DIARIO de los DEBATES

ORGANO OFICIAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Correspondiente al Primer Receso  del Primer Año de Ejercicio

DIRECTOR GENERAL DE
CRONICA PARLAMENTARIA
Héctor de Antuñano y Lora

PRESIDENTE

Diputado Ricardo Francisco García Cervantes

DIRECTOR DEL
DIARIO DE LOS DEBATES

Norberto Reyes Ayala
AÑO I                 México, D.F., miércoles 14 de febrero de 2001     No. 8

S U M A R I O



ASISTENCIA

Pág.

457

ORDEN DEL DIA

457
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 458
ESTADO DE COAHUILA 461
Comunicación del Congreso estatal, con la que remite acuerdo respecto a solicitud para que se aumente el presupuesto de medicamentos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; que la Secretaría de Salud aumente el presupuesto de obras, mobiliario y equipo de los centros de salud de esa entidad y que se comunique al Poder Ejecutivo Federal su enérgica oposición a que se graven los medicamentos con el impuesto al valor agregado. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. 461
Comunicación del Congreso estatal, con la que remite acuerdo, por la que solicita al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se amplíe el presupuesto de los programas de tortilla y leche. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. 463
ESTADO DE GUERRERO 464
Comunicación del Congreso estatal, con la que remite acuerdo, respecto a llevar a cabo una consulta pública respecto de la aplicación del horario de verano. Se turna a las comisiones de Energía de ambas cámaras. 464
ESTADO DE HIDALGO 465
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado. 465
ESTADO DE OAXACA 465
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa que su LVII Legislatura aprobó declarar el año 2001 en dicha entidad, como " 2001, CXL aniversario del Triunfo del Movimiento Liberal Mexicano" . De enterado. 465
Comunicación del Congreso estatal, con la que remite acuerdo, con la que solicita al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y al Congreso de la Unión, que a partir de este año se deje de aplicar el horario de verano en esa entidad y exhorta a los estados de Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, se sumen a esta solicitud. Se turna a las comisiones de Energía de ambas cámaras. 466
Comunicación del Congreso estatal, con la que turna oficio de la delegación sindical de pensionados y jubilados por el Estado, dependiente de la sección Oaxaca de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, solicitando que se reforme la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se turna a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados. 467
ESTADO DE PUEBLA 468
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado. 468
ESTADO DE QUERETARO 468
Tres comunicaciones del Congreso estatal, con las que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado. 468
ESTADO DE QUINTANA ROO 469
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado. 469
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 469
Comunicación del Congreso estatal, con la que remite punto de acuerdo por el que se convoca a un foro sobre fortalecimiento del federalismo mexicano. 469
Se turna a las comisiones de Fortalecimiento del Federalismo y Especial para la Reforma del Estado de la Cámara de Diputados y de Fortalecimiento del Federalismo de la Cámara de Senadores. 469
ESTADO DE TAMAULIPAS 470
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado. 470
EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL 471
Comunicación de la Coordinación Desobediencia Civil, respecto a los planteamientos del EZLN y su viaje a la capital del país, así como la postura del Congreso en el Foro Económico Mundial. Se turna a la Comisión Especial de Concordia y Pacificación para el Estado de Chiapas. 471
LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES 472
Se recibe del senador Antonio García Torres, iniciativa de dicha ley. Se turna a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores-. 472
PROCESOS ELECTORALES 488
El legislador César Camacho Quiroz presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se turna a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. 488
EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL (II) 492
El Presidente da respuesta ante el ingreso de integrantes de la Coordinación Desobediencia Civil e informa que dio el trámite correspondiente a su comunicación. 492
HORARIO DE VERANO 492
El legislador Demetrio Sodi de la Tijera presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de husos horarios y horarios estacionales. Se turna a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. 492
PREMIO NACIONAL DE LA JUVENTUD 496
Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que solicita que la Cámara de Diputados designe representante ante el Consejo de Premiación del Premio Nacional de la Juventud. Se turna a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. 496
COMISION FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA 497
Oficio de la Secretaría de Gobernación, al que se anexa informe sobre el desempeño de dicha comisión de mayo a noviembre de 2000. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Diputados. 497
REINO UNIDO 518
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con la que comunica que el Presidente de la República, designó a la ciudadana Alma Rosa Moreno Razo, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México ante el gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Se turna a la Segunda Comisión. 518
FRANCIA 519
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con la que comunica que el Presidente de la República, designó al ciudadano Claude Heller Rouassant, embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de la República Francesa. Se turna a la Segunda Comisión. 519
REPUBLICA DE NICARAGUA 519
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con la que comunica que el Presidente de la República, designó al ciudadano Francisco Eduardo del Río López, embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de dicha nación. Se turna a la Segunda Comisión. 519
REPUBLICA ITALIANA 520
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con la que comunica que el Presidente de la República, designó al ciudadano Rafael Tovar y de Teresa, embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de dicha nación. Se turna a la Segunda Comisión. 520
ESTADO DE ISRAEL 520
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con la que comunica que el Presidente de la República, designó al ciudadano Andrés Leopoldo Valencia Benavides, embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de ese país. Se turna a la Segunda Comisión. 520
REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL 521
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con la que comunica que el Presidente de la República, designó al ciudadano Jorge Gerardo Sánchez Sosa, como cónsul general de México en Río de Janeiro, Brasil. Se turna a la Segunda Comisión. 521
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 521
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Juan Francisco Tovía Mazón, pueda aceptar y usar la condecoración que le otorga el gobierno de dicho país. Se turna a la Primera Comisión. 521
REINO DE ESPAÑA 522
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Juan José Bremer y de Martino, pueda aceptar y usar la condecoración que le otorga el gobierno de dicho país. Se turna a la Primera Comisión. 522
PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS 522
Dos oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que 13 ciudadanos, puedan prestar sus servicios en diversas representaciones diplomáticas de las repúblicas de Angola, Sudáfrica y Portuguesa, respectivamente. Se turnan a la Primera Comisión. 522
JAPON 523
Dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Carlos Alberto de Icaza González, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de Japón. Sin discusión es aprobado. Comuníquese al Poder Ejecutivo Federal. 523
El Presidente designa una comisión para que acompañe al embajador De Icaza González, en el acto de rendir su protesta de ley. 526
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (II) 527
Dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento de la ciudadana Georgina Teresita Lagos Dondé, como cónsul general de México en San Francisco, California, Estados Unidos de América. Sin discusión es aprobado. Comuníquese al Poder Ejecutivo Federal. 527
El Presidente designa una comisión para que acompañe a la cónsul Lagos Dondé, en el acto de rendir su protesta de ley. 529
GRADOS MILITARES 529
Siete dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo con los que se ratifican grados a un número igual de miembros de la Armada de México. Sin discusión se aprueban en votación económica, comuníquese al Poder Ejecutivo Federal. 529
HORARIO DE VERANO (II) 535
La legisladora María del Rosario Tapia Medina presenta proposición con punto de acuerdo respecto al horario de verano. 535
Para rectificar hechos, habla el legislador Jaime Cervantes Rivera. 537
Se turna la proposición a la Tercera Comisión. 538
ESTADO DE YUCATAN 538
El legislador Sergio César Alejandro Jáuregui Robles presenta proposición con punto de acuerdo, respecto de la situación política en dicha entidad. 538
Intervienen en el tema, los legisladores: 541
Jaime Cervantes Rivera 541
Sara Isabel Castellanos Cortés 542
Uuc-kib Espadas Ancona 544
Jorge Carlos Ramírez Marín 545
Para rectificar hechos, se concede el uso de la palabra a los legisladores: 547
Jorge Zermeño Infante 547
Uuc-kib Espadas Ancona 548
Jorge Carlos Ramírez Marín 550
José Alejandro Zapata Perogordo 550
Se turna la proposición a la Primera Comisión. 551
SENADOR ARMANDO CHAVARRIA BARRERA 551
El legislador Demetrio Javier Sodi de la Tijera, da lectura a pronunciamiento firmado por los coordinadores de los grupos parlamentarios que integran la Comisión Permanente, respecto a hechos en contra de la familia del senador Chavarría Barrera. Se turna a las autoridades del Estado de Guerrero. 551
MEXICO-ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 552
Comentan la próxima visita del presidente de los Estados Unidos de América, George W. Bush a México, los legisladores: 552
Silvia Hernández Enríquez 552
María del Rosario Tapia Medina 554
Sara Isabel Castellanos Cortés 556
Gerardo Buganza Salmerón 557
ESTADO DE JALISCO 558
Sobre la situación poselectoral en el Estado de Jalisco, interviene el legislador Héctor Antonio Astudillo Flores. 558
Para el mismo tema intervienen los legisladores: 560
Raymundo Cárdenas Hernández 560
María del Rocío García Gaytán 561
Contestan alusiones personales, los legisladores: 563
Héctor Antonio Astudillo Flores 563
Diego Fernández de Cevallos Ramos 563
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 564
Expresan su posición sobre los acontecimientos del pasado 6 de febrero, en la máxima Casa de Estudios, los legisladores: 564
Silvia Alvarez Bruneliere 564
Uuc-kib Espadas Ancona 565
Beatriz Elena Paredes Rangel 566
ORDEN DEL DIA 566
De la próxima sesión. 566
CLAUSURA Y CITATORIO 568
RESUMEN DE TRABAJOS 568
LEGISLADORES QUE PARTICIPARON DURANTE LA PRESENTE SESION 570

DIARIO de los DEBATES

Año l  No.8   PRIMER RECESO DE LA  COMISIÓN PERMANENTE     FEBRERO 14, 2001

 

Presidencia del diputado
José Elías Romero Apis

ASISTENCIA

El Presidente :

Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.

El secretario senador Héctor Antonio
Astudillo Flores:

Señor Presidente, hay una asistencia de 33 integrantes de la Comisión Permanente. Hay quorum.

El Presidente (a las 11:21 horas):

Se abre la sesión.

Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día.

ORDEN DEL DIA

El secretario senador Héctor Antonio
Astudillo Flores:

«Comisión Permanente.- Primer Receso.- Primer Año.- LVIII Legislatura.

Lectura del acta de la sesión anterior.


Miércoles 14 de febrero de 2001.

Comunicaciones


De los congresos de los estados de: Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Comunicación de particular


De la Coordinación Desobediencia Civil.

Iniciativas de legisladores

De reformas al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del senador Antonio García Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
De reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y otras leyes, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

De adiciones al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del senador Demetrio Sodi de la Tijera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Oficios de la Secretaría de Gobernación


Para que la Cámara de Diputados designe a un representante ante el consejo de premiación correspondiente al Premio Nacional de la Juventud. (Turno a comisión.)

Con el que remite informe del titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, sobre el desempeño de las funciones de dicha comisión, de mayo a noviembre de 2000, en términos del artículo 69-E fracción VII de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. (Turno a comisión.)

Seis, por los que comunica que el Presidente de la República, designó a los ciudadanos: Alma Rosa Moreno Razo, Claude Heller Rouassant, Francisco Eduardo del Río López, Rafael Tovar y de Teresa y Andrés Leopoldo Valencia Benavides, como embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de México, ante los gobiernos del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de las repúblicas Francesa, de Nicaragua e Italiana y del Estado de Israel, respectivamente y al ciudadano Jorge Gerardo Sánchez Sosa, como cónsul general de México en Río de Janeiro, Brasil. (Turno a comisión.)

Dos, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Juan Francisco Tovía Mazón y Juan José Bremer y de Martino, puedan aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros. (Turno a comisión.)

Dos, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos: Yadira Ramírez Hernández, María Isabel Rodríguez Solano, Evangelina Sánchez Alarcón, Hilario Martínez Bautista, Carmelita Contreras y Estrada, Margarita Herrera Sarmientos, Santiago Colorado Hernández, Julián Flores Robles, Jesús Romárico González Márquez, Galdino Enrique Rodríguez Avilés, Armando Espinoza Moyeda, Elizabeth García García y Julieta Beatriz Galván Gutiérrez, puedan prestar servicios a gobiernos extranjeros. (Turno a comisión.)

Dictámenes a discusión


De la Segunda Comisión con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Carlos Alberto de Icaza González, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México, ante el gobierno de Japón.

De la Segunda Comisión con punto de acuerdo relativo al nombramiento de la ciudadana Georgina Teresita Lagos Dondé, como cónsul general de México en San Francisco, California, Estados Unidos de América.

Siete, de la Segunda Comisión con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados a miembros de la Armada de México.

Proposiciones


Con punto de acuerdo sobre el horario de verano, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre la situación política en el Estado de Yucatán, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Agenda política


Comentarios sobre la visita del presidente de los Estados Unidos de América, George Bush, a cargo de los grupos parlamentarios de los partidos: Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. (Debate pactado.)

Comentarios sobre la situación poselectoral en el Estado de Jalisco, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Debate pactado.)

Comentarios sobre los energéticos, en el proceso de la reforma constitucional, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Debate pactado.)

Posicionamiento sobre los acontecimientos del 6 de febrero, en la Universidad Nacional Autónoma de México, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente :

El siguiente punto del orden del día es la discusión del acta de la sesión anterior.

Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy y se procedé a su votación.

El secretario senador Héctor Antonio
Astudillo:

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria de hoy y se procede a su votación.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada la dispensa, señor Presidente.

«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles siete de febrero de dos mil uno, correspondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura.

Presidencia del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, con la asistencia de veinticuatro legisladores, a las once horas con quince minutos, el Presidente abre la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea aprueba el acta de la sesión anterior en sus términos, en votación económica.

Se pronuncian sobre el Octogésimo Cuarto Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores: Sara Isabel Castellanos Cortés, del Partido Verde Ecologista de México; Uuc-kib Espadas Ancona, del Partido de la Revolución Democrática; Juan José Rodríguez Prats, del Partido Acción Nacional, y Ernesto Gil Elorduy, del Partido Revolucionario Institucional.

Comunicación del Poder Ejecutivo Federal, relativa al proceso de consulta para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Se turna a la Junta de Coordinación Política y a las mesas directivas de las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados.

Invitación del Instituto de Cultura de la Ciudad de México al acto cívico conmemorativo del centésimo septuagésimo aniversario luctuoso del general Vicente Guerrero Saldaña. Se designa comisión para representar a la Comisión Permanente.

Comunicaciones de los congresos de los estados de:

*Guerrero, con la que remite acuerdo parlamentario en contra del alza de las cuotas de peaje de los servicios que presta Caminos y Puentes Federales en la Autopista del Sol. Se turna a las comisiones de Comunicaciones y de Hacienda y Crédito Público de las cámaras de Senadores y de Diputados.

*Morelos, con la que remite punto de acuerdo sobre el horario de verano. Se turna a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

*Querétaro, con acuerdo sobre pensionados y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

*Yucatán, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.

Oficio de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados por el que informa de las designaciones de las ciudadanas mexicanas que formarán parte de los consejos Consultivo y Social del Instituto Nacional de las Mujeres. Comuníquese al Poder Ejecutivo Federal.

Comunicación de la Comisión de Concordia y Pacificación relativa a la reanudación del diálogo para la paz en el Estado de Chiapas. El Presidente hace votos porque se alcance ese objetivo y la turna a las juntas de Coordinación Política de las cámaras de Senadores y de Diputados.

Cuatro oficios de la Secretaría de Gobernación por los que comunica la designación de ciudadanos mexicanos como embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de México en diversos países. Se turnan a la Segunda Comisión.

Tres oficios de la misma Secretaría por los que comunica la designación de ciudadanos mexicanos como cónsules generales de México en ciudades de distintos países. Se turnan a la Segunda Comisión.

Cuatro oficios de la misma Secretaría por los que solicita el permiso necesario para que ciudadanos mexicanos puedan aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros. Se turnan a la Primera Comisión.

Cuatro dictámenes de la Primera Comisión con proyectos de decreto que conceden permiso a los ciudadanos: Jaime Genovevo Figueroa Zamudio, Eduardo José Danielewicz Mata, Jorge Eduardo Navarrete López, Pedro Santiago Valencia y Andrés Leopoldo Valencia Benavides, para que puedan aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros y para que los ciudadanos Elvira Silvia López García, David Gómez Bravo, Martín Barroso Soto, Madeleine Carreón Cuevas y Gercye Román Suárez Santamaría, puedan prestar servicios a gobiernos extranjeros. Son de primera lectura.

La Asamblea les dispensa la segunda lectura y sin discusión se aprueban por treinta y cuatro votos a favor y ninguno en contra. Pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

Presidencia del diputado
José Elías Romero Apis


457,458,459

Un dictamen de la Segunda Comisión con punto de acuerdo con el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Manuel Uribe Castañeda, como cónsul general de México en Toronto, Canadá. Sin discusión se aprueba el punto de acuerdo en votación económica y se turna al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.

Una comisión designada por la Presidencia, introduce al ciudadano Uribe Castañeda y lo acompaña en el acto de rendir su protesta de ley. La misma comisión lo despide a las puertas del salón al término del acto protocolario.

Otro de la Segunda Comisión con punto de acuerdo con el que se ratifica el nombramiento de la ciudadana Sandra Camila Antonia Fuentes Beráin Villenave, como cónsul general de México en Milán, Italia. Sin discusión se aprueba el punto de acuerdo en votación económica y se turna al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.

Una comisión designada introduce a la ciudadana Fuentes Beráin Villenave y la acompaña en el acto de rendir su protesta de ley. La misma comisión la despide a las puertas del salón al término del acto protocolario.

Otro dictamen de la Segunda Comisión con punto de acuerdo sobre la proposición para que se investiguen las circunstancias en que perdió la vida la mexicana María del Rosario Avalos Castañeda, en la República de Chile, durante la dictadura de Augusto Pinochet, presentada por el legislador Miguel Sadot Sánchez Carreño. Sin discusión se aprueba en votación económica.

Comuníquese al Poder Ejecutivo Federal.

Seis dictámenes más de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo con los que se ratifican grados a miembros de la Armada de México. Sin discusión se aprueban en votación económica y se turnan al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.

El legislador Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, a nombre de la Tercera Comisión, da lectura a un informe relativo a la proposición con punto de acuerdo sobre el horario de verano, presentada por la legisladora María del Rosario Tapia Medina.

Presidencia del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes

Queda el informe a disposición de las comisiones ordinarias respectivas de las cámaras de Diputados y de Senadores.
Habla al respecto la legisladora María del Rosario Tapia Medina, del Partido de la Revolución Democrática.

La legisladora María Cristina Moctezuma Lule, del Partido Verde Ecologista de México, presenta proposición con punto de acuerdo para crear un programa integral de recuperación y conservación de la cuenca hidrológica Lerma-Chapala. Se turna a las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Pesca de la Cámara de Diputados.

Hablan sobre el proceso de reforma de Estado y la revisión de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores: Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática.

Presidencia del diputado
José Elías Romero Apis

Y María Teresa Gómez Mont y Urueta, del Partido Acción Nacional.

Presidencia del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes

Rectifican hechos los legisladores: Uuc-kib Espadas Ancona, del Partido de la Revolución Democrática y Javier Corral Jurado, del Partido Acción Nacional.

Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las 13:49 minutos, citando para la que tendrá lugar el miércoles 14 de febrero de 2001, a las 11:00 horas.»

El Presidente:

Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El secretario senador Héctor Antonio
Astudillo Flores:

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente:

Se pide a la Secretaría dé cuenta con las comunicaciones.

ESTADO DE COAHUILA

El secretario diputado Uuc-kib Espadas
Ancona:

«Escudo.- Coahuila de Zaragoza.- Poder Legislativo.- Congreso del Estado de Coahuila.

Diputado Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

El pleno del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, en su decimosexta sesión del segundo periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la LV Legislatura, celebrada el día 26 de diciembre del año 2000, aprobó por votación mayoritaria de sus integrantes el siguiente

ACUERDO


Primero
. Se envíe una respetuosa solicitud al Ejecutivo Federal, a través de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a fin de que se aumente el presupuesto destinado a medicamentos de las instituciones de salud IMSS e ISSSTE, a fin de terminar con el desabasto existente;

Segundo
. Se envíe también respetuosa solicitud a la Secretaría de Salud del Ejecutivo Federal, con el propósito de que sea incrementado el presupuesto para obras, mobiliario y equipo de los centros de salud de nuestro Estado, a fin de terminar con el rezago existente y poder brindar la atención médica adecuada a las familias de más bajos recursos y

Tercero.
Se comunique al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, nuestra enérgica oposición a que se graven los medicamentos con el impuesto al valor agregado (IVA.)

Le comunico lo anterior para la consideración y trámite que se estime oportuno, anexando copia fotostática simple del documento que originó el presente acuerdo.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Saltillo, Coahuila, a 27 de diciembre del año 2000.- Alfonso Martínez Pimentel, oficial mayor del Congreso.»

«Escudo.- Coahuila de Zaragoza.- Poder Legislativo.- Congreso del Estado de Coahuila.

Punto de acuerdo que presenta la Comisión Permanente de Salud del Congreso del Estado, en relación a solicitar del Ejecutivo Federal, a través de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se incremente el presupuesto correspondiente, a fin de terminar con el desabasto de medicamentos existente en los organismos de salud de nuestro Estado y mejorar las condiciones generales de atención médica a los coahuilenses.

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados; señores de los medios de comunicación:

Tanto el pleno del Congreso, como la diputación Permanente, han turnado a esta Comisión de Salud a mi cargo, asuntos para su estudio y dictamen, relacionados con el desabasto de medicamentos en los sistemas de salud para los trabajadores, así como con la falta de infraestructura y equipo en los centros de salud de nuestro Estado.

Hemos analizado cuidadosamente los puntos de acuerdo que se nos han turnado; hemos llevado al terreno de la discusión y del debate, al interior de la comisión, tanto los planteamientos como las alternativas de solución que ahí se presentan; pero también hemos sido realistas al considerar las condiciones actuales en que se atiende a las familias en los centros médicos y hospitalarios de nuestra entidad.

No se necesita entrar a fondo para darnos cuenta del afortunado, aunque acelerado, crecimiento industrial y en materia de servicios por el que atraviesa nuestro Estado, principalmente en los grandes centros de población, crecimiento que favorece el empleo y fortalece la economía en busca de mejorar las condiciones de vida de todos los coahuilenses, sin embargo, provoca enormes costos sociales en las familias de los trabajadores, ya que trae como consecuencia la emigración a la ciudad de las familias que habitan el campo o los pequeños poblados provocando el crecimiento de la población y con ello la carencia de servicios, el rezago del equipamiento urbano, la carencia de vivienda y el hacinamiento, en fin, que el crecimiento acelerado rebasa las posibilidades de satisfactores suficientes y oportunos para la población.

En materia de salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se ha visto incrementado en su derechohabiencia, más allá de sus posibilidades económicas, principalmente en lo que respecta al abasto de medicamentos.

Lo mismo está ocurriendo en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

En cuanto a los centros médicos de la Secretaría de Salud, la transferencia de recursos económicos son tan limitadas, que los espacios de atención médica y hospitalaria son insuficientes, además de carecer del equipo e instalaciones adecuadas para la demanda actual de sus servicios.

Las aportaciones de los trabajadores, cuando se trata del IMSS y del ISSSTE, así como de las cuotas de recuperación en los centros de salud, es evidente que están siendo subsidiadas por el Gobierno Federal, sin embargo, debido al constante crecimiento en el número de sus derechohabientes, poco a poco se han ido rezagando hasta ocasionar, en la actualidad, un marcado desabasto de medicamentos y la obsolescencia de algunas de sus instalaciones y equipo.

Es urgente que se replanteen los instrumentos de financiamiento para garantizar al mediano y largo plazos el servicio de las instituciones oficiales de salud, pero mientras esto ocurre, solamente se puede garantizar un buen servicio a corto plazo, aumentando las aportaciones del Gobierno Federal.

Si consideramos que la atención a la salud es uno de los derechos consagrados en nuestra Carta Magna a través del párrafo cuarto de su artículo 4o., estaremos en condiciones de luchar porque las familias mexicanas disfruten de los beneficios de la protección a la salud a que tienen derecho, aunque para ello sea necesario el incremento de las participaciones federales.

Contrariamente a la postura del actual Gobierno Federal, en el sentido de gravar con el impuesto al valor agregado (IVA) a los medicamentos, se impone la urgente necesidad de apoyar a la familia mexicana en su economía y su salud, aunque para ello se tengan que sacrificar otros rubros de menor importancia social.

Es por lo anteriormente señalado, que la Comisión Permanente de Salud hace a ustedes, señoras y señores legisladores, el llamado para que apoyen el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero.
Se envíe una respetuosa solicitud al Ejecutivo Federal, a través de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a fin de que se aumente el presupuesto destinado a medicamentos de las instituciones de salud IMSS e ISSSTE, a fin de terminar con el desabasto existente.

Segundo
. Se envíe también respetuosa solicitud a la Secretaría de Salud del Ejecutivo Federal, con el propósito de que sea incrementado el presupuesto para obras, mobiliario y equipo de los centros de salud de nuestro Estado, a fin de terminar con el rezago existente y poder brindar la atención médica adecuada a las familias de más bajos recursos.

Tercero.
Se comunique al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, nuestra enérgica oposición a que se graven los medicamentos con el impuesto al valor agregado (IVA).

Saltillo, Coahuila, a 26 de diciembre de 2000.- Por la Comisión Permanente de Salud y Desarrollo Comunitario, diputados: Enrique Sarmiento Alvarez, coordinador; Gerardo Garza Melo, Roxana Cuevas Flores, Alfonso José Villarreal Martínez, Alfredo Habib García, Hilaria Corpus Díaz y Elida Bautista Castañón.»

El Presidente:

Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

460,461,462

El secretario diputado Uuc-kib Espadas
Ancona:

«Escudo.- Coahuila de Zaragoza.- Poder Legislativo.- Congreso del Estado de Coahuila.

Ciudadano diputado Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

El pleno del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, en su decimosexta sesión del segundo periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la LV Legislatura, celebrada el día 26 de diciembre de 2000, aprobó por votación mayoritaria de sus integrantes el siguiente

ACUERDO

Unico.
Que el pleno de esta legislatura solicite, respetuosamente, al Ejecutivo Federal, a través de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sea ampliado el presupuesto para el año 2001 de los programas de tortilla (Fidelist) y de leche (Liconsa), con el propósito de asegurar el abasto destinado a las clases populares.

Le comunico lo anterior para la consideración y trámite que se estime oportuno, anexando copia fotostática simple del documento que originó el presente acuerdo.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Saltillo, Coahuila, a 27 de diciembre del año 2000.- Licenciado Alfonso Martínez Pimentel, oficial mayor del Congreso.»

«Escudo.- Coahuila de Zaragoza.- Poder Legislativo.- Congreso del Estado de Coahuila.

Punto de acuerdo que presenta la Comisión de Desarrollo Social del Congreso del Estado, con relación a solicitar del Ejecutivo Federal, a través de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, no solamente se mantenga el presupuesto para el abasto popular, sino que sea aumentado en los programas de Fidelist y Liconsa.
Con su permiso, diputada Presidenta; señoras y señores diputados; señores de los medios de comunicación:

No cabe duda que el tema, por demás trascendente de los últimos años, ha sido el reconocimiento de la existencia de millones de mexicanos que se encuentran en la pobreza o la pobreza extrema.

La cifra alcanza, según algunas fuentes, los 40 millones y según otras más radicales, sobrepasa los 50 millones.

De cualquier manera, es una realidad que muchos de nuestros hermanos necesitan urgentemente de nuestra atención, a fin de ser incorporados a las garantías constitucionales a que tienen derecho.

Alimentación, salud, educación y vivienda digna, entre otros, son aspectos de que carecen este tipo de mexicanos sumidos en la marginalidad que su entorno geográfico, económico o social les proporciona.

De los aspectos anteriormente señalados, es evidente que el de la alimentación mantiene jerarquía, pues desde los primeros años de vida se manifiesta el deterioro físico y sicológico en materia de maduración, desarrollo y crecimiento, que ocasiona la deficiencia de proteínas, minerales y vitaminas en la dieta diaria del ser humano.

En condiciones de pobreza o de pobreza extrema, inevitablemente falta el recurso económico para proveer de los elementos alimenticios mencionados y cuando esporádicamente se tiene, faltan la educación y la cultura para aprovecharlo.

El desarrollo físico e intelectual del adulto dependen en gran medida de las condiciones alimenticias del niño y el adolescente. Pero además, la salud es directamente proporcional a la alimentación, por lo que niños, adolescentes, adultos y ancianos, se ven impactados en su sistema de vida por la calidad de la alimentación que consumen.

Es urgente que el principio de equidad se manifieste en la distribución de la riqueza en nuestro país. La educación y el empleo son instrumentos efectivos para lograrlo, pero el proceso es lento y azaroso, por lo que se requiere que en su tránsito se otorguen apoyos suficientes de calidad, principalmente en el renglón del abasto popular.

Los programas subsidiados de la leche, la tortilla y, en general, de los artículos de primera necesidad, lejos de ser interpretados como acciones paternalistas, deben entenderse como el paliativo necesario que permita se incuben las acciones capitales que dan estructura a los programas educativos y de fortalecimiento al empleo bien remunerado.

Unámonos en torno a un provecto de nación, cuyos ejes rectores sean el de la equidad y la justicia social para todos los mexicanos.

Pensemos en la construcción de una sociedad sin ciudadanos de segunda, en la que la distribución de la riqueza sea benévola con los más desprotegidos.

Iniciemos ahora con acciones de mantenimiento que nos permitan aplazar lo menos posible la satisfacción de las grandes necesidades de los que menos tienen, me refiero a subsidios elementales en la leche y la tortilla, en cantidades suficientes para garantizar los elementos alimenticios mínimos de nuestros niños y nuestras niñas, presente y futuro de nuestra nación.

En atención a lo anterior, solicitamos a este pleno, su apoyo para el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico
. Que el pleno de esta legislatura solicite, respetuosamente, al Ejecutivo Federal, a través de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sea ampliado el presupuesto para el año 2001, de los programas de tortilla (Fidelist) y de leche (Liconsa), con el propósito de asegurar el abasto destinado a las clases populares.

Saltillo, Coahuila, a 26 de diciembre de 2000.- Por el grupo parlamentario "Luis Donaldo Colosio Murrieta" del Partido Revolucionario Institucional, diputado Gerardo Garza Melo.»

El Presidente:

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

ESTADO DE GUERRERO

El secretario diputado Uuc-kib Espadas
Ancona:

«Escudo.- LVI Legislatura.- Guerrero.- Honorable Congreso del Estado.

Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

El pleno de la LVI Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en uso de las facultades que le confieren los artículos 47 fracción I, de la Constitución Política local, 8o., fracción I, y 127 párrafos primero y cuarto, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, en nombre del pueblo que representa tuvo a bien expedir un acuerdo parlamentario bajos los siguientes

CONSIDERANDOS


Primero.
Que por disposición del Ejecutivo Federal, desde hace seis años se viene implementando en la República el llamado "horario de verano", consistente en el retraso de una hora en los relojes por un periodo de siete meses, justificado en el propósito de lograr un mayor ahorro de energía eléctrica para la nación, medida que ha resultado controvertida y cuya aplicación ha sido objeto de múltiples muestras de rechazo por parte de la ciudadanía.

Segundo.
Que atendiendo a la demanda social que en Guerrero proclama la no aplicación del horario de verano, este honorable Congreso suscribió el año pasado un acuerdo parlamentario en el que rechazaba la aplicación de esta medida en el Estado, haciéndose del conocimiento del Ejecutivo Federal, del cual no se obtuvo respuesta, a pesar de que en el país se dieron numerosas manifestaciones en contra del horario.

Tercero.
Que actualmente se ha abierto un amplio debate en el país, sobre la conveniencia o no de aplicar el horario de verano, creándose una tendencia en contra y que de manera muy sensata propone como medida de solución a la controversia, la aplicación de una consulta ciudadana que deje a la sociedad la decisión.

Cuarto.
Que en México vivimos tiempos de apertura, que necesariamente exigen la participación social en la toma de decisiones, por lo que es conveniente que este honorable Congreso se pronuncie una vez más por buscar una solución razonada y que permita la expresión de la sociedad en un tema, que como el horario de verano, es de incumbencia de todos, manifestándose porque el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal promuevan una consulta pública sobre este tema.

Por lo antes expuesto y fundado en los artículos 47 fracción I de la Constitución Política local, 8o., fracción I, y 127 párrafos primero y cuarto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor:

El pleno de la LVI Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa, tiene a bien expedir el siguiente

ACUERDO PARLAMENTARIO


Unico.
La LVI Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero se pronuncia porque el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal, lleven a cabo una consulta pública en la que la ciudadanía opine acerca de la aplicación del horario de verano en el país, sirviendo este resultado para decidir la vigencia de esta medida.

ARTICULOS TRANSITORIOS


Primero
. El presente acuerdo parlamentario entrará en vigor a partir de la fecha de su expedición.

Segundo
. Comuníquese el presente acuerdo parlamentario al honorable Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo Federal, para los efectos legales procedentes.

Salón de sesiones del Poder Legislativo, a 25 de enero de 2001.- Diputados: Ernesto Sandoval Cervantes, presidente; Alberto Mojica Mojica, Roberto Alvarez Heredia, secretarios.»

El Presidente:

Recibo y túrnese a las comisiones de Energía de ambas cámaras.

ESTADO DE HIDALGO

El secretario diputado Uuc-kib Espadas
Ancona:

«Escudo.- Poder Legislativo.- Gobierno del Estado de Hidalgo.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Para su conocimiento y efectos nos permitimos comunicarles que la LVII Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, clausuró el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio constitucional. Asimismo se instaló y se nombró la directiva de la Comisión Permanente que fungirá durante el receso comprendido del 1o. de enero al 31 de marzo de 2001, en la forma siguiente:

Diputados
: Santiago Morales Hernández, presidente; Arturo Saucedo Delgado, vicepresidente; Pedro Porras Pérez, secretario propietario; José Ignacio Olvera Caballero, secretario suplente; María del Carmen Rocío Tello Zamorano, Medardo Vicente Becerril Jiménez, Fidel Mejía Vázquez, integrantes; Jorge Rocha Trejo, Arturo Aparicio Barrios, suplentes.

Al hacer de su conocimiento lo anterior, me es grato reiterarles las seguridades de mi atenta consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Pachuca, Hidalgo, a 29 de diciembre de 2000.- El oficial mayor del honorable Congreso, Manuel Angel Villagrán Valdespino.»

El Presidente:

De enterado.

ESTADO DE OAXACA

El secretario diputado Uuc-kib Espadas
Ancona:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca.- Poder Legislativo.

463,464,465

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

Los diputados secretarios, me han instruido para comunicar a ustedes que en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, la LVII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, tuvo a bien aprobar el siguiente

DECRETO


Artículo primero
. "Se declara el año 2001 en el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 2001, CXL aniversario del triunfo del movimiento liberal mexicano".

Artículo segundo
. En toda la correspondencia oficial de los poderes del Estado, de los ayuntamientos y entidades paraestatales deberá insertarse la leyenda "2001, CXL aniversario del triunfo del movimiento liberal mexicano".

ARTICULOS TRANSITORIOS


Primero.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del gobierno del Estado.

Segundo
. Por tratarse de la mayor relevancia para toda la nación el acontecimiento que se conmemora con el presente decreto, comuníquese a los congresos de todas las entidades federativas del país para que, de considerarlo, hagan lo propio en sus respectivos estados. Lo tendrá entendido el gobernador del Estado y hará que se publique y se cumpla.

Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso del Estado.- Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 18 de enero de 2001.- Diputados: Antonio Alvarez Martínez, presidente; Alfredo E. Ramos Villalobos y Alvaro Díaz Azamar, secretarios.»

Lo que me permito transcribir a ustedes para su conocimiento.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

"El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz"


Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 18 de enero de 2001.- El oficial mayor del honorable Congreso del Estado, doctor Sergio Segreste Ríos.»

El Presidente:

De enterado.

El secretario diputado Uuc-kib Espadas
Ancona:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca.- Poder Legislativo.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

Los diputados secretarios integrantes de la LVII Legislatura Constitucional del Estado, me han instruido para comunicarle que en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente

ACUERDO


Unico.
La LVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, hace una atenta y respetuosa solicitud al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y al Congreso de la Unión, en el sentido de considerar la posibilidad de que a partir de este año y en los subsecuentes, se deje de aplicar el horario de verano en el Estado de Oaxaca, exhortando respetuosamente a los congresos de los estados de Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, pertenecientes al huso horario del meridiano 90o W, para que, de considerarlo pertinente, se sumen al presente acuerdo.

ARTICULO TRANSITORIO


Unico.
El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y comuníquese el contenido del presente acuerdo al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y a los congresos locales de los estados de Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lo tendrá entendido el gobernador del Estado y hará que se publique y se cumpla.

Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso del Estado.- Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 18 de enero de 2001.- Diputados: Antonio Alvarez Martínez, presidente; Alfredo Eligio Ramos Villalobos y Alvaro Díaz Azamar, secretarios.

Lo que me permito transcribir a ustedes para los efectos legales consiguientes.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

"El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz"


Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 18 de enero del año 2001.- El oficial mayor del honorable Congreso del Estado, doctor Sergio Segreste Ríos.»

El Presidente:

Túrnese a las comisiones de Energía de ambas cámaras.

El secretario diputado Uuc-kib Espadas
Ancona:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca.- Poder Legislativo.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

Los diputados secretarios integrantes de la LVII Legislatura Constitucional del Estado, me han instruido para comunicarles que en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, se acordó de conformidad con el artículo 37 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, turnar a ustedes para su atención, el oficio número 069 fechado el 4 del actual, suscrito por integrantes de la Delegación Sindical de Jubilados y Pensionados por el Estado, dependientes de la Sección Oaxaca FSTSE, en el que solicitan el apoyo de la legislatura en el sentido de que se modifique la Ley del ISSSTE, misma que redundará en beneficio de los trabajadores y derechohabientes de esa institución; agradeciéndole que de no existir inconveniente alguno, se informe a este Congreso de los resultados de esta petición.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

"El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz"


Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 11 de enero de 2001.- El oficial mayor del honorable Congreso del Estado, doctor Sergio Segreste Ríos.»

«Cámara de Diputados del Estado de Oaxaca, Oaxaca.

Los que suscribimos, integrantes de la delegación sindical número 6, de Jubilados y Pensionados por el Estado, dependientes de la Sección Oaxaca FSTSE, ante esa Cámara de Diputados se solicita en una forma atenta, su apoyo total en las peticiones que se le han hecho a la licenciada Socorro Díaz Palacios, directora general del ISSSTE de México y que están expresas en la petición que hicieron nuestros dirigentes sindicales de las cuales anexamos al presente copia. Para que nos brinden su apoyo decidido para que se haga posible la modificación de la Ley del ISSSTE, que redundará no sólo en nuestro beneficio, sino también en el de todos los trabajadores y derechohabientes que pertenecen a esta institución.

No dudando de su fina atención a la presente y esperando sea atendida y resuelta a nuestro favor, les anticipamos nuestros agradecimientos sinceros.

Atentamente.

"Por la delegación sindical número 6"


Tlaxiaco, a 4 de enero de 2001.- Maura Avendaño Juárez, secretaria general; Isabel Peralta Chávez, secretaria de organización; Gabina Reyes Bautista, secretaria de finanzas.»

El Presidente:

Recibo y túrnese a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

ESTADO DE PUEBLA

El secretario diputado Uuc-kib Espadas
Ancona:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Honorable Congreso del Estado.- Puebla.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 25 y 27 de la Ley Orgánica del honorable Congreso del Estado, nos permitimos comunicar a ustedes, que la LIV Legislatura del honorable Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, en junta preparatoria celebrada con esta fecha, se declaró constituida para funcionar durante el primer periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al tercer año de su ejercicio legal, comprendido del 15 de enero al 15 de marzo del año en curso. Asimismo se eligió a los diputados que integrarán la mesa directiva, quedando de la siguiente manera:

Diputados: Moisés Carrasco Malpica, presidente; Felipe Velázquez Gutiérrez; vicepresidente; I. Sergio Téllez Orozco, José Alejandro Nochebuena Bello, María Angélica Cacho Baena y René Huerta Ramales, secretarios.

Lo que hacemos de su conocimiento por disposición de esta legislatura para los efectos correspondientes.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 11 de enero de 2001.- Diputados: I. Sergio Téllez Orozco y J. Alejandro Nochebuena Bello, secretarios.»

El Presidente:

De enterado.

ESTADO DE QUERETARO

El secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

«Escudo.- Querétaro.- Poder Legislativo.- LIII Legislatura.

Diputado Ricardo García Cervantes, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura.- México, D.F.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga y 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la LIII Legislatura del Estado, en sesión celebrada el 29 de diciembre del año en curso, llevó a cabo la elección de la Comisión Permanente que presidirá los trabajos del mes de enero del año 2001, correspondiente al primer año de ejercicio legal, quedando de la siguiente manera:

Diputados: Marco Antonio Rojas Valladares, presidente; Carlos Martínez Montes, vicepresidente; Rigoberto Torres Sauceda, Oscar Sánchez Aguilar, secretarios; Maximino Pérez García y José Ignacio Fernández García, secretarios suplentes.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 37 fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en esta fecha se clausuró el primer periodo de sesiones ordinarias correspondiente al primer año de ejercicio constitucional.

Lo que comunicamos para los fines legales procedentes, reiterándole las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Santiago de Querétaro, Querétaro, 29 de diciembre de 2000.- Diputado Eric Salas González, presidente de la mesa directiva de la LIII Legislatura del Estado.»

«Escudo.- Querétaro.- Poder Legislativo.- LIII Legislatura.

Diputado Ricardo García Cervantes, presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

466,467,468

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 43 de la Constitución Política del Estado, me permito comunicar a usted que en sesión de la Comisión Permanente celebrada el pasado 29 de diciembre del año 2000, inauguró los trabajos de la Comisión Permanente de la LIII Legislatura correspondiente al periodo enero-abril del 2001, del primer año de ejercicio legal.

Lo que comunico para los fines legales procedentes, reiterándole las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 2 de enero del 2001.- Diputado Marco Antonio Rojas Valladares, presidente de la Comisión Permanente de la LIII Legislatura del Estado.»

«Escudo.- Querétaro.- Poder Legislativo.- LIII Legislatura.

Diputado Ricardo García Cervantes, presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Comisión Permanente de la LIII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, comunica que a partir del 1o. de enero y hasta el 31 de marzo de 2001, la Comisión de Gobierno de esta legislatura, quedará integrada de la siguiente manera:

Diputados: Patricio Aragón Chávez, presidente; Julio Sentíes Laborde, secretario; Ivonne Vandenpeereboom Jiménez, Carlos Martínez Montes, Marco Antonio León Hernández y Enrique Becerra Arias, integrantes.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 2 de enero de 2001.- Comisión Permanente, diputado Marco Antonio Rojas Valladares, presidente.»

El Presidente:

De enterado.

ESTADO DE QUINTANA ROO

El secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.- Ciudad Chetumal, Quintana Roo.- México.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

La IX Legislatura Constitucional del Estado, en cumplimiento al artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se permite comunicar que en sesión celebrada el 17 de enero del 2001, se declaró abierto el segundo periodo de sesiones extraordinarias, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, previa elección de mesa directiva que presidirá los trabajos legislativos, la cual quedó integrada de la siguiente manera:

Diputados: Marcelo Carreón Mundo, presidente; Jaime Hernández Zaragoza, vicepresidente.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarles un cordial saludo.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Chetumal, Quintana Roo, a 18 de enero de 2001.- Diputado Angel de J. Marín Carrillo, secretario.»

El Presidente:

De enterado.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

El secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- Presentes.

En sesión ordinaria del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí celebrada el día de la fecha, se aprobó unánimemente un punto de acuerdo presentado por los coordinadores parlamentarios de las fracciones de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, al tenor de los siguientes términos:

"...Las diversas fracciones que conforman esta LVI Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, sabedoras de la nueva realidad que vive nuestro país, y por ello conscientes de la imperiosa necesidad de fortalecer la cohesión de nuestra unidad nacional como único medio y condición de forjar el federalismo, senda que históricamente hemos seguido, en búsqueda del fin último a que conduce la Federación mexicana, que es el bien común.

Es por ello que uno de los retos ineludibles para el Estado mexicano es, sin duda, el fortalecimiento de su federalismo, mediante la construcción de un sistema de competencias más acorde con los nuevos escenarios políticos y sociales que consoliden la efectiva coordinación intergubernamental, tarea que conlleva la demanda del concurso y participación de todos los mexicanos y, en especial, de quienes por la alta responsabilidad pública que les corresponde desempeñar, actúan como interlocutores sociales y políticos en la construcción de los proyectos de nación que la soberanía popular les ha encomendado.

El fortalecimiento del federalismo reclama entonces un renovado esfuerzo para establecer las bases de un federalismo en que los estados sean espacios básicos de participación política donde el conjunto de las comunidades contribuyan a la búsqueda y aplicación de soluciones eficaces a los problemas de cada entidad; es deseable, por tanto, un federalismo donde los estados y municipios cuenten con recursos adecuados, con más capacidad de decisión para llevar a cabo los programas prioritarios de desarrollo.

Un federalismo dinámico y promotor del desarrollo que comprenda una nueva y más justa distribución de los recursos y una nueva distribución mucho más participativa de las responsabilidades y las decisiones. Conscientes de ello y sabedores de que la unión a que obliga el bienestar social, es tarea fundamental y prioritaria que involucra no sólo a un estado particular, sino que esa labor reviste aspectos nacionales, lo que conlleva la necesidad de participación de todos los foros del país, con cuya invaluable intervención se puede alcanzar el fin que en este momento lo es la más alta e importante de las metas, el fortalecimiento del federalismo mexicano..."

Por lo anterior, se emitió el siguiente

PUNTO DE ACUERDO


Unico.
La LVI Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, consciente de la ingente necesidad de fortalecer el federalismo mexicano, convoca a un foro nacional sobre esta materia, que se celebrará durante el primer trimestre del año 2001 en la ciudad de San Luis Potosí, así como en los centros de población que se señalarán en la convocatoria respectiva, la cual contendrá también los objetivos, metodologías, duración y desglose temático, que en su oportunidad se harán llegar a los participantes.

Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos procedentes ha que haya lugar.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

San Luis Potosí, San Luis Potosí, a 15 de diciembre de 2001.- Diputados: Javier Algara Cossío y Emilio de Jesús Ramírez Guerrero, secretarios.»

El Presidente:

Se recibe y túrnese a las comisiones de Fortalecimiento del Federalismo y Especial para la Reforma de Estado de la Cámara de Diputados y de Fortalecimiento del Federalismo de la Cámara de Senadores.

ESTADO DE TAMAULIPAS

El secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
Con fundamento en las disposiciones normativas que rigen las actividades internas de esta representación popular, se les comunica que en sesión pública ordinaria, celebrada en este día, fueron electos los legisladores Blanca Guadalupe Valles Rodríguez, Juan Aurelio Cruz Villarreal González, Teresa Aguilar Gutiérrez y María Laura Lerin de León, como presidente, secretarios y suplente, respectivamente, para integrar la diputación Permanente que fungirá durante el periodo de receso correspondiente al segundo periodo de sesiones ordinarias dentro del segundo año de ejercicio legal de la LVII Legislatura Constitucional del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, cuyo periodo comprenderá del 14 de diciembre del presente año al 28 de febrero del año 2001.

Sin otro particular, nos es grato reiterar a ustedes nuestra consideración atenta y distinguida.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 12 de diciembre de 2000.- Diputados: Gabriel Anaya Fernández y Víctor Hugo Moreno Delgadillo, secretario.»

El Presidente:

De enterado.

EJERCITO ZAPATISTA DE
LIBERACION NACIONAL

El secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

Comunicación de particular.

«Comunicación.

De la organización ciudadana "Coordinación Desobediencia Civil", dirigida al honorable Congreso de la Unión por la cual solicita a este órgano legislativo se escuchen y tomen en cuenta sus planteamientos respecto al cumplimiento de las tres condiciones exigidas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional para que se reanude el diálogo con el Gobierno Federal; se otorguen garantías de seguridad para el viaje de la comandancia zapatista al Distrito Federal y para que el Congreso manifieste su postura respecto del Foro Económico Mundial que tendrá verificativo el próximo 26 de febrero en Cancún, Quintana Roo.»

«Honorable Congreso de la Unión.- A los diputados representantes de la población mexicana.

Venimos hoy aquí frente a ustedes, cuales ciudadanos de esta República, a solicitarles audiencia.

La fase histórica por la cual cruzamos en el último año impone, a ustedes y a nosotros, una reflexión y una atención particulares.

Frente a los acontecimientos que se han generado en los últimos dos meses y, sobre todo, en vista de los eventos que se realizarán a finales del presente mes y del siguiente, venimos a exigirles que tomen la responsabilidad que les corresponde, cuales representantes de los ciudadanos mexicanos y cuales ejecutores del Poder Legislativo de esta República.

Por estas razones exigimos que nos escuchen y tomen en cuenta cuanto sigue:

1) Exigimos cumplan con su papel para que se garanticen las tres condiciones mínimas, exigidas por el EZLN, para que se reanude el diálogo entre éste y el Gobierno Federal:

a) Retiro del Ejército Federal de las tres posiciones controladas (Río Euseba, Guadalupe Tepeyac y La Garrucha).

b) Liberación de todos los presos relacionados con zapatistas.

c) Aprobación de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, encarnados en Ley de la Cocopa, ya enviada por el presidente Fox y ya avalada por el EZLN.

2) Exigimos garantías de seguridad por el tranquilo y buen desarrollo del viaje de la comandancia zapatista al D.F. Además que se garantice el recibimiento de la misma. Exigimos que tales garantías sean vueltas a todos aquellos que participen en tal evento: comandantes zapatistas, acompañantes, observadores nacionales y extranjeros, medios de prensa.

469,470,471

3) Exigimos una declaración de la postura con respecto al WEF o Foro Económico Mundial, por realizarse el próximo 26 de febrero en Cancún. Tal espacio en el cual se resolverá el futuro económico de la región, reemplaza a los poderes como el aquí representado, por lo tanto es ilegítimo. Además exigimos se respeten las garantías individuales (libre tránsito, derecho a manifestarse y expresarse) para todas las personas que asistiremos, a protestar y mostrar desacuerdo a dicho Foro Económico.

4) Por último, exigimos un debate más serio y responsable con respecto a los temas arriba mencionados.

La riqueza de México reside en la diversidad. Por esto todos estamos en la legítima facultad de oponer y mostrar desacuerdo. Pero consideramos que las opiniones hasta ahora expresadas en el Congreso carecen de buena voluntad, visión global de la situación y si quieren de sentido común.

Por último solicitamos a ustedes, con base en el artículo 8o. de la Constitución Política mexicana, respetar el derecho a recibir una respuesta por escrito hacia nosotros, ya que de la misma forma nos dirigimos a ustedes.

Les agradecemos su atención con la esperanza que ésta, como muchas otras participaciones, contribuya a la democratización a la cual todos aspiramos.

México, D.F., a 7 de febrero de 2001.- Coordinación Desobediencia Civil.- Antonio Castro G., Jorge Borrego y Abraham Rivera.»

El Presidente:

Túrnese a la Comisión Especial de Concordia y Pacificación para el Estado de Chiapas, en los términos dispuestos por el artículo 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

LEY FEDERAL DE PROTECCION
DE DATOS PERSONALES

El Presidente:

Se ha recibido por esta Presidencia una iniciativa de Ley Federal de Protección de Datos Personales, suscrita por el senador Antonio García Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la cual se le dará turno a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores y publíquese en el Diario de los Debates de la Comisión Permanente y en la Gaceta Parlamentaria.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Senado de la República.- LVIII Legislatura.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión; Cámara de Senadores, LVIII Legislatura.

Antonio García Torres, senador de la República por el Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, en ejercicio de la facultad que me concede el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración y, en su caso, aprobación de esa Asamblea, iniciativa de "Ley Federal de Protección de Datos Personales", apoyándome para ello en la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS


La historia muestra la importancia que ha tenido la información en el desarrollo de la sociedad humana.

Sin embargo, la información, su tratamiento, nunca antes tuvo la potencialidad de daño que tiene actualmente por la misma fuerza de las nuevas tecnologías. Ahora gracias a las computadoras que se conectan en una red local o mundial, por ejemplo, se pueden conocer y manipular datos de las personas, físicas o jurídicas.

Esto ha hecho evidente la necesidad de contener los efectos nocivos de estas nuevas tecnologías sobre los derechos fundamentales de las personas.

Con este objetivo, han surgido nuevas garantías procesales en las que se puede reconocer el habeas data1 y otros recursos.

1. Habeas data significa, en términos generales, un recurso pronto y expedito para lograr que un dato que permanezca en archivos, registros, bancos o bases de datos sea complementado, actualizado, corregido, suspendido, bloqueado, destruido o bien que una serie de datos sean incluidos en esos mismos registros, archivos, bancos o bases de datos, además de que se pueda acceder a registros o bancos de datos.
En el exterior existen antecedentes diversos de esta nueva garantía procesal y de los recursos que se han establecido para la defensa de la intimidad y el honor de la persona en el tratamiento de sus datos.

Antecedentes externos


En el orden internacional destacan como antecedentes de la protección de la intimidad y el honor de la persona en el tratamiento de sus datos:

La Declaración Universal de los Derechos Humanos:

* En su artículo 8o. dice que: "toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o la ley".

* El artículo 12 prescribe: "nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques a su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques".

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre:

* El artículo 5o. declara que: "toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar".

* El artículo 18 proclama que: "toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia la ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".

Incluso, cabe destacar el proyecto de convención americana sobre autodeterminación informativa de 1997, compuesto de 21 artículos en los que se propone una regulación para la protección y movimiento internacional de datos, y el cual aborda temas importantes como el derecho a la información en la recolección de los datos, el consentimiento del afectado, la calidad, categorías, seguridad y cesión de los datos, los derechos y las garantías de las personas, el habeas data, las sanciones, los recursos, la agencia de protección de datos y el registro de datos.

En Europa, en Alemania


El 7 de abril de 1970, el Parlamento de Estado alemán de Hesse, promulga su normativa de protección de datos Datenshutz convirtiéndose en el primer territorio con una norma dirigida a la protección de datos.

Después, el 27 de febrero de 1977, el Parlamento Federal de Alemania aprueba la Datenshutz Federal. En estos casos, se crea un Comisario Federal para la Protección de Datos (Bundesbeauftragter fur den Datenshutz.)

En Francia


En 1978 se establece la Comisión Nacional de la Informática y de las Libertades, un organismo colegiado que tiene por objeto establecer un registro de bancos de datos de consulta ciudadana.

En España

Desde 1978, la Constitución, en su artículo 18, apartado 4, dice: "la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos...".

Relacionada con esta disposición constitucional, en España se ha publicado la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación de tratamiento automatizado de los datos de carácter personal que tiene como objeto básico la protección de la intimidad y el honor de las personas.

En los Estados Unidos de América


El 31 de diciembre de 1974, el Congreso expide el "Privacy Act (literalmente acto de retiro)", con objeto de proteger a los individuos en sus libertades y derechos fundamentales frente a la recolección y tratamiento automatizado de datos personales por parte de las agencias federales.

En América Latina. En Brasil


En 1988 la constitución brasileña, en su artículo 5o. numeral LXXII, se refiere al "conocimiento de informaciones relativas a la persona de la impetrante..." y a la rectificación de datos.

Aproximadamente 10 años más tarde, en Brasil se expide la Ley número 9.507, del 12 de noviembre de 1997 que reglamente la disposición constitucional, con base en 23 artículos.

En Colombia


A partir de 1991, el artículo 15 de la Constitución de este país reconoce al habeas data como un derecho fundamental aún no reglamentado.

En Paraguay


Es a partir de 1992, teniendo como antecedente los registros sobrantes en poder de la policía nacional, que la Constitución, en su artículo 135 reconoce el derecho de las personas para acceder a la información que le corresponda en archivos públicos y privados, para conocer la finalidad de esos registros y para actualizar, rectificar o destruir los mismos datos.

En Perú

Desde 1993, el artículo 200 inciso 3 de la Constitución establece de manera expresa el habeas data con los objetivos de que el interesado pueda acceder a la información pública, con ciertas limitantes y evitar la difamación de la persona por la difusión o suministro a terceros de informaciones que afecten la intimidad personal y familiar.

En Ecuador


El artículo 30 de la Constitución vigente establece el habeas data con los objetos de acceder a los registros, bancos o bases de datos, conocer su uso y la finalidad, así como para solicitar la rectificación, actualización, eliminación o anulación de los datos, en caso de que éstos sean erróneos o afecten ilegítimamente los derechos de las personas.

La Ley de Control Constitucional de 1997 ya ha reglamentado la acción de habeas data.

En Argentina


La nueva Constitución de 1994, en su artículo 43 en su párrafo tercero, establece el habeas data como un amparo especial.
Sin embargo, pese a la gran demanda porque se regulara en ley secundaria el habeas data, es hasta el año 2000 que se expide la Ley 25326 de Protección de los Datos Personales, publicada en el boletín oficial correspondiente al 2 de noviembre del año mencionado.

En Argentina, el habeas data ha tenido gran recepción y muestra de ello es que las provincias de Buenos Aires (artículo 20 inciso c de la Constitución local), Córdoba (artículo 50 de su Constitución), Chubut (artículo 56 de su ley primaria) y Jujuy (artículo 23 inciso 6, de su Constitución), entre otras, prevén el habeas data.

En México, no obstante la gran tradición y entramado constitucional que se posee, no se ha otorgado a los gobernados la garantía procesal del habeas data. México no puede quedarse atrás de los países europeos y latinoamericanos, máxime si se toma en cuenta que los países que ya regulan el habeas data limitan el movimiento internacional de datos con aquellos países que no brinden condiciones equivalentes de seguridad a las propias de donde se sigue que México, en alguna medida, se encontraría marginado de este movimiento internacional de datos en diferentes materias en las que pueden incluirse la comercial y económica.

La autonomía, la inviolabilidad y la dignidad de la persona


En un estado democrático que se consolida cada día más como el mexicano, se reconocen a las personas prerrogativas de libertad, de igualdad, de equidad, de seguridad, como el derecho de tránsito, de elegir el trabajo que más le acomode, de asociación con todo fin lícito, de un salario digno y remunerador, el derecho a la tierra, el derecho a un proceso justo, entre otras.

Estas prerrogativas descansan en los principios de autonomía, inviolabilidad y dignidad de la persona que se traducen en una esfera de derecho, en la legitimación para buscar la felicidad en el modo particular que se entienda, privilegiando el interés general, pero sin demérito de la persona en lo particular, quien además puede, en cierta medida y en ciertos casos, limitar sus derechos.

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Sobre estos principios, es natural, descansa el derecho a la integridad física y moral de la persona, el derecho a que se proteja su intimidad, personal y familiar y su honor.

* Paralelos a estos derechos se ubica la garantía procesal del habeas data que tiene el objeto de su tutela efectiva.

Objeto jurídico


Se propone que la garantía procesal tenga por objeto:

1. Que el interesado pueda acceder a los datos personales que le conciernen.

2. Que toda persona pueda acceder a los registros, archivos y bancos de datos públicos o privados de carácter público y conocer su uso o fin para el que están destinados.

3. Que el interesado pueda pedir la inclusión, actualización, complementación, rectificación, reserva, suspensión y cancelación de los datos relativos a su persona.

Bienes protegidos


Los bienes protegidos se identifican con el honor, la intimidad y cualquiera otra garantía del gobernado.

Legitimación activa


Del interesado, esto es, de la persona a la que corresponden o conciernen los datos registrados o archivados, para acceder a ellos, para incluir datos, para actualizarlos, complementarlos, rectificarlos, reservarlos, suspenderlos o cancelarlos.

De toda persona para acceder a los registros, archivos o bancos de datos públicos o privados de carácter público, así como para conocer el uso o fin para el que están destinados.

Legitimación pasiva


Son sujetos pasivos del proceso los archivos, registros, bancos o bases de datos públicos o privados en sus diferentes hipótesis.

En esta tesitura se propone que al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se adicionen la garantía procesal indicada, en documento por separado y que de ninguna manera condiciona la procedencia de esta proposición, pues esta sólo tiene por objeto ampliar el marco de garantías existente, no su limitación, además de que esta iniciativa no se contrapone a lo dispuesto en la proposición de reforma constitucional indicada.

En esta iniciativa se comprenden cinco capítulos, el primero relativo a las disposiciones generales, el segundo a los derechos de los interesados o titulares de los datos, así como a los responsables delos registros, el tercero al Instituto Federal de Protección de Datos Personales, el cuarto a las sanciones y el quinto a la acción protectora de datos.

En el Capítulo I se mencionan los objetos de la ley, las expresiones equivalentes, el ámbito de validez y los principios sobre los cuales descansa la ley, sobresaliendo la circunstancia de que en ningún caso se puede afectar los archivos, registros, bases o bancos de datos ni las fuentes de información periodísticas.

En el Capítulo II se regulan los derechos de los interesados, estableciendo un catálogo de obligaciones correspondientes a los organismos públicos y privados titulares de los datos.

De este apartado conviene resaltar los derechos de los interesados para solicitar al Instituto Federal de Protección de Datos Personales la existencia de registros personales, las finalidades y la identidad de los responsables, así como el derecho de pedir a los responsables de archivos, registros, bases o bancos de datos informes y de pedir de igual manera la inclusión, actualización, complementación, rectificación, reserva, suspensión y cancelación de los registros de datos que les corresponda, siempre que no se lesionen derechos de terceros o se atente contra intereses de carácter general o social.

Asimismo en el Capítulo II se habla de las responsabilidades de los titulares de los registros de las diversas categorías (públicos y privados) de bases o bancos de datos, quienes deben adoptar todas las medidas necesarias para la seguridad y conservación idónea de los datos, imponiéndoseles, incluso, el deber de secreto que se extiende a todos aquellos que hayan intervenido en el tratamiento automatizado de los datos.

En el Capítulo III se establecen las líneas generales para la creación y operación del organismo que tendrá por objeto el control de los responsables de los registros, bases o bancos de datos, así como sus atribuciones, en las que destaca la facultad de sancionar a los responsables de los archivos o registros por la comisión de violaciones leves y graves a esta ley.

En el Capítulo IV se propone la regulación específica de las sanciones, que van desde el apercibimiento hasta la cancelación de los registros, archivos, bases o bancos de datos.

En el Capítulo V se propone la regulación de un procedimiento especial del que conozcan los juzgados de distrito competentes con relación a causas federales, pues ello persigue que se resuelvan las controversias de manera pronta y sin obstáculos en tiempos más breves que los que corresponden, incluso a los juicios de amparo, pues una administración de justicia que no se otorgue en esos términos, prácticamente inutilizaría el recurso.

El objeto, los bienes protegidos, la legitimación pasiva y la legitimación activa, han quedado ya establecidos con anterioridad.

Cabe señalar que este procedimiento se establece con entera independencia de los procedimientos que correspondan en tratándose de responsabilidad civil, administrativa o penal.

Finalmente, en las disposiciones transitorias se prevé que los archivos, bases o bancos de datos existentes se puedan registrar, conforme lo determine el reglamento, en un lapso posterior al establecimiento del Instituto Federal de Protección de Datos.

En estos términos y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a la consideración de esa Asamblea, la siguiente

INICIATIVA DE
LEY FEDERAL DE PROTECCION
DE DATOS PERSONALES

CAPITULO I

Disposiciones generales


Artículo 1o.


1. Esta ley tiene por objeto asegurar que el trato de datos personales se realice con respeto a las garantías de las personas físicas.
2. Las disposiciones de esta ley también son aplicables, en lo conducente, a los datos de las personas jurídicas.

3. En ningún caso se podrán afectar los registros y fuentes periodísticas.

Artículo 2o.


1. Esta ley es aplicable a los datos de carácter personal que figuren en archivos, registros, bancos o bases de datos de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas y a todo uso posterior, incluso no automatizado, de datos de carácter personal registrados en soporte físico susceptibles de tratamiento automatizado.

2. Esta ley no es aplicable a los archivos, registros, bases o bancos de datos:

I. De titularidad pública cuyo objeto por ley sea almacenar datos para su publicidad con carácter general;

II. Cuyo titular sea una persona física y tengan un fin exclusivamente personal;

III. De información científica, tecnológica o comercial que reproduzcan datos ya publicados en medios de comunicación oficial;

IV. De resoluciones judiciales publicadas en medios de comunicación oficial;

V. Administrados por los partidos políticos, sindicatos, iglesias y asociaciones religiosas, sola y exclusivamente en lo tocante a los datos que se refieren a sus asociados, miembros o ex miembros y que se relacionen con su objeto, sin perjuicio de que la cesión de datos quede sometida a lo dispuesto en esta ley.

3. Se regulan por sus disposiciones específicas los archivos, registros, bases o bancos de datos:

I. Electorales, conforme a los ordenamientos aplicables;

II. Referentes al registro civil, a la prevención, persecución y sanción de los delitos, así como a la ejecución de las sanciones penales;

III. Con fines exclusivamente estadísticos, regulados por la Ley del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y IV. Personales concernientes a integrantes de las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad pública o a datos relativos a esos cuerpos.

4. Los archivos, registros, bancos o bases de datos relativos a la prevención, persecución, sanción de los delitos, ejecución de sanciones penales o a los datos correspondientes a los cuerpos de las fuerzas armadas y de seguridad pública o a sus integrantes, serán reservados y se actualizarán, complementarán, corregirán, suspenderán o cancelarán en los términos de sus propias disposiciones, sin que les resulte aplicable el régimen general de esta ley.

Artículo 3o.


1. La integración, implementación y funcionamiento de los archivos, registros, bancos y bases de datos es lícita cuando se ajusta a los principios que establece esta ley y su reglamentación.

2. En ningún caso los archivos, registros, bases o bancos de datos pueden tener un fin contrario a la ley o la moral.

3. Los datos sensibles y los relativos a condenas y sanciones penales sólo se pueden tratar automatizadamente para su acceso al público o a institución no competente con el permiso previo del interesado y siempre que el responsable del archivo, registro, base o banco de datos garantice, a satisfacción del Instituto Federal de Protección de Datos Personales, la disociación de datos.

Artículo 4o.


1. Para los efectos de esta ley se entiende por:

I. Datos personales: la información de persona física o jurídica determinada o determinable;

II. Datos sensibles: aquellos que revelan el origen racial, étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical, salud o vida sexual;

III. Archivo, registro, base o banco de datos: conjunto de datos personales organizados, tratados automatizadamente;

IV. Tratamiento de datos: operaciones y procedimientos sistemáticos que tienen por objeto recolectar, guardar, ordenar, modificar, relacionar, cancelar y cualquiera otra que implique el procesamiento de datos o sucesión a terceros a través de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias;

V. Responsable del archivo, registro, base o banco de datos: persona física o jurídica que ostenta la titularidad del archivo, registro, banco o base de datos;

VI. Datos informáticos: los datos personales tratados automatizadamente:

VII. Usuario de datos: toda persona física, jurídica, pública o privada que trata datos personales de manera voluntaria, ya sea en archivos, registros, bancos de datos propios o a través de conexión con los mismos;

VIII. Disociación de datos: todo tratamiento de datos personales que impida asociarlos a persona determinada o determinable y

IX. Interesado: la persona física o jurídica a la que conciernen los datos personales.

Artículo 5o.


1. Los datos colectados deben ser adecuados, ciertos, pertinentes y proporcionales al ámbito y fin para el que se colectan.

2. La colecta de datos se debe hacer por medios lícitos que garanticen el respeto a las garantías individuales y, especialmente, de los derechos al honor y a la intimidad de la persona a la que conciernen.

3. Los datos sólo pueden ser utilizados para los fines que motivaron su obtención o para fines compatibles con éstos.

4. Los datos objeto de tratamiento deben ser exactos y actualizados de manera que sean congruentes con los concernientes al interesado.

5. Los datos no incluidos, incompletos, inexactos o que estén en desacuerdo con la realidad de los que corresponden a la persona que conciernen, deben ser incluidos, complementados, actualizados, rectificados o cancelados, según corresponda.

6. Los datos deben ser almacenados de modo que permitan el ejercicio de los derechos de acceso por parte del interesado.

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7. Los datos deben ser cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para los fines para los que fueron colectados.

CAPITULO II

De los interesados y los responsables
de los registros

Artículo 7o.


1. Todo interesado tiene derecho a que se le informe de manera expresa y suficiente:

I. De la existencia de un archivo, registro, base o banco de datos de carácter personal, el ámbito y la finalidad de la colección de éstos y de los destinatarios de la información;

II. Del carácter obligatorio o potestativo de su respuesta a las preguntas planteadas para la colecta de datos;

III. De las consecuencias de la obtención de los datos de la negativa a suministrarlos;

IV. De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, inclusión, complementación, rectificación, suspensión, reserva y cancelación de los datos personales que le conciernan y de la forma y términos en que puede ejercitarlos y

V. De la identidad, dirección y domicilio del responsable del archivo, registro, base o banco de datos.

Artículo 8o.

1. La colecta y el tratamiento automatizado de los datos requieren del consentimiento previo del interesado, salvo que la ley disponga otra cosa.

2. El interesado, sin su responsabilidad, tiene el derecho de revocar su consentimiento para el tratamiento automatizado de datos, dando aviso oportuno e indubitable al titular del archivo, registro, base o banco de datos, salvo que la ley disponga otra cosa.

3. No se requiere el consentimiento del interesado, cuando los datos de carácter personal se colecten de fuentes de información de acceso público, cuando se recojan para el ejercicio de las funciones propias de entidades y organismos públicos en el ámbito de su competencia ni cuando se refieran a personas vinculadas por una relación comercial, laboral, administrativa, contractual y sean necesarios para el mantenimiento de la relación o para el cumplimiento del contrato.

Artículo 9o.


1. Ninguna persona está obligada a proporcionar datos personales de carácter sensible que le conciernen.

2. Los datos sensibles sólo pueden ser colectados y tratados por razones de interés general previstas en la ley, cuando previamente el interesado ha otorgado su consentimiento o cuando se colecten y traten con fines estadísticos o científicos, siempre que no se puedan atribuir a persona determinada o determinable.

3. Queda prohibida la formación de archivos, registros, bases o bancos que revelen datos sensibles, salvo lo dispuesto en esta ley.

4. Los datos personales relativos a los antecedentes penales o faltas administrativas sólo pueden ser tratados por los órganos y organismos públicos correspondientes en la esfera de su competencia.

5. Queda prohibido a los responsables de los archivos, registros, bancos o bases de datos formular juicios de valor sobre los datos personales que traten automatizadamente.

Artículo 10.


1. Los organismos públicos o privados de salud y los profesionales vinculados a las ciencias de la salud, pueden colectar y tratar los datos personales relativos a la salud física o mental de los pacientes que acudan a los mismos o que estén o hayan estado bajo tratamiento de aquéllos, respetando en todo caso el secreto profesional y siempre que esos datos se disocien.

Artículo 11.


1. Queda prohibido registrar datos personales en archivos, registros o bancos de datos que no reúnan condiciones técnicas de integridad o seguridad.

2. El responsable del archivo, registro, base o banco de datos debe adoptar todas las medidas técnicas y de organización necesarias para evitar la adulteración, pérdida, inexactitud, insuficiencia, falta, consulta, reserva, cancelación o tratamiento de datos no autorizado.

3. El reglamento de esta ley determinará los requisitos y condiciones mínimas de seguridad y de organización, en función del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos.

Artículo 12.


1. El responsable del archivo, registro, base o banco de datos y quienes intervengan en la colecta y el tratamiento de los datos personales están obligados a guardar el secreto profesional, incluso aún después de que concluyan sus relaciones con el interesado.

2. El titular del archivo, registro, base o banco de datos o quienes intervengan en la colecta o el tratamiento de los datos personales los deben revelar cuando se les pida en cumplimiento de una resolución judicial, por razones de interés social o relativas a la seguridad pública o nacional o a la salud pública.

Artículo 13.


1. Los datos que obren en archivos, registros, bases o bancos de datos personales sólo se pueden ceder a persona con interés legítimo, con el previo consentimiento del interesado, al que se debe informar suficientemente sobre la identidad del cesionario y la finalidad de la cesión.

2. El consentimiento de la cesión es revocable, mediante notificación indubitable al titular del archivo, registro, base o banco de datos.

3. La cesión no requiere el consentimiento del interesado, cuando:

I. La ley no lo exija;

II. La cesión se realice entre dependencias y organismos públicos en forma directa, en el ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito de sus competencias;

III. Por razones de interés social, de seguridad pública o nacional o salud pública y
IV. Se aplique un procedimiento de disociación de datos de manera que no se puedan atribuir a persona determinada o determinable.

4. El cesionario queda sujeto a las mismas obligaciones legales y reglamentarias del cedente y éste responderá solidaria y conjuntamente por la observancia de las mismas ante el organismo de control y el interesado.

Artículo 14.


1. Se prohíbe la transferencia de datos personales con estados u organismos internacionales, que no proporcionen niveles de seguridad y protección cuando menos equivalentes a los que se proporcionan en el Estado mexicano.

2. La prohibición no rige en los supuestos siguientes:

I. Colaboración judicial internacional;

II. Intercambio de datos en materia de salud, cuando así lo exija el tratamiento del afectado o una investigación epidemiológica;

III. Transferencias bancarias o bursátiles, conforme a la legislación que le resulte aplicable;

IV. Cuando la transferencia se acuerde en un tratado, convenio o instrumento internacional vigente en el que el Estado mexicano sea parte y

V. Cuando la transferencia tenga por objeto la cooperación internacional para la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo, el narcotráfico y delitos contra la humanidad.

Artículo 15.


1. Toda persona tiene derecho de solicitar al Instituto Federal de Protección de Datos Personales, informes sobre la existencia de archivos, registros, bases o bancos de datos personales, sobre las finalidades y la identidad de sus responsables.

2. El registro en el que conste la información anterior será de consulta pública y gratuita.

Artículo 16.


1. Todo interesado que se identifique tiene derecho de solicitar y obtener informes de los datos personales que le conciernan y obren en archivos, registros, bases o bancos de datos públicos o privados que se destinen a proveer informes.

2. Los informes que se otorguen conforme al inciso anterior, pueden consistir en la simple observación o la comunicación por cualquier medio fiable que garantice la comunicación integra y la constancia de su envio y recepción.

El informe se debe proporcionar dentro de los 10 días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud; vencido el plazo sin que se haya rendido el informe, el interesado puede promover la acción de protección de datos personales prevista en esta ley.

3. El derecho de información a que se refiere este artículo sólo se puede ejercer de manera gratuita a intervalos no menores de tres meses, salvo que el afectado acredite un interés legítimo, caso en el cual puede ejercerlo antes y cuantas veces sea necesario.

4. Para el caso de que el interesado directo haya fallecido, el representante legítimo de la sucesión pueden solicitar y recibir la información a que se refiere este artículo, previa la acreditación de su carácter.

Artículo 18.


1. Los informes se deben realizar de manera clara y sencilla, de forma que se puedan entender por el interesado.

2. La información debe ser completa y concerniente al interesado, aunque éste haya solicitado sólo parte de la información, pero no se podrán revelar datos relativos a terceros aunque éstos se relacionen con aquél.

3. Los informes se suministrarán, dependiendo de la capacidad técnica del responsable del archivo, registro, base o banco de datos: impresos en papel, en medios electrónicos, ópticos o cualquiera otro que determine el interesado.

Artículo 19.


1. Toda persona tiene derecho de solicitar y obtener, en su caso y sin costo alguno, la inclusión, complementación, rectificación, actualización, reserva, suspensión o cancelación de los datos personales que le conciernen y se contengan en archivos, registros, bases o bancos de datos.

2. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, el titular del archivo, registro, base o banco de datos debe incluir, complementar, rectificar, actualizar, reservar, suspender o cancelar los datos personales concernientes al interesado, informándole por escrito de manera completa, clara y sencilla el tratamiento realizado.

3. Si el titular del archivo, registro, base o banco de datos no cumple con la obligación que le impone el inciso anterior, el interesado puede ejercitar la acción de protección de datos o habeas data prevista en esta ley.

4. En el caso de que la información se haya cedido o transferido, el responsable del archivo, registro, base o banco de datos, sin cargo alguno para el interesado, debe comunicar la inclusión, complementación, rectificación, actualización o cancelación de los datos al cesionario, dentro de los tres días hábiles siguientes al en que se haya resuelto el tratamiento correspondiente.

5. La cancelación de los datos no procede por razones de interés social, de seguridad pública o nacional, de salud pública o por afectarse derechos de terceros, en los términos que lo disponga la ley.

6. Durante el procedimiento que se siga para complementar, rectificar, actualizar, reservar, suspender o cancelar los datos personales que conciernan al interesado, el titular del archivo, registro, base o banco de datos, debe bloquear los datos materia de la solicitud o consignar al proveer la información relativa que se tramita un procedimiento con determinado objeto.

7. Los datos se deben conservar por el tiempo que determinen la ley o las disposiciones contractuales vigentes entre las partes.

Artículo 20.


1. Los titulares de los archivos, registros, bases o bancos de datos públicos pueden negar la inclusión, complementación, actualización, rectificación, reserva o cancelación de datos personales solicitada, por resolución debidamente fundada y motivada en ley, la cual debe ser notificada al interesado.

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2. Los interesados tienen derecho de acceder a los datos personales que les conciernan y que obren en archivos, registros, bases o bancos de datos con el fin de ejercer cabalmente su derecho de defensa.

Artículo 21.

1. Todo archivo, registro, base o banco de datos que tenga como fin proporcionar informes se debe inscribir en el registro que al efecto implemente y establezca el Instituto Federal de Protección de Datos Personales.

2. El registro al que se refiere el inciso antecedente, cuando menos debe recabar del titular del archivo, registro, base o banco de datos, la información siguiente:

I. El nombre, dirección y domicilio del responsable;

II. En el caso de personas jurídicas de derecho privado, nombre del representante legal, integrantes del consejo de administración, objeto de la sociedad o asociación, razón social, fecha de constitución y registro federal de causantes;

III. Características y finalidad del archivo;

IV. Categorías de datos personales que se han de colectar y tratar;

V. Forma, tiempo y lugar de recolección y actualización de los datos;

VI. Destino de los datos y personas físicas o jurídicas a las que se pueden transmitir o se les puede permitir la consulta;

VII. Procedimiento para relacionar la información colectada y tratada;

VIII. Metodologías y procedimientos técnicos para asegurar la información colectada y tratada;

IX. Nombre y domicilio de las personas que intervienen en la colecta y tratamiento de los datos;

X. Tiempo durante el cual se han de conservar los datos y
XI. Formas y procedimientos por los cuales las personas pueden acceder a los datos personales que les conciernen o por los cuales se puede solicitar su inclusión, complementación, actualización, rectificación, reserva y cancelación.

3. Cualquier modificación a la información contenida en el registro debe ser comunicada por el responsable dentro de los tres días hábiles siguientes al en que haya tenido lugar.

4. El incumplimiento de las normas anticipadas dará lugar a las sanciones previstas en esta ley.

Artículo 22.


1. Los archivos, registros, bases o bancos de datos de carácter público sólo se pueden crear, modificar o extinguir por medio de disposiciones de carácter general de conformidad con las normas jurídicas aplicables, que se deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación.

2. Las disposiciones a que hace referencia el inciso anterior deben indicar:

I. El órgano u organismo público responsable del archivo, registro, base o banco de datos y dependencia o entidad pública de la que dependa, en su caso;

II. Estructura básica, características y finalidad del archivo;

III. Personas de las que se pretende colectar datos y el carácter potestativo u obligatorio del suministro de la información;

IV. Categorías de datos personales que se han de colectar y tratar;

V. Forma, tiempo y lugar de recolección y actualización de los datos;

VI. Cesiones, transferencias o interconexiones previstas y

VII. Organos u organismos públicos ante los que el interesado puede solicitar los derechos de inclusión, complementación, actualización, rectificación, reserva, suspensión o cancelación.

3. En la resolución o disposición que determine la cancelación de archivos, registros, bases o bancos de datos personales, se debe precisar el destino de los mismos o las medidas tomadas para su destrucción.

Artículo 23
.

1. Los archivos, registros, bancos o bases de datos personales que por ser colectados y tratados para fines administrativos, deben permanecer indefinidamente, estarán sujetos al régimen general de esta ley.

2. La colecta y el tratamiento automatizado de datos personales que se hayan realizado con fines de seguridad pública, se limitarán a los necesarios para prevenir un peligro inminente de seguridad pública, policial o para la represión de infracciones penales, se almacenarán en archivos específicos establecidos al efecto y se clasificarán por categorías en función de su grado de fiabilidad.

3. Los datos personales con fines de seguridad pública o policiales se cancelarán luego que se haya cumplido el objeto para el cual fueron colectados y tratados o ya no sean útiles para el mismo objeto.

Artículo 24.


1. Los particulares que formen archivos, registros, bancos o bases de datos personales que no sean para uso exclusivamente personal, deben registrarse y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de esta ley.

Artículo 25.


1. Los terceros que presten servicios de tratamiento automatizado de datos personales no pueden aplicarlos o utilizarlos para fin distinto del que figure en el contrato de servicios ni cederlos a persona diversa, aun para fines de conservación.

2. Cumplida la prestación contractual, los datos personales tratados que hayan quedado en poder del prestador de servicios deberán ser destruidos, salvo que medie autorización expresa de aquél por cuenta de quien se prestan tales servicios cuando razonablemente se presuma la posibilidad de ulteriores encargos, en cuyo caso se podrá almacenar con las debidas condiciones de seguridad por un periodo de hasta dos años.

Artículo 26.


1. Quienes se dediquen a la prestación de servicios de información sobre la solvencia patrimonial y de crédito sólo podrán tratar automatizadamente datos de carácter personal obtenidos de fuentes accesibles al público, facilitados por el interesado o con su consentimiento previo.

2. Los datos personales concernientes al cumplimiento de las obligaciones pecuniarias pueden ser tratados automatizadamente cuando sean facilitados por el acreedor, con su consentimiento previo o por quien actúe en su nombre y cuenta.

3. Los titulares de los archivos, registros, bancos o bases de los datos referidos en los incisos anteriores, dentro de los 30 días siguientes a su registro, deben comunicar a los interesados los datos que se hayan incluido y el derecho que les asiste para recabar informe total de ellos, en los términos establecidos en la ley.

4. En caso de que el interesado lo solicite, el responsable del archivo le informará los datos que le conciernen, las evaluaciones y apreciaciones que sobre el mismo hayan sido comunicadas durante los últimos tres meses y el nombre, domicilio y dirección del cesionario.

5. Sólo se pueden archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo se extinga la obligación, debiéndose hacer constar dicho hecho.

6. La prestación de servicios de información crediticia no requerirá el previo consentimiento del interesado, cuando estén relacionados con el giro de las actividades comerciales o crediticias de los cesionarios.

7. Los responsables de los archivos, registros, bancos o bases de datos rendirán informes sobre la solvencia patrimonial y de crédito de los interesados sin calificar la viabilidad de éstos para ser sujetos de obligaciones pecuniarias.

Artículo 27.


1. Los archivos, registros, bases o bancos de datos destinados al reparto de documentos,publicidad, venta directa u otras actividades análogas sólo pueden incorporar datos personales con el consentimiento de la persona a la cual concierne, cuando ésta los ha facilitado o cuando los datos obren en fuentes accesibles al público.

2. El interesado puede acceder sin costo alguno a los archivos, registros, bases o bancos de datos referidos en el inciso anterior.

3. El interesado tiene en todo tiempo el derecho de conocer el origen de sus datos personales, el destino de los mismos y a que se cancelen, bastando en este caso su simple solicitud.

Artículo 28.


1. Sólo se pueden colectar y tratar automatizadamente datos de carácter personal por encuestas de opinión, investigación científica y actividades análogas si el interesado otorga su consentimiento.

2. Los datos personales a que hace referencia el inciso anterior se deben destinar exclusivamente al cumplimiento de la finalidad para la que fueron recabados y sólo se pueden ceder con el consentimiento previo del interesado.

CAPITULO III

Del Instituto Federal de Protección
de Datos Personales

Artículo 29.


1. El Instituto Federal de Protección de Datos Personales es el organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios que tiene por objeto el control de los responsables de los archivos, registros, bases o bancos de datos personales y la protección de éstos.

2. El domicilio del instituto se ubica en la Ciudad de México, Distrito Federal, independientemente de que puede establecer delegaciones en diversos puntos de la República.

Artículo 30.


1. Compete al lnstituto Federal de Protección de Datos Personales el ejercicio de las atribuciones siguientes:
I. Otorgar asesoría a las personas físicas o jurídicas que lo requieran acerca del contenido y alcance de la presente ley;

II. Dictar las normas y disposiciones administrativas necesarias para la realización de su objeto en el ámbito de su competencia;

III. Llevar un registro actualizado y completo de los archivos, registros, bases o bancos de datos personales;

IV. Vigilar que las normas sobre integridad y seguridad de los datos personales se respeten y apliquen por los titulares de los archivos, registros, bases o bancos de datos correspondientes. Con ese objeto, podrá solicitar a la autoridad judicial competente autorización para inspeccionar los inmuebles, equipos, herramientas y programas de captura y tratamiento de datos;

V. Solicitar la información que requiera para el cumplimiento de su objeto a las entidades públicas y privadas titulares de los archivos, registros, bases o bancos de datos personales, garantizando en todo caso la seguridad, la integridad y confidencialidad de la información;

VI. Imponer las sanciones administrativas que correspondan a los infractores de esta ley;

VII. Formular y presentar las denuncias y querellas por violaciones a lo dispuesto en esta ley y

VIII. Cerciorarse de que los archivos, registros, bases o bancos de datos personales destinados a suministrar informes cuenten con los requisitos necesarios para que proceda su inscripción en el registro de archivos, registros, bases o bancos de datos.

Artículo 31.


1. El director del instituto será nombrado y removido libremente por el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Artículo 32.


1. El director del instituto debe reunir los requisitos siguientes:

I. Ser mexicano por nacimiento, con plena capacidad de goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

481,482,483

II. Tener 30 años cumplidos al momento de ser designado;

III. Tener título oficial de profesión afín al objeto del instituto;

IV. Haberse destacado por sus estudios y/o aplicaciones en el ámbito de la informática o de las nuevas tecnologías de la información y

V. No haber sido condenado por la comisión de delito intencional.

Artículo 33.


1. El Instituto de Protección de Datos contará con la siguiente estructura básica para el cumplimiento de sus funciones:

I. Junta de gobierno;

Il. Dirección general;

III. Consejo consultivo;

IV. Dirección del registro de archivos, registros, bases o banco de datos;

V. Dirección seguridad y protección de datos;

VI. Dirección de programas y comunicaciones y

VII. Dirección jurídica.

2. El instituto contará con el personal profesional, técnico y admistrativo que autorice el presupuesto.

Artículo 34.


La junta de gobierno se compone por los integrantes siguientes:

I. Titular del Poder Ejecutivo Federal o su representante, quien la presidirá;

II. El Secretario de Gobernación, como Secretario;

III. El Secretario de Energía, como vocal;

IV. El Secretario de Educación Pública, como vocal;

V. El Secretario de Hacienda y Crédito Público, como vocal;

VI. El Secretario de Economía, como vocal;

VII. Un representante de la Cámara de Diputados, como vocal;

VIII. Un representante de la Cámara de Senadores, como vocal;

IX. Un representante del Poder Judicial Federal, como vocal y

X. Un representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, como vocal.

2. La junta de gobierno se considera válidamente constituida con la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes.

3. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los integrantes presentes y en caso de empate, el presidente tiene voto de calidad.

Artículo 35.


1. Compete a la junta de gobierno:

I. Conocer de los planes y programas del instituto que someta a su consideración el director general del mismo;

II. Aprobar el reglamento interior del instituto que, en proyecto, presente a su consideración el director general;

III. Supervisar y dar seguimiento a los trabajos realizados por el instituto;

IV. Aprobar el informe semestral que le presente el director general;

V. Emitir las recomendaciones e instrucciones que estime necesarias para el correcto funcionamiento del instituto;

VI. Nombrar a los directores de las diversas áreas del instituto que le proponga el director general, removiéndolos en su caso y

VII. Las demás que le correspondan conforme al derecho vigente.

Artículo 36.


1. El titular del Poder Ejecutivo Federal o quien éste designe en su representación, presidirá la junta de gobierno y dirigirá sus sesiones, velando por el buen orden y despacho de los asuntos sometidos a su conocimiento.

2. En caso de que el titular del Poder Ejecutivo Federal o su representante no asistan, presidirá y dirigirá los trabajos de la sesión el secretario y a falta de éste cualquiera de los vocales, por designación de la propia junta.

Artículo 37.


1. El consejo consultivo se integra por:

I. Un experto en la materia, designado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior;

II. Un representante designado por los titulares de archivos, registros, bases o bancos de datos reconocidos oficialmente;

III. Un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y

IV. Un representante de la Procuraduría General de la República.

2. Los integrantes del consejo consultivo durarán en su encargo tres años y será honorífico.

3. El consejo consultivo es el órgano de asesoría de la junta de gobierno y de la dirección general del instituto.

4. El funcionamiento del consejo consultivo se determinará en el reglamento de esta ley.

Artículo 38.


1. La organización y funcionamiento interior de las direcciones de área del instituto se regularán en el reglamento del propio instituto.

2. Los titulares de las direcciones de área del instituto, deben reunir los mismos requisitos que el director general.

CAPITULO IV

De las sanciones

Artículo 39.

1. Son infracciones leves a esta ley:

I. Omitir la inclusión, complementación, rectificación, actualización, reserva, suspensión o cancelación, de oficio o a petición del interesado, de los datos personales que obren en archivos, registros, bases o bancos de datos;

II. Incumplir las instrucciones dictadas por el director general del instituto y

III. Cualquiera otra de carácter puramente formal o documental que no pueda ser catalogada como grave.

Artículo 40.

1. Son infracciones graves a esta ley:

I. Colectar o tratar datos de carácter personal para constituir o implementar archivos, registros, bases o bancos de datos de titularidad pública, sin la previa autorización de la normativa aplicable;

II. Colectar o tratar automatizadamente datos de carácter personal para constituir o implementar archivos, registros, bases o bancos de datos de titularidad privada, sin el consentimiento del interesado o de quien legítimamente pide otorgarlo;

III. Colectar, tratar automatizadamente o administrar datos de carácter personal con violación de los principios que rigen esta ley o de las disposiciones que sobreprotección y seguridad de datos sean vigentes;

IV. Impedir u obstaculizar el ejercicio del derecho de acceso, así como negar injustificadamente la información solicitada;

V. Violentar el secreto profesional que debe guardar por disposición de esta ley;

VI. Mantener archivos, registros, bases o bancos de datos, inmuebles, equipos o herramientas sin las condiciones mínimas de seguridad requeridas por las disposiciones aplicables y

VII. Obstruir las inspecciones que realice el instituto.

Artículo 41.


1. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que correspondan en los casos de responsables o usuarios de bancos de datos públicos; de la responsabilidad por daños y perjuicos derivados de la inobservancia de la presente ley y de las sanciones penales que correspondan, el organismo de control podrá aplicar las sanciones de:

I. Apercibimiento;

II. Suspensión de operaciones;

III. Multa hasta por el equivalente de uno a 100 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal al momento de comisión de la infracción y

IV. Clausura o cancelación del archivo, registro o banco de datos.

2. En el caso de infracciones leves a esta ley, se aplicarán al infractor, dependiendo de las circunstancias del caso, del daño causado y de las condiciones del propio infractor, la sanción que corresponda conforme a las fracciones de la I a la III de este artículo.

3. En el caso de infracciones graves, se impondrán al infractor dependiendo de las circunstancias del caso, del daño causado y de las condiciones del propio infractor, la sanción que corresponda conforme a las fracciones III y IV de este artículo.

CAPITULO V

De la acción de protección de
datos personales

Artículo 42.

1. La acción de protección de los datos personales o de habeas data procede:

I. Para conocer los datos personales almacenados en archivos, registros o bancos de datos públicos o privados destinados a proporcionar informes y de la finalidad de aquéllos y

II. En los casos en que se presuma la falsedad, inexactitud, desactualización, omisión total o parcial o ilicitud de la información de que se trata, para exigir su rectificación, actualización, inclusión, complementación, reserva, suspensión o cancelación.

Artículo 43.

1. La acción de protección de los datos personales o de habeas data puede ser ejercida por el afectado, sus tutores o curadores y los sucesores de las personas físicas señalados por el Código Civil Federal, por sí o por medio de apoderado con cláusula especial.

2. Cuando la acción sea ejercida por personas jurídicas, deberá ser interpuesta por sus representantes legales o apoderados con cláusula especial que éstas designen al efecto.

3. En el proceso podrá intervenir en forma coadyuvante el defensor público federal.

Artículo 44.


1. La acción procede respecto de los responsables y usuarios de bancos de datos públicos y de los privados destinados a proveer informes.

Artículo 45.


1. Es competente para conocer de esta acción el juez de distrito del domicilio del actor; el del domicilio del demandado; el del lugar en el que el hecho o acto se exteriorice o pudiera tener efecto, a elección del actor.

2. Procede la competencia federal:

I. Cuando se interponga en contra de los responsables de archivos, registros, bancos o bases de datos públicos de órganos u organisrnos públicos federales;

II. Cuando los archivos, bases o bancos de datos de carácter público o privado se encuentren interconectados en redes interestatales, nacionales o internacionales.

Artículo 46.


1. La demanda debe expresar:

I. El tribunal ante el cual se promueve;

II. El nombre del actor y del demandado;

III. El objeto de la acción;

IV. Con la mayor precisión que sea posible, el nombre y domicilio de archivo, registro, banco o base de datos y en su caso, el nombre y responsable del usuario del mismo;

V. En el caso de archivos, registros, bancos o bases de datos públicos, se procurará establecer el organismo estatal del cual dependen;

484,485,486

VI. Los hechos en que el actor funde su petición, narrando sucintamente, con claridad y precisión, los motivos en los que apoya su acción y por los cuales considera que los registros, archivos, bancos o bases de datos son omisos, incompletos, incorrectos, falsos, inexactos o por los cuales considera que los datos deben reservarse, suspenderse o cancelarse y destruirse;

VII. El interesado o quien promueva en su nombre y representación pueden solicitar que se asiente mientras dure el proceso que la información cuestionada se encuentra sujeta a proceso judicial;

VIII. El juez puede disponer de oficio, por causa fundada y motivada, la suspensión o reserva de los datos personales;

IX. El fundamento de derecho y

X. Lo que se pida, designándolo con toda exactitud, en términos claros y precisos.

Artículo 47.

1. Con la demanda, el actor debe presentar los documentos en que funde su acción o señalar, bajo protesta de decir verdad, el archivo o lugar en donde se encuentren si no los tiene a su disposición.

2. Con la sola protesta que haga el actor, el juez mandará expedir a costa de aquél copia de los documentos correspondientes.

Artículo 48.

1. De la demanda admitida, se correrá traslado a la persona contra la que se proponga, emplazándola para que la conteste dentro de los tres días siguientes.

2. Las cuestiones de jurisdicción, competencia y personalidad, deberán promoverse en la contestación de demanda y se resolverán de plano en el auto en el que se provea sobre ella.

3. En los procedimientos seguidos por el ejercicio de una acción de protección de datos personales no procede la contrademanda ni la ampliación de la contestación.

Artículo 49.


1. El juez puede, en todo momento y hasta antes de dictar sentencia, recabar informes sobre el soporte técnico de datos, documentación de base relativa a la recolección y cualquier otro aspecto que resulte conducente a la resolución de la causa.

Artículo 50.


1. Los responsables de los archivos, registros, bancos o bases de datos no pueden alegar confidencial a la de la información que se les requiera, salvo en el caso de que se afecten fuentes de información periodística o así corresponda conforme a esta ley.

2. Cuando la confidencialidad se alegue en los casos de excepción previstos en la ley, el juez puede tomar conocimiento personal y directo de los datos, asegurando el mantenimiento de su confidencialidad.

Artículo 51.


1. Contestada la demanda, inmediatamente el juez de oficio abrirá el proceso a prueba por un termino único de cinco días comunes a las partes.

Artículo 52.


1. Vencido el plazo de prueba, de oficio el juez dictará sentencia dentro de los tres días siguientes.

2. Si la acción se resuelve fundada, el juez determinará los datos que deben ser incluidos, complementados, actualizados, rectificados, reservados, suspendidos o cancelados y destruidos, estableciendo un plazo no superior de 15 días para su cumplimiento y acreditación y en su caso, la forma de hacerlo.

3. La improcedencia de la acción no presume responsabilidad alguna en la que pudiera incurrir el demandante.

4. La sentencia, cualquiera que sea el sentido en que se pronuncie, se comunicará inmediatarnente al Instituto Federal de Protección de Datos Personales, con objeto de que lleve un registro al efecto.

Artículo 53.


1. La acción de proteccion de datos o habeas data se tramitará según las disposiciones de la presente ley y supletoriamente por las normas del Código Federal de Procedimientos Civiles.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero
. La presente ley entrará en vigor a los 180 días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.
El Ejecutivo Federal establecerá el Instituto Federal de Protección de Datos Personales dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor de la presente ley.

Tercero.
El Ejecutivo Federal reglamentará esta ley dentro de los 180 días siguientes a su publicación.

Cuarto.
El Ejecutivo Federal determinará en el reglamento de esta ley la forma, términos y plazos en que los archivos, registros, bancos o bases de datos destinados a otorgar informes deben registrarse en el organismo a que se refiere el artículo 33, fracción IV.

Quinto.
Se derogan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se opongan a lo dispuesto en esta ley.

México, D.F., a 31 de enero de 2001.- Senador Antonio García Torres, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos.»

PROCESOS ELECTORALES

El Presidente:

Tiene la palabra el senador César Camacho Quiroz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a otras leyes.

El senador César Camacho Quiroz:

Señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Es verdad, en Yucatán se ha puesto a prueba nuestro estado de derecho, pero no como lo quieren ver algunos, porque en la posición del Congreso del Estado haya desacato o desafío ni tampoco porque en una actitud que le honra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acredite prudencia al desoír las voces que con la ligereza de siempre lo conminan a pedir la intervención de la fuerza pública.
Asistimos a una situación especialmente delicada, porque la aplicación de la ley ha provocado legítima divergencia, porque cumplirla significa desde luego someterse a su letra, pero también al propósito que la inspiró, porque no se trata sólo de oponer interpretaciones distintas, sino de confirmar certezas y consolidar principios, porque ahí donde se advierta ambigüedad o contradicción siempre será válido cuestionar y proponer, corregir y mejorar. Porque en el México plural de nuestros días nadie tiene toda la verdad ni ésta puede provenir de la iluminación del sabio o la imposición del poderoso, sino de una discusión amplia y serena, responsable y constructiva por parte de quienes por obligación obedecen la ley y por convicción atienden a su propia conciencia.

Por eso hagamos un mayor esfuerzo por conciliar y coincidir, por apegarnos a nuestras normas, con el ánimo de encontrar en ellas cauces y nunca diques, rumbos y no valladares, por ponernos una vez más de acuerdo en lo fundamental. Con ese objetivo, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ha analizado el marco constitucional del contencioso electoral, así como diversos preceptos de la legislación secundaria, a fin de revisar las atribuciones del órgano jurisdiccional federal y formular posibles adecuaciones que le permitan cumplir en forma correcta las tareas que le están encomendadas.

Se observa en primer lugar que las disposiciones constitucionales se mantienen, como lo ha aceptado el mismo tribunal, en la obvia generalidad que caracteriza a la Norma Suprema. Los artículos 41 y 99 fracción IV de la Ley Fundamental son así, imprecisos cuando aluden a los actos y resoluciones de naturaleza electoral, ya que no aclaran en qué consisten estas ni aquéllas ni a qué autoridades les compete emitirlos, provocando incluso interpretaciones confusas y aun opuestas.

Las leyes secundarias, por su parte, no cumplen con la expectativa de darle un contenido concreto y una precisión legislativa a los principios generales que la Constitución consagra. No sólo no han logrado tal objetivo, sino que su deficiencia ha conducido a tomar decisiones cuestionadas y peligrosas.

Ha sido este insuficiente desarrollo normativo el que ha provocado el problema que hoy nos ocupa. Se trata desde luego de un conflicto legal, pero no de una confrontación cuyo desenlace deba afrentar a una de las partes, comprometer su futuro y menos menguar su dignidad. Las carencias de la ley se resuelven con la propia ley, sin necesidad de mediciones de fuerzas ni de acciones que extralimiten los ámbitos de competencia. Todos tenemos voluntad y capacidad para superar nuestras diferencias.

Proponemos reformas a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues estimamos que con dichas modificaciones se superan las imprecisiones detectadas, las contradicciones evidentes y se reafirma la validez del texto constitucional cuya redacción debe seguir vigente, pues es producto de un amplio consenso nacional.

De igual modo, si bien el Constituyente Permanente introdujo en la reforma al artículo 41 constitucional fracción IV, un sistema de impugnación con el que se da definitividad a cada una de las etapas del proceso electoral, es indispensable leer esta disposición a la luz del propio artículo que desde su primer párrafo consagra la soberanía que ejercen los poderes de la Unión y que es la misma que toca a los estados reivindicar en todo lo que se refiere a su régimen interior.

Se hace necesario precisar en consecuencia, que el tribunal encargado del trámite de los medios de impugnación electoral no tiene atribuciones para revisar actos o resoluciones definitivas de los poderes de la Federación y de los estados ni de los emitidos por las autoridades del Distrito Federal, sobre todo si se trata de una facultad concedida a la representación popular por la legislación local, que así ejerce un indudable derecho y cumple con una responsabilidad jurídica. No hay duda, de hacerlo se estaría atentando contra el régimen federal de nuestra Carta Magna.

Parece haber acuerdo en la conveniencia de perfeccionar lo contencioso electoral, de modo que los comicios se desarrollen conforme a los principios consagrados por la Constitución Federal y se garantice suficientemente la constitucionalidad y la legalidad de los actos y resoluciones electorales. Pero ello no justifica, aun siendo vital para nuestra democracia, que se intente pasar por encima de la soberanía de los estados y de la competencia de las autoridades del Distrito Federal.

Nuestro reto es, hoy, dar paso a un federalismo más equilibrado, que dé a cada ámbito de gobierno su lugar, que no avasalle ni disuelva un federalismo también electoral, un federalismo que impida que instancias federales exorbiten sus atribuciones al grado de atentar contra lo más íntimo y entrañable de lo local, un federalismo que resistiéndose a todo intento centralista tome partido por los estados que fueron quienes al suscribir la unión hicieron de su acuerdo un pacto fundador, un federalismo rigurosamente jurídico que evite la politización o peor aún, la partidarización de la justicia federal, en el que todo acto pueda ser impugnado cuando la ley lo permita, en donde los problemas se solucionen con la sencilla pero recta aplicación de la ley.

Por la salud de la República y para el fortalecimiento de la Unión, hagamos que cada entidad federativa ejerza a plenitud, pero siempre de manera responsable, su soberanía y que cada órgano de autoridad haga su parte con estricta observancia de sus atribuciones y también de sus limitaciones.

No se olviden que acotar no es sólo deslindar y ceñir; es también precisar, esclarecer, darle rigor y pertinencia al ejercicio de la propia libertad. La ley debe servir para evitar y eventualmente corregir los problemas; nunca para propiciarlos ni menos para ahondar en ellos; eso es lo que hermana al derecho con la política, sin aquél ésta carece de ideal; sin ésta, aquél pierde su objetivo. En el primer caso la política se revela en su ejercicio insuficiente para alcanzar los fines de la comunidad; en el segundo, el derecho pierde sentido como norma que llevada a la práctica será siempre perfectible. Para ambos el fin es el mismo: que se haga justicia.

En nosotros está, perfeccionemos el siempre perfectible marco jurídico, un federalismo no sólo legal sino equilibrador y sobre todo justo.

Gracias

«Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

487,488,489

Los abajo firmantes, integrantes de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, miembros del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hemos seguido con máximo interés y grave preocupación los acontecimientos que se han suscitado en el Estado de Yucatán, originados por las diversas interpretaciones de las disposiciones de la Constitución General de la República y las contradicciones existentes entre preceptos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Las diversas interpretaciones son consecuencia, como lo reconoce la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del hecho de que la redacción del texto de los artículos 41 y 99 fracción IV, de nuestra Norma Suprema, se mantiene en la generalidad propia de los textos constitucionales, que aluden genéricamente a actos y resoluciones electorales sin precisar en detalle cuáles son tales actos y resoluciones y en el empleo de términos que admiten interpretaciones diversas e incluso contradictorias, como lo son los de autoridades competentes sin referirlas a actos o resoluciones concretos.

Sin embargo, en el tema de las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las leyes secundarias encargadas de dar precisión y concreción a los principios constitucionales, no solamente no lo hicieron con la acuciosidad requerida, sino que incurrieron en manifiestas contradicciones, como claramente resulta de comparar la redacción del artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con el artículo 186 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Lo anterior ha generado, a través de la resolución que el citado tribunal emitió anulando la designación que el honorable Congreso del Estado hizo de los miembros del Consejo Estatal Electoral, un conflicto con el honorable Congreso del Estado de Yucatán, el cual considera que dicho tribunal no tiene facultades para tal anulación y estima que, no obstante la incompetencia señalada, ha cumplido con la sentencia emitida, al haber repuesto el procedimiento mediante el cual el honorable Congreso del Estado realizó la designación de los consejeros del máximo órgano electoral de Yucatán.

El conflicto ha trascendido en forma tal, que ha dado lugar a un enfrentamiento entre el máximo tribunal del país en materia electoral y el Poder Legislativo que representa la soberanía del pueblo del Estado de Yucatán, generando situaciones contrarias a la armonía social que repercuten negativamente en la organización del proceso electoral en puerta, a desarrollarse en la entidad.

El propósito de esta iniciativa es subsanar la falta de precisión y contradicciones de las normas legales secundarias, por lo que los suscritos, asumiendo nuestra responsabilidad ins titucional como legisladores, venimos a presentar esta iniciativa de reformas a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues estimamos que con dicha reforma se impiden interpretaciones contradictorias de los textos constitucionales, los cuales en su redacción vigente que fue fruto de un amplio consenso nacional, son suficientes y válidos.

En efecto, si bien el legislador constitucional estableció en el nuevo artículo 41 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un sistema de medios de impugnación para dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales, ello se debe entender vinculado al primer párrafo del propio artículo 41, que como acapite fundamental regula todo el artículo, distribuye las soberanías que se ejercen por los poderes de la Unión, en los ámbitos de la competencia de éstos y de las competencias de los poderes estatales, en lo que se refiere a su régimen interior. Se hace necesario, en consecuencia, que se precise que el tribunal electoral, como encargado del trámite de los medios de impugnación electoral no tiene atribuciones para revisar actos o resoluciones definitivas de los poderes de la Federación y de los estados ni de los emitidos por las autoridades legislativas, Ejecutiva y Judicial del Distrito Federal, pues de lo contrario se presentaría un rompimiento de nuestro propio sistema federal establecido en la Carta Magna.

Ciertamente, se trata de garantizar, mediante un contencioso electoral adecuado, los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, pero tal contencioso electoral no puede ni debe violentar el ejercicio de la soberanía de los estados y de las autoridades del Distrito Federal, en lo que toca a su régimen interior, pues estos poderes y autoridades deben estar en aptitud de ejercer sus facultades a plenitud, con la única limitación de contravenir las estipulaciones del pacto federal.

Para lograr el objetivo anterior se propone la reforma del inciso d del párrafo segundo del artículo 3o.; del inciso b del párrafo primero del artículo 10; la adición de los párrafos tercero y cuarto del artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y la reforma del inciso b de la fracción III del artículo 186 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Nuestra propuesta se inspira en una recta comprensión del federalismo mexicano, en el respeto a la soberanía de los estados y de las autoridades del Distrito Federal; en la convicción de que el enfrentamiento mencionado lo provocan las deficiencias ya citadas del marco jurídico y en el ánimo de que contribuya a que nuevamente impere la armonía social, la tranquilidad y el respeto a todas las instituciones en el desarrollo de los procesos electorales.

Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las atribuciones que nos confiere la fracción I del artículo 72 de la Constitución General de la República, nos permitimos presentar a esa Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con la petición de que sea turnada a la Cámara de Senadores la siguiente

INICIATIVA


De reformas y adiciones a los artículos; 3o. párrafo segundo inciso d; 10 párrafo primero inciso b; 86 párrafos tercero y cuarto de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y la reforma del artículo 186 fracción III inciso b, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral

"Artículo 3o.


1 a 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) al c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d) El juicio de revisión constitucional para garantizar la constitucionalidad de actos o resoluciones de las autoridades locales en los procesos electorales de las entidades federativas, con excepción de aquellos que en ejercicio de la soberanía realicen los poderes por medio de los cuales los estados actúan en todo lo concerniente a su régimen interior, y de los que emitan las autoridades Legislativa, Ejecutiva y Judicial del Distrito Federal.

e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 10.

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Cuando se pretenda impugnar los actos o resoluciones realizados por los órganos en que se depositan los poderes de la Federación y de los estados, así como aquellos emitidos por las autoridades Legislativa, Ejecutiva y Judicial del Distrito Federal.

c) al f) Se corren las actuales fracciones b) al e).

Artículo 86.

1 a 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. El juicio de revisión constitucional electoral no procederá, en ningún caso y por ningún motivo, cuando se pretenda impugnar los actos o resoluciones que, en ejercicio de la soberanía, realicen los órganos en que se depositan los poderes de la Federación y de los estados, así como aquellos emitidos por las autoridades Legislativa, Ejecutiva y Judicial del Distrito Federal.

4. Las resoluciones se emitirán conforme a lo alegado y probado con estricto apego a derecho.

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Artículo 186. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I a la III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Actos y resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes para organizar, calificar o resolver las impugnaciones en los procesos electorales de las entidades federativas, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso electoral respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía no procederá en contra de los actos y resoluciones que realicen los órganos en que se depositan los poderes de la Federación y de los estados, así como aquellos emitidos por las autoridades Legislativa, Ejecutiva y Judicial del Distrito Federal. Esta vía procederá solamente cuando se viole algún precepto establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios electos;

c) al e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV a la X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,"

México, D.F., a 14 de febrero de 2001.- César Camacho Quiroz.»

El Presidente:

Muchas gracias senador César Camacho Quiroz.

Túrnese esta iniciativa a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.


EJERCITO ZAPATISTA DE
LIBERACION NACIONAL (II)

El Presidente:

Tiene la palabra el senador Demetrio Sodi de la Tijera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de adiciones al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos...

Permítame un momento por favor, señor senador.

Señor visitante, esta mesa directiva tomó el acuerdo, dada la petición que ustedes hicieron en la sesión pasada, de dar cuenta a la Comisión Permanente en pleno, de la solicitud que ustedes presentaron por escrito.

En los términos del artículo 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se ha turnado a la comisión correspondiente que será la única que podrá analizar su contenido y las solicitudes que ustedes como particulares han planteado y que es precisamente la Comisión de Concordia y Pacificación para el Estado de Chiapas.

No es este pleno quien pueda hacer análisis ni pronunciamiento alguno sobre la solicitud que ustedes han presentado en los términos del artículo que he aludido. Se ha dado el trámite correspondiente a la solicitud que ustedes de manera ordenada y respetuosa han presentado a este Congreso de la Unión.

Le ruego por favor que respetemos el orden de esta Asamblea y el acuerdo que los grupos parlamentarios, considerado como urgente en esta Comisión Permanente han tomado respecto al asunto que ustedes han planteado y que repito se ha dado el debido y legítimo trámite.

Por favor vamos a continuar con la sesión y ruego al señor senador Demetrio Sodi de la Tijera que haga...

Permítame insistir en que vamos a continuar con el procesamiento de los trámites que prosiguen. Ya se dio el procesamiento al trámite que ustedes solicitaron y tendremos que proseguir con los demás; de lo contrario, me veré obligado a utilizar las facultades de los artículos 207 y 209 para invitarlos a salir de este recinto.

HORARIO DE VERANO

El Presidente:

Tiene la palabra el senador Demetrio Sodi de la Tijera

El senador Demetrio Javier Sodi de la Tijera:

Con su permiso, señor Presidente:

El grupo parlamentario del PRD quiere presentar una iniciativa en relación con husos horarios y horarios estacionales, una reforma constitucional, dado el problema que tenemos enfrente.

490,491,492

Yo creo que hoy el papel del Congreso ante una nueva composición política nacional, ante los problemas que estamos enfrentando en diferentes tanto regiones del país con tan diferentes problemas que tenemos enfrente, es urgente que retomemos el papel o tomemos el papel más allá de la reforma constitucional integral a que ha convocado el Presidente de la República, hay ciertas decisiones, cambios, urgentes que tenemos que atender.

De otra manera, por ejemplo en el caso de husos horarios, se va a dar o se puede dar una situación dada la falta de definición, de precisión sobre quien tiene facultades para decidir los husos y horarios, para decidir el cambio de horario, se puede presentar algo que ya estamos viendo, la situación de que ante que no queda clara la facultad presidencial para definir el cambio de horario, que en el caso del Congreso tampoco queda claro que tengamos facultades para husos horarios porque no puede simplemente considerarse que el artículo de la Constitución que señala pesos y medidas como facultad del Congreso para definir y no especifica completamente husos horarios y que también no está claro si los estados de la República tienen esa facultad y lo que puede presentarse en los próximos meses es una anarquía que afecte totalmente a la población.

Se puede llegar al extremo que, ojalá no se llegue, pero de que cada Estado de la República decida en función de sus intereses, de consultas que haga o de prioridades que tenga, cuál es el horario que puede usar y si sigue o no sigue el horario de verano.

Y se puede dar un conflicto, sobre todo en zonas conurbadas, en donde los habitantes de una zona, de una colonia, al pasar simplemente a otra calle tengan un horario diferente al que tienen en la entidad federativa en la que viven o en la que trabajan.

Pues por eso, el grupo parlamentario del PRD hemos considerado que éste es un tema urgente, no porque sea menor en términos de otros problemas nacionales y de grandes cambios nacionales, no es un tema menor en términos de lo que puede provocar y afectar a la ciudadanía de afectar inclusive nuestro prestigio externo como país a nivel internacional y de afectar también la posibilidad de tener una política energética, congruente, en todo el país.

Entonces, durante la parte que corresponde a puntos de acuerdo, vamos a presentar un punto de acuerdo también sobre este tema en donde se menciona la necesidad de que se presente una iniciativa o de que se discuta una reforma constitucional que dé finalmente al Poder Legislativo la facultad de decidir los husos horarios y las modificaciones a esos husos horarios.

Entonces, no voy a leer toda la exposición de motivos, simplemente me voy a referir concretamente al cambio constitucional que se propone. Dice: "con fundamento en los artículos 71 fracción II, 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 55 fracción II y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ante el pleno de esta Comisión Permanente, los suscritos legisladores del Partidos de la Revolución Democrática presentamos la presente

INICIATIVA


De ley con proyecto de decreto para lo cual proponemos adicionar una fracción al artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que diga lo siguiente:

Se adiciona una fracción XXXI al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

"Artículo 73... fracción XXXI. Para legislar en materia de husos horarios y horarios estacionales."

ARTICULO TRANSITORIO


Unico.
El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su presentación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 14 días del mes de febrero del año 2001.

Muchas gracias.

«Iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se propone adicionar una fracción XXXI al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para otorgarle al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia de husos horarios y horarios estacionales.

Ciudadanos secretarios de la mesa directiva.- Comisión Permanente.- Congreso de la Unión LVIII Legislatura.- Presente.

Con fundamento en los artículos 71 fracción II, 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 55 fracción II y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ante el pleno de esta Comisión Permanente los suscritos legisladores del Partido de la Revolución Democrática presentamos la presente iniciativa de ley con proyecto de decreto por la cual proponemos adicionar una fracción XXXI al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS


La aplicación del horario de verano nuevamente está en el centro del debate político nacional, como sucede cada año desde 1996 en las fechas previas a su entrada en vigor. Sin embargo, en esta ocasión quizá el debate se ha situado más en cuestionar la legalidad y hasta la constitucionalidad de esta medida y sobre todo la competencia da los órganos públicos facultados para determinar tanto los husos horarios como los horarios estacionales que regirán en el país; es decir, si es el Presidente de la República quien deba decidir sobre su aplicación o es el Congreso de la Unión o alguna de sus cámaras las que debieran legislar en la materia o como algunos otros incluso, defienden que los estados estarían en completa libertad para aplicarlos, ya que ante la evidente laguna jurídica, valiéndose de una interpretación extensiva del artículo 124 de la Constitución Política, podrán considerar que se trata de una facultad reservada para las entidades federativas y en tal caso, estar en condiciones de determinar su propio horario.

Lo cierto es que hasta el momento, el poder Ejecutivo Federal se ha arrogado la facultad de imponer tal medida, amparando la expedición del decreto correspondiente en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que especifica las facultades y obligaciones del Presidente que a la letra dice: "promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia".

El contenido de esta fracción alude a la facultad reglamentaria del Ejecutivo Federal para procurar mediante la expedición de decretos el cumplimiento de la legislación; sin embargo, tal facultad debe sustentarse en dos premisas: la primera, que para poder ejercerla, debe existir previamente una disposición legislativa, ya que tal reglamento será una extensión de su normatividad, a la que podrá desarrollar, complementar o detallar, pero nunca podrá superar en contenido o alcance y mucho menos suplir y la segunda, que mediante esta facultad no puede regularse una materia exclusiva para la legislación. Por lo tanto, el ejercicio de esta facultad para emitir los decretos relativos a la adopción de los sistemas de husos horarios y en particular de los horarios estacionales debieran atender a la existencia de un instrumento previo de contenido materialmente legislativo.

Existe también una polémica discusión, ya que se ha querido subsanar esta carencia, invocando los instrumentos internacionales, supuestamente signados por el Gobierno mexicano sobre la materia, presuponiendo que tales instrumentos debieron pasar previamente por la aprobación del Senado desde tiempo atrás ya que México se incorporó al sistema de Greenwich en 1922. Sin embargo, tanto el instrumento de orden internacional referido como el procedimiento aprobatorio en strictu sensu no se han dado, por lo que de ninguna manera puede desprenderse una facultad como la que se pretende ejercer.

Adicionalmente se invoca también el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que refiere las facultades de la Secretaría de Energía a la que le corresponden el despacho de varios asuntos, entre los que se podrían interpretar como sustento legal de este decreto presidencial.

En su fracción I conducir la política energética del país o su fracción VI llevar a cabo la planeación energética a mediano y largo plazos, así como fijar las directrices económicas y sociales para el sector energético paraestatal; la fracción VIII realizar y promover estudios e investigaciones sobre ahorro de energía, estructuras, costos, proyectos, mercados, precios y tarifas, activos, procedimientos, reglas, normas y demás aspectos relacionados con el sector energético y proponer, en su caso, las acciones conducentes.

Sin embargo, ninguna de ellas especifica explícitamente la facultad para el Ejecutivo o de alguna dependencia de la Administración Pública Federal en lo particular de determinar las modificaciones de los husos horarios que rigen en el país, si estuviera hipotéticamente en un ordenamiento secundario o reglamentario supletorio, no habría ninguna diferencia, ya que el decreto no los menciona explícitamente, por lo que es cuestionable que el Ejecutivo Federal se atribuya esta facultad.

Y por otro lado, también se ha interpretado extensivamente o por analogía la fracción XVIII del artículo 73 de la Constitución Política que otorga la facultad al Legislativo en materia de pesos y medidas o de otras fracciones que no viene al caso citar, en las que se ha querido contemplar a los sistemas de medición del tiempo como medidas de orden económico, obviamente no puede asumirse que la modificación al horario de verano esté contemplado de manera expresa en dicha facultad, aunque reconocemos que tiene evidentemente efectos de carácter económico.

Por otro lado, se debe tomar en cuenta el rechazo a estas medidas por parte de la población y sobre todo de algunas legislaturas y gobiernos locales; del propio jefe de gobierno del D.F. quien propuso una consulta al respecto e inclusive tomando en cuenta el resultado de la misma, si fuera negativo, ofreció emitir un decreto para suspender su aplicación en el D.F. Este rechazo, hay que reconocerlo, se debe en parte a la confusión que prevalece sobre la aplicación del marco jurídico o más bien, sobre la laguna que existe.

Es importante destacar esta situación, ya que podría presentar en el futuro una confrontación entre el centro y las entidades federativas que decidieran soberanamente no aplicarlo, lo que sería verdaderamente caótico, al tener unos estados en los cuales sí se aplicara y en otros no, por lo que esto coloca el problema en una dimensión de orden federal, que necesariamente nos obliga a acometer acciones preventivas en lo inmediato.

Una medida de tal naturaleza reviste indudablemente un gran interés nacional, debido a que afecta a la población en su conjunto, a lo largo y ancho de la geografía del país y trasciende a la vida cotidiana de los ciudadanos y de sus familias y a todos los sectores de la economía y particularmente a nuestras relaciones y operaciones comerciales con el exterior, que ven afectadas sus actividades cotidianas.

Tomando en cuenta las ventajas en el ahorro de energía eléctrica que representa aproximadamente 1 mil millones de pesos anuales, que los datos en la disminución en el consumo desde 1996 a 2000 revelan que son 5 mil 181 millones de kilowatts/hora que equivalen al consumo de 20 millones 900 mil hogares durante más de 9 semanas y lo que representaría el consumo de 9 millones 800 mil focos de 60 watts durante un año así como del consumo de 9 millones 300 mil barriles de petróleo, lo que equivalen al gasto de gasolina de 2 millones de automóviles en casi cinco meses.

Desde su aplicación en abril de 1996, se han manifestado diversas opiniones en contra del horario de verano, realizándose inclusive, diversas consultas ciudadanas en las entidades federativas y en el D.F., así como encuestas levantadas por instituciones como la UNAM, la Secretaría de Energía y la CFE sobre la aceptación de esta medida y sobre el impacto que se observa en los sectores de la economía. Por citar algún ejemplo tenemos el de la industria aeronáutica, que sufriría un impacto negativo derivado de la modificación al horario de verano, principalmente a que existen compromisos adquiridos a nivel internacional, que se traducirían en el incremento en costos generados por la alteración de los horarios de vuelo.

Dichos costos se verían reflejados en la pérdida de 75 mil pasajeros en conexión que representan pérdidas por 16 millones de dólares aproximadamente, costos incrementales por el proceso de reservaciones, itinerarios etcétera, estimados en 30 millones de dólares y costos por indemnización a pasajeros.

Por lo tanto, tomando en cuenta las enormes e inmanejables proporciones que pudieran darse en el peor de los escenarios posibles y sobretodo siendo consecuentes con nuestra responsabilidad ante la nación, debemos acometer acciones preventivas que en lo futuro permitan planear con la debida anticipación la adopción de un sistema de husos horarios sobre una base jurídica precisa, por lo que proponemos ante la evidente laguna constitucional y legal en la materia para salvaguardar la soberanía de los estados, tratando de tomar en cuenta su opinión a través de sus representantes, que al Congreso de la Unión se le otorgue la facultad explícita de legislar en materia de husos horarios como también sobre horarios estacionales.

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El Presidente :

Por las consideraciones anteriores proponemos adicionar una fracción XXXI al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el siguiente

PROYECTO DE DECRETO


Unico.
Se adiciona una fracción XXXI al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

"Artículo 73.

I a la XXX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XXXI. Para legislar en materia de husos horarios y horarios estacionales."

ARTICULO TRANSITORIO


Unico
. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 14 de febrero de 2001.

El Presidente:

Muchas gracias, señor senador Sodi de la Tijera.

Túrnese esta iniciativa a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.


Se ruega a la Secretaría dar cuenta con los oficios.

PREMIO NACIONAL DE LA JUVENTUD

El secretario senador Héctor Antonio
Astudillo Flores:

Se dará lectura al oficio de la Secretaría de Gobernación:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.

Diputado Ricardo García Cervantes, presidente de la mesa directiva Cámara de Diputados.- Presente.

Para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles y con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, solicito a usted, de no existir inconveniente alguno, tenga a bien instruir lo conducente a fin de que la Cámara de Diputados designe a un representante ante el Consejo de Premiación correspondiente al Premio Nacional de la Juventud.

Asimismo le reitero el compromiso del presidente Vicente Fox Quesada para reconocer el talento y la dedicación al trabajo o al estudio de los jóvenes mexicanos merecedores de este premio, máximo reconocimiento que en esta materia otorga el Gobierno Federal.

Sin otro particular le envio un cordial saludo.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad de México, a 8 de febrero de 2001.- El secretario del despacho, licenciado Santiago Creel Miranda.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Educación Pública.

Licenciado Santiago Creel Miranda, secretario de Gobernación.- Presente.

Con fundamento en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 78 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, le solicito tenga a bien interceder para que cada una de las cámaras del Congreso de la Unión designe a sus respectivos representantes, un titular y un suplente, ante el consejo de premiación correspondiente al Premio Nacional de la Juventud. Dicho premio es el máximo reconocimiento que otorgue el Gobierno de la República a los mexicanos menores de 25 años cuya conducta, dedicación al trabajo o al estudio, cause entusiasmo y admiración entre sus contemporáneos y pueda considerarse ejemplo estimulante para la comunidad.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 15 de enero de 2001.- El secretario doctor Reyes S. Tamex Guerra.»

Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles

CAPITULO XII

Premio Nacional de la Juventud


Artículo 78
. Este promedio se tramitará en la Secretaría de Educación Pública, por conducto del Consejo de Premiación, que presidirá el titular de dicho ramo y que lo integrará junto con representantes de las secretarías de Gobernación, de Trabajo y de la Reforma Agraria, el director del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, más un representante de cada una de las cámaras del Congreso de la Unión.

El Presidente:

Se recibe y túrnese a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

COMISION FEDERAL DE MEJORA
REGULATORIA

El secretario senador Héctor Antonio
Astudillo Flores:

Oficio con el que remite informe el titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria sobre el desempeño de las funciones de dicha comisión, de mayo a noviembre de 2000 en términos del artículo 69-E fracción VII, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

Se recibió en esta Secretaría el oficio No. COFEME.01.060, suscrito por el licenciado Carlos Arce Macías. Titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, con el que acompaña informe sobre el desempeño de las funciones de dicha comisión y de los avances de las dependencias y organismos descentralizados en sus programas de mejora regulatoria, en términos de lo dispuesto por el artículo 69-E fracción VII, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Cabe aclarar que por esta ocasión se envía el informe anual de referencia por el periodo que comprende de mayo de 2000 a noviembre del mismo año, debido a que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, se creó por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de abril de 2000, entrando en vigor a partir del 19 de mayo del mismo año; a partir de 2001 se enviará un informe que abarque los ejercicios comprendidos de enero a diciembre del año inmediato anterior.

Lo que hago de su conocimiento para los fines que estime procedentes. anexo al presente los informes de referencia.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., 7 de febrero de 2001.- Por acuerdo del secretario el director general de Gobierno Sergio Orozco Aceves.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Licenciado Sergio Orozco Aceves, director general de Gobierno.- Secretaría de Gobernación.- Presente.

Por medio del presente, le solicito su valiosa intervención con el fin de que se sirva hacer llegar al honorable Congreso de la Unión el informe sobre el desempeño de las funciones de esta comisión y de los avances de las dependencias y organismos descentralizados en sus programas de mejora regulatoria, en términos de lo dispuesto por el artículo 69-E fracción VII, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Lo anterior, toda vez que de conformidad con el artículo 27 fracción VII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Gobernación el conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los otros poderes de la Unión.

Cabe aclarar que en esta ocasión, se envía el informe anual de referencia por el periodo que comprende de mayo de 2000 a noviembre del mismo año, debido a que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, se creó por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de abril de 2000, entrando en vigor a partir del 19 de mayo del mismo año; a partir de 2001 se enviará un informe que abarque los ejercicios comprendidos de enero a diciembre del año inmediato anterior.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes

Atentamente.

México, D.F., a 29 de enero de 2001.- Licenciado Carlos Arce Macías, el titular.»

«Comisión Federal de Mejora Regulatoria.- Informe final del comisionado.- Noviembre 2000.

Indice


1. Situación previa a 1994: diagnóstico del sector productivo.

2. Acciones realizadas y resultados obtenidos de 1995 a 2000.

2.1. Mejora y desregulación de trámites empresariales vigentes.

2.2. Revisión y mejora de proyectos de disposiciones legislativas y administrativas federales.

2.3. Propuestas de reformas a disposiciones administrativas y legislativas con impacto general en la actividad económica.

2.3.1 Reformas administrativas.

2.3.2. Reformas legislativas.

2.3.3. De la desregulación a la mejora regulatoria: reformas a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y creación de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
3. Apoyo a los estados en sus respectivos programas de mejora regulatoria.

4. Participación en foros internacionales.

5. Consideraciones finales y acciones sugeridas para la siguiente administración.

5.1. Consideraciones acerca del proceso de mejora regulatoria.

5.2. Acciones sugeridas para los primeros 90 días de la siguiente administración.

5.3. Retos a futuro para la mejora regulatoria federal.

5.4. La interfaz de las regulaciones federales, estatales y municipales.

1. Situación previa a 1994: diagnóstico del sector productivo

Cuando la regulación de la actividad económica está mal diseñada o concebida impone obstáculos innecesarios a las empresas, especialmente a las de menor tamaño; eleva los precios para los consumidores; desalienta la inversión productiva, creadora de empleos y merma la calidad de los servicios gubernamentales a los ciudadanos.

A finales de los años ochenta, muchas de las disposiciones que normaban las actividades productivas eran innecesarias y propiciaban la corrupción al permitir una discrecionalidad excesiva a las autoridades.1 Con el fin de coadyuvar a corregir esa situación, en 1989 se creó en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la Unidad de Desregulación Económica, ahora transformada en Comisión Federal de Mejora Regulatoria2. Esta comisión ha contribuido a eliminar un gran número de disposiciones obsoletas o innecesarias.3

1 Un caso ya subsanado, entre muchos otros, era el proceso de asignación de franquicias de Pemex.
2 De aquí en adelante, sólo se hará referencia a la comisión.
3 A guisa de ejemplo, se eliminó la aprobación previa de los contratos privados, relacionados con asistencia técnica y licenciamiento de derechos de propiedad industrial, ya que era absurda la presunción de que el Gobierno supiera más que los interesados acerca de las decisiones empresariales en materia de adquisición de tecnología.

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La estrategia inicial se enfocó a la desregulación de sectores específicos, con el propósito de facilitar los flujos de bienes y de capital fomentados por la apertura comercial. De esta forma, se llevó a cabo la desregulación del autotransporte de carga federal y se crearon regulaciones para mejorar la normatividad de sectores, tales como el de puertos. En una segunda etapa, se fomentó la competencia al eliminar barreras de entrada a los mercados de bienes comerciables, tanto nacionales como internacionales. Esto último se logró a través de la negociación de tratados bilaterales y al facilitar la actividad productiva con el establecimiento de reglas claras y equitativas para todas las empresas. Parte de este esfuerzo fue la promoción de nuevas leyes marco, tales como la Ley Federal sobre Metrología y Normalización o la Ley Federal de Competencia Económica.

Un factor importante que minaba la legitimidad del marco regulatorio era la falta de transparencia y apertura en la elaboración de las regulaciones. Las consultas llevadas a cabo por el Gobierno eran en ocasiones discriminatorias y no había ningún mecanismo abierto que asegurara que cualquier mexicano pudiera conocer y opinar sobre los proyectos de disposiciones que incidían sobre sus actividades.

Los particulares se quejaban justificadamente de la falta de coordinación entre las propias dependencias federales y entre los gobiernos federal, estatales y municipales, pues a menudo existían diversas autoridades que regulaban la misma materia y solicitaban cada una diferentes requisitos y documentos.

2. Acciones realizadas y resultados obtenidos de 1995 a 20004

Una consulta pública, realizada en 1995, concluyó que se requería una estrategia sistemática e integral para facilitar el cumplimiento de obligaciones, con el fin de que al mejorarse los servicios gubernamentales, cualquier empresa ubicada en México compitiera en igualdad o superioridad de condiciones en los mercados nacionales e internacionales.

4 Un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, "reforma regulatoria en México de diciembre de 1999" confirmó que la mejora regulatoria en México ya ha comenzado a producir beneficios.
Con base en dicha consulta el Ejecutivo Federal se comprometió a modificar el enfoque de la mejora regulatoria en virtud de que ésta es una herramienta eficaz y de reducido costo fiscal para impulsar la competitividad empresarial, la creación de empleos y la mejora de los servicios del Gobierno.

El presidente Zedillo concretó este enfoque integral en 1995 con su "Acuerdo para Desregulación de la Actividad Empresarial5 y lo amplió y profundizó con la reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo propuesta al Congreso y aprobada en 2000.

La estrategia plasmada en el acuerdo consistió en cuatro líneas de acción por parte de la comisión y su consejo:

i) La desregulación de obligaciones o trámites empresariales vigentes de 12 dependencias;

ii) La revisión y mejora de proyectos de disposiciones normativas federales;

iii) La elaboración de propuestas de reformas a disposiciones legislativas y administrativas con impacto general en la actividad económica y

iv) El apoyo a los gobiernos estatales y municipales en sus respectivos programas de mejora regulatoria.

La estrategia planteó una serie de retos cuya superación definiría el éxito de la mejora regulatoria. Antes de iniciar la desregulación de los trámites, era necesario identificar y conformar el inventario de los trámites empresariales federales vigentes. La complejidad y el tamaño del marco legal y la incertidumbre de las 12 dependencias y sus organismos desconcentrados y descentralizados respecto al contenido y al universo total de los trámites que aplicaban dificultaban esta tarea.

Adicionalmente, una vez identificados, era necesario conciliar las propuestas de eliminación y mejora de trámites con cada dependencia, lo que no era fácil, dada la reticencia de algunas de ellas a someterse a una revisión por parte de terceros. Finalmente, como un gran número de trámites y requisitos están sustentados en leyes y reglamentos, la instrumentación jurídica

5 Diario Oficial de la Federación, 24 de noviembre de 1995.

de las reformas acordadas podía ser susceptible de dilatarse. Sin embargo, un enfoque gradual y sucesivo por dependencia, así como el hecho de que los secretarios pudieran convocarse al consejo, mitigarían estas dificultades.

Los empresarios son quienes mejor pueden identificar las regulaciones que más entorpecen sus actividades. Consecuentemente, desde el inicio del programa se reconoció que el éxito de la mejora regulatoria estaría directamente vinculada con la participación de los sectores productivos. Sin embargo, la participación empresarial efectiva podría presentar dificultades notables, ya que por un lado la mejora regulatoria muestra muchas de las características de un bien público: una empresa carece de incentivos para invertir tiempo y recursos cuando no espera beneficios exclusivos y por otro, el proceso de mejora regulatoria corre el riesgo de ser completamente apropiado por intereses particulares en perjuicio de los intereses generales de la sociedad.

El delicado reto de lograr una legítima participación del empresariado sin sucumbir en reformas contrarias a la sociedad, se resolvió a través de la conformación de un consejo plural donde participan, además del sector privado, los sectores social y académico. Esto, además del compromiso de la comisión de aplicar siempre un criterio razonado y transparente.

2.1. Mejora y desregulación de trámites empresariales vigentes

Una vez recibidos los trámites empresariales de una dependencia, la comisión, con la participación del consejo, emprendía la desregulación de requisitos y plazos relacionados con el establecimiento y la operación de las empresas. Las propuestas de desregulación se elaboraron con el insumo de los integrantes del consejo y se presentaron a las dependencias correspondientes. Después de una fase de conciliación, donde cada dependencia tenía que razonar su posición ante comités ad hoc del consejo, se elaboraron conjuntamente los compromisos de mejora regulatoria, incluso obligaciones que iban más allá de los simples trámites. Por ejemplo, se rediseñaron las inspecciones de trabajo y salud.6 Estos compromisos fueron presentados por los titulares de las

6 Reglamento general para la inspección y aplicación de sanciones por violaciones a la Ley Laboral (DOF 6-VII-98) y Ley General de Salud (DOF 7-V-97) y sus reglamentos.

dependencias a consideración del consejo.7 A partir de los acuerdos emitidos por el consejo se inició el proceso de reformas de las disposiciones legales en que se sustentaban tanto las obligaciones jurídicas como los trámites que debían ser reformados. Este proceso permitía la inscripción definitiva de los trámites empresariales desregulados en el Registro Federal de Trámites y Servicios disponible al público en Internet (www.cofemer.gob.mx).8

La desregulación de obligaciones y trámites es una labor continua y pragmática que consiste tanto en hacerlos más transparentes, como en su modificación o eliminación para que sean menos onerosos para los particulares. Los beneficios de la desregulación se pueden ampliar de manera considerable si posteriormente se emprende el rediseño de los procedimientos administrativos de cada dependencia.

Aun cuando el proceso requiere invertir en sistemas informáticos, éste permite un aumento discreto en la eficiencia gubernamental, al lograr hacer más con el mismo monto de recursos.

Por ejemplo, en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial se atiende una demanda de servicios al comercio exterior 70% mayor al de hace 10 años, pero con menos recursos presupuestales. Por otro lado, la mejora regulatoria promueve el estado de derecho al facilitar el cumplimiento de obligaciones, además de que permite una mejor atención a prioridades sociales como la educación, la salud y el combate a la pobreza, al aumentar la productividad gubernamental.

De las 12 dependencias incluidas inicialmente en el programa, en octubre de 2000 faltan por presentarse ante el consejo únicamente los compromisos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). No obstante, estos compromisos ya fueron conciliados con los grupos ad hoc del consejo y la propia SHCP.9

7 Los titulares han sido invitados recurrentemente al consejo.
8 Antes de mayo de 1999 el registro se llamaba Registro Federal de Trámites Empresariales.
9 Entre esos compromisos destacaron la reducción de un 37% de los trámites empresariales y la precisión y disminución de los datos y documentos anexos en cada trámite para acotar la discrecionalidad de la autoridad, el establecimiento de plazos específicos de respuesta en cada uno de los trámites y la posibilidad de realizar estos trámites por correo certificado o mensajería.

A octubre de 2000 se ha instrumentado jurídicamente el 96% de los compromisos de mejora regulatoria de 11 dependencias. Se concluyó la instrumentación en las secretarías de Comercio, Relaciones Exteriores, Salud, Trabajo y Turismo y se reporta un grado de avance de al menos 90% en otras seis dependencias.

----FOTOGRAFIAR CUADRO DEL FOLIO 125----

Once acuerdos donde se manifiestan las reformas propiciadas por la mejora regulatoria


Secofi: 7-IV-99
SRE: 25-I-99
SSA:14-IX-98
STPS: 25-VIII-99
Sectur: 21-XII-98
SEP: 2-VI-99

Sagar: 23-VII-99
SE: 19-V-99
Semarnap: 21-II-00
Segob: 23-II-00
SCT: 2-X-00


Cabe destacar que las 11 dependencias redujeron en casi la mitad el número de trámites empresariales que aplicaban en noviembre de 1995. Adicionalmente, a partir de una filosofía de confianza y corresponsabilidad entre el Gobierno y las empresas se han simplificado más de 97% de los trámites remanentes al convertirlos en avisos o bien al reducir requisitos y documentos anexos o plazos de respuesta.

Como resultado de la desregulación de las obligaciones empresariales, existen sólo cuatro trámites federales universalmente obligatorios para la creación de una empresa sin empleados y nueve para empresas con al menos un empleado (cada uno sustentado en leyes).10 Los demás trámites son de servicio y promoción (por ejemplo, reglas de origen para recibir los beneficios de un tratado de libre comercio) o circunstancialmente obligatorios para actividades empresariales en condiciones particulares (por ejemplo, trámites para el transporte de residuos peligrosos).

10.1 y 2 Permiso para la constitución de sociedades y aviso del uso de dicho permiso SRE; 3 Solicitud de inscripción al RFC (SHCP); 4) manifestación estadística (INEGI); 5, 6 y 7 Acta de integración de la comisión de seguridad e higiene en los centros de trabajo, aprobación de planes y programas de capacitación y adiestramiento y constitución de la comisión mixta de capacitación y adiestramiento (STPS); 8 y 9) Registro patronal y de trabajadores y pago de cuotas obrero-patronales a través del Sistema Unico de Autodeterminación (IMSS). Si la empresa está integrada por persona física sólo le corresponden los trámites I-4.

499,500,501

Ocho dependencias incluyeron los formatos de sus trámites y los números telefónicos para quejas y consultas en el Registro Federal de Trámites y Servicios.11 Ahora, los particulares pueden conseguir formatos empresariales en línea e incluso se pueden presentar electrónicamente algunos trámites de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (www.cofemer.gob.mx). Además, existe un servicio de asesoría para apoyar a los particulares en la presentación de trámites federales.

2.2. Revisión y mejora de proyectos de disposiciones legislativas y administrativas

Con el fin de apoyar la revisión y dictaminación de anteproyectos, en 1996 el Congreso de la Unión aprobó una primera reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Desde esta reforma, toda dependencia federal que elabore un anteproyecto de disposición normativa con impacto en la actividad económica debe preparar una Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR). El objetivo primordial de la manifestación es evaluar y justificar el anteproyecto de disposición jurídica mediante una exposición clara del problema que analice las alternativas regulatorias consideradas como los esquemas de instrumentación y aplicación previstos. Este análisis debe explicar lo que ocurriría en la ausencia de la regulación propuesta, una descripción de las consultas realizadas y la estimación de los costos y beneficios potenciales.

La implantación de los procesos de revisión de proyectos de disposiciones legislativas y administrativas no fue sencilla, dado que las dependencias no estaban acostumbradas a someter sus anteproyectos regulatorios a un proceso de análisis por parte de terceros.

Además, la implantación de la MIR permitió en cierta medida descentralizar el proceso de mejora regulatoria, pues antes de remitirlos a la comisión, son las propias dependencias quienes tienen que auto-evaluar sus proyectos, conforme a los criterios específicos establecidos en un manual. La revisión de la MIR por parte de una comisión ajena a la dependencia emisora junto con las observaciones y opiniones de grupos de trabajo ad hoc del consejo, imponen un mínimo de disciplina y transparencia al proceso normativo y eleva la calidad de las disposiciones. Este proceso preventivo es significativo porque permite asimilar buenas prácticas regulatorias en una etapa temprana del proceso de revisión, cuando es fácil incorporar modificaciones.

11. Faltan los formatos de las secretarías de Energía, Gobernación, Comunicaciones y Transportes y Hacienda y Crédito Público.

Durante la presente administración, se dictaminaron más de 500 anteproyectos de disposiciones legislativas y administrativas con impacto en el establecimiento y operación de empresas, con la participación activa del consejo y de los representantes de los sectores productivos interesados. Esta revisión y dictaminación constituyen una práctica fundamental para propiciar un marco normativo más congruente y eficiente.

Principales anteproyectos de ley revisados y mejorados

* Ley Federal de Telecomunicaciones (DOF 7-VI-95). Se especificaron las condiciones para concesionar el espectro radioeléctrico, así como el otorgamiento de concesiones sobre redes públicas de telecomunicaciones. Se definieron los criterios para acreditar la capacidad financiera, técnica, jurídica y administrativa por parte de los interesados en obtener una concesión sobre redes públicas de telecomunicaciones y se establecieron las bases para emitir regulación.

* Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario (DOF 12-V-95). A raíz de las reformas constitucionales correspondientes, se abrió la construcción, operación y explotación de vías férreas a la participación de los sectores social y privado.

* Ley de Aeropuertos (DOF 22-XII-95). Permite el otorgamiento de concesiones para la construcción y operación de aeropuertos.

* Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (DOF 13-XII-96). Se delimitaron las atribuciones en materia ambiental entre la Federación, los estados y los municipios. Se fortalecieron la normalización, el ordenamiento ecológico del territorio, la evaluación de impacto ambiental y la regulación ecológica de asentamientos humanos.

* Ley de cámaras empresariales (DOF 20-XII-96). Se eliminó la asociación obligatoria.

* Ley Federal del Derecho de Autor (DOF 24-XII-96). Se permitió la entrada de importaciones paralelas y se mejoraron los sistemas de persecución en contra de los infractores de la ley y de protección de la decodificación de las señales de satélites. Se estableció la posibilidad de cobrar regalías sin necesidad de pertenecer a una sociedad de gestión colectiva.

* Ley General de Salud (DOF 7-V-97). Se liberaron giros que requerían licencia o aviso sanitario (actualmente sólo 20 actividades requieren de licencia o aviso; antes eran 106). Se legalizó la producción y comercialización de medicamentos genéricos en el mercado nacional, lo que propició la reducción de hasta el 30% en los precios de algunos medicamentos libres de patente y bioequivalentes.

* Ley Forestal (DOF20-V-97). Se estructuró la autorización para establecer una plantación forestal comercial, dando certeza jurídica al plantador sobre el rendimiento de su inversión. Se definieron los criterios para negar las autorizaciones o condicionar los planes de manejo forestal.

* Ley de Organizaciones Ganaderas (DOF 6-I-99). Se eliminó la afiliación restringida a organizaciones ganaderas para poder participar en programas oficiales de apoyo.

Principales reglamentos revisados
y mejorados


* Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo (DOF 21-I-97).

* Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (DOF 25-VII-97).

* Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales (DOF 10-XII-97).

* Reglamento de Insumos para la Salud (DOF 4-II-98).

* Reglamento General para la Inspección y Aplicación de sanciones por violaciones a la Ley Laboral (DOF 6-VII-98).

* Reglamento de la Ley Forestal (DOF 25-IX-98).
* Reglamento de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica en materia de aportaciones (DOF 10-XI-98).

* Reglamento de la Ley de Aviación Civil (DOF 7-XII-98 y 5-X-00).

* Reglamento de control sanitario de productos y servicios (DOF 9- VIII-99).

* Reglamento de la Ley de Pesca (DOF 29-IX-99).

* Reglamento de la Ley de Aeropuertos (DOF 17-II-00 y 8-VIII-00).

* Reglamento de la Ley General de Población (DOF 14-IV-00).

* Reglamento de Control Sanitario de la Publicidad (DOF 4-V-00).

* Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de Evaluación de Impacto Ambiental (DOF 30-V-00).

2.3. Propuesta de reformas a disposiciones administrativas y legislativas con impacto general en la actividad económica por parte de la comisión y el consejo.

La mejora regulatoria, no sólo deroga, revisa o mejora proyectos disposiciones vigentes, sino también propone proyectos de reformas legislativas y administrativas cuando claramente sea necesario subsanar vacíos jurídicos o problemas que impiden un funcionamiento adecuado de los mercados para los particulares.

2.3.1 Reformas administrativas

La comisión, en colaboración estrecha con la consejería jurídica del Ejecutivo Federal y las dependencias competentes, ha impulsado la reforma o expedición de los reglamentos de gas natural (DOF 8-XI-95), de inversión extranjera (DOF 89-IX-98), de metrología y normalización (DOF 14-I-99) y de minas (DOF 15-II-99), con el fin de complementar las reformas legislativas referidas en la siguiente sección (2.3.2). Otras mejoras significativas a disposiciones administrativas son:

Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica (DOF 4-III- 98), en colaboración con la Comisión Federal de Competencia. Se precisaron los procedimientos para beneficiode los particulares. La Comisión Federal de Competencia se obligó a publicar en una gaceta informativa sus resoluciones.

Prontuario de disposiciones Jurídicas Federales disponible en internet desde 1-VIII-98.12 Se actualiza quincenalmente un compendio de las leyes y reglamentos federales, así como de acuerdos y decretos presidenciales de observancia general en vigor, lo cual reduce los costos de información para los usuarios.

Decreto presidencial abrogatorio (DOF 2-XII-97). Se dejó sin efectos a 56 reglamentos, 69 decretos y 56 acuerdos obsoletos que fueron expedidos por el Gobierno Federal entre 1926 y 1995. La abrogación expresa de las normas da seguridad jurídica y propicia un marco normativo claro, preciso y congruente.

2.3.2. Reformas legislativas


El presidente Zedillo envió a consideración del honorable Congreso de la Unión 26 iniciativas propuestas por el consejo y la comisión. Estas recibieron el apoyo y las mejoras sugeridas por la consejería jurídica y posteriormente fueron enriquecidas y aprobadas por el Congreso; destacan:

*Reformas a la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo (DOF 11-V-95), en colaboración con la Secretaría de Energía. Permitió la inversión privada en el transporte y distribución del gas natural, con lo que el número de usuarios de gas natural aumentará de 570 mil en 1995 a más de 2 millones en 2002. Algunas ciudades que ya cuentan inversiones significativas en esta alternativa energética limpia son Monterrey, Ciudad Juárez, Mexicali, Nuevo Laredo, Querétaro y Chihuahua.13

*Reformas al Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y al Código de Comercio (DOF 24-V-96) 14.

12 www.cofemer.gob.mx
13 Se han otorgado 21 permisos de distribución en 16 estados y el Distrito Federal.
14 Para la realización de este proyecto se recogieron las opiniones y propuestas del I. y N. Colegio de Abogados y la Barra Mexicana de Abogados, entre las que destacan las hechas por Carlos Sodi, Edgar Elias y Carlos Loperena.

Establecieron que tratándose de la cesión de créditos hipotecarios entre instituciones del sistema bancario mexicano, no se requiere de notificación al deudor, de escritura pública ni de inscripción en el Registro Público de la Propiedad, para realizar la citada cesión. Ello hizo legalmente viable el desarrollo del mercado de créditos hipotecarios en el Distrito Federal, permitiendo así abaratar el costo del financiamiento respectivo.15 También estableció que ninguna de las excepciones procesales podrá suspender un procedimiento judicial. Con la misma finalidad se redujeron considerablemente los términos para que opere la caducidad de la instancia y para la tramitación de apelaciones. Lo anterior desincentiva la presentación de promociones frívolas y de mala fe, así como prácticas indebidas que se utilizaban para alargar los procedimientos judiciales.16

La gran mayoría de las figuras, términos, modificaciones y adiciones en materia de procedimientos civiles fueron también incorporadas en el Código de Comercio.

Como resultado de las reformas al Código de Comercio y al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en 1999 se presentaron 95 mil juicios menos en el Distrito Federal que en 1995, una reducción de 54%, lo que implicó un ahorro para la sociedad de por lo menos 2 mil millones de pesos.17 Además, al eliminar la posibilidad de dilatar los procesos mediante promociones de mala fe, se redujo sustancialmente la duración promedio de los juicios.

15 Los estados de Baja California Sur, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas también reformaron sus respectivos códigos civiles para permitir la bursatilización de la cartera hipotecaria.
16. Los congresos de Nuevo León y Baja California Sur aprobaron reformas análogas en 1997 y 2000, respectivamente.
17 Informes anuales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 1995-1999.

* Reforma a la Ley de Inversión Extranjera, (DOF 24-XII-96), en colaboración con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Se permitió la capitalización de sociedades mexicanas sujetas a límites máximos de participación extranjera con la inversión que se realice de manera indirecta, por medio de otras

502,503,504

sociedades mexicanas, siempre que estas últimas sean controladas por el capital mexicano. Se establecieron plazos máximos para la autorización de inversión neutra y la inscripción de personas morales extranjeras en el Registro Público de Comercio.

* Reformas a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (DOF 24-XII-96 y 20-V-97), en colaboración con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Se estableció que cuando una norma oficial mexicana (NOM) obliga al uso de tecnologías específicas, los particulares pueden solicitar a la dependencia competente utilizar o aplicar dispositivos alternativos que cumplen con los fines de la NOM.

Para facilitar la desregulación de NOM, se permitió a las dependencias, por iniciativa propia o a solicitud de la Comisión Nacional de Normalización, de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria o del comité consultivo nacional de normalización correspondiente, modificar o cancelar una norma sin seguir el procedimiento para su elaboración, salvo cuando se pretende crear nuevos requisitos o bien incorporar especificaciones más estrictas.

Adicionalmente, con el fin de evitar la permanencia de NOM y NMX obsoletas o ineficaces, se estableció que éstas deben ser revisadas cada cinco años a partir de la fecha de su entrada en vigor. De no hacerse la revisión, las normas perderán su vigencia.

* Reformas a la Ley del Seguro Social y al Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (DOF 10-X-96), en colaboración con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se crearon cuentas individuales de pensión, fortaleciendo la correspondencia entre las contribuciones de los trabajadores y los beneficios recibidos, con lo cual se contribuye a reducir los incentivos al fraude fiscal o a la subdeclaración de los ingresos por parte de los trabajadores. Se obtienen ganancias de eficiencia como resultado del aumento de la competencia y de la transparencia que implica la gestión privada de los fondos de pensión. La posibilidad de depositar un ahorro voluntario en dichas cuentas estimula el ahorro privado.

* Reforma a la Ley Minera (DOF 24-XII-96), en colaboración con la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. Se estableció un procedimiento claro, transparente y eficiente para las licitaciones de lotes mineros propiedad de la Federación. Asimismo, los procedimientos de solicitud de concesiones, de caducidad, nulidad e insubsistencia de derechos, quedan regulados con los correspondientes plazos.

* Ley de Adquisiciones (DOF 4-I-00) en colaboración con la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Toda dependencia está facultada para otorgar preferencia a las empresas con contenido nacional de hasta el 10% en los precios en las licitaciones internacionales.

* Ley de Concursos Mercantiles (DOF I2-V-00) y reformas en los artículos 144, 146 y 146-B del Código Fiscal de la Federación (DOF 3I-XII-00) en colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se creó un nuevo marco jurídico en materia de insolvencias que tiene como objetivo central maximizar el valor de una empresa en crisis y, cuando sea viable, preservar los empleos que genera, así como conservar el equilibrio entre el comerciante y sus acreedores. Lo anterior requirió una modificación al tratamiento fiscal para los casos de concursos mercantiles en el Código Fiscal de la Federación.

* Miscelánea de Garantías (reformas a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, al Código de Comercio y a Ley de Instituciones de Crédito). (DOF 24-V-96 y DOF 23-V-00) en colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Con las reformas, se promueve el acceso al crédito por parte de las pequeñas y medianas empresas y se propicia el desarrollo equilibrado de deudores y acreedores a través del establecimiento de términos y condiciones concretas. Mediante la inclusión y perfeccionamiento de las figuras de la prenda sin transmisión de posesión al acreedor o a un tercero y el fideicomiso de garantía, se ofrece a los acreedores mecanismos baratos, rápidos y confiables, para hacer efectivas las garantías a su favor.

* Reformas al Código de Comercio en Materia del Registro Público de Comercio (DOF 29-V-00) en colaboración con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Se creó el marco jurídico para implementar un sistema de registro automatizado a través de una base de datos central que estará interconectada a los registros públicos estatales, con el fin de dar certeza jurídica a quienes contraten créditos garantizados al facilitar la consulta y verificación del estado que guardan los actos mercantiles.

* Reformas y adiciones al Código Civil Federal, al Código de Comercio y a la Ley Federal de Protección al Consumidor en Materia de Comercio Electrónico (DOF 29-V-00) en colaboración con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Se dio plena validez legal a las transacciones comerciales y contratos celebrados a distancia por medios electrónicos. Esto facilitará las transacciones por Internet.

2.3.3. De la desregulación a la mejora regulatoria: reformas a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y creación de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (DOF 19-IV-00)

La experiencia derivada de la práctica cotidiana entre los sectores productivos a través del consejo, las diversas dependencias federales y la ahora Comisión Federal de Mejora Regulatoria durante un periodo de más de tres años permitió identificar una serie de excepciones indeseables en el ámbito de aplicación de la mejora regulatoria.

Específicamente, un conjunto de trámites se exceptuaba de la inscripción en el Registro Federal de Trámites y Servicios y no existía un mecanismo legislativo efectivo que impidiese a la autoridad exigir un trámite no inscrito en el mismo. Adicionalmente, no existía impedimento práctico alguno en caso de que una dependencia no hiciese público un anteproyecto o no elaborase su respectiva manifestación de impacto regulatorio.

En respuesta al diagnóstico del sector productivo y a la demanda generalizada del consejo de dar continuidad y fortalecer la mejora regulatoria, en 1999 el presidente Zedillo envió al honorable Congreso una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, con el propósito de subsanar los problemas mencionados. En marzo de 2000 la iniciativa fue aprobada de manera unánime por el Poder Legislativo, lo que significa el reconocimiento por parte de todos los partidos políticos de nuestro país que la mejora regulatoria no es una cuestión ideológica, sino un instrumento barato y eficaz que mejora la manera en que el Gobierno atiende tanto a ciudadanos como empresas y que coadyuva a que nuestra economía crezca y genere más empleos.18

18 Se publicó el decreto de reformas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de abril de 2000.

Con esta ley, se establece en México uno de los esquemas de mejora regulatoria más modernos y efectivos en el mundo.

La reforma amplió el ámbito de aplicación de la mejora regulatoria a materias como concesiones, adquisiciones y obras públicas, seguridad social,19 normas oficiales mexicanas y a las obligaciones que se aplicaban exclusivamente a los ciudadanos (por ejemplo, pasaportes o certificados escolares). Las disciplinas de transparencia y elaboración de manifestaciones de impacto regulatorio se extendieron a las autoridades financieras y a los organismos descentralizados, pero para estos últimos únicamente con respecto a los servicios prestados de manera exclusiva.20

El universo de trámites a inscribirse se amplió y se sustentó en Ley del Registro Federal de Trámites y Servicios.21 Cada dependencia u organismo descentralizado deberá completar el universo íntegro de sus trámites y publicarlos antes de mayo de 2003. A partir de esa publicación no podrá exigir ningún trámite que no esté inscrito en el registro. Adicionalmente, los trámites que las dependencias hayan incorporado de manera gradual a su registro no pueden aplicarse en forma distinta a como están ahí inscritos y cualquier inscripción o modificación de un trámite en el mismo debe hacerse de manera transparente, con el pleno conocimiento de los sectores productivos, el consejo y la previa opinión de la comisión. La ley permite oponerse jurídicamente a una dependencia cuando ésta aplica un trámite de manera distinta a lo inscrito en el registro.

19 IMSS e Infonavit.
20 En virtud de las funciones propias que les asignan la Constitución y las leyes correspondientes, el honorable Congreso determinó mantener las exclusiones vigentes en las materias electoral, de justicia agraria, laboral y fiscal respecto de contribuciones y sus accesorios, de responsabilidades de los servidores públicos y del Ministerio Público en ejercicio de sus atribuciones constitucionales. También, en virtud de la naturaleza de los ramos y las disposiciones específicas que los regulan se excluyó a las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina de las obligaciones relativas al Registro Federal de Trámites y Servicios y la manifestación de impacto regulatorio.
21 Además de los trámites empresariales ya inscritos, deberán inscribirse los trámites en materia de concesiones, seguridad social (IMSS e Infonavit) y los contenidos en normas oficiales mexicanas, así como los relativos a los actos de autoridad y a la prestación de servicios de manera exclusiva por parte de entidades paraestatales.

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial fue la primera dependencia en cumplir con la obligación a inscribir su universo íntegro de trámites en el registro, mediante la publicación del acuerdo por el que se dan a conocer los trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios que aplican la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, los organismos descentralizados y órganos desconcentrados del sector en noviembre de 2000.

Reglas generales de simplificación de trámites (artículos 15-A, 17 y 17-A, LFPA)

Reglas generales que deben observarse en la presentación y resolución de trámites:

* Deberán presentarse en un tanto, solamente en original y sus anexos en copia simple;

* Todo documento original puede presentarse en copia certificada;

* En vez de entregar copia de los permisos, registros, licencias y, en general, de cualquier documento expedido por la dependencia u organismo descentralizado, los interesados podrán señalar los datos de identificación de dichos documentos;

* El aviso de información faltante deberá hacerse dentro del primer tercio del plazo de respuesta o, de no requerirse resolución alguna, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presentación del escrito correspondiente, si no hay un plazo específico y

* El plazo máximo para la resolución de trámites será de tres meses y se aplicará la negativa ficta salvo que se prevea lo contrario. Se deberá expedir constancia de negativa o positiva ficta, dentro de los dos días hábiles siguientes a la solicitud de un particular.

Con el propósito de aplicar con eficiencia las reformas de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se creó la Comisión Federal de Mejora Regulatoria como órgano desconcentrado de la Secretaría de Comercio con autonomía técnica y operativa responsable de dar continuidad a la política de mejora regulatoria. La comisión y su consejo dan permanencia, coordinan, supervisan y proponen el proceso de revisión continua del marco regulatorio.

Entre sus atribuciones están las de revisar la regulación, diagnosticar su aplicación y elaborar propuestas al titular del Ejecutivo Federal, con el propósito de mejorar la normatividad en actividades o sectores económicos específicos.

Cualquier ejercicio de sus atribuciones se tiene que fundar y motivar en su mandato expreso de promover la transparencia en la elaboración de las regulaciones y cuidar que sus costos sean menores que sus beneficios y que éstos a su vez sean los mayores posibles para la sociedad.22 Esta comisión cuenta con el Consejo para la Mejora Regulatoria, el cual sirve de enlace entre los sectores público, social, privado y académico.23

Para que las dependencias y entidades preparen anteproyectos de disposiciones justificados y de alta calidad y promuevan la transparencia y participación de la ciudadanía a través de la consulta a los sectores involucrados y al público en general, se establece como obligación que los anteproyectos y las manifestaciones de impacto regulatorio respectivas sean públicas y se sometan a revisión de la comisión con 30 días de anticipación a la fecha en que se pretendan emitir. Esto permite que, además de los particulares, las demás dependencias y entidades, así como los otros poderes y órdenes del Gobierno, conozcan con mayor facilidad y precisión los anteproyectos provenientes de otra área del Poder Ejecutivo con el fin de propiciar congruencia y compatibilidad en las acciones gubernamentales.

La comisión está obligada a publicar mensualmente en el Diario Oficial de la Federación los títulos de los anteproyectos y las manifestaciones de impacto regulatorio que se reciban, así como de los dictámenes de la comisión.24 En virtud de que los textos están a disposición de los interesados, esta publicidad promoverá la transparencia y un nivel mínimo de calidad en la elaboración de los proyectos.

22 Artículo 69E de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
23 Los integrantes del consejo son: el Secretario de Comercio y Fomento Industrial, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, el Secretario del Trabajo y Previsión Social y el consejero jurídico del Ejecutivo Federal; los invitados permanentes: el gobernador del Banco de México, el presidente de la Comisión Federal de Competencia, el Procurador Federal del Consumidor, al menos cinco representantes del sector empresarial y uno de cada uno de los sectores académico, laboral y agropecuario a nivel nacional (artículo 69-F de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.)
24 La lista de títulos se actualiza semanalmente en el sitio de la comisión en Internet.

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Otro aspecto de la ley que la coloca en la vanguardia internacional en materia de administración pública es que obliga a las dependencias y organismos descentralizados, antes de mayo de 2003, a la creación de un Registro de Personas Acreditadas único para la presentación de trámites federales. Las empresas y los ciudadanos que opten por solicitar su número de inscripción en el mismo, sólo volverán a presentar documentos de identificación (credencial de elector, RFC, acta constitutiva de empresa etcétera) ante las secretarías de Estado, e incluso ante organismos como Pemex y la CFE, cuando dicha información cambie.25

Las reformas ahora incluyen también mecanismos para asegurar el cumplimiento de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Por ejemplo, se condiciona la publicación de modificaciones o nuevas disposiciones por parte de las dependencias y entidades en el Diario Oficial de la Federación, al hecho de haber presentado y hecho público tanto el anteproyecto como la manifestación de impacto regulatorio y de haber obtenido el dictamen correspondiente, a menos que se trate de disposiciones de emergencia o que la publicidad comprometa el objetivo de la disposición.26

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, las reformas establecen sanciones específicas de inhabilitación para los servidores públicos que actúen en contravención a las disposiciones de la ley, particularmente en relación con la entrega de las manifestaciones de impacto regulatorio, los textos de los anteproyectos y la información y aplicación de los trámites inscritos en el registro. 27

25 El número de registro ante una dependencia de gobierno será válido para todas las demás dependencias y organismos federales, porque los registros individuales deberán estar interconectados electronicamente antes de mayo de 2003. Actualmente. cinco dependencias (Secofi, SSA, STPS, Sectur y SEP) han iniciado sus registros de personas acreditadas.
26 Para no entorpecer la expedición de regulaciones en casos de emergencia la ley prevé un mecanismo donde la manifestación, puede ser presentada 20 días después de la expedición de la disposición. Igualmente, en los casos en que la publicidad comprometiese los efectos esperados de una regulación propuesta la información se hará pública hasta la fecha en que la disposición se publique en el Diario Oficial de la Federación. (artículos 69H y 69K de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.)

En síntesis, la reforma somete la elaboración de regulaciones federales propuestas por el Ejecutivo a un proceso transparente que privilegia la participación de la sociedad y el análisis cuidadoso de alternativas normativas y que inhibe la emisión de regulaciones cuyos costos sean mayores a sus beneficios sociales.

3. Apoyo a los estados en sus respectivos programas de mejora regulatoria

La mejora regulatoria no se ha circunscrito al ámbito federal. Desde la emisión del acuerdo para la desregulación de la actividad empresarial, se ha buscado sumar los esfuerzos de las autoridades estatales y municipales. Esta estrategia constituye una de las piedras angulares del programa. El nuevo federalismo, ha llevado a las entidades federativas a acciones concretas para la consecución de una mejora regulatoria. Como primera manifestación del apoyo a los estados, en noviembre de 1995, la Federación firmó con cada uno de los ejecutivos estatales, acuerdos de coordinación en la materia. En estos acuerdos, los estados ofrecieron instrumentar programas congruentes con el federal, y el Gobierno Federal se comprometió a brindar apoyo técnico a todos los estados que lo solicitaran. La Federación respondió a un promedio de 50 solicitudes anuales de asesoría y apoyo técnico de los estados.

El Ejecutivo Federal, a través de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y su consejo, ha mantenido una estrecha colaboración con autoridades estatales y municipales para coadyuvar a la construcción de un marco regulatorio congruente en los tres ordenes de la administración pública.

Se han promovido en todas las entidades federativas diversos anteproyectos "tipo," como la firma de convenios municipales; la creación o mejora de registros estatales y municipales de trámites y servicios en Internet; la implementación de sistemas de apertura inmediata de empresas y de verificación empresarial; la firma de convenios en materia de autotransporte y medio ambiente y la elaboración de leyes estatales de procedimiento administrativo y de agua, y reformas a los códigos civil y procesal civil.28

27 Artículo 70 A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Como resultado de lo anterior, a junio del 2000, todas las entidades federativas expidieron instrumentos análogos al acuerdo para la desregulación de la actividad empresarial y 26 de ellas celebraron convenios de coordinación con sus principales municipios.

El creciente interés en la mejora regulatoria mostrado por gobiernos, empresarios y poderes legislativos en diversos estados ha impulsado la celebración de seis reuniones nacionales de mejora regulatoria, 29 en las que se compartieron las experiencias y buenas prácticas de las entidades federativas. 30 Tan sólo en 1999 y 2000, la comisión realizó 50 visitas a diversos estados, participando como expositor en distintos foros regionales, estatales y municipales. Además, en agosto de 2000 se celebró la primera conferencia internacional sobre mejora regulatoria en entidades federativas. Dicha reunión, patrocinada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se realizó en Puebla en reconocimiento a los avances significativos logrados por México en materia de coordinación entre la Federación y los estados.

El sector empresarial mexicano también ha promovido la mejora regulatoria en las diversas entidades federativas. El Consejo Coordinador Empresarial, por ejemplo, publicó en 1999 y en 2000 estudios comparativos sobre la calidad del marco regulatorio y de la administración de justicia en las entidades federativas mexicanas.31

28 El Gobierno Federal brindó apoyo técnico a los gobiernos de 17 estados para la creación de sus registros estatales de trámites empresariales y a 11 estados para llevar a cabo las reformas al Código de Procedimientos Civiles para agilizar los juicios. Las reformas que permiten la sesión de créditos con garantía hipotecaria, fueron llevadas a cabo por 22 entidades federativas. Así como diversas asesorías en leyes, reglamentos. decretos abrogatorios y acuerdos administrativos para mejorar en general, la calidad del marco regulatorio (siguiendo la pauta que se estableció a nivel Federal, 15 estados han reformado sus respectivos códigos civiles para hacer legalmente viable la bursatilización de créditos hipotecarios.)
29 Aguascalientes, Tabasco, Nuevo León, Guanajuato, Morelos y Puebla
30 La página de Internet de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria contiene ahora ligas a los sitios en Internet y los registros de trámites estatales.

4. Participación en foros internacionales

La oportunidad de evaluar las mejores prácticas a nivel internacional y de colaborar en la formación de la agenda de mejora regulatoria en organismos como la OCDE y APEC, ha permitido ubicar y mantener a México en la vanguardia internacional en la materia.32

5. Consideraciones finales y acciones sugeridas para la siguiente administración

La elaboración de diagnósticos y propuestas de reforma en áreas regulatorias y sectores económicos específicos, la revisión y mejora de nuevos anteproyectos de disposiciones legislativas y administrativas propuestos por las diversas dependencias del Ejecutivo, la actualización continua del Registro Federal de Trámites y Servicios, la desregulación de trámites previamente excluidos de la inscripción en el mismo, la revisión subsecuente de trámites alguna vez revisados y la conformación del Registro de Personas Acreditadas, son la base de un programa continuo y deben llevarse a cabo de conformidad con las nuevas disciplinas impuestas en las recientes reformas a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Es indispensable que se asigne a la comisión un presupuesto congruente con sus responsabilidades adicionales definidas en ley. De lo contrario, la reducción en la calidad del programa y, en consecuencia, de las regulaciones, tendría un impacto negativo en el bienestar de los ciudadanos y en el crecimiento de la economía.


31 Ambos estudios están disponibles en la página de Internet del Consejo Coordinador Empresarial; www.ccc.org.mx.
32"El Gobierno mexicano ha logrado avances sustanciales en materia de reforma regulatoria, y está convergiendo con las mejores prácticas internacionales en muchas áreas. En algunas áreas está en la vanguardia de la reforma." Palabras de la Secretaría General adjunta de la OCDE. Joanna Shelton, el 4 de agosto de 1999, con motivo de la presentación del estudio reforma regulatoria en México, publicado por la OCDE en diciembre del mismo año.

5.1. Consideraciones acerca del proceso de mejora regulatoria

La mejora regulatoria es un instrumento eficaz y de bajo costo de la política industrial y, como tal, nunca debe de preocuparse por el bienestar de una empresa en particular, sino por lograr que las industrias y su regulación beneficien al máximo al país.33

Durante los últimos seis años no sólo se han eliminado la mitad de los trámites empresariales federales de 11 dependencias, dictaminado más de 500 anteproyectos normativos y reformado 26 leyes con el fin de adecuar las obligaciones de los particulares, sino que también se creó un proceso abierto y sistemático sustentado en ley para evitar que las regulaciones nuevas impongan costos innecesarios a las actividades productivas. Esto último ha iniciado un cambio profundo, a favor del particular, en la manera de gobernar a nivel federal.

Ahora bien, dado que esta nueva manera de gobernar implica cambios importantes en la gestión del Gobierno, es imprescindible dedicar las acciones y responsabilidades adicionales de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria hacia la instrumentación y desarrollo de los sustentos legales de la materia. Esto conllevará la implementación práctica e institucionalización de muchos de los conceptos y herramientas ya existentes, incluso de la autonomía de la comisión, así como un esfuerzo continuo de promoción y capacitación, tanto dentro de la administración pública como entre los sectores productivos.

Dada la magnitud y complejidad de la normatividad que aplican las dependencias y organismos descentralizados, cualquier programa de mejora regulatoria, para ser exitoso, tiene que combinar una descentralización con una supervisión y coordinación central. Cada dependencia u organismo descentralizado instrumenta las mejoras en el ámbito de su competencia. La comisión, con el apoyo del consejo, coordina, supervisa, propone y opina sobre los compromisos adquiridos ante éste, así como sobre la regulación y los programas aplicados o propuestos por cada dependencia y organismo descentralizado. A su vez, el programa de usuarios simulados en la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo verifica el cumplimiento de las medidas ya instrumentadas.34 .

Para lograr el pleno potencial de la mejora regulatoria, sería necesario que las dependencias que hayan concluido la revisión y desregulación de un conjunto de obligaciones y trámites que aplican, perfeccionen sus procedimientos administrativos. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, por ejemplo, logró esto con la certificación de sus procesos de atención al público (ISO 9000). Dado el incremento en productividad gubernamental derivado de inversiones en el rediseño de procedimientos administrativos de los trámites ya revisados y en sistemas informáticos, sería rentable que la comisión y el consejo, en colaboración con la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, hiciesen en el seno del consejo el seguimiento de los avances correspondientes y establecieran criterios de mejores prácticas en la materia. De contar con recursos suficientes, convendría formar grupos especializados entre la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, la comisión y su consejo, grupos que ayuden a difundir los mejores procedimientos en cada dependencia.

5.2. Acciones sugeridas para los primeros 90 días de la siguiente administración

Con motivo del cambio de gobierno, se sugiere que la comisión, con el apoyo del consejo, lleve a cabo una serie de acciones para asegurar una transición fluida e iniciar la siguiente administración con el ímpetu necesario. Algunas serían:

1. Designación de los funcionarios responsables de la mejora regulatoria. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a raíz de las reformas de 2000, exige a cada titular de dependencia y organismo descentralizado la designación pública de un servidor público con nivel de subsecretario u oficial mayor, quien deberá:

34 Para evitar ser juez y parte ni las dependencias que aplican los trámites ni la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, verifican el cumplimiento.

508,509,510

I) Coordinar, con la comisión, el proceso de mejora regulatoria y supervisar su cumplimiento en la dependencia u organismo descentralizado;

II) Someter a la comisión al menos cada dos años el programa de mejora regulatoria de la dependencia u organismo descentralizado, así como reportes periódicos sobre los avances correspondientes y

III) Suscribir los anteproyectos y manifestaciones de impacto regulatorio que se sometan a consideración de la comisión, así como la información que deba inscribirse o modificarse en el Registro Federal de Trámites y Servicios.

2. Establecimiento del calendario para la presentación de programas de mejora regulatoria de las dependencias y organismos descentralizados. Cada una de las dependencias y organismos descentralizados debe presentar su programa de trabajo a la comisión, al menos cada dos años, de conformidad con el calendario que ésta establezca. La comisión, por su parte, deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación tanto los calendarios como sus opiniones al respecto. Para no frenar el impulso de la mejora regulatoria federal, los programas iniciales deberán publicarse antes de marzo de 2001.

Un componente imprescindible de dichos programas será la calendarización de las actividades que las dependencias y organismos descentralizados deberán llevar a cabo para inscribir de manera progresiva la información adicional y conformar gradualmente el Registro Federal de Trámites y Servicios y el Registro de Personas Acreditadas, antes de mayo de 2003.35 Las reformas a la ley establecen que el Registro Federal de Trámites y Servicios debe contener todos los trámites empresariales, incluso los relativos a NOM, adquisiciones y obras públicas, seguridad social y concesiones, así como los trámites para ciudadanos e instituciones financieras, antes de mayo de 2003. Esto implica que cada dependencia y organismo descentralizado deberá identificar todos sus trámites, adicionales a los empresariales, ya inscritos por 11 dependencias, y remitirlos de manera progresiva a la comisión para su revisión, desregulación e inscripción en el registro mencionado. De no darse entregas progresivas, difícilmente se podría cumplir con la ley.

Información adicional que deben contener todos los trámites (artículo 69M, LFPA)

Las reformas a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establecieron que se debe proporcionar información adicional para todos los trámites (además del nombre, formato, datos y documentos anexos, plazo de resolución y números de teléfono y fax para información, quejas o consultas), en particular:

* La normatividad aplicable al trámite;

* Los casos en que deben o pueden realizarse los trámites;

* El monto de los derechos o aprovechamiento aplicables a los trámites;

* Las unidades administrativas en las que se pueden presentar los trámites;

* Los horarios de atención al público;

* Los criterios de resolución de los trámites, en su caso y

* La vigencia de los permisos, licencias, autorizaciones, registros y demás resoluciones que se emitan.

Además, dado que las obligaciones de mejora regulatoria son nuevas para la Secretaría de la Reforma Agraria, el IMSS, el Infonavit y los organismos descentralizados federales, como por ejemplo el IPAB, la comisión deberá acudir con estas instituciones con el fin de orientarlas y colaborar en la preparación de sus programas, para que se incorporen a los esquemas de revisión y mejora de proyectos normativos y trámites de manera eficaz.

3. Presentación de los compromisos de mejora regulatoria por parte de la autoridad hacendaria y otros organismos fiscales autónomos como el IMSS y el Infonavit. Con el fin de concluir la primera etapa de desregulación de trámites empresariales, sería necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formalice sus compromisos de mejora regulatoria ante el consejo. Aun cuando la SHCP durante 1998 y 1999 remitió y concilió con la comisión y grupos ad hoc de trabajo del consejo sus propuestas de mejora regulatoria sobre todos sus trámites y promovió importantes reformas a disposiciones legislativas y administrativas para instrumentar algunos de los compromisos,36 aún falta que haga la presentación del conjunto completo de los mismos frente al consejo.

35 También deben considerar la inclusión de los formatos de las secretarías de Gobernación, Energía, Comunicaciones y Transportes y Hacienda y Crédito Público en el Registro Federal de Trámites y Servicios.

consejo. Aun cuando la SHCP durante 1998 y 1999 remitió y concilió con la comisión y grupos ad hoc de trabajo del consejo sus propuestas de mejora regulatoria sobre todos sus trámites y promovió importantes reformas a disposiciones legislativas y administrativas para instrumentar algunos de los compromisos,36 aún falta que haga la presentación del conjunto completo de los mismos frente al consejo.

4. Conclusión de la instrumentación legal de los compromisos de mejora regulatoria adquiridos ante el consejo. Se debe asegurar que las dependencias que no hayan concluido dicha instrumentación legal (Semarnap, SEP, Sagar, SE, SCT y Segob) lo hagan a la brevedad.37

5. Análisis y, en su caso, instrumentación de las propuestas empresariales para la mejora de trámites empresariales. En la conformación del Registro Federal de Trámites y Servicios, se deben tomar en cuenta las solicitudes pertinentes de desregulación de trámites entregadas a la comisión por el sector empresarial en 1999 y remitidas subsecuentemente por la comisión a las dependencias y organismos descentralizados, en el marco de la segunda vuelta de desregulación de trámites, la cual ya ha sido instrumentada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Sin embargo, es esencial que las demás dependencias analicen las propuestas que les fueron remitidas por la comisión y, al menos, proporcionen una respuesta en el seno del consejo durante los primeros 90 días.

6. Publicación de un reglamento de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en Materia de Mejora Regulatoria. La comisión y la consejería jurídica han elaborado una propuesta pública de anteproyecto en el que se propone reglamentar el título pertinente de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, con el fin de precisar y dar transparencia a diversos aspectos del proceso de mejora regulatoria federal (véase anteproyecto de reglamento de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a disposición en el sitio de la comisión). La mejora regulatoria se volverá más ágil y eficiente en la medida en que se precisen legalmente sus procesos, plazos, requisitos de transparencia y consulta con los sectores productivos y ámbito de aplicación. La eficiencia de operación de la comisión y del consejo, así como de los procesos de revisión son clave para que la mejora regulatoria no se vuelva un cuello de botella de la administración pública federal y por ello se recomienda la pronta emisión del reglamento.

7. Regulación aduanera. Es urgente elaborar un diagnóstico profesional y objetivo del funcionamiento del sistema aduanero y de su normatividad dentro de los tres primeros meses de la nueva administración. Esto con el fin de asegurar que la regulación responda a las necesidades del comercio exterior y permita mayores estándares de calidad. Un asunto que está relacionado con este tema es el de las quejas recurrentes, incluso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con respecto a los obstáculos y barreras que enfrentan quienes pretenden importar equipos médicos al menudeo (véase propuestas para facilitar los procedimientos y trámites para la importación de equipos médicos para personas discapacitadas, a disposición en el sitio de la comisión).38

36 Ley Federal de Instituciones de Fianzas (DOF 10-XI-99), Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros (DOF 31-XII-99), Ley de Concursos Mercantiles (DOF 12/IV/00) y Miscelánea de Garantías (DOF 23-V-00).
37 Todas las dependencias señaladas cuentan con un grado de instrumentación superior al 90%
38 La Ley Aduanera establece que quienes importen mercancías están obligados a presentar ante la aduana, por conducto de agente o apoderado aduanal, un pedimento para el pago de los impuestos de importación respectivos. Para el caso de la importación de equipos médicos al menudeo, la obligación de contratar a un agente aduanal frecuentemente duplica o triplica el costo de adquisición. Dado que la citada ley prevé la exención de la obligación referida cuando la importación la realicen pasajeros en los casos que establezca la SHCP mediante reglas generales, se propone que en la resolución Miscelánea de Comercio Exterior se incorpore la lista de equipos médicos para discapacitados como equipaje, con el fin de que además de que no requieran los servicios del agente o apoderado aduanal, se exente a los referidos equipos del pago de impuestos.

8. Creación y transición de los múltiples registros de personas acreditadas al Registro de Personas Acreditadas Unico. Conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, las dependencias y organismos descentralizados federales deberán conformar sus respectivos registros de personas acreditadas durante los próximos meses, de acuerdo con los criterios que se establezcan en la materia, ya que el Presidente de la República deberá expedir un acuerdo mediante el cual informe que todos los registros están interconectados electrónicamente antes de mayo de 2003. Actualmente cinco dependencias han iniciado sus registros de personas acreditadas, pero es esencial que se emitan criterios técnicos, ya que de lo contrario podría peligrar la futura conectividad de los registros y la conformación del registro único.39

9. Anteproyectos de disposiciones jurídicas en proceso. El Acuerdo de Mejora Regulatoria de la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas, junto con las reglas para obtener el Registro de Plaguicidas y Fertilizantes y los trámites de importación, requieren ser revisados y dictaminados por la comisión. Dado el avance y manteniendo el apoyo presidencial obtenido a la fecha, sería posible expedir el acuerdo en los primeros tres meses de la próxima administración (véase causas por las que no ha funcionado la Clcoplafest, consecuencias y propuestas para su mejoramiento, a disposición en el sitio de la comisión.)

En cuanto a proyectos en proceso, se considera conveniente aprovechar el trabajo conjunto de la Semarnap, la comisión, el consejo y la consejería jurídica en la revisión de seis anteproyectos de reglamentos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que aún no han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación.40

10. Esquema de verificación para la importación de medicamentos provenientes de Centroamérica. Con el fin de que se respeten los acuerdos de libre comercio suscritos en la región,41 y salvaguardar la calidad y estándares que se exige a los medicamentos que se comercializan en México, la Secretaría de Salud deberá concluir la elaboración del esquema de verificación de buenas prácticas de fabricación de medicamentos en Centroamérica, mismo que implica modificaciones al Reglamento de Insumos para la Salud.

11. Visas para personal altamente calificado. En algunos procesos de alta tecnología, la falta de capital humano especialmente capacitado, puede ser un cuello de botella. Para evitar lo anterior, muchos países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han facilitado la expedición de visas para personas calificadas, independientemente de su país de origen y de la existencia de contratos laborales con empresas específicas. En los próximos tres meses sería importante elaborar un diagnóstico y una propuesta en esta materia.

12. Presentación al Congreso del informe anual de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. La comisión deberá publicar y presentar ante el Congreso de la Unión su primer informe anual sobre el desempeño de las funciones de la comisión y los avances de las dependencias y organismos descentralizados en sus programas de mejora regulatoria en el primer semestre de 2001.

13. Fortalecer la mejora regulatoria en los estados y municipios. Resulta necesario reforzar los compromisos entre los estados y la Federación y promover las acciones de éstos con sus municipios. Para tal efecto, sería útil convocar a los gobernadores a la suscripción de nuevos acuerdos de coordinación en los cuales los estados se comprometan a ampliar el ámbito de la mejora regulatoria continúa más allá de lo empresarial y a crear y mantener una oficina responsable de la misma. La Federación reafirmaría su compromiso de brindar asesoría y apoyo técnico a los estados y de ser una instancia para que las entidades federativas realicen comentarios específicos sobre la regulación federal y su aplicación.

39 A través de la OCDE, se sabe que Bélgica está instrumentando un registro similar.
40 Las materias que abarcan los seis reglamentos son: 1) áreas naturales protegidas; 2) materiales y residuos peligrosos y actividades consideradas como altamente riesgosas; 3) conservación y desarrollo sustentable; 4) auditoría ambiental; 5) uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar; 6) prevención y control de la contaminación atmosférica. Adicionalmente los anteproyectos de las guías para la elaboración del informe preventivo y de la manifestación de impacto ambiental en sus modalidades particular y regional, que ya fueron enviados a la comisión y al consejo, requieren de la elaboración de sus respectivas manifestaciones de impacto regulatorio. Dado el grado de avance de estos anteproyectos, si se compromete al nuevo secretario del ramo, sería posible expedirlos en los primeros tres meses de la nueva administración.
41 Costa Rica, Nicaragua y el Triángulo del Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador.)

511,512,513

Adicionalmente sería conveniente promover que los gobernadores constituyan una asociación nacional, cuyo objetivo sea intercambiar información, promover la participación de todas las entidades federativas y servir como una representación de éstas ante la Federación.

5.3. Retos a futuro para la mejora
regulatoria federal


Además de las acciones a realizarse en los primeros 90 días, la siguiente administración deberá enfrentar una serie de retos regulatorios a mediano y largo plazos. Entre otros:

1. Regulación de los servicios no comerciables.42 Los servicios no comerciables son insumos esenciales en muchos procesos de producción y consumo. Entre esos servicios difícilmente pueden subestimarse los beneficios de consolidar una reglamentación procompetitiva en el transporte aéreo43 y las telecomunicaciones e iniciaría para los servicios de sistema de pagos. Independientemente de la propiedad de los activos, es indispensable normar el comportamiento de las paraestatales en los servicios provistos de manera exclusiva por el Estado en materia de energía. Todos estos servicios tienen economías de redes o recursos esenciales.

En la última década, México ha negociado de manera exitosa la apertura recíproca de sus mercados de bienes y servicios comerciables, a través de tratados de libre comercio y avanzado en la reforma de su marco jurídico. Ahora es crucial para la competitividad de las empresas mexicanas que los servicios no comerciables sean altamente competitivos en precio y calidad. De no lograrse esta meta, el sector mexicano de servicios no comerciables impondría una distorsión equivalente a la de un impuesto al sector de bienes comerciables, pero sin ningún beneficio fiscal y con una incidencia desfavorable sobre el tipo de cambio y los salarios reales.

La desregulación de algunos servicios no comerciables ha sido fructífera. Se ha tenido éxito en la apertura a la inversión privada de sectores como la distribución y el transporte de gas natural y en el sector de autotransporte de carga. Estas reformas se han traducido en más y mejores servicios para los usuarios y han permitido, en el caso del autotransporte de carga, por ejemplo, la reducción de las tarifas a pesar del aumento geométrico que se ha registrado en la demanda por estos servicios en los últimos años.44

En el sector de telecomunicaciones, si bien la apertura a la inversión privada y la privatización de Telmex han incrementado tanto la calidad y variedad de los servicios como el monto invertido en la industria, para lograr un mayor acceso, uso y crecimiento de la red pública de telefonía sería necesario consolidar el ejercicio de una regulación procompetitiva45. Al respecto, sería esencial asegurar la portabilidad de números, así como propiciar la desagregación de la red local un acceso equitativo a la misma para las empresas proveedoras de servicios de Internet.

En el sector de aviación civil, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la comisión iniciaron las reformas reglamentarias para reducir la discrecionalidad innecesaria en materia de concesiones, permisos, rutas y horarios para los prestadores de los servicios. Conforme al régimen jurídico vigente, la Comisión Federal de Competencia emitió una opinión con el fin de evitar la existencia de una línea aérea dominante en el mercado nacional.

42 Los servicios no comerciables son aquellos que no están sujetos a comercio internacional. Los servicios legales y de inmobiliaria, por ejemplo no son comerciables; sólo se pueden consumir en el país en que se producen. Los sectores de transporte y de construcción, no son fácilmente comerciables, aunque existen excepciones. Los principales determinantes de si un sector es comerciable o no, son los costos de transporte (y los derivados de otras barreras naturales) y el grado de proteccionismo (barreras arancelarias y no arancelarias).
43 Para evitar cuellos de botella en lugares de aterrizaje y despegue para aviones comerciales, es esencial tomar e instrumentar la decisión de aumentar la capacidad aeroportuaria de la zona metropolitana de la Ciudad de México en los primeros tres meses. También se requiere un diagnóstico sobre la conveniencia de separar la regulación económica (tarifas y permisos) de la regulación en materia de seguridad para el transporte aéreo (posiblemente existe un conflicto de objetivos entre la vigilancia y la promoción del sector).

44 En la OCDE (1999), reforma regulatoria en México volumen 1, pp. 129-135.

45. Ver Noll. Roger, Telecomunicaciones en México (CIDE. 2000).

Esta opinión, así como las modificaciones al reglamento de aviación civil que establecieron un mecanismo para disuadir la competencia destructiva sin impedir una sana y vigorosa competencia en precios, permitirán al IPAB realizar una transferencia de activos al sector privado sin sacrificar eficiencia para el mercado nacional a la vez que se respetan escrupulosamente los derechos de los trabajadores. La consolidación de una política procompetitiva en el transporte aéreo permitiría el pleno aprovechamiento de la industria turística, así como el establecimiento de mejores ejes de conexión para integrar las zonas rezagadas del país y lograr la máxima difusión de beneficios de nuestros tratados de libre comercio.

De manera particular, se debe avanzar hacia la sujeción al marco jurídico de competencia de las actividades comprendidas en las áreas estratégicas del Estado que están a cargo de empresas paraestatales. La Constitución prohibe la existencia de monopolios y la realización de prácticas monopólicas, pero crea un régimen de excepción a la primera prohibición, por lo que se permite que el Estado a través de uno o varios organismos desarrolle las actividades mencionadas en forma exclusiva. Al respecto, la comisión considera que el régimen de excepción de ninguna forma autoriza la realización de prácticas que abusen de la posición dominante de estos organismos en contra del bienestar de los usuarios (véase alcance del régimen de excepción constitucional respecto de las áreas estratégicas, a disposición en el sitio de la comisión).

México se encuentra en el umbral apropiado para hacer un diagnóstico objetivo de la arquitectura institucional, los mandatos, las facultades y la autonomía técnica de sus diversas autoridades reguladoras, además de explorar la conveniencia de ampliar estas facultades a favor de la competencia.

2. Regulación financiera. Existen siete autoridades de regulación y supervisión financiera (SHCP, CNBV, CNSF, CONSAR, Banco de México, IPAB y CONDUSEF), lo cual implica una administración regulatoria que es costosa si se le compara con los esquemas de otros países y que no siempre ha cumplido con sus objetivos. Las autoridades requieren de un mandato sencillo y claro y que además sea congruente con la incorporación de la materia financiera a las disciplinas de transparencia y calidad de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. También es indispensable emitir una ley de insolvencia o concursos para las instituciones financieras, ya que la Ley de Concursos Mercantiles sólo incluye a los bancos y de manera transitoria. La relevancia de dicha disposición sería que cualquier insolvencia o liquidación de una institución financiera se lleve a cabo de manera predecible, con certidumbre jurídica y al menor costo posible para los contribuyentes.

3. Situación de la gestión gubernamental y el marco regulatorio de aguas nacionales. Si bien la Ley de Aguas Nacionales, expedida en 1992, incorpora algunos elementos que propician el uso eficiente del agua, esta ley y las demás disposiciones jurídicas federales que norman la materia contienen vacíos jurídicos, establecen preceptos que promueven una gestión gubernamental inadecuada e inclusive alientan un uso ineficiente del recurso. La comisión ha elaborado un diagnóstico que identifica los principales problemas en la materia, entre los que destacan la falta de control sobre la medición y transferencias de agua, el desperdicio de agua derivado del hecho de que no se internalizan los costos del recurso y la falta de lineamientos para la transferencia de derechos en zonas vedadas o reglamentadas (véase situación de la gestión gubernamental y el marco regulatorio en materia de aguas nacionales a disposición en el sitio de la comisión).

4. Protección y uso de datos en beneficio de las personas y del desarrollo de la economía. Salvo en el caso de vehículos, las disposiciones mexicanas están internacionalmente rezagadas con respecto a la protección y divulgación de datos por parte de empresas especializadas tales como los burós de crédito. Para asugurar su buen funcionamiento y minimizar los costos de transacción, es necesario que la información fluya en cualquier sistema económico.

La emisión de disposiciones en esta materia permitiría conciliar los objetos aparentemente opuestos del respeto a la privacidad y el acceso a la información, con el fin de que los individuos con un historial ejemplar puedan reducir sus costos de transacción (por ejemplo, para contratar de créditos hipotecarios, aunque la reforma no se refiere sólo a transacciones financieras). Además de permitir e incentivar el flujo de información, este tipo de normatividad promueve un mercado de empresas de información, las cuales son un ingrediente clave para el funcionamiento de todo un conjunto de servicios cruciales para las pequeñas y medianas empresas y la ciudadanía en general. Al respecto, ya existe un estudio en la materia.

5. Quejas y solución de controversias contractuales en materia eléctrica. Se elaboró un diagnóstico público sobre la falta de regulación adecuada en materia de interconexión de generadores particulares a la red del suministrador de energía eléctrica y sobre la no-utilización de esquemas de arbitraje para la resolución de controversias entre el suministrador y los particulares después de la firma de convenios de suministro o de interconexión (véase quejas y solución de controversias contractuales en materia eléctrica, a disposición en el sitio de la comisión).46 Se pueden resolver parcialmente estas insuficiencias regulatoria mediante el establecimiento de los términos y condiciones de interconexión en disposiciones reglamentarias,47 y la inscripción del procedimiento arbitral, por parte de los organismos descentralizados correspondientes, en el registro público a cargo de la Comisión Reguladora de Energía.

5.4. La interfaz de las regulaciones
federales, estatales y municipales


Hoy, las regulaciones federales se elaboran de acuerdo con un proceso que privilegia la transparencia, la participación abierta de la sociedad y el análisis cuidadoso de alternativas normativas y en el cual se imponen sanciones a los funcionarios que no cumplen con esta responsabilidad fundamental del Estado. Aún falta mucho por hacer, pero con las reformas a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se estableció en México uno de los esquemas más modernos y efectivos de mejora regulatoria en el mundo; el reto es aplicar plenamente la ley a través de procedimientos institucionales.

Cabe señalar que los particulares interactúan con el marco jurídico no sólo a nivel federal, por lo que es necesario que, con estricto apego al pacto federal del país, se continúe trabajando por una mayor congruencia entre los marcos normativos a nivel federal, estatal y municipal. A este respecto, destacan algunos casos de normatividad incongruente entre los diversos órdenes de gobierno, por ejemplo, en materia de transporte de carga y de medio ambiente.48 Dado que muchas entidades han avanzado significativamente en la actualización de sus marcos jurídicos y que tanto sus ejecutivos como sus poderes legislativos han hecho a sus estados más atractivos para la generación de empleos, el diferencial generado hace prioritario que todos los órdenes de gobierno adecúen rápidamente sus marcos regulatorios.

En este sentido, sería útil que el sector productivo revisara de manera recurrente y pública la información respecto a los marcos regulatorios o a la aplicación de los mismos, además de las prácticas jurídicas en todos los estados y los municipios más importantes. Sería también importante que se llevaran a cabo auditorías públicas comparativas de la práctica regulatoria en las diversas dependencias y organismos descentralizados federales.

Un ejemplo claro de la necesidad urgente de mejorar la calidad del marco regulatorio es la regulación de actividades y sectores de infraestructura para la prestación de servicios públicos a cargo de los estados o municipios. Existen dos problemas principales:

I) Los servidores públicos tienden a privilegiar la realización de obras o la gestión que le proporcione retorno en el corto plazo (ya que los costos se presentan de inmediato, pero los beneficios de la mejor gestión y mayor calidad del marco regulatorio se obtienen varios años después) 49 y

II) Aunque existe un costo importante de recaudar fondos públicos, los gobiernos locales no incurren en buena parte del mismo (las inversiones se financian principalmente con fondos federales y de manera secundaria mediante tarifas a los usuarios.)

46. El suministrador ha optado por la vía judicial. Seria necesario instruir a la dirección de la CFE para que opte por el arbitraje.
47. O de manera más completa con reformas a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica.
48. La Comisión Federal de Competencia ha emitido resoluciones con respecto a barreras al comercio interestatal. Algunas leyes ambientales estatales tienen fracciones que deben derogarse para hacerlas compatibles con la nueva Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
49 Esto es particularnente en los municipios.

514,515,516

Adicionalmente, estos servicios no se pueden dejar de prestar de forma permanente, lo que implica que, de fallar quien esté prestando el servicio, no existiría un compromiso creíble del Gobierno Federal de no ayudar o de exigir el pago íntegro de deudas. Por lo tanto, los servidores públicos estatales y municipales no tienen incentivos para incrementar las tarifas a los usuarios, pues incidirían en un mayor costo de recaudación de fondos públicos federales.

El caso que mejor refleja la problemática señalada es el del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento (véase propuestas para una ley estatal prototipo, a disposición en el sitio de la comisión).50 Dado el crecimiento de la población y los indicadores de cobertura que indican profundas diferencias regionales que deben eliminarse, los requerimientos de inversión en el país están por encima de los 1 mil millones de dólares anuales. Lo anterior aunado a los requerimientos de gasto social y de otras inversiones en infraestructura, hace difícil, de continuar el statu quo, que se disponga de los recursos necesarios.

Por ello, la única forma de evitar el colapso de este sector esencial en el futuro próximo, es reformar el marco normativo y la gestión pública en los tres órdenes de gobierno, de tal forma que se preste un servicio público eficiente. Es indispensable que los recursos para operar, dar mantenimiento y expandir los sistemas se generen dentro de los mismos organismos operadores, enfatizando la necesidad de establecer un marco regulatorio e institucional y una gestión eficientes. Esta sería la manera de afrontar con éxito uno de los problemas de contaminación más serios en nuestro país).

En México se ha llevado a cabo un proceso de descentralización de funciones, incluso fiscales, a los estados. Sin perjuicio de que la extensión de este proceso a otros ámbitos de autoridad dependa estrictamente del marco constitucional y legal nacional, es menester destacar la existencia de una lógica contundente para mantener ciertas atribuciones en el orden federal.

El libre comercio y el libre tránsito entre las entidades federativas, el comercio exterior, la competencia y libre concurrencia en los mercados, así como la regulación de industrias específicas como las de telecomunicaciones, energía y transporte terrestre y de operaciones relacionadas con el sistema de pagos y la protección de datos en beneficio de las personas, por ejemplo, son elementos de política económica que, en nuestra opinión, deben desarrollarse por la Federación, porque sólo ésta responde a los intereses de todos los mexicanos.

Responsables de la mejora regulatoria en las diversas dependencias del Gobierno Federal 2000:

Licenciado Gerardo Cajiga Estrada, oficial mayor, Secretaría de Gobernación; licenciado Juan Villafranca Andrade, oficial mayor, Secretaría de Relaciones Exteriores; licenciado Andrés Figueroa Cobián, oficial mayor, Secretaría de Hacienda y Crédito Público; doctor Juan Carlos Belausteguigoitia Rius, subsecretario de Planeación, Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; doctor Andrés Antonius González, subsecretario de Política y Desarrollo Energéticos, Secretaría de Energía; licenciado Jesús Flores Ayala oficial mayor, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; licenciado José Enrique Girón Zenil, oficial mayor, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; doctor Aarón Dychter Poltolarek, subsecretario de Transporte, Secretaría de Comunicaciones y Transportes; licenciado Carlos Mancera Corcuera, subsecretario de Planeación y Coordinación, Secretaría de Educación Pública; doctor Javier Castellanos Coutiño, subsecretario de Regulación y Fomento Sanitario, Secretaría de Salud; licenciado Humberto Lugo Gil, oficial mayor, Secretaría del Trabajo y Previsión Social; licenciado Vicente Gutiérrez Camposeco, coordinador general de la Unidad de Servicios Turísticos, Secretaría de Turismo.

Miembros del Consejo para la Mejora Regulatroria; 2000

Presidente: doctor Herminio Blanco Mendoza, secretario de Comercio y Fomento Industrial.

50 En este servicio sólo se trata el 21.5% del agua procedente de localidades urbanas, por lo que aproximadamente sólo el 40% del flujo de agua en estos sistemas genera ingresos. Las fugas de agua son también de alrededor del 40% en promedio. En resumen, la calidad del servicio (continuidad, presión, sanidad) es frecuentemente baja. La paradoja es que, por una parte, existen usuarios dispuestos a pagar por contar con el servicio o por tener un mejor servicio y, por otra, los funcionarios públicos responsables prefieren no subir las tarifas y, a la vez, no canalizar la inversión hacia estos sectores. (Ver CNA, 2000. La Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a diciembre de 1999, y Céspedes y Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, 2000. El Desafío del Agua en la Ciudad de México. )

sector laboral: don Leonardo Rodríguez Alcaine, secretario general del comité central de la Confederación de Trabajadores de México y presidente del Congreso del Trabajo; señor Alberto Juárez Blancas, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos.

Sector empresarial: ingeniero Claudio X. González, presidente del Consejo Coordinador Empresarial; licenciado Alejandro Martínez Gallardo, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos; licenciado Valentín Díez Morodo, presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios; licenciado Raúl Picard Prado, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación; ingeniero Alberto Fernández Garza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana.

Sector agropecuario: licenciado Heladio Ramírez López, secretario general de la Confederación Nacional Campesina; señor Ramón Hiriarte Maisterrena, presidente del Consejo Nacional Agropecuario.

Sector académico: doctor Juan Ramón de la Fuente Ramírez, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México; doctor Arturo Fernández Pérez, rector del Instituto Tecnológico Autónomo de México; doctor Julio Rubio Oca, secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior; ingeniero Diódoro Guerra Rodríguez, director general del Instituto Politécnico Nacional.

Gobierno Federal: licenciado Arsenio Farell Cubillas, secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo; licenciado José Angel Gurría Treviño, secretario de Hacienda y Crédito Público; licenciado Mariano Palacios Alcocer, secretario del Trabajo y Previsión Social; doctor Carlos Hurtado López, coordinador de asesores para Asuntos de Política Económica y Social, Presidencia de la República; licenciado Germán Fernández Aguirre, consejero jurídico del Ejecutivo Federal.

Invitados permanentes: doctor Guillermo Ortiz Martínez, gobernador del Banco de México; doctor Fernando Sánchez Ugarte, presidente de la Comisión Federal de Competencia; licenciado Eduardo Almeida, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor.
Secretario técnico: doctor Fernando Salas Vargas, comisionado federal para la mejora regulatoria.

El Presidente:

Recibo y túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Diputados.

REINO UNIDO

El secretario senador Héctor Antonio
Astudillo Flores:

Seis oficios de la Secretaría de Gobernación sobre los ciudadanos: Alma Rosa Moreno Razo, Claude Heller Roussant, Francisco Eduardo del Río López, Rafael Tovar y de Teresa y Andrés Leopoldo Valencia Benavides.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación en oficio fechado el día primero del actual, manifestando lo siguiente:

En uso de las facultades que le concede la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República ha tenido a bien designar a la ciudadana Alma Rosa Moreno Razo, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México ante el gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

En consecuencia, mucho agradeceré a ustedes ser el amable conducto para solicitar en los términos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ratificación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión al nombramiento de la ciudadana Moreno Razo. Con este fin les envío adjunto los datos biográficos de la interesada.

Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que en el mismo se menciona.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 8 de febrero de 2001.- Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»

El Presidente:

Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.

FRANCIA

El secretario senador Héctor Antonio
Astudillo Flores:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación en oficio fechado el día primero del actual, manifestando lo siguiente:

En uso de las facultades que le concede la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República ha tenido a bien designar al ciudadano Claude Heller Roussant, embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de la República Francesa.

En consecuencia, mucho agradeceré a ustedes ser el amable conducto para solicitar en los términos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ratificación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión al nombramiento del ciudadano Heller Roussant. Con este fin les envío adjunto los datos biográficos del interesado.

Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 8 de febrero de 2001.- Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»

El Presidente:

Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.

REPUBLICA DE NICARAGUA

El secretario senador Héctor Antonio
Astudillo Flores:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación en oficio fechado el día primero del actual, manifestando lo siguiente:

En uso de las facultades que le concede la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República ha tenido a bien designar al ciudadano Francisco Eduardo del Río López, embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de la República de Nicaragua.

En consecuencia, mucho agradeceré a ustedes ser el amable conducto para solicitar en los términos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ratificación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión al nombramiento del ciudadano del Río López. Con este fin les envío adjunto los datos biográficos del interesado.

Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que en el mismo se menciona.

517,518,519

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 8 de febrero de 2001.- Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»

El Presidente:

Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.

REPUBLICA ITALIANA

El secretario senador Héctor Antonio
Astudillo Flores:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación en oficio fechado el día primero del actual, manifestando lo siguiente:

En uso de las facultades que le concede la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República ha tenido a bien designar al ciudadano Rafael Tovar y de Teresa, embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de la República Italiana.

En consecuencia, mucho agradeceré a usted ser el amable conducto para solicitar en los términos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ratificación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión al nombramiento del ciudadano Tovar y de Teresa. Con este fin le envío adjunto los datos biográficos del interesado.

Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 13 de febrero de 2001.- Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»

El Presidente:

Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.

ESTADO DE ISRAEL

El secretario senador Héctor Antonio
Astudillo Flores:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación en oficio fechado el día primero del actual, manifestando lo siguiente:

En uso de las facultades que le concede la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República ha tenido a bien designar al ciudadano Andrés Leopoldo Valencia Benavides, embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno del Estado de Israel.

En consecuencia, mucho agradeceré a usted ser el amable conducto para solicitar en los términos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ratificación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión al nombramiento del ciudadano Valencia Benavides. Con este fin le envío adjunto los datos biográficos del interesado.

Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que en el mismo se menciona.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 8 de febrero de 2001.- Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»

El Presidente:

Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.

REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL

El secretario senador Héctor Antonio
Astudillo Flores:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Direccción General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación en oficio fechado el día 1o. del actual, manifestando lo siguiente:

En uso de las facultades que le concede la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República ha tenido a bien designar al ciudadano Jorge Gerardo Sánchez Sosa, cónsul general de México en Río de Janeiro, Brasil.

En consecuencia, mucho agradeceré a usted ser el amable conducto para solicitar en los términos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ratificación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión al nombramiento del ciudadano Jorge Gerardo Sánchez Sosa. Con este fin le envío adjunto los datos biográficos del interesado.

Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 13 de febrero de 2001.- Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»

El Presidente:

Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

El secretario senador Héctor Antonio
Astudillo Flores:

Dos oficios de la Secretaría de Gobernación por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Juan Francisco Tovía Mazón y Juan José Bremer y de Martino, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se trámite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el coronel de caballería DEM Juan Francisco Tovía Mazón, pueda aceptar y usar la condecoración de la Medalla de Servicio Meritorio, que le confiere el gobierno de los Estados Unidos de América.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa.

Agradezco a ustedes su atención a la presente reiterándoles la seguridad de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 2 de febrero de 2001.- Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»

REINO DE ESPAÑA

El secretario senador Héctor Antonio
Astudillo Flores:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el embajador Juan José Bremer y de Martino, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno del Reino de España.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integre en su expediente, carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión solicitando el permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa.

Agradezco a ustedes su atención a la presente reiterándoles la seguridad de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 7 de febrero de 2001.- Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»

El Presidente:

Recibo y túrnese a la Primera Comisión.

PRESTAR SERVICIOS EN
REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El secretario senador Héctor Antonio
Astudillo Flores:

Dos oficios de la Secretaría de Gobernación por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Yadira Ramírez Hernández, María Isabel Rodríguez Solano, Evangelina Sánchez Alarcón, Hilario Martínez Bautista, Carmelita Contreras y Estrada, Margarita Herrera Sarmientos, Santiago Colorado Hernández, Julián Flores Robles, Jesús Romárico González Márquez, Galdino Enrique Rodríguez Avilés, Armando Espinoza Moyeda, Elizabeth García García y Julieta Beatriz Galván Gutiérrez, puedan prestar servicios a gobiernos extranjeros.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere el artículo 37 inciso c párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Yadira Ramírez Hernández, asistente; María Isabel Rodríguez Solano y Evangelina Sánchez Alarcón, como empleadas domésticas; Hilario Martínez Bautista, chofer en la Embajada de Angola en México.

Carmelita Contreras y Estrada, secretaria; Margarita Herrera Sarmientos y Santiago Colorado Hernández, como empleados domésticos en la Embajada de la República de Sudáfrica en México.

Por lo anterior, me permito anexar originales de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y los escritos en que solicitan se realicen los trámites correspondientes.

520,521,522

 

 
El Presidente :

Agradezco a ustedes su atención a la presente reiterándoles las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 31 de enero de 2001.- Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, a fin de solicitar se trámite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan, puedan prestar sus servicios en la Embajada de Portugal en México.

Julián Flores Robles, Jesús Romárico González Márquez, Galdino Enrique Rodríguez Avilés, Armando Espinoza Moyeda y Elizabeth García García, como auxiliares de servicio y Julieta Beatriz Galván Gutiérrez, secretaria trilingüe.

Por lo anterior me permito anexar copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y los escritos en que solicitan se realicen los trámites correspondientes.

Agradezco a ustedes su atención a la presente, reiterándoles la seguridad de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 7 de febrero de 2001.- Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»

El Presidente:

Recibo y túrnese a la Primera Comisión.

El Presidente:

Los siguientes puntos del orden del día son los dictámenes a discusión, con puntos de acuerdo.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, ruego a la Secretaría consultar a la Asamblea si se autoriza dar lectura solamente a los puntos de acuerdo.

El secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se autoriza se dé lectura solamente a los puntos de acuerdo, en virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente.c

El Presidente:

Proceda en consecuencia la Secretaría a dar cuenta con los puntos de acuerdo.

JAPON

El secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea: a la Segunda Comisión de Trabajo, fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que el ciudadano Presidente de la República hace en favor del ciudadano Carlos Alberto de Icaza González, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de Japón, enviado a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con la fracción XVI del artículo 89.

Después de haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, esta comisión desea señalar que de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el ciudadano De Icaza González, consta que nació en la representación diplomática mexicana en Beirut, Líbano, el 15 de febrero de 1948. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima que se requieren para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

En su curriculum vitae se establece que realizó estudios de relaciones internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Los integrantes de la comisión dictaminadora queremos señalar que el embajador designado es miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano al cual ingresó en 1970, con la categoría de vicecónsul. Posteriormente, fue promovido sucesivamente a las categorías de tercer secretario en 1971; segundo secretario en 1973; primer secretario en 1974; consejero en 1975 y ministro consejero en 1979; ascendiendo al rango de embajador en 1982.

En el exterior, fue tercer secretario en la Embajada de México en Panamá de 1971 a 1973; consejero y ministro en la misión permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Ginebra y representante alterno de México ante la Organización Internacional del Trabajo en 1979 y 1980. Con el rango de embajador fungió como tal, ante el gobierno de Ecuador de 1986 a 1988, ante el gobierno de Argentina en 1995 y 1996 y ante el gobierno del Reino de Bélgica y Luxemburgo de 1996 a 1998.

Dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores desempeñó los siguientes cargos: analista en la dirección general de organismos internacionales en 1970 y 1971; secretario particular del subsecretario de 1973 a 1977; director general del Servicio Exterior de 1980 a 1983; director general para América Latina y el Caribe de 1983 a 1986; secretario particular del titular del ramo de 1988 a 1991; oficial mayor de 1991 a 1993 y subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y Asia-Pacífico de 1998 a 2000.

Es de destacar que el embajador designado ha participado como delegado de México en diversas reuniones multilaterales en el marco de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos. Además, en el periodo comprendido de 1998 a 2000, participó en todas las reuniones cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Conferencia Iberoamericana, del Grupo de Río, del Grupo de Tuxtla, de la Asociación de Estados del Caribe, de la Cumbre América Latina-Unión Europea y del Mecanismo de Cooperación Asia-Pacífico. En el mismo periodo se desempeñó como representante de México ante la Reunión de Altos Funcionarios (SOM) que dirige las tareas de APEC.

En la Secretaría de Educación Pública, desempeñó los cargos de director del Centro de Documentación e Información de la subsecretaría de Cultura y Recreación en 1977 y 1978 y oficial mayor en 1994.

Es autor del libro La diplomacia contemporánea, coautor de El Orden Mundial Emergente, México en el Siglo XXI y coordinador del libro México APEC 2002. Antecedentes, Retos y Oportunidades editado por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Por la labor que su actividad profesional ha brindado a la relación bilateral de nuestro país con otras naciones, ha sido condecorado por los gobiernos de Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Egipto, Gran Bretaña, Guatemala, Honduras, Italia, Jordania, Panamá, Rumania, Uruguay y Yugoslavia.

Además de nuestro idioma, habla inglés y francés.

En acatamiento del acuerdo tomado por la Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982 y continuado por la Comisión Permanente para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos diplomáticos, la comisión que suscribe citó al ciudadano De Icaza González, a una reunión en donde se conversó sobre la política exterior mexicana, la circunstancia internacional en que se desenvuelve y principalmente sobre la relación bilateral con Japón.

Dicha reunión tuvo verificativo el día de hoy y en la misma, los legisladores que integramos esta comisión que dictamina, conversamos sobre los citados temas con el embajador designado, pudiendo comprobar por este medio el grado de experiencia y preparación que ha obtenido a lo largo de su carrera profesional. En particular, le reconocemos su pertenencia al Servicio Exterior Mexicano.

En la propuesta de programa de trabajo presentada ante esta comisión por el ciudadano De Icaza González expuso que, en caso de ser ratificado por esta soberanía, se propondría ampliar la comunicación política; multiplicar los intercambios económicos; lograr un mayor acceso al mercado japonés para los productos mexicanos; fomentar las inversiones japonesas en México y poner una atención especial a los aspectos de cooperación tecnológica, cultural y educativa.

El embajador designado, manifestó su interés en asegurar un nivel de excelencia en la relación bilateral que facilite la comunicación política y amplíe las corrientes de intercambio en todas las áreas de cooperación que puedan contribuir al desarrollo nacional. En consecuencia, se propiciará la más amplia y eficaz comunicación con las principales autoridades y líderes de opinión del país a efecto de asegurar el respaldo político indispensable para el buen desenvolvimiento de los lazos bilaterales.

Por otro lado, consideró importante promover intercambios entre los medios de comunicación de ambos países y sus entidades afines, así como visitas mutuas de periodistas y equipos de radio y televisión; propiciar el intercambio de visitas ministeriales y de funcionarios gubernamentales, sobre todo en el marco de los mecanismos de diálogo institucionalizado existentes a nivel bilateral; intercambiar impresiones acerca de la viabilidad de reactivar la Federación Parlamentaria de Amistad México-Japón; promover reuniones periódicas entre parlamentarios mexicanos y japoneses. Asimismo, asegurar una estrecha comunicación en lo relativo a los principales temas que se ventilan en APEC, sobre todo considerando que México tendrá la presidencia del mecanismo el próximo año; promover un amplio intercambio sobre temas fundamentales de la actualidad política, como la reforma de las Naciones Unidas, la Conferencia del Desarme y las cuestiones de comercio e inversión que son materia de la OMC y OCDE; incrementar la cooperación contra el crimen organizado, el tráfico ilícito de narcóticos, el comercio ilícito de armas y el lavado de dinero y proponer la conclusión de un Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal.

El embajador designado mencionó que el tema central, en materia de relaciones económicas con Japón, se refiere a la posibilidad de suscribir, en el mediano plazo, un Tratado de Libre Comercio entre los dos países y concluir en el corto plazo, el acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones. Además, definir nuevas estrategias de negociación para facilitar la introducción de las mercancías mexicanas, para ello deberá promoverse la mayor participación de los principales grupos y organizaciones empresariales mexicanos; promover la realización de conferencias y seminarios en Japón encaminados a brindar amplia información sobre la conveniencia de integrar cadenas de producción con pequeñas y medianas industrias mexicanas; alentar a las grandes corporaciones japonesas que aún no lo han hecho, a fin de que inviertan en México; diseñar un programa especial de promoción e información para lograr mayor inversión de las pequeñas y medianas empresas de ese país; promover que empresas mexicanas participen en proyectos de coinversión con sus contrapartes japonesas con objeto de proveer de insumos a las maquiladoras japonesas establecidas en los sectores electrónico, eléctrico y automotriz de México y promover que la relación económica y de cooperación con Japón aporte beneficios a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país.

Asimismo, manifestó que la Embajada continuará apoyando, en estrecha coordinación con Bancomext, la participación de nuestras empresas en la "Exhibición Internacional de Alimentos y Bebidas" Foodex, Japón, que se lleva cabo en Tokio.

En materia de intercambios culturales, cooperación técnica y turismo, se propondría: revitalizar el fondo de amistad México-Japón; organizar eventos culturales; buscar patrocinio público y privado en ambos países para proponer el establecimiento de un Centro Cultural Mexicano en Japón que contribuya a difundir nuestro patrimonio cultural; dar especial atención a los programas de intercambios de becarios; realizar un intenso programa de promoción turística para atraer más visitantes japoneses a nuestro país y promover la apertura en Tokio de una oficina de representación del Consejo de Promoción Turística.

523,524,525

Con base en el expediente mencionado y la entrevista referida, los legisladores miembros de la comisión que suscribe hemos podido constatar que el ciudadano De Icaza González posee los requisitos ordenados por el artículo 20 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano para ser designado embajador.

Por lo anteriormente expuesto, los suscritos miembros de la comisión consideramos que el ciudadano Carlos Alberto de Icaza González reúne en su persona amplias cualidades y méritos suficientes para el buen ejercicio del cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de Japón. En tal virtud, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO


Unico.
En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor del ciudadano Carlos Alberto de Icaza González, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de Japón.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente.- México, D.F., a 13 de febrero de 2001.- Senadora Silvia Hernández Enríquez, presidenta; senador Javier Corral Jurado y diputado Alfredo Ochoa Toledo, secretarios; senadores: Ernesto Gil Elorduy, Netzahualcóyotl de la Vega García, Juan José Rodríguez Prats, Luisa María Calderón Hinojosa, Raymundo Cárdenas Hernández, Sara Isabel Castellanos Cortés; diputados: Beatriz Paredes Rangel, Efrén Leyva Acevedo, Silvia Alvarez Bruneliere, Rocío García Gaytán, Julián Hernández Santillán y María del Rosario Tapia Medina.»

El Presidente:

Está discusión el punto de acuerdo...

El secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente.

El Presidente:

Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

Se encuentra en el salón adjunto a este recinto el ciudadano Carlos Alberto de Icaza González, cuyo nombramiento como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de Japón, acaba de ser aprobado por esta Asamblea.

Para que lo introduzcan a este salón y lo acompañen a rendir la protesta de ley, se desgina en comisión a los siguientes legisladores:

Senadores: Silvia Hernández Enríquez, Demetrio Javier Sodi de la Tijera, Sara Isabel Castellanos Cortés y diputados: Carlos Flores Gutiérrez y Jaime Cervantes Rivera.

(La comisión cumple su cometido.)

El secretario senador Héctor Antonio
Astudillo Flores:

Se ruega a los presentes ponerse de pie.

El Presidente:

Ciudadano Carlos Alberto de Icaza González. ¿Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de México, ante el gobierno de Japón, que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

El ciudadano Carlos Alberto de Icaza
González:

Sí, protesto.

El Presidente:

Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.

Muchas felicidades, señor embajador, mucho éxito en su desempeño.

Se ruega a la comisión designada, acompañar al señor embajador De Icaza, cuando él desee retirarse.

Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (II)

El secretario senador Héctor Antonio
Astudillo Flores:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea: a la Segunda Comisión de Trabajo fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que el ciudadano Presidente de la República hace en favor de la ciudadana Georgina Teresita Lagos Dondé, como cónsul general de México en San Francisco, California, Estados Unidos de América, enviado a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con la fracción XVI del artículo 89.

Después de haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, esta comisión desea señalar que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por la ciudadana Lagos Dondé, consta que nació en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 22 de febrero de 1961. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima que se requieren para desempeñar el cargo para el que ha sido designada. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
En su curriculum vitae se establece que estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, con la especialidad en investigación por la Universidad Anáhuac. Posteriormente realizó la maestría en Política Comparada en la Universidad de Nueva York y estudió cursos de doctorado en Política Económica en The New School for Social Research.

Adicionalmente realizó estudios de diplomado en Comercio Exterior y Negociaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México; de Ciencias Políticas con el tema "Origen y Consecuencias del Subdesarrollo del Tercer Mundo" en la Universidad de California en San Diego y de Análisis de Medios Impresos en la Universidad de Cambridge.

Los integrantes de la comisión dictaminadora queremos señalar que la cónsul general designada cuenta con una amplia experiencia profesional, habiendo desempeñado, entre otros, los siguientes cargos: coordinadora de Investigación Política y de Medios de Notimex y corresponsal en la Ciudad de México del diario "El Norte" de 1983 a 1985; gerente de Importaciones de Televisa S.A. de 1985 a 1988; gerente de Mercadotecnia de Comercial Mabe en 1988 y 1989; coordinadora de Comunicación Corporativa de Organización Mabe en 1990 y 1991; asesora de la Comisión Reguladora de Energía en 1996 y 1997; coordinó la realización de estudios de patrones y tendencias de la migración de campesinos mexicanos al sur de los Estados Unidos de América entre la Confederación Nacional Campesina y el Colegio de la Frontera Norte en la Coordinación de Estudios de Migración en 1997 y 1998; subcoordinadora de Análisis Político en 1998 y editora de la Edición Internacional de El Financiero en l999 y editora de Política en el Portal de internet To2 en el 2000.

Es de destacar que la ciudadana Lagos Dondé participó en el cabildeo para detallar la propuesta de la "No Pérdida de la Nacionalidad Mexicana" entre comunidades de mexicanos en el extranjero y posteriormente para su aprobación en el Congreso de la Unión en 1995. Asimismo, en el 2000 colaboró como enlace de la oficina del doctor Jorge Castañeda con la Secretaría de Relaciones Exteriores para las actividades internacionales del presidente electo Vicente Fox.

Además de nuestro idioma, habla inglés y alemán.

En acatamiento del acuerdo tomado por la Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982 y continuado por la Comisión Permanente para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos diplomáticos, la comisión que suscribe citó a la ciudadana Lagos Dondé a una reunión en donde se conversó sobre la política exterior de nuestro país, la circunstancia internacional en que se desenvuelve y, en forma especial, la situación de San Francisco y el área comprendida dentro de la jurisdicción del consulado general, como un punto importante para la promoción de los intereses de México.

Dicha reunión tuvo verificativo el día de hoy y en la misma, los legisladores que integramos esta comisión que dictamina, conversamos sobre los citados temas con la cónsul general nombrada, pudiendo comprobar por este medio el grado de experiencia y preparación que ha obtenido a lo largo de su carrera profesional.

En la propuesta de programa de trabajo presentada ante esta comisión por la ciudadana Lagos Dondé, se expresó que, de ser ratificado su nombramiento por esta soberanía, se propondría la capacitación del personal y revisión continúa de los sistemas de trabajo; la sistematización y simplificación de cada uno de los trámites que se realizan; la difusión de las actividades del área y rotación al interior del área y la ampliación de la frecuencia de consulados móviles.

En referencia a la protección, se buscará: visitar continuamente a las autoridades de los 13 condados que se encuentran dentro de la jurisdicción del consulado general; mantener reuniones periódicas con los abogados consultores; continuar las reuniones entre las autoridades migratorias y los consulados del área en el marco de los mecanismos de concertación, para avanzar en los diversos acuerdos con el sistema de inmigración y naturalización y promover, en coordinación con el Centro Cultural Mexicano de San Francisco, la educación para adultos.

En el ámbito de atención a las comunidades mexicanas, la cónsul general designada mencionó que resulta necesario efectuar un mayor número de consulados móviles y, con el Programa de Atención a las Comunidades Mexicanas en el Extranjero, se pueden realizar actividades culturales, educativas y deportivas y de apoyo a las áreas de protección y de documentación.

En relación a la información e imagen, se propondría, mediante campañas en los medios masivos de comunicación, informar a la comunidad mexicana del trabajo que desarrolla la representación; editar boletines, cuyo formato, lenguaje y periodicidad, tome en cuenta las características del sector al que se pretende informar y difundir la información que se envía desde la Secretaría y la Embajada, que dé cuenta de los asuntos políticos y económicos más relevantes del país, procurando tener presencia permanente en los medios masivos de comunicación y en foros académicos, financieros y comerciales.

Con base en el expediente mencionado y la entrevista referida, los legisladores miembros de la comisión que suscribe hemos podido constatar que la ciudadana Lagos Dondé posee los requisitos ordenados por el artículo 20 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano para ser designada cónsul general.

Por lo anteriormente expuesto, los suscritos miembros de la comisión consideramos que la ciudadana Georgina Teresita Lagos Dondé reúne en su persona cualidades para el buen ejercicio del cargo de cónsul general de México en San Francisco, California, Estados Unidos de América. En tal virtud nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico
. En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor de la ciudadana Georgina Teresita Lagos Dondé, como cónsul general de México en San Francisco, California, Estados Unidos de América.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente.- México, D.F., a 13 de febrero de 2001.- Segunda Comisión senadora Silvia Hernández Enríquez, presidenta; senador Javier Corral Jurado y diputado Alfredo Ochoa Toledo, secretarios; senadores: Ernesto Gil Elorduy, Netzahualcóyotl de la Vega García, Juan José Rodríguez Prats, Luisa María Calderón Hinojosa, Raymundo Cárdenas Hernández, Sara Isabel Castellanos Cortés; diputados: Beatriz Paredes Rangel, Efrén Leyva Acevedo, Silvia Alvarez Bruneliere, Rocío García Gaytán, Julián Hernández Santillán, María del Rosario Tapia Medina.»

526,527,528

El Presidente:

Está a discusión el punto de acuerdo...

El secretario senador Héctor Antonio
Astudillo Flores:

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se aprueba el punto de acuerdo, señor Presidente.

El Presidente:

Dada su aprobación. Comuníquese al Ejecutivo.

Se encuentra a las puertas de este recinto la ciudadana Georgina Teresita Lagos Dondé, cuyo nombramiento como cónsul general de México en San Francisco, California, Estados Unidos de América, acaba de ser aprobado por esta Asamblea.

Para que la introduzcan a este salón y la acompañen a rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes legisladores:

Senadora Sara Isabel Castellanos Cortés; diputados: Beatriz Paredes Rangel, Alfonso Bravo y Mier, Rosario Tapia Medina.

(La comisión cumple su cometido.)

El secretario senador Héctor Antonio
Astudillo Flores:

Se ruega a los presentes ponerse de pie.

El Presidente:

Ciudadana Georgina Teresita Lagos Dondé: ¿Protesta desempeñear leal y patrióticamente el cargo de cónsul general de México, en San Francisco, California, Estados Unidos de América, que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo y por todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

La ciudadana Georgina Teresita Lagos
Dondé:

Sí, protesto.

El Presidente:

Si así no lo hiciera, la nación se lo demande.

Se ruega a la comisión designada, acompañar a la señora cónsul cuando desee retirarse.

Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.

GRADOS MILITARES

El secretario diputado Uuc-kib Espadas
Ancona:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2000, por el Presidente de la República, a favor del capitán de Navío del Cuerpo General, diplomado de Estado Mayor, milicia permanente, Daniel Bozada Sánchez como contralmirante del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor, milicia permanente, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte:

a) Que ingresó al servicio activo de la Armada de México, como cadete en la Heroica Escuela Naval, el 9 de enero de 1969, fue ascendido como guardiamarina del cuerpo general, milicia permanente, por acuerdo del Secretario del ramo, el 1o. de agosto de 1974;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro de la Armada de México ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 31 años, 10 meses y 12 días, con antigüedad en el empleo anterior de cinco años y

d) Que en el grado anterior se le confirió la condecoración de perseverancia segunda clase, por 30 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado contralmirante del cuerpo general, Diplomado de Estado Mayor, milicia permanente, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO


Unico.
Se ratifica el grado de contralmirante del cuerpo general, Diplomado de Estado Mayor, milicia permanente, que el Ejecutivo de la Unión expidió a favor del ciudadano Daniel Bozada Sánchez.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente.- México, D.F., a 30 de enero de 2001.- Senadora Silvia Hernández Enríquez, presidenta; senador Javier Corral Jurado y diputado Alfredo Ochoa Toledo, secretarios; senadores: Ernesto Gil Elorduy, Netzahualcóyotl de la Vega García, Juan José Rodríguez Prats, Luisa María Calderón Hinojosa, Raymundo Cárdenas Hernández, Sara Isabel Castellanos Cortés; diputados: Beatriz Paredes Rangel, Efrén Leyva Acevedo, Silvia Alvarez Bruneliere, Rocío García Gaytán, Julián Hernández Santillán y María del Rosario Tapia Medina.»

El Presidente:

Señor Secretario, pondríamos a discusión todos los acuerdos en conjunto.

El secretario senador Héctor Antonio
Astudillo Flores:

Se reserva para su discusión y votación económica en su conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2000, por el Presidente de la República, a favor del capitán de navío del cuerpo general, Diplomado de Estado Mayor, milicia permanente Héctor Alberto Mucharraz Brambila, como contralmirante del cuerpo general, Diplomado de Estado Mayor, milicia permanente, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte:

a) Que ingresó al servicio activo de la Armada de México, como cadete en la Heroica Escuela Naval Militar el 2 de enero de 1967, fue ascendido como guardiamarina del cuerpo general, milicia permanente, por acuerdo del Secretario del ramo, el 1o. de agosto de 1974;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro de la Armada de México ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 32 años, tres meses y siete días, con antigüedad en el empleo anterior de cinco años y

d) Que en el grado anterior se le confirió la condecoración de Perseverancia de Segunda Clase por 30 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado contralmirante del cuerpo general, Diplomado de Estado Mayor, milicia permanente, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO


Unico.
Se ratifica el grado de contralmirante del cuerpo general, Diplomado de Estado Mayor, milicia permanente que el Ejecutivo de la Unión expidió a favor del ciudadano Héctor Alberto Mucharraz Brambila.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente.- México, D.F., a 30 de enero de 2001.- Senadora Silvia Hernández Enríquez, presidenta; senador Javier Corral Jurado y diputado Alfredo Ochoa Toledo, secretarios; senadores: Ernesto Gil Elorduy, Netzahualcóyotl de la Vega García, Juan José Rodríguez Prats, Luisa María Calderón Hinojosa, Raymundo Cárdenas Hernández, Sara Isabel Castellanos Cortés; diputados: Beatriz Paredes Rangel, Efrén Leyva Acevedo, Silvia Alvarez Bruneliere, Rocío García Gaytán, Julián Hernández Santillán y María del Rosario Tapia Medina.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en su conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2000, por el Presidente de la República, a favor del capitán de navío del cuerpo general, milicia permanente Pedro Gómez Rodríguez como contralmirante del cuerpo general, milicia permanente, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte.

a) Que ingresó al servicio activo de la Armada de México, como cadete en la Heroica Escuela Naval, el 30 de enero de 1968, fue ascendido como guardiamarina del cuerpo general, milicia permanente, por acuerdo del Secretario del ramo, el 1o. de agosto de 1973;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro de la Armada de México ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 32 años, 10 meses y 21 días, con antigüedad en el empleo anterior de ocho años, y

d) Que en el grado anterior se le confirió la condecoración de Perseverancia de Segunda clase, por 30 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado contralmirante del cuerpo general, milicia permanente, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO


Unico.
Se ratifica el grado de contralmirante del cuerpo general, milicia permanente, que el Ejecutivo de la Unión expidió a favor del ciudadano Pedro Gómez Rodríguez.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente.- México, D.F., a 30 de enero de 2001.- Senadora Silvia Hernández Enríquez, presidenta; senador Javier Corral Jurado y diputado Alfredo Ochoa Toledo, secretarios; senadores: Ernesto Gil Elorduy, Netzahualcóyotl de la Vega García, Juan José Rodríguez Prats, Luisa María Calderón Hinojosa, Raymundo Cárdenas Hernández, Sara Isabel Castellanos Cortés; diputados: Beatriz Paredes Rangel, Efrén Leyva Acevedo, Silvia Alvarez Bruneliere, Rocío García Gaytán, Julián Hernández Santillán y María del Rosario Tapia Medina.»

529,530,531


Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en su conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2000, por el Presidente de la República, a favor del capitán de navío del cuerpo general milicia permanente Daniel Arturo Flores Bello, como contralmirante del cuerpo general, milicia permanente, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte:

a) Que ingresó al servicio activo de la Armada de México, como cadete en la Heroica Escuela Naval Militar, el 18 de enero de 1966. Fue ascendido como guardiamarina del cuerpo general milicia permanente, por acuerdo del Secretario del ramo, el 1o. de agosto de 1971;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro de la Armada de México ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 34 años 11 meses y tres días, con antigüedad en el empleo anterior de cinco años; y

d) Que en el grado anterior se le confirió la condecoración de Perseverancia Segunda Clase, por 30 años de servicios ininterrumpidos.
De la revisión de la hoja de servicios del nombrado contralmirante del cuerpo general milicia permanente, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO


Unico
. Se ratifica el grado de contralmirante del cuerpo general milicia permanente, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Daniel Arturo Flores Bello.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente.- México, D.F., a 30 de enero de 2001.- Senadora Silvia Hernández Enríquez, presidenta; senador Javier Corral Jurado y diputado Alfredo Ochoa Toledo, secretarios; senadores: Ernesto Gil Elorduy, Netzahualcóyotl de la Vega García, Juan José Rodríguez Prats, Luisa María Calderón Hinojosa, Raymundo Cárdenas Hernández, Sara Isabel Castellanos Cortés; diputados: Beatriz Paredes Rangel, Efrén Leyva Acevedo, Silvia Alvarez Bruneliere, Rocío García Gaytán, Julián Hernández Santillán y María del Rosario Tapia Medina.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2000, por el Presidente de la República, a favor del capitán de navío del servicio de sanidad naval, médico cirujano milicia permanente, Carlos Enrique Gómez Llata y Tavizón como contralmirante del servicio de sanidad naval, médico cirujano milicia permanente, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte:

a) Que ingresó al Servicio Activo de la Armada de México, como capitán de corbeta del servicio de sanidad naval médico cirujano, el 1o. de febrero de 1970. Fue ascendido como capitán de fragata del servicio de sanidad naval milicia permanente, por acuerdo del Secretario del ramo el 20 de noviembre de 1986;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro de la Armada de México ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 30 años 10 meses y 20 días, con antigüedad en el empleo anterior de cinco años, y

d) Que en el grado anterior se le confirió la condecoración de Perseverancia de Segunda Clase, por 30 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado contralmirante del servicio de sanidad naval, médico cirujano milicia permanente, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO


Unico
. Se ratifica el grado de contralmirante del servicio de sanidad naval, médico cirujano milicia permanente, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Carlos Enrique Gómez Llata y Tavizón.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente.- México, D.F., a 30 de enero del año 2001.- Senadora Silvia Hernández Enríquez, presidenta; senador Javier Corral Jurado y diputado Alfredo Ochoa Toledo, secretarios; senadores: Ernesto Gil Elorduy, Netzahualcóyotl de la Vega García, Juan José Rodríguez Prats, Luisa María Calderón Hinojosa, Raymundo Cárdenas Hernández, Sara Isabel Castellanos Cortés; diputados: Beatriz Paredes Rangel, Efrén Leyva Acevedo, Silvia Alvarez Bruneliere, Rocío García Gaytán, Julián Hernández Santillán y María del Rosario Tapia Medina.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en su conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2000, por el Presidente de la República, a favor del capitán de navío del servicio de ingenieros navales, ingeniero civil milicia permanente Claudio Arturo Rincón Argudín, como contralmirante del servicio de ingenieros navales, ingeniero civil milicia permanente, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte:

a) Que ingresó al servicio activo de la Armada de México, como cadete en la Heroica Escuela Naval, el 9 de enero de 1969. Fue ascendido como guardiamarina del cuerpo general milicia permanente, por acuerdo del Secretario del ramo, el 1o. de agosto de 1974;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro de la Armada de México ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 28 años 11 meses y 12 días, con antigüedad en el empleo anterior de seis años y

d) Que en el grado anterior se le confirió la condecoración de Perseverancia de Tercera Clase por 25 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado contralmirante del servicio de ingenieros navales, ingeniero civil milicia permanente, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO


Unico.
Se ratifica el grado de contralmirante del servicio de ingenieros navales, ingeniero civil milicia permanente, que el Ejecutivo de la Unión expidió a favor del ciudadano Claudio Arturo Rincón Argudín.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente.- México, D.F., a 30 de enero de 2001.- Senadora Silvia Hernández Enríquez, presidenta; senador Javier Corral Jurado y diputado Alfredo Ochoa Toledo, secretarios; senadores: Ernesto Gil Elorduy, Netzahualcóyotl de la Vega García, Juan José Rodríguez Prats, Luisa María Calderón Hinojosa, Raymundo Cárdenas Hernández, Sara Isabel Castellanos Cortés; diputados: Beatriz Paredes Rangel, Efrén Leyva Acevedo, Silvia Alvarez Bruneliere, Rocío García Gaytán, Julián Hernández Santillán y María del Rosario Tapia Medina.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.- Segunda Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2000, por el Presidente de la República, a favor del capitán de navío del cuerpo de infantería de marina milicia permanente Juan Guerra Sánchez, como contralmirante del cuerpo de infantería de marina milicia permanente, que el Ejecutivo de la Unión envío a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte:

a) Que ingresó al servicio activo de la Armada de México, como cadete en la Heroica Escuela Naval Militar, el 9 de enero de 1969, fue ascendido como primer maestre del cuerpo de infantería, milicia permanente por acuerdo del secretario del ramo, el 1o. de agosto de 1972;

b) Que a los siguiente grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro de la Armada de México ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 31 años 11 meses y 12 días, con antigüedad en el empleo anterior de cinco años, y

d) Que en el grado anterior se le confirió la condecoración de Perseverancia de Segunda Clases, por 30 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado contralmirante del cuerpo de infantería de marina milicia permanente, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

532,533,534

PUNTO DE ACUERDO

Unico.
Se ratifica el grado de contralmirante del cuerpo de infantería de marina milicia permanente, que el Ejecutivo de la Unión expidió a favor del ciudadano Juan Guerra Sánchez.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente.- México, D.F., a 30 de enero de 2001.- Senadora Silvia Hernández Enríquez, presidenta; senador Javier Corral Jurado y diputado Alfredo Ochoa Toledo, secretarios; senadores: Ernesto Gil Elorduy, Netzahualcóyotl de la Vega García, Juan José Rodríguez Prats, Luisa María Calderón Hinojosa, Raymundo Cárdenas Hernández, Sara Isabel Castellanos Cortés; diputados: Beatriz Paredes Rangel, Efrén Leyva Acevedo, Silvia Alvarez Bruneliere, Rocío García Gaytán, Julián Hernández Santillán y María del Rosario Tapia Medina.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba este punto de acuerdo y los anteriormente reservados.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

El Presidente:

Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense al Ejecutivo.

HORARIO DE VERANO (II)

El Presidente:

Para presentar proposición con punto de acuerdo, tiene la palabra la diputada Rosario Tapia Medina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en relación a una proposición con punto de acuerdo sobre el horario de verano, hasta por 10 minutos.

La diputada María del Rosario Tapia Medina:

Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputadas y diputados:
Ustedes recordarán que la semana pasada, a proposición de nuestro Presidente de la mesa directiva Ricardo García Cervantes, se pospuso la presentación de este punto de acuerdo para la sesión de hoy. No quiero repetir todos los argumentos que planteamos en la sesión pasada, porque incluso hace un momento en la presentación de la iniciativa de ley que hizo el senador Demetrio Sodi para reformar el artículo 73 de la Constitución, dándole la facultad al Legislativo para la determinación sobre los husos horarios y los horarios estacionales, pues prácticamente ya se ha argumentado lo suficiente.

Solamente quiero subrayar la preocupación que mantiene el Partido de la Revolución Democrática sobre este tema, que no es obcecación ni obsesión ni necedad, sino que vemos la preocupación permanente, las expresiones de descontento permanente y que insistimos, esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión debe tener alguna opinión al respecto.

El día de hoy nos fueron comunicados dos acuerdos que no podemos pasar por alto, el acuerdo del Congreso de Guerrero y el acuerdo del Congreso de Oaxaca:

En el caso del Congreso de Guerrero nos están planteando, tanto al Ejecutivo Federal como al Congreso de la Unión, que se realice una consulta pública para determinar la viabilidad y la aplicación o no, del horario de verano.

En el caso de Oaxaca están planteando, igualmente al Ejecutivo como al Congreso su rechazo abierto. Ellos no están planteando una consulta, ellos planteando su rechazo a que no se aplique este año el horario de verano en Oaxaca y a la vez hacen un llamado a otros estados de la República, del sureste para que se unan a este pronunciamiento. Están hablando específicamente de hacer un llamado a Chiapas, a Quintana Roo, a Yucatán, a Campeche y no me acuerdo si a Tabasco.

Entonces, por otro lado está ya el anuncio de la consulta pública aquí en el Distrito Federal.

Nosotros hemos dicho que las consultas tienen sus asegunes, porque ya sabemos que la expresión ciudadana va a ser de rechazo; es una consulta que está perfectamente orientada porque todos los estudios, todas las consultas, toda la opinión pública que se ha manifestado, incluyendo lo que se planteó en el estudio hecho por la universidad sobre la aplicación del horario de verano a nivel nacional, mostró un alto rechazo de la ciudadanía, un 70%. Entonces una consulta, prácticamente ya sabemos hacia dónde va, por lo tanto para nosotros eso no resuelve el problema en este momento.

Por eso estamos insistiendo, uno y es nuestra propuesta de punto de acuerdo:

En primer lugar, que la Tercera Comisión que recibió las opiniones de los funcionarios, de los investigadores sobre el tema discuta, comente, debata sobre lo que escuchó y presente una opinión bajo su responsabilidad a esta Comisión Permanente, de por dónde tendríamos que buscar una salida.

Para nosotros lo ideal es que la comisión y es el segundo punto de nuestra propuesta, es que pudiera hacerse una exhortación al Ejecutivo Federal para que buscara un consenso político y evitáramos cualquier tipo de confrontación o de desaguisados por la aplicación del horario de verano.

Yo no quisiera ver que Oaxaca, ante la no respuesta del Ejecutivo ni del Congreso, se anime a ponerse en rebeldía y parece que hoy está de moda ponerse en rebeldía; al ratito vamos a discutir lo de Yucatán, pues es un problema que está pendiente y al rato el Distrito Federal, que saliendo del aeropuerto cruzando el bulevar, por una decisión del jefe de gobierno sobre la base de una consulta diga: pues saliendo del aeropuerto hay otro horario en la ciudad y cruzando la línea al Estado de México hay otro horario.

Entonces, nosotros queremos realmente que esto se evite, por eso pensamos que el Ejecutivo debe convocar y a instancia de esta Comisión Permanente, para decir: sentémonos a la mesa. Discutamos el problema. Veamos en este momento cómo se aplica ya el horario. Ya está el decreto, ya está hecho, pero ¿qué vamos a hacer para después? Y convencer obviamente al Ejecutivo, de que logre este consenso político con los estados que están en contra, que ya son más de la mitad.
Y por otra parte finalmente, en torno a la iniciativa que presentó hoy el senador Demetrio Sodi, obviamente nosotros estamos exhortando a todos los grupos parlamentarios representados en el Congreso de la Unión, a que podamos consensar este reforma constitucional y acabemos de una vez por todas con este problema tanto social, como jurídicamente desde nuestro punto de vista, con un vacío en cuanto a las facultades que tenemos o se tiene en las diferentes instancias para determinar sobre el horario de verano.

Ojalá y podamos empezar a discutir entre los diferentes grupos; podamos comentar sobre esta facultad. Yo creo, por lo que he platicado con diferentes diputados de los congresos locales, que ellos estarían bastante satisfechos si esta facultad la asume el Congreso de la Unión, si la asume el Legislativo y entonces ellos se sentirían representados como una instancia federada, en cómo se discute y cómo se aplica y no la visión solamente lineal, por parte del Poder Ejecutivo.

Yo creo que si les damos una respuesta de este tipo a la ciudadanía, a los gobernantes, a los congresos locales, podemos encontrar una salida consensada, de la manera más inmediata.

Muchas gracias, señor Presidente.

Le hago entrega del punto de acuerdo, para turnarlo a la Tercera Comisión.


«Proposición con punto por el que se convoca al titular del Poder Ejecutivo a celebrar un acuerdo político nacional sobre la aplicación del horario de verano.

CONSIDERANDO


1. Desde abril de 1996, se cuestiona la legalidad y la constitucionalidad de la aplicación del horario de verano, ya que hasta el momento, el Poder Ejecutivo se ha arrogado la facultad de imponerla, expidiendo un decreto fundamentado en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 27 y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sin que refiera expresamente la facultad del Ejecutivo para establecer el horario de verano y por otro lado, la Constitución otorga la facultad al Legislativo en materia de pesos y medidas, pero no puede asumirse que la modificación al horario de verano este contemplado en dicha facultad.

Por otro lado, tomando en cuenta el artículo 124 de nuestra Constitución Política se pudiera interpretar que la aplicación de los husos horarios sería una facultad reservada para los estados, de lo que podría entenderse que éstos, podrían determinar su propio horario.

2. Una medida de tal naturaleza reviste indudablemente un gran interés nacional, debido a que afecta a la población en su conjunto, a lo largo y ancho de la geografía del país y trasciende a la vida cotidiana de los ciudadanos y de sus familias y a todos los señores de la economía y particularmente a nuestras relaciones y operaciones comerciales con el exterior, que ven afectadas sus actividades cotidianas.

3. Tomando en cuenta las ventajas en el ahorro del valor de la energía eléctrica que es aproximadamente de 1mil millones de pesos, que los datos en la disminución en el consumo desde 1996 a 2000 revelan que son 5 mil 181 millones de kwh que equivalen al consumo de 20.9 millones de hogares durante más de nueve semanas y lo que representaría el consumo de 9.8 millones de focos de 60 watts durante un año, así como del consumo de 9.3 millones de barriles de petróleo, lo que equivalen al gasto de gasolina de 2 millones de automóviles en casi cinco meses.

4. Que desde su aplicación en abril de 1996, se han manifestado diversas opiniones en contra del horario de verano y que se han realizado diversas consultas ciudadanas en las entidades federativas y en el D.F. así como encuestas levantadas por instituciones como la UNAM, la Secretaría de Energía y la CFE sobre la aceptación de esta medida y sobre el impacto que se observa en los sectores de la economía.

Por las consideraciones anteriores y con base en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos ante el pleno de esta comisión del Congreso de la Unión los suscritos legisladores proponemos el siguiente

PUNTO DE ACUERDO


Primero.
Que la Tercera Comisión de esta Comisión Permanente emita una opinión sobre la consulta hecha a funcionarios e investigadores sobre la aplicación del horario de verano, para ser presentada a esta Comisión Permanente y se resuelva lo conducente.

Segundo.
Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal tomando en cuenta el vacío constitucional y legal que existe en la aplicación del horario de verano y para evitar conflictos entre la Federación y las entidades federativas incluyendo al D.F., a que se busque un acuerdo político nacional a fin de que se establezcan las bases de su aplicación.

Tercero
. Se exhorta a los grupos parlamentarios representados en las cámaras del Congreso de la Unión a consensar a la brevedad la reforma constitucional que permita al Poder Legislativo tener la facultad expresa para legislar sobre husos horarios y horarios estacionales, de tal manera que esto pueda aprobarse en el próximo periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, a fin de resolver la controversia actual y se pueda planear su aplicación en el 2002.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 7 de febrero de 2001.- Diputada María del Rosario Tapia Medina.»

El Presidente:

Muchas gracias, señora diputada Tapia Medina.

Para rectificación de hechos tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Jaime Cervantes Rivera, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Jaime Cervantes Rivera:

Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

535,536,537

Nosotros también no vamos a argumentar lo mucho que se ha argumentado en nuestras cámaras, en relación al horario de verano. Simplemente quisiéramos aprovechar esta tribuna para decir lo siguiente:

Nos parece importante dejar claro que lo que se está impugnando, la mayoría de la sociedad mexicana con relación al horario de verano, no es el propósito de ahorrar energía; lo que está rechazando la sociedad es la forma autoritaria y prepotente con la que el Gobierno Federal impuso tal medida, decidiendo por millones de mexicanos a los que nunca consultó.

Por esta razón el grupo parlamentario del Partido del Trabajo tiene claro que éste es un asunto en el que todos los mexicanos tenemos que decidir; porque si la medida no ha arrojado beneficios tangibles para compensar el malestar de la población, ésta debe desaparecer, de tal forma que la decisión que adopte el pueblo debe estar basada en el convencimiento y el conocimiento pleno de que la medida ha sido resultado, el resultado de un consenso que partió de una amplia consulta.

Nos extraña sobremanera que el presidente Fox, siendo candidato a la Presidencia de la República, tuvo conocimiento pleno del malestar de la población, con la puesta en vigor del horario de verano e inclusive se mostró muy sensible a las demandas del pueblo, manifestando que éste haría una consulta amplia para decidir si continuaba o no o si se buscaban incluso alternativas de ahorro de energía. Sin embargo, ya como Presidente en funciones, ha cambiado su percepción del problema y ahora sus colaboradores nos anuncian pomposamente que la medida es buena; que lo único que debemos hacer es reducir su tiempo de vigencia de cinco a siete meses, lo que resulta un paliativo totalmente incongruente con sus promesas de campaña.

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo siempre ha declarado que una medida de esta envergadura debe tomarse a partir del análisis y la formulación de mecanismos que nos permitan alcanzar, efectivamente, el ahorro de energía, pero el problema de fondo sólo se resolverá cuando el Gobierno Federal invierta en nuevas fuentes de generación de energía, así como en las ya existentes. De no ser así, en el futuro tendremos problemas con las fuentes primarias de abastecimiento.
Por las consideraciones expuestas, nuestro grupo parlamentario del Partido del Trabajo hace un atento llamado a los integrantes de esta soberanía para que, en lo que se decide quién tiene atribuciones legales para decidir en relación al horario de verano, que parece que estamos de acuerdo en que hay muchas lagunas, coordinemos, junto con el Gobierno Federal, la realización de una amplia consulta sobre el tema para que sea el pueblo de México el que decida el destino del horario de verano y se acuerden nuevos mecanismos para lograr el ahorro efectivo de energía.

Es cuanto. Muchas gracias.

El Presidente:

Muchas gracias, señor diputado Cervantes Rivera.

La proposición túrnese a la Tercera Comisión.


ESTADO DE YUCATAN

El Presidente:

Tiene la palabra el senador César Jáuregui Robles, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre la situación política en el Estado de Yucatán.

El senador Sergio César Jáuregui Robles:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

En Yucatán, como en cualquier parte, la única negociación posible debe partir de la ley.

Desafortunadamente actores políticos como el gobernador Víctor Cervera Pacheco están empecinados en ser protagónicos no por las obras, los servicios o el bien común que generan, y que debe generar, desde luego, todo gobierno, sino por el rechazo a las actuaciones que viene desarrollando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En efecto, ante el último episodio de este expediente político, se ha atrevido a calificar de inquisitoriales a las autoridades jurisdiccionales de la materia. Ha desatendido los requerimientos de garantías que le han formulado los institutos políticos y las organizaciones ciudadanas. Ha convocado a la ciudadanía a la rebeldía frente a actos de autoridad y en general ha asumido una actitud lejana al cumplimiento del orden legal que protestó cumplir en las dos ocasiones en que ha detentado el cargo de gobernador.

Es entendible esta posición para un hombre que siempre pegado al poder está hoy cerca de dejarlo. Por ello se explica, que nunca justifica, el ampararse bajo románticos conceptos como defensa de la soberanía, constitucionalidad local, legitimidad ampliada etcétera, para dar cabida a lo que en realidad es una actuación parcial, tramposa y chapucera a la hora de designar al árbitro electoral, a los ciudadanos del Consejo Electoral del Instituto Electoral de Yucatán.

Designar en dos ocasiones, la mayoría priísta en el Congreso yucateco, a los consejeros afines a su posición partidista es muestra del desprecio que en esa entidad se observa de las formas democráticas que obligan al consenso y al acuerdo en éste y en cualquier asunto político.

La página de los absolutismos que creíamos superada con las elecciones del 2 de julio pasado y con preocupación observamos que aún subsisten, inercias autoritarias que no reconocen más derecho que el impuesto por ellos mismos, están hoy día más que vigentes.

Cierto estoy que tal conducta no es compartida por muchos de los aquí presentes y recién escuchamos la iniciativa que presentó nuestro colega legislador, senador César Camacho, que provenientes de todos los partidos políticos ejercen la tarea política con seriedad y desde luego con convicción democrática.

Quién de los presentes en cualquier contienda le gustaría jugar con cartas marcadas o tener un árbitro plenamente identificado y comprometido con el adversario. Eso es precisamente lo que acontece en Yucatán, donde un grupo impone condiciones fuera de los principios rectores del proceso electoral, a saber: legalidad, objetividad, imparcialidad e independencia.
Esta situación ha dado pauta a que las autoridades encargadas de la procuración de justicia sean notificadas del desacato legal, donde las consecuencias se circunscriben al campo jurídico.

Respetuosos de la ley siempre estarán de acuerdo con la sanción calificatoria del comportamiento humano y esto dentro de todo estado de derecho es válido, mas en el cumplimiento de las atribuciones de autoridad siempre habrá cabida para la interpretación y es precisamente donde los parlamentarios tenemos que hacer la distinción entre la política y el derecho y las tensiones que muchas veces se generan precisamente por la aplicación de dispositivos que cargados de una gran dosis de cuestión ideológica, están inmersos hoy con el carácter de imperactividad.

Por ello nosotros, en el grupo parlamentario de Acción Nacional, presentamos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO


Primero
. Que habiéndose demostrado plenamente la constitucionalidad y legalidad del resolutivo del Tribunal Electoral, exigimos categóricamente que las autoridades locales del Estado de Yucatán, el Poder Legislativo y Ejecutivo de ese lugar, den cumplimiento a todos y cada uno de los efectos jurídicos producidos por la sentencia de referencia con respecto a la insaculación de los integrantes del Consejo Estatal Electoral, reconociéndolo en consecuencia como el único órgano válidamente constituido para organizar y calificar las elecciones de la entidad.

Segundo.
Que en el marco de respeto a la autonomía de las entidades federativas y en un ejercicio de responsabilidad constitucional y legal, las autoridades locales en el ámbito de sus respectivas competencias otorguen todas las garantías necesarias y suficientes para que el Consejo Electoral del Estado pueda desarrollar las tareas inherentes a la organización de los próximos comicios en un clima de seguridad y certidumbre que permitan la celebración oportuna de la elección.

Tercero.
Que las autoridades federales y/o locales que conozcan de diversos procedimientos de carácter político, penal, administrativo o cualesquiera otro que mantenga relación directa con el desacato del fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la integración del Consejo Electoral en el Estado de Yucatán, provean todas las diligencias que conforme a derecho estén a su alcance, para desahogar las probanzas necesarias y determinar, en su caso, las responsabilidades a las que haya lugar.

Dejo en la Presidencia el punto de acuerdo.

«Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presente.

Los suscritos, legisladores de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a presentar la siguiente proposición.

CONSIDERACIONES


1. La sentencia emitida en su oportunidad por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con relación a la insaculación de los miembros del Consejo Estatal Electoral cumple cabalmente con los requisitos de constitucionalidad, legalidad y legitimidad. Por lo que toca a la constitucionalidad, debemos atender a lo dispuesto por el artículo 99 párrafo IV de la Constitución Federal, que a la letra dice:

Artículo 99.
Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de la Constitución y según lo disponga la ley sobre:

"IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan entre los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones..."

Así, el Congreso local del Estado de Yucatán emitió un acto, que consistió en la ratificación de los consejeros electorales, que formalmente es legislativo, pero materialmente es administrativo electoral. Dicho acto es impugnado por un partido político con capacidad jurídica y personería de conformidad con la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Está demostrado así que el órgano encargado constitucionalmente para dirimir esta controversia de manera definitiva e inatacable no es otro sino el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Por lo que corresponde a la legalidad, ésta se encuentra plenamente demostrada, mediante lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. La primera refiere en sus artículos 186 fracción III inciso b y 189 fracción I inciso e que determinan:

Artículo 186. En los términos de lo dispuesto por los artículos 41 fracción IV, 60 párrafos segundo y tercero y 99, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Electoral, de conformidad con lo que señalen la propia Constitución y las leyes aplicables, es competente para:

III. Resolver, en forma definitiva e inatacable, las controversias que se susciten por:

b) Actos y resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes para organizar, calificar o resolver las impugnaciones en los procesos electorales de las entidades federativas que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso electoral respectivo o el resultado final de las elecciones.

Artículo 189
. La Sala Superior tendrá competencia para:

I. Conocer y resolver, en forma definitiva e inatacable, las controversias que se susciten por:

e) Los juicios de revisión constitucional electoral, en única instancia y en los términos previstos en la ley de la materia por actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes para organizar, calificar o resolver las impugnaciones en los procesos electorales de las entidades federativas...

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Aún más, el tribunal al realizar el procedimiento de insaculación de los miembros del Consejo Electoral no hace más que aplicar la fracción IV del artículo 86 del Código Electoral del Estado de Yucatán, que establece que de no lograrse la elección de los consejeros conforme a la mayoría que se señala en la ley, "se procederá para completar el número de consejeros a la insaculación..."

2. Existe un desacato reiterado por parte de las autoridades locales con respecto al reconocimiento de los consejeros electorales insaculados por el tribunal electoral, al tiempo que se empeñan en demostrar la falsa legitimidad y legalidad del consejo establecido por el Congreso local.

Así lo hace constar el acuerdo emitido apenas ayer por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el que se dice que se encuentra acreditado el desacato del gobernador del Estado, así como de los supuestos consejeros electos por el Congreso local al no desalojar las instalaciones del propio consejo y permitir el normal desarrollo de las actividades de organización de las elecciones.

En tal documento el propio tribunal anuncia que se da vista a la Procuraduría General de la República sobre las omisiones y desacatos en que han incurrido todas las autoridades locales desde el inicio del conflicto.

Finalmente, hemos de subrayar que el gobernador del Estado, al reconocer como autoridad electoral de la entidad a personas distintas de las insaculadas por el tribunal electoral y más aún al permitir el uso de recursos públicos por personas extrañas a este procedimiento, el gobernador contraviene una norma jurídica individualizada que se deriva de una norma constitucional y de numerosas leyes federales (Ley del Sistema de Medios de impugnación en Materia Electoral, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación etcétera.)

Por lo anteriormente expuesto, los suscritos, proponemos el siguiente

PUNTO DE ACUERDO


Primero.
Que habiéndose demostrado plenamente la constitucionalidad y legalidad del resolutivo del tribunal electoral, exigimos categóricamente que las autoridades locales del Estado de Yucatán, el Poder Legislativo y Ejecutivo de esa entidad, den cumplimiento a todos y cada uno de los efectos jurídicos producidos por la sentencia de referencia, con respecto a la insaculación de los integrantes del Consejo Estatal Electoral, reconociéndole en consecuencia como el único órgano válidamente constituido para organizar y calificar las elecciones de la entidad.

Segundo
. Que en el marco de respeto a la autonomía de las entidades federativas y en un ejercicio de responsabilidad constitucional y legal, las autoridades locales en el ámbito de su respectiva competencia, otorguen todas las garantías necesarias y suficientes para que el Consejo Electoral del Estado pueda desarrollar las tareas inherentes a la organización de los próximos comicios en un clima de seguridad y certidumbre que permitan la celebración oportuna de la elección.

Tercero.
Que las autoridades federales y/o locales que conozcan de diversos procedimientos de carácter político, penal, administrativo o cualesquiera otro que mantenga relación directa con el desacato del fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la integración del Consejo Electoral en el Estado de Yucatán, provean todas las diligencias que conforme a derecho estén a su alcance para desahogar las probanzas necesarias y determinar en su caso las responsabilidades a las que haya lugar.

México, D.F., a 14 de febrero de 2001.- Senador Sergio César Jáuregui Robles.»

El Presidente:

Muchas gracias, señor senador Jáuregui Robles.

Para referirse a este tema, han solicitado el uso de la tribuna el diputado Jaime Cervantes Rivera, la senadora Sara Isabel Castellanos Cortés, el diputado Uuc-kib Espadas Ancona y el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín.

Tiene el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, el diputado Jaime Cervantes Rivera, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Jaime Cervantes Rivera:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para plantear su posición con respecto a la situación político-electoral prevaleciente en el Estado de Yucatán, como resultado del conflicto existente entre los poderes estatales y el Tribunal Federal Electoral en la designación de los consejeros electorales del organismo electoral de dicho Estado.

Como sabemos, a raíz del diferendo reside en lo fundamental la práctica viciada del PRI de imponer a toda costa un consejo electoral que esté acorde con sus intereses en la eminente elección de gobernador, diputados locales y presidentes municipales el día 27 de mayo del presente año.

El cacique político Víctor Cervera Pacheco, fiel a su personal estilo de gobernar, impuso de manera arbitraria en el Congreso local, haciendo caso omiso de las resoluciones emitidas por la sala del Tribunal Electoral de la Federación hasta en dos ocasiones. El Trife, ante esta negativa, por su parte procedió a conformar el Consejo Electoral Estatal mediante el procedimiento de la insaculación para cumplir con la obligación de tener conformado dicho órgano para garantizar la legalidad del proceso electoral de Yucatán.

Sin embargo, el tribunal del Ejecutivo estatal y la legislatura del mismo Estado han actuado en forma contumaz, ya que se han negado a dar cumplimiento a las resoluciones del Tribunal Federal, actitud que pone en riesgo la celebración del proceso electoral de mayo de este año.

Por ello el grupo parlamentario del Partido del Trabajo exige que se respete el acuerdo del tribunal electoral publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de febrero, nuestro partido no acepta sino el cumplimiento estricto de la ley, bajo ninguna circunstancia aceptaremos concertasesiones.

Parece que es pertinente recordar a los legisladores del Partido Revolucionario Institucional ya que fueron los legisladores de su partido quienes en la LVI Legislatura aprobaron solos las reformas a los distintos ordenamientos en materia electoral entre los que se encontraban la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Tal parece que en su oportunidad no previeron las consecuencias jurídicas que el imponer su mayoría mecánica en aquella ocasión ahora se reflejan en lo que consideran una actuación del Trife en perjuicio de este instituto político.

Compañeras y compañeros legisladores, por las consideraciones antes expuestas, exigimos al Gobierno Federal, al tribunal del Poder Ejecutivo Federal provea el auxilio que corresponda al Poder Judicial Federal para el debido cumplimiento de las resoluciones de este último poder.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente:

Muchas gracias, señor diputado Cervantes Rivera.

Tiene el uso de la palabra la senadora Sara Isabel Castellanos Cortés, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 10 minutos.

La senadora Sara Isabel Castellanos
Cortés:

Con su venia, señor Presidente; compañeros legisladores:

La situación de Yucatán está llegando a un límite extremo, dentro de unos días se puede generar situaciones irreversibles que afecten la estabilidad política, local y nacional y lesionen irremediablemente a las instituciones de la República.

Yo no quiero referirme en mi intervención al debate jurídico sobre la legalidad de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; me queda claro, que su decisión ha sido justa, de análisis por destacados constitucionalistas sin llegar a un acuerdo único; sin embargo también me queda claro que las acciones realizadas por la fracción priísta del honorable Congreso local de Yucatán, si tiene muchos aspectos negativos, sin suficiente sustento legal gratuitis, sin apego a derecho, obviamente sin consenso con las otras fracciones parlamentarias y por lo tanto con un alto grado de ilegitimidad que vicia de origen sus decisiones en materia electoral.

En estas circunstancias, el debate y la discusión sobre quien posee un mayor grado de legalidad o peor aún, sobre quien se encuentra en mayor grado de legalidad, nos conduce a una verdadera trampa. Se habla de que la solución al conflicto debe ser la negociación política, es claro que si hay un mínimo de voluntad entre las partes, puede recurrirse a la política para obtener una salida con visos de legalidad. Pero de continuar la situación actual, caracterizada por la cerrazón, la situación puede llegar a un callejón sin salida en donde el acuerdo sea muy difícil, violente la legalidad o tenga que ser sustituido por recursos de fuerzas del Gobierno Federal.

Antes esos problemas se resolvían desde el centro, sin miramientos y eran aceptados con docilidad, pero ahora no debemos recurrir a los recursos del viejo Estado nacional, recursos de autoridad y más aún, de fuerza. Se trata, por el contrario, de oponer a los métodos del viejo Estado los recursos de un federalismo renovado.

El federalismo surge históricamente para resolver en la paz los conflictos entre entidades soberanas; en caso de conflicto entre el orden federal y estatal, la decisión no le corresponde a uno o a otro, sino a una autoridad neutral: los tribunales, el Poder Judicial y ése es el principio al que debemos acudir en este momento.

México no ha sido nunca un estado federal. Nuestro país adoptó a su independencia la forma de una república federal pero con modalidades distintas al modelo norteamericano.

Se ha dicho muchas veces que el federalismo en norteamérica sirvió para unir en un pacto a un conjunto de estados diferenciados y con alto grado de autonomía, pero es, por el contrario, en México se utilizó para combatir la excesiva centralización que la corona española impuso a la Nueva España durante 300 años.

El federalismo impidió la guerra en Norteamérica entre las diferentes colonias por el dominio y la hegemonía de una sobre las otras. En México, la guerra entre liberales y conservadores, entre los postulantes de una república central y una federal consumió un siglo y desintegró el territorio original.

Ninguna institución política puede mantenerse sin una base social y ningún equilibrio constitucional; puede durar sin un equilibrio social correspondiente. Las instituciones estabilizan ciertas relaciones sociales preexistentes pero no pueden crearlas, por eso en México el federalismo cubrió con sus formas jurídicas una esencia centralista de la cual todos somos herederos pero a la cual ya no podemos ahora recurrir.

Por eso, el conflicto yucateco es un desafío para el nuevo federalismo que queremos construir sobre la base de renovar las instituciones. Este es el caso del Tribunal Electoral del Poder Legislativo de la Federación; con su creación se posibilita la existencia de un arbitro superior de todos los conflictos frecuentes y cotidianos en la lucha por el poder político pero sin el apego y reconocimiento a sus resoluciones puede abrirse un negro camino en lugar de la transición democrática.

Y no podemos llamar al viejo presidencialismo a concertacionar los conflictos electorales como tampoco podemos llamar a poderes foráneos a pronunciarse sobre nuestros asuntos internos. ¿A quién acudir? Pues a las instancias que nos hemos dado en este penoso tránsito democrático, instituciones imperfectas, deficientes o insuficientes pero perfectibles, si nos sometemos a la razón que justifica su creación.

La posición del Partido Verde Ecologista en torno a este conflicto, es que debe acatarse y hacerse acatar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Si se quiere recurrir la resolución acatando la legalidad, los diputados inconformes del honorable Congreso del Estado de Yucatán tienen la opción de presentar una recurso ante la Suprema Corte de Justicia, cosa que hasta ahora no han hecho.

El comportamiento seguido por la mayoría priísta del Congreso local y el gobernador, sugiere que en la realidad algunas fuerzas políticas están apostando al conflicto, al desgaste de los nuevos funcionarios y del nuevo gobierno y en el fondo, creando las condiciones para no renovar los poderes públicos del Estado.

541,542,543

Es frente al riesgo de deslegitimar e inutilizar a las instituciones de la República, por lo que debemos pronunciarnos en contra del comportamiento del gobernador Cervera. Si ahora un gobernador con una precaria mayoría en el Congreso local decide desconocer a las instancias federales, con el alto costo de evitar la renovación soberana de los poderes públicos mediante la vía electoral, cualquier otro día en cualquier otro Estado, otro gobernador diciéndose agraviado va a desafiar por cualquier motivo al pacto federal.

Por los caminos del sur y por el camino del gobernador Cervera, no vamos a ningún lado.

Gracias.

El Presidente:

Muchas gracias, senadora Castellanos Cortés.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Uuc-Kib Espadas Ancona, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos.

El diputado Uuc-kib Espadas Ancona:

El asunto de Yucatán ha alcanzado ya extremos francamente difíciles de haber imaginado hasta hace unos cuantos meses, las resistencias, las oposiciones y los reclamos sobre fallos del tribunal que por primera vez han incluido al PRI, nunca habían alcanzado, nunca habrán rebasado los límites que ya se rebasaron en el Estado de Yucatán.

Se ha tensado la situación política de tal forma, que es muy difícil en este momento encontrar para el gobernador Cervera y para el PRI una salida presentable a la sociedad para esta situación.

La última propuesta parte de suponer que el Tribunal Electoral es una de las partes en el conflicto, lo que se pretende es una negociación entre la posición del gobierno del Estado y la sentencia del Trife, esto es absurdo, el tribunal no es parte en el conflicto yucateco, el tribunal es el juez en el conflicto yucateco.

La otra parte, la parte que combatió la resolución del Congreso del Estado es el Partido de la Revolución Democrática, nosotros tuvimos un diferendo con el Congreso del Estado, el Congreso del Estado hizo valer su fuerza, nosotros pensamos que se atropellaba la legalidad, acudimos a un juez, un juez aceptado por el Partido Revolucionario Institucional también y el juez falló en nuestro favor, no se puede negociar la sentencia, una sentencia no es negociable, la sentencia dicta el derecho, es lo que se tiene que hacer.

En consecuencia, a nosotros nos parece que el punto de acuerdo presentado por Acción Nacional es aceptable en sus tres partes. Pero quisiéramos sobre todo hacer un llamado a los legisladores del PRI y a través de ello al PRI en su conjunto.

El PRI se encuentra en este momento en una encrucijada y el camino que les ofrece Víctor Cervera Pacheco y el Congreso del Estado de Yucatán es sin duda el camino para el desastre del propio PRI. El PRI no puede pretender que va a continuar haciendo política en este país, tal como lo ha venido haciendo en los últimos decenios, es absurdo, es una idea política que no se sostiene. Los tiempos han cambiado, la derrota en la elección presidencial del PRI no es un accidente, los cambios legislativos por los que hoy se pugna en la sociedad, a los cuales algunas voces del PRI se han sumado, no es sin duda un camino que nos permita mirar para atrás.

En consecuencia, esta insistencia de algunos sectores del PRI de apoyar a Cervera Pacheco y de que el camino para que el PRI se recupere como fuerza política nacional es esa confrontación, es esa ruptura de la legalidad, es este posicionamiento de fuerza, esta amenaza de ruptura de institucionalidad frente a la transformación del país, es una idea equivocada. No son esas las únicas ideas que hemos escuchado en el PRI, sobre todo cuando no las tenemos que discutir desde la tribuna.

Sabemos, no sólo por lo que se dice, sino por actos políticos de muchos actores de este partido, que no todos piensan que ese sea el camino y efectivamente, si el PRI quiere poder ser un partido nacional en el Siglo XXI, tendrá que asumir que la transición democrática no es un accidente, que es un proceso social que ya no tiene vuelta atrás, que los privilegios y la impunidad perdidas en el proceso no se van a recuperar y que lo que funcionó durante 70 años como un sistema político nacional que le permitía al PRI tener todo el control de la nación no puede ser reproducido a nivel de los estados de la Federación ni tampoco. puede refugiarse en los estados de la Federación para desde atrás regresar a la toma del Estado nacional y volver al paraíso perdido, eso ya no se va a poder.

La ilegalidad de los actos del gobernador Cervera ha sido reconocida públicamente, incluso por quien vendrá a defenderlo cuando concluya yo de hablar en esta tribuna. El día de ayer, escuchaba a un compañero de esta legislatura, hablar en la televisión de que efectivamente, un compañero del PRI, que efectivamente el tribunal no tenía competencia originalmente para resolver sobre el asunto, pero que el Congreso del Estado se la dio a partir de que responde a los requerimientos del tribunal y acude como parte al juicio.

Me parece que es un cambio importante en la posición que el PRI ha manifestado en los últimos meses, implica aceptar un hecho de legalidad que era evidente para todos, pero a los que el PRI, como tal se resistía a los que el gobernador Cervera se resiste hasta el día de hoy.

Pero continuaba, éste diputado, afirmando- que donde venía el problema era en que después de la sentencia y de haber dictado la nulidad constitucional del consejo electo por el Congreso, el tribunal insaculó, por sí mismo, a un consejo.

Independientemente que podamos discutir esto a fondo, lo que este planteamiento no resuelve es cómo, aceptando el fallo del tribunal pero no el nombramiento, el gobierno del Estado pretende hoy que el consejo que ellos nombraron es legal. Esta argumentación ya no tiene sostén público a partir de las declaraciones del PRI el día de ayer; ellos han reconocido que el consejo nombrado por el Congreso es nulo de pleno derecho y si bien sostienen que el que insaculado por el tribunal está en duda, eso es una discusión a la que tendremos que entrar ahora y que ninguna de las otras partes ha aceptado.

Pero tenemos ya la aceptación del PRI, de que el consejo que defienden es ilegal, eso explica que pretendan lograr una negociación a partir de las renuncias de los dos consejos; es decir, el Congreso del Estado renuncia a su consejo ilegal y los demás actores políticos presionan para que el consejo legalmente instalado también renuncie. Esa no es una negociación señores, eso es un acuerdo para volver a vulnerar la legalidad.

Tenemos que avanzar, tenemos que lograr un marco político que permita, primero que nada, que el pueblo yucateco pueda acudir a las urnas el 27 de mayo; eso hace inevitable la ejecución plena y el acatamiento pleno de la sentencia del Tribunal.

Por otra parte estamos poniendo las bases para cómo vamos a dirimir los problemas electorales y preelectorales en el futuro.

No es válido venir a reclamar que el tribunal no tenía competencia y que en consecuencia quienes se consideraran agraviados por las ilegalidades del Congreso, tenían que mantenerse en Estado de indefensión y que hay una violación a la soberanía del Estado porque el tribunal le dio defensa a quien no tenía que tener defensa legal; no puedo concebir un argumento más ilegítimo que eso, ¿dónde está, dentro del argumento priísta de que el tribunal no tenía competencia, la respuesta a los ciudadanos que se preguntan: ¿ante quién me defiendo de un Congreso que violando la soberanía, instaura un consejo a modo y pretende seguir un proceso parcial?, y esa es una respuesta que tienen que dar si pretenden alguna legitimidad ante la sociedad.

Muchas gracias.

El Presidente:

Muchas gracias, diputado Espadas Ancona.

Tiene la palabra el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:

Esta es una intervención anunciada, gracias señor Presidente; señores diputados:

No podemos aceptar moldes, esta tribuna no es del PAN, esta tribuna es del Congreso, esa tribuna también es del Congreso. Yucatán no es del PAN, Yucatán es de los yucatecos, Yucatán no es del Gobierno, México no es del Gobierno, es de los ciudadanos.

Quiero hacer un poco y breve retórica para ubicar a Yucatán en el contexto y lo que sentimos algunos de los legisladores que hemos sido aludidos amablemente en estas intervenciones.

Nací en Mérida, y si no tuviera que reconocer que Zacatecas es la ciudad más bella del mundo, yo diría que Mérida lo es y nací en Yucatán y si no hubiera conocido la aridez, la sobriedad del centro de la República, diría que no hay otro lugar mejor que Yucatán.

Pero es entonces cuando caigo en la cuenta de la sabiduría ancestral con la que quizá deliberadamente fuimos educados en Yucatán. Si no sabes amar a Yucatán, no puedes amar a México. Si no te sientes arraigo, regionalista y vehemente por Yucatán, no podrás sentirte así por México.

Y por eso a todo pulmón cantábamos en la escuela primaria, el himno patriótico yucateco: "hacer compatriotas que truene el cañón, lloviendo metralla sobre el invasor" y unas estrofas adelante nuestro himno dice: "y el 5 de mayo nos preste su sol y eclipse la estrella de Luis Napoleón" y unas lineas adelante dice: "el mundo nos mira con admiración y a México envidia sus claros blasones".

Desde entonces Zaragoza, el texano, el volgo, era nuestro héroe mítico, el Ulises, el Héctor innecesarios. Troya absurda, estaba Puebla y desde entonces también desconfío de cualquiera que no tiene la fuerza de defender que es chihuahuense, guanajuatense, chiapaneco, coahuilense o lo que fuera, y me he propuesto defender por encima de todo su derecho a ser tal y su derecho a gobernarse como tal.

Por eso el artículo 40 de nuestra Constitución, unidos en un pacto federal, estados libres y soberanos en su régimen interno, y por eso creo en el voto particular de Vallarta, cuando decía: "desde luego que la soberanía de los estados en asuntos de nombramiento de autoridades locales desaparecería por completo. Yo no reputo soberano aquel que está sujeto a la revisión de un amotutor, sólo por burdo sarcasmo se puede ser y llamar soberano a quien depende de otro".

Puede estar aquí el meollo de nuestro conflicto si no hubiera rebasado el ámbito jurídico. No entremos hoy a todas las observaciones de incompetencia que hemos hecho sobre un tribunal que necesitamos perfeccionado y hemos dado aquí ya los primeros pasos.

Sobre un tribunal que necesitamos actuar con apego estricto a la literalidad de la ley y no por sentimiento político o exceso de celo judicial inventar la ley y reunir dos poderes en uno solo, no podríamos permitirlo.

Y en Yucatán soberanía no es pretexto para cacicazgo ni para desorden, pero tendríamos que reflexionar que haber ganado la Presidencia de la República, tampoco es una patente para que se nos endosen y se nos escrituren por anticipado todos los procesos electorales.

Y conocemos bien a uno de los actores principales del conflicto de Yucatán, se llama Carlos R. Menéndez Navarrete. Escribe todos los días una columna en su periódico, a lo cual tiene absoluto derecho y mataríamos por ese derecho, pero una columna que llama a las organizaciones católicas a defender, que no demos lugar a la futura guerra de las Malvinas en Yucatán, que habla ya de tiros, de muertos que amenaza al Presidente de la República, que impele al Secretario de Gobernación, y que desafortunadamente no sólo tutorea aparece como propietario de uno de los principales actores políticos del Estado, y uno de los principales actores para que este asunto no termine en la negación de nuestro trabajo y de nuestro ser como partidos políticos.

El 2 de julio México cambió, por supuesto; hay una nueva correlación de fuerzas y así lo entendemos, pero no en el sentido de quienes creen que pasamos a ser de República a imperio y que ahora son las cortes y los feudos los que tienen que respetarse y tienen que reescriturarse. No queremos feudos, queremos un Estado institucional, por eso celebro las llamadas que aquí han hecho, aunque no creo que sea soberanía un romántico concepto. Creo que debemos darnos a la tarea de no jugar con cartas marcadas.

Señores, el primer consejo electoral ratificado por el Congreso en un proceso que en su soberanía el Congreso estimó que podía ejecutar, contiene seis nombres que hoy también están en el consejo del Trife. No son cartas marcadas, el Congreso ratificó un consejo que había fungido impecablemente y que en 1993 había sido electo por el PAN y por el PRI por unanimidad. Claro, en aquel entonces el Presidente dirigente de la fracción del PAN no era suegro del candidato a gobernador, ya que estamos dando lugar a especulaciones.

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No se trata de que centremos nuestra atención en los nombres; centremos nuestra atención en la tarea y legalidad. Si forzamos a los partidos políticos nosotros desde aquí, lo que sí podemos hacer, ustedes al PAN, ustedes al PRD y nosotros al PRI, a realizar su tarea de diálogo como partido, a sacar el consejo de cartas no marcadas, sino de ciudadanos probos que puedan dirigir la elección. Si impelemos, si recomendamos a una soberanía, pero sobre todo desde nuestro papel como partidos a hacer un consejo que garantice la imparcialidad de la elección, con el consejo que quiere el Diario de Yucatán, no un consejo a modo para que gane el PRI, no un consejo a modo para que garantice que gane el PAN. El consejo que quieren los yucatecos.

El Universal publicó hace unos días una encuesta en que casi las tres cuartas partes de los ciudadanos decían que los dos consejos debían renunciar y debía integrarse uno nuevo; ésa es la sabiduría popular y ésa es la que debe gobernarnos.

Señores, claro que debemos respetar la legalidad absoluta y por eso defendíamos aquí la postura del Presidente de la Cámara cuando se refería al Ejército Zapatista, respeto a la legalidad. ¿Y cómo protegemos una marcha que se aleja de la legalidad, y cómo protegemos a quienes han matado a soldados, a ciudadanos, invadido pueblos, violando la Constitución? Estamos preservando el supremo valor de la paz, porque queremos que el 2 de julio efectivamente haya sido la oportunidad de darnos un nuevo país, un país mejor, con mejores instituciones, mejorando las que tiene. Eso es lo que podemos hacer y ése sí es trabajo de los partidos, no especular sobre los méritos o defectos del gobernador, sobre sus intenciones o sus pretensiones. El pueblo emitirá en las elecciones su juicio sobre el gobierno; necesitamos que haya elecciones.

Hagamos nuestro trabajo. ¡La fuerza pública! claman ardorosos quienes ahora respetan la legalidad. ¡Duro con los que rompen el Pacto Federal!, los que ayer pidieron que se rompiera el Pacto Federal, ¡Nada con las concertacesiones!, los que ayer se plantaban horas en las oficinas a pedir las concertacesiones. No; podemos hacer un mejor país, podemos hacer algo mejor de lo que hemos hecho hasta ahora y sí tenemos injerencia en los partidos si así le pedimos a nuestros partidos locales que lo hagan.

Es la hora, un solo golpe, no un tiro, un solo golpe, un solo grito de una autoridad en uso de la fuerza pública echará por tierra la que es nuestra misión fundamental como partidos políticos: el orden y la paz que no tengamos después que venir aquí a decir cuando hayamos pedido que la fuerza pública sea la única instancia a la que accedemos en respeto a la constitucionalidad, cuando el exceso de la fuerza pública nos diga: cómo no dijimos como León Felipe desde la colina de Madrid: "ahí viene el lobo ahora el lobo nos está devorando".

Podemos hacerlo y no nos cuesta mucho. ¡Vamos!, es la hora, diputados y senadores.

El Presidente:

Muchas gracias, diputado Ramírez Marín.

Para rectificación de hechos tiene la palabra hasta por cinco minutos, el senador Jorge Zermeño del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El senador Jorge Zermeño Infante:

Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Ciertamente esta tribuna no es del PAN, ciertamente Yucatán no es de un partido político; y yo seguiría con esta argumentación, señor diputado, Yucatán tampoco es de Cervera, Yucatán tampoco es del PRI, Yucatán tampoco quiere ni puede ser gobernado por caciques; Yucatán como cualquier Estado de la República aspira a vivir en un estado democrático, libre y de derecho.

A mí me parece que el problema de fondo está precisamente en esta mentalidad de 71 años de llevar a cabo procesos electorales amañados, procesos electorales en donde la autoridad electoral, el árbitro que debería de actuar con imparcialidad no lo ha hecho en muchas entidades de la República.

Lamentablemente, no tenemos en muchos códigos electorales los avances que a nivel federal se han conseguido; a pesar de que en la Constitución se establecen los principios de legalidad, de imparcialidad, de objetividad, de independencia y la certeza jurídica que debe haber en cualquier procesos electoral, lamentablemente todavía en muchas entidades de la República, seguimos padeciendo esta falta de respeto a los principios.

Yo estoy seguro, que como lo decía el senador Jáuregui, en el fuero interno de cualquiera de ustedes, poniéndolo en términos sencillos, a nadie nos gustaría participar en ninguna competencia de cualquier tipo teniendo a un árbitro que sabemos, ha sido nombrado o tiene los intereses del adversario. Yo creo que a nadie la gusta jugar baseboll con un ampayer vendido o futbol, lo que ustedes quieran; yo estoy seguro que esto es, me parece, de sentido común y aquí de lo que se trata, es de respetar la legalidad.

El problema de fondo es que el Congreso en Yucatán, falla nombrando a un consejo al margen de la ley; que hay una decisión del Tribunal Federal Electoral en el sentido de exigirle al Congreso que repita el procedimiento y que nombre con base a la ley, a este consejo.

Yo creo que no podemos, no podemos estar en esta dinámica en donde se utiliza falsamente la supuesta violación a la soberanía de un estado, cuando lo que hay que hacer es respetar a quien debe decir el derecho, a quien de acuerdo a la Constitución, es la última instancia para decir el derecho, que es precisamente el Poder Judicial de la Federación.

Ciertamente no queremos feudos y cuando aquí se hablaba de esta encuesta de El Universal, pues tampoco se dijo que la mayor parte de los encuestados en Yucatán, querían que se respetara la legalidad; la mayor parte de los encuestados en Yucatán quieren que haya elecciones pacíficas y en orden, quieren que se resuelva este conflicto generado de manera unilateral.

Yo creo señores y señoras legisladores del Partido Revolucionario Institucional, que este asunto por el bien de México, de Yucatán y de todos, pues debe privar el sentido común, el respeto a la ley, el respeto a las decisiones de un Poder Judicial que ha dado una decisión y que si no hubiera nada que temer, pues ¿por qué no esperar que haya un árbitro imparcial que ni sea del PRI ni sea del PAN ni sea de nadie? árbitros ciudadanizados como nos hemos dado precisamente nuestras normas electorales, que haya este tipo de decisiones que garanticen imparcialidad, que garanticen legalidad en cualquier proceso electoral y que gane el que el pueblo decida, para que ya no más se pueda decir que Yucatán es de caciques o que algún Estado o que algún otro es de un partido o es de otro. No, a nadie nos interesa, no está escriturado para nadie.

Yucatán como cualquier entidad federativa debe de ser de los yucatecos, de los mexicanos, en un estado de derecho. Yo creo que
ningún partido puede por sí ni ante sí, decidir cuál debe ser el camino en esto, ajustarnos a la ley y hacer un llamado a la concordia, hacer un llamado al respeto a las decisiones de quien debe decir el derecho, que es el Poder Judicial de la Federación.

Gracias.

El Presidente:

Muchas gracias, señor senador Jorge Zermeño Infante.

Para rectificación de hechos tiene la palabra el diputado Uuc-kib Espadas Ancona, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Uuc-kib Espadas Ancona:

Ciertamente Yucatán ha sido una tierra de históricas luchas entre liberales y conservadores primero, entre derecha e izquierda después. Lo que no es cierto y no veo de dónde se pueda reclamar tal cosa, es que el PRI haya sido en estas luchas el representante ni del liberalismo ni de la izquierda...

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
(desde su curul):

Pido la palabra.

El diputado Uuc-kib Espadas Ancona:

Al concluir mi intervención con muchísimo gusto.

El Presidente:

Al concluir la intervención del orador, señor diputado Ramírez Marín.

El diputado Uuc-kib Espadas Ancona:

Pero creo que venir a blandir aquí la bandera del liberalismo o la bandera de la yucataneidad, poco beneficia a la solución del conflicto y poco beneficia a tener un diálogo honesto y sincero, sobre los cauces por los que hay que llevarlo.

Efectivamente, nuestro himno yucateco es fundamentalmente un himno nacionalista mexicano, lo cual hace que quienes queremos a México tanto como a Yucatán, nos indignemos cuando se le trata de dar el uso de un golpeo separatista, que no existe en la sociedad yucateca.

No así la bandera yucateca que hoy el gobierno del Estado enarbola por todos lados. La bandera yucateca, tenemos que decirlo, ha sido históricamente enarbolada por la derecha en sus intentos de separación de la nación. Es la bandera que se enarboló cuando en el terrible conflicto de la guerra de castas, un grupo de reaccionarios fueron a obsequiar Yucatán a los Estados Unidos de América, a cambio de la intervención militar. No es esa bandera bajo la que pueden encontrar ningún yucateco, los valores que los liberales y que la izquierda, han defendido en el Estado.

El PRI ha sido y eso lo conoce bien el diputado Ramírez Marín, cobijo de algunos de los grupos más reaccionarios y violentos que ha tenido el Estado y que encontraban en él, el único espacio para acceder a los espacios de poder del Estado.

Pero enmedio de toda esta discusión, yo quisiera más allá de este falso debate sobre la yucataneidad, de este falso debate sobre el separatismo de los yucatecos, volver a plantear mis dos preguntas:
¿Cómo puede sostener el PRI a un consejo que públicamente ha reconocido, a menos desde el día de ayer, como un consejo ilegal? Es una pregunta que hace falta responder.

Pero la segunda me parece más grave todavía: ¿cómo puede sostener el PRI que la legitimidad de este proceso y la soberanía del Estado de Yucatán radican en que los ciudadanos se encuentren en estado de indefensión frente a los actos ilegales del Congreso del Estado?, como fue en este caso el nombramiento del consejo electoral.

¿Cómo es posible que todos los reclamos se hayan hecho sobre la base de la incompetencia del tribunal y no de responderle al ciudadano yucateco qué propone el Congreso del Estado, el gobernador Cervera y el PRI como salida a aquél que reclama que el Congreso del Estado ha desrepresentado a la sociedad, ha actuado vulnerando la soberanía y ha actuado ilegalmente? El PRI nunca ha argumentado la legalidad de los actos del Congreso, por cierto también el día de ayer, y contesto muy brevemente? Plantear que era una ratificación en lugar de un nuevo nombramiento es una falacia que no pasaría en un curso constitucional 1, abogado.

El punto no es que se tratara de dos procedimientos distintos; el punto es que se había abierto el proceso de nombramiento de un nuevo consejo cuando de la nada aparecieron un proceso de ratificación, que es muy discutible que sea un proceso diferenciado y entonces lo aplicaron vulnerando los derechos de quienes participaban en el proceso ya abierto para el nombramiento de un consejo.

Si ustedes no responden esas dos preguntas, si ustedes no responden por qué la ilegalidad del consejo es su bandera hoy, si ustedes no responden por qué la indefensión del pueblo yucateco es la base de la soberanía que reclaman, no tendrán absolutamente nada que reclamar con legitimidad ante el proceso que se vive y ante la sociedad.

El Presidente:

Muchas gracias, diputado Espadas Ancona.

Señor diputado Ramírez Marín, ¿sostiene usted su deseo de interpelar?

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El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
(desde su curul):

No.

El Presidente:

Gracias.

Tiene la palabra el diputado José Carlos Ramírez Marín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para rectificación de hechos, hasta por cinco minutos.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín :

No estamos blandiendo nada. Precisamente se trata dejar de blandir, hoy le toca al PRD, Felipe, hoy le toca.

Precisamente defendemos que no hay que blandir nada; no es aporreándonos la ley o los sombrerazos o los gritos como vamos a resolver esto. Quiero solamente ratificar lo que dije antes y también sumarme a las palabras del senador Zermeño. Por supuesto, lo que he dicho aquí es que podemos hacerlo, que podemos hacer consejos sin cartas marcadas, que podemos hacer consejos donde después inclusive no tengamos sorpresas de que a esos consejeros los nombremos secretarios, dos, o a esos consejeros los mandemos a ocupar prominentes lugares de la administración porque inclusive eso daría lugar a sospechas.

No. Hay en Yucatán campo abundante y suficiente para encontrar consejeros sin dejarlos en el estado de indefensión.

No sólo ratifico mi idea de que el tribunal no tenía competencia, sino que también digo que mucho menos tenía, y eso creo que es la parte que no se vio de la entrevista, mucho menos tenía de donde saber constituirse en Congreso y hacer lo que la ley le especifica hacer sólo al Congreso.

Pero ése es un debate jurídico. Dice aquí: "blandir una yucataneidad que poco beneficia". En resumen, diputados, senadores, poco beneficia lo que discutimos; puede beneficiar mucho más lo que hagamos a partir de hoy si llamamos a nuestros partidos, si pedimos a nuestros partidos que dentro de la legalidad, una legalidad que no puede romperse, que puede no romperse con una negociación justa, hacemos que finalmente el diálogo se dé y las cosas que Yucatán quiere, que son las elecciones, se concreten.

Esto es lo que ratifico. Yo quisiera decirles que no se trata de que alarguemos y alarguemos nuestro debate sobre Yucatán, porque no somos nosotros los que resolvemos el conflicto. He pedido tres cosas que ratifico: que llamemos a nuestros partidos al diálogo, que no hagamos ningún llamado irresponsable al uso de la fuerza que luego pueda hacer que nos retractemos o que digamos y nos lamentemos y por encima de todo, que ciertamente nos mantengamos dentro de la legalidad.

No se trata aquí y lo reitero, de juzgar o poner en la picota a un gobernador o a un ex alcalde o a los candidatos; se trata de que hagamos lo que sí podemos hacer y no perdamos el tiempo elaborando elucubraciones o diciendo lo que quizá pudimos haber hecho y ahora ya no nos toca, como es el caso de los consejeros.

Muchas gracias.

El Presidente:

Muchas gracias, diputado Ramírez Marín.

Para rectificación de hechos ha solicitado la palabra y la tiene, el señor diputado Alejandro Zapata Perogordo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado José Alejandro Zapata
Perogordo:

Compañeras y compañeros legisladores:

Primero quisiera hacer también un paréntesis, porque a mí me dio mucho gusto que los yucatecos se sintieran mexicanos. No comparto completamente de que sea la ciudad más bonita. Tiene una invitación a San Luis Potosí.

Por otro lado, debemos sentarnos a reflexionar realmente cuál es el problema en Yucatán.

Primero, hubo una resolución de un tribunal competente a impulso de parte interesada. Ese tribunal determina que el Congreso local había incurrido en una ilegalidad y es más, así como lo afirmó usted el día de ayer por la noche, el Congreso tácitamente reconoce que efectivamente existió un acto fuera de la ley y trata de recomponerlo con otro acto similar.

Pero el punto de fondo aquí es que ya existía un árbitro natural, que era el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aceptado por las partes, lo que implicaba que deberíamos todos someternos al resultado que se diera. Sin embargo, cuando algo no les gusta al gobernador Cervera y a los priístas de Yucatán, entonces deciden tomar una bandera federalista y de soberanía, deciden que había que golpear al árbitro natural, deciden que no tenían que hacer caso a una resolución dotada de definitividad.

Eso sí es carecer, primero, de voluntad política para que haya, efectivamente, una armonía y una convivencia. La segunda también implicaba que se estaba tratando de buscar ciertas canonjías en el proceso electoral a favor de precisamente el Partido Revolucionario Institucional, que es de donde viene Cervera Pacheco desde el punto de vista local.

Yo me pregunto, primero: si se habla de legalidad lo primero que se tiene que hacer es cumplir con la ley y la ley en este caso quien la interpreta es pues el árbitro natural del Poder Judicial. Podemos o no estar de acuerdo con las resoluciones, podemos decir que son justas o injustas; lo que no se vale, en lo que no estamos de acuerdo, es que estén cuestionando un acto dotado de definitividad; la segunda: se habla de voluntad política y se dice, "hombre, vamos poniéndonos de acuerdo", en principio no ha dado muestras de esa voluntad política porque todavía siguen ocupando por la fuerza las instalaciones que deben ser precisamente para los yucatecos del Consejo Estatal Electoral dotados de legitimidad y reconocido así inclusive por la propia Federación.

Lo único que hemos visto es que se están tratando de confrontar con la Federación por un movimiento de carácter partidista, se habla aquí de que se hace a favor de los yucatecos cuando hemos visto que los propios yucatecos a través de las encuestas están buscando y luchando porque se dé cauce a la legitimidad.

En consecuencia sí veo aquí un doble lenguaje; uno, el de la confrontación para inducir a la ilegalidad a efecto de favorecer a su partido político y por otro lado, el de la lengua, el que pretenden a través de pretextos y subterfugios jurídicos legaloides tratar de argumentar jurídicamente lo que no hicieron en su tiempo y lo que ya es definitivo, la invitación, la voluntad política que tiene que existir es una simple y sencillamente, que se cumpla la resolución que emitió el Tribunal, que es el máximo órgano de autoridad en este caso y que no está sujeto ya a discusión porque su resolución, su sentencia ya fue emitida y les guste o no, sea justa o injusta, parte en la que no coincidiríamos porque finalmente ésas pueden ser argumentaciones que ya también pasaron; simple y sencillamente para entrar a la legalidad no hay más que una solución y una alternativa: el cumplimiento de la propia resolución.

El Presidente:

Muchas gracias, diputado Zapata Perogordo.

Túrnese la proposición con punto de acuerdo del senador Robles, a la Primera Comisión.


SENADOR ARMANDO CHAVARRIA
BARRERA

El Presidente:

Para hacer un pronunciamiento y contando con el acuerdo parlamentario a efecto de incluirlo en este momento en el orden del día, tiene la palabra hasta por cinco minutos el senador Demetrio Sodi de la Tijera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El senador Demetrio Javier Sodi de la Tijera:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Hacer una denuncia, que el día de ayer en la noche fue asaltada, atacada la familia del senador Armando Chavarría, en donde cinco hombres armados, vestidos de negro, tipo militar, encapuchados, intentaron secuestrar a los dos hijos del senador y a la esposa del senador.

Afortunadamente las cosas no pasaron a mayores, hubo golpes, la propia familia pudo evitar que se diera el secuestro, pero sí es algo que debe preocuparnos a todos. Entonces habiéndolo comentado con las diferentes fracciones parlamentarias se acordó, además de hacer esta denuncia pública para que tanto la opinión pública como todos nosotros estuviéramos enterados, se acordó un pronunciamiento por unanimidad de la Comisión Permanente firmado por todos los grupos parlamentarios, que dice lo siguiente: "los integrantes de la Comisión Permanente en la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión manifestamos nuestra exigencia para que las autoridades del Estado de Guerrero esclarezcan de manera expedita los hechos delictivos de que fue víctima la familia del senador de la República Armando Chavarría Barrera, acontecidos el martes 13 de febrero del presente año en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero."

Igualmente exigimos que se dé a conocer a la brevedad posible a esta soberanía el resultado de las investigaciones.

Firman el grupo parlamentario del PRI; el grupo parlamentario del PAN; el grupo parlamentario del PRD; del Partido Verde Ecologista y del Partido del Trabajo.

Muchas gracias.

El Presidente:

Muchas gracias, señor senador Sodi de la Tijera.

Dése turno a las autoridades del Estado de Guerrero, respecto a este pronunciamiento unánime de los grupos parlamentarios de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

MEXICO-ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

El Presidente:

Para tratar los asuntos correspondientes a la agenda política de la sesión de hoy, el siguiente punto del orden del día se referirá a comentarios sobre la visita del presidente de los Estados Unidos de América y para ello tiene la palabra la senadora Silvia Hernández Enríquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos.

La senadora Silvia Hernández Enríquez:

Compañeros legisladores:

Sabemos que el próximo viernes, este fin de semana, el presidente Bush visita al presidente Fox en México; queremos entender esta visita como una señal, como un mensaje de buena voluntad hacia nuestro país y desde luego lo apreciamos.

Sabemos que la reunión ha sido planeada de una forma deliberada para que no necesariamente produzca decisiones ni se tomen acuerdos, pero también reconozcamos que los encuentros a primer nivel de los jefes de Estado siempre son útiles y no tendrían porque no ser útiles, así lo vemos también.

El día de ayer el señor Secretario de Relaciones Exteriores, visitando a la Comisión Permanente, a invitación nuestra, nos ha comentado que la reunión que será quizá de seis, ocho horas, dedicará la mayor parte del tiempo o una buena mitad de esas horas, a que los dos presidentes conversen, se abra el espacio para una mejor relación y para que sus muy pequeñas comitivas puedan entrar en contacto y generar un primer trazo, una primera línea de lo que puede ser en un momento dado la agenda.

No sería preciso tampoco decir que es una reunión sin agenda, la agenda de México y Estados Unidos ahí está, está definida, está marcada más por la vecindad, por la historia, por los entendimientos, por los desacuerdos, la agenda ahí está y no vemos una reunión sin tocar aunque sea en ese primer nivel los grandes temas de esta relación.

Estados Unidos por los años ha aprendido a reconocer lo que para México es lo no negociable y nos parecería propio que esta conversación entre el presidente Fox y el presidente Bush también planteen de arranque, de principio, de inicio, ese campo de lo no negociable porque el entendimiento con Estados Unidos, querámoslo o no, es una prioridad nacional; claro que es un entendimiento con acuerdos, es un entendimiento con desacuerdos, pero al final es un entendimiento que debe tener claro qué cosa es lo que no se negocia.

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Para mi partido, el Partido Revolucionario Institucional, habría que alcanzar, formular, por lo menos tres criterios para en su momento poder construir un entendimiento: por un lado, tener definidos los objetivos; los objetivos inmediatos, los de más corto plazo y también los objetivos a distancia. El segundo criterio sería certidumbre, qué mecanismo, qué calendario, qué formas y uno tercero imprescindible sería la flexibilidad, México y Estados Unidos tienen que tener las administraciones, los gobiernos, la flexibilidad suficiente para poder atender asuntos de coyuntura que al tratarlos sin embargo no disloquen el esquema general de entendimiento entre los dos países y creemos que en los últimos años se avanzó muy crecientemente en esta formulación de formatos de mecanismo, lo que podríamos llamar la institucionalización de la relación. Ojalá que el nuevo Gobierno con su nuevo estilo acepte que ahí hay algo útil y desde luego un capital aprovechable.

Sería un gran error volver a la relación de la buena voluntad y nada más, porque esta está sujeta al capricho, a la coyuntura y al evento y no nos ha ido bien mientras mantenemos esa fórmula de relación. Vamos a encontrar desde luego en esa agenda común y probablemente ya en esta reunión, la definición del tono, del modo y creo que de manera muy principal para nuestro interés, la definición de las prioridades. ¿Cuál es el menú de México? ¿Cómo organizaría el menú México? Probablemente frontera, comercio, migración, narcotráfico. Los temas son los mismos, pero a lo mejor el menú ordenado por Estados Unidos empezará por migración, narcotráfico y energía.

¿Qué ponemos primero, que ponemos después? Nos debería de provocar una reflexión a esa queremos invitar al Presidente a que la tome en cuenta, a que el orden de los factores no altere el producto.

Frontera. Pareciera -nos decía ayer el Secretario de Relaciones Exteriores-, que el tema de frontera para los Estados Unidos no les suena prioritario, no la apuntan en los primeros niveles del menú; para ellos el tema de frontera es un tema más local, más entre gobernadores, más entre alcaldes, pero para México no; para México la frontera requiere una nueva visión, una visión de un territorio común que se comparte cotidianamente y en el cual la definición de la relación bilateral debe ser cooperación. A México no le parece que la relación fronteriza sea una relación solamente entre autoridades locales, si bien desde luego que tiene una gran porción de eso, pero desde luego también que para nosotros la frontera tendría que ser un punto de la relación de cooperación.

Comercio. No entraría, no es el tema, no es el punto a discutir los efectos del Telecan directamente hacia México, sino lo que es la relación con Estados Unidos y en esa relación lo que necesitamos -opina mi partido-, es aplicar de manera rigurosa los términos del tratado y aplicar de manera rigurosa los términos del tratado significa atenernos a las normas que se han firmado y no esconder con el disfraz de medidas de protección sanitaria lo que en el fondo son medidas de control no arancelario y con el cual se está oscureciendo una franja de relación comercial con Estados Unidos.

No ajustarnos al cumplimiento del tratado enferma la relación comercial con Estados Unidos, desde luego que a México en términos generales se puede decir que el tratado le ha ofrecido una enorme oportunidad, por un lado está, la de poder poner sus productos en el mercado más importante de nuestro hemisferio, pero por el otro también le ha abierto un campo de batalla con fuerzas políticas que presionan constantemente a las autoridades y al Congreso para impedir que nuestros productos entren.

Así que un compromiso de la autoridad, un compromiso del Presidente Bush de acatar, por ejemplo con toda pulcritud los acuerdos del panel de discusión de controversias sería un elemento de certidumbre.

México exige también -decíamos-, con claridad de objetivos, la definición de certidumbre.

El tema del narcotráfico, el tema del narcotráfico es prioridad para ellos, también es prioridad para nosotros. En el combate al narcotráfico el presidente Bush y quien hubiera sido presidente de ese país o de cualquiera va a encontrar en México, y estamos seguros que también en el presidente Fox, una decidida determinación de combate total, pero cuando se habla de relación bilateral tendríamos que limitar, combate al narcotráfico sí, definitivamente, pero con reglas y con límites, una estrategia común, responsabilidades compartidas, pero algo que en el curso de los años las administraciones donde mi partido tuvo la oportunidad de servir, aprendió, fue que no hay que aceptar apoyos que puedan pervertir la relación y nuestra propuesta aquí sería muy concreta:

Reforzar el grupo de contacto de alto nivel que tiene ya algunos años en proceso y mantener el sistema de estrategia común, mediciones constantes, evaluación y comunicación. Aquí sale de manera natural el tema de la certificación, desde luego habrá que rechazarla una y mil veces, esta fórmula unilateral no le sirve a nadie ni al propio Congreso americano, hay una claridad de que tiene una enorme utilidad la medida. Sin embargo ahí está y es su ley, es una ley que a nosotros nos parece aberrante, habrá que decirlo así.

Pero también una consideración, ojalá no vaya a existir la tentación de que por un momento de buena publicidad, se vayan a comprometer elementos y circunstancias que después pudiéramos lamentar.

El tema migratorio pareciera ser el número uno en la agenda de ellos; aquí la situación es particularmente compleja, es prioridad de los dos pero por razones diferentes nosotros vemos el tema de una manera, ellos de otra, queríamos decir que los veamos de manera conjunta, como un asunto estructural en donde los presidentes pueden hacer mucho pero donde tendríamos que tener una relación con gobernadores, alcaldes, medios de comunicación y con el Congreso y aquí tenemos una tarea pendiente; no reducir el tema migratorio a un acuerdo de braceros, desafortunadísima fue la experiencia en los años cincuentas, hay que saber que la agenda del Congreso no llama a una atención de este tema.

El tiempo está marcado para quienes participamos comentando este tipo de asuntos y el mío lo quisiera utilizar para terminar con una expresión de buenos deseos, nos gustaría que la reunión sea buena, que les vaya bien al presidente Bush y al presidente Fox y que si da frutos, seguramente ésos serán frutos que serán por el bien de México.

Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, señora senadora Hernández Enríquez.

Tiene la palabra la diputada Rosario Tapia Medina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a este mismo asunto.

La diputada María del Rosario Tapia Medina:

Gracias, señor Presidente:

Para el Partido de la Revolución Democrática, en primer término, le damos la bienvenida a la reunión Fox-Bush, aun siendo informal.

Desafortunadamente no es un encuentro oficial en donde se pueda llegar a otro nivel de acuerdos y de compromisos; pero qué bueno que se hace esta reunión.

Qué bueno, igualmente, que sea Bush el que viene a nuestro país, aun sea por la relación amistosa o personal que hay entre ambos ejecutivos, entre ambos presidentes, pero de alguna manera esto empieza a demostrar que hay un poco de reciprocidad, cosa que no se había dado en muchos años anteriores, normalmente nuestro Presidente es el que va a las reuniones de Estados Unidos y el Presidente de Estados Unidos poco se digna en visitar nuestro país en una visita oficial o cuando menos informal.

Para nosotros de suyo las relaciones México-Estados Unidos han sido prácticamente difíciles, nunca han sido fáciles para nosotros, especialmente para México. Yo creo que distintos desarrollos económicos, distintos intereses, distintos problemas que vive cada país, incluso distintos enfoques de los mismos han impedido que se dé una relación franca, abierta y lo que es más importante, una relación beneficiosa para ambos pueblos.

Porque aquí hay que comentar algo sumamente cierto, parte de la gran dificultad que tenemos en la relación con Estados Unidos, es que ellos generalmente nos ven como un país al que nos hacen el favor de atendernos, de negociar, de acordar, de ver determinados asuntos comunes en la agenda.

Cuando lo cierto es que en gran parte en el sentido económico, en su enriquecimiento económico, en la mano de obra mexicana está gran parte de su crecimiento y su riqueza y hace falta un reconocimiento explícito de Estados Unidos, del papel que juega en este sentido el pueblo de México, sus trabajadores migratorios, para el mantenimiento y sostenimiento de su economía.

Este es un elemento que tendríamos que empezar a cambiar y nosotros esperamos que Fox vaya con esa fuerza, que vaya con ese convencimiento de poner a México en una relación mucho más equitativa y beneficiosa para ambos pueblos.

En estas diferencias que se dan en la relación México-Estados Unidos, es muy complicado encontrar puntos luego de encuentro, porque normalmente para Estados Unidos es prioridad hablar y discutir y buscar acuerdos sobre narcotráfico, incluso ver todo este problema a nivel de Latinoamérica, buscar el apoyo económico para diferentes países latinoamericanos en la lucha contra el narcotráfico y de paso para la conservación de la democracia en estos países, como dicen los congresistas de Estados Unidos y junto con ello el problema precisamente de la inaceptable e inoperante certificación a que nos someten todavía a algunos países.

Y de frente a eso para el PRD y yo espero que sea así, para el presidente Fox y ayer nos lo corroboró precisamente el canciller Jorge Castañeda, el tema central, el tema que nos interesa, es el asunto de nuestros trabajadores migratorios.

Nosotros consideramos que éste es un tema que permanentemente han olvidado nuestros ejecutivos anteriores. Es un tema que siempre ha quedado marginado, medio tratado, de ladito, medio buscando como evadir el problema y no tanto como resolverlo.

Hay que recordar por ejemplo que en diciembre de 1988, hubo un encuentro en Bush padre y Salinas y ahí, si mal no recuerdo, en Houston tuvieron una reunión en donde dijeron: vamos a empezar de nuevo, borrón y cuenta nueva. Gracias a ese borrón y cuenta nueva, aparentemente en las relaciones México-Estados Unidos, se le llamó a aquella reunión El Espíritu de Houston y entonces todo en muy buena actitud aparentemente, pero al poco tiempo parecía que ésa era la intención, se discute el Tratado de Libre Comercio y casualmente dentro del Tratado de Libre Comercio queda excluido el tema de nuestros trabajadores migratorios. Cuando era la oportunidad que tenía nuestro país para incluirlo, para defender su posición, sus derechos humanos y sus derechos laborales como parte del TLC.

Pero resulta que a nuestros tecnócratas se les olvidó incluir este pequeño factor de más de 10 millones de mexicanos en Estados Unidos.

Por eso nosotros lo planteamos y queremos manifestarlo aquí en esta tribuna, que para el PRD hoy por hoy le diríamos a nuestro presidente Fox, que necesitamos que se ponga en primer lugar de la agenda la defensa de los derechos humanos y laborales de nuestros trabajadores migratorios y que a la par que se busca una negociación en torno a esta situación, busquemos una salida, discutamos y negociemos el asunto de amnistía total para nuestros trabajadores.

Esto no es un asunto extraño ni novedoso. En 1986 Reagan fue el último presidente, siendo además republicano como ahora Bush, que tomó esta iniciativa de la amnistía. Entonces es algo que sí se puede, es algo que por lo menos del lado de Estados Unidos, repito, con Reagan se pudo hacer y falta que ahora de parte nuestra, de parte del lado mexicano podamos plantear esta exigencia, retomar el asunto e iniciar de manera simultánea las negociaciones sobre este asunto de la amnistía total a nuestros trabajadores migratorios.

Termino diciendo lo siguiente: nos preocupa que a última hora, así lo entendí el día de ayer, el equipo de Bush haya solicitado a la contraparte mexicana la inclusión del tema energía, que no estaba considerado. Esperamos que Fox sea absolutamente prudente y cuidadoso en torno a este tema, que evite declaraciones riesgosas subastando el subsuelo o diciendo que la apertura a la iniciativa privada en energía eléctrica, en exploración y explotación de gas natural o de petróleo está abierta, sobre todo porque es algo que no hemos discutido aquí en el Congreso, que tiene qué ver con cuestiones constitucionales y que aún es el momento y el tiempo en que no hemos recibido ninguna iniciativa en este sentido.

Nosotros quisiéramos que no se repitiera las declaraciones de Davos, en donde expuso abiertamente que ya había ingresado la iniciativa para la apertura de la industria eléctrica al Congreso, que ya estaba platicando y discutiendo ampliamente con los congresistas, que había una aceptación bastante buena de parte nuestra a la iniciativa y que seguramente en marzo estaría el asunto resuelto.

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Yo le pediría desde esta tribuna a Fox, que evitara este tipo de declaraciones que comprometen obviamente a nuestra política energética, e insisto, sin antes haber discutido una serie de proyectos como el que ha hablado un corredor regional energético que va de México a Estados Unidos y a Canadá y no sé cuanto, de lo que nosotros no tenemos ninguna información.

Muchas gracias.

El Presidente:

Muchas gracias señora diputada Tapia Medina.

Para referirse a este mismo tema han solicitado el uso de la tribuna los legisladores: Sara Isabel Castellanos Cortés, Gerardo Uganza Salmerón. Por lo tanto tiene el uso de la palabra la senadora Sara Isabel Castellanos Cortés, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 10 minutos.

La senadora Sara Isabel Castellanos
Cortés:

Con su venia, señor Presidente; compañeros legisladores:

Como ya se ha manifestado, este viernes llegará a nuestro país una de las personalidades políticas más importantes del mundo: George Bush. Visitará durante ocho horas al Presidente de nuestro país.

Indudablemente que la visita del mandatario norteamericano, tiene una trascendencia relevante no sólo porque eligió a México como el primer país que visitaría como presidente, sino porque en la relación México-Estados Unidos de América del Norte, existe una serie de temas compartidos que nos obligan a tener una estrecha relación de cooperación internacional.

Aunque de poca discusión sobre temas compartidos, desde agosto del año pasado, George Bush y Vicente Fox han tenido diversos acercamientos en un marco de respeto. Los primeros contactos se dieron en sus respectivas campañas por la presidencia, posteriormente los acercamientos se dan en el marco de las felicitaciones por los triunfos. De tal forma, que ésta será la primera ocasión que de manera sería y formal comience en análisis, la discusión y las propuestas sobre los temas más importantes.

En el Rancho de San Cristobal y en un clima de identificación personal, porque ambas personalidades comparten el gusto por el ambiente campirano y comparten preferencias similares, se tratarán, creemos, asuntos relacionados con el narcotráfico, la migración, el Tratado de Libre Comercio, las relaciones bilaterales, etcétera.

Bajo este escenario, la relación de amistad internacional que empezó a cimentarse desde la visita que hizo Fox a Bush en Austin Texas en el pasado mes de agosto, puede incrementarse de manera importante y también puede considerarse esta visita como una valiosa oportunidad para unir más los lazos de amistad entre las dos naciones.

Además de la discusión de los temas tradicionales, Vicente Fox propondrá una política energética común entre los países firmantes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esta política deberá incluir el análisis de la construcción de un gasoducto que venga de Canadá hasta a América Central y la edificación de transmisiones eléctricas accesibles para los consumidores; de acuerdo con lo informado por el Presidente mexicano, esta propuesta se hace con la finalidad de evitar problemas de desabasto de energía, como lo ocurrido en California.

Nuestra fracción considera que vale la pena incluir el tema en la agenda de discusión, aunque hay que recordar que todavía hacen falta muchos estudios sobre la materia, que nos den la posibilidad de ofrecer a nuestro pueblo opciones reales, justas y transparentes en torno a la política energética.

Otro de los temas que propone el Presidente Fox, es la amnistía para migrantes ilegales; este es otro de los temas que merece una atención especial por la gran cantidad de paisanos que se encuentran trabajando en América del Norte como indocumentados y que requieren el apoyo de nuestro gobierno, porque observamos que en aquel país carecen de los mínimos derechos humanos.

En la óptica de la fracción del Partido Verde Ecologista, otro asunto que debe tratarse en este encuentro, es el de las aguas compartidas o que se encuentran en los límites de ambos países. Este es un tema de suma importancia para nuestro país, tomando en consideración que el agua es un recurso en disputa por varios estados de la frontera tanto de México como de Estados Unidos de América.

Nuestra fracción ve con beneplácito la visita del Presidente norteamericano y esperamos que en la próxima comparecencia del Secretario de Relaciones Exteriores, nos dé un detallado informe de los temas que abordaron, porque para nosotros también es extraño de que no nos informen de la agenda, que sabemos de antemano, ya está estructurada.

Gracias por su atención.

El Presidente:

Muchas gracias.

Muchas gracias, señora senadora Castellanos Cortés.

Tiene la palabra el senador Gerardo Buganza Salmerón del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos.

El senador Gerardo Buganza Salmerón:

Con el permiso de la presidencia; compañeras y compañeros diputados:

Hoy, México ha dado un gran paso y no hay duda que avanza a nivel internacional. Hoy, es considerado por el presidente de los Estados Unidos, en su primer viaje como mandatario de su país.

Los temas desde luego, que se irán a tratar, seguramente serán muchos y muy amplios y que van desde luego buscando revisar la lucha conjunta contra el narcotráfico. Desde luego también habrá que tocar el tema energético. Hoy vemos cómo México está ya vendiendo energía a la parte de California. Pero yo quiero hacer aquí una observación a la diputada que me antecedió en el uso de la palabra, a la diputada Rosario Tapia, que en el tema de energía no se nos olvide que nada se hará seguramente, sin el visto bueno de este Congreso. No le tenga desconfianza al Congreso, donde todos nosotros desde luego, formamos parte y tomaremos las decisiones. Desde luego que se deberán de tocar estos puntos, porque son básicos para el desarrollo y el crecimiento del país.

También habrá temas relacionados con el propio Tratado de Libre Comercio. Todos nosotros sabemos el problema que representa el azúcar para el país. Sabemos del problema social que esto en pocos meses tendremos que afrontar, incluso en este Congreso. El de la alta fructosa, el de las importaciones de muchos granos, de muchos artículos dumping, que actualmente se encuentran y que se han demostrado por algunos mexicanos que ha ocurrido, sobre todo en el sector agropecuario. Problemas como el tomate en especial o el aguacate.

En fin, yo creo que un sinnúmero de temas que desde luego valen la pena. Y definitivamente es la gran oportunidad para que con los equipos de trabajo estos puntos realmente se toquen y en el corto y mediano plazo tengamos desde luego las negociaciones entre ambos países.

Pero sin duda el tema de libre tránsito de personas es importantísimo e impostergable de tratar, discutir y acordar. Para el PAN es el individuo, la persona humana, donde deben girar todas las decisiones. En este caso nuestros connacionales, los más déciles, quienes han tenido y tienen necesidad de buscar trabajo en los Estados Unidos o en el Canadá, es éste el tópico que todos nosotros tenemos experiencias. Seguramente al recorrer nuestros estados, nuestros municipios, hemos tenido experiencias vividas que nos obligan a exhortar incluso al Ejecutivo, a que éste sea tema prioritario. Un simple ejemplo de mi Estado de Veracruz: hace 10 años el INEGI, registraba aproximadamente 7 millones de habitantes, 10 años después, sorprendentemente veo el INEGI que registra 6 millones 300 mil habitantes.

Hay que reconocer que el crecimiento de la población en estos años, aproximadamente 2%, pues obviamente nos llevaría a tener más de los que hace 10 años teníamos en Veracruz. Es sin duda por eso, que más de 1 millón y medio de veracruzanos han abandonado sus municipios, nuestro estado, para buscar oportunidades en el norte del país o bien en los Estados Unidos o en el Canadá.

Este es un ejemplo del problema en el que todos podríamos enriquecer de acuerdo a nuestras experiencias. Pero no basta contar con sólo el Tratado de Libre Comercio, sino se tiene el libre tránsito o el paso de las personas.

Durante años, el PAN ha buscado entrar al debate y solución del asunto migratorio; hoy nos enorgullece que Vicente Fox esté impulsando el libre tránsito de las personas con nuestros socios comerciales.

Por otra parte, los Estados Unidos también deben tener un singular interés para dejar las bases para que gradualmente se pueda regularizar y reglamentar a los inmigrantes en su país. Algunas cifras de estos dichos son las siguientes: aproximadamente 140 millones de dólares al año, que representan casi el 2% del PIB, es generado por inmigrantes, básicamente en el sector agropecuario.

Que hay 300 mil extranjeros por año que se quedan en la Unión Americana, que su legislación, desde los años noventa, admite 800 mil extranjeros al año para laborar, como digo, especialmente en este sector agropecuario.

Es por eso que es inminente el avance que debe de haber para la integración de los pueblos. El primer paso, efectivamente, fue el Tratado de Libre Comercio, pero el segundo paso es éste, el tránsito de las personas, de los individuos tal y como ya ocurre en otras comunidades como la Comunidad Económica Europea.

Todos nosotros estamos conscientes de que se cometen una infinidad de injusticias con nuestros connacionales que van a trabajar fuera del país. Y es por esta razón que el PAN apoyará al Presidente para que se debata y se logre un consenso para resolver este problema, que terminará con las injusticias de los más débiles.

Hoy vemos en las noticias cómo el Vaticano lanza un llamado a que se reglamente el derecho de todo individuo a emigrar, puesto que es un problema urgente de convivencia entre los pueblos.

Los mexicanos necesitamos reglamentar el libre paso de las personas para evitar minimizar los daños y perjuicios en contra del bien común de las comunidades. Se debe de terminar con los abusos, sacrificios e injusticias de los más pobres, porque el tema más urgente para avanzar en la convivencia entre nuestros países y dado que las fronteras tienden a caer, que las distancias se acortan, hoy, hoy es vital dejar las bases definidas para llegar, en el mediano plazo, a contar con el tránsito de las personas entre los Estados Unidos, Canadá y nuestro país.

Por su atención, compañeros, muchas gracias.

El Presidente:

Muchas gracias, señor senador Buganza Salmerón.

ESTADO DE JALISCO

El Presidente:

El siguiente punto del orden del día se refiere a comentarios sobre la situación poselectoral en el Estado de Jalisco. Para ello tiene la palabra el senador Héctor Astudillo Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por siete minutos.

El senador Héctor Astudillo Antonio Flores:

Gracias, señor Presidente; señoras y señores legisladores:

El pasado proceso electoral de Jalisco fue una muestra evidente de un gobierno local antidemocrático que violentó el supuesto compromiso de imparcialidad y honestidad política del que tanto alardearon.

Vamos haciendo un poco de memoria de los acontecimientos. A partir del mes de enero del año 2000, el gobernador en funciones, Alberto Cárdenas, inició toda una campaña de imagen corporativa que iba ligada a los supuestos logros de su gobierno con el Partido Acción Nacional, preparando así el ánimo ciudadano hacia su propio partido.

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En las campañas de los candidatos de Acción Nacional y la campaña de proselitismo que abiertamente realizó el gobernador Cárdenas Jiménez a favor de su candidato también a gobernador Francisco Ramírez Acuña, por conducto de los medios de comunicación y en reuniones oficiales ha sido plenamente probado el uso inmoral de los recursos públicos.

La propaganda subliminal y tendenciosa en mensajes publicitarios del gobierno, solicitando el voto por el cambio y la campaña que desde febrero inició bajo el símbolo vial muy conocido del "no retorno", asociado a los colores de su partido para inhibir a los jaliscienses a que no votaran por un partido que ya había gobernado, obviamente se referían al PRI.

De lo subliminal se pasó al descaro, al grado de aparecer en la fase decisoria de la campaña con mensajes, imágenes y voz, afirmando que Ramírez Acuña era el mejor candidato de Jalisco, y en dicho spot le entregaba el gobernador a quien era su candidato, una chamarra dando la idea de que lo que se transmitía era un liderazgo, era una estafeta.

Está plenamente probado que el gobierno estatal y los principales ayuntamientos panistas volcaron abiertamente un aparato propagandístico a favor de los candidatos de su partido, así como recursos humanos y programas clientelares para garantizar votación a su favor. Así consta en medios de comunicación, que el secretario de gobierno y el presidente estatal del PAN reconocieron la implementación de programas para que servidores públicos del gobierno apoyaran al PAN y a sus candidatos.

No hay duda de que hubo iniquidad en la competencia electoral y violaciones constantes a la normatividad por parte del gobernador y su gobierno, para descalificar al PRI y favorecer al PAN, con el más absoluto desprecio a la democracia y al electorado.

El lamentable desempeño de la autoridad electoral en el Estado ha sido evidente por su parcialidad y complicidad, la campaña supuestamente institucional que el consejo desplegó para promover la participación ciudadana, estuvo enfocada directamente a perjudicar al PRI. Los mensajes para alentar la votación descansaban sobre expresiones como: "en Jalisco no se va a caer el sistema", "ahora sí, tu voto cuenta", "Los muertos no votan"; aunque como veremos más adelante, por los muertos en Jalisco sí se vota.

Días antes de la elección, en forma irresponsable y falsaria, el presidente del organismo electoral declaro a los medios de comunicación que la elección estaba en riesgo porque había detectado operadores electorales llamados "mapaches", del PRI, con el consabido perjuicio para nuestra organización. Se ve claro que el presidente del consejo estatal electoral no estaba actuando como un ciudadano consejero, sino como el más activo y defensor de los militantes del Partido Acción Nacional.

La parcialidad de la autoridad electoral está vinculada a las fallas e irregularidades en la fase de preparación y en la realización de la jornada; voy a mencionar algunas de ellas.

El susodicho presidente del consejo estatal electoral, sin acuerdo del órgano colegiado y sin explicación alguna mandó imprimir 151 mil 272 boletas de más con relación al número de empadronados para esta elección. Ante la protesta del PRI, propuso el presidente que las boletas se concentraran y resguardaran con la firma de todos los partidos en alguna institución bancaria o de seguridad, lo cual nunca se hizo y lo más grave es que ese excedente se envió a las comisiones distritales en contra del PRI y varios consejeros electorales, el consejo acordó que las boletas se inutilizaran el mismo día de la elección pero a la fecha nunca se ha demostrado que así se hizo.

Esto sería suficiente para confirmar la sospechosa conducta del titular del consejo estatal electoral y contradecirlo porque los mapaches estaban en casa y ¿qué podríamos pensar compañeras y compañeros, de la página de Internet, del consejo estatal electoral que dos días antes de la elección, de la jornada electoral, mostró dos días antes de la jornada electoral, mostró resultados electorales en los que el PAN obtenía ya más votos que el PRI?

Aunado a esto dicha página apareció publicada en uno de los diarios de mayor difusión de Guadalajara, de tal manera que los lectores amanecieron con la supuesta tendencia de votación favorable al PAN, ¿alguien puede dudar de que esto fue un engaño, de que esto fue una trampa debidamente preparada?

El Programa de Resultados Electorales, conocido en el país como PREP fue un fracaso, sí se cayó el sistema, pero se cayó cuando el consejo estatal electoral, su presidente, se percató que los resultados electorales entre el PRI y el PAN estaban muy parejos y que convenía en ese momento hacer presentar que no había funcionado esto achacándolo a errores humanos.

Que no nos extrañe que esos paladines de la democracia pronto se conviertan en activos políticos como premio por sus servicios prestados a esa noble causa ciudadana.

El PRI, mi partido, ha denunciado irregularidades en 2 mil 186 casillas que consisten principalmente en sustitución de funcionarios, boletas de más, no funcionó la tinta indeleble, iniquidad del proceso y parcialidad de la autoridad electoral como en el inverosímil caso del municipio de Puerto Vallarta que ante el fallecimiento del candidato de Acción Nacional el consejo estatal electoral se negó a cambiar las boletas electorales con el nombre del sustituto manipulando el sentido sentimental del electorado.

La gente en Puerto Vallarta votó por una gente que estaba fallecida, hoy gobierna un hombre por el cual no se votó, mi partido ha presentado los recursos legales y hemos sustentado todas nuestras pruebas que demuestran que en la elección de Jalisco hubo iniquidad, intimidación así como parcialidad por parte del gobierno, del propio gobernador y de la autoridad electoral, la normalidad democrática no puede pasar por el atropello a los derechos ciudadanos, como sucedió en Jalisco.

Muchas gracias.

El Presidente:

Muchas gracias, señor senador Astudillo Flores.

Para referirse al mismo tema han solicitado hacer uso de la tribuna, el senador Raymundo Cárdenas Hernández y la diputada Rocío García Gaytán.
Tiene pues el uso de la palabra hasta por siete minutos, el senador Raymundo Cárdenas, Hernández, del grupo parlamentario del PRD.

El senador Raymundo Cárdenas
Hernández:

Gracias señor Presidente; señoras y señores legisladores:

La democracia en América Latina arribó tarde y además el hecho de que su surgimiento se haya dado al mismo tiempo en que se deteriora la economía, hace que sea muy débil, las democracias en América Latina son muy frágiles.

Por esa razón debieran todas las fuerzas democráticas del país, debiéramos llegar rápidamente a los acuerdos necesarios para consolidar la democracia en nuestro país.

A nosotros nos preocupan los diferendos que se han dado en los últimos tiempos en el sureste del país y en Jalisco; estamos discutiendo cada vez más fuerte sobre procesos electorales pasados y futuros y al parecer no logramos, como fuerzas responsables, integrar los acuerdos que fueran necesarios y suficientes para encaminar al país en la etapa de la consolidación de la democracia nacional.

Y tenemos un problema porque no se ha conformado todavía lo que yo llamaría la vanguardia de la transición democrática.

El presidente Vicente Fox, con el llamado que hizo el día 5 de febrero a revisar la Constitución, dio un paso pero no basta porque el presidente Fox hoy es un presidente de minoría, tanto electoral como legislativa. Se necesita que las fuerzas políticas demos ya el paso que falta.

De nada nos va a servir que marquen el rítmo del debate político del país los elementos de mayor atraso de nuestras respectivas fuerzas políticas; necesitamos fortalecer a los elementos reformadores de todos los partidos políticos y ello debe proceder muy pronto, debemos evitar que se nos formen muchos focos rojos o aún amarillos.

Por esa razón, nosotros en el Partido de la Revolución Democrática, ante el asunto de Jalisco consideramos que el Tribunal Electoral debe valorar en su justo término todos los elementos planteados y decidir sin introducir consideraciones de tipo político, al margen de la legislación que pudieran vulnerar aún más la situación del país. Nosotros convocamos al tribunal a responder, a resolver lo más pronto posible este asunto para que el tema de Jalisco deje de estar gravitando en la problemática política del país.

Esperamos que pronto el problema de Yucatán también se encauce y que las dirigencias y los legisladores de todos los grupos parlamentarios podamos entonces sí encauzar la consolidación de la transición democrática de México.

Hay que discutir de nuevo nuestro sistema electoral. Hay quienes plantean que el IFE debió organizar las elecciones en los estados; bueno pero hay quienes plantean, hoy aquí se han presentado iniciativas, para acotar aún más las funciones del tribunal electoral y hay quienes señalan su inconformidad por el funcionamiento del consejo general del IFE.

No vamos a resolver nada si nos metemos a discutir estar iniciativas y otras de manera aislada, de manera descontextualizada. Debemos discutir ya como le hacemos para que las autoridades electorales de este país no estén en el centro de los procesos electorales.

¿Como le hacemos para que no nos cueste tan caro las cuestiones procedimentales? La democracia mexicana no puede seguir siendo tan cara, ya aceptamos todos pagar el costo de tanto candado y tanto elemento procedimental que introdujimos en el pasado para garantizar cierta imparcialidad de las autoridades electorales. Sin embargo, a nuestro juicio, ya inicia la etapa de desmantelamiento de ese tremendo aparato burocrático que creamos entre todos. Pero ¿cuándo vamos a empezar a discutir estas cosas? Cuando dejemos de lado estos conflictos regionales, cuando con voluntad política los partidos dejemos de estarnos peleando por ver quién controla a los órganos electorales.

Lo que está en el fondo del debate por los consejos electorales de Yucatán denota que todas las fuerzas políticas entendemos que desde estos órganos se puede influir en los procesos electorales y eso es muy lamentable. Tenemos que llegar al acuerdo, todos, de que el órgano electoral no tenga ninguna posibilidad de influir, de incidir, de que los órganos electorales estén jugando un papel cada vez menos relevante en el proceso electoral.

También tenemos que discutir el tema del tribunal, efectivamente, de los tribunales, tanto a nivel de los estados, como a nivel de la Federación.

Yo quiero terminar, estimadas compañeras y compañeros, con una convocatoria, con una exigencia al tribunal electoral para que resuelva el caso Jalisco, no sólo en los términos legales, sino con la urgencia que amerita el hecho de que este país no puede estar sometido a periodos largos de incertidumbre política. La democracia mexicana no es cierto que esté consolidada, hay elementos, sobre todo la pobreza, que atentan contra las vías pacíficas, las vías que fomenten la gobernabilidad.

Gracias.

El Presidente:

Muchas gracias, señor senador Cárdenas Hernández.

Para continuar con el mismo asunto tiene la palabra la diputada Rocío García Gaytán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por siete minutos.

La diputada María del Rocío García Gaytán:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados y senadores:

Yo quisiera primero dejar claro aquí ante ustedes, que Jalisco no es Tabasco, mucho menos Yucatán. Jalisco es un Estado democrático con una sociedad madura, prácticamente de la alternancia como lo muestran los resultados electorales.

Quiero dejar claro que en Jalisco no se desviaron recursos públicos en favor de ningún candidato y si tuvieran pruebas, ya las hubieran presentado.

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En Jalisco la estructura gubernamental no trabajó en ninguna campaña política; en Jalisco el consejo electoral es autónomo e independiente; este mismo consejo es el que organizó las elecciones de 1997, elecciones por cierto donde el PAN perdió la mayoría en el Congreso y un buen número de ayuntamientos, en ese entonces este mismo consejo jamás lo cuestionó el PRI.

Una cosa es cierta, el mayor activo del Partido Acción Nacional en Jalisco es su gobernador, Alberto Cárdenas, quien también es militante del PAN y voy a empezar a dar respuesta a todos los señalamientos que hizo el senador Héctor Astudillo, que bueno, si éstos son los argumentos con los que están presentando la impugnación, me queda claro por qué el resultado les está siendo adverso y me queda claro también cuál será el último dictamen que hace falta.

Usted dice que hubo un uso inmoral de recursos; de esto, no hay ninguna denuncia presentada por uso inmoral de recursos. Usted dice que se utilizó un logo de no retorno en Jalisco; sí, sí es cierto, desde el principio la campaña de Alberto Cárdenas ha estado basada en una señal de no retorno, dando respuesta a una del PRI donde decía que la reversa también era cambio.

Se dice que se utilizó unas imágenes de Alberto Cárdenas; sí es cierto, pero la utilizó mi partido. Alberto Cárdenas acudió como militante del partido a un mitin, un sábado en la noche y mi partido grabó esa escena y la utilizó en unos spots; por cierto también su candidato, Jorge Arana, al principio de su campaña sacó también un spot acompañado de Alberto Cárdenas, queriéndose aprovechar de nuestro activo.

Sacó otro también donde Zedillo le levanta la mano; toda su publicidad, absolutamente toda, el logo del PRI apenas se veía. Nosotros no hubiéramos tenido ningún inconveniente en que el señor se retratara con Cosío o con Rivera Aceves o con Alberto Orozco Romero o sea no hubiéramos tenido ningún inconveniente, al contrario, hubiera sido buen activo a nuestro favor.

Se habla de las boletas; bueno, de las boletas ya le ha dado respuesta el Tribunal, respuesta legal. Sin embargo siguen preguntando dónde quedaron las boletas. Bueno; estas boletas, dado que se tomó el acuerdo con la lista electoral de junio, en la lista electoral aparecía una determinada cantidad de ciudadanos empadronados, fue esa cantidad de boletas las que se mandó a imprimir, ya con el último padrón, todos sabemos que no todos los ciudadanos recogen su credencial, obviamente sobraron boletas y esas boletas fueron inutilizadas en los consejos distritales, acuerdo donde también estuvieron los representantes del PRI.

Nosotros respetamos y reconocemos el derecho que tiene el PRI, de agotar todas las instancias; lo único que esperamos es que se acate, se acate esta resolución y que no vaya a cundir el mal ejemplo de Yucatán.

Los últimos días hemos tenido en Jalisco una gran campaña del PRI, se ha invitado a gobernadores, se ha invitado a presidentes municipales; bueno, yo creo que esa campaña tan fuerte hubiera sido mucho más provechosa para el PRI antes de las elecciones.

Queda claro que lo único que han podido movilizar hasta ahorita es justamente al partido y bueno, no a todo, por ahí se dice que también en Jalisco se están peleando la presidencia del PRI y que están involucradas dos corrientes, unos que apoyan y otros que no apoyan.

Tenemos aquí recortes donde la CTM dice que no apoya a Arana. Me voy a permitir leer un pequeño párrafo: "Aseveró que el ex candidato priísta debe de reconocer que perdió. Yo no soy nadie para recomendarle nada, pero le estoy hablando como priísta; si se perdió, debemos reconocerlo, se juega para ganar o para perder y si se dice que estamos viviendo en una etapa democrática, yo entiendo que en la democracia con uno se gana y con uno se pierde y aquí se perdió y ni modo".

La CROC apoya la gubernatura de Francisco Ramírez Acuña.

Yo me pregunto entonces ¿cuál PRI es el que no reconoce todavía que perdió?

A nosotros se nos ha cuestionado el que no respondamos a estas movilizaciones; nosotros ya hicimos nuestro trabajo, ya hicimos la campaña electoral. Nosotros logramos despertar la confianza nuevamente en los ciudadanos de Jalisco, esperamos únicamente que el Trife, dé su resolución final y haremos lo que esté de nuestra parte, para sumar a priístas, a perredistas y a todos los jaliscienses en una segunda etapa del gobierno de Acción Nacional.

Lo único que me resta aclarar es que en Puerto Vallarta la gente no votó por un muerto, votó por tercera ocasión por el Partido Acción Nacional.

Muchas gracias.

El Presidente:

Muchas gracias, señora diputada García Gaytán.

Para contestar alusiones personales tiene el uso de la palabra el senador Héctor Astudillo Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

El senador Héctor Antonio Astudillo Flores:

Gracias, señor Presidente:

Es normal que ante las aseveraciones que me permití expresar en esta tribuna vengan en su defensa, mal harían en no venir, muy mal sería. Escuché con mucha atención y esto lo digo con todo respeto, lo que la diputada García Gaytán expresó, pero en dos cosas voy a insistir porque al final de cuentas no se trata de venir a estar discutiendo punto por punto, nunca terminaría esta discusión, pero qué me dicen de la página de Internet.

Qué me dicen del consejo estatal electoral, que durante varias ocasiones, durante varias ocasiones en la prensa, insistió el presidente del consejo estatal electoral, en colocarse en una posición de defensa del Partido Acción Nacional.

Decir que no hubo la aprobación o que no existen los elementos para asegurar que hubo la utilización de recursos públicos para la campaña del candidato de Acción Nacional, plantearía yo también el spot que se hizo, se utilizó con un fin político. ¿No es inmoral utilizar la figura del gobernador para meterla y explotarla así?

Yo planteo estas tres cosas y dejo en esta tribuna, en esta Asamblea, estas expresiones que aunque a ustedes no les puedan gustar ahí están. La historia las registra y nosotros esperaremos con mucha atención la resolución final del Tribunal Federal Electoral y concluyo con lo siguiente:

Ya no existe calidad moral para decir que el Partido Acción Nacional está limpio en los asuntos electorales.

Muchas gracias.

El Presidente:

En el debate pactado habría posibilidad de réplica, en los términos del 23 y 24 del acuerdo. Tiene la palabra el senador hasta por cinco minutos.

El senador Diego Fernández de Cevallos
Ramos:

Gracias.

Por supuesto que habíamos decidido ya no venir a esta tribuna, pero la última imputación, las últimas palabras por supuesto que no se pueden quedar sin respuesta. Creo que para todos está clara la puntualidad con la que se ha conducido aquí y ahora, la diputada de Acción Nacional, al dar respuesta a las imputaciones, independientemente de que ésas no estén soportadas.

Yo creo, señores legisladores, que todos podemos coincidir en que no es aquí en la Permanente, donde se pueda o se deba decir la última palabra en el caso de Jalisco, por muchas razones, entre otras porque todos los que estamos aquí somos parte, somos representantes de nuestros propios partidos que fueron contendientes y que nunca se puede aceptar como principio fundamental de ley o de justicia, que la última palabra en una competencia, en una controversia, la dicte parte interesada.

Yo recomendaría con todo respeto al señor senador y a los priístas que lo quieran, que esas argumentaciones las hagan valer en tiempo y forma ante los tribunales competentes, porque no es aquí, con injurias contra el presidente del Tribunal de Jalisco o contra el consejo de esa entidad o contra el gobernador de origen panista o contra Acción Nacional como se puede o ganar ese debate, ese juicio y ese Estado de la República.

Yo sólo terminaría diciendo que al rechazar todas y cada una de las imputaciones que nos ha hecho el senador, vale recordar el viejo adagio de que aquello que gratuitamente se afirma, gratuitamente se niega.

Gracias.

El Presidente:

Gracias, senador Fernández de Cevallos.

En el siguiente tema del orden del día, referente a la cuestión de los energéticos en el proceso de reforma constitucional, inscrito por el Partido de la Revolución Democrática, este grupo parlamentario ha solicitado retirar este tema del orden del día.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO

El Presidente:

En consecuencia, el siguiente punto del orden del día sería sobre los acontecimientos del 6 de febrero en la Universidad Nacional Autónoma de México. Para tal efecto tiene el uso de la palabra la diputada Silvia Alvarez Bruneliere, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

La diputada Silvia Alvarez Bruneliere:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

El día martes 6 de febrero pasado, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, ocurrió un hecho que debe ser repudiado por la sociedad y es totalmente reprobable: miembros del Consejo General de Huelga se enfrentaron con un grupo de maestros y personal académico que se encontraba en las instalaciones de la facultad; los del consejo, en número de 100 personas aproximadamente que decidieron sacar a los 32 académicos a la explanada de la propia facultad con palabras altisonantes y agravios personales.

Esa parece ser una de las tristes anécdotas que rodean a la vida universitaria de la UNAM, pues el discurso que invocaron los miembros del CGH aludía al hecho de que un año antes la Policía Federal Preventiva había entrado a Ciudad Universitaria y por lo tanto era suficiente razón para que los profesores experimentaran lo que ellos habían sentido con la Policía Federal.

En el Partido Acción Nacional, desde esta tribuna, rechazamos este tipo de acciones que lesionan la vida universitaria; este conflicto iniciado hace un año ha representado no sólo una confusión de lo que es la autonomía universitaria consagrada en nuestra Carta Magna, sino que ha sido utilizado para violentar la vida académica de la UNAM, pero no se limita únicamente a la concepción de autonomía, sino que en la toma de decisiones la comunidad universitaria ha confundido en su acción, la prudencia con la debilidad y la sensatez con la flaqueza.

La autonomía universitaria significa el ejercicio de la libertad con responsabilidad para autogobernarse y ese derecho obliga a toda la comunidad universitaria, a sus autoridades, a sus alumnos, a sus profesores y a sus administrativos. Ellos tienen la responsabilidad de ejercer esta libertad basada en el respeto a los valores y a la dignidad humana de justicia, verdad, tolerancia.

Se deja a un lado, en la comunidad universitaria se olvida que uno de los grandes retos contemporáneos de la universidad a la que se debe de dar prioridad, es desarrollar su capacidad crítica, no el señalamiento de defectos ni la denuncia, sino el develamiento de mitos, estereotipos, falacias, prejuicios y engaños.

Mediante el uso de la razón, de la ciencia y de la cultura de manera libre y autónoma, autonomía no sólo de la institución frente a los poderes públicos y privados, sino también autonomía de los universitarios frente a la propaganda y las modas y frente a los intereses ilegítimos de personas o grupos de dentro o de fuera de la propia institución.

En este contexto quisiera señalar que la reforma de la UNAM es un asunto pendiente y cualquier propuesta de reforma deberá conducir a constituir al universitario como sujeto capaz de plasmar una concepción que otorgue lugar preciso a la excelencia académica y contenido a la modernización de la institución.

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Por lo tanto es necesario, como diría un destacado universitario, "recrear una universidad abierta que sea conciencia de la sociedad en que vive; una universidad prospectiva con una investigación abierta y continua, con un humanismo viviente y con una conciencia de que el saber adquirido, tiene una función social e importa responsabilidades ineludibles e indelegables a los universitarios".

El Partido Acción Nacional, de acuerdo a sus principios y plataforma legislativa, expresa su rechazo a los eventos ocurridos el 6 de febrero y manifiesta su respeto a la autonomía universitaria ejercida con responsabilidad, para cumplir las funciones sustantivas que le han sido encomendadas y exhorta a su comunidad a orientar su capacidad de crítica, de debate para construir y avanzar juntos en la gran reforma universitaria que la fortalecerá para seguir siendo la universidad que honra su lema Por mi Raza Hablará el Espíritu.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente:

Muchas gracias, diputada Alvarez Bruneliere.

Para referirse al mismo asunto, tiene la palabra el diputado Uuc-kib Espadas Ancona, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

El diputado Uuc-kib Espadas Ancona:

Es sin duda profundamente lamentable testificar hechos como los acaecidos durante la semana pasada en la Universidad Nacional Autónoma de México y es lamentable en muchos sentidos:

Uno de ellos es testificar cómo el proceso de luchas universitarias de los últimos 40 años, ha sido tomado por reducidos grupos sumamente radicalizados, que muy lejos del espíritu original de los grandes movimientos estudiantiles de este país, alzan una propuesta intolerante y antiacadémica.

Sin duda, las universidades y las universidades públicas particularmente, son espacios naturales para el debate político, para la disputa política democrática y para la formación integral y eso incluye lo político, de la juventud.

No puede concebirse, sin embargo, una universidad en la que lo político abrume a lo académico. En la que lo académico sea discutido simplemente como un accesorio de lo político y es particularmente grave, el que grupos que pretenden la representación de la izquierda en la Universidad. El que grupos que pretenden levantar algunas de las más caras demandas populares en México, como la educación gratuita a todos los niveles, puedan impunemente desarrollar actos como los que ahora desarrollaron.

Nada tiene qué ver la democracia con el derecho a humillar. Nada tiene qué ver la pluralidad con la intolerancia. Decía el mártir latinoamericano Salvador Allende, que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción. Sin duda alguna lo es. Como también es una contradicción ser joven y ser intolerante. Ser joven y ser capaz de prescribir la humillación para el adversario. Ser joven y pretender legitimar la violencia como instrumento de particulares. Tenemos que ser capaces de analizar los eventos de la Universidad dentro del contexto nacional.

En este país en los años que vienen, se discutirán muchas cosas, entre otras, la educación pública y el carácter que ésta debe asumir.

No hacen ningún favor en la defensa de la institución patria de la educación gratuita, quienes hoy recurren a la violencia. No hacen ningún favor a la transición democrática y a la apertura de este país, quienes hoy se cierran a escuchar y secuestran el derecho a la participación política de miles de universitarios, siendo un puñado reducido.

No estamos de acuerdo con la ruptura de la ilegalidad, como hemos dicho ya, en el Estado de Yucatán. Pero tampoco podemos permitir los extremos que se alcanzan en nuestra universidad y sería gravísimo que estos eventos quedaran impunes y fueran la pauta para el desarrollo de los conflictos políticos en la UNAM. Hoy, el rescate de la UNAM como la principal universidad del país, como el crisol de la universidad gratuita, la defensa de los principios educativos plasmados en nuestra constitución, adquieren un carácter fundamental y eventos como éste tienen que ser repudiados por todas las fuerzas políticas.

Muchas gracias.

El Presidente:

Muchas gracias, diputado Espadas Ancona.

Para referirse al mismo asunto, tiene la palabra la diputada Beatriz Paredes Rangel, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

La diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Compañeras y compañeros legisladores:

Como muchos de quienes estamos aquí, yo soy egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y específicamente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

En nuestra vida estudiantil, hemos podido compartir aspiraciones de los sectores estudiantiles, de transformar la realidad académica de las instituciones.

Posteriormente pudimos coadyuvar para que la legislatura elevara a rango constitucional la autonomía universitaria.

Mi intervención tiene entonces, como propósito esencial, subrayar la trascendencia que para el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional tiene la vigencia de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La Universidad Nacional Autónoma de México es una institución que trasciende cualquier interés partidario de grupo o de facción; es la Casa Magna de estudios de la población mexicana y ha sido el semillero de la formación de cuadros que han dado prestigio al país a lo largo y a lo ancho de todo el continente americano.

En la tarea de fortalecer a la UNAM los grupos parlamentarios debemos lograr consensos esenciales, tanto en lo que supone mayores recursos públicos para la Universidad, como en tener plena confianza en que sean las autoridades universitarias las que interpreten los alcances del concepto de autonomía.
Es muy fácil cuando uno es ajeno a la comunidad universitaria tener interpretaciones que pueden ser de buena fe. Pero quienes hemos vivido la dinámica interna del mundo académico y de ese universo que es la UNAM sabemos que cuando se privilegia el diálogo no es porque haya debilidad, sino porque hay una vocación de entendimiento que pretende la suma y la convergencia de todos quienes conviven en la Universidad.

Hacemos una exhortación para que los grupos extremistas no hagan de la Universidad Nacional Autónoma de México su rehén. Hacemos un llamado a todos los universitarios y a la sociedad mexicana para que nos solidaricemos con la fortaleza de la UNAM y desde aquí reclamamos a todos quienes tienen injerencia en el conflicto universitario que no repitan escenas de confrontación que finalmente debilitan a la educación pública superior y en ese sentido se coadyuva con los más oscuros intereses.

Desde aquí ratificamos nuestra solidaridad con la Universidad Nacional Autónoma de México.

Gracias.

El Presidente:

Muchas gracias, diputada Paredes Rangel.

ORDEN DEL DIA

El secretario senador Héctor Antonio
Astudillo Flores:

Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se procederá a dar lectura a la propuesta del orden del día de la próxima sesión.

«Comisión Permanente.- Primer Receso.- Primer Año.- LVIII Legislatura.

Orden del día


Miércoles 21 de febrero de 2001.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones


El Instituto de Cultura de la Ciudad de México, invita a la ceremonia cívica que con motivo del DII aniversario del natalicio de Cuauhtémoc, último Huei Tlatoani de la Triple Alianza, que tendrá lugar el 23 de febrero en el busto ubicado en el costado sur poniente del atrio de la Catedral Metropolitana, a las 10:00 horas.

El Instituto de Cultura de la Ciudad de México, invita a la ceremonia cívica que con motivo del CDLXXVI aniversario luctuoso de Cuauhtémoc, último Huei Tlatoani de la Triple Alianza, que tendrá lugar el 28 de febrero en la explanada de la plaza de las Tres Culturas, a un costado de la Parroquia de Santiago Tlaltelolco, a las 10:00 horas.

Del Congreso del Estado de Baja California.

Oficio de la Secretaría de Gobernación


Con el que se remiten 31 hojas de servicios de miembros de la Armada de México, para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a comisión.)

Dictámenes de primera lectura


Dos de la Primera Comisión, con proyectos de decreto que conceden permiso a varios ciudadanos mexicanos, para aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.

Dos de la Primera Comisión, con proyectos de decreto que conceden permiso a varios ciudadanos mexicanos, para prestar servicios a gobiernos extranjeros.

Y los demás asuntos con los que la mesa directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente (a las 14:51 horas) :

Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 21 de febrero, a las 11:00 horas.

565,566,567

 

RESUMEN DE TRABAJOS

* Tiempo de duración: 3 horas 30 minutos.

* Quorum a la apertura de sesión: 33 legisladores.

* Comisiones reglamentarias y protocolarias: 2.

* Proposiciones de puntos de acuerdo: 2.

* Pronunciamiento: 1.

* Agenda política: 3.

* Oradores en tribuna: 26
PRI-7; PAN-7; PRD-8; PVEM-2; PT-2.

Se recibió:

* 14 comunicaciones de los congresos de los Estados de: Coahuila; Guerrero; Hidalgo; Oaxaca; Puebla; Querétaro; Quintana Roo; San Luis Potosí y Tamaulipas;

* 1 comunicación de la Coordinación Desobediencia Civil, respecto a los planteamientos del EZLN y su viaje a la capital del país, así como la postura del Congreso en el Foro Económico Mundial;

* 2 iniciativas del PRI;

* 1 iniciativa del PRD;

* 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que solicita que la Cámara de Diputados designe representante ante el Consejo de Premiación del Premio Nacional de la Juventud;

* 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, al que se anexa informe sobre el desempeño de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, de mayo a noviembre de 2000;

* 5 oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que comunica que el Presidente de la República designó a los embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de México ante los gobiernos del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte; República Francesa; República de Nicaragua; República Italiana y del Estado de Israel;

* 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que comunica que el Presidente de la República designó al cónsul general de México en Río de Janeiro, Brasil;

* 2 oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que solicitan los permisos para que igual número de ciudadanos puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros;

* 2 oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que solicitan los permisos constitucionales necesarios para que 13 ciudadanos, puedan prestar sus servicios en diversas representaciones diplomáticas,

568,569,570


Se aprobó:

* 1 dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de Japón;

* 1 dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento de la cónsul general de México en San Francisco, California, Estados Unidos de América;

* 7 dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo con los que se ratifican grados a un número igual de miembros de la Armada de México.

LEGISLADORES QUE PARTICIPARON DURANTE LA PRESENTE SESION
(en orden alfabético)

 

* Alvarez Bruneliere, Silvia (PAN)

Tema

Universidad Nacional Autónoma de México, sobre los acontecimientos del pasado 6 de febrero, en la máxima casa de estudios.

* Astudillo Flores, Héctor (PRI) en dos ocasiones Estado de Jalisco, sobre la situación poselectoral en el Estado de Jalisco.
* Buganza Salmerón, Gerardo (PAN) Mexico-Estados Unidos de América, sobre la próxima visita del Presidente de los Estados Unidos de América, George W. Bush, a México.
* Camacho Quiroz, César (PRI) Procesos electorales, iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
* Cárdenas Hernández, Raymundo (PRD) Estado de Jalisco, sobre la situación pos-electoral en el Estado de Jalisco.
* Castellanos Cortés, Sara Isabel (PVEM) Estado de Yucatán, respecto de la situación política en dicha entidad.
* Castellanos Cortés, Sara Isabel (PVEM) Mexico-Estados Unidos de América, sobre la próxima visita del presidente de los Estados Unidos de América, George W. Bush, a México.
* Cervantes Rivera, Jaime (PT) Estado de Yucatán, respecto de la situación política en dicha entidad.
* Espadas Ancona, Uuc-kib (PRD) Estado de Yucatán, respecto de la situación política en dicha entidad.
*Espadas Ancona, Uuc-kib (PRD) Universidad Nacional Autónoma de México, sobre los acontecimientos del pasado 6 de febrero, en la máxima casa de estudios.
* Fernández de Cevallos, Diego (PAN) Estado de Jalisco, sobre la situación pos-electoral en el Estado de Jalisco.
* García Gaytán, Rocío (PAN) Estado de Jalisco, sobre la situación pos-electoral en el Estado de Jalisco.
* Hernández Enríquez, Silvia (PRI) Mexico-Estados Unidos de América, sobre la próxima visita del presidente de los Estados Unidos de América, George W. Bush, a México.
* Jaime Cervantes Rivera (PT) Horario de verano.
* Jáuregui Robles, Sergio César
Alejandro (PAN)
Estado de Yucatán, proposición con punto de acuerdo, respecto de la situación política en dicha entidad.
* Paredes Rangel, Beatriz Elena (PRI) Universidad Nacional Autónoma de México, sobre los acontecimientos del pasado 6 de febrero, en la máxima casa de estudios.
* Ramírez Marín, Jorge Carlos (PRI) en dos ocasiones Estado de Yucatán, respecto de la situación política en dicha entidad.
* Sodi de la Tijera, Demetrio (PRD) Horario de verano, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de husos horarios y horarios estacionales.
* Sodi de la Tijera, Demetrio (PRD) Senador Armando Chavarria Barrera, pronunciamiento firmado por los coordinadores de los grupos parlamentarios que integran la Comisión Permanente, respecto a hechos en contra de la familia del senador Chavarría Barrera.
* Tapia Medina, María del Rosario (PRD) Horario de verano, proposición con punto de acuerdo.
* Tapia Medina, María del Rosario (PRD) México-Estados Unidos de América, sobre la próxima visita del presidente de los Estados Unidos de América, George W. Bush, a México.
* Uuc-kib Espadas Ancona (PRD) en dos ocasiones Estado de Yucatán, respecto de la situación política en dicha entidad.
* Zapata Perogordo, Alejandro (PAN) Estado de Yucatán, respecto de la situación política en dicha entidad.
* Zermeño Infante, Jorge (PAN) Estado de Yucatán, respecto de la situación política en dicha entidad.

 

NOTAS

Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:

APEC Consejo Económico Asia-Pacífico (por las siglas en inglés)
Bancomex Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito
CFE Comisión Federal Electoral
CGH Consejo General de Huelga
Cocopa Comisión de Concordia y Pacificación
CROC Central Revolucionaria de Obreros Mexicanos
CTM Confederación de Trabajadores de México
D.F. Distrito Federal
EZLN Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Fidelist Fideicomiso para la Liquidación al Subsidio de la Tortilla
FSTSE Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado
IFE Instituto Federal Electoral
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
Infonavit Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
IPAB Instituto de Protección al Ahorro Bancario
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
LFPA Ley Federal de Proceso Administrativo
Linconsa Leche Industrializada de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, Sociedad Anónima de Capital Variable
MIR Manifestación de Impacto Regulatorio
NOM Norma Oficial Mexicana
Notimex Agencias de Noticias Mexicanas
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OMC Organización Mundial de Comercio
PAN Partido Acción Nacional
Pemex Petróleos Mexicanos
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI Partido Revolucionario Institucional
RFC Registro Federal de Contribuyentes
S.A. Sociedad Anónima
Sagar Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
SE Secretaría de Energía
Secofi Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
Sectur Secretaría de Turismo
Segob Secretaría de Gobernación
Semarnap Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca
SEP Secretaría de Educación Pública
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SRE Secretaría de Relaciones Exteriores
SSA Secretaría de Salubridad y Asistencia
STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Telmex Teléfonos de México, Sociedad Anónima
TLC Tratado de Libre Comrcio
Trife Tribunal Federal Electoral
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México

571,572