|
Presidencia
del diputado Alberto Cifuentes Negrete |
ASISTENCIA
Ruego a la Secretaría haga del
conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de
firmas de los diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario.
| La secretaria
María del Carmen Corral Romero: |
Se informa a la Presidencia que
existen registrados previamente 404 diputados.
Por lo tanto, hay quorum señor Presidente.
| El Presidente (a
las 11:10 horas): |
Se abre la sesión.
Esta Presidencia informa que hay diputados
cubriendo diferentes comisiones a los que se les ruega incorporarse de inmediato, una vez
que concluyan éstas, a este salón de sesiones.
ORDEN DEL DIA
| La secretaria
María del Carmen Corral Romero: |
Se va a dar lectura al orden del
día.
«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.-
Primer Año.- LVII Legislatura.
Orden del día
Martes 24 de marzo de 1998.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Solicitud de licencia del diputado José
Marco Antonio Olvera Acevedo.
Protesta de diputado.
Comunicaciones del Congreso del Estado de
Tamaulipas.
Comunicación de la Cámara de Senadores.
Iniciativa de diputados
De reformas a la Ley del Impuesto sobre la
Renta, a cargo del diputado Marcelo Ebrard Casaubón.
Propuesta de la Comisión de Régimen
Interno y Concertación Política.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Cinco, por los que se solicita el permiso
constitucional necesario para que los ciudadanos José Angel Gurría Treviño, Pedro José
González-Rubio Sánchez, Roberto Miranda Sánchez, Rogelio Terán Contreras y Edgar Ortiz
Ocampo, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de la
República Dominicana.
Por el que se solicita el permiso
constitucional necesario para que el capitán primero, piloto aviador Diplomado de Estado
Mayor Aéreo César Tapia Jiménez, pueda aceptar y usar la condecoración de la Medalla
The Army Commendation, que le confiere el gobierno de los Estados Unidos de América.
Por el que se solicita el permiso
constitucional necesario para que el ciudadano José Luis Barros Horcasitas, pueda aceptar
y usar la condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Comendador, que
le confiere el gobierno de la República Francesa.
Por el que se solicita el permiso
constitucional necesario para que el teniente coronel de caballería Diplomado de Estado
Mayor José Alfredo González Rodríguez, pueda aceptar y usar la condecoración de la
Medalla de Pacificador, que le confiere el gobierno de la República Federativa del
Brasil.
Excitativas
Del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, sobre regularización de vehículos extranjeros.
Del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, sobre deudores de la banca.
Comunicaciones de particulares
De la Federación de Comerciantes en
Pequeño del Distrito Federal y estados de la República.
De la Asociación Nacional de la Industria
de Bebidas Alcohólicas y Conexos, AC.
Agenda política
Comentarios sobre efectos ambientales de la
termoeléctrica Petacalco, Guerrero, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Deliberativo.)
Comentarios sobre el voto de ciudadanos
mexicanos en el extranjero. (Deliberativo.)
Comentarios sobre el abasto de agua en el
Distrito Federal, a cargo de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario
Institucional y Acción Nacional. (Deliberativo.)
Comentarios sobre la situación política
en el Estado de Durango, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
(Deliberativo.)
Comentarios sobre la situación política
en el Estado de Morelos, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Deliberativo.)
Sesión secreta.»
ACTA
DE LA SESION ANTERIOR
El siguiente punto del orden del día
es la discusión del acta de la sesión anterior.
Ruego a la Secretaría consulte a la
Asamblea si se le dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que le ha sido
entregada copia de la misma a los coordinadores de los grupos parlamentarios para sus
observaciones y se proceda a su votación.
| La secretaria
María Victoria Peñalosa Izazaga: |
Por instrucciones de la Presidencia
se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior,
tomando en consideración que le ha sido entregada copia de la misma a los coordinadores
de los grupos parlamentarios para sus observaciones y se proceda a su votación.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves diecinueve de marzo de mil
novecientos noventa y ocho, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del
Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Séptima Legislatura.
| Presidencia del
diputado Sergio Valdés Arias |
En la capital de los Estados Unidos
Mexicanos, a las once horas con cuatro minutos del jueves diecinueve de marzo de mil
novecientos noventa y ocho, con una asistencia de cuatrocientos cuatro diputados, el
Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día
y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que se aprueba en sus términos en
votación económica.
Se da cuenta con la solicitud de licencia
del diputado Francisco Epigmenio Luna Kan y la Asamblea, en votación económica, aprueba
los puntos de acuerdo respectivos. Llámese al suplente.
El Presidente informa que a las puertas del
salón se encuentra el ciudadano Jesús Gutiérrez Vargas, electo como diputado suplente
en el cuarto distrito electoral federal del Estado de Durango y designa una comisión que
lo introduzca y lo acompañe en el acto de rendir su protesta de ley.
Terminado el acto protocolario, el diputado
Gutiérrez Vargas entra en funciones de inmediato.
Con dispensa de trámites y sin discusión,
se aprueban por trescientos setenta y tres votos, los permisos constitucionales necesarios
para que los ciudadanos Enrique Cervantes Aguirre y María del Rosario Green Macías,
puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren el ministro de la Defensa de
la República Eslovaca y el gobierno de la República del Perú, respectivamente. Se
turnan al Senado de la República para los efectos constitucionales.
El Presidente saluda la presencia de
alumnos de la Universidad del Centro de México de San Luis Potosí y de la división de
estudios superiores del Centro Universitario México y a miembros de la Asociación Manuel
Gómez Morín.
Agotados los asuntos en cartera, la
Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura
la de hoy a las once horas con cincuenta y dos minutos, citando para la que tendrá lugar
el martes veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y ocho, a las diez horas.
Sesión conmemorativa.
Al término de la sesión ordinaria, se
realiza una sesión conmemorativa del septuagésimo quinto aniversario de la fundación de
la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.
El Presidente da la bienvenida a las
personalidades que visitan el recinto legislativo y hacen uso de la palabra los diputados:
Joaquín Montaño Yamuni, del Partido Acción Nacional; Luis Meneses Murillo, del Partido
de la Revolución Democrática, y Jorge Galo Medina Torres, del Partido Revolucionario
Institucional, quien al término de su pieza oratoria, da lectura a un mensaje del rector
de la Universidad Agraria Autónoma, Antonio Narro.
El Presidente, a nombre de la
Quincuagésima Séptima Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
agradece los conceptos del ingeniero Refugio del Campo Pérez y felicita a la casa de
estudios en su aniversario.
A las doce horas con cuarenta minutos, se
levanta la sesión conmemorativa.»
Está a discusión el acta... No habiendo
quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo.
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
Continúe la Secretaría.
DIPUTADO
QUE SOLICITA LICENCIA
| El secretario
Vicente de la Cruz Santiago: |
«Escudo Nacional.- Cámara de
Diputados.- LVII Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
José Marco Antonio Olvera Acevedo,
diputado federal electo por el principio de representación proporcional en la segunda
circunscripción, ante esta Cámara de Diputados, por su amable conducto, me permito
exponer al pleno de la Asamblea:
Que de manera respetuosa, solicito licencia
por tiempo indefinido para separarme del cargo de diputado federal a partir de la fecha de
la presente, en virtud de tener la necesidad de aplicarme de tiempo completo en la
atención de actividades personales que así me lo requieren.
Agradezco a ustedes la atención que me
otorguen para que esta solicitud se ponga a consideración del pleno de la Asamblea y se
me conceda la petición de licencia.
Atentamente.
México, D.F., 16 de marzo de 1998.- José
Marco Antonio Olvera Acevedo, diputado federal.»
En consecuencia, se ruega a la
Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
| El secretario
Vicente de la Cruz Santiago: |
Están a discusión los siguientes
PUNTOS DE ACUERDO
Primero Se concede licencia por tiempo
indefinido al diputado Marco Antonio Olvera Acevedo, para separarse de sus funciones como
diputado federal, electo en la segunda circunscripción plurinominal, a partir de esta
fecha.
Segundo. Llámese al suplente.
No habiendo quien haga uso de la palabra,
en votación económica se pregunta si se aprueban.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Aprobados, señor Presidente.
DIPUTADO SUPLENTE QUE SE INCORPORA
Se encuentra a las puertas de este
recinto el ciudadano Jesús Ramírez Stabros, diputado suplente, electo en la segunda
circunscripción plurinominal.
Se designa en comisión para que lo
acompañen, en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los
siguientes diputados: Adoración Martínez Torres, Amira Griselda Gómez Tueme, Alberto
Martínez Miranda y Elodia Gutiérrez Estrada.
| La secretaria
María del Carmen Escobedo Pérez: |
Se pide a la comisión cumplir con
este encargo.
Se invita a los presentes ponerse de pie.
Ciudadano Jesús Ramírez Stabros:
¿protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de
diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la
Unión?
| El ciudadano
Jesús Ramírez Stabros: |
¡Sí, protesto!
¡Si así no lo hiciereis, que la
nación os lo demande!
Continúe la Secretaría con los asuntos en
cartera.
ESTADO
DE TAMAULIPAS
| El secretario
Edgar Martín Ramírez Pech: |
Se va a dar lectura a dos
comunicaciones.
«Escudo Nacional.- Gobierno de
Tamaulipas.- Poder Legislativo.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados.- México, D.F.
Con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 24 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, nos
permitimos comunicarles que en sesión de junta previa convocada por la diputación
permanente para esta fecha, fue electa la mesa directiva que dirigirá los trabajos del
pleno legislativo, durante el mes de marzo del actual, dentro del primer periodo de
sesiones ordinarias correspondiente al tercer año de ejercicio legal de la LVI
Legislatura del Congreso constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas,
quedando integrada de la siguiente manera:
Diputados: Lucino Cervantes Durán,
presidente; Eduardo César Espronceda Galindo, Angel Alejandro Sierra Ramírez,
secretarios; Guadalupe González Galván, suplente.
Sin otro particular, reiteramos a ustedes
nuestra consideración atenta y distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 1o. de marzo
de 1998.- Diputación Permanente.- Diputados: María Doris Hernández Ochoa y Octavio
González García, secretarios.»
«Escudo Nacional.- Gobierno de
Tamaulipas.- Poder Legislativo.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados.- México, D.F.
Con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 44 de la Constitución Política local, 5o. de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo y 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del honorable Congreso del
Estado, nos permitimos comunicarles que en sesión pública y solemne celebrada por el
pleno legislativo en esta fecha, se declaró legalmente la apertura del primer periodo de
sesiones ordinarias correspondiente al tercer año de ejercicio legal de la LVI
Legislatura del Congreso constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.
Sin otro particular reiteramos a ustedes
nuestra consideración atenta y distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 1o. de marzo
de 1998.- Diputados secretarios: C. Espronceda Galindo y Angel Alejandro Sierra
Ramírez.»
De enterado.
CAMARA
DE SENADORES
| La secretaria
Enoé González Cabrera: |
«Escudo Nacional.- Cámara de
Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados.- Presentes.
Para conocimiento de esa honorable
Colegisladora, tenemos el honor de comunicar a ustedes que en sesión pública ordinaria
celebrada en esta fecha, se designó a los ciudadanos: Jorge Mendoza Alvarez y Roberto
Villa Lemus, como oficial mayor y tesorero general, respectivamente, del Senado de la
República.
Reiteramos a ustedes las seguridades de
nuestra más alta y distinguida consideración.
México, D.F., a 19 de marzo de 1998.-
Senadores secretarios: Serafín Romero Ixtlapale y Luis Felipe Bravo Mena.»
De enterado.
LEY
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Tiene la palabra el diputado Marcelo
Ebrard Casaubón, para presentar una iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto sobre la
Renta.
Permítame un momento, señor diputado.
Esta Presidencia ruega a los señores
diputados pasar a tomar sus curules y guardar la debida atención a la iniciativa que se
presenta.
Puede iniciar, señor diputado.
| El diputado
Marcelo Luis Ebrard Casaubón: |
Gracias, señor Presidente;
secretarios de la Cámara de Diputados:
El Ejecutivo Federal promovió en diciembre
pasado una iniciativa de reformas a diversas leyes fiscales, entre las que se encontraba
la Ley del Impuesto sobre la Renta. El propósito de la reforma fue, entre otros, el de
incluir un nuevo régimen de pequeños contribuyentes. En la exposición de motivos se
señaló que las mismas tenían como propósito simplificar y uniformar los diversos
regímenes para personas físicas con actividades empresariales que antes se aplicaban.
La reforma afectó a diversos
contribuyentes, especialmente a los contribuyentes menores que se regulaban por el
artículo 115 de la propia ley y por la resolución de contribuyentes menores publicada el
10 de marzo de 1997 en el Diario Oficial de la Federación.
Entre estas personas físicas con
actividades empresariales, están los locatarios de mercados públicos, tianguistas y
otros comerciantes que realizan ventas al menudeo. Todos ellos cumplen una labor
fundamental en la cadena de distribución de una gran variedad de productos básicos,
aportan un complemento decisivo al ingreso familiar y pagan sus impuestos bajo el régimen
mencionado.
Sin embargo, la unificación de regímenes
que establece la actual ley para el presente Ejercicio Fiscal de 1998, implicó un cambio
de régimen al pasar de contribuyentes menores a pequeños contribuyentes y es un cambio
importante, se traduce en un incremento desmesurado y regresivo de la carga fiscal de
estos contribuyentes. A manera de ejemplo, baste señalar que se pasa de un incremento de
1997 a 1998 de hasta el 2,250%, todo ello, compañeras y compañeros diputados, en un
escenario económico desfavorable que no guarda ninguna proporción con el aumento que se
pretende imponer.
Al hacerse así no se está siendo
congruente con el principio de proporcionalidad y equidad que debe prevalecer en las
relaciones fiscales, de conformidad con el artículo 31 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos en su fracción IV. En efecto, esta simplificación a la que
me refiero es inequitativa y regresiva, no atiende el sentido de la equidad, ya que
establece una tasa marginal única de 2.5% para un rango considerable de ingresos que
llegan hasta los 2.2 millones de pesos anuales.
Es evidente que al incrementar los
impuestos de estos contribuyentes, de esta manera se les aumenta también el costo de
permanecer en la formalidad y se les está incentivando acudir a la informalidad, con el
consecuente costo recaudatorio y la pérdida de fiscalización que ello provocaría.
Atendiendo a la demanda de diversas
organizaciones que se encuentran en los supuestos señalados, me permito someter a la
consideración de ustedes, la siguiente propuesta que busca corregir los efectos de la
referida reforma de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a partir de la equidad y
progresividad en el cálculo del impuesto para los locatarios de mercados públicos,
tianguistas y otros comerciantes que realizan ventas al menudeo.
Primero. Se propone que el piso de ingresos
exentos se incremente a 12 salarios mínimos, con el fin de proteger a aquellos
comerciantes con menores ingresos.
Segundo. Con el objeto de que haya
progresividad en la tasa, se propone la creación de una serie de rangos en las que
aplicarían diferentes tasas, dependiendo del monto de ingresos brutos que obtuvieran
anualmente.
Permítame el orador.
Esta Presidencia, nuevamente ruega a los
diputados que pasen a sus curules, desalojen los pasillos y por favor presten la atención
debida al diputado orador. Lo mismo a las personas que no son diputados, les rogamos
desalojar los pasillos y ayudar al mejor desarrollo de la sesión.
Continúe, señor diputado.
| El diputado
Marcelo Luis Ebrard Casaubón: |
Gracias, señor Presidente:
De esta manera tendríamos tasas marginales
progresivas, como en el resto de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
La tabla que se propone anexar, conforme a
estos criterios, al artículo 119-N, contiene entonces ocho rangos de ingresos anuales
brutos que determina la tasa a pagar. Esta tasa se aplicaría a la diferencia de los
ingresos menos el subsidio fijo que se marca hasta por 12 salarios mínimos. De esta
manera se busca consolidar un sistema fiscal mejor, más simple y transparente y sobre
todo que sea justo.
Por lo anterior, me permito someter a la
consideración de ustedes la siguiente
INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA.
"Artículo único. Se adiciona un
párrafo segundo al artículo 119-N de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar
como sigue:
Artículo 119-N. El cálculo del impuesto
de las personas físicas que realicen actividades empresariales al menudeo en puestos
fijos y semifijos en la vía pública o como vendedores ambulantes, así como los
locatarios de mercados públicos que realicen ventas al menudeo comprendidos dentro del
régimen de pequeños contribuyentes, se hará de conformidad con la siguiente tabla:
VER
DOCUMENTO 1
ARTICULO TRANSITORIO
Primero. Las presentes reformas entrarán
en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente.
México, D.F., a 23 de marzo de 1998.-
Diputado Marcelo Luis Ebrard Casaubón.»
Por su atención, muchas gracias.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público.
COMISIONES
DE TRABAJO
| La secretaria
Adoración Martínez Torres: |
«Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política.
Diputado Jorge Emilio González Martínez,
presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.- Presente.
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 45 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en el artículo 77 del Reglamento Interno, le solicito que el órgano
colegiado que usted preside, informe sobre las siguientes propuestas de integración en
las comisiones ordinarias respectivas.
1o. El diputado Joel Guerrero Juárez,
sustituye en la presidencia de la Comisión de Reforma Agraria a la diputada Areli Madrid
Tovilla.
2o. El diputado Francisco Loyo Ramos,
sustituye en la presidencia del Comité de Biblioteca e Informática al diputado Rafael
Oceguera Ramos.
3o. El diputado Héctor Francisco
Castañeda Jiménez, sustituye en la secretaría de la Comisión de Seguridad Pública al
diputado Miguel Sadot Sánchez Carreño.
4o. El diputado Jorge Galo Medina Torres,
sustituye en la secretaría de la Comisión de Agricultura al diputado Marcos Augusto
Bucio Mújica.
5o. El diputado Lombardo Victoriano
Guajardo, sustituye en la secretaría de la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial
al diputado Patricio Martínez García.
6o. El diputado Jaime Miguel Moreno
Garavilla, sustituye en la secretaría de la Comisión de Justicia al diputado Francisco
Javier Loyo Ramos.
7o. El diputado Eduardo Guadalupe Bernal
Martínez, sustituye en la secretaría del Comité de Investigaciones Legislativas al
diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla.
Dichos cambios fueron solicitados por el
diputado Arturo Núñez Jiménez, coordinador del grupo parlamentario del PRI, en la
Cámara de Diputados, con fecha 20 de marzo del año en curso.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
México, D.F., 23 de marzo de 1998.- Jorge
Torres Castillo, secretario técnico.»
«Diputado Arturo Núñez Jiménez,
presidente de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados.- Presente.
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 45 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en el artículo 77 del Reglamento Interno, le solicito que en el
órgano colegiado que usted preside, informe sobre los siguientes cambios en la Comisión
de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El diputado Eduardo Guadalupe Bernal
Martínez, sustituye al diputado Roberto Armando Albores Guillén y la diputada Juana
González Ortiz, sustituye al diputado Mariano Palacios Alcocer, todos ellos del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Dichos cambios fueron solicitados por usted
en calidad de coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, con
fecha 21 de enero de 1998.
Sin más por el momento, quedo de usted.
Atentamente.
México, D.F., 11 de febrero de 1998.-
Secretario técnico de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política,
Humberto Andrade Quezada.»
«Diputado Arturo Núñez Jiménez,
presidente de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados.- Presente.
El diputado José A. Deniz Macías,
diputado independiente, solicitó a esta comisión su integración a las comisiones de
Ganadería y de la Reforma Agraria, por lo que, de conformidad con el artículo 45
fracción II de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
así como en el artículo 77 del Reglamento Interno, le solicito que en el órgano
colegiado que usted preside se informe que el diputado José Adán Deniz Macías, formará
parte de ambas comisiones.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
México, D.F., 12 de febrero de 1998.-
Secretario técnico de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política,
Humberto Andrade Quezada.»
«Diputado Arturo Núñez Jiménez,
presidente de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados.- Presente.
De conformidad con lo dispuesto en
artículo 45 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en el artículo 77 del Reglamento Interno, le solicito que en el
órgano colegiado que usted preside, informe sobre los siguientes cambios en la Comisión
de Justicia.
La diputada Rosalinda Banda Gómez,
sustituye a la diputada Areli Madrid Tobilla, las antes mencionadas integrantes del
Partido Revolucionario Institucional.
Dichos cambios fueron solicitados por usted
en calidad de coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, con
fecha 13 de febrero del año en curso.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
México, D.F., 16 de febrero de 1998.-
Secretario técnico de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política,
Humberto Andrade Quezada.»
En votación económica se pregunta si se
aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
Esta Presidencia da la más cordial
bienvenida a la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Bajío que hoy nos
acompañan, que vienen invitados por el senador José de Jesús Padilla.
También nos acompañan la secundaria
Benemérito de las Américas de Huixtla, Chiapas, invitados del diputado Jorge Gómez
Mérida.
Se informa también que nos acompaña en
este recinto, el excelentísimo embajador de la República de Hungría en México, Joseph
Kosarka, a quien le damos la más cordial bienvenida.
Continúe la Secretaría.
REPUBLICA
DOMINICANA
| La secretaria
María Victoria Peñalosa Izazaga: |
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para su conocimiento y fines legales
procedentes, a continuación les transcribo a ustedes oficio que la Secretaría de
Relaciones Exteriores dirigió a esta dependencia del Ejecutivo, con fecha seis del
actual, enviando con el presente los documentos que en el mismo se citan:
"El ciudadano José Angel Gurría
Treviño secretario de Hacienda y Crédito Público, solicita se tramite ante el honorable
Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado C, del
artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la
condecoración de la Orden de Duarte, Sánchez y Mella, en grado de Gran Cruz Placa de
Plata, que le confiere el gobierno de la República Dominicana.
Para tal efecto y a fin de que integren en
su expediente, remito a ustedes carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la
Unión solicitando el permiso respectivo, copia certificada de su acta de nacimiento,
curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la
condecoración relativa."
Reitero a ustedes las seguridades de mi
atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D, F,. 16 de marzo de 1998.- Por
acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
Recibo y túrnese a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo para su
conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones
Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 24 de febrero próximo pasado,
manifestando lo siguiente.
"El embajador Pedro José
González-Rubio Sánchez, jefe del protocolo de México, solicita se tramite ante el
honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado C,
del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la
condecoración de la Orden Cristóbal Colón, en grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le
confiere el gobierno de la República Dominicana.
Para tal efecto y a fin de que integren en
su expediente, remito a ustedes carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la
Unión, solicitando el permiso respectivo, copia certificada de su acta de nacimiento,
curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la
condecoración relativa."
Al comunicar a ustedes lo anterior, envío
con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero en esta oportunidad las seguridades
de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de marzo de 1998.- Por
acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
Recibo y túrnese a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, para
su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones
Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha seis del actual, enviando con el
presente los documentos que en el mismo se mencionan:
"El general de brigada Diplomado de
Estado Mayor Roberto Miranda Sánchez, jefe del Estado Mayor Presidencial, solicita se
tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción
III apartado C, del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda
aceptar y usar la condecoración de la Orden de Duarte, Sánchez y Mella, en grado de Gran
Oficial, que le confiere el gobierno de la República Dominicana.
Para tal efecto y a fin de que integren en
su expediente, remito a ustedes carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la
Unión, solicitando el permiso respectivo, copia certificada de su acta de nacimiento,
curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la
condecoración relativa."
Reitero a ustedes las seguridades de mi
atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de marzo de 1998.- Por
acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
Recibo y túrnese a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado del seis del actual, la
Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a esta dependencia, manifestando lo
siguiente:
"El coronel de infantería Diplomado
de Estado Mayor Rogelio Terán Contreras, solicita se tramite ante el honorable Congreso
de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado C del artículo 37 de
nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la
Orden de Duarte, Sánchez y Mella, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de la
República Dominicana.
Para tal efecto y a fin de que integren en
su expediente, remito a ustedes carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la
Unión, solicitando el permiso respectivo, copia certificada de su acta de nacimiento,
curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la
condecoración relativa."
Al comunicar a ustedes lo anterior, envío
con el presente los documentos que en el mismo se citan, para los fines legales
procedentes.
Reitero a ustedes las seguridades de mi
atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 16 de marzo de 1998.- Por
acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
Recibo y túrnese a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para su conocimiento y fines legales
procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones
Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha nueve del actual, enviándoles con
el presente los documentos que en el mismo se citan:
"El ciudadano Edgar Ortiz Ocampo,
solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere
la fracción III apartado C del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que
pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Cristóbal Colón, en grado de Oficial,
que le confiere el gobierno de la República Dominicana.
Para tal efecto y a fin de que integren en
su expediente, remito a ustedes carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la
Unión, solicitando el permiso respectivo, copia certificada de su acta de nacimiento,
curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la
condecoración relativa."
Reitero a ustedes las seguridades de mi
atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de marzo de 1998.- Por
acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
Recibo y túrnese a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales.
ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA
| El secretario
Edgar Martín Ramírez Pech: |
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el día 17 de febrero
último, la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación,
manifestando lo siguiente:
"El capitán primero FAPA DEMA César
Tapia Jiménez, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a
que se refiere la fracción III apartado C del artículo 37 de nuestra Constitución
Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Medalla "The Army
Commendation", que le confiere el gobierno de los Estados Unidos de América.
Para tal efecto y a fin de que integren en
su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la
Unión solicitando el permiso respectivo, copia certificada de su acta de nacimiento,
curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la
condecoración relativa."
Al comunicar a ustedes lo anterior, envío
con el presente los anexos que en el mismo se citan, para los fines legales procedentes.
Reitero en esta oportunidad las seguridades
de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 16 de marzo de 1998.- Por
acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
Recibo y túrnese a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales.
REPUBLICA
FRANCESA
| La secretaria
María del Carmen Corral Romero: |
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, para
su conocimiento y fines legales procedentes, oficio fechado el 16 de febrero último, que
la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, enviando con el
presente los anexos que en el mismo se mencionan:
"El ciudadano José Luis Barros
Horcasitas, coordinador de asesores para asuntos de política interior y exterior de la
Presidencia de la República, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión,
el permiso a que se refiere la fracción III apartado C del artículo 37 de nuestra
Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la
Legión de Honor en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República
Francesa.
Para tal efecto y a fin de que integren en
su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la
Unión, solicitando el permiso respectivo, copia certificada de su acta de nacimiento,
curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la
condecoración relativa."
Reitero a ustedes en esta oportunidad las
seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 16 de marzo de 1998.- Por
acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
Recibo y túrnese a la Comisión de
gobernación y Puntos Constitucionales.
REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL
| El secretario
Gerardo Acosta Zavala: |
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el día 17 de febrero
último, la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación,
manifestando lo siguiente:
"El teniente coronel de caballería
DEM José Alfredo González Rodríguez, solicita se tramite ante el honorable Congreso de
la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado C del artículo 37 de
nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la
Medalla de Pacificador, que le confiere el gobierno de la República Federativa del
Brasil.
Para tal efecto y a fin de que integren en
su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la
Unión, solicitando el permiso respectivo, copia certificada de su acta de nacimiento,
curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la
condecoración relativa."
Al comunicar a ustedes lo anterior, envío
con el presente los anexos que en el mismo se citan para los fines legales procedentes.
Reitero en esta oportunidad las seguridades
de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de marzo de 1998.- Por
acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
Recibo y túrnese a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales.
VEHICULOS
EXTRANJEROS
Tiene la palabra el diputado Armando
Rangel Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para solicitar se
excite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
| El diputado
Armando Rangel Hernández: |
«Ciudadano Presidente de la Cámara
de Diputados de la LVII Legislatura del Congreso de la Unión.- Presente.
El suscrito, en mi carácter de diputado
federal integrante de la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, manifiesto que:
Primero. Con fecha 2 de diciembre de 1997
el grupo parlamentario del PAN presentó una iniciativa de decreto mediante el cual se
permite la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera que circulan en
el país, misma que fue turnada para su dictamen a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público, según consta en el Diario de los Debates, año primero, número 34, de la misma
fecha.
Segundo. Entre otras razones para
fundamentar la necesidad, la utilidad y conveniencia del citado decreto, dijimos dentro de
las consideraciones formuladas, lo siguiente:
Que en los últimos años, un número
importante de campesinos, maestros, trabajadores en general y discapacitados, han
adquirido vehículos de procedencia extranjera que fueron introducidos al país, con
frecuencia por desconocimientos o engaños y además son explotados con el pretexto que no
se les despoje de los mismos.
Que los mismos automóviles constituyen una
parte importante del patrimonio de estas personas y a la vez una herramienta de trabajo.
Que resulta conveniente regularizar los
vehículos hasta de 10 pasajeros del año modelo 1990 y anteriores, siempre que se
hubieran introducido al país antes del 1o. de noviembre de 1997.
Que actualmente existen personas con
discapacidad que poseen un vehículo de procedencia extranjera, por lo que es necesario
otorgar los beneficios que concede este decreto para facilitar su plena integración a la
vida social y productiva de nuestro país.
Tercero. No obstante que el tiempo
transcurrido, de más de tres meses, hasta la fecha la citada comisión no se ha dignado
dictaminar la mencionada iniciativa, con violación a lo dispuesto expresamente por el
artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, disposición que expresamente obliga a toda comisión a presentar su
dictamen dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que hubiere recibido el asunto
de que se trate.
La facultad de iniciar leyes, según el
artículo 71 de la Constitución, corresponde al Presidente de la República, a los
diputados y senadores del Congreso de la Unión y a los legisladores de los estados. No
termina en eso la función legislativa; nuestra responsabilidad se agota al aprobar la ley
y para ello grave obstáculo es, que la comisión, en este caso la de Hacienda, no sólo
no haya emitido el dictamen, la citada comisión no ha llegado a reunirse desde hace más
de tres meses, ni siquiera ha sido convocada.
Consideraciones de derecho
Es procedente que la Presidencia de la
Cámara de Diputados, en cumplimiento con sus obligaciones expresas en el artículo 21
fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, formule una excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a
fin de que rinda de inmediato el dictamen correspondiente.
Independientemente de las disposiciones
reglamentarias citadas, existe una norma de carácter constitucional, artículo 72
apartado i aplicable al caso, por virtud de la cual esta iniciativa puede presentarse ante
la Cámara de Senadores.
Por el honor de esta Cámara, el grupo
parlamentario al que pertenezco no quisiera verse en la necesidad de proceder en los
términos del artículo constitucional antes citado, pero advierto que lo hará si en un
plazo máximo de 30 días, a partir de esta fecha, la Comisión de Hacienda y Crédito
Público no formula y presenta el dictamen correspondiente.
Por lo expuesto y con base en las
disposiciones legales citadas a usted, señor Presidente, atentamente pido:
Unico. Proceder a la brevedad posible en
los términos que solicito en el presente escrito.
Salón de sesiones de la Cámara de
Diputados, a 24 de marzo de 1998.- Diputado federal, Armando Rangel Hernández, secretario
de la Comisión de Agricultura.»
De conformidad con lo que establece
el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público para que presente el dictamen que corresponda a la iniciativa a que se ha hecho
referencia.
DEUDORES
DE LA BANCA
Tiene la palabra el diputado
Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, para solicitar se excite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
| El diputado
Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano: |
«Ciudadano Presidente de la Cámara
de Diputados de la LVII Legislatura del Congreso de la Unión.- Presente.
El suscrito, en mi calidad de diputado
federal de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, por medio de este
oficio y con fundamento en lo dispuesto por el inciso m del artículo 27, el párrafo
tercero del artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos y la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso, promuevo esta excitativa en virtud de que el grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional presentó una iniciativa que a la fecha no ha sido dictaminada por la
Comisión de Hacienda y Crédito Público, por lo que me permito acudir a usted para los
efectos pertinentes y en este sentido expongo los siguientes
ANTECEDENTES
Atendiendo a la situación de emergencia en
que se encuentra el campo mexicano por la severa crisis, el grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional presentó una iniciativa de decreto que crea el fideicomiso para
la compra de deuda agropecuaria y reactivación del sector, que tiene como propósito una
depuración de los adeudos, mediante planes flexibles de pago y la creación de una
instancia que reactive las cadenas productivas dañadas por la apertura comercial.
Como hemos manifestado que si bien es
cierto no existen fórmulas mágicas para reactivar económicamente la actividad, la
voluntad de los actores es fundamental y en ello juegan un papel importante los
productores y los banqueros, para que mediante la confianza, sustentada en el apoyo de las
autoridades administrativas, se defina una solución integral a los problemas del sector.
Es necesario darle certidumbre de largo
plazo a la actividad económica, por lo que es urgente una solución definitiva al
problema de la cartera vencida agropecuaria. Recientemente el Ejecutivo Federal anunció
que presentará un paquete de reformas en materia de supervisión y regulación del
sistema financiero. Se menciona la reorganización del fondo bancario de protección al
ahorro. Asimismo, se señala la necesidad de constituir un fideicomiso del Gobierno
Federal para que sea el receptor de los 410 mil millones de pesos en activos bancarios que
asumió el Fobaproa como parte del saneamiento financiero.
El fideicomiso es una figura que enfatiza
el carácter temporal, pero que resolvería la insolvencia del sector agropecuario y
permitiría la posibilidad del cumplimiento de sus obligaciones crediticias en un esquema
que permita pagar y seguir produciendo. De esta manera, el fideicomiso tiene un mandato
preciso y la obligación de responder al Ejecutivo, al Congreso de la Unión, a los
banqueros y a los deudores.
Como consecuencia de la incertidumbre
económica que manifiestan las turbulencias internacionales, es imperativa la respuesta
sensible y responsable a los problemas de los ciudadanos.
Por lo expuesto, es procedente que el
Presidente de la Cámara de Diputados, en cumplimiento a su obligación expresada en los
artículos antes mencionados, excite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público a fin
de emitir el dictamen en correspondiente a la brevedad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado a
usted, Presidente de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del honorable Congreso
de la Unión, muy atentamente pido se sirva:
Unico. En los términos del artículo 27
inciso m de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por lo
dispuesto en el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso, solicito realizar la excitativa a la comisión para que presente dictamen
correspondiente a la iniciativa de decreto que crea el fideicomiso para la compra de deuda
agropecuaria y reactivación del sector, misma que fue presentada por el grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional el pasado 1o. de diciembre de 1997 y que fue
turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Atentamente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de
marzo de 1998.- Diputado federal Francisco X. Salazar Díez de Sollano.»
De conformidad con lo que establece
el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público para que presente el dictamen que corresponda a la iniciativa a que se ha hecho
referencia.
Continúe la Secretaría...
En tanto continúa la Secretaría, esta
Presidencia informa que se encuentran con nosotros 18 ciudadanos tianguistas,
representantes de la Federación Nacional de Tianguistas, invitados del diputado Marcelo
Ebrard, invitados especialmente a escuchar la iniciativa que hace unos momentos se leyó
por el propio diputado Ebrard.
Continúe la Secretaría.
FEDERACION
DE COMERCIANTES EN PEQUEÑO DEL DISTRITO FEDERAL Y ESTADOS DE LA REPUBLICA
| La secretaria
Enoé González Cabrera: |
Se va a dar lectura a un oficio.
«Escudo.- Federada.- Federación de
Comerciantes en Pequeño del Estado de México, AC.
Honorable Congreso de la Unión.- Medios de
información: escrita, Televisiva, radiofónica de la República Mexicana.- Opinión
pública.- Presente.
Por medio de este conducto, nos dirigimos a
ustedes por parte del comercio organizado del Estado de México, conforme al artículo
7o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en un marco de
respeto, a los diferentes medios informativos, escritos, televisivos y radiofónicos, así
como a la opinión pública, manifestando lo siguiente:
En la última sesión ordinaria de 1997, el
Congreso de la Unión apoya propuesta que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, con respecto a las reformas fiscales de la Ley del Impuesto sobre la Renta de su
sección Segunda y Tercera que comprenden al comercio en pequeño, siendo votada y
aceptada esta iniciativa con premura y al vapor por el pleno de los legisladores, aun sin
haberla consensado con las organizaciones de comerciantes legalmente constituidas,
imponiendo con estas reformas que el contribuyente menor (comerciante) pague el impuesto
sobre la renta basándose en el total de las ventas totales y no en las ganancias como
debe de ser y que la misma ley marca en su Sección Primera.
Conforme a las facilidades administrativas
de marzo de 1997, el comercio en pequeño y prestadores de servicios tributaban dentro del
régimen simplificado con las obligaciones fiscales 904, 905, 906, 907; donde se
integraban mercados establecidos en accesorias, tianguis semifijos y fijos pagando hasta
este año el ISR sobre las ganancias netas, manteniendo las obligaciones que la misma ley
y el CFF marcaban para pertenecer a este régimen. Existía también un régimen de
contribuyente menor clave (108) donde tributaban exclusivamente mercados tianguistas y
semifijos.
Para 1998 desaparecen ambos regímenes
quedando solamente, el régimen de pequeños contribuyentes que obliga al comerciante a
pagar el 2.5% sobre el total de las ventas y por consecuencia se tendría que tributar del
capital o patrimonio familiar tendiendo a acabar con el comerciante en pequeño en un
corto plazo, el otro régimen existente es el general de ley con el cual necesariamente se
tendría que contratar el servicio de un contador para poder cumplir con las obligaciones
de la Sección Primera del ISR, lo que afectaría el patrimonio del comerciante.
La Secretaría de Hacienda por medio del
sistema de administración tributaria pretende cobrar de la siguiente manera:
VER
DOCUMENTO 2
Por lo antes expuesto el comercio
organizado de la República Mexicana proponemos;
a) Seguir tributando como hasta 1997, con
las facilidades administrativas de marzo del mismo año.
b) Que la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público por medio del sistema de administración tributaria suspenda toda
acción administrativa en contra del comercio en pequeño, hasta que no exista una reforma
a la Sección Tercera del ISR.
c) Que el pleno de los legisladores
federales realicen los consensos pertinentes con el sector comerciantes en pequeño para
legislar la Sección Tercera del ISR y que el comerciante tribute de sus ganancias netas y
no de sus ventas totales.
Por lo concerniente al comercio organizado
del país seguiremos manifestando nuestra total inconformidad a esta imposición
arbitraria de las llamadas reformas fiscales al impuesto sobre la renta.
Manteniendo alianzas cada día mayores con
las diferentes organizaciones y del sector independiente del país.
Manifestándonos conforme a derecho por
medio de movilizaciones dentro del territorio nacional donde se ejerce el comercio.
Realizando cierres masivos de
establecimientos, mercados públicos, tianguis y todo el comercio a nivel nacional.
Atentamente.
"Por la Unificación del Pequeño
Comerciante"
Comerciantes Organizados e Independientes
en Alianza de todos los Estados del Interior del país, AC.- Federación de Comerciantes
en Pequeño del Estado de México Federada AC.- Federación de Comerciantes de Mercados
Públicos Municipales y Prestadores de Servicios y Establecidos del Estado de Morelos AC.-
Confederación Nacional de Comerciantes y Prestadores de Servicios, Conacopse responsable
del boletín, Pedro Armenta Jiménez, coordinación de comunicación social.- PD. El día
de hoy se efectuará la primera concentración en la Cámara de Diputados, trasladándose
los comerciantes de diferentes puntos de la ciudad y estados circunvecinos siendo a las
14:00 horas la reunión.»
(Texto ilegible)*
«Señor Gregorio Alarcón Islas,
presidente de la Confederación Nacional de Comerciantes y Prestadores de Servicio
Adherida al Congreso del Trabajo; señor Carlos Chaurard Arzate, diputado local del
Congreso del Estado y presidente del comité directivo del PRI, en el Estado de
Guanajuato.- Presentes.
Los comerciantes tianguistas, ambulantes,
mercados públicos, comerciantes establecidos en pequeños y prestadores de servicios nos:
MANIFESTAMOS
En una total inconformidad por la
imposición arbitraria por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de
los señores diputados (de la Unión), al haber aprobado las reformas fiscales en el
régimen de pequeños contribuyentes 1998, sin haberlo consultado con los señores
comerciantes tianguistas, ambulantes legalmente constituidas en las diferentes
organizaciones, uniones, mercados populares y contribuyentes independientes, ya que
solamente fue consensado con las cámaras de Comercio.
Esta ley entró en vigor a partir del 1o.
de enero de 1998 y nos obliga a presentar aviso a más tardar el 31 de marzo del ejercicio
en el que comience a pagar el impuesto conforme a este régimen o dentro del primer mes
siguiente al de inicio de operaciones.
Y nos impone pagar el 2.5% de nuestras
ventas totales, disminuyendo solamente tres salarios mínimos elevados al semestre, que
para nada nos beneficia, afectando con esto el patrimonio familiar de miles de
comerciantes que viven de esto y en un corto plazo terminará con los pe queños
comerciantes en pequeño.
*El texto presentado es ilegible, consta de
8 cuartillas y se encuentra copia del mismo en el expediente.
Consideramos que esta ley es
anticonstitucional, porque no es equitativa para el pequeño comerciante.
Solicitamos a ustedes:
Primero. Que con la representatividad que
ustedes tienen en el Estado, como en el ámbito nacional sobre este importante sector, que
realicen las gestiones para que los señores diputados del Congreso de la Unión:
-Modifiquen esta nueva ley.
-Pedimos el pago: de una cuota fija, anual,
única, mínima y tasa cero.
Esperamos de ustedes una pronta respuesta
en bien del comercio en pequeño.
Atentamente.
León, Guanajuato, a 12 de marzo de 1998.-
Rúbricas.»
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
Comparativo del año 1997 y las nuevas
tarifa del año 1998.
Los contribuyentes a que se refiere este
artículo, el año pasado pagaron impuesto sobre la renta de acuerdo a su ingreso bruto
del trimestre.
Por medio de la siguiente tabla:
VER
DOCUMENTO 3
«Federación de Organizaciones, Colonos y
Comerciantes en el Estado de México.
Ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León,
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.- Presente.
Por este conducto nos permitimos enviarle
un afectuoso saludo de parte de los integrantes de la Federación de Organizaciones,
Colonos y Comerciantes del Estado de México (FOCCEM), señalando como domicilio para oír
y recibir toda clase de notificaciones en la calle de Faisán número 134 de la colonia
Benito Juárez, código postal 57000 en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de
México, ante usted, con el debido respeto comparecemos para exponer lo siguiente:
Que con fundamento en el artículo 8o. de
nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, venimos a solicitarle nos
auxilie en el asunto que a continuación nos permitimos expresarle.
Somos una organización que aglutina
colonos y comerciantes de diversa índole, principalmente a comerciantes locatarios de
mercados públicos y comerciantes establecidos; es decir, nos encontramos contemplados
dentro del sector de la economía formal, contamos con presencia en los municipios de la
zona oriente del Estado de México, principalmente en Ciudad Nezahualcóyot, Ecatepec de
Morelos, Chalco, Valle de Chalco Solidaridad, Chimalhuacán, Los Reyes la Paz e
Ixtapaluca.
Es el caso que como comerciantes nos
enteramos que se aprobó la Miscelánea Fiscal, para 1998 vigente en el territorio
nacional, en el mes de diciembre de 1997, la aprobación fue hecha por los diputados
integrantes de la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados. Dicha aprobación nos priva
de los regímenes fiscales de "contribuyente menor" (para locatarios de
mercados) y "régimen simplificado" (para comerciantes establecidos) dentro de
los cuales veníamos tributando y es el caso que con la desaparición de estos regímenes
se crea un nuevo y limitativo régimen denominado "régimen de pequeños
contribuyentes".
Parecería a simple vista que existe una
gran ayuda para los pequeños comerciantes y prestadores de servicios, pero no es así, ya
que hoy hemos quedado comprendidos dentro del contexto que marca las disposiciones de la
Segunda Sección del Capítulo VI del Título Cuarto de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, que se refiere concretamente al régimen de pequeños contribuyentes y que
comprende los artículos 119-M, 119-N, 119-Ñ y 119-O de la Ley del Impuesto sobre la
Renta; es decir, al derogarse el régimen de contribuyentes menores y el régimen
simplificado; para el Ejercicio Fiscal de 1998 sólo nos deja dos opciones de tributación
que son:
a) El régimen general de la ley y
b) El régimen de pequeños contribuyentes.
En el primer caso referente al inciso a,
negocios como pueden ser una miscelánea, frutas y legumbres, tienda naturista,
cremerías, venta de ropa, hierbas medicinales, expendios de pan, herrerías,
planchadurías, talleres mecánicos, estéticas etcétera; resulta una situación de carga
tributaria y administrativa excesiva y o se cumpliría con uno de los principales motivos
de la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación que nos refiere al aspecto de
"medidas tendientes a simplificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales",
toda vez que este tipo de contabilidad resultara muy costosa, debido a la escasa capacidad
administrativa y económica de los negocios en pequeño.
En lo concerniente a la segunda situación
que se remite al inciso b, esta opción parece sencilla pero resulta más onerosa, puesto
que la tasa impositiva (artículo 119-N de la Ley del Impuesto sobre la Renta) será del
orden del 2.5% sobre los ingresos semestrales o trimestrales (según sea el caso) netos de
tres salarios mínimos. Cabe además hacer aquí los siguientes señalamientos.
1. En este nuevo régimen de pequeños
contribuyentes se nos va a gravar única y exclusivamente sobre ingreso y aquí nuestra
expresión como comerciantes y contribuyentes afectos a esta nueva disposición fiscal, es
en el sentido de que no todo lo que se vende es precisamente ganancia o ahorro.
Debe tomarse en cuenta que de nuestras
ventas obtenemos para nuestra inversión y gastos de los negocios y para el sostenimiento
de nuestras familias.
2. Hoy día el sector comercio se ha visto afectado plenamente
por los aspectos de crisis que se suscitaron desde el año de 1994 y es hora de que
nuestras ventas no aumentan, pero en cambio sí nuestros costos y gastos, pero sin embargo
éstos no se consideran (salidas o egresos) dentro de este nuevo esquema fiscal. Todo lo
anteriormente manifestado originará que desde el punto de vista microeconómico y
macroeconómico, se desestimule el consumo y la inversión productiva y en negocios como
los de los comerciantes cautivos, ya sean éstos en mercados públicos o comerciantes
establecidos, esto los obligaría idudablemente a cerrar sus negocios y entrar en el
desempleo abierto o en la economía informal, debido principalmente a la
descapitalización de sus pequeños negocios y por ende de su patrimonio familiar.
3. Aunado a lo anterior, en vez de coadyuvar al combate de la
informalidad y la evasión fiscal, ésta se incrementará, ante ello el clamor de los
comerciantes es: ¿por qué a nosotros se nos
eleva la carga impositiva? Y, en el caso de los comerciantes pertenecientes al sector
informal, no existe la misma obligatoriedad en materia tributaria; estos últimos vaya que
son competencia comercial desleal para el comercio formal.
En resumen,
consideramos que esta nueva modalidad de régimen fiscal del 2.5% sobre ingresos netos a
tres salarios mínimos resulta sumamente gravoso y lesivo a nuestro pequeño patrimonio
familiar, que son nuestros negocios.
Para corroborar lo manifestado, nos permitimos hacer un breve
cuadro comparativo del incremento en materia tributaria para el caso de los contribuyentes
menores, tomando como base datos de los años de 1996 y 1997, haciéndolo trimestralmente,
aplicando para 1998 lo estipulado en el artículo 119-N de la Ley del Impuesto sobre la
Renta.
VER
DOCUMENTO 4
En conclusión, como podemos observar, la
deducción lógica del cuadro anterior es que ahora los contribuyentes menores pagaremos
más en este ejercicio fiscal de 1998.
Por otro lado en el caso de los
contribuyentes que estaban contemplados dentro del régimen simplificado, se les anula el
esquema de tributación siguiente:
I. Hasta el año de 1997, el cálculo del
ISR se realizaba como se muestra:
Entradas menos salidas igual a utilidad,
ganancia.
Hoy día será de la siguiente manera:
II. A partir de 1998 el calculo del ISR se
hará de la siguiente forma:
Ingresos menos tres salarios por 2.5% igual
a impuesto a pagar.
Es decir, en este nuevo esquema únicamente
se nos permite deducir tres salarios mínimos, pero los gastos, las inversiones, las
compras etcétera, éstos no se nos consideran. Más aún tenemos que existe un régimen
de excepción, como es el caso de los autotransportistas de carga y pasajeros que tributan
en un régimen simplificado y a ellos les está permitido hacer deducciones de sus
erogaciones y compras, sin embargo, el capital y sus inversiones que movilizan son mucho
más cuantiosos que nuestros modestos capitales que mantenemos en nuestros negocios.
Es por ello que elevamos nuestros
planteamientos hasta usted, para manifestar nuestro total desacuerdo e inconformidad con
el régimen de pequeños contribuyentes, reafirmando en este sentido que sí deseamos
contribuir dentro del marco de la legalidad tributaria, pero que ésta sea justa para con
los contribuyentes.
Señor Presidente: nuestra inconformidad la
hacemos por este medio, porque creemos en que sabrán escucharla los representantes de
nuestras instituciones, todo con la finalidad de estar en armonía dentro del marco del
derecho; no queremos realizar plantones, marchas o mítines que deterioren a nuestro
México, pero si las cosas nos conducieran a esos límites tendríamos que actuar.
No queremos regímenes de excepción, sino
que expresen el sentimiento que marca el contexto del artículo 31 fracción IV de nuestra
Constitución General de la República, razón por la cual nos permitimos plantear los
siguientes puntos:
Primero. Señor presidente Ernesto Zedillo
Ponce de León, si bien es cierto que los mexicanos debemos contribuir para los gastos
públicos como lo determina el artículo 31 fracción IV de nuestra Carta Magna, es
primordial que estas contribuciones deben de ser proporcionales y equitativas.
Segundo. El impuesto que hoy se nos
pretende aplicar (2.5%) sobre ingresos brutos con la deducción de tres salarios mínimos,
es lacerante y ruinoso para nuestra modesta economía.
Tercero. En relación al párrafo anterior
consideramos que el impuesto sobre la renta (ISR), que se nos pretende cobrar, no guarda
el principio de generalidad; el cual debe comprender el que se le aplique a todas las
personas que coincidan estrictamente en la aplicación de la ley; consideramos que esta
aplicación es injusta porque no es lo mismo comercio formal que comercio informal, ya que
los comerciantes formales estamos sujetos a pagos de impuestos y derechos, sean éstos
federales, estatales y municipales como son el pago de agua, energía eléctrica, predio,
renta, alumbrado público, desasolve de los drenajes, mantenimiento de nuestros locales,
pago de seguridad privada en el día, dado los altos índices de inseguridad que existen,
barrendero, velador etcétera y por lo que concierne a negocios informales, éstos no
tributan lo que nosotros señalamos.
Cuarto. En consecuencia con lo anterior,
consideramos que dicho impuesto no guarda tampoco el principio de uniformidad, ya que un
impuesto es uniforme cuando a los sujetos pasivos que están colocados en la misma
situación se les imponen obligaciones iguales.
Quinto. Asimismo nos encontramos con el
principio de la capacidad de pago, el cual consiste en que a mayor riqueza, soporte mayor
tributación y nosotros nos preguntamos: ¿qué acaso tenemos mayor riqueza que los que
realizan la economía informal o los autotransportistas?, esto en virtud de que tributamos
mayores impuestos y derechos sobre nuestros negocios.
Sexto. Solicitamos a usted, señor
Presidente de la República Mexicana, considere nuestra situación de pequeños y modestos
comerciantes, deseamos coadyuvar con usted en el destino y prosperidad de nuestro país.
Nuestra inquietud no es evadir nuestras obligaciones fiscales, sino pedirle de la manera
más atenta, tenga a bien ejercitar las atribuciones que le confiere el artículo 39 del
Código Fiscal de la Federación, para beneficio de la sociedad y el pequeño comercio.
PROPONEMOS
a. Aumentar la base gravable de
contribuyentes, principalmente de los que se encuentran en la economía informal.
b. Regresarnos a los regímenes fiscales
que teníamos hasta 1997, los cuales sentimos guardan el principio de equidad y
proporcionalidad.
Finalmente queremos expresarle que nos
sentimos muy dolidos porque nosotros pensamos que con la democracia que hoy vivimos en
nuestro país, vertida en pluralismo en la Cámara de Diputados, se nos obsequiaría mayor
defensa a los ciudadanos; pero con tristeza vemos que esto no es así, cada partido
político lucha por sus intereses personales y no por los de la ciudadanía, observamos
además cómo en las iniciativas que se presentan ,quienes las elaboran piensan
únicamente en lacerar a los que menos tienen.
Confiamos y respaldamos su excelsa labor de
gobierno, sabedores que comprende la sensibilidad social de nuestro pueblo y para
beneficio de nuestra patria, de nuestros hijos, de nuestro patrimonio familiar, estamos
ciertos que pugnará por corregir la deficiencia legislativa que se dio en la aberrante
aprobación de la Miscelánea Fiscal de diciembre de 1997.
Señor Presidente, nuestro último reducto
y el más importante es usted, no permita que nuestra buena fe y nuestra esperanza de
mexicanos sea profundamente fracturada. Cuente con nuestra unidad y nuestro esfuerzo
porque México así lo requiere hoy día.
Por su amable atención, gracias. En la
misma forma esperamos su respuesta.
Atentamente.
"La Unidad, el Trabajo y la Lealtad
son el Avan ce de Nuestro Pueblo"
México, D.F., a 24 de marzo de 1998.-
Federación de Organizaciones, Colonos y Comerciantes en el Estado de México.-
Rúbricas.»
De conformidad con el artículo 27
inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
ASOCIACION
NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y CONEXOS, AC
| El secretario
Edgar Martín Ramírez Pech: |
Se va dar lectura a un oficio.
«Escudo.- Asociación Nacional de la
Industria de Bebidas Alcohólicas y Conexos, AC.
Doctor Mario Gabriel Budebo, director
general de planeación tributaria.- Servicio de administración tributaria.- Secretaría
de Hacienda y Crédito Público.- Presente.
En relación con la reunión celebrada el
día tres del mes en curso, con usted y estando presentes el licenciado Tomás Ruiz
González y el contador público Rafael Obregón Castellanos y los señores José
Villanueva Barragán, Daniel Martínez Granados y Eduardo Morones Bulnes, miembros del
consejo directivo de la Asociación Nacional de la Industria de Bebidas Alcohólicas y
Conexos, AC, en la que se propuso analizar los efectos financieros, económicos y
administrativos que impactan a la industria de bebidas alcohólicas la aplicación de las
reglas 6.2.16 y 6.2.17 de la Resolución Miscelánea para 1998, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el día 9 de marzo de 1998, para efectos a lo establecido por el
artículo 2o.-D de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que fue
adicionada; la ley en la Miscelánea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la
Federación el día 29 de diciembre de 1997.
Presentamos a usted los resultados de los
análisis que llevamos a cabo, que consisten en lo siguiente:
CONTENIDO
Anexo A. Envasado de 100 mil cajas que se
enajenan anualmente.
Anexo B. Comerciante mayorista que enajena
15 mil cajas anuales.
Anexo C. Detallista que enajena 5 mil cajas
anuales con el público en general.
El mecanismo estipulado constituye una
carga financiera excesiva al convertir al proveedor (el que enajena bebidas alcohólicas
en envases de vidrio reutilizados) en retenedor y obligarlo a cubrir el impuesto por
cuenta de terceros, antes de que este último le pague el importe de la venta y el
impuesto tradicional trasladado.
Se propuso en la reunión considerar un
plazo, para el pago y entero del impuesto retenido, de 60 días, congruentes con el
comportamiento que regularmente muestra el mercado.
Debido a que los contribuyentes con mediana
capacidad administrativa presentan el pago y entero de los impuestos en forma trimestral,
se consideró en el presente estudio el plazo para el entero y pago del impuesto retenido,
así como su compensación por parte del adquirente, al siguiente mes del trimestre
subsecuente al que corresponda la enajenación.
Asimismo se consideró que en los casos que
el impuesto con derecho a compensación sea mayor al impuesto a cargo tradicional, la
diferencia a favor, tal como se propuso en la reunión, se podrá compensar contra el
impuesto sobre la renta. Para efectos de este estudio se toma en cuenta para el mayorista
una utilidad del 10% sobre el precio de adquisición. Este contribuyente, además de tener
derecho a la compensación del impuesto como adquirente, también es retenedor por el
traslado del impuesto que efectúa como enajenante a los detallistas de los mismos bienes
en envases de vidrio reutilizados, como se podrá observar en el anexo B.
En el primer ejercicio, el mayorista
obtiene una utilidad bruta de 79 mil 961 pesos y el saldo a favor por compensar en ISR es
de 77 mil 123 pesos, que representa el 96.5% de sus utilidades; la tasa actual es del 34%.
En el segundo ejercicio obtiene una
utilidad bruta de 94 mil 602 pesos y el saldo a favor por compensar en ISR es de 278 mil
409 pesos que representa el 294.295% de sus utilidades.
En el caso de los detallistas se consideró
una utilidad del 25% sobre el precio de adquisición. Los ingresos totales de éstos para
efectos de aplicación del 2.5% del ISR, incluye el impuesto tradicional como parte del
precio de venta, por lo que el impuesto tradicional también causará ISR, como se puede
observar en el anexo C.
El impuesto en exceso que le resulta
después de compensar contra el ISR hasta por el monto que le corresponde, en el primer
ejercicio es de 25 mil 957 pesos y en el segundo es de 91 mil 748 pesos.
Respecto a los precios de venta en
relación con los costos de fabricación, éstos varían dependiendo de la gradación
alcohólica, pues un producto a 38% Alc. vol. utiliza para una caja con 12 litros, 4.750
litros de alcohol a 96 grados; en cambio, un licor a 26% Alc. vol. por cada 12 litros,
utiliza 3.250 litros de alcohol de 96 grados, lo que representa una diferencia del 31.6%
entre ambos.
Sin embargo, para efectos globales de los
estudios que le presentamos el 28 de febrero de 1998, el análisis de costos unitarios de
bebidas se hizo a 38% Alc. vol. como promedio representativo; asimismo, los costos son
actualizados a esa fecha.
En este estudio presentamos corridas
financieras de productos con gradaciones a 30 grados y 38 grados.
Otro aspecto a tomar en cuenta se refiere a
los envíos foráneos de nuestros productos. Estos son documentados en la fecha en que la
mercancía es entregada a la compañía de transportes, que considera viable para su
transportación cuando la carga cubre el 100% de su capacidad, el tiempo que transcurre
desde nuestra entrega a la salida de ruta puede ser de seis a 12 días, con lo que se
causa una demora en el cobro de la venta y de la citada retención del impuesto. Por
costumbres y usos mercantiles, las condiciones de crédito son de 60 días, fecha de
entrega de mercancía.
Estos plazos también se alargan debido a
que los agentes foráneos, por las grandes distancias que abarcan, casi nunca coinciden
con los vencimientos de pago; en resumen, el plazo para la recuperación de la cartera
llega a ser de 90 días.
Cabe señalar que si observamos los
principios de contabilidad generalmente aceptados, aun cuando las reglas de la Miscelánea
Fiscal para 1998 adecuaron el artículo de referencia, la esencia de este gravamen no
cumple con dichos principios, al tener carácter de retención en la enajenación.
Respecto a esta nueva mecánica de
tributación fiscal, mencionaremos lo siguiente:
1. Cuando hablamos de desdoblamiento del
impuesto de referencia, existe controversia, ya que en la generalidad de los preceptos
fiscales, la mecánica de retención se aplica a lo siguiente: las retenciones por
"pagos" de salarios, arrendamientos, honorarios, dividendos, intereses
etcétera, se efectúan al momento de su pago, con derecho al acreditamiento o
compensación contra el impuesto anual que le corresponda.
El impuesto señalado es contrario al
espíritu tradicional de la ley, al retener dicho gravamen en la enajenación (genera un
"cobro") de bebidas alcohólicas en envase de vidrio reutilizado conforme a una
tabla, cuando el impuesto tradicional se causa conforme a una tasa, por lo que no se
observan los principios de consistencia, equidad y proporcionalidad.
2. Cuando el impuesto tradicional a cargo
del enajenante sea inferior al impuesto que le retienen, en esta nueva fórmula de
aplicación del IEPS, genera un saldo a favor después de compensarlo contra el ISR, este
saldo ¿podrá ser compensado contra otros impuestos? ¿Procederá su devolución o se
compensará en el futuro?
3. La compensación del impuesto retenido
deberá corresponder a la misma categoría (capacidad del envase) y gradación alcohólica
(tasa tradicional del impuesto). En vista de lo complejo y laborioso que resultaría
identificar y calcular para efectos de este estudio, el impacto financiero por categorías
y gradación alcohólica, solamente se consideró en forma independiente el impuesto
retenido como adquirente, del traslado como enajenante.
4. Los que enajenen bebidas alcohólicas en
envases de vidrio reutilizado proporcionarán al adquirente, constancia del traslado del
IEPS. Esto representa una carga administrativa que duplica la cantidad de expedición de
documentos, porque además de la propia factura que es un documento por cobrar propio de
la operación y actividad del enajenante, ahora se debe expedir la constancia del impuesto
retenido por cobrar al adquirente.
Es de señalarse que esta constancia de
retención del impuesto por cobrar a clientes, no es un documento base de la acción en
juicios mercantiles, en caso de clientes morosos.
5. Los registros contables por este
impuesto serían los siguientes:
Impuesto tradicional
Clientes 184 pesos; ventas 100 pesos; IEPS
por pagar 60 pesos; IVA por pagar 24 pesos.
Retención del impuesto
IEPS por cobrar a clientes 24 pesos; IEPS
retenido por pagar 24 pesos.
Este segundo asiento contable deberá
registrarse en cuentas de orden, ya que no debe formar parte en la determinación del
resultado de sus operaciones y en la presentación razonable de la situación financiera
de la empresa, para cumplir con los principios de contabilidad generalmente aceptados y
las correspondientes normas de auditoría.
6. Este impuesto obligará a implementar
procesos administrativos, operativos y de control interno complejos y difíciles de llevar
a cabo, además de los efectos negativos financieros que se darán en relación a lo
siguiente:
Cuando la cuenta por cobrar sea morosa o
incobrable.
La falta de recursos disponibles para
cubrir el impuesto retenido, no cobrado y
En los descuentos, devoluciones y cambios
físicos posteriores a la enajenación.
7. Es de mencionarse que algunos
envasadores, para ciertos productos, no utilizan envase de vidrio reutilizado, sino
botella nueva. Como ejemplo de norma oficial mexicana del tequila y próximamente del
mezcal, obliga a envasar solamente en botella nueva.
En el resto de los productos, sin embargo,
hay ocasiones que por falta de disponibilidad en el mercado de envases reutilizados, deben
adquirir botella nueva. Lo anterior complica la identificación de las botellas en los
procesos de envasamiento.
Las controversias son difíciles de
conceptualizar, por lo que insistimos en la derogación del artículo 2o.-D del Impuesto
Especial Sobre Producción y Servicios, reiterando la enorme carga financiera y
administrativa que representa, además de que este impuesto no tiene carácter
recaudatorio.
Atentamente.
México, D.F., a 13 de marzo de 1998.-
Asociación Nacional de la Industria de Bebidas Alcohólicas y Conexos, AC.- Daniel
Martínez Granados, coordinador general.»
VER
DUCUMENTO 5
De conformidad con el artículo 27
inciso B de la ley Orgánica del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
túrnese a las comisión de Hacienda y Crédito Publico.
TERMOELECTRICA DE PETACALCO, GUERRERO
Tiene la palabra hasta por 10
minutos, la diputada María de la Luz Núñez Ramos, del grupo parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática, para referirse a los efectos ambientales de la
termoeléctrica Petacalco, Guerrero.
| La diputada
María de la Luz Núñez Ramos: |
Muy estimados compañeros diputados:
La LVII Legislatura tiene confiada una
inmensa esperanza mexicana: la sociedad espera de nosotros la construcción de consensos y
de entendimientos para formular las leyes de la transformación democrática y para
encontrar soluciones a muchos de los más ingentes problemas nacionales.
Hago votos por un clima de respeto mutuo,
de diálogo entre los 500 diputados del Legislativo con los otros poderes. Cada uno de
nosotros somos depositarios de soberanía; tenemos igualdad de derechos y obligaciones.
Ojalá y seamos capaces de superar el clima de tensión y el lenguaje agresivo y
degradante, para convertir la polémica, por apasionada y confrontada que sea, en un medio
para la edificación de acuerdos.
Acudo a esta suprema tribuna nacional por
mandato expreso de mis electores y de los presidentes de las comisiones de Energía,
Agricultura, Ecología y Desarrollo Social, como consecuencia de una reunión que
sostuvimos con ciudadanos de Petacalco, municipio de La Unión, Estado de Guerrero y
también de otras que hemos realizado en Zihuatanejo con empresarios de turismo,
pescadores, ecologistas, con la pluralidad del distrito que represento.
Tengo una alta estima por la función
social que desempeña la Comisión Federal de Electricidad como empresa estatal
estratégica del sector energético, valoro el heroísmo de los trabajadores manuales,
técnicos, profesionistas y científicos; sobre las hazañas de su esfuerzo y de su
talento recaen las posibilidades nacionales de desarrollo de la electrificación armónica
y del confort de los mexicanos. Es por ello necesario que la administración de la
Comisión Federal de Electricididad sea congruente con el papel de sus trabajadores.
Nos apena que por interés mercantil, como
antes de la nacionalización, con frecuencia olviden los intereses sociales, políticos y
económicos, que no propicien el desarrollo de los pueblos y ciudades en donde se genera
el fluido y los de los campesinos que son expropiados de las tierras en donde se
construyen las presas, se instalan las plantas o por donde pasan las líneas de
transmisión.
Por desgracia, la Comisión Federal de
Electricidad se parece a un terrateniente cuyos activos crecen sobre la miseria de lo
expropiados con indemnización tardía y barata. La industria eléctrica sufre de una
alarmante vulnerabilidad: los constantes apagones y la obsolescencia de plantas, líneas e
instalaciones en el centro del país, el accidente en la planta Casa Bella de San Nicolás
de los Garza, Nuevo León, que provocó un apagón que dejó sin luz a 8.5 millones de
personas y paralizó a la industria en amplias regiones de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo
León y finalmente el conflicto de Petacalco.
Son llamadas de atención que no se deben
subestimar. Convoco a esta legislatura y a las comisiones correspondientes a tomar las
medidas presupuestales y políticas para superar tan peligrosa coyuntura.
A pesar de intensos esfuerzos de gestión,
de reiteradas invitaciones a los directivos de la empresa estatal para atender con
oportunidad las inconformidades. Pescadores, colonos, agricultores, ciudadanos de
Petacalco en los límites de Guerrero con Michoacán, desesperados por la falta de
diálogo y cansados de tantas promesas incumplidas, se instalaron en bloqueo permanente y
pacífico en los accesos de la termoeléctrica Plutarco Elías Calles.
La inconformidad se acumuló por la
indiferencia y las calamidades provocadas por la termoeléctrica de Petacalco y la
irresponsable derrama de contaminantes en las aguas del río Balsas.
La Comisión Federal de Electricidad no
resuelve ninguno de los problemas de fondo, no adopta medidas preventivas y los
correctivos e indemnizaciones no llegan. En cambio, han dilapidado cientos de millones de
pesos en dádivas clientelares, en señal de buena fe.
Los luchadores que sostienen el bloqueo
autorizaron durante una hora diaria el relevo de 130 trabajadores que aseguren la
operación y el mantenimiento. Este gesto debe de aprovechar se a un acuerdo antes de que
venza el plazo mutuamente convenido el 28 de marzo.
Las autoridades federales y estatales
cometerían un grave error intentando un desgaste, dejando pasar el tiempo.
Nos preocupa sobremanera el ecocidio
provocado por los aceites, las grasas, los cloros y todo tipo de químicos usados para la
limpieza, el mantenimiento y la operación de las turbinas de la presa Infiernillo y de
todas las plantas, aguas arriba, que son irresponsablemente derramadas aguas abajo del
río Balsas, provocando daños irreparables a más de 1 mil familias que viven de la
pesca, a tal grado que decayó en casi un 90%.
La captura escasa aparece visiblemente
contaminada con sabor a aceite, la termoeléctrica de Petacalco sigue dañando al
ecosistema, el agua empleada para el golpe térmico calienta hasta en seis grados
centígrados el agua de la bahía de Petacalco, disminuyendo las posibilidades de vida de
especies marinas.
Las gravas de erosión borraron las
hermosas playas, desapareciendo las arenas polvillas, la vibración constante deterioró
las viviendas y hace imposible la vida en la zona circundante a la planta. La
termoeléctrica consume combustóleo como vestigio de la tecnología más anticuada.
Debido a ello, la ceniza y la lluvia ácida, más dañinas que las del Popocatépetl han
perjudicado la producción de mango y de papaya, haciendo imposible el cultivo de
hortalizas.
Un distrito de riego altamente productivo
de satisfactores humanos se ha convertido en zona de desastre. Los comercializadores
castigan el precio del mango por el señalamiento de la contaminación y por los daños en
apariencia de la fruta. Los árboles sufren envejecimiento prematuro. No hay empacadoras,
no hay envasadoras y ningún centro para agregar valor .
Son muy graves los perjuicios a la salud de
la gente. El agua de consumo humano, en donde la hay, es turbia e insalubre, en la región
no existe un solo hospital. La construcción, bajo la responsabilidad de la Comisión
Nacional del Agua, de la importante obra Delta del Balsas, para acercar la toma del agua
para la termoeléctrica para proteger al puerto Lázaro Cárdenas y a las principales
plantas industriales de la costa michoacana, acabó con la margen sur izquierda del río,
asesinó el mangle, a los esteros y despojó a los pescadores de su fuente de vida.
La termoeléctrica no genera empleo en la
región ni derrama económica, pues la mayoría de los trabajadores de la Comisión
Federal de Electricidad viven en Lázaro Cárdenas, los pescadores cooperativistas,
campesinos y artesanos y todo el pueblo, hombres y mujeres, lamentan y sufren la falta de
respaldo para sus apoyos productivos.
La planta Plutarco Elías Calles produce
casi el 12% del total del fluido nacional y agregando la generación de La Villita y de
Infiernillo entre La Unión y Coaguayutla, por el lado de Guerrero, se aporta cerca del
15% del total nacional. Desde aquí se exporta electricidad y en cambio el 70% de la
localidad de Coaguayutla y más del 50% de La Unión viven en tinieblas. La situación de
las localidades michoacanas es similar.
La responsabilidad de los daños causados a
la región recae en la Comisión Federal de Electricidad.
El gobierno del Estado tampoco acierta,
mantiene al campo marginado, sin inversión ni crédito, la carretera es una
barranca-pista y el bulevar de Petacalco, aún no concluido, ya parece obra vieja.
Nos pronunciamos por una solución
pacífica y proponemos a ustedes el siguiente punto de acuerdo, los siguientes puntos de
acuerdo.
Primero. Se exhorta a las autoridades de la
Comisión Federal de Electricidad a iniciar cuanto antes las pláticas para buscar
solución negociada y pacífica al conflicto.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo Federal a
integrar una comisión intersecretarial con las dependencias y gobiernos municipales y
estatales involucrados, que formule un plan integral de inversión para el desarrollo de
la zona de Petacalco, La Unión, Coaguayutla y municipios ribereños de Michoacán donde
se genera el fluido eléctrico y que debe contemplar programas específicos para resolver
las demandas de campesinos, pescadores, mujeres cooperativistas y de toda la sociedad.
Tercero. Se crea una comisión plural
integrada por diputados de las comisiones de Energéticos y Ecología y Medio Ambiente,
para que de inmediato se trasladen al lugar del conflicto, escuchen y atiendan, en el
marco de la competencia del Poder Legislativo, las demandas de los habitantes y sea factor
de coadyuvancia ante quien corresponda, para la resolución de los problemas planteados.
Muchas gracias.
Para hablar sobre el mismo tema,
también se ha inscrito la diputada María Gloria Ocampo Aranda, del grupo parlamentario
de Acción Nacional, quien tiene la palabra hasta por 10 minutos.
| La diputada
María Gloria Bernardita Ocampo Aranda: |
Con su venia, señor Presidente:
Para los guerrerenses, que siempre hemos
sufrido de violencia, injusticia, abandono, en el aspecto de educación también hay un
gran rezago. Ahora también tenemos este problema ecológico en esta comunidad de
Petacalco.
He estado muy de cerca siguiendo este
asunto con la comisaria de esta comunidad del municipio de La Unión, una mujer también
interesada en todos los problemas que hay en esa comunidad, que los lugareños le
encomendaron para que esté al pendiente y fortalezca y sea para bien de todos. Ella está
preocupada por esta situación.
Le preocupa que los campesinos, que tienen
huertas de mango, ya no puedan vivir de esta actividad; le preocupa que los pescadores que
se dedican a esto, que son 700 aproximadamente, también ya no puedan vivir de esto porque
las aguas están contaminadas y se pregunta, ¿de qué van a vivir estas personas?
La escuela que estaba cerca de esta
termo-eléctrica, la Lázaro Cárdenas, tuvieron que cambiarla de lugar por el movimiento
tan constante, que los niños se asustaban y las paredes se abrían como si hubiera
temblor cada cinco minutos. Tuvieron que cambiarla de lugar.
Las personas también se han visto
afectadas en su salud. Y para el Partido Acción Nacional es un bien biológico,
sicológico y social, que debe promoverse desde diferentes órdenes del Gobierno Federal,
estatal y municipal, cuidando celosamente el bienestar de las personas.
Estas personas de Petacalco están
pidiendo, preocupadas por esto, que se les indemnicen.
Han hecho paros enfrente de esta
termoeléctrica y han solicitado que nadie pase y sólo el miércoles pasado permitieron
que pasaran 150 personas a trabajar en esta termoeléctrica, a darle un poco de
mantenimiento.
Es una termoeléctrica muy grande, lo
sabemos, aproximadamente hay 500 trabajadores de planta siempre y 500 más que están
tratando de darle mantenimiento a esto, que están actualmente.
Estos ciudadanos de Petacalco están en
diferentes lugares; están bloqueando las cinco entradas que hay en esa termoeléctrica;
están en un plantón también en el zócalo y también las personas que tienen sus
enramadas, se ven afectadas porque ya no hay turismo y también quisieran que se les
indemnizaran.
Nosotros, el Partido Acción Nacional,
estamos conscientes de que debe de atenderse este asunto, que es realmente urgente para
los guerrerenses de Petacalco.
También estamos conscientes que la
termo-eléctrica es algo necesario para el desarrollo de México.
Por tal motivo, pues, nos unimos a este
punto de acuerdo para que las comisiones señaladas, como Energéticos, Protección Civil,
se aboquen a ir y analicen esto, que le pongan ese entusiasmo, que se sientan guerrerenses
para que vean esta problemática de nuestros conciudadanos y se aboquen a dar un
tratamiento adecuado, tomando en cuenta la termoeléctrica que es importante para México,
pero también tomando en cuenta a los ciudadanos de Petacalco que solicitan el apoyo de
los legisladores aquí presentes, para el bienestar de toda la familia, de todos esos
niños que actualmente tienen algún problema de salud.
Muchas gracias.
Para el mismo tema tiene la palabra
hasta por 10 minutos, el diputado Vicente Fuentes Díaz, del Partido Revolucionario
Institucional.
| El diputado Vicente Fuentes Díaz: |
Me he permitido intervenir en este
asunto, porque creo conocer sus antecedentes desde hace tiempo, ya que desde que estuve en
el Senado, se iniciaron las gestiones por grupos sociales de esa parte de la costa
guerrerense, la que hoy es sujeta a debate, para la dotación de un mayor volúmen de
energía eléctrica, que era y es absolutamente necesaria, no solamente para surtir a la
parte de la costa de Guerrero, que tiene a Petacalco como núcleo fundamental, sino
también de otras regiones de la República, del occidente y del centro, en vista de que
era ya necesario un mayor volúmen de fluido, para atender los requerimientos económicos
y poblacionales en esta materia.
Se inició en efecto, en 1984 la
construcción de la central termoeléctrica Plutarco Elías Calles, que va a tener una
amplia repercusión, en una área que llega hasta el centro de la República y que va o
está siendo operada mejor dicho por combustóleo y por carbón, que se obtiene de la zona
de Lázaro Cárdenas, una de las razones por las cuales esta termoeléctrica fue cerca de
el puerto industrial de Lázaro Cárdenas.
A través de las subestaciones de Pitidera
y Donato Guerra, la central Plutarco Elías Calles va a abastecer de fluido a una
importante zona, como dije, del occidente y del centro de México, con vistas a extenderse
hasta Pie de la Cuesta del Estado de Guerrero.
Es la planta considerada por la Comisión
Federal de Electricidad, que ha recibido hasta ahora en todo el país, la mayor atención
de tipo ambiental, para que sus efectos no produzcan los resultados que ahora son objeto
de este debate.
Sin embargo, a partir del 16 de marzo y en
vista de quejas anteriores, pescadores y otros grupos de la región de Petacalco,
iniciaron un plantón a las puertas de la central termoeléctrica, que ha disminuido
notablemente la productividad, al grado de que el día de ayer la termoeléctrica
solicitó urgentemente a quienes tienen bloqueadas sus entradas, que les permitieran la
introducción de un camión de sosa, que es capaz de producir agua, porque de otra manera
la planta dejaría de funcionar.
A la fecha, solamente cinco de sus seis
unidades están en operación y existe el peligro de que si no se resuelve de inmediato
ese problema y nosotros deseamos que se resuelva favorablemente para todas las partes
involucradas, puede haber una falta de energía eléctrica que dañe en grado muy
considerable la zona, la actividad, la vida poblacional.
No es cierto que ni el gobierno del Estado
ni la Comisión Federal de Electricidad, hayan puesto oídos sordos a las demandas que
desde hace algún tiempo han presentado pescadores, agricultores y grupos sociales
respecto de los daños que supuestamente causa en sus descargas esta planta Plutarco
Elías Calles.
El gobierno del Estado y la Comisión
Federal, han estado atentas a ese problema. Y la Comisión Federal de Electricidad ha
obtenido del Instituto Nacional de Ecología, un dictamen favorable desde el año de 1990,
de que el impacto ambiental de esta termoeléctrica, no daña en el grado en que aquí se
ha venido a manifestar, las actividades que pudiese haber afectado.
Por lo que respecta a la descarga técnica
que supuestamente daña también a la agricultura, ha sido por parte de la Comisión
Federal de Electricidad una atención permanente que le ha permitido obtener también del
Instituto Nacional de Ecología, un dictamen favorable en el sentido de que esta descarga
térmica, no daña, como se dice, a la agricultura y particularmente a la producción de
mango.
El gobierno del Estado y estoy autorizado
para decirlo, se mantiene en la mejor disposición de iniciar pláticas con quienes
realizan el plantón a las puertas de la termoeléctrica, con objeto de buscar mediante el
diálogo y la concertación, un acuerdo positivo, que además de satisfacer las demandas
de los quejosos, permita a la planta continuar sus labores y se eviten los graves daños
que pueden producirse en el futuro por la limitación de su productividad.
Por otra parte, la Comisión Federal de
Electricidad también está dispuesta a tomar parte en esta concertación, de manera que
se pueda lograr el acuerdo satisfactorio que todos deseamos.
En consecuencia, no ha habido ni cerrazón
ni intransigencia ni oídos sordos, como aquí se ha dicho, del gobierno de mi Estado ni
de la Comisión Federal de Electricidad, para atender este problema.
Por otra parte la Comisión Federal de
Electricidad ha propuesto a varios poblados del municipio de La Unión, de la propia
ciudad de Peta calco y de otras comunidades, para efectuar de inmediato una serie de
obras, que aparte de abastecer de fluido aquellos lugares que carezcan todavía de él,
puedan llevar a cabo la conjunción de un sinnúmero de obras públicas que son
evidentemente de urgencia, como son: escuelas, pavimentación de calles y otras obras más
de servicios públicos indispensables.
Tengo aquí, me fue hoy en la mañana
pasado, un documento de la Comisión Federal de Electricidad, en donde detalla
pormenorizadamente las obras que están dispuestas a realizar en apoyo del sector
pesquero, en apoyo de los ejidatarios de Santiago Zacapula y El Naranjito, de Petecalco,
de San Francisco, y de otros más, para realizar las obras que se consideran
indispensables desde el punto de vista del progreso económico y social.
No se trataría de "taparle el ojo al
macho", con estas obras. Reitero que existe la mejor buena voluntad para que se
realicen de inmediato las pláticas entre los sectores afectados.
Encontrándose así las cosas y viendo que
hay...
Concluya por favor el orador.
| El diputado
Vicente Fuentes Díaz: |
Ahorita concluyo señor Presidente:
En nombre de mi partido pido que se rechace
el punto de acuerdo propuesto desde esta tribuna, en vista de que no existe ningún
impedimento para que se cumpla el acuerdo de que de inmediato...
El tiempo ha concluido, le pido a la
Oficialía Mayor, retire el micrófono al orador.
| El diputado
Vicente Fuentes Díaz: |
Dialoguen respecto de este asunto.
Muchas gracias.
Diputada Laura Itzel Castillo, usted
es la siguiente oradora. ¿Le parece si hace uso de su tiempo de 10 minutos?
Para tratar el mismo tema tiene la palabra
hasta por 10 minutos, la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Partido de la
Revolución Democrática.
| La diputada Laura Itzel Castillo Juárez: |
Compañeras y compañeros diputadas y
diputados:
No coincido en lo que ha planteado aquí en
esta tribuna el diputado Vicente Fuentes Díaz, debido a que existe una gran
contradicción con relación a cómo inicia su intervención y finalmente cómo concluye.
El está planteando la necesidad de que
haya un acuerdo que resuelva la situación favorablemente para todas las partes y sin
embargo, finaliza su discurso, muy largo por cierto, diciendo que se rechace el punto de
acuerdo. ¿Cómo es posible si lo que queremos nosotros es que se haga política, que haya
un diálogo, que haya una solución del conflicto que se está enfrentando en ese lugar de
la República?
Resulta que no existe por la vía de los
hechos, ninguna voluntad política para que efectivamente esto se pueda solucionar.
Yo llamo aquí a que efectivamente se pueda
realizar esta visita, porque lo que está sucediendo allá es muy grave y no es una
situación que se esté dando de una manera aislada en una zona de la República Mexicana,
es la política que se ha seguido en este país, de energéticos, es la política que se
ha seguido en este país con relación al medio ambiente y es la política que se ha
seguido en esta nación con relación al desarrollo social.
Y no es posible, no podemos admitir, que se
plantee que hay desarrollo cuando ese desarrollo no llega directamente a los habitantes de
esa región "y para muestra basta un botón". Justamente en esta zona de la que
se está hablando, se está hablando de un lugar que se llama La Unión Petacalco y
también el caso de Coaguayutla. En este sentido, como es posible que en una región de
Guerrero resulte que no hay energía eléctrica, cuando es donde se localiza la presa
Infiernillo, que genera gran parte de la energía con la que nosotros nos estamos aquí
alimentando; gran parte de la energía en el caso del centro, lo mismo que la central
termoeléctrica.
No es posible que existan este tipo de
contradicciones. En la zona que les estamos hablando de Coaguayutla, resulta que el 90% de
la región no cuenta con energía eléctrica. No es posible que estemos planteando que
existe ese desarrollo y que, por otro lado, estemos ciegos ante una situación real que se
está viviendo en esta región.
En el caso concreto de Petacalco, queremos
decir que si por parte del compañero que ha venido a plantearlo aquí a la tribuna,
Vicente Fuentes Díaz, dice que no ha existido cerrazón por parte de las autoridades de
la termoeléctrica, lo que sí podemos decir es que ha sido la misma actitud que él ha
venido a reproducir aquí y que parece que en lugar de ser representante popular fuera
vocero de la Comisión Federal de Electricidad y no para el puesto para el que fue electo.
Y esto obedece directamente con relación a
quiénes fueron los que los pusieron en esos cargos y en este sentido consideramos
fundamental que nosotros estemos abiertos a una política que tienda a favorecer a estos
sectores, que tienda a favorecer a los pescadores, a los agricultores y a la población en
general.
Aquí se me viene a decir que hay estudios
del Instituto Nacional de Ecología, donde se demuestra que no existe afectación al
ambiente. Sin embargo, basta ir al lugar para darnos cuenta cuál es la situación real
que se está viviendo en esta zona y basta ir simplemente a la Central de Abastos, aquí
en el Distrito Federal, para que vean cómo se está recibiendo el mango Petacalco, que
justamente, por la situación que se enfrenta en esa región, resulta que ese mango ya no
lo compran y ya no es un factor importante para la comercialización debido a qué, debido
a la alta contaminación en esa región.
Sin embargo, aquí se viene a decir que se
cumple con todos los requisitos, conforme a la Ley General de Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente. Sin embargo, la situación es muy distinta de lo que se ve desde
aquí, desde esta tribuna a cuando uno está en esa región.
Y en este sentido, algo que me parece
también digno de revelar aquí es que no es la primera vez que se plantea este asunto.
Este asunto se ha venido planteando desde el Senado de la República y se ha venido
planteando desde la legislatura anterior. Y algo que nos parece verdaderamente indignante
es qué, cuando acude una comisión de diputados y de senadores a la zona, resulta que lo
que hace la Comisión Federal de Electricidad es bajar a la mitad el funcionamiento de las
turbinas de la planta. Es decir, tienen toda una estrategia para que cuando uno acude al
lugar resulte que todo está funcionando supuestamente bajo control.
Y no se puede seguir actuando con esta
política del engaño; no podemos seguir siendo avestruces o que parezca que la situación
se está resolviendo. Estamos en contra de la política de simulación y lo que queremos
es un resultado real en esa región.
Y lo que queremos también plantearles es
que, si desde hace mucho tiempo se ha venido planteando esto y no ha habido una solución,
es que por parte de las autoridades no se ha dado ésta cabalmente, como se ha venido
manejando y que simplemente, queremos decirles, es que, ¿cómo es posible que se va a
efectuar la fotosíntesis y nosotros vamos a la región y resulta que completamente toda
la zona arbolada, todo donde se encuentra la agricultura, está llena de ceniza? Bueno,
pero no hay afectación al ambiente. Se dice que no hay afectación al ambiente cuando los
automóviles están dañados a nivel de su pintura. ¿Por qué? Por el ácido sulfhídrico
y ése lo genera la planta termoeléctrica.
Y finalmente lo que sucede es que no se
puede quitar estas manchas, no se puede quitar estas manchas que quedan marcadas y ¿qué
es lo que sucede entonces con la salud de los habitantes? Esas manchas sí se pueden
quitar, ¡esas manchas sí se pueden quitar con discursos!
Lo que nosotros queremos no es que se
cierre la planta, este país necesita la generación de energía; pero necesita que haya
una industria responsable; que lo que se necesita es que se genere desarrollo real en la
población; que lo que se requiere es que haya una protección a la salud de los
habitantes y lo que se requiere también es que la inventiva de los mexicanos sirva para
ello. Existe equipo para disminuir la cantidad de emisiones contaminantes que hay en esa
región. Existe tecnología alternativa para la generación también de energía.
Sin embargo, ha resultado que por ese lado
nunca se ha explorado y aquí a lo que llamamos nosotros a los compañeros y a las
compañeras de los distintos partidos políticos, es que juntos trabajemos esta situación
y que juntos veamos qué es lo que está sucediendo y que juntos podamos promover una
propuesta realmente alternativa para que la situación en ese lugar no sea algo que se
repita a lo ancho y largo de nuestro país.
¡Creemos que los mexicanos contamos con
una tecnología adecuada!
¡Creemos que los mexicanos contamos con
investigadores, con científicos y con una población muy importante que nos da de comer
aquí a los mexicanos!
¡Que tenemos que defender a los
pescadores, a los campesinos, a las amas de casa, a los jóvenes, porque debemos de luchar
porque todos los mexicanos y las mexicanas tengamos derecho al futuro de México!
Muchas gracias.
| Presidencia del
diputado Alberto Cifuentes Negrete |
Para el mismo tema y hasta por 10
minutos tiene...
| El diputado
Vicente Fuentes Díaz (desde su curul): |
¡Pido la palabra!
¿Con qué objeto, señor
diputado?
| El diputado
Vicente Fuentes Díaz (desde su curul): |
Para contestar alusiones personales.
Para contestar alusiones personales,
hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Vicente Fuentes Díaz.
| El diputado Vicente Fuentes Díaz: |
Voy a ser muy breve, para que no se
alarme usted, señor Presidente.
Yo no creo que haya contradicción en mis
palabras, como lo dijo la respetada diputada que me antecedió en el uso de la palabra.
Yo no niego que haya problemas y que, desde
hace algún tiempo, hay quejas de algunos núcleos; quejas que se han ido exagerando y que
ahora se han politizado por razones que yo no podría explicar aquí, porque yo no
participo de la estrategia del PRD.
Lo que yo digo es que aceptando la
existencia de este problema, es que no hay necesidad de aprobar el punto de acuerdo,
porque las partes involucradas: Comisión Federal de Electricidad, los quejosos y el
gobierno del Estado deben y están dispuestos a iniciar de inmediato el tratamiento de
este problema.
Es todo.
Continuando con la lista de oradores
inscritos para el mismo tema, tiene la palabra el diputado Efraín Zúñiga Galeana, del
Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos.
| El diputado Efraín Zúñiga Galeana: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Sin duda este asunto llama mucho la
atención por la carga de pasión que a veces se pone en las palabras, la carga de pasión
política que se pone en el discurso y eso nos preocupa, porque los problemas de esta
naturaleza existen no solamente en Guerrero, sino en varias regiones del país.
La contaminación en muchas regiones del
país nos preocupa a todos y deseamos que ese problema ecológico se resuelva para bien de
la salud y para el bienestar de los mexicanos.
En lo que no coincidimos es en la carga
política, en tratar de convertir los problemas en problemas políticos, cuando son
problemas técnicos, cuando queremos hacer de problemas técnicos problemas para
desarrollar nuestro propósito de clientelismo electoral, de clientelismo político y
nosotros necesitamos ver que las cosas se planteen con desinterés, con realmente un
propósito de ayudar a la gente, de resolverle sus problemas, de impulsar sus soluciones.
El problema de Petacalco no es nuevo, yo lo
planteé en esta tribuna cuando fui diputado federal en la LV Legislatura; esto data de
algunos años, el problema de los pescadores, el problema de los mangos, el problema de
las palmeras, el problema de los limoneros en esa región de Sacatula, Naranjito; ese
problema ha sido planteado en la tribuna de la Cámara de Diputados y ha habido una
respuesta de las autoridades, tanto del gobierno del Estado como de la Comisión Federal
de Electricidad.
Se ha indemnizado a los productores de
mango, se le ha pagado indemnización a los pescadores, se le ha pagado indemnización a
los productores de limón. En varias ocasiones este problema se ha planteado y muchos de
los pescadores que fueron afectados originalmente ya fueron indemnizados por la Comisión
Federal de Electricidad.
¿Qué se pretende ahora? ¿Inventar nuevos
afectados? ¿Qué se pretende ahora? ¿Inventar nuevos nombres a aquellos que
originalmente ya fueron indemnizados por la Comisión Federal de Electricidad? ¿O
realmente el propósito es levantar una bandera de violencia y de inconformidad en la
región?
Porque nosotros sabemos perfectamente bien
que hay desarrollo en la región. No es cierto, como dice la diputada Castillo, que no hay
desarrollo en la región. Hay desarrollo porque La Unión, ella no conoció a La Unión
hace años, no había camino, no había carretera. Para llegar a La Unión había que
tomar una avioneta muy sencilla, muy modesta, en Zihuatanejo, para poder llegar a La
Unión. Ahora hay carretera. La Unión tiene luz eléctrica, La Unión tiene pavimentadas
sus calles, ahora La Unión tiene un presupuesto que le permite al ayuntamiento atender
las necesidades sociales.
Lo que ha pasado ahí es un enfrentamiento
de las autoridades municipales de Petacalco con las autoridades del ayuntamiento de La
Unión.
Muchas veces el comisario municipal de
Petacalco ha impedido la llegada del presidente municipal de La Unión, porque normalmente
el grupo, los reconocemos, perredistas en Petacalco, ha estado en algunas ocasiones
contando con la mayoría de la población y se ha enfrentado políticamente con el
presidente municipal del municipio de La Unión, que siempre ha sido priísta. Desde hace
varios años el pre sidente municipal de La Unión ha sido del Partido Revolucionario
Institucional.
Nosotros no nos negamos a que se atienda
los problemas. Hay desarrollo en la región no solamente por la atención a Sacatula, no
solamente por la atención a Naranjito, no solamente por la atención que se ha brindado a
las Tamacuas sino porque ahí está Ixtapa-Zihuatanejo, ahí junto está
Ixtapa-Zihuatanejo y está el puerto de Zihuatanejo y está Pentatlán, y está Tecpan de
Galeana y está el Puerto Vicente Guerrero; no es cierto que no haya futuro, los
guerrerenses en esa región tenemos fincadas esperanzas en el futuro porque sabemos que es
una zona con grandes riquezas, con grandes posibilidades de desarrollo y ha habido
propósitos, planes, programas para impulsar esta región.
Lo que ha pasado ahí es que ha habido una
innecesaria confrontación política, es la violencia, es la falta de interés por
respetar la vía legal y el orden jurídico en Petacalco, no es nueva la actitud del PRD
de llegar a cerrar las puertas de la termoeléctrica, de violentar la vida de Petacalco,
de promover el enfrentamiento. Si ustedes van a Petacalco encontrarán muchas veces que
los compañeros del PRD están armados con machetes, con piedras, con pistolas, para
enfrentar cualquier actitud de una autoridad civil, del gobierno del Estado, de la
Comisión Federal de Electricidad o del ayuntamiento.
Nosotros condenamos la violencia, sólo
rechazamos este punto de acuerdo porque introduce factores de desobediencia civil,
nosotros queremos que las cosas se arreglen allá, que los dirigentes realmente respondan
al orden jurídico, al respeto a las autoridades, que no se mienta cuando se afirma que el
80% de los pueblos de esa región no tienen luz eléctrica, no es cierto, mienten, porque
realmente les he dado señales, pruebas, de los pueblos que están totalmente iluminados.
Hay desarrollo en la región, acuérdense de Ixtapa, de Zihuatanejo, ahí está junto el
mismo Lázaro Cárdenas, donde fue asesinado un dirigente del PRD en una taberna, que era
el dirigente de los afectados aquí en Petacalco, que vivía en Naranjito y que dirigía
grupos en Zacatula.
Por eso yo pido que planteemos con seriedad
las cosas, que no propiciemos una situación de enfrentamiento y de violencia en
Petacalco, que busquemos la armonía, que no busquemos en la lucha política la
posibilidad de enfrentar a los ciudadanos, eso lo rechazamos, no lo queremos, no lo
deseamos, deseamos para la región, porque es una región estratégica para el desarrollo
de la Costa Grande, deseamos la paz, deseamos la estabilidad, no queremos enfrentamientos
con las autoridades municipales de La Unión ni con las autoridades de la comisaría
municipal de Petacalco.
Muchas gracias.
Para contestar alusiones personales
tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Laura Itzel Castillo.
| La diputada Laura Itzel Castillo Juárez: |
De ninguna manera estamos proponiendo
un punto de acuerdo que implique lo que estaba planteando el diputado que me antecedió en
el uso de la palabra.
Una de las cosas que creo muy importantes,
es que no se vulgarice el debate y lo que sí les pediríamos a los diputados que
intervengan, que su debate sea de altura. Gracias.
Una de las cosas que nos parece aquí
verdaderamente irreverente, es este discurso provocador que se ha venido a plantear desde
esta tribuna. Justamente lo que nosotros estamos planteando es que tiene que haber
diálogo y que para que haya diálogo tiene que haber un entendimiento de las partes y no
actitudes como las que se vienen a asumir aquí, de cerrazón y de falta de entendimiento,
porque donde yo dije que el 80% de la población no cuenta con energía, fue en
Coaguayutla y no en todo el municipio de La Unión, señor diputado.
Que si como plantea este tipo de asuntos
tergiversa todo, difícilmente vamos a encontrar una solución a la situación que padecen
los habitantes no nada más de ahí, los habitantes en muchas regiones del país, que lo
que se requiere es de una política energética responsable y de lo que se requiere
también es que haya apoyo a la producción, que haya apoyo al campo.
México, en los años sesenta, exportaba
granos; México, actualmente, es muy dependiente para su alimentación e importa granos,
¿ése es el tipo de desarrollo al que aspirarnos? ¿Ese es el proyecto de nación que
queremos?... Eso es lo que se viene a defender aquí por parte de los diputados del PRI.
A mí me parece que también existe una
concepción equivocada al considerar que a través de la indemnización se va a resolver
todo el conflicto; resulta que es justamente el problema que se tiene con relación a qué
es lo que sucede en torno a los distintos proyectos de desarrollo y cuál es la
concepción que está atrás de ese supuesto desarrollo.
Una de las cosas que ha hecho que no se
resuelvan los conflictos en las distintas regiones, es justamente esa política de la
indemnización, porque justamente a través de la indemnización no va a ser como se va a
producir más en esa región; lo que se requiere es apoyo y proyectos productivos, porque
finalmente al dañar una región se indemniza y finalmente el dinero no es macho y hembra
para reproducirse; el dinero se acaba y ya no hay que sembrar y ya no hay que pescar,
¿por qué?, porque las tierras en esa región, por si no lo saben, están completamente
salinizadas.
Y eso se debe a la producción que se ha
venido llevando a cabo en ese lugar y eso se debe también a la implantación de esta
industria tan importante y estratégica para el país que tenemos que defender todos y
todas las mexicanas; por eso, a lo que llamamos es a asumir una política con
responsabilidad, a que los diputados y las diputadas aquí asumamos justamente el
compromiso que tenemos ante la nación y a que busquemos juntos soluciones.
Y desde aquí rechazamos tajantemente lo
que se ha venido planteando por el diputado que me antecedió, que es justamente una
provocación. Cuando vayan a Petacalco, justamente los habitantes de esa región los van a
recibir pero con flores, porque mientras exista esta política de odio, esta política de
insidia, como es la que se ha venido a plantear aquí, no vamos a resolver las cosas;
necesitamos actuar responsablemente y en conjunto para llevar a cabo una solución.
Por eso, los invito, compañeros y
compañeras, a que nos quitemos esa venda de los ojos y trabajemos juntos y los invito
como una propuesta de solución a esta situación, a que este asunto se turne a la
Comisión de Energéticos y de Ecología, para que desde ahí le demos un seguimiento
cabal a esta situación y juntos logremos dar una solución a este conflicto que nos
preocupa a tantos y a tantas.
Muchas gracias.
Por favor,... tiene la palabra para
rectificar hechos, el diputado Efraín Zúñiga Galeana, hasta por cinco minutos.
| El diputado Efraín Zúñiga Galeana: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Desde luego que rechazo el argumento de la
diputada Castillo, de que yo vine a esta tribuna en plan de provocador o que mi
intervención no tuvo la altura parlamentaria que ella reclama.
Quiero decirle que mi intervención fue
seria, fue responsable, las palabras que dije las he dicho fundamentalmente con respeto a
la vida parlamentaria de esta Cámara y en ningún momento mis palabras llevaron el
propósito de hacer una ofensa a los diputados y diputadas que integran esta legislatura.
Fui serio, fui responsable. Nosotros
hacemos una convocatoria a que respetemos el orden en la región de La Unión; que no haya
enfrentamientos. Establecí que en varias ocasiones se ha indemnizado a productores de
copra. Yo incluso fui dirigente de los productores de copra de la región de Costa Grande
y de Costa Chica; se ha indemnizado a los productores de copra y se ha indemnizado a los
productores de limón; se ha indemnizado a los pescadores.
Inicialmente hubo una lista de pescadores
afectados, porque ahí se capturaba ostión, en la región de Petacalco y era la única
fuente de actividad de los pescadores, además de que es una región donde se produce en
alta mar, don de se captura en alta mar huaguchinango. Se indemnizó en 1991 a los
pescadores. Ahora se ha traído nuevas listas. Bueno, vamos a revisar las listas de los
primeros indemnizados y de los nuevos pescadores que se están agregando a las solicitudes
de nuevas indemnizaciones. Es cosa muy sencilla y esto lo tienen que hacer las
autoridades, los dirigentes de las organizaciones de allá, revisar el censo de pescadores
que se presentó originalmente.
No cada vez que haya un conflicto político
vamos a utilizar la termoeléctrica para hacerle plantones, para frenar sus entradas o
para hacerle solicitudes de nuevas indemnizaciones.
Nosotros creemos que éste es el problema,
una actitud de violentar procedimientos ahí, de alterar la paz, de un grupo de dirigentes
que cada vez que quieren dinero hacen plantones, bloquean las entradas de la
termoeléctrica y nosotros creemos que de esa manera no se resuelven los problemas.
Estoy de acuerdo, necesitamos buscar, con
racionalidad, la solución a problemas concretos como ese que nosotros hemos visto que se
ha desenvuelto a lo largo de varios años en Petacalco. Estamos de acuerdo en que haya una
apertura democrática en todos los diputados de esta Cámara o bien en todo el país, para
que con un sentido plural podamos todas las fuerzas políticas de México plantear los
problemas y encontrar una solución.
No sostenemos criterios de trogloditas para
enfrentar los problemas del país; queremos soluciones democráticas, pero no queremos
enfrentamientos ni violencia o ¿cómo creen ustedes que debe resolverse un plantón y un
bloqueo?
Que venga entonces la diputada Castillo y
le diría: bueno, le falta a usted altura, porque el primer compromiso político que debe
de hacer, es que los perredistas que bloquean la entrada a la termoeléctrica, que están
impidiendo su funcionamiento, entreguen las piedras, que entreguen los machetes, que
entreguen las armas, que no se constituyan en una amenaza para la paz de la región.
De esta manera sí la entendemos; en el
orden, en la paz, sin la violencia, busquemos la solución a los problemas del país y
estamos de acuerdo el grupo parlamentario del PRI en que este asunto pase a la comisión,
para que se dictamine ahí.
Tiene la palabra el último orador
registrado para este mismo tema, diputado Jesús Samuel Maldonado Bautista, hasta por 10
minutos.
| El diputado
Jesús Samuel Maldonado Bautista: |
Con su venia, señor Presidente;
compañeros del Partido Revolucionario Institucional:
Es realmente preocupante lo que pasa
alrededor de la Comisión Federal de Electricidad. Habría que recordar que esta empresa
fue creada precisamente como un baluarte, como un pilar del desarrollo nacional y uno de
los creadores fundamentales lo fue el general Lázaro Cárdenas del Río.
¿Y por qué fue creada esta empresa, cuyo
dominio estaba en ese entonces en México en el desarrollo de la energía eléctrica en
manos de extranjeros?, precisamente porque las empresas extranjeras buscaban un desarrollo
muy parcial de México, se dedicaban exclusivamente a atender las capitales de los estados
y dejaban todo el territorio nacional a oscuras, con unos procesos de electrificación que
iban muy lentamente, pero además estas empresas veían el usufructo de esta energía como
una forma de enriquecimiento para las mismas y recuérdese que por cada dólar de
inversión era un dólar que salía del país.
Esta situación de desatención dio marco a
que otro presidente de la República Mexicana, el licenciado Adolfo López Mateos,
recientemente en forma relativa expropiara esta industria y quedase en manos del gobierno
y del pueblo de México. Y nos preocupa el desinterés que actualmente mantiene la
Comisión Federal de Electricidad en esa región del Pacífico, porque es similar a la que
se sostiene en otras industrias, también en manos de mexicanos y del Gobierno y que
siguen, continúan contaminando mares, aires y tierras, en perjuicio directamente de los
mexicanos.
Nos preocupa porque la era del
neoliberalismo y de la privatización generalizada son motivo suficiente para que voces
nuevamente griten y se arrebate esta empresa en manos mexicanas, para hacerla pasar
nuevamente a manos extranjeras, con las terribles consecuencias que hemos tenido hasta
estos momentos en la historia del país.
No es, pues, el exigir una demanda a la
Comisión Federal de Electricidad y a las promesas permanentes de que ésta va a cumplir
con esas demandas. Aquí el compañero del Partido Revolucionario Institucional indicaba
que desde la LV Legislatura vienen atendiendo este problema y los resultados son
totalmente ineficientes. Nosotros pedimos que en actos congruentes, en busca realmente de
soluciones a los problemas, se turne esta iniciativa a las comisiones de referencia. No
estamos en busca de mayores problemas, sino en la solución a los mismos, ésa es la
técnica y ése es el espíritu de los miembros del Partido Revolucionario Institucional,
que seguramente es compartido con los miembros de Acción Nacional y con los compañeros
del Partido Revolucionario Institucional.
Es por eso, compañeros, que pedimos que se
turne esa situación, que esta comisión venga y nos dictamine y nos indique aquí qué
efectivamente está pasando, para hacer cumplir a una empresa con los propósitos
originales por los que fue fundada esta industria.
Muchísimas gracias.
Se turna la petición a las
comisiones de Energéticos y Ecología y Medio Ambiente.
Le rogamos a la diputada María de la Luz
Núñez Ramos entregue a la Secretaría el escrito de su solicitud.
DISTRITO
FEDERAL
Para tratar el asunto relativo al
abasto de agua en el Distrito Federal, se han registrado los siguientes oradores:
En primera ronda de hasta 10 minutos, las
diputadas: María Guadalupe Martínez Cruz, del Partido Revolucionario Institucional;
Sandra Segura Rangel, por el Partido Acción Nacional, y Silvia Oliva Fragoso, por el
Partido de la Revolución Democrática.
En una segunda ronda, sólo por cinco
minutos, el diputado Humberto Serrano Pérez, del Partido Revolucionario Institucional y
la diputada Clara Brugada Molina, del Partido de la Revolución Democrática.
Tiene entonces la palabra la diputada
María Guadalupe Martínez Cruz, del Partido Revolucionario Institucional.
Si no se encuentra la diputada Guadalupe
Martínez Cruz, tiene la palabra la diputada Sandra Segura Rangel, del Partido Acción
Nacional.
| La diputada
Sandra Lucía Segura Rangel: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeros diputados:
Ante la época de estiaje que padece la
Ciudad de México, el Partido Acción Nacional se ha pronunciado porque el gobierno
capitalino presente un esquema de trabajo para aminorar en el corto plazo el problema de
desabasto de agua, ya que hasta el momento el gobierno ha carecido de un programa de este
rubro a pesar de la grave situación que representa, además de la contradictoria
información difundida que sólo ha generado incertidumbre y desconcierto entre los
habitantes.
Consideramos urgente la actuación de las
autoridades, quienes tienen la obligación de contar con un plan para eficientar la
administración de los volúmenes del vital líquido, atender de inmediato la reparación
de fugas, que en la actualidad representa el 35% del volumen total de la ciudad, además
de buscar medios de abasto alternativos a los existentes.
Hacemos un llamado a las autoridades para
que, como consecuencia del tandeo de agua anunciado, se garantice la vigilancia para
impedir abusos por parte de quienes hacen entrega del vital líquido en pipa y, por otro,
a la población para que colabore en el uso y consumo racional del agua.
Resulta incomprensible cómo frente a esta
grave situación existan imprecisiones sobre el tiempo y los niveles en que se reducirá
el abasto del agua potable, toda vez que la Comisión Nacional del Agua anunció que
durante los primeros meses será disminuida solamente en 1% con respecto a los suministros
del año anterior, en tanto que la Dirección General de Construcción y Operación
Hidráulica, señala que será de más de 1 mil 500 litros por segundo.
Los habitantes del Distrito Federal
requerirnos que el gobierno aclare en qué términos dejará de suministrarse el vital
líquido y qué medidas implementará para enfrentar esta problemática que tanto afecta a
los capitalinos, principalmente, y por desgracia, a quienes habitan en zonas de escasos
recursos económicos, como la gente de Iztapalapa.
En torno a la proliferación de pozos y la
extracción de agua anunciadas tanto por la Comisión de Agua del Distrito Federal y la
DGCOH, cabe resaltar que se debe aclarar a la ciudadanía cuál es a la fecha el avance en
las licitaciones para los trabajos de perforación y suministros del equipo, ya que es
imposible realizar en menos de tres meses, tiempo en el que se prevé el desabasto de agua
para el Distrito Federal, por lo que de ninguna manera corresponde a la realidad ni es una
solución a corto plazo.
Acción Nacional condena a quienes
aprovechan esta grave situación al politizar el problema, valiéndose de la necesidad de
la población, sobre todo en los lugares más afectados, como en el caso concreto de
Iztapalapa y Tláhuac, en donde a través del chantaje y mediante la entrega de vales,
ofrecen agua a quienes muestren preferencia por el Partido de la Revolución Democrática.
Si bien debemos comentar que este asunto se
ha ventilado en la Asamblea Legislativa, es también necesario decir que la situación de
que la gente va en pipas, arriba de ellas, diciendo a quién se le entrega el agua y a
quién no, sobre todo en la zona de Iztapalapa, sigue todavía hasta la fecha.
Nos parece sumamente grave que se esté
haciendo proselitismo a favor de un partido político, utilizando la necesidad de la
gente, condicionándole la entrega de agua a la militancia o a la aceptación de una
fuerza política y nos sorprende sinceramente que sea el partido, el PRD, que tanto
protestó en las administraciones pasadas por la entrega clientelar de servicio, el que
haga ahora esto.
Por lo visto algunos de los actuales
gobernantes perredistas no han olvidado las viejas prácticas clienteleras y de
cooptación de la ciudadanía, a través de la explotación de sus necesidades, que
aprendieron en otros lugares.
Mucho se ha dicho que es el primer gobierno
democrático en muchas décadas. Eso es algo que nosotros no cuestionamos y por lo que el
Partido Acción Nacional peleó mucho en la reforma política. Pero insistimos en que
sólo tiene sentido y justificación un gobierno democrático, si sus políticas
gubernamentales son dirigidas a la creación de bienes públicos que posibiliten las
condiciones de bienestar para todos.
Nos pronunciamos porque el gobierno
capitalino presente ya, de manera urgente ante la Asamblea Legislativa, un programa de
trabajo que termine con la incertidumbre y desconcierto de los ciudadanos y que sobre todo
que inhiba la posibilidad de politizar la entrega del agua.
Esperamos que el señor Armando Quintero no
siga yendo a las giras tampoco de los delegados políticos, que nada tiene qué hacer en
ellas, cuando se presenta algún subprograma de trabajo.
Si el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, el
gobierno del Distrito Federal, quiere contar con la colaboración de todos los ciudadanos,
es necesario que sea incluyente, que no únicamente tome en cuenta con esas prácticas
clientelares a la gente que está apoyando al Partido de la Revolución Democrática. Por
su atención, muchas gracias.
Tiene la palabra hasta por diez
minutos para tatar el mismo tema, la diputada Silvia Oliva Fragoso, del Partido de la
Revolución Democrática.
| La diputada Silvia Oliva Fragoso: |
Con su permiso, señor Presidente:
La escasez de agua potable es uno de los
rezagos más grandes que dejaron las anteriores administraciones del gobierno priísta y
principalmente en el Distrito Federal.
Este no es un problema nuevo, es un tema
que ha concentrado la atención de los ciudadanos y la opinión pública durante muchos
años, es ahora cuando se preocupan muchos partidos de esta situación, principalmente el
PRI, cuando en las anteriores administraciones no hicieron nada porque este problema se
solucionara.
Esta situación se ha venido agudizando
este año, porque la Comisión Nacional del Agua, disminuyó el caudal destinado al
Distrito Federal, particularmente en la delegación Iztapa-lapa.
En 1997 el caudal de agua para la
delegación era de 3 mil 700 litros por segundo y en 1998 disminuyó a 2 mil 300 litros
por segundo, que representa una sensible disminución. Efectivamente este caudal, esta
agua en bloque que tenía destinada la Comisión Nacional del Agua, para el Distrito
Federal, disminuye en un 20% durante los meses de enero y febrero y no existe la forma de
compensar esta situación.
La delegación que más ha sufrido la
escasez de agua, efectivamente, es la delegación Iztapalapa, en la cual se han tenido que
hacer programas emergentes para el suministro de agua en carros-tanque.
Esta situación, efectivamente, ha
provocado problemas muy grandes, pero queremos decirles que en Iztapalapa, no es el
problema actual; el tandeo que se ha dado ha sido por años. Efectivamente hay partes en
la sierra de Santa Catarina que tienen el suministro de agua solamente una vez cada nueve
días y esta situación se ha agudizado ahora y tienen solamente esa distribución una vez
cada 11 días. Se ha tenido que llegar entonces a la distribución por medio de pipas.
Esto se ha hecho, efectivamente, en este tiempo.
Y quiero decirles aquí que quien ha hecho
de esta situación un botín político, ha sido el Partido Revolucionario Institucional,
que ha llegado al extremo de falsificar el sello del PRD, para culpar al PRD de esta
distribución, de este tipo de elementos y precisamente les digo que hoy fuimos a poner
una denuncia por esta situación, ya que no podemos permitir que se use políticamente la
distribución del agua en pipas y menos que se falsifique un sello para tener al agua como
un botín político.
Es en esta circunstancia que en la
delegación existe ya este planteamiento y está relacionado realmente con un problema
político, de un botín político del Partido Revolucionario Institucional.
Efectivamente, compañeros, hay un plan...
Permítame la oradora.
Le pido al diputado Machuca colabore con
esta Presidencia guardando el orden debido en esta sesión.
Muchas gracias.
Continúe la oradora.
| La diputada
Silvia Oliva Fragoso: |
Efectivamente en la delegación
Iztapalapa se está haciendo un programa, igual que en el Distrito Federal. El problema se
está dando y se tiene ya planteado que se evite el suministro de agua con vales para
evitar realmente que se lleve políticamente y lo que queremos es que la Comisión
Nacional del Agua dote de esa cantidad necesaria para que el agua llegue por tubería y no
por pipas.
Entonces queremos decirles que tenemos ya
estas acciones importantes, el Gobierno nos ha dado a conocer en cuanto a esa
distribución y se comprometió a rehabilitar pozos que son 49 en la Ciudad de México,
sobre todo en Iztapalapa; cinco en batería, en la sierra de Santa Catarina, a fin de
garantizar 700 litros por segundo, mínimos necesarios en el tanque de la caldera.
También a partir del 4 de marzo del
presente año se inicia la reestructuración del sistema de distribución de agua y se han
designado 42 elementos con 12 vehículos para el rastreo diario.
Queremos decir también y denunciar aquí,
que ha habido gente que ha estado cerrando las válvulas en ciertos lugares para evitar
que llegue el agua.
Nosotros necesitamos tener ya esta
situación de que el agua llegue por la tubería y no se reparta con pipas. Esta
situación tenemos que hacerla y solamente con la intervención del Gobierno Federal y con
una redistribución del agua podemos dar solución a este problema.
Aquí han venido a decir que se está
haciendo uso político del agua y lo que necesitamos es que en todos los partidos haya un
acuerdo para que esta agua se distribuya adecuadamente para que se cuide el acuífero, que
en la actualidad tenemos graves problemas, ya que éste se está contaminando.
Además, debemos tener una política de
captación del agua para que no se vaya por el drenaje toda el agua de las lluvias.
Unicamente lo podremos hacer cuando intervenga realmente el Gobierno Federal, junto con el
gobierno del Distrito Federal, para que esta política cambie.
En cuanto a la calidad del agua, también
queremos decirles que en Iztapalapa tenemos este problema que ha sido muy grande. Tenemos
el agua que llega con partículas y necesitamos también la colaboración de todos para
poder tener un agua de primera calidad. Entonces compañeras y compañeros diputados, si
no hay un acuerdo y esto se sigue utilizando políticamente, entonces sí tendremos
problemas más graves.
El problema del medio ambiente y el cuidado
del agua, es un problema de todos; no es un problema de partidos políticos y menos ahora
que quieren echar la culpa al Distrito Federal, al gobierno del Distrito Federal. No se
vale que después de muchos años de no haber tenido una política adecuada, ahora se
culpe a un gobierno.
Muchas gracias.
Tiene la palabra para el mismo tema y
hasta por 10 minutos, el diputado Humberto Serrano Pérez, del Partido Revolucionario
Institucional.
| El diputado Humberto Serrano Pérez: |
Con su permiso, señoras y señores
diputados:
Como un antecedente antes de entrar al tema
de la distribución del agua en Iztapalapa, quiero mencionar que el pasado mes de febrero
acudí a una reunión de campesinos en la Magdalena Contreras, agobiados por una
vigilancia extraña que amenazaba desalojarlos de un terreno ocupado desde la
administración pasada. Yo les dije: -"compañeros, ¿están amparados? El gobierno
que hoy tenemos en el Distrito Federal, es un gobierno que prometió respetar las leyes;
que prometió respetar las conquistas de los agraristas, de los campesinos dudo mucho en
que pueda haber represión".
Hace unas horas me informaron que nuestro
dirigente, Ubaldo Mendoza, ha sido encarcelado por despojo. Son tierras comunales y están
amparadas. No veo el cumplimiento de la palabra en el discurso en la realidad de los
hechos. Dije que era un antecedente y voy al tema.
En días pasados, vecinos y organizaciones
populares de la delegación de Iztapalapa, denunciaron que las autoridades responsables
del abasto de agua han implementado mecanismos selectivos de carácter partidista para la
obtención del líquido en las colonias que carecen del mismo.
Quiero manejar que el problema de la
distribución de agua en el Distrito Federal, sobre todo en las zonas que carecen de ella,
es de competencia técnico-operativa. La Comisión Nacional del Agua entrega al gobierno
del Distrito Federal aproximadamente 68 mil litros por segundo. Son 69, pero el numerito
no me gusta, lo dejo en 68. En esas condiciones, hay agua suficiente para darle al
Distrito Federal el cumplimiento a sus necesidades.
¿Qué pasa? ¿Por qué se está llevando
una política de reparto por tandeo? Quiero manifestar que es por clara incompetencia
técnico-operativa. Se vacían las redes con esta estrategia; hay vacío en las tuberías;
se provoca contaminación del agua; vienen enfermedades gastrointestinales; ese tandeo,
pues, resulta ino perativo. Provoca mercado negro y qué decir que algunas cuestiones como
las que estamos denunciando aquí dan margen a que políticos que estamos acostumbrados a
aprovechar las circunstancias, pues, llevemos agua a nuestro molino. Exactamente, pero
ahora es por parte de ustedes.
En esas condiciones, sentimos que no hay, a
más de 100 días de gobierno del Distrito Federal, no hay un programa de captación, de
conducción, de distribución y tratamiento de aguas residuales para su reutilización.
Necesitamos ese programa. No venimos en plan de polemizar a nivel partidista. Queremos que
los problemas del gobierno del Distrito Federal se resuelvan en cuanto a este penoso
incidente de la distribución del agua en Iztapalapa.
Compañeros diputados: en Iztapalapa, una
de las regiones más castigadas por ocupaciones de tierras, al margen de la ley, hoy se
ven los moradores de esa región con el programa de desabasto de agua. La delegación
maneja el reparto de bonos para la distribución. Queremos entender que ésa es una
práctica en desuso, que no provoca más que privilegios en la distribución del agua.
Aquí están los resultados que venimos a
denunciar. Queremos que a lo largo y ancho del Distrito federal, sobre todo los delegados,
entiendan que deben dar un trato igualitario a los moradores.
En Iztapalapa hay una distribución
selectiva en favor de un partido. Queremos que esa práctica desaparezca y para ello
estamos los de mi partido protestando enérgicamente y nosotros nos sabremos movilizar en
caso de que estas circunstancias prevalezcan. Queremos que el gobierno del Distrito
Federal cumpla ese trato humanitario que en el discurso a lo largo y ancho de su campaña
prometió a quienes votaron por ese nuevo gobierno. Queremos que cumpla en este problema
del agua, que haga el programa correspondiente para que se planifique con estrategias bien
determinadas uno de los problemas más graves que a lo largo de unos 10 años van a ser un
holocausto si desde este momento no se toman las providencias correspondientes.
Muchas gracias.
Para una segunda ronda sobre este
mismo tema están inscritos, por el Partido Acción Nacional, el diputado José Espina von
Roehrich; la diputada Clara Marina Molina Brugada, por el PRD, y la diputada María
Guadalupe Martínez Cruz, del Partido Revolucionario Institucional, por lo que tiene la
palabra el diputado José Espina von Roehrich hasta por cinco minutos.
| El diputado José Espina von Roehrich: |
Con su venia, señor Presidente:
"A confesión de parte, relevo de
pruebas", señor diputado. No negamos, coincidiendo con la diputada del PRD que hizo
uso de la palabra, el que los graves problemas que sufre la ciudad de México no son
producto de un día: se generaron durante los gobiernos de la Revolución, ciertamente;
pero también es cierto que hasta el momento el nuevo gobierno de la Revolución no ha
demostrado que se conduzca de manera distinta a sus antecesores.
Aquí, mí compañera Sandra Segura Rangel
vino a hacer una afirmación de lo que fue testigo ella en la delegación Iztapalapa, de
cómo militantes del PRD determinaban a quién se le debía entregar y dotar de agua
potable y a quién no se le debía dotar de agua potable. Y eso, hasta el momento, no ha
sido desmentido por absolutamente nadie.
Eso nos demuestra que están utilizando las
prácticas clientelares corporativas para la distribución y la prestación de los
servicios públicos fundamentales, aprovechándose de las graves carencias que miles de
capitalinos viven, particularmente en esa delegación Iztapalapa, como en algunas otras, y
en donde se está exigiendo que se manifieste una simpatía y un apoyo al Partido de la
Revolución Democrática y al gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas para que puedan recibir
esa dotación de agua o esos servicios públicos. Y esto demuestra, una vez más, la
afirmación inicial que hice aquí: ¡siguen actuando de la misma manera los viejos
gobiernos de la Revolución y los nuevos gobiernos de la Revolución que están en el
gobierno del Distrito Federal!
Pero el problema de fondo aquí no
solamente es este manejo clientelar, producto de sus orígenes, de su corporativismo y de
no ver que la función de gobierno tiene que estar encaminada a la prestación eficiente e
igualitaria de los servicios públicos.
Ante esta problemática, real, efectiva,
del abasto suficiente de agua, surge un problema mayor de fondo y es que fue el propio
jefe de gobierno, quien desde antes de tomar posesión prometió resultados a los
citadinos en sus primeros 100 días de administración. Cárdenas despertó grandes
expectativas entre la población no solo por las incontables promesas hechas durante su
campaña electoral, sino por el sólo hecho del cambio mismo. Pero si así de grande fue
la esperanza cifrada en él por la población del Distrito Federal, así de grande está
resultando el desencanto que está provocando entre los capitalinos, al ver que sus
grandes problemas: seguridad pública, abasto de agua potable y ambulantaje,
principalmente, no sólo no se han resuelto, sino que se han ido agravando.
¡El gobierno del Distrito Federal sigue
demostrando que no cuenta ni con un plan rector para atender los graves problemas de la
Ciudad de México ni con programas específicos para atender cada una de las principales
problemáticas del Distrito Federal. Y el problema del agua potable es sólo un botón de
muestra de como se conducen en el gobierno y de su incapacidad para gobernar la capital de
la República!
Tiene la palabra para tratar el mismo
tema y hasta por cinco minutos, la diputada Clara Marina Brugada Molina, del Partido de la
Revolución Democrática.
| La diputada Clara Marina Brugada Molina: |
Con su permiso, señor Presidente:
Primeramente queremos decir que el PRD no
necesita utilizar el corporativismo o utilizar los servicios públicos para ganar a la
gente. El PRD ganó el 6 de julio en forma abrumadora y principalmente en Iztapalapa y
cometeríamos un grave error al incurrir en los mismos actos por el cual el PRI perdió.
En días recientes los medios de
comunicación han reproducido declaraciones vertidas por el señor Cuauhtémoc Gutiérrez
de la Torre, en su calidad de secretario adjunto del PRI en el Distrito Federal y
dirigente del movimiento territorial de ese partido en la Ciudad de México y hoy en esta
Cámara escuchamos voces que reiteran esta posición. Dichas declaraciones se refieren a
que el PRD y particularmente algunos legisladores locales, federales y funcionarios de la
delegación de Iztapalapa aprovechan políticamente la escasez de agua.
Sobre el particular deseamos realizar las
siguientes precisiones.
La escasez de agua potable en la
delegación Iztapalapa, es uno de los rezagos más grandes que dejaron las anteriores
administraciones del gobierno priísta y sí, lo tenemos que reconocer de esta manera. No
es un problema nuevo, es un tema que ha concentrado la atención de los ciudadanos y la
opinión pública durante muchos años. Es un asunto que ha demandado la atención de las
autoridades y que invariablemente ha encontrado nulas respuestas o en el mejor de los
casos respuestas insuficientes.
El presidente del PRI en el Distrito
Federal o aquellos que trabajan bajo su mando, no tienen autoridad moral para acusar y
responsabilizar de este problema a un gobierno que heredó de ellos fundamentales rezagos
y carecen de esa autoridad porque cuando pudieron intervenir en la solución de este
problema hicieron poco o nada.
Sería conveniente que los dirigentes de
estos partidos, del PRI, realizaran un ejercicio de autocrítica y dijeran la verdad a los
ciudadanos.
El problema de desabasto del agua se
agudizó en este año, porque la Comisión Nacional del Agua disminuyó el caudal
destinado al Distrito Federal y particularmente a la delegación de Iztapalapa. La
Comisión Nacional del Agua tendría que responder a los ciudadanos y legisladores muchas
preguntas. ¿Será acaso que la Comisión Nacional del Agua se convirtió en un
instrumento político de presión sobre el Gobierno de la Ciudad de México? O los
diputados que han hecho uso de la palabra, ¿por qué no exigieron a la Comisión Nacional
del Agua, explicaciones por esta disminución y plantearon el restablecimiento del caudal
de agua que tenía la delegación en 1997?
Acusan al gobierno de la ciudad de operar
el servicio de agua de manera facciosa, pero no dicen que este reparto de agua, es el
mismo que funcionó en la pasada administración y que está en proceso de
reestructuración en esta etapa en la delegación.
Ha dicho el PRI y actualmente otras
fracciones, que la administración delegacional y el PRD lucran políticamente con el agua
y que sólo a los simpatizantes del PRD se les proporciona el vital líquido. Proponemos
que lo comprueben. ¡Convocamos a los diputados del PAN que comprueben que sólo se les
está dotando de agua a aquellas personas que se dicen militar en el PRD!
| La diputada
Sandra Lucía Segura Rangel (desde su curul): |
¡Señor Presidente!
Permítame la oradora.
¿Con qué objeto, señora diputada?
| La diputada
Sandra Lucía Segura Rangel (desde su curul): |
Señor Presidente, quisiera ver la
posibilidad de que le preguntara a la oradora si me acepta una interpelación.
Señora diputada, ¿acepta una
interpelación?
| La diputada
Clara Marina Brugada Molina: |
Sí, ahorita que termine con mucho
gusto.
Al terminar.
| La diputada
Clara Marina Brugada Molina: |
Convocamos, pues, a que se compruebe
esta situación y que además le pedimos al PRI que cumpla y denuncien lo que han dicho
ante el Ministerio Público y también al PAN. Dijeron que lo iban a hacer, que lo iban a
denunciar, de que había personas, legisladores, que estaban manipulando políticamente
este servicio, ¡haganlo!, y nosotros nos sumamos a la exigencia de que la Procuraduría
General del Distrito Federal vaya a fondo en esta investigación, ello con el fin de que
se esclarezca este asunto y que la opinión pública conozca la verdad del mismo.
Hay un programa que tiene el gobierno de la
ciudad para recuperar agua en este año, en estos meses y en el mes de junio empezará a
obtener resultados del aumento del agua para Iztapalapa y para la Ciudad de México.
Puede hacer la interpelación,
señora diputada. Por favor háganle llegar un micrófono y le pido a la Oficialía Mayor
no retiren el sonido de la Presidencia.
| La diputada
Sandra Lucía Segura Rangel (desde su curul): |
Quisiera preguntarle diputada
Brugada, quisiera preguntarle, cómo se explica el que yo el pasado sábado y esto, por
supuesto hay pruebas de todos los vecinos de los que estábamos en un subcomité que se
estaba inaugurando en el pueblo de Santa Cruz Meyehualco, vimos pasar a una pipa de agua
en donde la gente salió gritando que venía la pipa y en donde también algunos jóvenes,
eran aproximadamente tres o cuatro, dos de ellos con camisetas del PRD, no sé si esto sea
coincidencia, decían a quién en concreto se le entregaba agua y a quién no, ¿no es
esto para usted una medida clientelar?
Usted ha dicho que se han utilizado por
otros gobiernos esta situación de los servicios, de entregar servicios por cuestiones
partidistas, yo le diría que desgraciadamente está ocurriendo también en este gobierno
y que no hay peor ciego que el que no quiere ver.
Muchas gracias.
| La diputada
Clara Marina Brugada Molina: |
Sí diputada, para contestarle, yo
quiero decirle que la distribución de pipas que se está ahorita implementando en la
delegación de Iztapalapa, tiene que ver con una falta de caudal en la zona; primeramente
creo que deberíamos de centrarnos todas las fracciones y los partidos en exigir que haya
caudal suficiente para que no se utilicen las pipas como un mecanismo de distribución y
yo quisiera ahí centrarme por lo siguiente, por que la distribución de pipas, obviamente
que tienen que ser para todos.
El gobierno del ingeniero Cuauhtémoc
Cárdenas lo dijo y se está cumpliendo en Iztapalapa y eso que usted menciona como una
manera para demostrarlo, yo quisiera que juntos los legisladores hiciéramos un recorrido
en la zona y preguntásemos cuál es el problema principal en Iztapalapa en cuanto al
agua; si el problema es la forma de distribución del agua o si el problema es la escasez
del agua, entonces no utilicemos puntos que realmente no son ciertos, en el sentido de que
no se está utilizando políticamente el agua, creo que una posición importante de todos
los partidos debería de ser, convocar a la Comisión Nacional del Agua para que cumpla
con los convenios que tiene con el gobierno de la ciudad y dotar el líquido suficiente
para que no se utilicen las pipas como un mecanismo de distribución del agua y para eso
yo lo convoco a que vayamos a un recorrido en esta zona y que exijamos a la Comisión
Nacional del Agua que cumpla con los litros por segundo que tienen que llegar a
Iztapalapa.
¿Con qué objeto señor diputado?
Una interpelación a la señora diputada, ¿acepta usted la interpelación? La acepta,
señor diputado.
| El diputado
Jesús Higuera Laura (desde su curul): |
Hacía referencia usted compañera
diputada, de que el problema no son las pipas, el problema es que se incremente el volumen
de abastecimiento, la pregunta es, ¿sabe usted qué volumen se le dotaba al gobierno del
D.F., el año pasado y cuánto se está dotando en esta fecha?
| La diputada
Clara Marina Brugada Molina: |
Si, el año pasado se estaba
distribuyendo hasta diciembre, 3 mil 700 litros por segundo y con la reducción que hizo
la Comisión Nacional del Agua bajó a 2 mil 500 litros por segundo. En estos días y en
estos meses se ha estado exigiendo que se pudiesen restablecer por la Comisión Nacional
del Agua y aún cuando se restableciera para que Iztapalapa pueda tener un servicio digno
de agua, necesitamos que por lo menos lleguen 6 mil litros por segundo de agua.
Tiene la palabra hasta por cinco
minutos, el diputado que pidió rectificación de hechos.
| El diputado Jesús Higuera Laura: |
Con el permiso de la Presidencia:
Le hice una pregunta a la compañera
diputada y su respuesta fue enfocada exclusivamente a la delegación Iztapalapa; la
pregunta era en función de qué volumen se entregaba... si sabía qué volumen se le
entregaba al gobierno del Distrito Federal el año pasado y qué volumen se le entrega en
éste, porque tenemos la información de que es superior el volumen que le entrega al
gobierno, la Comisión Nacional del Agua al gobierno del Distrito Federal en esta
ocasión, al que se hacía el año pasado.
Esta era la pregunta nada más, por eso
quería rectificar, porque ella dio información que no concuerda con la realidad y está
enfocada exclusivamente a una zona del Distrito Federal y estamos hablando de un problema
de una ciudad.
A ver, permítame el orador. ¿Con
qué objeto, señora diputada?
| La diputada
María Guadalupe Sánchez Martínez (desde su curul): |
Preguntarle, señor Presidente si me
permite el orador una interpelación... una pregunta, perdón.
Acepta el orador la pregunta.
| El diputado
Jesús Higuera Laura: |
Sí, señor Presidente.
Sí acepta.
| La diputada
María Guadalupe Sánchez Martínez (desde su curul): |
Si nos puede informar cuánto es, a
cuánto asciende en litros por segundo lo que recibe más de agua el Distrito Federal.
Le agradecería mucho.
| El diputado
Jesús Higuera Laura: |
Me está contestando con otra
pregunta.
Yo le hice una pregunta a la compañera
diputada; pedí la palabra para rectificar hechos; le aclaro a la compañera diputada a la
que le hice la pregunta, que su respuesta no concuerda con lo que yo le pregunté, ése es
mi motivo de estar aquí.
¿Concluyó su respuesta, señor
diputado? Si ya concluyó, gracias.
Tiene... a ver, acérquenle a la diputada
un mi crófono por favor.
| La diputada
Violeta Margarita Vázquez Osorno (desde su curul): |
Sí, señor Presidente. Para
rectificación de hechos, Violeta Vázquez Osorno.
Tiene la palabra hasta por cinco
minutos, la diputada Violeta Vázquez.
Les recordamos que de conformidad con el
acuerdo que aprobó esta Asamblea para la realización de las sesiones, cuando se pide la
palabra para rectificar hechos, el orador tiene que iniciar su intervención precisando
los hechos a rectificar; entonces le rogamos a la diputada precise el hecho a rectificar,
por favor.
| La diputada
Violeta Margarita Vázquez Osorno: |
Efectivamente. Muy buenas tardes.
Me brindan la gran oportunidad mis
compañeros diputados del PRI y del PAN, para precisar algunas cosas.
Efectivamente necesitamos cambios y por eso
en el Distrito Federal la ciudadanía votó indiscutiblemente por un nuevo gobierno. Un
nuevo gobierno no se construye en un mes ni en dos ni en tres; sin embargo, tenemos
antecedentes y tenemos memoria y sí, sí sabemos los datos compañero Higuera y los vamos
a proporcionar a propósito de los hechos.
Primero, hablamos de una terrible política
de inercias, de vicios, de errores, de una cultura autoritaria, de simulación de
corrupción e impunidad que ha caracterizado a los gobiernos anteriores del Distrito
Federal.
Un endeudamiento, un endeudamiento de este
gobierno que hoy estamos viviendo, producto de decisiones irresponsables del Gobierno
Federal y del gobierno del Distrito Federal; tenemos obras monumentales, muy bonitas, como
el macrocircuito acuaférico que está en proceso, que es un hermoso tubo que conduce aire
señores, porque no hay el agua suficiente para habilitar ese enorme proyecto y si alguien
sabe algo distinto aquí o fuera de aquí, que me lo demuestre.
En segundo lugar, quiero mencionar que
existen una multitud de fallas, entre otras cosas reconoce oficialmente la CNA que 44
metros cúbicos por segundo de descargas de aguas residuales, industriales, domésticas,
mezcladas con agua limpia, mezcladas con agua de lluvia, no se trata. ¿A dónde se van?
Hay fugas de entre 40% y 50% del agua de
esos 69 ó 60 metros cúbicos por segundo que recibe la zona metropolitana; de ésos el
50% del agua se fuga, no llega.
Señores, sí hay datos. Tengo un documento
oficial acá de la CNA y de la DGCOH, que menciona que por ejemplo hay un compromiso de la
CNA de entregar el agua al gobierno de la ciudad. ¿Por qué en enero de 1997 se
entregaron de los 14 mil 125 litros por segundo o sea 14 mil 125 metros cúbicos, por qué
se entregaron en enero del año pasado 13 mil 670 y por qué este año 12 mil 700 litros
por segundo? Estamos hablando de una merma sustancial de más de dos metros cúbicos por
segundo que no está recibiendo la capital porque esto es administrado a nivel federal
señores, no confundamos. Se lo digo a los señores del PAN. El Gobierno Federal,
efectivamente está utilizando mecanismos para bloquear las acciones del gobierno del
ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Momento, estamos dando datos que el diputado Higuera
Laura no pudo dar; yo si los tengo.
Se habla aquí, por decir, que se tiene una
distribución selectiva. Esto ni los diputados del PAN ni los diputados del PRI han podido
corroborarlo y yo les afirmo categóricamente: no existe una actitud de selectividad del
gobierno del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas para la distribución del vital líquido.
Porque yo lo digo señor, porque tengo la autoridad para decirlo.
Quiero por último decir que fue el PRI y
el PRD en el periodo pasado, quienes aprobaron los dos grandes programas que rigen las
acciones y que determinan el presupuesto del Distrito Federal: el Programa General de
Desarrollo Urbano y el Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana del Valle de
México. Ahí se establecen señores, sí tenemos programas y si nos equivocamos,
modifiquémoslos, pero desde luego que el gobierno del ingeniero Cárdenas ha puesto
énfasis en las siguientes determinaciones: captación de agua fluvial, eliminación de
fugas, tratamiento de aguas, mejoramiento de calidad por control de fuentes contaminantes
y modificación de criterios para la administración del agua. Sí, hay programas señores
y quiero recordarles que esos programas también fueron aprobados por el PRI.
Sí, tenemos soluciones y tenemos
presupuesto. Si hay que agregar algo más, hagámoslo juntos, por favor también señores
del PAN. El gobierno del ingeniero Cárdenas debe responder; no estamos traficando con las
necesidades del pueblo, lo que si ha ocurrido en anteriores gobiernos.
| El diputado
Jesús Higuera Laura (desde su curul): |
Señor Presidente, pido la palabra
para contestar alusiones personales.
Tiene la palabra el diputado Higuera,
para contestar alusiones personales hasta por cinco minutos.
Ruego a los señores diputados guardar el
orden y escuchar con atención la intervención del orador.
| El diputado Jesús Higuera Laura: |
Primero quiero felicitar al gobierno
del Distrito Federal, porque, como lo decía mi amiga Violeta, tiene programas, qué
lástima que los habitantes no los ven, están sufriendo por la falta de agua.
En 1997 en el área metropolitana de la
Ciudad de México se suministró un caudal promedio de agua potable de 63.8 metros
cúbicos por segundo, de los cuales 41.86 y se incluyen 2.2 de pozos particulares ahí,
provienen del subsuelo del valle de México, 14.5 del sistema Cutzamala.
Y aquí quiero hacer un paréntesis porque
hay programa, hay crédito externo autorizado al Gobierno de la República y al gobierno
del Distrito Federal, autorizado por esta soberanía incluso, para la realización de la
tercera etapa del proyecto Cutzamala, específicamente Temazcaltepec, pero ahí sí,
intereses muy claramente identificados de otro partido originaron la suspensión de estas
obras, que iba a abastecer de cinco metros cúbicos adicionales para poder evitar los
problemas que hoy se están presentando. ¡Qué lástima que no fue posible y que en estos
momentos, con intenciones claramente políticas, esté la ciudad sufriendo estos
problemas!
Provienen del sistema Lerma 6.08 metros
cúbicos por segundo y 1.37 de aprovechamientos superficiales. Lo que aquí acabo de decir
demuestra que en la actualidad se depende fundamentalmente del agua subterránea en un
75%, el 66% del acuífero del valle de México y el 9% del sistema Lerma y el 25% restante
se obtiene en su mayoría de importación de aguas superficiales de la cuenca del río
Cutzamala. El suministro de agua potable para el Distrito Federal, de un total de 35.17
metros cúbicos por segundo, de agua subterránea son 24.72, de los cuales el 19.79
provienen del acuífero del valle de México, 16.39 metros cúbicos son operados por el
gobierno del Distrito Federal; 2.92 por la Comisión Nacional del Agua y 0.48 por
particulares y 4.93 provenientes del sistema Lerma que son operados por el gobierno del
Distrito Federal.
De aguas superficiales son 10.45 metros
cúbicos por segundo, de las cuales 0.98 provienen de fuentes superficiales del valle de
México, específicamente del río Magdalena y son operadas por el gobierno del Distrito
Federal 9.47 metros cúbicos del sistema Cutzamala, operado por la Comisión Nacional del
Agua.
Creo que, independientemente del contenido
o la estructura de dotación que se le dé al abastecimiento de agua aquí en el Distrito
Federal, independientemente de quién lo opere, la responsabilidad fundamental es del
gobierno local, de cumplirle a los habitantes con la dota ción de los más elementales
servicios.
Nosotros, y ahí yo quiero invitar a mis
compañeros diputados, y le solicito a la Presidencia que este asunto sea turnado a la
Comisión de Asuntos Hidráulicos para su análisis más a detalle, porque hay otras cosas
que ya van avanzadas en este sentido y ahí quiero invitar a los compañeros diputados, a
los integrantes de la comisión y a los...
Permítame el orador.
Por favor, acérquenle un micrófono a la
señora diputada. ¿Con qué objeto, señora diputada?
| La diputada
Lenia Batres Guadarrama (desde su curul): |
Señor Presidente, si me permite
hacer una pregunta al señor orador.
Señor orador, ¿acepta una pregunta
de la diputada?
| El diputado
Jesús Higuera Laura: |
Ya que termine, estaba encarrerado y
me pararon.
Al término la acepta.
| El diputado
Jesús Higuera Laura: |
Y quiero reiterar la invitación a
todos ustedes, compañeros diputados, los que tengan interés en participar y cooperar con
la mejor intención a la solución de este problema para que participemos.
De hecho, nosotros ya hemos avanzado en
algunas gestiones en relación al análisis y a la búsqueda de la solución de este
problema, despojado de cualquier interés.
Tenemos en puerta una reunión para
información del pleno y de la Presidencia, una reunión en la que va a participar el
gobierno del Distrito Federal...
Ha concluido su tiempo, señor
orador. Le pedimos concluya, por favor.
| El diputado
Jesús Higuera Laura: |
Un momentito, por favor...
En la que van a participar el gobierno del
Distrito Federal, la Comisión Nacional del Agua y los diputados integrantes de la
Comisión de Asuntos Hidráulicos, en la que vamos a analizar juntos y vamos a determinar
y deslindar situaciones y responsabilidades para que este problema sea definitivamente
atacado y convenientemente resuelto para los habitantes de la ciudad.
Muchas gracias, compañeros.
¿Señor, contesta la pregunta?
| El diputado
Jesús Higuera Laura: |
Sí.
Puede hacer la interpelación.
| La diputada
Lenia Batres Guadarrama (desde su curul): |
Son dos preguntas en realidad, señor
diputado, si nos pudiera contestar.
Usted presumió que había un aumento en el
caudal que se está ahora dando al Distrito Federal. Nos dio muchos datos interesantes,
pero a la mejor, como usted no es del Distrito Federal, tal vez no sabe, pero mi pregunta
es ésa: ¿con base en qué presumió usted eso, en primer lugar? En segundo lugar,
ninguno de los diputados del PRI desmintió hasta este momento que fueran priístas los
que están falsificando la entrega de agua, de dotación de agua, por medio de pipas, al
Distrito Federal.
Nosotros hicimos una denuncia penal en
contra del señor Cuauhtémoc Gutiérrez y quisiéramos ver si tienen ustedes alguna
opinión al respecto.
| El diputado
Jesús Higuera Laura: |
En relación a la primera pregunta,
creo que me escuchó mal usted. Yo le pregunté si ella sabía cuánto se daba
inicialmente y cuánto se da hoy. Esa fue mi pregunta.
En relación a la segunda, desconozco, como
usted dice, yo no soy del Distrito Federal, posteriormente vendrá una compañera que sí
es del Distrito Federal y le dará respuesta a la pregunta de usted.
Tiene la palabra, para el mismo tema,
la última oradora registrada, que es la diputada María Guadalupe Martínez Cruz, del
Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
En tanto hace uso de la palabra la señora
diputada, queremos informar a esta Asamblea que se encuentran presentes alumnos del
Instituto Técnico y Bancario San Carlos, AC, de Ecatepec, Estado de México, invitados
del diputado Teobaldo López.
También nos acompañan alumnos de la
Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, que vienen representados por Martha Angélica
Tagle.
Igualmente, se encuentran estudiantes de la
Universidad Iberoamericana, plantel Golfo Centro, que son invitados del Partido de la
Revolución Democrática.
A todos se les da la más cordial
bienvenida.
Puede iniciar, señora diputada.
| La diputada
María Guadalupe Francisca Martínez Cruz: |
Con el permiso del señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Creo que en esta tribuna se ha tratado el
importante tema del abasto de agua aquí en la ciudad del Distrito Federal.
Queremos decirles a ustedes que mucho
discurso, mucha política, mucho papel, pero los ciudadanos del Distrito Federal no
tenemos agua.
Yo creo que ya basta que el gobierno del
Distrito Federal siempre tenga excusas y tenga señalamientos para otros gobiernos y no
asuma su responsabilidad de gobernar con acierto el Distrito Federal.
Ya uno de mis compañeros de la fracción
priísta, decía importantes volúmenes que en este momento se están entregando al
Distrito Federal...
Permítame la oradora.
¿Con qué objeto, señor diputado?
| El diputado
Armando López Romero (desde su curul): |
Sí, señor Presidente, ¿le puede
preguntar a la diputada si acepta una pregunta?
¿Que si acepta una interpelación,
señora diputada?
| La diputada
María Guadalupe Francisca Martínez Cruz: |
No la acepto.
| El diputado
Armando López Romero (desde su curul): |
Gracias, diputada.
Gracias, diputada. Continúe, por
favor.
| La diputada
María Guadalupe Francisca Martínez Cruz: |
Queremos decirles a ustedes que el
problema que consideramos los priístas fundamental en la situación del abasto de
México, es la ineficacia de la dirección de Construcción y Operación Hidráulica del
Distrito Federal, ¿por qué?, porque hay agua, pero no la saben administrar y es por eso
la falta de este líquido para los ciudadanos del Distrito Federal.
También tenemos que hacer aquí un reclamo
y una seria reflexión, ya que el gobierno del Distrito Federal en estos momentos no está
aplicando verdaderos programas que logren que no se pierda ese caudal tan importante de
agua que todos los días se hace de esa manera, ¿por qué?, porque el gobierno del
Distrito Federal, pensando en sus políticas futuristas, no hace verdaderos programas que
pongan un término a esta falta de agua a los ciudadanos del Distrito Federal.
Quiero decirles a ustedes que motivo de
reflexión muy seria tiene que ser en estos momentos, no tan sólo que los ciudadanos del
Distrito Federal tengan agua; tenemos que prever que en el futuro no se sigan agotando los
mantos acuíferos del Distrito Federal y hace que nuestra ciudad sufra alarmantes
hundimientos cada día.
Tenemos que ir pensando en verdaderos
programas que den en el futuro esa capacidad de tener agua a los habitantes del Distrito
Federal.
Y yo creo que el gobierno del Distrito
Federal ya tiene que poner manos a la obra, ya que hasta estos momentos no lo hemos
sentido los ciudadanos del Distrito Federal.
Queremos decirles también a ustedes, que
desgraciadamente se habló mucho de la democracia y de la honestidad que tendría este
nuevo gobierno del Distrito Federal y hemos constatado en diferentes formas que se mezcla
la política con el gobierno y creo que eso no se vale, los ciudadanos del Distrito
Federal en este caso, en el caso del agua, necesitamos el agua suficiente para nuestras
familias.
Ya basta de que se señale a otros
gobiernos priístas, yo quiero hacerles una reflexión a mis compañeros del PRD: cuando
gobernaban gobiernos priístas, ¿cuándo faltó agua? Y estoy segura, y estoy segura que
si hubiera faltado agua, al modo y usanza de ustedes hubiéramos tenido todos los días
allá el Zócalo lleno de gente demandando el servicio del agua.
Y por eso les compruebo que en el gobierno
del Distrito Federal hubo eficacia en la distribución y mantenimiento del agua potable.
Yo quiero que ustedes, compañeros
perredistas, ayuden a gobernar a su gente de gobierno, pero ayúdenlo bien, para que se
acaben estas limitaciones de los ciudadanos del Distrito Federal.
Muchas gracias.
Esta Presidencia informa que nos
acompañan también el presidente municipal de Jilotzingo, Estado de México, el
licenciado Reynaldo Torres González, quien viene acompañado de miembros del cabildo de
ese municipio.
Esta Presidencia les da la bienvenida.
Tiene la palabra hasta por cinco minutos el
diputado José Espina, para rectificación de hechos.
| El diputado José Espina von Roehrich: |
En primer lugar quiero señalar que
si de algo no padecemos los habitantes del Distrito Federal, es de amnesia.
Segundo, el planteamiento que aquí se vino
a hacer, es la forma clientelar con que se está manejando la distribución del agua en el
Distrito Federal.
Nosotros coincidimos con los diputados del
PRD en que debemos exigir a las instituciones correspondientes, que es la CNA, el abasto
suficiente de ese vital líquido, para el bien de todos los capitalinos. En eso
coincidimos y sin duda tenemos que realizar esta acción de exigencia, teniendo presente
también, que no es lo mismo todo el año en cuanto a la cantidad y el abasto de agua y
que en la época de estiaje que estamos viviendo, es evidente que presente una
disminución en la cantidad del líquido que se está distribuyendo y suministrando a todo
el Distrito Federal.
Pero ése no es el problema y reitero la
disposición para que hagamos las exigencias correspondientes. El problema fue aquí y la
diputada Brugada lo quiso plantear como la definición de que es uno o el otro problema.
¡No! Son los dos problemas: la falta del vital líquido suficiente en el Distrito Federal
y la otra la distribución clientelar con que se ha venido dotando del vital líquido a
diversas zonas del Distrito Federal.
Y hasta el momento, ante una denuncia
concreta presentada por mi compañera Sandra Segura Rangel, no se ha podido demostrar lo
contrario.
Hay otro caso que hoy se denuncia en la
prensa: el cobro por parte de las pipas de la delegación Tlalpan, en la zona de Ajusco
medio, de 50 pesos por cada carga de agua potable.
Eso es contra lo que estamos, que no puede
darse este manejo clientelar, selectivo, de acuerdo a las preferencias electorales de los
ciudadanos, de un servicio público fundamental como es el del agua potable.
Nosotros esperamos que esto no sea una
práctica cotidiana permanente o generalizada de este gobierno, sino que sea una
excepción y que todos los diputados federales, como sin duda los diputados a la Asamblea
del Distrito Federal, estemos vigilantes para que estas prácticas no sigan ocurriendo ni
se generalicen, porque de lo contrario, si nos quedamos con la afirmación de la diputada
Brugada de cuál es el problema, la forma de distribución o la falta del vital líquido,
estaríamos cayendo en que los medios justifican el fin y de ninguna manera se puede
aceptar esta situación.
Esto es lo que queremos señalar; esto es
contra lo que estamos y yo invito a que todos, diputados del PRD, del PRI, del Partido
Verde, del Partido del Trabajo, de Acción Nacional, realicemos esta labor de vigilancia,
de super visión, para que los servicios públicos en la capital de la República se
brinden con oportunidad, con suficiencia y con calidad, sin depender de criterios
partidistas, políticos o clien telares, porque si no, el origen legítimo de un gobierno
que adquirió en las urnas con el voto popular, esa legitimidad se va a tirar a la borda
por un desarrollo de ese gobierno, de manera ilegítima y eso yo creo que nadie lo
queremos y a eso los estamos invitando.
Muchas gracias, por su atención.
Para contestar alusiones personales,
tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Clara Brugada.
| La diputada Clara Marina Brugada Molina: |
Gracias, señor Presidente:
Creo que se ha insistido en que se pueda
demostrar de qué manera se está utilizando clientelarmente la distribución del agua.
El día de hoy acabamos de ir a hacer una
denuncia a la Procuraduría, porque el PRI, las pruebas que dio para demostrar que el PRD
estaba utilizando clientelarmente el servicio fueran éstas, fue un vale de la delegación
con el sello del PRD falsificado.
El día de hoy fuimos a meter la denuncia
por falsificación de documentos y por difamación y queremos ir a fondo.
Y diputado Espina, seríamos los primeros y
hemos sido durante mucho tiempo, en denunciar que se utilice de esa manera el servicio del
agua. Yo lo convoco a usted de veras, a que si tienen elementos con qué criticar que se
está utilizando clientelarmente el servicio de agua, ¡que lo digan!, que lo hagan, que
no lo digan y lo denuncien. La forma como la diputada Sandra lo dijo, realmente no es una
prueba real de esta situación.
Yo de veras, los convoco a que el PAN, el
PRI, el PRD y todos los partidos, estemos vigilando y estemos al tanto de que no haya
problemas de corrupción, de que no se utilice políticamente el servicio del agua.
Y yo le quiero decir que la única manera
para evitar que se dé esta práctica que durante muchos años la sufrimos los que vivimos
en Iztapalapa, es hacer que llegue el agua directamente por la red y creo que aquí es
donde debemos de centrarnos y en la distribución del agua. Todos tenemos que ser
vigilantes. Pero no se vale, compañeros diputados del PAN, venir aquí a denunciar sin
prueba, de que se está utilizando de forma clientelar el agua. ¿Por qué no se vale?,
porque el venir a decir que vieron que una pipa... por favor, no creo que sea importante;
que conozcan un poquito más cómo se da la problemática de agua en la zona; de qué
manera funcionan las pipas; que todos los problemas que hubiese de corrupción, como los
hubo en toda la administración anterior, se tienen que desterrar.
Entonces creo que si queremos resolver el
problema del agua en Iztapalapa, y en la Ciudad de México, tenemos que ir a las causas y
tenemos que estar todos vigilantes para que no haya problemas de que se utilice de alguna
otra manera.
Yo les quiero decir: hay gente como
Cuauhtémoc Gutiérrez, en Iztapalapa, que no quiere resolver el problema de agua; que al
contrario, está promoviendo invasiones y asentamientos irregulares; que toma la avenida
Ermita y el Eje 6, para exigir que le introduzcan el servicio de agua a estos lugares y
asentamientos.
Creo que son muestras de que no se trata de
resolver el problema del agua. Yo los convocaría a que pudiéramos ir, que pudiéramos ir
a hacer los recorridos necesarios y estar vigilantes de esta situación.
Gracias.
Ha declinado el diputado David
Cervantes.
Hay dos diputados pidiendo la palabra. Yo
quiero consultar a la Asamblea si está suficientemente discutido.
Pido a la Secretaría que en votación
económica consulte si el asunto está o no suficientemente discutido.
| El secretario
Edgar Martín Ramírez Pech: |
En votación económica se consulta a
la Asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido.
Los que estén por la afirmativa, favor de
levantar la mano.
Los que estén por la negativa...
Suficientemente discutido, señor Presidente.
ESTADO
DE DURANGO
En consecuencia, vamos a continuar
con el siguiente punto en el orden del día.
Para hablar sobre la situación política
en el Estado de Durango, se han registrado en primera ronda, con uso de la palabra hasta
por 10 minutos, los siguientes diputados: Juan Cruz Martínez, del Partido del Trabajo;
Juan Carlos Gutiérrez Fragoso, por el Partido Acción Nacional, y Juan Arizmendi
Hernández, del Partido Revolucionario Institucional.
Sobre el mismo tema habrá una segunda
ronda de hasta cinco minutos, a la cual están inscritos los siguientes diputados:
Margarita Pérez Gavilán, por el Partido Acción Nacional; Jesús Gutiérrez Vargas y Gil
Rafael Oceguera Ramos, por el Partido Revolucionario Institucional.
En consecuencia tiene la palabra hasta por
10 minutos el diputado Juan Cruz Martínez, del Partido del Trabajo.
| El diputado Juan
José Cruz Martínez: |
Con su venia, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Acudo a esta tribuna en representación del
grupo parlamentario del Partido del Trabajo con el propósito de hacer de su conocimiento
una serie de graves problemas políticos que se han suscitado en el Estado de Durango.
Como es de todos conocido, el domingo 5 de
julio del presente año, se verificarán elecciones en Durango para la renovación de los
poderes Ejecutivo y Legislativo, así como de los 39 ayuntamientos de la entidad.
A unos cuantos días de que el partido del
gobierno haya designado como su candidato a la gubernatura del Estado a Sergio Guerrero
Mier, el PRI ha comenzado con los conocidos operativos hacia el carro completo. El día 9
de marzo pasado, en el marco de las celebraciones del aniversario de la fundación del
PRI, el señor Sergio Guerrero Mier reunió a todos los funcionarios de primer nivel del
gobierno del Estado, incluido el propio gobernador Maximiliano Silerio Esparza y en tono
inescrupuloso y enérgico les reclamó que en el proceso electoral que se vive se pongan
la camiseta del PRI.
Desde ese momento en Durango los priístas
han cerrado filas para, desde el gobierno, financiar a sus candidatos las campañas
electorales. Los partidos políticos de oposición hemos denunciado ante las autoridades
electorales la actuación ilícita del señor Sergio Guerrero Mier y los funcionarios del
gobierno de Silerio Esparza y muchas otras voces han condenado este proceder del candidato
del Partido Revolucionario Institucional. Pero Guerrero Mier no sólo no se ha retractado,
sino que en una afrenta al pueblo de Durango y con todo cinismo, durante los últimos
días ha reiterado su pretensión de que los funcionarios del gobierno del Estado, de
origen priísta, estén al servicio de la campaña electoral.
El día viernes 20 de marzo el Partido del
Trabajo interpuso formal denuncia penal por los hechos señalados, toda vez que el llamado
público de Guerrero Mier a los funcionarios de gobierno a ponerse la camiseta del PRI, el
código del Estado de Durango lo tipifica como delito. En efecto, el artículo 228 del
Código Penal de Durango establece "se impondrá de tres días a seis meses de
prisión y de tres a 35 días multa al que provoque públicamente a cometer un delito o
haga la apología de éste, aun cuando el delito no se ejecutare".
La convocatoria del señor Guerrero Mier a
los funcionarios públicos para que se pongan la camiseta del PRI, es una invitación
pública a delinquir, dado que hace labor en favor de un candidato o partido político
haciendo uso de su tiempo como funcionario público y más aún usar los bienes y dineros
del Gobierno para una campaña, lo cual significa un delito electoral como claramente lo
establece y lo previene la fracción III del artículo 361 de la legislatura penal
duranguense.
Más aún, el llamado del señor Guerrero
Mier a los funcionarios públicos para que trabajen y voten por el PRI, se hizo ante la
presencia y el aval del gobernador del Estado Maximiliano Silerio Esparza, patrón de
todos, dichos funcionarios públicos presentes en la mencionada reunión del aniversario
del PRI. Conducta que el código tipifica como delictiva en los siguientes términos:
Artículo 361 fracción I. Se impondrán de
200 a 400 días de multa y prisión de uno a nueve años al servidor público que obligue
a sus subordinados de manera expresa y haciendo uso de su autoridad o jerarquía a emitir
sus votos en favor de un partido político o candidato.
Independientemente de las penas en multas y
prisión que prevé el Código Penal para los ilícitos electorales, el artículo 356 de
nuestra ley señala que "a los delincuentes electorales se les suspenderá en sus
derechos políticos de uno a cinco años y serán destituidos del cargo cuando se trate de
servidores públicos".
Debe precisarse que en ningún momento el
Partido del Trabajo ha pensado en poner cortapisas a la simpatía política o militancia
partidista de los servidores públicos del gobierno del Estado de Durango, pues ello
violentaría los derechos políticos que tienen como todo ciudadano mexicano. Nuestra
exigencia es para que el proceso electoral que se llevará a cabo el próximo día 5 de
julio, para la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo y de los ayuntamientos
en el Estado se acaten las normas jurídicas en vigor.
El Partido del Trabajo ha demandado a la
Procuraduría de Justicia en nuestro Estado se lleven a cabo las investigaciones penales
que corresponden y se proceda en los términos de ley contra los responsables. Las
conductas señaladas del candidato del PRI al gobierno del Estado Sergio Guerrero Mier y
las del propio gobernador Silerio Esparza son propias de quienes han decidido ir por todo
y al precio que sea. Sus ilícitas actitudes no contribuyen en nada al desarrollo de una
elección libre, en donde los partidos políticos acudan a la contienda en condiciones de
igualdad de oportunidad y, por el contrario, tienden a enrarecer tempranamente el clima
electoral en Durango, que auguran una elección fraudulenta.
Por su atención, muchas gracias.
Tiene la palabra, para tratar el
mismo tema, el diputado Juan Carlos Gutiérrez Fragoso, del Partido Acción Nacional,
hasta por 10 minutos.
| El diputado Juan
Carlos Gutiérrez Fragoso: |
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados:
El tema que hoy nos ocupa es sobre los
procesos electorales que se están llevando a cabo a lo largo y ancho de nuestra
República Mexicana.
Como es de su conocimiento, este 1998 es un
año político por celebrarse elecciones a diferentes cargos en 14 entidades federativas,
de las cuales 10 están en juego las gubernaturas. De tal manera, señores diputados, que
este año es y debe ser la oportunidad para todos para renovar los poderes de las
diferentes instancias de Gobierno.
En Durango los diferentes partidos
políticos ya han elegido a sus candidatos a gobernador y no obstante que las campañas
políticas de acuerdo al código estatal electoral no han iniciado aún de manera oficial,
los actos de proselitismo de algunos candidatos ya empiezan a causar controversia y
confrontaciones innecesarias. Me refiero a las lamentables declaraciones hechas por
nuestro compañero, el diputado Angel Sergio Guerrero Mier, exhortando efectivamente, como
lo dijo el diputado que me antecedió en la palabra, a los funcionarios públicos de los
diferentes niveles de gobierno, Federal, estatal o municipal, a ponerse la camiseta del
PRI, a ponerse la camiseta de su partido.
Nos extraña que un abogado, conocedor del
derecho, acreedor de la medalla al mérito Legislativo en la Cámara de Senadores,
presidente de la Comisión de Justicia hasta unos días en esta Legislatura, haga un
llamado a infringir la ley, haga un llamado a transgredir el estado de derecho, a violar
el código penal y el código electoral. El señor diputado con licencia, Angel Sergio
Guerrero Mier, protestó ante este recinto guardar y hacer guardar la Constitución
General de la República y las leyes que de ella emanan y ahora se le olvida este
compromiso. Como candidato a gobernador está más aún obligado a ser coherente y
consecuente con lo que aquí dijo en esta tribuna.
También le recordamos que hacer
declaraciones para incitar a los funcionarios públicos a ser parciales, a disponer de su
cargo y de su tiempo para favorecer al partido oficial y a su candidato, además de ser
ilegal es inmoral hacer uso de los recursos humanos y materiales en beneficio de cualquier
partido.
Desde esta tribuna hacemos una invitación
para elevar el nivel de la contienda electoral, a retomar el camino de la legalidad. Es
necesario por el bien de los duranguenses y de México confrontar las ideas, las
propuestas del Gobierno, de los candidatos en un debate de altura, en un debate
constructivo y no de insultos y agresiones.
Los candidatos de nuestro partido nunca han
rehuido a un debate, siempre hemos propuesto exponer de cara a la ciudadanía nuestra
plataforma de gobierno, hablar de la cosa pública frente al pueblo.
Nuestra candidata a gobernadora, la señora
Rosario Castro Lozano, ha hecho una invitación a los demás candidatos a un debate
político.
Desde esta alta tribuna hacemos un llamado
al candidato del PRI y de los demás partidos políticos a no rehuir a esta invitación de
una dama. Sería una descortesía política no aceptar la propuesta para el debate de una
mujer que se ha caracterizado por una franqueza y una valentía sin lugar a dudas.
Esperamos, compañeros diputados, que el
candidato del partido oficial y los demás partidos acepten este reto, de frente a la
opinión pública. El programa de gobierno que proponen para los duranguenses se debe
debatir de frente, de cara a la ciudadanía.
El PAN ha dado muestras de su congruencia
política. Los candidatos del PAN han aceptado el debate lo mismo en Nuevo León que en
Guanajuato o en Baja California. Esperamos y deseamos que este año electoral en los
estados, en donde tenemos elecciones, se dé un debate y un proceso político de altura.
Que en Veracruz, Miguel Alemán acepte el
debate, en Zacatecas los candidatos le entren al debate, que en Chihuahua y Durango se
arriesguen a confrontar con la fuerza de la razón y de la verdad las tesis y las ideas.
Esta mos en contra del insulto y de la mentira, del engaño, de la simulación y de la
manipulación.
Consideramos que es tiempo de retomar el
rumbo de la civilidad política, ahora más que nunca los gobernantes necesitan estar
revestidos de una legitimidad que sólo se construye con la voluntad popular, que se
construye a lo largo del proceso electoral, la legitimidad no se compra, señores
diputados, como un desplegado o un spot en radio o en TV, la legitimidad tiene como
sustento, como lo dije, la voluntad popular y no el dedazo ni la imposición centralista y
autoritaria. Estas prácticas que tanto han dañado a México deben quedar enterradas y
emerger a una cultura política que fortalezca la vida democrática de nuestro país.
Finalmente, compañeras y compañeros
diputados, yo creo que si debemos de ponernos la camiseta, si debemos de llevar bien
puesta la camiseta de México, en especial los servidores públicos, por el bien superior
de la nación, deben de sudar la camiseta de México, con honestidad, con honradez y con
espíritu de servicio y no sudar la camiseta de un partido para manipular a los electores.
Y nosotros, como diputados, debemos de
tener presente, como lo dice este lema, esta hermosa frase: "la Patria, la patria es
primero".
Tiene la palabra, para tratar el
mismo tema, el diputado Jesús Gutiérrez Vargas, del PRI, hasta por 10 minutos.
| El diputado Jesús Gutiérrez Vargas: |
Con su venia, señor Presidente;
compañeros diputados, me quedé reflexionando sobre las palabras que el diputado Juan
Cruz y el diputado Juan Carlos Gutiérrez dijeron en esta tribuna y realmente yo lo
pensaría porque luego nos pueden acusar de hacer proselitismo en horas de trabajo
compañeros, entonces les pediría un poco más de respeto.
Venimos a dar versiones totalmente
distintas de la situación política que se vive en Durango, venimos a dar nuestro
testimonio pero quiero más que nada hacer una invitación a que lo hagamos con
honestidad, en aras de la verdad, de lo que realmente está sucediendo en Du rango.
Me parece que las versiones que han
antecedido aquí en el uso de la palabra son versiones que no tienen un propósito veraz y
todo lo contrario, tienen el propósito de ya iniciar una guerra sucia en el terreno
político cuando les queremos decir a los diputados que me antecedieron en el uso de la
palabra, que las elecciones, señores diputados, se ganan con los ciudadanos en Durango y
no se ganan en la Cámara de Diputados.
Queremos verlos a ustedes ir a ganar el
voto y la conciencia de los duranguenses allá en Durango no aquí, que los diputados no
votan para elegir ayuntamientos, diputados locales ni gobernadores. Sólo me referiré a
algunas consideraciones que creo importantes. Efectiva mente, el año próximo pasado, las
fuerzas políticas en el Estado coincidieron en crear un nuevo marco jurídico para llevar
a efecto y desarrollar con toda transparencia en los conceptos más formales de un
procedimiento, como es el electoral, bajo los conceptos de la imparcialidad, de la
transparencia, de la legalidad, de la legitimidad misma del proceso.
Ahí coincidieron efectivamente todas las
fuerzas políticas, surge un modelo jurídico en el cual se tomaron en cuenta todas las
voces de todas las fuerzas representadas en el Congreso del Estado y hoy, como un examen
de conciencia, los priístas les decimos a las otras fuerzas políticas que nadie está
por encima de la ley, que nosotros nos la jugamos al derecho, nos la jugamos a la ley, no
nos la jugamos a andar ganando elecciones en la mesa ni permitiremos desde ahora que se
empiece a hacer guerra sucia a través de otras instancias que no sean las instancias que
permite el propio código estatal electoral.
Por eso, la denuncia que viene a hacer y el
comentario que viene a hacer el diputado Juan Cruz Martínez y que ya ha sido debidamente
comentada ante los consejeros estatales en su propio seno, no tiene ningún sustento
jurídico; no tiene absolutamente ninguna sustentación legal y voy a tratar de
demostrarlo porqué.
En principio, creo que los asesores
jurídicos del Partido del Trabajo andan un poco desorientados, porque hablan de un
candidato y ante la formalidad de la legalidad, éstas en principio simples declaraciones
no había un candidato formal, porque el candidato se registró el 16 de los corrientes,
no como dice el día nueve, en principio ya la denuncia..
Permítame el orador. Acérquenle un
micrófono al señor diputado. ¿Con qué objeto, señor diputado Gutiérrez?
| El diputado Juan
Carlos Gutiérrez Fragoso (desde su curul): |
Señor Presidente, para solicitarle
por su conducto si el orador me permite hacerle una interpelación.
| El diputado
Jesús Gutiérrez Vargas: |
Al término, con mucho gusto.
Al término, diputado. Continúe,
señor orador.
| El diputado
Jesús Gutiérrez Vargas: |
Entonces, no es posible que ante la
luz del derecho estemos hablando de un candidato cuando ni siquiera se han cumplido los
tiempos en principio de la formalidad del código estatal electoral.
Por otro lado, la simple declaración de
ideas que hace el candidato en un proceso interno ante un eventual público eminentemente
priísta, en un proceso donde los priístas duranguenses decidimos llevar a través de un
consenso generalizado de todos los priístas quién sería nuestro abanderado, hace una
simple invitación a que de acuerdo con la propia legislación de nuestro instituto
político como lo marcan sus propios estatutos en sus artículos 15, 16 y 17,
estableciéndonos las obligaciones que tenemos como los priístas para hacer valer
nuestros derechos ante nuestro instituto político, no nos lleva a ninguna penalización
ni crea una conducta punible penalmente.
Creemos de alguna manera, que la simple
invitación que se hizo por parte del candidato Angel Sergio Guerrero Mier, en el sentido
de invitar a sus correligionarios para que en momentos libres pudieran disponer por su
convicción priísta para hacer llegar algún acto de proselitismo, no se configuró
conforme lo marca la propia legislación legal.
Cabe mencionar, compañeros diputados, que
la invitación a la que hace referencia y que ha sido motivo de una discusión en el seno
del propio consejo, la invitación que hace nuestro candidato interno aún, Angel Sergio
Guerrero Mier, no implica absolutamente ninguna conducta punible ante la legislación, por
eso creemos que indiscutiblemente se trata de un inicio de una guerra sucia que entre el
Partido del Trabajo pretende hacer en nuestro Estado y que nuevamente le volvemos a
invitar para que, como aquí ya lo mencionó el diputado Juan Carlos Gutiérrez, sumemos
esfuerzos, dejemos la guerra sucia a un lado, vayamos a las calles convenciendo a los
duranguenses de nuestra oferta política; vayamos convenciendo a los duranguenses que
verdaderamente representamos una opción de gobierno seria y responsable y que la guerra
sucia la dejemos para después, yo los invito pues tanto al Partido del Trabajo como al
Partido Acción Nacional, para que se sumen a esta invitación, se sumen a este esfuerzo,
para que hagamos de Durango y de los duranguenses un Estado propicio al desarrollo
económico que tanto necesitamos.
Muchas gracias.
Tiene la palabra para el mismo tema y
hasta por cinco minutos, la diputada Margarita Pérez Gavilán, del Partido Acción
Nacional.
| La diputada
Margarita Pérez Gavilán Torres: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Interpreto por las palabras del diputado
que me antecedió en el uso de la tribuna, que el señor Angel Sergio Guerrero Mier ha
aceptado el debate. Cuando menos eso demostrará que es un caballero.
Pero no es falsa esta situación que se ha
dado en Durango; han sido problemas en el consejo estatal electoral. Los consejeros
electorales, que son el resultado del consenso de los partidos políticos, han hecho ya
ahorita un punto de acuerdo para que renuncie el presidente del consejo estatal electoral,
que ha manifestado en los medios de comunicación agresiones e insultos a los consejeros
electorales.
No es posible que un presidente del consejo
estatal electoral se refiera a los consejeros electorales como manipulados por los
partidos políticos. Creo que la equidad e imparcialidad que toda autoridad electoral
debiera tener para concluir con un proceso electoral transparente y confiable, se está
poniendo en tela de duda cuando el presidente del consejo estatal electoral hace
declaraciones a los medios de comunicación, en el sentido de que algunos con sejeros
electorales han sido manipulados por los partidos políticos. Sin duda, declaración
temeraria si no se prueban los hechos, por lo que es urgente que los consejeros
electorales y su presidente se conduzcan con civilidad y apegados a la legalidad.
Los consejeros electorales que hoy
representan a los ciudadanos de Durango, son el resultado del consenso de los partidos
políticos. Ciertamente las declaraciones de su presidente sólo enrarecen el ambiente y
confunden a la ciudadanía, pues ponen en duda la legalidad, imparcialidad, transparencia
y equidad que debiera existir en esta contienda.
Acción Nacional, a través de su candidata
licenciada Rosario Castro Lozano, ha manifestado su deseo y ha invitado a los candidatos
de los diferentes partidos políticos a debatir sus programas y propuestas. Desde aquí
exhorto a los candidatos a aceptar la invitación a debatir de cara a la ciudadanía, para
que seamos los duranguenses quienes decidamos quién habrá de gobernarnos durante los
próximos seis años y que el consejo estatal electoral vigile y acredite la legalidad, la
imparcialidad y la equidad de los procesos políticos que se viven en el Estado de
Durango.
Gracias.
Tiene la palabra el último orador
registrado para este tema, por el Partido Revolucionario Institucional el diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos, hasta por cinco minutos.
| El diputado Gil Rafael Oceguera Ramos: |
Muchas gracias, señor Presidente:
He escuchado no con asombro, porque
lamentablemente la vida política del país registra en muchos casos avances y retrocesos,
cómo el diputado Juan Cruz viene a la tribuna a sostener una mentira del tamaño del
mundo, buscando descalificar al contrario de una manera que en lo absoluto tiene que ver
con el desarrollo político y democrático que todos debemos defender y proponer para
Durango y para todo el país.
Aquí el compañero Gutiérrez, del PRI,
diputado que habló en relación a las imputaciones que se han hecho en contra de nuestro
compañero Sergio Guerrero Mier, ha sido mucho muy puntual. En primer lugar aún no se
desarrolla una campaña política formalmente hablando. ¿Quién de todos nosotros ignora
que las campañas políticas tienen sus tiempos, que las leyes electorales, que las
convocatorias que expiden los congresos de los estados, señalan tiempos y plazos para el
proselitismo? No se puede acusar a Angel Sergio Guerrero Mier de estar realizando
proselitismo cuando aún el proceso electoral no se inicia formalmente, más aún, cuando
el organismo electoral no acepta ni decide qué candidatos quedan registrados para
participar en la contienda.
Pero hemos visto cómo Juan Cruz,
recurriendo al instrumento de la falsificación de los hechos, pretendiendo ganar aquí,
como dijo Gutiérrez, lo que al parecer están condenados a perder en Durango, viene a
sostener una mentira del tamaño del mundo. ¿Hasta dónde, hasta cuándo, compañeros
diputados, habrá un compromiso firme de lealtad, de honestidad con los procesos
políticos que deben garantizar el desarrollo democrático del país? ¿Qué tiene de
pecaminoso o de punible que el aspirante a candidato o que el precandidato diga en una
reunión que es importante que los servidores públicos y los que no son servidores
públicos también, se pongan la camiseta y realicen trabajo de proselitismo por el PRI?
Por si no lo sabe Juan Cruz, lo que está
penado es desviar recursos, lo que está penado es utilizar el tiempo laborable de los
candidatos en campañas de orden político, eso es lo que tenemos que condenar y eso es lo
que la ley sanciona conforme a derecho, mas no está prohibido que cualquier candidato
exhorte a los candidatos en general a participar en trabajos de carácter partidista o en
hacer valer sus preferencias de carácter electoral.
No hay ninguna convocatoria y aquí tengo
en mis manos la versión estenográfica de los dichos de Guerrero Mier, en donde él
convoca a los servidores públicos a abandonar sus funciones para dedicarle el tiempo al
trabajo partidista. Pero en fin, le concedemos a Juan Cruz y al PT, que este asunto lo
tiene que ventilar la autoridad electoral, lo tiene que ventilar la Procuraduría de
Justicia.
Si hay delito, compañeros, nuestra
propuesta es que se sancione; si hay verdaderamente materia de violación al Código
Penal, que se actúe en consecuencia, mas me parece que son muy importantes y atendibles
las reflexiones de la compañera Margarita Pérez Gavilán.
Ayer, señor Presidente, hoy aparecen
publicados en el periódico, en La Jornada, página 12, las declaraciones de un consejero
electoral de nombre Jaime Cárdenas Gracia. Este consejero acusa al priísmo duro de
criticar de partidista a funcionarios del IFE. Creo que esto constituye un hecho grave,
que un funcionario electoral que está obligado a la imparcialidad y al manejo conforme a
derecho de los asuntos que esta Cámara puso a su cargo, se ande pronunciando en relación
a los partidos políticos, cuando no es esta materia de su competencia.
Tiene mucha razón la compañera Pérez
Gavilán, hay un consejero electoral de nombre...
Concluya, señor orador. Redondee y
concluya, por favor.
| El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos: |
Si me permite concluir, señor
Presidente, con mucho gusto a eso voy.
...Un consejero electoral de apellido
Hernández, y de nombre Edmundo Soria, se pronunció cual si fuera procurador, cual si
fuera autoridad judicial, en contra del PRI y en contra de nuestro candidato, Guerrero
Mier...
Concluya, señor orador.
| El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos: |
Me dispongo, señor Presidente, a
concluir, con mucho gusto.
La conclusión es ésa, señor Presidente,
¿hasta dónde hay un compromiso real y verdadero de las partes para lograr forjar la
democracia nueva para Durango y para México?
Gracias por su paciencia.
| El diputado Juan
José Cruz Martinez (desde su curul): |
Señor Presidente.
¿Con qué objeto, señor diputado?
Por favor acérquenle un micrófono al
diputado Juan Cruz.
| El diputado Juan
José Cruz Martínez (desde su curul): |
Para contestar alusiones personales.
Para contestar alusiones personales,
hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Juan Cruz Martínez.
| El diputado Juan José Cruz Martínez: |
Con el permiso de la Presidencia:
Es cierto que todos sabemos que el diputado
Oceguera no es de Durango ni conoce el Código Penal de Durango ni conoce el código
estatal de Durango. Es de Sinaloa.
Quiero decirle al diputado que me
antecedió en el uso de la palabra, que el candidato del Partido Revolucionario
Institucional exhortó a los servidores públicos, así textualmente, a que se pusieran la
camiseta del PRI y no les dijo que de tres a ocho, cuando ya salen del trabajo o sea, los
conminó de una manera abierta a que se pusieran a disposición de la estructura del
Partido Revolucionario Institucional para que, a través de su cargo, hicieran labor de
proselitismo por el candidato Guerrero Mier.
Queremos decirle, diputado, que nosotros no
tenemos temor a perder en el próximo proceso electoral; al contrario, estamos convencidos
de que vamos a ganar. De lo que dudamos es de los antecedentes, muy conocidos, del
candidato del PRI a la gubernatura del Estado: Guerrero Mier, de varios procesos
electorales donde se ha violentado la voluntad popular y no sólo en Durango, sino en
otros estados en donde se ha desarrollado como delegado político del Partido
Revolucionario Institucional y en donde ha dejado muy mal sabor de boca por su actuación.
Les decimos que estamos de acuerdo en que
debemos de entrar a este proceso electoral en igualdad de circunstancias. No estamos
planteando ni estamos pidiendo ventajas; lo que queremos es que los partidos políticos y
los candidatos que efectivamente aspiren a ganar la gubernatura del Estado, lo hagan en
igualdad de circunstancias.
Sabemos efectivamente que las elecciones se
ganan con votos y nosotros, diputado, ya les hemos demostrado que las elecciones se ganan
con votos. En el último proceso electoral, la elección a candidatos de presidentes
municipales, el PT sacó 60 mil votos y el PRI sacó 25.
Muchas gracias.
Para contestar alusiones, tiene la
palabra hasta por cinco minutos, el diputado Rafael Oceguera Ramos.
| El diputado Gil Rafael Oceguera Ramos: |
Pues hemos visto, compañeros
diputados, cómo hay un cambio muy notable de la intervención primera de Juan Cruz y la
intervención segunda.
En la primera cita el antecedente que nos
llena a nosotros de orgullo como diputados y como compañeros, que bien se ganó Guerrero
Mier al haber recibido una medalla que le impuso un órgano legislativo al mérito de
abogado.
Mas al calor del debate, en su segunda
intervención, Juan Cruz dice que conoce los antecedentes de Guerrero Mier; que Guerrero
ha participado en procesos electorales y entonces sugiere, sin decirlo abiertamente, que a
todo hombre que participe en procesos electorales de entrada lo tenemos que descalificar,
porque seguramente en el maniqueísmo mecánico con que se mueve el PT, los del PRI en
elecciones son los malos y los del PT son los buenos.
Quiero decirles que los antecedentes de
Guerrero Mier son muy bien conocidos, como supongo deben ser muy bien conocidos los
antecedentes de Gonzalo Yáñez o de González Yáñez, yo no tengo la seguridad de cómo
se llame el candidato del PT, porque a veces usa un nombre, como nombre de pila y a veces
usa el nombre como que si fuera apellido con su patronímico.
Entonces pues yo no sé si en Durango
conozcan perfectamente bien la vida familiar de Yáñez. Yo no sé si conozcan
perfectamente bien todos los antecedentes que como candidato lo han hecho merecedor del
mérito de ser candidato para disputar la cuerda dura. Pero yo no me voy a poner a
calificar ni a sugerir que la persona de Yáñez no es digna de llevar la estafeta del PT.
Lo que yo aquí debo apuntar simple y
sencillamente, que de una manera aventurera e irresponsable, se pretende confundir a la
opinión pública. No es por la vía de la falsificación de los hechos, no es por la vía
de la mentira, como se puede realizar un trabajo de convencimiento, que lleve a los
partidos a la conquista del poder.
Guerrero Mier, en una reunión de partido,
invitó a los compañeros que ahí asistían, algunos de ellos servidores públicos, a
participar en el trabajo de carácter político, por la vía de votar en su momento por el
partido al que pertenece Guerrero Mier.
Si hay pruebas que demuestren que Guerrero
Mier llamó a estos servidores públicos a abandonar sus funciones y si hay pruebas de que
servidores públicos, jefes de los servidores públicos que ahí se encontraban, dedican
el tiempo de estos funcionarios para realizar trabajos de carácter partidista o para
utilizar recursos de carácter material, que se proceda conforme a derecho, pero que no se
use esta tribuna, que a todos nos demanda responsabilidad, que a todos nos exige respeto
para la nación; la responsabilidad de la palabra es un factor de importancia fundamental.
Que no se pretenda confundir, que no se
busque por la vía del engaño tratar de cosechar simpatías, renunciando a la obligación
que todos tenemos de realizar un proselitismo honesto, apegado a la ley, que con espíritu
competitivo finalmente haga posible que gane aquel que mejor convenza y aquel que mejor
propuesta presente.
Enhorabuena el PAN aprovecha esta tribuna
para convocar a nuestro candidato a un debate de altura. En buena hora hay planteamientos
de carácter propositivo, pero en mala hora el compañero Cruz viene a esta tribuna con
todo el dolo y con toda la falsedad, a pretender empañar el esfuerzo de un hombre,
compañero de nosotros, que se ha distinguido por ser constante, permanente, en su trabajo
y en su compromiso en el cumplimiento de la ley. Eso es todo, compañeros.
Para rectificación de hechos tiene
la palabra hasta por cinco minutos el diputado Rodrigo Maldonado Ochoa.
| El diputado Rodrigo Maldonado Ochoa: |
Con su permiso, señor Presidente:
No pretendemos en esta intervención
demeritar la vida política de nuestros compañeros diputados de ningún partido
político. Se habla de equidad y parcialidad, transparencia y legalidad, no únicamente en
el Estado de Durango, sino que en todos los estados de la República, en los cuales se han
elaborado elementos de carácter legal para llevar las elecciones.
El PRD en las próximas pasadas elecciones,
no fue motivo de que hubiera con él equidad, imparcialidad, transparencia y legalidad,
viéndose afectado por el instituto estatal electoral, al evitar que un diputado del
Partido de la Revolución Democrática al que le correspondía legalmente llegar fuera
hacia otro partido político.
Se habla aquí de hechos que han pasado en
el Estado de Durango y la realidad de las cosas es que el gobierno en todos los niveles ha
hecho un trabajo de proselitismo, quiérase que no se quiera.
No es desconocido que el gobierno municipal
hace un trabajo también de proselitismo con las obras y con el dinero del pueblo; no es
desconocido que el gobernador del Estado, Silerio Esparza, también hace un trabajo con el
dinero del pueblo.
Aquí a lo que debemos de exhortar a todos
los compañeros diputados y a todos los dirigentes de partidos políticos y miembros de
partidos políticos, es a que evitemos esto, a que evitemos que los recursos del pueblo
sean canalizados para hacer campañas políticas en beneficio de los partidos políticos.
Esto ha pasado en casi todas las elecciones del Estado de Durango.
Y aquellos partidos políticos y dirigentes
políticos que son responsables, deben de ser también responsables para que este proceso
electoral por venir en el Estado de Durango, sea un proceso realmente con equidad e
imparcialidad, transparencia y legalidad.
Ya hace aproximadamente como dos, tres
meses, el trabajo de los partidos políticos, del PRI y del PT, se está llevando hacia la
compra o a llevar votos por medio de los programas federales. Esto debe de desaparecer.
Llamamos, como llama Margarita Pérez
Gavilán, hacia una confrontación civilizada de todos los candidatos; que en Durango
prive la legalidad, la imparcialidad, la transparencia y la legalidad y que los partidos
políticos no sean entidades en las cuales al tiempo de que una instancia electoral no la
favorezca, se disgusten.
Por aquí se habla de un consejero
electoral, Cárdenas; creemos que ese consejero electoral dio una opinión mucho muy
respetable, esa opinión la cual no favorecía a un partido político y por eso se
disgusta ese partido político por esa opinión.
Ojalá la civilidad prive no únicamente en
ese proceso electoral; que esa civilidad prive en todos los procesos electorales y que en
Durango, de una vez por todas, desaparezca el caciquismo y la ilusión de los partidos
políticos, de los procesos electorales, como ha sucedido casi todo el tiempo.
Muchas gracias.
LEY DEL SERVICIO DE TESORERIA
DE LA FEDERACION
Esta Presidencia acaba de recibir un
oficio de la Secretaría de Gobernación. Se ruega a la Secretaría dar cuenta con él.
| La secretaria
María del Carmen Corral Romero: |
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fundamento en el artículo 71 fracción
I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por instrucciones del
Presidente de la República, con el presente envío a ustedes iniciativa de decreto que
reforma la Ley del Servicio de Tesorería de la Federació, documento que el propio primer
magistrado de la nación propone por el digno conducto de ustedes.
Reitero a ustedes las seguridades de mi
atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 24 de marzo de 1998.- Por
acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Presidencia de la República.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En el mes de noviembre de 1995 me permití
someter a la consideración de esa soberanía una iniciativa de reformas y adiciones a la
Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, con objeto de que las funciones de la
Tesorería se adecuaran a la nueva dinámica de la concentración, disposición,
inversión y vigilancia de los recursos y valores de la propiedad o al cuidado del
Gobierno Federal. Esa soberanía aprobó la actualización del régimen legal conforme al
cual se prestan los referidos servicios por la Tesorería de la Federación.
Recogiendo la experiencia obtenida con
tales modificaciones, con la presente iniciativa se pretende mejorar el marco jurídico
que coadyuve a optimizar la administración de los recursos financieros del Gobierno
Federal.
La iniciativa busca, por una parte,
permitir a la Tesorería la utilización de la tecnología informática actual, en las
operaciones y servicios que presta. Por otra parte, se propone que los bienes que la
Tesorería tiene a su disposición para su venta, sean enajenados a través de
procedimientos expresamente regulados en la ley, mismos que han sido delineados, buscando
garantizar los principios de eficiencia, eficacia y honradez, a la par de buscar afianzar
las previsiones tendientes a asegurar las mejores condiciones económicas y de oportunidad
para el Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En este contexto, se plantea adicionar el
artículo 14-bis, estableciéndose la facultad para la Tesorería de celebrar las
operaciones o prestar los servicios regulados por la ley, utilizando documentos escritos
que contengan la firma autógrafa del servidor público competente o bien a través de
equipos o sistemas automatizados en los cuales se emplearán medios de identificación
electrónica, en sustitución de la firma autógrafa.
La adición del artículo 26-bis a la ley
encuentra su razón de ser en la necesidad de establecer un procedimiento para hacer más
eficiente el aprovechamiento de aquellos servicios que los deudores de toda clase de
créditos del Gobierno Federal ofrezcan en dación en pago.
Dicho procedimiento consiste en que al
aceptarse por la Tesorería la oferta de dación en pago de servicios, el deudor se aboque
a colocar entre las dependencias y entidades de la administración pública federal la
prestación de los mismos, sin que para el efecto se les dé trato preferencial alguno, ya
que en todo caso deberá cumplirse con las formalidades y requisitos previstos en la Ley
de Adquisiciones y Obras Publicas, para que, una vez prestados los servicios ofrecidos en
dación en pago a las dependencias o entidades, se tenga por extinguido el crédito
correspondiente.
Con lo anterior se lograría eficientar los
recursos públicos, toda vez que el Gobierno Federal no tendría la tarea de colocar los
servicios entre las diversas dependencias y entidades de la administración pública
federal, además de garantizar que los servicios que se acepten en dación en pago sean
debidamente aprovechados por el Gobierno Federal, al sujetarse la contratación de los
mismos a las previsiones de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, con independencia
de que la formalización de la dación en pago se realizaría una vez que las dependencias
o entidades manifiesten a la Tesorería o a sus auxiliares que los servicios fueron
prestados conforme a la reforma propuesta para la fracción III del artículo 27 de la
ley.
En concordancia con lo anterior, la reforma
propuesta al artículo 28 tiene por objeto excluir la referencia en el mismo a la dación
en pago de los servicios, cuestión de la que se ocupa el artículo 26-bis que se
adiciona, así como uniformar los procedimientos de venta de los bienes muebles e
inmuebles recibidos en dación en pago que se decida enajenar de esta manera, con los
previstos para los demás bienes puestos a disposición de la Tesorería o de sus
auxiliares, de los que también se resuelva su venta; procedimientos de los que se ocupa
el Titulo Noveno que también se propone adicionar.
La reforma al artículo 65 de la ley, que
prevé el procedimiento de reclamación del importe derivado de los daños y perjuicios
que sufra el erario federal, consiste en señalar expresamente que el importe de los
mismos se entregará a las dependencias que los hubieran sufrido.
La adición al artículo 65-bis pretende
que la Tesorería de la Federación respalde a aquellas dependencias y entidades de la
administración pública federal que han sufrido un daño o perjuicio por la actuación de
los servidores públicos caucionados por el fondo de garantía para reintegros al erario
federal, dado que en la práctica la Tesorería se ve obligada a apoyar con recursos
económicos a estas dependencias y entidades, previamente a que se haya fincado la
responsabilidad correspondiente, a fin de que las mismas puedan hacer frente a sus
compromisos de tal naturaleza.
De ser aprobada la presente iniciativa, se
adicionaría una fracción V al artículo 69, lo cual permitiría que se utilicen en forma
más eficiente los recursos del fondo de garantía para reintegros al erario federal. En
efecto, en dicha fracción se establecería la facultad de la Tesorería para contratar
garantías que caucionen el manejo de aquellos servidores públicos que desempeñen las
funciones de recaudación, manejo, custodia o administración de fondos, valores y bienes
de la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal, a efecto de que exista una cobertura
más amplia en beneficio del erario federal, para los casos en los que se verifique un
daño o perjuicio en el patrimonio del propio Gobierno Federal por responsabilidades en
que incurran estos servidores públicos.
En otro orden de ideas, en congruencia con
las previsiones establecidas en el artículo 134 de nuestra Constitución Política,
resulta conveniente incorporar en la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, un
título que regule en forma detallada los procedimientos de enajenación de los bienes que
tenga a su disposición para su venta la Tesorería de la Federación y sus auxiliares,
con el objeto de garantizar con mayor eficacia las mejores condiciones económicas y de
oportunidad para el Estado.
El Título Noveno que se propone adicionar,
se encuentra integrado por 28 artículos, divididos en tres capítulos: "de las
disposiciones generales", "de la licitación pública" y "de la
subasta".
En el primero de los capítulos
mencionados, se plantea establecer las previsiones de aplicación general a los
procedimientos de venta de los bienes a disposición de la Tesorería o de sus auxiliares
con dicho objeto, entre las que destacan los requisitos mínimos que deberán contener las
convocatorias, sean licitaciones públicas o subastas, la publicidad o difusión que se
dará a tales convocatorias, así como las personas que estarán impedidas para participar
en los procedimientos de venta.
El propósito de los capítulos segundo y
tercero será regular a nivel de ley los procedimientos de licitación pública y subasta
para la venta de los bienes puestos a disposición de la Tesorería o sus auxiliares,
tomando como base los principios generales que sobre la enajenación de bienes del dominio
de la Federación prevalecen en otras disposiciones jurídicas, empero, adecuándolas a
los requerimientos y prioridades que la Tesorería de la Federación necesita, en su
carácter de órgano concentrador de los recursos.
El artículo 110 de la presente iniciativa,
establece que la determinación del precio base de venta de los bienes se realizará
mediante avalúo de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, instituciones de
crédito autorizadas, corredor publico o peritos autorizados.
Asimismo, el artículo 111 del título que
se propone adicionar, establecería a la licitación pública, la subasta, además del
remate y la adjudicación directa, como aquellos procedimientos que podrá utilizar la
Tesorería o sus auxiliares para la venta de los bienes que tiene a su disposición.
Lo anterior, con objeto de garantizar las
mejores condiciones económicas y de oportunidad para el Estado, al permitir la
enajenación de los bienes con mayor celeridad y maximizar el precio de venta de los
mismos, gracias a las características propias de cada procedimiento, tutelándose desde
luego, la debida transparencia de dichos mecanismos.
Una de las principales propuestas,
consistiría en facultar a la Tesorería de la Federación y en su caso, a sus auxiliares,
para encomendar a empresas o a instituciones especializadas, la enajenación de los bienes
puestos a disposición de la Tesorería, con el fin de aprovechar la experiencia que
dichas empresas tengan en la enajenación de activos, así como el conocimiento del
mercado por las mismas y aumentar el margen de posibilidad de venta de los bienes.
El artículo 112, se ocupa de establecer la
prevalencia para la venta de los bienes mediante la licitación pública, sin menoscabo de
preverse la posibilidad de emplear otro procedimiento a efecto de garantizar la obtención
de las mejores condiciones de precio y oportunidad, en el supuesto de que la licitación
pública no resulte el más idóneo para dicho efecto, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 134 de nuestra Carta Fundamental.
El artículo 113 por su parte, se ocupa de
establecer los casos específicos en los que la Tesorería o sus auxiliares podrían
realizar la venta de los bienes a su disposición mediante el procedimiento de
adjudicación directa y que atiende primordialmente a la naturaleza de los mismos, es
decir, sean perecederos o no, a su valor, al costo de mantenimiento en relación al precio
esperado por los mismos o la dificultad para su venta.
Los artículos 114 y 115, se refieren a la
publicidad o difusión que se propone debe darse a las convocatorias, así como del
contenido mínimo que deberán observar, buscando la mayor participación posible de
interesados, sin menoscabo de cuidar que el costo de la publicidad no resulte excesivo en
comparación al valor de los bienes.
Por otra parte, en relación al contenido
de las convocatorias, se dispone que la información y requisitos, independientemente de
dotar al procedimiento de la debida seguridad jurídica, den cuenta con certeza de los
bienes, su estado general y precio base o de apertura para su venta, lo cual fortalece la
transparencia de los procedimientos que nos ocupan, en congruencia con lo dispuesto en el
artículo 116, relativo a la obligación de la Tesorería o de sus auxiliares, de
proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con la
enajenación.
El artículo 117, prevé los supuestos en
cuyo caso las personas estarán impedidas para participar en los procesos de enajenación,
en concordancia con otras disposiciones, entre las que destacan, la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas,
previéndose además de esta misma forma en el artículo 119, las disposiciones normativas
a las que estarán sujetos los servidores públicos al incurrir en responsabilidad por la
inobservancia del presente ordenamiento.
Los artículos 119 al 126, contienen
disposiciones de orden general para los procedimientos de licitación pública y subasta,
así como para la adjudicación directa; además de establecer que los criterios de
adjudicación se sustentarán en las mejores condiciones de precio y oportunidad; las
condiciones generales de pago; la posibilidad de prever penas convencionales a cargo de
los adjudicatarios o adquirentes por incumplimiento a los contratos de compraventa; los
aspectos relacionados con la transmisión de la propiedad y el destino que deberá darse
al producto de las ventas, que invariablemente ingresarán a la Tesorería de la
Federación.
Los artículos 127 al 135, se ocuparían
específicamente de regular el procedimiento de licitación pública, señalando al efecto
entre otros aspectos, el costo y forma de pago de las bases; el plazo para la
presentación y apertura de las ofertas de compra; el término en que estarán a
disposición de los interesados las bases, su contenido mínimo y la posibilidad de
modificarlas. Asimismo, señala cuales serán los participantes que tendrán derecho a
presentar sus ofertas de compra; las garantías que deberán ofrecerse; las formalidades
del acto de presentación y apertura de ofertas; así como la formalización de las
compraventas.
El procedimiento de subasta establecido en
los artículos 136 y 137, se caracteriza por permitir a la Tesorería de la Federación o
a sus auxiliares, la enajenación de los bienes mediante un mecanismo más ágil,
permitiendo obtener el mejor precio de venta al propiciar un mayor grado de competitividad
entre los interesados por un bien, en virtud de ser factible que se realicen ofrecimientos
sucesivos de manera abierta en actos públicos, adjudicándose la venta al que resulte
finalmente ser el oferente del mejor precio cabe destacar, que a este procedimiento le
serán aplicables, en lo que no contravenga a su propia naturaleza, las disposiciones
correspondientes a la licitación pública.
Asimismo, en la subasta al igual que en los
otros procedimientos regulados por el Título Noveno, la enajenación de los bienes no
podría efectuarse por debajo del valor base o de salida inicial para venta de los mismos.
Por lo anteriormente expuesto, por el digno
conducto de ustedes, señores secretarios, en ejercicio de la facultad que me concede el
artículo 71 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me
permito someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY
DEL SERVICIO DE TESORERIA DE LA FEDERACION
Artículo único. Se reforman los
artículos 26; 27 fracción III; 28 y 65, tercer párrafo y se adicionan los artículos
14-bis; 26-bis; 65-bis; 69 con una fracción V y el Título Noveno, el cual comprende de
los artículos 110 al 137, de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, para
quedar como sigue:
"Artículo 14-bis. La Tesorería
estará facultada para celebrar las operaciones y prestar los servicios a que se refiere
la presente ley, mediante la utilización de documentos escritos con la correspondiente
firma autógrafa del servidor público competente o bien, a través de equipos o sistemas
automatizados, para lo cual, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán medios
de identificación electrónica.
Para la utilización de los equipos o
sistemas automatizados a los que alude el párrafo anterior, la Tesorería dará a conocer
a las dependencias y entidades de la administración pública federal, como mínimo lo
siguiente:
I. Las operaciones y servicios cuya
prestación se establezca;
II. Los medios de identificación del
usuario y las responsabilidades correspondientes a su uso y
III. Los medios por los que se haga constar
la creación, establecimiento, transmisión, modificación o extinción de derechos y
obligaciones inherentes a las operaciones y servicios de que se trate.
El uso de los medios de identificación que
se establezca conforme a lo previsto en esta ley, en sustitución de la firma autógrafa,
producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y en
consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.
La Tesorería será responsable de llevar
un estricto control de los medios de identificación electrónica que autorice, así como
de cuidar la seguridad y protección de los equipos o sistemas automatizados y en su caso,
de la confidencialidad de la información en ellos contenida.
Artículo 26. Las daciones en pago de
bienes muebles o inmuebles a que se refiere el artículo anterior, se aceptarán al valor
del avalúo emitido, según corresponda, por institución de crédito, por la Comisión de
Avalúos de Bienes Nacionales, por corredor público o por perito autorizado.
Tratándose de servicios, la Tesorería
determinará los términos, las condiciones y el monto hasta por el cual podrá aceptarse
el ofrecimiento del deudor de pagar el crédito mediante la dación en pago de servicios.
La aceptación de bienes o servicios a que
se refiere el presente artículo, suspenderá provisionalmente todos los actos tendientes
al cobro del crédito respectivo, así como la actualización de su principal y
accesorios. De no formalizarse la dación en pago, en los términos del artículo 27 de
esta ley, quedará sin efectos la suspensión del cobro del crédito, debiendo
actualizarse las cantidades desde la fecha en que debió hacerse el pago y hasta que el
mismo se efectúe, conforme a las disposiciones fiscales.
Artículo 26-bis. Una vez aceptado el
ofrecimiento de la dación en pago de servicios, el deudor deberá promover y buscar que
le sea adjudicada la contratación de los servicios que ofrece en dación en pago ante las
dependencias o entidades de la administración pública federal en estricto apego a las
previsiones contenidas en la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. La dependencia o
entidad que contrate dichos servicios, lo deberá comunicar por escrito a la Tesorería o
sus auxiliares, de acuerdo con los procedimientos que para el efecto disponga la
Tesorería. Dicho escrito deberá contener la autorización para que se lleve a cabo la
afectación presupuestal correspondiente.
La prestación de los servicios ofrecidos
en dación en pago, se deberá realizar en un plazo máximo de 18 meses contados a partir
de la fecha de aceptación a que se refiere el primer párrafo de este artículo. En el
supuesto de que el deudor no preste los servicios a las dependencias o entidades en el
plazo y condiciones establecidos quedará sin efectos la suspensión del cobro del
crédito, debiendo actualizarse el saldo remanente desde la fecha en que debió hacerse el
pago y hasta que el mismo se efectúe, conforme a las disposiciones fiscales.
Las dependencias o entidades que aprovechen
los servicios sujetos a las previsiones de este artículo, deberán informar
periódicamente a la Tesorería o sus auxiliares de la contratación y el cumplimiento
total o parcial de los mismos.
Artículo 27. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
III. Tratándose de servicios, en la fecha
en que éstos fueron efectivamente prestados. Al efecto, las dependencias o entidades de
la administración pública federal deberán manifestar a la Tesorería o sus auxiliares
que los servicios fueron aprovechados por las mismas.
En caso de cumplimiento parcial se
extinguirá proporcionalmente el crédito respectivo.
Artículo 28. Los bienes recibidos en
dación en pago quedarán en custodia y administración de la Tesorería o de sus
auxiliares correspondientes a partir de que ésta se formalice. La propia Tesorería
tendrá plenas facultades para proceder a su enajenación o bien, tratándose de bienes
muebles, también podrá determinar su destino dentro de la administración pública
federal, en los plazos que establece esta ley, debiendo tramitar, en su caso, la
afectación presupuestaria correspondiente.
Para los efectos del párrafo anterior y
conforme a lo dispuesto por el Titulo Noveno de esta ley, la Tesorería directamente o por
conducto de sus auxiliares, podrá enajenar por medio de licitación pública, subasta,
remate o adjudicación directa, los bienes recibidos para el pago de créditos a favor del
fisco federal, siempre que el precio no sea en cantidad menor al del valor en que fueron
recibidos, con adición de los gastos de administración o venta generados, excepto cuando
el valor del avalúo actualizado sea menor, en cuyo caso éste será el precio mínimo de
venta.
Artículo 65. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
Cumplidos los requisitos anteriores, la
Teso rería, dentro de los 30 días siguientes, cubrirá supletoriamente a la dependencia
que haya sufrido los daños y perjuicios, con cargo al fondo, el importe insoluto del
crédito o responsabilidades de acuerdo a las disponibilidades financieras del fondo.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
Artículo 65-bis. La dependencia del
Gobierno Federal a la cual esté adscrito el servidor público que presuntamente haya
ocasionado perjuicios al Gobierno Federal, previo al fincamiento de responsabilidades por
la dependencia facultada para ello, podrá solicitar a la Tesorería la reposición de los
recursos para cubrir el importe de las mismas, la cual lo cubrirá de inmediato con cargo
a su cuenta corriente y con carácter temporal, hasta en tanto se finque responsabilidad y
la correspondiente resolución quede firme, en los términos del reglamento de esta ley.
En caso de que se determine que no existe
responsabilidad alguna, la dependencia correspondiente deberá devolver a la Tesorería
los recursos a los que alude el párrafo anterior, de conformidad con el reglamento de
esta ley.
Artículo 69. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
I a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
V. Contratación de seguros o garantías
con instituciones de seguros o de fianzas autorizadas, que caucionen el manejo de los
servidores públicos del Gobierno Federal que desempeñen las funciones de recaudación,
manejo, custodia o administración de fondos, valores y bienes de la propiedad o al
cuidado del mismo, así como de los que intervengan en la determinación, autorización y
contratación de créditos en favor o a cargo del propio Gobierno, en los términos del
reglamento de esta ley."
TITULO NOVENO
Del procedimiento de venta de los bienes
puestos a disposición de la Tesorería o de sus auxiliares
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 110. La Tesorería o sus
auxiliares podrán vender los bienes puestos a su disposición una vez que se hayan
cubierto los requisitos correspondientes, de acuerdo a cualquiera de los procedimientos
previstos en esta ley y en su reglamento, siempre que el precio no sea en cantidad menor
al del valor en que fueron recibidos, con adición de los gastos de administración o
venta generados, excepto cuando el valor del avalúo actualizado sea menor, en cuyo caso
éste será el precio mínimo de venta.
El precio base de venta de los bienes será
determinado mediante avalúo que realice la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales,
instituciones de crédito autorizadas, corredor público o perito autorizado.
La Tesorería estará facultada para
mantener en reserva el precio base de venta hasta el acto de presentación de ofertas, en
aquellos casos en que se considere que dicha reserva coadyuvará a estimular la
competitividad entre los interesados y a maximizar el precio de venta.
Salvo las excepciones previstas en esta ley
o en el Código Fiscal de la Federación, para el caso de remate, no se podrá proceder a
la venta de los bienes por debajo del precio base de venta.
Artículo 111. La Tesorería y sus
auxiliares podrán enajenar los bienes puestos a su disposición a través de los
siguientes procedimientos:
I. Licitación pública;
II. Subasta;
III. Remate y
IV. Adjudicación directa.
El procedimiento de remate se sujetará a
las disposiciones previstas para el mismo en el Código Fiscal de la Federación.
La Tesorería y en su caso, sus auxiliares,
podrán encomendar la enajenación de los bienes a empresas o instituciones especializadas
en la promoción y venta de los mismos, cuando de los elementos de juicio con que al
efecto cuente, estime que la intervención de las empresas aludidas, permita eficientar el
procedimiento de enajenación, así como aumentar las alternativas de compradores
potenciales y maximizar los precios.
Artículo 112. La venta de los bienes se
realizará preferentemente a través del procedimiento de licitación pública, salvo que
a juicio de la Tesorería no sea el procedimiento idóneo para garantizar las mejores
condiciones en cuanto a precio y oportunidad, caso en el cual podrá optarse por alguno de
los otros mecanismos previstos en el artículo anterior.
Artículo 113. Los bienes sólo podrán
enajenarse mediante adjudicación directa, previo dictamen de la Tesorería, que deberá
obrar por escrito, en los siguientes casos:
I. Se trate de bienes de fácil
descomposición o deterioro o de materiales inflamables, siempre que en la localidad no se
puedan guardar o depositar en lugares apropiados para su conservación;
II. Se trate de bienes cuya conservación
resulte incosteable para la Tesorería o sus auxiliares;
III. El valor de los bienes sea menor al
equivalente de seis meses del salario mínimo general vigente del Distrito Federal o
IV. Se trate de bienes que habiendo salido
a remate en primera almoneda o licitados públicamente en dos ocasiones, no se hubieran
presentado postores.
Artículo 114. La convocatoria de
enajenación de bienes se publicará en el Diario Oficial de la Federación, así como en
un diario de circulación nacional o en uno de la entidad federativa en donde se
encuentren ubicados los bienes objeto de venta.
En caso de que el valor de los bienes no
exceda del equivalente a 100 veces el salario mínimo general vigente correspondiente al
Distrito Federal elevado al año, bastará con la publicación de la convocatoria en el
Diario Oficial de la Federación.
Cuando el valor de los bienes no sea
superior a 30 veces el referido salario elevado al año, no se requerirá de publicación
alguna, para lo cual sólo se fijará la convocatoria en sitio predeterminado y visible al
público en general dentro de las oficinas de la Tesorería o de sus auxiliares, sin
perjuicio de considerarse algunos otros lugares públicos.
En adición a las publicaciones
mencionadas, la Tesorería o sus auxiliares podrán enviar las convocatorias
correspondientes por otros medios, incluyendo electrónicos o documentales, a las personas
que estime como posibles interesados.
Artículo 115. Las convocatorias a las que
alude el artículo anterior deberán contener cuando menos:
I. La indicación del convocante, ya sea la
Tesorería o en su caso, la especificación del auxiliar del que se trate;
II. La indicación de los lugares, fechas y
horarios en que los interesados podrán obtener las bases o demás requisitos para
participar en el procedimiento de venta y en su caso, su costo y forma de pago;
III. La descripción general del bien o
bienes objeto de la venta;
IV. Las condiciones de pago requeridas;
V. Los criterios generales conforme a los
cuales se adjudicará el bien;
VI. La información general sobre la
garantía de seriedad de las ofertas de compra;
VII. Plazo, lugar, fecha y hora en la que
podrá realizarse el registro de los interesados en el caso de licitación pública o
subasta;
VIII. La fecha límite para la
presentación de las ofertas y
IX. La fecha, hora y lugar o, en su caso,
plazo para la celebración del acto de fallo.
Artículo 116. La Tesorería o sus
auxiliares deberán proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información
relacionada con la enajenación del bien del que se trate.
Artículo 117. Estarán impedidas para
participar en los procedimientos de enajenación regulados por esta ley, las personas que
se encuentren en los supuestos siguientes:
I. Las inhabilitadas para desempeñar un
empleo, cargo o comisión en el servicio público;
II. Las que no hubieren cumplido sus
obligaciones contractuales respecto de las materias de esta ley por causas imputables a
ellas;
III. Aquellas que hubieren proporcionado
información que resulte falsa o que hayan actuado con dolo o mala fe, en algún proceso
realizado por la administración pública federal para la adjudicación de un bien;
IV. Aquellas que hubieren participado en
procedimientos similares con el Gobierno Federal se en cuentren en situación de atraso en
el pago de los bienes por causas imputables a ellos mismos;
V. Aquellas a las que se les declare en
estado de quiebra o en concurso de acreedores;
VI. Los terceros a los que se les
encomiende la enajenación de los bienes y
VII. Las demás que por cualquier causa se
encuentren impedidas para ello por disposición de ley.
Artículo 118. Cualquier acto que se
realice en contra de lo dispuesto en este título será nulo de pleno derecho.
Los servidores públicos que participen en
la realización de los mismos serán responsables por la inobservancia de las
disposiciones establecidas en el presente título en términos de la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, sin perjuicio de la responsabilidad penal
que corresponda conforme a las leyes.
Artículo 119. El bien se adjudicará a la
persona que ofrezca las mejores condiciones de precio de compra, tomando en cuenta los
términos económicos o de oportunidad, siempre que reúna los requisitos solicitados en
el procedimiento de enajenación.
La Tesorería o sus auxiliares emitirán el
fallo en el que hará constar el análisis de las ofertas de compra admitidas y se hará
mención de las desechadas.
Artículo 120. En las ventas de la
Tesorería o de sus auxiliares, deberá pactarse preferentemente el pago en una sola
exhibición, salvo causa justificada y en este caso, se establecerán los correspondientes
intereses en condiciones de mercado.
Artículo 121. La Tesorería o sus
auxiliares podrán establecer penas convencionales a cargo del adjudicatario por atraso en
sus obligaciones de pago.
Artículo 122. La Tesorería o sus
auxiliares se abstendrán de formalizar alguna enajenación, cuando de la información
proporcionada por autoridad competente se tengan elementos para presumir que los recursos
con los que se pagará el bien correspondiente, no tienen un origen licito.
Artículo 123. La Tesorería o sus
auxiliares procederán a declarar desierta una licitación pública o subasta o, en su
caso, una o varias partidas de bienes de las mismas, según corresponda, cuando las
posturas presentadas no reúnan los requisitos señalados por la convocante o, en su caso,
los precios ofrecidos no fueren aceptables.
Artículo 124. El pago deberá realizarse
en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del día del fallo.
La entrega y recepción física de los
bienes muebles deberá realizarse dentro de los cinco días hábiles posteriores a la
fecha en que se cubra la totalidad de su importe.
Se dará posesión de los bienes inmuebles
en la fecha en que sea cubierta la totalidad del pago de los mismos.
La escrituración correspondiente no podrá
exceder de un plazo superior a 45 días hábiles contados a partir del día siguiente de
la fecha de adjudicación.
En caso de que la entrega-recepción de los
bienes no se efectúe por causas imputables al comprador, éste asumirá cualquier tipo de
riesgo inherente a los mismos, salvo que obedezca a negligencia o culpa del personal de la
Tesorería o de sus auxiliares.
Artículo 125. Los bienes objeto de
enajenación deberán pasar a la propiedad del adquirente libres de todo gravamen.
Artículo 126. El producto que se obtenga
de la enajenación de los bienes conforme a lo dispuesto en este título, ingresará a la
Tesorería de la Federación.
CAPITULO II
De la licitación pública
Artículo 127. La convocatoria
establecerá, en su caso, el costo y la forma de pago de las bases, mismo que será fijado
en atención a la recuperación de las erogaciones por publicación de la convocatoria y
de los documentos que al efecto se entreguen. Los interesados podrán revisar las bases
previo al pago de las mismas.
Artículo 128. El plazo para la
presentación y apertura de las ofertas de compra no podrá ser inferior a 10 días
hábiles contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria de la
licitación.
Artículo 129. Las bases estarán a
disposición de los interesados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria
hasta cinco días naturales previos al acto de presentación o apertura de ofertas de
compra y contendrán como mínimo lo siguiente:
I. La referencia exacta de la convocatoria
a la cual corresponden las mismas;
II. Descripción detallada del bien objeto
de la venta y si se trata de inmuebles, la mención de sus linderos y colindancias;
III. La fecha, lugar y hora para mostrar
fotografías, catálogos, planos o para realizar visita al lugar donde se encuentren los
bienes, la cual se realizará mediante solicitud por escrito;
IV. Los documentos por los cuales el
interesado acreditará su personalidad jurídica;
V. El lugar, fecha y hora de celebración
de la junta de aclaraciones, misma que deberá realizarse por lo menos con cinco días
hábiles previos a la fecha de presentación o apertura de ofertas de compra. Además, la
indicación de que será optativa la asistencia a las reuniones que, en su caso, se
realicen;
VI. Instrucciones para elaborar y entregar
o presentar ofertas de compra, haciendo mención de que dichas ofertas deberán ser en
firme;
VII. La fecha, hora y lugar para la
presentación, entrega y apertura de ofertas de compra;
VIII. El plazo y monto para la entrega de
la garantía de seriedad de las ofertas de compra, así como la modalidad de la misma;
IX. Los criterios claros y detallados para
la adjudicación del bien;
X. Las condiciones de pago;
XI. Las penas convencionales por
incumplimiento de obligaciones derivadas de la adjudicación, así como por atraso en el
pago del bien;
XII. Forma y términos para la
formalización de la operación y entrega física del bien. En el caso de inmuebles, los
gastos, incluyendo los de escrituración e impuestos que se causen serán por cuenta y
responsabilidad absoluta del adquirente;
XIII. El señalamiento de las causas de
descalificación de la licitación;
XIV. Las causas por las que se podrá
declarar desierta la licitación y
XV. Cualquier otra que de acuerdo a la
naturaleza del bien y su condición de venta señale la Tesorería o sus auxiliares.
Artículo 130. Por razones justificadas y
siempre que no se tenga por objeto limitar el número de licitantes o favorecerlos, la
Tesorería y sus auxiliares podrán modificar las bases de la licitación hasta cinco
días naturales antes de la fecha de presentación de las ofertas y su publicidad deberá
realizarse en los mismos términos y circunstancias que en la convocatoria, salvo que se
den a conocer en la junta de aclaraciones o deriven de la misma para lo cual deberá
entregarse a todos los licitantes una copia del acta en la que se dé cuenta de las
modificaciones.
Las modificaciones a que se refiere el
párrafo anterior no podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los
bienes o en la adición de otros distintos.
Artículo 131. Los interesados que cumplan
con los requisitos señalados en la convocatoria y en las bases tendrán derecho a
entregar o presentar sus ofertas de compra.
Artículo 132. Quienes participen en las
licitaciones deberán garantizar en efectivo o en valores gubernamentales, según se
disponga en la convocatoria o en las bases, en favor de la Tesorería de la Federación,
la seriedad de las ofertas de compra y el cumplimiento de las obligaciones que se deriven
de los contratos de compraventa.
La Tesorería o sus auxiliares convocantes
retendrán el importe de las garantías que se hubieren presentado hasta que se emita el
fallo. A partir de esa fecha procederán a la devolución del importe correspondiente a
cada uno de los interesados, salvo la de aquél a quien se hubiere adjudicado el bien,
cuyo importe continuará como garantía del cumplimiento de su obligación y podrá
aplicarse como parte del precio de venta.
Artículo 133. El acto de presentación y
apertura de ofertas de compra, en el que podrán participar los licitantes que hayan
cubierto el costo de las bases y sus requisitos, se llevará a cabo conforme a lo
siguiente:
I. Los licitantes entregarán sus ofertas
de compra en sobre cerrado en forma inviolable y se procederá a dar lectura en voz alta
de las ofertas presentadas por cada uno de los interesados, informándose de aquellas que
en su caso se desechen por no cumplir los requisitos establecidos y las causas que motiven
tal determinación;
II. La convocante procederá al análisis
de las ofertas presentadas, con pleno apego a lo dispuesto por el artículo 119 y con base
en criterios de imparcialidad y honradez;
III. Los participantes rubricarán todas
las ofertas presentadas. En caso de que la apertura de todas las ofertas de compra no se
realice en la misma fecha, los sobres que las contengan serán firmados por los licitantes
y los servidores públicos de la Tesorería o de sus auxiliares y quedarán en custodia de
la convocante y en todo caso deberá continuar la apertura de los sobres el día hábil
siguiente;
IV. En caso de que el fallo de la
licitación no se realice en la misma fecha del acto de presentación y apertura de las
ofertas de compra, la Tesorería o sus auxiliares señalarán, según sea el caso, la
fecha, lugar y hora en que se celebrará la junta pública en la que se dará a conocer el
fallo de la licitación, el que deberá quedar comprendido dentro de los 10 días hábiles
siguientes, contados a partir de la fecha de conclusión del acto de apertura de ofertas
de compra;
V. En junta pública se dará a conocer el
fallo de la licitación, a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieran
participado en las etapas de presentación y apertura de ofertas de compra. En
sustitución de esta junta, la Tesorería o sus auxiliares podrán optar por comunicar por
escrito el fallo de la licitación a cada uno de los licitantes;
VI. En el mismo acto de fallo o adjunta a
la comunicación referida en la fracción anterior, la Tesorería o sus auxiliares
proporcionarán por escrito a los licitantes, la información acerca de las razones por
las cuales su propuesta, en su caso, no fue elegida y
VII. La Tesorería o sus auxiliares
levantarán acta, que deberá ser firmada por los licitantes, en la que se dejará
constancia de la participación de los licitantes, del monto de sus ofertas de compra, de
las ofertas aceptadas o desechadas, de las razones por las que en su caso fueron
desechadas, del precio base de venta, del nombre del ganador por cada bien, del importe
obtenido por cada venta, así como de aquellos aspectos que en su caso sean relevantes y
dignos de consignar en dicha acta.
Artículo 134. En caso de empate en el
procedimiento de licitación pública se procederá a celebrar en ese acto una subasta a
viva voz, misma que buscará estimular la competencia entre los empatados, considerándose
como precio base de venta el del empate. En este supuesto el bien se adjudicará al
licitante que ofrezca el mayor precio.
Artículo 135. El adjudicatario perderá en
favor de la Tesorería o sus auxiliares, la garantía que hubiere otorgado si, por causas
imputables a él, la operación no se formaliza dentro del plazo a que se refiere el
artículo 124, quedando la Tesorería o sus auxiliares en posibilidad de adjudicar el
contrato al participante que haya presentado la segunda proposición solvente más alta
que no hubiere sido descalificada y así sucesivamente en caso de que este último no
acepte la adjudicación, siempre que su postura sea mayor o igual al precio base de venta
fijado.
En el supuesto de que la falta de
formalidad de la adjudicación sea imputable a la Tesorería o a sus auxiliares, el
licitante ganador podrá solicitar que le sean reembolsados los gastos no recuperables en
que hubiera incurrido, derivados del proceso de licitación pública, siempre que éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la
licitación de que se trate.
El atraso de la Tesorería o de sus
auxiliares en la formalización de los contratos provenientes de la adjudicación,
prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas
partes.
CAPITULO III
De la subasta
Artículo 136. La junta de postores en la
que se adjudicarán los bienes subastados a los mejores ofertantes, se desarrollará en
los siguientes términos:
I. Un servidor público de la Tesorería o
sus auxiliares, dependiendo del bien de que se trate, mostrará físicamente el bien
objeto de subasta siempre que la naturaleza del mismo lo permita;
II. Los interesados podrán mejorar sus
ofertas durante la celebración de la subasta, para lo cual deberán manifestarlo
expresamente, a través de los medios que la convocante haya autorizado, en presencia del
resto de los participantes y del encargado de la subasta, quien tendrá la obligación de
asentar tales situaciones, al igual que todo lo que ocurra en la subasta, en el acta que
al efecto lleve a cabo;
III. Los subastantes contarán con
intervalos de tiempo que se darán a conocer en forma previa al inicio del acto, los que
servirán para ir mejorando la última postura manifestada y
IV. El bien se adjudicará a la oferta que
ofrezca las mejores condiciones de precio y oportunidad para la Tesorería y sus
auxiliares.
En las bases de la subasta se deberá
prever en el apartado de instrucciones para presentar ofertas de compra, la modalidad que
se empleará para la misma, así como las reglas a las que estará sujeta.
Artículo 137. Sin perjuicio de la
aplicación de las disposiciones previstas en el Capítulo I del presente título, le
serán aplicables a la subasta, en lo que no contravengan a su regulación específica,
las disposiciones que correspondan a la licitación pública.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan las disposiciones
legales que se opongan al presente decreto.
Tercero. Los procedimientos de enajenación
de los bienes puestos a disposición de la Tesorería de la Federación o de sus
auxiliares, que se hayan iniciado con antelación a la entrada en vigor del presente
decreto, continuarán su tramitación conforme a las disposiciones jurídicas vigentes al
momento de su inicio.
Cuarto. La realización de las operaciones
y prestación de los servicios de tesorería a través de los equipos y sistemas
automatizados, a que se refiere el artículo 14-bis del presente ordenamiento, estará
sujeto a la disponibilidad técnica y operativa de las dependencias y entidades de la
administración pública federal, para la implementación y manejo de los sistemas.
Reitero a ustedes, señores secretarios,
las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Palacio Nacional, a los 24 días del mes de
marzo de 1998.- El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de
León.»
Recibo y túrnese a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público.
ESTADO
DE MORELOS
Para tratar el tema relativo a la
situación política en el Estado de Morelos, se han registrado los siguientes diputados:
José del Carmen Enríquez Rosado, del Partido de la Revolución Democrática; Marco
Antonio Adame Castillo, por el Partido Acción Nacional; Ricardo Cantú Garza, del Partido
del Trabajo y Juan Jaramillo, del Partido Revolucionario Institucional.
Estos oradores enunciados, en primer
término dispondrán de hasta 15 minutos y los partidos tendrán derecho a una segunda
ronda de hasta por cinco minutos, que han sido convenidos, de conformidad con el artículo
23 del acuerdo parlamentario relativo a las sesiones, integración del orden del día, los
debates y las votaciones de la Cámara de Diputados.
En consecuencia tiene el uso de la palabra
el diputado Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo.
| El diputado
Ricardo Cantú Garza: |
Con su venia, diputado Presidente;
compañeras y compañeros diputados...
| El diputado
José del Carmen Enríquez Rosado (desde su curul): |
Pido la palabra.
¿Con qué objeto diputado?
| El diputado
José del Carmen Enríquez Rosado (desde su curul): |
Para el orden de oradores.
Tiene razón señor diputado. Le
ofrezco una disculpa al diputado Cantú Garza.
Tiene el uso de la palabra el diputado
José del Carmen Enríquez Rosado, del Partido de la Revolución Democrática, por haber
sido quien solicitó el registro del tema.
| El diputado
José del Carmen Enríquez Rosado: |
Gracias, señor Presidente;
compañeras diputadas; compañeros diputados:
Presentamos el asunto de la situación
política que vive el Estado de Morelos, en buena medida porque se trata de que esta
Cámara pueda reflexionar sobre los hechos que de manera concreta han ocurrido en la
entidad a lo largo de casi cuatro años y sobre todo, sobre el hecho de que en las esferas
de gobierno empiecen a permear de manera importante estructuras de orden criminal que
colocan a los ciudadanos en una situación de inseguridad, en una situación de
ingobernabilidad y que más allá de nuestros intereses políticos partidarios,
debiéramos tomar de manera común iniciativas que permitieran observar el desarrollo de
las instituciones públicas y adoptar en ese sentido, las medidas consecuentes para
limpiarlas de este proceso de infiltración de las estructuras criminales en ellas.
Jorge Carrillo Olea llegó a la candidatura
a la gubernatura del Estado de Morelos, precedido de una fama de experto en temas de
seguridad nacional. Ciertamente, de esta fama hablaban los casi 10 años de permanencia en
la subsecretaría de Gobernación, encargada de la seguridad nacional, de su paso por la
coordi nación de lucha contra el narcotráfico en la Procuraduría General de la
República y como asesor presidencial en materia de seguridad nacional.
Un curriculum impresionante. Se trataba de
uno de los hombres con mayor experiencia en la seguridad nacional y el combate al
narcotráfico, un candidato esmeradamente preparado y apoyado por Carlos Salinas de
Gortari y José Córdova Montoya.
En su campaña la carta más fuerte de
Carrillo Olea era precisamente el asunto de la seguridad. Como prioridad de su gobierno
definió a la seguridad pública. Afirmó que "uno de los mayores agravios que tienen
las personas, las familias, es la falta de seguridad y debemos acabar con la corrupción,
la impunidad y la arbitrariedad".
A los pocos días de su toma de protesta,
habitantes de la comunidad de "Marcelino Rodríguez", en Axochiapan, se hacían
justicia por su propia mano deteniendo y ejecutando a cuatro delincuentes. Dos meses
después tienen efecto otros linchamientos, esta vez en las comunidades de Amilcingo y
Chacalzingo. Los motivos: la nula confianza en los cuerpos policiacos y la Procuraduría
de Justicia del Estado.
En octubre de ese año, en "Santa Rosa
30", municipio de Tlaltizapán, un grupo ganadero es atacado por una banda de
encapuchados con apariencia militar. En esta acción es asesinado el Premio Nacional de
Solidaridad 1992, Elías Salazar. A la fecha no se ha esclarecido el asunto.
Mientras el gobernador anunciaba un
programa emergente de seguridad pública consistente en dotar de nuevos armamentos y
patrullas a los cuerpos policiacos, la comisión estatal de derechos humanos, encabezada
por el respetable jurista Carlos Félix Salazar, recomendaba que lo más urgente era la
depuración y reestructuración de los cuerpos policiacos, pues presumiblemente muchos de
sus elementos se encontraban involucrados o daban protección a delincuentes. La
capacitación de estos cuerpos es una necesidad urgente pues se detecta que su método
más usual es la tortura.
A estas alturas el gobernador no sólo
había descuidado el aspecto de seguridad pública; sin el menor consenso social anunció
la puesta en marcha de un conjunto de megaproyectos que a su juicio terminarían con la
problemática social de la entidad: un estacionamiento subterráneo en el zócalo de
Cuernavaca y un club de golf en el municipio de Tepoztlán. Ninguno de estos proyectos
pudo concretarse. La causa fue la ausencia de una actitud de consulta a los ciudadanos
para determinar la viabilidad de los proyectos.
Junto con ello, para 1996 ola de
secuestros, robo de autos y a casas-habitación, ejecuciones selectivas en donde se
repetía el mismo formato: bandas de encapuchados con aspecto de militares. Recordemos que
la detención de Armando Martínez Salgado, cuando éste pretendía deshacerse de un
cadáver, se encontraron en su camioneta capuchas de las mismas características tantas
veces descritas por las víctimas de estos atropellos.
Durante ese año la sociedad morelense se
movilizó en dos marchas de más de 10 mil personas; los representantes federales por el
Congreso, por Morelos, hacen público un listado de secuestrados, los montos de rescate y
la impunidad en que actúan los delincuentes.
El costo de la inseguridad, de la
impunidad, de la sospecha de complicidad de las autoridades con los delincuentes, del
narcotráfico y el desgobierno, fue cobrado por la ciudadanía en las elecciones locales
del 16 de marzo del año pasado, en donde el Revolucionario Institucional perdió el
control del Congreso local y el gobierno de 16 de los 33 municipios, los 16 ganados por la
oposición y las mayores plazas de la entidad y, esa tendencia se refrendó en las
elecciones federales del 6 de julio pasado.
No se puede negar que diversos grupos de la
sociedad morelense denunciaron y se movilizaron en contra de la inseguridad y de la
impunidad en que actuaban los grupos policiacos, con la sospechosa lentitud y protección
de la Procuraduría de Justicia del Estado y en el silencio cómplice del gobernador
Carrillo Olea.
Según declaraciones de diversos servidores
públicos, como el ex subsecretario de gobernación, Natividad González Parás y del
actual procurador de Justicia del Estado de Guanajuato, Felipe Arturo Camarena García, al
gobernador de Morelos se le comunicó con oportunidad de las irregularidades, desvíos y
conductas criminales del personal a su cargo, primordialmente de la Procuraduría y, sin
embargo, el gobernador hizo caso omiso a tales informes dando pie a una presunta
responsabilidad.
Llamó la atención a la sociedad morelense
la aparición cada vez más frecuente de extraños personajes que llegaron a habitar
ostentosas mansiones, a tripular autos de lujo, acompañados de gente armada. Se ha
hablado de manera insistente de la presencia en la entidad de narcotraficantes, como Amado
Carrillo, Juan José Esparragosa. La Procuraduría General de la República fonfisca,
asegura, una propiedad en el municipio de Tetecala, la ex hacienda de La Luz. Todos los
habitantes de ese municipio saben perfectamente quién se reunía en ese lugar y qué
fiestas se hacían en esa ex hacienda.
Llamamos la atención en este punto por una
sencilla razón: antes de 1994 la entidad no aparecía en la geografía del narcotráfico.
Ahora son cada vez más frecuentes las denuncias y las sospechas de que cuando menos se ha
convertido en un santuario de descanso de estos delincuentes.
Lo increíble es, sin embargo, que todas
estas historias de horror, crimen y complicidad aparecieron en la prensa local. Reporteros
y columnistas tejieron hipótesis que ahora están resultando ciertas. Invitamos a
cualquier legislador, al Procurador General de la República y quien así lo desee, a
revisar y analizar todos esos expedientes.
Recientemente la Coordinadora Morelense de
Movimientos Ciudadanos, constituida el día 9 de febrero del presente año por más de 40
organizaciones civiles, empresariales, populares, políticas, no gubernamentales y
gremiales, en ejercicio de sus derechos constitucionales convocó a las ciudadanas y
ciudadanos morelenses para que el día 8 de marzo acudieran a expresar su opinión acerca
de la conveniencia o no de que Jorge Carrillo Olea permaneciera en el cargo de gobernador
del Estado.
Se instalaron 813 casillas en los 33
municipios de la entidad y participaron 108 mil 267 ciudadanos, 96 mil 849 se pronunciaron
por la salida del gobernador y 993 que no.
En un mitin celebrado el martes 10 de marzo
se hizo entrega a los diputados locales y federales, a efecto de que Jorge Carrillo Olea
deje el cargo y se instituya la figura constitucional y legal del plebiscito y la consulta
ciudadana y en buena medida por ese mandato hacemos hoy este pronunciamiento.
Ese mismo fin de semana el Congreso del
Estado expresamente pidió al señor gobernador de Morelos que reflexionara sobre la
conveniencia de permanecer en el cargo y en el mismo sentido se pronunciaron 13
presidentes municipales en un desplegado aparecido en un diario nacional.
Recordamos también que la propia Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión expresó su preocupación en torno a los
acontecimientos de Morelos.
Por si esto no bastara, el 11 de marzo la
Comisión Nacional de Derechos Humanos envió al Congreso del Estado de Morelos la
recomendación 25/98. En dicha recomendación se arriba a conclusiones tales como:
"Siendo tan evidente que la
corrupción e impunidad de parte de algunos servidores públicos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Morelos continúan siendo apoyados con las dudosas
afirmaciones dadas a conocer a la opinión pública por las instancias de gobierno de esa
entidad federativa, en el sentido de que cuenta con la mejor policía de México,
defraudando con ello la confianza que el pueblo morelense le otorgó al sufragar a su
favor, convencida de que el titular del Ejecutivo local como experto reconocido que es en
la materia de seguridad nacional e información e investigación policiaca -continúa la
propia Comisión Nacional de Derechos Humanos-, resulta explicable la sensación de la
población sobre la probable existencia de complicidades entre algunos miembros de la
instancia local de procuración de justicia y delincuentes comunes.
Este organismo nacional, la CNDH, considera
que al mostrar el Ejecutivo estatal como un servidor público enterado de la capacidad de
sus colaboradores indudablemente tuvo conocimiento del turbio e impreciso informe
proporcionado por su entonces consejero jurídico y procurador general, Carlos Peredo
Merlo y no obstante ello se le mantuvo a éste en el cargo a pesar de las diversas
irregularidades y capacidades denotadas, manifestando públicamente en diversas ocasiones
su apoyo al procurador.
Jorge Carrillo Olea -dice la Comisión
Nacional de Derechos Humanos-, ha evidenciado una clara negativa de voluntad política
para aceptar las diversas recomendaciones de este organismo nacional. Informamos que el
día de ayer el Congreso de Morelos dio entrada a dicha recomendación.
Insistimos: así como lo han señalado los
organismos que participan en la Coordinadora de Movimientos Ciudadanos, el problema son
las estructuras criminales largamente apoyadas, consecuentadas y alentadas desde el propio
gobierno. La esencia está en la profunda descomposición de las relaciones
intergubernamentales, de las relaciones entre el Estado y la sociedad, en la profunda
desconfianza que los ciudadanos morelenses profesan a este gobierno."
Este señor, Jorge Carrillo Olea, no puede
permanecer en el cargo. Aplicaremos, de acuerdo al mandato de los ciudadanos, la
iniciativa de juicio político contra el gobernador Carrillo Olea y en este sentido,
compañeras y compañeros diputados, convocamos a esta Cámara para que juntos asumamos el
compromiso de instalar un nuevo gobierno en el Estado de Morelos, que no es para ningún
partido, sino para restablecer la seguridad, para limpiar las instituciones públicas,
para que los ciudadanos reco bren la confianza en sus instituciones de gobierno.
Muchas gracias.
Tiene la palabra para el mismo tema y
hasta por 15 minutos, el diputado Marco Antonio... A ver, permítame, diputado.
| El diputado
Armando López Romero (desde su curul): |
Señor Presidente, si me permite.
¿Para qué asunto, señor
diputado?
| El diputado
Armando López Romero (desde su curul): |
Para solicitarle, señor Presidente,
verifique el quorum de la sala.
Ruego a la Oficialía Mayor haga los
avisos de costumbre para que los diputados que se encuentran en el exterior de esta sala
se reincorporen y poder continuar con la sesión.
Esta Presidencia además considera que hay
quorum reglamentario y de todos modos se van a hacer los llamamientos a los diputados.
Continúa el...
| El diputado
Armando López Romero (desde su curul): |
Instaría a que se pasara lista,
porque no vemos que haya quorum, señor Presidente.
Bien, una vez que se han hecho los
avisos a los diputados que se encuentran en el exterior para que se reintegren a este
salón, continuamos y tiene el uso de la palabra el diputado Marco Antonio Adame Castillo,
hasta por 15 minutos.
| El diputado
Ricardo Cantú Garza (desde su curul): |
Señor Presidente:
En la ocasión anterior dejé la tribuna en
virtud de que había sido un tema que había propuesto el Partido de la Revolución
Democrática, pero ya no es el caso del orador que usted le está dando el turno.
Lo que pasa es que estamos respetando
el orden originalmente registrado, señor diputado, por eso es que le damos el uso de la
palabra al diputado de Acción Nacional, que fue el registrado originalmente en segundo
lugar.
| El diputado
Ricardo Cantú Garza (desde su curul): |
Si pero ha sido costumbre y práctica
parlamentaria que es en razón del número de miembros de los grupos parlamentarios.
En virtud de que el diputado de
Acción Nacional no tiene inconveniente, le ruego haga usted uso de la palabra. Hasta por
15 minutos, el diputado Ricardo Cantú Garza.
| El diputado Ricardo Cantú Garza: |
Con la venia de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados:
La situación política del Estado de
Morelos es muy grave, la entidad se encuentra prácticamente en estado de
ingobernabilidad, la gran masa ciudadana no tiene confianza en las autoridades estatales,
por lo contrario, tiene miedo y recelo, particularmente de la policía y de los cuerpos de
seguridad pública.
Las recientes aprehensiones del procurador
de Justicia y del jefe de la Policía Judicial por estar involucrados en ilícitos
relacionados con la industria del secuestro, ha minado enormemente la legitimidad del
gobierno del señor Jorge Carrillo Olea.
Son innumerables las muestras de rechazo y
repudio al gobierno actual de Morelos por las organizaciones políticas, las
organizaciones civiles y en general por un gran número de ciudadanos morelenses, que en
diversas manifestaciones públicas han reclamado con un "ya basta" a tanta
impunidad, a tanta desfachatez y a tanto cinismo de las autoridades morelenses.
En fecha reciente, el día 8 de marzo se
llevó a cabo una consulta popular para conocer la opinión de la ciudadanía en relación
a la conveniencia o no de la renuncia del gobernador actual. Ante la cerrazón de las
autoridades un importante grupo de ciudadanos y activistas de muy diverso color político
agrupados en la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, organizaron dicha
consulta a todo lo largo y lo ancho de la entidad, los resultados fueron por demás
evidentes, una abrumadora mayoría se inclinó por la renuncia del gobernador, el 90.8% de
los votantes exigen la renuncia, mientras que tan sólo el 6.12% pedía que permaneciera.
El comentario que le mereció la consulta pública al señor gobernador fue que el acto se
constituyó en una mascarada sin sustento legal y una picaresca política.
Es muy lamentable que los gobernantes no
tengan una pizca de sensibilidad política y que se encierren en la prepotencia y en el
autoritarismo ante los justos reclamos populares. La consulta pública en Morelos
demostró que los morelenses están organizados, que con un número ínfimo de medios son
capaces de movilizarse y expresar con toda claridad su opinión respecto de las cuestiones
de la cosa pública.
Compañeras y compañeros diputados: en
Morelos no sólo prevalece la inseguridad pública, prevalece la industria del secuestro
solapada y auspiciada por los altos mandos gubernamentales, sino también existen
evidencias claras de la presencia de conocidos capos de la droga. Morelos está muy cerca
de convertirse en un enclave de la delincuencia nacional e internacional, eso no lo
podemos permitir, el pueblo morelense ha demostrado su rechazo a un gobierno insensible,
prepotente y sordo a los justos reclamos de la población, por eso apoyamos que el
Congreso local, con base en la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, proceda en consecuencia y establezca juicio de responsabilidades al gobierno de
Jorge Carrillo Olea. Por su atención, muchas gracias.
Tiene la palabra hasta por 15 minutos
para tratar el mismo tema, el diputado Marco Antonio Adame Castillo, del PAN.
| El diputado Marco
Antonio Adame Castillo: |
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros legisladores:
La delicada situación política y social
que priva en el Estado de Morelos, a consecuencia de los acontecimientos derivados de la
corrupción e impunidad con la que han venido operando los órganos encargados de la
procuración de justicia, en especial la Procuraduría y la Policía Judicial, son
altamente preocupantes, pues han herido profundamente el tejido social del pueblo
morelense, todo esto ante la indiferencia y la incapacidad de quien por ley ha sido electo
para garantizar con su buen despacho los intereses públicos fundamentales, como la
seguridad, la paz y la justicia y el funcionamiento normal de las instituciones; me
refiero a quien hoy ha perdido la confianza de la ciudadanía: Jorge Carrillo Olea.
Al hacer este pronunciamiento sobre lo que
pasa en mi Estado, apelo al fuero interno de cada uno de los legisladores y a la
conciencia colectiva de la nación, que es nuestro Congreso, para que en cumplimiento de
su primigenia misión, relacionada con el acotamiento del poder, haga uso de sus
facultades, dado que el comportamiento del gobernador Carrillo ha causado perjuicios
graves a un Estado de la unión y a la sociedad de Morelos.
Cuando el 29 de enero pasado los medios de
comunicación dieron cuenta de la aprehensión de tres agentes de la policía judicial del
Estado que fueron sorprendidos cuando sembraban un cadáver de una persona brutalmente
torturada, portando armas de 9 milímetros y con una mochila con cinco pasamontañas,
salió a la luz pública una de las realidades más crudas de nuestra entidad: la
corrupción y la complicidad de altos mandos judiciales con el crimen organizado y la
operación de una amplia red delictiva operada con los recursos públicos, que ha venido
causando en los últimos años, violaciones sistemáticas y graves a los planes, programas
y presupuestos destinados a la procura ción de justicia y sobre todo, que ha segado vidas
y que ha puesto en peligro la seguridad y el patrimonio de los ciudadanos.
Estos hechos, que hasta hoy han alcanzado
al procurador, al subprocurador y al jefe de la Policía Judicial, consignados y sujetos a
proceso, así como a una veintena de agentes judiciales que hoy se encuentran prófugos,
el gobernador del Estado ha minimizado los acontecimientos y ha pretendido que se
identifiquen como un hecho aislado, cuando está suficientemente probado que en diversas
ocasiones en los últimos años se le advirtió sobre el comportamiento irregular de
algunos de los hombres de la Procuraduría y de la Policía Judicial.
Así lo constatan las 662 recomendaciones
que la Comisión Estatal de Derechos Humanos giró entre 1994 y 1997 y de las cuales tan
sólo se atendieron 215 de ellas y no siempre con los resultados que la sociedad exigía;
como respuesta, una respuesta por cierto cínica, el gobernador del Estado exhibió ante
los medios nacionales los índices delictivos y señaló, como públicamente quedó
constatado, que en su gobierno, preocupados por bajar el número de los delitos, se
descuidó el control interno de los órganos responsables de acabarlos.
Grave, muy grave esta afirmación, muy
grave tratándose además de quien se trata, pues en Acción Nacional sabemos que nunca,
en los hechos de gobierno que apuntan al bien común, el fin puede justificar los medios,
y jamás, en un estado de derecho, se puede sostener política pública alguna o solapar
la actuación de cualquier subordinado directo o indirecto que atente contra los derechos
humanos y que pretenda sacrificar a la persona en nombre de la eficacia.
Ningún comentario mereció, por parte de
Jorge Carrillo Olea, el problema estructural de la seguridad y la impartición de
justicia. Nada sobre su registro de secuestros y delitos por temor a represalias; nada de
sobrerregistro de delincuentes menores haciéndolos pasar por grandes criminales; ni una
sola palabra sobre la floreciente industria del secuestro, que ha derramado ganancias a
los criminales por más de 20 millones de dólares; nada sobre las crecientes cifras de
robo de vehículos y casas-habitación; caso omiso al robo genérico y a las violaciones.
que en el mejor de los casos mantienen sus cifras estables a la alta, siendo éstas muy
por encima de la argumentada eficacia por el gobernador Carrillo.
Jorge Carrillo ignoró o pretendió ocultar
que más que vivir una situación de inseguridad, Morelos vive hoy una condición
flagrante de inseguridad.
En éste, como en muchos otros casos, fue
más fuerte el amiguismo, el compromiso de camarilla, que la lealtad a las instituciones y
a la sociedad. Obsesionado en defender a sus hombres, fue pasando de la negación a la
minimización, de la minimización a la justificación y de ésta al encubrimiento velado.
Así, de contradicción en contradicción.
Presto para proteger a su procurador y cito
sus palabras: "como un hombre de toda su confianza y funcionario ejemplar, por quien
meto las manos al fuego". Pronto para calificar al jefe de la Policía Judicial como
el mejor policía de México y lento, insensible, indiferente y hostil contra la
ciudadanía que le demanda satisfacción justa a sus derechos y cumplimiento digno de sus
obligaciones.
Ante estos graves acontecimientos la
sociedad tomó la palabra y demostró una vez más que la veta de la nación que pugna por
la paz, la justicia y la reconciliación, no está agotada, que ante la actitud de
gobernadores y gobernantes como Jorge Carrillo Olea, que han desplegado en la vida
política de México una estela de autoritarismo, insensibilidad y soberbia, no está
dispuesta a permanecer pasiva. Así, más de 60 organizaciones intermedias de todos los
estratos sociales, de todos los ramos de la actividad social, se agruparon en la
Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, se pronunciaron públicamente en
concentraciones sin precedentes y llevaron a cabo ante la falta de respuesta, una consulta
ciudadana en todo el Estado sobre la renuncia del gobernador Carrillo. El resultado fue
abrumador.
Más de 2 mil voluntarios instalaron
casillas en todo el Estado; 108 mil ciudadanos se manifestaron, obteniéndose 96 mil votos
por el sí y 6 mil 072 por el no; datos que representan el 12.49% de la lista nominal de
electores que es de 867 mil ciudadanos.
La conclusión es solamente una: Jorge
Carrillo Olea ha perdido la confianza de sus gobernados y se ha divorciado de la sociedad
que lo eligió para gobernarla.
Si bien es cierto que esta forma de
participación aún no está consignada en la Constitución, no deja de ser un referente
obligado para quienes como representantes populares recibimos los resultados el pasado 10
de marzo ante más de 12 mil ciudadanos. Ante estas manifestaciones nuevamente salieron a
relucir los dichos del gobernador y dijo sarcásticamente: "expresiones sin
importancia. Morelos es un paraíso. Mi salida del gobierno representaría un caos",
como si la estabilidad de un pueblo pudiera estar amarrada y sostenida a la fatalidad de
una persona indigna del cargo de gobernador.
Entre otras, todas ellas son expresión de
insensibilidad, de sordera, de ceguera, de pérdida gradual de la conciencia de la
realidad que bien podríamos calificar como una enfermedad del poder llamada síndrome
autoritario agudo.
Iguales o similares comentarios le
merecieron la recomendación 25/98 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ayer, el
Congreso del Estado dio paso a esta recomendación.
Señoras y señores legisladores. En el
actual proceso de transición política que vive nuestro país bien nos valdría la
pregunta y mejor nos valdría la respuesta clara sobre nuestra responsabilidad ante la
forma como se ejerce el poder y la autoridad en nuestro país, pues si bien es cierto,
como afirma Max Weber: "el poder es la posibilidad de imponer la voluntad de uno
sobre la conducta de otras personas", también lo es, como afirma Kennet Galbraith,
que esto no puede ser ejercido en una sociedad informada y participativa, por medio de la
coerción o la compensación que genera intimidación o descalificación anticipada,
cuando no servidumbres palaciegas, sino como fruto del condicionamiento y la legitimación
que se da de cara a la sociedad, en el ejercicio justo y virtuoso del mando con apego a la
ley y al derecho.
Lo hasta aquí referido no puede ser
ignorado por el Poder Legislativo. Jorge Carrillo Olea ha incurrido en responsabilidad
política, ha cometido omisiones de carácter grave reconocidas públicamente por él
mismo, omisiones que han lesionado profundamente a la sociedad y han motivado trastornos
en el funcionamiento normal de las instituciones, situación que se encuentra claramente
tipificada como causal de juicio político en los términos del artículo 7o. de la Ley
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Por lo anterior, el Partido Acción
Nacional encauzará por medio de sus legisladores la demanda respectiva, consciente de la
responsabilidad que compete al Poder Legislativo, y en respuesta a las sentidas demandas
de la sociedad morelense.
Llamamos al consenso de todas las fuerzas
políticas, para que por encima de lealtades a personas o grupos, triunfe la lealtad para
con los principios, con la ley y con la sociedad y que demos un paso y un aliento de largo
alcance a los ciudadanos de Morelos y de México, que hoy demandan justicia.
No ignoramos, por otro lado, que el proceso
de juicio político es un procedimiento que si bien está determinado en la Constitución
y en las leyes federales, hasta hoy lamentablemente ha sido letra muerta, letra muerta
ante la cooptación y extralimitación de una sola fuerza política mayoritaria que le ha
impuesto en sus distintas etapas, y a lo largo de la historia de este país, un
acotamiento, una limitación y una cerrazón en cada uno de los momentos en los que la
sociedad ha demandado juicio político.
Señoras y señores diputados: los
mexicanos que votaron el 6 de julio por un Poder Legislativo independiente esperan mucho
de nosotros, no les defraudemos, ha llegado la hora de dejar una clara muestra y de sentar
un claro precedente para México, de que esta LVII Legislatura, de que esta cámara
plural, no es rehén de nadie.
Señores legisladores, nosotros tenemos la
palabra, la historia aguarda.
Tiene la palabra para el mismo tema,
y hasta por 15 minutos, el diputado Juan Jaramillo Fricas, del Partido Revolucionario
Institucional.
| El diputado Juan Jaramillo Fricas: |
Muchas gracias, diputado Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
De entrada, me siento orgulloso del paisano
Marco Antonio Adame, por la excelente pieza oratoria que nos acaba de brindar. Lo digo
sinceramente y le agarro la palabra, le agarro la palabra porque con sustento yo
personalmente me comprometo a acompañarlo, no tan sólo a un juicio político, sino a
instaurar cargos de otro tipo a cualquier autoridad que haya violado la Constitución o
incurrido en un delito en nuestro Estado de Morelos.
Y en congruencia con eso, yo también le
pediría a mi paisano Marco Antonio Adame, que de la misma manera pudiéramos observar las
más de 100 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez; de la misma manera viniéramos aquí a
exigir seguridad para todo el pueblo de Jalisco, donde la ex secretaria del ex procurador,
en su casa se encontraron cinco narcotraficantes muertos.
De igual manera, para ser congruentes,
tendríamos que acudir a Baja California y exigirle al gobernador Terán que ponga orden y
que dé seguridad a los bajacalifornianos.
Eso sería actuar con congruencia, en
Morelos, en Baja California, en Chihuahua y en Jalisco; actuaríamos con congruencia y con
alto sentido de nuestra responsabilidad.
En ese sentido quisiera yo comentar lo
siguiente: en Morelos el Partido de la Revolución Democrática conquistó siete
diputaciones locales y cuatro plurinominales, 14 alcaldías, tres de las cuatro
diputaciones federales; a nivel municipal gobierna el mayor número de morelenses. Esto
implica también una responsabilidad. No podemos soslayarlo.
La seguridad pública, en materia
preventiva, se tiene que dar en el municipio, y a los policías los controlan los alcaldes
municipales.
Ahora bien, estos aspectos del orden
electoral, que es la vía legítima que en Morelos ha podido servir a diferentes partidos
políticos para acceder al poder, se han respetado. En Yautepec se ganó por tres votos,
no hubo un sólo conflicto poselectoral; en Cuernavaca Acción Nacional ganó por 400
votos y se respetó. Me pregunto: ¿si hubiera sido diferente, qué hubiera pasado? Todos
sabemos la respuesta.
Ahora bien, el lamentable, el triste, el
penoso y vergonzante suceso donde un comandante policiaco delincuente, donde un procurador
señalado como hampón, sirvió para poner en bandeja de plata a un grupo de políticos
del centro que aprovecharon esta valiosa oportunidad para empezar a generar un movimiento
de manera artificiosa en muchos casos, a efecto de acceder a un poder que posiblemente
tengan en las manos por la vía electoral en el año 2000. Pero no, finalmente, gobernar
el Distrito Federal es estresante y ahora el comité ejecutivo nacional del PRD quiere
tener, con gastos pagados sus fines de semana en el Estado de Morelos.
De hecho, el líder vitalicio de este
partido, y hago la precisión que en la oposición también hay clase jurásica, el
ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas conoce desde niño las bondades del Estado de Morelos. No
hay que olvidar que hace 60 años, el general Lázaro Cárdenas en su rancho de Palmira,
decidió la expropiación petrolera; seguramente el ingeniero tendría por ahí de cinco,
seis o siete años. En ese caso, ¿verdad?... a los reventadores les contestaremos con
todo gusto.
Permítame el orador.
Ruego a los señores legisladores no
establecer el diálogo y atender al orador con la atención y respeto debido.
| El diputado Juan
Jaramillo Fricas: |
...Cuauhtémoc Cárdenas, pero no tan
sólo el señor ingeniero...
Permítame el orador.
Háganle llegar un micrófono al señor
diputado.
¿Con qué objeto, señor diputado?
| El diputado
Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas Arreola (desde su curul): |
Si acepta una interpelación el
orador.
| El diputado Juan
Jaramillo Fricas: |
Al final con todo gusto señor... de
ninguna ma nera.
Sí es cierto, el ingeniero Cuauhtémoc
Cárdenas, tal y como ha sido su costumbre, descansa los fines de semana en alguna de sus
humildes casas, según sus correligionarios, en la convulsionada y violenta entidad de
Morelos, ¡qué casualidad!
Pero no tan solo Cárdenas tiene
preferencia por las bondades de nuestro hermoso y generoso Estado, no, existen otros,
existen otros y ¿nos pidieron nombres?, con todo gusto: Porfirio Muñoz Ledo, Enrique
González Pedrero, Antonio Ortiz Mena, Salinas, Carlos Payán, Ricardo Pascoe Pierce; a
esta lista se quieren agregar otros grandes revolucionarios: Andrés Manuel López
Obrador, Pablo Gómez, Amalia García, Rosario Robles y el compañero diputado. Esto lo
concluiríamos con una frase: ¡qué hermosa y revolucionaria familia!
Estos aspectos vienen a ser la parte oculta
del caso Morelos, sí, por un lado ya tienen asegurado el gasto en las arcas del Distrito
Federal. Ahora quieren asegurar el fin de semana a costillas de los morelenses.
Dicen estos señores, en ese ya
acostumbrado doble e incongruente discurso, que nuestra tierra es un territorio sin ley,
cuya sociedad está llena de narcotraficantes, secuestradores y asesinos. Sin embargo,
¡qué casualidad!, esta tierra, ¿verdad?, escoge para casarse el líder de la bancada
perredista.
En esa tierra el Comité Ejecutivo Nacional
del PRD celebra su congreso nacional, ¡otra casualidad! Y en esa misma tierra,
concretamente en las aguas del lago de Tequesquitengo, el Comité Ejecutivo Nacional del
PRD va a celebrar sus reuniones plenarias. ¿Cómo es posible que señalando una tierra
convulsionada y violenta, acudan a ese lugar a placearse y a pasarse unos fines de semana
maravillosos y principalmente tranquilos?
Y así van las cosas, mientras por un lado
señalan a los morelenses de lo peor, por el otro ya están alistando sus maletas, alistan
sus maletas para ir...
Permítame el orador.
Ruego a los señores diputados guardar el
orden y la compostura; también pido al señor orador no provocar a los señores
diputados.
| El diputado Juan
Jaramillo Fricas: |
Unicamente le pido a la Presidencia
tome tiempo.
Ante la falta de argumentos, los insultos
pueden ser el mejor recurso de aquellos que carecen de elementos para poder debatir.
Volvemos a repetir, el que la deba, que la
pague; pero que no pretendan que nos chupemos el dedo.
Así como se reconocen los triunfos
electorales del PRD, de igual manera deben de reconocer que nuestro partido triunfó
legítimamente en las elecciones de 1994. Después de todo, Morelos es más que un
comandante delincuente; Morelos es más que un procurador señalado como hampón; incluso
Morelos es más que un buen o mal gobierno.
Está demostrado que en Morelos para
acceder al poder el instrumento es la democracia. A ella debemos de sujetarnos.
Y para finalizar, no está por demás
recordar que en la tierra del general Emiliano Zapata Salazar, siguen vigentes sus ideales
representados por su histórica frase: "la tierra es de quien la trabaja con sus
manos". Así que con todo respeto le expreso a la dirigencia del PRD: ¡esta tierra
no les pertenece!
Gracias.
Vamos a pasar a la segunda ronda de
oradores. En esta ronda sólo se han inscrito dos señores diputados. Por el Partido de la
Revolución Democrática, el diputado Anastacio Solís Lezo y por el Partido
Revolucionario Institucional, el diputado Miguel Sadot Sánchez Carreño.
En consecuencia, tiene la palabra hasta por
cinco minutos, el diputado Anastacio Solís Lezo.
| El diputado Anastacio Solís Lezo: |
Con la anuencia de la Presidencia;
diputadas y diputados:
Considero que este tema es muy serio y el
compañero que nos antecedió, trató el tema con distracción, chacota, provocación,
frivolidad.
Además tenemos que aclarar que nos
extraña que no esté bien informado el diputado, ya que quien ha cometido muchas clases
de tropelías, es la Policía Judicial y ésa está a cargo del gobierno del Estado.
Debemos de manifestar a la nación que
estamos en desacuerdo que por un gobernador y su equipo, se denigre al Estado de Morelos,
ya que por sus actitudes, hechos y omisiones, se dé el tinte de cártel.
Los morelenses, y en especial los
cuernavaquenses, merecen respeto y no son culpables que personas sin identidad morelense,
como el propio gobernador y quienes han sido sus principales colaboradores, como el señor
Guillermo Malo, Carlos Peredo Merlo, Ursula Oswald Spring, Jesús Miyazawa, entre otros,
hayan tomado el Estado de Morelos como experimento y centro de operaciones, como ha dado
cuenta la prensa nacional e internacional.
El arribo de Carrillo Olea al Estado de
Morelos, desplazó a los morelenses con la complacencia de la clase política priísta,
con el lógico efecto de gobernar en contra de los intereses generales de la población.
Desde el inicio de su gestión dimos una
voz de alerta y el tiempo nos ha dado la razón. Ha violentado el estado de derecho
pasando por encima de la Constitución, de decretos federales, de reserva ecológica,
leyes federales, estatales y municipales, como es el caso ampliamente conocido del fallido
intento de construir el club de golf en Tepoztlán. Intento de imponer la construcción de
un estacionamiento subterráneo en pleno centro histórico en Cuernavaca, catalogado como
zona arqueológica por el INAH. Esta se logró no por voluntad del gobernador o por la
aplicación de la ley, sino por la oposición de los ciudadanos a ser pisoteados.
Siguen varios casos impunes con indicios de
responsabilidad del propio gobernador, como el caso de la emboscada a la caravana
pacífica del pueblo de Tepoztlán, resultando asesinado el señor Marcos Olmedo
Gutiérrez y lesionando gravemente a mujeres, niños y ancianos.
Mientras por otro lado a ciudadanos
inocentes se les han construido delitos a grado tal que a algunos secuestrados los han
convertido en secuestradores y a luchadores sociales en presos políticos.
El cúmulo de secuestros, violaciones a los
derechos humanos, pésima procuración de justicia, ingobernabilidad, responsabilidad de
Carrillo Olea, han hecho que ni los propios priístas lo defiendan, a excepción de unos
cuantos, como es el caso de Víctor Saucedo Perdomo, coordinador de la fracción priísta
en el Congreso local, quien también ha sido corresponsable de violaciones a las
garantías individuales.
En una entrevista con la prensa
recientemente, al hacer alusión a la apertura del primer periodo de sesiones
extraordinarias del Congreso local, Carrillo Olea, fiel a su verdadero sentir hacia el
pueblo de Morelos, manifestó: "no renunciaré aunque los perros ladren". Eso
demuestra falta total de respeto al pueblo morelense, el nulo aprecio que tiene y así
quiere seguir siendo gobernador o ¿será que ya se dio cuenta que su adrenalina causa
irritación también a esos animalitos amigos del hombre? Por algo será.
La demanda de renuncia va más allá de
posiciones partidarias; en el presente gran movimiento social se encuentran todos los
sectores sociales, políticos y económicos, tanto del campo como de la ciudad, respaldado
con movilizaciones y una inédita consulta ciudadana el pasado 8 de marzo.
En fechas recientes, Carrillo Olea, en un
acto de desesperación y de sobrevivencia política, ha cambiado a la gran mayoría de su
equipo. Sin embargo, para el pueblo de Morelos ha sido de ir de mal en peor, ya que si
antes el ex presidente Echeverría estaba tras bambalinas y en el gobierno estatal, ahora
a través de Hugo Salgado Castañeda, está fielmente representado. Es decir, la
Secretaría General de Gobierno se ha convertido en oficina de correduría de bienes
raíces, en un Estado con profundas raíces de cariño a la tierra.
Por tal motivo, exhortamos al señor
Carrillo Olea que al menos por un instante reflexione y se convenza que por bien de todos
los morelenses deje el cargo y que en un acuerdo de gobernabilidad entre todos los actores
sociales, económicos y políticos, construyamos el gobierno de transición que necesita
Morelos.
En virtud de que el Partido Acción
Nacional está informando que sí desea hacer uso de los cinco minutos que le corresponden
de acuerdo al artículo 20, tiene la palabra por cinco minutos el diputado Marco Antonio
Adame.
| El diputado Marco
Antonio Adame Castillo: |
Con su permiso, señor Presidente:
Ciertamente, diputado Juan Jaramillo,
nuestro Estado, nuestro bellísimo Estado de Morelos, es mucho más que los hampones que
hoy lo gobiernan.
Lamento que en un tema de tanta seriedad y
de importancia para la situación política de nuestro Estado y para el proceso de
transición que hoy vive nuestro país, en donde el debate de fondo es la legitimidad y el
uso del poder, se recurra fácilmente a estrategias de distracción o de desviación, que
son fáciles argumentos evasivos para distraer lo central del debate que hoy nos ocupa.
Lo que estamos señalando esta tarde en
esta tribuna que nos merece todo el respeto, y quisiera pensar que se distingue muy bien
no es otra cosa que la responsabilidad política de Jorge Carrillo Olea. No estamos
hablando, como bien lo prevé y lo contiene el ordenamiento legal, de responsabilidad
civil, penal o administrativa; estamos hablando de respon sabilidad política. No estamos
hablando de hechos punibles en otro orden que no sea el que se produce cuando un
gobernador, por la consecuencia de sus hechos y traicionando el mandato recibido en una
elección, renuncia con sus actos a cumplir ese ordenamiento, los vulnera, los ensucia,
los traiciona y con ello pierde la confianza de sus gobernados. Estos hechos son los que
tenemos que superar en la actual transición política de México.
Nosotros hemos pedido juicio político y
para ello nos remitimos al ordenamiento constitucional y a la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos. Queremos, al presentar esta demanda, que se
dé paso a la instalación de la subcomisión de examen previo, que históricamente ha
estado cooptada por una mayoría impositiva, para que deslinde responsabilidades, para que
verifique si Jorge Carrillo Olea, como es el caso, se encuentra en la lista de los sujetos
destinatarios de este ordenamiento.
Se trata también de que esta subcomisión
de examen previo, como le manda el ordenamiento, defina si las conductas se encuentran
tipificadas, como realmente se encuentran, en el artículo 7o. de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Se trata de que esta subcomisión determine
si hay elementos que permitan presumir la existencia de delitos y si existe probable
responsabilidad para proceder. Esto, señoras y señores diputados, no se ha podido
instalar en este país, porque la subcomisión de examen previo, en este proceso de juicio
político, ha estado encarcelada por una fuerza que ha tenido el control político del
país.
Vamos pues a ser propositivos. Vamos
pasando a ese espacio que la Constitución y la democracia reclaman para definir de una
vez por todas si una sociedad democrática tiene o no posibilidad de juzgar a sus
gobernantes. No basta recurrir al fácil argumento de que fui electo en un proceso
transparente. Es cierto. Mas ahora llega la hora de juzgar si puede el gobernador Carrillo
ser consecuente con el mandato recibido.
Tiene la palabra, para tratar el
mismo tema, el último orador registrado, diputado Miguel Sadot Sánchez Carreño, por el
Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
| El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos: |
Nuestro grupo declina el uso de la
palabra.
Continúe la Secretaría con los
asuntos en cartera.
ORDEN DEL DIA
| La secretaria
María del Carmen Escobedo Pérez: |
Señor Presidente, se han agotado los
asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la
próxi ma sesión.
«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias .-
Primer Año.- LVII Legislatura.
Orden del día
Jueves 26 de marzo de 1998.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del Estado de
Jalisco.
Comunicación de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, I Legislatura.
Protesta de ciudadano diputado.
Iniciativa de diputados
De reformas constitucionales sobre derechos
y cultura indígena, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Dos, por los que se comunica que los
ciudadanos Carlos López Mendoza e Inés de los Angeles Hori Cícero, han dejado de
prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en la Ciudad de
México.
Agenda política
Comentarios en relación con las
iniciativas sobre cultura y derechos indígenas. (Deliberativo.)
Comentarios sobre el horario de verano en
Sonora, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
(Deliberativo.)
Comentarios sobre ataques de barcos de la
armada norteamericana a barcos mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática. (Deliberativo.)
Comentarios sobre el voto de ciudadanos
mexicanos en el extranjero. (Deliberativo.)
Y los demás asuntos con los que la
Secretaría dé cuenta.»
CLAUSURA
Y CITATORIO
| El Presidente (a
las 21:00 horas): |
Se levanta la sesión y se cita para
la que tendrá lugar el próximo jueves 26 de marzo de 1998, a las 10:00 horas.
Se pasa a sesión secreta.
RESUMEN
DE TRABAJOS
* Tiempo de duración; 5 horas conn
11minutos.
* Quorum a la apertura de sesión: 404
diputados.
* Comisiones reglamentarias: 1.
* Diputado que solicita licencia: 1
(José Marco Antonio Olvera Acevedo).
* Diputado suplente que se incorpora: 1
(Jesús Ramírez Stabros).
* Excitativas a comisiones: 2.
* Punto de acuerdo: 1.
* Temas de agenda política: 4.
* Oradores en tribuna: 37
PRI-12; PRD-11; PAN-10; PT-3; Ind-1.
Se recibieron:
* 2 comunicaciones de Congreso estatal;
* 1 iniciativa de diputado independiente;
* 1 comunicación de la Cámara de
Senadores;
* 8 solicitudes para aceptar
condecoraciones que confieren gobiernos extranjeros de las repúblicas Dominicana,
Francesa, Federativa del Brasil y de los Estados Unidos de América;
* 2 comunicaciones de particulares;
* 1 iniciativa del Ejecutivo.
Se aprobó:
*1 propuesta para modificación en la
integración de comisiones de trabajo.
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