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Gracias, señor Secretario.
Para fijar las posiciones de los grupos parlamentarios, se ha inscrito la diputada
Rosalía Peredo Aguilar, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, quien hace uso
de la palabra hasta por 10 minutos.
| La diputada Rosalía Peredo Aguilar: |
Con la venia de la Presidencia; compañeras y
compañeros diputados; señor Secretario de Desarrollo Social:
El régimen del presidente Zedillo será recordado como el responsable de haber
incrementado la pobreza a niveles nunca antes vistos en nuestro país. Por esa razón, el
Ejecutivo Federal no tiene autoridad moral para decirle a los mexicanos que este año
alcanzamos el mayor gasto social de nuestra historia, porque los resultados mediocres de
su política social son contundentes, no admiten controversia.
En su reciente informe sobre el desarrollo, el Banco Mundial sostiene que 65 millones de
mexicanos viven con menos de 20 pesos al día, mientras que el propio Gobierno Federal
reconoce la existencia de 26 millones en condiciones de extrema pobreza. Aunque habría
que agregar que investigadores y académicos independientes describen un panorama aún
más desolador que las propias instituciones oficiales, al plantear que México cuenta con
70 millones de pobres, de los cuales 36 millones viven en extrema pobreza.
La brutal restricción presupuestal que viene aplicando el grupo neoliberal en México
desde hace varios años, se tradujo en un empobrecimiento de la población que no fue
compensado con una política de crecimiento del gasto social que atenuara al menos los
graves efectos de la crisis de 1994 a 1995 sobre el empleo y los salarios reales, los
cuales perdieron 46% de su poder adquisitivo durante el régimen de Zedillo.
En este contexto queda claro también que la política económica del régimen neoliberal
no funcionó porque no logró revertir la aguda concentración del ingreso; al contrario,
la profundizó.
Conforme a los datos de la encuesta del ingreso-gasto del INEGI, el 38% del ingreso
nacional está concentrado en los sectores de altos ingresos. Visto en otra perspectiva,
la desigualdad en México aumentó entre 1996 y 1998, pues un hogar que se encuentra entre
el 10% de los más altos ingresos, recibe nueve veces más que el promedio del 60% de la
población de menores recursos.
Señor Secretario: por más que aquí se nos venga a decir que el régimen de Zedillo dio
prioridad a la política social como nunca antes en la historia reciente del país, todo
ello resulta falso si nos atenemos al análisis del gasto invertido este año en los
programas destinados a los sectores populares como Progresa, Liconsa, Fidelist, Diconsa,
que en conjunto apenas representan una cifra de 11 mil 801 millones de pesos, que no llega
ni al 1% con respecto al gasto total aprobado para el presente año.
Por ejemplo, el Progresa, que es un programa que el Ejecutivo Federal concibe como la
panacea para atenuar la pobreza extrema, tiene un presupuesto de 9 mil 679 millones 800
mil pesos en el presente año, beneficiando a 2 millones 600 familias, cuando que en
nuestro país existen más de 70 millones de pobres.
El Programa Tortilla, es decir, el Fidelist, sólo tiene un gasto de 1 mil 303 millones
500 mil pesos y da cobertura en el presente año a cerca de 2 millones 900 mil familias.
Bajo el pretexto de la depuración del padrón de beneficiarios, se ha reducido el número
de habitantes comprendidos en este programa, en aras de continuar con la política de
reducción de subsidios que tanto preconiza la política neoliberal.
Está claro que la política social de Zedillo se ha caracterizado porque los recursos que
se destinan al combate a la pobreza no sólo son insuficientes, sino que además se
procede sistemáticamente a reducir los subsidios a los programas sociales, tal es el caso
de la leche, el maíz y la tortilla, que cayeron entre 50% y 75% en el presente sexenio
combinado con la exclusión de más de 2 millones 500 mil familias que quedaron fuera del
abasto de leche subsidiada como pretexto del error de diciembre de 1994.
Sin embargo, la insuficiencia fundamental de la política social de combate a la
pobreza del presidente Zedillo no estriba sólo en la falta de recursos públicos para tal
fin, sino que es una política que no ataca el problema de fondo consistente en determinar
en primer término que la pobreza es el resultado de una insuficiencia
histórico-estructural del aparato productivo por crear empleos sin distribuir la riqueza.
Y, en segundo término, partir de la noción de que el combate a la pobreza empieza por
incorporar a las actividades productivas a los pobres a través de crear empresas
productivas con carácter colectivo que sean diseñadas por ellos y no por burócratas
ajenos a los problemas del campo, como sucede actualmente con el Fonae, que impidió la
incorporación de miles de campesinos a esquemas de eficiencia y productividad alterando
las iniciativas y monopolizando la asistencia técnica con saldos negativos.
Si algo queda claro al concluir este sexenio, es que la política social aplicada por el
Gobierno Zedillista estuvo caracterizada por el uso de los distintos programas sociales
con fines electorales.
Para ilustrar la magnitud de la eficacia electoral del Progresa, basta señalar que los 2
millones 600 mil familias beneficiadas del mismo garantiza la influencia directa sobre 7
millones 300 mil votantes sin considerar los votos de los aspirantes potenciales a ser
incluidos dentro del mismo, tal como lo sostienen diversos analistas de la realidad
política nacional.
El Progresa redujo a la población necesitada a infantes que se les daba su domingo.
Señor Secretario, por las consideraciones expuestas, quisiera formularle la siguiente
pregunta: ¿cómo explica usted que los programas como Progresa, Procampo, Programa
Tortilla, Empleo Temporal etcétera, hayan sido los más impugnados con su utilización
con fines electorales cuando los objetivos para los cuales fueron creados se desvirtuaron
al adquirir el carácter de clientelares para obtener el voto a favor del PRI?
Por esa razón hoy más que nunca el grupo parlamentario del Partido del Trabajo reitera
la exigencia de una nueva política social que empiece por reorientar el actual modelo
económico, considerando una profunda reestructuración de la banca de desarrollo para
convertirla en un brazo financiero del Gobierno Federal, así como restablecer los
subsidios básicos a la alimentación del pueblo y poner en marcha una política de
incrementos salariales superiores a los niveles de inflación, ya que durante el régimen
del presidente Zedillo éstos perdieron su poder adquisitivo tal como ya lo señalamos.
Sin dejar de considerar que para que tenga éxito se requiere de una amplia participación
de Ios actores involucrados en el diseño, orientación y destino adecuado de los recursos
presupuestados para tales fines.
No podemos dejar de mencionar la problemática de la pobreza en el campo donde el propio
Gobierno Federal reconoce que por cada dos hogares rurales uno vive en condiciones de
pobreza; sin embargo, los recursos que se destinan como apoyo a la vertiente productiva
social son insuficientes para superar las graves carencias que tienen grandes sectores que
viven en estas áreas.
El Gobierno no satisfizo las necesidades de los hombres del campo, si no ¿cómo explica
usted, señor Secretario, que municipios como Nativitas y como muchos otros en el Estado
de Tlaxcala quedaran fuera del Programa Liconsa? ¿Quién alteró la información para
excluir a estos municipios de los programas de dotación de leche industrializada? ¿Por
qué no se incorporaron tomando el criterio de mayor pobreza y no dejar fuera a estos
municipios? No hacerlo, nos hace pensar que hubo complicidades electorales y políticas
que favorecen a unos y excluir a otros.
Los recursos que se destinan al campo siguen siendo insuficientes, por ejemplo: en el
curso del año 2000 se canalizaron un poco más de 71 mil millones de pesos de los cuales
43 mil 822 millones de pesos correspondieron a fines productivos, mientras que para fines
sociales enfocados al combate de la pobreza rural se destinó la cantidad de 27 mil 187
millones de pesos.
Lo que salta a la vista de todo esto es que la política social zedillista hacia el campo
ha destinado en lo fundamental el uso de los recursos enfocados a la asistencia social y
no toma en cuenta un criterio productivo que implique aumentar los subsidios a la
producción campesina, así como desarrollar una política crediticia de recursos
financieros baratos conjuntada con una política que atienda la
distribución de los productos generados.
Como una acción de desagravio a los productores campesinos y a la población que vive en
condiciones de pobreza en el medio rural, se tiene hoy más que nunca la exigencia de
incorporar a la población de este sector a los servicios vinculados con la seguridad
social, así como al sistema de pensiones de acuerdo a las normas establecidas en la
legislación mexicana.
Otro aspecto de la política social muy criticable durante el régimen que está por
concluir, lo representa la desaparición de los subsidios fiscales destinado a la
promoción de las construcciones de viviendas para los sectores populares.
Como es sabido, las necesidades de vivienda son exigencias que provienen fundamentalmente
de los trabajadores y de los sectores populares en general que prácticamente no cuentan
con recursos para allegarse de una vivienda digna que les dé sentido de pertenencia, así
como de estabilidad familiar y patrimonial.
En este mismo sentido cabe destacar que el Ejecutivo Federal abandonó de tajo la
responsabilidad social de proporcionar una vivienda a millones de familias mexicanas que
no cuentan con esta necesidad básica y por el contrario, sometió a la lógica del
mercado la adquisición de este bien patrimonial convirtiendo a los organismos públicos
encargados de la vivienda en simples intermediarios financieros entre los constructores y
los adquirentes, al tiempo que redujo gradualmente los recursos fiscales destinados a las
acciones de vivienda.
Sin lugar a dudas podemos afirmar que la política económica liberal del presidente
Zedillo en su intento por convertir a este país un una nación de primer mundo fue un
fracaso total, porque la pobreza se extendió a lo largo y a lo ancho del territorio
nacional y terminó por afectar a las condiciones de salud y bienestar de los mexicanos y
polarizar el aparato productivo al haber profundizado la división del país en dos
méxicos, el de los muy pobres y el de los muy ricos.
Muchas gracias.
|
Presidencia
del diputado
Eloy Cantú Segovia |
Gracias a la diputada Rosalía Peredo Aguilar.
Para fijar la posición del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México,
tiene la palabra hasta por 10 minutos, el diputado Bernardo de la Garza Herrera.
| El diputado Bernardo de la Garza Herrera: |
Señor Presidente de la mesa directiva; señor
Secretario Carlos Jarque; señoras y señores diputados:
Las familias que de manera temporal o permanente se encuentran en una situación de
debilidad, de dependencia, caracterizada por la privación de medios, dinero,
calificación técnica, relaciones y vigor físico, viven al filo de cada día, sin
ninguna oportunidad de elevarse sin ayuda de otros. Son familias pobres que merecen y les
corresponde recibir dicha ayuda del Gobierno.
La política social de este sexenio empezó tarde y fue controversial; el programa de
desarrollo social de 1995 a 2000 fue presentado con un notable atraso ya entrado 1996. La
discusión entre la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Hacienda sobre la
mejor manera de abordar el combate a la pobreza consumió buena parte del primer año del
sexenio, a pesar de que la transición se llevó a cabo entre personajes surgidos del
mismo partido.
Algunos aspectos del funcionamiento del Programa Nacional de Solidaridad siguen siendo
criticables y algunas erogaciones no estuvieron justificadas como medidas necesarias para
combatir la pobreza.
Otras acciones que impulsó la política social del Pronasol, como son la participación
comunitaria y la organización social, fueron derrumbadas sin tener en consideración la
relevancia que tenían las consultas directas a las comunidades para hacer el diagnóstico
de sus necesidades y el orden de sus prioridades.
La participación comunitaria es un elemento indispensable para que los ciudadanos que
conviven en zonas de alto y muy alto grado de marginación puedan tomar
las riendas de su desarrollo y no ser solamente sujetos pasivos ante su lucha por mejorar
sus condiciones de vida.
688, 689 y 690
Ahora bien, pese a la tradición incluyente de la
sociedad mexicana y a nuestro hondo sentido de colectividad nos asombra que la Sedesol
haya optado por una política social enfocada, concentrándose en un padrón selectivo y
excluyente; padrón que por cierto tardaron mucho en preparar perjudicando mientras tanto
a muchísimas familias.
Otro de los defectos de esta política de subsidios dirigidos, fue el enfrentamiento y
encono entre los beneficiarios y los no beneficiarios de una misma comunidad o zona urbana
de los programas sociales. La focalización de recursos ha trastocado y generado
fricciones en la vida comunitaria, además de que la administración de estas políticas
fiscales ha acarreado altos costos administrativos.
Los pobres están de actualidad, los pobres son la actualidad porque han sido
insuficientes las políticas sociales que tratan de reducir la pobreza a una cuestión de
focalización, de beneficios mínimos que sólo combaten los síntomas y consecuencias de
la pobreza no sus causas ni sus orígenes.
Al concluir este sexenio, los resultados están a la vista. La anhelada estabilidad
económica y política se ha logrado a un costo elevado, persisten la explotación, los
bajos salarios y las condiciones adversas para el campesino; la Reforma Agraria a los
planes de desarrollo rural, la intervención del Estado en favor de la agricultura en
pequeña escala y la producción de alimentos básicos, no ha conseguido disminuir la
desigualdad en las zonas rurales.
Esta desigualdad incluso, ha sido completada con una creciente pobreza en las ciudades,
pese a que el Gobierno se había propuesto atacar los problemas más graves e
impostergables.
A los diputados verdes nos parece insuficiente la simple numeración de las miles de
acciones emprendidas, ya que consideramos que falta una evaluación cualitativa y una
actitud más crítica por parte de la Secretaría. Por ejemplo, no encontramos una
auténtica medición de resultados que involucre a los beneficiarios, donde se les
pregunte qué opinión tienen de la labor de la Sedesol y las instituciones coadyuvantes
en cuestión de desarrollo social.
En caso que existiera dicha evaluación no es del conocimiento público, dichas
evaluaciones son necesarias para que la calidad de los programas sociales sean
satisfactorios. Por ejemplo, en el caso del fideicomiso para la liquidación del subsidio
de la tortilla, en el que se entrega un kilogramo de tortilla para una familia, no cubre
ningún estándar de alimentación, ya que en términos reales esta transferencia directa
significó aproximadamente sólo cinco tortillas diarias para cada miembro de una familia
de cinco personas.
De la misma forma sucede con el Programa de Abasto Social de Leche, en el cual la
aportación del Gobierno es de ocho litros a la semana.
Señor Secretario: este programa ni siquiera cumplió las necesidades básicas de
nutrición para este grupo tan vulnerable de la población al cual se pretendió
beneficiar.
La gestión del Gobierno Federal falló en este sexenio y en los cuatro anteriores, su
desempeño personal es difícil de evaluar, pues en un año es arduo enderezar lo que se
estropeó durante mucho tiempo, aunque me parece que usted es un hombre bien intencionado.
Lo que sí le debo reclamar es el manejo parcial de las cifras. Uno de los principales
logros para este Gobierno es el gasto social, según estas cifras el gasto social es de
los más altos de los últimos 20 años. Como porcentaje del PIB, la cifra de gasto
alcanzó un 9.38% para este año, en comparación con el 9.09% de 1994.
Como porcentaje del gasto programable, la cifra del gasto es casi 61%, en comparación con
un 52% que se destinaba en 1994. Igualmente en términos per capita el gasto se
eleva de 4 mil 418 pesos en 1994 a 4 mil 932 pesos en este año. Sin embargo, en las
estimaciones de gasto social se considera el costo financiero de la reforma del IMSS, este
costo sirve para evitar la quiebra técnica del sistema de pensiones de este instituto, no
es un gasto directo que beneficie ni la cobertura ni la inversión ni la calidad de los
servicios que se ofrecen, por lo que aglutinarlo dentro del gasto social resulta muy
dudoso.
Si a las cifras del gasto social le restamos el costo financiero de la reforma del IMSS,
el panorama cambia completamente, como porcentaje del PlB el gasto social
llegaría apenas a un 8.28%, casi un punto porcentual menos que el gasto de 1994, el cual
fue del 9.09%.
En términos per capita el gasto para este año sería de 4 mil 355 pesos, cifra
menor a los 4 mil 418 pesos de 1994.
En resumen, podemos concluir que en términos de gasto social efectivo perdimos seis
años, al quedar igual que los niveles de 1994. Sin embargo, lejos de señalar culpables
debemos de reflexionar, a mi juicio hemos fallado como nación ante este problema, el más
grave de México y que a todos nos concierne.
Lamentablemente el sistema de políticas sociales tiende a volverse más ineficaz en la
medida en que la sociedad más lo necesita, simplemente no hay programa social que pueda
abarcar 50 millones de personas.
Mucho se habla de reforma y política fiscal por la preocupación macroeconómica; sin
embargo, sabemos que es la política monetaria el instrumento más efectivo en cuanto a
redistribución del ingreso, no la política fiscal.
La relación obrero-patronal no ha sido la adecuada, en México han privado los
monopolios, oligopolios y concesiones, donde los accionistas han tenido rendimientos
extraordinarios sobre su capital, sin compartir éstos con sus trabajadores.
La representación sindical ha dejado mucho que desear, no es fácil encontrar otro lugar
del mundo donde los sindicatos hayan permitido una pérdida en el poder adquisitivo tan
grave como la que han vivido los sindicalizados en México, esto sin abordar el tema del
enriquecimiento de los líderes, sus contribuciones al sistema político y la corrupción
sindical.
La educación y capacitación también arrojan resultados insatisfactorios y por ende la
productividad de los trabajadores no es la deseada, de ahí se desprende que las
inversiones extranjeras busquen establecerse en nuestro país solamente para aprovechar la
mano de obra barata y así explotar a nuestros compatriotas en labores que requieren mano
de obra intensiva en vez de conocimientos especializados.
Asimismo las políticas de energéticos manejadas por el Ejecutivo han sido equivocadas,
en 1999 la gasolina subió el 20%, aunque el petróleo llegó a niveles ínfimos
históricos, esto genera dos situaciones. Por un lado es complicado para los empresarios
mexicanos competir con precios de energéticos mayores a los de nuestros socios
comerciales; si se ha optado por la globalización, el libre comercio y el libre mercado,
porque se acepta y se presenta este factor de irracionalidad que obliga a los empresarios
a castigar otros rubros, como el salario.
Por otro lado, la inflación fue del 12% y los ajustes salariales se realizaron alrededor
de esta cifra, lo que se traduce en que si un obrero gastara una parte importante de su
sueldo en transporte, una vez más perdió poder adquisitivo.
En la actualidad, el libre mercado se practica en las economías más sobresalientes y
exitosas del mundo en ingresos per capita, PIB y calidad de vida; sin embargo, no se puede
asumir en forma parcial, sólo a conveniencia de gobierno y de algún grupo privilegiado.
La magnitud y complejidad de las demandas de desarrollo social no fueron cabalmente
atendidas. El desarrollo equilibrado entre las regiones que prometió el Ejecutivo no
ocurrió. En Estados Unidos los cinco estados más ricos tienen un poder de compra 1.5
veces superior al de los cinco estados más pobres, mientras que en México esta
diferencia es de 3.8 veces.
El combate a la pobreza que propusieron para romper el círculo vicioso de la misma se
autolimitó a dotar de las capacidades básicas para sobrevivir individuos, olvidando a la
colectividad.
Para el Gobierno Federal, desarrollo del capital humano significa alimentación, atención
de la salud y educación; para los mexicanos más bien son derechos constitucionales.
En opinión del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la política
económica y la social deberían favorecer que los ciudadanos estuvieran efectivamente
vinculados al mercado, esto es, que tuvieran una ocupación rentable, cuidando la
sustentabilidad.
Señoras y señores: es necesario un sistema de políticas sociales con medidas de largo
plazo y continuidad, de ahí que es sorprendente que el presidente
Zedillo haya manejado el puesto de titular de la Secretaría con indiferencia y con sólo
seis años hubiera tres ciudadanos ocupando dicho cargo, por más increíble que parezca.
Asimismo, nuestro país requiere certidumbre para que de esta forma los millones de
mexicanos que batallan para cubrir sus necesidades puedan obtener recursos contra sus
ingresos futuros, para iniciar su proyecto de vida. Mediante la construcción de
patrimonio y la acumulación de capital, podrán estos compañeros ciudadanos mejorar su
calidad de vida.
Igualmente, requiere de la participación y es responsabilidad de todos los sectores del
país, no sólo del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo.
Parece inverosímil que el informe en su contenido social comienza afirmando que el
propósito fundamental de la acción del Gobierno es el bienestar y la justicia social,
expresada ésta última en igualdad de oportunidades para todos.
¿Cómo evaluamos, señor Secretario, la política social, que a pesar de los esfuerzos de
gasto que se realizan y las acciones de gobierno, sigue aumentando el número de pobres?
Gracias.
Gracias al diputado Bernardo de la Garza
Herrera.
Para fijar la posición del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, tiene la palabra, hasta por 10 minutos, el diputado Rodrigo Carrillo Pérez.
| El diputado Rodrigo Carrillo Pérez: |
Gracias.
Señor secretario Carlos Jarque Uribe; señoras y señores legisladores:
En el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 se reconocía la existencia de 14 millones de
mexicanos en pobreza extrema, por lo cual la política social debería enfocarse
prioritariamente a la erradicación de ésta, privilegiando la atención a comunidades y
zonas geográficas que padecen las más graves desventajas económicas y sociales. Se
plantea como objetivo fundamental avanzar hacia un desarrollo social que se extienda a
todo el país, generando oportunidades de superación individual y comunitaria.
A casi seis años de haberse puesto en marcha el Plan Nacional de Desarrollo, los
resultados distan de ser los esperados. Sin lugar a duda, la política social es el
principal instrumento del Estado para atemperar las desigualdades, abatir la pobreza y
elevar la calidad de vida de los mexicanos; sin embargo, la política económica y social
del sexenio que está por concluir agudizó las desigualdades, incrementó la pobreza y
fue incapaz de mejorar el nivel de vida de la población.
La generación de cambio y como se hizo llamar, la tecnocracia neoliberal que tomó las
riendas del país por dos décadas, impuso un proyecto de desarrollo económico con alto
costo social. Durante este sexenio, como en los anteriores, creció la pobreza absoluta y
relativa a niveles nunca imaginados; se profundizaron las iniquidades y aumentó el
número de ricos; no se abatieron los rezagos históricos en educación, como el
analfabetismo ni en vivienda, cuyo déficit es del orden de los 5 millones de
casas-habitación. Tampoco se consiguió superar el ingreso de los asalariados ni de las
pensiones que perciben más de dos millones de jubilados y pensionados del IMSS y del
ISSSTE, cuyos montos además son de sobrevivencia.
En el terreno de la salud, el paquete básico no fue suficiente para otorgar servicios
médicos integrales y permanentes a 10 millones de mexicanos pobres que carecen de este
derecho. Además, el deterioro de las instituciones de salud causado por la restricción
presupuestal, ha bajado la calidad de los servicios y provocado insatisfacción en los
usuarios.
El empleo informal alcanzó a 20 millones de trabajadores, es decir, aquellos que no
tienen ingreso seguro ni prestaciones de ley ni acceso a la seguridad social, ya no
digamos a una pensión digna de retiro.
691, 692 y 693
En suma, nos encontramos peor que hace seis años,
vamos ni siquiera el gasto programable, del que el gasto social es uno de sus principales
componentes, sale bien librado.
La proporción del gasto programable con respecto del PIB disminuyó del 27% en 1981 al
15.6% en el año 2000. En materia de financiamiento, las prioridades han estado en otra
parte, las cifras lo demuestran, en este año el gasto social representa sólo el .06% del
costo de los pasivos del IPAB.
Señor Secretario, erradicar la pobreza es uno de los principales desafíos del próximo
siglo. En efecto, la desigualdad en México no es un fenómeno nuevo, pero en años
recientes, sobre todo por sus manifestaciones lacerantes ha tomado relevancia notoria.
El crecimiento de la pobreza extrema está documentado y a la vista de todos, hasta 1999,
la Secretaría a su cargo reconocía la existencia de 26 millones de pobres extremos, pero
al igual que Carlos Salinas de Gortari lo hizo en su momento, pretendiendo sorprender en
el VI Informe del doctor Ernesto Zedillo, se señala citando un estudio de la CEPAL, que
en el periodo 1996-1998, se revirtió la tendencia de la evolución de la pobreza en
México y que disminuyó en 4.3 millones de personas.
El Presidente de la República omite en cambio, el informe sobre desarrollo mundial
1995-2000 del Banco Mundial y del mismo Fondo Monetario Internacional para el cual, 40% de
los mexicanos reciben un ingreso diario de apenas dos dólares y coloca a México como el
ejemplo de economía de crecimiento con pobreza.
Asimismo, deja de lado la referencia de la Organización Internacional del Trabajo que
establece que la mitad de los asalariados mexicanos laboran en la informalidad y calla
porque así le conviene, las cifras de la FAO, según la cual en México, uno de cada tres
niños padece problemas de desnutrición crónica, lo que les impide disfrutar de una vida
saludable y activa.
Para nosotros, como para la población mexicana que padece sus efectos, el desastre social
está a la vista. Entre 1995 y 1999, de acuerdo a las propias cifras oficiales, la pobreza
extrema creció en 11 millones de personas.
Diversos cálculos académicos que coinciden con los nuestros, reconocen que la pobreza
afecta al 70% de la población. Entonces, señor Secretario, ¿de qué país habla el
Presidente cuando se refiere a los pobres?
Ante esta dramática situación, lo hemos señalado hasta el cansancio, el compromiso del
Gobierno Federal sólo se ha limitado a administrar la subsistencia de aquellos ciudadanos
que considera en extrema pobreza, sin atacar las causas estructurales que la han generado.
En lugar de promover una política social activa de acciones amplias y universales, crea
programas compensatorios como el Progresa y focaliza las políticas públicas.
Con esa concepción sobre la justicia social y con las acciones realizadas, la
administración zedillista a través del Progresa, lleva a cabo un programa focalizado que
parte de la premisa de que la pobreza extrema en México es un problema predominantemente
rural y que afecta sólo a una pequeña parte de la población urbana, lo que a todas
luces es un error que ahora debe corregirse, poniendo en práctica programas que apoyen
también a los pobres de la ciudad, mediante subsidios que otorgue el Gobierno. Ya es hora
de que el Estado intervenga en el rescate a la sociedad, destinando recursos públicos que
permitan superar la pobreza y la pobreza extrema.
Si el Estado interviene en la economía mediante la conversión de deudas privadas en
débitos públicos, como es el caso del IPAB y del rescate carretero, no hay razón para
no intervenir en el combate frontal y real a la pobreza.
Por otra parte, el Progresa es de inspiración clientelar, los beneficios que otorga son
para un segmento de los pobres extremos; pervierte los derechos sociales a la salud,
alimentación y educación, al convertirlos en dádivas; propicia el condicionamiento de
la ayuda gubernamental a cambio de apoyo en los procesos electorales.
Sin embargo, la inutilidad del Progresa, queda al desnudo al constatar que en los años de
superación, el número de las personas en condición de pobreza extrema creció cuatro
millones, o podría usted, señor Secretario, demostrarnos. ¿Cuántos beneficiarios de
este programa han salido de pobres o siquiera de la pobreza extrema?
El crecimiento sostenido del gasto en el Progresa contrasta muchísimos con la reducción
presupuestal de otros programas, lo que deja ver su importancia estratégica en el modelo
de desarrollo social implantado hasta hoy.
Desde su puesta en marcha se redujeron los subsidios al consumo, el presupuesto de los
programas alimentarios, los programas de apoyo a la producción primaria y los fondos de
infraestructura social estatal del ramo 33 del Presupuesto de Egresos.
En cuanto a la ampliación de la cobertura y calidad de la educación, si bien reconocemos
que en la actualidad se ha logrado que la primaria sea prácticamente el único nivel
alcanzado por todos los mexicanos, todavía hay más de un millón y medio de niños que
no asiste a la primaria. Además no existe ningún indicador que nos permita apreciar la
calidad de la formación obtenida por quienes si terminan su educación básica, respecto
a su desempeño como mexicanos y ciudadanos de una sociedad en transformación.
Si el reto del Siglo XXI es alcanzar la justicia social, entonces se requiere de un viraje
en el modelo económico hasta hoy seguido, que mantiene las metas sociales atadas a las
metas macroeconómicas y a los grandes intereses financieros.
Para el Partido de la Revolución Democrática, es necesario el impulso de una profunda
reforma social de Estado que vaya aparejada a la democratización del país.
Es indispensable traducir los avances económicos futuros en una política de desarrollo
que combata los problemas estructurales de la pobreza y no simplemente atenúe sus
efectos; que fomente la inversión productiva y la creación de empleos de calidad y bien
remunerados; que haga realidad el salario constitucional y eleve el nivel promedio del
ingreso popular; que propicie la retribución justa del obrero, del empleado y del
profesionista; que abata el empleo informal y la precariedad en los puestos de trabajo.
Una política social que haga posible el acceso en forma gratuita a la educación para
todos y en todos los niveles; que eleve la calidad educativa y le dé contenido a la
equidad, que elimine el analfabetismo y eleve la escolaridad promedio de toda la
población; una política con verdadero sentido social que termine con el rezago en
vivienda y servicios; que promueva la universalización de la seguridad social y mantenga
los principios para conservarla integral, obligatoria, pública, redistributiva y sobre
todo, solidaria; que mejore crecientemente la atención a la salud y eleve de manera
sustancial los ingresos de jubilados y pensionados; una política social que acabe con el
uso clientelar, electorero, patrimonialista y discrecional en los fondos públicos
destinados a combatir la pobreza extrema. En fin, una política social de Estado activa,
responsable y universal.
El cambio de régimen y la democratización del país no será posible sin justicia
social.
El Gobierno de Zedillo faltó a su palabra con los más necesitados y nos deja un país
con enormes carencias y sin bienestar.
Para hacerles frente se requiere no sólo un nuevo gobierno, sino un gobierno comprometido
con las causas populares y de los sectores medios.
Por ello el Partido de la Revolución Democrática insistirá en aumentar el gasto social
en todos sus renglones hasta que alcance el nivel más alto en América Latina, empezando
por la educación pública, salud y el combate a la pobreza; en el diseño de un Plan
Nacional de Desarrollo de largo plazo en que el Congreso de la Unión apruebe el Plan
Nacional de Desarrollo; en la descentralización de acciones sociales y recursos a las
entidades y a los municipios.
Señor diputado, le ruego terminar, por favor.
| El diputado
Rodrigo Carrillo Pérez: |
Le pediría me permitiera terminar.
Por favor termine.
| El diputado
Rodrigo Carrillo Pérez: |
En la aprobación de la Ley General de
Desarrollo Social; en el fortalecimiento de todas las acciones amplias dirigidas a mejorar
la calidad de vida a la población y en la implantación de una política económica de
fomento a la actividad productiva como la mejor manera de combatir la pobreza; que persiga
una alta integración interna para generar un efecto multiplicador de la inversión
interna.
La mejor política social es la que se puede constatar con hechos, la que entrega
resultados ciertos, la que no maquilla las cifras, la que reconoce los rezagos, la que
legitima a un gobierno, la que no deja pesadas herencias. Ese nunca fue el caso del
sexenio que termina.
Gracias.
Para fijar la posición de Acción Nacional,
tiene la palabra hasta por 10 minutos, el diputado José Gaudencio Víctor León
Castañeda.
El diputado José Gaudencio Víctor León
Castañeda: |
Con el permiso de la Presidencia; señoras y
señores legisladores; señor Secretario:
El Partido Acción Nacional tiene como inspiración de sus principios doctrinarios, el
respeto a la dignidad de la persona humana y la realización del bien común.
Hoy nuestro país tiene la necesidad de una economía social que fomente el desarrollo
humano, que logre abatir la extrema pobreza, dando prioridad a zonas indígenas y rurales
e impulse un modelo agropecuario, que permita el desarrollo de las potencialidades del
campo mexicano y apoye decididamente a este sector, secularmente abandonado y engañado
por el Gobierno.
La glosa del VI Informe de Gobierno es una oportunidad para ventilar el estado que guarda
la función administrativa a cargo del Ejecutivo Federal y a la manera de cómo esa
función ha dejado de servir al bien común.
Es un hecho notorio que el Gobierno del presidente Zedillo, otorgó poca importancia a las
políticas de desarrollo social, muestra de ello fue el cambio de los titulares de la
Sedesol a lo largo de su sexenio. Lo anterior no permitió una continuidad de crecimiento
social.
La lucha tenaz y sin tregua que hemos realizado a lo largo de muchos años, para reparar
la enorme injusticia cometida contra la niñez, mujeres, grupos indígenas, grupos
vulnerables y en general al pueblo mexicano, hoy podrá ser enriquecida a través de los
cuestionamientos que se le realicen a usted, señor Secretario y que esperamos sean
respondidos por usted con veracidad, precisión y respeto republicano.
Evaluar y reflexionar sobre los resultados en materia de desarrollo social, que en la
actual administración trabajó bajo la bandera de: "el bienestar para la
familia", debe ser prioritario. Los resultados plasmados en el Vl Informe de
Gobierno, nos obliga a preguntarle, señor Secretario, ¿para qué familia y cuál
bienestar?
Esta política tuvo como resultado que no se llegara al bienestar social y esto se debe
principalmente a que en el Plan Nacional de Desarrollo, careció de los elementos
necesarios, para elaborar políticas públicas adecuadas a la dinámica de la población,
desarrollo económico de todos los grupos sociales y al contexto real de nuestro país.
La política social ha sido devaluada por el Poder Ejecutivo y se ha caído en un juego de
cifras contra cifras, que no hace sino masificar la realidad de cada familia y de cada
mexicano pobre.
Ciudadano Secretario, nos distraemos con conceptos macros, que sólo tienen sentido para
los expertos, pero no para la población en su dramática realidad, por lo que le
pregunto: ¿de cada peso cuánto llega a los beneficiarios y cuánto se queda dentro de la
burocracia de la Sedesol?
Es necesario señalar que no todo lo realizado por el Ejecutivo ha sido negativo, ya que
ha dado pequeñas muestras de avance en la política social. Sin embargo, este hecho no ha
sido satisfactorio, porque 65 millones viven con menos de 20 pesos diarios.
694, 695 y 696
Es prudente hacer notar que la pobreza no es resultado
del actual Gobierno, pero es necesario remarcar que en la administración del presidente
Zedillo, la pobreza aumentó en 16%. Actualmente casi la mitad de los hogares mexicanos
reciben menos de tres salarios mínimos.
Tras la crisis de 1994 se ha generado una alta concentración de la riqueza y una mayor
polarización en la sociedad. Es más, no existen proyectos productivos para zonas
marginadas; mientras que en el norte y en las zonas metropolitanas del centro se concentra
la mayor infraestructura productiva y tienen los mejores niveles de bienestar, la región
sur no goza de las mismas condiciones.
Por otra parte, existe insuficiencia en la construcción de vivienda de interés social,
donde dejan un déficit habitacional del 20% que se traduce en 4 millones 500 viviendas.
Entonces, señor Secretario, si hemos aumentado el presupuesto, ¿por qué se tiene el
mismo déficit de 1995?
Además, si se analiza el sustento teórico y metodológico de la política urbana, es
claro que los objetivos se han planteado más en términos de distribución de lugares o
de tamaños de ciudades y menos en términos de relaciones y beneficios sociales y
económicos, lo que no representa una alternativa viable ni para la población migrante ni
para los mismos residentes.
Es deber reclamar, para Acción Nacional, que el Informe de Gobierno omite dar a conocer
el balance en el cumplimiento de los retos del programa para superar la pobreza 1995-2000.
No es la primera vez que sucede.
Señor Secretario, queremos saber si la Sedesol acató o no el mandato del Poder
Legislativo al ejercer su gasto. Se estableció que las reglas de operación debían haber
contemplado esquemas para que los gobiernos estatales y municipales participaran en la
planeación de acciones para estos programas.
Señor Secretario, ¿no era esto tampoco claro? ¿Usted cree que la Sedesol cumple con
ello cuando se crea el Programa de Empleo Temporal y no aparecen datos sobre la
integración de los comités estatales? ¿Así entiende la Sedesol la realidad de su
discurso de la descentralización y la participación local?
Consideramos que uno de los grupos sociales excluidos dentro del programa de desarrollo
social es el indígena. Se han dejado pendientes muchos asuntos, entre los que destacan el
problema de Chiapas, los derechos de los indígenas y uno de los más importantes es la
participación de los pueblos indígenas en la planeación y ejecución de los programas
sociales.
Señor Secretario, ¿qué ha sucedido con el presupuesto del gasto social, ya que se le
asignó una partida elevada durante este año? A pesar de la lucha de las mujeres por
participar en la vida política, económica y social del país, persiste su
discriminación en el ámbito del desarrollo integral de la mujer.
De igual manera las personas de la tercera edad son excluidas de la vida económica y
laboral del país.
Por lo anterior, señor Secretario, quisiera que nos respondiera ¿por qué el Gobierno
disminuyó considerablemente la provisión de los suplementos alimenticios dirigidos a
mujeres y niños menores de cinco años en un 30% con respecto al año anterior?
La encuesta nacional de alimentación, aplicada por el Instituto Nacional de Nutrición,
presentada en mayo de este año, revela que de los 2 millones de nacimientos anuales en el
país, el 5% perecen en la temprana infancia por deficiencia alimentaria y desnutrición.
Es un hecho que las políticas de asistencia social aplicadas por los gobiernos federales
priístas, han sido limitadas y la administración del doctor Ernesto Zedillo, que está
por terminar, no fue la excepción, ya que los programas aplicados por Procampo, Progresa,
Alianza por el Campo, no cumplieron con los objetivos para los que fueron diseñados.
Ejemplo de ello: cayó el 70% de los productores agropecuarios, la balanza comercial en
este rubro fue negativa en promedio de 1 mil millones de dólares, se importan más del
30% del consumo de productos agrícolas, lo que elevó el número de pobres.
Entonces, señor Secretario, ¿cuál bienestar para la familia?
En vez de propiciar que la gente esté mejor preparada y que en México haya suficientes
empleos para que ésta pueda adquirir sus propios satisfactores sin necesidad de la
asistencia social y así acabar con el paternalismo, los gobiernos priístas optaron por
hacerse pasar como los benefactores de un pueblo con dádivas mensuales; precisamente
mientras más cheques de programas de asistencia social se repartan, se hace notar que la
marginación a la educación y a la falta de empleos es grave.
Entendemos que por encima de todo lo demás, la política social nos exige a todos:
Ejecutivo, legisladores, partidos políticos, autoridades estatales y municipales,
organismos gubernamentales, beneficiarios del programa; nos demanda un esfuerzo difícil
de cumplir que va mucho más allá de hacer cada quien la parte que le toca hacer y ése
es nuestro reto.
Es evidente que los problemas principales que tenemos en materia de desarrollo social
radican en la priorización que este Gobierno hizo de la política económica y la
subordinación de la política social.
¿Me permite terminar, señor Presidente?
Por favor, diputado.
El diputado
José Gaudencio Víctor León
Castañeda: |
Acción Nacional aspira a una integración que
atienda y conjugue los diversos intereses de la sociedad, que busque fórmulas de
cooperación para alentar el desenvolvimiento de los grupos humanos excluidos; se trata de
encontrar una forma de solidaridad para el bien común de toda la sociedad mexicana, para
alcanzar en el Siglo XXI mejores condiciones de desarrollo.
Por su atención, señor Secretario, muchas gracias.
Gracias al diputado José Gaudencio Víctor
León Castañeda.
Para fijar la posición del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
tiene la palabra hasta por 10 minutos, David Penchyna Grub.
| El diputado David Penchyna Grub: |
Con su permiso, señor Presidente; señoras y
señores diputados; ciudadano Carlos Jarque, secretario de Desarrollo Social:
La justicia social es un objetivo fundamental y principio irreductible e irrenunciable
para nosotros los priístas, por lo que ningún avance del país puede considerarse como
tal si no se traduce en la mejoría sustancial de las condiciones de vida de la población
y en la multiplicación de oportunidades para el progreso por igual y para todos.
Los priístas escuchamos las referencias a su encargo en el acto de presentación del
informe. Hemos revisado puntualmente el texto, por lo que estamos en condiciones de hacer
una valoración objetiva. De este análisis, consideramos que la política social de la
actual administración ha logrado resultados en el combate a la pobreza. El Ejecutivo
desarrolló los programas establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, en donde se
registran avances que merecen nuestro reconocimiento.
Sin embargo, ante el rezago histórico que se observa en muchas regiones del país,
debemos reconocer también que la tarea está aún inconclusa, falta mucho por hacer.
No obstante los avances que se registran y entendiendo que el combate a la pobreza en
nuestro país es un problema complejo, el cual no podrá ser superado si no se ataca
permanentemente, es necesario que se defina una política social de Estado que ubique al
desarrollo social como la más alta prioridad de la actuación del Gobierno, mismo que
está obligado a garantizar el combate a la pobreza por encima de
circunstancias económicas y políticas.
El principal desafío de esta LVIII Legislatura en materia de desarrollo social, es
impulsar una política económica con sustento fiscal y responsabilidad social; que se
vincule estructuralmente con la superación de la pobreza y que sea soporte de las
políticas compensatorias que atiendan a las realidades que laceran y denigran a sectores
sociales.
Los priístas, en coordinación con otras bancadas que componen a esta Legislatura,
trabajaremos para alcanzar un desarrollo con justicia social en donde aportemos elementos
constructivos que den paso a un desarrollo equilibrado.
No obstante que se han incrementado los recursos destinados a los programas sociales, la
pobreza ha seguido en aumento; además no se han logrado disminuir los índices de
marginación que por condiciones geográficas, étnicas, económicas, políticas y
sociales, no sólo laceran nuestras conciencias, sino que han generado inconformidad y han
puesto en riesgo la paz social convirtiéndose en un problema de Estado.
El lugar de nacimiento de un mexicano no debe ser la condición que defina su futuro y el
de su familia. Todos los mexicanos merecemos las mismas oportunidades. Hoy, la mala
fortuna de nacer en una región marginada del país está condenando a millones de
compatriotas a heredar la situación de pobreza y miseria que ha condicionado la realidad
social de sucesivas generaciones.
Los resultados macroeconómicos nacionales que han merecido un reconocimiento
internacional deben de ser congruentes con los indicadores de distribución del ingreso y
los niveles de bienestar. No es suficiente cifras macroeconómicas positivas; es
indispensable que éstas se reflejen en la calidad de vida y en la igualdad de
oportunidades de los nuestros.
La migración del campo a la ciudad no se ha logrado contener y aquellos que viven en
grandes ciudades, aunque cuenten con más servicios, no tienen una mejor calidad de vida.
Debemos mirar además de la pobreza y la marginalidad rural, la denigración social que
causa la miseria humana.
Comprendiendo la magnitud de la problemática asistimos a este acto de evaluación del VI
Informe de Gobierno en una actitud propositiva. Reconociendo carencias e insuficiencias,
ubicándonos como una fracción constructiva y en búsqueda de consensos, sin dejar de
valorar las acciones que la actual administración ha realizado para combatir la pobreza.
Así, en el año 2000 el gasto social en términos absolutos es el más alto en los
últimos 20 años. Como proporción del gasto programable, de cada 10 pesos más de seis
pesos se destinan al gasto social, cifra que registra su más alto alcance en la historia.
Se fortaleció el federalismo, ya que por cada peso que hoy gasta directamente la
administración pública centralizada, los estados y municipios gastan un peso con 49
centavos, lo cual contrasta con los 90 centavos que estados y municipios gastaban en 1994.
Para dar transparencia se crearon y publicaron las reglas de operación de los programas
de combate a la pobreza. Mediante el Progresa, se atiende hoy a más de 2 millones 600 mil
familias, lo que representa más de 13 millones y medio de personas en extrema pobreza,
abarcando 53 mil localidades marginadas, en 2 mil 156 municipios, dándose prioridad en el
medio rural a la inversión en capital humano.
Se han impulsado programas que protegen a la población infantil de las zonas indígenas y
benefician a las comunidades étnicas de México. En este marco de avances nuestra agenda
legislativa será de la mayor relevancia, construida en el consenso al interior de las
bancadas y con una visión progresista, de compromiso social, de igualdad de género, de
evolución de la participación democrática de estado, de fortalecimiento federalista, de
atención de los asuntos estratégicos del desarrollo nacional, cuya formulación no puede
posponerse más.
Nuestro comportamiento deberá estar permanentemente vinculado a las expectativas
regionales de nuestra representación. La responsabilidad fiscal y la responsabilidad
social del Estado no sólo no se contraponen, sino que la primera responsabilidad fiscal
es condición para poder cumplir con nuestra responsabilidad social, con una visión de
largo plazo de manera firme y sostenida.
697, 698 y 699
Por ello los priístas proponemos: establecer un
programa integral de combate a la pobreza mediante acciones que guarden independencia de
las variaciones de los indicadores económicos, que esté sustentada entre otros factores
en un esquema de finanzas públicas sanas. Pero que de manera sostenida contemple siempre
conjuntamente, las vertientes de inversión en infraestructura, inversión en el
desarrollo de las personas, en actividades productivas y en el capital familiar. Lo
esencial es el desarrollo humano.
La política de desarrollo social deberá ser más democrática, que abra paso y promueva
la participación de nuestra sociedad en todas sus fases: desde su diseño hasta su
ejecución y contraloría, contando con recursos crecientes, con apertura a aportaciones
de la sociedad civil a través de una reforma fiscal con una banda de subsidio dirigido,
impulsar una reforma presupuestal que genere condiciones equitativas para que cada orden
de gobierno, el Federal, estatal y municipal, tengan instrumentos eficaces de combate a la
pobreza.
Esta reforma necesariamente deberá ir acompañada con un programa de capacitación y de
contraloría social.
Tener una política integral de vivienda vigorosa, que aborde la atención de todos los
estratos sociales con políticas diferenciadas. La cuestión indígena no puede ser
abordada como un asunto marginal y complementario, circunscrito a una justificación que,
aunque valiosa y entrañable, insuficiente para atender la magnitud de la problemática
indígena.
Se requiere una estrategia integral en la que estén comprometidas todas las instituciones
y la sociedad civil. Por ello vamos a construir una política social de Estado que combata
a la pobreza en todos sus ámbitos, que articule y haga efectiva y eficiente la
coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, que defina la función del Estado
en materia educativa, de salud y alimentaria, en forma integral y que combata con la misma
fuerza a la pobreza de los ámbitos rural y urbano, que despliegue y garantice el espacio
para que en lo inmediato atendamos a los indígenas de este país respetando sus derechos
y su cultura y generando las condiciones para que nuestra niñez disfrute, en el mediano
plazo, de un México más justo.
Ubicados en el parteaguas de la historia política contemporánea, esta LVIII Legislatura
del Congreso de la Unión está obligada a constituirse en el espacio ideal que construya
los acuerdos definitivos para lograr un México de todos y dejar atrás el México de unos
cuantos, en donde nuestra grandeza la construyamos en el marco de la igualdad de
oportunidades.
Muchas gracias.
Gracias al diputado David Penchyna Grub.
Tiene la palabra el doctor Carlos Jarque Uribe, secretario de Desarrollo Social, hasta por
10 minutos.
El secretario de Desarrollo Social,
Carlos Jarque Uribe: |
Muchas gracias, señor Presidente:
He escuchado con la mayor atención y respeto las posiciones expresadas por los
representantes de las diversas fracciones parlamentarias en esta Cámara.
Me parece que en todos los casos, a pesar de las diferencias que pueden apreciarse en los
diagnósticos, en los esquemas, en las estrategias, en todos existe un legítimo interés
por encontrar los mejores caminos para el progreso de México.
Tengo por supuesto coincidencias y discrepancias respecto a lo que aquí se ha señalado.
En primer lugar, coincidimos en que el desarrollo social ha sido insuficiente; eso es muy
claro. Coincidimos en que el gasto social también, dadas las carencias, ha sido
insuficiente.
Se ha dicho aquí que el gasto de la reforma del IMSS no debería de estar contabilizado
dentro del gasto social; sin embargo, cualquier normatividad presupuestal establece que
este tipo de recursos debe de estar contabilizado ahí porque es un gasto que está
beneficiando a 11 millones de trabajadores con ingresos que les permitirá tener un mejor
retiro.
Aun si quitáramos ese presupuesto de la reforma del gasto del IMSS, encontraríamos un
crecimiento real del 12% en el gasto social entre 1994 y el año 2000.
Se ha dicho aquí que hay un compromiso para que se tenga futuro en México.
El mayor gasto social de toda América Latina. Bueno, pues hay países en el cono sur, en
donde el gasto social per capita es el triple del de México, de tal manera que para
cumplir con ese ofrecimiento, siendo 502 miles de millones de pesos, pues habrá que
incrementar el gasto social a 1 mil 500 miles de millones de pesos, a efecto de poder
arribar a ese gasto social, el mayor en toda América Latina y por supuesto les deseamos
el mayor de los éxitos, sobre todo para beneficio de los pobres.
Se ha dicho aquí que hay una gran iniquidad en nuestro país. Eso es muy claro. Que la
distribución del ingreso empeoró entre 1996 y 1998; es cierto. Sin embargo, hay que
tomar en cuenta que de 1994 a 1996 la distribución del ingreso mejoró y mejoró debido a
que los deciles de mayor ingreso tuvieron una mayor caída, proporcionalmente y que en los
deciles de menor ingreso desafortunadamente tuvieron que incorporarse al mercado laboral
para restituir la pérdida de ingresos.
De tal manera que mejora de 1994 a 1996; empeora de 1996 a 1998 y el balance de 1994 a
1998 es que queda igual. Ciertamente tenemos un país de grandes iniquidades; el 70% de la
población de menores ingresos sólo tiene la tercera parte de los ingresos totales.
Hay coincidencia en el sentido de que hay un enorme reto en materia de empleos, que hay
que avanzar en la recuperación de los salarios, que hay una gran informalidad de la
economía, ciertamente el 13% del PIB proviene del sector informal. Pero considero que no
es correcto afirmar, con base en lo anterior que no se ha avanzado; considero que no es
correcto afirmar que no se cumplió en particular con el Plan Nacional de Desarrollo.
Si vemos lo que dice el plan en el capítulo relativo al desarrollo social, vamos a
encontrar que se tenía el compromiso de ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los
servicios básicos del sistema educativo: se amplió la cobertura escolar, la asistencia
al 94%, la eficiencia terminal en 10%. Se construyeron 210 mil planteles, uno de cada seis
fue construido en la actual administración de todos los que existen en el país. La
escolaridad promedio se incrementó a segundo de secundaria, sigue siendo insuficiente,
pero hay un avance que se tiene que ponderar.
Se tiene también una construcción equivalente a tres hospitales por mes, dos unidades de
primer nivel cada dos días. El esquema de vacunación pasó de seis a 12 vacunas. La
esperanza de vida se incrementó.
También se reforzó la seguridad social. Se reformó la ley del IMSS, más de 800 mil
jornaleros agrícolas se han afiliado a este instituto.
Por lo que toca a vivienda, a pesar de que durante esta administración la banca comercial
no financió prácticamente acciones de vivienda, se tuvieron 2 millones 500 mil
créditos, con lo cual a pesar de que la población del país creció en casi 10 millones
de mexicanos el rezago habitacional no se incrementó. Se han llevado estrategias para un
crecimiento más ordenado de las ciudades. Se han llevado a cabo también grandes
esfuerzos para cerrar las brechas entre las distintas regiones, en lo que se refiere a
infraestructura de drenaje, de agua y de electricidad.
Una estrategia era lograr un desarrollo armónico entre el crecimiento económico, la
población y el medio ambiente y en este sentido se trabajó con mucho esmero en el
programa de ordenamiento territorial.
Privilegiar la atención a la población con mayor desventaja económica y social. Hubo un
cambio en la orientación de la política social, múltiples acciones, ahora son acciones
focalizadas con el propósito de que los recursos lleguen a la población que más lo
requiere. Ahí están los programas de Liconsa, los programas de Diconsa y en complemento
a esto se tienen los programas que aquí se han señalado como el de empleo temporal,
crédito a la palabra, los fondos regionales indígenas etcétera.
Se estableció en el plan impulsar una política integral con vinculación directa y
complementaria entre la nutrición, la salud y la educación básica. Bueno, pues se
instrumentó el Progresa, que ciertamente no llegó a las zonas urbanas, pero que ha sido
un programa que ha mostrado sus bondades en la zona rural. Ya hay 14
millones de personas que forman parte de ese universo del Progresa.
Se propuso impulsar la descentralización de la política de desarrollo social, ustedes
conocen muy bien las acciones que se instrumentaron en esta materia. Se tuvo la reforma a
lo que es la asignación de los recursos para el ramo 26 y el ramo 20 y se constituyó el
ramo 33.
Todos estos resultados han sido reportados al Congreso de la Unión año con año, son
resultados ciertos. Sin duda hay grandes retos aún presentes, pero las acciones
realizadas también tuvieron una incidencia en el bienestar de la población y esto es
algo que creo que conviene que tomemos en cuenta, dado que hubo un gran esfuerzo por parte
de todos los mexicanos en estos años para poder lograr un mayor bienestar social.
Algunos puntos adicionales. Se comenta aquí que el gasto ha subido. Se comenta que, sin
embargo, como proporción del gasto programable pudo haber crecido, pero que el gasto
programable como proporción del tamaño de la economía era mucho mayor en 1981, que lo
que es hoy día.
Esto es cierto, el gasto programable como proporción de la economía era del 27% en 1981,
15% en la actualidad.
Lo que no se dijo aquí es que en 1981 el déficit público era de 14% del producto
interno bruto. Es decir, ese pastel era un pastel, pues en gran parte ficticio y si le
quitamos ese 14% del déficit público, llegamos a un gasto programable real como
proporción del PIB del 13%. Inferior del que tenemos en la actualidad, que es del 15% y
también no quisiéramos considerar, incluso, esa situación de que el pastel era en parte
ficticio si tomásemos exclusivamente el gasto social total como proporción, el gasto
social como proporción del gasto programable era del 30% en 1981 y del 61% en la
actualidad.
Con relación a las cifras de pobreza, no podemos tomar datos del Banco Mundial, que son
cifras de 1995, calculadas bajo un enfoque de consumo y compararlas con los datos de la
CEPAL que calculan la pobreza a través de las fuentes de ingreso y que son datos de 1998.
Sobre este tema esperamos que tengamos oportunidad de hablar posteriormente.
De cada peso que se asigna al gasto social cuánto llega a la gente. En el caso del
Progresa podemos decir que son 96 centavos por cada peso. El programa tiene un costo
administrativo del 4% y por supuesto, también estamos de acuerdo en poder tener una
política social de Estado para beneficio de todos los mexicanos, que sea una política
social más democrática, más integral, más federalista y con visión de largo plazo.
Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Secretario.
PRIMER TURNO DE PREGUNTAS
Para dar cumplimiento al punto segundo, numeral
4, incisos a, b y c, para la primera ronda de preguntas hasta por cuatro minutos, con
derecho a réplica a su vez por cuatro minutos, se han inscrito las siguientes diputadas y
diputados: Rosa Delia Cota Montaño, del grupo parlamentario del PT; Nicasia García
Domínguez, del Partido Verde Ecologista de México; Emilio Ulloa Pérez, del Partido de
la Revolución Democrática; Roger Antonio González Herrera, del Partido Acción Nacional
y José Feliciano Moo y Can del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra hasta por cuatro minutos, para formular sus preguntas, la diputada Rosa
Delia Cota Montaño, del Partido del Trabajo.
| La diputada Rosa Delia Cota Montaño: |
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y
compañeros diputados; señor Secretario:
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo ha planteado en diversas ocasiones serios
cuestionamientos a la política social del presidente Zedillo, porque carece de una
orientación con verdadera vocación social. Siendo mesurados y obsequiosos en la
crítica, puede decirse, con las evidencias tendidas a lo largo y ancho del país, que
sólo se ha limitado a resolver el problema de forma parcial.
Al orillar a los beneficiarios de los programas a subsistir diariamente con una dádiva,
en los hechos el Gobierno Federal no se ha preocupado por dar una solución de fondo a las
carencias que tienen muchos millones de mexicanos.
700, 701 y 702
En ese sentido, señor Secretario, quisiera formular
la siguiente pregunta: ¿considera usted que la simple entrega de una pequeña cantidad de
dinero acompañada de un cierto paquete de apoyos en especie, como sucede con algunos
programas, es suficiente para resolver el problema de fondo que da origen a la pobreza en
nuestro país? Si su respuesta es "no", ¿por que han perseverado en sus
estrategias?
Asimismo, ¿pueden los programas de combate a la pobreza solucionar este problema, cuando
el universo que se selecciona no abarca ni siquiera al conjunto de los habitantes que
viven en pobreza extrema?
Desde el punto de vista del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, el ataque contra
la pobreza debe partir de reconocer que el origen de este problema es de carácter
estructural y que emana de la propia dinámica de la acumulación capitalista, que pone
por encima del desarrollo social la apropiación de la rentabilidad económica. Por lo
tanto, las políticas neoliberales han tendido a profundizar al problema al abandonar de
forma tajante cualquier mecanismo que tienda a superar sus orígenes estructurales.
Señor Secretario: de acuerdo a cálculos que han realizado investigadores de reconocido
prestigio, la pobreza fue creciendo progresivamente en nuestro país durante el presente
régimen. Por ejemplo, en 1984 había 30 millones de pobres, de los cuales 10.7 millones
vivían en extrema pobreza. Para 1992 la cifra de pobreza se había incrementado a 37.1
millones, ubicándose 3.5 millones en extrema pobreza. Sin embargo, para 1999 el propio
INEGI, que usted presidió, nos muestra que el total de pobres en nuestro país está
arriba de 40 millones, mientras que en extrema pobreza viven 26 millones de mexicanos.
Los datos que acabo de mostrar indican que durante el régimen de Ernesto Zedillo la
extrema pobreza prácticamente se duplicó como resultado de la brutal crisis económica
de 1994 y 1995, y de la carencia de una política social que contuviera y coadyuvara a
resolver el problema. En este contexto, quisiera que diera respuesta a la siguiente
pregunta: si el Ejecutivo Federal sostiene que le ha dado prioridad al combate a la
pobreza extrema, ¿por qué razón el número de pobres se incrementó notablemente en
lugar de disminuir durante el actual sexenio?
Por otra parte, se observa que gradualmente se han reducido los apoyos fiscales que
deberían ser destinados a la realización de acciones de vivienda. El Gobierno Federal
está obligado por mandato constitucional a darle a todos los mexicanos una vivienda
digna; sin embargo, esto no se cumple.
Por esa razón, señor Secretario, quisiera que respondiera al siguiente cuestionamiento.
Con la política del Gobierno Federal de ya no ser el constructor directo de viviendas
populares, sino que ahora es un simple intermediario financiero entre las constructoras y
los demandantes, ¿cree usted que sí se pueden resolver las necesidades de vivienda de
siete millones de familias mexicanas porque se insiste en destinar recursos a cuestiones
menos prioritarias como lo es salvar a los banqueros que a la construcción de vivienda
popular?
Gracias, a la diputada Rosa Delia Cota Montaño.
Tiene la palabra el doctor Carlos Jarque Uribe hasta por ocho minutos.
El secretario de Desarrollo Social,
Carlos Jarque Uribe: |
Muchas gracias, diputada Cota:
Quisiera aprovechar este tiempo para hacer quizá un paréntesis y poder responder
a la pregunta de la diputada y a lo que aquí se ha señalado en torno a las cifras de
pobreza y lo hago porque creo que es muy importante que tengamos claramente dimensionado,
no solamente el tamaño de la pobreza extrema en tamaño de la pobreza en nuestro país,
sino también las tendencias.
Aquí la diputada comentaba que la pobreza extrema se duplicó en la actual
administración, yo quisiera decirles que en la Cumbre de Desarrollo Social de la ONU, uno
de los temas que ocuparon gran parte de la discusión fue cómo caracterizar
la pobreza y de hecho se llegó a un acuerdo entre los países para aplicar métodos de
cuantificación que toman en cuenta a las familias con ingresos precarios. Segundo
enfoque, es el que toma en cuenta las necesidades básicas insatisfechas que pueden tener
las familias y un tercer método es el método mixto.
El caso del primer enfoque de ingresos precarios, lo que se hace es tomar el valor de la
canasta básica alimentaria requerida para alimentar adecuadamente a la familia y si el
ingreso familiar es menor a ese valor se considera como pobreza extrema.
Aquellas familias que tienen un ingreso menor a dos veces el valor de la canasta básica
alimentaria se les cataloga como pobreza. Este es el enfoque que sigue la CEPAL y es un
enfoque de coyuntura porque las cifras suben y bajan a la luz de como se mueve
fundamentalmente la economía. El caso de México, la CEPAL señala que en 1994 el
porcentaje de población que tenía ingresos inferior al valor de la canasta básica
alimentaria, era del 16.7%.
¿Que sucede después? Viene la crisis, hubo trimestres en donde la actividad económica
cae del orden del 10%, se triplica el desempleo, pudo haber llegado al 24% ó 25% de la
población total.
Se ha encontrado que en la medida en la cual la economía crece por arriba del crecimiento
poblacional y de chocar a dos puntos por arriba del crecimiento poblacional se logra bajar
en un punto porcentual, la pobreza bajo esta medición.
La CEPAL nos dice que para 1996 se baja a 22%, para 1998 es del 18.4%, sigue estando en
1998 por arriba de 1994 pero aquí lo que es importante es también analizar las
tendencias. Subió para 1995 y desde entonces ha venido disminuyendo gradualmente,
tendremos que ver qué sucede con la encuesta ingreso-gasto del año 2000, para ver qué
sucedió con ese crecimiento de la economía de 3.799, de 7.8 en este primer semestre
cómo se movieron estas cifras.
Segundo enfoque, es un enfoque más estructural que caracteriza a la pobreza a la luz de
necesidades insatisfechas, estamos hablando por ejemplo que en una familia se tengan
niños que no asisten a la escuela o no tienen acceso a la salud, que su vivienda tiene un
material de construcción precario, que no tienen agua potable, que no tienen luz, tienen
una alta dependencia económica de un solo perceptor de ingreso que además tiene un bajo
nivel educativo.
En este caso las cifras ya no se mueven tanto a la luz de la economía, sino se mueven a
la luz de los programas de servicios básicos, de educación, de salud, de
infraestructura, Y bajo este enfoque se considera pobre extremo a aquellas familias que
tienen tres o más de estas necesidades básicas insatisfechas, de tal manera que si vemos
las cifras bajo este enfoque era el 22% en 1994; 20% en 1996 y 18.8% en 1998.
Aquí es en donde se refleja el esfuerzo que se ha realizado en términos de
infraestructura básica y comunitaria.
El tercer enfoque es un enfoque mixto, en donde se toman las familias que tienen ingreso
menor al valor de la canasta básica alimentaria y/o tres o más necesidades básicas
insatisfechas. Bajo este enfoque se tenía un 30% de los mexicanos en pobreza extrema; 31%
de los mexicanos en pobreza extrema en 1996; para 1998, el 27%.
Y este 27% es el que da un total de 26 millones de mexicanos en pobreza extrema que es el
universo que esta utilizando el Progresa; cuando el Progresa dice que el universo de
atención es de 26 millones de mexicanos, de lo que está hablando es de familias que
tienen ingresos extremadamente precarios, que no les alcanza para comer y/o que tienen
tres o más de estas necesidades básicas insatisfecha.
Lo que no puede hacer uno es tomar un método para un año, otro método para un año
diferente y en base a eso afirmar que se ha duplicado la pobreza, hay que tomar una
metodología y a la luz de eso ver cuáles han sido las tendencias correspondientes.
En el caso del Progresa, ciertamente es un programa que busca romper con el círculo de la
pobreza; tenemos niños desnutridos, con un precario estado de salud, con una baja
escolaridad, los padres también tienen una baja escolaridad, esto implica que tienen
bajos ingresos y esta situación tiende a perpetuarse generación tras
generación, hay que romper con esa trasmisión intergeneracional de la pobreza y por eso
es que se dan suplementos alimenticios, se da un apoyo económico de 135 pesos al meses,
es poco pero permite mejorar la alimentación, se tienen becas para los niños y niñas de
tercero de primaria a tercero de secundaria y se tienen también servicios de salud.
A través de estas acciones se ha venido mejorando la alimentación de estas familias, se
ha venido disminuyendo la desnutrición de los menores, sobre todo de los menores de seis
meses; se ha logrado incrementar la presencia escolar, sobre todo de las niñas; y se ha
logrado incrementar el número de consultas familiares a centros de salud.
Sin duda hay un enorme reto por delante, son familias que requieren salir de la pobreza
con trabajo, pero éste es un programa que está invirtiendo en sus capacidades humanas
con el propósito de que tengan posibilidades más adelantes de incorporarse
productivamente al empleo. Estamos trabajando en la conjunción de programas productivos
para complementar los apoyos del Progresa y que podamos tener también oportunidades de
trabajo para estas familias marginadas, estos 2.6 millones de familias que están en
situación de pobreza extrema.
En torno a las acciones de vivienda, ciertamente ahí las cifras... en el caso del
Fonhapo, en el caso del Fovissste han sido a la baja pero por otro lado hay programas como
el Viva que han permitido incrementar el número de créditos para las familias.
Muchas gracias.
Gracias, señor Secretario.
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo, ¿desea hacer uso de su derecho de
réplica?
Tiene la palabra la diputada Rosa Delia Cota Montaño.
| La diputada Rosa Delia Cota Montaño: |
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y
compañeros diputados; señor Secretario:
En las últimas dos décadas tuvimos oportunidad de escuchar las repetidas afirmaciones y
promesas del progreso económico y social para nuestro pueblo, enarboladas por la
burocracia gobernante cada seis años se repetían las frases de que pronto se arribaría
a condiciones de desarrollo social y de crecimiento económico.
El resultado de esas promesas incumplidas ha sido justamente lo contrario, hoy tenemos un
pueblo más empobrecido, tal como lo muestran las propias cifras que el Gobierno elabora,
la pobreza y la pobreza extrema crecieron sin lugar a dudas durante el régimen del
presidente Zedillo. México se convirtió en una potencia exportadora y los frutos del
crecimiento económico no se tradujeron en beneficios sociales para el pueblo, por el
contrario los sectores populares de este país fueron los más castigados con la adopción
de las políticas neoliberales que descargaron sobre las espaldas de nuestro pueblo el
peso del ajuste y de la modernización de la economía, los hechos no mienten, señor
Secretario, la pobreza no disminuyó y ustedes no supieron cono combatirla.
El fracaso de la política social no reside únicamente en los muy escasos recursos
presupuestales que se destinan a este fin, sino también en la deficiente operación de
los programas, las tortuosas reglas de operación y el escamoteo de los recursos públicos
por parte de los funcionarios encargados de administrar el combate a la pobreza, lo que
criticamos no son las intenciones del Gobierno Federal de atender este problema, lo que es
insuficiente y erróneo es el enfoque y la implementación de sus estrategias. Por ejemplo
el universo que atienden los programas de combate a la pobreza es reducido y no engloba la
totalidad de los mexicanos que se debaten en la miseria y la desnutrición.
Si partimos de los datos que nos proporciona el INEGI, de que nuestra nación cuenta con
arriba de 22 millones de familias con un promedio de 4.5 personas por hogar y en un
contexto de 28 millones de habitantes que viven en condiciones de extrema pobreza,
entonces los 2.6 millones de familias que abarca el Progresa sólo benefician a 11.7
millones de personas, por lo tanto los desprotegidos de este programa totalizan 14.3
millones, esto nos muestra claramente que los recursos destinados a la educación, salud y
alimentación para combatir la pobreza extrema son insuficientes y no
incorporan al grueso de la población que vive en estas condiciones.
703, 704 y 705
Por otra parte, los recursos públicos que destinan
los organismos oficiales a las acciones de vivienda popular se vieron seriamente afectados
por los recortes al presupuesto de 1998. Por ejemplo a Fonhapo que se le fue reduciendo
gradualmente su presupuesto al grado de que en el año 2000 el Ejecutivo Federal ya no
incorporó ningún monto a este organismo en su proyecto de Presupuesto de Egresos de este
año, como usted lo acaba de decir.
Sólo la acción decidida de la oposición y en particular de nuestro grupo parlamentario
posibilitó que la Cámara de Diputados asignara una partida a ese organismo de vivienda
popular; éste es el compromiso del Partido del Trabajo con los demandantes de vivienda de
interés social y si el gobierno foxista insiste en esa política seguida por Zedillo, de
no brindar recursos a estos organismos, seguiremos luchando para que se atiendan las
justas demandas de la población.
Sin embargo, la mayor insuficiencia de la política zedillista en materia de vivienda que
quedará en la memoria no sólo de los académicos y estudiosos de la problemática que
señalamos, sino sobre todo de los sectores que fueron excluidos de esta política,
poniendo en primer término el criterio de rentabilidad para favorecer a las empresas
constructoras y olvidó que los sectores populares no cuentan con recursos para allegarse
una habitación digna, es decir, olvidó que el criterio social debe ser el parámetro
para medir la eficacia de una política social que se reclama prioritaria de las
necesidades del pueblo de México.
Gracias a la diputada Rosa Delia Cota Montaño.
Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, para formular sus preguntas, la diputada
Nicasia García Domínguez, del Partido Verde Ecologista de México.
| La diputada Nicasia García Domínguez: |
Me permito darles un saludo en mi lengua materna
a todos los compañeros y al Presidente y al Secretario que tenemos aquí con nosotros.
(Habla en otomí*)
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados; señor secretario
Carlos Jarque:
Hoy millones de indígenas de las diversas comunidades se ven relegados del desarrollo
nacional, pues por las limitaciones que el mundo moderno les impone, las desventajas se
hacen cada vez más agudas y apremiantes.
Tomarlos como modelo de lucha y de resistencia a no dejarse morir, por la tendencia
avasalladora y de destazamiento de una cultura en detrimento de otra, es lo que hasta
ahora se ha venido haciendo y nada más.
Los diputados del Partido Verde Ecologista de México siempre, desde nuestros orígenes,
nos hemos mostrado preocupados por el destino poco afortunado que los pueblos indígenas
han tenido que afrontar, sobre todo por las graves consecuencias que la injusticia a la
que han sido sometidos conlleva.
Espero que los esfuerzos del Gobierno Federal, de esta Cámara de Diputados, sirvan de
pauta para resolver los problemas que los indígenas tenemos. Desgraciadamente en
ocasiones han conducido a la aparición de actos de violencia de unos hermanos en contra
de otros. Que este honorable Congreso de la Unión contribuya a la solución de los
problemas que las anteriores administraciones han dejado pasar o dilatado inútilmente y
que sean los representantes de la nación quienes asuman su responsabilidad y defiendan a
los mexicanos que requieran de su ayuda y de su participación.
Por ello, yo le pregunto: ¿cuáles son las acciones del Gobierno para lograr una mayor
integración de las comunidades indígenas al México que obviamente no disfrutan nuestros
compañeros indígenas? ¿Cuáles son las medidas que se han establecido para garantizar
sean respetados sus derechos, al igual que el resto de los mexicanos, como lo establece la
Constitución?
Así como la mayoría de ustedes no entendieron cuando les hablé en mi lengua materna,
las autoridades tampoco nos entienden y no han querido entendernos.
______
* La diputada no presentó la transcripción de lo dicho.
Por su atención y respuestas, muchas gracias.
Gracias a la diputada Nicasia García
Domínguez.
Tiene la palabra el doctor Carlos Jarque Uribe, hasta por ocho minutos.
El secretario de Desarrollo Social,
Carlos Jarque Uribe: |
Agradezco a la diputada Nicasia García
Domínguez este saludo y sus comentarios.
En las palabras introductorias hacíamos referencia a las brechas del desarrollo,
hacíamos referencia a las grandes iniquidades que existen en las diversas regiones del
país, al interior de las mismas también hay grandes iniquidades y cuando mencionábamos
las características de los municipios más pobres de México, ciertamente estos
municipios están poblados mayoritariamente por población indígena. Es ahí donde
tenemos la expresión más lacerante de la pobreza y de la miseria en nuestro país.
Yo creo que todos estamos de acuerdo en que nuestros hermanos indígenas son motivo de
orgullo para todos los mexicanos. La identidad de México ante el mundo no se entendería
sin su presencia, su arte, su cultura, sus valores.
Por eso es importante que con el esfuerzo de todos vayamos invirtiendo más recursos, más
voluntad, un mayor esfuerzo en los programas con el propósito de cerrar estas brechas que
tenemos en este inicio del Siglo XXI.
El Gobierno de la República ha hecho un esfuerzo para que los recursos asignados sean
cada vez mayores. Tenemos recursos a través del Instituto Nacional Indigenista, a través
del Progresa, en donde la tercera parte de los beneficiarios, cinco millones de los 14
millones de personas que están en el Progresa son indígenas; tenemos el Programa de
Jornaleros Agrícolas y si sumamos los recursos que se han asignado a estos programas
encontraremos que prácticamente el presupuesto se ha duplicado de 1994 al año 2000.
En materia de alimentación, se tienen los apoyos del Progresa, se tienen los apoyos de
Diconsa, donde cerca del 30% de las tiendas ya se ubican en las comunidades indígenas; el
número de beneficiarios se incrementó. A través de Liconsa estamos dando leche todos
los días a 390 mil niños indígenas y esto ha permitido, y aquí hay una buena noticia y
una mala, ha permitido que la desnutrición peso edad, baje y ésa es la buena, del 40% al
30%, y la mala es que todavía tenemos que el 30% de los niños indígenas se encuentran
en desnutrición. Se ha logrado disminuir en 10 puntos porcentuales pero tenemos sin duda
un reto importante que atender a futuro.
En materia de educación, se tienen más de 1 mil albergues escolares, se ha proporcionado
educación primaria bilingüe a 788 mil alumnos, es un crecimiento de aproximadamente 100
mil, en lo que va de esta administración. Se han otorgado becas para los niños
indígenas vía el Progresa y esto ha permitido incrementar el nivel educativo, pero
todavía es de cuarto grado de primaria, así que ahí también vemos la necesidad de
seguir impulsando acciones en materia educativa.
En materia de salud, el programa de ampliación de cobertura se extendió de manera muy
importante hacia las zonas indígenas, la atención a la salud, con una cobertura que
supera el 90% y esto tuvo un impacto favorable en la disminución de la mortalidad
infantil.
Se han rehabilitado caminos rurales, obras para mejoramiento de infraestructura rural; se
tienen los fondos regionales para el desarrollo de los pueblos indígenas, cerca de 14 mil
proyectos productivos fueron realizados, pero ciertamente reconocemos que los avances aún
son insuficientes.
Y hay un tema que quisiera poner a su consideración debido a que requerirá de una
decisión a futuro.
Como sabemos, muchas hermanas y hermanos indígenas son jornaleros agrícolas que
abandonan sus lugares de origen para irse atrabajar a campos agrícolas de otras regiones,
a miles de kilómetros de distancia y que estas familias viajan con sus hijos, con las
niñas y con los niños indígenas.
Se han realizado algunos estudios que nos permiten cuantificar que un niño laborando como
jornalero agrícola recibe, por ejemplo en el Estado de Sinaloa, del orden de 52 pesos por
día. Si tomamos en cuenta que la beca del Progresa hacia sexto de primaria es de 200
pesos al mes, nos damos cuenta de que a través de este esquema no es viable el poder
sacar a estos niños de los trabajos y poderlos incorporar al sistema educativo.
Lo que hemos hecho es trabajar conjuntamente con diversos gobiernos de diversas entidades
federativas, con los empleadores y ya tenemos un esquema que está en operación en
Sinaloa, va de primero de primaria a tercero de secundaria y ahí lo que se hace es que se
otorgan apoyos, becas con un monto similar al Progresa, por parte del Gobierno Federal; el
gobierno del Estado aporta otra cantidad similar y el empleador proporciona una parte
complementaria. Con esto se está teniendo un impacto en lo que se refiere a los niños
indígenas que están trabajando como jornaleros agrícolas con sus familias.
Yo espero que tengamos oportunidad de presentar a esta soberanía los resultados de este
proyecto, entre otros, para que ustedes tengan elementos de juicio, sobre todo para la
integración del presupuesto del año 2001.
Por lo que toca a procuración de justicia, para garantizar los derechos que establece la
Constitución, se adecuaron las constituciones de 17 entidades federativas; se liberó a 6
mil 382 indígenas. Ha habido una gama amplia de acciones de promoción cultural; se han
reforzado las radiodifusoras culturales indígenas, ya operan 24 emisoras y por supuesto
aquí la tarea está inacabada.
Tenemos un gran trecho que recorrer para poder lograr un México de igualdad de
oportunidades para cada mexicana y para cada mexicano; que el lugar de origen de una
persona no sea el factor determinante para definir su perspectiva de vida y en eso todos
tenemos que trabajar con ahinco y por supuesto también entendemos que la armonía es el
mejor camino para el progreso de México y para el progreso de nuestras hermanas y
hermanos indígenas.
Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Secretario.
¿El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista desea hacer uso de su derecho a
réplica?
Tiene la palabra la diputada Nicasia García Domínguez, hasta por cuatro minutos.
| La diputada Nicasia García Domínguez: |
Señor Secretario, gracias por sus respuestas.
Sin embargo en esta transición política México requiere que los mexicanos desafiemos
los retos que se nos están presentando, los cuales necesitan acciones decididas por parte
de estos dos poderes hoy unidos y una de ellas es el de definir nuestros proyectos
nacionales para combatir la pobreza extrema y el abandono hacia los pueblos indios.
Al Partido Verde, además del respeto que hemos mostrado hacia los indígenas por su
condición humana y como sector, escasamente atendido por nuestros gobernantes, nos
preocupa sobre manera las causas, implicaciones y condiciones que han generado su
retroceso. Por ello nos alarma la ausencia de proyectos de fomento al desarrollo de las
comunidades en los que se respete la riqueza biológica que acompaña su medio ambiente.
El desarrollo social debe ser una solución a la pobreza, en éste se ven hundidos
nuestros hermanos y debemos ayudar cada vez más a su respectivo crecimiento.
Para reafirmar la convicción de que no existe continuidad en la política social, le
recuerdo que usted es el tercer Secretario de Sedesol y sus antecesores, Moctezuma y
Rojas, caminaron directamente al PRI, prueba del manejo electoral de los programas.
Hago votos porque la labor en la dependencia a su cargo sea eficiente en lo que resta de
esta administración y que asuma un compromiso con los mexicanos que hoy
requieren de su intervención para su desarrollo.
706, 707 y 708
Muchas gracias.
Me da mucho gusto con todos ustedes presentes que están aquí. Yo por ser indígena estoy
muy orgullosa y vamos a seguir adelante. Vamos a luchar por nuestros hermanos indígenas
que están en pobreza extrema.
Gracias a la diputada Nicasia García
Domínguez.
Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, para formular su pregunta, el diputado Emilio
Ulloa Pérez, del grupo parlamentario de la Revolución Democrática.
| El diputado Emilio Ulloa Pérez: |
Con su permiso, señor Presidente en turno.
Quiero en primer término referirme a un problema central que hoy en el país se convierte
lo que es la política social, después de haber superado lo que tiene que ver con la
democracia.
Señor Secretario, actualmente el modelo de distribución de recursos en política social,
tiene maneras irregulares, quiero darle los siguientes datos:
En el Estado de México, del 100% el 82% va etiquetado y no puede haber cambios de usos en
estos recursos. ¿Qué es lo que sucede cuando en el Estado se puede enfrentar a un
problema mayor y distinto de pobreza en regiones tan alejadas como el sur del Estado y el
norte?
Además en los municipios rurales, como es el caso de Aculco en el Estado de México y me
voy al extremo al Estado de Chiapas en Jiquipilas, tenemos problemas diversos y toda la
política social que ustedes implementan, sólo se reduce a invertir en programas que no
son sustanciales a los habitantes de estos municipios, además porque lleva etiquetado
alrededor del 90%.
Debemos revisar el sistema de coordinación fiscal, ya que la fórmula utilizada, que es
una fórmula equivocada, porque no contempla distintos temas de marginalidad, como es la
infraestructura carretera, el agua potable, electrificación.
Señor Secretario, hoy además tenemos problemas adicionales. En el Progresa, y lo quiero
comentar porque en las declaraciones judiciales de quienes realizaron la matanza de Acteal
en el Estado de Chiapas, reconocieron que compraron las armas con recursos mandados por la
Secretaría de Desarrollo Social; es decir, los programas de inversión que iban a
resolver los problemas de pobreza fueron utilizados para asesinar a tantos indígenas
mexicanos.
Por otro lado, nos encontramos con un país dividido: del centro al norte los hombres del
Fobaproa, es decir, estos hombres que sí se les paga sus deudas, se les resuelve el
problema en el que se enfrentan y no son pobres, son muy ricos, demasiado ricos, y del sur
al sureste del Estado, del país, nos encontramos con desnutrición de alrededor del 48%,
datos de distintas dependencias gubernamentales. La FAO también nos comenta lo que tiene
que ver con la desnutrición y la pobreza extrema. Hoy esta política articulada por el
señor Secretario, ha demostrado su ineficiencia, su ineptitud en este sexenio que estamos
por concluir.
Además quiero pedirle, señor Secretario, lo que tiene que ver con las zonas indígenas.
Más del 60% de las comunidades indígenas del sur-sureste, se encuentran con problemas de
desnutrición y con problemas de anemia desarrollada, y además tenemos que en el problema
del analfabetismo, en la zona maya de Yucatán alcanza el 50% de su población indígena y
la población indígena en este Estado, el 35% no sabe leer ni escribir.
Muchas gracias.
Gracias al diputado Emilio Ulloa Pérez.
Tiene la palabra el doctor Carlos Jarque Uribe, hasta por ocho minutos.
El secretario de Desarrollo Social,
Carlos Jarque Uribe: |
Muchas gracias, señor Presidente.
En los últimos años se ha tratado de impulsar el federalismo, porque la administración
del presidente Zedillo está absolutamente convencida de que ésta es la forma como se
fortalece al Estado mexicano.
Se ha hecho un gran esfuerzo para que las autoridades estatales, las autoridades
municipales tengan una mayor capacidad para atender de manera eficaz las demandas de las
comunidades en el sitio mismo en donde éstas se generan.
Usted sabe que dentro de las vertientes del federalismo se tienen fundamentalmente tres:
las participaciones federales a entidades federativas y municipios donde el monto se
establece a la luz de la Ley de Coordinación Fiscal, no existe un destino específico de
los recursos y la auditoría de estos recursos se hacen a nivel estatal y municipal. En
este año son del orden de 160 mil millones de pesos.
En segundo lugar, se tienen las transferencias, éstas tienen un destino específico, dado
que es a través de los convenios de descentralización; en este caso la fiscalización
corresponde a las autoridades federales, 22 mil millones de pesos para este año.
En tercer lugar, se tienen las aportaciones del ramo 33, en donde los montos -como aquí
lo señala el señor diputado-, se establecen a la luz de la Ley de Coordinación Fiscal,
tienen un destino específico y la fiscalización se hace por autoridades estatales en
primera instancia; estamos hablando del orden de 181 mil millones de pesos.
De manera particular, en el caso del Fondo de Infraestructura básica, el FAIS, uno de los
fondos del ramo 33, la asignación se hace a través de fórmulas; hasta 1997 se tenía un
fondo para prioridades estatales, que era el 15% del ramo 26; otro fondo para desarrollo
social municipal; 65% del ramo 26 y éste último tenía cierto grado de discrecionalidad
en la asignación. Con este cambio, a través de fórmulas, se está logrando
transparencia y se está logrando también una mayor equidad en la asignación de los
recursos, para la distribución entre los estados se aplican criterios de brechas de
pobreza a la luz de ingresos, de educación, servicio de las viviendas. En el caso de los
municipios se hace a la luz de los niveles de ingreso, tasas de analfabetismo, viviendas
sin drenaje, sin luz y con este esquema se ha logrado que los recursos se enfoquen hacia
los municipios de mayor marginación.
De hecho, si vemos lo que ha acontecido de 1999 al año 2000, pues del orden del 84% de
los municipios vieron incrementados sus ingresos. Ciertamente el 16% no vieron
incrementados los recursos vía el FAIS municipal, pero esto se debe a que justamente
cuando se tienen estas fórmulas con características del desarrollo, pues unos ganan y
otros pierden.
Al sumar los recursos del fondo de fortalecimiento municipal que se asignan en base al
monto total de población, se tiene un 94% de los municipios que incrementan sus ingresos
entre 1999 y el año 2000 y al tener la suma de todos los recursos del ramo 33, la
totalidad de los municipios ya tienen ingresos superiores con relación al año pasado.
Quisiera ilustrarles que por ejemplo los recursos que se obtienen per capita a
través del FAIS, en el municipio de Allende, Nuevo León, son de 75 pesos per capita al
año. El promedio nacional es de 157 pesos per capita. Pero en otros municipios
como por ejemplo el de Pueblo Nuevo, en Chiapas, es de 1 mil 517 pesos al año y
justamente esto es lo que se buscaba a través de estas fórmulas.
Yo ofrezco, señor diputado, señoras y señores diputados, que en el marco del
presupuesto del 2001, en el marco de la Ley de Coordinación Fiscal, quizá pudiéramos
establecer un grupo de trabajo, como se ha hecho en el pasado, a efecto de analizar estas
fórmulas de asignación de los recursos, con el propósito de que se cumpla con ese
renovado federalismo que permita a todas las regiones del país, tener una mejor
perspectiva de desarrollo con equidad.
Muchas gracias.
El grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, hace uso de su derecho de réplica.
Tiene la palabra el diputado Emilio Ulloa Pérez, hasta por cuatro minutos.
| El diputado Emilio Ulloa Pérez: |
Con su permiso, señor Presidente:
Hemos escuchado comentarios generales del señor Secretario. Quiero recordarle y
permitirme dar unos datos.
Del total de la inversión en política social en este año, solamente alcanza a cada
pobre, pensando que son 26, que esto no lo es; estaríamos hablando de alrededor de cinco
pesos diarios que tendrían que ser entregados. Esto es un asunto que refleja que esa
política social es ineficiente y no cumple el sentido para el que fue creado.
Por el otro lado, hoy nos hemos enterado en el periódico Aficion, que su director
técnico del señor Secretario, el hombre de Los Pinos, lo quiere cambiar de equipo. Es
decir, ahora quiere mandarlo al Celaya o al Irapuato, es decir, porque es un secretario
que quieren que repita en el próximo régimen y su discurso estuvo en ese sentido. Yo
creo que no sería ni lo más deseable ni lo más conveniente.
Por el otro lado, nos encontramos con que los distintos rubros, los distintos programas de
empleo temporal, el problema de la atención al analfabetismo en las zonas indígenas, no
ha llegado a ser de cabal cumplimiento con este régimen que hoy tanto ha pregonado.
Quisiera también comentarle, señor Secretario, que en el marco de su política social
también usted tiene demanda en su Secretaría, hay trabajadores de esta Secretaría, que
han ejercido y están solicitando respuesta desde hace un buen tiempo, a demandas
correspondidas a su área y le hago entrega.
Además, quiero comentar que la política social no ha logrado generar el desarrollo
económico, es decir, que son paliativos para cada una de las zonas donde esto se
invierte. No hay competitividad, no se genera una política integral, sino simplemente son
resolver, en la coyuntura y en lo inmediato, los problemas que hoy enfrentan los sectores
más marginados de este país.
Yo creo que necesitamos, además de estos apoyos y generarlos de una manera distinta,
contribuir con políticas de inversión y de desarrollo productivo en las regiones donde
hoy la pobreza es más lacerante. Yo creo, señor Secretario, que no sólo es con estos
programas de paliativo como se concluye.
Y quiero permitirme, antes de concluir, quiero entregarle para que al asistente de Los
Pinos, quien hoy está ahí, le entregue esto, su calificación y le entrego la suya.
Muchas gracias.
Gracias al diputado Emilio Ulloa Pérez.
Tiene la palabra, para formular sus preguntas, el diputado Roger Antonio González
Herrera, del Partido Acción Nacional.
El diputado Roger Antonio González
Herrera: |
Con el permiso del Presidente; compañeras
diputadas y diputados, señor Secretario de Desarrollo Social:
Hoy nos hacemos eco de las palabras de nuestra compañera del Verde Ecologista.
El Gobierno sigue sin entender a los indígenas; el problema sigue vigente. El Gobierno
nunca logró sacar del discurso demagógico y electorero a los indígenas que durante
siete décadas fueron el botín y trampolín de falsos líderes populistas.
Hoy debemos pugnar porque el indígena deje de ser objeto de escaparate y manipulación
para que alcancen su verdadero desarrollo.
Señor Secretario: al inicio de su mandato el Presidente Ernesto Zedillo se propuso, como
principal objetivo en el área de desarrollo social, combatir la pobreza con acciones
eficaces.
Hoy, al final de su administración, el Presidente de la República nos rinde cuentas
regulares al nivel de la macroeconomía, pero los resultados son desalentadores en la
microeconomía, pues en el último lustro aumentó el número de mexicanos en la pobreza y
en la pobreza extrema.
709, 710 y 711
El VI informe nos habla de una gran cantidad de
programas dirigidos al combate a la pobreza, cuyos resultados están a discusión.
Programas a los que se les dio un marcado carácter asistencialista y clientelar y que en
la mayoría de los casos, no impulsaron la solidaridad comunitaria ni tampoco alentaron la
autosuficiencia y la creatividad de los beneficiarios.
Señor Secretario, señor Secretario, queremos saber: ¿qué programas se aplicaron en los
miles de centros de población de menos de 100 habitantes?, ¿qué opción de progreso se
les brindó a ellos, a los más pobres entre los pobres, particularmente los indígenas,
qué razones de esperanza tuvieron durante el sexenio que termina esos millones de
mexicanos excluidos del progreso?
El informe presidencial habla de otros programas oficiales y se afirma que en el último
año se distribuyeron 4.6 millones de desayunos escolares y 12 millones de despensas.
Pero, por otra parte, no deja de ser cuestionable que contemos con un gobierno repartidor
de migajas y no generador de oportunidades de superación para todos los mexicanos.
Por eso, señor Secretario, hoy queremos preguntarle qué considera más importante:
repartir pescado o enseñar a pescar.
Para finalizar, los diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional
queremos conocer a fondo los resultados de los programas que la Sedesol dice que aplicó
en los 466 municipios de población netamente indígena y con muy alto grado de
marginación.
En el VI informe se hace un alarde exagerado del aumento de la cantidad de recursos
dirigidos a los pueblos indígenas, pero por qué, a pesar del aumento de hasta un 17% del
presupuesto destinado al Instituto Nacional Indigenista se tienen resultados tan magros.
No es ningún secreto, señor Secretario, y queremos decirlo claro, que el fracaso ha sido
el sello distintivo de la política social del sexenio que termina. El prometido bienestar
para la familia no alcanzó su cumplimiento en gran medida porque los recursos públicos
destinados al combate a la pobreza fueron el presupuesto de los caciques regionales y
locales.
Y para terminar, si me permiten. La estrategia de compra y coacción del voto no les
funcionó el 2 de julio, pues aquellos más susceptibles de manipulación por su pobreza
se rebelaron y reprobaron al régimen, al Gobierno actual.
Señor Secretario, ¡ésa es la mejor evaluación y en sus espaldas y en sus conciencias
llevarán el presidente Zedillo y usted, el fracaso de las políticas públicas del actual
sexenio!
Por sus respuestas, muchísimas gracias.
Gracias al diputado Roger Antonio González
Herrera.
Tiene la palabra el doctor Carlos Jarque Uribe, hasta por ocho minutos.
El secretario de Desarrollo Social,
Carlos Jarque Uribe: |
Muchas gracias, señor Presidente:
Como comentábamos en una respuesta anterior, hay una asignación presupuestal creciente
en los recursos destinados para atender a la población indígena. Los recursos se
presupuestaron, los recursos se están ejerciendo y están proporcionando hechos
concretos, aunque entendemos, como lo hemos repetido en diversas ocasiones aquí, que
todavía hay grandes retos por delante.
Usted hacia referencia, señor diputado, al carácter clientelar de los programas en
materia de política social, al uso de recursos públicos con fines electorales y yo
quisiera comentarle, señor diputado, que el presupuesto social debe de estar al servicio
de los pobres, la agenda social debe estar al servicio de la población marginada, no de
candidatos ni de partidos. Eso es lo que marca la ley.
¿Qué se ha hecho para lograr esa transparencia de los programas? En primer lugar, se
publicaron las reglas de operación. En el caso de la Secretaría estamos hablando de 22
programas, en donde se trabajó con las señoras diputadas, con los señores diputados, de
la anterior legislatura y en consenso definimos estas reglas de operación que fueron
publicadas en el Diario Oficial, que son públicas.
Y en estas reglas de operación se establece que es la condición de marginación y
ninguna otra la que define la incorporación a los programas. Además se establecieron
fórmulas claras para la distribución de los recursos. Se institucionalizó la política
social con la participación de autoridades locales, de las comunidades, de los
beneficiarios.
Se firmaron convenios con todos los gobernadores, señor diputado y cuando usted comenta
de un fracaso del Gobierno Federal o de una o dos personas, señor diputado usted no está
entendiendo que hoy en día la política social es un asunto de Estado, en donde
participan todos los gobernadores y todos los presidentes municipales. Personalmente
firmé del 17 de febrero al 17 de marzo los convenios de desarrollo social con cada uno de
los gobernadores y ahí acordamos los programas a ser instrumentados, ahí comunicamos las
reglas de operación para que cada programa tuviera absoluta transparencia.
Para prevenir situaciones indebidas, alejadas de la imparcialidad, se enviaron comunicados
a los funcionarios, a los servidores públicos, dándoles a conocer las sanciones que el
Código Penal establece para aquellos que incumplan la ley. El artículo 407 establece
penas de uno a nueve años de prisión, sin beneficio de libertad provisional y multas de
200 a 400 días de salario mínimo al servidor público que destine de manera ilegal
recursos al apoyo de un partido o candidato o que condicione la prestación de un servicio
público a la emisión del sufragio. Fueron informados los servidores públicos.
¿Qué se hizo para vigilar el cumplimiento de estas reglas de operación, para
asegurarnos que la actuación de los servidores públicos fuera en el marco de la ley?
Por un lado, se establecieron contralorías, tanto las públicas como contralorías
sociales. Se puso un sistema de atención telefónica para recibir quejas y sobre todo se
trabajó de manera muy estrecha con los beneficiarios de los programas.
Por ahí alguien decía: "es que cuando llegan los visitadores del Progresa a
entregar los cheques". El Progresa no tiene visitadores. Los pagos se hacen vía
Telecom. Van sin intermediario, directamente a las mujeres beneficiarias.
Y en este caso particular y simplemente lo menciono como un ejemplo de transparencia de la
política social, aquí están los hologramas de pago para todo el año, lo recibieron al
inicio de año y en la parte de atrás viene la leyenda que el propio Congreso de la
Unión solicitó fuera incorporado en la papelería de los programas sociales, a efecto de
que los beneficiarios conocieran que era su condición de marginación y ninguna otra la
que les permitía tener acceso a estos beneficios.
Quiero decirle, diputado, que en el pasado proceso electoral federal se recibieron en
total 159 denuncias. De las cuales 62 eran quejas por retraso de pago en el programa, 34
eran solicitudes de incorporación al Progresa y 63 están siendo investigadas en la
actualidad.
Quiero decirle que al estar haciendo las investigaciones, en muchos casos las supuestas
denuncias no han correspondido a la realidad. Le voy a citar tres ejemplos.
El 17 de febrero recibimos una proveniente de un regidor de la comunidad de Mezcala, en
Jalisco. Cuando se efectuó la investigación, el denunciante no ratificó su queja.
Posteriormente, cuando se visitó la comunidad por los auditores, se comprobó la
operación normal de los programas.
Otro ejemplo es la denuncia que se presentó el 23 de marzo, de un legislador, con
relación a la utilización electoral de fondos para la atención de desastres naturales
en Villahermosa, Tabasco. Este incidente fue también investigado por la Comisión
Legislativa del Proceso Electoral del año 2000, la cual concluyó, esa comisión, que no
existía evidencia suficiente para sustentar una denuncia formal.
Un tercer ejemplo es el 4 de mayo, la localidad Misión de Chichimecas, municipio de San
Luis de la Paz, se realiza la investigación, los beneficiarios desestimaron el contenido
del reporte que se había presentado.
Gracias, señor Secretario.
Yo quiero decirle diputado que esta Secretaría está permanentemente abierta al
surgimiento de cualquier denuncia, cualquier acusación, con la finalidad de actuar con
energía y en el marco de la ley.
Hasta el momento sólo se nos han reportado incidentes aislados, que deben de ser además
analizados en el contexto de un país de cerca de 200 mil localidades. Yo creo que esto
confirma que los programas sociales se están ejerciendo en el marco de la ley.
Podemos decir que existe imparcialidad, que existe transparencia, que los programas se
desarrollan con normalidad, pero estaremos por supuesto permanentemente atentos. Si hay
irregularidades, que se presenten a las instancias correspondientes y que se finquen las
razones que correspondan.
Quiero decirle también que todas las localidades que están en el Progresa, cerca de 50
mil, están en localidades pobladas por menos de 2 mil 500 habitantes.
Muchas gracias.
_____
* El diputado no presentó la transcripción de lo expresado.
Gracias, señor Secretario.
Tiene la palabra el diputado Gumercindo Alvarez Sotelo, del Partido Acción Nacional, para
ejercer su derecho de réplica, hasta por cuatro minutos.
| El diputado Gumercindo Alvarez Sotelo: |
Con su permiso, señor Presidente en turno;
compañeras diputadas; compañeros diputados:
Las respuestas que ha vertido el señor Secretario adolecen lamentablemente de franqueza y
sinceridad, carecen también de conocimiento real de las verdaderas necesidades de los 65
millones de mexicanos más pobres. Ha dicho cifras, datos, estadísticas, que nos quieren
hacer creer que vivimos en un país de bonanza, sin embargo, usted lo sabe, ¡no es
cierto!
Secretario Jarque: lo invito a que por un momento deje el frío escritorio de su lujosa y
alfombrada oficina y visite, aunque sea al final de su mandato, comunidades como
Coentepec, en Morelos; Tahdziú, en Yucatán; Uxile, en Oaxaca; Jesús María, en Nayarit:
Guachochi, en Chihuahua; San Juan Cancuc, en Chiapas o cualquiera de las 39 mil
comunidades con población indígena y conozca la triste y cruda realidad en que ésta su
administración, deja a millones de mexicanos, que desde luego nada tienen que ver con la
idea que pretende vendernos el VI Informe de Gobierno.
Ahora bien, de los millones de mexicanos que como usted afirma, han recibido el beneficio
de los programas asistenciales, quienes han podido ingresar a dichos programas no dan
gratos testimonios de la funcionalidad ni de la estructura administrativa ni de la
efectividad de sus propósitos. Por lo tanto, señor Secretario, le cuestionamos en primer
término que hayan sido realmente millones de beneficiados. Y también necesitamos saber:
¿qué familia mexicana beneficiada con los programas sociales salió de la pobreza? ¿De
qué Estado es? ¿A qué municipio pertenece? Si existe, señor Secretario, díganos por
favor ¡dónde está, que no la vemos!
Usted lo sabe, los problemas asistenciales no han servido para atenuar la pobreza debido a
su mala aplicación pero sí para mantener a los mexicanos más pobres, sometidos
políticamente estirando la mano para que sigan siendo clientes electorales de su partido.
Como usted lo aceptó, millones de mexicanos desesperados han tenido que emigrar de sus
comunidades originales buscando mejores condiciones de vida;como resultado, tenemos:
abandono de sus campos de cultivo, invasión de tierras para formar asentamientos
irregulares en las periferias de las grandes ciudades incorporándose a una planta
productiva con mano de obra barata, con sueldos infrahumanos y quienes no, buscan
afanosamente cualquier forma de hacerse de recursos como la economía informal, la
delincuencia o la prostitución.
Otros muchos más deciden arriesgar su vida cruzando fronteras en busca del sueño
americano, teniendo un trato indigno, a ser vejados, explotados, perseguidos y cazados
como animales ante la indiferencia de un Gobierno con falta de sensibilidad y compromiso.
712, 713 y 714
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