DIARIO de los DEBATES

 

ORGANO OFICIAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


Correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio

DIRECTOR GENERAL DE
CRONICA PARLAMENTARIA
Héctor de Antuñano y Lora

PRESIDENTE

Diputado Ricardo Francisco Gracía Cervantes

DIRECTOR DEL
DIARIO DE LOS DEBATES

Norberto Reyes Ayala
AÑO I                  México, D.F.,jueves 7 de septiembre del 2000              No.4

S U M A R I O



ASISTENCIA

Pág.

231

ORDEN DEL DIA 231
ACTA DE LA SESION ANTERIOR 232
DIPUTADA QUE TOMA PROTESTA 234
El Presidente designa comisión que introduzca y acompañe en el acto de rendir su protesta de ley, a la diputada electa en el lll distrito del Estado de Morelos, Maricela Sánchez Cortés. 234
BANDO SOLEMNE 234
El Presidente da lectura al Bando Solemne, que da a conocer en toda la República la declaración de Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del ciudadano Vicente Fox Quesada. Publíquese en el Diario Oficial, en los periódicos oficiales de las entidades federativas y fíjese en las principales oficinas públicas de los estados, del Distrito Federal y de los municipios. 234
JUICIO DE PROCEDENCIA 237
Dos comunicaciones del Presidente de la mesa directiva, respecto a dos dictámenes de la sección instructora, relacionados con los ciudadanos: Germán Castañeda Rodríguez y Miguel Angel Garza Vázquez, donde se anuncia que queda sin efectos el deber de la Cámara de Diputados de erigirse en jurado de procedencia, para conocer de los mismos. De enterado; archívense los expedientes. 237
INSTITUTO DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MEXICO 237
Invitación del Instituto de Cultura de la Ciudad de México, para asistir a la ceremonia cívica conmemorativa del CLIII aniversario de la defensa heroica del Molino del Rey. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados. 237
ESTADO DE COAHUILA 238
Comunicación del Poder Judicial del Estado de Coahuila, sobre trabajos propios de sus actividades. De enterado. 238
ESTADO DE MORELOS 238
Comunicación del Congreso estatal, con el que remite punto de acuerdo referente al Registro Nacional de Vehículos. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 238
REFORMA A ARTICULOS CONSTITUCIONALES 240
La diputada Fanny Arellanes Cervantes presenta iniciativa, con proyecto de decreto que reforma los artículos: 35, 36, 40, 71, 73, 122 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con referencia a establecer figuras de participación ciudadana como el referendum, plebis-cito y la iniciativa popular. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucio-nales y Sistema Federal. 240
REQUISA 244
La diputada María Alejandra Barrales Magdaleno presenta iniciativa, con proyecto de decreto que reforma las leyes: de Vías Generales de Comunicación; Reglamentaria del Servicio Ferroviario; de Aeropuertos; de Aviación Civil y Federal de Telecomunicaciones; sobre la existencia a la figura de la requisa y el como ha sido utilizada. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 244
JUVENTUD 246
La diputada Olga Patricia Chozas y Chozas presenta iniciativa, con proyecto de decreto que reforma el numeral dos, del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para la creación de la Comisión Ordinaria de Asuntos de la Juventud y del Deporte. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. 246
PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS 249
Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicitan los permisos constitucionales necesarios para que diez ciudadanos puedan prestar sus servicios en diversas representaciones diplomáticas de gobiernos extranjeros y se comunica que otros ciudadanos Héctor Manuel López Becerra, Artemio San Martín Rebolloso, Hugo Rodríguez Bressant, Mario Alberto Cañamar Iracheta y Eduardo Alberto Douglas, han dejado de prestar servicios en la Embajada y consulados generales del Gobierno de los Estados Unidos de América en México. Por lo que se refiere a la solicitud de permisos se turna a la Comisión de Gobernación, Población y Seguridad Pública y sobre los ciudadanos que han dejado de prestar servicios, se turna a la Comisión de Gobernación, Población y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores, para su conocimiento. 249
ASISTENCIA (II) 250
ESTADO DE ZACATECAS 250
El diputado Silverio López Magallanes presenta proposición, con punto de acuerdo respecto del fortalecimiento de la infraestructura carretera en dicha entidad. Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y a la de Puntos Constitucionales y Sistema Federal. 250
Se concede el uso de la palabra sobre el mismo tema a los diputados: 254
Tomás Torres Mercado 254
Emilio Rafael José Goicoechea Luna 255
LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE VEHICULOS 256
El diputado Héctor González Reza presenta proposición, con punto de acuerdo, referente a citar al Secretario de Comercio, para que dé explicación de la aplicación de dicha ley, de la operación y funcionamiento del Renave, así como del proceso de licitación. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 256
Para hablar sobre el mismo tema y los hechos relacionados con el subsecretario de Comercio, Raúl Ramos Tercero, se concede el uso de la palabra a la diputada María Miroslava García Suárez. 258
Rectifican hechos, los diputados: 261
Félix Castellanos Hernández 261
José Antonio Calderón Cardoso 262
José Manuel del Río Virgen 263
Amador Rodríguez Lozano 263
Héctor González Reza 264
David Augusto Sotelo Rosas 265
Suficientemente discutido. 265
ESTADO DE MEXICO 266
El diputado Ricardo Moreno Bastida presenta proposición de punto de acuerdo, para la creación de comisión especial investigadora de los hechos ocurridos el 18 de agosto pasado, en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Se turna a la Junta de Coordinación Política. 266
Sobre el mismo tema intervienen, los diputados: 272
Lionel Funes Díaz 272
José Gerardo de la Riva Pinal 272
Alejandro Gómez Olvera 274
Jorge Alberto Rodríguez Pasos 275
Rectifican hechos, los diputados: 276
Lucio Fernández González 276
Ricardo Moreno Bastida, quien propone modificación a la proposición presentada. Se turna a la Junta de Coordinación Política. 277
VEHICULOS EXTRANJEROS 277
El diputado Francisco Patiño Cardona presenta proposición, con punto de acuerdo para la integración de comisión especial, que exhorte a la Cámara de Senadores la urgencia de dar trámite al proyecto de Ley para la Renovación y Protección del Parque Vehícular Mexicano, así como al proyecto de reformas a la Ley Aduanera, turnados a la colegisladora el 14 de diciembre de 1999. Se turna a la Junta de Coordinación Política. 277
Para el mismo tema interviene la diputada Rosa Delia Cota Montaño. 281
Rectifican hechos, los diputados: 282
Alonso Ulloa Vélez 282
Francisco Patiño Cardona 282
CAJAS DE AHORRO 283
El diputado Manuel Wistano Orozco Garza presenta proposición, con punto de acuerdo, en relación con el problema de ahorradores de "Cooperativas Cajas Populares". Se considera de urgente resolución. 283
Continúan con el tema, los diputados: 288
Sergio Acosta Salazar 288
Héctor Israel Ortíz Ortíz 289
Herbert Taylor Arthur 290
Aprobada la proposición. 291
Vl INFORME DE GOBIERNO 291
Fijan la posición de los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados, en relación al Vl Informe de Gobierno, los diputados: 291
José Manuel del Río Virgen 291
Gustavo Riojas Santana 292
Jaime Cervantes Rivera 292
Alejandro Rafael García Sainz Arena 294
Gregorio Urías Germán 296
Manuel de Jesús Espino Barrientos 299
Oscar Guillermo Levín Coppel 301
ESTADO DE SINALOA 303
Sobre la problemática que confrontan los productores sinaloenses en la comercialización del maíz, presenta pronunciamiento el diputado Jesús Burgos Pinto. 303
Para hablar sobre el mismo tema intervienen, los diputados: 304
Petra Santos Ortiz 304
Juan Manuel Martínez Nava 306
Francisco Salvador López Brito 307
Librado Treviño Gutiérrez 308
POLITICA EXTERIOR 308
El diputado Gustavo Lugo Espinoza presenta pronunciamiento en materia de política exterior sobre la integración latinoamericana. 308
Intervienen sobre el mismo tema, los diputados: 310
Raúl Gracia Guzmán 310
Héctor Sánchez López 312
Erika Elizabeth Spezia Maldonado 313
DIPUTADO JOSE FELIX SALGADO MACEDONIO 314
El Presidente da lectura a una comunicación personal del diputado José Félix Salgado Macedonio, sobre los acontecimientos ocurridos el fin de semana próximo pasado. De enterado. 314
JUNTA DE COORDINACION POLITICA.
CONFERENCIA PARA LA DIRECCION
Y PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS
314
El Presidente de la mesa directiva informa de la instalación de la Junta de Coordinación Política y de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. 314
ORDEN DEL DIA 314
De la próxima sesión. 314
CLAUSURA Y CITATORIO 314
RESUMEN DE TRABAJOS 316
DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA PRESENTE SESION 317

DIARIO de los DEBATES

Año l  No.4       PRIMER PERIODO DE SESI0NES ORDINARIAS    SEPTIEMBRE 7, 2000

 

Presidencia del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes

ASISTENCIA

El Presidente :


Ruego a las señoras y señores diputados pasar a ocupar sus lugares y a nuestros amigos de los medios de comunicación pasar al palco de prensa.

Ruego a la Secretara haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del computo de asistencia de los diputados.

El secretario José Manuel Medellín Milán:

Se informa a la presidencia que existen registrados previamente 405 diputados. Por lo tanto, hay quorum, señor Presidente.

El Presidente (a las 11:16 horas):

Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El secretario José Manuel Medellín Milán:

Primer Periodo de Sesiones Ordinarias. Primer Año. LVIII Legislatura.

Orden del día


Jueves 7 de septiembre de 2000.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Protesta de señores diputados.

Bando solemne.

Comunicaciones


Del Presidente de la mesa directiva.

El Instituto de Cultura de la Ciudad de México invita a la ceremonia cívica que con motivo del CLIII aniversario de la Defensa Heroica del Molino del Rey, tendrá lugar el 8 de septiembre, a las 10:00 horas. Del Poder Judicial del Estado de Coahuila.

Del Congreso del Estado de Morelos.

Iniciativas de diputados


De reformas al artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión.)

De reformas a las leyes de: Aviación Civil; de Vas Generales de Comunicación, y Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a cargo de la diputada Alejandra Bárrales Magdaleno, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Que reforma el numeral dos del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Olga Patricia Chozas y Chozas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

De reformas a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Oficio de la Secretara de Gobernación


Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Miguel Angel Buchbeck García, Enriqueta Reyna Jones Barajas, Julia Alejandra Reséndiz del Castillo, Sergio Rodríguez Contreras, Diana Guadalupe Vargas Casillas, Fernando González González, Jorge Martín Becerril Mendoza, Jorge Jerónimo Avalos, Ruben Ramírez García y Erika Patricia Salinas Rosales, puedan prestar servicios en embajadas y consulados de gobiernos extranjeros, y se comunica que los ciudadanos Héctor M. López Becerra, Artemio San Martín Rebolloso, Hugo Rodríguez Bressant, Mario Alberto Cañamar Iracheta y Eduardo Alberto Douglas, han dejado de prestar servicios en la Embajada y consulados generales del gobierno de los Estados Unidos de América en México. (Turno a Comisión.)

Proposiciones

Con punto de acuerdo respecto del fortalecimiento de la infraestructura carretera en el Estado de Zacatecas, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo sobre el registro vehicular, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo relativo a los hechos en Chimalhuacán, Estado de México, a cargo del diputado Ricardo Moreno Bastida, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo en relación con las cajas de ahorro, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo relativo a la situación de vehículos de procedencia extranjera, a cargo del diputado Francisco Patiño Cardona, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Agenda Política

Posicionamiento de los grupos parlamentarios, en relación al VI Informe de Gobierno.

Posicionamiento de la bancada priísta de Sinaloa, sobre la problemática que confrontan los productores sinaloenses en la comercialización del maíz, a cargo del diputado Jesús Burgos Pinto.

Pronunciamiento en materia de política exterior, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.


ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El secretario José Manuel Medellín Milán:

Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.

Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión, celebrada el martes cinco de septiembre de dos mil, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura.

Presidencia del diputado 
Ricardo Francisco Garra Cervantes

En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las once horas con cinco minutos del martes cinco de septiembre de dos mil y la asistencia de trescientos cincuenta diputados, el Presidente declara abierta la sesión.

231, 232 y 233

La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión constitutiva, misma que se aprueba en sus términos en votación económica.

El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentra el diputado electo Arturo Herviz Reyes, del Partido de la Revolución Democrática y designa una comisión que lo introduzca y lo acompañe en el acto de rendir su protesta de ley.

Terminado el acto protocolario, el diputado Herviz Reyes toma posesión de su encargo de inmediato.

Se da cuenta con las comunicaciones de los congresos de los estados de:

Baja California, en la que se transcribe punto de acuerdo relativo a la Ley que crea el Registro Nacional de Vehículos. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Coahuila, en la que se transcribe punto de acuerdo relativo a la Ley del Impuesto al Valor Agregado y a la Ley de Ingresos de la Federación para el dos mil uno. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Diversos oficios de la Comisión Permanente con los que:

Remite inventario de los expedientes correspondientes a oficios, comunicaciones y demás asuntos que fueron recibidos por la Comisión Permanente, para la atención y conocimiento de las comisiones de la Cámara de Diputados, durante el segundo receso del tercer año de ejercicio de la Quincuagésima Séptima Legislatura. De enterado.

Informa de la conclusión de los trabajos de ese cuerpo colegiado. De enterado.

Se da lectura a tres oficios de la Cámara de Senadores con los que se comunica:

La elección de mesa directiva que conducir los trabajos del primero de septiembre de dos mil al treinta y uno de agosto de dos mil uno, correspondiente al primer año de ejercicio. De enterado.

La protesta de ley de los señores senadores a la Quincuagésima Octava y Quincuagésima Nona legislaturas. De enterado.

La integración de las comisiones de cortesía. De enterado.

Para presentar diversas iniciativas, se concede el uso de la palabra a los diputados:

María Miroslava García Suárez, del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que abroga la Ley del Registro Nacional de Vehículos. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Para rectificar hechos, se concede el uso de la palabra al diputado Jaime Cleofas Martínez Veloz, del Partido Revolucionario Institucional.

Desde sus curules, los diputados Uuc-Kib Espadas Ancona, del Partido de la Revolución Democrática, y Héctor González Reza, del Partido Acción Nacional, realizan mociones y el Presidente hace las aclaraciones correspondientes.

Alfredo Hernández Raigosa, del Partido de la Revolución Democrática, de proyecto de decreto con reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

La Secretaría da lectura a un oficio de la Cámara de Senadores, con el que informa que el senador Arturo Nava Bolaños, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma a diversas disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Dos minutas del Senado de la República con:

Proyecto de Ley de Fiscalización Superior de la Federación, de conformidad con el inciso e del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las comisiones de Gobernación, Población y Seguridad Pública y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de conformidad con el inciso e del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Población y Seguridad Pública, a la de Justicia y a la de Derechos Humanos.

Se da cuenta con la solicitud de la ciudadanía Lina Mara del Rosario Ramella Osuna, de permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República Italiana. Se turna a la Comisión de Gobernación, Población y Seguridad Pública.

La Secretaría da lectura a la solicitud del ciudadano Adrián Franco Zevada, de permiso constitucional necesario para prestar sus servicios como asesor jurídico a las embajadas de las repúblicas de Chile y Sudáfrica en México. Se turna a la misma comisión que la anterior.  Para expresar la posición de los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados, en relación con el inicio de los trabajos de la Quincuagésima Octava Legislatura, el Presidente concede el uso de la palabra a los diputados: José Antonio Calderón Cardoso, del Partido Alianza Social; José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional; Gustavo Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista;

Presidencia del diputado 
Eloy Cantú Segovia

José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo;

Presidencia del diputado 
Ricardo Francisco García Cervantes

Diego Cobo Terrazas, del Partido Verde Ecologista de México; Eric Eber Villanueva Mukul, del Partido de la Revolución Democrática; María Elena Alvarez Bernal del Partido Acción Nacional, y Justino Eduardo Andrade Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional.

Sube a la tribuna el diputado José Delfino Garcés Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta un proyecto de punto de acuerdo en relación con las cajas de ahorro. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Expresan la posición de sus respectivas fracciones parlamentarias sobre el mismo tema, los diputados: Rosalía Peredo Aguilar, del Partido del Trabajo; Esteban Daniel Martínez Enríquez, del Partido de la Revolución Democrática; Herbert Taylor Arthur, del Partido Acción Nacional; y Lorena Martínez Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional.

Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las catorce horas con ocho minutos, citando para la que tendrá lugar el jueves siete de septiembre de dos mil, a las once horas.

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que están por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que están por la negativa, sírvanse manifestarlo ... Aprobada, señor Presidente.

DIPUTADA QUE TOMA PROTESTA

El Presidente :

Se encuentra a las puertas de este recinto la ciudadana Maricela Sánchez Cortés, electa en el III distrito electoral del Estado de Morelos. Se designa en comisión para que la acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes diputados: Augusto Gómez Villanueva, Enriqueta Bacilio Sotelo, Fernando Martínez Cue y Genoveva Domínguez Rodríguez.

El secretario José Manuel Medellín Milán:

Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

Se invita a los presentes a ponerse de pie.

El Presidente :

Ciudadana Maricela Sánchez Cortés: ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada a la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

La diputada Maricela Sánchez Cortés :

Sí, protesto.

El Presidente :

Si no lo hace así, que la nación se lo demande.

Felicidades diputada.


BANDO SOLEMNE

El secretario Bernardo Borbón Vilches:

Se va a dar lectura del Bando Solemne.

El Presidente Ricardo Francisco García Cervantes:



/////Falta 235-236////////


234, 235 y 236

Publíquese el presente bando solemne en el Diario Oficial de la Federación, en los periódicos oficiales de las entidades federativas y fíjese en las principales oficinas públicas de los estados, del Distrito Federal y de los municipios.

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los seis días del mes de septiembre de 2000.

Prosiga la Secretaría.


JUICIO DE PROCEDENCIA

El secretario Bernardo Borbón Vilches:

A la Cámara de Diputados: con fecha 4 de septiembre de 2000, concluye el cargo de diputado al Congreso del Estado de México del ciudadano Germán Castañeda Rodríguez. En virtud de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 23, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y, en lo conducente, 26 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, esta Presidencia anuncia que el dictamen de la sección instructora correspondiente al expediente número............ SI/001/2000, en el que se resuelve que no ha lugar a proceder penalmente en contra del inculpado referido, ha quedado sin materia y, consecuentemente, ha quedado sin efectos el deber de la Cámara de Diputados de erigirse en jurado de procedencia para conocer del mismo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, 5 de septiembre de 2000. Diputado Ricardo García Cervantes. Presidente de la Cámara de Diputados. Rúbrica.

Trámite: archivese el expediente.

El secretario Bernardo Borbón Vilches:

A la Cámara de Diputados: con fecha 31 de agosto de 2000, concluye el cargo de diputado federal del ciudadano Miguel Angel Garza Vázquez. En virtud de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 23, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y, en lo conducente, 26 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, esta Presidencia anuncia que el dictamen de la sección instructora correspondiente al expediente número SI/005/2000, en el que se resuelve que no ha lugar a proceder penalmente en contra del inculpado referido, ha quedado sin materia y, consecuentemente, ha quedado sin efectos el deber de la Cámara de Diputados de erigirse en jurado de procedencia para conocer del mismo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, 5 de septiembre de 2000. Diputado Ricardo García Cervantes, Presidente de la Cámara de Diputados. Rúbrica.

Trámite: archivese el expediente.


INSTITUTO DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MEXICO

El secretario Bernardo Borbón Vilches:

Diputado Ricardo Francisco García Cervantes, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Presente.

El Instituto de Cultura de la Ciudad de México, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CLIII aniversario de la Defensa Heroica del Molino del Rey, que tendrá lugar frente al obelisco conmemorativo, ubicado en Anillo Periférico y Alencastre, delegación Miguel Hidalgo, el viernes 8 de septiembre a las 10:00 horas.

Por tal motivo, me permito solicitar muy atentamente se sirva girar sus respetables instrucciones a efecto de que un representante de esa Cámara de Diputados, que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero, con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Director general del Instituto de Cultura; Alejandro Aura.

El Presidente :

Para asistir en representación de esta Cámara, se designa a los siguientes diputados: Hilda Anderson Nevárez, Mónica Serrano Peña y Gregorio Urías Germán.

ESTADO DE COAHUILA

El secretario José Manuel Medellín Milán:

Se va a dar lectura a otra comunicación.

<>

Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, México, D.F.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, respetuosamente comunico a usted que en sesión extraordinaria celebrada el da 31 de julio del año en curso, el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, emití el acuerdo número 301/2000, que en lo conducente señala:

"Acuerdo 301/2000: en relación con el acuerdo 300/2000, del pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, hoy lunes 31 de julio del 2000, se declara iniciado el segundo periodo de sesiones del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en virtud de ser éste el primer da hábil posterior al periodo vacacional y de receso de este tribunal. Comuníquese a los poderes de la Unión y de los estados, debiendo remitirse copia certificada de este acuerdo al secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo, para publicación en el periódico oficial del Estado, de conformidad con lo establecido por el artículo 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial."

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi atenta consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Saltillo, Coahuila, a 1o. de agosto de 2000. El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, magistrado, licenciado Ramiro Flores Arizpe.»

De enterado.


ESTADO DE MORELOS

El secretario José Manuel Medellín Milán:

Se va a dar lectura a otra comunicación.

«Escudo. Poder Legislativo. XLVII Legislatura. 1997-2000.

Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F.

Por este conducto, me permito remitir a usted, copia del punto de acuerdo aprobado en la sesión del día de hoy por la Asamblea Legislativo del Estado de Morelos.

Lo anterior para el conocimiento de la legislatura que usted dignamente preside.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Cuernavaca, Morelos, a 10 de agosto de 2000. El oficial mayor del honorable Congreso del Estado, Antolín Escobar Cervantes.»

«Escudo. Poder Legislativo. XLVII Legislatura. 1997-2000.

Honorable Asamblea: la suscrita diputada María Cristina Balderas Aragón con fundamento en lo señalado por los artículos 40 fracción II y 42 fracción II de la Constitución Política local y 17 inciso c de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, por este, medio pongo a consideración de la Asamblea el siguiente punto de acuerdo por las siguientes

CONSIDERACIONES

Existe una gran polémica sobre la nueva técnica de evitar el robo de vehículos con el programa Renave. Muchos hemos escuchado acerca de él pero, ¿qué significa para los mexicanos?

No es más que pagar impuestos sobre impuestos, (aun cuando se ha simulado que es un pago, y para colmo se hará a un particular) sobre todo para los que lo adquieren de segunda o tercera mano, ya que los usuarios tienen que desembolsar para poder circular pagando los siguientes impuestos de: tenencia, reposición de placas, alta o baja, tarjeta de circulación, cambio de propietario, por verificación vehícular, para el caso de Morelos 1% de la adquisición de bienes inmuebles, engomado, derechos y/o el cambio de estado o en su caso por la autorización para la prestación del servicio público de transporte, afectando con este último impuesto a los usuarios del mismo.

Existe la duda de que el Congreso de la Unión podría estar incurriendo en una acción inconstitucional, porque el artículo 73 de la Constitución Política no lo faculta expresamente para dictar leyes en materia de registro de vehículos, tampoco puede considerarse como facultad implícita, entendiéndose que esta facultad está reservada a los estados de la Federación.

El tema que se discute tiene qué ver con las más altas esferas de la política nacional y se especula que es para pagar favores al ser concesionados a particulares o ¿son amigos de altos funcionarios que despachan en los Pinos? o de ¿alguna Secretaría?, dejando evidencia que no quieren dejar de beneficiarse, perjudicando con ello el bolsillo de los que pagan por un mismo bien, con cantidades exorbitantes.

Como representantes de los morelenses estamos obligados a sumarnos a las protestas que en otros estados, como el de Jalisco, gobernado por el PAN o el de Guerrero gobernado por el PRI o como lo hizo el gobierno perredista del Distrito Federal, protegiendo a los automovilistas en no firmar el convenio que incluye el rechazo a la solicitud de la Secofi, que entre otras se señalan las siguientes propuestas; que de acuerdo al artículo 124 constitucional, corresponde a los estados la facultad de crear dicho registro debiendo ser de carácter público en su normatividad, regulación y operación, incluyendo la participación fundamentalmente de las procuradurías de Justicia de las entidades federativas, toda vez que ellas a diario combaten el robo de vehículos y cuentan con una base de datos sobre la materia. Con lo anterior se estaría aprovechando la infraestructura que ya existe en los mismos.

Se plantea estar de acuerdo y pendientes de la convocatoria que puedan emitir el Consejo de Coordinación dependiente del Sistema Nacional de Seguridad Pública para la discusión y elaboración de un nuevo programa.

Con lo anterior estaríamos evitando realmente el posible "lavado de automóviles robados" por particulares, ya que por el mecanismo impuesto actualmente cabe la posibilidad de que eso ocurra y que desde el momento que alguien registre su vehículo en el Renave, es presumible dueño legal.

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Por lo anterior compañeras y compañeros diputados, propongo que la XLVII Legislatura se pronuncie contra el decreto emitido por el Congreso de la Unión y avalado por el Gobierno Federal que determina instaurar el Renave.

Segundo
. Exhortar al Ejecutivo del Estado para que en caso de haber firmado el convenio con la Federación se rectifique y rechace por las consideraciones señaladas.

Tercero.
Remitir para su conocimiento el punto de acuerdo en cuestión a las demás legislaturas de los estados, así como a la Asamblea del Distrito Federal, a las cámaras de Diputados y Senadores del honorable Congreso de la Unión.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Cuernavaca, Morelos, a 8 de agosto del 2000. Diputada María Cristina Balderas Aragón.»

El Presidente:

Recibo y túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.


REFORMA A ARTICULOS
CONSTITUCIONALES

El Presidente:

En el siguiente punto del orden del día, iniciativas de los diputados, se concede el uso de la palabra a la diputada Fanny Arellanes Cervantes, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

237, 238 y 239

La diputada Fanny Arellanes Cervantes:

Con el permiso de la directiva; señoras y señores secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión:

«Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los abajo firmantes, diputados federales del grupo parlamentario de Acción Nacional en esta LVIII Legislatura, sometemos a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer figuras de participación ciudadana como el referendum, plebiscito y la iniciativa popular, misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

Para Acción Nacional la democracia es una forma de gobierno y un estilo de vida que se funda en el respeto a los derechos individuales, sociales y políticos y, por tanto, como un régimen plural de libertades en el que los gobernantes y los gobernados deben procurar, con el mismo empeño, la justicia social y el bien común. Que lo insustituible de la democracia es la identidad del poder y del pueblo. Más aún, debe darse relevancia a ese carácter de la democracia cuando se considera, como se considera hoy, frente a las nuevas necesidades y posibilidades, que el incremento de la socialización reclama.

No aceptamos la concepción formulista que reduce la democracia a una mera técnica, a un método de formulación o elaboración de reglas sociales, de normas jurídicas; la democracia consiste en que quienes van a quedar sometidos a esas reglas, participen de algún modo en el proceso de la elaboración de las mismas o bien en la toma de decisiones fundamentales. La técnica de la democracia está ordenada a asegurar la participación orgánica del pueblo en el gobierno.

Se alude constantemente a la participación de la sociedad desde planos muy diversos y para propósitos muy diferentes; no obstante, siempre cuando se hace referencia a la participación se alude a una buena forma de incluir opiniones y perspectivas. En efecto, se invoca la participación de ciudadanos, de agrupaciones sociales, de la sociedad en su conjunto, para dirimir problemas específicos, para encontrar soluciones comunes o para hacer confluir voluntades dispersas en una acción compartida. Es en síntesis una invocación democrática cargada de grandes valores.

La democracia representativa sin duda constituye un papel importantísimo e imprescindible en las sociedades modernas, ya que se antoja imposible imaginar una democracia directa; es decir, que de manera directa y personal el pueblo reunido pueda tomar las decisiones políticas de la comunidad. Efectivamente, hace tiempo que desapareció la posibilidad de volver a una especie de democracia directa, en la que no exista representantes entre la sociedad y el gobierno o los poderes públicos, sin partidos políticos y sin órganos legislativos.

Ante la imposibilidad real de que los ciudadanos se pudieran seguir reuniendo en una misma plaza pública para decidir sobre los asuntos de mayor importancia para la colectividad, fue necesario buscar una nueva fórmula para la toma de decisiones públicas, surgiendo la representación política y como consecuencia se dio paso de la democracia directa a la democracia representativa, la que actualmente se recoge en muchos sistemas políticos, entre los que se incluye el nuestro.

No obstante, la representación no puede concebirse hoy día, como suficiente para darle vida a la democracia.

Por ello representación y participación forman un matrimonio indisoluble en el hogar de la democracia, ambos se requieren necesariamente. Porque la verdadera democracia no se concibe sin el auxilio de la forma más elemental de la participación ciudadana: los votos del pueblo. Sin embargo, esto no quiere decir que la participación ciudadana se agote en las elecciones ni significa tampoco que los votos sean la única forma plausible de darle vida a la participación democrática. Para que esta forma de gobierno opere en una sociedad de manera cotidiana, es ciertamente indispensable que haya otras formas de participación ciudadana más allá del sufragio. Pero tampoco puede tener vida la democracia sin un cuadro básico de representación política.

Como diría Hermann Heller: "la participación debe ser entendida como una relación operante y operada, es decir, entre la sociedad y el gobierno, entre los individuos de cada nación y las instituciones que le dan forma al Estado". En otras palabras se trata de tender un puente entre representación y participación ciudadana, que en principio aparece construido con los votos, pero que debe extenderse y comprenderse a una gran variedad de relaciones y de acciones distintas entre las autoridades y los ciudadanos.

Asentamos: la participación no es suficiente para entender la dinámica de la democracia. Pero sin la participación, sencillamente la democracia no existiría. Por lo que el compromiso es dejar bien claro, en nuestro marco jurídico fundamental, que la democracia requiere siempre y en todo momento de la participación ciudadana: con el voto y más allá de los votos.

En este sentido, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con el fin de no limitar la participación de los ciudadanos en la toma de los asuntos o decisiones políticas, la mera elección de sus representantes de manera periódica, es que se considera necesario, como ya sucede en otras democracias, el establecer un sistema equilibrado entre la democracia directa practicada en la antigüedad y la representativa practicada hoy en nuestros días, mediante instituciones que se conocen como democracia semidirecta. Consecuentemente, la presente iniciativa tiene como finalidad el establecimiento de un régimen democrático representativo y participativo, en el que se dé viabilidad jurídica al referendum, al plebiscito y a la iniciativa popular.

En tal virtud, y toda vez que el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el precepto que hace alusión a nuestra forma de gobierno republicano, representativo, democrático y federal, es que se propone que se reforme para incorporar la democracia participativa y las instituciones de la democracia semidirecta, dejan claro que la soberanía se ejercerá también mediante el ejercicio del referendum, el plebiscito y la iniciativa popular, con lo que se complementa esa unión indisoluble de la democracia que es la democracia representativa con la participativa.

A fin de complementar lo anterior, y para una mejor precisión del espíritu de la presente iniciativa constitucional, se propone reformar los artículos 35 y 36 de la Ley Fundamental, para establecer dentro de las prerrogativas y obligaciones del ciudadano, el derecho y la obligación político-individual el de votar en los plebiscitos y referendums.

En el caso del referendum se establece como una forma de participación ciudadana consistente en una consulta que se hace a la sociedad para actos de tipo legislativo. Esta ha sido una figura que ha sido implementada en sistemas políticos como el de España, Italia, Dinamarca, Grecia, Portugal, Suecia, Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Noruega, Islandia, por citar algunos.

En este sentido se establece que el referendum puede ser constitucional y legislativo. En el caso del segundo se determina que puede ser parcial o total de una ley.

Para el supuesto de referendum constitucional se determina en la presente iniciativa que sólo será obligatorio para determinadas materias, es decir, cuando se trate de derogación, adición o reforma relacionadas con los siguientes aspectos:

1) Las garantías individuales;

2) Los derechos políticos de los ciudadanos;

3) La soberanía nacional, forma de gobierno, de las partes integrantes de la Federación y del territorio nacional;

4) del principio de la división de poderes y

5) del procedimiento de reforma constitucional.

En todos los demás casos se establece que será facultativo, sea concerniente a la Constitución o a las leyes federales, es decir, se deja al criterio de los órganos del Estado responsables para que puedan decidir si se convoca a referendum o no sobre determinada materia, con excepción obviamente de los que ya se dijo sí son obligatorios.

Se propone que sea el Instituto Federal Electoral, el órgano responsable de organizar el referendum, toda vez que es éste el que asegura la imparcialidad en su aplicación, aunado a la experiencia acumulada en procesos electorales anteriores, así como por la infraestructura que tiene, lo que permitirá aprovecharlo y por otra parte evitará el que se creen instancias públicas paralelas y que puedan, generar un costo adicional al erario.

Finalmente, se plantea en la presente iniciativa, que en relación al plebiscito sea procedente para actos de tipo político, en el cual será procedente en lo conducente los mismos criterios que para el referendum, en cuanto a las excepciones que se han expuesto, los órganos con derecho de iniciativa para el plebiscito y que también sea organizado por el Instituto Federal Electoral.

Por lo antes expuesto, los suscritos diputados del grupo parlamentario de Acción Nacional sometemos a su consideración el siguiente

DECRETO

Por el que se reforman y adicionan los artículos 35, 36, 40, 71, 73, 115, 122 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo primero.
Se reforma la fracción I del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

"Artículo 35
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. Votar en las elecciones populares y en los procesos de referendum y plebiscito;

II a la V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."

Artículo segundo. Se reforma la fracción III del artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue.

"Artículo 36
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I a la II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Votar en las elecciones populares y participar en los procesos de referendum y plebiscito, en los términos que señale la ley;


IV a la V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."

Artículo tercero.
Se reforma y adiciona el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

"Artículo 40.
Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República, de democracia representativa y participativa, federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación establecida según los principios de la Ley Fundamental.

La democracia participativa la ejecutarán directamente los ciudadanos mediante las instituciones del referendum, plebiscito e iniciativa popular.

I. El referendum se realizará conforme a las bases siguientes:

Base primera. Será obligatorio, tratándose de:

a) Las garantías individuales;

b) Los derechos políticos individuales y colectivos de los ciudadanos;

c) La soberanía nacional, la forma de gobierno, las partes integrantes de la Federación y el territorio nacional;

d) La división de poderes y

e) El proceso de reforma constitucional.

Base segunda. Será facultativo en todos los demás casos, sean concernientes a la Constitución o a las leyes federales.

II. El plebiscito es una forma de participación ciudadana para que los electores se manifiesten sobre decisiones políticas fundamentales de la nación.

III. No podrán someterse a referendum ni a plebiscito, las disposiciones constitucionales y legales en materia: tributaria y fiscal, de expropiación, de limitación o la propiedad particular, así como del sistema bancario y monetario.

IV. El resultado de los procesos de referendum y plebiscito será obligatorio para gobernantes y gobernados.

240, 241 y 242

V. El instituto Federal Electoral será el órgano responsable de organizar el referendum y el plebiscito; estará facultado para verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de las iniciativas y tendrá la obligación de comunicar los resultados a las cámaras del Congreso de la Unión, a la Presidencia de la República, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los poderes públicos en el Diario Oficial de la Federación.

VI. El derecho de iniciativa y las normas para la procedencia y organización del referendum, plebiscito e iniciativa popular, serán establecidas en la ley reglamentaria correspondiente."

Artículo cuarto.
Se adiciona una fracción IV y se modifica el párrafo segundo del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue;

"Artículo 71
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I a la III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. A los ciudadanos, en los términos establecidos por la ley.

Las iniciativas presentadas por los ciudadanos, por el Presidente de la República, por las legislaturas de los estados o por los diputados de los mismos, pasarán a comisión. Las que presentaren los diputados o senadores, se sujetarán a los trámites que designe el reglamento de debates."

Artículo quinto.
Se adiciona una fracción XXIX-K al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

"Artículo 73
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I a la XXIX-J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XXIX-K. Para expedir, respecto a actos provenientes de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Federación, leyes reglamentarias del referendum, el plebiscito y la iniciativa popular y

XXX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."

Artículo sexto.
Se reforma el párrafo primero y se adicionan los párrafos segundo y tercero del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

"Artículo 115.
Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, de democracia representativa, participativa y popular.

La democracia participativa la ejercerán directamente los ciudadanos mediante las instituciones del referendum, plebiscito e iniciativa popular, tanto en el ámbito estatal como municipal.

Los estados tendrán como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre conforme a las bases siguientes:

I a la X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."

Artículo séptimo.
Se adiciona un inciso o, al artículo 122 en su base primera, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pasando el actual inciso o, a ser inciso p, para quedar como sigue:

"Artículo 122
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A al C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Base primera

I a la V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) al ñ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

o) Expedir leyes en materia de referendum, plebiscito e iniciativa popular y

p) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución.

Base segunda a base quinta. . . . . . . . . . . . . ."

Artículo octavo
. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

"Artículo 135
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tratándose de la iniciativa de reforma al texto total de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se requerirá, además, que sea aprobada mediante referendum."

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.
El Congreso de la Unión tendrá seis meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para expedir la ley reglamentaria de referendum, plebiscito e iniciativa popular.

Tercero.
Los Estados contarán con seis meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para establecer en sus constituciones las instituciones de referendum, plebiscito e iniciativa popular. Para los mismos efectos este plazo se refiere también al Distrito Federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro; a 7 de septiembre de 2000. Diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional: Roberto Aguirre Solís, Fanny Arellanes Cervantes, José Francisco Blake Mora, Cuauhtémoc Cardona Benavides, Tomás Coronado Olmos, María Eugenia Galván Antillón, Oscar Romeo Maldonado Domínguez, Martha Patricia Martínez Macías, José César Nava Vázquez, Fernando Pérez Noriega, Mónica Leticia Serrano Peña, José Alejandro Zapata Perogordo, Germán Arturo Pellegrini Pérez.»

Hago entrega de la presente iniciativa a los señores secretarios de la mesa directiva.

El Presidente:

Túrnese la iniciativa presentada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Sistema Federal.


REQUISA

El Presidente:

Tiene la palabra la diputada Alejandra Barrrales Magdaleno, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas a las leyes de Aviación Civil, de Vías Generales de Comunicación y Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

La diputada María Alejandra Barrales
Magdaleno:

Con su permiso, señor Presidente:

Inicio haciendo una aclaración de la propuesta de iniciativa. Aclaro que los artículos que se proponen para reforma son: el 112 de la Ley de Vías Genenerales de Comunicación, 56 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, 86 de la Ley de Aviación Civil, 77 de la Ley de Aeropuertos y 66 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Honorable Asamblea: la suscrita diputada Alejandra Barrales Magdaleno integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LVIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento por lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento al pleno de esta Cámara de Diputados iniciativa de decreto por la que se adiciona un párrafo a los artículos 112 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, 56 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, 86 de la Ley de Aviación Civil, 77 de la Ley de Aeropuertos y 66 de la Ley Federal de Telecomunicaciones al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

La huelga, consagrada en el artículo 123 constitucional es uno de los más importantes derechos colectivos de los trabajadores mexicanos. Su ejercicio es fruto de incontables luchas obreras desarrolladas a lo largo y ancho del país y resultado directo de los derechos sociales reconocidos por el Constituyente de 1917.

La justificación ética, jurídica y política de la huelga no tiene discusión, es un derecho fundamental de la clase trabajadora, irrestricto e irrenunciable, la Constitución Política en el artículo 123 y la ley reglamentaria del mismo la consagran como un recurso legítimo de los trabajadores.

Este derecho a lo largo de la historia ha sido objeto de múltiples ataques, los cuáles han desembocado en innumerables agresiones a los trabajadores, recordemos a Demetrio Vallejo y en el presente las injustas agresiones a la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México.

En los tiempos modernos la suspensión legal de actividades se invalida o neutraliza por la llamada "requisa", prevista en la Ley de Vías Generales de Comunicación, en la Ley de Aviación Civil, Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y Ley Federal de Telecomunicaciones. Los nuevos tiempos exigen un nuevo orden laboral, en donde el Gobierno respete incondicionalmente los derechos sociales constitucionales de los trabajadores.

La requisa es una figura administrativa que se actualiza mediante decreto emitido por el Poder Ejecutivo con base en el cual, dicho poder, interviene en la administración de la empresa, con el fin de mantener la prestación de un servicio público, en los casos previstos en las leyes antes indicadas.

Este procedimiento administrativo se desarrolló en Francia, principalmente durante las guerras (requisiciones militares), también se ha presentado en casos de notoria urgencia, en que el poder administrativo se ve obligado a adoptar rápidas determinaciones que no admiten demora por la gravedad misma de ellas (requisición civil). La requisición sólo opera en circunstancias excepcionales, que la ley francesa enumera limitadamente: a) movilización general; b) movilización parcial; c) circunstancias excepcionales: amenaza de guerras y d) reunión de tropas, en los casos de requisiciones militares.

Entre nosotros la requisa se regula en el artículo 112 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, promulgada por el presidente Lázaro Cárdenas el 19 de febrero de 1940, constituye una solución de emergencia que plantea la posibilidad de que el Gobierno se haga cargo de un servicio público concesionado. Esa intervención por parte del Estado en las actividades de una empresa, sólo se autoriza para los supuestos que de manera clara establecen las leyes que prevén la figura de la requisa.

En el caso de la Ley de Vías Generales de Comunicación, los supuestos que se establecen para la requisición se contienen en el artículo 112, señalando el mismo que en caso de guerra internacional, de grave alteración del orden público o cuando se tema algún peligro inminente para la paz interior del país o para la economía nacional, el Gobierno tendrá derecho de hacer la requisición, en caso de que a su juicio lo exija la seguridad, defensa, economía o tranquilidad del país, de las vías generales de comunicación, de los medios de transporte, de sus servicios auxiliares, accesorios y dependencias, bienes muebles e inmuebles y de disponer de todo ello, como lo juzgue conveniente.

El Gobierno podrá igualmente utilizar el personal que estuviere al servicio de la vía de que se trate cuando lo considere necesario. En este caso, la nación indemnizará a los interesados, pagando los daños por su valor real y los perjuicios con el 50% de descuento. Si no hubiere avenimiento sobre el monto de la indemnización, los daños se fijarán por peritos nombrados por ambas partes y los perjuicios, tomando como base el promedio del ingreso neto en los años anterior y posterior a la incautación. Los gastos del procedimiento pericial serán por cuenta de la nación.

En el caso de guerra internacional a que se refiere este artículo, la nación no estará obligada a cubrir indemnización alguna.

Evidentemente, el ejercicio del derecho de huelga que realizan los sindicatos no se coloca en ninguno de los supuestos que autorizan al Ejecutivo a intervenir una empresa.

La figura de la requisa no está pensada para atentar contra el legítimo derecho de ejercer la huelga; sin embargo, el Ejecutivo Federal la ha utilizado indebidamente para presionar a los sindicatos para que terminen con una huelga estallada, protegiendo de esa manera los intereses de las empresas involucradas. Aplicar la requisa contra las huelgas estalladas es sin lugar a dudas inconstitucional, pues una ley reglamentaria no puede limitar el ejercicio de un derecho que contempla nuestra Constitución.

La requisa se encuentra establecida en términos muy parecidos en las siguientes leyes: Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, Ley de Aviación Civil, Ley de Aeropuertos y Ley Federal de Telecomunicaciones.

El problema no radica en la existencia de la figura de la requisa, sino en como ha sido utilizada. Por tal motivo, la solución no debe ser derogar todas las disposiciones que la contemplen, sino buscar alternativas que impidan se aplique a la huelga. En consecuencia, consideramos pertinente adicionar a los artículos que contemplan la figura de la "requisa" un párrafo que establezca que ésta no podrá en ningún caso aplicarse a la huelga.

Por lo antes expuesto y fundado someto a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente

243, 244 y 245

«INICIATIVA DE DECRETO

Por la que se adiciona un último párrafo a los artículos 112 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, 56 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario; 86 de la Ley de Aviación Civil, 77 de la Ley de Aeropuertos y 66 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Artículo primero.
Se adiciona el artículo 112 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, para quedar como sigue:

"Artículo 112
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En ningún supuesto la requisa podrá ser aplicada en caso de huelga."

Artículo segundo.
Se adiciona un último párrafo al artículo 56 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, para quedar como sigue:

"Artículo 56
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En ningún supuesto la requisa podrá ser aplicada en caso de huelga."

Artículo tercero.
Se adiciona un último párrafo al artículo 86 de la Ley de Aviación Civil, para quedar como sigue:

"Artículo 83
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En ningún supuesto la requisa podrá ser aplicada en caso de huelga."

Artículo cuarto.
Se adiciona un último párrafo al artículo 77 de la Ley de Aeropuertos, para quedar como sigue:

"Artículo 77
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En ningún supuesto la requisa podrá ser aplicada en caso de huelga."
Artículo quinto. Se adiciona un último párrafo al artículo 66 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:

"Artículo 66
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En ningún supuesto la requisa podrá ser aplicada en caso de huelga."

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2000. Diputada Alejandra Barrales Magdaleno.»

Muchas gracias por su atención y hago entrega de esta iniciativa a los señores secretarios.

Gracias.

El Presidente:

Túrnese la iniciativa presentada a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.


JUVENTUD

El Presidente:

Tiene la palabra la diputada Olga Patricia Chozas y Chozas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa que reforma el numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Olga Patricia Chozas y Chozas:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Bernardo de la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas,Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su dictamen y posterior discusión en el pleno de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Comisión Especial de Asuntos de la Juventud fue creada durante la LVI Legislatura con el compromiso de todas las corrientes políticas representadas en esta Cámara de Diputados, para atender y dar cabida a la problemática que concierne a la juventud mexicana.

Esta comisión, que originalmente naciera como especial, y posteriormente fue cancelada en aras de una errónea política de simplificación legislativa, ahora requiere, para una adecuada atención y resolución de los problemas de tan amplio y productivo sector, su formación en comisión ordinaria. No sólo porque así lo estableciera el artículo 2o. del acuerdo adoptado en el pleno de esta Cámara el 21 de diciembre de 1994, por el que se creó, sino sobre todo, porque los jóvenes que el pasado 2 de julio depositaron sus anhelos y expectativas para la atención de sus problemas e inquietudes en todos nosotros, ellas y ellos nos confiaron como legisladores y sus representantes populares dicha responsabilidad, por lo que merecen ser escuchados.

Incumplirles no sólo demerita nuestro compromiso con la nación, sino además implica dejar de procurarles a ellos, como se hizo otrora con nosotros, los medios que requieren para su adecuado desarrollo.

Los jóvenes no somos ajenos a la problemática nacional, al contrario, somos parte de ella, mas no como un grupo vulnerable. Como lo demuestra el último censo de población, que registra que más de la mitad de la población mexicana está compuesta por jóvenes, de los cuales un gran segmento forma parte a su vez, de la población económicamente activa, por ende, merecemos una comisión legislativa que no debe rehuir esta legislatura por considerar que no merece atención especial.

Al confinar la Comisión de Asuntos de la Juventud y colocarla dentro de otro órgano parlamentario encargado de varios temas que son también de gran relevancia para el país, provocará sin duda la distracción de los esfuerzos legislativos hacia diversos asuntos, afectando por consiguiente la continuación de los logros obtenidos hasta el momento en materia de juventud.

Los legisladores cumpliremos con los jóvenes de nuestro país al fortalecer el trabajo desarrollado hasta ahora por la Comisión de Asuntos de la Juventud, la cual fue una de las más productivas en la pasada legislatura, tal y como lo demuestra la aprobación y entrada en vigor de una de las iniciativas más importantes para los jóvenes, aquélla por la que se creó el Instituto Mexicano de la Juventud, así como la que les permite una mayor participación en la vida política del país.

Paradójicamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos otorga la ciudadanía a los 18 años, sin embargo, no contamos con un órgano legislativo que estudie y dicte la normatividad que nos rige como jóvenes.

Tema aparte pero no por ello menos importante y que se encuentra ligada de manera estrecha a la juventud, es el del deporte. Nuestro país debe actualizarse y mantenerse a la vanguardia en el ámbito deportivo. El deporte en el ámbito mundial se ha desarrollado en todos los sentidos y es necesario estar a la altura del desarrollo deportivo, poder enfrentar los retos cada vez más exigentes del México de hoy, para que la enseñanza y práctica del deporte abarque a todos los ciudadanos.

La actividad deportiva en los diversos ámbitos y foros se ha ampliado con perseverancia, en parte debido a la importancia que representa su presencia en la población nacional y también a la evolución que su aparición entusiasta ha venido significando para el progreso del Estado.

Un análisis concienzudo de las condiciones de existencia de la juventud contemporánea, de la información que posee, de su desempeño en los diversos aspectos de la vida social, en los sindicatos, en las asociaciones rurales, en las comunidades indígenas, en los grupos culturales y en el deporte, permite concluir que podemos introducir como agenda permanente y definitiva de estudio ante este órgano legislativo el pensamiento y las inquietudes de nuestra juventud, acrecentándose con ello su papel y dimensión históricos que significan al país y a la toma decisiones que parten de su atención para la consecución adecuada de los fines del Estado.

Lo anterior no ha sido letra muerta para otros, sino que, ha propiciado que en el ámbito estatal o internacional sean varios los congresos y/o parlamentos que en concordancia con los compromisos de atender las necesidades de la población joven, cuentan ya con una Comisión de la Juventud o bien con una Comisión del Deporte, para dotar a sus representados de las condiciones jurídicas necesarias para concretar sus ideales.

Por ello, respetuosamente, los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, nos permitimos someter a esta Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, el presente

DECRETO

Por el que se reforma el numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo único.
Se reforma el numeral 2 del artículo 39, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

"Artículo 39
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. La Cámara de Diputados cuenta con comisiones ordinarias que se mantienen de legislatura a legislatura y son las siguientes:
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Asuntos de la Juventud y del Deporte;

III. Asuntos Indígenas;

IV. Atención a Grupos Vulnerables;

V. Comercio y Fomento Industrial;

VI. Comunicaciones y Transportes;

VII. Defensa Nacional;

VIII. Desarrollo Social y Vivienda;

IX. Educación Pública, Cultura y Ciencia y Tecnología;

X. Energía;

XI. Equidad y Género;

XII. Fomento Cooperativo y Economía Social;

XIII. Gobernación, Población y Seguridad Pública;

XIV. Hacienda y Crédito Público;

XV. Justicia y Derechos Humanos;

XVI. Marina;

XVII. Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca;

XVIII. Presupuesto y Cuenta Pública;

XIX. Puntos Constitucionales y Sistema Federal;

XX. Reforma Agraria;

XXI. Relaciones Exteriores;

XXII. Salud y Seguridad Social;

XXIII. Trabajo y Previsión Social y

XXIV. Turismo"

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. Las reformas del presente decreto entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 7 de septiembre de 2000. Diputados: Bernardo de la Garza Herrera, coordinador; Francisco Agundis Arias, vicecoordinador; José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado.

246, 247 y 248

El Presidente:

Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Practicas Parlamentarias.

Se concede el uso de la palabra para presentar una iniciativa, al diputado José Francisco Blake Mora, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa de reformas a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El diputado José Francisco Blake Mora (desde su curul):

Nada más para solicitarle, si es posible se incluya en el orden del día del próximo martes.

El Presidente:

Con mucho gusto, señor diputado; se retira del orden del día y se incluirá en la próxima sesión.

Gracias.

Proceda la Secretaría.


PRESTAR SERVICIOS EN
REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El secretario José Manuel Medellín Milán:

Se va a dar lectura a un oficio de la Secretaría de Gobernación para prestar servicios.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere el artículo 37, inciso c, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Miguel Angel Buchbeck García, chofer, Enriqueta Reyna Jones Barajas, secretaria, Embajada de Irlanda en México; Julia Alejandra Reséndiz del Castillo, secretaria, Sergio Rodríguez Contreras, chofer/mensajero, Embajada de la República de Sudáfrica en México; Diana Guadalupe Vargas Casillas, técnico en contabilidad; Fernando González González, operador de conmutador; Jorge Martín Becerril Mendoza, asistente de investigaciones en la oficina de seguridad diplomática, Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México; Jorge Jerónimo Avalos, asistente administrativo, Consulado de los Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán; Rubén Ramírez García, chofer en el departamento de servicios generales, Erika Patricia Salinas Rosales, empleada en el departamento de visas, Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Por lo anterior, me permito anexar copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y los escritos en que solicitan se realicen los trámites correspondientes.

Asimismo, comunico a ustedes que las personas que se mencionan a continuación solicitan la cancelación del permiso que les fuera concedido por el honorable Congreso de la Unión, para prestar sus servicios al gobierno estadounidense.

Héctor Manuel López Becerra, telefonista, Artemio San Martín Rebolloso, supervisor contable, Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México; Hugo Rodríguez Bressant, especialista en agricultura, Consulado de los Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas; Mario Alberto Cañamar Iracheta, empleado en la sección de visas de turistas, Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León; Eduardo Alberto Douglas, empleado administrativo, Consulado de los Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.

Agradezco a ustedes su atención a la presente reiterándoles las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 4 de septiembre de 2000.- Por acuerdo del Secretario. El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»

El Presidente:

Por lo que se refiere a la solicitud de permisos recibida, túrnese a la Comisión de Gobernación, Población y Seguridad Pública.

Y por lo que se refiere a los ciudadanos que han dejado de prestar servicios, túrnese a la Comisión de Gobernación, Población y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.



ASISTENCIA (II)

El secretario Bernardo Borbón Vilches:

Con su permiso señor Presidente:

Se informa a la Asamblea que a la hora del cierre de la lista del registro de asistencia, se encuentran 472 diputados presentes.


ESTADO DE ZACATECAS

El Presidente:

El siguiente punto del orden del día, para presentar proposiciones, se concede el uso de la palabra al diputado Silverio López Magallanes del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo respecto del fortalecimiento de la infraestructura carretera en el Estado de Zacatecas.

El diputado Silverio López Magallanes:

Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea:

Los mexicanos, invariablemente hemos expresado nuestra voluntad de ser una verdadera República Federal en la que cada uno de los estados que la integran tengan una vigorosa vida política y en la que se respeten las facultades que por definición corresponden.

En la actualidad nadie duda que el predominio de la Federación sobre los estados ha prevalecido, incluso por encima de las disposiciones constitucionales y legales.

La preeminencia de la Federación respecto de los estados que la conforman, ha generado graves desequilibrios e iniquidad respecto de los recursos, atribuciones y funciones de la primera en detrimento de los segundos.

Si bien los mexicanos nos hemos datado de leyes que definen a nuestro país como una República Federal, hoy a casi 200 años de habernos constituido como nación soberana, no hemos aún resuelto cabalmente el conflicto de intereses y atribuciones entre la Federación y los estados que la componen. Y en la práctica falta mucho por realizar para hacer de estas disposiciones una realidad.

Por ello consideramos que la Federación debe comprometer su esfuerzo en completar el aún inacabado proceso de descentralización de recursos y atribuciones para la realización de los fines comunes que definen al pacto federal y dotar a los estados de los elementos que le son indispensables para alcanzar su pleno desarrollo.

En este contexto los diputados federales del Estado de Zacatecas, integrantes del grupo parlamentario del PRI que suscribimos el presente punto de acuerdo y considerando que resulta importante considerar los avances en el federalismo destinando los recursos canalizados a los estados y municipios y a través de aportaciones, participaciones federales y convenios de centralización, que las vías de comunicación son condición ineludible para cerrar el círculo virtuoso de la productividad, creación de empleos y desarrollo económico; que el desarrollo de las comunicaciones que incluyen la conservación, modernización y ampliación de la infraestructura de transporte y comunicaciones contribuya a impulsar el crecimiento económico, la integración regional, el desarrollo social y el establecimiento de niveles adecuados de seguridad en el tránsito de bienes y personas.

Que Zacatecas es uno de los estados de la República cuyos índices de marginación son de las más pronunciados y que por ello requiere impulsar su desarrollo para insertarse armónicamente en el desarrollo nacional.

Que el gasto neto total aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2000 fue de 1 billón 195 mil 313 millones 400 mil pesos, en congruencia con la Ley de Ingresos de la Federación, en la que se establecieron mayores ingresos por 7 mil 494 millones 300 mil pesos, con respecto a la propuesta inicial del Ejecutivo; que estos ingresos adicionales de 7 mil 494 millones 300 mil pesos más el monto de las recaudaciones efectuadas por la Cámara de Diputados de 381 millones 900 mil pesos, generaron un monto adicional de 7 mil 876 millones 300 pesos.

Que las reasignaciones efectuadas por la Cámara de Diputados del orden de 15 mil 500 millones de pesos superan la suma de ingresos adicionales disponibles debido a lo cual el gasto de los ramos administrativos se debió de reducir en 4 mil 408 millones 700 mil pesos y en 3 mil 215 millones de pesos en organismos y empresas de control presupuestario directo.

Que al interior de los ramos administrativos, el ramo 9 de comunicaciones y transportes con una asignación original de 18 millones 568 mil pesos 80 centavos, se vió afectado con un recorte de 1 millón 476 mil pesos 20 centavos, el cual representó el 19.7% del total de ajuste realizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quedando con un monto de 17 millones 92 mil pesos 60 centavos.

Que el gasto delegacional cobertura estatal para el ramo 9 comunicaciones y transportes representa para la delegación de Zacatecas, una asignación de 269 millones 800 mil pesos.

Que las reasignaciones presupuestales afectaron dicho gasto, considerando que la unidad responsable 660 SCT Zacatecas, tuvo un recorte de 43 millones 100 mil pesos, modificándose de 312 a 269 millones 800 mil pesos.

Que aun cuando el recorte afectó a otros estados como los de Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chiapas, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo y Veracruz, se observa cierta desigualdad con respecto a otros estados, considerando que el centro SCT Michoacán con la más alta asignación de 1 mil 986 millones 200 mil pesos, presentó una modificación a la baja de tan sólo 5 millones de pesos.

Que la delegación del centro SCT Zacatecas con una participación de 2.6% en el total delegacional del ramo, está por debajo de los estados de Chiapas con un 5.7%, Chihuahua 2.8%, Guerrero 3%, Michoacán 19%, Nuevo León 7.0%, San Luis Potosí 2.8%, Sonora 3.3%, Tamaulipas 3.3% y Veracruz 7.2%, destacando la asignación presupuestal tan alta otorgada a los estados de Michoacán y Nuevo León, aun cuando los mismos no presentaron contingencias graves que afectaron el rubro de comunicaciones y transportes.

Que el destino o asignación de las erogaciones adicionales que se generen como resultado de excedentes de ingresos, se encuentran prácticamente etiquetados, según lo establece el artículo 35 del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Que los diputados federales de Zacatecas, integrantes del grupo parlamentario del PRI como representantes populares, hemos asumido el compromiso con nuestros representados, de realizar todas las gestiones que sean necesarias para conseguir que sus demandas y necesidades sean resueltas y que en nuestra plataforma electoral asumimos el compromiso de promover la revisión de los procesos de presupuestación, asignación, ejercicio, control y evaluación de los recursos públicos, para garantizar eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los fines, objetivos y metas del quehacer gubernamental.

Que Zacatecas requiere recursos suficientes para la construcción de las carreteras Rancho Grande-Límites con el Estado de Durango, Las Sarcinas con el Estado de Aguascalientes; y para los tramos Villanueva-Joaquín Amaro,Mezquital del Oro-El Malacate, Tlaltenango-Jalpa, Francisco R. Murguía, Mazapil, Concepción del Oro-El Salvador y Villa de Coss-Cañitas de Felipe Pescador.

249, 250 y 251

Que por disposición del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación.

«Por lo expuesto y con fundamento en lo que establece el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, los diputados federales de Zacatecas, integrantes del grupo parlamento del Partido Revolucionario Institucional, sometemos a consideración de esta soberanía, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Solicitar respetuosamente a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y a la de Puntos Constitucionales y Sistema Federal, que en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente al año 2001, se consideren recursos suficientes para ampliar la infraestructura carretera de Zacatecas y se reivindiquen los fundamentos federalistas de nuestra Carta Magna, para fortalecer las condiciones de equidad en las asignaciones presupuestales de la Federación hacia los estados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2000. Diputados: Josefina Hinojosa Herrera, Víctor Infante González, Oscar del Real Muñoz, Juan Antonio García Leyva y Jorge Luis García Vera.»

Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo que presentan los diputados federales del Estado de Zacatecas, integrantes del grupo parlamentario del PRI, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal del año 2001, se consideren recursos suficientes para ampliar la infraestructura carretera de Zacatecas y se reivindiquen los fundamentos federalistas de nuestra Carta Magna para fortalecer la equidad en las asignaciones presupuestales de la Federación hacia los estados.

Ciudadano diputado Ricardo García Cervantes, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Honorable Asamblea: los mexicanos, invariablemente hemos expresado nuestra voluntad de ser una verdadera República Federal, en la que cada uno de los estados que la integran tenga una vigorosa vida política y en la que se respeten las facultades que por definición deben corresponderles.

En la actualidad, nadie duda que el predominio de la Federación sobre los estados ha prevalecido incluso por encima de las disposiciones constitucionales y legales. La preeminencia de la Federación respecto de los estados que la conforman, ha generado graves desequilibrios e iniquidad respecto de los recursos, atribuciones y funciones de la primera en detrimento de los segundos.

Si bien los mexicanos nos hemos dotado de leyes que definen a nuestro país como una República Federal, hoy, a casi 200 años de habernos constituido como nación soberana, no hemos aún resuelto cabalmente el conflicto de intereses y atribuciones entre la Federación y los estados que la componen y en la práctica falta mucho por realizar para hacer de estas disposiciones una realidad. Por ello, consideramos que la Federación debe comprometer su esfuerzo en completar el aún inacabado proceso de descentralización de recursos y atribuciones para la realización de los fines comunes que definen al pacto federal y dotar a los estados de los elementos que les son indispensables para alcanzar su pleno desarrollo.

En este contexto, los diputados federales del Estado de Zacatecas, integrantes del grupo parlamentario del PRI que suscribimos el presente punto de acuerdo y

CONSIDERANDO

Que resulta importante consolidar los avances en el federalismo, destinando los recursos canalizados a estados y municipios, a través de aportaciones, participaciones federales y convenios de descentralización.

Que las vías de comunicación son condición ineludible para cerrar el círculo virtuoso de la productividad, creación de empleos y desarrollo económico.

Que el desarrollo de las comunicaciones, que incluye la conservación, modernización y ampliación de la infraestructura de transporte y comunicaciones contribuye a impulsar el crecimiento económico, la integración regional, el desarrollo social y el establecimiento de niveles adecuados de seguridad en el tránsito de bienes y personas.

Que Zacatecas es uno de los estados de la República, cuyos índices de marginación son de los más pronunciados y que por ello requiere impulsar su desarrollo para insertarse armónicamente al desarrollo nacional.

Que el gasto neto total aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2000 fue de 1 billón 195 mil 313 millones 400 mil pesos, en congruencia con la Ley de Ingresos de la Federación, en la que se establecieron mayores ingresos, por 7 mil 494 millones 300 mil pesos, con respecto a la propuesta inicial del Ejecutivo.

Que estos ingresos adicionales de 7 mil 494 millones 300 mil pesos más el monto de las reducciones efectuadas por la Cámara de Diputados de 381 millones 900 mil pesos, generaron un monto adicional de 7 mil 876 millones 300 mil pesos.

Que las reasignaciones efectuadas por la Cámara de Diputados, del orden de 15 mil 500 millones de pesos, superaron la suma de ingresos adicionales disponibles, debido a lo cual el gasto de los ramos administrativos se debió reducir en 4 mil 408 millones 700 mil pesos y en 3 mil 215 millones de pesos en organismos y empresas de control presupuestario directo.

Que al interior de los ramos administrativos, el ramo 9 comunicaciones y transportes, con una asignación original de 18 mil 568 millones 800 mil pesos, se vió afectado con un recorte de 1 mil 476 millones 200 mil pesos, el cual representó el 19.7% del total del ajuste realizado por la SHCP, quedando con un monto de 17 mil 92 millones 600 mil pesos.

Que el gasto delegacional con cobertura estatal, para el ramo 9 comunicaciones y transportes, presenta para la delegación en Zacatecas una asignación de 269 millones 800 mil pesos.

Que las reasignaciones presupuestales afectaron dicho gasto, considerando que la unidad responsable 660 centro de SCT Zacatecas, tuvo un recorte de 43 millones 100 mil pesos, modificándose de 312 millones 800 mil a 269 millones 800 mil pesos.

Que aun cuando dicho recorte afectó a otros estados como los de: Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chiapas, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo y Veracruz, se observa cierta desigualdad con respecto a otros estados, considerando que el centro SCT Michoacán, con la más alta asignación, de 1 mil 986 millones 200 mil pesos, presentó una modificación a la baja de tan sólo 5 millones de pesos.

Que la delegación o centro SCT Zacatecas, con una participación del 2.6% en el total delegacional del ramo (10 mil 449 millones 200 mil pesos), está por debajo de los estados de Chiapas (5.7%), Chihuahua (2.8%), Guerrero (3.0%), Michoacán (19.0%), Nuevo León (7.0%), San Luis Potosí (2.8%), Sonora (3.3%), Tamaulipas (3.3%) y Veracruz (7.2%); destacando la asignación presupuestal tan alta otorgada a los estados de Michoacán y Nuevo León, aun cuando los mismos no presentaron contingencias graves que afectaran el rubro de comunicaciones y transportes.

Que el destino o asignación de las erogaciones adicionales que se generen como resultado de excedentes de ingresos se encuentran prácticamente etiquetadas, según lo establece el artículo 35 del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Que los diputados federales de Zacatecas, integrantes del grupo parlamentario del PRI, como representantes populares, hemos asumido el compromiso con nuestros representados, de realizar todas las gestiones que sean necesarias para conseguir que sus demandas y necesidades sean resueltas y que en nuestra plataforma electoral asumimos el compromiso de "promover la revisión de los procesos de presupuestación, asignación, ejercicio, control y evaluación de los recursos públicos, para garantizar eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los fines, objetivos y metas del quehacer gubernamental".

Que Zacatecas requiere recursos suficientes para la construcción de las carreteras Rancho Grande-límites con el Estado de Durango, Las Arcinas-límites con el Estado de Aguascalientes y para los tramos Villanueva-Joaquín Amaro, Mezquital del Oro-El Malacate, Tlaltenango-Jalpa, Francisco R. Murguía-Mazapil, Concepción del Oro-El Salvador y Villa de Cos-Cañitas de Felipe Pescador.

Que por disposición del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por lo expuesto y con fundamento en lo que establece el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, los diputados federales de Zacatecas, integrantes del grupo parlamentario del PRI, sometemos a consideración de esta soberanía, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Solicitar respetuosamente a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y a la de Puntos Constitucionales y Sistema Federal que en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente al año 2001, se consideren recursos suficientes para ampliar la infraestructura carretera de Zacatecas y se reivindiquen los fundamentos federalistas de nuestra Carta Magna, para fortalecer las condiciones de equidad en las asignaciones presupuestales de la Federación hacia los estados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 5 de septiembre de 2000. Diputados federales de Zacatecas, integrantes del grupo parlamentario del PRI: Josefina Hinojosa Herrera, Víctor Roberto Infante González, Oscar del Real, Silverio López Magallanes, Juan Antonio García Leyva y José Luis García Vera.»

El Presidente:

Gracias, señor diputado.

Se obsequia el pedimento y se turna el punto de acuerdo a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Puntos Constitucionales y Sistema Federal.


Tiene la palabra para referirse a este asunto, por cinco minutos, el diputado Tomás Torres Mercado.

El diputado Tomás Torres Mercado:

Con su permiso, señor Presidente; con el permiso de las señoras diputadas y de los señores diputados miembros de esta LVIII Legislatura al Congreso General:

Yo creo que a nadie le queda duda de que la jornada electoral del 2 de julio pasado, el reconocimiento de sus resultados, el arribo a la Presidencia de la República de un candidato que no pertenecía al partido político que se encontraba en el poder, es de suyo un acto democrático.

Los posicionamientos de las diversas fracciones parlamentarias ante esta Asamblea, han quedado claras en el sentido de que este cruce histórico-político, de que en este cruce histórico-social, deben anteponerse valores fundamentales por sobre aquellos que permeen en los intereses partidarios o de grupo.

El reconocimiento y el planteamiento por parte de la fracción parlamentaria del PRI sumándose, haciendo suya la lucha federalista del gobernador de Zacatecas y de 57 presidentes municipales en los días recientes, haciendo patente el compromiso del Gobierno Federal, no solamente en términos de discurso, sino de la inclusión en el programa operativo anual para el ejercicio 1998-1999 de estos tramos carreteros que constituyen un mínimo cumplimiento en el compromiso del marco federal para lograr equidad de las entidades que han dado parte de su presencia a la composición de lo que es la Federación.

Recientemente se dio cuenta por parte del secretario del ramo, que había sido la Cámara de Diputados la que reasignó y decantó su responsabilidad de asumir con el compromiso, insisto, no sólo de discurso, sino de inclusión en el programa para el ejercicio del año próximo pasado y del presente.

La responsabilidad de los diputados zacatecanos no se contrae sólo a los reclamos de la entidad propia, sino a todos los de la nación. Es una oportunidad extraordinaria para revisar, para replantear las variables que se toman en cuenta para la asignación de las participaciones federales.

252, 253 y 254

El último censo informa que Zacatecas ha decrecido en un 2% en su población, variable que es básica para la asignación de los recursos. Sin embargo, dentro de la fórmula y del esquema vigente, no se hace hincapié a la dispersión de sus poblaciones, de sus habitantes en el asentamiento geográfico.

Queda pues claro que en el contexto de la composición de esta Asamblea, del replanteamiento del federalismo en este país, es preciso revisar la situación que permea con relación al tratamiento de las entidades federativas.

No sería la oportunidad para considerar los esquemas de coordinación fiscal, el tratamiento a las entidades más pobres de este país que reclaman, para inscribirse en el concierto de desarrollo nacional, un tratamiento contingente.

Debo expresar a la Asamblea que el punto de acuerdo planteado por quien me ha precedido en el uso de la voz y que ya lo hizo un senador al seno de ese órgano que forma parte del Congreso General, ha ratificado lo que es preciso en términos de la política de hoy día. Me parece que sería también subrayar los postulados de un federalista zacatecano que participó en el siglo antepasado en el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, de Francisco García Salinas o de Valentín Gómez Farías, que estuvo incorporado en aquel gobierno; que dieron lucha y antepusieron el sentimiento de la Federación por sobre el concepto del centralismo que dominaba y que pretendía hacer norma fundamental Antonio López de Santa Anna, en la Constitución de 1837.

Nuestro reconocimiento, asumiendo una actitud responsable, partidaria por la voz de quien habla, para que sean posibles esos aspectos mínimos que nos acerquen a la posibilidad, insisto, de sumarlos al concierto nacional, si no no habrá preocupación; en unos años más, las asignaciones por concepto de participación federal, se irán disminuyendo como su población hasta este momento, en más de un 100% fuera de la entidad.

Muchas gracias por su atención; gracias, señor Presidente.

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Emilio Goicoechea, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

El diputado Emilio Rafael José Goicoechea
Luna:

Honorable Asamblea; amigas, amigos diputados:

Aquí se ha presentado un punto de acuerdo en relación a una obra pública que fue sacada del programa de construcción carretero para este año, localizado en Zacatecas y que ha generado en días recientes una polémica nacional encabezada por el señor gobernador de ese Estado.

Yo quisiera en esta ocasión hacer una reflexión sobre la génesis y el antecedente de ese suceso, importante reflexionar sobre él para la salud de la República y del federalismo.

Este hecho no debe simplemente, a través de este acuerdo, solucionarlo con el próximo presupuesto del 2001, porque condiciones y características de los hechos y decisiones que generaron este conflicto todavía no están resueltos y debemos profundizar mucho más e incluso el poder también solicitar una ampliación a este punto de acuerdo para poder hacer justicia no solamente al Estado de Zacatecas, sino a otros estados que corrieron prácticamente con la misma suerte. La génesis de este conflicto se dio, como aquí se ha dicho, con la aprobación del Presupuesto de Egresos que funciona para este año.

En un casi berrinche del titular del Ejecutivo y del ramo, en el mes de enero, a principios de enero, esta Cámara, habiéndole solicitado al Ejecutivo su programa de los recortes aquí aprobados, se anunció a principios de enero el recorte en el gasto de inversión en algunas carreteras y curiosamente las primeras que se anuncian son carreteras del gobierno de los estados de la oposición; particularmente en la otra Cámara de Senadores en la legislatura pasada, que me tocó participar ayudando al Estado de Nuevo León, me tocó estar impulsando la Carretera Colombia, que entronca con la Autopista Nuevo Laredo-Monterrey y ésta fue la primera que se suspende, nos lo avisan en el mes de enero, cuando tenía el Ejecutivo 60 días para presentar a esta Cámara su programa de recorte presupuestal y los primeros recortes que se dan son a los gobiernos de los estados de la oposición y se arranca con Acción Nacional y después con el PRD.

Particularmente hice las gestiones ante las autoridades, al Secretario de Comunicaciones y Transportes y al subsecretario y la respuesta es ésta que les doy a ustedes: "ustedes tienen la culpa; vean la forma como han manejado esto". En otras palabras tienen, nos dijeron, que probar parte de la medicina que habíamos propinado a través de esta Cámara.

Por eso considero injusto el alcance que debe tener este punto de acuerdo, porque al igual que los tramos carreteros de Zacatecas, están otros en igualdad de circunstancias. La propuesta concreta de ampliación es revisar ese recorte, priorizarlo, incorporarlo como prioridad en el 2001, porque solamente así podremos hacer justicia a aquellos estados que han quedado y han visto truncado su programa de desarrollo carretero.

Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, señor diputado.


LEY DEL REGISTRO NACIONAL
DE VEHICULOS

El Presidente:

Para presentar un punto de acuerdo sobre el registro vehicular, se concede el uso de la palabra al diputado Héctor González Reza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por 10 minutos.

El diputado Héctor González Reza:

Señor Presidente; señoras y señores diputados:

Uno de los delitos cuya comisión ha venido aumentando desmesuradamente en nuestro país es el robo de vehículos y su supuesta regularización. Tan sólo en los últimos dos años y medio, según cifras oficiales, han sido robados más de 390 mil vehículos y recordemos que nuestro país cuenta con un parque vehicular muy superior a los 10 millones de unidades y que hasta ahora no se cuenta con un registro válido que sirva para brindar seguridad jurídica a los poseedores y adquirentes. Se debe contar con una base de datos real y segura para todo el territorio nacional.

Los diputados del PAN sostenemos como condición necesaria que sea confiable; que se mantenga permanentemente actualizado y que sea operado bajo el esquema más conveniente para los poseedores de vehículos; para los adquirentes y el pueblo contribuyente al cual representamos.

Para los panistas es prioritario resolver el problema de la inseguridad en la posesión y de la falsificación de documentos que sin duda favorece al mercado de vehículos robados.

Por eso expresamos la necesidad de un registro moderno y confiable que brinde certidumbre jurídica a los legítimos propietarios y que se mantenga con estricta confidencialidad; que sólo pueda ser consultado por las autoridades. De esa manera el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional está de acuerdo en la resolución que semanas atrás emitió la entonces Comisión Permanente de esta Cámara de Diputados y que propone revisar la ley que creó este instrumento, en particular en los puntos relativos al cobro de inscripción al Renave y a la posible supresión de su concesionamiento a particulares.

Por la trascendencia de estos hechos y por la necesidad impostergable de contar con un registro válido, seguro en su información y en virtud de que su implementación se ha visto severamente afectada tanto por graves acusaciones a uno de sus principales concesionarios como por los trágicos y lamentables acontecimientos de hace algunas horas, creo que este asunto ha llegado demasiado lejos y debemos hacer un alto para revisarlo con objetividad, con serenidad y con profesionalismo.

Hoy una vida, cuya pérdida lamentamos y que debe investigarse, algo debe de decirnos, respecto de la responsabilidad con que todos: políticos, ciudadanos, gobernantes y opinión pública, debemos conducirnos en los asuntos públicos.

Por todos estos sucesos, es urgente una explicación que aclare y profundice sobre la situación que guarda el propio registro, la aplicación de la ley correspondiente y las condiciones en el título de concesión.

«Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, es que se somete a la consideración de esta Asamblea el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se sirva citar al señor secretario de Comercio y Fomento Industrial, doctor Herminio Blanco Mendoza, ante esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a que dé una explicación de la aplicación de la Ley del Registro Nacional de Vehículos, de su operación y del funcionamiento.

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Ciudad de México, a 7 de septiembre del año 2000.

Diputados: Jesús Mario Garza, Hugo Camacho Galván, Carlos Villegas, Moisés Alcalde, Sergio García Sepúlveda, José Bañales Castro y el de la voz, Héctor González Reza.»

Muchas gracias.

«Punto de acuerdo relativo a la solicitud para que comparezca a esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el secretario de Comercio, licenciado Herminio Blanco.

Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; compañeras y compañeros diputados:

Los abajo firmantes diputados federales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LVIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea los hechos que a continuación se narran y el punto de acuerdo que se indican.

Para los diputados de Acción Nacional la eficacia de un estado de derecho en la vida de México, son particularmente responsables las autoridades derivadas del poder público. El anhelo de una recta, ordenada y generosa administración y función pública, es sin duda un imperativo en la armonía social.

ANTECEDENTES

Ante el crecimiento del parque vehicular en nuestro país, que asciende aproximadamente a 14 millones de unidades y de los cuales no se existía dado un marco legal que estableciera la constitución de un registro nacional de los mismos.

En efecto, en el país operan varios padrones vehiculares estatales, cuyos datos integraba una base de datos nacional. No obstante ello, estos sistemas se sabe que en su conjunto adolecen de la grave deficiencia de no poder consultar información de los mismos en un solo padrón a la vez. Por otra parte, el objetivo primordial de cada uno de ellos sólo sirvió para propósitos fiscales.

En este sentido, se dio origen recientemente a la Ley del Registro Nacional de Vehículos, mejor conocida como la Ley del Renave. Dicho marco jurídico nace con el fin de establecer un sistema nacional de información cuyo objetivo primordial es la de garantizar la protección de los derechos de propiedad vehicular.

Dicho Renave nace por la necesidad de dar solución a los problemas que ha generado la carencia de un Registro Federal de Vehículos. Por ejemplo afecta gravemente la seguridad de las personas que conducen sus vehículos siendo objeto de asaltos que ocurren todos los días en cualquier parte del territorio nacional y sin que en ningún momento se cuente con un insumo de la situación de dichos vehículos, que permitan allanar su localización.

Mas aún este problema es grave, cuando es realizado por el crimen organizado, ya que la comercialización ilegal de automóviles robados es, después del narcotráfico, el segundo delito más lucrativo y que más se presenta en las encuestas delictivas.

El espíritu de contar con un registro de esta naturaleza, parte de la idea de tener un instrumento de control que permita saber en todo tiempo los datos más importantes de cada automotor, desde su origen y durante su existencia. Asimismo, para que las personas dedicadas al comercio y aseguramiento de vehículos deban presentar avisos sobre las diversas transacciones realizadas respecto de estos últimos. Un insumo que sirva como un gran banco de datos de información encaminado a ser un instrumento para un estrecho intercambio de información en relación con el robo y recuperación de vehículos.

255, 256 y 257

En síntesis con el Renave, surge con la idea de otorgar certeza y seguridad a las operaciones relacionadas con automotores, que coadyuvara eficazmente a un control integral del parque vehícular, en beneficio de la ciudadanía, a mejorar el control fiscal sobre vehículos y a combatir el robo de vehículos en el territorio nacional.

Que en la ley respectiva se establece que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial como dependencia del Ejecutivo Federal, sea la responsable de la operación del Renave.

Es el caso, que la creación de dicho registro en la práctica, ha representado por algunas circunstancias una gran inconformidad por parte de la sociedad. Lo que obviamente motiva un análisis al respecto, que el Congreso en su momento asumirá.

Aunado a lo anterior, es lamentable y reprochable la noticia que a la luz pública se ha dado a conocer, en cuanto a la muerte del subsecretario de Comercio y Fomento Industrial, por lo que en este sentido es indispensable que comparezca el Secretario de Comercio y Fomento Industrial, licenciado Herminio Blanco, ante esta representación nacional.

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, es que se somete a la consideración de esta Asamblea el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se sirva citar a comparecer al ciudadano secretario de Comercio y Fomento Industrial, licenciado Herminio Blanco, ante esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que dé explicación de la aplicación de la Ley del Registro Nacional de Vehículos, de la operación y funcionamiento del Renave, así como del proceso de licitación.

Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D. F., a 6 de septiembre de 2000. Diputados: Héctor González Reza, Jesús Mario Garza G., Hugo Camacho Galván, Carlos Villegas, Sergio García Sepúlveda, José Bañales Castro y Moisés Alcalde Virgen.»

Presidencia del diputado
Eloy Cantú Segovia

El Presidente:

Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Tiene la palabra la diputada Miroslava García Suárez, del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada María Miroslava García Suárez:

Buenas tardes señoras y señores diputados:

Solicito atentamente al Presidente de la mesa directiva de la Cámara que instruya al señor Secretario para dar lectura a una serie de notas informativas que son de interés público y nacional.

El Presidente:

Señor diputado Secretario, proceda.

El secretario Bernardo Borbón Vilches:

Día 7 de septiembre de 2000; Televisión Azteca, canal 13, noticiario Hechos, conductor Ramón Fregoso, reportera Mary Cruz Rivera, 8:24 horas. Elementos de la Policía Judicial del Estado de México encontraron el cuerpo sin vida de Raúl Miguel Ramos Tercero, quien se desempeñaba como subsecretario de Normatividad y Servicios a la Industria y el Comercio Exterior de la Secofi.

El cuerpo del funcionario ya fue trasladado al servicio médico forense. El cuerpo sin vida lo encontraron a la altura de La Marquesa en el Valle del Conejo.

El todavía se encontraba a bordo de un automóvil Cirrus, color gris. En el interior del vehículo se encontraba un cuchillo, al parecer, según las primeras investigaciones de la Policía Judicial, se trata de un suicidio.

Según los primeros informes, el cuchillo fue la única arma que encontraron en el carro. No se informó si venía solo, pero su supone que el Cirrus era su automóvil.

Televisa, canal 2, noticiario Primeras Noticias, conductor Jorge Berry, reportero Eduardo Salazar. Ayer, a las 20:30 horas, en un lugar que se le conoce como Valle del Conejo, el señor Raúl Ramos Tercero se encontraba como a 50 metros de un automóvil marca Cirrus, gris, placa 120KEZ. Esta persona presentaba una herida en el cuello y en la mano un cutter, que es una especie de navaja para cortar papel. La herida del cuello era profunda y sangraba abundantemente. El caso es que cuando llegaron los servicios de emergencia esta persona ya había fallecido. El subsecretario de Comercio, Raúl Ramos Tercero.

Esto ocurrió entre La Marquesa y la carretera que va a Tenango del Valle. En este momento se encuentra en el servicio médico forense de la ciudad de Toluca, en el Estado de México.

Estación de Radio Red 88.1 FM, noticiario Monitor, conductor José Gutiérrez Vivó, 8:50 horas. El servicio médico forense confirmó la muerte de Raúl Ramos Tercero, subsecretario de Comercio. Aún no se confirma si fue por suicidio, por homicidio o por asalto.

Sin pretender espectacular, brinca a la mente que él tenía, como una de sus responsabilidades, el tema Renave y por ello que surge esta conexión de temas.

Estación Radio Acir, 1260 AM. Noticiario Panorama, Detrás de la Noticia, conductor, Ricardo Rocha. Reportero Carlos Loret de Mola...

Presidencia del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes
El diputado Amador Rodríguez Lozano
(desde su curul):

¡Señor Presidente!

El Presidente:

Diputado Secretario, un segundo.

Señor diputado Amador Rodríguez Lozano.

El diputado Amador Rodríguez Lozano
(desde su curul):

Señor Presidente: la solicitud que se hace a la Presidencia de leer documentos tiene como propósito ilustrar un debate y normalmente se trata de carácter oficial. Entonces yo impugno en estos momentos esta lectura porque trata de noticias actuales y no tiene nada qué ver con el debate.

El Presidente:

Señor diputado: efectivamente, la solicitud comúnmente es para que se lea un texto de ley u oficial, cuya precisión demanda de la lectura y éste es un documento que también esta Presidencia considera típico.

Por lo tanto, se le ruega respetuosamente a la diputada Miroslava García Suárez si tiene a bien dejar la lectura, a efecto de que pueda usted proceder con su intervención, dado que ya nada más le quedan un poco menos de tres minutos.

La diputada María Miroslava García Suárez:

Bueno, quiero aclarar...

El diputado Uuc-Kib Espadas Ancona
(desde su curul):

¡Señor Presidente!

El Presidente:

Sí, diputado Espadas Ancona. Si puede el personal de apoyo parlamentario proporcionarle un micrófono, por favor.

El diputado Uuc-Kib Espadas Ancona
(desde su curul):

Independientemente de que la petición de lectura de documentos se utilicen generalmente para la lectura de documentos oficiales, el Reglamento no señala ninguna distinción en este sentido, indicando que precisamente cualquier tipo de documento tiene que ser turnado a la Presidencia para que se le dé lectura y no impone ninguna taxativa en cuanto al tipo de documento al que se refiere.

Presidencia del diputado
Eloy Cantú Segovia
El Presidente:

Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Tiene la palabra la diputada Miroslava García Suárez, del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada María Miroslava García Suárez:

Buenas tardes señoras y señores diputados:

Solicito atentamente al Presidente de la mesa directiva de la Cámara que instruya al señor Secretario para dar lectura a una serie de notas informativas que son de interés público y nacional.

El Presidente:

Señor diputado Secretario, proceda.

El secretario Bernardo Borbón Vilches:

Día 7 de septiembre de 2000; Televisión Azteca, canal 13, noticiario Hechos, conductor Ramón Fregoso, reportera Mary Cruz Rivera, 8:24 horas. Elementos de la Policía Judicial del Estado de México encontraron el cuerpo sin vida de Raúl Miguel Ramos Tercero, quien se desempeñaba como subsecretario de Normatividad y Servicios a la Industria y el Comercio Exterior de la Secofi.

El cuerpo del funcionario ya fue trasladado al servicio médico forense. El cuerpo sin vida lo encontraron a la altura de La Marquesa en el Valle del Conejo.

El todavía se encontraba a bordo de un automóvil Cirrus, color gris. En el interior del vehículo se encontraba un cuchillo, al parecer, según las primeras investigaciones de la Policía Judicial, se trata de un suicidio.

Según los primeros informes, el cuchillo fue la única arma que encontraron en el carro. No se informó si venía solo, pero su supone que el Cirrus era su automóvil.

Televisa, canal 2, noticiario Primeras Noticias, conductor Jorge Berry, reportero Eduardo Salazar. Ayer, a las 20:30 horas, en un lugar que se le conoce como Valle del Conejo, el señor Raúl Ramos Tercero se encontraba como a 50 metros de un automóvil marca Cirrus, gris, placa 120KEZ. Esta persona presentaba una herida en el cuello y en la mano un cutter, que es una especie de navaja para cortar papel. La herida del cuello era profunda y sangraba abundantemente. El caso es que cuando llegaron los servicios de emergencia esta persona ya había fallecido. El subsecretario de Comercio, Raúl Ramos Tercero.

Esto ocurrió entre La Marquesa y la carretera que va a Tenango del Valle. En este momento se encuentra en el servicio médico forense de la ciudad de Toluca, en el Estado de México.

Estación de Radio Red 88.1 FM, noticiario Monitor, conductor José Gutiérrez Vivó, 8:50 horas. El servicio médico forense confirmó la muerte de Raúl Ramos Tercero, subsecretario de Comercio. Aún no se confirma si fue por suicidio, por homicidio o por asalto.

Sin pretender espectacular, brinca a la mente que él tenía, como una de sus responsabilidades, el tema Renave y por ello que surge esta conexión de temas.

Estación Radio Acir, 1260 AM. Noticiario Panorama, Detrás de la Noticia, conductor, Ricardo Rocha. Reportero Carlos Loret de Mola...

Presidencia del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes
El diputado Amador Rodríguez Lozano
(desde su curul):

¡Señor Presidente!

El Presidente:

Diputado Secretario, un segundo.

Señor diputado Amador Rodríguez Lozano.

El diputado Amador Rodríguez Lozano
(desde su curul):

Señor Presidente: la solicitud que se hace a la Presidencia de leer documentos tiene como propósito ilustrar un debate y normalmente se trata de carácter oficial. Entonces yo impugno en estos momentos esta lectura porque trata de noticias actuales y no tiene nada qué ver con el debate.

El Presidente:

Señor diputado: efectivamente, la solicitud comúnmente es para que se lea un texto de ley u oficial, cuya precisión demanda de la lectura y éste es un documento que también esta Presidencia considera típico.

Por lo tanto, se le ruega respetuosamente a la diputada Miroslava García Suárez si tiene a bien dejar la lectura, a efecto de que pueda usted proceder con su intervención, dado que ya nada más le quedan un poco menos de tres minutos.

La diputada María Miroslava García Suárez:

Bueno, quiero aclarar...

El diputado Uuc-Kib Espadas Ancona
(desde su curul):

¡Señor Presidente!

El Presidente:

Sí, diputado Espadas Ancona. Si puede el personal de apoyo parlamentario proporcionarle un micrófono, por favor.

El diputado Uuc-Kib Espadas Ancona
(desde su curul):

Independientemente de que la petición de lectura de documentos se utilicen generalmente para la lectura de documentos oficiales, el Reglamento no señala ninguna distinción en este sentido, indicando que precisamente cualquier tipo de documento tiene que ser turnado a la Presidencia para que se le dé lectura y no impone ninguna taxativa en cuanto al tipo de documento al que se refiere

El Presidente:

Compañero diputado: si nos permite, en una sesión futura presentaremos la mesa directiva una propuesta de criterio para normar la Asamblea en la solicitud de lectura de documentos.

En esta ocasión, tomando el pedimento que hizo el Presidente en la voz del diputado Eloy Cantú, a la oradora, la diputada Miroslava García Suárez, si podíamos obviar esta lectura y ella continuar con su intervención. Son de alguna forma hechos conocidos, están de alguna forma al alcance de todos los miembros de la Cámara en la síntesis de prensa y si la señorita diputada en uso de la palabra quiere continuar con su exposición, se lo vamos a agradecer.

La diputada María Miroslava García Suárez:

Voy a iniciar mi exposición, por lo cual tengo cinco minutos al igual que todos los diputados.

El Presidente:

Reponemos el tiempo, por favor.

La diputada María Miroslava García Suárez:

Bien. ¿Por qué hice la solicitud de que se diera lectura a esta serie de notas periodísticas? Porque en ellas mismas hay profundas contradicciones de los hechos del lamentable suceso que ocurrió al quitarle la vida al señor subsecretario.

Nosotros no sabemos si realmente fue un suicidio, no sabemos, ¿qué fuerzas oscuras están ejerciendo presiones de tal naturaleza que, en caso dado, hayan llevado al señor subsecretario Ramos Tercero a quitarse la vida?, que es lo más preciado que cualquier ser humano tiene.

Podemos pensar muchas cosas derivadas de este hecho lamentable. ¿Qué es lo que está pasando realmente? ¿Qué fuerzas oscuras se están moviendo y presionando a estas cámaras para que se le dé continuidad al Renave? ¿A este registro nacional que desde un inicio fue seriamente cuestionado por los ciudadanos de México? Un registro que no contó con el apoyo de la población. Un registro que en forma inconstitucional se le dio la concesión a una empresa que, además, carece totalmente de autoridad moral para llevar consigo el registro de la propiedad de millones de vehículos de propietarios de este país.

¿Qué es lo que está pasando? Y yo quiero decirles, a nombre del Partido de la Revolución Democrática, que además de que Herminio Blanco venga a comparecer ante esta Cámara, se debe investigar a fondo el hecho ocurrido del día de ayer y tiene que ser en forma directa la Procuraduría General de la República. No puede ser un caso menor, no puede ser que únicamente la Procuraduría de Justicia del Estado de México se haga cargo del caso.

Tenemos el deceso de un funcionario, de un alto funcionario de este país, relacionado con el caso del Renave.

Aparentemente en las cartas que él dejó póstumas al tomar esta decisión de quitarse la vida, argumenta que ya no podía más con las presiones y entonces nos preguntamos: ¿Quién lo está presionando? ¿Qué es lo que se mueve atrás de todo esto?

Y sí tiene qué ver, aunque aquí algún diputado dijo que no, la lectura de las noticias que pedí al señor Secretario, por el gran número de contradicciones que hay, aun cuando todavía no tenemos información veraz y formal de las procuradurías de Justicia.

Yo quiero recordar, también, que tenemos el caso del señor Cavallo y que es muy necesario que el señor Herminio Blanco venga a comparecer y a explicar por qué la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial no se dio cuenta cuando el señor Cavallo entregó su curriculum, de que él participó de 1968 a 1990 en los cuerpos armados de Argentina, en un periodo oscuro de ese país, donde prevaleció la represión, donde prevaleció la tortura y los desaparecidos políticos.

¡Claro que tiene qué ver y cada vez más las diputadas y diputados del PRD nos damos cuenta que el caso del Renave va en contra de los intereses del pueblo de México!

Y desde esta tribuna sostengo la propuesta de iniciativa de ley que el martes pasado presenté frente a ustedes, para que sea abrogado el Renave, para que sean restituidos en sus derechos los ciudadanos que pagaron de buena fe este impuesto disfrazado y para que de una vez por todas exhorto a las diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios tengamos en cuenta los intereses del país y respetemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

258, 259 y 260

 

                       

En la exposición de motivos del martes pasado argumenté ampliamente por qué es inconstitucional. Yo le quiero pedir particularmente a los señores de Acción Nacional, que le den una lectura a esos artículos, a la Constitución Mexicana, para que se den cuenta que esa concesión es completamente inconstitucional.

Con esto termino, sumándome a la propuesta de comparecencia de Herminio Blanco.

Muchas gracias.

El diputado Amador Rodríguez Lozano
(desde su curul):

Señor Presidente, pido la palabra para rectificar hechos, por favor.

El Presidente:

Sí, señor diputado. Me han pedido la palabra para rectificar hechos otros diputados. Lo apunto con mucho gusto diputado.

Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Félix Castellanos Hernández, del Partido del Trabajo.

El diputado Félix Castellanos Hernández:

Con el permiso del señor Presidente diputado; compañeras y compañeros legisladores:

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo ha manifestado categóricamente en diversas ocasiones su rechazo a la conversión de responsabilidad y atribuciones de entidades y dependencias de la administración pública en negocios privados.

La consideración de fondo a este respecto radica en que de ningún modo está aprobado que la ejecución de obras y servicios públicos por la iniciativa privada sea intrínsecamente mejor. En absoluto está documentado históricamente en el mundo y en México que esto se haya hecho con mayor calidad, eficiencia y provecho social.

Sin duda hay algunas experiencias en las que la operación privada de las actividades tradicionalmente adscritas al sector público ha tenido resultados positivos, pero ello ha sido así en función de regulaciones técnicas y legales escrupulosas que establecieron total transparencia y responsabilidad en los procedimientos de concesión y funcionamiento correspondientes.

No obstante, hay expedientes en la última década, es decir, en el periodo que liga los sexenios de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, que prueban todo lo contrario. Para colmo los desatinos, los resultados negativos y las complicidades entre autoridades y empresarios privados han redundado no sólo en elevados costos para los contribuyentes, sino en verdaderos desastres para los menguados recursos públicos que invariablemente han repercutido en la reducción del gasto social.

Ejemplos tenemos varios. Por sólo citar tres: el rescate carretero, la conversión de Telmex, el Fobaproa. Ahora tenemos el escandaloso caso del Renave, el cual consistió esencialmente en la abdicación de una responsabilidad pública y su reemplazo por la concesión a una empresa privada de la captación y de la sistematización de datos confidenciales relativos a una parte ampliamente extendido del patrimonio de millones de mexicanos.

Por su propia naturaleza, el Registro de Automóviles no debió en principio concederse a la operación de una empresa privada, en virtud de la información confidencial que implica. Este fue el gran error en las consideraciones que estuvieron en el diseño original del Renave.

A lo anterior se agregaron otros dos graves errores, el primero relativo a cargar a los diezmados ingresos de las familias mexicanas el costo burocrático del registro. El hecho de que lo instrumentara una empresa privada llevaba de suyo la deducción de una ganancia garantizada sin la cual no opera ningún negocio privado.

Por ello nos preguntamos: ¿por qué llevar a cabo el registro bajo este procedimiento, cuando debió idearse con una plena responsabilidad pública?

Una vez desatado el vergonzoso escándalo que todos conocemos, el secretario de Comercio, Herminio Blanco, anunció la reducción del 50% en la tarifa aplicable, lo cual hace suponer necesariamente que el precio original fue arbitrariamente inflado.

Dos preguntas más: ¿qué extraños intereses o contubernio entre la empresa titular de la concesión y las autoridades de la Secretaría de Comercio permiten que aún con la reducción de la tarifa la concesionaria siga percibiendo utilidades? ¿De qué forma se iban a distribuir las altísimas ganancias que a lo largo de 10 años se obtendrían? Esta Cámara debe encontrar las respuestas a estas preguntas.

El segundo y más grave error consistió en otorgarlo a una empresa cuyo titular tenía en su haber delitos de lesa humanidad, como lo son los cargos que le imputan de secuestro, tortura y enriquecimiento ilícito, mediante el robo de los bienes de sus víctimas durante la dictadura argentina.

El torturador, Ricardo Miguel Cavallo, debe ser juzgado y castigado con todo rigor conforme a las leyes aplicables. El Estado pasó por alto estos hechos, evidenciando la precaridad de la seguridad nacional en sus ámbitos de la inteligencia política. Si fue así ha sido una deficiencia lamentable que se conocían estos hechos y no se procedió en consecuencia, fue una maquinación atroz de las autoridades correspondientes que evidencian las grotescas complicidades entre el poder político y los intereses económicos que en este caso normaron la orientación de la política gubernamental privatizadora.

En suma, si Herminio Blanco sabía, se tiene un caso de enorme complicidad; si Herminio Blanco no sabía se tiene un caso monumental de incompetencia. Por eso sostenemos que lo que de inmediato debió proceder era suspender la operación del Renave, la revisión de su ley y la rectificación legal conducente.

Asimismo en lugar de proferir justificaciones absurdas el secretario de Comercio, Herminio Blanco debió reconocer los errores y asumir la expulsión de rectificarlos. Al no proceder de esta manera, incurrió en situaciones que cuando menos implican la presentación de su renuncia.

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo reitera su planteamiento de que Herminio Blanco debe renunciar; es más, efectivamente a su grupo parlamentario se suma al propio acuerdo así propuesto anteriormente y a la vez se informa que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo iniciará el procedimiento de juicio político contra Herminio Blanco.

Muchas gracias.

El Presidente:

Se concede el uso de la palabra, por cinco minutos, al diputado José Antonio Calderón, del Partido Alianza Social.

El diputado José Antonio Calderón
Cardoso:

Con el permiso de la Presidencia; diputadas y diputados:

La muerte de un ser humano en sí es un hecho lamentable que causa consternación; el hecho de que hoy vengamos a esta tribuna a mencionar el deceso de un ser humano lo hacemos porque tiene relevancia directa con un hecho de indiscutible interés nacional como es el Renave, pero no abonaré en este momento a favor de lo que se ha mencionado de este Renave de que debe cambiar nos sumamos a la propuesta y a la iniciativa.

Solamente queremos señalar que el error es que la idea de las privatizaciones también se haya pretendido que fuera parte del poder público, espero que la actual administración, que la administración venidera revierta la idea de que también hay que privatizar el poder.

La reflexión que quiero hacer con ustedes amigos, es que este hecho no es aislado, recordemos que hace unos meses otro funcionario del poder Izabal Villicaña recurrió al suicidio como medida para resolver sus cuitas internas. Si es homicidio lo que le sucedió al subsecretario de Comercio, habría que preguntarse: ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cómo? y ¿qué intereses lastimó. Pero si es suicidio habría que preguntarnos ¿qué está pasando en las más altas esferas del poder? ¿Qué sucede con los funcionarios de primer nivel que ante los problemas que llevan en las espaldas recurran a la puerta falsa y prefieren privarse de la vida antes que rendir cuentas al pueblo de México?

Estos hechos, amigos diputados, dejan muchas preguntas. Yo formularía tres de ellas, la primera: ¿este proceso de transición que se dio el 2 de julio es el inicio de la apertura de una caja de pandora de extraordinarias consecuencias?

Segunda pregunta: ¿de qué tiene que enterarse todavía el pueblo de México? A partir del 1o. de diciembre que la actual administración deje el cargo, ¿habrá más funcionarios que recurran a esto? ¿Qué cosas? ¿Qué hay en las esferas del poder que le falte enterarse a este pueblo de México?

Por último, quisiera sumarme desde luego, a que se cite a Herminio Blanco a la brevedad, para que explique puntualmente lo que ha sucedido; pero también queremos proponer que se solicite respetuosamente a la Procuraduría General de la República, que en uso de la atribución que le confiere la propia ley, atraiga este hecho, toda vez que es una cuestión de indiscutible interés público.

Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, señor diputado.

Han solicitado también la palabra para rectificar hechos, el diputado José Manuel del Río, de Convergencia por la Democracia, y el diputado Amador Rodríguez Lozano, del Partido Revolucionario Institucional.

Al término del uso de la palabra de los dos diputados, preguntaré a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el tema.

El diputado Héctor González Reza
(desde su curul):

Señor Presidente, pido la palabra para rectificar hechos, si se me concede. Por favor, Héctor González Reza.

El Presidente:

Para rectificar hechos, muy bien. Lo voy a apuntar para rectificar hechos y sería el quinto orador para rectificar hechos y se surtiría la especie del acuerdo parlamentario que me obligaría después del quinto orador para rectificar hechos preguntar a la Asamblea si se considera suficientemente discutido o si se sigue ofreciendo la palabra para rectificación de hechos.

Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado José Manuel del Río, de Convergencia por la Democracia.

El diputado José Manuel del Río Virgen:

Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados; el tema es el Renave:

El Renave, ¿qué sucede en el carcomido sistema? ¿Qué sucede en las altas esferas del gobierno? Convergencia por la Democracia, en su momento, fijamos nuestra posición a nivel nacional, públicamente; rechazamos siempre el Renave; hoy, lamentamos el deceso del licenciado Ramos Tercero, una condolencia a su familia y una exigencia: que Herminio Blanco comparezca.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Amador Rodríguez Lozano.

El diputado Amador Rodríguez Lozano:

Con su autorización, señor Presidente, amigas y amigos diputados:

El día de hoy nos amanecimos con una noticia trágica, que consternó a México y a muchos que conocíamos a Raúl Ramos Tercero; la muerte trágica, sorpresiva y hasta esos momentos misteriosa de Raúl Ramos Tercero, que era subsecretario de Comercio. Un funcionario ejemplar, responsable, probo, quien tenía un enorme compromiso con la nación; que había ejercido esta responsabilidad en su subsecretaría al grado de que es la única subsecretaría de todo el Gobierno Federal que tiene... él hizo 9002, el reconocimiento a todas sus direcciones generales.

261, 262 y 263

La intervención que vengo a hacer a nombre de la fracción parlamentaria del PRI, es para pedirles con cortesía pero también con energía, que no medremos con este hecho, que es un hecho trágico y que duele. Que dejemos la ganancia política, partidista y el protagonismo para otras materias, que en el tema del Renave, no cabe duda, existe coincidencia entre los partidos políticos de que es una institución que debe cambiar, que no se debe cobrar, ahí hay diferencias entre algunos, pero que se debe mantener como un registro que dé seguridad y certidumbre en el comercio de vehículos.

Pero debemos distinguir entre esta disputa política y en este problema que atañe a todos los mexicanos y que con responsabilidad los diputados y también los senadores de todos los partidos políticos hemos presentado claramente nuestra posición, pero no se vale aprovechar un hecho como el que sucedió el día de hoy para venir a especular, para obtener protagonismo y para sacar ganancia partidista.

Tampoco se vale decir que se suicidó porque no se quiso dar respuestas al pueblo de México. Me parece que es una temeridad que no cabe bajo ninguna circunstancia. Es necesario, sí, que se esclarezca este crimen o este suicidio, que se conozcan las causas. Es por supuesto un tema que tiene qué ver, por su responsabilidad, con el tema del Renave, pero en estos momentos, a tan sólo unas horas de haber acaecido este suceso, venir a esta tribuna a plantear una serie de hipótesis es obtener una ganancia política que no es legítima.

Yo por eso les pido con toda cortesía y con todo afecto, pero también con energía, que dejemos que las autoridades, seguramente las autoridades federales atraerán este caso por tratarse de un funcionario federal, dejemos que esclarezcan el caso y concentrémonos nosotros en los temas torales que tienen qué ver con el beneficio y con el futuro del pueblo de México.

Pongámonos de acuerdo, discutamos, presentemos propuestas, estemos en desacuerdo en muchas de ellas, pero que lo hagamos siempre pensando que el pueblo de México nos exige seriedad y responsabilidad.

Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, diputado.

Tiene el uso de la palabra para rectificar hechos, por cinco minutos, el diputado Héctor González Reza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Héctor González Reza

Muchas gracias, señor Presidente; señoras y señores diputados:

Estamos de acuerdo: debe investigarse. Que se investigue lo que ha motivado estos trágicos acontecimientos de hace algunas horas en la persona de un subsecretario de Estado, pero esperemos a los resultados de esa investigación.

Han iniciado ya las diligencias, las averiguaciones previas. Seamos prudentes, señores.

¿Qué ocurre en las altas esferas del poder, decía aquí un diputado? En el aire está esa pregunta, pero, ¿qué ocurre no sólo en las altas esferas del poder, qué ocurre en otras esferas, aquí, por ejemplo o en la opinión pública? Creo que esta reflexión debemos asumirla todos.

¿De dónde vinieron las presiones que orillaron al señor subsecretario Ramos Tercero a tomar esa lamentabilísima decisión? Seamos más responsables en los juicios, en los señalamientos. Seamos objetivos.

Yo estoy haciendo aquí una conjetura sin tener suficiente información, pero también la han hecho sin la suficiente información quienes han venido aquí y me han antecedido en el uso de la palabra. Entonces, si todos hemos repetido y coincidimos en que debe investigarse, esperemos a que avance esa investigación y que se llegue a fondo. Pudo haber sido, como se ha mencionado o pensado, la mafia internacional, los traficantes internacionales de vehículos, los grandes controladores de esos mercados ilegales, pero también pudieron haber sido otros grupos, otras mafias nacionales, no sólo internacionales. Pero aunado a ello, ¿cuáles fueron las presiones?, porque sencillamente cuando sucede un acontecimiento como el que acaba de pasar, ha ido, y al menos la experiencia así nos permite afirmarlo, acompañado de grandes presiones, una decisión que fue tan personal y tan difícil.

Yo creo que todos tenemos derecho a hacer alguna hipótesis, pero no caigamos en exageraciones y no sigamos manejando este asunto con tanta irresponsabilidad .

Esperemos, señoras y señores diputados, no descartemos, eso sí, ninguna causa, pero aguardemos el informe de la autoridad y no perdamos de vista que por otra parte para retomar la marcha y el funcionamiento del registro, cuya validez y necesidad aquí también se ha reiterado, es que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional les ha propuesto solicitar la comparecencia del titular de la Secretaría de Comercio y de Fomento Industrial. Entre otras cosas, también lo importante es traer al funcionario responsable aquí, a cuentas.

Reiteramos, seamos prudentes, seamos más responsables, no sigamos generando confusión y mucho menos, irresponsabilidad.

Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, señor diputado.

Se concede el uso de la palabra para rectificar hechos, por cinco minutos, al diputado Augusto Sotelo Rosas.

El diputado David Augusto Sotelo Rosas:

Con su permiso, señor Presidente; señoras diputadas, señores diputados:

Ernesto Zedillo asume el cargo de Presidente de la República precedido por las muertes de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu. Ernesto Zedillo es procedido al término de su mandato por los convenientes suicidios de diversos funcionarios de su administración.

¿Qué negocios? ¿De qué envergadura? ¿En qué conciliábulo? ¿En que Cámara? ¿En qué país? ¿Con quiénes han sido hechos estos contratos que han privilegiado el subsidio a casabolseros, a defraudadores de la nación, a torturadores, a mercaderes, que hoy se está viendo como el ajuste de cuentas, como del negocio y la promesa no cumplida, como de la complicidad que no llega a su efecto?

Unas horas después que el propio Secretario de Comercio admite la virtual muerte del Renave, aparece convenientemente suicidado en el Estado de México, el subsecretario.

Parece, parece cuento del suicidio. Notas que aquí la diputada Miroslava García pidió leer para ilustrar el debate y la discusión por cuanto a la contradicción en las noticias.

Estamos de acuerdo en que se haga y realice una investigación objetiva, que demos la oportunidad a la instancia correspondiente para deslindar responsables. Pero esta Cámara de Diputados tiene que hacer un deslinde en favor de la nación.

El Partido de la Revolución Democrática aquí ha propuesto la abrogación del Renave.

No puede ser un registro de tal característica social y jurídica, estar en manos de particulares, como si el Registro Público de la Propiedad pudiese ser dado en concesión.

Se ha privilegiado el rescatar a defraudadores de la nación en detrimento de los millones de mexicanos en los subsidios a la tortilla, en los subsidios al gasto social, de ahí que más allá del hecho criminal de la investigación que la autoridad responsable tenga que hacer, esta Cámara de Diputados tiene que asumir el papel de representante de la nación para rectificar el rumbo, para retomar el proyecto nacional extraviado por un régimen autoritario.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente:

Gracias, diputado.

Informo a la Asamblea que han hecho uso de la palabra para rectificación de hechos, los diputados: José Antonio Calderón, José Manuel del Río, Amador Rodríguez Lozano, Héctor González Reza, Augusto Sotelo Rosas.

Es facultad de la Presidencia consultar a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Y solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea si se considera suficientemente discutido este tema, para pasar de inmediato al siguiente punto del orden del día.

El secretario José Manuel Medellín Milán:

Por instrucciones de la Presidencia en votación económica, se consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el asunto.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.

El Presidente:

Gracias, señor Secretario.


ESTADO DE MEXICO

El Presidente:

Se concede el uso de la palabra por 10 minutos para presentar una proposición con punto de acuerdo, relativo a los hechos sucedidos en Chimalhuacán, Estado de México, al diputado Ricardo Moreno Bastida, del PRD.

El diputado Ricardo Moreno Bastida:

Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:

Los suscritos diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Convergencia por la Democracia, partido político nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 de la Ley Orgánica para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, venimos a hacer del conocimiento del pleno una proposición con punto de acuerdo con fundamento en los siguientes

ANTECEDENTES

1. Que la Procuraduría General de la República creó la unidad especializada para la atención de los delitos cometidos por probables grupos civiles armados cuyo objetivo es investigar e intervenir en los delitos cometidos por dichas organizaciones así como encontrar el origen y procedencia de las armas en su poder, la creación de dicha unidad especializada partió de lo acontecido el 22 de diciembre de 1997 cuando en la comunidad de Chenalhó en el municipio de Acteal, Chiapas, un grupo paramilitar asesinó a 45 personas en su mayoría mujeres y niños.

2. Que la transición política mandatada por la ciudadanía en las elecciones del 2 de julio pasado y la alternancia misma, han generado la descomposición del sistema político antes imperante y la pérdida de control sobre grupos civiles armados tolerados en sus prácticas antidemocráticas y violentas que ponen en riesgo la estabilidad y la paz social en diferentes puntos del país, como lo acontecido hace apenas unas horas en Papantla, Veracruz, donde fueron asesinadas dos personas y seis más se encuentran heridas al parecer a manos de inconformes por los resultados electorales del domingo pasado.

3. Que por esa razón, el pasado 18 de agosto en Chimalhuacán, Estado de México, se expresó con dramática claridad el nivel de violencia de que son capaces de generar grupos civiles violentos, que al amparo de la tolerancia del poder público, disputan como patrimonio propio los espacios de poder y de decisión en las instancias de gobierno que están en su esfera de influencia y control territorial.

4. Que la existencia de estos grupos, Antorcha Campesina y la Organización Popular de Colonos de Chimalhuacán, no es un fenómeno aislado o producto de la casualidad, sino más bien se puede asegurar que son resultados de políticas de estado bien articulados, que tenían como objetivo preservar un sistema político predominante en su momento y al amparo de la impunidad, como lo han señalado los dirigentes de estos mismos grupos a los medios masivos de comunicación.

264, 265 y 266

5. Que si bien es cierto existe prueba documental de que el presidente municipal electo de ese lugar dio aviso por escrito con anterioridad al Ejecutivo estatal sobre indicios de hechos violentos en su toma de protesta, tan es que ante este aviso no se tomaron medidas cautelares o de persuasión efectiva que hayan evitado la confrontación.

6. Que los poderosos intereses económicos y políticos de los grupos civiles violentos en ese municipio mexiquense, afectaron gravemente la gobernabilidad del municipio de Chimalhuacán y perjudicaron sensiblemente la paz social y la credibilidad del Ejecutivo estatal, en el fincamiento de las responsabilidades penales a quienes participaron en estos hechos.

7. Que no obstante el destacamento de policía estatal que se encontraba en Chimalhuacán, se negó reiteradamente a intervenir a pesar de la flagrancia de los actos delictivos y de las peticiones de las mujeres con sus hijos, que por diversas circunstancias estaban en el momento y en el lugar del zafarrancho y que asimismo se percibió desde antes del enfrentamiento, claras muestras de una voluntad manifiesta de confrontarse violentamente.

8. Que en el enfrentamiento entre estos grupos violentos, se utilizaron armas de uso exclusivo del Ejército, propiciando la muerte de al menos 10 personas, decenas de heridos y cientos de detenidos. Aunado a lo anterior, del enfrentamiento se desprenden una serie de actitudes, hechos y omisiones, que ponen en entredicho el estado de derecho, la vigencia de la paz social y la estabilidad municipal, así como la gobernabilidad en dicho lugar, provocando la afectación del interés público y privado y el deterioro de las relaciones de convivencia armónica.

9. Que el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución General de la República, establece que las autoridades federales, podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales.

10. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en fecha 30 de agosto del año en curso, aprobó punto de acuerdo mediante el cual se solicita a la Procuraduría General de la República, haga uso de su facultad de atracción respecto a las investigaciones que se desprenden del enfrentamiento en Chimalhuacán, Estado de México, sin que hasta la fecha esto haya ocurrido.

11. Que el día de ayer por diversos medios informativos se conoció de boca del subprocurador de Texcoco, Estado de México, licenciado Axel García, que el presidente municipal de Chimalhuacán, Jesús Tolentino Román Bojórquez, fue llamado a declarar con respecto a estos hechos y que dicha persona se negó a rendir declaración. De la misma forma se conoció por los mismos medios informativos, que el señalado ciudadano negó haber recibido citatorio oficial para llevar a cabo esa actuación indagatoria.

12. Que es obligación del Estado mexicano garantizar los derechos ciudadanos plenos, particularmente los de carácter civil y político, así como la gobernabilidad, la armonía y la tranquilidad de nuestras comunidades, nuestros municipios y entidades federativas, por lo que resulta imprescindible que la coyuntura abierta por la extrema violencia con que actuaron estos civiles armados, debe motivar en los órganos del Estado y de Gobierno, una reacción que se refleje en las políticas públicas tendiente a desterrar, de una vez y para siempre, la impunidad, la existencia de grupos civiles que utilizan prácticas violentas, así como la omisión y negligencia de las autoridades en el ánimo de fortalecer el estado de derecho, la vigencia del pacto social y preservar la vida de los gobernados.

13. Que es función de la Policía Federal Preventiva el desmantelamiento de estos grupos, por lo cual corresponde a la Secretaría de Gobernación llevar a cabo las acciones tendientes a evitar más brotes de violencia y garantizar los derechos ciudadanos plenos, particularmente los de carácter público, así como la gobernabilidad, la armonía y la tranquilidad del municipio de Chimalhuacán, Estado de México.

14. Que la Cámara de Diputados es un órgano del Estado mexicano, cuya función implica la facultad que la Constitución le otorga para responder ágil y puntualmente, a las necesidades del país. En consecuencia se presenta proposición de punto de acuerdo para crear una comisión especial investigadora de esta Cámara de Diputados, que tenga por objeto coadyuvar a la investigación de los hechos, propiciar el respeto de las garantías individuales,del estado de derecho y la gobernabilidad del municipio de Chimalhuacán, Estado de México.

«Por lo expuesto, a esta Cámara de Diputados proponemos el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se crea la comisión especial investigadora de los hechos del 18 de agosto, ocurridos en Chimalhuacán, México, con objeto de coadyuvar en la investigación, en el respeto de las garantías individuales, en el restablecimiento del estado de derecho y la gobernabilidad en ese municipio.

Segundo.
La comisión será integrada por un diputado por cada uno de los partidos representados en esta Cámara y sus respectivos suplentes.

Tercero.
La comisión tendrá una duración de seis meses contados a partir de la aprobación del presente y podrá prorrogar su duración siempre y cuando así lo apruebe este pleno, previo informe que se rinda sobre el particular.

Cuarto.
La comisión tendrá su lugar de residencia en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, pero podrá sesionar fuera de este recinto cuando así lo acuerden sus integrantes. Contará con un secretario técnico que llevará los expedientes que se deriven de su funcionamiento, así como las minutas de las sesiones que desarrolle.

Quinto.
Por su propia y especial naturaleza, la comisión contará con el apoyo técnico y profesional al alcance de esta Cámara de Diputados, para el cumplimiento de su encomienda.

Sexto.
Todos los acuerdos que tome la comisión serán aprobados por mayoría de votos de los diputados presentes. El quorum respectivo se formará con la mitad más uno de sus integrantes. La comisión contará con un presidente que será designado por el pleno.

Séptimo.
El informe final de los resultados de esta comisión será presentado al pleno y una copia del mismo será remitido a la Procuraduría General de la República, al Ejecutivo del Estado de México y a la opinión pública.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro. México, D. F., a 7 de septiembre de 2000. Diputados: Ricardo Moreno Bastida, Sergio Acosta Salazar, Rubén Aguirre, Hortensia Aragón Castillo, Silvano Aureoles Cornejo, Miguel Barbosa Huerta, María Alejandra Barrales Magdaleno, Martí Batres Guadarrama, Martha Angélica Bernardino Rojas, Miguel Bortolini Castillo, Bonifacio Castillo Cruz, Víctor Hugo Cirigo Vázquez, Rodrigo Carrillo Pérez...

Le suplico señor Presidente, un minuto más para concluir mi intervención.

El Presidente:

Sí, concluya por favor.

El diputado Ricardo Moreno Bastida:

Raquel Cortés López, Mario Cruz Andrade, Genoveva Domínguez Rodríguez, Manuel Duarte Ramírez, Alfonso Elías Cardón, Uuc-Kib Espadas Ancona; José Delfino Garcés Martínez, Miroslava García Suárez, Jesús Garay García, Adela del Carmen Graniel Campos y Alejandro Gómez Olvera. Rúbricas...

El Presidente:

Señor diputado, si me permite, se van a incorporar todos los nombres y las rúbricas, tanto en el Diario de los Debates como en la Gaceta.

Le pediría que termine, señor diputado.

El diputado Ricardo Moreno Bastida:

Yo le suplicará, señor Presidente, estoy dando...

El Presidente:

Termine usted señor diputado, por favor.

El diputado Ricardo Moreno Bastida:

Estoy dando cuenta al pleno de quienes sustentan esta iniciativa. Terminarían: Rafael Fernández Estrada, Auldarico Hernández Gerónimo, Alfredo Hernández Raigosa, Luis Herrera Jiménez, Arturo Herviz Reyes, Ramón León Morales, Rosalinda López Hernández y José Antonio Magallanes Rodríguez.»

El Presidente:

Señor diputado, si me permite.

El diputado Ricardo Moreno Bastida:

Termino. Gracias, señor Presidente.

«Propuesta con punto de acuerdo del diputado Ricardo Moreno Bastida.

Ciudadano diputado Ricardo García Cervantes, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Presente.

Los suscritos, diputados federales integrantes de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 de la Ley Orgánica para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, venimos a poner del conocimiento del pleno una proposición con punto de acuerdo con fundamento en los siguientes

ANTECEDENTES

I. Que la Procuraduría General de la República creó la Unidad Especializada para la Atención de los Delitos Cometidos por Probables Grupos Civiles Armados, cuyo objetivo es investigar e intervenir en los delitos cometidos por dichas organizaciones, así como "encontrar el origen y procedencia de las armas en su poder".

La creación de dicha unidad especializada, partió de lo acontecido el 22 de diciembre de 1997, cuando en la comunidad de Chenalhó, en el municipio de Acteal, Chiapas, un grupo paramilitar asesinó a 45 personas, en su mayoría mujeres y niños.

II. Que la transición política mandatada por la ciudadanía en las elecciones del 2 de julio pasado y la alternancia misma, han generado la descomposición del sistema político antes imperante y la pérdida de control sobre grupos civiles armados tolerados en sus prácticas antidemocráticas y violentas, que ponen en riesgo la estabilidad y la paz social en diferentes puntos del país; como lo acontecido hace apenas unas horas en Papantla, Veracruz, donde fueron asesinadas dos personas y seis más se encuentran heridas, al parecer, a manos de inconformes por los resultados electorales del pasado domingo.

III. Que por esa razón, el pasado 18 de agosto en Chimalhuacán, Estado de México, se expresó con dramática claridad el nivel de violencia que son capaces de generar grupos civiles violentos que, al amparo de la tolerancia del poder público, disputan como patrimonio propio los espacios de poder y de decisión en las instancias de gobierno que están en su esfera de influencia y control territorial.

IV. Que la existencia de estos grupos Antorcha Campesina y la Organización Popular de Colonos de Chimalhuacán, no es un fenómeno aislado o producto de la casualidad, sino más bien, se puede asegurar que son resultado de políticas de Estado bien articuladas que tenían como objetivo preservar un sistema político predominante en su momento y al amparo de la impunidad; como lo han señalado dirigentes de estos grupos a los medios masivos de comunicación.

V. Que si bien es cierto existe prueba documental de que el presidente municipal electo de ese lugar, dio aviso por escrito con anterioridad al Ejecutivo estatal sobre indicios de hechos violentos en su toma de protesta, también lo es que ante este aviso no se tomaron medidas cautelares o de persuasión efectivas, que hayan evitado la confrontación.

VI. Que los poderosos intereses económicos y políticos de los grupos civiles violentos de ese municipio mexiquense, afectaron gravemente la gobernabilidad del municipio de Chimalhuacán y perjudicaron sensiblemente la paz social y la credibilidad del Ejecutivo estatal en el fincamiento de responsabilidades penales a quienes participaron en esos hechos.

VII. Que no obstante el destacamento de policía estatal que se encontraba en Chimalhuacán, se negó reiteradamente a intervenir a pesar de la flagrancia de los actos delictivos y de las peticiones de las mujeres con sus hijos que por diversas circunstancias estaban en el momento y en el lugar del zafarrancho y que, asimismo, se percibían desde antes del enfrentamiento claras muestras de una voluntad manifiesta de confrontarse violentamente.

267, 268 y 269

VIII. Que en el enfrentamiento entre estos grupos violentos se utilizaron armas de uso exclusivo del Ejército, propiciando la muerte de al menos 10 personas, decenas de heridos y cientos de detenidos. Aunado a lo anterior, del enfrentamiento se desprenden una serie de actitudes, hechos y omisiones que ponen en entredicho el estado de derecho, la vigencia de la paz social y la estabilidad municipal, así como la gobernabilidad en dicho lugar, provocando la afectación del interés público y privado y el deterioro de las relaciones de convivencia armónica.

IX. Que el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: "las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales".

X. Que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en fecha 30 de agosto del año en curso, aprobó punto de acuerdo mediante el cual se solicita a la Procuraduría General de la República haga uso de su facultad de atracción respecto a las investigaciones que se desprenden del enfrentamiento en Chimalhuacán, Estado de México, sin que hasta la fecha esto haya sucedido.

XI. Que el día de ayer por diversos medios informativos se conoció de boca del subprocurador de Texcoco, licenciado Axel García, que el presidente municipal de Chimalhuacán, Jesús Tolentino Román Bojórquez, fue llamado a declarar con respecto a estos hechos y que dicha persona no se presentó. De la misma forma se conoció por los mismos medios informativos, que el señalado ciudadano negó haber recibido citatorio oficial para llevar a cabo esa actuación indagatoria.

XII. Que es obligación del Estado mexicano garantizar los derechos ciudadanos plenos. Particularmente los de carácter civil y político, así como la gobernabilidad, la armonía y la tranquilidad de nuestras comunidades, nuestros municipios y entidades federativas. Por lo que resulta imprescindible que la coyuntura abierta por la extrema violencia con que actuaron estos civiles armados, debe motivar en los órganos del Estado y de Gobierno una reacción que se refleje en las políticas públicas tendientes a desterrar, de una vez y para siempre, la impunidad y la existencia de grupos civiles que utilizan prácticas violentas, así como la omisión y negligencia de las autoridades, en el ánimo de fortalecer el estado de derecho, la vigencia del pacto social y preservar la vida de los gobernados.

XIII. Que es función de la Policía Federal Preventiva el desmantelamiento de estos grupos, por lo cual corresponde a la Secretaría de Gobernación llevar a cabo las acciones tendientes a evitar más brotes de violencia y garantizar los derechos ciudadanos plenos, particularmente los de carácter público, así como la gobernabilidad, la armonía y la tranquilidad del municipio de Chimalhuacán, Estado de México.

XIV. Que la Cámara de Diputados es un órgano del Estado mexicano, cuya función implica la facultad que la Constitución le otorga para responder ágil y puntualmente a las necesidades sociales del país.

En consecuencia se presenta una proposición de punto de acuerdo para crear una comisión especial investigadora de esta Cámara de Diputados, que tenga por objeto coadyuvar a la investigación de los hechos, propiciar el respeto de las garantías individuales, del estado de derecho y la gobernabilidad del municipio de Chimalhuacán, Estado de México.

Por lo expuesto, a esta Cámara de Diputados proponemos el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se crea la comisión especial investigadora de los hechos del 18 de agosto ocurridos en Chimalhuacán, México, con objeto de coadyuvar en la investigación, en el respeto de las garantías individuales; en el restablecimiento del estado de derecho y la gobernabilidad en ese municipio.

Segundo.
La comisión será integrada con un diputado por cada uno de los partidos representados en esta Cámara y sus respectivos suplentes.


Tercero.
La comisión tendrá una duración de seis meses contados a partir de la aprobación del presente y podrá prorrogar su duración siempre y cuando así lo apruebe este pleno, previo informe que se rinda sobre el particular.

Cuarto.
La comisión tendrá su lugar de residencia en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, pero podrá sesionar fuera de este recinto cuando así lo acuerden sus integrantes. Contará con un secretario técnico que llevará los expedientes que se deriven de su funcionamiento, así como las minutas de las sesiones que desarrolle.

Quinto.
Por su propia y especial naturaleza, la comisión contará con el apoyo técnico y profesional al alcance de esta Cámara de Diputados, para el cumplimiento de su encomienda.

Sexto.
Todos los acuerdos que tome la comisión serán aprobados por mayoría de votos de los diputados presentes. El quorum respectivo se formará con la mitad más uno de sus integrantes. La comisión contará con un presidente que será designado por el pleno.

Séptimo.
El informe final con los resultados de esta comisión será presentado al pleno y una copia del mismo será remitido a la Procuraduría General de la República, al Ejecutivo del Estado de México y a la opinión pública.

Atentamente.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, D.F., a 7 de septiembre de 2000.- Diputado Ricardo Moreno Bastida.»

«Propuesta de modificación.


Tercero.
La comisión durará hasta en tanto se integra la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de esta Cámara, a la cual deberá entregar los expedientes respectivos e informar al pleno.

México, D.F., a 7 de septiembre de 2000.- Diputado Ricardo Moreno Bastida.»

Diputados que sustentan la propuesta con punto de acuerdo presentado por el diputado: Ricardo Moreno Bastida, Sergio Acosta Salazar, Rubén Aguirre Ponce, Hortencia Aragón Castillo, Silvano Aureoles Conejo, Luis Miguel Barbosa Huerta, María Alejandra Barrales Magdaleno, Martí Batres Guadarrama, Martha Angélica Bernardino Rojas, Miguel Bortolini Castillo, Bonifacio Castillo Cruz, Rodrigo Carrillo Pérez, Víctor Hugo Cirigo Vázquez, Raquel Cortés López, Mario Cruz Andrade, Genoveva Domínguez Rodríguez, Manuel Duarte Ramírez, Alfonso Elías Cardona, Uuc-Kib Espadas Ancona, José Delfino Garcés Martínez, Miroslava García Suárez, Jesús Garibay García, Adela del Carmen Graniel Campos, Alejandro Gómez Olvera, Rafael Hernández Estrada, Auldarico Hernández Gerónimo, Alfredo Hernández Raigosa, Luis Herrera Jiménez, Arturo Herviz Reyes, Ramón León Morales, Rosalinda López Hernández, José Antonio Magallanes Rodríguez, Esteban Daniel Martínez Enríquez, Elías Martínez Rufino, Cuauhtémoc Montero Esquivel, Rogaciano Morales Reyes, Ricardo Moreno Bastida, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, Francisco Patiño Cardona, Norma Reyes Terán, Pedro Miguel Rosaldo Salazar, Félix Salgado Macedonio, María de los Angeles Sánchez Lira, Héctor Sánchez López, Petra Santos Ortiz, Rafael Servín Maldonado, David Augusto Sotelo Rosas, María del Rosario Tapia Medina, Tomás Torres Mercado, Emilio Ulloa Pérez, Gregorio Urias Germán, Eric Villanueva Mukul y José Manuel del Río Virgen.»

El Presidente :

Se turna la proposición con punto de acuerdo a la Junta de Coordinación Política.

Antes de proceder a dar el uso de la palabra, quisiera solicitar a todas las diputadas y diputados, que estén seguros, de que se insertará en el Diario de los Debates y en la Gaceta la totalidad de los nombres de quienes presentan los puntos de acuerdo y las iniciativas, pudiéramos, en aras de aprovechar de la mejor manera el tiempo de todos nosotros, reducir la lectura de las listas de los grupos parlamentarios que signan las iniciativas.

El Presidente :

Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Lionel Funes Díaz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Lionel Funes Díaz:

Gracias, señor Presidente; compañeras, compañeros diputados:

En la sesión de hoy, recibimos en el punto del orden del día, el tema relacionado con el bando solemne en relación a Vicente Fox, como Presidente de la República; esto sucedió en la elección, como todos sabemos, el 2 de julio y tristemente 45 días después, nos encontramos con la parte oscura del proceso electoral y estamos hablando concretamente del proceso electoral local del Estado de México, puntualizado en el caso de Chimalhuacán.

Vale la pena comentar a esta honorable Asamblea, la descomposición política que de por sí vive el municipio de Chimalhuacán. No es nuevo, no es de tres años, no es de cuatro años. En Chimalhuacán existe una descomposición política y social que se ha generado entre otras cosas, en razón de que los grupos políticos que controlan hasta la fecha el ayuntamiento, han privilegiado en su actuar como gobierno, a los grupos caciquiles; se han aprovechado de las agrupaciones, como ya decía nuestro compañero, armadas, para repartir el poder político del ayuntamiento. Ya de todos es sabido cómo entre el actual presidente municipal y la señora Buendía, existían ya acuerdos de tiempo atrás sobre el reparto del poder político.

¿Qué quiero decir con esto? La situación que vive socialmente Chimalhuacán, es, está agravada de origen. El problema de salud en Chimalhuacán, es un problema crítico; el problema de la educación en Chimalhuacán es un problema critico; no existe empleo en Chimalhuacán, es una ciudad, un municipio absolutamente dormitorio y todo esto pues, es conclusión, consecuencia del desorden político que se vive gracias al reparto del botín político entre los grupos que ahí viven.

También vale la pena recordar que también existe una mano del poder estatal del gobierno del Estado de México, que también tiene contubernio con la gente que gobierna políticamente el municipio de Chimalhuacán.

En este sentido, utilizo esta tribuna para enviar también una exigencia al gobernador Arturo Montiel, del cumplimiento de la palabra empeñada incluso en campañas, que decía él que todo mundo iba a ser castigado cuando se comportara de una manera irregular. Ustedes recordarán seguramente un spot de televisión.

Concluyendo este tema, Acción Nacional está de acuerdo en que se proceda a la investigación del caso de Chimalhuacán; pero quisiera proponer al compañero perredista que me antecedió en el uso de la palabra, que el acuerdo fuera en el siguiente término:

Que no quedara el término de los seis meses que ha propuesto, sino que se creara esta comisión con los términos que él manifestó pero que tuviera una vigencia hasta el momento que esta Cámara de Diputados instale formalmente las comisiones legislativas y en ese caso en su momento estoy solicitando al compañero perredista que ésta se dirija a la Comisión de Derechos Humanos y Justicia. Creo que esto ayuda a fortalecer la institucionalidad de la Cámara en el sentido de que sea una comisión legislativa de Ley Orgánica, la que atienda el caso. Sin embargo, no nos negamos a participar previamente y en su momento, a esta Comisión de Derechos Humanos y Justicia hacerle entrega del informe respectivo.

Finalmente termino mi intervención pidiendo que en esta conformación de la investigación se tome una medida muy importante para la investigación de los dos compañeros diputados tanto diputado local como diputado federal, que no han tomado posesión del cargo, para que investigue la situación incluso de los suplentes. Creo yo que es un tema importante.

Sería cuanto, señor Presidente.

Presidencia del diputado
Eloy Cantú Segovia

El Presidente :

Tiene la palabra el diputado Gerardo de la Riva Pinal, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

El diputado José Gerardo de la Riva Pinal:

Con su permiso, señor Presidente de la mesa directiva; señoras diputadas, señores diputados:

270, 271 y 272

"El progreso de la democracia como bien ilustra la historia, no ha sido lineal ni sencillo; por el contrario, para consolidarse ha tenido que encontrar múltiples retos y algunos planteados desde afuera y otros desde el interior mismo de la democracia. Para enfrentarlos y eventualmente superarlos la democracia cuenta con un recurso del que difícilmente disponen otras formas de gobierno: el ejercicio de la crítica". Agustín Ricoy Saldaña.

De la cita anterior vemos que en el país hemos avanzado en los procesos democráticos. Tan es así que los problemas poselectorales en su mayoría han terminado y aquellos que perduran se concluyen en términos de la ley y ante los tribunales electorales.

Es por ello que un asunto que no es poselectoral y que a todos los mexicanos, principalmente los que vivimos en el Estado de México, reprobamos los hechos sucedidos en el municipio de Chimalhuacán, donde no imperó la tolerancia, el respeto a la ley y la pluralidad de ideas. Montesquieu afirmaba: "...que todo hombre investido de autoridad abusaba del poder. Y para evitar ese abuso, la división limitaba el poder".

En estos términos, el Poder Legislativo es un órgano imprescindible en la limitación del poder. Por ello, consideramos que el debate de ideas nos lleva a la confrontación de soluciones para conflictos del sistema político.

Así, en el asunto de Chimalhuacán, todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara, así como la sociedad en general, coincidimos que se debe investigar a fondo; que debe responsabilizarse de acuerdo con las investigaciones de la autoridad competente a los ciudadanos que así lo ameritan, para que sean castigados ejemplarmente y demostrar que este sistema político que ha ido mejorando poco a poco, prospere y se note que rechaza la violencia como forma de resolución de conflictos y se encuentre en la tolerancia, entendida ésta como un medio de resolución de conflictos, a la palabra y al consenso para llegar a acuerdos.

Sin embargo, señores diputados, no coincidimos que pueda ayudar a resolver el conflicto así como responsabilizar a sus actores, la forma en que la fracción parlamentaria del PRD propone. Porque como lo mencionan los antecedentes del acuerdo en discusión, hay un punto de acuerdo en la Comisión Permanente de la legislatura del 30 de agosto del año en curso, donde se menciona que la Procuraduría General de la República atraerá, con la facultad constitucional que tiene, la competencia del asunto de Chimalhuacán si existieran elementos para ello.

A la fecha no sabemos si existen elementos o no para cumplir este punto de acuerdo y al crear una comisión de la naturaleza que se ha expresado en esta tribuna, dejaríamos sin efecto lo propuesto por la Comisión Permanente.

Algunos dirían: "lo anterior no limita la propuesta". Si bien es cierto no se contrapone, también es cierto que debemos esperar el resultado del punto de acuerdo.

También debemos considerar que todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara coincidimos en fortalecer al federalismo en términos del artículo 40 de la Constitución y podría pensarse que es contradictorio lo que decimos con lo que hacemos, al aceptar un punto de acuerdo de esta naturaleza. Es un asunto de un estado libre y soberano, el cual ha sido atendido, tan es así que continúan las investigaciones para llegar al fondo y aplicar la ley a los responsables y paralelamente se han dado decisiones políticas y económicas para atender las necesidades del poblado de Chimalhuacán.

Aunado a lo anterior, la legislatura local del Estado de México en la LIII Legislatura acordó crear una comisión especial de investigación, en donde se encuentran representados todos los partidos políticos y ahora, en la LIV Legislatura, deberá reanudar los trabajos en esta comisión.

Cabe mencionar que la misma estará integrada, en forma plural, con las diferentes corrientes políticas, por estar constituida la legislatura local con 29 diputados del PAN, 25 del PRI, 16 del PRD, 2 del PT, 2 PVEM, 1 del PDS.

En consecuencia, dará lugar a una comisión plural y representativa de las fuerzas políticas estatales y nacionales, donde se analizará, con mucho cuidado y con toda amplitud, el asunto Chimalhuacán.

Seguramente emitirá acuerdos y recomendaciones al Ejecutivo del Estado para llegar, como éste lo ha expresado, a actuar con toda energía para determinar quiénes son los responsables y que se les aplique todo el rigor de la ley.

Lo señalado tiene fundamento en nuestro régimen de derecho. Que el trabajo de esta comisión va encaminado a evitar la impunidad para conservar el estado de derecho y demostrar que nuestro sistema político, en cuanto a la división de poderes, sirve al interés general de la población y no está por la violencia sino por el diálogo.

Por ello, no podemos estar de acuerdo a que se cree una comisión especial en esta Cámara de Diputados, cuando ya hay un acuerdo de la Comisión Permanente en donde respete la competencia jurisdiccional.

También existe una comisión especial de investigación en la Cámara de Diputados del estado para el asunto del municipio de Chimalhuacán, donde todas las fuerzas políticas estatales y nacionales están representadas y seguramente, como ya he expresado, emitirá sus investigaciones y recomendaciones y que todos estamos por el fortalecimiento al federalismo.

Así, compañeras diputadas y diputados, al estar al nivel local una representación plural de esta naturaleza, tendrá que emerger la verdad y la justicia. La verdad para que estos hechos no sucedan y la justicia para los familiares de las familias fallecidas en estos lamentables hechos, que son reprobables por todos nosotros.

Señor Presidente, por lo anterior le solicito se turne el presente acuerdo, como usted lo ha ordenado.

Muchas gracias. Es cuanto.

Presidencia del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes

El Presidente :

Gracias, señor diputado.

Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Alejandro Gómez Olvera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Alejandro Gómez Olvera:

Compañeras y compañeros legisladoros:
Los sucesos violentos de Chimalhuacán son un acto que vulnera la paz pública y pone en duda el estado de derecho en el Estado de México.

Hoy, compañeros legisladores, tenemos que investigar, cuadyuvar a la investigación a fondo de estos sucesos tan negros y tan violentos.

Damos la bienvenida a la propuesta del diputado Funes, la suma del Partido Acción Nacional a la investigación y a la formalización de esta comisión que debe llegar hasta el fondo de los hechos.

Nosotros, como diputados, como legisladores, tenemos una encomienda que se nos ha conferido el pasado 2 de julio y ésta es velar y garantizar los derechos ciudadanos. No podemos permitir en ningún lado ni en el Estado de México, que el estado de derecho se viole.

Por eso es necesaria la congruencia. Tenemos que tener la congruencia de todos los legisladores para que finalmente lleguemos al fondo de las cosas.

Es relatado por mi compañero de bancada que el mismo gobernador estaba avisado de los sucesos que iban a acontecer. Todo mundo tenía claro que ahí se iba a dar un zafarrancho y por lo tanto, tanto la policía estatal como municipal, no actuó en consecuencia.

Por eso existe la imperiosa necesidad de formar esta comisión que hoy mismo se debe de votar, que hoy mismo debe de proceder, dado que efectivamente, por desconocimiento del diputado que me antecedió, esa comisión se formó en la pasada legislatura y no funcionó, no está funcionando.

A su vez, la misma Procuraduría General de la República no ha procedido, no se ha hecho llegar el caso y por lo tanto no podemos dejar pasar este hecho sangriento que vulnera el estado de derecho de nuestro país.

Por lo tanto, invito a todos los diputados que realmente rechazamos estos hechos violentos, que hoy mismo votemos esta comisión y que lleguemos al fondo de los hechos, compañeros.

Gracias.

El Presidente :

Gracias, diputado.

Tiene ahora el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Jorge Alberto Rodríguez Pasos, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Jorge Alberto Rodríguez Pasos:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Los hechos sangrientos ocurridos recientemente en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, no hacen más que ilustrar la práctica cotidiana vivida por el pueblo de México durante siete décadas, que aún queda como resabio y herencia de la cultura política priísta en nuestro país, que afortunadamente está feneciendo a pasos agigantados.

Ante hechos de esta naturaleza, el Partido del Trabajo se suma a la propuesta con punto de acuerdo para crear la comisión especial investigadora de los hechos del 18 de agosto, ocurridos en Chimalhuacán, Estado de México.

En nuestra intervención manifestamos una enérgica protesta por los sucesos por demás bochornosos, utilizados en la actualidad para dirimir diferencias políticas, incluso hacia el interior de un mismo partido u organización política.

Como sabemos, el pasado 18 de agosto se suscitó la confrontación caciquil en ese conflictivo municipio de la zona oriente del valle de México, que arrojó como saldo, según cifras oficiales, la muerte de 14 personas y cerca de 100 heridos, entre ellos muchos en estado de gravedad.

Esa refriega caciquil fue resultado de la lucha por el poder local entre dos fracciones priístas claramente diferenciadas por sus métodos de control político y de pertenencia corporativa al Partido Revolucionario Institucional. Por un lado, el grupo de Guadalupe Buendía y por el otro, el de Antorcha Campesina.

La confrontación surgió cuando el grupo político que fue marginado en la conformación del nuevo bloque gobernante trataba de impedir la toma de posesión del nuevo alcalde priísta Jesús Tolentino Román Bojorges, dirigente de otra no menos impopular y conflictiva organización priísta llamada Antorcha Campesina.
La disputa de fondo radicaba en que la dirigente de la Organización de Pueblos y Colonias, Guadalupe Buendía Torres, alias "La Loba" y el nuevo alcalde no llegaron a un acuerdo sobre el reparto de los puestos claves del ayuntamiento, para desde ahí continuar beneficiándose junto con sus seguidores con recursos públicos municipales y proseguir reproduciendo el esquema caciquil de control político en ese municipio.

Compañeras y compañeros diputados: es importante que al analizar los hechos ocurridos en Chimalhucán tengamos en cuenta el contexto vigente en ese municipio unos días antes de la toma de posesión del nuevo alcalde. El gobernador del Estado de México, Arturo Montiel Rojas, tuvo conocimiento pleno de lo que estaba ocurriendo en Chimalhuacán, porque desde el día miércoles 16 de agosto, a dos días de que ocurriera la matanza, 300 policías estatales de la subdirección operativa de la zona oriente del Estado de México se concentraron en las afueras de la cabecera municipal, para resguardar el orden en caso de algún choque entre las fracciones priístas que se disputan el poder local.

Sin embargo, nada hizo por detener el zafarrancho en el que perdieron la vida 14 personas inocentes. La presencia policiaca tampoco fue un elemento suficiente para inhibir la violencia entre los caciques de Chimalhuacán.

Lo más lamentable es que la función de los policías se redujo a presenciar los hechos violentos, con los que su actuación evidenció que se trata de una banda más, que sólo sirve para esquilmar y extorsionar a los habitantes de ese lugar.

Como sabemos, los lugareños han denunciado sistemáticamente las violaciones a sus derechos humanos por parte de la policía del Estado de México, que ha sido caracterizada como corrupta e ineficiente y de cuyas filas se han constituido verdaderas mafias dedicadas al secuestro y al robo de autos.

Compañeras y compañeros diputados: resulta evidente que el gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, mostró una vez más su gran incapacidad para conciliar los intereses de los priístas en pugna. Al mismo tiempo mostró también una enorme falta de oficio político para someter a los caciques de la región aludida y en esas circunstancias cómplice y partícipe directo de esa masacre y por lo tanto responsable de los lamentables hechos que dejaron como saldo un gran número de muertos.

273, 274 y 275

Lo que salta a la vista de forma inmediata es que el régimen priísta y la cultura que generó se están desmoronando, pero en ese proceso de crisis se están arrastrando centenares de personas inocentes, que al final de cuentas son quienes pagan los costos de un sistema político creado al amparo de la corrupción y la impunidad caciquil.

Chimalhuacán está mostrando de forma contundente la relación de corrupción entre el partido de Estado y sus oscuras ligas de poder con los caciques regionales.

Los escándalos priístas son la expresión de la finalización del régimen que se mantuvo en el poder durante 71 años. Las fuerzas democráticas del país se encargaron de darle fin en las elecciones del pasado 2 de julio y los caciques priístas que gozaron de la protección del partido del Estado y del Gobierno Federal estan siendo llamados a rendir cuentas a la sociedad, a la que sometieron y controlaron por varias décadas, a través de dádivas y de servicios de gestoría proporcionados por la autoridad priísta...

Es claro que nuestro país, está atravesando una nueva etapa en su vida democrática, donde ya no hay lugar para caciques y funcionarios corruptos...

El Presidente :

Permítame señor orador, permítame un minuto.

Solicito a las señoras y los señores diputados conservar la atención y el orden y al orador le solicito que redondee su intervención lo más pronto posible, ha terminado su tiempo.

El diputado Jorge Alberto Rodríguez Pasos:

Gracias, señor Presidente.

En el Partido del Trabajo, por todas las razones señaladas, pedimos, solicitamos la renuncia del gobernador Arturo Montiel por la incapacidad y complicidad mostradas ante los hechos antes aludidos.

Muchas gracias.

El Presidente :

Gracias a usted, señor diputado.

Informo a la Asamblea que se ha agotado la lista de los diputados inscritos para este tema y ha solicitado el uso de la palabra para rectificar hechos y se le concede hasta por cinco minutos, al diputado Lucio Fernández González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Lucio Fernández González:

Gracias, señor Presidente; honorable Asamblea:

No repetiré los argumentos vertidos por los diputados que han hecho uso de la tribuna para proponer el punto de acuerdo en los términos ya expresados. Tampoco repetiré los hechos vergonzosos que por sí solos hablan de una ausencia de autoridad en el Estado de México. Pero no es un problema poselectoral como se ha dicho, es un problema de seguridad nacional, toda vez de que hay grupos armados en la entidad.

La Comisión Permanente ha dejado de ejercer sus atribuciones, en virtud de que solamente ha actuado durante los recesos y la legislatura de la entidad mexiquense ha dejado de ejercer sus atribuciones. Fue la LIII Legislatura quien formó esta comisión. Por lo tanto esta LVIII Legislatura Federal debe retomar este asunto, para que en el seno de sus atribuciones dictamine, investigue y nos de a conocer datos importantes que a todos nos interesan.

Todos deseamos que el estado de derecho impere en las entidades federativas. Este punto de acuerdo debe ser aceptado por quienes velamos para que impere el estado de derecho en una entidad que forma parte del pacto federal. Además, no son hechos aislados los de Chimalhuacán, también sucedieron hechos en Huixquilucan, Ecatepec, Naucalpan, entre otros. Por lo tanto, ratificamos los diputados del Partido Acción Nacional, para que sea aceptado este punto de acuerdo.

El Presidente :

Gracias, señor diputado.

Ha pedido la palabra y se le concede por cinco minutos, al diputado Ricardo Moreno Bastida, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Ricardo Moreno Bastida:

Con su permiso, señor Presidente:

Saludo en nombre de los diputados que suscribimos el punto de acuerdo, la decisión y la enmienda que propone el Partido Acción Nacional al mismo, a fin de velar por el respeto de las garantías individuales, garantizar la gobernabilidad y la paz social en Chimalhuacán. Me parece que éste es un ejemplo vivo de los trabajos que tiene que llevar a cabo este Congreso, esta Cámara de Diputados en lo particular.

La búsqueda de los concensos por encima de los intereses particulares dan como resultado mejores frutos para los ciudadanos. Enhora-buena por esta decisión, compañeros legisladores del PAN.

Propongo finalmente una modificación a la base tercera del punto de acuerdo, para que diga lo siguiente: "la comisión durará hasta en tanto se integra la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de esta Cámara, a la cual deberá entregar los expedientes respectivos e informar al pleno".

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente :

Gracias, señor diputado.

Se turna la proposición de modificación del punto de acuerdo presentado, a la Junta de Coordinación Política.


VEHICULOS EXTRANJEROS

El Presidente :

Se concede para otro asunto el uso de la palabra al diputado Francisco Patiño Cardona, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos, para presentar una proposición con punto de acuerdo, relativo a la situación de vehículos de procedencia extranjera.

El diputado Francisco Patiño Cardona:

Con su venia señor Presidente; señoras diputadas; señores diputados:

La finalidad de la presente proposición de punto de acuerdo, es crear una comisión que exhorte al Senado de la República a que una vez que integre sus comisiones ordinarias y a la mayor brevedad posible, se sirva dar trámite legislativo constitucional al proyecto de Ley para la Renovación y Protección del Parque Vehicular Mexicano, así como al proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera, ambos turnados por esta Cámara de Diputados a la colegisladora con fecha 14 de diciembre de 1999.

Ambos proyectos legislativos atienden al problema de los vehículos usados de preferencia extranjera que están en posesión de un número muy importante de ciudadanos mexicanos especialmente en las zonas agropecuarias.

Presentamos nuestra proposición al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera. Con fecha 14 de diciembre de 1999 esta Cámara de Diputados aprobó sendos dictámenes de la Comisión de Comercio; del primero que crea la Ley para la Renovación y Protección del Parque Vehicular Mexicano y el segundo, que reforma diversas disposiciones de la Ley Aduanera.

Segunda.
De conformidad con el artículo 72 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, todo proyecto de ley o decreto cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas observándose el Reglamento y debates sobre la forma, intérvalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones, por lo que aprobado un proyecto en la Cámara de su origen pasará para su discusión a la otra Cámara.

Tercera.
De acuerdo con el artículo 73 fracciones VII y XXIX de la citada Ley Fundamental, son facultades del Congreso de la Unión respectivamente imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto, así como establecer contribuciones sobre el comercio exterior.

Cuarta.
Por lo anterior la creación de impuestos, así como el establecimiento de exenciones atado a los mismos son facultades del Congreso de la Unión y no facultades exclusivas de alguna Cámara.

Quinta.
La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en su artículo 96 establece la obligación de las comisiones ordinarias de la Cámara de Senadores, de funcionar durante los recesos del Congreso y lo de la propia Cámara en el despacho de los asuntos a su cargo. La misma obligación ampliada a la comisión de ambas cámaras aparece en el artículo 85 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Sexta.
Por otra parte, el citado Reglamento establece en su artículo 87, que toda comisión deberá presentar su dictamen en los negocios de su competencia dentro de los cinco días al de la fecha en que los haya recibido, la interpretación acreditada de lo que debe entenderse en este caso por la expresión "días" es la de los días útiles, es decir, días en los que se reúne el Congreso.

Séptima.
A la fecha el Senado de la República no ha dado trámite legislativo que la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos prescribe, pese a que han pasado por lo menos cinco meses y medio de recesos y mes y medio de un periodo ordinario de sesiones en el cual hubo desde luego mucho más que cinco días útiles ni siquiera se ha tenido noticias de que se hayan reunido, las comisiones del Senado encargadas de dictaminar el proyecto de ley, que es la finalidad de la presente proposición.

Octava.
Los proyectos de ley que son materia de esta proposición, atienden a un problema acuciante de amplias capas de la sociedad mexicana, ya que como lo desarrolla la motivación del dictamen que esta misma Cámara aprobó, actualmente ascienden a más de 1 millón de vehículos extranjeros irregulares que circulan en nuestro país, los que en manos, principalmente de sectores agropecuarios, ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios, los cuales desprotegidos por tratados comerciales que han dañado al agro y al carácter y recursos para allegarse de vehículos para transportar sus mercancías, se ven obligados a introducir al país vehículos de procedencia extranjera por su bajo costo.

El embargo de estos vehículos dañaría gravemente el patrimonio de sus propietarios y contribuiría a descapitalizar a este sector de por sí ya muy golpeado.

De modo parecido, crecientes grupos urbanos, de bajos recursos, han encontrado en esta vía la única forma de cubrir sus necesidades de transporte.

Novena.
El estado de ilegalidad de los vehículos en comento, deja casi siempre en estado de indefensión a sus propietarios ante las extendidas prácticas de corrupción que son tradicionales de las autoridades fiscales y de tránsito en la mayor parte del país.

Por otra parte, la lentitud con que se ha conducido la mayoría del Senado durante la pasada legislatura, es injustificada desde el punto de vista del bien social, ya que un importante sector de la economía y de la sociedad vive en la más completa incertidumbre, por lo que es urgente que la colegisladora retome el proyecto y considere los argumentos no solamente de esta Cámara, sino de toda la población afectada.

El deber de los representantes populares es precisamente representar los intereses del pueblo, esperemos que un Senado renovado en el que hoy tienen mayoría las fuerzas políticas que hace menos de un año fueron sensibles a este reclamo, cumpla lo más pronto posible su obligación constitucional, ética y política y

Décima.
El artículo 77 fracción II de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, faculta a las cámaras a comunicarse entre sí por medio de comisiones de su seno, mientras que el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General faculta a esta Cámara de Diputados, a crear las comisiones especiales que requiera, señalando su objeto, el número de los integrantes que la conformarán, así como el plazo para efectuar las tareas que se les haya encomendado.

276, 277 y 278

Por las anteriores consideraciones y con fundamento en el artículo 77 fracción II de la Constitución General; en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General, así como en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, siempre de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito somete a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición acuerdo parlamentario, solicitando su turno a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial en cuanto ésta sea integrada.

ACUERDO PARLAMENTARIO

Unico. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acuerda integrar una comisión especial de su seno que exhorte a la Cámara de Senadores la urgencia de dar trámite constitucional al proyecto de Ley para la Renovación y Protección del Parque Vehícular Mexicano, así como al proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera, ambos turnados por esta Cámara de Diputados a la colegisladora, con fecha 14 de diciembre de 1999.

Para el efecto, la comisión contará con un integrante por cada grupo parlamentario designado por el respectivo coordinador; asimismo, dispondrá de un plazo de tres días útiles para cumplir con su objetivo, al cabo de los cuales deberá entregar a esta Cámara un informe por escrito de su labor.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2000.- Firman este punto de acuerdo parlamentario los diputados de la bancada del Partido de la Revolución Democrática, así como del Partido del Trabajo.

Por su atención, muchas gracias.

«Proposición de punto de acuerdo para integrar una comisión que exhorte al Senado de la República a dar trámite legislativo a los proyectos de ley que atienden al problema de los vehículos usados de procedencia extranjera que circulan en el país.

Señoras diputadas, señores diputados: el objeto de la presente proposición de punto de acuerdo es crear una comisión que exhorte al Senado de la República a que, una vez que integre sus comisiones ordinarias y a la mayor brevedad posible, se sirva dar trámite legislativo constitucional al proyecto de Ley para la Renovación y Protección del Parque Vehicular Mexicano, así como al proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera, ambos turnados por esta Cámara de Diputados, a la colegisladora, con fecha 14 de diciembre de 1999. Ambos proyectos legislativos atienden al problema de los vehículos usados de procedencia extranjera que están en posesión de un número muy im portante de ciudadanos mexicanos, especialmente en las zonas rurales.

Presentamos nuestra proposición al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera. Con fecha 14 de diciembre de 1999, esta Cámara de Diputados aprobó sendos dictámenes de la Comisión de Comercio: el primero que crea la Ley para la Renovación y Protección del Parque Vehícular Mexicano y el segundo que reforma diversas disposiciones de la Ley Aduanera;

Segunda.
De conformidad con el artículo 72 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el Reglamento de debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones, por lo que, aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra;

Tercera.
De acuerdo con el artículo 73 fracciones VII y XXIX, de la citada Ley Fundamental, son facultades del Congreso de la Unión, respectivamente, imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto, así como establecer contribuciones sobre el comercio exterior;

Cuarta.
Por lo anterior, la creación de impuestos, así como el establecimiento de exenciones al pago de los mismos son facultades del Congreso de la Unión y no facultades exclusivas de alguna; de las cámaras;

Quinta.
La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 96, establece la obligación de las comisiones ordinarias de la Cámara de Senadores, de funcionar durante los recesos del Congreso y los de la propia Cámara, en el despacho de los asuntos a su cargo; la misma obligación, ampliada a las comisiones de ambas cámaras, aparece en el artículo 85 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;

Sexta.
Por otra parte, el citado Reglamento establece, en su artículo 87, que toda comisión deberá presentar su dictamen en los negocios de su competencia, dentro de los cinco días siguientes al de la fecha en que los haya recibido; la interpretación acreditada de lo que debe entenderse en este caso por la expresión días, es la de días útiles, es decir, días en los que se reúne el Congreso;

Séptima.
A la fecha, el Senado de la República no ha dado el trámite legislativo que la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos prescribe, pese a que han transcurrido, por lo menos, cinco meses y medio de recesos y mes y medio de un periodo ordinario de sesiones, en el cual hubo, desde luego, mucho más que cinco días útiles; ni siquiera se ha tenido noticia de que se hayan reunido las comisiones del Senado encargadas de dictaminar los proyectos de ley, que es objeto de la presente proposición;

Octava.
Los proyectos de ley que son materia de esta proposición atienden a un problema acuciante de amplias capas de la sociedad mexicana, ya que, como lo desarrolla la motivación del dictamen que esta misma Cámara aprobó, actualmente ascienden a más de 1 millón los vehículos extranjeros irregulares que circulan en nuestro país, los que están en manos principalmente de sectores agropecuarios, ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios, los cuales, desprotegidos por tratados comerciales que han dañado al agro y al carecer de recursos para allegarse de vehículos para transportar sus mercancías, se ven obligados a introducir al país, vehículos de procedencia extranjera por su bajo costo; el embargo de estos vehículos dañaría gravemente el patrimonio de sus propietarios y contribuiría a descapitalizar este sector, de por sí ya muy golpeado; de modo parecido, crecientes grupos urbanos de bajos recursos han encontrado en esta vía la única forma de cubrir sus necesidades de transporte;

Novena.
El estado de ilegalidad de los vehículos en comento deja casi siempre en estado de indefensión a sus propietarios, ante las extendidas prácticas de corrupción que son tradicionales en las autoridades fiscales y de tránsito en la mayor parte del país. Por otra parte, la lentitud con la que se ha conducido la mayoría del Senado durante la pasada legislatura es, injustificada desde el punto de vista del bien social, ya que un importante sector de la economía y de la sociedad vive en la más completa incertidumbre, por lo que es urgente que la colegisladora retome el proyecto y considere los argumentos no sólo de esta Cámara, sino, sobretodo, de la población afectada. El deber de los representantes populares es, precisamente, representar los intereses del pueblo. Esperemos que un Senado renovado, en el que hoy tienen mayoría las fuerzas políticas que hace menos de un año fueron sensibles a este reclamo, cumpla lo más pronto posible su obligación constitucional, ética y política y

Décima.
El artículo 77 fracción II de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, faculta a las cámaras a comunicarse entre sí, por medio de comisiones de su seno, mientras que el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General faculta a esta Cámara de Diputados a crear las comisiones especiales que requiera, señalando su objeto, el número de los integrantes que la conformarán, así como el plazo para efectuar las tareas que se les haya encomendado.

Por las anteriores consideraciones y con fundamento en el artículo 77 fracción II de la Constitución General, en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General, así como en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, siempre de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito somete a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición acuerdo parlamentario, solicitando su turno a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, en cuanto ésta se encuentre integrada.

ACUERDO PARLAMENTARIO

Unico. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acuerda integrar una comisión especial de su seno, que exhorte a la Cámara de Senadores la urgencia de dar trámite constitucional al proyecto de Ley Para la Renovación y Protección del Parque Vehicular Mexicano, así como al proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera, ambos turnados por esta Cámara de Diputados a la colegisladora con fecha 14 de diciembre de 1999. Para el efecto la comisión contará con un integrante por cada grupo parlamentario, designado por el respectivo coordinador; asimismo, dispondrá de un plazo de tres días útiles para cumplir con su objeto, al cabo de los cuales deberá entregar a esta Cámara un informe por escrito de su labor.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2000.- Diputados: Francisco Patiño Cardona, Rosario Tapia Medina, Tomás Torres Mercado, Norma Reyes Terán, Pedro Miguel Rosales, Elías Martínez Rufino, José Antonio Magallanes Rodríguez, Ricardo Moreno Bastida, Ramón León M., Arturo Hervis Reyes, Rosa Delia Cota Montaño, Juan Carlos Regis Adame, Jorge A. Rodríguez Pasos, Jaime Cervantes Rivera, Félix Castellanos Hernández, María de los Angeles Sánchez, Alfonso Oliverio Elías, Magdalena Núñez Monreal, Félix Salgado Macedonio, Genoveva Domínguez Rodríguez, Silvano Aureoles Conejo, Manuel Duarte Ramírez, Mario Cruz Andrade, Raquel Cortés López, Bonifacio Castillo Cruz, Miguel Bortolini, Aldaurico Hernández y Rosalinda López Hernández.»

El Presidente :

Gracias, señor diputado.

Esta Presidencia considera que la materia a la que se ha referido el punto de acuerdo, corresponde a la Junta de Coordinación Política, porque es la solicitud de integración de una comisión especial.

Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Se concede el uso de la palabra por cinco minutos, sobre el mismo tema, a la diputada Rosa Delia Cota Montaño, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Rosa Delia Cota Montaño:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
Discutimos en el pleno de esta Cámara de Diputados una problemática que aún no ha sido resuelta completamente y que sigue siendo un punto de conflicto entre los ciudadanos poseedores de vehículos de procedencia extranjera y el Gobierno Federal.

Como todos sabemos, la entrada de vehículos de procedencia extranjera a México no es nueva, desde hace años se viene realizando esta práctica por parte de numerosos ciudadanos en virtud de que los requieren para sus labores productivas, comerciales o de transporte y de que prácticamente no les es posible acceder a vehículos de procedencia nacional, nuevos o de modelo reciente, en buenas condiciones, porque los precios de los mismos son muy elevados.

Los ciudadanos unidos en este problema tienen graves desventajas con relación a los habitantes de otros países para adquirir vehículos nuevos o por lo menos en mejores condiciones de funcionamiento, esto debido, entre otros factores, al elevado precio de las unidades, además de la carga onerosa que representa el pago de impuestos sobre automóviles nuevos y por la tremenda caída en los ingresos del grueso de la población mexicana.

Las autoridades federales han aducido que la internación de vehículos de procedencia extranjera de manera ilegal va en detrimento de la industria automotriz nacional, pero lo que no ven es que los compatriotas que optan por esta opción no tienen ninguna otra alternativa, de ella depende la supervivencia de sus familias y el poder continuar con su actividad productiva.

Por otra parte, también es preciso recordar que esta situación fue propiciada por quienes ostentan el poder, de manera discrecional otorgaban el ingreso de vehículos de procedencia extranjera a sus organizaciones corporativas, particularmente cuando se presentaban coyunturas de orden electoral o bien en un afán de legitimarse ante sus simpatizantes.

Ante esta situación discriminatoria, la única opción viable para este sector de la población era adquirir un vehículo automotriz que estuviera en el nivel de sus posibilidades económicas y lo adquiría a sabiendas que la situación de dichos automotores era irregular. Obviamente este tipo de operaciones comerciales ilícitas estaban al amparo y contubernio de las autoridades hacendarias.

279, 280 y 281

No debemos perder de vista que un factor fundamental del problema que discutimos tiene que ver con la desatención y el deterioro del campo en los últimos tiempos, derivado de las políticas económicas y la profunda crisis económica de 1995 propiciada por éstas, ha recrudecido el problema de internación ilegal de vehículos procedentes del extranjero.

Apreciada en su conjunto, esta situación tiene que ver con el deterioro creciente de las condiciones de vida de amplias franjas de la población rural y de las zonas fronterizas. Asimismo, con la necesidad de elevar la productividad en las ramas automotrices para reducir en forma sustantiva el precio de los vehículos nuevos y con la existencia de un régimen que no coadyuve a la adquisición de autos nuevos o de años recientes.

Por lo anterior, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo se suma al punto de acuerdo para que esta soberanía integre una comisión especial en su seno, que exhorte a la Cámara de Senadores para que ésta dé trámite constitucional al proyecto de Ley Para la Renovación y Protección del Parque Vehicular Mexicano, así como el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera.

Es cuanto.

El Presidente :

Gracias, diputada.

Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, para rectificar hechos, el diputado Alonso Ulloa Vélez.

El diputado Alonso Ulloa Vélez:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Muy brevemente para fijar la postura del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional sobre este tema.

Esta iniciativa, como todos ustedes saben, fue presentada en la anterior legislatura, discutida y aprobada por la Cámara de Diputados y está hoy en el ámbito de competencia del Senado de la República.

Los diputados de Acción Nacional, sin embargo, si bien apoyamos el punto de acuerdo del Partido de la Revolución Democrática en el sentido de que debe agilizarse el proceso legislativo en la Cámara de Senadores, consideramos que no deben formarse comisiones especiales para todos los temas.

Creemos que en este caso lo que corresponde es que la Cámara de Diputados envíe una excitativa por medio de su mesa directiva, señor Presidente, a la Cámara de Senadores, para que ésta proceda al trámite legislativo correspondiente.

Eso es todo, muchas gracias.

El Presidente :

Gracias, señor diputado.

El diputado Francisco Patiño Cardona
(desde su curul):

Señor Presidente.

El Presidente :

¿Si, señor diputado?

El diputado Francisco Patiño Cardona
(desde su curul):

Para rectificar hechos.

El Presidente :

Para rectificar hechos tiene usted el uso de la palabra por cinco minutos.

El diputado Francisco Patiño Cardona

Por supuesto no voy a consumir los cinco minutos que me ha otorgado el señor Presidente, pero sí me gustaría saludar ese gesto generoso de los compañeros de la bancada del Partido del Trabajo y por supuesto de los compañeros diputados del Partido Acción Nacional.

Esto quiere decir que soplan vientos democráticos, soplan vientos de justicia y qué bueno que al menos las tres bancadas empecemos a coincidir en un tema tan importante como es el tema de los vehículos de procedencia extranjera.

He platicado con los compañeros de la fracción parlamentaria del PT y consideramos muy importante esta acotación que realizó hace un momento el compañero diputado del PAN, justamente que sea esta Cámara de Diputados la que se pronuncie y exhorte a la Cámara de Senadores para agilizar el problema.

Muchas gracias.

El Presidente :

Gracias, señor diputado.

Se han referido a la posibilidad de que sea la Cámara, a través de la directiva, la que se dirija al Senado de la República.

Por ello, se ha turnado a la Junta de Coordinación Política para que presente a la directiva y apruebe el pleno los términos de dicha comunicación.


CAJAS DE AHORRO

El Presidente :

Tiene ahora para otro asunto, el uso de la palabra, el diputado Manuel Orozco Garza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de acuerdo en relación a las cajas de ahorro, hasta por 10 minutos.

El diputado Manuel Wistano Orozco Garza:

Señor Presidente de la Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión; compañeras y compañeros diputados:

Los abajo firmantes, diputados federales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de esta LVIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea los hechos que a continuación se narran y el punto de acuerdo que se indica:

Para los suscritos, es de urgencia vital el establecimiento de un auténtico estado de derecho fundado en el reconocimiento teórico real de los derechos esenciales de la persona humana y promotor del bien común.

El estado de derecho presupone el ideal de que las conductas de los individuos y de las autoridades, se rijan por lo dispuesto en las normas jurídicas.

En el ejercicio del poder, debe corresponder a la dignidad trascendental de su misión, con acendrada responsabilidad, firme, dependiente y enérgica actitud como guardián celoso y activo agente de la protección de la ley, tanto contra las transgresiones de los particulares como de los funcionarios.

En tal sentido se pasa a desahogar los siguientes

ANTECEDENTES

En el último año se han presentado problemas relacionados con quebrantos de algunas cajas de ahorro y préstamo que representan un monto considerable de dinero y que afectan el patrimonio de cientos de miles de ahorradores.

En el caso de las cajas de ahorro y préstamo, el problema se originó por la falta de un adecuado ordenamiento legal que regule el funcionamiento de las mismas y que faculte la supervisión de éstas por parte de algún organismo público.

En cuanto a las sociedades de ahorro y préstamo, los depósitos no se encuentran respaldados por el Gobierno Federal ni tampoco cuentan con una supervisión adecuada.

Ante la problemática y con base en la experiencia internacional de las cajas de ahorro y  préstamo, se debe modificar el marco jurídico y de facultades a determinados organismos públicos que mediante la supervisión y vigilancia garanticen una administración adecuada.
Ahora bien, uno de los problemas que más han conmocionado a la opinión pública, es el relativo a las denominadas "cooperativas-cajas populares, administradas por el señor José Cirilo Ocampo Verdugo.

En noviembre de 1999, la Procuraduría General de la República inició averiguaciones previas en contra del señor Ocampo Verdugo, por el delito de lavado de dinero. Como resultado de las averiguaciones previas, en febrero de este año 2000, la Procuraduría General de la República aseguró bienes del señor Ocampo incluyendo las cuentas de las cajas de ahorro. Desde entonces los socios de las cajas de ahorro se han visto imposibilitados para retirar sus ahorros e intereses y muchos de ellos actualmente atraviesan una situación financiera crítica en virtud de que dichos ahorros eran su único patrimonio.

Derivado de lo anterior se creó el denominado "Grupo Federal de Trabajo", cuyo objetivo es dar solución al problema antes referido. Dicho grupo lo conforman la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, el Servicio de Administración de Bienes Asegurados y representantes de los 25 estados involucrados.

El grupo de trabajo respectivo, anunció a la opinión pública, que por las gestiones realizadas se logró que el señor Cirilo Ocampo entregara sus bienes a un fideicomiso para que sea garantía de un crédito, con el cual se comenzaría a pagar a los ahorradores, El pago de los ahorradores se iniciaría una vez que las auditorías a las cajas de ahorro hubieran concluido.

Por otro lado, alrededor de la incertidumbre que causa la problemática de las cooperativas-cajas populares, constituidas por el señor José Cirilo Ocampo Verdugo, ahorradores de otras cajas populares han intentado hacer retiros masivos de las cajas populares a las que pertenecen, provocando con esto que varias de ellas se encuentren en serios problemas financieros e incluso habiendo cerrado ya sus operaciones algunas de ellas, como por ejemplo la caja popular de El Sol y algunas sociedades de ahorro y crédito como la Sociedad de Crédito y Ahorro del Noroeste, mejor conocida como El Arbolito.

Por todo lo anterior, es urgente dar solución al grave problema de los ahorradores afectado por el asunto de las cajas populares administradas por el señor José Cirilo Ocampo Verdugo y a su vez también a las cajas populares en problemas fuera de la administración del señor Ocampo.

En tal sentido esta Cámara de Diputados como Asamblea y espacio para la solución de problemas nacionales, tiene el interés y la responsabilidad de coadyuvar con los demás ordenes de gobierno en la solución, para lo cual es necesario contar con la información más completa al respecto.

Por lo anteriormente expuesto los abajos firmantes presentamos el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se sirva solicitar al responsable del grupo federal de trabajo conformado por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, el Servicio de Administración de Bienes Asegurados y representantes de los 25 estados involucrados, envíe a esta Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura, del honorable Congreso de la Unión, a la brevedad posible la información siguiente:

Inventario, descripción y avalúo de los bienes asegurados por el señor Cirilo Ocampo, relacionados con la indagatoria correspondiente, así como los frutos y rendimientos que se hubieran generado.

Estructura, funcionamiento y nombres de los representantes del fideicomiso que se dice se construyó con los bienes aportados por el señor José Cirilo Ocampo Verdugo. En este sentido se solicita se remita el testimonio público de su constitución.

Compromisos adquiridos por el fideicomiso con los ahorradores y con organizaciones ciudadanas de ahorradores.

282, 283 y 284

Plazos o términos para cumplir los compromisos acordados. Los canales o vínculos que se generaron o generarán con los ahorradores en este proceso de solución. Estado actual que guardan cada una de las auditorías realizadas, incluyendo sus resultados. Número de cajas de ahorro involucradas, sus sucursales y número de socios ahorradores, afectados por cada una de esas cajas. Número de deudores involucrados en dichas cajas de ahorro y préstamo. Los montos derivados de dichas operaciones. Así como cualquier otra información que se estime pertinente y necesaria, para que esta Cámara de Diputados cuente con los elementos de juicio respecto a dicho problema.

Segundo.
Se solicite al responsable del grupo federal de trabajo conformado por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, el Servicio de Administración de Bienes Asegurados y representantes de los 25 estados involucrados, envíe a esta Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la información existente respecto a otros casos de cajas de ahorro y préstamos, diferentes al caso del señor Cirilo Ocampo Verdugo con problemas similares, así como de sociedades de ahorro y créditos tales como la Sociedad de Crédito y Ahorro del Noroeste, mejor conocida como El Arbolito.

Tercero.
Se informe si este grupo de trabajo está tomando medidas prudenciales o preventivas, para evitar futuros problemas de esta índole.

Señor Presidente, se solicita que el presente punto de acuerdo sea considerado de urgente y obvia resolución y consecuentemente se sirva someterlo al pleno de esta Cámara de Diputados para su discusión y aprobación.

Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D. F., a 7 de septiembre de 2000. Diputados del grupo parlamentario de Acción Nacional.

Gracias.

«Punto de acuerdo relativo a solicitar información al grupo federal de trabajo, conformado por la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Procuraduría General de la República y otros, creado para la solución del problema de los ahorradores de "Cooperativas-Cajas Populares."

Señor Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; compañeras y compañeros diputados:

Los abajo firmantes, diputados federales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LVIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea los hechos que a continuación se narran y el punto de acuerdo que se indica.

Para los suscritos es de urgencia vital el establecimiento de un auténtico estado de derecho fundado en el reconocimiento teórico real de los derechos esenciales de la persona humana y promotor del bien común. El estado de derecho presupone el ideal de que las conductas de los individuos y de las autoridades se rijan por lo dispuesto en las normas jurídicas.

El ejercicio del poder debe corresponder a la dignidad trascendental de su misión, con acendrada responsabilidad; firme, independiente y enérgica actitud, como guardián celoso y activo agente de la protección de la ley, tanto contra las transgresiones de los particulares como de los funcionarios. En tal sentido se pasa a desahogar los siguientes

ANTECEDENTES

1) En el último año se han presentado problemas relacionados con quebrantos de algunas cajas de ahorro y préstamo que representan un monto considerable de dinero y que afectan el patrimonio de cientos de miles de ahorradores.

2) En el caso de las cajas de ahorro y préstamo, el problema se originó por la falta de un adecuado ordenamiento legal que regule el funcionamiento de las mismas y que faculte la supervisión de éstas por parte de algún organismo público. En cuanto a las sociedades de ahorro y préstamo, los depósitos no se encuentran respaldados por el Gobierno Federal ni tampoco cuentan con una supervisión adecuada.

3) Ante la problemática y con base en la experiencia internacional de las cajas de ahorro y préstamo, se debe modificar el marco jurídico y de facultades a determinados organismos públicos que mediante la supervisión y vigilancia garanticen una administración adecuada.

4) Ahora bien, uno de los problemas que más han conmocionado a la opinión pública es el relativo a las denominadas "cooperativas-cajas populares", administradas por el señor José Cirilo Ocampo Verdugo.

5) En efecto, en noviembre de 1999, la PGR inició averiguaciones previas en contra del señor Ocampo Verdugo por el delito de lavado de dinero.

6) Como resultado de las averiguaciones previas, en febrero del 2000 la PGR aseguró bienes del señor Ocampo, incluyendo las cuentas de las cajas de ahorro.

7) Desde entonces los socios de las cajas de ahorro se han visto imposibilitados para retirar sus ahorros e intereses y muchos de ellos actualmente atraviesan una situación financiera crítica, en virtud de que dichos ahorros eran su único patrimonio.

8) Derivado de lo anterior, se creó el denominado grupo federal de trabajo, cuyo objetivo es dar solución al problema antes referido. Dicho grupo lo conforman la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, el Servicio de Administración de Bienes Asegurados y representantes de los 25 estados involucrados.

9) El grupo de trabajo respectivo anunció a la opinión pública que por las gestiones realizadas, se logró que el señor Cirilo Ocampo entregara sus bienes a un fideicomiso para que sea garantía de un crédito con el cual se comenzaría a pagar a los ahorradores. El pago a los ahorradores se iniciaría una vez que las auditorías a las cajas de ahorro hubieran concluido.

10) Por otro lado, alrededor de la incertidumbre que causa la problemática de las "cooperativas-cajas populares" constituidas por el señor José Cirilo Ocampo Verdugo, ahorradores de otras cajas populares han intentado hacer retiros masivas de las cajas populares a las que pertenecen, provocando con esto que varias de ellas se encuentren en serios problemas financieros e incluso habiendo cerrado ya sus operaciones, como por ejemplo la Caja Popular El Sol y algunas sociedades de ahorro y crédito como la Sociedad de Crédito y Ahorro del Noroeste.

Por todo lo anterior, es urgente dar solución al grave problema de los ahorradores afectados por el asunto de las cajas populares administradas por el señor José Cirilo Ocampo Verdugo y a su vez también a las cajas populares en problemas fuera de la administración del señor Ocampo. En tal sentido, esta Cámara de Diputados como Asamblea y espacio para la solución de problemas nacionales tiene el interés y la responsabilidad de coadyuvar con los demás órdenes de gobierno en la solución, para lo cual es necesario contar con la información más completa al respecto.

Por lo anteriormente expuesto, los abajo firmantes presentamos el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se sirva solicitar al responsable del grupo federal de trabajo, conformado por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, el Servicio de Administración de Bienes Asegurados y representantes de los 25 estados involucrados, envíe a esta Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, a la brevedad posible información siguiente:

  • Inventario, descripción y avalúo de los bienes asegurados al señor Cirilo Ocampo relacionados con la indagatoria correspondiente,así como los frutos y rendimientos que se hubiesen generado.
  • Estructura, funcionamiento y nombres de los responsables del fideicomiso que se dice se constituyó con los bienes aportados por el señor José Cirilo Ocampo Verdugo. En este sentido, se solicita se remita el testimonio público de su constitución.

  • Compromisos adquiridos por el fideicomiso con los ahorradores y con organizaciones ciudadanas de ahorradores.
  • Plazos o terminos para cumplir los compromisos acordados.
  • Los canales o vínculos que se generarón o generarán con los ahorradores, en este proceso de solución.

  • Estado actual que guardan cada una de las auditorías realizadas, incluyendo sus resultados.
  • Número de cajas de ahorro involucradas, sus sucursales y número de socios ahorradores afectados por cada una de esas cajas.
  • Número de deudores involucrados en dichas cajas de ahorro y préstamo.
  • Los montos derivados de dichas operaciones.

  • Así como cualquier otra información que se estime pertinente y necesaria para que esta Cámara de Diputados cuente con los elementos de juicio respecto a dicho problema.

Segundo. Se solicite al responsable del grupo federal de trabajo, conformado por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, el Servicio de Administración de Bienes Asegurados y representantes de los 25 estados involucrados, envíe a esta Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la información existente respecto a otros casos de cajas de ahorro y préstamo diferentes al caso del señor José Cirilo Ocampo Verdugo, con problemas similares, así como de sociedades de ahorro y crédito tales como la sociedad de crédito y ahorro del noroeste.

Tercero.
Se informe si este grupo de trabajo está tomando medidas prudenciales o preventivas para evitar futuros problemas de esta índole.

Señor Presidente, se solicita que el presente punto de acuerdo sea considerado de urgente y obvia resolución y consecuentemente se sirva someterlo al pleno de esta Cámara de Diputados para su discusión y aprobación.

Atentamente.

Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 7 de septiembre de 2000.- José Medellín Milán, secretario. Diputados que firman el punto de acuerdo sobre la caja de ahorro: Vicente Pacheco Castañeda, Orestes Eugenio Pérez Cruz, Salvador López Orduña, Luis Miguel Santibáñez García, Herbert Taylor Arthur, Tomás Coronado Olmos, Manuel Orozco Garza, Jaime Aceves Pérez, Germán Arturo Pellegrini Pérez, Beatriz Guadalupe Grande López, María Isabel Velasco Ramos, José Sergio R. Vaca Betancourt Bretón, Emilio Rafael José Goicoechea Luna, Jaime Tomás Ríos Bernal, José Antonio Gloria Morales, Guillermo Padrés Elías, J. de Jesús Hurtado Torres, Braulio Martínez Ramírez, Rafael Orozco Martínez, Rigoberto Romero Aceves, Alfonso Sánchez Rodríguez, Salvador Pulido Noriega, Francisco Salvador López Brito, Miguel Angel Torrijos Mendoza, J. Jesús Dueñas Llerenas y Abel I. Cuevas Melo.»

El Presidente :

Señor diputado, su solicitud se considera de urgente resolución, el punto de acuerdo se someterá a la consideración del pleno, para ver si cuenta con la mayoría calificada de dos terceras partes de los presentes, consulto previamente si hay orador en contra, si no proceda la Secretaría a recoger la votación.

El secretario José Manuel Medellín Milán:

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.

El diputado Sergio Acosta Salazar
(desde su curul):

Señor Presidente, una moción...

El Presidente :

Señor diputado usted está en el orden, si, si, sólo que estamos ahorita en un trámite de previo especial pronunciamiento, que es saber si la Asamblea considera de urgente resolución el punto de acuerdo. Luego seguiremos en su procesamiento.

Continúe, señor Secretario.

285, 286 y 287

El secretario José Manuel Medellín Milán:

En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior del Congreso General, si el asunto que se discute se considera de urgente resolución.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, si se considera de urgente y obvia resolución.

El Presidente :

Es de urgente y obvia resolución, por tanto están inscritos para hablar en este tema que ahora está a discusión y que habrá que ordenar quienes van hablar a favor y quienes hablarían en contra de la proposición.

Pregunto quiénes se inscriben para hablar en contra de la proposición. No habiendo quien haga uso de la palabra en contra, no se registran oradores a favor y se pide a la Secretaría dé lectura a la proposición para someterla a la votación del pleno.

El diputado Amador Rodríguez Lozano
(desde su curul):

Señor Presidente, por favor.

El Presidente :

Sí, señor diputado.

El diputado Amador Rodríguez Lozano
(desde su curul):

Se había apuntado el diputado Sergio para fijar su posición, en relación a la propuesta.

El Presidente :

Sí, señor diputado; yo he preguntado si hay oradores en contra y oradores en pro. No los hay. Si ustedes me permiten terminar con este trámite, podríamos rescatar la lista de oradores que se tenía para la proposición, para fijar sus posiciones en relación a la proposición una vez que haya sido votada, que es el trámite que sustituye al turno a comisiones. Como el pleno lo ha considerado de urgente resolución, tomamos la resolución y respetemos posteriormente las posiciones que querían expresar los señores diputados.

El diputado Amador Rodríguez Lozano
(desde su curul):

Con todo respeto, señor Presidente, la intervención tiene que ser antes de la votación, porque precisamente tiene como propósito fijar la posición de la bancada del PRI frente a la proposición, que ya se aceptó que se pusiera de inmediato a consideración de la Asamblea.

El Presidente :

Coincido con usted, solamente que no habiendo quien se inscriba en contra, no puedo ordenar los oradores a favor y son posicionamientos. No tengo ningún inconveniente en respetar quienes ya tenían el derecho a hacer uso de la palabra y posteriormente volver a solicitar al Secretario que tome la votación de la Asamblea.

Tiene entonces el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado don Sergio Acosta Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Sergio Acosta Salazar :

Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:

Bueno, es aplaudible realmente el hecho de que en este punto de acuerdo que propone Acción Nacional se sume a la propuesta de nuestro compañero Delfino Garcés, que en la primera sesión ordinaria de este Congreso tuvo este punto de acuerdo referente a las cajas de ahorro o llamadas cajas populares.

Es importante que no únicamente se vea el caso del señor Cirilo Ocampo; hay muchos Cirilos Ocampo en toda la República y podemos citar de que tanto en este sexenio como en el sexenio pasado, no únicamente se dio el aspecto de las defraudaciones a varios inversionistas, yo no llamaría ahorradores no inversionistas, de estas cajas y caso concreto podemos hablar el hecho en el Estado de Michoacán, donde hace 10 años, bajo el gobierno salinista, se dio precisamente de que más de 20 mil personas fueran afectadas en sus patrimonios y en sus capitales precisamente por una caja de ahorros encabezada por el señor Fabián Rodríguez Salcedo, Francisco Duvalí Ferra, que era prácticamente la misma persona.

Se dio la posibilidad de encarar dos procedimientos, uno de carácter penal y otro de carácter, civil. El señor actualmente se encuentra en Almoloya recluido, pero se dejó en estado de indefensión a más de 20 mil personas. Catorce cajas de ahorro que afectó, no sólo a Morelia, Zitácuaro, Uruapan, sino también al Estado de Guanajuato, ahora se recrudece en estos años en este sexenio y lo vemos precisamente que en 25 estados han sido privados de sus dineros propiamente más de 1 millón de personas.

Nosotros, el grupo parlamentario de nuestro partido, el PRD, a través de la voz de nuestro diputado Delfino Garcés, hizo la propuesta en el sentido de que se nombre una comisión investigadora.

Sabemos bien de que esto va de menor a mayor. Hace 10 años se hizo el famoso fideicomiso liquidador y lo hicieron en los estados. La gente hasta el día de hoy ha recibido únicamente centavos por pesos y esto es porque esperan la prescripción a los 10 años de carácter penal. Ahora, también se pretende o ya se pretendió hacer un fideicomiso nacional.

Esto es necesario de que se tome cartas en el asunto, en primer lugar como lo comentaba nuestro compañero diputado del PRD, de que definitivamente se nombre esta comisión, pero que aunado a ello, también se resuelvan las otras cajas que han quedado empantanadas y que por ende todavía no se ha dado solución y que únicamente se han utilizado estos movimientos de inversionistas en algunos casos, como banderas políticas.

Damos de antemano estas muestras de que realmente en este Congreso, estemos superando estos vicios pasados; de que ahora estamos demostrando que realmente nos interesa la ciudadanía.

El gesto que tiene Acción Nacional, para sumarse a la propuesta en este punto de acuerdo, a la propuesta que el día martes pasado la hiciera nuestra fracción parlamentaria de nuestro partido, es importante y yo creo que es urgente; pero que además, en lo futuro se reglamente, porque en el caso de Michoacán, la casa que estaba de Fabián Rodríguez Salcedo, estaba a unas esquinas donde estaba la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Tal vez esto se dice, que el banco o el Fondo Monetario Internacional, fue una de las condiciones de que se retiraran estas casas, porque ya los bancos únicamente aceptaban pagos de servicios como de luz, de agua etcétera y estas cajas de ahorro daban importantes intereses.

Por último, subrayando que en el caso que nosotros, el grupo parlamentario del PRD, es no tanto que se pida la información, porque en ocasiones ya viene filtrada, sino que retomamos y quisiéramos que los señores de Acción Nacional también pudieran ver esta propuesta, en el sentido de que no nada más sería la información, sino que también se hiciera esta comisión especial donde estuvieran representantes de este honorable Congreso.

Gracias, muy amables.

El Presidente :

Gracias a usted, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Héctor Israel Ortíz Ortíz, por cinco minutos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Héctor Israel Ortíz Ortíz:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Como es del conocimiento general, nuestro partido, en distintos foros, ha expresado su solidaridad con los miles de mexicanos que han sido defraudados por las distintas cajas de ahorro y su determinación de impulsar las acciones necesarias para que les sean resarcidas las cantidades depositadas en estas cajas de ahorro.

Por tal motivo, nuestra fracción no tiene inconveniente alguno en respaldar el punto de acuerdo propuesto por el compañero diputado que en nombre del Partido Acción Nacional, ha presentado al pleno de esta Cámara.

Nuestra fracción considera que estas cajas de ahorro popular son necesarias para fomentar el ahorro, pero habrá de plantear oportunamente ideas que perfeccionen la legislación.

En consecuencia, estamos de acuerdo en que se envíe a esta Cámara la información aquí solicitada respecto del fideicomiso constituido para resarcir el daño que sufrieron quienes depositaron sus ahorros en estas cajas, así como también las medidas preventivas que se estén tomando al respecto de las demás cajas que se encuentren en igualdad de circunstancias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente :

Gracias, señor diputado.

El diputado Herbert Taylor Arthur
(desde su curul):

Pido la palabra para rectificar hechos.

El Presidente :

Tiene el uso de la palabra por cinco minutos, para rectificar hechos, el diputado Herbert Taylor.

El diputado Herbert Taylor Arthur

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El día de hoy estamos tomando y parece que tomaremos una decisión importante. La decisión de empezar los trabajos que nos conduzcan a la búsqueda de la solución del quebranto de varios cientos de miles de ahorradores mexicanos. El día de hoy parece y creo que así será, será el momento en que tomaremos como Cámara de Diputados la primera determinación en consenso, la primera determinación en conjunto y afortunadamente ésta es en ir a y en búsqueda de mejores condiciones de vida para la gente con problemas, con la gente más necesitada.

Deberemos de congratularnos porque los grupos parlamentarios, el grupo parlamentario del PAN, del PRI, del Verde Ecologista, del PRD y los demás grupos que así lo manifiesten, parece que están latiendo nuestros corazones en un mismo ritmo. Eso va a permitir, sin duda, que vayamos construyendo consensos.

Quisiera hacer dos observaciones: la primera, que la propuesta que el grupo parlamentario de Acción Nacional ha presentado no es en sí misma una propuesta que vaya siguiendo la de otros, si bien buenas, si bien intencionadas, intenciones de compañeros. Es un sentimiento que rebasa por mucho el sentimiento de cualquiera de nosotros; es un llamado de la nación que nos pide que estemos atentos y día a día trabajando por la gente que más lo requiere.

Aplaudo estas coincidencias y sin duda este primer acuerdo podrá marcar el siguiente rumbo y los caminos de tres años de esta legislatura. Seguramente los cientos y miles de ahorradores defraudados, aplaudirán y verán en el grupo, en esta Cámara de Diputados, un lugar de donde pueden empezar a encontrar soluciones viejas y nuevas a sus problemas.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente :

Gracias, señor diputado.

Diputado secretario Medellín, por favor solicite la votación de la Asamblea.

288, 289 y 290

 

 

                       

El secretario José Manuel Medellín Milán:

En votación económica y por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea si es de aprobarse la proposición que se discute.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.

El Presidente :

Ha quedado aprobada la proposición.


VI INFORME DE GOBIERNO

El Presidente :

Pasando al siguiente punto del orden del día, agenda política, procederemos a otorgar el uso de la palabra a los siguientes señoras y señores diputados: para plantear un posicionamiento de los grupos parlamentarios con relación al VI Informe de Gobierno del presidente Ernesto Zedillo, harán uso de la palabra, por cinco minutos los diputados: José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia; Gustavo Riojas Santana, a nombre de los diputados de los partidos de Alianza Social y Sociedad Nacionalista; Jaime Cervantes Rivera, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; Alejandro García Sainz Arena, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Gregorio Urías Germán, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Manuel Espino Barrientos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y Oscar Levín Coppel, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Tiene la palabra el diputado José Manuel del Río Virgen.

El diputado José Manuel del Río Virgen:

Con su permiso, señor Presidente:

Convergencia por la Democracia es una organización política identificada con el respeto a las libertades, la disidencia y la democracia.

Nos hubiera gustado, como establece nuestra Carta Magna, un verdadero informe de Gobierno en el que puntualmente estuvieran reflejadas las realidades del ejercicio del Poder Ejecutivo nacional durante este último año y no sólo un conjunto de reflexiones sobre generalidades y aun sobre situaciones estrictamente personales.

Creemos que el Ejecutivo Federal, en todos sus actos de gobierno, debe ser no sólo preciso sino escrupuloso en la manera de informar sobre ellos, tanto al Poder Legislativo como a los ciudadanos en general, situación que en este informe de gobierno lamentablemente no se dio.

Nuestro partido no acepta la vía fácil del aplauso a informes o a situaciones sin tener antes la mayor cantidad de elementos de juicio.

El día de hoy recibimos el paquete que contiene el verdadero informe de gobierno, el cual ofrecemos analizar cuidadosamente para poder, hasta entonces, dar nuestra opinión puntual sobre dicho documento.

Ante la presentación de los secretarios participaremos. No hubo informe porque la corrupción carcome al sistema, compañeras y compañeros diputados.

Claro, al ratito oiremos que sí informó, que es humano, que es capaz el doctor Zedillo, etcétera. Pero al doctor Zedillo no le valió ningún comentario los 500 mil ahorradores que fueron defraudados, a los que les dio un trato total y absolutamente desigual en relación con los banqueros. A ellos los mandaron a hacer fila al Ministerio Público; a los banqueros les dieron el Fobaproa. Un trato total y absolutamente desigual, compañeras y compañeros diputados.

No le mereció mencionar Chiapas, Guerrero, la UNAM, etcétera, etcétera y la manifestación de nuestros compañeros que con una pancarta decían 60 millones de pobres.

En tiempos modernos viene el doctor Zedillo con una exposición de buenos deseos, con su investidura de demócrata. Han dicho todo ya los analistas políticos. Pero el liberal en política y en economía nos falló.

Felizmente, como dijo mi compañero diputado Enrique Herrera, su sexenio ya se acabó.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente :

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra el diputado Gustavo Riojas Santana a nombre de los diputados del Partido de Alianza Social y Sociedad Nacionalista.

El diputado Gustavo Riojas Santana:

Gracias, señor Presidente:

Antes que todo, quisiera comunicarle al pleno, a los señores legisladores, que esto de Partido de Alianza Social de permitirme expresar algunos conceptos en relación al informe es precisamente en aras de la consolidación de nuestra fracción parlamentaria: Alianza Nacionalista.

Después de haber recibido el pasado 1o. de septiembre el VI y último informe del Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, no queda la menor duda de que es imprescindible e impostergable una reforma constitucional al artículo 69 y demás relativos de nuestra Carta Magna.

No es aceptable que, amparado en la subjetividad de este artículo, el Ejecutivo de la nación evite o eluda su responsabilidad de directamente rendir cuentas al pueblo de México.

Tampoco es aceptable que la manipulación de cifras o porcentajes entregados por los diferentes miembros del gabinete a su informe, no tenga una respuesta inmediata por parte de los legisladores que sólo y posteriormente ante los encargados de los mismos podremos inconformarnos o señalar los errores de dicho informe.

En cuanto al discurso anecdotario o reflexión, como él mismo llamó a este informe, los nacionalistas no estamos de acuerdo con el Presidente en lo expresado: "de que su sexenio fue respetuoso de la división de poderes y el federalismo". ¿Cuántas veces vimos su negativa al diálogo con el Congreso de la Unión? ¿Cuántas veces sufrimos de los reclamos de los estados de promesas incumplidas?

Tampoco coincidimos en que hubo renuncia a la utilización del poder extraconstitucional ni que existió esfuerzo verdadero por unir a los mexicanos. Tampoco que hayamos tenido un real impulso a la educación, al desarrollo social, a la salud, al comercio.

Su aceptación clara y al parecer orgullosa de ser un liberal en lo político y en lo económico, ojalá lo hubiera declarado y lo hubiéramos sabido en 1994, cuando era candidato a la Presidencia y no al final de su mandato, cuando millones de mexicanos viven y reclaman el estado de abandono y marginación en que se encuentran, enriqueciendo con su esfuerzo millones a unos cuantos.

Finalmente, los nacionalistas observamos una falta de respeto a su investidura o por decir lo menos una desafortunada manifestación como mandatario priísta derrotado o aceptando la derrota, no el del mandatario dirigente del Poder Ejecutivo de todos y cada uno de los mexicanos.

Necesitamos, es urgente en esta nueva composición política, que los informes de los mandatarios respondan a las exigencias del pueblo no de unos cuantos.

Por lo anterior, es cuanto.

Presidencia del diputado
Eloy Cantú Segovia

El Presidente :

Gracias al diputado Gustavo Riojas Santana.

Tiene la palabra el diputado Jaime Cervantes Rivera, del Partido del Trabajo, hasta por 10

El diputado Jaime Cervantes Rivera:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

El informe que entregó al pleno de este Poder Legislativo el presidente Zedillo respecto del estado que guarda la nación, es falazmente triunfalista, omiso y autocomplaciente, al parecer es un ejercicio solitario en Los Pinos.

Los supuestos logros macroeconómicos jamás se tradujeron en beneficios reales para la mayoría del pueblo mexicano, al que se engañó con la promesa del bienestar para la familia. Queda en cambio una economía maltrecha, frágil y más subordinada al vecino del norte y a los caprichos del poder económico mundial. Lega un cúmulo indignante de pobreza, un mayor deterioro de salario real y la frustración de esperanzas de los niños y jóvenes de México.

Tendrá en su haber histórico la virtual desaparición del crédito interno por la liquidación de hecho de la banca pública de fomento y el desastroso expediente del megafraude Fobaproa-IPAB, perpetrado en contra de los mexicanos de hoy y de las futuras generaciones hasta el año 2030.

Como resultado de lo anterior, sólo tiene acceso al crédito la gran empresa extranjera y nacional que puede recurrir al financiamiento externo, mientras que el pueblo de México no sólo carece de acceso al crédito, sino que debe pagar con sus impuestos el mantenimiento de una banca parasitaria.

Mientras los sectores mayoritarios siguen pagando los costos de la recuperación zedillista, el auge exportador y bursátil vivido por la economía mexicana dio lugar al enriquecimiento explosivo de unos cuantos y al mejoramiento relativo de algunas capas medias.

Eso explica en buena medida uno de los más espectaculares auges de consumo suntuario que conoce la historia de México, con tasa de incremento de venta de automóviles nuevos y construcción de residencias del orden del 40% o más, que es la esencia del recalentamiento de la economía mexicana que ha comenzado a preocupar a ciertos economistas.

Tal auge del consumo podía haber sido la base para un fortalecimiento de las finanzas públicas mediante adecuadas políticas fiscales, pero ello no fue así, el presidente Zedillo optó por lo contrario: la reducción de los ingresos fiscales de la Federación a los niveles más bajos de la historia contemporánea de México.

En los seis años de su Gobierno continuó la declinación de la recaudación tributaria iniciada en el gobierno de Salinas de Gortari, el hombre de la competitividad internacional. Pasó del 11.6% entre 1988-1989 al 9.5% promedio, entre 1995-2000 respecto del producto interno bruto.

Igualmente se impuso a Pemex una carga fiscal de más del doble de los ingresos totales aportados por el conjunto de las grandes empresas y propietarios nacionales y extranjeros que operan en el país, cuyas ganancias bursátiles y dividendos persistieron exentas del pago de impuestos. Esto no sólo obstaculizó la modernización de Pemex, sino que además impidió que el Estado mexicano estuviera en condiciones de afrontar las enormes erogaciones exigidas para atender las necesidades de la modernización social, cultural e institucional del país.

Entre otros resultados, la naturaleza de los logros económicos y sociales del Gobierno de Zedillo se tradujo en profundizar la ruptura del país en dos méxicos muy diferentes, el de norte y centro-norte, relativamente próspero, y el del centro, sur y sureste socialmente degradado, cada vez más dependiente de la migración interna e internacional. Esto ha tenido su mayor expresión en las condiciones desesperadas de los sectores marginados y la población indígena.

El Partido del Trabajo ha insistido una y otra vez más en la necesidad de adoptar nuevas directrices y mecanismos que permitan reorientar el rumbo económico, que se traduzcan en la sustentación consistente y en la distribución más equitativa del crecimiento y, desde luego, en una mayor participación de la sociedad en las decisiones económicas fundamentales.

En relación con el celebrado gasto social histórico y las medidas para combatir la pobreza, cabe subrayar que durante el sexenio México sufrió un grave retroceso, derivado de la adopción de los principios empresariales eficientistas en el tratamiento de problemas esencialmente sociales. En lugar de fortalecer y perfeccionar las políticas sociales tradicionales orientadas a aliviar el flagelo nacional de la pobreza, Zedillo adoptó un enfoque que desnaturalizó las causas y manifestaciones de este fenómeno.

Se pasó por alto que la pobreza era una condición que afectaba a sectores crecientes de la población y tan sólo podrá atacarse replanteando el modelo económico y haciendo un nuevo diseño institucional que incluyera a la mayoría de los mexicanos en los beneficios de la modernización.

291, 292 y 293

En su mensaje Zedillo reclama un lugar en la historia por haber apoyado la reforma político electoral, pero más allá del papel presidencial, había que subrayar que ante una crisis tan profunda como la que inició en diciembre de 1994, la reforma político electoral se volvió impostergable y así lo hizo patente el reclamo popular.

No obstante la disposición del Ejecutivo, las bondades de la reforma electoral de 1996 tuvieron lugar porque los partidos políticos hicieron una aportación enorme para que los subsiguientes procesos electorales ganaran en transparencia y civilidad.

A este respecto es importante señalar que la derrota del partido oficial no derivó directa ni mecánicamente de la apertura electoral, más bien mediaron un conjunto de factores que se fueron presentando a lo largo del sexenio y que expresaban, como hemos insistido en denunciar, los compromisos de cúpula de la oligarquía financiera y el régimen de partido oficial. Por ejemplo, el ocultamiento de los créditos reportables del Fobaproa fue determinante para convencer a la gran parte de la opinión pública que el régimen priísta era responsable de la crisis y de que los verdaderos causantes de los quebrantos nacionales quedarán impunes.

Otros asuntos delicados se sumaron a lo anterior: la negativa de hecho a solucionar el conflicto de Chiapas, el estallamiento y la manipulación de la huelga en la UNAM, la creciente y endémica inseguridad pública y el aumento exponencial del crimen organizado a la sombra de complicidades gubernamentales,

No podemos concluir esta evaluación del mensaje presidencial sin reflexionar en la necesaria combinación entre factores políticos, socio-económicos e institucionales, para consolidar el mensaje a una nueva etapa histórica.

El próximo mandatario, al igual que Zedillo, heredara el pacto con el capital financiero y sin la mayoría parlamentaria que lo respalde. Esto significa que si bien serán determinantes los compromisos adquiridos por el Presidente electo, el verdadero promotor del cambio histórico será el pueblo de México y sus representantes en el Poder Legislativo.
Compañeras y compañeros diputados: el Partido del Trabajo reitera la necesidad impostergable de un nuevo pacto social, de una visión de futuro renovada, en la que será decisiva la alianza histórica de izquierda y de todas las fuerzas democráticas y progresistas de México, de la cual dependerá la correlación de fuerzas para vencer a resistencias y asechanzas de la relación y el conservadurismo social y político, para someter al poder económico oligárquico y arrancarle la gestión macroeconómica al neoliberalismo rapaz.

Ante estas tareas de enormes dimensiones, el Partido del Trabajo refrenda hoy y siempre su compromiso de luchar con todos los medios a su alcance para que la nueva etapa que se abre se traduzca en beneficios reales para la mayoría de los mexicanos y en especial para todos aquellos que hasta ahora han sido marginados.

Muchas gracias.

Presidencia del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes

El Presidente :

Gracias, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Alejandro García Sainz Arena, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por 10 minutos.

El diputado Alejandro Rafael García Sainz
Arena:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Durante más de 70 años distintas generaciones hemos escuchado los informes de Gobierno, por parte tanto del Presidente actual, como de sus predecesores, únicamente variaciones sobre el mismo tema; nos han dicho que nuestro país está prosperando, que tenemos autosuficiencia alimentaria, una participación provechosa en la globalización y que deja las bases de un crecimiento vigoroso y sustentable.

El viernes pasado el Presidente de la República se limitó a ser expositivo y explicarnos a los mexicanos el contenido de su posición ideológica y personal respecto al ejercicio del poder, por lo que les corresponderá a los secretarios de despacho la función de concurrir a las cámaras legislativas para explicarnos detenidamente el desarrollo de sus programas, los logros alcanzados y las necesidades que consideran pueden ser culminadas a través de la función ejecutiva del Estado.

Para ello necesitamos de su mejor disposición a fin de que juntos evaluemos el rumbo de la nación. Los legisladores del Partido Verde Ecologista de México no fuimos elegidos para seguir escuchando pasivamente y avalar el optimismo del Ejecutivo sobre su desempeño.

Entendimos con cuidado y detenimiento cada parte del mensaje presidencial, de los avances en materia de ecología, educación, economía y de la apertura de espacios para la juventud como las más importantes que a nuestro parecer requieren de mayor esfuerzo. Luego de seis años de la gestión del Presidente de la República, nos hemos percatado que se han realizado grandes esfuerzos por cumplir las promesas hechas al pueblo de México, que se ha invertido mucho tiempo y enormes recursos para alcanzar esos objetivos.

Asimismo, se ha tratado de convencer a la gente de: los logros alcanzados con cifras y campañas que exaltan lo concebido. Por eso insisto, son insuficientes.

Hoy en día se nos trata de convencer a los representantes populares y a la nación entera que los esfuerzos por la conservación de la biodiversidad han sido más que suficientes; que se actuó de manera pronta y oportuna para sanear las finanzas y que esto se reflejó en el bolsillo de los mexicanos; que se combatieron los actos delictivos que hoy padecemos a tal grado, que parece casi imperceptible.

Estas son algunas muestras con las que ante esta tribuna el Ejecutivo Federal trató de persuadirnos; lo cierto es que las campañas de reforestación y de cuidado de especies al borde de la extinción, la débil posición ante la necesidad de aplicar la ley y una indiferencia ante la grave y tensa situación de los inmigrantes mexicanos son algunas conductas del Gobierno reflejadas en la labor del Presidente y de su gabinete.
La situación de los derechos humanos, en especial los relacionados con el ambiente ni siquiera han sido atendidos y se reportan graves violaciones que muchos prefieren ignorar ante la ineficiencia de las instituciones que deben conservar el orden público, la verdad la saben los mexicanos que parecen y que permanecen como rehenes en la falta de acción eficaz ante sus quejas prioritarias.

En su mensaje el Presidente afirmó: "en todo momento hablé con la verdad y expuse con franqueza, pero sin exageración, los problemas del país; sin embargo, los servicios de educación y atención a la salud, declinaron en calidad y cobertura y de este retroceso nunca se nos advirtió".

Por ejemplo, en educación: pese al crecimiento que él nos reporta, 33 mil escuelas construidas en su sexenio, cientos de millones de libros de texto gratuito repartidos y 230 mil maestros más en todos los niveles de educación que al inicio de su Gobierno, el avance fue mínimo.

El promedio de escolaridad de la población entre 1994 y 2000, subió de 7.1 a 7.8 años, es decir, menos de un año de escolaridad. Además, la cifra de 1994 difiere de la registrada en el anuario de estadísticas del INEGI, que registra 6.6 años de escolaridad promedio en lugar de 7.1.

En materia de salud, observamos como con cinismo el Gobierno maneja las cifras de cobertura básica de salud del 99.5%, cuando estadísticamente somos de los países de Latino América con un mayor índice de mortalidad y desnutrición de la niñez.

Hay mucho trecho por andar. Por ejemplo: en materia de rendición de cuentas, consideramos que los mecanismos de evaluación de los programas federales son aún incipientes o inexistentes.

Entre los logros que sí reconocemos en el sexenio que termina, destaca la creación de 1996 de la Olimpiada Juvenil, pensamos que es una buena iniciativa para la detección temprana de talentos deportivos y para incentivar la competencia entre los niños y jóvenes de toda la República. De acuerdo con el texto del informe, entre 1996 y 1999, este evento deportivo movilizó a más de 10 millones de niños y jóvenes entre los 9 y los 21 años.
Otra área en la cual vemos un trabajo destacado de gobierno, es la del desarrollo cultural infantil. Los diputados del Partido Verde Ecologista de México, entendemos que el programa "alas y raíces a los niños" es un conjunto de actividades lúdicas, de enorme valía para los menores de edad, las exposiciones, talleres, concursos, ferias y el fomento al hábito de la lectura en las cuales participan, aprenden y gozan la niñez y la juventud, ha beneficiado a millones de niñas y niños.

En nuestra opinión, este programa resulta esencial a la trasmisión de nuestra cultura y para difundir valores de nuestra historia.

La vinculación en los planes y espacios del sistema educativo con la red de museos y demás servicios, bienes y actividades culturales, nos parece un buen trabajo de coordinación interinstitucional con beneficios tangibles, únicamente lamentamos que la actividad deportiva y cultural sigan concentradas en el área urbana y sus ventajas no abarquen a la zona rural.

Como legisladores en el honorable Congreso, pero también como integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tenemos una gran responsabilidad que nos fue encomendada no sólo por los votantes que confiaron en el partido, sino sobretodo porque somos, como todos los aquí presentes, representantes de la nación.

Conscientes de tal compromiso, estamos participando en la construcción de las bases para una República renovada y democrática, donde sea el pueblo de México quien efectivamente reciba los beneficios de una pluralidad política por tanto tiempo obstruida y donde su voto se respalde. La presencia en el Congreso de otras fuerzas políticas es la consolidación de un México cada vez más participativo, a pesar de las deficiencias y los rezagos que todavía prevalecen.

La tarea de los legisladores está comenzando y la del siguiente Ejecutivo Federal también iniciará en breve. La participación de unos y otros en pro de la construcción de un México dinámico, plural y participativo, será lo que impulse la auténtica transición democrática, política y de cultura cívica.
En el consenso y en la colaboración, encontraremos las principales herramientas para dejar al México unipartidista en el pasado; antes bien, será en la pluralidad donde sus participantes puedan debatir conceptos y formular programas en beneficio de todos los mexicanos.

Juntos Ejecutivo, legisladores y jueces dentro de los límites de su competencia, nos fue depositada la responsabilidad de satisfacer las necesidades de todos los mexicanos y para ello todos deben colaborar para que así sea y no por el contrario, poniendo obstáculos para impedir que las tareas que cada uno deba cumplir sean frustradas.

Muchas gracias.

El Presidente :

Gracias, diputado Alejandro García Sainz.

Tiene el uso de la palabra el diputado Gregorio Urías Germán, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por 10 minutos.

El diputado Gregorio Urías Germán:

Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores legisladores:

El pasado 1o. de septiembre del año en curso, tal y como lo establece nuestra Constitución en su artículo 69, el titular del Poder Ejecutivo hizo entrega a los integrantes del Congreso de la Unión, de un informe escrito del estado que guarda la Administración Pública Federal. El presidente Zedillo ofreció, asimismo, desde la máxima tribuna del país, un discurso en el que trató de abordar diversos aspectos, que más bien constituyeron reflexiones propias de estos seis años en que ha ejercido su gobierno, reflexiones cuyo contenido se distinguió por el autoelogio y hasta pretenciones académicas y filosóficas. Su discurso se centró básicamente en tres aspectos: el desempeño de la economía durante los últimos 12 años de gestión gubernamental, asuntos sociales que tuvieron como eje el Progresa y finalmente esa inacabable retórica del combate a la pobreza que significó en los hechos poco o nulos avances en esa materia.

294, 295 y 296

El recuento de los daños. En lo que se refiere a la política económica, el Presidente de la República nos presentó en esta tribuna, de manera casi efusiva, los logros macroeconómicos alcanzados durante su gestión, logros que por supuesto, según las cifras presentadas por él mismo, serían indudables. De manera puntual hizo énfasis en el crecimiento con estabilidad alcanzado en el transcurso de su gobierno, después de una caída en el producto interno bruto en 1995, de menos 6.2%, crisis que ciertamente se superó para concluir con un crecimiento estimado en 4.5% del PIB para el 2000.

Sin embargo, hemos de decir que por los 60 millones de pobres, 27 de los cuales se encuentran en la miseria, que dicho crecimiento ha sido un crecimiento espurio e insuficiente a las necesidades de nuestra economía y que si bien se ha generado riqueza, ésta ha sido para unos cuantos miembros de la oligarquía nacional. Así podríamos sintetizar el llamado "bienestar para la familia", así es también como el poder ha servido a su gente.

El modelo económico de corte puramente neoliberal y los logros de los que tanto hace alarde el doctor Zedillo, es el mismo que nos llevó a la crisis bancaria de falta de liquidez y por la cual ahora los mexicanos se nos adjudicó una deuda de 100 mil millones de dólares.

Las bases del modelo centradas en el combate a la inflación, a través de una política monetaria contraccionista que ocasionó el incremento de las tasas de interés y, por ende la sobreevaluación de la moneda en el sexenio de Salinas, generando con ello una macrodevaluación de más del 100% de nuestra moneda en 1994, provocaron una fuerte crisis de pagos en el sector industrial y agrícola, lo que llevó a la quiebra de miles de productores. Esa es la misma política que ahora se viene a exaltar, es la misma política que al presidente Zedillo no le permitió ver ni oír la miseria y el reclamo de millones de compatriotas; es la misma política, con excepción de que ahora existe una flotación del tipo de cambio relacionada con intervenciones periódicas del Banco de México, que en teoría se encuentra regido por la ley de la oferta y la demanda, situación que por supuesto no garantiza en lo absoluto ni el equilibrio ni la estabilidad en el largo plazo ante una brusca caída en los precios internacionales del petróleo y de crisis en los mercados de capital.
El crecimiento del que se nos hace alarde se encuentra entonces estrechamente vinculado a una política de empobrecimiento y asimismo a una política de endeudamiento y de privatizaciones, a la venta del patrimonio nacional.

Dichas políticas constituyeron los tres grandes ejes de la política económica neoliberal del gobierno del doctor Ernesto Zedillo. El crecimiento nacional ha sido un crecimiento anárquico, sectorial y concentrado en unas cuantas ramas y sectores de la actividad productiva, principalmente aquellos vinculados al sector exportadores, en tanto se observa una fuerte caída en la demanda interna debido a la pérdida del poder adquisitivo, derivado de la política de sucesivos topes salariales.

Lo anterior significa que se han contenido las necesidades de nuestra población, con objeto de reducir el desequilibrio en la cuenta corriente de la balanza de pagos y así disminuir las presiones sobre el tipo de cambio y la inflación.

De la misma forma, podemos aceptar que en cuatro años se ha logrado abatir la tasa oficial de desempleo, del 6.3% en 1995 al 2.5% en 1999.

Se han generado trabajos, pero trabajos en condiciones infrahumanas, con salarios de subsistencia; de tal forma que tan sólo en el sector maquilador que genera 1.2 millones de empleos, la tasa media de crecimiento salarial entre 1997 y 1999, fue tan sólo del 1.1% real.

La caída en la tasa de desempleo y el trabajo generado implica tan solo un mejoramiento muy relativo en el nivel de vida de nuestros obreros y campesinos.

El crecimiento de los salarios en nuestro país no tiene ni siquiera punto de comparación con otros países de similar grado de desarrollo. Según datos de la Cepal, mientras que en México la variación de la remuneración media real entre 1990 y 1997 fue de menos 0.3% y de 1.6% entre 1998 y 1999, en países como Chile dichos incrementos fueron de 3.2 y 2.5 en los mismos lapsos respectivamente. Ciertamente se han generado más empleos pero en pésimas condiciones.

La política agraria del doctor Zedillo, al igual que su política industrial, han pasado a ser fantasmas de la historia, solamente meros recuerdos perdidos en la memoria de nuestro país. Hoy día para miles de hombres en la ciudad y en el campo se hace más rentable dejar de producir en virtud de los dogmas macroeconómicos con que gobernó el país.

Desde aquí expresamos nuestra solidaridad con los productores de granos de nuestro hermano Estado de Sinaloa y que junto con los productores del estado vecino de Sonora, iniciaron una lucha desde hace aproximadamente 15 años y actualmente la están manifestando cíclicamente.

Gracias al Jefe del Ejecutivo y a sus antecesores, nuestro campo se encuentra en la peor crisis de su historia, por usted y sus antecesores, los campesinos de México se acuestan pobres y amanecen miserables. Por usted, señor Presidente y sus antecesores, el campo se encuentra descapitalizado, hemos perdido soberanía alimentaria a tal grado que ahora dependemos de los grandes productores de maíz y frijol estadounidenses; en tanto en el sector industrial, miles de pequeñas y medianas empresas que no se han logrado integrar a las cadenas productivas, se encuentran en grave situación de insolvencia y estancamiento.

En materia económica, si quisiéramos calificar al sexenio diríamos que es el de la injusticia social, de la pobreza, de la inequidad, de la corrupción y del endeudamiento. Fue un sexenio perdido para millones de mexicanos.

Por otro lado, no hubo avances en la procuración e impartición de justicia, en ningún momento del informe manifestó la situación que guarda el conflicto en Chiapas, la violación flagrante a los derechos humanos, de la inconclusa reforma electoral ni del estancamiento en las investigaciones de las masacres y crímenes políticos ocurridos durante este régimen.

Durante la lectura del documento que ahora analizamos, se disiparon preocupaciones generales, tal como sucede en el caso de la inseguridad, en donde no se alcanzaron las metas propuestas al inicio del Gobierno; es decir, actualmente existe más delincuencia, creció el crimen organizado y se consolidó el narcotráfico y sus relaciones con los círculos económicos y políticos de más alto nivel.

En este país existen aún preocupaciones sobre la forma en que se desempeñó el presidente Zedillo, la crisis financiera de 1994 y el ilegal rescate de los bancos, que quebrados por malicia o torpeza de sus administradores, el gobierno con apoyo del PRI y del PAN, rescató a través del Fobaproa, arrojando sobre el pueblo de México la más pesada carga sobre las finanzas públicas que conoce la historia económica contemporánea.

Por otro lado, hablar de democracia a partir de los resultados del 2 de julio, realmente resulta un sofisma que genera un falso debate y no permite una buena lectura de la situación política del país.

El presidente Zedillo habló de los logros en materia de democracia, como quien otorga concesiones y lo que no termina de comprender, es que los avances han sido producto de luchas sociales que mucho han costado a la nación mexicana.

Mucho ha logrado el pueblo de México en la construcción de un sistema político, en el que ahora sí la democracia se materialice como nuestra forma de vida.

Como Partido de la Revolución Democrática, proclamamos que ni todo el poder al Estado ni todo el poder al mercado.

El Estado debe aprender a controlar y dirigir inteligentemente las libres fuerzas del mercado en aras de alcanzar no sólo el crecimiento, sino también justicia y equidad en la producción, generación y distribución de la riqueza.

Queremos crecimiento pero con desarrollo, un desarrollo que genere un bienestar para nuestro país, para todos y cada uno de los ciudadanos.

México no tolerará más un crecimiento centrado en la explotación, en la corrupción e injusticia social ni mucho menos en la venta de nuestra soberanía.

Desde ésta más alta tribuna del país, estaremos muy atentos a los tiempos que vienen. Por México y los mexicanos, comprometemos nuestra palabra, nuestro voto y nuestra acción.

Muchas gracias.

El Presidente :

Gracias, diputado.

Tiene la palabra el diputado Manuel Espino Barrientos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos.

El diputado Manuel de Jesús Espino
Barrientos:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

La glosa al VI Informe de Gobierno es un ejercicio que nos brinda la oportunidad de hacer un balance responsable de cuanto se ha hecho o dejado de hacer en beneficio o en perjuicio del pueblo de México.

Hemos de hacer una valoración objetiva y seria, no sólo en términos cuantitativos y optimistas, como se expresan en el escrito del informe y sus anexos, sino centrar, sobre todo, nuestro trabajo en los resultados cualitativos que se traducen en mejoramiento o detrimento de las oportunidades y de las condiciones de vida de los mexicanos porque de nada serviría constatar que en efecto en algunos aspectos se hicieron más acciones o se invirtieron más recursos que en el pasado, si el esfuerzo ha sido infructuoso o al menos insuficiente.

Es responsabilidad de esta soberanía hacer un adecuado corte final de las acciones u omisiones del Poder Ejecutivo en la administración pública que termina, sin más motivación que el poner en su justa dimensión el saldo de gobierno en la realidad nacional para actuar en consecuencia.

En la honestidad de nuestro trabajo habrá que reconocer avances y compromisos cumplidos, si los hubiere, del actual gobierno. Pero también señalar con puntualidad las graves omisiones y faltantes del mismo.

Así podremos reconocer mejoras en materia educativa, en salud y en vivienda, al tiempo que señalar lo mucho que falta por hacer para alcanzar niveles de calidad en esos rubros.

Otro tanto podremos decir respecto del avance en el fortalecimiento del esquema federalista impulsado desde esta soberanía en beneficio de los estados y los municipios y que al menos parcialmente recibieron respaldo del Presidente.

Es de justicia reconocer que le asiste la razón al Ejecutivo cuando informa del avance democrático nacional, aunque es necesario precisar que no hemos alcanzado los niveles de plenitud que él afirma y que los avances no son mérito ni concesión de su gobierno, sino conquista cívica, producto del esfuerzo y la voluntad de todos los hombres y las mujeres que históricamente han comprometido el anhelo de una patria ordenada y generosa y que al fin ha sometido la visión patrimonialista de quienes por décadas retrasaron la transición hacia la democracia como sistema de vida.

la vida nacional el ejercicio gubernamental del Poder Ejecutivo desde entonces.

En materia económica, por ejemplo, es oportuno recordar el compromiso del Presidente al iniciar su mandato: "nuestro reto más importante -dijo el primer día de su gestión-, es lograr condiciones dignas en la vida de cada familia mexicana", afirmó que el progreso económico sólo tiene sentido si llega al hogar de cada mexicano.

Será pertinente entonces contrastar el compromiso de lograr el bienestar creciente de cada persona y de su familia, con el hecho de que prevalece una infraestructura económica deficiente, que desalienta la prosperidad y que condena a millones de pobres a permanecer en el retraso y en el dolor evitable, que no se ha aliviado.

297, 298 y 299

Porque si bien es cierto, como se ha dicho, que la economía mexicana ha logrado una mayor estabilidad a nivel macroeconómico y que ha registrado un crecimiento del producto interno bruto, también es verdad que no fue posible elevar la base gravable y disminuir la dependencia que el Gobierno Federal tiene de los ingresos petroleros, que desde 1996 se incrementó del 26.6% al 34.8%.

En nuestro trabajo de los próximos días habremos de buscar una explicación satisfactoria para los mexicanos, de cómo es que si el Presidente vino a decir, que el resultado más alentador de su política económica ha correspondido al empleo, el nivel microeconómico sin embargo exhibe graves rezagos y pone en evidencia promesas no cumplidas, cuando sólo el 10% de los hogares con ingresos más altos concentra el 38% del ingreso nacional, en contraste con el hecho de que cerca de 50 millones de mexicanos se distribuyen entre sí el 18% del total.

Si como informa el Ejecutivo ha disminuido la tasa del empleo y se registra una recuperación acelerada de los salarios, ¿cómo justificar entonces el hecho que los hogares con mayores ingresos sea 44 veces mayor con respecto de los más pobres y que éstos se hayan incrementado en 600 mil familias durante los últimos seis años?

De qué manera explicar que mientras el Presidente informa una recuperación del aparato productivo nacional, hoy algunos miembros informativos dan cuenta de que el índice internacional de competitividad actual, colocó a nuestro país en el lugar 42, ocho posiciones abajo del lugar que ocupaba apenas en 1999.

Estos datos ponen en entredicho el informe del Presidente y contradice el propósito de fundar el bienestar de los mexicanos en un empleo digno, estable y bien remunerado, como ofreciera el Ejecutivo hace casi seis años, lo que podría conducirnos a concluir al término de la glosa, que la desigualdad, en términos económicos y sociales, es la principal característica de este Gobierno, no obstante de que la afirmación de que desde 1996 la economía ha venido creciendo sostenidamente, disminuyendo la injusticia social.

De igual forma habrá que confrontar los hechos y sus efectos para determinar con objetividad en qué medida se cumplieron las promesas en los ámbitos de política interna y política externa, porque los mexicanos tenemos derecho a saber con exactitud hasta dónde se cumplió o dejó de cumplir con aquel ofrecimiento de combatir las prácticas monopólicas, los abusos y los privilegios que habían sido tolerados y hasta auspiciados por gobiernos anteriores.

Nos corresponde poner en su justa dimensión aun aquellos temas que al menos en el discurso el Presidente ha eludido deliberadamente durante las últimas semanas y algunos de los cuales fueron motivo de compromiso al inicio de su sexenio, tales como el combate a la corrupción que se ha venido agudizando al final del sexenio, al grado de colocar a nuestro país en los primeros lugares entre aquellos que en el mundo cuentan con los gobiernos más corruptos.

¿Por qué no hablar e informar con precisión de temas como el de la Universidad Nacional Autónoma de México o como la reivindicación de la justicia y la paz en Chiapas, entre otros? ¿Acaso han perdido importancia en las prioridades del Presidente?

Solicito un momento más para terminar, señor Presidente.

Redondee su intervención, señor diputado.

El diputado Manuel de Jesús Espino
Barrientos:

¿Acaso han perdido importancia estos temas o acaso supone el doctor Zedillo que la impunidad del narcotráfico, por ejemplo y sus complicidades con instancias de gobierno son ajenas al interés nacional?

La glosa al VI Informe de Gobierno debe generar luz suficiente para ver hasta qué grado el Presidente cumplió su promesa de construir un sistema de justicia eficaz, donde la ley sea la norma real de convivencia, como afirma, si vivimos en la incertidumbre del cumplimiento de la ley cuando de aplicarla a funcionarios públicos se trata.

Esta Cámara de Diputados no puede, no debe permitir que se endose al siguiente gobierno y se herede a los mexicanos un paquete de sorpresas que pareciera quererse encubrir para salvar una imagen con maquillaje de estadista.

Compañeras y compañeros legisladores: termino, dispongámonos a glosar el informe presidencial en el afán de aportar elementos de confianza a los mexicanos y de certidumbre al próximo gobierno. Hagámoslo en la perspectiva de contribuir, como es nuestro deber, a clarificar y transparentar la gestión de un mandato que debe entregar cuentas claras y que pone fin a una penosa historia de mentiras, de antidemocracia y de injusticia social de más de 70 años.

Muchas gracias.

El Presidente :

Gracias, diputado Manuel Espino.

Tiene el uso de la palabra el diputado Oscar Levín Coppel, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por 10 minutos.

El diputado Oscar Guillermo Levín Coppel:

Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:

Iniciamos los trabajos de esta legislatura en un ambiente de respeto y con la plena responsabilidad de construir entre todos el rosto del país que queremos para el futuro. Paulatinamente nos alejamos de la falta de confianza generalizada y de la hostilidad y el conflicto desbocado. Ese es un buen augurio.

Los ecos del último informe del presidente Zedillo indican que el balance de su gestión ha sido esencialmente positivo. A lo largo de los últimos años el país ha logrado muchos y muy importantes avances. Bajo el impulso de la globalización, la economía mexicana ha logrado progresos que hasta hace poco tiempo eran impensados.

El conjunto de nuestra estructura productiva se ha modificado y en la actualidad nuestras exportaciones, tal como se consigna en el informe que hemos recibido, ascienden a más de 160 mil millones de dólares, lo que es equivalente a las exportaciones de todos los países de América Latina en su conjunto.

Los compromisos presidenciales de mantener un ritmo de crecimiento económico superior al 5%, así como una inflación menor al 10% anual, se han cumplido satisfactoriamente.

Al final del mandato del presidente Zedillo, el desempleo abierto solamente es de 2%. A diferencia de lo que en el pasado fue una especie de fatalidad, ahora se entrega una economía a salvo de la crisis sexenal recurrente.

A la reconversión estructural de la economía corresponde un notable proceso de modernización tecnológica que nos pone a la altura de las nuevas exigencias de la competencia productiva y el mercado.

En suma, se realizaron los cambios estructurales que nos pusieron a tono en el nuevo entorno mundial. Negar los avances del país a lo largo de estos años sería una necedad, aun que soslayar sus costos sociales sería algo aún peor.

Esa modernización económica no se ha traducido de manera clara en justicia social, el abismo distributivo sigue separando trágicamente a nuestra sociedad y la pobreza lastima la conciencia nacional.

En los próximos tiempos tendremos la responsabilidad común de diseñar nuevas alternativas, ajustes y medidas de flexibilización que nos permitan armonizar las necesidades objetivas de incorporarnos a la modernización global cumpliendo al mismo tiempo con los compromisos de satisfacer las demandas socialmente exigibles.

Nos incorporaremos, sin duda, a todas las corrientes que en todo el orbe pugnan por una visión del desarrollo sustentable, respetuosa del entorno ecológico y sobre todo humanizadora.

El dogmatismo en materia de política económica, tiene que dar paso a políticas de fomento y flexibilización. El papel del Estado como promotor tendrá que volverse la clave de los nuevos tiempos. Detrás de todo este esfuerzo de actualización material del país, se encuentra pues, el imperativo de la democracia.

Nuestro país ha logrado una descomunal progresión en sus instituciones políticas, en particular me refiero a las que se encargan de la organización y sanción de los procesos electorales. Nadie hoy ni dentro ni fuera del país, cobija la menor sombra de duda acerca de la competencia y la limpieza electoral. El presidencialismo autoritario, la época monopartidista, ya son cosas del pasado; esto lo logró el Presidente que sale y esto mismo lo debe entender a cabalidad el Presidente que llega. El contrapeso de los poderes Legislativo y Judicial es una realidad inobjetable en el país.

La reunión recientemente celebrada entre los líderes de los tres principales partidos políticos, sienta las bases necesarias para que sea el Congreso de la Unión y ninguna otra instancia, donde se discuta y aprueben los elementos sustanciales de la reforma del Estado y los principales asuntos de la agenda política nacional.

A la lucha por la Presidencia, resuelta por efectos de la voluntad popular expresada en las urnas el pasado 2 de julio, le sucede ahora la difícil tarea de conciliar la diversidad y por esa vía completar entre todos el proyecto de nación que reclaman las generaciones futuras.

La democracia como sistema de convivencia es siempre una obra perfectible, junto a las poderosas fuerzas materiales que mueven la globalización económica, la democracia moderna se expande como nunca en la historia contemporánea y el propio tiempo se prueba, se exige a sí misma redefiniciones. Sobreviene entonces lo que Anteni Gibbens, define como la democratización de las democracias.

Nuestros retos actuales en este campo no concluyen ni se reducen a los procesos electorales; vendrán tiempos indudablemente de ampliación en la participación de los ciudadanos y la organización de la sociedad mediante una muy amplia gana de formas, modalidades y expresiones propias de cada una de las demandas y aspiraciones que se generan en los tiempos actuales. Serán imprescindibles el respeto y la tolerancia para avanzar.

Debemos preservar y cuidar como si se tratara del ambiente de nuestra propia casa, ese ámbito que denominamos "lo plural", así sea si nos referimos a la cultura, la ideología, la convivencia social, la actividad política, las creencias religiosas, los valores regionales, generacionales, familiares o de género. Todo ello ocupará un lugar muy importante en nuestros debates acerca del futuro.

Quienes ganaron la elección, enfrentarán el dilema de asimilar su nueva condición de fuerza gobernante; quienes perdimos, la de tomar distancias respecto del poder y sus efectos. Lo deseable es que ambos procesos coincidan en una misma visión para lograr lo que se conoce como suma positiva en un provecho de las instituciones, la legalidad y las esperanzas de millones de personas.

Los priístas vivimos esta nueva realidad en medio de sentimientos paradójicos. No encuentro una mejor expresión que la usada por Beatriz Paredes, en esta tribuna hace apenas unos días: "al orgullo por nuestra aportación a la vida institucional del país, debemos hoy agregar la pesadumbre por la derrota; arriesgar por la democracia significa siempre arriesgar el poder".

A lo largo de muchos años, los gobiernos del PRI aportaron paz social y desarrollo, pero también se cometieron errores inocultables. La democracia cobró como tributo circunstancial.

¡Enténdamoslo bien! La derrota del PRI. Pero la vida sigue, los priístas estamos obligados a remontar de manera muy rápida ese sentimiento de pesadumbre. La realidad del país nos impele a resolver positivamente nuestras paradojas y sentimientos encontrados.

Estamos en la posibilidad de convertirnos desde la oposición en una fuerza política determinante. ¡Nada ni un solo asunto nacional de importancia ni una sola decisión ni un solo programa ni una sola medida, será posible o legítima, sin nuestra concurrencia!

La principal función de las oposiciones modernas es la de influir en las decisiones de la política de Estado. Sabemos que habrá que ceder en muchas cosas para lograr consensos. Pero también sabemos que habrá que luchar por otras tantas incansablemente.

300, 301 y 302

Muchas veces el PRI pagó los costos impopulares de decisiones gubernamentales. ¡Se acabó! El cambio que vivimos implica también un cambio en nuestra condición de partido. De ahora en adelante se abren inmejorables posibilidades a la autonomización del partido y a su liberación respecto del poder.

¡Nada en contra de los intereses del pueblo! Lo nuestro, lo del PRI será identificarnos plenamente con las mejores causas nacionales, ciudadanas y sociales. El PRI demostrará no nada más que está vivo y en pie, sino que es capaz de contribuir constructivamente la ampliación de las libertades y los derechos de los mexicanos.

Muchas gracias.

Presidencia del diputado
Eloy Cantú Segovia

El Presidente :

Gracias, al diputado Oscar Levín Coppel.


ESTADO DE SINALOA

El Presidente :

Otro tema es el referente al posicionamiento de la bancada priísta de Sinaloa, sobre la problemática que confrontan los productores sinaloenses en la comercialización del maíz.

Para abordar este tema tiene la palabra el diputado Jesús Burgos Pinto, hasta por 10 minutos, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Jesús Burgos Pinto:

Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:

Los productores agrícolas del Estado de Sinaloa, al igual que los del resto del país, en los últimos años han sido víctimas de las políticas gubernamentales equivocadas y gravemente perjudiciales, tales como la falta de apoyos para la obtención de precios razonables para los productores de granos y oleaginosas; lo que ha ocasionado la descapitalización, empobrecimiento y la generación de cartera vencida ante las instituciones crediticias.

Estas políticas han impedido que la actividad agrícola se modernice y se obtengan los avances tecnológicos que permitan que el productor tenga una competitividad y rentabilidad razonable, para que así su paquete de prácticas productivas se desarrollen en condiciones de sustentabilidad; que cumpla con la tarea de generar empleos, condiciones de seguridad social y fortalecimiento de la estructura económica de las regiones rurales del país, en donde viven aproximadamente el 30% de nuestra población y entre los que se han generado los índices de pobreza más insultantes.

Compañeras y compañeros diputados: comparezco ante esta soberanía, para denunciar que en el Estado de Sinaloa, además de que a los productores de maíz se les impuso un precio claramente insuficiente, a pesar de los compromisos contraídos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de una comercialización ágil y pagos oportunos, enfrentamos un serio problema al no recibir el pago de aproximadamente 240 mil toneladas, cuya mayor parte ya se entregaron a bodegas desde hace más de 100 días, provocando en consecuencia la generación de los intereses moratorios que causan los créditos de avío, sufriendo falta de liquidez y estrecheces no sólo para seguir adelante en nuestra actividad, en los trabajos de preparación de la tierra para el siguiente ciclo de producción, sino también en frentando familiarmente momentos amargos de incapacidad económica para los más elementales satisfactores.

En ese mismo tenor menciono que los compañeros diputados federales de los estados de Tamaulipas y Sonora se solidarizan con esta causa, ya que la problemática en comento también perjudica a los productores de esas entidades.

Lo anterior se motiva por el hecho de que aún no se han liquidado sendas cosechas de maíz y trigo que están quedando fuera del programa de apoyo a la comercialización.

En Sinaloa lo que sufren los hombres del campo lo sufre la sociedad en general, incluidos todos los sectores y todos los segmentos, porque son los productores agrícolas la estructura de distribución económica más importante de cuya suerte depende nuestra estabilidad económica y social.

El pago de las 240 mil toneladas de maíz que se adeudan no ha sido efectuado, a pesar de compromisos, repito, enfatizo, a pesar de compromisos establecidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por Aserca y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Lo anterior es a causa de falta de decisión para acordar institucional y formalmente la entrega de recursos de apoyo a la comercialización que importan aproximadamente 275 millones de pesos.

Por otro lado, es necesario puntualizar que el gobierno de Sinaloa estableció el compromiso institucional de aportar 30 millones de pesos en apoyo a los agricultores, los que están disponibles en el momento en que el Gobierno Federal aporte lo que le corresponde.

Los diputados sinaloenses del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional reclamamos, exigimos que los servidores públicos de las áreas del Ejecutivo con responsabilidad en este asunto asuman precisamente, precisamente su responsabilidad, desahoguen la tramitología que dé respuesta a la gestión que las organizaciones de productores y el propio gobernador de Sinaloa, el señor Juan S. Millán, han venido desarrollando y terminen en esta ocasión con un entrampamiento cíclico, recurrente, que mucho daña la viabilidad económica de los hombres del campo y de nuestro Estado en general.

En virtud de lo anterior, señor Presidente y conforme al artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta soberanía el siguiente

PRONUNCIAMIENTO

Unico.
Se aplique la cobertura de apoyos a la comercialización por parte del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria sobre las 240 mil toneladas de maíz cosechadas en el Estado de Sinaloa que se encuentran sin comercializar.

Firman los diputados: Víctor Gandarilla Carrasco, Jesús Burgos Pinto, Martha Ofelia Meza Escalante, Roberto Zavala Echevarría, Rubén Félix Hays, Aarón Irizar López, Policarpo Infante Fierro, José Jaime Barrón Fonseca, Fernando Díaz de la Vega, Florentino Castro López y Enrique Aguilar Borrego.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente :

Muchas gracias al diputado Jesús Burgos Pinto.

En el mismo tema tiene la palabra la diputada Petra Santos Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

La diputada Petra Santos Ortiz:

¡Buenas tardes!, compañeras y compañeros diputados:

No es nuevo venir a decir aquí que la agricultura en nuestro país vive una situación de bancarrota.

El Tratado de Libre Comercio ha sido una desgracia para el campo mexicano. Desde su entrada en vigor miles de pequeñas y medianas empresas agrícolas y productores individuales han quebrado.

La concentración de la producción agrícola constituye hoy un lastre. De 4 millones de productores agrícolas que existían antes de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, hoy participan sólo 300 mil en el mercado. La causa es muy clara: la irresponsabilidad de las autoridades en la materia permitió que el sector agrícola nacional enfrentara la competencia desleal de alimentos estadounidenses. Importados bajo condiciones de dumping, estos productos norteamericanos sí son verdaderamente subsidiados.

En cambio aquí en nuestro país han querido y lo han hecho con un programa, el Procampo, que únicamente ha sido un programa nefasto, faccioso, para épocas electorales, dándoselo y concentrándoselo en unos cuantos productores.

Como resultado, los problemas que enfrentan hoy los productores agrícolas de nuestro país son obvios. La cartera vencida ha crecido en más del 300%, pasando de 8 mil 102 millones de pesos en 1994, el año pasado subió a 27 mil millones de pesos.

Así pues, compañeras y compañeros diputados, las cifras que presenta Zedillo en su informe, en el rubro de política agropecuaria, son totalmente falsas, pues jamás informó que la descapitalización del campo es producto de una drástica y criminal reducción del financiamiento en el sector. Tan sólo de 1994 a 1999 el crédito para el sector agropecuario se redujo en un 60.8%.

Tampoco nos informó que por falta de apoyo la superficie sembrada y cosechada disminuyó un 30% de 1994 a 1998, de 6.5 millones de hectáreas que se habilitaban hoy, actualmente, se habilitan 750 mil y las demás hectáreas los productores han decidido rentarlas y por eso tenemos ejidos completos ante el rentismo, porque les conviene mucho más rentar sus parcelas y convertirse en trabajadores de sus propias parcelas, que esperar a los precios de comercialización de sus productos.

Estamos importando al año más de 15 millones de toneladas de alimentos básicos. Tan sólo de maíz importamos 7 millones de toneladas anuales, rebajando incluso los cupos de importación impuestos por el mismo Tratado de Libre Comercio.

Un país que no produce lo que consume en alimentos se ve vulnerado en su soberanía, como es el caso de nuestro país, México. Pero cómo no va a estar en esta situación el campo mexicano si Zedillo condiciona antes que financiar el sector, ¡prefirió que México fuera ejemplo de deudor cumplido ante los grandes acreedores internacionales!

Bien se ha dicho, desde Echeverría, que nuestros presidentes han sido "candil de la calle y oscuridad de su casa".
Si antes de beneficiar a los campesinos Zedillo prefirió rescatar a los delincuentes de cuello blanco a través del Fobaproa, del rescate a las carreteras, ¡pero jamás al campo!

Desde el nefasto Salinas, que está muy a gusto viviendo en el extranjero con nuestro dinero, teniendo que emigrar las familias.

Históricamente la agricultura mexicana había recibido como una forma de apoyo un sistema de precios de garantía para los productos agrícolas básicos que operaba y era instrumentado por la Conasupo.

Sin embargo, con el arribo al poder de los neoliberales los precios de garantía fueron eliminados y la Conasupo fue liquidada y no se ha hecho algo parecido para beneficiar a los campesinos, todo ello con el propósito de establecer el neoliberal sistema de precio de indiferencia.

Se señaló a partir de entonces, que los apoyos a la comercialización de los productos agrícolas se otorgarían de manera directa por parte de Aserca, programa que no ha funcionado.

Cada ciclo los compañeros productores tienen que tomar carreteras como ha pasado con Sinaloa, Sonora, casetas han quemado cinco hectáreas de trigo, porque no se les da otra forma de protestar para que se les pueda hacer justicia en sus productos.

El pronunciamiento de la diputación sinaloense del PRI sobre el burocratismo del funcionamiento de Aserca, que está retrasando el pago de 240 mil toneladas de maíz cosechadas en Sinaloa y que para el PRD, es, sin embargo, un pronunciamiento insuficiente. Lo es porque no incluye la problemática, por ejemplo, de los productores de trigo de algodón, sobretodo en mi entidad, Sonora y es insuficiente porque ataca tan sólo los efectos de una errónea política comercial y no su origen.

Sin embargo, el grupo parlamentario apoyamos en seis años si Zedillo hundió más a los productores agrícolas, también pasará a la historia como el Presidente enterrador del campo mexicano.

Gracias.

303, 304 y 305

El Presidente :

Gracias, a la diputada Petra Santos Ortiz.

Con el mismo tema tiene la palabra el diputado Juan Manuel Martínez Nava, hasta por cinco minutos, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Juan Manuel Martínez Nava:

Señor Presidente; honorable Asamblea:

No hay duda que la problemática del campo mexicano es muy importante y que aquí ya se han hecho importantes señalamientos.

Solicité hacer uso de la palabra para cumplir con un mandato de los ciudadanos de mi Estado y de mi distrito en el Estado de México, en San Felipe del Progreso, que reiteradamente le hicieron a su servidor, porque ellos son productores de maíz.

La apertura incondicional y total del país a la importación de productos agropecuarios no hay duda que ha sido perjudicial para los millones de productores mexicanos, particularmente los de maíz y de otros granos.

Al entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio el 1o. de enero de 1994, se abrió el mercado mexicano indiscriminadamente a la importación de maíz y de otros productos agropecuarios, particularmente norteamericanos.

Los productores norteamericanos hacen su trabajo con mayor tecnología, con mayores subsidios, sus costos de producción son menores a los de los campesinos mexicanos del norte, del centro o del sur del país. La productividad de los granjeros norteamericanos es más alta que la de nuestros agricultores, sus superficies de cultivos son mayores que las nuestras y sus costos de producción son más bajos que los nuestros.

En esos términos, en los de ellos, sí es negocio cultivar y vender maíz a 100 dólares la tonelada, pero para los productores mexicanos no lo es ni para los tecnificados y con infraestructura de riego ni mucho menos para los ejidatarios con pequeñas superficies cultivadas, muchas de ellas de temporal en el centro y en el sur del país.

No ha sido afortunada esta libre e incondicional apertura a la competencia, porque no ha sido una competencia entre iguales. En este como en otros casos los resultados han sido perjudiciales económica y socialmente para los productores, campesinos, indígenas, pequeños productores mexicanos que cultivan y producen maíz.

Algunos datos macro.

Antes del Tratado de Libre Comercio la producción nacional de maíz creció de 1988 a 1993 en 7.5 millones de toneladas. Después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de 1994 a 1998 disminuyó la producción de maíz en 1.7 millones de toneladas.

Además de este dato derivado de una competencia entre desiguales, debo señalar que la política de autorización de importaciones por parte de la Secofi no ha sido leal con los intereses de los productores mexicanos por varias razones. En primer lugar cito que entre 1996 y 1998, que fueron años de alta productividad de maíz, la Secofi autorizó la importación de 5.8 millones de toneladas; esto derrumbó automáticamente los precios nacionales de maíz. En 1998 se autorizó sin arancel la importación de 5.2 millones de toneladas, cuando la cuota establecida era de 2.8 millones; otra vez el precio nacional de maíz se vino para abajo.

Otro hecho. La Secofi autoriza la importación de millones de toneladas de maíz y de granos, en general desde los meses en que se inician las cosechas y no espera tres o cuatro o hasta seis meses para que los productores nacionales realicen su venta y abastezcan con su capacidad productiva y con suficiencia el mercado nacional. Esta competencia castiga a los productores nacionales.

Quiero referir algunos datos que evidencian que no se recupera lo que se obtiene con los promedios de cosecha nacional de maíz por hectárea respecto con el precio tan castigado a 1 mil 300 pesos la tonelada. Por ejemplo, el costo de una hectárea de riego para cultivarla es de 6 mil 400 pesos y se produce en promedio 4.2 toneladas, 5 mil 460 pesos de ingresos contra 6 mil 400 de gastos.

Otros datos: 1 kilo de maíz cuesta un peso con 30 centavos, un kilo de fertilizantes cuesta un peso con 60 centavos, un litro de diesel cuesta cuatro pesos 27 centavos, un litro de herbicida cuesta 52 pesos 5 centavos, un litro de refresco cuesta 5 pesos, un litro de leche también, un cuaderno de 100 hojas cuesta 9 pesos, desde esta tribuna su servidor y los diputados del PRI del Estado de México acompañamos los planteamientos de nuestros compañeros de Sinaloa y expresamos la demanda de miles de campesinos de nuestro Estado y seguramente de muchos estados de nuestro país, para que se revisen estas políticas y el propio Tratado de Libre Comercio en el capítulo correspondiente.

Es cuanto, señor Presidente.

Presidencia de diputado
Ricardo Francisco García Cervantes

El Presidente :

Gracias al diputado Juan Manuel Martínez Nava.

Para el mismo tema tiene la palabra el diputado Francisco Salvador López Brito, del Partido de Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

El diputado Francisco Salvador López Brito:

Señor Presidente de la Cámara de Diputados; compañeras y compañeros diputados:

Efectivamente el Estado de Sinaloa es productor líder a nivel nacional de maíz y en este momento miles de productores se encuentran en una situación social y económica grave por el hecho de que más de 240 mil toneladas de maíz ya entregadas no se les ha liquidado.

Esto, señores diputados, no es producto de la casualidad, sino de una política errática hacia el campo mexicano por parte del Gobierno Federal. Tal parece que la situación que se está viviendo en Sinaloa al parecer se está tratando con un castigo a la productividad de la gente del campo, estamos plenamente enterados que la Secretaría de Comercio para complicar aún más este problema, ha venido liberando permisos de importación al maíz durante todo el año congestionando con ello el mercado y los destinos del maíz producido en mi Estado.

Por lo tanto es responsabilidad directa del Ejecutivo Federal la solución al problema de comercialización al maíz de Sinaloa.

Estamos también enterados que los recursos presupuestales están aprobados y disponibles, pero al parecer la entidad descentralizada de la Secretaría de Agricultura, Aserca, Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria no cumplió con la normatividad excediéndose en volúmenes y recursos asignados en situaciones sospechosas y no muy claras.

Por otra parte es conveniente, además de una investigación a Aserca, analizar el por qué algunas empresas también no han cumplido con la normatividad, nos sorprende pero nos da mucho gusto el que los diputados del PRI se interesen por buscar solución a este problema, cuando en la LVII Legislatura la misma bancada se opuso a incrementar el presupuesto de apoyos a la comercialización de granos a nivel nacional al revisar el presupuesto en diciembre de 1999.

Por todo lo anterior propongo, compañeros diputados, en nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional: primero. Lograr un punto de acuerdo con todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara para que firmemos dicho acuerdo enviando, por parte de esta alta representación, una excitativa a las secretarías de Hacienda, Comercio, Agricultura y a la entidad descentralizada Aserca, para que liberen los recursos ya asignados en el presupuesto y se pague a los productores de maíz del Estado de Sinaloa los adeudos que tienen con ellos y evitar el grave problema social que en estos momentos está provocando.

Y segundo. Llegar, y los invito a todos, a consensos para trabajar en esta legislatura para apoyar decididamente al campo mexicano.

Muchas gracias.

El Presidente :

Muchas gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra el diputado Librado Treviño Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Librado Treviño Gutiérrez:

Señor Presidente; honorable Asamblea, seré muy breve:

En los últimos seis años el problema fundamental del sistema de producción de granos del país se refleja en una drástica caída del ingreso de los productores originada por la fuerte depresión de los precios internacionales de los granos y un incremento persistente en los costos nacionales de los principales insumos, lo que ha colapsado la rentabilidad de amplios segmentos del sistema de producción.

Es muy importante considerar que los precios internacionales de los últimos años no reflejan precisamente la sana relación entre la oferta y la demanda de un mercado global ya abierto, más bien representa la fuerte distorsión de mercado ocasionada por los cuantiosos apoyos y subsidios que en los Estados Unidos de América se da a sus productores, particularmente a partir de 1996.

En Estados Unidos, en 1996, ponen en marcha los apoyos directos del programa de flexibilidad de cultivos, mismos que estarán vigentes hasta el año 2002. A su vez, aquí en México no se han cumplido con los compromisos de transferencias que en términos del Presupuesto de Egresos se estableció en 1994.

Se establecieron con la finalidad de compensar las asimetrías que ocasionan esos subsidios otorgados ante nuestros competidores.

Ante un escenario de mercados abiertos y en contraparte, a partir de 1995, el monto de transferencias directas se ha reducido drásticamente, y que lo diga la Sagar, sin aprovechar en lo más mínimo los márgenes disponibles, y que lo diga Hacienda, en los términos de la ronda de Uruguay y publicados en el Diario Oficial el 30 de diciembre del mismo año de 1995.

Paralelo a lo anterior, las perspectivas del mercado internacional de los granos reflejan precios inferiores a los del presente y no podemos hacer nada ante eso, no hay quien fije precios en el mundo; ¿qué podemos hacer frente a los tipos de cambio de las monedas? ¿Frente a las subidas y bajadas de las bolsas? ¿Frente al aumento o el descenso de los precios del petróleo? ¿Frente a los fenómenos atmosféricos o a las producciones altas por la alta tecnología de nuestros productores? ¿Qué podemos hacer frente a los conflictos bélicos en el mundo y muchas cosas más que nos afectan a los productores, especialmente a los pobres, a los ejidatarios, a los aparcelados y a los comuneros?

La diputación priísta de Tamaulipas apoya la propuesta de Sinaloa, del Estado de México y de todas las fracciones parlamentarias para que se pague la cobertura de apoyo a la comercialización de maíz, ¿por qué tenemos 150 mil toneladas pendientes y 80 mil en estos momentos en bodega?, y que a través de Aserca, como único responsable y órgano desconcentrado de la Sagar, se le da el visto bueno también por parte de Hacienda y que a la mayor brevedad se pague, porque creo que desde este recinto fijaremos el rumbo, compañeros legisladores, fijaremos el rumbo de recuperar la rentabilidad, de ir recuperando esta rentabilidad perdida en los últimos años, de ir recapitalizando el campo y de sostener un ingreso mínimo para compensar las asimetrías de los subsidios que se dan a nuestros competidores.

Muchas gracias.

El Presidente :

Gracias, diputado Librado Treviño Gutiérrez.


POLITICA EXTERIOR

El Presidente :

Para otro asunto, para hacer un pronunciamiento en materia de política exterior, se concede el uso de la palabra, por 10 minutos, al diputado Gustavo Lugo Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Gustavo Lugo Espinoza:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
La integración latinoamericana ha sido uno de nuestros más grandes anhelos. Los latinoamericanos desde hace más de un siglo hemos buscado formar una sola comunidad de propósitos y aunque sólo lo hemos logrado parcialmente, nuestro objetivo sigue vigente.

306, 307 y 308

Tenemos que integrarnos en una sola voz para representar mejor nuestras mejores economías y nuestros valores culturales. En un mundo cada vez más interdependiente, debe ser también nuestra meta política para el siglo que apenas empieza.

Los latinoamericanos no evadimos la globalización, sino por el contrario, queremos sacar el mayor provecho de ella, pero queremos una globalización que sea democrática y justa. Queremos que los beneficios y las cargas de la globalización se distribuyan de acuerdo al tamaño de la economía de cada uno de los países y también queremos estar mejor equipados para navegar por los difíciles mares de la globalización.

El desplazamiento de grandes volúmenes de dinero de un lugar a otro del planeta ha trastocado la certeza con la que hasta hace poco se manejaban las economías nacionales. La desaparición de aranceles para que lo que se produce en un país entre libremente en otros, muchas veces productores de los mismos bienes, han generado cambios profundos en la estructura productiva de los países en vías de desarrollo.

La liberación y desregulación del funcionamiento de las instituciones nacionales se han traducido en el crecimiento del crimen organizado a nivel mundial. En una palabra, nos encontramos ante un cambio de civilización.

La respuesta de casi todos los países del orbe, cambio de relaciones que implica la globalización, ha sido la integración en bloques regionales para sortear mejor la creciente competitividad económica y comercial. En América del Norte se creó una zona de libre comercio entre México, Canadá y los Estados Unidos; en el cono sur, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay forman el Mercosur; la Comunidad Andina de naciones reforzó el mandato del Pacto Andino; en Europa se consolidó la Unión Europea a través de la puesta en marcha de la moneda común; en los países que conformaron la Unión Soviética surgió la Comunidad de Estados Independientes. Los tigres asiáticos se unieron en la Cooperación Económica de Asia-Pacífico; las naciones centroamericanas se congregan en el Mercado Común de Centroamérica, y las del Caribe en el Acuerdo de Asociación de Estados del Caribe.

Es así, con distintos alcances y matices, como las naciones del mundo se reagrupan para ocupar un mejor lugar en el nuevo escenario mundial.

En la actualidad no sólo los países se reúnen en mecanismos supranacionales, también lo hacen los parlamentos, que han decidido tener una sola voz para ser más eficaces en la defensa y promoción de sus representados.

La integración a la que quiero referirme no es nostálgica; es, por el contrario, un mecanismo renovado de vinculación de todas las naciones latinoamericanas. Vivimos nuevos tiempos y asumimos los cambios que éstos han traído. Por lo tanto, resultaría anacrónico adoptar modelos superados o propuestos para la etapa en la que nuestros países tenían economías cerradas.

No, la nueva integración de América Latina no puede perder de vista los alcances de la globalización, la creación de otros bloques regionales y las nuevas etapas de competencia internacional, una vocación internacionalista, una conciencia del valor de la diplomacia, una convicción política, permiten ver más allá de las ventajas económicas y comerciales de corto plazo que el compartir fronteras significa.

Nuestra tradición cultural y nuestra vocación latinoamericanista son los soportes que permiten impulsar la integración a América del Sur con México, Centroamérica y el Caribe.

Que cada subregión al interior de la región latinoamericana, desarrolle con sus vecinos el esquema de la integración que más le convenga, pero que no se cancele la posibilidad de convertir a Latinoamérica en una gran región del mundo.

Simón Bolívar, desde el exilio, escribió la Carta de Jamaica, en donde se esboza un grandioso panorama para América independiente, un conglomerado de repúblicas constitucionalistas, desde Argentina hasta México. A pesar de que fue escrita ya hace muchos años, esta carta sigue siendo una guía para nuestro propósito integrador, que no debe perder de vista que más allá de los intercambios comerciales y la apertura de fronteras, los países latinoamericanos compartimos una comunidad de intereses culturales, de lengua, de idiosincrasia y de costumbres.

Ahora más que nunca debemos hacer un esfuerzo para que respetando las integraciones regionales que se han constituido entre distintos países de América Latina y el Caribe, nos unamos en una gran comunidad.

La integración latinoamericana no puede ser de sólo unos cuantos países, por razones históricas, por los vínculos que nos unen, pero también por las perspectivas de largo alcance. La integración debe ser una empresa en la que participen todos los países, incluido el nuestro.

Dejar fuera de este noble propósito al Caribe, equivale a condenar a las islas que lo integran al aislamiento; no incluir a Centroamérica es tanto como negarle a los países que conforman ese pedazo de tierra que une al sur con el norte del continente, una oportunidad de crecimiento y de desarrollo y, congruente con su trayectoria, México seguirá jugando un papel preponderante en la vinculación de Latinoamérica. Podrá señalarse que Bolívar y Martí, se han convertido en iconos de la ideología latinoamericana porque soñaban con un espacio común a lo largo y a lo ancho de la región.

Hoy más que nunca sus ideas están vigentes, porque la piedra angular de su planteamiento es la afinidad cultural a pesar de las crecientes diferencias económicas.

La reciente visita del presidente de la República Argentina a nuestro país, es un ejemplo de cómo los latinaomericanos, a pesar de buscar nuevas alianzas de tipo comercial en otras latitudes, robustecemos periódicamente los lazos que nos unen.

La presencia del presidente De la Rúa y la valoración que da a sus lazos con México nos permite subrayar lo trascendente que son las relaciones entre los países del cono sur y la región latinoamericana de América del Norte.

En una alianza estratégica entre los países del Mercosur México, a la que no podemos renunciar y que apoyaremos desde nuestra esfera legislativa, en este sentido, compañeros diputados, esperamos que las promesas del presidente electo, en cuanto a que se reforzarían las afinidades que nos unen con Latinoamérica, se cumplan y veamos florecer una nueva etapa en las relaciones diplomáticas, políticas, económicas, comerciales y de cooperación con todos los países latinoamericanos y caribeños sin excepción.

No hay sueños imposibles, Bolívar lo demostró frente a un enemigo más poderoso y numeroso, al que derrotó.

Hoy América Latina y el Caribe, integrados en un sueño bolivariano común, pueden volver a derrotar a enemigos igual de poderosos y numerosos.

Vayamos en pos de una integración que refleje el espíritu incluyente y plural de la vocación política latinoamericana.

Muchas gracias.

El Presidente :

Muchas gracias, señor diputado Gustavo Lugo Espinoza.

Están inscritos para hablar sobre este tema, los diputados: Raúl Gracia Guzmán, Héctor Sánchez López, Erika Spezia Maldonado y Rosalía Peredo Aguilar.

Tiene el uso de la palabra el diputado Raúl Gracia Guzmán, del Partido Acción Nacional.

El diputado Raúl Gracia Guzmán:

Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados, buenas tardes:

La política exterior mexicana, acorde a las peculiaridades propias de nuestro pueblo, debe de ser tal que permita mantener una convivencia justa y pacífica con todos los miembros de la comunidad internacional sobre bases de igualdad jurídica y respeto común.

El orden internacional no es posible sin la normalidad política interna de los estados, estructurada sobre la vigencia real de los derechos humanos y de la justicia social. Nuestro tránsito como país hacia esa normalidad, fruto de la lucha de más de seis décadas de mexicanos que dedicaron su vida a la bandera de la democracia y que tuvo su más grande recompensa en la histórica jornada del 2 de julio, nos obliga a dejar atrás concepciones aislacionistas de la soberanía.

Es responsabilidad del Estado mexicano asumir en la actual dinámica mundial, un rol activo tendiente a establecer un orden internacional justo y eficaz.

La vigencia de este orden internacional, es inaplazable, especialmente para los países que afrontan los problemas del desarrollo, tal como sucede en el caso latinoamericano.

México por razones históricas y por su posición geopolítica, está llamado a asumir un papel preponderante en la interrelación de los países latinoamericanos.

Es imperativo que en congruencia con esto, ejerzamos nuestro liderazgo en la zona.

La reciente visita del presidente argentino De la Rúa, nos obliga a reconocer que en la dimensión latinoamericana, es donde encontramos la mayor afinidad en cuanto a nuestra identidad cultural.

El desarrollo interno de México requiere que su colaboración en la comunidad internacional se base fundamentalmente en conservar nuestra personalidad como nación, como pueblo iberoamericano. Esto porque el progreso mexicano es correlativo al crecimiento en todos los ámbitos de nuestros hermanos latinoamericanos.

La colaboración, nunca la confrontación, son base para el desarrollo de la zona.

Los liderazgos tradicionales de la misma deben ser complementarios, no antagónicos. Para probar lo benéfico de esto, recordemos, por ejemplo, los efectos negativos de la crisis de 1994 en la economía brasileña.

No podemos desdeñar la resposibilidad de que este fenómeno en un futuro pueda darse en la inversa.

Vemos la necesidad de darle prioridad dentro de la política exterior mexicana, al desarrollo común de los países latinoamericanos.
México debe aprovechar el camino recorrido y continuar con las negociaciones comerciales con los países latinoamericanos a fin de alcanzar el mayor número de convergencias que permitan en lo posible un mercado común.

Esto propiciará una posición de mayor fuerza en las negociaciones económicas con el resto del mundo, pero principalmente cuando tratemos con nuestros vecinos del norte.

Nuestras relaciones latinoamericanas, la unidad por la que propugnamos en la zona, no debe limitarse a lo económico, sino extenderse y complementarse en lo social y lo jurídico.

Para ello debemos promover, desde este Poder Legislativo, una participación activa de México en los proyectos que impulsen la integración de la comunidad latinoamericana de naciones, de manera que no sólo podamos negociar en bloque temas comerciales y económicos, sino con una mayor trascendencia ser más fuertes al dar lucha común a los problemas que aquejan o han aquejado a los países latinoamericanos: corrupción, narcotráfico, dependencia petrolera, deuda externa, migración, falta de democracia entre otros.

Para nosotros, los panistas, México debe fortalecer su relación con nuestros vecinos del sur, pero con mayor importancia debemos impulsar una verdadera comunidad latinoamericana, pues ahí encontraremos el medio idóneo para tener una política exterior proactiva, previsora, moderna, firme, dinámica y coherente, sobre todo coherente con la historia, valores y tradición nos son propios.

Muchas gracias.

El Presidente :

Muchas gracias, señor diputado:

Tomando en consideración que han transcurrido las cinco horas reglamentarias de esta sesión, según lo que establece el artículo 3o. del Acuerdo Parlamentario aprobado el 6 de noviembre, la Presidencia con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de concluir los asuntos pendientes en cartera acuerda prorrogar el lapso correspondiente hasta la conclusión del orden del día.

309, 310 y 311

Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Sánchez López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Héctor Sánchez López:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El sueño de Bolívar: la unidad latinoamericana ha sido objeto de muchos discursos y de pocas acciones. Hoy llegamos al final de un sexenio y recordamos lo que debiera de haber sido la política exterior mexicana, con respecto a su relación con los pueblos hermanos de Latinoamérica.

Sin embargo, en estos seis años de Gobierno del presidente Zedillo, se continúo con la política de subordinación de los intereses nacionales al interés y beneficio del capital internacional y al de los organismos financieros internacionales.

Seguimos afirmando que el ascenso de los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y éste que está por terminar, dieron muerte a las mejores tradiciones diplomáticas de nuestro país, basadas en los principios históricos como la autodeterminación, la no intervención, la cooperación para el desarrollo, la solución pacífica de las controversias, la lucha por la paz y el desarme, la igualdad jurídica de los estados y el asilo político. Si algo caracterizó a este sexenio fue precisamente alejarse de nuestros hermanos latinoamericanos. Si algo caracterizó a este régimen fue no asumir con una gran responsabilidad los principios básicos e históricos de nuestra política exterior.

Por eso hoy quisiéramos recordarles, que si bien es tan importante estos acuerdos que se han signado con algunos países latinoamericanos, se ha hecho de manera marginal, se ha hecho de manera aislada, con decirles que la relación comercial que tenemos con Argentina, ahora que nos visita el presidente De la Rúa, es de apenas 500 millones de dólares sobre los 160 mil millones de dólares de comercio exterior que tiene nuestro país.


No podemos pues utilizar de manera solamente verbal lo que debiera de hacerse con los hechos. Ojalá, ojalá y que los próximos gobiernos efectivamente asuman con responsabilidad lo que hoy desde la tribuna venimos a manifestarnos. Hoy hablamos de Latinoamérica porque tenemos a un Presidente de Argentina en nuestra tierra, sin embargo nos olvidamos de que este Gobierno ha signado acuerdos comerciales, tratados que han vulnerado a nuestra Constitución. El Partido de la Revolución Democrática rechaza categóricamente estos acuerdos y tratados comerciales que lastiman la soberanía y la independencia de nuestro país.

Pareciera ser que el presidente Zedillo, por tratar de legitimar su Gobierno, no ha dudado en ceder soberanía, no ha dudado en violar el artículo 39 de nuestro país: que dice que la soberanía radica esencialmente en el pueblo y ha permitido que un pequeño grupo de financieros hagan suya la riqueza de nuestro país.

Hoy sabemos que la política exterior mexicana, o mejor dicho la política comercial, porque no existió otra, cambió del edificio de Tlatelolco al edificio de Herminio Blanco, el representante fiel del dogmatismo tecnocrático que tanto daño ha hecho a nuestro país.

Habría que preguntarnos cómo queda hoy nuestro país frente a los ojos del mundo, cuando nuestro Secretario de Comercio ha dicho que al señor Cavallo sólo se le acusa de genocida o habrá que ver en qué actitud queda nuestro México, nuestro país, cuando a los vascos, sin reunir los mínimos requisitos, son deportados a España y hoy, la canciller Green dice que existe la posibilidad de que no se manda a España a Cavallo.

Al PRD le preocupan esas actitudes que ha asumido el Gobierno en los últimos años. Nosotros hemos dicho que nuestro país en estos últimos tiempos ha dejado de emprender iniciativas trascendentes, no sólo con nuestros aliados naturales, los países centroamericanos y de América del Sur. México olvidó ocuparse del proceso de la integración latinoamericana; casi todas las constituciones políticas de América Latina establecen la necesidad de la integración entre nuestras naciones. Se abandonó el proceso de integración encaminado a promover la integración económica y el fortalecimiento de las relaciones comerciales para consolidar un mercado común latinoamericano.

Para el presidente Zedillo esto no fue una prioridad, por eso hoy no podemos permitir que la subordinación de la política ante el comercio nos siga marginando del acontecer internacional y dando al mundo la imagen de ser simplemente el acceso fácil a los Estados Unidos. Necesitamos hacer de la política exterior una política de Estado que lleve de la mano la política económica y la política social, para poder aspirar a un México más justo, un México sin tanta pobreza y sin tanta marginación.

Muchas gracias.

El Presidente :

Gracias, diputado Héctor Sánchez López.

Tiene el uso de la palabra la diputada Erika Spezia Maldonado, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Erika Elizabeth Spezia
Maldonado:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Para el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México la vinculación a través de acuerdos de libre comercio entre nuestro país y otras naciones, ha venido creciendo con gran rapidez. Sin embargo, estas relaciones han fincado su avance en las acciones de carácter económico y descuidando, a nuestro juicio, algunos aspectos fundamentales de la agenda internacional.

Tal es el caso de los aspectos ambientales que trascienden nuestras fronteras y en las que México no ha tenido una posición de vanguardia. Como ejemplo de ello están los acuerdos internacionales en materia del control del cambio climático, conocido como el Protocolo de Kioto, en donde la delegación mexicana siempre mantuvo una posición débil y marginal, en espera de que otras naciones establecieran sus propias estrategias para sólo unirnos a algunas de ellas.

Más recientemente, durante la Reunión Internacional de la Convención de Especies Silvestres en Peligro de Extinción llevada a cabo en Kenia, la delegación mexicana que no representó se mantuvo impávida ante las peticiones de otras naciones para explotar especies mexicanas en peligro de extinción. Esta situación no debe continuar.

Tenemos confianza en que el nuevo gobierno que encabezará el presidente electo Vicente Fox, llevará a nuestro país a una política exterior más propositiva, en la que México apoye los temas ambientales en América Latina.

El cambio de poder en México, llama la atención de la opinión pública mundial por la alternancia civilizada que estamos llevando a cabo y además, por la expectación motivada por Vicente Fox, ya que será el primer Presidente que proviene de una alianza con un partido Verde Ecologista.

Existe el anhelo que durante su gobierno impulse la región y a escala mundial, una política ecológica internacional congruente con las necesidades de la sociedad en esta materia.

Una de las prioridades que deben atenderse a la mayor brevedad y que queda como cuenta pendiente de la actual administración, es la relativa a los trabajadores migratorios y la defensa de los derechos humanos de nuestros compatriotas, que se ven en la necesidad de buscar mejores condiciones de vida para ellos y para sus familias en los Estados Unidos.

Urge una revisión al programa "Paisano", para que no sólo funcione con aquellos que sí lograron cruzar la frontera; también del funcionamiento de los grupos Beta y en general de la relación binacional con los Estados Unidos de América, para evitar en lo sucesivo los abusos de los que son víctimas nuestros compatriotas, en vista de que 175 mexicanos se ahogaron en aguas fronterizas y 200 más fallecieron por otras causas en lo que va del año.

La fracción parlamentaria del Verde Ecologista, considera insuficiente los memoranda de entendimiento firmados por ambos gobiernos para la protección de nacionales y acceso consular, el que debería de servir para combatir la violencia en la frontera.

De igual forma, demandamos la revisión del Tratado de Libre Comercio de América en materia de medio ambiente, ya que la Comisión para la Cooperación Ambiental, prevista en los acuerdos paralelos de dicho tratado, ha sido incapaz de revertir el daño ambiental, generado especialmente por las maquiladoras que operan en nuestra frontera exponiendo a la población y utilizando el territorio nacional como depósito de residuos peligrosos.

Compañeras y compañeros diputados, resulta muy necesario que esta Cámara de Diputados, no descuide estos importantísimos asuntos ecológicos y de tránsito seguro de los trabajadores, dado que somos representantes populares.

Muchas gracias.


DIPUTADO JOSE FELIX SALGADO
MACEDONIO

El Presidente :

Muchas gracias, honorable Asamblea:

Me voy a permitir dar lectura a una comunicación que por mi conducto dirige a las señoras y señores diputados, el diputado Félix Salgado Macedonio:

"Diputado Ricardo García Cervantes, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presente. Distinguido Presidente.

A través de este medio, me permito ofrecer con toda humildad por su conducto, disculpas a los diputados integrantes de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión y al pueblo de México, por los hechos en donde involuntariamente me vi involucrado el fin de semana próximo pasado.

Nunca ha sido mi propósito lastimar las instituciones democráticas de nuestro país, por lo que, tengan la seguridad, compañeras y compañeros diputados, que contribuiré sin descanso a los altos fines que tiene encomendado el Congreso de la Unión en el proceso de transición democrática en que está inserto nuestro país. México espera mucho de nosotros.

Reitero mi convicción y compromiso de enaltecer esta honorable tribuna con voz firme y certera, como siempre lo he hecho en defensa de nuestro México.

Sin otro particular, quedo de usted y de todos los compañeros diputados, atentamente, diputado Félix Salgado Macedonio".

Están ustedes enterados.

JUNTA DE COORDINACION POLITICA.
CONFERENCIA PARA LA DIRECCION
Y PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS
LEGISLATIVOS}

El Presidente :

Por otro lado, me permito, señoras y señores diputados, informar que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el pasado martes 5 de septiembre, a las 14:30 horas, quedó formalmente instalada la Junta de Coordinación Política de esta Honorable Cámara de Diputados, con la presencia de los coordinadores de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo. Habiendo recaído la Presidencia de dicho órgano de gobierno, en la diputada Beatriz Paredes Rangel, conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 31 del mismo ordenamiento.

Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 37 párrafo tercero de la propia Ley Orgánica, el día de ayer miércoles 6 de septiembre a las 22:40 horas, quedó integrada e instalada la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, con la presencia de los coordinadores que integran la Junta de Coordinación Política y bajo la presidencia de su servidor.

Con lo anterior han quedado debidamente integrados y han iniciado el ejercicio de sus funciones, todos los órganos de gobierno de esta Cámara de Diputados, lo que permitirá que puedan desempeñar adecuadamente sus atribuciones y facultades constitucionales y legales.

Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.


ORDEN DEL DIA

El secretario José Manuel Medellín Milán:

Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Primer Año.- LVIII Legislatura.

312, 313 y 314

Orden del día

Martes 12 de septiembre de 2000.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Iniciativa de diputados


De reformas a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Y los demás asuntos con los que la mesa directiva dé cuenta.»


CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente (a las 17:10 horas):

Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 12 de septiembre a las 11:00 horas. Debiendo instalarse el registro de asistencia desde las 9:00 horas.

RESUMEN DE TRABAJOS
  • Tiempo de duración: 5 horas 39 minutos
  • Quorum a la apertura de sesión: 405 diputados
  • Asistencia al cierre de registro: 472 diputados
  • Comisión reglamentaria y protocolaria: 2
  • Diputada que toma protesta: 1
  • El Presidente da a conocer el bando solemne, sobre la declaración de presidente electo
  • Proposiciones con punto de acuerdo: 5
  • Puntos de acuerdo aprobados: 1
  • Temas de agenda política: 3
  • Oradores en tribuna: 46
       PRI-10; PAN-11; PRD-13; PVEM-4; PT-4; PSN-1; PAS-1; CDPPN-2

    Se recibió:
  • 2 comunicaciones del Presidente de la mesa directiva, respecto a dos dictámenes de la sección instructora;
  • 1 invitación del Instituto de Cultura de la Ciudad de México, para asistir a la ceremonia cívica conmemorativa;
  • 1 comunicación del Poder Judicial del Estado de Coahuila;
  • 1 comunicación del Congreso del Estado de Morelos;
  • 1 iniciativa del PAN;
  • 1 iniciativa del PRD;
  • 1 iniciativa del PVEM;
  • 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que 10 ciudadanos puedan prestar sus servicios en diversas representaciones diplomáticas de gobiernos extranjeros y se comunica que otros cinco ciudadanos, han dejado de prestar servicios en la Embajada y consulados generales del Gobierno de los Estados Unidos de América en México;
  • 1 comunicación personal del diputado José Félix Salgado Macedonio, sobre acontecimientos ocurridos el fin de semana próximo pasado;
  • El Presidente de la mesa directiva informa de la instalación de la Junta de Coordinación Política y de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

 

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA PRESENTE SESION
(en orden alfabético)

  • Acosta Salazar, Sergio (PRD)

  • Arellanes Cervantes, Fanny (PAN)

  • Barrales Magdaleno, María
    Alejandra (PRD)

  • Burgos Pinto, Jesús (PRI)

  • Calderón Cardoso, José Antonio (PAS)

  • Castellanos Hernández, Félix (PT)

  • Cervantes Rivera, Jaime (PT)

  • Cota Montaño, Rosa Delia (PT)

  • Chozas y Chozas, Olga Patricia (PVEM)

  • De la Riva Pinal, José Gerardo (PRI)

  • Del Río Virgen, José Manuel (CDPPN)

  • Del Río Virgen, José Manuel (CDPPN)

  • Espino Barrientos, Manuel de
    Jesús (PAN)

  • Fernández González, Lucio (PAN)

  • Funes Díaz, Lionel (PAN)

Tema

Cajas de ahorro

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos: 35, 36, 40, 71, 73, 122 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con referencia a establecer figuras de participación ciudadana como el referéndum, plebiscito y la iniciativa popular.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma las leyes: de Vías Generales de Comunicación; Reglamentaria del Servicio Ferroviario; de Aeropuertos; de Aviación Civil y Federal de Telecomunicaciones; sobre la existencia a la figura de la requisa y el cómo ha sido utilizada.

Problemática que confrontan los productores sinaloenses en la comercialización del maíz.

Operación y funcionamiento del Renave, así como del proceso de licitación.

Operación y funcionamiento del Renave, así como del proceso de licitación.

VI Informe de Gobierno.

Parque Vehicular Mexicano.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el numeral dos del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para la creación de la Comisión Ordinaria de Asuntos de la Juventud y del Deporte.

Hechos del 18 de agosto pasado, ocurridos en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México.

Operación y funcionamiento del Renave, así como del proceso de licitación.

VI Informe de Gobierno.

VI Informe de Gobierno.

Hechos del 18 de agosto pasado, ocurridos en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México.

Hechos del 18 de agosto pasado, ocurridos en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México.


315, 316 y 317

  • García Sainz Arena, Alejandro
    Rafael (PVEM)

  • García Suárez, María Miroslava (PRD)

  • Goicoechea Luna, Emilio
    Rafael José (PAN)

  • Gómez Olvera, Alejandro (PRD)

  • González Reza, Héctor (PAN)

  • Gracia Guzmán, Raúl (PAN)

  • Levín Coppel, Oscar Guillermo (PRI)

  • López Brito, Francisco Salvador (PAN)

  • López Magallanes, Silverio (PRI)

  • Lugo Espinoza, Gustavo (PRI)

  • Martínez Nava, Juan Manuel (PRI)

  • Moreno Bastida, Ricardo (PRD) en dos ocasiones

  • Orozco Garza, Manuel Wistano (PAN)

  • Ortíz Ortíz, Héctor Israel (PRI)

Tema

VI Informe de Gobierno.



Operación y funcionamiento del Renave, así como del proceso de licitación.


Infraestructura carretera en el Estado de Zacatecas.


Hechos del 18 de agosto pasado, ocurridos en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México.


Proposición con punto de acuerdo, referente a citar al Secretario de Comercio, para que dé explicación de la aplicación de la Ley del Registro Nacional de Vehículos, de la operación y funcionamiento del Renave, así como del proceso de licitación.

Política exterior.


VI Informe de Gobierno.


Problemática que confrontan los productores sinaloenses en la comercialización del maíz.

Proposición con punto de acuerdo respecto del fortalecimiento de la infraestructura carretera en el Estado de Zacatecas.

Política exterior


Problemática que confrontan los productores sinaloenses en la comercialización del maíz

Proposición de punto de acuerdo, para la creación de comisión especial investigadora de los hechos del 18 de agosto pasado, ocurridos en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México y también presenta modificación.

Proposición con punto de acuerdo, en relación con el problema de ahorradores de "Cooperativas Cajas Populares".

Cajas de ahorro.

 

  • Patiño Cardona, Francisco (PRD)
    en dos ocasiones

  • Riojas Santana, Gustavo (PSN)

  • Rodríguez Lozano, Amador (PRI)

  • Rodríguez Pasos, Jorge Alberto (PT)

  • Sánchez López, Héctor (PRD)

  • Santos Ortiz, Petra (PRD)

  • Sotelo Rosas, David Augusto (PRD)
  • Spezia Maldonado, Erika
    Elizabeth (PVEM)
  • Taylor Arthur, Herbert (PAN)
  • Torres Mercado, Tomás (PRD)
  • Treviño Gutiérrez, Librado (PRI)
  • Ulloa Vélez, Alonso (PAN)
  • Urías Germán, Gregorio (PRD)

Tema

Proposición con punto de acuerdo para la integración de comisión especial, que exhorte a la Cámara de Senadores la urgencia de dar trámite al proyecto de Ley para la Renovación y Protección del Parque Vehicular Mexicano, así como al proyecto de reformas a la Ley Adunera, turnados a la colegisladora el 14 de diciembre de 1999.

VI Informe de Gobierno.

Operación y funcionamiento del Renave, así como del proceso de licitación.

Hechos del 18 de agosto pasado, ocurridos en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México.

Política exterior.

Problemática que confrontan los productores sinaloenses en la comercialización del maíz.

Operación y funcionamiento del Renave, así como del proceso de licitación.

Política exterior.

Cajas de ahorro.

Infraestructura carretera en el Estado de Zacatecas.

Problemática que confrontan los productores sinaloenses en la comercialización del maíz.

Parque Vehicular Mexicano.

VI Informe de Gobierno.


NOTAS


Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:

Aserca
Cepal
Conasupo

D.F.
Fobaproa
INEGI
IPAB
PAN
PDS
Pemex
PGR
PIB
PRD
PRI
Progresa
PT
PVEM
Renave
Sagar
Secofi
SHCP
Telmex
UNAM
Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria
Comisión Económica para América Latina
Compañía Nacional de Subsistencias Populares, Sociedad Anónima de Capital Variable
Distrito Federal
Fondo Bancario de Protección al Ahorro
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
Instituto de Protección al Ahorro Bancario
Partido Acción Nacional
Partido Democracia Social
Petróleos Mexicanos
Procuraduría General de la República
Producto interno bruto
Partido de la Revolución Democrática
Partido Revolucionario Institucional
Programa Nacional de Educación, Salud y Alimentación
Partido del Trabajo
Partido Verde Ecologista de México
Registro Nacional de Vehículos
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Teléfonos de México, Sociedad Anónima
Universidad Nacional Autónoma de México

 318, 319 y 320