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Presidencia de la diputada
María Mercedes Maciel Ortiz |
ASISTENCIA
Ruego a la Secretaría haga del
conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de
firmas de los señores diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario.
|
El
secretario Edgar Martín Ramírez Pech: |
Se informa a la Presidencia que
existen registrados previamente 391 diputados. Por lo tanto, hay quorum.
|
La
Presidenta (a las 11:29 horas): |
Se abre la sesión.
ORDEN DEL
DIA
|
El
secretario Edgar Martín Ramírez Pech: |
Se va a dar lectura al orden del
día.
«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.-
Primer Año.- LVII Legislatura.
Orden del día
Lunes 6 de abril de 1998.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los
estados de Morelos y Nayarit.
Comunicación de la Cámara de Senadores.
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Por el que se solicita el permiso
constitucional necesario para que el ciudadano Gerardo Lemus Zamorano, pueda prestar
servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.
Iniciativas de diputados
De ley reglamentaria de los párrafos
cuarto y quinto del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en lo que se refiere a medidas concretas de Seguridad Pública, a cargo del
diputado Héctor Francisco Castañeda Jiménez, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, diputación de Jalisco.
De reformas y adiciones al artículo 3o.,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación
ambiental, a cargo de la diputada Gloria Lavara Mejía, del grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México.
De Ley de Asociaciones Ganaderas, a cargo
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
De Ley para la Protección de las Personas
en Edad Avanzada, a cargo del diputado Germán Martínez Cázares, del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional.
De decreto que deroga el artículo 2o.-B y
fracción XIV del artículo 19, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Petición de diputados
Propuesta para crear una comisión especial
investigadora, sobre el funcionamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base
en el artículo 93 constitucional, a cargo del diputado Gonzalo Rojas Arreola, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Minutas
Proyecto de decreto, que concede permiso al
ingeniero Horacio Cora y Muñoz, para aceptar y usar la condecoración de la Orden
Ecuestre de San Gregorio Magno en su Clase Segunda, en grado de Comendador con Placa, que
le confiere el gobierno de la Santa Sede.
Proyecto de decreto, que concede permiso a
la ciudadana Blanca Estela Ibarra Carrillo, para prestar servicios como secretaria en la
Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.
Proyecto de decreto, que concede permiso al
ciudadano Juan Antonio Ventura Malanche, para prestar servicios como asistente consular en
la Agencia Consular de los Estados Unidos de América en Cancún, Quintana Roo.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Relaciones Exteriores,
con proyecto de decreto que concede autorización al doctor Ernesto Zedillo Ponce de
León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional
del 14 al 20 de abril de 1998, a efecto de que realice una visita de Estado a la
República de Venezuela y asista a la II Cumbre de las Américas en la ciudad de Santiago,
República de Chile. (Dispensa de la segunda lectura, discusión y votación.)
De la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al licenciado Juan Rebolledo
Gout, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Cristóbal Colón, en grado de
Gran Cruz Placa de Plata, que le confiere el gobierno de la República Dominicana.
De la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Andrés
Henestrosa, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en
grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República del Ecuador.
De la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Liévano Sáenz
Ortiz, para aceptar y usar las condecoraciones que le confieren los gobiernos de Argentina
y repúblicas de Nicaragua y Dominicana.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: José
Angel Gurría Treviño, Pedro José González-Rubio Sánchez, Roberto Miranda Sánchez,
Rogelio Terán Contreras y Edgar Ortiz Ocampo, para aceptar y usar las condecoraciones que
les confiere el gobierno de la República Dominicana.
De la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al capitán primero piloto
aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo César Tapia Jiménez, para aceptar y usar la
condecoración de la Medalla The Army Commendation, que le confiere el gobierno de los
Estados Unidos de América.
De la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José Luis
Barros Horcasitas, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión de
Honor, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República Francesa.
De la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al teniente coronel de
caballería Diplomado de Estado Mayor José Alfredo González Rodríguez, para aceptar y
usar la condecoración de la Medalla de Pacificador, que le confiere el gobierno de la
República Federativa del Brasil.
Excitativas
A la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias, a cargo del diputado Gilberto López y Rivas, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Agenda política
Comentarios sobre los incendios forestales,
a cargo de los grupos parlamentarios. (Deliberativo.)
Comentarios sobre gobernabilidad y respeto
al fuero constitucional de los diputados, a cargo de los grupos parlamentarios de los
partidos: Acción Nacional y de la Revolución Democrática. (Deliberativo.)
Propuesta de punto de acuerdo sobre la
tercera etapa del río Tijuana, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
(Votación.)
Comentarios sobre la situación de la
cuenca Lerma-Chapala, a cargo de la Comisión de Asuntos Hidráulicos. (Deliberativo.)
Denuncia sobre la autorización de
importación de leche en polvo, a cargo de la diputada María Antonia Durán, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Comentarios sobre el tema "Propuestas
para impulsar al turismo en Guerrero", a cargo del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. (Deliberativo.)
Comentarios sobre el ajuste presupuestal en
las instituciones de Educación Pública, a cargo del grupo parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática. (Deliberativo.)
Comentarios sobre la situación del lago de
Cuitzeo, Michoacán, a cargo de la diputada Julieta Gallardo Mora, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática. (Deliberativo.)»
ACTA
DE LA SESION ANTERIOR
El siguiente punto del orden del día
es la discusión del acta de la sesión anterior.
Ruego a la Secretaría consulte a la
Asamblea si se le dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que le ha sido
entregada copia de la misma a los coordinadores de los grupos parlamentarios, para sus
observaciones y se proceda a su votación.
El secretario Edgar Martín Ramírez Pech:
Por instrucciones de la Presidencia, se
consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior,
tomando en consideración que le ha sido entregada copia de la misma a los coordinadores
de los grupos parlamentarios, para sus observaciones y se proceda a su votación.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves dos de abril de mil novecientos
noventa y ocho, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año
de Ejercicio de la Quincuagésima Séptima Legislatura.
Presidencia del diputado
Alberto Cifuentes Negrete
En la capital de los Estados Unidos
Mexicanos, a las doce horas con catorce minutos del jueves dos de abril de mil novecientos
noventa y ocho, con una asistencia registrada de cuatrocientos cuarenta y dos diputados,
el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día
y la Asamblea dispensa la del acta de la sesión anterior que se aprueba en sus términos
en votación económica.
Se da lectura a una comunicación de la
Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, con la que informan que el grupo
parlamen tario del Partido del Trabajo, designó como coordinador al diputado Ricardo
Cantú Garza. De enterado.
Presentan iniciativas los diputados:
José Carlos Cota Osuna, del Partido
Revolucionario Institucional, de reformas a la Ley de Pesca. Se turna a las comisiones de
Pesca y de Turismo.
Benito Mirón Lince, del Partido de la
Revolución Democrática, de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y a la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Durante su
intervención, protesta por lo que calificó de falta de respeto a la Asamblea, por el
retraso para iniciar la sesión de hoy. Se turna a las comisiones unidas de Gobernación y
Puntos Constitucionales y a la de Derechos Humanos.
José de Jesús Montejo Blanco, del Partido
Acción Nacional, de reformas a la Ley del Seguro Social en materia de discapacitados y de
régimen de afiliación voluntaria. Se turna a la Comisión de Seguridad Social y el
Presidente informa que el tema propuesto por el diputado Rojas Arreola, se pasa al último
lugar de la agenda política por no tratarse de una iniciativa de ley. Desde su curul, el
aludido solicita que sea en primer lugar, pero el Presidente ratifica el turno.
Jorge Alejandro Jiménez Taboada, del
Partido Verde Ecologista de México, de reformas constitucionales y legales en materia de
prerrogativas a partidos políticos. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.
Bernardo Bátiz Vázquez, del Partido de la
Revolución Democrática, de reformas a los artículos cuarenta y ciento quince de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales.
María de la Luz Núñez Ramos, del Partido
de la Revolución Democrática, de reformas a los artículos ciento quince y setenta y uno
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales.
La Secretaría da cuenta con un oficio de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite el informe semestral de
la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Se turna a la Comisión de
Trabajo y Previsión Social y se envía un ejemplar a la Cámara de Senadores para su
conocimiento.
Un oficio de la Secretaría de Gobernación
,con el que remite el tercer informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo mil
novecientos noventa y cinco-dos mil. Se turna a la Comisión de Programación, Presupuesto
y Cuenta Pública.
Para continuar con el orden del día, la
Secretaría da lectura a cuatro dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyectos de decreto con los que se conceden los permisos
constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
José Angel Gurría Treviño, Pedro José
González-Rubio Sánchez, Roberto Miranda Sánchez, Rogelio Terán Contreras y Edgar Ortiz
Ocampo, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de la
República Dominicana.
César Tapia Jiménez, pueda aceptar y usar
la condecoración que le confiere el gobierno de los Estados Unidos de América.
José Luis Barros Horcasitas, pueda aceptar
y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República Francesa.
José Alfredo González Rodríguez, pueda
aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República Federativa
del Brasil.
Son de primera lectura.
El Presidente concede el uso de la palabra
al diputado Javier Paz Zarza, del Partido Acción Nacional, quien solicita que se haga una
excitativa para que la Comisión de Comunicaciones y Transportes dictamine sobre una
propuesta acerca de la carretera Atlacomulco-Toluca. El Presidente hace lo conducente.
Debaten sobre la situación política en el
Estado de Morelos, los diputados: Gerardo Ramírez Vidal, del Partido de la Revolución
Democrática; Marco Antonio Adame Castillo, del Partido Acción Nacional, quien presenta
un punto de acuerdo para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación investigue los
hechos que se denuncian; Juan Jaramillo Fricas, del Partido Revolucionario Institucional y
José del Carmen Enríquez Rosado, del Partido de la Revolución Democrática, quien
acepta una interpelación del diputado Jaramillo Fricas. El punto de acuerdo presentado,
se turna a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia.
Expresan sus opiniones respecto a hechos
desarrollados en el Estado de Durango, los diputados: Juan José Cruz Martínez, del
Partido del Trabajo, en dos ocasiones, en la primera presenta un punto de acuerdo para que
la Procuraduría General de la República investigue las amenazas de que dijo haber sido
objeto el diputado Ricardo Cantú Garza y la segunda para rectificar hechos; Rodrigo
Maldonado Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática, quien acepta una
interpelación del diputado Oceguera Ramos y Juan Arizmendi Hernández, del Partido
Revolucionario Institucional.
Para rectificar hechos sobre el mismo tema,
se concede el uso de la palabra a los diputados: Juan Carlos Gutiérrez Fragoso, del
Partido Acción Nacional; Francisco Javier Ponce Ortega, del Partido Revolucionario
Institucional y Jesús Gutiérrez Vargas, del mismo partido. El punto de acuerdo
presentado se turna al Presidente de la mesa directiva, diputado Jorge Emilio González
Martínez.
Sube a la tribuna el diputado Juan Manuel
Parás González, del Partido Revolucionario Institucional, quien a nombre de la Comisión
de Turismo propone el acuerdo nacional para el turismo del tercer milenio.
Expresan las opiniones de sus grupos
parlamentarios, los diputados: Mario Guillermo Haro Rodríguez, del Partido Acción
Nacional; Elba Margarita Capuchino Herrera, del Partido de la Revolución Democrática;
Presidencia del diputado
Sergio Valdés Arias
Y Addy Cecilia Joaquín Coldwell, del
Partido Revolucionario Institucional.
Presidencia del diputado
Alberto Cifuentes Negrete
Se turna la propuesta a la Comisión de
Turismo.
Solicita y se concede el uso de la palabra
al diputado Carlos Orsoe Morales Vázquez, del Partido de la Revolución Democrática,
quien presenta solicitud de juicio político en contra del ex gobernador del Estado de
Chiapas. El Presidente aclara que, conforme al artículo doce de la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, la denuncia debe entregarse en la
Oficialía Mayor.
Debaten sobre el tema, los diputados: Jorge
Gómez Mérida, del Partido Acción Nacional; Juan Carlos Gómez Aranda, del Partido
Revolucionario Institucional; Manuel Pérez García, del Partido de la Revolución
Democrática, quien entrega diversos documentos a la Secretaría y Marlene Catalina
Herrera Díaz, del Partido Revolucionario Institucional.
Para comentar la situación
político-administrativa del Distrito Federal, hacen uso de la palabra los diputados:
Jesús Enrique Jackson Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional;
Presidencia del diputado
Sergio Valdés Arias
Armando López Romero, del Partido de la
Revolución Democrática, quien acepta una interpelación del diputado Alvarez Arronte;
Presidencia del diputado
Alberto Cifuentes Negrete
Sandra Lucía Segura Rangel, del Partido
Acción Nacional; María Estrella Vázquez Osorno, del Partido de la Revolución
Democrática, para contestar alusiones personales, quien es interrumpida por una moción
de orden que, desde su curul, hace el diputado Oceguera Ramos. El Presidente hace las
aclaraciones pertinentes y la oradora contesta a interpelaciones de los diputados Segura
Rangel y Vega Murillo.
Para rectificar hechos o contestar
alusiones personales, hacen uso de la palabra los diputados: Jesús Enrique Jackson
Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional; Gil Rafael Oceguera Ramos, del mismo
partido, en dos ocasiones, en la segunda contesta a una interpelación de la diputada
Vázquez Osorno, a dos de la diputada Peñaloza Izazaga y a otra del diputado Herrera
Beltrán, y Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática, quien acepta
interpelación del diputado Oceguera Ramos.
Desde su curul, el diputado Bátiz Vázquez
propone una moción de orden que hace suya el Presidente y continúan en el debate los
diputados: José de Jesús Martín del Campo Castañeda, del Partido de la Revolución
Democrática, para rectificar hechos; Bernardo Bátiz Vázquez, del mismo partido, en dos
ocasiones, la primera para contestar alusiones personales y la segunda en su turno
reglamentario; Guillermo Barnés García, del Partido Revolucionario Institucional y José
Espina von Roehrich, del Partido Acción Nacional.
El Presidente informa que los temas
agendados sobre incendios forestales, punto de acuerdo sobre la tercera etapa del río
Tijuana, gobernabilidad y respeto a fuero
constitucional de los diputados y propuesta
para la creación de una comisión especial investigadora sobre el funcionamiento del
Instituto Mexicano del Seguro Social, se tratarán, por acuerdo de los coordinadores de
los grupos parlamentarios, en la próxima sesión.
Agotados los asuntos en cartera, la
Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura
la de hoy a las diecinueve horas con cuarenta y tres minutos, citando para la que tendrá
lugar el lunes seis de abril de mil novecientos noventa y ocho, a las diez horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo
quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Aprobada, señora Presidenta.
ESTADO DE
MORELOS
|
La
secretaria Enoé González Cabrera: |
«Escudo.- Poder Legislativo.- XLVII
Legislatura.- 1997-2000.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
En cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 6o. de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, tenemos el honor de
informar a ustedes, que en sesión de esta fecha el honorable Congreso del Estado,
instaló los trabajos correspondientes al primer periodo de sesiones extraordinarias del
segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio constitucional de esta
XLVII Legislatura del Estado de Morelos; eligiéndose presidente y vicepresidente de la
mesa directiva, la cual quedó integrada de la siguiente manera: diputados: Marco Antonio
Xicoténcatl Reynoso, presidente; Pascual Rodríguez Cabrera, vicepresidente.
Reitero a ustedes la seguridad de mi atenta
y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Cuernavaca, Morelos, marzo 17 de 1998.- El
oficial mayor del honorable Congreso del Estado de Morelos, Antolín Escobar Cervantes.»
De enterado.
«Escudo.- Poder Legislativo.- XLVII
Legislatura.- 1997-2000.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
En cumplimiento a lo dispuesto por los
artículos 6o. y 68 de la Ley Orgánica el honorable Congreso del Estado de Morelos,
tenemos el honor de informar a ustedes que en sesión de esta fecha, se designó al
ciudadano Antolín Escobar Cervantes, como oficial mayor de este honorable Congreso, así
como la clausura de los trabajos correspondientes al primer periodo de sesiones
extraordinarias del segundo periodo ordinario del primer año de ejercicio constitucional
de la XLVII Legislatura del Estado.
Reitero a ustedes la seguridad de mi atenta
y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Cuernavaca, Morelos, marzo 20 de 1998.- El
oficial mayor del honorable Congreso del Estado de Morelos, Antolín Escobar Cervantes.»
De enterado.
ESTADO DE
NAYARIT
|
La
secretaria Adoración Martínez Torres: |
«Escudo Nacional.- Poder
Legislativo.- Nayarit.- Oficialía Mayor.- XXV Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
Tengo el honor de comunicar a ustedes, que
la XXV Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en
sesión pública extraordinaria celebrada el día 16 de los corrientes, fue designada por
el pleno de la asamblea legislativa, la mesa directiva que presidirá los trabajos
correspondientes al primer mes del segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año
de ejercicio constitucional, quedando de la siguiente manera:
Diputados: Luis Carlos Tapia Pérez,
presidente; Isaac Gamaliel del Real Chávez, vicepresidente; Enrique Jiménez López,
Justino Avila Arce, secretarios; Fausto López Barrón, J. Belém Montes Balderas,
secretarios suplentes.
Sin otro particular, reitero a ustedes las
seguridades de mi distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Tepic, Nayarit, 18 de marzo de 1998.- Jorge
Armando Gómez Arias, oficial mayor.»
De enterado.
CAMARA
DE SENADORES
|
La
secretaria María del Carmen Corral
Romero: |
«Escudo Nacional.- Cámara de
Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados.- Presentes.
Nos permitimos hacer de su conocimiento que
en sesión celebrada en esta fecha, el senador Héctor Sánchez López presentó
comunicación por la que informa que el senador Ernesto Navarro González, ha sido
nombrado coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
en sustitución del mismo.
Reiteramos a ustedes las seguridades de
nuestra distinguida consideración.
México, D.F., a 2 de abril de 1998.-
Senadores: José de Jesús Padilla Padilla y Luis Felipe Bravo Mena, secretarios.»
De enterado.
ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA
|
El
secretario Vicente de la Cruz Santiago: |
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el día 17 del presente
mes, la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a esta dependencia del
Ejecutivo, manifestando lo siguiente:
"Mucho agradeceré a usted, de no
mediar inconveniente para ello, tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión,
el permiso a que se refiere el artículo 37 inciso "c" párrafo segundo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se
menciona a continuación pueda prestar sus servicios dentro del territorio nacional al
gobierno de los Estados Unidos de América.
Gerardo Lemus Zamorano; chofer; Embajada de
los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.
Para tal efecto se anexa copia certificada
del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y el escrito
en que solicita se realicen los trámites correspondientes."
Tengo el honor de comunicar a ustedes, que
la XXV Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en
sesión pública extraordinaria celebrada el día 16 de los corrientes, fue designada por
el pleno de la asamblea legislativa, la mesa directiva que presidirá los trabajos
correspondientes al primer mes del segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año
de ejercicio constitucional, quedando de la siguiente manera:
Diputados: Luis Carlos Tapia Pérez,
presidente; Isaac Gamaliel del Real Chávez, vicepresidente; Enrique Jiménez López,
Justino Avila Arce, secretarios; Fausto López Barrón, J. Belém Montes Balderas,
secretarios suplentes.
Sin otro particular, reitero a ustedes las
seguridades de mi distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Tepic, Nayarit, 18 de marzo de 1998.- Jorge
Armando Gómez Arias, oficial mayor.»
De enterado.
Lo que transcribo a ustedes para los fines
legales procedentes, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero a ustedes las seguridades de mi
atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 24 de marzo de 1998.- Por
acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
Recibo y túrnese a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales.
Antes de continuar con el orden del
día, solicito amablemente a todos los diputados su colaboración, a efecto de llevar con
orden esta sesión, así como a la Oficialía Mayor avisar a todos los diputados que se
encuentran fuera de este salón, para que se integren a la misma sesión.
CONSTITUCION POLITICA
DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Tiene la palabra el diputado Héctor
Francisco Castañeda Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, diputación de Jalisco, para presentar una iniciativa de ley reglamentaria
de los párrafos cuarto y quinto del artículo 21 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en lo que se refiere a medidas concretas de seguridad pública.
|
El
diputado Héctor Francisco Castañeda
Jiménez: |
«Ciudadano Presidente de la Cámara
de Diputados de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
Los que suscribimos, diputados del Estado
de Jalisco, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
en ejercicio de la facultad que nos otorga la fracción II del artículo 71 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con apoyo en lo previsto por los
artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General, presentamos ante el pleno de esta Cámara, una iniciativa de Ley Reglamentaria de
los párrafos cuarto y quinto del articulo 21 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en lo que se refiere a medidas concretas de seguridad pública, fundando
nuestra presentación en las siguientes
CONSIDERACIONES
En años recientes se produjeron adiciones
a los artículos 21 y 73 de la Constitución Política del país, en concreto y
respectivamente al párrafo cuarto y a la fracción XXIII. Tales adiciones se refieren a
la materia de la seguridad pública.
No escapa a nadie, que el motivo
fundamental de la iniciativa que culminó con las adiciones constitucionales, tiene qué
ver con el incremento en los índices nacionales de delincuencia. Con apoyo en los nuevos
dispositivos de nuestra ley fundamental, los estados de la República y el Distrito
Federal, han emitido su ordenamiento básico en materia de seguridad pública, cuya
finalidad inmediata es la de reglamentar a los cuerpos policiales, de carácter público y
privado y de enunciar los derechos y obligaciones de sus integrantes, de manera principal.
Se ha emitido también la denominada Ley General que Establece las Bases de Coordinación
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (ley
federal), en la que se pretende acotar el
término "seguridad pública".
Artículo 3o. ...la seguridad pública es
la función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos
de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicas y nos
referimos a este ordenamiento como la ley federal, en atención a que fue creada por el
Congreso de la Unión; la consecución de los fines de seguridad pública que establece
este ordenamiento, se lleva a cabo mediante la prevención, persecución y sanción de las
infracciones y delitos, así como la reinserción social del delincuente y del menor
infractor".
El panorama que nos presenta la citada ley
federal de la materia, propiamente es abrumador, en tanto que tiene qué ver con los tres
diversos órdenes de gobierno de la Federación, de las entidades federativas y del
Distrito Federal; el Legislativo, en cuanto a emitir ordenamientos sobre los puntos
referidos; el Ejecutivo, en tanto que de él depende el órgano persecutor; la autoridad
para menores y el órgano encargado de ejecutar las sanciones de carácter penal y el
Judicial, en cuanto le corresponde declarar la responsabilidad penal de una persona y
determinar el tipo y el quantum de la pena.
Sentimos que el marco jurídico de la ley
federal ha reglamentado lo básico en cuanto se refiere al párrafo quinto del artículo
21 constitucional. Es claro que el párrafo quinto del citado artículo 21 constitucional
es el que se refiere a la Coordinación de Federación, Distrito Federal y municipios,
pero el párrafo cuarto no implica ninguna cuestión relativa a coordinación y por el
contrario, se basa en el ámbito de actuación de todos éstos, de conformidad con el
artículo 124 y demás relativos de nuestra Constitución.
Por dicho motivo, la iniciativa que se
presenta se refiere tanto al párrafo cuarto como al quinto del citado artículo 21.
Podría suponerse que todo lo que se
propondrá en la iniciativa, ya se encuentra contenido en la ley federal aludida, con lo
que no coincidimos, pues el mismo nombre de la iniciativa indica que se refiere a
cuestiones muy concretas que requieren una atención muy específica por parte de los
legisladores. El contacto directo con los electores nos permitió observar a qué hechos
delictivos la ciudadanía siente temor, inseguridad e impotencia. De ahí que nos permita
hacer hincapié en que se trata de abordar lo que en general está regulado, para dar
relevancia y especial atención a lo que observamos en trabajo de campaña. Si nos
contentáramos con reglamentaciones especiales, no existirían leyes como las de:
Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, pues al fin que en varios
ordenamientos como el Código Penal, el Código Fiscal de la Federación y otros, se
encontraría una reglamentación, tal vez no ad hoc, pero finalmente aplicable. Es
indiscutible que se trata de atender de manera particular lo que genera a la población
más miedo de la delincuencia. Por ello, no importa si existen ordenamientos generales
porque, cierto tipo de problemas, se ataca con ordenamientos especiales: recuérdese el
principio de que la ley especial prevalece sobre la ley general.
Nuestro sentir es que ha de expedirse una
ley adicional para complementar a la actual ley federal y que también reglamente el
párrafo cuarto del referido artículo 21. ¿Cuál es la razón de esto? Ni la ley federal
ni las leyes locales de seguridad pública tienen una normatividad respecto de los
concretos supuestos y situaciones que en la actualidad generan el sentimiento de
inseguridad en la población y la manera en que se puede hacer frente a ellos.
En efecto, al margen de lo que señala la
referida ley federal en el artículo 3o., la inseguridad pública está relacionada
directamente con una serie limitada de delitos que pueden resumirse en los siguientes:
homicidio, lesiones, violación, secuestro, robo en sus diversas modalidades, amenazas,
falsificación de documentos y asociaciones delictuosas (bandas) y con la participación
en tales hechos tanto de adultos como de menores, realmente adolescentes. Hago una
afirmación: si los índices de comisión de este tipo de hechos fueran sustancialmente
menores, no existiría en la sociedad eso que denominamos sensación de inseguridad e
impotencia. La criminalidad siempre ha existido y siempre existirá y lo que el Estado
puede hacer es tratar de reducir el número de delitos.
En este proyecto hemos hecho una
precisión, dado que se ha señalado los hechos delictivos respecto a los
cuales se entrelaza el sentimiento de
inseguridad. Este sentimiento ha sido el principal motor que ha propiciado que los
órganos de gobierno aborden el tema de la seguridad pública, con lo cual se deja sentado
que éste no tiene qué ver exclusivamente con lo que en general se pueden llamar cuerpos
policiales. Interesa, ahora, saber qué hacen y qué deben llevar a cabo las distintas
autoridades, policiales, persecutoras, tutelares, judiciales y ejecutoras, respecto al
concreto sector de la seguridad pública, que se vincula con delitos de homicidio,
lesiones, violación, secuestro, robo, amenazas, falsificación de documentos y
asociaciones delictuosas.
Dada la diversidad de legislaciones penales
y procesales y de leyes orgánicas del Ministerio Público, federales y locales, no existe
un tratamiento uniforme o igualitario en relación a los delitos que he mencionado. A
manera de ejemplo: el delito de homicidio calificado en el Distrito Federal, merece una
pena de 20 a 50 años de prisión, pero en el Estado de Veracruz ese mismo hecho merece de
15 a 30 años de prisión; el Código Federal de Procedimientos Penales permite que el
juez reclasifique el delito al momento de librar la orden de aprehensión, pero el Código
de Procedimientos Penales del Distrito Federal no lo permite.
Además de esto, subsisten ciertas
formalidades en los procedimientos penales que provocan que, pese a existir ante el
órgano juzgador la evidencia de que alguien cometió un delito, se obtenga una
resolución favorable por deficiencia en la técnica aplicada por el Ministerio Público:
ejemplo de ello lo es la expresión de agravios del Ministerio Público, que no puede ser
rebasada por el tribunal de alzada y que muchas veces no tiene su fuente en una
deficiencia, sino en una cuestión de estricto criterio. Los ordenamientos tratan de
manera diferente algunos puntos, sin establecer la justificación de ello. Perseguir los
delitos implica que sea el Ministerio Público el que tenga el monopolio del derecho de
provocar que un juez penal atienda un caso particular, pero el monopolio de la acción
penal no impide solventar los tecnicismos que se pretenden del Ministerio Público, pues
debemos reconocer que estamos frente a circunstancias en las que antiguas fórmulas ya no
son operantes. He ahí la magna responsabilidad del legislador.
Es también evidente que la autoridad
preventiva y persecutora conoce o puede conocer en dónde, cómo y cuándo se cometen o se
cometerán hechos delictivos, robos a tarjetahabientes, robo de autopartes y a
autotransportes, falsificación de facturas, recibos y otros documentos etcétera y no
pueda actuar por temor a los organismos protectores de derechos humanos. Las comisiones de
derechos humanos no pueden permanecer como hasta ahora, como simples espectadoras de los
hechos y posteriormente emitir juicios por la mala o buena actuación de las corporaciones
de policía y órganos persecutores, sino que deben orientar a éstos y señalarles en
casos concretos la manera en que se deban llevar a cabo acciones específicas para
criminalidad concreta; el que sean diversos entes de gobierno no implica que sean
contrapuestos. Hemos sido testigos de que las autoridades de policía preventiva y
judicial han realizado operativos que han causado malestar en la población, pero, justo
es reconocer también causa malestar en los ciudadanos el hecho de que sea evidente
cuándo, dónde y cómo se cometen hechos delictivos o dónde están las pruebas de su
comisión y que las autoridades de policía y ministeriales permanezcan pasivas ante ello
y que, dicha pasividad, pueda ser interpretada como complicidad.
Estimamos también que un operativo contra
la delincuencia no necesariamente implica una orden de cateo y por otra parte, que para
lograr la aprehensión de delincuentes habituales deben ponerse en marcha operativos que
permitan detenerlos en flagrancia, dado que es el único medio para proteger de ellos a la
sociedad. Podría argumentarse que los operativos serían más nocivos que benéficos,
pero ello se piensa en razón de los abusos que se han cometido y por tal motivo, a la par
de proponer tales operativos, se sugiere también establecer un mecanismo de control, o
¿acaso debe triunfar la delincuencia?
En concreto, opinamos que bajo el
fundamento de la atribución legislativa general que tiene el Congreso, con relación al
artículo 21 constitucional deben reglamentarse los párrafos cuarto y quinto para
señalar lineamientos generales en relación con el concreto tipo de criminalidad que
genera en la población el sentimiento de inseguridad e impotencia.
En atención a lo expuesto, sometemos a la
consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente
INICIATIVA DE
LEY REGLAMENTARIA
De los párrafos cuarto y quinto del
artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que se
refiere a medidas concretas de seguridad pública.
Artículo 1o. La Federación, las entidades
federativas y el Distrito Federal, llevarán a cabo acciones concretas de coordinación,
en materia de seguridad pública.
Artículo 2o. Las acciones de coordinación
se referirán a los siguientes delitos: homicidio doloso, lesiones, violación, secuestro,
robo, amenazas, falsificación de documentos y asociaciones delictuosas.
Artículo 3o. En un término que no
excederá de tres meses a partir de que entre en vigor esta ley y durante el mes de enero
de cada año, los gobiernos de la Federación, los estados y del Distrito Federal,
determinarán las acciones concretas que realizarán para prevenir la comisión de los
delitos a que se refiere el artículo que antecede y perseguir penalmente a sus autores.
Artículo 4o. La Procuraduría General de
la República y las procuradurías generales de las entidades federativas y del Distrito
Federal, en coordinación con las autoridades de policía preventiva, en sus respectivas
jurisdicciones, podrán llevar a cabo operativos contra la delincuencia.
Artículo 5o. En los operativos contra la
delincuencia, se observará lo siguiente:
I. Procederá en relación con los delitos
previstos en el artículo 2o. de esta ley.
II. Se requerirá orden del juez penal que
corresponda, la que se expedirá a petición de la Procuraduría de Justicia respectiva
cuando, ésta, hubiere acreditado de manera probable la existencia de personas, objetos y
lugares relacionados con la comisión o futura comisión de hechos delictivos.
III. Quienes lleven a cabo un operativo
contra la delincuencia se limitarán al objeto de la orden emitida al respecto, salvo que
en el desarrollo de ésta apareciere la comisión flagrante de cualquier delito, en cuyo
caso, se procederá a la detención del correspondiente probable responsable.
IV. La Comisión Nacional de Derechos
Humanos y las comisiones locales de derechos humanos, mediante los representantes que
designen, participarán siempre como observadores en el desarrollo de los operativos
contra la delincuencia.
V. Si el operativo contra la delincuencia
consiste en un cateo, deberá procederse conforme al párrafo octavo del artículo 16 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 6o. Los operativos contra la
delincuencia pueden consistir, inclusive, en el hecho de propiciar circunstancias
concretas en las que habitualmente se cometen los hechos delictivos a que alude el
artículo 2o., de esta ley, con el fin de detener a quienes los cometan. En este tipo de
operativos contra la delincuencia, sólo actuarán elementos de las corporaciones de
policía preventiva y judicial, respecto a quienes se considerará que actúan en el
cumplimiento de un deber legal.
Artículo 7o. El desarrollo de los
operativos contra la delincuencia y sus resultados, podrá hacerse constar en acta, cinta
de audio o video o en cualquier otro medio no reprobado por las leyes.
Artículo 8o. En materia federal y en
materia local del Distrito Federal, en los procesos penales por los delitos previstos en
el artículo 2o., de esta ley, las autoridades del orden judicial deberán:
I. Reclasificar el delito, en su caso,
respecto a la petición de orden de aprehensión del Ministerio Público.
II. Subsanar las deficiencias del
Ministerio Público al formular conclusiones o expresar agravios.
Artículo 9o. El Ejecutivo Federal, por
conducto del Consejo Nacional de Seguridad Pública, realizará los estudios acerca de las
diferencias en la legislación penal y procesal penal en materia federal y local y hará
propuestas a los titulares del Poder Ejecutivo local de los estados y del Distrito
Federal, con el fin de propiciar la uniformidad en el tratamiento legal de los ilícitos a
que alude el artículo 2o., de esta ley.
Artículo 10. La Federación, por conducto
de la Secretaría de Gobernación, llevará un estricto control y seguimiento de todas las
averiguaciones previas y procesos, que se inicien con motivo de los delitos que prevé el
artículo 2o., de esta ley; así como de quienes aparezcan como acusados o probables
responsables.
La Procuraduría General de la República y
las procuradurías generales de Justicia de las entidades federativas y del Distrito
Federal, proporcionarán a la Secretaría de Gobernación, en la forma y términos que
ésta determine, la información sobre dichas averiguaciones previas y procesos.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. Esta ley entrará en vigor a los
tres días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Secretaría de Gobernación, en
un plazo que no excederá de 30 días a partir de la vigencia de esta ley, hará saber a
la Procuraduría General de la República y a las procuradurías generales de Justicia de
los estados y del Distrito Federal, la forma y términos en que deberá hacerse llegar la
información a que se refiere el artículo 10.
Dado en la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 6 de abril de 1998.- Diputados:
Francisco J. Santillán Oceguera, Héctor Francisco Castañeda Jiménez, Juan García de
Quevedo Baeza, Héctor González Machuca, Francisco Javier Morales Aceves, Teresa Núñez
Casas y Salvador Rizo Ayala.»
Túrnese a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales.
Solicito de la manera más atenta a los
diputados y a las personas que se encuentran en el pasillo central, pasen a ocupar sus
lugares para el mejor desahogo de esta sesión.
Tiene la palabra la diputada Gloria Lavara
Mejía, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar
una iniciativa de reformas y adiciones al artículo 3o., de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación ambiental.
|
La diputada Gloria
Lavara Mejía: |
Con su permiso, señora Presidenta:
«Cámara de Diputados de la LVII
Legislatura del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
Jorge Emilio González Martínez, Aurora
Bazán López, Jorge Alejandro Jiménez Taboada, Gloria Lavara Mejía, Miguel Angel Garza
Vázquez y Verónica Velasco Rodríguez, diputados de la LVII Legislatura del honorable
Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México, con fundamento en los artículos 71 fracción II, 72 y 135 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 31 de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se
turne a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su dictamen y
posterior discusión en el pleno de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del
honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Hablar de educación es involucrarse en un
difícil camino sin aparente solución, donde el tema no ha sido regulado adecuada ni
suficientemente por el legislador, limitándose a enfatizar sólo una pequeña parte de lo
que realmente debería comprender; de modo tal que la actual redacción del artículo 3o.,
constitucional, deja de lado importantes objetivos que por el avance tecnológico y por el
surgimiento de nuevos fenómenos que involucran al hombre en su totalidad, está obligado
a contemplar. Actualizar el contenido del precepto en mención resulta inaplazable e
implica no sólo agregar frases o palabras vacías que posteriormente se conviertan en
letra muerta al momento de aplicarlas, sino que, para que éstas tengan vigencia y
aplicación plenas, es necesario incorporar al texto constitucional aquellas realidades
que con frecuencia rebasan al legislador y a su obra, otorgando al gobernado los
beneficios de la modalidad en educación que se propone por la presente iniciativa; más
aún, tratándose de una actividad tan importante como lo es la educación.
El enfoque educativo hasta ahora parcial y
fragmentado que nos proporciona el contenido actual del artículo 3o., de la
Constitución, por ser incompleto, resulta inadecuado, pues sólo cuando se contempla al
hombre en todas sus dimensiones, éste puede desarrollar, en la medida de sus
posibilidades, todo el conjunto de potencialidades de las que fue dotado; partir de lo
contrario, equivaldría a aportar un esquema desfigurado de la contundente realidad humana
y, derivado del mismo, un programa educativo que proyecte una visión amputada de la
realidad del hombre.
Educar es formar, no solamente dar
información; es concientizar al educando acerca de su existencia en el planeta, de su
responsabilidad como habitante del mismo y de los compromisos que asuma con los de su
especie, que ahora también se encuentran, por culpa del hombre mismo, en peligro de
extinción.
Educar es enseñar para la vida, cultivar
al hombre en sus dos dimensiones: la interior, que radica en lo espiritual y la exterior,
que se proyecta en todo acto u omisión que tenga efectos en el mundo material; sólo
relacionando adecuadamente ambos aspectos, es como podemos partir de un concepto integral
del ser humano, de lo contrario, al enfatizar uno solo de sus aspectos, se crearía una
imagen trastornada de lo que realmente significa y de la importancia que tiene sobre el
planeta. Al darnos cuenta de nuestros propios límites, así como de aquellos que la
naturaleza nos impone, nos percatamos del peligro que corre nuestra especie en el mundo, o
peor aún, del futuro carente de oportunidades; del basurero y del desierto que les
estamos dejando a las futuras generaciones y que al contribuir limitando a la Tierra con
su regeneración y al despilfarrar sus recursos, nos imponemos todavía más limitantes.
A pesar de que una parte importante del
Presupuesto de Egresos de la Federación está destinado a atender la educación en
México, ésta es insuficiente, pues todavía hay muchos rezagos que parecen insuperables.
Tanto el índice de deserción estudiantil
como el índice de analfabetismo en nuestro país, demuestran el deficiente grado de
avance logrado con el sistema educativo actual.
Pero no es por la falta de recursos por lo
que los programas gubernamentales no funcionan, sino por otros factores que aunque
igualmente importantes no han sido atendidos adecuadamente por los legisladores ni por las
autoridades ejecutoras de los mismos.
La educación actual enseña a depredar, a
dilapidar los recursos escasos y limitados que aún nos quedan y que constituyen nuestra
riqueza nacional, todo ello al amparo de la implementación de políticas, planes y
programas, cuya finalidad última radica en mejorar la eficiencia y la productividad de
los diversos sectores de la actividad industrial sin preguntarse el por qué ni el para
quién de la producción; continuando con el solo afán de producir por producir y
transformando el medio en un fin en sí mismo; además, y esto es lo más grave, a costa
del despojo que a las futuras generaciones se les hace tanto de los elementos naturales,
como del medio ambiente necesario para que éstos subsistan.
El espíritu competitivo orientado a
demostrar quién es más productivo, a ver quién tiene mayores ingresos o quién tiene
más bienes que otro, ha llevado no sólo a la dilapidación de los recursos naturales,
sino a la miseria de la existencia humana.
Ahora con el peligroso acercamiento de la
globalización económica mundial, parece cada vez más remota la visión integral de la
educación en el hombre, porque se pretende instruir para maximizar la productividad en
base a la competitividad económica, dejando atrás el verdadero motivo y fin de la
educación: la plena realización del hombre para su vida y no para someterlo a un
servilismo de intereses financieros en beneficio de unos cuantos y en donde pierda de
vista su identidad y su finalidad individual, transformándose en un engranaje más de ese
enorme mecanismo globalizador que se nos trata de imponer.
Este modo de pensar nos fue heredado por la
filosofía occidental del presente siglo, basada en principios mercantilistas y
mecanicistas que se resumen en la obtención de los beneficios deseados a cualquier
precio, perdiendo de vista con ello el lugar que ocupa la presencia que el ser humano
tiene sobre la Tierra y de la relación que éste tiene con sus semejantes y con la
naturaleza.
En el pensamiento ecologista, más que
competir, hay que colaborar, de manera que la educación debe estar más bien orientada a
que el alumnado tenga presente o esté consciente de que su labor en el mundo no lo es la
protagónica, producto de la competitividad, sino del desarrollo de la comunidad en la que
vive.
Las nuevas realidades mundiales imponen
categóricamente la actualización de conceptos, basados en nuevas relaciones. Por ello,
cuando se enfatiza al medio ambiente y a la sustentabilidad, que implica la protección
del mismo, esto se hace porque considera que ésta es la mejor forma de aprovechar los
elementos naturales sin agotarlos en su totalidad, para que las generaciones posteriores
puedan, al igual que nosotros, gozar de un medio ambiente diverso y equilibrado; la
relación y concepto que el hombre tiene del mundo y de sí mismo, cambian radicalmente,
pues ahora se da cuenta de que forma parte de una comunidad mundial, y que la adecuada
conservación de los elementos resulta una labor imprescindible en su formación.
Para comprender la importancia de la
construcción del mundo sustentable, se necesita un cambio de pensamiento que deje atrás
la visión mecanicista del mundo; se trata de un pensamiento holísticoreduccionista, que
deja de lado al pensamiento fragmentado.
La naturaleza no es una máquina sin vida,
es un sistema complejo en el que el hombre se ve íntimamente involucrado y de cuya
relación con ella deriva su permanencia en el planeta. Reconocerlo como nuestro hogar,
porque no tenemos otro donde vivir, respetar sus límites, sus principios y sus mecanismos
de vida; comprender que es algo vivo del que formamos parte y por tanto que si lo
dañamos, es dañarnos a nosotros mismos; comprender que al agotar los recursos, agotamos
los nuestros y con ello la vida de ambos, implica la necesaria incorporación de conceptos
que anteriormente eran desconocidos y constituyen el fundamento del nuevo pensamiento
educativo que debe incorporarse para hacer consciente al aprendiz de las presentes y
futuras generaciones de la importancia que tiene conservar los recursos, porque finalmente
éstos giran en torno a su supervivencia. No sólo la Tierra está en peligro, lo estamos
con ella.
El riesgo por el que pasa actualmente
nuestro planeta, por la depredación sin par de los elementos naturales, la contaminación
que daña a la capa de ozono, por la emisión de gases de efecto invernadero que provocan
el cambio climático, así como la desaparición acelerada de especies animales y
vegetales, hacen de la postura ecologista un enfoque que necesariamente hay que incorporar
en los futuros planes de estudio, pues es por la educación como se puede concientizar a
los habitantes de México, de establecer un nuevo tipo de relación con la naturaleza
mediante un nuevo paradigma educativo.
Las relaciones con el mundo en que se vive,
considerado éste como un ambiente en el cual nos desarrollamos y del cual dependemos, en
un contexto de sustentabilidad, hacen que el nuevo enfoque humano sea no sólo
conceptualizado a través de programas o de textos obligatorios, sino que encuentren su
máxima expresión en la norma suprema que es nuestra Constitución Política. Sólo de
esta manera se puede garantizar que a las posteriores generaciones se les proporcione una
visión integral del ser humano y de la realidad que afronta. Permitir que continúe el
enfoque incompleto prevaleciente es llevarlos a la confusión y al fracaso.
Despojar al hombre del Siglo XXI de su
sentido humano es tanto como arrebatarle parte de su naturaleza; por ello, el pensamiento
ecológico enfrenta directamente los problemas suscitados por la todavía prevaleciente
forma de pensar occidental decadente, donde se deja de lado el aspecto más importante del
hombre y su problemática existencial: el aspecto espiritual; la incapacidad para
comprender el problema moral de la sociedad contemporánea es reflejo de esa incapacidad
de comprensión de la complejidad del hombre. Se enfrenta a dilemas regionales y globales;
a pensar de forma integral; a pensar con responsabilidad tomando en cuenta la
sustentabilidad ecológica del desarrollo.
Sólo podemos entender a la naturaleza si
nos entendemos a nosotros mismos; si nuestro pensamiento y nuestra conciencia son claros,
si conocemos nuestra vida interior.
Aprender a entablar relaciones con el
mundo, como planeta, como madre; partir de la idea de que sus elementos naturales son
limitados, tener conciencia de ello, actuar por tanto de manera congruente y responsable
con los mismos, aprovechándolos de la mejor manera, así como reconocer la
responsabilidad que se tiene con respecto a las generaciones futuras, son conceptos que
deben de ser enseñados a nuestra generación para asegurar el futuro de las próximas.
La educación ambiental no se reduce a
enseñar a preservar la vida ni a saber explotar de la mejor manera los recursos, sino a
establecer un fuerte vínculo que una al hombre con la Tierra, que se dé cuenta que al
protegerla lo hace también por él, que al amarse a sí mismo, ama a la Tierra con él y
se responsabilice con su cuidado. Es un camino para aprender a vivir en nuestro planeta, a
darse cuenta de que todo está relacionado en su totalidad.
El conocimiento, en la escuela, debe ir mas
allá de lo puramente intelectual, considerar lo intuitivo, lo holístico, en fin,
apreciar a la naturaleza como un ente susceptible de ser amado y respetado, de
responsabilizarse por lo que se ama, porque sólo de esa manera puede apreciarse la razón
del cambio.
Reconocer, admitir que la vida es sagrada;
que la simple existencia da la dignidad al ser; por todo ello, incluimos la espiritualidad
en el camino educativo, porque también forma parte de su esencia. Espiritualidad como
autoconocimiento de la conciencia transpersonal, que hace que se superen prejuicios e
integra al hombre en una sola comunidad: la Tierra.
Es por todo lo anterior que esta iniciativa
de reforma constitucional, está orientada a recuperar y resaltar la importancia del
hombre y sus valores, así como del nuevo entorno en el que actúa y de su relación con
la naturaleza, de la que ineludiblemente jamás dejará de estar vinculado y con la que
guarda una estrecha relación.
Por ello, sometemos a esta Cámara de
Diputados de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente
INICIATIVA DE DECRETO
Mediante la cual se reforman los incisos
`a' y `c' y se adiciona un inciso d, al artículo 3o., de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos
Artículo único. Se reforman los incisos
'a' y 'c' y se adiciona un inciso d, al artículo 3o., de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"Artículo 3o. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
a) Será democrática, considerando a la
democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como
un sistema de vida fundado en el desarrollo material, sostenible y en el constante
mejoramiento social, cultural y espiritual del ser humano.
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
c) Contribuirá a la mejor convivencia
dentro de la sociedad humana y a una relación armónica y respetuosa de ésta con la
naturaleza, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto
con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la
convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en
sustentar los principios de fraternidad e igualdad de derechos de todos los seres humanos,
evitando los privilegios individuales, étnicos, religiosos, de grupo o de género; para
ello se deberá regir, además, por los principios de interdependencia, responsabilidad,
cooperación, espiritualidad, confianza, respeto, sustentabilidad, libertad, paz y amor y
d) Tenderá a fomentar las bases morales,
culturales, materiales, espirituales, técnicas y científicas para el establecimiento de
un modelo nacional de desarrollo sostenible, que vincule el proceso educativo con las
oportunidades y necesidades de las actividades, social y productiva, nacionales."
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San
Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los
Estados Unidos Mexicanos, a 7 de abril de 1998.- Diputados: Jorge Emilio González
Martínez, Verónica Velasco Rodríguez, Miguel Angel Garza Vázquez, Aurora Bazán
López, Alejandro Jiménez Toboada y Gloria Lavara Mejía.»
Túrnese a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el diputado Felipe Rangel
Vargas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una
iniciativa de Ley de Asociaciones Ganaderas. ¿No se encuentra?..
Tiene la palabra el diputado Germán
Martínez Cázares, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar
una iniciativa de Ley para la Protección de las Personas en Edad Avanzada. ¿No se
encuentra?..
Tiene la palabra el diputado Angel de la
Rosa Blancas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para
presentar una iniciativa de decreto que deroga el artículo 2o.-B, y fracción XIV del
artículo 19 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. ¿No se
encuentra?..
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Tiene la palabra el diputado Gonzalo
Rojas Arreola, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para
presentar una propuesta para crear una comisión especial investigadora sobre el
funcionamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en el artículo 93
constitucional.
|
El
diputado Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas Arreola: |
Con su permiso, señora Presidenta;
muchas gracias, señoras y señores diputados:
Han transcurrido en nuestro país casi dos
décadas de profundas reformas estructurales. La estrategia de cambio estructural
impulsada por los tres sexenios recientes, ha cumplido puntualmente con las orientaciones
dictadas desde a fuera, por Washington, el Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial.
Los desequilibrios de las décadas
anteriores a los años ochenta tan satanizadas hoy, al menos nos llegaron a tasas
sostenidas de crecimiento económico y a cierto grado de atenuación de las desigualdades
sociales, mientras que los frágiles equilibrios macroeconómicos de la actual estrategia
neoliberal, nos han arrastrado una y otra vez a la postergación del crecimiento
económico y a una profundización de la pobreza en todas sus fases.
Los resultados de los programas de ajuste y
estabilización económica que han acompañado durante todos estos años la agresiva y
acelerada reforma estructural en nuestro país, suman en el terreno socioeconómico,
conservadoramente, 40 millones de mexicanos en condiciones de pobreza y pobreza extrema.
Han conducido asimismo a un exagerado
aumento de la concentración de la riqueza nacional, que en 1994 significó más del 40%
del ingreso nacional, concentrado en tan sólo 10% de la población de mayores ingresos y
a un aumento del deterioro de los niveles de vida de la gran mayoría de los mexicanos,
situación que nos ubica hoy por debajo de las cinco economías más grandes de América
latina.
Desmantelar la propiedad de la nación y
ampliar el ámbito de la competencia de la gran empresa privada, nacional y transnacional,
han sido dos de los objetivos más importantes de la tecnocracia neoliberal, desde el
gobierno de Miguel de la Madrid hasta ahora; para ello se han servido de una agresiva y
bien planificada política de privatización de activos estatales.
Los resultados de esta política también
están a la vista: el desmantelamiento de importantes áreas estratégicas propiedad de la
nación y un proceso creciente de extranjerización de nuestra economía.
La globalización nos reclama todo para la
gran empresa financiera y productiva nacional y extranjera y sólo deja migajas para los
pequeños y medianos inversionistas productivos de nuestra nación, que son los
empresarios nacionalistas, que le dan empleo a la mayoría de los mexicanos.
No obstante este panorama, durante el
presente sexenio no sólo el campo económico y financiero, es festín de las
privatizaciones o de lo poco que queda en manos del Estado por privatizar. Ahora se lanzan
al campo de las grandes instituciones de bienestar social.
Compañeras y compañeros diputados, esto
es sumamente preocupante. La divisa es privatizar todo lo que potencialmente sea rentable,
incluidas aquellas actividades del Estado eminentemente sociales, en donde la empresa
privada fue una fuente adicional de extracción de ganancia. No referimos a la seguridad
social, nos referimos al derecho a la misma, nos referimos al Instituto Mexicano del
Seguro Social, sin duda alguna, la institución más grande y prestigiada de seguridad
social, no sólo en México, sino en toda América.
La primera oleada de la privatización, o
mejor dicho de la cancelación de la seguridad social, está ya en marcha.
La nueva Ley del Seguro Social, que entró
en vigor el 1o. de julio del año pasado, procedió a privatizar los fondos de pensiones y
la asignación de toda clase de pensiones.
Con las nuevas disposiciones en vigor, la
naciente industria financiera de las administradoras de fondos para el retiro o Afore y
las compañías privadas de seguros, ocupan ya, ahora, una parte vital de la seguridad
social. Es decir, sustituyen una función vital del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Con el nuevo régimen de pensiones privado,
nada menos que tres de los cinco seguros del régimen obligatorio, quedan subsumidos en la
dinámica de la empresa privada y del mercado.
Las administradoras de fondos de retiro y
su red de sistemas de empresas de fondos de retiro, administran e invierten los fondos de
pensiones individualizados del Seguro de Retiro, Cesantía y Vejez. Además, pueden
asignar pensiones en su calidad de retiros programados y por su parte, las compañías de
seguros asignan mediante contratos de compraventa, toda clase de pensiones derivadas de
los seguros de Retiro, Cesantía y Vejez, de Riesgos del Trabajo y de Invalidez y Vida.
Por su parte, al IMSS se le asigna
exclusivamente una misión fiscalizadora y de gestión de la demanda.
Si esto no es privatización, señoras y
señores diputados, entonces llamémosle "desmantelamiento". En otras palabras,
una actividad pública es ahora desempeñada por la empresa privada que, claro está, por
la contraprestación de servicios obtiene utilidades no reembolsables al sistema de
seguridad social y a los trabajadores asegurados, sino a los bolsillos de los accionistas
privados del nuevo negocio de pensiones.
Las Afore se apropiarán, óiganlo bien,
las Afore se apropiarán nada menos que de la cuarta parte de los ahorros de los
trabajadores vía comisiones por administración.
Es deber y obligación de los diputados
federales representantes de la nación, el defender el derecho a la seguridad social como
principio de justicia social, como instrumento privilegiado de redistribución del ingreso
y como garante de las conquistas históricas, sociales y laborales de los trabajadores de
nuestro país.
No obstante el alto costo que para los
trabajadores y la sociedad en general implica la privatización de las pensiones, el
proyecto y las acciones privatizadoras de la seguridad social siguen su curso.
Tenemos serias evidencias de que está en
marcha una segunda oleada de privatizaciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social...
Permítame el orador.
Esta Presidencia solicita de la manera más
atenta a las diputadas y diputados, su colaboración a efecto de escuchar con atención
las propuestas del orador.
Muchas gracias.
Adelante, señor diputado.
|
El
diputado Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas
Arreola: |
Muchas gracias, señora Presidenta,
pero yo observo que están atentos las señoras diputadas y los diputados que les interesa
cumplir con su tarea de preservar los derechos de los mexicanos...
Perdón, ¿quiere hacer uso de la palabra,
señor diputado?
Señor orador: la Presidencia es la
que da el turno de la palabra.
Continúe por favor y solicito el respeto a
todos los diputados.
|
El
diputado Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas
Arreola: |
Tenemos serias evidencias de que
está en marcha una segunda oleada de privatizaciones en el Instituto Mexicano del Seguro
Social, que resulta todavía más grave, por cuanto no se requerirá de un aval de la
Cámara de Diputados y por lo tanto no pasaría por este Congreso. Vean ustedes este
documento que en secreto había mantenido el director del instituto en sus negociaciones
con el Banco Mundial. Dos documentos que están poniendo en bandeja de plata de las
instituciones bancarias internacionales, aquí está el logotipo del Banco Mundial y el
logotipo del IMSS, cosa que había negado el director del instituto, que pretende entregar
la seguridad social, una conquista muy cara de los mexicanos, en manos de la empresa
privada. Primero, fueron las pensiones, ahora está en curso el proyecto de privatización
vía subrogación, de los servicios médicos que otorga el IMSS.
En su momento el Partido de la Revolución
Democrática y el resto de los partidos de oposición nos opusimos a la reforma de la Ley
del Seguro Social y seguiremos manifestando nuestro irreductible rechazo a los voraces
afanes privatizadores del IMSS, como lo denunció oportunamente en días recientes la
fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en el Senado de la República.
A la privatización de las pensiones
seguirá la privatización de la salud. Ello en alusión a las declaraciones al Financial
Times, del director de finanzas del IMSS, Gabriel Martínez, en las que sostuvo que
"privatizar las pensiones fue la parte más fácil".
Las reformas de salud son más complejas y
requerirán de un manejo más conservador. En efecto, tan conservador es el proyecto de
privatizar áreas importantes de la atención a la salud, del IMSS, que la misma se
estaría efectuando con medidas y mecanismos que aparentemente buscan otro fin y como
hemos señalado, sin el consentimiento del Congreso de la Unión, pero sí en cambio, con
el consentimiento y financiamiento del Banco Mundial.
Estos señores que piensan en inglés,
sirven en inglés, entienden que no hay instituciones; hay empresas; que no hay derechos,
hay mercado y por lo tanto, quieren lo que dice el documento en inglés: desmantelar el
monopolio del Instituto Mexicano del Seguro Social, ejercido durante 50 años, para
entregarlo a la empresa privada.
Es ampliamente conocido que el Banco
Mundial, en mancuerna con el Fondo Monetario Internacional, viene orientando las reformas
estructurales en el plano social, de los países de América latina.
Sus propuestas en materia de salud y
seguridad social se encuentran ampliamente documentadas; en ellas orienta a los gobiernos
latinoamericanos a financiar exclusivamente un conjunto de servicios clínicos esenciales
de salud, definidos a nivel nacional y conocido como paquete básico de servicios de
salud, lo cual permitía que el resto de la atención a la salud se financiará de manera
más privada a través de seguros sociales que fomentarán al mismo tiempo esquemas de
subrogación o contraprestación de servicios.
Estas orientaciones se encuentran ya
claramente tratadas en los objetivos contenidos en el programa de reforma del sector
salud, 1995-2000, de Ernesto Zedillo y dentro de los cuales estaba prevista la reforma en
materia de servicios de la Ley del Seguro Social.
En términos globales el proyecto de
reglamentación de subrogación de servicios y reversión de cuotas, tiene como objetivo
propiciar la apertura abierta de la empresa médica privada a la provisión de servicios
en especie y subsidios, previstos nada menos que en tres de los cinco seguros del régimen
obligatorio de la Ley del IMSS: enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo y el ramo de
guarderías.
El segundo proyecto, el denominado proyecto
de reforma al IMSS, del cual también tenemos copia, es más conservador, busca un esquema
de mediano plazo para introducir un cambio radical en la institución más importante de
seguridad social para la prestación y financiación de los servicios de salud.
En términos generales este proyecto busca
sentar las bases para la implantación de un régimen de competencia interna y externa por
la demanda, convirtiendo al instituto solamente en un gestor de la demanda.
La reforma estructural del IMSS que se
persigue con la implantación de este proyecto en términos globales, busca convertirlo en
un gestor de la demanda y en un competidor por los asegurados de manera interna y entre
las propias unidades privadas hacia el exterior.
Este mecanismo aparentemente inofensivo y
supuestamente más eficiente para la contención de costos, sentaría las bases para la
ulterior individualización de las cuotas de enfermedades y maternidad, tal como en su
momento se hizo con las pensiones que finalmente fueron privatizadas y ahora es reconocido
expresamente que así fue.
La identificación del gasto per capita de
la salud y la individualización de aportaciones del seguro de enfermedades y maternidad,
son las finalidades últimas que buscan implantar la libertad de elección entre los
servicios de una institución pública y las eventuales administradoras de salud
provisional, a las cuales habrá que pagarles los elementos, las cantidades
complementarias.
Quiero, señoras y señores diputados,
dejar perfectamente claro lo siguiente: no es que alguien deba estar en contra de que se
modernice al instituto; de lo que tenemos que estar a favor todos es de que se siga
conservando el régimen de seguridad social que ha regido a los mexicanos desde hace más
de 50 años y, por supuesto, impedir que se siga con este proyecto que contempla al
Instituto Mexicano del Seguro Social como una empresa a la que hay que romper a través de
la penetración de capital extranjero.
Me voy a permitir dar lectura a la
propuesta de integración de esta comisión.
Considerando que en su reciente informe de
labores el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social niega el que se haya
recurrido a créditos externos para fortalecer a la institución y de que las evidencias
señalan lo contrario, es menester que el Poder Legislativo tome conocimiento e investigue
a fondo el mencionado proyecto, así como las negociaciones que se estarían llevando a
cabo entre el Gobierno Federal y el Banco Mundial para su financiamiento e impulse las
iniciativas que se requieran para conservar y fortalecer la esencia de la seguridad
social.
En virtud de lo anterior y con base en las
atribuciones que nos confiere el artículo 93 de la Constitución y diversos 46 y 52 de la
Ley Orgánica, más de 160 diputados de diferentes fracciones parlamentarias, con
excepción del PRI, que no se quiso sumar a esta iniciativa, proponemos la creación de
una comisión investigadora del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Dejo en manos de la Presidencia y pido que
se turne a la Comisión de Régimen Interno para que se pueda constituir esta comisión
investigadora con diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Social y con
diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Muchas gracias, señora Presidenta.
Túrnese a la Comisión de Régimen
Interno y Concertación Política.
LEY GENERAL
PARA LA ATENCION DE
LAS PERSONAS EN EDAD AVANZADA
Tiene la palabra el diputado Germán
Martínez Cázares, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar
una iniciativa de ley para la protección de las personas en edad avanzada.
|
El
diputado Germán Martínez Cázares: |
«Ciudadano Presidente de la Cámara
de Diputados de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión; compañeras
diputadas; compañeros diputados.- Presentes.
Los suscritos, diputados miembros del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 4o., 5o., 35,
71 fracción II, 72 y 73 fracciones XVI y XXX de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 62 y demás relativos y aplicables del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, venimos a
presentar ante esta soberanía iniciativa de decreto que expida la Ley para la Atención
de las Personas en Edad Avanzada con objeto de que sea discutida y en su caso aprobada.
En tal virtud, diputado Presidente,
presento a la Secretaría, el texto completo de la iniciativa, misma que se publicó en la
Gaceta Parlamentaria y me limitaré a leer su breve razón de ley.
EXPOSICION DE MOTIVOS
México requiere enfrentar el rápido y
progresivo proceso de envejecimiento de la población.
La magnitud de la población de 60 años de
edad o más se estima actualmente en 5.7 millones; de acuerdo con proyecciones del Consejo
Nacional de Población aumentará a casi 7 millones en el año 2000 y a 10 millones en el
año 2010, con tasas anuales de crecimiento superiores a 3.5%, inéditas en la historia
demográfica del país; de esta manera mientras que el número de personas de la tercera
edad crecerá en 73% al cabo de los próximos 15 años, la población total del país
aumentará sólo en 22%.
La perspectiva demográfica de la tercera
edad, que surge de la disminución proporcional de la población infantil y juvenil y al
mismo tiempo, del aumento en la esperanza de vida, ha propiciado, como lo afirma con
acierto Rodolfo Tuirán, "una verdadera y silenciosa revolución demográfica en
México", que ejerce fuertes presiones sobre la provisión de bienes públicos que el
Estado debe generar.
El país requiere políticas públicas
especiales, tanto sobre los procesos de desarrollo económico y social, como sobre los
fenómenos poblacionales, con el fin de propiciar decidida y agresivamente, con una
visión humana y generosa, una mejor calidad de vida en los mexicanos y fincar las bases
de un desarrollo para el nuevos siglo sostenido y sustentable.
La transición demográfica es un reto
nacional por acometer, que no puede dejarse estallar en las manos de futuros gobiernos o
próximas generaciones.
Exhibe por un lado logros importantes de
las instituciones de salud, seguridad social y asistencia del Gobierno de la República,
que con la concurrencia del esfuerzo de todos sus integrantes han tenido éxito al
disminuir en las últimas décadas las tasas de mortalidad y morbilidad en los mexicanos.
En 1930 la esperanza de vida era de 36 años y ascendió en 1997 a 73 años. Pero desde
otro ángulo esa transición demográfica exige que se generen esfuerzos públicos
especiales para atender a toda la población senecta del país.
Acción Nacional, atento a este proceso
social de mejor salud y menor mortalidad, busca sentar las bases para construir con todas
las fuerzas políticas representadas en esta Cámara, un diseño legal federal que
reconozca la dignidad, especificidad y promoción humanas de las ancianas y ancianos de
todo el país.
La óptica de Acción Nacional en esta
materia pretende aportar cuatro elementos esenciales a la discusión legislativa:
Primero. Luchamos porque todo ser humano
goce de la eficaz protección jurídica de su vida, desde el momento mismo de la
concepción, hasta el último de sus días. La búsqueda irrenunciable de la dignidad del
ser humano no puede decaer por el simple transcurso del tiempo, no puede ser la edad, dato
o razón válidos para excusar al Estado del cumplimiento de su responsabilidad.
Segundo. Creemos en la subsidiariedad como
método de armonía de las relaciones sociales y base indestructible de las relaciones
jurídicas, por tanto, creemos que se debe plasmar en un cuerpo legal el deber del Estado
y el de los individuos que tienen mayor expectativa de vida, para favorecer,
solidariamente, a los que tienen menor expectativa de vida.
Tercero. Estamos convencidos que la bondad
de los valores sociales, el humanismo político, no tienen para Acción Nacional un
contenido egoísta o conservador. Por el contrario, confiamos en el "valor
social" como instrumento que posibilita el ejercicio pleno de los valores
individuales. Por ello afirmamos categóricamente, que sin un régimen jurídico social
especial de atención a la vejez, se hace nugatorio el goce íntegro de los derechos que
tiene como individuo el anciano.
Cuarto. Estamos finalmente comprometidos a
atender a la vejez, porque su atención significa en gran medida fortalecer a la familia,
preservar al hogar y sus riquezas y robustecer a esa comunidad de amor y solidaridad como
fundamento social.
La visión humana, social, subsidiaria y
preferentemente familiar en la atención y promoción de la vejez mexicana, exige crear un
marco jurídico que garantice el quehacer del Estado y la armonía de los esfuerzos
privados en favor de la senectud.
Esta visión coincide con algunos de los
compromisos que el actual Gobierno de México tiene plasmados en el vigente Plan Nacional
de Desarrollo y en específico en el Programa Nacional de Población 1995-2000, donde el
Poder Ejecutivo de la Unión esta autoobligado a "anticipar las demandas de la
población" y "promover oportunidades y condiciones de vida dignas para las
personas en la tercera edad". Tal y como literalmente reza en esos documentos.
De igual manera el Gobierno de la
República ha realizado compromisos en varios foros internacionales, como la Asamblea
Mundial sobre Envejecimiento, celebrada en 1982 en Viena; la Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Social, que tuvo lugar en Copenhague en 1995; la Conferencia Mundial de
Derechos Humanos de Viena en 1993 y la Conferencia Mundial Sobre Población, que se
celebró en El Cairo durante 1994, en las que México quedó constreñido a crear un
entorno económico, social, político, cultural y jurídico que permitiera el logro del
desarrollo social de las personas en edad avanzada.
La vejez es la ultima etapa de la vida y al
mismo tiempo la etapa de realización suprema.
A ella convergen al mismo tiempo pérdida
de autonomía y adaptabilidad en las personas, fragilidad en la salud, incapacidad para el
trabajo y disminución de roles familiares y sociales.
Es una vuelta a la dependencia sobre la
sociedad y la familia, colmada, en muchos casos, de estereotipos, prejuicios,
discriminación, abusos y riegos que al Estado y este Poder de la Unión no le pueden
pasar desapercibidos.
Acción Nacional propone hoy un marco
jurídico completo, especial y nuevo, una Ley General para la Atención de la Personas en
Edad Avanzada.
La propuesta del PAN es un precepto
integral que sienta las bases generales para regular la protección a derechos
específicos de las personas en edad longeva, sin perjuicio de los esfuerzos que realizan
las entidades federativas.
Es un cuerpo legal que busca generar una
cultura de atención y promoción humanas de la vejez, desde una perspectiva en que
considera a la familia como centro preferente de solidaridad o como afirmó Antonio Cicu
"de interdependencia", con el único propósito de estrechar a la sociedad,
fortaleciendo a su comunidad humana fundamental.
Es, por otro lado, una disposición
jurídica integral que persigue elevar la jerarquía jurídica y rediseñar el esquema de
trabajo del noble Instituto Nacional de la Senectud, fortaleciendo su capacidad económica
y haciendo óptimo su funcionamiento rector.
El arreglo que proponemos, organiza las
acciones de salud, de atención, jurídicas y económicas del instituto y contempla la
creación de un Centro de Investigaciones sobre el Envejecimiento, que en muchos países
del mundo rinde buenos frutos para advertir la dinámica y estructura poblacionales de la
tercera edad, también hacemos gravitar sobre el instituto todos los esfuerzos
gubernamentales, privados, académicos y filantrópicos que se realizan en torno a la
vejez.
Estamos convencidos que la vejez merece el
respeto y reconocimiento de la sociedad y de su Gobierno, por lo que pretendemos instaurar
dos premios nacionales que entregue el Presidente de la República, denominados uno, Emma
Godoy y otro, Euquerio Guerrero, con ánimo de destacar a personas de edad avanzada y
alentar las actividades privadas a favor de las personas en edad senil.
Desde el 22 de agosto de 1979, fecha en la
que un decreto presidencial creó el Insen, el Estado mexicano no ha hecho un trabajo
jurídico, específico e integral de promoción humana, no económica, del senecto.
El próximo año, 1999, será el Año
Internacional del Anciano; el Poder Legislativo debe ser capaz de generar una oportunidad
a la política en aprecio a los mayores, que conmemore esta fecha y los 20 años del
Insen.
La tendencia legislativa es nítida y
oportuna, hay un paso gradual y acentuado a favor de la especificación de los sujetos
titulares de derechos, estamos transitando del derecho abstracto, a la etapa de los
derechos
singulares y concretos, es como afirma
Norberto Bobbio "el tiempo de los derechos". Por ello advertimos exigencias de
reconocer derechos, por ejemplo, a favor de los niños, de la mujer, de los indígenas. No
deben quedar al margen de este reconocimiento los ancianos.
Debemos dar una señal política a la
nación, de que somos capaces de generar una convergencia especial a favor de un número
creciente de mexicanos débiles. En el año 2000 tendremos una población total aproximada
de 7 millones de ancianos, lo que equivale a la población que actualmente vive en Baja
California, Coahuila, Durango, Morelos y Nayarit juntas. En el 2015 será mayor, en 5
millones, el número de ancianos relacionado con el de los indígenas. Más vale prevenir
que lamentar.
Sin embargo, para aprobar una ley que
atienda específicamente a los ancianos, es necesario de parte de todos nosotros,
representantes de la nación, una actitud generosa y ubicar la mirada más allá de las
coyunturas o anécdotas del poder futuro. Es preciso asumir el mandato del pueblo, de
propiciar con nuestras leyes un cierto y pronto bienestar social.
Es el momento oportuno, hoy que, como
dijera Séneca, todos tenemos la vejez delante de los ojos y antes de que la vejez nos
deje atrás.
Muchas gracias.
Por lo anteriormente expuesto, por el digno
conducto de ustedes ciudadanos secretarios, someteremos a la elevada consideración del
honorable Congreso de la Unión, la presente
INICIATIVA DE DECRETO
Por la que se expide la Ley General para la
Atención de las Personas en Edad Avanzada.
TITULO PRIMERO
Disposiciones preliminares
CAPITULO UNICO
Artículo 1o. La presente ley es de orden
público, interés social y observancia general en toda la República, tienen por objeto
establecer las bases generales, para regular la protección a los derechos de las personas
en edad avanzada, así como el carácter, atribuciones y funcionamiento del Instituto
Nacional de la Senectud, sin perjuicio de lo que las entidades federativas establezcan al
respecto.
Artículo 2o. Los objetivos de esta ley son
los siguientes:
I. Reconocer los derechos generales de la
persona en edad avanzada y sus medios de defensa;
II. Mejorar las condiciones de vida de las
personas en edad avanzada, con el fin de que vivan un proceso de envejecimiento saludable
y con pleno reconocimiento a su dignidad de persona humana;
III. Evitar la discriminación y
segregación por motivos de edad y contribuir al mismo tiempo al fortalecimiento de la
solidaridad y al apoyo mutuo entre generaciones;
IV. Formular lineamientos a largo plazo,
para estabilizar una sociedad envejecida energética y productiva que aliente a las
generaciones futuras sobre las características del envejecimiento;
V. La regulación, organización y
funcionamiento del Instituto Nacional de la Senectud y
VI. Los demás que establezca la presente
ley.
Artículo 3o. Para efectos de esta ley se
entenderá por:
I. Edad avanzada, vejez. Etapa en la cual
se deteriora la salud y disminuyen las capacidades por el natural avance de la edad en el
ser humano y por las particulares circunstancias económicas y sociales del medio en que
se ubica, se halla en situación de desventaja frente a personas de menor edad. Se
encuentra definida por el hecho de haber cumplido los 65 años;
II. Persona de edad avanzada desamparado.
Aquellas personas que se consideran en situación irregular o de riesgo que, se encuentren
privados de las condiciones esenciales de salud y subsistencia, se encuentren sin familia,
sufran trastornos físicos y mentales, que no puedan velar por sí mismos, sean víctimas
de rechazo o malos tratos, o bien, carezcan de habitación;
III. Tercera edad. Aproximación
estadística utilizada para ponderar numéricamente la importancia de aquella etapa de la
edad avanzada, en la cual el ser
humano, puede valerse por sí mismo y sigue
siendo independiente, dicha etapa comprende alrededor de los 65 a 74 años de edad;
IV. Cuarta Edad. Aproximación estadística
utilizada para ponderar numéricamente la importancia de aquella etapa de la edad
avanzada, en la cual el ser humano, requiere una atención especial, toda vez que con el
tiempo va perdiendo paulatinamente su autonomía e independencia, dicha etapa comprende
alrededor de los 75 años en adelante;
V. Atención geriátrica. Aquél servicio
brindado por médicos especialistas en la materia;
VI. Atención gerontológica. Aquél
servicio otorgado por personas especialistas dedicadas al estudio de la situación
integral de las personas en edad avanzada dentro de la sociedad;
VII. Envejecimiento. Proceso de la edad
madura a la vejez, evolución de la persona a lo largo del tiempo, debido a diversos
factores biológicos, sociales, culturales, sicológicos y económicos;
VIII. Acciones dirigidas a la persona en la
edad avanzada. Aquellas actividades que por su especial naturaleza atienden al desarrollo
integral de la persona, a la atención de su salud, de su medio ambiente físico y social,
así como el respeto de sus derechos humanos y
IX. Instituto Nacional de la Senectud.
Organismo público autónomo con patrimonio y personalidad jurídica propios, que tendrá
a su cargo el ejercicio de las atribuciones a que se refiere esta ley.
Artículo 4o. A falta de norma expresa en
la presente ley, se aplicarán las disposiciones de la legislación común, garantizando
los derechos de las personas en edad avanzada.
TITULO SEGUNDO
Reconocimiento de derechos
Artículo 5o. Además de los derechos que
la Constitución y las leyes reconocen a favor de la persona humana, las personas en edad
avanzada son sujetos de los siguientes derechos generales:
I. Lograr su bienestar físico, mental,
social y espiritual, que les permita gozar de una buena salud; fomentando la atención y
cuidado en sus descendientes en línea directa, asimismo disfrutar de las facilidades que
el Estado otorgue para tal caso, respecto al uso del transporte público, a la
información y demás deberes que los otros sectores de la población deben de realizar en
su favor;
II. Trabajo de su propia especialidad que
los permita mantener una situación económica justa;
III. Ser sujetos de asistencia social y
contar con atención especial en asuntos que afecten directamente a su persona, bienes y
derechos, particularmente cuando se trate de situaciones jurídicas o relacionadas con su
estado de salud y
IV. Participar integralmente en aquellas
actividades en las que puedan desarrollarse social y culturalmente, manteniendo su
identidad cultural y costumbres en la medida de sus propios intereses, necesidades y
evolución personales, respetándose las características propias de cada zona regional y
grupo poblacional.
Artículo 6o. Las personas de edad
avanzada, gozarán de la calidad de atención médica que para tal efecto se requiera,
consistentes en la prestación de servicios especiales, la promoción y prevención de la
salud integral en la edad avanzada, además de la adaptación de la práctica y los
sistemas de salud al otorgamiento de dicha atención a largo plazo.
Artículo 7o. El derecho de salud en las
personas de edad avanzada comprenden:
I. Acceso y atención médica en las
instituciones del Sistema Nacional de Salud, aun sin ser derechohabientes de las
instituciones de seguridad social;
II. Ser sujetos de una atención médica
integral, que comprendan acciones preventivas, principalmente curativas y de
rehabilitación;
III. Obtener financiamiento para la
atención de su salud;
IV. Recibir los medicamentos necesarios
para mantener un buen estado de salud;
V. Contar con una cartilla médica de
autocuidado, en la cual se especifique el estado de salud general de la persona;
VI. Ser examinado anualmente para el
mantenimiento de su salud y recibir los tratamientos pertinentes en caso de enfermedad;
VII. Recibir educación y capacitación
para promover la autoatención de la salud, tendiendo a que las personas de edad avanzada
cuiden de sí mismos del modo más independiente posible;
VIII. Apoyar proactivamente a los grupos de
riesgo afectados por ciertas enfermedades físicas y/o síquicas prevalentes y
discapacitantes y aquéllos en situación de vulnerabilidad social y/o familiar;
IX. Que se les brinde la atención primaria
de salud en el núcleo familiar y dentro de su comunidad;
X. La confidencialidad respecto a su estado
de salud en general y a los servicios que reciben por parte de las instituciones
respectivas y
XI. Participar en las decisiones que sobre
su estado de salud se generen.
Artículo 8o. La persona de edad avanzada
tendrá derecho al trabajo de su propia especialidad, en el que sea consultado y reciba
una remuneración justa y proporcional.
Los derechos laborables de la persona en
edad avanzada son:
I. Protección del Estado en el desempeño
de alguna labor que pueda ser riesgoso o nociva para su salud;
II. Seguirles incentivando su capacidad
laboral en las actividades remunerativas, sin que se ejerza sobre ellos algún tipo de
presión para su retiro y, en consecuencia, recibir de la sociedad la oportunidad de
seguir siendo o ser empleado en un trabajo digno, conforme a su oficio, habilidad manual o
profesión, sin tener algún tipo de restricción más que su limitación física y/o
intelectual, declarada por autoridad médica o legal competente;
III. No desarrollar actividades ilícitas o
que denigren su libertad y dignidad como seres humanos y
IV. Recibir jubilación o pensión, de
conformidad con las leyes de la materia.
CAPITULO IV
De la asistencia social en la edad avanzada
Artículo 9o. Las personas de edad avanzada
tendrán derecho a todas aquellas acciones respectivas que sobre asistencia social lleve a
cabo el Estado para fomentar en ellos y en la sociedad en general una cultura de
integración, dignidad y respeto a través de los siguientes lineamientos:
I. Involucrarse con la sociedad en
actividades de carácter permanente, para desenvolverse en mejores circunstancias
sociales, incrementando su autoestima y preservando su potencialidad;
II. Conservar una aptitud de aprendizaje
constante y aprovechar toda oportunidad de educación y capacitación;
III. Fortalecer en la sociedad, en general,
los sentimientos de respeto, cariño y comprensión;
IV. Interactuar activamente con la familia,
promoviendo al mismo tiempo los valores que incidan en una mejor calidad de vida dentro
del núcleo familiar y
V. Integrarse como miembros en los centros
recreativos, que para tal efecto existan y a otro tipo de asociaciones similares que
existan en su comunidad, a nivel municipal, estatal, nacional o internacional.
Artículo 10. Tendrán derecho a una
capacitación equitativa, en la cual se desarrollen sus aptitudes intelectuales,
afectivas, sociales y físicas, dirigidas a continuar con su realización personal, que
los oriente a continuar con una vida digna, logrando al mismo tiempo un pleno conocimiento
de sí mismo y mantener su propio desarrollo de conciencia, en el cual considere su estado
sicosocial y lo asimile de una manera propositiva.
CAPITULO V
De la alimentación en la edad avanzada
Artículo 11. Las personas de edad
avanzada, tendrán derecho a una nutrición adecuada y apropiada, de acuerdo a las
necesidades propias de cada persona, mismas que se determinarán de acuerdo a la
elaboración de un estudio sobre la situación nutricional de estas personas a nivel de la
comunidad, a fin de corregir las medidas insatisfactorias locales, causantes de la
desnutrición, fomentando en ellas, de este modo la adquisición de buenos hábitos
alimenticios.
CAPITULO VI
De otros derechos de las personas en edad
avanzada
Artículo 12. Contar con un alojamiento
adecuado, capaz de brindar a la persona de edad avanzada una estancia digna en la que
pueda realizar todas sus actividades.
Artículo 13. Las personas en edad avanzada
que utilicen el transporte público deben de contar con las comodidades pertinentes que
les garantice de este modo un desplazamiento seguro, los usuarios y automovilistas deben
respetar los señalamientos que para tal efecto existen.
Artículo 14. Los beneficios con los que
podrá contar la persona de edad avanzada al relacionarse en cuestiones jurídicos serán
los siguientes:
I. Asesoría jurídica a través del Centro
de Atención Jurídica;
II. Representación legal gratuita en
asuntos que por su naturaleza, se requiera de la intervención de una persona conocedora
del acto a realizar y
III Contar con un intérprete si la persona
en edad avanzada no habla castellano.
Artículo 15. Las personas en edad avanzada
tienen derecho a mantenerse informados sobre los avances científicos, tecnológicos y
culturales y a participar activamente en el desarrollo de su comunidad.
Artículo 16. Tendrán acceso directo a los
medios informativos, para que a través de ellos se difundan sus derechos y los deberes
que los demás sectores de la población tienen para ellos.
TITULO TERCERO
De la función de la familia
CAPITULO UNICO
Artículo 17. Los descendientes en línea
recta y/o los parientes colaterales hasta el cuarto grado, tienen el deber de velar por la
integridad física, emocional e intelectual de la persona en edad avanzada que conviva con
ellos, de conformidad con las siguientes obligaciones:
I. Evitar toda discriminación, abuso,
aislamiento y prepotencia dentro del núcleo familiar;
II. Otorgar alimentos, de conformidad con
lo establecido en el Código Civil correspondiente;
III. No fomentar la mendicidad en las
personas de edad avanzada con fines de lucro;
IV. Conocer las necesidades integrales de
la persona en edad avanzada, para proveerlo de lo necesario y para actuar consecuentemente
con relación a cada una de ellas, así como fomentar un trato afectuoso y de cuidado para
que la persona jamás carezca de los elementos necesarios para realizar su vida diaria;
V. No obligarlos a realizar cualquier acto
jurídico, en el cual se ponga en riesgo su persona, sus bienes y derechos;
VI. Aceptar incondicionalmente a sus padres
cuando éstos comiencen a presentar algún tipo de limitación o discapacidad y emplear en
la medida de sus posibilidades los medios a su alcance para procurar su rehabilitación y
el desarrollo máximo de sus demás capacidades personales;
VII. Mantener la convivencia cotidiana
dentro del núcleo familiar, para atender sus necesidades afectivas, de protección y de
apoyo. No se interrumpirá esta convivencia a menos que a través de un estudio
interdisciplinario se determine que la persona de edad avanzada que se encuentra bajo el
cuidado de algún familiar, podrá vivir mejor en una institución asistencial pública o
privada dedicadas a ello;
VIII. Recibir el apoyo de las dependencias
de la Administración Pública Federal, a través de las condiciones jurídicas,
institucionales y de infraestructura, para desempeñar adecuadamente sus funciones
familiares;
IX. Conocer los derechos contemplados en la
presente ley y asumir en la medida de sus posibilidades, su responsabilidad para su debida
observancia y
X. No obligarlos a efectuar trabajos o
actividades contra su voluntad o que implique un esfuerzo físico tal, que vaya en
perjuicio de su integridad.
TITULO CUARTO
De la participación de la sociedad
CAPITULO I
Disposiciones preliminares
Artículo 18. Las instituciones públicas o
privadas que se dediquen a la atención de las personas en edad avanzada, sean de tiempo
completo o parcial, se entienden creadas exclusivamente para el beneficio de estas
personas.
Artículo 19. Todas las instituciones,
encargadas de brindar cuidado, atención y protección a las personas de edad avanzada,
cumplirán con las normas establecidas en materia de seguridad, sanidad, capacitación de
su personal, así como la existencia de una vigilancia adecuada.
Artículo 20. Las organizaciones no
gubernamentales dedicadas a la asistencia de las personas de edad avanzada en
coordinación con el sector público, deberán implementar programas identificando las
posibles funciones de los grupos voluntarios en situaciones diferentes y en fases diversas
del desarrollo que pretenden asistir a dichas personas.
Artículo 21. Las fundaciones privadas y
organizaciones civiles especializadas que proporcionen apoyo financiero y asistencia
técnica a proyectos de investigación y de acción dirigidas a la población en edad
avanzada, se harán acreedores a incentivos fiscales.
Artículos 22. De conformidad con los
artículos 34 fracción XIX y 48 fracción V el instituto llevará un registro total de
las instituciones públicas o privadas que presten servicios asistenciales a personas de
edad avanzada conjunta o separadamente con otra clase de servicios y del mismo modo
establecerá mecanismos de vigilancia y corrección propiciando de este modo el buen
desempeño de éstas.
CAPITULO II
De las obligaciones
Artículo 23. Todo el personal que preste
servicios en instituciones que brinden asistencia a las personas de edad avanzada, será
seleccionado previo estudio interdisciplinario, desde los puntos de vista médico,
sicológico y social, que determinen la calidad del aspirante y su adecuación para el
trabajo que de él se espere.
Artículo 24. Toda institución pública o
privada que preste servicios asistenciales a las personas de edad avanzada, deberá
coordinarse con el Instituto Nacional de la Senectud y cumplir con las disposiciones que
para tal efecto señalen las demás leyes aplicables, así como con el reglamento de esta
ley, por lo que se refiere a su constitución y funcionamiento interno.
Artículo 25. Las instituciones deberán
enviar informe mensual al instituto sobre las actividades individuales y de grupo con base
en los servicios y programas elaborados de común acuerdo con los institutos estatales.
Artículo 26. A las instituciones les queda
prohibido cualquier acto de crueldad o violencia, aislamiento no deseado por la persona y
la suspensión de alimentos o de uso de comodidades, así como ningún tipo de
discriminación ni obligar a las personas a efectuar trabajos o actividades contra su
voluntad o que impliquen un esfuerzo físico que vaya en perjuicio de su salud.
Artículo 27. Cuando una institución se
haga cargo total de una persona de edad avanzada, estará obligada a:
I. Atender adecuadamente a su
alimentación, vestido y habitación;
II. Brindarle cuidado para su salud física
y mental;
III. Darles las ocupaciones y diversiones
necesarias para su bienestar;
IV. Llevar un expediente personal y un
expediente minucioso en el que se anote día y hora de su llegada y de sus salidas, solo o
acompañado, los datos de su identificación y de su estado de salud. Asimismo deberán
expedir copia del expediente en caso de que sea solicitado por sus familiares o cualquier
otra institución que pretenda atenderlo, lo anterior para darle seguimiento a su
tratamiento y
V. En su caso registrar los datos de
nombre, domicilio, teléfonos y trabajo de sus familiares.
Artículo 28. Para los efectos del
cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el presente capítulo, el Instituto
Nacional de la Senectud, en coordinación con las demás dependencias de la
Administración Pública Federal darán a conocer con oportunidad las políticas,
proyectos y planes que sobre las personas de edad avanzada realicen y que se encuentren en
el ámbito de su competencia.
CAPITULO III
De los derechos
Artículo 29. Las instituciones que presten
servicios asistenciales a las personas de edad avanzada, ya sean públicas o privadas,
gozarán de los siguientes derechos:
I. Incentivos fiscales;
II. Mantener una constante comunicación y
coordinación con el Instituto Nacional de la Senectud;
III. Acceso preferente a la información
del Centro de Investigaciones sobre el Envejecimiento y
IV. Contar con personal debidamente
capacitado en la materia, que brinde una atención integral y humanitaria a las personas
de edad avanzada.
TITULO QUINTO
Del Instituto Nacional de la Senectud
CAPITULO I
Disposiciones preliminares
Artículo 30. El Instituto Nacional de la
Senectud es un organismo público autónomo de carácter permanente, independiente en su
funcionamiento y organización, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Artículo 31. El instituto tendrá su
domicilio en la Ciudad de México y ejercerá sus funciones en todo el territorio
nacional.
Artículo 32. El patrimonio del instituto
lo constituirán:
I. Los bienes muebles e inmuebles, derechos
y obligaciones que al entrar en vigor esta ley, integren el del Instituto Nacional de la
Senectud;
II. La partida que anualmente le sea
asignado por el Presupuesto de Egresos de la Federación y
III. Las aportaciones voluntarias,
donaciones y liberalidades que reciba de personas físicas o morales, así como los
ingresos que reciba por cualquier concepto derivados de la aplicación de las
disposiciones de esta ley.
Artículo 33. El instituto gozará de
franquicia postal y telegráfica para el desarrollo de sus actividades.
Artículo 34. El Instituto Nacional de la
Senectud tiene las siguientes atribuciones:
I. Impulsar programas de atención a las
personas de edad avanzada, coordinando con organismos públicos y privados para dotar de
los servicios médicos, de atención especializada en geriatría y gerontología;
II. Identificar los problemas que se
plantean en el mismo ámbito donde se registran, con objeto de favorecer el respeto y la
comprensión de las modalidades y ámbitos de cada zona;
III. Efectuar campañas de promoción y
difusión de la legislación de las personas en edad avanzada, con la finalidad de
determinar redes de acción de entidades prestadoras de servicios y derechos de defensa,
previstos en esta ley y en sus reglamentos de aplicación;
IV. Promover programas docentes en
geriatría y gerontología en los estudios universitarios;
V. Promover la revalorización, autoestima
y capacidad de la persona en edad avanzada, fomentando la relación intergeneracional para
la socialización y bienestar de la persona dentro de la familia y comunidad;
VI. Promover la educación en hábitos
alimenticios adecuados a los requerimientos nutricionales de la población en edad
avanzada, de acuerdo a los estudios que al respecto se elaboren;
VII. Evitar el aislamiento de la persona en
edad avanzada, posibilitando el desarrollo de actividades creativo-recreativas y de
mantenimiento de funciones;
VIII. Impulsar la creación de centros
gerontológicos públicos y privados;
IX. Ubicar a las personas en edad avanzada
indigentes, impedidos o abandonados, en centros de asistencia públicos y privados, previo
estudio de su entorno sociocultural y de salud;
X. Realizar investigaciones
geronto-geríatricas encaminadas a humanizar a las personas de edad avanzada.
XI. Promover convenios legales,
administrativos y financieros que faciliten el otorgamiento de descuentos sobre el valor
de las tarifas de las empresas autotransportistas de pasajeros, así como a las que
prestan servicio suburbano y en las entradas a los espectáculos públicos, culturales,
deportivos, en favor de las personas en edad avanzada;
XII. Establecer de manera permanente
servicios de asesoría jurídica, para atender, asesorar y orientar en sus derechos a las
personas de edad avanzada;
XIII. Incentivar la capacidad laboral de la
persona en edad avanzada mediante empleos remunerados de acuerdo a sus capacidades
físicas y mentales;
XIV. Coordinarse con las dependencias de la
administración pública que realicen funciones en beneficio de las personas en edad
avanzada;
XV. Celebrar convenios con el sector
público y privado para otorgar prestaciones económicas, asistenciales y médicas que se
requieran para mejorar la calidad de vida de la persona en edad avanzada;
XVI. Propiciar el incremento de los
sistemas de atención a la persona de edad avanzada, desde acciones de prevención
primaria, hasta la total cobertura de los problemas médicos y sociales;
XVII. Fomentar la creación de centros
culturales y recreativos, facilitando el ingreso de la persona en edad avanzada y su
familia, estimulando del mismo modo su participación en programas de turismo;
XVIII. Establecerá una base de
información, sobre las condiciones socioeconómicas y demográficas de la población en
edad avanzada, la cual será utilizada para la planificación y mejoramiento de la
situación de las personas objetivo y para el diseño de soluciones efectivas de los
problemas que los afectan;
XIX. Establecer los lineamientos básicos
necesarios para desarrollar un Programa Nacional de las Personas en Edad Avanzada;
XX. Llevar un registro y vigilar el
funcionamiento de las instituciones públicas y privadas que otorguen asistencia a las
personas de edad avanzada e imponer las sanciones reglamentarias que para tal efecto se
señalen;
XXI. Promover la celebración de convenios
entre las instituciones privadas que otorguen asistencia a las personas de edad avanzada y
los sectores de educación superior, para fomentar el servicio social de las escuelas
superiores y
XXII. Otorgar los premios y reconocimientos
a aquellas personas de edad avanzada que hayan destacado en algunas de las categorías que
para tal efecto se señalen en el artículo correspondiente de esta ley.
Artículo 35. Las prestaciones a que hace
referencia el artículo anterior se otorgarán en primer lugar a las personas que carezcan
de los servicios que otorga la seguridad social y de aquellos que por su estado económico
carezcan de los medios suficientes para solicitar servicios particulares.
CAPITULO II
Del consejo de gobierno y demás
órganos directivos
Artículo 36. Los órganos superiores de
dirección del instituto son:
I. El consejo de gobierno y
II. El director general.
Artículo 37. El consejo de gobierno
estará integrado por 11 consejeros, un representante del Instituto de Investigaciones
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, un representante de la Sociedad
Mexicana de Demografía, un representante del Colegio de México, un representante de la
Secretaría de Salud, un representante del Sistema Nacional para el Desarrollo de la
Familia, un representante del Instituto Mexicano del Seguro Social, un representante del
Consejo Nacional de Población, un representante de la Secretaría de Gobernación, un
representante de la Sociedad de Geriatría y Gerontología y un representante de las
organizaciones no gubernamentales dedicadas a la atención de la persona en edad avanzada.
Artículo 38. Los miembros del consejo de
gobierno durarán en sus funciones cinco años y serán nombrados por el órgano de
autoridad respectivo, excepto el representante de las organizaciones no gubernamentales,
quien será designado por los otros ocho consejeros anteriores al momento de la
instalación del consejo de gobierno: por cada consejero propietario se elegirá un
consejero suplente.
Artículo 39. El director general será
electo por una mayoría calificada de los miembros integrantes del consejo de gobierno.
Artículo 40. El consejo de gobierno
tendrá las atribuciones que le señale esta ley y actuará válidamente con la
concurrencia de los nueve integrantes. Sus resoluciones se tomarán por acuerdo de la
mayoría de sus miembros.
Artículo 41. El consejo de gobierno es el
órgano superior de dirección encargado de vigilar el cumplimiento de las disposiciones
legales que afecten directamente a la población en edad avanzada y tendrá las siguientes
facultades:
I. Expedir los reglamentos necesarios para
el buen funcionamiento del instituto;
II. Estimular y promover los servicios
sociales y de salud, conduciendo e integrando áreas de interés para el bien común, así
como proteger, recuperar y rehabilitar asistencialmente a la persona en edad avanzada
dentro de la sociedad;
III. Coordinarse con los directivos de las
instituciones dedicadas a la asistencia de la persona en edad avanzada, así como con las
demás dependencias encargadas del ramo, para elaborar programas específicos de atención
y mejoramiento de su calidad de vida;
IV. Impulsar y llevar a la práctica las
acciones de protección a la persona en edad avanzada dependientes del instituto;
V. Fomentar la investigación,
capacitación y el estudio de los problemas afines a la edad avanzada;
VI. Elegir al director general y al
coordinador del Centro de Investigación sobre el Envejecimiento;
VII. Servir como órgano de consulta al
Gobierno Federal en desarrollo de la política para el envejecimiento y la vejez;
VIII. Con la colaboración de otras
organizaciones nacionales e internacionales, buscará establecer un equipo de personas
técnicas que apoyen la puesta en marcha de la política del Gobierno Federal para el
envejecimiento y la vejez;
IX. Examinar, discutir y aprobar los planes
del instituto que al efecto le proponga el director general;
X. Aprobar el proyecto de presupuesto que
le será presentado anualmente por el director general y
XI. Otorgar los premios de reconocimiento a
las personas destacadas de edad avanzada que señala el artículo 70 de esta ley, de
acuerdo a lo dispuesto en la convocatoria que para tal efecto se expida. Asimismo designar
al jurado y determinar el monto de la gratificación a la que serán acreedores los
ganadores de los mismos.
Artículo 42. El consejo de gobierno se
reunirá regularmente cada dos meses y en forma extraordinaria cuando lo convoque su
director general o lo soliciten cuando menos cuatro de sus miembros.
Artículo 43. Requisitos para ser
consejero:
a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento en
pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
b) Tener más de 30 años de edad el día
de la designación;
c) Haberse destacado en la promoción,
defensa y asistencia a la población de edad avanzada y
d) Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno.
Artículo 44. Para ocupar el cargo de
director general o de coordinador del Centro de Investigación sobre el envejecimiento es
necesario:
I. Ser mexicano por nacimiento en pleno
ejercicio de sus derechos;
II. Contar con título profesional y
conocimiento relativos a la materia objeto de esta ley;
III. Tener más de 30 años cumplidos el
día de su designación;
IV. Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo que haya sido de carácter culposo y
V. No ser integrante del consejo de
gobierno.
Artículo 45. El director general tendrá
las siguientes facultades:
I. Representar legalmente al organismo en
el ámbito nacional e internacional;
II. Ejecutar los planes que para tal efecto
apruebe el consejo;
III. Elaborar y presentar al consejo los
programas de operación e inversión;
IV. Proponer anualmente al consejo general
el anteproyecto del presupuesto del instituto para su aprobación;
V. Remitir al titular del Poder Ejecutivo
el proyecto de presupuesto del instituto aprobado por el consejo general, en los términos
de la ley de la materia;
VI. Velar por la unidad y cohesión de las
actividades del instituto;
VII. Establecer las relaciones necesarias
entre el instituto y las autoridades federales, estatales y municipales, con la finalidad
de obtener apoyo y colaboración necesarios en sus respectivos ámbitos de competencia,
cuando esto sea necesario para el cumplimiento de los fines del instituto;
VIII. Convocar y conducir las reuniones de
consejo;
IX. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos
adoptados por el propio consejo;
X. Nombrar al personal técnico y
administrativo del organismo;
XI. Podrá asistir a las reuniones del
consejo con voz pero sin voto. Será el director general el presidente del consejo de
gobierno y
XII. Las demás que establezca la ley y los
reglamentos aplicables.
Artículo 46. El Centro de Investigaciones
sobre el Envejecimiento, estará integrado por el Centro de Documentación y el Centro de
Capacitación.
Artículo 47. El Centro de Investigaciones
sobre el Envejecimiento tendrá las siguientes funciones:
I. Desarrollar proyectos de investigación
conjunta con otros organismos oficiales y privados, nacionales y extranjeros, sobre temas
que abarquen el conocimiento del grupo destinatario de las acciones institucionales y de
las diferencias biosicosociales de las personas en edad avanzada;
II. Promover en los diferentes sectores
productivos del país, la elaboración de estudios y proyectos destinados a satisfacer las
necesidades que se presentan en la población de edad avanzada;
III. Consolidar las acciones de
investigación de la población objetivo, que garanticen la vigencia y constante
evolución de los programas de asistencia social, de tal manera que siempre guarden
relación y obedezcan a la demanda real de las personas en edad avanzada;
IV. Fomentar la educación y preparación
de las personas en edad avanzada con la finalidad de que cuenten con mayores elementos
para la adaptación en la edad avanzada y asegurar su permanente integración en los
procesos y cambios sociales del país;
V. Reforzar las medidas de sensibilidad de
las personas en edad avanzada y el resto de la población, sobre las posibilidades y
potencialidades de dicha etapa;
VI. Promover la realización de foros,
mesas redondas, conferencias y pláticas sobre la edad avanzada;
VII. Actualizar y ampliar las dimensiones y
características de algunos de los problemas socioeconómicos y de salud que afecten a la
población objetivo;
VIII. Implementar un proceso constante de
investigación jurídica que tenga por objeto proponer las reformas a leyes que mejoren la
protección jurídica de la persona en edad avanzada y
IX. Proponer alternativas de atención para
las personas en edad avanzada.
Artículo 48. El centro de documentación,
tendrá las siguientes atribuciones:
I. Concentrar información nacional e
internacional sobre temas vinculados a la edad avanzada;
II. Llevar un registro actualizado de
instituciones, publicaciones periódicas, referencias bibliográficas, actividades
científicas y técnicas, con el fin de intercambiar conocimientos y experiencias y ser
considerado como un centro de referencia para investigaciones posteriores;
III. Elaborar un registro de población
mayores de 65 años en coordinación con las dependencias gubernamentales encargadas del
ramo. Asimismo elaborará las memorias de los foros, conferencias y mesas redondas;
IV. Desarrollar un plan, por medio del cual
se informe a toda la sociedad acerca de los aspectos del proceso de envejecimiento, sobre
la importancia de llevar estilos de vida saludables para lograr una vejez satisfactoria y
sobre la necesidad de que las personas se preparen para la edad avanzada y
V. Elaborar el registro de instituciones
públicas y privadas que otorguen asistencia a la persona en edad avanzada, que se refiere
el artículo 34 fracción XIX de esta ley.
Artículo 49. El centro de capacitación
tendrá las siguientes funciones:
I. Establecer programas de capacitación
para que las personas de edad avanzada continúen con una vida activa y remunerada en el
campo social y laboral de acuerdo a su experiencia y conocimientos adquiridos;
II. Elaborar programas de atención
primaria y autocuidado de la salud dirigidos a las personas de edad avanzada y personas
que se encuentren a su cuidado, en los cuales se instruya la forma de vida que deben
llevar las personas mayores de 65 años en el hogar;
III. Promover cursos de investigación
geriátrica y programas de instrucción sistemática de los niveles primario, secundario y
superior;
IV. Difundir a través de los medios de
comunicación los derechos y prerrogativas a los que se hacen acreedores las personas de
edad avanzada;
V. Desarrollar programas de atención
telefónica a la persona de edad avanzada, funcionando como una estrategia efectiva de
educación y comunicación;
VI. Establecer el programa escuela para
hijos, en coordinación con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia;
VIII. Elaborar programas dirigidos a la
sociedad, en general, para acentuar el proceso de cambio cultural hacía una nueva
perspectiva del envejecimiento con proyectos que fomenten y fortalezcan las relaciones de
la persona en edad avanzada con su familia;
IX. Capacitar mediante cursos
teórico-prácticos al personal que labore en las instituciones que presten servicios de
atención a la edad avanzada, debiendo ser actualizados periódicamente, dichos resultados
serán tomados en cuenta, en su caso junto, con los resultados de su trabajo, para su
estabilidad, ascensos y carreras dentro de las instituciones, estableciendo de este modo,
programas de entrenamiento de enfermería y auxiliares médicos.
Artículo 50. El coordinador del Centro de
Investigación sobre el Envejecimiento, tendrá las siguientes atribuciones:
I. Dirigir al Centro de Capacitación y de
Documentación;
II. Integrar un equipo de investigadores
especialistas en la materia, que contribuyan con la realización de los objetivos
previstos por esta ley;
III. Difundir la información de las
actividades que realice el instituto;
IV. Proponer a las autoridades competentes,
soluciones y alternativas sobre las necesidades de la población en edad avanzada;
V. Proponer al director general la
celebración de convenios con instituciones académicas de atención a la edad avanzada,
ya sean nacionales o extranjeras;
VI. Elaborar propuestas para el
mejoramiento de la calidad de vida de las personas en edad avanzada en el medio rural,
indígena y urbano;
VII. Promover la celebración de convenios
con entidades y universidades extranjeras, con el fin de promocionar y financiar créditos
y becas a los estudiantes y profesionales interesados en el campo de la geriatría y la
gerontología y
VIII. Las demás que le otorgue esta ley y
los reglamentos aplicables.
Artículo 51. El instituto, a través de su
director general, tiene la responsabilidad de difundir campañas en los medios masivos de
comunicación orientadas a sensibilizar a la población acerca del respeto, paciencia,
atención, cariño y comprensión que merecen las
personas en edad avanzada, para ello
establecerá acuerdos con la Secretaría de Gobernación, con la finalidad de que le sea
garantizada dicha responsabilidad. Cuando se requiera la localización de una persona de
edad avanzada, se publicarán sin costo alguno, por la prensa, la radio o la televisión,
sus datos personales y de identificación y los últimos informes de sus actividades.
Artículo 52. Las entidades federativas
deberán garantizar la infraestructura para atender las necesidades de su población
envejecida, por lo tanto cada entidad, un plan de atención integral complementario para
estas personas, que incluya los servicios y prestaciones que otorga esta ley.
CAITULO III
De las actividades del instituto
Artículo 53. Las actividades del instituto
se dividirán para su ejecución en los siguientes programas:
I. Económicos;
II. Sociales y
III. Médicos y sicológicos.
CAPITULO IV
De las acciones económicas
Artículo 54. Las acciones económicas
tienen por objeto mejorar las posibilidades económicas de las personas en edad avanzada
que carezcan de los medios necesarios para subsistir aumentando el poder adquisitivo para
satisfacer sus necesidades, a través de las siguientes prestaciones:
I. Descuentos en bienes y servicios de
primera necesidad, con los comerciantes y prestadores de servicios del sector público y
privado, con quienes el instituto haya celebrado convenio para otorgar dicha prestación y
II. Bolsa de trabajo, la cual consistirá
en:
a) Promover la concientización
empresarial, para que en los sectores de producción se acepten trabajadores de edad
avanzada, de acuerdo a sus capacidades. Se otorgarán incentivos fiscales a empresas que
contraten personas de edad avanzada;
b) Promover la generación de empleos para
personas de edad avanzada dentro del aparato productivo nacional y
c) Promover la colocación de personas en
edad avanzada en actividades remuneradas.
CAPITULO V
De las acciones sociales
Artículo 55. Las acciones sociales tienen
por objeto mantener en la persona de edad avanzada, una actividad intelectual, afectiva,
física y social en la medida de sus propios intereses, capacidades y posibilidades, para
así contribuir al mismo tiempo al fortalecimiento de la solidaridad y apoyo mutuo entre
la población.
Artículo 56. Las acciones sociales se
llevarán a cabo a través de un sistema de asistencia, mismo que será enfocado
principalmente a la prevención, en función de una atención integral de la persona en
edad avanzada, con base en la participación familiar y comunitaria y respetando
fundamentalmente las características regionales. Asimismo, normará el trabajo
profesional interdisciplinario tendiendo a que la prestación que se otorgue sea la más
adecuada y llegue oportunamente al más necesitado.
Artículo 57. Las prestaciones que
comprenderá el sistema de asistencia definirán las actividades, que podrán
desarrollarse con acción directa sobre las personas y el medio y que se corresponderán
con la situación que cotidianamente vive la persona de edad avanzada, por lo que la
atención se definirá en tres niveles de cuidado. Asimismo se contará con un centro de
atención jurídica y la prestación de los servicios de gestoría provisional y turismo
social.
Artículo 58. El sistema de asistencia
comprenderá tres niveles de atención a la persona de edad avanzada de acuerdo a las
actividades que desarrolle.
Artículo 59. El primer nivel del sistema
de asistencia, comprenderá actividades cuyo objetivo fundamental será aumentar la
participación y la autoestima de la persona en edad avanzada, de sus familiares, así
como de la sociedad en general, promoviendo un cre
cimiento cuantitativo y cualitativo del
tratamiento preventivo social. Lo anterior tiene por objetivo, cambiar la actitud de la
familia y de la sociedad, propiciando el reconocimiento de su dignidad y respeto,
propugnando en todo momento por un bienestar integral y humano. Las actividades de éste,
serán practicadas por el centro de capacitación.
Artículo 60. El segundo nivel del sistema
de asistencia, se realizará a través de las actividades de las "casas de
día", que tendrá como objetivo ayudar a la familia y retrasar la posible
internación de la persona. La modalidad diurna de atención permite que la persona no se
desapegue de su ámbito familiar de pertenencia. La "casa de día" tendrá como
objetivo velar por la asistencia integral de la persona en edad avanzada cuyos familiares,
por razones de trabajo o de otra índole no pueden atenderlos durante el día, en ésta se
desarrollarán actividades productivas y constructivas de su interés.
Se establecerán programas de actividades y
esparcimientos para enriquecer la vida de las mujeres y hombres en edad avanzada. Asimismo
contará con una clínica y personal capacitado en caso de requerir asistencia médica.
Artículo 61. El tercer nivel del sistema
de asistencia, consistirá en la internación geriátrica a los hogares cuyo objetivo
general será proveer residencia transitoria o permanente, brindando una asistencia
integral personalizada para cubrir necesidades de las personas en edad avanzada
indigentes, que carezcan de recursos económicos para su manutención, con graves
carencias sociales, patológicas crónicas con deterioro severo, o bien, que sufran el
rechazo familiar y que dichas necesidades no puedan ser cubiertas por ninguna de las otras
modalidades del sistema de asistencia. Asimismo se les proporcionarán los satisfactores
necesarios y una atención integral que les permitan llevar una calidad de vida digna.
CAPITULO VI
De otras acciones sociales otorgadas
por el instituto
Artículo 62. Aquellas personas de edad
avanzada que sufran rechazo familiar y se encuentren internadas en los hogares, podrán
permanecer en éste temporalmente, con el fin de que preferencialmente se reincorporen al
núcleo familiar.
Artículo 63. Toda persona de edad avanzada
que se encontrara en la vía pública abandonado, será atendido de inmediato por el
instituto, canalizándolo a las instituciones públicas o privadas de atención a éstas,
con el objetivo de brindarle la protección necesaria.
Artículo 64. El servicio de gestoría
provisional que señala el artículo 57 de esta ley, principalmente apoyará a las
personas de edad avanzada, para que puedan iniciar expedientes de jubilación, pensión,
reconocimiento de servicios, reintegro de gastos por sepelio, poderes para cobrar, notas
de reclamo en forma totalmente gratuita.
Artículo 65. El servicio de turismo
social, contará con plazas en los principales centros turísticos del país, ofreciendo a
las personas de edad avanzada la posibilidad de conocer y recorrer los mismos.
CAPITULO VII
Del centro de atención jurídica
Artículo 66. El centro de atención
jurídica tendrá por objeto atender, asesorar y orientar en sus derechos y obligaciones a
las personas de edad avanzada que presenten un problema jurídico. La prestación a la que
hace referencia este artículo consistirá en:
I. Intervenir oportunamente a petición de
la parte interesada o de cualquier otra persona a la que le consten hechos en los cuales
se afecten intereses jurídicos de las personas en edad avanzada;
II. Atender prioritariamente los casos
relacionados con el estado civil en juicios voluntarios, sucesorios, tutelas y curatelas,
desalojos y demás actos en los que intervengan las personas de edad avanzada, así como
en aquellos casos en los que la persona resulte demandada y en procesos sucesorios en los
que el mismo fuese heredero. Asimismo cualquier persona que tuviere conocimiento de un
abuso en contra de alguna persona de edad avanzada, deberá comunicarlo de inmediato al
Centro de Atención Jurídica, para que con la debida urgencia intervenga para su
protección y
III. Las autoridades competentes
informarán cuando una persona de edad avanzada infrinja las leyes penales o los
reglamentos, se causen daños a sí mismos, a su familia o a la sociedad o se encuentren
en situación irregular o de riesgo, lo anterior para que este centro
de atención jurídica a través de un
examen de diagnóstico interdisciplinario, se pueda ayudar a definir su grado de
imputabilidad y el tratamiento a que deban de ser sometidos.
CAPITULO VIII
De las acciones a favor de la salud
Artículo 67. La atención médica,
integral, será supervisada por el instituto de manera general y de manera particular en
coordinación con las demás instituciones oficiales encargadas.
Artículo 68. Cuando una persona de edad
avanzada carezca de medios económicos para poder dar seguimiento a algún tratamiento
especializado, será atendido por una institución pública de acuerdo al tratamiento que
requiera, sin cargo económico para él.
Artículo 69. Las acciones médicas y
sicológicas se llevarán a cabo en las instituciones del Sistema Nacional de Salud, con
el carácter de preventivas, curativas y rehabilitadoras.
CAPITULO IX
Del reconocimiento y premio a las personas
destacadas en edad avanzada
Artículo 70. De acuerdo al artículo 34
fracción XXI, el instituto reconocerá y premiará a las personas de edad avanzada con
los siguientes premios nacionales:
I. Premio Nacional Emma Godoy. Un hombre y
una mujer de más de 70 años, que por su trayectoria humanística o profesional sigan
destacando en la edad avanzada ejemplarmente y
II. Premio Nacional Euquerio Guerrero. A
personas o instituciones públicas o privadas que estén siendo ejemplo de desarrollo
gerontológico a cualquier nivel, que demuestren proyección, en las áreas de salud,
educación y asistencia.
Artículo 71. A los ganadores se les
seleccionará previa convocatoria emitida por el consejo de gobierno del Instituto
Nacional de la Senectud. Los aspirantes a cada categoría deberán respaldar su registro
con 500 firmas de personas que lo apoyen.
Artículo 72. Como premio se entregará una
medalla, un reconocimiento y una gratificación cuyo monto estará determinado por el
consejo de gobierno, de acuerdo al artículo 41 fracción XI de la presente ley.
Artículo 73. Los premios serán entregados
por el Presidente de la República, el día 28 de agosto de cada año.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. Se deroga el decreto por el que se
crea el Instituto Nacional de la Senectud, publicado en el Diario Oficial de la
Federación, el 22 de agosto de 1979.
Segundo. La Ley General para la Atención
de las Personas en Edad Avanzada, entrará en vigor a los 30 días después de su
publicación en el Dirio Oficial de la Federación.
Tercero. La interpretación de esta ley, se
hará sin perjuicio de las facultades legislativas de los congresos locales de las
entidades federativas.
México, D.F., a 6 de abril de 1998.- Por
el Partido Acción Nacional.- Rúbricas.»
Señora Presidenta, dejo en la Secretaría
el texto completo y solicito se turne a las comisiones de Población y Desarrollo y de
Justicia, para su trámite legal.
Túrnese a las comisiones de
Población y Desarrollo, así como a la de Justicia.
Informo a esta Asamblea, que recibimos de
la manera más cordial la visita de estudiantes de la ENEP-Acatlán, invitados por el
diputado Javier Paz Zarza, así como también de la presencia de 30 integrantes del
comité juvenil del Partido Acción Nacional, invitados por el diputado José Espina von
Roehrich. ¡Bienvenidos!
LEY
DE ASOCIACIONES GANADERAS
Tiene la palabra el diputado Felipe
Rangel Vargas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una
iniciativa de Ley de Asociaciones Ganaderas.
Solicita esta Presidencia, de la manera
más atenta, a los diputados que se encuentran en el centro izquierdo, hagan el favor de
ocupar sus curules.
|
El
diputado Felipe de Jesús Rangel Vargas: |
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
«Ciudadano Presidente de la Cámara de
Diputados.-Presente.
Con fundamento en el artículo 71 fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, 56, 57, 58 y
relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos
Mexicanos, los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional
de la LVII Legislatura, presentamos a consideración del pleno de esta Cámara de
Diputados, la iniciativa de nueva Ley de Asociaciones Ganaderas, de acuerdo con la
siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Quizá el más grave de los problemas
nacionales es el del campo y no será resuelto, antes bien se verá constantemente
agraviado, por los métodos que buscan sostener más el monopolio político oficial, que
organizar a los campesinos para producir.
El problema del campo, como está
establecido en nuestros principios de doctrina, "es un problema primordial de nuestra
economía; pero es, sobre todo, un problema de elevación humana".
Desde hace varios años, el campo padece
una severa crisis; en él se concentra la población más pobre, su descapitalización y
falta de rentabilidad son alarmantes, la necesidad de cubrir el déficit en la producción
agrícola, obliga a acudir al mercado exterior para importar alimentos en proporciones
cada vez mayores.
Durante 25 años (de 1940 a 1965), la
producción agropecuaria creció a una tasa del 7% anual, en tanto que, en los últimos 30
años, su crecimiento promedio del 1.8%, fue menor al crecimiento demográfico del 2.7%.
En los últimos 10 años se observó un franco estancamiento, con reducciones del 0.8% en
la disponibilidad per capita de alimentos.
Las actividades de este sector están
eslabonadas con el marco histórico, cultural, económico, político y social del país.
De su evolución depende en gran parte un desarrollo económico sano.
La expansión de las exportaciones de
productos agropecuarios, puede significar uno de los medios más importantes para impulsar
a México en su crecimiento.
El campo es, sin duda, una fuente
importante en la formación del capital y del ahorro interno. Sirve de apoyo a otros
sectores de la economía, como se ha reiterado en la historia de nuestro país y es
también, un pivote fundamental en el mejoramiento de los niveles de vida de la población
tradicionalmente marginada.
Este sector es fundamental, asimismo, para
la adecuada conservación y uso racional de los recursos naturales.
La situación del campo se caracteriza por
los siguientes factores:
Falta de promoción social y desarrollo
humano
Hay una distorsión fundamental del
Gobierno mexicano en la política hacia el campo; la falta de respeto a la dignidad de la
persona humana. No es posible diseñar una política en el campo si no se da un cambio de
mentalidad.
Los trabajadores de la tierra no han sido
los protagonistas de su propio desarrollo. El Estado mexicano, al diseñar su política
agropecuaria, se ha caracterizado por una actitud de tutelaje y manipulación, instrumen
tada a través de estructuras corporativas
que han pervertido todas las políticas públicas relacionadas con el campo.
Por mucho tiempo se consideró que por el
solo hecho de tener mayor población urbana que rural, México estaba arribando a más
altos niveles de desarrollo. Este principio dejó de tener validez. Hoy se debe propiciar
que cada comunidad del territorio nacional tenga mejores accesos de bienestar social.
Inestabilidad económica y equivocada
política de crédito agrícola
El Gobierno mexicano no ha ofrecido el
marco económico que permita las mínimas condiciones de competitividad para emprender una
actividad económica redituable en el campo. Una serie de políticas erráticas ocasionó
la enorme cartera vencida en el campo, que hoy constituye uno de los más graves problemas
que debe resolver el Gobierno.
Con un criterio distorsionado de lo que
deben ser los fines del Estado, se privilegió al capital especulativo ofreciéndole altas
tasas de interés que compensarán la pérdida de confianza, en detrimento del capital
destinado al trabajo, atrofiando así la energía social que requiere desplegar la nación
mexicana para superar su crisis.
Esquemas de comercialización
inadecuados
Los actuales esquemas de comercialización
internos y externos han propiciado una competencia que no es equitativa para el productor
mexicano. El Gobierno de nuestro país intervino en forma avasallante en la
comercialización de productos agropecuarios. Aquí el balance arroja resultados
negativos, pues no tan sólo dañó las capacidades del productor para asumir esta tarea,
sino que benefició a intermediarios y generó una enorme corrupción.
A partir de la década de los ochenta la
política de precios y comercialización de los bienes y materia primas agrícolas han
resultado ser perjudiciales para el campo, ya que se han generado desequilibrios y
distorsiones expresados en aspectos tales como: el problema de la baja rentabilidad ante
los crecientes costos de producción y los bajos precios reales; una excesiva
intermediación y especulación, y desequilibrios fuertes entre la oferta y demanda
manifestados con déficit en ciertos productos.
Infraestructura deficiente
La infraestructura de servicios públicos,
que es responsabilidad gubernamental otorgar y mantener, es deficiente. Hay un
significativo rezago en la infraestructura regional de muchas zonas rurales, especialmente
en materia de caminos rurales, almacenes, presas, perforación de pozos, obras de
conservación de suelo, nivelación de terrenos, medios de transporte, electrificación
rural, entre otros.
Seguros, subsidios y estímulos fiscales
distorsionados
En lo que se refiere a seguros, subsidios y
estímulos fiscales, hubo distorsiones que han propiciado corrupción y burocratismo. En
materia de subsidios, éstos no se han caracterizados por criterios de diferenciación
para que se beneficien aquellos agricultores que más lo necesitan.
Se han caracterizado también por
prácticas paternalistas y populistas y por último, no han sido previstos por un tiempo
determinado razonable, lo cual ha impedido que alcancen el propósito de servir como
impulso a los niveles de competitividad.
Educación, tecnología e información
deficitarias
La educación apropiada, la investigación
tecnológica, la asistencia técnica y la información de mercados, que en gran medida son
tareas gubernamentales, acusan rezagos dramáticos. En la mayoría de las regiones del
país se utiliza una tecnología rudimentaria que impide obtener altos rendimientos y en
consecuencia alcanzar una productividad rentable.
El manejo deficiente de los cultivos puede
atribuirse a muchos factores, tales como la falta de créditos, carencia de insumos, bajo
precio de las cosechas, entre otros. Sin embargo, se deben en forma más directa a la
carencia de una política de desarrollo tecnológico y a la falta de una estructura
nacional que difunda y promueva la adopción de nuevas tecnologías en el campo.
El Estado mexicano no ha cumplido con el
desarrollo de los bienes públicos que son elementales. En lo que se refiere a las tareas
que le corresponden al productor, hoy más que nunca revisten un enorme desafío. A la par
que tiene que mejorar como empresario asimilando nuevas técnicas, desde administrativas
hasta en la forma de cultivo de la tierra, necesita aprender para acercarse al mercado y
descifrar sus designios.
Recursos naturales mal explotados y
deforestación
La sobreexplotación de los recursos
naturales y el deterioro del medio ambiente han sido devastadores a tal grado que México
figura entre los países con una mayor tasa de deforestación a nivel mundial; se estima
que México pierde alrededor de 400 mil hectáreas en promedio anual.
Ordenamiento jurídico en materia agraria
En cuanto al ordenamiento jurídico, éste
de ninguna manera ha sido claro y accesible, creando, junto con una serie de instituciones
desarticuladas en su actuación, una verdadera confusión que no ha generado certidumbre,
confianza y seguridad, que son condiciones mínimas de un ambiente propicio para el
auténtico desarrollo en el campo mexicano.
Al proteger las estructuras corporativas,
el Gobierno ha impedido el desarrollo de organismos intermedios que pudieran contribuir al
progreso agropecuario y forestal. Aún no tenemos los ordenamientos jurídicos adecuados a
las necesidades de una moderna, descentralizada, productiva y próspera agropecuaria.
El Partido Acción Nacional, atendiendo la
demanda de los ciudadanos y realizando un análisis serio, profundo, responsable, de la
situación económica que impera en el agro mexicano y en especial, del lastre que ha
significado para los productores, la excesiva regulación y el acotamiento de su libertad
y del derecho que todo ciudadano tiene de organizarse libremente y atendiendo a que el
ambiente socioeconómico en el cual operan las organizaciones está cambiando a ritmo
acelerado, proponemos el rejuvenecimiento de las organizaciones que atienda al principio
de la decisión libre de los productores.
En este contexto, la actividad ganadera
necesita una nueva organización de los productores que encauce los esfuerzos individuales
en colectivos, que promueva acciones coordinadas a través de asociaciones autónomas,
independientes del Gobierno, para que los ganaderos puedan defender sus intereses
legítimos, afrontar eficazmente sus tareas y elevar así sus condiciones de vida.
La desviación fundamental de las
organizaciones ganaderas tiene su origen en la legislación vigente sobre la materia, la
Ley de Asociaciones Ganaderas, que data desde 1936 y su reglamento publicado en el Diario
Oficial el 23 de agosto de 1993. Estos ordenamientos consideran a las organizaciones
ganaderas como organismos de cooperación del Gobierno y permiten a éste ejercer un
estricto control de las actividades de las asociaciones ganaderas.
La legislación actual concede al Gobierno
la facultada de autorizar la constitución, organización y funcionamiento de las
asociaciones ganaderas, así como revocar dicha autorización.
Por ello, las asociaciones están obligadas
a proporcionar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, toda la
información que les sea requerida sobre sus actividades y funcionamiento interno. Por
otra parte, el reglamento de la Ley de Asociaciones Ganaderas permite la reelección
ilimitada de los miembros de los órganos directivos y no establece requisitos especiales
para ocupar dichos cargos.
Las normas vigentes han propiciado que se
establezcan cacicazgos en las organizaciones ganaderas, interesados más en servir de
apoyo a las políticas gubernamentales, que a los intereses de los agremiados; de está
manera, los puestos directivos son utilizados para ascender en la escalera política.
En la iniciativa de la nueva Ley de
Asociaciones Ganaderas que hoy se propone, se desea propiciar una nueva relación entre
ganaderos y Gobierno, en la cual el Gobierno proporcione un apoyo subsidiario y respetuoso
de la dignidad de los ganaderos, reconociendo a éstos la capacidad de diagnosticar sus
necesidades más apremiantes y proponer los correctivos adecuados.
Por ello, se propone que uno de los
objetivos de las asociaciones ganaderas sea participar en la determinación de las
políticas ganaderas y en la supervisión de los programas gubernamentales.
Con el fin de que los organismos ganaderos
respondan fundamentalmente a los intereses de sus agremiados, la iniciativa propuesta
establece que las asociaciones ganaderas serán autónomas en su funcionamiento,
independientes del Gobierno, para eliminar presiones y tutelajes dañinos que les impidan
asumir plenamente sus propias responsabilidades. En consecuencia proponemos que las
asociaciones ganaderas rijan su vida interna sin ninguna injerencia del Gobierno, desde su
constitución hasta su posible disolución.
Congruente con la tesis del Partido Acción
Nacional de que toda organización ciudadana debe estar basada en principios fundamentales
como la democracia, la libertad y el respeto a la dignidad de las personas, la iniciativa
establece un procedimiento democrático para la toma de decisiones en cada asociación
ganadera, así como la libertad individual de sus miembros para pertenecer a cualquier
agrupación política o social.
Para estrechar el vínculo de intereses
entre los directivos y los asociados, la iniciativa propone como requisitos para formar
parte del consejo directivo de los organismos ganaderos, no ser servidor público ni
ocupar un puesto de elección popular al momento de la designación o durante el
desempeño del cargo. También establece que su ingreso económico principal derive de la
actividad pecuaria.
La iniciativa señala que las asociaciones
ganaderas podrán recibir aportaciones económicas por asesoría o prestación de
servicios en la actividad pecuaria productiva, que mejoren o promuevan la producción
ganadera. Esta disposición permitirá que los asociados disfruten de beneficios por la
prestación de servicios de su asociación, a la vez que las asociaciones podrán obtener
recursos económicos para cumplir más eficazmente con su fines.
Como mencionamos al principio, el problema
del campo "es un problema primordial de nuestra economía, pero es sobre todo, un
problema de elevación humana".
Esta iniciativa de ley abroga la Ley de
Asociaciones Ganaderas publicada en el Diario Oficial del 12 de mayo de 1936 y deroga las
disposiciones que se opongan a la misma.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto y
con fundamento en lo que dispone la fracción II del artículo 71 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos poner a la consideración del
honorable Congreso de la Unión, por conducto de la Cámara de Diputados, la siguiente
INICIATIVA DE NUEVA LEY DE ASOCIACIONES
GANADERAS
Disposiciones preliminares
Artículo 1o. La presente ley es de
observancia general en toda la República.
Artículo 2o. En lo no previsto en esta ley
se aplicará supletoriamente la legislación civil local y en su caso, la mercantil,
según la materia de que se trate.
Artículo 3o. El Ejecutivo Federal
promoverá la coordinación de acciones con los gobiernos de las entidades federativas y
de los municipios, en el ámbito de sus atribuciones, para la debida aplicación de esta
ley.
CAPITULO I
De la asociación de los productores
pecuarios
Artículo 4o. Las disposiciones de esta ley
son de interés público y social y se expiden para establecer las bases de organización
y normar el funcionamiento de las asociaciones ganaderas.
Artículo 5o. Las asociaciones ganaderas
son organizaciones de interés público, autónomas y con personalidad jurídica propia,
constituidas por los productores pecuarios del país, agrupados voluntaria y libremente
para los fines que esta ley establece.
Artículo 6o. Las asociaciones ganaderas se
regirán mediante un instrumento jurídico que reglamentará los procedimientos para su
organización y estructura, así como el ámbito de su competencia y sus atribuciones
conforme a las disposiciones de esta ley.
Artículo 7o. Para los efectos de esta ley
se denomina como ganadero a toda persona física o moral que siendo propietario de ganado,
tenga definido su asiento de producción y dedique predominantemente a su actividad la
cría de las diferentes especies animales que
posea o a la explotación y aprovechamiento
de alguna zootecnia de sus individuos.
Artículo 8o. La denominación de
asociación ganadera, sólo podrá ser utilizada por aquellas agrupaciones de productores
organizados de acuerdo a los términos de esta ley.
Artículo 9o. La Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, apoyará a las asociaciones ganaderas y a los
productores que las integran, para la realización de sus fines.
CAPITULO II
Objeto de las asociaciones ganaderas
Artículo 10. Las asociaciones ganaderas
que se constituyan de acuerdo a los términos de esta ley, tienen por objeto:
I. Representar los derechos e intereses
generales de sus agremiados, proponer las medidas que estimen más adecuadas para la
protección y defensa de dichos intereses.
II. Regularizar la producción de ganado.
III. Hacer una mejor distribución de los
productores para el abastecimiento normal de los mercados locales, para fomentar el
aumento del consumo de productos alimenticios de origen animal de producción nacional,
impulsar el comercio exterior y organizar económicamente a los ganaderos a efecto de
eliminar los intermediarios.
IV. Estudiar, gestionar y promover todas
las acciones que permitan el mejoramiento integral de la ganadería.
V. Promover ante las instancias
correspondientes, la creación de instituciones crediticias, especializadas en el
financiamiento integral de la actividad pecuaria.
VI. Planear y promover concertadamente con
instituciones públicas y privadas, la creación de la infraestructura necesaria para la
industrialización, conservación y comercialización de los productos ganaderos.
VII. Promover, formalizar y consolidar la
interrelación con las instituciones educativas y de investigación, relacionadas con la
actividad ganadera, a efecto de que se dé una efectiva transparencia de tecnología y
procedimientos técnico-operativos más eficientes, que optimen la actividad ganadera en
beneficio de sus agremiados.
VIII. Fomentar la organización y
operación de sociedades cooperativas inherentes a la industria pecuaria.
IX. Colaborar en el proceso de
comercialización de los productos ganaderos en beneficio de sus asociados.
X. Elaborar propuestas de políticas de
desarrollo y fomento a la ganadería, las cuales serán concertadas con el Ejecutivo
Federal para su aplicación, en los términos que establece la Ley de Planeación.
CAPITULO III
Constitución, organización y
funcionamiento de las asociaciones ganaderas
SECCION PRIMERA
De la constitución y organización
Artículo 11. Los ganaderos del país
podrán constituir y organizar asociaciones de carácter local, regional y nacional, de
tipo general o especializadas.
Artículo 12. Las organizaciones de tipo
general son las que agrupen a ganaderos dedicados a la explotación de cualquiera de las
especies animales.
Artículo 13. Las organizaciones de tipo
especializado son las que agrupen a ganaderos dedicados a la explotación de una especie
animal determinada o específicamente a la de alguna función de sus ganados.
Artículo 14. Las asociaciones locales se
denominarán asociaciones ganaderas; las regionales uniones ganaderas y la nacional
confederación ganadera.
Artículo 15. Para el objeto de los
términos de esta ley, se entenderá como localidad un pueblo o municipio; como región
ganadera aquella que por similaridad de actividades, infraestructura y por las vías de
comunicación con que cuente, pueda constituir una unidad dentro de la economía nacional.
Artículo 16. Las asociaciones ganaderas
generales o especializadas estarán integradas por un mínimo de 10 ganaderos en un pueblo
o municipio.
Artículo 17. Las uniones ganaderas
generales o especializadas, se constituirán, por lo menos, con tres asociaciones
ganaderas generales o especializadas, según corresponda, dentro de un entidad federativa
o aquella región que por sus características económicas, de infraestructura y
geográficas determine la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
Artículo 18. La confederación nacional
ganadera se constituirá con tres o más uniones ganaderas generales o especializadas y
será el órgano por medio del cual las asociaciones ganaderas promoverán, ante el
Ejecutivo Federal, los proyectos, iniciativas o gestiones que tiendan a cumplir las
finalidades que esta ley determina; para las autoridades locales los órganos serán las
asociaciones ganaderas o las uniones, según el lugar de radicación de las mismas y de la
autoridad ante quien proceda gestionar.
La confederación Nacional radicará en la
capital de la República y funcionará con dos delegados propietarios y dos suplentes
debidamente acreditados ante ella por cada unión.
Artículo 19. Las organizaciones ganaderas,
bajo pena de disolución, no se ocuparán de asuntos político-partidista ni podrán
exigir a sus asociados determinada militancia político-partidista.
Artículo 20. Las asociaciones y uniones
ganaderas tendrán personalidad jurídica, cuando celebren una asamblea constitutiva ante
fedatario público, donde se establezcan los estatutos de la asociación y se elija a los
consejos directivos, de vigilancia y delegados ante la unión o confederación, según
corresponda.
SECCION SEGUNDA
Del funcionamiento
Artículo 21. Los estatutos de las
organizaciones ganaderas que se constituyan conforme a las disposiciones de esta ley,
deberán contener.
I. Nombre y domicilio de la organización;
II. Objeto de la organización;
III. Nombre y domicilio de los socios
fundadores;
IV. Localidad o región ganadera a la que
corresponda:
V. Duración;
VI. Haber patrimonial;
VII. Derechos y obligaciones de los
asociados;
VIII. La expresión de lo que cada asociado
aporte en dinero o en otros bienes;
IX. Nombramiento y facultades de los
administradores, designando los que han de llevar la firma social;
X. Requisitos para la admisión y
exclusión de sus asociados;
XI. Plazos y condiciones para la
celebración de las asambleas;
XII. Régimen de responsabilidad;
XIII. Casos de disolución y bases para
practicar la liquidación y
XIV. Los demás que establezcan sus
asociados.
Artículo 22. Las organizaciones ganaderas
inscribirán sus estatutos en el registro público de organismos ganaderos, que para tal
fin establezca la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, en el cual se
asentarán el acta constitutiva y los estatutos de los mismos, así como sus
modificaciones y actas de disolución y liquidación, en su caso.
Artículo 23. La modificación de los
estatutos de una asociación ganadera deberá ser aprobada por mayoría calificada de las
dos terceras partes de los miembros que asistan a la asamblea convocada, conforme al
procedimiento que fijen sus estatutos; dicha modificación deberá inscribirse en los
mismos términos utilizados para su constitución.
Artículo 24. La Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, deberá reconocer a las organizaciones
constituidas conforme a esta ley y fomentar el desarrollo de las mismas.
CAPITULO IV
De los órganos de la asociación
Artículo 25. Son órganos de las
asociaciones:
I. La asamblea general;
II. El consejo directivo;
III. El consejo de vigilancia y
IV. Delegados, en su caso.
SECCION PRIMERA
De la asamblea general
Artículo 26. La asamblea general es el
órgano supremo de las asociaciones ganaderas, tendrán derecho a integrarla todos los
ganaderos reconocidos legalmente como asociados y sus resoluciones son obligatorias para
todos, siempre que no contravengan disposición legal alguna.
SECCION SEGUNDA
Del carácter de la asamblea, su
convocatoria y competencia
Artículo 27. La asamblea general se
reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo
determine su estatuto.
Artículo 28. Las asambleas generales
serán ordinarias y extraordinarias, las primeras se celebrarán conforme a lo dispuesto
en el artículo 27 de esta ley y las segundas cada vez que sea necesario.
Artículo 29. Las asambleas podrán ser
convocadas por el consejo directivo, el consejo de vigilancia, ya sea a iniciativa propia
o si así lo solicitan al menos 20% de los asociados.
Artículo 30. Las convocatorias para las
asambleas expresarán los asuntos a tratar y el lugar y fecha de la reunión. Asimismo,
las convocatorias se publicarán en el periódico de mayor circulación de la localidad o
entidad. Se deberá comprobar fehacientemente que se citó a los asociados, en los
términos que señala el artículo 31 de esta ley.
Artículo 31. Para la celebración de las
asambleas ordinarias, la convocatoria se expedirá cuando menos con 30 días de
anticipación a la fecha de su celebración y para las extraordinarias el plazo será de
10 días antes. Si por falta de quorum no pudiere verificarse la asamblea, ésta se
realizará en segunda convocatoria, en la fecha que señale la propia convocatoria y se
llevará a cabo con el número de miembros que se presente.
Artículo 32. Las asambleas ordinarias
tratarán de los siguientes asuntos:
1. Analizar, aprobar o modificar los planes
y programas de trabajo, así como los informes de actividades del consejo directivo
respecto al estado general que guarda la asociación;
2. Analizar, aprobar o modificar el informe
del consejo de vigilancia y de las comisiones que integre la asociación y tomar las
medidas que juzgue oportunas;
3. Nombrar y, en su caso, ratificar o
remover a los miembros de los consejos directivos, de vigilancia o de las comisiones, así
como a los delegados ante el organismo inmediato superior y
4. Los demás que determine esta ley y los
estatutos de la asociación.
Artículo 33. Las asambleas extraordinarias
conocerán de los siguientes asuntos:
1. Modificación de los estatutos de la
asociación;
2. Exclusión de asociados, cuando existan
violaciones graves a la ley y a los estatutos, debiendo en todos los casos oír
previamente la defensa del interesado;
3. Fusión con otra asociación ganadera;
4. Ingreso a una unión ganadera regional;
5. Disolución de la asociación y
nombramiento de los liquidadores y
6. Los demás para los que sean convocadas.
Los acuerdos de la asamblea extraordinaria
deberán ser tomados por mayoría calificada, para los asuntos considerados en las
fracciones I a V de este artículo.
rtículo 34. El quorum para celebrar las
asambleas ordinarias y extraordinarias deberá ser cuando menos del 50% más uno de sus
asociados.
Artículo 35. Los acuerdos de asamblea
serán válidos cuando éstos sean aprobados por la mayoría de los asociados presentes,
salvo aquellos que requieran una mayoría calificada de las dos terceras partes, conforme
a sus estatutos. Las votaciones podrán realizarse en forma nominal o por cédula.
Artículo 36. Los acuerdos de las asambleas
son obligatorios para todos los miembros de la asociación tal como se establece en el
artículo 26 de esta ley y su ejecución será por conducto del consejo directivo.
SECCION TERCERA
De los consejos directivo, de vigilancia y
delegados
Artículo 37. El consejo directivo es el
órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la
representación y gestión administrativa de la asociación. Está constituido por un
presidente, un secretario y un tesorero. Asimismo contará en su caso con las comisiones y
los secretarios auxiliares que señalen sus estatutos. Este habrá de contener la forma y
extensión de las funciones de cada miembro del consejo directivo; si nada se dispone, se
entenderá que sus integrantes funcionan conjuntamente.
Artículo 38. Son facultades y obligaciones
del consejo directivo:
1. Representar a la asociación y
administrar sus bienes, en los términos que fije la asamblea;
2. Procurar que se respeten estrictamente
los derechos de los asociados;
3. Convocar a la asamblea en los términos
de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas;
4. Dar cuenta a la asamblea de las
actividades realizadas e informar a ésta el estado general de la asociación;
5. Las demás que señalen la ley y los
estatutos.
Artículo 39. Para ser miembros del consejo
directivo, se requiere:
1. No ser servidor público al momento de
la designación ni durante el desempeño del cargo;
2. No desempeñar ningún puesto de
elección popular al momento de la designación ni durante el desempeño del cargo y
3. Que su ingreso principal se derive de la
actividad ganadera.
Las funciones de cada cargo se
establecerán en los estatutos de la asociación.
Artículo 40. El consejo de vigilancia es
el órgano encargado de vigilar que los actos del consejo directivo se ajusten a lo
dispuesto por la ley y sus estatutos. Está constituido por un presidente, un secretario y
un vocal.
Artículo 41. Son facultades y obligaciones
del consejo de vigilancia:
1. Revisar y analizar los informes
financieros que el consejo directivo presente;
2. Rendir a la asamblea un dictamen
técnico-contable respecto al informe financiero del consejo directivo;
3. Convocar a asamblea extraordinaria
cuando lo considere necesario y
4. Las demás que se establezcan en sus
estatutos.
Artículo 42. Los miembros del consejo
directivo y de vigilancia de las asociaciones ganaderas, serán electos por la asamblea
general de entre sus miembros y durarán en su cargo dos años. Los de las uniones y
confederación ganadera, durarán en su cargo tres años. Para todos los casos, los
miembros de los consejos no podrán ser reelectos.
Artículo 43. Ningún miembro de la
asociación podrá integrar al mismo tiempo los consejos directivos y de vigilancia.
Artículo 44. Los delegados son
representantes de la asociación ante la asamblea general del organismo inmediato
superior. En el caso de asociaciones se nombrará un propietario y un suplente;
tratándose de uniones, dos delegados propietarios y dos suplentes. Durarán en su cargo
dos y tres años respectivamente y no podrán ser reelectos.
CAPITULO V
De los asociados
SECCION PRIMERA
De los derechos y obligaciones
Artículo 45. Para ser asociado se
requiere:
1. Tener calidad de ganadero;
2. Realizar la actividad ganadera en la
localidad a que corresponda la asociación y
3. Ser mayor de edad.
Artículo 46. Son derechos de los
asociados:
1. Participar con voz y voto en las
asambleas;
2. Convocar a asamblea general, ordinaria o
extraordinaria en los casos que señala el artículo de esta ley;
3. Formar parte de los órganos directivos
de la asociación;
4. Separarse de la asociación;
5. Pertenecer en lo individual a cualquier
agrupación política o social y
6. Los demás que les confieran los
estatutos.
Artículo 47. Son obligaciones de los
asociados:
1. Cubrir las cuotas establecidas por las
asambleas;
2. Cumplir los acuerdos y disposiciones
tomadas en asamblea;
3. Desempeñar las comisiones y cargos que
les encomienden la asamblea y
4. Las demás que les impongan los
estatutos y la ley.
SECCION SEGUNDA
De las sanciones
Artículo 48. Las violaciones a los
preceptos de esta ley, sus estatutos y demás disposiciones que emanen de la misma, serán
sancionadas por la asamblea general.
Artículo 49. Será motivo de exclusión
como miembro de la asociación ganadera, cuando:
I. Participe como actor o coautor en actos
de abigeato y
II. Que de manera reincidente sea
sancionado por las autoridades, por no cumplir con las normas zoosanitarias;
Los miembros que sean expulsados de la
asociación, no tendrán derecho a ningún bien de la misma ni a que se les devuelva
ninguna cantidad que hubieran aportado en su calidad de asociados. Asimismo estarán
imposibilitados para participar en una nueva asociación.
Artículo 50. Ningún asociado podrá
representar a un miembro en las asambleas para votar en su nombre.
CAPITULO VI
Del patrimonio de las asociaciones
ganaderas
SECCION PRIMERA
Disposiciones generales
Artículo 51. El patrimonio de las
asociaciones ganaderas se constituye por:
1. Las cuotas de sus miembros;
2. Los subsidios y subvenciones del
Ejecutivo Federal, de los gobiernos de los estados, de los municipios y de las
instituciones privadas;
3. Las donaciones y los legados y
4. Las aportaciones que reciban con motivo
de asesorías o prestación de servicios en la actividad pecuaria.
Artículo 52. Las asociaciones ganaderas no
son de carácter lucrativo, sin embargo, éstas podrán realizar actividades remuneradas
sobre el proceso económico de la producción ganadera en favor del sostenimiento de la
asociación, consecuentemente los ingresos obtenidos por estas actividades, pasarán a
formar parte del fondo de la asociación.
SECCION SEGUNDA
De las cuotas
Artículo 53. Las cuotas serán fijadas por
acuerdos de la asamblea, tomando en cuenta las posibilidades económicas de sus miembros.
Artículo 54. El fondo de las asociaciones
ganaderas se formará con las cuotas de sus asociados, por lo que en el caso de afiliarse
en una unión regional o en la confederación ganadera, contribuirán y colaborarán con
éstas, en los términos y montos que acuerden sus asociados.
CAPITULO VII
De la disolución y liquidación de las
asociaciones ganaderas
SECCION PRIMERA
De la disolución
Artículo 55. Las asociaciones ganaderas,
además de lo previsto en sus estatutos, podrán disolverse por las siguientes causas:
1. Por imposibilidad de seguir realizando
los objetivos y metas que señala esta ley y los estatutos;
2. Porque el número de asociados llegue a
ser inferior al mínimo necesario que esta ley establece y
3. Por acuerdo de las dos terceras partes
de los asociados.
Artículo 56. El patrimonio de la
asociación se aplicará conforme a lo dispuesto en sus estatutos y a falta de
disposición se destinará a la unión ganadera que pertenezcan o, en su defecto, a otra
asociación con objeto similar.
SECCION SEGUNDA
De la liquidación
Artículo 57. Disuelta la asociación se
procederá a su liquidación.
Artículo 58. Los liquidadores serán los
representantes legales de la asociación, durante el tiempo que dure la liquidación.
Artículo 59. Los liquidadores tendrán las
siguientes facultades:
1. Concluir las operaciones que hubieren
quedado pendientes al momento de la disolución;
2. Cobrar lo que se deba a la asociación y
pagar lo que ella deba;
3. En su caso, liquidar a cada asociado;
4. Inscribir ante el registro en que se
constituyó, la liquidación de la asociación y
5. Las demás que por sus funciones deban
realizar.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. La presente ley entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se abroga la Ley de Asociaciones
Ganaderas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de mayo de 1936 y se
derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente.
Tercero. Se concede un plazo de seis meses
a partir de la fecha en que se publique esta ley, para que las asociaciones ganaderas que
actualmente están constituidas en la República, ajusten su organización y
funcionamiento a lo previsto por esta ley.
Atentamente.
Salón de sesiones de la Cámara de
Diputados.- México, D.F., a 17 de marzo de 1998.- Por el grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional.- Diputados: Felipe de J. Rangel Vargas, Ricardo A. Ontiveros y R.,
Jeffrey Max Jones Jones, Manuel C. Peñuñuri N, Felipe de J. Preciado C. y Luis G.
Villanueva V.»
Túrnese a la Comisión de
Ganadería.
Prosiga la Secretaría dando curso al orden
del día.
SANTA SEDE
|
La
secretaria María del Carmen Escobedo Pérez: |
«Escudo Nacional.- Cámara de
Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados.- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes,
nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto,
que concede permiso al ciudadano Horacio Cora y Muñoz, para aceptar y usar la
condecoración de la Orden Ecuestre de San Gregorio Magno en su Clase Segunda, en grado de
Comendador con Placa, que le confiere el gobierno de la Santa Sede.
Reiteramos a ustedes las seguridades de
nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 31 de marzo de 1998.-
Senadores: José de Jesús Padilla Padilla y Luis Felipe Bravo Mena, secretarios.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano Horacio Cora y Muñoz, para aceptar y usar la condecoración de la Orden
Ecuestre de San Gregorio Magno en su Clase Segunda, en grado de Comendador con Placa, que
le confiere el gobierno de la Santa Sede.
Salón de sesiones de la Cámara de
Senadores.- Senadores: Manuel Medellín Millán, presidente; José de Jesús Padilla
Padilla y Luis Felipe Bravo Mena, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados para
los efectos constitucionales.- México, D.F., a 31 de marzo de 1998.- Jorge Mendoza
Alvarez, oficial mayor.»
Recibo y túrnese a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (II)
|
El
secretario Edgar Martín Ramírez Pech: |
«Escudo Nacional.- Cámara de
Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados.- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes,
nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto,
que concede permiso a la ciudadana Blanca Estela Ibarra Carrillo, para prestar servicios
como secretaria en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.
Reiteramos a ustedes las seguridades de
nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 31 de marzo de 1998.-
Senadores: José de Jesús Padilla Padilla y Luis Felipe Bravo Mena, secretarios.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la
ciudadana Blanca Estela Ibarra Carrillo, para prestar servicios como secretaria en la
Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.
Salón de sesiones de la Cámara de
Senadores.- Senadores: Manuel Medellín Millán, presidente; José de Jesús Padilla
Padilla y Luis Felipe Bravo Mena, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados para
los efectos constitucionales.- México, D.F., a 31 de marzo de 1998.- Jorge Mendoza
Alvarez, oficial mayor.»
Recibo y túrnese a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales.
|
La secretaria Enoé González Cabrera: |
«Escudo Nacional.- Cámara de
Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados.- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes,
nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que
concede permiso al ciudadano Juan Antonio Ventura Malanche, para prestar servicios como
asistente consular en la Agencia Consular de los Estados Unidos de América en Cancún,
Quintana Roo.
Reiteramos a ustedes las seguridades de
nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 31 de marzo de 1998.-
Senadores: José de Jesús Padilla Padilla y Luis Felipe Bravo Mena, secretarios.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano Juan Antonio Ventura Malanche, para prestar servicios como asistente consular en
la Agencia Consular de los Estados Unidos de América en Cancún, Quintana Roo.
Salón de sesiones de la Cámara de
Senadores.- Senadores: Manuel Medellín Millán, presidente; José de Jesús Padilla
Padilla y Luis Felipe Bravo Mena, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados para
los efectos constitucionales.- México, D.F., a 31 de marzo de 1998.- Jorge Mendoza
Alvarez, oficial mayor.»
Recibo y túrnese a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales.
PERMISO AL
PRESIDENTE PARA
AUSENTARSE DEL TERRITORIO
NACIONAL
La secretaria Adoración Martínez
Torres:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo
Federal.- Cámara de diputados.
Comisión de Relaciones Exteriores.
Honorable Asamblea: como es de su
conocimiento, a la Comisión de Relaciones Exteriores le fue turnada para su estudio y
dictamen, el expediente del primer año, sección cuarta, número 354, que contiene la
minuta proyecto de decreto que concede permiso al doctor Ernesto Zedillo Ponce de León,
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio
nacional del 14 al 20 de abril de 1998, a efecto de que realice una visita de Estado a la
República de Venezuela y asista a la II Cumbre de las Américas, en la ciudad de
Santiago, República de Chile.
Esta comisión, con fundamento en los
artículos 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 75 y 86 de la
Ley Orgánica del Congreso General; 87, 88 y 93 de su Reglamento Interior, se abocó al
análisis y estudio de dicha solicitud, bajo las siguientes
CONSIDERACIONES
En sesión ordinaria de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión, celebrada el 31 de marzo de 1998, se
recibió la iniciativa de decreto por la cual el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León,
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se le conceda
autorización para ausentarse del territorio nacional del 14 al 20 de abril de 1998, a
efecto de que realice una visita de Estado a la República de Venezuela y asista a la II
Cumbre de las Américas, en la ciudad de Santiago, República de Chile, a la que se anexa
el dictamen que emitieron las comisiones unidas de Gobernación, primera, y de Relaciones
Exteriores, tercera; del Senado de la República, que contiene la minuta proyecto de
decreto correspondiente y que fue remitida para sus efectos constitucionales a esta
soberanía.
Una vez recibida en la Comisión de
Relaciones Exteriores, se procedió a remitir copia del expediente respectivo a los
integrantes de la misma, previo acuerdo de la mesa directiva, para realizar la reunión de
análisis y dictamen, el día jueves 2 de abril, a las 13:00 horas en el Salón Protocolo
de este Palacio Legislativo.
En virtud del acuerdo adoptado por los
diversos grupos parlamentarios, se procedió a invitar a los titulares de las secretarías
de Relaciones Exteriores y de Comercio y Fomento Industrial, para que designaran y
comisionaran a funcionarios de las dependencias a su cargo, a efecto de que ampliaran la
información proporcionada por el Ejecutivo Federal y contaran con un mayor número de
elementos para dictaminar la procedencia de la solicitud de referencia.
La reunión de trabajo para cumplimentar
dicho acuerdo, se realizó conjuntamente a la reunión de análisis y dictamen, en la que
participaron los ciudadanos: por la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz
Cabañas, director general de asuntos especiales; Raúl Heredia, coordinador general de
asesores de la subsecretaría para América latina; Amparo Canto, jefa de la unidad de
coordinación y enlace; por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; Ignacio
Navarro, coordinador general de asesores del secretario de la Secofi; por la Secretaría
de Energía Ricardo Samaniego, jefe de la unidad de políticas y programas de
energéticos; dando a conocer la información complementaria y datos ilustrativos sobre la
visita de Estado a realizar a la República de Venezuela y de la participación en la II
Cumbre de las Américas, a efectuarse en la ciudad de Santiago, República de Chile,
respondiendo a las preguntas formuladas por los diputados y ampliando y sustentando la
multicitada solicitud del ciudadano Presidente de la República, entregando además a los
miembros de esta comisión, documentos objetivos e ilustrativos de las relaciones
políticas, económicas y culturales entre México, la República de Venezuela y la
República de Chile, así como lo referente a nuestra participación en la II Cumbre de
las Américas.
Asimismo, se reiteró la solicitud a los
funcionarios públicos comisionados por el Ejecutivo, del acuerdo de los grupos
parlamentarios que integran la Comisión de Relaciones Exteriores, para que, concluida la
visita de Estado a la República de Venezuela y la participación en la II Cumbre de las
Américas, en la ciudad de Santiago, República de Chile, el Ejecutivo Federal se sirva
presentar un informe, con los comentarios, acuerdos y alcances logrados en estos eventos.
Los integrantes de la Comisión de
Relaciones Exteriores que suscriben el presente dictamen, reconocen las coincidencias que
existen con el Ejecutivo Federal, para fortalecer los vínculos que unen a México con los
países de nuestro continente y de mantener nuestra participación en los diversos foros y
mecanismos de concertación de la región, encaminados a sostener una comunicación
permanente, con todos los países, acerca de los principales temas de la agenda política
y económica, tanto por lo que hace a las relaciones hemisféricas, como por lo que se
refiere a la escena global.
En consecuencia, apoyan la voluntad
compartida de incrementar los nexos comerciales y favorecer las inversiones recíprocas
con la República de Venezuela, así como el fortalecimiento de los intercambios
educativos, culturales, científicos y tecnológicos, y el interés fundamental por
avanzar hacia una completa concertación política y colaboración económica con los
países ribereños del mar Caribe y el apoyo que ambas naciones han proporcionado al
sistema económico latinoamericano a través del Foro de Cooperación Económica
establecido en Caracas y la instrumentación del "Acuerdo de San José", que
asegura el suministro de energéticos a los países de Centroamérica y del Caribe,
teniendo la posibilidad además de reforzar las pláticas que se han establecido para
enfrentar el problema de la disminución en los precios del petróleo, en el que México y
Venezuela han sido pioneros para proponer una disminución en la producción, que permita
la estabilización de los precios del crudo a nivel mundial, que ha sido secundada a la
fecha por otras naciones productoras de petróleo.
Conscientes de que el presidente de la
República de Venezuela, doctor Rafael Caldera, invitó en su reciente visita a nuestro
país, al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a realizar una visita
de Estado a esa nación, es necesario resaltar que conjuntamente con Colombia y Venezuela,
México suscribió el Tratado de Libre Comercio del denominado "Grupo de los
Tres", el cual se estima ha superado los 1 mil 700 millones de dólares durante el
año de 1997, reflejando lo anterior, el dinamismo de la relación bilateral.
La Cumbre de las Américas representa en la
actualidad uno de los foros más importantes del continente americano, porque en el
participan la gran mayoría de los jefes de estado y de gobierno de la región,
permitiendo el intercambio directo al más alto nivel, tratándose en esta reunión los
temas más trascendentes de la zona y del mundo, convirtiéndose en consecuencia en el
marco ideal para reforzar los contactos bilaterales, independientemente de la atención a
la agenda multilateral.
El acceso universal a la educación, que
propusieron los Estados Unidos de América y el Grupo de Río, estableció que a nuestro
país le corresponde coordinar las acciones subsecuentes, por lo que en el marco de la
XXVII Asamblea de la OEA, celebrada en junio de 1997, se aprobó la agenda temática para
la Cumbre de Santiago, coincidiendo por unanimidad, que el tema de la educación sea el
"eje conductor" de la agenda de la II Cumbre; acordándose además, que México
continúa siendo el coordinador responsable, elaborando conjuntamente con otros países
del hemisferio, el documento "propuesta de plan de acción para lograr el acceso
universal a la educación", que entre otras cosas sugiere priorizar la educación
básica y la educación de adultos, para cumplir con el objetivo de alcanzar el acceso
universal a la educación para el año 2 010, el cual ha sido resultado de intensas
negociaciones entre los 33 estados miembros de la Cumbre, aportando además la
declaración de la reunión de ministros de educación del hemisferio, que se celebró los
días 26 y 27 de febrero de 1998, en Mérida, Yucatán, con base en la cual se elaborarán
párrafos para ser incluidos en el proyecto de declaración política de la Cumbre de
Santiago.
Cabe destacar que los cuatro grandes temas
que se incluyen en la Cumbre de Santiago, como lo son:
I. Educación;
II. Preservación y fortalecimiento de la
democracia y derechos humanos;
III. Integración económica y libre
comercio y
IV. Erradicación de la pobreza y la
discriminación, están íntimamente ligados a la agenda política y económica nacional,
por lo que se hace necesario conocer las propuestas y sugerencias que realicen los
participantes en este evento, por los principales niveles de diálogo que en él se dan,
que van desde los coordinadores, el nivel ministerial y el nivel presidencial.
Por lo anteriormente expuesto y con
fundamento en el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 56 de la Ley Orgánica del Congreso General y los correlativos al Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la
Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados ha considerado manifestar al
pleno de esta Asamblea, que la visita de Estado que realizará el doctor Ernesto Zedillo
Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a la República de Venezuela y
su participación en la II Cumbre de las Américas, a celebrarse en la ciudad de Santiago,
República de Chile, reafirma el interés del Ejecutivo, de esta Cámara de Diputados y
del propio pueblo de México, por mantener un diálogo continuo y sistemático del más
alto nivel, con el gobierno de Venezuela y con el de los países que integran la Cumbre de
las Américas.
Por lo que se permite poner a
consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede autorización
al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
para ausentarse del territorio nacional del 14 al 20 de abril de 1998, a efecto de que
realice una visita de Estado a la República de Venezuela y asista a la II Cumbre de las
Américas, en la ciudad de Santiago, República de Chile.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en
vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión, México, Distrito Federal, a 2 de Abril de
1998.- Comisión de Relaciones Exteriores.- Diputados: del PRI, Alfredo Phillips Olmedo,
presidente; del PAN, Javier Algara Cossio; del PRD, J. Samuel Maldonado Bautista; del PRI,
José Luis Flores Hernández, secretarios; del PAN: Carlos Froylán Camacho Alcázar, Juan
Carlos Espina von Roehrich, José de Jesús González Reyes, Israel Hurtado Acosta,
Jeffrey Max Jones Jones, Héctor Flavio Valdez García; del PRD: Socorro Aubry Orozco,
Lázaro Cárdenas Batel, Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, Carlos Antonio Heredia Zubieta,
Porfirio Muñoz Ledo, Violeta Margarita Vázquez Osorno; del
PRI: Orlando Arvizu Lara, Francisco García
Castells, José Gascón Mercado, Lombardo V. Guajardo Guajardo, Carlos Jiménez Macías,
Dionisio A. Meade, Francisco Javier Morales Aceves, Ramón Mota Sánchez, Juan Manuel
Parás González, Clarisa Catalina Torres Méndez, Sara Esthela Velázquez Sánchez,
Alfredo Villegas Arreola; del PT: José Luis López López.»
Es de primera lectura.
De conformidad con los artículos 107
de la Ley Orgánica y 158 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Secretaría consulte a la
Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de
inmediato.
|
La secretaria
Adoración Martínez Torres: |
Por instrucciones de la Presidencia,
con fundamento en los artículos 107 de la Ley Orgánica y 158 del Reglamento para el
Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta
a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de
inmediato.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la segunda lectura.
Está a discusión en lo general y en
lo particular el artículo único del proyecto de decreto.
No habiendo quien haga uso de la palabra,
proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del
artículo único del proyecto de decreto.
|
La
secretaria Adoración Martínez Torres: |
Se va a proceder a recoger la
votación nominal en lo general y en lo particular del artículo único del proyecto de
decreto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los
avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron 388 votos en pro y cero en
contra.
Aprobado el proyecto de decreto por
388 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto.
|
La
secretaria Adoración Martínez Torres: |
Pasa al Ejecutivo para los efectos
constitucionales.
REPUBLICA
DOMINICANA
|
La
secretaria María del Carmen Corral Romero: |
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y
dictamen el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso
constitucional necesario para que el licenciado Juan Rebolledo Gout, pueda aceptar y usar
la condecoración de la Orden de Cristóbal Colón, en grado de Gran Cruz Placa de Plata,
que le confiere el gobierno de la República Dominicana.
La comisión considera cumplidos los
requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de
acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37
constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el
siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
licenciado Juan Rebolledo Gout, para aceptar y usar la condecoración de la Orden
Cristóbal Colón, en grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le confiere el Gobierno de la
República Dominicana.
Sala de comisiones de la Cámara de
diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 1o. de abril de 1998.-
Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Miguel
A. Quiroz Pérez, Alvaro Arceo Corcuera,
Jorge Emilio González Martínez, secretarios; Juan Miguel M. Alcántara Soria, Francisco
Arroyo Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal Martínez, Ricardo Cantú Garza,
Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo Baeza, Pablo Gómez Alvarez, Juana
González Ortiz, José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández Gómez, Fidel Herrera
Beltrán, José Luis Lamadrid Sauza, Antonio Benjamín Manríquez Guluarte, J. Jesús
Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Armando
Neyra Chávez, Arturo Núñez Jiménez, Gil Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y
Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Juan José Rodríguez Prats, Demetrio Sodi de la Tijera
y Marcos Augusto Bucio Mújica.»
Es de primera lectura.
REPUBLICA
DEL ECUADOR
|
El
secretario Vicente de la Cruz Santiago: |
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y
dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se
solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Andrés Henestrosa,
pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de
Comendador, que le confiere el gobierno de la República del Ecuador.
La comisión considera cumplidos los
requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de
acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37
constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el
siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano Andrés Henestrosa, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional
al Mérito, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República del
Ecuador.
Sala de Comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 1o. de abril de 1998.-
Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz
Pérez, Alvaro Arceo Corcuera, Jorge Emilio González Martínez, secretarios; Juan Miguel
M. Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal
Martínez, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo
Baeza, Pablo Gómez Alvarez, Juana González Ortiz, José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio
Hernández Gómez, Fidel Herrera Beltrán, José Luis Lamadrid Sauza, Antonio Benjamín
Manríquez Guluarte, J. Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina Plascencia,
Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Arturo Núñez Jiménez, Gil Rafael Oceguera
Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Juan José Rodríguez
Prats, Demetrio Sodi de la Tijera y Marcos Augusto Bucio Mújica.»
Es de primera lectura.
REPUBLICAS DE ARGENTINA,
DOMINICANA Y DE NICARAGUA
|
La
secretaria María Victoria Peñaloza Izazaga: |
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Poder Legislativo.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y
dictamen el expediente con los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que
solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Liévano Sáenz Ortiz,
pueda aceptar y usar las condecoraciones, que en diferentes grados, le confieren los
gobiernos de: Argentina, República de Nicaragua y República Dominicana.
La comisión considera cumplidos los
requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de
acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37
constitucional, se
permite someter a la aprobación de la
honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano Liévano Sáenz Ortiz, para aceptar y usar las siguientes condecoraciones:
De la Orden de Mayo, en grado de Gran
Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Argentina.
De la Orden José de Marcoleta, en grado de
Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.
De la Orden de Duarte, Sánchez y Mella, en
grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República Dominicana.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 2 de abril de 1998.-
Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz
Pérez, Alvaro Arceo Corcuera, Jorge Emilio González Martínez, secretarios; Juan Miguel
M. Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal
Martínez, Marcos Augusto Bucio Mújica, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta,
Juan José García de Quevedo Baeza, Pablo Gómez Alvarez, Juana González Ortiz, José
Luis Gutiérrez Cureño, Tulio Hernández Gómez, Fidel Herrera Beltrán, José Luis
Lamadrid Sauza, Antonio Benjamín Manríquez Guluarte, J. Jesús Martín del Campo
Castañeda, Carlos Medina Plascencia, Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Arturo
Núñez Jiménez, Gil Rafael Oceguera Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo
Perales Meléndez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio Sodi de la Tijera.»
Es de primera lectura.
REPUBLICA
DOMINICANA (II)
|
La
secretaria María del Carmen Escobedo Pérez: |
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y
dictamen el expediente con los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que se
solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos: José Angel Gurría
Treviño, embajador Pedro José González-Rubio Sánchez, general de brigada Diplomado de
Estado Mayor Roberto Miranda Sánchez, coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor
Rogelio Terán Contreras y licenciado Edgar Ortiz Ocampo, puedan aceptar y usar las
condecoraciones de las órdenes de Duarte, Sánchez y Mella y de Cristóbal Colón, en
diferentes grados, que les confiere el gobierno de la República Dominicana.
La comisión considera cumplidos los
requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de
acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C, del artículo 37
constitucional y el artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la
consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Artículo primero. Se concede permiso al
licenciado José Angel Gurría Treviño, para aceptar y usar la condecoración de la Orden
de Duarte, Sánchez y Mella, en grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le confiere el
gobierno de la República Dominicana.
Artículo segundo. Se concede permiso al
embajador Pedro José González-Rubio Sánchez, para aceptar y usar la condecoración de
la Orden Cristóbal Colón, en grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le confiere el
gobierno de la República Dominicana.
Artículo tercero. se concede permiso al
general de brigada Diplomado de Estado Mayor Roberto Sánchez Miranda, para aceptar y usar
la condecoración de la Orden de Duarte, Sánchez y Mella, en grado de Gran Oficial, que
le confiere el gobierno de la República Dominicana.
Artículo cuarto. Se concede permiso al
coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor Rogelio Terán Contreras, para aceptar y
usar la condecoración de la Orden de Duarte, Sánchez y Mella, en grado de Oficial, que
le confiere el gobierno de la República Dominicana.
Artículo quinto. Se concede permiso al
licenciado Edgar Ortiz Ocampo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden
Cristóbal Colón, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de la República
Dominicana.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 27 de marzo de 1998.-
Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz
Pérez, Alvaro Arceo Corcuera, Jorge Emilio González Martínez, secretarios; Juan Miguel
M. Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal
Martínez, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo
Baeza, Pablo Gómez Alvarez, Juana González Ortiz, José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio
Hernández Gómez, Fidel Herrera Beltrán, José Luis Lamadrid Sauza, Antonio Benjamín
Manríquez Guluarte, J. Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina Plascencia,
Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Arturo Núñez Jiménez, Rafael Oceguera
Ramos, Francisco Paoli y Bolio, Abelardo Meléndez, Juan José Rodríguez Prats y Demetrio
Sodi de la Tijera.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de
decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal
en conjunto.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (III)
|
El
secretario Edgar Martín Ramírez Pech: |
Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y
dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se
solicita el permiso constitucional necesario para el ciudadano capitán primero piloto
aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo César Tapia Jiménez, pueda aceptar y usar la
condecoración de la Medalla The Army Commendation, que le confiere el gobierno de los
Estados Unidos de América.
La comisión considera cumplidos los
requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de
acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37
constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el
siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
capitán primero piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo César Tapia Jiménez,
para aceptar y usar la condecoración de la Medalla The Army Commendation, que le confiere
el gobierno de los Estados Unidos de América.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 25 de marzo de 1998.-
Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz
Pérez, Alvaro Arceo Corcuera, Jorge Emilio González Martínez, secretarios; Juan Miguel
M. Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal
Martínez, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo
Baeza, Pablo Gómez Alvarez, Juana González Ortiz, José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio
Hernández Gómez, Fidel Herrera Beltrán, José Luis Lamadrid Sauza, Antonio Benjamín
Manríquez Guluarte, J. Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina Plascencia,
Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Arturo Núñez Jiménez, Gil Rafael Oceguera
Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abe
lardo Perales Meléndez, Juan José
Rodríguez Prats y Demetrio Sodi de la Tijera.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de
decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal
en conjunto.
REPUBLICA
FRANCESA
|
La
secretaria Enoé González Cabrera: |
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo
Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y
dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se
solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano José Luis Barros
Horcasitas, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en
grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República Francesa.
La comisión considera cumplidos los
requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de
acuerdo con lo establece la fracción III del apartado C del artículo 37 constitucional,
se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano José Luis Barros Horcasitas, para aceptar y usar la condecoración de la Orden
de la Legión de Honor, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la
República Francesa.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 25 de marzo de 1998.-
Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz
Pérez, Alvaro Arceo Corcuera, Jorge Emilio González Martínez, secretarios; Juan Miguel
M. Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal
Martínez, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo
Baeza, Pablo Gómez Alvarez, Juana González Ortiz, José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio
Hernández Gómez, Fidel Herrera Beltrán, José Luis Lamadrid Sauza, Antonio Benjamín
Manríquez Guluarte, J. Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina Plascencia,
Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Arturo Núñez Jiménez, Gil Rafael Oceguera
Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Juan José Rodríguez
Prats y Demetrio Sodi de la Tijera.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de
decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal
en conjunto.
REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL
|
El
secretario Vicente de la Cruz Santiago: |
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo
Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y
dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se
solicita el permiso constitucional necesario para que el teniente coronel de caballería
Diplomado de Estado Mayor José Alfredo González Rodríguez, pueda aceptar y usar la
condecoración de la Medalla de Pacificador, que le confiere el gobierno de la República
Federativa del Brasil.
La comisión considera cumplidos los
requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de
acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37
constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el
siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
teniente coronel de caballería Diplomado de Estado Mayor José Alfredo González
Rodríguez, para aceptar y usar la condecoración de la Medalla de Pacificador, que le
confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 25 de marzo de 1998.-
Diputados: Santiago Creel Miranda, presidente; Felipe Urbiola Ledesma, Miguel A. Quiroz
Pérez, Alvaro Arceo Corcuera, Jorge Emilio González Martínez, secretarios; Juan Miguel
M. Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Bernal
Martínez, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo
Baeza, Pablo Gómez Alvarez, Juana González Ortiz, José Luis Gutiérrez Cureño, Tulio
Hernández Gómez, Fidel Herrera Beltrán, José Luis Lamadrid Sauza, Antonio Benjamín
Manríquez Guluarte, J. Jesús Martín del Campo Castañeda, Carlos Medina Plascencia,
Porfirio Muñoz Ledo, Armando Neyra Chávez, Arturo Núñez Jiménez, Gil Rafael Oceguera
Ramos, Francisco José Paoli y Bolio, Abelardo Perales Meléndez, Juan José Rodríguez
Prats y Demetrio Sodi de la Tijera.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de
decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la
votación nominal de éste y los anteriormente reservados.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los
avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron 379 votos en pro y cero en
contra.
Aprobados los proyectos de decreto
por 379 votos.
Pasan al Senado, para los efectos
constitucionales.
LETRAS DE
ORO
Excitativas. Tiene la palabra el
diputado Gilberto López y Rivas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, para solicitar se excite a la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias.
|
El
diputado Gilberto López y Rivas: |
Compañeras y compañeros diputados:
Con fecha 17 de septiembre de 1997, en
nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presenté ante
el pleno de la Cámara de Diputados, el proyecto de decreto para honrar la memoria de los
defensores de la patria 1844-1848 y del Batallón de San Patricio, que una vez leído fue
turnado para su estudio y dictamen a la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias.
En virtud de que ha transcurrido con creces
el periodo al que se refiere el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sin que haya habido dictamen ni
pronunciamiento alguno de la comisión correspondiente, quienes suscribimos la presente,
con fundamento en lo que disponen las fracciones XIII y XVI del artículo 21 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, solicitamos a esta Presidencia se sirva
excitar a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a fin de que se emita
un dictamen al respecto.
Firmamos el de la voz, Jesús Martín del
Campo y el diputado Lázaro Cárdenas Batel.
De conformidad con lo que establece
el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias.
CONSTITUCION
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (II)
Tiene la palabra el diputado Rubén
Fernández Aceves, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para solicitar se
excite a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Solicito de la manera más atenta a todas
las diputadas y diputados, coadyuven con esta Presidencia para el mejor desahogo del orden
del día.
|
El
diputado Rubén Alfonso Fernández Aceves: |
Con el permiso de la Presidencia;
honorable Asamblea:
No cabe duda de que la reforma del Estado
no puede concebirse sin la ampliación de los espacios y de las oportunidades de
participación de los mexicanos en las cosas públicas. Para los diputados de Acción
Nacional es claro que la reforma del Estado no puede limitarse a la transformación de los
poderes públicos, sino que sobre todo debe abarcar el rediseño de las relaciones entre
éstos y la comunidad; retomar el sentido del mandato popular y con ello nuestro carácter
de mandatarios; rescatar el espíritu democrático en cuanto que la soberanía reside
original y esencialmente en el pueblo, y fundamentalmente reclamarle a todos los actores
políticos el cumplimiento de la demanda democrática de los mexicanos.
Para nosotros, la democracia requiere la
participación eficaz de las personas en las actividades colectivas que condicionan su
propio destino personal, y porque la democracia como sistema de vida y de Gobierno se
funda en la igualdad esencial de todos los seres humanos, no debemos olvidar que es la
mejor forma de legitimación del poder político.
Nosotros creemos que en función de la
solidaridad, el hombre es responsable no sólo de sus destinos, sino del de sus
semejantes, y que toda persona tiene derecho y obligación de intervenir en los asuntos
públicos de la comunidad política de la que forma parte, por lo que el Estado debe
respetar, promover y garantizar el ejercicio de las libertades políticas fundamentales,
como son el derecho al voto activo y pasivo, la libertad de información y el deber de
participar en las decisiones fundamentales de la nación. Por ello, el PAN ha propuesto
desde 1946 la creación de instituciones de democracia directa, como el referendum, la
iniciativa popular, el plebiscito y la revocación del mandato, a fin de favorecer el
desarrollo de una auténtica cultura democrática entre los mexicanos.
Después de más de 40 años desde nuestra
primera propuesta, creemos que hoy las condiciones políticas del país favorecen el que
los actores podamos alcanzar un acuerdo sobre esta materia tan importante.
A la fecha, México es uno de los pocos
países latinoamericanos en donde estos instrumentos, que fortalecen los derechos
políticos ciudadanos, no son reconocidos como derechos fundamentales de la persona ni
mucho menos han sido reglamentados. A pesar de ello, en algunas entidades del país, como
Baja California y Chihuahua, la voluntad política del Gobierno y la madurez cívica de
los ciudadanos ha permitido realizar diferentes ejercicios de esta naturaleza, incluso en
algunos municipios la experiencia tras la realización de estos procesos ha acreditado,
desde la perspectiva de los académicos no sólo sus favorables impactos sociopolíticos,
sino incluso su viabilidad técnica, operativa y financiera.
Es tiempo de que en México reconozcamos la
validez de la participación política como derechos fundamentales de la persona.
Hoy creemos que la nueva composición de
esta Cámara, pero sobre todo el compromiso que los partidos políticos aquí
representados formularon ante el electorado, permitirá por fin que este tema prospere.
En efecto, las plataformas políticas que
todos los partidos con representación parlamentaria registraron en la contienda de 1997,
contienen los compromisos que adquirieron precisamente para ampliar los espacios de
participación democrática de los ciudadanos y unos más claro que otros, manifestaron su
disposición para promover las figuras democráticas del plebiscito y del referendum, por
ejemplo.
El propio Plan Nacional de Desarrollo
1995-2000, contempla como una de las líneas estratégicas para fortalecer el desarrollo
democrá tico del país, promover la participación social y definir un nuevo marco de
relaciones entre el Estado, los ciudadanos y sus organizaciones.
En el plan de desarrollo, el Gobierno se ha
comprometido con la premisa de que el desarrollo democrático al que aspiramos comprende
la participación social organizada de los ciudadanos como un aspecto fundamental en la
toma de decisiones.
La sociedad y sus organizaciones deben
tomar parte en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, así
como en las tareas de contraloría social sobre el desempeño de los servidores públicos.
Congruente con su principios doctrinarios,
con su compromiso programático, con su tradición democrática, el grupo parlamentario
del PAN presentó en la LVI Legislatura una iniciativa de reformas constitucionales y
legales para el desarrollo de la democracia participativa en México.
El día 1o. de abril de 1996, el diputado
García Cervantes presentó ante esta Cámara la propuesta panista para reformar los
artículos 35, 72, 89 y 135 de la Carta Magna y para adicionar un título sexto al Libro
Segundo del Cofipe, con el fin no sólo de
reconocer en la Constitución estas figuras, sino para reglamentar su ejercicio.
Nuestra propuesta consagra como una
prerrogativa de los ciudadanos mexicanos la de participar en los procesos plebiscitarios y
de referendum, así como la de iniciar leyes ante el Congreso de la Unión.
Obliga a los poderes públicos federales a
someter sus resoluciones a plebiscito y a dictaminar las iniciativas presentadas por los
ciudadanos a más tardar en el siguiente periodo de sesiones ordinarias.
Establece reglas claras y objetivas para el
ejercicio de estos derechos; regula los efectos del voto ciudadano en las materias que
pueden ser objeto de plebiscito y referendum y otorga al IFE las atribuciones necesarias
para organizar estos procedimientos.
No hace una semana, el grupo parlamentario
del PRD presentó una iniciativa sobre esta materia y el coordinador del grupo
parlamentario del PRI manifestó ante los medios de comunicación la necesidad de que en
México reglamentáramos esta materia.
De hecho, a nuestro modo de ver, lo único
que falta para realizar estos principios en nuestras leyes, es que la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales emita dictamen y el Congreso lo apruebe.
Diputada Presidenta: habiendo transcurrido
con exceso dos años el plazo para que la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales emitiera su dictamen, pero sobre todo porque la nación nos exige a todos
que generemos ya los mecanismos para fortalecer la participación ciudadana, es que con
fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos a
usted que exhorte a la comisión para que emita su dictamen y lo presente a este pleno.
Firmamos los diputados: Juan Marco
Gutiérrez González, Jesús González Reyes, Fortunato Alvarez Enríquez, Gustavo
Vicencio Acevedo, Ricardo Fernández Candia, Germán Martínez Cázares, Francisco Vera
González, Francisco Javier Reynoso Nuño y un servidor.»
Gracias por su atención.
De conformidad con lo que establece
el artículo 21 fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, para que presente el dictamen correspondiente.
INCENDIOS
FORESTALES
Pasamos a agenda política. Está
inscrito en un principio el tema incendios forestales. Está inscrito como un tema
deliberativo. Tiene la palabra el diputado Antonio Soto Sánchez, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos.
|
El
diputado Antonio Soto Sánchez: |
Con su permiso señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
Los bosques y selvas albergan una gran
riqueza de especies vegetales y animales, muchas de las cuales son endémicas, es decir,
exclusivas de nuestro país. Además de su riqueza biológica, los ecosistemas forestales
de México ofrecen condiciones de hábitat requeridos por poblaciones numerosas de
especies de flora y fauna que habitan temporalmente en estas áreas.
No obstante la magnitud y potencialidad
forestal en México, este subsector de la economía padece desorden, rezagos de
producción y marginación, provocando una serie de efectos negativos, los bosques y
selvas de México se han visto reducidos con relación a su superficie original,
particularmente a partir de la década de los sesenta, teniendo una pérdida anual de
alrededor de 600 mil hectáreas de superficie de uso forestal.
Aproximadamente el 68% de la actividad de
deforestación se concentra en bosques de clima templado-frío; en lo que se refiere a la
deforestación de las selvas tropicales y subtropicales, México se ubica dentro de los
primeros seis países del mundo. Una valoración reciente de la FAO, coloca al país en
cuarto lugar en materia de deforestación, después de Brasil, Indonesia y Zaire.
Los efectos ecológicos que ya se han
dejado sentir son: disminución de la superficie arbolada, disminución de la capacidad de
producciones de derivados maderables y no maderables y la necesidad de recurrir a
importaciones, degradación de los suelos, aceleración de los
procesos erosivos y la desertificación,
disminución y extensión de especies de flora y fauna, cambios climáticos drásticos a
nivel microrregiones, que en forma agregada contribuyen al cambio climático global,
disminución de la cantidad de agua infiltrada en el subsuelo y abatimiento de los mantos
freáticos.
Nuestro país enfrenta en la actualidad una
situación crítica, respecto a los incendios forestales y particularmente esta temporada
reviste características atípicas, respecto a las condiciones climáticas y de
acumulación de material combustible, elemento determinante en la frecuencia y magnitud
del fuego.
En relación con las condiciones
climáticas en forma precisa, heladas y temperaturas bajas, durante los primeros meses del
año, sumada a una baja precipitación, la más baja en los últimos 55 años, crearon
condiciones extraordinarias de incrementos de riesgo en varias entidades del país,
considerando además la acumulación de material combustible, derivado de los fenómenos
meteorológicos recientes, contribuyen al marco físico propicio, que explica la elevada
incidencia de incendios, en lo que va de la temporada de 1998. Cada 24 horas se presentan
en promedio 130 incendios forestales, ya suman al 1o. de abril 5 mil 975 y 109 mil 774
hectáreas afectadas.
Por cierto, la Comisión de Bosques y
Selvas de esta honorable Cámara de Diputados, ya ha manifestado su profunda
preocupación, misma que se ha traducido en una serie de propuestas dirigidas a la
Semarnap para prevenir, sobre todo y combatir de manera efectiva estos incendios con una
visión que va más allá de la coyuntura actual. Sin embargo no ha sido suficiente lo
hecho hasta hoy.
Estadísticamente se considera que en
nuestro país un 10% de los incendios forestales que se presentan son de origen natural,
mientras que el 90% restante son de origen humano, que puede ser intencional o no.
Entre las causas intencionales encontramos
los cambios de uso de suelo, de forestal a pecuario o agrícola, por invasión de tierras
o por necesidad de apertura de tierras de cultivo, así como las imprudenciales por quemas
controladas, fogatas y por bosques descuidados, por acumulación de basura, efectos
provocados por los huracanes y otras causas que inciden de manera directa en la
proliferación de estos siniestros.
A esto se agrega la carencia de acciones
para la prevención de los incendios y fundamentalmente la insuficiente infraestructura
técnica y humana, no sólo para prevenir, sino para controlar y combatir los incendios
iniciados.
Ello resulta así toda vez que los
programas oficiales resultan insuficientes, ya que no incorporan al sector social, quien
posee el 80% de los recursos forestales, pero muestran poco interés por su protección en
la medida que no perciben beneficios económicos, ya que la mayor parte de la producción
nacional es controlada por industriales o contratistas ajenos a ellos, que de igual forma
únicamente se preocupan por el aspecto productivo y poco o nada por la protección y el
fomento a los ecosistemas forestales.
En el presente año se ha presentado una
situación muy particular, a diferencia de años precedentes, ya que han sucedido
incendios prematuros desde el mes de enero, debido a que se viene dando una sequía en
diferentes partes del territorio mexicano; en especial podemos señalar vastas zonas de la
Sierra Madre Oriental, la cual ha sido una de las áreas más afectadas del país, aun en
ecosistemas forestales de clima subhúmedo donde en décadas no se había presentado tan
alto número de incendios y hectáreas afectadas.
Hasta el 1o. de abril, como ya había
mencionado, han ocurrido 5 mil 975 siniestros y más de 100 mil hectáreas afectadas en
toda la República.
Las entidades con mayor afectación son:
San Luis Potosí, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Chiapas, Estado de México, Coahuila,
Michoacán, Distrito Federal, Colima, Guerrero, Nuevo León y Puebla.
Comparado con el mismo periodo, entre 1997
y 1998, en este año se dio una incidencia de 110% mayor en el número de incendios y una
superficie afectada que creció en un 470%. Además la pérdida de 18 vidas humanas a la
fecha.
En febrero de 1998, el número de incendios
se disparó de forma muy significativa en relación con el promedio de los últimos siete
años: un 319%. De continuar con esa tendencia, se podría rebasar la cifra de 20 mil
incendios forestales en este año.
Es importante destacar que el día 25 de
marzo el Ejecutivo Federal ha dado a conocer el Programa de Reforzamiento de la Campaña
Contra Incendios Forestales 1998, que considera hasta 64.8 millones de pesos adicionales.
Este recurso adicional se destinará para adquirir prendas de protección, reforzar la
campaña de
difusión preventiva, rentar equipo aéreo,
adquirir radios, mejorar y ampliar la infraestructura de torres etcétera; apoyar también
la operación de los helicópteros de la Sedena, contratar brigadas adicionales, adquirir
despensas y gastos de operación, hecho que desde aquí le reconocemos como necesario y
oportuno, pero no suficiente para la magnitud de los incendios que se esperan, más aún
si consideramos que el periodo más crítico de riesgo y presencia de incendios está por
venir.
Por lo anteriormente expuesto y dada la
situación de emergencia que enfrentan los bosques y selvas de nuestro país y con base en
lo que establece el segundo párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 59 y 60 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos un grupo
de diputados de distintas fracciones parlamentarias a consideración de este pleno, los
siguientes
PUNTOS DE ACUERDO
Primero. Exhortar a la Secretaría de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, para que en coordinación con las secretarías de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Defensa Nacional, en términos de lo
establecido en el plan DN-3 y otras dependencias federales que se considere pertinente,
así como con la coadyuvancia de los gobiernos estatales, sector social, sector privado y
organizaciones no gubernamentales, se establezca a la brevedad posible un programa
nacional emergente de prevención y lucha contra los incendios forestales y diseñen una
estrategia integral de mediano y largo plazo, que permita evitar que en años futuros
tengan la magnitud que se registra en el presente.
Segundo. Exhortar a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, para que proceda a autorizar una partida presupuestal
suficiente para responder a la magnitud del problema,
Tercero. Que se impulse una campaña
nacional preventiva, dirigida en especial a la población rural, con el fin de reducir los
daños por incendios tanto a los recursos forestales como en especial a la vida humana.
Los presentes puntos de acuerdo están
signados por diputados de las comisiones de Bosques y Selvas y de la Comisión de
Ecología y Medio Ambiente; Fernando Castellanos Pacheco, secretario del Partido Acción
Nacional; Luis Meneses Murillo, secretario de la Comisión de Bosques y Selvas, Partido de
la Revolución Democrática; Miguel Angel Garza Vázquez, del Partido Verde Ecologista de
México, secretario de la Comisión de Ecología; Jorge Jiménez Taboada, presidente de la
comisión, del Partido Verde Ecologista; Roselia Barajas, secretaria, del Partido de la
Revolución Democrática; Luis Patiño, del Partido del Trabajo, secretario, de la
Comisión de Ecología, y Antonio Soto, miembro de la Comisión de Bosques y Selvas.
Le solicito a la Presidencia por favor si
puede instruir a la Secretaría a consultar a la Asamblea, en votación económica, si se
considera este asunto de urgente y obvia resolución.
Dejaré el original a la Secretaría para
que tomen en consideración esta propuesta, punto de acuerdo que los partidos políticos
representados en esta Cámara estamos haciendo, a reserva de que con toda seguridad algún
diputado miembro de la fracción parlamentaria del partido Revolucionario Institucional
habrá de acudir a esta tribuna y que con toda seguridad creo yo, habrá de sumarse a este
esfuerzo que nos estamos comprometiendo esta Cámara con la Secretaría respectiva.
Muchas gracias.
Tomamos en consideración la
propuesta del diputado Antonio Soto Sánchez.
Daremos las instrucciones necesarias a la
Secretaría, posterior a la ronda de oradores inscritos en este tema.
Tiene la palabra el diputado Manuel
Hernández Gómez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta
por 10 minutos.
|
El diputado
Manuel Hernández Gómez: |
Honorable Presidencia; compañeras
diputadas, compañeros diputados:
Para ilustrar a esta Asamblea respecto a la
problemática de incendios, me permito aportar algunos datos.
En 1996 se registraron 839 incendios,
afectando 3 mil 629 hectáreas. Para 1997 se registraron 1 mil 195 incendios, perjudicando
a una superficie de 4 mil 742 hectáreas. Del periodo del 1o. de enero hasta el 1o. de
abril de este año, se han registrado 5 mil 975 incendios, afectando una superficie de 109
mil 774 hectáreas.
En cuanto al número de combatientes
caídos, el compañero Soto citó 18; el dato que tenemos nosotros, lamentablemente, es de
19.
La Semarnap, convocada por la Comisión de
Bosques y Selvas en diferentes reuniones, nos dio a conocer sus programas y uno de ellos
citó que para 1998, para incendios forestales ejercería un presupuesto de 92.1 millones
de pesos. A planteamiento que la comisión hizo, podemos decir hasta ahorita, aunque
oficialmente no lo han comunicado, que la Comisión Intersecretarial del Gobierno Federal
autorizó a la Semarnap un rubro de 48.5 millones de pesos adicionales y que está
buscando que los gobiernos de los estados aporten 16.3 millones de pesos más, para hacer
una suma total adicional de 64.8 millones de pesos.
¿Qué hemos hecho como comisión ante esta
problemática? Nos dirigmos, con fecha 11 de marzo, a la Semarnap para que revisara y
reorientara su política de comunicación social en cuanto a incendios forestales, ya que,
a nuestro juicio, no cubrían los requerimientos que este fenómeno reclama.
El 25 de marzo, a convocatoria expresa que
hicimos al director general forestal y al director general de comunicación de la
Semarnap, estuvieron con la Comisión de Bosques y Selvas informándonos de la situación
que guardan o guardaban hasta ese momento los incendios en todo el país y la política
del programa de comunicación que se había establecido.
El 25 de marzo, previas dos reuniones que
tuvimos con el sector social, por primera ocasión cinco organizaciones campesinas
pudieron elaborar un planteamiento único para que la Semarnap abordara esta
problemática, la problemática de incendios, con un programa emergente y que contemplara
acciones a corto y a largo plazos.
El 27 de marzo pasado nos dirigimos a la
Semarnap para que nos informara de la situación que guardaban incendios de Chiapas. Nos
llegó la información en el sentido de que no se permitía la penetración de brigadas e
incluso de helicópteros para combatir un incendio del municipio de Chanal; esto originó
la preocupación y más tarde declaraciones públicas que hizo la secretaria de la
Semarnap, la maestra Julia Carabias, que precisaba esta situación que estamos comentando.
Como ven, compañeros, esto resume lo que
hemos estado realizando preocupados por combatir, desde luego prevenir y detectar este
tipo de problemas y puedo a ustedes comunicarles que para el día de mañana, a las 11:00
horas, la Comisión de Bosques y Selvas está invitada en las oficinas de la Semarnap para
que realicemos un intercambio de puntos de vista con la titular de la materia, para ver
qué está faltando y adoleciendo para atacar este problema.
Es grave la situación, no quiero abundar
en otros datos que el compañero anterior abordó. Sólo quiero decirles que estamos
pendientes de ello.
Dados los recortes presupuestales que está
sufriendo el país y dado que ya hay una respuesta de 48 millones y fracción para el
programa emergente, sin que nos opongamos a lo que se planteó aquí, plantearíamos y
hace un rato lo hicimos por escrito a todos los compañeros de Bosques y Selvas, para que
nos dieran sus puntos de vista y desde aquí los convoco que al término de esta reunión
nos reunamos para preparar nuestra asistencia mañana a la Semarnap y que ahí revisemos
la posibilidad de pedir que se quede abierto el incremento de recursos por parte de la
Secretaría de Hacienda, dado que nadie puede advertir la gravedad que este fenómeno
puede alcanzar, en virtud de que apenas se está iniciando la parte alta de los incendios,
según estadísticas que hasta la fecha tiene la dependencia y que nos ha hecho llegar.
Agradezco pues a todos y ojalá estos datos
ilustren.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado Fernando
Castellanos Pacheco, para el mismo tema y hasta por 10 minutos.
|
El diputado
Fernando Castellanos Pacheco: |
Con su venia, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
Sin duda el deterioro de los recursos
naturales en México es alarmante, la tasa de deforestación se encuentra entre las más
altas del mundo. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación, en el país se talan aproximadamente 400 mil hectáreas al
año.
En cuanto a los suelos, un 80% del
territorio está afectado por la erosión. Los distritos de riego tienen gran salinidad.
Acción Nacional ha sostenido un modelo de
desarrollo sustentable. Es decir, el que busca aprovechar los recursos para el beneficio
presente, pero sin comprometer su capacidad de regenerarse y proveer beneficios en el
futuro, sin que la explotación irracional de los recursos naturales para lograr un mayor
crecimiento económico, agudice el dilema entre crecer y mantener la buena calidad del
medio ambiente a través de la protección a los ecosistemas.
Se ha insistido que el modelo de desarrollo
económico debe tomar en cuenta los aspectos ambientales, la pérdida de fertilidad y el
total daño de suelos por erosión que están comprometiendo el futuro productivo del
país.
Hasta ahora no se han incorporado a los
planes de desarrollo los conceptos de economía del medio ambiente, lo que implica tener
presente el equilibrio entre el desarrollo y el balance de los ecosistemas. El problema
ecológico, dentro del que se incluyen los incendios forestales, no sólo afecta a la
naturaleza, sino que afecta al hombre y también al entorno humano.
Nuestro partido, desde su plataforma de
1958-1964, ha mostrado preocupación por la protección y cuidado de nuestros recursos
naturales, así como por su explotación natural. Por ello, se propuso en aquel entonces
el levantamiento de un inventario nacional de los mismos.
En los últimos años la política
gubernamental se ha caracterizado por dar mayor importancia a corregir los efectos de la
contaminación, así como de los incendios forestales y más que investigar o combatir las
causas que la originan, cuál ha sido su evolución, cuáles son los factores que incluyen
en su inicio, para así determinar y adoptar las medidas de prevención o de riesgo.
En este sentido, nosotros consideramos que
debe partirse de una política de prevención del medio ambiente, es decir, prevenir antes
que remediar. Efectivamente, estamos convencidos que el costo de la prevención del medio
ambiente siempre será menor que el costo humano y material al lado del remedio y de las
conductas que desquician nuestro entorno ecológico.
La política ambiental debe ser un logro a
priori, no a posteriori; no debe ser la consecuencia de una intervención de reacción,
sino de una evaluación y estudio que se tiene a través de medidas preventivas, a fin de
inhibir la verificación de conductas contaminantes, en este caso de la quema de nuestros
bosques, mediante acciones y programas específicos, con la participación de la
comunidad, de las asociaciones privadas y de los demás entes, para incidir en los grupos
sociales y zonas de mayor riesgo como nuestros bosques y selvas.
Es así que es deber del Estado proveer a
la defensa y tutela de los bienes colectivos, entre los que destaca el ambiente natural,
cuya salvaguarda no puede estar asegurada simplemente por los propios gobernados, sino que
es una tarea comunidad-gobierno. Es así como debemos partir de una nueva cultura
ecológica, en la que no sólo se hable de conservar, deben agregarse los conceptos de
prevención, recuperación y restauración del medio ambiente.
Hoy es de gran preocupación para Acción
Nacional, lo que está sucediendo en los pulmones naturales de nuestro entorno ecológico,
es decir, en nuestros bosques y selvas, cuya diversidad de árboles son vida, detienen la
erosión, fijan el agua, oxigenan el aire. En este sentido se hace necesario convocar a
todos los sectores que participan o que están involucrados en la actividad forestal y
silvícola, para elaborar, de manera conjunta, el programa estratégico de mediano, pero
sobre todo el de largo plazo, para establecer acciones para prevenir, combatir y controlar
los incendios forestales, bajo la base de proveer de equipo adecuado para combatir y
controlar los incendios y la capacitación y profesionalización de quienes combaten y
controlan los incendios.
Asimismo, debe realizarse una campaña
intensiva de información a la sociedad, a fin de ser la parte de este problema y de la
solución a la vez. Debemos de impulsar, como ya han dicho mis compañeros, la educación
y lograr toda una cultura ambiental, a fin de erradicar la degradación de nuestros
recursos naturales y de nuestro campo forestal.
Y, por último, sólo cabe decir que la
conservación de los recursos naturales debe ser prioridad nacional, porque de otro modo
el desarrollo del país puede ser inviable a corto plazo.
No olvidemos que formamos con la naturaleza
un todo orgánico, que no está sólo fuera, sino también dentro de nosotros, nos
pertenecemos mutuamente. Cualquier agresión a la tierra, a la atmósfera, a los mares, a
los bosques, significa también una agresión al hombre.
Gracias.
Tiene el uso de la palabra, para
rectificación de hechos, el diputado Antonio Soto.
|
El diputado Antonio
Soto Sánchez: |
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
En realidad creer que el Partido
Revolucionario Institucional no tendría ninguna dificultad para poder estar de acuerdo
con esta proposición, que sin duda habrá de beneficiar al país, porque no creo que
aquí en esta Cámara alguien esté en contra de que exista una estrategia por parte del
Gobierno para prevenir, detectar y combatir los incendios forestales.
Se aduce falta de recursos por parte de la
Secretaría de Hacienda, dados los últimos acontecimientos de la reducción de los
precios del petróleo a nivel internacional y que el Gobierno no tendría capacidad
económica para poder invertir una mayor cantidad de recursos para combatir incendios
forestales, a pesar de que hemos rebasado en un 100%, en comparación con 1997.
Efectivamente hay poco dinero, sin embargo,
en este país el dinero desafortunadamente no se aplica luego en las prioridades ni se
invierte para resolver los grandes problemas. Yo creo que nuestros bosques, nuestras
selvas, nuestras áreas arboladas es importante cuidarlas.
Sin embargo, buscando una conciliación por
parte de todas las fracciones parlamentarias y como fuimos varios diputados los que
firmamos esta proposición, que por error la Comisión de Régimen Interno con la mesa
directiva que preside, desafortunadamente por error, así lo creo, no por mala fe, han
anunciado este punto del orden del día como deliberativo y entonces no se puede aplicar
el artículo 58, que tiene que recurrirse a la votación, porque cuando es deliberativo
nos tendríamos que atener al artículo decimoprimero del acuerdo parlamentario, donde no
se puede votar.
De manera personal y dadas las
circunstancias de que no fue incluido el punto de acuerdo para una votación de obvia y
pronta resolución para que de inmediato sí se pudiera diseñar esa estrategia y ese
programa de parte de la Semarnap y de la Sagar, de la propia Secretaría de la Defensa
Nacional, para poder afrontar ese problema tan grave, tan crítico que tenemos de los
incendios forestales, vamos a hacer una nueva propuesta, dadas las circunstancias, para
que se turne a comisiones, tanto a la Comisión de Ecología como a la Comisión de
Bosques y Selvas y le tomamos la palabra al Presidente de la Comisión de Bosques y
Selvas, al diputado Manuel Hernández, para que después de esta sesión nos podamos
reunir y que mañana también podamos tener una reunión con la titular de la Semarnap y
podamos contribuir para que de inmediato se afronte el problema, dada la gravedad del
mismo.
Quiero decirles que ha faltado por parte de
algunos gobiernos estatales el afrontar este problema con mayor responsabilidad. Por
ejemplo en Michoacán el año pasado, 7 millones de pesos se dejaron de ejercer, no los
aplicaron; que estaban destinados para el combate a los incendios forestales y hubo un
número de incendios forestales importante. Ojalá esto no vuelva a suceder en 1998;
ojalá no esté sucediendo ahora, por la falta de coordinación, por la falta de un
programa y sin falta, bueno, aceptemos que falta un programa y que los diputados de todas
las fracciones parlamentarias estamos dispuestos a contribuir con nuestras opiniones y a
coadyuvar para que en México exista un programa adecuado que evite que continúe la
inciden
cia tan alta de los incendios forestales,
como está sucediendo hasta ahora.
Yo creo que todo mundo estaría de acuerdo,
ninguna fracción parlamentaria se podría oponer aquí en esta Cámara ni en ninguna otra
parte, a que cuidáramos nuestros bosques y a que invirtiéramos recursos que son
necesarios para que se inviertan en una gran prioridad, que es cuidar nuestro ecosistema,
cuidar nuestro entorno.
Entonces, la propuesta rectificada es que
se envíe por parte de la Presidencia a las comisiones de Ecología y de Bosques y Selvas
y que de inmediato nos pongamos a trabajar con los diputados de las dos comisiones.
Muchas gracias.
Dada la rectificación de la
propuesta presentada por el diputado Antonio Soto Sánchez, esta Presidencia la turna a la
Comisión de Bosques y Selvas y a la Comisión de Ecología.
Como segundo tema...
|
El
diputado Juan Marcos Gutiérrez
González (desde su curul): |
Señora Presidenta.
¿Con qué objeto, diputado? Por
favor, proporcionen un micrófono al diputado.
|
El
diputado Juan Marcos Gutiérrez
González (desde su curul): |
Sólo una moción al procedimiento,
de manera respetuosa. Cuando se trata de un punto de acuerdo, la Presidencia debe
preguntar a este pleno si se admite a discusión. En el caso afirmativo... Esta pregunta,
aclaro, es de manera económica, pero debe hacerlo a esta soberanía. En caso afirmativo,
procede la turnación a comisiones, no de la manera en que usted está procediendo.
Gracias.
Consideramos su moción, diputado.
GOBERNABILIDAD Y FUERO CONSTITUCIONAL
Pasamos al segundo tema agendado, que
está titulado como gobernabilidad y respeto al fuero constitucional de los diputados,
inscrito como debate pactado.
En tres rondas, inscritos los diputados:
Porfirio Durán Reveles, José Luis Gutiérrez Cureño, Lino Cárdenas Sandoval, Rubén
Mendoza Ayala, Sergio Benito Osorio Romero, Javier Paz Zarza y Olga Medina Serrano.
Tiene la palabra para hablar sobre ese
tema, el diputado Porfirio Durán Reveles, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, hasta por 10 minutos.
|
El diputado
Porfirio Durán Reveles: |
Con su permiso, diputada Presidenta;
compañeros diputados:
En el Partido Acción Nacional estamos
convencidos que la sociedad organizada en función del bien común debe tomar como marco
de referencia la primacía del estado de derecho, el cual encuentra en la división de
poderes un espacio para el desarrollo armónico de un país plural y enriquecido por las
aportaciones ideológicas que en él convergen.
Dentro del apego al derecho y en el marco
de la autonomía de los poderes de la República, debe valorarse el respeto al fuero de
los legisladores. Cuando alguno de los poderes viola la sana división que busca un
equilibrio republicano, se atenta contra la estabilidad de la nación, de los estados y
del pacto federal. Por ello nos alarma que en el Estado de México surjan acciones
innobles tendentes a clausurar los derechos de los legisladores y peor aún, cancelar la
democracia y la pluralidad emergentes en esta entidad.
El pasado 30 de marzo, tres diputados
fueron agredidos y violentamente desalojados de un mitin frente a la caseta de cobro de la
carretera Atlacomulco-Toluca, cuando acompañaban a un grupo de ciudadanos que se
manifestaban en contra del cobro del peaje en esa vía de comunicación. Policías
estatales, con plena aprobación del gobernador César Camacho, arremetieron violentamente
contra los ciudadanos que ejercían un derecho constitucional y contra los legisladores
que los acompañaban, haciendo implícitamente mofa del fuero de los legisladores.
¿Qué pasa, compañeros legisladores, en
el Estado de México? ¿Quién provoca un proceso de descomposición política que origina
agresiones a ciudadanos y diputados, así como permanentes acciones de desestabilización
a la oposición y a sus gobiernos municipales?
La respuesta es clara: el gobernador,
César Camacho Quiroz, este personaje, sustituto en la gubernatura, no responde a los
intereses de una sociedad mexiquense, plural y con profundo sentido democrático, sino a
la conveniencia del Grupo Atlacomulco que lo maneja a su antojo.
Compañeros legisladores: ¿por qué el
gobernador justifica y ordena un desalojo violento, incluyendo la agresión a diputados de
un partido de oposición, en un conflicto en el que se exhiben posibles ilícitos, en la
concesión de la carretera Atlacomulco-Toluca, y en la que probablemente existen fuertes
intereses del ya referido y cuestionado grupo? Pero hace caso omiso de los bloqueos de
facciones priístas que se hacen en las vías de comunicación, que se ubican en los
municipios que gobierna la oposición.
Todo indica que el señor gobernador ha
renunciado a su deber constitucional de gobernar para todos los mexiquenses. Ahora dedica
sus esfuerzos a estorbar y agredir a la oposición. No se ha dado cuenta que con ello y al
dar libertad a los grupos porriles y violentos del régimen en la entidad, está generando
una ingobernabilidad que, en situaciones similares, ha motivado la salida de otros
ejecutivos estatales en la República.
En enero de 1997, diversos medios de
comunicación dieron cuenta de una carta memorandum, dirigida por el entonces presidente
del PRI en la entidad, Heberto Barrera, al delegado en turno del CEN en el Estado,
Tristán Canales. En ese documento, el cual conocía y aprobaba el gobernador César
Camacho, se plasmaba una estrategia de desestabilización contra los gobiernos
municipales, emanado del PAN y del PRD.
Las acciones que ahí se señalaban, se han
venido cumpliendo paulatinamente: toma de palacios municipales, disminución del
suministro de agua potable, ataques a los medios de comunicación con periodistas afines
al régimen, bloqueo de las principales avenidas, limitación y entorpecimiento de la
entrega de recursos federales y estatales a esos municipios, así como manifestaciones
violentas de grupos corporativizados, entre otros puntos. El actual dirigente del PRI en
la entidad, Arturo Montiel, le ha dado continuidad a esa estrategia de desestabilización.
En una reunión que sostuvo en el municipio
de Tecamac, con regidores y dirigentes municipales de su partido, los conminó a protestar
y golpear a las administraciones panistas y perredistas.
Es claro que el gobernador y sus esbirros
priístas, han perdido toda idea de lo que es la civilidad política, de ahí que
consideren que la búsqueda y la reconquista del poder se tiene que hacer por métodos
arcaicos y antidemocráticos y no con un planteamiento propositivo a la sociedad.
El problema es que el gobernador, que
intentaba generar la ingobernabilidad en los municipios administrados por la oposición,
sólo ha conseguido crear ingobernabilidad en el Estado.
Es cada vez más frecuente encontrar
conflictos sociales y políticos en diversas partes de la entidad, por su falta de ética
como gobernante.
Acción Nacional siempre ha apostado a la
legalidad y a la viabilidad de México, sus estados y municipios,sin importar el sello
ideológico de quien los gobierne pues por encima de los intereses de partido se encuentra
el bien común.
Por ello, rechazamos enérgicamente la
agresividad del gobierno estatal, las protestas y reclamos inducidos, que cobijan
intereses mezquinos y el chantaje político.
Exigimos que el gobierno del Estado y en
especial el señor gobernador, asuman su compromiso jurídico y político de velar por la
buena marcha de la entidad, apostando a la convivencia civilizada a la concordia que nace
del respeto a la pluralidad y a la civilidad como norma de gobierno.
Esperamos que el gobernador César Camacho
cambie de actitud y en lo inmediato ordene a su secretario general de gobierno, Jaime
Vázquez, que en vez de actuar como operador y de una cofradía desestabilizadora, asuma
su papel de interlocutor, con la diversidad política e ideológica de la entidad.
En este mismo sentido, urgimos al
gobernador, que amarre a sus grupos pedestres, porque la ingobernabilidad que está
generando afecta la estabilidad social y política del Estado. De otra forma, estaríamos
en el entendido, que la labor del gobernador al frente del Estado de México, no es para
gobernar, sino para desestabilizar.
Por eso mismo exigimos un alto a la
arbitrariedad de las policías estatales, que junto con los de la Judicial, actúan en los
municipios gobernados por la oposición, con frecuente violencia y violación a las
garantías individuales de los mexiquenses. Parecería que tienen la misión de actuar con
lujo de violencia, intimidación y extorsión, donde gobiernan el Partido Acción Nacional
y el PRD.
El caso de los legisladores agredidos,
parece ser un elemento insoslayable, para iniciar una investigación sobre el actuar
violatorio y corrupto de las corporaciones policiacas, que se encuentran bajo el mando del
gobernador.
El Partido Acción Nacional condena la
represión violenta de policías estatales contra ciudadanos mexiquenses y un grupo de
legisladores y exhorta a esta Cámara para que se pronuncie en este sentido.
Es cuanto, señora Presidenta.
Presidencia del diputado
Alberto Cifuentes Negrete
Tiene la palabra el diputado José
Luis Gutiérrez Cureño, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, hasta por 10 minutos.
|
El diputado
José Luis Gutiérrez Cureño: |
Gracias, señor Presidente; honorable
Asamblea:
Luciano Tomattini dice que la
gobernabilidad no sólo se refiere al ejercicio del gobierno, sino además a todas las
condiciones necesarias, para que esta función pueda desempeñarse con eficacia,
legitimidad y respaldo social.
A la luz de esta definición vale la pena
revisar, por su gravedad, la situación que se vive en el Estado de México, a raíz de
los últimos acontecimientos promovidos por el PRI y por el gobierno estatal.
La violenta agresión al fuero legislativo
de nuestros compañeros diputados, fue ejecutada intelectual y materialmente no por los
directores de la policía, sino por los principales actores políticos del gobierno
estatal: César Camacho y Jaime Vázquez.
En las últimas semanas no ha sido todo, se
ha agredido verbal y físicamente las instalaciones y la persona incluso de los
presidentes municipales de extracción perredista. Han ido más lejos, durante la última
gira de Zedillo en Ecatapec, el equipo de resguardo de esta persona y del gobernador del
Estado, golpearon al menos a un dirigente comunitario, que se aprestaba a entregar un
documento, demandando la falta de respuesta del gobierno estatal y municipal a las
demandas sociales. ¿Qué está pasando en el Estado de México? Quizá la siguiente
información nos ilustre.
El próximo año se habrá de elegir a
quien relevará al actual gobernador sustituto. Recordemos que la presencia electoral del
partido de César Camacho, es ahora radicalmente distinta a la de hace cinco años. César
Camacho fue electo gobernador sustituto por un Congreso de absoluta mayoría priísta.
Ahora resulta que el Congreso estatal es uno de los cuales no tiene mayoría alguna de los
partidos.
Aún más, la mayoría de la población ya
no es gobernada municipalmente por el PRI; incluso la representación popular de los
habitantes del Estado de México en esta soberanía, es mayoritariamente distinta a la que
representan los diputados que provienen del PRI.
Ante este fenómeno de cambio y
transformación, la resistencia del PRI y del Gobierno ha sido explícita. Baste recordar
cómo el actual secretario general de gobierno y los principales dirigentes del PRI,
algunos ahora diputados federales, invocaban en noviembre de 1996, razones de Estado para
presionar y obligar a los integrantes del consejo electoral del instituto de la entidad,
para que aprobaran un acuerdo que otorgaba la mayoría de los diputados locales de la
actual LIII Legislatura al PRI, y eso de manera ilegal, como después lo demostró la
resolución definitiva de los tribunales electorales.
Este preludio fue seguido por diferentes
formas y mecanismos de presión con las cuales diversos grupos priístas pretendieron,
desde ese momento, entorpecer la transición y violentar la voluntad popular.
Gracias a la prudencia de los principales
dirigentes de los partidos políticos y de la ciudadanía, los brotes de violencia y
rebelión promovidos por el PRI, en este primer semestre de 1997, fueron controlados.
A raíz de los ajustes en el equipo del
gobierno estatal, particularmente desde la llegada del nuevo secretario general de
gobierno, Jaime Vázquez, se observan nuevamente signos de provocación y alerta que
modifican las condiciones de tranquilidad con que debe darse el desarrollo político del
Estado.
La política interior del gobierno estatal,
empieza a caracterizarse con una tendencia a la intolerancia, al autoritarismo, a la
violación de los derechos humanos, ahí están las estadísticas de la propia Comisión
de Derechos Humanos; a la corrupción, ahí están los mismos cambios que han impulsado en
la estructura gubernamental y a un franco abuso en el ejercicio del concepto de autoridad
y por tendencias a gobernar de manera exclusiva en función de los intereses del PRI,
intereses que han sido identificados y asumidos como compromisos del propio gobernador del
Estado, simbiosis que por cierto se aclara entre más se acerca la renovación del
Ejecutivo estatal.
Los resultados electorales y la posición
pública de los principales actores no priístas, nos indican que la mayoría de la
población en el Estado de México, no estamos de acuerdo con estas formas de gobernar y
de hacer las cosas.
Desde el primer momento, nuestra posición
ha sido convocar a crear condiciones de respeto y cordialidad entre los actores
políticos.
En noviembre de 1997, los diputados
federales que por el PRD fuimos electos y participamos en esta legislatura, nos reunimos
con el gobernador del Estado y sus principales funcionarios, para establecer con él la
posibilidad de tener una relación de respeto institucional, cordial y que nos llevara en
un ámbito de tolerancia, a resolver las controversias a través del diálogo.
Particularmente en aquella ocasión se
abordó el tema de la carretera Atlacomulco. En aquel entonces se establecieron
compromisos que lamentablemente sólo quedaron en frases de buena voluntad, que el
gobernador no ha expresado en hechos.
En las últimas semanas, señores
diputados, la contradicción entre lo que dice y hace el gobierno estatal ha sido más
evidente. Hay una deliberada actuación del gobernador en favor de promover el
fortalecimiento y la unidad del PRI.
Es evidente que empieza a existir una
ausencia de garantías para el ejercicio de los derechos ciudadanos y el desarrollo de la
acción de gobierno de los ayuntamientos no presididos por el PRI.
Han sido priístas los que han golpeado a
presidentes municipales de extracción perredista y también han sido priístas quienes
han tomado violentamente las instalaciones de los palacios municipales; son priístas, por
supuesto, las autoridades que tienen competencia y que decidieron la agresión violenta de
que fueron objeto nuestros compañeros legisladores federales.
En nuestra opinión en todas estas
actitudes existe por acción u omisión responsabilidad del gobernador del Estado. Se
demuestra una actitud francamente tendenciosa.
Estos elementos configuran una escalada que
puede llevarnos a un escenario grave de ingobernabilidad si no se pone un alto a tiempo.
Al parecer existe incluso la complacencia del Ejecutivo Federal, también en una
lógica electoral de cara a las elecciones
del 2000. El gobernador debe definirse: o detiene la violencia y corrige sus errores de
gobierno o se retira del Gobierno para encabezar formalmente la estrategia priísta
electoral, pero sin contar con mandos sobre la fuerza y los recursos públicos.
Por nuestra parte...
Permítame orador, permítame.
|
La
diputada Laura Alicia Garza Galindo (desde su curul): |
Pido la palabra.
¿Con qué objeto, diputada?
|
La
diputada Laura Alicia Garza Galindo
(desde su curul): |
Para una moción de orden.
Recuerde diputada que este tema es un
debate pactado. Con muchísimo gusto le daremos la palabra si así usted lo desea, al
término de la ronda de oradores.
|
La
diputada Laura Alicia Garza Galindo (desde su curul): |
Es una moción de orden.
Las mociones se hacen a la
Presidencia. ¿Es eso lo que usted desea?
Proporciónenle un micrófono a la
diputada.
|
La
diputada Laura Alicia Garza Galindo (desde su curul): |
Gracias, señor Presidente.
Lo que yo le quiero pedir a la Presidenta,
sobre todo si usted me está diciendo que es un debate pactado, es que el señor se sujete
al tema. No lo está haciendo...
¡Ya hombre, cállense!
Diputada, por favor, entregue el
micrófono.
Continúe el orador.
|
El
diputado José Luis Gutiérrez Cureño: |
Gracias, señor Presidente.
Por nuestra parte no saldremos de nuestra
posición pacífica y constructiva. Ante ese escenario queremos expresar nuestra propuesta
para que establezcamos una relación clara, respetuosa y cordial, apegada al estado de
derecho. Que deje el gobernador y el PRI de utilizar al gobierno de manera facciosa en
beneficio de sus intereses electorales.
La pluralidad, señores diputados, no la
podrá eliminar el gobernador y su secretario general de gobierno, golpeando diputados. La
pluralidad es un hecho indudable en el Estado de México y además es un hecho que ya no
tiene reversa.
El gobernador haría mejor concertando con
los partidos políticos una reforma profunda del Estado de México, el respeto a los
mecanismos y a las condiciones de trabajo de los ayuntamientos sin importar la afiliación
política de los presidentes municipales.
Gobernabilidad es que el gobernador respete
el estado de derecho que el mismo Congreso estatal ha demostrado se puede dar en un
escenario plural en donde el PRI no es mayoría. El PRI ha demostrado que puede actuar en
la oposición, pero no es necesario que demuestre su incapacidad golpeando y amedrentando
desde el gobierno, porque eso es lo que no está permitido por las leyes, a quienes se
destacan por la defensa de los intereses populares.
El PRI tiene una gran oportunidad y tiene
una gran ventaja: tiene el gobierno estatal. Si tuvieran capacidad de gobierno aceptaría
esta propuesta a la concordia. Instauremos en el Estado de México un ejemplo para la
transición democrática de la nación. Acordemos desde este momento las bases para un
desarrollo normal, pacífico y concertado, de la etapa preelectoral y del proceso
electoral mismo. Hagamos un gran acuerdo entre todos los actores del Estado de México,
para que independientemente de quien gane las elecciones, el Estado de México y sus
ciudadanos sean beneficiados por una política concertada de desarrollo, de crecimiento,
de estabilidad, que nos otorgue oportunidades para mejorar las condiciones de vida de
todos. La propuesta está hecha. Violencia; no vamos a entrar en ella. Acuerdos; estamos
dispuestos a suscribirlos.
Muchas gracias.
Para el mismo tema tiene la palabra
el diputado Lino Cárdenas Sandoval, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, hasta por 10 minutos.
|
El diputado Lino
Cárdenas Sandoval: |
Señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados:
Existen otras visiones respecto a lo
acontecido el lunes 30 de marzo en las casetas del cuerpo B de la carretera
Toluca-Atlacomulco, así como las hay también respecto a la concesión de esa misma vía.
Habría falta de objetividad si sólo se
acepta como verdad absoluta lo que aquí hemos escuchado. Porque hay omisiones
intencionales y con ello se falta a la verdad y no hay honestidad.
Rechazamos con toda energía la alteración
del orden, la incitación a la violencia, el autoritarismo, la violación la ley,
actitudes características en los diputados que tomaron parte en el incidente referido,
quienes en el uso indebido que tienen del fuero como legisladores federales, provocan,
agreden verbal y físicamente y hasta destruyen bienes de terceros o sea, pueden delinquir
gracias a su fuero.
El fuero significa inmunidad, no impunidad.
¿Para un ciudadano común acaso no es delito el daño a la propiedad ajena o el ataque a
las vías de comunicación? Nuestro estado de derecho precisa las vías para expresar
desacuerdos, reclamar derechos, hacer denuncias y hasta manifestarse públicamente. Dentro
de éstas está la vía jurídica y la jurisdiccional. No es aceptable que quien promueve
la elaboración de leyes justas sea el mismo que las viole. ¿Qué calidad moral se puede
tener cuando sistemáticamente se va en contra del estado de derecho?
Existen los testimonios notariales y
fotográficos que hacen evidente la irresponsabilidad de los diputados involucrados en el
incidente.
En nuestro marco normativo está el respeto
a la ley, no a los caprichos personales o al protagonismo de modernos llaneros solitarios
que pretenden hacer su propia justicia y que, por más esfuerzos que hacen, no ganan la
simpatía del pueblo que dicen representar.
De las acciones de los diputados Sergio
Valdés y Benito Osorio Romero, realizadas el lunes pasado, hay testimonios notariales.
Copia de ellos entregué a la Secretaria de esta mesa para su conocimiento y en lo que se
destaca lo siguiente: el notario público número tres de la ciudad de Toluca, licenciado
Erik Santin Becerril, señala en su testimonio que "el diputado Sergio Valdés Arias,
quien viste pantalón de mezclilla, chamarra azul y sombrero blanco y el señor Everardo
Lovera Gómez, quien viste pantalón negro y camisa blanca, quienes pasan por las casetas
citadas ocasionando en forma directa daño a las barreras automáticas conocidas como
plumas, que son las que permiten el acceso de los vehículos, una vez que han pasado por
la caseta de peaje, rompiéndolas desde su base. Posteriormente se trasladan a la zona
identificada como estacionamiento sur de la caseta de cobro, en la que me encuentro
constituido -dice el notario-, lugar en el que se encuentran aproximadamente 40 elementos
de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, quienes portando exclusivamente
toletes y escudos de material acrílico, se abstienen de intervenir, siendo agredidos
verbal y a empujones por las personas dirigidas por el señor Sergio Valdés Arias y el
señor Everardo Lovera Gómez".
Un segundo testimonio de lo ocurrido en
otra de las casetas nos lo ofrece el notario público número uno de Ixtlahuaca,
licenciada María Guadalupe Moreno García, quien señala que "siendo las 17:05 horas
se presentó en el lugar el diputado Sergio Benito Osorio Romero, del Partido de la
Revolución Democrática, acompañado de 10 personas, quien empezó a tomar fotografías y
se acerca al automóvil donde se encontraba el coordinador de la Dirección de
Gobernación, señor Víctor Hugo Albarrán Torres, tomándole varias fotografías,
abriéndole la puerta del carro físicamente y tirándole los lentes que llevaba
puestos".
A pesar de eso -refiere el notario-, a las
17:20 horas llegó el diputado Sergio Valdés Arias, quien se integró al grupo y junto
con el diputado Sergio Benito Osorio Romero se dirigieron a donde estaban los elementos de
la policía -continúa diciendo-, discutieron acaloradamente con ellos, para después
alejarse y dirigirse a las casetas de cobro y empezaron a destruir las plumas de madera y
dejar pasar a los vehículos sin cobro alguno.
"Más tarde se retiró del lugar el
diputado Sergio Valdés Arias, quedando en su lugar el diputado Sergio Benito Osorio
Romero, junto con el señor Antonio Lagunas Angel, quien fue presentado a través de un
aparato de sonido como diputado federal del Estado de Michoacán y los regidores de
Atlacomulco, noveno regidor profesor Juan Miguel López González, del Partido de la
Revolución Democrática y décimo regidor Ramón Cruz Hernández, del PAN, con su gente,
quienes posteriormente agredieron a los elementos de la policía, física y
verbalmente."
|
El
diputado Javier Paz Zarza (desde su curul): |
¡Señor Presidente, pido la palabra!
¿Con que objeto, señor orador?
|
El
diputado Javier Paz Zarza
(desde su curul): |
¿Le puede preguntar al señor orador
si me permite hacer una pregunta?
No se permiten interpelaciones. Este
es un debate pactado, diputado. Si quiere intervenir, al final.
|
El
diputado Javier Paz Zarza
(desde su curul): |
Respetuosamente le puede preguntar.
No le puedo preguntar. No le acepta
la Presidencia la interpelación, por ser un debate pactado, señor diputado. Si gusta
intervenir al final de las rondas, para rectificar hechos, lo puedo anotar con mucho
gusto.
Continúe el orador, por favor.
|
El
diputado Lino Cárdenas Sandoval: |
Gracias, señor Presidente, señoras
y señores diputados:
Yo no creo que las acciones realizadas por
los diputados, testimoniadas por los notarios públicos mencionados, sean un ejemplo de
cariño y tolerancia hacia quienes tienen deberes y responsabilidades.
Hoy a lo largo de esta sesión el diputado
que me antecedió en el uso de la palabra ha hablado acerca de la violencia y ha invitado
a que ésta no se favorezca, pero varios diputados, del PRD entre otros, la hacen suya
como un arma de lucha política.
Es la tercera ocasión que este asunto de
la carretera se toca en el pleno de esta Cámara. Aquí se señaló que el problema es de
competencia estatal. De ello derivó que una comisión plural del Congreso local hiciera
un viaje a la ciudad de Washington, en donde supuestamente encontraría pruebas respecto a
que la carretera en cuestión forma parte del trazo de la carretera Panamericana.
Inútilmente las hemos esperado. Como lo ha
hecho la Procuraduría de Justicia del Estado, para integrarlas a la averiguación previa
que promovieron algunos diputados locales.
En las semanas recientes la opinión
pública del Estado de México ha solicitado en más de una vez la presentación de las
pruebas que aportaría la comisión plural de diputados y la espera aún sigue.
¿Dónde están las supuestas
irregularidades de la concesión del cuerpo B de la multicitada carretera? No están las
pruebas de su dicho. Apórtenlas. Frente a la falta de pruebas hacen su aparición las
actitudes violentas, prepotentes y contrarias a la ley.
La mesa que caracteriza al diputado Valdés
le ha hecho olvidar que en otro tiempo y momento, presidiendo justamente la mesa directiva
de la Cámara de Diputados local, se aprobaron por unanimidad las reformas a la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, que incluye atribuciones
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de México, como la de
construir, mantener y conservar, en su caso, directamente o por adjudicación a
particulares en términos de la Ley de Obras Públicas, de Vialidad, las carreteras libres
o de cuota y además de la infraestructura de comunicaciones de jurisdicción local y las
que se le asignen.
El artículo 32 de la mencionada Ley
Orgánica, señala como asunto que corresponde al despacho de la Secretaría el
concesionar la construcción, administración, operación y conservación de caminos y
vialidades de cuota de competencia local.
El diputado Valdés aprobó como presidente
de la mesa directiva lo que hoy cuestiona. Otros diputados que también aprobaron lo ya
mencionado, forman parte de esta Cámara y representaron distintas fracciones
parlamentarias.
Entrego a esta Secretaría fotocopia de la
versión estenográfica de aquélla y hoy memorable sesión de diciembre de 1991.
No se trata, señoras y señores diputados,
de renunciar a los principios y a las legítimas demandas. Tampoco de imponer voluntades
ilegítimas e irrazonables; se trata, pues, de buscar soluciones que concilien intereses
legítimos y diversos y que beneficien a todos.
Para terminar y por cierto, en todas las
manifestaciones que se han dado con estricto apego a derecho, las más se han dado en
municipios donde no gobierna mi partido, se han dado en Nezahualcóyotl, se han dado en
Naucalpan, se han dado en Tlalnepantla.
Muchas gracias.
Con esta intervención concluye la
primera ronda de oradores registrados para este tema.
Vamos a dar paso a la segunda ronda, donde
los oradores podrán hablar hasta por cinco minutos.
En primer término, tenemos al diputado
Eduardo Mendoza Ayala, del Partido Acción Nacional, para el mismo tema y hasta por cinco
minutos.
|
El diputado Eduardo
Mendoza Ayala: |
Gracias, con su venia: señor
Presidente:
A lo que hemos venido a esta tribuna no es
a discutir ni a platicar exclusivamente sobre una concesión mal otorgada, visiblemente
viciada de origen, para cumplir caprichos económicos de alguien en el Estado de México,
de alguien que pertenece seguramente al grupo Atlacomulco.
Acción Nacional siente indudablemente que
el voto de confianza otorgado cuando renunció Emilio Chuayffet o pidió licencia, ese
voto ha sido traicionado ahora por César Camacho Quiroz.
¡No cabe duda que éste es el primer round
de sombra rumbo a la obtención de la gubernatura en 1999, que evidentemente no va a caer
en la alforja tricolor! Y por eso seguramente hay desesperación en las filas del
PRI-Gobierno, esta nave llamada "pritanic", que está condenada al naufragio.
Por eso también hay un doble lenguaje que
existe y esto es lo peligroso, damas y caballeros, ¿de qué sirve el buen trato en las
oficinas, de qué sirve ser bien atendido, si al dar la espalda y al dar la media vuelta
se intenta liquidar el fuero de legisladores federales? ¡Eso, eso es golpear a traición,
amigos nuestros!
Yo creo que tenemos que ir construyendo con
base en la honradez moral, coen base en la ética política, los puentes que nos lleven
indudablemente a hacer que el Estado de México, que es un Estado que aporta muchos
votantes, se convierta en un lugar de ejemplo democrático.
Pero nos preocupa mucho que cuando se
tratan estos temas, vamos al análisis y encontramos por ejemplo que el gobierno estatal
decide meter a la cárcel a peces menores y no a quienes sí deberían de estar a buen
recaudo y estas incongruencias tenemos que señalarlas lamentablemente porque se las hemos
mencionado de frente, no por la espalda, al propio gobernador, porque pantalones no nos
faltan; no atacamos a los municipios y ahora decía el diputado que me antecedió en la
palabra, "sólo la gobernabilidad existe donde está el PRI y no hay gobernabilidad
en otros municipios".
Qué bueno, la mano perversa seguramente
chantajista, manipuladora, de muchos de estos líderes y caciques, está haciendo y
tratando de fabricar una ingobernabilidad que por supuesto no existe, ¡esto es artificial
y esto está en la mente enferma de aquellos que gobiernan el Estado de México!
Es indudablemente muy bonito hablar de
estado de derecho. Es también muy bonito decir que los notarios están dando fe de
algunos acontecimientos. La verdad es que con el debido respeto y por experiencia propia,
puedo señalar que ser notario en este país no es sinónimo de honradez, porque a mí un
notario en 1991, en la diputación federal no quiso avalar una fe de hechos y aquí en
esta tribuna los priístas dijeron: necesita testigos ese testimonio notarial. Esa es la
calidad de la que habla seguramente el diputado Cárdenas.
Finalmente, amigos, invitaríamos con una
profunda seriedad para que se construya un régimen de concordia. Estamos a tiempo para
que ello ocurra, pero que no nos ganen las ambiciones económicas, que no nos gane el
deseo de ir a hacer negocios en el Gobierno; que nos gane mejor el concepto de servicio
público.
Muchas gracias.
Tiene la palabra para el mismo tema y
hasta por cinco minutos, la diputada Olga Medina Serrano, del Partido de la Revolución
Democrática.
|
La diputada
Feliciana Olga Medina Serrano: |
Con su venia, señor Presidente;
Cámara de Diputados:
Estamos en esta tribuna con un debate
pactado. Traemos cosas que queremos decir; probablemente no me dé tiempo decir todo lo
que yo quisiera, pero sí quiero decirle al diputado priísta que me antecedió, que una
prueba del abuso de autoridad que se hace en el Estado de México por los gobiernos
priístas, es él mismo.
Siendo funcionario de la Secretaría de
Educación del Estado y siendo su servidora regidora, jamás pude verle la cara porque
siempre se escondía. Esa es la calidad de los diputados priístas que vienen a esta
tribuna a hablar de honradez.
Venimos a esta alta tribuna preocupados por
la violencia que el gobernador del Estado de México ha iniciado en una enorme escalada.
En días pasados esta violencia no sólo se dio en los ciudadanos, sino que pasó a
diputados federales, cuando en Atlacomulco, cuna del tristemente célebre grupo al que
pertenece el actual gobernador, fueron golpeados los ciudadanos por justas demandas que
nunca atendió el gobierno del Estado.
El gobernador trata de minimizar los hechos
del pasado 30 de marzo y lanza, a través de su procurador, la amenaza de que los
diputados pudieran ser desaforados, solamente que el gobernador no se da cuenta que él no
le dio el fuero a los legisladores, que se los dio la ciudadanía.
Eso, compañeras y compañeros diputados,
no es un hecho aislado o fortuito, como lo decía el diputado del PAN que nos antecedió,
ya el 6 de enero de 1997, aparecía un documento fechado en ese día, en el que el
entonces presidente del PRI decía a su coordinador estatal que le daba a conocer la serie
de actos que cometerían para desestabilizar a los gobiernos perredistas y panistas.
Y el gobernador ahora quiere de nuevo
llevar a la idea de que es el culpable o los culpables son los diputados. Sabemos que esto
es una mentira, las nuevas agresiones se suman a las que ya venía haciendo Emilio
Chuayffet.
A principio de su gobierno, Camacho Quiroz
quiso separarse un poco de las enseñanzas de su maestro Chuayffet, pero la situación que
se vive por las elecciones de 1999 los han puesto nerviosos. Esto lo único que, esto que
sucede lo tenemos que enfocar y analizar desde el siguiente marco:
Primero, en el avance que nuestro partido y
las fuerzas de oposición tuvieron el 6 de julio, que nos permite a nuestra fracción
tener 23 diputados y también aquí hacemos un paréntesis, ya que la violencia que se
ejerció en contra del compañero diputado...
Permítame la oradora.
Señores diputados, el tiempo lo lleva la
Presidencia y con prudencia se hará la indicación que corresponda.
Concluya la oradora, por favor.
|
La
diputada Feliciana Olga Medina Serrano: |
Voy a concluir haciendo un llamado al
señor gobernador para que rectifique su línea dura, ya no son los tiempos de antes ni
modo, señor gobernador, ya no se puede usufructuar el poder como antes.
Gracias.
Tiene la palabra para el mismo tema y
hasta por cinco minutos, el diputado Manuel González Espinoza, del Partido Revolucionario
Institucional.
|
El diputado
Manuel González Espinoza: |
Señor Presidente; señoras
diputadas; señores diputados:
Quien por ignorancia, terquedad o audacia
pretende escudarse en la generosa figura del fuero y responsabilidad, no sólo desacata la
letra y el espíritu de la Carta Magna, sino más grave aún, pervierte la representación
popular, porque paradójicamente el mandato popular no se ejerce para cumplir la ley, sino
por el contrario, para violentarla y desacatarla.
Yo quiero decirles, señoras y señores
diputados, que la señora presidenta municipal de Tlalnepantla de Baz, Ruth Olvera Nieto,
expresó: "con esto, el Estado y el municipio están privilegiando la política como
medio para resolver problemas comunes, para dirimir conflictos y conciliar intereses, para
superar diferencias de cómo hacer las cosas y formular compromisos que fortalezcan el
respeto entre las instancias de gobierno y remata, tal como lo expresó usted, señor
gobernador".
No coincide la señora presidenta con
quienes aquí han hablado en nombre del Partido de Acción Nacional.
El señor presidente municipal del PRD,
Valentín González Bautista, de Netzahualcóyotl, expresó que tendríamos que seguir
acelerando el paso y continuar adelante en nuestro proyecto colectivo de vivir con un
desarrollo económico, con justicia social y democracia. Esta tampoco es expresión que
coincida con los señores diputados del Partido de la Revolución Democrática.
¿Qué es gobernabilidad?, es la razonable
capacidad de mando, es conducción política y de disciplina democrática que puede
alcanzar una sociedad.
De este concepto, desprendemos que la
acción del gobierno estatal requiere condiciones favorables en su esfuerzo por mejorar
las condiciones de vida del pueblo.
Esta circunstancia, la ingobernabilidad,
siendo realistas y objetivos, no se da en el Estado de México y les voy a decir por qué:
¿cómo vamos a hablar de ingobernabilidad sin reconocer aquí que ciertamente existe un
Poder Legislativo con ausencia de mayoría absoluta y que anima a un debate respetuoso?
¿Cómo se puede hablar de ingobernabilidad, cuando se crean 154 mil empleos en un año,
más de 400 diarios? ¿Cómo se puede hablar de ingobernabilidad, cuando se atienden 3
millones 124 mil 600 alumnos en todos los niveles, cuando se construyen 5 mil espacios
educativos en un año, cuando existen 235 mil centros de trabajo y más de 5 mil contratos
colectivos, la construcción de 28 mil viviendas nuevas?
Yo quiero recordarles, señoras y señores,
que ciertamente en el Estado de México, para ubicarnos en la realidad política. Aquí se
ha hablado de ingobernabilidad y se da por sentada la tesis de que los problemas llegan a
conformar un clima de violencia. Lo niego rotundamente, porque por voluntad de la
ciudadanía y hay que reconocerlo, así fue, el PRI gobierna 73 municipios, el PRD 27, el
PAN 21 y uno el Partido Verde Ecologista de México.
No están exentos de problema,
indudablemente, pero hablar de ingobernabilidad es aceptar que estamos trabajando como
mexiquenses por mejorar en nuestras condiciones de vida.
La pluralidad política e ideológica es
una realidad en el Estado de México, pero hemos sido capaces de compartir un proyecto de
desarrollo común.
Basemos nuestra relación en la prudencia y
el respeto; sigamos siendo una sociedad que trabaje en paz.
Gracias, señor Presidente.
Pasamos a la tercera y última ronda
del debate pactado. Tiene la palabra para el mismo tema y hasta por cinco minutos, el
diputado Javier Paz Zarza, del Partido Acción Nacional.
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El diputado Javier Paz
Zarza: |
Con su permiso, señor Presidente;
señoras y señores diputados:
Efectivamente, señor diputado González
Espinoza, quienes por ignorancia o terquedad se amparan en la gubernatura para pisotear el
derecho, van a ser los primeros en ser despedidos por el pueblo del Estado de México.
Tenga la certeza, señor diputado, que en
Acción Nacional no hay unanimidad servil, como se acostumbra en otros partidos, habrá
diputados o presidentes municipales que piensen en un sentido o en otro, pero de lo que
sí estamos convencidos es de que el PRI no tiene futuro en el Estado de México. De lo
que sí estamos convencidos es de que a pesar de la actitud violenta del gobernador del
Estado, los mexiquenses lo repudiamos rotundamente.
Yo quisiera, señoras y señores diputados;
habla el señor diputado González Espinoza de conducción política: de 154 mil empleos.
Y del panorama que el señor González Espinoza nos pintó aquí anteriormente,
lógicamente no habló de 3 y medio millones de mexiquenses en extrema pobreza, no habló
de los 800 mil indígenas marginados en el Estado de México, no habló de los 600 mil
analfabetas que viven en nuestro Estado, no habló que existe 1 millón de mexiqueneses
sin agua potable. Este fue el tema que habló el señor González Espinoza.
Señoras y señores diputados: en Acción
Nacional, que quede claro, no estamos apostando que haya violencia e ingobernabilidad,
estamos apostando y exigimos respeto al estado de derecho, y el primero que tiene que
actuar, en consecuencia es el gobernador del Estado. ¿Cómo estarán las cosas, señoras
y señores diputados, que muchos añoran a Emilio Chuayffet? ¿Cómo estarán las cosas?
Creo que no es necesario que se trate este
punto cotidianamente aquí en la Cámara de Diputados, es importante que el gobernador del
Estado tenga la sensibilidad, el más elemental sentido común, de entender que la
pluralidad, significa entender el mosaico del Estado, es distinto. Que tiene que gobernar
con presidentes municipales de distinto signo político, que tiene que gobernar con la
sociedad y que ya los tiempos de callar y obedecer, han terminado en el Estado de México.
Dice el diputado Lino Cárdenas, que se
rechaza el autoritarismo, que ha sido la norma de conducta del gobernador actual y la
violencia ha sido el instrumento mecánico de diálogo, y nosotros en Acción Nacional
estamos convencidos, que éste no es el mejor camino para el Estado de México.
Y lógicamente miente el diputado Lino
Cárdenas, cuando afirma que todos los diputados aprobamos por unanimidad, los locales, en
aquella oportunidad en 1991, una ley para que la construcción, conservación y
mantenimiento a las carreteras, pudieran ser a capricho del Ejecutivo concesionar a quien
fuera.
Ha quedado demostrado claramente, los
términos y condiciones, en cuánto se otorgó la concesión, fueron ilegales. Ha quedado
claramente demostrado que se ha violado el artículo 127 constitucional en su fracción
VII.
Así pues, señoras y señores diputados,
nosotros pensamos en Acción Nacional, que la tarea central, la obligatoria e inaplazable
del gobernador del Estado, es sentar los caminos de gobernabilidad real, auténtica,
respetando el fuero de los señores diputados, respetando a los ciudadanos del Estado de
México.
Y de que independientemente de que tenga
ahí la policía en la carretera de Toluca, a pesar de eso, los ciudadanos repudiamos y
repudiaremos cualquier acto de soberbia que vaya en contra del estado de derecho.
Muchas gracias.
Tiene la palabra para el mismo tema y
hasta por cinco minutos, el diputado Sergio Benito Osorio Romero, del Partido de la
Revolución Democrática.
|
El diputado
Sergio Benito Osorio Romero: |
Gracias, señor Presidente:
Cuando hace aproximadamente tres meses, el
licenciado Emilio Chuayffet dejó la Secretaría de Gobernación, el grupo Atlacomulco y
el gobernador Camacho Quiroz, perdieron a su operador nacional y lo que venía siendo como
actos de gobierno en el Estado de México, que más parecían actos de un ventrílocuo, se
vinieron transformando en manifestaciones violentas en los distintos grupos priístas al
interior del Estado.
La ingobernabilidad en el Estado de
México, no proviene de la existencia de conflictos sociales que hayan desbordado el marco
jurídico legal del Estado. La ingobernabilidad proviene justamente de la incapacidad de
gobierno del señor Camacho Quiroz.
Si para el diputado Manuel González la
gobernabilidad tiene qué ver con la capacidad de gobierno, justamente eso es de lo que
hoy carece el equipo de Camacho Quiroz.
Estamos, compañeros diputados, ante una
situación que puede agravarse de manera importante. Todos podemos coincidir en la
importancia estratégica que tendrá la gubernatura del Estado de México en 1999, para
los resultados que habrán de ocurrir en las elecciones del año 2000 para la Presidencia
de la República.
Es por eso que nosotros a través del
coordinador de la diputación del PRD en el Estado de México, hemos propuesto aquí en
esta soberanía como un pacto para la transición. Depende de ustedes, señores priístas,
que podamos arribar a un proceso de transición pacífica en el Estado de México. Ahí
están las cartas; depende de ustedes recogerlas.
Yo no vengo aquí como lo hizo el diputados
Cárdenas, a tratar de repetir lo que dicen los boletínes de prensa, porque lo que él
hizo, fue repetir el boletín de prensa del gobierno del Estado.
Argumentos, compañeros, y no argumentos
que tienen que ver con la actividad de la Procuraduría General de la República, porque a
ella corresponderá puntualmente la investigación de este caso.
Se dice que llaneros solitarios
intervinieron en los hechos del lunes pasado. Dependerá ahora, señores, el calificativo
que puedan dar a la movilización de más
de 2 mil personas el día de ayer en
Atlacomulco y que concluyó solamente en un mítin. Eso, compañeros, es el repudio que
hay en el norte del Estado de México, a las maniobras para la privatización obligada de
una vía que es federal.
Compañeros, en esta soberanía, tendremos
este tema del Estado de México como recurrente y hoy queremos insistir en que nosotros
estamos dispuesto a discutir con el gobierno del Estado y con las fuerzas políticas aquí
representadas, un pacto para la transición, por la democracia en el Estado de México.
Tiene la palabra para el mismo tema y
hasta por cinco minutos, el último de los oradores registrados, el diputado Héctor
Guevara Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional.
|
El diputado
Héctor Guevara Ramírez: |
Señor Presidente; señores
diputados:
Gobernar es conducir un Estado con base en
consensos democráticos, con respeto a las libertades, con el funcionamiento de los
partidos políticos y demás organizaciones sociales, con sometimiento al esquema
constitucional de la división de poderes, en medio del debate parlamentario con sujeción
al esquema pluralista que la democracia supone y que vivimos en el Estado de México.
Es claro que la tarea de gobernar produce
cierto grado de diferencias entre gobernantes y gobernados, esto es normal, ocurre en toda
sociedad y cualquiera que sea el signo político bajo el cual se le gobierne.
Se ha señalado aquí ya, que presidentes
municipales de partidos de oposición, han sido parte activa del progreso del Estado y han
señalado la actitud del gobierno estatal de respeto irrestricto al pluralismo que vivimos
en el Estado de México y que en el diálogo, la concertación y el consenso, nos han
permitido acuerdos en lo fundamental entre el Ejecutivo del Estado, el Legislativo y los
partidos políticos que en múltiples ocasiones hemos buscado coincidencias sin renunciar
desde luego a las legítimas diferencias.
No podemos de ninguna manera hablar de
ingobernabilidad, cuando en los municipios vivimos una rica representatividad política
emanada de un proceso electoral en que los ciudadanos otorgaron el poder a diversas
opciones políticas.
Quiero señalar en razón del asunto de la
carretera Atlacomulco, que ya ha sido verdaderamente tratado, el 9, el 23 de octubre aquí
mismo. Aquí se señaló ya que la carretera panamericana que aducen, no es realmente la
carretera panamericana. Hicieron una comisión para ir a Washington algunos diputados, no
han entregado informe.
Se señaló aquí que la transferencia de
esa carretera se dio con visos de una absoluta legalidad, que no ha podido ser demostrada
por quienes alegan esta actitud. Es claro que por los términos jurisdiccionales, se trata
de un asunto de competencia estatal.
No se puede hablar aquí tampoco de
violación al fuero constitucional, no fuero constitucional, ahora es declaración de
procedencia señores diputados. Es una protección procesal que tiende a proteger la
independencia y autonomía de un poder frente a otros poderes del Estado y que lejos de
revertir impunidad a quien lo disfruta, condiciona tan solo la intervención de otras
jurisdicciones a la satisfacción de determinados presupuestos, cuya ausencia las obliga a
no enjuiciar a un miembro de la Cámara.
Esto no es de ninguna manera observar
alguna violación al fueron constitucional. Seamos correctos en el uso jurídico y
lleguemos a hablar de ello cuando el momento procesal oportuno así lo señale.
Además quiero decirles, ¿saben ustedes
que se encuentra en los artículos 108, 109, 110 y 111 de nuestra Constitución? y además
en su ley reglamentaria y en la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos.
Quiero decir que aquí se nota que
solamente estos elementos son pretexto para que algunos diputados, efectivamente inicien
lanzas con vista a la elección en la entidad.
Por eso queremos decirles señores, que
nosotros entendemos muy bien qué son sus partidos políticos, específicamente el Partido
de la Revolución Democrática. Sabemos que éste es un acto más de la eficacia
política, del pragmatismo que tiene ahora el PRD y que se ha caracterizado por ser sin
duda, un partido sin principios y sin corazón; que tratan de aprovechar coyunturales
éxitos electorales para imponer esa línea de eficacia, que no es más que un eufemismo
bajo la dirección de su nuevo líder. Tratan de fomentar escisiones en el PRI y darle
oportunidad a ex priístas, que tratan oportunistamente de encontrar cobijo, ayuda,
apapacho y financiamiento.
Ese es sin duda el motor que mueve al PRD,
estaremos listos para el manejo del debate.
Muchas gracias.
¿Con qué objeto, señor diputado?
|
El
diputado Sergio Valdés Arias (desde su curul): |
Para contestar alusiones personales,
si usted me lo permite, en relación a la exposición del diputado Lino Cárdenas.
Vamos a dar turno al desahogo de las
figuras de alusiones personales y para rectificar hechos; y les recordamos que, en el
tenor del artículo 20 del acuerdo parlamentario que aprobamos en noviembre pasado, estas
intervenciones, al iniciar los oradores deberán precisar las alusiones a contestar y los
hechos a rectificar.
En ese sentido, tiene la palabra hasta por
cinco minutos, el diputado Sergio Valdés.
|
El diputado Sergio
Valdés Arias: |
Con su anuencia, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
Gobernar es conducir, es coordinar, es
conciliar, gobernar es llevar a buen puerto a la sociedad que se representa y para
representar esta sociedad hay que partir de un principio, ser legítimos, haber sido
electos. Quizá ése sea el fundamento de lo que está pasando en el Estado de México. El
gobernador del Estado de México no fue electo, ésa es una verdad. Fue transformada
truculentamente la Constitución del Estado en 1994 para que, en uno de sus artículos,
pusiera la licencia por causa justificada y Emilio Chuayffet se separara del cargo de
gobernador para asumir otra gran responsabilidad y el día de hoy nos preguntamos: ¿se
justificó aquella licencia de Emilio Chuayffet? ¿Se arreglaron los grandes problemas
nacionales, como fue comentado? Es asunto de gobernabilidad. Estoy para responder todas
las preguntas que quisiera, diputado Oceguera.
Entonces, cuando nosotros vemos que si a
esta Cámara, a este Congreso de la Unión se le puso en peligro su estabilidad no se les
olvide el pindarazo ¿qué no le puede estar pasando al Estado de México cuando las
prácticas allá son las mismas? No hay que olvidarnos nunca de eso, ni se va a olvidar
todo el pueblo de México.
No se va a gobernar en el Estado de México
con el uso de la fuerza por la fuerza misma y para esto el pueblo del Estado de México se
apresta ya a ponerle medida a los que en su momento habrá de desechar y ese tiempo se
llama proceso electoral. Nos veremos el primer domingo de julio de 1999 y seguramente en
esa película no va a estar el Partido Revolucionario Institucional, así de sencillo.
Dice el gobernador del Estado de México
que no confundan los diputados fuero con impunidad. "A diario le dice el pueblo del
Estado de México al gobernador, que no confunda el gobernador ejercicio de poder con
arbitrariedad". Dice el gobernador del Estado de México "que nada por encima de
la ley y el derecho". Dice el pueblo del Estado de México "que nada por encima
de la Constitución".
Y si quisiéramos decir que sí hay
gobernabilidad en el Estado de México, nada más hay que repasar: los funcionarios
estatales son rechazados sociales, perdedores de elecciones en un gran número. ¿Cuántos
secretarios de finanzas ha habido en el gobierno del Estado? ¿Cuántos procuradores?
¿Cuántos secretarios de Gobierno en cuatro años?, ¿cuántos secretarios de
administración? Casi de a uno por año. No saben conducir, como decíamos al principio, a
un buen puerto a esta sociedad.
Y para no dejar sin respuesta aquí a
algunos comentarios de que si es o no panamericana lo que aquí se ha comentado, dejo en
la Secretaría un documento del Sistema Panamericano de Carreteras, en donde está aquí
considerado un tramo de Querétaro a Toluca, que pasa por Atlacomulco, para que no quede
duda, certificado por la Organización de Estados Americanos.
Y para que vengamos a la tribuna con
argumentos sólidos, bien fundados, dejo también en esta Secretaría toda la
jurisprudencia, porque aquí he sido aludido de que yo aprobé o era yo presidente de la
Cámara local cuando se aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo local.
Sí se aprobó esa reforma, pero nunca permitiendo que se violentaran las leyes federales.
Aquí está el documento que lo comprueba.
¡Gobernabilidad, señores diputados, es
permitir el desarrollo armónico de la sociedad no con macanas, no con golpes; con
conciliación y apostando al diálogo!
Para rectificación de hechos, hasta
por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Alberto Martínez Miranda.
|
El diputado
Alberto Martínez Miranda: |
Con su venia, señor Presidente;
diputadas y diputados:
Es indudable que si el derecho no existiera
la humanidad solamente tendría el tiempo suficiente para destruirse a sí misma. En ese
sentido, en el Estado de México el derecho está siendo violentado y quieren destruir, no
tanto a la sociedad sino a aquellos que piensan diferente a este gobierno que es
totalmente sustituto.
En ese sentido no lo vamos a permitir,
nosotros no somos violentos; con violencia, señores priístas, no se va a arreglar
absolutamente nada.
Dicen los diputados priístas que tienen
otra visión, esa visión la dan solamente cuando les conviene.
Efectivamente, el gobernador del Estado ha
estado declarando que el fuero no es inmunidad, no es impunidad. Yo lo que le digo desde
aquí al señor gobernador, es que se ponga a leer, porque tampoco "chipote se
confunde con cerebro".
Y me pregunto en esta tribuna, en el
sentido de ¿qué ha pasado con los municipios grandes del Estado de México? Ellos en el
trienio pasado parece que no tienen ningún problema legal y de premio están como
funcionarios estatales. Pero ¿qué ha pasado con los ex presidentes municipales de los
municipios chicos?
Están en Almoloya de Juárez, están
presos, porque así lo está decidiendo el gobierno del Estado. Si a eso se le llama
legalidad, no sé qué es lo que estamos viviendo en el Estado de México.
Por esa razón, quiero manifestarme como un
representante social indignado ante la serie de maquinaciones perversas que funcionarios
del gobierno del Estado de México han estado impulsando, para crear un ámbito de
inestabilidad social en los municipios que tienen administraciones municipales panistas y
perredistas y no sólo han atentado en contra de las administraciones, sino que ahora
públicamente y con lujo de violencia y de detalle, han invadido la esfera a que tienen
derecho los legisladores federales, estamos hablando del fuero constitucional.
Es inaudito que en la lucha por recuperar
la credibilidad de la ciudadanía mexiquense a favor del gobierno estatal y del partido
que los llevó al poder, tengan que ser sustentadas en una cadena de atentados
perfectamente maquinados desde las oficinas de la secretaría de gobierno. No es posible
que se violente el fuero constitucional. Nos estamos acercando al marco de las
incongruencias, a la falta de respeto a las instituciones y a las vejaciones de nuestra
gran Carta Magna.
¡Ya basta que un gobierno oficialista no
respete el marco del derecho! Es intolerante para la ciudadanía y para los representantes
sociales que el licenciado Jaime Vázquez Castillo, en su calidad de secretario general de
gobierno, no realice ninguna acción real y objetivamente verdadera en beneficio de la
conservación de la paz social en la entidad mexiquense. Pero en cambio su omisión a los
hechos violentos que se han manifestado en diversos municipios, deja en claro su
complacencia ante este programado proyecto de ataques frontales y directos contra los
gobiernos y representantes de los partidos de oposición.
El caso más reciente es la agresión a
nuestros diputados el 30 de marzo, lo vimos con los diputados Sergio Valdés Arias, Sergio
Benito Osorio Romero y Antonio Lagunas.
Es innegable, por el cúmulo de hechos que
han estado suscitando para provocar violencia e ingobernabilidad en diversos municipios,
que el gobierno estatal está sumamente preocupado por la proximidad de las elecciones
para gobernador, que se realizarán el próximo año y ante la impotencia de conquistar el
voto consciente de la ciudadanía, se vale de todo tipo de argucias para tratar de
desprestigiar a los institutos políticos que democráticamente llegaron al poder. Por esa
razón, denuncio y ratifico a la vez los hechos de violencia que se han estado provocando
y que se seguirán gestando en aras de contener la democratización del Estado y el
ejercicio de la administración alterna.
Señores diputados: no es con violencia
como vamos a resolver los problemas. Lo vamos a ver en el año de 1999 y los hemos de ver
como siempre, como lo hemos visto en estos últimos años, perdiendo, señores priístas.
Para rectificación de hechos, hasta
por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Eduardo Bernal Martínez.
|
El
diputado Eduardo Guadalupe Bernal Martínez: |
Con su venia, señor Presidente;
señoras diputadas; señores diputados:
A situaciones y actitudes iguales llorar es
cobardía. Vienen aquí diputados del Partido de la Revolución Democrática a quejarse de
la ingobernabilidad que supuestamente el señor gobernador del Estado está haciendo.
Deberían de quejarse de la incapacidad que tienen en los municipios que hoy gobiernan, de
gobernar para todos y la gobernabilidad también, como lo decía el diputado que me
antecedió en el uso de la palabra, se debe a esa incapacidad, pero no del gobernador, es
la incapacidad que tienen los municipios, que es la base y la célula básica del gobierno
para poder salir adelante.
Yo le diría a Sergio Valdés que gobernar
es lealtad a sus electores, eso es gobernar, tener esa lealtad a sus electores y no
utilizar una organización política para que llegando a esta legislatura como
"trasfuga" se cambie inmediatamente de partido en una posición que le
corresponde al Partido Revolucionario Institucional...
Señor Presidente, si algún diputado
quiere hacer uso de la palabra, con mucho gusto estoy a sus órdenes. No griten desde
allá, lo pueden hacer para rectificación de hechos o para contestar alusiones
personales.
Y decía yo, señor Presidente, señores
diputados: que a iguales llorar es cobardía, porque vienen a quejarse aquí de que tienen
manifestaciones, cuando en este momento todavía el PRD tiene el primer lugar en las
manifestaciones en el Estado. El 60% de las manifestaciones del Estado son de
organizaciones afiliadas al PRD, el 20% a organizaciones no gubernamentales, el 15% al
Partido Revolucionario Institucional y el resto a los demás partidos y hace año y medio,
en que gobernábamos la zona más poblada del Estado, nunca venimos a esta tribuna a
quejarnos de que no nos dejan gobernar. ¡Esa es incapacidad! y si lo quieren tratar yo
creo que ésta no es la tribuna, yo pensé que iban a tratar aquí el fuero
constitucional, que sí nos corresponde, sino en el Congreso local, donde tienen diputados
ustedes de todas las representaciones y todos los grupos parlamentarios; es ahí donde se
deben ventilar esos problemas.
Yo decía que el fuero constitucional no da
garantías para hacer lo que queramos, no da garantías para violar derechos de terceros,
no da garantías para incitar a la violencia. El fuero constitucional es una garantía que
nos dan para expresarnos libremente en nuestras opiniones y no ser reconvenidos o
enjuiciados por ello. Pero nuestra Carta Magna es tan sabia que precisamente utiliza y
decide que cuando un diputado no se ajusta jurídicamente a ello, puede ser enjuiciado
mediante un proceso de procedibilidad.
Aquí se han preocupado mucho por la
designación de los candidatos de mi partido. Yo creo, diputados, que deben preocuparse
más por la designación de los candidatos de su partido, que bastantes problemas tienen
entre los grupos de Acción Nacional de Durán Reveles y Ruth Olvera para tomar
decisiones. A nosotros sí nos preocupa algo: déjennos ocuparnos de los nuestros, que
más que a ustedes, la verdad nos preocupan los
"trasfugas" que son cooptados por
otros partidos, porque no tienen ni siquiera la capacidad de tener candidatos propios.
Sí haría una mención de mi amigo Paz
Zarza, que afirmaba Efraín González Luna: que el principio fundamental de la convivencia
social es el respeto estricto al estado de derecho, tanto por gobernados como gobernantes,
moral y política de implementar el diálogo para la solución de los conflictos. A eso
hacemos el llamado, a que con ética, con moral, con estricto estado de derecho, se
resuelva por los medios jurídicos el conflicto aquí expuesto, que supuestamente era la
carretera de Atlacomulco. Hagámoslo ante las instancias pertinentes y no convocando a la
violencia. Hagámoslo con base en la ley y no en la política. Yo creo que así podremos
llegar a las soluciones del conflicto; pero diputados, respetemos también la soberanía
del Estado y de su Congreso y lo que corresponde al Estado, se debata en el Estado donde
tenemos, reitero, todos, representatividad, y lo que sí le corresponda a este pleno, a
esta alta tribuna del país, podamos hacerlo.
Yo concluiría diciendo que el mayor
embuste en la vida es decir medias verdades. Aquí se han dicho medias verdades por los
diputados del Partido de la Revolución Democrática. Yo creo que en el discurso que
manejan, primero hablando de conciliación, luego hablando de diálogo, con discursos de
guerra, no son suficientes para resolver el problema. Yo los convoco a que juntos
busquemos las soluciones en las instancias jurídicas pertinentes y si es de Congreso, lo
que corresponda a este Congreso lo hagamos aquí.
Es cuanto, señor Presidente.
Tiene la palabra, hasta por cinco
minutos, el diputado Antonio Lagunas Angel.
|
El
diputado Antonio Lagunas Angel: |
Con su venia, señor Presidente.
Permítame el orador.
Acérquenle un micrófono al señor
diputado.
¿Con qué objeto, señor diputado?
|
El
diputado Sergio Valdés Arias (desde su curul): |
Para una moción, señor Presidente,
si usted me lo permite.
Solamente comentar que se dice
"tránsfuga"; no "trasfuga".
Muchas gracias.
Inicie el orador.
|
El diputado
Antonio Lagunas Angel: |
Compañeras y compañeros diputados:
El día 30 de marzo fui privado de mi
libertad cuando pasaba por la caseta que está cerca del municipio de Atlacomulco... cerca
o pegado, como tú quieras.
Permítame el orador.
Ruego a los señores diputados escuchemos
con la atención que merecen los oradores y que si alguien quiere usar la tribuna, se
anote como marca el reglamento.
Continúe, señor orador.
|
El
diputado Antonio Lagunas Angel: |
Salí a las 2:00 de la tarde de
Uruapan, Michoacán, que es la tierra natal mía. Yo no estuve encabezando el bloqueo de
la carretera, como quieren hacer aparecer; yo pasaba por ahí cuando de momento me
identificaron porgue traía en el cristal de mi carro que dice "diputado federal,
Antonio Lagunas Angel" y me bajé un momento; yo no duré ni siquiera cinco minutos
en esa caseta.
En ese momento saludé al compañero
diputado Sergio Osorio. El en ese instante reclamaba a un comandante Torres, que lo
habían engañado. Me arrimé y para mi desgracia fue que el operativo estaba para que se
llevara a cabo en ese momento. Yo venía de paso.
Otro día me enteré que el señor
gobernador del Estado, Camacho Quiroz, dice que "no se equivoquen", el
gobernador cree que sólo él está autorizado para violar la ley y no es cierto.
Cuando pasaba por ahí, que me arrimo y vi
que traían del cuello al compañero Osorio, golpeándolo. Yo intervine diciéndoles a los
policías que con violencia no se arreglaban las cosas, que ellos eran pueblo igual que
todos y en ese momento también a mí unos 20 policías me llevaron a una patrulla, que es
la número 7034, del municipio de Atlacomulco; me trasladaron a Toluca.
Y hace un momento aquí un diputado dice
que me presentaron como diputado federal, que no fue equivocación, me llevaron a la
explanada de la Procuraduría de Justicia del Estado de México. Cuando llegué ahí los
policías posiblemente consultaron o les hablaron por la radio, porque me dejaron ahí
solo y corrieron de nuevo a la patrulla y se ausentaron. No tuve manera de platicar con
nadie porque ellos se fueron y sólo me dejaron ahí en la explanada de la Procuraduría
de Justicia del Estado de México.
A mí me robaron cuando pasé por esa
caseta y es mentira que el compañero Sergio Valdés estaba ahí, el único que estaba era
el diputado Sergio Osorio; Valdés no estaba, porque aquí han dicho muchas imprecisiones
los diputados del PRI.
Venía a México, señor, iba pasando, para
que entienda, "¡burro!".
Ruego al orador no establecer
diálogos y respetar a la Asamblea.
|
El
diputado Antonio Lagunas Angel: |
Miren, yo estoy diciendo la verdad...
Permítame el orador.
Acérquenle un micrófono a la diputada,
por favor.
¿Con qué objeto, señora diputada?
| La diputada
América Soto López (desde su curul): |
Pedirle a usted, Presidente, le
indique al señor diputado que tiene la obligación de referirse a sus compañeros con
respeto, señor.
Ya se hizo la indicación.
Ruego al orador continúe.
|
El
diputado Antonio Lagunas Angel: |
Yo también quiero que me escuchen
con respeto.
Compañeros diputados: a mí me robaron
ahí en esa caseta. Me robaron mi celular, me robaron una pluma y se me tiró el dinero
ahí cuando me subieron por la fuerza a la patrulla. Todavía yo les decía a los
señores: "oye, yo soy diputado federal" y ellos me contestaron "que no le
hacía, que el comandante Torres estaba respaldado por Camacho Quiroz" y se
comentaban los policías en la patrulla, decían muy vulgares: "no te agüites,
carnal", estamos apoyados por el señor gobernador.
Aquí han mencionado que los diputados son
"llaneros solitarios". Señor, yo les quiero decir con todo respeto, yo iba
pasando, yo no estoy en el bloqueo ni estoy encabezando ningún mitin como lo quieren
hacer pasar aquí. Están aquí diciendo muchas imprecisiones los diputados del PRI,
porque ni siquiera saben cómo pasaron los hechos.
Gracias, compañeros.
Tiene la palabra para rectificación
de hechos y hasta por cinco minutos, el diputado Rafael Oceguera.
Acérquenle un micrófono al diputado
Oceguera.
|
El
diputado Gil Rafael Oceguera Ramos (desde su curul): |
Señor Presidente, si usted lo
permite, yo declinaría en favor del diputado Héctor González, con respeto a una
práctica parlamentaria y si me prefieren a mí los compañeros del PRD, yo paso.
Señor diputado Oceguera, usted es
quien está registrado. Si usted no acepta... diputado Oceguera, ¿usted declina su
participación?
|
El
diputado Gil Rafael Oceguera Ramos (desde su curul): |
En favor de mi compañero Héctor
González, señor Presidente:
Es práctica parlamentaria.
Diputado Oceguera, las rondas de
oradores donde era por derecho de partido, ya se agotaron. Aquí son rectificación de
hechos, que es posición personal del diputado. ¿Usted declina?...
Tiene la palabra el diputado Felipe
Rodríguez Aguirre, hasta por cinco minutos.
|
El diputado
Felipe Rodríguez Aguirre: |
Con su permiso, señor Presidente;
señores diputados:
Estamos ante una situación que
efectivamente nos causa risa algunas veces, porque la gente del PRI, como el diputado
Bernal, siempre pasan para quejarse porque se van los diputados de su partido. Yo creo que
ante la falta de películas mexicanas, vamos a promover en el Estado de México, en TV
mexiquense, una película, una telenovela que se titule: "el PRI también llora
cuando sus diputados se van", para ver si ahí puede ser el primer actor el
compañero Bernal.
Creo que, señores diputados, que la
ingobernabilidad en el segundo Estado más importante de esta nación, nos debe de
preocupar a todos. Esta se está dando desde 1996, a partir de que el PRI perdió su
hegemonía, detentada de manera fraudulenta durante décadas.
Recordemos la carta filtrada a El Universal
por algún miembro del PRI, donde diseñaban la estrategia para desestabilizar los
gobiernos de la oposición y recordemos la llegada violenta en Naucalpan de los
comerciantes priístas; recordemos la llegada violenta también de priístas en Neza,
rompiendo todos los cristales, golpeando a quien encontraban a su paso. No, señores, esta
ingobernabilidad ya estaba desde antes y estaba preparada con el fin de recuperar la
imagen que el PRI había estado perdiendo.
Flaco favor están haciendo hoy, flaco
favor están haciendo hoy para darle a su partido, al PRI, una buena imagen.
Las tomas violentas ahora del palacio
municipal de Neza, son, ¿saben qué, señores diputados?, son trogloditas, son atrasadas.
No pueden hacer política por la vía pacífica, no saben hacerla.
Eso es lo que denunciamos aquí, esa
ingobernabilidad, en la que un ayuntamiento constitucional, en la que ediles, elegidos
constitucionalmente, están siendo golpeados.
Se suma a esta cuestión otra cosa, pero
que es mucho más importante y que la debemos tratar aquí, no en la Cámara local, la
violación al fuero constitucional de los diputados sí es parte de la discusión de esta
Cámara y el Presidente en turno de la mesa directiva tiene que cuidar el fuero de los
diputados.
Si un diputado llega con un arma y lo
denuncian, tiene que quitarse primero el fuero y después detenerlo. Aquí violaron el
fuero porque los detuvieron y los amenazaron. Eso sí nos toca a nosotros como soberanía
defenderlo.
Yo creo que debemos de tener cuidado; se
está creando una cuestión peligrosa, se está creando una cuestión como en Tabasco, un
año antes de las elecciones.
Yo creo que Madrazo está transportando su
operación Tabasco al Estado de México.
Y queremos decirles algo: en el Estado de
México, nosotros, los que estamos por la transición democrática, no nos vamos a quedar
con los brazos cruzados, no vamos a permitir la violencia ni mucho menos que nos dejen,
que nos golpeen, para impedir que lleguemos a tener un estado democrático que mucho lo
necesitan los mexiquenses.
Un Estado que hoy está en la pobreza,
gracias a Camacho y a Chuayffet y a eso, a ustedes, señores diputados del PRI, nos tienen
en el programa Progresa y eso es para darles vergüenza señores diputados, por eso
necesitamos un Estado de México democrático.
Y sí les pedimos, paren la violencia,
porque sí no vamos a atacar con todo, con la Constitución en la mano y las leyes en la
mano, contra todos los que la violen. Exigimos respeto y exigimos que en el Estado de
México sean castigados los culpables, que violaron el fuero y que sean castigados los
culpables, que hoy los priístas violentando las normas en los palacios municipales. ¡Ya
basta, señores, ya basta!
Creo que el partido de la violencia ya
apareció, vuelven a ser ustedes, ojalá y Salinas no les esté mandando desde Dublín un
mensaje. Muchas gracias señores diputados, gracias a todos y estamos listos para llegar a
una mesa de concertación, para elevar al Estado de México al rango que debe tener: un
Estado democrático.
Muchas gracias.
Tiene la palabra para contestar
alusiones personales, el diputado Eduardo Bernal, hasta por cinco minutos.
|
El diputado Eduardo Guadalupe Bernal
Martínez: |
Con su venia, señor Presidente:
Hablaba el diputado del Partido de la
Revolución Democrática de que mi partido llora por los militantes que se van, no señor
diputado, ¿para qué queremos a un diputado, que primero engaño a su partido político?,
¿para qué queremos a un diputado que engañó a sus electores?, ¿para qué queremos que
en última instancia sigue engañando a los productores de esa zona?
No, diputado, preocúpense ustedes, porque
ahí lo tienen. Preocúpense ustedes porque les roba espacios y le aplauden. Preocúpense
ustedes porque siento que por la incapacidad parlamentaria tuvieron que recurrir a un ex
priísta, para poder tener un lugar en la mesa directiva y no hacer el ridículo como lo
han estado haciendo.
Preocúpense ustedes, no nosotros, a
nosotros lo que nos va a preocupar, es organizarnos para ganar las próximas elecciones,
que parece que le tienen mucho miedo.
Decía el compañero claramente que si
tenemos que tratar, porque es federal lo del fuero, la inmunidad no va con la impunidad y
esa garantía que nos otorga la Constitución, tenemos que utilizarla como responsabilidad
y el Presidente si tiene la obligación de cuidar ese fuero, por supuesto que si, pero no
tiene la obligación de cuidar ni sus quejas ni sus delirios ni mucho menos sus complejos
electorales. Nos vemos en 1999 señores diputados.
Tiene la palabra el último orador
registrado en este tema y una vez que concluya, esta Presidencia ordenará se consulte si
el tema está suficientemente debatido.
Tiene la palabra entonces, hasta por cinco
minutos para rectificación de hechos, el diputado Jorge León.
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El diputado Jorge León
Díaz: |
Compañeras y compañeros diputados:
El día de hoy estamos discutiendo aquí no
únicamente toda esa serie de irregularidades que se dieron en torno a la carretera
Panamericana. El día de hoy estamos aquí presentes, porque habemos diputados que si
tenemos vergüenza y que no estamos de acuerdo en que se viole por parte de un gobernador,
sea cual fuere, el fuero constitucional que la ley nos otorga, por eso estamos aquí.
Hablaban aquí algunos diputados del
Partido Revolucionario Institucional, hablaban de que venimos a quejarnos y nosotros aquí
venimos a plantear que no es una queja; estamos preocupados, pero estamos preocupados por
el autoritarismo que se está dando en el Estado de México; estamos viendo claramente
cómo ya se está manifestando en el Estado de México, el proceso electoral y que tal
como nosotros lo vemos, está siendo un proceso que pretende ser viciado con los recursos,
ya no únicamente económico, sino con aquellos recursos del miedo hacia aquellos que no
pensamos como aquellos que son del partido oficial.
Se habla de lealtad, se hablaba de algún
compañero diputado. ¿Lealtad a quién? ¿Lealtad a los electores o lealtad al patrón,
que es a quien sirven algunos que han venido aquí a defender a César Camacho Quiroz?
Se habla de cobardía, en aquellos que
dicen una cosa y plantean otra. Cobardía de aquellos que con el garrote pretenden
impulsar aquella política que ya pasó a segundo término y que pretenden seguir
manteniendo esa gran política, que pretende que la población tenga miedo, que no
únicamente vea que pueden ser agredidos, ellos, sino que también pueden ser agredidos
sus representantes populares, porque la representación la tenemos de nuestros partidos,
la tenemos de la gente que votó por nosotros.
Compañeras y compañeros: aquí se habla
de que se decía medias verdades y en efecto, aquí vienen algunos a plantear medias
verdades, pero únicamente las que les dicen los medios de comunicación y las que les
guían por intereses de sus patrones.
Que nos digan a quién se le concesionó la
carretera y con qué fines oscuros se concesionó la misma.
Que nos digan también a qué intereses
sirven los recursos que se están creando de esa carretera; que nos digan a nosotros
quién el día domingo, apenas ayer, estuvo haciendo un acto político, que no de
provocación, un acto civil y pacífico y que nos digan qué era lo que había en la
caseta de cobro: ¡2 mil policías! preparados para golpear a quienes se presentaran ahí
para exigir el respeto a la libertad de tránsito. Que nos digan esos diputados que están
viniendo aquí a defender los intereses de sus patrones, ¿por qué de eso no hablan?
Nos hablaban aquí de una manera simple y
sencilla, de varias cuestiones. Nuestros diputados, los diputados del Partido de la
Revolución Democrática, han venido aquí a hacer una serie de propuestas; no venimos
nada más a lamentarnos, no venimos a plantear que hayan golpeado a algunos compañeros.
Venimos aquí a plantear el diálogo, venimos aquí a plantear la elevación del debate,
venimos a plantear aquí que el PRI responda a ese planteamiento que le estamos haciendo,
desde ésta que es la más alta tribuna.
Compañeros diputados del PRI, respondan;
queremos debate, queremos un proceso de altura.
Nosotros, los diputados del PRD, ya no
somos los diputados de la violencia, somos los diputados que pretendemos concertar con
ustedes, si así lo quieren, porque así lo está exigiendo el pueblo de México.
Compañeros: ¡viva el fuero de los
diputados! y que todos aquellos que se opongan, sean enjuiciados de manera política.
Exigimos respeto de César Camacho Quiroz y del secretario de gobierno, Jaime Vázquez.
Muchas gracias, compañeros.
Pido a la Secretaría consulte a la
Asamblea si el asunto está suficientemente discutido.
|
La secretaria María
del Carmen Corral
Romero: |
Por instrucciones de la Presidencia
se consulta a la Asamblea si considera suficientemente discutido el tema.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA
Pasamos, en consecuencia, al
siguiente punto en la agenda, que es propuesta con punto de acuerdo sobre la tercera etapa
del río Tijuana.
Tiene la palabra hasta por 10 minutos, la
diputada María Mercedes Maciel Ortiz, del Partido del Trabajo.
Me permito informarles que tomando en
consideración que han transcurrido las cinco horas reglamentarias de esta sesión que
establece el artículo 3o., del acuerdo parlamentario aprobado el día 6 de noviembre
pasado, la Presidencia con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de concluir los
asuntos pendientes en cartera, acuerda prorrogar el lapso correspondiente hasta la
conclusión del orden del día.
Inicie la diputada.
|
La diputada
María Mercedes Maciel Ortiz: |
Con el permiso de la Presidencia:
compañeras y compañeros diputados:
Tijuana hoy día, es la ciudad que se
distingue por tener el más elevado índice de crecimiento poblacional en México. Toda
proporción guardada el anterior axioma incluye a la zona metropolitana del Valle de
México. Se podría afirmar con apego a la verdad, que cada 10 años Tijuana duplica su
población.
Así, en 1940 no alcanzaba los 40 mil
habitantes; para 1950 sobrepasó los 75 mil; para 1960, tenía más de 150 mil; en 1970
rebasaba los 300 mil; para 1980 contaba con más de 600 mil pobladores y en el censo de
1990, se señaló que habíamos superado 1 millón de tijuanenses.
En Tijuana se sabe que el crecimiento
social sigue siendo superior al natural debido a la elevada migración que se da por esos
lares. A la par de lo anterior, el desarrollo urbano de Tijuana exhibe penosos rezagos en
su infraestructura, en vivienda, en escuelas, hospitales, centros de recreación,
esparcimiento y áreas verdes.
El auge de la industria maquiladora y la
industria y comercio conexos que la primera ha incitado, poco, demasiado poco han
contribuido a la creación de la infraestructura urbana y social que la misma población
viene demandando, si no al contrario, como tales actividades productivas demandan grandes
espacios de suelo urbano, siendo su prioridad la transformación de insumos en productos,
lejos están de la preocupación del ciudadano por proveer un sano equilibrio urbano.
Todos los gobiernos y de los tres niveles,
no han podido estar a la altura de las demandas ciudadanas en los anteriores conceptos y
menos, mucho menos, se han percatado de la necesidad fundamental de crear las reservas en
suelo, suficientes en materia de espacios ecológicos que garanticen un ambiente no tan
nocivo, como el que desgraciadamente se tiene que vivir donde hoy nos encontramos; donde
el afán de lucro aunado con la indolencia oficial derrotan todos los días el instinto de
sobrevivencia.
Las llamadas áreas verdes de Tijuana, hoy
por hoy no sólo escasean, sino que las que tuviesen ese destino, en el mejor de los casos
se han abandonado por las autoridades. Otras fueron invadidas y desgraciadamente las más
de ellas cayeron en manos del inmoral funcionario en turno o se vendieron sin tomar en
cuenta a los moradores y por voracidad del mismo funcionario público, que sin distinción
partidista igual se ha coludido con el desarrollador urbano, inescrupulosos ambos, han
puesto en riesgo la salud de la presente y de las futuras generaciones de mexicanos.
Generalizamos, porque de todos es sabido
que esa nefasta mancuerna de depredadores urbanos, pulula por todos los rincones de la
patria.
Tijuana, se hace necesario expresarlo, para
nada siente orgullo por haber ascendido del cuarto al tercer lugar dentro de las ciudades
con mayor índice de contaminación dentro del espectro de la República Mexicana.
De las agrestes y caprichosas condiciones
orográficas de la geografía urbana de Tijuana, la conforma ésta, una cadena
topográfica paralela de cerros y cañones, todos confluentes al eje que forma el llamado
río Tijuana, mismo que para efectos ilustrativos la vox populi, incluso las propias
autoridades, han dividido su cauce y obras de canalización en tres grandes sectores o
superficies que llamamos las tres etapas del río Tijuana. Todas se refieren a la
superficie que demarcaba el cauce federal y se delimitan tales polígonos: el primero
desde la línea divisoria con los Estados Unidos de América hasta el cruce de dicho cauce
por las viejas vías del ferrocarril; la segunda etapa se inicia en el anterior punto y
termina en el cruce del eje vial Lázaro Cárdenas, y la tercera etapa parte desde ese
punto y finaliza en la cortina de la presa general Abelardo L. Rodríguez.
La primera etapa de la zona del río
Tijuana ha concentrado la más ambiciosa urbanización, las mejores edificaciones en
oficinas de Gobierno, centros comerciales, hoteles, bancos y viviendas media y de lujo.
La segunda etapa ha permanecido siendo
punto menos que una zona precaria, que concentra a varios miles de asentamientos
irregulares e invasiones, dado que dicha superficie no ha sido desincorporada del régimen
de la propiedad del dominio público de la Federación y las invasiones mantenidas por la
autoridad exhiben ahí la anarquía urbana en su máxima expresión.
La tercera etapa del río Tijuana, elemento
crucial de esta exposición, por distinguirse como la depresión topográfica más baja
con respecto al nivel del mar y por estar flanqueada por los cerros más elevados de la
ciudad y, sobre todo, dada la predominancia de incidencia de los vientos dominantes de la
costa, los vientos alicios, es precisamente la zona de mayor concentración de emisiones
contaminantes o de gases tóxicos.
Considerando que de acuerdo a sesudos
análisis y estudios profesionales, tales emisiones no sólo son las producidas por los
vehículos automotores, fábricas, estufas o calentadores o calderas de los tijuanenses,
no, atención compañeras y compañeros diputados, está probado que mayoritariamente
tales emisiones tóxicas nos son enviadas permanentemente desde allende la frontera y que
las refinerías del condado de Los Angeles, situadas en Long Beach en San Pedro, en el
estado vecino de California, contribuyen enorme y contundentemente al deterioro o
envenenamiento del aire o del ambiente en Tijuana, situada aproximadamente a unos 200
kilómetros al sur del condado de Los Angeles.
Por eso es que precisamente en la tercera
etapa del río Tijuana es donde debemos construir el gran pulmón de la ciudad, porque la
superficie de este polígono, originalmente de 440 hectáreas, restándole las áreas
relativas al encauzamiento del citado río Tijuana y de las tres vialidades primarias que
ya la cruzan en ese tramo, apenas si cubriría una cuarta parte de las urgentes y por
demás necesarias superficies de árboles que se requiere sembrar para nulificar,
metabolizando las emisiones tóxicas ahí concentradas.
Si tomamos en cuenta los parámetros que
recomienda la Organización de las Naciones Unidas para las zonas urbanas, que oscilan
entre los nueve y los 15 metros cuadrados de áreas arboladas por habitante y sabiendo por
datos del gobierno municipal, publicados en el Plan de Desarrollo Urbano de Tijuana
1995-1998, nos indican que vergonzosamente apenas tenemos el 0.26 de metro cuadrado de
áreas verdes per capita.
La tercera etapa debe ser totalmente
dedicada al sembrado de árboles por su adecuada localización, nivel topográfico y
tamaño y porque es la única y la última oportunidad que tiene Tijuana para ofrecer a la
presente y futuras generaciones de contar con un pulmón o bosque urbano que sea un apoyo
sustentable ante su acelerado crecimiento y anárquico desarrollo.
Desde hace muchos trienios y sexenios
varias autoridades se venían preocupando por lo narrado en los párrafos anteriores. A
finales de los cincuenta, la administración municipal de Tijuana señaló a la tercera
etapa del río Tijuana, como la sede permanente de los jardines públicos municipales Eva
Sámano de López Mateos. Grandes extensiones de dicha superficie fueron dedicadas a zonas
boscosas y áreas deportivas para el solaz y sano esparcimiento de las familias
tijuanenses. Hoy día, la inconsciencia y la voracidad de la administración local ha
desarrollado un proyecto mercantilista y, por ello, ha destruido todas las canchas y
derribado los árboles de 40 años.
"Hace 15 años, el Gobierno de la
República desalojó el total de los asentamientos irregulares e invasiones, cercó la
poligonal de la propiedad federal y construyó un vivero que llegó a contar con 400 mil
árboles de dos a cuatro años de edad, al que se bautizó como parque José María
Morelos y Pavón.
La ambición de poder vender más lotes en
el proyecto de marras hizo que el citado vivero sucumbiera a las máquinas y ahora a la
canalización de concreto que ocupa su lugar.
El 30 de noviembre de 1984, los gobiernos
federal del estado de Baja California y del municipio de Tijuana firmaron un acuerdo para
dar las bases jurídicas que establecieron el primer Plan de Desarrollo Urbano del Centro
de Población del municipio de Tijuana, mismo que se publicó en esa fecha en el
periódico oficial del Estado, que señalaba expresa y específicamente que el destino de
las 440 hectáreas de la tercera etapa del río Tijuana serían consideradas como reserva
ecológica urbana.
Cabe mencionar que este acuerdo no ha sido
derogado revocado por dichas tres entidades gubernamentales y sí en cambio ha sido
violado, sin respetar los principios fundamentales del derecho y de la ley. Pero lo más
grave es que igual han procedido las autoridades actuales en el sentido de que en opinión
del ciudadano tijuanense no les han merecido el más mínimo respeto en la grande
violación al ordenamiento establecido en el artículo 26 constitucional."
Ya se le agotó su tiempo. Por favor,
indique el punto que propone.
| La diputada
María Mercedes Maciel Ortiz: |
Como no.
La estulticia, la codicia y definitivamente
la irresponsabilidad se hicieron presentes en los malogrados gobernantes Carlos Salinas de
Gortari y Ernesto Ruffo Apple. A sólo 18 días de dejar el cargo el primero al 11 de
noviembre de 1994 emitió un decreto de desincorporación de unas; 13 hectáreas en la
segunda y tercera etapa del río Tijuana, para que el gobierno del segundo las
comercializara y afrontara el enorme pasivo que como nunca se había adquirido en el
Estado de Baja California.
Sospechoso resultó el saber que Salinas de
Gortari hacía apenas 15 días había emitido un decreto similar en donde incorporaba
tales predios a la propiedad del dominio de la Federación, como es sabido que está en
tal condición legal desde el año de 1921.
No obstante la contundencia de los
argumentos anteriores, las diversas administraciones de estos días y de los tres niveles
de gobierno que habían declarado a la multicitada zona como una reserva ecológica
urbana, hoy se muestran sordos al reclamo popular en que ya por miles le han solicitado
primero al gobernador del Estado, que reconsidere su actitud de despojarnos de contar con
un pulmón urbano, mismo que el gobernador se ha negado de manera rotunda al más
elemental diálogo.
Señora diputada...
|
La
diputada María Mercedes Maciel Ortiz: |
Concluyo, señor Presidente.
Por favor.
|
La
diputada María Mercedes Maciel Ortiz: |
"Por todo lo antes expuesto,
sometemos a su superior consideración el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
"Artículo 1o. Que los diputados abajo
firmantes nos solidarizamos con la ciudadanía tijuanense en la petición que hace al
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que primero revoque el acuerdo decretado
el 30 de diciembre de 1997 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de
enero de 1998
y luego que decrete que todos los predios
que integran la tercera etapa del río Tijuana del estado de Baja California en sus 440
hectáreas sean destinadas a reserva ecológica-urbana y posean la calidad jurídica de
ser inalienables e imprescriptibles, a fin de que la propia ciudadanía construya en la
superficie ganada, merced a las obras de canalización y con el concierto de las
autoridades locales, el bosque del río Tijuana.
Artículo 2o. Que la Comisión de Ecología
y la Comisión de Asuntos Fronterizos se aboquen a conocer de la problemática de la
tercera etapa de la zona del río, sobre todo en el impacto ambiental causado por las
emisiones tóxicas provenientes tanto de la industria instalada en el Estado de
California, como de la propia industria local, requiriendo a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales y Pesca los estudios sobre lo anterior. Asimismo solicite al
gobierno del Estado de Baja California los estudios que haya desarrollado para el proyecto
de la comercial de la tercera etapa de la zona del río.
Artículo 3o. Que la Comisión de Asuntos
Hidráulicos, después de consensar entre sus miembros, haga una propuesta concreta a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a fin de que ésta inserte al texto de la Ley
de Egresos de la Federación un anexo para ser ejercido en el año de 1998.
Dado en el Palacio Legislativo de San
Lázaro, a los 6 días del mes de abril de 1998."
Muchas gracias por su atención.
Tiene la palabra para el mismo tema y
hasta por 10 minutos, el diputado Francisco Javier Reinoso Nuño, del grupo parlamentario
de Acción Nacional.
|
El
diputado Francisco Javier Reynoso
Nuño: |
Con su permiso, señor Presidente;
muy buenas tardes, compañeros:
El tema que nos ocupa el día de hoy, que
hace valer nuestra compañera Mercedes Maciel, es un tema ya atendido, definitivamente y
todos pretendemos y queremos que exista también en esa área una reserva ecológica, pero
tiene que ser sustentado, tiene que ubicarse dentro de una realidad para que esto pueda
lograrse.
Yo quisiera comentar con la diputada desde
luego, lo que existe de visión por parte de todo este gran proyecto.
Primero, antes que nada, el polígono
original no es de 422 hectáreas, es de 328. Han sido desincorporadas del régimen de
propiedad pública al privado de la Federación, ya que 72.87 hectáreas fueron destinadas
al encauzamiento del río y 21.33 hectáreas continúan siendo cauce natural del afluente,
esto en virtud del decreto del 14 de noviembre de 1994, que se desincorporó una fracción
de 37.23 hectáreas, las mismas que se donaron al gobierno y al Estado de Baja California,
para que con su comercialización se efectuaran parte de las obras del encauzamiento. En
esa ocasión 10.16 hectáreas se utilizaron para albergar al canal.
Mediante convenio firmado entre el
Ejecutivo Federal y el estatal, suscrito el día 27 de agosto de 1996, complementado por
un anexo técnico aprobado por la Federación y el Estado, se estableció el compromiso
para desincorporar del dominio público al privado de la Federación y para ello se
elaboraron de manera complementaria los proyectos del Ejecutivo en el canal, vialidades y
redes de servicio e incluso el honorable ayuntamiento de Tijuana aprobó en sesión
solemne del cabildo, ocurrida el día 7 de agosto de 1997, el programa parcial del
crecimiento de la tercera etapa del río Tijuana.
Yo quisiera decirles que adicionalmente a
lo que la diputada comenta, creo que el punto de acuerdo es corto, porque tendríamos que
hablar de que se requieren 18 pluviales importantes para que en caso de un desastre vía
"Niño", pues no existan precisamente las pérdidas que de alguna manera en vida
se dan. Creemos que éste es uno de los puntos importantes y que ya están vistos y
colocados dentro de toda esta tarjeta de información que le estamos dando a esta Cámara
de Diputados.
El programa parcial del crecimiento de la
tercera etapa del río Tijuana fue sometido a consulta pública, se ejerció con base en
la Ley del Desarrollo Urbano, todo un ejercicio democrático y fue que el 80% de los
ciudadanos acudieron y votaron en la consulta. Por añadidura, el proyecto urbano en que
se sustenta recibió el primer lugar en mención honorífica en el Primer Concurso
Nacional de Proyectos Urbanos, organizado por la Cámara Nacional de la Industria de la
Construcción y la Secretaría del Desarrollo Social, celebrada en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, el día 7 de febrero de 1997.
Por estas razones técnicas, ecológicas y
urbanísticas, el proyecto fue aprobado por el honorable cabildo del 15 ayuntamiento de
Tijuana.
El programa parcial de crecimiento de la
tercera etapa del río Tijuana en vigor, contempla los usos de suelo relativos a este
sector de la ciudad de Tijuana. En todo caso el Estado de Baja California ha cumplido y
acatado estos documentos y los ordenamientos legales relativos mismo.
A partir de la fecha del convenio entre el
Ejecutivo Federal y el estatal, el gobierno de Baja California, a través de Producsa y
del Fideicomiso río Tijuana tercera etapa, inició las obras de encauzamiento y
rectificación del afluente, construyendo el puente Bernardo O,Higgins, conocido también
como "El Benton", iniciando el Cloutier y gato bronco y efectuando el 100% de
las terracerías del canal, esto es, hasta el kilómetro 7.875 en el margen izquierdo y al
6.800 en el margen derecho de abril de 1997 y revistiendo el talud, según proyecto
ejecutivo, hasta el kilómetro 3.500 con un metro de plantilla en ambas márgenes.
En virtud de las obras de rectificación y
encauzamiento realizadas por el gobierno del Estado de Baja California, en coordinación
con el Gobierno Federal y el ayuntamiento de Tijuana, Baja California, el Presidente de la
República decretó la desincorporación del régimen del dominio público de la
Federación al privado, de la superficie de 2 millones 429 mil 193.92 metros cuadrados,
370 mil 666.65 metros cuadrados, lo que en total suman 2 millones 799 mil 860.57 metros
cuadrados, correspondiente a los terrenos ganados con motivo de las obras de canalización
correspondiendo a las márgenes derecha e izquierda. El decreto en cuestión fue firmado
por el Presidente de la República el 30 de diciembre de 1997 y publicado el día 27 de
enero de 1998 en el Diario Oficial de la Federación.
La Secretaría de la Contraloría y
Desarrollo Administrativo, Secodadm, elaboró el contrato de donación en que enajenaría
a título gratuito al Estado de Baja California los inmuebles desincorporados del régimen
de propiedad pública de la Federación al privado, para que con su comercialización se
lleve a efecto las obras de infraestructura y el equipamiento urbano de la zona ecológica
y desarrollo habitacional.
Previo al proyecto urbano, se elaboró de
manera externa al gobierno del Estado, el estudio denominado manifiesto del impacto
ambiental, el cual fue aprobado por la Dirección de Ecología del Estado de Baja
California y avalado en todos sus puntos por el Movimiento Ecologista de Baja California,
Mebac, que es un organismo no gubernamental, ciudadano e independiente. El proyecto
definitivo acata al dictamen ambiental que persigue la protección del sector contra las
inundaciones que afectan, además, a toda la ciudad.
Dicho estudio concluye que es tal el
deterioro ambiental en la zona, producto de los usos irregulares, que en caso de no
utilizarse una mecánica de recuperación sería tal el daño que sus efectos nocivos
serían irreversibles.
Es importante mencionar que el polígono de
la tercera etapa del río era durante la época de secas, nueve meses al año, un
verdadero sitio de escombros, una zona de minas de arena explotadas irregularmente, un
deshuesadero de automóviles, zona de lagunas dispersas que contaminan sustancias
químicas peligrosas. Esta situación cambió totalmente con las obras y el resguardo
efectuado por el Estado, del polígono.
Con base en lo anterior, el 19 de junio de
1996, se iniciaron las obras de protección del sector mediante el encauzamiento del
afluente. A la fecha el Estado de Baja California ha cumplido cabalmente con su compromiso
de obras para obtener la desincorporación del dominio público y posterior de la
donación de la superficie de 290.33 hectáreas, resultando finalmente sólo una
superficie de 279.98 hectáreas en favor de esta entidad federativa, para que con su
comercialización se paguen las erogaciones efectuadas por el desarrollo.
La superficie que se proyecta
desincorporar, es ocupada en parte por el parque José María Morelos y Pavón, mismo que
tiene una superficie de 27 hectáreas, todas ellas desarrolladas por el gobierno de la
entidad y conforme al programa parcial del crecimiento del río, crecerá hasta obtener
una resultante de 60.7 hectáreas, lo que constituye más del doble de sus actuales
proporciones.
Además el proyecto contempla alrededor de
13.20 hectáreas de áreas verdes, que se ubicarán en jardines vecinales, áreas de
juegos infantiles, camellones, casas de incorporación y bordos de canal y por añadidura
el Estado se encuentra proyectando un área de preservación ecológica fuera del
polígono original, pero conectado a ésta, que tendrá una superficie de 23 hectáreas.
Suma esto, diputada, 96.27 hectáreas de zona ecológica.
Por otra parte, el canal va a ir flanqueado
por dos grandes vialidades, con carriles de alta y baja velocidad, necesarios para dar
fluidez al tránsito que de este a oeste y al este necesita la ciudad, así por cuatro
grandes puentes vehiculares que comunicarán, uno ya fue concluido y otro se encuentra en
proceso de construcción, la parte norte y la parte sur, así como otras vialidades
internas, indispensables que en conjunto suman 56.8 hectáreas de infraestructura.
Además, el equipamiento público suma
29.68, consistente en áreas deportivas, suma la donación un total de 144 hectáreas...
Se me está acabando... Por conclusión, la ejecución de la obra de protección,
encauzamiento y rectificación del río Tijuana, en su tercera etapa ya ha brindado
protección a la ciudad de Tijuana. Esto es notorio por el comportamiento de las aguas
debidamente encauzadas y que en otros años ocasionaron desastres en la zona. Las lluvias
de febrero de 1998, de tan trágicas consecuencias para la comunidad, resultaron inocuas
en la zona del canal, el cual se comportó conforme a las previsiones hechas por la
Comisión Nacional del Agua.
Le ruego al orador que concluya, pues
su tiempo ha terminado.
|
El
diputado Francisco Javier Reynoso
Nuño: |
Muchas gracias, hemos concluido.
Tiene la palabra para el mismo tema y
hasta por 10 minutos, el diputado Roberto Pérez de Alva Blanco, del Partido
Revolucionario Institucional.
|
El diputado
Roberto Pérez de Alva Blanco: |
Diputado Presidente; honorable
Asamblea:
El asunto que es tema de deliberación en
este momento nos permite ver con alguna claridad cómo en ocasiones las decisiones de las
autoridades pueden ser atentatorias, no sólo contra la salud y la seguridad de las
familias, sino, aunque no del todo cierto, no apartadas en estricto de una visión
legalista, sí ausentes de conceptos de vocación popular y de atención y respeto a los
reclamos y necesidades de la ciudadanía.
Tijuana, la ciudad más visitada del mundo,
una de las principales puertas de entrada a nuestro país, la cosmopolita urbe que ha
brindado bondadosamente abrigo y sustento a miles de connacionales venidos de todos los
confines de la nación, agrega hoy día a una ya de por sí penosa y preocupante lista de
problemas, una más, que es comprensible motivo e inquietud para miles de tijuanenses con
quienes coincidimos plenamente: la inminente posibilidad de que se cancele para ellos la
necesidad hecho reclamo público de que una importante superficie ubicada en el corazón
de esa ciudad, se dedique al propósito de impulsar la formación de una indispensable
reserva ecológica, que garantice para el futuro el derecho a un ambiente limpio y a
contar con espacios que permitan la recreación y la práctica deportiva, entre otras
posibilidades, a que justamente aspiran las familias tijuanenses.
Esta zona, conocida por razones históricas
y formales, como la tercera etapa de la zona del río Tijuana, es hoy motivo de interés
con mentalidad mercantilista, que privilegia a una equivocada concepción urbanística por
sobre el elemental principio, felizmente exigido en la sociedad mexicana, de una cultura
ecológica en la que se ponderen por sobre todas las cosas el cuidado al medio ambiente y
con ello los espacios naturales de la vida de todo ser humano.
Habría que citar a efecto de enmarcar lo
más claramente posible los hechos, y por tanto argumentar en
consecuencia las conclusiones, algunas
circunstancias y hechos en torno de los cuales se ha desenvuelto este sentido problema que
muy diversos grupos sociales tijuanenses nos han requerido que expongamos ante esta
soberana Asamblea.
Tijuana vive, como consecuencia de muchos
factores, principalmente de un fuerte flujo migratorio que a la postre se convierte en
asentamientos humanos, uno de los más altos índices de explosión demográfica en el
país, sólo comparable al de las grandes urbes de la República.
Es fácil advertir que un crecimiento de
esta naturaleza, sumado a otros muchos factores, como la industrialización creciente,
tiene repercusiones muy serias en la calidad de vida de sus moradores y acarrea, como es
también comprensible, los consecuentes problemas de las grandes concentraciones por la
mancha urbana, dificultad de la autoridad para ofrecer infraestructura básica, así como
servicios públicos elementales al grueso de la población y especialmente deseo citar,
para efectos de la exposición, una creciente contaminación ambiental que lenta, pero
peligrosamente, ha venido en aumento, al grado de tener hoy día la nada honrosa
condición de ubicar a esta ciudad en los primeros lugares nacionales por sus índices de
polución.
Habría que decir, para ser justos, que
estas condiciones no son atribuibles solamente a causas locales, sino que en buena medida
son consecuencia de la vecindad con poblaciones del Estado de California en los Estados
Unidos, sitios de origen de abundantes emisiones tóxicas que en virtud a los dominantes
vientos con dirección a nuestro país, y a la caprichosa orografía predominante en la
zona urbana tijuanense, convierten al corazón de la ciudad prácticamente en un
recipiente en el que se acumulan todo tipo de tóxicos que aumentan la contaminación de
la ya de por sí contaminada ciudad.
Esta visión, señores diputados, no
pretende ser exagerada ni catastrofista; es, por el contrario, la visión futurista y de
preocupación de largo plazo de miles y miles de tijuanenses que con cariño a su ciudad
quieren tener en ella el espacio para una vida saludable para sus familias y que
advierten, con toda precisión, la necesidad de que las medidas de planeación urbana que
las autoridades tomen, particularmente en esta tercera etapa, tengan presente el concepto
del impacto ambiental.
Habría también que dejar asentado que
este concepto de mantener un pulmón para la ciudad, un espacio de purificación
ambiental, antes que la construcción desmedida de paredes, antes de cambiar el césped
por el concreto y los árboles por pavimento, no es nada nuevo.
Esta concepción de largo plazo, había
sido ya visualizada hace mucho tiempo.
Así, diversos ordenamientos legales dieron
a esta superficie de poco más, originalmente de 400 hectáreas, el carácter de reserva
ecológica urbana para esta ciudad.
En ella ha habido también incipientes
esfuerzos ciudadanos con la creación de una zona arbolada que ocupa algunas hectáreas y
que es un orgullo de los tijuanenses, llamado parque José María Morelos y que es una
muestra de lo que debiera hacerse en muchas mayores dimensiones para procurar la salud y
el esparcimiento de muchísimos tijuanenses más.
En este contexto, y en el marco de una
creciente preocupación ciudadana, el Ejecutivo Federal decreta a principios del año que
cursa, la desincorporación a título gratuito de una superficie cercana a las 300
hectáreas, que es el restante después de tomar de la superficie original, el área
indispensable para las obras de canalización del propio río Tijuana, dejando claro que
al ser el beneficiado, el gobierno estatal hiciera uso y destino de esa propia superficie.
Así, pues, en ese estado de cosas, el
gobierno de Baja California, con el conocimiento y aprobación de la fracción mayoritaria
en el Congreso local y la simpatía y concurrencia de la propia presidencia municipal de
Tijuana, está impulsando, según su particular visión, el destinar la multicitada
superficie para la realización de un proyecto urbanístico que contempla desarrollos
habitacionales y comerciales, contraviniendo, en gran parte, el espíritu de origen que se
había planeado para dicho predio, pero, sobre todo, insisto, haciendo eco omiso de la
opinión de legisladores, munícipes, diversas organizaciones sociales y muy
principalmente de decenas de miles de tijuanenses que se oponen a las condiciones en que
se ha presentado dicho proyecto.
Compañeros diputados, señor Presidente:
los diputado federales priístas de Baja California, en primer término y nuestro grupo
parlamentario en esta legislatura, en general, enunciamos sentidamente nuestra solidaridad
y adhesión con la sociedad tijuanense que se ha expresado masivamente en los espacios
naturales de manifestación pública, rechazando la intención de las autoridades que se
han descrito, en la pretensión de cancelar la posibilidad de contar para el futuro con
una gran zona de reserva ecológica a cambio de un proyecto mercantilista que se propone
comercializar el predio con un enriquecimiento, sí, para el erario, pero
a costa de la opinión y de las necesidades
de los tijuanenses.
Con toda proporción y respeto, sin
descalificar de origen, creyendo mejor que la participación de las partes, que la
discusión mesurada, talentosa y en el sitio de los hechos, nos permitirá encontrar
verdaderamente soluciones, excluyendo autoritarismo o también opiniones carentes de la
información necesaria, invocamos, pues, la escucha, la audición a este problema que
insistentemente ha sido el clamor de miles de tijuanenses y que esperan encontrar eco a
sus reiteradas expresiones.
Señor Presidente: los priístas y en este
asunto, particularmente los bajacalifornianos, creemos en el alto concepto del diálogo,
de la discusión y de la solución compartida.
Solicitamos a usted que remita la presente
exposición a las comisiones de Ecología y de Asuntos Fronterizos, para que al seno de
ellas, con todos los elementos informativos, con todos los elementos de juicio, con todas
las opiniones que se viertan, podamos abundar en el tema y tomar ahí las decisiones que
correspondan al respecto.
Es cuanto, señor Presidente.
|
El
diputado Juan Marcos Gutiérrez
González (desde su curul): |
Señor Presidente, pido la palabra
para rectificar hechos.
Tiene la palabra para rectificar
hechos, hasta por cinco minutos, el diputado Juan Marcos Gutiérrez.
|
El
diputado Juan Marcos Gutiérrez
González: |
Con el permiso de la Presidencia;
honorable Asamblea:
El único mercantilismo en este tema que ha
venido a tratarse en la tribuna, es el de carácter electoral que la compañera petista y
su partido en Tijuana, le pretenden dar como sesgo a este tema de la urbanización de la
tercera etapa de la zona del río.
Hablar de mercantilismo y de afán de
lucro, es ignorar el convenio que bien conoce la promovente de este punto de acuerdo,
signado por los tres órdenes de gobierno, en el que queda muy claro que el producto de la
venta de tan sólo una tercera parte del total del predio, será utilizado para pagar las
obras de urbanización del canal y lo que se denomina como obra de cabecera, para esta
indispensable zona de nuestra querida ciudad de Tijuana.
Habrá que agregar que este asunto contiene
dos elementos centrales, en la denuncia y propuesta de la compañera del PT. El primero,
es denostar la gestión del ex gobernador Ernesto Ruffo, a quien por su nombre se ha
referido aquí en la tribuna y, el segundo, ignorar la libertad y facultad del
ayuntamiento de Tijuana, para determinar la planeación, la regulación y, finalmente el
uso de suelo en el último pedazo susceptible de desarrollo que nos queda en Tijuana, los
demás ya nos los invadieron algunos ex diputados petistas, no sé si la diputada recuerde
la colonia 10 de Mayo.
El gobernador Ernesto Ruffo fue el impulsor
de la vigente Ley de Desarrollo Urbano de Tijuana, que por requisito impone a las
autoridades municipales el acudir en consulta pública para la aprobación de los
programas parciales de desarrollo urbano. Ya el diputado Reynoso ha dejado la constancia
aquí, de que el procedimiento que se ha seguido para que autónoma y libremente el
ayuntamiento de Tijuana haya decidido dejar plasmado en el Registro Público de la
Propiedad, el uso del suelo que ha de tener esa zona.
Se mantiene aquí cuando se intenta
confundir a quienes nos escuchan, diciendo que se pretende mercantilizar la zona. No,
señores, el parque estatal Morelos al que se ha hecho referencia aquí, habrá de crecer
sensiblemente en su área verde y de servicios recreativos; sólo una tercera parte habrá
de ser vendida, pero no con afán de lucro, sino porque es la única forma, la única vía
actual, para financiar una obra que más allá del desarrollo de vivienda, comercio o
industria, tiene por objeto complementar el tramo de la columna vertebral de Tijuana en
materia de desarrollo urbano.
Finalmente, quiero dejar aquí muy claro,
que la anarquía no ha partido de los gobiernos emanados de la oposición a partir de 1989
e inaugurados con Ernesto Ruffo. Ya en el debate que dio aquí el PRD la sesión pasada,
en materia del gobierno del Distrito Federal, dejábamos muy claro que nos consta el
desorden con que los gobiernos de oposición reciben la estafeta por parte de los
gobiernos priístas con que hoy distinguidos ex diputados petistas, eso sí, se coludieron
para invadir terrenos que hoy fueran susceptibles de desarrollo y ¿por qué no?, de
ubicación de importantísimas áreas verdes.
Finalmente, vengo a insistir en que no
hagamos eco de algo que le corresponde resolver conforme a la fracción V del artículo
115 constitucional, única y exclusivamente al honorable ayuntamiento de Tijuana, no a
esta honorable Cámara, que piensa y cuya vocación federalista da el espacio y actúa con
la pertinencia para que los problemas de Tijuana, los resuelvan los tijuanenses de la mano
de sus legítimas autoridades.
Muchas gracias.
Tiene la palabra la diputada María
Mercedes Maciel, para contestar alusiones personales, hasta por cinco minutos.
|
La
diputada María Mercedes Maciel Ortiz: |
Con el permiso de la Presidencia; voy
a ser breve:
No es el tema electoral el que nos ocupa al
tratar este punto. Esta propuesta de punto de acuerdo la presenté desde hace bastantes
meses, casi desde que iniciamos esta legislatura. Desgraciadamente el tiempo y los
órdenes del día no le dieron cabida. ¡No!, no es el tema electoral; es la preocupación
que desgraciadamente aquí no se dijo, de que este proyecto mercantilista, sí, plantea la
construcción de 10 mil viviendas en la zona del río Tijuana.
Se oye muy bonito, se habla de vender lo
que no es de uno. Esto es patrimonio de los tijuanenses y la consulta popular a la que se
aludía, soy testigo y participé en ella, en cinco reuniones en las que no participaban
más de 40 personas, en las que además no se permitía el uso de la palabra, sino
únicamente se pasaban hojas para que uno diera su opinión. Eso no es consulta popular.
Eso es lo que reclamamos, que sea la ciudadanía, que sean los tijuanenses los que
decidamos si vendemos o no nuestra tierra, si cancelamos o no las posibilidades de salud.
A eso me refiero.
Yo creo que los diputados, nuestro mayor
compromiso es con la ciudadanía, no con los gobiernos. Escuchemos y seamos respetuosos de
las opiniones de todos los tijuanenses.
Dejo aquí a la Secretaría la propuesta de
punto de acuerdo y solicito a la Presidencia le dé turno a las comisiones que mencioné.
Muchas gracias.
Una vez que se agotaron los oradores,
turnamos los escritos que se presentaron durante el debate del presente tema, como se
pide, a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.
CUENCA
LERMA-CHAPALA
Toca
ahora tratar la situación de la cuenca Lerma-Chapala. Para este efecto tiene la palabra,
en representación de la Comisión de Asuntos Hidráulicos, el diputado Jesús Higuera
Laura.
|
El
diputado Jesús Higuera Laura: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
En los últimos días se han suscitado
diversos comentarios acerca de la situación de la cuenca Lerma-Chapala.
La Comisión de Asuntos Hidráulicos, desde
el mes de noviembre en sus reuniones de trabajo ha tratado este tema tomando como acuerdo
que el de la voz procediera a informar a este pleno las condiciones y
resultados que nos han dado a conocer las
diversas autoridades competentes en la materia.
Para verificar los informes del Gobierno
Federal, esta comisión en su reunión del día 13 de enero del presente año, acordó
conformar un grupo de trabajo plural, integrado por los diputados: José Ricardo Ortiz
Gutiérrez, Felipe Jarero Escobedo, Teresa Núñez Casas, Leobardo Casanova Magallanes,
Abraham González Negrete, Pedro Magaña Guerrero, Germán Rufino Contreras Velázquez y
Guillermo Santín Castañeda, quienes además tienen un interés particular, ya que casi
la totalidad de ellos son originarios de las entidades involucradas en la cuenca.
Cabe señalar que se ha convocado al
honorable Congreso del Estado de Jalisco y a las autoridades federales responsables y
competentes para que se sumen a este grupo de trabajo y nombren los representantes que
participarán en éste. Ahí se acordó en días pasados darle la categoría de
subcomisión, con el propósito de darle una mayor fuerza y representatividad y para ello
procederemos a realizar las gestiones correspondientes ante esta honorable Cámara de
Diputados, ante el Gobierno Federal y los ejecutivos estatales, para darle toda la
formalidad que el caso amerita y facultarla con una auténtica representatividad, dada la
importancia que tiene este caso.
Cabe señalar que esta subcomisión se
abocará no solamente a verificar los resultados en el Lago de Chapala, sino de la cuenca
en su totalidad, abarcando los estados de México, Querétaro, Michoacán, Guanajuato y
Jalisco, así como sus respectivos ríos y vasos lacustres.
Asimismo esta subcomisión está elaborando
su respectivo programa de trabajo, sus líneas estratégicas y mecánica operativa, para
poder trabajar en forma organizada, llevar una adecuada coordinación entre sus diferentes
elementos y así obtener las metas y resultados esperados.
Desde el día 25 de marzo el de la voz
solicitó mediante oficio a la Comisión de Régimen Interno, que se agendara un espacio
en el orden del día, para proceder a informar a este pleno sobre este asunto.
Procederé entonces a dar a conocer a este
pleno el detalle de los informes que el Gobierno Federal nos ha hecho llegar y la
situación que guarda el asunto dentro de la comisión:
El día 8 de octubre de 1997 recibimos por
instrucciones de la Presidencia de esta soberanía, la excitativa del honorable Congreso
de Jalisco, en la cual se transcribe el acuerdo suscrito por el Ejecutivo Federal, por
conducto de varias secretarías, con los gobiernos de Querétaro, Michoacán, Guanajuato,
México y Jalisco, para la conservación, preservación y mejora de la calidad del agua de
la cuenca Lerma-Chapala, signado el 13 de abril de 1989. Dicha excitativa fue dada a
conocer en sesión celebrada el día 7 de octubre del año pasado en este pleno.
Una vez turnado y recibido este asunto,
esta comisión por mi conducto procedió a solicitar a la Comisión Nacional del Agua y a
la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, el informe sobre los avances
de proyectos, programas y ejecución de obras de infraestructura. Asimismo los resultados
obtenidos en materia de saneamiento y nivel de calidad del agua, condiciones de las
descargas residuales y su tratamiento, así como los impactos ambientales en la región,
con el propósito de evaluar el cumplimiento de las obligaciones contraídas a la firma
del citado convenio.
Cabe señalar que derivado de dicho
convenio se constituyó el consejo consultivo de evaluación y seguimiento. Quedó
instalado el 1o. de septiembre de 1989, para vigilar el cumplimiento de los compromisos
que cada una de las partes asumieron, así como los siguientes.
Dicho consejo consultivo es el antecedente
del actual Consejo de Cuenca Lerma-Chapala y durante la creación de este último, se
comprometió la segunda fase del programa de saneamiento.
Actualmente existe un grupo de trabajo
técnico conformado, entre otro, por representantes de los cinco estados involucrados que
se supone deben reunirse en forma ordinaria cada tres meses y a través del cual se
aportan los elementos técnicos para elaborar los acuerdos para la disponibilidad y
distribución y uso del agua en la cuenca y de integrar las etapas futuras del programa de
ordenamiento y saneamiento.
La Comisión Nacional del Agua informó
inicialmente a esta comisión, que de las acciones comprometidas en dicho acuerdo, se
construyeron en la primera etapa, 40 plantas de saneamiento que tratan un total de 3 mil
225 litros por segundo, las cuales se desglosan de la siguiente manera:
En el Estado de Guanajuato se realizaron y
concluyeron ocho proyectos ejecutivos de obras de saneamiento y se concluyó la
construcción de la planta de Abasolo y Santa Ana Pacueco.
Indican que Pemex ha cumplido con sus
condiciones particulares de descarga, así como con la construcción de colectores y
plantas para reusar las aguas residuales en Salamanca. Asimismo, que las obras de
recirculación de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran terminadas.
Respecto a las 16 plantas que el gobierno
de Jalisco se comprometió a terminar, nos informan que ha sido cumplido. En relación al
compromiso del Estado de México de construir 20 sistemas de tratamiento de aguas
residuales, 13 han sido terminadas, una se encuentra en proceso y las seis restantes
cuentan con el proyecto ejecutivo.
Sobre el compromiso por parte del gobierno
de Michoacán para realizar cinco obras para el saneamiento, cuatro han sido terminadas y
las restante se encuentran en proceso. En cuanto al Estado de Querétaro, su compromiso
consistió en realizar obras de saneamiento en su ciudad capital, por lo cual el gobierno
procedió a ejecutar las obras para la operación de la planta centro y la planta sur, las
cuales han sido terminadas.
La Comisión Nacional del Agua informa que
ha fijado las condiciones particulares de descarga en forma permanente. La Secretaría del
Medio Ambiente se comprometió a regular el aprovechamiento y controlar los volúmenes de
aguas superficiales, comunicándonos que ha sido cumplido y que lo relativo a aguas
subterráneas y aguas residuales se encuentra en proceso.
En resumen, la primera etapa del programa
comprende la construcción de un total de 48 plantas, para dar tratamiento a 3 mil 831
litros por segundo. Actualmente se encuentran concluidas las 40 plantas que ya se han
mencionado y que tratan 3 mil 225 litros por segundo.
En la segunda etapa se comprometió la
construcción de 52 plantas de tratamiento y la ampliación de cinco más para procesar un
total de 10 mil 670 litros por segundo. A la fecha se han concluido cinco plantas que
permiten dar tratamiento a 2 mil 495 litros por segundo, cuatro se encuentran en proceso
que tratarán 3 mil 750 litros y el resto está en proyecto con una capacidad de
tratamiento de 4 mil 574 litros por segundo también.
Adicionalmente, se programó una tercera
etapa que ha derivado de las necesidades detectadas pero que aún no está formalizada. En
principio comprende la construcción de 50 plantas más para el tratamiento de 1 mil 883
litros por segundo. Hasta el momento está casi terminada una planta que representa una
capacidad de 260 litros por segundo.
El informe también señala que la
capacidad instalada en las plantas de tratamiento actualmente terminadas es de 5 mil 980
litros por segundo; sin embargo, el volumen procesado es menor en función de que falta
complementar la infraestructura de las redes y colectores, así como los altos costos de
operación y mantenimiento. Adicionalmente se enfrenta el problema de las bajas tarifas
que limitan la capacidad financiera de los organismos operadores locales.
Con dichas acciones señalan que los
resultados que han obtenido se han manifestado en una mejoría en la calidad de las aguas
del lago de Chapala, en razón de que los vertidos de aguas residuales han disminuido
notoriamente su contenido de cargas contaminantes y que de igual manera el combate a las
malezas acuáticas que existen en ese vaso ha tenido grandes avances, toda vez que en 1993
había 25 mil hectáreas invadidas y en 1997 había aproximadamente 1 mil 800 hectáreas
solamente lo cual, según la opinión de las autoridades competentes en la materia,
sugiere que se conserve menos del 5% de la superficie con malezas para la conservación de
los peces y degradación de materias pesadas, con lo que la superficie actualmente
cubierta cumple con ello.
Por lo que respecta a los proyectos
ejecutivos concluidos, tiene contemplado comenzar su construcción durante este año,
dependiendo también de la suficiencia de recursos de los gobiernos estatales y se tienen
expectativas de terminar durante este mismo año el 100% de esta primera fase y de iniciar
en forma paralela el 50% de la segunda etapa.
Cabe señalar que las dos fases comprenden
un total de 100 plantas de tratamiento. Para monitorear el nivel de calidad del agua y
descargas residuales se estableció desde 1980 una red de monitoreo que consta de 50
estaciones, para obtener, en forma periódica, la evolución de la calidad de las aguas
del lago de Chapala, las cuales están distribuidas entre el lago, puntos de descarga de
aguas residuales y el acueducto Chapala-Guadalajara.
"En el río Lerma, la red de monitoreo
comprende 16 estaciones. El río Lerma presenta niveles de contaminación que permiten
usos como recreación agrícola y determinada industria, no siendo aceptable para
abastecimiento público, a menos que se
sometiera a tratamiento específico.
El lago de Chapala presenta menor grado de
contaminación. Si bien el agua en el río Lerma corresponde a la de un cuerpo receptor
contaminado, a lo largo de su desarrollo y por su topografía ve recuperada gradualmente
su calidad en el lago de Chapala, debido principalmente a la acción y efectos que generan
los vientos dentro del vaso natural y la capacidad de asimilación y dilución natural.
En la década de los ochenta, el lago
sufrió un grave deterioro por descargas que han ido controlándose, para que a partir de
1991 se generara una importante recuperación en la calidad del agua. No obstante para
1997 los índices de calidad tendieron nuevamente a disminuir, ya que durante los últimos
dos años los escurrimientos en la cuenca decrecieron considerablemente hasta por debajo
de la media histórica. Así, la baja en el nivel de almacenamiento implica que las
descargas y contaminación que recibe la cuenca se concentren con mayor intensidad, lo que
repercute directamente en la baja del índice de calidad del agua.
El retraso en la obtención de metas para
el saneamiento y el decremento en la calidad del agua, explican que se ha debido
fundamentalmente a falta de recursos para financiar obras, lo que implica la necesidad de
establecer mecanismos que permitan a los organismos operadores sanear sus finanzas y la
concientización de los usuarios para eficientar el uso del recurso, creando además en la
población una cultura del agua con mayor sentido de corresponsabilidad.
En la Ley de Aguas Nacionales se señala,
que es obligación de todo usuario que contamina, dar tratamiento a las aguas residuales
de descarga. Asimismo los municipios tienen la obligación de tratar sus aguas residuales.
Sin embargo, en la mayoría de los casos carecen de los recursos económicos para llevarlo
a cabo. Es necesario señalar que las plantas de tratamiento e infraestructura antes
mencionadas no están funcionando a su real capacidad e incluso algunas de ellas están
totalmente inoperantes, ya que también se nos ha informado que los gobiernos estatales y
municipales, quienes son los responsables de su operación, no han destinado los recursos
para que dichas plantas lleven a cabo el tratamiento de sus aguas residuales, ya que su
operación es muy costosa.
Se nos ha informado también, en forma
económica, que el gobierno del Estado de Michoacán se ha comprometido a apoyar a los
organismos para la operación de la totalidad de las plantas de tratamiento.
Es de carácter fundamental para esta
comisión, llevar a cabo acciones de verificación física de estos informes que aquí
hacemos mención y sus resultados cualitativos. Necesitamos determinar qué efecto se
está teniendo en el objetivo que se está buscando y que cada una de las partes
involucradas asuman sus respectivas responsabilidades y concluyan las acciones
comprometidas, hasta lograr erradicar la problemática que a lo largo de varios años ha
presentado esta cuenca lacustre".
Por su atención, muchas gracias.
|
Presidencia
de la diputada
María Mercedes Maciel Ortiz: |
Quiero informar a esta Asamblea, que
los temas pendientes de la agenda política del orden del día se han transferido para la
próxima sesión, en acuerdo con los grupos parlamentarios. La Presidencia agradece esta
colaboración y esta disposición.
Ruego a la Secretaría dé a conocer los
asuntos pendientes.
|
El
secretario Edgar Martín Ramírez Pech: |
Señora Presidenta, se han agotado
los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la
próxima sesión.
Permítame, señor Secretario.
Queremos hacer una invitación a todos las
diputadas y diputados a la sesión solemne que se llevará a cabo mañana martes 7 de
abril, a las 9:00 horas, con motivo del homenaje al señor ingeniero Heberto Castillo
Martínez, en el primer aniversario de su fallecimiento.
Asimismo quiero recordarles que el día de
mañana llevaremos a cabo la elección de la mesa directiva.
Continúe la Secretaría, por favor.
ORDEN DEL DIA
|
El
secretario Edgar Martín Ramírez Pech: |
Se va a dar lectura al orden del
día.
«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.-
Primer Año.- LVII Legislatura.
Orden de día
Martes 7 de abril de 1998.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del Estado de
Coahuila.
Iniciativas de diputados
De decreto que deroga el artículo 2o.-B y
fracción XIV del artículo 19, de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y
Servicios, a cargo del diputado Angel de la Rosa Blancas, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.
De reformas a la fracción IV del artículo
74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado
Gerardo Buganza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
De reformas y adiciones a los artículos 70
y 70-B de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del grupo parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México.
De reformas a los artículos transitorios,
en Materia Inquilinaria, a cargo del diputados David Cervantes, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.
De reformas y adiciones al Código Civil y
al Código de Comercio, en Materia de Imprevisión, a cargo del diputado Héctor Flavio
Valdez García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Propuesta de punto de acuerdo, sobre
personal de confianza, a cargo de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de
Hacienda.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional
necesario para que el ciudadano Roberto Javier Blancarte Pimentel, pueda aceptar y usar la
condecoración de la Orden Ecuestre de San Gregorio Magno en su Clase Segunda, en grado de
Comendador con Placa, que le confiere el gobierno de la Santa Sede.
De la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional
necesario para que el ciudadano coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Rogelio
Terán Contreras, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Río Branco, en
grado de Comendador, que le gobierno de la República Federativa del Brasil.
De la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional
necesario para que el ciudadano Ferdusi Bastar Mérito, pueda desempeñar el cargo de
Cónsul Honorario de Guatemala, en Villahermosa, Tabasco.
De la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional
necesario para que la ciudadana Ana Verónica García Miranda, pueda prestar servicios
como asistente consular, en el Consu
lado General de los Estados Unidos de
América en Tijuana, Baja California.
De la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional
necesario para que la ciudadana Laura Elena Rendón Romero, pueda prestar servicios como
asistente consular, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana,
Baja California.
De la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto, por el que se concede el permiso constitucional
necesario para que la ciudadana María del Socorro Gurrola Cuevas, pueda prestar servicios
como auxiliar administrativo en el departamento de agricultura, en el Consulado General de
los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional
necesario para que el ciudadano Juan Rebolledo Gout, pueda aceptar y usar la
condecoración de la Orden Cristóbal Colón, en grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le
confiere el Gobierno de la República Dominicana.
De la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional
necesario para que el ciudadano Andrés Henestrosa, pueda aceptar y usar la condecoración
de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la
República del Ecuador.
De la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional
necesario para que el ciudadano Liévano Sáenz Ortiz, pueda aceptar y usar las
condecoraciones que le confieren los gobiernos de Argentina y repúblicas de Nicaragua y
Dominicana.
Elección de la mesa directiva
Y los demás asuntos con los que la
Secretaría dé cuenta.
Agenda política del 7 de abril
Comentarios sobre desechos tóxicos en
Sierra Blanca, a cargo de los grupos parlamentarios de los partidos: Revolucionario
Institucional y de la Revolución Democrática.
Comentarios sobre la situación en
Temazcalapa, a cargo de los grupos parlamentarios de los partidos: Revolucionario
Institucional y Acción Nacional.»
CLAUSURA
Y CITATORIO
|
La
Presidenta (a las 18:07 horas): |
Antes de levantar la sesión quiero
ampliar la información con respecto a la sesión que se llevará a cabo mañana, a las
9:00 de la mañana, en homenaje al ingeniero Heberto Castillo, que se llevará a cabo en
el Salón Verde, a las 9:00 de la mañana.
Se levanta la sesión y se cita a la que
tendrá lugar mañana martes 7 de abril, a las 10:00 horas.
RESUMEN
DE TRABAJOS.
* Tiempo de duración: 6 horas con 38
minutos.
* Quorum a la apertura de sesión: 391
diputados.
* Excitativas a comisiones: 2.
* Puntos de acuerdo: 2.9
* Temas de Agenda Política: 4.
* Oradores en tribuna: 33
PRI-9; PRD-12; PAN-9; PT-2; PVEM-1.
Se recibieron:
* 2 comunicaciones de congresos estatales;
* 1 solicitud para prestar servicios en
representación diplomática;
* 1 inicitiva del PRI;
* 1 iniciativa del PVEM;
* 2 iniciativas del PAN;
* 1 iniciativa del PRD;
* 2 minutas para prestar servicios en
representaciones diplomáticas;
Dictámenes de primera lectura:
* 1 que concede permiso al Presidente de la
Repúbica para ausentarse del territorio nacional;
* 3 para aceptar 5 condecoraciones que
confieren los gobiernos de las repúblicas Dominicana, del Ecuador, de Argentina y de
Nicaragua;
Dictámenes aprobados:
* 4 para aceptar y usar 8 condecoracioens
que confieren los gobiernos de las repúblicas Dominicana, Francesa, Federativa del
Brasil y de los Estados Unidos de América.
NOTAS
Siglas y Abreviaturas incluidas en
esta edición:
| Afore |
Administradora de fondos para el retiro. |
| CEN |
Comité Ejecutivo Nacional. |
| Cofipe |
Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales |
| D.F. |
Distrito Federal. |
| FAO |
Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (por las siglas en inglés) |
| IFE |
Instituto Federal Electoral |
| IMSS |
Instituto Mexicano del Seguro Social. |
| Insen |
Instituto Nacional de la Senectud |
| PAN |
Partido Acción Nacional |
| PRD |
Partido de la Revolución Democrática. |
| PRI |
Partido Revolucionario Institucional. |
| PT |
Partido del Trabajo. |
| Sagar |
Secretaría de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural. |
| Secofi |
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. |
| Sedena |
Secretaría de la Defensa Nacional. |
| Semarnap |
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca. |
| T.V. |
Televisión.- |
 
|