|
Presidencia
del diputado Alberto Cifuentes Negrete |
ASISTENCIA
Ruego a la Secretaría haga del
conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de
firmas de los diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario.
| La secretaria
Enoé González Cabrera: |
Se informa a la Presidencia que
existen registrados previamente 442 diputados. Por lo tanto, hay quorum.
| El diputado
Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas Arreola (desde su curul): |
¡Señor Presidente!, pido la
palabra.
¿Con que objeto, señor diputado?
| El diputado
Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas Arreola (desde su curul): |
Para solicitarle que tenga la
amabilidad de instruir a la Secretaría que proceda a pasar lista de asistencia, en virtud
de que evidentemente no hay quorum y no por el hecho de haber signado la lista, significa
que aquí en el pleno podamos iniciar la sesión.
Le solicito, señor Presidente, que se
proceda a pasar lista de asistencia.
Señor diputado, no se ha abierto la
sesión.
| La secretaria
Enoé González Cabrera: |
El micrófono para el diputado
Herrera.
| El Presidente (a
las 12:14 horas): |
Ruego a la Secretaría se abstenga de
ordenar entregar el micrófono.
En virtud de que se está realizando en
estos momentos una comparecencia y hay varios diputados allá, esta mesa directiva acuerda
proseguir la sesión en tanto se incorporan los demás diputados y esto es también con
acuerdo de los coordinadores parlamentarios.
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
| La secretaria
Enoé González Cabrera: |
Se va a dar lectura al orden del
día.
«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.-
Primer Año.- LVII Legislatura.
Orden del día
Jueves 2 de abril de 1998.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación de la Comisión de Régimen
Interno y Concertación Política.
Iniciativas de diputados
De decreto por el que se reforma y adiciona
la Ley de Pesca, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
De reformas y adiciones a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
De reformas a la Ley del Seguro Social, a
cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sobre discapacitados y
régimen de afiliación voluntaria.)
Para crear una comisión especial
investigadora sobre el funcionamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base
en el artículo 93 constitucional, a cargo del diputado Gonzalo Rojas Arreola, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
De reformas constitucionales y legales en
materia de prerrogativas a partidos políticos, a cargo del diputado Jorge Alejandro
Jiménez Taboada, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
De reformas a los artículos 40 y 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Bernardo
Bátiz Vázquez, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
De reformas al artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María de
la Luz Núñez Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Oficio de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público
Con el que remite el informe semestral de
la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Con el que remite el tercer informe de
ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional
necesario para que los ciudadanos: José Angel Gurría Treviño, Pedro José
González-Rubio Sánchez, Roberto Miranda Sánchez, Rogelio Terán Contreras y Edgar Ortiz
Ocampo, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de la
República Dominicana.
De la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional
necesario para que el capitán primero, piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo
César Tapia Jiménez, pueda aceptar y usar la condecoración de la Medalla The Army
Commendation, que le confiere el gobierno de los Estados Unidos de América.
De la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional
necesario para que el ciudadano José Luis Barros Horcasitas, pueda aceptar y usar la
condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Comendador, que le confiere
el gobierno de la República Francesa.
De la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional
necesario para que el teniente coronel de caballería Diplomado de Estado Mayor José
Alfredo González Rodríguez, pueda aceptar y usar la condecoración de la Medalla de
Pacificador, que le confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil.
Excitativa
A la Comisión de Comunicaciones y
Transportes, a cargo del diputado Javier Paz Zarza, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional.
Agenda política
Comentarios sobre la situación política
en el Estado de Morelos, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Deliberativo.)
Denuncia sobre hechos en el Estado de
Durango, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza, del grupo parlamentario del Partido
del Trabajo.
Presentación y punto de acuerdo sobre el
Programa de Turismo del Tercer Milenio, a cargo de los grupos parlamentarios.
(Deliberativo.)
Comentarios sobre juicio político al ex
gobernador de Chiapas, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Deliberativo.)
Situación político-administrativa en el
Distrito Federal, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. (Deliberativo.)
Comentarios relacionados con la cuenca
Lerma-Chapala, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
(Deliberativo.)
Comentarios sobre los incendios forestales,
a cargo de los grupos parlamentarios. (Deliberativo.)
Propuesta de punto de acuerdo sobre la
tercera etapa del río Tijuana, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
(Votación.)
Comentarios sobre gobernabilidad y respeto
al fuero constitucional de los diputados, a cargo de los grupos parlamentarios de los
partidos: Acción Nacional y de la Revolución Democrática. (Deliberativo.)»
ACTA
DE LA SESION ANTERIOR
El siguiente punto del orden del día
es la discusión del acta de la sesión anterior. Ruego a la Secretaría consulte a la
Asamblea si se le dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que le ha sido
entregada copia de la misma a los coordinadores de los grupos parlamentarios, para sus
observaciones, y se proceda a su votación.
| La secretaria
María del Carmen Escobedo Pérez: |
Por instrucciones de la Presidencia
se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior,
tomando en consideración que le ha sido entregada copia de la misma a los coordinadores
de los grupos parlamentarios para sus observaciones, y se proceda a su votación.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes treinta y uno de marzo de mil
novecientos noventa y ocho, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del
Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Séptima Legislatura.
| Presidencia del
diputado Sergio Valdés Arias |
En la capital de los Estados Unidos
Mexicanos, a las once horas con diez minutos del martes treinta y uno de marzo de mil
novecientos noventa y ocho, con una asistencia de cuatrocientos veinte diputados, el
Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día
y la Asamblea dispensa la del acta de la sesión anterior que se aprueba en sus términos
en votación económica.
Diversas comunicaciones de los congresos de
los estados de Puebla y Quintana Roo, con los que informan de actividades propias de sus
legislaturas. De enterado.
Sube a la tribuna el diputado Gilberto
Parra Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta iniciativa de
reformas a los artículos: treinta y cinco, cuarenta y uno, setenta y uno, setenta y dos,
setenta y cuatro, ochenta y nueve, noventa y tres-bis y ciento treinta y cinco, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales.
Hace uso de la palabra el diputado Juan
Marcos Gutiérrez González, del Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativa de
reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos:
treinta y uno, ciento quince y ciento dieciséis. Se turna a la misma comisión que la
anterior.
Cinco oficios de la Secretaría de
Gobernación, con los que solicita los permisos constitucionales necesarios para que los
ciudadanos:
Juan Rebolledo Gout, pueda aceptar y usar
la condecoración que le confiere el gobierno de la República Dominicana;
Andrés Henestrosa, pueda aceptar y usar la
condecoración que le confiere el gobierno de la República del Ecuador y
Liévano Sáenz Ortiz, pueda aceptar y usar
las condecoraciones que le confieren los gobiernos de las repúblicas de Argentina,
Dominicana y de Nicaragua.
Se turnan a la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales.
Seis minutas de la Cámara de Senadores,
con proyectos de decreto con los que se conceden los permisos constitucionales necesarios
para que los ciudadanos:
Roberto Javier Blancarte Pimentel, pueda
aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la Santa Sede;
Rogelio Terán Contreras, pueda aceptar y
usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil;
Ferdusi Bastar Merito, pueda aceptar y
desempeñar el cargo de cónsul honorario de Guatemala en Villahermosa, Tabasco;
Ana Verónica García Miranda y Laura Elena
Rendón Romero, puedan prestar sus servicios en el Consulado General de los Estados Unidos
de América, en Tijuana, Baja California y
María del Socorro Gurrola Cuevas, pueda
prestar sus servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en
Guadalajara, Jalisco.
Se turnan a la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales.
El Presidente concede el uso de la palabra
al diputado Sergio Marcelino George Cruz, del Partido de la Revolución Democrática,
quien solicita excitativa a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política,
para que se integre una comisión investigadora que analice el proceso de
desincorporación de la compañía Teléfonos de México. Se hace la excitativa
correspondiente.
Para referirse a la contaminación de las
aguas del lago de Chapala, Jalisco, hacen uso de la palabra los diputados: Francisco
Javier Morales Aceves, del Partido Revolucionario Institucional; Felipe Jarero Escobedo,
del Partido Acción Nacional; Violeta Margarita Vázquez Osorno, del Partido de la
Revolución Democrática y, para rectificar hechos, los legisladores: José Ricardo Ortiz
Gutiérrez, del Partido Acción Nacional; Jesús Higuera Laura, del Partido Revolucionario
Institucional; Samuel Gustavo Villanueva García, del Partido Acción Nacional y Emilio
González Márquez, del mismo partido.
Se turna a la Comisión de Asuntos
Hidráulicos.
Comentan la reducción de los precios
internacionales del petróleo y su impacto en el presupuesto federal, los diputados:
María de los Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática, quien
solicita la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público; María Mercedes
Maciel Ortiz, del Partido del Trabajo; Fauzi Hamdan Amad, del Partido Acción Nacional, y
Laura Alicia Garza Galindo, del Partido Revolucionario Institucional.
En un segundo turno de oradores, suben a la
tribuna los diputados: Juan José Cruz Martínez, del Partido del Trabajo, quien presenta
un punto de acuerdo con el que solicita la comparecencia del Secretario de Hacienda y
Crédito Público.
| Presidencia del
diputado Alberto Cifuentes Negrete |
Felipe de Jesús Cantú Rodríguez,
del Partido Acción Nacional; Sergio Benito Osorio Romero, del Partido de la Revolución
Democrática.
| Presidencia del
diputado Sergio Valdés Arias |
Guillermo Barnés García, del
Partido Revolucionario Institucional,
| Presidencia del
diputado Arturo Charles Charles |
quien informa que la reunión de los
funcionarios del Poder Ejecutivo Federal, con la Comisión de Hacienda y Crédito
Público, se llevará a cabo el jueves dos de abril de mil novecientos noventa y ocho y
que el diputado Juan José Cruz Martínez retiró el punto de acuerdo que había
presentado como de urgente resolución.
Desde sus respectivas curules hacen y
solicitan diversas aclaraciones, los diputados Pablo Gómez Alvarez y Angel Aceves Saucedo
y la Asamblea considera suficientemente discutido el tema.
Desde su curul, la diputada María Dolores
Padierna Luna solicita que se incluya a los miembros de la Comisión de Programación,
Presupuesto y Cuenta Pública; la Secretaría da lectura al artículo veintisiete del
acuerdo parlamentario que rige las sesiones y el Presidente hace las aclaraciones
pertinentes.
La Secretaría da lectura a un oficio de la
Cámara de Senadores, con proyecto de decreto con el que se concede el permiso
constitucional necesario para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto
Zedillo Ponce de León, pueda ausentarse del territorio nacional del catorce al veinte de
abril de mil novecientos noventa y ocho, para efectuar una visita de Estado a la
República de Venezuela y participar en la Cumbre de las Américas en la República de
Chile.
Se turna a la Comisión de Relaciones
Exteriores.
La Secretaría inicia la lectura de un
oficio de la Secretaría de Gobernación y, desde su curul, el diputado Gómez Alvarez
reclama al Presidente la inclusión de temas no incluidos en el orden del día por la
Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
También desde sus respectivas curules,
hacen diversas aclaraciones y presentan mociones los diputados Oceguera Ramos, Batres
Guadarrama, Arroyo Vieyra, Montalvo Rojas, Herrera Beltrán y Gómez Alvarez en diversas
ocasiones.
El Presidente, a través de la Secretaría,
consulta a la Asamblea y ésta acepta que se incluya el oficio de la Secretaría de
Gobernación con el que remite: iniciativa de Ley Federal del Fondo de Garantía de
Depósito y de Ley de la Comisión para la Recuperación de Bienes, así como la que
reforma diversas disposiciones de las leyes del Banco de México, de Instituciones de
Crédito, del Mercado de Valores, para Regular las Agrupaciones Financieras y General de
Deuda Pública.
Se turnan a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público, para su estudio y dictamen.
Se concede el uso de la palabra al diputado
Víctor Armando Galván Gascón, del Partido de la Revolución Democrática, quien
presenta un punto de acuerdo firmado por representantes de los grupos parlamentarios de
los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Acción
Nacional, respecto a los abordajes de barcos de la armada estadounidense a pesqueros
mexicanos y el diputado Alfredo Villegas Arreola sube a la tribuna para hacer comentarios
sobre esos hechos.
Se turna a las comisiones de Pesca y de
Marina.
El Presidente concede el uso de la palabra
a la diputada Gloria Lavara Mejía, del Partido Verde Ecologista de México, quien
presenta un punto de acuerdo en el que se solicita al Poder Ejecutivo Federal que emita un
decreto declarando veda para el aprovechamiento de especies de flora y fauna en las selvas
tropicales.
Se turna a las comisiones de Bosques y
Selvas y de Ecología y Medio Ambiente.
Para referirse al voto de ciudadanos
mexicanos radicados en el extranjero, hacen uso de la palabra los diputados: José de
Jesús González Reyes, del Partido Acción Nacional; Martha Dalia Gastelum Valenzuela,
del Partido de la Revolución Democrática y Francisco Agustín Arroyo Vieyra, del Partido
Revolucionario Institucional, quien presenta un punto de acuerdo firmado por
representantes de todos los grupos parlamentarios de la Quincuagésima Séptima
Legislatura, con el que se solicita la comparecencia de funcionarios del Poder Ejecutivo
Federal involucrados con el tema.
Se turna a las comisiones de Gobernación y
Puntos Constitucionales, de Relaciones Exteriores y de Población y Desarrollo, para su
análisis y resolución.
| Presidencia de
la diputada María Mercedes Maciel Ortiz |
Expresan sus opiniones sobre el
derecho de los trabajadores en la participación de utilidades de las empresas, los
diputados: Rosalío Hernández Beltrán, del Partido de la Revolución Democrática;
Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo; José Angel Frausto Ortiz, del Partido
Acción Nacional;
| Presidencia del
diputado Arturo Charles Charles |
Marco Antonio Fernández Rodríguez,
del Partido Revolucionario Institucional, y Juan Moisés Calleja Castañón, del mismo
partido, para rectificar hechos y presentar un punto de acuerdo que solicita que se trate
como de urgente resolución.
Se turna a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público.
Desde su curul, el diputado Oceguera Ramos
objeta el trámite y puesto a consideración de la Asamblea, se considera de urgente
resolución y en votación económica se aprueba.
La Secretaría da lectura a una
comunicación del diputado Jorge Emilio González Martínez, presidente de la mesa
directiva, con la que informa que recibió testimonio de los diputados Antonio Lagunas
Angel y Sergio Benito Osorio Romero, afirmando que fueron privados de su libertad y
golpeados por agentes policiacos del Estado de México, violando su fuero constitucional y
que, en cumplimiento de lo que establece el segundo párrafo de artículo sesenta y uno de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y veintisiete de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó formal denuncia
ante la Procuraduría General de la República para que investigue los hechos e instruye
al respecto a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados.
Desde su curul, el diputado José Luis
Gutiérrez Cureño solicita el uso de la palabra para rectificar hechos y el Presidente
considera que no hay hechos que rectificar, por lo que instruye a la Secretaría para que
continúe con los asuntos en cartera.
La Secretaría da lectura al orden del día
de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las dieciséis horas con
cincuenta y seis minutos, citando para la que tendrá lugar el jueves dos de abril de mil
novecientos noventa y ocho, a las diez horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo
quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo.... Aprobada, señor Presidente.
PARTIDO
DEL TRABAJO
| El secretario
Edgar Martín Ramírez Pech: |
«Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política.
Diputado Jorge E. González Martínez
presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.- Presente.
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 45 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en el 77 del Reglamento Interno, le solicito que en órgano colegiado
que usted preside, informe sobre el siguiente cambio en el grupo parlamentario del Partido
del Trabajo.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, D.F., a 31 de
marzo de 1998.- Jorge Torres Castillo, secretario técnico.»
«Escudo Nacional.- Cámara de Diputados.-
LVII Legislatura.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo y Lasso de la
Vega, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la
Cámara de Diputados.- Presente.
Por este conducto nos dirigimos a sus finas
atenciones, con el propósito de hacer de su conocimiento que los integrantes del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo, en cumplimiento de las disposiciones estatutarias
que rigen la vida de nuestro partido, hemos tenido a bien designar al diputado Ricardo
Cantú Garza, como nuevo coordinador de nuestro grupo parlamentario, esto en atención a
la licencia al cargo de diputado federal solicitada por el diputado Alejandro González
Yáñez, quien venia fungiendo como coordinador de nuestro grupo parlamentario.
Lo anterior lo manifestamos para los
efectos legales a que haya lugar.
Sin otro particular le reiteramos la
seguridad de nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 31 de marzo de 1998.-
Diputados: Ricardo Cantú Garza, coordinador del grupo parlamentario del Partido del
Trabajo, Juan José Cruz Martínez, María Mercedes Maciel Ortiz, Gerardo Acosta Zavala,
José Luis López López y Luis Patiño Pozas.»
De enterado.
LEY DE PESCA
Pasamos ahora a la lectura de
iniciativas de diputados.
Tiene la palabra el diputado José Carlos
Cota Osuna, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para
presentar una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Pesca.
| El diputado
José Carlos Cota Osuna: |
Señor Presidente, con su venia;
señores secretarios; honorable Asamblea:
«Los que suscribimos, diputados
integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en la
Comisión de Turismo, queremos reconocer a todos los integrantes de la Comisión de
Turismo, de las fracciones representadas aquí en la Cámara, ante quienes fue presentada
esta iniciativa, analizada y consensada y se acordó presentarla ante el pleno de esta
soberanía, así como a diputados de todos los partidos aquí representados que han
suscrito también esta iniciativa del orden de los 160 diputados que se presentan aquí
con sus firmas, fundamentalmente de los estados costeros de este país.
Los que suscribimos, diputados integrantes
de las comisiones de Turismo, de Pesca y de Ecología, en el ejercicio de la facultad que
nos confiere la fracción ll del artículo 71 de la Constitución General de los Estados
Unidos Mexicanos y con apoyo en lo previsto por los artículos 55 fracción II y 62 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presentamos ante el pleno de
esta Cámara de Diputados, una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Pesca
vigente, fundándola en las siguientes
CONSIDERACIONES
En fechas recientes se ha manifestado la
inquietud e inconformidad de los integrantes del sector turístico nacional del litoral
Pacífico mexicano, debido al conocimiento que han tenido acerca de la existencia de una
propuesta para modificar el reglamento de la Ley de Pesca vigente, en lo relativo a la
posibilidad de permitir la pesca comercial de especies destinadas, hasta hoy, de manera
exclusiva a la pesca deportivo-recreativa.
Asimismo, esta inquietud se ha manifestado
también por la información generada en diversos puntos del litoral del Pacífico
mexicano, sobre permisos de pesca de fomento expedidos para la captura de atún con
palangre, que han sido utilizados para capturar especies destinadas a la pesca
deportivo-recreativa y a su comercialización posterior.
En la Ley de Pesca vigente, en su artículo
13 párrafo segundo, dice: "se destinan exclusivamente a la pesca
deportivo-recreativa, las especies que determine el reglamento dentro de una franja de 50
millas náuticas, contadas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar
territorial". Con ello, en dicha ley se concede a la autoridad administrativa la
facultad de determinar las especies destinadas de manera exclusiva a dicha actividad.
En el reglamento de la propia Ley de Pesca,
en el Capítulo VIII, relativo a la pesca deportivo-recreativa, en el artículo 60 se
establece que: "las especies denominadas marlín, pez vela, pez espada, sábalo o
chiro, pez gallo y dorado, quedan destinadas de manera exclusiva para este tipo de pesca,
dentro de una franja de 50 millas náuticas, contadas a partir de la línea de base desde
la cual se mide el mar territorial".
La sola posibilidad de modificación del
reglamento en este sentido o la del otorgamiento de permisos de pesca para otros recursos
que sean utilizados para capturar estas especies, plantean la posibilidad de que éstas
puedan ser objeto de captura comercial; la inquietud e inconformidad antes mencionada,
radica en la importancia que estos recursos tienen para la actividad turística nacional y
en particular para centros turísticos del Pacífico mexicano.
Los argumentos de estos compatriotas
dedicados a la prestación de servicios en actividades recreativas de la pesca, se pueden
sintetizar en los siguientes puntos:
A) En la mayor parte de los centros
turísticos del Pacífico mexicano, la pesca deportivo-recreativa ha sido la base tanto de
su establecimiento como de su crecimiento. El ejemplo más evidente e importante de ello,
es el desenvolvimiento económico de las regiones en las que se encuentran asentados,
entre otros, el puerto de Mazatlán, Sinaloa; Manzanillo, Colima; Acapulco, Guerrero;
Puerto San Carlos, Sonora; Puerto Escondido, Oaxaca; La Paz, Los Cabos y Loreto, Baja
California Sur.
B) Debido a la magnitud de esta actividad
productiva, el impacto en la derrama económica y de captación de divisas es sumamente
relevante, baste citar como muestra, la estimación derivada de estudios técnicos en
cuanto a la región de Los Cabos, Baja California Sur, en donde se generan ingresos
anuales del orden de los 54 millones de dólares, producto de esta actividad y de los
servicios conexos relacionados a ésta.
C) Que en los últimos años se ha
emprendido entre los pescadores deportivos, una corriente de practicar la pesca y liberar,
esto con el afán de protección a la especie, tal como lo plantea el reglamento de la Ley
Federal de Pesca en su Capítulo VIII, relativo a la pesca deportivo-recreativa,
específicamente en su artículo 61 fracciones II y V, como actividades que deberá
fomentar la dependencia responsable de la aplicación de dicha normatividad.
D) Que adicionalmente a otros elementos y
como consecuencia de un cuidado en la práctica de la pesca sobre estas especies por parte
del sector turístico, en los últimos años se han mantenido estables las tasas de
captura, por ejemplo de 0.5-0.6 marlines por viaje de pesca, (que para el caso de marlín
rayado son de las más altas del mundo) en la región más importante de pesca deportiva
en México, como lo es la región de la boca del golfo de California.
E) Esta situación es la que precisamente
toma en cuenta los turistas internacionales para decidir trasladarse y gastar en esta
práctica que produce la recreación. Debido a esta afluencia es que existe una actividad
sostenida de la que dependen miles de empleos directos e indirectos, que han propiciado la
construcción de infraestructura turística y de apoyo en diferentes puertos mexicanos, lo
que a su vez ha alentado la apertura de un sinnúmero de empresas de servicios conexos y
que permite que se capten importantes volúmenes de divisas en nuestro propio territorio.
F) Ante la sola posibilidad de
modificación al actual marco reglamentario que norma la práctica de pesca sobre los
recursos, denominados picudos, los prestadores de servicios, empresarios del sector
turístico y los mexicanos que dependen de esta práctica, recuerdan no sin enojo, los
permisos que fueron otorgados en los años ochenta para la pesca del atún con palangre,
en cuyo ejercicio se dieron actos bochornosos de captura y comercialización de especies
destinadas a la pesca deportivo-recreativa, por parte de los permisionarios, quienes
emplearon embarcaciones cuya tripulación prácticamente estaba constituida en su
totalidad por extranjeros, por lo que ante las denuncias públicas tuvieron que ser
cancelados.
Durante esos años, la intensa discusión
pública, las frecuentes denuncias de violaciones a la ley, así como la constante
argumentación en favor de la actividad turística por parte de los prestadores de
servicios, trajo como consecuencia que en 1983 se reformaran los artículos 5o. y 10 de la
Ley Federal para el Fomento de la Pesca, reformas que establecieron de manera clara y
definitiva el aérea de 50 millas náuticas a lo largo de la línea de base, desde la cual
se mide el mar territorial, como una zona donde se podría practicar la pesca
deportivo-recreativa de manera exclusiva en relación a los peces de pico.
Al elevarse el departamento de pesca al
rango de Secretaría, como había venido funcionando desde 1977, se hizo más urgente la
expedición de una nueva Ley Federal de Pesca; en este sentido, se presentó un proyecto
de iniciativa de ley a finales de 1984, dictaminándose ésta hasta prácticamente un año
después, en diciembre de 1985, entrando en vigor como nueva Ley de Pesca, en enero de
1987.
En esta ley, en el Capítulo VI relativo a
los recursos pesqueros reservados, se estipulaba en su artículo 59, la condición de
aprovechamiento para la pesca deportiva de las especies de pico, entre otras, al
establecerse que: "se reservan exclusivamente a la pesca deportiva, dentro de una
franja de 50 millas, a lo largo de la línea de base desde donde se mide el mar
territorial, la captura de las especies denominadas: marlín, pez vela, pez espada,
sábalo o chiro, pez gallo y dorado".
No obstante el establecimiento de esta
disposición, fue común durante el final de los años ochenta que continuara la polémica
y el conflicto de intereses, como consecuencia de violaciones a esta normatividad por
parte de quienes al amparo de permisos o autorizaciones de pesca de atunes y tiburones, se
introducían frecuentemente a dicha zona de reserva a realizar actividad pesquera
comercial de peces de pico.
Al expedirse la nueva Ley de Pesca vigente
en 1992, se conserva el espíritu consignado en la ley de 1987, tanto en lo relativo a la
zona de las 50 millas destinadas a la pesca deportivorecreativa, como de las especies,
objeto de la misma. Sin embargo, se transfirió al reglamento de dicha ley, la lista
específica de las especies destinadas a este tipo de pesca, así como otros lineamientos
adicionales, de forma que en este instrumento fuera ampliado lo referente a la pesca
deportivo-recreativa.
A partir de entonces, al quedar en manos
del Ejecutivo la regulación sobre estas especies, a través de su facultad discrecional
de modificación a dicho reglamento, ha dado pie a que la Semarnap estudie la posibilidad
de acceder a la captura comercial de dichas especies y a que resurja nuevamente un debate
que ya se había superado en beneficio de la actividad turística nacional.
Una reforma al reglamento de pesca en tal
sentido, propiciaría al momento de su expedición, un complejo problema de graves
repercusiones sociales y, posteriormente, en la ejecución de los permisos que se
otorgasen, verdaderos enfrentamientos entre permisionarios y habitantes de las zonas en
que se desarrolla la pesca deportivo-recreativa, independiente-mente de la afectación del
recurso.
En las últimas semanas hemos también
recibido quejas de parte de los prestadores de servicios turísticos, en el sentido de que
operan de nueva cuenta embarcaciones en costas del Pacífico mexicano, al amparo de
permisos de pesca de fomento para capturar atún con palangre, arte de pesca que captura
altos volúmenes de peces de pico, como el marlín y el pez vela.
Creemos que en el caso de las especies
destinadas a esta actividad, las dependencias encargadas de su estudio e investigación,
no han conformado aún un sólido sistema de monitoreo sobre estas especies, que permitan
conocer con mayor precisión las características y abundancia de tales recursos. En tal
sentido permitir su captura bajo cualquier forma, conlleva un grave riesgo para dichas
especies y para la industria que se sustenta en ellas.
Estamos seguros también, que el conceder
permisos de pesca bajo cualquiera de las formas previstas en la ley, que posibiliten la
extracción de estas especies, daría pie a reeditar esquemas que ya se observaron en la
década anterior, como prácticas ilegales en el control de las capturas del recurso e
inobservancia de las modalidades señaladas en los propios permisos, entre otros, los que,
en última instancia, generan una grave depredación en recursos que representan una
fundamental importancia para amplios sectores de la economía nacional.
Además, el espíritu del legislador al
promover la pesca responsable y en el caso de la pesca deportivo-recreativa a través de
acciones como capturar y liberar, restringir las artes de pesca utilizables o determinar
un número limitado de captura, entre otros, lo hizo precisamente para impedir toda
posibilidad de extracción inmoderada del recurso. Legislar ahora en ese mismo sentido,
contribuirá a fortalecer y hacer realidad tal propósito.
Debido al gran interés económico que
representa la explotación comercial de estas especies y a la defensa que vastos sectores
de mexicanos realizan de esas especies, se generan recurrentes enfrentamientos. Por ello,
esta situación deberá resolverse en definitiva, por lo que consideramos que es a través
de la reforma a la Ley de Pesca vigente, cómo esta soberanía popular contribuirá a
establecer las bases para que este problema concluya.
Por lo anterior, consideramos que para
evitar tal posibilidad, se debe enmarcar en el texto legal correspondiente, esto es, en la
Ley de Pesca vigente, la disposición que hoy se recoge sólo en su reglamento, de
destinar de manera exclusiva para la pesca deportivorecreativa, las especies que en él se
señalan en su artículo 60, así como la limitación expresa de otorgar otro tipo de
permisos para que se capturen con fines comerciales estas especies.
Con ello se establecería una prohibición
absoluta para introducir a la pesca comercial u otra figura análoga, especies que el
interés público dicta que deben corresponder exclusivamente a la pesca
deportivo-recreativa, por las causas señaladas anteriormente.
Mediante esta reforma que se propone,
cualesquier modificación o supresión relativa a las especies destinadas a la pesca
deportivo-recreativa, requeriría forzosamente, para su procedencia, además de los
resultados de las investigaciones técnicas conducentes, la conformidad de esta
soberanía. Así se asegura la participación directa de la representación nacional en
una decisión fundamental para la sociedad mexicana.
Al aprobarse la presente iniciativa de
reforma, se rescataría un precepto de la Ley de Pesca de 1987, que en ese rubro demostró
que la protección y conservación de los recursos de la pesca deportivo-recreativa,
genera mejores condiciones de vida para vastos segmentos de la sociedad mexicana.
Por lo anteriormente expuesto, por el digno
conducto de ustedes, secretarios de esta Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad
que nos confieren los preceptos señalados al inicio de este documento, nos permitimos
someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión, la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO POR LA QUE SE
ADICIONA Y REFORMA LA LEY DE PESCA
Artículo único. Se reforma el segundo
párrafo y se adiciona un tercer párrafo al artículo 13 de la Ley de Pesca, para quedar
como sigue:
Artículo 13. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
Las especies denominadas marlín, pez vela,
pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado, quedan destinadas de manera exclusiva
para la pesca deportivo-recreativa, dentro de una franja de 50 millas náuticas, contadas
a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial.
Dentro de esta franja, queda prohibida la
expedición de cualquier otro tipo de permiso que implique la captura y comercio de estas
especies.
No podrán realizarse actividades de pesca
distintas a las de investigación sobre las especies destinadas a la pesca
deportivo-recreativa en las áreas de refugio que para éstas pudiera establecer la
Secretaría del ramo, en los términos de la fracción VI del artículo 30 de la presente
ley.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entra en vigor
al día siguiente de su publicación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas que se opongan al presente decreto.
Tercero. En tanto concluye su vigencia
cualquier permiso expedido en sentido contrario a esta reforma, la autoridad
administrativa vigilará el exacto cumplimiento de las obligaciones contraídas por los
permisionarios.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 18 de marzo de 1998.-
Diputados: Luis F. González Corona, presidente de la Comisión de Turismo, Gloria Ocampo
Aranda, Salvio Herrera Lozano, Elba Capuchino Herrera, secretarios de la Comisión de
Turismo; Rafael Castilla Peniche, Juan Bueno Torio, Espiridión Sánchez López, Mario
Haro Rodríguez, Susana Esquivel Farías, Víctor Vázquez Cuevas, Martha Irene Luna
Calvo, Víctor Galván Gascón, Silvia Oliva Fragoso, María de la Luz Núñez Ramos,
Luisa Cortés Carrillo, Addy Joaquín Coldwell, Augusto Carrión Alvarez, José Carlos
Cota Osuna, Juan Manuel Parás González, José Marco Antonio Olvera A., Juan Oscar
Trinidad Palacios, Esperanza Villalobos Pérez, Héctor Mayer Soto, Blanca Rosa García
Galván, Orlando A. Paredes Lara, Alfredo Villegas Arreola, Salvador Rizo Ayala, Luz del
Carmen López Rivera y Aurora Bazán López.»
Relación de diputados federales que
suscriben la iniciativa de reformas y adiciones al artículo 13 de la Ley de Pesca.
Estado de Baja California
Partido Acción Nacional: Fortunato Alvarez
Enríquez, Jorge Tomás Esparza Carlo, Rubén Alfonso Fernández Aceves, José Ricardo
Fernández Candia, José de Jesús González Reyes, Juan Marcos Gutiérrez González,
Francisco Javier Reynoso Nuño y Francisco Vera González; Partido Revolucionario
Institucional: Joel Ayala Almeida, Roberto Pérez de Alba Blanco y Clarisa Catalina Torres
Méndez; Partido del Trabajo: María Mercedes Maciel Ortiz.
Estado de Baja California Sur
Partido Revolucionario Institucional:
Isaías González Cuevas y Antonio B. Manríquez Guluarte; Partido Verde Ecologista de
México: Jorge Alejandro Jiménez Taboada.
Estado de Campeche
Partido Acción Nacional: José Jesús
Montejo Blanco; Partido Revolucionario Institucional: Ramón Félix Santini Pech, Aracely
Escalante Jasso, Alfonso Carrillo Zavala, Enrique Ku Herrera y Eraclio Soberanis Sosa;
Partido de la Revolución Democrática: Alvaro Arceo Corcuera y Abraham Bagdadi Estrella.
Estado de Chiapas
Partido Acción Nacional: Jorge Gómez
Mérida; Partido Revolucionario Institucional: Juan Carlos Gómez Aranda, Manuel Gómez
Hernández, Marlene Catalina Herrera Díaz, Arquímides León Ovando, Mario Elías Moreno
Navarro, Julián Nazar Morales, Norberto Sántiz López, Gilberto Velazco Rodríguez,
Isabel Villers Aispuro, Francisco Javier Martínez Zorrilla Rabelo, Agustín Santiago
Albores e Isidro Ismael Sigarroa Villarreal; Partido de la Revolución Democrática: José
Octavio Díaz Reyes y Carlos Orsoe Morales Vázquez.
Estado de Colima
Partido Acción Nacional: José Adán Deniz
Macías; Partido Revolucionario Institucional: Librado Silva García, Manuel Pérez
García y Ranulfo Tonche Pacheco; Partido del Trabajo: José Luis López López.
Estado de Jalisco
Partido Acción Nacional: Felipe de Jesús
Vicencio Alvarez, Rafael Sánchez Pérez, Felipe de Jesús Rangel Vargas, Felipe Preciado
Coronado, Rocío del Carmen Morgan Franco, Raúl Monjarás Hernández, Jorge López
Vergara, José Antonio Alvarez Hernández, María Elena Cruz Muñoz, María Antonia Durán
López, Gustavo Espinoza Plata, José Angel Frausto Ortiz, Juan Ignacio Fuentes Larios,
Leonardo García Camarena, Juan José García de Alba Bustamante, Emilio González
Márquez, Mario Guillermo Haro Rodríguez, Carlos Iñiguez Cervantes, Felipe Jarero
Escobedo, Nicolás Jiménez Carrillo; Partido Revolucionario Institucional: Francisco
Javier Santillán Oceguera, Teresa Núñez Casas, Francisco Javier Morales Aceves, Héctor
Francisco Castañeda Jiménez, Juan José García de Quevedo Baeza, Héctor Rodolfo
González Machuca, Juan Enrique Ibarra Pedroza y José Luis B. Lamadrid Souza; Partido de
la Revolución Democrática: Gilberto Parra Rodríguez y Maximiano Barbosa Llamas.
Estado de Michoacán
Partido Acción Nacional: Luis Guillermo
Villanueva Valdovinos, Margarita Chávez Murguía, Germán Martínez Cázarez; Partido
Revolucionario Institucional: Jorge Canedo Vargas, Jaime Castro López, Daniel Díaz
Díaz, María de los Angeles Gaytán Contreras, Abraham González Negrete, Sabino Padilla
Medina y Jacaranda Pineda Chávez; Partido de la Revolución Democrática: Antonio Soto
Sánchez, Leopoldo Enrique Bautista Villegas, Lázaro Cárdenas Batel, Gonzalo Augusto de
la Cruz Elvira, José del Carmen Enríquez Rosado, María del Carmen Escobedo Pérez,
Julieta D. Gallardo Mora, Antonio Lagunas Angel, J. Samuel Maldonado Bautista, Santiago
Padilla Arriaga, Cristina Portillo Ayala, José Antonio Prats García, Mariano Sánchez
Farías y María Guadalupe Sánchez Martínez; Partido del Trabajo: Luis Patiño Pozas.
Estado de Oaxaca
Partido Acción Nacional: María de la
Soledad Baltazar Segura; Partido Revolucionario Institucional: Vicente de la Cruz
Santiago, José Antonio Estefan Garfias, Francisco Fernández Arteaga, Teófilo Manuel
García Corpus, Emilia García Guzmán, Alfonso José Gómez Sandoval Hernández, Claudio
Marino Guerra López, Germán Ramírez López, Ulises Ernesto Ruiz Ortiz y Miguel Sadot
Sánchez Carreño; Partido de la Revolución Democrática: Juan José González Davar y
César Agustín Pineda Castillo.
Estado de Quintana Roo
Partido Acción Nacional: Baldemar Dzul
Noh; Partido Revolucionario Institucional: Artemio Caamal Hernández.
Estado de Sinaloa
Partido Acción Nacional: Joaquín Montaño
Yamuni y Antonino Galaviz Oláis; Partido Revolucionario Institucional: Diego Aguilar
Acuña, Manuel Cárdenas Fonseca, Gustavo Adolfo Guerrero Ramos, Jesús Higuera Laura,
Ernesto A. Millán Escalante, Jesús Enrique Jackson Ramírez y Gil Rafael Oceguera Ramos;
Partido de la Revolución Democrática: Ricardo Armenta Beltrán.
Estado de Sonora
Partido Acción Nacional: Javier Castelo
Parada, Ramón Corral Avila, Héctor Larios Córdoba, Manuel Cornelio Peñúñuri Noriega,
Francisco Suárez Tanori; Partido Revolucionario Institucional: Ricardo Castillo Peralta,
Omar Díaz González Roca, Alfredo Lomelí Rivas, José Ignacio Martínez Tadeo y Lourdes
Angelina Muñoz Fernández; Partido de la Revolución Democrática: Martha Dalia Gastelum
Valenzuela, Luis Meneses Murillo, Saúl Solano Castro, Alma Angélica Vucovich Seele.
Estado de Tabasco
Partido Acción Nacional: Juan José
Rodríguez Prats; Partido Revolucionario Institucional: Alberto Francisco Rabelo Cupido,
Abenemar de la Fuente Lazo, José Agapito Domínguez Lacroix, Víctor Manuel López Cruz,
Arturo Núñez Jiménez, Carlos Fernando Rosas Cortés, Jesús Arcadio León Estrada,
María del Socorro May López; Partido de la Revolución Democrática: Norma Gabriela
Argaiz Zurita y Ana Lilia Ceballos Trujeque.
Estado de Veracruz
Partido Acción Nacional: Gerardo Buganza
Salmerón; Partido Revolucionario Institucional: Gabriel Alfonso Andrade Rosas, Jaime
Enrique Basañez Trevethan, Marcelo Cervantes Huerta, Juan Cristóbal Céspedes, Irma
Chedraui Obeso, David Dávila Domínguez, José Luis Enríquez González, Fortunato
Guzmán Rivera, Víctor Félix Flores Morales, Noemí Zoila Guzmán Lagunes, Félix Hadad
Aparicio, Bertha Hernández Rodríguez, Ramón Hernández Toledo, Fidel Herrera Beltrán,
Aquileo Herrera Munguía, Francisco Javier Loyo Ramos, Salvador Moctezuma Andrade, Gonzalo
Morgado Huesca, Salvador Ordaz Montes de Oca, Fernando Ortega Herrera, Everardo Paiz
Morales, José Luis Pavón Vinales, Carlos Jaime Rodríguez Velasco, Heberto Sánchez
Meraz, Rafael Spinoso Foglia y Domingo Yorio Saqui; Partido de la Revolución
Democrática: Armando Aguirre Hervis, María del Socorro Aubry Orozco, Roselia Margarita
Barajas Olea, Isael Petronio Cantú Nájera y Luis Rojas Chávez; Partido del Trabajo:
Gerardo Acosta Zavala.
Estado de Tamaulipas
Partido Acción Nacional: Abelardo Perales
Meléndez, Sergio Antonio Salazar Salazar; Partido Revolucionario Institucional: Rosalinda
Banda Gómez, Laura Alicia Garza Galindo, Blanca Rosa García Galván, Antonia Mónica
García Velázquez, Rigoberto Armando Garza Cantú, José Ernesto Manrique Villarreal,
Miguel Antonio Rubiano Reyna, María Adelaida de la Cruz Moreno, Francisco Javier Gil
Castañeda, Griselda Gómez Tuemen A., Luis Alejandro Guevara Cobos y Alfredo Phillips
Olmedo; Partido de la Revolución Democrática: Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, Carlos
antonio Heredia Zubieta y Joaquín A. Hernández Correa.
Estado de Yucatán
Partido Acción Nacional: Fernando
Castellanos Pacheco, María Beatriz Zavala Peniche y Edgar Martín Ramírez Pech; Partido
Revolucionario Institucional: Wilbert Hebert Chi Góngora y Carlos H. Sobrino Sierra;
Partido de la Revolución Democrática: Francisco Epigmenio Luna Kan.
Estado de Aguascalientes
Partido de la Revolución Democrática:
Angélica de la Peña Gómez.
Estado de Campeche
Partido de la Revolución Democrática:
Alvaro Arceo Corcuera y Abraham Bagdadi Estrella.
Estado de Chiapas
Partido de la Revolución Democrática:
José Octavio Díaz Reyes, Carlos Orsoe Morales Vázquez, Manuel Pérez García y Ranulfo
Tonche Pacheco.
Distrito Federal
Partido de la Revolución Democrática:
Bernardo Bátiz Vázquez, Lenia Batres Guadarrama, Clara Marina Brugada Molina, Laura
Itzel Castillo Juárez, David Ricardo Cervantes Peredo, Angel de la Rosa Blancas,
Francisco de Souza Machorro, Bruno Espejel Basaldúa, Ricardo García Sainz Lavista,
Sergio Marcelino George Cruz, Pablo Gómez Alvarez, Rosalío Hernández Beltrán, Octavio
Hernández Calzada, Fernando Elías Hernández Mendoza, Elsa Patria Jiménez Flores,
César Lonche Castellanos, Alvaro López Ríos, Armando López Romero, Gilberto López y
Rivas, Martha Irene Luna Calvo, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Benito
Mirón Lince, Victorio Rubén Montalvo Rojas, Porfirio Muñoz Ledo, Alejandro Victoriano
Ordorica Saavedra, María de los Dolores Padierna Luna, antonio Palomino Rivera, Aarón
Quiroz Jiménez, Alfonso Ramírez Cuéllar, Leticia Robles Colín, Gonzalo Pedro B. Rojas
Arreola, María de Lourdes Rojo e Incháustegui, Pedro Salcedo García, Demetrio Javier
Sodi de la Tijera, Miguel Angel Solares Chávez, María Estrella Vázquez Osorno, Violeta
Margarita Vázquez Osorno, Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva y Esperanza Villalobos Pérez.
Estado de Durango
Partido de la Revolución Democrática:
Rodrigo Maldonado Ochoa.
Estado de Guanajuato
Partido de la Revolución Democrática:
Agustín Miguel Alonso Raya y Pedro Magaña Guerrero.
Estado de Guerrero
Partido de la Revolución Democrática:
Armando Chavarría Barrera, Pioquinto Damián Huato, Alberto López Rosas, Martín Mora
Aguirre, Bonfilio Peñaloza García, María Victoria Peñaloza Izazaga, Pablo Sandoval
Ramírez y Marcelino Díaz de Jesús.
Estado de Hidalgo
Partido de la Revolución Democrática:
Agapito Hernández.
Estado de Jalisco
Partido de la Revolución Democrática:
Gilberto Parra Rodríguez y Maximiano Barbosa Llamas.
Estado de México
Partido de la Revolución Democrática:
Antonio Cabello Sánchez, Rufino Contreras Velázquez, Claudia Carmen Fragoso López,
Fabiola Gallegos Araujo, Luis David Gálvez Gasca, José Luis García Cortés, Francisco
Guevara Alvarado, José Luis Gutiérrez Cureño, Justiniano Guzmán Reyna, Samuel Lara
Villa, Jorge León Díaz, Teobaldo López Huertas, Alberto Martínez Miranda, Feliciana
Olga Medina Serrano, David Miguel Noyola Martínez, Primitivo Ortega Olays, Sergio Benito
Osorio Romero, Felipe Rodríguez Aguirre, José Luis Sánchez Campos, Enrique Santillán
Viveros, Bernardo Segura Rivera, Jorge Silva Morales y Sergio Valdés Arias.
Estado de Michoacán
Partido de la Revolución Democrática:
Antonio Soto Sánchez, Leopoldo Enrique Bautista Villegas, Lázaro Cárdenas Batel,
Gonzalo Augusto de la Cruz Elvira, José del Carmen Enríquez Rosado, María del Carmen
Escobedo Pérez, Julieta D. Gallardo Mora, Antonio Lagunas Angel, J. Samuel Maldonado
Bautista, Santiago Padilla Arriaga, Cristina Portillo Ayala, José Antonio Prats García,
Mariano Sánchez Farías y María Guadalupe Sánchez Martínez.
Estado de Morelos
Partido de la Revolución Democrática:
Jesús Flores Carrasco, Plutarco García Jiménez, Gerardo Ramírez Vidal y Anastacio
Solís Lezo.
Estado de Oaxaca
Partido de la Revolución Democrática:
Juan José González Davar y César Agustín Pineda Castillo.
Estado de Puebla
Partido de la Revolución Democrática:
Adolfo González Zamora.
Estado de Sinaloa
Partido de la Revolución Democrática:
Ricardo Armenta Beltrán.
Estado de Sonora
Partido de la Revolución Democrática:
Martha Dalia Gastelum Valenzuela, Luis Meneses Murillo, Saúl Solano Castro y Alma
Angélica Vucovich Sele.
Estado de Tabasco
Partido de la Revolución Democrática:
Norma Gabriela Argaiz Zurita y Ana Lilia Ceballos Trujeque.
Estado de Tamaulipas
Partido de la Revolución Democrática:
Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, Carlos Antonio Heredia Zubieta y Joaquín A. Hernández
Correa.
Estado de Tlaxcala
Partido de la Revolución Democrática:
Fabián Pérez Flores.
Estado de Veracruz
Partido de la Revolución Democrática:
Armando Aguirre Hervis, María del Socorro Aubry Orozco, Roselia Margarita Barajas Olea,
Isael Petronio Cantú Nájera y Luis Rojas Chávez.
Estado de Yucatán
Partido de la Revolución Democrática:
Edmundo Augusto Alzina Campos.
Estado de Aguascalientes
Partido Acción Nacional: Benjamín
Gallegos Soto y Jorge Humberto Zamarripa Díaz.
Estado de Baja California
Partido Acción Nacional: Fortunato Alvarez
Enríquez, Jorge Tomás Esparza Carlo, Rubén Alfonso Fernández Aceves, José Ricardo
Fernández Candia, José de Jesús González Reyes, Juan Marcos Gutiérrez González,
Francisco Javier Reynoso Nuño y Francisco Vera González.
Estado de Campeche
Partido Acción Nacional: José Jesús
Montejo Blanco.
Estado de Coahuila
Partido Acción Nacional: Alberto González
Domene y Ramón M. Nava González.
Estado de Colima
Partido Acción Nacional: José Adán Deniz
Macías.
Estado de Chiapas
Partido Acción Nacional: Jorge Gómez
Mérida.
Estado de Chihuahua
Partido Acción Nacional: Adalberto Antonio
Balderrama Fernández, Carlos Froylán Camacho Alcázar, Javier Corral Jurado, Sergio
César Jáuregui Robles, Jeffrey Max Jones Jones y Eliher Saúl Flores Prieto.
Distrito Federal
Partido Acción Nacional: Santiago Creel
Miranda, José Espina von Roehrich, Juan Carlos Espina von Roehrich, Julio Faesler
Carlisle, Fauzi Hamdam Amad, Francisco José Paoli y Bolio y Sandra Lucía Segura Rangel.
Estado de Durango
Partido Acción Nacional: Juan Carlos
Gutiérrez Fragoso y Margarita Pérez Gavilán Torres.
Estado de Guanajuato
Partido Acción Nacional: Juan Miguel
Alcántara Soria, Carlos Francisco Arce Macías, Rogelio Chabolla García, Alberto
Cifuentes Negrete, Martín Contreras Rivera, Carlos Medina Plascencia, Ricardo Arturo
Ontiveros y Romo, José Ricardo Ortiz Gutiérrez, Armando Rangel Hernández, Arturo Saiz
Calderón García, José de Jesús Torres León y Leticia Villegas Nava.
Estado de Guerrero
Partido Acción Nacional: María Gloria
Ocampo Aranda.
Estado de Hidalgo
Partido Acción Nacional: Francisco X.
Berganza Escorza.
Estado de Jalisco
Partido Acción Nacional: Felipe de Jesús
Vicencio Alvarez, Rafael Sánchez Pérez, Felipe de Jesús Rangel Vargas, Felipe Preciado
Coronado, Rocío del Carmen Morgan Franco, Raúl Monjarás Hernández, Jorge López
Vergara, José Antonio Alvarez Hernández, María Elena Cruz Muñoz, María Antonia Durán
López, Gustavo Espinoza Plata, José Angel Frausto Ortiz, Juan Ignacio Fuentes Larios,
Leonardo García Camarena, Juan José García de Alba Bustamante, Emilio González
Márquez, Mario Guillermo Haro Rodríguez, Carlos Iñiguez Cervantes, Felipe Jarero
Escobedo y Nicolás Jiménez Carrillo.
Estado de México
Partido Acción Nacional: María del Carmen
Corral Romero, Fernando Covarrubias Zavala, Porfirio Durán Reveles, Martín Matamoros
Castillo, Rubén Mendoza Ayala, Eduardo Mendoza Ayala, Javier Paz Zarza, Héctor Flavio
Valdés García y Gustavo Arturo Vicencio Acevedo.
Estado de Michoacán
Partido Acción Nacional: Luis Guillermo
Villanueva Valdovinos, Margarita Chávez Murguía y Germán Martínez Cázares.
Estado de Morelos
Partido Acción Nacional: Marco Antonio
Adame Castillo.
Estado de Nuevo León
Partido Acción Nacional: Felipe de Jesús
Cantú Rodríguez, Julio Castrillón Valdés, Trinidad Escobedo Aguilar, Pablo Gutiérrez
Jiménez, Israel Hurtado Acosta, José Armando Jasso Silva, Américo Alejandro Ramírez
Rodríguez, Roberto Ramírez Villarreal, Rogelio Sada Zambrano, Humberto Treviño Landois,
Baldemar Tudón Martínez y María del Pilar Guadalupe Valdés y González Salas.
Estado de Oaxaca
Partido Acción Nacional: María de la
Soledad Baltazar Segura.
Estado de Puebla
Partido Acción Nacional: María del Carmen
Díaz Amador.
Estado de Querétaro
Partido Acción Nacional: Patricia Espinosa
Torres, Jesús Salvador Olvera Pérez, Felipe Urbiola Ledesma y Samuel Gustavo Villanueva
García.
Estado de Quintana Roo
Partido Acción Nacional: Baldemar Dzul
Noh.
Estado de San Luis Potosí
Partido Acción Nacional: Javier Algara
Cossío, Alvaro Elías Loredo, Elodia Gutiérrez Estrada, José Antonio R. Herrán Cabrera
y Francisco Xavier Salazar Díez de S.
Estado de Sinaloa
Partido Acción Nacional: Joaquín Montaño
Yamuni y Antonino Galaviz Oláis.
Estado de Sonora
Partido Acción Nacional: Javier Castelo
Parada, Ramón Corral Avila, Héctor Larios Córdova, Manuel Cornelio Peñúñuri Noriega
y Francisco Suárez Tanori.
Estado de Tabasco
Partido Acción Nacional: Juan José
Rodríguez Prats.
Estado de Tamaulipas
Partido Acción Nacional: Abelardo Perales
Meléndez y Sergio Antonio Salazar Salazar.
Estado de Veracruz
Partido Acción Nacional: Gerardo Buganza
Salmerón.
Estado de Yucatán
Partido Acción Nacional: Fernando
Castellanos Pacheco, María Beatriz Zavala Peniche y Edgar Martín Ramírez Pech.
Es cuanto, señor Presidente.
Hago entrega a la Secretaría de esta
iniciativa de decreto, así respaldada por las firmas de los compañeros diputados de
todas las fracciones parlamentarias representadas aquí en la Cámara.
Muchas gracias.
Túrnese a las comisiones de Pesca y
Turismo, para su estudio y dictamen.
Esta Presidencia informa a la Asamblea que
han estado con nosotros durante la sesión de hoy, diversas instituciones a las cuales me
voy a permitir dar lectura: de la secundaria Blas Galindo, invitados del diputado Eduardo
Bernal Martínez; de la Universidad del Estado de Michoacán, invitados del diputado Jorge
Canedo Vargas; de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Campus Tlaxcala,
invitados del diputado José Pascual Grande; representantes y miembros del Partido Acción
Nacional, del municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, invitados del diputado Armando
Rangel; alumnos de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, invitados o
representados por la ciudadana Lourdes Fuentes; también de la secundaria Morelos,
invitados del diputado Juan Jaramillo Fricas; del Instituto de Estudios Superiores de
Puebla, invitados por el licenciado Justino Altamirano; también se encuentran con
nosotros alumnos de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad
Iberoamericana, encabezados por el señor Jorge Santos, invitados del diputado Fidel
Herrera; también se encuentran alumnos del Colegio Cumbres, invitados del licenciado
David Moreno.
A todos ellos esta mesa directiva a nombre
de la Cámara, les da la más cordial bienvenida.
DERECHOS
HUMANOS
Tiene la palabra el diputado Benito
Mirón Lince, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para
presentar una iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
| El diputado
Benito Mirón Lince: |
«Proyecto de iniciativa de decreto
por el cual se propone adicionar y reformar la Constitución y la Ley de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.
Con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
así como por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados de la
fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, sometemos a la
consideración de la honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa de adiciones y
reformas a los artículos 2o., 3o., 5o., 6o., 7o., 8o., 9o., 10, 12, 14, 15, 17, 19, 46,
64, 75 y 77 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, asimismo a los
artículos 21, 73, 74 fracción VI, 76 fracción X, 102 apartados A y B y 105 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
En la inmensa mayoría de las
organizaciones que se ocupan de la defensa de los derechos humanos y en muy amplios
sectores de nuestra sociedad, se ha consolidado la opinión de que es insoslayable la
decisión de dotar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de mayor autonomía
respecto al poder gubernamental. En la actual ley de la materia, el nombramiento del
presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aun cuando es sometido a la
aprobación del Senado, lo hace el Presidente de la República; de igual manera, la
totalidad de los integrantes del consejo de esa institución, son también designados por
el Presidente de la República y los recursos materiales y financieros para su
funcionamiento le son proporcionados por el Ejecutivo Federal. Consideramos que esa
relación de dependencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto al
Ejecutivo Federal, afecta gravemente la autonomía indispensable para el buen desempeño
de las atribuciones de dicha institución de derechos humanos.
En efecto, es bien sabido que la eficacia
de las recomendaciones del ombudsman, depende en gran medida del peso moral de la
institución que las emite, es la credibilidad la que puede movilizar a la sociedad y a la
opinión pública para respaldar las recomendaciones y obligar a los destinatarios a
cumplirlas, toda vez que las mismas tienen la característica esencial de ser no
vinculatorias y es el respaldo de la sociedad el elemento que puede darles la fuerza
necesaria para lograr su eficacia. Sin embargo, para motivar ese respaldo social es
indispensable la credibilidad en la institución y es precisamente la autonomía de la
misma el factor determinante para obtener esa credibilidad, no sólo en nuestro país,
sino también en el extranjero, en donde importantes organizaciones de defensa de los
derechos humanos han puesto en tela de juicio la credibilidad de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos.
Lo anterior deviene en la necesidad de la
reforma que aquí se propone para que sea el Congreso de la Unión, quien designe al
presidente y a los consejeros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y asigne los
recursos materiales y financieros necesarios para el debido funcionamiento de la misma,
rompiendo con ello los lazos de dependencia de la comisión con el Ejecutivo Federal y
fortaleciendo así su autonomía.
Nuestra fracción parlamentaria entiende
que el derecho a la vida y la libertad, siendo unos de los más elementales derechos
humanos, no son los únicos, pues también lo son, entre otros, el derecho al trabajo, el
derecho a una justicia pronta y eficaz y el derecho de los pueblos a efectuar procesos
electorales que les permitan elegir verdaderamente a sus gobernantes. Vale señalar que en
la actual legislación se imponen importantes limitaciones a los organismos públicos de
los derechos humanos en materia laboral, electoral y en los asuntos relativos al Poder
Judicial de la Federación, lo que ha ocasionado la impunidad de distintas autoridades que
hacen caso omiso de la garantía de legalidad, aprovechando que el juicio de amparo debe
ser el instrumento mediante el cual el quejoso puede obtener la protección de la
justicia, en el supuesto de que pueda contar con los recursos económicos necesarios para
la tramitación del juicio de amparo. Debido a ello proponemos ampliar las facultades de
la Comisión Nacional de Derechos Humanos en los ámbitos mencionados, siempre y cuando se
trate de actos u omisiones de carácter administrativo o procedimental.
No obstante que nuestro orden jurídico
cuenta con la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, son alarmantes los altos
índices de impunidad que existen cuando se trata del delito de tortura; vale decir que en
esta materia, las denuncias y quejas apuntan principalmente a las policías judiciales
estatales y Federal, que dependen del Ministerio Público respectivo y siendo un delito de
carácter federal, compete la investigación del mismo a la Procuraduría General de la
República y por lo tanto al Ministerio Público Federal y a los agentes de la Policía
Judicial bajo su mando, encontrándonos aquí con la aberración jurídica de que la
autoridad repetidamente señalada como perpetradora del grave delito de tortura, es la
misma encargada de investigarlo.
El resultado es que prevalece el espíritu
de cuerpo, se encubre a los torturadores y cuando hay una fuerte presión de la opinión
pública, se integran deliberadamente mal las averiguaciones previas, lo que permite al
procesado salir absuelto en el proceso penal, de ahí que sean muy contadas las sentencias
condenatorias por el delito en cuestión. Por ello es fundamental para combatir un delito
tan grave como el de la tortura y tan íntimamente relacionado con la violación de los
derechos humanos, que se faculte a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para efectuar
la investigación, integrar la averiguación previa y consignarla ante un juez competente,
cuando del seguimiento de una queja se establezcan indicios suficientes para presumir la
comisión del delito de tortura.
Cabe señalar que tal facultad a favor de
la Comisión Nacional de Derechos Humanos de ninguna manera la transforma en un tribunal
de Derecho ni afecta de modo alguno el carácter no vinculatorio de sus recomendaciones,
ya que no emitiría ningún dictamen o recomendación obligatorio, sino que presentaría
ante un tribunal competente, las evidencias que se hubiese allegado para que éste las
valore y emita, en su caso, su resolución obligatoria, mas aún, en su investigación no
estaría facultada para citar a declarar a persona alguna bajo ningún apercibimiento ni
estaría autorizada para retener a ningún sujeto objeto de la investigación.
Un principio conocido es que la ley debe
ajustarse a la realidad y no a la inversa y en nuestro país es una realidad
incuestionable que, más que en otros delitos, en los casos de tortura, las
investigaciones han sido abrumadoramente ineficientes y la administración de justicia
totalmente inadecuada.
Por otra parte, sin hacer ninguna
valoración ética de sus recomendaciones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos
cuenta con una basta experiencia en la investigación de delitos que constituyen
violación de derechos humanos y cuenta con un plantel de profesionistas que conocen la
técnica jurídica de la investigación del delito, como se puede observar en la lectura
de múltiples recomendaciones en las que se rinden declaraciones; se reciben testimonios,
se efectúan y valoran dictámenes periciales; de manera que una recomendación que
contiene todas las normas que señalan la técnica jurídica, la lógica y la experiencia,
debe también ser suficiente para excitar la actividad jurisdiccional correspondiente.
En los países europeos, el cumplimiento de
las recomendaciones del ombudsman alcanza un rango del 90% al 100%, en tanto que en
nuestro país formalmente llega sólo al 63%, lo que hace necesario que se considere el
aspecto de la eficacia de las recomendaciones. Ciertamente una de las características del
ombudsman es el carácter no vinculatorio de sus recomendaciones y su autoridad puramente
moral, por lo que, con pleno respeto a la preservación de tales elementos, esta
iniciativa proyecta avanzar en el ámbito de la eficacia de las recomendaciones,
proponiendo que se faculte expresamente al titular de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, para iniciar ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, juicio
político en contra de los servidores públicos que se nieguen a aceptar las
recomendaciones o que aceptándolas no las cumplan.
Cabe señalar que el ombudsman debe
considerarse como un defensor de la ciudadanía ante los abusos del poder del Estado, tan
es así que en algunos países se le designa con el término de defensor del pueblo y en
ese marco proponemos que el ombudsman mexicano, sin menoscabo del carácter no
vinculatorio de sus recomendaciones, pueda acudir a la Cámara de Diputados a denunciar
ante esa instancia de la soberanía popular a los funcionarios públicos que hubiesen
violentado los derechos humanos y que se hubieren negado a cumplir la recomendación
respectiva y bajo la misma premisa acudir ante la autoridad judicial competente para
ejercitar la acción penal, única y exclusivamente en tratándose del delito de tortura.
Artículo primero. Se reforman y adicionan
los artículos 21, 73, 74 fracción VI 76 fracción X 102, en sus apartados A y B y 105 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TITULO TERCERO
CAPITULO II
SECCION TERCERA
Artículo 21. La imposición de las penas
es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los
delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará
bajo su autoridad y mando inmediato; sólo en los casos que señala el apartado B del
artículo 102 de esta Constitución, la Comisión Nacional de Derechos Humanos podrá
integrar una averiguación previa, consignarla ante un juez competente y, en su caso,
asumirse como parte en el proceso judicial. Compete a la autoridad administrativa la
aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de
policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por 36 horas;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
VI. Para expedir la Ley de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos.
Artículo 74. Son facultades exclusivas de
la Cámara de Diputados:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
VI. Someter a la Cámara de Senadores la
propuesta de tres candidatos a ocupar el puesto de presidente de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos; lo anterior una vez realizada la consulta a las organizaciones sociales
por la comisión de la materia de la Cámara de Diputados, dicha consulta será regulada
por la ley.
Artículo 76. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
X. Elegir al presidente de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos de la terna que someta la Cámara de Diputados.
XI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
TITULO TERCERO
CAPITULO IV
Artículo 102.
A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
Incumbe al Ministerio Público de la
Federación, la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal,
excepto el señalado en el quinto párrafo del apartado B de este artículo; y, por lo
mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los
inculpados;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
B. La Comisión Nacional de Derechos
Humanos y sus homólogos en los estados, son organismos públicos, de carácter autónomo,
con personalidad jurídica y patrimonio propios.
El presupuesto que se le autorice a la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, será aprobado anualmente por la Cámara de
Diputados.
Estos organismos velarán por la promoción
y protección de los derechos humanos que otorga el orden jurídico mexicano. Al efecto
conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa
provenientes de cualquier autoridad o servidor público que violen esos derechos.
Llevarán a cabo tareas de promoción, difusión y divulgación que fomenten una cultura
de respeto por los derechos humanos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos
podrá conocer de actos u omisiones administrativas o procedimentales cuando se trate de
asuntos de naturaleza laboral, electoral, fiscal o contencioso-administrativo; igualmente,
cuando estos actos u omisiones provengan de algún órgano del Poder Judicial Federal. Los
organismos locales conocerán de actos análogos en su esfera de competencia.
Estos organismos de protección a los
derechos humanos por ningún motivo podrán examinar cuestiones jurisdiccionales de fondo.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos
formulará y emitirá recomendaciones no vinculatorias, públicas y autónomas. En su
caso, hará las denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, en relación con los
asuntos que se sometan a su conocimiento , incluida la interposición del juicio de
amparo. En los casos en que del seguimiento de una queja se establezcan indicios
suficientes para presumir la comisión del delito de tortura por parte de servidores
públicos adscritos a una Procuraduría de Justicia, la Comisión Nacional de Derechos
Humanos estará facultada para integrar la averiguación previa y consignarla ante un juez
competente, pero no podrá bajo ninguna circunstancia retener a persona alguna objeto de
investigación ni formular citatorios con ningún apercibimiento. Estas consignaciones se
harán sin detenido, salvo en caso de flagrancia, con estricto apego a la ley, bajo la
normatividad que regula la acción del Ministerio Público Federal y con las limitaciones
que aquí se establecen para el ejercicio de la acción penal por parte de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos
podrá ejercitar acción de inconstitucionalidad en contra de normas de carácter general,
que vulneren los derechos humanos reconocidos en el orden jurídico-mexicano.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos
conocerá de las inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones,
acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes de los estados.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos
podrá atraer la queja presentada ante un organismo local cuando el asunto por su
importancia trascienda el interés de la entidad federativa o del Distrito Federal, incida
en la opinión pública nacional o su naturaleza resulte de especial gravedad.
Para la elección del presidente de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Cámara de Diputados, tomando en cuenta las
opiniones de las organizaciones sociales, someterá una terna a la Cámara de Senadores,
la cual elegirá al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia
de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos
siguientes:
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
II. De las acciones de inconstitucionalidad
que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter
general y esta Constitución.
Las acciones de inconstitucionalidad
podrán ejercitarse, dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de la
publicación de la norma por:
a) a f). . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
g) La Comisión Nacional de Derechos
Humanos en contra de leyes federales, estatales y del Distrito Federal; así como de
tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano que vulneren derechos humanos.
Artículo segundo. Se reforman y adicionan
los artículos 2o., 3o., 5o., 6o., 7o., 8o., 9o., 10, 12, 14, 15, 17, 19, 46, 64, 75 y 77
de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
TITULO PRIMERO
CAPITULO UNICO
Disposiciones generales
Artículo 2o. La Comisión Nacional de
Derechos Humanos es un organismo público autónomo con personalidad jurídica y
patrimonio propios, con facultades para organizarse internamente y para ejercer libremente
su presupuesto y sus funciones. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene por objeto
esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos
humanos previstos por el orden jurídico-mexicano.
Artículo 3o. La Comisión Nacional de
Derechos Humanos tendrá competencia en todo el territorio nacional, para conocer de
quejas relacionadas con violaciones a los derechos humanos cuando éstas fueren imputadas
a autoridades y servidores públicos de carácter federal.
Artículo 5o. La Comisión Nacional de
Derechos Humanos se integrará con un presidente, un secretario ejecutivo y hasta cinco
visitadores generales, así como el número de visitadores adjuntos y personal
profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos,
para el mejor desempeño de sus responsabilidades, contará con un consejo Ejecutivo.
Artículo 6o. La Comisión Nacional de
Derechos Humanos tendrá las siguientes atribuciones:
I a XIV. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
XV. La Comisión Nacional de Derechos
Humanos podrá conocer, exclusivamente, de actos u omisiones administrativos o
procedimentales cuando se trate de asuntos de naturaleza laboral, electoral, fiscal o
contencioso-administrativo; igualmente, cuando estos actos u omisiones provengan de algún
órgano del Poder Judicial Federal. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ningún
motivo podrá examinar cuestiones jurisdiccionales de fondo.
XVI. La Comisión Nacional de Derechos
Humanos estará legitimada para interponer juicio de amparo y acciones de
inconstitucionalidad en contra de leyes federales, estatales y del Distrito Federal; así
como de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano que vulneren los
derechos humanos.
XVII. La Comisión Nacional podrá enviar a
la Cámara de Diputados solicitud de juicio político en los términos que establece el
Título IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en contra de la
autoridad o servidor público que se rehuse a atender las recomendaciones de la Comisión
Nacional.
XVIII. La Comisión Nacional de Derechos
Humanos estará facultada para ejercitar la acción penal tratándose del delito de
tortura, en los términos establecidos en los artículos 21 y 102, apartado B de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
XIX. Las demás que le otorguen la presente
ley y otros ordenamientos legales.
Artículo 7o. La Comisión Nacional de
Derechos Humanos no podrá conocer de los asuntos relativos a:
1. Derogada.
2. Resoluciones de carácter
jurisdiccional.
Se entiende por resoluciones de carácter
jurisdiccional:
a) Las sentencias o laudos definitivos que
concluyan la instancia;
b) Las sentencias interlocutorias que se
emitan durante el proceso;
c) Los autos o acuerdos dictados por el
juez o por el personal del juzgado o tribunal para cuya expedición se haya realizado una
valoración y determinación jurídica o legal;
d) En materia administrativa, los análogos
a los señalados por los anteriores.
III. Derogada.
IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 8o. En los términos de está ley
sólo podrán admitirse o conocerse quejas o inconformidades contra actos u omisiones de
autoridades judiciales, cuando dichos actos u omisiones tengan carácter administrativo o
procedimental. La Comisión Nacional por ningún motivo podrá examinar cuestiones
jurisdiccionales de fondo.
Artículo 9o. Los requisitos para ser
presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, son:
I. Ser ciudadano mexicano en pleno
ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II. No tener menos de 35 años de edad el
día de su nombramiento;
III. Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de
prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro
que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, se inhabilitará para el
cargo cualquiera que haya sido la pena y
IV. No pertenecer a partido político
alguno.
Artículo 10. Para la elección de
presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Cámara de Diputados, una vez
realizada la consulta a las organizaciones sociales a través de la comisión respectiva,
someterá una propuesta consistente en una terna a la Cámara de Senadores, la cual
elegirá dentro de ésta al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El plazo durante el cual debe pronunciarse
la Cámara de Senadores con respecto a la elección de presidente de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, será de 15 días naturales, contados a partir del día siguiente al
de la recepción de la propuesta, espacio de tiempo en el que dicha cámara escuchará en
audiencia a los candidatos y emitirá su decisión.
En el caso de que la terna propuesta por la
Cámara de Diputados sea rechazada por la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados
podrá presentar una segunda y la Cámara de Senadores deberá elegir necesariamente a uno
de los candidatos de la terna propuesta por la Cámara de Diputados.
Artículo 11. El presidente de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos durará en su cargo cuatro años y por ningún motivo podrá
reelegirse.
Artículo 12. Las funciones de presidente
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de los visitadores generales y de secretario
ejecutivo, son incompatibles con el desempeño de cualquier otro cargo, empleo o comisión
de la Federación, los estados, municipios o en organismos privados o con el desempeño de
su profesión, exceptuando los académicos.
Artículo 14. El presidente de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos podrá ser destituido y, en su caso, sujeto a
responsabilidad, sólo por las causas y mediante los procedimientos establecidos por el
Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Tanto en este supuesto como en el caso de
que fallezca durante su gestión, al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
el presidente será sustituido interinamente por el primer visitador general, en tanto no
se elija al nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La designación de nuevo titular se hará
al inicio del periodo de sesiones inmediato posterior, en caso de que las cámaras se
encuentren en receso y estando en periodo de sesiones antes de la conclusión del mismo.
Artículo 15. El presidente de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
V. Informar anualmente sobre las
actividades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a las cámaras de Diputados y
Senadores.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
X. Ejercer la acción de
inconstitucionalidad en nombre de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
XI. Las demás que le señalen la presente
ley y otros ordenamientos.
Artículo 17. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
El presidente de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, lo será también del consejo. Los cargos de los demás miembros del
consejo serán honorarios. A excepción de su presidente, cada año deberá ser sustituido
el miembro del consejo de mayor antigüedad, procedimiento que se realizará,
alternadamente, por las cámaras de Diputados y de Senadores, salvo el primer consejo
cuyos miembros se sortearán el orden en que serán sustituidos.
Será causal de destitución de los
consejeros el hecho de que injustificadamente se ausenten o no se presenten a las sesiones
ordinarias y extraordinarias, por más de tres ocasiones seguidas. En su caso, la
destitución la hará el presidente del consejo y para el nombramiento de un consejero
sustituto se procederá en los términos que establece el artículo 18 de este
ordenamiento.
Artículo 18. La Cámara de Diputados y la
Cámara de Senadores elegirán cada una de ellas, a cinco miembros para integrar el
consejo ejecutivo, previas consultas a las organizaciones sociales, consultas que serán
efectuadas por las comisiones de la materia.
Artículo 19. El Consejo de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos tendrá las siguientes facultades:
I. Establecer los lineamientos generales de
la actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
II. Aprobar el Reglamento Interno de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos.
III. Aprobar las normas de carácter
interno relacionadas con la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
IV. Opinar sobre el proyecto de informe
anual que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos presente a la Cámara
de Diputados.
V. Solicitar al presidente de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos información adicional sobre los asuntos que se encuentren en
trámite o haya resuelto la Comisión Nacional y
VI. Conocer el informe del presidente de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto al ejercicio presupuestal.
VII. Conocer sobre recursos de
inconformidad o impugnación en contra de actuaciones o resoluciones de las visitadurías
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y solicitar la revisión de los casos que
considere necesarios.
VIII. Si al revisar un recurso de
inconformidad o impugnación, se evidencia mala fe, negligencia o actuación contraria a
derecho de un funcionario de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, solicitará
su remoción y procederá de acuerdo al Título Cuarto de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 24. Los visitadores generales
tendrán las siguientes facultades y obligaciones:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
V. Rendir informes sobre quejas
específicas que le sean solicitados por el Consejo Ejecutivo de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos.
VI. Las demás que le señale la presente
ley y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, necesarias para el mejor
cumplimiento de sus funciones.
Artículo 46. La recomendación será
pública y autónoma, no podrá por sí misma anular, modificar o dejar sin efecto las
resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja o denuncia.
En todo caso, una vez recibida, la
autoridad o servidor público de que se trate informará, dentro de los 15 días hábiles
siguientes a su notificación, si acepta dicha recomendación. Entregará, en su caso, en
otros 15 días adicionales, las pruebas correspondientes de que ha cumplido con la
recomendación. Dicho plazo podrá ser ampliado cuando la naturaleza de la recomendación
así lo amerite.
Cuando la autoridad o servidor público
informe que no acepta la recomendación o que aceptándola, se obtengan evidencias de
simulación o negligencia en su cumplimiento, el presidente de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos podrá iniciar juicio político en su contra, de acuerdo al Título
Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 64. La Comisión Nacional de
Derechos Humanos esta facultada para revisar de oficio las resoluciones definitivas de los
organismos locales de derechos humanos, así como las recomendaciones emitidas por los
citados organismos, en los casos relativos a tortura, homicidio, ejecuciones
extrajudiciales, desapariciones o donde sean afectados grupos sociales.
Artículo 75. El presupuesto anual de
gastos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos será directamente autorizado por la
instancia que determine la Cámara de Diputados; esta misma Cámara, a través de los
procedimientos que acuerde, recibirá del organismo la cuenta de erogaciones que
corresponda.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones
legales y reglamentarias que se opongan al presente ordenamiento.
Tercero. El actual presidente y los
miembros del consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos permanecerán en sus
cargos hasta en tanto los nuevos titulares no sean nombrados de acuerdo al procedimiento
establecido en el presente decreto.
Cuarto. El Reglamento Interior de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos será expedido por su consejo dentro de los seis
primeros meses posteriores al momento de haber entrado en funciones.
Por lo anteriormente expuesto, pido:
Unico. Se tenga por presentada la
iniciativa de reforma a la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y artículos
constitucionales relativos, contenida en este documento, en los términos propuestos y con
fundamento en el artículo 71, fracción II constitucional y 55 fracción II del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
y se turne como corresponde a la Comisión respectiva para su dictamen.
Atentamente.
México, D.F., 2 de abril de 1998.- Palacio
Legislativo.- Diputado Benito Mirón Lince.»
No quiero dejar pasar la oportunidad para
manifestar aquí mi enérgica protesta por el retraso injustificado de alrededor de hora y
media del inicio de estas sesiones, donde considero que es una falta de respeto a todos
los diputados. No se justifica que el hecho de que haya una comparecencia de quien sea, a
la misma hora del pleno, se falte al respeto a este pleno. Después no nos quejemos.
Iniciar una huelga de hambre o sacar una manta en este recinto legislativo les parece
falta de respeto, pero no hacer lo que hicieron con las comparecencias de hoy.
Queda mi más enérgica protesta.
Gracias.
Túrnese a las comisiones unidas de
Gobernación Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos.
LEY
DEL SEGURO SOCIAL
Tiene la palabra el diputado José
Jesús Montejo Blanco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para
presentar una iniciativa de reformas a la Ley del Seguro Social.
| El diputado
José Jesús Montejo Blanco: |
«Ciudadano Presidente de la Cámara
de Diputados.- Presente.
Con fundamento en el artículo 71 fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, 56, 57, 58 y
relativos del Reglamento Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, los
suscritos diputados integrantes de la Comisión de Atención y Apoyo a Discapacitados de
la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presentamos a la consideración
del pleno de esta Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa de reformas y adiciones a
diversos artículos de la Ley del Seguro Social, de acuerdo con la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Con la Ley del Seguro Social publicada en
el Diario Oficial de la Federación el día 21 de diciembre de 1995, se ha querido dar un
nuevo marco regulatorio del derecho a la seguridad social en México, en los umbrales del
Siglo XXI.
El titular del Poder Ejecutivo, al
presentar la iniciativa de Ley del Seguro Social, señaló con acierto en la exposición
de motivos que "uno de los mayores retos para la seguridad social en México ha sido
desde siempre brindar protección a toda la población".
Bajo esta premisa, es de reconocer que la
seguridad social no ha cubierto a grupos de la población mexicana, que por condiciones de
padecimiento temporal o permanente, de una disminución en sus facultades físicas,
mentales o sensoriales, se han visto privados de los servicios que otorga la seguridad
social al resto de la población mexicana.
A este sector de la población que no
disfruta de los beneficios anteriormente aludidos, se le conoce como el de las personas
con discapacidad y su importancia en nuestro país deviene del número de personas que
padecen alguna discapacidad.
(Se ha estimado por la Organización
Mundial de la Salud, que en países como el nuestro, el número de personas con
discapacidad fluctúa entre el 7% y 12% de la población. Por lo que viene a constituir un
segmento importante de la población, que demanda las mismas oportunidades en materia de
seguridad social, de la misma forma que la tienen los demás mexicanos).
A la Comisión de Atención y Apoyo a
Discapacitados han acudido diversas personas que sufren discapacidades, principalmente que
tienen movilidad parcial, a exponernos que en el Instituto Mexicano del Seguro Social se
les niega el derecho a afiliarse en forma voluntaria al régimen obligatorio.
Esta negativa la fundan las autoridades
administrativas del Instituto Mexicano del Seguro Social en base a que consideran que
tienen una enfermedad preexistente que requerirá atención y servicios médicos
instituciónales, sin embargo, estas personas tienen problemas de movilidad, se encuentran
en silla de ruedas y desempeñan un trabajo por su cuenta y lo que buscan son los
servicios de seguridad social como todo mexicano, requieren de atención médica para los
padecimientos y enfermedades a que todos estamos sujetos a padecer y no de consecuencias
de su discapacidad que comúnmente es definitiva y no ocasiona padecimientos posteriores.
Buscan ser reconocidos como sujetos de
aseguramiento voluntario dentro del régimen obligatorio, para que puedan gozar de los
seguros que brinda este régimen, como son:
Enfermedades y maternidad; invalidez y
vida; retiro; guardería y prestaciones sociales.
Las autoridades administrativas del Seguro
Social, basadas en el reglamento de afiliación de dicho instituto en su artículo 48,
rechazan la afiliación voluntaria de las personas con discapacidad al régimen
obligatorio.
Ya que precisamente, es el reglamento de
afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el día 30 de junio de 1997, quien señala a las personas excluidas del
aseguramiento que proporciona el Instituto Mexicano del Seguro Social, por motivos
médicos y factores de riesgo. Así se refiere el artículo 48 del citado reglamento:
"No será sujeto de aseguramiento el
solicitante que presente:
I. Alguna enfermedad preexistente, tal
como: tumores malignos; enfermedades crónico-degenerativas como: complicaciones tardías
de la diabetes mellitus; enfermedades por atesoramiento (enfermedad de Gaucher);
enfermedades crónicas del hígado; insuficiencia renal crónica; valvulopatías
cardiacas; insuficiencia cardiaca; secuelas de cardiopatía isquémica (arritmia, ángor o
infarto del miocardio); enfermedad pulmonar obstructiva crónica con insuficiencia
respiratoria; enfermedades degenerativas del sistema nervioso central y periférico y
secuelas de enfermedad vascular cerebral; insuficiencia vascular periférica entre otras;
II. Enfermedades sistémicas crónicas del
tejido conectivo; adicciones como alcoholismo y otras toxicomanías; trastornos mentales
como sicosis y demencias, enfermedades congénitas y síndrome de inmunodeficiencia
adquirida o VIH positivo y
III. Secuelas de lesiones
musculoesqueléticas o neurológicas de origen traumático, que ameriten
tratamiento."
Aunque se es claro en el reglamento de
afiliación que no podrán afiliarse personas con discapacidad que "ameriten
tratamiento", en la práctica se le niega a cualquier persona con discapacidad, el
derecho a afiliarse voluntariamente al régimen obligatorio, alegando la prohibición
establecida en el anteriormente citado artículo 48 del reglamento.
Ciertamente no se pretende con esta
reforma, el que se afilien al Seguro Social personas con enfermedades preexistentes que
requieran tratamientos costosos; sólo se busca que las personas que tienen alguna
discapacidad, puedan afiliarse y gozar de los beneficios de la seguridad social, aunque de
éstos queden excluidos expresamente: terapias y tratamientos derivados de su
discapacidad, pero sí puedan gozar de los demás beneficios y de los tratamientos
derivados de cualquier otro padecimiento no ligado a su discapacidad.
Ya el reglamento de afiliación, restringe
en su artículo 49 los tiempos de aseguramiento, que deberá tener el afiliado o sus
familiares para recibir servicios institucionales y tratamiento para ciertas enfermedades
preexistentes, cuidando así que el IMSS no cargue con servicios que demandarían, quienes
se afiliaran voluntariamente al régimen obligatorio, sólo para gozar de esos
tratamientos al conocer de antemano, su padecimiento o el de sus familiares.
También el artículo 50, enumera los
tratamientos que no son disponibles para aquellos que se afilian voluntariamente al
régimen obligatorio, entre los cuales se encuentra en su fracción IX, el otorgamiento de
órtesis, prótesis y aditamentos especiales, en clara referencia a las personas con
discapacidad.
Queda claro entonces que el otorgar el
derecho de afiliarse voluntariamente al régimen obligatorio a personas con discapacidad
no implica sujetar al IMSS a cargar con costos adicionales de tratamientos o terapias o
aparatos compensatorios de discapacidades a estas personas, ya que como anteriormente ha
quedado expuesto, estos servicios están explícitamente excluidos para aquellos que se
afilian voluntariamente en el régimen obligatorio.
En conclusión, no se pretende con esta
reforma otorgar ningún beneficio extra a las personas que sufren algún tipo de
discapacidad ni cargar a los derechohabientes del Seguro Social con un grupo de afiliados
que de mandarán mayores servicios a costa de los demás derechohabientes. Se trata de que
en justicia no sean discriminados por su discapacidad, negándoles el derecho a afiliarse
voluntariamente en el régimen obligatorio, ya que desde luego, deberán cubrir sus
aportaciones como lo establece la ley.
Se pretende que a nivel de la Ley del
Seguro Social, quede claramente establecido que son sujetos de afiliación y no se deje a
la interpretación de un reglamento, la posibilidad de discriminarlos y negarles sus
derechos legítimos.
Con ese mismo espíritu, la presente
iniciativa propone agregar una fracción al artículo 13, que establece quiénes pueden
ser sujetos de afiliación voluntaria al régimen obligatorio, que señale como sujetos de
aseguramiento a las personas con discapacidad, independientemente de los señalado por
cualquier otra ley, decreto o reglamento.
Asimismo, se propone la reforma del
artículo 222, que establece las prestaciones que recibirán, quienes se afilien
voluntariamente al régimen obligatorio, que son los diferentes grupos de población que
se describen en las diferentes fracciones del artículo 13 de la ley.
En lo concerniente al pago de cuotas, se
propone la modificación del artículo 227 y 228 en el sentido de dar congruencia a la
fracción VI del artículo 13 que se está proponiendo, con la forma de aportación de las
cuotas del Seguro Social, dándoles el mismo tratamiento que a los trabajadores en
industrias familiares y los independientes como: profesionales, comerciantes en pequeño,
artesanos y demás trabajadores no asalariados; así como a los ejidatarios, comuneros,
colonos y pequeños propietarios, tanto en el artículo 222 como en el artículo 227 y
228.
De conformidad con lo antes expuesto, los
suscritos diputados integrantes de la Comisión de Atención y Apoyo a Discapacitados de
la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en
el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Cámara de Diputados, la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y
ADICIONA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL
Artículo primero. Se reforman los
artículos 222 fracción II inciso A, 227 fracción I y 228 fracción II, de la Ley del
Seguro Social, para quedar como sigue:
"Artículo 222. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
II. El esquema de aseguramiento, para los
sujetos que señala este capítulo, comprende:
a) Para los sujetos a que se refieren las
fracciones l, III y VI del artículo 13 de esta ley, las prestaciones en especie del
seguro de enfermedades y maternidad y las correspondientes de los seguros de invalidez y
vida, así como de retiro y vejez, en los términos de los capítulos respectivos;
b) a e) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Artículo 227. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
I. Un salario mínimo del Distrito Federal,
vigente en el momento de la incorporación o de la renovación anual, para los sujetos a
que se refieren las fracciones I, III, IV y VI del artículo 13 de esta ley y
II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 228. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
II. Para los sujetos a que se refieren las
fracciones I, III, IV y VI del artículo 13 de esta ley, les corresponderá cubrir
íntegramente la cuota obrero-patronal, contribuyendo el Estado conforme le corresponda a
cada ramo de seguro, de acuerdo a lo dispuesto en esta ley, incluyendo la cuota
social."
Artículo segundo. Se adiciona con una
fracción el artículo 13 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:
Artículo 13. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
I a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
VI. Las personas con discapacidad, que no
estén comprendidos en ninguna de las fracciones anteriormente señaladas".
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en
vigor 45 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Instituto Mexicano del Seguro
Social deberá adecuar su reglamento de afiliación en lo conducente en un plazo no mayor
de 45 días.
Atentamente.
Salón de sesiones de la Cámara de
Diputados, México, D.F., a 2 de abril de 1998.- Diputados: José Jesús Montejo Blanco,
Héctor Larios Córdova, Elodia Gutiérrez Estrada, Julieta O. Gallardo Mora, Lourdes
Angelina Muñoz Fernández, Gustavo Espinosa Plata, Eliher Saúl Flores Prieto, Felipe
Jarero Escobedo, Carlos Iñiguez Cervantes, Abraham Bagdadi Estrella, José Octavio Díaz
Reyes, José Luis García Cortés, Bonfilio Peñaloza García, Felipe Rodríguez Aguirre,
María de Lourdes Rojo e Incháustegui, José Luis Acosta Herrera, Alfonso Carrillo
Zavala, Jaime Castro López, Luisa Cortés Carrillo, Emilia García Guzmán, Bertha
Hernández Rodríguez, Salomón Elías Jauli y Dávila, Addy Cecilia Joaquín Coldwell,
María de las Mercedes M. Juan López, María Guadalupe Martínez Cruz, María Verónica
Muñoz Parra, Martha Palafox Gutiérrez y Jesús José Villalobos Sáenz.»
Túrnese a la Comisión de Seguridad
Social para su estudio y dictamen.
Esta Presidencia informa a la Asamblea que,
de acuerdo al orden registrado y al orden del día que se leyó, correspondería el turno
al diputado Gonzalo Rojas Arreola. En virtud de que el asunto a tratar no corresponde a
una iniciativa de ley, sino a una proposición, esta mesa directiva acuerda pasar el punto
al capítulo de agenda política y cerrar el capítulo relativo a iniciativas.
| El diputado
Sergio César Alejandro Jáuregui Robles (desde su curul): |
Señor Presidente, yo respeto mucho
su decisión, nada más quiero que me aclare usted si entonces este punto inicia la agenda
política del día de hoy.
Ya se leyó el orden de los puntos de
agenda política. Sería el último punto, a menos que la CRICP decidiera señalarle otro
orden.
| El diputado
Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas Arreola (desde sucurul): |
Es para aclarar que, efectivamente,
es usted, de conformidad con el artículo 27 de la Ley Orgánica, el encargado de dar
curso reglamentario a los negocios, como bien acaba usted de realizar.
Es decisión de la Presidencia
agendarlo en el último punto de la agenda política.
| El diputado
Sergio César Alejandro Jáuregui Robles (desde su curul): |
Señor Presidente, yo le pido que
reconsidere el orden. Efectivamente, usted es el que debe determinar, conjuntamente con el
resto de los integrantes de la mesa directiva y yo escucho que usted determinó que fuera
usted, señor Presidente, sin consultar a sus vicepresidentes. Yo le pido nuevamente que
se agende como primer punto del orden del día del siguiente turno de exposiciones de la
agenda política.
Señor diputado, es atribución del
Presidente y como tal asumo esa decisión, ya está dado el trámite.
PARTIDOS
POLITICOS
Tiene la palabra el diputado Jorge
Alejandro Jiménez Taboada, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México, para presentar una iniciativa de reformas constitucionales y legales en materia
de prerrogativas a partidos políticos.
| El diputado
Jorge Alejandro Jiménez Taboada: |
«Cámara de Diputados de la LVII
Legislatura del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
Jorge Emilio González Martínez, Aurora
Bazán López, Jorge Alejandro Jiménez Taboada, Gloria Lavara Mejía, Miguel Angel Garza
Vázquez y Verónica Velasco Rodríguez, diputados de la LVII Legislatura del honorable
Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México, con fundamento en los artículos 71 fracción II, 72 y 135 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 31 de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se
turne a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su dictamen y
posterior discusión en el pleno de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del
honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley.
EXPOSIClON DE MOTIVOS
Los partidos políticos en México, como
entidades de interés público a que se refiere el artículo 41 constitucional en su
fracción I, gozan de prerrogativas fijas y determinadas que la ley secundaria regula,
entre las cuales resultan de mayor importancia las de tener acceso de forma permanente a
la radio y la televisión y la de tener participación en el financiamiento público
correspondiente que se les asigne. Ello no implica que se les imposibilite para gozar de
otro tipo de prerrogativas qué, de igual o más importancia que las actuales, requieran
los partidos para desarrollarse eficientemente y que responden a inquietudes reflejadas
por la ciudadanía, proyectadas incluso en la realidad y cotidianeidad social; al
incorporarlas, no se beneficia en particular a un grupo o fracción, sino que se adapta en
el texto normativo lo que en la realidad sucede.
El legislador quiso que tales
organizaciones políticas gozaran de los beneficios que conlleva su calidad y
representación popular y que conforme a las disposiciones legales de la materia,
contribuyen con el Estado para la realización de fines específicos, señalados en los
términos del párrafo segundo de la fracción I del precepto constitucional anteriormente
señalado y con la renovación de los titulares de los cargos de elección popular.
El sistema adoptado por nuestra
Constitución permite que determinados cargos de importancia para la estructuración,
diseño y ejecución del Estado y de sus políticas, sean ocupados por personas a las que
la ciudad deposita su confianza, personas que son postuladas por un deteminado partido
político y que contribuyen a fijar las líneas de acción inmediatas más importantes en
diversos cargos de elección popular, como lo es el Presidente de la República, o bien,
proporcionan el marco legal para que las autoridades ejecutoras conduzcan su actividad en
un orden previamente determinado, evitando, además, que se excedan en sus facultades y
con ello afecten a la ciudadanía.
La dinámica del movimiento social y, sobre
todo la del político-electoral, permiten que las instituciones públicas vayan
perfeccionando su marco de actuación, el medio en el que se desarrollan, así como los
instrumentos necesarios para ese fin, sólo en la medida en que se descubre la necesidad
de implementar soluciones a los nuevos requerimientos. La iniciativa que se presenta está
dirigida, por un lado, a consolidar esa inexorable evolución de las instituciones
políticas, así como de sus mecanismos, pero también, por el otro, a tratar de que los
ya existentes, sean lo más equitativo y proporcionales posibles, para que, en condiciones
mejores que las actuales, los partidos puedan desarrollar su actividad política tanto en
la forma ordinaria, como durante los procesos electorales.
Para que la participación de todos los
partidos políticos que intervienen en la contienda electoral sea igualitaria, resulta
necesario que éstas cuenten con recursos suficientes que per mitan desarrollar las
actividades esenciales a sus finalidades y poder así cumplir con los compromisos que el
partido político, como tal asume.
La más reciente reforma constitucional en
este tenor, realizada en 1996, trata de solucionar el problema del financiamiento a las
organizaciones políticas para que puedan realizar sus actividades, dentro de los cauces
que en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se establecen,
sobre todo, el de los recursos provenientes de simpatizantes y militantes, permitiéndose
antes de la reforma que, en tanto, alguna fuerza política tuviera recursos más que
suficientes para llevar a cabo sus actividades ordinarias y proselitistas durante el
periodo de elecciones, otros, en clara desventaja, realizarán las mismas actividades de
manera deficiente. Por ello, nuestra Constitución Política a partir de la mencionada
reforma, adopta el sistema por el cual considera preferible el financiamiento público, a
cualquier de las modalidades del privado, imponiéndole a este último las limitantes que
la ley secundaria actualmente establece.
Con tal fin, se establecieron en el inciso
a, de la fracción II del artículo 41 de la Constitución General de la República, dos
principios que regulan el presupuesto público destinado a cada partido político: el
primero consiste en darle un trato igualitario a todos los partidos para realizar sus
actividades ordinarias; por este principio se le otorga a los partidos un 30% del
presupuesto destinado a su financiamiento. El segundo consiste en la presencia que tiene
el partido político entre la población y que se refleja en los votos emitidos a favor
del mismo a nivel nacional, votación que se proyecta en el número de diputados al
Congreso de la Unión por cada partido; por medio de este principio se les otorga un 70%
del citado presupuesto.
Con la aplicación de los anteriores
principios se trató de solucionar el problema del financiamiento a los partidos, pero tal
solución adoptada, en la práctica, resultó ser insuficiente.
En la contienda política-moderna, hay
partidos en fase de consolidación que reflejan las aspiraciones, cada vez más
crecientes, de grupos que, por ahora minoritarios, intentan contribuir a la sociedad,
aportando sus ideas, propuestas y cualidades para beneficio de la misma, convirtiéndose
para ello en un partido político que tiene presencia real entre la población. Ello no
debe constituir ningún obstáculo que impida que estas fuerzas políticas, contribuyan en
el escenario político con su experiencia, haciendo valer los postulados que sus programas
ofrecen.
Tratar a estas fuerzas en expansión como
minoritarias en todos los aspectos, sobre todo en la toma de decisiones y por consiguiente
en la distribución del presupuesto, implica una discriminación de su presencia como
fuerza política y también la del electorado que por medio de su voto ha manifestado su
simpatía con estas organizaciones con cuyos objetivos coincide.
Al apreciar a estas fuerzas políticas de
reciente aparición en su dimensión y contexto reales y sobre todo evaluando la
importancia gradual que ha significado su presencia en el mundo actual, permite que se les
otorgue a las mismas, una adecuada ubicación igualitaria dentro de la lucha partidista,
independientemente de su "tamaño".
No obstante la dimensión y condición de
"pequeñas" que esas corrientes políticas tienen en relación a la de los
partidos grandes, ellas sí pueden participar en el cambio social, aportando las ideas que
representan y que el electorado ha hecho valer al emitir su voto. Ahora bien, tratarlas
por igual en comparación con los partidos tradicionales, resultaría injusto para esas
otras fuerzas políticas, debido a la presencia que tienen en el Congreso y que reflejan
la preferencia que los electores mantienen respecto al proyecto político que ofrecen, por
lo que resulta necesario igualar en un grado determinado, a todos los partidos políticos
que intervienen en el escenario político, pero también, diferenciarlos en cuanto a la
presencia que los mismos tienen en relación con los electores.
No negamos que este último aspecto sea
importante para fijar el presupuesto que a cada partido le corresponde, pero tampoco
coincidimos con el tratamiento que actualmente tiene, en el sentido de que acentúa más
la presencia que tienen los partidos con sus diputados en el Congreso, que a las causas
que originan esa presencia, que es la actividad política ordinaria del periodo de
elecciones.
No obstante lo anterior, dejar de atender
las causas originarias del movimiento social, para acentuar los efectos, resulta del todo
incongruente lo que, por medio de la presente iniciativa, se trata de evitar.
La proporción que se sugiere en la
presente iniciativa es la de destinar al principio igualitario un 50% del presupuesto y el
50% restante, destinarlo con base en la presencia que el parido político tenga con sus
diputados en el Congreso de la Unión.
Así las cosas, la distribución del
financiamiento debe concentrarse más en la parte igualitaria que le corresponde a cada
partido, que en aquella otra derivada del porcentaje de votos que se hubieren obtenido en
la elección de diputados inmediata anterior, tal como lo establecen la Constitución en
su artículo 41 fracción II, inciso a, y su ley reglamentaria; el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 49 párrafo séptimo inciso a
fracción V.
De igual manera sucede con el acceso que
tienen los partidos a los medios de comunicación como parte de las prerrogativa
señaladas en el artículo 41 del Cofipe.
Para que la sociedad pueda percatarse de
las propuestas proporcionadas por los diversos partidos que intervienen en el escenario
político, requiere que, a los planes y programas que los partidos ofrecen, se les dé la
debida difusión, dentro de los límites legalmente permitidos, conocimiento indispensable
que previamente deben tener los electores para que al momento de emitir su voto, éste se
exprese de manera libre y consciente y puedan mostrar así su preferencia con cualquiera
de las alternativas propuestas, proyectando con el sufragio la tendencia que desean para
el país con base a esos lineamientos.
El medio o la forma por los cuales se
transmiten y se difunden los planes y programas de un partido político, son tan
importantes como el mensaje mismo que postulan y que justifica su existencia.
Por ello, el legislador ha adoptado dos
criterios por los cuales se distribuye el tiempo de transmisión y el número de
promocionales otorgados por el Gobierno Federal a cada partido, con lo que pueden difundir
sus plataformas electorales durante los procesos electorales, de acuerdo a lo establecido
por los artículos 44 párrafo tercero y 47 del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales vigente, ordenamiento que los regula y que al igual que en la
materia presupuestaria, responden, el primero, a un grado de igualdad y el segundo, a la
representatividad que las fuerzas políticas tienen en el electorado a través del número
de diputados en el Congreso de la Unión; criterios que se aprecian en el artículo 47
párrafo tercero del ordenamiento en cita.
Las razones por la que se considera que
deben de ser modificados los preceptos anteriormente citados, son idénticos a las
argüidas que en el caso del presupuesto, a lo que se hizo alusión líneas atrás.
Con anterioridad ya se venía gestando esta
inquietud, de proporcionar más espacios de difusión para los partidos políticos en su
actividad proselitista durante el periodo de elecciones, como lo demuestra en fecha
reciente la realización del seminario del Castillo de Chapultepec, el 16 de enero de
1996, en el cual participaron miembros de diferentes fracciones partidistas y en el que se
acordó en su punto número 30: "que las prerrogativas de comunicación sean
distribuidas entre los partidos con la misma regla del financiamiento; 40% por el
principio de igualdad y 60% por el principio de proporcionalidad". Esta tendencia
refleja las aspiraciones de los diversos partidos por equilibrar la situación de aquellos
que tienen menor presencia en el Congreso, inquietud que apoyamos y nos mueve a presentar
esta iniciativa, misma que encuentra su fundamento en argumentos de razón, de equidad y
de proporcionalidad, más que de política.
Tocaremos ahora el segundo punto al que
inicialmente aludimos en nuestra exposición, que son las figuras que sin tener una
regulación expresa en la ley reglamentaria, se dan en la realidad rebasando el contexto
normativo. Nos referimos a la regulación de los debates públicos trasmitidos por la
televisión.
En las recientes contiendas electorales la
población sufragante ha manifestado la inquietud de saber qué postura tienen los
candidatos de los partidos que contienden por los cargos de elección popular a través de
la confrontación de los planes de gobierno, que cada uno ofrece y que se dan en los
debates públicos.
Esta nueva realidad social requiere de una
regulación adecuada para que no se abuse de él, dejando de lado a los candidatos de
otros partidos políticos.
Debe remarcarse que la conducta sostenida
hasta ahora por las televisoras nacionales y locales, ha estado orientada a favorecer a un
grupo o partido determinado, excluyendo de manera evidente a los demás.
Esta conducta es ilegal a la luz del
artículo 272 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en tanto
que las transmisiones televisivas, por ocupar un espacio con un valor comercial
determinado, deben considerarse donaciones en especie y que expresamente se encuentran
prohibidas en el artículo 49, en su párrafo segundo, inciso g, del ordenamiento en cita.
lrregularidades como ésta deben de
evitarse y éste es el fin que se pretende con la presente iniciativa.
Por ello, respetuosamente, los diputados
integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista
de México, nos permitimos someter a esta
Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la
presente
INICIATIVA DE DECRETO
Mediante el cual se reforman el inciso a de
la fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como el párrafo tercero, del artículo 47 y la fracción V del inciso a,
párrafo séptimo del artículo 49, ambos del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales y se adiciona un inciso e, al artículo 41, así como un
Capítulo V al Título Tercero del Libro Segundo, titulado "De los Debates Públicos
Transmitidos por Televisión", con el artículo 55-A al Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales.
Artículo primero. Se reforma el inciso a,
de la fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 41. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
a) El financiamiento público para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijarán anualmente, aplicando
los costos mínimos de campaña calculados por el órgano superior de dirección del
Instituto Federal Electoral, el número de senadores y diputados a elegir, el número de
partidos políticos con representación en las cámaras del Congreso de la Unión y la
duración de las campañas electorales. El 50% de la cantidad total que resulte de acuerdo
con lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma
igualitaria y el 50% restante se distribuirá entre los mismos de acuerdo con el
porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.
Artículo segundo. Se reforman el párrafo
tercero del artículo 47 y la fracción V del inciso a, párrafo séptimo del artículo 49
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; se adiciona un inciso
e, al artículo 41 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así
como un Capítulo V al Título Tercero del Libro Segundo, titulado "De los Debates
Públicos Transmitidos por Televisión", con el artículo 55-A al Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:
Artículo 47. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
3. El tiempo de transmisión y el número
de promocionales a que se refieren respectivamente los incisos `a' y `c' del párrafo
primero de este artículo, se distribuirán entre los partidos con representación en el
Congreso de la Unión, de la siguiente manera: el 50% en forma igualitaria y el 50%
restante en forma proporcional a su fuerza electoral.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 49. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
V. La suma del resultado de las operaciones
señaladas en las fracciones anteriores, según corresponda, constituye el financiamiento
público anual a los partidos políticos por sus actividades ordinarias permanentes y se
distribuirá de la siguiente manera:
El 50% de la cantidad total que resulte, se
entregará en forma igualitaria a los partidos políticos con representación en las
cámaras del Congreso de la Unión, en la elección de diputados inmediata anterior.
El 50% restante, se distribuirá según el
porcentaje de la votación nacional emitida, que hubiese obtenido cada partido con
representación en las cámaras del Congreso de la Unión, en la elección de diputados
inmediata anterior.
Artículo 41. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
e) Participar en la realización de un
debate en la que deberán asistir los candidatos de todos los partidos políticos que
contiendan para ocupar el cargo de Presidente de la República y que se transmitirá por
televisión en los términos del artículo 55-A de este código.
CAPITULO V
De los debates transmitidos por
televisión.
Artículo 55-A. En la contienda por ocupar
el cargo de Presidente de la República, deberán de participar los candidatos propuestos
de todos los partidos políticos legalmente constituidos con anterioridad a la elección.
1. La transmisión televisiva del debate
será obligatoria para las televisoras nacionales y locales.
a) El tiempo concedido para su desarrollo
será independiente del tiempo a que se refieren los artículos 42 a 46 de este código.
2. Los candidatos de los partidos
políticos que en lo particular deseen realizar otro debate distinto al que se refiere el
párrafo anterior, incorporando dos o más candidatos, lo realizarán contratando el
tiempo de transmisión que consideren prudente, regulado por los artículos 47 y 48 de
este código, sin que para tal efecto puedan utilizar el tiempo a que se refieren los
artículos 43 a 46 de este mismo ordenamiento.
3. Las empresas televisoras, como empresas
mercantiles, no podrán otorgar, ceder o donar, bajo ningún título a uno o más partidos
políticos en especial, el espacio televisivo para la realización del debate a que se
refiere el párrafo anterior. De hacerlo, incurrirán en las sanciones previstas en el
párrafo primero del artículo 272 de este código. De igual manera, el partido político
que reciba la citada cesión o donación, se hará acreedor a cualquiera de las sanciones
previstas en el párrafo primero del artículo 269 de este código.
4. El lugar que se haya señalado para la
realización del debate nacional de candidatos, deberá de ser notificado por la autoridad
organizadora, con una anticipación de un mes y ésta tendrá la obligación de otorgar
todas las facilidades para su organización.
TRANSITORIOS
Unico. El presente decreto entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San
Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los
Estados Unidos Mexicanos, a 2 de abril de 1998.- Diputados: Jorge Emilio González
Martínez, Aurora Bazán López, Alejandro Jiménez Taboada, Verónica Velasco Rodríguez,
Miguel Angel Garza Vázquez y Gloria Lavara Mejía.»
Túrnese a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales.
CONSTITUCION POLITICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Tiene ahora la palabra el diputado
Bernardo Bátiz Vázquez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, para presentar una iniciativa de reformas a los artículos 40 y 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
| El diputado
Bernardo Bátiz Vázquez: |
Señor Presidente; honorable Cámara
de Diputados:
«Honorable Cámara de Diputados: con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado a la LVII
Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del
Partido de La Revolución Democrática, pongo a consideración de esta Asamblea,
iniciativa de reformas a los artículos 40 y 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
La propuesta de modificación
constitucional que presento, se funda en la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
I. Una de las críticas más serias y
reiteradas que se hace por la sociedad al sistema parlamentario y a los partidos
políticos, es que constituyen una etapa inicial en la evolución política hacia la
democracia plena; esto es porque los ciudadanos en este sistema quedan fuera del proceso
político permanente, puesto que en la mayoría de los casos su participación se limita a
votar cada vez que hay elecciones y entre una y otra frecuentemente transcurren lapsos
generalmente de varios años y durante éstos, dejan de ser consultados y no cuentan con
mecanismos o instrumentos sociales y políticos adecuados para encauzar sus opiniones y
sus acciones cívicas.
La llamada democracia liberal burguesa, que
apareció en los siglos XVIII y XIX, no ha sido aún sustituida por un sistema más ágil,
más participativo, menos formal y más auténtico. Carré de Maliberg, decía al respecto
que "la representación es una mistificación".
II. En México en los últimos 10 a 12
años hemos avanzado desde un sistema de partido oficial, no único, pero sí
preponderante, que durante años había excluido en la práctica cualquier otra expresión
política, hacia un juego de competencia más reñida y equilibrada, en el que otros
grupos partidistas han afirmado su presencia y van consolidando sus posiciones.
En un siglo, éste que está por terminar,
hemos pasado en nuestro país de una dictadura personal, a una revolución política y
social, posteriormente a un sistema conformado entre los años de 1928 y 1936, basado en
una fórmula de control político a partir de dos instituciones fundamentales: un partido
oficial que controla y abarca a todos los que pretenden participar en el poder y un
presidente que centra y concentra los hilos del control político.
Calles ideó el partido del gobierno desde
el poder y con todo el apoyo del poder: político, económico y militar.
Durante muchos años el poder supremo
radicó primero en el "jefe máximo" y a partir de la expulsión de Calles, en
el Presidente de la República; el primer mandatario desde entonces ha sido dirigente
político superior al que todos se supeditan, empezando por su partido y continuando por
las fuerzas armadas, de las que constitucionalmente es jefe supremo y por si esto fuera
poco, los otros dos poderes, Judicial y Legislativo y por supuesto, los poderes estatales.
Nada escapaba a su control, sólo acotado
por el principio de la "no reelección"; disponía en la práctica de recursos
económicos ilimitados, poder político indiscutido, medios de comunicación, contactos en
el exterior, apoyo de intelectuales y lo mismo con facultades constitucionales, que con
aquellas otras que el doctor Jorge Carpizo denominó "metaconstitucionales",
para tratar de encubrir con un término aparentemente técnico, abusos extralegales del
poder.
Sin embargo, frente a esta combinación de
un presidente ilimitado y de un partido oficial, fueron surgiendo, paulatinamente, grupos
autónomos que escaparon al control oficial en diversos ámbitos de la vida social; son de
mencionarse, especialmente, los partidos políticos con mayor o menor dosis de
independencia y en la década de los ochenta y hasta nuestros días, innumerables grupos
no partidistas, propulsores del cambio, con vocación de independencia y ánimos
reformadores, así como personas que en lo individual han puesto su parte en este
esfuerzo.
En este proceso han jugado papel muy
importante los medios de comunicación, periódicos, revistas, reporteros, columnistas,
comentaristas de radio; muchos de ellos a veces, a contrapelo de las directivas de sus
órganos de información, se han unido con los grupos sociales y los partidos en la
defensa de derechos políticos y en la promoción de mayor participación de los
ciudadanos en las decisiones de gobierno.
III. Desde el siglo pasado, en México, la
democracia se encuentra consagrada en las leyes fundamentales que han estado vigentes en
nuestro país, incluidas entre ellas las de los gobiernos conservadores y aun cuando, en
forma parcial, en las de los dos efímeros imperios, que se reconocieron a sí mismos como
monarquías constitucionales; sin embargo esa democracia formal en el papel de nuestras
leyes, sólo como excepción se ha visto encarnada en la realidad.
Con todo, en las últimas dos décadas nos
hemos asomado a la verdadera democracia y lo que pasa en el mundo de la realidad se parece
cada vez más a lo que establecen nuestros preceptos legales.
Esto es, estamos con el esfuerzo de muchos,
finalmente logrando que se respeten las elecciones pero, como sucede en la dinámica
social, ahora que vemos cercanos los frutos de la lucha por la democracia que adoptamos en
nuestras normas fundamentales, nos percatamos de que ésta no es siempre suficiente ni
satisfactoria para los titulares de la soberanía.
En efecto, el artículo 40 de nuestra
Constitución, define al Estado mexicano como una república representativa, democrática
y federal, lo cual significa que los ciudadanos no podemos ejercer directamente la
democracia, sino que hemos de hacerlo a través de representantes.
En otras palabras, las decisiones más
importantes de la vida social, sean de carácter político, económico, cultural o de
cualquier otra índole, las toman los representantes, en tanto que los simples ciudadanos
reducen su participación a emitir cada determinado número de años su voto por las
fórmulas y los programas que presentan los partidos políticos.
Esta democracia representativa, formal,
calificada en forma despectiva como parlamentaria y burguesa, ha sido insuficiente y es
criticada duramente desde diversos puntos de vista, de filosofía política, de política
a secas, por limitar la participación de las mayorías a la función mecánica de cruzar
boletas electorales y aguardar después pacientemente las decisiones de quienes dicen
representarlos.
En este sistema, los representados no
tienen ninguna posibilidad de intervenir en las decisiones de los representantes, lo cual
es altamente insatisfactorio para los pueblos cada vez más politizados e interesados en
los asuntos públicos.
IV. En la antigüedad clásica era posible
que ciudadanos reunidos en el ágora o en el foro, pudieran participar en las discusiones
públicas y decidir directamente sobre los asuntos de gobierno de la ciudad; cuando las
sociedades crecieron fue imposible que todos pudieran reunirse para tomar decisiones y
surgió entonces el sistema de mandato en materia política, que culminó en el de la
representación sin mandato específico, del que se fue abusando cada vez más, hasta
llegar al extremo de que frecuentemente son los representantes los verdaderos
usufructuarios de la soberanía y los representados quedan reducidos a la calidad de
simples súbditos, sujetos a los aciertos o errores, a la justicia o a la arbitrariedad de
quienes ellos mismo eligieron; lo anterior, sin tomar en cuenta que los sistemas
representativos fácilmente se deslizan por las lodosas pendientes del fraude electoral o
de la simulación de democracia.
Así las cosas, han surgido diversas
opiniones encaminada a resolver estas limitantes y deformaciones del gobierno, del pueblo
y en diversos puntos del planeta aparecen propuestas de instituciones que devuelven a la
gente, a la nación, al pueblo, el ejercicio directo de la soberanía.
Los procedimientos o instituciones de
democracia directa o semidirecta, de que con mayor frecuencia se ha hablado, son el
plebiscito, el referendum, la iniciativa popular, la revocación del mandato y yo agrego
uno más que habrá que considerar, la acción popular para el control de la
constitucionalidad.
Mucho se ha escrito y discutido sobre estas
formas de participación directa en las decisiones y en nuestro país han tomado
actualmente carta de naturalización, al grado de que en diversos estados de la República
y aun durante un corto tiempo en el Distrito Federal, instituciones de esta forma de
democracia semidirecta o participativa, han sido reconocidas por la ley; sin embargo, para
que estas reglas parciales en las constituciones locales estén en congruencia con la
definición que el artículo 40 hace de nuestro sistema político y con el texto del
artículo 115, que se refiere al sistema de los estados de la Federación y para que otros
artículos constitucionales puedan ser reformados incorporando a ellos fórmulas de
democracia participativa, será necesario redefinir, modificando estos dos preceptos, de
tal manera que sin suprimir el calificativo de representativa, que se le da a nuestra
democracia, le agreguen el de participativa; de otra manera la definición conceptual de
nuestra Constitución de la República "como representativa" entraría en franca
contradicción con las instituciones en las que el pueblo toma decisiones sin la
mediación de representantes.
Por todo lo anterior, los diputados que
firmamos esta iniciativa, proponemos que se reformen los artículos citados para quedar
como sigue:
Artículo 40. Es voluntad del pueblo
mexicano constituirse en República Democrática y Federal, compuesta de estados libres y
soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación.
La democracia que adopta el pueblo mexicano
será representativa en lo que se refiere a la elección y facultades de los poderes de la
Unión y de los estados, pero será participativa en todo lo referente a las decisiones
que tome directamente la ciudadanía mediante las instituciones del plebiscito,
referendum, iniciativa popular, revocación del mandato y acción popular para el control
de la constitucionalidad.
Artículo 115. Los estados adoptarán para
su régimen interior la forma de gobierno republicano, democrático, representativo y
participativo, teniendo como base de su división territorial. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero.. Estas reformas entrarán en vigor
a los ocho días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las autoridades federales y
estatales elaborarán en un término que no exceda de seis meses la legislación ordinaria
que regule las modificaciones anteriores.
Salón de sesiones de la Cámara de
Diputados, a 2 de abril de 1998.- Bernardo Bátiz Vázquez, diputado federal.»
Túrnese a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen.
CONSTITUCION
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (II)
Tiene la palabra la diputada María
de la Luz Núñez Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
| La diputada
María de la Luz Núñez Ramos: |
Compañeras diputadas y diputados:
Presento a ustedes una iniciativa de ley
para reformar el artículo 115 y el 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos
I. Exposición de motivos
La democracia municipal es el soporte
principal, el más sólido de la construcción de la nueva democracia mexicana. El tema
ocupa un lugar de primer orden en la agenda política nacional. No en balde las elecciones
municipales en México siempre adquieren un alto nivel de competencia, de participación.
Los conflictos, por la falta de oportunidades y por las omisiones en la democracia
política, se tornan intensos y en no pocas ocasiones, sangrientos.
El movimiento mexicano por el cambio
democrático requiere de una propuesta integral que sistematice las experiencias y los
anhelos ciudadanos.
Sin la pretensión de agotar una búsqueda
que puede servir para acercar posiciones de la pluralidad mexicana, presento a esta
soberanía una iniciativa de reformas, una nueva redacción del artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Mis planteamientos son el fruto de
diferentes experiencias y aportaciones. La más intensa y rica de ellas: mi gestión como
presidenta municipal de Atoyac de Alvarez, cuna del federalismo mexicano triunfante.
Al frente de un gobierno democrático viví
en carne propia las limitaciones de una libertad municipal restringida, sufrí la
impotencia de un gobierno reducido a ventanilla de quejas y lamentaciones, por su carencia
de facultades y de recursos para coadyuvar eficazmente a la solución de la problemática
municipal.
En el contexto del encuentro nacional
"el municipio libre en el nuevo federalismo democrático", evento organizado por
el ayuntamiento de Atoyac de Alvarez, del 24 al 26 de febrero de 1995, recogimos las
vivencias de un centenar de autoridades municipales de todo el país y aprobamos la
"proclama de Atoyac", documento resolutivo, que en su tesis número cinco afirma
que: "es imprescindible una nueva redacción del artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y una reforma coherente a todas las
constituciones estatales, leyes orgánicas municipales y demás normas y reglamentos que
de ellas se desprendan; para ampliar las facultades y atribuciones de los ayuntamientos y
fortalecer su libertad, la capacidad de autogestión y autogobierno".
Esta iniciativa es fruto de una extendida e
intensa elaboración colectiva de los municipalistas surianos, especialmente de la Costa
Grande de Guerrero, la presentó obedeciendo el mandato de la soberanía que me eligió su
representante nacional contenida en el texto: La Costa del Sol en la Agenda Legislativa
Nacional.
II. La propuesta en detalle
El día de hoy someto a la LVII Legislatura
la presente iniciativa de ley. Las modificaciones que propongo son:
1) Incorporar una definición del
ayuntamiento como expresión real y reconocida del poder federal. Abandonar la idea de que
lo federal es el centro y volver a las fuentes del federalismo social de los liberales
mexicanos que entendieron al municipio como piedra angular del poder federal y por ello lo
definieron como municipio libre, en contraposición con la tesis del Estado unitario que
sólo lo reconoce como instancia autónoma.
Esta facultad sería un cambio sustancial y
un paso en la modernización democrática del Estado mexicano. Las mayores limitaciones
constitucionales al municipio están en este orden de las ideas. Los ayuntamientos no son
hoy depositarios y no ejercen, en su nivel el poder federal; esto crea situaciones de
dualidad de poderes; de yuxtaposiciones de aparatos administrativos y es el hacha de las
mutilaciones que padecen los municipios que no son autoridad plena en su jurisdicción.
2) Modificar la noción del ayuntamiento y
del cabildo como cuerpo monolítico, que ocasionalmente concede a las minorías su
representación y que hace del cabildo un órgano colegiado sometido a los intereses del
alcalde y con funciones limitadas. Es importante avanzar definiendo en las comunas, con
claridad y separación de funciones, al órgano Ejecutivo, que es el alcalde y al
colegiado, que reglamenta, regula, controla, fiscaliza y en cierto sentido, legisla como
debe ser el cabildo.
Esta idea puede cobrar vida si, desde la
elección misma, se vota no por planillas, sino en boletas y urnas separadas; haciendo del
cabildo un poder municipal diferenciado; con autoridad propia y una expresión más
directa de la proporcionalidad pura.
3) Crear en cada ayuntamiento, consejos de
planeación y concertación como órganos de planeación, evaluación, seguimiento,
asignación de recursos y formulación de preferencias. Estos órganos pueden servir como
instancias de encuentro de la pluralidad municipal; como escenarios que, por su
funcionamiento eviten las exclusiones sectarias. Los consejos municipales de planeación
están de alguna manera contemplados en el artículo 26 de la Constitución y en la Ley de
Planeación Democrática, pero hoy es conveniente incorporarlos expresamente en los
mandamientos del artículo 115. Estos consejos deberán recoger las demandas e iniciativas
del pueblo y sus comunidades y sistematizarlas en eventos de carácter público;
transmitirlas a la Coplade y a todos los niveles superiores e intermedios.
4) Los municipios, sean los más pequeños
como los grandes reproducen también los defectos del centralismo. Los organismos
auxiliares: comisarías municipales en Guerrero, tenencia o encargaturas en Michoacán,
delegaciones, jueces, ayudantías en todos los estados; consejos de barrios, de
comisarios, generalmente funcionan sin recursos, no son elegidos por la sociedad, sino que
se les designa como emisarios del poder del alcalde en cada localidad y no como
representaciones genuinas de éstas ante los cabildos y el ayuntamiento. Algunas de las
poblaciones son grandes y distantes y hacen necesaria una nueva geografía municipal que
llevaría a establecer límite superior, en números de habitantes, a la integración de
un municipio; así como la obligación, de acuerdo al presupuesto y a la Ley de Ingresos y
Egresos, de otorgarles recursos suficientes y con oportunidad.
Propongo incorporar en la Constitución la
obligación del cabildo abierto, estableciendo que oportunamente se den a conocer las
agendas de sus reuniones y que se invite expresamente a las partes interesadas, afectadas
o involucradas, para hacer posible y de interés las reuniones abiertas de cabildo, el que
también podrá y deberá sesionar en las localidades del municipio, aproximando de esta
manera la autoridad a sus pueblos.
5) Las constituciones de los estados y las
leyes orgánicas son, en su mayoría, monumentos al centralismo; en no pocas ocasiones
neutralizan algunos avances de los derechos generales reconocidos en el artículo 115 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o agigantan sus limitaciones.
Es conveniente una revisión de las normas, en lo relativo a la relación municipio libre,
gobierno del Estado; municipio libre, congresos locales.
Por principio de cuentas se debe eliminar
la facultad de gobernadores y congresos de desconocer autoridades municipales y establecer
un mecanismo democrático según el cual los congresos puedan conocer las solicitudes de
suspensión y organizar los procedimientos de consulta, referendum y sustitución, siempre
y cuando los alcaldes tengan el derecho de argumentación y defensa. Hoy, gobernadores y
congresos sintetizan el autoritarismo al destituir o desconocer autoridades municipales
que no son de su agrado.
6) Propongo que en cada entidad federativa
funcione un consejo de ayuntamientos, como instancia de relación horizontal con el
Ejecutivo y el Legislativo; el cual tenga funciones en el ámbito de planeación,
consulta, seguimiento y que invariablemente sea presidido por un alcalde; ordenando esta
función de tal modo que nunca ningún municipio sea relegado. Hoy los organismos de apoyo
municipal están normalmente presididos por administradores, empleados o burócratas
quienes, en la mayoría de los casos, son meros engranes del centralismo estatal.
El hipercentralismo se manifiesta en cada
entidad de manera muy precisa; los gobernadores asignan recursos y obras según estados de
ánimo; los congresos destituyen alcaldes a placer; fijan la propiedad inmobiliaria; la
Ley de Ingresos prolonga dominios; en las capitales de los estados los alcaldes están
despojados del mando de la policía, con lo cual se menoscaban sus facultades. En general,
mi propuesta está encaminada a asegurar la libertad municipal y a desmantelar el
centralismo patrimonialista y burocrático.
7) En la línea del federalismo fiscal,
estoy proponiendo que se establezca la obligación del Gobierno de la República, de
entregar directamente las participaciones federales y del total del gasto programable
destinado a las participaciones, repartir la renta en esta proporción: 50% directo a los
municipios, 25% a los gobiernos de los estados y el restante 25% a los poderes
republicanos. Hoy a las participaciones apenas se le dedica un 20% del gasto total
programable y de éste, un máximo de 20% a los municipios; o sea, que el 4% de las
participaciones se ejerce vía municipal. Aquí se encuentra la causa de fondo de la
inconformidad, de los conflictos y del centralismo burocrático.
Necesitamos construir consensos y
entendimientos para evaluar los efectos del ramo 033 y otorgar un nuevo impulso al
federalismo democrático.
La masa total de recursos destinados a los
municipios es ahora mayor que antes. Este avance debemos afirmarlo y consolidarlo; es una
nueva plataforma de lanzamiento.
El mérito mayor del ramo 033, es que ha
provocado un intenso debate sobre el federalismo y ha creado un clima de insatisfacción
generalizada, que conduce a los ayuntamientos, a modificar su tradicional pasividad, a
involucrarse activamente como actores en el proceso de presupuestación estatal y Federal.
La fórmula de asignación de los recursos
falló. Se impone, en los hechos, la tesis de que el desarrollo y el combate a la pobreza
pasan necesariamente por la elaboración real, de los reales planes municipales,
regionales y estatales de desarrollo. Se abre paso la necesidad de modificar de raíz el
método de presupuestación. Por ley y por mandato constitucional, se deben destinar
recursos humanos y materiales para apoyar a los ayuntamientos a formular con la sociedad
los planes de desarrollo en los 2 mil 418 municipios.
Si únicamente hubiese afectado
negativamente a una pequeña minoría, el fracaso sería igualmente grave. Es formidable
que un 46% de los municipios del país: 1 mil 111, reciban ahora más recursos, pero es un
atentado al federalismo, que más de la mitad, 1 mil 307, el 54% reciban ahora menos. No
resultó acertado inventar una camisa de fuerza para una República Federal, diversa, de
grados tan dispares de desarrollo. El problema de fondo es que la sociedad mexicana, la
nación, el Estado y el Gobierno carecemos de una política de desarrollo, de combate a la
pobreza y de desarrollo regional fincados en el empleo, la productividad y el crecimiento
con justicia a partir del municipio libre.
8) De manera particular propongo que el
impuesto predial se determine en cada municipio. El valor del suelo, de la construcción y
de la propiedad urbana y rural es muy variable de entidad a entidad y de municipio a
municipio. Los congresos la definen casi siempre según los intereses partidistas y
clientelares, desatendiendo el proceso para formar en el país a contribuyentes solidarios
que tienen derechos y también la obligación de aportar al mejoramientos y al desarrollo
social. Por esto la propuesta de que una de las facultades primarias de los cabildos sea
la plena autoridad para aprobar su Ley de Ingresos, los niveles de derechos, rendimientos,
fondos, contribuciones etcétera.
Estableciendo la obligación de las
legislaturas de conocerlas y de revisar las cuentas públicas.
Propongo afirmar la obligación del
rendimiento público de cuentas trimestralmente, el cual se deberá hacer ante los
congresos y ante la sociedad. En cada comuna se propone instituir una contraloría social
con facultades reales; no únicamente morales.
9) En materia de medio ambiente, de su
preservación, mejoramiento y desarrollo de la calidad de vida, algo se ha avanzado pero
todavía los pasos son poco significativos. La Ley de Asentamientos Humanos, la de
Ecología y otras aprobadas por el Congreso de la Unión, en anteriores legislaturas son
avances insuficientes. Para nosotros los del PRD, el municipio es depositario de la
propiedad de la nación, de los recursos naturales no estratégicos y es por ello,
autoridad forestal, de recursos y aguas, de ríos y lagunas, playas, de minas... Sin esta
decisión política seguiremos en este incontenible proceso depredador, pues las
autoridades municipales intentan detener la contaminación, taladores y contaminadores se
entienden con los delegados o representantes federales con los cuerpos policiacos del
centro y anulan el ejercicio de la ley.
10) Los gobiernos de los estados mutilan
las facultades municipales y la libertad cuando, desde el mismo artículo 115, se les
concede el mando de los cuerpos de seguridad y fuerza pública en las capitales y en donde
residan transitoriamente los poderes. Esta norma es una reminiscencia del pasado
autoritario; no tiene razón de ser y debe desaparecer en un proceso de transición, en el
cual coexistan los cuerpos estatal y municipal y un comando coordinado, hasta que el poder
pleno sobre la fuerza pública municipal sea de los ayuntamientos; esto sin menoscabo de
la capacidad constitucional de la existencia de la Policía Judicial.
Todo este conjunto de motivos y
consideraciones, me han llevado a formular una propuesta de reformas constitucionales que
se expresarían en un texto modificado del artículo 115 constitucional, que a
continuación expongo.
IV. El texto modificado
* Las modificaciones se presentan en
cursivas.
Artículo 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos:
La República y el poder federal existe en
los órganos nacional, estatal y municipal. Los estados adoptarán, para su régimen
interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de
su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio
libre.
El ayuntamiento es un órgano de gobierno
municipal con facultades plenas, dentro de su jurisdicción; ejerce, en su ámbito, el
poder federal en materia de desarrollo económico, político y social, de preservación
del medio ambiente. El municipio es depositario de la propiedad de la nación en los
recursos naturales no considerados estratégicos por la Constitución.
El municipio se integrará conforme a las
siguientes bases:
I. Cada municipio será administrado por un
ayuntamiento de elección popular directa y no habrá ninguna autoridad intermediaria
entre éste y el gobierno del Estado.
El ayuntamiento se integra por un órgano
Ejecutivo que encabeza un presidente municipal y un poder local de legislación y control;
el cabildo que se compone de manera plural y proporcional según la voluntad ciudadana. En
cada municipio existirán los organismos auxiliares que se determinan, en cada uno se
integrará un consejo local de planeación del desarrollo siempre con la participación
social.
Los presidentes municipales, regidores y
síndicos de los ayuntamientos, electos populares por elección directa no podrán ser
reelectos para el periodo inmediato. Las personas que por elección indirecta o por
nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos
cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán ser electos para el
periodo inmediato. Todos los funcionarios antes mencionados, cuando tengan carácter de
propietarios, no podrán ser electos para el periodo inmediato con carácter de suplentes,
pero los que tengan el carácter de suplente, sí podrán ser electos para el periodo
inmediato como propietarios, a menos que hayan estado en ejercicio.
Las elecciones de presidentes municipales y
de los cabildos se realizarán cuando lo determinen las legislaturas locales,
simultáneamente, pero en tanto que instancia ejecutiva el alcalde y colegiada el cabildo,
con normas diferenciadas y en boletas distintas.
Las legislaturas locales, por acuerdo de
las dos terceras partes de sus integrantes, podrán conocer las solicitudes de suspensión
de ayuntamientos y organizar los procedimientos para declarar que éstos han desaparecido
y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros por alguna de las causas graves
que la ley local prevenga, siempre y cuando, sus miembros hayan tenido oportunidad
suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan. En
todos los casos se acudirá al referendum municipal para conocer la voluntad ciudadana y
si procede, elegir a los sustitutos.
En caso de declararse desaparecido un
ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a
la ley no procediere que entraren a funciones los suplentes ni que se celebraren nuevas
elecciones, las legislaturas designarán entre los vecinos de derecho, a los consejos
municipales que conducirán a los municipios en tanto se elige a quienes concluirán los
periodos respectivos.
Si alguno de los miembros dejare de
desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente o se procederá según lo disponga
la ley.
II. Los municipios estarán investidos de
personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos
poseen facultades para expedir, de acuerdo con las bases normativas que deberán
establecer las legislaturas de los estados, con la participación de los ayuntamientos,
los bandos de policía y buen gobierno y los reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones; los
ayuntamientos deberán formular con la sociedad el plan municipal de desarrollo y el
programa operativo anual. En cada municipio funcionará un consejo de desarrollo
municipal, con la participación plural de la sociedad, de las autoridades auxiliares, de
las organizaciones sociales políticas y productivas.
III. Los municipios tendrán a su cargo los
siguientes servicios públicos:
a) Agua potable y alcantarillado;
b) Alumbrado público;
c) Limpia;
d) Mercados y centrales de abasto;
e) Panteones;
f) Rastro;
g) Calles, parques y jardines;
h) Seguridad pública y tránsito y
i) Los demás que las legislaturas locales
determinen, según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios,
así como su capacidad administrativa y financiera. Los mencionados servicios se podrán
proporcionar con el concurso de los estados cuando así fuere necesario y lo determinen
las leyes.
Los municipios de un mismo Estado, previo
acuerdo entre sus ayuntamientos y con sujeción a la ley, podrán coordinarse y asociarse
a nivel regional o intermunicipal para la promoción del desarrollo y la más eficaz
prestación de los servicios públicos que les corresponda.
IV. Los municipios administrarán
libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les
pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas
establezcan a su favor y en todo caso:
a) Percibirán las contribuciones,
incluyendo tasas adicionales, sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento,
división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el
cambio de valor de los inmuebles. El valor de la propiedad inmobiliaria se determinará en
y por cada municipio según las condiciones socioeconómicas.
Los municipios podrán celebrar convenios
con el Estado, para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con
la administración de esas contribuciones.
b) Las participaciones y las aportaciones
federales, que serán cubiertas por la Federación a los municipios con arreglo a las
bases y montos que anualmente se determinen por la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión. Las participaciones federales se entregarán directamente a los municipios, en
mensualidades adelantadas. Las aportaciones se calendarizarán según las particularidades
de cada región. A principios del año fiscal se conocerán los montos de cada una de
ellas así como los calendarios correspondientes. Del total de las participaciones
federales se entregá a los municipios, por lo menos el 50%.
c) Los ingresos derivados de la prestación
de servicios públicos a su cargo o por la concesión de éstos.
Las leyes federales no limitarán la
facultad de los estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos
`a' y `c', ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes locales no
establecerán exenciones o subsidios respecto a las mencionadas contribuciones, en favor
de personas físicas o morales ni de instituciones oficiales o privadas. Sólo los bienes
del dominio público de la Federación, de los estados o de los municipios estarán
exentos de dichas contribuciones.
Las legislaturas de los estados conocerán
y vigilarán las leyes de ingresos que aprobarán los ayuntamientos y revisarán sus
cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con
base en sus ingresos disponibles; trimestralmente los municipios deberán informar
públicamente a la población de los movimientos económicos y su estado de resultados. En
cada municipio se integrará con ciudadanos de derecho idóneos, la contraloría social.
V. Los municipios, en los términos de las
leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para formular, aprobar y
administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; participar en la
creación y administración de sus reservas territoriales; controlar y vigilar la
utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales; administrar los recursos
naturales, propiedad de la nación; determinar la regularización de la tenencia de la
tierra urbana; otorgar licencias y permisos para construcciones y participar como
autoridad principal en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas.
Para tal efecto y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del
artículo 27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones
administrativas que fueren necesarios.
VI. Cuando dos o más centros urbanos
situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a
formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas y los
municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de
manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de
la materia.
VII. El Ejecutivo Federal y los
gobernadores de los estados tendrán el mando de la fuerza pública federal o estatal, en
los municipios donde residieren habitual o transitoriamente; en todos los casos, los
municipios dispondrán de una fuerza pública municipal y participarán en el consejo
coordinador de mando.
VIII. Las leyes de los estados
introducirán el principio de la representación proporcional en la elección de los
ayuntamientos de todos los municipios.
Las relaciones de trabajo entre los
municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de
los estados con base en lo dispuesto en el artículo 123 de esta Constitución y sus
disposiciones reglamentarias;
IX. Los municipios están facultados para
fundar y concesionar los medios masivos de comunicación adecuados a sus ámbitos según
la disponibilidad de frecuencias.
Derogada (Diario Oficial, 17 de marzo de
1987).
X. Derogada (Diario Oficial, 25 de febrero
de 1987).
Propongo finalmente la adición del
artículo 71 de la Constitución, agregando el derecho de iniciativa de dos actores de
soberanía mediante los siguientes puntos:
SECCION SEGUNDA
De la iniciativa y formación de las leyes.
Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o
decretos compete:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
IV. A la Suprema Corte de Justicia de la
Nación. A los ayuntamientos de la República en los asuntos concernientes a las funciones
que esta Constitución les otorga.
México, D.F., a 2 de abril de 1998.-
Diputada María de la Luz Núñez Ramos.»
Túrnese a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen.
Esta Presidencia informa que en el
transcurso de la sesión nos han acompañado alumnos de la Universidad Lasalle de esta
Ciudad de México, invitados del diputado Felipe Urbiola; alumnos de la Universidad
Autónoma Metropolitana, invitados del doctor Gustavo Emerich; alumnos del Cebetis-17,
invitados del diputado Francisco Arroyo Vieyra, así como alumnos de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional Autónoma, invitados por el licenciado Miguel Garita
Alonso.
A todos, esta Presidencia les da la más
cordial bienvenida y les agradece su visita.
Continúe la Secretaría.
COMISION NACIONAL DEL
SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
| La secretaria
Adoración Martínez Torres: |
«Escudo Nacional.- Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro
para el Retiro.
Ciudadano Presidente de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 5o. fracción XIII, 8o. fracción VIII y 12 fracción III de la Ley de los
Sistemas de Ahorro para el Retiro y 98 de su reglamento, respetuosamente me permito enviar
a usted en tres tantos, por parte de esta comisión, el informe semestral sobre la
situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro, correspondiente al periodo
julio-diciembre de 1997, mismo que fue aprobado por la junta de gobierno de este órgano
desconcentrado en su décima sesión ordinaria celebrada el pasado día 26 de febrero,
rogándole sea el amable conducto para turnarlo a las cámaras de Diputados y de Senadores
del honorable Congreso de la Unión.
Reitero a usted las seguridades de mi más
alta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 27 de febrero de 1998.-
Fernando Solís Soberón.»
VER
DOCUMENTO 1
Recibo y túrnese a la Comisión de Trabajo
y Previsión Social y remítase un ejemplar a la honorable Cámara de Senadores.
PLAN
NACIONAL DE DESARROLLO*
* El tercer informe de ejecución del Plan
Nacional de Desarrollo 1995-2000 se encuentra al final del Diario en el apéndice, pág.
621
| La secretaria
María del Carmen Escobedo Pérez: |
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Por instrucciones del Presidente de la
República y en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 6o. de la Ley de Planeación,
con el presente envío a ustedes el tercer informe de ejecución del Plan Nacional de
Desarrollo 1995-2000.
Reitero a ustedes las seguridades de mi
atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 31 de marzo de 1998.- Por
acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Presidencia de la República.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados.- Presentes.
En cumplimiento con lo dispuesto en el
artículo 6o. de la Ley de Planeación, me permito remitirles el tercer informe de
ejecución de Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, para dar cuenta de las acciones y
resultados alcanzados durante 1997, con la aplicación de las políticas, estrategias y
programas derivados del plan.
El informe se integró en cinco capítulos
que resumen los avances durante el trienio 1995-1997, en la consecución de los objetivos
fundamentales del plan en materia de: soberanía, estado de derecho, desarrollo
democrático, desarrollo social y crecimiento económico.
Reitero a ustedes las seguridades de mi
invariable respeto y especial consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 27 de marzo de 1998.- El
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León.»
Recibo y túrnese a la Comisión de
Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
REPUBLICA
DOMINICANA
| El secretario
Edgar Martín Ramírez Pech: |
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo
Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de
Gobernación y Puntos constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y
dictamen el expediente con los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que se
solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos José Angel Gurría
Treviño, embajador Pedro José González-Rubio Sánchez, general de brigada Diplomado de
Estado Mayor Roberto Miranda Sánchez, coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor
Rogelio Terán Contreras y Edgar Ortiz Ocampo, puedan aceptar y usar las condecoraciones
de la Orden de Duarte, Sánchez y Mella y de Cristóbal Colón, en diferentes grados, que
les confiere el gobierno de la República Dominicana.
La comisión considera cumplidos los
requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de
acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37
constitucional y el artículo 60 segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la
consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al
ciudadano José Angel Gurría Treviño, para aceptar y usar la condecoración de la Orden
de Duarte, Sánchez y Mella, en grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le confiere el
gobierno de la República Dominicana.
Artículo segundo. Se concede permiso al
embajador Pedro José González-Rubio Sánchez, para aceptar y usar la condecoración de
la Orden Cristóbal Colón, en grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le confiere el
gobierno de la República Dominicana.
Artículo tercero. Se concede permiso al
general de brigada Diplomado de Estado Mayor Roberto Sánchez Miranda, para aceptar y usar
la condecoración de la Orden de Duarte, Sánchez y Mella, en grado de Gran Oficial, que
le confiere el gobierno de la República Dominicana.
Artículo cuarto. Se concede permiso al
coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor Rogelio Terán Contreras, para aceptar y
usar la condecoración de la Orden de Duarte, Sánchez y Mella, en grado de Oficial, que
le confiere el gobierno de la República Dominicana.
Artículo quinto. Se concede permiso al
ciudadano Edgar Ortiz Ocampo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Cristóbal
Colón, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de la República Dominicana.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 27 de marzo de 1998.-
Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urriola Ledesma, Miguel A. Quiroz
Pérez, Alvaro Arceo Corcuera, Jorge Emilio González Martínez, secretarios; Juan Miguel
M. Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal
Martínez, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo
Baeza, Pablo Gómez Alvarez, Juana González Ortiz, José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio
Hernández Gómez, Fidel Herrera Beltrán, José Luis Lamadrid Sauza, Antonio Benjamín
Manríquez Guluarte, J. Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina Plascencia,
Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Arturo Núñez Jiménez, Rafael Oceguera
Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Juan José Rodríguez
Prats y Demetrio Sodi de la Tijera.»
Es de primera lectura.
ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA
| La secretaria
Enoé González Cabrera: |
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo
Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y
dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se
solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano capitán primero piloto
aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo César Tapia Jiménez, pueda aceptar y usar la
condecoración de la Medalla The Army Commendation, que le confiere el gobierno de los
Estados Unidos de América.
La comisión considera cumplidos los
requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de
acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37
constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el
siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano capitán primero piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo César Tapia
Jiménez, para aceptar y usar la condecoración de la Medalla The Army Commendation, que
le confiere el gobierno de los Estados Unidos de América.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F. a 25 de marzo de 1998.-
Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz
Pérez, Alvaro Arceo Corcuera, Jorge Emilio González Martínez, secretarios; Juan Miguel
M. Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal
Martínez, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo
Baeza, Pablo Gómez Alvarez, Juana González Ortiz, José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio
Hernández Gómez, Fidel Herrera Beltrán, José Luis Lamadrid Sauza, Antonio Benjamín
Manríquez Guluarte, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina
Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Arturo Núñez Jiménez, Gil
Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Juan
José Rodríguez Prats y Demetrio Sodi de la Tijera.»
Es de primera lectura.
REPUBLICA
FRANCESA
| La secretaria
María del Carmen Corral Romero: |
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo
Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y
dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se
solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano José Luis Barros
Horcasitas, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en
grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República Francesa.
La comisión considera cumplidos los
requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de
acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37
constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el
siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano José Luis Barros Horcasitas, para aceptar y usar la condecoración de la Orden
de la Legión de Honor, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la
República Francesa.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 25 de marzo de 1998.-
Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urriola Ledesma, Miguel A. Quiroz
Pérez, Alvaro Arceo Corcuera, Jorge Emilio González Martínez, secretarios; Juan Miguel
M. Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal
Martínez, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo
Baeza, Pablo Gómez Alvarez, Juana González Ortiz, José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio
Hernández Gómez, Fidel Herrera Beltrán, José Luis Lamadrid Sauza, Antonio Benjamín
Manríquez Guluarte, J. Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina Plascencia,
Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Arturo Núñez Jiménez, Rafael Oceguera
Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Juan José Rodríguez
Prats y Demetrio Sodi de la Tijera.»
Es de primera lectura.
REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL
| La secretaria
Adoración Martínez Torres: |
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo
Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y
dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se
solicita el permiso constitucional necesario para que el teniente coronel de caballería
Diplomado de Estado Mayor José Alfredo González Rodríguez, pueda aceptar y usar la
condecoración de la Medalla de Pacificador, que le confiere el gobierno de la República
Federativa del Brasil.
La comisión considera cumplidos los
requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de
acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37
constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el
siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
teniente coronel de caballería Diplomado de Estado Mayor José Alfredo González
Rodríguez, para aceptar y usar la condecoración de la Medalla de Pacificador, que le
confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 25 de marzo de 1998.-
Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urriola Ledesma, Miguel A. Quiroz
Pérez, Alvaro Arceo Corcuera, Jorge Emilio González Martínez, secretarios; Juan Miguel
M. Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal
Martínez, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo
Baeza, Pablo Gómez Alvarez, Juana González Ortiz, José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio
Hernández Gómez, Fidel Herrera Beltrán, José Luis Lamadrid Sauza, Antonio Benjamín
Manríquez Guluarte, J. Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina Plascencia,
Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Arturo Núñez Jiménez, Rafael Oceguera
Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Juan José Rodríguez
Prats y Demetrio Sodi de la Tijera.»
Es de primera lectura.
CARRETERA
ATLACOMULCO-TOLUCA
Vamos a pasar ahora al capítulo
enlistado como excitativas y tiene la palabra el diputado Javier Paz Zarza, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, para solicitar se excite a la Comisión de
Comunicaciones y Transportes.
| El diputado
Javier Paz Zarza: |
Con su permiso, señor Presidente;
señoras y señores diputados:
Vengo en esta ocasión a presentar una
excitativa sobre la propuesta que se presentó en esta honorable Cámara de Diputados el
pasado 9 de octubre de 1997, referente a la carretera Atlacomulco a Toluca, suscrita por
los diputados de los grupos parlamentarios del PAN, PRD, PT, Partido Verde Ecologista e
Independiente, la cual se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de esta
soberanía.
Este punto es fundamental que se resuelva
por esta Cámara, en atención a que se han ido agravando paulatinamente, con mayor
énfasis, los problemas referentes a dicha carretera, en particular por la política
represiva del gobierno del Estado de México.
No se justifica, señoras y señores
diputados, la actitud del todavía gobernador del Estado de México, César Camacho
Quiroz, que es el sexto gobernador en los últimos 13 años, todos los cuales han
permanecido ajenos a las necesidades más sentidas de la comunidad.
Cuando presentamos la propuesta el 9 de
octubre por diputados de los cuatro grupos parlamentarios, se acreditó fehacientemente
cómo fue ilegal la transferencia del tramo de la carretera ubicada entre las ciudades de
Atlacomulco, Ixtlahuaca y Toluca en el Estado de México.
La propuesta presentada a consideración de
la Comisión de Comunicaciones y Transportes de esta Cámara, lamentablemente no ha tenido
la celeridad del caso.
En esa ocasión solicitamos dos puntos
concretos. El primero, que la citada comisión se allegara de todos los documentos
referentes al asunto de la transferencia realizada por Carlos Salinas de Gortari, ex
presidente de la República, quien sin consultar al Congreso de la Unión decidió
desafectar de la Federación una carretera que ya estaba construida, que era la libre y es
pertinente recordar que fue construida con recursos de la Federación y que por lo tanto
en principio dicho tramo es federal.
También se solicito que se convocara al
gobierno del Estado y a los ciudadanos, a dialogar con el objetivo de que, previo acuerdo,
se buscara una solución satisfactoria al asunto; por lo que toca al primer punto, la
transferencia al gobierno del Estado por parte del Gobierno Federal, se fundamentó, dijo
el gobierno del Estado y el Gobierno Federal, en el artículo 116 constitucional fracción
VII y a lo previsto en el artículo 149 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.
Esta última hablaba de la posibilidad de
que la Federación realizara todos los actos que resultaran necesarios para mejorar las
vías generales de comunicación, pero nunca facultaba a la Federación para la entrega de
un tramo de carreteras federales.
Asimismo, no está por demás recordar que
el artículo 116 constitucional, en su fracción VII, a la letra dice: "la
Federación y los estados en los términos de ley, podrán convenir la asunción por parte
de éstos, del ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de obras y la
prestación de servicios públicos cuando el desarrollo económico-social lo haga
necesario".
Pero, al asumir funciones, ejecución u
operación de obras de la Federación por parte de los estados, esto no implica que
éstos, los estados, puedan a su vez delegar tal responsabilidad a terceros.
Aunado a esto, los términos y condiciones
en que se otorgó la concesión a particulares por parte del gobierno del Estado, ha
quedado demostrado claramente conforme está en el expediente, que no se apegó a derecho;
por lo que toca a la segunda parte, en lugar de haber un diálogo, las autoridades
estatales han optado: primero, con la pretensión de mediatizar a los ciudadanos, utilizar
a las presidencias municipales para que previa entrega de calcamonías acepten la
concesión en los términos legales pactados.
Ante el repudio generalizado de los
ciudadanos del Estado de México, arrancó una campaña de amenazas que culminó hace tres
días cuando de manera violenta, irresponsable y provocadora, las denominadas fuerzas
públicas del Estado de México agredieron a decenas de campesinos inermes; no bastando
con ello, también agredieron a varios diputados federales, entre ellos los diputados:
Sergio Osorio, Sergio Valdés y Antonio Lagunas, que fueron golpeados por las llamadas
fuerzas de seguridad, prevaleciendo al momento un grave clima de tensión en toda la zona
norte del Estado de México.
Nosotros nos preguntamos ¿a quién
beneficia el clima de violencia que se está iniciando en el Estado de México? ¿Qué
busca el gobernador del Estado de México cuándo está creando tensiones innecesarias?
No podemos permanecer ajenos a lo que
sucede en el Estado más poblado de la República, casi 13 millones de habitantes; no
podemos permitir que en la política de ajustes internos de sus grupos para designar al
próximo candidato a gobernador del partido del Ejecutivo, se arrastre a la violencia al
Estado de México y a la ciudadanía.
En Acción Nacional, como acertadamente
afirmaba don Efraín González Luna, reiteramos que el principio fundamental de la
convivencia social es el respeto estricto al estado de derecho, tanto por gobernadores
como gobernantes y que en caso de conflicto tenemos la obligación ética, moral y
política de implementar el diálogo como instrumento de solución a los conflictos.
Jamás, reitero yo, jamás la violencia, los garrotes y las balas, son instrumento de
diálogo.
Por eso, señor Presidente, señoras y
señores diputados:
Esta excitativa, para que esta Cámara
coadyuve a la solución del problema que afecta a miles de habitantes, a campesinos, a
productores del maíz, a los ciudadanos en general, que esperan y confían de nosotros una
respuesta. No los defraudaremos.
Muchas gracias.
Como lo pide el diputado y de
conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la
Comisión de Comunicaciones y Trasportes, para que presenten el dictamen que proceda al
asunto del que se habló.
ESTADO
DE MORELOS
Vamos a dar inicio ahora al desahogo
de la agenda política, comenzando con los comentarios sobre la situación política en el
Estado de Morelos.
Para este asunto se han registrado hasta el
momento cuatro oradores, diputados: Gerardo Ramírez Vidal, del PRD; Marco Antonio Adame
Castillo, del PAN; Juan Jaramillo Fricas, del PRI y José del Carmen Enríquez, del PRD.
Tiene la palabra, hasta por 10 minutos, el
diputado Gerardo Ramírez Vidal, del Partido de la Revolución Democrática.
| El diputado
Gerardo Ramírez Vidal: |
Con su permiso, señor Presidente;
señoras diputadas y señores diputados:
De nueva cuenta esta tribuna debe traer a
colación los problemas que vive el Estado de Morelos; de nueva cuenta ustedes, los
legisladores de esta Cámara, deben escuchar acerca de una serie de hechos ocurridos en
esa entidad y ahora todos deberíamos de buscar una solución adecuada y responsable a los
conflictos de carácter político y social que se han generado desde el gobierno de esa
parte de nuestro país.
No voy a hacer un recuento de los
acontecimientos que han originado la crisis manifiesta en múltiples formas en Morelos,
pues de todos ustedes es más o menos claro que el gobierno del Estado ha perdido la
capacidad de gobernar de manera adecuada la entidad. Todos ustedes han oído acerca de las
constantes violaciones, no sólo a los derechos humanos, sino también a la Constitución
local, fundamentalmente por el nombramiento de funcionarios sin apego a la norma
constitucional, pero sobre todo en todos nosotros existe el claro conocimiento de la
inseguridad pública, de la deficiente impartición de la justicia y de los múltiples
actos delictivos cometidos contra la población por las propias fuerzas encargadas de
cuidar el orden.
Los ciudadanos de Morelos se encuentran
hartos de esta situación, no de ahora sino desde hace ya varios años, casi desde la
asunción del poder por el actual gobernador del Estado. Esta situación ha provocado un
grave deterioro en la relación entre el gobierno del Estado y la ciudadanía, como quedó
manifiesto en la consulta pública del 8 de marzo, cuando cerca de 100 mil ciudadanos se
manifestaron porque el titular del Ejecutivo renunciara a su cargo.
Ante la gravedad de los hechos delictivos
que ya son del dominio público y en los que se ven involucrados altos funcionarios del
gobierno de Carrillo Olea, la Comisión Nacional de Derechos Humanos envió el pasado 11
de marzo la recomendación número 25/98 al Congreso del Estado.
Habría que resaltar varios hechos de esa
recomendación, que recoger la enorme cantidad de quejas, denuncias y testimonios de la
ineficiente administración de la justicia. Ante todo habría que señalar que la
recomendación de la CNDH se refiere a las condiciones de violación persistente de
garantías individuales que los morelenses hemos vivido bajo el actual gobierno,
condiciones que originaron, según la misma recomendación, una situación genérica de
inseguridad debida a un deficiente ejercicio de la administración pública en las áreas
más fundamentales, como son, entre otras, la seguridad pública y la procuración e
impartición de la justicia, ejercicio del cual a su vez, podría resultar responsabilidad
a los más altos niveles.
En segundo lugar, hay que resaltar que la
recomendación fue enviada al Congreso del Estado, no al gobierno, porque sólo al
Congreso, por mandato constitucional, compete someter a juicio de responsabilidades al
titular del Ejecutivo, pero también porque resulta evidente que éste ya no es garantía
para acoger las recomendaciones de esa institución nacional y porque de plano se ha
perdido toda confianza en él.
Por último, debe subrayarse que el titular
del Ejecutivo, reaccionó ante la recomendación descalificándola y mofándose incluso de
ella, aduciendo que violaba la soberanía del Estado.
Pues bien, ante esa situación, el Congreso
del Estado decidió convocar a un periodo de sesiones extraordinarias, con el propósito
de analizar detalladamente la recomendación de la CNDH, periodo que debió de haber
iniciado la mañana del martes 31 de agosto. Se sabía que habría reacciones de parte del
gobernador a través de alguno de sus diputados del partido en el gobierno, pero nunca se
pensó que la respuesta llegara a tales extremos.
En efecto, el martes pasado, a las 11:00 de
la mañana, dio inicio la sesión bajo la presidencia del diputado Fernando García
Gómez, en medio de insultos y gritos contra los diputados del PAN, del PRD y Civilista
Morelense, que provenían de las tribunas del Palacio Legislativo ocupadas por cerca de
300 personas.
Después del pase de lista de asistencia,
una turba de aproximadamente 200 individuos, encabezada por el presidente del Comité
Ejecutivo Estatal del PRI, Jorge Morales Barut y por los diputados priístas Víctor
Saucedo Perdomo, Laura Ocampo y Maricela Sánchez Cortés, bajaron de las tribunas e
irrumpieron violentamente en el recinto de la sala de sesiones del Congreso del Estado.
El grupo de priístas, enardecidos, tomó
por asalto la tribuna, enfrentando de manera soez y golpeando a diputados, ciudadanos y
empleados del Congreso y pisotearon la Bandera Nacional, sobre la cual colocaron una manta
con la leyenda "clausurado".
Cuando el diputado Raúl Hernández Avila
pretendió hacer uso de la palabra, le fue arrebatado el micrófono y empujado
violentamente.
Ante tales hechos, la sesión fue declarada
en receso, mientras se restablecían las condiciones propicias para llevar a cabo los
trabajos mencionados.
En la tarde del mismo día martes, se
realizó la sesión en la cual se aceptó por unanimidad la recomendación multicitada.
Señoras diputadas y señores diputados: no
podemos, no debemos permitir que actos como el anterior se cometan en ningún Congreso de
la República; no podemos permanecer impasibles ante las violaciones que grupos de choque
realicen contra instituciones del Estado.
Ante lo anterior, los grupos parlamentarios
del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática en esta Cámara
de Diputados, protestamos enérgicamente por esa agresión y exigimos que se respete la
dignidad y soberanía que el Congreso del Estado de Morelos merece y de igual forma se
aplique la ley a quienes instigaron y cometieron en los actos delictivos.
El rechazo del gobernador a renunciar o a
solicitar licencia, como se lo ha demandado la ciudadanía, como se lo ha exigido el
Congreso del Estado y como se lo requiere el sano juicio político, provoca gravísimos
daños a los habitantes de Morelos.
Contra todo y contra todos, en Morelos, el
gobernador ha decidido permanecer a la fuerza y esto provoca una situación de
inestabilidad y de crisis que sólo causa perjuicios a los morelenses.
Como señalé en un principio, el caso de
Morelos ya ha sido planteando en esta tribuna en varias ocasiones.
En palabras de los legisladores, sobre todo
del PAN y del PRD, ha quedado clara la necesidad de corregir la situación de deterioro
político y social en el Estado de Morelos.
Las respuestas de los legisladores, del
así llamado partido oficial, no ha abordado de manera coherente el problema fundamental y
se han ido por las ramas.
Cuando un legislador señaló otros
ejemplos acerca del deterioro en la impartición de la justicia y de casos de
narcotráfico en diferentes estados de la República, en realidad estaba admitiendo
tácitamente la responsabilidad de Carrillo Olea.
Sin embargo, aún resta preguntarnos, ¿por
qué siguen los priístas defendiendo a un gobernador como el que mal gobierna el Estado?
No es ciertamente por conveniencia partidista. Mucho daño ha causado el gobernador
Carrillo Olea a su propio partido.
En las elecciones del 16 de marzo del año
pasado, ese partido perdió las principales plazas y el 6 de julio sólo obtuvo el triunfo
en una de las cuatro diputaciones federales.
De seguir esta tendencia, el Institucional
desaparecerá definitivamente del panorama político de la entidad.
Sin embargo, la oposición a la renuncia
del gobernador se debe al temor que ellos tienen de perder el control del Estado, pues en
el Congreso, 18 de los 30 diputados, son de oposición.
Afortunadamente, el día de hoy nos hemos
enterado de importantes declaraciones que Mariano Palacios Alcocer, presidente nacional
del PRI, hizo ante la prensa y en las cuales propone una salida política en un clima de
civilidad, reivindicando el respeto de los derechos humanos y la aplicación del estado de
derecho.
Asimismo, sin hacer por asomo ninguna
defensa en favor de Carrillo Olea, el líder nacional declaró que el gobernador debe
cumplir estrictamente con su responsabilidad en la vigencia del estado de derecho,
refiriéndose al enorme rezago social, injusticias e insuficiencias que lastiman a los
morelenses.
Esperamos que los legisladores priístas
asuman su responsabilidad, adoptando la actitud de su líder y que no se encierren en sus
prejuicios e intereses partidistas que los están llevando no sólo a perder el control
político en el Estado.
Asuman, pues, su compromiso y junto con las
demás fuerzas políticas, busquemos una salida responsable a la situación que beneficie
a los morelenses.
Muchas gracias.
Tiene la palabra para el mismo tema,
hasta por 10 minutos, el diputado Marco Antonio Adame Castillo.
| El diputado Marco
Antonio Adame Castillo: |
Con su permiso, señor Presidente;
señoras diputadas y señores diputados:
En razón de nuestro deber como
legisladores y representantes populares y ante los graves acontecimientos de violencia
suscitados en el Congreso del Estado de Morelos, el pasado martes 31 de marzo, vengo a
esta tribuna, por segunda ocasión, para denunciar los actos de barbarie antidemocrática,
provocados por miembros del Partido Revolucionario Institucional y a fijar la posición
del Partido Acción Nacional, en orden a contribuir a la vigencia del estado de derecho y
a crear las condiciones para restablecer la justicia y la paz en Morelos.
Afirmamos que es la política orientada al
bien común y el derecho y no la violencia, el único camino válido, para defender los
legítimos intereses y posiciones en la vida de las sociedades civilizadas.
Confirmamos que la violencia sigue siendo
el lenguaje de los que no tienen la razón y de quienes, carentes de argumentos y sustento
legal y dominados por instintos primitivos, han optado por la defensa a ultranza, de un
gobernador que, como ya hemos afirmado en esta tribuna, ha dañado con sus omisiones y
encubrimientos, la vida normal de las instituciones y ha causado graves perjuicios a la
sociedad y como consecuencia ha merecido la desconfianza de sus gobernados.
Quienes así actuaron optaron por la puerta
falsa del uso irracional de la fuerza, contradiciendo su discurso político y enfrentando
a una sociedad que optó por la transición pacífica a la democracia en las pasadas
elecciones federales y locales.
Señoras y señores diputados: a pesar de
los insultos, de los vituperios y de los golpes proferidos contra diputados del Partido
Acción Nacional, los partidos de oposición en Morelos, en cumplimiento con su
responsabilidad y fieles al mandato recibido en las urnas, en sesión celebrada y
calificada como secreta, dieron curso a la recomendación de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, aceptada en todos sus términos e instruyeron a las distintas comisiones
para proceder en consecuencia.
Ante todo esto nos preguntamos: ¿qué pasa
en Morelos? ¿Es éste el lenguaje de la democracia y de la justicia social? ¿Qué
oscuros intereses se intentan proteger para llegar al extremo de defender lo indefendible?
¿Qué necedad o complicidad existe entre el gobernador y su partido político, para estar
dispuestos en tiempos de debacle electoral y desintegración sistemática a pagar tan alto
precio político?
¿Dónde dejan, quienes así actúan, el
bienestar y la tranquilidad del Estado y de sus habitantes? ¿Qué buscan, acaso crear
condiciones artificiales, para dar paso a una decisión central autoritaria, que en forma
golpista pretenda resolver lo que las instituciones democráticas pueden hacer en uso de
sus facultades? ¿Qué esperan? Que nos enteremos por los medios de comunicación de un
acuerdo popular, operado al más alto y puro estilo antidemocrático.
No, señores diputados, Morelos tiene
dignidad y exige respeto a sus instituciones. Al final del siglo una responsabilidad
tiene, desde mi punto de vista, el Poder Legislativo, reflexionar seria y profundamente
sobre el uso del poder. Estamos en el ocaso de un siglo marcado como siglo de la
megamuerte, como consecuencia de un alto costo en vidas humanas y en derechos conculcados,
por aquellos que en nombre del poder han infringido contra la sociedad en distintas
latitudes, graves y serios perjuicios y éste es el caso de Morelos, donde la omisión y
la ineptitud han lacerado a los ciudadanos morelenses.
El Partido Acción Nacional sostiene y
actúa, en consecuencia, que en la transición política de México, es indispensable un
Poder Legislativo independiente, vigoroso y fiel a su función primigenia de vigilar y
acotar el uso del poder.
Por lo mismo, repudiamos estos graves
acontecimientos y externamos nuestra más amplia solidaridad con el Congreso del Estado de
Morelos.
Exigimos, a nombre de Acción Nacional, la
renuncia de Jorge Carrillo Olea a la gubernatura, pues es inadmisible que sigan dándose
ejercicios tan pedestres en el gobierno que encabeza.
Reiteramos nuestra posición encaminada a
iniciar juicio político contra Jorge Carrillo Olea y proponemos un punto de acuerdo en
los siguientes términos:
Ante los graves acontecimientos que han
venido sucediendo en el Estado de Morelos, en agravio de la ciudadanía, como consecuencia
de la participación de las autoridades encargadas de la procuración e impartición de
justicia y de la aplicación de la ley, en hechos delictivos y omisiones graves
relacionadas con violación a las garantías individuales que consagra nuestra Carta Magna
en sus artículos 14 párrafo segundo; 16 en todos sus términos; 17 párrafo segundo; 19,
en todos sus términos; 20 fracciones II, III, VIII, IX; 21 y 22, ante la consignación
que de estas violaciones hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su
recomendación número 25/98, clasificándolas en hechos que han generado inseguridad
pública, deficiente procuración de justicia e ineficiencia en la administración de la
misma y toda vez que el honorable Congreso de Morelos en su sesión extraordinaria el 31
de marzo, a pesar de las resistencias y actos violentos que se suscitaron para impedir el
curso de dicha Asamblea legislativa ha aprobado aceptar en todos sus términos la
recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, antes mencionada, por
considerar la existencia de graves, reiteradas y sistemáticas violaciones a los derechos
humanos y a las garantías individuales y convencidos de que estos graves acontecimientos
requieren de una investigación exhaustiva por parte de todas las instancias que
constitucionalmente tienen facultades para ello, a fin de que sea el derecho y la ley el
medio para brindar seguridad y justicia a los ciudadanos y a efecto de que se deslinden
las responsabilidades y se apliquen las sanciones correspondientes, los abajo firmantes,
diputados integrantes de la LVII Legislatura, proponemos a esta Asamblea, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Que con fundamento en el párrafo segundo
del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta
Cámara de Diputados solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su
intervención con la designación de uno o varios comisionados especiales para que
averigüen los hechos contenidos en la recomendación 25/98 de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos y que como señala, constituyen graves violaciones a las garantías
individuales de los ciudadanos en el Estado de Morelos.
Señor Presidente: con fundamento en el
artículo 58 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, solicito a usted, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, recibir y dar el turno correspondiente a esta propuesta, misma que en este
momento entrego a la Secretaría.
Por su atención, muchas gracias.
Gracias, señor orador. Esta
Presidencia dará el turno que corresponde al término de los oradores que han sido
inscritos.
Tiene la palabra el diputado Juan
Jaramillo, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar sobre el mismo tema,
hasta por 10 minutos.
| El diputado Juan Jaramillo Fricas: |
Gracias, señor Presidente; señoras
y señores diputados:
El PRI se define como respetuoso del marco
del derecho y en ese sentido respaldará la decisión final que se llegue a tomar de los
sucesos del caso Morelos.
Rechazamos a la violencia y creemos
también que la cultura de la estridencia, que gracias al avance democrático del país en
los últimos 10 años definitivamente no se debe a nuestro partido. La cultura de la
estridencia ha tenido bastantes ejemplos, incluso en este recinto, que sobra decir quién
la inventó.
Todo conflicto además de causar daños,
también provoca retos y oportunidades y tomando en cuenta la dificultad que tenemos los
diputados para hacer uso de esta tribuna, es triste utilizarla exclusivamente para
denostar y descalificar, porque algo, algo han olvidado los partidos políticos de la
Revolución Democrática y de Acción Nacional.
Más allá de la definición del resultado
final de este suceso, más allá de eso debe de haber la oportunidad de construir los
consensos necesarios que nos permitan el día de mañana mirar a nuestros hijos con
orgullo y satisfacción.
Después de todo la responsabilidad es de
todos, no exclusivamente de un gobernador o de un partido político. La responsabilidad es
de todos y aquí se soslaya esa responsabilidad, se denosta, se insulta, se descalifica,
asumiéndose como dueños de una verdad y soslayando que finalmente será el derecho el
que pueda determinar quién tiene la razón y a esa razón y a esa decisión debemos de
ajustarnos todos.
¿Qué pasa con la actitud descalificadora
que producto de un hecho lamentable ha ocurrido en los últimos dos meses? Indudablemente
el más grave deterioro a la imagen de un Estado cuyos habitantes son gente de bien,
todos, independientemente del partido a que pertenezcan.
Ahora bien, ¿por qué no, me pregunto, por
qué no los compañeros diputados federales del Estado de Morelos, no vienen a hacer una
propuesta constructiva, independientemente de lo que ocurra dentro del marco del derecho?
¿Por qué no demostrarles a los actores políticos a nivel local de nuestro Estado, que
se puede tener diferencias, que puede haber debate, que puede haber discusión, siempre y
cuando se antepongan los intereses de quienes votaron por nosotros e hicieron posible
nuestra estadía en este lugar?
No se vale definitivamente que dentro de
esa razón, dentro de esas verdades, descalifiquen a un sector importante de la sociedad
de Morelos, que en 1994 llevó por la vía democrática al triunfo a nuestro partido. Es
decir, yo convoco a mis compañeros diputados federales por Morelos, a construir, no a
venir a descalificar ni a seguir las inercias que marcadas por intereses del centro, de
alguna manera puedan delimitar una decisión cupular, como de la misma manera han definido
una estrategia de la cual no tienen el menor sentimiento porque no vivieron ni nacieron en
este lugar.
Por eso respetuosamente y lo dice un
priísta, hago un llamado al gobernador del Estado, a los presidentes de los partidos
políticos, a todos y cada uno de los diputados locales, hago un llamado respetuoso para
que pongan un alto a este clima, donde cada uno dice tener la razón, pero nadie pone la
buena voluntad, nadie dice voy a ceder para dar espacios, no a restringir la ley, no a
violarla, tampoco a cancelarla, de ninguna manera, pero sí, con responsabilidad, a velar
por la tranquilidad de la sociedad que supuestamente dicen defender algunos.
Por eso, en el caso de Juan Jaramillo
Fricas, un poquito más allá de partido, como morelense, yo exhorto a los compañeros
diputados federales a que antepongamos el interés de nuestra tierra y que dejemos que la
ley, bajo el marco del derecho, se defina lo que pueda ocurrir. Que asumamos el compromiso
de que cualquiera que sea la decisión final, la respetemos.
De nada va a servir que el día de mañana
los daños, los raspones, no nos permitan, no tan sólo a nosotros, convivir, sino a
nuestros hijos. Eso es lo que va a ocurrir en un clima donde cada quien es dueño de la
verdad, donde cada quien no quiere ceder ni un ápice con tal de salirse con la suya. La
cultura del escorpión, aquélla donde aunque se hunda el barco me hundo, ya no debe de
ser la premisa para el Estado de Morelos, compañeros.
Yo creo que debemos ajustarnos al derecho,
al marco de la ley, pero antes que nada, estrechar y tendernos puentes de comunicación
que permitan, a todos los actores políticos de mi Estado, transitar no tan solo este
problema, sino transitar con tranquilidad los futuros procesos electorales y, por la vía
democrática, gane quien gane, que se respete por el bien de la sociedad.
Vuelvo a repetir, como priísta hago un
exhorto respetuoso al gobernador de mi Estado, a los presidentes de los partidos
políticos, a los diputados locales, a los diputados federales, a que pongamos un alto ya
a este clima de intolerancia. Que la razón y que el derecho hablen por sí solos.
Muchas gracias.
Ha concluido la primera ronda de
oradores sobre este tema.
Damos inicio a la segunda ronda.
Tiene la palabra el diputado José del
Carmen Enríquez Rosado.
| El diputado
José del Carmen Enríquez Rosado: |
Compañeras y compañeros diputados:
Quiero manifestarles que nos parece
importante la declaración del diputado Juan Jaramillo Fricas, en el sentido de que
busquemos construir acuerdos, construir consensos.
Quisiera proponerle, a nombre de los
diputados del PRD, lo siguiente: que podamos construir un acuerdo de gobernabilidad en el
Estado. Que podamos tomar un acuerdo para limpiar las instituciones públicas y empezando
por aquellas encargadas de la procuración de justicia. Que tomemos un acuerdo para
terminar, para culminar la reforma política de la entidad, que tomemos un acuerdo para
integrar un gobierno que restablezca la confianza de los ciudadanos en las instituciones
públicas y en su gobierno. Que no nos interesa, y lo queremos decir, que en el interinato
de ese gobierno esté un miembro del PRD y entiendo que la oposición, no quiero hablar
por ellos, pero entendemos también que no se trata de poner a un gobernador de otro
partido, del Partido Acción Nacional o del Partido Civilista Morelense.
Que se trata de que encabece ese gobierno
un ciudadano distinguido de la entidad, que merezca el consenso, que merezca el respeto de
todos los ciudadanos, que culmine esta última etapa de gobierno en la entidad. Porque
efectivamente se trata de poner por encima de los intereses de los partidos los intereses
generales de la entidad y se trata de eso, de construir un acuerdo de consenso.
Cuando el presidente del PRI, Palacios
Alcocer, afirma que se trata de darle una salida política al asunto...
| El diputado Juan
Jaramillo Fricas (desde su curul): |
Pido la palabra.
¿Con qué objeto, señor diputado?
| El diputado Juan
Jaramillo Fricas (desde su curul): |
Solicitarle respetuosamente si el
compañero Carmelo Enríquez me pudiera permitir hacerle una pregunta.
| El diputado
José del Carmen Enríquez Rosado: |
Acepto, compañero diputado.
Adelante, diputado.
| El diputado Juan
Jaramillo Fricas (desde su curul): |
Compañero diputado:
¿Está usted de acuerdo en que en el marco
del derecho nos ajustemos todos y esperemos que las instituciones responsables de su
impartición una vez que tomen la decisión, que ajustado a este marco se lleve a cabo, lo
respetemos?
| El diputado
José del Carmen Enríquez Rosado: |
Por supuesto. No podemos tomar
ningún acuerdo al margen de la ley. Se trata de un proceso que ya está iniciado y usted
sabrá, diputado, que el Congreso del Estado de Morelos adoptó en todos sus términos la
recomendación 25/98 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que ésta ha originado
ya un proceso que seguramente culminará en un juicio de responsabilidades, que
determinará el grado de responsabilidad que tenga o no tenga el gobernador del Estado.
¿Concluyó su respuesta, señor
orador?
| El diputado
José del Carmen Enríquez Rosado: |
Todavía no, señor Presidente.
Me indica por favor cuando concluya
la respuestas.
| El diputado
José del Carmen Enríquez Rosado: |
Sí, cómo no.
Y en segundo término hemos hecho el
compromiso político de presentar a esta soberanía una denuncia, una solicitud de juicio
político en contra del gobernador y por supuesto, en esos términos estaremos de acuerdo
con los resultados que las distintas instancias definan en qué medida el gobernador del
Estado es responsable o no de los actos que han ocurrido en la entidad.
Por supuesto, diputado, estamos de acuerdo
en esos términos.
Terminó, señor Presidente.
Continúen marcando el tiempo, por
favor.
Continúe, diputado.
| El diputado
José del Carmen Enríquez Rosado: |
Y nos parece importante, compañeras
y compañeros diputados: porque los incidentes que ocurrieron en días pasados sucitó un
fenómeno nuevo, que fue el involucramiento del Partido Revolucionario Institucional en
estos hechos y hasta este momento no había ocurrido ningún incidente y hemos sido
responsables de no acusar a este partido de ninguna responsabilidad de los hechos
anteriores. La única responsabilidad ha sido ubicada, personal, indivisiblemente, sobre
la figura del gobernador del Estado y pensamos que esos incidentes, cuando empiezan a
involucrar al Partido Revolucionario Institucional, creemos que tienen detrás de sí una
intención perversa.
Si el gobernador efectivamente prefiere no
hundirse solo, sino que todos se vayan con él; prefiere que otras instituciones como el
Presidente de la República mande una iniciativa al Senado de la República para que no
sea él quien pida licencia, sino para que se declare la desaparición de poderes con
todas las consecuencias impredecibles y no deseables que pueden ocurrir a la entidad.
Por eso convocamos a que tomemos
corresponsabilidad de este asunto, a que no permitamos que degenere la situación
política de la entidad, que avancemos en un acuerdo de consenso y que no sea una persona
la que defina el futuro de la entidad, sino que sean las fuerzas políticas, las fuerzas
sociales, los ciudadanos, quienes intervengan de manera definitiva en la definición de
sus intereses, de sus soluciones y de sus esperanzas.
Muchas gracias.
En virtud de que se agotó la lista
de oradores para este tema y hay una propuesta del diputado Marco Antonio Adame Castillo,
esta propuesta se turna a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionale y
de Justicia, para que dictaminen lo conducente.
ESTADO
DE DURANGO
Toca el turno ahora a la denuncia
sobre hechos en el Estado de Durango. Están registrados tres oradores, iniciando el
diputado Juan Cruz Martínez, del Partido del Trabajo, hasta por 10 minutos.
| El diputado Juan
José Cruz Martínez: |
Con su venia, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
El grupo parlamentario del Partido del
Trabajo acude a esta tribuna para elevar una enérgica protesta por una serie de
agresiones enfiladas contra compañeros nuestros, verdaderos atentados que más allá de
nuestro partido lesionan la vida democrática que con tanto esfuerzo venimos construyendo
los mexicanos.
Sabemos y hemos manifestado nuestra honda
preocupación por la inseguridad que afecta a la mayoría de los mexicanos. Pero hoy nos
referimos a una serie de hechos que no pueden considerarse actos delincuenciales aislados
o simples coincidencias, sino parte de una estrategia bien estructurada que intenta
cancelar el surgimiento de la nueva sociedad a la que legítimamente aspiramos la gran
mayoría de los ciudadanos de nuestro país.
Se trata en este caso de un intento de
amedrentar a la dirigencia nacional del Partido del Trabajo mediante acciones ilegítimas
e ilegales surgidas desde el fondo del México que estamos dejando en el pasado, pero que
se niega a bien morir.
Nos referimos, en primer término, a la
artera agresión sufrida el pasado 28 de marzo por el compañero Joaquín Vela González,
diputado local del Estado de México y miembro de la dirección nacional de nuestro
partido, quien fue baleado en las puertas de su domicilio, en el municipio de Naucalpan de
Juárez. Los agresores desaparecieron, dejando a nuestro compañero con lesiones de
gravedad, en lo que difícilmente pudiera tratarse de un simple asalto, sin connotaciones
políticas.
Como para que no nos quedara duda de ello,
dos días después se dio una nueva agresión, ésta en Durango, entidad en donde están
en marcha procesos electorales en los que nuestros candidatos tienen reconocidas
posibilidades de obtener triunfos categóricos.
El domingo recién pasado fue víctima de
una agresión deleznable Marco Edén Cruz Velázquez, hijo del presidente municipal de
Durango, Marcos Cruz Martínez, de origen petista. Los agresores, que supues tamente
intentaban secuestrar al joven, igualmente desaparecieron.
Al día siguiente, el lunes 30 de marzo, a
las 18:00 horas se recibió una llamada telefónica en la oficina del diputado Ricardo
Cantú Garza, en esta Cámara de Diputados, en la que se amenazaba al coordinador de
nuestro grupo parlamentario, con que será la próxima víctima de esta cadena de
atentados.
De acuerdo a la transcripción, la voz
anónima, la voz apuntó: "dígale al diputado Cantú Garza que se alinee, que
sabemos que trae una camioneta Silverado, un carro gris, que siempre anda acompañado. Que
se alinee, que si no ha entendido con lo anterior y que el que sigue es él".
Compañeros diputados: a todos ustedes les
consta que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo invariablemente ha mantenido en
esta Cámara una posición crítica pero respetuosa con respecto a las políticas
gubernamentales, sin miedos a coincidir o discrepar con los demás grupos parlamentarios.
Hoy, ante amenazas y provocaciones,
señalamos con toda firmeza, sin duda alguna, que no lograrán atemorizarnos, que nunca
claudicaremos de nuestros principios. Los militantes del Partido del Trabajo hemos
enarbolado siempre la lucha social y nunca la traicionaremos.
Ustedes serán testigos directos de que
nuestra actuación como diputados se mantendrá guiada por las convicciones que
públicamente sostenemos, con honestidad, con trabajo y con lealtad a nuestros principios,
de los que nada nos hará claudicar.
Que a nadie le quede duda, somos y
seguiremos siendo parte del inquebrantable empeño de los mexicanos por darse una patria
digna y generosa, a la que sin duda corresponde un Congreso de la Unión independiente y
democrático.
Compañeras y compañeros diputados:
recientemente conocimos de la agresión a dos asambleístas del Partido de la Revolución
Democrática en el Distrito Federal y, poco antes, de las amenazas recibidas por diputados
del Partido Acción Nacional en esta legislatura, hechos denunciados en su momento por los
directamente afectados y que nosotros condenamos públicamente; creemos que es tiempo ya
de elevar nuestra voz para poner freno a las prácticas represivas que buscan retomar su
carta de naturalización en nuestro país.
Por ello y con fundamento en los artículos
58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos y solicitando se considere asunto urgente y de obvia resolución,
sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Artículo único. Esta Cámara de Diputados
se pronuncia en contra de todo tipo de violencia, independientemente de su origen y
destinatario, por ser contraria al espíritu democrático y plural que alienta al pueblo
mexicano.
En este sentido y con fundamento en el
párrafo del artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en
relación con el artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se solicita al Presidente de esta Cámara de Diputados, que en ejercicio
de sus atribuciones constitucionales y legales solicite a la Procuraduría General de la
República que se aboque a la investigación de las amenazas de que fue objeto el diputado
Ricardo Cantú Garza.
Asimismo, se exhorte a las autoridades para
que en el ámbito de su competencia garanticen la sana conducción de la política
interior, propiciando un clima de armonía y seguridad.
Atentamente.
Diputados: Carlos Medina Plascencia,
Partido Acción Nacional; Jesús Martín del Campo, Partido de la Revolución
Democrática; Alejandro Jiménez Taboada, Partido Verde Ecologista de México, y Ricardo
Cantú Garza, Partido del Trabajo.»
Muchas gracias.
Bien. Solicitamos... previo a la
determinación del trámite que se le dará a la solicitud, damos el turno a los oradores
que están registrados para este asunto.
Como están registrados, tocaría el turno
al diputado Rodrigo Maldonado Ochoa, del PRD y posteriormente al diputado Juan Arizmendi
Hernández, del PRI.
Tiene la palabra para el mismo asunto,
hasta por 10 minutos, el diputado Rodrigo Maldonado Ochoa.
| El diputado Rodrigo Maldonado Ochoa: |
Con su permiso, señor Presidente:
Durango es un Estado, creemos que al
unísono de Tabasco, casi un paraíso. En Durango, no hoy sino de hace tiempo, se han dado
situaciones en las cuales la justicia tiene mucho que decir, recordamos el año pasado
algunos asesinatos que se han dado, caso de Santa María el Oro, caso de Gómez Palacio y
recalcamos que hace seis años, cuando la candidatura del licenciado Maximiliano Silerio
Esparza, también hubo el asesinato de un joven.
En estos días, al inicio de otra campaña
política, pensamos que regresan tiempos negros para el Estado.
La campaña política entre los partidos
políticos se está recalentando y creemos que el espíritu de legalidad para efectuar las
elecciones por venir, está desapareciendo en el Estado de Durango. Día con día aparecen
acosos, amenazas y aparece una serie de situaciones que no permitirán y que presagian
nubarrones en la elección para gobernador, diputados y presidentes municipales y es
necesario que la civilidad regrese al Estado de Durango y que por primera ocasión se dé
una elección limpia, legal, transparente y equitativa.
La excitativa que hacen algunos partidos
políticos creemos que es justa y es legal; deben desaparecer todos los signos de barbarie
en la elección o para sacar a los mejores hombres. La invitación que hacía la
compañera diputada Margarita Pérez Gavilán en algunas de las participaciones pasadas,
creemos que debe de tomarse por todos los partidos políticos.
Decíamos en un principio que casi es un
edén Durango, porque así se ha visto todo el tiempo. El manejo de las elecciones ha sido
un manejo fraudulento, un manejo de entrega de los recursos públicos...
Permítame un momento el orador.
¿Con qué objeto, señor diputado? Acérquenle un micrófono al diputado Oceguera.
| El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos (desde su curul): |
Para preguntarle, por su conducto,
señor Presidente, al diputado Maldonado si acepta una pregunta.
Pregunto al diputado si acepta una
pregunta.
| El diputado
Rodrigo Maldonado Ochoa: |
Sí, acepto.
| El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos (desde su curul): |
Usted diputado acaba de mencionar a
la diputada Pérez Gavilán. La diputada Pérez Gavilán en el debate anterior que se dio
sobre el tema Durango, dijo que consejeros electorales que integraban el organismo máximo
electoral de Durango, actuaban con parcialidad, si no lo dijo literalmente, ésa era la
idea.
¿Está usted de acuerdo en que de manera
conjunta promovamos un punto de acuerdo sancionando o proponiendo que se sancione a los
consejeros que primero dicen no tener partido y posteriormente en los hechos se
manifiestan en favor de alguna causa política partidista?
Permítame el orador. ¿Ya concluyó
su pregunta, señor diputado?
| El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos (desde su curul): |
Sí, señor Presidente.
Por favor recojan el micrófono.
Conteste el orador y le ruego me indique en el momento en que haya terminado la respuesta.
| El diputado
Rodrigo Maldonado Ochoa: |
Estamos de acuerdo en que se firme
ese punto de acuerdo, perdonando la redundancia. Es que también hace tres años sufrimos
el despojo de una diputación de parte de algún partido político; no tuvimos equidad y
queremos que esto no vuelva a suceder en esta ocasión.
Creemos importante que se tome el punto de
acuerdo, que seamos responsables y que en esta ocasión todas las autoridades a quienes
les corresponde, tomen cartas en el asunto y desaparezcan todos los barruntos de violencia
que están existiendo en el Estado de Durango, que sea la civilidad la que prive en esta
ocasión, que sea la equidad, que sea la limpieza electoral la que prive en Durango en
esta ocasión, para que los ciudadanos de Durango escojan a los mejores candidatos para
los cabildos, para las presidencias municipales, para las diputaciones y para gobernador
de Durango; que prive pues civilidad, que los puntos de acuerdo se tomen entre todos los
partidos políticos. La violencia en Durango debe desaparecer.
Gracias.
Tiene la palabra, hasta por 10
minutos, para el mismo tema, el diputado Juan Arizmendi Hernández, del Partido
Revolucionario Institucional.
| El diputado Juan Arizmendi Hernández: |
Con su venia, señor Presidente:
He estado escuchando a los compañeros que
me antecedieron en la palabra, sobre las denuncias de las agresiones que supuestamente han
tenido algunos diputados del PT.
Yo les quiero mencionar que en el caso de
Durango, la denuncia que se presenta, ésa se ha estado investigando y le hemos pedido a
las autoridades de que se sigan investigando estos hechos.
En algunas investigaciones personales que
hemos hecho, vemos que esta acusación es infundada. Todavía sin comprobarlo, pero con
informaciones de personas ya serias, vemos que se trata de actos entre chamacos, lo de
Durango y que esto no lleva una cuestión de tipo político, sino que es un hecho que se
quiere utilizar para hacer política y llevar agua para este partido.
Creo que si estamos en un proceso
electoral, donde de pronto va a haber las elecciones, debemos de buscar ganarnos al
electorado en forma de propuestas serias, pero no viniendo a hacer denuncias y quitar el
tiempo, que es muy valioso para esta Cámara de Diputados.
En lo que respecta al compañero Rodrigo
Maldonado, estamos de acuerdo, junto con él, en que busquemos que haya un acto de
civilidad de todos los partidos y que en este acto busquemos que salga ganando el pueblo
de Durango, porque en las condiciones en que nos encontramos, yo estoy seguro que si todos
ponemos nuestra parte para que estas elecciones y que este proceso salga bien, vamos a
salir ganando con unas elecciones tranquilas, de respeto y que se manifieste la voluntad
del pueblo de Durango.
En cuanto al acuerdo, qué bueno, yo
felicito al diputado del PRD, de que esté de acuerdo en suscribir, junto con los demás
partidos, un acuerdo en que se deben de sancionar a los consejeros electorales, que ellos
no deben de pertenecer a ningún partido, pero si se les descubre que hay inclinaciones
hacia un partido, a éstos se les debe de sancionar.
Aquí qué bueno que coincidimos, y a la
vez invitamos a los demás partidos para que juntos hagamos este acuerdo y demos nosotros
al pueblo de Durango una elección que sea de respeto, pero sobre todo que sea digna del
Estado de Durango.
A la vez, invito a todos para que en el
proceso electoral busquemos de que haya acuerdos entre nosotros, de que busquemos de que
haya tranquilidad en estas elecciones y también buscar que si alguien se sale de la ley,
buscar que se aplique la ley a quien cometa ilícitos.
Buscamos la tranquilidad, buscamos unas
elecciones que sean justas y que sean respetuosas de la voluntad del pueblo de Durango.
Buscamos en esta elección, que el único
que salga ganando sea el pueblo, porque el pueblo siempre tendrá la razón y siempre
estaremos con la mayoría y nuestro partido estará dispuesto a dar una lucha seria y
respetuosa, para ganar en esta lucha electoral.
Mi invitación, para que juntos labremos la
tranquilidad de las próximas elecciones en Durango.
Muchas gracias.
Ha concluido la lista de oradores.
¿Con qué objeto, señor diputado?
| El diputado Juan
Carlos Gutiérrez Fragoso (desde su curul): |
Señor Presidente, le solicito el uso
de la palabra para rectificar hechos.
Para rectificar hechos y hasta por
cinco minutos, tiene la palabra el diputado Juan Carlos Gutiérrez.
| El diputado Juan
Carlos Gutiérrez Fragoso: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras diputadas; compañeros diputados:
Como ustedes recordarán el pasado 24 de
marzo en esta alta tribuna, al abordar el proceso electoral del Estado de Durango, Acción
Nacional propusimos y exhortamos a los diferentes candidatos a gobernador, a elevar el
nivel de la contienda, a retomar el camino de la legalidad y de nueva cuenta Acción
Nacional hace un llamado desde esta alta tribuna, a efectuar un debate entre los
candidatos, en donde estos temas que interesan a la sociedad, se ventilen de frente a la
misma.
Nosotros desde luego condenamos este
intento de secuestro, las amenazas que han sufrido algunos conciudadanos. Pero en Acción
Nacional no somos ajenos, hemos sufrido en el pasado y sabemos de las amenazas y de las
agresiones que en el pasado nuestros candidatos, a lo largo y ancho de la República han
sufrido y ahora el diputado Juan Arizmendi trata de minimizar este hecho.
Creo que son condenables estas amenazas y
agresiones, por el simple hecho de agredir a la dignidad de la persona humana, por agredir
el estado de derecho y el principio elemental a estar asociado a un partido político y
expresar las ideas y las propuestas.
Finalmente, al aludir a la compañera
diputada Margarita Pérez Gavilán, no nada más condenamos la parcialidad de algunos
consejeros electorales, llamamos a que éstos retomen el camino de la legalidad, de los
principios de certidumbre, que deben de regir todo proceso electoral.
Sí, hicimos desde esta alta tribuna un
llamado a todos los candidatos y a todos los partidos a elevar el nivel de la contienda.
Este es el mensaje que de nuevo hace Acción Nacional por mi conducto.
Y también pedimos a las autoridades, para
que se aboquen a la investigación y a los que sufrieron este atentado, a presentar una
denuncia. No es posible nada más manejarlo como hecho político, sino por la vía legal
que se presente una denuncia y que se investigue y que realmente a los agresores se les
aplique todo el rigor de la ley y que se llegue hasta las últimas consecuencias.
Esa es la petición que hacemos por este
conducto.
Muchas gracias.
¿Con qué objeto, señor diputado?
Tiene la palabra para rectificar hechos hasta por cinco minutos, el diputado Javier Ponce.
| El diputado
Francisco Javier Ponce Ortega: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
No soy un profesionista y por lo tanto no
tengo la elocuencia necesaria de los que me antecedieron en la palabra.
Sin embargo, quise hacer uso de la palabra
porque considero inconcebible que el Partido del Trabajo, en Durango, no encuentre otras
formas para justificar su inminente derrota electoral el próximo 5 de julio.
Hace unos días aquí, ante esta alta
tribuna de la nación, se denunció un supuesto delito electoral de nuestro candidato a
gobernador, Angel Sergio Guerrero Mier, por haber pedido a funcionarios públicos de
nuestro partido, que se pusieran la camiseta, cosa que sin violentar las leyes, se puede
hacer trabajando en favor de su campaña en horas y días no laborables y sin utilizar los
recursos económicos de sus dependencias gubernamentales.
Ahora, el Partido del Trabajo, utilizando
otra vez esta alta tribuna, haciendo perder el tiempo a todos nosotros, como lo
manifestaba mi compañero Juan Arizmendi, presenta un caso que, aunque lamentable y que
reprobamos enérgicamente, no tiene nada que ver con nuestro abanderado, el compañero
Angel Sergio ni con los funcionarios de nuestro partido, el Revolucionario Institucional,
pues sin tener las pruebas fehacientes, se atreven a denunciar los hechos, culpándonos de
ellos.
Existen, señoras y señores diputados, y
todos lo sabemos, las instancias necesarias para este tipo de denuncias y el presidente
municipal de Durango, Durango, como la más alta autoridad, tiene la obligación de
proporcionar la seguridad pública, si eso le sucede a su propia familia, qué no le
sucederá a sus demás representados.
Muchos de los diputados que conformamos
esta LVII Legislatura, incluyendo los diputados de otros grupos parlamentarios, conocemos
la honorabilidad de nuestro abanderado, el compañero Angel Sergio y sabemos que jamás
él emplearía estas tácticas para eliminar a sus adversarios.
Señores diputados: él no necesita emplear
este tipo de tácticas, su capacidad, su experiencia y su propuesta política, sobre todo,
lo sacarán adelante.
Yo rogaría a los diputados del Partido del
Trabajo, en Durango, que se dejen de niñerías, que traten de convencer a los ciudadanos
presentando su oferta política, su plataforma electoral. Los votos, señores, se ganan
con convencimiento. Pónganse a trabajar, señores.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado Juan
Cruz Martínez.
| El diputado Juan José Cruz Martínez: |
Con el permiso de la Presidencia:
Nos extraña que el diputado Arizmendi,
venga a plantear a esta tribuna que el hecho que se ha dado en Durango, de la agresión al
hijo del presidente municipal, sea un acto de jóvenes y de universitarios.
Saben perfectamente bien que nosotros los
compañeros del Partido del Trabajo y los candidatos del Partido del Trabajo, jamás
utilizamos a la familia para hacer campaña como lo hacen ustedes, y bastante seguido, y
que afortunadamente no les ha salido muy bien últimamente.
Hemos puesto las demandas en las instancias
legales y lo hemos hecho no con la convicción de que se va a hacer justicia ni que se va
a investigar porque ustedes son juez y son parte. Lo que queremos hacer es del
conocimiento de los diputados en esta Cámara y del pueblo de México, de las agresiones
que se están dando, para que después no se diga que no lo hicimos a tiempo y que no
denunciamos los hechos con anterioridad.
Lo hacemos también porque en Durango, no
sé si ustedes diputados ya se les haya olvidado, el asesinato de César Guillermo Meraz,
en donde fueron involucrados varios connotados priístas e inclusive; e inclusive el
actual candidato a la gubernatura del Estado. Si ya se les olvidó, bueno, pues qué falta
de memoria.
Lo hacemos porque hemos sufrido también en
carne propia el asesinato del compañeros petistas o, ¿ya se les olvidó Carlos Luna?
¡En nombre de Dios! Pero como a ustedes todo se les olvida, hasta Colosio, por eso
estamos haciendo esta denuncia. Lo hacemos porque los candidatos del Partido del Trabajo
han sufrido amenazas, han sido llamados para amenazarlos de que van a ser destituidos de
sus trabajos si aceptan las candidaturas que se han estado planteando por nuestro partido.
Estamos seguros de que este próximo 5 de
julio vamos a ganar la gubernatura; de eso no tenemos la más mínima duda, porque sabemos
efectivamente, que las elecciones se ganan con votos y nosotros las elecciones las hemos
ganado con votos, no como su candidato a la gubernatura Angel Sergio Guerrero Mier, que
las ha ganado de "mapache electoral", no solamente en Durango, sino en otros
estados también del país.
| El diputado
Jesús Gutiérrez Vargas (desde su curul): |
Pido la palabra.
¿Con qué objeto, señor diputado?
| El diputado
Jesús Gutiérrez Vargas (desde su curul): |
Para rectificar hechos, señor
Presidente.
Tiene la palabra el diputado Jesús
Gutiérrez, para rectificar hechos y hasta por cinco minutos.
| El diputado Jesús Gutiérrez Vargas: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Vengo como un simple ciudadano duranguense,
a levantar la voz para decir: ¡basta!, ¡basta de mentiras!, ¡basta de simulaciones!,
¡basta de guerra sucia por parte de los miembros del PT!, ¡exigimos en aras de la más
elemental ética política, si es que la tienen, que se conduzcan por lo menos hoy, con
honorabilidad, con verdad! Pero sobre todo, con respeto a la ciudadanía duranguense y con
respeto a las compañeras diputadas y diputados.
No es necesario venir a gritar para contar
una serie de mentiras por parte de los miembros del PT. Requerimos una conducta de
veracidad, requerimos honorabilidad en el ejercicio de la política, no requerimos
chantajes políticos o tratar de ser protagonistas extremos para tratar de ganar
simpatías o espacios en los medios de comunicación.
Los petistas de Durango, nuevamente nos
demuestran hoy que le están apostando a la violencia, le están apostando al descrédito
y aquí ya los duranguenses, sobre todo los priístas, hemos dicho una y otra vez, respeto
a la ley, respeto al marco jurídico electoral que los duranguenses, con muchos esfuerzo,
supimos darnos para crear un ambiente de convivencia política y social que nos llevara a
crear las condiciones necesarias para tener un proceso electoral limpio, transparente, que
no deje lugar a dudas ni a propios ni a extraños, que en Durango los priístas le
apostamos a la democracia, los priístas le apostamos a la ley y la conducta perversa que
aquí los petistas han venido a manifestar en esta tribuna nos llevan a la conclusión que
le están apostando a la dolencia y al descrédito en Durango.
Los priístas les marcamos desde esta
tribuna el alto. Los priístas les decimos no a la violencia; los priístas les decimos
sí al respeto al derecho, sí al respeto a que las instituciones judiciales cumplan
cabalmente su función conforme a los códigos, conforme a las propias normas jurídicas
que los propios duranguenses nos hemos dado.
No requerimos que vengan a decirnos aquí
en esta tribuna lo que tenemos que hacer. Desde luego que los priístas nos sumamos a esa
condena contra aquellos actos ilícitos que se cometan contra nuestros conciudadanos, pero
no es de humanos ni es de justos venir a condenar, a presumir que uno u otro conciudadano
es el responsable de eso. No, no se nos olvidan las conductas que han sucedido en el marco
fuera de la ley, compañero diputado Juan Cruz, al contrario y usted lo sabe bien, en
todos y en cada uno de esos casos que usted ha hecho mención los priístas siempre hemos
decidido que se aplique la ley, que se llegue a sus últimas consecuencias.
El caso es, como usted lo menciona,
Colosio; los priístas seguimos insistiendo que se lleven a cabo las últimas
investigaciones para que se cumpla con todo rigor el peso de la ley a quienes resulten
responsables de ello.
Los hechos aquí denunciados por el
diputado Juan Cruz Martínez, referentes al supuesto secuestro del hijo del presidente
municipal, que ya lo decía aquí mi compañero diputado, cómo va a ser posible que el
presidente municipal, quien por investidura y por consulta popular tiene la obligación de
proporcionarnos a los duranguenses la seguridad pública necesaria para transitar
tranquilamente, para trabajar, no es posible que él mismo haya sido víctima de esto.
Esto nos demuestra y nos presenta varias lecturas. La primera es una total y absoluta
ausencia de calidad moral del presidente municipal, profesor Marcos Cruz Martínez, quien
al involucrar a su propia familia en este supuesto hecho ilícito nos da nada más que
eso, simple y sencillamente que no tiene calidad moral para involucrar a su familia en un
proceso electoral basado en una estrategia de guerra sucia.
Segundo, que el presidente municipal
incumple con una de las más demandadas funciones, que es la seguridad social y como
además, decimos sin conceder, tenemos testimonios de que este joven andaba efectivamente
jugando unas carreritas, señor diputado, y que hay testimonios de ello y que además,
señor diputado, tenemos conocimiento de que el hijo del presidente municipal tiene a
veces delirio de persecución.
Basta pues, señores diputados, de que de
alguna u otra forma vengan a tratar de decirnos mentiras. Los priístas nos pronunciamos
por el cumplimiento del derecho. Que se investiguen los hechos, que de alguna u otra forma
se establezca quién fue el responsable y que los tribunales sean los que tengan la
última palabra.
Gracias.
Agotada la lista de oradores, esta
Presidencia va a informar sobre el trámite que se dio a la propuesta presentada por
representantes de varios partidos.
La mesa directiva remite la presente
propuesta al ciudadano Jorge Emilio González Martínez, Presidente de la Cámara de
Diputados, para que en los términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo
61 constitucional y del artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, ejerza sus atribuciones para que sean investigados los hechos y
se vele por el respeto al fuero constitucional de los diputados.
Vamos a continuar con el desahogo de la
agenda política.
PROGRAMA DE TURISMO PARA EL
TERCER MILENIO
Toca ahora deliberar sobre la
presentación y punto de acuerdo relativo al programa de turismo para el tercer milenio.
Aquí, a petición de la Comisión de Turismo, el diputado Juan Manuel Parás González
hablará a nombre de la comisión y la Comisión de Turismo pidió que se le otorgaran
hasta 15 minutos por hablar a nombre de la comisión, a lo que accedió esta mesa
directiva.
Posteriormente vendrán oradores que
hablarán sobre el tema, hasta por 10 minutos.
En consecuencia, tiene la palabra hasta por
15 minutos el diputado Juan Manuel Parás González.
| El diputado Juan
Manuel Parás González : |
Con su permiso, señor Presidente;
honorable Asamblea:
Hago uso de la palabra efectivamente en
esta tribuna, en nombre de la Comisión de Turismo, a fin de dar lectura a un punto de
acuerdo nacional para el turismo del tercer milenio, así como a su exposición de
motivos.
Informo, asimismo, que este documento tiene
como sustento una decisión producto del consenso y que además está respaldada con la
firma de más de 305 diputadas y diputados de esta legislatura.
Su texto, señor Presidente, compañeras y
compañeros, es el siguiente:
"El turismo constituye una palanca
estratégica para el desarrollo nacional. Es factor determinante en el ámbito económico
y social, gracias a su capacidad para captar divisas y generar empleos. Más todavía, el
turismo es un elemento fundamental de identidad nacional que propicia el entendimiento
cultural de los mexicanos y mejora las relaciones del país a nivel internacional.
En las condiciones actuales en las que el
desempleo, la delincuencia y la caída de los precios mundiales del petróleo producen
consecuencias muy negativas, la actividad turística emerge como alternativa fundamental
para el desarrollo de nuestro país.
Así debe considerársele para lograr
hacerla una industria altamente competitiva, puntal del crecimiento nacional. Por ello, es
preciso un acuerdo nacional que siente las bases para el turismo del tercer milenio.
El turismo es una actividad líder en el
mundo. Se trata de una industria de industrias, en la cual participan el transporte, la
hotelería, los servicios de alimentación, la industria del entretenimiento, la industria
de la construcción, las agencias de viaje, las líneas operadoras y las comunicaciones,
entre otras.
Es una de las industrias más dinámicas
del mundo. Sus ingresos crecen por arriba de los generados por la actividad comercial a
nivel mundial. Hoy existen 613 millones de turistas internacionales. Para el año 2010
serán más de 1 mil millones y para el año 2020 serán 2 mil millones. Pronosticándose
un gasto de 1 billón y 2 billones de dólares, respectivamente. Contribuye con el 10.9%
del producto y con uno de cada nueve plazas de trabajo generadas a nivel mundial.
Este dinamismo ha propiciado que numerosos
países busquen entrar en la competencia por ganar mayores porciones del mercado. Pero el
turismo no es solamente un instrumento económico muy importante, sino un medio
privilegiado para el desarrollo cultural, pues permite que los mexicanos nos conozcamos
mejor y entremos en contacto con otros pueblos. Fortalece el sentido de pertenencia e
identidad y fomenta la convivencia mediante el respeto a la pluralidad étnica y cultural
de México y del mundo.
En el campo político es importante
señalar que desde la década de los cuarenta no se ha dejado de plantear la problemática
de esta actividad. Se encuentra contemplada en programas de los tres ámbitos de gobierno
y se puede asegurar que en la actualidad ningún estado desdeña a este sector, ningún
municipio de cierta relevancia turística la omite y a nivel federal no se le excluye por
considerarse un detonante para el desarrollo económico, por lo que cada día es más
frecuente escuchar estrategias de desarrollo turístico como parte de la política
gubernamental.
En el ámbito económico el turismo incide
en cuatro valiosas aportaciones: generador permanente de empleo, promotor del desarrollo
regional, redistribuidor del ingreso nacional y captador de divisas.
México ocupa el octavo lugar internacional
como destino receptor de turistas internacionales. En los dos últimos años ha sido
visitado por un promedio anual de más de 20 millones de turistas internacionales. La
balanza turística ha sido favorable, obteniendo en 1997 un saldo positivo de 3 mil 701
millones de dólares.
El turismo se ha mantenido como la tercera
fuente generadora de divisas, aportando aproximadamente el 5% del producto interno bruto y
con una captación de cerca de 7 mil 500 millones de dólares anuales. Dicha captación es
superior al total de las exportaciones agropecuarias.
Tan sólo la rama de restaurantes y hoteles
genera empleos directos para 1.7 millones de mexicanos, lo que representa el 6.2% de la
población económicamente activa, casi lo mismo que la rama agregada de Comunicaciones y
Transportes, incluyendo Ferrocarriles, el Metro, taxis, automotores de carga y diversos
transportes marítimos.
Desde 1995 ha generado el doble de empleos
que la industria maquiladora, 3.5 más que la industria textil y 4.8 más que la
petroquímica. De esta forma, el turismo en cuanto a captación de divisas se sitúa
después de las manufacturas y el petróleo y en unos años será la segunda.
Por otra parte, la oferta de servicios
está dada por 30 mil empresas turísticas, donde se aprecia una significativa
participación de la industria restaurantera. En hospedaje 9 mil establecimientos con más
de 380 mil habitaciones, 17 mil restaurantes de calidad turística, 57 aeropuertos, 4 mil
agencias de viajes y 500 arrendadoras de vehículos.
El turismo es un instrumento fundamental
para el desarrollo regional y representa una alternativa para muchas zonas del país
marginadas. Regiones enteras viven de esa actividad. El 5% del PIB se genera en el turismo
y uno de cada nueve mexicanos depende de este sector.
Pero estos datos que hablan de la gran
importancia de la industria se diluyen cuando se les compara con otros países. A pesar de
sus ventajas comparativas, México capta apenas 7 mil 625 millones de dólares por turismo
y pierde progresivamente posiciones en la competencia del turismo mundial.
A nivel internacional 617 millones de
personas viajaron el año pasado con un gasto directo de 448 mil millones de dólares. En
1997 México apenas recibió 19 millones 351 mil viajeros; esto es, que captamos solamente
el 3.5% de viajeros y el 1.6% de la derrama. España en cambio, con mucho menos atractivo,
recibe 28 mil millones de dólares, cuatro veces más. La República Popular de China
pasó rápidamente del 31o. lugar al 8o. lugar, con una captación de 12 mil millones de
dólares. Polonia y Singapur, países pequeños territorialmente hablando, nos superan.
La industria del turismo es una industria
altamente disputada a nivel mundial. La competencia en el mundo del turismo es muy
intensa. Las buenas y las malas artes se usan sin cuartel. Se libra una contienda por
altos volúmenes de dinero.
México puede ser el destino preferido del
mundo por muchas razones, sin embargo los mexicanos no lo entendemos debidamente. El
turismo puede ser nuestro principal producto mundial y es totalmente renovable. Señores
diputados, depende de nosotros.
El presupuesto del sector para este año
fue 1 mil 103 millones de pesos, 126 millones de dólares a la paridad teórica de
cálculo; de ellos 429 millones de pesos se destinarían a promover y difundir la imagen
de México en el mundo; esto es, 49 millones de dólares para promoción, una relación
PIB promoción del 0.06%, una insignificancia en una industria que depende de la
publicidad y de la promoción.
Las empresas privadas destinan alrededor
del 10% de sus ingresos brutos a la publicidad; en un día, una noticia de violencia, de
impunidad, un crimen político, un desastre como el huracán "Paulina", la
contaminación, el asesinato del funcionario de la Embajada Egipcia, son infame propaganda
que anula sin piedad la escasa promoción y los altos costos.
Los recortes por la caída de los precios
del petroleo empeoraron las cosas; el presupuesto del sector destinado a promoción, se
redujo dramáticamente dejándolo en sólo 70 millones de pesos.
Durante 1997 México se ubicó en el 16o.
Lugar entre los principales captadores de divisas; esto, a pesar de la existencia de
representaciones en el exterior. El problema es sumamente complejo, tiene qué ver con
factores externos, pero sobre todo con la necesidad de construir consensos amplios y
sólidos en esta materia, capaces de definir la actividad turística como actividad
estratégica en el desarrollo nacional.
En la industria turística, cuya materia
prima son los recursos naturales, históricos, culturales y sociales de cada país,
concluyen dos grandes demandas de la humanidad: la preservación y utilización
responsable de sus recursos para atender la creciente demanda de actividades
económicamente productivas en beneficio de las comunidades.
En México, el volumen y el gasto del
turismo nacional y extranjero ha venido creciendo progresivamente, hasta atraer un número
considerable de viajeros por motivos de placer. La posición que ocupa actualmente nuestro
país a nivel internacional y en particular en el continente americano, es significativa y
trascendental; sin embargo, la dinámica con la que se está proyectando la
infraestructura turística en otros países, empieza a provocar un rezago turístico en el
nuestro, lo cual afecta la economía nacional. Los empresarios y los prestadores de
servicios, con justa razón se han inconformado.
El fortalecimiento de la actividad
turística supone la construcción de acuerdos entre los distintos organismos públicos y
privados interesados e involucrados, tendientes a la creación de un verdadero sistema de
incentivos fiscales, financieros, legales y demás, que al tiempo faciliten la promoción
de la oferta y la demanda turística, impulsen su consolidación y crecimiento y
contribuyan a elevar la calidad de los servicios.
Como legisladores preocupados por
incrementar la relevancia de la actividad turística en nuestro país, estamos convencidos
de que urge desarrollar una labor enfocada a promover reformas legales, así como
facilidades fiscales y financieras tendientes a estimular el turismo nacional y
extranjero, al tiempo de fomentar y diversificar la oferta turística de nuestro país.
El propósito es hacer del turismo una
actividad altamente competitiva, lo cual pasa necesariamente por el mejoramiento de la
calidad de los servicios ofrecidos.
En las condiciones actuales de competencia
turística internacional, lo anterior revela lo ineludible para estar a la altura de las
exigencias del turismo en el mundo. El objetivo es analizar, adecuar, aprobar y difundir
el marco legal de la actividad turística con el propósito de facilitar su crecimiento,
diversificación y transformación de manera eficiente, impulsar la coordinación entre el
Poder Legislativo y los distintos sectores relacionados con el turismo y fortalecer la
organización de la actividad turística.
Con todo ello, se buscará conformar una
política nacional para el turismo de largo plazo, consensada, cuyas metas sean de orden
constitucional, legal y sectorial.
El interés que impulsa a los legisladores
firmantes a proponer un acuerdo nacional para el turismo del tercer milenio, estriba en
las consideraciones derivadas de las distintas propuestas, estudios y visitas realizadas y
recibidas por los ciudadanos diputados, quienes ya han expresado la necesidad de coadyuvar
a sistematizar las acciones tendientes a elevar la competitividad de la industria
turística nacional mediante una serie de procedimientos y acuerdos a través de los
cuales se buscará fortalecer el carácter estratégico de la actividad en la perspectiva
del tercer milenio, por lo que proponemos el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Con fundamento en los artículos 58
y 89 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos y 73 de la Constitución Federal, se instruye a la Comisión de Turismo para que
con la participación y cooperación de la Secretaría de Turismo, realice los trabajos y
consultas necesarias conducentes a la construcción de un acuerdo nacional para el turismo
del tercer milenio, con el fin de presentar al pleno de esta soberanía un proyecto de
medidas y acciones que prioricen la actividad turística y fortalezcan su marco jurídico.
A su vez se solicita a las secretarías de
Hacienda y Crédito Público, a la de Desarrollo Social y a la de Comunicaciones y
Transportes, que faciliten los análisis, propuestas y gestiones que les sean requeridos
por dicha comisión para tal objeto.
Por su atención, compañeras y compañeros
diputados, en nombre de la Comisión de Turismo y de los 306 diputados que firman el
presente documento".
Muchas gracias.
Gracias, señor orador.
Vamos a desahogar los oradores que están
anotados, en tanto se da el trámite a la solicitud que usted formula para este mismo
asunto.
Hasta por 10 minutos tiene la palabra la
diputada Elba Capuchino Herrera.
| La diputada Elba
Margarita Capuchino Herrera (desde su curul): |
Creo que primero estaba anotado el
diputado del PAN y posteriormente el PRD.
¿El diputado Mario Haro se encuentra
en la sala? A solicitud de la diputada del PRD, tiene el turno el diputado Mario Haro
Rodríguez, del Partido Acción Nacional, para el mismo tema y hasta por 10 minutos.
| El diputado
Mario Guillermo Haro Rodríguez: |
Con su permiso, señor Presidente:
Ante la vulnerabilidad de nuestra
economía, abatida últimamente por la caída de los precios del petróleo y las
repercusiones de la crisis asiática, se pone de manifiesto la necesidad de buscar
alternativas productivas, consideradas tradicionalmente menos prioritarias, pero que si se
llegan a impulsar adecuadamente pueden significar en su práctica y explotación la
solución a dicha problemática; tal es el caso del turismo.
Hace unos días el Secretario de Hacienda
declaró que México actualmente tiene una economía no petrolizada, pero la mencionada
caída del precio del petróleo ha hecho que tengamos que volver a ajustarnos el cinturón
e incluso el gobernador del Banco de México señaló que posiblemente se reducirá aún
más el circulante, como una medida que permita amortiguar los efectos de dicho fenómeno,
según dijo.
Pero ¿qué va a pasar si se siguen
derrumbando los precios del petróleo? Yo creo que simplemente no podríamos soportarlo,
por ello es urgente buscar alternativas que nos permitan diversificar nuestras fuentes de
ingresos; de lo contrario nos estaremos encaminando a un colapso de magnitudes
insospechadas.
Para Acción Nacional el gran reto
económico es promover el desarrollo integral de nuestro país, lo cual implica el
desarrollo de sus regiones.
Pugnamos por una economía que establezca
una verdadera política fiscal para el crecimiento con medidas de largo plazo, no de
coyuntura ni sujetas a vaivenes sexenales.
No podemos ni debemos dejar un legado de
crisis constantes a las generaciones venideras. La industria del turismo es una actividad
que por sus bondades puede llegar a constituir una actividad que bien manejada permita
obtener el desarrollo económico, político y social que requiere México, no como su
única actividad desde luego, pero sí como una actividad prioritaria.
En Acción Nacional creemos que la
actividad turística se perfila como una alternativa económica viable, factible, limpia y
segura, dado su carácter estratégico de captador de divisas, generador de empleo y
detonante del desarrollo regional.
Además, el turismo cumple también un
importante papel como difusor de nuestra cultura, de nuestras costumbres y de nuestras
tradiciones. Es, digámoslo así, un multiplicador de la imagen de México en el
extranjero.
Tradicionalmente el discurso oficial ha
subrayado siempre el hecho de que la actividad turística es fundamental para el
desarrollo del país; sin embargo, este reconocimiento no ha logrado ir mucho más allá
del ámbito declarativo, por ello es preciso que a partir de ahora esas declaraciones se
acompañen con las medidas necesarias para dar al turismo el carácter estratégico y
prioritario que le debe corresponder.
Por lo anterior, el Partido Acción
Nacional considera oportuna la propuesta de punto de acuerdo presentada ante esta
soberanía, con miras a que se priorice y se fortalezca el marco jurídico del turismo y
en consecuencia manifiesta su apoyo a la propuesta.
Muchas gracias.
Tiene ahora la palabra para el mismo
tema y hasta por 10 minutos, la diputada Elba Margarita Capuchino Herrera, del PRD.
| La diputada
Elba Margarita Capuchino Herrera: |
Gracias, señor Presidente; buenas
tardes, compañeras y compañeros diputados:
A partir de la instalación de la Comisión
de Turismo, sus integrantes fijamos las bases y métodos sobre los cuales
desempeñaríamos nuestras funciones, teniendo como resultado que hasta la fecha hemos
podido realizarlas con los mayores consensos posibles.
La presentación de la propuesta de punto
de acuerdo que hoy se discute, no es la excepción.
En el seno de la comisión, todos quienes
la integramos, hemos tenido la oportunidad de participar en su formulación, logrando el
consenso necesario para ello.
En relación a esta propuesta, el PRD
considera que la globalización de la economía mundial nos exige dar prioridad a la
integración de los sectores y cadenas productivas de los mercados locales, regionales y
nacionales, sobre todo cuando se considera que nuestra realidad económica, constituida
por pequeñas y medianas empresas sin capacidad competitiva y por una población urbana y
rural con escaso poder adquisitivo o en situación de pobreza extrema, es un obstáculo y
a la vez una víctima del proceso globalizador.
Ante este cuadro, para que haya seguridad
económica, se requieren mecanismos que dinamicen los sectores estratégicos de la
economía, fortalezcan el mercado interno y los nichos y sectores de importación con el
fin de generar la capacidad de importar aquellos bienes y servicios necesarios para
consolidar el proyecto nacional y reafirmar nuestra identidad cultural.
Sólo así estaremos en condiciones de
participar en la globalización, sin menoscabo de nuestra soberanía. Ello requiere
revisar el esquema de acuerdos y relaciones económicas con el exterior, con objeto de
mantener la liberación de aquellos sectores en donde tengamos ventajas y de proteger
aquellos otros relacionados con la seguridad económica, base de la soberanía nacional,
como son algunas ramas estratégicas de la industria y los servicios.
El PRD rechaza que México siga siendo una
economía casino, donde cualquier evento ocasiona la fuga de capitales que están en la
bolsa de valores y que no arriesgan nada para la edificación de la planta productiva
nacional.
El turismo ha contribuido indudablemente en
el desarrollo económico y social de nuestro país. Es y ha sido una actividad receptora
de cuantiosas inversiones, creadora de empleos, captadora de divisas, que ha difundido la
cultura de México en el mundo.
Incluso podemos decir que México es un
país con un desarrollo turístico aceptable, pero todavía en proceso y con posibilidades
de acrecentar de manera mucho más racional, sin detrimento de la ecología y de nuestra
soberanía nacional.
En consecuencia, es necesario que el país
diversifique más su economía, acentuando las actividades relacionadas con la promoción
y explotación turística y reconociendo sus aportaciones económicas y sociales como
prioritarias.
Al mismo tiempo, a fin de garantizar el
crecimiento sostenido de la industria turística, es necesario establecer un marco de
políticas fiscales que propicien la inversión, para que al mismo tiempo provean ingresos
suficientes a las finanzas públicas.
Por otra parte, la política turística
debe tener como línea de orientación el aprovechamiento natural de nuestros recursos
naturales, pues es sabido por todos que nuestra riqueza nacional en buena parte está
basada en ellos.
Un aspecto toral en la nueva política
turística, debe ser la creación de un programa permanente sobre educación turística
básica; la creación de un programa permanente de capacitación para los involucrados con
el propio servicio; la revisión de los convenios entre los institutos de enseñanza
superior y los servidores turísticos; que fortalezcan las instituciones y programas
sociales, dirigidos a garantizar a la población el desarrollo pleno de sus capacidades
humanas, con objeto de que la educación y la capacitación no queden exclusivamente en
las manos de los empleadores que disponen a discreción del adiestramiento de los recursos
humanos, que directa o indirectamente tienen como su principal ocupación y fuente de
ingresos al turismo.
Y por el contrario, ahora todo prestador de
servicios cuenta con una preparación técnica, como parte de una cultura turística
institucional.
Otro aspecto central de la política
turística, debe ser la promoción. La promoción turística debe fortalecerse dentro y
fuera de nuestro país, con nuevas fórmulas propagandísticas y de oferta competitiva,
privilegiando desde luego el buen trato, el buen servicio y las seguridades del turista,
en la inteligencia de que el propio turista es el mejor promotor del turismo.
Otro aspecto que se debe destacar, en la
nueva política turística para el tercer milenio, es el turismo social. Muchos de los
grandes desarrollos turísticos en México, son de origen elitista, son inaccesibles para
el turismo de menores recursos, privándoles de poder usar, disfrutar y admirar algunas de
nuestras riquezas naturales, porque son excesivamente costosos.
En consecuencia, debemos buscar los
mecanismos propios, a través de los cuales pueda articular todos los medios
indispensables para promover y alentar el turismo social, pues consideramos que éste
también es un generador importante de empleos y de circulación de la riqueza económica
nacional.
En cuanto a la infraestructura turística,
ésta deberá ampliarse y promoverse también a través de su marco regulatorio. Para
ello, será necesario revisar la legislación correspondiente en materia de transporte
aéreo y terrestre, hospedaje, salud e higiene en el sector turístico, ecología y medio
ambiente y seguridad y servicios conexos al turismo.
Finalmente, el Partido de la Revolución
Democrática comparte la idea de que es necesaria la instrumentación de un acuerdo
nacional consensado y duradero para el turismo del tercer milenio, para que a través de
él, se logre articular las acciones y procesos que tengan como fin lograr un desarrollo
sustentable y equitativo de esta industria.
El aumento del empleo y el alta sostenida
de los salarios reales, que alienta la ampliación del mercado interno y la utilización
de la capacidad ociosa de la planta productiva nacional.
El estímulo a este sector estratégico
traerá indudables beneficios por sus efectos complementarios a la cadena de oferta. Sus
efectos sobre la demanda sectorial y global, pondrán en juego efectos multiplicadores
sobre el resto de la economía. A su vez, la expansión del consumo y del empleo aliviará
la tensión social derivada de la crisis.
Por lo que con base en todas estas
consideraciones, mi partido apoya la propuesta de punto de acuerdo, para que se instruya a
la Comisión de Turismo, a fin de que realice los trabajos y consultas necesarias
conducentes a la construcción de un acuerdo nacional para el turismo del tercer milenio.
Muchas gracias.
| Presidencia del
diputado Sergio Valdés Arias |
Para abordar este tema tiene el uso
de la palabra Addy Cecilia Joaquín Coldwell, del Partido Revolucionario Institucional.
| La diputada Addy
Cecilia Joaquín Coldwell: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Me honro el día de hoy en representar a mi
grupo parlamentario y en expresar nuestro punto de vista relativo al proyecto de acuerdo
que hoy se presenta para iniciar los trabajos tendientes a proponer los acuerdos, las
políticas, acciones medidas que habrán de conducir a México en su consolidación como
potencia turística, de cara al nuevo milenio.
El turismo debe de ser una industria
alimentada con inversión planificada y programática, para permitir durante los próximos
10 años, mejorar la calidad y la excelencia de los servicios que se ofrecen, a fin de
satisfacer los requerimientos de los visitantes.
México es un país de retos, pero sobre
todo, de oportunidades, con un potencial turístico de múltiples facetas, debido a su
riqueza histórica y cultural, a su esplendor arqueológico y colonial, a su polifacética
geografía y diversidad climática que le permiten ser altamente competitivo a nivel
internacional en el campo turístico.
Las tendencias de los mercados turísticos
mundiales, nos indican que a partir del inicio del próximo milenio, la mayoría de los
países basarán su economía en la actividad del turismo. Esto ha provocado que se genere
una intensa y feroz competencia por la captación de estos mercados.
Nuestra nación no puede, de ninguna
manera, rezagarse ante esta realidad.
Por fortuna durante los tres primeros años
de la administración del presidente Ernesto Zedillo, la llegada de turistas
internacionales al país, se incrementó en 25% hasta llegar a poco más de 22 millones de
turistas en 1997.
El turismo es un pilar del crecimiento
económico; con una inversión estimada alrededor de 25 mil 500 millones de dólares;
impacta, sin duda, a otros renglones de la economía nacional, ya que la demanda de
alimentos, de artesanías, de comercio y la transportación, entre otros, crecen
proporcionalmente al dinamismo que presenta el turismo en todo el país.
Sin embargo, para mantener esta importante
fuente de divisas para los próximos 10 años, debemos los sectores y actores políticos,
poner todo nuestro esfuerzo y creatividad, si queremos hacer frente a la creciente
competencia mundial por los turistas mejorando y diversificando los productos que ofrece
México en los mercados internacionales.
De aquí que el grupo parlamentario que me
digno en representar, recibe con beneplácito el proyecto de acuerdo que el día de hoy se
presenta ante el pleno de la Cámara de Diputados, para encontrar el hilo conductor que
nos permita en un trabajo conjunto con el Ejecutivo, proponer propuestas oportunas y
viables, para enriquecer nuestra tarea en materia turística y aprovechar la enorme
riqueza de recursos naturales con los que cuenta nuestro hermoso país, así como explotar
la extraordinaria posición geográfica que nos coloca a la vanguardia y en una posición
de ventaja con otros competidores a nivel internacional.
Sin embargo, tenemos que lograr, como
legisladores, llevar adelante el propósito de los ciudadanos en la creciente toma de
decisiones públicas y en cada acción de gobierno involucrar directamente los intereses
de todos para avanzar en un proyecto colectivo que nos permita consolidar a nuestra
nación como un verdadero polo de desarrollo turístico.
La iniciativa de la Comisión de Turismo,
consensada con la Secretaría del ramo, toma relevancia si la vemos como una verdadera
oportunidad para el crecimiento y palanca de desarrollo económico, como una posibilidad
para diversificar la economía de nuestro país, como una alternativa que nos alejaría de
la vulnerabilidad económica que tiene nuestra economía al depender sustancialmente del
petróleo.
El turismo puede representar una
alternativa de crecimiento para México, permitirnos a través de la generación de
divisas atacar causas que provocan pobreza y marginación.
Queremos que el turismo se signifique en un
factor de crecimiento con equidad, que pueda ser una actividad que permita repartir la
riqueza en igualdad de condiciones en las diferentes regiones del país. Pero sobre todo
los priístas decíamos, que el turismo forme parte de un crecimiento sostenido para
nuevas generaciones; que con inteligencia sepamos crear las estrategias que nos permitan
asegurar el futuro para miles de mexicanos ligados a esta actividad y que anhelan mejores
condiciones de desarrollo personal y familiar.
El turismo es una industria que sabe que su
mayor riqueza está en su población, por ello necesitamos a partir de la iniciativa de la
Comisión de Turismo, plantear políticas de alcance duradero, insertando a la micro,
pequeña y mediana empresas turísticas, en un proyecto de desarrollo de centros
turísticos integrales que impulsen el desarrollo regional y lleven a todos los niveles de
la población, los beneficios de esta noble industria.
El punto de acuerdo que hoy se propone,
debe de contemplar una política turística social que permita a todos los mexicanos
disfrutar de su país; debemos desarrollar estrategias que permitan plantear en un
espectro amplio de expectativas que generen un turismo al alcance de todos los sectores
sociales.
Asimismo, fallaremos si no involucramos en
la nueva concepción turística de nuestro país elementos como la seguridad, la estricta
observancia de la higiene y salud en la planeación de autopistas modernas que incluyan
paraderos familiares, seguros y limpios, transporte ferroviario eficiente y económico,
infraestructura portuaria adecuada para fomentar cruceros y lograr mejor el intercambio de
mercancías en otros países.
La industria turística nacional demanda de
nosotros un marco jurídico que permita detonar la inversión tanto pública como privada,
motivar a los inversionistas con medidas fiscales que faciliten dichas inversiones que
requiere este sector.
Desarrollar campañas publicitarias a nivel
internacional que penetren en nuevas latitudes para destacar los beneficios que brinda
nuestro país en materia turística, la cordialidad de su gente y su hospitalidad, en
otras palabras: vender a México como un gran complejo turístico lleno de posibilidades.
Los que tenemos el privilegio de legislar,
deberemos dimensionar iniciativas para la consecución de una nueva cultura turística que
fomente carreras técnicas y profesionales, que incentiven a los jóvenes a participar en
esta noble industria, así como programas de capacitación para todos los servidores
turísticos.
No dejemos pasar esta oportunidad
histórica para México. Impulsar el desarrollo turístico puede permitir a la nación
insertarse en el cambio cualitativo que sustente el crecimiento que deseamos todos los
mexicanos.
Compañeras y compañeros diputados: el
Partido Revolucionario Institucional ha sabido desde el Gobierno crear las condiciones
para impulsar una política turística reconocida a nivel mundial; ha propuesto acciones y
políticas públicas que han conjugado visión y vialidad de los proyectos turísticos de
nuestro país.
En función a lo anterior y conscientes de
la responsabilidad de apuntalar la industria turística hacia el Siglo XXI, saludamos y
apoyamos decididamente a este punto de acuerdo, reiterando que es fundamental el trabajo
conjunto con el Ejecutivo a través de la Secretaría del ramo, para confirmar que la
pluralidad y la democracia, son nutrientes para la conformación de una nueva visión de
Estado.
El turismo es prioridad nacional. ¡México
es grande! ¡México es hospitalario! ¡México es turismo!
Muchas gracias.
| Presidencia del
diputado Alberto Cifuentes Negrete |
Esta Presidencia, dado el contenido
del punto de acuerdo, lo turna a la propia Comisión de Turismo para que realice las
acciones tendientes a lograr el acuerdo nacional para el turismo del tercer milenio.
ESTADO
DE CHIAPAS
Continuamos con el desahogo de los
puntos enlistados en la agenda política. Toca ahora tratar lo relativo a un juicio
político en contra del ex gobernador de Chiapas. En la primera ronda están registrados
tres diputados: Carlos Orsoe Morales Vázquez, del PRD; Jorge Gómez Mérida, del PAN y
Juan Carlos Gómez Aranda, del PRI.
Tiene la palabra, hasta por 10 minutos, el
diputado Carlos Orsoe Morales Vázquez.
| El diputado
Carlos Orsoe Morales Vázquez: |
Señoras y señores diputados:
Vengo a nombre de la fracción de diputados
perredistas chiapanecos, Ranulfo Tonche Pacheco, Octavio Díaz Reyes, Manuel Pérez
García y el mío propio, Carlos Morales Vázquez, a presentar formal denuncia de juicio
político en contra del ex gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro.
Chiapas es el drama indígena con el
rezago, la marginación y la pobreza. Pero también es la impunidad enseñoreada en su
máxima expresión.
La soberanía de esta Cámara, representada
por nosotros, no debe permitir que se deje sin sancionar a los responsables de la matanza
de Acteal, sean responsables materiales o intelectuales.
Hasta hoy sólo han sido detenidos y
encarcelados en las cárceles de Chiapas aproximadamente 90 indígenas y los responsables
intelectuales de estos hechos tan lamentables se encuentran protegidos por la impunidad y
la injusticia. Por eso vengo a demandar ante ustedes juicio político al ex gobernador de
Chiapas Julio César Ruiz Ferro.
Este señor toleró, permitió, apoyó
desde su gobierno a bandas paramilitares que masacraron impunemente a niños, mujeres y
hombres y por si eso no fuera poco, como gobernador interino intentó perpetrarse en el
poder por seis años, violando el derecho constitucional de los chiapanecos de elegir a
sus autoridades por la vía del sufragio universal.
Es deber de quien asume la responsabilidad
del gobierno garantizar el orden social, la seguridad de las personas. Si Julio César
Ruiz Ferro hubiera cumplido con su responsabilidad local y política, muchas viudas y
muchas vidas se hubieran salvado; muchos niños aún tuvieran a sus padres. Este hecho lo
hace imputable de culpabilidad por omisión grave en perjuicio de la vida y el patrimonio
de los chiapanecos o lo que es igual, los intereses públicos fundamentales.
Más grave es la responsabilidad por
omisión cuando, según se advierte en los hechos antes anunciados, en Chenalhó se
evidenciaba un estado de confrontación que cotidianamente causaba lesionados y muerte.
Esta escalada de violencia obligaba el desplazamiento de las familias indígenas en riesgo
de muerte, quienes dejaban sus parajes, sus casas, sus patrimonios por huir de la
persecución de grupos armados.
Hubo múltiples denuncias, las más
conmovedoras fueron las imágenes de los reportajes de televisión nacional que
estremecieron a millones de mexicanos, por las condiciones inhumanas y de riesgo evidente
en que se encontraban mujeres y niños.
Esta masacre fue anunciada en esta tribuna.
Diez días antes del 22 de diciembre del año pasado, venimos varios diputados a
denunciarla y desafortunadamente subieron algunos diputados del PRI a desmentirnos, a
decirnos que no era cierto, que en Chiapas se trabajaba, se avanzaba, que había progreso
y nos pintaron un Estado que yo como chiapaneco no conocía.
Desafortunada y trágicamente para
nosotros, 10 ó 12 días después de esta denuncia que aquí hicimos y que aparte la
hicieron todos los medios de comunicación, sucedieron los trágicos hechos de Acteal.
Pero por si fuera poco, la Comisión
Nacional de Derechos Humanos en diferentes comunicados solicitó al gobierno del Estado de
Chiapas, que adoptara medidas cautelares, necesarias y eficaces, para evitar estos hechos.
Las múltiples advertencias no fueron
atendidas; por el contrario, según consta en declaraciones de mandos policiacos se sabe
públicamente, porque así lo ha dado a conocer la Comisión Nacional de Derechos Humanos
y la Procuraduría General de la República, "que dejaron hacer intencionalmente, por
órdenes superiores de las fuerzas de seguridad pública, acantonada en las proximidades
de Acteal, para que el grupo atacante pudiera cumplir su criminal propósito".
Advertido por los diferentes medios Ruiz
Ferro, como está demostrado, omitió su deber, dejando hacer a las bandas agresoras y no
procuró, como era su deber, prevenirlo; tomando las medidas que le permitieran proteger
la vida y la integridad de las personas, que fue la causa del crimen más infame de los
tiempos modernos de México.
La demanda de juicio político contra Julio
César Ruiz Ferro por acciones y omisiones en el periodo que desempeñó como gobernador,
es un recurso que el pueblo chiapaneco ejerce a través de sus representantes populares en
el Congreso de la Unión, como medida política, preventiva, para que Ruiz Ferro no vuelva
a desempeñar cargo alguno; por haber expuesto una conducta pública, irresponsable y
criminal. Porque antes de ostentarse como gobernador del Estado de Chiapas, Julio César
Ruiz Ferro se desempeñó como director general de finanzas en la Conasupo, en un periodo
severamente cuestionado, por haber estado a las órdenes de Raúl Salinas de Gortari.
¡Esto consta en los expedientes en el caso de la Conasupo!
El juicio político es un recurso de
conciencia pública para recuperar la confianza en las instituciones republicanas.
Recuperemos la confianza para los chiapanecos. No dejemos que impunemente, como lo han
hecho en otras ocasiones, los ex gobernadores queden libres y vengan a gozar de las
riquezas que extrajeron de Chiapas.
Atacar las formas del gobierno republicano
y representativo y las libertades del sufragio como lo hizo Ruiz Ferro, es una acción
autoritaria que socava los derechos políticos de los ciudadanos, entre ellos el
fundamental de nuestra democracia: el derecho al voto para elegir a nuestras autoridades.
Quien atenta contra estos derechos defrauda
a la ciudadanía y pervierte al Gobierno y por lo mismo tiene una conducta ilegal por la
que debe responder ante las instancias constitucionales.
Convoco a los diputados para que ejerzan la
responsabilidad de la representación que ostentamos, porque es posible que algunos se
atrevan a defender a quien le deben el cargo que hoy gozan, a que no se hagan cómplices y
no traten de encubrir, como hasta hoy se ha hecho, a los verdaderos responsables de estos
trágicos acontecimientos que enlutaron a las familias más pobres de Chiapas.
Los chiapanecos demandamos un fin a la
impunidad que nos devuelva la confianza.
En esta misma tribuna Emilio Chuayffet
mencionó en su comparecencia que a Chiapas se le habían aportado recursos suficientes
para acabar con el subdesarrollo, con un monto de 57 mil millones de pesos. Los
chiapanecos nos preguntamos: ¿en dónde están?, porque la pobreza y la miseria son la
constante en Chiapas.
Hago entrega a la Secretaría de la
denuncia, esperando que la justicia logre, con su apoyo, llegar a los chiapanecos.
Muchas gracias.
De conformidad con el artículo 12 de
la Ley de Responsabilidades, señor diputado, las denuncias de juicio político tienen que
presentarse por escrito en la Oficialía Mayor y ratificarse. Entonces, le pido haga
posteriormente este trámite, que es el adecuado, ante la Oficialía Mayor.
Esta Presidencia solicita a la Oficialía
Mayor haga los anuncios que se acostumbran, para solicitar a los señores diputados se
reintegren a sus curules. Asimismo, solicito a los señores coordinadores de los grupos
parlamentarios o quienes estén ahorita al frente de los mismos, colaboren y llamen a los
diputados para que se instalen nuevamente en este pleno.
Tiene la palabra para tratar el mismo tema,
el diputado Jorge Gómez Mérida, del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos.
| El diputado Jorge Gómez Mérida: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras diputadas y diputados:
En Chiapas nuestra historia política nos
enseña que más del 66% de nuestros gobernadores no han sido electos mediante sufragio
popular, sino impuestos por el centralismo político, gobernadores sin el arraigo en
nuestra sociedad.
Basta mencionar que de 1976 a la fecha se
nos han impuesto 10 gobernadores. La situación ha provocado que en Chiapas, a partir del
1o. de enero de 1994 se vuelva pan de cada día la violencia, la inseguridad, el retraso
económico y la falta de estado de derecho.
A los dos gobernadores impuestos
últimamente los chiapanecos los conocíamos únicamente por Internet o correo
electrónico, ya que su lugar de residencia ha sido durante más de 20 años la Ciudad de
México.
Pareciera que el conflicto no tuviera
repercusión en el resto del Estado, pero desde el 1o. de enero de 1994 muchos problemas
se han agudizado, problemas de tenencia de la tierra, demandas de empleo, pobreza extrema;
esto ha incrementado la delincuencia que ha tenido sus más grandes caras expresiones en
los secuestros a ganaderos, campesinos, comerciantes, empresarios y empleados. Está claro
que del conflicto, la mayoría a río revuelto a tenido ganancia de pescadores, empleados
de primer nivel en el gobierno estatal y, en este caso, el primer beneficiado fue el ex
gobernador sustituto Julio César Ruiz Ferro.
Parte del problema del buen gobierno en el
Estado de Chiapas es tener gobernadores que no son elegidos por el pueblo, caso concreto
del ex gobernador Ruiz Ferro, quien reaccionaba fácilmente al chantaje y a la presión de
grupo y atendía poco a la gestión de demanda pacífica e institucional que el Partido
Acción Nacional siempre demandó. No solamente exigimos juicio político contra el ex
gobernador de nuestro Estado, sino al mismo tiempo exigimos para el subsecretario y
secretario de gobierno, que trabajaban medio tiempo, ya que su lugar de residencia era en
la Ciudad de México.
En el Partido Acción Nacional no somos
partidarios de hacer cacerías de brujas ni leña del árbol caído, pero es necesario
fortalecer la conciencia de los pueblos y evitar que la historia se repita.
Muchas gracias.
Tiene ahora la palabra para el mismo
tema y hasta por 10 minutos, el diputado Juan Carlos Gómez Aranda, del Partido
Revolucionario Institucional.
| El diputado Juan Carlos Gómez Aranda: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras diputadas; compañeros diputados:
De la seriedad y eficiencia del trabajo
legislativo, pero sobre todo del nivel del debate político, poco o nada tenemos qué
decirles a nuestros lectores. Se han ofrecido hechos para el protagonismo y la
estridencia, como si no fuera suficiente, con amplia cobertura de los medios que han dado
cuenta a la ciudadanía de nuestras incongruencias e imprudencias, no hacemos la tarea
pero frecuentemente sí, desfiguros.
De las máscaras y gesticulaciones, se ha
pasado al herradero, a la ofensa, al desprestigio y al intento todos los días del
descrédito de las instituciones. Hoy acudimos a uno de esos días y dígalo si no, la
propuesta de juicio político que acabamos de escuchar; es más bien un intento de juicio
sumario que no pasará porque siempre se impone la verdad no la descalificación y la
ofensa basada en la biografía de los promoventes y más por el estómago que por la
mesura.
Los chiapanecos conocemos la historia y por
eso sabemos que se dijeron medias verdades e imprecisiones. Se han vertido aquí
falsedades de toda falsedad, como lo de que hoy el ex gobernador de Chiapas violentó la
Constitución y la vida democrática del Estado, pero no se dice que en su oportunidad el
Congreso de Chiapas, incluidos los señores diputados del PAN y del PRD, dictaminaron
sobre el particular y resolvieron en consecuencia.
Tampoco escuchamos aquí el mínimo
reconocimiento a los importantes avances en materia electoral que vivimos recientemente en
Chiapas, como por ejemplo la aprobación por unanimidad de una nueva ley electoral que
entregó por primera vez a los ciudadanos el órgano respectivo y fueron ciudadanos
quienes lo dirigieron, incluido por cierto un consejero, el señor Jorge Morales Vázquez,
por si el nombre les dice algo.
También vivimos en los últimos tres años
dos jornadas electorales muy competidas de las que surgieron autoridades del PRD y
también del Partido Acción Nacional. Cabe preguntarnos si todos son ahora también
ilegítimos; sin embargo, no caeremos en la provocación de iniciar en esta Asamblea la
discusión sobre los términos en que se presenta la solicitud de juicio político
enderezada por el PRD; las leyes que nos hemos dado establecen claramente las formas y
términos conducentes; no es éste el lugar ni el momento; existen las instancias que
habrán de calificar en sus méritos y resolver en consecuencia la propuesta presentada.
Están aquí, cada vez más ausentes, el
respeto, la concordia, la prudencia, la generosidad y la tolerancia, como si esos valores
estuvieran peleados con la democracia y el cambio, como si en la intensidad del grito y
del insulto estuviera la fuerza de las ideas y de la razón. Recuperemos lo fundamental
porque estamos obligados a legislar, a debatir presupuestos y su destino, y garantizar el
buen funcionamiento de la vida parlamentaria. Hay temas fundamentales de la agenda
nacional, pero pareciera que no merecen espacio en esta tribuna del pleno, pero tampoco en
las comisiones, donde pocos trabajan porque ahí no hay reflectores ni rendimientos
políticos ni rendimientos electorales.
Esto es grave que suceda en estos momentos
definitorios de la nación. Lo insustancial de los protagonismos y de los intereses
partidarios, se sobrepone a lo sustancial, a lo verdaderamente importante para la
República, como es la solución pacífica y negociada del conflicto en Chiapas, que nos
lleve a la reconciliación tan reclamada y a resolver las condiciones de marginación y
pobreza de cientos de comunidades de Chiapas.
Lo trascendente sobre Chiapas simplifica
adiciones maniqueas, adiciones milenaristas de la política y del poder que añoran;
quiere posponerse o condicionarse la aceptación del debate y del trabajo legislativo de
esta soberanía, con una propuesta que no marca plazo y que no marca compromisos; se
pretende detener y determinar la legislación de los derechos indígenas a la aceptación
y voluntad de quienes no aceptan la vida institucional de México, a quienes no creen en
la política, en nuestra Constitución, en el voto popular ni en los partidos políticos
como instrumentos del cambio; a quienes no acreditan voluntad de diálogo si no son ellos
los que determinan el libreto, si no son ellos quienes dictan la agenda y ponen los puntos
y las comas.
La pluralidad que representa el Congreso,
que es el lugar más representativo y democrático de México, les parece insuficiente;
quieren un país con sus instituciones vencidas, de rodillas y dispuestas a rendir al
Estado mexicano cuyo poder pretenden ganar en el año 2000, pero ¿qué Estado pretenden
gobernar?, si éste que nos hemos dado se desbarata antes que lo ganen en una elección,
gobernarán los despojos, las ruinas y la anarquía. ¿Este es su proyecto para México y
para los más de 90 millones de mexicanos?
En los hechos, el PRD fortalece con
acciones de presión las estrategias del EZLN, hoy lamentablemente mudo; comparte sus
tiempos; apoya sus valentonadas y parasitariamente se mete en sus requicios.
Hoy hemos visto cómo se intenta construir
aquí una cortina de humo basada en motivaciones personales, en deseos de venganza para
apartarnos de los verdaderos problemas de Chiapas, problemas de los que casi siempre
forman parte porque buscan estar donde hay ruido y si no lo hay, lo producen.
Hemos escuchado verdades a medias, que a
base de repetir pretenden ser absolutas y se han reducido las muchas verdades que
coexisten en Chiapas.
Señores diputados: si hemos de buscar
soluciones para Chiapas, hagámoslo ya, sin dobleces, sin la espera de réditos políticos
electoreros; hagámoslo con visión de Estado; busquemos soluciones como la de una ley
indígena que sirva a México, que sirva a la paz y que sirva a Chiapas, como la que ya se
debate en el Senado, que toma en cuenta la problemática de los indígenas, pero también
la visión de ellos y quienes no crean que así es, que acometan aquí con sus propuestas.
Entremos al debate serio y responsable de
Chiapas, pero que no se sigan disparando fuegos de artificio, distractores y conductas
retardatarias, reditualistas y motivadas en conflictos personales y de identidad
política, como ahora se intenta con el improcedente juicio político que se propone.
Hay que elevar el debate a las verdaderas
soluciones de Chiapas; hay que dejar de lado las acciones más dirigidas a la prensa, a la
propaganda electoral y a la distracción, pero que en nada contribuyen a la pacificación
y a la reconciliación negociada de Chiapas, al avance de la República, pero sobre todo
al crédito ciudadano que debe de ganarse esta Cámara.
Si queremos encontrar los verdaderos
caminos al urgente desarrollo que necesita Chiapas, propongamos aquí los presupuestos que
permitan aumentar el gasto social en el sureste, de cómo se pueden generar mayores
inversiones que propicien más oportunidades para quienes quieren vivir en armonía y en
los próximos días hagamos propuestas, como ya lo hizo el Ejecutivo, como ya lo hizo el
PAN, como ya lo hizo el Partido Verde Ecologista, para fortalecer a la Constitución en su
parte relativa a los derechos indígenas. Sólo así estaremos contribuyendo a la
continuidad del diálogo y con ello a las condiciones que den a la solución al conflicto
de Chiapas.
Demos otra oportunidad a las propuestas, a
la mesura y a la serenidad.
Muchas gracias.
Con esta intervención se cierra la
primera ronda e iniciamos la segunda ronda en la que está registrado solamente el
diputado Manuel Pérez García, del Partido de la Revolución Democrática.
Tiene la palabra hasta por 10 minutos.
| El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos (desde su curul): |
Señor Presidente, la diputada
Herrera se había registrado previamente.
La anotamos, señor diputado
Oceguera.
Continúe el orador.
| El diputado Manuel Pérez García: |
Compañeras diputadas; compañeros
diputados:
Vengo representando a la zona indígena
Chol. Quiero expresarme un poco en el idioma en que hablamos en la zona Chol.*
* No fue proporcionada la traducción.
El mandato del licenciado Julio César Ruiz
Ferro significó para la zona norte del Estado un gobierno faccioso, caracterizado por una
procuración parcial de la justicia, por los crímenes de más de 78 indígenas choles de
la oposición, la desaparición de tres personas, el secuestro y violación de dos menores
de edad: Rebeca y Minerva Pérez por el grupo Paz y Justicia, que siguen sin castigo y en
la impunidad absoluta, a pesar de las reiteradas denuncias de sus familiares.
En la impunidad quedó también la quema de
comunidades enteras, como Tzajil, Corosil, Susuclumil, Entila, Noyos, Buenavista, Zapata y
Paraíso, en Sabanilla; Oozil, Zapata, en Tumbalá y tantas otras, lo que provocó el
desplazamiento de más de 3 mil 500 familias en el año de 1995 y 1996.
Si las vidas humanas no fueron importantes
para los procuradores de Ruiz Ferro, menos lo fueron los robos y destrucción de cosechas,
fuente de alimento y sustento de los indígenas, ni el robo de más de 3 mil 400 cabezas
de ganado por el mismo grupo. Durante esos años nunca se ha tenido ninguna denuncia a
pesar de las pruebas aportadas.
Sin embargo, se apresó a más de 80
indígenas perredistas inocentes, sin ninguna orden de aprensión, con juicios viciados,
con los que no tuvieron traductor, testigos de cargo, careos; en resumen, con plena
violencia de sus garantías individuales.
Esta parcialidad también se aplicó a los
programas destinados al desarrollo y bienestar de las comunidades indígenas.
Es público y notorio que en la zona norte,
en los municipios de Tila, Sabanilla, Tumbalá y Salto de Agua, los únicos destinatarios
de todos los programas asistenciales y de desarrollo, son los integrantes del grupo
Desarrollo Paz y Justicia, llevando al extremo de que el 5 de julio de 1997, Ruiz Ferro y
el diputado local Samuel Sánchez, firmaron un convenio en el cual se estipuló que Paz y
Justicia levantaba los retenes el 6 de julio, cambio del programa de la Sedesol, con valor
de 30 millones de pesos, siendo testigo de honor el comandante de la VII Región Militar,
Mario Renán Castillo.
En dichas votaciones, sólo pudieron
ejercer su derecho los de Paz y Justicia, pues los choles opositores no pudieron transitar
por los caminos libremente. Cientos de niños y jóvenes, por tercer año, no podrán
asistir a sus escuelas, pues fueron quemadas, y maestros no hay, pues no pueden pasar o
son asesinados o secuestrados.
Como no lo pueden hacer libremente todas
las personas que son identificadas como la oposición, sean perredistas, catequistas,
petistas, sin partido etcétera.
Los perredistas de la zona norte, siempre
privilegiados, la lucha política, y por ella asistimos a más de 19 pláticas con el
representante del gobierno del Estado de Ruiz Ferro, le entregamos una propuestas de paz
para la región, que él personalmente aplaudió y elogió; sin embargo, todos los
convenios y pactos que se hicieron los incumplió.
Prometió tres mesas de negociación para
la región de política y de desarrollo jurídico, no lo cumplió; convino la libertad de
todos los presos políticos de la zona, tampoco lo cumplió; el castigo a los responsables
de los delitos del orden común, tampoco lo cumplió. Pero lo más importante, nunca
restauró el estado de derecho en la región, obligación prioritaria como gobernador.
Lo único que cumplió fue apoyar
económicamente a través de programa social al grupo Paz y Justicia, y en pedirnos que
reiteremos los cargos contra el grupo Paz y Justicia, lo que desde luego no aceptamos.
En 1995 una comisión paritaria de esta
soberanía visitó la zona norte, se entrevistó con las partes en conflicto y los
resultados de su visita las entregó personalmente al gobernador Ruiz Ferro, el cual se
comprometió a desarmar a los paramilitares, así como atender a la zona; tampoco lo
cumplió.
Es por ello y sobre la base del artículo
110 de la Constitución Política de la República Mexicana, que los choles de la
oposición pedimos a Julio César, un juicio político para él, por negligencia y
parcialidad en la procuración de justicia, por la ausencia de respeto y cumplimiento de
las garantías individuales de la zona norte; por no perseguir los delitos del fuero
común a través de sus procuradores, como le correspondió durante su ejercicio
político.
También pedimos que se realice una
auditoría, que digan dónde están las inversiones que tantas veces publicó en los
periódicos como obras de la zona norte.
Exigimos que sea castigado conforme a
derecho por los cientos de asesinatos de los compañeros, de los cuales él tuvo
conocimiento y pudo evitarlo.
Por su negligencia e injerencia ante los
retenes de Paz y Justicia, por su encubrimiento ante los actos delictivos de este grupo y
por el financiamiento que les brindó por vía de ayuda asistencial y proyecto productivo.
Yo les quiero entregar las propuestas para
la pacificación y desarrollo de la zona norte de Chiapas a ésta Secretaría, para los
puntos constitucionales.
Y también tengo la lista de los muertos de
la zona norte del Estado de Chiapas. También quiero entregarlas en esta tribuna, para que
ustedes se den cuenta del número de muertos.
Muchas gracias.
Tiene la palabra para tratar el mismo
tema y hasta por 10 minutos, la diputada Marlene Catalina Herrera.
En tanto, hace uso de la palabra la
diputada, esta Presidencia, tomando en consideración que han transcurrido las cinco horas
reglamentarias de esta sesión, que establece el artículo 28 del Reglamento para el
Gobierno Interior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de concluir los asuntos
pendientes en cartera, acuerda prorrogar el acto correspondiente hasta la conclusión del
orden del día.
Tiene la palabra la diputada.
| La diputada
Marlene Catalina Herrera Díaz: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Asistimos hoy lamentablemente, de nueva
cuenta, a una jornada en la que lejos de abocarnos al desahogo de los superiores
propósitos a los que nos mandó el pueblo de México con su representación a formar
parte de esta LVII Legislatura, nos dedicamos a escuchar denuncias, señalamientos y
vituperios, que persiguen más un propósito amarillista y clientelar, que el contribuir,
como debería ser, con nuestro empeño en apoyar al desarrollo del pueblo de México, y en
particular al de nuestro Estado, que tanto lo requiere.
Sabemos y reconocemos que nuestra Carta
Magna otorga a todos los ciudadanos el derecho a formular denuncias ante esta honorable
Cámara de Diputados, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de
elementos de prueba respecto a las conductas a que se refiere el artículo 109
constitucional.
Sin embargo, esperamos, deseamos que las
denuncias que se presentan, en particular las que provienen de los representantes
populares, se basen en hechos reales, objetivamente calificados y sustentados y que no
sean sólo un pretexto para desahogar resentimientos o para tratar de expresar de nueva
cuenta su parcializada posición sobre la situación socioeconómica y política que
presenta nuestro Estado.
Las leyes establecidas señalan muy
claramente las formas, términos y procedimientos conducentes para atender a una demanda
como la que hoy aquí se nos anuncia, se está presentando.
Estamos ciertos que las instancias abocadas
a su desahogo y atención habrán de calificar imparcialmente los elementos presentados y
resolver, con justicia, la denuncia presentada.
De la demanda sólo conocemos lo que hoy
aquí se ha señalado y no es nuestro propósito caer en la provocación de agregar más
desconcierto, desconfianza e incluso ignominia, sobre nuestro pueblo chiapaneco y sobre
las instituciones y los gobernantes que los chiapanecos nos hemos dado soberana y
democráticamente.
Podemos en algún momento haber disentido o
disentir de alguna decisión o de alguna acción que en algún momento se haya adoptado,
pero debemos reconocer que ésa ha sido la voluntad de la mayoría y, por ende, tuvimos y
seguimos teniendo la obligación de aceptarla e incluso, ¿por qué no?, sí aceptamos y
nos sujetamos a las reglas de la democracia, de apoyarla.
Los mexicanos todos, y en particular los
chiapanecos, sabemos y reconocemos la gran complejidad que presenta la problemática de
nuestro Estado.
En contradicción a la gran disponibilidad
de recursos naturales que poseemos, presentamos, y ésta es una realidad que nos lacera,
los mayores niveles de pobreza y marginación de la República. Las causas de esta
situación, no pueden imputarse a un gobierno ni se reportan a unos cuantos años; son
problemas ancestrales, estructurales, de modos de producción, de falta de conocimientos
técnicos sobre la vocación productiva de nuestro suelo y la mejor manera de explotar los
recursos naturales de que disponemos, de deficiencia de recursos, de falta de
organización y de conocimiento y reconocimiento sobre la gran potencialidad que ha tenido
y tiene nuestro Estado para contribuir al desarrollo nacional.
Lamentamos profundamente la matanza de
Acteal y los hechos violentos que han ocurrido en nuestro Estado; deseamos que no sigan
ocurriendo, que no vuelvan a ocurrir; pero no es justo que queramos seguir manteniendo
fresca la sangre en beneficio parcial o partidista.
La paz es hoy el objetivo inmediato que
primero tenemos que alcanzar para poder efectivamente avanzar en las acciones que todos
debemos proponer, acordar y realizar para instrumentar ese desarrollo al que aspiramos.
Nuestro compromiso como legisladores, es
formular leyes, buenas leyes que nos den el instrumental jurídico, que nos permitan
realizarlas, que establezcan obligaciones para las tres instancias de Gobierno y los
ciudadanos; incentivos para promover la inversión, para generar empleos y para dotar a
las comunidades, a los indígenas, a todos los chiapanecos, de los satisfactores básicos
a los que constitucionalmente tienen derecho.
Todas las iniciativas que se presenten
deben ser bienvenidas; es nuestro derecho y nuestra obligación formularlas; las
discutamos, las analicemos; no las descalifiquemos; provengan de donde provengan y
acordemos, olvidándonos de compromisos partidistas o incluso hasta tal vez sectarios, las
que consideremos que son las mejores, que son las que tienen el respaldo de la gran
mayoría de los chiapanecos y de los mexicanos.
No nos desgastemos en ejercicios, que lejos
de enaltecernos nos denigran y nos exhiben. Dignifiquemos a esta representación; honremos
el compromiso, la responsabilidad que todos asumimos; cumplamos los representantes
populares de todos los partidos políticos que integramos esta legislatura, con el papel
histórico que nos ha correspondido cumplir y que nos demandan nuestros electores.
¡Hagámoslo compañeros!
Muchas gracias.
Gracias, señora diputada.
Esta Presidencia informa que no se
enlistaron más oradores en esta segunda ronda, por lo que se cierra el debate sobre este
tema.
DISTRITO
FEDERAL
Pasamos a comentarios relativos a la
situación política, administrativa en el Distrito Federal.
En la primera ronda se han registrado tres
oradores: en primer lugar, el diputado Enrique Jackson del PRI, en segundo lugar, el
diputado Armando López Romero, del PRD; en tercer lugar, la diputada Sandra Segura
Rangel, del PAN.
Tiene la palabra hasta por 10 minutos, el
diputado Enrique Jackson Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional.
| El diputado
Jesús Enrique Jackson Ramírez: |
Con su permiso, señor Presidente;
honorable Asamblea:
El grupo parlamentario de mi partido
solicitó incorporar al orden del día, el análisis del gobierno de la ciudad, para
compartir con ustedes algunas reflexiones, para externar un sentimiento generalizado en la
ciudad, de incertidumbre, de zozobra.
Y para poder hacer análisis del gobierno
de la ciudad, es necesario hablar de la ciudad: una ciudad que hemos edificado los
mexicanos durante muchos años, siglos; una ciudad donde cada uno se esmera todos los
días por salir adelante; una ciudad donde millones y millones de esforzados capitalinos
esperan reciprocidad de su gobierno; esperan que el gobierno haga su parte; que el
gobierno garantice la buena marcha de la ciudad y que garantice la viabilidad hacia
adelante, de la ciudad.
Es claro que gobernar la ciudad es una
tarea difícil; exige vocación de servicio, entrega, experiencia, sensibilidad,
compromiso, exige trabajo, sobre todo trabajo, dedicado y empeñoso trabajo
Así es como los mexicanos hemos construido
nuestra gran capital. Esta gran ciudad que es casa de 8 millones y medio de habitantes,
que genera la cuarta parte de la riqueza nacional, la ciudad que con mayor medida
económica contribuye a la riqueza nacional.
A lo largo de los años, de muchos años,
la ciudad ha sido capaz de construir cientos, varios cientos de kilómetros de acueductos,
de líneas y redes de alumbrado, de agua potable y de drenaje para servir y atender a más
de 2 millones de viviendas.
Hemos hecho en la ciudad obras que son
orgullo de todos. A pesar de que apenas tiene 30 años en operación, el metro, nuestro
metro capitalino, es el tercero en pasajeros transportados en el mundo, es la ciudad, la
que hemos hecho todos los mexicanos, la que cuenta con más centros de educación de todos
los niveles en todo el país. Todos los días van a la escuela más de 2 millones 300 mil
alumnos; hay más de 120 mil maestros empeñados en la educación en esta ciudad; hay más
de 80 mil aulas que hemos construido los mexicanos en la ciudad.
Es una ciudad viva, con una enorme
infraestructura cultural y recreativa. Es el principal centro financiero del país. Es la
sede de más de 150 representaciones diplomáticas de otros países y organismos
internacionales, es el asiento de los medios nacionales de comunicación; esta es la
ciudad de todos y para todos.
Lo menos que podemos esperar es que se
conserve y mejore lo que ya tenemos y, por supuesto, que se atiendan los rezagos, que son
muchos todavía; rezagos que lastiman la calidad de vida de muchos y que niegan
oportunidades de progreso a muchos otros. A los rezagos tenemos que sumar insuficiencia y
tenemos también que considerar las tensiones sociales, producto de la marginación y de
la desatención.
Una ciudad con rezagos, con insuficiencias,
con tensiones sociales, con insatisfacciones, sí, pero una ciudad fuerte, una ciudad
solidaria, una ciudad que tiene esperanza, una ciudad demandante, una ciudad que espera
respuesta, que espera que se cumplan las promesas, al menos que se vea la intención de
cumplir y no se ve por ningún lado.
No se trata, no es la lógica de mi partido
ni la intención de los diputados priístas, sentar en el banquillo de los acusados al
gobierno de la ciudad, mucho menos de descalificar al gobierno. Tampoco queremos
generalizar como incapaces a todos los servidores públicos; seguramente hay excepciones.
Pero basta con leer la prensa, basta con escuchar la radio, con ver la televisión para
darse cuenta de lo mal que van las cosas.
Es la realidad, la terca realidad la que
desmiente los discursos oficiales. Parece de repente que al gobierno le incomoda que se
haga referencia a lo que ofrecieron, pero no hay remedio. No se puede revisar el
desempeño del gobierno de una manera objetiva, responsable y seria, si no tomamos como
referencia los compromisos de quienes hoy gobiernan por voluntad popular.
Cómo opinar del gobierno de la ciudad sin
recordar que se dijo, textualmente, que en seguridad se notaría el cambio desde el primer
día, cambio para bien, supusimos todos, no es así. La violencia se ha apoderado de las
calles, los asesinatos en la vía pública, hay un nuevo récord de asaltos bancarios, el
incremento en el robo de autos y este sólo es un capítulo de la situación de la ciudad,
el más sensible por cierto; hay muchos más que ameritan mención, pero muchos más que
reclaman la acción del gobierno. No es el ánimo hacer una larga lista de desaciertos,
hay material de sobra; de lo que se trata es de ventilar la preocupación que embarga cada
vez a más capitalinos, capitalinos que quieren ver que al gobierno le interesa y que se
ocupa, sobre todo que se ocupa, de los asuntos de los capitalinos.
Quieren ver que los asuntos de la ciudad
están por encima de los jaloneos internos del partido en el gobierno.
Quieren ver que primero importa lo que pasa
aquí, en las calles, en las casas; que lo que pasa en la selva.
Quieren ver que primero les importa el hoy
y el mañana que la obsesión del 2000.
Para eso se eligió gobierno, para que
cumpla, para que asuma su responsabilidad, para que utilice honesta y eficazmente el
presupuesto más alto que ha tenido el gobierno de esta ciudad.
Un gobierno que escuche y atienda a quienes
no piensan como ellos.
Un gobierno que valore y respete las
críticas, los señalamientos y los reclamos.
Hoy se exige, así se espera, así se
ofreció, hechos, obras; no disculpas ni excusas.
Son casi 120 días los que ya tiene el
gobierno en esta nueva responsabilidad. Les faltan, les quedan todavía 975 días, se van
volando, ¡más les vale que empiecen a trabajar! Eso es lo que merece nuestra gran
ciudad.
Muchas gracias.
| Presidencia del
diputado Sergio Valdés Arias |
En el uso de la palabra y hasta por
10 minutos para hablar sobre el mismo tema, el diputado Armando López Romero, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Suplicamos a las señoras y señores
diputados guardar atención al orador y compostura en la Asamblea.
| El diputado Armando López Romero: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros:
Quiero recordar nada más una frase muy
importante: "la incidencia es oxígeno para la libertad. Bienvenida la
crítica".
Somos un partido y lo hemos hecho siempre,
que hemos denunciado los errores de cualquier gobierno, provenga donde provenga. Cuando un
gobierno tiene la capacidad de rectificar, esto demuestra su capacidad y su principio
democrático.
No nos extraña que venga ahora el partido
opositor en el Distrito Federal, en su lógica de interés partidario, a presentar esta
crítica. Pero me extraña, amigos priístas, que acabamos de escuchar discursos
justamente en el sentido contrario y me pregunto ¿Si en su discurso hay congruencia?
Hace rato escuchábamos términos como
"consigna", "el poder que añoran", "maniqueísmo". No,
compañeros, el Partido de la Revolución Democrática, es un partido que ha sido siempre
congruente y ha aceptado la crítica y a la crítica justamente es la que nosotros
también recibimos.
Pero miren, compañeros priístas, es muy
curioso, al escuchar a mi buen amigo Enrique Jackson con esta su crítica, no haberla
escuchado, curiosamente, en los anteriores gobiernos. ¡No recuerdo haberlo escuchado con
Oscar Espinosa Villarreal, que justamente convirtió esta ciudad en lo que está!
Ni mucho menos escuchamos la crítica del
PRI en el gobierno del señor Zedillo.
El diputado Jackson, dice que uno observa
lo que en campaña se propuso. Curiosamente nosotros hemos insistido, que justamente el
Gobierno priísta del doctor Zedillo, ha incumplido con las promesas de campaña. Pero
más aún, ¡con cuanto valor vienen ustedes o con qué congruencia pueden venir aquí, si
no aceptan la crítica a sus gobiernos cuando existen errores! ¿Cuál es el valor real de
la posición del partido oficial?
¡No recuerdo a ningún gobierno priísta
que haya hecho un logro, ya no digo en 120 días, sino en seis años!
¡No recuerdo a un gobierno priísta que de
verdad se haya comprometido efectivamente, como decía mí buen amigo Enrique Jackson, a
gobernar con sensibilidad, con compromiso, con trabajo!
Y se viene aquí a decir que hemos
construido nuestra ciudad. Efectivamente la hemos construido todos, los logros son de
todos, curiosamente, no de los gobiernos priístas; curiosamente los grandes vinieron de
allá.
Hoy vemos que se dice, es que se lee la
prensa. Pues yo no sé si realmente tienen capacidad para leer la prensa cuando hay una
crítica a los gobiernos priístas. Pero eso no es lo importante y repito, sabíamos que
al ganar íbamos a tener una gran reacción de los perdedores, que se nos iba a observar
con lupa, pero quiero decirles que la ciudadanía que votó y que no votó por él, tienen
la seguridad que las acciones de este gobierno atienden sus demandas.
No podemos aceptar decir que no se está
cumpliendo, estamos cumpliendo y se está cumpliendo justamente con los problemas que nos
heredó el gobierno priísta. Justamente estamos juntos recuperando esta ciudad, hay
grandes problemas, lo sabemos todos y yo creo que en ese sentido es la capacidad de
también nosotros, todos, aceptar que estos problemas requieren un gran esfuerzo.
Pero hoy vemos curiosamente la actitud del
Gobierno Federal y ahí está el ejemplo con las tenencias, precisamente de obstaculizar y
ahorcar las posibilidades, esto no se trata de una lucha partidista, yo creo que
efectivamente se trata de aceptar maduramente la alternancia en el poder, que curiosamente
parece ser que no lo entienden.
Justamente también diría en esta eterna
crítica, cuando el partido pierde y estoy hablando del PRI, que obviamente se vengan con
todo. Qué bueno, qué bueno que aquí estemos discutiendo así, hace rato, repito, oía
al diputado Gómez Aranda decir lo contrario. Señores priístas ¡no entiendo amigos!
Cuál es la congruencia de su discurso, dónde realmente se encuentra el interés de los
legisladores priístas.
Aquí se habló de perder el tiempo, se
habló que tenemos que venir a legislar y no a criticar, no compañeros, bienvenida la
crítica, qué bueno que hoy el PRI tiene esa posición cuando es un partido en
oposición; bienvenida sea esa crítica compañeros, pero repito, la crítica tiene que
llevar el razonamiento.
Y quiero decirles: la herencia de esta
ciudad es culpa de los anteriores gobiernos y quiero recordarle a mi buen Enrique Jackson,
que uno de los primeros problemas de seguridad efectivamente lo tuvieron cuando estaba en
la Secretaría de Protección, que los problemas de transporte, efectivamente, los
tuvieron cuando atacaron y desaparecieron Ruta-100, hicieron un convenio con los
transportistas de los microbuses; que efectivamente yo creo que hay mucho problema, pero
eso señores lo hicieron ustedes.
Hoy este gobierno efectivamente está
reconstruyendo y esto es lo más importante, la capacidad de reconstruir lo que
desgraciadamente 70 años de gobiernos priístas han desechado, han destruido y han dejado
realmente en un estado, yo no diría de destrucción, simplemente desastroso.
El país efectivamente requiere la
observancia de cada uno de nosotros. Aceptemos entonces, señores priístas, la crítica
que también se les hace a los gobiernos que encabezan elementos de ustedes.
Pero más allá de eso, la capacidad de la
democracia es efectivamente compartir todos las soluciones, desde cada una de las
posiciones partidistas, efectivamente también luchar porque esto se corrija, pero tengan
capacidad también de hacerlo; esto es lo más grave.
Y quiero decirles que no existe ningún
gobierno en ningún lugar de este país que a 120 días tengan los logros que hoy se
exigen y quiero recordarles, todos, los 70 años que han tenido en el poder, no nada más
han construido, han destruido este país, no nada más construyeron esta ciudad,
destruyeron esta ciudad y creo que sobre todo, si tenemos el interés de que este país y
sobre todo la capital de este país que hoy gobierna el PRD, tenga en sus manos esta
capacidad, sabemos que nosotros, juntos, porque eso era lo que decíamos, lo vamos a
lograr.
Si hay funcionarios que no funcionan,
seremos los primeros en exigir su salida. El PRD tiene esa capacidad, ¿la tendrá el PRI
con sus gobiernos? Nosotros tenemos la capacidad para discutir a un gobierno que nos
distancia, que tenemos un espacio y que podemos en ese espacio, repito, criticar y
demandar la corrección de los errores, pero repito compañeros y amigos priístas,
¿tienen la misma capacidad para hacerlo con el Gobierno del doctor Zedillo? ¿Tienen la
misma capacidad para criticar lo no cumplido en sus campañas electorales? Esto es lo que
hoy compañeros, les pedimos: congruencia...
Compañero orador, si me permite.
¿Sí, con qué objeto, señor diputado?
| El diputado Omar
Alvarez Arronte (desde su curul): |
Para una pregunta, señor Presidente.
Diputado orador, ¿acepta usted una
pregunta?
| El diputado
Armando López Romero: |
Con muchísimo gusto, claro que sí.
Adelante, señor diputado.
| El diputado Omar
Alvarez Arronte (desde su curul): |
Compañero diputado Armando López:
he escuchado con interés los señalamientos que ha hecho usted aquí a esta Asamblea, yo
quisiera hacerle nada más una pregunta: si dentro de esos 70 años están incluidos los
seis años del general Lázaro Cárdenas.
| El diputado
Armando López Romero: |
Creo compañero y qué bueno que hace
usted esa pregunta, curiosamente y se la voy a contestar rápida, gracias al general
Lázaro Cárdenas este país sobrevive porque nacionalizó el petróleo y es lo que hoy en
este país curiosamente, curiosamente compañero, nos sostiene, porque hoy lo vemos que en
la baja del petróleo, nuestra economía, que este proyecto económico neoliberal pues
revienta como una buena burbuja de jabón.
Pero quiero decirle además, agregarle otra
cosa, recordemos el trabajo del general Lázaro Cárdenas, qué bueno que me da la
oportunidad:
1. Fue el gobierno que más amplió la
educación en este país;
2. Fue el gobierno que permitió el
reconocimiento a los grupos minoritarios, indígenas y campesinos;
3. Fue el gobierno que creó las libertades
en este país, sobre lo que es el pensamiento social.
Sabemos y debemos de reconocer las
diferencias ideológicas; sabemos también que hubo errores; sabemos también y lo tenemos
que aceptar, que esos errores también fueron parte, desgraciadamente, de errores que aún
hoy la gente lo critica, pero creo que fue, al final de cuentas en la evaluación, un
excelente gobierno que dio riquezas a este país, lo cual no puede decir, diría yo ni
Miguel Alemán desde luego, mucho menos Avila Camacho, desde luego pues, Luis Echeverría,
López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y bueno, podemos hacer
todo una buena lista de los gobernantes que desgraciadamente el PRI ha tenido en el poder.
Y tan es así compañero y se lo quiero
decir, que hasta la crítica de su propio partido han sido a estos malos gobernantes,
ojalá esa crítica fuera pública como hoy la estamos haciendo, qué bueno, ¡bienvenido
sea!
Y concluyo de nuevo, diciéndoles: amigos
priístas, seamos congruentes en el discurso, discutamos lo que tengamos que discutir,
acepten la crítica que también deben de aceptar. A nosotros no nos asusta, al contrario,
nos ocupa.
Gracias.
| Presidencia del
diputado Alberto Cifuentes Negrete |
Para hablar sobre el mismo tema y
hasta por 10 minutos, esta Presidencia otorga el uso de la palabra a la diputada Sandra
Segura Rangel.
| La diputada Sandra Lucía Segura Rangel: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeros diputados:
Nuevamente el tema del Distrito Federal nos
hace venir a esta tribuna con la finalidad de que nuestros planteamientos, propuestas,
señalamientos y hasta nuestras críticas puedan tener cierto eco, con la finalidad de que
la situación administrativa en esta capital pueda tener algún rumbo.
El día 4 de diciembre de 1997, ante
diversos medios de comunicación, en conferencia de prensa el vocero del gobierno del
Distrito Federal, Javier González, afirmó que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas
presentaría a finales de enero o principios de febrero, ante el pleno de la Asamblea
Legislativa, el plan de gobierno que aplicaría en los próximos tres años. El 4 de
febrero, al presentar el ingeniero Cárdenas el informe sobre el estado en que estaba
recibiendo la administración, en el penúltimo párrafo de su documento señala:
"próximamente presentaremos las líneas de trabajo y los proyectos más relevantes
que el gobierno actual en la ciudad se propone desarrollar en los tres años de su
gestión, anunciándonos que próximamente conoceremos los programas para la ciudad.
Pero a tres días de que presentara su
informe de los 100 días, la secretaria general, en entrevista televisiva en el programa
"entre versiones", nos dice que sí hay programa y que se encuentra contenido en
el documento titulado "Una Ciudad para Todos", otra forma de gobierno.
Aquí hay que destacar dos cuestiones: una,
o bien la señora Robles cree que no leemos los documentos aunque no sean de nuestro
partido y por lo tanto nos puede decir cualquier cosa o dos, la señora Robles no lee los
documentos de su propio partido.
Dice el documento citado: "el
documento que aquí se presenta es producto del trabajo y la discusión de un equipo
multidisciplinario; no constituye un plan de gobierno que cada partido político deberá
en su momento presentar y cada candidato asumir, sino una serie de diagnósticos y
estrategias para abordar algunos, no todos los problemas del Distrito Federal".
¿En qué quedamos? ¿Hay plan, no lo hay,
sólo falta hacerlo público y si es así, por qué no se ha hecho público?
Pero sigamos: el día 23 de febrero el
ingeniero Cárdenas asistió amablemente a una invitación hecha por la Comisión del
Distrito Federal de esta Cámara a una reunión de trabajo, en la que cuando menos los
diputados del PAN y también la ciudadanía, esperábamos que diera a conocer cuando menos
lineamientos generales de su gobierno. No fue así.
Días después, el 15 de marzo, al
presentar su mensaje de los primeros 100 días de trabajo dijo: "en unas semanas más
haremos público en detalle el Plan Integral de Gobierno, que desde el cinco de diciembre
rige las actividades de nuestra administración". A más de 15 días de ese
compromiso y de tres meses de iniciado su gestión, nos preguntamos: ¿cuánto tiempo más
estaremos sin conocer los programas o el programa integral que dará rumbo a esta ciudad?
En Acción Nacional consideramos que es
obligación de una autoridad democráticamente constituida como es ésta, aplicar
políticas gubernamentales dirigidas a la creación de bienes públicos que posibiliten el
bien común o que amplíen las oportunidades de acceder a condiciones de bienestar para
todos, las cuales deben inspirarse en valores como la justicia, seguridad, libertad,
respeto, tolerancia y la paz social.
Consideramos que esta obligación de la
autoridad no podrá ser cumplida si no hay líneas estratégicas, si no hay rumbo. Es
preocupante que los funcionarios del gobierno del Distrito Federal, y por lo que ahora veo
los diputados, estén dedicados a estar de manera insistente buscando errores y malos
funcionarios de la administración pasada, que obviamente los hubo, a trabajar para
adelante y en admitir errores propios para cambiar este rumbo.
El punto aquí inscrito es el de la
situación que guardaba la administración del gobierno del Distrito Federal, así que
pasemos a ella. El tan llevado y traído tema de los aviadores, del que ya no haré mayor
referencia, es conocido por todos, quizá menos por el oficial mayor, porque gente
directamente a su cargo y nada menos que en el área de la modernización administrativa
se encuentra en estas listas o quizá esté incluida aquí con razón porque no trabajen y
lo digo por lo siguiente:
El 28 de enero de 1998 fue publicada en la
Gaceta Oficial el acuerdo que determina otorgar facilidades administrativas y exenciones
fiscales para la regulación de establecimientos mercantiles y de servicios e industrias
micro y pequeñas. El mismo jefe de gobierno lo anunció cuando estuvo aquí. Esto quizá
como medida populista puede que resulte.
Pero yo pregunto aquí: a pesar de las
largas filas que hay en las ventanillas únicas para regularizar establecimientos
mercantiles, ¿cuántos ciudadanos han podido hacerlo? Saben los que vinieron aquí o
vienen a defender esto, ¿cuántos? Ninguno. ¿Saben cuál es la razón? La falta de la
elaboración de un simple formato que la tan cacareada oficina de modernización
administrativa a cargo del oficial mayor no ha podido elaborar. ¿No se tendrán que
buscar a los aviadores también en esta administración?
Se habló también de una
desconcentración, de darle fuerza a las delegaciones. ¿Y saben ahora y hoy mismo lo que
está ocurriendo? Se están aplicando exámenes a la gente que labora en las ventanillas
únicas sin fundamento alguno por parte de la oficialía mayor, pero predeterminando
quién se quedará y quién no, incluso quién coordinará y esto casualmente son los
amigos de los que ahora trabajan en la Oficialía Mayor.
Consideramos que con esta medida arbitraria
se le resta fuerza a los delegados. Son ellos los que tienen la facultad de nombrar a
quien atenderá al público de manera directa y no centralizando esta función, al
contrario de como se había anunciado.
En el caso de la seguridad pública, la
carencia de programas ha llevado al propio secretario a desconocer con qué cuenta y hacia
donde encaminar esto.
No se ha instalado el Consejo de Seguridad
Pública, que tantas y tan importantes funciones tiene. Se manejan diferentes cifras sobre
índices delictivos; se dan nombramientos sin hacer modificaciones a los reglamentos de la
Secretaría y por si fuera poco, se despide a funcionarios por el grave delito de mostrar
en qué condiciones laboran las dependencias de la Secretaría, como fue el caso ayer del
jefe de bomberos, hoy reinstalado que, dicho sea de paso, cuando, aquí presente, Estrella
Vázquez presidía la Comisión de Protección Civil en la Asamblea de Representantes,
acudimos en varias ocasiones y se nos proporcionaban datos acerca del estado que se
guardaba en esta corporación y nunca se destituyó a nadie.
El caso de los delegados políticos hay que
destacarlo aquí también: andan en giras, algunos, como el de Iztapalapa, en compañía
casi siempre de Armando Quintero, sin saber distinguir lo que es el partido y lo que es el
gobierno. Hacen declaraciones falsas, como el delegado de Benito Juárez y otros más
presentan informes de quejas, que no de programas, ante la prensa.
En la Asamblea Legislativa se ha insistido
que sea ahí donde se presenten los informes, pero por lo visto el ejecutivo local, para
los que administran, la Asamblea será un plato de segunda mesa.
Por último, quisiéramos recordar aquí
que el jefe de gobierno se comprometió a conformar un equipo de excelencia.
Creemos que ya es tiempo de que se haga un
replanteamiento de este equipo, que ni con mucho ha sido como él lo prometió.
La ineficiencia es también una forma de
corrupción. Tendremos que recordárselo.
Mucho se ha argumentado aquí acerca de que
el 6 de julio ganó el PRD el gobierno del Distrito Federal, que lo hizo además con
amplio margen. Nunca nadie podrá negar eso. Por ello, insistimos en que es obligación de
una autoridad, democráticamente constituida, elaborar y aplicar políticas
gubernamentales, llámese plan, programa, líneas estratégicas etcétera, que posibiliten
el bien común. Sólo así tendrá sentido y justificación un cambio democrático.
| La diputada
María Estrella Vázquez Osorno (desde su curul): |
Señor Presidente, pido la palabra
para contestar alusiones personales.
Tiene la palabra para contestar
alusiones personales, hasta por cinco minutos, la diputada Estrella Vázquez Osorno.
| La diputada
María Estrella Vázquez Osorno: |
Gracias, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados.
Permítame la oradora. Acérquenle un
micrófono al diputado.
¿Con qué objeto, señor diputado?
| El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos (desde su curul): |
Si me permite, señor Presidente,
para hacer una moción a la Presidencia, que más bien constituye una pregunta. Si usted
está dirigiendo los trabajos de la Asamblea, apegado a las disposiciones del acuerdo,
entonces procede que por la vía de la figura de alusiones personales y de la
rectificación de hechos, se llegue a la tribuna hasta que se hayan agotado las tres
rondas.
Señor diputado, me permito
informarle que a esta Presidencia no se informó que fuera un debate pactado y por ser la
figura de alusiones personales, esta Presidencia considera conveniente y procedente
otorgarle la palabra a la diputada. Le agradezco entregar el micrófono a la edecán.
| La diputada
María Estrella Vázquez Osorno: |
Llama profundamente la atención, la
intolerancia con la que el diputado Enrique Jackson viene aquí a pretender evaluar ciento
y tantos días de gobierno del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.
Ellos, los priístas, han estado aquí,
gobernando esta ciudad, más de 60 años. Muchos de los que están aquí hoy, fueron
funcionarios y hace 130 días eran responsables de las condiciones que tenemos en esta
ciudad.
Si algún diputado de los que estamos aquí
pensamos que en 100 días es posible cambiar el rumbo de una política que se ha centrado
en privilegiados intereses de una minoría y en dejar en el rezago las demandas de la
mayor parte de la población, yo creo que no merece estar representando al pueblo de
México en estos espacios.
No son cuestiones sencillas de las que
está hablando el diputado Jackson, pero he subido aquí sobre todo, porque la compañera
Sandra Segura me alude y señala, que efectivamente cuando estuvimos trabajando en el
área de protección civil en el Distrito Federal, visitamos no sólo a los bomberos,
visitamos muchas instancias de gobierno, muchas áreas que tienen qué ver con la tarea de
la prevención de los desastres y nos pudimos dar cuenta del grave rezago que existe en
esa materia en la ciudad.
En 100 días, compañera Sandra Segura, eso
no va a cambiar. En 100 días no vamos a lograr restablecer las posiciones necesarias para
que la población pueda vivir en condiciones de seguridad.
Permítame la oradora.
¿Con qué objeto, señora diputada?
| La diputada
Sandra Lucía Segura Rangel (desde su curul): |
¿Podría preguntarle a la oradora si
acepta una interpelación?
| La diputada
María Estrella Vázquez Osorno: |
Sí, cómo no.
Sí, la acepta.
| La diputada
Sandra Lucía Segura Rangel (desde su curul): |
Es para aclarar: primero, yo no
hablé de resultados, sino de la falta de un programa; eso es todo y, en segundo lugar, yo
hablé de una destitución, cuando nosotros fuimos a visitar esas diversas instancias, lo
que comenté fue que no se destituyó a nadie, no otra situación o me gustaría que la
oradora dijera, cuando por haber ido los asambleístas a un recorrido o a una visita, se
destituyó a algún funcionario. Eso es todo.
| La diputada
María Estrella Vázquez Osorno: |
Señora diputada, le quiero informar
que el jefe de bomberos es el intendente Alejandro Aguilar y que efectivamente si se
cometió algún error está corregido.
¿Terminó su respuesta diputada
oradora?
| La diputada
María Estrella Vázquez Osorno: |
¿Está interrumpiendo, señor
Presidente?
Se hace para efectos de que le
contabilicen el tiempo, diputada, solicito me indique al momento que haya terminado su
respuesta.
| La diputada
María Estrella Vázquez Osorno: |
He terminado mi respuesta.
Bueno, finalmente quisiera decir en esta
tribuna, que los rezagos que tenemos no sólo en materia de protección civil sino en
muchísimas otras áreas, en transporte, en problemas de contaminación, en problemas de
inseguridad, son la herencia no solamente de Oscar Espinosa Villarreal, sino de todos los
gobiernos priístas.
Y que debemos de tener la tolerancia para
lograr que este gobierno, que está actuando de buena fe y tratando de superar los rezagos
que han dejado estos gobiernos, tenga el tiempo y las condiciones.
Y yo hago desde aquí un llamado, sobre
todo a los grupos priístas que han permanecido en el gobierno...
Permítame la oradora.
¿Con qué objeto, señor diputado?
| El diputado
Wintilo Vega Murillo (desde su curul): |
Si le pudiera preguntar señor
Presidente, a la oradora, si me acepta una interpelación.
Pregunta si acepta una interpelación
señora oradora.
| La diputada
María Estrella Vázquez Osorno: |
Sí, cómo no.
La acepta señor diputado.
| El diputado
Wintilo Vega Murillo (desde su curul): |
Nada más es si está considerando en
esa herencia de los gobiernos priístas, el de Cuauhtémoc Cárdenas cuando fue gobernador
por parte del PRI en Michoacán...
| La diputada
María Estrella Vázquez Osorno: |
No, señor diputado, yo le quisiera
aclarar que estamos hablando del Distrito Federal y que estamos hablando de la herencia
que nos dejaron aquí los priístas.
Finalmente, insisto, quisiera decir y hacer
un llamado al diputado Enrique Jackson, pero también a todos los diputados y todos los
miembros del PRI que actúan ahora en el gobierno o fuera de él, para seguir destruyendo
la ciudad, a que tomáramos conciencia de que el daño que se está haciendo y el boicot
que se está haciendo al gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, no es en contra del PRD, es en
contra de los mexicanos, no sólo de los que vivimos aquí, porque éste es el corazón
del país.
Yo quisiera hacerles un llamado a que
realmente se despojaran de sus camisetas y de su rabia de haber perdido la elección en el
Distrito Federal, para que pudiésemos avanzar en un gobierno verdaderamente distinto.
Estamos dañando el futuro y las
posibilidades de las nuevas generaciones.
Yo los invitó a que sean tolerantes y a
que dejen de trabajar en contra de las posibilidades reales de un nuevo gobierno.
Gracias.
Para contestar alusiones personales
tiene la palabra el diputado Enrique Jackson, hasta por cinco minutos.
| El diputado
Jesús Enrique Jackson Ramírez: |
Gracias, señor Presidente.
Hace algunos minutos yo me permití aquí
citar que bastaba con leer la prensa o escuchar los noticieros para darse cuenta que las
cosas iban mal.
Coincidentemente, el día de hoy en una
columna importante del periódico La Jornada, que nadie puede suponer anticardenista o
antiperredista, dice el periodista Julio Hernández López, cito:
"Los tumbos del gobierno de
Cuauhtémoc Cárdenas muestran cada vez con mayor claridad la falta de un proyecto
político bien definido y también la ausencia de operadores políticos del tamaño del
reto que significa la administración y conducción de la ciudad más grande del mundo.
En cuatro meses de ejercicio, precedidos de
cinco largos y valiosos meses transcurridos entre los comicios del seis de julio y la toma
de posesión del cinco de diciembre del año pasado, el gobierno cardenista ha ido
confirmando varias de las dudas y temores expresados desde el momento en que se anunció
el gabinete.
Sin embargo, con todo y el innegable peso
del lastre estructural recibido, el aplastante voto capitalino en favor de Cárdenas no ha
podido ser traducido hasta ahora en resultados eficaces en el ejercicio
gubernamental."
Esto dice el periodista Julio Hernández
López del periódico La Jornada y esto es lo que piensan, yo entre otros muchos
capitalinos.
No es un afán de crítica ni de exigencia
de que en cuatro meses las cosas cambien. Ya se agotó el discurso del cambio para el
partido en el gobierno de la ciudad; no hay cambio. Son muy hipersensibles a la crítica.
Decía hace rato mi compañero diputado y
paisano Armando López, el perredista Armando López, que en el PRD la crítica es una
práctica cotidiana. Había que preguntárselo o habría que preguntárselo a la diputada
Raquel Sevilla, a ver si es cierto que en el PRD la crítica funciona y hay tolerancia.
Esa es la intolerancia.
Me sorprende y yo quisiera que ése fuera
el rumbo del debate, que de manera coincidente las respuestas y las actitudes del gobierno
de la ciudad y del partido en el gobierno y de miembros del partido en el gobierno, sea la
misma. Si revisamos lo que aquí se dijo por dos compañeros que tienen mi respeto, los
dos compañeros perredistas, es la misma actitud: es ver para atrás, es ver a quién le
echan la culpa de lo que no han podido hacer.
Están en todos lados, a cualquier, a la
menor mención de exigencia, legítima exigencia de quienes somos gobernados, de quienes
tenemos el derecho de ser atendidos y garantizados, entre otras cosas la seguridad por el
gobierno, hablan de conspiración y de boicot. No, no hay boicot, se boicotean solos; si
no dígalo el penoso y torpe caso de los supuestos aviadores y qué decir del ya también
legendario Chucky, dos veces exonerado de la misma acusación por la ineficacia de la
autoridad responsable de la procuración de justicia. Y qué decir de más ejemplos, no es
el caso; lo que importa aquí son los resultados y las respuestas a las que se
comprometieron.
Eso es todo. No hay ningún afán oculto en
venir y traerlo a esta tribuna y al debate. No es agresión; es solamente la reflexión en
voz alta, de algo que ya está en el ánimo de todos los capitalinos, que exigen que el
gobierno cumpla con su tarea. Eso es todo.
Gracias, señor Presidente.
Vamos a dar paso a la segunda ronda
de oradores.
| El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos (desde su curul): |
Yo había pedido la palabra para
rectificación de hechos.
Tiene la palabra para rectificación
de hechos y hasta por cinco minutos, el diputado Rafael Oceguera.
| El diputado Gil Rafael Oceguera Ramos: |
No cabe duda, compañeros diputados;
compañeras diputadas: que nuestros amigos los diputados del PRD, tienen la piel muy
delgada.
De una manera mesurada mi compañero
Enrique Jackson ha venido a hacer una reflexión general en relación a la situación que
prevalece en el Distrito Federal, que es de auténtica anarquía y de desgobierno.
Reconózcanlo así.
Tiene la piel muy delgada porque el PRD y
Cuauhtémoc Cárdenas, aún no alcanzan a resolver el dilema en que se encuentran
atrapados: cómo ser gobierno sin dejar de ser oposición, cómo ser gobierno sin dejar de
criticar, cómo ser gobierno sin dejar de asumir los compromisos con la población y sin
actuar congruentemente en relación a muchos vicios que de manera irresponsable se
lanzaron al viento.
No me voy a referir al problema de la
seguridad pública ni tampoco me referiré a la cadena de yerros en que se ha constituido
el manejo de oficinas como el de la Secretaría General de Gobierno o la de la Oficialía
Mayor del Distrito Federal. Simplemente voy a tratar de leer una reflexión que considero
que es importante y que aporta al análisis que todos estamos intentando.
Debo decir lo siguiente: creo que el
ingeniero Cárdenas ha incurrido en el más grave error que puede ser atribuido a un
gobernante, en el que la población ha depositado sus más caras expectativas. El error de
no gobernar para dedicarse en cambio a dar continuidad a su personal proyecto
político-electoral.
A la pregunta implícita e indirecta de los
ciudadanos, acerca de la pertinencia de que él, Cárdenas, como jefe de gobierno,
encabezara los mitines convocados por su partido en el Angel de la Independencia, para
condenar los lamentables acontecimientos de Acteal, los ciudadanos que esperábamos una
respuesta de parte de Cárdenas seria y objetiva, obtuvimos una que en cambio a todo mundo
dejó azorado. Cárdenas expresó que acudía a los mitines no como elemento de un
partido, sino como ciudadano consciente y por si fuera insuficiente tal justificación a
su activismo, cuestionado sobre la presunta participación de priístas en estos
lamentables acontecimientos, contestó: "yo no diría presunta, creo que está muy
claro que ha sido el partido en Chiapas".
Este es Cárdenas en su condición de
gobernante. Yo debo aquí dejar sentado lo siguiente, compañeros: cómo ser gobierno sin
dejar de ser oposición. Algunos actores políticos han coincidido en que resulta
extraordinariamente oneroso para los capitalinos el tener a un jefe de gobierno
institucionalizado en la oposición. Preocupado más por la situación de Chiapas que por
su propia responsabilidad de gobernar la capital del país.
La gestión gubernamental en el Distrito
Federal, ciertamente involucra el drama personal de millones de capitalinos que por
ningún motivo debiera ser considerado asunto de poca monta, tal como hasta hoy parece
indicarlo las acciones del ingeniero Cárdenas y su equipo de colaboradores.
La cómoda posición en la que se
encontraban el ingeniero Cárdenas y su partido antes de las elecciones del 6 de julio,
que les permitía explayarse sin recato en sus exigencias políticas, concluyó con el
mandato en las urnas. Sin embargo, todo parece indicar que en el nuevo gobierno del
Distrito Federal aún no lo han comprendido así y en una actitud francamente pueril
pretenden ejercer el gobierno, pero conservando para sí el monopolio de la industria de
la protesta; basta ya, gobernar es trabajar, gobernar es cumplir, gobernar es acatar las
disposiciones de ley, gobernar es comprometerse con el pueblo y abonar el camino de la
democracia, basta de palabras, exigimos hechos.
Tiene la palabra, hasta por cinco
minutos, el diputado Pablo Gómez; posteriormente el diputado Jesús Martín del Campo y
con estas dos intervenciones de hechos cerraríamos y reiniciaríamos la segunda ronda.
| El diputado Pablo Gómez Alvarez: |
Señores diputados:
No es mi intención interrumpir el turno de
los oradores, pero el diputado que me antecedió en la palabra pidió la palabra para
rectificación de hechos.
Quisiera hacer algunas aclaraciones. Me
parece que, en efecto, estamos partiendo de análisis completamente distintos. El que un
político sea gobernador o no lo sea, se comprometa con posiciones políticas es algo que
nos debe llenar de satisfacción. Si el gobernador del Distrito Federal da sus puntos de
vista sobre una matanza como la que hubo en Acteal, señor diputado, creo que eso no sólo
lo debería de hacer el gobernador de esta ciudad, sino todos los gobernadores de este
país y todos los presidentes municipales, y todos los políticos. Y ésa es su
percepción, la percepción de que los paramilitares de Acteal son miembros del PRI. Es la
información que tiene el país entero. Ese es el tema que usted ha tocado, señor
diputado.
Ha hablado, señor diputado, de anarquía y
desgobierno. ¿Cuáles son los elementos de la anarquía y de un desgobierno? ¿Tenemos
acaso aquí procuradores y jefes policiacos que viven del secuestro, como en Morelos?
¿Tenemos aquí ese nivel de impunidad? ¿Tenemos en esta ciudad una situación semejante
a las continuas matanzas contra campesinos en Guerrero?
Creo que el Gobierno de la ciudad está
haciendo un gran esfuerzo, un enorme esfuerzo de lucha contra la corrupción pública, que
no es individual; que es institucional, que es estructural.
¡Creo que se ha hecho un gran esfuerzo por
abrir las puertas de las delegaciones a todas las personas que concurren y pueden hablar
directamente con los funcionarios públicos por primera vez!
¡Hay un diálogo hoy día diferente en
esta ciudad y hay una actitud de rectitud! ¡Hay una rectitud de los funcionarios
públicos más destacados, de rechazo a las mordidas y al sistema de la mexicanísima
corrupción, entronizada a través de los años del dominio y del monopolio político del
PRI!
¡Hay resultados eficaces del desempeño
gubernamental y los hay en todas partes! ¡Ahora vienen a decir que la policía...
Permítame el orador, por favor.
¿Con qué objeto, diputado Oceguera?
| El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos (desde su curul): |
Con el propósito de hacerle una
pregunta al orador, si usted me lo permite, señor Presidente.
¿Acepta el orador una pregunta del
diputado Oceguera?
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez: |
Sí, como no.
La acepta.
| El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos (desde su curul): |
Gracias, diputado Gómez.
Es del conocimiento una larguísima lista
que dio a conocer una diputada que pertenece a su partido, de nombre Raquel Sevilla, que
hace prueba de nepotismo, que da cuenta de oficinas saturadas de parientes y de familiares
de delegados y de funcionarios que componen el Gobierno que encabeza Cárdenas en el
Distrito Federal. ¿Conoce usted la lista y está usted consciente de que a partir de las
declaraciones de la señora Sevilla se decretó su expulsión del Partido de la
Revolución Democrática? Por favor, contésteme.
Permítame el orador, diputado
Oceguera entregue por favor el micrófono ya. El orador puede contestar y le pido me
indique el momento en que termine para que se compute su tiempo.
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez: |
Sí, como no, con mucho gusto, señor
Presidente:
Mire usted, señor diputado, conozco la
lista. Me parece una cosa absurda y una cosa abusiva que su partido se haga eco de
situaciones en las cuales un gobernador nombra para un cargo a una persona y nombra a otra
persona que tiene una relación familiar con el primero para otro cargo. Si fueran
familiares del gobernador no le discutiría nada, pero siendo ambos familiares entre sí y
personas profesionales y políticos, destacados militantes de partido, ¿quiero que me
explique usted dónde está el nepotismo? Eso no creo que sea congruente ni serio.
Por otro lado, debo decirle que nosotros
rechazamos a cierta gente en el PRD, no por las opiniones que tengan, sino por la presión
que ejercen para hacer negocios privados con ciertos delegados y eso lo hemos rechazado en
el caso que usted menciona y lo rechazaremos cuantas veces tengamos conocimiento de ello.
Me parece absurdo que defienda usted a una
persona que lo que ha buscado es ser proveedor, a título de tener una representación
popular del gobierno de la ciudad.
En los tiempos de usted, pues eso se daba.
¡Pero los tiempos de usted y de su partido en esta ciudad ya se acabaron!
Diputado Presidente, he terminado la
respuesta al diputado Oceguera, agradezco.
Por último quiero decir, no nos preocupa a
nosotros que el PRI eleve su nivel de crítica, nos sirve. No tenemos ninguna resistencia
a los discursos priístas en contra del gobierno perredista de la Ciudad de México, al
contrario. Creo que esto nos va a servir para mejorar el Gobierno, para tener un discurso
mejor, para perfeccionar nuestra acción y nosotros sí aceptamos que estamos aprendiendo,
que estamos aprendiendo a gobernar.
¡Pero no aprendemos a gobernar teniendo
como maestros a los priístas, que generaron el sistema de corrupción pública más
grande de la historia de cualquier país de América! ¡Nunca hubo ninguno otro!
¡Ellos no, ustedes no son nuestros
maestros! ¡Aprendemos, sí! ¡Damos topes, sí! ¡Nos equivocamos, sí! ¡Cometeremos
muchos errores, si, y vamos a cometer otros más tal vez, pero rectificaremos; pero no
serán los mismos errores ni las mismas actitudes y conductas de antes! ¡Y la crítica
bienvenida sea, aunque venga de los corruptos del viejo régimen!
| El diputado
Wintilo Vega Murillo (desde su curul): |
Pido la palabra.
¿Con que objeto, señor diputado?
| El diputado
Wintilo Vega Murillo (desde su curul): |
Para hacer una pregunta...
Acérquenle un micrófono al diputado
Wintilo Vega.
| El diputado
Wintilo Vega Murillo (desde su curul): |
Le quería preguntar por su conducto
al orador, antes de que bajara corriendo, si me aceptaba una interpelación.
Ya no es posible, señor diputado.
| El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos (desde su curul): |
Señor Presidente, pido la palabra.
Diputado Oceguera, ¿con qué objeto?
| El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos (desde su curul): |
Para contestar alusiones personales.
Para contestar alusiones personales,
se le concede la palabra, hasta por cinco minutos, al diputado Rafael Oceguera.
| El diputado Gil Rafael Oceguera Ramos: |
Gracias, señor Presidente:
Qué dramático es ver cómo un antiguo
militante de la izquierda histórica aparece en esta tribuna haciendo un esfuerzo harto
difícil por explicar la situación personal en que se encuentran él y muchos compañeros
de viaje que en la década de los sesenta y en la década de los setenta, inclusive,
luchaban por la conformación de un país bajo las tesis y los lineamientos del
marxismo-leninismo.
Qué dramático es, de veras compañeros,
ver un esfuerzo desesperado por justificar una posición dentro de un partido que
evidentemente se debate en una guerra interna demasiado difícil de superar.
Si quiere saber Pablo Gómez cuáles
maestros del viejo priísmo están dentro del PRD, que voltee a su derecha, ahí tiene a
Muñoz Ledo, que vea más allá de su derecha y ahí tiene a Demetrio Sodi. También tiene
en el gobierno del Distrito Federal a un ex gobernador que surgió del PRI, tanto Muñoz
Ledo como Cuauhtémoc Cárdenas...
Permítame el diputado orador.
| La diputada
María Estrella Vázquez Osorno (desde su curul): |
Señor Presidente, si me permite.
¿Con qué objeto, señora diputada?
| La diputada
María Estrella Vázquez Osorno (desde su curul): |
Para hacerle una pregunta, si me lo
permite el orador.
¿Acepta el orador una
interpelación?
| El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos: |
Cuando acabe de redondear mi idea,
señor Presidente.
| La diputada
María Estrella Vázquez Osorno (desde su curul): |
Por favor, señor diputado.
En términos de su intervención...
diputada, entregue por favor el micrófono, no la acepta.
| El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos: |
Se la voy a aceptar, para que vea, a
ver, venga de ahí.
| La diputada
María Estrella Vázquez Osorno (desde su curul): |
La pregunta es, señor diputado: por
la intervención que está usted teniendo refleja un gran orgullo de pertenecer al PRI, o
sea, que nos dice: ¿ahí está un priísta? Yo le pregunto a usted: ¿Realmente tiene
orgullo de pertenecer a ese partido? ¿Por qué desprecia tanto a esos miembros del PRI,
que en su momento se decidieron a actuar dentro de otro partido? Nosotros estamos
orgullosos de que estén aquí.
¿Quiere dar respuesta, señor
diputado?
| El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos: |
Sí, con mucho gusto.
Me indica por favor el momento en que
termine la respuesta, para que continúe su tiempo.
| El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos: |
Sí, señor Presidente, con mucho
gusto.
Soy orgullosamente priísta y mi
pertenencia al PRI, diputada Vázquez, no es producto ni del oportunismo ni del arribismo
con que a veces se dan las filiaciones en ciertos partidos como el suyo.
Me metí al PRI porque abracé desde muy
joven los ideales nacionalistas, los ideales de corte social, de corte popular que se
acuñaron en el movimiento revolucionario de 1910 y en el PRI aprendí que era factible
interpretar la realidad y encarar los retos que la realidad demanda a todos los políticos
que pretendemos actuar con un sentido de modernidad y de compromiso.
Conocí a Muñoz Ledo dentro del PRI;
conocí al ingeniero Cárdenas dentro del PRI; conocí a Demetrio Sodi dentro del PRI;
conocí a Manuel López Obrador; conocí a muchos de los que están sentados en su
bancada, que militaban en el PRI, los vi salir del PRI, compañera Vázquez, cuando el
PRI, como alguien por ahí dijo, no los gratificó con un cargo, vulgarmente como ha dicho
el compañero, con un "hueso".
Cuando el PRI no los privilegió, cuando no
los postulo candidatos a la Presidencia de la República, a unos, cuando no los postuló
candidatos a gobernadores o a senadores a otros, entonces pudimos ver cómo ellos
asumieron que todo en el PRI era perversidad y maldad, pero hasta que el PRI no los
privilegió ni los favoreció.
Pero esto, que puede ser parte de la
condición y de la naturaleza humana, no sería tan importante como lo que realmente
explica la salida del PRI de muchos viejos militantes para encontrarse en lo que ahora se
denomina PRD, con muchos viejos militantes del comunismo o de la izquierda históricos. La
razón de fondo la conocemos y es finalmente la que nos mantiene ahora enfrentados.
¿Por qué no les gustó el PRI que se
acuñó en los años ochenta? Porque el PRI abandonó aquél esquema antañón, superado,
de economía cerrada y de economía protegida; cuando el PRI de cara a la realidad del
mundo le demandaba a este país, asumió... estoy contestando... cuando el PRI asumió que
era importante replantear los retos de política económica, de inmediato los
fundamentalistas que vieron reducidas sus oportunidades dentro del PRI, abandonaron el PRI
y sin ninguna reserva y sin ningún empacho, se reencontraron y se juntaron con los
militantes de izquierda, muchos de ellos honestos y respetables, porque realmente lucharon
y ofrendaron su vida en la defensa de un ideal y no de un cargo público o de un
"hueso" como ha dicho el compañero aquí a mi izquierda.
¿Concluyó su respuesta, señor
orador? ¿Concluyó su respuesta?
| El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos: |
Yo le aviso cuando termine, señor
Presidente.
Entonces, pues, hay motivos para ver esta
situación que no deja de ser dramática, con preocupación, porque todos sabemos que una
de las premisas insalvables para forjar un sistema democrático verdaderamente fuerte y
una República a prueba de todo tipo de envestidas, una condición y una premisa es que
podamos configurar un sistema de partidos políticos verdaderamente comprometido con la
ley y comprometido con la democracia.
Yo me pregunto, compañera Vázquez, yo me
pregunto verdaderamente, en las circunstancias de contradicción interna en que se
encuentra el PRD, lo lleva a manifestarse en favor de la violencia proclamando la paz; que
lo mismo le lleva a postular el estado de derecho atizando por debajo el fantasma de la
confrontación y del divisionismo; es factible con un partido político que le prende una
vela a Dios y otra al diablo, pensar en la posibilidad real de construir un sistema de
partidos políticos, que sea divisa para el desarrollo democrático de este país...
Permítame el orador....
| El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos: |
He concluido, señor Presidente.
Permítame el orador, yo doy la
palabra.
Pásenle el micrófono al diputado Bátiz,
por favor.
| El diputado
Bernardo Bátiz Vázquez (desde su curul): |
Una moción de orden, señor
Presidente:
Le preguntaron por qué estaba orgulloso de
ser del PRI y ya contestó, no por qué no es del PRD.
Señor diputado, le ruego se ciña en
su intervención a contestar la pregunta de la diputada Vázquez, la que se da por
contestada. Yo le pido que retome el tema, por favor.
| El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos: |
Debo contestar al diputado Bátiz.
No hizo pregunta; hizo una moción a
esta Presidencia y la Presidencia la acepta, señor orador.
Acérquenle un micrófono al diputado
Herrera, por favor.
| El diputado
Fidel Herrera Beltrán (desde su curul): |
Señor Presidente, le ruego preguntar
al señor orador si acepta que le formule una pregunta.
Se le pregunta al señor orador si
acepta una pregunta.
| El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos: |
Sí, señor Presidente, si, acepto.
| El diputado
Fidel Herrera Beltrán (desde su curul) |
Señor diputado Oceguera, ¿podría
contestarme usted por qué no es miembro del PRD?
| El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos: |
Con mucho gusto. ¿Puedo contestar,
señor Presidente?
Permítame por favor, permítame
antes de contestar.
Pido le acerquen el micrófono al diputado
Juan Marcos Gutiérrez.
| El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos: |
No, señor Presidente, concédame el
derecho de contestar la pregunta primero.
Permítame señor orador. Necesito
saber con qué objeto.
Acérquenle el micrófono por favor.
| El diputado Juan
Marcos Gutiérrez González (desde su curul): |
Señor Presidente, con todo respeto y
también en referencia al orador en tribuna, esto está rebasando cualquier mesura. A
título de interpelaciones no se puede desviar el debate. Aquí no estamos analizando las
razones de las filias o las fobias. Aquí se está analizando la gestión del Gobierno del
Distrito Federal. Las preguntas que se están haciendo están fuera de tema y
evidentemente se están haciendo a estas alturas, con objeto de que el orador se exceda en
el uso de la voz. Le ruego no admita esa interpelación y que reencauce el presente debate
conforme fue inscrito como tema.
Gracias.
Le agradezco la moción, señor
diputado, pero el trámite ya había sido dado por esta Presidencia y tiene la palabra el
diputado Oceguera, nada más pidiéndole que se ciña a contestar de manera breve la
pregunta que fue aceptada por esta Presidencia y por el propio orador.
| El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos: |
Con mucho gusto, señor Presidente.
Permítame el orador.
Acérquenle un micrófono a la diputada,
por favor.
| La diputada
María Victoria Peñaloza Izazaga (desde su curul): |
Mire, señor Presidente, antes de que
el diputado que está haciéndole la pregunta al diputado Oceguera, yo había pedido un
espacio para hacer dos preguntas al diputado. Entonces yo pediría que respetara, si está
dando paso a las preguntas, que primero me dé a mi la facilitad de hacerle las preguntas
si es que lo admite el diputado, y después...
Señora diputada ¿cuál es el objeto
de su intervención?
| La diputada
María Victoria Peñaloza Izazaga (desde su curul): |
De que se respete el orden en que se
están pidiendo las intervenciones.
La Presidencia es la que da la
palabra, señora diputada.
Le pido por favor deje que conteste y una
vez que conteste su pregunta, si usted quiere hacer una interpelación, le daré la
palabra. Le pido regrese el micrófono.
| La diputada
María Victoria Peñaloza Izazaga(desde su curul): |
Esperemos que respete el orden,
señor Presidente.
Continúe, conteste la interpelación
señor diputado.
| El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos: |
Señor Presidente, respondiendo al
diputado Fidel Herrera:
¿Por qué no me he metido al PRD?,
obviamente no me van a querer dentro del PRD, no me pueden querer ni tampoco, señor
Presidente, respondiendo al compañero Fidel Herrera...
Señor orador, perdón, esta
Presidencia considera que está contestada y, para efecto de reencauzar el debate, le
solicitamos haga uso del tiempo que procede.
| El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos: |
Mire, señor Presidente, no había
respondido a la pregunta, pero en fin, dentro del tiempo que me toca debo dejar claro, si
usted quiere me pone el reloj, debo dejar claro que no me fui del PRI por las razones por
las cuales Bernardo Bátiz se fue del PAN. Bernardo Bátiz se fue del PAN porque pensó
que fundando el foro iba a reencontrarse con la esencia del panismo histórico que decía
defender.
¿Cuántos bandazos ideológicos, por qué
de forista se volvió perredista? Qué decisión tan inopinada; qué solución tan fuera
de lógica y tan fuera de razón, señor Presidente.
Entonces, volviendo al tema, y dentro del
tiempo que me queda, señor Presidente, para proseguir, qué penoso...
Permítame el orador.
Acérquenle un micrófono a la diputada,
por favor.
¿Con qué objeto?
| La diputada
María Victoria Peñaloza Izazaga (desde su curul): |
De hacer dos preguntas.
¿Acepta el orador una interpelación
de la diputada?
| El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos: |
Sí aceptaría, si usted me dice
cuánto tiempo me va a dar para responderla.
Dos minutos por pregunta, si eso
quiere.
| La diputada
María Victoria Peñaloza Izazaga (desde su curul): |
El diputado Oceguera dice que la
prensa los hace pensar sobre el gobierno del ingeniero. Le preguntaría: ¿la prensa no le
hace pensar lo que está viviendo Morelos, los morelenses, los tabasqueños, los
guerrerenses? ¿Eso no lo hace pensar a usted? ¿O qué nada más piensa para los suyos?
Antes que diputado del PRI es mexicano, así creo yo.
Dice, en una de sus intervenciones, yo le
pregunto a usted, porque usted hacía la pregunta que nosotros tenemos la piel muy
delgada. Le pregunto a ustedes: ¿ustedes tienen la piel de burro o de cocodrilo o de
qué, porque aguantan el repudio del pueblo y una vez y otra vez más van sobre de él?
Ya concluyó, ya son las dos
preguntas. Le pido devuelva el micrófono, y la segunda pregunta no se acepta por esta
Presidencia.
| El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos: |
En relación a la primera, señor
Presidente:
Ya mi amigo Juan Jaramillo hablaba de que
los más connotados y distinguidos perredistas tienen sus casas de descanso en la ciudad
de Cuernavaca; todos sabemos que Cuernavaca es la ciudad que precisamente el coordinador
parlamentario del PRD favoreció escogiendo para contraer nupcias recientemente.
Estoy citando, con esta respuesta, las
referencias en un debate de un orador de Morelos por parte del PRI. Allí, en ese debate,
quedó demostrado que hay un doble discurso. Por un lado se postula la violencia y el
desgobierno, pero por otro lado se recurre, como en los años de Hernán Cortés, cual
conquistadores a disfrutar de las excelencias del clima y de la geografía morelense. Creo
que en el fondo lo que hay es un problema de congruencia. Ese es el comentario que me
merece la primera pregunta, señor Presidente.
Para concluir con mi intervención, señor
Presidente, si me lo permite, considerando respondida esta pregunta, nos dice Pablo Gómez
que no aprenden corrupción de los priístas; nos dice el compañero Pablo Gómez que el
PRI es ejemplo... que el PRD es ejemplo de compromiso y de honorabilidad. En el esfuerzo
de Pablo Gómez por justificar las peripecias y las contradicciones que se viven en el
seno del PRD, entiendo una actitud de autojustificación que no tiene sustento ni tiene
probanza.
La opinión pública ya se ha formado un
juicio. No son 100 días escasos. ¿De cuántos meses dispuso el gobierno de Cárdenas
para preparar un plan de gobierno? ¿De cuántos días dispuso el equipo de Cárdenas para
seleccionar a sus colaboradores? ¿Qué pasó con la designación de los delegados? ¿Por
qué cinco o seis delegados fueron reprobados y por qué fueron propuestos, si no
calificaban en términos de eficiencia y de capacidad profesional?
¿Qué pasó con la designación del jefe
de la policía? ¿Qué acaso no se hizo a lo largo de la campaña electoral, no se hizo
industria de la crítica en contra de los funcionarios policiacos que provenían del
Ejército? Era un compromiso claro y expreso de no nombrar militares en los mandos
policíacos. ¿Qué pasa con De Bernardi? ¿Qué ha dicho? Con un cinismo y un descaro
inaceptables: que no ha nacido el hombre que pueda resolver los problemas de la
delincuencia que afectan a esta capital.
A De Bernardi y a sus colaboradores y a
todos los que defienden con un fundamentalismo a ultranza el gobierno perredista, hay que
pedirles congruencia y seriedad, con habilidad y compromiso, cumplimiento en su
responsabilidad y lealtad con el pueblo, señor Presidente.
Tiene la palabra hasta por cinco
minutos para rectificación de hechos, el diputado Jesús Martín del Campo.
| El
diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: |
Poco o nada puede rectificarse del
galimatías casi clínico que presentó el diputado del PRI que me antecedió en el uso de
la tribuna. Hay una serie de confusiones personales que tienen que ser cubiertas con
estratagemas de otro diputado compañero de su partido, para saber si está seguro de su
identidad en duda, no sé si es un problema de adolescenterismo político, pero en todo
caso carente de seriedad ante esta tribuna, que amerita discutir los temas que el propio
Partido Revolucionario Institucional inscribió.
No se vale, es fraude procesal en términos
de la discusión, que inscriban un tema precisamente, el de hacer señalamientos a la
gestión del gobierno del Distrito Federal, y que lo utilicen para una catarsis particular
de un diputado, al que quizá no le dan voz en el Revolucionario Institucional y quieren
que aquí la tenga de manera tramposa, equivocada y un tanto cuanto ridícula, dicho con
todo respeto.
Primero, no, para nada, no me dolió nada,
porque es una cosa ridícula.
Segundo, es cierto, lo reiteramos, que a
nosotros no nos preocupan las críticas que hagan a la gestión de algún gobernante
surgido del PRD, en este caso, el ingeniero Cárdenas.
Y efectivamente, para continuar con el
planteamiento que hemos hecho los del PRD, nada de lo señalado acerca de la gestión en
los días que lleva gobernando el PRD en el Distrito Federal, nos indica que nosotros
resolvamos crisis internas, con crímenes como el de Colosio, que nunca se aclaran, con
comisiones o sin comisiones. Ninguna hipocresía al respecto, aquí no encontrarán ese
tipo de soluciones a conflictos internos, como el de la sucesión en el PRI.
Tercero, el diputado que habló primero del
PRI para presentar reflexiones, reflexiones generales sobre los días, sobre el tiempo,
sobre cuánto falta, dijo que faltan 975 días de gobierno en el Distrito Federal, y que
más vale que empezáramos.
Hemos empezado, sí, no se les van a
devolver las casas que usufructuaban inválidamente, fraudulentamente y que utilizaban
para ejercer funciones del PRI, a cargo y a costo del erario del gobierno del Distrito
Federal. Con esto hemos empezado, con éso vamos a continuar, y si éste es el coraje del
PRI, que diga cuántas casas necesita y cuánto de renta no pagaban, para que ésa sea la
crítica que hagan y que es la que está ocultando supuestas reflexiones sobre el asunto
de cómo conduce el gobierno del Distrito Federal.
A partir de eso, de las casas, es que
comenzó, es así, una campaña de distorsiones, una campaña de supuestas críticas a
cómo se conduce el gobierno del Distrito Federal. Insistimos, ya comenzamos y en eso no
vamos a parar. Renten sus casas los del PRI, como le hacen los otros partidos, y no vivan
del erario público, como lo hacen todavía en algunas entidades donde gobiernan. Ojalá
que en otras entidades también se siga la medida que seguimos en el Distrito Federal.
En la comparecencia se hicieron
planteamientos de varios partidos; lo señaló la diputada del PAN...
| El diputado
Héctor Guevara Ramírez (desde su curul): |
Señor Presidente...
¿Con qué objeto, señor diputado?
| El diputado
Héctor Guevara Ramírez (desde su curul): |
Si es tan amable el señor diputado
de aceptarme una interpelación.
Esta Presidencia también está
facultada y también les da autorizaciones para interpelaciones, y consideramos, por el
tiempo, que ya no es prudente. No acepta la Presidencia la interpelación, para dar turno
a los oradores.
Continúe, el orador.
| El diputado
José de Jesús Martín del Campo Castañeda: |
Es un mecanismo que hemos
establecido, el de las comparecencias y también ahí vale la comparación. Hemos
establecido que cuando vengan funcionarios públicos, de cualquier rango, en un debate
parlamentario, de acuerdo a la comparación que tenemos con otros, en la réplica tenga la
última palabra el diputado, y en el caso de la comparecencia de Cuauhtémoc Cárdenas,
así procedimos, nunca lo quisimos impedir.
En cambio los del PRI siempre protegen, no
parecen diputados, sino protectores o guardaespaldas de los funcionarios y ahora mismo no
quisieron que hubiera réplica con el señor Secretario de Hacienda. Ahí hay una
comparación y una diferencia, y esa diferencia va a seguir marcando cuál es la distancia
entre un concepto de cómo tener la relación entre diputados y gobernantes, que es muy
distinto entre los del Partido Revolucionario Institucional y los del de la Revolución
Democrática. Puede y en eso tiene razón la diputada del PAN, puede que no le hayan
quedado totalmente satisfechas sus inquietudes y nosotros estamos totalmente abiertos a
que se sigan planteando las inquietudes que nos ayuden a reflexionar, ciertamente, cómo
hacer un gobierno mejor. Nunca esperamos otra cosa, en eso no nos han defraudado los del
PRI, nunca esperamos otra cosa que ataques calumniosos, que trampas parlamentarias para
pasar a decir sandeces en la tribuna y creíamos que iban a cambiar, pero en eso no nos
defraudaron; no han cambiado; tienen ustedes, sí, una piel muy dura a prueba de todo
cambio, pero nosotros somos partidarios del cambio y en éste continuaremos.
Muchas gracias.
Esta Presidencia les informa que aún
hay inscrita una segunda ronda de oradores, por lo que solicitamos que permitan dar paso a
esta segunda ronda de oradores, a la que al final se preguntará si el asunto no está
suficientemente discutido.
| El diputado
Bernardo Bátiz Vázquez (desde su curul): |
Señor Presidente, pido la palabra
para contestar alusiones personales.
Usted está inscrito en la segunda
ronda, señor diputado. Lo puede hacer. Yo le pido que colabore con la Presidencia y que
lo haga en su turno de 10 minutos.
| El diputado
Bernardo Bátiz Vázquez (desde su curul): |
Tengo derecho primero, para contestar
alusiones personales.
Tiene usted la palabra por cinco
minutos para contestar alusiones personales.
| El diputado Bernardo Bátiz Vázquez: |
Señor Presidente, quiero contestar
la alusión que hizo a mi persona el diputado Oceguera, diciéndole que estoy como
diputado externo del grupo parlamentario del PRD, porque en ese partido, en ese grupo
parlamentario, he encontrando el espacio adecuado para continuar defendiendo los mismos
valores que he sostenido durante toda mi vida, porque no tengo piel de elefante, porque
defiendo junto con mis compañeros del PRD, la democracia, el sufragio efectivo, la
soberanía nacional, que ustedes han puesto en tela de juicio.
Porque sigo defendiendo lo que he defendido
siempre: una mejor y más justa distribución de la riqueza. Porque el foro democrático
coincide en estos puntos con el PRD, aunque pueda diferir en algún otro. Porque ahí he
encontrado compañeros de buena fe que están luchando por los mismos ideales que a mí me
mueven a hacer política.
Y por esas mismas razones milité en
Acción Nacional en un momento; por ésas estoy ahora en este grupo parlamentario y por
esas razones ¡jamás seré del PRI!
Vamos a dar paso al siguiente turno
de oradores.
Tiene la palabra el diputado Guillermo
Barnés García, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos.
| El diputado Guillermo Barnés García: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Ciento veinte días ya de una gestión y el
único común denominador se ve que es la falta de rumbo y la falta de proyecto.
No estamos aquí, señores, para minar la
gestión del gobierno de la ciudad; queremos ser constructivos, pero sí vemos con
preocupación que se observan ya signos negativos de la administración y nos afectan a
todos los capitalinos.
El 5 de diciembre, sí, el 5 de diciembre
escuchamos muchos buenos deseos, muchos objetivos. Hoy faltan instrumentos, acciones
efectivas. Vemos muchos desaciertos y oímos muchas excusas. Nos preocupa la ligereza para
administrar la ciudad, la ciudad más importante del país. Ligereza en las acciones
emprendidas por el actual gobierno. Ligereza en las respuestas a los problemas; en la
respuesta a la ciudadanía.
Se advierte ya demasiada improvisación en
las acciones emprendidas; impreparación o total ausencia de preparación de algunos
funcionarios en los meses transcurridos. Sí, ya nueve meses casi el día de mañana. Se
advierte ya el riesgo de pasar de la ligereza al caos y al desgobierno.
Dicen aquí que ya están aprendiendo;
todavía no se ve claro; aprenden muy lento. ¡Qué lástima!
Dice el jefe de gobierno que con voluntad
política todo se puede resolver: agua, seguridad, contaminación, las verdaderas
cuestiones que nos preocupan a los capitalinos, a todos los capitalinos. La respuesta,
más allá de buenas intenciones, requiere soluciones efectivas, programa, organización,
eficiencia en la administración y no sólo excusas.
Los priístas creemos que los recursos, el
dinero, debe de estar cerca de la gente, debe resolver las necesidades de la población,
debe estar en las delegaciones, no debe estar sólo en el antiguo palacio del
ayuntamiento, en las oficinas del jefe de gobierno y no cerca del pueblo en donde
realmente están los problemas.
Hoy, el gobierno de la ciudad tiene 1. 20
de cada peso que tenía el año pasado. En las delegaciones hay sólo 70 centavos.
¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está? La carencia de recursos en las delegaciones
muestra a nuestros delegados muy preocupados. ¿Por qué? Porque así difícilmente
podrán resolver los problemas, el agua, la carencia de agua que afecta a todos los
ciudadanos, el transporte, la vivienda, la seguridad.
A esta Cámara nos corresponde vigilar el
destino de más de 7 mil 500 millones de pesos de endeudamiento de la ciudad, que por
cierto fue votado en contra por los diputados del PRD.
Queda pendiente por informar a los
ciudadanos en qué se están utilizando estos recursos, en qué condiciones se están
contratando los endeudamientos. Dónde están los recursos. Cómo se están financiando el
Metro, las obras hidráulicas, el drenaje profundo, las obras que le van a permitir a
futuro darle continuidad al proyecto de esta ciudad que tanto queremos los capitalinos.
¿Dónde están más de 11 mil millones no
etiquetados en el presupuesto? Preguntamos, ¿dónde están? Observamos también y con la
mayor preocupación, que los días corren y las obras están virtualmente detenidas; no
las vemos. Eso sí, las contribuciones, las tarifas de transporte crecen más rápido que
el salario, más rápido que la inflación. Eso obviamente, contrario a las promesas de
campaña del jefe de gobierno.
El 23 de febrero vino aquí el jefe de
gobierno, ofreció enviar respuesta a estas interrogantes. Igual que sus compromisos de
campaña, no hay respuestas, aún no las recibimos. ¿Será acaso porque no conoce las
respuestas? No las ha aprendido aún, en palabras de sus miembros. ¿Será acaso también
porque no saben cómo utilizar el presupuesto? ¿No se quieren construir las obras? Sigue
siendo motivo de incertidumbre la inexistencia de proyectos concretos, metas, programas,
ya que todos los programas del actual gobierno, parece que únicamente se están
orientando a proyectos políticos personales.
¿Será que continúa la estrategia, como
hasta ahora, de seguir culpando a la administración anterior de todos los problemas? Ya
se intentaron los micrófonos, el acuaférico o aquellos casos de los 2 mil 500
desmemoriados que olvidaron recoger su cheque. Sí señores, nos preocupa la frivolidad en
la respuesta, entre comillas, de supuestos funcionarios menores.
La improvisación es evidente. A los
priístas sí, sí nos preocupa una explicación a los agraviados, pero más nos preocupa
el desorden administrativo que denota este hecho. ¿Cómo se explica, cómo se puede
explicar que no existan los controles, que se sigan emitiendo cheques a gente que desde
finales de 1997 renunció, fue despedida? ¿Cómo se piensa que así puedan alcanzar los
recursos para enviarse a las delegaciones? ¿Qué no existen organigramas, plantillas de
personal o algún elemento de control?
Promesas para abatir la delincuencia en los
primeros 30 días de gestión, hasta que no ha nacido el hombre capaz de combatirla
eficazmente. Requerimos combatir la inseguridad que nos ataca, los asaltos; no tanto
discurso y tanta excusa.
Nos preocupa también el último
escándalo. Una solicitud sencilla de información al jefe de bomberos en donde se
observan ya tintes de intolerancia. ¡Cuidado con silenciar las auténticas expresiones
democráticas para excusar la improvisación, los desatinos y los atropellos! ¡Cuidado
con compensar la ineptitud con el autoritarismo!
Nuestro empeño es que se atiendan las
demandas legítimas de los capitalinos. Estamos aquí en un afán constructivo. El
gobierno de la ciudad ha sido dotado de todas las atribuciones jurídicas, de todos los
instrumentos por esta soberanía.
La ciudad, señores, no merece ni resiste
tanta ineptitud. ¡A pesar de que ganaron las elecciones, legítimamente, más de la mitad
de los capitalinos votamos en contra del actual gobierno! ¡Todo indica que no nos
equivocamos!
¡Ya es tiempo de gobernar! ¡Ya es tiempo
de dar respuesta! ¡Es tiempo de que ejerzan su función y olviden su única congruencia,
el monopolio de la industria de la protesta! ¡Es tiempo de transitar del discurso fácil
al quehacer serio de gobierno!
Tiene la palabra para el mismo tema y
hasta por 10 minutos el diputado Bernardo Bátiz Vázquez, del Partido de la Revolución
Democrática.
| El diputado Bernardo Bátiz Vázquez: |
Señor Presidente; señores
diputados:
Primero que nada un mensaje, una alusión a
los señores diputados de Acción Nacional.
Yo creo que de alguna manera la oposición
debe de buscar en su conjunto el cambio de este sistema que hemos combatido desde
distintos frentes, pero que implica a fin de cuentas una coincidencia. Comentando hace un
momento en las curules con el diputado Gilberto Parra, que es el dirigente del PRD en
Jalisco, me decía que el PRD en este Estado ha sido muy tolerante, muy consecuente con el
gobierno panista del Estado de Jalisco, pues que ha pasado una novatada ya muy larga, de
tres años, donde se han incrementado, tienen el primer lugar de asaltos bancarios, de
robos de automóviles, de crímenes y que es muy...
Señor diputado: le ruego que se
ciña al tema del Distrito Federal, por favor.
| El diputado
Bernardo Bátiz Vázquez: |
Para allá voy, si me permite. Yo
defino mi tema.
Entonces mi llamada de atención a las
críticas de buena fe, es que así como se ha sido tolerante ante este gobierno, ante el
gobierno del Distrito Federal que empieza y que tiene además una carga sumamente grave,
de una campaña muy orquestada y muy bien diseñada no por políticos sino por expertos en
mercadotecnia, que parece que desde hace un par de sexenios han sustituido a los viejos
políticos del PRI; ¡ahora son los expertos en publicidad los que hacen las campañas!
Entonces yo creo que debieran, señores,
compañeros del PAN, pues considerar esto cuando hagan el análisis del gobierno del
Distrito Federal.
Bienvenidas las críticas. Ya se dijo aquí
con toda claridad que sirven para que los gobiernos se afinen y se perfeccionen.
Y ahora respecto del fondo de este asunto,
que es el análisis del gobierno del Distrito Federal. Aquí se ha enumerado una serie de
errores o desaciertos. Se ha reiterado con esa habilidad muy digna de Webells, un mismo y
trillado punto: "van más de 100 días y no se ha gobernado". "Van más de
100 días y no hay un programa". "Van más de 100 días y no se ve
gobierno".
Yo quisiera que con buena fe se viera qué
es lo que sí se ha hecho, qué es lo que sí se ha hecho y qué es también aquello en
donde se puede notar un cambio de este actual gobierno del Distrito Federal con los
gobiernos anteriores.
En primer lugar, quiero decir que sí se
han hecho muchas cosas. Que no se puede corregir lo que viene mal de tan atrás sino con
un gran esfuerzo y ese esfuerzo se está haciendo de buena fe.
Han disminuido el número de delitos.
Se aumentó los sueldos a los trabajadores
del gobierno del Distrito Federal en un nivel superior al del resto de los trabajadores.
Se ha gobernado principalmente y éste
quizá sea el cambio de más fondo, se ha gobernado con el pueblo. Como nunca las
delegaciones están abiertas a los ciudadanos. Los delegados salen a la plaza pública, a
la calle, están escuchando directamente a los ciudadanos y eso es un cambio de fondo. Se
está iniciando una manera diferente de hacer las cosas.
Pero también les puedo decir que el
cambio, que sí existe y que es de fondo y que es de esencia, el cambio también radica en
lo que ya no se ha hecho. Ya no se dan permisos de cambio de suelo a cambio de dinero, ya
no se dan licencias de giros negros sin límite ni medida, ya no se dan permisos de
construcción en donde están prohibidos, ya no se protege al gangsterismo que impera en
esta ciudad. Prefiero la sinceridad de De Bernardi que el cinismo de Durazo Moreno.
La realidad y la propaganda están una
enfrente de la otra. Yo les aseguro, señores, compañeros diputados de todos los
partidos, yo les aseguro que este inicio de cambio, que esta punta de lanza que va apenas
abriéndose camino, va a trazar un largo zurco que va a cambiar la historia de este país.
No se puede, efectivamente, cambiar las
cosas de un día para otro, pero se están dando los pasos de fondo. No se quieren llevar
a cabo hazañas espectaculares, pero sí se están dando los pasos iniciales que llevarán
a México por otros caminos que ustedes, señores del PRI, no han conocido y que han
impedido.
Yo creo que el cambio existe, que el
programa general de gobierno "una ciudad para todos", es un programa que fue
dado a conocer con toda oportunidad, está al alcance del que lo quiera leer y que se
están tomando las medidas para que ese programa vaya desenvolviéndose con toda
oportunidad.
Los 100 días, 120 días que se llevan de
gobierno, no son nada frente a los 21 mil 900 días que llevan los gobiernos priístas de
gobernar esta ciudad, esta ciudad que subsiste gracias a la generosidad, al trabajo, al
esfuerzo de sus habitantes, que ha sobrevivido a decenas de gobiernos muy ineficaces, muy
corruptos, muy equivocados en sus líneas de gobierno. Esta ciudad, la más grande y
hermosa del mundo, que sin embargo se ha dejado caer, esta ciudad generosa que abre las
puertas a todos los mexicanos, está recuperándose.
Pronto veremos cómo este cambio que ahora
se inicia va a cuajar en otros muchos cambios de fondo. Van a ser los primeros tres años,
dos años y pico de gobiernos de oposición. Los próximos seis serán la culminación de
los cambios que ahora apenas empiezan y que tanto critican ustedes.
Muchas gracias.
Tiene la palabra para el mismo tema y
hasta por 10 minutos, el diputado José Espina von Roehrich, del Partido Acción Nacional.
| El diputado José Espina von Roehrich: |
Con su venia, señor Presidente:
Qué triste que quienes inscribieron en la
agenda política del día de hoy, el tema de análisis de la situación
político-administrativa en el Distrito Federal, hayan demostrado en los hechos que no les
interesa el Distrito Federal y que se hayan dedicado simplemente a un intercambio de
insultos, de improperios con los diputados del PRD.
Sabemos que los graves problemas que
aquejan al Distrito Federal no surgieron hace poco más de 100 días; la situación de
anarquía y corrupción que ha imperado en México y particularmente en el Distrito
Federal, han sido producto de los gobiernos autoritarios emanados del PRI, es una
evidencia histórica que no se puede negar.
Entendemos también perfectamente los
discursos y actitudes asumidas por el partido oficial cuando algún otro partido asume el
gobierno de un municipio o de un Estado; a nosotros incluso se nos ha criticado antes de
tomar posesión de cargos administrativos.
El origen, y esto hay que aclararlo
también, el origen de la exigencia de resultados a los 100 días de haber tomado
posesión, estuvo en los discursos de campaña y de toma de posesión del propio ingeniero
Cárdenas.
Y cito: el ingeniero Cárdenas presentó a
la opinión pública un documento en el que se comprometió a llevar a cabo 48 acciones de
gobierno que él consideró como prioritarias en los primeros 100 días.
En las jornadas previas a su toma de
posesión, él mismo dijo que la ciudadanía comenzaría a sentir los cambios desde el
primer minuto de su gestión.
En su toma de posesión expresó y cito
textual: "tres años para las tareas por realizar es poco y es mucho tiempo. Para los
grandes proyectos de transporte público, de suministro de grandes volúmenes de agua para
la región metropolitana, de abatimiento de la contaminación, es un periodo corto.
Ahora bien -continúa el ingeniero
Cárdenas-, para eliminar focos de corrupción y de ineficiencia, para combatir con toda
decisión la delincuencia, para poner en práctica otra forma de gobernar y empezar a
abrir los cauces de participación ciudadana, lo comenzamos a hacer desde el primer día,
ahora ya, con entrega, inteligencia, pasión, como si el tiempo se nos estuviera acabando
o no lo haremos nunca."
Y en otra parte de su propio discurso de
toma de posesión, el ingeniero Cárdenas, señaló: "Los ofrecimientos y compromisos
del nuevo gobierno tendrán que verse y sentirse en la práctica cotidiana de inmediato.
Arrancar el cambio de nuestra capital no puede esperar pues la pasividad los tiempos
mejores; nunca llegarán". Termina la cita del discurso de toma de posesión del
ingeniero Cárdenas.
Ciertamente, los cambios no se pueden dar
de la noche a la mañana, pero el Gobierno del Distrito Federal debe tener la
disposición, la sensibilidad política, la inteligencia para corregir aquellas fallas que
se hayan dado, yo creo que ésa es la intención de toda autoridades, hacer cada vez mejor
su función pública.
Y el escuchar las críticas y observaciones
constructivas y propositivas que miembros de otros partidos políticos o ciudadanos, en
general, les presenten respecto de la función pública.
Nosotros hemos señalado y volvemos a
señalarlo en este momento, lo que necesita el gobierno del Distrito Federal es un
programa rector. Si lo tiene, que lo difunda y lo comparta con los ciudadanos del Distrito
Federal; si no es así, si no cuenta con él, que haga partícipes a los ciudadanos de su
elaboración, pero en uno o en otro caso, deberá cumplir con ese programa de gobierno.
En 100 días ciertamente no se resuelven
los graves problemas de la capital, no lo estamos exigiendo, pero lo que sí nos preocupa
es, repito, esta falta de programa, de visión hacia dónde y cómo se va a trabajar para
resolver esos problemas que todos estamos esperando y que fueron prometidos por las nuevas
autoridades.
Finalmente a los vehementes diputados del
PRI, simplemente les diremos que nos consta el desorden con el que entregan las
administraciones. Si realmente tienen propósito de enmienda, les faltan muchos años para
expiar sus culpas.
Muchas gracias.
Esta Presidencia informa a la
Asamblea, que los coordinadores de los grupos parlamentarios me han hecho llegar una
comunicación para trasladar los asuntos pendientes en cartera, a la sesión que tendrá
lugar el próximo lunes 6 de abril, por lo tanto, con las atribuciones que me confiere la
Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, se instruye a la Secretaría dar lectura al orden del día de la
siguiente sesión.
ORDEN DEL DIA
| La secretaria
María del Carmen Escobedo Pérez: |
«Segundo Periodo de Sesiones
Ordinarias.- Primer Año.- LVII Legislatura.
Orden del día
Lunes 6 de abril de 1998.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de Morelos
y Nayarit.
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Con el que se solicita el permiso
constitucional necesario para que el ciudadano Gerardo Lemus Zamorano, pueda prestar
servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.
Iniciativas de diputados
De ley reglamentaria de los párrafos
cuarto y quinto del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en lo que se refiere a medidas concretas de seguridad pública, a cargo del
diputado Héctor Francisco Castañeda Jiménez, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, diputación de Jalisco.
De reformas y adiciones al artículo 3o.,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación
ambiental, a cargo de la diputada Gloria Lavara Mejía, del grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México.
Minutas
Proyecto de decreto, que concede permiso al
ciudadano ingeniero Horacio Cora y Muñoz, para aceptar y usar la condecoración de la
Orden Ecuestre de San Gregorio Magno en su Clase Segunda, en grado de Comendador con
Placa, que le confiere el gobierno de la Santa Sede.
Proyecto de decreto, que concede permiso a
la ciudadana Blanca Estela Ibarra Carrillo, para prestar servicios como secretaria en la
Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.
Proyecto de decreto, que concede permiso al
ciudadano Juan Antonio Ventura Malanche, para prestar servicios como asistente consular,
en la agencia consular de los Estados Unidos de América en Cancún, Quintana Roo.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Relaciones Exteriores,
con proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de
León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional
del 14 al 20 de abril de 1998, a efecto de que realice una visita de Estado a la
República de Venezuela y asista a la II Cumbre de las Américas en la ciudad de Santiago,
República de Chile.
De la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional
necesario para que el licenciado Juan Rebolledo Gout, pueda aceptar y usar la
condecoración de la Orden Cristóbal Colón, en grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le
confiere el gobierno de la República Dominicana.
De la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional
necesario para que el ciudadano Andrés Henestrosa, pueda aceptar y usar la condecoración
de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la
República del Ecuador.
De la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional
necesario para que el ciudadano Liévano Sáenz Ortiz, pueda aceptar y usar las
condecoraciones que le confieren los gobiernos de Argentina y repúblicas de Nicaragua y
Dominicana.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional
necesario, para que los ciudadanos José Angel Gurría Treviño, Pedro José
González-Rubio Sánchez, Roberto Miranda Sánchez, Rogelio Terán Contreras y Edgar Ortiz
Ocampo, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de la
República Dominicana.
De la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional
necesario, para que el capitán primero, piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo
César Tapia Jiménez, pueda aceptar y usar la condecoración de la Medalla The Army
Commendation, que le confiere el gobierno de los Estados Unidos de América.
De la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional
necesario, para que el ciudadano José Luis Barros Horcasitas, pueda aceptar y usar la
condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Comendador, que le confiere
el gobierno de la República Francesa.
De la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional
necesario, para que el teniente coronel de caballería Diplomado de Estado Mayor José
Alfredo González Rodríguez, pueda aceptar y usar la condecoración de la Medalla de
Pacificador, que le confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil.
Y los demás asuntos con los que la
Secretaría dé cuenta.»
CLAUSURA
Y CITATORIO
| El Presidente (a
las 19:43 horas): |
Se levanta la sesión y se convoca a
los diputados para la sesión del próximo lunes a las 10:00 de la mañana, 6 de abril.
Se invita también a los diputados para el
próximo lunes a las 9:00 de la mañana al Salón Verde, a que asistan a la comparecencia
del gobernador del Banco de México, licenciado Guillermo Ortiz.
RESUMEN
DE TRABAJOS
* Tiempo de duración: 7 horas con 29
minutos.
* Quorum a la apertura de sesión:
442 diutados.
* Excitativas a comisiones: 1.
* Puntos de acuerdo: 2.
* Temas de agenda política: 5.
*Oradores en tribuna: 40
PRI-15; PRD-15; PAN-7; PT-2; PVEM-1.
Se recibieron:
* 1 comunicación de la Comisión de
Régimen Interno y Concertación Política;
* 1 Iniciativa del PRI;
* 1 Iniciativa del PAN;
* 3 iniciativas del PRD;
* 1 iniciativa del PVEM;
* 1 oficio de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, respecto a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro;
* 1 oficio de la Secretaría de
Gobernación, sobre el Plan Nacional de Desarrollo 1995*2000.
Dictámenes de primera lectura:
* 4 para aceptar 8 condecoraciones que
confieren los gobiernos de las repúblicas Dominicana, Francesa, Federativa del Brasil y
de los Estados Unidos de América.
VOL. II
APENDICE
III INFORME DE EJECUCION DEL PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO 1995-2000
VER DOCUMENTO 2
VER DOCUMENTO 3
VER DOCUMENTO 4
VER DOCUMENTO 5
VER DOCUMENTO 6
VOL. III
CONTINUACION DEL APENDICE DEL III INFORME
DE EJECUCION DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1995-2000
VER DOCUMENTO 7
VER DOCUMENTO 8
|