DIARIO de los DEBATES

 

ORGANO OFICIAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


Correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias  del Primer Año de Ejercicio

DIRECTOR GENERAL DE
CRONICA PARLAMENTARIA
Héctor de Antuñano y Lora

PRESIDENTE

Diputado Ricardo Francisco García Cervantes

DIRECTOR DEL
DIARIO DE LOS DEBATES

Norberto Reyes Ayala
AÑO I                  México, D.F., Miercoles 29 de Noviembre de 2000             No.30

S U M A R I O



ASISTENCIA

Pág.

3223

ORDEN DEL DIA 3223
ACTA DE LA SESION ANTERIOR 3224
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 3228
Comunicaciones de los ciudadanos Emilio Zebadúa y Juan Molinar Horcasitas, por las que notifican su renuncia al cargo de consejeros electorales del consejo general de dicho Instituto. De enterado y se turnan a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. 3228
ESTADO DE COAHUILA 3228
Comunicación del Congreso estatal, con la que remite acuerdo relativo al Programa Nacional de Abasto Social en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2001. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 3228
ESTADO DE NAYARIT 3232
Comunicación del Congreso estatal, con la que remite acuerdo por el que solicita el incremento en el presupuesto destinado a la educación para el ejercicio fiscal de 2001. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 3232
Comunicación del Congreso estatal, con la que remite acuerdo por el que solicita: aumentar las participaciones federales a estados y municipios; reformar la Ley de Coordinación Fiscal y ampliar las fuentes de financiamiento locales. Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público. 3236
Comunicación del Congreso estatal, con la que remite acuerdo rechazando la importación de frijol. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 3238
Comunicación del Congreso estatal, con la que remite solicitud al Congreso de la Unión, para que la Cámara de Senadores analice y apruebe la Ley de Desarrollo Rural. De enterado. 3241
DIPUTADO SUPLENTE QUE SE INCORPORA 3249
El Presidente designa comisión que acompañe en el acto de rendir su protesta de ley al ciudadano José Rivera Carranza, electo como diputado suplente en el Xll distrito electoral federal del Estado de Guanajuato. 3249
ANDRES SATURNINO VIESCA 3250
El diputado Benjamín Ayala Velázquez se refiere al político coahuilense, en el CLXXIII aniversario de su natalicio. 3250
FEDERACION DE RUSIA 3251
El Presidente da la bienvenida a la visita de la delegación de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia. 3251
DIA MUNDIAL DE LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE AUDICION 3251
Sobre la celebración del 28 de noviembre, intervienen los diputados: 3251
Raquel Cortés López 3251
Librado Treviño Gutiérrez 3252
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 3254
La diputada Rosalía Peredo Aguilar presenta iniciativa que reforma la fracción I del artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a los requisitos para ser Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales. 3254
LEY DE COORDINACION FISCAL 3256
La diputada María Miroslava García Suárez presenta iniciativa de reformas a dicha ley, referente a las entidades federativas y el Distrito Federal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 3256
ASISTENCIA (Il) 3263
PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES
DIPLOMATICAS
3263
Primera lectura de los siguientes dictámenes: 3263
Dos dictámenes de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyectos de decreto por los que se conceden permisos para que 17 ciudadanos mexicanos puedan prestar servicios en representaciones diplomáticas de Estados Unidos de América, Belice y Perú, respectivamente. Se les dispensa la segunda lectura. Sin discusión se reservan para su votación nominal en conjunto. 3263
CONDECORACIONES 3266
Tres dictámenes de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyectos de decreto por los que se concede permiso para que ocho ciudadanos mexicanos puedan aceptar y usar condecoraciones que les confieren los gobiernos de Panamá, Portugal, Honduras, Guatemala Francia, Alemania y Brasil, respectivamente. Se les dispensa la segunda lectura. Sin discusión se reservan para su votación nominal en conjunto. 3266
Aprobados los anteriores cinco dictámenes, pasan a la Cámara de Senadores y al Ejecutivo para los efectos constitucionales, como corresponde. 3269
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 3269
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el Vl informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 3269
LEY DEL INSTITUTO NACIONAL
DE LAS MUJERES
3269
El Presidente informa sobre el dictamen de la Comisión de Equidad y Género, con proyecto de dicha ley. 3269
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 3270
El diputado José Sergio Rodolfo Vaca Betancourt Bretón presenta proposición con punto de acuerdo sobre la labor realizada por el Procurador General de la República. 3270
AUTOTRANSPORTE FEDERAL 3271
El diputado Elías Dip Rame presenta proposición con punto de acuerdo respecto a la problemática del transporte federal mexicano en el Tratado de Libre Comercio. 3271
Se refiere al tema el diputado Francisco Patiño Cardona. 3274
Se turnan la proposición y la intervención del diputado Patiño Cardona a las comisiones de Transportes y a la de Comercio y Fomento Industrial. 3275
ESTADO DE NAYARIT (II) 3275
El diputado Jaime Cervantes Rivera presenta proposición con punto de acuerdo referente a la situación de indígenas en esa entidad. Se turna a las comisiones de Asuntos Indígenas, Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social. 3275
SUR-SURESTE DE MEXICO 3277
El diputado Jesús Ali de la Torre presenta proposición con punto de acuerdo para crear la comisión especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los proyectos de desarrollo regional relacionados con la región sur-sureste de México. 3277
Intervienen sobre el tema los diputados: 3283
Miguel Angel Gutiérrez Machado 3283
Jesús Alejandro Cruz Gutiérrez 3285
Ricardo Augusto Ocampo Fernández 3286
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales intervienen los diputados: 3287
Jesús Ali de la Torre 3287
Abel Trejo González 3288
José Narro Céspedes 3288
Tomás Torres Mercado 3289
Arturo Herviz Reyes 3290
Pablo de Jesús Arnaud Carreño 3291
Héctor Pineda Velázquez 3292
Abel Trejo González 3293
Pablo de Jesús Arnaud Carreño 3295
Emilio Ulloa Pérez 3296
Federico Granja Ricalde 3297
Miguel Angel Gutiérrez Machado 3298
FRIJOL 3298
El diputado Oscar Alfonso del Real Muñoz presenta proposición con punto de acuerdo sobre la problemática del precio y de la importación del frijol. 3298
SUR-SURESTE DE MEXICO (II) 3302
La proposición del diputado Ali de la Torre, se turna a la Junta de Coordinación Política. 3302
FRIJOL (II) 3302
Continúan sobre el mismo tema, los diputados: 3302
Ramón Ponce Contreras 3302
Miguel Castro Sánchez 3303
José Manuel del Río Virgen 3304
Jaime Alcántara Silva 3305
Alfonso Oliverio Elías Cardona 3306
J. Jesús Dueñas Llerenas 3307
José Carlos Luna Salas 3308
La proposición se turna a las comisiones de Agricultura y Ganadería; Presupuesto y Cuenta Pública, y Hacienda y Crédito Público. 3309
COMISIONES LEGISLATIVAS 3309
El diputado Jaime Cervantes Rivera presenta proposición con punto de acuerdo respecto a la integración de diputados del Partido del Traba jo en las secretarías de las mesas directivas de las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados. Se turna a la Junta de Coordinación Política. 3309
LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (II) 3310
Dictamen de la Comisión de Equidad y Género, con proyecto de Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. Se le dispensa la segunda lectura. 3310
Fijan la posición de sus respectivos grupos parlamentarios, las diputadas: 3328
Norma Patricia Riojas Santana, a nombre de los partidos de la Sociedad Nacionalista, Alianza Social y Convergencia por la Democracia. 3328
Rosa Delia Cota Montaño 3329
María Cristina Moctezuma Lule 3329
María de los Angeles Sánchez Lira 3330
Alba Leonila Méndez Herrera 3331
Olga Haydee Flores Velásquez 3333
La diputada Concepción González Molina, a nombre de la Comisión de Equidad y Género, propone modificaciones al dictamen. 3335
La diputada Silvia América López Escoffie, a nombre de la comisión dictaminadora, hace aclaraciones al dictamen. 3343
Se aprueban las modificaciones propuestas. 3344
Sin que motive discusión en lo general, se realizan reservas de artículos en lo particular. 3344
Aprobado en lo general y en lo particular por los artículos no impugnados. 3347
A discusión en lo particular, intervienen los diputados: 3347
Gustavo Riojas Santana, a nombre de los partidos de la Sociedad Nacionalista, Alianza Social y Convergencia por la Democracia. 3347
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta 3348
Para rectificar hechos, la diputada Norma Patricia Riojas Santana. 3350
RECESO 3351
Se concede el uso de la palabra al diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, quien presenta nueva propuesta. 3351
La diputada Concepción González Molina presenta propuesta. 3352
Se recoge la votación nominal de los artículos reservados. 3354
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. 3356
ORDEN DEL DIA 3357
De la próxima sesión. 3357
CLAUSURA Y CITATORIO 3357
RESUMEN DE TRABAJOS 3358
DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA PRESENTE SESION 3359

DIARIO de los DEBATES

Año l  No.30       PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS   NOVIEMBRE  29, 2000

 

Presidencia del diputado
Eric Eber Villanueva Mukul

ASISTENCIA

El Presidente :

Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los diputados.

La secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria:

Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 264 diputados.

El Presidente (a las 11:31 horas):

Hay quorum.

Se abre la sesión.

Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día.


ORDEN DEL DIA

La secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria:

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Primer Año.- LVIII Legislatura.

Orden del día


Miércoles 29 de noviembre de 2000.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones


De ciudadanos.

De los congresos de los estados de Coahuila y Nayarit.

Protesta de diputado.

De la Junta de Coordinación Política.

Efemérides


Sobre el ciudadano Andrés S. Viesca, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Sobre el Día Mundial de las Personas con Problemas de Audición, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Iniciativa de diputados


De reformas al artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)

Que reforma la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Miroslava García Suárez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Dictámenes de primera lectura


Dos, de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyectos de decreto que conceden permiso a ciudadanos mexicanos, para prestar servicios a gobiernos extranjeros. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación.)

Tres, de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyectos de decreto que conceden permiso a ciudadanos mexicanos, para aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación.)

Dictamen a discusión


De la Comisión de Equidad y Género con Proyecto de Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. (Publicado en la Gaceta Parlamentaria del 28 de noviembre, discusión y votación.)

Proposiciones


Con punto de acuerdo sobre el cumplimiento de los acuerdos agrarios del Gobierno Federal ante las organizaciones campesinas, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación con la Procuraduría General de la República, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre la realidad que vive el autotransporte federal, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre la situación de los indígenas en el Estado de Nayarit, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que las secretarías: de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de Salud, se aboquen a resolver el grave problema de contaminación y salud pública en el municipio de Torreón, Coahuila, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre la reducción del precio del gas, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para crear una comisión especial que coadyuve y dé seguimiento a los proyectos de desarrollo regional para el sur-sureste de México, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre la integración de los diputados del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, en las secretarías de las mesas directivas de las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre la problemática del precio del frijol, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Excitativas

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

A las comisiones de Hacienda y Crédito Público y del Distrito Federal, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Agenda política

Comentarios sobre la integración del gabinete, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»


ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente :

El siguiente punto del orden del día es la discusión del acta de la sesión anterior.

Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que le ha sido entregada copia de la misma a los coordinadores de los grupos parlamentarios para sus observaciones y se procede a su votación.

La secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria:

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que le ha sido entregada copia de la misma, a los coordinadores de los grupos parlamentarios para sus observaciones y se procede a su votación.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes veintiocho de noviembre de dos mil, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura.

Presidencia del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las once horas con veintiún minutos del martes veintiocho de noviembre de dos mil, con la asistencia de doscientos noventa y nueve diputados, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea aprueba el acta de la sesión anterior, en sus términos.

Comunicación del diputado Javier Usabiaga Arroyo, por la que solicita licencia para separarse del cargo de diputado federal. En votación económica se aprueba el punto de acuerdo respectivo. Llámese al suplente.

Comunicación de la diputada Josefina Eugenia Vázquez Mota, por la que solicita licencia para separarse del cargo de diputada federal. Se aprueba el punto de acuerdo en votación económica. Llámese al suplente.

El Presidente informa que a las puertas del salón de sesiones, se encuentra el ciudadano Abelardo Escobar Prieto, electo como diputado suplente en la segunda circunscripción y designa a una comisión que lo acompañe en el acto de rendir su protesta de ley. Terminado el acto protocoIario, entra en funciones de inmediato.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la contratación de personas con discapacidad por parte de la Cámara de Diputados. En votación económica se aprueba.

Hablan sobre el octogésimo noveno aniversario de la proclamación del Plan de Ayala, los diputados: Rosalía Peredo Aguilar, del Partido del Trabajo; Gustavo Nabor Ojeda Delgado, del Partido Revolucionario Institucional y Silvano Aureoles Conejo, del Partido de la Revolución Democrática.

Se refiere al aniversario del asesinato de los hermanos Serdán, el diputado Benito Vital Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional.

Hablan sobre el Día Internacional de la No Violencia Hacia las Mujeres, las diputadas: María de los Angeles Sánchez Lira, del Partido de la Revolución Democrática; Norma Patricia Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista.

La Secretaría informa, a las doce horas con treinta y un minutos, que existen registrados cuatrocientos sesenta diputados. Se ordena el cierre del sistema de registro electrónico.

Continúan con el tema las diputadas: Rosa Delia Cota Montaño, del Partido del Trabajo; María Teresa Campoy Ruy Sánchez, del Partido Verde Ecologista de México; María del Rocío García Gaytán, del Partido Acción Nacional y Olga Haydee Flores Velásquez, del Partido Revolucionario Institucional.

Presentan iniciativas con proyecto de decreto los diputados:

María Cruz Martínez Colín, del Partido Acción Nacional, que adiciona la fracción vigésimo octava al artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

José Antonio Arévalo González, del Partido Verde Ecologista de México, de reformas al artículo veintiocho de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Presidencia de la diputada
María Elena Alvarez Bernal

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita permisos para que ciudadanos mexicanos puedan prestar servicios a gobiernos extranjeros.

Presidencia del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes

Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Minuta de la Cámara de Senadores, con proyecto de decreto por el que se crea la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera, para los efectos del inciso e del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Comercio y Fomento Industrial.

Minuta de la Cámara de Senadores, con proyecto de decreto que concede permisos para que ciudadanos mexicanos puedan aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

3223, 3224 y 3225

Para presentar proposiciones con proyecto de punto de acuerdo, hacen uso de la palabra los diputados:

Luis Alberto Villarreal García, del Partido Acción Nacional, para solicitar a la Secretaría de Gobernación, se declare zona de desastre por sequía a varios municipios del Estado de Guanajuato.

Presidencia del diputado
Eric Eber Villanueva Mukul

Para el mismo asunto, suben a la tribuna los diputados Luis Gerardo Rubio Valdéz y Rubén García Farías, ambos del Partido Revolucionario Institucional.

Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

Rosalía Peredo Aguilar, del Partido del Trabajo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de dos mil uno, se contemple una partida especial para la construcción del museo de la historia del Movimiento Zapatista, en el municipio de Ayoxustla, Puebla. Se turna a las comisiones de Cultura y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Abel Trejo González, del Partido Revolucionario Institucional, sobre el desarrollo del istmo de Tehuantepec como puerta de acceso para la región sur.

Para el mismo tema, habla el diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar, del Partido de la Revolución Democrática.

Se turna a las comisiones de Comunicaciones, de Transportes y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Antonia Irma Piñeyro Arias, del Partido Revolucionario Institucional, a nombre de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, sobre el programa: "Diputada Amiga, Diputado Amigo", para apoyar a los trabajadores migratorios.

La Asamblea, en votación económica, lo considera de urgente resolución y se refieren al tema, los diputados: Erika Elizabeth Spezia Maldonado, del Partido Verde Ecologista de México; Petra Santos Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática; Oscar Ochoa Patrón, del Partido Acción Nacional y Sergio Acosta Salazar, del Partido de la Revolución Democrática.

La Asamblea aprueba el punto de acuerdo en votación económica. Se turna a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios para su instrumentación.

Dictamen de la Comisión de Equidad y Género, con proyecto de Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. Es de primera lectura. Se ordena su publicación en la Gaceta Parlamentaria.

El Presidente informa que se encuentran representantes de varias organizaciones sociales interesadas en la regularización de vehículos de procedencia extranjera y solicita a los grupos parlamentarios la integración de una comisión para atenderlos.

Continúan con las proposiciones con punto de acuerdo, los diputados:

José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional, sobre la Fundidora de Monterrey y su objeto de desincorporación.

Para el mismo tema, habla el diputado Jesús Mario Garza Guevara, del Partido Acción Nacional.

Se turna a las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Desarrollo Social.

Rosalía Peredo Aguilar, del Partido del Trabajo, sobre la situación del Movimiento Nacional de los Cuatrocientos Pueblos.

Presidencia del diputado
Eloy Cantú Segovia

Se refieren al mismo tema, los diputados: Nicasia García Domínguez, del Partido Verde Ecologista de México y José Francisco Yunes Zorrilla, del Partido Revolucionario Institucional.

Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Juan Manuel Martínez Nava, del Partido Revolucionario Institucional, sobre apoyo a los productores de maíz en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año dos mil uno.

Hablan sobre el mismo asunto, los diputados: Francisco Esparza Hernández, del Partido Acción Nacional; Gustavo Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista y Rogaciano Morales Reyes, del Partido de la Revolución Democrática.

La proposición se turna a las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública; de Comercio y Fomento Industrial, y de Agricultura y Ganadería.

Marco Antonio Dávila Montesinos, del Partido Revolucionario Institucional, sobre las tarifas de energía eléctrica. Se turna a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público; de Comercio y Fomento Industrial y de Energía.

Josefina Hinojosa Herrera, del Partido Revolucionario Institucional, sobre la revisión de las percepciones económicas de los trabajadores al servicio del Estado y su impacto en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Para hechos, se concede el uso de la palabra al diputado José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo.

Juan Manuel Carreras López, del Partido Revolucionario Institucional, en relación a la protección de los derechos de los migrantes en tránsito, en la época decembrina. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Heidi Gertud Storsberg Montes, del Partido Acción Nacional, para solicitar al Secretario de Gobernación la adecuada revisión del gasto en materia de comunicación social. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Tomás Torres Mercado, del Partido de la Revolución Democrática, para que se genere un fondo extraordinario para abatir el rezago de infraestructura en los estados y zonas más pobres del país.

Para el mismo tema habla el diputado Juan Carlos Regis Adame, del Partido del Trabajo.
Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se refieren a la integración de los órganos electorales en el Estado de Yucatán, los diputados: Roger Antonio González Herrera, del Partido Acción Nacional; Jaime Cervantes Rivera, del Partido del Trabajo; Uuc-kib Espadas Ancona, del Partido de la Revolución Democrática y Rosa Elena Baduy Isaac, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes

Para rectificar hechos hacen uso de la palabra, los diputados: Eric Eber Villanueva Mukul, del Partido de la Revolución Democrática, Roger Antonio González Herrera, del Partido Acción Nacional; Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones y Uuc-kib Espadas Ancona, del Partido de la Revolución Democrática.

Se pronuncian sobre la situación de los pensionados y jubilados de las instituciones de seguridad social, los diputados: Cuauhtémoc Rafael Montero Esquivel, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones, la segunda para rectificar hechos; José María Rivera Cabello, del Partido Acción Nacional y José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional.

Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las dieciocho horas con cuarenta y tres minutos, citando para la que tendrá lugar el miércoles veintinueve de noviembre de dos mil, a las once horas.»

El Presidente :

Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria:

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta.

El Presidente :

Proceda la Secretaría a dar cuenta con las comunicaciones de ciudadanos.


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

La secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria:

«Diputado Ricardo Francisco García Cervantes, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

El 31 de octubre de 1996, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión me distinguió al designarme como consejero electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral, cargo que he ejercido con el mejor de mis empeños y con estricto apego a los principios rectores de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia y objetividad que establece nuestra Constitución.

El día de ayer el señor gobernador electo del Estado de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, me honró con la invitación a participar como Secretario de Gobierno en su administración que inicia el próximo 8 de diciembre. Considerando la trascendencia que para el desarrollo democrático y armónico del país representa el Estado de Chiapas comunico, de manera respetuosa, a esa soberanía que he decidido aceptar dicho encargo. En consecuencia y por este conducto, presento mi renuncia a partir del día 30 de noviembre del año en curso al cargo de consejero electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Finalmente, deseo hacer patente mi reconocimiento irrestricto por el apoyo y el respeto que esa Cámara ha brindado en todo tiempo al Instituto Federal Electoral en el desempeño autónomo de sus funciones constitucionales.

Atentamente.

México, D.F., a 27 de noviembre de 2000.- Doctor Emilio Zebadúa, consejero electoral.»

El Presidente :

De enterado y túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

La secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Federal Electoral.

Diputado Ricardo García Cervantes, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura.- Presente.

Sirva la presente para solicitarle sea el amable conducto para presentar ante la Cámara de Diputados mi renuncia, a partir del 30 de noviembre, al cargo de consejero electoral del Instituto Federal Electoral con el que fui distinguido el 31 de octubre de 1996. Lo anterior para los efectos conducentes.

Agradezco la confianza conferida.

Atentamente.

México, D.F., a 23 de noviembre de 2000.- Juan Molinar Horcasitas, consejero electoral.»

El Presidente :

De enterado y túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Proceda la Secretaría a dar lectura a las comunicaciones de los congresos de los estados.


ESTADO DE COAHUILA

La secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria:

«Escudo.- Coahuila de Zaragoza.- Poder Legislativo.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

En sesión celebrada en esta fecha por el pleno de la LV Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila, se trató lo relativo a un planteamiento sobre el "Programa Nacional de Abasto Social", presentado por el grupo parlamentario "Luis Donaldo Colosio Murrieta" del Partido Revolucionario Institucional, en los términos que consigna el documento que se acompaña a la presente comunicación.

3226, 3227 y 3228

Al resolverse sobre este asunto, el pleno del Congreso aprobó el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Que este Congreso envíe una respetuosa solicitud a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con el propósito de que haga una excitativa tanto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como a la Secretaría de Desarrollo Social, a fin de que liberen en su totalidad los recursos asignados al Programa Nacional de Abasto Social.

Segundo.
Solicitar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que contemple el Programa de Abasto Social en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2001.

Conforme a sus términos, este punto de acuerdo se comunica a esa Cámara de Diputados, para su conocimiento y la atención que resulte procedente.

Atentamente.

Saltillo, Coahuila, a 14 de noviembre de 2000.- Diputado Heriberto Ramos Salas, presidente de la mesa directiva.»

«Punto de acuerdo que presenta el diputado Juan Alejandro de Luna González, en representación del grupo parlamentario "Luis Donaldo Colosio Murrieta" del Partido Revolucionario Institucional del Congreso del Estado.

Diputado Presidente; diputadas y diputados de la LV Legislatura; señores representantes de los medios de comunicación:

La distribución del gasto público en nuestro país, ha sido uno de los aspectos más discutidos en los últimos años. Las necesidades de crecimiento y desarrollo de la población han ido de la mano con la atención a la pobreza extrema de millones de mexicanos que por diferentes razones se han ido rezagando, quedando en condiciones de desventaja que requieren urgentemente de apoyos básicos en materia de alimentación.

La atención a la salud, la educación, la vivienda, la seguridad pública, el empleo, el campo, el equipamiento urbano etcétera, se han mantenido en el ánimo de los poderes federales Ejecutivo y Legislativo, sobre todo en los momentos de elaboración y aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, sin embargo, aún falta mucho por discutir sobre el tema relacionado con el abasto social.

Si bien es cierto que el Programa de Abasto Social, en estos momentos no constituye la solución de fondo al problema de la pobreza en México, también es cierto que se requiere como un paliativo importante que atenúe los efectos negativos del desarrollo social, en lo que llegan con plenitud sus beneficios a las familias actualmente en desventaja.

Para el año 2000 se asignaron, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 715 millones de pesos al Programa Nacional de Abasto Social, sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la fecha, sólo ha liberado 418 millones, es decir, a escasos 15 días de terminar su ejercicio constitucional el presidente Zedillo, apenas se ha aplicado el 58% de dicho presupuesto.

¿Qué habrá de ocurrir con este presupuesto durante el mes de diciembre, en caso de que no sea liberado en su totalidad?

¿Habrá la disposición de continuar con la aplicación presupuestal para tan importante programa?

Estas y otras dudas asaltan a las familias beneficiadas en nuestras comunidades, ya que en nuestro Estado existe una agrupación denominada "Consejos Comunitarios de Abasto", organismo que abarca Coahuila y la región lagunera de Durango, encargado de operar, en coordinación con Diconsa, el Programa de Abasto Social en 695 comunidades.

A través de este programa se benefician alrededor de 58 mil familias de escasos recursos, llevándoles un margen de ahorro superior al 14% en precios al consumidor.

Productos básicos como maíz, frijol, arroz, azúcar, harina de maíz, leche Liconsa, abarrotes y mercancías generales, son ofrecidos por esta organización de consejos comunitarios de abasto en beneficio de la economía y la alimentación de los más necesitados, contribuyendo, además, a evitar el encarecimiento irracional de estos productos al aumentar la oferta en el mercado y elevar los niveles de competitividad.

Por lo anteriormente señalado y con fundamento en el compromiso que los representantes populares tenemos frente a las demandas de la comunidad, el grupo parlamentario "Luis Donaldo Colosio Murrieta" del Partido Revolucionario Institucional, se permite poner a su consideración el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Que este Congreso envíe una respetuosa solicitud a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con el propósito de que haga una excitativa tanto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como a la Secretaría de Desarrollo Social, a fin de que liberen, en su totalidad, los recursos asignados al Programa Nacional de Abasto Social.

Segundo. Solicitar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, contemple el Programa de Abasto Social en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2001.

Atentamente.

Saltillo, Coahuila, a 14 de noviembre de 2000.- Por el grupo parlamentario "Luis Donaldo Colosio Murrieta" del Partido Revolucionario Institucional, diputado Juan Alejandro de Luna González.»

«Escudo.- Consejos Comunitarios de Abasto.- Coahuila y Región Lagunera de Durango.

Diputado Heriberto Ramos Salas, presidente del honorable Congreso local del Estado de Coahuila.- Presente.

Como es de usted conocido nuestras organizaciones de consumidores operamos corresponsablemente con Diconsa, S.A. de C.V., el programa de abasto social en 695 comunidades del Estado de Coahuila, mensualmente distribuimos 1 mil 582 toneladas de alimentos básicos y super básicos de los cuales son 195 de maíz, 59 de frijol, 18 de arroz, 113 de azúcar, 143 de harina de maíz, 12 de leche Liconsa, 972 de abarrotes y 68 de mercancías generales, las cuales nos permite apoyar en la economía de 57 mil 916 familias de escasos recursos con un margen de ahorro de 14.2% al consumidor, asimismo, con nuestra presencia se evitan se encarezcan aún más los productos básicos que consumen los pobladores de nuestras comunidades.

Por la importancia que representa para nuestras familias el programa de abasto social en Coahuila, en forma respetuosa le solicitamos se hagan dos exhortos:

Uno. Para que el honorable Congreso de la Unión que usted dignamente preside, solicite la intervención de la Cámara de Diputados ante la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Desarrollo Social para que terminen de liberar los recursos autorizados, ya que de 715 millones asignados al Programa de Abasto Social a nivel nacional, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sólo ha liberado 368 millones al mes de octubre del presente año.

Dos. Que la Cámara de Diputados, contemple nuestro Programa de Abasto Social, en el Plan Nacional de Desarrollo y en la política social de combate a la pobreza durante el sexenio 2001-2006, y desde luego se continúe apoyando con presupuesto de la Federación, el cual próximamente la Cámara de Diputados federal aprobará.

Asimismo, agradeceremos se nos informe el día en que el honorable Congreso que usted dignamente preside sesionará y se abordará la presente petición para que una comisión de nuestros consejos esté presente en la deliberación de este asunto.

Sin otro particular de antemano agradecemos la atención a la presente y en espera de su respuesta quedamos de usted.

Atentamente.

Torreón, Coahuila, a 25 de octubre de 2000.- Coordinadora estatal de los Consejos Comunitarios, zona norte: Jesús Martínez Rivera y zona laguna: Candelario Calamaco Martínez; consejos comunitarios de abasto: Virginias AC; Morelos, AC; Matamoros, AC; Sacramento, AC; San Lorenzo, AC; Hermanas, AC y Gatas Mochas, AC.»

«Escudo.- Consejos Comunitarios de Abasto.- Coahuila y Región Lagunera de Durango.

Diputado Heriberto Ramos, presidente de la Cámara de Diputados.- Presente.

Por este conducto se le hace una atenta invitación para que presida la asamblea constitutiva de la coordinadora estatal de los Consejos Comunitarios de Abastos de Coahuila y Región Lagunera de Durango, AC.

Que se llevará a cabo en el salón de usos múltiples del almacén rural Matamoros en la comunidad Benito Juárez, Matamoros, Coahuila, el 14 de noviembre del año en curso.

Por la importancia que para nuestras organizaciones tiene el presente evento, esperamos su asistencia, agradeciendo confirme su participación a la comisión organizadora. Teléfono: 01 17 20 95 80 y celular 01 17 10 61 86.

Sin otro particular, reciba un saludo fraterno y solidario.

Atentamente.

Torreón, Coahuila, a 28 de octubre de 2000.- Por la coordinadora estatal, Jesús Martínez Rivera.»

«Escudo.- Coahuila de Zaragoza.- Poder Legislativo.- Congreso del Estado de Coahuila.- LV Legislatura.- Diputación Permanente.

PUNTO DE ACUERDO

Que presenta la Comisión de Concertación Parlamentaria a la honorable Diputación Permanente del Congreso del Estado, sobre solicitud de incremento a las participaciones federales que se entregan a los estados y municipios.

Honorable Diputación Permanente:

CONSIDERANDO

Primero. Que en el Constituyente de Querétaro, por unanimidad, los legisladores participantes estuvieron de acuerdo en que el proyecto presentado por don Venustiano Carranza, en su parte relativa al municipio, debía de ser adicionado con un elemento indispensable: su autonomía financiera.

Segundo.
Que a pesar de ello, al sujetar la composición de las haciendas municipales a la decisión de las legislaturas locales y no señalar específicamente sus fuentes impositiva materialmente, les negaron a los municipios de autonomía financiera que requerían para su correcto funcionamiento.

Tercero.
Que en las consideraciones de la reciente reforma del dictamen presentado con fecha 25 de junio de 1999, por las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, Fortalecimiento del Federalismo y Estudios Legislativos de la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, se reconoce al municipio como el eje del desarrollo nacional.

Cuarto.
Que de igual forma, en el dictamen en cita que dio mérito a la última reforma, se admite la necesidad de dotar a los municipios de los recursos económicos necesarios para satisfacer a las demandas que les competen atender y resolver.

Quinto.
Que con la firma del convenio de adhesión, las entidades federativas han suspendido contribuciones estatales y municipales, de manera que esto ha representado una importante reducción en opciones de financiamiento propio para las entidades y sus municipios.

Sexto.
Que los ingresos por participaciones son una de las principales fuentes de ingresos de las entidades y que son las alternativas más importantes del financiamiento del gasto público estatal y municipal.

PUNTO DE ACUERDO

Se solicite a la Comisión Permanente de Programación y Presupuesto de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 74 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considere el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Año 2001, la aprobación de un incremento de las participaciones federales que actualmente entregan a los estados y municipios en un 25%, así como también se establezcan nuevas potestades tributarias, de conformidad a las consideraciones siguientes:

3229, 3230 y 3231

Se reforme la Ley de Coordinación Fiscal, con objeto de que se incrementen las participaciones que se distribuyen a estados y municipios. Se establezcan nuevas potestades tributarias a los estados y municipios, a fin de contar con mayores fuentes de financiamiento local, como pueden ser registro, control y operación de contribuyentes menores o pequeños contribuyentes; ISR de personas físicas asalariadas; administración, cobro y vigilancia de contribuciones federales vía pago de incentivos; régimen simplificado y el impuesto al valor agregado.

Saltillo, Coahuila, a 19 de septiembre del año 2000.- Por las fracciones parlamentarias del Congreso del Estado.- Diputados: Heriberto Ramos Salas, Francisco Jaime Acosta, Luis Roberto Jiménez Gutiérrez, Alfredo Habib García, Héctor Hernández Cortinas e Hilaria Corpus Díaz.

El Presidente :

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.


ESTADO DE NAYARIT

La secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo de Nayarit.- XXVI Legislatura.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

De conformidad con lo previsto por los artículos 53 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 27 inciso d del Reglamento de Gobierno Interior y del Proceso Legislativo, los suscritos, secretarios de la honorable XXVI Legislatura, nos permitirnos hacer de su conocimiento lo siguiente:

En sesión pública ordinaria celebrada el día 5 de octubre del presente año, la honorable Asamblea Legislativa aprobó el acuerdo que tiene por objeto solicitar respetuosamente a la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, analice y apruebe en su caso, incremento sustancial al presupuesto destinado a la educación para el ejercicio fiscal del año 2001.

Aprovechamos la ocasión para reiterarle nuestro respeto.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Tepic, Nayarit, a 6 de octubre del 2000.- Diputados: N. Alonso Villaseñor Anguiano y Filiberto Delgado Sandoval, secretarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo de Nayarit.- XXVI Legislatura..- Comisión de Educación y Asuntos Culturales.

Honorable Asamblea Legislativa: a la comisión legislativa que suscribe, nos fue turnada por instrucciones de la Presidencia de la mesa directiva, la solicitud presentada por el diputado Carlos Enrique García Cambero, para la emisión de punto de acuerdo con el fin de solicitar respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con el apoyo de los legisladores federales nayaritas integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como a las autoridades educativas en el Estado, se analice y apruebe, en su caso, incremento sustancial al presupuesto destinado al ramo educativo.

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 40 y 57 del Reglamento de Gobierno Interior y del Proceso Legislativo, procedimos a la elaboración del dictamen y proyecto de acuerdo de referencia, en razón de las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera. La Constitución de 1917, en su última reforma del 5 de marzo de 1993 deja de manifiesto la obligación del Estado de proporcionar educación, así como la de recibirla, desde preescolar a secundaria, otorgando facultades a los particulares para impartirla en todos sus tipos y modalidades, concediendo al Estado la facultad de otorgar y retirar el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares.

Esta última reforma adiciona la fracción V al artículo 3o. que incorpora al texto constitucional el compromiso del Estado de promover los tipos y modalidades distintas a la educación preescolar, primaria y secundaria necesarias para el desarrollo del país, agregando expresamente la educación superior y en forma tácita a modalidades como la educación para adultos, la educación especial y la indígena. Esta última reforma ratifica la enorme importancia que para el futuro del país tiene la educación.

Segunda.
La educación constituye un fin en sí mismo, dado que permite el desarrollo integral del ser humano y propicia las condiciones materiales e intelectuales que le posibilitan el acceso a los conocimientos y las herramientas científicas técnicas para transformar su realidad y con ello, sus condiciones de vida.

La sociedad padece un rezago educativo que supera los 35 millones de mexicanos que no han concluido su instrucción básica, condenados a engrosar las filas de los millones de personas excluidas de las posibilidades de desarrollo.

Tercera.
En México, la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen se amplía día con día, son cada vez más los millones de mexicanos que se debaten en la llamada extrema pobreza. La disyuntiva de la educación pública es ser o no ser popular. Si sigue siendo popular, será el más efectivo motor de ascenso para las clases sociales en condiciones de pobreza, porque éstos sólo pueden mandar a sus hijos a las escuelas públicas.

Cuarta.
El problema en los países pobres como el nuestro, radica en la disyuntiva de si se fortalece a la educación privada con recursos fiscales o si éstos, en caso de incrementarse, se entregan a la educación pública, que nos pertenece a todos. Si la influencia neoliberal encuentra cómo justificar que la libertad de educación no sólo presupone libertad de conciencia, libertad para elegir el tipo de educación y, además, el dinero captado por el Estado vía impuestos, vaya a subsidiar mediante becas y otros mecanismos crediticios a estudiantes de escuelas privadas, entonces estaremos presenciando mayor decremento de la educación pública, que en los nuevos tiempos del cambio, seguirá en penuria.

Quinta.
No basta la reconciliación que nos hermane en propósitos y compromisos; es necesario seguir luchando por un incremento al presupuesto educativo. No es posible continuar con los supuestos incrementos que para el año que transcurre sobrepasó apenas el 4% del producto interno bruto; estamos a la mitad de lo recomendado por la UNESCO, cuando otras naciones dedican a la educación hasta el 16% de dicho producto.

Con base en estas consideraciones los integrantes de la comisión que suscribe estimamos procedente la propuesta, por lo que de conformidad a los artículos 97 y 144 del Reglamento de Gobierno Interior y del Proceso Legislativo, proponemos a esta soberanía los siguientes

ACUERDOS

Primero. Se solicita respetuosamente a la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, analice y apruebe en su, caso, incremento sustancial al presupuesto destinado a la educación para el ejercicio fiscal del año 2001.

Segundo.
Se solicita respetuosamente a la autoridad educativa del Estado de Nayarit, canalice mayores recursos financieros a la educación pública básica y universitaria en el ejercicio fiscal del año 2001.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y publíquese en el Periódico Oficial, órgano de gobierno del Estado.

Segundo.
Comuníquese el contenido del presente acuerdo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a los legisladores federales por el Estado de Nayarit, solicitando su apoyo; a la autoridad educativa local, así como a todos los congresos de los estados de la República para que suscriban acuerdos similares.

Sala de comisiones "General Esteban Baca Calderón" del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit Tepic, a 4 de octubre de 2000.- Comisión de Educación y Asuntos Culturales.- Diputados: Carlos Enrique García Gambero, presidente; David Estrada Cervantes, vicepresidente; Jorge Rubio Reynoso, secretario; Gilberto Padilla Peña y Cora Cecilia Pinedo Alonso, vocales.»

«Honorable Asamblea: hoy día y en todo el mundo, nadie niega la importancia de la educación y la necesidad de invertir mayores recursos a su financiamiento. El problema en los países pobres como el nuestro es si se fortalece a la educación privada con recursos fiscales o si éstos, en caso de incrementarse, se entregan a la educación pública que nos pertenece a todos.

Si la influencia neoliberal encuentra cómo justificar que la libertad de educación no sólo presupone libertad de conciencia, libertad para elegir el tipo de educación y además que el dinero que capta el Estado por concepto de nuestros impuestos vaya a subsidiar mediante sistemas de becas y otros mecanismos de préstamo a estudiantes de escuelas particulares, que ya de por sí tienen los recursos suficientes para estudiar donde más les guste, entonces estaremos viendo la primera derrota de la educación pública porque en los nuevos tiempos del cambio, seguirá en la penuria.

De las obligaciones del Estado mexicano con la sociedad, la Constitución de 1917 puso a la educación como la primera de todas. Por ser la base de la democracia y la justicia social.

La disyuntiva de la educación pública, como es el caso de la universitaria, es ser popular o no ser popular; si sigue siendo popular será el más efectivo motor de ascenso social para las clases sociales pobres. Porque los pobres sólo pueden mandar a sus hijos a escuelas sin colegiaturas o con servicios asistenciales como lo fueron el Politécnico en su tiempo, Chapingo y claro las escuelas normales rurales. La Universidad Autónoma de Nayarit tiene sin duda desviaciones provocadas por los grupos de interés y de presión que han desvirtuado sus objetivos y en algunos casos el destino de los recursos que le fueron otorgados por el erario público.

Sin duda, corregir estas fallas es un imperativo posible, necesario, inaplazable; pero lo que jamás debe permitirse es que la Universidad pierda su carácter popular, decidiéndose por alternativas de financiamiento que tal vez resuelvan su crisis de recursos, pero será pagando un alto costo que se va a reflejar inmediatamente en los jóvenes hijos nuestros.

La educación básica debe someterse a una revisión profunda, científica, crítica y sobre todo humanista, porque siendo el propósito de este ejercicio que la escuela elemental forme las raíces de nuestros hijos en los valores universales de justicia, prudencia, verdad y honestidad; será necesario que se haga con espíritu de tolerancia, sin radicalismos ni exclusiones, toda vez que en las escuelas los padres de familia, los maestros y los alumnos son seres humanos perfectibles y por lo tanto capaces de modificar conductas y actitudes que dificultan los cambios de la escuela pública nayarita hacia el nuevo tiempo que se denomina la era del conocimiento.

Señoras y señores diputados: no basta la reconciliación que nos hermane en propósitos y compromisos; es necesario que sigamos luchando por un incremento al presupuesto educativo, que pese a toda la propaganda de supuestos incrementos, apenas sobrepasó en términos reales sobre el 4% del PIB. Es decir, estamos a la mitad de lo recomendado por la UNESCO, pero lo más grave, estamos compitiendo por voluntad propia o por la fuerza de las circunstancias con naciones que dedican a educación hasta el 16% de su producto interno bruto.

No sólo resulta lamentable que mientras en Estados Unidos los grupos son de 20 alumnos y tienen 2 maestros con todos los recursos tecnológicos de punta, en México si bien nos va tenemos gis, pizarrón, borrador y buenas intenciones.

¿Cómo podremos competir? Como siempre, cantando que Jalisco nunca pierde y cuando pierde arrebata? Que lo importante no es ganar sino competir...

Señores diputados, les propongo que la Comisión de Educación elabore un punto de acuerdo para elevar al máximo posible la participación de la escuela en el reparto presupuestal. Que lo hagamos por medio de un punto de acuerdo que le solicite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados su apoyo y que los legisladores federales, como es el caso de Miguel Angel Navarro Quintero y el profesor Quintanilla, en su calidad de senadores y diputados miembros de la Comisión de Educación, se sumen a una corriente mayoritaria del Congreso Federal que busca darle más recursos a la escuela pública.

Resumiendo propongo:

3232, 3233 y 3234

1. Que esta soberanía apruebe la elaboración del punto de acuerdo.

2. Que se exija a las autoridades educativas del Estado de Nayarit canalizar mayores recursos financieros a la educación pública básica y universitaria.

3. Que se convoque en el marco de la mesa de diálogo a la brevedad posible para que la parte social de la educación popular, que son principalmente maestros y padres de familia, concurran a una audiencia pública para escuchar sus propuestas sobre el particular.

4. Que una vez que se hayan recogido las opiniones de los actores sociales que manifiesten interés en el futuro de la educación, se le dé curso por todos los conductos aconsejables a esta propuesta hasta convertirla en vigoroso reclamo justo y necesario de los nayaritas.

5. Que este honorable Congreso legisle lo necesario para garantizar que este propósito se convierta en una decisión legal con toda la fuerza que requiera su cumplimiento.

Gracias.

Tepic, Nayarit, a 3 de octubre de 2000.- Diputado Carlos Enrique García Cambero.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo.- Nayarit.

Acuerdo número 26.

El honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit representado por su XXVI Legislatura

ACUERDA

Solicitar a la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, analice y apruebe un incremento al presupuesto destinado a la educación para el año 2001.

Primero.
Se solicita respetuosamente a la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, analice y apruebe en su caso, incremento sustancial al presupuesto destinado a la educación para el Ejercicio Fiscal del Año 2001.

Segundo.
Se solicita respetuosamente a la autoridad educativa del Estado de Nayarit, canalice mayores recursos financieros a la educación pública básica y universitaria en el Ejercicio Fiscal del año 2001.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y publíquese en el Periódico Oficial, órgano del gobierno del Estado.

Segundo.
Comuníquese el contenido del presente acuerdo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a los legisladores federales por el Estado de Nayarit, solicitando su apoyo; a la autoridad educativa local, así como a todos los congresos de los estados de la República para que suscriban acuerdos similares.

Dado en la sala de sesiones "Licenciado Benito Juárez" del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital, 5 de octubre de 2000.

Solicitar a la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, analice y apruebe un incremento al presupuesto destinado a la educación para el 2001.

Diputados: Margarita Basto Paredes y Filiberto Delgado Sandoval, secretarios.»

«El suscrito Secretario General del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit.

CERTIFICA

Que las presentes fotocopias, en 12 hojas útiles son copia fiel del original que tuve a la vista y que corresponden al acuerdo que solicita al Congreso de la Unión, incremento al Presupuesto Educativo aprobado (a) en sesión verificada en este honorable Congreso el día 5 de octubre del año 2000, misma que obra en los archivos de este Poder Legislativo.

Tepic, Nayarit, a 6 de octubre de 2000.- José Miguel Madero Estrada.»

El Presidente :

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo de Nayarit.- XXVI Legislatura.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

De conformidad a lo previsto por los artículos 53 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 27 inciso d del Reglamento de Gobierno Interior y del Proceso Legislativo, los suscritos secretarios de la XXVI Legislatura, nos permitimos hacer de su conocimiento lo siguiente:

En sesión pública ordinaria celebrada el día 17 de octubre del presente año, la Asamblea legislativa aprobó el acuerdo que tiene por objeto solicitar a la Comisión de Programación y Presupuesto de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión considere en el presupuesto de egresos 2001 el incremento de participaciones federales a estados y municipios y se les otorguen nuevas potestades tributarias, de acuerdo a las consideraciones y motivos señalados en el cuerpo del resolutivo que se anexa.

Aprovechamos la ocasión para reiterarle nuestro respeto.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Tepic, Nayarit, a 18 de octubre del año 2000.- Diputados secretarios: N. Alonso Villaseñor Anguiano y Filiberto Delgado Sandoval.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo de Nayarit.- XXVI Legislatura.- Comisión de Gobierno Legislativo.

Honorable Asamblea Legislativa: los integrantes de la Comisión de Gobierno Legislativo, habiendo analizado la difícil situación por la que atraviesan las haciendas públicas del Estado y de los municipios de la entidad y la carga de obras y servicios públicos bajo su responsabilidad, más las necesidades sociales que deben atender, solicitamos al pleno de la Asamblea legislativa la aprobación del acuerdo que tiene por objeto solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, considere un incremento a las participaciones federales que anualmente aprueba para los estados y sus municipios; en atención a las facultades que nos otorga el artículo 49 fracción I de la Constitución Política del Estado de Nayarit. Los miembros de la comisión que suscribe, sometemos a su criterio el presente proyecto de acuerdo al tenor de los siguientes

CONSIDERANDOS

Que las tendencias institucionales jurídico-económicas actuales se han propuesto fortalecer la autonomía de los estados y municipios, particularmente la de su Hacienda Pública. Sin embargo, persisten prácticas inequitativas en la distribución de la riqueza nacional, que obstaculizan el desarrollo de importantes regiones del país y concentran los beneficios de los recursos públicos en las zonas industrializadas y de mayor riqueza.

En la reforma constitucional de 1999, los diputados de la LVII Legislatura Federal colocaron al municipio en el centro del desarrollo nacional, planteando la urgente necesidad de dotar a los gobiernos municipales de los recursos económicos suficientes para prestar con eficacia los servicios y la obra pública a su cargo y atender de manera satisfactoria las demandas comunitarias.

Las políticas de Estado en materia de descentralización y desconcentración de funciones y de aplicación del gasto público no han sido lo intenso que se esperaba ni han revertido la situación de indigencia hacendaría de las entidades federativas y los municipios; ambas instancias de gobierno continúan padeciendo de estrechez financiera en agravio de los sectores sociales y de las poblaciones a las que atienden en su ámbito de competencia, atadas por los convenios de coordinación fiscal y para el desarrollo, que las remiten a marcos reducidos de captación de recursos propios para el financiamiento y ejecución de obra directa.

En esa relación dentro de un federalismo que aún no alcanza su madurez e inhibe el desarrollo de las regiones del país por el centralismo con el que opera, los ingresos por participaciones de la Federación son la principal fuente de las haciendas del Estado y sus municipios con la que atienden el gasto público de sus atribuciones, funciones y facultades.

Para promover e impulsar el desarrollo regional, el equipamiento urbano de las comunidades y la calidad de vida de la población de los municipios, el Gobierno Federal tiene que incrementar el fondo general de las participaciones, el fondo de fomento municipal y los fondos de aportaciones destinados a dotar a la entidad y los municipios de mayores recursos vía: fondo general de participaciones, de fortalecimiento a los municipios y de infraestructura social.

Los gobiernos locales tienen el diagnóstico de la problemática de sus entidades y municipios y contemplan en los planes estatales de desarrollo las propuestas para su atención, en consecuencia, en una primera etapa, las acciones de fortalecimiento a las haciendas municipales debe hacerse mediante el incremento sustancial de los fondos federales de participaciones, con el objetivo de que Estado y municipios dispongan de mayores recursos financieros que consoliden la autonomía en su administración y en la aplicación de recursos para la obra y los servicios públicos.

Para el logro de los objetivos antes señalados, debemos demandar que, en el Presupuesto de Egresos del Año 2001, la Cámara de Diputados Federal, de acuerdo a la facultad exclusiva que le confiere la Constitución de la República en el artículo 74 fracción IV, apruebe mayores recursos para estados y municipios para el fortalecimiento de su autonomía financiera.

Por lo expuesto en los considerandos, con fundamento en los artículos 97 y 144 fracción III del Reglamento de Gobierno Interior y del Proceso Legislativo; solicitamos a esta Asamblea Legislativa, se discuta y apruebe por así convenir a los intereses de la sociedad, los siguientes

ACUERDOS

Primero. Se solicita a la Comisión Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad exclusiva que le confiere el artículo 74 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se contemple en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2001, la aprobación de un incremento a las participaciones federales que se entregan a las entidades federativas y municipios, de conformidad al punto de acuerdo suscrito por la LV Legislatura del Estado de Coahuila.

Segundo.
Se reforme la Ley de Coordinación Fiscal, con objeto de incrementar las participaciones que se distribuyan a estados y municipios.

Tercero.
Se establezcan sin producir duplicidad, nuevas potestades tributarias a los gobiernos de las entidades federativas y a los municipios, con la finalidad de ampliar las fuentes de financiamiento local.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación.

Segundo.
Notifíquese el contenido del presente acuerdo a la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, así como a las legislaturas de los estados de la República, solicitando su adhesión al presente acuerdo.

Dado en la sala de comisiones "General Esteban Baca Calderón" del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital, a 12 de octubre del 2000.- Comisión de Gobierno Legislativo.- Diputados: Raúl Mejía González, presidente; N. Alonso Villaseñor Anguiano, J. Isabel Campos Ochoa, vicepresidentes y Gilberto Padilla Peña, secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo.- Nayarit.

Acuerdo número : S/N.

El honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit representado por su XXVI Legislatura.

ACUERDA

Solicitar a la Comisión de Programación y Presupuesto de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, considere en el Presupuesto de Egresos de 2001, el incremento de participaciones federales a estados y municipios de conformidad al punto de acuerdo de la LV Legislatura del Estado de Coahuila y se les otorguen nuevas potestades tributarias.

3235, 3236 y 3237

1. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad exclusiva que le confiere el artículo 74 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se contemple en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Año 2001, la aprobación de un incremento a las participaciones federales que se entregan a las entidades federativas y municipios de conformidad al punto de acuerdo suscrito por la LV Legislatura del Estado de Coahuila.

2. Se reforme la Ley de Coordinación Fiscal, con objeto de incrementar las participaciones que se distribuyan a estados y municipios.

3. Se establezcan sin producir duplicidad, nuevas potestades tributarias a los gobiernos de la entidades federativas y a los municipios, con la finalidad de ampliar las fuentes de financiamiento local.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación.

Segundo.
Notifiquese el contenido del presente acuerdo a la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, así como a las legislaturas de los estados de la República, solicitando su adhesión al presente acuerdo.

Dado en el centro social "Caliguey" de Santa María del Oro, cabecera municipal de su nombre, declarado recinto oficial del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, a 17 de octubre de 2000.- Secretarios: N. Alonso Villaseñor Anguiano y Fileberto Delgado Sandoval.»

«El suscrito Secretario General del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit.

CERTIFICA

Que las presentes fotocopias, en 11 hojas útiles son copia fiel del original que tuve a la vista y que corresponden al acuerdo que solicita al Congreso de la Unión, incremento de participaciones federales, aprobado (a) en sesión verificada en este honorable Congreso el día 17 de octubre del año 2000, misma que obra en los archivos de este Poder Legislativo.

Tepic, Nayarit, a 19 de octubre del 2000.- José Miguel Madero Estrada.»

El Presidente :

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo de Nayarit.- XXVI Legislatura.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

En sesión pública ordinaria celebrada el día 24 de octubre del presente año, la Asamblea Legislativa aprobó el acuerdo que tiene por objeto enviar a la Cámara de Diputados el rechazo enérgico a la importación del frijol que el Poder Ejecutivo Federal pretende realizar a través de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, de acuerdo a las consideraciones y motivos señalados en el cuerpo del resolutivo que se anexa.

Lo que se remite para su conocimiento, con plena confianza de que ustedes apoyarán nuestra postura al respecto.

Aprovechamos la ocasión para reiterarle nuestro respeto.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Tepic, Nayarit, a 25 de octubre de 2000.-Diputados: N. Alonso Villaseñor Anguiano y Filiberto Delgado Sandoval, secretarios. »

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo.- Secretaría General.- XXVI Legislatura.- Comisión Legislativa de Asuntos Agropecuarios, Forestales y Mineros.

Honorable Asamblea Legislativa: por instrucciones de la mesa directiva, nos fue turnado el punto de acuerdo remitido por la LVI Legislatura del Estado de Zacatecas, en relación a la importación de frijol que pretende realizar el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Bajo el marco normativo derivado del contenido del artículo 73 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, los integrantes de la comisión que al rubro se señala, procedimos a su estudio, análisis y dictaminación, de conformidad a las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción XX del artículo 27 consigna la obligación del Estado de promover las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de promover la generación del empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación al desarrollo nacional; asimismo, consigna el fomento a la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con las obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación técnica, organización de la producción, su industrialización y comercialización, considerando estas actividades de interés público.

Segunda.
El 14 de julio pasado, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria para licitación pública números 038/2000, 039/2000 y 040/2000 expedida por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, invitando a los comercializadores y empacadores de granos básicos para la importación de frijol de Nicaragua, Estados Unidos de América y Canadá, por una cantidad de 45 mil 116 toneladas, amparándose en los tratados de libre comercio suscritos con los países mencionados.

Tercera.
Grave resulta el perjuicio a la economía de los productores nacionales dicha medida. Nuestra Constitución, como se ha descrito en el considerando primero, consigna la obligación del Estado para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización. A la fecha, Nayarit almacena 26 mil 600 toneladas de frijol pignorado, de las cuales 8 mil 500 toneladas corresponden al ciclo 1998-1999 y del ciclo 1999-2000, 18 mil 100 toneladas, lo que hace necesario priorizar la comercialización del frijol mexicano. Si bien es cierto que el Estado suscribió tratados de libre comercio con diversos países, es imperativo reorientar la política exterior con la finalidad de construir una comunidad internacional más democrática y humanista en oposición a la globalización regida por el capital financiero, criterios de mercado y de exclusión.

En virtud de lo expuesto, no existe duda de que el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, debe detener dichas licitaciones hasta en tanto se comercialicen las más de 120 mil toneladas que aún se encuentran embodegadas en nuestro país, por lo que, con fundamento en los artículos 97 y 144 fracción III, del Reglamento de Gobierno Interior y del Proceso Legislativo, la comisión que suscribe, se adhiere a la propuesta emitida por el honorable Congreso del Estado de Zacatecas y somete a la consideración de la XXVI Legislatura, el siguiente

PROYECTO DE ACUERDO

Primero. El honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit rechaza enérgicamente la importación del frijol que se propone en la publicación de la convocatoria para la licitación pública 038/2000, 039/2000 y 040/2000, en el Diario Oficial de la Federación de fecha 14 de julio del 2000, expedida por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para la importación de frijol por la cantidad de 45 mil 116 toneladas de Nicaragua, Estados Unidos de América y Canadá, en virtud de que tal acción, afecta gravemente la economía de los productores de frijol nacionales y particularmente de los nayaritas.

Segundo.
Se solicita al doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, detener dichas licitaciones, hasta en tanto se comercialicen las más de 120 mil toneladas que aún se encuentran almacenadas en nuestro país.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. Publíquese en el periódico oficial, órgano del gobierno del Estado.

Segundo.
Envíese el presente acuerdo al honorable Congreso de la Unión solicitando su apoyo y comuníquese al honorable Congreso de Zacatecas, para su conocimiento, al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; al ciudadano Herminio Blanco, titular de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, para que surta los efectos legales procedentes.

Sala de comisiones "General Esteban Baca Calderón" de este honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital a 20 de octubre de 2000.- Comisión de Asuntos Agropecuarios, Forestales y Mineros.- Diputados: J. Guadalupe Flores García, presidente; Carlos Rodríguez Valdivia, vicepresidente; Donaciano Robles Ceniceros, secretario; Rodrigo González Barrios, vocal.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- LVI Legislatura.- Zacatecas.

Ciudadanos diputados secretarios del honorable Congreso de Nayarit.

Adjunto tenemos el honor de remitir a ustedes, el acuerdo número 63 aprobado por la LVI Legislatura del Estado, en sesión ordinaria de esta misma fecha mediante el cual esta representación popular, rechaza enérgicamente la importación de frijol que se propone en la publicación del 14 de julio del presente año, en el Diario Oficial de la Federación, mediante convocatoria expedida por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, porque tal acción afecta la economía de los productores nacionales y particularmente la de los zacatecanos, por tal motivo, solicitamos su apoyo a este punto de acuerdo, en beneficio de los agricultores de México.

Nos es grato reiterarles las seguridades de nuestra distinguida y especial consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Zacatecas, Zacatecas, a 21 de septiembre de 2000.-LVI Legislatura del Estado.- Diputados: Maribel Villalpando H., Francisco Sandoval Martínez, secretarios.»
«Comisión de Agricultura y Ganadería.

Diputado José Guadalupe Flores García, presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios Estado de Nayarit.- Presente.

Por indicaciones del diputado Jaime Rodríguez López, presidente de esta comisión, me permito extender a usted la cordial invitación a la reunión de trabajo con representantes de productores de frijol de las entidades de Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, San Luis Potosí, Durango y Zacatecas; misma que habrá de llevarse a cabo el próximo miércoles 25 de octubre, a las 12:00 horas, en el salón "B" del restaurante los Cristales.

Sin otro particular le envío un cordial saludo.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 19 de octubre de 2000.- Ingeniero Tomás Torres Magaña, secretario técnico.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo.- Nayarit.

Acuerdo número 29.

El honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit representado por su XXVI Legislatura.

ACUERDA

Se solicita al Congreso de la Unión su apoyo para rechazar enérgicamente la importación del frijol que se propone en la publicación de la convocatoria para la licitación pública; hasta en tanto se comercialicen las más de 120 mil toneladas que se encuentran almacenadas en el país.

Primero.
El honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, rechaza enérgicamente la importación del frijol que se propone en la publicación de la convocatoria para la licitación pública 038/2000, 039/2000 y...... 040/2000, en el Diario Oficial de la Federación de fecha 14 de julio del 2000, expedida por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para la importación de frijol por la cantidad de 45 mil 116 toneladas de Nicaragua, Estados Unidos de América y Canadá, en virtud de que tal acción, afecta gravemente la economía de los productores de frijol nacionales y particularmente de los nayaritas.

3238, 3239 y 3240

Segundo. Se solicita al doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, detener dichas licitaciones, hasta en tanto se encuentran almacenadas en nuestro país.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. Publíquese en el Periódico Oficial, órgano del gobierno del Estado.

Segundo.
Envíese el presente acuerdo al honorable Congreso de la Unión, solicitando su apoyo y comuníquese al honorable Congreso de Zacatecas, para su conocimiento, al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Al ciudadano Herminio Blanco, titular de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, para que surta los efectos legales procedentes.

Sala de sesiones "Licenciado Benito Juárez" del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Tepic, a 24 de octubre de 2000.- Diputados: N. Alonso Villaseñor Anguiano y Filiberto Delgado Sandoval.»

«El suscrito secretario general del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit.

CERTIFICA

Que las presentes fotocopias, en 10 fojas útiles son copia fiel del original que tuve a la vista y que corresponden a acuerdo número 29 aprobado en sesión verificada en este honorable Congreso el día 24 de octubre del año 2000, misma que obra en los archivos de este Poder Legislativo.

Tepic, Nayarit, a 23 de octubre de 2000.- José Miguel Madero Estrada.»

El Presidente :

Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

La secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo de Nayarit.- XXVI Legislatura.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- Presentes.

De conformidad a lo previsto por los artículos 53 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 27 inciso d del Reglamento de Gobierno Interior y del Proceso Legislativo, los suscritos, secretarios de la XXVI Legislatura, nos permitimos hacer de su conocimiento lo siguiente:

En sesión pública ordinaria celebrada el día 24 de octubre del presente año, la honorable Asamblea Legislativa aprobó el acuerdo que tiene por objeto solicitar a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión que a la brevedad posible revise, discuta y apruebe en su caso, la iniciativa de Ley de Desarrollo Rural, que le fue remitida por la Cámara de Diputados, de acuerdo a las consideraciones y motivos señalados en el cuerpo del resolutivo que se anexa.

Aprovechamos la ocasión para reiterarles nuestro respeto.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Tepic, Nayarit, a 25 de octubre del año 2000.- Diputados: N. Alonso Villaseñor Anguiano y Filiberto Delgado Sandoval, secretarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo de Nayarit.- XXVI Legislatura.- Comisión Legislativa de Asuntos Agropecuarios, Forestales y Mineros.

Honorable Asamblea legislativa: a la Comisión de Asuntos Agropecuarios y Forestales nos fueron turnados sendos puntos de acuerdo remitidos por la IX Legislatura del honorable Congreso de Baja California Sur y XVI Legislatura del honorable Congreso del Estado de Baja California, en los cuales se exhorta a cada uno de los congresos locales de la Federación, para que promuevan ante la Cámara de Senadores que revise, dictamine y apruebe favorablemente la Iniciativa de Ley de Desarrollo Rural que le fue remitida por la Cámara de origen para tal fin.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 párrafo III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, y del contenido del artículo 73 fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, los miembros integrantes de la comisión que al rubro se señala, procedimos a su estudio, análisis y dictaminación de conformidad a los siguientes

ANTECEDENTES

I. De las garantías y fortalezas que tenemos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

a) El artículo 25: menciona que el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demanda el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.

b) El artículo 26: señala que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo y equidad al crecimiento de la economía.

c) El artículo 27 fracción XX: el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional y fomentará la actividad agropecuaria y forestal, para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo, expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.

d) El artículo 28 nos dice: el Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado.

El último párrafo de este artículo dice: se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias cuando sean generales y no afecten sustancialmente las finanzas de la nación. El Estado vigilará su aplicación y evaluará los resultados de ésta.

II. Es de reconocer los esfuerzos que ha hecho el Gobierno de la República para cumplir los señalamientos constitucionales anteriormente citados, al crear organismos, instituciones y programas que impulsen y fomenten las actividades agropecuarias tales como la Sagar, CNA, Banrural, Semarnap, FIRA, Firco, Aserca y muchas más instituciones y programas como Alianza para el Campo, Procampo, Progresa, Empleo Temporal, Fonaes, Fonden etcétera.

III. Con lo anterior, entenderíamos que los problemas del campo están superados, sin embargo, los objetivos de los programas no se logran y las instituciones no cumplen cabalmente con sus funciones.

Con base en estos antecedentes exponemos las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera. Que la Ley de Desarrollo Rural contiene los elementos básicos para la formulación de una política de Estado hacia las actividades productivas que se practican en el sector rural buscando garantizar el cumplimiento de las metas que en materia de justicia social, equidad y de desarrollo económico y productivo plantea la Constitución de la República.

Segunda.
La Ley de Desarrollo Rural, aprobada por la Cámara de Diputados, es un reflejo de las demandas y necesidades del sector rural mexicano y en particular de quienes en él se dedican a las actividades productivas.

Tercera.
Que es responsabilidad del Senado de la República la revisión, dictaminación y aprobación en su caso de la Ley Federal de Desarrollo Rural.

Cuarta.
Que de acuerdo a las facultades que le otorga la Constitución Política de México a la Cámara de Diputados en la formulación y aprobación del Presupuesto de Egresos del año 2001, los legisladores federales deben cumplir con la elevada función para la que fueron electos por el pueblo de México. Aprobando con urgencia la Ley de Desarrollo Rural.

En atención a los antecedentes y considerandos establecidos, así como a los acuerdos alcanzados en el VI Encuentro Nacional de Legisladores Locales del Sector Agropecuario con la Comisión de Agricultura del Congreso de la Unión llevado a cabo en la ciudad de Mexicali los días 18 y 19 de mayo del año en curso, los integrantes de la Comisión de Asuntos Agropecuarios Forestales y Mineros ponemos a la consideración del pleno de esta XXVI Legislatura para su discusión y aprobación el siguiente

PROYECTO DE ACUERDO

Unico. La XXVI Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, solicita respetuosamente a la Cámara de Senadores, para que en los términos previstos por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; proceda a analizar, dictaminar y aprobar en su caso la iniciativa de Ley de Desarrollo Rural que en su oportunidad la Cámara de Diputados aprobó y le remitió para su revisión y resolución.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. Publíquese en el Periódico Oficial, órgano del gobierno del Estado.

Segundo.
Túrnese copia a las legislaturas de los estados de la República para que se manifiesten ante el Congreso de la Unión en términos similares.

Dado en la sala de comisiones "General Esteban Baca Calderón" de este honorable Congreso del Estado Libre y Soberano.- Tepic, Nayarit, a 23 de octubre del 2000.- Comisión de Asuntos Agropecuarios, Forestales y Mineros.- Diputados: J. Guadalupe Flores García, presidente; Carlos Rodríguez Valdivia, vicepresidente; Donaciano Robles Ceniceros, secretario; Rodrigo González Barrios, vocal.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo.- Nayarit.

Acuerdo número 30.

El honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, representado por su XXVI Legislatura.

ACUERDA

Se solicita respetuosamente a la Cámara de Senadores que a la brevedad posible revise, discuta y apruebe, en su caso, la iniciativa de Ley de Desarrollo Rural, que le fue remitida por la Cámara de Diputados.

Unico.
La XXVI Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y soberano de Nayarit, solicita respetuosamente a la Cámara de Senadores, para que en los términos previstos por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, proceda a analizar, dictaminar y aprobar en su caso la iniciativa de Ley de Desarrollo Rural que en su oportunidad la Cámara de Diputados aprobó y le remitió para su revisión y resolución.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. Publíquese en el Periódico Oficial órgano del gobierno del Estado.

Segundo.
Túrnese copia a las legislaturas de los estados de la República para que se manifiesten ante el Congreso de la Unión en términos similares.

Dado en la sala de sesiones "Licenciado Benito Juárez" del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital, a 24 de octubre de 2000.- Diputados: N. Alonso Villaseñor Anguiano y Filiberto Delgado Sandoval, secretarios.»


«El suscrito, secretario general del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit

CERTIFICA

que las presentes fotocopias, en 17 fojas útiles, son copia fiel del original que tuve a la vista y que corresponden al acuerdo número 30, aprobado en sesión verificada en este honorable Congreso el día 24 de octubre de 2000, misma que obra en los archivos de este Poder Legislativo.

Tepic, Nayarit, a 25 de octubre de 2000.- José Miguel Madero Estrada.»

3241, 3242 y 3243

«Escudo.- Poder Legislativo de Baja California.- XVI Legislatura.

Honorable Congreso del Estado de Nayarit.- Tepic, Nayarit.

Por este conducto, nos permitimos hacer de su conocimiento que en sesión ordinaria celebrada por la XVI Legislatura Constitucional del Estado de Baja California, el día 15 de junio del año en curso, se acordó enviar a cada uno de los congresos locales de la Federación, para su conocimiento y adhesión del presente punto de acuerdo económico, exhortándolos para que cada uno de ellos, dentro de su ámbito de competencia, promuevan puntos de acuerdo económicos, solicitando a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoque a sesión extraordinaria a la Cámara de Senadores para que revise, dictamine y apruebe en su caso, la iniciativa de Ley de Desarrollo Rural que le fue remitida por la Cámara de origen para tal fin. (Se anexa fotocopia del acuerdo en mención, así como los resolutivos alcanzados en el VI Encuentro Nacional de Legisladores Locales del Sector Agropecuario con la Comisión de Agricultura del Congreso de la Unión, celebrado los días 18 y 19 del pasado mes de mayo en esta ciudad de Mexicali, Baja California).

Agradecemos de antemano la atención que se sirvan otorgar al presente, aprovechamos la oportunidad para reiterarles nuestra consideración y respeto.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Mexicali, Baja California, a 19 de junio de 2000.- Diputados: Ricardo Zazueta Villegas, presidente; Héctor Baltazar Chipres, secretario.»

«Acuerdos alcanzados en el VI Encuentro Nacional de Legisladores del Sector Agropecuario con la Comisión de Agricultura del Congreso de la Unión.

Los legisladores agropecuarios integrantes de los congresos locales y el Congreso de la Unión participantes en el VI encuentro Nacional de Legisladores del Sector Agropecuario, celebrado los días 18 y 19 de mayo del 2000 en la ciudad de Mexicali, Baja California hemos llegado a los siguientes.

ACUERDOS

I. Integrar una comisión plural con legisladores de las distintas entidades del país que participaron en el VI encuentro, con el fin de hacer llegar una excitativa ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y solicitar al Senado de la República la revisión, dictaminación y aprobación de la Ley de Desarrollo Rural.

II. Que la XVI Legislatura del Estado de Baja California notifique a las distintas legislaturas del país los acuerdos alcanzados en el VI encuentro haciendo énfasis en la necesidad de que cada legislatura promueva la misma excitativa ante el Congreso de la Unión.

III. Que la comisión de seguimiento formada se entreviste con la Comisión de Agricultura del Senado a través de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados para promover la revisión, dictamen y aprobación de la Ley de Desarrollo Rural.

IV. Se acuerda que durante el VII encuentro de legisladores se sienten las bases para buscar la manera de presentar ante el Congreso de la Unión, una iniciativa de Ley de Fiscalización de los Recursos Destinados para el Desarrollo Agropecuario y su correcta aplicación.

V. La situación económica de los productores del sector social no les permite tener la capacidad para aportar lo correspondiente en la adquisición de maquinaria y equipo nuevo, por lo cual se propone se modifique la normatividad correspondiente para que la adquisición de maquinaria y equipo agrícola nacional o de importación de segunda mano, tenga acceso a los programas de apoyo al campo, los proveedores de equipos deberán garantizar un mínimo de vida útil de tres años.

VI. Se propone se flexibilice y modifiquen los montos o porcentaje de aportación de los productores en el Programa de Desarrollo Rural, considerando que la situación económica de éstos los limita para acceder a estos apoyos por no contar con el monto de aportación correspondiente del proyecto productivo.

VII. Se propone que todos los programas y proyectos productivos que sean apoyados con recursos fiscales, tengan un seguimiento especial por parte de las instancias de gobierno correspondientes y se vea por su cumplimiento, incluyendo la posibilidad de establecer sanciones para la falta de cumplimiento del objetivo establecido.

VIII. Se concluye en la necesidad de fortalecer los programas de capacitación para la producción y organización de los productores rurales, ya que es claro y evidente que parte de los fracasos de los programas de apoyo al campo tienen mucho que ver con la falta de capacitación y educación para la organización de nuestros campesinos.

IX. En virtud de que los resultados no han sido del todo satisfactorios por parte del Congreso de la Unión, para la asignación de los recursos de los programas de fortalecimiento a los mercados regionales de los productos agropecuarios, particularmente de granos básicos y sector pecuario, se propone se asigne una partida presupuestal suficiente para impulsar estos programas y que se incluya un mayor numero de entidades federativas con mayor numero de productos particularmente el frijol, el cacao y el café.

X. Se propone que en la autorización para la ejecución de programas de gobierno las instancias correspondientes vean primordialmente por el ordenamiento de la protección y cuidado de los recursos naturales como, el suelo, el agua buscándose garantice un aprovechamiento sustentable de los mismos.

XI. Existe la necesidad de promover los programas institucionales de capital de riesgo, en apoyo a modelos de asociación o alianza entre empresas y productores que fomenten la organización, administración profesionalizada, transferencia tecnológica y acceso a mercados.

XII. Se propone que las legislaturas locales de todas las entidades federativas, establezcan la necesidad de hacer efectiva la rectoría estatal, para la aplicación y ejecución de los programas y recursos de la Federación.

La transferencia a los estados de programas, acciones y recursos, evitara duplicidad de funciones, se ejecutara la rectoría estatal para programar y ejercer recursos, para apoyar a los productores.

XIII. Se propone que por parte de oficinas centrales, sé de agilidad a la solicitud, aprobación y/o modificación de los anexos técnicos, asimismo que los estados tengan más libertad para la elaboración de éstos, partiendo del principio de que son las entidades federativas quienes tienen el pulso y conocimiento de la particularidad de sus problemas, fortalezas y necesidades.

XIV. Se propone también el establecimiento de normas para la aplicación de sanciones para quienes cometan desviaciones en la aplicación y utilización de los recursos públicos destinados al sector agropecuario, sin importar su nivel de autoridad o el tipo de productor.

XV. Se propone que se fortalezcan los programas de Alianza para el Campo encaminados a apoyar a las mujeres campesinas para promover el desarrollo de los núcleos agrarios apoyando al trabajo de las mujeres y los jóvenes campesinos fomentando la organización para la producción, sin descuidar sus usos y costumbres.

XVI. Se hace necesario que para las zonas de riego del país se orienten programas de apoyo específico para la realización de trabajos de nivelación de tierras, construcción y rehabilitación de drenes parcelarios con lo cual se mejoraría sustancialmente la productividad del sector.

XVII. Se propone que se establezca un periodo extraordinario de inscripción para superficies que aun cumpliendo con la normatividad correspondiente en 1994, no fueron inscritos en el Procampo y no han alcanzado los beneficios de este programa.

XVIII. Se acordó un apoyo a los planteamientos hechos por todas las organizaciones campesinas del Estado de Baja California, así como el vocal del sistema producto trigo en relación a la problemática que está viviendo para la comercialización del trigo del ciclo 1999-2000 derivado del bajo precio del mercado y la relación beneficio-costo, situación que provocara fuertes perdidas económicas a los campesinos del valle de Mexicali.

XIX. Se propone que en los congresos locales de todas las entidades del país, se legisle en relación a la clasificación de carne y leche para estar en condición de competir con los productos de importación que derivado de la apertura comercial se internan al país, estableciendo diferenciales de precio de acuerdo a la calidad del producto, este marco jurídico deberá estar normado por la Ley de Desarrollo Rural.

XX. Se tomó el acuerdo de que el VII encuentro se lleve a cabo en el Estado de Guanajuato durante la primera quincena del mes de octubre del año en curso con los siguientes temas:

1. Análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación y su impacto en el sector agropecuario.

2. Normas de operación de los programas gubernamentales de apoyo al campo.

3. Balance y perspectivas de los encuentros nacionales de legisladores locales del sector agropecuario.

4. Iniciativa de Ley de Fiscalización de los recursos destinados al sector agropecuario y su concreta aplicación en las entidades federativas.

5. Impacto del TLC en el sector agropecuario y alternativas.

6. Participación de los municipios en los aspectos agropecuarios.

Mexicali, Baja California, a 19 de mayo de 2000.»

«Escudo.- Poder Legislativo de Baja California.- XVI Legislatura.

Ciudadano diputado Ricardo Zazueta Villegas, presidente de la mesa directiva de la XVI Legislatura del Estado de Baja California.- Presente.

Compañeras y compañeros diputados: la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 párrafo tercero, 29 fracción I y 36 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como en lo establecido por los artículos 10 fracción VIII, 114 fracción III y 121 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, presenta a la consideración de esta XVI Legislatura del Estado de Baja California el presente punto de acuerdo económico bajo los siguientes

ANTECEDENTES

Durante el último periodo de sesiones del Congreso de la Unión se dio un prolongado debate en torno al proyecto de Ley de Desarrollo Rural para nuestro país que tiene como objetivo central reglamentar la fracción XX del artículo 27 constitucional.

Derivado de lo anterior el día 27 de abril del presente año, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de Ley de Desarrollo Rural presentado por la Comisión de Agricultura.

La Ley de Desarrollo Rural aprobada, es fruto del esfuerzo y el trabajo de todas las fracciones parlamentarias que integran la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y es respuesta a la necesidad del país de contar con un marco jurídico acorde a los actuales tiempos de globalización y apertura comercial que inciden en el sector agropecuario.

La Ley de Desarrollo Rural contiene 11, títulos, cada uno de ellos establece las normas básicas relativas a aspectos fundamentales para concebir un desarrollo rural integral y sustentable y constituye un avance sin precedentes en el intento de dotar al sector agropecuario de un marco jurídico integral en: beneficio de las mujeres y los hombres que han sido garante de la seguridad alimentaria y de nuestra soberanía nacional.

Con base en estos antecedentes exponemos los siguientes

CONSIDERANDOS

Primero. Que la Ley de Desarrollo Rural contiene los elementos básicos para la formulación de una política de Estado hacia las actividades productivas que se practican en el sector rural buscando garantizar el cumplimiento de las metas que en materia de justicia social, equidad y de desarrollo económico y productivo plantea la Constitución de la República.

Segundo.
La Ley de Desarrollo Rural aprobada por la Cámara de Diputados, es el reflejo fiel de las demandas y necesidades del sector rural mexicano y en particular de quienes en él se dedican a las actividades productivas.

Tercero.
Que es responsabilidad del Senado de la República la revisión, dictaminación y aprobación, en su caso, de la Ley Federal de Desarrollo Rural.

Cuarto.
Que de acuerdo a la Constitución Política de México, la LVII Legislatura concluye hasta el día 31 de agosto del año 2000 y en consecuencia, los legisladores están obligados a cumplir con la función para la que fueron elegidos por el pueblo de México.

3244, 3245 y 3246

En atención a los antecedentes y considerandos establecidos, así como a los acuerdos alcanzados en el VI Encuentro Nacional de Legisladores locales del Sector Agropecuario con la Comisión de Agricultura del Congreso de la Unión llevado a cabo en esta ciudad de Mexicali los días 18 y 19 de mayo del año en curso, los integrantes de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ponemos a la consideración del pleno de esta honorable XVI Legislatura para su discusión y aprobación el siguiente

PUNTO DE ACUERDO ECONOMICO

Primero. Que esta honorable XVI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California remita a la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión excitativa para que en ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 79 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acuerde convocar a sesión extraordinaria a la Cámara de Senadores, con objeto de analizar, dictaminar y aprobar en su caso la iniciativa de Ley de Desarrollo Rural que en su oportunidad la Cámara de Diputados aprobó y remitió para su revisión y resolución en los términos previstos por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; anexándose el oficio de excitativa copia certificada de esta iniciativa de punto de acuerdo económico, del acta de los debates que motive y de la minuta que contiene los acuerdos aprobados en el VI Encuentro Nacional de Legisladores locales del Sector Agropecuario con la Comisión de Agricultura del Congreso de la Unión, celebrado los días 18 y 19 de mayo del año en curso en esta ciudad capital de Mexicali, Baja California.

Segundo.
Que la XVI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, envíe a todos los congresos locales de la Federación para su conocimiento y adhesión de este punto de acuerdo económico, exhortándolos para que cada uno de ellos, dentro del ámbito de su competencia, promuevan puntos de acuerdo económicos, solicitando a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, convoque a sesión extraordinaria a la Cámara de Senadores para que revise, dictamine y apruebe en su caso la iniciativa de Ley de Desarrollo Rural que le fue remitida por la Cámara de origen para tal fin.

Tercero.
Asimismo, que los resolutivos alcanzados en el VI Encuentro Nacional de Legisladores locales del Sector Agropecuario con la Comisión de Agricultura del Congreso de la Unión, sean enviados al igual que el presente punto de acuerdo a todas y cada una de las entidades federativas del país para su conocimiento.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección

Dado en la sala de sesiones de la honorable XVI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, a 15 días del mes de junio del 2000.- Diputados: Sergio Avitia Nalda, presidente; Miguel Delfín Castro, secretario; Héctor Baltazar Chipres y Sergio J. Loperena Núñez, vocales.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Estado de Baja California Sur.

Honorable Congreso del Estado de Nayarit.- Presente.

De conformidad con la dispuesto en los artículos 40, 41 fracción VIII y artículo 108 de la Ley Reglamentaria del Estado de Baja California Sur, nos permitimos comunicar, por su conducto a ese honorable cuerpo colegiado que la IX Legislatura al Congreso del Estado de Baja California Sur, en sesión pública, ordinaria de fecha 25 de mayo del presente año, aprobó un acuerdo económico, cuyos resolutivos son los siguientes

ACUERDOS ECONOMICOS

Primero. Que este honorable Congreso dirija una excitativa a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con la finalidad de que le convoque a periodo extraordinario a la Cámara de Senadores para que analicen, discutan y aprueben en su caso la Ley de Desarrollo Rural.

Segundo.
De la presente iniciativa túrnese copia y un exhorto a las legislaturas de los estados de la República para que se manifiesten ante el Congreso de la Unión en términos similares.

Por lo anterior, adjunto al presente remitimos copia certificada del documento que contiene el acuerdo antes citado.

Sin otro particular, reiteramos a usted y demás integrantes de la mesa directiva, nuestra atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

La Paz, Baja California Sur, a 25 de mayo de 2000.- Diputados: Siria Verdugo Davis, presidenta del honorable Congreso del Estado de Baja California Sur; Daniel Carrillo Maya, secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Estado de Baja California Sur.- Poder Legislativo.

Ciudadana diputada Siria Verdugo Davis, presidenta del primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año legislativo.- Presente.

Honorable Asamblea: el que suscribe, diputado José Javier Santoyo Lara, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 101 fracción II y 105 de la Ley Reglamentaria de este Poder Legislativo, someto a su consideración iniciativa de acuerdo económico para que esta legislatura envíe una excitativa a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con la finalidad que convoque a periodo extraordinario a la Cámara de Senadores para que analicen, discutan y aprueben en su caso la Ley de Desarrollo Rural, al tenor de los siguientes

ANTECEDENTES

I. De las garantías y fortalezas que tenemos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

a) El artículo 25 menciona que el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demanda el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.

b) El artículo 26: señala que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo y equidad al crecimiento de la economía.

c) El artículo 27: el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional y fomentará la actividad agropecuaria y forestal, para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo, expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerandolas de interés público.

d) El artículo 28 nos dice: el Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las areas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado.

El último párrafo de este artículo dice: se podrán otorgar subsidio a actividades prioritarias cuando sean generales y no afecten sustancialmente las finanzas de la nación. El Estado vigilará su aplicación y evaluará los resultados de ésta.

II. Es de reconocer los esfuerzos que ha hecho el Gobierno de la República para cumplir los señalamientos constitucionales anteriormente citados, al crear organismos, instituciones y programas que impulsen y fomenten las actividades agropecuarias tales como la Sagar, CNA, Banrural, Semarnap, Fira, Firco, Aserca y muchas más instituciones y programas como Alianza para el Campo, Procampo, Progresa, Empleo Temporal, Fonaes, Fonden etcétera.

III. Con lo anterior, entenderíamos que los problemas del campo están superados, sin embargo los objetivos de los programas no se logran y las instituciones no cumplen con sus funciones.

CONSIDERANDOS

Primero. Que Aserca, al no cumplir con sus funciones de elaborar, promover, desarrollar y coordinar sistemas dinámicos de comercialización de productos agropecuarios deja a los productores a merced de los coyotes que compran la cosecha a precios inferiores a los costos de producción.

Segundo.
Que en el valle de Santo Domingo existe la empresa Maseca, la cual no realizó contrato alguno con los productores de la región, a pesar de no contar con maíz en sus bodegas, para esperar que los coyotes acabaran con los productores y traer de fuera del Estado 8 mil 400 toneladas de maíz y el malestar de los campesinos es que este tipo de maniobras tienen como finalidad reducir y perjudicar a los productores y beneficiar con los recursos de Aserca a la empresa Maseca en lugar de que los beneficios sean para los productores, como lo contemplan las funciones asignadas a Aserca.

Tercero.
Que la Ley de Desarrollo Rural, aprobada por la mayoría de los integrantes de la Cámara de Diputados el pasado 27 de abril, pero pendiente de ser votada por la Cámara de Senadores, constituyen el intento más serio de legislatura alguna para dotar al campo mexicano de un marco jurídico que les brinde certidumbre y expectativas de desarrollo a quienes se dedican a la actividades agropecuarias.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 108 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo solicito se le dé el tratamiento de urgencia y obvia resolución a la siguiente iniciativa de

ACUERDO ECONOMICO

Primero. Que este honorable Congreso dirige una excitativa a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la finalidad de que convoque a periodo extraordinario a la Cámara de Senadores para que analicen, discutan y aprueben en su caso la Ley de Desarrollo Rural.

Segundo.
De la presente iniciativa túrnase copia y un exhorto a las legislaturas de los estados de la República para que se manifiesten ante el Congreso de la Unión en términos similares.

Atentamente.

La Paz, Baja California Sur, a 25 de mayo de 2000.- Diputado José Javier Santoyo Lara, presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios y Mineros del honorable Congreso del Estado de Baja California Sur.»

«El suscrito Víctor Daniel Madrigal Barbosa, oficial mayor del honorable Congreso del Estado de Baja California Sur. Hace constar y

CERTIFICA

Que el presente legajo de seis fojas útiles en copia simple concuerda fielmente con el original del acuerdo económico de fecha 25 de mayo de 2000, aprobado en sesión pública ordinaria de esta IX Legislatura del honorable Congreso del Estado de Baja California Sur.

Atentamente.

La Paz, capital del Estado de Baja California Sur, a 31 de mayo de 2000.»

El Presidente :

De enterado.


DIPUTADO SUPLENTE QUE
SE INCORPORA

El Presidente :

Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano José Rivera Carranza, diputado suplente electo en el XII distrito del Estado de Guanajuato.

Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes diputados: Jaime Rodríguez López, Martín Gerardo Morales Barragán, Miguel Bortolini Castillo, José Rodolfo Escudero Barrera y Jaime Cervantes Rivera.

La secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria:

Se suplica a la comisión cumplir con este encargo.

(La comisión cumple con su cometido.)

Se ruega a los presentes ponerse de pie.

El Presidente :

Ciudadano José Rivera Carranza: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

3247, 3248 y 3249

El ciudadano José Rivera Carranza:

Sí, protesto.

El Presidente :

Si no lo hace así, que la nación se lo demande.

Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.

La secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria:

Efemérides.


ANDRES SATURNINO VIESCA

El Presidente :

Efemérides. El siguiente punto del orden del día es sobre Andrés S. Viesca.

Tiene la palabra el diputado Benjamín Ayala Velázquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Tiene la palabra hasta por 10 minutos.

El diputado Benjamín Ayala Velázquez:

Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea:

El día de hoy vengo a esta tribuna para rendir sincero homenaje y dejar testimonio de la elocuente orientación definitiva y franca hacia el bien, de fe a los principios republicanos, de amor a la patria, así como de consagración plena y absoluta al cumplimiento del deber.

También vengo como coahuilense a rendir tributo a tan respetable personaje, a 173 años de su natalicio y recordar su obra en estos tiempos en que la demagogia ha hecho rehén a la verdadera política.

Coahuilense distinguido, Andrés Saturnino Viesca Vagués, nació en Parras de la Fuente en el año de 1827. Militar y político en 1846, se alista en Parras a un cuerpo de voluntarios con motivo de la invasión norteamericana y concluida la guerra, regresa a su tierra natal en donde se distingue por su vocación autodidacta y de amor hacia los libros.

Andrés S. Viesca pertenece a la falange de los grandes luchadores del siglo pasado que resistieron estoicamente los intentos anexionistas e imperialistas de los ejércitos del archiduque de Austria.

Toda su vida estuvo consagrada al servicio de la razón, la justicia y la libertad; cabalgando por el norte, defendió una idea que en esta época parece pasada de moda, pero cobra vigencia ante los embates del nuevo imperialismo: "la defensa de la soberanía del Estado de Coahuila y de la soberanía nacional" con el temple de su carácter y la vocación de las armas.

Esto sólo bastaría para que mereciese los honores del bronce y para que su memoria viviera eternamente en la gratitud de los mexicanos; sin embargo, su contribución trasciende el solo acto heroico y a su austeridad espartana, ya que su valor levantó a millares por la fuerza incomparable del ejemplo.

Fue nombrado gobernador y comandante militar y es en esa época que resaltan sus virtudes de gobernante probo e íntegro y sus cualidades de valor y clemencia, porque supo cumplir con aquellos preceptos con que Cicerón elogia a uno de los más grandes romanos de hacer conmemoración de la victoria.

En 1867, como gobernador de Coahuila, toma como primera providencia la reorganización de la educación superior; es así como el señor Viesca expide la primera Ley de Instrucción Pública del 11 de julio de 1867, en virtud de la cual se creó en Saltillo, capital, un establecimiento para la enseñanza de estudios secundarios que incluiría también una escuela de jurisprudencia con miras futuras a establecer la escuela de medicina y otras de tipo profesional.

Así nace este colegio que hoy perdura hasta nuestros días y que sigue cumpliendo con el deber de educar y formar a la juventud coahuilense y de todo el país, gracias a la visión de Andrés S. Viesca; me refiero por supuesto, al glorioso Colegio Ateneo Fuente.

Poco después, se constituiría la Junta Directiva de Estudios en el Estado de Coahuila y el 1o. de noviembre de 1867, inició el colegio oficialmente sus actividades docentes.

Posteriormente dejaría el gobierno de Coahuila para dedicarse a la labor legislativa como senador de la República en dos ocasiones en beneficio de un Estado y de una nación cuyo amor por ellos era patente. Fallece retirado de la vida pública en la ciudad de Torreón, Coahuila, el 5 de marzo de 1908.

Viesca tuvo el acierto de reunir con su honorabilidad, ilustración y patriotismo, los elementos para levantar un Coahuila y ocupar el papel preponderante que tiene hoy día, de saber que el conocimiento es el mayor de los tesoros que quedan a lo largo de las nuevas generaciones. De lucha férrea para evitar que nuestro país fuera nuevamente sometido al yugo del capricho extranjero.

El mejor homenaje que podemos hacerle es recordar su legado como mexicano; sus enseñanzas consagradas como ejemplo, sin olvidar jamás el concepto de nación en que vivimos.

Presidencia del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes

El Presidente :

Muchas gracias, diputado Benjamín Ayala Velázquez, por su intervención.

FEDERACION DE RUSIA

El Presidente :

Honorable Asamblea: esta Presidencia tiene el honor y el agrado de informar a ustedes que se encuentra entre nosotros en este salón de sesiones, una delegación de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia, encabezada por el excelentísimo señor Guenady Seleznev, presidente de la Duma Estatal.

Acompañan al excelentísimo presidente de la Duma Estatal, Guanady Seleznev, el excelentísimo señor embajador Konstantin Mozel, embajador de la Federación de Rusia en México e integrando esta delegación, vienen los diputados Seguey Apatenko, Vladimir Litvinov, Vladimir Pevtsov, Valentina Savostianova, Yuri Burlutsky, Artur Myaki y Priot Svechnikox. Muy bienvenidos.


DIA MUNDIAL DE LAS PERSONAS
CON PROBLEMAS DE AUDICION

El Presidente :

Para continuar en el orden del día, se concede el uso de la palabra a la diputada Raquel Cortés López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al Día Mundial de las Personas con Problemas de Audición.

Tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos.

La diputada Raquel Cortés López:

Buenos días. Gracias, señor Presidente:

Que se abran los ojos, oídos y sobre todo las mentes.

El diálogo de sordos es la máxima expresión del entendimiento humano.

Compañeras y compañeros diputados: el día de ayer, 28 de noviembre de 2000, se celebró el Día Internacional de las Personas Sordas. A nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, expreso mi apoyo a este importante sector cercano a los 3 millones de mexicanos que han vivido en la marginación no sólo social, sino también cultural.

La discriminación hacia este sector se manifiesta de diferentes formas. La falta de lenguaje común a los oyentes les aísla de todos los beneficios de la cultura general, cultura que permite allegarse de los conocimientos fundamentales para integrarse a la sociedad con el conjunto de valores y principios aceptados por todos y cada uno de nosotros.

Muchos son los problemas que aquejan a las personas sordas. Uno de los más importantes y que es el origen de los demás es la ausencia de un sistema educativo que contenga herramientas que faciliten el acceso a los contenidos académicos y en consecuencia, a tener la posibilidad de ascender en la escala social.

Muchos han sido los esfuerzos legislativos para apoyar ese sector social. En la pasada LVII Legislatura se presentaron diversas iniciativas, una de ellas es la que presentó el diputado Gilberto López y Rivas, de mi grupo parlamentario. Propuso una adición al artículo 4o. constitucional para integrar en nuestra Ley Suprema el reconocimiento al lenguaje de señas como una expresión de la policulturalidad de la nación.

Tal propuesta fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Hasta esta fecha la iniciativa no ha sido dictaminada.

Cabe señalar que esta propuesta fue producto de un foro de análisis, el primero en su género, en el que se acordó presentar esta iniciativa.

También fueron presentadas las iniciativas de reformas y adiciones a la Ley General de Educación por el diputado del PRD Felipe Rodríguez Aguirre; de atención al Código Penal, por la Comisión de Atención y Apoyo a Discapacitados y de reformas y adiciones a la Ley de Radio y Televisión.

De ellas falta el dictamen a la iniciativa al Código Penal por parte de la Comisión de Justicia. La iniciativa a la Ley de Radio y Televisión fue aprobada en esta soberanía; falta que el Senado la apruebe y la turne para su publicación al Ejecutivo de la nación.

La Cámara de Diputados ha sido un espacio en el que los sordos han tenido un espacio de participación social. Se han organizado dos foros nacionales y un foro internacional. Se contrató a ocho personas sordas en diferentes áreas de trabajo de esta Cámara.

El grupo parlamentario del PRD solicita a usted, señor Presidente, con fundamento en el artículo 41 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se haga la excitativa correspondiente a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para que presente el dictamen en los tiempos que señala la Ley Orgánica y brindemos a este importante sector social certidumbre de que la autoridad castigará de manera ejemplar a quienes roben sus implementos.

Con respecto a la iniciativa, le solicito, señor Presidente, se sirva solicitar a la colegisladora nos informe del trámite legislativo al que ha sido sometida la iniciativa de reformas y adiciones aprobadas por esta soberanía.
Compañeras y compañeros diputados: los sordos del país se encuentran en las calles vendiendo dulces y chucherías para sostener a sus familias y no cuentan con servicios de seguridad social, salario, seguro, atención de intérpretes; en una palabra, se encuentran en una total vulnerabilidad.

Recordemos que hace más de tres años nos estremeció la noticia de que en Estados Unidos se descubrió una red de explotadores mexicanos sordos que operaban en las ciudades de Nueva York, California, Texas y otros estados de la Unión Americana.

Este Congreso no puede permitir que se vuelva a repetir este vergonzoso incidente que dejó en claro que México no ha atendido a los mexicanos. Impidamos que los sordos regresen al vecino país por no encontrar alternativas en su propia tierra.

Es cuanto, señor Presidente.

Por su atención muchísimas gracias.

Presidencia del diputado
Eloy Cantú Segovia

El Presidente :

En el mismo tema, dentro de esta efemérides, ha solicitado la palabra el diputado Librado Treviño Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, quien tiene la palabra hasta por 10 minutos.

El diputado Librado Treviño Gutiérrez:

Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:

El día de ayer se conmemoró el Día Mundial de las Personas con Problemas de Audición, motivo por el que me honro venir a esta tribuna en nombre de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de esta LVIll Legislatura.

Nuevamente es motivo de elogio que un ilustre indígena oaxaqueño, quien se preocupó por las personas que más lo necesitaban: don Benito Juárez García, por decreto de fecha 15 de abril de 1861 incorporó al marco jurídico la instrucción pública para los sordos.

3250, 3251 y 3252

En junio de 1866 se crea en el ex convento de Corpus Christi la Escuela de Sordomudos, teniendo como primer director al profesor Eduardo Wet, escuela que recibió todo el apoyo del mandatario. En 1867 fue cerrada la Escuela Nacional para Sordos, creándose el Instituto de Educación Humana, el cual ha servido para la investigación científica sobre la sordera.

Consideramos necesario y urgente que las personas que tienen problemas de audición, puedan tener acceso a la educación. Hoy día los sordos en nuestro país tienen muchas necesidades, motivo por el que los integrantes de esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, dejando fuera los intereses de partidos, trabajaremos hombro a hombro, para poder darle una vida mejor a los grupos vulnerables, pero poniendo especial atención a todos los sordos de nuestro país.

¡Porque la política debe ser aplicada con sentido social para beneficio de aquellos que se encuentran en estado de gran marginación y sin lugar a dudas la población que padece discapacidad y de medios para enfrentar esta desventaja, exigen de los legisladores y del gobierno actual una respuesta puntual y comprometida!

¡Por eso vemos con simpatía y nos adherimos a todas las iniciativas que tengan ese objetivo, particularmente queremos sumarnos al pronunciamiento de la diputada que me antecedió, para profundizar y desarrollar aún más el trabajo que nos heredó la LVII Legislatura a favor de la protección de los derechos de las mexicanas y mexicanos sordos!

¡Estamos hablando de miles de familias que enfrentan la necesidad de atender a uno de sus integrantes y de dedicarle recursos y atención especial para sobreponerse a esta situación! ¡Hermanos aislados del contacto social, centrados demasiado en sí mismos y marginados y no podemos vivir en una sociedad con una parte marginada del contacto social y además presas fáciles de los vivales, caso en Nueva York con raíces en México, que los utilizaban para pedir limosna; industrializando esa invalidez para mal de los sordos!

¡Acordémonos de las brillantes inteligencias de Helen Keller, de Beethoven!

¡Imaginémonos, compañeros, imaginénomos esta Cámara sin sonido, neutralizados de nuestros sentidos! ¿Qué se siente? ¡Que nos bloque en todos nuestros sentidos y no atender ruegos, no atender súplicas, no atender avisos! ¡Sordos, privados de todos nuestros sentidos!

En mi carácter también de representante de la fracción del grupo parlamentario al que pertenezco, manifiesto toda la solidaridad, repito, con el documento leído por la compañera diputada que me antecedió, porque la integridad del ser humano es hoy por hoy uno de los más altos valores por los cuales la sociedad ha concentrado todos sus esfuerzos.

Termino, ésta mi intervención, con las siguientes conclusiones, de acuerdo con la Federación Mundial de Sordos:

1o. Reafirmamos la posición de que las personas sordas son una minoría cultural y lingüística, con derecho a su lengua de signos natural, así como su lengua materna.

Reafirmamos que los niños sordos tienen derecho a una educación bilingüe en lengua, de signos y lectoescritura.

Reconocemos que los avances tecnológicos ideológicos de la época de la información están creando cambios dramáticos en las comunidades sordas de todo el mundo.

Reafirmamos las habilidades y derechos de las personas sordas de conseguir una calidad de vida y una independencia económica a través del acceso en igualdad de condiciones a las oportunidades de empleo.

Reconocemos la diversidad social, étnica, religiosa, de género, económica y política dentro de nuestra comunidad y rechazamos la violación de los derechos lingüísticos y derechos humanos de las personas sordas, todavía muy frecuente en este país y condenamos con dureza la investigación genética, la cual apunta a la eliminación de las personas sordas de la raza humana.

Por último, las personas que aquí están y a través del Canal Legislativo nos están viendo, las que serán beneficiadas por nuestras iniciativas, ante ellos estamos haciendo este compromiso; un compromiso que quiere ser consecuente con la celebración del Día Mundial de los Sordos.

¡Vamos a cumplirles!

Muchas gracias.

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

El Presidente :

El siguiente punto en el orden del día es el referente a las iniciativas.

Para presentar una iniciativa de reformas al artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene la palabra la diputada Rosalía Peredo Aguilar, del Partido del Trabajo.

La diputada Rosalía Peredo Aguilar:

Con su permiso, señor Presidente; ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados de la LVIll Legislatura del honorable Congreso de la Unión.- Presentes:

Los suscritos, diputados federales a la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, por el digno conducto de ustedes, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Constituyente Permanente determinó en junio de 1993 modificar el contenido de la fracción I del artículo 82 de nuestra Norma Fundamental, con el propósito de permitir que ciudadanos mexicanos hijos de madre o padre mexicanos, pudieran aspirar a la Presidencia de la República.

Dicha reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de junio de 1994 y según se desprende del transitorio único entró en vigor el 31 de diciembre del año próximo pasado.

Para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo es pertinente eliminar de nuestro texto constitucional la posibilidad de que algún ciudadano mexicano cuya madre o padre no sea mexicano, también por nacimiento, pueda acceder a la titularidad del Poder Ejecutivo Federal.

Es necesario mencionar que en el texto original de la Constitución que actualmente nos rige se exigió por vez primera ese requisito de nacionalidad mexicana de ambos padres.

Por supuesto que no debemos soslayar el que en el aspecto político se pretendía evitar que nacionales mexicanos hijos de padre o madre no mexicano pudieran ocupar dicho cargo, tal es el caso de José Ives Limantour, cerebro financiero del grupo porfirista.

No es con ánimo de mexicanismo exacerbado por lo que proponemos la reforma en cuestión. Reconocemos las fecundas aportaciones que a nuestro país han hecho personas del extranjero y que han arraigado profundamente en nuestra patria, tal es el caso, por citar tan sólo un ejemplo, de los refugiados españoles que fueron generosamente recibidos por México en la gestión presidencial del General Lázaro Cárdenas.

Sin embargo y no obstante reconocer todas las aportaciones que a favor de México se han hecho por parte de quienes aquí encontraron solidaridad para arraigarse y fundar familia, estamos ciertos que el cargo de Presidente de la República debe ser ejercido únicamente por las personas que acrediten que la nacionalidad de sus padres por nacimiento es también mexicana.

Al iniciar un nuevo siglo y milenio los mexicanos requerimos de servidores públicos que en todos los niveles se encuentran identificados con la idiosincrasia de nuestro pueblo, con lo mejor de nuestras tradiciones y cultura, sólo quien conozca claramente las experiencias de lucha de nuestro pueblo podrá entender la crisis del presente y, en consecuencia, proponer soluciones para el futuro.

A mayor abundamiento recordemos que votar y ser votado es una prerrogativa del ciudadano, que supone la preexistencia de la nacionalidad mexicana, pero que en caso de quien aspire a la Presidencia de la República también se debe acreditar la de ambos progenitores.

Además todos los partidos políticos tendrán que ser más acuciosos para que las postulaciones que realicen recaigan en personas que estén plenamente identificadas con los problemas del país.

De igual forma con el cumplimiento de los requisitos de nacionalidad mexicana tanto del candidato como de sus padres se actualizan los elementos doctrinales del Ius soli y del Ius sanguinis. Esto es, la nacionalidad mexicana del candidato por haber nacido en el espacio territorial de la República Mexicana, a la cual se debe agregar el derecho de sangre que deriva de que sus padres también nacieron en México y cuentan con esta nacionalidad.

Sin lugar a dudas la reforma a la fracción I del artículo 82 constitucional es una amplia demanda de las mayorías de mexicanos de las cuales el grupo parlamentario del Partido del Trabajo se hace eco.

Trescientos años transcurrieron desde la conquista española, estamos a 10 años de conmemorar el CC aniversario de la lucha por la obtención de nuestra independencia política. Ahora lo que preocupa a los mexicanos es la obtención de la independencia económica y para ellos se requieren personas que compartan plenamente las aspiraciones y el deseo de cambio de nuestro pueblo.

«Compañeras y compañeros diputados: por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la presente

INICIATIVA

Con proyecto de decreto por el que reforma la fracción I del artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo primero.
Se reforma el artículo 82, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue

"Artículo 82
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de madre y padre mexicanos y haber residido en el país al menos durante 20 años.

II a la VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de noviembre de 2000.- Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, los diputados: Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador; José Narro Céspedes, vicecoordinador; Rosalía Peredo Aguilar, Jaime Cervantes Rivera, Rosa Delia Cota Montaño, Félix Castellanos Hernández, Jorge Alberto Rodríguez Pasos y Juan Carlos Regis Adame.»

El Presidente :

Muchas gracias, a la diputada Rosalía Peredo Aguilar.

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.


LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente :

Para presentar una iniciativa con objeto de reformar la Ley de Coordinación Fiscal, tiene la palabra la diputada Miroslava García Suárez, del Partido de la Revolución Democrática.

3253, 3254 y 3255

La diputada María Miroslava García Suárez:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

Quiero pedirles un poco de su atención y también un poco de su comprensión, porque esta iniciativa que presentó para que se reformen y se adicionen una serie de propuestas a la Ley de Coordinación Fiscal, es un poco extensa, sin embargo, creo que el tema lo requiere y es sumamente importante.

También quiero decir que esta iniciativa, además de suscribirla el Partido de la Revolución Democrática, la suscribe Convergencia por la Democracia.

«Iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Coordinación Fiscal.

Ciudadano Presidente de la mesa directiva; secretarios de la Cámara de Diputados, honorable Asamblea.- Presente.

La suscrita, diputada federal de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que me concede el artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 fracción II, del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

Al llegar al tema del presupuesto de egresos, Ley de Ingresos y de Coordinación Fiscal, es inevitable colocar las propuestas en el marco de las nuevas relaciones políticas que están surgiendo en el país. Un hecho político histórico, como lo fue la derrota de un régimen centralista, traslada al terreno económico la expresión de esa nueva realidad política. El núcleo del poder del Estado que sujetaba las pugnas de los otros poderes públicos, ha cedido ante la irrupción de la voluntad general de los ciudadanos. La pluralidad que se refleja en gobiernos estatales y en los municipios del país se colocaron de repente con una demanda urgente: la puesta en vigencia de la República Federal.

Por ello, el grupo parlamentario de la Revolución Democrática no puede menos que demandar de los distintos grupos parlamentarios de esta Cámara de Diputados la decisión política para avanzar en las nuevas relaciones económicas entre los distintos ámbitos del poder público. De manera destacada podemos señalar la oportunidad que ahora se presenta, de abrir la vía para construir el federalismo hacendario en nuestro país. Vale decir, se hace necesario construir un nuevo pacto federal en el país. Ese nuevo pacto tiene que ver con la implantación de un nuevo sistema tributario y un nuevo sistema hacendario en nuestro país que contemple los siguientes aspectos:

1. El sistema nacional de coordinación
fiscal


Las finanzas públicas son un instrumento de política económica para ser utilizado en el desarrollo municipal y regional. Por ello, los avances en materia de democracia electoral han de ser complementados con la construcción de un federalismo hacendario que garanticen las facultades y recursos que los tres ámbitos de gobierno requieren para cumplir con las funciones que la Constitución y la nueva realidad mexicana les exigen.

Dentro del proceso de la reforma del Estado y del federalismo, el ámbito fiscal y hacendario es uno de los principales temas a debate.

La transformación del sistema de coordinación fiscal debe contribuir a fortalecer las haciendas públicas estatales y municipales logrando mantener el equilibrio de las finanzas de la Federación.

El sistema nacional de coordinación fiscal ha buscado avanzar en distintos aspectos de las relaciones fiscales del Gobierno Federal, los estados y los municipios, como son: la armonización impositiva y la reducción de la tributación múltiple; la simplificación de los sistemas tributarios federal y estatal; el establecimiento y el perfeccionamiento de un sistema de transferencia de recursos intergubernamentales llamados participaciones; la colaboración administrativa en diversas materias impositivas y la creación y operación de organismos específicos de comunicación y diálogo entre las autoridades fiscales de los distintos ámbitos de gobierno.

Sin embargo, debe reconocerse que el sistema ha ampliado la dependencia financiera de los gobiernos locales con respecto a las participaciones y ha limitado la vinculación entre el ingreso y el gasto público en los ámbitos estatal y municipal.

Es evidente que sigue siendo una realidad la excesiva concentración de facultades y recursos a favor del Gobierno central. Esta situación se ha convertido en una de las principales causas del atraso y desequilibrio del desarrollo regional.

Ante esta realidad, tenemos la obligación de contribuir para la construcción de las bases que permitan dotar a los municipios, entidades federativas y a la Federación, de los recursos y facultades necesarias para hacer de las finanzas públicas un verdadero instrumento que impulse el desarrollo de todas las regiones del país.

Las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal de diciembre de 1997, mediante las cuales se creó el nuevo régimen jurídico de aportaciones, y en general, la discusión dada en la Cámara de Diputados con relación al tema del federalismo fiscal, revelan que el sistema fiscal llegó a su límite.

Incluso, quienes fueron autoridades federales relacionadas directamente con el sistema nacional de coordinación fiscal, reconocen que "resulta evidente que la naturaleza jurídica de los fondos de aportaciones federales es completamente distinta a la de los fondos constituidos con cargo a la recaudación federal participable" (Ismael Gómez Gordillo, procurador fiscal de la Federación. En El Economista Mexicano, número dos, 1999.)

En su momento, el especialista David Colmenares Páramo señaló que el hecho de concentrar conceptos de gasto social que estaban dispersos en diversos ramos del presupuesto de egresos, "erróneamente se incluyeron en la Ley de Coordinación Fiscal." (op.cit)

Una solución profunda exige fortalecer las atribuciones, autonomía, libertad económica y responsabilidades del municipio; redistribuir el gasto federal; dejar en manos de los gobiernos estatales funciones administrativas, servicios públicos y programas en materia de salud, educación, medio ambiente, vivienda, superación de la pobreza, desarrollo urbano y económico que les corresponden; vigorizar la soberanía política y económica de los estados y reivindicar la función compensatoria y subsidiaria del pacto federal.

Vale la pena rescatar en esta tribuna lo que el entonces gobernador Vicente Fox, ahora presidente electo, hace no más de tres años afirmó refiriéndose a la distribución de los recursos públicos: "Sí hay que cambiar... la fórmula de reparto... se argumenta que el Gobierno tiene que tomar todo y retener la mayor parte para ejercer la equidad en el presupuesto de egresos. Sin embargo, esto no ha pasado en nuestro país. Chiapas está jodido desde que empezó el siglo y sigue igual de jodido; no ha habido esa transferencia de recursos de un lado hacia el otro para promover un desarrollo equitativo" (...) "tarde o temprano tenemos que llegar a un acuerdo, a un nuevo pacto entre sociedad y Gobierno: El Gobierno que deje de robar, de ser inepto, de desperdiciar los recursos de los ciudadanos para ganar confianza y la sociedad se comprometa a poner la parte que tiene que poner para el desarrollo".

Esperamos que el próximo titular del Poder Ejecutivo acompañe a las entidades federativas, a los municipios y a este honorable Congreso en su marcha para establecer el federalismo y asuma cabalmente su compromiso con los estados y municipios del país.

2. Convención nacional


Los antecedentes del actual sistema nacional de coordinación fiscal se remontan a las convenciones fiscales de 1925, 1933 y 1947, así como a la primera Ley de Coordinación Fiscal de 1953 y a la Ley de Coordinación Fiscal que se encuentra vigente a partir de 1980.

Un fundamento imprescindible para lograr los cambios a fondo planteados en esta exposición de motivos, sería la realización de una convención nacional donde participen todos los actores económicos y políticos involucrados en el sistema nacional de coordinación fiscal, señaladamente los contribuyentes y por supuesto, los tres órdenes de gobierno. Sabemos que se trata de un proceso complejo, de construcción de acuerdos que tengan la legitimidad necesaria. Precisamente por ello, creemos que deberíamos instrumentar su realización a más tardar en la primera mitad del próximo año.

3. La potestad tributaria


Muy graves han sido las consecuencias originadas por el hecho de que la actual coordinación fiscal se ha basado en la suspensión de la potestad tributaria local, significando esto un severo sacrificio de los poderes estatales.

Cabe recordar que la Federación es quien tiene la potestad tributaria sobre el 98% de los impuestos y quien recauda aproximadamente el 96.1% de los mismos, las entidades se encargan de recaudar alrededor del 2.1% y los municipios el 1.8% restante.

El Poder Legislativo debe contemplar una recuperación de la potestad tributaria de las entidades federativas, así como el otorgar facultades a los municipios para dejar en sus manos la recaudación de impuestos del ámbito local, teniendo como columna vertebral la imposición a la propiedad inmobiliaria y pudiendo agregarse impuestos adicionales sobre los pequeños contribuyentes o sobre el consumo.

Muchas voces se inclinan por recuperar y ampliar la potestad tributaria de las entidades federativas y de los municipios, ya sea mediante la transferencia o cesión de potestades tributarias de la Federación; mediante el establecimiento de un sistema de tributos compartidos o el fortalecimiento de sus ingresos propios.

Tenemos el caso de otros países donde opera el esquema de tributos compartidos en los que se permite el establecimiento de tasas locales para los impuestos federales, previo acuerdo en los niveles de tributación de cada una de las partes para no afectar al contribuyente.

En otros países, estos esquemas se combinan con la ampliación de las potestades tributarias de estados y municipios, mediante la conservación del sistema de fuentes separadas de imposición, haciendo explícitos los campos impositivos correspondientes a cada ámbito de gobierno; e incluso otorgando a los ayuntamientos la facultad de señalar las bases y tasas aplicables a los tributos que les sean otorgados. Así, encontramos que en otros países los impuestos al consumo, como, de alguna forma, es el caso del impuesto al valor agregado, están bajo la potestad de las entidades locales.

De igual manera, la imposición al capital y a la seguridad social, son en otros países, de competencia tanto federal como estatal o provincial.

Lo esencial es que mediante la recuperación de la potestad tributaria se dota a las entidades y municipios de un margen para implementar una política fiscal y así poder utilizar sus finanzas públicas como instrumento de política económica para impulsar el desarrollo de sus regiones.

Cabe hacer notar que según datos oficiales, en México, a partir de que el impuesto predial pasó a ser recaudado y administrado por los municipios, la recaudación inicialmente se duplicó: para 1990 la recaudación del impuesto predial en nuestro país representó el 0.14% del producto interno bruto (PIB) y para 1996 significó el 0.28% del PIB. No obstante, en los últimos años la recaudación del predial en México presenta retrocesos significativos, como un efecto no deseado de la creciente transferencia de recursos que ha descentralizado el Gobierno Federal a los municipios a través del ramo 33, aportaciones federales.

Cabe decir que en materia de impuestos a la propiedad raíz, nuestro país está por debajo de otros países del continente: para 1996, en Uruguay la recaudación del impuesto predial es superior al 1.2% del PIB, en Paraguay alcanza el 1.3%, y en Argentina llega a representar casi el 1.6% de su riqueza nacional.

Consideramos que para 2001, con una nueva administración federal, que ha hecho del federalismo una de sus banderas electorales y principales propuestas de Gobierno, podríamos avanzar en materia de potestad tributaria, en los siguientes términos:

Recientemente, el 9 de noviembre pasado para ser exactos, la jefa de gobierno del Distrito Federal y los gobernadores de Baja California Sur, Nayarit, Tlaxcala y Zacatecas acudieron a esta Cámara de Diputados, para manifestar en un acto republicano, democrático y federalista, sus propuestas para el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo ejercicio fiscal. En una reunión con las mesas directivas de las comisiones de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública, manifestaron su demanda de que el federalismo fiscal, la creación de un nuevo pacto federal en el ámbito fiscal, sea una realidad.

3256, 3257 y 3258

Consideraron que la realización de dicho pacto fiscal no puede ser y menos ahora, obra solamente del Ejecutivo Federal, sino el resultado de la participación de los actores distintos de la sociedad, de los diversos órdenes de gobierno, de las fuerzas sociales y políticas. Por ello no esperan para el ejercicio del próximo año la expresión de ese nuevo federalismo hacendario, sino el compromiso claro de avanzar en dicha dirección. En congruencia con ello, presentan un conjunto de propuestas inmediatas con bjeto de contar, con suficiente espacio para desahogar los apremios financieros con que se encuentran las distintas entidades federativas y las medidas necesarias para que esta soberanía acuerde las medidas necesarias para que en los primeros meses del próximo año se inicien los trabajos para avanzar en el diseño colectivo del federalismo hacendario, tan necesario en el país.

4. El impuesto a los pequeños
contribuyentes


Se propone otorgar a los municipios la facultad administrativa de la recaudación del impuesto a los pequeños contribuyentes, participando del 100% de dicha recaudación.

Desde hace años el discurso del Gobierno Federal destaca como retos de la política fiscal: la ampliación de la base de contribuyentes, el mejoramiento de la eficiencia y equidad de la capacidad recaudatoria y el combate a la evasión fiscal, ubicándoles como mecanismos que permiten acercar al Estado mexicano a la suficiencia recaudatoria.

No hace mucho, un alto funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indicó que en el caso de los pequeños contribuyentes, es más costosa para la Federación la recaudación que el ingreso que generaría, por lo que no considera prioritaria esa captación.

Se puede afirmar que muchos municipios cuentan con la capacidad para ejercer esta facultad administrativa de recaudación y que incluso, no pocos serían mejores recaudadores que la Federación. Los municipios con población mayor a 150 mil habitantes tienen, en la mayoría de los casos, la estructura administrativa necesaria y además agrupan al mayor número de pequeños contribuyentes.

Los municipios que no estén en condiciones de ejercer esta facultad podrán celebrar el convenio de colaboración administrativa respectivo en términos de que sea la Federación quien se encargue de la recaudación.

5. Las participaciones


Durante este siglo la distribución del ingreso nacional ha sido una de las causas del atraso del desarrollo municipal y regional. A principios del mismo, el Gobierno central se quedaba con el 63% del ingreso nacional, llegando a estados y municipios el 37% restante. Sin embargo, de 1929 a 1995 la Federación se quedó con más del 80% de la recaudación.

Con relación al reparto de las participaciones, es importante resaltar que el Gobierno Federal por sus facultades discrecionales y falta de transparencia fiscales es quien en la práctica impone y modifica los montos y la forma en que se distribuyen. De acuerdo con la fórmula utilizada para determinar los coeficientes de distribución de participaciones, seis entidades federativas: Distrito Federal, estados de México, Veracruz, Jalisco, Nuevo León y Tabasco, se quedan con el 46.4% del monto total de participaciones. Los otros 26 estados se distribuyen el 53.6% restante.

La propuesta de los ciudadanos gobernadores antes mencionados consiste en que se deben incrementar las participaciones y pasar a 23% de la recaudación federal participable.

Bajo el conocimiento de que por ahora la modificación de la fórmula de asignación afectaría positivamente a unas entidades y a otras de forma negativa, lo que se requiere es un acuerdo global federalista para incrementar el monto de los recursos para todas. Por tanto, la discusión sobre las fórmulas de distribución puede posponerse para los trabajos de la próxima reforma fiscal integral.

5. La descentralización


Las aportaciones federales continúan siendo recursos federales con un alto grado de avance en su descentralización hacia los estados y en algunos casos, hacia los municipios.

El régimen jurídico de las aportaciones es útil para la transición de aquellos recursos federales que deben avanzar en su descentralización y en su coordinación entre los tres ámbitos de gobierno, como mecanismo puente de aquellos recursos federales que han de pasar a ser considerados como ingresos estatales o municipales, para que sean ejercidos con libertad por los estados y municipios bajo el régimen de participaciones.

Nuestras propuestas para el ejercicio fiscal 2001, de acuerdo el planteamiento de los gobernadores, son el de analizar de manera conjunta con el Ejecutivo Federal la situación que guarda el proceso de descentralización. Particularmente en lo que se refiere al sector educativo y de salud.

Basta señalar que la descentralización del sector educativo se hizo sin que fuese solicitada por los gobiernos estatales o municipales y sin embargo ha implicado una absorción cada vez mayor de sus propios recursos presupuestales. Por si fuese poco, la federalización dejó en manos del Gobierno central la normatividad, los contenidos, la determinación de los incrementos salariales y la relación con la estructura del sindicato de maestros. Por ello, los gobiernos estatales que hicieron presencia el pasado 9 de noviembre advierten acerca de la necesidad de concluir el proceso de descentralización y su costo, de otra manera podrían revertir dicho proceso a su lugar de origen, es decir, el Gobierno Federal.

Para amortiguar los efectos del deterioro de las finanzas estatales y municipales y consolidar los avances que se han tenido hasta ahora, en esta iniciativa se propone incrementar las aportaciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal a 2.64% de la recaudación federal participable, sólo como referencia e incrementar el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios al 2.69% "como referente" de la recaudación federal participable, además de incluir a los habitantes del Distrito Federal entre sus destinatarios.

También se propone institucionalizar el Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, creado en el Presupuesto de Egresos de 2000, para incorporarlo como un octavo fondo que se denominaría Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas en su Gasto de Inversión.

Respecto del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, se demanda que su monto tenga como referencia el 1% de dicha bolsa de recursos.

6. Reincorporación del Distrito Federal al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal

A finales de 1999 el Congreso de la Unión decretó una serie de medidas legales que fortalecen la tendencia a la municipalización y descentralización de las autoridades locales del Distrito Federal; en primera instancia se creó la figura de los jefes delegacionales.

Es importante canalizar recursos para fortalecer institucionalmente a las delegaciones políticas o demarcaciones territoriales, pues serán las responsables de responder a muchas demandas de los habitantes de esta capital.

Cabe recordar que el pasado 2 de julio, la ciudadanía del Distrito Federal eligió democráticamente a las autoridades locales, les dio mandato como autoridades municipales, aunque jurídica y formalmente no lo sean todavía.

Incluso, en textos publicados por el Consejo Nacional de Población y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, cuando se ha enumerado a los municipios, se incluye a las delegaciones políticas del Distrito Federal.

Por todo lo antes expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, me permito someter a consideración de este honorable Congreso la siguiente

INICIATIVA

De reformas a los artículos 2o., 25, 32, 36, 37 y 44, se adicionan los artículos 45-A, 45-B, 45-C y se adicionan dos artículos transitorios de la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo único.
Se reforman los artículos 2o., 25, 32, 36, 37, 44, se adicionan los artículos de las aportaciones que reciba con cargo al fondo a que se refiere este artículo, los municipios y las demarcaciones territoriales tendrán las obligaciones a que se refieren las fracciones I y III del artículo 33 de esta ley.

3259, 3260 y 3261

Artículo 44.

El fondo de aportaciones para la seguridad pública se constituirá con cargo a recursos federales y se determinarán anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por un monto mínimo equivalente al 1% de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, en base a lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. La Secretaría de Gobernación formulará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una propuesta para la integración de dicho fondo.

Artículo 45-A.


El fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas en su gasto de inversión se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con, recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, a 1.5% de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Este fondo se enterará mensualmente a los estados, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquellas de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 38-B de esta ley.

Para efectos del entero a que se refiere el párrafo anterior no procederán los anticipos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 7o. de esta ley.

Artículo 45-B.


Las aportaciones federales que con cargo al fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas en su gasto de inversión, éstas reciban se destinarán a los fines que se establezcan en sus presupuestos anuales, dando prioridad al gasto en obra pública.

Artículo 45-C.


El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, distribuirá el fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas en su gasto de inversión con base en los siguientes criterios:

I. El 40% del fondo se distribuirá en proporción al porcentaje de población que corresponda a cada entidad federativa del total nacional, según la información oficial más reciente que publico el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

II. El 40% del fondo se distribuirá de manera proporcional al porcentaje que corresponda a cada entidad federativa de su aporte al total del producto interno bruto del país, de acuerdo con la información más reciente del INEGI.

III. El 20% del fondo se distribuirá en partes iguales entre las entidades federativas."

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2001.

Segundo.
Se deroga cualquier disposición que contravenga la presente ley.

México, D.F., a 29 de noviembre de 2000.- Diputada María Miroslava García Suárez.»

El Presidente :

Muchas gracias a la diputada Miroslava García Suárez.

Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.


ASISTENCIA (II)

El Presidente :

Se pide a la Secretaría dar cuenta del registro de asistencia de diputados a esta sesión.

El secretario José Manuel Medellín Milán:

Se informa a la Presidencia que hasta el momento el sistema electrónico registra la asistencia de 446 diputados.

El Presidente :

Gracias. Ciérrese el sistema electrónico de asistencia.


PRESTAR SERVICIOS EN
REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Presidente :

El siguiente punto son dictámenes de primera lectura.

Los siguientes puntos del orden del día son los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de los ciudadanos: Hugo Cotero López, Samuel Balderas Romero, Martha Elena Meléndez Martínez, Denix Irene Nevarez Terrazas, Víctor Manuel García Quintero, Juan Fernando Rodríguez Andrade, María de Lourdes Cetina Presuel, Gustavo Aragón Hernández, Carlos Fernando Hernández Zamarrón, Fiona Clark Leithead, César Alberto Villegas Torres, Jorge Montiel Luna, Imelda Sepúlveda Nevarez, Antonio Agustín Pérez Rangel, Georgina Salazar García, Rubén Salvador Tejeda Pérez y Andrés Ramírez Meza, para prestar servicios. Y Carlos Alberto de Icaza González, Ricardo Ríos Cárdenas, José Luis Barros Horcasitas, Homero Torreblanca Nambo, Pedro José González Rubio Sánchez, Rafael Valdez Lizárraga, Carlos Miguel Salazar Ramonet y Enrique Carlos Madero Bracho, para aceptar y usar condecoraciones de gobiernos extranjeros.

Son de primera lectura.

En virtud de que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.

El secretario José Manuel Medellín Milán:

Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura a los dictámenes y se ponen a discusión y votación de inmediato.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente :

Se le dispensa la segunda lectura.

En consecuencia se pide a la Secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.

El secretario José Manuel Medellín Milán:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.- Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Honorable Asamblea: en oficio fechado el 7 de noviembre del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos: Hugo Cotero López, Samuel Balderas Romero, Martha Elena Meléndez Martínez, Denix Irene Nevárez Terrazas, Víctor Manuel García Quintero, Juan Fernando Rodríguez Andrade, María de Lourdes Cetina Presuel, Gustavo Aragón Hernández, Carlos Fernando Hernández Zamarrón, Fiona Clark Leithead, César Alberto Villegas Torres, Jorge Montiel Luna e Imelda Sepúlveda Nevárez, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en los consulados generales en Ciudad Juárez, Chihuahua; Monterrey, Nuevo León; Mérida, Yucatán; Nuevo Laredo, Tamaulipas; Cancún, Quintana Roo y Tijuana, Baja California.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 21 de noviembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de sus actas de nacimiento;

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en los consulados generales en Ciudad Juárez, Chihuahua; Monterrey, Nuevo León; Mérida, Yucatán; Nuevo Laredo, Tamaulipas; Cancún, Quintana Roo y Tijuana, Baja California, serán de carácter administrativo y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Hugo Cotero López, para prestar servicios como empleado de mantenimiento, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo segundo.
Se concede permiso al ciudadano Samuel Balderas Romero, para prestar servicios como asistente de mantenimiento, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo tercero.
Se concede permiso a la ciudadana Martha Elena Meléndez Martínez, para prestar servicios como auxiliar de visas en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo cuarto.
Se concede permiso a la ciudadana Denix Irene Nevárez Terrazas, para prestar servicios como asistente de visas en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo quinto.
Se concede permiso al ciudadano Víctor Manuel García Quintero, para prestar servicios como intendente en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo sexto.
Se concede permiso al ciudadano Juan Fernando Rodríguez Andrade, para prestar servicios como empleado de oficina del departamento de sistemas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Artículo séptimo.
Se concede permiso a la ciudadana María de Lourdes Cetina Presuel, para prestar servicios como asistente de sistemas en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán.

Artículo octavo.
Se concede permiso al ciudadano Gustavo Aragón Hernández, para prestar servicios como empleado de visas en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Artículo noveno.
Se concede permiso al ciudadano Carlos Fernando Hernández Zamarrón, para prestar servicios como almacenista/embarques en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Artículo décimo.
Se concede permiso a la ciudadana Fiona Clark Leithead, para prestar servicios como asistente consular en la Agencia Consular de los Estados Unidos de América en Cancún, Quintana Roo.

Artículo decimoprimero.
Se concede permiso al ciudadano César Alberto Villegas Torres, para prestar servicios como asistente de servicio consular especial, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Artículo decimosegundo.
Se concede permiso al ciudadano Jorge Montiel Luna, para prestar servicios como asistente de investigador en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Artículo decimotercero.
Se concede permiso a la ciudadana Imelda Sepúlveda Nevárez, para prestar servicios como operadora de teléfonos en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 22 de noviembre de 2000.- Diputados: Armando Salinas Torre, presidente; J. Antonio Hernández Fraguas, Víctor Manuel Gandarilla Carrasco y José Guillermo Anaya Llamas,Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, secretarios; Manuel Añorve Baños, José Francisco Blake Mora, Tomás Coronado Olmos, Omar Fayad Meneses, Alejandro Rafael García Sainz Arena, Federico Granja Ricalde, Lorenzo Rafael Hernández Estrada, Efrén Nicolás Leyva Acevedo, Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes, José César Nava Vázquez, Ricardo Augusto Ocampo Fernández, Fernando Ortiz Arana, Germán Arturo Pellegrini Pérez, José Jesús Reyna García, Adrián Rivera Pérez, Eduardo Rivera Pérez, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez, David Augusto Sotelo Rosas, Ricardo Torres Origel, Jaime Vázquez Castillo, Néstor Villarreal Castro y Roberto Zavala Echavarría.»

3262, 3263 y 3264

 

                       

Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Hugo Cotero López, Samuel Balderas Romero, Martha Elena Meléndez Martínez, Denix Irene Nevarez Terrazas, Víctor Manuel García Quintero, Juan Fernando Rodríguez Andrade, María de Lourdes Cetina Presuel, Gustavo Aragón Hernández, Carlos Fernando Hernández Amarrón, Fiona Clark Leithead, César Alberto Villegas Torres, Jorge Montiel Luna e Imelda Sepúlveda Nevarez, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en los consulados generales en las ciudades de: Juárez, Chihuahua; Monterrey, Nuevo León; Mérida, Yucatán; Nuevo Laredo, Tamaulipas; Cancún, Quintana Roo y Tijuana, Baja California.

El Presidente :

Está a discusión el dictamen en lo general, no habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.

El secretario José Manuel Medellín Milán:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.- Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Honorable Asamblea: en oficios fechados el 22 y 23 de noviembre del año en curso, la Secretaría de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos: Antonio Agustín Pérez Rangel, Georgina Salazar García, Rubén Salvador Tejeda Pérez y Andrés Ramírez Meza, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en las embajadas de Belice y del Perú, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 28 de noviembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en las embajadas de Belice y del Perú en México, serán de carácter administrativo y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Antonio Agustín Pérez Rangel, para prestar servicios como chofer-mensajero, en la Embajada de Belice con sede en la Ciudad de México.

Artículo segundo.
Se concede permiso a la ciudadana Georgina Salazar García, para prestar servicios como empleada doméstica, en la Embajada del Perú en México.

Artículo tercero.
Se concede permiso al ciudadano Rubén Salvador Tejeda Pérez, para prestar servicios como chofer, en la Embajada del Perú en México.

Artículo cuarto. Se concede permiso al ciudadano Andrés Ramírez Meza, para prestar servicios como empleado de limpieza, en la Embajada del Perú en México.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 29 de noviembre de 2000.- Diputados: Armando Salinas Torre, presidente; J. Antonio Hernández Fraguas; Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, José Guillermo Anaya Llamas, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, secretarios; Manuel Anorve Baños, José Francisco Blake Mora, Tomás Coronado Olmos, Omar Fayad Meneses, Alejandro Rafael García Sainz Arena, Federico Granja Ricalde, Lorenzo Rafael Hernández Estrada, Efrén Nicolás Leyva Acevedo, Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes, José César Nava Vázquez, Ricardo Augusto Ocampo Fernández, Fernando Ortiz Arana, Germán Arturo Pellegrini Pérez, José Jesús Reyna García, Adrián Rivera Pérez, Eduardo Rivera Pérez, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez, David Augusto Sotelo Rosas, Ricardo Torres Origel, Jaime Vázquez Castillo, Néstor Villarreal Castro y Roberto Zavala Echavarría.»

3265, 3266 y 3267

Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Antonio Agustín Pérez Rangel, Georgina Salazar García, Rubén Salvador Tejeda Pérez y Andrés Ramírez Meza, para prestar servicios en las embajadas de Belice y del Perú en México.

El Presidente :

Está a discusión el dictamen en lo general... No habiendo quien haga uso de la palabra para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.


CONDECORACIONES

El secretario José Manuel Medellín Milán:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.- Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso a los ciudadanos: Carlos Alberto de Icaza González, Ricardo Ríos Cárdenas, José Luis Barros Horcasitas y Homero Torreblanca Nambo, para aceptar y usar condecoraciones que en diferentes grados les confieren los gobiernos de las repúblicas de Panamá, Portugal, Honduras y Guatemala, respectivamente.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establecen la fracción III del apartado C del artículo 37 constitucional y el artículo 60, segundo párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero. Se concede permiso al embajador Carlos Alberto de Icaza González, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Vasco Núñez de Balboa en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Panamá.

Artículo segundo.
Se concede permiso al licenciado Ricardo Ríos Cárdenas, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Portugal.

Artículo tercero.
Se concede permiso al maestro José Luis Barros Horcasitas, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Francisco de Morazán en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Honduras.

Artículo cuarto.
Se concede permiso al vicealmirante de justicia naval licenciado Homero Torreblanca Nambo, para aceptar y usar la condecoración de la Cruz de Mérito Militar de Tercera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Guatemala.

Hernández Fraguas; Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, José Guillermo Anaya Llamas y Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, secretarios; Manuel Añorve Baños, José Francisco Blake Mora, Tomás Coronado Olmos, Omar Fayad Meneses, Alejandro Rafael García Sainz Arena, Federico Granja Ricalde, Lorenzo Rafael Hernández Estrada, Efrén Nicolás Leyva Acevedo, Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes, José César Nava Vázquez, Ricardo Augusto Ocampo Fernández, Fernando Ortiz Arana, Germán Arturo Pellegrini Pérez, José Jesús Reyna García, Adrián Rivera Pérez, Eduardo Rivera Pérez, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez, David Augusto Sotelo Rosas, Ricardo Torres Origel, Jaime Vázquez Castillo, Néstor Villarreal Castro y Roberto Zavala Echavarría.»

Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Pedro José González Rubio Sánchez, Rafael Valdez Lizárraga y Carlos Miguel Salazar Ramonet, para aceptar y usar condecoraciones que en diferentes grados les confieren los gobiernos de las repúblicas de Honduras, Francesa y Federal de Alemania, respectivamente.

El Presidente :

Está a discusión el dictamen en lo general... No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular....

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.

El secretario José Manuel Medellín Milán:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.- Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Honorable Asamblea: en escrito de fecha 20 de octubre del año en curso, el ingeniero Enrique Carlos Madero Bracho, solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Río Branco en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de Brasil.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Unico. Se concede permiso al ingeniero Enrique Carlos Madero Bracho, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Río Branco en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de Brasil.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 24 de noviembre de 2000.- Diputados: Armando Salinas Torre, presidente; J. Antonio Hernández Fraguas, Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, José Guillermo Anaya Llamas y Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, secretarios; Manuel Añorve Baños, José Francisco Blake Mora, Tomás Coronado Olmos, Omar Fayad Meneses, Alejandro Rafael García Sainz Arena, Federico Granja Ricalde, Lorenzo Rafael Hernández Estrada, Efrén Nicolás Leyva Acevedo, Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes, José César Nava Vázquez, Ricardo Augusto Ocampo Fernández, Fernando Ortiz Arana, Germán Arturo Pellegrini Pérez, José Jesús Reyna García, Adrián Rivera Pérez, Eduardo Rivera Pérez, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez, David Augusto Sotelo Rosas, Ricardo Torres Origel, Jaime Vázquez Castillo, Néstor Villarreal Castro y Roberto Zavala Echavarría.»

Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Enrique Carlos Madero Bracho, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Río Branco en grado de Comendador que le confiere el gobierno de Brasil.

Esta a discusión el dictamen... No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de este proyecto de decreto y los anteriores reservados, en un solo acto.

Presidencia del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes

El Presidente :

Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por 15 minutos para proceder a la votación de los proyectos de decreto.

El secretario José Manuel Medellín Milán:

Se solicita que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Abrase el sistema electrónico por 15 minutos para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto.

(Votación.)

Señor Presidente, se han emitido 383 votos a favor y cero en contra.

El Presidente :

Aprobados los proyectos de decreto por 383 votos.

El secretario José Manuel Medellín Milán:

Pasan al Senado y al Ejecutivo para los efectos constitucionales.


PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

El Presidente :

Señor Secretario; honorable Asamblea: esta Presidencia acaba de recibir un oficio de la Secretaría de Gobernación y se ruega a la Secretaría dar cuenta con él al pleno.

El secretario José Manuel Medellín Milán:

Es un oficio de la Secretaría de Gobernación dirigido al diputado Ricardo Francisco García Cervantes, presidente de la Cámara de Diputados.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadano diputado Ricardo Francisco García Cervantes, presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Por instrucciones del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctor Ernesto Zedilllo Ponce de León, me permito remitir a usted el Sexto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000.

Reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 28 de noviembre de 2000.- Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»

El Presidente :

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.


LEY DEL INSTITUTO NACIONAL
DE LAS MUJERES

El Presidente :

Compañeras y compañeros diputados: a esta directiva se ha informado que en este momento se encuentran realizándose aún los esfuerzos por consensar los términos finales del dictamen de la Comisión de Equidad y Género, que será puesto a discusión y votación en la presente sesión.

A efecto de dar espacio suficiente para la construcción de dichos consensos, se pospone la segunda lectura, la discusión y votación de este dictamen para un momento posterior en esta misma sesión.

En consecuencia, pasaremos al desahogo del punto del orden del día, consistente en proposiciones con punto de acuerdo de parte de las señoras y señores diputados que han reservado sus turnos.

Informo a la Asamblea que la proposición con punto de acuerdo sobre el cumplimiento de los acuerdos agrarios del Gobierno Federal ante las organizaciones campesinas, a petición del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se pospone para una siguiente sesión.

PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

El Presidente :

Para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación con la Procuraduría General de la República, se concede el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, al diputado Sergio Vaca Betancourt, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado José Sergio Rodolfo Vaca
Betancourt Bretón:

Con su autorización, diputado Presidente:

Me referiré al acuerdo a/039/2000, de la Procuraduría General de la República.

En términos de los artículos 21 y 102-A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Ministerio Público de la Federación...

El Presidente :

Permítame el orador.

Activen el sonido al diputado Zapata Perogordo.

El diputado Alejandro Zapata Perogordo
(desde su curul):

Para solicitar, señor Presidente, que convoque a la Asamblea que pueda guardar orden para escuchar al orador.

El Presidente :

En atención de la moción de orden que hace el diputado Zapata a la Presidencia para que a su vez solicite a las compañeras y compañeros diputados guardar el debido silencio y atención al orador, esta Presidencia obsequia la solicitud y pide encarecidamente a las compañeras y compañeros diputados ubicarse en sus curules y guardar el silencio y atención debida al orador en turno.

Continúe, señor diputado.

El diputado José Sergio Rodolfo Vaca
Betancourt Bretón:

En términos de los artículos 21 y 102-A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Ministerio Público de la Federación, presidido por el Procurador General de la República, cargo que desde hace cuatro años detenta el doctor Jorge Madrazo Cuéllar, es la institución competente para investigar y perseguir a quienes cometen delitos del orden federal.

A consecuencia de ello, el Ministerio Público tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal, facultad absolutamente discrecional, es decir, de sus conocimientos, rectitud, inteligencia y justo criterio depende que ya integrada una averiguación previa, se decida si están demostrados el cuerpo del delito y la posible responsabilidad del inculpado y en caso de considerar que no, resolver no consignar, que significa no turnar el asunto al juez penal ni solicitar orden de aprehensión contra el presunto delincuente, determinación que por su trascendencia siempre, siempre está sujeta a revisión por el Procurador General de la República, quien puede confirmarla, modificarla o revocarla.

Recientemente, a mayor precisión el 14 de este mes, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo número A/39/2000, en el cual, de manera sorpresiva el doctor Jorge Madrazo Cuéllar, apoyándose en la sinrazón de haber excesiva carga de trabajo, delega su facultad de autorizar en definitiva, repito, en definitiva, el no ejercicio de la acción penal en cinco subprocuradores, el fiscal especializado para la atención de delitos contra la salud, el visitador general respecto a los delitos cometidos por los servidores públicos de la propia Procuraduría General de la República, el titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, el titular de la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero, el director general de Protección a los Derechos Humanos y a los titulares de las delegación de la Procuraduría General de la República en todas las entidades federativas.

Como si no fuera suficiente irresponsabilidad dejar en manos de los funcionarios antes mencionados la delicada tarea de decidir en qué averiguaciones previas federales, hasta las derivadas de ilícitos graves que no permiten la libertad provisional bajo caución, por ejemplo las que atentan contra la salud y me refiero desde luego al narcotráfico en todas sus modalidades, no se consignará ni solicitará orden de aprehensión para los infractores, increíblemente  el doctor Jorge Madrazo Cuéllar incurrió en más excesos.

3268, 3269 y 3270

Efectivamente, en el punto 5o. del acuerdo que se comenta, el doctor Jorge Madrazo Cuéllar facultó a los cinco subprocuradores y demás colaboradores suyos que ya indiqué, para que habiliten agentes del Ministerio Público de la Federación como auxiliares del propio Procurador General de la República, a fin de que esos agentes del Ministerio Público autoricen dictámenes de no ejercicio de la acción penal, o lo que es igual, que ellos decidan si se archivan definitivamente, para siempre.

Creo que el aludido casi ex procurador General de la República debiera contestar las siguientes preguntas: ¿Dónde quedó la buena fe que en todas las escuelas y facultades de derecho enseñan, debe guiar ineludiblemente la procuración de justicia? ¿Por qué esa premura, a escasas dos semanas de abandonar el cargo, de resolver en unos cuantos días, 16, incluyendo los festivos para ser más exactos, todas, repito, todas las averiguaciones previas pendientes desde hace muchos años.

¿Por qué el doctor Jorge Madrazo Cuéllar no actuó así con interés y prisa, en que se determinaran las miles de indagatorias pendientes desde que asumió hace casi cuatro años el cargo de Procurador General de la República?

¿Será acaso que el doctor Jorge Madrazo Cuéllar sufrió un ataque repentino y extemporáneo de la diligencia y el compromiso que debió haber observado a partir de que se convirtió en abogado de la nación?

¿O por el contrario, su nueva diligencia nunca antes vista se deberá quizá que oyó a principios de este mes que el licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de la República electo, iba a dedicar los primeros 100 días de su administración a limpiar la casa y por ello, no por responsabilidad súbita el hoy Procurador General de la República se apresuró a tratar de impedirlo mediante el archivo, en fastrack de miles de indagatorias?

Sólo hay una forma en que el multicitado doctor Jorge Madrazo Cuéllar demuestre su buena fe y es dejando sin efectos el acuerdo a que nos hemos referido. Si no lo hace y cierto estoy que no lo hará, será responsable de haber abierto las puertas y también las ventanas de la Procuraduría General de la República a la impunidad y seguramente a muchos actos de corrupción que podrían ocasionar que miles de delincuentes del orden federal queden sin castigo.

Aquí es válido recordar una frase lapidaria que me parece proviene de Montesquieu: "apro-vechar la ley para cometer injusticias, es la peor de las perversidades".

El punto de acuerdo que solicito a esta sobe-ranía consiste en que se envíe atento oficio al doctor Jorge Madrazo Cuéllar, recomendándole tome las medidas pertinentes para que las averiguaciones previas que estaban pendientes de resolverse al 9 de noviembre de este año, un día antes de que emitiera el proveído en cuestión, sigan su curso normal y sean determinadas conforme a derecho y de acuerdo con el criterio del próximo Procurador General de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos.

Creo que no lo hará el señor procurador. Ojalá y de vez en cuando por las noches, su conciencia le reproche este acto que no puede ser de buena fe.

Gracias.

El Presidente :

Una vez que el diputado Vaca Betancourt haga entrega a la Secretaría del punto de acuerdo solicitado, por escrito, esta Presidencia dictará el trámite correspondiente.


AUTOTRANSPORTE FEDERAL

El Presidente :

Para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre la realidad que vive el autotransporte federal, se concede el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, al diputado Elías Dip Rame, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Elías Dip Rame:

Señor Presidente señoras y señores diputados:

1 El autotransporte de México vive hoy momentos difíciles, se enfrenta a uno de sus enemigos comerciales más grandes del mundo, me refiero al autotransporte estadounidense y canadiense el cual día con día se ha venido posesionando en nuestro país por diferentes vías:

Primero. Inversión de capital extranjero que fue autorizado por la Secofi a empresas de mensajería estadounidense concretamente DHL, Federal Express, UPS, las cuales se acogieron a una autorización que el Gobierno de México les otorgara para desarrollar su actividad en nuestro país.

Esta vino afectando a pequeñas empresas dedicadas a esta actividad, ya que la desproporción en equipo y tecnología es abismal. Lógico que la soberanía nacional en este sector se vio afectada ya que sólo estas tres empresas, cuentan con un parque vehícular superior al de todos los mexicanos dedicados al mismo ramo.

En materia de seguridad, cuentan con todo tipo de protección que a empresarios mexicanos no se les brinda. Por ejemplo, la Policía Federal de Caminos, ahora Policía Federal Preventiva, no los molesta en nada, más aún, los protege.

Al transportista nacional se le margina; su trato es desigual. La PGR si llegara a detectar que lleven entre su paquetería o mensajería un bulto con droga, lo único que hace es decomisarla dejando de inmediato al vehículo y al operador en libertad. Este mismo caso se presenta en una unidad propiedad de mexicanos, es detenida la persona y la unidad consignada por transportación de enervantes.

Hoy por hoy tenemos en nuestras cárceles varios choferes inocentes; sin embargos las autoridades judiciales los consideran culpables, Este caso que a todas luces muestra la protección con que cuentan los extranjeros en México.

Segundo. Prestanombres. Este es uno de los mayores problemas que hoy se viven en el sector carga, ya que a la fecha existen en nuestro país no menos de 40 empresarios que por su crecimiento acelerado los hace sospechosos de ser prestanombres. Muchos de ellos pasaron de tener una flota de 25 viejos camiones, a 150, 200 o 300 nuevas unidades; inversiones cuantiosas en flamantes terminales, lo cual abiertamente despierta la duda de la procedencia del capital. Estos son los que más daño hacen al transporte mexicano utilizando sus cajas estadounidenses y canadienses para mover carga doméstica que no es lo permitido hacerlo. Aquí la Secretaría de Hacienda, que es quien debe intervenir, no lo ha hecho. Cabe señalar que el permitirlo es estar en complicidad con aquellos transportistas que violan la Ley Aduanera.

En nuestro país diariamente se cargan más de 1mil cajas de trailer de éstas. Lo más grave del caso es el precio que por abajo del costo de operación vienen cobrando, lo que hace una clara competencia desleal al transporte nacional, muy especialmente al 90% que tiene acceso a equipo americano y que su trabajo en la carga nacional no es este el caso.

Es muy importante comentar que las cajas mencionadas entran al país con un permiso de importación temporal por 30 días, el cual lo único que autoriza es transportar carga de importación como de exportación, por lo que la misma ley contempla que el cargar productos de consumo nacional se le equipare al contrabando.

Inversión neutra. De acuerdo a lo establecido en el TLC la Ley de Inversión Extranjera y la Ley de Caminos y Puentes de Autotransporte Federal, el servicio de carga nacional y cabotaje está reservado en exclusiva para empresas mexicanas, que en sus actas constitutivas deben incorporar cláusulas de exclusión extranjeras. No obstante lo anterior, en la Ley de Inversión Extranjera se prevé, en caso de excepción, el cual tiene que ver con el concepto de inversión neutra.

Originalmente la inversión neutra se concibe como una alternativa de financiamiento para empresas mexicanas, ya que el capital que ingresa a las empresas mexicanas no tiene ni voz ni voto en las decisiones de la misma empresa.

Visto así, la inversión neutra aplicada a empresas mexicanas en diferentes sectores, pudiera de hecho constituir una buena alternativa de crecimiento, sin embargo, el autotransporte nacional, la inversión neutra, le pudiera representar un problema o bien prestarse a prácticas de simulación, que son las que sospechamos vienen haciendo cerca de 40 o 50 empresas.

Hace unos días la Cámara Nacional de Carga llevó a cabo un bloqueo carretero federal en tres estados: Querétaro, Jalisco y Puebla. En este último punto se tuvo que lamentar un tremendo accidente, con un saldo de varios heridos y pérdidas de la vida de un joven poblano de 29 años. Debo aclarar que un servidor, es presidente nacional de la agrupación que agrupa la Confederación Nacional de Transportes Mexicanos Conatram, la cual en esta ocasión no participó en el bloqueo que llevó a cabo Canacar.

Hago la aclaración porque compañeros diputados me reclamaron la protesta, más aun cuando un compañero en pasadas sesiones aludió a esa acción diciendo: que quien ha bloqueado las carreteras es precisamente un compañero diputado priísta que representa los intereses de los transportistas.

Lamento no haber estado en ese momento para impugnar debidamente lo manifestado, pero el día de hoy lo hago, para que se vea que no existe doble lenguaje. Lo que hoy existe es crisis real, que vive el transporte nacional y que ustedes deben conocer.

Señores diputados, existe un serio problema en el autotransporte, hoy fue el reclamo a dos empresas por un grupo de transportistas, me refiero a Mc Carriaeso y a Jaguar Zeladón, mañana pudiera ser el reclamo generalizado a más de 40 o 50 empresas que trabajan en nuestro país como lo he señalado, por lo que en consecuencia obedece a esta Cámara de Diputados, pedir un informe a las secretarías de Hacienda, de Comercio, Comunicaciones y Transportes como Relaciones Exteriores, de cómo vienen operando las empresas de mensajería y paquetería, así como las de carga regular y especializadas.

Y si el capital con el que están operando está fuera de la legalidad, se procede en consecuencia conforme a la ley.

La primera etapa del Tratado de Libre Comercio, la cual consistía en que Estados Unidos y México abrirían sus fronteras el 18 de abril de 1995, para que en materia de transporte pudieran iniciar actividades en los estados fronterizos Texas, Arizona, Nuevo México, California y por México, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Esta no se abrió por así convenir a Estados Unidos, ya que su gobierno escuchó las protestas del sindicato más grande de aquel país, me refiero a los teemster, el cual señalaba que no permitiría que los mexicanos entraran a prestar el servicio de transporte a su país. Su principal argumento fue que nuestras unidades no garantizaban la seguridad y nuestros operadores no eran aptos para conducir en carreteras estadounidenses por no conocer el idioma y la señalización, ya que todo eso está en inglés.

Señoras y señores diputados, la situación que presento del transporte es muy grave; la protección que se ha venido dando al transporte extranjero está llevando a la quiebra al nacional. Más aun, los programas de renovación de equipo han avanzado muy lentos. El compromiso que los transportistas hicimos a la nación de cambiar unidades viejas y contaminantes por camiones nuevos con tecnología de punta, que consumen un 50% menos de combustible, para de esa forma reducir el alto grado de contaminación que tanto daño viene ocasionando a la sociedad en general, no se ha podido llevar a cabo.

Lo más grave de esto es que el día de mañana se pretenda sacar de la circulación al 50% del parque vehícular, por considerarlo nocivo para la salud.

Esta medida podría crear cuellos de botella, con consecuencias graves a la economía del país al faltar transporte para mover la producción nacional.

En consecuencia y con base al incumplimiento que se ha dado como se señala en parte de Estados Unidos, se abra el capítulo del TLC en materia de transporte y se vea la forma legal de que éste quede fuera del tratado por así convenir a los intereses de Estados Unidos y de México o bien, se aplace hasta en tanto las condiciones de nuestro transporte sean similares a las de Estados Unidos y Canadá, para que se dé una verdadera competencia, la cual, para que sea justa, debe darse entre iguales.

Señoras y señores diputados, nuestro deber como mexicanos es defender nuestra soberanía y las fuentes de trabajo que por este motivo se están perdiendo en nuestro país, obligando a que cientos de miles de mexicanos emigren al extranjero a buscar la forma de subsistir, y como legisladores revisar la Ley de Inversión Extranjera y en cuanto al capítulo de inversión neutra, adecuarla de tal forma que ésta fuera sólo como una fuente de financiamiento, por lo que sería necesario que se prohibiera que su origen proviniera del mismo ramo de actividad del transporte. Con ello se podría evitar que aumentara la inversión simulada en nuestro país, para que nuestro transporte se viera beneficiado.

3271, 3272 y 3273

«Con base en los antecedentes y en las consideraciones expresadas, los diputados Elías Dip, secretario de la Comisión de Transporte, así como de las fracciones parlamentarias del PRI y PRD, respectivamente, sometemos a consideración del pleno de esta Cámara el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se propone la realización de los estudios económicos, estadísticos y laborales necesarios que justifiquen la revisión del Tratado de Libre Comercio en el apartado relativo al transporte en beneficio del sector del transporte mexicano.

Cámara de Diputados, a 29 de noviembre de 2000.- Diputados: Elías Dip Rame y Francisco Patiño Cardona.»

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente :

Gracias, diputado Elías Dip Rame.

Por favor activen el sonido al diputado Francisco Patiño.

El diputado Francisco Patiño Cardona
(desde su curul):

Para fijar la posición de mi partido en relación al tema.

El Presidente :

Tiene el uso de la palabra el diputado Patiño para presentar la posición de su partido en relación al tema, hasta por cinco minutos diputado.

El diputado Francisco Patiño Cardona :

Definitivamente mi fracción parlamentaria comparte el punto de vista, al punto de acuerdo del diputado Elías Dip Rame.

Yo quisiera hacer algunos comentarios, empezando por las carreteras que fueron privatizadas y que a esta Cámara de Diputados se vino a informar de la implementación del rescate de 23 carreteras, de las cuales en el VI Informe de Gobierno se dice que concluyó el proceso de liquidación de 20 concesiones, cuyos resultados y antecedentes se contienen en el mismo número de libros blancos entregados a la Contaduría Mayor de Hacienda de esta Cámara.

Como segundo punto, que es un indicativo de cuál es el estado actual en que se encuentra el transporte mexicano, entre ellos el transporte terrestre, el transporte aéreo, el transporte, en fin, marítimo, yo quisiera comentar que en el caso Cintra, la Comisión Federal de Competencia informó a los integrantes de la Comisión de Transportes, de la cual soy miembro, su decisión de desintegrar el corporativo formado por Mexicana de Aviación y Aeroméxico, para venderlas por separado como una medida para abaratar las tarifas en el servicio.

En la defensa de su fuente de trabajo, las agrupaciones de pilotos nos dieron claridad a los miembros de la comisión en comento, de que vender por separado las empresas sería abrir una política de cielos abiertos, por lo que ellos proponen se analice y se diseñe una política nacional de aviación que la Comisión de Transporte observa y ve con bastante interés.

No está por demás comentar que respecto al alto costo de tarifas, que tiene relación con Cintra, debo comentar que es responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien no ejerció el control que le ordena la fracción IV del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y a propósito, como tercer punto, de la privatización de aeropuertos y en ellos la reubicación del aeropuerto de la Ciudad de México, se debe vigilar y actuar para que no quede en exclusiva decisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, haciendo valer aquel proyecto en que independientemente de ubicarlo en otro Estado: Hidalgo o el Estado de México u otro de la Federación, realmente permanezca este aeropuerto que se encuentra en la Ciudad de México en operación, para proteger lo invertido en esta infraestructura y abrir opciones para el público usuario.

Si bien es cierto que los transportes terrestres, los aéreos, las carreteras, los puertos etcétera, son de competencia federal, la Federación se constituye con el pacto de todos los estados miembros y por ello no deben quedar marginados de la planeación de estos servicios, máxime que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 26 señala la intervención del Congreso en el sistema de planeación democrática, Congreso que a su vez suma la representación popular de los estados miembros de la Federación.

Por todo ello, mi estimado diputado, nosotros con mucho gusto también firmamos el documento, pero me gustaría que esa propuesta de punto de acuerdo se pudiera enriquecer con los siguientes puntos

Que la Comisión de Transportes y de Comunicaciones de esta Cámara, en comisiones unidas con la de Hacienda y Crédito Público, se integre una comisión especial encargada de retomar el análisis de los 23 casos del rescate carretero.

Se determine a cuánto ascendió esa liquidación y por qué concepto se pagó a los concesionarios, y durante cuánto tiempo se les cubrirán pagarés, así como el importe total al valor monetario actual del año 2000.

Finalmente, proponer que la Comisión de Transportes, para el caso Cintra, impulsar la constitución de un comité mixto en que participen la representación de trabajadores de la empresa, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de los diputados miembros de las comisiones de Comunicaciones y Transportes que analicen y señalen políticas para que la planeación del transporte aéreo, así como mecanismos para que el IPAB recupere la inversión pública que representa las dos terceras partes de las acciones.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente :

Muchas gracias, diputado Francisco Patiño Cardona.

La proposición planteada por el diputado Elías Dip Rame y la intervención del diputado Francisco Patiño Cardona se turnan a las comisiones de Transportes y de Comercio.


ESTADO DE NAYARIT (II)

El Presidente :

Para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre la situación de los indígenas en el Estado de Nayarit, ha solicitado el uso de la palabra y se le concede por 10 minutos, al diputado Jaime Cervantes Rivera, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Jaime Cervantes Rivera:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo, acude a esta tribuna para externar su preocupación por las condiciones de miseria y marginación en la que viven millones de mexicanos. Cuando escuchamos información, sea de datos oficiales o de analistas independientes acerca del número de millones de mexicanos que viven en pobreza extrema, la frialdad de las cifras no delata ni con mucho la realidad lacerante en la que ellos viven.

Indudablemente quienes más resienten esas condiciones de penuria son los integrantes de los diferentes grupos indígenas que existen en nuestro país. Casi como constante los meses de invierno, comentamos con preocupación la situación en la que se encuentran los tarahumaras en la sierra de Chihuahua,por las inclementes condiciones de frío que ahí padecen.

Cosa similar ocurre con los grupos indígenas de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Hidalgo y muchos otros estados. Pero en lo que hoy queremos poner especial énfasis, es en una lamentable situación ocurrida en días recientes en el Estado de Nayarit. Recientemente fallecieron en los municipios de El Nayar y la Yesca, tres de estos niños literalmente murieron de inanición. Hablar de que en México existe gente que muere de hambre, nos hacen situar las condiciones materiales que muchos habitantes de nuestro país a las mismas condiciones de hambruna que se padecieron en Africa, en Biafra y en otros países africanos.

Indiscutiblemente a dos días de que concluya la etapa de los autodenominados gobiernos revolucionarios, es de reconocerse que muy poco se hizo por atender las necesidades de la grandes mayorías de marginados de este país. Dos de los cinco niños murieron por picadura de alacrán; y lo vergonzoso es que en los dispensarios médicos donde fueron llevados para recibir atención, no existía suero antialacránico, que de haber existido posiblemente su utilización en tiempos habría salvado la vida de estos pequeños.

El combate a la pobreza y a la marginación, que padecen millones de mexicanos, debe ser una tarea conjunta de los tres niveles de gobierno. Pero nos indigna saber que en el Estado de Nayarit, para el presente ejercicio fiscal los diputados de la legislatura local, autorizaron al DIF, 14 millones 200 mil pesos; a prensa y relaciones públicas, 11 millones 500 mil pesos; cuando en 1999 a esta última oficina le autorizaron una partida de 3 millones 607 mil pesos. Es decir, 8 millones de pesos más.

Al margen de la actuación de las diversas dependencias estatales que tienen programas para combatir la pobreza, resalta que el Sistema de Desarrollo Integral para la Familia, en el Estado de Nayarit, ha sido incapaz e ineficiente para combatir al logro de dicho propósito. Además prensa y relaciones públicas, que tiene un altísimo presupuesto, casi similar al del DIF estatal, desde luego que no atiende esa problemática social, a no ser que a través de campañas publicitarias y de relaciones públicas se pretenda esconder o maquillar la grave miseria que los grupos indígenas viven en el Estado.

Además de que los recursos presupuestales del DIF estatal, se orientan más a zonas urbanas, cuando las necesidades más apremiantes se encuentran en las zonas rurales, donde hay población preponderantemente indígena.

Compañeras y compañeros diputados: las condiciones que hemos descrito de pobreza en el Estado de Nayarit nos hacen entender claramente que los derechos consagrados en el artículo 4o. constitucional en lo relativo al derecho a la salud y el deber de los padres de preservar los derechos de los menores a la satisfacción de sus necesidades materiales es letra muerta.

«Por las consideraciones antes dispuestas y con fundamento en lo que establece el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a su consideración los siguientes

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El pleno de la Cámara de Diputados instruye a las comisiones ordinarias de Dictamen Legislativo, de Asuntos Indígenas, Desarrollo Social, Programación y Presupuesto para que propongan incrementos a las partidas presupuestales correspondientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2001 que tiendan a abatir los rezagos de miseria y marginación en que viven los grupos indígenas de nuestro país.

Segundo.
El pleno de la Cámara de Diputados exhorta a la legislatura del Estado de Nayarit para que en el momento de dictaminar la iniciativa de Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2001, incremente las partidas presupuestales a los programas de atención a grupos indígenas en el Estado.

Atentamente.

Los diputados del Partido del Trabajo: Alberto Anaya Gutiérrez, Rosalía Peredo Aguilar, Rosa Delia Cota Montaño, Jorge Alberto Rodríguez Pazos, Félix Castellano Hernández, Juan Carlos Regis Adame y el de la voz Jaime Cervantes Rivera; por el Partido Convergencia por la Democracia José Manuel del Río Virgen.»

Es cuanto, señor Presidente.

3274, 3275 y 3276

El Presidente :

Gracias, señor diputado.

A solicitud de quien formula el punto de acuerdo, se turna esta proposición a las comisiones de Asuntos Indígenas, de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social.


A petición del grupo parlamentario del Partido del Trabajo se pospone para una futura sesión la proposición con punto de acuerdo para que las secretarías de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de Salud se aboquen a resolver el grave problema de contaminación y salud pública en el municipio de Torreón, Coahuila.

Igualmente, a solicitud del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo sobre la reducción del precio del gas será reprogramada para una subsecuente sesión.


SUR-SURESTE DE MEXICO

El Presidente :

En consecuencia, se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Ali de la Torre, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para crear una comisión especial que coadyuve y dé seguimiento a los proyectos de desarrollo regional para el sur-sureste de México.

Tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Ali de la Torre.

El diputado Jesús Ali de la Torre:

Gracias, señor Presidente; diputadas y diputados:
Daré lectura, de manera resumida, a un documento más amplio bajo los siguientes

CONSIDERANDOS

Primero. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 25 constitucional, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía nacional y su régimen democrático y que, mediante el fomento al crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y de la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los grupos sociales.

Segundo.
Que en el artículo 26 constitucional se dispone también que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad.

Se dispone que en dicho sistema el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley.

Tercero.
Que la dinámica del desarrollo nacional a lo largo de la historia ha generado por diversas circunstancias de orden social, económico, geográfico y político, condiciones de atraso y marginación en algunas entidades federativas, especialmente en las comprendidas en las regiones del sur y sureste del país.

Frente a lo anterior, tanto el Gobierno Federal como las fuerzas políticas representadas en el honorable Congreso de la Unión han expresado su preocupación para la realización apremiante de acciones y programas encaminados a potenciar el desarrollo de esas regiones en todos sus aspectos para integrarlas al desarrollo nacional.

En la reciente dinámica electoral las principales fuerzas político-partidistas incluyeron como parte de sus plataformas y programas de acción diversos planteamientos para el desarrollo regional, con especial énfasis en el relativo al sur-sureste del país, coincidiendo todas en que es necesario dar un definitivo impulso al desarrollo de esa zona nacional y cerrar esa preocupante brecha entre el norte, el centro y el sureste del país.

Cuarto.
Que de igual forma el Ejecutivo Federal, que iniciará funciones a partir del 1o. de diciembre, ha manifestado como una de sus preocupaciones centrales la de impulsar los programas necesarios para el desarrollo del sur-sureste del país, planteando inclusive la posibilidad de concretar un proyecto denominado Puebla-Panamá de Desarrollo Regional de Aliento Internacional que comprenda tanto a las entidades de esta región del país como a los países centroamericanos.

Quinto.
Que la región identificada como el sur-sureste, integrada por los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán comprenden 467 mil kilómetros cuadrados, que representan el 23.8% del total de la superficie del territorio nacional, distribuidos entre 1 mil 116 municipios, el 46% del total nacional y que en ellos habitan 22 millones 400 mil habitantes, es decir, el 23.4% de los 97millones 400 mil total de habitantes del país, ello sin considerar los muchos que tienen que migrar en búsqueda de mejores expectativas de vida.

Aquí voy a abreviar en los muchos indicadores por demás señalados tanto por mis compañeros de partido como por otros compañeros señores diputados de esta honorable Cámara.

Sexto.
Indudablemente cualquier proyecto de desarrollo regional debe poner especial énfasis en el respeto a las características particulares de cada entidad y su conglomerado social y a la preservación de su patrimonio histórico y ecológico. Así también debe concitar adecuadamente la colaboración de las autoridades federales, estatales y municipales y de las organizaciones ciudadanas.

Séptimo.
Que la ley de planeacion establece las normas conforme a las cuales se llevará a cabo la planeación nacional del desarrollo y encauzar las Actividades de la Administración Pública Federal. El Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, estrategia y prioridades de desarrollo integral del país.

Octavo.
Que en ejercicio de la representación nacional que ostentamos las diputadas y los diputados federales, pero especialmente por la vinculación que tenemos con los problemas estatales y regionales, tenemos, los diputados electos de las entidades y circunscripciones que comprenden la región del sur y sureste, resulta pertinente que mediante un ánimo responsable y responsabilizador de colaboración y coordinación a través de los instrumentos de que legalmente dispone la Cámara de Diputados, nos sumemos todos a la convocatoria formulada también por todos los partidos políticos nacionales para impulsar el desarrollo regional.

Noveno.
Que de acuerdo con el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones son órganos constituidos por el pleno que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones contribuyen a que la Cámara cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales.

En el párrafo segundo del mismo dispositivo se relacionan las comisiones ordinarias con que cuenta la Cámara de Diputados, ninguna de las cuales tiene como materia o referencia para sus trabajos el desarrollo regional, independientemente de que la inmensa mayoría de las comisiones ordinarias puedan tener interés y competencia, según su materia en los diversos aspectos del desarrollo regional en un proyecto de la magnitud del anunciado para el sur-sureste del país, es claro que por su complejidad y largo aliento requieren necesariamente de un trabajo, de una instancia comisional que pueda abocarse específicamente al seguimiento y evaluación del mismo, sin demérito de la participación que otras comisiones puedan tener conforme a su especialidad.

De igual forma la comisión especial que se propone deberá tener una importante función de coadyuvancia en las tareas de coordinación que necesariamente habrán de llevarse a cabo entre las distintas autoridades y órdenes de gobierno, máxime si consideramos la pluralidad de la geografía político-electoral de las entidades que comprende.

En su caso, la vertiente internacional de los proyectos de desarrollo regional que se propongan, habrán de plantear también un reto de proporciones inusitadas para el trabajo en comisiones, al involucrar diversos aspectos de carácter administrativo, económico, comercial, mercantil, étnico, cultural, poblacional, de fronteras y de soberanía, entre otros, cuya interacción hace aún más recomendable la creación de una instancia de trabajo legislativo que se somete a la consideración de esta legislatura.

Décimo. Que en atención a lo dispuesto por el artículo 42 de la propia Ley Orgánica, el pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales para hacerse cargo de un asunto específico. El acuerdo que las establezca señalará su objeto, el número de los integrantes que la conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se les haya encomendado.

Por éstas y por muchas otras razones precisadas en este documento que se envía a la Junta de Coordinación Política y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25, 26 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 42 de la Ley Orgánica y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, se propone a esta soberanía, preciso, previa a la intervención prevista de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, emita el siguiente

ACUERDO

Primero. Se crea la comisión especial de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LVIII Legislatura, encargada de coadyuvar y dar seguimiento en el ámbito de competencias de este órgano legislativo, a los proyectos de desarrollo regional relacionados con la región sur-sureste de México.

El objeto de la comisión especial que se crea será el que deriva de su denominación. Esta comisión atenderá las proposiciones que en materia de desarrollo regional para el sur-sureste del país presenten las ciudadanas y ciudadanos legisladores y demás sujetos con derecho a ello, así como los planteamientos que en materia se incluyan en el Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006 y los programas regionales que impulse el Ejecutivo Federal.

La comisión especial funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de comisiones establece la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas. Contará con los recursos necesarios para el adecuado desempeño de sus tareas.

Por la importancia del tema, solicito algunos segundos más para concluir, señor Presidente.

El Presidente :

Disponga de ellos, señor orador.

El diputado Jesús Ali de la Torre:

Muchas gracias.

Segundo.
La comisión especial materia de este acuerdo, se integrará con 30 diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que al efecto formule al pleno de los diputados la Junta de Coordinación Política.

Las propuestas de diputadas y diputados que corresponda presentar a los diversos grupos parlamentarios para integrar la comisión especial de que se trata, deberá recaer principalmente en integrantes de cada bancada provenientes de las entidades que comprende la región sur-sureste de México.

Tercero.
La comisión especial materia del presente acuerdo funcionará por el término de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.

El presente acuerdo entrará en vigor al siguiente día de su publicación.

El Presidente :

Gracias, señor orador.

El diputado Jesús Ali de la Torre:

Con su permiso, señor Presidente.

El Presidente :

No, no se le concede más permiso, porque ha agotado ya en exceso el tiempo acordado.

El diputado Jesús Ali de la Torre:

Me sumo a la convocatoria nada más de esta legislatura, para que este proyecto se concretecomo una convocatoria a nivel nacional para esta atención urgente, que es una preocupación de todos los mexicanos.

Muchas gracias por su venia, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo para la creación de una comisión especial de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LVIII Legislatura, encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los proyectos de desarrollo regional para el sur de México.

3277, 3278 y 3279

CONSIDERANDO

1. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que este sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía nacional y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

Dispone el mismo ordenamiento, que el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga la propia Constitución.

2. Que en el artículo 26 constitucional, se dispone también que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Se indica también en el numeral citado, que la planeación será democrática y que mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al Plan y a los programas de desarrollo. Se dispone, que en dicho sistema de planeación el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley.

3. Que en la dinámica del desarrollo nacional, a lo largo de la historia se han generado por diversas circunstancias de orden social, económico, geográfico y político, condiciones de atraso y marginación en algunas entidades federativas, especialmente en las comprendidas en las regiones sur y sureste del país.
Frente a lo anterior, tanto el Gobierno Federal como las fuerzas políticas representadas en el honorable Congreso de la Unión, han expresado su preocupación por la realización apremiante de acciones y programas encaminados a potenciar el desarrollo de esas regiones en todos sus aspectos, a efecto de integrarlas al desarrollo nacional.

En la reciente dinámica nacional, las principales fuerzas político-partidistas incluyeron, como parte de sus plataformas electorales y programas de acción, durante el proceso electoral federal del año 2000, diversos planteamientos para el desarrollo regional, con especial énfasis en el relativo al sur-sureste del país, coincidiendo todas en que es necesario dar un definitivo impulso al desarrollo de esa zona nacional y cerrar esa preocupante brecha entre las regiones del país.

4. Que de igual forma, el Ejecutivo Federal que iniciará funciones a partir del 1o. de diciembre próximo ha manifestado como una de las preocupaciones centrales de la administración que estará a su cargo, la de impulsar los programas necesarios para el desarrollo del sur-sureste del país, habiendo planteado inclusive, la posibilidad de concretar un proyecto denominado "Puebla Panamá" de desarrollo regional de aliento internacional, que comprenda tanto a las entidades de esta región del país como a los países centroamericanos.

5. Que la región del país identificada como el sur-sureste, integrada por los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, comprenden 467 mil Kilómetros cuadrados, que representan el 23.8% del total de la superficie del territorio nacional, distribuidos entre 1 mil 116 municipios, el 46% del total nacional; en ellos habitan 22 millones 400 mil mexicanas y mexicanos, es decir, el 23% de los 97millones 400 mil del total de habitantes en el país; ello sin considerar los muchos que tienen que emigrar en búsqueda de una mejor expectativa de vida.

Los indicadores de desarrollo social en estas entidades se encuentran por debajo de la media del país. Así, la mortalidad infantil es de 29 defunciones por cada mil nacidos vivos contra el 25 a nivel nacional; la desnutrición infantil es del 14.9% contra el 9.9% en el orden nacional. Existen en esta región 120 médicos por cada 100 mil habitantes. Los datos de pobreza resultan también por demás contrastantes; en estos estados se reporta un 25.4% de habitantes en localidades con muy alta marginación, frente al 10% en el total nacional; y del 12.8% de habitantes en localidades con alta marginación frente al 7% del total del país. Algunas entidades de esta región ocupan los primeros lugares en marginación y pobreza. Deja mucho que desear la infraestructura regional de las vías de comunicación indispensables para el intercambio y desarrollo económico.

Por contraste, destaca la presencia de los estados del sur-sureste en la economía nacional; de esta forma, los estados que comprenden esta región participan con una tasa del 45.6% del producto interno bruto (PIB) en materia de minería, electricidad, gas y agua; su aportación al PIB en materia de agricultura, silvicultura y pesca es del 22.5%, mientras que en el de la industria manufacturera, es de sólo 6.9%. Estos desequilibrios tienen clara explicación por el gran potencial que en riquezas naturales aportan al país los estados de referencia, así como por el olvido en que la justicia distributiva y social los ha mantenido.

6. Que no obstante que en anteriores administraciones se han iniciado acciones y planteado proyectos en beneficio de la región de que se trata, no han sido suficientes, hasta la fecha, para lograr de una vez por todas equiparar el desarrollo de esta región con el de otras del centro y norte del país. En algunas entidades federativas de este grupo, inclusive, las condiciones de atraso y marginalidad han dado origen a conflictos de carácter social y político cuya solución depende, en gran medida, de la voluntad nacional y de la autoridad pública para abatir las causas de los problemas y no simplemente sus manifestaciones.

Indudablemente, cualesquier proyecto de desarrollo regional debe poner especial énfasis en el respeto a las características particulares de cada entidad y su conglomerado social; a su riqueza cultural y pluriétnica y a la preservación de su patrimonio histórico y ecológico. Así también, debe concitar adecuadamente la colaboración de las autoridades federales, estatales y municipales y de las organizaciones ciudadanas.

7. Que la Ley de Planeación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 1983 establece las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación Nacional del Desarrollo y encauzar, en función de ésta, las actividades de la Administración Pública Federal;

Dispone asimismo que la planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para lo anterior, la planeación deberá basarse en diversos principios, entre los que destacan los del fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales, en lo político, lo económico y lo cultural; el fortalecimiento del Pacto Federal y del Municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la vida nacional y el equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; en un marco de estabilidad económica y social.

Conforme al articulo 3o. de la citada ley, se entiende por Planeación Nacional del Desarrollo el orden racional y sistemático de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política y cultural, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen. Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados.

Señala también el artículo 2o. de la multicitada ley, que en el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrá lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del plan y los programas a que se refiere la misma. Asimismo, participarán en los mismos foros los diputados y senadores al Congreso de la Unión.

De acuerdo con el artículo 21, el Plan Nacional de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el Presidente de la República y su vigencia no excederá del periodo constitucional que le corresponda, aunque podrá contener consideraciones y proyecciones de más largo plazo.

El Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, estrategia y prioridades del desarrollo integral del país, contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica y social y regirá el contenido de los programas que se generen en el Sistema Nacional de Planeación Democrática.

Señala también la ley, que el Plan Nacional de Desarrollo indicará los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales. Estos programas observarán congruencia con el plan y su vigencia no excederá del periodo constitucional de la gestión gubernamental en que se aprueben, aunque sus previsiones y proyecciones se refieran a un plazo mayor.

Los programas regionales se referirán a las regiones que se consideren prioritarias o estratégicas, en función de los objetivos nacionales fijados en el plan, y cuya extensión territorial rebase el ámbito jurisdiccional de una entidad federativa.

8. De igual forma, se ordena que el plan y los programas a que se refiere el ordenamiento legal anteriormente citado especificarán las acciones que serán objeto de coordinación con los gobiernos de los estados y de inducción o concertación con los grupos sociales interesados. Para los anteriores efectos, el Ejecutivo Federal podrá convenir las acciones necesarias con los gobiernos de las entidades federativas.

9. Que en ejercicio de la representación nacional que ostentamos las diputadas y los diputados federales, pero especialmente por la vinculación que con los problemas estatales y regionales tenemos los diputados electos en las entidades y circunscripciones que comprenden la región del sur-sureste de México, resulta pertinente que, mediante un ámbito responsable y responsabilizador de colaboración y coordinación, a través de los instrumentos de que legalmente dispone la Cámara de Diputados, nos sumemos a la convocatoria formulada por todos los partidos políticos nacionales para impulsar el desarrollo regional, así como a la propuesta realizada por el próximo Ejecutivo Federal para seguir avanzando de manera sostenida en los programas y acciones en beneficio del desarrollo del sur-sureste de México.

10. Que de acuerdo con el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones son órganos constituidos por el pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales. En el párrafo segundo del mismo dispositivo, se relacionan las comisiones ordinarias con que cuenta la Cámara de Diputados, ninguna de las cuales tiene como materia o referencia específica para sus trabajos el desarrollo regional.

Independientemente de que la inmensa mayoría de las comisiones ordinarias puedan tener interés y competencia, según su materia, en los diversos aspectos del desarrollo regional en un proyecto de la magnitud del anunciado para el sur-sureste del país, es claro que su complejidad, integralidad y largo aliento requieren necesariamente de una instancia de trabajo comisional que pueda abocarse específicamente al seguimiento y evaluación del mismo, sin demérito de la participación que otras comisiones puedan tener conforme a su especialidad.

De igual forma, la comisión especial que se propone, integrada mayoritariamente por diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios provenientes precisamente de las entidades que comprende el sur-sureste del país, deberá tener una importante función de coadyuvancia en las tareas de coordinación que necesariamente habrán de llevarse a cabo entre las distintas autoridades y órdenes de gobierno Federal, estatal y municipal, máxime si consideramos la pluralidad de la geografía político-electoral de las entidades que comprende.

En su caso, la vertiente internacional de los proyectos de desarrollo regional que se propongan, habrán de plantear también un reto de proporciones inusitadas para el trabajo en comisiones, al involucrar diversos aspectos de carácter administrativo, económico, comercial, mercantil, étnico, cultural, poblacional, de fronteras y de soberanía, entre otros, cuya interacción hace aún más muy recomendable la creación de la instancia de trabajo legislativo que se somete a consideración de esta legislatura.

3280, 3281 y 3282

11. Que en atención a lo dispuesto por el artículo 42 de la propia Ley Orgánica, el pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico. El acuerdo que las establezca señalará su objeto, el número de los integrantes que las conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se les hayan encomendado.

Por las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25, 26 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 42 de la Ley Orgánica; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, el suscrito, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional propongo a esta soberanía, previa la intervención prevista de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, emita el siguiente

ACUERDO

Primero. Se crea la comisión especial de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LVIII Legislatura, encargada de coadyuvar y dar seguimiento, en el ámbito de competencias de este órgano legislativo, a los proyectos de desarrollo regional relacionados con la región sur-sureste de México.

El objeto de la comisión especial que se crea, será el que se deriva de su denominación.

Esta comisión atenderá las proposiciones que en materia de desarrollo regional para el sur-sureste del país presenten los legisladores y demás sujetos con derecho a ello, así como los planteamientos que en la materia se incluyan en el Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006 y los programas regionales que impulse el Ejecutivo Federal.

La comisión especial funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de comisiones establecen la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas. Contará con los recursos necesarios para el adecuado desempeño de sus tareas.

Segundo.
La comisión especial materia de este acuerdo, se integrará con 30 diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que al efecto formule al pleno de los diputados la Junta de Coordinación Política.

Las propuestas de diputadas y diputados que corresponda presentar a los diversos grupos parlamentarios para integrar la comisión especial de que se trata, deberán recaer en integrantes de cada bancada provenientes de las entidades que comprende la región sur- sureste de México.

Tercero.
La comisión especial materia del presente acuerdo funcionará por el término de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión.

Cuarto.
El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de noviembre del 2000.- Diputado Jesús Ali de la Torre.»

El Presidente :

Para referirse al mismo tema, se encuentran inscritos los diputados de los grupos parlamentarios: Miguel Gutiérrez Machado, del Partido Acción Nacional; Alejandro Cruz Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional y Ricardo Ocampo Fernández, del Partido Revolucionario Institucional.

En consecuencia, se concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos, al diputado Miguel Gutiérrez Machado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Miguel Angel Gutiérrez
Machado:

Con permiso de la mesa directiva:

Queremos entender que el verdadero motivo de la proposición que acabamos de escuchar es realmente el fortalecimiento y el crecimiento del sur-sureste del país.

Nosotros entendemos que es la zona más devastada de este país nuestro y que necesariamente tenemos que contribuir como legisladores a su pleno desarrollo.

Pero no es unilateralmente como lo vamos a lograr, sentimos y estamos de acuerdo en que el sur-sureste del país necesita todo el apoyo de los mexicanos para salir adelante. Sentimos también que es una parte de este país que no ha sido atendida por los gobiernos anteriores, los cuales son responsables de la situación que hoy enfrenta el sur-sureste de nuestro país.

La idea, por supuesto que es buena, pero sentimos que no es el momento, sentimos también que dentro del programa del nuevo gobierno hay una propuesta concreta, firme, que incluso apoyaron los gobernadores del sector y que el representado del Plan Puebla-Panamá, también estamos caminando hacia fortalecer al sur-sureste de México.

Aprovecho para pedir que se incluya al Estado de Oaxaca en ese proyecto.

Sentimos también que hoy por hoy no se dan las condiciones políticas para que esa comisión funcione como fue presentada a este pleno. ¿Por qué? La Cámara de Diputados tiene comisiones suficientes y legítimamente integradas que velan por proteger a los estados en muchas de sus atribuciones; sentimos que esta nueva comisión que ha sido propuesta va a duplicar paralelamente los esfuerzos en este sentido, estamos de acuerdo, sentimos que unilateralmente no se va a apoyar suficientemente este proyecto como si hubiera sido un punto de acuerdo consensado a todas las fuerzas políticas integradas en esta Cámara de Diputados.

¡Qué bueno que hoy se acuerdan que el sur-sureste de este país existe!, ¡qué bueno que hoy se reconocen las condiciones deprimentes del sur-sureste de México! Estamos de acuerdo en esa comisión, pero debe ser una comisión que sirva para fiscalizar los recursos que se destinen a ese sentido.
Insistimos, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional está de acuerdo en todos los sentidos en apoyar el desarrollo del sur-sureste del país. No es el momento, estamos de acuerdo en apoyar, en sentarnos a platicar y que se presente un punto de acuerdo consensado en todas las fuerzas políticas.

Y, por último, dejemos la oportunidad al nuevo gobierno de desarrollar el proyecto que tiene para esta área del país, no dejemos a ningún diputado ni a ningún representante federal fuera de ese trabajo y de esa comisión, pugnamos porque se haga la comisión con el reconocimiento de todos los diputados que integran esta legislatura.

El Presidente :

Un momento por favor señor diputado. Señor diputado ¿le pueden encender el micrófono?

El diputado Jesús Ali de la Torre
(desde su curul):

Si fuese tan amable la Presidencia registrarme sobre el tema para rectificar hechos, si es tan amable.

El Presidente :

Al final por favor, vamos a dejar que termine el orador. Continúe, señor diputado.

El diputado Miguel Angel Gutiérrez
Machado:

Por último, esperemos que el Ejecutivo nos envíe en los próximos días su presupuesto y ver con especial atención las partidas presupuestarias que le corresponderán en justicia a la zona sur-sureste del país. Estamos solidariamente de acuerdo en que se apoyen a los estados que conforman el sur-sureste del país pero unilateralmente no vamos a llegar a ningún lado, pugnamos porque sea en principio un apoyo de toda esta legislatura.

Muchas gracias.

El Presidente :

Gracias, señor diputado. ¿Con qué objeto señor diputado?

El diputado José Alejandro Zapata
Perogordo
(desde su curul):

Si, solicitaría a la Presidencia que haga notar a los compañeros diputados que solamente pueden interrumpir al orador en caso de que sea una moción de orden o bien que pretendan hacerle una pregunta, pero no para inscribirse para rectificar hechos.

Gracias.

El Presidente :

Ha lugar la moción y se les recuerda a los diputados que la interrupción mientras está en uso de la palabra el orador sólo puede hacerse para solicitar una interpelación o una pregunta. Gracias, diputado.

Queda inscrito el diputado que pidió la palabra, Jesús Ali de la Torre para rectificar hechos si es sobre el mismo tema, cuando terminen los dos señores diputados que están inscritos.

Tiene la palabra... diputado De la Torre, ¿con qué objeto?, desde su lugar por favor.

El diputado Abel Trejo González
(desde su curul):

Para rectificación de hechos, Abel Trejo.

Presidencia de la diputada
María Elena Alvarez Bernal

La Presidenta:

Quedará inscrito también el diputado Abel Trejo.

Tiene la palabra el diputado Alejandro Cruz Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

El diputado Jesús Alejandro Cruz Gutiérrez:

Con su venia, señora Presidenta; señoras y señores diputados:

Para los que provenimos de la región sur-sureste, siempre será motivo de bienvenida cualquier participación que tenga como propósito el crear condiciones para que la región sur-sureste se desarrolle.

Es frecuente en este honorable Congreso del Estado la visión de que el país empieza en el centro y termina en el norte de nuestras fronteras; se olvida muchas veces la contribución y la aportación que el sur-sureste ha tenido no sólo en la historia de nuestro país, sino fundamentalmente el soporte que significa para la economía de nuestro país.

El sur-sureste es una región que vive todavía en condiciones de subdesarrollo; es una región a la que el país ha volteado pero como una visión colonialista, para extraer de sus entrañas el petróleo; para extraer de la fuerza de sus ríos la energía eléctrica; para extraer de la cultura sus enseñanzas, pero no así para regresar esta contribución y convertirla en desarrollo, en bienestar y en mayores aportaciones al desarrollo nacional.

Por eso hoy, que se plantea el establecimiento de una comisión especial para el desarrollo regional del sur-sureste, nosotros la planteamos y la concebimos como un mecanismo de desarrollo en la que participen todas las mexicanas y mexicanos de esta región, para que esta participación se dé por encima de partidarismos, se dé por encima de banderías políticas, porque creo que por encima de la apreciación y la visión particular de cada partido hay un punto de convergencia entre todos los que provenimos de esta región, la necesidad de que haya políticas que se dirijan al desarrollo de la región pero políticas que se traduzcan también en mayores presupuestos y en mejores posibilidades de desarrollo para estas regiones.

Sólo como un esfuerzo de integración ajeno a banderías políticas, sólo con un propósito de reivindicación para la región sur-sureste va a ser posible que esa región adquiera los niveles de desarrollo a que tiene derecho; va a ser posible estrechar las diferencias que hay entre el norte, el centro y el sur del país.

3283, 3284 y 3285

Sólo con mecanismos de esta naturaleza va a ser cierta la participación de los especialistas en la región sur-sureste; sólo con mecanismos de esta naturaleza va a ser posible superar nuestras circunstancias, pero mecanismos que al mismo tiempo tengan los instrumentos y vayan acompañados de los apoyos presupuestarios para el desarrollo regional porque mientras la visión hacia el sur-sureste sea una visión nada más romántica, de preocupación por la pobreza en la que se vive en estas regiones y mientras hacia el norte veamos en los subsidios; mientras en el norte se destinan 50 ó 60 mil millones para subsidiar los refrigeradores, para subsidiar los aires acondicionados en la energía eléctrica...

La Presidenta:

Señor diputado, le ruego redondear su intervención, se ha agotado su tiempo.

El diputado Jesús Alejandro Cruz Gutiérrez:

Lo haré con mucho gusto, señora Presidenta:

En el sur, los estados del sur-sureste pagamos una energía eléctrica más cara; en el sur, aportando la mayor cantidad en los recursos petroleros, tenemos de las participaciones más pequeñas para nuestro desarrollo. Por eso nuestro apoyo y nuestra solidaridad y nuestra adhesión al planteamiento que hizo aquí en esta tribuna el compañero diputado Jesús Ali de la Torre.

La Presidenta:

Muchas gracias, señor diputado.

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Ricardo Ocampo Fernández, del Partido Revolucionario Institucional.

Activen el micrófono de la curul del diputado Narro, por favor.

El diputado José Narro Céspedes
(desde su curul):

Señora Presidenta, queríamos que nos apuntara para rectificación de hechos en este punto, por favor.

La Presidenta:

Con mucho gusto, diputado Narro.

El diputado Ricardo Augusto Ocampo
Fernández:

Con su permiso, señora Presidenta:

La coordinación de Campeche se quiere sumar a la propuesta de nuestro compañero diputado del Partido Revolucionario Institucional, Jesús Ali y nos pronunciamos a favor de la creación de esta comisión especial para coadyuvar y dar seguimiento a los proyectos de desarrollo regional para el sur-sureste de nuestro país.

Creo que es importante reflexionar, como aquí se ha señalado, de las aportaciones históricas que los estados del sureste del país le han dado a México. Lo que ha aportado Chiapas en la generación de energía eléctrica y que ha significado el desplazamiento de pueblos y de indígenas que nunca fueron compensados y que nunca fueron indemnizados.

En el mismo sentido tenemos que señalar y reconocer los problemas de pobreza por los que atraviesa Chiapas, no obstante el esfuerzo y la preocupación del Gobierno de la República por revertir las condiciones de marginación en las que vive Chiapas.

Igualmente problemas serios como los que se viven en el Estado de Oaxaca, con problemas de pobreza extrema y que requieren de la atención, del apoyo y sobre todo de la voluntad real del Gobierno de la República para revertir y mejorar estas condiciones.

En el caso de Campeche nosotros sabemos muy bien, perfectamente, la aportación que nuestro Estado, Campeche, hace a la República en materia de petróleo, así como Tabasco aportaimportantes recursos, Campeche tiene una aportación de aproximadamente el 75% de los recursos provenientes del petróleo y 30% del gas natural que se genera en este país, y sin embargo, las condiciones, como lo hemos señalado y lo reiteramos en esta tribuna, no han sido de una respuesta solidaria para compensar las condiciones de marginación que tiene nuestro Estado, Campeche y que se viven y que se sufren específicamente en un lugar llamado Ciudad del Carmen, Campeche y que posiblemente muchos no conozcan, pero que es el lugar que ha recibido el mayor impacto negativo de la explotación petrolera, que ha sufrido crecimiento poblacional en los últimos 25 años.

A esto tenemos que agregar también que en el sureste de nuestro país hemos sufrido históricamente migraciones. En el caso de Campeche, en 1965 sufrimos la migración de lugares de todo el país, del norte del país, de Michoacán, de Zacatecas, y son los lugares que hoy tienen los mayores problemas y que se encuentran en zonas dispersas de la zona sur de la entidad.

Es por eso que la coordinación de Campeche ve con muy buenos ojos esta propuesta de nuestro compañero diputado Ali, y por esa razón nos sumamos, conscientes que si existe esa verdadera voluntad política del nuevo gobierno que entrará en funciones a partir del 1o. de diciembre, pues ésta es una forma que el Congreso y que los diputados nos sumemos a este trabajo y le demos congruencia y le demos soluciones de fondo a los problemas que se viven en el sureste de nuestro país.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado Ocampo Fernández.

Activen el micrófono del diputado Tomás Torres.

El diputado Tomás Torres Mercado
(desde su curul):

Gracias, señora Presidenta.

Solamente para que sea usted tan amable de incluirme para rectificar hechos relativos al punto de acuerdo para la creación de esta comisión que se está analizando.

La Presidenta:

Queda usted inscrito para rectificar hechos.

Activen el micrófono del señor diputado Herviz.

El diputado Arturo Herviz Reyes
(desde su curul):

Para rectificación de hechos sobre el tema también.

La Presidenta:

Queda inscrito también, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Jesús Ali de la Torre hasta por cinco minutos, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Jesús Ali de la Torre:

Muchas gracias; compañeras y compañeros diputados:

Solicité amablemente el uso de la palabra para precisar, clarificar algunos aspectos sobre la propuesta. La propuesta tiende fundamentalmente a un aspecto en que reiteradamente quienes somos legisladores nos hemos pronunciado a favor. Este es un asunto que nos une a todos como representantes populares. Hemos suscrito una plataforma electoral los principales partidos políticos que contendimos en las recientes campañas electorales, y nos hemos pronunciado a favor de este tema.

Aquí lo decía muy puntualmente mi amigo, el compañero de Campeche: ésta es una propuesta para la suma. Todos estamos sumados con México. El Congreso, al igual que en su momento lo ha anunciado previamente incluso el Ejecutivo Federal próximo a rendir protesta el 1o. de diciembre, se ha pronunciado, nos hemos pronunciado todos por una atención integral e integradora. De eso se trata, de que las propuestas que se presenten en el Congreso de la Unión por cualesquiera de sus cámaras, no se vayan, para decirlo coloquialmente, directo a la "congeladora", sino que el Congreso tenga un brazo directo de atención ciudadana a este problema, reitero, que nos une a todos y cada uno quienes estamos aquí representando y enarbolando las banderas que nos dieron un espacio en esta Cámara de Diputados.

Es cuanto, y muchas gracias a todos ustedes.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado Ali de la Torre.

Para referirse al mismo tema, tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Abel Trejo González, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Abel Trejo González:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeros legisladores:

A nombre de los diputados federales del Estado de Oaxaca, vengo a sumarme al punto de acuerdo que ha presentado el compañero Jesús Ali de la Torre y para también decir que el día de ayer tuvimos la oportunidad de presentar un punto de acuerdo sobre el desarrollo del istmo de Tehuantepec, como la puerta de acceso para el desarrollo del sur-sureste de México,

Yo quisiera enfatizar aquí, que la propuesta que presentó el compañero Ali, se enfoca a que se forme una comisión plural de diputados federales para darle seguimiento a los procesos de trabajo a desarrollar en la región, es una comisión como las que normalmente se forman en la Cámara de Diputados, no se trata de ninguna manera de polarizar la posible situación del desarrollo del norte y el centro frente al desarrollo del sur-sureste, lo que ha pasado es que sí hubo un desarrollo asimétrico y desproporcionado.

No es posible que en el sur-sureste sigan manteniendo los mismos índices de marginación y de extrema pobreza como ha sido, tampoco se trata de que se frene el desarrollo del norte, ni del centro, ¡no!, lo que queremos es un desarrollo equilibrado de las regiones del país y en ese sentido el Gobierno tiene que actuar para ver los objetivos superiores de la nación,

Por eso, invito a todos los compañeros diputados de todas las fracciones parlamentarias para que apoyen este punto de acuerdo y que se forme esa comisión de diputados para que podamos darle seguimiento al desarrollo del sur-sureste de México como lo amerita ya la situación. Hay situaciones insostenibles que pueden devenir en acciones como las que se han sucedido ya en donde incluso hubo levantamiento de grupos armados.

Es necesario frenar eso con unas políticas públicas que permitan, aplicando ciertos requerimientos preferenciales para esa zona sur-sureste de México para que puedan incorporarse de lleno al proceso de desarrollo de la nación.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta:

Gracias a usted, señor diputado.

Tiene la palabra para referirse al mismo tema, el diputado José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.

El diputado José Narro Céspedes:

Con su permiso, Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Nosotros pensamos que el combate a la pobreza debe de ser una prioridad nacional.

Desde 1996 a la fecha, el país ha crecido en más del 5% de su producto interno bruto; pero también contamos ahora con alrededor de 40 millones de mexicanos en pobreza, en pobreza extrema y se habla de un total global de 60 millones de mexicanos. Por eso planteamos que este problema de la pobreza debe de ser una prioridad nacional.

Nosotros desde el año pasado que se discutió el presupuesto aquí en esta Cámara de Diputados, propusimos que las variables para distribuir ese fondo especial que se creó fueran el de población y el de marginación.

3286, 3287 y 3288

Lamentablemente algunas fracciones parlamentarias en vez de incorporar el punto de marginación, incorporaron el punto de empleo. Es decir, que los estados que más empleo tuvieran y más población tuvieran, iban a contar con mayores recursos. Esto de alguna forma le quitó importantes recursos económicos y evitó que esos recursos públicos pudieran ser una palanca para el desarrollo nacional.

Por eso ahora volvemos a plantear, porque el problema no nada más es el sur-sureste, hay estados como Zacatecas y muchos otros Estados de la República, como Hidalgo, que se encuentran en situaciones similares o mucho más críticas, muchos de ellos, que estados del sur-sureste.

Nosotros pensamos que el criterio fundamental para abordar el problema no debe de ser un problema regional, es el problema de los indicadores de marginación y de pobreza que fue un planteamiento que nuestra fracción parlamentaria sostuvo desde la legislatura pasada para que así fuera el presupuesto de este año. Lamentablemente eso no sucedió.

El problema no nada más es mayores recursos, compañeros, porque hay recursos importantes que han sido canalizados aparentemente para este problema de la pobreza. Es cómo esos recursos son usados adecuadamente en programas del desarrollo regional y para impulsar el empleo productivo para que no tengan ni ocasionen problemas inflacionarios, a partir de que sea una inversión que genere empleos y que impulse la productividad, la generación de riqueza en nuestro país.

Por eso nosotros planteamos que el objetivo de la comisión no debe de ser únicamente ver un problema regional, sino plantear el problema de marginación, de pobreza, de alta migración en la que se encuentran innumerables comunidades rurales y una población muy importante de nuestro país que vive en esas condiciones, a partir de programas que combatan con seriedad y a profundidad los graves problemas estructurales que padecen estas comunidades y esas poblaciones que viven en condiciones muy lamentables de desnutrición, de falta de salud, de falta de las condiciones mínimas de servicios para vivir con decoro y con dignidad.

Por eso nosotros no planteamos en lo fundamental que sea un problema regional, es un problema de marginación y de pobreza que es ocasionado fundamentalmente por la forma en que está organizada nuestra sociedad para producir, en la forma en que estamos organizados en un sistema neoliberista salvaje, eso es lo que estamos planteando nosotros como fracción parlamentaria del Partido del Trabajo.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Gracias, diputado Narro Céspedes.

Han hecho llegar a esta mesa su solicitud para que se les conceda el uso de la palabra para rectificar hechos, los diputados Pablo Arnaud Carreño, del Partido Acción Nacional y el diputado Héctor Pineda Velázquez, del Partido Revolucionario Institucional. Se les concederá la palabra al terminar la lista de oradores inscritos para el mismo objeto.

Tiene la palabra el diputado Tomás Torres Mercado, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

El diputado Tomás Torres Mercado:

He solicitado el uso de la palabra a la Presidenta, ante un tema que quizá pudiera generar impaciencia, por las repetidas ocasiones de que el que habla lo ha hecho en nombre de Zacatecas. Pero en efecto, el tema central no es una entidad federativa. Preocuparía a todos disentir de los argumentos que ya se han expuesto con relación a la necesidad de la creación de una comisión que tenga que ver con la expectativa de desarrollo para los estados del sur-sureste.

Preocuparía que hubiera divergencia con relación a no coincidir en la pobreza que corre no solamente en Chiapas, en Tabasco, en Campeche, en Oaxaca o en Guerrero, sino en algunas ciudades perdidas de los estados y ciudades del norte del país.

Me parece que el tema central es sin duda la Federación mexicana, no podemos poner en discusión el concepto de nación, entendida esta si no en términos geopolíticos si de propósitos fundamentales que inspiran la existencia de un país como México.

Me van a dar licencia de hacer un comparativo, el Estado de Tabasco en el año que se cursa recibió más inversión, quizá por 10 veces que algunos estados como Durango, Nayarit, Zacatecas o Baja California, pero esta no es la tribuna para enjuiciar la eficacia de quien gobierna.

El compañero del Partido del Trabajo, Regis Adame, presentaba la muerte de tres pequeños por inanición en la Mesa del Mayar, corrijo, el diputado Cervantes en la Mesa del Mayar en Nayarit. ¿No serán estas reflexiones necesarias para replantear el esquema de coordinación fiscal? ¿No será ésta entonces la oportunidad histórica de que se generen expectativas de proyectos económicos y sociales distintos a los tradicionales?

Es entonces preciso fijar posturas, antepongamos el valor, el concepto superior del Pacto Federal por sobre aspectos localizados de entidades nuestras.

Vale la pena ponderar los indicadores y variables que soportan el régimen de coordinación fiscal y vayamos a la media nacional. Es preciso entonces que si hay comisiones de esta naturaleza, la voz no sólo del sur-sureste, hagamos honor a los principios básicos y a los valores que inspiran este país.

No está fuera Baja California, no está fuera Nayarit, no está fuera Hidalgo, pasemos por el altiplano y por la huasteca potosina, en ese sentido dejo ante este pleno una responsabilidad y un compromiso que, creo con toda seguridad, compartimos todos.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado Torres Mercado.

Al concluir los tres oradores que restan inscritos para referirse al mismo tema, esta Presidencia pedirá a la Secretaría consulte a la Asamblea si continuamos con el orden del día o se podrían inscribir más oradores sobre el tema que estamos abordando.

Tiene la palabra el diputado Arturo Herviz Reyes hasta por cinco minutos.

El diputado Arturo Herviz Reyes:

Con el permiso, de la Presidencia; compañeros y compañeras diputadas:

Alguna vez se dijo que México era el cuerno de la abundancia de América Latina y tenemos como resultados 40 millones de mexicanos pobres, bastaron 71 años de gobiernos irresponsables para empobrecer nuestro país y me da gusto escuchar aquí a los diputados del sur-sureste quejarse de la marginación, de la pobreza que hay en nuestras regiones y es precisamente donde existe el famoso sindicato de gobernadores.

Esos gobernadores que se han jactado de reelegirse, esos gobernadores que hoy buscan la dirección nacional de un país y que violentan la voluntad popular de nuestro pueblo, ahora ellos que dan informes de que sus gobiernos y sus estados van viento en popa, ahora si los diputados federales vienen a decirnos que andamos muy mal en el sur-sureste, que hay pobreza, que hay hambre, que hay marginación; les faltó decir que también hay fraudes electorales en el sur-sureste y que hay protesta de nuestro pueblo por todo esto que ha pasado.

Yo comparto la preocupación de los diputados del sur-sureste. En el sur aportamos a nuestro país petróleo, tenemos riqueza, tenemos una tierra pródiga; en el sur-sureste aportamos el petróleo, el gas natural y muchas semillas, muchos productos agropecuarios, pero también aportamos a nuestro país miles o millones de mexicanos pobres, marginados, no solamente en los estados de Oaxaca, no solamente en los estados de Chiapas; también hay marginación en Tabasco, en Campeche, en Yucatán, en Veracruz. Hay un alto índice de analfabetismo en el sur-sureste.

Pero yo pregunto: ¿tanto tiempo para darse cuenta de esta marginación y de esta pobreza? No debemos de criticar que el norte ha avanzado; hay estados del norte que efectivamente han avanzado, pero también hay estados donde su población se encuentra en Estados Unidos, porque también están pobres, porque también hay marginación.

Creo que tenemos la oportunidad de sacar adelante estos estados que viven en la marginación; tenemos la oportunidad del presupuesto y hay que ver eso, hay que ver esa marginación.

No creo que creando una subcomisión en el sur-sureste vamos a salir de la marginación ni tampoco creando otra comisión en el centro o en el norte vamos a sacar a Zacatecas de la pobreza y de la marginación o a muchos estados más que su población está en el norte. Creo que el problema que hoy se trabajó aquí es un problema muy importante y que debemos de ir a fondo al debate, a la discusión y que se tiene que pensar en el presupuesto y que se tiene que hacer realmente un verdadero diagnóstico de cómo vivimos en nuestro país, qué políticas hemos llevado durante tantos años que han empobrecido a nuestro país, qué tanto han cumplido los gobernadores que cada informe dicen que van viento en popa y el pueblo sigue en la marginación, en la pobreza, en el hambre.

Todo esto se tiene que valorar desde aquí y todos tenemos que aceptar que habrá errores, habrá fallas que tendremos que corregir y que estamos por empezar un gobierno que esperamos que en verdad sea distinto y que en verdad podamos impulsar los cambios de fondo que requiere nuestro país, que en verdad se pueda impulsar una política económica para salir adelante y salir de la marginación y sacar de la pobreza a más de 40 millones de mexicanos.

Hay retos que tenemos que enfrentar juntos, no solamente los que gobiernan, sino todos y en ese tenor compañeros y compañeras diputadas y diputados, creo que hoy los que alguna vez hablaron de que este país iba viento en popa, ya les cayó el veinte de que estamos en la pobreza, en la marginación, en el atraso y que no es solamente eso, sino que en el sur-sureste, concluyo, en el sur-sureste hace falta impulsar la democracia intensamente, hace falta que se respete la voluntad popular del pueblo del sur-sureste.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado Arturo Herviz Reyes.

Tiene la palabra el diputado Pablo Arnaud Carreño, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

El diputado Pablo de Jesús Arnaud
Carreño:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeros:

A esta tribuna han pasado a manifestar; ¿por qué hasta hoy?, ¿por qué no ha habido solidaridad con el sur-sureste proyectos unilaterales?, que hay 60 millones de pobres, que hay marginación.

El sur-sureste, indudablemente que es en la mayor concentración de población indígena; esta población que ha sido marginada desde hace 500 años y que ha sido reducida al campo, a campesinos. Esta población marginada es la que hace el mayor grueso de los pobres de este país.

El sur-sureste, sin equivocarme, es el proveedor de los mayores productos para nuestro México y para el extranjero.

¿Qué necesitamos, compañeros, en el sur-sureste? Necesitamos en primer lugar, fuera los bloques de gobernadores, necesitamos hacer efectivamente y a partir de este momento convoco a todos mis compañeros diputados del sur-sureste, para que tengamos una reunión pero todos, sin exclusiones de ningún tipo, todos los diputados del sur-sureste para que tengamos una reunión; no comisiones, porque comisiones vamos a querer ahorita comisiones para Zacatecas, comisiones para Guanajuato, comisiones Chihuahua. Los diputados del sur-sureste, nos debemos de reunir para poder fiscalizar a nuestros gobernadores, para ver que los dineros de la Federación lleguen a los estados y de los estados lleguen a los municipios, porque muchos de estos dineros en el sur-sureste, como decía un compañero anteriormente, muchos de estos dineros se han distraído y me consta, ya que fui presidente municipal.

Entonces, compañeros, también necesitamos velar para que en todos estos estados del sur haya modificaciones a las leyes electorales y tengamos garantías, todos los que vivimos en el sur, de elecciones limpias y transparentes.

Es cuanto, señora Presidenta.

3289, 3290 y 3291

La Presidenta:

Gracias, diputado Pablo Arnaud Carreño.

Tiene la palabra el diputado Héctor Pineda Velázquez del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

El diputado Héctor Pineda Velázquez:

Muchas gracias, diputada Presidenta; compañeras diputadas y compañeros diputados:

Me motivó hacer uso de la tribuna a nombre de los diputados guerrerenses, porque vemos con simpatía y apoyamos la creación de esa comisión, porque Guerrero también es un Estado del sur y porque Guerrero al igual que otros estados del sur-sureste necesitan que la Federación ya regrese a verlos; porque los guerrerenses, al igual que los oaxaqueños, al igual que los chiapanecos, al igual que nuestros paisanos del sur y el sureste necesitamos urgentemente ya la aplicación de recursos para el desarrollo.

Cuando hablamos de Guerrero, a veces pensamos en el triángulo del sol; pensamos en Acapulco, en Zihuatanejo, en Taxco, pero no pensamos en la montaña donde nuestros paisanos, los indígenas, están viviendo en estos momentos de una manera paupérrima y que requieren de la aplicación de recursos para que medianamente puedan subsistir de manera decorosa.

Estamos hablando de grupos de indígenas que emigran a otras regiones de ese Estado o a otros estados de la República, en búsqueda del salario mínimo para subsistir durante los meses de la zafra, ya sea de la caña, del melón, del jitomate y del chile en otros estados.

Guerrero se suma a esta propuesta y se suma a esta propuesta precisamente para que los dineros de la Federación bajen en búsqueda del desarrollo, en búsqueda de mejores medios de comunicación, en búsqueda de una educación más digna, en búsqueda de que la salud le llegue a todos los guerrerenses como le llegue a todos los mexicanos.

Creo que éstos son los punto de convergencia en este parlamento. Esta tribuna no solamente debe de ser motivo de crítica o de lamentaciones, sino de coincidencias como en ésta, en la que todos los partidos políticos debemos coincidir que el sur-sureste ya merece la vista para el desarrollo y la aplicación de recursos de la Federación.

Por eso nos sumamos los guerrerenses; por eso estamos ahí, estaremos atentos a que esta iniciativa no quede ahí, sino que realmente se ejecute.

Estas comisiones no las iniciamos nosotros los diputados; estas comisiones las ha propuesto el Ejecutivo que a partir del 1o. de diciembre dirigirá a este país. Nosotros nos sumamos a esos proyectos pero a proyectos que realmente sustenten el desarrollo de los pueblos marginados como es el caso de Guerrero.

Guerrero necesita una comunicación más digna. Guerrero necesita más recursos de la Federación para su desarrollo. Los guerrerenses estamos haciendo el esfuerzo, pero no es suficiente; necesitamos del concurso de la Federación, para que en Guerrero sí haya un verdadero desarrollo.

Muchas gracias, es cuanto.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado Pineda Velázquez.

Esta Presidencia ruega a la Secretaría consulte en votación económica si autoriza a continuar el desahogo del siguiente punto agendado en el orden del día.

La secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria:

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, si autoriza continuar con la discusión del tema que se ha propuesto en esta tribuna.

La Presidenta:

Señora Secretaria, si autoriza a continuar el desahogo del siguiente punto del orden del día agendado.

La secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria:

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si autoriza a continuar con el desahogo del orden del día y continuar con el siguiente punto de la misma.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, no se autoriza continuar con el siguiente punto del orden del día.

La Presidenta:

Continuaremos con una ronda más de oradores.

Se consulta a la Asamblea para que indique los oradores que desean inscribirse para hacer uso de la palabra.

Hasta el fondo el diputado Abel Trejo. Activen el micrófono, por favor.

El diputado Abel Trejo González
(desde su curul):

Solicito el uso de la palabra para rectificación de hechos, señora Presidenta.

La Presidenta:

El diputado Emilio Ulloa, queda inscrito.

El diputado David Augusto Sotelo Rosas
(desde su curul):

Gracias, señora Presidenta. Para rectificación de hechos, pido la palabra.

La Presidenta:

¿Alguien más desea inscribirse?

El diputado Federico Granja Ricalde
(desde su curul):

Para rectificar hechos.

El diputado Miguel Angel Gutiérrez
Machado
(desde su curul):

Para rectificar hechos, también.

La Presidenta:

Quedan inscritos el diputado Abel Trejo, Emilio Ulloa, David Sotelo, Federico Granja y Miguel Gutiérrez.

Cinco señores diputados han solicitado el uso de la palabra. Después de desahogar esta lista esta Presidencia volverá a preguntar a la Asamblea si podemos continuar con el orden del día agendado.

Tiene el uso de la palabra el diputado Abel Trejo, hasta por cinco minutos.

El diputado Abel Trejo González:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeros legisladores:

Vengo aquí de nuevo para enfatizar que el punto que estamos tratando acerca de la formación de la comisión para el desarrollo del sur-sureste de México es efectivamente ese tema el que queremos.

No estamos hablando de los problemas de la democracia o de los problemas en general de marginación y extrema pobreza que efectivamente sí hay en el país.

Pero sí queremos decir que si se hace el análisis profundo, como se ha hecho, el sur-sureste tiene el mayor índice de marginación y de pobreza que el resto del país; por lo tanto, como Gobierno Federal, se tiene que enfatizar para equilibrar el desarrollo de esa región.

Y se ha enfatizado también que el sur-sureste aporta muchos recursos a la Federación; simplemente mencionemos lo de Pemex o lo de la energía eléctrica que proporciona el Estado de Chiapas, que va a nivel Federal. Por concepto de venta del crudo mexicano hay muchos recursos que se generan a la Federación y que luego no regresan para apoyarse y generar infraestructura productiva para la región del sur-sureste.

Yo creo que lo más importante es, efectivamente, atacar la marginación y la pobreza, pero hay que darle énfasis a la infraestructura productiva para que pueda haber empleo, para que pueda haber esa generación de recursos y las familias puedan vivir de una forma mejor.

Ahora, el sur-sureste a lo largo de la historia, ancestralmente, se ha visto como una colonia del resto de los estados de la República Mexicana, que únicamente explotan sus recursos.

Es necesario ayudar a desarrollar esa región y hay que aplicar políticas públicas preferenciales para que se pueda apoyar el desarrollo de la zona.

Por ejemplo, habría que bajar las tarifas eléctricas; dado que en esa zona se genera el mayor porcentaje de energía eléctrica, es necesario ayudarla para que se desarrolle, para que se promueva la reactivación económica y vayan empresas a establecerse a esa región del sur-sureste de México.

Hay que bajar el gas y el diesel; hay que crear un fondo de apoyo en la región del istmo de Tehuantepec para que pueda incenivarse el desarrollo de la pequeña y mediana empresas, de las organizaciones de productores y de los productores en particular para que tengan asistencia técnica y financiera y puedan sacar un mejor producto y competir en mejores condiciones en este mundo global en el que estamos inmersos todos.

Yo realmente no comprendo la actitud, es contradictoria, de los compañeros del Partido Acción Nacional. El día de ayer nuestro compañero diputado Pablo Arnaud apoyó el punto de acuerdo que presentamos sobre el desarrollo del istmo de Tehuantepec y la región sur-sureste de México y el primer compañero que vino aquí a hacer uso de la palabra dijo que veía bien el desarrollo del sur-sureste y luego no se comprende bien como a la hora de la hora se oponen a la formación de una comisión. Es como el resto de las comisiones.

¡México tenemos que verlo como país, no exactamente regionalizado y como país tenemos objetivos superiores de la nación! ¡Tenemos que buscar el desarrollo equilibrado de las regiones! Yo dije al principio que no se trata de frenar en ningún momento ningún desarrollo de ninguna región, pero aquéllas en donde predomina la extrema pobreza y la marginación, desde luego que requiere más esfuerzos gubernamentales para que pueda ayudarse a esas familias, a esas personas que viven en esa región y puedan insertarse en el proceso de desarrollo del país.

Yo les pido, compañeros diputados, que reflexionemos profundamente y que veamos a México como país, decía yo y que nos sumemos a este punto de acuerdo para crear esa comisión para el desarrollo del sur-sureste de México y podamos estar insertos en lograr el desarrollo equilibrado para México.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta:

Tiene la palabra el señor...

El diputado Pablo de Jesús Arnaud
Carreño
(desde su curul):

Para contestar alusiones personales.

La Presidenta:

Activen el micrófono del señor diputado Pablo Arnaud.

El diputado Pablo de Jesús Arnaud
Carreño
(desde su curul):

Señora Presidenta, para contestar alusiones personales, si es tan amable.

La Presidenta:

Tiene la palabra, para contestar alusiones personales, el diputado Pablo Arnaud.

3292, 3293 y 3294

El diputado Pablo de Jesús Arnaud
Carreño:

Con su permiso, señora Presidenta; compañero Abel Trejo:

Desde luego que yo estoy de acuerdo con el desarrollo del sur-sureste, por eso firmé el documento el día de ayer; no nos oponemos al desarrollo. Yo creo que el sur-sureste y toda la República merecen mayores recursos. En lo que no estamos de acuerdo es que en una sola comisión se quiera concentrar el trabajo de todas las comisiones. O sea, no más comisiones, porque ya estamos haciendo comisiones hasta para irnos a bolear los zapatos.

Creo que cada comisión debe de hacer su trabajo. La Comisión de Desarrollo Social que trabaje para los pueblos del sur. Ahí hay diputados del sur-sureste. Por eso yo les convocaba y activen el micrófono a la curul del señor diputado.

La Presidenta:

Permítame, señor orador. Activen el micrófono de su curul del señor diputado. Diga su número por, favor.

El diputado Jesús Ali de la Torre
(desde su curul):

Muchas gracias, Presidenta.

Si me permitiese en el mismo tono el señor orador hacerle una pregunta sobre su intervención.

La Presidenta:

Señor diputado. ¿Acepta usted una interpelación del diputado?

El diputado Pablo de Jesús Arnaud
Carreño:

Después, cuando termine.

La Presidenta:

Al final, señor diputado.

Continúe el orador, por favor.

El diputado Pablo de Jesús Arnaud
Carreño:

Sugiero que cada comisión haga su trabajo y haciendo nuestro trabajo aparte la convocatoria que todos los diputados sin exclusión nos reúnamos, todos los diputados del sur-sureste nos reúnamos para ver la problemática que consiste en cuestiones electorales, modificaciones a la ley electoral de todos los estados del sur, fiscalización de los recursos federales que van a los estados y que deben ir a los municipios y que no están llegando a los municipios.

Yo creo que allá es a donde debemos de caminar y por último que este asunto pase a la Junta de Coordinación Política.

Ahora sí, señor diputado.

La Presidenta:

Señor diputado Ali de la Torre: ¿desea usted hacer la interpelación al orador?

El diputado Jesús Ali de la Torre
(desde su curul):

Sí. Muchas gracias a usted y al señor orador.

El señor presidente electo Vicente Fox ha expresado su preocupación y dicho que tiene el diagnóstico muy claro sobre la problemática del sur-sureste, incluso él ha anunciado, anunció por cierto una coordinación que sigue en disputa legal, sí tiene sustento pero no es el fondo del asunto, de un proyecto, que esto sí es lo importante: Puebla-Panamá. Según por la argumentación de su discurso, ¿esto quiere decir que esta coordinación va a entorpecer o va a burocratizar o va a impedir los trabajos de las otras áreas de la Administración Pública Federal?

Por su respuesta, muchas gracias.

El diputado Pablo de Jesús Arnaud
Carreño:

Lo que digo es que debemos de trabajar en nuestras comisiones. Hay comisiones para Desarrollo Social, hay comisiones de Asuntos Indígenas, hay comisiones de Transporte. En fin, hay una serie de comisiones que ya fueron establecidas y que debemos abocarnos cada uno de los diputados en el trabajo dentro de ellas mismas, con responsabilidad.

Creo que ahí está la solución y aparte yo te propongo que nos reunamos, ¿si?, no solamente los del PRI, los del Verde Ecologista, los del PRD, los del PT, los de Convergencia, todas las fracciones aquí representadas que sean del sur-sureste para que veamos y le demos seguimiento a lo que ustedes están proponiendo. Tenemos la facultad implícita. Entonces yo no veo por qué hacer más comisiones.

Yo creo que ése es el problema. Todos estamos interesados en el desarrollo del sur-sureste, queremos mayores recursos para el sur-sureste.

Como diputado del Estado de Oaxaca, uno de los estados más marginados, desde luego que estoy de acuerdo en mayores recursos, es la forma. Yo creo que si tenemos la facultad pues reunámonos, vamos a reunirnos la semana que viene y hagamos este trabajo de seguimiento -lo que están proponiendo ustedes-, pero además agregémosle proposiciones a los gobernadores de estos estados de reformas electorales y de fiscalización de los recursos federales.

Ya te digo, a mí me preocupa mucho que los recursos no estén llegando a los presidentes municipales, que no se esté cumpliendo con la Ley de Coordinación Fiscal, que no se publiquen los recursos en el diario de mayor circulación de los estados, los recursos que deben de ir a los municipios. Yo creo que ése es un punto en donde debemos de trabajar todos los diputados.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Emilio Ulloa Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

El diputado Emilio Ulloa Pérez:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras, compañeros:

El punto al que hoy nos ha llamado y la inquietud de participar en torno al programa y la propuesta que ha presentado el compañero del Revolucionario Institucional, me parece un temal toral, central, para buscar las condiciones.

En 1910 la Revolución aportó los muertos del centro al norte, después de ella ha sido del centro al sur, es decir, en el sur-sureste se han concentrado las violencias, se ha concentrado la marginación, se han concentrado los grados de pobreza que de una u otra manera son cotidianas y los mismos datos de la Sedesol nos comprueban que donde no se ha podido avanzar y no se han logrado resolver los grandes rezagos de educación, de alimentación, de salud, de empleo, es en la zona sur-sureste.

Y además yo creo que hay que poner otros componentes. No es solamente el problema del presupuesto, no es solamente el problema de la pobreza, también está el fenómeno de la violencia armada, es decir, hay grupos que están en el Estado de Guerrero, en el Estado de Oaxaca y en otros estados más, donde se encuentran en esta participación y en esa variable, compañeras y compañeros, también tendremos que reflexionarla. ¿Cómo vamos a entrar si no solamente es disputar los problemas de combatir pobreza, lo que ya habíamos comentado, si no también atendamos los problemas de la violencia que se vive en estos estados?

Yo quisiera solicitar que efectivamente este tema es muy complejo, tiene distintas variables y tenemos que entrar a revisarlo de una manera muy detallada, porque no se trata de quitarle a otros estados para dárselo al sur-sureste, se trata de buscar los equilibrios necesarios, se trata de que este país entre en el nuevo milenio, en nuevas condiciones de lo que hoy están planteando distintos compañeros.

Yo quisiera solicitar que este tema que ha sido muy recurrentemente planteado, que además en el Senado ha sido presentado en el marco del presupuesto y aquí ha sido presentado en el marco de buscar mecanismos de mayor participación a través de este mes que es tan importante, que tiene que ver con el Presupuesto para el 2001, yo quisiera solicitar a los compañeros del PAN, a los compañeros del Partido Verde Ecologista, a los del PT y al PRI y a otros compañeros más de otros partidos, a que pudiésemos encontrar puntos de coincidencia.

Aquí lo que nos preocupa no es quién resuelve el problema que se encuentra en el sur-sureste, sino cómo lo resolvemos, este Congreso cómo aporta de una manera directa a que a las comunidades más adelante no encontremos estos grados de marginación. Aquí no es la actitud personal de unos o de otros, se necesita el concurso de los 500 diputados por el bien de México y por el bien del sur-sureste.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

En virtud de que el diputado David Sotelo Rosas declinó su solicitud de hacer uso de la palabra, se concede hacer uso de la palabra al diputado Federico Granja Ricalde, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

El diputado Federico Granja Ricalde:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras diputadas, compañeros diputados:

Hemos escuchado en esta tribuna coincidencias muy importantes y todos estamos haciéndolo de muy buena fe, yo creo que éste es el momento de que esta soberanía en las coincidencias vayamos juntos, como lo queremos manifestar, en apoyo al nuevo gobierno que inicia el 1o., de diciembre.

Yo considero que aquí no hay ninguna intención más que de aportar a una causa justa que es el sur-sureste, todos lo saben bien, tenemos una región integradora pluriétnica social y de muchas actividades que coincidimos, tenemos la ruta maya, tenemos el turismo integral de la península, tenemos nuestro esfuerzo petrolero, la zona marítima del Caribe, del golfo, del Pacífico, con Chiapas, con Oaxaca, con Guerrero.

Tenemos una serie de identificaciones y aquí ya está asentado que somos aportadores al desarrollo nacional con todos los recursos naturales que aún todavía quedan sin explotar y que hoy están siendo fuertemente aprovechados. No se trata de ventajas sino de no tener desventaja y yo creo que una comisión de este nivel no es una comisión como otras, sino porque está coincidente con las que propone el nuevo gobierno, son comisiones que tienen una función de apoyar, de vigilar, para poder fiscalizar hay que tener recursos y lo que queremos hacer juntos es que haya más recursos para el desarrollo de esa extraordinaria región que es nuestro sur-sureste.

Por esa razón yo creo que si todos estamos coincidiendo y hay una buena intención y en el marco de la política del nuevo gobierno creamos la comisión del coloso del norte, creamos un zar de la frontera, nosotros tenemos frontera con Centroamérica, tenemos extensas regiones de mar colindando con otras regiones del mundo, por lo tanto tenemos que preocuparnos los legisladores de esas regiones donde estamos comprometidos y que llegó la hora del sur-sureste y así lo ha señalado el futuro Presidente al crear la Comisión de Puebla-Panamá.

Lo único que queremos es apoyar, participar y coincidir, por esa razón yo sí estoy preocupado porque aún no veo en el gabinete ni una gente del sur-sureste, no veo gente de esa región, por lo tanto, compañeros, yo creo que éste es el momento de que estemos pendientes para apoyar en una nueva estructura de Gobierno y que sin interés de partido si aquí estamos coincidiendo porque no vamos a apoyar a esta comisión, porque estoy seguro que va a haber otras, no se trata de crear comisión por comisión, como aquí se señaló, yo soy enemigo de crear comisiones cuando tenemos las comisiones de Trabajo, pero una región vasta tan importante como el sur-sureste merece el apoyo a la iniciativa de nuestro compañero priísta.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Gracias, diputado Granja Ricalde.

Tiene la palabra el señor diputado Miguel Gutiérrez Machado, del PAN, hasta por cinco minutos.

3295, 3296 y 3297

El diputado Miguel Angel Gutiérrez
Machado:

Con el permiso de la mesa directiva:

Me sumo a todos los diputados que el día de hoy han manifestado en esta tribuna el descubrimiento de un nuevo mundo en la región sur-sureste del país; que hoy reconozcan que hay pobreza, que hay subdesarrollo, que hay cacicazgos, que no hay democracia, en fin, que hace falta atender prioritariamente al sur-sureste del país.

Qué bueno que hoy se descubre esa situación. Qué bueno que hoy ya se habla incluso de ir juntos en las coincidencias para poder atribuirle una solución a ese problema. Se enfatiza que la solución del tema que estamos tratando hoy se circunscribe únicamente en la formación de la dichosa comisión, nosotros decimos "no a la comisión" y le decimos sí a una solución al problema de la región sur-sureste de México.

Nosotros entendemos que la solución no está en la conformación de una comisión, sino en la preocupación real y en sentar los mecanismos que le den a ese sector del país una solución pronta a sus demandas.

Por supuesto que vamos juntos en las coincidencias con el nuevo gobierno, por supuesto que estamos de acuerdo, pero aportar no significa que las soluciones de fondo se den a la carrera; antes no se exigían, ahora sí exige, aportar significa analizar la situación, establecer un proyecto, ir con el consenso de todas las fuerzas políticas de esta legislatura para que realmente podamos establecer mecanismos que sean de provecho para el sur-sureste.

Señores diputados, ya basta de ir unilateralmente en los temas que son de importancia en este país. Construyamos juntos, estamos seguros que sentados en la mesa podremos sacar adelante, juntos, coincidentemente con el proyecto del nuevo gobierno, al sector sur-sureste de este país.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Gracias señor diputado Miguel Gutiérrez Machado.

Agotada la lista de oradores que solicitaron hacer uso de la palabra, esta Presidencia pide a la Secretaría consulte a la Asamblea si autoriza continuar con el desahogo de los siguientes puntos agendados en el orden del día.

El secretario Bernardo Borbón Vilches:

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si considera pertinente continuar con el desahogo del orden del día.

Los diputados que estén a favor de pasar al siguiente punto, manifestarlo en votación económica...

Los diputados que estén en contra, manifestarlo de igual manera... Mayoría porque se proceda con el orden del día, señora Presidenta.


FRIJOL

La Presidenta:

Continuaremos con el orden del día. El siguiente punto se refiere a la presentación de una proposición con punto de acuerdo sobre la problemática del precio del frijol.

Para presentarla hará uso de la palabra el diputado Oscar del Real Muñoz, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos.

El diputado Oscar Alfonso del Real Muñoz:

Con su permiso, señora Presidenta; señoras diputadas, señores diputados:

Aun cuando el comercio internacional de frijol no tiene los amplios márgenes de ganancia de otras gramíneas y su producción mundial que sólo ha llegado a los 15 millones 500 mil toneladas anuales, no representa ni el 1% de la producción de granos básicos en el orbe, que aunque en nuestro país el consumo anual per capita ha disminuido a ocho kilogramos después de haber llegado a los 25 kilogramos en 1981, esta leguminosa sigue siendo básica en la dieta del pueblo mexicano y la principal fuente de ingreso para los campesinos de la zona semidesértica del país, por lo que debe ser rescatada mediante promoción y apoyos especiales porque las altas y bajas de su precio en el mercado han provocado que vaya disminuyendo significativamente su consumo y no se aproveche el aporte proteico que representa para la alimentación popular.

De acuerdo a datos de la FAO, somos el cuarto país productor del mundo después de la India, Brasil y China; aportamos el 7% de una producción mundial que se mantiene relativamente estable, con una leve tendencia al crecimiento, siendo 1991 el año en que logramos la cifra tope de 1 millón 378 mil 519 toneladas.

El frijol es el segundo cultivo en nuestro país en cuanto al espacio sembrado y ha alcanzado los 2 millones 200 mil hectáreas que representan el 11.5% del total de nuestra superficie agrícola; aproximadamente el 65% de su cultivo se concentra en la región centro-norte y pacífico-norte de la República.

Los principales estados productores son Zacatecas, Durango, San Luis Potosí y Chihuahua, en siembras de temporal durante el ciclo primavera-verano, aportando el 65% de la producción nacional de la temporada y Sinaloa y Nayarit con siembras de riego principalmente, representan el 64% correspondiente al periodo otoño-invierno.

A pesar de los problemas endémicos para la producción agrícola en general, tanto de índole económica como climatológicos, la comercialización del frijol sigue siendo trascendental para 450 mil productores nacionales, quienes a raíz de la desaparición formal de la Conasupo, que era factor de equilibrio para determinar los precios de los granos en el mercado, hayan quedado materialmente inermes ante una caída estrepitosa del precio del frijol que no ha contado con apoyos específicos para su comercialización.

En los cinco años inmediatos anteriores se subsidiaron un promedio anual de 2 millones 23 mil toneladas de maíz, con 660 millones 619 mil 80 pesos; 2 millones 797 mil 950 toneladas de trigo, con 754 millones 665 mil 520 pesos y 1 millón 717 mil 500 toneladas de sorgo, con la cantidad de 305 millones 175 mil 780 pesos, el frijol no ha sido subsidiado.

Contrario a lo que ocurre con otros productos, el frijol no tiene un precio en el mercado internacional y mientras que en los cuatro años recientes los demás granos han experimentado el descenso de un 10% ó un 15% en su precio, en el caso del frijol han disminuido hasta en 60%, no obstante que el incremento de los costos de su producción ha sido del 70%. Esta disminución alarmante del precio en los tres años recientes se refleja como una verdadera injusticia en el campo, porque el productor recibe un pago de entre dos pesos 50 centavos y tres pesos por kilogramo, iniciándose un laberinto de intermediarios, pasando por las centrales de abasto, donde los precios varían entre tres pesos con 40 centavos y cinco pesos por kilogramo, llegando al supermercado entre seis y siete pesos y se expende al público entre nueve y 12 pesos, originando un margen de ganancias de las cuales el productor no recibe parte alguna.

La situación se agrava con el ingreso de frijol extranjero al país, esto ocurre de manera tan irregular que no es posible conciliar un dato preciso sobre la importación autorizada y la real, además de la avalancha de frijol que entra de contrabando.

Según el informe de la Conasupo, en los últimos años y hasta 1999 se comercializaron un promedio de 107 mil 600 toneladas de frijol de la producción nacional, señalándose dentro de ese lapso únicamente el año 1998 como en el que se realizó la compra al exterior de 73 mil toneladas.

Por su parte, el departamento de agricultura de Estados Unidos reporta como exportaciones hacia México, durante el mismo periodo, un promedio de 104 mil 485 toneladas anuales, cuota que supera en un 88% los compromisos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

A lo anterior, lamentablemente habría que agregar lo ocurrido en 1999, cuando según el reporte de la Cámara de Diputados ingresaron de contrabando al país 80 mil toneladas, un volumen superior a la cuota de ese año vía TLC con Estados Unidos, que fue tan sólo de 57 mil 964 toneladas. Esto ha originado que nuestros productores se encuentren en una situación insostenible, porque la competencia desleal en el mercado interno propicia la acumulación de inventarios, como lo confirma el documento del 15 de febrero de 2000 de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, según el cual para los años 1999 y 2000 los productores de frijol enfrentan la peor crisis de la historia, manteniendo hasta esa fecha grandes cantidades de grano ubicadas en Zacatecas, en donde existen 125 mil toneladas sin desplazar que representan el 64% de la producción; en Nayarit, 14 mil toneladas de la producción de 1999 en inventario; en Durango, 50 mil toneladas en bodega, 50% de la producción estatal; en Chihuahua, 15 mil toneladas de 1998 y 30 mil de 1999 y en Sinaloa, 44 mil toneladas de 1999.

A estas 278 mil toneladas rezagadas se suman las 195 mil 835 toneladas de la cosecha otoño-invierno 1999 y 2000, provenientes de Nayarit y Sinaloa.

Por todo esto, consideramos que no se justifica efectuar importaciones como ya se ha dicho hasta la saciedad, pues además de las existencias de cosechas anteriores que todavía tienen los productores, los comerciantes y las propias filiales de la Conasupo, se presenta un panorama de desaliento para la producción de este año, que deteriorará más la economía de los agricultores.

Es necesario concomitantemente entonces, reactivar este cultivo y recuperar la capacidad de consumo a un nivel similar al de hace 20 años, cuando sólo éramos 68 millones de mexicanos, pero para lograrlo se requiere que aumentemos la producción por lo menos en 1 millón de toneladas. Debemos estimular las preferencias del consumo interno hacia el producto nacional, la pérdida de nichos de mercado para nuestro frijol no es resultado del aumento de la producción, sino consecuencia de la falta de una regulación oficial de su precio y el aumento indiscriminado de las importaciones. Esto ha dado origen a que se implementen medidas drásticas, tal como ocurrió el mes de febrero de este año, cuando al estar por otorgarse un cupo de importación de frijol por 20 mil toneladas, el Congreso de la Unión ordenó que se suspendiese hasta que la Comisión de Comercio Exterior realizara una investigación acerca de los daños que esto pudiera provocar a la producción nacional.

El día de antier, productores de mi distrito en el Estado de Zacatecas que viven exclusivamente de este cultivo, en una acción desesperada y ante la insistente necesidad de ser escuchados, tomaron en forma intermitente la carretera 45 a la altura de Sombrerete. Están luchando porque el precio del frijol se incremente hasta seis pesos el kilo, que el frijol sea adquirido sin más trámite por las comercializadoras, cuya creación se ha auspiciado desde el Gobierno, para sustituir en parte la intervención comercializadora de la antigua Conasupo; que el frijol sea acopiado en las bodegas de la Conasupo localizadas en las comunidades de aquella región frijolera y que el frijol sea recibido por comités conformados por los propios campesinos, para evitar el intermediarismo y la corrupción gubernamental.

Pronto habrán de sucederse acciones similares de distintas regiones productoras del país y hasta ahora no se ha puesto en práctica ni por esta Cámara ni por los organismos respectivos del Ejecutivo, medida alguna que renueve la esperanza de los que ahora con justa razón están reclamando.

Es pues, conforme a lo expuesto, que solicito a esta Cámara de Diputados los siguientes

PUNTOS DE ACUERDO

Primero. Que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2001, en el rubro de apoyo a la comercialización se incluya al frijol como uno de los productos beneficiados, por ser de los que más han visto afectada su rentabilidad.

Segundo.
Se pida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se cierren las fronteras a la importación de frijol y se ordene una investigación a fondo, creándose para ello una comisión especial mediante la cual se determine con claridad los procedimientos de introducción ilegal de este grano al país, así como que se proceda a la incautación del producto que no tenga legal estancia.

Tercero.
Que con el apremio y la urgencia que el caso amerita, se solicite a la Secretaría de Economía se retiren los cupos de frijol ya expedidos, considerando que estos permisos son inoportunos comercialmente y además, porque sin duda se aprovecharán fraudulentamente para introducir frijol en dos o tres remesas en la mayoría de los casos, como hasta ahora ha sucedido.

3298, 3299 y 3300

Este punto de acuerdo lo firman 35 diputados de los partidos PRI, PRD y PT.

Finalmente, señora diputada Presidenta, ruego a usted califique y someta a la Asamblea este punto de acuerdo, como de obvia y urgente resolución.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Esta proposición, según el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, fue agendado para que se pasara a comisión. Entonces, pues le daremos ese turno una vez que haya hecho uso de la palabra la lista de oradores que voy a dar a conocer.

El diputado Alfonso Oliverio Elías Cardona
(desde su curul):

Para rectificar hechos, Oliverio Elías.

La Presidenta:

Sí, lo anotamos en la lista con mucho gusto.

El diputado Tomás Torres Mercado
(desde su curul):

Señora Presidenta.

La Presidenta:

¿Diputado Tomás Torres? Activen el micrófono de su curul, por favor. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Tomás Torres Mercado
(desde su curul):

Señora Presidenta, para reiterar y lo hago con respeto a pesar de que usted ha expuesto que esta proposición con punto de acuerdo por determinación de la Junta de Coordinación Política será turnado a comisión.
Yo quiero plantearle, señora Presidenta, si lo estima procedente que instruyera al Secretario, con la finalidad de que: si esta Asamblea lo estima de urgente y obvia resolución por la naturaleza del contenido del punto de acuerdo y me refiero específicamente al hecho de que en este momento está cruzando por las fronteras de nuestro país este producto que rebasa los cupos autorizados de importación.

El planteamiento de procedimiento, señora Presidenta entonces, que lo someta a la consideración de esta Asamblea para calificar la naturaleza del acuerdo que se pronuncie.

Gracias por su atención y por el trámite.

La Presidenta:

Gracias a usted, señor diputado.

Esta Presidencia ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si considera de urgente resolución la proposición con punto de acuerdo presentada por el señor diputado Oscar del Real Muñoz.

El secretario Bernardo Borbón Vilches:

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si el punto de acuerdo que ha sido presentado en esta tribuna se considera urgente y obvia resolución.

Quienes estén a favor de este trámite, manifestarlo en votación económica...

Quienes estén en contra, favor de manifestarlo... Aparente mayoría en contra, señora Presidenta.

La Presidenta:

No se concede el que sea considerada de obvia y urgente resolución.


SUR-SURESTE DE MEXICO (II)

La Presidenta:

Antes de continuar con la lista de oradores que han pedido hacer uso de la palabra para referirse a la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Oscar del Real Muñoz, esta Presidencia dará trámite a la anterior proposición presentada por el diputado Jesús Ali de la Torre, con un punto de acuerdo para crear una comisión especial que coadyuve y dé seguimiento a los proyectos de desarrollo regional para el sur-sureste de México.

Esta proposición con punto de acuerdo será turnada a la Junta de Coordinación Política.



FRIJOL (II)

La Presidenta:

Y en seguida esta Presidencia informa que han pedido hacer uso de la palabra para referirse a la proposición presentada por el diputado Oscar del Real Muñoz, los siguientes diputados: Ramón Ponce Contreras, del Partido Acción Nacional; Miguel Castro Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional; José Manuel del Río Virgen, del Partido Convergencia por la Democracia; Jaime Alcántara Silva, del Partido Revolucionario Institucional y Oliverio Elías, del Partido de la Revolución Democrática.

Tiene la palabra el diputado Ramón Ponce Contreras del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

El diputado Ramón Ponce Contreras:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Hoy vengo a esta tribuna para plantear la situación caótica que prevalece con todos los productores de frijol en los estados de: Nayarit, Zacatecas, Chihuahua, Durango y Sinaloa, situación por demás crítica tanto reflejada en un sentido económico como social y ocasionada por la inclemencia del clima, como lo es la sequía, pero también, obviamente, sobre todo sobre la falta de un esquema de comercialización la cual ésta se refleja socialmente con la emigración de jóvenes a la Unión Americana y reflejada de una manera directa también, económica con la perdida del valor de 170 mil toneladas de frijol tan sólo en el Estado de Zacatecas.

Compañeras diputadas y diputados: el esfuerzo de los productores de frijol de nada sirve mientras la importación de esta leguminosa se haga sin considerar a lo que lo es ahora la Secretaría de Agricultura o será dentro de un futuro próximo, la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación.

La importación de esta leguminosa, se haga sin considerar a todos los organismos campesinos como lo es el Consejo Nacional de Productores de Frijol y las empresas integradoras en donde el objetivo, único y propio de estas empresas integradoras, es el de coadyuvar al establecimiento, al desarrollo, a la operación de los esquemas de comercialización de estas organizaciones de productores y que sirve para fomentar el ordenamiento del mercado de este producto y regular el precio del frijol. Por eso se hace necesario que hoy más que nunca programas como lo es Aserca, el cual destina apoyos a la comercialización de granos como lo es el maíz, el trigo, el arroz y el sorgo, excluye al frijol; lo cual resulta injusto para los productores nacionales.

Creemos conveniente que el Programa Aserca debe cobijar a este producto, el frijol.

Para solucionar este problema, se hace necesario crear esquemas de producción, en donde el productor pueda ser competitivo productivamente hablando y aprenda a darle valor agregado a su producto desde el campo mismo, como lo es la limpieza, el pulido y el envasado del frijol mismo.

Es necesario también la creación de esquemas financieros que ayuden a absorber la producción nacional y sirvan sobre todo, para equilibrar el mercado e influir en la estabilidad del precio.

Otra acción inmediata que influirá en beneficio de los productores, es la creación de normas de calidad, cuyo objetivo sería la de lograr que el producto frijol tenga una misma y mejor presentación a todos los consumidores finales.

Es cierto que todo esto implica el que exista una política agropecuaria que fomente la producción, que fomente su empaque y obviamente su comercialización y que este valor agregado se vea reflejado en la competitividad del producto frijol en los mercados y en la economía del consumidor y del productor mexicano.

Aunado a esto, es conveniente involucrar a las dependencias gubernamentales federales que corresponda, así como a los gobiernos de los estados fronterizos con el objetivo único de vigilar la introducción de frijol ilegal.

Exhortamos al Ejecutivo Federal para que por conducto de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, aplique lo que la Ley de Comercio Exterior, en su artículo 2o. y 3o. fracción III, textualmente dice:

"Las cuotas compensatorias son aquellas que se aplican a las mercancías importadas en condiciones de discriminación de precios o de subvención en su país de origen."

El artículo 4o. de esta misma ley establece: "El Ejecutivo tendrá las siguientes facultades -y dice que el Ejecutivo-: podrá crear, aumentar, disminuir o hasta suprimir aranceles mediante decretos publicados en el Diario oficial de la Federación de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Por lo tanto al aumentar los aranceles éstos sirven de desaliento a la importación y sobre todo, de los sobrecupos, resultando no rentable y no conveniente, económicamente, la importación de frijol a los comercializadores o coyotes.

En relación a lo propuesto por el compañero diputado Oscar del Real, del PRI, el grupo parlamentario del PAN se pronuncia por la creación de una subcomisión de la Comisión de Agricultura y Ganadería para que atienda de una manera específica, lo referente a los procedimientos de introducción ilegal del frijol al país y de los sobrecupos. Por lo que se propone tanto en el primer y tercer punto del documento presentado por el compañero, el diputado Oscar, coincidimos totalmente, puesto que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con anterioridad y en esta misma tribuna ya nos habíamos pronunciado al respecto.

Es cuanto, señor Presidente.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado Ramón Ponce Contreras.

Tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Castro Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

El diputado Miguel Castro Sánchez:

Con su permiso, señora Presidenta; amigas y amigos diputados de todas las fracciones parlamentarias:

A mí me parece que el problema del frijol que padece el Estado que yo represento, Nayarit, entre otros como Zacatecas y Chihuahua, principalmente, es el más claro ejemplo de como una política de apertura sin los candados y los balances necesarios, hace que la cadena productiva, el eslabón se reviente por lo más delgado.

Realmente el problema de los cupos es que sirven para no más de ocho o 10 grandes mayoristas, siempre que tengan la amenaza de una sobreoferta, sobreoferta que es por demás decirlo soportan en inventario los propios productores. Este es el ejemplo más claro de las dispersiones, de las distorsiones que una política que no incluye la compensación al productor nacional, que no incluye los instrumentos de control de las importaciones, que yo no llamaría sobrecupos, porque los sobrecupos definitivamente no existen; es contrabando de frijol.

El cupo en su momento fue determinado por el promedio de importaciones que el país realizó durante los años 1991 a 1994. Sin embargo, no es obligatoria su importación, lo que es obligatorio es ponerlo a disposición del mercado, sólo que aquí viene una parte de la política que ha generado esta distorsión y miseria en el campo frijolero.

No participan las organizaciones de productores, no participan las organizaciones comercializadoras y que hacen el acopio en el campo, solamente participan aquellos que están registrados en un padrón de importadores y que no pasan de ser ocho o 10 compañías, lo cual genera que siempre mantengan sobreofertado este mercado, que siempre mantengan por fuera de la participación a los propios productores.

A mí me parece que en el punto de acuerdo se debe incluir, que deben participar las organizaciones de los productores en la solicitud y gestión de los cupos, a efecto de que los propios productores regulen la oferta en el mercado, a efecto de que los propios productores cuiden que en ningún momento se sobreoferte este producto, con la consecuencia gravísima de deteriorar el ingreso del productor primario.

3301, 3302 y 3303

Ya mi compañero diputado de Zacatecas explica qué parte del ingreso queda para el productor primario y a qué nivel de precio se está comercializando el frijol al público.

No es de lamentarse que haya bajado el consumo, porque eso lo que indica en todo caso, es que los mexicanos están optando por opciones más baratas que el propio frijol y a la mejor con mayor contenido proteico. ¿Qué quiero decir con esto? Que la cadena permite que al público pudiera llegar a precio más accesible, fomentando así un mayor consumo; que además pudiera, estrechándose los márgenes de comercialización, el productor primario si tiene el control efectivo de la oferta, pueda tener un ingreso más importante y más remunerativo a su inversión y a su esfuerzo.

Solicito pues el apoyo de todas las fracciones parlamentarias, a efecto de que este asunto tenga la venia y la aprobación de todos ustedes.

Muchas gracias.

Presidencia del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes

El Presidente :

Gracias, señor diputado Castro Sánchez.

Tiene el uso de la palabra para referirse al mismo tema, el diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional, hasta por cinco minutos.

El diputado José Manuel del Río Virgen:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros:

Me da mucho gusto venir a esta tribuna para sumarme a un punto de acuerdo donde todas las fracciones parlamentarias y partidistas aquí representadas están de acuerdo de que tenemos que apoyar a nuestros productores de frijol.

México es el cuarto país productor de frijol; no tiene un esquema de comercialización; el frijol no tiene los amplios márgenes de ganancia que tienen otros productos, seguramente por eso está tan olvidado. Consumimos 15 mil y medio millones de toneladas de esta gramínea, es decir apenas 8 kilogramos al año consumimos cada mexicano. Es un producto rico en proteínas, pero desafortunadamente nuestros compañeros y compañeras productores de Zacatecas, de Nayarit, de Sinaloa, de Durango, de San Luis Potosí, de Chihuahua, están allá con sus bodegas llenas gracias a que unos cuantos tienen autorización para meter, de contrabando, esa gramínea que hace que el precio se caiga y esté tan lastimado.

Es el segundo cultivo en México nuestra gramínea y no le hemos dado todo el apoyo que se requiere. ¿Qué intereses mueven, me pregunto yo, la importación de esta gramínea, que permite que el frijol en México no esté subsidiado aun cuando aquí hemos subsidiado otro tipo de cosas, como a los banqueros y algunos empresarios? ¿No hay medidas algunas que apoyen a nuestros productores? Por eso yo les pido a todos los partidos políticos representados en esta Cámara que apoyemos a los productores de frijol.

Le pido también, la primera petición al futuro secretario de Economía, Derbez, en el sentido de que con carácter de urgente presente un acuerdo para beneficio de los productores de frijol, solicitándole que incluya a los productores de frijol en la autorización de los cupos, pues es muy urgente y es muy importante que apoyemos a nuestros productores de los estados que ya mencioné.

Muchas gracias compañeras y compañeros.

El Presidente :

Gracias, diputado José Manuel del Río Virgen.

Para referirse al mismo tema ha solicitado el uso de la palabra y se le concede por cinco minutos, al diputado Jaime Alcántara Silva, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Jaime Alcántara Silva:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Mi compañero diputado Del Real, vino a esta tribuna a proponer un punto de acuerdo para beneficiar a ese estrato social de mexicanos tan afectados por las crisis económicas que ha sufrido nuestro país.

El medio rural y creo que esto no es algo novedoso, no es materia de un tema nuevo, todos lo sabemos perfectamente bien, es de lo que más sufre.

Hay una vieja frase por ahí del maestro Reyes Heroles que decía: "cuando al campo le va bien a todos nos va bien; cuando al campo le va mal sólo ellos sufren", y creo que esto nos puede servir de punto de partida para ver un poquito más allá de los números macroeconómicos.

Decía algún connotado religioso que hay tres formas de mentir: por acción, por omisión y por estadísticas. Las estadísticas nos dicen que nos vamos recuperando, pero si nosotros acudimos a estados como Zacatecas, como Puebla, como Oaxaca, vemos un paraje que desgraciadamente en poco ha cambiado, sobre todo con estos productores de bajos ingresos.

Se busca la eficiencia y paradójicamente la eficiencia, pues nos da más producción y cuando hay más producción baja el precio de este grano, como de cualquier otro cultivo.

La intermediación es otro problema grave. Para quienes cultivamos granos, hortalizas, cualquier tipo de producto, nos enfrentamos nosotros en primer lugar a los problemas que tenemos desde la siembra; su posible nonacencia, su problema después para la venta, después el problema de los precios; ¿pero qué es lo que pasa? Los grandes intermediarios nos compran a un precio raquítico y con una llamada telefónica en la central de abastos o desde su bodega en lo particular y el precio final va a llegar al consumidor final a precios elevados que ni por asomo lo tiene el productor que se las jugó de todas por todas para poder tener ese producto tan necesario para la nación.

Si bien ha bajado el consumo, pero les aseguro que en las familias pobres sigue existiendo un alto consumo, porque además tiene un contenido proteínico muy alto.

Los países avanzados además y estamos enfrentándonos a ellos, subsidian el campo; es más, en los países industrializados a quien cultiva el campo les dicen agricultores y allá son ricos. En México se les dice campesinos y eso es sinónimo de pobreza.

Así que por lo tanto si nosotros queremos verdaderamente entrar a la globalización que en este siglo será indudablemente lo que nosotros pensamos que va a llegar, ayudemos a nuestra gente. Creo que una forma de sacar adelante a este país es ayudando a la agricultura. El talón de Aquiles de México es la agricultura.

Nuestros campesinos, el día que nosotros logremos levantarlos de ese nivel de vida tan difícil que tienen que a veces es de subsistencia y que muchos de ellos cultivan el frijol, ese día nosotros estaremos cumpliendo con las grandes cuestiones que el electorado nos dio para que nosotros nos defendamos aquí, en esta tribuna.

En cuanto a los cupos, decía algún compañero diputado, efectivamente creo que es necesario también preguntarles a nuestros compañeros campesinos, qué opinan de ello. ¿En cuánto nos van a afectar? Si tenemos además inventarios ¿Qué necesidad hay de introducirlo? Sabemos bien que se debe prevenir, pero. ¿Hasta qué punto se debe hacer?

Quiero con ello apoyar definitivamente a todos quienes han hablado aquí para este punto de acuerdo en las tres vertientes y quiero hacerme solidario con la propuesta de mi compañero Del Real y les aseguro que si hemos tenido imaginación para otro tipo de salvamentos económicos, creo que nuestros campesinos que más lo necesitan, debemos ser nosotros quienes les ayudemos.

Muchas gracias.

Presidencia del diputado
Eric Eber Villanueva Mukul

El Presidente :

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra para referirse al mismo tema, el diputado Oliverio Elías Cardona, hasta por cinco minutos.

El diputado Alfonso Oliverio Elías
Cardona:

Con su venia, señor Presidente; amigas y amigos diputados:

Desde hace 20 años aproximadamente, la política agropecuaria fue diametralmente cambiada, en aras de una globalización que ha llevado al campo mexicano hasta la situación en que actualmente se encuentra. Ha sido, ha sido en base a una desprotección de este sector.

Y quiero referirme a tres o cuatro cosas que el Gobierno Federal desde hace 18 ó 20 años repito, ha venido haciendo desfavorable la producción agropecuaria: primero, por retirar los precios de garantía; precios de garantía que daban certidumbre al productor agropecuario de básicos, de que su producto iba a alcanzar determinado precio que hiciera costeable esta producción.

La desaparición de la Conasupo con el consabido deterioro para la clase popular, para la clase campesina, es otra de las acciones de esta política neoliberal, la tarifa 9, una tarifa que le permitía al productor tener acceso a la electricidad con un subsidio que le permitía hacer rentable su actividad. El crédito, creo yo que el crédito es de los principales insumos que debe guardar la economía agropecuaria. Sin embargo, desde hace años el llamado Banrural, todos sabemos, no presta un clavo para las actividades agropecuarias.

Y voy a referirme también a la cuestión de los cupos. Zacatecas en este momento está viviendo una situación de verdadero desastre entre los productores de frijol, por el hecho de que en este año se introdujeron miles de toneladas de frijol negro Michigan, procedente de Estados Unidos y que inundaron el mercado natural de este frijol, de esta variedad, que es el sur y sureste de este país. Miles de toneladas entraron de frijol negro Michigan y deterioraron y distorsionaron el comercio de la producción nacional. Merced a ello, más de 100 mil toneladas de frijol negro están varadas en el Estado de Zacatecas.

Voy a referirme también a lo de la dieta. Es cierto, ha bajado el consumo de frijol, pero no por la preferencia, sino por la necesidad y nosotros tenemos en el frijol una de las mejores leguminosas que proporcionan calidad proteica, vitamínica y de minerales a nuestra población. Creo que es injusto que se dé un tratamiento de que la población optó por una mejor dieta olvidándose del frijol; creo que el frijol se ha ido de la dieta del mexicano no tanto por esa razón, sino porque alcanza precios distorsionados en el mercado.

Yo quiero, por último, llamar la atención de ustedes. Aquí se ha dicho y se han hecho pronunciamientos en favor del campo y de los campesinos. Quiero decirles que los movimientos sociales políticos de este México fueron hechos precisamente por los campesinos y quiero decirles y llamar la atención de ustedes para decirles que es la última cadena de nuestra sociedad a la que los movimientos sociales y políticos de este país han favorecido.

Yo quiero pedirles a ustedes, compañeras y compañeros diputados, que pongamos especial atención en esto. Basta de palabrería, vamos actuando, vamos diciéndole al Poder Ejecutivo que debe voltear los ojos al campo.

Muchas gracias.

El Presidente :

Gracias, señor diputado.

Túrnese a las comisiones de Comercio y Fomento Industrial, Presupuesto y Cuenta Pública...

3304, 3305 y 3306

El diputado J. Jesús Dueñas Llerenas
(desde su curul):

Pido la palabra, para rectificar hechos.

El Presidente :

Tiene la palabra el diputado Jesús Dueñas, para rectificar hechos, hasta por cinco minutos.

El diputado J. Jesús Dueñas Llerenas:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:

En nuestro país los alimentos básicos son el maíz y el frijol. Y aquí se ha venido a decir que el contrabando es la causa de que no tengan precio los productos de nuestros agricultores de Zacatecas, de Chihuahua, de Nayarit, de San Luis Potosí y de Durango.

Y ahora el contrabando es el culpable. Yo creo que no es el contrabando; son las sobreimportaciones que ha autorizado la Secofi y que han estado dañando a todos los productores nacionales.

En este caso estamos hablando de los productores de frijol, pero aquí se ha hablado de los productores de azúcar, los sobrecupos de alta fructosa; se ha hablado del maíz respecto a los sobrecupos de las importaciones de maíz arriba de dos millones y medio de toneladas, haciéndole daño a la hacienda pública nacional al no cobrar aranceles, cuando en el Tratado de Libre Comercio está estipulado que se deben de cobrar aranceles.

Y también se ha hablado de las importaciones de otros productos que han dañado a las diferentes áreas de la producción mexicana.

Y retomando lo del frijol, tiene nombre y apellido, se llama Herminio Blanco, él es el que ha autorizado las importaciones, muchas veces discrecionalmente, como lo hizo con la alta fructosa, como lo ha hecho con el maíz, también lo está haciendo con el frijol.

¡Pero lo perverso de esto, amigos, es que las importaciones de frijol se hacen cuando se está levantando la cosecha de frijol, para poner contra la pared al productor mexicano!
Aquí, su servidor pidió hace mucho tiempo que las importaciones de frijol las controlaran o se les tomara en cuenta a los productores de frijol. ¿Y qué se ha hecho? Ha hecho oídos sordos la Secofi.

¿Por qué? Pregúntense ustedes por qué ha hecho oídos sordos tanto los comerciantes, como los funcionarios públicos de la Secofi. ¿Habrá intereses fuertes abajo? ¿En la alta fructosa? ¿En la importación de maíz, maíz subsidiado por los gobiernos del exterior? Maíz que ya con ese subsidio hacen que muchas industrias, aquí, produzcan alta fructosa mucho más barata que la que se produce con un maíz no subsidiado.

Y también podemos hablar del algodón. Y vuelve lo mismo, las importaciones de algodón, millones y millones de pacas de algodón y que en este caso las pacas de algodón importan 750 millones de dólares. ¿Con ese gasto en el exterior a cuántos mexicanos no les daríamos trabajo?

Amigos, creo que se viene el momento y se está acercando, ¡por un lado fincar responsabilidades! ¿Quién ha lucrado con el productor mexicano? ¿Quién ha lucrado con la importación de alimentos? Estamos hablando en lo global de una importación de más de 8 millones 600 mil de dólares al año; ¡cerca de 20 millones de toneladas de agroalimentos!

Amigos, es el momento de que nosotros los legisladores tomemos nuestro lugar. ¡Tenemos que enjuiciar a Herminio Blanco!

Muchas gracias.

El diputado José Carlos Luna Salas
(desde su curul):

¡Para rectificar hechos!

Presidencia del diputado
Ricardo Francisco García Cevantes

El Presidente :

Por favor, activen el sonido al diputado.

Ubíquese en una curul, señor diputado, para poder ofrecerle sonido.

Por favor micrófono al diputado Luna en la curul.

El diputado José Carlos Luna Salas
(desde su curul):

Señor Presidente: le pido cinco minutos para rectificar hechos, por favor.

El Presidente :

Se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos para hechos al diputado Luna.

El diputado José Carlos Luna Salas :

Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:

Ya en alguna ocasión pasé a esta tribuna para manejar un punto de acuerdo referente al problema que tienen los frijoleros no únicamente en nuestro Estado de Zacatecas, sino en todo nuestro país.

Hoy, amigas y amigos diputados, vengo a confirmar mi apoyo a todos los productores de frijol de nuestro país. En específico quiero refrendar el apoyo a los frijoleros de Zacatecas que hoy, precisamente en este día, tienen una manifestación en el municipio de Sombrerete, como lo expresaba el compañero Del Real.

Es importante que en esta tribuna vengamos de una vez por todas a ver no posibilidades, no alternativas, a ver las soluciones reales que vayan a solucionar la problemática de nuestro campo. Creo que hoy se ha tocado el tema del frijol a fondo, pero lo que debemos reconocer a fondo es que vemos la comercialización como el grave problema y no sabemos, a ciencia cierta, cómo es y cómo se da la comercialización del frijol.

Estamos manejando cifras que las estadísticas nos han dado de hace dos o tres años. Es importante actualizar las cifras de la producción del frijol en nuestro país. Es importante, compañeras y compañeros diputados, que veamos de cerca la problemática que tienen nuestros productores. No podemos nosotros hacer una crítica a los intermediarios, porque aún no hemos logrado organizar a nuestros productores en el sector agropecuario.

Tenemos que hacer primero una organización integral en el campo mexicano para que ellos mismos, nuestros productores, nuestros campesinos sepan y definan cuál es el rumbo que más les conviene y que más les ha de dar resultados.

Hemos hablado de subsidios, hemos hablado de un apoyo económico a los productores, pero por qué no empezar primero por esa organización que tanto les hace falta, No podemos destinar presupuesto a un saco vacío, tenemos que remendar ese saco, tenemos que buscar soluciones prácticas y reales.

El problema del frijol en Zacatecas es grave y creo que no podemos permitir una marcha de frijoleros de Zacatecas hasta aquí, porque simple y sencillamente no hemos sido prácticos en la solución a su problemática. Primero hay que buscar dónde está la realidad de la comercialización del frijol, en segundo lugar hay que buscar y fomentar la organización integral de nuestro productor y, desde luego, hay que buscar la participación conjunta, Ejecutivo Federal, Ejecutivo estatal, los municipios y desde luego los otros compañeros que en cierta forma aprobamos de una manera u otra el presupuesto que se ha de ejercer en nuestro país.

A eso vengo, a eso paso a esta tribuna nuevamente, para solidarizarme con las propuestas que ha hecho nuestro compañero Oscar del Real, pero hay que darle, hay que darle práctica, hay que darle trabajo real a la Comisión de Agricultura, para que ellos mismos empiecen a buscar la solución que nos merecen nuestros productores de frijol.

Compañeros: enhorabuena dijo mi compañero, mi paisano zacatecano Oliverio, dejémonos de palabras y vayamos a los hechos. A eso estoy aquí dispuesto a unirme a esas prácticas que no sean populistas ni demagógicas, que sean prácticas reales a soluciones que tenemos ahí en el campo mexicano.

Muchas gracias.

El Presidente :

Gracias, diputado José Carlos Luna.

Pregunto al diputado Miguel Castro Sánchez si aún desea hacer uso de la palabra.

Gracias diputado Castro Sánchez. Declina en el uso de la palabra.

Por lo tanto, habiéndose desahogado la lista de oradores para este tema, se turna la proposición con punto de acuerdo sobre la problemática del precio del frijol, presentada por el diputado Oscar del Real Muñoz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a las comisiones de Agricultura, Presupuesto y Cuenta Pública y Hacienda.


COMISIONES LEGISLATIVAS

El Presidente :

Para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre la integración de los diputados del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en las secretarías de las mesas directivas de las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, se concede el uso de la palabra al diputado Jaime Cervantes Rivera, del grupo parlamentario del PT, hasta por 10 minutos.

El diputado Jaime Cervantes Rivera:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo desea en esta sesión patentizar su inconformidad por la forma en la que fueron integradas las comisiones ordinarias de dictamen legislativo, en varias de las cuales fueron excluidos diputados de nuestro grupo parlamentario en las secretarías para las cuales fueron propuestos.

En la sesión ordinaria del viernes 29 y 30 de septiembre, el pleno de esta Cámara aprobó la integración de las comisiones ordinarias de dictamen legislativo, es el caso que al ser leída por la Secretaría la propuesta de integración de comisiones en el cargo de secretarios, en dos de ellas, la de Pesca, aparece el nombre de la diputada Rosa Delia Cota Montaño, como secretaria de la Comisión de Pesca.

Además, en el caso de la diputada Rosalía Peredo, propuesta como secretaria de la Comisión de Desarrollo Social, su nombre no apareció, no obstante la aclaración hecha por un servidor y el secretario, Manuel Medellín Milán, aclaró que se le había dado lectura a su nombre en Desarrollo Social, tal y como puede verse en la versión estenográfica de ese día, visible en el turno 38 hoja 1.

Además, en la propia versión estenográfica aparece el que la integración definitiva de las comisiones se publicaría en la Gaceta Parlamentaria. Es el caso que en la publicación de la Gaceta de ese día se elimina a la diputada Rosalía Peredo Aguilar como secretaria de la Comisión de Desarrollo Social, tal y como puede desprenderse del cotejo de las páginas cinco y seis de la Gaceta el martes 3 de octubre.

De igual forma, la diputada Rosa Delia Cota Montaño fue excluida del cargo de secretaria de la Comisión de Pesca, no obstante que formaba parte de la propuesta del grupo parlamentario, misma que si es retomada en la propuesta al pleno y que aparece visible en el turno 36 hoja uno de la versión estenográfica del 29 de septiembre.

En la Gaceta Parlamentaria publicada el día martes 3 de octubre, la diputada Rosa Delia Cota Montaño es excluida del cargo de secretaria de la Comisión de Pesca tal y como puede apreciarse en la página 11 de la Gaceta Parlamentaria del martes 3 de octubre.

Nuestro grupo parlamentario se pronuncia enérgicamente por la exclusión de la que hemos sido objeto no obstante la muestra de tolerancia que hemos dado para que la Junta de Coordinación Política corrija esas anomalías. A estas alturas de las cuatro secretarías a las que tenía derecho el Partido del Trabajo solamente tenemos una, tres no nos han sido otorgadas en las comisiones que habíamos solicitado antes que se discutiera este asunto en la Junta en mención.

Estamos en contra de las actitudes antidemocráticas que aquí se viven, no podemos creer que el país que haya arribado a la normalidad democrática después del 2 de julio cuando en esta Cámara de Diputados las minorías somos excluidas de las comisiones legislativas por el acuerdo previo de los dos grupos parlamentarios mayoritarios.

3307, 3308 y 3309

Por ello y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a su consideración el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo exige a la Junta de Coordinación Política que restituya a los diputados de nuestro partido en las secretarías de las comisiones ordinarias de: Dictamen Legislativo, Desarrollo Social y Pesca y se concedan secretarías en las comisiones que abarcan funciones exclusivas de esta Cámara, la de Presupuesto y la de Vigilancia.

Finalmente, nuestro grupo parlamentario desea hacer una exhortación además, para que la diputada Beatriz Paredes, en su calidad de presidenta de la Junta de Coordinación Política, dedique un poco más de tiempo a atender estos reclamos que desde hace varias semanas hemos estado realizando en el Partido del Trabajo y deje de frenar las posturas incluyentes que algunos integrantes de la Junta de Coordinación Política han estado sosteniendo en las últimas reuniones con relación a este tema, con relación a la conformación de las comisiones y de los aparatos administrativos de esta legislatura.

Muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente :

Gracias, diputado Cervantes.

Su proposición se turna a la Junta de Coordinación Política.


LEY DEL INSTITUTO NACIONAL
DE LAS MUJERES (II)

El Presidente :

Honorable Asamblea, esta Presidencia quiere poner del conocimiento y del acuerdo de todos ustedes, el procedimiento mediante el cual se desahogará el punto del orden del día correspondiente a la segunda lectura, discusión y votación del dictamen de la Comisión de Equidad y Genero que se encuentra en el orden del día de esta sesión.

Como a todos nos consta, el día de hoy en la Comisión de Equidad y Género encabezada por la directiva de esa comisión, se ha desarrollado un intenso trabajo de búsqueda de consenso para producir la pieza legislativa más satisfactoria a todos los grupos parlamentarios, a las señoras y a los señores diputados.

El desahogo de este punto seguirá, si ustedes lo autorizan, el siguiente trámite.

Se solicitará a la Asamblea la dispensa de la segunda lectura toda vez que ha sido publicada en la Gaceta y está ya de primera lectura. Inmediatamente después de que la Asamblea lo haya autorizado, se solicitarán los posicionamientos de los grupos parlamentarios sobre el contenido de esta importante iniciativa.

Ha solicitado también, al término de los posicionamientos de los partidos políticos, hacer uso de la palabra a nombre de la directiva de la Comisión de Equidad y Género, una diputada para proponer a la Asamblea algunas modificaciones al dictamen. De ser aprobadas las modificaciones por la Asamblea, se pondrá de inmediato a discusión y votación el dictamen con las modificaciones que proponga la mesa directiva de la citada Comisión de Equidad y Género.

Este sería el procedimiento y el desahogo de este punto del orden del día. En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea si dispensa la lectura al dictamen que es de primera lectura, presentado por la Comisión de Equidad y Género.

La secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria:

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se dispensa la segunda lectura al dictamen en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo de manera económica...

El Presidente :

A ver, permítanme, permítanme, señores diputados. Sí, nada más que para que quede muy claro solicito la atención.

Hemos propuesto el siguiente procedimiento: el dictamen de la Ley que Crea el Instituto Nacional de la Mujer, que es de primera lectura, es decir está para segunda lectura, está publicado en la Gaceta; hemos anunciado a la Asamblea que la mesa directiva de la Comisión de Equidad y Género, al término de los posicionamientos de los partidos,... por favor, el diputado que me solicitó información y aclaración,... al término de los posicionamientos de los partidos, la mesa directiva propondrá una serie de modificaciones que de ser aprobadas por la Asamblea, de ser aceptadas por la Asamblea, se incorporarán al dictamen y se pondrá a discusión y votación el dictamen con las proposiciones presentadas por la directiva y aceptadas por la Asamblea.

En tanto la mesa directiva nos presenta las proposiciones, desahogaremos los posicionamientos de los grupos parlamentarios.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la segunda lectura al dictamen, toda vez que se encuentra publicado en la Gaceta.

La secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria:

Se consulta a la Asamblea si se dispensa la segunda lectura del dictamen en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta.

Los compañeros que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo de manera económica...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo de la misma manera... Se dispensa la lectura, señor Presidente.

«Comisión de Equidad y Género.

A la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, correspondiente a la LVIII Legislatura, el día 24 de octubre del año 2000, fueron turnadas para su estudio y dictamen dos iniciativas de ley presentadas ante el pleno de la Cámara, para los efectos constitucionales a que haya lugar. A estas iniciativas se integró una más turnada en septiembre del año 2000 para los mismos fines y que fue presentada en la LVII Legislatura, el 27 de abril del mismo año.

En primer término, las fracciones parlamentarias de los siguientes partidos: Revolucionario Institucional; de la Revolución Democrática; del Trabajo; de la Sociedad Nacionalista; Convergencia por la Democracia y Alianza Social, sometieron a la consideración del pleno la iniciativa de Ley del Instituto Nacional de las Mujeres el 24 de octubre de 2000.

En segundo término, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional presentó la iniciativa de Ley General del Instituto de la Mujer el 24 de octubre de 2000.

En tercer lugar, la Comisión de Equidad y Género de la LVII Legislatura hizo llegar a la Comisión de Equidad y Género de la LVIII Legislatura una iniciativa presentada por la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática el 27 de abril del año 2000, denominada "Ley que Crea el Instituto para la Igualdad de Oportunidades, la Equidad y la Paridad entre Mujeres y Hombres".

Esta comisión, con fundamento en los artículos 39 numeral 2 fracción X, 45 numeral 6 fracción f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55, 56, 87 y 88 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de las tres iniciativas descritas, bajo los siguientes

ANTECEDENTES

1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 24 de octubre del año 2000, la Presidencia de la mesa directiva, después de escuchar la presentación ante el pleno de la Cámara de sendas iniciativas de ley, la primera denominada "Ley del Instituto Nacional de las Mujeres" y la segunda denominada "Ley General del Instituto de la Mujer", dictó el siguiente trámite en ambos casos: "túrnese a la Comisión de Equidad y Género". Por otra parte, el 27 de abril del año 2000, la Presidencia de la mesa directiva de la LVII Legislatura, en sesión ordinaria celebrada por la Cámara de Diputados, después de escuchar la presentación hecha por la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática sobre una iniciativa de "Ley que Crea el Instituto para la Igualdad de Oportunidades, la Equidad y la Paridad entre Mujeres y Hombres" acordó el siguiente trámite: "túrnese a la Comisión de Equidad y Género".

2. El propio 24 de octubre del año 2000 se dio cuenta a las y los integrantes de la Comisión de Equidad y Género, de la presentación de las iniciativas que se describen en el proemio de este dictamen.

3. El día 31 de octubre del año 2000, la mesa directiva de la Comisión de Equidad y Género sesionó y posteriormente, en sesión plenaria acordó efectuar el análisis y comentarios acerca de los asuntos turnados por el pleno de la Cámara de Diputados, emanados de su sesión ordinaria del 24 de octubre de 2000, en torno a dos iniciativas de ley y de manera extraoficial se dio a conocer la tercera iniciativa presentada el 27 abril del año 2000.

4. El 9 de noviembre, en sesión plenaria de comisión, se analizaron las exposiciones de motivos de las tres iniciativas, su organización lógica y jurídica, así como su distribución capitular, su contenido y la estructura orgánica del organismo. Durante este proceso, la comisión acordó tomar como base de la discusión la iniciativa de "Ley del Instituto Nacional de las Mujeres", a la que se fueron sumando las diversas aportaciones contenidas en la iniciativa de "Ley General del Instituto de la Mujer" y en la iniciativa de "Ley que Crea el Instituto para la Igualdad de Oportunidades, la Equidad y la Paridad entre Mujeres y Hombres".

También se incorporaron las valiosas opiniones externadas por diputadas y diputados federales integrantes de la comisión, así como las de otros legisladores quienes, sin ser miembros de la comisión, tuvieron voz para expresar con claridad sus puntos de vista. Se otorgó un voto de calidad a la mesa directiva a fin de presentar un anteproyecto de dictamen a la comisión. Ejercicio que se realizó en varias sesiones.

5. El 22 de noviembre se señalaron las coincidencias y se acordó sostener bajo el procedimiento de reunión de trabajo permanente, las consultas necesarias hasta la elaboración final de proyecto de dictamen, mismo que se puso a consideración el 23 del mismo mes.

6. En virtud de las amplias coincidencias conceptuales y de propósitos de las iniciativas de ley referidas, la comisión decidió examinarlas en conjunto y emitir un dictamen unitario, que recoge los diversos puntos de vista expresados por las y los legisladores.

Por lo tanto, la Comisión de Equidad y Género, de conformidad con los antecedentes indicados formula las siguientes

CONSIDERACIONES GENERALES

En cuanto a la naturaleza jurídica del ordenamiento sometido a la consideración de la comisión, éste se trata de una Ley Orgánica, por la cual se crea y define la estructura, organización, funcionamiento y atribuciones de un organismo o entidad pública descentralizada con autonomía técnica y de gestión.

En cuanto a la naturaleza jurídica de la entidad pública propuesta, las iniciativas de ley presentadas coinciden en señalar que ésta debe crearse con personalidad jurídica y patrimonio propios, capaz de promover y apoyar el pleno desarrollo de las potencialidades humanas, políticas, económicas, sociales y culturales de las mujeres en todo el territorio nacional, impulsando una nueva cultura de la equidad de género en todo el quehacer de la sociedad.

Las entidades paraestatales típicas de la Administración Pública Federal se encuentran reguladas por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, si bien esta ley ha permitido normar la operación de dichas entidades, este esquema no es del todo compatible con la naturaleza del Instituto Nacional de las Mujeres, organismo que por las funciones que tienen encomendadas debe ser objeto de un tratamiento específico y normar sus actividades con base en ordenamientos jurídicos propios.

Consecuentemente, se someterá a la consideración del honorable Congreso de la Unión, la iniciativa de decreto que reforma el artículo 3o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales para adicionar el Instituto Nacional de las Mujeres, con el fin de normar sus actividades con base en ordenamientos jurídicos propios.

En cuanto a su denominación, la comisión determinó que el nombre de la entidad pública debe ser el de "Instituto Nacional de las Mujeres", que aparece en la primera iniciativa, que en lo futuro denominaremos iniciativa "A", en lugar de "Instituto de la Mujer" o de "Instituto Nacional de la Mujer", que aparece en la segunda iniciativa, que en lo futuro denominaremos iniciativa "B" o "Instituto para la Igualdad de Oportunidades, la Equidad y la Paridad entre Mujeres y Hombres" que propone la iniciativa presentada en la LVII Legislatura, que en lo sucesivo será denominada iniciativa "C". El primer concepto abarca a la amplia gama de mujeres que serán objeto de atención de la entidad, cuya pertenencia está referida a los distintos sectores, edades y condiciones socioeconómicas y culturales de las mismas. En cambio, la segunda denominación es de carácter general y abstracto, lo cual produce un efecto de distanciamiento entre la institución y sus potenciales destinatarias. En el caso de la tercera denominación se consi- dera que el nombre propuesto es extremadamente extenso, a pesar de abonar a la claridad de su objeto.

  3310, 3311 y 3312

 

 

                       

Las iniciativas "A" y "B" señalan que la ley es "de orden público", lo que significa que el legis- lador impide que ciertos actos particulares afecten los intereses fundamentales de la sociedad. La iniciativa "A" adiciona en su artículo 1o. que la ley será "de observancia general en todo el territorio nacional en materia de equidad de género e igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Esta última precisión amplía el objeto y clarifica el ámbito de aplicación territorial y material de la ley, por lo que debe prevalecer sobre la iniciativa "B", que limita el objeto a la creación del instituto.

La comisión determinó modificar el artículo 2o. de la iniciativa "A" para retomar el texto propuesto en el artículo 1o. de la iniciativa "B" para quedar como sigue: "se crea el Instituto Nacional de las Mujeres como organismo público descentralizado...".

La comisión modificó y adicionó el artículo 3o. de la iniciativa "A" que resultaba limitativo en cuanto a los sujetos de la ley, para ampliarlo tanto a mujeres como a hombres, mexicanos y extranjeros.

Se modifica en la iniciativa "A" el objeto general y se amplían los objetos específicos, para incorporar las propuestas de las iniciativas "B" y "C".

Por acuerdo de la comisión, se modifica la atribución contenida en el artículo 7o. fracción VI de la iniciativa "A", a fin de que la denominación del programa rector de la institución sea el "Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres".

La comisión acordó modificar el artículo 13 de la iniciativa "A" para incluir la propuesta contenida en la iniciativa "B", para otorgar voz y voto a las y los vocales propietarios de la junta de gobierno. Al mismo determinó ampliar dicha junta de gobierno con la incorporación de las personas que aparecen en la fracción II incisos a, b, c, d y e. Adicionalmente, acordó incluir a las secretarías de Comercio y Fomento Industrial (Economía), y de Agricultura, Ganadería y Recursos Hidráulicos (Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación); independientemente de que también podrá invitarse, según lo requiera el orden del día, a otras dependencias del Ejecutivo Federal.

Por acuerdo de la comisión, se modifica el artículo 17 fracción XIV, a fin de garantizar que el informe anual se rinda ante la junta de gobierno y se invite a dicha sesión al Presidente de la República, al presidente de la Suprema Corte de Justicia y a los presidentes de las juntas de Coordinación Política de las cámaras del honorable Congreso de la Unión.

La comisión acordó modificar el artículo 18 de la iniciativa "A", relativo al nombramiento de la presidenta del instituto, quedando como sigue: El Presidente de la República nombrará a la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres de una terna integrada por consenso que so- meta a su consideración la junta de gobierno.

Con base en las anteriores consideraciones generales, la Comisión de Equidad y Género somete a la aprobación de esta soberanía el presente dictamen, bajo la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las mujeres requieren, para el desarrollo pleno de sus potencialidades, tanto de condiciones favorables en su entorno familiar y comunitario, como de espacios públicos, para su plena participación activa en la vida económica, política, social y cultural del país.

En los últimos años, las mujeres han alcanzado avances más significativos que en los siglos anteriores, tanto en la posición que ocupan en los ámbitos social y familiar, como en su condición individual. Sin embargo, aún se mantienen injustas desigualdades de género en su nivel de vida, motivadas por la interpretación construida que la sociedad hace de las diferencias biológicas entre hombres y mujeres y los efectos negativos que las mismas generan en las relaciones, actitudes, comportamientos, en general, en la cultura de las personas y de las instituciones.

La falta de una cultura de equidad de género explica las razones por las que no hemos encontrado soluciones al porqué entre las mujeres están los más de los pobres, por qué hay mayor grado de analfabetismo en las mujeres adultas y mayor abandono escolar entre las niñas y jóvenes. Por qué van a la primaria más niños que niñas. Por qué hay más desnutrición femenina que masculina, por qué a trabajo igual, a las mujeres se les da menor salario que a los hombres. Por qué son tan pocas las mujeres que ocupan cargos públicos y privados de alto nivel decisorio y tantos otros porqués, que nos están exigiendo respuestas.

El reto social no solamente significa mejorar la situación de las mujeres, sino también crear las expectativas necesarias para superar esa amplia brecha de disparidades que aún persisten. Es evidente que la falta de equidad entre hombres y mujeres, sustentada en los atributos y valores que la sociedad asigna con base en diferencias biológicas, anatómicas y fisiológicas, sigue permeando la estructura de muchas de nuestras instituciones, lo que se traduce en prácticas e ideas que generan una clara situación de desventaja social que afecta a las mujeres.

Las mujeres representan un poco más del 50% de los habitantes del territorio nacional y su tasa de participación en la actividad económica ha venido incrementándose significativamente en los últimos años, sin encontrarse suficiente y adecuadamente registrada.

Al Estado mexicano, como garante del respeto de los derechos y del cumplimiento de las obligaciones de hombres y mujeres consignados en su ley suprema, le corresponde asegurar la observancia del principio de igualdad jurídica, circunstancia legal que debe trascender a todos y cada uno de los sectores sociales, para que puedan convivir en armonía.

En el caso de las mujeres, la búsqueda de la igualdad jurídica, social, económica y familiar, sólo se puede lograr con una distribución más equitativa entre hombres y mujeres de todas las tareas que la sociedad requiere: las tareas del hogar, las económicas, las sociales, las científicas, las culturales, las políticas. Todas éstas deberán ser distribuidas, no en función de una tradición ciega, sino con respeto a la persona humana, a la decisión individual, libre e informada y a la necesaria responsabilidad y solidaridad que la sociedad requiere de todos y cada uno de sus miembros, para alcanzar el bienestar general. Se ha hecho manifiesta esta preocupación, en la permanente lucha de las organizaciones de mujeres, las que han logrado hacer visible, ante instituciones nacionales y organismos internacionales, la situación y ubicación de mujeres respecto de los hombres, a partir de relaciones de subordinación y de poder basadas en la construcción cultural de "lo femenino" y "lo masculino".

Como resultado de estos movimientos y de la respuesta del Estado mexicano, este principio fundamental de igualdad jurídica entre los hombres y las mujeres se plasmó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año de 1974, mediante la reforma de su artículo cuarto. La igualdad de los hombres y las mujeres ante la ley, es un acto de justicia que se genera en la intención de eliminar la discriminación por motivos de sexo.

A partir de esta reforma constitucional y una vez más, como resultado de la persistente y justa demanda de las mujeres, de combatir la exclusión, la desigualdad y la discriminación de que son objeto, se han creado diversos mecanismos e instituciones públicas, con el fin de promover y apoyar el avance de las mujeres. También se ha logrado modificar diversos ordenamientos federales y estatales para superar, en campos específicos, algunas de las desigualdades legales que las afectan, así como para apoyar el proceso de mejoramiento de su condición de vida social y familiar.

En 1974 se estableció el Programa Nacional del Año Internacional de la Mujer, que preparó la participación de nuestro país en la Conferencia Mundial sobre la Mujer, que tuvo lugar en México, en 1975.

En 1980, dentro del Consejo Nacional de Población, se creó el Programa Nacional de Integración de la Mujer al Desarrollo; en 1985 se instaló la Comisión Nacional de la Mujer, a la que correspondió la preparación de la participación de México en la Tercera Conferencia Mundial sobre el tema, realizada ese mismo año, en Nairobi, Kenia.

En 1993 se instaló el Comité Nacional Coordinador, con el propósito de organizar las actividades preparatorias de la participación de México en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín, China, del 4 al 15 de septiembre de 1995.

El 8 de marzo de 1996 el Presidente de la República aprobó el Programa Nacional de la Mujer 1995-2000 "Alianza para la Igualdad", en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. A este programa se le dotó de dos órganos autónomos denominados consejo consultivo y consejo social; el primero con la finalidad prioritaria de impulsar y favorecer la participación de todos los sectores involucrados y, el segundo, para analizar, evaluar y dar seguimiento al impacto de las acciones en beneficio de las mujeres, desde la óptica de la sociedad civil.

Para dar cumplimiento a la aspiración nacional de promover el adelanto de las mujeres y de atender los compromisos internacionales asumidos por México en distintos foros, el Presidente de la República creó en 1998 la Comisión Nacional de la Mujer, integrada por dos órganos, uno desconcentrado, denominado coordinación general y, otro, un consejo intersecretarial. El reglamento interior de la Secretaría de Gobernación, otorga a la coordinación general amplias atribuciones en relación con la ejecución del Programa Nacional de la Mujer y, al segundo, lo define como un organismo de consulta en la materia y de seguimiento en la ejecución del propio programa.

En lo que corresponde al ámbito internacional, se han desarrollado diversas actividades en los foros multilaterales, internacionales y regionales, con objeto de impulsar la eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres. Tales actividades comprenden la concertación de instrumentos jurídicos vinculantes y la celebración de cuatro conferencias mundiales y varias regionales, de cuyas deliberaciones han emanado programas y planes de acción.

Entre las convenciones y tratados de los que México es parte, relativos a la condición de las mujeres, destacan la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos Políticos de la Mujer de 1952, ratificada por México y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 y ratificada por México en 1981. Dentro de este esquema encontramos la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, "Convención de Belem do Pará", ratificada por México en noviembre de 1998.

En la plataforma de acción de la conferencia de Pekín de 1995, se establece también que el éxito alcanzado en el reconocimiento internacional y nacional de la igualdad jurídica de la mujer, se enfrentó a la discriminación de hecho y a la desigual situación de la mujer con respecto del hombre. Esto fue como resultado de factores sociales, económicos, políticos y culturales más amplios, justificados hasta entonces sobre la base de diferencias fisiológicas, cuando en realidad derivan de las relaciones sociales dispares en función del sexo, lo que impide la plena y equitativa participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional e internacional.

La declaración política y la plataforma de acción fueron aprobadas por los 189 estados participantes, México entre ellos. La evaluación de su aplicación tuvo lugar en el XXIII periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea General de las Naciones Unidas "Las Mujeres en el año 2000: equidad entre los géneros, desarrollo y paz para el Siglo XXI", realizada en junio del presente año en la ciudad de Nueva York.

En el plano regional latinoamericano se han celebrado siete conferencias en el marco de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), enfocadas a la integración de las mujeres al desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe: La Habana, Cuba, 1977; Macuto, Venezuela, 1979; México, 1983; Guatemala, 1988; Curazao, 1991; Mar de la Plata, Argentina, 1994 y Santiago de Chile, 1997 y en febrero de este año, se realizó la VIII Conferencia Regional de la Mujer en América Latina y el Caribe, en la ciudad de Lima, Perú.

Nuestro país, frente a los compromisos internacionales adquiridos y teniendo como marco de su acción el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, reconoce que no obstante los innegables logros de los diversos programas e iniciativas, aún persisten grandes desafíos, lo que hace imperativo avanzar de manera decidida en la tarea de impulsar acciones positivas en pro de las mujeres.

3313, 3314 y 3315

La presencia de la Comisión Nacional de la Mujer, particularmente, de su coordinación general como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, resulta un importante avance en el camino de institucionalizar la gestión para la consecución de la equidad de género, entendida ésta como el principio conforme al cual mujeres y hombres acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los bienes y servicios de la sociedad, incluyendo aquellos socialmente valorados, oportunidades y recompensas, con la finalidad de lograr la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.

Sin embargo, para dar plena vigencia al compromiso nacional e internacional de fortalecer el mecanismo existente en nuestro país para el adelanto de las mujeres, ubicándolo "en las instancias más altas del Gobierno" con atribuciones claramente definidas, con disponibilidad de recursos suficientes y con la capacidad y competencia para influir en la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas nacionales, así como en la formulación y examen de la legislación, es necesario modificar las bases jurídicas de la Comisión Nacional de la Mujer.

Una eficiente articulación de las acciones gubernamentales y de otros sectores, se puede lograr mediante la conformación de una entidad pública descentralizada, con plena autonomía institucional, que pueda desarrollar sus funciones en planos de igualdad jurídica con el Gobierno Federal, los gobiernos estatales, municipales y en otros ámbitos de la vida nacional. Cabe destacar que la perspectiva de género nos ofrece la metodología y los meca-nismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar sobre las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre factores de género y crear las condiciones que permitan avanzar en la construcción de la equidad de género.

Con base en lo anterior, se formula la presente iniciativa para la creación de un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que en el ejercicio de sus funciones gozará de la autonomía que se derive de esta ley, denominado Instituto Nacional de las Mujeres. Dicho instituto se ocupará de impulsar y fortalecer el avance de las políticas públicas, gubernamentales y de la sociedad, en favor de la igualdad jurídica y la equidad de género. Este organismo tendrá, asi- mismo, la obligación de promover, coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones y programas destinados a garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres, para asegurar en la ley y en la práctica lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: "el varón y la mujer son iguales ante la ley". Como toda medida legal afirmativa destinada a corregir disparidades, ésta tendrá la duración que la sociedad requiera hasta garantizar la plena equidad en las relaciones entre mujeres y hombres en nuestro país.

La iniciativa que se somete a la consideración de esta soberanía, está compuesta por 39 artículos divididos en nueve capítulos que se denominan: Disposiciones Generales, de la Estructura Orgánica y Funcional del Instituto Nacional de las Mujeres, del nombramiento y facultades de la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, del nombramiento y Facultades de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, del Consejo Consultivo y del Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres, de la colaboración de los tres poderes de la Unión, del cumplimiento del Programa para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación de las Mujeres, del Patrimonio, Presupuesto y Control de los Recursos del Instituto Nacional de las Mujeres y del régimen laboral, respectivamente; así como contar con 10 artículos transitorios.

El Instituto Nacional de las Mujeres contará con un órgano de gobierno denominado junta de gobierno, que estará presidida por la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, en la que participarán las y los titulares de las depen- dencias de la Administración Pública Federal que pueden cumplir un rol trascendente en la modificación de las políticas públicas federales, para incorporar el enfoque de género.

Participarán representantes gubernamentales de la sociedad civil; como organizaciones no gubernamentales promotoras del avance de la

equidad y género y mujeres representativas del ámbito académico y de las organizaciones que se hayan distinguido por su labor en defensa de los derechos de las mujeres en la política, la economía y la sociedad. Participarán también representantes de ambas cámaras del Congreso de la Unión y del Poder Judicial de la Federación, las y los integrantes de la junta de gobierno tendrán derecho a voz y voto.

El Instituto Nacional de las Mujeres a que se refiere esta iniciativa, tiene como fundamento jurídico constitucional el párrafo segundo del artículo 4o. que establece que: "el varón y la mujer serán iguales ante la ley", por lo que es preciso proveer las disposiciones necesarias para su debida observancia.

A mayor abundamiento, el Gobierno de México, en cumplimiento a lo dispuesto por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 y ratificada por México en 1981, que en su artículo 3o. establece: "los estados partes tomarán en todas las esferas y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre".

Por otra parte, el artículo 4o. párrafo primero de la convención señala que: "la adopción por los estados partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre hombres y mujeres no se considerará discriminación, en los términos definidos por la presente convención y no deberán en manera alguna implicar, como una consecuencia, el mantenimiento de normas separadas de iniquidad; estas medidas deberán interrumpirse cuando los objetivos de la igualdad de oportunidades y de trato hayan sido alcanzados...".

Consecuentemente, con la creación del Instituto Nacional de las Mujeres, se promueve la plena participación de las mujeres en el desarrollo económico y social de nuestro país, como lo han venido recomendando reiteradamente las conferencias mundiales de la mujer, que recomiendan el establecimiento de "...un mecanismo apropiado, con recursos y autoridad suficiente, para asegurar que el más amplio rango de políticas y programas de desarrollo en todos los sectores reconozca la contribución de las mujeres...".

Con base en lo anterior, la Comisión de Equidad y Género presenta al pleno de la Cámara de Diputados, para su aprobación, el siguiente texto de la ley que quedaría como sigue

LEY DEL INSTITUTO NACIONAL
DE LAS MUJERES

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1o. La disposiciones de esta ley son de orden público y de observancia general en toda la República, en materia de equidad de género e igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, en los términos del artículo 4o., párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2o.
Se crea el Instituto Nacional de las Mujeres como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.

Artículo 3o.
Son sujetos de los derechos que esta ley garantiza todas las mujeres y hombres mexicanos y extranjeros que se encuentren en el territorio nacional y las y los mexicanos en el extranjero, sin importar origen étnico, edad, estado civil, idioma, cultura, condición social, religión o discapacidad; quienes podrán participarán en los programas, servicios y acciones que se deriven del presente ordenamiento.

Artículo 4o.
El objeto general del instituto es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país. Bajo los criterios de:

  • Transversalidad, en las políticas públicas con perspectiva de género en las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a partir de la ejecución de programas y acciones coordinadas o conjuntas.

  • Federalismo, en lo que hace al desarrollo de programas y actividades para el fortalecimiento institucional de las dependencias responsables de la equidad de género en los estados y municipios.

  • Fortalecimiento de vínculos con los poderes Legislativo y Judicial tanto Federal como estatal.

Artículo 5o. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

Instituto: el Instituto Nacional de las Mujeres.

Junta de gobierno: la junta de gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres.

Presidenta: la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres.

Secretaria ejecutiva: la secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres.

Consejo consultivo: el consejo consultivo del Instituto Nacional de las Mujeres.

Consejo social: el consejo social del Instituto Nacional de las Mujeres.

Consenso: la aprobación de las tres cuartas partes de los integrantes del órgano de gobierno.

Género: concepto que refiere los valores, atributos, roles y representaciones que la sociedad asigna a mujeres y hombres.

Equidad de género: concepto que refiere el principio conforme al cual mujeres y hombres acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficios de los bienes y servicios de la sociedad, incluyendo aquellos socialmente valorados, oportunidades y recompensas, con la finalidad de lograr la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.

Perspectiva de género: concepto que refiere la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la equidad de género.

Artículo 6o.
El instituto tendrá como objetivos específicos, los siguientes:

I. La promoción, la protección y difusión de los derechos de las mujeres y de las niñas consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales ratificados por México, en particular los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres. La promoción, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y propiciar la participación de la sociedad, destinadas a asegurar la igualdad de oportunidades y la no discriminación hacia las mujeres;

II. La coordinación, seguimiento y evaluación de los programas, proyectos y acciones y la concertación social indispensable para su implementación.

La ejecución de la política de coordinación permanente entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de las autoridades estatales, municipales y de los sectores social y privado en relación con las mujeres.

La evaluación de los programas, proyectos y acciones para la no discriminación y la equidad de género, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el ámbito de sus respectivas competencias;

III. La promoción de la cultura de la no violencia, la no discriminación contra las mujeres y de la equidad de género para el fortalecimiento de la democracia.

La representación del Gobierno Federal en materia de equidad de género y de las mujeres ante los gobiernos estatales y municipales, organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales;

IV. La promoción y monitoreo del cumplimiento de los tratados internacionales:

1) Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y

3316, 3317 y 3318

2) Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia: "Convención de Belem do Pará".

La ejecución de programas de difusión e información para las mujeres de carácter gratuito y alcance nacional, que informen acerca de los derechos de las mujeres, procedimientos de impartición de justicia y proporcionen orientación sobre el conjunto de políticas públicas y programas de organismos no gubernamentales y privados para la equidad de género.

Artículo 7o.
El instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. Apoyar la formulación de políticas públicas gubernamentales e impulsar las de la sociedad, para alcanzar la equidad de género;

II. Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la planeación nacional de desarrollo, programación y presupuesto de egresos de la Federación;

III. Estimular la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas y en la elaboración de programas sectoriales o, en su caso, institucionales específicos, así como en las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal;

IV. Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en el programa anual de cada dependencia y entidad de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal, así como de los sectores en general vinculados con estos instrumentos, para la ejecución de sus programas sectoriales o, en su caso, institucionales específicos;

V. Procurar, impulsar y apoyar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, así como el fortalecimiento de mecanismos administrativos para el mismo fin;

VI. Elaborar el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, objeto de esta ley, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. Evaluar el programa periódica y sistemáticamente, cuidando de su ejecución por parte de las dependencias y entidades de los tres poderes de la Unión. Promover su ejecución en los estados y municipios y entre los sectores de la sociedad en general y proponer innovaciones;

VII. Establecer y concertar acuerdos y convenios con las autoridades de las entidades federativas y los municipios para promover, con la participación, en su caso, de los sectores social y privado, las políticas, acciones y programas que se establezcan en el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres;

VIII. Participar, en coordinación con la dependencia competente del Gobierno Federal, en los programas y actividades internacionales relacionadas con el objeto del instituto;

IX. Promover, en coordinación con la dependencia competente del Gobierno Federal, la cooperación, firma, ratificación y cumplimiento de los instrumentos en el ámbito internacional y regional relacionados con la equidad de género y las mujeres;

X. Colaborar con el Ejecutivo Federal en la difusión y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contraídas con gobiernos o entidades de otros países y/o con organismos internacionales, para fortalecer las acciones en favor de la equidad de género y las mujeres;

XI. Promover ante los tres poderes del Gobierno Federal la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y colaborar en la definición de medidas que contribuyan a la erradicación de esta conducta en todos los ámbitos de la vida social, económica y política;

XII. Establecer vinculación con el Congreso de la Unión, los congresos de los estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y con los ayuntamientos, para impulsar las reformas jurídicas necesarias que garanticen el acceso equitativo y no discriminatorio en el ejercicio de los derechos de las mujeres;

XIII. Establecer vinculación con el Poder Judicial de la Federación y con los de las entidades federativas, para impulsar acciones que en materia de impartición y procuración de justicia, eliminen cualquier forma de discriminación contra las mujeres;

XIV. Establecer vinculación con las instancias administrativas que se ocupen de los asuntos

de las mujeres en las entidades federativas para promover y apoyar, en su caso, las políticas, programas y acciones en materia de equidad de género y de igualdad de oportunidades para las mujeres;

XV. Concertar y suscribir acuerdos y convenios de colaboración con organismos gubernamentales, no gubernamentales, públicos y privados, nacionales e internacionales y la banca multilateral, para el desarrollo de proyectos que beneficien a las mujeres;

XVI. Promover y desarrollar el uso de metodologías con perspectiva de género para la planeación, elaboración y evaluación de planes, programas y proyectos de políticas públicas;

XVII. Propiciar las condiciones, competencias y sensibilización necesarias para legitimar ante las instituciones del Estado la relevancia de impulsar políticas públicas con perspectiva de género que contribuyan a la superación de las diversas formas de discriminación contra las mujeres y promuevan las condiciones sociales adecuadas para garantizar a las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos;

XVIII. Actuar como órgano de consulta, capacitación y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de las autoridades estatales, municipales y de los sectores social y privado, cuando así lo requiera;

XIX. Apoyar iniciativas de ley que mejoren la situación y condición económica, política, social y cultural de las mujeres;

XX. Promover que los derechos humanos de las mujeres sean reconocidos plenamente en las leyes respectivas, tal como han sido definidos en el plan internacional, procurando su protección, respeto y cumplimiento;

XXI. Promover y ejecutar acciones para el reconocimiento y la visibilidad pública de las mujeres, así como la difusión a nivel nacional e internacional de actividades que beneficien a las mujeres;

XXII. Instrumentar el sistema de información, registro, seguimiento y evaluación de la situación de las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad;

XXIII. Realizar, promover o auspiciar estudios e investigaciones sobre la condición de las mujeres en los diversos campos de la realidad social;

XXIV. Participar, impulsar o realizar reuniones y eventos de intercambio de experiencias y difusión de información, tanto de carácter nacional como internacional sobre los temas de las mujeres;

XXV. Promover, difundir y publicar obras relacionadas con las materias objeto de esta ley;

XXVI. Concertar acciones con instituciones federales, estatales y municipales, para la elaboración, análisis y difusión de estadísticas desagregadas con enfoque de género, que contribuyan a hacer visible la condición, posición y situación de las mujeres a nivel nacional, regional, estatal y municipal, así como su contribución al desarrollo nacional;

XXVII. Promover las aportaciones de recursos provenientes de dependencias e instituciones públicas, organizaciones privadas y sociales, organismos internacionales, regionales, gobiernos de otros países y particulares interesados en apoyar el logro de la equidad de género;

XXVIII. Orientar la cooperación interna e internacional, financiera y técnica en materia de equidad de género, hacia la instrumentación de políticas públicas;

XXIX. Emitir informes de evaluación periódica de las acciones ejecutadas para el cumplimiento del Programa para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres;

XXX. La actualización del diagnóstico sobre la situación de las mujeres y en relación con los avances en la equidad de género y la igualdad de oportunidades y de trato para mujeres ante la ley y en la práctica y

XXXI. Las demás que le señale el estatuto orgánico del instituto.

Artículo 8o.
Las oficinas centrales del Instituto Nacional de las Mujeres tendrán su domicilio legal en la Ciudad de México, Distrito Federal.

Artículo 9o.
El Instituto Nacional de las Mujeres se integrará con una junta de gobierno,una presidencia, una secretaría ejecutiva y las estructuras administrativas que establezca su estatuto orgánico. Asimismo, contará con dos órganos auxiliares de carácter honorífico, que serán: el consejo consultivo y el consejo social.

CAPITULO II

De la estructura orgánica y funcional
del Instituto Nacional de las Mujeres

Artículo 10. El instituto contará con los siguientes órganos de administración:

I. La junta de gobierno;

II. La presidencia;

III. La secretaría ejecutiva;

IV. El consejo consultivo;

V. El consejo social y

VI. Contraloría interna.

La presidencia y la secretaría ejecutiva contarán con las estructuras administrativas que se establezcan en el estatuto orgánico del instituto.

Artículo 11.
El instituto contará con un órgano de control interno que formará parte de su estructura.

Artículo 12.
En las situaciones de orden legal no previstas en el presente ordenamiento o en los convenios y tratados internacionales suscritos por el Gobierno mexicano en la materia y ratificados por el Senado de la República, de conformidad con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de manera supletoria la Ley Federal de las entidades paraestatales, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles en lo conducente, así como los principios generales del derecho en lo que no se opongan a la presente ley.

Artículo 13.
La junta de gobierno estará integrada por:

I. La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres y

II. Las y los vocales propietarios, quienes tendrán derecho a voz y voto, que se mencionan a continuación;

a. Las y los titulares de las siguientes dependencias y entidades de la Administración Pública Federal:

  • Gobernación;
  • Relaciones Exteriores;
  • Hacienda y Crédito Público;
  • Desarrollo Social;
  • Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Medio Ambiente y Recursos Naturales);
  • Comercio y Fomento Industrial (Economía);
  • Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación);
  • Educación Pública;
  • Salud;
  • Trabajo y Previsión Social;
  • Reforma Agraria;
  • Procuraduría General de la República;
  • Instituto Mexicano del Seguro Social;
  • Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;
  • Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática;
  • Instituto Nacional Indigenista;
  • Instituto Nacional de la Juventud;
  • Instituto Nacional de la Senectud y el
  • Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

b. Un integrante por cada grupo parlamentario mayoritario representado en la Cámara de Diputados y el mismo número en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión que tengan más del 8% de la integración de las mismas, más un integrante de cada uno de los tres grupos parlamentarios del Senado de la República que alcancen el mismo porcentaje.

3319, 3320 y 3321

c. Dos representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dos representantes del Consejo de la Judicatura Federal.

d. Cuatro integrantes del consejo consultivo y del consejo social, incluidas sus titulares.

e. Diez mujeres representativas que provendrán de las siguientes organizaciones: dos sindicalistas; dos dirigentes campesinas; dos integrantes de organizaciones no gubernamentales, dos representantes de organizaciones empresariales, dos profesoras e investigadoras de entidades académicas especializadas en estudios de género: una de la UNAM y la otra del Colegio de México. En ambos casos, se tratará de mujeres representativas en la docencia, investigación y desarrollo de programas en favor de la equidad de género y de apoyo al conocimiento sobre la situación de las mujeres.

La junta de gobierno, con la aprobación de la mayoría de sus asistentes, podrá invitar a los representantes de otras dependencias e instituciones públicas federales, estatales o municipales, así como a organizaciones privadas y sociales, no comprendidas en el artículo anterior, los que tendrán derecho a voz y no a voto en la sesión o sesiones correspondientes.

En la primera reunión, la junta de gobierno establecerán los lineamientos para designar por consenso, de las tres cuartas partes de los integrantes, a las mujeres vocales propietarias señaladas en la fracción II inciso e y definirá la duración de su encargo y los casos en que podrán ser reelectas.

Los integrantes de la junta de gobierno serán suplidos por los representantes que al efecto designen, los cuales deberán ser de nivel administrativo inmediato inferior al que ocupen las y los vocales titulares.

En la segunda sesión de trabajo de la junta de gobierno, la presidenta del instituto designará una secretaria técnica y una prosecretaria.

Artículo 14.
Para el cumplimiento de las atribuciones del instituto, la junta de gobierno tendrá las siguientes facultades:

I. Integrar por consenso, una terna que someterá a la consideración del Presidente de la República, a efecto de que designe a la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres;

II. Establecer, en congruencia con los programas sectoriales, las políticas sectoriales, las políticas generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse el instituto;

III. Aprobar el presupuesto, informes de actividades y estados financieros anuales del instituto y autorizar su publicación previo informe de los comisarios y del dictamen de los auditores externos;

IV. Autorizar la creación de comités de apoyo y grupos de trabajo temporales;

V. Aprobar, de acuerdo con las leyes aplicables, las políticas, bases y programas generales que regulen los convenios, contratos y acuerdos que deba celebrar el instituto;

VI. Establecer, observando la ley, las normas necesarias para la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles que el instituto requiera;

VII. Nombrar a las vocales propietarias a que se refiere el artículo 13 fracción II inciso e de esta ley;

VIII. Designar y remover, a propuesta de la presidenta, a las y los servidores públicos de los niveles administrativos inferiores al de aquélla, así como concederles permisos y licencias;

IX. Designar y remover, a propuesta de la presidenta, a la secretaria técnica y a la prosecretaria;

X. Aprobar el reglamento interior, la organización general del organismo y los manuales de procedimientos;

XI. Aprobar en términos de ley, el estatuto orgánico del instituto y los apéndices administrativos que correspondan;

XII. Fijar las condiciones generales de trabajo;

XIII. Analizar y, en su caso, aprobar los informes periódicos que rinda la presidenta, con la intervención que corresponda al comisario;

XIV. Aprobar la aceptación de herencia, legados, donaciones y demás liberalidades;

XV. Conocer y aprobar los convenios de colaboración que hayan de celebrarse con dependencias y entidades públicas;

XVI. Expedir la convocatoria para la integración del consejo consultivo y del consejo social y

XVII. Las demás que le atribuyan esta ley y el estatuto orgánico del instituto.

Artículo 15.
La junta de gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos dos veces por año y las extraordinarias que convoque su presidenta o cuando menos, una tercera parte de sus integrantes.

La convocatoria será notificada con una antelación de cuando menos tres días hábiles, para sesiones ordinarias y de un día para las extraordinarias.

La inasistencia de sus integrantes deberá comunicarse a la dirección general con 48 horas antes de la celebración del evento, en el caso de sesiones ordinarias y para las extraordinarias, 12 horas antes.

La junta de gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus integrantes. Las resoluciones se tomarán por votación mayoritaria de las y los vocales propietarios presentes y la presidenta tendrá voto de calidad en caso de empate.

Asistirán a las sesiones de la junta de gobierno, con voz pero sin voto, la secretaria ejecutiva del instituto; la secretaria técnica y la prosecretaria de la junta de gobierno, así como la o el comisario público del Instituto Nacional de las Mujeres.

Los acuerdos de la junta de gobierno versarán sobre los asuntos incluidos en el orden del día, salvo supuestos de urgencia que se darán a conocer a la junta de gobierno con ese carácter.


CAPITULO III

Del nombramiento y facultades
de la presidenta del Instituto Nacional
de las Mujeres

Artículo 16. Para ser presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, se requiere:

I. Ser ciudadana mexicana por nacimiento, en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. No haber sido condenada por delito intencional alguno o inhabilitada por la Contraloría de la Federación;

III. Haber destacado por su labor a nivel nacional o estatal, en favor de la equidad de género o en actividades relacionadas con la promoción de la igualdad de oportunidades para las mujeres y demás materias objeto de esta ley y

IV. No tener parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con los miembros de la junta de gobierno.

Artículo 17.
La presidenta del instituto tendrá las siguientes facultades:

I. Formar parte de la junta de gobierno, con derecho a voz y voto;

II. Administrar y representar legalmente al instituto;

III. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto del instituto;

IV. Instrumentar, ejecutar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la junta de gobierno;

V. Presentar a consideración y, en su caso, aprobación de la junta de gobierno el estatuto orgánico del instituto, así como los apéndices administrativos;

VI. Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazos;

VII. Formular anualmente el proyecto de presupuesto del instituto, para someterlo a la aprobación de la junta de gobierno;

VIII. Ejercer el presupuesto del instituto con sujeción a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables;

IX. Presentar a la junta de gobierno para su aprobación, los proyectos de programas, informes y estados financieros del instituto y los que específicamente le solicite aquella;

X. Proponer a la junta de gobierno el nombramiento o remoción de la secretaria ejecutiva y los dos primeros niveles de servidores del instituto, la fijación de sueldos y demás prestaciones, conforme a las asignaciones globales del presupuesto de gasto corriente aprobado por el propio órgano y nombrar al resto del personal administrativo del instituto;

XI. Suscribir en su caso, los contratos que regulen las relaciones laborales de la entidad con sus trabajadores;

XII. Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos propuestos;

XIII. Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y la eficacia con que se desempeñe el instituto y presentar a la junta de gobierno, una vez al año, la evaluación de gestión, con el detalle que previamente se acuerde por la propia junta de gobierno, escuchando al comisario público;

XIV. Someter a la junta de gobierno el informe anual sobre el desempeño de las funciones del instituto, invitando a dicha sesión al Presidente de la República, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los presidentes de la Junta de Coordinación Política del honorable Congreso de la Unión y darlo a conocer a la sociedad mediante su publicación;

XV. Proporcionar la información que soliciten las o los comisarios públicos propietario y suplente;

XVI. Recabar información y elementos estadísticos sobre las funciones del instituto, para mejorar su desempeño y

XVII. Las demás que le confiera la presente ley o las derivadas de los acuerdos de la junta de gobierno.

Artículo 18.
El Presidente de la República nombrará a la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres de una terna integrada por consenso que someta a su consideración la junta de gobierno.

Artículo 19.
La presidenta durará en su cargo tres años, pudiendo ser ratificada únicamente por un segundo periodo de tres años.

CAPITULO IV

Del nombramiento y facultades
de la secretaria ejecutiva del Instituto
Nacional de las Mujeres

Artículo 20. La presidenta del instituto propondrá a la junta de gobierno el nombramiento o remoción de la secretaria ejecutiva, la cual debe reunir para su designación, los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadana mexicana por nacimiento, en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Haber recibido título de nivel licenciatura debidamente acreditado por las universidades y demás instituciones de educación superior;

III. Haber desempeñado cargos de nivel técnico y decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en materia administrativa y

IV. Contar con experiencia en materia de la equidad de género o de las causas de las mujeres, a nivel estatal, nacional o internacional, así como en actividades relacionadas con las materias objeto de esta ley.

Artículo 21.
La secretaría ejecutiva tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I. Proponer a la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres las políticas generales que en materia de equidad de género y de igualdad de oportunidades y de trato para las mujeres habrá de seguir el instituto nacional ante los órganos gubernamentales y las organizaciones privadas o no gubernamentales, nacionales e internacionales;

II. Someter a la consideración de la presidenta del instituto nacional proyectos de informes anuales, así como los especiales que serán presentados a la junta de gobierno y

3322, 3323 y 3324

III. Auxiliar a la presidenta en la administración, organización y operación del instituto, en los términos que establezca el estatuto orgánico.

CAPITULO V

Del consejo consultivo y del consejo
social del Instituto Nacional
de las Mujeres

Artículo 22. El Instituto contará con dos órganos auxiliares de carácter honorífico, representativos de la sociedad civil: un consejo consultivo y un consejo social.

Artículo 23.
El consejo consultivo será un órgano asesor y promotor de las acciones que se emprendan en beneficio de las mujeres en el marco de esta ley. Estará integrado por un número no menor de 10 ni mayor de 20 mujeres, cuyos participantes no percibirán retribución, emolumento o compensación alguna y se seleccionarán entre las mujeres representativas de los diferentes sectores de la sociedad, propuestas a la junta de gobierno a través de las organizaciones políticas y privadas, de asociaciones civiles, así como de instituciones académicas.

El propio consejo consultivo determinará su estructura, organización y funciones, debiendo ser dirigido por una consejera presidenta.

Artículo 24.
Las integrantes del consejo consultivo durarán en su encargo un año, pudiendo permanecer un periodo más. Las nuevas integrantes deberán representar a organizaciones distintas de las representadas en el periodo inmediato anterior. Al término de su encargo, el consejo consultivo presentará un informe anual a la junta de gobierno.

Artículo 25.
El consejo social será un órgano de análisis, evaluación y seguimiento de las políticas públicas, programas, proyectos y acciones que se emprendan en beneficio de las mujeres en el marco de esta ley. Esta se integrará por un número no menor de 10 ni mayor de 20 mujeres representativas de los sectores público, privado y social, que se hayan distinguido por sus tareas a favor del impulso a la equidad de género, quienes serán designadas por las organizaciones representativas de defensa de los derechos de las mujeres y propuestas a la junta de gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres. El propio consejo social determinará su estructura, organización y funciones, debiendo ser dirigido por una consejera social presidenta.

Artículo 26.
Las integrantes del consejo social durarán en su encargo un año, pudiendo permanecer un periodo más. Las nuevas integrantes deberán representar a organizaciones distintas de las representadas en el periodo inmediato anterior. Al término de su encargo, el consejo social presentará un informe anual a la junta de gobierno.

Artículo 27.
El consejo consultivo colaborará con el Instituto en los casos siguientes:

I. Impulsar y favorecer la participación de los sectores interesados en las acciones relacionadas con el objeto de esta ley;

II. Promover la vinculación entre los responsables de las iniciativas a favor de la equidad e igualdad de oportunidades de las mujeres en las tres instancias de Gobierno Federal, estatal y municipal, así como de los sectores y organizaciones de la sociedad en general;

III. Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y de las que trabajen a favor de las mujeres y

IV. Las demás que determine el estatuto orgánico del instituto.

Artículo 28.
El consejo social colaborará con el Instituto en los casos siguientes:

I. Dar seguimiento al cumplimiento de las políticas públicas, programas, proyectos y acciones que se emprendan en beneficio de las mujeres, en el marco de esta ley;

II. Cuidar del cumplimiento de los compromisos del Estado mexicano a nivel nacional e internacional;

III. Elaborar y presentar a la junta de gobierno los informes de evaluación en las materias objeto de esta ley.

IV. Proponer medidas para modificar las políticas, estrategias, programas, proyectos y acciones derivados de esta ley;

V. Proponer mecanismos que propicien el fortalecimiento y actualización de los sistemas de información desagregados por género de los distintos sectores de la sociedad y

VI. Las demás que determine el estatuto orgánico del instituto.

Artículo 29. El consejo consultivo y el consejo social operarán en los términos que determinen sus respectivas normatividades internas. Los cargos de las integrantes de ambos órganos, incluidos los de la consejera consultiva presidenta y de la consejera social presidenta tendrán una duración de un año y serán honoríficos, con excepción de las secretarias técnicas que formarán parte del Instituto Nacional de las Mujeres.

CAPITULO VI

De la colaboración de los tres
poderes de la Unión.

Artículo 30. Las y los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las y los titulares de los órganos de impartición de justicia federal, así como las y los titulares de la junta de coordinación Política de ambas cámaras del Congreso de la Unión proporcionarán la información pertinente, en los términos de las peticiones que el Instituto les formule y colaborarán con el Instituto Nacional de las Mujeres dentro del área de su competencia, en la elaboración, ejecución y seguimiento del programa para la igualdad de oportunidades y no discriminación contra las mujeres.

Artículo 31.
Las autoridades y servidores públicos estatales y municipales proporcionarán al Instituto la información y datos que éste les solicite, en los términos de los acuerdos que al efecto se celebren.

Artículo 32.
En los términos previstos en la presente ley, las autoridades y servidores públicos, federales, estatales y municipales, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, colaborarán para el logro de los fines del instituto nacional de las Mujeres. Sin perjuicio de las atribuciones legales que correspondan a los organismos estatales de las mujeres, el Instituto Nacional podrá celebrar convenios o acuerdos con dichas autoridades y servidores públicos para el apoyo, orientación y promoción de los programas de carácter nacional.

CAPITULO VII

Del cumplimiento del programa para la igualdad de oportunidades y no discriminación contra las mujeres.

Artículo 33. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los órganos de impartición de justicia federal, así como las cámaras del Congreso de la Unión, en el ejercicio de sus atribuciones y funciones incorporarán el enfoque de género en sus políticas, programas y acciones institucionales.

Como resultado de la evaluación del programa para la igualdad de oportunidades y no discriminación contra las mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres podrá emitir recomendaciones para los legisladores, autoridades y servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior, apoyen la ejecución del citado programa.

CAPITULO VIII

Del patrimonio, presupuesto y control
de los recursos del Instituto Nacional
de las Mujeres.

Artículo 34. El Instituto Nacional de las Mujeres contará con patrimonio propio y se integrará:

I. Con los derechos y bienes muebles e inmuebles que le sean asignados por el sector público; las que les sean transmitidos por el sector privado y las aportaciones que se adquieran por cualquier título;

II. Con los fondos nacionales o extranjeros obtenidos para el financiamiento de programas específicos;

III. Recursos que obtenga de las actividades a que se refiere el artículo 7o. fracciones XV, XXV, XXVII y

IV. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de personas físicas y morales.

Artículo 35.
El gasto corriente para la operación del instituto formará parte del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo 36.
La gestión del instituto estará sometido al régimen del presupuesto anual de la Administración Pública Federal.

Artículo 37. El Instituto Nacional de las Mujeres queda sometido a las reglas de contabilidad, presupuesto y gasto público aplicables a la Administración Pública Federal.

CAPITULO IX

Del régimen laboral

Artículo 38. Las relaciones laborales entre el Instituto y sus trabajadores se regirán por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 39.
Las y los trabajadores del instituto quedan incorporados al régimen del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.
En tanto se nombra a la presidenta prevista en el artículo 18 y a las vocales propietarias señaladas en el artículo 13 fracción II, inciso e; las anteriores no se considerarán integrantes del órgano de gobierno.

Tercero.
Los recursos humanos, materiales y presupuestales con los que actualmente cuenta la coordinación general de la Comisión Nacional de la Mujer, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, pasarán a formar parte del organismo autónomo descentralizado denominado Instituto Nacional de las Mujeres, preservándose los derechos de los trabajadores de la coordinación general.

Cuarto.
Las y los actuales funcionarios y servidores públicos de la coordinación general de la Comisión Nacional de la Mujer permanecerán en sus cargos hasta que se haga la designación correspondiente de la presidenta, conforme a lo dispuesto por esta ley.

Quinto.
La junta de gobierno del instituto deberá quedar constituida en un plazo no mayor de 60 días, contados a partir de la vigencia de este ordenamiento;

Sexto.
Para el nombramiento de la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, la junta de gobierno hará la presentación de su propuesta en los términos del artículo 18 de esta ley, dentro de los 90 días siguientes a aquél en que esta ley entre en vigor.

Séptimo.
El consejo consultivo y el consejo social creados mediante decreto del Poder Ejecutivo Federal por el que se aprueba el Programa Nacional de la Mujer 1995-2000, de fecha 8 de marzo de 1996, los que han venido operando en virtud de su representatividad social, continuarán desempeñando sus funciones.

Octavo.
La junta de gobierno aprobará y expedirá el estatuto orgánico del instituto en un plazo no mayor de 120 días hábiles, contados a partir de la fecha de su instalación.

Noveno.
Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a la presente ley, así como el capítulo relativo a la Comisión Nacional de la Mujer, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobemación, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de agosto de 1998.

Décimo.
Se abroga el decreto del Ejecutivo Federal por el que se aprueba el Programa Nacional de la Mujer 1995-2000, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de marzo de 1996.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, a 27 de noviembre de 2000.- Suscriben el presente dictamen de iniciativa del Instituto Nacional de las Mujeres, por la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, firman las diputadas y los diputados federales: Concepción González Molina, presidenta; Olga Haydee Flores Velásquez; Silvia América López Escoffie; María del Rocío García Gaytán; María de los Angeles Sánchez Lira, secretarias; Moisés Alcalde Virgen, Esveida Bravo Martínez, Nelly Campos Quiroz, Pedro Pablo Cepeda Sierra, María Elena Chapa Hernández, Rosa Delia Cota Montaño, Maricruz Cruz Morales, Genoveva Domínguez Rodríguez, María de las Nieves García Fernández, Josefina Hinojosa Herrera, Victoria Ruth Sonia López Macías, Martha Patricia Martínez Macías, Alba Leonila Méndez Herrera, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, Griselda Ramírez Guzmán, Silvia Romero Suárez, Maricela Sánchez Cortés y Martha Silvia Sánchez González.»

3325, 3326 y 3327

El Presidente :

Queda de segunda lectura.

Y se procede en este momento a desahogar el turno de posicionamientos de los grupos parlamentarios y solicito al grupo parlamentario del Partido del Trabajo indique a esta directiva quién sería quien fijará la posición del grupo parlamentario del PT. Diputado Jaime Cervantes... la diputada Rosa Delia Cota, el diputado Gustavo Riojas... sonido, por favor.

El diputado Gustavo Riojas Santana
(desde su curul):

Sí, señor Presidente.

Para fijar la postura por el Partido de Alianza Social, Convergencia por la Democracia y del Partido de la Sociedad Nacionalista, la diputada Norma Patricia Riojas Santana.

El Presidente :

Gracias, diputado.

Esta Presidencia informa a la Asamblea que han quedado registrados para hacer los posicionamientos de los grupos parlamentarios y a nombre de los partidos Convergencia, Alianza Social y Sociedad Nacionalista, los siguientes diputados: Norma Patricia Riojas Santana, a nombre de Convergencia, Alianza Social y Sociedad Nacionalista; Rosa Delia Cota, del Partido del Trabajo; María Cristina Moctezuma Lule, del Partido Verde Ecologista de México; María de los Angeles Sánchez Lira, del Partido de la Revolución Democrática; Alba Leonila Méndez Herrera, del Partido Acción Nacional y Olga Haydee Flores Velázquez, del Partido Revolucionario Institucional. Inmediatamente después se concede el uso de la palabra a una representante de la mesa directiva de la Comisión de Equidad y Género.

En consecuencia, tiene la palabra para fijar su posición, la diputada Norma Patricia Riojas Santana, hasta por 15 minutos.

La diputada Norma Patricia Riojas
Santana:

Con el permiso de la Presidencia; señoras diputadas y señores diputados:

En estos momentos represento al Partido de la Sociedad Nacionalista, del Partido Alianza Social, de Convergencia por la Democracia.

El posicionamiento de nosotros es que hemos luchado, las mujeres, por obtener esto que en la LVIII Legislatura estamos viendo, es un instituto para la mujer que lleva años de lucha por parte de nuestro genero, que siempre hemos luchado a nivel de partido individual, a nivel de Estado. Por ejemplo yo he luchado en el Estado de Nuevo León, donde hemos visto que la mujer necesita un lugar, un espacio para poder defender sus derechos. Este instituto cuando se planteó fuimos de los primeros partidos que apoyamos a este instituto.

Hemos estado checando artículo por artículo y nos parece que es un inicio, es un buen inicio para nuestro género, para la población en sí, para el núcleo de la familia que es la mujer.

Reiteradamente hemos hablado, siempre, de que estamos, no nada más nosotras las mujeres políticas o las que nos ven trabajando en el ámbito laboral, hay muchas mujeres marginadas que necesitan la ayuda de alguna institución que sientan que es de ella.

Por eso estamos felices de que podrá conformarse este instituto, pero también queremos decirles que esperamos que ese instituto realmente sea lo que pretende el Partido de la Sociedad Nacionalista, Alianza Social y Convergencia por la Democracia, que sea viable para toda la comunidad, que no sea un proyecto más donde no haya pluralidad, donde no haya esa integración de organizaciones no gubernamentales, donde se queden ahí estancados ciertos proyectos por cuestiones políticas.

Siempre hemos peleado porque la pluralidad sea efectiva y ojalá que este instituto, que es un comienzo, que se va a ir perfeccionando y que gracias a todas las luchadoras incansables, que muchas de ellas no están aquí en este momento en esta tribuna, en este recinto, pero que hay muchas mujeres que luchan día a día porque logremos esto que ahorita estamos viendo.

El Partido de la Sociedad Nacionalista, Alianza Social, solamente les decimos que estamos a favor del Instituto para la Mujer y que adelante. Eso es todo.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente :

Gracias, diputada Norma Patricia Riojas Santana.

Para fijar la posición del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, se concede el uso de la palabra a la diputada Rosa Delia Cota Montaño, hasta por 15 minutos.

La diputada Rosa Delia Cota Montaño:

Con el permiso de la Presidencia; señoras y señores diputados:

El Partido del Trabajo considera que lo que han realizado las mujeres organizadas en la Comisión de Equidad y Género es un verdadero logro para las mujeres de todo el país. Es una necesidad que las mujeres teníamos de tener el Instituto Nacional de las Mujeres, donde se congregaran todos los estratos sociales, donde las mujeres políticas, las mujeres que participan en la vida política del país, donde las mujeres de las clases sociales, de las clases más marginadas, donde las campesinas, tuvieran un espacio para poder dirimir las diferencias y poder incluir a todas las mujeres en el trabajo político-social de todo el país.

Estamos de acuerdo y hemos estado trabajando con las compañeras, en todos los puntos que tiene la creación del Instituto Nacional de las Mujeres. Vamos a continuar trabajando, nosotros estamos en la Comisión de Equidad y Género. El Partido del Trabajo siempre ha luchado porque las mujeres participen en todos los ámbitos y éste es un espacio que se nos abre para continuar trabajando y no sentirnos marginadas y no sentirnos relegadas.

Compañeros diputados, yo les invito a que apoyen este instituto, que las mujeres se los vamos a agradecer y más que nada vamos a trabajar mano con mano, hombro con hombro en el trabajo y en el desarrollo político del país.

Muchísimas gracias, porque sabemos que nos van a apoyar.

Es cuanto.

Presidencia del diputado
Eric Eber Villanueva Mukul

El Presidente :

Gracias, señora diputada.

Para fijar posición sobre el mismo tema, tiene el uso de la palabra la diputada María Cristina Moctezuma Lule, del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada María Cristina Moctezuma
Lule:

Con su permiso, señor Presidente:

No podemos olvidar que los artículos 1o. y 4o. de nuestra Constitución son categóricos al disponer de manera absoluta la igualdad entre todos los mexicanos, sin distinción alguna. De ahí que toda marginación o discriminación no sólo carece de sustento moral, sino también de fundamentación legal y hace resaltar la falta de equidad en la realización del presente dictamen, como está presentado en la Gaceta.

Sin embargo, creemos que hubo una voluntad política por parte de nuestras compañeras de la Comisión de Equidad y Género, para modificar este dictamen.

El Partido Verde Ecologista de México no solamente el grupo parlamentario, sino el Partido Verde Ecologista de México, desde sus orígenes ha defendido y ha establecido como principio de nuestra actuación política los mismos postulados que constituyen nuestra Constitución, e impone una relación de igualdad entre hombres y mujeres.

Así el Partido Verde en uno de sus principios fundamentales sostiene la igualdad de oportunidades, tanto en ambos géneros, tanto en el acceso a la educación, en todos los aspectos el Partido Verde tiene igualdad.

Prueba de ello es que si algún grupo parlamentario tiene representación de las mujeres, es el grupo parlamentario del Partido Verde que somos el 50% de género representados en esta Cámara.

Entonces nos parecía grave que como viene en el dictamen el artículo que presentaba la representación de la Cámara en el Instituto de la Mujer en el artículo 13, nos parecía grave que se excluyera al Partido Verde y al PT. Parece ser que ya hay un acuerdo, parece ser que va haber una modificación y esperamos que sea verdaderamente el cumplimiento de nuestras compañeras que al final de los posicionamientos nos van a presentar estas propuestas.

En todo caso nosotros nos reservamos para certificar que efectivamente fueron tomadas nuestras propuestas.

No me parece que sea algo, alguien decía que es un buen inicio, a mí me parece que no es bueno ni un inicio cuando una comisión que representa la lucha de todas las mujeres haya tenido una discriminación inicial hacia los grupos parlamentarios en esta Cámara.

Entonces en todo caso nuestro partido se reserva a escuchar con detalle las propuestas de modificaciones como están plasmadas en la actualidad y en ese momento decidiremos nuestro voto.

Muchas gracias.

El Presidente :

Gracias, señora diputada.

Para fijar posición sobre el mismo tema tiene el uso de la palabra la diputada María de los Angeles Sánchez Lira, del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada María de los Angeles Sánchez
Lira:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros de esta honorable Asamblea:

La preocupación de las legisladoras por crear un ambiente de equidad e igualdad para las mujeres en cualquiera de los ámbitos en que se desarrolle ha llevado a trabajar arduamente para poder aprobar reformas a las disposiciones legales vigentes o crear leyes que cubran las lagunas que existen en las leyes con relación a los temas de las mujeres.

Sin embargo, esta lucha no es únicamente de las legisladoras, pues de no haber contado con el apoyo de las organizaciones de mujeres, este trabajo no estaría cumpliendo con sus objetivos.

Tampoco hay que olvidar a las mujeres que fueron o han sido más de la mitad de su vida, compañeras de un varón, que se dedicaron a apoyarlo y a contribuir en la construcción de un patrimonio por encima de una superación personal y profesional y que nunca reciben un sueldo por la tarea que realizan en sus hogares.

Aunque los avances son considerables hay que reconocer que el mejoramiento de la situación de las mujeres no ha cumplido cabalmente con su objetivo, por lo que se requiere de mayores esfuerzos, se requiere mayores esfuerzos y que el trabajo que han realizado las legisladoras junto con las organizaciones de mujeres no se pierda en el camino.

En el ámbito educativo las mujeres han resultado menos favorecidas ya que el analfabetismo femenino alcanza hasta el 30% en los estados más pobres, aún en las zonas urbanas en que las mujer ha logrado un mayor acceso en las oportunidades educativas.

La participación femenina continúa siendo baja en los niveles de educación superior, en el campo de la ciencia las mujeres están casi ausentes.

La igualdad jurídica, social, económica y familiar en el caso de las mujeres, sólo puede lograrse con una distribución más equitativa de derechos y deberes entre ambos géneros, en la que ambos participen de manera libre y justa en las tareas del hogar, así como en las actividades económicas, sociales, culturales y políticas del país.

En diversos instrumentos internacionales México se ha comprometido a erradicar la discriminación contra la mujer. Precisamente en la Convención Sobre la Eliminación de Toda las Formas de Discriminación, nuestro país se comprometió a tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la distribución contra la mujer practicada por cualquier persona, organización o empresa.

3328, 3329 y 3330

La iniciativa que hoy se dictamina tiene su origen en los citados tratados internacionales, ratificados por México, pero sobre todo en el movimiento de mujeres por la equidad entre los géneros.

El instituto que se propone crear representará, no lo dudamos, un importante y necesario apoyo desde el Estado a la lucha de las mujeres.

Hoy nos encontramos, señoras, señores diputados, ante la posibilidad de crear un organismo investido de poder real cuya relación con las secretarías de Estado garantice la creación y promoción de programas con visión de género.

Nos referimos a una posibilidad y no a un hecho consumado; no sólo porque la decisión recae en los legisladores y legisladoras aquí presentes, sino también porque en manos de este pleno está en estos momentos la posibilidad de retomar el trabajo donde lamentablemente se detuvo la comisión, en la plena independencia política del nuevo organismo.

Para conseguir tal, es imprescindible que la integración del órgano de gobierno del instituto, se desprenda del verdadero consenso de esta Cámara y goce de autonomía. Haremos en su momento la propuesta correspondiente.

La creación del instituto es trascendental por sí mismo; seguramente pudimos ir más lejos pero los consensos para lograrlo no fueron suficientes.

Somos congruentes; desde la LVII Legislatura, el Partido de la Revolución Democrática promovió la creación del Instituto de la Mujer. En los primeros días de trabajo de esa legislatura insistimos sobre el particular presentando una nueva iniciativa.

Hoy votaremos a favor del dictamen porque él materializa nuestras luchas programáticas.

La equidad de género para el PRD, no es un simple discurso electoral. Somos bien dirigidos en nuestro partido por una mujer; en el D.F. gobierna una mujer y ahora se ha anunciado un gabinete capitalino integrado mayoritariamente por mujeres. En buena hora a la sociedad toda.

Una nueva etapa en la vida política y social de nuestro país está siendo inaugurada.

Es cuanto, señor Presidente.

Presidencia del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes

El Presidente :

Gracias, diputada María de los Angeles Sánchez Lira.

Tiene el uso de la palabra para fijar la posición del Partido Acción Nacional, la diputada Alba Leonila Méndez Herrera, hasta por 15 minutos.

La diputada Alba Leonila Méndez Herrera:

Con su permiso, señor diputado Presidente:

Quisiera pedirle un poco de orden y atención de parte de varios compañeros diputados, para que conozcan el pronunciamiento de Acción Nacional.

El Presidente :

Con mucho gusto, diputada.

Quiero solicitarles a todas las señoras y señores diputados ubicarse en sus curules, guardar el silencio debido y poner la atención que corresponde a los posicionamientos de los grupos parlamentarios.

Continúe, diputada Alba Leonila Mendez Herrera.

La diputada Alba Leonila Méndez Herrera:

Quisiera empezar con un pensamiento de la madre Teresa de Calcuta:

"Vivir y existir no es igual, sino existir y crear; en vez de dormir soñar; descansar es un poco morir."

Para nosotros en Acción Nacional el género femenino existe y ha existido como razón de ser en nuestro marco doctrinario, cuya premisa fundamental radica en el respeto a la eminente dignidad de la persona humana.

Es precisamente por su vocación humanista que Acción Nacional considera al género femenino, parte esencial de nuestra sociedad, toda vez que la dignidad humana no la merecen sólo los hombres ni sólo las mujeres.

En Acción Nacional suscribimos un compromiso social desde 1939 en la lucha por el bien común que es promotor del desarrollo humano, es decir, del desarrollo de todas las mexicanas y todos los mexicanos.

Desde 1940 ya como grupo parlamentario, Acción Nacional ha participado en la construcción de un país ordenado, democrático y generoso y estamos convencidos de la contribución que han hecho las mujeres en los temas nacionales, tales como el haber impulsado el reconocimiento al sufragio femenino y su participación en los debates y en el proceso, que derivó en las reformas aprobadas por el Congreso Federal en 1952 y que posteriormente y de manera constante sigue impulsando en la promoción política de las mujeres y su participación en el proceso de democratización nacional.

Más aún hemos venido participando en la firma de pactos con organizaciones civiles desde 1997 y en la construcción de órganos facultativos al interior del Poder Legislativo, como son las comisiones de Equidad y Género.

Por tanto, las mujeres han sido parte importante de esa energía detonante de la sociedad, que nos llevó el 2 de julio a la conquista de un nuevo sistema democrático.

Por supuesto, por supuesto que el México democrático, que ha sido ejemplo de ciudadanía, de todos los actores de nuestra sociedad, es patrimonio nacional de todos los hombres y todas las mujeres, que han hecho de la política una expresión de libertad creadora, que debe ser protegida y encauzada, con un amplio sentido de solidaridad y subsidariedad de todos los mexicanos.

Y porque ciudadanía tiene nombre de virtud, hagamos de ella el más importante insumo desarrollador del capital humano, que México necesita para enfrentar los retos del nuevo siglo y desplegar con gran energía una nueva cultura de trabajo en equipo, que sume todos los mexicanos sin más distingo que sus virtudes y sus talentos.

Los integrantes del grupo parlamentario del PAN, queremos hoy, aquí y ahora, patentar nuestro compromiso histórico con la mujer, y para que el interés que priva entre los diferentes grupos parlamentarios que cohabitamos en este escenario político nacional, que se suma por supuesto a los reclamos que a lo largo y ancho de nuestro país fueron recogidos por todos y cada uno de los que ahora somos representantes sociales, y pueda compartirse en beneficio de las mujeres mexicanas y de los sujetos con los que mantenemos una esencial y constante interrelación: nuestros hijos, esposos, amigos y compañeros de trabajo, de partido y de gobierno.

Como parte de las acciones que permitan avanzar en la construcción, de manera responsable e incluyente, el grupo parlamentario del PAN presentó el pasado día 24 de noviembre, una iniciativa de ley para crear el instituto y ya en la exposición de motivos vimos algunas premisas que justifican su creación, entre las que señalamos las siguientes:

La nueva realidad socioeconómica obliga a replantear en la sociedad las tareas que deben seguir desempeñando hombres y mujeres, y al mismo tiempo requiere de mecanismos y acciones que atenúen los efectos negativos y que orienten lo positivo que estos cambios producen, no sólo a las personas y en las familias, sino en toda la sociedad.

Dichos cambios no son problemas exclusivos de la mujer; son problemas que afectan a la sociedad en su conjunto, por lo que es necesario que todos, todos compañeros, hombres y mujeres, nos ocupemos de su solución.

Para Acción Nacional no se trata de encauzar esos cambios sobre la base de ruptura, de competencia o de odio y mucho menos de desconocimiento de lo que somos cada uno, hombres y mujeres, de lo que pensamos, de lo que queremos, de los valores que profesamos y mucho menos sobre la base de exacerbar conceptos fundamentales de personas, de vida, de familia que le dan sustento firme,filosófico y social a nuestro pensamiento, el cual no debemos negar.

La nueva realidad y los nuevos problemas nos obligan a encontrar respuestas y soluciones sensatas, acordes, sin quebrantos, respuestas que requieren sabiduría, fortaleza masculina y femenina, sensibles y humanas, a pesar de nuestra cultura que desde hace mucho tiempo está permeada de un enorme sentido discriminante para el 53% de los mexicanos que son mujeres.

Tenemos que lograr una distribución más equitativa entre hombres y mujeres de todas las tareas que la sociedad requiere. La sociedad requiere de todos y cada uno de sus miembros para alcanzar el bien común.

Sabemos que en nuestro país se han instrumentado mecanismos institucionales como el Programa Nacional de la Mujer y la Comisión Nacional. Dichos instrumentos generaron la promoción de las primeras políticas públicas con enfoque de género al interior de diferentes dependencias de la Administración Pública Federal y han sentado las bases para la difusión y sensibilización de los temas que de manera directa atañen y afectan a las mujeres en sus ámbitos familiar, social, laboral o político.

Ahora, en esta LVIII Legislatura, y en especial al interior de la Comisión de Equidad y Género, se ha dado un intenso proceso político y jurídico, en el que afortunadamente hemos logrado incluir las diferentes propuestas, buscando siempre priorizar el bienestar de las mexicanas y los mexicanos y, sobre todo, la funcionalidad del instituto como organismo público y descentralizado esperamos muchos frutos e impactos positivos en la vida nacional.

Presentamos nuestro posicionamiento a favor del dictamen, que en esta Asamblea se discute hoy, porque lo reiteramos en la exposición de motivos: estamos convencidos y convencidas de la necesidad de dar respuesta a los problemas de la sociedad sobre la equidad de género, porque consideramos que la creación del instituto refleja un avance en las agendas del Legislativo y del Ejecutivo, ya que en su estructura se integra de manera corresponsable la participación de las organizaciones de ciudadanas que desde hace varios años atienden los problemas en torno a las mujeres y a la familia; porque el instituto es una clara expresión de las nuevas formas de coadyuvancia y relación de poder que se gesta en el Ejecutivo y el Legislativo en nuestro país y porque también es símbolo de la nueva cultura política que nace en nuestro país y de la que han empezado a dar muestra no sólo a nuestro Poder Legislativo contemporáneo, sino también el nuevo Poder Ejecutivo.

La cultura del unipartidismo y de la hegemonía del Gobierno sobre la sociedad está por terminar.

La organización de la convivencia social y política, es asunto de todas y todos. Es un ejercicio del que el Gobierno y la sociedad vamos a participar en una justa distribución de tareas, derechos y obligaciones.

Quiero, compañeros diputadas y diputados, un momento de su atención. No quiero hablar como diputada, quiero hablar como representante que viene de una de las zonas y de los municipios marginados de Veracruz y que en este momento quiere hablar como persona y pedirles el apoyo y la confianza en cada uno de ustedes, porque las mujeres que vivimos en zonas marginadas tenemos en los diputados la esperanza de cristalizar nuestros sueños.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente :

Gracias, diputada Alba Leonila Méndez Herrera.

Para fijar la posición del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se concede el uso de la palabra a la diputada Olga Haydee Flores Velásquez, hasta por 15 minutos.

La diputada Olga Haydee Flores
Velásquez:

Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Por las miles y millones de voces anónimas de mujeres que esperaron este día.

Compañeras y compañeros: sé que comparten plenamente con nosotras esta iniciativa; sé que hoy será un día memorable para las mujeres mexicanas; sé que hoy con el dictamen de la Ley que Crea el Instituto Nacional de las Mujeres y que presenta para su aprobación la Comisión de Equidad y Género a este honorable Congreso de la Unión, avanzamos en la justicia y avanzamos en la democracia.

3331, 3332 y 3333

Porque en esta LVIII Legislatura, asumimos por la vía del consenso y el diálogo constructivo el compromiso de trabajar por la equidad entre los géneros; porque expresamos nuestras convicciones éticas en acciones legislativas coherentes con las demandas de la sociedad que exige en todos los ámbitos mayores y mejores oportunidades para el desarrollo integral de sus mujeres y sus hombres.

Nuestra comisión es la expresión legislativa de muchas y diversas voces que han reclamado una nación justa e incluyente, donde exista equidad de género.

Por ello hemos actuado con pasión creadora y compromiso social, asumiendo la riqueza de la diferencia reivindicando los valores éticos de la tolerancia y el respeto a la diversidad.

Nuestra comisión asumió el compromiso de dictaminar varias iniciativas de ley para crear un organismo público encargado de concebir y coordinar las políticas públicas destinadas a promover la igualdad de oportunidades y de trato para las mujeres.

Estudiamos debidamente las iniciativas, analizamos su organización lógica y jurídica, su distribución capitular, su contenido, la estructura orgánica del organismo; consideramos que existen amplias coincidencias, ratificando así que en cuestiones relacionadas entre los géneros, los consensos son más amplios que los disensos. De ahí que hoy contamos con un dictamen unitario, acorde con los valores democráticos que inspiran nuestra tarea en esta legislatura; construido en la pluralidad que expresa diferentes ideas y concepciones. Un dictamen que recoge el sentir y las demandas de las mujeres y hombres que han luchado por contar con un organismo público responsable de promover el desarrollo de políticas de equidad que impulse el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres; sin discriminación y su plena participación en la vida económica, política, social y cultural de nuestra nación.

El dictamen que hoy sometemos a la consideración de esta soberanía, ratifica el compromiso de legisladoras y legisladores con la democracia y con la justicia social.

La Ley que Crea el Instituto Nacional de las Mujeres dará vida a una institución que se ocupará de impulsar y fortalecer las políticas públicas y las acciones de la sociedad a favor de la igualdad jurídica y de equidad de género.

De cara a las mujeres mexicanas, el instituto deberá responder formulando propuestas y colaborando con los tres poderes de la Unión y con la sociedad por la causa de las mujeres, para convertir en hechos, el hecho y el derecho de igualdad ante la ley. Para responder a esta gran expectativa y lograr su misión, el instituto, además de contar con las atribuciones y la estructura orgánica y funcional que define la ley que hoy aprobaremos, deberá contar con la disponibilidad de recursos suficientes.

Para cumplir con su objeto el instituto impulsará acciones que crucen transversalmente, concilien y enlacen políticas públicas para fomentar en el conjunto de las instituciones públicas y en la sociedad, medidas afirmativas que apoyen a las mujeres.

El Instituto Nacional de las Mujeres permitirá profundizar un proceso de definiciones de políticas públicas a favor de las mujeres y orientar las acciones de las distintas instancias para que incorporen la perspectiva de género en sus programas de gobierno.

Nuestra labor, la de legislar a favor de las mujeres, a favor del instituto, a favor de que se promuevan políticas públicas de igualdad de oportunidades para las mujeres, implica avanzar un trecho más en el camino recorrido para institucionalizar la responsabilidad del Estado, en garantizar que la igualdad jurídica entre los hombres y las mujeres, no quede en letra muerta, sino en ejercicio y práctica cotidiana.

Históricamente las participación de las mujeres ha sido difícil en muchos ámbitos de la vida política y social. Pero también han sido las propias mujeres, las que uniendo sus voces han ido encontrando su propio espacio y el reconocimiento y su lugar en la historia.

Por ello, valoramos los antecedentes que dejan el programa nacional de las mujeres. Por ello,mi reconocimiento al esfuerzo y la tenacidad de todas y cada una de la mujeres mexicanas; de las compañeras de los distintos partidos políticos; de organizaciones civiles; de los sindicatos, de las organizaciones sociales y populares y de la academia que han sumado sus sueños trabajando por las mujeres.

También aquellos varones progresistas que han sido factor solidario para nuestro avance. Juntos todos compartimos la lucha por la igualdad de derechos e igualdad de oportunidades y de trato.

Por ello la ley que dará vida al Instituto Nacional de las Mujeres será un motor para avanzar en el difícil camino para el ejercicio pleno del derecho de la igualdad hacia la construcción de una sociedad más justa, más incluyente y de la que todas las mujeres formemos parte.

Compañeras y compañeros legisladores: falta mucho por hacer y el instituto sienta las bases para avanzar. Por eso desde esta tribuna les llamamos a todas y a todos los legisladores de esta soberanía a apoyar con su voto la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. Con ello cumplimos una responsabilidad y construimos un México de esperanza para todos.

Muchas gracias.

El Presidente :

Muchas gracias, diputada Haydee Flores Velásquez.

A nombre de la directiva de la Comisión de Equidad y Género, hará uso de la palabra la diputada Concepción González Molina, para referirse al dictamen, al esfuerzo de consenso realizado para formular propuestas de modificación al mismo y para fundamentar, en su caso, el dictamen. Se concede el uso de la palabra a la diputada Concepción González Molina, presidenta de la Comisión de Equidad y Género.

La diputada Concepción González
Molina:

Con su permiso, señor Presidente; diputado Ricardo García Cervantes, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados:

La mesa directiva de la Comisión de Equidad y Género de este honorable Congreso acordó modificar los siguientes artículos del dictamen de la Ley que crea el Instituto Nacional de las Mujeres, el cual pone a consideración de esta Asamblea.

La modificación de los artículos 3o., 5o., 6o., 7o.; se elimina el 11; se modifica el 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28; se elimina el 29; se modifican el 31, 32 y se modifican los transitorios, para quedar como sigue:

"Artículo 3o. Son sujetos de los derechos que esta ley garantiza todas las mujeres mexicanas y extranjeras que se encuentren en territorio nacional y las mexicanas en el extranjero, sin importar origen étnico, edad, estado civil, idioma, cultura, condición social, discapacidad, religión o dogma, quienes podrán participar en los programas, servicios y acciones que se deriven del presente ordenamiento."

El artículo 5o. queda como sigue: "para los efectos de esta ley se entenderá por instituto el Instituto Nacional de las Mujeres; junta de gobierno, la junta de gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres; presidencia, la presidencia del Instituto Nacional de las Mujeres; secretaria ejecutiva, la persona titular de la secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres; consejo consultivo, el consejo consultivo, del Instituto Nacional de las Mujeres; consejo social, el consejo social del Instituto Nacional de las Mujeres; género, concepto que refiere los valores, atributos, roles y representaciones que la sociedad asigna a hombres y mujeres.

Equidad de Género. Concepto que refiere el principio conforme el cual hombres y mujeres acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficios de los bienes y servicios de la sociedad, incluyendo aquellos socialmente valorados, oportunidades y recompensas, con la finalidad de lograr la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.

Perspectiva de género. Concepto que refiere la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la equidad de género."

Artículo 6o. El instituto tendrá como objetivos específicos los siguientes:

La promoción, la protección y difusión de los derechos de las mujeres y de las niñas consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales ratificados por México, en particular los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres, la promoción, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y la participación de la sociedad destinada a asegurar la igualdad de oportunidades y la no discriminación hacia las mujeres.

La coordinación, seguimiento y evaluación de los programas, proyectos y acciones y la concertación social indispensable para su implementación.

La ejecución de la política de coordinación permanente entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de las autoridades estatales, municipales y de los sectores social y privado en relación con las mujeres.

La evaluación de los programas, proyectos y acciones para la no discriminación y la equidad de género, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.

La promoción de la cultura de la no violencia, la no discriminación contra las mujeres y de la equidad de género para el fortalecimiento de la democracia. La representación del Gobierno Federal en materia de equidad de género y de las mujeres ante los gobiernos estatales y municipales, organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales.

La promoción y monitoreo del cumplimiento de los tratados internacionales celebrados en términos de lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La ejecución de programas de difusión e información para las mujeres de carácter gratuito y alcance nacional que informen acerca de los derechos de las mujeres, procedimientos de impartición de justicia y proporcionen orientación sobre el conjunto de políticas públicas y programas de organismos no gubernamentales y privados para la equidad de género."

Artículo 7o. El instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. Apoyar la formulación de políticas públicas gubernamentales e impulsar las de la sociedad para alcanzar la equidad de género.

II. Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la planeación nacional del desarrollo, programación y presupuesto de egresos en la Federación.

III. Estimular la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas y en la elaboración de programas sectoriales o, en su caso, institucionales específicos, así como en las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal.

IV. Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en el programa anual de cada dependencia y entidad de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal, así como de los sectores en general, vinculados con estos instrumentos para la ejecución de sus programas sectoriales o, en su caso, institucionales específicos.

V. Procurar impulsar y apoyar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, así como el fortalecimiento de mecanismos administrativos para este mismo fin.

VI. Proponer en el marco del Plan Nacional de Desarrollo el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación Contra las Mujeres y evaluar periódica y sistemáticamente la ejecución del mismo.

VII. Establecer y concertar acuerdos y convenios con las autoridades en los tres niveles de gobierno para promover con la participación, en su caso, de los sectores social y privado, las políticas, acciones y programas que se establezcan en el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación Contra las Mujeres.

3334, 3335 y 3336

VIII. Propiciar, en su caso, participar en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores en la firma y cumplimiento de los instrumentos acordados en el ámbito internacional y regional, relacionados con la igualdad de oportunidades y no discriminación contra las mujeres.

IX. Difundir y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contraídas con gobiernos o entidades de otros países o con organismos internacionales relacionados con la equidad y género y las mujeres.

X. Promover entre los tres poderes de la Unión y la sociedad, acciones dirigidas a mejorar la condición social de la población femenina y la erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres en los ámbitos de la vida social, económica, política y cultural.

XI. Establecer vínculos de colaboración con las Cámaras de Diputados y de Senadores del honorable Congreso de la Unión, con los congresos de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para impulsar acciones legislativas que garanticen el acceso equitativo y no discriminatorio al desarrollo y la tutela de sus derechos humanos.

XII. Establecer relaciones permanentes con las autoridades responsables de la procuración de justicia y de la seguridad pública de la Federación y entidades federativas, para proponer medidas de prevención contra cualquier forma de discriminación femenina.

XIII. Establecer vínculos de colaboración con las instancias administrativas que se ocupen de los asuntos de las mujeres en las entidades federativas, para promover y apoyar en su caso las políticas, programas y acciones en materia de equidad de género y de igualdad de oportunidades para las mujeres.

XIV. Concertar y suscribir acuerdos de colaboración con organismos gubernamentales, no gubernamentales, públicos y privados, nacionales e internacionales y con la banca multilateral, para el desarrollo de proyectos que beneficien a las mujeres.

XV. Propiciar las condiciones necesarias para legitimar ante las instituciones del Estado la relevancia de impulsar políticas públicas con perspectiva de género, que contribuyan a la superación de las diversas formas de discriminación contra las mujeres y promuevan las condiciones sociales adecuadas para garantizar a las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos.

XVI. Actuar como órgano de consulta, capacitación y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de las autoridades estatales, municipales y de los sectores social y privado en materia de equidad de género y de igualdad de oportunidades para las mujeres, cuando así lo requieran.

XVII. Promover la ejecución de acciones para el reconocimiento y la visibilidad pública de las mujeres, así como para la difusión a nivel nacional e internacional de las actividades que las benefician.

XVIII. Promover estudios e investigaciones para instrumentar un sistema de información, registro, seguimiento y evaluación de las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales de las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad.

XIX. Participar y organizar reuniones, eventos para el intercambio de experiencias e información, tanto de carácter nacional como internacional, sobre los temas de las mujeres.

XX. Promover, difundir y publicar obras relacionadas con las materias objetos de esta ley.

XXI. Promover las aportaciones de recursos provenientes de dependencias e instituciones públicas, organizaciones privadas y sociales, organismos internacionales y regionales, gobiernos de otros países y particulares interesados en apoyar el logro de la equidad de género.

XXII. Impulsar la cooperación nacional e internacional para el apoyo financiero y técnico en la materia de equidad de género, de conformidad con las disposiciones aplicables.

XXIII. Emitir informes de evaluación periódica, para dar cuenta de resultados en el cumplimiento de los objetivos, estrategias y políticas del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación Contra las Mujeres.

XXIV. Actualizar periódicamente el diagnóstico sobre la situación de las mujeres en relación con los avances del programa y la operatividad del mismo y

XXV. Las demás que le señale el estatuto orgánico del instituto."

"El Artículo 22 quedará como sigue: la junta de gobierno estará integrada por:

1o. El o la titular de la presidencia del Instituto Nacional de las Mujeres.

2o. Las y los vocales propietarios, quienes tendrán derecho a voz y voto, que se mencionan a continuación:

a) Las y los titulares de las siguientes dependencias y entidades de la Administración Pública Federal: Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público; Desarrollo Social; Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; Comercio y Fomento Industrial; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; Educación Pública; Contraloría y Desarrollo Administrativo; Salud; Trabajo y Previsión Social; Reforma Agraria; Procuraduría General de la República; Instituto Nacional Indigenista y Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF.

b) Ocho integrantes del consejo consultivo y ocho del consejo social. En ambos se tratara de mujeres ciudadanas mexicanas en pleno ejercicio de sus derechos, que provengan de organizaciones sindicales, campesinas, gubernamentales, empresariales, profesoras e investigadoras representativas en la docencia, investigación de instituciones públicas, profesionistas, empleadas, maestras y en general, mujeres representativas de los diferentes sectores de la sociedad, en los términos a los que hacen referencia los artículos 22 y 24 de esta ley.

3o. Las y los invitados permanentes quienes tendrán derecho a voz pero sin voto que se mencionan a continuación:

a) Dos representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dos representantes del Consejo de la Judicatura Federal.

b) Dos integrantes de los tres grupos parlamentarios con mayor representación en la Cámara de Diputados y uno de cada uno de los grupos parlamentarios. Esta misma fórmula se aplicará en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

La junta de gobierno con la aprobación de la mayoría de sus asistentes, de acuerdo al tema que se trate en su agenda, podra invitar a los representantes de otras dependencias e instituciones públicas federales, estatales o municipales, así como a organizaciones privadas y sociales no comprendidas en el artículo anterior, los que tendrán derecho a voz y no a voto en la sesión o sesiones correspondientes.

En la primera reunión de la junta de gobierno se establecerán los lineamientos para designar a las mujeres vocales propietarias señaladas en la fracción II inciso b y se definirá la duración de su encargo y los casos en que podrán ser reelectas.

Las y los integrantes de la junta de gobierno podrán ser suplidos por los representantes que al efecto designen, los cuales deben ser de nivel administrativo inmediato inferior a las que ocupen las y los vocales titulares.

En la segunda sesión de trabajo de la junta de gobierno, la presidenta del instituto propondrá una secretaria técnica y una prosecretaria."

"Artículo 13. Quedará como sigue: para el cumplimiento de las atribuciones del instituto, la junta de gobierno tendrá las siguientes facultades:

1o. Integrar por consenso y de no alcanzar el mismo por acuerdo de las tres quintas partes de la totalidad de sus integrantes, una terna que someterá a la consideración del Presidente de la República a efecto de que designe a la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres.

2o. Establecer en congruencia con los programas sectoriales, las políticas generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse el instituto.

3o. Aprobar el presupuesto, informes de actividades y estados financieros anuales del instituto y autorizar su publicación previo informe de los comisarios y del dictamen de los auditores externos.

4o. Autorizar la creación de comités de apoyo y grupos de trabajo temporales.

5o. Aprobar, de acuerdo con las leyes aplicables las políticas, bases y programas generales que regulen los convenios, contratos y acuerdos que deba celebrar el instituto.

6o. Establecer, observando la ley, las normas necesarias para la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles que el instituto requiera.

7o. Nombrar a las vocales propietarias a que se refiere el artículo 12 fracción II inciso b de esta ley.

8o. Designar y remover, a propuesta de la presidenta, a las y los servidores públicos de los niveles administrativos inferiores al de aquélla.

9o. Designar y remover, a propuesta de la presidenta, a la secretaria técnica y a la prosecretaria.

10. Aprobar el reglamento interior, la organización general del organismo y los manuales de procedimientos.

11. Aprobar en término de ley, el estatuto orgánico del instituto y los apéndices administrativos que corresponda.

12. Fijar las condiciones generales de trabajo.

13. Analizar o en su caso, aprobar los informes periódicos que rinda la presidenta con la intervención que corresponda al comisario.

14. Aprobar la aceptación de herencia, legados, donaciones y demás liberalidades.

15. Conocer y aprobar los convenios de colaboración que hayan de celebrarse con dependencias y entidades públicas.

16. Expedir la convocatoria para la integración del consejo consultivo y del consejo social y

17. Las demás que le atribuyan a esta ley el estatuto orgánico del instituto."

"El artículo 14 quedará como sigue: "la junta de gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos cuatro veces por año y las extraordinarias que convoque su presidenta o cuando menos una tercera parte de sus integrantes.

La convocatoria será notificada con una antelación de cuando menos tres días hábiles para sesiones ordinarias y de un día para las extraordinarias. La inasistencia de sus integrantes deberá comunicarse a la dirección general con 48 horas antes de la celebración del evento en el caso de sesiones ordinarias y para las extraordinarias 12 horas antes.

La junta de gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus integrantes. Las resoluciones se tomarán por votación mayoritaria de los presentes y la presidenta tendrá voto de calidad en caso de empate. Asistirán a las sesiones de la junta de gobierno con voz pero sin voto, la secretaría ejecutiva del instituto, la secretaria técnica y prosecretaria de la junta de gobierno, así como la o el comisario público del Instituto Nacional de las Mujeres.

Los acuerdos de la junta de gobierno versarán sobre los asuntos incluidos en el orden del día, salvo supuestos de urgencia que se darán a conocer a la junta de gobierno con ese carácter.

"El artículo 15, que se refiere al nombramiento y facultades de la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, quedará como sigue:

Para ser presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, se requiere:

1. Ser ciudadana mexicana por nacimiento en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

2. No haber sido condenada por delito intencional alguno inhabilitada por la Contraloría de la Federación.

3. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio cuyo ejercicio requiere conocimiento y experiencia en materia administrativa.

4. Haber destacado por su labor a nivel nacional o estatal en favor de la equidad de género o en actividades relacionadas con la promoción de la igualdad de oportunidades para las mujeres y demás materias objetos de esta ley y

5. No encontrarse en uno o en varios de los impedimentos establecidos en la fracción III de la Ley Federal de Entidades Paraestatales."

"Artículo 16, quedará como sigue: "la presidenta del instituto tendrá las siguientes facultades:

3337, 3338 y 3339

1o. Formar parte de la junta de gobierno con derecho a voz y voto.

2o. Administrar y representar legalmente al instituto.

3o. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto del instituto.

4o. Instrumentar, ejecutar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la junta de gobierno.

5o. Presentar a consideración y, en su caso, aprobación de la junta de gobierno, el estatuto orgánico del instituto, así como los apéndices administrativos.

6o. Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo.

7o. Formular anualmente el proyecto de presupuesto del instituto para someterlo a la aprobación de la junta de gobierno.

8o. Ejercer el presupuesto del instituto con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias y administrativas aplicables.

9o. Presentar a la junta de gobierno para su aprobación los proyectos de programas, informes y estados financieros del instituto y los que específicamente le solicite aquélla.

10. Proponer a la junta de gobierno el nombramiento o remoción de la secretaria ejecutiva y los dos primeros niveles de servidores del instituto, la fijación de sueldos y demás prestaciones conforme a las asignaciones globales del presupuesto de gasto corriente aprobado por el propio órgano y nombrar al resto del personal administrativo del instituto.

11. Suscribir, en su caso, los contratos que regulen las relaciones laborales de la entidad con sus trabajadores.

12. Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos propuestos.

13. Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y la eficacia con que se desempeña el instituto y presentar a la junta de gobierno una vez al año la evaluación de gestión con el detalle que previamente se acuerde por la propia junta de gobierno, escuchando al comisario público.

14. Someter a la junta de gobierno el informe anual sobre el desempeño de las funciones del instituto, invitando a dicha sesión el Presidente de la República, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los presidentes de la Junta de Coordinación Política del honorable Congreso de la Unión y darlo a conocer a la sociedad mediante su publicación.

15. Proporcionar la información; que soliciten a las o los comisarios públicos propietario y suplente.

16. Recabar información y elementos estadísticos sobre las funciones del instituto para mejorar su desempeño.

17. Las demás que le confiere la presente ley o las derivadas de los acuerdos de la junta de gobierno."

"El artículo 17 queda de la siguiente forma:

El Presidente de la República nombrará a la presidenta de una terna integrada por consenso y de no alcanzarse el mismo por acuerdo de las tres quintas partes de la totalidad de los integrantes de la junta de gobierno."

" Artículo 18. La presidenta durará en su cargo tres años, pudiendo ser ratificada únicamente por un segundo periodo de tres años, en todo caso el periodo no excederá del correspondiente al ejercicio constitucional del Presidente de la República que otorgó el nombramiento."

" Artículo 19. Que el nombramiento y facultades de la secretaría ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, queda de la siguiente manera:

La Presidenta del instituto propondrá a la junta de gobierno el nombramiento o remoción de la secretaría ejecutiva, la cual debe reunir para su designación los siguientes requisitos:

Uno. Ser ciudadana mexicana por nacimiento, en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

Dos. Haber recibido título de nivel licenciatura debidamente acreditado por las universidades y demás instituciones de educación superior.

Tres. Haber desempeñado cargos de nivel técnico y decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en materia administrativa y

Cuatro. Contar con experiencia en materia de la equidad de género o de las causas de las mujeres a nivel estatal, nacional o internacional, así como en actividades relacionadas con las materias objeto de esta ley."

"El artículo 20 quedará como sigue:

La secretaria ejecutiva tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

1o. Proponer a la presidenta del instituto las políticas generales que en materia de equidad de genero y de igualdad de oportunidades y de trato para las mujeres habrá de seguir el instituto ante los órganos gubernamentales y las organizaciones privadas y no gubernamentales, nacionales e internacionales.

2o. Someter a la consideración de la presidenta del instituto proyectos de informes anuales, así como los especiales que serán presentados a la junta de gobierno.

3o. Auxiliar a la presidenta en la administración, organización y operación del instituto, en los términos que establezca el estatuto orgánico.

4o. Las demás que le confiere el estatuto orgánico del instituto."

"El artículo 22 quedará de la siguiente manera:

El consejo consultivo será un órgano asesor y promotor de las acciones que se emprendan en beneficio de las mujeres en el marco de esta ley. Estará integrado por un número no menor de 10 ni mayor de 20 mujeres, cuyos participantes no percibirán retribución, emolumento o compensación alguna y se seleccionarán entre las mujeres representativas de los diferentes sectores de la sociedad, de organizaciones políticas y privadas, de asociaciones civiles, así como de instituciones académicas, quienes serán designadas por las organizaciones representativas de defensa de los derechos de las mujeres y propuestas a la junta de gobierno del instituto.

La junta de gobierno determinará en el estatuto orgánico del instituto, la estructura, organización y funciones del consejo consultivo, el cual será dirigido por una consejera presidenta."

"El artículo 24 dice así: el consejo social será un órgano de análisis, evaluación y seguimiento de las políticas públicas, programas y proyectos y acciones que se emprendan en beneficio de las mujeres en el marco de esta ley. Este se integrará por un número no menor de 10 ni mayor de 20 mujeres representativas de los sectores público, privado y social que se hayan distinguido por sus tareas a favor del impulso de la equidad de género.

La junta de gobierno determinará, en el estatuto orgánico del instituto, la estructura, organización y funciones del consejo social, el cual será dirigido por una consejera presidenta."

"El artículo 25 dice así: las integrantes del consejo social durarán en su cargo un año, pudiendo permanecer un periodo más. Las nuevas integrantes deberán representar a organizaciones distintas de las representadas en el periodo inmediato anterior. Al término de su encargo, el consejo social presentará un informe anual a la junta de gobierno".

"Artículo 26: el consejo consultivo colaborará con el instituto en los casos siguientes:

Uno. Fungir como órgano de asesoría y consulta del instituto en lo relativo al Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y la No Discriminación Contra las Mujeres y en los demás asuntos en materia de equidad de género y las mujeres, que le sean sometidos a su consideración.

Dos. Impulsar y favorecer la participación de los sectores interesados en las acciones relacionadas con el objeto de esta ley.

Tres. Promover vínculos de coordinación con los responsables de las iniciativas a favor de la equidad e igualdad de oportunidades de las mujeres, en las instancias de gobierno, así como en los sectores y organizaciones de la sociedad en general.

Cuatro. Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y de las que trabajen a favor de las mujeres y

Cinco. Las demás que determine el estatuto orgánico del instituto y demás disposiciones aplicables."

"El artículo 27 quedará de la siguiente manera: el consejo social colaborará con el instituto en los siguientes casos:

Primero. Dar seguimiento al cumplimiento de las políticas públicas, programas, proyectos y acciones que se emprendan en beneficio de las mujeres en el marco de esta ley.

Segundo. Vigilar el cumplimiento de los compromisos del Estado mexicano a nivel nacional e internacional, relacionados con la equidad de género y las mujeres.

Tercero. Elaborar y presentar a la junta de gobierno los informes de evaluación en las materias objeto de esta ley.

Cuarto. Proponer medidas para modificar las políticas, estrategias, programas, proyectos y acciones derivados de esta ley.

Quinto. Proponer mecanismos que propicien el fortalecimiento y actualización de los sistemas de información desagregados por género, de los distintos sectores de la sociedad.

Sexto. De las demás que determine el estatuto orgánico del instituto y demás disposiciones aplicables".

Del Capítulo VI. De la colaboración de los tres poderes de la Unión. El artículo 28 queda de la siguiente manera:

"El instituto solicitará a las y los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las y los titulares de los órganos de impartición de justicia federal, así como las y los titulares de la Junta de Coordinación Política de ambas cámaras del Congreso de la Unión, la información pertinente en materia de equidad de género y de las mujeres, así como su colaboración dentro del área de su competencia, en la elaboración, ejecución y seguimiento del Programa Para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación Contra las Mujeres."

Con respecto al patrimonio, presupuesto y control de los recursos del Instituto Nacional de las Mujeres, el artículo 31 queda de la siguiente manera:

"1o. El Instituto Nacional de las Mujeres contará con patrimonio propio y se integrará primero con los derechos y bienes muebles e inmuebles que le sean asignados por el sector público, las que le sean transmitidos por el sector privado y las aportaciones que se adquieren por cualquier

2. Con los fondos nacionales o extranjeros obtenidos para el financiamiento de programas específicos.

3. Recursos que obtenga de las actividades a que se refiere el artículo 7o., fracción XV, XXV y XXVII y las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de personas físicas y morales".

"El artículo 32 queda de la siguiente manera:

El Presupuesto de Egresos de la Federación deberá contener las partidas y previsiones necesarias para sufragar los gastos derivados de su operación sin perjuicio de que le sean asignadas partidas adicionales.

De los transitorios:

El segundo queda de esta manera: "en tanto el Presidente de la República nombra a la presidenta del instituto de conformidad con el artículo 17 de la presente ley, ésta no se considerará integrante de la junta de gobierno.

Tercero. Los recursos materiales y presupuestales con los que actualmente cuenta la Coordinación General de la Comisión Nacional de la Mujer como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, pasarán a formar parte del organismo descentralizado denominado Instituto Nacional de las Mujeres.

Los derechos laborales del personal que se transfieren al Instituto Nacional de las Mujeres serán reconocidos con estricto apego a la ley en sus derechos y prestaciones.

Cuarto. Una vez que entren en vigor las reformas y adiciones que derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se incorporará a la junta de gobierno de este instituto la Secretaría de Seguridad Pública y se modificará la denominación correspondiente a las secretarías vigentes.

Quinto. En un plazo de 10 días hábiles a partir comisiones de Equidad y Género de ambas cámaras del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con el artículo 12 fracción II, inciso b de esta ley, propondrán cada una por única vez a ocho integrantes para conformar el consejo social y consejo consultivo que sumarán un total de 16 integrantes.

3340, 3341 y 3342

Sexto. La junta de gobierno del instituto deberá quedar constituida en un plazo no mayor de 60 días hábiles contados a partir de la vigencia de este ordenamiento.

Séptimo. La primera sesión de la junta de gobierno será presidida por única vez por el Presidente de la República quien nombrará en esta ocasión a la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres de una terna que someta a su consideración la propia junta.

Octavo. La junta de gobierno aprobará y expedirá el estatuto orgánico del instituto en un plazo no mayor de 120 días hábiles contados a partir de la fecha de su instalación.

Noveno. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a la presente ley y específicamente la Sección Sexta del Capítulo VI del reglamento interior de la Secretaría de Gobernación relativo a la Coordinación General de la Comisión Nacional de la Mujer, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de agosto de 1998.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro de la Ciudad de México, D.F., a 28 de noviembre de 2000.- Suscriben el presente dictamen sobre la iniciativa del Instituto Nacional de las Mujeres por la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, los diputados: Silvia América López Escoffie, Olga Haydee Flores Velásquez, María del Rocío García Gaytán, María de los Angeles Sánchez Lira, Moisés Alcalde Virgen, Esveida Bravo Martínez, Nelley Campos Quiroz, Pedro Cepeda Sierra, Rosa Delia Cota Montaño, María Elena Chapa Hernández, Maricruz Cruz Morales, María de los Nieves García Fernández, Genoveva Domínguez Rodríguez, Josefina Hinojosa Herrera, Victoria Ruth López Macías, Martha Patricia Martínez Macías, Alba Leonila Méndez Herrera, Magdalena Núñez Monreal, Griselda Ramírez Guzmán, Silvia Romero Suárez, Maricela Sánchez Cortés, Martha Silvia Sánchez González y demás firmas de diputadas y diputados que aquí apoyan esta ley.

Esto es todo.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

El Presidente :

Gracias, diputada Concepción González Molina.

La diputada Silvia América López
Escoffie
(desde su curul):

Señor Presidente, como secretaria de la comisión, quiero pedirle la palabra para unas aclaraciones.

El Presidente :

Se le concede la palabra a la diputada López Escoffie.

La diputada Silvia América López
Escoffie:

Señor Presidente, por consenso los grupos parlamentarios definimos en el artículo 5o. presidencia o sea la presidencia del Instituto Nacional de las Mujeres, y por error de corrección le solicitamos que en todo momento en donde diga "presidenta" se escriba "presidencia". Es todo.

Gracias.

El Presidente :

Se incorpora a las propuestas de modificación que ha presentado la presidenta de la Comisión de Equidad y Género esta corrección planteada por la secretaria de la Comisión de Equidad y Género.

Quiero solicitar a la Secretaría consulte a la Asamblea si las propuestas planteadas por la directiva de la Comisión de Equidad y Género con relación al dictamen del proyecto de Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, son de aceptarse, en votación económica.

La secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria:

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se aceptan las modificaciones planteadas aquí por la Comisión de Equidad y Género.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aceptadas las modificaciones propuestas por la directiva de la Comisión de Equidad y Género.

La diputada Norma Patricia Riojas
Santana
(desde su curul):

Señor Presidente.

El Presidente :

Adelante, diputada Riojas.

La diputada Norma Patricia Riojas
Santana
(desde su curul):

Sí, señor Presidente. Mire, el Partido de la Sociedad Nacionalista, Alianza Social y Convergencia, quisiéramos que se aclarara el punto donde dice, yo creo que ya cambia el artículo, pero dice: "un integrante por cada grupo parlamentario."

Si nos gustaría que antes de la votación se nos hiciera posible de particular nada más esa lectura.

El Presidente :

Sí, cómo no. Esta Presidencia solicita a una representante de la Comisión de Equidad y Género, que satisfaga por favor la duda que ha planteado la diputada Norma Patricia Riojas Santana.

Si diputada Beatriz Paredes, activen el sonido por favor.

La diputada Beatriz Elena Paredes
Rangel
(desde su curul):

Señor Presidente yo quisiera una respetuosa solicitud a la mesa, las propuestas que planteó la mesa directiva de la Comisión de Equidad y Género ya fueron aprobadas en votación económica. Mi respetuosa solicitud es que continúe con el procedimiento, pase la ley a votación en lo general y en el caso de que haya una preocupación sobre el artículo de referencia que ha mencionado la diputada Riojas, ese artículo quede reservado en lo particular, en lo que las integrantes de la mesa directiva de la Comisión de Equidad y Género, pueden informarle a la diputada cuál es el texto específico.

El Presidente :

Le voy a responder de la siguiente manera diputada Beatriz Paredes. Precisamente para evitar la reserva de alguno de los artículos y toda vez que el Reglamento establece que cuando un individuo de la Cámara solicita informes a los miembros de las comisiones, éstos puedan ilustrar y presentar los informes solicitados, es que esta comisión estaba privilegiando la información que puede pronunciar la directiva de la comisión sobre las propuestas que ha hecho y satisfacer una duda de una diputada.

Sin embargo, considero una moción de orden de su parte, reclamando a la Presidencia se ciña en el procedimiento reglamentario y procede su moción, de forma tal que en este momento, consulto a la Asamblea si habrán de inscribirse oradores en pro y en contra, para establecer la lista a la que se refiere el Reglamento.

Diputado Gustavo Riojas, ¿quiere inscribirse en las listas en pro y en contra como establece el Reglamento? Activen el sonido por favor al diputado Riojas.

El diputado Gustavo Riojas Santana
(desde su curul):

Precisamente en el mismo orden de ideas que expresó usted, señor Presidente y para no quedar en la indefinición, es que estábamos preguntando, como cambió el artículo, para poder nosotros cuando se vote en lo particular hacer señalamiento de qué artículo. En ese caso, pues haremos algún otro tipo de señalamiento para lo que corresponde al artículo de la integración de la junta de gobierno, que se nos tome en cuenta para en lo particular.

El Presidente :

Muy bien, diputado Riojas. Simplemente le informo que no estamos ahora en reserva de artículos; en su momento consultaré si se hacen reservas.

Estamos estableciendo para la discusión en lo general si hay oradores en pro y en contra...

No habiendo quien haga uso de la palabra en lo general, pregunto a las señoras y señores diputados si habrán de reservarse para su discusión en lo particular artículos del dictamen.

Diputado Riojas, por favor.

El diputado Gustavo Riojas Santana
(desde su curul):

Sí, señor Presidente, es en relación al artículo que pedimos que se nos dijera, por cuestión de protocolo, en relación a la integración de la junta de gobierno, en donde se establece en el inciso b que será un integrante por cada grupo parlamentario mayoritario representado en la Cámara y en ese sentido quisiéramos nosotros hacer uso de la palabra.

El Presidente :

Esta Presidencia para poder reservar el artículo a que se refiere el diputado Riojas, consulta a la mesa directiva de la Comisión de Equidad y Género qué artículo corresponde después de las modificaciones que ya han sido aprobadas por la Asamblea.

La diputada Olga Haydee Flores
Velásquez
(desde su curul):

Es el artículo 12.

El Presidente :

¿Es el artículo 12, diputado Riojas el que usted ha reservado?.. Bien, se reserva el artículo 12.

Activen el sonido al diputado Luis Miguel Barbosa, por favor.

El diputado Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta
(desde su curul):

Reservo el artículo 12 fracción II inciso b, el artículo 13 fracción XVI y siguientes y el quinto transitorio.

El Presidente :

El diputado Barbosa reserva el artículo 12 fracción II, artículo 13 y artículo quinto transitorio.

¿Alguna compañera o compañero diputado quiere hacer alguna reserva para discutir en lo particular algún artículo?.. Bien.

Se han reservado los artículos 12, 13, 15 y quinto transitorio del decreto. En consecuencia solicito a la Secretaría, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, quedando reservados los artículos que se han mencionado: 12, 13, 15 y quinto transitorio, solicite la apertura del sistema electrónico de votación por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

La secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria:

Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Abrase el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.

El Presidente :

Esta Presidencia se ve obligada a solicitar la colaboración de las diputadas y los diputados para poder terminar el procesamiento de este dictamen. Se requiere del orden necesario para que la Secretaría dé cuenta con la votación emitida.

Proceda, señora Secretaria.

3343, 3344 y 3345

La secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria:

Solicito activen el sonido al diputado José Rivera Carranza en su curul 421 de Acción Nacional.

El diputado José Rivera Carranza
(desde su curul):

Orgullosamente a favor.

El Presidente :

Permítame por favor.

En la curul 161 solicito se establezca el sonido.

El Presidente :

Señor diputado, si usted tiene fallas en el sistema electrónico, debió haberlo reportado en el lapso correspondiente para la emisión de la votación, no una vez que ha sido cerrado el sistema electrónico.

Activen el sonido en la curul del diputado Oscar Ochoa Patrón, por favor.

El diputado Oscar Ochoa Patrón
(desde su curul):

Quisiera señalar que en la pizarra electrónica la suma no concuerda: 406 más cero, más uno, no da 409.

El Presidente :

Lo que pasa es que hay dos diputados que registrando asistencia no emitieron voto. En el tablero usted encontrará la asistencia y la falta de voto que se establece en color azul asistencia, verde, amarillo o rojo sentido de voto. Hay dos diputados que tienen asistencia y no tienen marcado sentido de voto.

¿Puede dar el resultado de la votación, señora Secretaria?

La secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria:

La de Viniegra Orta.

El diputado Apuleyo Viniegra Orta
(desde su curul):

Yo hice mi voto, pero si no apareció en pantalla no fue mi culpa.

El Presidente :

Un asistente al diputado, por favor.

El diputado Apuleyo Viniegra Orta
(desde su curul):

Apuleyo Viniegra, a favor.

El Presidente :

Quiero insistir a las compañeras y compañeros diputados, que esto que parece trivial es absolutamente necesario cuidarlo como seguridad de todos para posibles decisiones controvertidas. Es responsabilidad de cada diputada y diputado registrar, durante el tiempo en que se encuentra abierto el sistema electrónico de votación cualquier falla en el sistema.

Afortunadamente en esta ocasión el sentido del voto es por unanimidad; en una votación apretada, este tipo de manifestaciones, este tipo de omisiones de reportar las fallas de su sistema electrónico, pueden generarle a la Cámara de Diputados gravísimos problemas.

Está cerrado el sistema electrónico de votación; se había reportado falla en una curul y sólo se recibe el voto de quien lo había reportado.

Discúlpeme, señor diputado, usted al darse cuenta que su voto no estaba marcado debió haberlo reportado. Esta Presidencia tiene que cuidar el interés general de la Cámara de Diputados.

Reporte la Secretaría a la Asamblea y a la Presidencia el sentido de la votación.

La secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria:

Sí, señor Presidente, se emitieron 409 votos en pro, ninguno en contra.

El Presidente :

Gracias, señora diputada.

Aprobado en lo general y los artículos no reservados, por 407 votos.


Se ha reservado el artículo 12 por el diputado Riojas Santana y se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos.

Tiene el uso de la palabra el diputado Gustavo Riojas, para referirse al artículo 12 del dictamen.

El diputado Gustavo Riojas Santana:

Gracias, señor Presidente; muchas gracias; compañeras y compañeros diputados:

En este ambiente de júbilo, de alegría, en que los diputados todos, bueno, exceptuando uno, nos hemos puesto de acuerdo, hemos dado un gran paso en el reconocimiento del valor de la mujer, del derecho que tiene y de que no se nos olvida, no se nos olvida ni por un momento que a todos los varones que estamos aquí, alguna mujer nos condujo por el buen camino.

En ese sentido, en ese sentido compañeros y en el sentido de la inclusión, en el sentido del pluralismo del que tanto estamos hablando en la Cámara de Diputados, en el sentido de que podemos trabajar juntos.

Este es un ejemplo...

Señor Presidente, solicitaría, señor Presidente, un poquito de atención.

El Presidente :

Señoras y señores diputados: para procesar debidamente la discusión en lo particular de artículos reservados de esta ley, se requiere de la cooperación de todos ustedes guardando el debido silencio y poniendo la atención correspondiente al orador en turno.

Continúe, señor diputado Riojas.

El diputado Gustavo Riojas Santana:

Gracias, señor Presidente:

Les voy a quitar sólo unos minutos, compañeros.

Para nosotros es muy importante, es muy importante la inclusión, la pluralidad.

Decía yo que éste es un momento en donde evidencia completamente que podemos trabajar juntos, que podemos concertar y elaborar proyectos de tal magnitud.

Pero en el artículo 12, caemos en lo que hasta el momento hemos vivido los partidos de la Sociedad Nacionalista, de Convergencia por la Democracia y de Alianza Social: un aislamiento, un desprecio de la participación en todos estos grandes temas y en esta grande institucione que hoy se ha creado.

En el artículo 12, en su inciso b dice,en referencia a la integración de la junta de gobierno: "B dos integrantes de los tres grupos parlamentarios con mayor participación en la Cámara de Diputados y uno de cada uno de los otros grupos parlamentarios. Esta misma fórmula se aplicará en la Cámara de Senadores".

Si dejamos el artículo tal cual, la noticia del día de mañana es: "se crea el Instituto Nacional de las Mujeres" y se deja afuera al Partido de la Sociedad Nacionalista, a Convergencia por la Democracia y Alianza Social, de que integren o formen parte de la junta de gobierno.

La propuesta que estamos haciendo a todos ustedes, es de que se cambie el artículo B y que quede de la siguiente manera: "dos integrantes de los tres grupos parlamentarios con mayor representación en la Cámara de Diputados y uno de cada uno de los otros partidos políticos con representación en la misma". Es decir, solicitando que nos incluyan en este instituto, por ser representantes también, de este Congreso.

Creo que de quedarse el artículo así, estarían desde este momento condenándonos a cualquier otro tipo, a cualquier otro tipo de acuerdo político en donde sabemos que vamos a ser segregados y en el que sabemos que de alguna manera, espero que no sea cierto, no les interesa en lo más mínimo, la participación del Partido de la Sociedad Nacionalista, de Convergencia por la Democracia y de Alianza Social.

Señor Presidente, los tres partidos antes mencionados solicitamos se ponga a la consideración de la Asamblea, para que se reforme, se cambie el artículo 12-B y quede en los términos que fueron leídos.

En otro aspecto del mismo 12, se nos hace una incongruencia que el artículo 12 de la junta de gobierno, que esté integrado por él o la titular de la presidencia del Instituto Mexicano de las Mujeres. Realmente no sé a quién, bueno, algunos probablemente con algunas características especiales, pudieran ser o querer ser presidentes del Instituto Nacional de la Mujer. En este caso creo que el género está muy definido y la presidencia tiene que ser ocupada por una mujer en exclusividad. Es decir, que no haya algún resquicio que pueda algún gobierno darnos tres propuestas de hombres y a fuerza quedaría un hombre en el Instituto Nacional de las Mujeres. En ese sentido, que se cambie el artículo 12 en su inciso 1, para que diga: "la titular de la presidencia del Instituto Nacional de las Mujeres..." y que quede perfectamente definido que va a ser una mujer la que va a dirigir al Instituto Nacional de la Mujer.

Esas son las propuestas que hacemos en nombre del Partido de la Sociedad Nacionalista, Convergencia por la Democracia y Alianza Social.

Muchas gracias, por su atención. Gracias, señor Presidente.

El Presidente :

Gracias, diputado Gustavo Riojas Santana.

No habiendo quien intervenga en pro y toda vez que también fue reservado el artículo 12 por el diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, se concede el uso de la palabra al diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, que reservó el artículo 12 y se le pregunta al diputado Barbosa Huerta, si quiere tocar también el artículo 13 y quinto transitorio que reservó, en una sola intervención.
Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Miguel Barbosa Huerta.

El diputado Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta:

El suscrito diputado Miguel Barbosa Huerta, con fundamento en los artículos 124 y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito presentar las propuestas de modificación de los artículos que fueron reservados por el de la voz, mismos que contaban con la opinión favorable de algunos diputados de los grupos parlamentarios del PRI y del PAN.

Me refiero, en primer término, al artículo 12 fracción II, inciso b. La razón es la siguiente: estamos nosotros, dentro de la correlación política que se da en este Congreso, con una posición de privilegiar los consensos. Desde un inicio la iniciativa en sinnúmero de modificaciones a los anteproyectos de dictamen de la Comisión de Equidad y Género, en ellos veíamos varios riesgos de incertidumbre jurídica.

Sin embargo, se fueron salvando uno a uno, pero no queremos dejar pasar la oportunidad y la obligación ética y política de los parlamentarios del grupo del PRD para hacer las siguiente referencia.

En el artículo quinto transitorio , hago las referencias en general; tienen relación todas, se menciona que por única ocasión y en un plazo de 10 días hábiles a partir de que fuera publicado el decreto aprobatorio de esta ley, las comisiones de Equidad y Género propondrían a los integrantes de la junta de gobierno que correspondan a los consejos consultivo y social del Instituto Nacional de las Mujeres.

Pero no existe ninguna referencia distinta a cómo se van a proponer y cómo se van a designar a los integrantes de la junta de gobierno que provengan de los consejos consultivo y social.

En el articulado de esta ley que hoy estamos discutiendo no hay ninguna referencia al respecto. Es decir, estableceríamos un vacío para cuando concluyeran en un primer periodo los consejos consultivo y social como el mecanismo para poder designar, proponer y nombrar a las ocho integrantes del consejo consultivo y del consejo social.

3346, 3347 y 3348

Por esa razón, los integrantes del grupo parlamentario del PRD hacemos la siguiente modificación al artículo 12.

"La junta de gobierno estará integrada por, inciso b, ocho integrantes del consejo consultivo y ocho del consejo social. En ambos casos se tratará de mujeres, ciudadanas mexicanas en pleno ejercicio de sus derechos, que provengan de organizaciones sindicales, campesinas, no gubernamentales, empresariales, profesoras e investigadoras, representativas en la docencia, investigación de instituciones públicas, profesionistas, empleadas, maestras y en general mujeres representativas de los diferentes sectores de la sociedad en los términos a los que se hace referencia a los artículos 22 y 24 de esta ley, agregando lo siguiente, mismas que serán propuestas por las comisiones de Equidad y Género de ambas cámaras del honorable Congreso de la Unión."

Este agregado al inciso b, de la fracción II del artículo 12 de la ley tendría relación con agregar modificaciones al artículo 13 que, si me lo permite el señor Presidente, presentaré junto con las que también hacemos del artículo quinto transitorio.

"Artículo 13. Para el cumplimiento de las atribuciones del instituto, la junta de gobierno tendrá las siguientes facultades: fracción XVI, designar, a propuesta de las comisiones de Equidad y Género de ambas cámaras del honorable Congreso de la Unión a las integrantes de los consejos consultivo y social que formarán parte de esta misma junta.

Fracción XVII. Expedir la convocatoria para la integración del consejo consultivo y del consejo social en lo que respecta al resto de sus integrantes, en los términos que dicte el estatuto del órgano o sea, del Instituto Nacional de las Mujeres."

Y por último modificar el quinto transitorio, para quedar como sigue:

"En un plazo de 10 días hábiles, a partir de la vigencia de este ordenamiento, las comisiones de Equidad y Género de ambas cámaras del honorable Congreso de la Unión designarán, cada una, por única vez, a cuatro integrantes para conformar el consejo social y a cuatro para conformar el consejo consultivo, quienes formarán parte de la junta de gobierno."

Quisimos presentar esta reserva para dejar constancia de la incertidumbre jurídica que se va a generar si se aprueban los artículos que hemos reservado en los términos que están contenidos en el dictamen, repito, en razón de que no existe mecanismo alguno en el dictamen que contenga la forma de como integrar los consejos consultivo y social del Instituto Nacional de las Mujeres y de entre las integrantes de esos consejos a las que irán a formar parte de la junta de gobierno.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente :

Gracias, diputado Barbosa Huerta.

Habiéndose agotado los oradores que se registraron con reserva de artículos, solicito...

Sí, diputada Riojas Santana.

La diputada Norma Patricia Riojas Santana
(desde su curul):

¡Para rectificar hechos!

El Presidente :

Activen el sonido en la curul de la diputada Norma Riojas, por favor.

La diputada Norma Patricia Riojas Santana
(desde su curul):

Sí, señor Presidente. Mire, quería yo intervenir en hechos para alguna aclaración.

El Presidente :

Tiene usted la palabra para rectificación de hechos, hasta por cinco minutos, diputada Norma Patricia Riojas.

La diputada Norma Patricia Riojas Santana:

Con el permiso de la Presidencia; señoras y señores diputados:

Soy una persona que o una diputada ahora, cuando ocurren hechos como éstos se siente mi impotencia hasta en estos hechos. ¿No es posible que estemos batallando aquí, en este recinto, donde hablan de pluralidad, de derechos humanos, donde estamos batallando y pidiéndoles de la manera más atenta que analicen su voto en el artículo 12 de la modificación que hubo para lo que es el instituto de la mujer.

Yo fui de las primeras que me dio mucho gusto que este instituto se formara, porque hemos luchado mucho y las personas que me conocen en el Estado de Nuevo León saben que hemos luchado mucho a favor de la mujer, a favor de la gente marginada y que no somos gente que no ha estado en contacto con la comunidad.

Nos dio mucho gusto este instituto y vuelvo a reafirmar, pero no se vale que por ejemplo en el artículo que reclamaba el diputado que me antecedió, habla de ocho integrantes en el consejo consultivo, donde pueden ser organizaciones sindicales, campesinas, gubernamentales, empresariales, profesoras e investigadoras. Estamos dando apertura, sí, pero estamos dejando aquí en este recinto fuera a tres partidos políticos.

Yo creo que no se vale que nos descalifiquen. No se vale que piensen que nada más los grupos parlamentarios tienen voz o tienen ganas de trabajar.

Nosotros hemos demostrado que queremos demostrar dignamente a nuestro partido y que lo hemos hecho en los diferentes estados. ¡Dénnos esa oportunidad! ¡Analicen que la reforma nada más que pedimos al artículo 12 es donde dice: "se incluye a un..."

Déjenme lo encuentro porque ahora si que... es en el pedazo de la integración de la junta de gobierno, donde dice que un integrante de... ¿Ustedes lo tienen por ahí?.. y los titulares... ¡valgame!..

En el tiempo que... no, no me voy a exceder señor Presidente, pero nada más queremos que cambien de "grupo parlamentario" a "los partidos que están dentro del Congreso".

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente :

Gracias, diputada Norma Patricia.

Proceda la Secretaría a consultar en votación económica a la Asamblea si son de aprobarse las proposiciones de modificación del artículo 12, planteadas por el diputado Gustavo Riojas Santana.

A ver, permítame señora Secretaria.

Activen el sonido a la diputada Beatriz Paredes, por favor.

La diputada Beatriz Elena Paredes Rangel
(desde su curul):

Señor Presidente, estoy enterada de que las integrantes de la Comisión de Equidad y Género están procesando esa propuesta en este momento.

El Presidente :

¡Qué bueno que me entera diputada! Yo no estaba enterado y estamos procesando la votación.

La diputada Beatriz Elena Paredes Rangel
(desde su curul):

Nos sujetamos a su trámite, señor Presidente.

RECESO

El Presidente (a las 18:45 horas):

No ha habido quien haga uso de la palabra ni por parte de la comisión ni en pro del artículo 12 en sus términos. La mesa directiva, enterado que ha sido ahora por la diputada Paredes, que está buscando un consenso y no habiendo otro trámite qué realizar, esta Presidencia decreta un receso de cinco minutos,rogando a las compañeras y compañeros diputados permanezcan en el salón, toda vez que en este momento se busca consensar las propuestas planteadas en tribuna y el receso no irá más allá de los cinco minutos decretados.

(Receso.)

(A las 18:51 horas) Antes de reanudar la sesión, quiero solicitar a la directiva de la comisión informe a la mesa directiva el avance que llevan las negociaciones y el resultado de las mismas.

Activen el sonido en la curul de la diputada Concepción González Molina, por favor.

La diputada Concepción González Molina
(desde su curul):

Señor Presidente, se le informa a usted y a esta Asamblea que se está procesando, se está consensando para proponer, para mencionar una sola propuesta. Le pedimos un poco de tiempo.

El Presidente :

Se concede el tiempo y se prorroga el receso por cinco minutos más, diputada.

Diputada Concepción: ¿será suficiente prorrogar el receso en cinco minutos más?

La diputada Concepción González Molina
(desde su curul):

Señor Presidente...

El Presidente (a las 18:57 horas):

Se prorroga el receso por cinco minutos más.

(Receso.)

Solicito a la Secretaría consulte a la directiva de la comisión, para conocer el estado que guardan las negociaciones, por favor.

(A las 19:07 horas) Se reanuda la sesión.

Compañeras y compañeros diputados: hemos venido construyendo entre todos el más amplio consenso para esta ley.

La directiva y los coordinadores parlamentarios solicitan a esta Presidencia prorrogar por 15 minutos el receso y en aras de facilitar lo que hasta ahora ha posibilitado la aprobación unánime en lo general, se concede la prórroga del receso por 15 minutos.

(Receso.)

(A las 19:20 horas) Se reinicia la sesión.

Solicito activen el sonido en la curul del diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del PRD.

El diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa
Huerta 
(desde su curul):

Señor Presidente, solicito el uso de la palabra para poder retirar mis reservas y hacer un planteamiento nuevo.

El Presidente :

Se le concede el uso de la palabra al diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos.

El diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa
Huerta :

Señor Presidente, fruto del consenso de los distintos grupos parlamentarios que integran esta Cámara, solicito se autorice el retiro de las reservas que hice en relación con el artículo 12 fracción II inciso b y el artículo 13 fracciones XVI y XVII y el contenido de las reservas del artículo quinto transitorio para hacer nuevas propuestas de redacción en los siguientes términos:

"Artículo 12 fracción II inciso b. Ocho integrantes del consejo consultivo y ocho del consejo social, quienes durarán en su encargo tres años."

3349, 3350 y 3351

Esta propuesta de modificación tiene relación para hacer nuevas modificaciones a los artículos 23 y 25 en los siguientes términos:

"Artículo 23. Las integrantes del consejo consultivo durarán en su encargo tres años". Se continúa la redacción propuesta en el dictamen hasta su conclusión.

"Artículo 25. Las integrantes del consejo social durarán en su encargo tres años". Se continúa la redacción propuesta en el artículo 25 en comento.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente :

Señor diputado, antes de darle la palabra a la diputada Concepción González Molina, quiero aclararle a la Asamblea que los artículos 23 y 25 que ha referido el diputado, ya fueron aprobados en los términos del dictamen y las modificaciones aprobadas previamente.

Concedo el uso de la palabra a la diputada Concepción González Molina, presidenta de la Comisión de Equidad y Género.

La diputada Concepción González Molina:

Con su permiso, señor Presidente:

La Comisión de Equidad y Género sostiene su posición en relación al artículo 12 en lo que corresponde a que participen los grupos parlamentarios, por lo que se rechaza la propuesta presentada por el diputado Riojas, quedando el párrafo como sigue:

"Dos integrantes de los tres grupos parlamentarios con mayor representación en la Cámara de Diputados y uno de cada uno de los otros grupos parlamentarios."

Esta misma fórmula se aplicará en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

Y en relación a la intervención del diputado Miguel Barbosa, refiriéndose al quinto transitorio, queda como sigue: "en un plazo de 10 días hábiles a partir de la vigencia de este ordenamiento las comisiones de Equidad y Género de ambas cámaras del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con el artículo 12 fracción II inciso b de esta ley, designarán cada una, por única vez, a cuatro integrantes para formar el consejo social y a otros cuatro para el consejo consultivo, siendo un total de ocho por cada Cámara los que formarán parte de la junta de gobierno.

Al término de su encargo y en ocasiones sucesivas, el estatuto orgánico del instituto preveerá la forma de nombramiento."

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente :

Gracias a usted, diputada Concepción González Molina.

Solicito deje por escrito en la Secretaría los términos de la propuesta.

El diputado Felipe de Jesús Calderón
Hinojosa
(desde su curul):

Señor Presidente, una consulta.

El Presidente :

A ver, ubíquese en una curul, diputado Calderón, para poderle activar el sonido. En cualquiera, diputado Calderón, para que pueda usted usar el sonido. Activen el sonido en la curul 180.

El diputado Felipe de Jesús Calderón
Hinojosa
(desde su curul):

Perdón, señor Presidente. Unicamente para preguntar si la propuesta de la Comisión de Equidad y Género recoge el acuerdo de que este artículo transitorio establezca un mecanismo para integrar por única vez, por consenso de la Comisión de Equidad, a estas consejeras o vocales de la junta.

Y la otra, es una cuestión simplemente de redacción: en el artículo ya votado, perdón, en el artículo 12 en discusión, párrafo segundo inciso b, se hace referencia a los artículos 22 y 24 cuando en realidad son 23 y 25, porque se corrió la numeración. Entonces simplemente preguntar si la propuesta que acaba de ser leída incluye esta modalidad de consenso de la Comisión de Equidad y Género.

El Presidente :

Gracias, diputado Calderón.

En los términos del artículo 108, como se requiere información a la comisión, yo quisiera solicitarle a la diputada Concepción González Molina aclare si la propuesta incluye lo que el diputado Calderón ha referido.

La diputada Concepción González
Molina
(desde su curul):

Sí la incluye, señor Presidente.

El Presidente :

Bien, compañeras y compañeros diputados: estamos en el procesamiento delicado de tres artículos reservados con propuestas... permítame, diputado, ahorita con mucho gusto le activan el sonido.

En este momento nos encontramos con tres artículos reservados, la proposición del diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, que retira sus observaciones y propuestas anteriores y formula una nueva propuesta que involucra a los artículos 23 y 25 ya aprobados; el procesamiento de estos artículos es necesario que quede cabalmente comprendido por las diputadas y los diputados.

El artículo 124 de nuestro Reglamento Interior establece que en la sesión en la que se vota en definitiva un dictamen, pueden proponerse por escrito modificaciones a los artículos ya aprobados y una vez hecha la proposición, de inmediato se consulta a la Asamblea si son de aceptarse.

El artículo 125 de nuestro Reglamento establece que en esos casos las propuestas aprobadas por la Asamblea se turnan de inmediato a comisión, salvo que se aplique el procedimiento de considerarlos de urgente y obvia resolución, de forma tal que, contando con la colaboración de las diputadas y los diputados, vamos a procesar una serie de votaciones económicas que deberán seguirse con atención por la Asamblea para efectos de seguir con escrúpulo los procedimientos establecidos en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso mexicano.

Por tanto: primero, se tienen por retiradas las reservadas planteadas por el diputado Miguel Barbosa Huerta en relación a los artículos 12, 13 y 5o. transitorio del decreto.

Segundo, se tiene por formulada una nueva propuesta en relación al artículo 12 del decreto.

Proceda la Secretaría preguntar a la Asamblea si es de aprobarse la proposición planteada por el diputado Luis Miguel Barbosa Huerta; si está por escrito antes de consultar la votación de la Asamblea, dar una nueva lectura...

No está por escrito aún.

Solicito a la Secretaría, mientras se nos proporcionan las proposiciones por escrito, dar lectura al artículo 124 y 125 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.

El secretario Bernardo Borbón Vilches:

Sí, señor Presidente, con mucho gusto.

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.

"Artículo 124.
En la sesión en que definitivamente se vote una proposición o proyecto de ley, podrán presentarse por escrito adiciones o modificaciones a los artículos aprobados.

Artículo 125.
Leída por primera vez una adición y oídos los fundamentos que quiera exponer su autor, se preguntará inmediatamente si se admite o no a discusión. Admitida se pasará a la comisión respectiva. En caso contrario se tendrá por desechada."

Servido, señor Presidente.

El Presidente :

Gracias, señor Secretario.

Estos artículos orientan el trámite que estamos siguiendo.

Si la Secretaría tiene ya por escrito la proposición del diputado Barbosa Huerta, dé lectura y pregunte a la Asamblea en votación económica, si se acepta.

La secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria:

Sí, señor Presidente.

Presenta una modificación al artículo 23, los integrantes del consejo consultivo durarán en su encargo tres años. Aquí antes decía: "un año, pudiendo permanecer un periodo más, las nuevos integrantes deberán representar a organizaciones distintas de las representadas en el periodo inmediato anterior. Al término de su encargo el consejo consultivo presentará un informe anual a la junta de gobierno.

En este artículo el único cambio es de antes de un año y proponen tres años.

El otro artículo, el artículo 25, dice: "las integrantes del consejo social durarán en su encargo tres años". También modifica, la original dice: "un año, pudiendo permanecer un periodo más, las nuevas integrantes deberán representar a organizaciones distintas de las representadas en el periodo inmediato anterior. Al término de su encargo en consejo social presentará un informe anual a la junta de gobierno".

El Presidente :

Pregunte a la Asamblea si se admiten las proposiciones.

La secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria:

Se consulta a la Asamblea si se aprueban las propuestas de modificaciones que ha presentado el diputado Barbosa.

Los diputados que estén por la afirmativa, en votación económica sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, manifiéstenlo de la misma manera... Se aceptan las proposiciones planteadas por el diputado Miguel Barbosa Huerta.

El Presidente :

Su turno conforme al artículo 125 sería mandarlas a comisión. Por tanto, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea si estas proposiciones que han sido admitidas se consideran de urgente y obvia resolución, en votación económica.

El secretario Bernardo Borbón Vilches:

Por instrucciones de la Presidencia se consulta si las propuestas presentadas se consideran de urgente y obvia resolución.

Los que estén por la afirmativa, manifestarlo en votación económica...

Los que estén por la negativa, de igual manera... Mayoría, por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente :

Están a discusión las propuestas de modificación a los artículos 23 y 25 aprobados en esta sesión.

No habiendo quien haga uso de la palabra, pregunte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se aprueban.

El secretario Bernardo Borbón Vilches:

Se pregunta a la Asamblea en votación económica, si son aprobadas las propuestas que se han considerado de urgente resolución.

Los que estén por la afirmativa, manifestarlo en votación económica...

Los que estén por la negativa, de igual manera... Mayoría en favor, señor Presidente.

El Presidente :

Las proposiciones consideradas de urgente resolución, admitidas y aprobadas en lo económico, están dependiendo de la modificación de un artículo que está reservado, por tanto, se reserva su aprobación a la votación nominal que por el sistema electrónico se realice de los artículos reservados.

Hay, sin embargo, en este momento una proposición planteada por la diputada Concepción González Molina, referente al artículo quinto transitorio.

Si está por escrito en la Secretaría, dele lectura, señor Secretario y de inmediato consulte a la Asamblea si se admite.

3352, 3353 y 3354

El secretario Bernardo Borbón Vilches:

Doy lectura a la nota que me entregó la presidenta de la Comisión de Equidad y Género.

"Artículo quinto transitorio.
En un plazo de 10 días hábiles a partir de la vigencia de este ordenamiento, las comisiones de Equidad y Género de ambas cámaras del honorable. Congreso de la Unión, por consenso, y de conformidad con el artículo 12 fracción II inciso b de esta ley, designarán cada una por única vez, a cuatro integrantes para formar el consejo social y a otros cuatro para el consejo consultivo, ocho en total por cada Cámara, los que formarán parte de la junta de gobierno.

Al término de su encargo y en ocasiones sucesivas, el estatuto orgánico del instituto preverá la forma de nombramiento."

El Presidente :

Consulte, en votación económica, si se admite.

El secretario Bernardo Borbón Vilches:

Se pregunta a la Asamblea si se admite la redacción del artículo quinto transitorio que ha sido leída.

Quienes estén por la afirmativa, manifestarlo en votación económica...

Quienes estén por la negativa, de igual manera... Mayoría en favor, señor Presidente.

El Presidente :

Se admiten y se aceptan las modificaciones planteadas al artículo quinto transitorio, reservado, por lo tanto aún no aprobado. Se pondrá a votación en su momento el artículo quinto transitorio, con las modificaciones aprobadas por la Asamblea.

Queda por último desahogar la proposición planteada al artículo 12 del decreto, por el diputado Gustavo Riojas Santana y solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta del diputado Riojas Santana y de inmediato consulte a la Asamblea si se admite o no la proposición.

El secretario Bernardo Borbón Vilches:

La propuesta del diputado Rojas, si hay un error, favor de indicármelo:

Artículo 12 fracción I. En lugar de "el titular, o la", simplemente diga "la titular de la presidencia" y el resto de la redacción igual.

Si no está claro, repito, si me permite el señor Presidente. El artículo 12 fracción I, en donde dice "el o la titular de la presidencia", que diga únicamente "la titular de la presidencia".

El Presidente :

Esa es una parte de la propuesta. La segunda parte.

El secretario Bernardo Borbón Vilches:

Y la otra fracción III, inciso a: "dos integrantes de los tres grupos parlamentarios con mayor representación en la Cámara de Diputados y uno de cada uno de los otros partidos políticos nacionales con representación en la misma". Entiendo que decía "grupos parlamentarios" en la expresión anterior.

El Presidente :

Una vez leídas, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten o no las proposiciones leídas.

El secretario Bernardo Borbón Vilches:

Se consulta a la Asamblea si se admiten las modificaciones al artículo 12, que han sido leídas.

Quienes estén por la afirmativa, manifestarlo en votación económica...

Quienes estén por la negativa, manifestarlo de igual manera... Mayoría en contra la admisión, señor Presidente.

El Presidente :

Desechada la proposición de modificación al artículo 12 de decreto, planteada por el diputado Riojas Santana.

Habiendo agotado el procesamiento de las proposiciones, queda pendiente una proposición del diputado Miguel Barbosa Huerta... ¿es sobre el artículo 12, hizo una modificación?

El diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa
Huerta
(desde su curul):

Sí.

El Presidente :

Vamos a volver a las propuestas del diputado Barbosa porque hemos planteado las modificaciones a los artículos 22 y 25. Pero hay una proposición al artículo 12 reservado que es distinta a la primer proposición que hizo el diputado Barbosa Huerta y de la cual están dependiendo las modificaciones al artículo 25.

Lea por favor, señor Secretario la proposición planteada por el diputado Barbosa Huerta, en relación al artículo 12 del dictamen.

El secretario Bernardo Borbón Vilches:

La propuesta del diputado Barbosa dice: "artículo 12 fracción II inciso b y propone la redacción: ocho integrantes del consejo consultivo y ocho del consejo social quienes durarán en su encargo tres años".

El Presidente :

Consulte a la Asamblea si es de admitirse la proposición.

El secretario Bernardo Borbón Vilches:

Se consulta a la Asamblea si la propuesta que ha sido leída al artículo 12 fracción II inciso b se aprueba como ha sido presentada.

Quienes estén por la afirmativa manifestarlo en votación económica...

Quienes estén por la negativa... Mayoría en favor de la aprobación, señor Presidente.

El Presidente :

Bien, aprobada la proposición de modificación del artículo 12 fracción II inciso b, los artículos reservados se pondrán a votación en su conjunto con las modificaciones aprobadas por la Asamblea.

Solicito a la Secretaría ordene la apertura del sistema electrónico de votación para votar los artículos reservados con las modificaciones aprobadas en un sólo acto, durante 10 minutos.

El secretario Bernardo Borbón Vilches:

Por instrucciones de la Presidencia se abre el registro de votación por 10 minutos utilizando el sistema electrónico, se suplica a los diputados que tengan problemas para registrar su voto, lo reporten de inmediato a esta Secretaría antes del cierre del sistema.

Gracias.

Señor Presidente se emitieron 369 votos en pro y seis en contra.

El Presidente :

En consecuencia se aprueban los artículos 12 con la modificación a la fracción II inciso "b", artículo 13 en sus términos y artículo quinto transitorio con las modificaciones aprobadas por la Asamblea por 369 votos y las modificaciones a los artículos 23 y 25, con las modificaciones aprobadas por la Asamblea.

En consecuencia, aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que crea el Instituto Nacional de la Mujer.

Pasa al Senado para los efectos constitucionales.


Compañeras y compañeros diputados: el siguiente punto del orden del día, excitativas, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a petición del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional se pospone para una futura sesión.

A las comisiones de Hacienda y Crédito Público y del Distrito Federal, a petición del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se pospone para una futura sesión.

Y los temas de la agenda política, a solicitud de los grupos parlamentarios que habían inscrito estos temas, se posponen para una siguiente sesión.

En consecuencia pregunto a la Secretaría si quedan asuntos en cartera.


En consecuencia pregunto a la Secretaría si quedan asuntos en cartera.

ORDEN DEL DIA

La secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria:

Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.

Se va a dar lectura al orden del día de la sesión del 5 de diciembre del 2000.

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Primer Año.- LVIII Legislatura.

Orden del día

Martes 5 de diciembre de 2000.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones


De los congresos de los estados de: Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo y Morelos.

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Oficio de la Secretaría de Gobernación


Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Mayra Patricia Cavazos Pérez, pueda prestar servicios en la oficina comercial británica, en Monterrey, Nuevo León. (Turno a comisión.)

Minuta


Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Carlos Eduardo Represas de Almeida, Eugenio Minvielle Lagos y Mariano Francisco Herrán Salvatti, para aceptar y usar condecoraciones conferidas por gobiernos extranjeros. (Turno a comisión.)

Proposición

Con punto de acuerdo sobre la fijación de salarios mínimos y zonas económicas del país, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Y los demás asuntos con los que la mesa directiva dé cuenta.»

El Presidente :

Gracias, señora Secretaria; compañeras y compañeros diputados: antes de levantar la sesión y hacer el citatorio formal a la sesión de Congreso General que se celebrará el próximo viernes 1o. de diciembre, esta Presidencia quiere encarecerles a todos ustedes su colaboración y su puntualidad para la próxima sesión de Congreso General.

Solamente con la colaboración de todos los diputados, podremos desahogar con puntualidad la sesión de Congreso General y aprovechar los medios de comunicación que cubrirán desde las nueve en punto de la mañana, el desahogo del orden del día.


CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente (a las 20:00 horas):

Por lo tanto se levanta la sesión y se cita para la de Congreso General que se llevará a cabo el próximo 1o. de diciembre a las nueve horas quedando abierto el registro de asistencia desde las ocho horas. El inicio de la sesión deberá ser en punto de las nueve horas.

También se cita para la sesión de Cámara para el próximo martes 5 de diciembre a las 11:00 horas.

También se informa a la Asamblea, que el lunes 4 de diciembre tendremos sesión solemne de Congreso General para recibir la visita de Estado en este recinto, del presidente de la República de Chile.

La sesión del día lunes 4 es a las 12:00 horas. Se abrirá el registro una hora antes.

3355, 3356 y 3357

RESUMEN DE TRABAJOS

  • Tiempo de duración: 8 horas 29 minutos.
  • Quorum a la apertura de sesión: 264 diputados.
  • Asistencia al cierre de registro: 446 diputados.
  • Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1.
  • Diputado suplente que se incorporó: 1.
  • Proposiciones con punto de acuerdo: 6.
  • Oradores en tribuna: 47
        PRI-17; PAN-10; PRD-10; PVEM-1; PT-5; PSN-3; CDPPN-1.

Se recibió:

  • 2 comunicaciones de los ciudadanos Emilio Zebadúa y Juan Molinar Horcasitas, por las que notifican su renuncia al cargo de consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral;
  • 5 comunicaciones de los congresos de los estados de Coahuila y Nayarit;
  • 1 iniciativa del PT;
  • 1 iniciativa del PRD;
  • 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el VI Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000.

Se aprobó:

  • 2 dictámenes de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyectos de decreto por los que conceden permisos para que 17 ciudadanos mexicanos puedan prestar servicios en representaciones diplomáticas de Estados Unidos de América, Belice y Perú, respectivamente;

  • 3 dictámenes de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyectos de decreto por los que concede permiso para que ocho ciudadanos mexicanos puedan aceptar y usar condecoraciones que les confieren los gobiernos de Panamá, Portugal, Honduras, Guatemala, Francia, Alemania y Brasil, respectivamente;

  • 1 dictamen de la Comisión de Equidad y Género, con proyecto de Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.

 

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA PRESENTE SESION
(en orden alfabético)

  • Alcántara Silva, Jaime (PRI)

  • Ali de la Torre, Jesús (PRI) en 2 ocasiones





  • Arnaud Carreño, Pablo de Jesús (PAN) en dos ocasiones



  • Ayala Velázquez, Benjamín (PRI)



  • Barbosa Huerta, Luis Miguel Gerónimo (PRD) en dos ocasiones


  • Castro Sánchez, Miguel (PRI)


  • Cervantes Rivera, Jaime (PT)



  • Cervantes Rivera, Jaime (PT)






  • Cortés López, Raquel (PRD)



  • Cota Montaño, Rosa Delia (PT)



  • Cruz Gutiérrez, Jesús Alejandro (PRI)




  • Del Real Muñoz, Oscar Alfonso (PRI)

Tema

Frijol, sobre la problemática del precio y de la importación del frijol.

Sur-sureste de México, proposición con punto de acuerdo para crear comisión especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los proyectos de desarrollo regional relacionados con la región sur-sureste de México.

Sur-sureste de México, referente a coadyuvar y dar seguimiento a los proyectos de desarrollo regional relacionados con la región sur-sureste de México.

Andrés Saturnino Viesca refiere al político coahuilense, en el CLXXIII aniversario de su natalicio.

Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, dictamen de la Comisión de Equidad y Género, con proyecto de dicha ley.

Frijol, sobre la problemática del precio y de la importación del frijol.

Estado de Nayarit, proposición con punto de acuerdo referente a la situación de indígenas en esa entidad.

Comisiones legislativas, proposición con punto de acuerdo respecto a la integración de diputados del Partido del Trabajo en las secretarías de las mesas directivas de las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados.

Día Mundial de las Personas con Problemas de Audición, sobre la celebración del 28 de noviembre.

Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, dictamen de la Comisión de Equidad y Género, con proyecto de dicha ley.

Sur-sureste de México, referente a coadyuvar y dar seguimiento a los proyectos de desarrollo regional relacionados con la región sur-sureste de México.

Frijol, proposición con punto de acuerdo sobre la problemática del precio y de la importación del frijol.



  • Del Río Virgen, José Manuel (CDPPN)


  • Dip Rame, Elías (PRI)




  • Dueñas Llerenas, J. Jesús (PAN)


  • Elías Cardona, Alfonso Oliverio (PRD)


  • Flores Velásquez, Olga Haydee (PRI)



  • García Suárez, María Miroslava (PRD)




  • González Molina, Concepción (PRI) en dos ocasiones


  • Granja Ricalde, Federico (PRI)




  • Gutiérrez Machado, Miguel Angel (PAN) en dos ocasiones



  • Herviz Reyes, Arturo (PRD)




  • López Escoffie, Silvia América (PAN)



  • Luna, José Carlos (PAN)


  • Méndez Herrera, Alba Leonila (PAN)



  • Moctezuma Lule, María Cristina (PVEM)

Tema

Frijol, sobre la problemática del precio y de la importación del frijol.

Autotransporte Federal, proposición con punto de acuerdo respecto a la problemática del transporte federal mexicano en el Tratado de Libre Comercio.

Frijol, sobre la problemática del precio y de la importación del frijol.

Frijol, sobre la problemática del precio y de la importación del frijol.

Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, dictamen de la Comisión de Equidad y Género, con proyecto de dicha ley.

Ley de Coordinación Fiscal, iniciativa de reformas a dicha ley, referente a las entidades federativas y el Distrito Federal.


Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, dictamen de la Comisión de Equidad y Género, con proyecto de dicha ley.

Sur-sureste de México, referente a coadyuvar y dar seguimiento a los proyectos de desarrollo regional relacionados con la región sur-sureste de México.

Sur-sureste de México, referente a coadyuvar y dar seguimiento a los proyectos de desarrollo regional relacionados con la región sur-sureste de México.

Sur-sureste de México, referente a coadyuvar y dar seguimiento a los proyectos de desarrollo regional relacionados con la región sur-sureste de México.

Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, dictamen de la Comisión de Equidad y Género, con proyecto de dicha ley.

Frijol, sobre la problemática del precio y de la importación del frijol.

Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, dictamen de la Comisión de Equidad y Género, con proyecto de dicha ley.

Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, dictamen de la Comisión de Equidad y Género, con proyecto de dicha ley.


3358, 3359 y 3360
 
  • Narro Céspedes, José (PT)

  • Ocampo Fernández, Ricardo
    Augusto (PRI)


  • Patiño Cardona, Francisco (PRD)

  • Peredo Aguilar, Rosalía (PT)

  • Pineda Velázquez, Héctor (PRI)


  • Ponce Contreras, Ramón (PAN)


  • Riojas Santana, Norma Patricia (PSN) en
    dos ocasiones


  • Sánchez Lira, María de los Angeles (PRD)


  • Torres Mercado, Tomás (PRD)





  • Trejo González, Abel (PRI) en dos
    ocasiones

  • Treviño Gutiérrez, Librado (PRI)

Tema

Sur-sureste de México, referente a coadyuvar y dar seguimiento a los proyectos de desarrollo regional relacionados con la región sur-sureste de México.


Sur-sureste de México, referente a coadyuvar y dar seguimiento a los proyectos de desarrollo regional relacionados con la región sur-sureste de México.

Autotransporte Federal, respecto a la problemática del transporte federal mexicano en el Tratado de Libre Comercio.

Presidente de la República, iniciativa que reforma la fracción I del artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a los requisitos para ser Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Sur-sureste de México, referente a coadyuvar y dar seguimiento a los proyectos de desarrollo regional relacionados con la región sur-sureste de México.

Frijol, sobre la problemática del precio y de la importación del frijol.

Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, dictamen de la Comisión de Equidad y Género, con proyecto de dicha ley.

Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, dictamen de la Comisión de Equidad y Género, con proyecto de dicha ley.

Sur-sureste de México, referente a coadyuvar y dar seguimiento a los proyectos de desarrollo regional relacionados con la región sur-sureste de México.


Sur-sureste de México, referente a coadyuvar y dar seguimiento a los proyectos de desarrollo regional relacionados con la región sur-sureste de México.

Día Mundial de las Personas con Problemas de Audición , sobre la celebración del 28 de noviembre.

 
  • Ulloa Pérez, Emilio (PRD)




  • Vaca Betancourt Bretón, José Sergio
    Rodolfo (PAN)

Tema

Sur-sureste de México, referente a coadyuvar y dar seguimiento a los proyectos de desarrollo regional relacionados con la región sur-sureste de México.

Procuraduría General de la República, proposición con punto de acuerdo sobre la labor realizada por el Procurador General de la República.


NOTAS

Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:
AC
Aserca
Banrural
Cintra
CNA
Conasupo

D.F.
DHL
DIF
FAO

FIRA
Firco
Fonaes
Fonden
INEGI
IPAB
ISR
Mercosur
OCDE
PAN
PGR
PIB
PRD
PRI
Procampo
Progresa
PT
S.A. de C.V.
Sagar
Secofi
Sedesol
Semarnap
TLC
UNESCO

Asociación Civil
Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria
Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito
Corporación Internacional de Transportación Aérea
Comisión Nacional del Agua
Compañía Nacional de Subsistencias Populares, Sociedad Anónima de Capital Variable
Distrito Federal
Delsey, Hilburg y Ling (fundadores de la empresa)
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (por las siglas en inglés)
Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura
Fideicomiso de Riesgo Compartido
Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad
Fondo de Desastres Naturales
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
Instituto de Protección al Ahorro Bancario
Impuesto sobre la renta
Mercado Común de América del Sur
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
Partido Acción Nacional
Procuraduría General de la República
Producto interno bruto
Partido de la Revolución Democrática
Partido Revolucionario Institucional
Programa de Apoyos Directos al Campo
Programa Nacional de Educación, Salud y Alimentación
Partido del Trabajo
Sociedad Anónima de Capital Variable
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca
Tratado de Libre Comercio
Organización Educacional, Científica y Cultural, de Naciones Unidas (por las siglas en inglés)