD sobre salarios, incremento concreto del 17% o cinco puntos por encima de la inflación, como proponían, ciertamente no se puso específicamente ahí, aunque hay una masa salarial con un incremento del 18%. Pero pidieron que bajara el Fobaproa y los fondos de Saneamiento Financiero bajan 5 mil millones. Pidieron mantenimiento para escuelas y se distribuye el CAPFCE para estados y municipios. Pidieron limitar la discrecionalidad y se limitó. Pidieron que hubiera reasignación de recursos del ramo 23 y sucedió. Pidieron que se redujeran las oficinas en el exterior, que fueran como gasto superfluo y así lo indica el dictamen. Pidieron adelgazamiento y el adelgazamiento ahí está expresamente determinado con nombre y apellido. ¿Dónde entonces está la congruencia cuando dicen que este dictamen, como dijo el diputado Velasco, son consecuencias que se extienden y que no habrá mejoría real?

Si no hay mejoría real y se incluyen las propuestas del PRD entonces ¿quién es el promotor de ese perjuicio a la comunidad? ¡Evidentemente no es congruente la postura!

El diputado Gómez, como tradicionalmente lo hace, vino aquí a decir mentiras y dijo mentiras porque precisa que los estímulos los estamos introduciendo en este dictamen. ¡Falso, diputado Gómez, ya existían y si se hubiera tomado la molestia de leer el presupuesto del año pasado, lo habría notado en el artículo 59!

¡Y quiero contestarle al diputado Gómez cuando le pregunta a la bancada de Acción Nacional qué ha hecho por los deudores, acusando, diputado Gómez! En el PAN hicimos la tarea, hemos presentado dos iniciativas: una respecto de deudores hipotecarios y otra sobre el rescate a la cartera agropecuaria.

¿Dónde está la tarea de usted, diputado Gómez?.. es mi pregunta. ¿Dónde está la tarea?

No es la primera vez que el PRD rehuye a su responsabilidad social y la rehuye porque es muy fácil ser un viajero sin pagar boleto; las ventajas que se están obteniendo aquí en este dictamen y que incluyen al Distrito Federal como amplio beneficiario, fueron promovidas, sí, pero nunca tendrán el valor de asumir su responsabilidad de decir "aquí estoy y doy la cara".

Quiero invitarlos a votar a favor, pero no a favor sin estar convencidos, no; los invito a asumir su responsabilidad social; a leer el dictamen, no como otros, para que nos demos cuenta que los avances existen y que veamos que hay 1 mil 278 millones que van al fondo de aportaciones para infraestructura social estatal y que hay recursos por 5 mil millones del saneamiento financiero que van al fondo de fortalecimiento municipal y del Distrito Federal y que hay 1 mil millones que bajarán del gasto corriente.

Hay elementos: 7 mil 645 mil millones de pesos, son razones que señalan cómo se incrementan los apoyos a estados y municipios.

Son 2 mil 840 millones de pesos en ahorros efectivos que se están poniendo por escrito en el dictamen respecto de secretarías como la de Educación, la de Salud, la de Reforma Agraria y la Sedesol; estamos buscando razones para votar a favor, no excusas para votar en contra.

Se está dando a los ayuntamientos y estados facilidades para controlar más presupuesto, tener facilidades para que en su contacto directo con la ciudadanía puedan entonces darle los satisfactores a sus principales carencias. Esto es la búsqueda del federalismo, eso es lo que buscamos, no patrañas buscadas detrás de una curul; estamos buscando ingresos adicionales como limitantes a los ingresos adicionale****** * * * * * * * * * * * * * * * ********* * * * * * * * * * * * * * *s como los que establece el artículo 44, que haya condiciones para que haya un verdadero desarrollo y el desarrollo regional se dá cuando existen recursos ahí que generan el arraigo de las personas en su comunidad.

Y precisamente es por ello que hemos buscado que haya apoyos específicos para el desarrollo agropecuario; siendo así, existen elementos para votar a favor y es por eso que creo que todos debemos considerar el voto, aún aquellos que han venido aquí a expresar razones sin tenerlas.

Estamos buscando alternativas específicas y la alternativa del adelgazamiento del Gobierno, está con nombre y apellido: PIPSA y El Nacional y otras paraestatales tendrán que enfrentarse al adelgazamiento que los llevará a una desincorporación, a llevar al anhelo de Acción Nacional más sociedad, menos Gobierno.

Es ahí donde se cifran las esperanzas de la ciudadanía, es ahí donde tiene que concretarse no una falsa y vaga y hueca promesa de campaña, sino la búsqueda real de constituir en hechos, haciendo el trabajo, estudiando y llevando las propuestas específicas para alcanzar el bienestar que los mexicanos ya requieren con exigencia.

Gracias.

La Presidenta:

Gracias, diputado Cantú.

Tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos para hablar en contra del dictamen, el diputado Demetrio Sodi de la Tijera, del Partido de la Revolución Democrática.

++++++++++++++++++++++++++++++++

les como los que establece el artículo 44, que haya condiciones para que haya un verdadero desarrollo y el desarrollo regional se da cuando existen recursos ahí que generan el arraigo de las personas en su comunidad.

Y precisamente es por ello que hemos buscado que haya apoyos específicos para el desarrollo agropecuario; siendo así, existen elementos para votar a favor y es por eso que creo que todos debemos considerar el voto, aun aquellos que han venido aquí a expresar razones sin tenerlas.

Estamos buscando alternativas específicas y la alternativa del adelgazamiento del Gobierno está con nombre y apellido: PIPSA, El Nacional y otras paraestatales tendrán que enfrentarse al adelgazamiento que los llevará a una desincorporación, a llevar al anhelo de Acción Nacional más sociedad, menos Gobierno.

Es ahí donde se cifran las esperanzas de la ciudadanía, es ahí donde tiene que concretarse no una falsa y vaga y hueca promesa de campaña, sino la búsqueda real de constituir en hechos, haciendo el trabajo, estudiando y llevando las propuestas específicas para alcanzar el bienestar que los mexicanos ya requieren con exigencia.

Gracias.

La Presidenta:

Gracias, diputado Cantú.

Tiene el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, para hablar en contra del dictamen, el diputado Demetrio Sodi de la Tijera, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Demetrio Javier Sodi de la Tijera:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Dicen y dice bien un dicho mexicano que: "el que nace para maceta no sale del corredor" y los que nacieron para minoría no saben ser mayoría.

El diputado Felipe Cantú, dice: "los del PRD pidieron..." No, no pedimos, si somos mayoría. Ya no, gracias a ustedes, gracias a ustedes.

El gran reto, el gran reto, la gran oportunidad en esta Cámara de Diputados y lo hemos vivido desde el 1o. de septiembre y desde los días previos al 1o. de septiembre, la gran oportunidad era fortalecer una mayoría opositora para obligar al Gobierno a cambiar, no a pedirle al Gobierno, no llegar a la Secretaría de Hacienda a ver qué nos daba, no llegar a mendigar apoyos y cambios en el presupuesto.

Si hubiéramos mantenido una mayoría que realmente fuera congruente con sus compromisos y con sus principios, no estaríamos ahora hablando de que nos concedieron o les concedieron una modificación del .6% del presupuesto. El 99.4% del presupuesto se está votando como lo envió el Ejecutivo ni las manos nos dejaron meter.

Cuando fuimos mayoría teníamos la capacidad de nombrar comisiones, de cambiar la forma, el preformato del informe, de acabar con todos los fraudes de esta Cámara de Diputados y la perdimos y la perdimos no por culpa nuestra, porque a mí no me dejarán mentir..

La Presidenta:

Perdón, señor diputado. Se suplica a la Asamblea que por favor guarde el orden. El señor diputado que está en el uso de la palabra merece respeto. Se les suplica, por favor, que lo escuchen con atención y que observemos la tolerancia que debemos observar en este grupo plural, por favor.

El diputado Demetrio Javier Sodi de la Tijera:

A mí no me dejarán mentir muchos compañeros del PAN. Muchas reuniones de muchas horas se llevaron a cabo para buscar acuerdos. Aquí hay un documento, un documento que señala los acuerdos que habíamos buscado y que habíamos logrado y de repente nos enteramos por los medios que no, los diputados del PAN, que un grupo de los diputados del PAN estaban negociando con Hacienda y no me dejará mentir el diputado Felipe Cantú, que se acaba de subir, que con vergüenza llegó hoy a la reunión de la Comisión de Programación y Presupuesto, para decir: "ya nos pusimos de acuerdo con el PRI y éste es el dictamen y es el que se vota".

A mí sí me preocuparía, me preocupa muchísimo, porque respeto mucho a muchas diputadas y diputados del PAN; que acaben con la disciplina priísta, con la de que no importa lo que piensen, no importa que los acuerdos se hagan fuera de la Cámara, no importa que traicionemos la posibilidad de tener un Congreso independiente y que se queden callados.

Yo creo de veras, ¿por qué vamos a votar en contra del presupuesto en el PRD? Por muchas razones. Primero, ¿Se está modificando la política económica? ¿No hemos venido hablando los últimos cuatro meses y los últimos años de que había que acabar con el neoliberalismo y con la política económica que empobrece a la población? Este presupuesto para nada modifica, para nada, la política económica de los últimos 16 años. La consolida y ahora la consolida con el voto de ustedes esta política económica está afectando los salarios, no me dejarán mentir ustedes...

La Presidenta:

Por favor, se suplica a los señores diputados que deseen usar la palabra, que la soliciten a esta Presidencia.

El diputado Demetrio Javier Sodi de la Tijera:

Ustedes y nosotros nos habíamos comprometido a bajar el IVA, ¿para qué?, para mejorar el poder adquisitivo, nos mayoritearon y la perdonamos. Nos habíamos comprometido a bajar el precio de la luz, el precio del diesel, del gas, lo echaron para atrás y no dijimos nada y por el contrario, se aprobó un aumento del 16% en todo lo que son tarifas y precios de los productos que vende el Gobierno.

No solamente no bajamos el IVA, no solamente no le quitamos el 15%, se aprobó un aumento del 16, ¿dónde está la congruencia?, ¿no que íbamos a buscar mejores salarios?, ¿cuál era la única alternativa de recuperarlo?, aumentando el salario, aumentarlo en 5% y por eso lo peleábamos, porque era la única alternativa aumentando el salario a los servidores públicos y obligar al Gobierno a cumplir el punto que ustedes firmaron.

El PRI firmó un punto también de aumentar el 5% por arriba de la inflación o sea el 17% los salarios. El único instrumento que tenemos para cambiar la política económica es el Presupuesto y la Ley de Ingresos y el único instrumento que tenemos lo echamos por la borda, lo echamos por la borda porque simplemente en lugar de mantener una posición y no ir a pedir, y no ir a negociar con Hacienda y no ir a pedir limosnas, teníamos la capacidad.

Ni el PRD ni el PAN ni ningún partido de oposición queríamos dejar al país sin Ley de Ingresos y si alguien les dijo eso miente y ustedes saben que buscamos negociar todos los puntos y en todos buscamos acuerdos y flexibilizamos nuestra posición. No estábamos de acuerdo con bajar el IVA del 15% al 12% y mantuvimos esa posición simplemente para consolidar la fuerza de la mayoría.

Hoy lo que estamos traicionando es al Congreso, se está traicionando un Congreso independiente. Todavía hay tiempo de rectificar, lo que no vale es que con tanto esfuerzo los mexicanos se deshicieron de una mayoría priísta para que ahora el PAN venga a avalar esa mayoría que ha perjudicado a todo el pueblo de México.

Están ustedes votando por menos recursos para el campo; están ustedes votando porque se reduzca el abasto de leche en la Ciudad de México y en todas las ciudades, en todas las capitales del país; están ustedes votando porque se aumente el precio de la tortilla;

están ustedes votando porque se acaben los programas sociales de abasto a nivel nacional. Están ustedes ignorando...

La Presidenta:

¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado Javier Castelo Parada (desde su curul):

Quisiera que le preguntara al señor diputado si me permite una pregunta.

La Presidenta:

¿Permite usted, diputado Demetrio Sodi, que le formulen una pregunta?

Adelante, diputado Castelo.

El diputado Javier Castelo Parada (desde su curul):

Muchas gracias, señora Presidenta:

Yo quisiera que usted nos explicitara su cálculo de que el 99.6% del presupuesto queda intacto. También quisiera que nos dijera dónde dice específicamente en el presupuesto lo que usted acaba de decir, en mi apreciación falsamente, de que se están aprobando aumentos a bienes y servicios del sector público y quisiera que usted me confirmara de que usted y su partido falsamente nos habían apoyado en la reducción del IVA, sin estar de acuerdo en ello, por la única razón de tener un acuerdo con el planteamiento nuestro.

Muchas gracias.

El diputado Demetrio Javier Sodi de la Tijera:

Bueno, mire, lo del 6% es muy fácil. Si se están modificando 7 mil millones de pesos, 6 mil 400 millones de pesos y a 880 mil, nada más hay que hacer el cálculo, lo demás queda intacto.

Ahora, en cuanto a los bienes, a los precios de las tarifas del sector público y a los precios del Gobierno, no está en el presupuesto, está en la Ley de Ingresos, y así lo señalé, y en la Miscelánea Fiscal. Se está autorizando un aumento mensual del 1.2%, que si es compuesto es el 16% y lo autorizamos.

¿No que íbamos a bajar el precio de los energéticos, no que íbamos a bajar el precio de la ley, no que íbamos a quitarle el IVA, no que íbamos a bajar un IVA en 13%? En lugar de darle a la población eso le estamos dando aumentos. La única alternativa de compensarlo, es con el aumento al salario mínimo y con el aumento al salario a los servidores públicos.

Estamos autorizando en el presupuesto, un salario para un subsecretario de 100 mil pesos mensuales libres, ¿se justifica eso? Dicen los priístas: es que es un mercado de trabajo. No, perdónenme, yo he sido servidor y he ganado dinero y no es lógico, ustedes si. Estamos, finalmente, en el caso concreto de las tarifas del Gobierno, un aumento del 1.2% mensual. Bueno, digo, veamos la Miscelánea, en la Ley de Ingreso...

La Presidenta:

¿Con qué objeto, diputado Castelo? Quiero preguntar primero al orador, si terminó ya de contestar la primera pregunta.

El diputado Demetrio Javier Sodi de la Tijera:

Si, para que venga la segunda de una vez.

La Presidenta:

Está de acuerdo el orador en que se le formule la pregunta, por favor.

El diputado Javier Castelo Parada (desde su curul):

Yo quisiera que nos señalara, usted está hablando de la Ley de Ingresos, ¿en qué punto o artículo de la Ley de Ingresos se habla de ese aumento de precios y tarifas de bienes del sector público, que haya aprobado este Congreso? Lo que se plantea en ello son estimaciones, señor diputado...

El diputado Demetrio Javier Sodi de la Tijera:

Claro, diputado...

El diputado Javier Castelo Parada (desde su curul):

Espéreme tantito, pues habla usted o hablo yo...

El diputado Demetrio Javier Sodi de la Tijera:

Usted...

El diputado Javier Castelo Parada (desde su curul):

Si me permite, por favor. Quisiera que explícitamente dijera de dónde viene eso. Igualmente ese salario al que usted se acaba de referir a funcionarios públicos, ciertamente en el libro de presupuesto, vienen algunas tablas al respecto, pero de ninguna manera en el dictamen se hace específica una aprobación de salarios, como usted lo está señalando y por otro lado se contradice.

Usted se queja de que hay una definición de salarios y el diputado Pablo Gómez dice que está ausente esa definición, ¿quién los entiende?

El diputado Demetrio Javier Sodi de la Tijera:

Desde luego, diputado, que usted no los entiende, eso si no hay duda, pero déjeme explicarle, porque el reto de este debate no es saber cómo descalificamos todos, el reto es que veamos en qué punto uno tiene razón y uno no tiene razón, y concretamente en el caso de las tarifas y de los precios del Gobierno, esto se calcula con base a las estimaciones que tienen de ingresos y con base en la forma que van diciendo esos ingresos.

O en el caso de los salarios, usted no estuvo probablemente en la reunión de la comisión, se está aprobando por un lado un salario del orden de 40 y tantos mil pesos libres para los subsecretarios, más un bono que equivale al 105%, que insistimos, inclusive, en que se pusiera en el dictamen. Y por el voto, no de todos los miembros de la Comisión de la fracción del PAN, varios miembros de la comisión de la fracción del PAN, es más, cuatro de los siete querían que se incluyera, los otros tres, bueno, traían línea, ¿no?

Ahora, sigamos con el análisis del presupuesto. Ustedes han hablado mucho, el diputado Rodríguez Prats, de que ya basta, que hay que hacerle juicio a Madrazo...

La Presidenta:

Por favor, que continúe el orador con su tiempo.

El diputado Demetrio Javier Sodi de la Tijera:

Hay que hacerle el juicio al gobernador Madrazo por el uso de recursos públicos...

La Presidenta:

Por favor, que continúe el orador con su tiempo.

Gracias.

El diputado Demetrio Javier Sodi de la Tijera:

Ahora, ¿qué estamos aprobando en el Presupuesto de Egresos? Las mismas partidas de siempre, estamos aprobando un programa Progresa totalmente clientelar, le estamos dando 550% de crecimiento, a pesar de que en los estados donde se ha aprobado, no sirve y es una limosna de tres pesos por día para las familias, para los padres de los hijos que están en la escuela.

Y estamos aprobando programas, que ustedes han venido aquí a decir, que son clientelares. o sea, han venido aquí a decir, que el programa de empleo temporal es totalmente clientelar, y que no vale porque lo usan los gobernadores, porque son 89 días que se dan en las épocas electorales y lo están aprobando.

Digo, yo creo que hay que tener congruencia. O le entramos en serio, acabar con la discrecionalidad, acabar con los programas electoreros, acabar con el manejo discrecional de los gobernadores y del Presidente de la República o simplemente ya no vale que nos la juguemos dentro de un año.

Madrazo volvió a utilizar recursos electoralmente, se los está aprobando. Entonces, finalmente, este presupuesto por eso no lo aprobamos, porque lesiona a los trabajadores, lesiona a los campesinos, sigue con gasto discrecional. Es un presupuesto que sí, como aquí se decia, pues sacamos lo que pudimos. Yo les digo una cosa: si nos hubiéramos mantenido unidos, no andaríamos pidiendo y hubiéramos sacado muchísimo más. Y es el reto que todavía tenemos, tenemos a futuro.

Aquel, aquellos que no saben lo que significa una mayoría y que creen que esa mayoría tiene que seguir actuando como si fuera minoría, no se están dando cuenta del tiempo político y la forma en que se votó el 6 de julio. El 6 de julio se votó para sustituir a la mayoría priísta por una mayoría de oposición y ustedes están fallando a ese compromiso.

La Presidenta:

Muchas gracias, diputado Sodi.

Tiene el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, para hablar en pro del dictamen, el diputado Francisco José Paoli Bolio, del Partido Acción Nacional.

Permítame el orador.

Por favor, esta Presidencia suplica que guardemos el mayor orden posible. Se los agradeceremos para que podamos continuar de la mejor forma posible, haciendo gala de nuestra buena voluntad y nuestra tolerancia hacia el orador.

El diputado Francisco José Paoli y Bolio:

Gracias, señora Presidenta; señoras y señores diputados:

Creo que estamos en un punto fundamental de un debate que tiene una doble significación política y en relación con la política económica. Este debate que ha remarcado con toda claridad, aunque con exceso de adjetivos, el diputado Gómez, es un debate que hace ver que tenemos concepciones distintas sobre la política económica y que en ningún momento hemos contraído un compromiso para ir juntos en todo.

El sentido del grupo de los cuatro, era establecer el Gobierno estable y ordenado en esta Cámara de Diputados y se fincó en ocho puntos, ninguno de los cuales ha sido violentado por Acción Nacional. Pero en ningún momento concebimos ni aceptamos que el voto de las urnas el 6 de julio es un voto en el sentido de cambiar la política económica. ¡Eso es falso!

Y en todo caso, el cambio en la política económica tiene variaciones y tonalidades en las que por supuesto diferimos del PRD, como voy a tratar de mostrar en seguida.

En cuanto al asunto específico de la tarjeta a la que se refería Pablo Gómez, yo quisiera en primer lugar agradecer la deferente referencia a la confianza que le merece mi caligrafía. Pero quiero decir que si bien la tarjeta es real, reconozco su contenido y quiero explicarlo, porque en él se encuentra precisamente la diferencia en la concepción de la política económica que tenemos en Acción Nacional y la que tiene el PRD, que por supuesto es populista y que por supuesto traslada una lógica sindical que no siempre tiene adecuadas repercusiones económicas en nuestra concepción. Y me voy a referir a ella si me permiten, señores diputados.

La política es negociación dentro de los principios, nosotros negociamos dentro de ellos. Los del PRD consideran... yo no hice una sola agresión y escuché con atención y respeto las argumentaciones que ustedes hicieron. Demando lo mismo, pero pueden demostrar que no son capaces de hacerlo.

Efectivamente, cuando cruzamos esta tarjeta, buscábamos, diputado Gómez, una fórmula en la cual pudiéramos conciliar lo que le interesaba al PRD, el aumento en los salarios reales, con lo que le interesaba al PAN, que al hacerlo, al aumentarlo, estos salarios no se hiciera como tabla rasa, no se hiciera a todos igual, porque ésta es una fórmula populista que premia por igual a quienes trabajan y a quienes lo hacen menos y a quienes no trabajan, también a los aviadores.

Nosotros consideramos que no se puede aumentar el salario en forma pareja. Por eso yo establecía en esa tarjeta que usted tiene, primero que se excluía a los mandos medios y superiores, porque nosotros consideramos que ya están suficientemente bien pagados y no necesitaban este aumento del 17% promedio. Y también aumentaba que se consideraran las promociones, porque en las promociones, al menos se va considerando el mérito desarrollado por cada trabajador, la productividad y la antigüedad. Y ahí hay una variación que no es tabla rasa, porque al aumento de tabla rasa ha demostrado ser muy negativo y producir efectos inflacionarios. Y por eso es que buscábamos una fórmula como la que está en esa tarjeta, pero en una tarjeta que era una expresión en flujo de negociación como lo voy a probar a continuación, porque efectivamente dos días después de que intercambiamos esta tarjeta, que es de mi puño y letra, el compañero Pablo Gómez señaló que le parecía poco relevante el asunto de las promociones y que a cambio de eso debíamos agregarle a esta fórmula, que ella se aplicara a quienes recibían de uno a cinco salarios mínimos.

Por tanto y aquí está aportado por su puño y letra. Yo también conservo mi tarjeta y también respeto la caligrafía y la firma de Pablo Gómez.

El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul):

Y lo sostengo.

El diputado Francisco José Paoli y Bolio:

Está bien que lo sostenga el diputado Gómez. Lo que quiero probar es que ésta es una tarjeta en flujo que yo escribí en una primera forma, a la cual le agregamos otra, pero que en el fondo buscaba encontrar soluciones para este punto y también para el punto de vivienda, que era una preocupación fundamental del Partido de la Revolución Democrática.

Nosotros queremos decir que éstas eran fórmulas que se buscaban, a fin de encontrar puertas para entrar todos a la aprobación de un mismo presupuesto, pero que por supuesto están definidas en un conjunto integral y no pueden ser vistas sólo como cuestiones aisladas; en un flujo de negociación en el que nunca pudimos llegar a tener convergencia.

Este es el punto que está a discusión. La tarjeta es real, pero estaba sujeta a todas las negociaciones.

Cuando el compañero Pablo Gómez se la llevó, me dijo: "la presentaré en mi bancada y veremos".

No era un compromiso firmado a bigote o de honor, era un compromiso de establecer la búsqueda de una fórmula, tanto así que después ésta fue modificada, agregada y matizada de una manera distinta.

No con la letra del compañero Pablo Gómez. Pero quiero...

El diputado José Luis Sánchez Campos (desde su curul]:

¡Pido la palabra¡

La Presidenta:

Permítame diputado Paoli.

¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado José Luis Sánchez Campos (desde su curul):

Para hacer una interpelación, si me lo permite.

La Presidenta:

Diputado Paoli: ¿acepta la interpelación?

El diputado Francisco José Paoli y Bolio:

Encantado.

La Presidenta

Adelante diputado. Su nombre por favor.

El diputado José Luis Sánchez Campos (desde su curul):

José Luis Sánchez Campos.

La Presidenta:

Muchas gracias diputado Sánchez Campos, adelante por favor.

El diputado José Luis Sánchez Campos (desde su curul):

Maestro Paoli: como universitarios siempre hemos admirado su integridad intelectual, siempre hemos respetado sus principios y sus posiciones. Pero usted firmó una tarjeta y usted debe de saber que el salario de los trabajadores del Estado desde 1981 a 1997 ha disminuido en términos reales en un 50%. Usted decía que habría que aumentarlo, en esa tarjeta, en un 5%. Hoy cambia de posición. ¿No le parece que el salario de los trabajadores y la vivienda para los trabajadores es algo sin importancia para el PAN? ¿Qué ese cambio de posición es una gran injusticia que usted viene a tratar de hacer apología en esta tribuna?

El diputado Francisco José Paoli y Bolio:

Le agradezco su pregunta y muy particularmente el proemio sobre mi integridad. Pero quiero, precisamente, con la mayor frialdad posible, tratar de explicarle que el aumento que nosotros aceptamos y que está en esta tarjeta, en ningún momento lo he cancelado o echado atrás. ¡Pero es el mismo aumento que viene en el proyecto de presupuesto, es el 17%! Y esto es lo que dice la tarjeta que escribí, dice: "aumento de un 17% en los salarios reales, promedio", dice. Bueno, no dice "en los salarios reales", pero esa es la búsqueda. Lo que dice en la tarjeta es: "aumento de un 17% promedio", excluyendo por supuesto a mandos medios y superiores y considerando promociones, decía la original y la corrección posterior aplicando de uno a cinco salarios mínimos.

Pero lo que es indispensable que entendamos, es que lo que nosotros buscábamos era que ese aumento se diera dentro de una masa salarial que comprende varias cosas, compañero. Que comprende plazas nuevas, que comprende promociones y que comprende aumentos estricto sensu.

Y lo que ocurre es que ustedes quieren solamente tener un aumento raso igual para todos, que esta es la mentalidad sindical trasladada y que ha dado tan malos resultados a las economías nacionales. Pero ésta es nuestra concepción, ustedes pueden mover y deben mover la cabeza porque tienen otra; pero no nos digan que nosotros traicionamos nuestras convicciones, nosotros estamos respondiendo en las negociaciones que hacemos y lo advertimos desde un principio, con todos los partidos, ¡y por supuesto con el Ejecutivo, porque éste es un instrumento anual que se construye en correlación! ¡El Ejecutivo presenta, por obligación constitucional el proyecto, y nosotros tenemos obligación de dialogar con el Ejecutivo para encontrar fórmulas de advenimiento, tratando de lograr en la correlación de fuerzas, en la medida de nuestras posibilidades, avances de lo que planteamos en nuestra plataforma!

Pero debo decirle que lo que planteamos en nuestra plataforma no es algo para conseguir "de un plumazo", en un sólo año y que sería verdaderamente ingenuo pensar que con un instrumento anual de un año, en un año se va a cambiar la política económica. Se pueden dar pasos importantes y significativos. Creemos que en este presupuesto se dan esos pasos importantes y significativos.

En nuestra plataforma, la puede usted revisar, a diferencia de la de ustedes, no se habla de la desaparición, por ejemplo, de la partida secreta. Nosotros consideramos que ésa debía reducirse sustancialmente, pero que el Presidente debe disponer de recursos, de los cuales es conveniente incluso que no dé cuenta, siempre y cuando sean suficientemente reducidos y sean aplicados para cuestiones como pueden ser las de seguridad nacional, que podría ser peligroso incluso que informara.

Entonces cuando nosotros logramos un avance sustancial en este punto y logramos una reducción, ustedes dicen, "que nos dieron de comer en la mano". Y ésta es una agresión indebida, porque pueden ustedes ver que nuestro compromiso de plataforma estaba en reducir sustancialmente la partida secreta. ¡Lo cual logramos, como logramos otras cosas!

La Presidenta:

Por favor, el tiempo del orador.

El diputado Francisco José Paoli y Bolio:

Como logramos otras cosas, porque logramos reducciones importantes y significativas en secretarías de Estado; lo habíamos planteado sistemáticamente, incluso hemos planteado la desaparición de las secretarías. Pero hemos planteado en todo momento que esto tiene que hacerse atendiendo a las circunstancias y sin causar quiebras o rupturas que pueden representar una inestabilidad grave para el país ¡Ahí está la responsabilidad de Acción Nacional que contrasta con sus posiciones voluntaristas que no toman en cuenta la realidad!

La diputada Violeta Margarita Vázquez Osorno (desde su curul):

Señora Presidenta, ¿me permite?.

La Presidenta:

¿Con qué objeto, diputada Violeta Vázquez?

La diputada Violeta Margarita Vázquez Osorno (desde su curul):

Para solicitarle al diputado Paoli y Bolio si me permite una interpelación.

La Presidenta:

¿Le permite usted una interpelación a la diputada Vázquez diputado Paoli?

El diputado Francisco José Paoli y Bolio:

Especialmente agradable concedérsela.

La Presidenta:

Adelante, diputada Vázquez.

La diputada Violeta Margarita Vázquez Osorno (desde su curul):

Lamento en esta ocasión, diputado Paoli y Bolio, no tener mucho agrado en hacer una interpelación a un compañero que compartimos en algún momento ideales políticos en otro partido político de oposición.

El compañero Paoli y Bolio habla de sus aspiraciones a través de su partido, de Acción Nacional, de reducir el aparato de Gobierno. Hemos planteado en el PRD también esto, pero hay que ser responsables. Mire, yo le quiero hacer una pregunta que se refiere a su intervención, porque usted habla correctamente de que se hizo una propuesta de incremento que no incluyera a mandos medios y superiores y hay razones. En el PRD, aspirábamos a favorecer a las familias de los trabajadores al servicio del Estado, que son los trabajadores de siempre, no son aves de paso, los que permiten con muchas dificultades darle continuidad a programas. Y lo hago con un tanto de coraje esta pregunta, porque parece una acusación la que nos hace Paoli y Bolio, el hecho de tener una visión sindicalista.

A mucho orgullo, diputado Paoli, yo he sido sindicalista por 19 años consecutivos de un sindicato que me honré en dirigir, en fundar y es el único Sindicato de

Trabajadores al Servicio del Estado, que no es un sindicato corporativo y que lo han tratado... ¿perdón?

Pregunta. Estoy preguntado y lo digo que lo hago con pena, porque el salario..., tomamos un botón de muestra Paoli, tomamos a la Semarnap, analizamos su estructura de puestos, partiendo del analítico de plazas por unidad administrativa que nos presentó Programación y Presupuesto, de ahí, compañeros diputados, el 26% del presupuesto para salarios se destina a mandos superiores, el 18% a mandos medios; era obvia su propuesta diputado Paoli. Solamente el 16% de salario se destinaba al personal de base, que por cierto en el analítico de 38 mil 909 trabajadores se reduce el personal de base a solamente 7 mil 900. Estamos hablando que tenemos 30 mil trabajadores en la inestabilidad ...

La Presidenta:

Por favor compañeros, permítanle a la oradora terminar de formular su pregunta.

La diputada Violeta Margarita Vázquez Osorno (desde su curul):

Tenemos en la Semarnap, que es un botón de muestra analizado detenidamente por nosotros y por esos trabajadores de base que hoy no tendrán aumento salarial. Pregunto ¿si es populismo aumentarle el salario a un auxiliar de servicios de mantenimiento que gana el nivel más bajo que es 1 mil 648 pesos y que de un trabajador que es el nivel más alto, de base, que es de 2 mil 300 pesos? Señores diputados, ¿cuánto ganamos?

El señor Presidente de la República según el tabulador que nos envía la Secretaría de Hacienda, gana 81 mil 368 y el Secretario de Estado 57 mil 282 ...

La Presidenta:

Diputada. Me permite diputada Vázquez. ¿Ya formuló usted su pregunta?...

La diputada Violeta Margarita Vázquez Osorno (desde su curul);

No, mire señora Presidenta...

La Presidenta.

Por favor, hágame el favor de formular su interpelación o pregunta. Usted solicitó la palabra para una pregunta, yo le suplico que la formule. Si es tan amable. Muchas gracias.

La diputada Violeta Margarita Vázquez Osorno (desde sucurul):

Estoy exponiéndole al diputado Paoli,... la voy a formular, la voy a formular porque de esas buenas intenciones que me parecieron muy correctas que hizo el diputado Paoli al diputado Pablo Gómez, de ésas, no ocurrió nada.

Diputado Paoli, usted no considera importante que los salarios de los trabajadores de base se incrementen y se acabe con la discrecionalidad en el manejo de presupuesto para el pago de los salarios donde hay una distancia abismal entre lo que ganan unos y lo que ganan otros, aparte las distancias de las responsabilidades que tienen, sobre todo el manejo discrecional.

¿Usted considera que eso es poco importante? Gracias por sus respuestas.

La Presidenta:

Gracias diputada Vázquez. Por favor diputado Paoli, adelante.

El diputado Francisco José Paoli y Bolio:

Gracias.

Yo agradezco también a la compañera diputada Violeta Vázquez Osorno, de quien también yo estoy honrado de haber acompañado en una militancia limpia hace muchos años en el Partido Mexicano de los Trabajadores y agradezco ese nostálgico recuerdo del cual jamás he negado, pero quiero decirle en primer lugar que el agradecimiento mío se extiende por haber usted formulado una pregunta que me permite extender un poco la explicación de esta constitución sindicalista que es una concepción positiva para los sindicalistas, pero no positiva para quienes tenemos la obligación de Estado, de establecer un presupuesto de recursos que atiendan al bien general, que atiendan al bien común y no a una parte solamente de la sociedad.

Porque aquí no estamos como sindicalistas, es cierto que haberlo sido no tiene porqué ser demérito y en eso coincidimos; es producto también de orgullo y está bien que lo sea, pero no hay que confundir la magnesia con la gimnasia. Esta es una tarea de Estado, no de sindicato.

Y quiero decirle que la lógica sindical, cuando se permea mecánica y automáticamente y se traslada y se convierte en una lógica de toda una institución o del Estado mismo, entonces empieza a tener deméritos lo que podría haber sido si se redujera a sus espacios, una lógica positiva.

Y es que la lógica sindical que parte de un conjunto de injusticias muy grande, como el trabajo de 16 horas o de 14 horas de las mujeres y los niños en las minas, tiene una lógica reduccionista que va logrando constantemente llevar a un nivel mucho más razonable y humano las horas de trabajo, pongo este ejemplo, y de 14 horas se llega a un punto razonable de ocho horas y ésta es la seña que da nuestra Constitución, pero la lógica sindicalista no se para ahí y continúa rebajando la prestación de las funciones del trabajo y llega en muchas ocasiones protegida por un sindicato a que se conviertan las ocho horas en cinco horas, en cuatro horas.

Yo tuve ocasión de hacer estudios en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde conjuntos amplios de trabajadores llegaban a trabajar tres horas y media, protegidas por un sindicalismo que iba reduciendo las condiciones y las capacidades de una institución pública de educación que estaba ahí para ser servida por ocho horas.

Y cuando digo que se hace un pago indebido, cuando se hacen pagos iguales sin considerar las distintas circunstancias que generan ese pago, digo que están dentro de una lógica sindicalista, reduccionista y equivocada y que tenemos que ver la lógica de Estado, la lógica que nos lleva a contemplar el bien general de la nación, la estabilidad y necesitamos entender eso y esto es algo de lo que les ha faltado a mis compañeros del Partido de la Revolución Democrática desde esta perspectiva.

Yo quisiera decir que por supuesto compañera Violeta Vázquez Osorno, me preocupa que aumente el salario real de los trabajadores, sobre todo de los que tienen menos ingresos; por supuesto, pero creo que si provocamos efectos inflacionarios, creo que si ratificamos una política equivocada, lo que vamos a conseguir es que estos efectos reduzcan, porque la inflación es el impuesto que todos pagan y que más daño hace a quienes menos tienen y eso ustedes, por lo visto, no lo acaban de ver.

Quiero decir que efectivamente nosotros estamos buscando el aumento dentro de las posibilidades...

La Presidenta:

Permítame diputado Paoli. ¿Con qué objeto..?

El diputado Francisco José Paoli y Bolio:

Estoy terminando la respuesta, si no quieren, no la termino.

La Presidenta:

Permita por favor diputado, que termine el diputado Paoli de contestar.

El diputado Francisco José Paoli y Bolio:

Yo apenas voy a la mitad del tiempo de la pregunta.

La Presidenta:

Continúe por favor, diputado Paoli.

El diputado Francisco José Paoli y Bolio:

Quiero simplemente precisar que no es sólo con declaraciones voluntaristas y con decisiones inmediatas y arbitrarias que se logra el aumento de los salarios reales de los trabajadores. Es con una conciencia y una concepción mucho más amplia, mucho más global que alcanza a ver las repercusiones y los efectos que se provocan con las decisiones.

En Acción Nacional, hemos planteado siempre y se nos ha acusado a veces, como insulto, de que somos gradualistas, pero lo somos porque consideramos que la vida se desarrolla gradualmente, como la semilla, que no nace de la noche a la mañana; que muchas cosas tienen que procesarse atendiendo a las condiciones de posibilidad y que nosotros hemos logrado y esto se los vamos a comprobar, muchos más avances de lo que ustedes han logrado.

Pero quiero decirles que si bien ustedes tenían en la propuesta de aumento salarial su principal tesis, nosotros la teníamos en la propuesta de distribución entre los estados y sobre todo entre los municipios de mayores recursos y le puedo decir que en esto hemos logrado pasos muy significativos y ésta si era nuestra bandera fundamental.

Quiero decirles que nosotros logramos reducir al aparato estatal... si quiere echar a andar el tiempo, para concluir, ...que nosotros hemos logrado reducir el aparato estatal central, que hemos logrado reducciones significativas en secretarías como la de la Reforma Agraria, que prácticamente ha concluido con su objeto, porque el reparto agrario ha concluido y hay que liquidar esa Secretaría, aunque sea parte.

Pero hemos también logrado reducciones en otras secretarías, como la Secretaría de Turismo, para pasar esos recursos a gastos que puedan hacer en forma más directa los municipios y poder cumplir con esa autoridad tan cercana a la gente, las obras y los servicios públicos que están requiriendo las mayorías pobres que viven en los municipios.

Y quiero decirle que logramos también la reducción de la Sedesol, de la Secretaría de Salud, con sus delegaciones excesivas en los estados que duplica el Gobierno y que para nosotros, para no cansarlos con el conjunto de conquistas que hemos logrado y que les mostraremos como un balance, es suficiente como para poder votar a favor este Presupuesto de Egresos de 1998. Agradezco su atención.

La Presidenta:

Sí, diputado Pablo Gómez.

El diputado Pablo Gómez Alvares (desde su curul):

Le solicito la palabra de acuerdo con el artículo 20 del acuerdo parlamentario habida cuenta de que ha terminado el actual turno de oradores, y los previamente inscritos que usted mencionó ya terminaron, para responder a las alusiones personales de los señores Cantú y Bolio.

La Presidenta:

Se le concede la palabra al diputado Pablo Gómez hasta por cinco minutos, de acuerdo con el artículo 20 del acuerdo que menciona.

Por favor, diputados compañeros, si desean hacer uso de la palabra, en su oportunidad solicítenla. Tengan la seguridad que los anotaremos.

El diputado Pablo Gómez Alvarez:

Voy a responder a las alusiones del diputado Paoli Bolio, para eso he pedido la palabra.

El dice que el PRD quiere hacer tabla rasa en el aumento salarial. Diputado Paoli, si nosotros planteamos 17% de aumento no es tabla rasa, puesto que el que más gana mayor aumento tendrá. No es un aumento fijo para todos.

Segundo lugar. Yo le planteé que fuera en promedio para que el PAN lo aceptara...

La Presidenta:

Permítame diputado, si es tan amable.

¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Héctor Flavio Valdez García (desde su curul):

Para una moción.

La Presidenta:

Una moción.

Por favor facilítenle el micrófono.

El diputado Héctor Flavio Valdez García (desde su curul):

Solamente para recordarle, señora Presidenta, que el diputado Gómez se apuntó para alusiones personales, no para hablar de aspectos políticos.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Adelante diputado Gómez.

El diputado Pablo Gómez Alvarez:

Entonces decía yo que nosotros habíamos agregado 17% en promedio, con el propósito de que pudieran determinados niveles de ingreso tener un aumento mayor y determinados otros un aumento menor, de acuerdo con negociaciones de carácter sindical, de ahí vino la palabra promedio que yo le agregué y el diputado Paoli le agregó "y considerando promociones", lo cual me pareció bien, aunque también es relevante porque las promociones no representan un gasto mayor de carácter presupuestal al nivel en que estábamos planteándolo.

Entonces, en efecto, le dije posteriormente que quizá fuera mejor que se hiciera hasta determinado límite: cinco salarios mínimos. No era entonces tabla rasa, aunque diría también que la lógica sindicalista es algo que poco conocemos en México, porque una de las

grandes cosas que han hecho falta en este país es tener verdaderos sindicatos que defiendan los intereses de los trabajadores.

Cuando los tengamos vamos a ver cómo se van a producir mayores cambios y más rápidamente.

Quiero decir, a propósito de lo que dijo el diputado Bolio respondiéndome, que él lo que quería era un aumento en la masa salarial. La masa salarial también abarca la creación de nuevas plazas, pero al crearse nuevas plazas no hay aumento ninguno de salario.

El Presidente :

El diputado Paoli dice que lo que hay que hacer es algo paulatino, gradual, pero no dice por qué. ¿Cómo romper la política salarial en la que los salarios reales se van deteriorando cada vez más? Eso es lo que no nos responde porque en el presupuesto no hay nada y yo le respondo a usted, diputado Paoli, hoy teníamos la posibilidad, ¿por qué no se hizo?

Y al diputado Cantú, que se he referido a mí, diciendo que hizo él la tarea de los deudores, le digo: no hay nada en el presupuesto en favor de los deudores. O sea que no hizo ninguna tarea. Nosotros planteamos la tarea.

Y le respondo también algo: dice que he venido yo como siempre a decir cosas que no son; hasta hace poco lo veía de pie aplaudiéndome, señor diputado Cantú.

La Presidenta:

Se concede la palabra al diputado Francisco Paoli y Bolio para contestar alusiones personales hasta por cinco minutos.

El diputado Francisco José Paoli y Bolio:

Con su venia, señora Presidenta.

La Presidenta:

Adelante diputado.

El diputado Francisco José Paoli y Bolio

Señoras diputadas, diputados. Quisiera responder a una afirmación y a una interrogación del diputado Pablo Gómez y también a alguna referencia que hacía el diputado Demetrio Sodi.

En primer lugar, quisiera decir que la interrogación, empiezo por la afirmación que formulaba Pablo Gómez, era que teníamos la posibilidad y yo también lo creo, la teníamos y trabajamos arduamente. Esta no es una discusión fácil ni es una discusión que no se ha dado, es una discusión que llevó probablemente dos meses, los últimos dos meses.

Pero llegaron nuestras discusiones a ciertos puntos, en donde nuestras visiones, concepciones y posiciones eran encontradas y distintas y no pudo tenerse un acuerdo. Esto es lo que ocurrió, porque precisamente lo que prueba este jueguito de las tarjetas, es que estuvimos negociando con interés de encontrar fórmulas, pero no las encontramos y no las encontramos, pero no podíamos dejar a la nación sin Presupuesto de Egresos. ¡Ah! porque el presupuesto es algo fundamental para el desarrollo del país.

Bueno, yo estoy haciendo la afirmación de que efectivamente teníamos la posibilidad, pero no la conseguimos, porque el potencial no siempre se realiza y no se realiza en función de las diametralmente opuestas concepciones que tenemos, respecto de algunos asuntos económicos.

Nosotros podemos coincidir, y así lo planteamos, diputadas y diputados, desde un principio. Y el otro día lo recordaba con toda claridad el diputado Muñoz Ledo, Acción Nacional dijo desde un principio que negociaría con todos y cada uno de los partidos y que también negociaría con el Poder Ejecutivo como había que hacerlo y por supuesto que donde encontramos la posibilidad, no de pedir dádivas, como ustedes han dicho insultantemente, sino de encontrar reivindicaciones y avances planteados en nuestra plataforma y créanme que en muchas ocasiones fueron agrias las discusiones y difíciles, pero pudimos arrancar prestaciones sustanciales y recursos para descentralizar al país y para dar a los estados y a los municipios mucho mayores posibilidades de desarrollo.

Tenemos una concepción distinta de cómo se impulsa la justicia social. Esto es cierto, por eso son los partidos distintos, no nos vengan a reclamar ahora que somos partidos distintos, porque eso es obvio.

El haber constituido un grupo de los cuatro para negociar transformaciones democráticas en esta Cámara, es legítimo y está asentado en el acuerdo. El haber logrado acuerdos que mantendremos hasta el último día de esta legislatura para ordenar y hacer transparentes los recursos de esta Cámara, para designar a los funcionarios, para distribuir las comisiones de acuerdo con la proporción de fuerzas que representa cada una de las formaciones partidarias, no nos lleva necesariamente y así estaba claro para muchos, a tener coincidencias en todo.

Por eso hemos dicho y aclarado reiteradamente que no somos un bloque que vota automáticamente junto con los cuatro, aunque hacemos el esfuerzo por buscar no sólo el voto con los cuatro, sino con los cinco, señores, porque nosotros estamos aquí para integrar, estamos aquí para caminar juntos y para construir un país que requiere una visión reconciliadora y armónica que nos permita avanzar a todos los mexicanos.

Por eso no se hizo posible nuestra coincidencia.

La Presidenta:

Muchas gracias, diputado Paoli.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

El secretario José Antonio Alvarez Hernández:

En votación económica se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido señora Presidenta.

La Presidenta:

Muchas gracias, señor Secretario.

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

Esta Presidencia informa que se le ha hecho llegar la siguiente reserva y si hay algún otro agregado, solicito que se le haga saber:

Por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se reserva el artículo 19; por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se reserva el artículo decimoquinto transitorio y adiciona el artículo decimoseptimo transitorio; por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se reservan los siguientes artículos: 5o., 8o., 9o., 12, 14, 15, 18, 20, 23, 26, 44, 54, 59, 60, 61, tercero y decimosexto transitorios.

Se viene reservando al diputado Victorio Rubén Montalvo, el artículo 19.

Se reserva el artículo 8o., por el diputado Rubén Mendoza Ayala, del Partido Acción Nacional.

Se tiene al diputado Benjamín Gallegos, reservando el artículo 5o.

Se tiene al diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, reservándose el artículo decimoquinto transitorio. ¿Alguien más?

El diputado Eduardo Mendoza Ayala (desde su curul):

También el artículo 8o., por favor, el Capítulo II referente a las erogaciones.

Gracias.

La Presidenta:

Gracias, diputado Mendoza Ayala.

¿No hay ninguna otra reserva?..

Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados, en un solo acto.

El secretario José Antonio Alvarez Hernández:

Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados, en un solo acto.

Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(Votación.)

Señora Presidenta, se emitieron 341 votos en pro y 132 en contra.

La Presidenta:

Se suplica a los diputados se sirvan tomar sus lugares y se suplica a los señores de la prensa su comprensión y apoyo para que nos permitan guardar el orden. Se suplica al diputado Lamadrid y al diputado Muñoz Ledo, nos hagan favor de ocupar sus respectivas curules para que nos ayuden a mantener el orden.

Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 341 votos.

Para referirse al artículo 8o., tiene la palabra, hasta por cinco minutos el diputado Armando López Romero.

Por favor, se suplica a las personas que se encuentran en el pasillo central, se sirvan tomar sus lugares para que podamos continuar con la discusión de los artículos reservados.

Se suplica por favor a los señores que se encuentran en los pasillos, que no son diputados, que nos ayuden a mantener el orden y se suplica a los compañeros diputados que se ubiquen en sus curules para que estemos en condiciones de continuar con el desarrollo de la Asamblea.

Adelante, señor diputado López Romero.

El diputado Armando López Romero:

Con su venia, señora Presidenta...(*)

La Presidenta:

Tiene usted cinco minutos para hablar, diputado López Romero. Haga favor de manifestarle a esta Presidencia si no desea hacer uso de la palabra, porque se le concedió para que hiciera uso de la palabra.

El diputado Armando López Romero:

Señora Presidenta, solicité la presencia y el uso de la palabra. Los cinco minutos yo sabré como utilizarlos, señora Presidenta.

La Presidenta:

¡No, señor diputado! ¡Discúlpeme! De acuerdo con las disposiciones normativas usted tiene cinco minutos para utilizarlo con la palabra.

El diputado Armando López Romero:

Muy bien, señora Presidenta. Le pediría entonces nada más que le pida orden a la Asamblea.

La Presidenta:

Por favor, señores diputados, les suplico que se ubiquen en sus lugares, al igual que a los señores de la prensa, para que podamos escuchar las exposiciones

del diputado Armando López Romero, que solicitó la palabra precisamente para usar el micrófono y hacernos saber los motivos por los que reservó el artículo a los que seguramente nos va a hacer mención, que es el artículo 8o.

Yo suplico a los compañeros que están solicitando que su servidora ponga orden, que me ayuden con el ejemplo para que podamos estar en condiciones de poner orden todos.

El diputado Armando López Romero:

Compañeras diputadas; compañeros diputados...(*)

La Presidenta:

Señor diputado, esta Presidencia le solicita que si no va usted a usar la palabra, nos permita continuar con el siguiente orador.

El diputado Armando López Romero:

Nos hemos reservado, nos hemos reservado el 8o. por una sencilla razón: ¡porque este país ha sido sacrificado en la educación, en la ciencia y en la tecnología! ¡Ningún país puede darse el lujo de sacrificar la educación¡ ¡La educación es un factor fundamental! La ciencia y la tecnología, una vez más, ha sido abandonada.

El presupuesto asignado para educación, en términos reales, alcanza apenas un 4.05% del producto interno bruto. Quiere decir que apenas recuperamos o llegamos a lo que estaba en 1993.

El plan del Gobierno en educación 1995-2000 establecía como objetivo el desarrollo y el aumento del gasto en educación. Sin embargo, hoy lo que sucede es que al 2000 apenas vamos a llegar, tal vez, si bien nos va, a recuperar un poco lo que perdimos en 1993.

Y había por ahí quien nos decía que nosotros rechazábamos, que nosotros no éramos congruentes con lo que decíamos. Sí, sí somos congruentes y quiero referirles compañeros que en campaña recuerdo al candidato del PAN, Ernesto Herrera, distrito XXIV federal, decir en su discurso: "lucharemos porque la educación tenga por lo menos el 8% del producto interno bruto". Recuerdo también en ese mismo discurso hablar del fortalecimiento de las universidades y quiero decirles lo siguiente. Desapareció la propuesta del fondo de recuperación de las universidades.

Hemos sacrificado a las universidades de los estados. La ciencia y la tecnología, señoras diputadas, señores diputados, ha sido condenada una vez más a no apoyar en el desarrollo de este país. Es realmente una tristeza escuchar por todos, más allá de las ideologías, sacrificar este país.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Muchas gracias, diputado López Romero.

Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, para hablar en pro del artículo 8o., el diputado Héctor Luna de la Vega, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Héctor Luna de la Vega:

Con su anuencia, señora Presidenta; honorable Asamblea:

Efectivamente, nos encontramos ante la inquietud de una asignación presupuestaria por debajo de lo deseable. Sin embargo, habremos de estimar el equilibrio que debe existir invariablemente entre lo deseable y lo posible.

Cuando hacemos el análisis de cualquier estructura de carácter presupuestario, nos damos cuenta que es la expresión cuantitativa de las estrategias de Gobierno; precisamente es lo que permite hacer la diferenciación entre una oferta política y otra oferta política. Pero tenemos una limitante adicional: los recursos, la capacidad recaudatoria y la base que va a suministrar los recursos necesarios para dotar de capacidad de respuesta al Estado mexicano.

El más alto énfasis que se da en la asignación presupuestaria que hoy hemos aprobado en lo general y que mi partido aprueba también en lo particular, está precisamente dado al ramo de la educación.

Efectivamente, nos encontramos por debajo de los parámetros de carácter internacional. Sin embargo, habremos de reconocer que el énfasis está precisamente en ello en la educación, como también habremos de percatarnos de que se han hecho modificaciones contenidas en la Miscelánea Fiscal, en donde se otorga un estímulo, que es otra forma de aportar hacia el producto interno bruto; habría nada más que cuantificarlo para determinar qué corresponde a gasto público y qué corresponde al gasto que hace el resto de la sociedad mexicana vía los estímulos fiscales.

Por ello es que mi partido, el Revolucionario Institucional, vota precisamente en favor de ese artículo y considera que a partir de lo posible, es la asignación recomendable y sin duda que será benéfica para el desarrollo del país.

Es cuanto.

La Presidenta:

Muchas gracias, señor diputado Héctor Luna de la Vega.

Tiene la palabra para referirse al artículo 8o. también, hasta por cinco minutos, la diputada Clara Brugada Molina, del Partido de la Revolución Democrática...

Hay un cambio. Tiene la palabra la diputada Dolores Padierna hasta por cinco minutos.

La diputada María de los Dolores Padierna Luna:

Señora Presidenta, gracias por darme la palabra; señoras y señores diputados:

El Partido de la Revolución Democrática reservó para su análisis en lo particular, una serie de artículos que de analizarse con todo cuidado por ustedes y de dar el voto favorable de todos ustedes, significaría realmente un cambio muy importante.

Lamentamos esta alianza, esta nueva mayoría; la entendemos porque así es la democracia. Quisiera sólo señalar que 17 millones de personas, el 6 de julio, votaron por la oposición; que los votos y las decisiones que pudiera haber tomado la oposición, están respaldadas por el voto popular y son absolutamente legítimas; que no había ninguna necesidad de agachar la cabeza y de sumarse a los que han aplastado el interés popular durante 70 años.

Que el negativismo político, que el arreglo tras bambalinas, refuerza las bases tradicionales de un sistema antidemocrático y le propina un duro golpe a la población, la enorme embestida colaboracionista, los ha hecho a ustedes demasiado pequeños para resolver los grandes problemas nacionales.

El Partido de la Revolución Democrática se va a retirar en este momento y espera que voten en contra todo lo que le hubiera beneficiado a la población.

La Presidenta:

Tiene la palabra para hablar en contra, el diputado Ricardo Armenta Beltrán...

No estando en el salón de sesiones, tiene la palabra para hablar en contra, el diputado Eduardo Mendoza Ayala.

Adelante, diputado Mendoza Ayala.

-El diputado Eduardo Mendoza Ayala:

Con su venia, diputada Presidenta:

En unos cuantos momentos más, este digno Congreso procederá a aprobar el Presupuesto de Egresos para el año que está por iniciar. El hecho de que hoy se apruebe tan importante documento, no significa sin embargo que todo lo que contiene sea lo que le vaya a beneficiar a la República.

Es imposible también en unos cuantos minutos, abarcar por completo la inmensa inquietud existente en el pleno de la sociedad mexicana, acerca de la urgente necesidad porque el Gobierno Federal deje de gastar recursos indiscriminada e irresponsablemente como se ha acostumbrado en repetidas ocasiones por décadas.

Uno de esos ángulos de inquietud es el que se refiere precisamente al indispensable contrapeso que debe tener la autoridad federal para vigilar que no se den excesos en el ejercicio del gasto público, situación que

hasta ahora no ha pasado de ser un precioso sueño, algo así como uno de esos mitos geniales, como los que cierto personaje hacendario narrara no hace mucho al pueblo de México.

A lo largo de las últimas semanas, los diputados de esta LVII Legislatura hemos podido comprobar por supuesto con profunda tristeza, la sospecha de dominio popular, en el sentido de que al partido de Estado lo que le mueve es el interés económico y no la vocación de servicio. Esto que no es nuevo pero sí desde luego lamentable, nos debe llevar al camino de una seria reflexión sobre el diseño y perfeccionamiento de las herramientas de control con que nuestra naciente democracia debe contar.

En el Presupuesto de Egresos para el año venidero, el Ejecutivo Federal está solicitando la cantidad cercana a 800 millones de pesos para sostener y mantener una auténtica entelequia burocrática, conocida bajo el nombre de Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo de la Federación.

De acuerdo con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es facultad de esta institución dependiente del Poder Ejecutivo, inspeccionar el ejercicio del gasto público y su congruencia con el Presupuesto de Egresos, vigilar las normas de control y fiscalización de la administración pública federal.

A la luz de un análisis detenido de la legislación vigente, logramos identificar que no está cumpliendo efectivamente con las responsabilidades a las que debe estar obligado. Muchos ejemplos de ineficiencia podrían ser citados, para demostrar que invertir recursos económicos en la Secretaría de la Contraloría, es desperdiciar esfuerzo, tiempo y dinero en un organismo que lejos de servir, ha sido hasta objeto de burla por los que practican cotidianamente conductas viciadas.

Aprobar un gasto a todas luces innecesario, como está solicitando el presidente Zedillo en el caso de la Secretaría de la Contraloría, podría llevarnos a ser vistos por la opinión pública como auténticos bandoleros de la moral y yo creo, amigos nuestros, que nadie quiere cargar con el estigma de ser calificado de esa manera, a no ser de que carezca de escrúpulos y de la más mínima sensibilidad social.

Y que nadie se espante aquí por el lenguaje claro y llano utilizado en el análisis, dado que el mandato ciudadano otorgado a nuestra representación exige antes que nada resultados efectivos y no maquillajes escenográficos que simulen avances cuando no lo son.

Pedimos la desaparición, la eliminación del Presupuesto de Egresos de la Secretaría de la Contraloría y Administración, y al mismo tiempo solicitamos incrementar en 20% en términos reales el presupuesto de educación, 15% en términos reales el de salud, que se incremente el 8% a agricultura y desarrollo rural y así que la Federación maneje en desarrollo social 2.5 millones y los municipios 3.5 millones. Eso, eso sería congruencia y esto es lo que esta madrugada he venido a solicitar a todos los presentes.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Muchas gracias, diputado Mendoza Ayala.

Tiene la palabra para hablar en pro el diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac:

Con su venia, señora Presidenta:

Antes de tratar el tema para el que pasé a la tribuna, quisiera felicitar al Partido Revolucionario Institucional y al Partido Acción Nacional por sí dar muestras de responsabilidad y de trabajo y estar el día de hoy permaneciendo aquí.

Déjenme decirles que el tema que estamos tratando sobre la fiscalización de los recursos públicos, no es un tema que haya venido por primera vez a esta tribuna. Durante los últimos años, las diferentes fracciones parlamentarias, los grupos parlamentarios, hemos hecho propuestas para mejorar la fiscalización en este país. El propio presidente Zedillo ha presentado una iniciativa que tenemos aquí dormida digamos, en la Comisión de Gobernación y a la cual se ha hecho incluso una excitativa para que a la manera más breve se llegue a dictaminar y se presente al pleno.

Coincidimos todos y lo dijimos aquí el día que se aprobó el dictamen de la Cuenta Pública, que queremos una mejor fiscalización, que queremos mayor oportunidad en la fiscalización, que queremos que se reforme el marco jurídico con que la Contaduría Mayor de Hacienda realiza sus funciones, pero no lo

vamos a mejorar con discursos, sino lo vamos a mejorar llegando a la realidad. Esto no quiere decir, y lo hemos reiterado muchas veces, que los órganos internos de control de los poderes sean excluyentes de los órganos externos.

Es muy claro, y lo hemos visto en los gobiernos de diferentes partidos, cómo no solamente no desaparecen las contralorías, sino que en muchos casos se fortalecen y se amplía su personal por la importancia que tiene el control interno.

En tal virtud, a nuestro punto de vista, y dado los resultados que vienen en la propia Cuenta Pública de 1996, la Secretaría de la Contraloría generó muchos más recursos de recuperaciones que el propio costo que tiene la propia Secretaría, y está muy claro ahí en los reportes.

Tiene también la Contraloría una función muy importante que hemos compartido con diferentes grupos parlamentarios sobre el desarrollo administrativo, y ustedes saben muy bien que en la nueva estructura programática que trae el presupuesto de 1998 y en la reasignación funcional del presupuesto tiene mucho qué ver también el sistema de evaluación y desarrollo administrativo que propone la propia Secodadm y el Ejecutivo.

En tal virtud, los priístas nos pronunciamos por fortalecer el órgano externo de fiscalización y por mantener, como debe ser, un órgano interno de control que permita el Ejecutivo rendir cuentas y que permita también a nosotros cumplir con nuestra obligación constitucional.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Muchas gracias, diputado Estefan.

Tiene la palabra para referirse al artículo 9o., en contra, el diputado José Luis Gutiérrez Cureño...

Por no encontrarse en el salón de sesiones, tiene la palabra con el mismo fin, el diputado Carlos Heredia Zubieta...

Por no encontrarse en el salón de sesiones, pasaremos a la discusión del artículo 12.

Para hablar en contra, tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Sergio Benito Osorio Romero...

Por no estar en el salón de sesiones, para referirse al artículo 14 por cinco minutos, para hablar en contra del dictamen, el diputado Pablo Gómez Alvarez, del PRD, tiene la palabra...

Pasamos a la discusión del artículo 15, tiene la palabra por cinco minutos para hablar en contra, el diputado Victorio Montalvo Rojas, del PRD...

Por no encontrarse en el salón de sesiones, tiene la palabra con el mismo fin, para hablar en contra, la diputada Martha Gastelum Valenzuela, del PRD...

Para referirse al artículo 18 y hablar en contra del dictamen, tiene la palabra el diputado Antonio Prats García, del PRD...

Por no encontrarse en el salón de sesiones, pasamos a la discusión del artículo 19, y para hablar en contra, por el PRD, tiene la palabra el diputado Victorio Montalvo Rojas...

Por no encontrarse en el salón de sesiones, y para referirse al artículo 20, tiene la palabra el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, del PRD...

Por no encontrarse en el salón de sesiones, tiene la palabra para hablar en contra, por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Sergio Valdés Arias...

Tiene la palabra para hablar en contra, por no estar el diputado Sergio Valdés Arias en el salón de sesiones, el diputado Marcelo Ebrard Casaubón, diputado independiente...

Por no encontrarse en el salón de sesiones, para referirse al artículo 23, tiene la palabra para hablar en contra el diputado Rosalío Hernández Beltrán, del PRD, hasta por cinco minutos...

Por no encontrarse en el salón de sesiones, para referirse al mismo articulo 23 y hablar en contra tiene la palabra el diputado Miguel Alonso Raya, del PRD...

Por lo que se refiere a los artículos 26, 44, 54, 59, 60, 61 y tercero transitorio, no se encuentran inscritos oradores ni a favor ni en contra, por lo que esta Presidencia informa a la Asamblea que para referirse al artículo decimoquinto transitorio tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Alberto Cifuentes Negrete, del Partido Acción Nacional.

El diputado Alberto Cifuentes Negrete:

Con su permiso, señora Presidenta; señoras y señores diputados:

En representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, vengo a poner a su consideración, la propuesta de modificación del artículo decimoquinto transitorio del decreto que nos ocupa, por las siguientes razones:

En el PAN, como en todos los partidos aquí representados, compartimos la inquietud de cientos de miles de familias mexicanas, que adquirieron créditos bancarios de todo tipo, créditos que se volvieron impagables, principalmente por los esquemas financieros contenidos en los contratos.

Sabemos que la solución a este problema tan complejo, no se puede resolver en un ejercicio presupuestal, pero también sabemos que el Gobierno Federal ha destinado y comprometido grandes cantidades de recursos fiscales para sanear al sistema financiero.

Somos conscientes que la aplicación y ejecución de los programas contenidos en el presupuesto, es responsabilidad del Ejecutivo, pero reclamamos que se hagan efectivas las facultades que para el Congreso de la Unión establece la Constitución en materia de deuda pública.

Reconocemos que esta Cámara no cuenta en estos momentos con la información suficiente, de cómo y con quién están comprometidos los recursos destinados al rescate del sistema financiero, que según nos comentaron funcionarios de la Secretaría de Hacienda, ascienden a más de 360 mil millones de pesos.

Sabemos que esto no es un problema sólo de información, sino que para su solución se requiere que el Ejecutivo Federal, este dispuesto a dialogar por conducto de las dependencias correspondientes, con los grupos representados en esta Cámara, para que conjuntamente y con responsabilidad se analicen los programas ya implementados por el primero y las propuestas que han presentado organizaciones sociales y los propios diputados en la actual legislatura, para buscar alternativas que sean más eficaces en la solución de la cartera vencida, ya que consideramos que el saneamiento financiero supone necesariamente la solución a este problema de la cartera vencida.

En otras palabras, para tener instituciones bancarias fuertes, requerimos lograr que los créditos, que las deudas sean pagables, sólo haciendo las deudas pagables restauraremos así la cultura del pago.

Con estos antecedentes y teniendo en cuenta también el punto de acuerdo propuesto a este pleno por la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, punto de acuerdo que fue presentado en el mes de noviembre, en el sentido de que se respeten las atribuciones constitucionales, respecto de la vigilancia, del buen uso y destino de los recursos públicos que nuestra Carta Magna le confiere a la Comisión de Vigilancia y para efecto de que las Comisiones que reciban la información de todos estos recursos destinados al saneamiento financiero, pues pueda tener esas facultades de fiscalización, establecidas en la Constitución y así en su oportunidad se finquen las responsabilidades que procedan y para efecto de que no sólo se reciba información de las partidas contempladas en este presupuesto para los programas de apoyo a deudores y de saneamiento financiero, sino también se pueda revisar lo ya asignado y comprometido, de tal forma que esta Cámara cuente con la información suficiente en estos rubros, proponemos de conformidad con los artículos 59, 60 y 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se modifique el artículo decimoquinto transitorio, para quedar como sigue:

"Artículo quince transitorio. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría, proporcionará la información y documentación que le requiera la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, por conducto de una subcomisión que al efecto se integre para dar seguimiento a la aplicación de los recursos destinados a los programas de apoyo a deudores y de saneamiento financiero".

Apoyan la propuesta los diputados: Ricardo Ortiz Gutiérrez, Adalberto Balderrama, Salvador Olvera, Alberto Cifuentes, Emilio González y 35 firmas más, de diputados de esta Cámara; firmas que dejamos en la Secretaría para que se les dé el trámite solicitado.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Tiene la palabra para hablar en pro respecto al artículo decimoquinto transitorio, el diputado Alfredo Phillips Olmedo, hasta por cinco minutos.

El diputado Alfredo Phillips Olmedo:

Con permiso, señora Presidenta:

La Presidenta:

Adelante, señor diputado.

El diputado Alfredo Phillips Olmedo:

Compañeras y compañeros diputados:

Los programas de saneamiento financiero que se han establecido para apoyar exactamente al sistema financiero, para darle viabilidad a las instituciones para poder atender los sectores prioritarios, la micro y pequeña empresa, los productores rurales, los deudores, hacer frente a pasivos, apoyar a 11 millones de ahorradores para salvar sus ahorros, apoyar a 8 millones de deudores para que se les facilite cumplir con sus obligaciones, han tenido un impacto favorable. Pero entendemos la propuesta del diputado que me antecedió en el uso de la palabra.

Estamos conscientes de la necesidad que se tiene de informar. Sin embargo, sabemos que en materia de deuda de saneamiento financiero se presentan informes trimestrales a esta honorable Asamblea.

Para este año vemos con interés que hay cantidades importantes para saneamiento financiero tanto en banca de desarrollo por 6 mil 227 millones, Fobaproa, para deudores en materia de vivienda, agroindustria, industria mediana y pequeña.

Estamos de acuerdo en que esto requiere que se informe adecuadamente a esta asamblea. Es por ello que apoyamos la propuesta del diputado que me precedió en la palabra, para que se cree una subcomisión y ante ella se puedan recibir los informes y discutirlo tal como se ha propuesto.

No sé si sea yo el último orador, pero sin duda, ha sido una sesión muy larga, muy fructífera, por el bien de México.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene el uso de la palabra para hablar en contra del artículo decimoquinto transitorio, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, del PRD...

Por no encontrarse en el salón de sesiones, pasaremos a la discusión del artículo decimosexto transitorio... no se encuentran inscritos oradores en pro ni en contra.

En cuanto a la adición del artículo decimoséptimo transitorio, tiene la palabra el diputado Santiago Creel Miranda, hasta por cinco minutos.

El diputado Santiago Creel Miranda:

Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:

Hago uso de esta tribuna el día de hoy, ya tarde, siendo de los últimos oradores, porque pienso que es necesario plantear una adición de un artículo transitorio en el dictamen del proyecto de Presupuesto de Egresos para 1998.

Esta propuesta tiene que ver con el artículo 9o. referente a las erogaciones previstas para el ramo 22 del Instituto Federal Electoral, las cuales prevén una reducción de 200 millones de pesos a lo originalmente planteado por el Instituto Federal Electoral.

Estas reducciones, de acuerdo con la propuesta que deseo plantear a esta honorable Asamblea, tienen dos finalidades.

La primera de ellas, reconocer, dar testimonio al principio de autonomía del Instituto Federal Electoral, que en síntesis significa autodeterminación en asuntos y en decisiones internas y esto se refiere a lo siguiente:

En los montos que han sido reducidos del monto general, el testimonio que deseo plantear que quede

asentada en esta disposición transitoria, es que el IFE, tendrá la plena autonomía para determinar qué programas serán objeto de reducciones, motivadas por esta disminución presupuestal que se dio del presupuesto originalmente planteado por el Instituto Federal Electoral.

El segundo elemento incorporado en esta disposición transitoria, tiene qué ver con que la disminución de 200 millones, seguramente va a impactar en la estructura administrativa y operativa del Instituto Federal Electoral.

Comparativamente es el presupuesto más bajo que ha tenido ese instituto en su historia.

En consecuencia, no es improbable que los efectos de este presupuesto puedan traducirse en una disminución de sus funciones operativas y administrativas. Si es el caso, es probable que el ordenamiento jurídico vigente tenga que ser reformado, para lo cual propongo que en este artículo transitorio que el Consejo General del Instituto Federal Electoral nos lo haga saber a esta Cámara, a través de la comisión respectiva, para que los legisladores estemos en posibilidad de elaborar una reforma acorde y que pueda acompasar al presupuesto a este nuevo marco financiero.

Estos son los motivos de la visión que propongo. A continuación me voy a permitir dar lectura al artículo transitorio que propongo se adicione como decimoséptimo. Dice su texto de la siguiente manera:

"El Presupuesto de Egresos aprobado por esta Cámara contempla una reducción considerable al presupuesto del Instituto Federal Electoral. En atención a su autonomía, que otorga el artículo 41 constitucional a este instituto, la Cámara de Diputados ha determinado no reducir rubros específicos al proyecto de presupuesto elaborado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Lo anterior con el objeto de que sea ese órgano superior de dirección el que determine cuales serán las partidas presupuestales que se verán afectadas, en caso de que esta reducción suponga la necesidad de llevar a cabo adecuaciones en el marco normativo que rige al Instituto Federal Electoral, la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados recibirá las opiniones del Consejo General del Instituto Federal Electoral."

Este es el texto y lo que me permití expresar con anterioridad, son los motivos por los cuales pido su aprobación y su voto.

Muchas gracias.

La Presidenta:

En relación con la adición del artículo decimoséptimo transitorio tiene la palabra respecto a esta adición el diputado Manuel González Espinoza.

El diputado Manuel González Espinoza:

Muchas gracias, señora Presidenta; señoras; señores diputados:

Vengo a hablar en relación a la propuesta que hace el diputado Creel, sobre el artículo decimoséptimo transitorio.

Quisiera recordar solamente que el artículo 41 constitucional en su fracción III establece que las elecciones federales son una función estatal que realiza a través de un organismo público autónomo, denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, serán los principios rectores.

El Partido Revolucionario Institucional, considera que es de aprobarse la propuesta porque es un esfuerzo que debemos realizar por necesario; está dirigido fundamentalmente a fortalecer y ampliar nuestra democracia en términos de profundidad y amplitud. Vamos a aprobar esta propuesta con sentido de madurez y responsabilidad, porque con ello estamos asumiendo nuestro papel en la evolución integral de nuestro país y de sus instituciones electorales.

Es cuanto, gracias.

La Presidenta:

Gracias señor diputado González Espinoza.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentran suficientemente discutidos los artículos reservados y la adición planteada al decimoséptimo transitorio.

El secretario José Antonio Alvarez Hernández:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentran suficientemente discutidos los artículos reservados con la adición propuesta al artículo decimoquinto transitorio y al decimoséptimo transitorio.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutidos.

La Presidenta:

Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal de los artículos reservados en un solo acto, con la modificación propuesta al artículo decimoquinto transitorio y la adición del artículo decimoséptimo transitorio.

El secretario José Antonio Alvarez Hernández:

Se va a proceder a recoger la votación nominal de los artículos reservados con la modificación propuesta al artículo decimoquinto transitorio y la adición del decimoséptimo transitorio, en un solo acto.

Se solicita a la Oficialía Mayor, haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(Votación.)

Se emitieron por los artículos reservados 335 votos en pro y uno en contra; por el artículo decimoquinto transitorio, con la modificación aceptada, 334 en pro y dos en contra; por el artículo decimoséptimo transitorio, con la adición aceptada, 333 en pro y tres en contra.

La Presidenta:

Aprobados los artículos reservados con la modificación propuesta al artículo decimoquinto transitorio y la adición del decimoséptimo transitorio por 335 votos.

El secretario José Antonio Alvarez Hernández:

Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

La Presidenta:

Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.

ORDEN DEL DIA

El secretario Jaime Castro López

Señora Presidenta, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.-Primer Año.- LVII Legislatura.

Orden del día

Domingo 14 de diciembre de 1997.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicación del diputado Felipe de Jesús Preciado Coronado.

Comunicaciones de los congresos de los estados de Durango y Sonora.

Comunicación de los coordinadores de los grupos parlamentarios, que integran la LVII Legislatura.

Dictámenes de primera lectura

De las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores, con proyecto de decreto que reforma el artículo tercero transitorio por el que se reformaron los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación.)

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo décimo, al inciso B del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación.)

Elección de los integrantes de la Comisión Permanente.

Agenda política

Punto de acuerdo para proteger el patrimonio familiar de los connacionales que envían dinero de los Estados Unidos de América, al territorio nacional, a cargo del diputado Víctor Manuel López Balbuena, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Deliberativo.)

CLAUSURA Y CITATORIO

La Presidenta (a las 3:48 horas del día 14 de diciembre):

Muchas gracias, señor Secretario.

Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día de hoy domingo 14 de diciembre, a las 17:00 horas.

 

RESUMEN DE TRABAJOS

* Tiempo de duración: 15 horas con 30 minutos (con un receso de 3 horas con 20 munitos)

* Quorum a la apertura de sesión: 460

*Puntos de acuerdo: 1

* Temas de agenda política: 4

* Oradores en tribuna : 34

PRI-10; PRD-11; PAN-10; PT-1; PVEM-1; Diputado Independiente-1

Se recibieron:

* 4 comunicaciones de congresos estatales;

* 1 iniciativa de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores, con el que remiten iniciativa de reformas al artículo tercero transitorio del decreto por el que se reformaron los artículos 30, 32 y 37 de la carta Magna.

Dictamen de primera lectura:

* 1 dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con Proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 1998. Se dispensa la segunda lectura.

Se aprobó:

* 1 dictamen de la Comisión de Programación , Presupuesto y Cuenta Pública, con Proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 1998.

NOTAS

Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:

 

Ade Acuerdo de Apoyo Inmediato a Deudores de la banca
Afore Administradora de Fondos Para el Retiro
Aucal Autopistas Concesionadas del Altiplano, S.A de C.V
Bancomer Banco de Comercio
BNCI Banco Nacional de Comercio Interior, Sociedad Nacional de Crédito
CRICP Comisión de régimen interno y Concertación Política
D.F. Distrito federal
Fobaproa FondoBancariopara la protección al Ahorro
Fonaes Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad
GATT Acuerdo General de Aranceles y comercio (por siglas en inglés)
IFE Instituto Federal Electoral
INI Instituto Nacional Indigenista
Inverlat Inversiones Latinoamericanas (Banamex)
IVA Impuesto al Valor Agregado
ONU Organización de las Naciones Unidas
PAN Partido Acción Nacional
PGR Procuraduría General de la República
PIPSA (sin aclaración)
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI Partido Revolucionario Institucional
Pronafide Productora e importadora de Papel, Sociedad Anónima
S.A de C.V. Sociedad Anónima  de Capital Variable
SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Secodam Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo
Secofi Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
Sedesol Secretaría de Desarrollo Social
Semarnap Secretaría del medio Ambiente
Telecomm Telecomnicaciones de México
Telmex Teléfonos de México
Udis Unidades de Inversión