DIARIO de los DEBATES

 

ORGANO OFICIAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


Correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio

DIRECTOR GENERAL DE
CRONICA PARLAMENTARIA
Héctor de Antuñano y Lora

PRESIDENTE

Diputado Ricardo Francisco García Cervantes

DIRECTOR DEL
DIARIO DE LOS DEBATES

Norberto Reyes Ayala
AÑO I                 México, D.F., martes 10 de Octubre de 2000             No. 15

S U M A R I O



ASISTENCIA

Pág.

1175

ORDEN DEL DIA

1175
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 1176
ESTADO DE NAYARIT 1178
Comunicación del Congreso estatal, con la que remite punto de acuerdo, donde solicita a la Cámara de Diputados tomar en cuenta en el Presupuesto de Egresos del año 2001 reformas en materia laboral donde se incremente las pensiones de los trabajadores. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 1178
ESTADO DE OAXACA 1180
Comunicación del Congreso estatal, con la que remite punto de acuerdo donde solicita a la Cámara de Diputados tomar en cuenta en el Presupuesto de Egresos del año 2000, sean considerados la asignación de recursos para atender y solucionar asuntos agrarios en dicha entidad. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 1180
ESTADO DE ZACATECAS 1180
Comunicación del Congreso estatal, con la que remite acuerdo con el que manifiesta su rechazo a la importación de frijol que se propone en la publicación del Diario Oficial de la Federación del 14 de julio de 2000. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 1180
CAMARA DE SENADORES 1181
Oficios de la colegisladora, con los que informa de: 1181
La constitución de los grupos parlamentarios. De enterado. 1182
De la constitución de la Junta de Coordinación Política y el nombramiento de su Presidente. De enterado. 1182
Remite punto de acuerdo, relativo a las sesiones a realizarse para el análisis del Vl Informe de Gobierno. De enterado. 1182
SECRETARIA DE ENERGIA 1183
Invitación del doctor Luis Téllez Kuenzler, titular de dicha dependencia, para realizar visita a la refinería de Cadereyta, Nuevo León. Se turna a la Comisión de Energía. 1183
CAJAS DE AHORRO 1183
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con la información respecto del señor José Cirilo Ocampo Verdugo, relacionado con el asunto de cajas populares de ahorro. Se turna a las comisiones de Fomento Cooperativo y Economía Social y a la de Hacienda y Crédito Público, así como los antecedentes. 1183
INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO 1184
Dos oficios del secretario ejecutivo de dicho instituto, con los que remite: 1184
Informe sobre el monto de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1o. de abril y el 30 de junio de 2000, así como los estados financieros del instituto al 30 de junio de 2000. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y a la de Presupuesto y Cuenta Pública. 1184
Informe sobre los apoyos financieros otorgados a grupo financiero Serfin, con base en el programa de saneamiento por el periodo transcurrido de enero a julio de 2000. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y a la de Presupuesto y Cuenta Pública. 1214
PLANEACION NACIONAL 1229
El diputado J. Jesús Garibay García presenta iniciativa, con proyecto de decreto que reforma los artículos 26 y 73 fracción XXIX inciso d de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referentes al Plan Nacional de Desarrollo y la planeación nacional del desarrollo económico y social. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales. 1229
HORARIO DE VERANO 1232
La diputada María del Rosario Tapia Medina presenta proposición, con punto de acuerdo sobre dejar sin efecto el decreto de fecha 29 de diciembre de 1995, por el que se establecen los horarios estacionales en el país. 1232
Para rectificar hechos sobre el mismo tema, hablan los diputados: 1234
Rafael López Hernández 1234
Rosa Delia Cota Montaño 1235
Sara Guadalupe Figueroa Canedo 1237
Juan Camilo Mouriño Terrazo 1238
Se turna la propuesta presentada a la Comisión de Energía. 1239
ASISTENCIA (Il) 1239
PENSIONADOS Y JUBILADOS 1239
El diputado Alejandro Gómez Olvera presenta proposición, con punto de acuerdo en relación con el dictamen de la Comisión de Seguridad Social que reforma los artículos 57, 62 y 64 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que quedó en la comisión con fecha 29 de abril pasado. Se turna a la Comisión de Seguridad Social. 1239
Para rectificar hechos intervienen los diputados: 1241
Jaime Cervantes Rivera 1241
Federico Granja Ricalde 1242
José María Rivera Cabello 1243
José Manuel del Río Virgen 1244
Se turna a la Comisión de Seguridad Social, con las versiones estenográficas de los oradores. 1244
CANCUN, QUINTANA ROO 1245
El diputado Diego Cobo Terrazas presenta proposición, con punto de acuerdo relacionado con el proyecto turístico náutico, puerto Cancún. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 1245
Para rectificar hechos, hablan los diputados: 1250
Juan Ignacio García Zalvidea 1250
Héctor Nemecio Esquiliano Solís 1251
INICIATIVA POPULAR 1252
El diputado Luis Herrera Jiménez, solicita excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para que dictamine las iniciativas con proyecto de decreto que reforma los artículos 35, 41, 71, 72, 74, 89, 93 bis y 135; y otra que reforma los artículos 40 y 115, ambas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentadas el 31 de marzo y el 3 de abril de 1998, respectivamente, respecto a las figuras de democracia participativa, plebiscito, referendum e iniciativa popular. La Presidencia realiza la excitativa. 1252
CONGRESO NACIONAL DE MUJERES 1253
Respecto al Congreso que se efectuó del 28 al 30 de septiembre, realizan pronunciamientos las diputadas: 1253
Hortensia Aragón Castillo 1253
Rosalía Peredo Aguilar 1255
Silvia América López Escoffie 1256
Concepción González Molina 1257
Beatriz Patricia Lorenzo Juárez 1259
EDUCACION 1260
El diputado Ramón León Morales hace un pronunciamiento, en relación con el incremento del monto de recursos federales destinados al gasto en educación y solicita que se excite a la comisión respectiva para que dictamine la iniciativa presentada el 14 de septiembre pasado, de reformas a la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos y a la de Presupuesto y Cuenta Pública. 1260
Sobre el mismo tema intervienen, los diputados: 1262
Silvia Alvarez Bruneliere 1262
Albino Mendieta Cuapio 1263
VICENTE FOX QUESADA 1265
El diputado Abel Guerra Garza hace un pronunciamiento sobre la gira del presidente electo de México, por Europa. 1265
Sobre el mismo tema, intervienen los diputados: 1266
Juan Carlos Regis Adame 1266
Ernesto Saro Boardman 1268
INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (II) 1268
Sobre la participación de dicho instituto en el problema de deudores bancarios, habla el diputado Ramón León Morales. 1268
ESTADO DE TABASCO 1269
El diputado Manuel Duarte Ramírez comenta sobre el proceso electoral en dicha entidad. 1269
Sobre el tema, interviene el diputado Feliciano Calzada Padrón. 1270
ORDEN DEL DIA 1271
De la próxima sesión. 1271
CLAUSURA Y CITATORIO 1271
RESUMEN DE TRABAJOS 1272
DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA PRESENTE SESION 1273

Año l  No.15          PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS      OCTUBRE 10, 2000

 

Presidencia del diputado:
Ricardo Francisco García Cervantes

ASISTENCIA

El Presidente:

Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los diputados.

El   secretario Bernardo Borbón Vilches:

Señor Presidente, se le informa que el registro electrónico de asistencia indica hasta este momento 281 diputados. Por lo tanto, hay quorum, señor Presidente.

El Presidente (a las 11:05 hrs.):

Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El   secretario Bernardo Borbón Vilches:

Se va a dar lectura al orden del día.

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias. Primer Año. LVIII Legislatura.

Orden del día

Martes 10 de octubre de 2000.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De los congresos de los estados de Nayarit, Oaxaca y Zacatecas. (Turno a comisión.)

De la Cámara de Senadores.

Del señor Luis Téllez K., secretario de Energía. (Turno a comisión.)

De la Secretaría de Gobernación. (Turno a comisión.)


Oficios de la Secretaría Ejecutiva
del Instituto para la Protección
al Ahorro Bancario

Con el que remite informe sobre el monto de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1o. de abril y el 30 de junio de 2000. (Turno a comisión.)

Con el que remite informe sobre los apoyos financieros otorgados a grupo financiero Serfin con base en el programa de saneamiento por el periodo transcurrido de enero a julio de 2000, de conformidad con los artículos 28 y 84 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. (Turno a comisión.)

Iniciativa de diputados

De reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de planeación nacional, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Proposiciones

Con punto de acuerdo sobre el horario de verano, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación a la Ley del ISSSTE, a cargo del diputado Alejandro Gómez Olvera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre el desarrollo turístico puerto Cancún, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Excitativa

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a cargo del diputado Luis Herrera Jiménez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (Turno a comisión.)

Agenda política

Posicionamiento sobre el trato a los mexicanos por autoridades migratorias y de aduanas
norteamericanas, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Pronunciamiento en relación al Congreso Nacional de Mujeres, a cargo de la diputada Hortensia Aragón Castillo, del grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Pronunciamiento en relación al incremento del monto de recursos federales destinados al gasto en educación a cargo del diputado Ramón León Morales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Pronunciamiento en relación a la gira de Vicente Fox en Europa, a cargo del grupo parlarmentario del Partido Revolucionario Institucional.

Pronunciamiento sobre el IPAB, a cargo del diputado Ramón León Morales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución democrática.»

El Presidente:

Gracias, señor Secretario.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente:

El siguiente punto del orden del día es la discusion del acta de la sesión anterior.

Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta, tomando en consideracion que ha sido publicada en la Gaceta y que ha sido entregada copia de la misma a los coordinadores de los grupos parlamentarios para sus observaciones y se procede a su votación.

El   secretario Bernardo Borbón Vilches:

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura del acta, considerando que ha sido publicada en la Gaceta y se ha entregado copia de ella a los coordinadores de los grupos parlamentarios.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votacion económica...
Los diputados que estén por la negativa, favor de manifestarlo en votación económica... Se dispensa la lectura del acta, señor Presidente.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves cinco de octubre de dos mil, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura.

Presidencia del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes:

En el Palacio Legislativo de la Ciudad de México, a las once horas con once minutos del jueves cinco de octubre de dos mil, con la asistencia de doscientos setenta y tres diputados, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea aprueba el acta de la sesión anterior en sus términos, en votación económica.

Comunicación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con la que informa de la elección de mesa directiva para el mes de octubre de dos mil. De enterado.

Comunicación de la Secretaría de Gobernación en relación con el oficio cincuenta y ocho segundo-tres-cero-cero-siete y acompaña copia del similar signado por el licenciado Santiago Sánchez Herrero, director general del Servicio de Administración de Bienes Asegurados con información relativa al ciudadano José Cirilo Ocampo Verdugo. De enterado y se turna a los coordinadores de los grupos parlamentarios.

Sube a la tribuna el diputado Ulises Ramírez Núñez, del Partido Acción Nacional, quien propone un proyecto de punto de acuerdo con el fin de citar al director del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, ante la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios. Se turna a la comisión solicitada.

La diputada Martha Bernardino Rojas, del Partido de la Revolución Democrática, propone un proyecto de punto de acuerdo sobre la información de los municipios del Estado de México, emitida por el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática y solicita la creación de una comisión investigadora.

Sobre el mismo tema, habla el diputado Reyes Antonio Silva Beltrán, del Partido Revolucionario Institucional.

Las proposiciones se turnan a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

El Presidente comunica las reglas que se seguirán para el registro electrónico de asistencia e informa que al cierre del mismo existen cuatrocientos veintidós diputados.

La diputada Norma Enriqueta Bacilio Sotelo, del Partido Revolucionario Institucional, hace una proposición con proyecto de punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión manifieste su reconocimiento a la delegación mexicana que participó en los juegos olímpicos de Sydney, Australia.

Para referirse al mismo tema, hablan los diputados: Juan Carlos Regis Adame, del Partido del Trabajo, quien propone un proyecto de punto de acuerdo y Celita Trinidad Alamilla Padrón, del Partido Acción Nacional.

Se turnan a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

La diputada Norma Reyes Terán, del Partido de la Revolución Democrática, propone un proyecto de punto de acuerdo en relación con la Secretaría de la Defensa Nacional, a fin de que el titular de dicha Secretaría comparezca de la misma forma en la que lo hicieron otros secretarios de Estado. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, presenta proyecto de punto de acuerdo para solicitar de manera oficial información respecto de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictada en el expediente seiscientos noventa y ocho diagonal dos mil, en contra del contenido del artículo trescientos once fracción catorce de la Ley de Concursos Mercantiles y se organice un debate sobre el tema, al momento de contar con la información.

Para rectificar hechos, suben a la tribuna para abundar en el tema, los diputados: Rosalía Peredo Aguilar, del Partido del Trabajo y Gustavo César Jesús Buenrostro Díaz, del Partido Acción Nacional.

El Presidente informa que estará atento a la relación institucional de la Cámara de Diputados y el Poder Judicial y para solicitar la información necesaria. Se turna a las comisiones de Puntos Constitucionales y a la de Justicia y Derechos Humanos.

Proposición con proyecto de punto de acuerdo que presenta el diputado Jaime Arturo Larrazábal Bretón, del Partido Revolucionario Institucional, sobre la problemática en la ribera oaxaqueña con la pesca de atún. Se turna a la Comisión de Pesca.

Presidencia   de la diputada
María Elena Alvarez Bernal:

El diputado Alfredo Hernández Raigosa, del Partido de la Revolución Democrática, presenta proyecto de punto de acuerdo sobre los salarios del equipo de transición del presidente electo, Vicente Fox Quesada. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y sobre el mismo tema habla el diputado José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo.

Presidencia del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes:


Rectifican hechos, los diputados: Rubén García Farías, del Partido Revolucionario Institucional; Alejandro García Sainz Arena, del Partido Verde Ecologista de México; María Eugenia Galván Antillón, del Partido Acción Nacional; Juan Manuel Martínez Nava, del Partido Revolucionario Institucional; Alfredo Hernández Raigosa, del Partido de la Revolución Democrática; José Antonio Calderón Cardoso, del Partido Alianza Social; Bertha Alicia Simental García, del Partido de la Sociedad Nacionalista; Jorge Alberto Lara Rivera, del Partido Acción Nacional, quien acepta una interpelación del diputado José Gerardo de la Riva Pinal; y José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional.

1175,1176,1177

La Asamblea considera suficientemente discutido el tema.

Presenta proyecto de punto de acuerdo la diputada María Miroslava García Suárez, del Partido de la Revolución Democrática, sobre Banca Unión. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.

Sobre el mismo asunto, expresa sus opiniones el diputado José Manuel Minjarez Jiménez, del Partido Acción Nacional.

Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Gregorio Urías Germán, del Partido de la Revolución Democrática, quien solicita que el Presidente de la mesa directiva intervenga en la protección del fuero constitucional de la diputada Adela del Carmen Graniel Campos, quien fue agredida en el Estado de Tabasco.

El Presidente obra en consecuencia

Presidencia del diputado
Eloy Cantú Segovia

Expresan las posiciones de sus respectivos grupos parlamentarios, respecto de la olimpiada de discapacitados, los diputados: José Abraham Cisneros Gómez, del Partido Acción Nacional; Bertha Alicia Simental García, a nombre de los partidos de la Sociedad Nacionalista, Alianza Social y Convergencia por la Democracia; Patricia Chozas y Chozas, del Partido Verde Ecologista de México; Raquel Cortés López, del Partido de la Revolución Democrática y Laura Hermelinda Pavón Jaramillo, del Partido Revolucionario Institucional.

Hablan sobre el turismo en México, los diputados: Mercedes Hernández Rojas, del Partido Acción Nacional; Rosa Delia Cota Montaño, del Partido del Trabajo; María Cristina Moctezuma Lule, del Partido Verde Ecologista de México; Rafael Servín Maldonado, del Partido de la Revolución Democrática y Ernesto Higinio Rodríguez Escalona, del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada María Alejandra Barrales Magdaleno, del Partido de la Revolución Democrática, expresa su opinión sobre la Corporación Internacional de Transporte Aéreo.
Sobre el mismo tema, hablan los diputados Jaime Cervantes Rivera, del Partido del Trabajo; Emilio Rafael José Goicoechea Luna, del Partido Acción Nacional y Jesús Orozco Alfaro, del Partido Revolucionario Institucional.

Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las quince horas con treinta y cinco minutos, citando para la que tendrá lugar el martes diez de octubre de dos mil, a las diez horas.»

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra en relación al acta, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, favor de manifestarlo... Se aprueba el acta, señor Presidente.

El Presidente:

Gracias, señor Secretario.

Continuemos con el siguiente punto del orden del día comunicaciones.

ESTADO DE NAYARIT

El secretario José Manuel Medellín Milán:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Poder Legislativo. Nayarit. XXVI Legislatura.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión. Presentes.

De conformidad a lo previsto por los artículos 53 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 27 inciso d del Reglamento de Gobierno Interior y del proceso legislativo, los suscritos secretarios de la XXVI Legislatura, nos permitimos hacer de su conocimiento lo siguiente:

En sesión pública ordinaria celebrada el día 19 de septiembre del presente año, la Asamblea Legislativa aprobó el acuerdo relativo a la solicitud respetuosa a los legisladores de esa Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que sea tomado en cuenta en el presupuesto de egresos próximo a aprobarse, solicitando su apoyo para hacer algunas reformas en materia laboral, de previsión y seguridad social, con la finalidad de que se refleje en incremento a las pensiones de los trabajadores, de acuerdo a las consideraciones y motivos señalados en el cuerpo del resolutivo que se anexa.

Aprovechamos la ocasión para reiterarle nuestro respeto.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Tepic, Nayarit, a 20 de septiembre de 2000. Diputados: N. Alonso Villaseñor Anguiano y Filiberto Delgado Sandoval secretarios.»


«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Poder Legislativo. Nayarit. XXVI Legislatura.

Comisiones uindas de Trabajo y Previsión Social y de Salud y Seguridad Social.

Dictamen y proyecto de acuerdo relativo a una solicitud de apoyo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para los pensionados y jubilados del Estado de Nayarit.

Honorable Asamblea legislativa: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 fracciones VII y VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y los numerales 97 144 fracción III del Reglamento de Gobierno Interior y del proceso legislativo, los integrantes de las comisiones legislativas que al rubro se indican, formulamos el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES


Primera. Ante esta representación popular se presentaron integrantes del movimiento unificador de jubilados, pensionados y adultos mayores de Nayarit A.C., solicitando el apoyo de los diputados integrantes de esta XXVI Legislatura y a su vez a exponer la problemática salarial de que son objeto, manifestando que la gran mayoría subsisten con pensiones de salarios mínimos que van de entre los 100 pesos hasta los 400 pesos mensuales.

Segunda. La preocupación generalizada de los miembros de la asociación civil de referencia, es que los integrantes de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, no cuentan con la información necesaria de la realidad que prevalece. En razón de lo cual los integrantes de la XXVI Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, persuadidos de que es preciso acompasar el anhelo legítimo de los trabajadores en retiro, consideramos oportuno exhortar con el debido respeto institucional a la LVIII Legislatura Federal de la Cámara de Diputados, a la búsqueda de mecanismos que permitan de ser posible en el corto plazo, una mejoría sustancial en la ya de suya precaria situación económica que enfrentan la mayoría de los pensionados y jubilados abarcados por la protección del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos anteriormente señalados, las comisiones dictaminadoras, sometemos a la respetable consideración de esta soberanía el siguiente

ACUERDO


Unico. Se solicita respetuosamente a los legisladores de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura al honorable Congreso de la Unión, se tome en consideración el apoyo a reformas significativas en materia laboral, de previsión y seguridad social, así como la ampliación del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal del Año 2001, con la finalidad de que se refleje en el incremento de las pensiones de los trabajadores.

ARTICULOS TRANSITORIOS


Primero. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación.

Segundo. Remítase el contenido del presente acuerdo a la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión.

Sala de comisiones "general Esteban Baca Calderón". Tepic, Nayarit, a 18 de septiembre de 2000. Comisión de Trabajo y Previsión Social; diputados: Feliciano Verdín Hernández, presidente; Benigno Navarro Arambul, vicepresidente; Donaciano Robles Ceniceros, secretario; Carlos Rodríguez Valdivia, vocal. Comisión de Salud y Seguridad Social; diputados: Jorge Rubio Reynoso, presidente; José García López, vicepresidente; Filiberto Delgado Sandoval, secretario, Javier Tovar Rodarte, vocal.»

El Presidente:

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE OAXACA

El secretario José Manuel Medellín Milán:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca. Poder Legislativo.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión. México, D.F.

Por instrucciones de los diputados secretarios, me permito comunicar a usted que la LVII Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente

ACUERDO


Unico. Se solicita a la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, que con motivo de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Año 2001, sean considerados y asignados los recursos pertinentes para atender, ejecutar y solucionar de manera definitiva los asuntos agrarios suscitados en el territorio del Estado de Oaxaca y sometidos actualmente a la consideración de las autoridades agrarias competentes.

Dado en el salón de sesiones. Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 30 de agosto de 2000. Diputados: Alfredo Eligio Ramos Villalobos, presidente; David Villalobos López y Jorge Luis Sosa Campos, secretarios; (rubricas).
Lo que me permito transcribir a ustedes para su conocimiento y efectos legales consiguientes.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

"El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz"

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 30 de agosto de 2000. El oficial mayor del Congreso del Estado, doctor Sergio Segreste Ríos.»

El Presidente:

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE ZACATECAS

El secretario José Manuel Medellín Milán:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. LVI Legislatura. Zacatecas.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados. Honorable Congreso de la Unión. México, D.F.

Adjunto tenemos el honor de remitir a ustedes, el acuerdo número 63 aprobado por la LVI Legislatura del Estado, en sesión ordinaria de esta misma fecha, mediante el cual esta representación popular, rechaza enérgicamente la importación de frijol que se propone en la publicación del 14 de julio del presente año, en el Diario Oficial de la Federación, mediante convocatoria expedida por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, porque tal acción afecta la economía de los productores nacionales y particularmente la de los zacatecanos, por tal motivo, solicitamos su apoyo a este punto de acuerdo, en beneficio de los agricultores de México.

Nos es grato reiterarles las seguridades de nuestra distinguida y especial consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Zacatecas, Zacatecas, a 21 de septiembre de 2000. La LVI Legislatura del Estado. Diputados Maribel Villalpando Haro y Francisco Sandoval Martínez, secretarios.

1878,1879,1880


Acuerdo No. 63

La LVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.

Resultando primero. Con fecha 19 de septiembre de 2000, la diputada María Edith Ortega González presentó en la oficialía mayor, un proyecto de punto de acuerdo por el que propuso rechazar las medidas tendientes a la importación de frijol.

Resultando segundo. En sesión ordinaria del pleno celebrada el mismo día, se dio cuenta de la recepción de dicho documento.

Considerando primero. A través de memorandum número 396/00, de la misma fecha y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 63 y 70 del Reglamento Interior, el asunto fue turnado a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, para su trámite correspondiente.

Considerando segundo. Que la soberanía es un principio irrenunciable, que requiere una política exterior orientada hacia la construcción de una comunidad internacional más democrática y humanista, en oposición a una globalización regida por el capital financiero y por criterios de mercado y de exclusión.

Considerando tercero. Que el 14 de julio de 2000, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, una convocatoria expedida por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que invita a los comercializadores y empacadores de granos básicos para la importación de frijol de Nicaragua, los Estados Unidos de América y Canadá, por una cantidad total de 45 mil 116 toneladas (licitación pública 038/2000, 039/2000 y 040/2000), amparandose en los tratados de libre comercio respectivos.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 61 fracción I, 63, 70, 97, 99 fracción II y demás relativos del Reglamento Interior del Poder Legislativo, es de acordarse y se acuerda:

Primero. La LVI Legislatura del Estado de Zacatecas rechaza enérgicamente la importación de frijol que se propone en la publicación del 14 de julio de 2000, en el Diario Oficial de la Federación, mediante convocatoria, expedida por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que invita a los comercializadores y empacadores de granos básicos para la importación de frijol de Nicaragua, los Estados Unidos de América y Canadá, por una cantidad total de 45 mil 116 toneladas (licitación pública 038/2000, 039/2000 y 040/2000), porque con tal acción, se afecta gravemente la economía de los productores nacionales y particularmente de los zacatecanos.

Segundo. Solicitar al doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, detener dichas licitaciones, hasta en tanto se comercialicen las 120 mil toneladas que aún se encuentran embodegadas en nuestro país.

Tercero. Solicitar a las legislaturas locales del país y al propio Congreso de la Unión, su apoyo a este acuerdo en beneficio de los agricultores de México.

Dado en la sala de sesiones de la LVI Legislatura del Estado, a 21 de septiembre de 2000. Diputados: Arturo Ramírez Bucio, presidente; Maribel Villalpando Haro y Francisco Sandoval Martínez, secretarios.»

El Presidente:

Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

CAMARA DE SENADORES

El secretario José Manuel Medellín Milán:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Senadores. México, D.F.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes.

Tengo el honor de comunicar a ustedes que en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, se dio cuenta con comunicaciones de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios, relativa a la constitución de los grupos parlamentarios, representados en esta Cámara de Senadores como sigue:


Coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México: senador Jorge Emilio González Martínez.

Coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática: senador Jesús Ortega Martínez.

Coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional: senador Diego Fernández de Cevallos Ramos y

Coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional: senador Enrique Jackson Ramírez.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 5 de septiembre de 2000. Senador Enrique Jackson Ramírez, presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Senadores. México, D.F.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes.

Tengo el honor de comunicar a ustedes, que en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se dio cuenta con una comunicación de los senadores integrantes de la Junta de Coordinación Política, por la que informan de su constitución y del nombramiento del senador Diego Fernández de Cevallos Ramos, como su Presidente.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 5 de septiembre de 2000. Senador Enrique Jackson Ramírez, presidente.»

De enterado.

El secretario José Manuel Medellín Milán:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Senadores. México, D.F.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Para conocimiento de la colegisladora, me permito transcribir a ustedes, debidamente aprobado por esta Cámara, en sesión de esta fecha el siguiente

PUNTO DE ACUERDO


Primero. El pleno del Senado de la República acuerda realizar sesiones plenarias para el análisis del VI Informe de Gobierno.

Segundo. Las sesiones plenarias que lleve a cabo el Senado de la República para el análisis del VI Informe de Gobierno, se harán conforme al siguiente calendario:

a) Política interior. Martes 5 de septiembre.

b) Política económica. Jueves 7 de septiembre.

c) Política social. Martes 12 de septiembre.

d) Política exterior. Jueves 14 de septiembre.

Tercero. En los casos en que se considere necesario el análisis de alguno de los rubros mencionados en fechas adicionales a las señaladas en este acuerdo; dicho análisis podrá realizarse en reuniones de comisiones.

Cuarto. El análisis del VI Informe de Gobierno, se sujetará al siguiente procedimiento parlamentario:

a) Habrá una ronda de oradores en la que los senadores de la República fijarán la posición de sus respectivos grupos parlamentarios, con una duración de 15 minutos para cada intervención y se ordenarán de la siguiente forma: Partido Verde Ecologista de México, Partido de la Revolución Democrática, Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional

b) Una vez agotadas las intervenciones señaladas en el punto cuarto de este acuerdo, los senadores podrán solicitar el uso de la palabra en los términos del artículo 102 del Reglamento para el Gobierno Interior.

c) Cada sesión de análisis del VI Informe de Gobierno concluirá hasta que se hubiesen agotado todas las intervenciones solicitadas, conforme al inciso anterior.

Quinto. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 7o. de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la Cámara de Senadores remitirá al Presidente de la República las versiones estenográficas de las sesiones en las que se analice el VI Informe de Gobierno.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 5 de septiembre de 2000. Senador Enrique Jackson Ramírez, presidente.»

De enterado.

SECRETARIA DE ENERGIA

El secretario José Manuel Medellín Milán:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Energía.

Diputado Ricardo García Cervantes, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

Con el propósito de dar respuesta a las inquietudes presentadas en la comparecencia que se llevó a cabo en días pasados, la Secretaría de Energía extiende una cordial invitación a un grupo de diputados que estén interesados en efectuar una visita a la Refinería de Cadereyta, en el Estado de Nuevo León, con la finalidad de analizar los trabajos de reconfiguración que se han llevado a cabo en dicha refinería.

Mucho le agradeceré, se sirva comunicarnos quienes serán los diputados designados para la visita y las fechas en que ellos puedan efectuar el viaje, de preferencia durante el mes de octubre, a efecto de coordinar al grupo de senadores y funcionarios que también estén interesados.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva prestar a la presente.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 3 de octubre de 2000. Luis Téllez K.»

El Presidente:

Túrnese a la Comisión de Energía.

CAJAS DE AHORRO

El secretario José Manuel Medellín Milán:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

En relación a su oficio No. 58-II-3-007, de fecha 7 de septiembre último, con el presente les acompaño copia del similar número 601-VI-DD/APM-94743/2000, signado por el licenciado Octavio Sosa León, director general de Delitos y Sanciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el que acompaña información relativa al señor José Cirilo Ocampo Verdugo.

Lo anterior para los fines que estimen procedentes.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., 5 de octubre de 2000. Por acuerdo del Secretario.  El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación.

Licenciado Eduardo Fernández García, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Con el presente le acompaño copia del oficio número 5-II-3-007, suscrito por los secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por el que comunican al titular de esta Secretaría el punto de acuerdo aprobado en sesión de fecha 7 del actual, en el que solicitan información relativa al señor José Cirilo Ocampo Verdugo, así como de otros casos similares para la solución del problema de los ahorradores de "cooperativas cajas populares".

Adjunto además con el presente el punto de acuerdo de referencia, para su conocimiento y fines que estime procedentes.

1181,1182,1183


Reitero a usted, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Atentamente.

México, D.F., 13 de septiembre de 2000. Por acuerdo del Secretario.El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Ciudadano Sergio Orozco Aceves, director general de gobierno de la Secretaría de Gobernación.

En relación a su atento oficio citado en la referencia, mismo que fue recibido en este organismo el 25 de septiembre pasado, por medio del cual manifiesta que los secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, informaron al titular de esa Secretaría el punto de acuerdo aprobado en sesión de fecha 7 de septiembre último, en el cual solicitan diversa información relativa a la problemática de las denominadas "cooperativas cajas populares", administradas por el señor José Cirilo Ocampo Verdugo, así como de otros casos similares con ahorradores de cajas populares y si se están tomando las medidas prudenciales o preventivas para evitar futuros problemas de esta índole.

Al respecto, nos permitimos hacer de su conocimiento que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha venido actuando en apoyo de las investigaciones efectuadas por la Procuraduría General de la República, dentro de la averiguación previa que en su momento inició en contra del señor José Cirilo Ocampo Verdugo, aportando los elementos relativos a las cuentas bancarias en las que participó el señor Ocampo, para efectos de integrar la indagatoria en comento; en tal virtud, le manifestamos que este organismo no ha intervenido directamente en la instrumentación de la estrategia jurídica para la distribución y pago de los recursos que fueron presuntamente defraudados por el presidente de los consejos de administración de las sociedades cooperativas involucradas; reiterando que de acuerdo a la ley que regula las actividades de esta comisión, en relación con las leyes sustantivas que son aplicables en el Sistema Financiero Mexicano, carecemos de atribuciones para intervenir en la inspección y vigilancia de las sociedades cooperativas.

Por último, cabe señalar que la Sociedad de Ahorro y Préstamo denominada Crédito y Ahorra del Noroeste, SAP, se encuentra actualmente en proceso judicial de quiebra, habiéndose designado como síndico al Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito (Fideliq), por lo que este organismo no puede aportar mayores datos sobre la situación actual de dicha organización auxiliar del crédito.

Esperando que lo anterior sea de su conformidad le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

México, D.F., a 29 de septiembre de 2000. Licenciado Octavio Sosa León, director general.»

El Presidente:

De enterado y remítase a las comisiones de Fomento Cooperativo y Economía Social y de Hacienda y Crédito Público, así como los antecedentes.

INSTITUTO PARA LA PROTECCION
AL AHORRO BANCARIO

El secretario José Manuel Medellín Milán:

«Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Secretaría Ejecutiva.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes.

Con fundamento en los artículos 20, 22, 26, 84 y cuarto transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y 9o., 18 y 23 del estatuto orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y a las "disposiciones relativas a las cuotas ordinarias que las instituciones de banca múltiple están obligadas a cubrir al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario", se acompaña copia del "informe sobre el monto de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1o. de abril y el 30 de junio de 2000", publicado el 7 de septiembre de 2000, en el Diario Oficial de la Federación.

Asimismo, se anexan los estados financieros del instituto al 30 de junio de 2000, auditados por Ruiz Urquiza y Compañía, SC, mismos que fueron debidamente aprobados en la decimasexta sesión ordinaria de la junta de gobierno de este organismo público descentralizado, celebrada el 30 de agosto del año en curso.

Sin otro particular, les reiteramos la seguridad de nuestra atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 8 de septiembre de 2000. Julio César Méndez Rubio, secretario ejecutivo; Paulo Díez Gargari, secretario adjunto jurídico.»

«Monto de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1o. de abril y el 30 de junio de 2000.

Al margen un logotipo, que dice: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, con fundamento en los artículos 4o. y 26 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, así como en los artículos 20 fracciones XIV, XXVII y XXIX y 30 fracciones I y IX del estatuto orgánico de este instituto, pública el monto de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1o. de abril y el 30 de junio de 2000.


Los importes de las cuotas cubiertas por las instituciones de banca múltiple se calcularon conforme a las disposiciones relativas a las cuotas ordinarias que las instituciones de banca múltiple están obligadas cubrir al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 1999.

* A los bancos intervenidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se les calcularon las cuotas correspondientes conforme al párrafo anterior, al igual que a los no intervenidos.

** Antes First Chicago Bank (México),S.A.

Nota. Se deja de publicar información de Banpaís S.A. por su fusión con Banco Mercantil del Norte S.A.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 30 de agosto de 2000. El secretario adjunto de Protección al Ahorro Bancario, José Antonio Meade Kuribreña; el director general de finanzas del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, Alfredo Vara Alonso. (Rúbricas.)»

«Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

Estados financieros al 30 de junio de 2000.

Expresados en millones de pesos con poder adquisitivo de esa fecha.

El informe de revisión limitada.

A la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, a la junta de gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

1184,1185,1186


Hemos llevado a cabo una revisión limitada del estado de activos y pasivos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (el instituto) al 30 de junio de 2000 y de los estados de ingresos y egresos y de cambios en activos y pasivos, que le son relativos, por el periodo comprendido del 1o. de enero al 30 de junio de 2000. Dichos estados financieros son responsabilidad de la administración del instituto.

Previamente hemos examinado los estados financieros al 31 de diciembre de 1999 y por el periodo comprendido del 20 de enero al 31 de diciembre de 1999, sobre los cuales emitimos un dictamen sin salvedades el 15 de marzo de 2000, haciendo énfasis en lo siguiente:

El instituto se constituyó el 20 de enero de 1999 con base en lo dispuesto por la Ley de Protección al Ahorro Bancario. Consecuentemente, el instituto asumió los derechos y obligaciones contraídas por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) a la fecha antes indicada, excepto por los programas de capitalización y compra de cartera, los cuales serán asumidos cuando se cumplan las disposiciones establecidas en los artículos transitorios de dicha ley y que se refieren principalmente a que se deslinden las responsabilidades a que hubiere lugar, con base en la conclusión de las auditorías ordenadas por la Cámara de Diputados y se cancelen las operaciones que diversas instituciones de banca múltiple mantienen con el Fobaproa. En virtud de esta condición impuesta en la ley mencionada, al 31 de diciembre de 1999 el instituto reconoció como un pasivo denominado "reserva para programas de capitalización y compra de cartera pendientes de asumir", la pérdida estimada que asumirá al finalizar los programas de capitalización y compra de cartera, determinada con base en los valores de dichos programas a esa fecha y que asciende a 86 mil 314 millones de pesos.

1192,1193,1194


Al 31 de diciembre de 1999 el instituto tiene cuentas por cobrar, derivadas de los programas de saneamiento financiero de instituciones bancarias, por un importe de 127 mil 385 millones de pesos, las cuales representan el valor neto estimado de los derechos de flujos a recibir a futuro afectados por las instituciones a favor del instituto, determinado por éstas con base en las reglas de valuación de dichos activos, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La administración del instituto ha determinado al 31 de diciembre de 1999 una provisión preventiva para riesgos crediticios adicional por un importe de 88 mil 521 millones de pesos, basada en estimaciones del valor de recuperación de dichos activos, la cual por la incertidumbre que existe sobre las condiciones de mercado en que se realizarán a futuro estos activos, pudiera no ser suficiente o ser excesiva para asegurar la recuperabilidad de dichas cuentas por cobrar al valor que se muestra en los estados financieros.

Nuestra revisión limitada consistió principalmente en la aplicación de procedimientos de revisión analítica a los diferentes elementos de los estados financieros, en entrevistas con los funcionarios del instituto que tienen responsabilidad sobre asuntos financieros y contables, en la lectura de los acuerdos tomados en las juntas de gobierno y en comprender el sistema establecido para la preparación de los estados financieros intermedios.

En virtud de que esta revisión limitada tiene un alcance reducido y no constituye un examen de estados financieros de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, no estamos en posibilidad de expresar una opinión sobre los estados financieros intermedios.

Durante nuestra revisión limitada no tuvimos conocimiento de ninguna situación que requiera modificar los estados financieros intermedios que se acompañan, a fin de que estén presentados de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados, aplicados sobre bases consistentes.

Ruiz, Urquiza y Cía., SC.

México, D.F., a 11 de agosto de 2000. CPC Jorge Tapia del Barrio.»

1. Marco Jurídico y disposiciones
de carácter general:


El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (el instituto) es un organismo descentralizado de la Administración Publica Federal, con personalidad jurídica propia. Su constitución, funcionamiento, operación, control y evaluación se rigen por lo dispuesto en la Ley de Protección al Ahorro Bancario (la ley), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1999, que entró en vigor a partir del 20 de enero de 1999. El instituto tiene por objeto:

1. Proporcionar a las instituciones de banca múltiple, en beneficio de los intereses de las personas que realicen operaciones garantizadas en términos de la ley, un sistema para la protección del ahorro bancario que garantice (en forma subsidiaria y limitada) el pago de las obligaciones a cargo de las instituciones de banca múltiple derivadas de dichas operaciones.

2. Administrar, en términos de la ley, los programas de saneamiento financiero que formule y ejecute en beneficio de los ahorradores y usuarios de las instituciones de banca múltiple y en salvaguarda del sistema nacional de pagos.

El patrimonio del instituto se integra con las cuotas que cubran las instituciones de banca múltiple, los productos, rendimientos y otros bienes derivados de las operaciones que realice; los intereses, rentas, plusvalías y demás utilidades que obtenga de sus inversiones; los recursos provenientes de financiamientos; los bienes muebles e inmuebles que adquiera para el cumplimiento de su objeto; en su caso, los recursos que se autoricen en los correspondientes presupuestos de Egresos de la Federación, para apoyar de manera subsidiaria el cumplimiento de las obligaciones del instituto, así como para instrumentar y administrar programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca y los demás derechos y obligaciones que el instituto reciba, adquiera o contraiga, por cualquier título legal, conforme a lo previsto en la ley.

El gobierno y administración del instituto están a cargo de una junta de gobierno la cual tiene, entre otras, las facultades siguientes:

Resolver sobre la procedencia de que el instituto otorgue, en cada caso, los apoyos previstos en la ley, así como sus términos y condiciones.

Declarar la administración cautelar en el supuesto previsto en el artículo 50 de la ley, así como aprobar la liquidación a la solicitud para pedir la suspensión de pagos o declaración de quiebra de las instituciones.

Aprobar las cuotas ordinarias que deban cubrir las instituciones conforme a lo señalado en el artículo 22 de la ley, así como los criterios para establecer cuotas diferenciadas conforme a lo previsto en el artículo 21 de la misma.

Aprobar, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico (la Secretaría de Hacienda), las cuotas extraordinarias que deban cubrir las instituciones conforme lo señalado en el artículo 23 de la ley.

Establecer políticas y lineamientos para la administración, conservación y enajenación de los bienes que conformen el patrimonio del instituto, así como establecer las bases para la administración y enajenación de los bienes del instituto, observando lo dispuesto en los artículos 61 a 66 de la ley.

Aprobar las reservas que sean necesarias para el buen funcionamiento del instituto.

Aprobar los programas de ingresos y egresos del instituto para cada año, así como las operaciones mediante las cuales el propio instituto obtenga financiamiento.

En general, realizar todos aquellos actos y operaciones que fuesen necesarios para la mejor administración del instituto.

Reserva para la protección
al ahorro bancario.


Con fundamento en los artículos 25, 68, 80 y décimo transitorio de la ley, el 14 de diciembre de 1999 la junta de gobierno del instituto aprobó que con el 25% de las cuotas pagadas por las instituciones de banca múltiple, después de sufragar los gastos de administración y operación, se constituyan reservas para cubrir las obligaciones garantizadas señaladas en la ley de conformidad con el "programa de reducción gradual de cobertura", con objeto de proteger a los ahorradores, dichos recursos se mantienen depositados en una cuenta en Nacional Financiera, SNC.

Obligaciones garantizadas.

Para efectos de la ley, se consideran obligaciones garantizadas (las obligaciones garantizadas) los depósitos bancarios de dinero (a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro y a plazo o con previo aviso), así como los préstamos y créditos aceptados por la institución.

Cuando se determine la liquidación, suspensión de pagos o quiebra de una institución de banca múltiple, el instituto procederá al pago de las obligaciones garantizadas, líquidas y exigibles, a cargo de dicha institución, con los límites y condiciones previstas por la ley.

El instituto no garantizará las operaciones siguientes:

Las obligaciones a favor de entidades financieras, nacionales o extranjeras.

Las obligaciones a favor de cualquier sociedad que forme parte del grupo financiero al cual, en su caso, pertenezca la institución.

Los pasivos documentados en títulos negociables, así como los títulos emitidos al portador. Las obligaciones garantizadas, documentadas en títulos nominativos, quedarán cubiertas en términos del artículo 6o. de la ley, siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados.

Las obligaciones o depósitos a favor de accionistas, miembros del consejo de administración y de funcionarios de los dos primeros niveles jerárquicos de la institución de que se trate, así como apoderados generales con facultades administrativas y gerentes generales.

Las operaciones que no se hayan sujetado a las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas, así como a las sanas prácticas y usos bancarios, en las que exista mala fe del titular y las relacionadas con actos u operaciones ilícitas que se ubiquen en los supuestos del artículo 400-bis del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.

El instituto pagará el saldo de las obligaciones garantizadas, considerando el monto del principal y accesorios, hasta por una cantidad equivalente a 400 mil unidades de inversión (Udis) por persona, física o moral, cualquiera que sea el número y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma institución. De conformidad con lo establecido en los artículos 6o. y decimoprimero transitorio de la ley, así como con el programa por el que se dan a conocer las obligaciones garantizadas en el periodo de transición por el instituto (el Programa de Reducción Gradual de la Cobertura), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 1999, este régimen entrará en vigor el 1o. de enero de 2005.

1190,1191,1192



De conformidad con el Programa de Reducción Gradual de la Cobertura, el instituto reducirá las obligaciones cubiertas de acuerdo al siguiente calendario:

A partir del 1o. de enero de 2000. Las obligaciones que las instituciones adquieran por operaciones financieras derivadas sobre acciones y metales.

A partir del 1o. de enero de 2001. Las obligaciones provenientes de operaciones financieras derivadas realizadas en las bolsas reconocidas.

A partir del 1o. de enero de 2002. Las obligaciones provenientes de depósitos en garantía, de recaudaciones de impuestos, de contribuciones a favor de la Tesorería de la Federación y de cuentas liquidadoras de valores.

A partir del 1o. de enero de 2003. El importe máximo que pagará el instituto por las obligaciones que no hayan quedado excluidas en las etapas anteriores, será el equivalente a 10 millones de Udis por persona física o moral, cualquiera que sea el número y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma institución.

A partir de enero de 2004 y hasta el 31 de diciembre de dicho año. Unicamente quedarán garantizados los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito, hasta por un importe equivalente a 5 millones de Udis por persona física o moral, cualquiera que sea el número y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma institución.

Cuotas recibidas de los bancos.


Las instituciones de banca múltiple estarán obligadas a pagar al instituto las cuotas ordinarias y extraordinarias que establezca la junta de gobierno, la cual podrá establecer cuotas ordinarias diferentes para las instituciones, en función del riesgo a que se encuentren expuestas, con base en el nivel de capitalización de cada una de ellas y de otros indicadores de carácter general. Las cuotas ordinarias se deberán cubrir mensualmente y no podrán ser menores de cuatro al millar, sobre el importe de las operaciones pasivas que tengan las instituciones. Cuando la junta de gobierno establezca cuotas extraordinarias, éstas no podrán exceder en un año de tres al millar sobre el importe de las operaciones pasivas que tengan las instituciones. Las cuotas ordinarias y extraordinarias no podrán exceder, en un año, de ocho al millar sobre el importe total de las operaciones pasivas de las instituciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo décimo transitorio, con la finalidad de concluir los programas de saneamiento financiero y la liquidación de las operaciones del Fobaproa y del fideicomiso denominado Fondo de Apoyo al Mercado de Valores (Fameval), el instituto dispondrá de las tres cuartas partes de las cuotas que por la prestación del sistema de protección al ahorro paguen las instituciones de banca múltiple, así como de los recursos provenientes de la recuperación de sus activos y aquellos derivados de los costos que al efecto se haya convenido asuman las instituciones apoyadas.

Apoyos y programas para el saneamiento financiero de las instituciones de banca múltiple.

Excepcionalmente, el instituto, por sí o a solicitud de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la comisión), podrá otorgar apoyos financieros tendientes a proveer la liquidez o el saneamiento de una institución. Los apoyos podrán otorgarse mediante suscripción de acciones y obligaciones subordinadas, asunción de obligaciones, otorgamiento de créditos o la adquisición de bienes, de acuerdo con lo previsto en la ley.

Los apoyos financieros se darán únicamente con cargo a los recursos propios del instituto y mediante los financiamientos que obtenga en los términos del artículo 46 de la ley, los cuales en ningún caso excederán del 6% cada tres años de los pasivos totales de las instituciones de banca múltiple que haya publicado la comisión en el mes inmediato anterior. Para fines del límite a que se refiere el párrafo anterior, también computarán las garantías que otorgue el instituto.

Los apoyos financieros que el instituto otorgue mediante créditos, quedarán garantizados con las acciones con derecho a voto pleno, representativas del capital social ordinario de la institución apoyada.

En caso de que las obligaciones derivadas de los apoyos financieros otorgados por el instituto no fueran cumplidas, podrá adjudicarse la garantía. Si la institución requiere ser capitalizada para recuperar su estabilidad, el instituto, en ejercicio de los derechos corporativos de las acciones o una vez adjudicadas éstas, podrá efectuar las aportaciones de capital necesarias de acuerdo a lo establecido en la ley.

En caso de que el instituto no se encuentre en condiciones de hacer frente a sus obligaciones, el Congreso de la Unión dictará las medidas que juzgue convenientes para el pago de las mismas. Esta garantía deberá hacerse constar de conformidad con la legislación aplicable, en los títulos de crédito u otros instrumentos en que están documentadas dichas obligaciones.

En la nota cuatro se describen los apoyos que al 30 de junio de 2000 ha otorgado el instituto, los cuales se han apegado a los lineamientos de ley mencionados.

Recursos presupuestales.


Con fundamento en el artículo 47 de la ley y conforme a lo dispuesto por el artículo 74 fracción IV de la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados proveerá en un ramo específico del Presupuesto de Egresos de la Federación, a propuesta del Ejecutivo Federal, la asignación presupuestaria correspondiente que, en su caso, requiera el instituto para hacer frente a sus obligaciones.

Los financiamientos y los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que reciba el instituto en los términos del Título Cuarto de la ley, en ningún caso podrán ser utilizados para un fin distinto al autorizado.

Operaciones asumidas del Fobaproa y del Fameval.


De conformidad con lo establecido en el artículo séptimo transitorio de la ley, el instituto (sujeto a la condición mencionada más adelante, en protección de los derechos de terceros de buena fe y para proveer a la más expedita recuperación de los bienes) asumió la titularidad de las operaciones de los programas de saneamiento, diferentes a aquellos de capitalización y compra de cartera, realizadas por el Fobaproa y el Fameval, así como las correspondientes a las instituciones intervenidas por la comisión, salvo las operaciones que fueron exceptuadas por acuerdo de los comités técnicos del Fobaproa y el Fameval, a partir del 20 de enero de 1999. Lo anterior, sujeto a que se lleven a cabo las auditorías correspondientes para el fincamiento de las responsabilidades jurídicas y económicas que, en su caso procedan o a la transmisión a terceros de los mencionados bienes.

En consecuencia y también por mandato expreso de la ley (artículo octavo transitorio), a partir del 20 de enero de 1999 el instituto asumió los créditos otorgados por el Banco de México al Fobaproa y al Fameval y fue hasta el 15 de marzo de 2000 cuando celebraron un convenio donde el instituto reconoció un pasivo a esa fecha a favor del Banco de México por 23 mil 987 millones 953 mil 287 Udis el cual no devenga intereses, conviniéndose extinguir el saldo insoluto sin cargo al instituto en 30 anualidades, vencidas y sucesivas, con fecha valor al último día hábil bancario de cada año. Al 30 de junio de 2000, el instituto no muestra en sus estados financieros este pasivo, ya que de acuerdo a lo antes mencionado, no afectará sus resultados.

En el artículo quinto transitorio de la ley se establece que, una vez concluidas las auditorias ordenadas por la Cámara de Diputados, las instituciones participantes en el "Programa de Capitalización y Compra de Cartera del Fobaproa, podrán optar por dar por terminados los contratos y cancelar las operaciones que mantenían con el Fobaproa, para lo cual deberán regresarle los títulos de crédito que éste hubiera emitido en su favor; por su parte, el instituto otorgará a los bancos una garantía o instrumento de pago que cubrirá los derechos de cobro de la cartera objeto del programa en mención, de conformidad con lo establecido en las reglas generales del nuevo programa a que se refiere el artículo quinto transitorio de la ley (las reglas generales), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 1999.

En virtud de lo anterior, a partir de 1999, el instituto reconoció como un pasivo denominado "reserva para programas de capitalización y compra de cartera pendientes de asumir", la pérdida estimada que asumirá a formalizar los programas mencionados, determinada con base en los valores de dichos programas a esa fecha.

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, las auditorías han concluido, las instituciones han sido informadas de sus resultados y éstas han solicitado al instituto su incorporación al nuevo programa, manifestando su conformidad con los términos y condiciones del mismo; sin embargo, aún no se han concluido los procesos legales para efectuar la cancelación de las operaciones con el Fobaproa, por lo que el instituto reconoce el compromiso futuro de adquirir los activos y pasivos derivados de este programa, registrando una reserva que refleje la estimación del valor que los mismos tendrán al momento de que sean asumidos por el instituto.

Asimismo, el instituto devolverá a las instituciones los créditos que de conformidad con los resultados de las auditorías, no satisfacen los criterios originales del Fobaproa y respecto de los cuales no existe un acuerdo posterior entre la institución, el Fobaproa y la comisión. En este caso, la institución deberá designar otros activos por un monto equivalente al de los créditos devueltos a satisfacción del instituto, en caso contrario, éste reducirá el monto de la garantía o instrumento de pago respectivo.

En el artículo decimonoveno transitorio se establece que las referencias hechas al Fobaproa y al Fameval en leyes, reglamentos, resoluciones, oficios, inscripciones y convenios referentes a la administración y funcionamiento de estos fideicomisos, se entenderán hechos al instituto, quedando incluidas las relativas a programas de apoyo a deudores. Tratándose de actos o convenios de las operaciones indicados en los artículos quinto, séptimo y octavo transitorios, la referencia se entenderá hecha al instituto, apegandose a los términos y condiciones de las auditorías indicadas en esos artículos, por lo que en ningún caso se entenderá que el instituto es causahabiente universal del Fobaproa y del Fameval.

El instituto deberá concluir los procesos de recuperación o delegación de la administración de los bienes (definidos como tales en la ley) en un plazo máximo de cinco años contados a partir del 20 de enero de 1999, con excepción de la venta o delegación de la administración de los activos de las instituciones intervenidas por la comisión, que sean objeto de proceso de liquidación, el cual deberá concluirse en un plazo no mayor de tres años a partir de que empiece dicho proceso.

El instituto deberá llevar en una cuenta separada los recursos, ingresos y erogaciones que se relacionen directa o indirectamente con la liquidación de los programas de saneamiento financiero y así deberá revelarlo en sus estados financieros.

Obligaciones laborales.

Con respecto a los compromisos en materia de pensiones al retiro de los trabajadores, el instituto se encuentra considerado dentro del apartado B del artículo 123 constitucional, el cual establece que este compromiso será asumido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

El 29 de marzo de 2000, la junta de gobierno del instituto aprobó las "condiciones generales de trabajo para los trabajadores del Instituto de Protección al Ahorro Bancario", mismas que fueron promovidas por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje el 30 de mayo del mismo año, en las cuales se establecen obligaciones por conceptos de indemnizaciones y primas de antigüedad pagaderas a empleados que dejen de prestar sus servicios bajo ciertas circunstancias. Derivado de la reciente creación del instituto, al 30 de junio el pasivo por estos conceptos no es relevante.

2. Principales políticas contables:


Las políticas contables que sigue el instituto están de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados y se apegan a los principios básicos de contabilidad gubernamental y las normas de carácter general emitidas por la unidad de contabilidad gubernamental e informes sobre la gestión pública de la Secretaría de Hacienda.

Dichas políticas requieren que la administración del instituto efectúe ciertas estimaciones y utilice diversos supuestos, para determinar la valuación de algunas de las partidas incluidas en los estados financieros y para efectuar las revelaciones que se requiere presentar en los mismos. Aun cuando pueden llegar a diferir de su efecto final, la administración considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en las circunstancias.

Las principales políticas contables que sigue el instituto son las siguientes:

Contabilidad por fondos.


Los estados financieros revelan en cuentas separadas, atendiendo las disposiciones establecidas en la ley, los recursos, ingresos y erogaciones que se relacionen directa o indirectamente con la liquidación de los programas de saneamiento financiero; consecuentemente y para dar una mayor transparencia en los registros contables a esta disposición de la ley, la administración adoptó la contabilidad por fondos que se describe a continuación:

Fondo IPAB.


En las cuentas identificadas dentro del Fondo IPAB se registran las operaciones que el instituto ha realizado por cuenta propia a partir del 20 de enero de 1999, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la ley.

Fondo Fobaproa.


En las cuentas identificadas dentro del Fondo Fobaproa se incluyen los derechos y obligaciones asumidos o que asumira, según sea el caso, del Fobaproa y el Fameval por disposición de la ley, así como todas las operaciones realizadas por el instituto para la recuperación de los bienes asumidos, sujetándose a las disposiciones establecidas en los artículos transitorios de la ley.

Los activos y pasivos de ambos fondos se registraron como sigue:

Reconocimiento de los efectos de
la inflación en la información financiera.


Para reconocer los efectos de la inflación en términos de poder adquisitivo de moneda de cierre, se procedio como sigue:

En el estado de activos y pasivos:


El mobiliario y equipo se actualizan con un factor derivado del Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) desde su fecha de adquisición. La depreciación se registra con base a la vida útil económica estimada de cada activo, sobre el valor actualizado.

En el estado de ingresos y egresos:


Los ingresos y gastos que afectan o provienen de una partida monetaria (inversiones en valores, préstamos bancarios y de otras entidades, obligaciones etcétera) se actualizan del mes en que ocurren hasta el cierre, utilizando factores derivados del INPC.

Como se indica anteriormente, la depreciación se calcula sobre el valor actualizado del correspondiente mobiliario y equipo.

El resultado por posición monetaria, que representa la erosión de la inflación sobre el poder adquisitivo de las partidas monetarias, se determina aplicando al activo o pasivo neto al principio de cada mes el factor de inflación derivado del INPC y se actualiza al cierre del ejercicio con el factor correspondiente.

Efectivo e inversiones en valores.


El saldo en efectivo e inversiones en valores, está representado principalmente por valores gubernamentales, valuados a su valor de mercado y dólares americanos valuados al tipo de cambio de 9.9538 pesos por dólar americano publicado por el Banco de México el 30 de junio de 2000.

Créditos otorgados a instituciones financieras.

Están representados principalmente por créditos simples otorgados a instituciones de banca múltiple y casas de bolsa, para que éstas cumplan con las obligaciones a su cargo. Estos créditos devengan intereses capitalizables periódicamente. Los intereses moratorios se reconocen en resultados al momento de cobrarse. Dada la situación financiera de esas instituciones, se ha registrado una estimación de cuentas incobrables. Cabe resaltar que dichas instituciones se encuentran intervenidas por la comisión.

Inversiones temporales.

Las inversiones temporales se registran como sigue:

Obligaciones subordinadas convertibles obligatoriamente a capital, valuadas a su valor de realización con base en el valor esperado de conversión.

Acciones de entidades financieras y otras empresas en donde el instituto mantiene participación, se encuentran valuadas a su valor de realización o liquidación. El instituto no consolida los estados financieros de las entidades en las que tiene una participación mayoritaria, en virtud de que estas inversiones se consideran de carácter temporal mientras se concluye el proceso de saneamiento de las mismas, para ponerlas en condiciones favorables para su venta o bien llevar a cabo su liquidación.

Adicionalmente, se han reconocido como un pasivo a cargo del instituto las aportaciones estimadas por las áreas técnicas del instituto que, en su caso, se estima se tendrán que realizar en estas entidades, por pérdidas que se incurrirán en el periodo estimado para su realización a través de su venta o liquidación. Este pasivo se muestra dentro del rubro "reconocimiento de pérdidas de instituciones financieras".

Los últimos estados financieros no auditados disponibles de estas entidades, que en ningún caso exceden seis meses de antigüedad, muestran en cuentas de orden en el rubro "otras obligaciones contingentes", un saldo a valor nominal por 10 mil 44 millones de pesos, mismos que el instituto no ha reservado, de acuerdo con las prácticas contables emitidas por la comisión para estas entidades, referente a pasivos contingentes.

Programas de saneamiento.


Los programas de saneamiento se registran como sigue:

a) Programas de saneamiento financiero. Dentro de este rubro se registran los programas de apoyo financiero implantados en función de las necesidades particulares de cada institución de banca múltiple o casa de bolsa, conforme a lo aprobado por el comité técnico del Fobaproa o el Fameval, respectivamente, los cuales han sido asumidos por el instituto considerando las disposiciones del artículo séptimo transitorio de la ley. El saldo de esta cuenta se encuentra representado por los siguientes conceptos:
Derechos fideicomisarios sobre activos tales como carteras de crédito, acciones, bonos de deuda soberana, otros activos etcétera, que se encuentran afectos a fideicomisos constituidos por los propios bancos que recibieron el apoyo financiero y en los que el instituto es fideicomisario. Estos derechos están valuados con base en el valor patrimonial de los fideicomisos y se actualizan con base en los incrementos o disminuciones en el valor del patrimonio de los fideicomisos con cargo o crédito a la cuenta de resultados "Programa de Saneamiento". Al 30 de junio de 2000, se reconoció en los resultados un decremento por 17 mil 790 millones de pesos. Por otro lado, el instituto reclasifica los ingresos recibidos en efectivo de dichos fideicomisos para mostrarlos dentro de la cuenta "recuperación de derechos fideicomisarios".

Derechos fideicomisarios sobre los "flujos" que deriven de la administración, recuperación y cobranza de diversos créditos de las carteras de las instituciones y de bienes adjudicados o que se reciban en pago de tales créditos, que sean designados por las propias instituciones en fideicomisos, en los que el instituto es fideicomisario. Estos derechos de cobro se registran con base en la estimación que sobre dichos flujos efectúan las instituciones que se encuentran administrando las carteras generadoras de flujos y sus incrementos, derivados de los intereses generados por dichos activos menos los gastos de operación correspondientes, se registran como ingresos. Cabe señalar que las instituciones son los titulares de los créditos y bienes referidos.

Pasivos a cargo de dos fideicomisos derivados de la adquisición al instituto de cartera de Banpaís, S.A. y Confía, S.A., los cuales serán cubiertos con la cobranza de dichos créditos y devengan intereses capitalizables trimestral y mensual, respectivamente.

b) Programa de bienes inmuebles adjudicados o recibidos mediante dación en pago. Se encuentran representados por créditos otorgados por el instituto a fideicomisos constituidos por algunas instituciones de crédito en donde se afectaron bienes muebles e inmuebles adjudicados o recibidos en pago por las propias instituciones. El instituto a su vez recibió créditos por el mismo importe de las instituciones bancarias, por su propio derecho, con las mismas características de plazo, monto y tasa de interés. Este programa no representará costo para el instituto, en virtud de que cada institución de banca múltiple faculta al instituto a liberarse de las obligaciones a su cargo y a favor de instituciones, mediante la transmisión de los derechos de cobro que el instituto tiene frente al fideicomiso.

1195,1196,1197


Provisiones preventivas.


a) En el caso de los créditos otorgados a instituciones de crédito, las reservas se calculan en función de la posibilidad de recuperación de dichos créditos con base en la posición financiera y capacidad de pago de los acreditados.

b) En el caso de los activos adquiridos como resultado de los programas de saneamiento financiero, las instituciones de crédito encargadas de administrar dichos activos determinan reservas sobre los mismos con base en las reglas establecidas que para tal efecto emitió la comisión. Además, se han estimado reservas adicionales a las reconocidas por las instituciones bancarias, de acuerdo con estimaciones efectuadas por el instituto, con base en la información disponible de transacciones que se han realizado en el mercado para llevar a cabo la venta de activos con condiciones similares a las de los activos asumidos en estos programas o a información disponible sobre la condición de estos activos proporcionada por las instituciones. Las estimaciones efectuadas arrojaron un porcentaje promedio de recuperación sobre el valor de los activos de aproximadamente un 20%, exceptuando el efectivo en bancos el cual se recuperará en su totalidad.

Al segundo trimestre de 2000, el efecto neto en el estado de ingresos y egresos de las provisiones preventivas registradas, se analiza como sigue:

******FOTOCOPIAR CUADRO 61-

Programas de apoyo a los deudores de la banca.


De conformidad con lo establecido en el artículo decimonoveno transitorio de la ley, el instituto asumió la titularidad de los siguientes programas de apoyo a deudores:

Beneficios Adicionales a los Deudores de Créditos de Vivienda.

Financiamiento del Sector Agropecuario y Pesquero (Finape).

Apoyo Financiero y Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresas (Fopyme).

Programa de Apoyo Crediticio a la Planta Productiva Nacional.
Anexo Octavo del Acuerdo de Apoyo Inmediato a los Deudores de la Banca, relativos a Créditos para la Vivienda tipo Fovi.

La administración de estos programas consiste en recibir mensualmente de Banco de México la información sobre los apoyos generados por las instituciones de banca múltiple e instruirlo a realizar los pagos correspondientes con cargo a las cuentas del instituto, de conformidad con las cifras determinadas por el Banco de México. Tanto la normatividad de los programas como la revisión de la información que proporcionan las instituciones de banca múltiple son facultad de la Secretaría de Hacienda y de la comisión. Los estados financieros muestran cómo una cuenta por cobrar al Gobierno Federal y cómo una cuenta por pagar a las instituciones de banca múltiple los recursos destinados para estos apoyos, de los cuales al 30 de junio de 2000 se han efectuado pagos a las instituciones de banca múltiple por 1 mil 53 millones de pesos por concepto de intereses.

El 3 de abril de 2000, el Banco de México en su carácter de fiduciario en el Fobaproa, comunicó al instituto que en referencia al convenio de extinción del Fobaproa, suscrito con fecha 31 de marzo de 2000, en donde el Gobierno Federal, a través de la Secretaria de Hacienda, señala que ha determinado que el "Acuerdo de Beneficios a los Deudores de Créditos para Vivienda", el "Programa de Beneficios a los Deudores de Créditos para el Sector Agropecuario y Pesquero" y el "Programa de Beneficios a los Deudores de Créditos Empresariales" (los programas punto final), quedan incluidos dentro de los programas de apoyo a deudores mencionados en el artículo decimonoveno transitorio de la ley; en el entendido de que la Secretaría de Hacienda ejercerá y proveerá al instituto, conforme al procedimiento que hasta ahora se ha seguido para con los programas a que se refiere este transitorio, los recursos necesarios para la aplicación de dichos programas con cargo a los montos que anualmente se hayan autorizado en los Presupuestos de Egresos de la Federación para tales programas. A la fecha de emisión de estos estados, no se han reconocido los fondos a ser asignados a los programas punto final, debido a que es necesario que la junta de gobierno del instituto apruebe el criterio determinado por la Secretaría de Hacienda en el convenio de extinción antes mencionado, referente a que estos programas son considerados acuerdos modificatorios a los esquemas de descuentos en los pagos establecidos en algunos de los programas asumidos por el instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo décimo-noveno transitorio de la ley.

Recursos asignados y a ser asignados,
vía Presupuesto de Egresos de la
Federación, a corto y largo plazos,
respectivamente.


En los términos del artículo 45 de la ley, las partidas a ser asignadas por el Congreso de la Unión, a petición del Gobierno Federal, en caso de que el instituto no se encuentre en condiciones de hacer frente a sus obligaciones, se derivan principalmente de la valuación de los activos asumidos del Fobaproa y el Fameval.
Esta estimación de recursos a ser asignados, derivada de las valuaciones efectuadas por el instituto sobre el valor de recuperación de los activos asumidos del Fobaproa y el Fameval, se convertirá en un requerimiento en el momento en que dichos activos se realicen y el instituto tenga que hacer frente al pago de las obligaciones derivadas de los programas de saneamiento financiero correspondientes. Esta estimación equivale al exceso de egresos sobre ingresos que ha tenido el instituto hasta el 30 de junio de 2000. Los recursos asignados dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación y que no han sido ejercidos se muestran como una cuenta por cobrar a corto plazo.

Cuotas recibidas de los bancos.

El instituto recibe cuotas de las instituciones de banca múltiple las cuales son determinadas por la comisión, de conformidad con lo establecido en las disposiciones publicadas en el Diario Oficia de la Federación del 31 de mayo de 1999, relativas a las cuotas ordinarias que las instituciones de banca múltiple están obligadas a cubrir al instituto. Las cuotas se registran conforme se devengan. Las cuotas ordinarias recibidas por el Instituto durante el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2000 ascendieron a valor nominal a 2 mil 885 millones de pesos.

Resultado por asunción de la titularidad de operaciones del Fobaproa y el Fameval.

El instituto reconoció en los resultados del periodo la recepción y cancelación de ciertos activos y pasivos, respectivamente, que se encontraban pendientes de reconocer en el traspaso de operaciones del Fobaproa. Asimismo, en esta cuenta se incluye el incremento al déficit que se estima que el instituto asumirá cuando se formalicen los traspasos de los programas de capitalización y compra de cartera, el cual se reconoció como un pasivo denominado "reserva para programas de capitalización y compra de cartera, pendientes de asumir".

Subsidios y transferencias corrientes.


Los recursos que provienen del ramo general 34 "erogaciones por programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca", se registran como subsidios y transferencias corrientes en el estado de resultados en el momento en que se reciben.


**********INSERTAR TABLAS 63-64

1198,1199,1200

4. Operaciones de saneamiento financiero llevadas a cabo:

Considerando las funciones a cargo del instituto en el Capítulo IV del Título Segundo de la ley, se llevaron las siguientes operaciones de saneamiento financiero:

Grupo Financiero Serfin, S.A.


Con el propósito de proveer los recursos necesarios para el saneamiento financiero de Banca Serfin, S.A., principal subsidiaria del Grupo Financiero Serfin, S.A. (GF Serfin), el instituto llevó a cabo las siguientes operaciones durante 2000, las cuales fueron aprobadas por su junta de gobierno una vez analizada la conveniencia de mantener a esta institución como un negocio en marcha:

a) Tercera capitalización.


En resoluciones adoptatas el 14 de enero de 2000 por los accionistas de GF Serfin, fuera de asamblea, se efectuó una capitalización, la cual ascendió a valor nominal de 3 mil 64 millones de pesos como monto adicional para cubrir faltantes de reservas crediticias, fiscales y legales determinadas por auditores independientes.

b) Compra de activos grises.


En su décima sesión extraordinaria celebrada el 14 de diciembre de 1999, la junta de gobierno del instituto autorizó la sustitución de activos improductivos "activos grises". Por lo anterior el 28 de enero y el 11 y 22 de febrero de 2000, el instituto celebró contratos en los cuales recibe activos improductivos por un valor bruto de 13 mil 323 millones de pesos, liquidando como contraprestación el valor neto de las reservas de dichos activos por 2 mil 334 millones de pesos, 1 mil 504 millones de pesos y 1 mil 623 millones de pesos, los días 31 de enero, 18 y 24 de febrero de 2000.

A las fechas de celebración de los contratos mencionados en el párrafo anterior, Banca Serfin se obligó a entregar a tres fideicomisos, en donde el instituto es fideicomisario, los flujos que se reciban de la recuperación de los activos improductivos.

Derivado de la determinación del precio definitivo que llevó a cabo Banca Serfin en cumplimiento a los contratos celebrados, se ajustó el precio de los activos improductivos, por lo que el 3 y 10 de marzo de 2000, el instituto recibió un reembolso por 5 millones de pesos y 11 millones de pesos, respectivamente.

c) Convenio modificatorio de bienes adjudicados.


El 11 de febrero de 2000, Banca Serfin y el instituto firmaron un convenio modificatorio sobre el contrato de fideicomiso de bienes adjudicados, en donde se establece que Banca Serfin, en su carácter de fideicomitente, renuncia a cualquier derecho de readquisición con respecto a los bienes adjudicados, por lo que los mismos no serán revertidos a Banca Serfin en el año 2001, tal como lo establecía el contrato original.

d) Seguros Serfin Lincoln, S.A.

El instituto pagó el 30 de marzo de 2000,100 millones 500 mil dólares americanos a Lincoln National Corporation (Lincoln), a nombre y cuenta del GF Serfin, quien tenía la obligación de realizar este pago para adquirir el 49% de las acciones de Seguros Serfin Lincoln, S.A. como consecuencia del ejercicio de la opción que Lincoln tenía para llevar a cabo esta operación.

La junta de gobierno del instituto autorizó el 9 de febrero de 2000 la capitalización de la cuenta por pagar a cargo de GF Serfin y en favor del instituto, que se derivó de la operación antes mencionada, contra la amortización de pérdidas acumuladas por el mismo monto, con la intención de mantener inalterado el capital social de GF Serfin. Dicha capitalización fue realizada el 31 de marzo de 2000, por lo que el instituto reconoció en resultados el efecto de esta capitalización.

e) Compra de acciones representativas del capital social de GF Serfin.


De conformidad con la cláusula tercera del convenio celebrado entre HSBC Latín América, BV (LABV) y el instituto el 7 de julio de 1999 y modificado el 1o. de marzo de 2000, el instituto pagó el 22 de mayo a LABV 137 millones de dólares por la transmisión en propiedad de las acciones representativas del capital social de GF Serfin que representaban el 19.9% del capital de dicha institución.

f) Venta de Grupo Financiero Serfin, S.A.


El 8 de mayo de 2000 la junta de gobierno designo a Grupo Financiero Santander Mexicano, S.A. de C.V. como ganador en términos de las bases de licitación para la adquisición de hasta el 100% de las acciones de GF Serfin.

Como consecuencia el 23 de mayo de 2000, el instituto celebró un contrato de compraventa del 100% de los títulos representativos del capital social de GF Serfin. El precio de las acciones ascendió a 14 mil 650 millones de pesos. Estos recursos fueron utilizados para amortizar el pasivo con Banca Serfin, S.A. mencionado en la nota 10, de conformidad a lo establecido en dicho contrato de compraventa.

De conformidad con el contrato de compraventa el instituto se obliga a pagar a Grupo Financiero Santander Mexicano, S.A. de C.V. como "ajuste al precio" de las acciones de GF Serfin, el importe que resulte de los posibles activos inexistentes o pasivos no registrados conforme a los términos establecidos en el mismo contrato, que reduzcan el capital contable de GF Serfin en no menos de 25 millones de dólares americanos. Este ajuste aún no ha sido determinado.

Asimismo, en dicho contrato el instituto se obliga a responder por pasivos contingentes que surjan en GF y sus subsidiarias, incluyendo pasivos laborales, fiscales o derivados de procedimientos administrativos o judiciales, por actos u omisiones verificados antes de la fecha de transmisión de las acciones a Grupo Financiero Santander Mexicano, S A. de C.V.

Bancrecer, S.A.


Con fecha 3 de noviembre de 1999, el instituto solicitó al Banco de México un crédito simple por 102 mil 200 millones de pesos, con objeto de contar con los recursos necesarios para llevar a cabo la capitalización de Bancrecer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bancrecer. Con esta misma fecha, el Banco de México cedió a Bancrecer, S.A. los derechos del contrato del crédito mencionado. El saldo insoluto se pagará el 1o. de noviembre del año 2004 y causará y pagará intereses trimestralmente, aplicando la tasa que resulte mayor entre las siguientes:

Tasa de rendimiento anual expresada en términos decimales del promedio diario durante cada periodo de interés de la tasa ponderada de fondeo bancario más 3.50 puntos porcentuales, los cuales serán revisables trimestralmente.
El cambio porcentual en el valor de la unidad de inversión (Udis) durante cada periodo de interés, multiplicado por 360 y dividido entre el número de días efectivamente transcurridos en cada periodo de interés.

Con fecha 3 de noviembre de 1999, se celebraron las asambleas general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a las cuales asistieron los tenedores de acciones ordinarias de Bancrecer, S.A. y representantes del instituto como invitados, en la cual dentro de otros acuerdos se reconocieron pérdidas de la sociedad a valor nominal por 102 mil 834 millones de pesos según estados financieros de los ejercicios 1997,1998 y por el periodo comprendido de enero a septiembre de 1999, y se aprobó aplicar partidas positivas que conforman el capital contable por la cantidad a valor nominal de 2 mil 509 millones de pesos, por lo que las pérdidas se redujeron a valor nominal a 100 mil 325 millones de pesos, las cuales, se cubrieron como sigue:

Aplicación total del capital social a valor nominal por 2 mil 451 millones de pesos, con lo que quedaría un capital contable negativo a valor nominal de 97 mil 874 millones de pesos.

Se aumenta el capital social a valor nominal por 2 mil 344 millones de pesos, para lo cual se adquieren 23 millones 435 mil 999 acciones ordinarias y nominativas de la serie "O", las cuales, son suscritas y pagadas por el instituto cubriendo el pago adicional de una prima en acciones a valor nominal de 99 mil 856 millones de pesos.

Se declaró la instalación de la administración cautelar por parte del Instituto en Bancrecer, S.A.

Grupo Financiero Inverlat, S.A. de C.V.

El 26 de julio de 1996, Grupo Financiero Inverlat, S.A. de C.V., Banco Inverlat, S.A. y el Fobaproa firmaron un convenio de "capitalización y liquidez", en el cual se establece el compromiso del Fobaproa a cubrir los requerimientos de liquidez de Banco Inverlat, S.A. hasta el 31 de marzo de 2000 y a mantener un índice de capitalización del 9% hasta el 31 de diciembre de 1999 y del 8% al 31 de marzo de 2000.

1201,1202,1203


En virtud de lo anterior, el Fobaproa adquirió obligaciones subordinadas convertibles forzosamente en acciones del grupo financiero, quien a su vez adquirió obligaciones del banco. Conforme a los acuerdos celebrados con The Bank of Nova Scotia, un grupo de personas designado por este banco administra al grupo financiero y subsidiarias. El esquema original (modelo A), acordado con The Bank of Nova Scotia establecía la separación en un fideicomiso de la cartera de baja calidad crediticia. Para tal efecto, con fecha 26 de julio de 1996 se firmó un convenio de separación de cartera y un contrato de prestación de servicios de cobranza. Pese a lo anterior, las partes firmaron con fecha 10 de julio de 1997 una carta mediante la cual se comprometieron a explorar la posibilidad de aplicar un esquema de saneamiento que no implicara la transmisión de los créditos a un fideicomiso de cobranza (modelo B).

Respecto al plazo para la separación de la cartera, las partes celebraron cartas convenio para ampliar dicho plazo, con vencimiento en septiembre de 2000. Actualmente la administración ha informado que las negociaciones respecto de este último esquema continúan en curso, ahora con el instituto.

Con fecha 24 de marzo de 2000, The Bank of Nova Scotia y el instituto celebraron una carta compromiso denominada Summary of Discussions por virtud de la cual se acordaron modificaciones al "modelo B" y a varios de los contratos celebrados en 1996 contenidos bajo el esquema del "modelo A".

El 28 de octubre de 1999, en asamblea general extraordinaria de accionistas del Grupo Financiero Inverlat, S.A. de C.V., se aprobó la emisión de obligaciones subordinadas de conversión obligatoria en títulos representativos de capital social del grupo, hasta por un monto a valor nominal de 7 mil pesos que fueron adquiridas por el instituto en cumplimiento de obligaciones a su cargo originalmente contraídas por el Fobaproa. Los recursos que se obtuvieron por dicha colocación, se utilizaron para que el grupo adquiriera las obligaciones subordinadas de conversión obligatoria en títulos representativos de capital social de Banco Inverlat, S. A. que emitió para fortalecer su capital.

Mediante asamblea de accionistas general ordinaria y extraordinaria de Grupo Financiero Inverlat, S.A. de C.V. celebrada el 7 de abril de 2000, se acordó lo siguiente:
La conversión anticipada de las obligaciones subordinadas propiedad del instituto, aplicando para ello la fórmula de conversión establecida en la cláusula novena de las actas de emisión de dichas obligaciones, por la cantidad necesaria para cubrir la pérdidas de Grupo Financiero Inverlat, S.A de C.V.

Se reconoce el monto de las pérdidas acumuladas al 31 de diciembre de 1999 por 44 mil 185 millones de pesos, así como las pérdidas a la misma fecha, generadas por Banco Inverlat, S.A. por 44 mil 872 millones de pesos.

Se aprueba la suscripción y pago del aumento de capital por el instituto por 44 mil 872 millones de pesos, en virtud de la conversión anticipada de las obligaciones subordinadas, para la absorción de pérdidas por la misma cantidad, mediante la reducción de capital, por lo que el capital social pagado no sufre modificación.

Se acuerda que los recursos obtenidos por la capitalización se apliquen para capitalizar al Banco Inverlat, S.A.

Se aprueba que el remanente del monto de las obligaciones subordinadas del Instituto se pueda convertir anticipadamente en un futuro cuando se conviertan las obligaciones serie "A" y "B" emitidas en dólares y propiedad en su totalidad de The Bank of Nova Scotia.

Se aprueba que los acuerdos tomados por estas asambleas surtan efectos con fecha valor al 1o. de enero de 2000.

En consecuencia de los acuerdos mencionados anteriormente, el remanente de las obligaciones subordinadas en poder del instituto al 30 de junio de 2000, asciende a 767 mil millones de pesos, el cual incluye 61 mil millones de pesos de intereses capitalizados a esa fecha. A esta misma fecha, dichas obligaciones se valuaron a cero, debido a que el propósito de efectuar la conversión de las obligaciones en acciones del grupo financiero, es capitalizar a su subsidiaria Banco Inverlat, S.A. y con el producto de la capitalización serán absorbidas las pérdidas que el banco haya acumulado a la fecha de amortización.

Banca Promex, S.A.


El 1o. de junio de 2000, Grupo Financiero Bancomer, S.A. de C.V. (GFB) y Bancomer, S.A.

propusieron un esquema al instituto para concluir con las negociaciones pendientes al saneamiento financiero de Banca Promex, S.A., de acuerdo con lo dispuesto en el artículo noveno transitorio de la ley. Dentro del saneamiento se prevé que se modificarán los términos de las operaciones derivadas del programa de capitalización y compra de cartera instrumentado por el Fobaproa, se cubrirán por parte del instituto los faltantes de reserva y una vez aplicadas las partidas positivas se restituirá el capital contable de Banca Promex, S.A., a un nivel del 8% de los activos en riesgo.

Después de haber realizado el saneamiento previsto, el GFB y el instituto podrán celebrar un contrato de compraventa por el que el instituto transmita en propiedad la totalidad de las acciones representativas del capital social de Banca Promex, S.A.

De conformidad con el artículo noveno transitorio de la ley y con objeto de cubrir los faltantes de reserva de Banca Promex, S.A., el instituto ha reservado al 30 de junio de 2000, 17 mil 488, mismos que se encuentran registrados en el rubro de "reconocimiento de pérdidas de instituciones financieras".

5. Créditos otorgados a instituciones financieras, neto:

Los créditos otorgados al 30 de junio de 2000, con su correspondiente estimación de cuentas incobrables, se muestran como sigue:


*******insertar tabla páginas 68-69*******

Conforme al acuerdo adoptado por la junta de gobierno del instituto en su sesión celebrada el 5 de abril de 2000 y en razón de que los créditos otorgados a instituciones financieras se encuentran vencidos, se aprobó prorrogar los créditos correspondientes a Banco Unión, S.A., Banca Cremi, S.A. y Casa de Bolsa Arka, S.A. de C.V., al 29 de septiembre de 2000 y suscribir un convenio de reconocimiento de adeudo con Banco Interestatal, S.A., Banco Capital, S.A., Casa de Bolsa Bursamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Mexival Banpaís, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Estrategia Bursátil, S.A. de C.V. y grupo financiero Pronorte, S.A. y ejecutar las garantías otorgadas con relación a dichos financiamientos. A la fecha de emisión de estos estados no se ha concluido este proceso.


1204,1205,1206


6. Programas de saneamiento financiero:


Se integra como sigue:

*******insertar tabla paginas 69, 70, 71******

para el caso de las obligaciones en dólares americanos la tasa aplicable durante 2000 fue de LIBOR más un punto.

Tales obligaciones vencen entre el 2005 y el 2007. En la fecha de vencimiento deberá cubrirse el principal y los intereses respectivos. Lo anterior sin perjuicio de que tales obligaciones deberán amortizarse con los flujos que se reciban por la recuperación de la cartera y de que el propio instituto tiene facultad de amortizarlas en cualquier momento, total o parcialmente.

En el mes de julio de 1999 fueron concluidas las auditorías al Fobaproa ordenadas por la Cámara de Diputados y realizadas por el señor Michael Mackey, por lo que se procederá en términos de lo dispuesto por los artículos quinto y séptimo transitorios de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

Banco del Atlántico, S.A. y Banca Promex, S.A., que participaron en el programa de capitalización y compra de cartera implantado por el Fobaproa, pasaron a ser considerados dentro de los esquemas de saneamiento que el instituto evaluará, auditará y, en su caso, concluirá, de conformidad con lo establecido en el artículo noveno transitorio de la ley. Por esta razón, las cuentas por cobrar derivadas de las pérdidas compartidas en los contratos de compra de cartera no han sido consideradas para determinar la reserva mencionada anteriormente al 30 de junio de 2000.

En virtud de lo anterior, en las reglas generales no se mencionan a los bancos referidos ni tampoco a Banco Bilbao Vizcaya-México, S.A., por lo que se refiere al tramo uno, por ser considerado éste dentro de un esquema de saneamiento y no dentro del Programa de Capitalización y Compra de Cartera.

8. Programa de bienes inmuebles adjudicados o recibidos mediante dación en pago:

Los créditos otorgados por el instituto a los fideicomisos y los créditos otorgados por las instituciones al instituto, son a un plazo de cinco años que vence en julio de 2001 y devengan una tasa de interés referenciada a la TIIE a 28 días, con capitalizaciones mensuales. Tanto el principal como los intereses serán liquidados al vencimiento y en esa misma fecha se extinguen los fideicomisos. Dichos créditos se documentaron a través de una apertura de crédito simple.

Al 30 de junio de 2000 el activo y pasivo por este programa en cada institución, se integra como sigue:


**********FOTOGRAFIAR CUADRO 72


El crédito que recibe el instituto tiene los mismos términos y condiciones que aquel que el instituto otorga a los fideicomisos, por lo que al cubrirse el adeudo a cargo de los fideicomisos, el instituto se liberará de sus obligaciones. Adicionalmente se pactó que el instituto podrá cumplir las obligaciones a su cargo cediendo a las instituciones de crédito, en su caso, los derechos que tenga contra los fideicomisos, por lo que el programa no representará costo para el instituto.

Los recursos que obtenga cada fideicomiso por la administración y enajenación de bienes, se deben destinar para amortizar el financiamiento del instituto y éste, a su vez, para amortizar el crédito otorgado por la institución de crédito que transmitió los inmuebles.

1207,1208,1209


artículo 2o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2000.

Banco del Centro, S.A.


La deuda con este banco es por 13 mil 363 millones de pesos moneda nacional y 240 millones 42 mil 729 dólares americanos, la cual se amortizará en siete pagos anuales a partir del 7 de noviembre de 2000, causando intereses capitalizables mensualmente pagaderos trimestralmente, de conformidad con la fórmula señalada en el contrato de reconocimiento de adeudo celebrado en marzo de 1997. Durante el primer semestre de 2000, las tasas fluctuaron del 17.11% al 20.32% y del 7.22% al 8.63% para moneda nacional y para dólares americanos, respectivamente.

Banca Cremi, S.A.


Pagaré, con el aval del Gobierno Federal, con vencimiento en enero de 2002, el cual causa intereses capitalizables mensualmente, a una tasa referida a la de los Cetes a 28 días.

Banca Serfin, S.A.


Con fecha 6 de abril de 2000, el instituto celebró un convenio con Banca Serfin, S.A., mediante el cual acordaron dar por terminadas todas las obligaciones a cargo del instituto, contenidas en contratos anteriormente suscritos y fijar nuevas obligaciones, agrupándolas en un sólo instrumento. Por lo anterior, el instituto reconoce deber a esa fecha 100 mil 84 millones de pesos, de los cuales, el instituto debería pagar de forma anticipada 5 mil millones de pesos y 14 mil millones de pesos a más tardar el 30 de abril y 31 de julio de 2000, respectivamente y la cantidad equivalente a lo que el instituto reciba por la venta de las acciones representativas de GF Serfin dentro de los cinco días hábiles siguientes a la transmisión de la propiedad de dichas acciones.

Por la cantidad adeudada el instituto suscribió seis pagarés a favor de Banca Serfin, con las siguientes características:

Cuatro pagarés por 17 mil 271 millones de pesos cada uno, que generan intereses pagaderos en 39 periodos, el primero irregular y los subsecuentes de 28 días, a una tasa de TIIE a 28 días más 0.50 puntos porcentuales, el capital se liquidará el último día de los periodos 6, 13, 20, 27, 34 y 39 por un monto igual al que resulte de dividir el saldo insoluto entre los pagos pendientes.

Un pagaré por 15 mil millones de pesos, que genera intereses liquidables el primer día hábil bancario de cada mes, a una tasa de TIIE a 28 días, el pago del principal se liquidará el 7 de abril de 2003.

Un pagaré por 16 mil millones de pesos, que genera intereses liquidables el primer día hábil de cada mes, a una tasa de TIIE a 28 días más 0.50 puntos porcentuales, el capital se liquidará el primer día hábil bancario de cada semestre por un monto igual al que resulte de dividir el saldo insoluto entre los pagos pendientes hasta el 6 de abril de 2004.

De conformidad con el convenio de reestructuración de pasivos antes mencionado, el instituto liquidó el 17 y 25 de abril y el 23 de mayo de 2000, 10 mil millones de pesos, 9 mil millones de pesos y 14 mil 650 millones de pesos, respectivamente, este último pago representó el monto total de la venta de las acciones representativas de GF Serfin mencionado en la nota cuatro.

El instituto podrá pagar anticipadamente total o parcialmente el saldo insoluto de los adeudos, debiendo únicamente cubrir los intereses correspondientes a la fecha de liquidación de que se trate, pudiendo proceder a la expedición de nuevos contratos.

Banpaís, S.A.


Pagarés a favor de Banpaís, S.A., suscritos el 2 y 17 de diciembre de 1997 como resultado de las operaciones de capitalización, que generan intereses capitalizables mensualmente a una tasa determinada conforme a la mecánica de cálculo establecida en el contrato, las cuales durante el primer semestre de 2000 fueron en promedio de 16.81%. A partir de la fecha de suscripción hasta noviembre de 1999, no se realizaron pagos y a partir de diciembre de 1999 a la fecha de vencimiento, el interés se liquidará trimestralmente. El saldo insoluto pendiente se liquidará en siete pagos anuales a partir de diciembre de 2001.
Banco del Atlántico, S.A.

Conforme al esquema acordado por la Secretaría de Hacienda, la comisión, el Fobaproa y Grupo Financiero Bital, S.A. de C.V., para el saneamiento y venta de Banco del Atlántico, S.A., con fecha 27 de marzo de 1998, en asambleas a las que fueron debidamente convocados los accionistas de Banco del Atlántico, S.A., el Fobaproa realizó una aportación al capital a valor nominal por 6 mil 600 millones de pesos, para absorber pérdidas pendientes de pago y suscribir prácticamente la totalidad del nuevo capital social. En esa misma fecha Banco del Atlántico, S.A., invirtió los recursos, derivados de la capitalización, en dos pagarés a cargo del Fobaproa, con las siguientes ca racterísticas:

Pagaré por 1mil 500, millones de pesos que genera intereses a la tasa TIIE más 0.5 puntos porcentuales capitalizables trimestralmente. El saldo insoluto será liquidable el último día hábil bancario de marzo de 2003.

Pagaré por 5 mil 100 millones de pesos, que genera intereses a la tasa de Cetes a 91 días más dos puntos porcentuales capitalizables trimestralmente. El saldo insoluto sera liquidable el último día hábil bancario de marzo de 2008.

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, los acuerdos incluidos en la carta de intención de fecha 27 de diciembre de 1997, firmada por la Secretaría de Hacienda, el Fobaproa, la comisión y el Grupo Financiero Bital, S.A. de C.V., para llevar a cabo la fusión de Banco del Atlántico, S.A., con esta última institución como fusionante, no se han finalizado. Esta situación sera concluida por el instituto de acuerdo con el artículo noveno transitorio de la ley.

Bancrecer, S.A.


Como se explica en la nota cuatro, el 3 de noviembre de 1999 el instituto solicitó un crédito a Banco de México como resultado de la operación de capitalización realizada a Bancrecer, S.A. y con esa misma fecha el Banco de México cedió a Bancrecer, S.A. los derechos del citado crédito.

El 22 y 29 de junio de 2000 el instituto prepagó a Bancrecer, S.A. 24 mil 277 millones de pesos, cabe hacer mención que en los contratos respectivos no existe cláusula de penalización por prepagó.
Banco Nacional de México, S.A.

El 14 de abril de 2000, el instituto firmó un contrato de crédito con Banco Nacional de México, S.A., por 30 mil millones de pesos, que serán destinados a canjear o refinanciar sus obligaciones financieras.

El crédito devenga intereses pagaderos mensualmente sobre el saldo insoluto a una tasa de TIIE a 28 días más 0.45 puntos porcentuales, el principal será liquidado en 14 amortizaciones semestrales, iguales y sucesivas el último día hábil de cada semestre a partir de la fecha de la primera disposición del crédito.

Banco Inverlat, S.A.


El 28 de junio de 2000, el instituto firmó un contrato de crédito con Banco Inverlat, S.A por 15 mil millones de pesos que será destinado a canjear o refinanciar sus obligaciones financieras. Este crédito fue instrumentado en cuatro pagares firmados el 29 de junio por 3 mil 750 millones cada uno.

El crédito devenga intereses pagaderos en 52 periodos a una tasa de TIIE a 28 días más 0.3 puntos porcentuales, el principal de cada uno de los pagarés será liquidado en ocho amortizaciones semestrales, iguales y sucesivas el 10, 17 y 24 de junio y el 1o. de julio de 2004.

Nacional Financiera, SNC.


Con fecha 3 de enero de 2000, el instituto firmó un contrato de crédito con Nacional Financiera SNC como agente financiero del Gobierno Federal (Nafinsa), por 505 millones de dólares americanos, que le serán transferidos en su equivalente en moneda nacional considerando el tipo de cambio que obtenga la tesorería de Nafinsa. Sin embargo, de conformidad con el contrato de crédito, el instituto asume el riesgo cambiario. El crédito está destinado al financiamiento parcial del proyecto de capitalización bancaria, que será ejecutado en parte por el instituto y deberá ser totalmente amortizado, incluyendo la comisión de apertura el 1o. de diciembre de 2009, pagando intereses los días 1o. de junio y el 1o. de diciembre de cada año, comenzando en la primera de estas fechas, inmediata siguiente al primer desembolso que se realice del crédito.

El instituto pagará una comisión de compromiso sobre el saldo no dispuesto, la cual iniciará en un 0.85% anual, hasta el 0.75% anual considerando los periodos establecidos en el contrato y empezará a devengarse a los 60 días naturales contados a partir de la fecha de firma del contrato, debiéndose realizar su pago en las mismas fechas de vencimiento de los intereses. Asimismo, el instituto conviene en pagar a Nafinsa como remuneración por todos sus servicios como agente financiero y hasta que se amortice la totalidad del crédito, un margen de intermediación del 0.0625% anual, el cual se calculará sobre los saldos insolutos del crédito y se pagará en las mismas fechas del pago de intereses. Para garantizar el pago del crédito, se está a lo dispuesto en el artículo 45 de la ley. En caso de mora, el instituto deberá pagar a Nafinsa las sumas no erogadas y cubrirle intereses a las tasas que se indican en el contrato.

1210,1211,1212


Al 30 de junio de 2000, el instituto ha dispuesto 355 millones de dolares americanos.
Tesorería de la Federación.

El 31 de enero de 2000, el instituto solicitó recursos y suscribió un pagaré con la Tesorería de la Federación por 8 mil 617 millones de pesos, el cual causa intereses capitalizables mensualmente y pagaderos al vencimiento a una tasa promedio de Cetes a 28 días. La fecha de liquidación de este crédito es el 29 de septiembre de 2000.

11. Bonos de protección al ahorro:


De conformidad con el artículo 2o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2000, se autorizó al instituto a emitir valores con el único objeto de canjear o refinanciar sus obligaciones financieras a fin de hacer frente a sus obligaciones de pago, otorgar liquidez a sus títulos y en general mejorar los términos y condiciones de sus obligaciones financieras y se integran como sigue:

*******insertar tabla folios 76 y 77***

12. Régimen fiscal:


Mediante oficio número 330-SAT-IV-B-5779 del 5 de junio de 2000, la administración general jurídica de grandes contribuyentes del servicio de administración tributaria, confirmó el régimen fiscal correspondiente al impuesto sobre la renta, determinando que el instituto no es contribuyente de dicho impuesto y no está obligado al pago del impuesto al activo.

Para la consecución del objeto de la ley, las instituciones de banca múltiple están obligadas a pagar al instituto cuotas ordinarias y extraordinarias que establece la junta de gobierno del instituto, en virtud de lo establecido en el artículo 20 de la ley, asimismo, el artículo 27 del mencionado ordenamiento, establece que las cuotas a favor del instituto no tendrán carácter fiscal y toda vez que el instituto es un órgano descentralizado de la Administración Pública Federal, encargado de la administración del Sistema de Protección al Ahorro Bancario, las cuotas ordinarias o extraordinarias, no se encuentran gravadas por la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Por otra parte, el instituto no realiza la prestación de un servicio independiente, por lo que no encuadra dentro de los supuestos establecidos en los artículos 10 y 14 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Este a criterio se encuentra pendiente de ser ratificado por la administración general jurídica de grandes contribuyentes del servicio de administración tributaria.

13. Garantías otorgadas:

Banco de Oriente, S.A.


De acuerdo con el esquema acordado por Banco de Oriente, S.A., Amresco México, S.A. de C.V. y el Fobaproa, para que el segundo preste los servicios de cobranza y administración de diversos créditos de la cartera de Banco de Oriente, S.A., con fecha 19 de junio de 1998, el Fobaproa constituyó fianza en favor de Amresco México, S.A. de C.V. hasta por la cantidad de 80 pesos para el caso de que Banco de Oriente, S.A. no cumpliere con la obligación de indemnización que resultare a su cargo en términos de la cláusula decimacuarta del contrato de cesión de derechos y prestación de servicios de cobranza y administración, celebrado por Banco de Oriente, S.A. y Amresco México, S.A. de C.V. en la misma fecha citada.

La obligación contraída por el Fobaproa sólo sera exigible a éste por Amresco México, S.A. de C.V. por los daños y perjuicios o gastos, derivados de los supuestos que se señalan expresamente en la cláusula primera del contrato de fianza referido, con las excepciones que también expresamente se indican en dicha cláusula.

Banco Obrero, S.A.


De acuerdo con el contrato celebrado el 14 de octubre de 1998 entre Banco Obrero, S.A., e Inverprim, S. de R.L. de C.V. (Inverprim), con objeto de que Inverprim preste servicios de cobranza y administración de diversos créditos de Banco Obrero, S.A., el Fobaproa otorgó una fianza hasta por un monto de 74 pesos para cubrir cualquier contingencia por incumplimiento de pago de los servicios de Inverprim por parte del Banco Obrero, S.A.

14. Eventos subsecuentes:


El 9 de agosto de 2000 la junta de gobierno aprobó los términos para el saneamiento de Banca Promex, S.A., por lo que el instituto con fecha 10 de agosto de 2000, realizó los actos necesarios para concluir el saneamiento financiero de dicha institución. En esta misma fecha, el instituto celebró con Grupo Financiero Bancomer, S.A. de C.V., el contrato de compraventa del 99.99% de los títulos representativos del capital social de Banca Promex, S.A. Los documentos que formalizan la operación se suscribieron con fecha 10 de agosto de 2000.

15. Contingencias:

Cuotas.

Durante 1999, Banco del Bajío, S.A., Banco Inbursa, S.A., Banco Invex, S.A., Citibank México, S.A., Banco Interacciones, S.A., Banca Mifel, S.A. y Banco Regional de Monterrey, S.A., promovieron un juicio de amparo en contra del instituto, en relación con los dispuesto en el Título Segundo Capítulo III de la ley, en el cual se señala la obligación del instituto de cobrar cuotas como mínimo de cuatro al millar sobre el importe de las operaciones pasivas que registren dichas instituciones, así como la posibilidad de que la junta de gobierno del instituto establezca cuotas ordinarias diferentes para las instituciones, en función del riesgo al que se encuentran expuestas. En opinión de los abogados externos del instituto, este amparo debe ser negado, por lo que no procedería la devolución de las cuotas y pagadas por estas instituciones.

Litigios.


El instituto tiene pasivos contingentes derivados de algunos juicios y reclamos. La administración del instituto estima que en caso de que sean resueltos en forma desfavorable, no tendrán un efecto importante en los estados financieros.

Contadores públicos: Guillermo Téllez Gutiérrez Topete, director general de administración; Alvaro Alberto Calderón Jiménez, director de contabilidad financiera.»

El Presidente:

Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

El secretario José Manuel Medellín Milán:

«Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Secretaría Ejecutiva.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes.

Con fundamento en los artículos 28 y 84 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y 9o., 18 y 23 del estatuto orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, se acompaña copia del "informe sobre los apoyos financieros otorgados a grupo financiero Serfin con base en el programa de saneamiento por el periodo transcurrido de enero a julio de 2000", publicado el 7 de septiembre de 2000 en el Diario Oficial de la Federación, y del alcance al mismo.

Sin otro particular, les reiteramos la seguridad de nuestra atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 8 de septiembre de 2000. Julio César Méndez Rubio, secretario ejecutivo y Paulo Díez Gargari, secretario adjunto jurídico.»

«Al margen un logotipo que dice: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

Informe sobre los apoyos financieros otorgados a grupo financiero Serfin, con base en el programa de saneamiento por el periodo transcurrido de enero a julio de 2000.

En cumplimiento de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 28 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, con relación a los apoyos otorgados a Banca Serfin, S.A., Institución de Banca Múltiple (Serfin), a través del Grupo Financiero Serfin, S.A. (GFS), se remite al honorable Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el presente informe.

1. Capitalización y sustitución de activos grises.


Durante 1999 el IPAB otorgó apoyos financieros a GFS, tendientes a lograr el saneamiento financiero de Serfin y proteger así a más de dos y medio millones de ahorradores.

A fin de dar seguimiento al programa de saneamiento instrumentado en Serfin, a través de GFS, KPMG Cárdenas Dosal, SC (KPMG) y Ruiz Urquiza y Cía. SC, Arthur Andersen (AA), llevaron a cabo auditorías a GFS, derivado de las cuales se determinó un faltante de reservas crediticias por un monto de 5 mil 45 millones de pesos. Con objeto de constituir el monto de reservas faltantes, la junta de gobierno del instituto en su décima sesión extraordinaria, celebrada el 14 de diciembre de 1999, autorizó se implantara el esquema de capitalización y financimiento que resultara más conveniente de conformidad con el programa de saneamiento antes citado.

Para constituir las reservas faltantes, se realizaron los actos corporativos necesarios que permitieron capitalizar, con fecha 14 de enero de 2000, a GFS y a Serfin por un total de 3 mil 64 millones de pesos con recursos presupuestales. Adicionalmente, se constituyeron reservas con los recursos liberados en virtud del convenio modificatorio al fideicomiso de bienes adjudicados, los cuales ascendieron a 881 millones de pesos y con parte de la utilidad generada por la venta de la participación social que Serfin detentaba en Afore Garante a Citybank, por un monto de 1 mil 100 millones de pesos.

Por otra parte, Goldman, Sachs & Co (Goldman Sachs), agente financiero encargado de diseñar preparar, ejecutar y promover la enajenación de GFS, como parte del saneamiento del banco, propuso realizar la sustitución en el balance del banco de aquellos activos que consideraba tenían poco valor estratégico o comercial (activos grises), en virtud de que los potenciales compradores de GFS tenderían a valuarlos con un valor de cero y por lo tanto tendrían que constituirse reservas adicionales por el valor de los mismos.

Asimismo y en opinión del agente financiero, este tipo de activos serían mejor valuados por empresas dedicadas a la administración de los mismos, por lo que se alcanzaría un mayor valor de recuperación al sustraer los activos grises fuera del banco y llevar a cabo su venta en forma separada a la venta de GFS.

Derivado de la recomendación antes expuesta y previa autorización de la junta de gobierno del IPAB, en los meses de enero y febrero de 2000, el instituto adquirió activos grises, al valor neto de reservas propuesto por el estudio llevado a cabo para tales efectos por KPMG, que incluyó bienes muebles, inmuebles y derechos, así como cartera comercial e hipotecaria, mismos que serían sujetos a operaciones de compraventa posteriores. Dicha transacción se realizó por un monto total de 5 mil 446 millones de pesos.
2. Cumplimiento de obligaciones
preexistentes.

1213,1214,1215


2.1. Obligación contingente de pago.

El GFS sostenía con el instituto una obligación contingente de pago que se había constituido a raíz de los compromisos contenidos tanto en el contrato de permuta y protección al valor del mercado, de fecha 7 de octubre de 1997, suscrito entre el Banco de México en su carácter de fiduciario del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), HSBC Latín América BV (LABV), GFS y el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con la comparecencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) como en un fideicomiso al cual Serfin se comprometió a entregar los recursos y bienes que recibiera en relación a ciertos activos crediticios.

Dicha obligación contingente se documentó mediante la suscripción de un contrato, de fecha 7 de octubre de 1997, por GFS, Serfin, Fobaproa, con la comparecencia de la SHCP y la CNBV, el cual estableció.

I. La obligación de Serfin de pagar al Fobaproa la cantidad que este último hubiera pagado a LABV por concepto del contrato de permuta y protección al valor del mercado y

II. La obligación de Serfin de pagar al Fobaproa la cantidad de 466 millones de dólares, derivada de la constitución del fideicomiso descrita anteriormente.

En este sentido, como consecuencia de la capitalización que realizó el IPAB en GFS a partir del 8 de julio de 1999, mediante el cual se convirtió en accionista mayoritario de dicho grupo y de conformidad con el programa de saneamiento de referencia, la junta de gobierno aprobó la condonación de la obligación contingente de pago mediante la terminación anticipada del contrato que documenta dicha obligación, a efecto de extinguir todas las obligaciones derivadas del mismo a partir de esta fecha, quedando pendiente de pago únicamente las cantidades, que en su caso, se hubieren generado por concepto de dicha obligación por el periodo transcurrido del 1o. de enero de 1997 al 8 de julio de 1999, mismas que fueron cubiertas por Serfin al instituto con fecha 18 de febrero y 24 de mayo de 2000.


2.2. Seguros Serfin Lincoln.

El contrato de asociación suscrito el 14 de octubre de 1997 entre Lincoln National Corporation (LNC) y GFS, otorgaba a LNC el derecho de vender a GFS la obligación de comprar las acciones de LNC en Seguros Serfin Lincoln, en caso de que hubiere un cambio de control de GFS. Derivado de la toma de control de GFS por el IPAB, LNC decidió ejercer su derecho de venta.

En este sentido la junta de gobierno del instituto autorizó que en cumplimiento de la obligación contractual:

I. El IPAB asumiera la obligación contractual de pago que GFS mantenía con LNC derivada del ejercicio de la opción de venta acordada en el convenio de accionistas entre GFS y LNC y

II. Que se realizaran los actos jurídicos necesarios para la capitalización de la cuenta por pagar que, GFS registraría luego de la asunción de la obligación descrita en el inciso I.

Con fecha 31 de marzo de 2000, el IPAB pagó a LNC la cantidad de 100 millones 500 mil dólares de EUA, registrando GFS una cuenta por pagar a favor del IPAB. Sin embargo, para evitar vender GFS con un pasivo a favor del instituto, se capitalizó dicha cuenta por pagar por la cantidad de 923 millones de pesos, a la vez que se amortizaron pérdidas acumuladas por el mismo monto, con objeto de mantener sin cambios el capital social de GFS.

2.3 Pago a HSBC Latín América BV.


Derivado de acuerdos celebrados por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y LABV, asumidos por el IPAB mediante contrato de fecha 7 de julio de 1999, en el cual se contó con la comparecencia de la SHCP y GFS, de la tenencia accionaria que LABV detentaba en GFS y como parte del programa de saneamiento de referencia, al no resultar HSBC Bank USA ganador del proceso de venta y dado que dicho proceso comprendía el 100% de las acciones representativas del capital social de GFS, el IPAB liquidó a LABV la totalidad de su tenencia accionaria en GFS, mediante el pago de 137 millones de dólares de EUA y LABV transmitió al IPAB la titularidad de las acciones correspondientes al 19.9% del capital social de GFS, mismas que fueron posteriormente transmitidas como parte de la venta del 100% del capital social de GFS a Grupo Financiero Santander Mexicano, S.A. de C.V. (GFSM), el cual resultó ganador del proceso de venta antes citado.

3. Auditoría de compra y asunción
de obligaciones de pago por contingencias.


Tomando en consideración la practica común para este tipo de operaciones y de conformidad con lo establecido en las bases de licitación y los términos del contrato de compraventa de las acciones representativas del 100% del capital social de GFS, suscrito entre el IPAB y GFSM, este último cuenta con 90 días naturales contados a partir del 23 de mayo de 2000 para realizar una auditoría de compra y, en su caso de encontrar activos inexistentes o pasivos no registrados, podrá solicitar al instituto un ajuste al precio pagado por la transmisión de las acciones de GFS, mismo que sólo será procedente en los supuestos y condiciones señalados en el contrato de referencia.

Asimismo, en el contrato de compraventa citado, se estableció la obligación del instituto de responder a GFSM, siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los requisitos señalados en dicho contrato, por los importes que resulten de cualquier obligación fiscal, laboral u otras cuya exigibilidad surja de procedimientos administrativos, judiciales o arbitrales en contra de GFS o cualquiera de las entidades financieras integrantes del mismo.

4. Conclusión del programa de
saneamiento.


Con los apoyos financieros aquí descritos, el IPAB concluyó el programa de saneamiento que de conformidad con el artículo 28 de la LPAB llevó a cabo con la finalidad de que la venta de GFS se realizara en las mejores condiciones que permitieran al IPAB obtener la mayor recuperación posible.

Mediante el otorgamiento de estos apoyos, el IPAB dio seguridad a más de 2 millones 500 mil ahorradores de Banca Serfin, saneó al tercer grupo financiero del país, siguió una estrategia tendiente a maximizar la recuperación al integrar activos de acuerdo con las demandas del mercado y contribuyó al fortalecimiento y consolidación del sistema financiero con la venta de GFS a través de un proceso treansparente en condiciones de mercado en el cual se designó a GFSM como el ganador, al contener su propuesta las mejores condiciones y la mayor oferta económica con 14 mil 650 millones de pesos, es decir, el equivalente a 1.59 veces el capital contable de GFS.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F. a 31 de agosto de 2000. El secretario ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, Vicente Corta Fernández. Rúbrica. El secretario adjunto de Protección al Ahorro Bancario, José Antonio Meade Kuribreña. Rúbrica.»

Monto de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por conceptos de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1o. de abril y el 30 de junio de 2000.

«Al margen un logotipo que dice: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, con fundamento en los artículos 4o. y 26 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, así como el artículo 20 fracciones XIV, XXVII y XXIX; 30 fracciones I y IX del estatuto orgánico de este instituto, publica el monto de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1o. de abril y el 30 de junio de 2000.


************* TABLA, FOLIO 83

Informe sobre los apoyos financieros otorgados a grupo financiero Serfin con base en el Programa de Saneamiento por el periodo transcurrido de enero a julio de 2000.

En cumplimiento de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 28 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, con relación a los apoyos otorgados a Banca Serfin, S.A., Institución de Banca Múltiple ("Serfin"), a través de Grupo Financiero Serfin, S.A. ("GFS"), se remite al honorable Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el presente informe.

1. Capitalización y sustitución de activos grises.


Durante 1999 el IPAB otorgó apoyos financieros a GFS, tendientes a lograr el saneamiento financiero de Serfin y proteger así a más de dos y medio millones de ahorradores.

A fin de dar seguimiento al programa de saneamiento instrumentado en Serfin, a través de GFS, KPMG Cárdenas Dosal SC ("KPMG") y Ruiz Urquiza y Cía. SC Arthur Andersen ("AA") llevaron a cabo auditorías a GFS, derivado de las cuales, se determinó un faltante de reservas crediticias por un monto de 5 mil 45 millones de pesos1. Con objeto de constituir el monto de reservas faltantes, la junta de gobierno del instituto en su décima sesión extraordinaria, celebrada el 14 de diciembre de 1999, autorizó se implantara el esquema de capitalización y financiamiento que resultara más conveniente de conformidad con el programa de saneamiento antes citado.

1. Monto actualizado por la generación de intereses y las actividades de recuperación y cobranza.
Para constituir las reservas faltantes, se realizaron los actos corporativos necesarios que permitieron capitalizar, con fecha 14 de enero de 2000, a GFS y a Serfin por un total de 3 mil 64 millones de pesos con recursos presupuestales. Adicionalmente, se constituyeron reservas con los recursos liberados en virtud del convenio modificatorio al fideicomiso de bienes adjudicados, los cuales ascendieron a 881 millones de pesos y con parte de la utilidad generada por la venta de la participación social que Serfin detentaba en Afore Garante a Citybank, por un monto de 1 mil 100 millones de pesos.

Por otra parte, Goldman, Sachs & Co. ("Goldman Sachs"), agente financiero encargado de diseñar, preparar, ejecutar y promover la enajenación de GFS, como parte del saneamiento del banco, propuso realizar la sustitución en el balance del banco de aquellos activos que consideraba tenían poco valor estratégico o comercial ("activos grises"), en virtud de que los potenciales compradores de GFS tenderían a valuarlos con un valor de cero y por lo tanto tendrían que constituirse reservas adicionales por el valor de los mismos.

Asimismo y en opinión del agente financiero, este tipo de activos serían mejor valuados por empresas dedicadas a la administración de los mismos, por lo que se alcanzaría un mayor valor de recuperación al sustraer los "activos grises" fuera del banco y llevar a cabo su venta en forma separada a la venta de GFS.

Derivado de la recomendación antes expuesta y previa autorización de la junta de gobierno del IPAB, en los meses de enero y febrero de 2000 el instituto adquirió "activos grises", al valor neto de reservas propuesto por el estudio llevado a cabo para tales efectos por KPMG, que incluyeron bienes muebles, inmuebles y derechos así como cartera comercial e hipotecaria, mismos que serían sujetos a operaciones de compraventa posteriores. Dicha transacción se realizó por un monto total de 5 mil 446 millones de pesos.

1216,1217,1218


2. Cumplimiento de obligaciones
preexistentes.


2.1. Obligación contingente de pago.


El GFS sostenía con el instituto una obligación contingente de pago que se había constituido a raíz de los compromisos contenidos tanto en el contrato de permuta y protección al valor de mercado de fecha 7 de octubre de 1997, suscrito entre el Banco de México en su carácter de fiduciario del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), HSBC Latin América BV (LABV), GFS y el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con la comparecencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), como en un fideicomiso al cual Serfin se comprometió a entregar los recursos y bienes que recibiera en relación a ciertos activos crediticios.

Dicha obligación contingente se documentó mediante la suscripción de un contrato de fecha 7 de octubre de 1997, por GFS, Serfin, Fobaproa, con la comparecencia de la SHCP y la CNBV, el cual estableció:

I. La obligación de Serfin de pagar al Fobaproa la cantidad que este último hubiera pagado a LABV por concepto del contrato de permuta y protección al valor de mercado y

II. La obligación de Serfin de pagar al Fobaproa la cantidad de 446 millones de dólares, derivado de las constitución del fideicomiso descrita anteriormente.

En este sentido, como consecuencia de la capitalización que realizó el IPAB en GFS a partir del 8 de julio de 1999, mediante el cual se convirtió en accionista mayoritario de dicho grupo y de conformidad con el programa de saneamiento de referencia, la junta de gobierno, aprobó la condonación de la obligación contingente de pago mediante la terminación anticipada del contrato que documenta dicha obligación, a efecto de extinguir todas las obligaciones derivadas del mismo a partir de esa fecha, quedando pendiente de pago únicamente las cantidades, que en su caso, se hubieren generado por concepto de dicha obligación por el periodo transcurrido del 1o. de enero de 1997 al 8 de julio de 1999, mismas que fueron cubiertas por Serfin al instituto con fecha 18 de febrero y 24 de mayo de 2000.

2.2. Seguros Serfin Lincoln.


El contrato de asociación suscrito el 14 de octubre de 1997 entre Lincoln National Corporation (LNC) y GFS, otorgaba a LNC el derecho de vender y a GFS la obligación de comprar las acciones de LNC en Seguros Serfin Lincoln, en caso de que hubiere un cambio de control de GFS. Derivado de la toma de control de GFS por el IPAB, LNC decidió ejercer su derecho de venta.

En este sentido la junta de gobierno del instituto autorizó que en cumplimiento de la obligación contractual:

I. El IPAB asumiera la obligación contractual de pago que GFS mantenía con LNC derivada del ejercicio de la opción de venta acordada en el convenio de accionistas entre GFS y LNC y

II. Que se realizaran los actos jurídicos necesarios para la capitalización de la cuenta por pagar que GFS registraría luego de la asunción de la obligación descrita en el inciso I.

Con fecha 31 de marzo de 2000, el IPAB pagó a LNC la cantidad de 100 millones 500 mil dólares de EUA, registrando GFS una cuenta por pagar a favor del IPAB. Sin embargo, para evitar vender GFS con un pasivo a favor del instituto, se capitalizó dicha cuenta por pagar por la cantidad de 923 millones de pesos, a la vez que se amortizaron pérdidas acumuladas por el mismo monto, con objeto de mantener sin cambios el capital social de GFS.

2.3. Pago a HSBC Latín América BV.

Derivado de acuerdos celebrados por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y LABV, asumidos por el IPAB mediante contrato de fecha 7 de julio de 1999, en el cual se contó con la comparecencia de la SHCP y GFS, de la tenencia accionaria que LABV detentaba en GFS y como parte del programa de saneamiento de referencia, al no resultar HSBC Bank USA ganador del proceso de venta y dado que dicho proceso comprendía el 100% de las acciones representativas del capital social de GFS, el lPAB liquidó a LABV la totalidad de su tenencia accionaria en GFS, mediante el pago de 137 millones de dólares de EUA y LABV trasmitió al IPAB la titularidad de las acciones correspondientes al 19.9% del capital social de GFS, mismas que fueron posteriormente transmitidas como parte de la venta del 100% del capital social de GFS a Grupo Financiero Santander Mexicano, S.A. de C.V. (GFSM), el cual resultó ganador del proceso de venta antes citado.

3. Auditoría de compra y asunción
de obligaciones de pago por contingencias.


Tomando en consideración la práctica común para este tipo de operaciones y de conformidad con lo establecido en las bases de licitación y los términos del contrato de compraventa de las acciones representativas del 100% del capital social de GFS, suscrito entre el IPAB y GFSM, este último cuenta con 90 días naturales contados a partir del 23 de mayo de 2000 para realizar una auditoría de compra y, en caso de encontrar activos inexistentes o pasivos no registrados, podrá solicitar al instituto un ajuste al precio pagado por la transmisión de las acciones de GFS; mismo que sólo será procedente en los supuestos y condiciones señalados en el contrato de referencia.

Asimismo, en el contrato de compraventa citado, se estableció la obligación del instituto de responder a GFSM, siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los requisitos señalados en dicho contrato, por los importes que resulten de cualquier obligación fiscal, laboral u otras cuya exigibilidad surja de procedimientos administrativos, judiciales o arbitrales en contra de GFS o cualquiera de las entidades financieras integrantes del mismo.

4. Conclusión del programa
de saneamiento.


Con los apoyos financieros aquí descritos, el IPAB concluyó el programa de saneamiento que de conformidad con el artículo 28 de la LPAB llevó a cabo con la finalidad de que la venta de GFS se realizara en las mejores condiciones que permitieran al IPAB obtener la mayor recuperación posible.

Mediante el otorgamiento de estos apoyos, el IPAB dio seguridad a más de 2 millones 500 mil ahorradores de Banca Serfin, saneo al tercer grupo financiero del país, siguió una estrategia tendiente a maximizar la recuperación al integrar activos de acuerdo con las demandas del mercado y contribuyó al fortalecimiento y consolidación del sistema financiero con la venta de GFS, a través de un proceso transparente en condiciones de mercado, en el cual se designó a GFSM como el ganador, al contener su propuesta las mejores condiciones y la mayor oferta económica con 14 mil 650 millones de pesos, es decir, el equivalente a 1.59 veces el capital contable de GFS.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F. a 31 de agosto de 2000. Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Vicente Corta Fernández, secretario ejecutivo y José Antonio Meade Kuribreña, secretario adjunto de protección al ahorro bancario.»

«Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

Alcance al informe sobre los apoyos financieros otorgados a grupo financiero Serfin con base en el programa de saneamiento por el periodo transcurrido de enero a julio de 2000.

El presente documento se remite al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como alcance al informe que en cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 28 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y con relación a los apoyos otorgados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario a Banca Serfin S.A., Institución de Banca Múltiple (Serfin), a través de Grupo Financiero Serfin, S.A. (GFS), el instituto tiene la obligación de publicar de conformidad con las disposiciones aplicables.

1. Antecedentes


La junta de gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) resolvió en su tercera sesión extraordinaria, celebrada el 16 de junio de 1999, después de haber revisado análisis elaborado por JP Morgan y contando con la opinión favorable de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que el instituto otorgara apoyos financieros tendientes a proveer el saneamiento de Serfin. En este sentido, el 20 de julio de 1999, durante la cuarta sesión extraordinaria, se aprobó la ejecución del programa de saneamiento propuesto para Serfin, a través de GFS.

Asimismo, la junta de gobierno en su octava sesión extraordinaria celebrada el 18 de noviembre de 1999, se dio por enterada de la designación de Goldman, Sachs & Co. (Goldman Sachs) como el agente financiero para diseñar, preparar, ejecutar y promover la enajenación de GFS, situación que se le informó a dicho grupo para que realizara todos los actos necesarios para la contratación de Goldman Sachs conforme a estándares internacionales para este tipo de operaciones.

El programa de saneamiento aprobado por la junta de gobierno para Serfin, a través de GFS, contemplaba, entre otros, la conveniencia de que auditores externos realizaran en forma previa a la venta de GFS, una auditoría general de dicho grupo que comprendiera aspectos legales, fiscales, laborales y de cartera, para determinar el nivel de reservas crediticias de GFS.

Durante el semestre de reporte, se concluyó con el programa de saneamiento de Serfin, a través de GFS, realizándose una tercera capitalización del grupo y de Serfin, además de otras operaciones de saneamiento.

2. Capitalización y sustitución de activos grises.

2.1 Capitalización.


Derivado de la recomendación señalada en el programa de saneamiento de referencia y para llevar a cabo las auditorías que en el mismo se mencionan, GFS contrató a:

I. KPMG Cárdenas Dosal SC (KPMG), para llevar a cabo una valuación de los activos de Serfin;

II. Ruiz Urquiza y Cía, SC Arthur Andersen (AA), para determinar pasivos ocultos y/o activos inexistentes en GFS, aplicando para tales efectos principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de América y

III. Franck, Galicia, Duclaud y Robles, SC, para llevar a cabo una evaluación de diversos aspectos: legales, relacionados con la cartera de crédito de GFS.

El resultado de la auditoría realizada por KPMG arrojó la necesidad de constituir reservas adicionales por un monto aproximado.......... 4,904,000,000 (cuatro mil novecientos cuatro millones de pesos MN). Por su parte, AA identificó reservas faltantes por un monto aproximado de 878,000,000 (ochocientos setenta y ocho millones de pesos MN).

Con objeto de constituir el monto de reservas faltantes, la junta de gobierno en su décima sesión extraordinaria, celebrada el 14 de diciembre de 1999, tomó nota del faltante de reservas crediticias de Serfin y autorizó se instrumentara el esquema de capitalización y financiamiento que resultara más conveniente, de conformidad con el programa de saneamiento.

En virtud de lo anterior, en primera instancia, se propuso utilizar los recursos provenientes de las chequeras de los fideicomisos denominados como tramos I y II y del esquema de créditos hipotecarios, del fideicomiso relativo a bienes adjudicados y de las utilidades generadas por la venta de Afore garante.

Lo anterior, fue hecho del conocimiento de la junta de gobierno del instituto en su quinta sesión ordinaria celebrada el 10 de enero de 2000, la cual aprobó la instrumentación del tercer apoyo financiero en los términos autorizados en la décima sesión extraordinaria, pudiendo ejercer, en su caso, recursos presupuestales para cubrir el monto total de la operación de capitalización, en lugar de contratar financiamientos, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB.)

Al 12 de enero de 2000, después de aplicar las actualizaciones e intereses, y considerando las actividades de recuperación, el monto de reservas faltantes ascendía a:


1219,1220,1221


********FOTOCOPIAR CUADRO DEL FOLIO 90

2.1.1. Actos corporativos relacionados con la tercera capitalización.


Para constituir las reservas faltantes, se realizaron los actos corporativos necesarios que permitieron capitalizar a GFS y a Serfin por un total de 3,064.471,000 (tres mil sesenta y cuatro millones cuatrocientos setenta y un mil pesos, moneda nacional) con recursos presupuestales, como se describe a continuación.

Resoluciones unánimes tomadas fuera de asamblea de GFS. Con fecha 14 de enero de 2000, se tomaron por parte del HSBC Latin América BV (LABV) y el IPAB, en su carácter de accionistas titulares de la totalidad del capital social de GFS, entre otras, las siguientes resoluciones unánimes fuera de asamblea:

Se reconoció que GFS requería a esa fecha de $490.538,000 (cuatrocientos noventa millones quinientos treinta y ocho mil pesos Moneda Nacional) para constituir reservas propias adicionales y que Serfin a su vez, requería a esa fecha de 2,573.933,000 (dos mil quinientos setenta y tres millones novecientos treinta y tres mil pesos, moneda nacional) para constituir reservas adicionales, continuando así con el programa de saneamiento instrumentado en  Serfin, a través de GFS.

A efecto de constituir reservas propias adicionales, así como realizar las aportaciones necesarias para que Serfin constituyera reservas adicionales, se resolvió aumentar el capital social de GFS por 3,064.471,000 (tres mil sesenta y cuatro millones cuatrocientos setenta y un mil pesos, moneda nacional) con la aportación, que de conformidad con los acuerdos tomados por la junta de gobierno del IPAB en su décima sesión extraordinaria de fecha 14 de diciembre de 1999, realizó el instituto mediante la suscripción de 3 millones 064 mil 471 acciones de la serie "O".

Se acordó que los recursos que derivaron del aumento de capital, fueran destinados íntegramente para que GFS constituyera las reservas propias adicionales por la cantidad de..... 490.538,000 (cuatrocientos noventa millones quinientos treinta y ocho mil pesos, moneda nacional), así como para capitalizar a Serfin a efecto de que ésta constituyera reservas adicionales por la cantidad de 2,573.933,000 (dos mil quinientos setenta y tres millones novecientos treinta y tres mil pesos, moneda nacional).

Se acordó que, como consecuencia de la aplicación de recursos conforme al párrafo anterior, en forma simultánea al aumento de capital de la sociedad, se redujera la cuenta de capital social de la sociedad por la cantidad de 3,064.471,000 (tres mil sesenta y cuatro millones cuatrocientos setenta y un mil pesos, moneda nacional), mediante la cancelación de la totalidad de las acciones que suscribió el instituto.

Se reconoció que, como consecuencia del aumento y simultánea reducción del capital social, no se modificó el capital social, manteniéndose éste en la cantidad de........... 10,766.531,000 (diez mil setecientos sesenta y seis millones quinientos treinta y un mil pesos, moneda nacional) y representado por........ 10 millones 766 mil 531 acciones ordinarias nominativas de la serie "O", con lo cual tampoco se modificó la estructura y composición accionaria actual.

Se acordó que los asientos relativos a la constitución y registro de reservas, la suscripción para el aumento del capital social de GFS, así como la reducción de dicho capital, se registraran en la contabilidad del mismo en el mes de diciembre de 1999, sujeto a la conformidad de la CNBV.
Resoluciones unánimes tomadas fuera de asamblea de Banca Serfin. Con fecha 14 de enero de 2000, se tomaron por parte de los accionistas titulares de la totalidad de las acciones representativas del capital social de la sociedad, entre otras, las siguientes resoluciones unánimes fuera de asamblea:

Se aceptó la aportación que realizó GFS por la cantidad de 2 mil 573 millones 933 mil pesos para constituir reservas adicionales.

Se aumentó el capital .social en la cantidad de 2 mil 573 millones 933 mil pesos mediante la aportación realizada por GFS, a través de la suscripción de 2 mil 573 millones de acciones serie "O".

Se acordó que los recursos que deriven del aumento de capital social se apliquen integramente para la constitución de reservas adicionales, por lo que en forma simultánea al aumento de capital se redujo el mismo, mediante la cancelación de la totalidad de las acciones que suscribió GFS.

Se reconoció que como consecuencia del aumento y simultánea reducción del capital social, éste no se modificó manteniéndose en la cantidad de 9 mil 113 millones 883 mil pesos representado por 9 mil 113 millones 883 acciones ordinarias de la serie "O", por lo que tampoco se vio modificada la estructura y composición accionaria actual.

Se acordó que los asientos relativos a la constitución y registro de reservas, así como la suscripción para el aumento del capital social, se registraran en la contabilidad de la misma en el mes de diciembre de 1999, sujeto a la conformidad de la CNBV.

2.1.2. Recursos propios de GFS y de Serfin utilizados para la constitución de reservas crediticias faltantes.


Adicionalmente, con objeto de racionalizar los recursos presupuestales, se consideró conveniente liberar reservas en Serfin modificando el contrato de fideicomiso de bienes adjudicados, celebrado el 23 de octubre de 1996, mediante la firma de un convenio modificatorio de fecha 11 de febrero de 2000. En dicho con venio modificatorio se estableció que Serfin en su carácter de fideicomitente, renuncia a cualquier derecho de readquisición con respecto a los bienes afectos al fideicomiso, razón por la cual éstos no serán revertidos a Serfin en el año 2001, tal como lo establecía el contrato original. Como resultado de lo anterior, Serfin liberó reservas por 881 millones de pesos, mismas que fueron determinadas de conformidad con las bases para la venta inicialmente establecidas por la CNBV.

Por otro lado, parte de la utilidad generada por la venta de la participación social de Serfin en Afore Garante a Citybank también se utilizó para cubrir las reservas crediticias faltantes determinadas en las auditorías practicadas a que se hace referencia con anterioridad.

*****************Insertar tabla 93 **************

Es importante mencionar que el instituto obtuvo la titularidad de los saldos contables de las chequeras, de los fideicomisos denominados tramos I y II, del esquema de créditos hipotecarios y del fideicomiso de bienes adjudicados que al 31 de diciembre de 1999 ascendían a un total de 972 millones 853 mil 914 pesos MN. Asimismo, el instituto podrá disponer de los recursos que se depositen en dichas chequeras, derivado de las actividades de recuperación que se realicen con posterioridad al 31 de diciembre de 1999.

2.2. Compra-venta de activos grises.


Por otro lado, derivado de su análisis, Goldman Sachs consideró que, con objeto de maximizar la recuperación para los activos del instituto, la mejor estrategia para la venta de GFS incluía la sustitución en el balance del banco de aquellos activos que se consideraba tenían poco valor estratégico o comercial ("activos grises"), debido a que los potenciales compradores del banco tenderían a valuarios con un valor de cero y por lo tanto tendrían que constituirse reservas adicionales por el valor de los mismos.

Asimismo, y en opinión del agente financiero, este tipo de activos serían mejor valuados por empresas dedicadas a la administración de los mismos, por lo que se alcanzaría un mayor valor de recuperación al vender dichos activos fuera del banco. En seguimiento a esta recomendación, la administración de GFS presentó al IPAB, una propuesta de compra-venta de "activos grises".

A fin de procurar la mayor transparencia en la operación de compraventa de activos grises, se determinó la conveniencia de crear, en primera instancia, las reservas correspondientes a dichos activos; conforme a la estimación llevada a cabo por el auditor externo KPMG, para posteriormente poder realizar la operación de compraventa de los mismos a su valor neto de reservas.

1222,1223,1224

 

En virtud de lo anterior y contando con la autorización de la junta de gobierno, el instituto procedió a adquirir activos grises de Serfin, los cuales al 30 de septiembre de 1999 tenían un valor de 9 mil 62 millones de pesos MN, pudiendo utilizar, en su caso de ser necesario, recursos presupuestales para cubrir el monto de dicha compraventa.

La adquisición de los activos grises se realizó en dos etapas I, la adquisición de los bienes muebles, inmuebles y derechos y II, la adquisición de los créditos de cartera comercial e hipotecaria.

2.2.1. Bienes muebles, inmuebles
y derechos.


Con fecha 28 de enero de 2000, se celebró la compraventa con reserva de dominio de ciertos bienes muebles, inmuebles y derechos, mediante la suscripción del contrato atípico de bienes, suscrito por el IPAB y Serfin, en el cual, como contraprestación por la afectación en fideicomiso de los bienes objeto de dicho contrato se acordó que el instituto pagara a Serfin la cantidad de 2 mil 333 millones 526 mil 679 pesos 28 centavos MN, considerando como fecha de referencia, para efectos de corte en las cifras, el 1o. de enero de 2000. El pago antes citado se realizó el 31 de enero de 2000.

Asimismo, se estableció que una vez transcurridos seis meses a partir de la fecha de celebración de dicha operación, se reviertan a Serfin aquellos bienes cuya documentación a satisfacción del instituto, no compruebe la propiedad de los bienes libres de gravámenes; limitaciones de dominio y al corriente de sus contribuciones fiscales.

2.2.2. Cartera comercial e hipotecaria.


La operación de compraventa de activos grises, referente a la cartera comercial e hipotecaria, se realizó en dos etapas, ya que parte de la cartera sujeta a dicha operación se encontraba reestructurada en unidades de inversión (Udis) dentro de algunos programas de apoyo crediticio instrumentados por el Gobierno Federal, para lo cual, según instrucciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la CNBV, previamente a la formalización de la compraventa de dicha cartera, debería de realizarse una auditoría y proceder al pago anticipado del crédito otorgado por el Gobierno Federal a través de los programas de apoyo crediticio.

a) Cartera comercial e hipotecaria que no participa en los programas de apoyo crediticio.

Con fecha 11 de febrero de 2000, se celebró la compraventa de diversos créditos denominados en pesos, dólares y Udis, mediante la suscripción por parte del IPAB y Serfin, de un contrato de compraventa con reserva de dominio, en virtud del cual, con fecha 18 de febrero de 2000, el instituto pagó a Serfin la cantidad de 1,503.805,972.77 (un mil quinientos tres millones ochocientos cinco mil novecientos setenta y dos pesos 77/100 moneda nacional), como contraprestación por dichos créditos, tomando como referencia el valor en libros que tenían al 1o. de enero de 2000 y considerando el tipo de cambio vigente a esa fecha.

En virtud que la operación de compraventa se llevó a cabo con cifras correspondientes a una fecha de corte anterior a la fecha de pago y derivado del procedimiento de ajuste, por medio del cual se comparó la cantidad pagada con el precio que resultare de agregar al precio pactado la cantidad equivalente a los intereses devengados por los créditos desde el 1o. de enero de 2000 hasta el día de pago, restándole las reservas preventivas correspondientes y los ingresos que hubiere recibido el banco derivado de los créditos en dicho periodo, se determinó una diferencia a cargo de Serfin y a favor del IPAB por la cantidad de 4.564,343.59, (cuatro millones quinientos sesenta y cuatro mil trescientos cuarenta y tres pesos 59/100 moneda nacional), misma que le fue entregada al instituto el 3 de marzo de 2000.

b) Cartera comercial e hipotecaria que participa en los programas de apoyo crediticio.

El 22 de febrero de 2000, el IPAB y Serfin celebraron un contrato de compraventa con reserva de dominio de diversos créditos denominados en Udis, en virtud del cual, como contraprestación de dichos créditos, con fecha 24 de febrero de 2000, el instituto pagó a Serfin la cantidad 1,623.188,944.95 ( un mil seiscientos veintitrés millones ciento ochenta y ocho mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 95/100 moneda nacional), tomando como referencia el valor en libros que tenían al 1o. de enero de
   2000 y considerando el tipo de cambio vigente a esa fecha.

En virtud de las consideraciones expuestas en el segundo párrafo del inciso a, inmediato anterior, se determinó una diferencia a cargo de Serfin y a favor del IPAB de 10.668,747.62. (diez millones seiscientos sesenta y ocho mil setecientos cuarenta y siete pesos 62/100 moneda nacional), misma que le fue entregada al instituto el 10 de marzo de 2000.

3. Cumplimiento de obligaciones
preexistentes.

3.1. Obligación contingente de pago.


El 19 de marzo de 1997 la CNBV, GFS, Serfin y Banco de México, en su carácter de fiduciario de Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), suscribieron una carta de intención en la que se determinaron los pasos a seguir en la fase final del programa de capitalización acordado el 30 de abril de 1996, entre la CNBV, GFS y Serfin.

El esquema de capitalización contenido en la carta de intención, antes citada, contemplaba la creación de un fideicomiso frente al cual Serfin se obligaba a entregar los recursos y bienes que recibiera en relación a los activos crediticios determinados en dicho contrato.

Por otro lado, con fecha 7 de octubre de 1997 I, el Fobaproa, LABV, el Gobierno Federal por conducto de la SHCP y GFSJ con la comparecencia de la CNBV, celebraron el Contrato de Permuta y Protección al Valor de Mercado.

A raíz de las operaciones descritas anteriormente, GFS, Serfin, Fobaproa, con la comparecencia de la SHCP y la CNBV, con fecha 7 de octubre de 1997, celebraron el contrato que documenta la obligación contingente de pago, el cual estableció: I, la obligación de Serfin de pagar a Fobaproa la cantidad que este último hubiera pagado a LABV derivado de lo acordado en el Contrato de Permuta y Protección al Valor de Mercado y II, la obligación de Serfin de pagar al Fobaproa la cantidad de....... 466.540,219 (cuatrocientos sesenta y seis millones quinientos cuarenta mil doscientos diecinueve dólares de los Estados Unidos de América), derivado de la constitución del fideicomiso descrito anteriormente.
Dicha obligación era pagadera a partir del 30 de abril de 2007 y de naturaleza contingente, ya que únicamente sería exigible en los ejercicios en que los estados financieros anuales auditados de GFS mostraran utilidades y Serfin contara con los recursos necesarios para hacer los pagos correspondientes (las cantidades exigibles correspondían al 5% de las utilidades netas de GFS.)

En virtud de la capitalización que el IPAB realizó en GFS a partir del 8 de julio de 1999, mediante la cual se convirtió en accionista mayoritario de dicho grupo, como parte del programa de saneamiento implementado y por así convenir al proceso de venta y a la maximización del valor de recuperación, la junta de gobierno, en su sesión celebrada el 20 de julio de 1999, aprobó la condonación de la obligación contingente de pago, la cual se realizó mediante la terminación anticipada del contrato que documenta dicha obligación, a efecto de extinguir todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo, a partir del 8 de julio de 1999, quedando solamente pendiente de pago las cantidades, que, en su caso, se hubieren generado por concepto de dicha obligación por el periodo transcurrido del 1o. de enero de 1997 y hasta el 8 de julio de 1999. Esta decisión se hizo del conocimiento del GFS el 21 de enero de 2000.

No obstante lo anterior y en cumplimiento de las obligaciones generadas antes de la terminación del contrato de referencia, GFS no reportó utilidades para el ejercicio de 1997, por lo que no aplicaba ningún pago a favor del IPAB; sin embargo, en el ejercicio de 1998 GFS generó utilidades netas por 127 millones 135 mil 656 pesos 10/100 MN. El 5% de esta cantidad asciende a 6 millones 356 mil 782 pesos 85/100 MN, que al 30 de abril de 1999 correspondían a 684 mil 474 con 47 dolares de los Estados Unidos de América. El 18 de febrero de 2000, Serfin depositó al IPAB la cantidad correspondiente al 5% de las utilidades netas correspondientes al ejercicio de 1998, más sus accesorios que ascendieron a 7 millones 406 mil 857 pesos 59/100 MN. Derivado de un procedimiento de ajuste en el cálculo de los integrantes devengados por dicha obligación, el 24 de mayo de 2000 Serfin entregó al instituto la cantidad de 132 mil 439 pesos 16/100 MN.

3.2. Seguros Serfin Lincoln.


Con fecha 22 de septiembre de 1997, Lincoln National Corporation (LNC) y GFS, celebraron
   el contrato de venta de acciones en virtud del cual, el primero adquirió el 49% de las acciones representativas del capital social de seguros Serfin Lincoln, S.A. (SSL), quedando en propiedad de GFS el 51% restante de dichas acciones.

El 14 de octubre de 1997, LNC y GFS celebraron el convenio de accionistas en virtud del cual, se otorgaba a LNC el derecho de vender y a GFS, la obligación de comprar las acciones que LNC detentara de SSL, en caso de que hubiere un cambio de control de GFS. Al convertirse el IPAB, en accionista mayoritario de GFS, en virtud de lo cual adquirió el control de dicho grupo, se actualizó este supuesto y en consecuencia, LNC ejerció su derecho de venta.

Tomando en consideración la etapa en que se encontraba el proceso de venta de GFS, siendo SSL una subsidiaria de GFS y que el instituto controlaba la mayoría del capital de GFS, la junta de gobierno del instituto en su sexta sesión extraordinaria celebrada el 14 de octubre de 1999, otorgó su autorización para que el IPAB asumiera la obligación contractual de pago de GFS derivada del ejercicio de la opción de venta de LNC, de los títulos representativos del capital social de SSL, como parte del programa de saneamiento implementado en Serfin, a través de GFS.

Con fecha 31 de marzo de 2000 concluyó la operación de compraventa, en virtud de la cual LNC transmitió a GFS la propiedad del 49% de las acciones representativas del capital social de SSL. En el contrato de compraventa que ampara dicha operación, se estableció que el IPAB pagaría a LNC, la cantidad de 100,495,505.67 EE.UU. (cien millones cuatrocientos noventa y cinco mil quinientos cinco 67/100 dólares de los Estados Unidos de América), otorgando a LNC y a GFS el más amplio finiquito que en derecho procediera, respecto de cualquier obligación derivada del convenio de accionistas y del contrato de venta de acciones celebrados entre GFS y LNC.

En virtud del pago realizado por el IPAB en beneficio de GFS, del precio de las acciones representativas del capital social de SSL, el 30 de marzo de 2000. El GFS celebró con el IPAB un convenio de reconocimiento de adeudo por el cual el GFS se obligó a pagar al instituto la cantidad de 100,495,505.67 (cien millones cuatrocientos noventa y cinco mil quinientos cinco 67/100 dólares de los Estados U nidos de América), equivalente a la cantidad de $923,382,854.75 (novecientos veintitrés millones trescientos ochenta y dos mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 75/100 MN).

Por otra parte, en su sexta sesión ordinaria celebrada el 9 de febrero de 2000, la junta de gobierno autorizó la realización de los actos jurídicos necesarios para la capitalización de la cuenta por pago que GFS registraría luego de la asunción de obligación a su cargo por parte del instituto.

Posteriormente, se celebró una asamblea general extraordinaria de GFS, en la que se resolvió aumentar el capital social de GFS, a fin de llevar a cabo la capitalización de la cuenta por pagar a cargo de GFS y a favor del IPAB, derivada de la asunción del pasivo y pago correspondiente realizado por el IPAB a LNC por $923,382,854.75 (novecientos veintitrés millones trecientos ochenta y dos mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 75/100 MN) mediante la suscripción de 923 mil 383 acciones serie "O" representativas del capital social de GFS.

En esta misma asamblea se resolvió disminuir la pérdida acumulada de los estados financieros correspondientes al ejercicio de 1999 de GFS, en la suma de $923,382,854.75 (novecientos veintitrés millones trescientos ochenta y dos mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 75/100 MN). mediante la cancelación de la totalidad de las acciones suscritas por el instituto, quedando de esta forma inalterada la composición accionaria de GFS.

3.3. Pago a HSBC Latín América BV.


Derivado de la capitalización realizada por el instituto el 8 de julio de 1999 en GFS, el IPAB suscribió acciones representativas por el 99.9% del capital social de GFS y transmitió el 19.9% a LABV, de conformidad con el convenio celebrado el 7 de julio de 1999 por el IPAB y la LABV, contando con la comparecencia de la SHCP y GFS.

1225,1226,1227


Derivado del contrato existente y de la tenencia accionaria de la LABV en GFS, al no resultar HSBC Bank USA ganador del proceso de venta y dado que dicho proceso comprendía el 100% de las acciones representativas del capital social de GFS, el IPAB liquidó a LABV la totalidad de su tenencia accionaria en GFS, mediante el pago de 137.000,000 (ciento treinta siete millones de dólares de los Estados Unidos de América) y a su vez, LABV transmitió al IPAB la titularidad de las acciones correspondientes al 19.9% del capital social de GFS, mismas que fueron posteriormente transmitidas, como parte de la venta del 100% de las acciones representativas del capital social de GFS, a Grupo Financiero Santander Mexicano, S.A. de C.V. (GFSM), el cual resultó ganador del proceso de venta.

4. Auditoría de compra y asunción de
obligaciones de pago por contingencias.


Considerando la práctica común para este tipo de operaciones y de conformidad a lo establecido en las bases de licitación y a los términos del contrato de compraventa de las acciones representativas del 100% del capital social de GFS, suscrito entre el IPAB y GFSM, este último cuenta con 90 días naturales contados a partir del 23 de mayo de 2000 para realizar una auditoría de compra y, en caso de encontrar activos inexistentes o pasivos no registrados, podrá solicitar al instituto un ajuste al precio pagado por la transmisión de las acciones de GFS.

En caso, que de conformidad al contrato de compraventa de referencia, sea procedente algún ajuste al precio, el IPAB se obliga a reembolsar a GFSM, la cantidad que resulte a su favor y siempre que sea superior a 25,000,000 (veinticinco millones de dólares de los Estados Unidos de América.)

Asimismo, en el contrasto de compraventa citado, se estableció la obligación del instituto de responder ante GFSM, siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los requisitos señalados en dicho contrato, por los importes que resulten de cualquier obligación fiscal, laboral, u otras cuya exigibilidad surja de procedimientos administrativos, judiciales o arbitrales en contra de GFS o cualquiera de las entidades financieras integrantes del mismo.

5. Conclusión del programa
de saneamiento.

Con los apoyos financieros aquí descritos, el IPAB concluyó el programa de saneamiento que de conformidad con el artículo 28 de la LPAB llevó a cabo con la finalidad de que la venta de GFS, se realizara en las mejores condiciones que permitieran al instituto obtener la mayor recuperación posible.

Mediante el otorgamiento de estos apoyos, el IPAB dio seguridad a más de 2 mil 500 ahorradores de Serfin, saneo al tercer grupo financiero del país, siguió una estrategia tendiente a maximizar la recuperación, al integrar activos de acuerdo con las demandas del mercado y contribuyó al fortalecimiento y consolidación del sistema financiero con la venta de GFS a través de un proceso transparente en condiciones de mercado, en el cual se designó GFSM como el ganador, al contener su propuesta las mejores condiciones y la mayor oferta económica por un monto de 14,650,000,000 (catorce mil seiscientos cincuenta millones de pesos MN), es decir, el equivalente a 1.59 veces el capital contable de GFS.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 31 de agosto de 2000. Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Vicente Corta Fernández, secretario ejecutivo; José Antonio Meade Kuribreña, secretario adjunto de protección al ahorro bancario.»

El Presidente:

Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

PLANEACION NACIONAL

El Presidente:

Pasando a otro punto del orden del día, iniciativa de diputados se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Garibay García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de planeación nacional.

Tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Garibay García.
    

El diputado J. Jesús Garibay García:

Con su venia, señor Presidente; señoras diputadas, señores diputados:

«Los suscritos, diputadas y diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que nos otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos venimos a promover ante esta alta representación, la siguiente iniciativa para reformar los artículos 26 y 73 fracción XXIX-d, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Primero. Constitucionalmente, México no pertenece a la órbita de la economía de libre mercado. El artículo 25 al determinar que la rectoría económica pertenece al Estado, finca los principios de una economía mixta en la que participan el Estado, el sector social y el privado.

Históricamente, México ha experimentado diversos intentos de conducción económica, desde los ensayos de economía planificada centralmente, hasta los excesos de las doctrinas neoliberales impulsadas por los gobiernos de los últimos sexenios que, sin embargo, no pueden desprenderse totalmente de los principios sociales contenidos en la Constitución.

De acuerdo con los principios generales de la economía mixta, concurren al desarrollo social nacional los sectores público, social y privado, esto obliga al Estado planear el desarrollo de la economía tomando en consideración la participación de estos tres sectores.

La planeación del desarrollo es una idea adoptada desde la Ley sobre Planeación General de la República de 1930. Al asumir el gobierno el presidente Lázaro Cárdenas expuso por primera vez su plan sexenal 1934-1940 y desde entonces, los sucesivos gobiernos federales han realizado numerosos intentos de encauzar y ordenar su acción a través de la elaboración de planes y programas para el desarrollo nacional.

A partir de la expedición del Plan Global de Desarrollo 1980-1982, se establecieron las bases para un sistema de planeación democrática. "A partir de los primeros meses de 1982, nos dice Miguel de la Madrid en su ensayo sobre las reformas constitucionales de 1983, (en 80 años de vida constitucional en México. UNAM, Cámara de Diputados LVII Legislatura 1998) explotó en México una crisis económica de gran magnitud", devaluaciones monetarias, rápido incremento de la inflación, crisis de la deuda externa, estancamiento económico, crecimiento del desempleo, elevación de déficit del sector público y finalmente, expropiación y nacionalización bancaria, pérdida de control sobre el mercado financiero y cambiario y la prevalencia de un ambiente de desconfianza y conflicto social. A fines de 1982 se podía observar un clima de divorcio entre la sociedad civil y el Estado, de desconcierto e inseguridad. La incertidumbre y la desconfianza fueron la pauta predominante, al cambio de Gobierno en diciembre de 1982.

"La ingobernabilidad económica amenazaba la tradicional estabilidad social y política del país. El nuevo gobierno (Miguel de la Madrid) percibió la necesidad de ratificar y explicar las bases del régimen constitucional de la economía mexicana". Lo anterior llevó a Miguel de la Madrid, a promover la reforma de los artículos 25, 26, 27, 28 y 73 de la Constitución General de la República.

Segundo. El artículo 26 de la Constitución descarga en el Estado la obligación de "organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía". En su segundo párrafo dice: "habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal".

El Plan Nacional de Desarrollo no es un programa de Gobierno expuesto como propaganda política en busca de adhesiones. El plan debe tener un contenido social y objetivos concretos, pero no los que sean mejores a juicio de los gobernantes, sino que deben obedecer a un mandato constitucional explícito en el propio artículo 26 que establece: "los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución, determinarán los objetivos de la planeación".

Es indudable que la Constitución contiene y está armada sobre un proyecto nacional que representa lo que todos los mexicanos quieren de su país.

Es también indudable que el Plan Nacional de Desarrollo debe ser la base de los programas gubernamentales. Concretamente, los presupuestos de egresos y las leyes de ingresos de cada año del sexenio, deben basarse en el Plan Nacional de Desarrollo.

El mismo precepto constitucional establece que el plan debe recoger las aspiraciones y demandas de la sociedad e incorporarlas al plan en un ejercicio democrático mediante la participación de los diversos sectores de la sociedad.

Al final del artículo 26 se estatuye con toda claridad: "En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la Ley".

Tercero. El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 presentado por el presidente Ernesto Zedillo, es un catálogo incompleto de buenas intenciones. Incompleto porque soslaya angustiosos problemas que gravitan sobre la sociedad. Por ejemplo: en los anteriores planes nacionales de desarrollo, el de 1983-1988, y 1989-1994, se incluyeron programas específicos sobre alimentación nacional, que aunque no resultaron totalmente satisfactorios, demostraron interés por el problema e intenciones de resolverlo. No fueron totalmente satisfactorios por los insuficientes apoyos a la producción agropecuaria.

Uno de los problemas que sí enfoca el plan del presidente Zedillo y propone es un programa sectorial, denominado "Programa para Superar la Pobreza", del que explica su estrategia: "la política social deberá enfocarse a la erradicación de la pobreza, privilegiando la atención a grupos, comunidades y zonas geográficas que padecen las más graves desventajas económicas y sociales. La aplicación de esta estrategia entraña llevar servicios, la incorporación a actividades productivas y la promoción de empleos que eleven el ingreso familiar".

Sin embargo resultó inoperante porque los propios voceros oficiales han tenido que reconocer que al menos la cuarta parte de la población, 25 millones de mexicanos, se encuentran en la pobreza extrema y el Secretario de Desarrollo Social responsable de esta área defiende la política del Presidente, diciendo que los resultados se verán en próximas generaciones.

Podríamos señalar otras omisiones y deficiencias, lo que equivale a decir que el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 es incompleto y ha resultado inoperante en alguno de los programas emprendidos.

Cuarto. El propio presidente Zedillo reconoce la importancia de la participación del Congreso en el Plan Nacional de Desarrollo; en la introducción dice: "la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo es un primer paso, la realización requiere del examen y el debate legislativo, del escrutinio ciudadano y de la libre opinión de todos. Con seguridad, el examen que lleva a cabo el honorable Congreso de la Unión enriquecerá la perspectiva y los propósitos de este documento rector de las tareas y acciones del Gobierno. Ello habrá de traducirse en la mejor formulación de los programas sectoriales e institucionales que de conformidad con lo señalado por la Ley de Planeación corresponde elaborar a las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal".

Más adelante, al hablar sobre el desarrollo democrático, dice:

"El Plan Nacional de Desarrollo propone diversas líneas de acción para consolidar nuestra vida democrática, en correspondencia con las propuestas surgidas de la consulta popular que seguramente serán enriquecidas por el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados, los partidos políticos, las organizaciones sociales y la propia participación ciudadana."

Quinto. No obstante que el artículo 26 de la Constitución establece que el Congreso de la Unión debe participar en la planeación del desarrollo en los términos que la ley señale, y a pesar de la importancia que el Ejecutivo reconoce en la participación del Congreso, la Ley de Planeación en su artículo 5o. establece que: "el Presidente de la República remitirá el plan al Congreso de la Unión para su examen y opinión" y más adelante dice: "el poder Legislativo formulará, asimismo, las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del propio plan". Es decir, esa intervención del Congreso, tan importante como lo señala la Constitución y lo reconoce el Ejecutivo, en la ley se reduce a una simple opinión sobre el plan y a observaciones sobre su ejecución.

1228,1229,1230

Sexto. La división de poderes establecida por nuestra Constitución no es una división de trabajo, sino una organización compleja de competencias para impedir el abuso del poder, según la célebre definición de Montesquieu: "que el poder detenga al poder".

Un estado de derecho es aquél en el que todo el aparato estatal se encuentra sometido a las normas jurídicas que estatuyen sus funciones. La Constitución crea los órganos y divide a los poderes, pero también los limita, crea los controles.

Hablar de constitución, en un estado de derecho, es hablar de poderes y de controles; la teoría de la Constitución lleva implícita la teoría del control. La Constitución misma es la línea que fija los límites del poder.

El Poder Legislativo tiene como principal objetivo limitar, controlar al Poder Ejecutivo y esto no puede hacerlo el Congreso con simples opiniones sobre el Plan Nacional de Desarrollo y observaciones sobre la ejecución, revisión y adecuaciones al propio plan, como lo estatuye la Ley de Planeación.

Séptimo. La ley debe reformarse, el plan debe responder efectivamente a las demandas sociales y el más genuino representante de esas demandas es el Congreso de la Unión. El debe decir si el plan responde a las necesidades del pueblo y si las comprende a todas, si las prioridades que el plan establece son las prioridades que el pueblo señala. En resumen, el Congreso debe examinar y si es preciso, modificar el Plan Nacional de Desarrollo para que se adecúe a la realidad nacional, es decir, el Congreso debe aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y posteriormente vigilar su cumplimiento.

En consecuencia, y con apoyo en las disposiciones constitucionales invocadas en el proemio, elevamos a la consideración de esta Cámara la siguiente

INICIATIVA DE DECRETO

Que reforma los artículos 26 y 73 fracción XXIX inciso d, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

Artículo único. Se reforman los artículos 26 y 73 fracción XXIX inciso d, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

"Artículo 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El Congreso de la Unión establecerá en la ley los procedimientos de participación y consulta popular en el Sistema Nacional de Planeación Democrática y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para la coordinación mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas y para el cumplimiento y concertación con los particulares, para la elaboración y ejecución del mismo por parte del Ejecutivo Federal. El Poder Legislativo dictaminará, aprobará y evaluará el Plan Nacional de Desarrollo y sus programas, los cuales tendrán carácter obligatorio para la Administración Pública Federal.

Artículo 73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I a la XXIX-C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XXIX-D. Para expedir leyes sobre Planeación Nacional del Desarrollo Económico y Social y para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo.

XXIX-E a la XXX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."

ARTICULOS TRANSITORIOS


Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo no mayor de 60 días el Congreso de la Unión deberá expedir una nueva Ley de Planeación. En tanto continuará vigente la actual, en lo aplicable.

San Lázaro, D.F., a 10 de octubre de 2000. Diputados: J. Jesús Garibay García y Rafael Hernández Estrada.»

El Presidente:

Gracias, diputado Jesús Garibay García.

La iniciativa que usted ha presentado se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

 

 

HORARIO DE VERANO

El Presidente:

Pasando a otro punto del orden del día, proposiciones con punto de acuerdo. Para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre el horario de verano, se concede el uso de la palabra a la diputada María del Rosario Tapia Medina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática hasta por 10 minutos.

La diputada María del Rosario Tapia Medina:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Siendo el tema del horario de verano un asunto sumamente controvertido en nuestro país y que ha generado una opinión pública, en general adversa, me permito presentar ante este pleno, con fundamento en el artículo 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, la siguiente propuesta con punto de acuerdo sobre el horario de verano en la idea de que finalmente logremos un consenso y finiquitar este asunto tan complicado para nuestro país.

1. Considerando que desde el 1o. de abril de 1996 se modificaron los husos horarios de la República Mexicana adelantando el reloj una hora, durante un periodo que comprende del primer domingo de ese mes al último domingo del mes de octubre.

2. Que esta medida se adoptó imitando disposiciones similares emitidas en países que se encuentran situados en el paralelo norte del globo terráqueo.

3. Que los argumentos para implementar una medida de esta naturaleza consistieron básicamente en lo siguiente: propiciar una importante disminución en la demanda de energía eléctrica en nuestro país; reducir el consumo de combustibles utilizados para la generación de energía eléctrica; disminuir la emisión de contaminantes; proteger el ingreso familiar y generar mayores condiciones de seguridad pública.

4. Que el instrumento jurídico empleado para establecer el horario de verano, fue a través de un decreto del Ejecutivo Federal con fecha 29 de diciembre de 1995.

5. Que los objetivos buscados con la implementación de esta medida no fueron alcanzados, en la mayoría de los casos, en forma absoluta y en otros fueron mínimos y por lo tanto han sido realmente insignificantes.

6. Que el Ejecutivo Federal, desde nuestro punto de vista, compañeras y compañeros diputados, carece de facultades para mediante este tipo de decretos administrativos, modificar los husos horarios que se aplican en las entidades federativas.

7. Que aunado a lo anterior existe un descontento mayoritario de la población por la imposición de una medida que hasta el momento no ha redundado en beneficios concretos para ella y que en cambio le ha significado un detrimento en su calidad de vida al alterar su ritmo biológico y social.

8. Que la disminución en la demanda de energía eléctrica sólo significó, durante su implementación, un imperceptible .6% del consumo global, situación que directamente se refleja en la variación del consumo de combustible.

Según estudios realizados, los contaminantes emitidos no se han reducido significativamente; en cuanto al ingreso familiar, no se ha reportado que como consecuencia del horario de verano haya habido algún beneficio al respecto. En relación a las condiciones de seguridad pública, hay indicadores que muestran que se incrementaron las conductas antisociales, esto es, delitos en las mañanas por la implementación de esta medida.

En suma, compañeras y compañeros, el Partido de la Revolución Democrática considera que hasta el momento las justificantes para la implementación del horario de verano deben ser ahora el motivo para su retiro, porque no hay ninguna justificación.

9. Que los fundamentos legales esgrimidos en el decreto, no son aplicables y en consecuencia se trató de un hecho ilegal que vulnera el federalismo, como ha continuación lo comento.

El decreto invoca como fundamentos los artículos 89 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, mismos que si ustedes los revisan con cuidado se refieren a cuestiones totalmente diferentes a las planteadas en dicho acto administrativo.

La fracción I del artículo 89 de nuestra Constitución, es la disposición normativa de la que deriva la facultad reglamentaria que tiene el Ejecutivo Federal respecto de las leyes que expida el Congreso de la Unión, este decreto no se desprendió de ninguna ley aprobada previamente.

Evidentemente el decreto de diciembre de 1995 no deriva de una disposición legal aprobada por el Congreso y en consecuencia, este fundamento invocado no es aplicable.

En cuanto al artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, éste se refiere a las atribuciones de la Secretaría de Energía, la cual no tiene facultades para establecer ni decretos ni mucho menos husos-horarios en las diferentes entidades federativas.

Desde nuestro punto de vista, la falta de fundamentación adecuada en este decreto, responde exclusivamente a que en realidad el Ejecutivo Federal no cuenta con las facultades para imponer el horario de verano en todo el país.

De conformidad con el artículo 124 constitucional, mismo que fue tomado de la enmienda décima de la constitución norteamericana y que significa el principio donde se actualiza el espíritu del federalismo, que es parte fundamental de nuestra Constitución, las facultades que no están expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios federales, se entiende que están reservadas a los estados. Este artículo, además del principio del federalismo, responde al llamado de estricto derecho.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en ninguna parte faculta al Ejecutivo Federal a emitir dicho decreto y al hacerlo, actuó de manera ilegal invadiendo una facultad que corresponde a los estados de la República, violando de esta manera el principio fundamental del federalismo.

En este año gran parte de los estados de la República se han manifestado a través de sus poderes ejecutivos y legislativos contra la aplicación del horario de verano en su territorio.

Recientemente, y esto es importante comentarlo, fuimos invitados por el secretario Luis Téllez, a la presentación de las conclusiones del estudio sobre el impacto del horario de verano en la sociedad mexicana, un estudio coordinado por la UNAM, a solicitud de la propia Secretaría de Energía.

En este estudio prácticamente se demuestra que el horario de verano no ha tenido ningún impacto positivo en relación a los objetivos que se habían planteado y sí el estudio demostró que lo que existe es un profundo rechazo de la ciudadanía a una medida que considera autoritaria, centralista y que no ve ningún beneficio directo para la población.

Asimismo a nivel macroeconómico, que es donde nos quieren decir que sí hay beneficios y no tanto en el terreno doméstico, resulta que lo que se ha ahorrado en el sector energético nacional ha sido realmente mínimo.

La reducción de contaminantes ha sido insignificante y en el campo de la seguridad pública, en lugar de generar mayor seguridad, se reporta un incremento de delitos durante todo este periodo.

El secretario de Comercio, Herminio Blanco, en la segunda quincena de marzo de este año declaró textualmente: "México debe aplicar el horario de verano, con el fin de estar en congruencia con los horarios que tienen sus principales socios comerciales, sobre todo Estados Unidos y Canadá". Esto expresa claramente que los intereses de fondo en cuanto al cambio del horario de verano son otros y no necesariamente los planteados de manera original. Esto lo único que ha generado en la ciudadanía es una mayor confusión que realmente priva respecto a los reales beneficios que se tratan de ver con este programa.

Consideramos, compañeras y compañeros diputados, que parte importante de la reforma del Estado que tenemos nosotros pendientes de debatir y resolver en esta Cámara debe consistir en el tema del federalismo, en donde seamos totalmente claros y consistentes para regresar a las entidades de la República las facultades que como en este caso con este tipo de decretos les han sido arrebatadas por un régimen que en todos sus aspectos negativos es hora de dejar atrás.

Por lo anteriormente expuesto y fundado y con fundamento en el artículo 50 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, someto a consideración de este pleno el siguiente punto de acuerdo y que espero que rápidamente en la Comisión de Energía podamos ponernos de acuerdo los partidos políticos que la integramos.

Primero. Instar al Ejecutivo Federal para que de inmediato deje sin efectos el decreto mencionado por el que se establecen horarios estacionales en los Estados Unidos Mexicanos, de fecha 29 de diciembre de 1995, por carecer de facultades para hacerlo emitido.

Segundo. En el marco de sus respectivos campos de competencia, cada entidad de la República debe, en coordinación, entre éstas, definir el propio huso-horario al que se sujetarán.

Tercero. El Ejecutivo Federal deberá buscar fuentes para el ahorro de energía eléctrica que sean significativas y que no resulten en detrimento generalizado de la población. Muchas gracias.

Entrego esta propuesta con punto de acuerdo a la Secretaría, para que sea turnada a la Comisión de Energía.

Gracias.

El Presidente:

Gracias, diputada María del Rosario Tapia Medina.

Para referirse a este tema, ha solicitado el uso de la palabra el diputado Rafael López Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Tiene el uso de la palabra por cinco minutos.

El diputado Rafael López Hernández:

Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
La implantación del horario de verano es uno de los instrumentos con los que se dispone para ahorrar energía y reducir emisiones producidas por la quema de combustible para la generación de energía eléctrica.

Asimismo, es un instrumento para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos de la sociedad, al evitarse la inversión en mayor cantidad para la generación eléctrica. Esta medida reduce la demanda de la electricidad más cara, ésta es la electricidad requerida en las horas pico.

El horario de verano ha permitido evitar inversiones en capacidad de generación por el equivalente a 600 megawatts. El país ahorra el equivalente al valor de la infraestructura necesaria para producir esa electricidad y los requerimientos de inversión en las redes de transmisión y distribución, lo que hubiese implicado en conjunto inversiones por 1 mil millones de dólares.

También ese ahorro es equivalente a 2 millones de barriles de petróleo por año. Dado que un carro consume alrededor de 160 litros por mes, en los cinco años del programa el volumen acumulado representa un ahorro de 10 millones de barriles, volumen suficiente para abastecer durante cinco meses a 2 millones de vehículos.

Con la finalidad de que la sociedad dispusiera de un dictamen objetivo sobre los beneficios del horario de verano, el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Energía, encomendó a la Universidad Nacional Autónoma de México emprendiera un estudio que cubriera 18 temas. Este estudio fue dirigido por el responsable de programas de investigación científica, con la participación de 120 investigadores de todo el país.

La investigación llegó a las siguientes conclusiones:

1. No afecta a la salud;

2. No afecta negativamente al proceso educativo y

3. No afecta la seguridad de las personas.

Además, este estudio de la UNAM avala las cifras referentes a capacidad evitada: 600

1232,1233,1234

megawatts; requerimiento de inversión, 1 mil millones de dólares.

En las encuestas realizadas por la UNAM en la frontera norte y entre empresas de turismo, captaron que el horario de verano tiene efectos muy positivos. En el concepto individuo, la UNAM captó que a la gente no le gusta porque lo percibe como una imposición, además manifiestan que no se les preguntó previamente su opinión. Asimismo, esperaban un impacto económico en el recibo, que no han notado.

Bajo el margen de reserva operativo al que se ha llegado, entre 2% y 3%, el cual se ubica por debajo del 6% recomendado, el horario de verano se ha convertido en un componente esencial de la seguridad energética nacional, de otra forma el suministro de electricidad se volvería más crítico, con riesgo de apagones e interrupciones del servicio, con los consecuentes costos económicos y estratégicos para el desarrollo del país.

En suma, los principales beneficios que se obtienen con la aplicación de esta medida son:

Menores situaciones de riesgo y accidentes asociados a la oscuridad. Las estadísticas internacionales muestran un porcentaje muy significativo de la criminalidad que ocurre en las horas de penumbra; la semioscuridad protege a los maleantes que acosan eventualmente al ciudadano en su salida del trabajo y a los niños en el turno vespertino de la escuela. Con el horario de verano las personas contarán con luz natural y será más difícil sorprenderlas.

Reducción en el uso de combustibles asociados a la generación de energía eléctrica. Al generar una menor cantidad de electricidad se utilizará también una menor cantidad de combustibles, misma que se estimen 2 millones de barriles de petróleo al año.

Reducción en la generación de energía eléctrica a nivel nacional de 1 mil 300 gigawatts anuales, equivalentes al 1% del consumo nacional de electricidad.

Desde este punto de vista individual, la reducción puede ser imperceptible. Sin embargo, la suma de los pequeños ahorros de millones de usuarios reducirá la generación de energía eléctrica que dispone el país. Esta reducción es superior al consumo anual de estados como Aguascalientes, Colima o Tlaxcala.

Reducción en la emisión de contaminantes. Al utilizar menos combustoleos necesarios para generar electricidad, se reducirán los humos y gases en las zonas de generación contribuyendo así a mejorar el medio ambiente.

Creación de una conciencia orientada a la eficiencia, la productividad y la competitividad. El uso de la electricidad se hace hoy día de una manera natural y automática, sin que pensemos en el gran trabajo, esfuerzo y costo que implica generarla.

Con el cambio de horario todos empezaremos a tomar conciencia de la energía que no consumimos; de la necesidad de optimizar el uso de los recursos naturales y la infraestructura energética y con ello aumentar la eficiencia, la productividad y la competitividad; diferencias horarias constantes todo el año con los países que realizamos importantes intercambios; se evitará las variaciones de horarios que se dan en los países que usan el horario de verano, le creará inconvenientes de comunicación con ellos.

El horario de verano facilitará el intercambio industrial, comercial, financiero, turístico, aeronáutico que hemos establecido.

El Presidente:

Gracias, diputado.

Ha solicitado el uso de la palabra para este tema, la diputada Rosa Delia Cota Montaño, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Rosa Delia Cota Montaño:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

El horario de verano establecido en México a partir de 1996, consiste en adelantar simultáneamente una hora en el reloj en todo el territorio nacional. Esta medida es aplicable desde el primer domingo de abril hasta el último domingo de octubre de cada año.

El llamado horario de verano en realidad tiene aplicación durante dos terceras partes de la primavera y la mitad del otoño, con ésta se incluyen 30 semanas, es decir, más de medio año.

Como sabemos, en nuestro país se utilizan tres horarios distintos de acuerdo con los husos horarios establecidos a nivel mundial. La mayor parte del territorio se rige por el horario del meridiano de 90 grados, los estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit por el meridiano de 105 grados y únicamente Baja California por el de 120 grados.

Hasta ahora los beneficios que tanto han pregonado las autoridades en la materia, tanto la Secretaría de Energía como la Comisión Federal de Electricidad, además de la Secofi, no han sido del todo satisfactorios para la mayoría de la población ni como consumidores de energía eléctrica ni por ser los principales afectados con los cambios de horario.

Al respecto, comparemos sólo algunas de la multicitadas ventajas mencionadas por las autoridades ya tan trilladas y poco convincentes.

Se dice que se da un mejor aprovechamiento de la luz natural del día, ya que una hora más de sol por las tardes permite realizar más actividades sociales y productivas. Lo que se observa en la realidad es que el ahorro de energía está sólo en las lámparas que no se utilizan por la mayor claridad del día, más no en los aparatos electrodomésticos, ya que el funcionamiento de éstos se da en función de las actividades personales y no a la luz del día.

Se dice también que se ahorra energía eléctrica por el equivalente al 1% del consumo anual de electricidad en el país, lo cual supera el consumo anual de Colima o Tlaxcala, así como el 10% del consumo del Distrito Federal.

Con el cambio de horario lo que se provoca es que en los estados ubicados en el centro del país, tengan horario de verano todo el año, uno el que de manera natural tiene por su ubicación respecto a los rayos solares y otro el que se crea artificialmente con el cambio de horario.

Para los estados del centro, desde el Distrito Federal hasta Guerrero, pasando por Jalisco, Aguascalientes, Colima, Durango, Zacatecas, Coahuila, entre otros, el ahorro de energía que se tiene al no encender sus lámparas por la tarde o noche, se pierde total y absolutamente en las mañanas, ya que se tienen que levantar e iniciar sus actividades todavía a oscuras.

Estas entidades han insistido con mayor vehemencia en la necesidad de que desaparezca esa medida porque es esa región del país en donde la población resulta más afectada.

Asimismo se insiste en que el ahorro en el consumo de energía primaria, que son los combustibles asociados a la generación de electricidad, es equivalente a 2 millones de barriles de petróleo al año. Lo que no queda claro es, suponiendo que dichos ahorros fueran verdaderos, ¿en cuánto se beneficia a los consumidores cuando sabemos que los cobros no disminuyen, incluso siguen aumentando independientemente de la temporada del año en que se trate?

Por otra parte, se dice que se disminuyen las diferencias constantes de horario existentes durante todo el año con los países con los que se mantienen importantes relaciones comerciales.

En la actualidad sabemos que con los adelantos tecnológicos en las comunicaciones, los horarios que marcan las actividades en los distintos países no tienen influencia en las relaciones comerciales o financieras, por lo tanto es un argumento de muy poco peso.

Hasta ahora las autoridades energéticas han concluido que el horario de verano muestra que se alcanzaron los beneficios esperados y que se contó con la aceptación mayoritaria de la población.

Esta aseveración es totalmente falsa. Hasta ahora se tienen evidencias de que los cambios en el horario conlleva un proceso de adaptación que en muchas ocasiones es muy complicado y perjudicial para la salud.

Por otra parte, amplios sectores de la población de los estados de Sinaloa, Baja California Sur, Zacatecas, Sonora, Nayarit, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Jalisco, Coahuila, Oaxaca, Tlaxcala y en el Distrito Federal, se manifestaron abiertamente en contra de la aplicación de esta medida por demás obligatoria e inconstitucional.

El Partido del Trabajo manifiesta su total oposición a que el próximo año se vuelva a imponer esta política impopular que no ha registrado los beneficios anunciados y sí afecta a los consumidores en sus actividades diarias, en su salud y en sus recursos económicos.

Investigación realizada por el maestro en ciencias Ignacio Martínez Ortiz, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente:

Gracias, diputada Rosa Delia Cota.

Ha solicitado sobre este tema también el uso de la palabra, la diputada Sara Figueroa Canedo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México e igualmente ha solicitado la palabra el diputado Juan Camilo Mouriño Terrazo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Se concede el uso de la palabra a la diputada Sara Figueroa Canedo.

La diputada Sara Guadalupe Figueroa
Canedo:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

En una democracia todos los ciudadanos tienen el derecho de expresar sus pensamientos, pero como seres humanos tienen la obligación hacia sí mismos de aceptar lo que el sentido común dicta que es bueno para toda la sociedad.

Una de las medidas más acertadas que tiene un profundo sentido ecológico y social, es la implementación y seguimiento del horario de verano. La naturaleza misma ha establecido este horario, en efecto, nuestro planeta presenta en su eje de giro una inclinación cercana a los 23 grados que es la que ocasiona estaciones, solsticios y equinoccios.
En el hemisferio norte, mientras más elevadas son las latitudes en el solsticio de verano, el periodo de luz solar es más prolongado y, en el invierno, la cantidad de luz que se recibe es más escasa. Durante los equinoccios los periodos de luz y de sombra son relativamente iguales.

Estando México en este hemisferio, es un hecho que en el equinoccio de verano recibimos más luz, el día es más prolongado y la noche es más corta, esto permite adelantar una hora los relojes durante este periodo y así iniciar las diarias actividades productivas, sociales y de esparcimiento y terminarlas con luz del día, ahorrando así considerables cantidades de energía.

Esta práctica no se origina en México, desde hace más de 80 años se puso en práctica precisamente en los países con mayor desarrollo industrial, ya que son los que más energía requieren y consumen y por lo tanto están más interesados en ahorrar en energía, porque ésta es cada vez más cara y limitada, al tener que repartirla entre los usos domésticos para proporcionar niveles crecientes de calidad de vida y por otra parte es necesario utilizarla con fines productivos.

En la actualidad esta práctica es común en más de 73 países del hemisferio norte y del hemisferio sur, por lo tanto, es necesario reflexionar con serenidad y profundidad, si esta medida es sólo política o bien obedece a una razón justificada.

Asimismo es necesario evaluar de manera objetiva los beneficios e inconvenientes para la sociedad, de manera que si los primeros son superiores a los segundos, esta medida se apoye y se refuerce.

En primer lugar, es necesario tomar en consideración, que en nuestro país la mayor parte de la energía que se produce, tiene como origen los hidrocarburos, en particular el petróleo y el gas natural, de los cuales nuestro país cuenta con importantes reservas, las cuales son recursos no renovables, que generan en su explotación procesos de contaminación.

1235,1236,1237


A diferencia de otros países de mayor desarrollo industrial, donde la electricidad se genera con base en otras tecnologías, en México estamos quemando un bien preciado, cuyo desarrollo futuro puede significar una fuente inagotable de otros beneficios que nuestro país tanto necesita.

Asimismo la producción de energía mediante la combustión de los hidrocarburos es una de las causas más importantes del sobrecalentamiento de la atmósfera.

El horario de verano vigente en nuestro país nos ha permitido ahorrar a todos los mexicanos, durante los tres años de su vigencia, más de 3 mil millones de kw/h, cuyo valor comercial es de 1 mil 500 millones de pesos. Esto ha permitido por un lado atenuar la necesidad de constituir nuevas plantas por más de 680 mgw y por el otro, emplear los ahorros de energía en la alimentación de nuevas empresas, que implican el crecimiento de las fuentes de empleo.

Esta racionalización en el uso de la energía, hace que el horario de verano no se limite al verano mismo, sino que es necesario extenderlo lo más posible, para asegurar así el mayor ahorro que se pueda lograr.

Para muchas personas el horario de verano es nocivo, al argumentar problemas de adaptación, problemas de salud para los pequeños, combinación con otros efectos tales como la inversión térmica y muchos otros más.

En realidad es fácil desmentir algunos de ellos, aunque ya se viaja a otros puntos con husos horarios diferentes la adaptación es sencilla. Dos desplazamientos de sólo una hora, no significan gran problema.

En los países donde funciona, así como en el nuestro, se han llevado a cabo infinidad de estudios de todo tipo: neurológicos, sicológicos, fisiológicos y de otros tipos y ninguno ha demostrado que el cambio de horario sea un severo inconveniente para la salud física y somática.

México es un país en pleno desarrollo; desde el punto de vista técnico, las tarifas de hora-pico, donde los factores de carga son más altos y por lo tanto son más caras, han sido reducidos durante el horario de verano de tres a dos horas. Todo lo anterior no hace más que confirmar que una medida racional, económica, tecnológica y políticamente viable, tomada con el máximo escrúpulo y con el conocimiento y aceptación del pueblo, que da los beneficios económicos y sociales mencionados, debe ser apoyada, por lo que nos sumamos en este tema a la decisión del Ejecutivo y a las investigaciones de universidades y ciudadanos que han concluido que la medida es acertada y pedimos no politizar, sino simpatizar, con una medida que es benéfica para México, los mexicanos y el medio ambiente.

Gracias.

El Presidente:

Gracias, diputada Figueroa Canedo.

Tiene el uso de la palabra por cinco minutos, el diputado Juan Camilo Mouriño Terrazo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Juan Camilo Mouriño Terrazo:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El tema del horario de verano es, por su impacto en la sociedad civil, un tema que debemos de tratar con suma importancia. En ese sentido es importante revisar, como ya se mencionó aquí, el origen del horario de verano. No estamos de acuerdo con el procedimiento que se siguió en 1996, para, de alguna manera y por decreto, imponerle a los mexicanos este horario. Estamos de acuerdo en que no existió en su momento información suficiente, que la ciudadanía no estuvo enterada de los beneficios supuestos de este programa; estamos de acuerdo con que no se buscaron los consensos necesarios y que la difusión adecuada de la fundamentación o del fundamento que está detrás de este programa, no se hizo en 1996 y no se ha hecho a la fecha.

Sin embargo, al reconocer que el origen no fue el adecuado, no debemos de descalificar los resultados. Hay cifras suficientes oficiales y cifras suficientes de estudios hechos por terceros, que nos demuestra que efectivamente existe un impacto positivo para México como nación.

Es nuestra tarea entonces, como legislatura y como comisión, sopesar el impacto social con el impacto o el beneficio económico para el país y antes y digo antes de tomar una decisión, sin prejuicios y con objetividad, darnos a la tarea y entrar al estudio de estas cifras. Para ello tenemos tiempo, compañeros diputados, puesto que el horario de verano no entrará en vigor otra vez en México, hasta el primer domingo de abril del año 2001. Es por ello que antes de pronunciarnos en uno u otro sentido, les pedimos que como comisión y como legislatura, nos apoyen para estudiar, repito, de forma objetiva, la información y tomar la decisión que sea responsable, seria y que nos permita de alguna manera con todos estos elementos de juicio, hacer un análisis adecuado.

Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, diputado Juan Camilo Mouriño Terrazo.

La proposición con punto de acuerdo planteada por la diputada María del Rosario Tapia Medina, se turna a la Comisión de Energía.

ASISTENCIA (II)

El Presidente:

Por favor, solicito a la Secretaría informe a la Asamblea del cierre del sistema electrónico de asistencia.

El secretario José Manuel Medellín Milán:

Señor Presidente, se informa a la Asamblea que al cierre del sistema electrónico de asistencia, se han registrado 426 diputados. Los diputados disponen de 30 minutos para el registro de asistencia con retardo.

Ciérrese el sistema electrónico.

El Presidente:

Gracias, señor Secretario.

PENSIONADOS Y JUBILADOS

El Presidente:

Para presentar una propuesta con punto de acuerdo, en relación a la Ley del ISSSTE, se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro Gómez Olvera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por 10 minutos.

Tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro Gómez Olvera, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Alejandro Gómez Olvera:

Señor Presidente; compañeros diputados:

Dada la situación del aumento de la canasta básica y que ya no es posible el adquirirla por cientos y miles de personas que han otorgado toda su vida en el trabajo, nosotros, el suscrito y los miembros del Partido de la Revolución Democrática, proponemos el siguiente punto de acuerdo:

Proposición con punto de acuerdo para que la Comisión de Seguridad Social solicite a la Presidencia de la Cámara de Diputados la entrega del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 57, 62 y 64 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo vigésimocuarto del Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones, Integración del Orden del Día, los Debates y las Votaciones en la Cámara de Diputados, presento a consideración del pleno proposición para que la Comisión de Seguridad Social solicite a la Presidencia de la mesa directiva la entrega del dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con objeto de que vuelva a ser discutido y presentado al pleno.

Con fecha 26 de abril del año en curso, la Comisión de Seguridad Social de esta Cámara emitió un dictamen aprobatorio a las iniciativas que reforman los artículos 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada el 7 de diciembre de 1998 por el diputado Miguel Angel Solares, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 57, 62 y 64 de la misma ley, presentada por el diputado Javier Paz Zarza, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

La iniciativa que presentó el grupo parlamentario del PRD, tuvo como finalidad devolver a los trabajadores al servicio del Estado el derecho a una pensión digna. Recordemos que en una contrarreforma a la Ley del ISSSTE aprobada en 1992, se produjo un retroceso en la forma de incrementar el monto de pensiones al modificar el artículo 57, estableciendo que la cuantía de las pensiones se incrementará conforme aumente el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de modo tal que todo incremento porcentual a dicho salario se refleje simultáneamente a las pensiones que paga dicho instituto.

Las siguientes cifras nos darán una mayor claridad sobre la dramática situación que enfrentan los jubilados y las pensiones del ISSSTE:

La cuantía mínima de jubilados y pensionados del ISSSTE es de 1.20 salarios mínimos, esto es 1 mil 364 pesos mensuales, cantidad insuficiente para adquirir una canasta de productos básicos alimenticios, cuyo costo, según datos oficiales del Banco de México, es de 85.8 pesos diarios, es decir, 2 mil 552.4 pesos mensuales. Con la cantidad que reciben los jubilados y pensionados del ISSSTE sólo alcanza para adquirir el 50% de la canasta básica alimenticia; que por lo demás no incluye carne, lácteos, frutas, vivienda, salud, ropa, calzado etcétera.

El problema, señoras y señores diputados, continúa sin solución.

El dictamen aprobatorio fue presentado al pleno de esta Cámara de Diputados, el 29 de abril del presente año. Entre las consideraciones más importantes del dictamen en comento se encuentran la necesidad de elevar el nivel de vida de los jubilados y pensionados del ISSSTE. Para tal efecto, las iniciativas dictaminadas proponen, entre otras cosas, que las pensiones se incrementen al mismo tiempo y en la misma proporción de los salarios de los trabajadores en activo. El mismo 29 de abril el dictamen fue sometido a discusión y votación. Sin embargo, concluida la lectura del mismo el diputado José Antonio Albert, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó para su discusión una moción suspensiva a la misma. La finalidad de la moción suspensiva en comento, fue buscar el consenso de todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara.

La moción fue sometida al trámite establecido en los artículos 110 y 111 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y concluidas las intervenciones se sometió a votación.

La decisión del pleno fue aprobar la moción suspensiva y en consecuencia el Presidente de la mesa directiva acordó dejar en depósito de esa Presidencia, el dictamen en comento y a consideración y a disposición de la Comisión de Seguridad Social.

De acuerdo con lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: "los dictámenes que las comisiones produzcan sobre asunto que no llegue a conocer la legislatura que los recibió, quedará a disposición de la siguiente legislatura, con carácter de proyectos".

En virtud que el dictamen que nos ocupa fue conocido por el pleno de la Cámara de Diputados de la anterior legislatura, no tiene la calidad de proyecto sino por el contrario, es un dictamen sometido a moción suspensiva en condición de ser retomada por la ahora Comisión de Seguridad Social, para que esto en la búsqueda de consensos vuelva a discutirlo y presentarlo al pleno durante los trabajos del actual periodo.

Por lo antes expuesto y fundado, presento al pleno la siguiente

PROPOSICION

1238,1239,1240



Unica. Que la Comisión de Seguridad Social solicite a la Presidencia de la mesa directiva, el dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 57, 62 y 64, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, misma que con fecha 29 de abril del presente año, quedó en resguardo de la Presidencia y a disposición y consideración de la Comisión de Seguridad Social y vuelva a discutirlo y presentarlo al pleno.

Gracias. Es cuanto, señor Presidente.

Presidencia de la diputada
María Elena Alvarez Bernal:
La Presidenta:

Gracias, señor diputado Gómez Olvera.

Túrnese la proposición a la Comisión de Seguridad Social.

Para hablar sobre el mismo tema, ha pedido y se le concede el uso de la palabra, al diputado Jaime Cervantes Rivera, del Partido del Trabajo.

Presidencia de la diputada
María Elena Alvarez Bernal:
El diputado Jaime Cervantes Rivera:

Con el permiso de la Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo hace uso de esta tribuna, para fijar su posición sobre el punto de acuerdo que se discute. Nuestro grupo parlamentario coincide con el planteamiento presentado, en virtud de que se refiere a un acto de estricta justicia social en favor de los trabajadores al servicio del Estado. En efecto, se propone simple y llanamente, que la cuantía de sus pensiones sean incrementadas al mismo en una proporción superior en dos puntos porcentuales, por encima de la inflación esperada cada año y que se establece en el proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación. Un incremento de tal nivel es el que han indicado diversos especialistas en economía y desarrollo social, en virtud de considerarlo el mínimo indispensable para contener las tendencias que han venido arrojando a cada vez más mexicanos a la situación de pobreza.

A la vez ese incremento de dos puntos porcentuales por arriba de la inflación permitiría iniciar la recuperación gradual del poder adquisitivo de las familias de los trabajadores jubilados y pensionados, en condiciones absolutamente realistas desde el punto de vista presupuestario.

De todos es sabida la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, como consecuencia de las brutales políticas económicas neoliberales aplicadas a lo largo de los últimos sexenios y como la Ley del ISSSTE establece que las pensiones siempre serán inferiores al salario de un trabajador en activo, es evidente que la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones ha sido mayor a la del salario mínimo por no estar indexadas a los incrementos anuales de éste.

Como reconocimiento de esta grave situación que ha venido afectando a casi 400 mil familias de pensionados, nuestros compañeros diputados del Partido del Trabajo en la pasada legislatura presentaron al pleno de la Cámara, el 10 de diciembre de 1998, una iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE que, entre otros aspectos, propuso modificar el artículo 57 para que fueran aumentadas las pensiones.

La iniciativa del Partido del Trabajo fue dictaminada junto con las que presentaron otros grupos parlamentarios, llevándose a discusión del pleno de la Cámara en la sesión del 29 de abril de este año. ¡El dictamen correspondiente fue aprobado por la Comisión de Seguridad Social!

Sin embargo, en el momento de la discusión en el pleno para su aprobación final, fue presentada una moción suspensiva por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, bajo los argumentos "de que era necesario dedicar más tiempo para estudiar a fondo el tema y poder contar con estimaciones más precisas y confiables del impacto y trascendencia de la aprobación del dictamen sobre los fondos del presupuesto nacional".

Adicionalmente la importancia en mejorar el sistema de pensiones del ISSSTE obliga a buscar el pleno consenso de todos los grupos parlamentarios presentados en esta Cámara, para que este dictamen sea realmente concretado en beneficio de los jubilados y pensionados del ISSSTE. ¡Esperan que nosotros, sus representantes, contribuyamos para ello!

Esta moción suspensiva fue aprobada por el pleno en votación económica, por lo que el Presidente de la mesa directiva dejó el dictamen a disposición y consideración de la Comisión de Seguridad Social de la pasada legislatura.

Por lo tanto, se puede decir que dicho dictamen quedó en el inventario que la comisión saliente dejó a la comisión que está por instalarse, para que lo retome o formule otro diferente.

Con base a lo anteriormente expuesto, los diputados del grupo parlamentario del Partido del Trabajo estiman procedente se reactive de inmediato el trámite legislativo que quedó inconcluso en la pasada legislatura.

A lo largo de este año hemos presenciado modificaciones de pensionados y jubilados que reclaman con toda justicia el incremento de sus percepciones. No aceptamos que se sigan manteniendo pretextos, aunque fueran bien intencionados, como el de contar con más tiempo para emitir un dictamen definitivo al respecto, sobre todo cuando este dictamen depende de las condiciones de auténtica supervivencia de quienes han entregado su vida al mejoramiento de las condiciones económicas y sociales que se han alcanzado en nuestro país.

Por las condiciones antes expuestas, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo coincide con el planteamiento propuesto para disponer el incremento a las pensiones de los trabajadores del ISSSTE.

Es cuanto, señora Presidenta.

El Presidente:

Gracias, diputado Jaime Cervantes.

Para hablar sobre el mismo tema ha pedido el uso de la palabra el diputado Federico Granja Ricalde, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

El diputado Federico Granja Ricalde:

Señora Presidenta, compañeras diputadas y compañeros diputados:

Quiero expresar algunos puntos de vista en coincidencia con lo que aquí se ha expresado por los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra.
Para nuestro grupo parlamentario el Gobierno son normas, instituciones y personas. Normas que todos debemos respetar, instituciones que tenemos que apoyar y personas que tienen que ver que esto se cumpla y merecedoras del estímulo correspondiente a un salario.

De ahí que nuestro convencimiento de que el Gobierno sólo funciona adecuadamente cuando las personas que en él sirven tienen una justa recompensa y sobre todo una garantía en su retiro.

Por eso, coincidimos que los servidores públicos para nosotros son acreedores de un reconocimiento social y diferimos de aquellos que los menosprecien en su labor como burócratas y que se pretende aplicar otros criterios de atención laboral.

Por eso es importante, compañeros diputados, que esto expresado anteriormente en la modificación en el artículo 57, pues tener que apoyar conjuntamente para que todos los pensionados, jubilados, tengan realmente los emolumentos que merecen.

Para nosotros es importante y fundamental no dar un paso atrás en la seguridad social de los empleados de la Federación. No permitiremos ni que se limiten o eliminen prestaciones que contribuyen a un derecho legítimo de los servidores públicos. Dejamos claro que nos opondremos a cualquier intento de "privatización" de nuestra institución, que es patrimonio de los servidores públicos.

Tenemos que estar conscientes de que el ISSSTE presenta serios problemas de índole financiera que sin duda afectan a la calidad y a la oportunidad de la prestación de sus servicios, problemas que se relacionan con diferentes causas y entre ellas, la más importante, la de los pensionistas de la institución.

Yo quisiera recordar que en 1994 existían 6.9 asegurados en activo por un pensionista y hoy 5.2 activos por un pensionista. De acuerdo a los datos de que tenemos conocimiento, para agosto hay 388 mil jubilados y pensionados, por 2 millones 300 mil asegurados aproximadamente.

Quiero expresar que no podemos cegarnos a la realidad que cuando el ISSSTE en su origen se estableció, los datos actuariales tal vez no pensaron en que los mexicanos íbamos a vivir más, que además se iba a adelgazar la plantilla del servidor público que sostiene esta institución y como consecuencia de estos fenómenos el pensionado y el jubilado han sido limitados en cuanto a sus merecimientos, por lo tanto tenemos que considerar como un imperativo que se revise y se promueva el análisis de estas normas institucionales, para que nuestro jubilado y pensionado reciba lo que en justicia le corresponde por haber aportado al desarrollo del país.

Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, señor diputado.

Para hablar sobre el mismo tema, ha pedido la palabra el diputado José María Rivera Cabello, del PAN, hasta por cinco minutos.

El diputado José María Rivera Cabello:

Con la venia de la Presidencia:

El tema de la seguridad social es hoy por hoy uno de los aspectos que más requiere estudiarse con profundidad, para mejorar su legislación y lo decimos por su vinculación al ahorro interno, a la salud, el empleo, por la transición demográfica y una serie de problemas que se están generando actualmente.

El sistema de seguridad social del ISSSTE enfrenta fuertes presiones por el incremento en el costo de su sistema de pensiones y a pesar de este problema financiero tenemos que recordar que el 50% de los jubilados y pensionados apenas alcanzan una pensión de hasta dos salarios mínimos. Pero también tenemos que recordar que se acerca sobre nosotros el compromiso de la atención a la salud y en una población que envejece relativamente, como está sucediendo en México por la transición demográfica a la que nos hemos referido, debemos esperar un incremento en los costos de atención médica por la aparición con mayor frecuencia de enfermedades crónico-degenerativas.

Por lo tanto, tenemos que generar una propuesta que mire hacia el futuro y que además va a servir de ejemplo para los gobiernos de los estados que han seguido el modelo del ISSSTE en sus territorios.

Así, estamos conscientes que cualquier modificación en esta materia debe incluirse en una agenda integral de reformas, debe comprender la propuesta anterior del PRD que se ha mencionado, la propuesta del Partido Acción Nacional del mes de abril. También debemos de mirar la experiencia, los resultados que se han obtenido, su evolución, en el caso de las reformas a la Ley del Seguro Social. Debemos tener en cuenta que hubo beneficios y costos también en esa materia.

Las modificaciones que en materia de seguridad social se hagan requieren de un profundo análisis, pero necesitamos abrir las puertas del diálogo con los directamente involucrados, con los profesionales, con los estudiosos en la materia, con la finalidad de buscar el equilibrio del derecho social.

Y nosotros, señores diputados, no debemos dejar pasar esta oportunidad histórica que la conformación plural de esta legislatura nos ofrece y nos obliga a llamar a los actores, a los directamente afectados, para escucharlos; a los sindicatos, a las instituciones académicas, a todos los afiliados a estos servicios; invitémoslos, escuchemos a los administradores de estos sistemas de seguridad social, pero ante todo a los trabajadores y en este tema es muy relevante escuchar a los servidores que están en el área médica, a los médicos que reclaman mayor autonomía de gestión hospitalaria, a los que reclaman descentralización en las decisiones, porque el instituto, el ISSSTE, es también servicios de salud y es este beneficio muy apreciado por los trabajadores federales; en ello también tenemos que trabajar como legislatura, para que con esta propuesta integral ofrezcamos una mejoría notable en esta prestación.

Estamos conscientes en el Partido Acción Nacional, señoras y señores, de la urgencia de la solución que espera el pueblo de México en este caso. Nos urge encontrar alternativas de fondo y de largo plazo para generar un soporte financiero actuarial que sea definitivo y sólido, para cumplir siempre con los beneficios que ofrece el ISSSTE a los derechohabientes.

Es cuanto, señora Presidenta.

 

1241,1242,1243

El Presidente:

Gracias, señor diputado José María Rivera Cabello.

Para referirse al mismo tema, hará uso de la palabra hasta por cinco minutos, el señor diputado José Manuel del Río Virgen, del Partido Convergencia por la Democracia.

El diputado José Manuel del Río Virgen:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Vamos a tratar el tema de la Ley del ISSSTE los compañeros de Convergencia, para precisar algunas cuestiones que son para nosotros muy importantes.

¿Esta es la Ley del ISSSTE? ¿Esta es la ley que protege 21 seguros, prestaciones y servicios? y esta ley ha estado sistemáticamente presionada por tres cosas:

Primera, por los trabajadores al servicio del Estado que alcanzan una edad determinada para jubilarse por años de servicios o por edad biológica;

Segunda, porque se requieren en el ISSSTE 15 mil millones de pesos para el fondo de pensiones y que nadie los quiere dar;

Tercera, porque hay un gran problema en el ISSSTE con el sistema de viviendas que se entregan a los trabajadores, problemas en las prestaciones económicas como son: los préstamos a corto plazo, préstamos complementarios, préstamos de vivienda, préstamos de automóviles.

Se han hecho varias reformas a esta ley, la más cercana fue la de 1983, pero todas las demás se han hecho a espaldas de los trabajadores al servicio del Estado. Cada año por el mes de abril y mayo grandes contingentes de trabajadores, particularmente agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, marchan por las calles de la Ciudad de México y particularmente por la avenida Juárez, en donde está ubicado el ISSSTE y marchan buscando que los 21 seguros, prestaciones y servicios sean eficientes, les lleguen con toda la prontitud que ellos requieren, sin retrasos, sin distingos y, como lo señala esta ley en sus 196 artículos, con el mejor, el mejor de los deseos de que los servidores públicos vivan bien.

La presión de los 84 sindicatos federados agrupados en la Federación de Sindicatos al Servicio del Estado es fuerte; sin embargo el ISSSTE, el ISSSTE no responde a la expectativa de los trabajadores. Ahí tenemos 390 mil jubilados y pensionados que llegarán al mes de diciembre con pensiones raquíticas, de hambre, de vergüenza; ahí tenemos la presión de las Afore que quieren manejar los recursos de los pensionados y jubilados; ahí tenemos la presión de los constructores que quieren seguir haciendo viviendas de mala calidad.

Tenemos que reformar el artículo 57 para que los jubilados y pensionados tengan una pensión digna, dinámica, moderna y tenemos que reformar ese artículo para regresar al viejo espíritu que creó al ISSSTE, que fue el instituto de Pensiones y tenemos que hacer un organismo desconcentrado que vigile sus pensiones y les dé la oportunidad a los jubilados y pensionados de vivir como se lo imaginaron siempre, que después de una larga trayectoria de servicios, a los 30 años de servicios los hombres y las mujeres a los 28 años vivirían magníficamente bien.

Hoy, la pena y la vergüenza son las grandes filas que hacen nuestros jubilados y pensionados, la gran mayoría de ellos maestros; hoy la gran vergüenza es que los préstamos para jubilados y pensionados son raquíticos, pequeños y no tienen derecho a la vivienda; hoy la gran vergüenza es, que estamos en el nuevo milenio y tenemos una ley, que la más cercana reforma fue la de 1983, las demás se hicieron a espaldas, insisto, de los trabajadores, de sus sindicatos y de sus jubilados y pensionados.

Tenemos que avanzar, finalmente son 2 millones de servidores públicos protegidos por los 21 seguros que consigna esta ley en sus 196 artículos y esta soberanía debe de velar por los trabajadores al servicio del Estado por los 21 seguros y porque reciban un trato amable, con calidez y con oportunidad.

Muchas gracias, compañeras y compañeros diputados.

El Presidente:

Gracias, señor diputado Manuel del Río Virgen.

Se ruega a la Secretaría pase una copia de la versión estenográfica de las intervenciones de los cuatro señores diputados que se refirieron a este tema para que la Comisión de Seguridad Social tome en cuenta lo aquí expresado cuando vaya a formular el dictamen de esta proposición con punto de acuerdo.

CANCUN, QUINTANA ROO

El Presidente:

Para formular una proposición con punto de acuerdo sobre el desarrollo turístico del puerto de Cancún hará uso de la palabra el diputado Diego Cobo Terrazas del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 10 minutos.

El diputado Diego Cobo Terrazas:

Compañeras y compañeros diputados; señora Presidenta de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión. Presentes:

Los diputados que firman al calce, de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, el siguiente acuerdo:

Se han iniciado los trabajos relativos al proyecto turístico náutico puerto Cancún, a desarrollarse en Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo; el Partido Verde Ecologista de México ha sido informado por ciudadanos residentes del municipio Benito Juárez y por organizaciones civiles avocadas a la protección y conservación del ambiente, del actual y el futuro desequilibrio ecológico que la ejecución de obras preliminares y definitivas ya autorizadas originan y seguirán causando con la consecución y operación del proyecto referido que promueve el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, con la inversión actual de la empresa Grupo Athlon, S.A. de C.V.

En virtud de lo anterior, el Partido Verde Ecologista de México integró una comisión que se dio a la tarea de investigar y documentar lo relativo a la situación legal y ecológica que guardan las autorizaciones en materia de impacto ambiental y la vegetación protegida del predio en donde se ejecutan los trabajos preliminares para la construcción y operación del proyecto en referencia.

Derivado de la investigación realizada por mi partido y de la revisión que nuestros asesores especialistas han practicado a los documentos, fotografías, estudios técnicos y videos, se emiten las siguientes

CONSIDERACIONES

Importancia del ecosistema del predio del proyecto:

I. Según lo reflejan los estudios revisados, cuatro grandes ecosistemas yacen dinámicamente en el predio: vegetación alófita, oduna costera, petenes, selva sudcadusifolia y manglar.

Los ecosistemas de manglar, lagunares estuarinos, arrecifes de coral, praderas de pastos marinos y macroalgas, están ampliamente reconocidos como los ecosistemas más productivos de la biósfera, ecosistema que es todavía abundante en el Estado de Quintana Roo y que particularmente se encuentra en el predio del citado proyecto.

Los beneficios de los manglares y ecosistemas lagunares estuarinos comprenden una gran variedad de bienes, servicios, usos y funciones de valor para la sociedad, la flora y la fauna silvestre, así como para el mantenimiento de sistemas y procesos naturales.

Entre estos beneficios se comprenden: funcionar como sistemas naturales de control de inundaciones; barreras de huracanes e intrución salina; control de erosión y protección de costas; el mejorar la calidad del agua al actuar como filtro biológico removiendo nutrientes y toxinas; los manglares y ecosistemas lagunares estuarinos se caracterizan por tener una elevada producción pesquera y como refugio efectivo de flor y fauna silvestre, incluyendo especies en peligro de extinción, especies endémicas y migratorias como hábitat de apoyo a pesquerías al ser zonas de alimentación, refugio y crecimiento de juveniles de crustáceos y alevines, banco de genes de valor estético y recreativo, de significado cultural y educativo, de prevención de la formación de cerniente a la entrada de inversión directa y fuentes de trabajo inmediato, sin considerar en un plano de igual importancia la carga o soporte ecológico de los ecosistemas.

En el caso del Centro Turístico Cancún, es muy grave, ya que según lo reportó una nota del 25 de mayo de 1998 del diario El Universal, un total de 42 de 77 desarrollos turísticos del corredor Cancún-Tulum y 50% de los hoteles de Cancún no cumplen con las normas ecológicas, según denunció la propia Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, estos datos nos parecen alarmantes y dignos de reflexión en por lo menos dos vías.

La primera de ellas con respecto a la verdadera viabilidad ecológica de los proyectos que se autorizan, lo cual nos puede hacer pensar que ésta se encuentra rebasada y la natural y lógica consecuencia es que los proyectos autorizados en franca violación a la normatividad ambiental aplicable.

La segunda en el sentido de que la inspección y vigilancia del órgano competente debe ser más estricta para regularizar las fallas que se detectan.

Siendo así, es digno mencionar que los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México solicitamos que se llegue a un arreglo y a una solución legal a la controversia administrativa que hoy se dirime en el interior de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, para lo cual ponemos a consideración del pleno el siguiente

PUNTO DE ACUERDO


Se recomiende a las autoridades competentes y directamente involucradas de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, se revise el procedimiento administrativo de evaluación del impacto ambiental del proyecto turístico náutico puerto Cancún, a fin de que se analicen las consideraciones ambientales para que se aplique en la totalidad la normatividad ambiental que permita la construcción de un desarrollo turístico viable y apropiado con las características ecológicas de la zona y sus ecosistemas.

Muchas gracias, entrego a la Secretaría el punto de acuerdo.
«Documento presentado por el diputado Diego Cobo Terrazas.

Punto de acuerdo relativo a la situación del proyecto turístico náutico "puerto Cancún", con pretendida ubicación en el municipio de Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.

Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.Å Presente.

Los diputados que firman al calce, de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión el siguiente

ACUERDO


Se han iniciado los trabajos relativos al proyecto turístico náutico puerto Cancún, a desarrollarse en Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo.

El Partido Verde Ecologista de México ha sido informado por residentes del municipio Benito Juárez y por organizaciones civiles abocadas a la protección y conservación del ambiente, del actual y futuro desequilibrio ecológico que la ejecución de obras preliminares y definitivas, ya autorizadas, originan y seguirán causando con la consecución y operación del proyecto referido que promueve el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) con la inversión actual de la empresa Grupo Athlón, S.A. de C.V.

En virtud de lo anterior, el Partido Verde Ecologista de México se ha dado a la tarea de investigar y documentar lo relativo a la situación legal y ecológica que guardan las autorizaciones en materia de impacto ambiental y la vegetación protegida del predio en donde se ejecutan los trabajos preliminares para la construcción y operación del proyecto de referencia.

1244,1245,1246


Derivado de la investigación realizada por el partido y de la revisión que nuestros asesores especialistas han practicado a los documentos, fotografías, estudios técnicos y videos, se emiten las siguientes

CONSIDERACIONES


I. Importancia del ecosistema del predio del proyecto.

1. Según lo reflejan los estudios revisados, cuatro grandes ecosistemas yacen dinámicamente en el predio: vegetación halófita o duna costera; petenes; selva subcaducifolia y manglar.

Los ecosistemas de manglar, lagunares-estuarinos, arrecifes de coral, praderas de pastos marinos y macroalgas, están ampliamente reconocidos como los ecosistemas más productivos de la biósfera. Ecosistema que es todavía abundante en el Estado de Quintana Roo y que particularmente se encuentra en el predio del proyecto.

Los beneficios de los manglares y ecosistemas lagunares-estuarinos comprenden una gran variedad de bienes, servicios, usos y funciones de valor para la sociedad, la flora y fauna silvestres, así como para el mantenimiento de sistemas y procesos naturales. Entre estos beneficios se comprenden: el funcionar como sistemas naturales de control de inundaciones; barreras de huracanes e intrusión salina; control de erosión y protección de costas; el mejorar la calidad del agua al actuar como filtro biológico removiendo nutrientes y toxinas. Los manglares y ecosistemas lagunares-estuarinos se caracterizan por tener una elevada producción pesquera y como refugio efectivo de flora y fauna silvestres, incluyendo especies en peligro de extinción, especies endémicas y migratorias; como hábitat de apoyo a pesquerías al ser zonas de alimentación, refugio y crecimiento de juveniles de crustáceos y alevines; banco de genes, de valor estético y recreativo; de significado cultural y educativo; de prevención de la formación de suelos ácidos, microclimas, entre varios más.

2. Características de los manglares del predio.

De acuerdo con los estudios particulares sobre el predio, de las fotografías aéreas y de la propia visita de nuestros asesores, se pudo constatar que:
De las 346.58 hectáreas que componen el predio del proyecto, 308.22 hectáreas se encuentran cubiertas de vegetación manglar, por lo que se deduce que debido a las condiciones ambientales predominantes y la normatividad ecológica aplicable, el desarrollo de cualquier actividad como la que se autoriza y se ejecuta actualmente, se debe someter a estudios ecológicos especiales.

De las 308.22 hectáreas de manglar (88.93% del total del predio), sólo 6.83 hectáreas se encuentran en condiciones de perturbación, por lo que el resto, se reporta en excelentes condiciones biológicas. A la fecha, y derivado de los trabajos de desmonte de vegetación del sitio, aproximadamente el 10% de la vegetación del predio, ha sido removida, con lo cual se atenta gravemente al equilibrio ecológico de esos ecosistemas, dado que las medidas de mitigación autorizadas no parecen ser las adecuadas ni las suficientes.

De la investigación realizada se reporta que a partir de 1988 en que tuvo verificativo el fenómeno meteorológico del huracán "Gilberto", la gran mayoría de la vegetación de ésa y otras zonas más, quedó totalmente afectada y en riesgo de desaparición. Sin embargo, se observa que la vegetación manglar del predio se recuperó más que satisfactoriamente en un periodo de 10 años; lapso en que se permitió tal recuperación gracias a la escasa actividad antropogénica en el sitio, ya que en caso contrario, un ecosistema de manglar afectado naturalmente o por la mano del hombre, tardaría más de una década en su recuperación o en el último de los casos, nunca se recuperaría trayendo consigo una afectación de manera adversa, significativa e irreversible al ecosistema mismo y a los demás ecosistemas asociados.

Asimismo, se investigó que las medidas de reforestación propuestas por el Fonatur no contienen ningún criterio de viabilidad ecológica/económica, ya que como se reporta en los estudios técnicos obtenidos, los costos de reforestación de mangle varían de 1 mil 140 a 6 mil 500 dólares por hectárea, al igual que una inversión tiempo de 800 a 1 mil 200 horas hombre de trabajo para una reimplantación de 50 mil propágulos o ejemplares de manglar por hectárea. Aspectos que han quedado excluidos por el Fonatur para la ejecución del proyecto mencionado.

II. Aspectos legales de las autorizaciones en materia ambiental.

Se ha estudiado que las peticiones hechas por la comunidad afectada se sustentan principalmente en la consideración que se hace respecto de la aplicación efectiva y adecuada de la legislación ambiental y respecto de la regularidad del procedimiento administrativo relativo a la revisión del impacto ambiental.

En relación al primer punto, al de la aplicación efectiva de la legislación ambiental, se aprecia que para la "revisión" de las autorizaciones no se observó la totalidad de la legislación aplicable al caso concreto, con lo que se omite la reubicación del proyecto a la luz de las normas oficiales mexicanas aplicables (NOM-059-ECOL-1994) y demás disposiciones legales vigentes (como lo es el Programa de Ordenamiento Ecológico del Sistema Lagunar Nichupté), cuyo contenido jurídico proporciona los criterios ecológicos específicos para el adecuado aprovechamiento del predio en la ejecución de este tipo de proyectos turísticos-inmobiliarios que desde luego son legales y necesarios, previa la observancia de dichas disposiciones jurídicas y ambientales.

En relación al segundo punto, el de la regularidad del procedimiento de impacto ambiental, se observa que el Fonatur ha estado y está obligado al cumplimiento de múltiples condicionamientos ecológicos que a la fecha no parecen haberse satisfecho a plenitud. Aspecto que, según las peticiones hechas por la comunidad en junio del presente año, ya son del conocimiento de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, sin que ésta haya emitido razonamiento legal alguno ni actuado en consecuencia.

III. Otros aspectos importantes.

Por otra parte, esta comisión ha investigado que el patrón para el desarrollo turístico que se ha seguido en Cancún y en otros polos turísticos del país, ha sido adverso para los recursos naturales. Se ha priorizado lo concerniente a la entrada de inversión directa y fuentes de trabajo inmediato, sin considerar en un plano de igual importancia la carga o soporte ecológico de los ecosistemas y recursos naturales que dichos proyectos tendrán en el mediano y largo plazos.
El caso del centro turístico Cancún es muy grave, ya que según lo reportó la nota del 25 de marzo de 1998 del diario El Universal, "un total de 42 de 77 desarrollos turísticos del corredor Cancún-Tulum y 50% de los hoteles de Cancún, no cumplen con las normas ecológicas", según denunció la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Este dato nos parece alarmante y digno de reflexión en por lo menos, dos vías:

La primera de ellas con respecto a la verdadera viabilidad ecológica de los proyectos que se autorizan, lo cual nos puede hacer pensar que ésta se encuentra rebasada y la natural y lógica consecuencia es que los proyectos autorizados se encuentren en franca violación a la normatividad ambiental.

La segunda en el sentido de que la inspección y vigilancia del órgano competente, debe ser más estricta para regularizar las fallas que se detectan.

Aunado a lo anterior, esta comisión tiene conocimiento y está consciente de que la inversión de este proyecto se traduce en varios cientos de millones de dólares, sin embargo, se ha convertido en una constante casi ininterruptible el hecho de revisar los aspectos ambientales y sociales, a la luz y conveniencia de los aspectos económicos.

Por tal razón esta comisión considera que el proyecto "puerto Cancún", debe ser un precedente importante en el que se materialice la política ambiental que la Administración Pública Federal, a través del sector competente, para que igualmente, se fijen los criterios y mensajes a los capitales nacionales y extranjeros que deseen invertir con toda certeza jurídica en un ambiente permeado por un estado de derecho.

Siendo así, es digno mencionar que los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México solicitamos que se llegue a un arreglo y a una solución legal a la controversia administrativa que hoy se dirime en el interior de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, para así lograr que este arreglo beneficie a la comunidad afectada, pero sobre todo a los recursos naturales y el equilibrio ecológico de México y es por esto que en la buena voluntad y en la preocupación por el medio ambiente que compartimos los miembros de todas las fracciones parlamentarias aquí representadas, sometemos a su consideración el siguiente

PUNTO DE ACUERDO


Unico. Se recomienda a las autoridades competentes y directamente involucradas de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, se revise el procedimiento administrativo de evaluación del impacto ambiental del proyecto turístico náutico "puerto Cancún", a fin de que se analicen las consideraciones ambientales para que se aplique en la totalidad la normatividad ambiental, que permita la construcción de un desarrollo turístico viable y apropiado con las características ecológicas de la zona y sus ecosistemas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2000.Å Diputados: Bernardo de la Garza Herrera, coordinador; Francisco Agundis Arias, vicecoordinador; José Antonio Arévalo González; Esveida Bravo Martínez; María Teresa Campoy Ruy Sánchez; Olga Patricia Chozas y Chozas; Diego Cobo Terrazas; Arturo Escobar y Vega; José Rodolfo Escudero Barrera; Sara Guadalupe Figueroa Canedo; Nicasia García Domínguez; Alejandro Rafael García Sainz Arena; María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken; Concepción Salazar González y Erika Elizabeth Spezia Maldonado.»

El Presidente:

Gracias, señor diputado.

Túrnese la proposición a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Para hablar sobre el mismo tema, se concede el uso de la palabra al diputado Juan Ignacio García Zalvidea, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

El diputado   Juan Ignacio García Zalvidea:

Con su permiso, señor Presidente, muy buenas tardes; compañeras y compañeros diputados:
Mi nombre es Juan Ignacio García Zalvidea y me dicen "Chacho", que en lengua maya significa diputado.

Yo les ruego su atención, porque México nos necesita. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional está de acuerdo en la recomendación que hace el grupo parlamentario Verde Ecologista, de que las autoridades competentes de la Semarnap revisen el procedimiento y evalúen el impacto ambiental del proyecto turístico náutico puerto Cancún. Consideramos pertinente que continúe el proyecto que contempla tres etapas:

Primera. Club de golf y área comercial, constando de 109 hectáreas, supervisado de tiempo completo por investigadores de la Universidad de Yucatán, quienes vigilan las características ecológicas de la zona en el rescate de la fauna y flora, consecuentemente con el equilibrio de los ecosistemas.

No estaríamos de acuerdo en suspender las obras, dado que cuentan con la ratificación desde 1997 por parte de la Semarnap a través del Instituto Nacional de Ecología, hasta el 2010, en base al estudio de impacto ambiental y asimismo, se cumple con la condición T-14, relativa al cumplimiento de conservación y gestión ambiental de altas restricciones ecológicas, como también con la condición T-15, relativa a la política ecológica de aprovechamiento en relación a la densidad media y alta para desarrollos turísticos.

La Norma Oficial Mexicana 059 Ecología 1994, fue posterior al cumplimiento de las restricciones y regulación de este proyecto, que en su tiempo se han ido cumpliendo y que permite la consolidación del proyecto Cancún.

Como ustedes mencionaron en las consideraciones, la inversión en materia turística está sujeta a la certeza jurídica en un ambiente garantizado por un estado de derecho, por lo que consideramos que si ante las autoridades se ha cumplido con las disposiciones legales, no existe razón para suspender los trabajos que hasta ahora se tienen programados.

Quiero agregar que no podemos negar a los quintanarroenses y mexicanos su derecho a acceder a un mejor nivel de vida proporcionado por el turismo.

1247,1248,1249

Y aquí nada más quiero citar al poeta Netzahualcóyotl, que de acuerdo a él, él tenía en un poema que decía: "Amo el canto del zenzontle; amo el aroma de las flores; amo el verde turquesa de tus mares y tus bosques, pero amo más a mi hermano el hombre".

Muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Para referirse al mismo tema, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el señor diputado Héctor Esquiliano Solís, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Héctor Nemecio Esquiliano
Solís:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras, compañeros diputados:

Quintana Roo es uno de los estados con mayor afluencia turística y contribuye aproximadamente con una tercera parte de las divisas captadas por este concepto. Cancún se constituye como la puerta principal del turismo internacional hacia el mundo maya y otros destinos nacionales. Es una de las ciudades y centro turístico de mayor importancia en el país.

Su construcción se decide en el año de 1969. Antes de ser un lugar turístico era una isla deshabitada. La superficie de que se dispone son de 11 mil 517.5 hectáreas, de las cuales el 31.4% son zonas urbanas; 7.8% zonas turísticas; 24.4% de conservación ecológica y 36.4% de cuerpo lagunar.

Es de destacar que para el presente año el Fonatur ejercerá un presupuesto cercano a los 179 mil 234.8 millones de pesos y generó en 1999, más de 10 mil empleos.

Cancún, es el receptor más importante de turistas internacionales al recibir cerca de 2 millones 500 mil turistas al año, de los cuales más de 1 millón utilizan los servicios náuticos y recreativos que ofrece en el sistema lagunar y en el parque marino nacional, costa occidente de Isla Mujeres, punta Cancún y punta Nizuc, en el cual se estima una asistencia promedio diario de 2 mil 145 personas, de los cuales 1 mil 432 visitan Nizuc y 713 utilizan los polígonos de Isla Mujeres y punta Cancún.

Los arrecifes coralinos y la vida marina, son considerados como uno de los atractivos principales de la zona, tanto por sus características biológicas como por su espectacular belleza y fácil acceso. También constituyen un recurso natural renovable de gran importancia para la economía de la región.

Estas formaciones arrecifales además de brindar a la región importantes servicios ambientales ya que actúan como barreras naturales que protegen las playas turísticas de la erosión y de los efectos de los huracanes, sólo por mencionar algunos, durante su inicio el área no tuvo una protección adecuada, careció de un programa de manejos y al no disponer de mecanismos para el financiamiento y operación del área protegida que orientan los patrones de uso destructivo de los arrecifes hacia la obtención de beneficios económicos a corto plazo, provocaron la degradación crítica de sitios como el Garrafón y el primer arrecife de punta Nizuc.

Los últimos decretos para conservar la zona, demuestran la voluntad política por ordenar la actividad y uso asociado a los ecosistemas arrecifales y lagunares, para asegurar su conservación y resguardar bienes del dominio público directamente relacionados a la protección y seguridad de las costas, conservación de la biodiversidad y desarrollo turístico a largo plazo.

Con el proyecto puerto Cancún, se pretende captar los nuevos segmentos de mercado náutico y golfístico, complementándolo con el alojamiento hotelero condominal y residual turístico.

La principal característica del proyecto es el desarrollo de canales navegables y cuenta con los permisos del Instituto Nacional de Ecología y dentro de la legislación urbana municipal, con la autorización del cabildo municipal y del Congreso del Estado de Quintana Roo.

Por eso, compañeras y compañeros diputados, hoy nuevamente reiteramos a su atención, que de manera plural deberá, a través de la Comisión de Turismo de esta Cámara, desalentar e impugnar aquellos proyectos que impacten negativamente a la ecología y medio ambiente, así también impulsar aquellas iniciativas que preserven la actividad ambiental y ecológica que generen inversiones y nuevos empleos.

Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias a usted también señor diputado Esquiliano Solís.

INICIATIVA POPULAR

El Presidente:

Para presentar una excitativa, tiene el uso de la palabra el diputado Luis Herrera Jiménez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado  Luis Herrera Jiménez:

Gracias, señora Presidenta; señoras y señores diputados:

Los suscritos diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, atentamente manifestamos:

Primero. Con fecha 31 de marzo de 1998, el entonces diputado Gilberto Parra Rodríguez presentó a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la iniciativa de reformas y adiciones a los artículos 35, 41, 71, 72, 74, 89, 93-bis y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer las figuras de plebiscito, referendum e iniciativa popular.

En la exposición de motivos de la iniciativa el legislador sostiene que en lo que toca al referendum, los ciudadanos deberán de expresar su aprobación o rechazo de cualquier modificación a la Constitución, en virtud de reformas aprobadas por el Congreso, de acuerdo al procedimiento constitucional.

En cuanto al plebiscito, esta institución de la democracia participativa, de conformidad con experiencias internacionales, viene a ser el derecho reconocido al cuerpo electoral, a los ciudadanos, al pueblo, para intervenir en la aprobación o desaprobación de un acto esencialmente político o de gobierno.

Asimismo la iniciativa popular se entiende como la institución de la democracia participativa que permite al pueblo proponer reformas, leyes, reconociendo el derecho de una fracción suficientemente representativa del cuerpo electoral para presentar ante el Congreso sus propuestas, con la obligación por parte del Poder Legislativo, de proceder a sus estudios y dictamen.

Segundo. Por su parte, el entonces diputado Bernardo Bátiz Vázquez, presentó el 3 de abril de 1998, también a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la iniciativa de reformas y adiciones a los artículos 40 y 115 de la Carta Fundamental para incluir los conceptos de democracia participativa, plebiscito, referendum e iniciativa popular.

Uno de los argumentos de mayor peso que presentó el legislador para introducir estas figuras en nuestro sistema constitucional, fue reconocer que una de las críticas más serias y reiteradas que se hace por la sociedad al sistema parlamentario y a los partidos políticos, es que constituyen una etapa inicial en la evolución política hacia la democracia plena. Es decir que los ciudadanos en este sistema quedan fuera del proceso político permanente, puesto que en la mayoría de los casos su participación se limita a votar cada vez que hay elecciones y entre una y otra frecuentemente transcurren lapsos de varios años. Durante éstos dejan de ser consultados y no cuentan con mecanismos o instrumentos sociales y políticos adecuados para encauzar sus opiniones y acciones cívicas. Es decir que las decisiones más importantes de la vida social sean de carácter político, económico, cultural o de cualquier otra índole, las toman los representantes, en tanto que los simples ciudadanos reducen su participación a emitir cada determinado número de años su voto por las fórmulas y los programas que presentan los partidos políticos.

Tercero. La importancia de ambas iniciativas para el desarrollo de la democracia participativa en nuestro país es evidente, estas fueron turnadas a la entonces Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen. Por acuerdo del pleno de fecha 3 de octubre del año en curso, la Comisión de Puntos Constitucionales sustituye a la anterior de Puntos Constitucionales y sistema federal prevista en la nueva Ley Orgánica.

Cuarto. Como a pesar de que ha transcurrido con exceso el periodo a que se refiere el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sin que se proceda a elaborar el dictamen respectivo, quienes suscribimos con fundamento en lo dispuesto por las fracciones III y XVI del artículo 21 del Reglamento arriba invocado, solicitamos a la Presidencia de la Cámara de Diputados se sirva excitar a la Comisión de Puntos Constitucionales, a fin de que emita el dictamen respectivo de las iniciativas mencionadas.

Gracias, señora Presidenta.

El Presidente:

Gracias, señor diputado.

Esta Presidencia solicita a la Comisión de Puntos Constitucionales que a partir de la fecha de su instalación, tome en consideración la presente excitativa y se aboque a la brevedad posible a la formulación del dictamen correspondiente.

El siguiente punto del orden del día es el posicionamiento sobre el trato a los mexicanos por las autoridades migratorias y de aduanas norteamericanas se pospone para la siguiente sesión a petición del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, como proposición con punto de acuerdo.

CONGRESO NACIONAL DE MUJERES

El Presidente:

El siguiente punto del orden del día es el pronunciamiento en relación al Congreso Nacional de Mujeres.

Tiene la palabra la diputada Hortensia Aragón Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos.

La diputada Hortensia Aragón Castillo:

Gracias, señora Presidenta; Cámara de Diputados:

El pasado 26 de septiembre esta LVIII Legislatura aprobó por unanimidad un punto de acuerdo para integrar una comisión plural de diputadas para asistir al Congreso Nacional de Mujeres hacia la reforma del Estado. A nombre de ellas procedo a informar a esta Cámara sobre tan importante evento.

El Congreso se llevó a cabo los días 28, 29 y 30 de septiembre en las instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS ubicado en calzada de Tlalpan.

Asistieron a él cerca de 1 mil 500 mujeres provenientes de todos los estados de la República y representando a las diversas expresiones políticas que conforman la actual legislatura. También participaron mujeres de diversos sectores, sindicalistas, feministas, amas de casa, profesionistas, lesbianas, campesinas, indígenas con capacidades diferenciadas y empresarias entre otras, agrupadas en más de 100 organizaciones políticas, civiles y sociales.

Al inicio de los trabajos, la diputada María Elena Chapa leyó un pronunciamiento a nombre de la comisión de diputadas aquí nombradas.

Durante los dos primeros días se abrieron diversas mesas de trabajo, en las cuales se discutieron en un clima de respeto y tolerancia, temas de gran relevancia, con respecto a la situación de las mujeres en México.

En el pleno del tercero y último día, ante la presencia de los coordinadores parlamentarios aquí representados, se dio lectura a los resolutivos de las mesas y se votaron por consenso los siete acuerdos, que como ejes de trabajo definirán la agenda de actividades para los próximos días del movimiento de mujeres que aquí participaron. Dichos ejes operarán en función de los siguientes resolutivos especiales:

1250,1251,1252


1. En materia de reforma del Estado. Este Congreso Nacional de Mujeres resuelve incidir de manera directa en la mesa de reforma del Estado del Congreso de la Unión, con la intención de impulsar un nuevo proyecto de nación que modifique el modelo económico vigente, que garantice el desarrollo sustentable y que tenga como centro la función reguladora del mercado por parte del Gobierno.

Queremos que en la reforma del Estado se incorpore plenamente el concepto de equidad y de justicia social, ofreciendo igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y promoviendo políticas públicas integrales, con enfoque de género, que obliguen al Estado al cumplimiento de los acuerdos internacionales suscritos por nuestro país, como es el caso del plan de acción emanado de Begin.

2. En materia laboral este Congreso Nacional de Mujeres se pronuncia por la integración de una comisión de trabajo, con la participación de las sindicalistas e interesadas en el tema, para incidir de manera directa en la incorporación de las propuestas de género en la Ley Federal del Trabajo, garantizando las condiciones de equidad y los derechos laborales, así como el disfrute pleno de los beneficios en materia de seguridad y desarrollo social en igualdad de oportunidades.

3. En materia de presupuesto. Este Congreso Nacional de Mujeres se pronuncia por incorporar el enfoque de género en la planeación del desarrollo nacional y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, diseñando una mecánica que de manera estratégica asigne un porcentaje del presupuesto programable de impacto, que permita atender las necesidades específicas y facilite el acceso de las mujeres a mejores estadios de desarrollo, así como su plena incorporación a las diferentes esferas de la vida nacional.

Este planteamiento implica que los recortes al gasto social no afecten las asignaciones presupuestales destinadas a la política social que beneficia a las mujeres. Dicha estrategia deberá permear en todas las políticas públicas aplicadas en todos los niveles de gobierno.

4. En materia del organismo de mujeres. Este Congreso Nacional de Mujeres resuelve impulsar de manera inmediata, la presentación al Congreso de la Unión de una iniciativa de ley para la creación del Instituto Nacional de las Mujeres, como un organismo rector para la equidad de género, el cual deberá ser una entidad pública, descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía de gestión, cuyo fin sea impulsar el desarrollo y el potencial de todas las mujeres, promoviendo su participación activa en la vida económica, política, social y cultural del país y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos y el disfrute de los beneficios del desarrollo, sobre la base del principio de equidad e igualdad de oportunidades.

5. En materia de cuotas de candidaturas. El Congreso Nacional de Mujeres propone a los distintos partidos políticos, que a través del Congreso de la Unión se comprometan en la reforma del Código Federal Electoral, para que se establezca la obligatoriedad a los partidos políticos, a efecto de que en sus candidaturas a puestos de elección popular, tanto propietarias como suplentes, no exista la representación de más de un 70% de un mismo género, como está establecido en los estatutos de algunos partidos, debiéndose establecer el procedimiento jurídico para lograr el cumplimiento de dicha norma e imponiéndose como sanciones aquellas que permitan compensar en los listados plurinominales la ausencia de candidaturas del género minoritario. En este mismo sentido se propiciará que los órganos electorales federales se integren de la misma manera.

Para lograr la efectividad de dicha propuesta legislativa, el Congreso Nacional de Mujeres propone previamente, la reforma a la Constitución Política Federal en su parte correspondiente a esta materia.

6. En materia de derechos humanos de las mujeres. Este Congreso de Mujeres se pronuncia por la instrumentación de mecanismos legales sobre los acuerdos internacionales y pactos firmados y ratificados por el Gobierno mexicano, para que en la cotidianidad sean respetados los derechos humanos de las mujeres, sociales, civiles, económicos, políticos y culturales y tengamos una vida libre de coerción, discriminación y violencia.

7. En materia de seguimiento de este congreso, se resuelve crear una red nacional de mujeres congresistas, que incluya a todas y cada una de las organizaciones civiles, políticas y sociales participantes en este congreso, que así lo decidan, respetando sus identidades y autonomías, para dar seguimiento y continuidad a las estrategias y resolutivos que por consenso emanaron de este Congreso Nacional de Mujeres para la reforma del Estado.

A nombre de las diputadas que integramos esta comisión: María Cristina Moctezuma, del Partido Verde Ecologista; María Gómez Mont, del Partido Acción Nacional; Rosalía Peredo, del Partido del Trabajo; María Elena Chapa y Rosario Oroz, del Partido Revolucionario Institucional; Raquel Cortés, Rosario Tapia, de mi misma, solicitamos a esta LVIII Legislatura actúe con responsabilidad y compromiso con respecto a los acuerdos aquí tomados y de esta manera contribuir de manera más clara y decidida, en la construcción de una sociedad más digna, más equitativa, más democrática, más justa, más humana.

Por su atención, gracias.

El Presidente:

Muchas gracias, diputada Hortensia Aragón Castillo.

Para referirse al mismo tema, hará uso de la palabra la diputada Rosalía Peredo Aguilar, del Partido del Trabajo.

La diputada Rosalía Peredo Aguilar:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

En días pasados se llevó a cabo el Congreso Nacional de Mujeres hacia la reforma del Estado con equidad de género, como un esfuerzo más en la lucha por igualar los derechos humanos, políticos y sociales entre mujeres y hombres. La lucha tiene muchos años, pero esto no significa que cejaremos en nuestro empeño por conseguir que las aspiraciones y las demandas de las mujeres sean contempladas en el marco legal y normativo de nuestro país y el resto del mundo.

El Congreso Nacional de Mujeres representó la acción de miles de mujeres mexicanas que durante muchos años no hemos tenido voz, pero que ahora hemos dejado de callarnos y que ya nunca más lo haremos. Queremos incidir de manera plena en las decisiones que atañen a nuestro género y que deben ser consideradas en el proyecto de reforma política por el que tanto hemos luchado.

La reforma del Estado no es un proceso que esté acabado ni tiene los contenidos de democracia y justicia que estén acordes a los nuevos tiempos que se viven y que la sociedad mexicana ha expresado en el proceso electoral del 2 de julio.

México enfrenta el reto de trascender de lo puramente coyuntural para proyectarse en una visión de largo alcance que conciba la reforma del Estado en un sentido integral, que responda a las necesidades nacionales y se haga cargo de atender a las expectativas del conjunto de la sociedad mexicana.

Lucharemos por una reforma de Estado que propicie el equilibrio social y que asuma la responsabilidad distributiva, tomando en cuenta que existen enormes diferencias en la condición social, económica y política en la que viven las mujeres.

La mitad de la población mexicana somos mujeres, este simple dato dimensiona la importancia que como integrantes de la nación mexicana, debemos tener en forjar una patria equitativa e incluyente. No a la exclusión, es el anhelo que nos motiva.

Las mujeres mexicanas nos pronunciamos por la consolidación y el fortalecimiento de un Estado democrático, laico, representativo, federalista y republicano, que tenga como interés superior la responsabilidad social de proteger los derechos de sus habitantes. Debe ser tarea del régimen político promover la igualdad y oportunidades y que contrarreste las asimetrías que ha generado la economía de mercados.

El Congreso Nacional de Mujeres es una expresión evidente de que independientemente de las ideologías, las mujeres somos capaces de discutir, dialogar, construir consensos y respetar las diferencias cuando el fin es tender puentes hacia mejores condiciones para nuestros semejantes.

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo signa y apoya las declaraciones del Congreso Nacional de Mujeres. Estamos de acuerdo en impulsar los resolutivos de este congreso ante los tres poderes: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial en los ámbitos federal, estatal y municipal.

Seguir avanzando en la construcción de nuestra ciudadanía y no retroceder en nuestros logros, porque la democracia y el desarrollo de nuestro país no existirá sin la participación de nosotras las mujeres.

Fortalecer la organización del movimiento social de las mujeres a partir de todos los espacios en los que se empeñan y contribuyen al desarrollo del país para la consolidación de su presencia en la vida pública y colectiva y su expresión libertaria en lo privado y en lo íntimo; pero no sólo participamos de manera activa en este congreso, también apoyamos de manera decidida otras expresiones de lucha social y política en beneficio de las mujeres.

Por ello brindamos nuestro apoyo y solidaridad a la marcha mundial de las mujeres 2000. Esta movilización tiene su origen en una propuesta de la Federación de Mujeres de Quebec, para organizar una marcha mundial que persigue dos objetivos fundamentales:

Contra la pobreza de las mujeres y por la justa distribución de la riqueza; contra la violencia hacia las mujeres y por su integridad física y sicológica. Estas dos demandas no sólo son justas y deseables, se resumen en el lema de esta movilización "pan y rosas".

El 17 de octubre se culminará esta marcha con una gran concentración en la ciudad de Nueva York, donde se entregarán las firmas recolectadas en apoyo a las demandas que enarbolamos.

Exigimos que el Gobierno Federal se pronuncie de manera clara y pública sobre las demandas de las mujeres mexicanas. No es posible que asuma una actitud de sordera ante estos planteamientos.

Las mujeres mexicanas somos parte de la transición democrática y política que se ha gestado en los últimos años. Seguiremos luchando por tener condiciones de igualdad en todos los ámbitos de la vida pública y privada.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente:

Muchas gracias, compañera diputada.
Para referirse al mismo tema hará uso de la palabra la diputada Silvia América López Escoffie, del Partido Acción Nacional.

La diputada Silvia América López Escoffie:

Señor Presidente; diputadas y diputados; honorable Asamblea:

El pasado mes de septiembre tuvo lugar en la Ciudad de México un congreso nacional con el objetivo primordial de lograr la confluencia de mujeres de diversas expresiones, experiencias políticas y participativas, para asegurar la inserción de sus propuestas en el proceso de transición política y reforma de Estado que se perfila en nuestro país.

Por considerarlo como una oportunidad para identificar las principales contribuciones de las mujeres en la construcción de la nueva nación mexicana y para reiterar nuestro interés de trabajar conjuntamente, al evento asistió una amplia delegación de mujeres del PAN.

Durante el congreso participamos con gran interés y entusiasmo en todas las mesas temáticas y, como ya lo manifestamos en otras instancias, insistimos en la necesidad de priorizar y trabajar enfatizando los consensos. En ese sentido podemos con gran satisfacción asegurar que en lo general se aprobaron la mayoría de los documentos básicos productos de dicho encuentro.

Con relación a los disensos que se presentaron y expresaron en las mesas de trabajo y en algunas sesiones del conjunto de la asamblea, es necesario señalar que por referirse a temas que polarizan no sólo a las mujeres ahí presentes, sino al conjunto de la sociedad, fue necesario solicitar que fueran retirados de los resolutivos. Nuevamente desde esta tribuna el grupo parlamentario de Acción Nacional reafirma su convicción en la necesidad de actuar sobre la base del criterio principal, de avanzar en lo que nos une y nos da la posibilidad de trabajar de manera cohesionada.

Estamos conscientes que si bien existen disensos, también estamos convencidas que se podrán obtener logros importantes gracias a las posibilidades derivadas de los consensos.

1253,1254,1255

 

El congreso significó otro esfuerzo más en favor de las y los mexicanos. Las diferentes materias analizadas mostraron la madurez y el creciente interés de las mujeres mexicanas por participar en el proceso de transición y consolidación de la reforma de nuestro Estado.

Dicha reforma y las modificaciones en materia laboral presupuestal, lo concerniente a la aplicación de mecanismos institucionales especialmente lo referido al Instituto Nacional de la Mujer y en materia de asuntos primordiales como son los derechos humanos, son aspectos medulares expresados en los resolutivos especiales que se caracterizan por gozar de un amplio número de mujeres trabajando en la construcción de pactos y que reiteramos cuentan con nuestro interés y apoyo, así como disponibilidad de participación.

De igual manera y derivada de una iniciativa de diversos organismos de la sociedad, se impulsó la realización de la Marcha Mundial de las Mujeres, 2 mil buenas razones para marchar "pan y rosas". Entre los objetivos de la marcha destacan: reunir 5 mil organizaciones de mujeres; llegar a la ciudad de Nueva York, el 17 de octubre; reunirse con el Secretario General de la ONU; exigir el abatimiento de la pobreza de las mujeres; poner fin a todo tipo de violencia contra las mujeres; terminar con las desigualdades salariales entre mujeres y hombres, así como movilizar mujeres para lograr su desarrollo integral.

Como lo sostenemos en la plataforma y lo demostramos en los trabajos de legislaturas anteriores, el grupo parlamentario de Acción Nacional, expresa su sincera disposición de apoyar todos los esfuerzos de las mujeres por trabajar en favor del desarrollo y de su integración equitativa en la vida nacional.

El Congreso Nacional y la Marcha Mundial de Mujeres constituyen nuevamente un símbolo de participación cívica y democrática e ilustra lo que los historiadores franceses han afirmado: "el nuevo siglo es la cuna de las nuevas mujeres".

Reflexionemos las enseñanzas derivadas de los nuevos tiempos. Las oposiciones recalcitrantes y cómodas ya no funcionan más para nuestra sociedad mexicana, necesitamos nuevos discursos, nuevas prácticas y construir un verdadero ejercicio de tolerancia e interrelación política propositiva, con el acento siempre en los consensos y en los avances, que la participación política de las mujeres sea un ejemplo de dicha convicción.

Muchas gracias.

El Presidente:

Para referirse al mismo tema, finalmente, tiene la palabra la diputada Concepción González Molina, del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Concepción González Molina:

Con su permiso, señora Presidenta:

El Congreso Nacional de Mujeres convocado por decenas de organizaciones civiles, partidistas, asociaciones, fundaciones, redes académicas y sindicatos con el tema Hacia la Reforma del Estado con Equidad de Género, en un proceso de organización respondió a las estrategias democráticas que la sociedad reclama: pluralidad, tolerancia, acciones incluyentes y respetuosas de las diferencias de opinión y de acción.

El temario incluyó para la discusión en las mesas de trabajo, lo siguiente:

Por un desarrollo económico con igualdad de oportunidades; por un desarrollo social incluyente; por una cultura de la equidad; por la participación equitativa de las mujeres; por el pleno ejercicio de los derechos humanos y la ciudadanía; por un presupuesto con enfoque de género y por la existencia de mecanismos institucionales para el avance de las mujeres.

Hace varias décadas que las mujeres han concretizado su quehacer y la lucha por los derechos de la mitad de México, en situaciones vinculadas a sus intereses y necesidades han dado muestra de cohesión y de fuerza. Recordemos en la historia política mexicana la conquista del voto y la ciudadanía plena en 1953, así como la igualdad constitucional en 1974. Ejemplos legislativos más recientes, donde mujeres de todos los partidos nos hemos sentado a la mesa dejando de lado las diferencias y buscando las concordancias, aquello que nos une: ley de acoso y hostigamiento sexual, reformas al Cofipe, Ley Federal Contra la Violencia Familiar, entre otras. Sabemos trabajar en conjunto por el bien de las mujeres.

Las organizaciones civiles no gubernamentales, en su gran mayoría presididas por mujeres, han mostrado en nuestro país una conciencia real de los problemas más agudos que vivimos las mujeres en la pobreza, educación, salud, trabajo y política entre otros.

Sus compromisos van más allá de la atención directa a la ciudadanía, influyen en las políticas públicas, en las decisiones y en los avances obtenidos. Es impensable en estos tiempos considerar que las legisladoras y los legisladores podamos proponer leyes que no respondan a demandas sociales. Tenemos la obligación política de escuchar y atender a los grupos ciudadanos, de ser puentes de comunicación de las propuestas legislativas. También de ser congruentes con los compromisos que nuestro país ha signado en eventos internacionales: la declaración universal de los derechos humanos; la convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; las recomendaciones, programas y plataformas de acción de las conferencias mundiales, por mencionar algunos.

La reforma del Estado con equidad y género responde a una estrategia para fortalecer la gobernabilidad democrática. Ha pasado ya por la reforma y la modernización administrativa y va dirigida a la producción de políticas públicas y leyes en sociedades pluralistas y complejas, como es la mexicana. Constituyen legítimas demandas como atributos no del Gobierno sino de la sociedad civil. Es invertir el modelo desde la sociedad al Estado y no sólo desde el Estado a la sociedad.

Hay una indispensable necesidad de estructurar una legislatura democrática para avanzar en la equidad social, fortalecer la legitimidad representativa, las funciones deliberativas de orientación y de relación en la sociedad civil.

La equidad social pasa necesariamente por la equidad de género, por el reconocimiento a la mitad de la población, por la visibilidad y la solidaridad. Queremos transitar en el nuevo milenio con las oportunidades de igualdad, equidad y trato, así como estar inscritas en los beneficios del desarrollo. Nuevas leyes se hacen necesarias.

Los nuevos perfiles de las nuevas naciones, de las nuevas instituciones y de las nuevas formas de relación social, provocarían un cambio real si, y sólo si las mujeres están presentes en todos los procesos y en la toma de decisiones.

Fue presentado el primer día del Congreso un pronunciamiento que contó con la simpatía de legisladoras del PRI, del PRD, del PAN, del Verde Ecologista, del Partido Social Nacionalista, del Partido del Trabajo, que compartiré con el pleno.

"La mesa directiva de la Cámara de Diputados Federal, nos pronunciamos por:

La necesidad de discutir, analizar y proponer la inclusión de las mujeres en el proceso de la reforma del Estado, a fin de lograr la igualdad y equidad en las oportunidades, en el trato, en la toma de decisiones, en sus derechos y en los beneficios del desarrollo.

Construir una agenda legislativa que permita impulsar y avanzar en la participación de las mujeres en el desarrollo económico y socia en consolidar una cultura de la equidad en el ejercicio pleno de sus derechos cívicos, políticos, sociales, reproductivos, de salud, educativos y humanos, entre otros. Por consiguiente, ratificamos el compromiso de trabajar a favor de los resolutivos fundamentales emanados de este encuentro.

Influir en la asignación de los presupuestos con enfoque de género y en los mecanismos institucionales y ciudadanos que se acuerden, a fin de consolidar la perspectiva de género en las políticas públicas y en las decisiones de las legislaturas federales y locales, mediante una agenda incluyente, plural y tolerante, con pleno respeto a las diferencias.

Establecer compromisos mediante las comisiones de trabajo respectivas y en particular la Comisión de Equidad y Género, para la participación de las organizaciones civiles y sociales, representantes de partidos, de agrupaciones y organizaciones académicas y ciudadanía, a fin de lograr marcos de justicia, legalidad y no discriminación de la mitad de México: las mujeres.

Asumimos la responsabilidad de trabajar para generar e implementar acciones legislativas que respondan a los tratados, acuerdos y declaraciones internacionales y hacer efectivas las garantías constitucionales en todos los ámbitos, de las mujeres y las niñas.

Los siete resolutivos en materia de reforma del Estado; en lo laboral, para erradicar todo tipo de violencia y segregación ocupacional; en materia de presupuestos, para la asignación de recursos específicos para programas de mujeres; en materia del organismo de mujeres, la creación de un Instituto Nacional, la inequidad en las imágenes públicas y difundir la legislación existente, para que las mujeres conozcamos nuestros derechos; en materia de cuotas de candidaturas, la reforma al Código Federal Electoral; en materia de derechos humanos, sociales, civiles, económicos, políticos y culturales, para su pleno respeto y, por último, en materia de seguimiento de este Congreso Nacional, la creación de una red de mujeres con respeto a sus identidades y autonomías, a fin de construir juntas, legisladoras y sociedad civil, mecanismos que garanticen la equidad y la justicia para las mujeres."

Queremos dejar constancia las y los diputados del PRI, de nuestra disposición para garantizar que en la reforma del Estado tenemos la voluntad política de estar presentes, de ratificar nuestros compromisos con las mujeres, de avanzar en el cabal cumplimiento de nuestra plataforma partidista y de continuar la lucha por la igualdad y la equidad de las mujeres en todos sus derechos, sin discriminación alguna.

A todas las organizaciones civiles, impulsoras del esfuerzo colectivo del Congreso Nacional de Mujeres, desde aquí les decimos que la Comisión de Equidad y Género de la LVIII Legislatura, asume el documento con respeto y que con toda seriedad analizaremos al interior de la comisión sus propuestas. ¡Avanzaremos juntas en la misma dirección!

Gracias.

El Presidente:

Muchas gracias, compañera diputada.

Ha solicitado el uso de la palabra para referirse al mismo tema, la señora diputada Beatriz Patricia Lorenzo Juárez, y lo hará a nombre del Partido de la Sociedad Nacionalista, del Partido Alianza Social y del Partido Convergencia por la Democracia.

La diputada   Beatriz Patricia Lorenzo Juárez:

Buenas tardes, con el permiso de la Presidencia; señora Presidenta; señoras diputadas, señores diputados:

A nombre de los partidos de la Sociedad Nacionalista, Convergencia por la Democracia y el Partido Alianza Social, me presento ante esta tribuna para decirles a nuestras compañeras que me antecedieron en la palabra, que compartimos con todos los pronunciamientos, pero queremos fijar nuestra posición.

Las mujeres de PAS, del Partido Alianza Social, de Convergencia y del Partido de la Sociedad Nacionalista, estamos de acuerdo en que todo el avance que deba de existir con las mujeres en la integración, deberá ser encaminada en base al desarrollo, a la política y a trato que corresponde a cada una de las mujeres mexicanas, por lo que pensamos que debiera ser partido de la unidad y la prosperidad que en cada una de las familias corresponda por la importancia que tiene la mujer en todas las familias mexicanas.

Debemos pensar también que estas características de calidez y de eficiencia que cada una de las mujeres tenemos en este país, debemos encaminarlas en base a la equidad y género que se ha estado manejando en esta reunión por lo que pensamos poder los tres partidos políticos, que ninguna mujer debe dejar de participar en esta actividad tan importante en este Congreso Nacional y pedirles a todas que seamos incluyentes, que en ningún momento se quede nadie sin participar y nosotros, los tres partidos políticos, las mujeres que participamos en él, pedimos a esta comisión que nos integre al grupo para poder participar con ustedes y compartir las experiencias que sabemos deben ser muy importantes, ya que como dijo Rosario Castellanos, somos las mujeres desarrollo, talento y trabajo, amantes infatigosas, trabajadoras que buscamos mejorar.

Muchas gracias.

El Presidente:

Muchas gracias, compañera diputada.

 

 

EDUCACION

El Presidente:

El siguiente punto del orden del día, es un pronunciamiento en relación al incremento del monto de recursos federales destinados al gasto en educación.

Para presentarlo, tiene la palabra el diputado Ramón León Morales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos.

El diputado Ramón León Morales:

Muchas gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Venimos a hacer un pronunciamiento real al aumento de los recursos federales destinados al gasto en educación pública.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Primero. Dentro de la agenda legislativa del grupo parlamentario del PRD, la educación es una prioridad con el interés de conseguir un incremento sustantivo de los recursos federales que se destinan a este importante rubro la diputada Hortensia Aragón Castillo presentó el 14 de septiembre del año 2000 a nombre del PRD una iniciativa de reformas a la Ley General de Educación.

La propuesta tiene por objeto elevar gradualmente la cantidad que la Federación dedica a este sector hasta alcanzar en un corto plazo el 8% como proporción del producto interno bruto del país. Ese monto sería de acuerdo a la iniciativa, un piso presupuestal mínimo que no podría haberse reducido por las variaciones en el desempeño de la economía sino al contrario, tendría que incrementarse año con año hasta que satisfaga plenamente las necesidades educativas de la población.

Segundo. Esta iniciativa se suma a las que en su oportunidad las diputadas y los diputados de nuestro partido presentaron durante la pasada legislatura en el ámbito de la educación y la cultura.

Resaltan por su importancia, la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México para fortalecer la gratuidad de la educación que imparte el Estado, de reformas al artículo 3o. constitucional sobre gratuidad, obligatoriedad, autonomía y financiamiento de la educación superior, la iniciativa de Ley de la UNAM y la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación sobre los temas de obligatoriedad, distribución de la función social educativa, equidad, tipos y modalidades de la educación, educación privada y validez de estudios.

Todas estas iniciativas abordan desde distintos ángulos el problema de financiamiento educativo que ha sido fuente de conflictos universitarios y magisteriales, por ello consideramos que es inaplazable que el Congreso resuelva al respecto.

Tercero. En la iniciativa presentada por la diputada Hortensia Aragón, se dan razones de sobra para proceder en el marco de la discusión sobre el presupuesto para el año 2001, a un incremento real e inmediato al gasto federal educativo, en ella se sostiene que a pesar de que la educación fue caracterizada en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 y en el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 como la más alta prioridad del actual Gobierno, ello no se ha reflejado en las finanzas públicas, no obstante que en los planes de Gobierno se le asignó un papel clave a la educación en el desarrollo nacional y se fijó como propósito destinarle más recursos, éstos fueron insuficientes para alcanzar sus altas metas.

El VI Informe de Gobierno reporta un crecimiento del 23% en términos reales durante los últimos seis años y una inversión equivalente al 4.2% del producto interno bruto, pero no se reconoce que esta cifra es aún menor al 4.6% alcanzado en 1994 y está muy lejos del 8% recomendado.

La baja presupuestal durante el Gobierno de Ernesto Zedillo impidió el abatimiento de rezagos y el cumplimiento de metas; asimismo, que el salario magisterial promedio en plaza inicial en la actualidad es apenas de tres salarios mínimos generales y ha perdido, de 1982 a la fecha, el 57.7% de su poder adquisitivo; el maestro ha sido abandonado y desatendido por el Gobierno durante muchos años, los diferentes planes para revalorar su carrera magisterial, han fracasado.

Cuarto. Por lo anterior... todo lo anterior nos llevó a concluir que urge una medida legislativa que ponga freno al deterioro del gasto educativo y le fije mínimo muy precisos y obligatorios en función de sus verdaderos requerimientos y en atención a las recomendaciones internacionales.

La medida busca comprometer aún más al Estado para que invierta mayores recursos en educación pública antes que apoyar la educación privada como ha venido ocurriendo en los últimos años. Consiste en reformar el artículo 25 de la Ley General de Educación para reforzar el compromiso presupuestal del Gobierno.

Se propone señalar que el Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las correspondientes disposiciones de ingresos y gasto público que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y que el monto que anualmente destine la Federación, no será menor del 8% del producto interno bruto del país.

La propuesta, de aprobarse, permitirá a la Cámara de Diputados velar porque el gasto federal anual en educación reflejado en el presupuesto de egresos correspondiente, se asignen recursos no menores a ese monto. En forma complementaria, año con año, la Cámara de Diputados aprobaría los renglones del gasto a los que se destinarían los incrementos propuestos en consulta con los sectores involucrados: maestros, alumnos, padres de familia, especialistas y autoridades educativas.

Por los rezagos hasta hoy detectados, se propone invertir con urgencia el salario magisterial que no ha recibido los beneficios de la ínfima recuperación presupuestal registrada durante el sexenio.

En contrapartida, los maestros han resentido disminuciones reales en sus ingresos en todos los niveles educativos, lo que ha reflejado en un notable deterioro de la calidad de vida de sus familias y constituye un obstáculo para su profesionalización, desempeño y mejoría personal.

Quinto. En forma coincidente, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación acudió a esta soberanía para plantear a los diversos grupos parlamentarios aquí representados que el Congreso de la Unión debe ser sensible al drama que lacera a más de 80 millones de mexicanos que sobreviven en la pobreza y la más extrema miseria para que asuma sus responsabilidades de respeto, defensa y profundización del espíritu original del artículo 3o. de nuestra Constitución Política, en el sentido de mantener una educación pública, científica, laica y gratuita para todo el pueblo.

Por ello, la coordinadora magisterial solicita a la Cámara de Diputados el análisis y aprobación de un presupuesto suficiente para el gasto social en donde pueda disponerse como mínimo del 12% del producto interno bruto para educación pública; además, demanda elevar a rango de ley la pensión dinámica, tal y como estaba previsto en la Ley del ISSSTE antes de la reforma salinista de 1992.

Sexto. Para el grupo parlamentario del PRD no hay posibilidad alguna de mejorar la calidad de la educación sin un aumento del gasto público federal, para garantizar a todos los mexicanos el derecho a la educación pública y gratuita.

Por ello, destinar un monto equivalente de recursos públicos al 8% del producto interno bruto es un piso mínimo, estos recursos deberán dedicarse entre otros renglones importantes del gasto al salario magisterial, la formación docente y la infraestructura educativa.

Por tal motivo, la lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es legítima, pues se inscribe en la línea de defender a la escuela pública y frenar la privatización creciente que las actuales políticas públicas están impulsando.

«Por lo antes expuesto y con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados suscritos solicitamos a la Presidencia de esta Cámara de Diputados turne a la Comisión de Educación Pública la siguiente

PROPOSICION


Unica. Que la Comisión de Educación y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dictamine la iniciativa de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación presentada por la diputada Hortensia Aragón Castillo, junto con las iniciativas presentadas durante la LVII Legislatura por diputados del Partido de la Revolución Democrática, relacionadas con el gasto educativo.

Dicho dictamen deberá presentarse con la anticipacion suficiente para que el impacto presupuestal de las reformas de ley, que en materia educativa se aprueben, sea considerado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2001.

Atentamente.

Diputados: Ramón León Morales, Hortensia Aragón Castillo, Miguel Bortolini Castillo y Elías Martínez Rufino.»

Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos y a la de Programación y Presupuesto para su análisis.

Ha solicitado el uso de la palabra para referirse al mismo tema la diputada Silvia Alvarez Bruneliere, del Partido Acción Nacional.

La diputada Silvia Alvarez Bruneliere:

Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:

Grandes educadores mexicanos han expresado que sin educación la libertad no se ejerce, la democracia no se consolida.

En este contexto es indudable que la inversión educativa debe incrementarse, trazando como horizonte que el gasto educativo nacional ascienda al 8% del producto interno bruto, para lograr esta meta es necesaria la aplicación de los recursos, desde una perspectiva estratégica que la evalúe integralmente, que esté atenta al cómo, para quién y para qué se invierte en educación.

En los últimos años el apoyo financiero al sector educativo público ha sido manifiestamente insuficiente, creando dos mundos, que cada día se separan más, por un lado la inmensa mayoría de los niños y jóvenes que pertenecen al sector público y una pequeña minoría al sector privado, que a pesar del apoyo brindado no ha aumentado su porcentaje de cobertura; en la educación básica el 97% y en la superior, el 80% están en escuelas públicas, lo que claramente indica que la solución se encuentra en atender a la educación pública prioritariamente.

Las escuelas de hoy tienen menos recursos de lo necesario para operar con niveles mínimos de eficiencia y calidad, pero debe realizarse un estudio permanente que defina cuáles son estos recursos mínimos y debe tenerse una política financiera que lo garantice, un presupuesto anual que les permita tener una plataforma básica a partir de la cual contribuya a la excelencia basada en la coparticipación de los actores involucrados, como son los padres de familia, los gobiernos locales, los sectores productivo y social.

En el Partido Acción Nacional, consideramos que se requiere partir de una visión que tome en cuenta la realidad propia en la cual está inserto el sistema educativo; las necesidades que se tendrán en el futuro y un sólido compromiso sobre las orientaciones y principios de un desarrollo nacional sostenido, incluyente y solidario. Ello, sin renunciar a incorporar elementos innovadores puestos en marcha en otros lugares.

La reforma educativa es parte consustancial de la pendiente reforma del Estado, por ello requiere redimensionarse a favor de la persona, de cada mexicano y que tenga accesibles los conocimientos, la ciencia, los métodos y ponga a disposición las posibilidades técnicas y formativas necesarias.

Por lo anterior, resulta prácticamente inútil establecer cuantificaciones sin contar con una clara perspectiva sobre las que se orientarán futuras inversiones. Por tal razón, no es posible separar las políticas para elevar la calidad educativa de las políticas de desarrollo humano y de las asignaciones financieras.

El problema del gasto educativo rebasa los límites estrictamente sectoriales, pues tiene que ver con la orientación general que ha tenido la política económica y sus repercusiones negativas en el ámbito social.

1259,1260,1261

 

Plantear el problema sólo desde la dinámica del sector resulta parcial, toda vez que el origen, la distribución, los montos y los usos de esos recursos tienen que ver con el lugar que la sociedad concede a la educación, con las funciones que le adjudican los diversos grupos y sujetos sociales y con las relaciones entre ellos.

Por ello mismo, el Partido Acción Nacional considera que la obligación del Estado no se agota en el acceso a la educación, sino que se extiende a garantizar la permanencia y el egreso de todos los educandos, sin que por ello la sociedad y los sectores productivo y social queden liberados de su corresponsabilidad.

Es urgente reconocer que la responsabilidad de apoyar la formación educativa, de capacitación y de profesionales es de toda la sociedad, por lo que el financiamiento tiene que diversificarse y crecer a través de todas las fuentes posibles, así como perfeccionarse los criterios en la asignación programática, ejercicio y evaluación del gasto educativo público para su mejor aprovechamiento.

Una cuestión que merece un comentario especial es la educación superior, pues ésta ha sufrido en mayor proporción que otros niveles educativos los efectos de la crisis y dentro del subsistema de educación superior, el universitario ha sido particularmente el más afectado.

En el Partido Acción Nacional consideramos que es importante fijar criterios ambiciosos sobre la inversión que debe hacerse en la educación, al tiempo que creemos indispensable, bajo los principios que rigen nuestro partido, realizar una discusión seria y puntual en torno a los cambios legales, para clarificar los criterios de asignación presupuestal bajo principios de equidad, transparencia y suficiencia, así como fijar los lineamientos que deben sustentar la calidad de la educación y que nos permitan formar integralmente a todas las actuales y futuras generaciones de mexicanos.

Es cuanto, señora Presidenta.

El Presidente:

Gracias, señora diputada.

Para referirse al mismo tema, ha solicitado hacer uso de la palabra el diputado Albino Mendieta Cuapio, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Albino Mendieta Cuapio:

Con su permiso, señora Presidenta; señoras y señores diputados:

Los mexicanos siempre hemos depositado en la educación nuestros más elevados ideales como la libertad, la democracia y la soberanía.

La preocupación educativa figura ya en el decreto constitucional para la libertad de la América mexicana sancionado en Apatzingán de 1814, pero correspondió a la generación liberal consolidar el avance más significativo en nuestra concepción educativa, al establecer tanto la gratuidad y la obligatoriedad de la enseñanza primaria como el laicismo de la escuela pública.

En 1857 se incluyó por primera vez en la Constitución, bajo el título de los derechos del hombre, un artículo específicamente dedicado a la educación. Esta educación, esta inclusión reflejaba la certeza liberal de que la instrucción de los ciudadanos era el medio más eficaz de vencer obstáculos para el programa nacional en todos los órdenes, aun en las precarias condiciones de una educación que debió invertir su primer medio siglo de vida en defensa y afirmación de su soberanía e independencia nacional, quedó plasmada la convicción de que la educación primaria debía ser un derecho fundamental del pueblo mexicano.

Esta certidumbre explica la pasión con que el Congreso Constituyente de 1816 y 1917 abordó los alcances de la función educativa al ratificar la concepción liberal de la educación y ampliar su alcance social.

En el curso de ese Congreso Constituyente se debatió donde debería incluirse el precepto de primaria obligatoria. Sí, en el capítulo de garantías individuales y si bien en el de obligaciones de los gobernados, la decisión del Constituyente fue que en el Capítulo II de los mexicanos se incluyera como obligación para éstos el que sus hijos o pupilos menores de 15 años, concurrieran a las escuelas públicas o privadas para cursar la educación primaria elemental.

Esta decisión significa en la percepción del Constituyente, era en los padres en quienes recaía la obligación de hacer que sus hijos estudiaran la primaria.

Según estimaciones del Consejo Nacional de Población, Conapo, hacia mediados de 1998 había 96 millones 300 mil personas en México, cifra que representa una tasa de crecimiento medio anual del 1.6%; para el año 2000 se estima que la población habrá alcanzado 98 millones 500 mil personas.

La población en México es muy joven, más del 56% del total tienen 24 años o menos. El conjunto de niños de hasta seis años disminuye a una tasa del 0.7% anual y el del grupo de edad vinculado a la demanda escolar de educación básica obligatoria entre seis y 14 años de edad, se mantiene estable con un crecimiento del 0.1% al año, la población joven constituida por aquellos que tienen entre 15 y 24 años de edad, está cerca de alcanzar su máximo volumen histórico y se estima que durante los próximos 20 años se mantendrá en aproximadamente 20 millones de personas.

Por su distribución territorial la población mexicana es predominantemente urbana. En 1995, seis de cada 10 mexicanos residían en 481 localidades de más de 15 mil habitantes. Sin embargo, las áreas rurales representan un alto grado de dispersión poblacional; un 96% de las localidades del país albergan al menos 1 mil habitantes.

La dispersión es un fenómeno ligado a la pobreza; siete de cada 10 poblados entre 100 y 999 habitantes presentan grados de marginación alta o muy alta. Esta a su vez se relaciona con condiciones geográficas que dificultan el acceso a estas pequeñas comunidades y representan un obstáculo para dotarlas de bienes y servicios necesarios para su desarrollo.

Durante el año escolar que se inició, a fines de agosto de 1997 y culminó en julio de 1998, referido en adelante como el ciclo escolar 1997-1998, el Sistema Educativo Nacional proporcionó servicios a poco más de 28 millones de niños y jóvenes en los diversos niveles, tipos y modalidades escolarizadas que lo conforman en el ciclo 1998-1999, estima una cifra de atención que rebasa a 28 millones 500 mil niños y jóvenes.
Entre otras características, el sistema educativo habrá de determinar para toda la República Mexicana planes y programas de estudio para todos, los subsistemas de educación inicial, básica y superior; establecer un calendario escolar aplicable en toda la República Mexicana; elaborar y mantener actualizados los libros de texto gratuitos por lo menos para educación primaria y secundaria; aplicar la evaluación y programas globales del Sistema de Educación Nacional.

Con estos antecedentes y la pertinencia en materia educativa exigimos desde este honorable Congreso de la Unión, se haga realidad la propuesta hecha por el presidente electo Vicente Fox Quesada, de elevar al 8% del producto interno bruto (PIB).

Sin embargo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se ha pronunciado por elevar este presupuesto al 12% del producto interno bruto (PIB) para mejorar las condiciones sociales y laborales de los trabajadores de la educación; el mejoramiento y reconstrucción de espacios físicos, introducción a la cibernética y todo lo que mejore el Sistema Educativo Nacional, para aplicar este presupuesto a la educación en todos sus niveles y para seguir consolidando una educación pública, laica y gratuita y de calidad, sustento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Señoras y señores diputados: les invito a que juntos vayamos por destinar un presupuesto digno para la educación del pueblo de México.

Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, señor diputado.

VICENTE FOX QUESADA

El Presidente:

El siguiente punto del orden del día, es un pronunciamiento en relación a la gira que por Europa ha realizado el presidente electo Vicente Fox.

Tiene la palabra para referirse a este tema el diputado Abel Guerra Garza, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado  Abel Guerra Garza:

Compañera Presidenta de la mesa directiva; compañeras y compañeros diputados:

En nuestro país se ha sucedido una larga lucha por el fortalecimiento del federalismo que idearon nuestros constituyentes de 1824, 1846, 1857 y 1917.

Hoy todos los partidos y las fuerzas políticas nacionales coincidimos en el propósito común de asegurar el respeto y el desarrollo de la institución municipal.

Actualmente seguimos luchando por consolidar un sistema institucional basado en el respeto y equilibrio entre los niveles de gobierno Federal, estatal y municipal.

Nuestro sistema jurídico vigente recoge con cabal precisión las atribuciones que democrática y armónicamente corresponden a cada uno de estos tres órdenes de gobierno.

La Carta Magna de 1917 establece en su artículo 115 un conjunto de competencias y responsabilidades para los municipios, que son resultado de la voluntad del pueblo de México, para fortalecer constantemente a su nivel de gobierno más cercano.

Sabemos que los municipios tienen a su cargo la responsabilidad de prestar a los ciudadanos los servicios de agua potable y alcantarillado, de alumbrado público, de limpieza, de mercados y centrales de abasto, de panteones, de rastro, de calles, parques y jardines, de seguridad pública preventiva y policía de tráfico.

Son estos campos de la competencia municipal que le han sido atribuidos, como resultado de una larga lucha por consolidar y ampliar sus responsabilidades y sus competencias. No son de ninguna manera resultado de una dación gratuita, sino de la demanda vigorosa y justa de las comunidades locales.

La génesis del municipio se encuentra justamente en esa necesidad de las comunidades por resolver la demanda de sus servicios básicos. Hoy, sin embargo, mucho lamentamos los municipalistas de México que el señor presidente electo Vicente Fox, haya declarado en el marco de un desayuno con empresarios franceses, su urgencia y su compromiso por avanzar con rapidez en la transferencia de los servicios y actividades municipales a la inversión privada.

Ante estas declaraciones, la fracción parlamentaria del PRI quiere fijar su posición con claridad y contundencia.

Una vez más, el presidente electo, falta el respeto a las instituciones nacionales en esta ocasión cuando menos a dos, por una parte a la institución municipal, por otorgarse él mismo facultades que no le corresponde, los municipios se han ganado históricamente el derecho a prestar sus servicios que sus ciudadanos reclaman.

Por otra parte, al Congreso de la Unión, al arrebatarle la facultad de reformar y reasignar las competencias de los distintos órdenes de gobierno.

Mi fracción quiere recordarle al presidente electo, que la lucha por la autonomía municipal, ha conseguido ubicar hoy al municipio como la célula básica y fundamental del desarrollo político, económico y social de nuestro país.

Corresponde a los mexicanos y por mandato de ellos mismos al Congreso, conocer y dar cauce a las nuevas necesidades de modernización del municipio mexicano.

Las declaraciones del presidente electo en Francia carecen de legalidad y carecen de legitimidad, sólo se corresponden con la coyuntura de un convivio con empresarios extranjeros, no es así como podemos fortalecer a los municipios y por lo tanto a nuestro sistema federal.

Por ello, la fracción legislativa del PRI hace un llamado ahora a todas las fracciones, para que la encomiable decisión de fortalecer al municipio, no implique el derecho del Ejecutivo de pisotear las competencias de nuestro sistema federal.

No permitamos que el largo camino recorrido para construir nuestro federalismo se vea aplastado por quienes no distinguen las atribuciones que a cada orden de gobierno le corresponden. Consideramos además indispensable respecto que este organismo legislativo se merece, como insalvable conducto para emprender las reformas pertinentes y necesarias en la vida institucional de nuestro país.

Lamentablemente el señor presidente electo ha faltado a esta norma en forma frecuente y reiterada.

Coincidimos, sin embargo, en que México requiere una innovadora visión para modernizar su instancia de gobierno más cercano a la comunidad básica; coincidimos también en la necesidad de eficientar la prestación, no sólo de los servicios municipales, sino de todos los servicios gubernamentales.

México es un país de contrastes. Cada región y cada municipio vive su circunstancia y su diversidad; cada cual ensaya modelos que le permiten mayor eficacia para servir a los ciudadanos. Modelos hay que han probado su éxito y otros también que fracasan arrojando sus costos sobre los ciudadanos, pero las decisiones sobre servicios municipales corresponden exclusivamente a los municipios, considerando un reordenamiento del sistema impositivo local, que no debe bajo ningún concepto imponer cargas mayores a los ciudadanos.

El impuesto predial tiene por objetivo ofrecer a la gente todos los servicios básicos a que están obligados los municipios. Privatizar no debe implicar cobros adicionales, sino mejoras tangibles y medibles.

Apreciamos, con preocupación, en estas declaraciones de Francia, los esbozos de una superposición entre niveles de gobierno. Por eso hacemos un llamado de alerta, para que sin distingos de afinidad política, nadie, nadie pretenda faltarle al respeto a la autonomía municipal.

Hablar de federalismo significa también respeto al municipio libre y respeto a la dignidad política de cada orden de gobierno. Federalismo ha significado en la historia de nuestro país, la común voluntad de unir lo que se estaba desuniendo; no vayamos a cometer hoy el error de olvidar la historia y repetir las rupturas que tanto daño le significaron a México en el pasado.

Gracias, señora Presidenta.

El Presidente:

Gracias, señor diputado.

Para referirse al mismo tema han solicitado hacer uso de la tribuna los siguientes diputados: Juan Carlos Regis Adame, del Partido del Trabajo; Alfredo Hernández Raigosa, del Partido de la Revolución Democrática y Ernesto Saro Boardman, del Partido Acción Nacional.

Se concede el uso de la palabra al diputado Juan Carlos Regis Adame, del Partido del Trabajo.

El diputado Juan Carlos Regis Adame:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

El presidente electo, Vicente Fox, en su reciente viaje por varios países europeos, privilegió la visita a los empresarios de tales países, prometiéndoles que en su gobierno se liberalizaría el sector eléctrico y energético, para permitir la inversión extranjera en esos sectores. Aún no toma posesión y ya se adelanta a ofrecer los pocos sectores estratégicos que quedan en control del Estado a favor del capital internacional.

Por más que el Gobierno saliente y el entrante señalan que no habrá crisis de fin de sexenio ni en los inicios del próximo, el problema es que el modelo económico predominante, el cual defienden tanto el PRI como el PAN, no genera condiciones internas de acumulación y crecimiento, sino se sustenta en la entrada creciente de capitales.

Vicente Fox señaló que duplicará la entrada de inversión extranjera directa y que espera alcanzar un ingreso alrededor de los 20 mil millones de dólares anuales. Sin embargo, la exigencia de 20 mil millones de dólares de inversión extranjera directa para el próximo año, pasarán a ser insuficientes, considerando que el déficit de cuenta corriente de este año, es de 18 mil millones de dólares y que tiende a ser creciente para el próximo.

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Otro problema que vemos, es que no tenemos asegurada la entrada de esta cantidad de inversión extranjera a nuestro país, dado el contexto de vulnerabilidad de los mercados financieros internacionales, que coloca a los inversionistas en una posición más cauta en relación al flujo de sus capitales. El capital externo fluye a las economías en función de las expectativas de crecimiento económico, de rentabilidad y capacidad de pago que éstas ofrecen.

La tendencia del crecimiento económico en nuestro país es a decrecer y por lo tanto, a ofrecer menores condiciones de rentabilidad y menor capacidad de pago. Esto se dará debido a que nuestra dinámica económica está íntimamente relacionada al acontecer de la economía norteamericana y todo apunta a que ésta disminuirá su crecimiento el próximo año, dados los problemas de sobreendeudamiento como por las presiones inflacionarias y el sector externo que enfrenta.

Ante esto, Fox se adelanta y así como visitó los Estados Unidos de América, fue ahora a varios países europeos para ofrecerles mayores espacios de inversión en sectores altamente estratégicos y rentables para asegurar su ingreso al país y cubrirnos así de una eventual recesión económica.

Se evidencia así, al igual que en el sexenio de Salinas y de Zedillo, cómo el país se ha ido desnacionalizando para ampliar la frontera de influencia al capital internacional en todos estos sectores económicos y regiones, para que el país cuente con disponibilidad de recursos y financiar nuestra inserción en el proceso de globalización.

El problema de la entrada de capitales es que éstos no tienden a resolver los problemas de los mexicanos y en general los problemas sociales. Ellos se ubican en los sectores altamente rentables, donde sobresalen sobre todo el sector financiero y bursátil, así como la adquisición de empresas rentables, la adquisición de acciones de empresas nacionales y en la compra de acciones en el mercado de capitales y no tanto en maquinaria y equipo que incrementen los empleos.

La población que le dio el triunfo a Fox en las pasadas elecciones, votó por el cambio; el comportamiento que él ha estado siguiendo como presidente electo, refleja que tendremos más de lo mismo. El PAN y el PRI no se dan cuenta que la estrategia del desarrollo para reconstruir nuestro proyecto de nación y para satisfacer las demandas de las grandes mayorías, no pasa por darles más y más concesiones al capital extranjero ni mucho menos liberalizar y privatizar los sectores estratégicos a favor de ellos.

Hoy más que nunca se hace imprescindible un debate nacional sobre los rumbos y la estrategia económica a seguir. El sector público y el sector privado presentan un alto nivel de endeudamiento externo y la economía demanda más y más entrada de capitales para financiar su déficit externo.

En el contexto de la gira, además de escuchar al presidente electo ofrecer la apertura de Pemex y de la industria eléctrica a la inversión extranjera, ofrecimiento que formula sin todavía haber asumido el poder y aún más, sin que este asunto hubiera sido debatido por esta soberanía, causa sorpresa que Vicente Fox hubiera declarado la privatización de servicios que son potestad de los gobiernos estatales y municipales.

Compañeras y compañeros diputados: para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, ante la trascendencia de los temas de interés nacional que se tratan en este tipo de giras, considera importante la participación de representantes de los diferentes partidos con presencia en esta Cámara, por lo cual será necesario que se establezcan las bases para la participación en las mismas, como lo sería contar con una agenda básica sobre los temas a tratar durante las giras, así como para dar mayor formalidad a la participación.

También consideramos conveniente se formule por parte de estos responsables de las giras una invitación oficial.

Finalmente queremos apuntar que Vicente Fox, en vez de querer ser bien visto por el gran capital internacional, tal como en su momento actuó Salinas y como se ha desempeñado Zedillo, debe mirar más hacia adentro y abocarse a resolver los problemas nacionales desde una perspectiva soberana y de unidad nacional. De seguir actuando como sus antecesores, cosechará los mismos resultados a costa de defraudar a los que votaron por él y de ser juzgado y criticado por la historia, como lo están siendo los actuales gobiernos.

Mucha gracias.

El Presidente:

Gracias, señor diputado.

El Partido de la Revolución Democrática retira la petición de uso de palabra y por el Partido Acción Nacional tomará la palabra el diputado Ernesto Saro Boardman.

El diputado Ernesto Saro Boardman:

Con su permiso, señora Presidenta; amigas y amigos diputados:

Hoy, no es la Federación ni el Presidente de la República, el que decide si se concesiona o no los servicios que el municipio debe prestar a la ciudadanía. Hoy, los cabildos municipales toman sus propias decisiones, analizando la situación particular de cada uno de ellos y esto, como legisladores federales debemos defender e impulsar; nadie conoce mejor la solución a un problema, que el que lo tiene más cerca y éste, éste es el municipio.

El presidente electo puede promover que ciertos servicios municipales como recolección de basura o abasto de agua potable, se haga a concesionarios especialistas. Pero amigas y amigos diputados, sólo los cabildos lo pueden autorizar.

El Partido Acción Nacional reitera su vocación municipalista que ha iniciado desde 1940, así es que estemos tranquilos, si alguien defenderá al municipio, será el PAN.

Gracias.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

INSTITUTO PARA LA PROTECCION
AL AHORRO BANCARIO (II)

La Presidenta:

El siguiente punto del orden del día es un pronunciamiento sobre el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, para lo cual hace uso de la palabra el diputado Ramón León Morales, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos.

El diputado Ramón León Morales :

Gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Las administradoras de cartera lucran con la deuda de millones de mexicanos.

El 12 de agosto de 1999 el Instituto de Protección al Ahorro Bancario dio a conocer su Programa de enajenación de bienes, en el cual se sustentarían todas las operaciones de venta de activos que realiza el instituto.

El mes de agosto del presente año, el IPAB informó que ha realizado ventas de activos por 27 mil 190 millones de pesos, de los cuales 17 mil millones, es decir, el 63% provinieron de malbaratar bancos al capital extranjero, como es el caso de Serfin, cuyo saneamiento costó más de 120 mil millones de pesos y se vendió en poco más de 14 mil millones al capital extranjero o como en el caso de Bancrecer, que fue vendido a Bancomer bajo el control del Banco Bilbao Vizcaya, en una cifra irrisoria.

Sin embargo, poco se ha comentado acerca de la cartera de crédito de millones de deudores que el IPAB ha vendido a las llamadas administradoras de cartera, las cuales han encontrado un clima propicio para lucrar con la deuda de millones de mexicanos, actuando meramente como intermediarios; adquiriendo hasta el momento cartera de deudores por un valor total de 45 mil 619 millones de pesos, por lo cual han pagado sólo 6 mil 956 millones de pesos. Es decir, que por cada peso que ha vendido el IPAB, sólo ha recuperado en promedio 15.2 centavos, cifra muy por debajo del 30% que alguna vez estimaron recuperar las autoridades gubernamentales.

Por si lo anterior fuera poco, las administradoras de cartera a su vez, están vendiendo la cartera adquirida a un promedio de 60 centavos. Eso quiere decir que están triplicando el precio de venta de la cartera y con ello el costo para los deudores que se acercan a estas administradoras a reestructurar sus créditos.

Lo anterior coloca a las empresas administradoras de cartera, como los grandes beneficiados del problema de los deudores, ya que al adquirir la deuda del IPAB, con importantes descuentos del 85% en promedio, obtienen un beneficio de más del 200% al estar vendiendo la cartera adquirida del IPAB en más del triple de su costo de adquisición.

Lo anterior lo deja en la posibilidad de que además de haber obtenido más de 38 mil millones en descuentos, puedan obtener utilidades de más de 27 mil millones. Ambas cifras superan por mucho lo destinado en el presente presupuesto a la Secretaría de Salud y a la UNAM.

El IPAB ha señalado que su actitud obedece a lo establecido en la ley que le dio origen, ya que el mandato de la ley aprobada por el PRI y el PAN le exige la mayor recuperación en un plazo no mayor de cinco años.

Sin embargo, lo anterior es contradictorio, ya que si el IPAB realizara la venta de esta cartera a los millones de pequeños deudores originales, otorgándoles una especie de "derecho al tanto", la cartera podría ser vendida por el IPAB a un valor por arriba de lo que pagan las administradoras y por debajo de lo que éstas lo venden, obteniendo así una mayor recuperación con un beneficio directo para los pequeños deudores.

Por si fuera poco, esta soberanía desconoce los procedimientos de subasta, desconoce quién o quiénes están detrás de las administradoras de cartera. Hay que recordar que el ex subsecretario de Hacienda, Martín Werner, personaje involucrado de manera directa en el quebranto y rescate bancario, trabaja hoy en día en la empresa Golman Shat, misma que ha adquirido cartera del IPAB.

Lo anterior, no sólo insulta a millones de pequeños deudores, sino viola la Ley Federal de Servidores Públicos.

¿Quién más está detrás de estas administradoras? ¿Acaso hay más lankenaus, cabales o "divinos" detrás de esto? ¿O acaso son los mismos banqueros con prestanombres?

¡La fracción parlamentaria del PRD y los pequeños y medianos deudores de este país demandamos la revisión de la Ley del IPAB! ¡Demandamos la total transparencia de estas operaciones mediante el conocimiento de los socios de estas administradoras de cartera! ¡Demandamos y reclamamos nuestro derecho a recomprar nuestras deudas!

Muchas gracias.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

ESTADO DE TABASCO

La Presidenta:

Por acuerdo de los grupos parlamentarios y de los integrantes de la mesa directiva, se ha aceptado por excepción incorporar en esta ocasión el siguiente punto al orden del día: pronunciamiento sobre hechos graves ocurridos en Tabasco y para referirse a este tema harán uso de la palabra el diputado Manuel Duarte Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática y el diputado Feliciano Calzada Padrón, del Partido Revolucionario Institucional.

Tiene la palabra el diputado Manuel Duarte Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos.

El diputado Manuel Duarte Ramírez:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

Una vez más, como lo han hecho ya en otras ocasiones compañeros diputados, vengo a hacer uso de esta alta tribuna para denunciar hechos muy lamentables que están sucediendo en el desarrollo del proceso electoral en el Estado de Tabasco, que hoy con el escenario político que vive el país y que ha creado en el Estado de Tabasco el gobernador Roberto Madrazo Pintado, son de interés para todos los mexicanos y en particular para esta soberanía.

1266,1267,1268



Los días 6, 7 y 8 de octubre del presente año visité el Estado de Tabasco en calidad de observador en compañía de un grupo de compañeros diputados de mi partido, particularmente visité el municipio de Jalpa de Méndez, que corresponde también al distrito local número 11. Ahí pude observar las maniobras que está implementando el gobernador de ese Estado, en complicidad con el Partido Revolucionario Institucional.

Con el afán de ganar la elección se está incurriendo en los métodos que no son desconocidos para todos nosotros, como son: la intimidación de los ciudadanos, la compra del voto, la utilización de los recursos públicos, el condicionamiento de las obras y programas sociales, compra de credenciales de elector, entre otras.

Compañeras y compañeros diputados: el sábado 7 de octubre, aproximadamente a las 15:00 horas, esto a plena luz del día, en una de las comunidades del municipio de Jalpa de Méndez, el suscrito y cuatro personas más que me acompañaban fuimos objeto de una injusta e impune agresión por un grupo de aproximadamente 12 individuos, armados con palos y machetes, al estar filmando con una cámara de video la entrega de carros de arena del ayuntamiento de ese municipio, a personas que han sufrido el fenómeno de las inundaciones, desde luego bajo el compromiso del voto por el PRI, ya que en el lugar se encontraban militantes de ese partido tomando nota de quienes se comprometían a emitir su voto por el PRI, porque el material que se distribuía se hacía selectivamente, sólo a quienes aceptaban el compromiso, más no a quienes necesitaban el material.

En la agresión y con lujo de violencia, a uno de mis acompañantes le fue arrebatada la cámara de video que utilizábamos para la observación, objeto de mi cometido en ese Estado. Pero el colmo de la impunidad que actualmente prevalece en el Estado de Tabasco lo constituye el hecho de que en una ciudad de aproximadamente 30 mil habitantes, que lo es Jalpa de Méndez, los días sábados y domingos la única agencia del Ministerio Público que existe no abre sus puertas al público, pese a que constantemente se han estado haciendo denuncias por los ilícitos que han estado cometiendo en el desarrollo del proceso electoral, como la agresión a la diputada Adela Graniel, que ocurrió en ese mismo municipio y que fue denunciada oportunamente ante esta alta tribuna.

Los miembros del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, desde aquí exigimos al gobernador Roberto Madrazo, que cumpla con los acuerdos signados hasta ahora con la comisión plural que ha sido designada por esta alta tribuna.

Los mexicanos no queremos más gobernantes, más diputados, más presidentes municipales emanados de la manipulación del voto y del ilícito electoral.

Muchas gracias, compañeras y compañeros.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Para referirse al mismo tema hará uso de la palabra el diputado Feliciano Calzada Padrón, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos.

El diputado Feliciano Calzada Padrón:

Señora Presidenta; diputadas y diputados:

En días pasados todos los partidos políticos aquí integrados a esta legislatura, signaron un documento en el que se creaba una comisión que observaría los comicios que están desarrollándose en el Estado de Tabasco. Dicha comisión ya se instaló en Villahermosa y mediante un programa de trabajo previamente establecido entre los 10 representantes de los partidos políticos, empezó a actuar en el Estado de Tabasco, han visitado funcionarios electorales, han visitado funcionarios estatales del gobierno. El programa es visitar al comandante de la zona militar, a la Procuraduría General de Justicia del Estado y visitar cada uno de los 17 municipios del Estado.

Este acuerdo y esta visita original que se dio en el Estado de Tabasco ya empezó a rendir aquellos frutos que los partidos políticos han solicitado y han planteado.

El día de hoy apareció un boletín de prensa en el Estado de Tabasco, que dice: suspende gobierno del Estado programas de carácter social durante seis días. Contribuirá así a un ambiente de imparcialidad y equidad durante la jornada electoral. Sólo se mantendrán acciones orientadas a la atención de la salud, abasto popular y seguridad pública.

A partir de este martes y durante los siguientes cinco días, el gobierno del Estado suspenderá programas de carácter social, para contribuir a un ambiente de imparcialidad y equidad de cara a la jornada electoral del 15 de octubre, informó el secretario de gobierno. Con ello se da respuesta a la petición que hiciera el diputado federal del Partido de la Revolución Democrática, David Sotelo Rojas, quien forma parte de la comisión especial de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que asiste a la entidad para observar el desarrollo de los comicios del próximo domingo.

En un comunicado dado a conocer la mañana de este martes, el funcionario estatal precisó que las únicas iniciativas que se mantendrán durante estos días son los desayunos escolares, las orientadas a la atención de la salud de la población, de abasto popular y de seguridad pública. Agregó que se continuarán brindando apoyos a quienes son afectados por la creciente de los ríos, así como aquellos que se encuentran en los albergues instalados por el Sistema Estatal de Protección Civil.

Las personas que por temor a perder sus pertenencias continúan en sus hogares, también serán respaldados con atención médica, vigilancia permanente y paquetes alimenticios.

Que esta determinación se suma a la emprendida el pasado 4 de octubre, cuando el gobernador Roberto Madrazo ordenó suspender de manera temporal la difusión de programas de acciones de su administración, pese a que no hay ninguna indicación expresa de retirar las transmisiones de promocionales oficiales de los medios masivos de comunicación.

Esto es lo que la comisión que representa a la Cámara de Diputados está haciendo en el Estado de Tabasco, que un diputado o dos, por su cuenta y riesgo vaya a Tabasco y use su camarita, sirva o no sirva y venga a informar aquí, está interviniendo en la determinación de la comisión que es la única que debe venir a aportar aquella información que este pleno del Congreso aprobó para el día último de octubre.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Continúe la Secretaría con los asuntos enlistados en el orden del día.


ORDEN DEL DIA

El secretario Bernardo Borbón Vilches:

Se informa a la Presidencia que se han agotado los asuntos en cartera.

Se va a dar lectura al orden del día con los asuntos que hasta este momento se han incluido.

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.Å Primer Año.Å LVIII Legislatura.

Orden del día

Jueves 12 de octubre de 2000.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De los congresos de los estados de: Baja California, Colima, Querétaro y Oaxaca. (Turno a comisión.)

Iniciativa de diputados

De reformas a los artículos 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Proposición

Con punto de acuerdo sobre el trato a los mexicanos por autoridades migratorias y de aduanas norteamericanas, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)»

CLAUSURA Y CITATORIO

La Presidenta (a las 14:42 horas):

Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el jueves 12 de octubre a las 11:00 horas.

RESUMEN DE TRABAJOS

Tiempo de duración: 3 horas 37 minutos.

Quorum a la apertura de sesión: 281 diputados.

Asistencia al cierre de registro: 426 diputados.

Proposiciones con puntos de acuerdo: 3.

Excitativas a comisiones: 2.

Agenda política: 5.

Oradores en tribuna: 27

PRI-7; PAN-6; PRD-7; PVEM-2; PT-4; CDPPN-1.

Se recibió:

1 iniciativa del PRD;

3 comunicaciones de los estados de Nayarit, Oaxaca y Zacatecas;

3 oficios de la Cámara de Senadores;

1 oficio del Secretario de la Secretaría de Energía;

1 oficio de la Secretaría de Gobernación;

2 oficios del Secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

 




Alvarez Bruneliere, Silvia (PAN)


Aragón Castillo, Hortensia (PRD)


Calzada Padrón, Feliciano (PRI)


Cervantes Rivera, Jaime (PT)





Cobo Terrazas, Diego (PVEM)


Cota Montaño, Rosa Delia (PT)


Del Río Virgen, José Manuel (CDPPN)




Duarte Ramírez, Manuel (PRD)


Esquiliano Solís, Héctor Nemecio (PRI)


Figueroa Canedo, Sara
Guadalupe (PVEM)


García Zalvidea, Juan Ignacio (PAN)


Garibay García, J. Jesús (PRD)





Gómez Olvera, Alejandro (PRD)







González Molina, Concepción (PRI)


Granja Ricalde, Federico (PRI)







Guerra Garza, Abel (PRI)


Herrera Jiménez, Luis (PRD)











León Morales, Ramón (PRD)






León Morales, Ramón (PRD)



López Escoffie, Silvia América (PAN)


López Hernández, Rafael (PRI)

Lorenzo Juárez, Beatriz Patricia (PAS)


Mendieta Cuapio, Albino (PRI)



Mouriño Terrazo, Juan Camilo (PAN)

Peredo Aguilar, Rosalía (PT)


Regis Adame, Juan Carlos (PT)




Rivera Cabello, José María (PAN)



Saro Boardman, Ernesto (PAN)


Tapia Medina, María del Rosario (PRD)

Tema


Incremento del monto de recursos federales destinados al gasto en educación.

Congreso Nacional de Mujeres, que se efectuó del 28 al 30 de septiembre.


Estado de Tabasco, proceso electoral.


En relación a dictamen de la Comisión de Seguridad Social que reforma los artículos 57, 62 y 64 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que quedó en la comisión con fecha 29 de abril pasado, sobre pensionados y jubilados.

Punto de acuerdo relacionado con el proyecto turístico náutico, puerto Cancún.


Horario de verano.


En relación a dictamen de la Comisión de Seguridad Social que reforma los artículos 57, 62 y 64 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que quedó en la comisión con fecha 29 de abril pasado, sobre pensionados y jubilados.


Estado de Tabasco, proceso electoral.


Sobre el proyecto turístico náutico, puerto Cancún.



Horario de verano.



Sobre el proyecto turístico náutico, puerto Cancún.


Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 26 y 73 fracción XXIX inciso d, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referentes al Plan Nacional de Desarrollo y la planeación nacional del desarrollo económico y social.

Punto de acuerdo, en relación con el dictamen de la Comisión de Seguridad Social que reforma los artículos 57, 62 y 64 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que quedó en la comisión con fecha 29 de abril pasado, sobre pensionados y jubilados.


Congreso Nacional de Mujeres, que se efectuó del 28 al 30 de septiembre.


En relación a dictamen de la Comisión de Seguridad Social que reforma los artículos 57, 62 y 64 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que quedó en la comisión con fecha 29 de abril pasado, sobre pensionados y jubilados.


Vicente Fox Quesada, sobre la gira del presidente electo de México, por Europa.


Excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para que dictamine las iniciativas con proyecto de decreto que reforma los artículos 35, 41, 71, 72, 74, 89, 93-bis y 135; y otra que reforma los artículos 40 y 115, ambas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentadas el 31 de marzo y el 3 de abril de 1998, respecto a las figuras de democracia participativa, plebiscito, referéndum e iniciativa popular.


Incremento del monto de recursos federales destinados al gasto en educación y solicita que se excite a la comisión respectiva para que dictamine la iniciativa presentada el 14 de septiembre pasado, de reformas a la Ley General de Educación.



Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, participación de dicho, Instituto en el problema de deudores bancarios.


Congreso Nacional de Mujeres, que se efectuó del 28 al 30 de septiembre.


Horario de verano.


Congreso Nacional de Mujeres, que se efectuó del 28 al 30 de septiembre.


Incremento del monto de recursos federales destinados al gasto en educación.



Horario de verano.

Congreso Nacional de Mujeres, que se efectuó del 28 al 30 de septiembre.



Vicente Fox Quesada, sobre la gira del presidente electo de México,'por Europa.


En relación a dictamen de la Comisión de Seguridad Social que reforma los artículos 57, 62 y 64 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que quedó en la comisión con fecha 29 de abril pasado, sobre pensionados y jubilados.

Vicente Fox Quesada, sobre la gira del presidente electo de México, por Europa.

Horario de verano, punto de acuerdo sobre dejar sin efecto el decreto de fecha 29 de diciembre de 1995, por el que se establecen los horarios estacionales en el país.