|
Presidencia
del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes |
ASISTENCIA
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de
esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los ciudadanos diputados.
| El
secretario Bernardo Borbón Vilches: |
Señor Presidente, se le informa que hay 366
diputados registrados en el tablero electrónico.
| El
Presidente (a las 12:37 horas): |
Hay quorum y se abre la sesión.
Ruego a la Secretaría dé lectura al orden del día.
ORDEN DEL DIA
| El
secretario Bernardo Borbón Vilches: |
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias. Primer
Año. LVIII Legislatura.
Orden del día
Jueves 28 de diciembre de 2000.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
Del Congreso del Estado de Nuevo León.
Iniciativas de diputados
De reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
De decreto por el que se crea el comité del CCL aniversario del natalicio de don Miguel
Hidalgo y Costilla, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. (Turno a comisión.)
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Con el que remite informe sobre el proceso de desincorporación de Servicios de
Almacenamiento del Norte, S.A., Organización Auxiliar de Crédito. (Turno a comisión.)
Dictámenes de primera lectura
Tres, de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con proyectos de decreto que
conceden permiso a varios ciudadanos mexicanos para aceptar y usar condecoraciones que les
confieren gobiernos extranjeros.
De la Comisión de Seguridad Social con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo
del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado.
Proposiciones con puntos de acuerdo.
Excitativas
A las comisiones de Hacienda y Crédito Público y del Distrito Federal, a cargo del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
A las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y Jurisdiccional, a cargo del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a cargo del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Agenda política
Comentarios sobre la integración del gabinete del presidente Vicente Fox Quesada, a cargo
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Comentarios sobre las políticas de gobierno en el Estado de Chiapas, a cargo del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Comentarios sobre la situación salarial de los servidores públicos federales, a cargo
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Posicionamiento sobre el incendio de los basureros en
Coacalco, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El siguiente punto del orden del día es la
discusión del acta de la sesión anterior. Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea
si se le dispensa la lectura al acta tomando en consideración que le ha sido entregada
copia de la misma a los coordinadores de los grupos parlamentarios para sus observaciones
y se procede a su votación.
| El
secretario Bernardo Borbón Vilches: |
Por instrucciones de la Presidencia se consulta
a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en
consideración que le ha sido entregada copia de la misma a los coordinadores de los
grupos parlamentarios para sus observaciones y se procede a su votación.
Los diputados que estén por la afirmativa. Sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la
lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el
miércoles veintisiete de diciembre de dos mil, correspondiente al Primer Periodo de
Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura.
Presidencia
del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes |
En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la
capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las once horas con treinta y cuatro minutos del
miércoles veintisiete de diciembre de dos mil, con la asistencia de trescientos cincuenta
y tres diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día.
El Presidente informa que las proposiciones con punto de acuerdo que no alcancen a ser
presentadas en el presente periodo de sesiones, se remitirán a la Junta de Coordinación
Política y recuerda a los diputados que pueden presentarlas directamente en el seno de
las comisiones.
La Asamblea aprueba el acta de la sesión anterior, en sus términos, en votación
económica.
Comunicación del Congreso del Estado de México, con punto de acuerdo en relación con la
iniciativa de decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de derechos indígenas, presentada ante el Senado de la República
por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. De enterado y se remite a la Cámara de
Senadores.
Otra comunicación del mismo Congreso, con acuerdo por el que solicita incrementar en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para dos mil uno, las participaciones federales
para el Estado de México. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Dos oficios de la Cámara de Senadores con los que remite puntos de acuerdo relativos a
las previsiones en el Presupuesto de Egresos de la Federación para dos mil uno, para
distintos rubros de los sectores social y económico y para incrementar el presupuesto de
la Universidad Nacional Autónoma de México. De enterado y se ponen a disposición, para
su conocimiento, de los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Comunicación de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social por la que
solicita ampliar el turno de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la
Ley de Ahorro y Crédito Popular y el Instituto de Fomento Social para la Micro, Pequeña
y Mediana Empresas y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de
Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito y de la iniciativa con proyecto de
decreto de Ley de Ahorro y Crédito Popular y por el que se reforman diversas
disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito.
Como se solicita, se turnan las iniciativas a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito
Público y de Fomento Cooperativo y Economía Social.
Habla sobre el aniversario luctuoso de Demetrio Vallejo, el diputado Lorenzo Rafael
Hernández Estrada, del Partido de la Revolución Democrática.
Iniciativa del diputado Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México,
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos veintiuno y ochenta y siete
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto
relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al
Ejercicio Fiscal de mil novecientos novena y nueve. Es de primera lectura.
La Asamblea le dispensa la segunda lectura, en votación económica.
Por la comisión, fundamenta el dictamen el diputado Fernando Josaphat Martínez Cue, del
Partido Acción Nacional.
A discusión en lo general fijan la posición de sus respectivos grupos parlamentarios los
diputados: Rosa Delia Cota Montaño, del Partido del Trabajo; José Antonio Magallanes
Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática; José María Eugenio Núñez
Murillo, del Partido Acción Nacional y Roberto Javier Fuentes Domínguez, del Partido
Revolucionario Institucional.
Antes de la intervención del diputado Fuentes Domínguez, la Secretaría informa del
registro de cuatrocientos ochenta y cinco diputados y ordena el cierre del sistema
electrónico de asistencia.
Para rectificar hechos, se concede el uso de la palabra al diputado Tomás Torres Mercado,
del Partido de la Revolución Democrática.
Suficientemente discutido en lo general, se reserva el artículo siete inciso c, del
proyecto de decreto, para su discusión en lo particular.
Se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados por cuatrocientos
treinta y siete votos en pro y veintiuno en contra.
No habiendo quien haga uso de la palabra para referirse al artículo siete inciso c,
reservado, se recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por
cuatrocientos siete votos en pro y catorce en contra.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto relativo a la revisión
de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal de mil
novecientos noventa y nueve. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
Dictamen de las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Comercio y Fomento
Industrial, con proyecto de decreto que crea la Ley para la Inscripción de Vehículos de
Procedencia Extranjera. Es de primera lectura.
La Asamblea aprueba la dispensa de la segunda lectura por doscientos cuarenta y siete
votos en pro y doscientos catorce en contra.
Se da lectura al artículo ciento diez del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y se concede el uso de la palabra al
diputado José César Nava Vázquez, del Partido Acción Nacional, quien presenta moción
suspensiva y acepta sendas interpelaciones de los diputados Luis Miguel Gerónimo Barbosa
Huerta y Jorge Carlos Ramírez Marín.
Habla en contra de la moción el diputado Amador Rodríguez Lozano, del Partido
Revolucionario Institucional y acepta interpelaciones de los diputados Rafael Ramírez
Agama, Armando Salinas Torre y Efrén Nicolás Leyva Acevedo.
Se desecha la moción suspensiva por doscientos veinte votos en pro y doscientos cincuenta
y nueve en contra.
Habla a nombre de la comisión, el diputado Reyes Antonio Silva Beltrán, del Partido
Revolucionario Institucional, para fundamentar el dictamen.
5325,5326,5327
Presidencia
del diputado
Eloy Cantú Segovia |
A discusión en lo general, fijan
la posición de sus respectivos partidos políticos, los diputados: Gustavo Riojas
Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista;
Presidencia
del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes |
Rosa Delia Cota Montaño, del
Partido del Trabajo; Francisco Agundis Arias, del Partido Verde Ecologista de México;
Mario Cruz Andrade, del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Urdapilleta Núñez,
del Partido Acción Nacional, y Juan Paredes Gloria, del Partido Revolucionario
Institucional.
Rectifican hechos los diputados: Emilio Rafael José Goicoechea Luna, del Partido Acción
Nacional; José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia, Partido
Político Nacional; Bernardo Borbón Vilches, del Partido Acción Nacional,
Presidencia
del diputado
Eric Eber Villanueva Mukul |
Quien acepta una interpelación del
diputado Jaime Vázquez Castillo; Carlos Alberto Valenzuela Cabrales, del Partido Acción
Nacional; Francisco Patiño Cardona, del Partido de la Revolución Democrática; Ernesto
Saro Boardman, del Partido Acción Nacional; Salvador Rocha Díaz, del Partido
Revolucionario Institucional, y Armando Salinas Torre, del Partido Acción Nacional.
Presidencia
del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes |
La Secretaría da lectura al
artículo ciento dieciséis del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los
Estados Unidos Mexicanos y en votación económica, la Asamblea considera suficientemente
discutido el dictamen en lo general.
Se reservan para su discusión en lo particular, los artículos 1o. 2o. 3o. 5o. 8o. y
primero transitorio del proyecto de decreto por el que se crea la Ley para la Inscripción
de Vehículos de Procedencia Extranjera.
Se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados, por doscientos
cincuenta y dos votos en pro y ciento noventa y seis en contra.
Habla en contra de los artículos uno y ocho reservados, el diputado José Francisco Blake
Mora, del Partido Acción Nacional, quien propone modificaciones al artículo uno.
Se concede la palabra al diputado José César Nava Vázquez, del Partido Acción
Nacional, para hablar en contra del artículo ocho reservado.
Rectifican hechos o contestan alusiones personales, los diputados: Nahum Ildefonso
Zorrilla Cuevas, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones; José César
Nava Vázquez, del Partido Acción Nacional, quien acepta una interpelación del diputado
Carlos Rodolfo Soto Monzón; Mauricio Enrique Candiani Galaz, del Partido Acción
Nacional, en dos ocasiones; Félix Salgado Macedonio, del Partido de la Revolución
Democrática, en dos ocasiones; Eduardo Arnal Palomera, del Partido Acción Nacional y
Juan Manuel Carreras López, del Partido Revolucionario Institucional.
En contra del artículo ocho reservado, habla el diputado José Sergio Rodolfo Vaca
Betancourt Bretón, del Partido Acción Nacional.
La Asamblea considera suficientemente discutidos los artículos uno y ocho reservados, en
votación económica.
Se concede la palabra al diputado César Alejandro Monraz Sustaita, del Partido Acción
Nacional, para hablar en contra de los artículos dos y primero transitorio reservados y
propone modificarlos.
En contra del artículo tres reservado, habla el diputado Jesús Mario Garza Guevara, del
Partido Acción Nacional y propone modificarlo.
Habla en contra del artículo cinco reservado, el diputado Raúl Gracia Guzmán, del
Partido Acción Nacional y propone modificarlo.
|
Presidencia
del diputado
Eloy Cantú Segovia |
En pro del artículo primero
transitorio reservado, habla el diputado Eugenio Javier Hernández Flores, del Partido
Revolucionario Institucional.
Presidencia
del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes |
Se concede el uso de la palabra al
diputado Gustavo Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista, para hablar en
contra del artículo primero transitorio.
La Asamblea considera, en votación económica, suficientemente discutidos los artículos
reservados.
En sendas votaciones económicas, la Asamblea desecha las propuestas de modificación de
los artículos uno, dos, primero transitorio, tres y cinco reservados.
Desde su curul, el diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, solicita que la votación
de los artículos reservados sea en los términos reglamentarios y el Presidente obsequia
su solicitud.
Se recoge la votación del artículo uno, misma que resulta aprobatoria, en los términos
del dictamen, por doscientos cuarenta y siete votos en pro y doscientos diecinueve en
contra.
Se aprueba el artículo dos, en los términos del dictamen, por doscientos cuarenta y
siete votos en pro y doscientos dieciséis en contra.
El artículo tres, en los términos del dictamen, se aprueba por doscientos cuarenta y
seis votos en pro y doscientos dieciocho en contra.
En los términos del dictamen, se aprueba el artículo cinco por doscientos cuarenta y
siete votos en pro y doscientos veinte en contra.
Se aprueba, en los términos del dictamen, el artículo ocho por doscientos cuarenta y
ocho votos en pro y doscientos diecinueve en contra.
Se recoge la votación del artículo primero transitorio, misma que resulta aprobatoria
por doscientos cuarenta y ocho votos en pro y doscientos diecinueve en contra.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se crea la Ley
para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera. Pasa al Ejecutivo para los
efectos constitucionales.
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta proyecto de decreto por el que
se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se
abroga su Ley Orgánica.
Se turna a las comisiones de Comunicaciones y de Transportes.
Con base en el Acuerdo Parlamentario que Regula la Duración de las Sesiones, la
Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión, que incorpora los puntos
pendientes de la presente sesión y el Presidente clausura la de hoy a las diecinueve
horas con veintinueve minutos, citando para la próxima que tendrá lugar el jueves
veintiocho de diciembre de dos mil, a las doce horas.»
Ruego al señor Secretario la ponga
de inmediato a discusión.
| El
secretario Bernardo Borbón Vilches: |
Está a discusión el acta... No
habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica si se aprueba en los
términos en que ha sido publicada en la Gaceta.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta de la
sesión anterior.
Ruego al señor Secretario dé
cuenta a la Asamblea con las comunicaciones.
ESTADO DE NUEVO LEON
| El
secretario Bernardo Borbón Vilches: |
«Escudo. Honorable Congreso del
Estado de Nuevo León LXIX Legislatura. Secretaría.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso del Estado.
Presentes.
A fin de dar cumplimiento al punto de acuerdo aprobado por el pleno de la LXIX Legislatura
del honorable Congreso del Estado de Nuevo León, relativo a la solicitud de incluir en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2001, que
deberá aprobarse durante el presente mes, a fin de que se apliquen la mayor cantidad de
recursos posibles a los programas de poyo al campo, acompañamos el cuadernillo formado
sobre el particular y que contiene lo siguiente:
1. Oficio en que se comunica a esa soberanía el punto de acuerdo antes mencionado.
2. Punto de acuerdo aprobado por el pleno de este honorable Congreso estatal el día 19 de
diciembre del 2000.
3. Propuesta original certificada, presentada por el diputado Adrián Villagómez García,
que originó el punto de acuerdo en mención.
4. Copia fotostática certificada del Diario de los Debates no. 31-LXIX-2000 de fecha 19
de diciembre del presente que, en su parte conducente, contiene las discusiones que
motivó el punto de acuerdo mencionado.
Sin más por el momento, aprovechamos la ocasión para reiterarles las seguridades de
nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Monterrey, NL, a 19 de diciembre de 2000. Diputados: Joel Ibarra Ortegón, David Puente
Rodríguez, secretarios.»
«Escudo. Honorable Congreso del Estado de Nuevo León LXIX Legislatura. Secretaría.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso del Estado.
Presentes.
En sesión ordinaria celebrada el día de hoy, el pleno de la LXIX Legislatura del
honorable Congreso del Estado de Nuevo León aprobó el punto de acuerdo a fin de
solicitar a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión incluir en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2001, que
deberá aprobarse durante el presente mes, a fin de que se apliquen la mayor cantidad de
recursos posibles a los programas de apoyo al campo.
Acompañamos al presente el original del punto de acuerdo antes mencionado.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción III de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos agradeciéndoles nos hagan llegar,
mediante acuse de recibo, el trámite legislativo que se le haya dado a la presente
iniciativa.
Sin más por el momento, aprovechamos la ocasión para reiterarles las seguridades de
nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Monterrey, NL, a 19 de diciembre de 2000. Diputados: Joel Ibarra Ortegón y David Puente
Rodríguez, secretarios.»
«Honorable Asamblea: a los integrantes de la Comisión de Fomento Económico en sesión
ordinaria de fecha 13 de diciembre del presente año, nos fue turnado para su estudio y
dictamen, escrito presentado por el diputado Adrián Villagómez García, mediante el cual
solicita que esta LXIX Legislatura se pronuncie ante la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión, para solicitar se analice cuidadosamente el Presupuesto de la
Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2001 y que los recursos destinados a los
programas del campo sean ampliados.
Se acompañó a la solicitud anteriormente señalada, copia del informe y conclusiones del
VII Encuentro Nacional de Legisladores del Sector Agropecuario, organizado por la LVII
Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano del Estado de Oaxaca.
5328,5329,5330
Compañeros diputados: de conformidad con
lo establecido por el artículo 39 fracción IX incisos a y d del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, es competencia de la Comisión
de Fomento Económico lo relativo a las iniciativas relacionadas con el fortalecimiento,
estímulo y desarrollo de los sectores productivos del Estado, así como el desarrollo
regional del mismo y las que conlleven a un fortalecimiento en las actividades agrícolas
forestales y ganaderas.
Analizado que ha sido el escrito que integra el expediente, quienes suscribimos el
presente dictamen consideramos que es importante fomentar el rubro de materia
agropecuaria, con la mayor cantidad de recursos que impulsen el desarrollo y productividad
en el campo, puesto que en la actualidad la distribución de recursos en materia
agropecuaria en nuestro país es uno de los más descuidados por la Federación.
En virtud de lo anterior, sometemos a la consideración del pleno el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO
Primero. Con fundamento en el artículo 71 fracción III de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos la LXIX Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León,
somete a la consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión,
la solicitud para que en el Presupuesto de Egresos a aprobarse para el Ejercicio Fiscal
del Año 2001, se aplique mayores recursos a los programas de apoyo al campo, de
conformidad a lo expuesto en el presente.
Segundo. Remítase copia del expediente que da origen al presente acuerdo.
Tercero. Instrúyase al Secretario de la mesa directiva para que forme el cuadernillo que
deberá ser presentado ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Cuarto. De conformidad a lo establecido por el artículo 124 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso, comuníquese al promovente del presente acuerdo.
Quinto. Téngase por concluido y archívese el presente asunto.
Monterrey, Nuevo León, a 19 de diciembre de 2000. Comisión de Fomento Económico.
Diputados: Adrián Villagómez García, presidente; Eloy Treviño Rodríguez,
vicepresidente; David Puente Rodríguez, secretario; Fernando Aguilar Jiménez, Antonio
Perales Elizondo, Erasmo Santos Muñoz, Oscar González Vallejo, Francisco Javier
Martínez Oviedo, Gloria Mendiola Ochoa, Humberto Treviño Landois y José Ricardo
Villarreal Barbarín vocales.»
El oficial mayor del honorable Congreso del Estado de Nuevo León hace constar que el
presente documento es copia fiel y correcta, sacada de su original que obra en los
archivos de este Congreso y que se integra con cuatro hojas útiles.
Monterrey, NL, a 22 de diciembre de 2000. Diputado Joel González Villarreal, oficial
mayor.»
Túrnese a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública.
Corresponde ahora el desahogo del punto de iniciativas de diputados.
LEY FEDERAL CONTRA LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA
Para presentar una iniciativa de
reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a nombre del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, se ofrece el uso de la palabra al diputado
Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.
El diputado
Alejandro Enrique Gutiérrez
Gutiérrez: |
«Ciudadanos secretarios de la mesa
directiva del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Alejandro E. Gutiérrez Gutiérrez, diputado federal de la LVIII Legislatura del Congreso
de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con
fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 y 135 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción II del artículo 55
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, pone a consideración del
honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforma
el párrafo segundo del artículo 3o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada,
con el fin de establecer que los delitos de asalto, secuestro, tráfico de menores y robo
de vehículos que especifica dicha ley, sean considerados como de delincuencia organizada,
si el Ministerio Público de la Federación ejerce la facultad de atracción por
iniciativa propia o cuando ésta sea solicitada por el titular de la autoridad persecutora
de la entidad federativa en que se hayan cometido dichos delitos, bajo la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
La delincuencia organizada constituye un problema sumamente grave, que no sólo afecta
intereses individuales o colectivos, sino que pone en riesgo, la propia seguridad de la
nación, y por tanto, la vigencia del estado de derecho ya que por sus características,
de ser más organizada y más violenta, posee un carácter internacional al ser más
tecnificada. Entre otros factores, se encuentra siempre en ventaja frente a los
tradicionales medios de control estatal. Esto ha sido la justificación para la adopción
de medidas político-criminales que desde el punto de vista de las instancias oficiales se
consideran más eficaces frente a dicho fenómeno, fue precisamente ello lo que llevó a
que recientemente dentro de nuestro marco constitucional ya se haga referencia al concepto
de delincuencia organizada, lo que a su vez llevó a la formulación y expedición de una
ley específica: la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada es un ordenamiento de jurisdicción
federal, como lo indica su propia denominación; es una ley expedida para el conocimiento
y la punición de conductas de este orden jurisdiccional. No obstante, también es
aplicable a delitos del fuero común.
En efecto, el segundo párrafo del artículo 3o. menciona que los delitos de asalto,
secuestro, tráfico de menores y robo de vehículos sólo serán perseguibles por las
autoridades federales "si, además de cometerse por un miembro de la delincuencia
organizada, el Ministerio Público de la Federación ejerce la facultad de
atracción".
Asimismo, dicho precepto establece un límite a los poderes jurisdiccionales que derivan
de la atracción, en el sentido de que la autoridad federal no puede agravar las penas
previstas en las legislaciones de las entidades federativas.
El legislador, creador de esta ley en su momento, manifiesta que la delincuencia
organizada rebasa la competencia de las autoridades locales de justicia, ya que éstas no
pueden competir ni con los recursos económicos ni con los sofisticados aparatos
tecnológicos, que aquélla utiliza para realizar sus ilícitas actividades.
Es así, como se justificó y pretendió explicar la federalización persecutoria de los
delitos de asalto, secuestro, tráfico de menores y robo de vehículos. A este respecto,
el dictamen consideró pertinente añadir aquellos delitos, "que si bien no están
directamente relacionados con la seguridad pública en general ni con la seguridad
nacional, su incidencia afecta a la sociedad, además de que son difíciles de perseguir
dada la complejidad de estructuras que se requiere para su comisión"
Luego entonces, se parte de la hipótesis, en el sentido de que la lucha contra la
delincuencia organizada exige recursos y facultades de los que generalmente dispone mejor
una autoridad nacional que una regional o local.
Ahora bien, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada no precisa qué noción se
tomará en cuenta para entender que existe delincuencia organizada y que el responsable de
ésta puede ser investigado y enjuiciado por las autoridades federales: ¿la federal, esto
es, la contenida en la ley aludida o la local, es decir, la contemplada por los
ordenamientos estatales, que puede ser diferente de aquéllas y de hecho lo es en algunas
entidades federativas? Es probable que la aplicabilidad de la ley federal requiera que se
tome en cuenta precisamente la noción contenida en ésta. Empero, no es deleznable la
idea de atenerse a las leyes estatales, sobre todo cuando éstas contienen una
disposición menos gravosa para el inculpado que la norma federal, bajo el mismo criterio
que impide a la autoridad de la Federación elevar las sanciones aplicables sobre el nivel
previsto en las leyes locales.
Lo cierto es que con la citada ley, se generó la idea de que la delincuencia organizada
es, necesariamente, delito de carácter federal. Así pareció quererlo el legislador, si
se toma en cuenta esta expresión del dictamen: para "unir esfuerzos, hoy más que
nunca, en lugar de fragmentarlos", se propone "que la delincuencia organizada,
como tipo delictivo autónomo, adquiera el carácter de federal". Este deseo se
plasma en la tipificación de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
No obstante lo anterior, hay quienes sostienen que si puede darse una versión local de la
figura de delincuencia organizada, pero por supuesto vinculada con la comisión de delitos
del fuero común no considerados en la Ley Federal respectiva o incluso con los
considerados en ésta, cuando la autoridad federal no ejerza la facultad de atracción
para conocer de ellos.
Por otro lado y bajo el esquema establecido se llega a la conclusión de que hay delitos
"en potencia" y delitos "en acto" y que el paso de una situación a la
otra depende de una resolución de la autoridad persecutoria federal. Si existe
organización delictuosa para cometer robos de vehículos, asaltos, tráfico de menores o
secuestros y la autoridad federal ejerce el poder de atracción, se habrá
"actualizado" para los responsables de aquellos delitos, organizados para
delinquir, un delito federal de delincuencia organizada; si el órgano persecutorio
federal no atrae el conocimiento de estos asuntos, sólo existirán los robos, asaltos,
tráfico de menores o secuestros, pero no la delincuencia organizada.
Esta conclusión, para algunos juristas, pugna directamente con la más elemental
seguridad jurídica y con el principio de legalidad en materia penal.
La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, al establecer que determinados delitos
del fuero común puedan ser considerados como delincuencia organizada y consecuentemente
federalizarlos, vía facultad de atracción, lo regula bajo bases de discrecionalidad, al
arbitrio, que devendría capricho, de la autoridad persecutora Federal. Es así, de que a
pesar de que el Estado de derecho exija fundamentos precisos para la actuación de las
autoridades, no obstante, con el artículo 3o. de la citada ley, no se contiene referencia
alguna acerca de aquellos criterios objetivos; se limita a referirse al supuesto en que el
Ministerio Público Federal ejerza la facultad de atracción; así queda establecido que
este órgano persecutorio puede atraer o abstenerse de hacerlo, a su leal saber entender,
no obstante que debiera aportarse a una regla específica cuando se trata, nada menos, de
un acto que afecta tanto derechos de particulares como atribuciones jurisdiccionales de
los estados frente a la Federación. Incluso al no existir norma que discipline esta
potestad, será difícil el control sobre la legalidad, de la actuación del Ministerio
Público Federal en estos casos.
Por ello la necesidad de que en el ordenamiento jurídico se establezcan criterios
objetivos en que se sustentará el ejercicio de la facultad de atracción por parte del
Ministerio Público Federal, que apareja el desempeño de la jurisdicción de este orden.
Adicionalmente, hay que preguntarse o reflexionar por el fundamento constitucional para
haber establecido esto, porque tal vez éste debiera ser el nivel aplicable, tratándose
de una salvedad al régimen de atribuciones de los estados de la República, respecto a la
potestad de atracción a que se refiere dicho artículo 3o. de la Ley Federal contra la
Delincuencia Organizada.
Incluso, puede decirse que hay dudas para sostener que ese fundamento reside en el
prácticamente reciente segundo párrafo de la fracción XXI del artículo 73
constitucional. Este se contrae, clara y exclusivamente, al conocimiento por autoridades
federales de los "delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con
delitos federales".
En este sentido, este supuesto no es considerado en el segundo párrafo del artículo 3o.
como condición para que el Ministerio Público atraiga el conocimiento de un delito
común. Esta norma se refiere a determinados delitos del fuero local y nada dice sobre su
conexión con los federales. Con rigor constitucional, debemos entender que la atracción
de casos de asalto, secuestro, tráfico de menores y robo de vehículos sólo procedería
cuando estos delitos sean conexos con otros del fuero federal, precisamente bajo la figura
legal de la conexidad, que es la que se reconoce en la Carta Fundamental.
5331,5332,5333
Claro está que también se puede partir
de la discutible idea de que la delincuencia organizada es única y exclusivamente delito
federal y por ende los acuerdos para cometer estos delitos del fuero común, como son el
asalto, tráfico de menores, secuestro, robo de vehículos, ya constituyen un delito
federal, del que son conexos aquellos otros delitos. Esta, tal vez, es la salida para
considerar que es así como se da la conexidad a que alude la Constitución,
justificación que aun así nos sigue pareciendo evidentemente forzada.
Todo lo anterior justifica la necesidad de adecuar el marco jurídico que permita
establecer un criterio más objetivo en el cual deba estar sustentado el ejercicio de la
facultad de atracción por parte del Ministerio Público Federal, para conocer de estos
delitos del orden común, respecto a la delincuencia organizada.
Reiteramos, que el actual esquema de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada,
permite al Ministerio Público una gran holgura para resolver que determinados delitos del
fuero común puedan ser considerados como delincuencia organizada y la posibilidad de
federalizarlos y, consecuentemente hacerlo competente para conocer e investigar sobre
dichos delitos. Esto mediante la facultad de atracción que le concede dicha Ley, pero
como ya se dijo, esto queda a su libre decisión, a su discrecionalidad.
Este esquema jurídico tiene el inconveniente de no tomar en cuenta a la autoridad local
que considere que determinadas conductas delictivas que si bien pueden referirse a delitos
comunes, lo cierto sea que se trate de organizaciones criminales, en la que sea necesario
que la autoridad persecutora federal conozca, investigue y persiga dichos delitos, que
rebasan incluso la esfera de la propia entidad federativa y lo que es más, fuera de
nuestras fronteras territoriales, poniéndose en riesgo no sólo al individuo y a la
colectividad, sino la seguridad nacional.
Por ello, se propone reformar el párrafo segundo del artículo 3o. de la Ley Federal
contra la Delincuencia Organizada, a fin de establecer que los delitos de asalto,
secuestro, tráfico de menores y robo de vehículos que especifica dicha ley, sean
considerados como de delincuencia organizada, si el Ministerio Público de la Federación
ejerce la facultad de atracción por criterio propio o cuando ésta sea solicitada por la
autoridad competente de la entidad federativa en que se hayan cometido dichos delitos.
En virtud de las razones expuestas y con fundamento en las disposiciones de la
Constitución General de la República, invocadas al proemio de la iniciativa de reforma,
se somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO
Por el que se reforman el párrafo segundo del artículo 3o. de la Ley Federal contra la
Delincuencia Organizada.
Artículo único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 3o. de la Ley Federal
contra la Delincuencia Organizada para quedar como sigue:
"Artículo 3o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los delitos señalados en la fracción V de dicho artículo lo serán únicamente si,
además de cometerse por un miembro de la delincuencia organizada, el Ministerio Público
de la Federación ejerce la facultad de atracción por iniciativa propia o a solicitud del
titular de la autoridad persecutora de la entidad federativa donde se cometió el delito.
En este caso, el Ministerio Público de la Federación y las autoridades judiciales
federales serán competentes para conocer de tales delitos. Bajo ninguna circunstancia se
agravarán las penas previstas en las legislaciones de las entidades federativas."
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 28 de diciembre de 2000. Diputado Alejandro E. Gutiérrez
Gutiérrez, grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.»
Gracias, diputado Gutiérrez
Gutiérrez.
La iniciativa que usted presenta, don Alejandro, a nombre del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional, se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
Y se concede el uso de la palabra
para presentar una iniciativa de decreto por el que se crea el Comité del CCL aniversario
del natalicio de don Miguel Hidalgo y Costilla al diputado Rubén García Farías del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
| El diputado
Rubén García Farías: |
Señores diputados: el "grito
de Dolores" constituyó la convocatoria trascendente para el nacimiento de una
nación; la antigua Nueva España se ubicaba así en tránsito hacia la nueva República
de México.
Este cambio se produjo a través de una insurgencia que sacudió y transformó los
diversos órdenes de la vida del país en gestación.
Don Miguel Hidalgo fue el autor de aquella iniciativa por nuestra libertad y nuestra
independencia.
Hidalgo no sólo abolió la esclavitud, sino que en su lucha reivindicadora al lado de las
masas populares que lo acompañaron en su itinerario heroico, le dio un nuevo sentido a
las mismas, que hasta entonces habían vegetado en la opresión y la desesperanza.
Como lo han expuesto modernos investigadores de aquel fenómeno, el modo de producción
despótico-tributario no desapareció por sí mismo. Fue necesaria una revolución para
ayudarlo a abandonar la escena de la historia y éste es un hecho que olvidan quienes
sostienen que la Revolución de Independencia no aportó nada o poco al desarrollo de la
nación mexicana.
El dominio de la corona y su burocracia virreinal no sólo representó un sistema de
dependencia externa, sino también un modo de dominio interno.
La tarea de la gesta de 1810-1821 fue la de destruirlo y esto en gran parte se logró.
El iniciador de esta revolución que modificó profundamente los horizontes del país a
partir del 16 de septiembre de 1810, fue Miguel Hidalgo.
Dentro de dos años se cumplirán 250 de haber venido al mundo en un lugar de Guanajuato.
Por su histórica aportación merece, en nuestro concepto y en el de muchos de nuestros
compañeros diputados de todas las fuerzas políticas aquí representadas, con cuyo
conocimiento y decidido apoyo formulo esta presentación, merece, repito, un digno
reconocimiento de los tres poderes de la Unión y del pueblo todo de México.
«Diputado Ricardo García Cervantes, presidente de la mesa directiva de la Cámara de
Diputados. Presente.
El suscrito, diputado federal en la LVIII Legislatura, integrante del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional; con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 73 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
46 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y
58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito presentar por
su conducto la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que crea el Comité del CCL
aniversario del natalicio de don Miguel Hidalgo y Costilla.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Los cambios que se están presentando en el orbe, sin duda son la base en que se
sustentará el nuevo mundo del tercer milenio.
El universo digital está imponiendo sus reglas, trasponiendo fronteras y nacionalidades.
Los nuevos héroes de los pueblos no son aquellos que se esfuerzan por resolver los
grandes problemas sociales y económicos de marginación y subdesarrollo, sino quienes
obtienen las más altas tasas de ganancias en sus empresas transnacionales.
En este contexto, para una buena parte de la juventud de México y en general para la
población, los nombres de los autores de nuestra independencia y nuestra soberanía son
iconos desfasados cuyo esfuerzo o sacrificio no representa nada o muy poco frente a la
llamada filosofía del pragmatismo y del éxito, que se está imponiendo a fuerza de
repetirse una y mil veces.
Un nuevo y nocivo internacionalismo, la globalización digital, se aprestan a instaurar o
a consolidar su orden de cosas en el planeta, desterrando símbolos patrios que durante
mucho tiempo a los mexicanos nos han conferido un perfil propio en el marco mundial.
En defensa de esa idiosincrasia, amenazada por deshumanizados mensajes globalizadores, es
necesario rescatar nuestras raíces históricas y culturales.
Los motivos para hacerlo son numerosos, entre los cuales se encuentra el de honrar a los
fundadores de nuestra nacionalidad, como una de las mejores vías para fortalecer nuestra
unidad indivisible con el pasado, en un presente que no excluye los progresos que nos
proyectan al futuro.
Los valores patrios merecen todo nuestro respeto, por más que haya intereses que intenten
eliminarlos o desdeñarlos. El arraigo de los mexicanos a sus tradiciones históricas y
culturales es la mejor manera de prepararnos para afrontar con decisión al porvenir.
El próximo año 2003 se cumplirán 250 años del nacimiento de don Miguel Hidalgo y
Costilla, quien con el grito de Dolores, dio voz a todo un pueblo sumido en los sombríos
territorios de la esclavitud y la dependencia.
Don Miguel Hidalgo es un motivo excelente para mantener vivo nuestro sentimiento de pueblo
libre y soberano, que sin rechazar las modernas aportaciones de la tecnología y el
desarrollo digital, también sabe conservar su imagen particular de pueblo libre frente a
los demás pueblos de la Tierra.
Y qué mejor que sea la Cámara de Diputados, donde reside la representación nacional y
popular por antonomasia, la que promueva acciones que reafirmen la identidad nacional y
los valores patrios que nos permitan resistir los embates transculturizadores que
significan las nuevas tecnologías de la comunicación, en estos tiempos en los que los
legisladores recobramos el papel de actores fundamentales del quehacer político y se
reafirma la división de poderes.
Tenemos pues una obligación esencial con la patria: preservar los principios que le dan
cohesión e identidad.
Por lo expuesto, por su conducto me permito someter a la consideración del pleno de la
Cámara de Diputados, la siguiente:
INICIATIVA DE DECRETO
Que crea el Comité del CCL aniversario del natalicio de don Miguel Hidalgo y Costilla
Artículo primero. Se constituye el Comité del CCL aniversario del natalicio de don
Miguel Hidalgo y Costilla, integrado por diputados de todos los partidos políticos
representados en la Cámara.
Artículo segundo. Se invitará a la Cámara de Senadores a participar en las actividades
que realizará el comité, por conducto de los legisladores que designe para tal efecto.
Artículo tercero. Se exhorta a los poderes Ejecutivo y Judicial de la Federación a
designar representantes ante el comité, a efecto de que participen en las actividades del
mismo.
Artículo cuarto. Se decreta el año 2003 como "Año de don Miguel Hidalgo y
Costilla, Padre de la Patria".
Artículo quinto. Para la celebración del CCL aniversario del natalicio de don Miguel
Hidalgo y Costilla, el comité tendrá como objetivos los siguientes:
a) Impulsar y proponer la realización de sesiones solemnes en las cámaras de Diputados y
de Senadores, así como en los congresos de los estados, el día 8 de mayo de 2003.
5334,5335,5336
b) Convocar a los gobiernos de los
estados y a los ayuntamientos, a participar armónica y coordinadamente en las
celebraciones.
c) Impulsar el homenaje nacional a "Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la
Patria", en el sistema de educación primaria, secundaria, normal y de estudios
técnicos y tecnológicos, así como en las universidades del país.
d) Proponer y participar en todo el país en todos los actos que contribuyan a fortalecer
nuestro espíritu de independencia, resaltando los valores que generó don Miguel Hidalgo
y Costilla, a través de la gesta insurgente que iniciara en el pueblo de Dolores,
considerando entre otras acciones:
*Una campaña a través de los medios de comunicación, con el fin de reconocer el valor
de los hombres que constituyen nuestra nacionalidad y en particular de quien está
considerado justamente como padre de la Patria, don Miguel Hidalgo y Costilla;
*El impulso y edición de obras literarias conmemorativas de la gesta insurgente y en
especial de su iniciador;
*Participar e instrumentar actos cívicos en las ciudades, comunidades, monumentos,
plazas, calles y otros lugares que lleven el nombre de don Miguel Hidalgo y Costilla;
*Realizar, en coordinación con las autoridades de los estados y ayuntamientos,
conmemoraciones cívicas en todos aquellos lugares con una amplia significación en la
ruta del Padre de la Patria, desde su nacimiento hasta su sacrificio y
*Convocar y organizar concursos tendientes a honrar la memoria del principal héroe de la
guerra de Independencia.
Artículo sexto. El comité, con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos
señalados en el artículo anterior, podrá organizar, participar y coadyuvar en la
realización de todos aquellos actos que contribuyan a fortalecer nuestro sentimiento de
nacionalismo e independencia.
Artículo séptimo. El Comité del CCL aniversario del natalicio de don Miguel Hidalgo y
Costilla de la Cámara de Diputados, contará con los recursos humanos y financieros
necesarios para la realización de sus objetivos.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor, al día siguiente de la publicación en la
Gaceta Parlamentaria, de la creación del Comité del CCL aniversario del natalicio de don
Miguel Hidalgo y Costilla de la Cámara de Diputados.
Muy respetuosamente.
México, D.F., a 28 de diciembre de 2000. Diputado Rubén García Farías.»
Gracias, diputado García Farías.
La iniciativa de decreto para crear el Comité del CCL aniversario del natalicio de don
Miguel Hidalgo y Costilla presentada por el diputado Rubén García Farías, se turna a la
Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, solicitando a esta comisión entre
en contacto también con la Junta de Coordinación Política, para en su caso hacer la
designación de sus integrantes.
SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO
DEL NORTE
El siguiente punto del orden del
día es un oficio de la Secretaría de Gobernación y pido al señor Secretario dar cuenta
con dicho documento.
| El
secretario Bernardo Borbón Vilches: |
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.
Ciudadano diputado Ricardo Francisco García Cervantes, presidente de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Se recibió en esta Secretaría el oficio No. 366-III-A-7768, de fecha 15 del actual,
signado por el ciudadano Guillermo E. Babatz Torres, director general de Seguros y Valores
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el que hace referencia al proceso de
Desincorporación de Servicios de Almacenamiento del Norte, S.A., Organización Auxiliar
de Crédito, a través de su disolución y liquidación, conforme a la resolución que se
publicó el 14 de agosto de 2000 en el Diario Oficial de la Federación.
Por lo anterior y con fundamento en el artículo 37 del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2000, anexo al presente envío el informe de
referencia.
Reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 26 de diciembre de 2000. Por acuerdo del secretario. El director general de
gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
Licenciado Santiago Creel Miranda, secretario de Gobernación.
Me refiero al proceso de desincorporación de Servicios de Almacenamiento del Norte, S.A.,
Organización Auxiliar de Crédito, a través de su disolución y liquidación, conforme a
la resolución que se publicó el 14 de agosto de 2000 en el Diario Oficial de la
Federación.
Sobre el particular, en ejercicio de las facultades que le confiere a esta dirección
general el artículo 32 del reglamento interior de esta Secretaría y a efecto de dar
cumplimiento al artículo 37 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal del Año 2000 adjunto al presente el informe a que se refiere el
precepto antes señalado, a fin de que por su conducto se envíe a la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 15 de diciembre de 2000.Guillermo E. Babatz Torres, director general.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Hacienda y Crédito
Público. Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público. Dirección General de Seguros y
Valores.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.
Presentes.
El Gobierno Federal en 1989 emprendió un Programa de Reordenación Económica y
Reestructuración del Sector Paraestatal, para concentrar la acción del Estado en las
actividades estratégicas y prioritarias. Por lo que en cumplimiento de dicho programa, el
4 de julio de 1990 la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento acordó proceder
a la venta de Almacenes Nacionales de Depósito, S.A., Organización Auxiliar Nacional de
Crédito (ANDSA), de lo cual se informó a la Cámara de Diputados mediante oficio
366-III-A-3976 del 27 de julio de 1997.
En el citado oficio se hizo señalamiento de que como estrategia para la desincorporación
de ANDSA, la Comisión Intersecretarial de Desincorporación, por acuerdo CID-AS-XX-2 del
15 de agosto de 1995, dictaminó favorablemente que con una parte de sus activos se
constituyeran tres almacenadoras regionales (Almacenadora Sur, S.A., Almacenadora Centro
Occidente, S.A. y Servicios de Almacenamiento del Norte, S.A., todas organizaciones
auxiliares de crédito), para que dichas empresas iniciaran operaciones de inmediato en
forma independiente, bajo el esquema de hacer un donativo en especie de sus acciones al
Gobierno Federal, las cuales serían desincorporadas a su vez.
La propuesta de integrar en el Gobierno Federal tres empresas regionales, en calidad de
almacenes generales de depósito y su inmediata enajenación, partió de las siguientes
premisas: realizar ventas de negocios en marcha que estimularan la participación de
inversionistas, a efecto de propiciar su modernización; fomentar la participación del
mayor número de agentes económicos y vender paquetes que propiciaran la competencia en
el sector, evitando prácticas monopólicas.
Con el propósito de instrumentar el acuerdo de la mencionada comisión, ANDSA celebró
una asamblea general extraordinaria de accionistas el día 15 de diciembre de 1995, en la
que se acordó la enajenación de los activos de ANDSA para la conformación de las
citadas empresas cipación estatal mayoritaria denominada Servicios de Almacenamiento del
Norte, S.A., Organización Auxiliar de Crédito, en términos del oficio 101.-958 de esa
misma fecha, suscrito por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, en el que se
ordenó la constitución de esa almacenadora, así como la enajenación del 100% de las
acciones representativas de su capital social.
Los procedimientos para los procesos de enajenación de acciones y unidades económicas
con fines productivos, emitidos por la citada Comisión Intersecretarial de
Desincorporación el 7 de febrero de 1996, prevén que para el financiamiento de los
procesos de desincorporación se designe un agente financiero para cuyo efecto la propia
comisión (acuerdo CID 96-XXVII-2) delegó en el subsecretario de Egresos de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el comisionado especial, la decisión en
torno a la designación del banco que fungiría como agente financiero para la venta de
Seranor, habiendo recaído ese nombramiento a Ixe Grupo Financiero, S.A. de C.V., por
conducto de Ixe Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple, por haber presentado la mejor
estrategia de venta. La designación de agente financiero se dio a conocer a Ixe Banco,
S.A., mediante oficio No. 219, de 15 de agosto de 1996 suscrito por el comisionado
especial y se formalizó el 18 de junio de 1997, a través del contrato de comisión
mercantil, signado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su carácter de
coordinadora sectorial de Seranor, por conducto de la dirección general de Seguros y
Valores y por el propio agente financiero, con la comparecencia de la Tesorería de la
Federación y el comisionado especial.
Primera licitación
En virtud de lo anterior y conforme a la estrategía de desincorporación de Seranor, la
Comisión Intersecretarial de Desincorporación, por acuerdo de fecha 12 de marzo de 1997
(CID97-VIII-4) aprobó la propuesta para emitir la convocatoria pública y el calendario
general de licitación para la venta de las acciones representativas del 100% de su
capital social.
En términos de la convocatoria pública y conforme a lo solicitado por el comisionado
especial, la misma comisión (acuerdo CID-97-XXIV-1) autorizó la expedición de las
constancias de registro condicionadas, a los siguientes grupos interesados en participar
en el proceso de licitación de Seranor:
* Grupo México, S.A. de C.V.
* Almacenadora General, S.A.
* Agroindustrias Integradas del Norte, S.A. de C.V.
* Confederación de Organizaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa y Almacenadora
Regional Mexicana, S.A. de C.V.
* Almacenes de Depósito Ocejo, S.A.
Por diversas razones, Grupo México, S.A. de C.V., fue el único que realizó el depósito
de garantía correspondiente; sin embargo, la Comisión Federal de Competencia Económica,
mediante resolución de fecha 4 de septiembre de 1997, relativa al expediente CNT-Ll-
08-(02)-97, objetó la participación de Grupo México "en virtud del poder
sustancial que detentaría en el mercado derivado de la combinación de servicios entre
Seranor y el Ferrocarril Pacífico Norte en la distribución de granos, generando la
posibilidad de fijar precios unilateralmente, así como la de restringir sustancialmente
el abasto o suministro en el mercado relevante, sin que otros competidores pudieran
contrarrestar dicho poder en el mediano plazo. Además en caso de que se le adjudicara
dicho paquete podría, en forma indebida, desplazar a los competidores actuales, ya que
mediante el ferrocarril se transporta una parte significativa de granos, oleaginosas y
perecederos o bien impedir la entrada al mercado de nuevos competidores".
Al no obtener la resolución favorable de la Comisión Federal de Competencia Económica
Grupo México, S.A. de C.V., no presentó, en la fecha prevista en la convocatoria
pública para ese efecto, las posturas técnica y económica, por lo que la Comisión
Intersecretarial de Desincorporación el 17 de septiembre de 1997 autorizó al comisionado
especial a declarar desierta la licitación para la enajenación del 100% de las acciones
representativas del capital social de Seranor (acuerdo CID-97-XXXIV-1.)
5337,5338,5339
Segunda licitación
Concluido el anterior proceso de
licitación, el 20 de mayo de 1998, la multicitada comisión (acuerdo CID-98-XV-1) acordó
iniciar un segundo proceso de venta, autorizando publicar la convocatoria pública para la
venta de Seranor lo cual ocurrió el 22 de mayo de ese mismo año.
Una vez publicada la convocatoria pública y previo el cumplimiento de los requisitos
señalados en la misma, el citado organo colegiado el 19 de agosto siguiente (acuerdo
CID-XXVIII-1) autorizó al comisionado especial para que expidiera las constancias de
registro a los siguientes interesados:
* Grupo México, S.A. de C.V. e Inmuebles Cantabria, S.A. de C.V.
* Grupo Financiero Inbursa, S.A. de C.V. e Inmuebles Cantabria, S.A. de C.V.
* Almacenes Sanfer, S.A. de C.V.
* Almacenadora Regional Mexicana, S.A., Organización Auxiliar del Crédito.
Sin embargo y ante la falta de interés de los grupos restantes para continuar
participando en el proceso de licitación de Seranor, Grupo México, S.A. de C.V.
(GMéxico), fue el único participante que notificó ante la Comisión Federal de
Competencia Económica su interés en participar en el proceso de licitación de Seranor.
Esta comisión emitió la resolución correspondiente el día 8 de octubre de 1998,
relativa al expediente CNT-LI-22-(02)-98, en la que consideró que México podría
participar en el proceso de licitación de Seranor, siempre y cuando, de resultar ganador,
no se le adjudicaran los activos tangibles e intangibles de Seranor ubicados en el puerto
de Guaymas, Sonora, o bien, desincorporara en el plazo de un año los activos señalados,
siendo prorrogable dicho plazo a consideración de la propia comisión. Esta resolución
provocó que la postura económica de México fuera por debajo del valor técnico de
referencia, por considerar que la exclusión de esos activos le privaba de un importante
ingreso.
El comisionado especial, licenciado Fernando Pons Rodríguez, en cumplimiento al acuerdo
CID-98-XLIII-2- del 7 de diciembre de 1998, procedió a declarar desierta la licitación,
considerando que la oferta recibida del único postor no reunía las mejores condiciones
para el Gobierno Federal; asimismo, la comisión intersecretarial de desincorporación
solicitó al citado comisionado especial que presentara en la primera quincena de enero de
1999 nuevas opciones para la desincorporación de Seranor, incluyendo la posibilidad de
segregar los activos que por alguna razón no estuvieran vinculados a las operaciones de
Seranor.
Por acuerdo CID-99-II 4 la Comisión Intersecretarial de Desincorporación acordó aceptar
la propuesta del licenciado Fernando Pons Rodríguez, de aceptar su separación del cargo
de comisionado especial, únicamente para el proceso de desincorporación de Servicios de
Almacenamiento del Norte, S.A., a partir del 18 de febrero de 1999 y designó al
licenciado Pablo Reyes Pruneda comisionado especial para el proceso de desincorporación
en cuestión.
El comisionado especial presentó la propuesta con las opciones para desincorporar
Seranor, en términos del acuerdo arriba citado. Considerando la propuesta presentada, la
Comisión Intersecretarial de Desincorporación por acuerdo CID-99-V-1 del 17 de marzo de
1999, acordó modificar la estrategia de venta de la empresa, ajustando las condiciones de
ésta mediante la segregación de los bienes inmuebles no vinculados operativamente con el
resto de las operaciones de la misma y como consecuencia de ello ajustar sus estados
financieros, para reflejar lo anterior; además ordenó que en paralelo se preparara la
documentación soporte para efectuar una nueva licitación y para que, una vez
identificados los ajustes acordados, se le presentara el calendario para la nueva
licitación para su respectiva aprobación.
Asimismo, por considerarlo conveniente, la misma comisión instruyó el 14 de abril de
1999 a la coordinadora sectorial (acuerdo CID99-VIII-2) para que diera por terminado en
forma anticipada el contrato de comisión mercantil que tenía celebrado con Ixe Banco,
S.A., para la venta del paquete accionario correspondiente al capital social de Seranor;
autorizando, de igual forma, la designación de Nacional Financiera, SNC, para que a
través del fideicomiso liquidador de instituciones y organizaciones auxiliares de
crédito, se desempeñara como agente financiero del proceso que nos ocupa.
Tercer licitación
La nueva estrategia de venta que presentó el comisionado especial, licenciado Pablo Reyes
Pruneda, fue aprobada por la comisión, según consta en el acuerdo CID-99-XXI-1; de 28 de
julio de 1999; asimismo, por diverso del 28 de septiembre de ese mismo año (CID-XXIX-4)
tomó conocimiento de los interesados en participar, a los que les sería notificado el
registro para participar en la licitación de Seranor, el cual no podría ser considerado
como definitivo sino hasta que, en su caso, la Comisión Federal de Competencia Económica
emitiera a cada grupo interesado su resolución favorable y que fueron los siguientes:
* Coagro del Norte de Sinaloa, S.A. de C.V.
* Grupo México, S.A. de C.V.
* Cargill de México, S.A. de C.V.
* Grupo Contri, S.A. de C.V. y
* MexPlus Puertos.
Por diversas razones, Cargill de México, S.A. de C.V., Grupo Contri, S.A. de C.V. y
MexPlus Puertos comunicaron al comisionado especial su decisión de retirarse del proceso,
lo cual fue antes de que iniciaran el trámite ante la CFC y de establecer el depósito de
garantía.
Tanto Grupo México, S.A. de C.V., como Coagro del Norte de Sinaloa, S.A. de C.V.,
solicitaron que los plazos para efectuar el pago y presentar la documentación
correspondiente de la Comisión Federal de Competencia Económica, así como para
establecer el depósito de garantía se extendieran. A ambos grupos se les comunicó, el
día 8 de octubre de 1999, previo acuerdo con la coordinadora sectorial y el agente
financiero, que el trámite ante la comisión mencionada podría hacerse hasta el 14 de
octubre y que la garantía podrá constituirse hasta el día 19 de ese mes y año.
Coagro del Norte de Sinaloa, S.A. de C.V., al parecer enfrentó problemas de liquidez que
la imposibilitaron efectuar el pago de la garantía y no presentó la documentación ante
la Comisión Federal de Competencia Económica. Con fecha 12 de octubre de 1999, Grupo
México, S.A. de C.V., presento ante dicha comisión su escrito de notificación sobre su
participación en el proceso de licitación, el cual fue complementado con otro de fecha
15 de octubre de ese mismo año, en el que solicitaba a la referida comisión se le
permitiese conservar la granelera de Guaymas por un periodo no menor a cinco años,
transcurridos los cuales la propia comisión emitiría su resolución definitiva.
Con escrito de fecha 19 de octubre de 1999 y previo acuerdo con la coordinadora sectorial,
el comisionado especial, licenciado Pablo Reyes Pruneda, comunicó a Grupo México, S.A.
de C.V., que la garantía podría establecerse hasta el día 21 de ese mismo mes y año,
así como la presentación de las ofertas técnica y económica sería hasta el 12 de
noviembre y que el fallo de la licitación sería el 15 de noviembre de ese año.
Sin embargo, el monto ofrecido por Grupo México por el 100% de las acciones
representativas del capital social de Seranor resultó inferior al valor técnico de
referencia determinado por el agente financiero; por lo que, con fecha 15 de noviembre de
1999, el comisionado especial declaró desierta la licitación en cumplimiento al acuerdo
CID-99-XXXIV-2 de la comisión intersecretarial de desincorporación de fecha 17 de
noviembre de 1999.
La dirección general de seguros y valores sometió a consideración de la misma comisión
en sesión del 8 de diciembre de 1999, su propuesta para modificar nuevamente la
estrategia de desincorporación de Seranor, para que en lugar de su enajenación, se
procediera a su disolución y liquidación, toda vez que después de tres intentos no fue
posible venderla; propuesta que se acordó favorablemente por dicha comisión (acuerdo-CID
XXXVII-1); sin embargo, se dio oportunidad a que, si en un plazo de 10 días naturales
algún comprador potencial para adquirir Seranor daba constancia de interés serio en la
empresa, se pudiera reconsiderar el dictamen para su disolución y liquidación de la
misma y proceder a su venta mediante un proceso de invitación restringida, previa
consulta a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.
En consecuencia, la propuesta para disolverla y liquidarla quedó suspendida por otros
acuerdos posteriores de la misma propia comisión.
En virtud de lo anterior, el 17 de
diciembre de 1999, tanto Soufflet Negoce y AD Join Internacional manifestaron por escrito
enviado al director general del Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones
Auxiliares de Crédito, su interés en adquirir Seranor; ambas empresas realizaron en sus
comunicaciones una propuesta económica.
La dirección general de seguros y valores hizo del conocimiento de la CID, mediante nota
presentada en su sesión del 12 de enero de 2000 que, siguiendo la sugerencia de esa
comisión, tanto esa unidad administrativa como el comisionado especial, licenciado Pablo
Reyes Pruneda, sostuvieron reunión con el comisario público propietario de entidades no
sectorizadas y en proceso de desincorporación, en la que éste manifestó su no objeción
para realizar un nuevo proceso de licitación, siempre y cuando el precio que se ofreciera
por Seranor fuera superior al valor técnico de referencia.
En tal sentido, por acuerdo CID-00-l-4 de esa misma fecha, la CID autorizó que se
invitara a los dos grupos de compradores interesados para que presentaran su propuesta de
compra (Soufflet Negoce y AD Join Internacional) y en virtud de que sería la cuarta vez
en que se intentaba vender la misma, otorgó a la dirección general de seguros y valores
y al comisionado especial, previa opinión de Nacional Financiera a través del
Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito, en su
carácter de agente financiero, la facultad para que la asignaran al mejor postor, siempre
y cuando el precio que ofrecieran fuera superior al valor técnico de referencia, para lo
cual se tendría un plazo de dos semanas y en caso de que no fuera posible vender la
empresa, se procediera a su desincorporación a través de su disolución y liquidación.
Con base en el acuerdo antes citado, la dirección general de seguros y valores, en su
carácter de coordinadora sectorial, el Fideicomiso Liquidador de Instituciones y
Organizaciones Auxiliares de Crédito y el comisionado especial, determinaron incluir en
la comunicación a las empresas que manifestaron por escrito su interés para participar
en el procedimiento de invitación restringida para la venta del 100% de las acciones
representativas del capital social de Seranor: Soufflet Negoce, AD Join Internacional y
Desarrolladores Empresariales, S.A. de C.V.
Al someter a consideración de la Comisión Intersecretarial de Desincorporación lo
anterior, dicho órgano colegiado acordó (CID-00-III-4) el 26 de enero de 2000, proseguir
con el proceso de invitación restringida para la venta del 100% de las acciones
representativas del capital social de Seranor, conforme a la normatividad aplicable y
aceptar que, en lugar de la garantía de seriedad que se solicitó a los interesados,
exhibieran, en el acto en el que se reciban las propuestas económicas, un cheque
certificado por el monto de su oferta a nombre de la Tesorería de la Federación.
El día 27 de enero de 2000, el comisionado especial, licenciado Pablo Reyes Pruneda y el
Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito, a través
del licenciado Ricardo González Unzaga, en su carácter de agente financiero, enviaron la
comunicación para participar en el procedimiento de invitación restringida para la venta
del 100% de las acciones representativas del capital social de Seranor a las siguientes
personas morales:
* AD Join Internacional, S.A. de C.V.
* Soufflet Negoce
* Desarrolladores Empresariales, S.A de C.V.:
* Almacenes y Frigoríficos Sterling, S.A. de C.V.
Las dos primeras habían manifestado en diciembre de 1999 su interés en adquirir Seranor
como negocio en marcha y las otras dos lo hicieron en la última semana de enero de 2000,
también por escrito.
De las cuatro empresas, sólo Soufflet Negoce y Desarrolladores Empresariales iniciaron en
tiempo y forma el procedimiento ante la Comisión Federal de Competencia Económica,
instancia que emitió para ambas empresas su opinión favorable para participar en el
proceso de desincorporación.
Soufflet Negoce presentó a través de su apoderado una carta en la que ratificó su
interés por adquirir la empresa, pero argumentó que le había hecho falta tiempo para
visitar diversas instalaciones y entrevistarse con funcionarios, por lo que no presentó
oferta económica.
5340,5341,5342
Desarrolladores Empresariales, S.A. de C.V., presentó su oferta económica, misma que fue
inferior al valor técnico de referencia determinado por el agente financiero; en
consecuencia se declaró desierto el concurso.
La Comisión Intersecretarial de Desincorporación, mediante acuerdo CID-00-V-4 del 16 de
febrero de 2000 autorizó que la dirección general de seguros y valores, con el apoyo del
comisionado especial y ante representantes de las secretarías de Hacienda y Crédito
Público y de Contraloría y Desarrollo Administrativo, así como del Fideicomiso
Liquidario de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito y en su caso, ante un
notario público, efectuara negociaciones con los interesados en las que se les diera a
conocer el valor técnico de referencia, permitiéndoles hacer el pago de dicho valor el
1o. de marzo del presente año o no más allá del 31 de ese mes, asignando la empresa a
quien ofreciera el mayor pago de contado; asimismo modificó el acuerdo CID-00-III-4 del
26 de enero de 2000 citado en el párrafo anterior, para que el proceso de disolución y
liquidación de la empresa no se iniciara el 15 de febrero del presente año, sino que se
dejara en suspenso hasta en tanto se efectuaran las negociaciones que se mencionan.
En cumplimiento a dichos acuerdos, el día 21 de febrero de 2000, la dirección general de
seguros y valores, con el apoyo del comisionado especial y ante representantes de las
secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Contraloría y Desarrollo
Administrativo, así como del Fideicomiso Liquidario de Instituciones y Organizaciones
Auxiliares de Crédito, hizo del conocimiento, tanto de Soufflet Negoce como de
desarrolladores empresariales S.A. de C.V., el valor técnico de referencia como precio
mínimo de venta, el cual asciende a la cantidad de $ 305'205,522.23, indicándoles que la
fecha para la presentación y apertura de sus ofertas sería el día 15 de marzo y la
relativa al pago y firma del contrato de compraventa correspondiente, el 30 de marzo, en
ambos casos de 2000, lo anterior, ante la fe del notario público No. 130 del Distrito
Federal, licenciado Vinicio R. Hernández Villarreal.
El día señalado para la presentación de ofertas, tanto desarrolladores empresariales
como Soufflet Negoce, a través de su subsidiaria Consorcio Eximéxico, S.A. de C.V.,
presentaron sus respectivas ofertas, declarándose ganadora la primera que
ofreció:................... $306.500,000.00 mientras que la otra ofertó una cantidad
igual al valor técnico de referencia que fue de $305.206,000.00.
En virtud de que el 30 de marzo el participante ganador no hizo el pago del paquete
accionario de la almacenadora ni suscribió el contrato de compraventa correspondiente, la
Comisión Intersecretarial de Desincorporación en su sesión del 5 de abril de 2000
(CID-00-XI4), instruyó a la dirección general de seguros y valores y al comisionado
especial, para que notificaran al participante que presentó la mejor oferta,
desarrolladores empresariales, S.A. de C.V., mediante fedatario público, a fin de que se
presentara en las oficinas del Fideicomiso Liquidario de Instituciones y Organizaciones
Auxiliares de Crédito, a formalizar el contrato de compraventa el 10 de abril del
presente año, acreditando el pago del 100% de las acciones de Seranor o presentar cheque
certificado por el importe pactado y de no suscribir el contrato, dirigir una
comunicación al participante que quedó en segundo lugar (Consorcio Eximéxico, S.A. de
C.V.) con el propósito de aceptar su oferta económica, en las mismas condiciones que el
primero; igualmente acordó que de no suscribirse el contrato de compraventa con ninguno
de los participantes, se procediera a la disolución y liquidación de Seranor.
En la sesión del 26 de abril pasado, la misma dirección general de seguros y valores,
conjuntamente con el comisionado especial, informaron a la citada comisión de la
situación del proceso de desincorporación, la cual dictó el acuerdo CID-00-XIV-1,
autorizando que la firma del contrato de compraventa con Desarrolladores Empresariales,
S.A. de C.V., se realizara el 12 de mayo de 2000, siempre y cuando pagara el total del
precio por el 100% de las acciones representativas de Seranor y de no suscribirse el
contrato de compraventa con esa empresa, se suscribiera el contrato de compraventa con
Consorcio Eximéxico, S.A. de C.V., para que ésta efectuara el pago de su oferta
económica el día 15 de mayo de 2000; y de no suscribirse el contrato de compraventa con
ninguno de los participantes, se procediera a la disolución y liquidación de la
almacenadora.
En cumplimiento al citado acuerdo, se notificó por medio de fedatario público, tanto a
desarrolladores empresariales, S.A de C.V., como a Consorcio Eximéxico, S.A de C.V., a
efecto de que el primero suscribiera el contrato de compraventa el 12 de mayo de 2000 y de
no hacerlo, el segundo suscribiera dicho contrato el día 15 de ese mismo mes y año.
Ninguna de las empresas hizo el pago ni suscribió el contrato correspondiente, ya que
Consorcio Eximéxico, S.A de C.V., alegó que el tiempo que se le otorgó para efectuar el
pago fue insuficiente.
Al no formalizarse la venta del paquete accionario de Seranor, ambas empresas presentaron
escritos al comisionado especial en los siguientes términos: desarrolladores
empresariales manifestó su interés en adquirir las acciones y solicitó un plazo
adicional; Consorcio Eximéxico pidió un término de 23 días hábiles para realizar el
pago. Ambos escritos fueron sometidos por el licenciado Pablo Reyes Pruneda, comisio nado
especial, el 17 de mayo de 2000 a la consideración de la Comisión Intersecretarial de
Desincorporación, misma que acordó rechazar (CID-00-XV-1) la solicitud de
Desarrolladores Empresariales, S.A de C.V., para que se le concediera un plazo para
suscribir el contrato correspondiente y no otorgarle ninguna nueva opción para que
adquiriera las acciones, en virtud del último incumplimiento en que incurrió para la
firma del contrato el 12 de mayo del presente año; asimismo, consideró que había
terminado el proceso de licitación pública para la venta de Seranor y mediante
adjudicación directa designó como adjudicatario a Consorcio Eximéxico, S.A de C.V., y
le otorgó el plazo de 23 días hábiles que solicitó para estar en condiciones de
efectuar el pago y firmar el contrato correspondiente, condicionado a que efectuara un
depósito por el 5% del valor de su oferta como garantía de seriedad, otorgándosele tres
días hábiles para efectuarlo.
Para el caso de que no se vendiera la empresa, la misma comisión ratificó el acuerdo de
disolución y liquidación, solicitándole al Fideicomiso Liquidario de Instituciones y
Organizaciones Auxiliares de Crédito que presentara un programa de liquidación, con los
tiempos recortados y procedimientos eficaces para proceder a la disolución y liquidación
de Seranor.
Consorcio Eximéxico, S.A. de C.V., no realizó el depósito de garantía dentro del plazo
concedido para tal efecto, situación que originó que se le tuviera por desistido de su
interés para adquirir el paquete accionario de Seranor.
Toda vez que fueron agotados diversos procesos de desincorporación vía venta del 100% de
las acciones representativas del capital social de Seranor, sin que dicha empresa fuera
enajenada, mediante oficio 366-A-3316 de fecha 6 de junio de 2000, dirigido a la
Secretaría Técnica de la Comisión Intersecretarial de Desincorporación, la dirección
general de seguros y valores, en su carácter de coordinadora de sector, propuso
formalmente su disolución y liquidación, propuesta que la Comisión Intersecretarial de
Desincorporación analizó y dictaminó favorablemente el 7 de junio de 2000, (Acuerdo
CID-00-XIX-1) mismo que ratificó por acuerdo CID-00-XXII-4 de fecha 17 de julio de 2000.
Por las razones expuestas, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, en su carácter de coordinadora de sector con fecha 1o. de
agosto de 2000, dictó la resolución que fue publicada en el Diario Oficial de la
Federación el día 14 de agosto de 2000, en la que con fundamento en el artículo 32 de
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales ordena la disolución y liquidación de
Seranor, por no resultar conveniente conservarla como entidad paraestatal desde el punto
de vista de la economía nacional o del interés público.
En adición a dicha resolución, el 14 de septiembre pasado, se publicó en el Diario
Oficial de la Federación las "bases relativas a la forma y términos en que deberá
efectuarse la disolución y liquidación de Seranor".
En consecuencia, una vez que se han cumplido todos los procedimientos necesarios para la
disolución y liquidación de la empresa, de conformidad con el manual relativo a los
procesos de desincorporación, elaborado por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo
Administrativo, por lo cual resulta procedente la disolución y liquidación tomando en
cuenta lo siguiente:
1. La empresa regional es ajena a las áreas estratégicas y prioritarias a que se
refieren los artículos 25, 26 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en relación con los correlativos 6o. y 30 de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales.
2. Su estrategia de desincorporación fue aprobada por la Comisión Intersecretarial de
Desincorporación.
Reitero a ustedes las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 14 de diciembre de 2000. El director general, doctor Guillermo Babatz
Torres.»
Gracias, señor Secretario.
El informe que nos remite la Secretaría de Gobernación sobre el proceso de
desincorporación de Servicios de Almacenamiento del Norte, S.A., Organización Auxiliar
de Crédito, se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El siguiente punto del orden del día son dictámenes de primera lectura.
Toda vez que eventualmente vamos a requerir instalar el sistema de votación electrónica
para la tramitación de los siguientes puntos, quiero solicitarle al señor Secretario dé
cuenta a la Asamblea y a la Presidencia del registro de asistencia para ordenar el cierre
del sistema electrónico de asistencia.
ASISTENCIA (II)
| El
secretario Bernardo Borbón Vilches: |
Señor Presidente, se le informa
que hasta este momento, a las 13:20 horas, el tablero electrónico registra 470 diputados
presentes.
Ciérrese el sistema electrónico
de asistencia y prepárese el sistema de votación.
CONDECORACIONES
El siguiente punto del orden del
día como decía, se refiere a dictámenes de primera lectura; el primero de ellos es el
relativo a solicitudes de permiso de los ciudadanos José Luis Barros Horcasitas, Carlos
Valle Mozqueda, Roberto Miranda Sánchez y María de los Angeles Moreno Uriegas, para
aceptar y usar condecoraciones de gobiernos extranjeros.
Son tres dictámenes, que en virtud que son de primera lectura, estos dictámenes se
encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y le solicito al señor Secretario
consulte a la Asamblea si se les dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y
votación de inmediato, observando que la aprobación que haga la Asamblea tendrá que ser
en los términos descritos por el artículo 59 del Reglamento.
Consulte la Secretaría.
| El
secretario Bernardo Borbón Vilches: |
Por instrucciones de la Presidencia
se consulta a la Asamblea si dispensa la segunda lectura de los dictámenes enviados por
la Comisión de Gobernación y Seguridad, a fin de que sean puestos a consideración,
discusión y en su caso, aprobación de inmediato.
Quienes estén por la afirmativa, manifestarlo en votación económica...
Por la negativa de igual manera... Unanimidad por la afirmativa, señor Presidente.
En consecuencia por la unanimidad
expresada por la Asamblea, se dispensa la segunda lectura y se ponen de inmediato a
discusión.
REPUBLICA DE PANAMA
| El
secretario Bernardo Borbón Vilches: |
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos. Poder Legislativo Federal. Cámara de Diputados. Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública que suscribe, le
fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que
concede permiso al ciudadano José Luis Barros Horcasitas, para aceptar y usar la
condecoración de la Orden Manuel Amador Guerrero en Grado de Gran Cruz que le confiere el
gobierno de la República de Panamá.
5343,5344,5345
La comisión considera cumplidos los
requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de
acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37
constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el
siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano José Luis Barros Horcasitas, para
aceptar y usar la condecoración de la Orden Manuel Amador Guerrero en Grado de Gran Cruz
que le confiere el gobierno de la República de Panamá.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
México, D.F., a 13 de diciembre de 2000. Diputados: Armando Salinas Torre, presidente;
Antonio Hernández Fraguas, Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, José Guillermo Anaya
Llamas y Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, secretarios; Manuel Añorve Baños, José
Francisco Blake Mora, Tomás Coronado Olmos, Omar Fayad Meneses, Alejandro Rafael García
Sainz Arena, Federico Granja Ricalde, Lorenzo Rafael Hernández Estrada, Efrén Leyva
Acevedo, Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes,
José César Nava Vázquez, Ricardo Augusto Ocampo Fernández, Fernando Ortiz Arana,
Germán Arturo Pellegrini Pérez, José Jesús Reyna García Adrián Rivera Pérez,
Eduardo Rivera Pérez, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez,
David Augusto Sotelo Rosas, Ricardo Torres Origel, Jaime Vázquez Castillo, Néstor
Villarreal Castro, Roberto Zavala Echavarría.»
Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José Luis
Barros Horcasitas para aceptar y usar la condecoración de la Orden Manuel Amador Guerrero
en Grado de Gran Cruz que le confiere el gobierno de la República de Panamá.
¿No hay diputados que hagan uso de la palabra?
Se reserva para su votación nominal, si lo permite, señor Presidente, en conjunto.
Se reserva para su votación en
conjunto.
REPUBLICAS DE PANAMA
Y POPULAR DE CHINA
| El
secretario Bernardo Borbón Vilches: |
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos. Poder Legislativo Federal. Cámara de Diputados. Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Seguridad Publica que suscribe, le
fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que
concede permiso a los generales brigadier Diplomado de Estado Mayor Carlos Valle Mozqueda
y de brigada Diplomado de Estado Mayor Roberto Miranda Sánchez, para aceptar y usar las
condecoraciones que les confieren los gobiernos de las repúblicas Popular China y de
Panamá, respectivamente.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el
permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del
apartado C del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60, del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al general brigadier Diplomado de Estado Mayor
Carlos Valle Mozqueda, para aceptar y usar la condecoración Medalla Conmemorativa Primero
de Agosto, que le confiere el gobierno de la República Popular China.
Artículo segundo. Se concede permiso al general de brigada Diplomado de Estado Mayor
Roberto Miranda Sánchez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Vasco Núñez
de Balboa en Grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Panamá.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
México, D.F., a 23 de diciembre de 2000. Armando Salinas Torre, presidente; Antonio
Hernández Fraguas, Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, José Guillermo Anaya Llamas y
Luis Miguel Gerónimo Borbosa Huerta, secretarios; Manuel Añorve Baños, José Francisco
Blake Mora, Tomás Coronado Olmos, Omar Fayad Meneses, Alejandro Rafael García Sainz
Arena, Federico Granja Ricalde, Lorenzo Rafael Hernández Estrada, Efrén Leyva Acevedo,
Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes, José
César Nava Vázquez, Ricardo Augusto Ocampo Fernández, Fernando Ortiz Arana, Germán
Arturo Pellegrini Pérez, José Jesús Reyna García, Adrián Rivera Pérez, Eduardo
Rivera Pérez, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez, David
Augusto Sotelo Rosas, Ricardo Torres Origel, Jaime Vázquez Castillo, Néstor Villarreal
Castro, Roberto Zavala Echavarría.»
Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Carlos
Valle Mozqueda y Roberto Miranda Sánchez, para aceptar y usar las condecoraciones que les
confieren los gobiernos de la República Popular China y de Panamá, respectivamente.
Si lo permite daríamos el mismo trámite para reservarlo para su votación en conjunto.
Sí. No habiendo quien haga uso de
la palabra, se reserva para su votación en conjunto.
REPUBLICA DE PANAMA (II)
| El
secretario Bernardo Borbón Vilches: |
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos. Poder Legislativo Federal. Cámara de Diputados. Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública que suscribe, le
fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que
concede permiso a la ciudadana María de los Angeles Moreno y Uriegas, para aceptar y usar
la condecoración de la Orden Manuel Amador Guerrero, en Grado de Gran Cruz, que le
confiere el gobierno de la República de Panamá.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el
permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del
apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana María de los Angeles Moreno y
Uriegas, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Manuel Amador Guerrero, en
Grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Panamá.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
México, D.F., a 26 de diciembre de 2000. Diputados: Armando Salinas Torre, presidente;
Antonio Hernández Fraguas, Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, José Guillermo Anaya
Llamas y Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, secretarios; Manuel Añorve Baños, José
Francisco Blake Mora, Tomás Coronado Olmos, Omar Fayad Meneses, Alejandro Rafael García
Sainz Arena, Federico Granja Ricalde, Lorenzo Rafael Hernández Estrada, Efrén Leyva
Acevedo, Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes,
José César Nava Vázquez, Ricardo Augusto Ocampo Fernández, Fernando Ortiz Arana,
Germán Arturo Pellegrini Pérez, José Jesús Reyna García, Adrián Rivera Pérez,
Eduardo Rivera Pérez, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez,
David Augusto Sotelo Rosas, Ricardo Torres Origel, Jaime Vázquez Castillo, Néstor
Villarreal Castro y Roberto Zavala Echavarría.»
Está a discusión también el proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana
María de los Angeles Moreno y Uriegas, para aceptar y usar la condecoración de la Orden
Manuel Amador Guerrero en Grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República
de Panamá.
Si no hay quien haga uso de la palabra, se procedería a recoger la votación en lo
general y en lo particular de los reservados en un mismo acto, señor Presidente.
Así es, señor Secretario. Le pido
por favor dé los avisos necesarios e instruya la apertura del sistema electrónico de
votación para recoger la votación de los tres dictámenes de que se ha dado cuenta, en
un plazo de 10 minutos.
| El secretario José Manuel Medellín Milán: |
Por instrucciones de la
Presidencia, se ordena abrir el sistema de votación, dar los avisos a que se refiere el
Reglamento Interior para el Gobierno del Congreso General, en su artículo 161 y se
suplica a los señores diputados reportar de inmediato a la Secretaría, antes del
vencimiento del tiempo de votación, cualquier falla que se tenga en el sistema
electrónico.
Muchas gracias.
(Votación.)
Señor Presidente, se han emitido 412 votos en pro, tres en contra, con relación a los
proyectos de decreto.
Aprobados los decretos que conceden
los permisos constitucionales necesarios por 412 votos en pro. Túrnese al Ejecutivo para
los efectos constitucionales.
LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO
El siguiente punto del orden del
día es la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma el tercer
párrafo del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el dictamen.
| El
secretario José Manuel Medellín Milán: |
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos. Poder Legislativo Federal. Cámara de Diputados. LVIII Legislatura.
Ciudadanos de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.
Honorable Asamblea: con fecha 26 de octubre, a la Comisión de Seguridad Social fue
remitido para continuar con su trámite legislativo, el expediente que contiene el
dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 57, 62 y 64 de la Ley del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dictamen
reservado por la mesa directiva de la Cámara de Diputados en la sesión del pleno de
fecha 29 de abril del presente año y dejado a disposición de la misma como resultado de
la aprobación de una moción suspensiva.
La Comisión de Seguridad Social, en uso de las facultades que le confieren los párrafos
primero y tercero del artículo 39 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos y acorde a lo que prescribe el artículo 88 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
procedió, para la elaboración de este dictamen, primero al análisis de los argumentos
expuestos en la presentación y posterior aprobación de la moción suspensiva, para, en
segundo lugar, pasar al estudio y análisis del dictamen con proyecto de decreto motivo de
la moción suspensiva y tercero, analizar las iniciativas que dieron lugar a dicho
dictamen, para terminar con la presentación de conclusiones y la elaboración del nuevo
dictamen con proyecto de decreto para ser presentado al pleno de la Cámara de Diputados.
Siguiendo esta metodología, los suscritos diputados integrantes de la Comisión de
Seguridad Social aprobaron el siguiente
DICTAMEN
I. Antecedentes.
A. Moción suspensiva.
En la sesión referida del 29 de abril del 2000, el diputado José Antonio Alvarez
Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, expresó que
"...han surgido otros argumentos que nos sugieren que es necesario dedicar más
tiempo para estudiar a fondo el tema", agregando a continuación que "tampoco
hasta el momento nos ha sido posible contar con estimaciones precisas y confiables del
impacto y trascendencia de la aprobación del dictamen sobre los fondos del presupuesto
nacional"; en seguida expresó que "adicionalmente, la importancia de mejorar el
sistema de pensiones del ISSSTE, nos obliga a buscar el pleno consenso de todos los grupos
parlamentarios representados en esta Cámara, para que este dictamen sea realmente
concretado en el beneficio que los jubilados y pensionados del ISSSTE esperan que
nosotros, sus representantes, construyamos para ellos".
5346,5347,5348
Por lo que se refiere a dedicar más tiempo para estudiar a fondo el tema, la comisión
que dictamina considera que la referencia se hizo principalmente en relación a las
propuestas de reforma a los artículos 62 y 64 de la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, toda vez que la modificación a los
mismos tiene, en efecto, otras implicaciones además de las estrictamente económicas.
Estas dos propuestas, de reforma a los artículos 62 y 64, se refieren concretamente al
cómputo de los años de servicios que sirven de base para determinar el porcentaje de la
cuantía de la pensión a la que se tiene derecho de acuerdo con los años de servicio
(artículo 62) y al sueldo básico que se utiliza para calcular el monto de las cantidades
que correspondan por pensión (artículo 64.)
Las reformas propuestas a la Ley del ISSSTE merecen, sin duda alguna, como todas aquellas
que representan la búsqueda de beneficios colectivos, un estudio profundo porque
representan un cambio en específico la propuesta del artículo 62 que afectaría no
únicamente a esta ley, sino también a las del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) y del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), en
las que, al igual que en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE), el derecho a la pensión está en relación al tiempo
laborado pero sin sumar éste en dos o más empleos, ya que de ser así se estaría en el
supuesto de que se pudieran alcanzar 30 años de servicio en 15 años calendario al
acumular el tiempo laborado en dos entidades diferentes.
Por lo que hace a la reforma propuesta al artículo 64, si bien es cierto que representa
un avance importante en el mecanismo para establecer las bases de cálculo de la cuantía
de las pensiones, también es cierto que debe de valorarse con madurez para encontrar el
equilibrio deseado entre los beneficios que pueden ser otorgados y los que las condiciones
económicas permiten cristalizar.
Conforme a lo anteriormente expresado, la comisión que dictamina, por lo que hace al
primer argumento con el que se sostuvo la moción suspensiva, considera que el tiempo
transcurrido ha sido suficiente para profundizar en el estudio del tema y presentar
nuevamente este dictamen.
Por lo que se refiere a contar con "estimaciones precisas y confiables del impacto y
trascendencia de la aprobación del dictamen sobre los fondos del presupuesto
nacional", como textualmente se manifestó en la propuesta de moción suspensiva,
esta Comisión de Seguridad Social, una vez que tuvo nuevamente en el ámbito de su
competencia el dictamen con proyecto de decreto que tenía reservada la mesa directiva de
la Cámara de Diputados, se abocó a recopilar la información precisa y confiable a que
se hizo referencia en el sustento de la moción suspensiva y solicitó a la dirección
general del ISSSTE se proporcionaran datos relativos a las pensiones y los pensionados de
esa institución.
Esta institución, a través de la Subdirección General de Prestaciones Económicas,
Sociales y Culturales, informó que "respecto a la estimación del costo fiscal que
representaría modificar el párrafo tercero del artículo 57 de la ley invocada (la Ley
del ISSSTE), el importe de cada punto porcentual de diferencia entre los aumentos que se
autoricen a los trabajadores en activo y al salario mínimo general en el Distrito Federal
implicaría un costo anual de 176 millones 300 mil pesos.
Esta información se complementa con el dato del total de pensiones a cargo del ISSSTE,
que a la fecha del informe suman 412 mil 954, de los cuales el 43.48% son pensiones cuyas
cuantías están entre uno y dos salarios mínimos y 35.89% son pensiones cuyas cuantías
varían entre dos y cinco salarios mínimos (es decir, 79.37% del total de pensiones 327
mil 761 tienen una cuantía que va de uno a cinco salarios mínimos.)
Por otra parte, la propuesta de reforma al artículo 57, pospuesta en razón de la citada
moción suspensiva, ha dado tiempo suficiente para que los trabajadores jubilados y
pensionados del ISSSTE expongan en innumerables ocasiones la razón que les asiste para
que los incrementos a sus pensiones se otorguen en la misma proporción y en las mismas
fechas en las que aumenten los sueldos de los trabajadores en activo, como era
anteriormente, demostrando el deterioro que sus cuantías han sufrido al recibir aumentos
relacionados con el salario mínimo, mientras que los trabajadores en activo los reciben
en un porcentaje que, en los años transcurridos desde la reforma de 1993 ha sido siempre
superior al incremento al salario mínimo del Distrito Federal. Este último, el salario
mínimo general del Distrito Federal, en el año de 1997 fue de 26 pesos con 45 centavos
diarios y a la fecha es de 37 pesos 90 centavos, es decir, ha tenido un incremento de 11
pesos 45 centavos en ese lapso, que equivale a un aumento porcentual del 43.28%.
Por otro lado el sueldo de los trabajadores en activo en el mismo periodo (1997-2000) ha
tenido un incremento del 60% en promedio, sin considerar para establecer este promedio el
tope máximo de cotización de 11 salarios mínimos burocráticos o sea incluyendo para
determinarlo desde la mayor hasta la menor percepción, con lo que se demuestra la
injusticia con que han sido tratados los jubilados y pensionados al modificarse el tercer
párrafo del artículo 57 de la Ley del ISSSTE.
El tercer argumento relativo al consenso de los diferentes grupos parlamentarios
representados en la Cámara de Diputados, queda también subsanado con la presentación de
este dictamen que está apoyado por la mayoría de los integrantes de la comisión.
B. Dictamen de la Comisión de Seguridad Social de la LVII Legislatura.
La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del
honorable Congreso de la Unión elaboró un dictamen del cual el capítulo de antecedentes
refiere las iniciativas presentadas por el diputado Miguel Angel Solares Chávez y otros
diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la
presentada por el diputado Ricardo Cantú Garza, del grupo parlamentario del Partido del
Trabajo y la presentada por el diputado Javier Paz Zarza y otros diputados del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, que son coincidentes en la propuesta de
reforma al artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, aunque con diferentes redacciones; en este mismo capítulo, el
dictamen elaborado por la Comisión de Seguridad Social de la anterior legislatura refiere
las excitativas que se presentaron en el transcurso de los años 1998, 1999 y el presente,
para que se dictaminaran esas iniciativas.
La comisión que suscribe ratifica los datos expresados en el apartado de antecedentes de
ese dictamen y los hace suyos en este documento.
En el capítulo de consideraciones del dictamen que se analiza, la anterior Comisión de
Seguridad Social establece que las iniciativas motivo de ese dictamen, buscan como
propósito central mejorar la situación de ingreso y, por lo tanto, las condiciones de
vida de cientos de miles de trabajadores jubilados y pensionados del ISSSTE y, de manera
particular, señala que las propuestas se orientan a mejorar las pensiones y jubilaciones
al modificar el referente actual en el que se sustenta el incremento anual a la cuantía
de las pensiones, al cambiar la base para el cálculo de las pensiones, así como
modificar el criterio para el cómputo de los años de servicio que dan derecho a la
pensión.
Igualmente, esa comisión estableció que en la evolución de los cambios aplicados por el
Poder Legislativo a esa ley se buscó siempre encontrar mecanismos que mejoraran con
justicia social la situación de los trabajadores que durante un determinado número de
años prestó sus servicios al Gobierno Federal, hasta la reforma vigente a partir de 1993
en la que se cambió el mecanismo de revisión de las pensiones para utilizar como
referencia el salario mínimo general fijado para el Distrito Federal, estableciendo que
las cuantías de las pensiones aumentarían en las mismas fechas y en la misma proporción
en que aumentara el salario mínimo referido.
Refiere el dictamen que se analiza que en el año de 1999 el sueldo promedio mensual del
magisterio creció en un 17% y en ese mismo año el incremento al salario mínimo fue de
14%, con lo que se demuestra la afectación real en el poder adquisitivo de las pensiones
incrementadas con base a esa modificación a la ley aprobada en 1992.
El mismo capítulo de consideraciones argumenta, en relación a las propuestas de
modificaciones a los artículos 62 y 64 de la ley referida, que considera conveniente que
el promedio del sueldo integral disfrutado a la fecha de la baja del trabajador o de su
fallecimiento sea el que se considere para efectos de calcular la cuantía de la pensión
que corresponda, así como que para los mismos efectos se tomen en cuenta la totalidad de
las cotizaciones que se hayan aportado al ISSSTE independientemente de que hayan sido
efectuadas en uno o varios empleos.
C. Iniciativas.
En fecha 7 de diciembre de 1998, por conducto del diputado Miguel Angel Solares Chávez,
un grupo de diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
propuso la reforma del tercer párrafo del artículo 57 de la Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que en la ley vigente
establece que: "la cuantía de las pensiones se incrementará conforme aumente el
salario mínimo general para el Distrito Federal, de tal modo que todo incremento
porcentual a dicho salario, se refleje simultáneamente en las pensiones que paga el
instituto", para quedar como sigue: "las cuantías de las pensiones aumentarán
al mismo tiempo y en la misma proporción en que aumenten los sueldos básicos de los
trabajadores en activo".
En fecha 10 de diciembre de 1998, el diputado Ricardo Cantú Garza, del Partido del
Trabajo, presentó una iniciativa que entre otras reformas incluía la del tercer párrafo
del artículo 57, cuya redacción vigente se reproduce en el párrafo anterior,
proponiendo su reforma para que quedara como sigue: "la cuantía de las pensiones se
incrementará conforme aumenten los salarios de los trabajadores en activo, de tal modo
que todo incremento porcentual a dicho salario se refleje simultáneamente en las
pensiones que paga el instituto".
En fecha 26 de abril del presente año, el diputado Javier Paz Zarza, a nombre de
diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa
de reforma a los artículos 57, 62 y 64 de la Ley del ISSSTE, en la que propone, por lo
que hace al artículo 57, que su redacción sea: "la cuantía de las pensiones
aumentará al mismo tiempo y en la misma proporción en que aumenten los salarios de los
trabajadores en activo, de acuerdo con la plaza en que se desempeñaba al jubilarse".
El artículo 62 de la Ley del ISSSTE vigente, establece que: "el cómputo de los
años de servicio se hará considerando uno solo de los empleos, aún cuando el trabajador
hubiere desempeñado simultáneamente varios, cualesquiera que fuesen; en consecuencia
para dicho cómputo se considerará, por una sola vez, el tiempo durante el cual haya
tenido o tenga el interesado el carácter de trabajador". La propuesta de esta
iniciativa es para que la redacción de dicho artículo sea la siguiente: "para
efectos de la pensión habrán de considerarse el número de cotizaciones que el
trabajador haya aportado al instituto, con independencia los servicios que hubiese
desempeñado en activo, aunque fueran varios y ante diferentes dependencias
gubernamentales".
El artículo 64 de la Ley del ISSSTE vigente, establece que: "para calcular el monto
de las cantidades que correspondan por pensión en los términos de los artículos 60, 63,
67, 76 y demás relativos de esta ley, se tomarán en cuenta el promedio del sueldo
básico disfrutado en el último año inmediato anterior a la fecha de la baja del
trabajador o de su fallecimiento". La propuesta de esta iniciativa es para que la
redacción de dicho artículo sea la siguiente: "para calcular el monto de las
cantidades que correspondan por pensión en los términos de los artículos 69, 63, 67, 76
y demás relativos a esta ley, se tomará en cuenta el promedio del sueldo integral
disfrutado a la fecha de baja del trabajador o su fallecimiento".
En fecha 16 de noviembre de 2000, el Congreso del Estado de Durango presentó iniciativa
de reforma al tercer párrafo del artículo 57 de la ley del ISSSTE, proponiendo quede con
la siguiente redacción: "la cuantía de las pensiones aumentará al mismo tiempo y
en la misma proporción en que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en
activo". Previamente a esta iniciativa formal, en fecha 26 de octubre del 2000, el
mismo Congreso del Estado de Durango acordó solicitar al Congreso de la Unión que
"se modifique la fracción III del artículo 57 de la Ley General del ISSSTE en los
términos que se encontraba hasta antes de su modificación de fecha 4 de enero de 1993.
5349,5350,5351
II. Consideraciones
Con base en los señalados antecedentes y considerandos:
Primero. Que esta Cámara está facultada para legislar en la materia, atento a lo
dispuesto por los artículos 73 fracción XXX, y 123 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;
Segundo. Que esta comisión es competente para dictaminar este asunto, a la luz de lo
dispuesto por los artículos 39 sección tercera y 45 sección sexta, de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y duodécimo, inciso a, del Acuerdo
Parlamentario Relativo a la Organización y Reuniones de las Comisiones y Comités de la
Cámara de Diputados;
Tercero. Que los argumentos presentados como fundamento para la moción suspensiva, que en
su oportunidad fue aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados, han quedado resueltos
como se menciona en el apartado de antecedentes de este dictamen;
Cuarto. Que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado es el instrumento que garantiza los derechos a la seguridad social de los
trabajadores al servicio del Estado, por lo que el concepto de pensión dinámica,
adaptado a las circunstancias económicas que proporcionan aumentos a los trabajadores en
activo, debe de ser lo más justo posible y estar relacionado para determinar su
incremento, en primer término, con el ingreso de los trabajadores en activo y, en segundo
término, con el Indice Nacional de Precios al Consumidor y no con el salario mínimo
general, que en la Ley Federal del Trabajo se aplica a los trabajadores cuya relación
laboral se rige por las disposiciones del apartado A del artículo 123 constitucional.
Quinto. Que el Indice Nacional de Precios al consumidor debe servir de referente para
revisar anualmente las cuantías de las pensiones e igualarlas a ese indicador si el
incremento a las pensiones hubiere sido inferior, para garantizar que no se deteriore su
poder adquisitivo. Esta revisión deberá hacerse en el mes de febrero para utilizar los
datos oficiales del Indice Nacional de Precios al Consumidor del año inmediato anterior
que el Banco de México proporciona en el mes de enero.
Sexto. Que relacionar el incremento a la cuantía de las pensiones del ISSSTE con el
salario mínimo general no es la mejor referencia, toda vez que éste se aplica a los
trabajadores cuya relación laboral se rige por el apartado A del artículo 123
constitucional y no a los trabajadores al servicio del Estado.
Séptimo. Que las tres iniciativas que dieron lugar al dictamen primero de la Comisión de
Seguridad Social de la LVII Legislatura tienen, por lo que se refiere a la propuesta de
reforma del tercer párrafo del artículo 57 de la Ley del ISSSTE, diferentes redacciones,
mismas que han sido reproducidas textualmente en el apartado II de este dictamen.
Octavo. Que la Ley del ISSSTE vigente hasta el 4 de enero de 1993, establecía en el
párrafo tercero del artículo 57 que "las cuantías de las pensiones aumentarán al
mismo tiempo y en la misma proporción en que aumenten los sueldos básicos de los
trabajadores en activo".
Noveno. Que si bien es cierto que la definición de sueldos básicos es una de las muchas
que aparecen en la Ley del ISSSTE para referirse al ingreso de los trabajadores en activo,
también lo es que este concepto es el que mejor se adapta para efecto de igualar el
aumento en los ingresos de los trabajadores en activo con los de los pensionados o
jubilados.
Décimo. Que el artículo 62 vigente de la multicitada Ley del ISSSTE se refiere
expresamente al cómputo de los años de servicio y no a las cotizaciones que se hagan al
instituto y que referir las cotizaciones en lugar de los años de servicio en uno o varios
empleos, daría lugar a un aumento en las expectativas de pensión de retiro por edad y
tiempo de servicio y a una iniquidad para aquellos que por razones de horario de trabajo
sólo tienen la posibilidad de acceso a un solo trabajo.
Decimoprimero. Que aun cuando la mejor expresión de justicia social pudiera ser
considerar que el sueldo básico del trabajador en activo fuere el que se considere para
establecer la cuantía de la pensión, hay que recordar que el derecho a dicha pensión
proviene de las aportaciones que los trabajadores y su patrón, el Gobierno, hacen para
ese propósito, por lo que al momento actual, considerar al mismo tiempo que la
modificación al incremento de las pensiones el promedio del último sueldo percibido para
el cálculo de la pensión no se considera viable.
Decimosegundo. Que dado que el Gobierno Federal en su doble calidad de patrón y de
garante de la seguridad social de sus gobernados es el responsable de aportar el faltante
que sea necesario para cubrir las pensiones de sus extrabajadores, como de hecho lo viene
haciendo, deberá incrementarse en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Año 2001 la cantidad que se requiera para cumplir con las disposiciones de la ley que se
reforma en la partida del ramo 19, aportaciones a seguridad social y tomar las
providencias para que en los años sucesivos se considere la cantidad que corresponda por
esta reforma dentro del presupuesto del ISSSTE.
III. Conclusiones
Con base en las anteriores consideraciones, la comisión que dictamina concluye:
Primero. Debe aprobarse la reforma al tercer párrafo del artículo 57 de la Ley del
ISSSTE, para quedar con la redacción que el mismo tenía antes de su reforma publicada el
4 de enero de 1993, agregándole la referencia, como mecanismo de revisión anual de la
cuantía de la pensión, al Indice Nacional de Precios al Consumidor.
Segundo. No es de aprobarse la reforma al artículo 62 de la Ley del ISSSTE.
Tercero. No es de aprobarse la reforma al artículo 64 de la Ley del ISSSTE.
En mérito a lo anteriormente expuesto, los suscritos, integrantes de la Comisión de
Seguridad Social de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, someten a la
consideración del pleno de la misma el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Que reforma el tercer párrafo del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Artículo único. Se reforma el tercer párrafo del artículo 57 para quedar como sigue
"Artículo 57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las cuantías de las pensiones aumentarán al mismo tiempo y en la misma proporción en
que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo y serán revisadas
anualmente en el mes de febrero, para que si en el año calendario anterior, el Indice
Nacional de Precios al Consumidor hubiere sido superior porcentualmente al incremento
otorgado a las cuantías de las pensiones y jubilaciones en el mismo periodo, se aumente a
éstas la diferencia que falte para igualarlas.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en
el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Si antes de la fecha de inicio de vigencia de este decreto hubiese una
modificación del salario mínimo vigente para el Distrito Federal y se aplica a las
cuantías de las pensiones y jubilaciones, la diferencia que haya entre el aumento a los
salarios mínimos y cualquier incremento que se otorgue a los trabajadores en activo
después del 1o. de diciembre del año 2000, se pagará retroactivamente a los jubilados y
pensionados.
Dado en la sala de juntas de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados,
a 13 de diciembre del año 2000. Diputados: Cuauhtémoc Rafael Montero Esquivel,
presidente; Samuel Aguilar Solís, Francisco Javier López González, José María Rivera
Caballo y Ernesto Saro Boardman, secretarios; Carlos Humberto Aceves del Olmo, Rosa Elena
Baduy Isaac, Rubén García Farías, María de las Nieves García Fernández, Rodolfo
Gerardo González Guzmán, Víctor Roberto Infante González, Albino Mendieta Cuapio,
José del Carmen Soberanis González, Juan Manuel Sepúlveda Fayad, Benito Vital Ramírez,
José Manuel Quintanilla Rentería, Arcelia Arredondo García, Francisco Hugo Gutiérrez
Dávila, Hilario Esquivel Martínez, Felipe Olvera Nieto, Manuel Wistano Orozco Garza,
Rafael Orozco Martínez, Ramón Paniagua Jiménez, Francisco Ricardo Sheffied Padilla,
Carlos Alberto Valenzuela Cabrales, José Alejandro Zapata Perogordo Alejandro Gómez
Olveram Pedro Miguel Rosaldo Salazarm Rosalía Peredo Aguilar y Olga Patricia Chozas y
Chozas.»
Gracias, señor Secretario.
Queda de primera lectura.
PRESUPUESTO DE EGRESOS
Honorable Asamblea: como es de
todos conocido, en esta sesión estamos esperando la presentación del dictamen relativo
al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Año 2001.
A efecto de poder programar debidamente el desarrollo de la sesión y las actividades de
las señoras y los señores diputados, esta Presidencia ruega a la directiva de la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública haga saber la hora estimada para la
presentación del dictamen y desahogados algunos puntos pendientes de la agenda de hoy,
decretaremos un receso para establecer la hora precisa en la que deberá reanudarse la
sesión para dar cuenta con el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
relativo al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Año 2001.
SALARIOS MINIMOS
En tanto esto sucede, en cuanto se
comunique a esta directiva la hora en la que podamos tener disponible en esta Asamblea
dicho dictamen, desahogaremos algunas proposiciones con punto de acuerdo que han sido
solicitadas. Para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación con el
aumento a los salarios mínimos, se concede el uso de la palabra a la diputada Hilda
Anderson Nevárez, del grupo parlamentario del PRI, hasta por 10 minutos.
|
La
diputada Hilda Josefina Amalia
Anderson Nevárez: |
Señor Presidente; diputadas y
diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión:
«Los suscritos, diputados miembros del sector obrero del Partido Revolucionario
Institucional, así como los sectores campesino y popular y diputados miembros de diversas
fracciones parlamentarias, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23 párrafo
primero inciso f, 30 párrafo tercero, 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso de los
Estados Unidos Mexicanos y 21 del Reglamento Interno del Congreso General, nos permitimos
presentar al pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo.
CONSIDERACIONES
Primero. Los diputados que suscribimos el presente documento manifestamos nuestra absoluta
inconformidad por el aumento establecido por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos
para fijar el incremento a los salarios mínimos generales y profesionales que regirán
para el año 2001.
Segundo. El rezago histórico del salario representa para los trabajadores del país una
deuda no saldada, pero sobre todo una imposibilidad para contar con una capacidad de
compra adecuada y suficiente para la plena satisfacción de sus necesidades.
Tercero. El incremento fijado por la mayoría de los integrantes de la Comisión Nacional
de Salarios Mínimos no representa ningún avance en esta materia, por lo que se sigue
haciendo nugatorio el derecho constitucional a una remuneración suficiente.
Cuarto. En su momento, cuando se traten las adecuaciones a la legislación laboral
manifestaremos la necesidad de desaparecer la comisión y buscar los mecanismos para
encontrar la manera de que el salario que se fije sea como mínimo el que nuestra
Constitución establece.
5352,5353,5354
Por lo que los que suscribimos nos
permitimos someter a consideración de este pleno el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Se manifiesta a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos nuestro más profundo
desacuerdo por el incremento establecido para los salarios mínimos generales y
profesionales que regirán a partir del día 1o. de enero de 2001.
Hacemos un llamado a todas las organizaciones obreras del país para que rescatemos a los
trabajadores asalariados del campo y la ciudad y pugnamos porque se haga efectivo su
derecho a organizarse y defenderse, así de la explotación de que son objeto por parte
del capitalismo salvaje.
Nos solidarizamos con todas las organizaciones obreras del país en su lucha por alcanzar
un salario digno, justo, suficiente, que les permita a través de sus negociaciones
contractuales un incremento adecuado para la satisfacción plena de su necesidad de
subsistencia.
Atentamente.
Los diputados del PRI: Carlos Aceves y del Olmo, José Ramírez Gamero, Enrique Aguilar
Borrego, Beatriz Cervantes Mandujano, Gustavo González Balderas, Rodolfo González
Guzmán, Roque Joaquín Gracia Sánchez, Abel Guerra Garza, Rafael López Hernández,
Enrique Ramos Rodríguez, Carlos Romero Deschamps, Benito Vital Ramírez, Roberto Ruiz
Angel, Javier García González, Ney González, Efrén Leyva, Julián Luzanilla, Agustín
Trujillo, Jaime Rodríguez López, Manuel Galán, Jesús Reyna; diputados del PRD:
Alejandra Barrales, Rosario Tapia, Luis Miguel Barbosa, Arturo Herviz Reyes, Luis Herrera
Jiménez, Jesús Garibay García y Enrique Herrera de Convergencia y la que habla Hilda
Anderson Nevárez.»
Muchas gracias.
El diputado
Luis Herrera Jiménez
(desde su curul): |
¡Señor Presidente!
Sí, señor diputado. ¿Solicita el
uso de la palabra?
El diputado Luis Herrera Jiménez
(desde su curul): |
Sí, señor Presidente.
Se le concede el uso de la palabra,
hasta por cinco minutos, señor diputado Herrera Jiménez.
Informo a la Asamblea que en este tema está previamente inscrito el diputado Carlos
Aceves del Olmo y voy a hacer una lista de los diputados que están solicitando el uso de
la palabra, para integrarla y darle curso al debate.
Tiene usted el uso de la palabra, señor diputado.
| El diputado
Luis Herrera Jiménez: |
Gracias, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
La política salarial del régimen ataca de nuevo. El incremento a los salarios mínimos
representa la persistencia más ominosa de los últimos cuatro gobiernos, incluido el del
supuesto cambio.
En materia salarial el foxismo es la fase superior del neoliberalismo zedillista, es su
continuador y profundizador.
En este cuarto gobierno privatizador los trabajadores saben ya lo que pueden esperar. El
próximo año se generarán menos de un millón de empleos, sin los ingresos necesarios.
La pobreza seguirá incrementándose e intensificándose y el salario mínimo continuará
su imparable caída.
Con la resolución de la Comisión
Nacional de los Salarios Mínimos esta remuneración se incrementó en promedio de 2.45
pesos. El trabajador que recibe un salario mínimo podrá optar por adquirir con este
aumento 600 gramos de tortilla, tres piezas de pan blanco, 300 gramos de frijol, 400
gramos de arroz, 350 mililitros de aceite de cocina, 400 mililitros de leche o un
blanquillo.
En 1994, con 1.6 salarios mínimos, 13 horas de trabajo al día, un trabajador podía
obtener la canasta básica alimentaria. En enero de 2001 necesitaría dos salarios
mínimos, 17 horas de trabajo al día para adquirirla, esto significa que aproximadamente
el 40% de los asalariados no reciben un pago suficiente para otorgar a su familia los
alimentos básicos.
Con el miniaumento a los minisalarios, los trabajadores en el 2001 habrán perdido el
74.3% de su poder adquisitivo respecto a 1977 y 29.2% respecto a 1994.
En estos momentos, para recuperar el poder adquisitivo de los salarios mínimos de 1977,
se requeriría un aumento de 289.6% o de 29.2%, para que los mismos tengan la capacidad de
compra que tenían hace siete años.
Esta situación no sólo afecta a 12 millones de trabajadores que reciben un salario
mínimo como máximo, asimismo esta política salarial se refleja en el trato del Estado
hacia sus trabajadores.
En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2001, el Ejecutivo
propone, de acuerdo a nuestras estimaciones, un incremento salarial promedio de 7.8% en
promedio a los trabajadores al servicio del Estado. En caso de mantenerse esta propuesta y
de lograrse la meta inflacionaria prevista, el salario medio burocrático recuperaría
sólo 1.3 porcentuales de su poder adquisitivo; esta medida es insuficiente si
consideramos la caída acumulada de 51.2% en 20 años.
Contrasta con esta política restrictiva el desprendimiento del grupo en el poder consigo
mismo. El proyecto de presupuesto contempla incrementos a todos los mandos medios
superiores por arriba de la inflación. Por ejemplo, la remuneración neta mensual y el
estímulo por productividad de un director de área se incrementaría hasta 36% y 42%
respectivamente. Lo que resulta inadmisible no es el monto de las remuneraciones o de los
incrementos de esta élite dorada de la burocracia, sino que sea ésta la que regate una
política que redistribuya la riqueza a favor de los trabajadores que han sido más
castigados salarialmente.
Para revertir esta caída y combatir efectivamente la pobreza, no bastan las bendiciones
del Secretario del Trabajo, sino una política de distribución del ingreso que frene el
desplome de los salarios y dé pasos certeros hacia la reversión de esta caída.
Sin darle prioridad al ingreso y al trabajo, difícilmente podemos aspirar a mejores
condiciones de vida.
Es cuanto, señor Presidente.
Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra el diputado
Carlos Aceves del Olmo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
hasta por cinco minutos.
| El diputado
Carlos Humberto Aceves y del Olmo: |
Gracias, señor Presidente;
compañeras diputadas; compañeros diputados:
Apenas hace unos días en forma arbitraria se impuso el criterio del mayoriteo en la
Comisión de Salarios Mínimos, al anunciar el presidente de dicha comisión que el
aumento promedio de las tres zonas económicas vigentes es de 6.99%.
Aunque la representación de los trabajadores votó en contra, el hecho estaba consumado y
se daba por primera vez en este Gobierno el virtual maridaje gobierno-patrones y con esto
la línea en lo laboral que seguramente será constante en los próximos seis años.
El riesgo que con este acto corre el tripartismo, que es un instrumento para impartir
justicia y equidad y que está en uso en la mayoría de los países en el mundo, es muy
grave, pues simplemente al existir conflictos de intereses y al tener dos votos a favor
quienes defienden al capitalismo, los trabajadores, sobre todo los no organizados quedaron
en estado de indefensión, pues es ahí en donde patrones sin escrúpulos, en el mejor de
los casos, pagan el salario mínimo a donde está un gran segmento de los mexicanos en
pobreza extrema.
El 6.99% promedio de aumento en las tres zonas económicas en que está dividido el país,
qué precisos, deben haber hecho sesudos análisis para que no dieran menos de 6.99% pero
tampoco más, el aumento como ejemplo, sirve, ya lo dijeron aquí, para comprar muy poco,
entre ellos un boleto y medio del metro.
Las negociaciones contractuales ya en puerta, en donde existen contratos colectivos de
trabajo, seguramente serán muy difíciles porque aunque el Presidente de la Comisión de
Salarios Mínimos dice que el 6% no es piso ni techo, para las revisiones contractuales no
hay duda que muchos patrones tratarán de ajustarse al acuerdo que sus socios hoy desde el
Gobierno les dictan.
Los diputados obreros dejamos constancia ante esta soberanía que si no hay flexibilidad
en la parte empleadora en las revisiones contractuales que se llevarán a cabo en los
próximos días, haremos uso de nuestro derecho al estallamiento de huelga, ojalá la
autoridad laboral no utilice el mismo criterio que recientemente le aplicó a nuestros
compañeros azucareros, ya que después de 16 días de huelga se la declararon
inexistente.
Aprovecho para felicitar a la unidad del sindicato azucarero que por ello lograron el 15%
de aumento a su contrato a pesar de la autoridad, 10% al salario y 5% a prestaciones. Hoy
exigimos que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social retome su carácter tutelar de
los trabajadores y haga suya las demandas que dentro del marco de ley tenga derecho.
Como si fuéramos muy inocentes, se nos dice por el señor Secretario de Trabajo, que
confía en Dios, que ningún factor externo incida en la economía del país, la política
salarial mostrará beneficios a los trabajadores desde el primer gobierno y más
visiblemente dentro de seis años. Qué bueno que les da esas esperanzas a los
trabajadores mientras, pues que se mueran de hambre.
Anunció que se limitara a 6.5% el crecimiento de precios y tarifas de bienes y servicios
en la electricidad y la gasolina, pero no el gas que es uno de los graves problemas.
Y dice por otro lado, contradiciéndose cuando hablan del salario mínimo, que hay 12
millones 207 mil trabajadores en salario mínimo y que sería un despojo inadmisible pagar
el salario mínimo en las empresas que pueden pagar más aunque hay algunas que para
subsistir tienen que limitarse a pagarlo.
Realmente no entendemos cuál es la política laboral.
Finalmente, desde aquí exhortamos a todas las organizaciones sociales, sin excepción,
para crear un gran frente de defensa, sobre todo de los trabajadores que no están
organizados y que son la mayoría en este país dejando a un lado intereses partidistas o
de grupo y rescatando a cientos de miles de compañeras y compañeros que por distintas
causas no pertenecen o no los han dejado que pertenezcan a ninguna organización sindical
y que hoy el tan cacareado cambio los ha puesto en condiciones de mayor pobreza, pues el
porcentaje autorizado si se cumple el estimado de inflación para el 2001, cosa que no
creemos, les hará recuperar el 0.4% en el mejor de los casos en su poder adquisitivo que
sería el más bajo de la historia.
Hoy comprobamos que el prometer no empobrece, señores, se ofreció el cambio, este cambio
ojalá pronto se los esté reclamando la nación entera.
Muchas gracias.
Gracias, don Carlos Aceves del
Olmo.
Están inscritos para hacer uso de la palabra sobre este tema, los diputados Jorge Alberto
Rodríguez Pasos; Héctor Méndez Alarcón; Jorge Sandoval Ochoa y Gustavo Lugo Espinoza.
En consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Alberto Rodríguez Pasos,
hasta por cinco minutos.
5355,5356,5357
| El diputado Jorge Alberto Rodríguez Pasos: |
No podemos permitir que a costa del
pueblo trabajador y al amparo de una política económica que apoya al gran capital, se
sigan forjando magnates que son exhibidos por las revistas extranjeras como miembros del
club de los más ricos del mundo, como sería el caso de Carlos Slim, Lorenzo Zambrano,
Eugenio Garza "La Güera" y familia, Gerónimo Arango, entre otro, mientras en
el otro polo existen millones de mexicanos que viven en la pobreza extrema.
Por esa razón, planteamos que la contención de la inflación en los ajustes que se hagan
a la economía no puedan seguir descansando sobre las espaldas de los trabajadores y de
los sectores más desfavorecidos de la sociedad mexicana, llegó la hora de que los
ajustes se carguen a los poderosos; los trabajadores ya cumplieron su parte.
Por todo lo anterior, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo considera que es una
exigencia nacional incrementar de forma generalizada los salarios mínimos reales en 2%
por arriba de la inflación que prevalezca en la economía en el año 2000, para que se
pueda de forma gradual restituir la pérdida del poder de compra que han sufrido los
salarios reales en los últimos 24 años.
Gracias a usted, diputado Jorge
Alberto Rodríguez Pasos.
En la lista corresponde ofrecerle el uso de
la palabra al diputado Héctor Méndez Alarcón, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
| El diputado
Héctor Méndez Alarcón: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Nos es grato escuchar los planteamientos que se han hecho sobre la problemática de los
salarios mínimos y los recientes aumentos establecidos por la Comisión Nacional de
Salarios Mínimos. Coincidimos en algunos de los señalamientos expuestos; sin embargo,
nos parece importante resaltar que en ningún país del mundo por mero decreto se puede
cambiar la realidad económica del mismo ni tampoco decretar que los salarios van a ser
altos y que alcanzarán para cubrir las necesidades más apremiantes de los trabajadores.
Acción Nacional, congruente con su plataforma política y sus principios de doctrina, ha
pugnado por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y en ello el salario es un
punto esencial. Por esto mismo, consideramos que las medidas tomadas recientemente para
fijar los niveles salariales de las distintas zonas geográficas representan un elemento
fundamental para que el próximo año los salarios de los trabajadores, por lo menos
aumenten en igual medida que el Indice Nacional de Precios y lo más importante: que las
brechas salariales entre las zonas geográficas comiencen un camino de convergencia que
posibilite en el mediano plazo la existencia de una sola zona geográfica para la
fijación de los mismos.
Nos parece que estas medidas, si bien son insuficientes, sientan las bases para comenzar
un camino de recuperación que las últimas dos administraciones despreciaron y utilizaron
al salario como una herramienta para incidir en la productividad de las empresas.
Esta visión que para algunos puede ser más de lo mismo, de ninguna manera puede
equipararse por sus fines a la política de contención salarial que hasta el momento se
había dado: obedece principalmente a una visión responsable y de justicia social que se
plantea mejorar las condiciones de vida de todos los trabajadores, pero sin demagogia.
Asimismo, lo más importante es que por primera vez en el ámbito laboral, se visualiza
una ruta de homologación salarial a cinco años, para crear una sola zona geográfica.
Así, tenemos también que, en tanto se llega a ello, se ayudará a la recuperación real
del poder adquisitivo del salario, apoyando a los trabajadores con hasta tres salarios
mínimos, con planes de política social, a través de programas sociales que atinadamente
se están definiendo.
Desde nuestro punto de vista, creemos que una de las mejores formas de luchar contra la
pobreza, es el mejoramiento salarial, ciertamente, pero este objetivo tiene que
complementarse con un conjunto de cambios institucionales que conduzcan a la
transformación de las relaciones en el mundo del trabajo; entre otras, tenemos la urgente
tarea de discutir la actual estructura y fines de la Comisión Nacional de los Salarios
Mínimos, la cual requiere de un replantamiento de su propia misión.
Igualmente, tendremos que discutir el papel que el salario mínimo está jugando en la
definición del cobro de distintos servicios y en general, como referente para múltiples
transacciones de la vida cotidiana.
En resumen, compañeras y compañeros diputados, convocamos a todos los grupos
parlamentarios para organizar en lo inmediato los espacios de discusión a los que ha
convocado el Gobierno Federal en torno al marco legal sobre las relaciones de trabajo de
nuestro país. Creemos que estas discusiones, al igual que las de la reforma de Estado,
deben tener como foro principal el Congreso de la Unión.
Es tanto, señor Presidente.
Gracias, diputado Héctor Méndez
Alarcón.
Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Sandoval Ochoa, hasta por cinco minutos.
| El diputado Jorge Esteban Sandoval Ochoa: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Los diputados del sector agrario, integrantes de la fracción parlamentaria del PRI, de
esta Cámara de Diputados, nos sentimos comprometidos a expresar nuestra voz solidaria con
los obreros y jornaleros del campo y la ciudad, en el debate de la política salarial.
La definición de los salarios mínimos, es sin duda, elemento de mayor importancia en la
política económica de México. Por eso, nos solidarizamos con el llamado de los
diputados del sector obrero, para que su reflexión no se agote en un debate simplista que
no recoja el impacto que esa variable económica tiene en muchas dimensiones.
La tiene, para asegurar la buena marcha de nuestra economía, la tiene en el contexto de
un combate decidido contra la inflación; es relevante como un instrumento en el combate a
la desigualdad y la pobreza que nos lacera en el campo y en las ciudades.
Estamos conscientes de que este debate se da en el marco de una economía inmersa en un
proceso de globalización y que está creciendo gracias al esfuerzo de muchos mexicanos.
Sumamos ya 60 meses de crecimiento ininterrumpido que no queremos poner en riesgo, pero
que ha llegado el momento de que las familias de los trabajadores vean reflejado ese
crecimiento en mejores condiciones de vida.
En el marco constitucional mexicano, que ha sido precursor de muchos aspectos de normas
laborales internacionales, en materia de protección del trabajo, los Constituyentes de
1917 se preocuparon por asegurar a todo trabajador un salario mínimo que satisfaga sus
necesidades elementales.
Necesitamos hoy crear más de 1 millón de empleos, pero no podemos enfrentar este reto
sin poner especial atención a la dignidad humana. Muchos compatriotas se ven obligados a
aceptar por indigencia, condiciones laborales precarias y esto es inaceptable. Debemos de
crear empleos dignamente remunerados.
En los últimos 15 años la contención salarial ha sido utilizada como eje del combate a
la inflación y es también el principal insumo para la vertiginosa elevación de las
exportaciones y manufacturas y verduras.
Hablando de los salarios reales, en los últimos 15 años el salario mínimo se ha
deteriorado más de un 70%. Los salarios contractuales se han reducido un 79% y los
salarios de la industria manufacturera un 34%.
La participación de los salarios en el ingreso nacional ha disminuido sustancialmente,
mientras que la del capital ha ascendido firmemente año con año hasta alcanzar hoy más
del 60%.
Como consecuencia de esto se dan dos fenómenos: la concentración del ingreso que en
México supera las cifras de casi todos los países de América y el raquitismo del
mercado interno.
Hasta hoy, dado el nulo incremento de los salarios mínimos, la inflación ha vencido
ampliamente y ha depauperado el nivel de vida de las familias trabajadoras. Ante este
panorama, no es posible aceptar las políticas salariales cuyo resultado sea que
continúen los empresarios siendo los únicos beneficiarios de los incrementos en la
productividad y los trabajadores sean los sacrificados para mantener un elevado
crecimiento de las exportaciones y una reducción continua de la inflación.
5358,5359,5360
Con el aumento aprobado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, los
trabajadores mexicanos no recuperarán lo que han perdido en este año producto de la
inflación y sobre esta pérdida, habrán de sufrir la que se acumulará el próximo año.
Los trabajadores asalariados serán los únicos perdedores en la lucha por controlar la
inflación. Nosotros pensamos que esta situación es intolerable.
Este es el momento de actuar con justicia, de reconocer lo mucho que la macroeconomía
debe a los trabajadores y de replantear la política salarial.
No proponemos un alza inmoderada que desequilibre las relaciones entre los factores de la
producción y provoque una carrera alcista de los precios.
Como un acto de justicia social, proponemos que los salarios mínimos deben elevarse un
30% arriba de la inflación registrada este año, es decir, que el aumento de los salarios
mínimos a partir de diciembre debe ser del 12%...
Presidencia
de la diputada
María Elena Alvarez Bernal: |
Señor diputado, se le ruega
redondear su presentación; se le ha agotado su tiempo.
| El diputado
Jorge Esteban Sandoval Ochoa: |
En síntesis, el sector laboral del
campo y la ciudad no avizoramos un futuro promisorio en las políticas públicas del nuevo
Gobierno que en sus primeras acciones envía a esta soberanía un proyecto de presupuesto
de egresos sumamente conservador, austero y restrictivo que da continuidad a las
políticas neoliberales de los últimos años, un proyecto que se antoja contradictorio en
lo que no se ve claro cómo avanzar en la justicia social cuando este proyecto desatiende
al campo y a los trabajadores y privilegia a los intereses de las grandes empresas
nacionales y extranjeras.
Poco esperanzador para los trabajadores del campo y la ciudad un proyecto de presupuesto
que deja de lado los ofrecimientos y compromisos de campaña y donde el anunciado y
prometido cambio, se antoja, habrá de seguir brillando por su ausencia.
Muchas gracias.
Gracias, señor diputado Jorge
Sandoval.
Para referirse al mismo tema, se concede el
uso de la palabra al diputado Gustavo Lugo Espinoza, hasta por cinco minutos.
|
El
diputado Gustavo Lugo Espinoza: |
Con permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
Vengo a nombre del sector popular a mostrar la inconformidad de los trabajadores, hoy nos
enfrentamos a las promesas incumplidas, hoy la base trabajadora vuelve a ser traicionada
en sus aspiraciones, ya que en días pasados la Comisión Nacional de Salarios Mínimos
autorizó un incremento en la zona A de 6.50%, en la zona B de 8.09% y en la zona C de
9.68%, es decir, un promedio del 6.99% con el argumento falso de que estos incrementos
diferenciados irán paulatinamente configurando en la zona geográfica en un plazo de tres
años, por lo que esto significa un incremento humillante de 2.50 pesos diarios a los
salarios, siendo insuficientes para los trabajadores, ya que éstos no solamente quedarán
contra la pared sino quedarán caídos y vejados en sus aspiraciones por un salario más
digno, considerando la carrera alcista de los precios que los comerciantes ya generaron al
conocer estos porcentajes.
El presidente Fox inició mal su mandato con los trabajadores, ya que sus ofrecimientos de
campaña de aumentar significativamente los ingresos laborales sólo quedaron en simples
mentiras, por lo que nosotros estamos ciertos que con un incremento de tal naturaleza,
será imposible avanzar en la recuperación paulatina del poder adquisitivo de los
trabajadores y peor aún no se podrá corregir el desfazamiento del mercado interno.
Por otra parte, el flamante secretario del Trabajo, Carlos Abascal Carranza, que dicho sea
de paso, es emanado del sector empresarial, y que más bien, señores diputados panistas,
parece un diablo de pastorela, anunció hace dos días que no habrá congelación de
precios en productos de consumos básicos y generalizado. Por lo que si la inflación del
año siguiente, como lo afirma el Gobierno emanado del Partido Acción Nacional, en sus
cuentas alegres será del 6.5% los salarios de los trabajadores saldrán tablas en sus
ingresos, con este ridículo incremento y que de ninguna manera resarcirán el poder de
compra de los mismos.
¿Creen ustedes, señores panistas, que un albañil podrá satisfacer sus necesidades
mínimas de subsistencia con un salario diario de 52.25 pesos que corresponde al área
geográfica C, de los ayuntamientos de estados de Chiapas, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca y
Yucatán, estados donde se concentra la población de mayor pobreza extrema? ¿Esto es
hacer realidad lo expresado por el presidente Fox en su toma de protesta, es decir:
"mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión, por los pobres y los
marginados del país". Esto es que cada jefa o jefe de familia tenga una economía
sólida.
En contraste, el presidente Fox en conferencia de prensa del 15 de noviembre del año
anterior, prometió triplicar el salario de los jueces en una franca declaración
irresponsable fuera de todo contexto; así como también en las altas percepciones que se
le asignaron al personal del Ejecutivo Federal y que se consignan en el proyecto del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2001, en donde
encontramos como ejemplo que las percepciones totales netas mensuales de un Secretario de
Estado ascienden a 142 mil 463 pesos, cantidad en la que se incluye un estímulo de
productividad, eficiencia y calidad en el desempeño por 26 mil 760 pesos, por lo que
consideramos una franca burla a los trabajadores.
Si el señor Abascal Carranza piensa que el pueblo va a vivir de bendiciones está
equivocado, ya que el pueblo vive de realidades, por lo que la decisión de la Comisión
de Salarios Mínimos de dar aumentos de miseria, no la podemos bajo ninguna circunstancia
avalarla.
Por ello el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional rechaza
rotundamente esta decisión, ya que debe darse a los trabajadores un salario más decoroso
y digno, que sea suficiente para mejorar sus condiciones de vida.
Con medidas como éstas...
|
Presidencia
del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes |
Señor diputado, le ruego redondee
su intervención.
|
El
diputado Gustavo Lugo Espinoza: |
Ya voy a terminar, señor
Presidente.
Con medidas como éstas que el presidente Fox piensa cumplirle a los trabajadores del
pueblo de México, con sus falsas promesas de campaña y ustedes avalándolas.
Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias a usted don Gustavo Lugo
Espinoza.
Teniendo presente lo establecido por el artículo 116 del Reglamento, informo a la
Asamblea que en este debate han participado los diputados: Hilda Anderson Nevárez, Luis
Herrera Jiménez, Carlos Aceves del Olmo, Jorge Alberto Rodríguez Pasos, Héctor Méndez
Alarcón, Jorge Sandoval Ochoa y Gustavo Lugo Espinoza.
Solicito al señor Secretario consulte a la Asamblea si se considera suficientemente
discutido.
|
El
secretario José Manuel Medellín Milán: |
Por instrucciones de la
Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si el asunto se encuentra
suficientemente discutido.
Los diputados que estén por la afirmativa...
Los diputados que estén por la negativa... Suficientemente discutido, señor Presidente.
No hemos dado turno a la
proposición planteada por la diputada Hilda Anderson Nevárez. Se turna a la Comisión de
Trabajo y Previsión Social.
POBREZA
Con el propósito de mantener un
equilibrio y darle equidad en el tratamiento de los asuntos de esta Asamblea, se ofrece
ahora el uso de la palabra al diputado Esteban Daniel Martínez Enríquez, del grupo
parlamentario del PRD, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre el
combate a la pobreza.
Este es el primer tema pendiente
registrado por el grupo parlamentario del PRD, por lo tanto esta Presidencia toma el
primer tema del PRD y ofrece la palabra al diputado Esteban Daniel Martínez Enríquez,
hasta por 10 minutos.
|
El
diputado Esteban Daniel Martínez
Enríquez: |
Compañeras y compañeros
diputados:
En la exposición de motivos del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para
el año 2001 se establece la obligatoria participación del Estado mexicano en el
desarrollo de la sociedad.
El desarrollo social o humano, según la propuesta en comento, establece como premisa el
reconocimiento de una profunda desigualdad social, así como la imperiosa necesidad de
combatir las causas que generan la pobreza.
Sin embargo, partiendo del esquema que operó en el sexenio pasado, la política social
del actual régimen segmenta a la población en una vertiente de acciones amplias que se
entiende como mayoritaria económicamente activa y por ello autosuficiente para acceder a
todo tipo de bienes y servicios y, por otro lado, acciones dirigidas a la población
marginada, sumida en la extrema pobreza y con un presupuesto de 62 mil 539 millones de
pesos.
Pareciera que, por proyección presidencial, desaparecen de la realidad mexicana las
familias que reciben ingresos menores entre dos y cuatro minisalarios. Es necesario
reivindicar los derechos sociales de los ciudadanos que están integrados a la economía y
que, por su actividad productiva, no obtienen lo suficiente para satisfacer sus
necesidades y las de sus familias.
Para su atención se requieren acciones gubernamentales más allá de las acciones amplias
que propone el paquete económico para el 2001.
De acuerdo a las últimas cifras oficiales, la situación de pobreza que afecta a más de
46 millones de mexicanos es la base de la desigualdad económica y social del país.
Cualquier planeación que no contemple al menos los dos diferentes estratos sociales
pobres extremos y trabajadores pobres resulta contradictoria, demagógica y poco
consecuente con la realidad imperante.
La desigualdad social no se atacará separando a los mexicanos en pobres extremos y no
pobres. Las dos vertientes de acción social, las amplias y las dirigidas resultan
insuficientes para remontar o al menos atender las necesidades de la población que es
económicamente activa, pero que enfrenta insuficiencia salarial para la manutención
familiar.
Dos terceras partes de los hogares, hablamos de 65 millones de personas, reciben ingresos
que no son ni siquiera suficientes para adquirir la canasta básica mínima alimentaria
mensual, cuyo costo es de 2.3 salarios mínimos.
Si la propuesta económica en materia de política social restringe su actuar y margina a
los trabajadores pobres del apoyo gubernamental para su superación e integración a la
vida económica del país, este Gobierno retrocederá aún más en la política pública
social.
5361,5362,5363
Si el paquete económico no contempla con precisión la urgente necesidad de revalorar el
salario y generar las condiciones para el empleo estable y bien remunerado, el Estado
tendrá la responsabilidad de salvaguardar los derechos sociales de los pobres y los más
pobres por igual.
Se deben atender las necesidades de los trabajadores pobres. Solicitamos una reasignación
presupuestal en apoyo a la alimentación, la educación, la salud y la vivienda de los
trabajadores, así como a proteger los salarios y otorgar créditos a las familias cuyos
ingresos familiares sean menores a los cuatro salarios mínimos.
En este mismo sentido proponemos redacciones alternativas a los artículos 34 y 70 del
proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2001 en el sentido de incluir a este sector en los programas de subsidio del ramo
administrativo 20 y que se establezcan en las reglas de operación de dichos programas los
mecanismos que permitan la intervención activa de los beneficiarios en la fiscalización
efectiva del ejercicio de los recursos.
2. En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2001 propone un
gasto de 62 mil 539 millones de pesos para los programas federales de combate a la
pobreza.
De atender las cifras oficiales que establecen el número de pobres extremos en 26
millones, resulta que el Estado destinará a este sector de la población 2 mil 405 pesos
en el año siguiente, 80 pesos al mes y 2.66 centavos diarios.
Este rubro de gasto se incrementaría en 11.8% respecto a 2000 y sin embargo contiene
caídas en diversos programas. En el caso de programas productivos cae en el programa de
Empleo Temporal, Fonai, Crédito a la Palabra, Productores Agrícolas de Bajos Ingresos,
Jornaleros Agrícolas, Maestros Jubilados, Servicio Social y Conversión Social.
El Programa Desarrollo Productivo de la Mujer, dice el proyecto, se envía a la
Secretaría de Economía. Sin embargo, no aparece en la estructura programática del ramo
citado, por lo que el destino de los 2 mil 88 proyectos que se atendieron en el presente
año es incierto.
Pero las caídas más graves se registran en los programas alimentarios de abasto popular.
En este caso el Gobierno propone la desaparición virtual de Diconsa. En 2000 se le
destinó un presupuesto de 2 mil 633 millones de pesos; en este año sólo se le asignan
215 millones y no hay una sola explicación para esta medida.
Sacrificar Diconsa significa dejar sin opciones de abasto de productos básicos y
complementarios no perecederos a la población en extrema pobreza. No sirve entregar un
subsidio en efectivo en localidades marginadas de parte del Progresa si no existe un
sistema de distribución de bienes favorables al poder adquisitivo.
La retirada de Diconsa nulifica el apoyo de Progresa. El año pasado Diconsa operó una
red de 23 mil 200 tiendas rurales y 321 almacenes. El valor de los volúmenes distribuidos
ascendió a 6 mil 897 millones de pesos y atendió una población de 29 millones de
personas en el medio rural. Todo esto se borra al parecer de un plumazo en el proyecto de
presupuesto para el año entrante.
En la propuesta del Ejecutivo desaparece el Fidelist, pero no el programa de abasto a la
tortilla que sería operado por Liconsa. Se menciona en el proyecto de presupuesto que se
mantendrá la cobertura del abasto popular de leche y tortilla, pero existe una reducción
total de 31.4%.
La cobertura de ambos programas se reduce, 10 mil niños serán excluidos del programa de
abasto de leche y el programa de abasto de tortilla reducirá su cobertura en 40 mil
familias. La tendencia es la misma: recortar padrones de programas que de por sí son
insuficientes. Es posible que con esta unificación el siguiente paso sea evitar las
duplicidades del subsidio.
Finalmente, en materia de infraestructura social caen los programas de construcción de
caminos rurales, dotación de agua potable en zonas rurales y desaparece el apoyo fiscal
federal para el fideicomiso del Fondo Nacional de Habitación Popular (Fonahpo).
Al respecto, debemos destacar que la política de vivienda del gobierno entrante
privilegia la inversión en vivienda operada por el sector privado a través del
Fideicomiso de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (Fovi), inaccesible para
la población en extrema pobreza, pues entre sus requisitos demanda un ingreso del
solicitante de cuando menos cinco salarios mínimos.
En consecuencia, proponemos que esta soberanía tome un acuerdo respecto a que se destinen
más recursos para el rubro del combate a la pobreza, suficientes para al menos recobrar
los niveles de gasto del presente año.
"Por lo anteriormente expuesto los diputados de la fracción parlamentaría del
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos
que se turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
2001 una partida especial destinada a atender las necesidades de los trabajadores cuyos
ingresos estén en el rango de los dos y cuatro salarios mínimos, especialmente programas
de protección al salario, créditos para vivienda y adquisición de bienes de consumo
intermedio.
Segundo. Incluir en las reglas de operación de los programas federales a que hace
referencia el artículo 71 de la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para este año 2000 acciones específicas para atender las necesidades de los
trabajadores a que hace referencia el párrafo anterior.
Tercero. Destinar los recursos suficientes para que el presupuesto de los programas
productivos, de abasto y de infraestructura social destinados a la población en pobreza
extrema no se reduzcan en términos reales respecto al aprobado para el ejercicio fiscal
del año 2000."
Por su atención, muchas gracias.
Gracias, diputado Esteban Daniel
Martínez Enríquez.
Pregunto si el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México haría uso de
la palabra para presentar un punto de acuerdo en relación a la seguridad del patrimonio
de los damnificados por la erupción del volcán Popocatépetl o queda para después.
Bien, la proposición planteada por el diputado Martínez Enríquez se turna a la Comision
de Presupuesto y Cuenta Pública.
PROTECCION CIVIL
Se ofrece el uso de la palabra para
presentar un punto de acuerdo sobre la inclusión de la materia de protección civil en el
sistema educativo nacional, al diputado Jaime Larrazábal Bretón, del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos.
|
El
diputado Jaime Arturo Larrazábal Bretón: |
Muchas gracias.
Con su permiso, diputado Ricardo García Cervantes, presidente de la mesa directiva de
esta Cámara de Diputados; diputadas y diputados; señoras y señores:
Desde la aparición misma de la raza humana hemos estado en permanente contacto con la
naturaleza. A veces esa relación es amistosa, incluso generosa; pero otras es fatídica.
Los desastres naturales han causado a este país pérdidas humanas y económicas
incalculables. Tan sólo la reparación de desastres naturales del año pasado y de éste
asciende a 12 mil millones de pesos, lo que equivale al triple del presupuesto que tuvo la
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), o que tuvo la Secretaría de Gobernación para
el año 2000.
Los principales agentes perturbadores que ocurren en nuestro país son los sismos, los
huracanes, las inundaciones, las sequías y las heladas, mismos que al encontrar
condiciones de vulnerabilidad en nuestro hábitat causan daños que se centran
básicamente en patrimonio, en activos productivos y lo que es lo peor, en vidas humanas.
Los mexicanos aún tenemos abierta la herida que provocaron los sismos del año de 1985 y
las inundaciones y daños de los dos últimos años en los estados de Tabasco, Chiapas,
Guerrero, Puebla, Veracruz y Oaxaca, entre otros estados, como consecuencia del paso de
huracanes.
La República Mexicana es particularmente sensible a la sismicidad debido a su ubicación
dentro del cinturón de fuego del océano Pacífico, en donde los deslizamientos de las
placas tectónicas son frecuentes, lo que provoca un promedio anual de 460 movimientos
súbitos e impredecibles de la tierra, con las trágicas consecuencias que todos
conocemos.
En cuanto a los ciclones tropicales, tan sólo en el año de 1997 ocurrieron dos de ellos,
Paulina y Rick y en 1999 se presentaron cuatro ondas tropicales que provocaron
inundaciones, deslaves y muertes debido al reblandecimiento del terreno en zonas con
asentamientos humanos.
En la zona sursureste de México, específicamente en el Estado de Oaxaca, los sismos del
15 de junio y 30 de septiembre del año de 1999, causaron 55 muertos y daños en más de
53 kilómetros en carreteras y puentes. Esto se explica por el hecho de que 197 municipios
oaxaqueños se encuentran ubicados en la zona de alto riesgo sísmico determinado por la
Secretaría de Gobernación, lo que significa que alrededor de 3 millones de personas
viven en constante peligro ante este tipo de desastres naturales, en una zona donde se
genera el 40% del total de sismos del país. Además, en Oaxaca existen 122 municipios
vulnerables a ciclones tropicales que como Paulina y Rick dejaron tras de sí pena y
desolación.
Todos estos eventos son impredecibles, el ser humano aun no encuentra la forma de
preverlos; sin embargo sí podemos educar para la prevención y orientar la capacidad de
respuesta de las personas ante estos fenómenos naturales.
Al respecto, el 3 de mayo del presente año 2000 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación la Ley General de Protección Civil a fin de dar respuesta, al menos en forma
parcial, a la petición de seguridad que los mexicanos demandaban. Dicho ordenamiento
jurídico dispone en la fracción VI del artículo 10, lo siguiente, cito textualmente:
"es propósito primordial del sistema nacional promover la educación para la
autoprotección que convoque y sume el interés de la población en general, así como su
participación individual y colectiva, con la finalidad de impulsar la educación en la
prevención y en la protección civil.
Las dependencias e instituciones del sector público con la participación de
organizaciones e instituciones de los sectores social, privado y académico, promoverán
(fracción VI), el establecimiento de programas educativos y de difusión dirigidos a toda
la población que le permita conocer los mecanismos de ayuda en caso de emergencia, así
como la manera en que pueda colaborar en estas actividades". Termina la cita.
De igual forma, el mismo ordenamiento jurídico ordena en su artículo 12 lo siguiente:
"la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional recaerá en la Secretaría de
Gobernación, la cual tiene las atribuciones siguientes en materia de protección civil;
fracción XXVII, gestionar ante las autoridades correspondientes la incorporación de la
materia de Protección Civil en el Sistema Educativo Nacional".
Exactamente en los mismos términos se dispone esta obligación para el Consejo Nacional
de Protección Civil en el artículo 16 de esta Ley General de Protección Civil.
Si bien es cierto que esta Ley General de Protección Civil fue recientemente publicada,
es necesario darle seguimiento a cada una de sus disposiciones; sin embargo, la cultura de
la autoprotección debe de ser inculcada desde la educación básica, ya que ahí se
inicia la formación del individuo y constituye el espacio ideal para fomentar las
actitudes de solidaridad y participación.
Es ahí donde los educandos adquieren sus primeros y más firmes conceptos
epistemológicos donde iniciar el contacto analítico con los fenómenos físicos y
sociales y donde además de identificar un evento aprenden a relacionarlo con su entorno;
por lo tanto, esta etapa formativa es la adecuada para forjar una cultura de protección
civil que genere individuos éticos, preparados, conscientes, responsables, exigentes y
participativos.
5364,5365,5366
En esta materia actualmente los libros de
texto de primaria contienen 182 citas relacionadas con el tema de protección civil,
esparcidas entre todas las materias de protección civil, así como en todas las materias
de los seis grados, mismas que son insuficientes, además de la falta de secuencia y
congruencia.
Asimismo existe en el Distrito Federal una guía de educación en cuestiones relacionadas
con la protección civil, pero desgraciadamente no existe algo parecido a nivel nacional.
Cada Estado federativo cuenta con sus programas estatales de protección civil; sin
embargo, sería deseable que cada uno de ellos pudiera educar a sus habitantes para que
sean capaces de reaccionar rápida y efectivamente en casos de emergencia.
Es necesario que las instancias correspondientes del Ejecutivo Federal cumplan con la ley
e incluyan una materia de protección civil en la educación básica y media básica
nacionales, de esta forma, los niños mexicanos aprenderán que la protección de la vida
comienza por uno mismo y que ante lo inevitable es posible estar preparado e informado.
Por lo expuesto anteriormente y con fundamento en el artículo 45 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 56, 61 y 87 de su Reglamento, hago la
siguiente propuesta y punto de acuerdo para que los que suscribimos la presente en
colaboración con la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos y la
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, urjamos al Gobierno Federal para que a
través de las instancias correspondientes se incluya la materia de protección civil en
programas académicos de primaria y secundaria, dando cumplimiento así de lo dispuesto
por la Ley General de Protección Civil vigente en el ámbito federal.
Lo anterior se logrará a través de la incorporación en los libros de texto gratuitos,
en forma articulada, gradual y sistemática de los contenidos básicos de protección
civil incluyendo la percepción de la autoprotección y la optimización del ejercicio de
la prevención.
Es cuanto, señor Presidente.
Suscriben esta propuesta la diputación oaxaqueña, diputados: José Soto Martínez, Lilia
Mendoza Cruz, Cándido Coheto Martínez, Bulmaro Rico Salinas, Irma Piñeyro Arias, Abel
Trejo González, Juan Díaz Pimentel, lldefonso Zorrilla Cuevas, Miguel Angel Moreno Tello
y el de la voz, Jaime Larrazábal Bretón.
Muchas gracias.
Gracias, don Jaime Larrazábal
Bretón.
La proposición que usted ha planteado don Jaime, se turna a la Comisión de Educación
Pública y Servicios Educativos.
PROPOSICIONES
Honorable Asamblea: en las
próximas horas se generará el dictamen relativo al Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio del Año 2001; para tener la oportunidad de ordenar su
publicación en la Gaceta y su distribución entre todos ustedes, entre todos los miembros
de esta Asamblea, decretaremos un receso a partir de este momento, las 3:00 de la tarde,
para reanudar la sesión en punto de las 19:00 horas, 7:00 de la tarde.
Eventualmente la mesa directiva podrá recibir las comunicaciones del Senado de la
República y turnar directamente a las comisiones para que estén en condiciones las
comisiones dictaminadoras de presentar antes de la hora señalada, 19:00 horas, 7:00 de la
tarde, los dictámenes correspondientes para que esta Asamblea dé cuenta con ellos en
esta misma sesión a partir, insisto, de las 7:00 en punto de la tarde.
Algunos de los puntos que han venido
quedando pendientes como excitativas y algunas proposiciones, quisiera rogarle a los
diputados se acerquen directamente a las comisiones a presentar las proposiciones que no
hayan sido hechas del conocimiento de este pleno, pero que puedan ponerse del conocimiento
de los integrantes de las comisiones para que durante el periodo de receso puedan recibir
la atención debida.
Todas aquellas proposiciones planteadas por las diputadas y los diputados ante las
comisiones, podrán ser publicadas íntegras en la Gaceta Parlamentaria.
RECESO
|
El
Presidente (a las 15:01 horas): |
Se decreta un receso para reanudar
esta sesión al punto de las 19:00 horas, 7:00 de la tarde.
(Receso.)
(A las 19:49 horas) Se reanuda la sesión.
Solicito a las señoras y señores diputados ocupar sus curules y a los medios de
comunicación instalarse en el palco de medios.
Esta Presidencia informa a la Asamblea que estamos por recibir una comunicación, un
oficio de la Cámara de Senadores, en relación a la minuta con proyecto de decreto
relativo a diversas disposiciones fiscales.
En cuanto esta Presidencia tenga la recepción de este oficio se dará cuenta con él.
ESTADO DE GUERRERO
En tanto, para seguir desahogando
puntos pendientes del orden del día de ésta y de las sesiones anteriores, se concede el
uso de la palabra al diputado Heriberto Huicochea Vázquez, del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo
sobre la erradicación del piso de tierra de viviendas del Estado de Guerrero, hasta por
10 minutos.
|
El
diputado Heriberto Huicochea Vázquez: |
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados:
Someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo bajo los
siguientes
ANTECEDENTES
Ante el nuevo escenario nacional de profundas transformaciones políticas, es imperativo
señalar que el Estado de Guerrero como parte integrante de la República, se circunscribe
a la nueva realidad con marcados signos que han persistido en los últimos decenios:
atraso, deterioro y desigualdad social: nacimos pobres.
Nuestra entidad, al igual que el resto del país, no escapa a los efectos de la
globalización ni a las crisis recurrentes que han irrumpido en su vida económica.
Resulta irónico y paradójico que siendo Guerrero aporte singular a la insurgencia,
reforma y revolución social del pueblo mexicano y poseedor de importantes atractivos y
recursos naturales, continúe a fin de siglo siendo la entidad federativa con mayores
problemas para incorporarse plena y progresivamente a los beneficios del desarrollo, que
en su mayor parte y durante mucho tiempo, debemos reconocer, se concentraron hacia zonas
del norte y centro del país, que en su momento significaron importantes fuentes de
inversión y que originaron la plataforma de despegue de algunas economías.
En esta ocasión quiero decir ante esta respetable representación popular, que hoy más
que nunca necesitamos un gesto de solidaridad con quienes han sido señalados como los
más pobres del país, quienes no tienen los recursos suficientes para alcanzar un nivel
de vida digno.
Si bien es cierto, compañeras diputadas y diputados, que la pobreza es una forma social
que engendra su propio crecimiento, también debemos aceptar que lacera más rápido en
aquellos que están alejados de la educación básica y que le cancela en definitiva toda
oportunidad al que sobrevive en viviendas que no cuentan con los mínimos de estar, ya no
digamos de bienestar.
Los mexicanos de varias partes del país
y particularmente los del sur, hemos podido vivir con pobreza, con carencias, como el
insuficiente abasto de agua en red o la distribuida en pipas. Podemos transitar en calles
sin servicio de alumbrado público o sin pavimentar; contar con lotes sin regularizar,
inclusive vivir sin cobertura plena de seguridad pública; sin caminos rurales; en
habitaciones que no disponen de energía eléctrica, en fin, vivir sin los servicios
públicos elementales.
Pero lo que no podemos admitir y menos concebir para quienes creemos y defendemos los
principios de la justicia social, que miles de hermanas y hermanos mexicanos habiten
todavía en viviendas, en condiciones no sólo de pobreza ni de miseria siquiera, sino de
forma infrahumana, es decir, en viviendas que lo único firme que tienen es la tierra
donde se cimientan.
Un piso de tierra provoca problemas de salud agudos, con el desprendimiento del polvo,
ocasiona trastornos en el crecimiento de niñas y niños, parasitosis entre los miembros
de la familia, proliferación de salmonelosis y problemas respiratorios permanentes, que
en definitiva se convierten en los verdaderos y auténticos enemigos de nuestro
crecimiento y desde luego de nuestro desarrollo.
El Estado de Guerrero, según el XII Censo General de Población y Vivienda 2000, reporta
la existencia de 654 mil 17 viviendas, de las cuales casi cuatro de cada 10, son viviendas
con pisos de tierra, en donde habitan 1 millón 121 mil 965 personas y que significa más
de la tercera parte de la total de nuestra entidad.
Si consideramos que el promedio de la superficie de las viviendas en colonias populares y
comunidades rurales es del orden de los 75 metros cuadrados, distribuidos en su mayoría
en uno, dos y hasta tres espacios dentro la vivienda, resulta prioritario y estratégico,
erradicar el piso de tierra de las áreas de mayor contacto de sus ocupantes como
dormitorios, cocinas y lugares de comer.
El total de viviendas de piso de tierra en el Estado de Guerrero, asciende a 238 mil 716
hogares; si fijamos una meta promedio de sustitución de tierra por cemento, por vivienda
de 32 metros cuadrados con 10 centímetros de espesor, se requiere de 10 bultos de cemento
por piso o lo que es lo mismo, a media tonelada por vivienda. Es decir, que la demanda
total por este concepto alcanza tan sólo la cifra de 119 mil 358 toneladas de cemento.
Para tener una idea clara de lo que significa este requerimiento o este beneficio,
equivale la pavimentación de una calle de 1 mil 265 kilómetros de longitud, de seis
metros de ancho con 10 centímetros de espesor, es decir, tres punto tres veces la
distancia de México-Acapulco.
En términos monetarios, esta inversión social representa, inclusive a precios de
menudeo, apenas un total de 176 millones 650 mil pesos, cantidad 2 mil 475 veces menor a
los recursos que están programados para el gasto del federalismo para el año 2001 ó 1
mil 244 veces menor a lo previsto en el ramo 33 el próximo año.
Lo anterior, no es algo fuera de nuestra realidad presupuestal ni que signifique
trastornos en la asignación de recursos. No propongo la construcción de grandes obras,
muy necesarias por cierto, para contrarrestar las causas de nuestro deterioro social ni
tampoco se trata de grandes construcciones de vivienda progresiva; le solicito con mucho
respeto, algo que llegue a nuestros hermanos, que claman sólo un poco de justicia social.
Lo que necesitamos y lo que les pido ahora a nombre de las colonias populares y
comunidades rurales del Estado de Guerrero, es la solidaridad y voluntad política de esta
soberanía, para lograr que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo
año, se aprueben los recursos mínimos y necesarios para erradicar este problema que
lacera a los guerrerenses más pobres.
Son tan sólo un poco más de 176 millones de pesos para erradicar los pisos de tierra de
Guerrero, una meta de justicia social, concreta, tangible, de federalismo puro, del que
tampoco podemos exigir o quitar al presupuesto del Estado de Guerrero, que además de ser
insuficiente para el mantenimiento de lo ya construido, no alcanza ni siquiera para la
alimentación total de las niñas y niños que demandan un desayuno caliente todos los
días.
5367,5368,5369
Compañeros legisladores: la decisión de
poder convertir en realidad el sueño de muchas familias del sur, en este caso de
Guerrero, está ahora en la disposición de esta Cámara de Diputados. Los beneficios que
podemos alcanzar con la puesta en marcha de acciones como las que hoy someto a su
consideración, se podrían convertir en un verdadero programa nacional de erradicación
de pisos de tierra, porque este problema no es exclusivo de los guerrerenses, por lo que
convoco a mis compañeros diputados de los estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla,
San Luis Potosí, Hidalgo, Michoacán, Morelos y Sinaloa, por ser quienes están por
arriba de la media nacional de este problema de pisos de tierra, para que construyamos una
propuesta nacional y durante los años que resta a la legislatura, luchemos unidos, sin
colores ni ideologías políticas, por conquistar este verdadero espacio de justicia
social que nuestros compatriotas no sólo lo requieren sino que lo merecen.
«Por las consideraciones antes expuestas, someto a su consideración con fundamento en el
artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Artículo único. Se autoriza a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de
Hacienda y Crédito Público, para que se asignen de manera adicional al Estado de
Guerrero y en la partida correspondiente hasta la cantidad de 176 millones 650 mil pesos
para la erradicación de 238 mil 716 pisos de tierra, toda vez que dicha inversión ha
sido aprobada por esta soberanía en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2001.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 28 de diciembre de 2000. Diputados que firman el punto de acuerdo
en favor de la erradicación de los pisos de tierra; del PRI: Manuel Añorve Baños, Flor
Añorve Ocampo, Celestino Bailón Guerrero, Raúl González Villalva, Santiago Guerrero
Gutiérrez, Efrén Leyva Acevedo, Sergio Maldonado Aguilar, Gustavo Ojeda Delgado, Héctor
Pineda Velázquez, Ernesto Rodríguez Escalona, Silvia Romero Suárez, Heriberto Huicochea
Vázquez; por el Partido de la Revolución Democrática: Félix Salgado Macedonio, David
Sotelo Rosas y por el Partido Acción Nacional: Esteban Sotelo Salgado.»
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente:
Gracias, diputado Huicochea Vázquez.
La proposición presentada por Heriberto Huicochea Vázquez, por su contenido, se turna a
las comisiones de Vivienda y de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara de Diputados.
EDUCACION SUPERIOR
Señoras y señores diputados: en
la revisión de los puntos de acuerdo pendientes, se identifican tres inscritos por el
diputado Antonio Magallanes Rodríguez, todos relativos al Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Año 2001. Se concede el uso de la palabra al diputado Antonio
Magallanes Rodríguez y esta Presidencia le solicita que en una sola intervención
presente las tres proposiciones con punto de acuerdo que tiene registradas y pendientes de
presentación. Para tal efecto y considerando que pueda obsequiar esta solicitud de la
Presidencia, se le concede un plazo mayor a los 10 minutos; haga su intervención de los
tres temas en 15 minutos.
|
El
diputado José Antonio Magallanes
Rodríguez: |
Gracias, con su permiso, señor
Presidente de esta mesa directiva; compañeras y compañeros diputados:
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores que suscriben hacen a este pleno
de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con
PUNTO DE ACUERDO
Considerando que de manera general excelencia es sinónimo de calidad y en la práctica
significa que cada universidad debe de estar continuamente actualizada, en cuanto al
conocimiento mundial más avanzado, contribuir con frecuentes aportes originales a dicho
conocimiento y colaborar con la aplicación del conocimiento científico y tecnológico a
la problemática de su propio entorno cultural, la excelencia como sinónimo de calidad
traduce un mejoramiento sistemático y permanente de los principales actores de la
Universidad, a fin de tener una institución constantemente renovada, remozada y mejorada,
que le permitan destacarse a partir de una base de comparación por encima de otras de su
misma especie.
Esto ha sido así porque la preocupación por mejorar los niveles de calidad y excelencia
parecen asentarse en recientes fechas; a pesar de que tiende a mejorar en este terreno
aún luce como algo deseable, pues hasta aparece apoyarse exclusivamente en buenos deseos,
declaración de retóricas y no en objetivos, finalidades y metas de un verdadero proyecto
universitario.
Hasta ahora se observa que las universidades que tienen mejores niveles de calidad o
cantidad aceptable, no son precisamente las que tienen mayor presupuesto. El sistema
universitario público de educación superior, cuya atención está a cargo de la
subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica, se compone de
universidades públicas federales, universidades públicas estatales, universidades
tecnológicas, universidades públicas estatales con apoyo solidario y otras
instituciones.
El subsidio anual a cada institución de los subsistemas 1 a 3, se asigna a partir del
cálculo del costo de cada uno de los rubros que componen su presupuesto, es decir, gasto
corriente y gasto de operación, costo de nóminas de personal autorizado, gastos de
operación, ampliaciones de infraestructura, costos de ampliación de oferta educativa en
su caso e importe de proyectos incluidos en programas especiales.
Prevalece poca claridad respecto de las pautas que sigue el Gobierno Federal para la
asignación del subsidio público, en todo caso lo que estamos presenciado es una
reiteración de los patrones tradicionales de asignación, que han mostrado en diferentes
ocasiones sus limitaciones, para estimular a las universidades públicas, que están
emprendiendo fuertes procesos de modernización y reforma.
El proyecto federal de Presupuesto de Egresos contiene una reducción de los recursos
destinados a las universidades públicas estatales. La medida es incongruente con las
propuestas de descentralización y fortalecimiento de la educación pública superior por
parte del Ejecutivo Federal.
Se siguen asignando mayores recursos a las universidades federales, tan es así que el
subsidio federal promedio por alumno en este nivel, rebasa los 37 mil pesos por alumno y
para las universidades estatales promedio bajo no llega a los 9 mil pesos, arrojando tales
resultados una evidente iniquidad.
Por tanto, se somete a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados el
siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Unico. Que las comisiones unidas de Educación, de Cultura, de Ciencia y Tecnología y de
Presupuesto, tomen las medidas necesarias, para que el presupuesto asignado a las
universidades públicas no sea inferior al presupuesto otorgado a las universidades
federales, con objeto de dar certidumbre a la educación superior pública y estatal en
nuestro país.
Firmamos este punto de acuerdo los diputados: Ramón León Morales, Miguel Bortolini, Luis
Herrera, Elías Martínez Rufino y el de la voz.»
Es cuanto en el primer punto de acuerdo, señor Presidente.
Gracias, señor diputado.
Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Educación y Servicios
Educativos y de Cultura, como usted lo solicita.
EDUCACION SUPERIOR (II)
Continúe con el siguiente.
|
El
diputado José Antonio Magallanes
Rodríguez: |
Gracias, señor Presidente.
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores que suscribimos a este pleno de
la Cámara de Diputados, ponemos a su consideración la siguiente
PROPOSICION
Considerando que la media nacional en subsidio federal por alumno de estudiantes
equivalentes a licenciatura asciende a 22 mil 191, encontrándose por arriba de la misma
sólo 10 universidades entre las que podemos mencionar a la Pedagógica Nacional, al
Instituto Politécnico Nacional y a la Universidad Autónoma Metropolitana y en un severo
contraste se encuentran 27 universidades que no alcanzan la media nacional y que además,
se encuentran muy por debajo de la misma, es el caso por poner algunos ejemplos, la
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y la Universidad de Tabasco, por mencionar sólo dos de
las 27.
En un contexto de recursos limitados, las políticas anteriores han reducido las
oportunidades de las universidades públicas estatales para la consecución de recursos
que les permitan enfrentar los graves rezagos en materia de infraestructura, sistemas de
apoyo y planta académica. Lamentablemente las universidades públicas siguen resintiendo
la ausencia de una política específica que permita enfrentar esta situación.
Se considera que para lograr la equidad de la distribución de los recursos fiscales
destinados a la educación pública superior, se debe de incrementar en términos reales
el subsidio a las universidades públicas estatales que se encuentren por debajo de la
media nacional en el costo por alumno. A partir de estas condiciones de equidad inicial,
los incrementos deben de otorgarse de acuerdo con el desempeño de las instituciones, por
lo que se propone se construya una bolsa de compensación para lograr que las
universidades públicas y estatales que se encuentren por debajo de la media nacional,
puedan disminuir su iniquidad en tres años; por tanto, se somete a la consideración del
pleno de esta Cámara de Diputados el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Para que las comisiones de Presupuesto y de Educación construyan una bolsa de
compensación para que en tres años, todas las universidades que se encuentren por debajo
de la actual media nacional puedan estar dentro de ella.
Es cuanto, señor Presidente.
Se turna esta proposición a las
comisiones de Educación y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública.
APOYO A DEUDORES
Continúe con el siguiente.
|
El
diputado José Antonio Magallanes
Rodríguez: |
Gracias, señor Presidente, con su
permiso.
Punto de acuerdo por el que se propone que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
de esta Cámara de Diputados, consulte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y
al secretario ejecutivo del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), sobre los
requerimientos financieros del ramo 34 para el Ejercicio Fiscal del 2001.
ANTECEDENTES
Primero. Durante el periodo comprendido entre 1990 y 1994, la economía mexicana mostró
cierta estabilidad, lo que provocó una fuerte expansión crediticia del sistema
financiero; sin embargo, la crisis financiera que estalló en el país a finales de 1994
cambio el contexto de estabilidad observado en años anteriores por uno de incertidumbre,
con inflación y devaluación para los años posteriores.
De esta manera, tan sólo en 1995, el
salario mínimo real se redujo en más del 14% y la tasa de interés se situó en niveles
cercanos al 100%, aunado a que se incrementó el desempleo de manera alarmante. La
combinación de los factores mencionados, provocaron que millones de personas y empresas
que habían solicitado créditos se vieran en la imposibilidad de cumplir con sus
obligaciones.
Para aliviar la situación durante el periodo comprendido entre 1995 y 1998, el Gobierno
diseñó varios programas para ayudar y alentar a los pequeños deudores y repagar sus
créditos pendientes a la planta productiva, el Fopime y "Punto Final", por
mencionar sólo algunos.
Lo anterior también ayudó a los bancos a mejorar la calidad de su cartera y a mantener
sus flujos de efectivo. Los sectores beneficiados por estos programas de asistencia eran
la micro, pequeñas y medianas empresas comerciales, deudores hipotecarios e individuos
con préstamos personales para la adquisición de bienes de consumo duradero y tarjetas de
crédito.
El costo de los programas de apoyo a deudores debía ser compartido entre los bancos y el
Gobierno Federal. Para ello, el Gobierno Federal y los bancos firmaron los acuerdos de
partidas compartidas, mediante los cuales compartirían las pérdidas en partes iguales,
considerando que los programas de apoyo a deudores finalizaron con el programa "Punto
Final", que los deudores actualmente se encuentran restructurando sus carteras con
las llamadas administradoras de cartera y que muchas veces hemos señalado que estas
últimas están lucrando con la deuda de millones de mexicanos, por lo que es urgente
revisar el marco jurídico del IPAB.
Que tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como el Instituto de Protección
al Ahorro Bancario (IPAB) han rechazado sistemáticamente la posibilidad de aplicar nuevos
programas de apoyo a deudores.
Que en el presupuesto del presente ejercicio fiscal se le destinaron a estos programas
sólo 5 mil 418 millones de pesos.
Que no se explican en la exposición de motivos del Presupuesto de Egresos para el
próximo ejercicio fiscal, enviado por el Ejecutivo las razones para destinar casi 15 mil
millones de pesos a los programas de apoyo a deudores.
Dados los antecedentes descritos anteriormente y que una explicación podría obedecer a
la modificación de los acuerdos de pérdida compartida para que el Gobierno Federal
absorbiera la totalidad del costo de los programas de apoyo a deudores.
Que la eficiente asignación de los recursos en el Presupuesto de Egresos del 2001 es un
tema de incuestionable relevancia en estos momentos para la aprobación del mismo se
propone al seno de esta Cámara de Diputados el siguiente
ACUERDO
Unico. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados
consulte inmediatamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al secretario
ejecutivo del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) para que expliquen de
manera puntual y específica sobre los requerimientos financieros del ramo 34 para el
ejercicio fiscal del año 2001.
Es cuanto, señor Presidente.
5370,5371,5372,5373
Tabla 169,170,171
Gracias, diputado Magallanes.
La proposición que ha planteado se turna a la Comisión de Hacienda.
EDUCACION SUPERIOR (III)
En virtud de que en la
intervención del diputado Magallanes se tocaron temas relativos a la educación superior
y se encuentra inscrita también una proposición con punto de acuerdo en relación al
mismo tema por parte del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en
este momento se ofrece el uso de la palabra al diputado Héctor Ortiz Ortiz para presentar
una proposición con punto de acuerdo en relación con la educación superior, hasta por
10 minutos.
|
El
diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional presenta a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:
CONSIDERACIONES
La educación pública laica y gratuita constituye un principio irrenunciable de nuestro
ordenamiento constitucional y un derecho fundamental de todos los mexicanos. La educación
pública debe ser el eje de la función social del Estado y de las políticas públicas a
través de las cuales se realiza, en tanto conforma la condición indispensable para el
ejercicio de las libertades de las personas, la base insustituible para su desarrollo
integral y para la construcción de una sociedad más equitativa y con mayor bienestar,
así como el medio más efectivo y duradero para alcanzar una vida digna a salvo de
discriminaciones y privilegios.
Más aun, la consolidación de la vida democrática en nuestro país es impensable sin un
sistema educativo que permita la formación de ciudadanos capaces de ejercer a plenitud
sus derechos y cumplir a cabalidad sus obligaciones.
La participación responsable y efectiva de la sociedad en los asuntos de interés
público no puede tener otra base que no sea la de una educación inspirada en la razón,
la identidad nacional y la tolerancia ante la diversidad, así como en contenidos y
métodos de enseñanza de calidad. Pero no sólo eso, además de satisfacer la totalidad
de la demanda de servicios educativos y elevar la calidad de éstos, el Estado debe asumir
plenamente su responsabilidad en la formación de técnicos y profesionistas de alto nivel
y promover el desarrollo científico y tecnológico del país en una perspectiva de largo
plazo que asegure, frente a los retos y oportunidades del nuevo contexto internacional, la
viabilidad económica del país, la preservación y acrecentamiento de la cultura
nacional, el desarrollo y la cohesión sociales en la diversidad y la defensa y promoción
de los principios y los intereses soberanos de la nación.
En este sentido la exigencia estratégica más importante para el presente y el futuro de
México reside en la consolidación y el fortalecimiento de la educación superior
pública. El reto es garantizar el acceso de las nuevas generaciones a una educación
superior de calidad y dotar a los centros de investigación de las universidades públicas
de los elementos necesarios para continuar con sus tareas y para abrir nuevos horizontes
en el ámbito de la ciencia y la tecnología. En particular, se requiere elevar la calidad
y ampliar la cobertura de la educación superior. Se requiere, asimismo, fortalecer los
vínculos e intensificar el intercambio entre los contenidos, los métodos de enseñanza y
las tareas de investigación, por una parte y las carencias y demandas de la sociedad y el
mercado, por la otra.
Las instituciones de educación superior e investigación científica y tecnológica
requieren conformar una oferta de servicios de calidad a la vez diversificada y
descentralizada, que prepare a sus egresados para integrarse en condiciones favorables al
mercado de trabajo para responder a las demandas de la sociedad mexicana y a los grandes
retos de un mundo caracterizado por la competencia económica y el dinamismo social y
cultural de nuestro tiempo.
Es importante retomar, por ejemplo, el tema de la desproporción existente entre los
recursos que históricamente se destinan a las universidades públicas estatales en su
conjunto y los que reciben las instituciones nacionales asentadas en el Distrito Federal,
hasta lograr que en los subsecuentes presupuestos pueda revertirse esta tendencia.
A las exigencias señaladas debe
añadirse la consideración del incremento de la demanda de servicios educativos en el
nivel superior. Durante la última década la demanda educativa en este nivel que
comprende los estudios de técnico superior o profesional asociado, licenciatura y
posgrado, mostró la tasa de crecimiento más alta del sistema educativo nacional. Sistema
que se estima que para el año 2006 la enseñanza superior incrementará el porcentaje de
su matrícula en un 31% respecto del 2000-2001.
En efecto, los recursos asignados a la educación superior en términos del proyecto del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Año 2001, no sólo resultan
insuficientes para atender a la matrícula actual y para elevar la calidad de sus
servicios, sino además impiden sentar las bases para la atención efectiva de la demanda
estimada para los próximos años.
A la luz de los retos y la competencia que plantean la apertura de los mercados y el
creciente intercambio de bienes y servicios entre los miembros de la comunidad
internacional, los recursos previstos en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación tampoco responden al entorno global. La propia exposición de motivos de dicho
proyecto señala que la cobertura de la educación superior es insuficiente en
comparación con la de nuestros socios comerciales de Norteamérica y Europa.
El presupuesto asignado a la educación superior ha sido inferior de los demás niveles de
educación. El porcentaje de gasto destinado a la educación superior ha mostrado un
decremento constante al pasar del 17.9% a principios de la década de los noventa al 15.9%
durante 1999 y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Año 2001
prevé reducir el gasto destinado a la educación superior al 14%.
Sin embargo, cabe también señalar para referencia del Gobierno, que durante el periodo
1995-2000, que incluyó los peores años de la crisis económica, en el subsistema de
universidades públicas y federales, en su mayoría autónomas, donde se atiende al 44% de
la matrícula total de educación superior, el subsidio federal a dichas instituciones
creció un 32.9% en términos reales, lo cual hizo que de acuerdo con el incremento
promedio de la matrícula el subsidio por estudiante creciera un 20.2% en términos
reales.
Para el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de
Diputados, es inadmisible entonces que el discurso y los compromisos asumidos por el
titular del Poder Ejecutivo Federal no se traduzcan en decisiones y políticas públicas
que respondan a la principal demanda de la sociedad y a las legítimas aspiraciones de las
nuevas generaciones. Más aun, que existan incongruencias como la que se percibe cuando se
propone un Programa Nacional de Becas para que ningún estudiante quede sin ingresar a las
aulas universitarias y por otro se reducen los recursos para el crecimiento de las
universidades.
Ya la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior, ha
manifestado su preocupación por las afectaciones presupuestales a programas que tienen
probados resultados, altamente positivos para el desarrollo de las casa-estudio, como son
el del mejoramiento del profesorado, Promep y el del Fondo para la Modernización de la
Educación Superior, Fomes, entre otros, situación también incongruente si por otro lado
se presupuesta la creación de instancias de evaluación de la calidad educativa.
Cabe preguntar a los estrategas del Gobierno, del Ejecutivo: ¿qué vamos a evaluar de una
educación superior de antemano acotada por un financiamiento notablemente reducido?
A todo lo anterior, ya de por sí preocupante para el futuro inmediato de la educación
pública superior, agreguemos el riesgo de esa tendencia por privatizarla, que no sólo
flota en el ambiente gubernamental sino que se manifiesta en voces que hemos escuchado en
este mismo Congreso cuando se insiste en el pago de cuotas por los estudiantes.
Pareciera que el olvido no permite advertir los riesgos de medidas insensibles como ésa.
Ahí está para ejemplo el enorme costo del más reciente conflicto que afectó a la
Universidad Nacional.
El Gobierno de la República tiene que hacer un esfuerzo mayor en este sentido, respecto
de la inversión que requiere cada estudiante de educación superior. En México el costo
por estudiante necesita un esfuerzo 1.5 veces mayor al que se realiza en los países
ricos, de acuerdo con la fracción del producto interno bruto per capita.
5376,5377,5378
«Por todo lo expuesto, se presenta el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión realice las propuestas de modificación correspondientes al proyecto
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el periodo 2001, a fin de incrementar el
monto presupuestal destinado a la educación superior en el próximo ejercicio y generar
una tendencia gradual y sostenida hacia la recuperación y superación del porcentaje
destinado a ese fin dentro del gasto educativo, sin afectar los montos relativos a los
otros niveles del sistema educativo nacional."
Atentamente.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de diciembre de 2000. Diputados: Luis
Artemio Aldana Burgos, Silvia Alvarez Bruneliere, José Manuel Correa Ceceña, Heriberto
Huicochea Vázquez, Enrique Meléndez Pérez, Héctor Ortiz, Francisco Patiño Cardona,
Gerardo Sosa Castelán y Miguel Bortolini.»
Es cuanto, señor Presidente.
Muchas gracias, don Héctor.
La proposición presentada por el diputado Héctor Ortiz Ortiz, se turna a las comisiones
de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación y Servicios Educativos.
Para referirse a este tema de la educación
superior, han solicitado el uso de la palabra el diputado Ildefonso Zorrilla Cuevas y la
diputada Celita Alamilla Padrón. Procurando el equilibrio y la proporcionalidad, la
equidad en la sesión, ofreceré primero el uso de la palabra a la diputada Celita
Alamilla Padrón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco
minutos.
|
La
diputada Celita Trinidad Alamilla Padrón: |
Con su venia, señor Presidente;
compañeras y compañeros legisladores:
Para el Partido Acción Nacional la educación superior es pilar del desarrollo, invertir
en ella es mirar hacia el futuro, porque la educación significa, hoy por hoy, la gran
esperanza de México, propugnar porque se abatan los grandes rezagos y las iniquidades,
así como promover una verdadera educación de calidad con todo lo que ello significa es
parte de la tarea, con el fin de hacer de la educación lo que México necesita, en este
aquí, en esta hora crucial frente a las oportunidades que el mundo competitivo de hoy
ofrece a nuestros jóvenes estudiantes.
La tarea de educar, sin embargo, no es tarea fácil, significa que tanto la escuela como
los alumnos y maestros cuenten con los elementos materiales, programáticos y de
infraestructura, pero también con la capacitación y la voluntad de enseñar, todo esto
en cantidad y calidad suficientes y pertinentes, de tal manera que se garanticen los
mejores resultados a los cuales debe darse el seguimiento respectivo.
Por eso afirmamos que la educación no es solamente una cuestión de dinero, de cuotas, de
asignaciones o salarios; implica mucho más que eso, el proceso de enseñar con calidad y
de aprender con responsabilidad y entusiasmo, así lo demanda.
De cara a este escenario, la universidad pública, nacionales y estatales, su
consolidación y su fortalecimiento es de la mayor importancia en el desarrollo nacional y
estratégico de nuestro país.
En materia de enseñanza de investigación científica y tecnológica es tarea prioritaria
formar a los profesionales, a los técnicos y científicos que contribuyan a la solución
de los grandes problemas de desarrollo nacional para insertarse favorablemente en el
mercado laboral internacional, para acceder de mejor manera las posibilidades de una vida
digna para su futuro.
La era del conocimiento en que vivimos así lo demanda; la riqueza de las naciones, a
diferencia del pasado, se mide ya por la capacidad que mujeres y hombres en las
organizaciones sea mos capaces de hacer con el conocimiento y la información, capaces de
operar y de modificarlo, pero también capaces en generar nuevos conocimientos que
permitan la autosuficiencia tecnológica y científica para que México pase a los anales
de primer mundo en bien de la sociedad y del individuo.
México tiene 64 universidades públicas, 34 de las cuales son autónomas, el 25% se ubica
en la zona metropolitana de la Ciudad de México, más del 65% de la totalidad de la
matrícula estudia en estas universidades; aunque se reconocen las enormes disparidades
entre ellas, una principal es la diferencia en el gasto por alumno, otras son las
asignaciones que cada una recibe de la Federación, así como las muy diferentes
cantidades en aportaciones para la educación que hacen los propios gobiernos estatales.
Más del 50% de la investigación se reporta hecha en los centros de investigación de las
universidades nacionales y en esta materia hay que reconocer la labor de alumnos y de
académicos; sin embargo, México no aparece en las listas de los países en materia de
ciencia y tecnología de punta, la desvinculación entre investigación y la búsqueda de
soluciones a los grandes problemas nacionales y regionales como la pobreza, la
desnutrición, el cuidado del medio ambiente o el desempleo es también evidente.
Ante modelos agotados y centralizados, están las oportunidades de cambio y de innovación
a través de la revisión de resultados; la transparencia en la asignación y aplicación
de los mismos, la equidad en la distribución, así como la pertinencia de sus programas y
proyectos entre muchos otros elementos que habrán de tomarse en cuenta, como romper con
esquemas inerciales y promover nuevas actitudes frente a la educación, sus actores y sus
factores.
Los incrementos asignados en términos reales en años y sexenios anteriores con los
resultados que hoy se ofrecen, parecen no ser garantía necesariamente de la calidad
universitaria.
Es por todo lo anterior que en el Partido Acción Nacional nos pronunciamos en favor de la
educación superior pública, laica y gratuita, en la que se afiancen los valores de una
vida digna y democrática; también por una educación de calidad en toda la extensión de
la palabra, equitativa y pertinente, donde en cualquier punto del territorio nacional se
den las oportunidades iguales para todos los jóvenes.
Estamos igualmente a favor de una educación diversificada y descentralizada, con los
suficientes recursos para atender la matrícula de manera efectiva en los próximos años;
de un mayor presupuesto para la educación superior a la par del compromiso con los
resultados en términos de capacitación y de la evaluación y seguimiento de estos
resultados.
De igual manera, nos pronunciamos por el cumplimiento cabal de los programas existentes y
los que necesariamente tendrán que surgir en aras de cumplir con calidad y con
responsabilidad de Estado las legítimas aspiraciones de los muchos jóvenes que esperan
de la educación superior algo mejor de lo que ya existe.
Muchas gracias.
Gracias a usted, diputada Celita
Alamilla Padrón.
Para referirse al mismo tema de la
educación superior, se concede el uso de la palabra al diputado Ildefonso Zorrilla
Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco
minutos.
|
El
diputado Nahum Ildefonso Zorrilla
Cuevas: |
Con su permiso, señor Presidente;
señoras diputadas; señores diputados:
He estado muy atento a lo que en las sesiones anteriores y en ésta, han expresado las
señoras y los señores diputados sobre la educación superior, fundamentalmente sobre la
educación pública superior.
En el Siglo XIX se crearon los famosos "institutos", como el Instituto Juárez
de Durango, como el Instituto de Ciencias y Artes de Toluca, como el Instituto de Ciencias
y Artes de Oaxaca, que dio gran parte de la famosa generación de la Reforma y que creó
la tradición de los abogados generales y esos institutos de ciencias y artes eran centros
de excelencia, con rigor académico, con rigor en la asistencia de los alumnos y en la
asistencia de los maestros; con rigor para iniciar y culminar los programas escolares ¿y
por qué estos institutos y estas universidades, como la Universidad de México, como la
Universidad de Guadalajara, entraron en crisis?, bueno, porque la educación se había
convertido en una educación libresca, había abandonado la investigación.
Posteriormente le echamos la culpa a que confundimos universidad masiva con universidad de
masas. Le echamos la culpa a que la demanda había rebasado la capacidad instalada, de tal
manera que nuestra universidad pública entró en crisis y entró en crisis precisamente
porque abandonamos la investigación y la investigación es lo que le da lozanía a la
enseñanza, lo que se hace que se cautive el alumno y que se cautive también el maestro.
Creímos superar y solucionar el problema de la investigación becando a nuestros
estudiantes en las sociedades industriales y no entendimos que eso de becarlos en las
sociedades industriales también es una forma de enajenación y los convertimos en
enclaves de las sociedades industriales. Cuando esos becados venían, únicamente podían
trabajar si tenían el material paracientífico que exigía el ejercicio de su profesión.
Y viene a cuento por lo siguiente: la semana pasada se planteó aquí un caso que tiene
que ver con el asunto presupuestal y recordemos que el presupuesto en cierto sentido es la
radiografía de un sistema y por lo que veo estamos abandonando a las universidades
públicas en este asunto del presupuesto.
La Universidad Nacional Autónoma de México cede en comodato a la Universidad del Mar,
instalada en Puerto Angel, Oaxaca, dos buques, pero la Universidad del Mar no tiene
suficiente dinero para hacer trabajar, para hacer que funcionen esos buques, entonces la
Universidad del Mar no tendrá capacidad para la investigación y tenemos en Oaxaca 536
kilómetros de litorales y en la República 11 mil kilómetros de litoral.
Entonces, si las universidades del mar no van a tener capacidad para la investigación,
entonces estamos abandonando dos de las funciones especificas de la universidad: la
difusión de la cultura y la investigación y entonces no le echemos la culpa a otra
cuestión, sino a la falta de investigación que le está quitando lozanía a la
enseñanza.
Yo tengo mucho respeto por la universidad privada, pero creo que la universidad pública
es una universidad integradora, creo que la universidad pública, y esto me preocupa
bastante, creo que a veces el Estado la está abandonando y está sacando sus cuadros de
la universidad privada, pero ¡ojo!, la universidad privada no hace ciencia, no hace
tecnología, no investiga.
Los grandes investigadores están en la Universidad Nacional Autónoma de México,
entonces atendamos el presupuesto. Me uno a los diputados que me antecedieron en la
palabra para que ajustemos el presupuesto y llevemos y le demos a la universidad pública
la capacidad de la investigación, si no, entonces no vamos a solucionar las crisis de la
universidad pública y la universidad pública es fundamental para la soberanía, para la
independencia de México y para la educación del pueblo.
Muchas gracias.
Gracias a usted, don Ildefonso;
gracias, diputado Zorrilla Cuevas.
Ha solicitado el uso de la palabra para
referirse a este tema, el diputado Francisco Patiño Cardona y se le concede hasta por
cinco minutos.
|
El
diputado Francisco Patiño Cardona: |
La verdad que la intervención de
la compañera diputada del Partido Acción Nacional me ha sorprendido gratamente. Que
bueno que se esté pronunciando por el punto de acuerdo que los diputados del PRI hace un
momento presentaron en esta tribuna.
Sin embargo yo quisiera hacer algunas precisiones; unas precisiones que el discurso de la
compañera diputada esta muy lejos de la propuesta de Egresos que el Ejecutivo nos hace
llegar a está soberanía nacional.
Yo comparto el punto de vista de la diputada de Acción Nacional, en el sentido de que
tenemos que defender la educación pública federal su perior, pero también debo comentar
que ese lema de campaña, de que la educación superior, la ciencia y la tecnología, son
los elementos prioritarios para que esta nación pueda transitar por la vía del
desarrollo y que fue una bandera de Vicente Fox, debo comentar y debo de aclarar que
comparto ese punto de vista.
5379,5380,5381
Sin embargo, del dicho al hecho hay muy
trecho, compañeras y compañeros diputados. Cuando revisamos las propuestas de egresos
que nos presenta el Ejecutivo en materia de educación, estamos encontrando que realmente
no hay ningún incremento significativo para la educación pública de este país,
solamente estamos detectando un insignificante incremento en esta materia que es del orden
del .053%, verdaderamente ese incremento es insignificante, es insultante y no sirve
realmente para el desarrollo educativo de nuestro país.
En materia de ciencia y tecnología, compañeras y compañeros diputados, debo comentar,
que estamos sumamente preocupados. Primero, porque en el periodo anterior del gobierno de
Ernesto Zedillo, la ciencia y la tecnología alcanzó un presupuesto, en promedio, del
punto 41% del PIB y ahora la propuesta que nos está haciendo llegar Vicente Fox, es del
orden del .362% del PIB, es decir, está mucho muy por debajo de la propuesta de Ernesto
Zedillo.
Esto implica, que el señor Vicente Fox no considera prioritaria a la ciencia y a la
tecnología, es decir, cómo Vicente Fox se propone, en esa propuesta que nos hace llegar,
tratar de modernizar a las universidades, al país y darle mejores elementos para competir
en el mercado, preferentemente de la nación del norte. Es decir, no hay congruencia entre
discurso y a mí me gustaría que cuando llegue aquí la propuesta de Egresos, la
compañera diputada, pudiéramos combinar esfuerzos para defender justamente mayor
presupuesto para la educación superior.
Hace poco estuvieron con nosotros los universitarios de todo el país, los rectores, los
directores del Instituto de Educación Superior, el Politécnico, en fin y ahí
encontramos y compartimos la preocupación de ellos, de que el Presupuesto de educación
superior, en esa propuesta del Ejecutivo Federal, ha decrecido a un valor del orden del
20% y programas que son fundamentales para la calidad de la educación, que esta
demandando incluso el Ejecutivo, encontramos que sufre decrementos muy importantes, es el
caso del Promep, es el caso del Fomes, es el caso de infraestructura, tan sólo en este
último tema que estoy comentando, infraestructura, están dedicando el 0%; en el caso de
gastos operación, hay un decremento considerable de 250 al 0%. Esto es una barbaridad.
¿Qué implica esto? Pues que Vicente Fox, en los hechos, tiene una propuesta de país
distinta a la que nosotros, los que estamos definiendo la educación pública federal de
educación superior de este país, realmente responde a un espíritu nacionalista,
verdadero, que trata de modernizar a nuestro país a través de la educación.
Ese es el tema, compañeras y compañeros diputados. Por esa razón yo comparto las
preocupaciones, termino, del punto de acuerdo que los compañeros diputados del PRI
presentaron aquí. Lo voy a suscribir y cuando venga la propuesta de egresos, voy a
defender enérgicamente este punto de vista.
Muchas gracias.
|
Presidencia
del diputado
Eloy Cantú Segovia: |
Gracias al diputado Francisco
Patiño Cardona.
BOLSA DE VALORES
El siguiente punto de acuerdo es
referente al tema de que se grave al capital financiero que se invierte en la Bolsa de
Valores. Para formular este punto de acuerdo tiene la palabra el diputado José Alberto
Rodríguez Pasos, del Partido del Trabajo, hasta por 10 minutos.
|
El
diputado Jorge Alberto Rodríguez Pasos: |
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados:
Como es sabido, desde los años setenta empezaron a liberalizarse los mercados financieros
en el mundo, con el propósito de atraer la enorme plétora de capital ocioso que
provenía de las empresas privadas que no los invertían productivamente, debido a la
crisis de rentabilidad que afectó al capitalismo en esos años, así como de los
cuantiosos ingresos petroleros que obtuvieron las naciones productoras de hidrocarburos
que en lugar de canalizarlos a la infraestructura física y al desarrollo económico, los
canalizaron al mecanismo financiero, entre ellos, los países árabes.
El resultado final del crecimiento exponencial del sistema financiero fue el endeudamiento
de muchas naciones pobres de los países emergentes que tuvieron que pagar el costo de una
década perdida de crecimiento económico, descargando sobre las espaldas de los sectores
sociales más desprotegidos, los efectos nocivos de la crisis económica de los años
ochenta porque se tuvo que privilegiar el pago del servicio de la deuda a cambio de
sacrificar programas sociables.
Al mismo tiempo la expansión financiera se tradujo en el surgimiento de nuevos
instrumentos de inversión que fueron canalizados hacia las naciones con rápidos procesos
de industrialización y apertura al mercado mundial. Se trata de una inversión financiera
que en principio no implica el control de la propiedad de las empresas en los países
hacia los que se dirige, es decir, de una inversión que tiende a ser en gran parte de
corto plazo, muy volátil que persigue obtener beneficios por mediación del mercado
financiero especulando con el diferencial de las tasas reales de interés y el tipo de
cambio entre una nación y otra a través de la compra de instrumentos de deuda interna de
los gobiernos y otros instrumentos financieros que se cotizan en los mercados de valores.
Un tipo particular de documentos que representan enormes sumas de dinero, que se negocian
en los mercados de valores de las naciones consisten en la compraventa de acciones que
derivan de emisiones secundarias en los mercados bursátiles, pero que en circunstancias
en que el entorno económico cambia, inmediatamente salen de esos mercados para dirigirse
a aquéllos en los que el futuro de la rentabilidad económica no está amenazado. Este
proceso lo vimos desarrollarse con gran amplitud en naciones como Turquía, México,
Argentina, Brasil, Indonesia, Taiwán, Singapur, Tailandia, Filipinas, Malasia y Corea del
Sur, cuyas reservas internacionales fueron vaciadas de la noche a la mañana dejando una
secuela de crisis económicas que postraron a esos países durante algunos años en estado
de estancamiento económico y empobrecimiento acelerado de amplias capas de la población,
mientras que en contrapartida los magnates del gran capital financiero internacional y los
especuladores profesionales hacían de las suyas y terminaban enriqueciéndose en muy
corto tiempo.
Quién no sabe hoy día de la fortuna acumulada por George Soros, principal magnate de la
enorme masa de dinero líquido que se mueve a través de los fondos mutualistas que
compran las acciones de las empresas líderes en tecnología de punta como son las
telecomunicaciones, la industria química, la informática y la microelectrónica, entre
otras.
Sin embargo, es importante señalar que así como los países han tendido a abrir sus
mercados financieros para atraer estas inversiones, también hay naciones que les han
puesto candados legales para evitar que la estampida de los mismos termine por afectarlos.
Entre ellos se encuentran naciones como Chile, Malasia y Taiwán.
Resulta particularmente interesante mencionar el caso de la economía chilena, por
tratarse de un país con similar desarrollo industrial que el nuestro, con una rápida
apertura al mercado mundial y un proceso de reestructuración económica que fue
calificada por las agencias multilaterales como exitoso. Esta economía, como se sabe, en
un contexto de crisis y de reestructuración, siguió una política económica distinta a
la de la economía mexicana porque utilizó los recursos que provenían de la inversión
extranjera de corto plazo para beneficio de su desarrollo económico, estableciendo
tiempos de permanencia de esa inversión en su economía.
Por ejemplo, no permitió que salieran del país si no cumplían con el requisito de estar
cuando menos dos años invertidos en esos instrumentos; si no lo hacían, tenían que
pagar altos impuestos. Esta medida fue convenida por los ideólogos monetaristas como
instrumento que contribuía a dotar de recursos a la Hacienda Pública de ese país, para
reducir de esa forma los costos de la modernización económica, cuyo resultado tuvo un
efecto menos dramático sobre la población de escasos recursos y las clases medias.
Mientras que en México el gobierno de
Carlos Salinas, no sólo fomentó la entrada de las inversiones procedentes del resto del
mundo, con la reforma que se hizo al reglamento de la inversión extranjera en mayo de
1989, así como de la nueva ley de inversión extranjera de diciembre de 1993 y la del
mercado de valores que se constituyeron en las normas vigentes, que regulan la entrada de
las inversiones procedentes del exterior, sino que además creó un instrumento de
inversión financiera y novedoso y muy atractivo para los inversionistas institucionales
del exterior, con la aparición de los tesobonos que garantizaban la inversión inicial y
la protegían contra el riesgo cambiario, en caso de la devaluación de la moneda
mexicana.
El resultado de las decisiones unilaterales y arbitrarias del gobierno de Salinas, de
fomentar las inversiones especulativas, le costó al país una crisis de enorme
proporciones, así como las repercusiones que afectaron no sólo al erario público, sino
también a las reservas internacionales que desaparecieron en unos cuantos meses y el
pueblo mexicano tuvo que pagar la enorme deuda que dejaron esos instrumentos de
inversión, ideados por los neoliberales para favorecer al gran capital internacional.
Compañeras y compañeros diputados, los costos de la crisis de 1994 los seguimos pagando
los contribuyentes y el pueblo en general, tuvimos que sacrificar programas sociales para
pagar la deuda de los tesobonos. Tuvimos que endeudar más a nuestra nación con el
megapréstamo de marzo de 1995, en donde nos obligaron los organismos internacionales a
aceptar un contrato leonino, que a cambio del préstamo la factura petrolera de nuestras
exportaciones fue tomada en depósito, para garantizar el pago del préstamo por más de
50 mil millones de dólares que recibimos.
Por las razones antes expuestas, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo considera
a esta soberanía debe tomar cartas en el asunto de gravar a las operaciones en el mercado
de valores de México a través de los diversos instrumentos de inversión que ahí
operan, porque eso permitiría suprimir el privilegio fiscal que existe en ese mercado.
Además permitiría el fortalecimiento de las finanzas públicas del Gobierno Federal y
conduciría al establecimiento de un mecanismo que regularía los flujos de capital
especulativo del exterior. Esta medida haría factible en corto plazo obtener ingresos
para el erario público por varias docenas de miles de millones de pesos.
Por todas las consideraciones señaladas, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo,
con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos somete al pleno de la Cámara de Diputados, el
siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Artículo único. Que esta soberanía se pronuncia a favor de que se realice una amplia
consulta de carácter técnico, con el fin de determinar la viabilidad de que sean
gravadas las operaciones que se realizan en el mercado de valores a través de los
diversos instrumentos financieros, para fortalecer las finanzas públicas del Gobierno
Federal, con objeto de que se cuente con un estado financieramente fuerte, que cumpla con
las funciones sociales y de promoción del desarrollo económico que la asigna la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de diciembre del año 2000. Diputados:
Gregorio Urías Germán, del Partido de la Revolución Democrática; Manuel del Río, de
Convergencia; Félix Castellanos Hernández, José Narro Céspedes, Jaime Cervantes Ruiz,
Rosalía Peredo, Rosa Delia Cota, del PT; Beatriz Lorenzo Juárez, del PAS; José
Calderón, del PAS; Alberto Anaya, Juan Carlos Regis, del PT, y Jorge Alberto Rodríguez
Pasos, del Partido del Trabajo.»
Es cuanto, señor Presidente.
Muchas gracias.
Gracias a usted diputado Jorge
Alberto Rodríguez Pasos.
Túrnese este punto de acuerdo a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
5382,5383,5384
MATERIA PESQUERA
El
siguiente punto de acuerdo es referente a la seguridad y vigilancia en materia pesquera,
para presentar este punto se le concede la palabra al diputado Roberto Preciado Cuevas del
Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos.
|
El
diputado Roberto Preciado Cuevas: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Nuestro país cuenta con 11 mil 593 kilómetros de litoral, 231 mil 813 kilómetros
cuadrados de mares territoriales, 2 millones 715 mil kilómetros cuadrados de zona
económica exclusiva, 2 millones 900 hectáreas de aguas interiores y 314 cuencas
hidrológicas. En estos vastos recursos bióticos de mares, lagunas y cuencas de aguas
interiores se llevan a cabo un conjunto de actividades dedicadas a aprovecharlos e
incluyen tanto la captura y cultivo de los recursos, como su transformación y
comercialización.
En tales recursos de agua salada y dulce, se encuentran distribuidos diferentes
ecosistemas acuáticos como arrecifes coralinos, manglares, lagos intermontanos, bosques
de aguas, estuarios y profundos mares oceánicos. Estos ambientes proveen el hábitat para
una riqueza biológica importante que incluye la existencia del 35% de todas las especies
de cetáceos, ballenas y delfines del mundo, peces de ornato, peces aprovechados para la
pesca deportiva como son el marlín, pez vela, crustáceos de aguas marinas.
En total en el conjunto de aguas mexicanas existen alrededor de 2 mil 500 especies de
peces, de las cuales 350 se explotan regularmente por el sector pesquero; sin embargo, de
estas 350 especies sólo existe información básica sobre sus ciclos de vida, existencias
poblacionales y hábitat para las 151 especies que comprenden las 23 principales
pesquerías del país. Así, el aprovechamiento de los recursos pesqueros se realiza en
tres tipos de pesquería:
Pesca de altura que se realiza a grandes distancias de la costa, rebasando los mares
territoriales e inclusive los límites de la zona económica exclusiva con embarcaciones y
artes de pesca aptas para las grandes profundidades.
Pesca ribereña que se lleva a cabo en bahías, lagunas, estuarios y en el mar hasta por
cinco o seis kilómetros de la costa, tres millas náuticas con embarcaciones menores y en
donde se capturan especies como el camarón, peces de escama, langosta y pulpo.
La acuacultura, que es el cultivo de la flora y fauna acuática mediante la producción
controlada de crías, larvas, huevo y el desarrollo de engorda de éstos en estanques
artificiales, lagos, presas, así como en instalaciones ubicadas en bahías, estuarios y
lagunas costeras y en donde se cultivan especies como el camarón, el ostión, la carpa y
trucha.
Por lo que hace a la producción pesquera, ésta se encuentra distribuida de la siguiente
manera: el 84% corresponde a la captura en las aguas de la plataforma continental y aguas
oceánicas, el 3% de la captura en aguas interiores y el 13% de la producción acuícola.
De esta producción para el año de 1999, el Pacífico representa el 72% del total de 920
mil 234 toneladas, mientras que el litoral del golfo y el Caribe representan el 26% que
serían 333 mil toneladas y el 3% restante de la producción pesquera se efectúa en aguas
interiores, que esto equivale a 32 mil toneladas.
En este contexto, los estados de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora
concentran alrededor del 60% del volumen total de la captura anual; por lo que hace a la
flota pesquera, ésta se encuentra compuesta por 105 mil 795 embarcaciones, de las cuales
2 mil 988 corresponden a la flota de altura y 102 mil 807 a la pesque ribereña. Del
total, el 55% se distribuye en los estados del océano Pacífico, el 42% en los del golfo
de México y mar Caribe y el 3% restante en los estados y litorales. Esta flota se alberga
en 61 puertos de desembarque, 26 que se encuentran en la costa del océano Pacífico y 35
en el golfo de México y el Caribe.
Es de subrayar que la mayor parte de la flota pesquera nacional presenta signos de
obsolescencia, a lo que se suman factores como falta de mantenimiento y dedad de las
embarcaciones.
En cuanto a su industrialización para el procesamiento de los recursos pesqueros, se
cuenta con 400 plantas que en el año de 1999 obtuvieron 341 toneladas de productos
terminados, entre los que se encuentran los congelados, los enlatados, seco, salado y la
harina de aceite de pescado.
De esta manera, la actividad pesquera constituye una parte importante de la economía
nacional y del desarrollo regional, debido a que aporta alimentos a la población
directamente a través del autoconsumo derivado de la pesca artesanal e indirectamente a
través del comercio, insumos a la industria, de productos enlatados, harinas y de
pescado; divisas que provienen de la exportación de los productos pesqueros y con la
creación de empleos directos e indirectos en diversas cadenas productivas.
Pese a ello, la situación del sector pesquero en nuestro país es un claro reflejo de lo
que ocurre a nivel mundial, es decir, la existencia de especies comerciales de pesca
están siendo votadas, en tanto que otras ya llegaron a su límite óptimo de
aprovechamiento.
En suma, fenómenos como la sobrepesca, la contaminación y la destrucción de los
hábitats marinos han propiciado que las capturas totales en el país fluctúen en
alrededor de 1.5 millones de toneladas al año. Adicionalmente, los principales riesgos
que conducen a la degradación de los recursos pesqueros y sus ambientes naturales
provienen tanto del incumplimiento de la normatividad como del acceso libre a los
recursos, el incremento en el esfuerzo pesquero y la concentración de éste en pocas
especies pesqueras.
Estas son, en síntesis, las mayores presiones que conducen al agotamiento de las
existencias de los recursos pesqueros.
A la par, hay que reconocerlo, en el país también predomina la idea, en algunos sectores
dedicados a la actividad, en el sentido de que ésta es ilimitada, inagotable. Esta
situación ya no es posible sostenerla porque en nuestro país la política pesquera tiene
como principal objetivo alcanzar un aprovechamiento pleno y sostenido de los recursos
pesqueros, cuidando y en su caso, rehabilitando su medio ambiente para garantizar que esta
fuente de riqueza sea aprovechada sustentablemente para no comprometer el derecho de
generaciones futuras.
Porque las pautas de explotación de los recursos pesqueros deben permitir el
mantenimiento del recurso en el tiempo, a la vez que se aprovecha una cantidad suficiente
para satisfacer las necesidades alimenticias y económicas de la sociedad.
Porque la prioridad en la Administración Federal 1994-2000 en materia pesquera fue
adecuar las bases de la explotación pesquera, tanto en lo normativo como en la práctica,
para asegurar que el aprovechamiento pesquero de México sea responsable y sustentable.
Porque México ha desempeñado un papel importante en el ámbito internacional como
promotor e impulsor del desarrollo de la actividad pesquera bajo criterios de
aprovechamiento racional, que quedó reflejada al aceptarse plenamente la propuesta de
nuestro país realizada en 1992 para la formulación del Código de Conducta de la Pesca
Responsable.
Porque el documento rector de la política pesquera de la Administración Federal que
recién concluyó, es decir, el Programa de Pesca y Acuacultura 1995-2000, se desarrolló
alrededor de objetivos enmarcados en los lineamientos de protección al ambiente y
aprovechamiento responsable de los recursos acuáticos y desarrollo sustentable.
Porque las actividades de inspección y vigilancia de la actividad pesquera que tienen por
objeto verificar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia pesquera en
embarcaciones, instalaciones para el procesamiento, almacenamiento, conservación y
comercialización de productos pesqueros, equipos, vehículos, artes de pesca y productos
pesqueros, así como toda la documentación que ampare la legal procedencia de los
productos pesqueros, muestran un panorama que se resume en la disminución de los
operativos de inspección en la falta de personal capacitado.
En el primer caso baste mencionar que mientras que en el año de 1994 se realizaron 124
mil 202 inspecciones en todo el territorio nacional, para el presente año sólo se
realizaron 3 mil 124 inspecciones.
En el segundo caso, de acuerdo a datos proporcionados por el Secretario del ramo, Javier
Usabiaga, en reunión conjunta que sostuvo con las comisiones unidas de Pesca y
Agricultura de esta Cámara el pasado lunes 18 del presente mes que corre, podemos afirmar
que es el número de inspecciones que por entidad federativa es mínima para cubrir las
amplias extensiones de objeto, de inspección y vigilancia, toda vez que en promedio la
Profepa dispone de tres inspectores por entidad, al igual que su capacidad y
profesionalismo no está en función de las habilidades y destreza y conocimientos que se
requieren y que la inspección y vigilancia en el país no mantiene una actitud preventiva
ni orientadora, sino más se da de manera reactiva.
Compañeras y compañeros diputados: por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el
artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, propongo a su consideración el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Se recomienda apremiantemente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que en el marco del proceso de rediseño
institucional que llevara a cabo con motivo de la aprobación que por esta soberanía del
decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal y de la Ley de Pesca, se destinen una mayor cantidad de
recursos presupuestales, humanos, técnicos y financieros y a efecto de fortalecer y
ampliar las acciones de inspección y vigilancia de la actividad pesquera nacional.
Segundo. Por último, que al efecto tales recursos deberán de ser ejercidos en
coordinación por la Profepa, por la Secretaría que de una vez que cobre vida la entidad
pública señalada en la fracción XXI del artículo 35 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, sea ésta la que los ejerza para dar plena vigencia al
artículo séptimo transitorio del decreto arriba señalado.
Tercero. Se recomienda, una vez que esto suceda, se haga saber a esta soberanía por
conducto de la Comisión de Pesca de esta Cámara de Diputados.
Lo acompañan firmas de nuestros compañeros diputados de las entidades federativas que
tienen pesqueras en aguas territoriales.
Muchas gracias.
|
Presidencia
del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes |
Gracias, don Roberto. A la
Secretaría por favor.
La proposición planteada por el diputado Roberto Preciado Cuevas se turna a la Comisión
de Pesca.
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
Honorable Asamblea: esta
Presidencia quiere informar que hemos recibido un oficio de la Cámara de Senadores, que
en este momento ruego al señor Secretario dar cuenta con él.
|
El
secretario José Manuel Medellín Milán: |
«Presidencia de la mesa directiva.
Senado de la República. Secretarios de la Cámara de Diputados. Presente.
Para los efectos de lo dispuesto por el inciso e del artículo 72 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Senadores devuelve a ustedes el
expediente con la minuta proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones fiscales.
El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y parcialmente en lo particular,
resultando desechadas las reformas aprobadas por esa colegisladora a los artículos 44,
145 y 230 del Código Fiscal de la Federación, correspondiente al artículo 1o. del
mencionado proyecto de decreto.
Reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
México, D. F., a 28 de diciembre de 2000. El senador Enrique Jackson Ramírez,
presidente.
5385,5386,5387
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
QUE REFORMA DIVERSAS
DISPOSICIONES
FISCALES
Código Fiscal de la Federación
Artículo primero. Se reforman los artículos 12, primer párrafo; 14-A, fracción II; 22,
séptimo y octavo párrafo; 26, fracción III, tercer párrafo e inciso b; 29, tercer
párrafo; 31, segundo y tercer párrafos; 44, fracción II, primer párrafo; 69, primer
párrafo; 76, cuarto párrafo; 77, fracciones I, incisos a, b y c y II, inciso b; 81,
fracciones II, VIII y XIX; 105, último párrafo; 145, fracción IV y quinto párrafo; la
denominación del Título Sexto; 208, fracción I, penúltimo y último párrafos; 209,
primer párrafo y fracciones I, III y IV; 227, último párrafo; 237, primer párrafo;
239-B, primer párrafo y último párrafo de la fracción III; 253, último párrafo; 259,
primer párrafo; 261, y 262, segundo párrafo; se adicionan los artículos 14-A, con un
penúltimo y un último párrafos; 18-A, con la fracción VIII; 29-C; 32-B, con las
fracciones VI y VII; 32-E; 50; 84-A, con las fracciones VII y VIII; 84-B, con las
fracciones VII y VIII; 84-G; 84-H; 188-bis; 208, con la fracción VIII; 208-bis; 230, con
un primer párrafo, pasando los actuales primero, segundo y tercer párrafos, a ser
segundo, tercer y cuarto párrafos, respectivamente; 237, con un último párrafo; 239,
con la fracción IV; 239-B, fracción I con un inciso c y con una fracción VII; 258-A, y
260, con un segundo párrafo, pasando el actual segundo párrafo a ser tercer párrafo; y
se derogan los artículos 81, fracción XX y 82, fracción XX, del Código Fiscal de la
Federación, para quedar como sigue
"Artículo 12. En los plazos fijados en días no se contarán los sábados, los
domingos ni el 1o. de enero; el 5 de febrero; el 21 de marzo; el 1o. y 5 de mayo; el 16 de
septiembre; el 20 de noviembre; el 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda
a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal y el 25 de diciembre.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 14-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. En fusión, siempre que la sociedad que subsista o la que surja con motivo de la
fusión, presente las declaraciones de impuestos del ejercicio y las informativas que en
los términos establecidos por las leyes fiscales les correspondan a la sociedad o
sociedades fusionadas correspondientes al ejercicio que terminó por fusión y se presente
ante la autoridad fiscal el aviso establecido en los términos del reglamento de este
código.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lo dispuesto en las fracciones I y II de este artículo sólo se aplicará tratándose de
escisión o fusión de sociedades constituidas de conformidad con las leyes mexicanas.
En el caso de incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en este
artículo, la enajenación se entenderá realizada en el momento en que ocurrió la
escisión o la fusión o se realizaron las operaciones de préstamo de títulos o valores,
según se trate.
Artículo 18-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIII. Indicar si el contribuyente se encuentra sujeto al ejercicio de las facultades de
comprobación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las
entidades federativas coordinadas en ingresos federales, señalando los periodos y las
contribuciones, objeto de la revisión.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El fisco federal deberá pagar la devolución que proceda actualizada conforme a lo
previsto en el artículo 17-A de este código, desde el mes en que se realizó el pago de
lo indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor hasta aquél en
que la devolución esté a disposición del contribuyente. Se entenderá que la
devolución está a disposición del contribuyente a partir de la fecha en que la
autoridad efectúe el depósito en la institución bancaria señalada en la solicitud de
devolución o se notifique a dicho contribuyente la autorización de la devolución
respectiva, cuando no haya señalado la cuenta bancaria en que se debe efectuar el
depósito. Cuando el contribuyente presente solicitud de devolución del pago de lo
indebido y ésta no se efectúe en los plazos indicados en el tercer párrafo de este
artículo o se niega y posteriormente es concedida por la autoridad en cumplimiento de una
resolución dictada en un recurso administrativo o por un órgano jurisdiccional, las
autoridades fiscales pagarán intereses que se calcularán a partir del día siguiente al
del vencimiento de dichos plazos o de que hubiera surtido efectos la notificación de la
resolución por la que se negó la devolución solicitada, según se trate, conforme a una
tasa que será igual a la prevista para los recargos por mora, en los términos del
artículo 21 de este código que se aplicará sobre la devolución actualizada. Cuando el
fisco federal deba pagar intereses a los contribuyentes sobre las cantidades actualizadas
que les deba devolver, pagará dichos intereses conjuntamente con la cantidad principal
objeto de la devolución actualizada.
En los casos distintos a los previstos en el párrafo anterior, en los que el
contribuyente obtenga el derecho a la devolución del pago de lo indebido, por así
disponerlo una resolución dictada en un recurso administrativo o por un órgano
jurisdiccional, las autoridades fiscales pagarán intereses que se calcularán a partir
del día en que se hubiera presentado el primer medio de impugnación que dio origen a la
emisión de la resolución que ordenó la devolución o de la cual se deriva la
obligación de la autoridad de hacer la devolución, conforme a una tasa que será igual a
la prevista para los recargos por mora en los términos del artículo 21 de este código,
sobre las cantidades actualizadas que se hayan pagado indebidamente. La devolución a que
se refiere este párrafo se aplicará primero a intereses y posteriormente, a las
cantidades pagadas indebidamente. En lugar de solicitar la devolución a que se refiere
este párrafo, el contribuyente podrá compensar las cantidades a su favor, incluyendo los
intereses, contra cualquier contribución que se pague mediante declaración, ya sea a su
cargo o que deba enterar en su carácter de retenedor. Tratándose de contribuciones que
tengan un fin específico sólo podrán compensarse contra la misma contribución.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La persona o personas, cualquiera que sea el nombre con que se les designe, que tengan
conferida la dirección general, la gerencia general o la administración única de las
personas morales, serán responsables solidarios por las contribuciones causadas o no
retenidas por dichas personas morales durante su gestión, así como por las que debieron
pagarse o enterarse durante la misma, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser
garantizada con los bienes de la persona moral que dirigen, cuando dicha persona moral
incurra en cualquiera de los siguientes supuestos:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Cambie su domicilio sin presentar el aviso correspondiente en los términos del
reglamento de este código, siempre que dicho cambio se efectúe después de que se le
hubiera notificado el inicio del ejercicio de las facultades de comprobación previstas en
este código y antes de que se haya notificado la resolución que se dicte con motivo de
dicho ejercicio o cuando el cambio se realice después de que se le hubiera notificado un
crédito fiscal y antes de que éste se haya cubierto o hubiera quedado sin efectos.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para poder deducir o acreditar fiscalmente con base en los comprobantes a que se refiere
el párrafo anterior, quien los utilice deberá cerciorarse de que el nombre,
denominación o razón social y clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien
aparece en los mismos son los correctos, así como verificar que el comprobante contiene
los datos previstos en el artículo 29-A de este código.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 29-C. Las personas que conforme a las disposiciones fiscales estén obligadas a
llevar contabilidad y que efectúen el pago de adquisiciones de bienes, del uso o goce
temporal de bienes o de la prestación de servicios, mediante cheque nominativo para abono
en cuenta del beneficiario, podrán optar por considerar como comprobante fiscal para los
efectos de las deducciones o acreditamientos autorizados en las leyes fiscales, el cheque
original pagado por el librado, siempre que les haya sido devuelto por la institución de
crédito correspondiente y cumplan lo siguiente:
I. Consignen en el reverso del cheque la clave del Registro Federal de Contribuyentes de
la persona a favor de quien se libre el cheque y, en su caso, señalen en forma expresa y
por separado el impuesto al valor agregado trasladado al librador por la adquisición, el
uso o goce o la prestación del servicio, según corresponda, identificado por las
distintas tasas aplicables según el acto o actividad de que se trate.
II. Cuenten con el documento que permita hacer el registro contable de la operación.
III. Registren en la contabilidad, de conformidad con el reglamento de este código, la
operación que ampare el cheque librado.
IV. Vinculen el cheque librado directamente con la adquisición del bien, con el uso o
goce o con la prestación del servicio de que se trate y con la operación registrada en
la contabilidad, en los términos del artículo 26 del reglamento de este código.
V. Conserven el original del cheque librado y el original del estado de cuenta respectivo,
durante el plazo que establece el artículo 30 de este código.
Cuando el contribuyente efectúe el pago de los bienes, su uso o goce o la prestación de
servicios a que se refiere este artículo, mediante traspasos de cuentas en instituciones
de crédito o casas de bolsa, podrá optar por considerar como comprobante fiscal para los
efectos de las deducciones o acreditamientos autorizados en las leyes fiscales, el
original del estado de cuenta que al efecto expida la institución de crédito o casa de
bolsa, siempre que dicho estado de cuenta contenga la clave del Registro Federal de
Contribuyentes de quien enajene los bienes, otorgue su uso o goce o preste el servicio y
el impuesto al valor agregado se señale en el estado de cuenta como un traspaso distinto
al del valor del acto o actividad por el que se deba pagar dicho impuesto.
Los contribuyentes que opten por aplicar lo dispuesto en este artículo, además de los
requisitos establecidos en el mismo, deberán cumplir con los requisitos que en materia de
documentación, cheques y estados de cuenta, establezca la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público mediante reglas de carácter general.
Lo dispuesto en este artículo no será aplicable tratándose del pago de bienes, uso o
goce o servicios, por los que se deban retener impuestos en los términos de las
disposiciones fiscales ni en los casos en que se trasladen impuestos distintos al impuesto
al valor agregado.
Lo dispuesto en este artículo se aplicará sin perjuicio de las demás obligaciones que
en materia de contabilidad deban cumplir los contribuyentes.
Artículo 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los contribuyentes que estén obligados a presentar pagos provisionales mensuales de
conformidad con las leyes fiscales respectivas, en lugar de utilizar las formas a que se
refiere el párrafo anterior, deberán presentar, a través de medios electrónicos, las
declaraciones o los avisos establecidos en las disposiciones fiscales que señale la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general y cumplir
los requisitos que se establezcan en dichas reglas para tal efecto. Adicionalmente, los
contribuyentes podrán presentar las declaraciones o avisos correspondientes en las formas
aprobadas por la citada dependencia, para obtener el sello o impresión de la máquina
registradora de la oficina autorizada que reciba el documento de que se trate, debiendo
cumplir los requisitos que dicha Secretaría señale mediante reglas de carácter general.
Los contribuyentes distintos de los anteriores podrán presentar a través de medios
electrónicos declaraciones y avisos, en los casos y reuniendo los requisitos que
establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter
general.
En los casos en que las formas para la presentación de las declaraciones o avisos y
expedición de constancias, que prevengan las disposiciones fiscales, no hubieran sido
aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público a más tardar un mes antes de la fecha en que el
contribuyente esté obligado a utilizarlas, los obligados a presentarlas deberán utilizar
las últimas formas publicadas por la citada dependencia y, si no existiera forma
publicada, las formularán en escrito por triplicado que contenga su nombre, denominación
o razón social, domicilio y clave del Registro Federal de Contribuyentes, así como el
ejercicio y los datos relativos a la obligación que pretendan cumplir; en caso de que se
trate de la obligación de pago, se deberá señalar además el monto del mismo.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5388,5389,5390
Artículo 32-B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI. Devolver al librador los cheques nominativos pagados, librados para abono en cuenta
del beneficiario, cuando aquél lo solicite, siempre que en los mismos se hubiesen
consignado los datos a que se refiere la fracción I del artículo 29-C de este código.
La institución de crédito deberá efectuar la devolución de los cheques librados dentro
de los dos meses siguientes a la fecha en que se paguen, siempre que el librador cumpla
las condiciones pactadas con la institución de crédito para obtener la devolución de
los cheques.
VII. Expedir los estados de cuenta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 29-C
de este código, con los requisitos que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público mediante reglas de carácter general.
Artículo 32-E. Las casas de bolsa deberán expedir los estados de cuenta a que se refiere
el segundo párrafo del artículo 29-C de este código, con los requisitos que al efecto
emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general.
Artículo 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Si al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, no
estuviera el visitado o su representante, dejarán citatorio con la persona que se
encuentre en dicho lugar para que el mencionado visitado o su representante los esperen a
la hora determinada del día siguiente para la práctica de una diligencia; si no lo
hicieren, la visita se iniciará con quien se encuentre en el lugar visitado.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 50. Las autoridades fiscales que al practicar visitas a los contribuyentes o al
ejercer las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 48 de este código,
conozcan de hechos u omisiones que entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales,
determinarán las contribuciones omitidas mediante resolución que se notificará
personalmente al contribuyente, dentro de un plazo máximo de seis meses contado a partir
de la fecha en que se levante el acta final de la visita o, tratándose de la revisión de
la contabilidad de los contribuyentes que se efectúe en las oficinas de las autoridades
fiscales, a partir de la fecha en que concluyan los plazos a que se refieren las
fracciones VI y VII del artículo 48 de este código.
El plazo previsto en el párrafo anterior no es aplicable a aquellos contribuyentes
respecto de los cuales las autoridades fiscales no están sujetas al plazo a que se
refiere el primer párrafo del artículo 46-A de este código.
El plazo para emitir la resolución a que se refiere este artículo se suspenderá en los
casos previstos en las fracciones I, II y III del artículo 46-A de este código.
Si durante el plazo para emitir la resolución de que se trate, los contribuyentes
interponen algún medio de defensa en el país o en el extranjero, contra el acta final de
visita o del oficio de observaciones de que se trate, dicho plazo se suspenderá desde la
fecha en que se interpongan los citados medios de defensa y hasta que se dicte resolución
definitiva de los mismos.
Cuando las autoridades no emitan la resolución correspondiente dentro del plazo
mencionado, quedará sin efectos la orden y las actuaciones que se derivaron durante la
visita o revisión de que se trate.
Artículo 69. El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la
aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva
en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por
terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades
de comprobación. Dicha reserva no comprenderá los casos que señalen las leyes fiscales
y aquéllos en que deban suministrarse datos a los funcionarios encargados de la
administración y de la defensa de los intereses fiscales federales, a las autoridades
judiciales en procesos del orden penal o a los tribunales competentes que conozcan de
pensiones alimenticias o en el supuesto previsto en el artículo 63 de este código. Dicha
reserva tampoco comprenderá la información relativa a los créditos fiscales exigibles
de los contribuyentes, que las autoridades fiscales proporcionen a las sociedades de
información crediticia que obtengan autorización de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público de conformidad con la Ley de Agrupaciones Financieras.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 76. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
También se aplicarán las multas a que se refiere este precepto, cuando las infracciones
consistan en devoluciones, acreditamientos o compensaciones, indebidos o en cantidad mayor
de la que corresponda. En estos casos las multas se calcularán sobre el monto del
beneficio indebido actualizado desde el mes en que se obtuvo dicho beneficio, hasta aquél
en que las autoridades fiscales dicten resolución en la que apliquen la multa o bien,
hasta el mes en que el infractor efectúe el pago de la misma, cuando éste se realice en
los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el
segundo párrafo del artículo 70 de este código.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) De un 20% a un 30% del monto de las contribuciones omitidas o del beneficio indebido,
cada vez que el infractor haya reincidido o cuando se trate del agravante señalado en la
fracción IV del artículo 75.
b) De un 60% a un 90% del monto de las contribuciones omitidas o del beneficio indebido,
cuando en la comisión de la infracción se dé alguno de los agravantes señalados en la
fracción II del artículo 75 de este código.
c) De un 50% a un 75% del importe de las contribuciones retenidas o recaudadas y no
enteradas, cuando se incurra en la agravante a que se refiere la fracción III del
artículo 75 de este código.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) De un 20% a un 30% del monto de las contribuciones omitidas o del beneficio indebido,
en el caso de la fracción II del artículo 76 y siempre que el infractor pague o devuelva
los mismos con sus accesorios, dentro de los 45 días siguientes a la fecha en que surta
efectos la notificación de la resolución respectiva. Para aplicar la reducción
contenida en este inciso no se requiere modificar la resolución que impuso la multa.
Artículo 81. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Presentar las declaraciones, las solicitudes, los avisos o expedir constancias,
incompletos, con errores o en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales
o bien cuando se presenten con dichas irregularidades, las declaraciones o los avisos en
medios electrónicos. Lo anterior no será aplicable tratándose de la presentación de la
solicitud de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIII. No presentar la información a que se refieren los artículos 17 de la Ley del
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos o 19 fracciones VIII, IX y XII, de la Ley del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, dentro del plazo previsto en dichos
preceptos o no presentarla conforme lo establecen los mismos.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XIX. No proporcionar la información a que se refieren los artículos 19 fracción X y
26-M fracciones V y VI, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
XX. Se deroga.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 82. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XX. Se deroga.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 84-A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII. No devolver en el plazo a que se refiere la fracción VI del artículo 32-B de este
código, los cheques nominativos pagados, librados para abono en cuenta del beneficiario,
cuando así lo hubiese solicitado el librador de los mismos y éste haya cumplido las
condiciones pactadas con la institución de crédito para obtener la devolución de los
cheques.
VIII. No expedir los estados de cuenta a que se refiere el segundo párrafo del artículo
29-C de este código, con los requisitos a que se refiere la fracción VII del artículo
32-B de este código.
Artículo 84-B.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII. De $50.00 a $100.00 por cada cheque no devuelto en el plazo a que se refiere la
fracción VI del artículo 32-B de este código, a la señalada en la fracción VII.
VIII. De $50.00 a $100.00 por cada traspaso asentado en un estado de cuenta que no cumpla
los requisitos señalados en la fracción VII del artículo 32-B de este Código, a la
señalada en la fracción VIII.
Artículo 84-G. Se considera infracción en la que pueden incurrir las casas de bolsa en
relación con las obligaciones a que se refiere el artículo 32-E de este código, el no
expedir los estados de cuenta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 29-C de
dicho ordenamiento, con los requisitos que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público mediante reglas de carácter general.
Artículo 84-H. A la casa de bolsa que cometa la infracción a que se refiere el artículo
84-G de este código se le impondrá una multa de $50.00 a $100.00 por cada traspaso
asentado en un estado de cuenta que no cumpla los requisitos a que se refiere el artículo
32-E de este código.
Artículo 105.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La persona que no declare en la aduana a la entrada al país o a la salida del mismo, que
lleva consigo cantidades en efectivo o en cheques o una combinación de ambas, superiores
al equivalente en la moneda o monedas de que se trate a 30 mil dólares de los Estados
Unidos de América se le sancionará con pena de prisión de tres meses a seis años. En
caso de que se dicte sentencia condenatoria por autoridad competente respecto de la
comisión del delito a que se refiere este párrafo, el excedente de la cantidad antes
mencionada pasará a ser propiedad del fisco federal, excepto que la persona de que se
trate demuestre el origen lícito de dichos recursos.
Artículo 145. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. El crédito fiscal no sea exigible, pero a juicio de la autoridad fiscal exista
peligro inminente de que el obligado realice cualquier maniobra tendiente a evadir su
cumplimiento. En este caso, la autoridad trabará el embargo precautorio hasta por un
monto equivalente al de la contribución o contribuciones aún no exigibles, incluyendo
sus accesorios y deberá estar a lo dispuesto en el quinto párrafo de este artículo. Si
el pago se hiciera dentro de los plazos legales, el contribuyente no estará obligado a
cubrir los gastos que origine la diligencia y se levantará el embargo.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El embargo precautorio quedará sin efectos si la autoridad no emite, dentro del plazo a
que se refiere el artículo 50 de este código en el caso de las fracciones II y III de
este artículo y de 18 meses en el caso de la fracción I que antecede, contados desde la
fecha en que fue practicado, resolución en la que determine créditos fiscales. Si dentro
de los plazos señalados la autoridad los determina, el embargo precautorio se convertirá
en definitivo y se proseguirá el procedimiento administrativo de ejecución conforme a
las disposiciones de este capítulo, debiendo dejar constancia de la resolución y de la
notificación de la misma en el expediente de ejecución. Si el particular garantiza el
interés fiscal en los términos del artículo 141 se levantará el embargo.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 188-bis. En el caso en que los bienes rematados no puedan ser entregados al
postor a cuyo favor se hubiera fincado el remate en la fecha en que éste lo solicite, por
existir impedimento jurídico debidamente fundado para ello, aquél podrá, en un plazo de
seis meses contado a partir de la fecha en que solicite la entrega de los bienes,
solicitar a la autoridad fiscal la entrega del monto pagado por la adquisición de dichos
bienes. La autoridad entregará la cantidad respectiva en un plazo de dos meses contado a
partir de la fecha en que se efectúe la solicitud. Si dentro de este último plazo cesa
la causa por la cual la autoridad fiscal se vio imposibilitada para efectuar la entrega de
los bienes rematados, se procederá a la entrega de los mismos en lugar de entregar al
postor las cantidades pagadas por esos bienes.
Transcurrido el plazo de seis meses a que se refiere el párrafo anterior, sin que el
postor solicite a la autoridad fiscal la entrega del monto pagado por la adquisición de
dichos bienes, el importe de la postura causará abandono a favor del fisco federal dentro
de dos meses contados a partir de la fecha en que concluya el plazo antes citado y se
estará a lo dispuesto en el artículo 196-A de este código.
5391,5392,5393
|
En el caso en que la autoridad fiscal entregue las cantidades pagadas por la adquisición
de los bienes rematados, se dejará sin efectos el remate efectuado. Si con posterioridad
a la entrega de las cantidades señaladas anteriormente cesa la causa por la cual la
autoridad fiscal se vio imposibilitada jurídicamente para efectuar la entrega de los
bienes rematados, ésta deberá iniciar nuevamente el procedimiento establecido en esta
sección para enajenar los mismos, dentro de los 15 días siguientes a aquél en que haya
cesado el impedimento o se cuente con resolución firme que permita hacerlo.
TITULO SEXTO
Del juicio contencioso-administrativo
Artículo 208.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. El nombre del demandante y su domicilio para recibir notificaciones en la sede de la
sala regional competente.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIII. Lo que se pida, señalando en caso de solicitar una sentencia de condena, las
cantidades o actos cuyo cumplimiento se demanda.
Cuando se omita el nombre del demandante o los datos precisados en las fracciones II y VI,
el magistrado instructor desechará por improcedente la demanda interpuesta. Si se omiten
los datos previstos en las fracciones III, IV, V, VII y VIII, el magistrado instructor
requerirá al promovente para que los señale dentro del término de cinco días,
apercibiéndolo que de no hacerlo en tiempo se tendrá por no presentada la demanda o por
no ofrecidas las pruebas, según corresponda.
En el supuesto de que no se señale domicilio para recibir notificaciones del demandante,
en la jurisdicción de la sala regional que corresponda o se desconozca el domicilio del
tercero, las notificaciones relativas se efectuarán por lista autorizada, que se fijará
en el sitio visible de la propia sala.
Artículo 208-bis. Los particulares o sus representantes legales, que soliciten la
suspensión de la ejecución del acto impugnado deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
I. Se podrá solicitar en el escrito de demanda.
II. Por escrito presentado en cualquier tiempo, hasta que se dicte sentencia.
Se presentará ante la sala del conocimiento.
III. En el auto que acuerde la solicitud de suspensión de la ejecución del acto
impugnado, se podrá decretar la suspensión provisional de la ejecución.
Contra el auto que decrete o niegue la suspensión provisional no procederá recurso
alguno.
IV. El magistrado instructor dará cuenta a la sala para que en el término máximo de
cinco días, dicte sentencia interlocutoria que decrete o niegue la suspensión
definitiva.
V. Cuando la ejecución o inejecución del acto impugnado pueda ocasionar perjuicios al
interés general, se denegará la suspensión solicitada.
VI. Cuando sea procedente la suspensión o inejecución del acto impugnado, pero con ella
se pueda ocasionar daños o perjuicios a la otra parte o a terceros, se concederá al
particular si otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar por los
perjuicios que con ello pudieran causar si no se obtiene sentencia favorable en el juicio
de nulidad.
VII. Tratándose de la solicitud de suspensión de la ejecución contra el cobro de
contribuciones, procederá la suspensión, previo depósito de la cantidad que se adeude
ante la Tesorería de la Federación o de la entidad federativa que corresponda.
El depósito no se exigirá cuando se trate del cobro de sumas que excedan de la
posibilidad del actor según apreciación del magistrado, o cuando previamente se haya
constituido la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora o cuando se trate
de persona distinta del causante obligado directamente al pago; en este último caso, se
asegurará el interés fiscal por cualquiera de los medios de garantía permitidos por las
leyes fiscales aplicables.
Mientras no se dicte sentencia, la sala podrá modificar o revocar el auto que haya
decretado o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique.
Artículo 209. El demandante deberá adjuntar a su demanda:
I. Una copia de la misma y de los documentos anexos, para cada una de las partes.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. El documento en que conste el acto impugnado.
En el supuesto de que se impugne una resolución negativa ficta deberá acompañarse una
copia, en la que obre el sello de recepción, de la instancia no resuelta expresamente por
la autoridad.
IV. La constancia de la notificación del acto impugnado.
Cuando no se haya recibido constancia de notificación o la misma hubiere sido practicada
por correo, así se hará constar en el escrito de demanda, señalando la fecha en que
dicha notificación se practicó. Si la demandada al contestar la demanda hace valer su
extemporaneidad, anexando las constancias de notificación en que la apoya, el magistrado
instructor concederá a la actora el término de cinco días para que la desvirtúe. Si
durante dicho término no se controvierte la legalidad de la notificación de la
resolución impugnada, se presumirá legal la diligencia de la notificación de la
referida resolución.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 227.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El incidente previsto en este artículo podrá promoverse hasta que se dicte sentencia de
la sala. Mientras no se dicte la misma, la sala podrá modificar o revocar el auto que
haya decretado o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que lo
justifique.
Artículo 230. En los juicios ante el Tribunal Fiscal de la Federación, el actor que
pretende se reconozca o se haga efectivo un derecho subjetivo, deberá probar los hechos
de los que deriva su derecho y la violación del mismo, cuando ésta consista en hechos
positivos y el demandado, los de sus excepciones.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 237. Las sentencias del Tribunal Fiscal de la Federación se fundarán en
derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en
relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En el caso de sentencias en que se condene a la autoridad a la restitución de un derecho
subjetivo violado o a la devolución de una cantidad, el Tribunal deberá previamente
constatar el derecho que tiene el particular, además de la ilegalidad de la resolución
impugnada.
Artículo 239.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Declarar la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de una
obligación, así como declarar la nulidad de la resolución impugnada.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 239-B. En los casos de incumplimiento de sentencia firme o sentencia
interlocutoria que hubiese otorgado la suspensión definitiva, la parte afectada podrá
ocurrir en queja, por una sola vez, ante la sala del tribunal que dictó la sentencia, de
acuerdo con las siguientes reglas:
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) y b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la
ejecución del acto impugnado en el juicio de nulidad.
II y III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La resolución a que se refiere esta fracción se notificará también al superior del
funcionario responsable, entendiéndose por éste al que ordene el acto o lo repita, para
que proceda jerárquicamente y la sala le impondrá una multa de 30 a 90 días de su
salario normal, tomando en cuenta el nivel jerárquico, la reincidencia y la importancia
del daño causado con el incumplimiento.
IV a la VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII. Tratándose del incumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución
del acto impugnado, la queja se interpondrá por escrito ante el magistrado instructor, en
cualquier momento.
En dicho escrito se expresarán las razones por las que se considera que se ha dado el
incumplimiento a la suspensión otorgada y si los hay, los documentos en que consten las
actuaciones de la autoridad en que pretenda la ejecución del acto.
El magistrado pedirá un informe a la autoridad a quien se impute el incumplimiento de la
sentencia interlocutoria que hubiese otorgado la suspensión definitiva, que deberá
rendir dentro del plazo de cinco días, en el que, en su caso, se justificará el acto o
la omisión que provocó la queja. Vencido dicho plazo, con informe o sin él, el
magistrado dará cuenta a la sala o sección que corresponda, la que resolverá dentro de
cinco días.
Si la sala resuelve que hubo incumplimiento de la suspensión otorgada, declarará la
nulidad de las actuaciones realizadas en violación a la suspensión.
La resolución a que se refiere esta fracción se notificará también al superior del
funcionario responsable, entendiéndose por éste al que incumpla la suspensión
decretada, para que proceda jerárquicamente y la sala impondrá al funcionario
responsable o autoridad renuente, una multa equivalente a un mínimo de 15 días de su
salario, sin exceder del equivalente a 45 días del mismo.
Artículo 253.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para que se puedan efectuar las notificaciones por transmisión facsimilar o electrónica,
se requiere que la parte que así lo solicite, señale su número de telefacsímil o
dirección de correo personal electrónico. Satisfecho lo anterior, el magistrado
instructor ordenará que las notificaciones personales se le practiquen por el medio que
aquélla autorice de entre los señalados por este párrafo; el actuario, a su vez,
deberá dejar constancia en el expediente de la fecha y hora en que se realizaron, así
como de la recepción de la notificación. En este caso, la notificación se considerará
efectuada legalmente, aun cuando la misma hubiese sido recibida por una persona distinta
al promovente o su representante legal.
Artículo 258-A. Las diligencias de notificación o, en su caso, de desahogo de alguna
prueba, que deban practicarse en región distinta de la correspondiente a la sede de la
Sala Regional en que se instruya el juicio, deberán encomendarse a la ubicada en
aquélla.
Los exhortos se despacharán al día siguiente hábil a aquél en que la actuaría reciba
el acuerdo que los ordene. Los que se reciban se proveerán dentro de los tres días
siguientes a su recepción y se diligenciarán dentro de los cinco días siguientes, a no
ser que lo que haya de practicarse exija necesariamente mayor tiempo, caso en el cual, la
sala requerida fijará el plazo que crea conveniente.
Una vez diligenciado el exhorto, la sala requerida, sin más trámite, deberá remitirlo
con las constancias que acrediten el debido cumplimiento de la diligencia practicada en
auxilio de la sala requirente.
Artículo 259. Las tesis sustentadas en las sentencias pronunciadas por la sala superior,
aprobadas por lo menos por siete magistrados, constituirán precedente una vez publicados
en la revista del Tribunal Fiscal de la Federación.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 260. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asimismo, constituyen jurisprudencia las resoluciones pronunciadas por la sala superior,
aprobadas por lo menos por siete magistrados, que diluciden las contradicciones de tesis
sustentadas en las sentencias emitidas por las secciones o por las salas regionales del
tribunal.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 261. En el caso de contradicción de sentencias, cualquiera de los magistrados
del tribunal o las partes en los juicios en las que tales tesis se sustentaron, podrán
denunciarla ante el Presidente del tribunal para que éste la haga del conocimiento del
pleno, el cual con un quorum mínimo de 10 magistrados, decidirá por mayoría la que debe
prevalecer, constituyendo jurisprudencia.
5394,5395,5396
La resolución que pronuncie el pleno del
tribunal, en los casos a que este artículo se refiere, sólo tendrá efectos para fijar
jurisprudencia y no afectará las resoluciones dictadas en los juicios correspondientes.
Artículo 262. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las secciones de la sala superior podrán apartarse de su jurisprudencia, siempre que la
sentencia se apruebe por lo menos por cuatro magistrados integrantes de la sección,
expresando en ella las razones por las que se apartan y enviando al Presidente del
tribunal copia de la misma, para que la haga del conocimiento del pleno y éste determine
si procede que se suspenda su aplicación, debiendo en este caso publicarse en la revista
del tribunal.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
Disposiciones transitorias del Código
Fiscal de la Federación
Artículo segundo. En relación con las modificaciones a que se refiere el artículo
primero de este decreto, se estará a lo siguiente:
I. Las personas físicas que hayan obtenido la cédula de identificación fiscal que
contenga su Clave Unica de Registro de Población y que como consecuencia de ello se les
hubiese asignado una Clave del Registro Federal de Contribuyentes distinta, podrán
continuar usando durante 2001 los comprobantes impresos antes del 1o. de enero de 2001 que
no contengan su nueva clave de Registro Federal de Contribuyentes, sin que dicha
circunstancia implique la comisión de infracciones o de delitos de carácter fiscal. Las
personas físicas que soliciten la impresión de nuevos comprobantes a partir del 1o. de
enero de 2001, deberán imprimir en los mismos la Clave del Registro Federal de
Contribuyentes, además de los otros requisitos que exijan las disposiciones fiscales.
II. La reforma en materia de avisos a que se refieren los artículos 31 segundo párrafo y
81 fracción II, del Código Fiscal de la Federación, entrarán en vigor el 1o. de agosto
de 2001.
III. Lo dispuesto en el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, únicamente
será aplicable respecto de visitas domiciliarias y de revisiones de la contabilidad de
los contribuyentes que se efectúen en las oficinas de las autoridades fiscales, que se
inicien a partir del 1o. de enero de 2001.
IV. Las cantidades que se contienen en los artículos 84-B fracciones VII y VIII y 84-H,
del Código Fiscal de la Federación, se entienden actualizadas a enero de 2001,
debiéndose actualizar en julio del citado año de conformidad con el artículo 17-B de
dicho código.
V. Las modificaciones al artículo 209 del Código Fiscal de la Federación, no serán
aplicables a las demandas presentadas antes del 1o. de enero de 2001, en cuyo caso, se
aplicarán los citados artículos vigentes hasta el 31 de diciembre de 2000.
VI. Las adiciones de los artículos 29-C; 32-B fracciones VI y VII; 32-E; 84-A fracciones
VII y VIII; 84-B fracciones VII y VIII; 84-G y 84-H, del Código Fiscal de la Federación,
entrarán en vigor a partir del 1o. de marzo de 2001.
VII. Las autoridades fiscales, con motivo del ejercicio de sus facultades de
comprobación, respecto de contribuciones que se pagan mediante declaración periódica
formulada por los contribuyentes, procederán como sigue para determinar contribuciones
omitidas.
a) Cuando el ejercicio de las facultades de comprobación de que se trate inicie de
acuerdo a lo siguiente
1. Tratándose de contribuyentes distintos a aquellos que dictaminen sus estados
financieros para efectos fiscales, cuando el ejercicio de las facultades de comprobación
inicie:
I. Entre abril de 2001 y marzo de 2002 determinarán, en primer lugar, las contribuciones
omitidas en el ejercicio correspondiente al año 2000.
II. Entre abril de 2002 y marzo de 2003 determinarán, en primer lugar, las contribuciones
omitidas en los ejercicios correspondientes a cualesquiera de los años 2000 y 2001.
III. Entre abril de 2003 y marzo de 2004 determinarán, en primer lugar, las
contribuciones omitidas en los ejercicios correspondientes a cualesquiera de los años
2000, 2001 y 2002.
IV. Entre abril de 2004 y marzo de 2005 determinarán, en primer lugar, las contribuciones
omitidas en los ejercicios correspondientes a cualesquiera de los años 2000, 2001, 2002 y
2003.
2. Tratándose de contribuyentes que dictaminen sus estados financieros para efectos
fiscales, cuando el ejercicio de las facultades de comprobación inicie:
I. Entre septiembre de 2001 y agosto de 2002 determinarán, en primer lugar, las
contribuciones omitidas en el ejercicio correspondiente al año 2000.
II. Entre septiembre de 2002 y agosto de 2003 determinarán, en primer lugar, las
contribuciones omitidas en los ejercicios correspondientes a cualesquiera de los años
2000 y 2001.
III. Entre septiembre de 2003 y agosto de 2004 determinarán, en primer lugar, las
contribuciones omitidas en los ejercicios correspondientes a cualesquiera de los años
2000, 2001 y 2002.
IV. Entre septiembre de 2004 y agosto de 2005 determinarán, en primer lugar, las
contribuciones omitidas en los ejercicios correspondientes a cualesquiera de los años
2000, 2001, 2002 y 2003.
En todos los casos, las autoridades fiscales podrán determinar los pagos provisionales de
las contribuciones correspondientes al periodo transcurrido entre la fecha de terminación
del último ejercicio anterior a la fecha de inicio de las facultades de comprobación y
la fecha en que las mismas se inicien.
b) Lo dispuesto en el inciso anterior, no limita las facultades de determinación de
contribuciones de las autoridades fiscales respecto de los ejercicios anteriores a 2000,
en los siguientes casos:
1. Tratándose de la revisión de dictámenes formulados por contador público registrado
sobre los estados financieros de los contribuyentes, cuando la misma se inicie antes de
septiembre de 2001.
2. En los demás casos, siempre que las facultades de comprobación se inicien antes de
abril de 2001.
c) Al comprobarse que durante cualesquiera de los ejercicios a que se refiere el inciso a
de esta fracción, se omitió la presentación de la declaración del ejercicio de alguna
contribución o que el contribuyente incurrió en alguna irregularidad, se podrán
determinar, en el mismo acto o con posterioridad, contribuciones omitidas correspondientes
a ejercicios anteriores, sin más limitación que lo dispuesto por el artículo 67 del
Código Fiscal de la Federación, inclusive las que no se pudieron determinar con
anterioridad, por la aplicación de esta fracción.
Las irregularidades a que se refiere este inciso, son las siguientes:
1. Omisión en el pago de participación de utilidades a los trabajadores.
2. Efectuar compensación o acreditamiento improcedentes contra contribuciones a su cargo
u obtener en forma también improcedente la devolución de contribuciones, por más del 3%
sobre el total de las declaradas.
3. Omisión en el pago de contribuciones por más del 3% sobre el total de las declaradas
por adeudo propio.
4. Omisión en el entero de la contribución de que se trate por más del 3% sobre el
total retenido o que debió retenerse.
5. Cuando se dé alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 55 del Código
Fiscal de la Federación.
6. No solicitar la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes cuando se esté
obligado a ello o no presentar el aviso de cambio de domicilio fiscal o hacerlo
extemporáneamente, salvo cuando se presenten en forma espontánea. Se considerará que se
incurrió en la irregularidad señalada en este subinciso, aun cuando los supuestos
mencionados en el mismo hubiesen ocurrido en ejercicios o periodos distintos a los que se
refiere el inciso a de esta fracción.
7. Proporcionar en forma equivocada u omitir, la información correspondiente al valor de
los actos o actividades realizados en cada entidad federativa cuando tengan
establecimientos en dos o más entidades, siempre que la omisión o alteración exceda en
más del 3% de las cantidades que debieron proporcionarse de acuerdo con los actos o
actividades realizados.
8. Consignar información o datos falsos en los estados de resultados reales del ejercicio
que se presenten para solicitar reducción de los pagos provisionales o en los informes
acerca del movimiento de efectivo en caja y bancos, cuando se solicita el pago a plazos ya
sea diferido o en parcialidades.
9. No presentar el dictamen de estados financieros o presentarlo fuera de los plazos que
prevé el Reglamento del Código Fiscal de la Federación.
10. No corregir dentro de los 15 días siguientes a la presentación del dictamen de los
estados financieros formulado por contador público, ante la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, las contribuciones omitidas que hubieran sido observadas en el
dictamen.
Siempre se podrá volver a determinar contribuciones omitidas correspondientes al mismo
ejercicio, cuando se comprueben hechos diferentes.
Si se incurre en alguna de las irregularidades señaladas en este inciso, se podrá
incluso determinar contribuciones omitidas distintas a aquéllas en que se cometió la
irregularidad, aun cuando correspondan a ejercicios anteriores.
Cuando las autoridades fiscales que ejerzan sus facultades de comprobación sean
competentes para revisar a los contribuyentes exclusivamente respecto de determinadas
contribuciones, se considerarán cometidas las irregularidades a que se refieren los
subincisos 2, 3 y 4 de este inciso, aun cuando los por cientos señalados en dichos
subincisos se refieran solamente a las contribuciones en relación con las cuales tenga
competencia la autoridad fiscal de que se trate.
d) También se podrán determinar contribuciones omitidas por los ejercicios anteriores,
cuando dentro del lapso comprendido desde el segundo día anterior a aquél en que se
inicie el ejercicio de facultades de comprobación y hasta la fecha en que, en su caso, se
notifique la resolución determinante del crédito, se presenten declaraciones
complementarias o las formas de corrección de la situación fiscal a que se refiere el
antepenúltimo párrafo del artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, respecto
del ejercicio fiscal por el que se iniciaron las facultades de comprobación y siempre que
con dichas declaraciones o formas se corrija alguna de las irregularidades a que se
refiere el inciso anterior.
e) Las declaraciones complementarias o las formas de corrección de la situación fiscal a
que se refiere el antepenúltimo párrafo del artículo 32 del Código Fiscal de la
Federación, correspondientes a periodos anteriores a los señalados en el inciso a de
esta fracción, podrán ser motivo de determinación de contribuciones en cualquier tiempo
por lo que hace a los conceptos que hubieren modificado.
f) Las contribuciones retenidas o que debieron retenerse podrán ser determinadas en
cualquier tiempo, aun cuando en el último ejercicio sujeto a fiscalización no se
determinen contribuciones o no se encuentren las irregularidades a que se hace referencia
en el inciso c de esta fracción.
g) Si en los periodos a que se refiere el inciso a de esta fracción, el contribuyente
hubiere incurrido en las irregularidades a que se hace referencia en el inciso c de la
misma, se podrán hacer las modificaciones a que haya lugar por los ejercicios anteriores,
aun cuando las mismas no den lugar al pago de contribuciones.
No obstante lo dispuesto en el inciso a de esta fracción, las autoridades fiscales
siempre podrán determinar contribuciones por un periodo menor del que se señala en dicho
inciso.
No se formulará querella ni se impondrán multas por omisión en el pago de
contribuciones, cuando éstas no puedan determinarse en virtud de lo dispuesto en esta
fracción.
Lo establecido en esta fracción no limita el ejercicio de las facultades de comprobación
de las autoridades fiscales.
5397,5398,5399
 
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