Consulte la Secretaría
a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen en virtud de estar publicado en la
Gaceta Parlamentaria del día 15 de diciembre.
| El
secretario José Manuel Medellín Milán: |
Por instrucciones de la Presidencia se consulta
a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen en virtud
de estar publicado en la Gaceta Parlamentaria del 15 de diciembre.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la
afirmativa, señor Presidente.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Poder Legislativo Federal. Cámara de
Diputados. Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Dictamen con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados celebre una sesión para
rendir homenaje a los deportistas mexicanos que participaron en los juegos olímpicos y
paralímpicos de Sydney 2000 y para que les sea entregada una placa conmemorativa de la
LVIII Legislatura a los deportistas que obtuvieron medallas olímpicas.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, fueron turnadas para su estudio
y dictamen las siguientes
PROPOSICIONES
1. Con punto de acuerdo para realizar un acto solemne y rendir homenaje a la delegación
mexicana que participó en los juegos olímpicos de Sydney, presentada en el pleno por el
diputado Juan Carlos Regis Adame, a nombre de integrantes del grupo parlamentario del
Partido del Trabajo, el 5 de octubre de 2000.
2. Con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura, otorgue
un reconocimiento a cada uno de los deportistas mexicanos que participaron en la justa de
Sydney, Australia, presentada en el pleno por la diputada Norma Enriqueta Basilio Sotelo,
a nombre de integrantes de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario
Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de
México, el 5 de octubre de 2000.
3. Con punto de acuerdo para que se otorgue a los medallistas olímpicos que triunfaron en
los juegos paralímpicos de Sydney 2000, un reconocimiento público por su destacada
participación en dicho evento, presentada por la diputada Olga Patricia Chozas y Chozas a
nombre de integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el
31 de octubre de 2000.
CONSIDERACIONES
Cada cuatro años, con excepción de las dos guerras mundiales, las mejores y los mejores
atletas del mundo se dan cita en alguna ciudad del planeta para representar a su país en
la justa deportiva más importante de los tiempos modernos.
Con una filosofía y una serie de símbolos que se han forjado poco a poco, enriqueciendo
la tradición humana del olimpismo, los juegos son el clímax de la unidad y la paz entre
los pueblos; la disciplina, la dedicación y la superación de los seres humanos.
No muy alejados de la filosofía olímpica actual, los juegos olímpicos de la
antigüedad, llamados así por celebrarse en la Ciudad de Olimpia, representaban un
momento de unión entre las diferentes colonias griegas del Mediterráneo. Nacieron como
enormes festivales en los que la religión, las prácticas atléticas y la música se
unían para honrar a los dioses y esclarecer quiénes podían asumir el título de mejores
"deportistas" de la época.
Veinticuatro siglos después, el movimiento olímpico resucitó de la mano del Barón
Pierre de Coubertin. La herencia de la vieja Grecia floreció un 6 de abril de 1896,
cuando se iniciaron los I Juegos Olímpicos de la era moderna, después de 15 años de
trabajos y preparativos.
Grecia y en concreto Atenas, alzaron el telón de un movimiento que ahora, a finales del
Siglo XX, es el único capaz de unir a todos los pueblos del mundo.
Después de los Juegos Olímpicos de
Atenas 1896 se han celebrado otras 26 ediciones de los juegos, cada vez con mejor
organización y mayor participación de atletas y países.
Por otro lado, a partir de 1960 se celebran cada cuatro años los juegos paralímpicos,
donde participan atletas con alguna discapacidad física o mental.
El término paralímpico proviene de la palabra paralelo y significa que son los juegos
"paralelos" a los juegos olímpicos. Dicha justa deportiva está igualmente
llena de valores que elevan la conciencia de los seres humanos al permitir que personas
con alguna discapacidad demuestren que son plenamente aptos para competir en los deportes.
En el mes de septiembre del año 2000 se celebraron en la ciudad de Sydney, Australia los
XXVII Juegos Olímpicos de la era moderna, y posteriormente, en octubre de este año, los
XI Juegos Paralímpicos.
México participó en ambos encuentros con delegaciones de deportistas preparados y
triunfadores, que trajeron a nuestro país seis medallas olímpicas y 34 medallas
paralímpicas, además de poner en alto el deporte nacional al clasificar en los primeros
lugares de las disciplinas en que actuaron.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias es la encargada de dictaminar las
propuestas que versan sobre las normas y las actividades camarales.
Ya que las tres proposiciones con puntos de acuerdo presentados ante el pleno solicitan
que se lleve a cabo algún tipo de reconocimiento u homenaje a los atletas mexicanos que
participaron en los XXVII Juegos Olímpicos y los XI Juegos Paralímpicos celebrados en la
ciudad de Sydney, Australia, por parte de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados,
las propuestas fueron turnadas a esta comisión.
En un afán integrador y de reconocimiento equitativo a todos los deportistas mexicanos
que participaron en la justa deportiva de "Sydney 2000", la comisión ha
decidido fundir en un solo dictamen las tres propuestas presentadas en ese sentido.
De tal forma, no se hace distinción entre los deportistas olímpicos y los paralímpicos,
reconociendo en ambas delegaciones su esfuerzo, dedicación y disciplina.
Por ello este órgano legislativo ha decido poner a consideración del pleno un acuerdo
para que sea organizada una sesión para rendir homenaje a las delegaciones de atletas
mexicanos que participaron en los pasados juegos olímpicos y paraolímpicos.
Además, se propone hacer entrega, en esa misma sesión, de placas conmemorativas a
aquellos atletas olímpicos y paralímpicos que hayan obtenido medallas para nuestro
país.
Actuando de esa forma, esta soberanía reconocerá a los deportistas su gran esfuerzo, y
dará un ejemplo a la sociedad mexicana, sobre todo a nuestra juventud, de que México
reconoce a quienes destacan en actividades positivas y provechosas.
Si se desea que los atletas mexicanos sigan triunfando en las competencias
internacionales, es muy justo que las instituciones estimulen y alienten su vocación
deportiva.
Por lo anterior, esta comisión, con fundamento en las facultades que le confieren los
artículos 39, 40 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General y los
artículos 58, 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General somete a la consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea el
presente dictamen con
PUNTO DE ACUERDO
Artículo primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión celebrará
una sesión para rendir homenaje a los atletas olímpicos y a los atletas paralímpicos
que participaron en los XXVII Juegos Olímpicos y XI Juegos Paralímpicos celebrados en la
ciudad de Sydney, Australia en el año 2000.
Artículo segundo. La Cámara de Diputados entregará en la misma sesión, una placa
conmemorativa de la LVIII Legislatura a cada uno de los atletas que obtuvieron medallas en
los XXVII Juegos Olímpicos y los XI Juegos Paralímpicos efectuados en la ciudad de
Sydney, Australia en el año 2000.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. Facúltese a la Comisión de Juventud y Deporte, para organizar
la sesión para rendir homenaje a los atletas mexicanos que participaron en los XXVII
Juegos Olímpicos y XI Juegos Paralímpicos celebrados en la ciudad de Sydney, Australia
en el año 2000.
Segundo. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación
y será publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro. México, D.F., a 5 de diciembre de 2000.
Por la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias los diputados: Augusto Gómez
Villanueva, presidente; Jesús Ali de la Torre; Sergio R. Vaca Betancourt Bretón; Miguel
Angel Martínez Cruz y Diego Cobo Terrazas, secretarios; Eduardo Andrade Sánchez; Manuel
Garza González; Amador Rodríguez Lozano; Gustavo Nabor Ojeda Delgado; Fanny Arellanes
Cervantes; María Teresa Tapia Bahena; Tarciso Navarrete Montes de Oca; Lorenzo Rafael
Hernández Estrada; Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta; Juan Manuel Martínez Nava;
Ricardo Moreno Bastida; Rafael Rodríguez Barrera; Fernando Pérez Noriega; Jaime Salazar
Silva y Armando Salinas Torre.»
Se dispensa la lectura al dictamen
y se concede el uso de la palabra al diputado Augusto Gómez Villanueva, presidente de la
comisión para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
| El diputado
Augusto Gómez Villanueva: |
Con su permiso, señor Presidente;
señoras y señores diputados:
Es para mi motivo de gran satisfacción acudir a esta tribuna a fundamentar a nombre y en
representación de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, que me honro
en presidir, el dictamen con punto de acuerdo para que la honorable Cámara de Diputados
celebre una sesión en homenaje a los deportistas mexicanos que participaron en los juegos
olímpicos y paralímpicos de Sydney, Australia.
Todos los integrantes de nuestra comisión, al discutir y aprobar la iniciativa presentada
por la diputada Norma Enriqueta Basilio Sotelo, a nombre de diversos grupos
parlamentarios; así como la iniciativa del diputado Juan Carlos Regis Adame, a nombre del
grupo parlamentario del Partido del Trabajo y la iniciativa presentada por la diputada
Olga Patricia Chozas, a nombre del Partido Verde Ecologista de México, coincidieron en
expresar el reconocimiento nacional a los deportistas que con gran entusiasmo y capacidad
representaron a nuestro país en dichos juegos.
Coincidieron también en que la educación física y la práctica del deporte estimula la
formación individual, la salud y el bienestar social de la población, por eso es
oportuno y conveniente, como lo señala el dictamen que sometemos a su consideración, que
las instituciones de la República alienten el desarrollo del deporte, la ampliación de
su cobertura, las nuevas alternativas para su práctica y la búsqueda de la excelencia.
Tomando en consideración que las tres propuestas presentadas ante el pleno coincidieron
en que la Cámara de Diputados promueva y dé reconocimiento nacional a los atletas
mexicanos, hemos resuelto fundir en un solo dictamen las propuestas presentadas por los
diversos grupos parlamentarios y dedicar una fecha para reconocer el esfuerzo, dedicación
y disciplina de los deportistas olímpicos y paralímpicos, sin distinción entre unos y
otros.
Es posible y además estimulante que otras instituciones públicas y organismos privados
hayan hecho reconocimientos a los méritos de nuestros deportistas, pero en esta ocasión
por primera vez, será la Cámara de Diputados en donde se encuentren representadas todas
las ideologías, sectores sociales y partidos políticos quien rinda homenaje a los
exponentes de la juventud mexicana que por su esfuerzo, preparación, voluntad y decisión
fueron seleccionados para competir en la contienda mundial.
4492,4493,4494
La Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias recibió con optimismo esta propuesta de expresar el reconocimiento de la
representación nacional a quienes por su tesón se han hecho merecedores de él.
Entendemos este reconocimiento, no como una mera felicitación protocolaria, sino como
ocasión oportuna para reflexionar juntos dentro de la transparencia de la cosa pública
sobre los triunfos merecidos que nuestros atletas alcanzaron y que constituyen orgullo y
gusto nuestro y de todos los mexicanos.
Los hombres y los pueblos con futuro tienen la voluntad de superar las adversidades
naturales o históricas, se trata de hombres y de pueblos que sobrepujan la dificultad
basándose en inteligencia y empeño, con ello construyen su destino, de eso se trata, el
triunfo no es casualidad en la competencia, es camino largo, esfuerzo constante,
paciencia, resistencia física, inteligencia en la construcción de hechos y razonamiento
profundo, es en suma la capacidad de hacer que los hechos correspondan con los sueños,
capacidad de hacer, de construir por sí mismo y también capacidad de soñar.
Esas victorias que nuestros compatriotas construyeron tienen el pasado, el origen del
juego, los humanos jugamos y en el juego hallamos el placer de conocer las capacidades
propias y las de los demás, jugamos por placer pero también por conocimiento; en pocas
actividades se realiza y construye mejor lo humano que en el juego; jugar es vivir;
triunfar es aprender a vivir, ésta es la lección.
Por eso hoy los legisladores reconocemos en estos ejemplares mexicanos el principio
supremo del aprendizaje y del ejemplo, admiramos su calidad humana más completa cuando
mayor es la sabiduría y la sencillez con la que se acepta el triunfo, porque victoria no
es ca-sual, es victoria que nos hace mejores, la victoria no es sólo merecimiento, se
hace, uno la hace y nunca es fácil ni se regala, por eso vemos en nuestros deportistas
olímpicos y paralímpicos, en su ejemplar esfuerzo, perseverancia y amor a México, la
motivación para construir el triunfo.
Cuando por la tarde y la noche de cada día, al regresar del trabajo, vemos en las calles
de la Ciudad de México verdaderas legiones de jóvenes y adultos y aun de mujeres y
hombres mayores entregados al deporte, cerrando calles en la dureza del pavimento,
envueltos en el placer del juego y experimentando la competencia humana, tenemos la
certeza de que México siempre saldrá adelante. Hacer deporte no es fácil en las
ciudades a pesar de los muchos campos deportivos, de los miles de canchas, de la multitud
de lugares de juego, porque no son suficientes frente a la avalancha de un pueblo que
tiene muy antigua la cultura del deporte y el juego y sí debemos aprender que el deporte
y el juego forman parte de nuestra cultura y que la cultura es participación de muchos y
goce para muchos.
Ser culto no significa obtener un status privilegiado; significa ser deudor ante la
sociedad y sus semejantes. Triunfar es construir lo que se piensa, no arrogarse el derecho
de pensar por los demás. El deporte y el juego son escuela de la democracia, también un
instrumento de la libertad. El que juega es libre; el que triunfa realiza en sí la
libertad de todos los demás. El juego, por tanto, el deporte, por tanto y el juego son
instrumentos para la libertad.
Creemos firmemente en el humanismo que revoluciona las conciencias, aquellos que en el
arte vuelven a los clásicos de nuestra pintura, de nuestra escultura, de nuestro deporte
y de nuestra literatura revolucionaria, no lo hacen para recrearse en lo que consideran
obras perfectas; lo hacen para regresar al hombre, para encontrarse a sí mismos, libres
de la fábrica, libres de la atadura de la ignorancia, erguidos frente a cualquier intento
de enajenación o alienación, libres frente a la industria de las conciencias, libres
ante gobiernos o grupos monopólicos u oligárquicos, libres en su país y luchando por la
libertad en su país y del mundo.
Quienes quieren comerciar en industrializar las conciencias están en contra de la
libertad de conciencia; quienes buscan encerrar el deporte en el campo estrecho del
anuncio, la venta, subordinan el deporte a objetivos de comercio y de ganancia; quienes
como nuestros deportistas, han practicado su capacidad de elegir el triunfo, son
luchadores por la libertad de todos nosotros. Deporte y juego forman parte de la
educación y de la cultura, son escuelas de carácter, son causas de libertad.
Los legisladores nos empeñaremos por escribir en la Constitución el derecho de los
mexicanos al juego y al deporte, un derecho social más, no una dádiva, sino un derecho a
la libertad, porque el deporte y el juego son eso: derecho a la libertad y derecho a la
vida.
El triunfo, las victorias de nuestros compatriotas, nos defienden y nos honran a todos,
por eso queremos recibirlos con cariño, en ellas y en ellos reconocemos el genio que
habita en los juegos de la libertad.
Por todo lo anterior, solicito a ustedes, señoras y señores diputados, su respetable
voto a favor del presente dictamen.
Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado don
Augusto Gómez Villanueva.
Una vez que ha quedado fundamentado el dictamen, y no habiendo quien haga uso de la
palabra, solicito a la Secretaría consulte en votación económica, si se aprueba el
punto de acuerdo.
La
secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria: |
En votación económica, se
pregunta a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo presentados.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo de la misma manera... Hay
mayoría, señor Presidente, porque se aprueben los puntos de acuerdo.
Aprobados los puntos de acuerdo
para celebrar una sesión-homenaje a nuestros atletas olímpicos y paralímpicos.
Y concedo el uso de la palabra a la diputada Norma Enriqueta Bacilio Sotelo, para
presentar el programa de dicha sesión.
La diputada Norma Enriqueta Bacilio
Sotelo: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras diputadas; compañeros diputados:
Hace algunas semanas propusimos hacer un digno reconocimiento de esta Cámara de
Diputados, a los deportistas que nos representaron en los juegos olímpicos y
paralímpicos en Sydney, Australia.
Sería primera vez que esta Cámara reconozca de manera explícita y pública, el esfuerzo
de muchos jóvenes que representados por aquellos que lograron excelencia olímpica,
dieron ejemplo de perseverancia y coraje para poner muy en alto el nombre de nuestro
país.
Los jóvenes de hoy, mujeres y hombres, enfrentan una realidad llena de tentaciones que no
siempre son las que impulsan el desarrollo real de sus capacidades y en muchas ocasiones
las aniquilan.
México necesita generaciones de niños y jóvenes, mujeres y hombres más sanos, más
fuertes y más capaces para enfrentar de mejor manera el futuro con menos delincuencia,
menos pandillerismo, sin drogadicción, sin deserción escolar, en síntesis, necesitamos
un México más sano, próspero y productivo.
Reconocer a quienes nos han representado con dignidad y éxito, es reconocernos a nosotros
mismos como mexicanos, es reconocer las bondades del deporte que queremos sean parte de
una cultura del esfuerzo y perseverancia para todos nuestros hijos y futuras generaciones.
Démosle este justo reconocimiento y con ello nuestro compromiso de apoyar decididamente
al deporte para que tengamos en el futuro muchos más jóvenes triunfadores.
Por ello, la Comisión de Juventud y Deporte reconoce el trabajo y apoya el dictamen de la
Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para rendirles este justo
reconocimiento.
Distinguidas compañeras y compañeros diputados: respetuosamente ponemos a su
consideración el programa para este acto, el día jueves 21 de diciembre a las 10:00 de
la mañana.
PROGRAMA.
Reconocimiento a medallistas olímpicos y paralímpicos. Hora: 10:00 de la mañana; lugar:
acceso principal del Palacio Legislativo; recepción a deportistas y autoridades
deportivas por parte de la comisión de cortesía de la Cámara de Diputados y bienvenida
a cargo del diputado Arturo Escobar y Vega, presidente de la Comisión de Juventud y
Deporte y traslado al salón de Legisladores de la República.
A las 10:30 horas. Salón Legisladores de la República, intervención del diputado
Ricardo García Cervantes, presidente de la Cámara de Diputados.
A las 10:40 horas. Salón Legisladores de la República, palabras por parte de los
coordinadores de los grupos parlamentarios.
A las 10:55 horas. Entrega de reconocimientos.
A las 11:10 horas. Intervención de los representantes de los deportistas: Soraya Jiménez
Mendivil y Juan Ignacio Reyes González.
A las 11:20 horas. Vestíbulo Sur de Galerías, inauguración de pinturas de exposición.
Muchas gracias por su aprobación, agradecemos su asistencia, están todos coordialmente
invitados.
Muchas gracias, diputada Bacilio.
Se designa como comisión de cortesía de la Cámara de Diputados, a la Comisión de
Juventud y Deporte y se hace extensiva la invitación a todos las señoras y señores
diputados, a participar en esta sesión de homenaje.
LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO
QUE ADMINISTRARA EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES
Y COOPERATIVAS DE AHORRO
Y PRÉSTAMO Y DE APOYO
A SUS AHORRADORES
El siguiente punto del orden del
día es la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la
Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de
Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores y se adiciona
el artículo 51-B de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de
Crédito.
Es de primera lectura.
En virtud de que se encuentra publicada
en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le
dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación.
Quiero solicitar a la Secretaría dar lectura íntegra, sin solicitar la dispensa del
dictamen, en segunda lectura.
La
secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria: |
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos. Poder Legislativo Federal. Cámara de Diputados. Comisión de Hacienda y
Crédito Público.
Honorable Asamblea: con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II y 73
fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 al 58 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
el diputado José Delfino Garcés Martínez, miembro del grupo parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática en esta LVIII Legislatura del honorable Congreso de la
Unión, presentó el 26 de octubre del año 2000 a esta Cámara de Diputados, una
iniciativa de "Ley que crea el Fondo de Apoyo a los Ahorradores Afectados por las
Cajas de Ahorro".
De la misma forma, en esa fecha el grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional presentó la iniciativa que expide la "Ley de Ahorro y Crédito Popular
y que Reforma y Deroga Diversas Disposiciones de la Ley General de Organizaciones y
Actividades Auxiliares de Crédito".
Por su parte, diputados de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional y
Verde Ecologista de México, presentaron la iniciativa de decreto por el que se expide la
"Ley de Ahorro Crédito Popular y el Instituto de Fomento Social para la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley
General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito".
4495,4496,4497
Dichas iniciativas fueron turnadas a esta Comisión de Hacienda y Crédito Público para
su estudio y dictamen. Después de analizarlas y evaluarlas, con la participación de los
sectores involucrados, de servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y, desde luego, con representantes de los grupos de ahorradores afectados, a
continuación se presenta a esta honorable Asamblea el siguiente
DICTAMEN
Descripción de las iniciativas
El proyecto de ley que presentó el grupo parlamentario del PRD tiene como propósito
fundamental el de apoyar, mediante la aportación complementaria de recursos públicos, la
recuperación de los ahorros que miles de ahorradores han perdido a raíz de diversos
ilícitos que se han cometido en algunas cajas de ahorro.
En efecto, algunas entidades constituidas bajo la modalidad tanto de sociedades
cooperativas ahorro y préstamo como de sociedades de ahorro y préstamo, tuvieron un
funcionamiento irregular que no fue corregido y sancionado a tiempo por las autoridades
correspondientes, en perjuicio de cientos de miles de afectados, en su mayoría personas
de escasos recursos que actuaron de buena fe. En tal sentido, la iniciativa se fundamenta
en los siguientes razonamientos:
Propone restablecer la equidad en el trato que se da a los ahorradores e inversionistas de
la banca comercial que hasta ahora cuentan con un seguro de depósito ilimitado y los
ahorradores de las cajas populares que no tienen seguro alguno.
Considera la iniciativa que diversos grupos parlamentarios han expresado su sentido
favorable a la utilización de recursos públicos para resarcir el daño causado a este
tipo de ahorradores.
El costo fiscal que se generaría al momento de apoyar a los ahorradores se vería
disminuido al quedar la fiduciaria como propietaria de todos aquellos bienes que se fueran
recuperando a la culminación de los juicios promovidos.
En atención a lo anterior, la iniciativa del PRD prevé una aportación inicial de 2 mil
millones de pesos con cargo al Presupuesto de Egresos de 2000 y aportaciones subsecuentes
para cumplir cabalmente el objeto del fideicomiso que serían previstas en el Presupuesto
de Egresos de la Federación de 2001.
Por su parte, los artículos transitorios de la iniciativa presentada por diputados del
grupo parlamentario del PRI, tienen como propósito único el de apoyar a los ahorradores
afectados por el cierre de diversas instituciones de ahorro y préstamo, para lo cual se
fundamenta que dicho problema rebasa los límites de las relaciones entre particulares y
se traduce, por consiguiente, en un verdadero problema social.
Por analogía al rescate bancario, considera la iniciativa que se deben establecer las
bases de un sano y eficiente sistema de ahorro popular, lo cual encuentra su soporte
jurídico en el artículo 25 de nuestra Carta Magna.
En la exposición de motivos correspondiente se indica que debe prevalecer un criterio de
equidad vinculado al principio de solidaridad con aquellas personas de menores ingresos
que han sido usuarias del sistema de ahorro y crédito, por lo que se requiere estructurar
un sistema de apoyo que resarza los saldos netos a los ahorradores que han sido afectados.
Estas operaciones se realizarían a través de un Fideicomiso de carácter público para
garantizar su absoluta transparencia y la existencia de controles adecuados sobre su
operación.
Por lo que respecta a la tercera iniciativa, que presentaron diputados del PAN y del PVEM,
vale la pena señalar que su mención obedece en este caso particular, al espíritu
general que expresa en cuanto a la necesidad urgente de contar con un marco jurídico
moderno y eficaz que permita regular y fomentar el ahorro y crédito popular, bajo
condiciones de seguridad y rentabilidad razonables.
De hecho, estas dos últimas iniciativas son prácticamente iguales en los propósitos,
objetivos y alcances que persiguen en esa materia, por lo que, sin duda, merecerán su
pronto análisis y dictaminación.
Consideraciones de la comisión
Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público estiman que, dada la
urgencia de resolver el problema de las familias mexicanas que perdieron sus ahorros por
la insolvencia o quiebra de las sociedades de ahorro y préstamo o, en su caso, de
cooperativas de ahorro y préstamo, es indispensable actuar responsablemente para asegurar
alguna forma de apoyo a la mayoría de los ciudadanos afectados que, en muchos casos, no
disponen de ningún otro recurso para hacer frente a sus necesidades básicas que
encontraban en este sistema de ahorro popular un mecanismo para atenderlas.
Los miembros de esta comisión dictaminadora constataron que algunas entidades
constituidas bajo las modalidades de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y
sociedades de ahorro y préstamo, tuvieron un funcionamiento irregular o hubo negligencia
de parte de quienes estaban a cargo de su administración y en su caso, no fueron
supervisadas adecuadamente, en perjuicio de cientos de miles de ahorradores afectados.
Ante esta problemática social, es evidente la necesidad de un marco jurídico integral
que permita regular y fomentar el ahorro y crédito popular.
Por otro lado, a raíz de la presentación de las iniciativas, se han efectuado diversas
reuniones con los sectores interesados, con diversas autoridades que tienen incidencia
sobre la materia y, por supuesto, con los representantes de los grupos de ahorradores
afectados, quienes han sido también atendidos por una comisión plural de diputados que
prácticamente desde el inicio de la presente legislatura han estado al pendiente de este
asunto, los cuales han aportado a esta comisión sus puntos de vista para la tarea
dictaminadora.
Las iniciativas ponen de manifiesto la existencia de una enorme falla en el sistema de
ahorro popular lo cual ha ocasionado elevados costos sociales y considerando que los
diversos grupos parlamentarios se han expresado en sentido favorable a la utilización de
recursos públicos para apoyar de manera extraordinaria el daño causado a este tipo de
ahorradores, se incluye en la propuesta de dictamen la creación de un "fideicomiso
que administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y
Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores", para garantizar la absoluta transparencia de
aplicación de los recursos públicos destinados a este fin y la existencia de controles
adecuados sobre su operación.
Dicho fideicomiso contará con un comité técnico integrado por un representante de cada
una de las siguientes instituciones: de las secretarías, de Hacienda y Crédito Público,
quien lo presidirá; de Gobernación; de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, así
como un representante de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, un representante de
la Comisión Nacional para la Defensa y Protección de los Usuarios de Servicios
Financieros, y dos representantes de la Comisión Consultiva que, a su vez, se integra por
los representantes de los gobiernos de las entidades federativas con mayor número de
ahorradores afectados.
Cabe señalar, que este fideicomiso no será considerado como una entidad paraestatal y
que su domicilio será el Distrito Federal.
Esta comisión considera importante señalar que su patrimonio se constituirá por las
aportaciones del Gobierno Federal, las que realicen las entidades federativas de acuerdo a
los convenios que se suscriban; de los productos que se generen por la inversión y
administración de los recursos y bienes con que cuente el fondo, así como de los propios
que se aporten para el mejor cumplimiento de su objeto social.
Para su constitución y debida operación, el Gobierno Federal, a través de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público aportará hasta 2 mil 285 millones de pesos,
en los términos que se señalan en el proyecto de ley.
De este monto 500 millones de pesos se destinarán a apoyar el fortalecimiento de las
sociedades de ahorro y préstamo y de las cooperativas de ahorro y préstamo que registren
problemas graves de liquidez o solvencia, para lo cual deberán de cumplir previamente con
diversos requisitos que demuestren su viabilidad operativa y financiera.
Es importante destacar que la aplicación de los fondos federales, así como los estatales
para el apoyo a los ahorradores estarán reflejados en los convenios que para el efecto
suscriban.
Se propone también que el fideicomiso deberá administrar el fondo por un periodo de
hasta de dos años, contados a partir del inicio de sus actividades o bien, hasta que
extinga su patrimonio, lo que ocurra primero.
Respecto a los sujetos del apoyo, esta comisión estima necesario que debe prevalecer un
criterio de equidad vinculado al principio de solidaridad con aquellas personas de menores
ingresos que han sido usuarias del sistema de ahorro y crédito, por lo que se requiere
estructurar un sistema de apoyo basado en saldos netos a los ahorradores que han sido
afectados.
Además, esta Comisión de Hacienda tomó en cuenta el hecho de que algunas de las
sociedades o cooperativas de ahorro y préstamo pagaban intereses excesivamente altos, en
algunos casos hasta de más de tres veces el interés del mercado y que esos intereses
capitalizados generaron ganancias que en términos de competencia normal hubieran sido muy
inferiores. Ello justifica también la reducción de los porcentajes de recuperación, al
excluir este concepto del esquema de apoyo.
Al respecto, diversos grupos de trabajo de diputados con presencia plural exploraron
diferentes alternativas, las cuales se orientaron por dos principios básicos:
1) Que el apoyo alcanzara al mayor número de ahorradores, y
2) Que hubiese un reparto equitativo de los recursos públicos disponibles.
En cuanto a la equidad, se consideró que era importante permitir la recuperación de los
montos de ahorro menores que suponen una mayor necesidad de quienes tenían depositados
esos fondos, pero también que el reparto alcanzara a niveles relativamente mayores, en
donde se encuentra la presencia de grupos sociales vulnerables como jubilados y
pensionados, mujeres que viven solas o son cabeza de familia, personas desempleadas y que
en ocasiones, habían depositado todos los recursos obtenidos por su retiro del empleo y
que prácticamente vivían de los intereses que les dejaba todo su patrimonio depositado
en esas entidades.
En atención a lo anterior y dado el tiempo transcurrido, se establece que los pagos
derivados de esta ley se iniciarán a más tardar 10 días hábiles con posterioridad a
que se hayan cumplido los requisitos previstos en ésta y continuarán en el orden
sucesivo en que se presenten los ahorradores hasta que se agote el patrimonio del
fideicomiso.
En materia de requisitos, la que dictamina estima conveniente señalar que será
indispensable que las entidades de ahorro y préstamo a las que pertenezcan los
ahorradores afectados se hayan constituido con anterioridad de un año a partir de la
vigencia de la presente disposición.
Por otra parte, los ahorradores que tengan obligación de declarar el impuesto sobre la
renta, deberán presentar las declaraciones correspondientes al tiempo en que hayan sido
ahorradores o hasta por un máximo de cinco años.
Conjuntamente con el grupo de diputados que participaron desde un inicio en los trabajos
de análisis y propuesta de solución a la problemática descrita, se realizaron
diferentes estudios y ejercicios para encontrar una fórmula que sirviera de base para el
reparto y que, si bien tomaba como punto de referencia cantidades concretas sobre las
cuales elaborar diferentes escenarios, debían concluir en un mecanismo expresado en
términos abstractos y generales que deben ser propios de una ley.
De esta manera, se llegó a la conclusión de que era necesario establecer un "monto
básico de pago" a partir del análisis de depósitos de las sociedades afectadas y
para hacerlo compatible con un monto de recursos aceptable, se determinó que dicho monto
básico se estructurara a partir del saldo promedio del saldo neto de ahorro más bajo de
aquellas sociedades cuya situación se conoce integralmente, por haberse concluido las
auditorías correspondientes.
Ahora bien, con el fin de lograr que los primeros recursos beneficien a un mayor número
de los ahorradores afectados, se concluyó que el "monto básico de pago"
debería ser la mitad del mencionado saldo promedio, mismo que nunca podrá ser mayor de
10 mil pesos, pero siempre buscando que se pudiera satisfacer por lo menos una parte
importante de las necesidades a cubrir.
La aplicación de las fórmulas llevó a esta comisión dictaminadora al establecimiento
de un esquema que permite a aquellos que tienen una cantidad hasta de 19 veces el
equivalente del monto básico lograr una recuperación del 70% de dicho saldo.
4498,4499,4500
Por encima de 19 veces el monto básico,
esta Comisión de Hacienda considera que la generalidad de los ahorradores que disponían
de recursos de ese nivel no se encuentran en la misma condición de desamparo y problema
que los ahorradores de menores recursos. Más aún, considera que tienen la capacidad
suficiente para litigar acciones legales y judiciales que les permita la recuperación de
su dinero a partir de los bienes que, pertenecientes o que se han asegurado a quien
manejaba esas sociedades o cooperativas de ahorro y préstamo, ahora en insolvencia, no
justifican la aplicación de recursos públicos.
Por saldos netos de ahorro, se entiende el monto que conste en los títulos de crédito o
documentos equivalentes que comprueben los depósitos realizados por ahorrador, menos los
créditos no cubiertos por el mismo, sin considerar la cobertura de ninguna cantidad por
concepto de intereses.
Por último, es preciso señalar que al efectuarse el pago se estipula que los
ahorradores, además de exhibir el documento comprobatorio de los depósitos realizados,
deberán manifestar por escrito que ceden sus derechos a favor de la fiduciaria y que no
se reservan acción ni derecho alguno contra la entidad insolvente, el fideicomiso o la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Hacienda y Crédito Público somete a la
consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente
DECRETO
Por el que se expide la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el
Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Prestamos y de Apoyo a sus
Ahorradores y se adiciona el artículo 51-B de la Ley General de Organizaciones y
Actividades Auxiliares del Crédito.
Artículo primero. Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el
Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus
Ahorradores.
"Artículo 1o. Se crea el fideicomiso que administrará el Fondo para el
Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus
Ahorradores.
Artículo 2o. El fideicomiso tendrá por objeto:
I. Fortalecer el esquema financiero de las Sociedades de Ahorro y Préstamo y Cooperativas
de Ahorro y Préstamo que cumplan con los requisitos que establece esta ley, con objeto de
fomentar la cultura del ahorro popular;
II. Apoyar a los ahorradores de las Sociedades de Ahorro y Préstamo y de las Cooperativas
de Ahorro y Préstamo que se encuentren en estado de insolvencia comprobada.
Artículo 3o. El fideicomiso será público y contará con un comité técnico que estará
integrado por un representante de cada una de las siguientes Instituciones: de las
secretarías de Hacienda y Crédito Público, quien lo presidirá; de Gobernación, de
Contraloría y Desarrollo Administrativo, así como un representante de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, un representante de la Comisión Nacional para la Defensa
y Protección de los Usuarios de Servicios Financieros y dos representantes de la
comisión consultiva quienes serán los representantes de los gobiernos de las entidades
federativas con mayor número de ahorradores afectados, conforme a los resultados de las
auditorías y que hayan celebrado los convenios a que se refiere el artículo 10 de esta
ley.
Este fideicomiso no tendrá estructura orgánica propia, por lo que no queda comprendido
en los supuestos de los artículos 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal y 40 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.
Artículo 4o. La comisión consultiva a la que se refiere el artículo anterior estará
integrada por los representantes de los gobiernos de las entidades federativas en las
cuales existan ahorradores afectados, que hayan celebrado los convenios a que se refiere
el artículo 10 de esta ley y por dos presidentes de los consejos de administración de
las sociedades que cumplan los requisitos a que se refiere la misma, electos de entre
ellos mismos a convocatoria del comité técnico del fideicomiso.
Todos los miembros de esta comisión tendrán los mismos derechos.
Artículo 5o. El fondo, que será el
patrimonio administrado por el fideicomiso, se constituirá por:
I. Las aportaciones del Gobierno Federal por 1 mil 785 millones de pesos a que se refiere
el artículo 9o. de esta ley y de 500 millones a que se refiere el artículo 12 de la
misma. Estos montos se administrarán en subcuentas independientes entre sí y distintas a
aquellas en que se administre el resto de las aportaciones;
II. Las aportaciones que hagan las entidades federativas;
III. Los productos que se generen por la inversión y la administración de los recursos y
bienes con que cuente dicho fondo;
IV. Los bienes que se aporten al fondo y
V. Los demás que, por otros conceptos, se aporten para el mejor cumplimiento de sus
fines.
Artículo 6o. El fideicomitente del fideicomiso a que se hace referencia en el artículo
anterior será el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
La fiduciaria será Nacional Financiera, SNC y los fideicomisarios, los ahorradores
afectados que cumplan con los requerimientos que se señalan en esta ley o, en su caso,
las sociedades que sean objeto de fortalecimiento, de acuerdo al segundo párrafo del
artículo 13 de este ordenamiento y a lo que en concordancia con ellas determine el
comité técnico.
Dicho comité técnico tendrá de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes
facultades:
I. Aprobar los términos mínimos de referencia, conforme a los cuales deben practicarse
las auditorías a las sociedades para su fortalecimiento, con el propósito de que los
recursos de este fideicomiso se apliquen de forma transparente a los fideicomisarios;
II. Aprobar las bases y procedimientos a través de los cuales se reconocerán los montos
a pagar, así como la identidad de los ahorradores afectados; los procedimientos para
determinar las cantidades que se podrán entregar a los mismos, así como los
procedimientos para documentar dichas entregas;
III. Determinar mediante reglas de carácter general los requisitos que deben reunir los
títulos de crédito o documentos comprobatorios de los derechos de crédito de los
ahorradores afectados para ser considerados válidos;
IV. Determinar con base en la auditoría correspondiente y en las reglas que emita, cuando
es viable la recuperación financiera de una sociedad que presente problemas de solvencia
y en su caso, aprobar el monto necesario para su saneamiento;
V. Determinar las reglas y procedimientos para la enajenación de los bienes aportados al
fideicomiso así como aprobar las mismas;
VI. Autorizar la celebración de los actos, convenios y contratos de los cuales puedan
derivar afectaciones para el patrimonio del fideicomiso, así como aquellos que sean
necesarios para el cumplimiento de sus fines;
VII. Autorizar, con cargo al patrimonio del fideicomiso, los gastos que resulten
necesarios, para el manejo del mismo, incluyendo los honorarios que correspondan al
fiduciario, así como aquellos que deriven del proceso de extinción del mismo.
VIII. Instruir al fiduciario, por escrito respecto de la inversión de los fondos
líquidos del fideicomiso;
IX. Evaluar periódicamente los aspectos operativos del fideicomiso;
X. Revisar y aprobar, en su caso, los informes que rinda el fiduciario sobre el manejo del
patrimonio fideicomitido;
XI. Vigilar que los recursos que se aporten al fideicomiso, se destinen al cumplimiento de
sus fines;
XII. Definir los criterios y dictar las decisiones sobre el ejercicio de las acciones que
procedan con motivo de la defensa del patrimonio del fideicomiso, comunicando dichos
criterios y decisiones por escrito a la fiduciaria;
XIII. Girar instrucciones a la fiduciaria acerca de las personas a quienes deberá
conferirse mandato o poderes para que se cumplan las funciones secundarias, ligadas y
conexas a la encomienda fiduciaria o para la defensa del patrimonio fideicomitido,
indicando expresamente cuándo el (los) mandatario(s) o apoderado(s) podrán delegar sus
facultades a terceros;
XIV. Proponer las modificaciones que se pretendan realizar al fideicomiso y
XV. Cualesquiera otras derivadas de la legislación aplicable y de la presente ley,
necesarias para el cumplimiento de los fines del fideicomiso.
Artículo 7o. Se entenderá por sociedades a las Sociedades de Ahorro y Préstamo y a las
Cooperativas de Ahorro y Préstamo a que hace referencia la Ley General de Organizaciones
y Actividades Auxiliares del Crédito y la Ley General de Sociedades Cooperativas,
respectivamente.
Se entenderá por saldo neto de ahorro, el resultado del monto que conste en los títulos
de crédito o documentos equivalentes que comprueben los depósitos realizados por
ahorrador, menos los créditos no cubiertos por el mismo. Para los efectos de dicho
cálculo no se computarán intereses.
Artículo 8o. Sólo podrán acogerse al contenido de esta ley, las sociedades que cumplan
los siguientes requisitos:
I. Haberse constituido legalmente por lo menos con un año de anticipación a la vigencia
de la misma;
II. Haber iniciado los trámites para efectuar los procesos de auditoría con el
propósito de determinar su insolvencia con antelación al 30 de noviembre de 2000 y que
dichos procesos se hubiesen pagado con recursos públicos o sean, en su caso, aprobados
por el comité técnico a que se refiere el artículo 3o. de esta ley y
III. Realizar los actos corporativos necesarios para que estas sociedades procedan a su
disolución y liquidación, en los plazos que fije el comité técnico de este
fideicomiso, en los casos que así proceda.
Artículo 9o. El Presupuesto de Egresos de la Federación dispondrá de una partida de 1
mil 785 millones de pesos para realizar los pagos previstos en esta ley.
Artículo 10. La aplicación de los recursos federales estará condicionada a la
suscripción de convenios que realice el fideicomiso creado por esta ley, con los
gobiernos de las entidades federativas, en donde existan problemas de ahorradores
afectados. En cada convenio se establecerán los montos de aportación de las partes.
Una vez suscrito el convenio con alguna entidad federativa, se aplicarán los recursos
federales respecto de ésta, con independencia de la firma de otros convenios.
Artículo 11. El fideicomiso efectuará los pagos derivados de sus fines a los ahorradores
plenamente identificados como afectados, siempre y cuando éstos soliciten su pago al
fideicomiso en los términos establecidos en esta ley, dentro de los 60 días naturales a
partir de la fecha en que el comité técnico publique el procedimiento conforme al cual
se llevará a cabo el pago correspondiente, mismo que deberá ser publicado en el Diario
Oficial de la Federación y por lo menos, en dos diarios de circulación nacional, durante
dos días consecutivos.
Tratándose de las sociedades de ahorro y préstamo, el fideicomiso sólo efectuará los
pagos a los ahorradores que se encuentren, en su caso, reconocidos dentro del
procedimiento de quiebra respectivo.
Los pagos que se realicen a los ahorradores afectados se efectuarán de acuerdo a las
siguientes
BASES GENERALES
Primera. El monto básico de pago, será la mitad del promedio del saldo neto de ahorro en
cada sociedad a que se refiere el artículo 7o. de esta ley. El promedio del saldo neto de
ahorro, se determinará dividiendo el monto total de los depósitos realizados con saldo
acreedor en la sociedad de que se trate, entre el número de ahorradores con saldo
acreedor de la misma.
En ningún caso el monto básico podrá ser superior a 10 mil pesos, esto se aplicará
para cualquiera de las sociedades que se encuentren en estado de insolvencia, en los
términos del artículo 2o. de esta ley.
4501,4502,4503
Segunda. Todo ahorrador que tenga un
saldo neto de ahorro igual o menor a 19 veces el monto básico recibirá el 70% de dicho
saldo.
Tercera. Los ahorradores cuyo saldo neto de ahorro rebase el equivalente a 19 veces el
monto básico podrán recibir la recuperación de dicho saldo con recursos provenientes de
otras fuentes, quedando a salvo sus derechos a ejercer las acciones legales que
correspondan.
Cuarta. Los ahorradores sujetos a estos apoyos deberán de cumplir con los requisitos
previstos en este mismo ordenamiento para ser elegibles para recibir los pagos a que se
refieren estas bases.
El comité técnico del fideicomiso previsto en la presente ley queda facultado para
decidir las reglas y determinar los procedimientos para los actos de administración y
dominio que realice sobre los bienes a que se refieren las fracciones IV y V del artículo
5o. de esta ley.
Quinta. El ahorrador deberá manifestar por escrito que cede sus derechos de crédito a
favor del fideicomiso; que renuncia expresamente al pago de los intereses que se hayan
generado a su favor y los que puedan generarse hasta el momento en que se efectúe el pago
y que no se reserva acción ni derecho alguno que pueda existir a su favor, en contra de
la sociedad insolvente de que se trate, del fideicomiso o de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, por los actos que deriven de esta ley.
Los títulos de crédito o los documentos comprobatorios deberán ser entregados al
fiduciario contra el pago realizado.
Sexta. La fiduciaria podrá subrogarse en todos los derechos tanto de crédito como de
carácter litigioso que deriven de los títulos de crédito o los documentos entregados
por los ahorradores, conforme lo determine el comité técnico.
La fiduciaria en ningún caso podrá beneficiarse de algún saldo remanente a favor; en
cambio estará obligada a coadyuvar con el Ministerio Público en las causas penales
vinculadas con los procesos que se contemplan en esta ley, hasta su conclusión.
Séptima. El comité técnico del fideicomiso determinará mediante reglas de carácter
general los requisitos que deben reunir los títulos de crédito o documentos
comprobatorios para ser considerados válidos y los métodos de identificación de los
ahorradores.
Octava. Los ahorradores que tengan obligación de presentar declaración anual del
impuesto sobre la renta deberán adjuntar las declaraciones realizadas durante los años
en que hubieran sido ahorradores de una sociedad, hasta por un máximo de cinco años o
bien, durante el tiempo que hubiesen estado obligados a presentarla, si ésta es menor a
la vigencia del título de crédito o documento comprobatorio correspondiente.
Artículo 12. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del
Año 2001 dispondrá de una partida de 500 millones de pesos que se destinará
exclusivamente para las acciones que el fideicomiso realice con el propósito de apoyar el
fortalecimiento de las sociedades que registren problemas graves de liquidez y/o
solvencia.
Artículo 13. El comité técnico del fideicomiso con base en la información de la
auditoría correspondiente, determinará cuándo es viable la recuperación financiera de
una sociedad que presente problemas de liquidez y/o solvencia, en su caso, el monto
necesario para su fortalecimiento, al que se refiere el artículo anterior.
Las sociedades que se encuentren en este supuesto deberán cumplir además con los
siguientes requisitos:
I. Justificar la viabilidad operativa y financiera de la sociedad y la idoneidad del apoyo
mediante la práctica de una auditoría que reúna los requisitos que determine el comité
técnico del fideicomiso;
II. Determinar que como consecuencia de los resultados de la auditoría, es más
conveniente que dicha sociedad se mantenga en operación, porque tal opción se considere
razonablemente menos costosa que liquidarla;
III. Presentar un programa de saneamiento;
IV. Acreditar que durante los seis meses anteriores a la entrada en vigor de la presente
ley, las tasas de interés pactadas para los depósitos de dinero e inversiones de sus
ahorradores, fueron inferiores al 80% de la tasa de interés interbancaria de equilibrio
o, en su defecto, la tasa de interés que en su caso la sustituya y
V. Otorgar garantías a satisfacción del comité técnico.
Artículo 14. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá emitir reglas de
carácter general a efecto de proveer a la mejor observancia de los preceptos de esta ley.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Para efectos de esta ley el fideicomiso se considerará
constituido en la misma fecha a que se refiere el artículo anterior.
Tercero. El periodo durante el cual operará el fideicomiso que
administrará el fondo para el fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro y
préstamo y de apoyo a sus ahorradores será de dos años contados a partir del inicio de
sus actividades o cuando se extinga su patrimonio en los términos de esta ley, lo que
ocurra primero.
Si al término de su operación existiesen remanentes de recursos públicos, éstos se
aplicarán al fondo o fondos que existan para asegurar el debido funcionamiento de las
sociedades dedicadas al ahorro y crédito popular, que sean reguladas mediante una ley que
tenga por objeto regular, promover y facilitar el servicio de captación de recursos,
colocación de crédito y otorgamiento de otros servicios financieros por parte de las
mismas. De no existir tales fondos se reintegrarán a la Tesorería de la Federación.
Cuarto. Los pagos a los ahorradores afectados se iniciarán a más tardar
10 días hábiles después del día en que se hayan cumplido los requisitos previstos en
esta ley y continuarán en el orden sucesivo en que se presenten dichos ahorradores,
efectuando pagos hasta agotar el patrimonio del fideicomiso conforme a lo previsto al
artículo 5o. de esta ley, con excepción de los recursos previstos para el saneamiento de
las sociedades a que se refiere el artículo 12 de este mismo ordenamiento.
Sin menoscabo de lo anterior, una vez que el saldo del patrimonio del fideicomiso sea
igual o inferior a 175 millones de pesos, éste deberá iniciar los trámites necesarios
para su extinción.
Quinto. Para efectos de la aportación que deberá fideicomitir la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos del artículo 9o. de esta ley,
ésta se realizará a través de ampliación líquida con cargo a un monto adicional de
gasto programable al previsto en los artículos 35 fracción I, inciso e y 84 penúltimo
párrafo del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
del Año 2000. En caso de que esta ampliación no sea suficiente, se deberá prever la
erogación correspondiente con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal del Año 2001.
Sexto. Para los propósitos de esta ley, se adiciona el primer párrafo
del artículo 51-B de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de
Crédito."
Artículo segundo. Se adiciona el primer párrafo del artículo 51-B de la Ley General de
Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, para quedar como sigue:
"Artículo 51-B. El Gobierno Federal y las entidades de la administración pública
paraestatal no podrán responsabilizarse ni garantizar el resultado de las operaciones que
realicen las organizaciones auxiliares de crédito y casas de cambio así como tampoco
asumir responsabilidad alguna de las obligaciones contraídas con sus socios o con
terceros. Lo anterior salvo que, en el caso de las organizaciones auxiliares de crédito a
que se refiere el artículo 38-A de esta ley, exista provisión presupuestaria
específica, aprobada por autoridad competente."
ARTICULO TRANSITORIO
Primero. La adición al artículo 51-B de la ley mencionada en el artículo
anterior entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Sala de comisiones. Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a 18 de
diciembre del 2000. Diputados: Oscar Guillermo Levín Coppel, Jorge A. Chávez Presa,
José Manuel Minjarez Jiménez, César Alejandro Monraz Sustaita, Rosalinda López
Hernández, Enrique Alonso Aguilar Borrego, Manuel Añorve Baños, Miguel Arizpe Jiménez,
Florentino Castro López, Enrique Octavio de la Madrid Cordero, Roberto Javier Fuentes
Domínguez, Guillermo Hopkins Gámez, Salvador Rocha Díaz, Reyes Antonio Silva Beltrán,
José Luis Ugalde Montes, José Francisco Yunes Zorrilla, Enoch Araujo Sánchez, Julio
Catellanos Ramírez, Francisco de Jesús de Silva Ruiz, Francisco García Cabeza de Vaca,
Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, Luis Alberto Pazos de la Torre, Francisco Raúl
Ramírez Avila, Arturo San Miguel Cantú, Hugo Adriel Zepeda Berrelleza, José Antonio
Magallanes Rodríguez, Emilio Ulloa Pérez, Francisco Agundis Arias, Gustavo Riojas
Santana.»
Es de segunda lectura.
Gracias, señor Secretario.
Es de segunda lectura el dictamen y por tanto está a discusión en lo general y en lo
particular el proyecto por el que se expide la Ley que Crea el Fideicomiso que Administra
el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de
Apoyo a sus Ahorradores y se adiciona el artículo 51-B de la Ley General de
Organizaciones de Actividades Auxiliares de Crédito.
Para fundamentar el dictamen en los
términos del artículo 108 del Reglamento que señala la oportunidad antes de iniciar la
discusión, se concede el uso de la palabra al diputado Enrique Octavio de la Madrid
Cordero, para fundamentar el dictamen.
El diputado
Enrique Octavio de la Madrid
Cordero: |
Con su permiso, señor Presidente;
señoras y señores diputados:
El día de hoy vengo a someter a su consideración y en representación de la Comisión de
Hacienda, el decreto por el que se expide la Ley que crea el Fideicomiso que Administra el
Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de
Apoyo a sus Ahorradores.
Este dictamen fue aprobado por la Comisión de Hacienda por unanimidad de sus miembros
presentes.
El dictamen parte de las iniciativas presentadas por el Partido de la Revolucion
Democrática, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional el
pasado 26 de octubre. Dichas iniciativas buscaron tanto promover una ley de ahorro y
crédito popular que regule el crédito y el ahorro popular hacia adelante, como a atender
la problemática de los ahorradores defraudados.
El proyecto de ley que hoy sometemos a su consideración, pretende abordar el problema de
los ahorradores y dejaremos para un momento posterior lo que sería la Ley de Ahorro y
Crédito Popular. Se tiene la intención de dictaminarla para poderla presentar al pleno
en el próximo periodo de sesiones.
El problema de los ahorradores tiene diferentes explicaciones. Por un lado una
legislación deficiente que imponía requisitos más severos para las sociedades de ahorro
y préstamo que para las cooperativas de ahorro y préstamo.
Es así que se crearon un número desmedido de cooperativas con el efecto o con la
intención de evadir una regulación mucho más severa.
Por otro lado también se explica por un esquema de supervisión insuficiente y deficiente
que no permitió detectar a tiempo situaciones irregulares o incluso conductas ilícitas.
Un nivel también de cultura financiera bajo, explica que para muchas personas no
reconocieron que un nivel de tasas de interés mucho más altas que las del mercado,
conlleva también un nivel de riesgo mucho mayor y también ¿por qué no decirlo?, un
bajo, muy bajo nivel de participación e involucramiento de muchos de los socios de estas
entidades, con el fin de supervisar a sus órganos de gobierno.
Desde el inicio de esta legislatura un grupo plural de diputados ha tenido la
responsabilidad de evaluar una serie de alternativas, a fin de encontrar una solución al
problema de los ahorradores.
4504,4505,4506
Desde un principio se reconoció la
dificultad que tendrían los ahorradores de recuperar sus ahorros sin la utilización de
recursos fiscales.
Se reconoció también que el problema rebasa los límites de las relaciones entre los
particulares y que por consiguiente se había convertido en un problema social de enormes
dimensiones, que justifica la utilización de recursos fiscales, para resarcir
parcialmente al mayor número de ahorradores.
Por otro lado, se han tomado en cuenta lo limitado de los recursos públicos, para hacer
frente a tantas demandas de la sociedad, tan o más apremiantes que la que aquí nos
concierne.
Por ello se buscó resarcir parcialmente al mayor número de los ahorradores y
especialmente el de aquellos que no disponen de recursos, para hacer frente a sus
necesidades básicas y que encontraban en este sistema un mecanismo para atenderlas.
Como se ha expresado ya y se desprende de la lectura, quisiera simplemente destacar
algunas de las características de esta iniciativa de ley.
Por un lado se crea un fideicomiso que administra el fondo para el fortalecimiento de
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y de apoyo a sus ahorradores. En realidad
son dos fondos, el primero de ellos un fondo que tiene como principal objetivo apoyar a
los ahorradores afectados, en donde se le solicita a la Federación aportar 1 mil 785
millones de pesos.
Por otro lado, se habla de un fondo de 500 millones de pesos, cuyo principal objetivo es
el destinarlo al fortalecimiento de las entidades, muchas veces algunas de estas cajas o
de estas sociedades, pudieran apoyarse con recursos, con algún crédito de liquidez, que
le permitiría resolver su problema financiero y que evidentemente esto es mucho más
barato, mucho más económico que tener que apoyar a ahorradores en una sociedad
insolvente.
Se dijo también que éste es un fideicomiso público, en donde la fiduciaria será
Nacional Financiera.
¿Quiénes son elegibles como ahorradores? Tienen que ser miembros de una sociedad que
tenga cuando menos un año de existencia y también que esa sociedad haya iniciado
trámites de auditoría, a fin de terminar su nivel de insolvencia antes del 30 de
noviembre de este año y que se hubieran pagado esas auditorías con recursos públicos o
que sean éstas aprobadas por el comité técnico del fideicomiso. Los recursos federales
se aplicarán a través de la suscripción de convenios con las entidades federativas.
El monto máximo del resarcimiento será de un 70%, 70% hasta aquellas personas que tengan
un saldo neto de hasta 19 veces a lo que le hemos denominado monto básico. Este monto
básico de ninguna manera será superior al equivalente a 10 mil pesos.
Los ahorradores una vez que reciban los recursos fiscales, quien así decidan hacerlo,
tendrán que ceder sus derechos litigiosos a favor del fideicomiso, para que éste pueda
continuar con las acciones correspondientes.
El fideicomiso tiene un plazo máximo de vigencia de dos años o un plazo menor si se
extingue el patrimonio antes de ese periodo.
Señoras y señores diputados, es de esta manera como el grupo plural y en concreto la
Comisión de Hacienda, ha encontrado una solución que contribuya a resolver el problema
de los ahorradores, al mismo tiempo que actuemos de una manera responsable.
Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado De la
Madrid Cordero.
Esta Presidencia informa a la Asamblea que para la discusión en lo general se han
inscrito para la fijación de posiciones de sus respectivos grupos parlamentarios, los
siguientes diputados: Jorge Alberto Rodríguez Pasos, del grupo parlamentario del Partido
del Trabajo; Delfino Garcés Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática; Herbert Taylor Arthur, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional y José Francisco Yunes Zorrilla, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Se concede
el uso de la palabra hasta por 15 minutos, al diputado Jorge Alberto Rodríguez Pasos, del
grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
| El diputado
Jorge Alberto Rodríguez Pasos: |
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados:
En representación del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, acudo a esta tribuna a
fijar nuestra postura sobre el dictamen con proyecto de decreto de la Ley que Crea el
Fideicomiso que administrará el fondo para el fortalecimiento de sociedades y
cooperativas de ahorro y préstamo y de apoyo a sus ahorradores.
El fraude a los socios de numerosas cajas de ahorro no es reciente; de hecho surgió hace
10 años con la caja "Capricornio" en Sinaloa y siete estados más de la
República. En Baja California surgió la caja del "Arbolito" y Zacatecas,
múltiples cajas más, entre otros estados. Este problema se agravó y se fue acumulando
sin que las autoridades correspondientes hicieran nada al respecto, hasta que finalmente
hizo crisis en el transcurso de la segunda mitad de este año. No obstante, las
autoridades de la administración anterior eludieron por todos los medios posibles su
responsabilidad, denotando incompetencia o lo más grave, el hecho de que en el problema
del fraude a los ahorradores había intereses oscuros que no querían afectar.
Ante ello, los ahorradores se organizaron y emprendieron una tenaz lucha para tratar de
rescatar los escasos recursos que con mucho esfuerzo habían logrado guardar en estos
organismos de ahorro. Realizaron diversas movilizaciones y acudieron a esta soberanía en
espera de alguna respuesta favorable a sus peticiones.
Nuestro grupo parlamentario fue uno de los primeros en responder positivamente a sus
legítimos reclamos, presentando un punto de acuerdo para que se atendiera el problema, se
realizaron las investigaciones conducentes y se asignaran recursos públicos para sufragar
las afectaciones de que habían sido víctimas los ahorradores.
En reiteradas ocasiones insistimos en que se debían brindar apoyos fiscales para resarcir
el daño causado a los miles de ahorradores que sumaban varios miles de millones de pesos.
Asimismo, señalamos la necesidad de revisar y estudiar todas aquellas propuestas que
están enfocadas a plantear iniciativas para reglamentar el funcionamiento de las cajas de
ahorro, porque la ley vigente que regula las organizaciones auxiliares de crédito,
presentaba una serie de ausencias y limitaciones que no hacían de esta forma de ahorro un
mecanismo funcional y complementario del financiamiento para allegar recursos a las
actividades de los pequeños y medianos productores y proteger el patrimonio de los
socios.
A raíz del problema planteado, se hizo evidente que las cajas de ahorro eran una
verdadera mina de oro para los administradores de éstas, que a final de cuentas
terminaban enriqueciéndose con los dineros y el patrimonio acumulado durante muchos años
por los miles de pequeños ahorradores que con la esperanza de acrecentar sus recursos,
los depositaban en estas organizaciones de crédito.
No podemos dejar de mencionar que las cajas de ahorro en tanto organizaciones auxiliares
de crédito, han cumplido un papel importante respecto a ciertos segmentos de la economía
del país. Han sido la única forma disponible de miles de microempresarios, para
allegarse recursos que canalicen a sus actividades productivas. También por esta razón,
ha sido verdaderamente lamentable la situación en que cayeron numerosas cajas de ahorro,
cancelando con ello sus efectos económicos positivos.
Por las consideraciones anteriores el grupo parlamentario del Partido del Trabajo celebra
que con el dictamen en comento se atienda cuando menos una parte importante de la
problemática en que se vio envuelto el sistema de las cajas de ahorro, en particular lo
relativo a la situación de los patrimonios de los ahorradores que antes de esta medida
veían peligrar su pérdida definitiva.
La creación del fideicomiso contemplado en la ley propuesta con recursos públicos
restituye el sentido de equidad que debieran guardar siempre las instituciones del Estado.
La cobertura del quebranto sufrido por los ahorradores dispuesta en la misma ley es
pertinente y establece en forma adecuada las condiciones para recibir sus beneficios.
Quedará pendiente, por otra parte, el mantener la atención para que los delitos
implicados en la situación que llevó a esta soberanía a elaborar la propuesta de ley
que ahora comentamos sean sancionados conforme a derecho. La impunidad debe ser desterrada
definitivamente de nuestro país y las garantías que se desprenden de nuestras leyes
deben de ser plenamente ejercidas por la ciudadanía.
Por todo lo anterior, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo emitirá su voto a
favor sobre el presente proyecto de decreto.
También exigimos, exigimos también, que quede claro, que se castigue y finque
responsabilidad penal a los funcionarios de Hacienda que tuvieron qué ver en el fraude de
las distintas cajas de ahorro.
Segundo, como lo dije, apoyamos este dictamen de momento, pero exigimos el pago del 100%
ahorrado por los miles de defraudados de las distintas cajas de ahorro, como El Arbolito,
Capricornio, Cajas del Sol, entre otras.
Tercero, que la PGR rinda cuentas claras de lo asegurado a las cajas de ahorro en general
y, si hay faltantes, también se investigue y castigue a los funcionarios responsables de
este robo.
Cabe señalar también que, compañeros, cuánto dinero, cuánto dinero se le está dando
al IPAB, miles de millones de pesos. Hay que quitarle un poquito, creo y creemos en la
fracción del PT, para resarcir el daño a los ahorradores.
Estamos rescatando a los banqueros pero no estamos rescatando a los miles de ahorradores
que tienen su esperanza en ese dinero que depositaron para ganar un interés. Mucha gente
de la tercera edad, pensionados y jubilados están ahí, tienen este problema y esa gente
votó por nosotros.
Somos diputados federales, somos representantes del pueblo, venimos de distritos, de 300
distritos de la República y creo yo que estamos obligados moral y éticamente a ayudar a
esta gente que su ahorro, su dinero, lo tiene en las cajas de ahorro.
Muchas gracias y es cuanto, señor Presidente.
Gracias, diputado Rodríguez Pasos.
Se concede el uso de la palabra, hasta por 15
minutos, al diputado Delfino Garcés Martínez, para presentar la posición del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
| El diputado
José Delfino Garcés Martínez: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Hace casi dos meses pase a esta tribuna para presentar una iniciativa de ley y crear un
fondo público que respaldara a los ahorradores afectados por las omisiones, la
negligencia y los abusos de la autoridad y particulares.
Aquella iniciativa había sido presentada a consideración de los grupos parlamentarios
por el consejo nacional de ahorradores, el 26 de septiembre, como culminación de una
magna marcha nacional.
Aquí afuera la aprobamos en lo general los perredistas y en consecuencia, la presentamos
a consideración del pleno.
¿Por qué el PRD apoya la causa de los ahorradores para lograr su resarcimiento? Porque
es un problema que afecta a más de 300 mil familias, el 25% de ellas no tienen otra
fuente de ingreso y el 40% son jubilados y pensionados, afectados por el mismo problema.
Por qué la crisis del sistema de cajas de ahorro popular pudo haberse evitado y no fue
así por las graves omisiones y la interesada negligencia de la Secretaría de Hacienda y
la Comisión Bancaria y de Valores.
4507,4508,4509
¿Por qué debe repararse el daño a los afectados, toda vez que existen graves
responsabilidades públicas sobre lo que sucedió y los responsables deben rendir cuentas?
Ambos principios, reparación del daño y rendición de cuentas son irrenunciables si
queremos vivir un sistema democrático.
¿Por qué el Gobierno cuenta con economías e ingresos extraordinarios que le permiten
atender este grave problema sin gravar a los contribuyentes? ¿Por qué apoyamos esta ley?
Respaldamos la iniciativa que hoy se presenta y se somete a consideración del pleno de la
Cámara porque recoge la mayoría de las tesis y propuestas que hicieron los ahorradores y
que el PRD ha respaldado.
1. Decimos que en el caso de los ahorradores de la red de cooperativas que organizó
Ocampo Verdugo, el Gobierno Federal aseguró los bienes con el argumento del lavado de
dinero y nueve meses después no sólo no hay pruebas de ello, sino que el propio Gobierno
anterior inició el sobreseimiento que hizo. Algo similar se puede decir de la
desafortunada y equivocada intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en
el caso de El Arbolito. Mismo caso que en cuanto a las cajas de El Sol, en las que el
Gobierno Federal no hizo absolutamente nada cuando pudo haberse evitado la pérdida de los
depósitos de los ahorradores.
El sistema de cajas de ahorro entró en crisis y en ello hay responsabilidad pública
negligente. Las consecuencias son de interés público, más de 300 mil familias
afectadas, como ya lo decíamos, insistir en que todo es un asunto entre particulares no
es sólo irresponsable, sino cómplice con todo lo sucedido.
2. La ley, una vez aceptado el principio de reparación del daño establece un fondo
público denominado Fondo para el Fortalecimiento de Sociedad Cooperativas de Ahorro y
Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, que queda sujeto a la supervisión de esta
representación nacional y que contará con el respaldo de recursos públicos federales
hasta por 2 mil 285 millones de pesos. La reparación del daño encuentra así el
instrumento de su realización.
3. Se propone que los ahorradores que tenían hasta 190 mil pesos de depósito, puedan
tener la posibilidad de vender al fondo público sus derechos a cambio del 70% del monto
establecido en los pagarés.
Con esta decisión se cubre el 95% de los ahorradores y a los 3 mil adicionales se les
deja a salvo por completo su derecho a continuar los procedimientos en curso para
recuperar los bienes asegurados por la PGR, la Secretaría de Hacienda y las
procuradurías estatales.
4. Se acordó tomar los recursos federales preferentemente del actual ejercicio fiscal,
con el propósito de garantizarles suficiencia al fondo que se instituye a partir de las
economías y márgenes existentes en este año y que en el año 2001 podrían no existir.
5. Se propuso para el PAN y el PRI y decidimos aceptar el planteamiento de que las
entidades federativas aportaran también recursos complementarios, a efecto de asegurar
que los ahorradores reciban el porcentaje descrito.
Sin embargo, nos preocupa que algunas entidades con presupuestos, ya de suyo restringidos,
tengan dificultades para realizar aportaciones y en consecuencia insistiremos para llegar
a un acuerdo en torno al presupuesto para establecer el PAEF, como se hizo este año con
el Presupuesto de Egresos de la Federación, de modo que los estados puedan hacer frente a
sus aportaciones sin demérito del conjunto de las legítimas demandas presupuestales que
han hecho.
6. Otra decisión importante que facilitó que la iniciativa hoy presentada pudiera tener
consenso, fue la modificación de la tabla porcentual de resarcimiento que originalmente
incrementaba el porcentaje de pérdidas a los ahorradores de cero a 60%, conforme
aumentaba el monto de los depósitos. Una vez ello se resolvió en favor de una tabla
pareja para todos los beneficiarios, en virtud de la fuerte correlación entre la edad y
el monto de los depósitos, es decir, que si no se hubiese tomado la decisión referida,
habría habido un porcentaje considerable de jubilados y pensionados con pérdidas
cuantiosas e irreparables en sus ahorros.
7. Apoyamos esta iniciativa porque establece claramente que el pago deberá iniciarse en
enero y porque se asegura que fuesen incluidas las sociedades de El Arbolito y las cajas
de El Sol.
¿Qué queda pendiente? La rendición de cuentas, exigir cuentas a la anterior
administración.
Sin transparencia no habrá garantías de
que esto vuelva a ocurrir.
Quiero decirlo aquí, en esta tribuna, la más alta del país, que es cierto que la
iniciativa que hoy se presenta tiene asuntos controversiales, pero también es cierto que
estamos tratando de resarcir el 70% a los compañeros afectados, producto de la
negligencia, producto de las omisiones y los abusos de la autoridad, es por ello que
nosotros no nos sumamos, es iniciativa del PRD, es una propuesta que recogimos y hoy, hoy
con el consenso de todas las fracciones parlamentarias va a ser ley.
Solamente termino diciéndoles, compañeras y compañeros diputados: por primera vez en la
Cámara las fracciones parlamentarias llegamos a acuerdos no como quisiéramos, no como
quisiera el PRD que se les resarciera al 100% a los ahorradores los daños que les
causaron, pero sí hicimos un extraordinario esfuerzo para lograr ese recurso fiscal que a
partir de enero estará fluyendo hacia los ahorradores afectados.
Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado Delfino
Garcés Martínez.
Para hacer uso de la palabra sobre el mismo tema, le cedemos el micrófono de la tribuna
al diputado Herbert Taylor Arthur, hasta por 15 minutos, del Partido Acción Nacional.
| El diputado
Herbert Taylor Arthur: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras; compañeros diputados:
Amigos ahorradores que han peregrinado durante varios meses, algunos durante ya casi dos
años en búsqueda de resarcir el patrimonio perdido: debo hacer alguna narración de
hechos.
El día 29 de agosto, cuando estuvimos aquí presentes los diputados a tomar protesta, nos
presentamos ante un grupo de ahorradores, más o menos 60, aquel 29 de agosto aún no
siendo diputados, sino habiendo tomado protesta y ahí nos hicieron saber la condición
difícil que estaban viviendo. En esa ocasión estuvimos presentes diputados de diferentes
grupos parlamentarios y debo de recordar que estuvo por el PRI la diputada Lorena
Martínez; por el PRD quien me antecedió en el uso de la palabra, el diputado Delfino
Garcés y un servidor.
Puedo decir entonces que los grupos parlamentarios y en particular los que he mencionado,
iniciamos los trabajos prácticamente en el primer momento que llegamos a esta LVIII
Legislatura. Conocimos de ellos sus conflictos, sus dudas y nos dimos cuenta que estamos
metidos en una dinámica de grandes confusiones, de gran incertidumbre y de una cantidad
impresionante de contradicciones.
Como ejemplo les diré que a los ahorradores se les decía por parte del señor José Sil
Ocampo Verdugo, quien hizo toda una red de distribución, una red de cajas populares por
la República, que los afectados ascendían a más de 1 millón y medio de ahorradores, no
se podía precisar ni el monto del tamaño de la pérdida ni tampoco el monto de las
cantidades de bienes que se podían recuperar o que se habían logrado.
En suma, reinaba la confusión; pero además en esto se les da una acusación de unos
contra otros, ahorradores contra ahorradores, comités administrativos de las cajas contra
los ahorradores, ellos contra los directores, contra los gobiernos de los estados, contra
la PGR, contra Hacienda, en fin, llegó un momento que, acusaciones contra los diputados,
reinaba el caos, no había claridad, no había rumbo, no había certeza.
Y fue hasta octubre, ya instalada una comisión de trabajo de los diferentes grupos
parlamentarios, que empezamos a tener algo más de información, pudimos conocer que no
era 1 millón y medio en el caso del señor José Sil Ocampo y sus 25 estados, eran 166
mil ahorradores afectados.
Pudimos saber entonces que el monto del
daño patrimonial ascendía más o menos a 3 mil 600 millones de pesos, pudimos saber
entonces que los bienes que se tenían ascendían, los bienes incautados del señor Sil
Ocampo ascendían entre 800 mil y 1 mil 200 millones de pesos, nos dimos cuenta para
sorpresa de todos, de ahorradores, de autoridades, de diputados que los bienes no
alcanzarían si apenas para un tercio de resarcir el patrimonio de los ahorradores.
Los diputados iniciamos con firmeza la búsqueda de la solución, trabajamos intensamente
y debo decirlo también, que en ese momento en los ahorradores reinaba la desesperación,
la angustia, el desánimo, cuanta gente empezó a manipular, empezó a mentir, empezó a
engañar, empezó a distorsionar la verdad; los ahorradores escucharon fechas, promesas,
montos, formas que nunca se cumplieron, quién prometió una cantidad, quién prometió
otra, quién daba un plazo para iniciar el pago, quien decía formas que nunca llegaron,
esto provocó que los ahorradores vivieran en una especie de montaña rusa anímica,
pasando de la euforia por saber que mañana les pagarían, al desánimo al tercer día de
saber que todo había sido falso, la angustia de los ahorradores, la angustia de esos
hermanos nuestros, se incrementaba con cada mentira, con cada manipulación, con cada
engaño y yo puedo decir, amigos, que a estos señores, a estas damas, si bien dolorosa la
situación que vivían mucho más el uso de prostitución que le estaban haciendo con
mentiras y promesas falsas creo que mucha gente merece para ellos darles una disculpa por
haberlos manipulado así.
Y hoy por fin nos encontramos ante esta tribuna ya una discusión... ya una iniciativa de
un dictamen para darle solución a los problemas, debo hacer, debo hacer el reconocimiento
a diferentes actores de los diferentes partidos políticos; si bien muchos se acercaron a
la mesa, si muchos trabajaron intensamente, mencioné algunos de los diferentes partidos,
al diputado Enrique de la Madrid, a la diputada Lorena Martínez, al diputado Eduardo
Andrade, quienes trabajaron por ese partido intensamente; por el PRD al diputado Delfino
Garcés y al diputado Antonio Magallanes; por el Partido Acción Nacional el diputado
Julián Hernández, el diputado Manuel Minjares, Fernando Herrera. Creo que esto ha sido
un esfuerzo de hombres y mujeres de bien, de hombres y mujeres decentes que han dejado a
un lado, en la mesa, sus intenciones partidistas y hemos juntos buscado una solución a
tan grave dolor. Para ellos, mi reconocimiento, mi felicitación.
Logramos consensos, el consenso de hoy lo podre resumir rápidamente, independientemente
de lo que contenga el cuerpo jurídico y las normas que ahí se marcan, el consenso es que
al 97.5 de los ahorradores afectados de diferentes cajas de ahorro, así El Arbolito, así
El Sol, así las del Siglo Campo como Vallarta y otras más, recibirán el 70% en los
próximos días, en los próximos días iniciales del año, el 70% de su patrimonio que
habían perdido y al 2.5% restante, más o menos a 5 mil 500 personas, a ellos les
quedaran los bienes para continuar con su litigio, son hombres y mujeres que han aportado
mayor cantidad de dinero a esas cajas que tendrán seguramente mayores posibilidades de ir
recuperándolo, pero fundamentalmente a ellos no les serán atacados sus bienes para que
les queden íntegros y puedan entonces incrementar fuertemente su posibilidad de recuperar
el patrimonio perdido.
Creo que hemos llegado a una buena solución: a los más débiles, a los de mayores
montos, a los más angustiantes, a los enfermos, a los presionados, a los jubilados, a
aquellos que perdieron todo, que no pueden hacer una operación porque perdieron su
capital, a ellos una pronta solución con el 70%; a los otros, a los que tienen un poco
más de posibilidades de lucha, los bienes, para que puedan a mediano plazo recuperar su
patrimonio.
Esa solución, esa solución ha sido aceptada hoy ya por los ahorradores; los principales
beneficiarios hoy ven con buenos ojos, lo han dicho en los medios, lo han dicho en corto,
lo han dicho en público, que esta solución les satisface, que si bien no recuperan todo
ven el ánimo y logran recuperar su patrimonio; pero algo más, nos han dicho a nosotros
que recuperan la esperanza en las instituciones, recobran la esperanza de ver que la
Cámara de Diputados de verás quiere resolver problemas sociales.
Ellos agradecen y me piden haga patente a todos ustedes el ánimo a encontrar esta
solución.
4510,4511,4512
Si bien estamos satisfechos con que
estamos llegando al final de este rescate, debe ser urgente entender que solamente estamos
trabajando ahora en lo que tiene qué ver con el rescate a los que hoy han sido
defraudados, pero falta todavía un camino largo, un camino largo que implica
reestructurar todo el sistema, reestructurar todo el sistema de crédito y ahorro popular;
es necesario que pongamos rápido y de inmediato una nueva figura jurídica que permita
darle certeza, seguridad, transparencia, tranquilidad al sistema de crédito y ahorro
popular, sistema que con estos hechos que acabamos de narrar nos puede quedar claro que ha
sido manoseado y ha sido tumbado.
Por lo tanto, pido y convoco con el mismo animo que hicimos el trabajo anterior, a todos
los diputados, que nos metamos de lleno a crear el nuevo sistema de crédito y ahorro
popular que nos va a permitir, nos va a permitir que la banca popular crezca y dé
servicios a cientos de miles de mexicanos, ése es en verdad el gran tema; hoy fue ir a
salvar un accidente, lo demás es construir las carreteras.
Debemos de buscar, amigos diputados, amigos ahorradores, debemos de aceptar que cada
partido político ha cumplido con sus promesas, con sus compromisos, así de campaña como
desde la Cámara.
Yo pediría a todos los diputados presentes que hiciéramos un voto a favor de esa
iniciativa, de este dictamen y pediría y agradecería a los ahorradores, a los amigos
ahorradores la oportunidad que nos dieron de trabajar para ellos, la oportunidad que nos
dieron de buscar soluciones a un problema tan grave, de conocer su dolor, de conocer su
angustia, de saber a ciencia cierta de qué tamaño se puede causar daño por una mala
figura jurídica o por una omisión criminal por autoridad alguna.
Les prometemos no descansar, les prometemos continuar hasta no ver realizado el trabajo de
la nueva Ley de Crédito y Ahorro Popular que regulará sin duda todo el sistema.
A ustedes amigos ahorradores, gracias por esta oportunidad de colaborar.
Y a todos ustedes amigos, muchas gracias.
Presidencia
del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes |
Gracias, diputado Herbert Taylor
Arthur.
Se concede el uso de la palabra, para la fijación de la posición del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, al diputado José Francisco Yunes Zorrilla,
hasta por 15 minutos.
| El diputado
José Francisco Yunes Zorrilla: |
Con su permiso, diputado
Presidente; con el permiso y agradeciendo la atención de las señoras y señores
diputados:
Quiero empezar con esta oportunidad, para comentar de manera muy sentida y de manera muy
respetuosa, que para el Partido Revolucionario Institucional, para el PRI, llegar a este
momento con la solución de un tema tan fuertemente vinculado con nuestra sociedad y con
resultados sumamente devastadores en el patrimonio y en la economía familiar de muchos
mexicanos, es motivo de muchísima satisfacción y lo es más cuando podemos llegar a este
punto y en este momento presumiendo en los hechos la aceptación y la coincidencia de
muchos de los partidos que conforman esta legislatura.
Quiero, en primer lugar, comentar que el Partido Revolucionario Institucional, el PRI
desde siempre ha estado fuertemente ligado, fuertemente vinculado con aquellos núcleos
sociales más desprotegidos, ha sin lugar a dudas, dirigió sus esfuerzos en el tiempo con
aquellos sectores de la sociedad que en la práctica y en el tiempo reflejan mayor
vulnerabilidad.
Por eso, desde el primer momento, por eso sin escatimar esfuerzo, el tema de los miles de
ahorradores defraudados en el sistema de ahorro popular fue objeto de nuestra atención y
fue objeto de la atención del Partido Revolucionario Institucional con apego irrestricto
a su condición, sin lugar a dudas desprendiéndonos de los motivos y las motivaciones
electorales, sin lugar a dudas dejando a un lado lo que un partido político debe y tiene
que hacer para cumplir en términos solidarios, toda vez que la solidaridad debe ser el
elemento sustancial en la práctica política para encauzar la solución de este problema;
sin colores, sin matices y con mucha disposición.
Cuando el Partido Revolucionario Institucional, cuando cada uno de los miembros de este
instituto político, se relacionó con los miles de ahorradores, oyó de ellos sus
lamentos, pudo percibir como real la difícil situación por la que atravesaban las
mujeres y los hombres de la tercera edad que de un día para otro vieron cómo se esfumó
todo su esfuerzo acumulado en años de trabajo. Cuando jubilados, cuando pensionados,
cuando importantes mujeres y hombres del campo de este país, de la noche a la mañana se
encontraron con que lo que habían atesorado con arduo trabajo había desaparecido, el
Partido Revolucionario Institucional entendió, como el resto de los partidos políticos,
que se trataba de un problema de fuerte vinculación social, un problema que había que
tratar con conciencia, un problema que no podía esperar, un problema al cual no se le
podía olvidar ni mucho menos dar la espalda.
Por eso, el Partido Revolucionario Institucional con muchísima disposición, empezó a
negociar con las distintas fracciones una posible solución, escuchando siempre la voz
directa de todo ese cúmulo de población que se encontraba definido y explicado en los
ahorradores defraudados.
Con muchísimo gusto podemos el día de hoy decir que se encontró una solución pero no
una solución a cualquier costo, no una solución que podía prescindir del precio; el
Partido Revolucionario Institucional en el tiempo buscó encontrar un punto de acuerdo en
el cual se pudiese responder con criterio de equidad, con criterios de eficiencia, que de
la misma forma se pudiese responder sin alterar algunos otros sectores, a terceros de esta
sociedad.
Hoy, la fórmula se encuentra en esta Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el
Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de
apoyo a sus ahorradores, y podemos decir que va a contar con los recursos para resolver y
para poder sacar adelante a un número importante de la población comprendida, inmiscuida
en este problema. Pero de la misma manera, podemos decir con muchísima responsabilidad,
que esto no va a significar contrastarlo con otros sectores importantes de esta sociedad,
que el compromiso que tiene el Partido Revolucionario Institucional con los que menos
tienen, con la gente del campo y de su desarrollo rural, con la educación pública y las
universidades, van a contar con los recursos que están previstos y que se han propuesto
en el presupuesto y esto finalmente nos provoca muchísima tranquilidad y muchísima
satisfacción.
Sin embargo, el paso que hoy se da tendrá que complementarse por una solución de fondo,
por una solución que reorganice y que genere en términos de certidumbre y de seguridad,
al sistema popular de ahorro. Por eso es que se va a trabajar fuertemente, con el mismo
ánimo para tratar de alcanzar en la práctica un instrumento de arreglo institucional, de
alcance jurídico, que permita en la práctica evitar el daño moral, que permita en la
práctica superar los problemas de información asimétrica del sistema financiero,
principalmente vislumbrado en la selección adversa, tratar de disminuir los costos de
transacción, para que los agentes económicos que participen en los sistemas financieros
formales y en los informales, puedan en su participación contribuir al engrandecimiento
de este país.
La ley que en su oportunidad y en su momento se tendrá que generar, que se tendrá que
analizar, que se tendrá que diseñar, va a tratar de resolver para que en el futuro este
tipo de situaciones tan tristes y tan lamentables no puedan volver a suceder.
Yo me voy a despedir reiterando el compromiso del Partido Revolucionario Institucional con
aquellas causas, con aquellos sectores, con aquellas razones que hagan de la política
realmente una actividad más noble.
Nos vamos contentos y lo decimos públicamente, de ver que en la práctica se puede llegar
a acuerdos razonables, que no hay impedimentos mayores cuando existe buena voluntad y
cuando el objeto de nuestro esfuerzo realmente tiene rostros y nombres adentro de la
población nacional.
Yo quiero dejar también perfectamente claro que con esta posición el Partido
Revolucionario Institucional, al dar un cauce de solución a más de 200 mil familias
mexicanas, al poderle dar una esperanza a ese núcleo de población tan inmenso y tan
importante envuelto en una cauda que lo legítima, está sin lugar a dudas, el mismo
tiempo sirviéndole a este país, está cumpliendo con México.
Esa es la disposición del Partido Revolucionario Institucional y ése va a ser el ánimo
con el cual encarará cada uno de los puntos, cada uno de los asuntos que representen
interés nacional.
Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, diputado Yunes
Zorrilla.
Solicito a la señora Secretaria consulte a la Asamblea si se considera suficientemente
discutido el dictamen en lo general para luego pasar a preguntar si se van a reservar
artículos para discutirlos en lo particular.
La
secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria: |
Por instrucciones de la
Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si el dictamen que nos
ocupa se encuentra suficientemente discutido en lo general.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo de manera económica...
Los diputados que estén por la negativa, manifiéstenlo de la misma manera... Hay
mayoría, señor Presidente. Suficientemente discutido el dictamen.
Gracias, señora Secretaria.
Está suficientemente discutido el dictamen en lo general y consulto a la Asamblea si
algún legislador va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
No habiendo reserva de artículo alguno para su discusión en lo particular, se pondrá a
votación en un solo acto en lo particular y en lo general.
Solicito a la Secretaría, se abra el sistema electrónico, hasta por 10 minutos, para
recibir la votación de las señoras y los señores diputados.
La
secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria: |
Se pide se hagan los avisos a que
se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y se abra el sistema electrónico de
votación, por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación.)
| El
secretario José Manuel Medellín Milán: |
Señor Presidente, se emitieron 447
votos en pro y uno en contra.
Aprobado el dictamen por
447 votos en pro. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el
que se expide la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el
Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro, Préstamos y de Apoyo a sus
Ahorradores y se adiciona el artículo 51-B de la Ley General de Organizaciones y
Actividades Auxiliares de Crédito.
Pasa al Senado para los efectos constitucionales.
COMISIONES LEGISLATIVAS
El siguiente punto del orden del
día es proposiciones con punto de acuerdo y para presentar una proposición sobre la
integración complementaria de las comisiones de la Cámara de Diputados, publicada en la
Gaceta Parlamentaria del día 1o. de diciembre, se concede el uso de la palabra al
diputado Gustavo Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista, hasta por 10
minutos.
Solicito a las señoras y señores diputados, guardar el silencio y la atención debida al
orador.
Quiero insistir a las señoras y señores diputados ocupar sus lugares y guardar el debido
silencio y atención al orador.
4513,4514,4515
La ley que acabamos de aprobar merece la
felicitación de todos nosotros, pero habrá de continuarse con los trabajos de esta
sesión.
Solicito de nueva cuenta el silencio y la atención debida al orador.
| El diputado
Gustavo Riojas Santana: |
Gracias, señor Presidente;
compañeras y compañeros legisladores:
El tan reiterado compromiso hecho por todos nosotros de respetar la ley, el estado de
derecho y ser garantes de su cumplimiento, se queda por parte de la Junta de Coordinación
Política en letra muerta y falta absoluta de respeto a la investidura de algunos
legisladores.
Lo expresado es con relación a lo siguiente: con fecha 28 de septiembre, el Partido de la
Sociedad Nacionalista envió un oficio a la Junta de Coordinación Política, en el cual
solicitó la inclusión de los diputados del partido a diversas comisiones en términos
del artículo 43 numeral 4 de la Ley Orgánica.
Con fecha 29 de septiembre en sesión ordinaria la Junta de Coordinación Política
propuso al pleno un punto de acuerdo para la subdivisión y creación de comisiones,
siendo aprobada la propuesta y por ende la creación de 40 comisiones ordinarias.
A su vez el mismo acuerdo en su punto segundo, estableció que el número de miembros que
conformarán las comisiones, así como los nombres de quienes ocupen presidencias y
secretarías, serán las que determine el acuerdo respectivo.
El martes 3 de octubre, se presentó al pleno una iniciativa de decreto por el cual se
reforman y adicionan los artículos 39 numeral 2 y 43 numeral 1 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dando la posibilidad a los diputados, de
pertenecer a tres comisiones.
Con fecha 3 de octubre en cumplimiento del acuerdo para la subdivisión y creación de las
comisiones ordinarias aprobadas por el pleno en la sesión del día 29 de septiembre, se
publica en la Gaceta Parlamentaria la integración de las comisiones ordinarias y de sus
mesas directivas que funcionarán durante la LVIII Legislatura, asignando a los diputados
del Partido de la Sociedad Nacionalista las siguientes comisiones:
A la diputada Norma Patricia Riojas, Justicia y Derechos Humanos, Comercio y Fomento
Industrial. A la diputada Bertha Alicia Simental, Cultura y Educación Pública y
Servicios Educativo. Al de la voz, Hacienda y Crédito Público y Relaciones Exteriores.
En dicho acuerdo en la parte final, establece que en términos de lo dispuesto por el
numeral 2 del artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso los coordinadores de los
grupos parlamentarios se reservarán el derecho de realizar las sustituciones de sus
integrantes en las comisiones, mediante comunicación al pleno y a sus mesas directivas.
Con oficio sin número del 27 de noviembre, la Junta de Coordinación Política, solicitó
a los secretarios de la mesa directiva que el acuerdo mencionado en el numeral anterior
sea sometido al pleno, después de haber recibido las propuestas de los grupos
parlamentarios.
Con fecha 1o. de diciembre en la Gaceta Parlamentaria, en la parte correspondiente a
comunicaciones, aparece un oficio fechado el 30 de noviembre, por el cual el secretario
general Fernando Franco González Salas, por instrucciones de la presidenta de la Junta de
Coordinación Política, la diputada Beatriz Paredes Rangel, ordena al licenciado Alfredo
del Valle, secretario de Servicios Parlamentarios, publique de inmediato en la Gaceta el
acuerdo celebrado el 27 de noviembre.
En dicha publicación aparece el acuerdo separando a los diputados del Partido de la
Sociedad Nacionalista, que venían participando en las comisiones normalmente.
CONSIDERANDOS
Que el artículo 22 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos en su numeral 1 establece entre otras cosas, que el Presidente de la mesa
directiva es el Presidente de la Cámara de Diputados y expresa su unidad.
Que el mismo artículo 22 pero en su
numeral 3, expresa que el Presidente velará por la eficacia en el cumplimiento de las
funciones constitucionales de la Cámara, asimismo, hará prevalecer el interés general
de la Cámara por encima de los intereses particulares o de grupo.
Que el artículo 33 de la Ley Orgánica establece que la Junta de Coordinación Política
es la expresión de la pluralidad de la Cámara.
Que el artículo 39 en su numeral 1, establece que las comisiones son órganos
constituidos por el pleno.
Que el artículo 43 numeral 1, señala que las comisiones ordinarias se constituyen
durante el primer mes del ejercicio de la legislatura, tendrá hasta 30 miembros y el
encargo de sus integrantes será por el término de la misma.
Que el artículo 44 numeral 2 en su parte conducente, establece que el coordinador del
grupo parlamentario al que pertenezcan los diputados miembros de las comisiones, podrán
solicitar su sustitución temporal o definitiva.
Hechos. Con apego al artículo 43 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, el Partido de la Sociedad Nacionalista, en tiempo y forma,
enteró a la Junta de Coordinación Política de las comisiones en las cuales determinó
integrar a sus diputados.
Con fecha 3 de octubre la Junta de Coordinación Política determina la integración de
las comisiones ordinarias, ordenando publicarse la lista de las demás en la Gaceta
Parlamentaria e incluye a los diputados del Partido de la Sociedad Nacionalista en las
comisiones antes mencionadas.
Después de casi dos meses de participación constante en dichas comisiones, la Junta de
Coordinación Política arbitrariamente, sin motivación ni fundamentación, sin derecho
legal a hacerlo, modifica la integración de las comisiones debidamente constituidas. La
Junta de Coordinación Política solicita a los secretarios de la mesa directiva, por
oficio de 27 de noviembre, se sirva proponer al pleno la integración complementaria de
las comisiones de conformidad a las propuestas de los grupos parlamentarios y esto no se
llevó a cabo.
El 1o. de diciembre en la Gaceta Parlamentaria se publica el acuerdo de la Junta,
referente a la integración complementaria de las comisiones, en dicha publicación y en
flagrante violación al artículo 44 numeral 2 y del acuerdo de la Junta, de fecha 2 de
octubre, se establece el procedimiento de sustitución de los diputados integrantes de
comisiones. La Junta de Coordinación Política decide sustituir a los diputados del
Partido de la Sociedad Nacionalista, sin que los mencionados diputados pertenezcan a las
fracciones parlamentarias que decidieron su cambio o sustitución.
El acuerdo por el cual se derivan los hechos en comento, se refiere únicamente a la
integración complementaria de las comisiones; nunca a la sustitución, modificación o
reestructuración de las mismas. La Junta de Coordinación nunca enteró al pleno de tal
acuerdo, sino hasta la publicación de la Gaceta, aun cuando este órgano solicitó por
motu proprio a los secretarios realizarlo y ponerlo a consideración del pleno.
La Ley Orgánica establece que únicamente el coordinador del grupo parlamentario al que
pertenezcan los diputados miembros de las comisiones, podrá solicitar su sustitución
temporal o definitiva. Es ilegal que la Junta decida sustituirlo sin fundamento jurídico,
ya que los diputados del Partido de la Sociedad Nacionalista no pertenecemos ni
perteneceremos a algún grupo parlamentario diferente al que pueda constituir nuestro
instituto político.
La Junta de Coordinación Política se extralimitó en sus atribuciones dejándonos en
absoluto estado de indefensión, actuando unilateralmente y con el fin de satisfacer sus
propios intereses. Es un hecho, como ha quedado demostrado, que ni la Junta de
Coordinación Política, ni las comisiones respectivas ni el pleno de la Asamblea, tienen
facultades ni pueden ejercer votación alguna que vaya en contra de una disposición
expresa y de la legalidad enmarcada en nuestros ordenamientos jurídicos.
Le solicitaría señor Presidente un minuto para concluir.
Solamente permítame diputado.
Esta Presidencia quiere rogar a la
Asamblea, que le autoricen ampliar el plazo en término del orador, para que pueda
concluir con un planteamiento a mi juicio importante para la vida institucional de la
Cámara.
Si la Asamblea me autoriza, en votación económica desde aquí pregunto si me autorizan a
ampliar el tiempo para que el orador concluya su intervención.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo levantando la mano...
Los que estén en contra, sírvanse manifestarlo...
Ha sido autorizado y se le solicita señor orador concluya su intervención, está usted
autorizado para continuar en el uso de la palabra.
| El diputado
Gustavo Riojas Santana: |
Muchas gracias, señor Presidente;
muchas gracias compañeros diputadas y diputados:
Es un hecho, como ha quedado demostrado, que ni la Junta de Coordinación Política ni las
comisiones respectivas ni el pleno de la Asamblea tienen facultades ni pueden ejercer
votación alguna que vaya en contra de una disposición expresa y de la legalidad
enmarcada en nuestros ordenamientos jurídicos.
En consecuencia, el Presidente de la mesa directiva, como Presidente de la Cámara de
Diputados, debe ejercer el cumplimiento de las funciones constitucionales de la misma. A
su vez, deberá hacer prevalecer el interés general y la legalidad de la Cámara por
encima de los intereses particulares o de grupo.
«Por lo anteriormente expuesto y fundado, señor Presidente, y en ejercicio de las
facultades que le confiere la Ley Orgánica, el Partido de la Sociedad Nacionalista
presenta a usted el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Se restablezca en forma inmediata a los diputados del Partido de la
Sociedad Nacionalista en las comisiones de las que fueron sustituidos ilegalmente.
Segundo. Se integren a los diputados del Partido de la Sociedad Nacionalista a
una comisión más, en términos del artículo 44 numeral 2, de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Tercero. Que la integración complementaria de las comisiones de esta Cámara de
Diputados sea sometida y aprobada por el pleno.
Cuarto. Se notifique a las mesas directivas de las comisiones respectivas de la
restitución de los diputados del Partido de la Sociedad Nacionalista, así como de las
nuevas que se integren de conformidad con el punto dos.
Se emita un extrañamiento a la Junta de Coordinación Política y a la Secretaría
General de la Cámara de Diputados por haber infringido flagrantemente el artículo 39
numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por no
acatar la disposición en donde se establece que las comisiones son órganos constituidos
por el pleno.
Firman la presente proposición con punto de acuerdo los diputados: Norma Patricia Riojas
Santana, Bertha Alicia Simental García, Gustavo Riojas Santana y los del Partido de
Alianza Social.»
Por lo anterior y agradeciendo nuevamente la atención dispensada, señor Presidente.
Muchas gracias.
Gracias, diputado Gustavo Riojas
Santana.
Ha planteado usted un tema delicado de la vida institucional de la Cámara y ha orientado
su punto de acuerdo a gestiones directas de la Presidencia de la Cámara.
Permítame realizar los siguientes trámites con la motivación y fundamentación
siguiente:
4516,4517,4518
Primero. Esta directiva tiene como órgano de consulta auxiliar para la dirección de los
trabajos de la Cámara a la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias. El
artículo 40 de la Ley Orgánica establece que la Comisión de Reglamento y Prácticas
Parlamentarias podrá ser consultada para orientar las determinaciones de la mesa
directiva.
Por lo tanto, en consulta turno lo planteado por el diputado Gustavo Riojas Santana, a
nombre del Partido de la Sociedad Nacionalista, de los diputados del Partido de la
Sociedad Nacionalista, a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Segundo. Esta Presidencia tiene la convicción, por su planteamiento, de que el acuerdo de
la Junta de Coordinación Política que reestructura las comisiones de la Cámara se
aplica con efecto retroactivo en perjuicio de los diputados del Partido de la Sociedad
Nacionalista y solicita a los tres diputados que representan a este instituto político,
permitan a la Presidencia de la directiva interponer sus oficios ante la Junta de
Coordinación Política para revisar con la consulta hecha a la Comisión de Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias, la situación planteada por usted y a la brevedad hacer del
conocimiento de los tres diputados que integran o que representan en la Cámara de
Diputados al Partido de la Sociedad Nacionalista darle una respuesta más amplia.
Gracias por su voto de confianza, diputado Riojas.
Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
EJERCICIO FISCAL
Para presentar una proposición con
punto de acuerdo sobre el Ejercicio Fiscal del Presupuesto de Egresos del año 2000, se
concede el uso de la palabra al diputado José Narro Céspedes, del grupo parlamentario
del Partido del Trabajo, hasta por 10 minutos.
|
El
diputado José Narro Céspedes: |
Con su venia, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Hace aproximadamente un año, la anterior legislatura de esta Cámara vivió un proceso
hasta entonces inédito en la vida democrática de nuestro país. Por vez primera en el
ejercicio de su plena soberanía y en cumplimiento de nuestra Carta Magna, los diputados
miembros de las diversas fracciones procedieron a examinar y a discutir libremente el
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación presentados por el jefe del Ejecutivo
Federal.
Como resultado de amplios procesos de debate y de negociación, en los que siempre se
antepuso el interés general al interés particular y partidista, se llegó a importantes
acuerdos que dieron por resultado un Presupuesto de Egresos de la Federación, que tuvo
como línea general el fortalecimiento del federalismo y destinar mayores recursos a los
programas de índole social, aunque quizá no en la medida suficiente para cubrir el
rezago provocado durante los últimos sexenios permeados por las políticas económicas
neoliberales.
Así, los diputados del Partido del Trabajo conjuntamente con los diputados de oposición,
pugnaron porque fueran incrementados los recursos dirigidos a diversos programas sociales,
entre otros al Programa de Combate a la Pobreza, al financiamiento de proyectos
productivos, a dotar de mayores recursos a diversos productores agrícolas y al Programa
de Empleo Temporal.
Se logró que el Fonhapo tuviera una asignación adicional de 100 millones de pesos para
vivienda, a través de suelo y vivienda digna, que resultaron programas virtuales, se
destinaran recursos adicionales como también a Liconsa, Diconsa, Fidelist y a la
comercialización.
Ante la actitud independiente y responsable asumida por la mayoría de los diputados que
integraban la anterior legislatura, es de todos conocido que el Poder Ejecutivo no ocultó
su desagrado. Por lo cual, no obstante la importancia y necesidad de que los recursos
aprobados por la pasada legislatura llegaran de manera oportuna a sus destinatarios, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no sabemos si por soberbia, perversidad,
ignorancia o burocratismo, hizo todo lo posible por no cumplir con lo mandatado en el
decreto y los recursos en muchos casos no fueron entregados oportunamente a las
dependencias responsables de ejecutar los programas sociales, a los cuales este honorable
Congreso determinó una reasignación de recursos contraviniendo una reasignación de
recursos, contraviniendo con ello la disposición de los legisladores de apoyar.
Fue así como el Fonhapo hasta la fecha no ha podido ejercer todavía esos 100 millones de
pesos que se le asignaron. A Fidelist, a Diconsa y a Liconsa no se le han entregado
todavía hasta el momento esos recursos presupuestales que se planteó que se le
reasignaran a esas importantes instituciones que tienen programas sociales, que permiten
superar las difíciles condiciones de pobreza en que se encuentran sectores muy
importantes de la población.
En el programa de vivienda más del 60 % de ese presupuesto no ha podido ser ejercido
hasta la fecha, porque se convirtieron en programas virtuales, porque a través de las
redes de operación no se les dio sustento para que en la realidad se pudieran ejercer
esos programas.
En el Fonaes, todos los recursos que recuperó el Fonaes en febrero y marzo de este año,
que le fueron devueltos a la Secretaría de Hacienda, con el objetivo de que le volvieran
a ser entregados al Fonaes para impulsar proyectos productivos, hasta la fecha no se los
han entregado tampoco, no se los han devuelto.
La Secretaría de Hacienda tiene la facultad de realizar las modificaciones
programático-presupuestales, aparte que fue un compromiso que adquirieron en el debate
del presupuesto, porque resulta que dijeron que se modificaron los artículos, pero no se
modificaron las metas ni los programas en los que se tenían asignados esos presupuestos.
Pero la Secretaría de Hacienda, de acuerdo al artículo 18 del propio Presupuesto de
Egresos, tiene la facultad de modificar esos programas y de modificar esas metas para que
correspondan realmente al espíritu del presupuesto que se reasignó en este Congreso del
Estado, en este honorable Congreso en la legislatura pasada.
A pesar de esto, esas reasignaciones, esas metas y esos programas no fueron modificados
con el claro objetivo de que no se ejercieran de no darles viabilidad. Sin embargo, la
mayor muestra de irresponsabilidad mostrada por los funcionarios de la Secretaría de
Hacienda, responsables de la administración de recursos de los programas sociales, fue
haber suspendido por más de tres meses la entrega de los recursos correspondientes al
Programa de Empleo Temporal, situación sobre la cual nunca se dio ninguna explicación en
cuanto al motivo de la suspensión, esto llegándose a publicar en algunos periódicos
como sucedió en los periódicos de Tlaxcala. Con dicha medida se afectó y se agravió a
un gran número de personas, sobre todo de las regiones más empobrecidas del país, como
fueron y son el Estado de Chiapas, Zacatecas y otros estados más, deteriorando aún más
sus condiciones de extrema pobreza.
Planteamos también que no por el cambio de gobierno se retrasen aún más los programas y
los objetivos que tiene el presupuesto de 2000.
Por las anteriores consideraciones y con fundamento en lo que establece el artículo 58
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos,
sometemos a su consideración el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se formula un exhorto a las autoridades de la Secretaría de Hacienda, para que el
gasto destinado a los programas de desarrollo social se ejerza de conformidad con los
requerimientos presupuestales de las dependencias responsables de los mismos; éstos
constituyen un compromiso de la nación para con la población marginada del país y su
incumplimiento afecta y agravia aún más a los que menos tienen.
Asimismo, se hace un llamado a los diputados de todas las fuerzas políticas representadas
en esta Cámara de Diputados, para establecer en el decreto de Egresos de la Federación
de 2001, las normas necesarias que limiten al Ejecutivo para que sin razón alguna
suspenda temporal o de manera definitiva la autorización y ministración de recursos
destinados para los programas sociales.
También proponemos que para el presupuesto de 2001, en lo que se refiere a las
reasignaciones, la Secretaría de Hacienda informe mensualmente sobre su ejercicio a esta
legislatura.
También que las dependencias beneficiadas de las reasignaciones sean las que realicen las
modificaciones programático-presupuestales y que la Secretaría de Hacienda informe sobre
las áreas que se verían afectadas, teniendo que contar estas afectaciones con el aval de
la legislatura, para evitar que se afecten programas prioritarios; porque afectaron, le
dieron recursos a algunos programas de la Sedesol aparentemente recortando otros programas
también de mucha importancia que tienen qué ver con el ataque frontal a los graves
problemas de marginación y de pobreza en que se encuentran sectores de la población muy
importantes.
Y planteamos también que se turne a la Secodadm, como dice el Presupuesto de Egresos y a
la Contaduría Mayor de Hacienda, para que se hagan las auditorías de desempeño que
corresponden; esto es muy importante, para que no queden en la impunidad las
irregularidades y las irresponsabilidades en que en forma impune cayeron algunos
funcionarios de la anterior administración federal.
Muchas gracias, compañeros.
Gracias, diputado José Narro.
Su punto de acuerdo abarca varios pedimentos, de tal manera que se turna a la Comisión de
Hacienda y sólo en la parte conducente a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría
Mayor de Hacienda.
POBREZA
Para presentar un punto de acuerdo
sobre el incremento en el ramo 33, Programa de Combate a la Pobreza, en el Estado de Baja
California Sur, se concede el uso de la palabra a la diputada Rosa Delia Cota Montaño,
del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 10 minutos.
|
La
diputada Rosa Delia Cota Montaño: |
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados:
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo con fundamento en el artículo 58 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el presente punto de
acuerdo, bajo la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Con la crisis económica desatada partir del error de diciembre de 1994, la economía
mexicana se vio sumida en una serie de problemáticas de toda índole, económicas,
políticas y sociales; a partir de 1995 se manifestó una de las crisis económicas más
severas de la vida moderna de México, con lo que se ha llevado a dos terceras partes de
la población a la pobreza y a 30 millones de habitantes a la pobreza extrema.
Al igual que con otras variables que afectan a la población, el desarrollo regional en el
país no es homogéneo, por esta razón nos encontramos con estados de la República ricos
o con mayores ingresos al promedio nacional y al mismo tiempo entidades muy por debajo de
esa media del país. Con la finalidad de buscar un desarrollo económico que proporcione
bienestar a toda la población tratando de aminorar los desequilibrios entre los estados
se hace necesario buscar los mecanismos idóneos que permitan redistribuir el ingreso
nacional entre las distintas entidades federativas.
Para ello, en 1998 se dio un paso de gran importancia en la búsqueda de descentralizar la
asignación de recursos que la Federación proporciona a los estados, con la creación del
ramo 33 denominado aportaciones federales para entidades federativas y municipios, con el
cual se coadyuva a fortalecer las haciendas locales al institucionalizar y dar permanencia
a los recursos que se transfieren a los estados y municipios, con la finalidad de combatir
la pobreza de manera sistemática y generar mejores oportunidades para toda la población.
En Baja California Sur hemos visto reducidos en los últimos tres años estos recursos,
estas acciones son contrarias a las necesidades que tienen que hacer frente al Gobierno de
esta entidad viéndose agudizados los problemas en cada uno de los municipios.
4519,4520,4521
Cabe mencionar que el Estado de Baja California Sur, por su ubicación geográfica
presenta una situación casi de aislamiento del resto del país, ya que su único acceso
es a través de nuestro vecino Baja California o por vía marítima del Estado de Sinaloa.
Esta circunstancia provoca que la entrada de bienes del exterior y la salida de la
producción del Estado sea muy costosa. El resultado de esta situación es un mayor
encarecimiento del nivel de vida de la población surcaliforniana. Nuestra entidad ocupa
en la actualidad el cuarto lugar entre los estados que atraen más población migrante
según el ultimo censo, uno de cada tres de sus residentes nació en otra entidad del
país, además decidieron cambiar su residencia con el objetivo de obtener un ingreso
mejor que el que recibían en su Estado de origen, reunirse con sus familiares, motivos de
estudio o por encontrar mejores condiciones de seguridad.
La llegada permanente de población migrante a esta entidad significa una fuerte presión
a los presupuestos públicos tanto del Estado, como de los municipios debido a que es
necesario atender las nuevas necesidades e infraestructura, servicios y viviendas.
Baja California Sur ocupa el 3.7% del territorio nacional, con 7 millones 360 mil
hectáreas, además cuenta con 2 mil 705 kilómetros de litorales que representan más de
la cuarta parte de los litorales de México; sin embargo a esta problemática habría que
agregar que la existencia de cerca de 2 mil comunidades y ranchos dificulta enormemente la
construcción de infraestructura y servicios, además de que su instalación resulta
bastante onerosa debido a lo disperso de las localidades.
En esta situación se hace necesario destinar mayores recursos a los municipios para que
tengan la posibilidad de proporcionar los servicios necesarios para la creciente
población, así como para cubrir las necesidades de la industria manufacturera y de
servicios.
Actualmente Baja California Sur cuenta con una población mayoritariamente joven, el 32%
de los habitantes es menor de 15 años y 64% se ubica entre los 15 y los 64 años. Esta
situación es de gran importancia pues ubica a nuestra entidad con un enorme potencial, ya
que la población transita por una etapa donde el volumen de habitantes en edades
laborales alcanza su mayor peso relativo en relación con la población en edades
dependientes.
Además, el perfil educativo de la población de 15 años o más continúa mejorando
paulatinamente; el promedio de años de estudio de este segmento de la población es de
8.4 años en la actualidad, mientras que en 1990 era de sólo 7.5 años.
Para poder utilizar dicho potencial es necesario fortalecer la educación y la
capacitación laboral para que se incorpore al proceso productivo en mejores condiciones y
con las posibilidades de obtener mayores ingresos, con esto se puede garantizar el
reforzamiento de los programas de seguridad pública al proporcionar ingresos suficientes
a las familias de crear mayores facilidades para el ahorro financiero y el desarrollo de
capitales, así como el aumento en la inversión local.
Entre las características económicas del Estado, destaca el hecho de que continúa la
terciarización de la economía que se aprecia en el aumento significativo de la
población ocupada en el sector del comercio y los servicios que creció del 59.4% en
1990, al 65.2% en el 2000, en tanto que en el sector primario disminuyó del 18.3% al 12%
en el mismo lapso y la ocupación en el sector industrial creció apenas del 18.8% al
19.9% en el periodo de referencia.
Hasta la fecha, en Baja California Sur el 94.7% de las viviendas disponen de servicio
eléctrico; el 91% tienen acceso a agua entubada y el 81% tiene drenaje, esto significa
aumentos importantes respecto de 1990 de 6,7%, 3 y 15 puntos porcentuales; no obstante
estos avances, la creciente y constante emigración de nuevos habitantes hace necesario
incrementar sustancialmente los fondos del ramo 33 ya que de lo contrario se agudizaría
la precariedad de las arcas municipales y la insuficiencia de servicios que demanda la
población.
Por otra parte, la disminución de los recursos proporcionados por el ramo 33 se origina
en los criterios considerados en la fórmula que emite la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público para la asignación de los recursos presupuestales; esto ha ocasionado
que en el caso de Baja California Sur se disminuya considerablemente el monto de las
aportaciones provenientes del Fondo de Apoyo a la Infraestructura Social, situación que
impide y reduce las posibilidades para atender las demandas sociales y los márgenes de
atención de los ayuntamientos.
Debemos mencionar que en 1998 el monto autorizado a través del Fais ascendió a 99
millones 481mil 552 pesos con el cual se ejecutaron 822 obras y acciones, sin embargo para
1999 esta cifra disminuyó en una cuarta parte ya que se le ubicó en 74 millones 442 mil
pesos, en razón de ello sólo se lograron ejecutar 534 obras; para el año 2000 la
inversión de este fondo fue del orden de 17 millones 900 mil pesos, lo que representa una
caída del 76% respecto a 1999 y del 82% comparado con lo asignado en 1998.
A fin de recuperar los recursos que el Estado y los ayuntamientos han dejado de recibir a
través del ramo 33, solicitamos restituir los recursos de este fondo por lo menos a los
niveles de 1998, para ello sea necesario utilizar la metodología de distribución en la
que se utilice el porcentaje aplicado en 1998, el cual consistía en 84.5% de acuerdo con
el nivel de pobreza y el 15.5% restante se distribuyera de manera paritaria entre todos
los estados.
En su caso establecer una fórmula de excepción debido a la afectación que se ha tenido
en los años de referencia. No es posible que municipios como Los Cabos tengan una
asignación de 2 millones 700 mil pesos, cuando es uno de los municipios que mayores
recursos aporta a la Federación en ese centralismo que afecta al país.
Debemos advertir la incongruencia de estas asignaciones, pues municipios como La Paz,
capital del Estado con una población de más de 200 mil habitantes tienen menos recursos
del ramo 33 que el municipio de Coroneo, Guanajuato con nueve mil habitantes, que recibió
este año 20 millones de pesos, contra sólo 7 millones en el municipio de La Paz.
Otro caso patético es el municipio de Los Cabos, que con un crecimiento poblacional de
más del 17% anual recibió este año sólo 2 millones 700 mil pesos.
Si no se recibe apoyo para la infraestructura en este municipio, las personas que emigran
de otros estados de la República buscando un mejor nivel de vida, se les conceda a la
marginación y a la pobreza por la incapacidad que tiene el Gobierno en proporcionar los
servicios.
Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos
a su consideración el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Artículo único. Esta soberanía procurará que a fin de recuperar los recursos
que el Estado y los ayuntamientos de Baja California Sur han dejado de recibir a través
del ramo 33 para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal
de 2001 les sea restituido el nivel de recursos obtenidos a través del Fondo de Apoyo a
la Infraestructura Social, para lo cual se propone se utilice la metodología de
distribución en la que se utilice el porcentaje aplicado en 1998, el cual consistía en
84.5% de acuerdo con el nivel de pobreza y el 15.5% restante de manera paritaria entre
todos los estados.
Atentamente.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de diciembre de 2000. Los diputados de
todos los partidos políticos, de todas las fracciones y de todos los partidos políticos
apoyaron este punto de acuerdo para que Baja California Sur tenga mejor apoyo del ramo 33.
Muchísimas gracias.
Gracias, diputada Cota Montaño.
La proposición que usted ha presentado se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito
Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.
ESTADO DE PUEBLA
Para presentar una proposición con
punto de acuerdo, para formular y ejecutar el Programa Integral de Desarrollo de la Sierra
Norte de Puebla, se concede el uso de la palabra, al diputado Alberto Amador Leal, del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos.
|
El
diputado Narcizo Alberto Amador Leal: |
Gracias, señor Presidente;
compañeras, compañeros diputados:
Los desequilibrios regionales, tanto de las grandes regiones de México, norte, sur,
centro, costas, como de las microrregiones al interior de los estados, reflejan la
desigualdad económica y social de la nación. En efecto, se han identificado 92
microrregiones, en las cuales se localizan los mayores rezagos sociales y productivos, es
en estas zonas en donde tenemos el mayor reto de pobreza extrema, de dispersión de la
población y de obstáculos de diversa naturaleza para por lo menos igualar los
indicadores sociales al promedio nacional.
En la coyuntura actual que se distingue por la alternancia en el Gobierno de la
República, y a la vez un renovado pluralismo político en los estados y los municipios,
la promoción del desarrollo regional asume un papel de enorme trascendencia. Ciertamente,
para hacer concurrir las visiones, los afanes y desde luego los recursos de los tres
ordenes de gobierno, hará falta antes que nada voluntad política, pero también
instrumentos que faciliten los acuerdos y que permitan un despliegue eficaz e incluyente
de los programas de gobierno. Por ello se propone, en el marco del sistema de planeación,
se promueva la ejecución de programas especiales para el desarrollo integral e incluyente
de las regiones prioritarias, entre ellas de la sierra norte de Puebla, que junto con la
Sierra Nororiental, la Mixteca y la Sierra Negra, forman parte de las zonas de mayor
rezago del Estado de Puebla. Integrada esta región por 35 municipios, tiene una
población de 627 mil habitantes, es decir el 12.5% del total del Estado.
En los últimos 12 años los serranos hemos emprendido un esfuerzo sostenido para avanzar
en la solución de esta problemática, no obstante, el efecto de las intensas lluvias de
octubre del año pasado que afectaron una considerable parte de la población, hizo más
evidente la naturaleza estructural de los graves problemas de esta región de Puebla, lo
cual se manifiesta en desigualdad social, improductividad y deterioro creciente del
ambiente.
Por ello es apremiante, compañeras, compañeros diputados, así lo exigen los hombres y
las mujeres de la sierra, recuperar el sentido colectivo y solidario de esta región en la
búsqueda de mejores horizontes. Conviene repensar estrategias y acciones, a ello
convocamos a los gobiernos, a los legisladores locales y federales y a las mujeres y
hombres de esta entrañable parte de la patria, a construir juntos una nueva tentativa que
entre otros tome en cuenta los temas de fondo que a todos interesa: el fortalecimiento y
ampliación de los programas de educación, alimentación y salud, para que no sea por
falta de ingreso de los padres que las niñas y los niños dejen de ir a la escuela; el
establecimiento de bachilleratos ahí donde egresen más de 50 alumnos de la educación
secundaria; la construcción ya comprometida, del Tecnológico Regional de Huauchinango,
la Universidad Tecnológica de Xicotepec, la extensión de la Universidad Autónoma de
Puebla, en Chignahuapan y la ampliación de la oferta de educación tecnológica en Tetela
de Ocampo, por mencionar algunos temas importantes.
Habrá que ampliar también la infraestructura de comunicaciones y transportes concluyendo
el proyecto para pavimentar las cabeceras municipales de los 35 municipios, concluyendo la
autopista México-Tuxpan, que ha llegado ya a los límites entre Puebla e Hidalgo e
impulsando la construcción de la autopista ApizacTlaxco-Huauchinango.
Habrá también que recuperar el desarrollo urbano ordenado y un amplio programa de
vivienda. Le región tiene además altos riesgos y deterioro creciente de los recursos
naturales. Se requiere la decisión de los gobiernos para establecer plantas de
tratamiento de agua en todas las zonas, así como para reordenar el desarrollo de las
cabeceras municipales.
Una parte fundamental es construir una nueva relación del Estado con las comunidades
indígenas. Se trata no sólo de aspectos materiales o del bienestar, sino de un asunto
central de nuestra identidad como nación.
4522,4523,4524
Cerca del 30% de la población de esta región orgullosamente preserva la lengua y la
cultura indígena. Por ello el primer paso es fortalecer la educación bilingüe es éste
el eslabón para articular tradiciones, lenguas, acceso al conocimiento y en general
cultura, identidad, bienestar y desarrollo.
Compañeras y compañeros diputados: el Plan Estatal de Desarrollo otorga prioridad a las
regiones de Puebla. En el marco del convenio de desarrollo social suscrito entre el
Gobierno Federal y el del Estado de Puebla, así como del Convenio de Política Social y
Desarrollo Regional celebrado entre el gobierno del Estado y los municipios, se han
logrado avances que hoy deben ser reforzados.
De esta manera se logrará una mayor eficiencia y eficacia en el desempeño de las
funciones concurrentes y coordinadas de los tres órdenes de gobierno.
Para este fin, en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado,
conviene establecer un subcomite regional para la sierra norte, en el que participen
además de los servidores públicos, académicos, productores, maestros, trabajadores,
representantes indígenas y de jóvenes y mujeres.
Es tiempo de sumar voluntades del Gobierno, de las fuerzas políticas, de los
legisladores, de los grupos sociales y productivos; el pluralismo y la alternancia son
valores de la democracia que carecerían de sentido si no se traducen en el
fortalecimiento de las instituciones y en la construcción de un gran movimiento social a
favor del desarrollo y del bienestar.
«Por lo anterior, señor Presidente, nos permitimos proponer el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Que el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social en los términos
de las facultades que le confiere el artículo 32 fracciones II y IV de la Ley Orgánica
de la Administración Pública y lo que estipulen los convenios de coordinación que en la
materia suscriban con el gobierno del Estado de Puebla, promueva la formulación del
Programa Integral para el Desarrollo de la Sierra Norte de Puebla.
Para tal efecto, habrán de considerarse los elementos aquí presentados y realizados y
realizarse una amplia consulta entre los municipios, las comunidades y los sectores
sociales y productivos.
Dicho programa deberá considerar también la estimación de los recursos financieros que
anualmente se propongan en los proyectos de los presupuestos de egresos de los gobiernos
Federal, estatal y municipales.
Atentamente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2000. Diputados: Cutberto
Cantorán Espinosa y Alberto Amador Leal.»
Muchas gracias, señor Presidente.
«Programa Integral para el Desarrollo de la Sierra Norte del Estado de Puebla.
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Los desequilibrios regionales, tanto de las grandes regiones de México: norte, sur,
centro y costas; como de las microrregiones al interior de los estados, reflejan la
desigualdad económica y social que prevalece en la nación.
En efecto, se han identificado 92 microrregiones en las cuales se localizan los mayores
rezagos sociales y productivos. Es en estas zonas en donde tenemos el mayor reto de
pobreza extrema, de dispersión de la población y de obstáculos de diversa naturaleza
para, por lo menos, igualar los indicadores sociales al promedio nacional.
En la coyuntura actual, que se distingue por la alternancia en el Gobierno de la
República y, a la vez, por la manifiesta presencia de un renovado pluralismo político en
los estados y los municipios; la promoción del desarrollo regional y la planeación de
los tres órdenes de gobierno, asumen un papel de enorme trascendencia. Ciertamente para
hacer concurrir las visiones, los afanes y, desde luego, los recursos de los tres órdenes
de gobierno hará falta, antes que nada, voluntad política, pero también instrumentos
que faciliten los acuerdos que permitan un despliegue eficaz e incluyente de los programas
de gobierno. Por ello se propone que en el marco del sistema de planeación se promueva la
ejecución de programas especiales para el desarrollo integral e incluyente, de las
regiones prioritarias.
La Sierra Norte de Puebla, junto con la Sierra Nororiental, la Mixteca y la Sierra Negra,
forman parte de las zonas de mayor rezago del Estado de Puebla. Integrada por 35
municipios tiene una población de 627 mil habitantes, es decir, el 12.5% del total del
Estado. En los últimos 12 años, los serranos han emprendido un esfuerzo sostenido para
avanzar, sobre todo, en el abatimiento de los rezagos, en infraestructura de servicios de
salud, de agua, de electrificación y en la red caminera. También se ha dado un impulso
decidido al sistema educativo de la región, al tiempo que se han dado pasos iniciales
para la transformación productiva. El efecto de las intensas lluvias de octubre de 1999,
que afectaron una considerable parte de la población, hizo más evidente la naturaleza
estructural de los graves problemas de esta región de Puebla, lo cual se manifiesta en
desigualdad social, improductividad y deterioro creciente del ambiente.
Entre otros, según el conteo de población y vivienda del INEGI en 1995, persisten los
siguientes problemas:
* Dispersión de la población. Más del 80% viven en localidades de menos de 1 mil
habitantes.
* 29% de la población mayor de 15 años es analfabeta.
*Carencia de servicios públicos básicos (37% sin agua potable, 60% de vivienda sin
drenaje, 21% de hogares sin energía eléctrica etcétera.
* El número de menores con desnutrición equivalía a 13 por cada 1 mil infantes de cero
a nueve años.
* Más de la mitad de las viviendas presentan hacinamiento y materiales de construcción
precarios.
* Baja productividad por la falta de asistencia técnica-comercial que erradiquen las
condiciones de intermediarismo, pues reducen los márgenes de utilidad a las familias
campesinas y sus niveles de vida.
* Desempleo y bajos ingresos que oscilan entre cero y un salario mínimo para el 80% de la
población rural en edad de trabajar.
Es por ello que es apremiante, así lo exigen las mujeres y los hombres de la sierra,
recuperar el sentido colectivo y solidario de esta región en la búsqueda de mejores
horizontes. Conviene repensar estrategias y acciones. A ello convocamos a los gobiernos, a
los legisladores locales y federales y a las mujeres y hombres de esta entrañable parte
de la patria. A construir juntos una nueva tentativa que, entre otros, tome en cuenta los
temas de fondo que a todos interesan:
I. Fortalecimiento y ampliación de
los programas de Educación,
Alimentación y Salud.
Se trata de que no sea por falta de ingreso de los padres, que las niñas y los niños
dejen de ir a la escuela. Por ello necesitamos fortalecer los programas de Educación,
Alimentación y Salud, ampliar el número de familias beneficiadas y, sobre todo, hacer un
ejercicio de participación comunitaria en el que los padres de familia, los maestros y
los médicos participen de manera activa. Es necesario revisar el mecanismo por el cual se
hace la asignación de beneficiarios del Progresa y garantizar la inserción de las
familias que lo necesitan; asimismo, se propone ampliar la cobertura a las zonas urbanas
populares. También se propone que todos los jóvenes que terminan la secundaria y están
inscritos en el programa, continúen con este apoyo una vez que se inscriba en el nivel de
Educación Media Superior; lo que, junto a la ampliación urbana, prácticamente
implicaría duplicar el padrón del Progresa en la región. Faltará por definir el
respaldo que se dará a los ancianos que están fuera del régimen de seguridad social.
Otro aspecto central, a reserva de, por mandato constitucional, que se haga obligatoria la
educación preescolar, se refiere a generalizar este nivel educativo en todo el
territorio. Los padres de familia, aun en condiciones precarias, están realizando un
esfuerzo encomiable. Al lado de ellos, jóvenes maestras, que no tienen plazas asignadas
ni un ingreso fijo, encuentran en esta labor una misión verdaderamente trascendente. Por
tanto, es urgente y justo crear plazas de maestros en el nivel preescolar para garantizar
una educación satisfactoria y con sentido de justicia. No puede haber niños de primera y
de segunda clase. Niños que sí tengan acceso a la educación preescolar, en las ciudades
y otros en el campo que carezcan de ella, en las zonas rurales.
Por otro lado, proponemos que en todas
las comunidades en las que existan más de 50 egresados de Educación Secundaria se
instalen bachilleratos; mejorando la calidad de la enseñanza, utilizando las
telecomunicaciones y promoviendo la capacitación para el trabajo. Debemos otorgar
prioridad a los municipios de: Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Caxhuacán, Coatepec,
Cuautempan, Chiconcuautla, Naupan, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez,
Tepetzintla, Tlaola, Tlapacoya, Xochiapulco y Tlaxco. Igualmente, nos pronunciamos por el
mejoramiento sustancial de los ingresos de los maestros y la dotación de los materiales
didácticos indispensables. Mejorar las condiciones de trabajo y recuperar la estima
social hacia los maestros, son factores tan importantes como un salario digno y
remunerador.
Resulta igualmente irrenunciable para la región ratificar el compromiso de construir el
Tecnológico Regional de Huauchinango, que ya inició operaciones; promover la Universidad
Tecnológica de Xicotepec de Juárez; la extensión de la Universidad de Puebla en
Chinahuapan y la ampliación de la oferta de educación tecnológica en Tetela de Ocampo.
En el mediano plazo, deberá considerarse instituciones de educación superior técnica en
Pahuatlán y Venustiano Carranza.
II. Ampliación de la infraestructura
caminera y de comunicaciones
La Sierra Norte de Puebla muestra una quebrantable condición social como consecuencia del
aislamiento geográfico en que se encuentra. Frente a este panorama, resulta prioritario
enlazar las poblaciones aisladas con los principales centros de desarrollo que, además,
contribuirá significativamente en la integración regional, por ello se traduce en una
necesidad inaplazable la pavimentación y apertura en las siguientes rutas:
*HuauchinangoTlaola-Tlapacoya (interserrana)
* Huauchinango-Chiconcuautla
* Huauchinango-Naupan (en construcción)
* Honey-La Victoria
* Pahuatlán-Tlacuilotepec (en construcción)
* Tlaxco-Villa Avila Camacho
* Pahuatlán-San Pablito
* Apapantilla-Pantepec
* Apapantilla-Jalpan
* Mecapalapa-Pantepec (en construcción)
* Ixtacamaxtitlán-Aquixtla
* Tetela de Ocampo-Ahueytango
* Ixtolco-Cuautempan
* Tepetzintla-Ahuacatlán
* Jopala-Osorno (apertura)
* Ahuacatlán-Amixtlan-Hermenegildo Galeana
* Amixtlán-San Felipe Tepatlán
* San Felipe Tepatlán-Tlapacoya (apertura)
* Tepango de Rodríguez-Camocuautla
* Chinahuapan-El Paredón
* Olintla-Huehuetla (apertura)
*Olintla-Hueytlalpan (ampliación y pavimentación)
Será también fundamental:
* Concluir la autopista México-Tuxpan, que ha llegado a los límites entre Puebla e
Hidalgo.
* Impulsar la construcción de la autopista Apizaco-Tlaxco-Huauchinango, obra considerada
en el proyecto de gran visión que tiene el respaldo de ocho gobernadores y de los
legisladores y presidentes municipales de Puebla.
Para el mantenimiento de caminos rurales se propone que cada municipio cuente con un
módulo de maquinaria, ya que los dos establecidos, a nivel regional, son notablemente
insuficientes, al tiempo que la SCT federal se ha retirado de las comunidades y los
municipios.
4525,4526,4527
Finalmente, es urgente resolver el problema de los puentes a lo largo de los ríos
Pantepec, Necaxa, Chixtla, que desembocan en los ríos Cazones y Tecolutla. En la ribera
de los ríos existen un buen número de comunidades como son: San Agustín, Telolotla,
Villa Avila Camacho, Gilberto A. Camacho, El Tepetate, Chicontla, Patla, María Andrea, La
Máquina, Laberinto, Ceiba, Los Planes, Agua Linda, Limonar, Progreso de Allende y El
Zapote, entre otras, que precisan de una comunicación sobre los ríos para satisfacer el
transporte de personas y mercancías, y también por razones de seguridad.
III. Construcción de vivienda
y ordenamiento del desarrollo urbano
Se propone un programa amplio de mejoramiento de la vivienda rural para evitar que el
hacinamiento y las condiciones insalubres repercutan en la salud de la niñez. Se requiere
una cruzada para mejorar la vivienda de los campesinos, proporcionando paquetes de
materiales y estableciendo fondos revolventes, que permitan mejorar un promedio de 5 mil
viviendas cada año.
Asimismo, será necesario duplicar la construcción de vivienda de Fovissste e Infonavit,
sobre todo en las cabeceras municipales. Así como el restablecimiento de los subsidios
para la vivienda de interés social financiada por Fonhapo. El Programa VIVA tiene que
cambiar y aceptar las formas de organización de la gente, así como la aportación de los
predios propiedad de las familias como puntal del programa. El propósito sería construir
un promedio de 1 mil 200 viviendas anualmente.
Simultáneamente, es apremiante el ordenamiento urbano de las cabeceras municipales y de
las principales juntas auxiliares como son: Jicolapa, Beristain, Cuautitla, Cuacuila,
Canaditas, Tenango, Xaltepuxtla, Las Colonias, Villa Avila Camacho, Santa Rita, Gilberto
A. Camacho, Villa Lázaro Cárdenas, San Pablito y Mecapalapa, que están creciendo de
manera anárquica y sin planeación de los servicios y del uso del suelo.
Es necesaria la construcción de rellenos sanitarios en los municipios de Huauchinango
Xicotepec-Juan Galindo-Naupan, V. Carranza- Francisco Z. Mena-Pantepec,
Ahuacatlán-Amixtla-San Felipe Tepatlán y la terminación del ubicado en Zacatlán-
Chignahuapan.
Se requiere la terminación del rastro tipo TIF ubicado en Zacatlán-Chignahuapan y la
construcción de dos más, uno en la zona de Huauchinango-Xicotepec y otro para los
municipios de V. Carranza-Francisco Z. Mena-Pantepec.
Se propone como meta que los indicadores de servicios básicos por lo menos se igualen al
nivel estatal, lo que implicaría disminuir el déficit de viviendas con piso de tierra
del 54.7% que presenta la región, al 28.8% que representa la media estatal.
Asimismo, se propone como meta igualar la media regional a la media estatal en materia de
agua potable, lo que representaría pasar del 33.9% al 20.3%. Para igualar el nivel
regional al estatal en materia de energía eléctrica y drenaje, significaría disminuir
el déficit del 19.5% al 7.2% y del 61.5% al 40%, respectivamente.
El déficit en agua y drenaje es quizá el de mayor apremio social después de la
nutrición y el alfabetismo. Se anexan cuadros comparativos que fijan las prioridades de
cada municipio. En este renglón, no cabe escatimar esfuerzos ni recursos. Una parte
importante de esta problemática que hay que atender de inmediato, se refiere a los
sistemas de agua potable en las cabeceras municipales y a la rehabilitación y
mantenimiento del acueducto puente de rieles-Huauchinango-Necaxa, Canaditas-Tenango-
Xicotepec, no sólo por la seguridad del abastecimiento, sino también por la calidad del
agua.
IV. Mejoramiento y preservación
de los recursos naturales
La región tiene altos riesgos y un deterioro creciente de los recursos naturales. Se
requiere la decisión de los gobiernos federal y estatal para establecer plantas de
tratamiento de agua en todas las zonas urbanas con más de 5 mil habitantes, especialmente
para salvaguardar las presas de Tenango, Necaxa y Nexapa y, desde luego, todos los ríos
de la región, así como de la laguna de Chignahuapan.
Resulta fundamental que se otorgue todo el apoyo al Programa de Saneamiento de la Cuenca
del río Necaxa suscrito recientemente por la Secretaría de Energía y Minas, la
Compañía de Luz y Fuerza del Centro, el SME, el gobierno del Estado de Puebla y los
gobiernos municipales de Huauchinango, Juan Galindo y Xicotepec de Juárez.
Es necesario un plan amplio y permanente, que evite la erosión de los suelos.
También es apremiante la explotación racional de los recursos forestales, especialmente
en las zonas boscosas de Chignahuapan, Ahuazotepec, Honey, Huauchinango, Zacatlán,
Ixtacamaxtitlán y Tetela de Ocampo. En cada uno de estos municipios se precisa la
instalación de un vivero forestal y la organización para la producción industrial.
En realidad, además del recurso humano, la mayor riqueza y potencialidad de la sierra
norte de Puebla está en la generosidad de su naturaleza. No habrá ningún proyecto
viable, ni duradero, si no reconstruimos lo perdido y fincamos el futuro en la férrea
defensa de la tierra, el agua, los ríos, las presas y lagunas, el aire, la lluvia, los
bosques y las montañas que, después de todo, han sido nuestra fuente de inspiración.
V. Diversificación productiva y creación de oportunidades de empleo e ingreso
Ante la retirada de Pemex y, en parte, de la Compañía de Luz y Fuerza, es el momento de
recuperar las bases productivas del campo, de la sierra. Tenemos una enorme riqueza
natural, falta tecnología y capital. Proponemos un programa integral para el desarrollo
de la cafeticultura que permita elevar los rendimientos, industrializar el producto en la
región y conquistar los mercados en condiciones ventajosas. (Se anexa.)
De las 70 mil hectáreas cultivadas con café en Puebla, 40 mil se ubican en esta región
que, además, tiene los más altos rendimientos. El problema es estructural y sólo podrá
resolverse con acciones integrales y de mediano plazo. Sobre todo debemos de generar
condiciones reales de diversificación productiva y de mejoramiento de la productividad y
el ingreso de cerca de 30 mil productores de café, con menos de cinco hectáreas
cultivadas, así como de los más de 50 mil jornaleros que trabajan en la cosecha de este
aromático.
Igualmente, es indispensable un plan para el desarrollo de la citricultura en las partes
bajas y de la fruticultura en general, en toda la región, que permita la instalación de
plantas agroindustriales y la diversificación productiva con fines de exportación.
La producción de flores y plantas de ornato constituye otra alternativa que distingue a
la zona y genera una importante derrama de recursos. Además, estas actividades
contribuyen a mantener la flora y, en general, los recursos naturales. Proponemos un nuevo
impulso al mercado de las flores de Tenango, ampliando sus instalaciones, construyendo los
laboratorios y constituyendo un fideicomiso para la producción y comercialización.
Además, hace falta otro mercado de plantas tropicales en la zona baja. En realidad, el
Estado tiene que cambiar la forma de ver el cultivo de flores y plantas de ornato. Todos
debemos asumir que, en esta actividad, cualquier subsidio fiscal será ampliamente
recompensado por la preservación de la naturaleza.
Es imperativo la formulación del plan sustentable de aprovechamiento forestal, el plan de
producción ganadera y, de manera fundamental, el plan estratégico de diversificación
productiva.
Además, es conveniente aprovechar el entorno natural para promover el turismo en mayor
escala, sobre todo a partir de la culminación del tramo de la autopista
México-Tulancingo-El Tejocotal. Se propone que el Fonatur promueva la construcción de
infraestructura que detone el desarrollo turístico o en su caso, constituir un fondo de
inversiones turísticas específicamente dirigido al desarrollo de esta región.
En todo caso, tanto en el campo como en la ciudad deben fortalecerse los instrumentos de
apoyo crediticio a tasa cero, como instrumento de capitalización de los grupos de bajos
ingresos.
En materia de transporte, es necesario emprender acciones decididas para el
establecimiento de la "escuela para la formación de operadores y técnicos
mecánicos de tractomotores", que atendería a un parque vehicular de 1 mil 500
unidades. Asimismo, será necesario prever mecanismos de financiamiento para su
mantenimiento y renovación.
Proponemos la construcción de infraestructura industrial terminando el corredor
industrial Zacatlán-Chignahuapan y promoviendo los miniparques industriales de
Ahuazotepec- Beristain; Ahuacatlán; Tetela de Ocampo; Huau- chinango-Juan
Galindo-Xicotepec; Pahuatlán; Villa Avila Camacho-Apapantilla y Coronel Tito
Hernández-Lázaro-Cárdenas.
Así será posible entre otros explotar los recursos mineros incorporando valor agregado
que genere empleos y derrama económica específicamente a los municipios de Xicotepec,
Ahuazotepec, Tepango de Rodríguez, Zacatlán, Honey, Ahuacatlán y Juan Galindo.
VI. Recreación de la cultura local
y promoción del arte universal
La sensibilidad cultural de los serranos resalta no sólo por nuestras tradiciones y la
fuerza de la cultura indígena que nos ha dado origen y destino. También tiene que ver
con la mayor riqueza con que cuenta nuestra sierra que son los niños y los jóvenes.
Para nosotros, el deporte es parte de la cultura, aunque no se cuente con la
infraestructura y los apoyos técnicos necesarios. Para nosotros es el aliento a la
creatividad, el reconocimiento al talento y a la imaginación. Cultura y deporte son parte
de un binomio virtuoso para el futuro de una sociedad local que aspira a ser mejor, que
quiere la armonía y que aspira a formar ciudadanos del futuro con plenos derechos
sociales y económicos.
Por ello, nos pronunciamos por reconstruir la infraestructura de las casas de cultura de
cada municipio y en siete centros regionales con sede en Tetela de Ocampo, Chignahuapan,
Zacatlán, Huauchinango, Pahuatlán, Xicotepec y Venustiano Carranza. Además, con el
apoyo de los municipios y de los sectores sociales y productivos, nos proponemos crear las
condiciones para que opere en la región una FM cultural que, a la vez, sea el enlace
social y cultural entre todos los pueblos y los municipios de la sierra.
VII. Una nueva relación del Estado
con las comunidades indígenas
Las comunidades indígenas demandan un nuevo trato, más digno y justo del Gobierno y la
sociedad.
Se trata no sólo de aspectos materiales o del bienestar; se trata de un asunto central de
nuestra identidad como nación.
Cerca del 30% de la población de esta región orgullosamente preserva la lengua y la
cultura indígena.
Por ello, el primer paso es el fortalecimiento de la educación bilingüe. Es éste el
eslabón para articular tradiciones, lenguas, acceso al conocimiento y, en general,
cultura, identidad, bienestar y desarrollo. Por lo tanto, deberá implantarse la
educación bilingüe en todas las comunidades y dotarse a las escuelas, a los maestros y a
los alumnos de los instrumentos pedagógicos y materiales para alcanzar la excelencia
educativa.
Compañeras y compañeros diputados; hombres y mujeres de la sierra que nos escuchan por
los medios electrónicos de la región: el Plan Estatal de Desarrollo 1999-2005 otorga
prioridad a las regiones de Puebla, particularmente a la sierra norte. En el marco del
convenio de desarrollo social suscrito entre los gobiernos Federal y del Estado de Puebla,
así como del Convenio de Política Social y Desarrollo Regional, celebrado entre el
gobierno del Estado y los municipios, se han logrado avances que hoy deben ser reforzados.
De esta manera se logrará una mayor eficiencia y eficacia en el desempeño de las
funciones concurrentes y coordinadas de los tres órdenes de gobierno.
Para este fin, en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Puebla, conviene establecer un subcomité regional para la sierra norte en el que
participen, además de los servidores públicos, académicos, productores, maestros,
trabajadores, representantes indígenas y de jóvenes y mujeres.
Es tiempo de sumar voluntades del Gobierno, de las fuerzas políticas, de los
legisladores, de los grupos sociales y productivos. El pluralismo y la alternancia son
valores de la democracia que carecerían de sentido si no se traducen en el
fortalecimiento de las instituciones y en la construcción de un gran movimiento social a
favor del desarrollo y del bienestar.
Por lo anterior, señor Presidente, nos permitimos proponer el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, en los
términos de las facultades que le confiere el artículo 32 fracciones II y IV de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal y conforme a lo que estipulen los
convenios de coordinación que en la materia suscriban con el gobierno del Estado de
Puebla, promueva la formulación del Programa Integral para el Desarrollo de la Sierra
Norte de Puebla. Para tal efecto, habrán de considerarse los elementos aquí presentados
y realizarse una amplia consulta entre los municipios, las comunidades y los sectores
sociales y productivos.
Dicho programa deberá considerar, también, la estimación de los recursos financieros
que anualmente se propongan en los proyectos de los presupuestos de egresos de los
gobiernos Federal, estatal y municipales.
Atentamente.
Palacio Legislativo, San Lázaro, a 14 de diciembre de 2000. Diputados: Alberto Amador
Leal y Cutberto Cantorán Espinosa.»
4528,4529,4530,4531
Programa Integral para el Desarrollo de
la Sierra Norte de Puebla
ANEXO
Propuesta para el Fomento y Apoyo a la Cafeticutura en Puebla
(2001-2006)
Se ha destacado, de manera reiterada, la importancia social y económica de la
cafeticultura en una vasta región del país y de nuestra entidad federativa.
También de manera cíclica observamos con preocupación las crisis recurrentes que
denoten graves deficiencias en la estructura productiva de este aromático, así como
distorsiones en el comportamiento de los mercados y los precios internacionales y, por
ende, en el ingreso de las familias que viven de este cultivo. Ante el inicio de la
cosecha del ciclo actual y la proximidad de las sesiones de los congresos estatal y
Federal, en las que se tomaran decisiones presupuestales para el 2001, es oportuno
reconsiderar algunas hipótesis y adelantar nuevas propuestas.
En Puebla, en el último ciclo, había cerca de 70 mil 200 hectáreas sembradas de café
por alrededor de 35 mil productores en 54 municipios y más de 500 comunidades. Junto con
Chiapas, Veracruz, Hidalgo y Oaxaca, entre otros, formamos parte de los estados que
concentran la mayor producción cafetalera. Al interior de Puebla destaca la región de
Huauchinango-Xicotepec que agrupan a 16 municipios con casi 42 mil hectáreas; Teziutlán
(23 municipios) con 20 mil hectáreas; Zacatlán (8 municipios) con 2 mil 340 hectáreas;
libres (2 municipios) con 1 mil 235 hectáreas y la Sierra Negra (4 municipios) con 4 mil
725 hectáreas. En general la producción cafetalera de Puebla representa el 16% del total
nacional y genera ingresos anuales promedio de 80 millones de dólares. (Cuadro 1).
Los problemas externos tienen qué ver con el control del mercado por grandes empresas
internacionales que, en la propia lógica de una economía globalizada controlan los
precios al disponer de mayores recursos técnicos y financieros.
Desde luego también existe el problema de la sobreoferta y la acumulación de
inventarios. En el caso del café poblano, adicionalmente, destaca lo siguiente:
A) Baja calidad del café, que provoca descuentos (a veces manipulados de manera
desventajosa para los productores) hasta de 40 dólares menos respecto al precio de la
bolsa;
B) Amplias zonas marginales de baja productividad, que cohabitan con plantaciones más
desarrolladas dando lugar a enormes diferencias en calidad, productividad y grado de
tecnificación y
C) Escasez de financiamiento y falta de protección contra riesgos y en general
insuficiencias en la política de fomento integral que considere la capacitación, la
asistencia técnica, la modernización de la planta agroindustrial (hoy altamente
contaminante) y el cuidado y renovación de las plantaciones.
En la difícil coyuntura del sector los gobiernos Federal y de los estados cafetaleros han
impulsado un programa emergente. Como parte de los acuerdos de la asociación de los
países productores de café determinaron retener 1 millón de sacos de 60 kilogramos cada
uno creando un mecanismo financiero para absorber el valor de la producción y los costos
de operación implícitos.
En el caso de Puebla se pretende retener 60 mil sacos, para lo cual se aportarán 10
millones de pesos a fondo perdido, si bien se estima que no será una medida fácilmente
aceptado por los productores. Además se apoyará la adquisición de café cereza mediante
un sobreprecio que varía entre 0.25 y 0.30 pesos por kilogramo, equivalente a un 18-20%
arriba del precio de mercado a través de un crédito de 43 millones de pesos
contribuyendo el Estado a cubrir 3 millones 300 mil pesos por concepto de intereses del
financiamiento. Esto beneficia a 5 mil hectáreas en 20 municipios y a 3 mil productores.
Igualmente se apoyará al productor mediante la introducción al mercado de café tostado
y molido, con calidad de primera, tipo europeo, certificado por la UDLA y en presentación
especial. Con esta acción se busca obtener un sobreprecio del 20% para todo el café de
buena calidad, que permita alcanzar precios de 300 dólares por quintal. Se dotará de 53
beneficios ecológicos que elevan el rendimiento del grano en un 6% y mejorar la calidad
hasta en un 10%. Esta acción incluye la dotación de secadoras en un número de 94,
contribuyendo al incremento de la calidad del café. El monto de este apoyo es de 5
millones 400 mil pesos y está comprendido dentro de la Alianza para el Campo, estando en
proceso de construcción y quedarán entregados a fin de año para ser utilizados durante
la presente cosecha. Una cantidad similar de 5 millones 400 mil pesos es aportada por un
financiamiento del Banrural, FIRA y productores. En su conjunto las diversas dependencias
han invertido cerca de 100 millones de pesos en programas de fomento y apoyo aunque sin la
integralidad y coordinación necesarias.
Sin desestimar el esfuerzo realizado, es indispensable y oportuno un replanteamiento
integral, esencialmente por razones de justicia dada la grave crisis social que se está
gestando en las comunidades cafetaleras, la mayoría de ellas ubicadas en las zonas
indígenas. Por lo anterior, se proponen los siguientes puntos base para un programa de
mediano plazo.
1. Coordinación institucional
Los consejos nacional y estatales del café han funcionado como órganos de consulta, pero
al carecer de facultades plenas y de presupuesto su eficacia ha sido limitada. Convendría
explorar la pertinencia de convertir estas instancias de coordinación en organismos
descentralizados, desde luego sin que ello implique incurrir en la burocratización y
derroche de recursos de otras épocas como fue el caso del Inmecafé.
Por lo pronto a nivel estatal, el gobierno del Estado y la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca, Alimentación y Desarrollo Rural, deberán establecer un mecanismo
eficiente de coordinación de todas las dependencias involucradas.
2. Fortalecimiento de las organizaciones productivas
Del total de productores, 30 mil son propietarios de menos de cinco hectáreas cada uno y
en total cultivan aproximadamente 42 mil hectáreas. De ahí que la organización para la
producción resulte de enorme trascendencia. Se cuenta con una larga tradición
comunitaria proveniente de nuestra herencia indígena y una red de organizaciones sociales
que han tenido experiencias exitosas y también fracasos producto de la discontinuidad de
los programas del gobierno. En realidad, no hubo la decisión de sostener un proceso de
capitalización de las organizaciones productivas. Al tiempo que una buena parte de los
programas oficiales no han alcanzado la integralidad y sustentabilidad imprescindibles
para acometer un problema tan complejo desde el punto de vista social y económico.
De ahí que se proponga fomentar y promover los procesos organizativos de los productores
cafetaleros minifundista que permita su integración al sistema agroindustrial de café y
a las prácticas comerciales nacionales e internacionales. Se estima que sería necesario
asesorar, técnica y jurídicamente, a cerca de 110 organizaciones, unas ya existentes y
otras que habría que promover.
3. Renovación de cafetales con variedades adecuadas a cada zona, según su altitud
El primer paso sería regionalizar la producción cafetalera de acuerdo a la
clasificación internacional de café en prima lavado (600 a 900 msnm), altura (900 a 1
mil 200 msnm) y estrictamente altura (mayores de 1 mil 200 msnm). posteriormente, habría
que promover la siembra de una sola variedad de acuerdo a su adaptabilidad a las
condiciones físicas, ambientales y edafológicas de las diferentes zonas.
Igualmente, el esfuerzo se canalizaría a las 42 mil hectáreas propiedad de 30 mil
productores con menos de cinco hectáreas. Ello implicaría un esfuerzo para establecer
500 parcelas demostrativas y producir un promedio de 35 millones de plantas de café por
año.
4. Mejoramiento de la producción
y la productividad
Se propone intensificar la producción cafetalera ampliando la asistencia técnica, la
capacidad y la transferencia de tecnología, que permitan el incremento de la densidad de
siembra, la mecanización e intensificación de las prácticas de cultivo, análisis de
suelos, nutrición adecuada y cultivo de café orgánico y ecológico. Para este
propósito, se contrataría un equipo humano de extensionistas y técnicos, consistente en
un coordinador por municipio y cuatro asesores técnicos, lo que significaría un total de
260 personas.
Habría que disponer del apoyo en fertilizantes a razón de 14 mil toneladas por año.
Al mismo tiempo, se desarrollarían campañas y acciones contra enfermedades y plagas, con
énfasis en broca del café, mediante cursos de capacitación donde se imparta la
metodología para el control químico, biológico, legal y cultural de la plaga. Se estima
que habría por lo menos que organizar seis cursos por municipio (incluyendo asistencia
técnica) lo que significaría un promedio de 312 manuales.
5. Fomento a la agroindustria
Promover la instalación de infraestructura para beneficiado húmedo y seco de café a
organizaciones de productores, impulsando el desarrollo sustentable y el aprovechamiento
de subproductos, que genere una fuente de ingresos adicionales a los productores al
diversificar y aumentar valor a la producción.
La infraestructura con que se cuenta, en su mayoría, está desactualizada y es altamente
contaminante. Habría que promover que cada organización productiva cuente con un
proyecto agroindustrial y que de acuerdo a las microrregiones se avance en la
construcción de beneficios secos. Tentativamente se estima que serían necesarios cerca
de 400 módulos ecológicos, un número igual de secadoras, 200 morteadoras y 40
tostadores. Desde luego, a reserva de un análisis más fino de la situación en que se
encuentra la infraestructura disponible.
6. Diversificación productiva
Sin duda, una de las facetas del problema estructural de la producción del café estriba
en las dificultades para diversificar los cultivos, de tal manera que se cuente con otras
opciones de ingreso.
Por ello se propone impulsar la reconversión y diversificación productiva en zonas
cafetaleras con la introducción de plantaciones de nuez macadamia, credo rojo, zarzamora,
litchi, cítricos, maracuyá, nuez de la india, plátano, pimienta, vainilla, cedro
rosado, morena y rambután como una fuente de recursos alternativos. Habría que retomar
los proyectos en marcha para producir y entregar a los campesinos un promedio de 200 mil
plantas de macadamia.
Asimismo, podría impulsarse la producción promedio anual de 1 mil hectáreas de litchi,
cedro rojo y rambután.
7. Financiamiento y comercialización
La fase de comercialización es indispensable, sin ésta la mayor parte del esfuerzo de
los productores se diluye y los beneficios, aun en tiempo de buena cosecha, son malos. De
ahí que se proponga un esquema para proyectos productivos y de comercialización visibles
en zonas cafetaleras que ayuden a diversificar la producción y produzcan café de alta
calidad, integrando la industrialización y comercialización del producto.
Tan sólo para comercialización las organizaciones productivas de productores de bajos
ingresos requerirían un monto aproximado de 50 millones de pesos al año, preferentemente
a tasa cero.
Al mismo tiempo, se promoverían mecanismos de prevención de riesgos y de aseguramiento
de viveros y plantaciones que tengan potencial para producir café de alta calidad.
8. Promoción
Otra tarea fundamental sería desarrollar campañas permanentes de promoción y
comercialización del café poblano en los mercados nacional e internacional, fomentando
la creación de una marca registrada propiedad de organizaciones de productores.
Debe, en suma, promoverse el consumo del café poblano ampliando por igual las redes de
comercialización de los propios productores.
4532,4533,4534
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